Lo que debes saber

• Elecciones 2027: Policía ofrece protección a candidatos en riesgo en Ecuador por amenazas criminales.
• 57.000 policías resguardarán el proceso electoral del 29 de noviembre en todo el país.
• Candidatos podrán pedir custodia policial durante la campaña tras evaluación de riesgo.

A 75 días de las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre de 2026, la Policía Nacional anunció que dispone de un contingente de 2.000 servidores dedicados a la protección de dignatarios y que ese personal podrá ser utilizado para resguardar a candidatos que enfrenten riesgos de seguridad durante la campaña.

La información fue expuesta durante la instalación de la Mesa de Seguridad Electoral, espacio en el que participan el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para coordinar acciones de protección antes y durante los comicios.

De acuerdo con el último reporte del CNE, actualmente existen 21.130 candidaturas calificadas oficialmente, de más de 53.500 solicitudes de inscripción presentadas por organizaciones políticas. Entre ellas constan aspirantes a alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales, así como vocalías de juntas parroquiales.

Protocolo ante amenazas

El general Henry Tapia, delegado del comandante general de la Policía ante la Mesa de Seguridad Electoral, explicó que los candidatos que consideren estar en situación de riesgo pueden solicitar protección mediante un procedimiento que inicia en el CNE y continúa con la intervención del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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Según detalló el oficial, las instituciones realizan una evaluación especializada para determinar el nivel de riesgo del solicitante y definir el esquema de seguridad necesario. Tapia afirmó que la Policía cuenta con el personal suficiente para brindar acompañamiento a quienes requieran medidas de protección durante el proceso electoral.

El mecanismo de seguridad se fortaleció tras el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, en un contexto marcado por el avance de grupos de delincuencia organizada y el incremento de amenazas contra actores políticos.

Despliegue nacional para las elecciones

Además de los esquemas individuales de protección, la Policía prevé desplegar cerca de 57.000 efectivos en todo el país para resguardar instalaciones y actividades vinculadas a los comicios.

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Entre las tareas asignadas constan la vigilancia de delegaciones electorales, centros de procesamiento electoral, bodegas, centros de digitalización de actas y recintos de votación. También se contemplan inspecciones antinarcóticos y antiexplosivos a material electoral y equipos técnicos destinados incluso al voto en el exterior.

La institución también tendrá a cargo el traslado de actas de escrutinio hacia los centros de digitalización y la protección de observadores nacionales e internacionales que participen en el proceso electoral.

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Financiamiento de la operación

El plan de seguridad cuenta con respaldo de un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y el CNE. Según el documento, el organismo electoral destinará más de 6,5 millones de dólares para cubrir gastos relacionados con la ejecución de actividades de seguridad electoral por parte de la Policía Nacional.

Las autoridades sostienen que la coordinación interinstitucional busca reducir los riesgos en un proceso electoral que se desarrollará bajo un escenario marcado por preocupaciones sobre la violencia criminal y la seguridad de los actores políticos.

• Dedalus implementará su plataforma en 1.742 centros del Ministerio de Salud.
• El contrato adjudicado por régimen especial asciende a más de 240 millones de dólares.
• A diferencia del fallido proceso con HealthBird, el acuerdo con Dedalus sí se concretó.

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el 9 de septiembre de 2026 en Ecuador la incorporación de la firma italiana Dedalus para modernizar y digitalizar el sistema de salud pública mediante un contrato adjudicado por régimen especial entre el Ministerio de Salud y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El proceso busca interconectar 1.742 establecimientos sanitarios y surge en medio de dudas generadas por el fallido antecedente de la contratación de la tecnológica estadounidense HealthBird.

Política

Así funciona el contrato de más de $ 240 millones con Dedalus para digitalizar la salud en Ecuador

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Diferencias y semejanzas entre los procesos de Dedalus y HealthBird

La millonaria contratación de la firma italiana Dedalus para modernizar y digitalizar el sistema de salud pública de Ecuador levantó dudas, en especial por el antecedente de la fallida contratación de la empresa HealthBird. Sin embargo, ambos procesos presentan puntos de contacto y contrastes determinantes que permiten esclarecer el panorama contractual.

Las semejanzas se limitan a que ambas compañías fueron contactadas por el Gobierno ecuatoriano, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para incorporar una solución tecnológica al sistema sanitario estatal. En ambos casos, la administración del presidente Daniel Noboa defendió la necesidad de estos procesos.

Contrastes contractuales y técnicos de ambos casos

Frente a estas coincidencias iniciales, las diferencias marcan la distancia técnica, legal y financiera entre las dos empresas:

Política

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El plan de transformación digital de la salud pública

A su vez, el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, y el gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Ronald Spina, presentaron el plan de transformación digital de la salud pública de Ecuador, un proyecto integral ejecutado de la mano de la empresa internacional Dedalus Group.

Se trata de una plataforma de gestión hospitalaria utilizada en varios países de Europa que, de acuerdo con el mandatario, permitirá modernizar componentes operativos clave del sistema estatal:

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La compañía, con sede en Estados Unidos, informó el lunes 14 de septiembre de 2026 que atiende a unos 7.300 pacientes en Ecuador, incluidos los 3.850 derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en una red de 28 centros y con el trabajo de más de 1.500 profesionales y colaboradores.

En el documento, al que tuvo acceso EXPRESO y cuya autenticidad fue confirmada por la empresa, DaVita señala que durante los últimos dos años ha trabajado con el Ministerio de Salud para buscar una solución a los pagos pendientes por los servicios prestados.

La deuda con esta dializadora es de 121 millones de dólares

La compañía asegura que, pese a las gestiones realizadas durante meses con autoridades del Gobierno y del MSP, no se ha establecido un plan de pagos sostenido. Según DaVita, la deuda por los servicios prestados asciende a USD 121 millones hasta septiembre de 2026.

“En este momento, contar con una ruta de solución clara y oportuna es la única alternativa para que DaVita pueda continuar atendiendo a los pacientes derivados por el MSP”, señala la empresa.

DaVita estableció el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para formalizar un acuerdo que incluya un plan de pagos consensuado y coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Si no se alcanza ese acuerdo, la empresa anunció que iniciará una “transición forzada” de la atención de los 3.850 pacientes al MSP, como entidad financiadora. DaVita informó que ya comunicó a las personas involucradas el inicio del proceso.

La dializadora anuncia "transición forzada"

La transición, según el cronograma presentado por la compañía, se realizaría de manera gradual, aproximadamente a razón de un centro por semana.

La primera fase contempla cinco centros: Farmadial Balzar, con 335 pacientes, desde el 3 de octubre; Manadiálisis Montecristi, con 255, desde el 10 de octubre; Medicopharma Machala/Santa Rosa, con 306, desde el 17 de octubre; y Nefrosalud Guayaquil, con 215, desde el 24 de octubre.

Las fases posteriores contemplan la transferencia semanal del resto de pacientes derivados por el MSP en los centros de DaVita, de acuerdo con un cronograma que deberá coordinarse con el Ministerio.

Los pacientes renales se pronunciaron

El lunes 14 de septiembre, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador se pronunció. Señaló que "no son moneda de cambio", en relación a la presión que ejercen las dializadoras para obtener sus pagos. Anunciaron nuevas movilizaciones.

La situación es grave ya que DaVita es una transnacional. Consultados, la semana anterior, dueños de dializadoras en Ecuador señalaron que ellos están por quebrar.

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Lo que debes saber

• Fabián Fabara calificó de «inconsulta» la reubicación de jueces anticorrupción a zonas de riesgo.
• El Pleno de la Judicatura pedirá informes técnicos a las áreas administrativas responsables.
• El Estado debe garantizar la seguridad de magistrados mediante la Policía y Ministerio del Interior.

El vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, cuestionó este 16 de septiembre de 2026 la decisión administrativa de reubicar a los magistrados de la suprimida Unidad Anticorrupción en dependencias judiciales situadas en zonas de mayor riesgo. En declaraciones a Teleamazonas, la autoridad judicial aclaró que los vocales respaldaron la fusión de despachos para optimizar causas, pero no participaron ni aprobaron la redistribución física de los operadores de justicia dispuesta por las áreas operativas del organismo en Quito.

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Cuestionamientos a la reubicación de los jueces especializados

Durante una entrevista televisiva con Teleamazonas, Fabara estableció una distinción formal entre la resolución política y legal adoptada por el cuerpo colegiado y la ejecución técnica implementada posteriormente por las dependencias administrativas:

Hay que separar dos resoluciones. La primera, que fusionó las competencias de la antigua Unidad de Combate a la Corrupción y Crimen Organizado (Anticorrupción) con la unidad penal, tribunales penales y sala penal de la Corte Provincial de Pichincha y los jueces de Iñaquito. El otro escenario es cómo las unidades administrativas han aplicado la decisión y de esas el Pleno no ha tenido conocimiento, no ha votado ni aprobado en relación a ellas.Fabián Fabara, vocal del Consejo de la Judicatura

Fabara enfatizó que la asignación física de sedes a los magistrados anticorrupción se resolvió de forma ajena a los vocales:

(No participamos) De la reubicación de quienes perteneciendo a la unidad especializada debían seguir prestando sus funciones en Iñaquito y manteniendo la misma competencia, más la competencia en materia penal.Fabián Fabara, vocal del Consejo de la Judicatura

Frente a esta situación, el vocal remarcó que el traslado constituye una medida «inconsulta», por lo cual el Pleno de la Judicatura exigirá informes técnicos a las direcciones correspondientes para determinar los criterios que motivaron el envío de los magistrados a sectores con mayores niveles de peligro sin autorización previa del Pleno.

Política

Fiscalización Unidad Anticorrupción: Mercedes Caicedo fue convocada a comisión del correísmo

Daniel Alejandro Romero Páez

Seguridad y protección a magistrados a cargo del Estado

Respecto a la integridad física de los administradores de justicia, Fabara señaló que es indispensable que el Estado ecuatoriano asegure la protección integral de los jueces, sin importar su lugar de asignación ni la naturaleza de los expedientes que tramiten.

"El Ministerio del Interior, que es el ente, junto a la Policía Nacional, que brinda el servicio de protección a este grupo de jueces y todo aquel que lo requiera, y no solo de la anterior unidad especializada, sino a cualquier juez, fiscal o defensor público que esté en riesgo", dijo.

Cronología y decisiones clave sobre la Unidad Anticorrupción

El desmontaje de la justicia especializada y la posterior polémica administrativa se resumen en las siguientes medidas:

La asambleísta del correísmo Viviana Veloz anunció el inicio de dicho proceso. Días antes, el 9 de septiembre de 2026, la legisladora había solicitado información a la Judicatura sobre la eliminación de dicha unidad.

Política

Judicatura intenta cambiar percepción sobre supresión de unidades anticorrupción

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En total, remitió 33 preguntas, entre ellas qué sucederá con cada una de las causas y el detalle del número de sentencias pendientes de redacción.

Ahora, la misma Veloz señaló que el proceso iniciará en la mesa legislativa que tiene mayoría de la bancada de Revolución Ciudadana. “La lucha contra la corrupción y el crimen organizado necesita más justicia especializada, no menos”, señaló la asambleísta.

También informó que había solicitado a la Comisión de Garantías Constitucionales el inicio de un proceso de fiscalización a la Resolución 187-2026 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que suprime las dependencias judiciales especializadas en estos delitos.

“Esta justicia especializada fue creada por esta Asamblea Nacional mediante ley en 2020, fue respaldada por la Corte Constitucional y al país le tomó años construirla. No puede ser eliminada de un plumazo”, indicó Veloz.

¿Cuándo se espera la asistencia de Caicedo?

Tras el inicio del proceso de fiscalización, la mesa legislativa decidió convocar a la titular del Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Verónica Íñiguez, convocó a sesión para el jueves 17 de septiembre de 2026.

En el orden del día se estableció la comparecencia de Mercedes Caicedo “a fin de que exponga sobre la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción”. Para ese mismo día están convocados dos expertos en la materia, con el objetivo de continuar con el análisis del tema que es objeto de la fiscalización.

¿Qué pasó con la Unidad Especializada Anticorrupción?

El pasado 7 de septiembre de 2026 se conoció que el Consejo de la Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado y trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito.

La decisión fue presentada por los vocales como un fortalecimiento de la justicia especializada, aunque supone desmontar el modelo de concentración de estos procesos en unidades creadas expresamente para atender casos de alta complejidad.

Lo que debes saber

• Noboa viajará a la ONU del 18 al 23 de septiembre en EE. UU., pero no reveló su comitiva.
• El decreto de Daniel Noboa no identifica quiénes asistirán a la Asamblea General de la ONU.
• La agenda en la ONU abordará crimen organizado y cooperación internacional; aún se desconocen los acompañantes.

El presidente de Daniel Noboa oficializó la conformación de la delegación que lo acompañará durante su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque el decreto ejecutivo que autoriza la comisión de servicios no detalla los nombres de los funcionarios que integrarán la comitiva.

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Según el Decreto Ejecutivo 499, firmado el 15 de septiembre de 2026, el desplazamiento del mandatario está previsto entre el 18 y el 23 de septiembre. El documento establece que la delegación estará conformada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que contribuyan al desarrollo de las actividades previstas dentro de la agenda presidencial.

Sin embargo, el decreto no identifica a los servidores públicos que acompañarán al jefe de Estado durante su participación en el principal foro político de la ONU. En su lugar, la normativa dispone que la Secretaría General de la Administración Pública y el Gabinete de la Presidencia sean los encargados de notificar a las instituciones y representantes que formarán parte de la comitiva oficial y de apoyo.

La ausencia de una lista oficial de integrantes mantiene abierta la interrogante sobre quiénes participarán en el viaje. Hasta el momento, no se ha informado si posteriormente se difundirá un comunicado con los nombres de los funcionarios designados.

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Seguridad y cooperación internacional, entre los temas de la agenda

Los considerandos del decreto señalan que la participación de Ecuador en la Asamblea General de la ONU abordará asuntos vinculados a la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

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Estos ejes han cobrado relevancia en la agenda del Gobierno en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país y podrían influir en la conformación de la delegación ecuatoriana que acompañará al mandatario en Nueva York. No obstante, el Ejecutivo aún no ha confirmado qué autoridades o funcionarios participarán en las reuniones previstas durante la visita oficial.

La Asamblea General de la ONU reúne cada año a jefes de Estado y representantes de los países miembros para debatir temas de alcance global, incluyendo seguridad, cooperación internacional, desarrollo y derechos humanos. En ese contexto, la participación de Ecuador estará enfocada, según el decreto, en asuntos relacionados con el combate a las redes criminales transnacionales y la coordinación entre Estados.

Lo que debes saber

• Hamilton Taramuel impugnó a cuatro aspirantes a fiscal pese a no tener perfil jurídico conocido.
• Daniella Camacho y Salomón Montecé figuran entre los candidatos impugnados con mejores puntajes.
• El concurso para fiscal enfrenta dudas por impugnaciones que podrían afectar la selección final.

Hamilton Rickard Taramuel Terpe. Diecinueve años de edad. Tatuador. Reside en Quito. Denunciado por robo, fue sobreseído en diciembre pasado. No es abogado ni se sabe que tenga relación alguna con un estudio jurídico o una facultad de Jurisprudencia. Ajeno al derecho y a la vida pública, no se conoce ni se puede presumir que tenga razones para ser enemigo de alguno de los aspirantes a fiscal general (si litigase, a lo mejor le sobrarían). 

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Tampoco se han hecho públicos registros que lo puedan catalogar como un activista en algo relacionado al sistema de justicia. Entonces, ¿por qué figura como el impugnante de cuatro participantes del concurso para escoger al nuevo fiscal?

Precisamente esa pregunta se hizo el periodista Fausto Yépez, quien lo fue a buscar a su barrio. No dio la cara. Sus amigos se hicieron los desentendidos. Recién mañana podremos ver si se asoma a defender la primera de las impugnaciones que presentó. Para el resto tendrá como dos semanas. Si no lo hace, o si monta un papelón, la pregunta seguirá igual de vigente.

Las impugnaciones y las dudas sobre el proceso

Sin embargo, aunque Taramuel resulte sorpresivamente ser un elocuente prodigio profundamente interesado en los destinos de la Función Judicial, de todas formas quedaría otro cuestionamiento más por hacerle.

Y es que llama la atención que dos de los concursantes a los que él impugnó, Daniella Camacho y Salomón Montecé, figuran entre los mejor puntuados en la fase de méritos del concurso (la primera y el cuarto, respectivamente). En medio de ellos están Inés Maritza Romero, quien enfrenta ocho impugnaciones presentadas por diversas personas (y un par de personalidades), y Carlos Leonardo Alarcón, nuestro muy comedido fiscal general encargado, contra quien solo se calificó una. A Camacho le calificaron seis. Montecé nada más tendrá que contestar la presentada por Taramuel.

En un momento en el que el fiscal Alarcón es acusado de coludir con el Gobierno para favorecerlo en las elecciones, habiendo instigado la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo, que él tenga la suerte, digámosle así, de ser el mejor puntuado con menos impugnaciones, es por lo menos sospechoso. Más aún después de que una figura como el joven ciudadano Taramuel haya aparecido a oponerse a dos contrincantes muy cercanos a él en el puntaje, de remate resultando ser el único impugnante calificado del candidato que le sigue en el ranking.

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La sospecha sobre la selección del próximo fiscal

Nadie puede, bajo la normativa vigente, negarle a Hamilton Taramuel su derecho a participar de los procedimientos de este concurso, pero la sospecha es un derecho que nos reservamos el resto de los ciudadanos. Y de esa sospecha emerge cierta frustración ante la evidente facilidad con la que se puede manipular o entorpecer un asunto tan grave como la selección del siguiente fiscal general del Estado.

Podríamos pensar que lo que se puede hacer ya se hizo: Taramuel fue puesto en evidencia y la ciudadanía, al menos la minoría políticamente activa, ha quedado en alerta ante lo que acontecerá en la siguiente fase del proceso. Pero no sería correcto descartar, al menos como una idea, la conveniencia de reformar las reglas que rigen los concursos de selección de autoridades, para así evitar que incidentes de este tipo se repitan.

¿Es necesaria una reforma al sistema de impugnaciones?

Lo primero que algunos podrían sugerir, por enésima vez, sería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o al menos la supresión de sus facultades de designación; pero tal propuesta ya perdió fuerza con la derrota de la opción constituyente el año pasado. Tanto así que el Gobierno desistió de ponerla directamente en la papeleta para estas elecciones. Tampoco parecería que le haya urgido hacer tal cosa, en vista de que tiene el control de la mayoría del CPCCS.

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Una alternativa más sencilla sería reformar la ley para que tanto la conformación de las comisiones ciudadanas que califican a los candidatos como la presentación de las impugnaciones contra ellos sean obligatoriamente canalizadas a través de organizaciones de la sociedad civil. Estas podrían ser gremios, universidades o asociaciones de cualquier índole, siempre y cuando estén debidamente registradas para aquello.

El punto no sería restringir la participación de la ciudadanía en general (la Corte Constitucional difícilmente lo permitiría), sino garantizar que una institución seria y fácil de localizar pueda dar la cara por los actos que se realicen como parte del proceso de designación de las autoridades.

Los límites de cualquier cambio institucional

Esta no es una solución perfecta, por supuesto. Hay mil maneras de encontrarle la trampa: bloquear organizaciones incómodas o inventarse mil fundaciones de papel y registrarlas. 

Si con eso no alcanza, siempre queda la oportunidad de tomarse la directiva de la institución problemática, o simple y llanamente amedrentar a sus miembros. Pero eso es otro problema más profundo. Es el problema en el centro de la debacle democrática de este país.

Los puntos claves de esta historia

• EXPRESO documentó más de 500 procesos de liquidación en manos de solo 21 profesionales, quienes administran entre 10 y 80 empresas simultáneamente, una carga que otros interventores consideran difícil de gestionar adecuadamente.
• Los testimonios identifican rotación de liquidadores mediante resoluciones 'exprés' y ventas de activos por debajo de valores que las fuentes consideran justos, lo que podría perjudicar a trabajadores, jubilados y al Estado, que tienen prioridad en el cobro.
• Los entrevistados describen prácticas que califican como irregulares, entre ellas la “contabilidad creativa” para trasladar dinero entre empresas relacionadas, así como dudas sobre el destino de devoluciones tributarias y de recursos provenientes del cobro de cuentas, y sospechas en la venta de bienes.

Los procesos de liquidación por los que atraviesan decenas de empresas, considerados como la antesala a la extinción de la parte tangible de los negocios, pueden también convertirse en oportunidades para unos pocos.

En esta tercera entrega de la investigación ‘La argolla del control’, voces de interventores y liquidadores que colaboran con la Superintendencia de Compañías explican el riesgo que representa la prolongación de los procesos de disolución de las empresas, sobre todo de aquellas que tienen activos por vender y cuentas por cobrar.

EXPRESO documentó la concentración de más de 500 liquidaciones en manos de 21 personas. Son ingenieros, abogados, economistas y contadores externos a la ‘Super’ que tienen la función de pagar las deudas de la empresa quebrada con la comercialización de edificios, maquinaria, vehículos y el cobro de valores, a cambio de unos honorarios por cada compañía.

Cada uno de esos profesionales administra entre 10 y 80 liquidaciones de forma simultánea, algo humanamente imposible debido a la complejidad de los problemas que tienen que resolver, según interventores y liquidadores que decidieron hablar con este Diario bajo la condición de anonimato, ante lo que llaman “favoritismo”.

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Entre 10 y 80 empresas por operador: así se reparten liquidaciones en la ‘Super’ de Compañías

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La asignación a un grupo específico, denuncian profesionales

Ellos aseguran que en la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías desde octubre del 2024, se asignan encargos a un grupo específico (como lo constató EXPRESO al acceder a una base de datos de la entidad, con corte al 9 de junio) y que no se toma en cuenta a personas con años de experiencia en ese oficio.

Entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de agosto de este año, se entregaron más de 300 liquidaciones, según los registros.

Las fuentes, que comparten documentos para respaldar lo que afirman, han detectado ciertas conductas, modos de operar y coincidencias en los procesos de intervención y liquidación que han revisado.

Las anomalías notorias en los registros societarios

Víctor, quien tiene más de diez años de experiencia en ese tipo de procesos, señala ciertas particularidades que levantan las alertas cuando chequea los procedimientos que han ejecutado otras personas o la ‘Super’. Cita la rotación de liquidadores con resoluciones ‘exprés’, en muchos casos sin justificación y en varias administraciones de la institución.

También menciona ventas (de terrenos, vehículos y otros activos) poco beneficiosas para trabajadores, jubilados e incluso el Estado, quienes están en la parte inicial del orden de prelación de pagos. Es decir que esas transacciones no cubren las necesidades para saldar haberes.

“Una empresa de procesamiento de productos agrícolas tenía una finca que valía más de $2 millones, tenía hasta una laguna, y la vendieron en unos $700 mil, en la tercera llamada de remate (Según los documentos revisados por EXPRESO, $700 mil fue el valor del peritaje y la venta rondó los $600 mil). Y ni siquiera alcanzó a pagar (una parte importante). ¿Por qué? Porque la deuda que tiene con la empresa hermana era de casi 10 millones”, recuerda la fuente.

El profesional del Derecho Societario explica que se presentó un documento ante la banca pública para reclamar que el peritaje de la finca estaba mal hecho, argumentando que la propiedad no costaba una cantidad tan baja. Al final, le negaron el trámite.

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He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención"Interventor y liquidador en funciones.

“He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención. Porque se supone que si va a una disolución es porque existen problemas dentro de la compañía. ¿Qué más problema haber desfalcado a un montón de gente dentro del mercado de valores, por ejemplo? Tenía que ser de inmediato, pero no, dan tiempo”.

En esos casos, ese tiempo, señala, podría considerarse clave para que el interventor o el liquidador venda los activos a conveniencia, o diluir el dinero que ingresa por cobros pendientes. Ese dinero, agrega, termina en bolsillos de terceros o ciertos accionistas con los que ya había un ‘acuerdo’. “Ahí está la corrupción. Esa es la manera (en) que (lo) hacen. Cogen algo que cuesta un montón de dinero y lo venden a menos de la mitad”.

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Luis es otro liquidador que acepta el pedido de EXPRESO para explicar el modo de operar de ciertos profesionales que llegan a administrar empresas tras ser nombrados por la ‘Super’. “Usan la denominada ‘contabilidad creativa’. ¿En qué consiste? Aplican la normativa contable en forma ‘creativa’, mas no técnica. Usualmente se usa para sacar dinero de una empresa hacia otra como ‘inversión’”.

El auditor pone de ejemplo lo que pasó en una extractora de aceite que tenía en su estado financiero más de $200 mil como inversiones con empresas relacionadas. “Actualmente estas empresas están en liquidación, es decir, ese dinero ‘se perdió’. Y como lo ‘disfrazan’ de inversión, la cualidad de inversión ‘se gana o se pierde’. En este caso se perdió. La excusa que dan es (que fue) por la crisis, por la plaga, entre otros. Pero como auditor, viendo las irregularidades, soy escéptico”, sostiene.

En una de las explicaciones de las fuentes también se menciona el caso de una empresa que tras solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la devolución del Impuesto a la Renta, cuyos valores anuales ascendieron a unos $400 mil, se desconoce el destino de ese dinero.

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Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene"Interventor y liquidador en funciones.

“Ellos indican que ese dinero es para capital de trabajo. Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene. Me di el gusto de revisar factura por factura, mes a mes, todo el año 2020, 22, 23 y 24. Ni una sola compra de activos. Nada. ¿Qué hicieron con el dinero? Y verá que estaba intervenida. ¿Qué quiere decir intervenida? Que no pueden mover el dinero si no hay la certeza de la compra”.

Los auditores, liquidadores y abogados entrevistados coinciden con una fuente de la Superintendencia de Compañías sobre la falta de capacidad de control de la entidad donde labora, uno de los problemas que tiene la ‘Super’, sin contar otras anomalías.

“La Superintendencia se ha convertido en un botín político. Y es un asunto sumamente delicado, pues ellos deciden a quién disuelven, a quién liquidan, a quién intervienen. Del mismo modo, a quién le levantan la disolución, le levantan la liquidación o le levantan la intervención”, expone el servidor público. Hasta el cierre de esta edición, el superintendente seguía sin atender un pedido de entrevista.

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Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a través de CNT.
• La firma italiana Dedalus y Google proveerán el software médico, la nube y la ciberseguridad.
• El proyecto durará siete años e interconectará 1.742 centros de salud pública en todo Ecuador.

El Ministerio de Salud de Ecuador adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para implementar una plataforma de transformación digital en salud, bajo la administración del presidente Daniel Noboa. El proceso, concretado a finales de agosto de 2026 mediante régimen especial en solo nueve días, incorpora la tecnología de la multinacional italiana Dedalus Group y la infraestructura de Google para interconectar 1.742 establecimientos sanitarios a escala nacional.

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Tras el fallido y cuestionado intento de contratación de la startup HealthBird (fundada en 2021 y observada por su falta de experiencia), el Gobierno ecuatoriano retomó su plan de modernización hospitalaria. En esta ocasión, la apuesta recae en Dedalus Group, compañía de origen italiano con más de cuatro décadas de trayectoria en software sanitario y presencia internacional.

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El Ministerio de Salud optó por contratar a CNT mediante un régimen especial entre entidades del sector público, siendo la estatal de telecomunicaciones la única invitada. Según Ronald Spina, gerente general de CNT, este mecanismo se aplicó para agilizar los plazos administrativos. El proceso concluyó en nueve días entre su publicación en el Portal de Compras Públicas y su adjudicación definitiva.

La reunión en España y el primer acercamiento oficial

El vínculo entre el Estado ecuatoriano y la tecnológica europea se gestó meses antes de la convocatoria:

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Alcance de la plataforma y el rol de la historia clínica electrónica

El contrato establece el diseño e implementación de un sistema interoperable capaz de articularse con los equipos, aplicaciones y plataformas tecnológicas preexistentes en los centros de salud pública del país.

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El eje principal del proyecto comprende:

Red de establecimientos de salud priorizados

El plan de ejecución contempla un plazo de siete años y cubrirá un total de 1.742 establecimientos de salud pública, de las cuales destacan:

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La ejecución global se estructura en tres componentes: plataforma integrada de información, infraestructura y conectividad. La primera fase abarca la planificación, diseño y operación transversal del sistema.

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Para la gestión de los recursos públicos, el contrato fija las siguientes condiciones:

Lo que debes saber

• De alcaldesa del PSC a candidata de ADN. Cynthia Viteri vuelve a poner la mira en la Alcaldía de Guayaquil, un cargo que ya ocupó entre 2019 y 2023.
• Su gestión estuvo marcada por la pandemia, aciertos en materia social y de bienestar animal, pero también por cuestionamientos e investigaciones previas.

Cynthia Viteri quiere volver a ocupar el Sillón de Olmedo. Esta vez no es por el movimiento político que la cobijó durante años, el Partido Social Cristiano (PSC), a pesar de que alguna vez dijo que podría “cambiar de marido, pero no de partido”. Finalmente, aquella promesa no se mantuvo y ahora busca regresar a la Alcaldía de Guayaquil bajo la bandera del oficialismo, ADN.

¿Pero cuáles son sus credenciales? Entre sus títulos de tercer nivel registrados en la Senescyt constan los de licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y abogada de los Tribunales y Juzgados, ambos obtenidos en la Universidad de Guayaquil y registrados el 27 de mayo de 2002.

Sus títulos y formación académica

En cuanto a sus estudios de cuarto nivel, consta un diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, registrado el 25 de octubre de 2005, y el título de doctora en Jurisprudencia, registrado el 7 de febrero de 2006.

En la consulta del Impuesto a la Renta disponible en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) consta que Viteri registró un impuesto de $5.547 correspondiente a 2023 y de $7.552 en 2024. Para 2025, el registro muestra $0. El período fiscal 2026 se encuentra en curso.

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En los registros de la Superintendencia de Compañías, Viteri aparece como accionista de Baneden S. A. S., compañía ubicada en Vinces, provincia de Los Ríos. En el portal oficial también figura como administradora anterior de Agencia Latinoamericana de Prensa S. A. (A. L. P.), donde ocupó el cargo de presidenta. El registro señala que su participación en esa función terminó en octubre de 2002.

En cuanto a las declaraciones patrimoniales juradas de la Contraloría General del Estado, Viteri ha ocupado distintos cargos públicos.

Fue asambleísta nacional y, posteriormente, en el Municipio de Guayaquil se desempeñó como asesora de Gestión Comunitaria durante 2017 y 2018, en la administración de Jaime Nebot, quien después le dio la venia para que lidere la ciudad. Y fue así que entre 2019 y 2023 ocupó la Alcaldía de Guayaquil.

Con ella, el PSC cumplió 30 años como principal bastión político en Guayaquil, pero luego llegó Aquiles Álvarez, le ganó en las urnas y rompió esa hegemonía.

Cuatro años al frente de la Alcaldía de Guayaquil

La gestión de Viteri estuvo marcada por la llegada de la pandemia de covid-19, que puso a Guayaquil de rodillas y dejó un olor a muerte en las calles.

Aunque su administración también contó con gestiones valoradas favorablemente por la ciudadanía, como los programas sociales y de bienestar animal, las polémicas también salpicaron su periodo. En octubre de 2022, en los registros de noticias del delito relacionados con la entonces alcaldesa constaban investigaciones previas por presuntos delitos de peculado, delitos contra el agua, tráfico de influencias y obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.

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En ese momento, la información disponible señalaba que los casos se encontraban en etapa de investigación previa, por lo que no implicaban una determinación de responsabilidad.

Desde hace poco, el 10 de julio de 2026, Viteri figura como denunciante en un caso relacionado con el presunto delito de difusión de información restringida.

¿Qué representa su regreso para Guayaquil?

La politóloga y analista política Andrea Endara considera que para entender este perfil de cara a las elecciones seccionales hay que separar las credenciales de quien tiene a sus espaldas una amplia trayectoria y, por lo tanto, conoce, dice, el teje y maneje de la política. Sin embargo, el hecho de que sea una exalcaldesa representa tanto pros como contras.

“Si es que ha hecho un buen estudio de cómo está hoy la institución, puede crear propuestas y tener planes listos para mejorar a Guayaquil. En contra está que ya estuvo y, de acuerdo con datos históricos y con cómo lo ve el ciudadano, es a partir de la Alcaldía de Viteri cuando Guayaquil comienza a decaer y a cambiar la imagen de ese modelo exitoso del cual el guayaquileño se sentía orgulloso”, evalúa.

Al hablar de si es o no una candidata idónea, la también académica reconoce que tiene experiencia, pero hasta no conocer su plan concreto y claro para recuperar la ciudad, prefiere no adelantar un análisis sobre si es o no idónea. Lo que sí deja claro es que al ser la candidata del Gobierno de Daniel Noboa, estará supeditada a los intereses de Carondelet.

“Y eso nuevamente tiene un pro y una contra, porque si bien es cierto tiene una llegada más directa, la contra es que está supeditada a esos intereses. Y en el caso de Guayaquil, que siempre ha estado contrapuesto al poder central, podría ser una atadura de manos”, añade.

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La experiencia como fortaleza y también como desafío

Mientras que bajo la lectura de Oswaldo Moreno, analista y consultor político, Cynthia Viteri tiene antecedentes como legisladora, alcaldesa y candidata presidencial, por lo que, para él, es una política profesional.

No obstante, también señala que durante su administración tuvo serios cuestionamientos, aunque también registró grandes aciertos. Uno de ellos, dice, es el Hospital Municipal Bicentenario.

“Ahora habría que ver cuánto le beneficia la candidatura a ella y cuánto le beneficia a ADN. Creo que más beneficio ha tenido ADN”, concluye.

Este 15 de septiembre de 2026, el director de Seguridad y Manejo Integral de Riesgo del CNE, Christian Díaz, explicó que, como parte de las acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño, se identificaron recintos ubicados en zonas con probabilidad de inundación, pero también otros 111 situados en lugares con probabilidad de movimientos de tierra.

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“Las alertas, es superpuesta la capa de inundación está afectando a la provincia de Orellana, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos principalmente”, señaló Díaz.

Respecto a fenómenos como los movimientos de tierra, el CNE tiene identificadas zonas de riesgo en provincias de la Sierra, como Tungurahua y Pichincha.

El anuncio sobre las zonas en las que hay alerta se conoció durante la instalación de la Mesa de Seguridad Electoral este martes. Allí se explicó que, para el cambio de un recinto electoral, las delegaciones provinciales electorales, junto con los responsables de seguridad, deben emitir un informe técnico sobre las afectaciones.

A esto se suma la evaluación del informe por parte de la Junta Provincial Electoral correspondiente, que deberá emitir una resolución. Así, el tema llega hasta el Pleno del CNE, que es la instancia encargada de resolver formalmente el cambio de recinto electoral, la postergación o la repetición del sufragio, según corresponda.

¿Qué pasa si se cambia un recinto?

Actualmente, la ciudadanía ya puede consultar su lugar de votación. La página del CNE cuenta con una sección en la que, con el número de cédula del elector, se puede acceder a esa información. Para ello también es necesaria la fecha de nacimiento.

Por ahora, el CNE solamente ha confirmado que, en caso de que ocurran cambios en los recintos electorales debido a las implicaciones del fenómeno de El Niño, la información será compartida oportunamente.

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Concurso para fiscal: Inés Romero niega reunión con vocal del CPCCS en primer día de impugnaciones

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Una de las comparecencias correspondió a la jueza provincial Inés Romero, cuya candidatura fue impugnada por Mónica Jaramillo. La diligencia comenzó a las 11:36. La impugnante se presentó de forma telemática.

El secretario del concurso leyó un documento presentado el 14 de septiembre en el que la ciudadana solicitó que se garantizara su participación a distancia, con base en los principios constitucionales de defensa y contradicción.

La impugnante cuestionó la probidad e idoneidad de Romero y presentó como antecedente una resolución del pleno del CPCCS del 5 de junio de 2024. En ese caso, el organismo aceptó una apelación y descalificó a una postulante de otro concurso, para Defensor del Pueblo, por una causal relacionada con la falta de probidad. Jaramillo sostuvo que se trata de una resolución institucional y no de una denuncia o comentario publicado en redes sociales.

También cuestionó una sentencia de una sala de la Corte Provincial de Justicia, de la que Romero fue jueza ponente en 2020. Según Jaramillo, posteriormente la Corte Constitucional determinó que esa decisión vulneró el derecho al debido proceso por no analizar de manera suficiente los derechos constitucionales alegados. Además señaló que no debería considerarse puntos extras o una acción afirmativa por vivir en una zona rural, ya que Tumbaco tiene todos los servicios.

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Lo que dijo Romero

Inés Romero rechazó los cuestionamientos. Sostuvo que todos los documentos presentados por la impugnante eran copias simples y no cumplen los requisitos probatorios establecidos en el reglamento. 

También negó que una resolución de un concurso anterior pueda convertirse en una causal de inhabilidad para el actual proceso. Dijo que hay otros requisitos. Recordó que ella sí vive en una zona rural, en Tumbaco. 

La jueza y participante pidió al CPCCS desechar y archivar la impugnación y defendió su candidatura al cargo de Fiscal General. La participación de ambas partes terminó antes de las 13:00.

Lo que debes saber

• CNE activa mesa de seguridad este 15 de septiembre por violencia y El Niño rumbo a elecciones 2027.
• Más de 90.000 policías y militares custodiarán las elecciones de 2027 en todo Ecuador.
• CNE evalúa cambios de recintos electorales por posibles impactos de El Niño en 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó este 15 de septiembre la Mesa de Seguridad Operativa para coordinar las acciones que se implementarán durante las elecciones seccionales de 2027, en un contexto marcado por las preocupaciones de seguridad y la posible incidencia del fenómeno de El Niño en distintas zonas del país.

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La reunión fue presidida por el titular del organismo electoral, José Cabrera, y contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU 911, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Fiscalía General del Estado y otras entidades encargadas de la respuesta operativa durante la jornada electoral.

Según explicó Cabrera, el organismo trabaja con un mapa de riesgos que permite identificar posibles amenazas para el proceso electoral. Uno de los factores que se encuentra bajo análisis es la llegada del fenómeno de El Niño, cuyas afectaciones todavía no pueden ser delimitadas con precisión en términos geográficos.

El presidente del CNE indicó que, de ser necesario, la entidad informará oportunamente sobre eventuales cambios de recintos electorales en aquellas zonas que puedan verse comprometidas por inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno climático.

Más de 90 000 uniformados para la jornada

La seguridad será uno de los principales componentes del operativo electoral. De acuerdo con la planificación presentada por el CNE, las Fuerzas Armadas desplegarán 34 768 efectivos en todo el territorio nacional, mientras que la Policía Nacional destinará más de 57 000 servidores policiales para los comicios.

El dispositivo también contempla coordinación permanente con el ECU 911 para atender posibles hechos de violencia, incidentes de orden público y otras emergencias que puedan registrarse durante la jornada de votación.

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Como parte de las medidas vigentes para estas elecciones, el CNE recordó que los electores podrán ingresar a los recintos con teléfonos celulares, pero está prohibido fotografiar la papeleta durante el sufragio. Asimismo, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto no podrán utilizar dispositivos móviles desde las 17:00, cuando inicia el escrutinio, salvo un teléfono autorizado para funciones de cálculo.

Cabrera también recomendó a los ciudadanos acudir a votar con la información necesaria sobre su lugar de sufragio y retirarse del recinto una vez concluido el proceso. Además, sugirió evitar el ingreso con mochilas o maletas para agilizar los controles de seguridad a cargo de militares y policías.

Más de 20 000 candidaturas calificadas

En el ámbito electoral, el CNE informó que hasta las 08:00 de este 15 de septiembre existían 20.483 candidaturas calificadas en firme para las elecciones seccionales y los procesos vinculados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El organismo precisó que, de las 96 impugnaciones presentadas, 88 ya habían sido resueltas y ocho permanecían pendientes. Respecto a las postulaciones para el CPCCS, señaló que los 113 recursos ingresados ante el CNE fueron atendidos, aunque algunos casos continúan su trámite en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Lo que debes saber

• Salud adjudica $ 240 millones a CNT para digitalizar más de 1.700 centros de salud en Ecuador.
• La bancada de la Revolución Ciudadana cuestiona el incremento del presupuesto inicial y opacidad.
• El Gobierno defiende el proyecto: incluye software Dedalus, soporte de Google y conectividad.

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para implementar la plataforma de la firma italiana Dedalus en más de 1.700 centros de salud del país. La adjudicación, concretada por el Gobierno central para transformar la atención sanitaria nacional, busca habilitar un sistema interoperable con historia clínica electrónica, aunque ha desatado cuestionamientos legislativos por el incremento del presupuesto frente a la escasez de insumos médicos en los hospitales.

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Los objetivos del plan de interoperabilidad digital en Ecuador

De acuerdo con lo informado por la cartera de Estado y la empresa pública CNT, el proyecto contempla la implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud.

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Este sistema integrará:

Críticas de la Revolución Ciudadana al costo de la plataforma

El proceso contractual ha recibido cuestionamientos desde sectores de la oposición legislativa, particularmente desde la bancada de la Revolución Ciudadana. La asambleísta Eliana Correa advirtió presuntas sombras en la adjudicación y puso en duda la conveniencia del proyecto frente a las carencias del sistema sanitario público.

A través de su cuenta de X, la legisladora señaló que el presupuesto referencial original era de 117 millones de dólares y que posteriormente subió a más de 240 millones.

Seguiremos de cerca y con rigurosidad el proceso ante los riesgos evidentes. Estamos hablando de 240,262,377.00 que aparecen en medio de una crisis total del sistema de salud, con un manejo plagado de opacidad para un software de interoperabilidad mientras en los hospitales sigue el déficit de medicinas, insumos y equipos reales para la ciudadanía.Eliana Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana

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Dedalus y HealthBird: la transparencia que debe acompañar al contrato de $240 millones

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La postura del Gobierno de Daniel Noboa frente a los cuestionamientos

El Gobierno del presidente Daniel Noboa defendió la transparencia y utilidad del proceso de contratación, al argumentar que esta infraestructura tecnológica permitirá combatir la corrupción, optimizar los servicios a la ciudadanía y generar ahorros para reinvertir en la red hospitalaria.

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Distribución de los fondos y plazos del contrato

El Ejecutivo aclaró que el monto total de la contratación no está destinado en su totalidad a la firma proveedora de software:

La implementación de la plataforma contempla un plazo de ejecución de siete años. En cuanto al esquema financiero, el Ministerio de Salud Pública transferirá los recursos a CNT, entidad que efectuará los desembolsos correspondientes a Dedalus tras la aprobación de evaluaciones trimestrales y con la debida autorización de la cartera de Estado.

Este 15 de septiembre de 2026, el oficialismo y el correísmo chocaron una vez más en el Pleno. El informe señala responsabilidades del expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, quien fue funcionario del Municipio de Guayaquil mientras ejercía el cargo el alcalde Aquiles Álvarez.

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La fiscalización estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad, controlada por ADN. La presidenta de esa mesa, Inés Alarcón, fue la encargada de exponer el informe. 

Puso énfasis en la instalación de una supuesta sala espejo en el Municipio de Guayaquil, la responsabilidad de Cornejo en ese hecho y el audio en el que se escuchaba a Rafael Correa, el exoficial de la Policía Rodney Rengel, Cornejo y el asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan González.

Ese audio está relacionado con el caso Porsche. El correísmo pretendía una investigación paralela respecto a la detonación de un artefacto explosivo en la Bahía de Guayaquil. 

Un vehículo Porsche Cayenne apareció en la Isla Trinitaria, en las afueras de la que era la vivienda del entonces único implicado en el caso. El correísmo expuso este caso en la Asamblea debido a que el automotor estaba registrado a nombre de Industrial Molinera, del Grupo Noboa.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana insistieron en su teoría de que la explosión en la Bahía fue un autoatentado. El asambleísta González habló nuevamente de un presunto caso de terrorismo de Estado. A la par, dijo que el informe sobre Segura EP era una cortina de humo. 

“Persiguen a los que ponen las cámaras y no a quienes cometen el delito”, aseguró, en referencia a que se dejó de lado el caso Porsche en la fiscalización.

¿La Comisión investigó la explosión en la Bahía?

El legislador de ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, dijo que no fue investigada en la Comisión porque no era parte de lo que el Pleno decidió en su resolución. Así, el oficialismo concentró su indagación en lo relacionado con Segura EP.

Durante la sesión del Pleno, más allá de las disputas entre ADN y Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) insistió en que el tema no era competencia del Legislativo. El asambleísta Alfredo Serrano dijo que se debía respetar la Constitución y la institucionalidad.

¿Qué concluyó el informe?

El documento concluyó con un señalamiento directo al expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo.

“La actuación de Fernando Xavier Cornejo Valdez, ex Presidente del Directorio de Segura EP, así como la del técnico Franklin Andrés Asqui Contreras se encuentran directamente vinculadas con los hechos examinados y con la habilitación de los accesos identificados”, señala el documento.

El documento también dice: “el audio reproducido durante el proceso de fiscalización evidencia una clara dimensión política ajena a las competencias y finalidades institucionales de Segura EP”.

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Asimismo, señala que la intervención de un actor político externo y sin competencia alguna sobre Segura EP, sumada al reconocimiento expreso de Fernando Cornejo respecto de su voz y de su participación en dicha reunión, evidencia que información vinculada con una entidad pública fue tratada fuera de los canales institucionales.

Las resoluciones aprobadas por el Pleno:

Los puntos claves de esta historia

• Elizabeth Jiménez está a cargo de la liquidación de la empresa desde el 28 de enero de 2025.
• La futura venta de los terrenos preocupa a extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información.
• Extrabajadores han presentado una denuncia ante la Fiscalía que incluye a otras 23 personas naturales y jurídicas.

Tres terrenos de Tejidos Pintex, cuyos avalúos catastrales suman alrededor de $15 millones, están entre los principales activos que debe vender la liquidadora Elizabeth Jiménez. Desde que la abogada asumió las riendas de la compañía, el destino de esos bienes se ha convertido en una preocupación para extrabajadores, jubilados y otros acreedores.

Jiménez asumió la liquidación de Pintex el 28 de enero de 2025. Entre las tareas pendientes está la venta de los tres terrenos, según los documentos revisados por Diario EXPRESO.

Tejidos Pintex es una empresa relacionada con la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto González-Artigas. La funcionaria es accionista de Redruf S. A., esta a su vez tiene participaciones en Tejidos Pintex.

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La preocupación de 90 jubilados de Tejidos Pintex

La operación es seguida de cerca por los jubilados de la empresa. Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de Pintex, representa aproximadamente a 90 personas que esperan el pago de su jubilación patronal.

Para Guevara, el principal temor es que los terrenos sean vendidos sin que los jubilados conozcan previamente las acciones que se están tomando. La última reunión que, según relata, mantuvo con la liquidadora fue el 6 de julio de 2025.

Desde entonces, asegura que le ha enviado mensajes y realizado llamadas sin obtener respuesta. La última vez que Jiménez le contestó, según Guevara, le manifestó que ya no quería saber nada de él porque estaba asesorándose con abogados.

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¿Cuál es el destino de los recursos por alquileres?

La preocupación no se limita al valor de los terrenos. También existen preguntas sobre los recursos que Pintex obtiene actualmente por el alquiler de esos bienes.

Carol Ochoa, quien trabajó en la empresa como secretaria de gerencia, ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de Pintex. En su cuenta de X ha preguntado por el destino de los valores que recibe la compañía por los alquileres de los terrenos y ha solicitado al superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabezas-Klaere, que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Los arrendatarios identificados

Los reclamos de Ochoa se remontan a cinco años atrás. Según relata, durante la difícil situación económica que atravesaba Pintex, varios trabajadores y familiares, entre ellos su esposo, prestaron dinero a la empresa luego de un pedido del gerente de turno.

Ochoa afirma que ese gerente les ofreció que esos valores serían devueltos con la venta de los terrenos.

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Cuando Pintex entró en liquidación, Ochoa dice que escribió a Jiménez para solicitar una cita y hablar sobre su acreencia. Asegura que nunca tuvo una audiencia con la liquidadora y que ha enviado decenas de correos electrónicos. También afirma que se han presentado varios pedidos para removerla por la falta de información y gestión, y que Jiménez le ha impedido ingresar a reuniones de acreedores.

Este Diario envió un pedido de entrevista a Jiménez, al superintendente Cabezas-Klaere, como parte de la investigación La 'Argolla del Control', pero no han contestado.

Según el Código Civil, de los recursos que ingresen a una empresa en liquidación deben pagarse primero los costos de la liquidación, incluidos los honorarios del liquidador y su equipo, y los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. Luego constan los acreedores que posean bienes retenidos, las instituciones públicas por impuestos y seguridad social y, posteriormente, la banca.

En este caso, los tres terrenos representan uno de los principales activos identificados para la liquidación. Sus avalúos catastrales suman unos $15 millones, pero la historia original no detalla una fecha para su venta, un precio de salida, un comprador ni las condiciones bajo las cuales se realizaría la operación.

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Las denuncias presentadas en Fiscalía contra Jiménez y Pinto

Los cuestionamientos, observaciones y quejas han escalado. Sobre Jiménez pesan dos denuncias, una por el caso Pintex y otra por su gestión en una segunda empresa. La más reciente fue presentada el 5 de agosto ante la Fiscalía por extrabajadores de Tejidos Pintex, por el presunto delito de asociación ilícita contra la liquidadora y otras 23 personas naturales y jurídicas, entre ellas directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, quien fue presidente de Pintex en 2019 durante dos años. 

En la denuncia se pide investigar, entre otros elementos, un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros, una presunta insolvencia fraudulenta, la supuesta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios y el presunto incumplimiento de órdenes judiciales. 

La segunda denuncia fue presentada el 23 de julio por Richard Aldaz Jácome, accionista de Servicios Drilling Technologies (SDT), por “perjurio”. Aldaz cuestiona el reemplazo del anterior liquidador de SDT y sostiene que Jiménez pasó a administrar también Diteecs S. A., una de las acreedoras de SDT, situación que, a su criterio, genera un conflicto de interés.

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Los ejes de la misión diplomática 

La confirmación del desplazamiento internacional la realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, quien detalló que el objetivo de esta gira es mantener la expansión de la cartera de productos exportables y asegurar la inversión extranjera en sectores estratégicos del país. Esta cita congrega anualmente a los líderes mundiales, lo que representa un espacio diplomático clave para la política exterior de la administración actual.

Según la Cancillería, el Gobierno maneja un enfoque pragmático frente a potencias económicas mundiales, priorizando el comercio por encima de las posturas ideológicas. En la mesa de negociaciones, Ecuador busca posicionar su oferta agrícola, especialmente los denominados 'superfoods', aprovechando la capacidad de producción nacional.

Entre los puntos principales que marcarán la hoja de ruta de la delegación ecuatoriana destacan:

El contexto de seguridad como moneda de cambio

La política exterior ecuatoriana está atravesada por el conflicto armado interno y la crisis de violencia, un escenario que la Cancillería utiliza para requerir apoyo logístico y financiero en el exterior. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó recientemente el país para ratificar el respaldo norteamericano en inteligencia y control marítimo.

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Frente a los cuestionamientos, Kury aseguró que las operaciones conjuntas con fuerzas extranjeras no comprometen la soberanía nacional, argumentando que todas las acciones se ejecutan en estricta coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, el Estado busca conformar un bloque regional de seguridad junto a Colombia y Perú para vigilar las zonas limítrofes y frenar el avance de la minería ilegal.

Lo que debes saber

• Saud fue detenida en España por un pedido de extradición de Ecuador.
• Manrique enfrenta una ampliación de cargos dentro del proceso judicial.
• La familia sostiene que las amenazas también alcanzaron a su hijo menor.

Karla Saud Calero y su esposo, José Manrique Suárez, solicitaron protección internacional en España para ellos y su hijo menor de edad, alegando amenazas de muerte y una persecución política vinculada al caso Progen. La pareja sostiene que su permanencia en Ecuador representa un riesgo para su seguridad y cuestiona las garantías que tendría frente a los procesos judiciales que enfrentan.

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Amenazas que motivaron su salida

La empresaria es uno de los personajes señalados dentro de la trama relacionada con Progen, compañía extranjera contratada para la provisión de equipos de generación eléctrica durante la crisis energética. Según la documentación presentada, Saud tuvo acercamientos con autoridades de alto nivel del sector eléctrico, entre ellos Roberto Luque y la entonces ministra Inés Manzano, mientras defendía los intereses de la firma.

En ese contexto, la pareja también aparece vinculada a Astrobryxa S. A., empresa constructora relacionada con los negocios que son materia de controversia. Sin embargo, los solicitantes sostienen que las actuaciones judiciales en su contra responden a una persecución política y que sus nombres fueron utilizados públicamente antes de que exista una sentencia en firme.

Uno de los principales argumentos de la petición son las amenazas que, según denuncian, recibieron el 26 de marzo de 2026. Los mensajes incluirían amenazas contra ambos y su hijo, además de fotografías de integrantes de la familia y de sus vehículos.

La familia relaciona esas intimidaciones con la entrega de una lista de testigos dentro de un litigio civil societario que se desarrolla en Estados Unidos y que involucra a Celec, Progen y Astrobryxa. A criterio de los solicitantes, la falta de una respuesta estatal que consideran efectiva incrementó el temor por la integridad del menor y motivó su salida del país.

Los esposos también citan declaraciones públicas que, según su versión, evidencian el nivel de exposición y riesgo al que estarían sometidos. Asimismo, la defensa argumenta que un eventual retorno a Ecuador podría poner en peligro la vida y la integridad física de los integrantes de la familia. Para sustentar ese planteamiento, hace referencia a informes de organismos internacionales que han documentado problemas de violencia, tortura y vulneraciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

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España, la alternativa que escogió la familia

Por otra parte, la solicitud descarta que Estados Unidos constituya una alternativa efectiva para el núcleo familiar, pese a que Saud y su hijo tienen ciudadanía de ese país. En el documento se explica que Manrique únicamente posee nacionalidad ecuatoriana, que la familia tiene vínculos familiares en España y que existen procesos civiles paralelos en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.

Por otra parte, la petición invoca la legislación española sobre asilo y protección subsidiaria, además de instrumentos internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. La defensa sostiene que la presentación de la solicitud debe suspender cautelarmente los procedimientos de extradición y pide una tramitación urgente, debido a los procesos que afrontan los esposos.

Lo que debes saber

• La Resolución 187-2026 suprime tres dependencias especializadas de Pichincha.
• La Judicatura sostiene que más de 50 jueces asumirán estas causas.
• Las críticas apuntan a la especialización, el procedimiento utilizado y la concentración de competencias en Quito.

El Consejo de la Judicatura busca modificar la percepción que ha generado la supresión de tres dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. A través de un comunicado, el organismo sostiene que la Resolución 187-2026 no elimina esta capacidad y que, por el contrario, permitirá ampliar la respuesta de la justicia penal.

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El argumento oficial busca despejar las dudas

La institución asegura que la reestructuración responde al déficit de jueces y a la carga procesal existente. Según la Judicatura, con el cambio se pasará de 19 a "más de 50 jueces penales capacitados y habilitados" para conocer este tipo de causas.

Con este argumento, el Consejo intenta marcar distancia de las críticas que apuntan a un debilitamiento de la justicia especializada. La entidad afirma que "la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se mantiene firme" y que continuará trabajando con cooperación internacional y aliados estratégicos.

Sin embargo, las explicaciones no han despejado los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores y que han sido expuestos en X. Para Andrés Obando, analista político, existe "un enorme problema de comunicación" en la forma en que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha explicado la medida.

Obando sostiene que los argumentos oficiales han variado durante los últimos días. "Primero era un tema presupuestario, después fue el número de causas y ahora es el perfil de los jueces", señaló, por lo que considera que "todavía no queda clara la motivación de la decisión".

A esta crítica se suma la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, quien cuestiona que se presente la redistribución de causas como una garantía de continuidad de la especialización. La legisladora recuerda que las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) de 2020 establecieron competencias específicas para conocer delitos de corrupción y crimen organizado.

Veloz enfatiza que estas dependencias no surgieron únicamente por una decisión administrativa del Consejo. "No se trata de una categoría superior, sino de una competencia especializada creada por ley", sostuvo, al advertir que una resolución administrativa no puede, a su criterio, dejar sin efecto ese mandato legal.

Además, la asambleísta recuerda que el propio Consejo creó las unidades y tribunales mediante la Resolución 190-2021. También señala que posteriormente se realizó un concurso específico, mediante la Resolución 218-2021, que incluyó una prueba de confianza con expertos vinculados a la lucha contra la corrupción.

Por ello, Veloz cuestiona el argumento de que los jueces especializados tienen un perfil equivalente al de otros magistrados penales. "Si hoy el perfil era equivalente, habría que explicarle al país por qué se destinaron recursos públicos a un concurso diferenciado", manifestó.

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Cuestionamientos al alcance de la resolución

Desde el ámbito jurídico también existen reparos sobre el mecanismo utilizado para ejecutar la reestructuración. André Benavides, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que la supresión "prácticamente vació el contenido" de las reformas al COFJ aprobadas en 2020.

Benavides considera que, si la intención era eliminar las dependencias especializadas, el procedimiento adecuado habría sido otro. "Si querían eliminar estas dependencias judiciales mejor presentaban un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y no aprobaban una resolución que es una reforma encubierta del COFJ", cuestionó.

Mientras tanto, Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, recuerda que la unidad especializada fue creada, entre otros objetivos, para brindar mayor protección a los magistrados, fortalecer la especialización y mejorar la respuesta frente a estructuras de corrupción y delincuencia organizada. "La afirmación que los casos serán repartidos a 50 jueces mejorando la atención no es suficiente", sostuvo.

El dirigente gremial plantea, además, que el argumento de la carga procesal debería ser explicado con mayor profundidad. "Bajo ese parámetro se puede también repartir los casos en más jueces de Guayaquil y Cuenca", señaló.

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El costo de desmontar la especialización

En esa misma línea, Pablo Encalada, abogado penalista y exfiscal de Pichincha, califica la decisión como "un retroceso histórico". El jurista recuerda que la estructura especializada fue concebida como una respuesta estatal frente al crecimiento de la criminalidad y para procesar casos complejos con competencia nacional.

Encalada destaca que su implementación involucró a distintas instituciones y recibió apoyo internacional. Según explica, el proyecto contó con participación de la Asamblea, recursos del Ejecutivo, concursos de la Función Judicial y cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea.

Por ello, el abogado considera que la eliminación de estas dependencias no solo afecta la especialización, sino que también desaprovecha años de inversión institucional. "Años de inversión en capacitación técnica, blindaje de infraestructura y programas de fortalecimiento institucional terminan, de golpe, arrojados al tacho de la basura", cuestionó.

Los puntos claves de esta historia

• Un grupo exclusivo de 21 personas -entre abogados, economistas y administradores- concentra cerca de 500 delegaciones de liquidación (300 entregadas en los últimos dos años bajo la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere).
• Exempleados y exdirectivos de las firmas intervenidas han alertado la dilatación de los expedientes y el manejo opaco de los activos liquidados. La Superintendencia de Compañías ha guardado silencio.
• Cientos de familias permanecen atrapadas en procesos tortuosos de quiebra sin fecha real de cobro, mientras la red de delegados sigue acumulando encargos oficiales y activos por rematar.

A medida que transcurría la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere como superintendente de Compañías, un grupo de abogados, ingenieros comerciales, economistas y administradores acumulaban centenas de liquidaciones, de las más de 1.500 que registra la entidad, según una revisión de Diario EXPRESO a los registros oficiales y disponibles, con corte al 9 de junio pasado.

Son 21 personas beneficiadas que suman medio millar de delegaciones (unos 300 encargos se entregaron en los últimos dos años), cuyo objetivo, en teoría, es liquidar las deudas de ese número de empresas a través de la venta de activos y el cobro de valores, en el menor tiempo posible.

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Entre esos encargos constan procesos de liquidaciones que han sido cuestionados por exempleados y exdirectivos de empresas, debido a que se han extendido en el tiempo y no se han pagado sus haberes, a diferencia de otro tipo de acreedores de los negocios, lo que supondría una falta a lo establecido en la norma.

Según el Código Civil, con el flujo que ingrese a las empresas liquidadas se debe pagar primero los costos de la liquidación (pago al liquidador y su equipo), los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. En la lista también constan los acreedores que posean bienes retenidos, instituciones públicas por concepto de impuestos y seguridad social, y luego la banca.

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También hay señalamientos de interventores y liquidadores que no son parte del grupo beneficiado, al haber sido reemplazados por la Superintendencia de Compañías pese a que, en ciertos casos, su trabajo marchaba sin anomalías o estaba casi por finalizar. Es decir que esos procesos de intervención o liquidación volvieron a cero, de acuerdo con los documentos que compartieron sobre sus remociones.

Entre los 21 liquidadores analizados, Elizabeth Jiménez es la más cercana a Cabezas-Klaere. Sobre ella pesan varias quejas de personas ligadas a la operación de empresas donde ha cumplido funciones como interventora o liquidadora.

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Tejidos Pintex, firma relacionada con la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, es una de las empresas donde Jiménez es liquidadora.

Desde el 28 de enero de 2025 las riendas de la compañía pasaron a manos de la abogada, quien tiene entre sus tareas pendientes vender tres terrenos cuyos avalúos catastrales suman unos $15 millones, según los documentos.

La venta de esos bienes se ha convertido en la principal preocupación de los extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información sobre las acciones de la liquidadora, según Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)"Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

“El temor es que se venda a espaldas de nosotros. La última reunión con la liquidadora la hemos tenido el 6 de julio de 2025. De ahí le he estado enviando mensajes, haciéndole llamadas, pero nunca contesta. La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)”, señala Guevara, quien representa a 90 jubilados aproximadamente, que esperan el pago de su jubilación patronal.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista a Jiménez, a través de varios correos electrónicos que constan en los registros de las empresas donde es liquidadora y del correo institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), en la que registra la función de directora encargada del Sistema de Educación a Distancia. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta.

Carol Ochoa también trabajó en Tejidos Pintex, como secretaria de gerencia. Ella ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de la compañía. En su cuenta de X se ha preguntado sobre el destino de los valores que Pintex recibe de los alquileres de los terrenos y ha pedido a Cabezas-Klaere que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Sus reclamos tienen origen desde hace cinco años. Ella relata que durante la difícil situación económica que atravesaba la compañía, varios trabajadores y familiares, incluido su esposo, prestaron dinero a la empresa, ante un pedido del gerente de turno. Afirma que esa persona le ofreció la devolución de los valores con la venta de los terrenos.

“Apenas entró a liquidación, a esta señora le envié una carta para pedir una cita para hablar de mi acreencia. La tipa no puso ni ‘buenas tardes’ en la contestación. Nunca me ha dado una audiencia. He escrito decenas de correos electrónicos. Hemos puesto varios pedidos de remoción de la liquidadora”, comenta Ochoa, quien asegura que la liquidadora ha vetado su ingreso a reuniones de acreedores.

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Además de la liquidación de Pintex, Jiménez tiene otras catorce delegaciones (con corte al 14 de agosto), tres más de las que registraba hasta el 9 de junio pasado. Todos los nombramientos han sido entregados en la administración de Cabezas-Klaere, quien no ha atendido un pedido de entrevista de EXPRESO desde inicios de este mes.

Tampoco hay una respuesta concreta del pedido de información a la ‘Super’ que este Diario gestionó a través del Portal Nacional de Transparencia, para conocer la nómina o plantilla del banco de profesionales disponibles para esas funciones, por ejemplo.

Las denuncias en contra de Jiménez, Pinto y su esposo

Este Diario conoció que el 5 de agosto pasado extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Elizabeth Jiménez y otras veintitrés personas naturales y jurídicas, que incluyen a directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta Pinto González-Artigas, quien fue presidente de la firma en 2019, por dos años.

De acuerdo con los datos conocidos, en la denuncia también se menciona a la compañía Redruf S. A., accionista de Tejidos Pintex. En esta empresa, cuya actividad económica es la recopilación de datos, consta Mera Saa como gerente y Pinto González-Artigas como accionista.

Según la información referida, los extrabajadores piden a la Fiscalía que investigue a las personas citadas. También enlistan elementos e indicios, y relatan hechos que sustentan la denuncia, como la constitución de un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros para el cobro de recursos, la presunta insolvencia fraudulenta, la presunta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios o el presunto incumplimiento de órdenes de autoridad judicial.

Esta es la denuncia más reciente que pesa sobre la liquidadora de confianza de Cabezas-Klaere. El 23 de julio anterior, en cambio, Richard Aldaz Jácome, accionista de la empresa Servicios Drilling Technologies Cía. Ltda. (SDT), que se dedica a la actividad petrolera y cuya sede está en Quito, denunció a la abogada guayaquileña por “perjurio”.

Aldaz explica, con documentos en mano, que desde hace tres años se realizaba sin problemas la liquidación de SDT, pero que, de forma imprevista, el 27 de octubre de 2025 la ‘Super’ de Compañías reemplazó al liquidador. A su criterio, el cambio no tenía justificación, ya que el administrador había conseguido convenios de pago con la mayoría de acreedores, tras ejecutar acciones para cobrar de a poco los $20 millones de deudas. Eso, afirma Aldaz, se trastocó con Elizabeth Jiménez.

“No ha habido un avance, no sabemos lo que está haciendo. Tampoco ha presentado algún informe a los socios. No ha convocado a una junta como se lo hemos pedido. Hace caso omiso”, sostiene Aldaz.

A esa situación se sumó una disputa legal entre SDT y una de sus acreedoras, Diteecs S. A., por la diferencia en un valor que esta última buscaba cobrar a la empresa de Aldaz, que también terminó siendo administrada por Jiménez (2026).

“Sin embargo, vemos que le nombraron liquidadora a esta señora de la compañía Diteecs S. A. Cuando un liquidador acepta el cargo, firma bajo juramento que no tiene ningún tipo de conflicto de interés para aceptar ese cargo de liquidación. Ella sabía que Diteecs S. A. es parte de los acreedores de SDT y la ley es clara”.

Aldaz menciona el Reglamento sobre Disolución, Liquidación, Cancelación y Reactivación de Compañías Nacionales: “No podrán ser liquidadores quienes no tengan capacidad civil, ni los acreedores o deudores de la compañía, ni los representantes de estos (...)”. Añade que “lo que va a pasar ahí es que si la señora es liquidadora de Diteecs S. A. y liquidadora de SDT, van a decir: ‘Le debemos a Diteecs S. A. $2 millones, $3 millones’, lo que ellos quieran van a poner”.

El empresario recuerda que presentó varios escritos a la ‘Super’ y que se reunió con Cabezas-Klaere en Guayaquil, pero las cosas no cambiaron. “El superintendente Cabezas nos dijo de frente que ella es de su confianza y que él la va a mantener ahí”, asevera Aldaz, quien lamenta que el Instituto de Seguridad Social de la Policía haya iniciado un proceso de coactiva contra SDT ante la interrupción de los pagos.

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El esquema que se repite entre decenas de liquidaciones

Roberth Torres es otro liquidador que ha concentrado encargos en la administración de Cabezas-Klaere. Desde el 19 de diciembre de 2024 al 9 de junio pasado, su nombre registraba 34 liquidaciones. Al 14 de agosto se cuantificaban 41, según los registros de una base de datos a la que este Diario tuvo acceso.

Liquidadores que han cuestionado la suerte de favoritismo para ciertos colegas (y que han pedido el anonimato para evitar represalias de la ‘Super’) aseguran que administrar ese número de empresas es humanamente imposible, por la complejidad de las tareas y seguimientos que se deben realizar para cobrar deudas, pagar a los acreedores, atender juicios, entre otras situaciones que se viven dentro de las compañías que experimentan problemas.

En el análisis a los registros de la ‘Super’ de Compañías y en la consulta de fuentes humanas y documentales, este Diario también evidenció en el caso de Torres un esquema similar al de Jiménez.

Entre las empresas que ha administrado el contador público y auditor constan Molsando Molinos Santo Domingo S. A. y Extractora San Daniel Cía. Ltda. (hace varias semanas pasaron a manos de otros liquidadores), que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas. Una fuente que conoció directamente la operación de esta primera empresa le cuenta a EXPRESO los riesgos presentes por un “conflicto de intereses”.

Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo"Fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. 

“Le asignaron las dos empresas. Entonces, él era juez y parte en esas compañías. Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo”, expone la fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. Esta persona pidió la reserva de su identidad.

EXPRESO le solicitó una entrevista a Torres, a través de los correos electrónicos que registran las decenas de empresas que administra.

“Agradezco la consideración al respecto, pero debo comentarle que me encuentro de viaje. Una vez que regrese socializaré este particular con el ente de control y les haré conocer la respuesta”, contestó Torres.

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La fuente también cita otro patrón que conoció al revisar los estados financieros. “Ahí viene la contabilidad creativa: sacan dinero de Molsando como inversión a largo plazo, entregan a San Daniel, o a su vez Molsando pagaba deudas de San Daniel”.

Héctor, interventor y liquidador con más de diez años de experiencia, también confirma las anomalías que registran los movimientos de esas empresas (una de ellas es investigada por presuntos delitos de estafa y defraudación bursátil). Y coincide con las voces de sus colegas sobre el supuesto favoritismo en las asignaciones y cálculo de honorarios, como le ocurrió en la intervención de una empresa de la Sierra que ya había tenido dos interventoras.

“Una interventora ganaba $1.500 más IVA. La otra interventora ganaba en total $1,700 incluido el IVA. Oh sorpresa, llego yo, que me ponen en la intervención, con las mismas horas, el mismo gerente, todo igualito, porque es la misma empresa, todo igual. Fui en lugar de la otra interventora, ¿y sabe cuánto me pusieron por mis honorarios? $1.000. Sí, $1.000 más IVA. Ellas vivían en esa provincia. Y a mí me toca viajar, porque no soy de esa provincia”, señala Héctor.