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Caso Progen y Roberto Luque: Estas son las hojas de vida que revelan el reparto de cargos

Sara Ortiz

La sesión convocada para la noche del 28 de agosto de 2026 duró menos de media hora. La mayor parte del tiempo fue dedicada a la constatación del cuórum, posibles pedidos de cambio del orden del día y puntualizaciones.

Fue la asambleísta oficialista Fabiola Sanmartín quien propuso que se suspendiera la sesión, teniendo en cuenta que, con base en la matriz que guía el proceso, existía una falta de información que permitiera elaborar un informe completo para el Pleno de la Asamblea.

“Para cumplir con la resolución considero necesario que se realice un exhorto para la entrega de información y así contar con un informe completo”, sugirió Sanmartín. Aunque recordó que el documento que salga de la mesa legislativa no es vinculante para el Pleno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, pidió que se constatara si algún tipo de información había llegado. Solamente la Superintendencia de Compañías había remitido un documento. Antes también habían recibido, con carácter de confidencial, los documentos remitidos por la Contraloría.

“Con base en la suspensión de los plazos, cumplimiento de los mismos y al no tener toda la información por parte de las instituciones de control ve pertinente la petición”, dijo Álvarez. Así, el proceso queda en pausa, a la espera de que se remita más información a la Asamblea.

¿De qué se trataba el proceso sobre Progen?

El pasado 24 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea aprobó el inicio de un nuevo proceso de fiscalización relacionado con el contrato firmado entre Celec EP y la empresa Progen para la entrega de generadores de energía.

La acción ocurrió semanas después de que el ahora secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, apareciera en un video en el que, con información del proceso que se ventila en Estados Unidos, hablara de la ruta del dinero del caso Progen.

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Antes de la aprobación de esa resolución, representantes de la bancada oficialista también acudieron a la Fiscalía General para pedir la vinculación de otros nombres en el caso que lleva adelante esa entidad. Allí tampoco se incluyó a ministros del Gobierno de Daniel Noboa.

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Su arribo se registró en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. La Secretaría General de Comunicación (Segcom) compartió las imágenes en las que se observa a Serrano bajar de la aeronave en la que fue trasladado.

En el aeropuerto fue escoltado por personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. Llegó con el mismo traje blanco con el que salió de Estados Unidos.

El personal de la Policía fue el encargado de poner en su conocimiento el procedimiento que se llevaría a cabo. En las imágenes se observa a uno de los uniformados hablar con el exministro.

Para movilizarlo de la zona de aterrizaje, le colocaron un chaleco antibalas y un casco. Así fue llevado al interior de la terminal aérea para, posteriormente, ser trasladado a la cárcel de El Encuentro, ubicada en Santa Elena.

Hasta las 09:30 de este 29 de agosto de 2026 no había imágenes sobre la llegada a la cárcel ubicada en Santa Elena. El ministro del Interior John Reimberg solamente había republicado el anuncio del presidente Daniel Noboa con el mensaje: "Que quede claro: Nada queda impune. Serrano, jugaste en contra del Ecuador y hoy lo pagas".

Noboa anunció el traslado

La situación de José Serrano se conoció por el propio presidente de la República, Daniel Noboa. En una publicación en la red social X, el mandatario escribió: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro", publicó Noboa.

En la misma plataforma, el jefe de Estado añadió una advertencia política directa al expresidente de la República: "Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”.

Hay que recordar que Serrano es uno de los señalados por Fiscalía como autor mediato del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien fue candidato presidencial.

Además de Serrano, la Fiscalía General requirió la localización internacional y detención del exasambleísta Ronny Aleaga, ubicado en Venezuela; Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos; y Wilmer Chavarría, alias Pipo, identificado como cabecilla de Los Lobos y localizado en España.

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¿Hay o no una pugna en Pachakutik entre quienes defienden y quienes cuestionan la candidatura de Luisa González?

Más que oponernos a una candidatura, lo que hemos visto estos años es que hay una especie de intención de llevarse a Pachakutik para propósitos de otros sectores políticos. Siempre hemos propuesto la necesidad de construir la unidad en la diversidad. Y, en ese sentido, está bien que nos hablemos con muchos sectores. Pero no está bien que (nos) quieran orientar para sus propósitos particulares y ahí es donde nosotros no vamos a estar de acuerdo. No necesariamente con la RC5, que estos días está sonando. En otras ocasiones han sido otros partidos. El mismo Gobierno también en otros lados quiere jalar a PK.

Lo ha dicho: no es solo lo que pasa con RC. ¿Qué hace que Pachakutik afronte este tipo de conflictos en cada elección?

PK siempre está diciendo, por ejemplo, “primero los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, la vida”. En ese sentido, atendamos primero las necesidades de la gente. Entonces, como que primero les gusta el discurso y quieren ahí como utilizar eso. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Si no nos sometemos, entonces dicen que mejor hay que desaparecerle. No es cuestión de un partido; menos de una persona. Es todo un sistema que ve en PK un problema.

Pero habla del sistema. ¿No hay una autocrítica de cómo se determinan, por ejemplo, las candidaturas?

Hay un montón de errores que se han cometido en el camino. Por ejemplo, no haber puesto candidato a la Presidencia de la República en el 2023 después de la muerte cruzada. Yo sé quiénes son los responsables al interno. No voy a decir los nombres. Pero en general son los errores de PK. En el 2025 debían haberse hecho otras cosas. 

A veces nos quedamos con eso del progresismo, queriendo hacer alianzas con el progresismo. Y ahora se valen de esa palabra para querer someternos. De ninguna manera vamos a ver como un progresismo a quienes entregaron la cordillera del Cóndor para que hoy día sean los canadienses los que se beneficien de la riqueza minera.

¿Usted ha pedido o ha tenido algún tipo de respuesta sobre cómo se construyó la alianza para la candidatura de Luisa González?

No hemos conversado en lo puntual de esas cosas. Yo entiendo a mis compañeros desde el punto de vista de que es necesario sumar el porcentaje para que PK sobreviva. Pero también debemos estar conscientes; aquellas personalidades llegarán, pero mañana no estarán. Mañana se irán y seguirán su propio libreto político. Jamás ellos van a venir a decir: “Prioricemos los derechos de la naturaleza”, por ejemplo.

¿Por qué considera inviable la unidad entre correísmo y Pachakutik?

Les invito a todos, no solamente el correísmo, a todos. Pero (yo le dijo a) el correísmo, que ahora ha sido el motivo de estos comentarios, sumémonos para corregir los errores que se han cometido. Es mi opinión, pero yo he escuchado de un montón de ecuatorianos que dicen: ¿cómo es posible que en el año 2012 se haya firmado la adhesión a la Convemar? Con esa adhesión hemos perdido las 188 millas de mar territorial donde antes ejercíamos soberanía nacional. ¿Quieren sumarse a PK? Bienvenidos, vamos, juntémonos, señora Luisa González, juntémonos todos. Pero hagamos la gestión necesaria nacional e internacional para recuperar esas 188 millas de mar.

Los movimientos de izquierda hablan de unidad. ¿Es posible sin el correísmo?

Tenemos una propuesta clara. Pongamos sobre la mesa esa propuesta. Y si a eso se suman, bienvenidos. Pero aquí no hay claridad todavía. Aquí nos cogen de la noche a la mañana y nos dicen que Luisa González es la candidata en Manabí. La gran pregunta es para qué viene, qué va a hacer.

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¿Quién es Salvador Quishpe? 

Es sociólogo, militante histórico de Pachakutik y dirigente del movimiento indígena. Fue presidente de la Ecuarunari y dirigente de la Conaie. En 2002 y 2006 fue elegido diputado por Zamora Chinchipe. Entre 2009 y 2019 ejerció como prefecto de esa provincia. En 2021 fue asambleísta. Hoy coordina PK en Zamora Chinchipe.

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Argumentos de la objeción y última instancia

Según el documento técnico aceptado por las autoridades electorales, la ciudadana no cumplió con las reglas obligatorias de democracia interna dentro del movimiento Pachakutik (PK). Este proceso previo es un requisito ineludible contemplado en el Código de la Democracia para oficializar cualquier participación en las urnas.

Tras conocerse la votación de la mesa directiva, la agrupación CREO difundió un pronunciamiento público respaldando la gestión de control institucional. En el comunicado, a organización justificó su accionar. "La ley es la ley. Y se debe cumplir y hacer cumplir", sentenció la entidad, exigiendo que las regulaciones rijan para cualquier actor sin distinción.

Pese al dictamen emitido por el Consejo Nacional Electoral, el trayecto jurídico de la postulación no está agotado. La defensa técnica de la candidata todavía cuenta con la facultad legal de interponer un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta entidad actúa como la última y definitiva instancia jurisdiccional para dirimir los conflictos de representación política en el país.

Así, las dirigidas contra el actual fiscal, Carlos Alarcón, no prosperaron, mientras que Daniella Camacho, Inés Romero y Gabriel Pereira deberán contestar sus impugnaciones.

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Las apelaciones sobre Carlos Alarcón

En total, tres apelaciones fueron presentadas para intentar que las impugnaciones contra Alarcón sigan su curso. Una de ellas fue presentada por Andrés Arauz y las otras dos por expostulantes del mismo concurso.

En el primer caso, el Pleno del CPCCS decidió que no se logró desvirtuar el cumplimiento de requisitos ni hubo una descripción clara entre los hechos y los fundamentos de derecho para dar paso a la apelación.

Andrés Arauz también apeló la negativa para dar paso a su impugnación contra Daniella Camacho. El Pleno negó la negó con el razonamiento de que no existió una argumentación clara que guardara relación con los fundamentos de hecho y derecho. 

También se planteó que los fundamentos de Arauz pretendían trasladar al ámbito administrativo del concurso actuaciones y controversias propias de decisiones de procesos penales.

Sobre las otras dos apelaciones, el CPCCS determinó que no eran viables debido a que Washington Andrade y José Chávez no podrían ser considerados legitimados activos, teniendo en cuenta que el reglamento prohíbe que los postulantes presenten impugnaciones contra otros candidatos.

Las apelaciones aceptadas

En los casos de las aspirantes Daniella Camacho, Inés Romero y Gabriel Pereira, el argumento para aceptar la apelación fue que lo determinado para la inadmisión de la impugnación constituía un pronunciamiento de fondo, el cual está restringido para la etapa posterior, luego de la defensa del impugnado y de la audiencia pública.

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En estos casos, las mociones para dar paso a las apelaciones invocaron la normativa del concurso, que señala que, en caso de duda sobre la procedencia, se fallará en favor de la impugnación para garantizar el derecho al escrutinio ciudadano.

En ese escenario, los tres postulantes enfrentarán las audiencias públicas, en donde se escuchará a ambas partes para determinar si el postulante cuestionado incurre o no en una de las prohibiciones para ejercer el cargo.

Todas las resoluciones se adoptaron con el voto unánime de los presentes. En este caso, las vocales Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán no estuvieron presentes en la sesión, que se desarrolló de forma virtual la tarde de este 28 de agosto de 2026.

Con esta decisión ya suman 41 las impugnaciones aceptadas. Estas serán notificadas por el CPCCS a cada uno de los involucrados para que puedan responder a las mismas. Después habrá una convocatoria para la audiencia pública.  

La sentencia diferenció la responsabilidad de los familiares respecto de la atribuida a Lenín Moreno, quien fue declarado culpable como autor del delito de cohecho. Para los jueces, la complicidad no exige que una persona haya intervenido en la adjudicación del contrato, en la firma de documentos públicos o en una decisión estatal. El aporte también puede producirse durante la fase posterior de distribución, cuando facilita la recepción o circulación de una ventaja económica derivada del delito.

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Los pagos que identificó el Tribunal

Irina Moreno recibió $ 40.000: La sentencia estableció transferencias desde Ginepri, una sociedad vinculada con el circuito financiero investigado, a favor de la hija del exmandatario. El Tribunal incluyó esos pagos dentro de la ruta de recursos que llegó al entorno familiar de Lenín Moreno.

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La sentencia también valoró los testimonios de personas que afirmaron haber cobrado cheques por solicitud de Edwin Moreno, así como la información bancaria y las asistencias penales internacionales. Para los jueces, el uso de terceros para efectivizar los instrumentos de pago formó parte del mecanismo de distribución de los recursos.

Para el Tribunal, esa explicación demostró que Guillermo Moreno no fue completamente ajeno a la circulación del instrumento. Aunque no intervino en la adjudicación ni en la ejecución del contrato de Coca Codo Sinclair, permitió que el cheque ingresara a su cuenta y fuera materializado.

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La recepción de dinero fue considerada una forma de complicidad

El Tribunal sostuvo que su fallo no se altera por los argumentos de las defensas de que los procesados no actuaron como intermediarios en la entrega de dinero. “Sino que únicamente recibieron parte de las ventajas económicas distribuidas al núcleo beneficiario”. Para los jueces, esa recepción constituyó una actuación secundaria respecto de la conducta de los autores, pero funcional a la dispersión y aprovechamiento de los recursos provenientes de las sociedades mercantiles asociadas con Conto Patiño.

Los jueces señalaron que la falta de intervención directa en el contrato de Sinohydro no elimina la responsabilidad penal como cómplice.

“Ustedes saben que hace más de ocho años Correa ofreció vengarse de mí… y para ello utilizó al criminal Ronny Aleaga, para que me fabrique un juicio”, afirmó Moreno, quien detalló que Aleaga le presentó una denuncia sobre un supuesto departamento de su propiedad en Alicante, España.

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Según el exmandatario, la Fiscalía no realizó diligencias internacionales para comprobar esa acusación. “No se presentó una sola prueba. Un departamento de 350 metros cuadrados y decían que yo pasaba todas las vacaciones ahí, mientras estaba en Suiza”, señaló.

Moreno cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado asistencia penal internacional para verificar si él o su familia tenían propiedades en ese inmueble. “¿Alguna vez la Fiscalía pidió alguna asistencia penal internacional para comprobar si yo o mi familia tenían la propiedad de ese departamento? Nunca hicieron ese pedido de asistencia penal”, dijo.

El expresidente también rechazó otra de las acusaciones que, según su versión, expuso el Tribunal durante la lectura de la sentencia: el supuesto pago del arriendo de un departamento en el edificio Las Cumbres durante 13 años.

Moreno explicó que entregó $ 53.000 mediante cheques y que otros $200.000 correspondieron a una hipoteca con el Banco del Pacífico. En total, señaló, fueron $ 253.000. “¿Alguna vez esos expertos de la Fiscalía fueron al Banco del Pacífico a comprobar si tengo una hipoteca que estoy pagando todavía?”, cuestionó.

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Moreno reconoce su amistad con la familia Patiño

Uno de los argumentos centrales de Moreno fue su relación de amistad con la familia Patiño, señalada por la Fiscalía dentro de la trama que vinculó a funcionarios y empresarios con el proyecto Coca Codo Sinclair.

El expresidente no negó esa relación. “Yo no niego a los amigos. Con la familia Patiño tengo amistad. Prófugos, yo nunca niego a mis amigos”, afirmó.

También explicó que, durante su gestión como vicepresidente y luego como presidente, recibió visitas de carácter protocolario de embajadores. Entre ellas mencionó al entonces embajador de China, Cai Runguo. “Yo no conocía cómo estaba el tema y él le dijo que le avise al presidente de que el financiamiento para Coca Codo Sinclair fue aprobado por China”, relató.

Moreno insistió en que esa comunicación no significó una intervención suya en el proyecto. “Yo no firmé, no hice ninguna gestión, omisión o nombramiento que tenga relación con ese proyecto”, sostuvo.

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Moreno rechaza versión de Jorge Glas

El exmandatario también cuestionó las declaraciones que el Tribunal tomó en cuenta dentro del proceso y calificó de falsas las afirmaciones atribuidas al exvicepresidente Jorge Glas.

“Lo que dice el sentenciado Jorge Glas (quien actuó como testigo en el juicio) es mentira, completamente mentira”, afirmó Moreno.

Moreno recordó además que la decisión de contratar a la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto correspondió al gobierno de Rafael Correa. “Cuando Rafael Correa decide contratar con la empresa china Sinohydro, lo hace porque él lo quería”, manifestó.

“¿Dónde intervengo yo? ¿Por ser amigo de la familia Patiño, tenía que haber intervenido?”, cuestionó.

La reacción de Moreno se produjo después de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declarara su responsabilidad penal por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro. La sentencia, sobre los años de cárcel, aún no se ha anunciado.

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Las pericias técnicas, financieras y de audio incorporadas al proceso penal confirmaron, según la resolución, la existencia de los delitos de cohecho activo y pasivo. El tribunal señala que las actuaciones del exmandatario no fueron aisladas, sino parte de una red de intermediación que canalizó recursos a través de empresas paraguas en Panamá.

La prueba clave: entrevista y peritaje de voz

El expediente judicial incorporó como evidencia determinante una entrevista concedida por Lenín Moreno el 29 de marzo de 2010. Un informe técnico forense de informática y una pericia acústica de identificación de voz confirmaron la autenticidad del registro audiovisual.

En dicha grabación, Moreno admitió que intercedió ante el Ejecutivo tras el pedido de un amigo cercano vinculado con la representación de la firma china. El exmandatario promovió la propuesta de crédito del Eximbank de China por 1.682,7 millones de dólares, un paso decisivo para viabilizar el contrato, cuando la obra ya había sido adjudicada a Sinohydro.

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Lenín Moreno niega haberse ido a Europa y espera dictamen por caso Coca Codo Sinclair

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Vínculos de confianza e intermediación

El tribunal fundamentó la existencia de vínculos entre Moreno y los empresarios Conto Patiño Martínez, María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carmigniani. Testimonios recogidos en la causa, entre ellos el de Jorge Glas, ratificaron que Moreno gestionó llamadas y reuniones de alto nivel para posicionar a ese grupo como interlocutor comercial de la firma china en Ecuador.

Sinohydro justificó los desembolsos mediante supuestos contratos de asesoría y honorarios por consultoría con la empresa panameña Comercial Recorsa S.A. Sin embargo, los peritos contables cuestionaron la legalidad de estas operaciones y las calificaron como una simulación para ocultar el pago de sobornos. No obstante, sobre este punto, el fallo no detalla mayores argumentos sobre la forma en que se habría ejecutado el delito.

Rastro financiero hacia el núcleo familiar

Los informes contables elaborados con base en asistencias penales internacionales enviadas desde Panamá expusieron la ruta del dinero. Las transferencias, provenientes del 4 % del valor total del contrato EPC, llegaron a cuentas personales y sociedades offshore.

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Coca Codo Sinclair: las claves del caso por el que Lenín Moreno espera sentencia

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El fallo detalló que los recursos de la red de corrupción ingresaron al patrimonio familiar de Lenín Moreno a través de transacciones a favor de:

Los magistrados ratificaron que la responsabilidad penal de Moreno se sustentó en «la convergencia entre su gestión desde la función pública, el conocimiento sobre el origen ilícito de los fondos» y la recepción de beneficios económicos para su círculo íntimo.

Política

CNE investiga presunta reunión entre director de Manabí y candidato de ADN: los últimos detalles

Richard Josue Jimenez Mora

Actualmente está en marcha la organización de las elecciones seccionales de 2026. En ese escenario, el rol de las delegaciones provinciales del CNE es fundamental, ya que allí está el primer filtro para las candidaturas de las diferentes organizaciones políticas.

La semana pasada se hizo público un video sobre un presunto encuentro entre el exdirector provincial y Marco Zambrano, candidato del movimiento oficialista ADN a la Prefectura de Manabí.

Así, el pasado 26 de agosto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, anunció el inicio de una investigación que estaría encabezada por la Dirección de Talento Humano del organismo.

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Daniel Noboa niega injerencia electoral y responde a Luisa González: esto dijo

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

“La Dirección de Talento Humano está analizando toda la situación y tomará las medidas correspondientes”, manifestó Cabrera, quien añadió que el Pleno del CNE adoptará resoluciones adicionales. “Sin perjuicio de lo que determine esa Dirección, tomaremos medidas preventivas por la tranquilidad del país”, aseguró.

Nuevo director en Manabí

Las medidas anunciadas por Cabrera se tomaron en la sesión del Pleno del 27 de agosto de 2026. El tema se trató como un punto del orden del día, en el que se conoció que había sido remitida como sugerencia la hoja de vida de Wilson Cadena para ocupar de manera provisional la dirección de la Delegación de Manabí.

Durante la votación, el vocal José Merino dijo que la decisión de separar funcionarios debía tomarse con todos aquellos que participaron de la reunión. Señaló que no debería haber ninguna duda en el marco del proceso electoral en desarrollo.

Por su parte, la vocal Elena Nájera se abstuvo de votar. Esto ocurrió después de cuestionarse el voto que entregó en su momento para la designación de Pinargote. También mencionó que nunca antes había votado a favor de la designación de director alguno.

Hay que recordar que el caso fue denunciado por Nájera. El reclamo fue presentado en el Pleno y la vocal cuestionó a José Merino por la reunión entre el funcionario electoral y el aspirante de ADN.

Sobre esto, Merino hizo sus descargos en un pronunciamiento público. Rechazó las acusaciones sobre una presunta intervención en la designación de autoridades de la Junta Provincial de Manabí y expuso una cronología sobre su posesión.

"No podemos institucionalizar la mentira. Yo no participé en la designación del director de Manabí, ni tampoco tengo vocales provinciales electorales", argumentó.

Lo que debe saber

• El informe de la Asamblea que exoneró de responsabilidad política a funcionarios de Daniel Noboa por los contratos de Celec EP con Progen y ATM llegará finalmente al Pleno.
• La sesión fue convocada para el domingo 30 de agosto en modalidad virtual.
• El informe fue elaborado por la Comisión de Transparencia en la que el oficialismo tiene mayoría. 

El informe sobre los contratos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) finalmente llegará al Pleno de la Asamblea. El documento, que liberó de responsabilidad a ministros del gobierno de Daniel Noboa, será tratado ocho meses después de su aprobación en la Comisión de Transparencia.

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La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó a los asambleístas a una sesión virtual que arrancará a las 09:00 del domingo 30 de agosto de 2026. 

El único punto del orden del día, después del Himno Nacional, es “conocer y resolver el informe de fiscalización a los contratos suscritos por Celec EP con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM)”.

Este fue el primer informe que salió de la Asamblea después del escándalo que significó la compra de generadores que nunca funcionaron y que estaban destinados a solventar parte de la crisis energética que en 2024 provocó apagones de hasta 14 horas diarias.

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Mancheno dice que informe sobre Progen llegará al Pleno pero deja todo en manos de comisión

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El proceso de fiscalización se realizó en la Comisión de Transparencia, presidida por la gobiernista Diana Jácome. Esto ocurrió después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avalara que el caso pasara de la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, a una mesa en donde el oficialismo tenía mayoría.

¿Qué dice el informe?

En su parte central, el informe aprobado a finales de 2025 concluye: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política”.

Además, el documento señala que el caso ya está bajo investigación en la Fiscalía “que es el órgano competente para impulsar la acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzar las sanciones que en Derecho correspondan en materia penal”.

Polémica en el proceso de fiscalización

Para la elaboración del informe, el oficialismo, que controla la Comisión de Transparencia, nunca convocó a los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano. Quien sí asistió a la comisión fue Fabián Calero, hoy una de las piezas claves en la investigación que lleva la Fiscalía.

En medio del proceso legal que está en curso se hicieron públicas conversaciones en las que supuestamente se acordaba la intervención de los representantes de Celec con la presidenta de la mesa, Diana Jácome.

En el mensaje atribuido a Manzano se escuchaba: “Lo que me explicó la asambleísta (Diana) Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a la comparecencia”. También se menciona que la directriz era dar respuestas escuetas ante las consultas que pudieran surgir durante la sesión.

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Sobre esto, Jácome dijo: “¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia.

También señaló que era un audio de terceros y que las autoridades deberán corroborar su validez.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa propone vender activos del IESS para financiar salud y pensiones, antes de una reforma.
• El IESS tiene $2.000 millones en bienes ociosos, según Daniel Noboa.
• Quito y Cuenca prueban teletriaje para reducir la espera de citas médicas en el IESS.

La situación financiera y operativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) volvió a ocupar un lugar central en el debate público. Durante una entrevista en Radio Centro, el presidente Daniel Noboa sostuvo que antes de impulsar una reforma al sistema de pensiones o aumentar aportaciones, la entidad debe optimizar la administración de sus recursos y desprenderse de activos que considera improductivos.

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El mandatario afirmó que uno de los principales desafíos del IESS es mejorar la atención de salud para los afiliados sin comprometer la sostenibilidad del fondo de pensiones. En ese contexto, indicó que actualmente se ejecutan proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria y acciones para fortalecer la red de atención médica.

Según explicó, entre las prioridades se encuentra el inicio de obras en el Hospital de Durán y la repotenciación de varios hospitales administrados por la seguridad social, iniciativas que requieren recursos adicionales para su ejecución.

El debate sobre los recursos del IESS

Noboa señaló que una de las decisiones que analiza el IESS es reducir parte de los recursos destinados a créditos hipotecarios para redirigirlos al fortalecimiento de los servicios de salud.

A criterio del presidente, el organismo enfrenta una disyuntiva compleja entre continuar financiando préstamos con tasas preferenciales o destinar esos fondos a la mejora de hospitales e infraestructura sanitaria.

El mandatario también se mostró contrario a discutir reformas que impliquen mayores cargas económicas para trabajadores y empleadores sin antes revisar la administración de los recursos actuales.

En ese sentido, afirmó que el IESS posee alrededor de 2.000 millones de dólares en activos inmobiliarios que calificó como "ociosos", entre ellos edificios, terrenos y macrolotes que podrían convertirse en liquidez para sostener las operaciones de la institución.

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Venta de activos antes de una reforma

Durante la entrevista, Noboa reveló que ha pedido al delegado del Ejecutivo ante el IESS impulsar la venta de esos bienes. Según explicó, los recursos obtenidos permitirían fortalecer la capacidad financiera del instituto para atender prestaciones médicas y cumplir con las obligaciones relacionadas con el sistema de pensiones.

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El jefe de Estado argumentó que la seguridad social no debería concentrarse en administrar patrimonio inmobiliario, sino en garantizar servicios de salud de calidad y la sostenibilidad de las jubilaciones.

Asimismo, reconoció que este proceso puede generar resistencia dentro de la institución debido a los intereses que históricamente han girado alrededor de la administración de esos bienes.

Teletriaje y modernización tecnológica

En materia de atención médica, Noboa destacó la puesta en marcha de un plan piloto de teletriaje en ciudades como Cuenca y Quito.

La iniciativa busca que pacientes con necesidades de atención primaria puedan acceder a una evaluación médica remota antes de acudir a una consulta presencial, con el objetivo de reducir la congestión en hospitales y centros de salud.

El mandatario indicó que, de obtener resultados favorables, el modelo podría extenderse a escala nacional para agilizar la atención de los afiliados.

Además, señaló que el Gobierno trabaja en mejorar la gestión de inventarios de medicamentos tanto en el IESS como en el Ministerio de Salud Pública, con la intención de fortalecer la atención primaria y evitar que pacientes con enfermedades crónicas deban desplazarse a hospitales especializados para recibir tratamientos básicos.

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Nuevo sistema para citas médicas

Otro de los problemas abordados fue la demora en la asignación de citas médicas, una de las principales quejas de los afiliados. Noboa aseguró que la solución pasa por una modernización tecnológica que elimine la dependencia de los sistemas actuales y reduzca la intervención manual en la asignación de turnos.

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Para ello, anunció la próxima implementación de un sistema informático denominado Dedalus, utilizado en hospitales y redes sanitarias de varios países europeos.

De acuerdo con el presidente, el proceso administrativo para incorporar esta plataforma estaría en su fase final y comenzaría a aplicarse en el IESS durante las próximas semanas.

La expectativa oficial es que la nueva herramienta contribuya a acelerar la asignación de citas, optimizar la gestión hospitalaria y mejorar el acceso de los afiliados a los servicios de salud, en momentos en que la institución enfrenta cuestionamientos por tiempos de espera prolongados y limitaciones en la atención médica.

Lo que debes saber

• Noboa negó injerencia electoral y atribuyó caso de Luisa González a normas de Pachakutik.
• En Radio Centro, Noboa dijo que candidatos compiten con las mismas reglas electorales.
• Noboa rechazó persecución política y defendió la independencia de organismos electorales.

El presidente Daniel Noboa respondió a las críticas de sectores de oposición que denuncian una presunta utilización de instituciones del Estado para afectar candidaturas adversarias. Durante una entrevista en Radio Centro, el mandatario aseguró que su Gobierno no interviene en las decisiones de los organismos electorales y afirmó que todas las organizaciones políticas participan bajo las mismas reglas vigentes.

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Según Noboa, las normas que regulan la actividad electoral fueron establecidas con anterioridad a su administración y han sido aplicadas también en procesos que afectaron a su propio movimiento político.

“Estamos jugando con las mismas reglas del juego que han sido establecidas en el pasado”, afirmó el jefe de Estado al rechazar los cuestionamientos sobre una supuesta interferencia del Ejecutivo en asuntos electorales.

Noboa apunta a decisiones internas de los movimientos políticos

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la situación de la candidata correísta Luisa González y sostuvo que los problemas surgidos en torno a su participación por la prefectura de Manabí no son consecuencia de acciones del Gobierno.

Noboa argumentó que la dirigente tenía la posibilidad de optar por distintas organizaciones políticas, pero eligió participar a través de Pachakutik, agrupación que mantiene requisitos internos para la postulación de sus candidatos.

De acuerdo con el presidente, las observaciones sobre su inscripción derivan de las propias normas internas de esa organización y no de decisiones adoptadas por el Ejecutivo o por instituciones bajo su control. “El único que le impedía, por el mismo reglamento interno, es Pachakutik”, señaló.

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Respuesta a las acusaciones de persecución política

El mandatario también rechazó las denuncias sobre una supuesta persecución contra candidatos opositores. A su criterio, los conflictos que enfrentan algunas organizaciones responden a decisiones tomadas por sus propios dirigentes y no a intervenciones gubernamentales.

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Además, sostuvo que el Gobierno no puede ser responsabilizado por situaciones relacionadas con el financiamiento de determinados movimientos políticos o por el cumplimiento de normas establecidas por las propias agrupaciones.

Las declaraciones se producen en medio de un debate político marcado por cuestionamientos sobre la actuación de organismos electorales y las condiciones de participación de varios candidatos de cara al actual proceso electoral.

Lo que debes saber

• Noboa anunció una estrategia regional con Colombia y EE. UU. ante amenazas en la frontera norte.
• Ecuador coordina acciones en San Lorenzo para frenar narcotráfico y grupos armados.
• Noboa defendió la Ley Antimafias para incautar bienes ligados al crimen organizado.

La cooperación en seguridad entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos atraviesa una nueva etapa. Así lo sostuvo el presidente Daniel Noboa durante una entrevista en Radio Centro, en la que se refirió a las recientes reuniones mantenidas en la frontera norte y a la posibilidad de establecer mecanismos conjuntos para contener la expansión de grupos armados y organizaciones ligadas al narcotráfico.

“Por primera vez hay una estrategia regional”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la coordinación entre los tres países y la eventual creación de una fuerza o estructura binacional en la frontera. Según Noboa, en el pasado Ecuador enfrentaba el problema prácticamente en solitario, mientras que actualmente existe respaldo de los países que integran la iniciativa denominada Escudo de las Américas y una mayor cooperación de Colombia.

Sus declaraciones se producen un día después de que autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos mantuvieran encuentros en la zona fronteriza para definir acciones coordinadas contra el narcotráfico y otras economías criminales que operan entre ambos países.

Noboa apunta al crecimiento de los cultivos de coca

Durante la entrevista, el jefe de Estado sostuvo que uno de los desafíos en la frontera norte es el crecimiento de los cultivos ilícitos en territorio colombiano.

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Según señaló, el área sembrada de coca en la franja fronteriza se habría multiplicado durante los últimos años, situación que, a su criterio, contribuyó a fortalecer la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El presidente también cuestionó decisiones adoptadas por anteriores administraciones tanto en Ecuador como en Colombia y afirmó que determinadas políticas terminaron debilitando el control estatal en una zona considerada estratégica para la seguridad regional.

La ruta del narcotráfico

Noboa relacionó los recientes decomisos ejecutados por las fuerzas de seguridad con la estructura logística utilizada por las redes criminales que operan en la frontera.

El mandatario se refirió a la incautación de una avioneta, combustible y otros insumos que, según explicó, formarían parte de los mecanismos empleados para transportar droga que ingresa desde Colombia hacia territorio ecuatoriano y posteriormente es enviada hacia mercados internacionales.

Las declaraciones coinciden con los esfuerzos de cooperación anunciados por Ecuador, Colombia y Estados Unidos para perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína y afectar sus cadenas logísticas.

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Defensa de la Ley Antimafias

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la aplicación de la Ley Antimafias, normativa que contempla mecanismos para acelerar la incautación de bienes presuntamente vinculados a estructuras criminales.

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Frente a los cuestionamientos de sectores políticos y de opinión que advierten sobre un posible uso indebido de la norma, Noboa sostuvo que el objetivo del Gobierno es combatir a las organizaciones criminales y no perseguir a actores políticos.

El presidente argumentó que una parte de las redes del crimen organizado ha logrado infiltrarse en espacios de poder local y político, por lo que consideró necesario identificar y desarticular esos vínculos cuando existan evidencias de colaboración con grupos delictivos. “Nosotros no tenemos ningún interés de perseguir a personas. Nosotros tenemos que acabar estructuras criminales”, afirmó.

Lo que debes saber

• Noboa anunció que Daniel Correia asumirá el CNI tras la muerte de Sensi-Contugi
• Daniel Correia dirigirá el CNI mientras el Gobierno evalúa una designación definitiva.
• Noboa mantendrá la estructura del CNI y postergará cambios hasta después del proceso electoral.

El presidente Daniel Noboa anunció que Daniel Correia se encargará del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que quedó sin titular tras la muerte de Michele Sensi-Contugi en un accidente de helicóptero ocurrido en Nepal. La declaración fue realizada este 28 de agosto, durante una entrevista concedida a Radio Centro, en su primera aparición pública luego de regresar de una gira por Asia.

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Según explicó el mandatario, la estructura del sistema de inteligencia estatal no sufrirá modificaciones y únicamente cambiará la persona que estará al frente de la institución. Noboa destacó el trabajo realizado por Sensi-Contugi y señaló que Correia asumirá las funciones de conducción del organismo.

La designación, sin embargo, aún no ha sido formalizada mediante un decreto ejecutivo. Tras el fallecimiento de Sensi-Contugi, el Gobierno había nombrado de manera encargada a Luis Carlos Ávila Chávez como director general del Centro Nacional de Inteligencia.

Definición pendiente tras el proceso electoral

Durante la entrevista, el presidente indicó que la decisión definitiva sobre la conducción del CNI se tomará una vez concluido el actual episodio electoral. Mientras tanto, aseguró que el trabajo de la entidad continuará bajo la misma línea operativa implementada hasta ahora.

La declaración se produce en medio del debate público generado por el papel y las funciones del organismo de inteligencia creado durante la actual administración. En ese contexto, Noboa defendió la labor del CNI y rechazó cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre el uso de la entidad.

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El CNI tras la muerte de Michele Sensi-Contugi

La reorganización de la institución ocurre después del fallecimiento de Michele Sensi-Contugi, quien se desempeñaba como principal responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Su muerte obligó al Ejecutivo a implementar una transición temporal mientras se define la estructura de mando permanente.

El Gobierno no ha precisado cuándo se oficializará el nombramiento de Correia ni cuáles serán exactamente sus funciones dentro del organismo.

Rol del organismo de inteligencia

En sus declaraciones, Noboa sostuvo que el CNI ha participado en labores de recopilación y procesamiento de información para operativos de seguridad impulsados por el Estado. El mandatario afirmó que el organismo ha contribuido en investigaciones relacionadas con objetivos de alto interés para las autoridades.

La definición sobre la dirección del CNI se suma a los movimientos que el Ejecutivo realiza en áreas vinculadas a seguridad e inteligencia, una de las prioridades de la administración en medio de la crisis de violencia y criminalidad que enfrenta el país.

• Corte IDH negó hospitalizar a Jorge Glas el 27 de agosto y mantuvo medidas en la Cárcel del Encuentro.
• Jorge Glas seguirá preso en Santa Elena porque la Corte IDH descartó ampliar las medidas vigentes.
• La Corte IDH rechazó la hospitalización, pero exigió atención médica para Jorge Glas en Ecuador.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazó la solicitud presentada por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas para que se ordene su hospitalización, aunque mantuvo las medidas provisionales de protección que ya estaban vigentes en su favor. La decisión se produce mientras el exfuncionario continúa recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

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En su resolución, el organismo regional determinó que no era necesario ampliar las medidas ya dictadas, pese a los argumentos expuestos por los abogados de Glas sobre su estado de salud. Sin embargo, recordó al Estado ecuatoriano la obligación de garantizar una atención médica adecuada, oportuna y acorde con las condiciones físicas y mentales del exvicepresidente.

La Corte señaló que la situación de salud de Glas es variable, por lo que dispuso que Ecuador continúe implementando las medidas provisionales para asegurar que reciba el tratamiento necesario durante su permanencia en prisión.

La Corte mantiene las medidas ya otorgadas

El pronunciamiento se da luego de que la defensa solicitara una ampliación de las medidas provisionales con el fin de que se ordenara la hospitalización del exvicepresidente. No obstante, los jueces concluyeron que las disposiciones actuales continúan siendo suficientes para atender los riesgos identificados.

La resolución también recoge la posición del Gobierno ecuatoriano, que informó en distintas ocasiones que la condición médica de Glas era estable y que no existían recomendaciones vigentes para su hospitalización. A partir de esos elementos, la Corte consideró que no correspondía emitir nuevas medidas adicionales.

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Observaciones sobre su permanencia en prisión

El organismo recordó además que en octubre de 2025 decidió ampliar las medidas de protección y pidió que Glas fuera trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca debido a la fragilidad de su estado de salud física y mental. Posteriormente, el exvicepresidente fue llevado a la Cárcel del Encuentro.

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La Corte también expresó cuestionamientos sobre ese traslado y señaló que las autoridades ecuatorianas no ofrecieron explicaciones suficientes para justificar el cambio de centro penitenciario, después de haber sostenido previamente que La Roca contaba con las condiciones necesarias para atenderlo.

Asimismo, exhortó al Estado a evitar actos que puedan resultar estigmatizantes o contrarios a la dignidad del beneficiario. La observación surge tras denuncias de la defensa de Glas sobre presuntos tratos degradantes, incluidos registros corporales y episodios en los que habría permanecido desnudo ante personal militar.

El contexto judicial de Glas

Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, cumple una condena de ocho años de prisión por los casos de asociación ilícita y cohecho, además de una sentencia de 13 años por peculado.

Tras recuperar la libertad mediante una resolución judicial a finales de 2022, permaneció fuera de prisión durante más de un año. En 2024 ingresó a la Embajada de México en Quito, donde obtuvo asilo diplomático. Sin embargo, fue capturado durante el operativo ordenado por el Gobierno ecuatoriano en la sede diplomática mexicana, hecho que provocó una crisis diplomática entre ambos países.

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Modificaciones al marco legal vigente

El documento técnico remitido por la Comisión de Seguridad plantea la alteración del artículo 369 del COIP, referente a la delincuencia organizada. La propuesta eleva la condena base de 22 a 26 años de privación de libertad para quienes constituyan u organicen grupos de tres o más individuos con propósitos económicos ilícitos.

Tras la exposición de los legisladores proponentes, se detallaron las principales innovaciones punitivas que se ejecutan en el articulado:

Debates sobre la proporcionalidad jurídica

Durante la sesión, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) justificó la normativa bajo el argumento de dotar al Estado de facultades coercitivas ágiles. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, atribuyó el fortalecimiento de las redes de narcotráfico a la permisividad de las administraciones gubernamentales previas.

En contraparte, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó reparos técnicos a la redacción del documento. El asambleísta Gerardo Machado argumentó que los tipos penales abiertos generan interpretaciones contradictorias en el sistema judicial, advirtiendo un escenario de "populismo penal" debido a los incrementos desproporcionados de las condenas. Asimismo, la facción política cuestionó la disposición de prisión preventiva sin la demostración de hechos individualizados (como peligro de fuga) y advirtió sobre el riesgo de politización en las reformas referentes a la sustracción de hidrocarburos.

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Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) intervino para solicitar la eliminación del límite de acumulación de 40 años, actualmente vigente en la legislación ecuatoriana. El asambleísta Alfredo Serrano planteó un mecanismo de sumatoria total de penas individuales por cada delito ejecutado.

Tras la recolección de las observaciones técnicas, el proyecto retornará a la Comisión de Seguridad, delegación que asume la competencia de estructurar el informe vinculante para el segundo y definitivo debate.

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Los equipos no lograron extinguir por completo las llamas. El jueves 27, 75 bomberos de los cuatro cantones retomaron las labores para controlar el fuego y evitar que avance hacia otras áreas del cerro.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el incendio ha afectado aproximadamente 23 hectáreas. El ECU-911 mantiene el seguimiento de la emergencia y coordina las acciones de respuesta con las instituciones que participan en el operativo.

Las acciones coordinadas para ayudar en Putzalahua

La Gobernación de Cotopaxi informó que mantuvo una reunión con autoridades de la provincia para definir medidas destinadas a proteger el cerro Putzalahua y reforzar la prevención ante nuevos incendios forestales. En el encuentro se establecieron compromisos para mejorar la respuesta frente a emergencias ambientales.

El Municipio de Latacunga señaló que maquinaria y personal técnico permanecen en el cerro para ejecutar labores de liquidación, controlar los puntos calientes y reducir el riesgo de nuevas reactivaciones.

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Además, las unidades de Gestión de Riesgos y la Dirección de Ambiente del Municipio evalúan los daños ocasionados por el incendio. Ese análisis permitirá planificar acciones de reforestación y recuperación de la flora endémica afectada.

El Putzalahua es un área de importancia ambiental para la provincia. La continuidad de las labores de control será clave para evitar que el fuego vuelva a propagarse y para determinar el alcance de los daños sobre la vegetación del sector.

En julio del 2026, Pablo Cornejo, director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), advirtió que el Fenómeno del Niño incrementa la susceptibilidad a incendios forestales en Ecuador, más que nada en la Sierra.

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Quince días de campaña (la mitad que en cualquier elección de autoridades reciente) y 45 debates apretados en esa misma ventana. En las seccionales de 2023 duró 31 días. En las generales de 2025, 33. El calendario original de estos comicios, 30. El CNE lo partió, al adelantar la votación del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026 por el pronóstico de El Niño. La inscripción de candidaturas bajó de 30 a 16 días.

Los cambios por adelanto de votaciones

El recorte no solo acortó la campaña, alargó la incertidumbre. La inscripción cerró el 17 de agosto y la lista firme sale el 9 de noviembre. Durante 84 días nadie es candidato con certeza, porque el CNE advierte que una postulación solo se considera inscrita cuando su calificación queda en firme. El ciudadano escucha, mientras tanto, a gente que puede terminar fuera de la papeleta.

Los debates deberían compensar ese vacío y hacen lo contrario. El artículo 202.2 del Código de la Democracia ordena que los debates de prefectos y alcaldes ocurran tres semanas antes de la elección. Tres semanas antes del 29 de noviembre es el 8 de ese mes, un día antes de que exista la lista oficial.

Cumplir el artículo al pie de la letra exigiría debatir con candidatos que todavía no son candidatos. Sin embargo, al comprimirse el calendario, el CNE concentrará los 45 debates obligatorios entre el 12 y 26 de noviembre. Esto provocará un embotellamiento de transmisiones simultáneas y bloques consecutivos, especialmente en los fines de semana de campaña, y algunos caerán a setenta y dos horas del voto.

Anthony Downs, economista y politólogo, explicó que informarse cuesta y que, cuando el costo sube, el votante recurre a atajos, casi siempre la marca partidaria. En las seccionales ese atajo no existe, porque, en ciertos casos, compiten movimientos locales sin programa reconocible. Queda un elector sin información y sin nada que la sustituya. Y el país ya sabe cómo termina eso.

En el referéndum del 16 de noviembre de 2025 la campaña duró trece días y la papeleta era lo más simple imaginable: cuatro preguntas. Aun así, al arrancar, el 39,1 % de los ecuatorianos no conocían ninguna, según la encuestadora Click Report. Si cuatro preguntas resultaron demasiado, quince días para 5.749 candidaturas son todo un trámite.

¿Imposibilidad para informarse?

Nada de esto pesaría tanto si los meses previos sirvieran para informarse, pero las reglas que gobiernan ese limbo están diseñadas para el silencio. El Código de la Democracia es tajante en su artículo 278 al castigar como infracción grave la precampaña de forma directa o indirecta.

El verdadero cortocircuito ocurre en las plataformas digitales, debido a que el artículo 202 de la ley estipula explícitamente que las redes sociales no se consideran medios para efectos de regulación, lo que abre una falsa sensación de libertad para los aspirantes.

El problema es que la Sentencia 111 del TCE define como publicidad electoral todo mensaje cuya connotación y finalidad busquen mover la voluntad popular a favor de una opción, sin importar el soporte tecnológico empleado.

Es decir, si un postulante decide usar TikTok o Instagram para exponer un bosquejo de sus ideas de gestión amparado en que la ley no regula las redes, se expone de inmediato al contraataque de sus adversarios. Cualquier rival político puede tomar ese video y denunciarlo con el art. 278 del Código de la Democracia bajo el argumento de la precampaña ilegal.

Al momento de revisar el caso, el TCE podría aplicar el criterio de la Sentencia 111 y observará que el contenido busca lógicamente convencer al elector, por lo que terminará encasillándolo como una infracción y dejando la sanción en manos de un juez que resolverá el misterio meses después, cuando el proceso electoral haya terminado.

Permiso y prohibición describen la misma conducta y cuál de los dos fue, lo resuelve un juez después; es una antinomia jurídica.

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El castigo, en cambio, no tiene ambigüedad. Multa, destitución y suspensión de los derechos de participación, y el Tribunal Contencioso Electoral ya admitió causas en este ciclo. Y hay una trampa, porque lo gastado en explicar el plan antes de la campaña se imputa al techo electoral.

Si informar es jurídicamente riesgoso durante tres meses y materialmente imposible en 15 días, lo que queda es ciudadanos que eligen 5.749 autoridades sabiendo casi nada, y un sistema que puede decir con toda formalidad que garantizó la elección.

Por otra parte, el correísmo planteó reparos a las disposiciones sobre prisión preventiva y cuestionó que la iniciativa pueda caer en el denominado “populismo penal”.

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El proyecto se denomina Ley Orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado. Es una de las leyes que el oficialismo se ha planteado como prioritaria bajo la presidencia de Mishel Mancheno. De hecho, fue la actual presidenta del Parlamento quien presentó la iniciativa.

La encargada de exponer la ley fue Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad. Para ella, hay tres elementos claves en la normativa. El primero tiene que ver con tipificar como delito la pertenencia funcional a los grupos de delincuencia organizada. El segundo se relaciona con que el Estado no solo pueda incautar bienes, sino también venderlos anticipadamente.

Finalmente, Alarcón destacó la posibilidad de sancionar a abogados con la pérdida de su licencia profesional en caso de sentencias ejecutoriadas.

Por su parte, Mancheno señaló directamente al correísmo y a su gobierno como los responsables de haber abierto la puerta a los grupos de delincuencia organizada. 

“Esta crisis no corresponde a este año o al anterior. Esta degradación se acumuló con las malas decisiones del pasado con periodos de tolerancia al crimen organizado. Hablamos de esa década; marcada por la politización de la seguridad”, dijo la presidenta de la Asamblea.

Los reparos del correísmo

El asambleísta Gerardo Machado habló de la intención de sugerir ajustes a varios artículos. Manifestó que es necesario adecuar las leyes a las nuevas dinámicas del crimen organizado. “Una norma imprecisa también favorece a la delincuencia. Los tipos penales abierto generan interpretaciones contradictorias”, manifestó.

Sugirió que se cierren los tipos penales abiertos. También aseguró que “la cercanía familiar, vecinal o laboral jamás puede reemplazar la prueba del aporte efectivo a una organización criminal”.

Además, insistió en que la prisión preventiva debe fundarse en hechos actuales, concretos e individualizados que demuestren peligro de fuga, obstrucción o intimidación dentro del proceso.

Al final, Mancheno anunció que el proyecto regresará a la Comisión de Seguridad para continuar con el trámite y la elaboración del informe para el segundo debate. Esa mesa decidirá qué observaciones se incluyen para la aprobación definitiva del proyecto.

La bancada legislativa cuestiona una disposición transitoria que establece que, en contratos relacionados con telecomunicaciones, no es exigible la presentación de las garantías de fiel cumplimiento ni de buen uso del anticipo.

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Eliana Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentó el recurso este 27 de agosto de 2026. Llegó acompañada de otros legisladores de su bancada y planteó que la acción tiene tres pedidos:

“Esta disposición elimina la obligación de presentar las garantías, tanto del fiel cumplimiento como del buen uso del anticipo y del respaldo técnico para las empresas públicas del sector de telecomunicaciones”, dijo Correa.

El principal cuestionamiento tiene que ver con que se adoptó esa decisión sin establecer ninguna condición para ese tipo de acuerdos. “No importa el monto o si hay anticipo de por medio; no importa el riesgo”, dijo la legisladora.

También agregó que un pronunciamiento de la Corte Constitucional es urgente, teniendo en cuenta que se pueden firmar contratos y, en casos en los que estos sean perjudiciales, sería muy difícil “revertir el daño”.

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¿Cuál es la motivación del bloque correísta?

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana anunciaron semanas atrás el inicio de una fiscalización a propósito de un contrato que se prepara en el ámbito de la salud. El mismo tendría como objetivo un proceso de digitalización en esa área.

“Estamos a la puerta de un proceso de contratación opaco, prácticamente dirigido y, de lo que conocemos, muy hecho a la medida. Un contrato por 240 millones de dólares asociado a la empresa Dedalus”, señaló Correa.

Según la asambleísta, el objetivo no es parar ningún proceso de contratación, sino garantizar el buen uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional.