Lo que debes saber

• El TCE rechazó la apelación de Carlos Sánchez Villagrán por infracción en la Consulta 2024.
• Se ratificó la multa de 25 salarios básicos unificados al responsable económico.
• El tribunal descartó vulneración al debido proceso y confirmó fallas en descargos.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó este 6 de octubre de 2026 el recurso de apelación interpuesto por Carlos Sánchez, responsable del manejo económico del movimiento Pachakutik. En Quito, los jueces electorales ratificaron la sentencia de primera instancia que determinó su responsabilidad por entregar de forma extemporánea y no subsanar las observaciones a las cuentas de campaña de la consulta popular de 2024, confirmando en su contra una sanción de 25 salarios básicos unificados.

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La resolución del Pleno del TCE sobre el recurso de apelación

El máximo organismo de justicia electoral analizó la impugnación a la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2026 por el juez de primera instancia, Ángel Torres, derivada de una denuncia interpuesta por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera.

La causa signada con el número 109-2026-TCE resolvió dos problemas jurídicos centrales: la presunta vulneración del derecho a la defensa por defectos en la citación y la configuración de la infracción electoral tipificada en la normativa aplicable bajo el principio de favorabilidad.

Tras la sustanciación a cargo del juez Patricio Maldonado y la conformación del Pleno jurisdiccional, el tribunal concluyó por unanimidad que no existió indefensión y que los elementos objetivos y subjetivos de la falta se acreditaron plenamente.

Los argumentos sobre la citación y el derecho a la defensa

La defensa técnica del responsable económico alegó la nulidad procesal al sostener que la diligencia de citación practicada entre el 12 y el 14 de agosto de 2026 mediante la fijación de boletas en su domicilio vulneró el debido proceso. Argumentó que esto le impidió contestar a tiempo la denuncia e intervenir en igualdad de condiciones.

No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral desestimó este reclamo con base en los siguientes antecedentes procesales:

El fallo determinó que el recurrente no probó un vicio real que produjera indefensión efectiva, habiendo ejercido a cabalidad su patrocinio letrado.

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Las irregularidades no subsanadas en el gasto electoral

En cuanto al fondo del caso, el análisis técnico de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral determinó que Pachakutik no desvaneció 10 observaciones técnicas tras un plazo inicial de 15 días concedido por la Presidencia del CNE en agosto de 2025.

Pese a que el denunciado argumentó que no hubo movimientos en efectivo sino aportes en especie, el tribunal ratificó que las obligaciones contables son de carácter sustancial para el control democrático.

Observaciones técnicas ratificadas por el CNE

El informe final de liquidación de cuentas identificó los siguientes incumplimientos:

El Pleno concluyó que Sánchez ostentaba una posición de garante directa sobre la gestión económica y contable de la campaña, por lo que la sanción económica impuesta de 25 salarios básicos unificados respeta los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Lo que debe saber

• Roberta Zambrano fue denunciada ante el TCE por presunta entrega no autorizada de dádivas.
• El juez Patricio Maldonado dio dos días al denunciante para aclarar y completar el trámite.
• La candidata de ADN podría enfrentar multas e inhabilitación para los comicios de noviembre.

La candidata del movimiento ADN a la Alcaldía de Esmeraldas, Roberta Zambrano, fue denunciada el 6 de octubre de 2026 ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la presunta entrega de dádivas y regalos a ciudadanos. La causa, ingresada por Linder Maximiliano Altafuya Loor y asignada al juez Patricio Maldonado, señala una supuesta infracción electoral grave que podría comprometer la participación de la postulante en los comicios seccionales de noviembre de 2026.

Los detalles de la denuncia contra Roberta Zambrano

El recurso legal presentado por Linder Maximiliano Altafuya Loor sostiene que la aspirante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 278 del Código de la Democracia.

Dicha normativa sanciona de manera expresa la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos sin autorización de la autoridad electoral durante el período de campaña.

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Sanciones previstas en la normativa electoral

En caso de comprobarse la infracción, la ley estipula las siguientes consecuencias:

De superar los filtros legales correspondientes y ser admitida a trámite, la denuncia podría derivar en una resolución que afecte directamente la candidatura de Zambrano para las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.

Denunciante deberá completar recurso electoral

El juez de la causa, Patricio Maldonado, aún no admite a trámite la causa. Mediante un auto de sustanciación, el magistrado dispuso que el denunciante aclare y complete su recurso en un plazo perentorio de dos días.

Para evitar que la causa sea archivada, el demandante debe subsanar los siguientes puntos:

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La polémica por video con la presunta menor de edad

Antes del ingreso de la denuncia ante el TCE, se difundió en plataformas digitales un video en el que se observa a Roberta Zambrano entregando obsequios a asistentes durante un acto público. La controversia se originó porque en la grabación se escuchaba a la postulante pedirle a una ciudadana que se levantara el vestido para hacerle entrega del presente, lo que generó cuestionamientos sobre si se trataba de una menor de edad.

Posteriormente, la candidata de ADN publicó un segundo video junto a la involucrada y su entorno familiar para aclarar el hecho. En esa grabación, la propia ciudadana descartó ser menor: "Estoy aquí para desmentir una información en la cual dicen que soy niña, pero no soy niña, soy mayor de edad".

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La designación se produjo el miércoles 7 de octubre de 2026, durante la sesión de clausura de la 63 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre.

Salazar, abogada y catedrática, pasará a integrar el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas, conformado por expertos independientes.

Durante esta sesión se abrió una convocatoria para cubrir la vacante correspondiente a los Estados de América Latina y el Caribe dentro de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo, que integrará Daniela Salazar, existe desde hace 16 años

El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Fue creado el 1 de octubre de 2010 mediante la resolución 15/23, adoptada por consenso, y su mandato fue renovado en junio de 2025 mediante la resolución 59/14.

Este grupo tiene como objetivo abordar, desde una perspectiva independiente e integral, las distintas formas de discriminación que afectan a mujeres y niñas. Para ello, analiza leyes, políticas y prácticas y proporciona orientación a los Estados.

Su labor complementa el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de supervisar la aplicación de la convención internacional sobre esta materia, y el de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y la niña.

A diferencia de estos mecanismos, el Grupo de Trabajo aborda la discriminación contra mujeres y niñas en sus diferentes manifestaciones y trabaja con todos los Estados, independientemente de que hayan ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

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Lo que debes saber

• El ingreso a la empresa ocurrió cerca de las 03:30.
• Los sospechosos utilizaron dos vehículos para escapar.
• La investigación apunta a una banda relacionada con otros asaltos.

Cuarenta y dos armas fueron robadas durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de una empresa de seguridad ubicada en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, en un asalto que terminó con una persecución y una balacera. Entre lo sustraído constan 30 armas de fuego y 12 armas no letales, según información preliminar.

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Simularon un operativo para ingresar a la empresa

El robo ocurrió cerca de las 03:30, cuando alrededor de una decena de sujetos ingresó a las instalaciones utilizando prendas similares a las de policías y militares. Los sospechosos habrían simulado un operativo del Bloque de Seguridad para acceder al establecimiento y apoderarse del armamento.

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron en una camioneta y un vehículo tipo SUV, lo que activó un operativo policial con apoyo de las cámaras de videovigilancia. La persecución se extendió hasta la vía Perimetral, donde una camioneta negra recibió varios impactos de bala y terminó chocando contra otro vehículo de Segura EP, frente a las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

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La fuga terminó en la vía Perimetral

El segundo vehículo utilizado en la fuga fue localizado aproximadamente dos kilómetros más adelante. Cerca de las 07:00, la Policía informó sobre la detención de dos personas que estarían relacionadas con el robo y señaló que parte de las armas sustraídas había sido recuperada.

Las autoridades indicaron además que ya seguían la pista de esta banda, debido a que estaría vinculada con otros asaltos registrados en ciudadelas privadas de Guayaquil. Las investigaciones continúan para determinar la identidad y participación del resto de los integrantes del grupo.

Lo que debes saber:

• Guillermo Churuchumbi no tiene empresas registradas; su esposa maneja una lechera, emprendimiento que tienen desde hace tres décadas.
• El coordinador de Pachakutik corre, por segunda vez, por la Prefectura de Pichincha; analistas hablan sobre sus posibilidades.
• Churuchumbi quiere trabajar en temas de vialidad, ampliar la cobertura de salud y potenciar los Centros Warmi, con un eje de emprendimiento.

En ocasiones, si algún compañero de Pachakutik telefonea a Guillermo Churuchumbi antes de las 07:00, es posible que lo encuentre con sus vacas. Todos los días, desde las 04:00, él y su esposa, Blanca Rojas, se dedican a ordeñarlas. Churuchumbi aprendió a hacerlo a los 5 años y, a sus 56, todavía mantiene esa rutina.

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Vive en Cariacu, en Cayambe, aunque nació en Pesillo, en la parroquia de Olmedo. Se sostiene, cuenta, con un emprendimiento familiar dedicado a la producción lechera.

Hace algunos años, un error administrativo de digitación hizo que en sus registros figurara un patrimonio superior a los 2 millones de dólares. Sin embargo, en su declaración más reciente, del 2024, año en que fue profesor de la Universidad Central, consta una cifra 10 veces menor: más de $ 200.000.

En la Superintendencia de Compañías no aparece como propietario de ninguna empresa. Al preguntarle cómo se sostiene, explica que el emprendimiento familiar está registrado a nombre de su esposa y de sus hijos. 

La lechería es su principal fuente de ingresos. Producen unos 150 litros de leche al día y llevan alrededor de 35 años dedicados a esa actividad, según cuenta.

Desde hace siete años, sus hijos también administran el restaurante Rasu Pamba. Churuchumbi y Rojas tienen tres hijos: Sisa, de 34 años; Tamia, de 31, y Sumak, de 29.

¿Cómo le fue en su anterior carrera por la Prefectura de Pichincha?

Ahora, una vez más, el dirigente vuelve a la contienda. Churuchumbi coordina Pachakutik desde 2023 y el movimiento insiste en llevarlo como candidato a la Prefectura de Pichincha. No es la primera vez. 

En las elecciones seccionales del 2023 obtuvo el 25,56% de los votos, apenas 2,4 puntos porcentuales por debajo de la correísta Paola Pabón.

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En esa elección, Churuchumbi llegó en alianza con su movimiento, Mover y el Partido Izquierda Democrática (PID), dentro de una fórmula que también respaldó a Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito. 

El radiodifusor y hoy también candidato hizo que el serio el político indígena entre al mundo de TikTok. En un video apareció coreando: “hay una palabra clave, que significa quién sabe”, en referencia al Churi Churín Fun Flais del programa de Roberto Gómez Bolaños.

Y en el juego de campaña, la respuesta era el apellido difícil de recordar, Churuchumbi. Y él apareció incluso con la camiseta roja, con el corazón del Chapulín Colorado.

Los analistas opinan sobre la candidatura de Churuchumbi:

Pero, su trayectoria política no empieza recién. Fue alcalde de Cayambe durante dos periodos y desde 2023 dirige Pachakutik. 

Para Santiago Cahuasquí, catedrático y analista político, Churuchumbi no llega a esta contienda como una figura nueva. 

Su candidatura busca trasladar una trayectoria construida desde el gobierno local y el movimiento indígena hacia una escala provincial mucho más heterogénea.

En ese marco, Juan Manuel Fuertes, exdiputado y analista político, anota que haber ganado dos veces la Alcaldía de Cayambe no significa necesariamente que Guillermo Churuchumbi se haya convertido en una figura con un respaldo equivalente en toda la provincia de Pichincha.

La elección de prefectos, explica Fuertes, tiene una particularidad: aunque las competencias de estas autoridades están principalmente vinculadas al ámbito rural, la votación es provincial e incluye a los centros urbanos. 

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Por eso, una candidatura que no tenga una presencia significativa en las principales ciudades o que no esté respaldada por una estructura electoral amplia enfrenta mayores dificultades.

Por eso, Fuertes opina que el hecho de que Pachakutik vuelva a jugar la carta de Churuchumbi no implica que hay considere que tiene altas probabilidades de ganar. También puede responder a la necesidad de mantener un nivel de protagonismo político y mediático. 

Su perfil, asociado al movimiento indígena y a sectores considerados más radicales, le proporciona una visibilidad que otros candidatos de menor exposición no tendrían.

El desafío, por tanto, según Cahuasquí, va más allá de mantener el respaldo de su base política. Pichincha obliga a articular electorados muy diferentes: Quito urbano, los valles y los cantones rurales, donde Pachakutik y las organizaciones indígenas tienen una implantación distinta.

En ese sentido, para Cahuasquí, más que definir a Churuchumbi solo como “el candidato indígena”, la pregunta es hasta qué punto puede convertir su experiencia política en Cayambe y su trayectoria dentro del movimiento en una candidatura capaz de cruzar las distintas realidades electorales de Pichincha. 

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Ahí está una de las claves de su nueva apuesta: transformar una trayectoria política asentada en Cayambe y en Pachakutik en una propuesta con capacidad de disputar una provincia más diversa.

La legisladora de PK, Mariana Yumbay, lo conoce alrededor de 30 años. Dice que lo ha visto participando en la construcción de la Constitución de 1998 y 2008; que ha trabajado en la escuela de formación del movimiento y que quería dedicarse a recorrer el país, para fortalecerlo. Pero que las bases le pidieron ser candidato.

A EXPRESO, Churuchumbi le dijo que hay mucho por hacer en el tema vial; le parece bien el trabajo en salud, con Pichincha Humana, pero que se debe ampliar la cobertura; y que hay que ir más allá con los centros, Warmi, porque las víctimas de violencia necesitan apoyo para emprender. 

Lo que debes saber

• Daniel Noboa aseguró que no habría apagones en los hogares, pero la promesa quedó en entredicho.
• Industrias y barrios residenciales de Quito y Guayaquil reportan cortes prolongados de energía.
• La falta de información oficial sobre la crisis eléctrica profundiza el malestar ciudadano.

“Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”. Así lo prometió el presidente de la República, flanqueado por su jefe de gabinete y enteramente a gusto con lo que tenía al frente. Noboa se aventuró a ir más allá, advirtiendo que “por más que sueñen los odiadores que haya cortes, no va a haber cortes”. Esa es un promesa incumplida desde antes de haber sido pronunciada.

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Primero, porque las industrias vienen ya varios días padeciendo de apagones, que han crecido en su alcance y duración: 24, 48, 72 horas. Quito, Durán, Ambato, luego otras ciudades. Encima, les subieron la tarifa eléctrica. Pero al menos les cayó un premio de consuelo: finalmente los recibieron para dialogar, dialogar y dialogar, como pedía un dirigente empresarial del Guayas. También se ofreció café.

Cortes de energía en el sector residencial

Las industrias, claro, no son las familias ecuatorianas. Las alimentan, las visten, les equipan la casa, al menos en parte. A muchos les dan un salario. Pero no son las familias ecuatorianas en sus hogares. Esa es otra cosa, el sector residencial, doméstico. Pasa que ellos también han sido afectados por apagones. La cuestión es que, y ahí hay otro juego semántico, el Gobierno y sus voceros oficiales y extraoficiales no los llaman como tales. De hecho, prefieren pretender que nunca ocurrieron.

Reportes de apagones en Quito y Guayaquil

Gracias al cielo y su favor que no se agota, aunque también nos reviente a gotas, existe la prensa, y ella ha puesto en evidencia la ocurrencia de esos cortes de luz. Diversos medios de comunicación han reportado desde la semana pasada cortes en Quito y Guayaquil, mientras que a lo largo de la avenidas de los suburbios de los más privilegiados, las ciudadelas y centros comerciales reciben sendas cartas de la Empresa Eléctrica solicitando desconexiones voluntarias o adelantando apagones.

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Testimonios en barrios de la urbe porteña

Ecuavisa, Teleamazonas y este Diario han publicado notas y reportajes realizados con base en visitas al terreno, al mítico territorio donde el jefe de gabinete del Gobierno dice que se encuentran ocupados los ministros, en las que han entrevistado a moradores de Mapasingue, del Guasmo, de la Kennedy y de otros barrios al oeste, al sur y al norte de la urbe porteña, todos diciendo que pasaron horas y hasta días enteros sin luz. Los equipos de televisión hasta mostraron con sus cámaras los hogares y locales desconectados.

Esto no es nuevo. A lo largo del año, los apagones han ocurrido una y otra vez. A veces el Gobierno ha dicho que se deben a problemas ajenos a la generación, es decir, han sido cosa de la transmisión y distribución. Pero todo eso le corresponde también al Gobierno y a las empresas públicas, por supuesto. En otras ocasiones no han dicho nada. Por ahí salió hace poco una publicación en redes de una cuenta oficial apuntando a un posible daño a una subestación, pero no mucho más.

Responsabilidad estatal y transparencia informativa

Sea lo que sea, sobredemanda, poca generación, falta de mantenimiento o una zarigüeya, el Estado y quienes lo administran son responsables de evitarlo, repararlo, pero sobre todo de informarlo. La ciudadanía, que paga sus impuestos y que trabaja todos los días para sacar al país adelante, merece y también necesita saber cuándo y por qué les van a cortar la luz.

Si el Gobierno teme a la reacción impaciente de la gente, se puede equivocar jugando con su credulidad. Pero aunque no sea así, aunque el margen de tolerancia de la ciudadanía exceda todo, como parece que ocurre con los ilustres patricios y empresarios, este país no debe basarse en la lógica de lo popular y lo expedito para los políticos.

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El camino al desarrollo y la preservación de la democracia solo puede ser transitado por una sociedad en la que la transparencia sea la regla. Y es posible, creíble y antes que nada demostrable que el pueblo sabe aceptar las explicaciones de una autoridad que se presenta ante ellos con humildad y honestidad durante la crisis.

Los apagones ya están aquí, aunque no sean tantos como en el 2024. Sin embargo, parece que el país opera todavía con la luz apagada. Y en esa oscuridad, crece el silencio.

Lo que debes saber

• Las elecciones seccionales ponen a prueba la fuerza territorial de las organizaciones políticas.
• Los resultados de 2023 dejaron un mapa municipal marcado por la diversidad de fuerzas.
• La capacidad de movilización de los partidos será determinante en cada provincia y cantón.

En las elecciones seccionales de 2023, el correísmo ganó terreno, pero no logró concentrar el poder municipal del país, mientras que las fuerzas contrarias a esta corriente tampoco consiguieron aglutinarse en un solo bloque. Esa fragmentación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de cara a los próximos comicios: ¿cuánto puede pesar el anticorreísmo en las urnas y hasta qué punto ese sentimiento favorecerá al oficialismo?

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La Revolución Ciudadana (RC) obtuvo 48 alcaldías en 2023, alrededor del 22 % del total nacional, y conquistó dos de las ciudades más importantes del país: Quito y Guayaquil, expone Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Sin embargo, el resto de los municipios quedó en manos de distintas organizaciones políticas, incluidas agrupaciones locales.

Para Quinga, los resultados de esos comicios muestran que las dinámicas territoriales tienen un peso determinante. “Hay una fragmentación que no necesariamente está calificada solamente como el anticorreísmo”, señala, al explicar que los liderazgos locales, las alianzas y la gestión municipal inciden en las preferencias de los votantes.

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El peso de la gestión por encima de la ideología

Esa particularidad marca una diferencia frente a las elecciones generales, donde la polarización entre correísmo y anticorreísmo puede convertirse en un factor decisivo, especialmente en una segunda vuelta, explica Andrea Endara, politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande. Añade que, en las seccionales, en cambio, la identificación ideológica pierde terreno frente a las expectativas sobre seguridad, servicios públicos, cercanía y capacidad de gestión de los candidatos.

Endara considera que el anticorreísmo funciona como un eje de identidad política, pero no necesariamente define quién ganará una alcaldía o prefectura. “En las seccionales el voto se va por la gestión, por la idea de quién les da más cercanía, más seguridad”, explica.

La dispersión, indica la académica, también se refleja en la oferta electoral, pues el Partido Social Cristiano (PSC), Acción Democrática Nacional (ADN), Avanza y distintas organizaciones locales buscan captar a los votantes que rechazan al correísmo. No obstante, ninguna de estas fuerzas tiene asegurado el respaldo de todo ese electorado, que puede inclinarse por diferentes candidaturas según la realidad de cada territorio.

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Un voto que no pertenece exclusivamente a ADN

El oficialismo buscará convertir el anticorreísmo en una ventaja electoral, en un escenario en el que ADN participará por primera vez en unos comicios seccionales. Para el analista político-electoral Alfredo Espinosa, el Gobierno intenta reunir a sectores que históricamente han rechazado al correísmo, aunque advierte que un eventual triunfo oficialista no necesariamente demostraría que ese bloque se consolidó como una fuerza homogénea.

Quinga coincide en que el rechazo a la RC no implica un respaldo automático al movimiento de Daniel Noboa. “No porque haya un sector anticorreísta en el Ecuador quiere decir que el voto es directamente endosable, en este caso, al oficialismo”, sostiene, al recordar que las alianzas y las preferencias electorales responden también a las particularidades de cada provincia y cantón.

A esto se suma que una parte del electorado anticorreísta tampoco se identifica con el Gobierno. Endara señala que, aunque ADN puede captar una porción de esos votantes, otros pueden optar por fuerzas como el Partido Social Cristiano o por candidaturas locales, especialmente si consideran que esas organizaciones ofrecen mejores respuestas a los problemas de sus ciudades.

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Los resultados del Gobierno, otra variable electoral

Los apagones, la inseguridad y las consecuencias del fenómeno de El Niño podrían profundizar esa distancia entre el anticorreísmo y el oficialismo. Si estos problemas afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, el malestar podría traducirse en un voto de castigo contra los candidatos de ADN, sin que eso signifique un traslado automático de esos sufragios hacia la Revolución Ciudadana.

Endara pone como ejemplo a Guayaquil, donde el PSC podría recuperar espacio si una parte de los electores prioriza la experiencia de gestión municipal y la percepción de seguridad. “Si ya eres anticorreísta y los efectos del Niño y los cortes de energía van a hacer que no votes por el Gobierno o por el candidato de Gobierno de manera de castigo, entonces vas a buscar otro de los que se declaran anticorreístas”, explica.

Espinosa, por su parte, considera que los resultados de las seccionales servirán para medir la capacidad del oficialismo de consolidar una estructura territorial con miras a las elecciones nacionales de 2029. No obstante, advierte que los resultados dependerán de varias variables, pues los logros simbólicos (captura del expresidente correísta de la Asamblea Nacional y exministro del Interior, José Serrano) que el Gobierno exhiba frente al correísmo no necesariamente compensarán las deficiencias en servicios públicos, seguridad o libertades.

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Manabí, la prueba de fuego para el correísmo

En ese escenario, Manabí se perfila como uno de los territorios clave para medir la vigencia de la Revolución Ciudadana, incluso sin una candidatura propia a la prefectura, menciona Espinosa. La apuesta por el voto nulo podría convertirse en una demostración de fuerza si consigue reunir el respaldo suficiente para provocar la repetición de los comicios.

Espinosa considera que un eventual triunfo del nulo representaría “la puesta en escena del poder de la vigencia y del poder de la Revolución Ciudadana en la provincia de Manabí”. El resultado tendría un significado especial por tratarse de uno de los principales bastiones históricos del correísmo y de una provincia con un amplio peso electoral.

Más allá de la disputa por una prefectura, el resultado permitirá evaluar si la RC conserva la capacidad de movilizar a su base social y electoral en un escenario adverso. Manabí será, así, una prueba para medir cuánto permanece vigente el correísmo como corriente política y hasta dónde llega su capacidad de convertir esa identidad en una expresión concreta en las urnas.

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Díaz fue uno de los militares ecuatorianos que participaron en el conflicto del Cenepa, en 1995. Durante los combates perdió una pierna. Años después, su trayectoria como excombatiente sería reconocida con la Cruz al Mérito de Guerra. 

Ese episodio es al que se refiere en su presentación política. Díaz habla del Cenepa como la experiencia que le demostró que podía enfrentar situaciones límite. "Me comprobé como militar y como ciudadano ecuatoriano que tenía toda la capacidad y el coraje para hacerlo", sostiene.

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Su recorrido, sin embargo, continuó lejos del campo de batalla. Se formó como ingeniero comercial en la Escuela Politécnica del Ejército y posteriormente obtuvo un magíster en conducción y administración en la Universidad de Buenos Aires. 

Su paso por el sector público

En el sector público ocupó cargos en instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Consejo Nacional de Electricidad. 

La política tampoco es un territorio nuevo para él. En 2007 fue candidato a la Asamblea Constituyente por el Movimiento Independiente Justo y Solidario. En aquella época ya ponía la seguridad social, jurídica y ciudadana entre sus principales preocupaciones.

Pero su vínculo más reciente con Quito se construyó desde la seguridad. Durante la administración de Jorge Yunda fue secretario de Seguridad del Municipio. Estuvo en el cargo desde mayo de 2020 y dejó la Secretaría en julio de 2021, después de que Yunda le solicitara la renuncia. 

Ahora, esa experiencia es la base con la que busca regresar al Municipio, esta vez desde la Alcaldía. En julio de 2026 aceptó la precandidatura por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4. 

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La seguridad es el eje alrededor del cual Díaz construye su propuesta. Su plan es “Quito seguro, Quito productivo” y plantea una estrategia que  define como poligonal: instalar cinco cuarteles integrales en los principales accesos a la ciudad.

Su propuesta ubica estos puntos en Cutuglahua, Amaguaña, Oyacoto, Pifo y San Antonio de Pichincha. La idea es concentrar en estos espacios a distintas instituciones para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta frente a delitos, violencia, control de armas y problemas relacionados con el espacio público.

Díaz plantea destinar los recursos de la tasa de seguridad a esta estrategia. Según su cálculo, los aproximadamente $ 11 millones anuales permitirían disponer de unos $ 44 millones durante un período de cuatro años.

Quito

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La propuesta también mira hacia el centro de Quito. Si llega a la Alcaldía, dice que buscará un acuerdo con el Gobierno nacional para utilizar las instalaciones del antiguo penal García Moreno y convertirlas en otro cuartel integral. Su argumento es que una presencia coordinada de instituciones, respaldada por tecnología, permitiría responder en tiempo real ante delitos.

En su diagnóstico, las Unidades de Policía Comunitaria ya no son suficientes para enfrentar la dinámica delictiva actual. Por eso insiste en integrar recursos municipales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, especialmente frente al microtráfico y el control de armas, municiones y explosivos.

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De la seguridad a la movilidad

En movilidad plantea cuatro proyectos: un tren elevado entre El Labrador y Calderón; la extensión del Metro desde Quitumbe hasta Guamaní; otro tren elevado desde El Ejido y La Alameda hacia el valle de Los Chillos; y retomar el proyecto del túnel Guayasamín con un intercambiador en la Plaza Argentina para mejorar la conexión con Cumbayá, Tumbaco y Pifo.

En el ámbito social propone crear centros de protección para niños y adolescentes y recuperar el Consejo Metropolitano de Discapacidad, con énfasis en la entrega y mantenimiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad. También plantea retomar un sistema integral de prevención de adicciones en Quito.

Lo que debes saber

• Toapanta admitió haber sido concejala de Pedro Moncayo por Alianza PAIS.
• Declaró USD 199.340 de patrimonio neto, pero no registra pago de Impuesto a la Renta.
• Aseguró que no teme al voto nulo y que asumirá su rol con responsabilidad.

Martha Susana Toapanta Cuascota, única postulante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por la lista de Pueblos y Nacionalidades, reconoció su pasado en la política partidista durante un taller para candidatas organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ecuador. Pese a que el organismo promueve la representación ciudadana, los registros públicos confirman sus vínculos previos con Alianza PAIS, expartido político del correísmo, y su paso por cargos estatales en administraciones anteriores.

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La trayectoria de Susana Toapanta en la función pública

Durante el encuentro formativo impulsado por el CNE y la OEA, la candidata expuso su recorrido en la administración estatal y admitió que años atrás ocupó una curul en el cantón Pedro Moncayo (Pichincha) bajo el auspicio de Alianza PAIS.

De acuerdo con los registros oficiales, el recorrido institucional de Toapanta comprende varias etapas:

Actividad empresarial, patrimonio y situación tributaria

Además de sus funciones estatales, Toapanta mantiene participación en el sector privado. En la Superintendencia de Compañías consta como accionista de la empresa Inmobiliaria Inmomasued S.A., entidad en la que también ejerció como administradora.

Justicia

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Cifras del balance patrimonial y omisiones ante el SRI

Su paso por los ámbitos público y privado se refleja en su balance económico institucional presentado ante la Contraloría:

A pesar de registrar este patrimonio y actividad económica, Toapanta no reporta pagos por impuesto a la renta. En el ejercicio fiscal de 2023 presentó su última declaración con un valor de 0 dólares, mientras que para los períodos fiscales correspondientes a 2025 y 2026 ni siquiera ha ingresado los formularios ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La postura de la candidata frente a las urnas

Consultada por los medios de comunicación respecto a su postulación única y los cuestionamientos a su perfil, Martha Toapanta aseguró no sentirse conforme con ser la única aspirante de su lista, aunque remarcó su sentido de compromiso:

"Me siento con mucha responsabilidad. Los ecuatorianos necesitan una respuesta y por lo tanto en su momento como consejera estará haciendo las funciones a acorde a los derechos y principios".

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Candidatas reciben formación electoral y herramientas contra la violencia política de género

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Respecto a las críticas y al peso del descontento ciudadano en el proceso electoral, concluyó:

"No tengo ese miedo de decir que me puede ganar el nulo, somos un país democrático e invito a los ecuatorianos a hacer consciente y decir en las urnas lo que nuestro corazón estipula".

Lo que debes saber

• La Comisión de Selección aceptó impugnaciones contra 21 de los 26 postulantes.
• Carlos Alarcón asume el primer lugar del concurso tras la salida de las mejor puntuadas.
• Los postulantes excluidos aún pueden apelar ante el Pleno del CPCCS.

Tras la aprobación de los informes de impugnaciones ciudadanas por parte de la Comisión Ciudadana de Selección, solo cinco de los 26 postulantes a fiscal general del Estado continúan en el concurso público en Ecuador. La decisión dejó fuera a 21 aspirantes que habían superado la fase de méritos, incluidas las dos mejores puntuadas, modificando el orden de prelación previo a las fases de apelación y oposición.

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Comisión de Selección excluye a 21 postulantes del concurso

La Comisión Ciudadana de Selección resolvió aceptar las impugnaciones presentadas contra 21 aspirantes al cargo de fiscal general. Entre las postulantes que quedaron fuera del proceso constan:

Aunque la resolución de la mesa de selección reconfigura el cuadro de aspirantes, esta decisión todavía puede ser impugnada ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Aspirantes que permanecen en el proceso de designación

De manera provisional, únicamente cinco aspirantes continúan en carrera dentro del concurso para dirigir la Fiscalía General del Estado, ordenados por su puntaje de méritos:

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Carlos Alarcón lidera la lista a la espera de la fase de oposición

Con la salida de Camacho y Romero, el actual fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, pasó del tercer lugar a encabezar la lista de los postulantes que siguen en competencia.

No obstante, el cuadro definitivo dependerá de la resolución de las eventuales apelaciones que se presenten ante el CPCCS, tras lo cual el proceso avanzará a la fase de oposición.

Lo que debes saber

• El curso empezó este 6 de octubre y durará tres días.
• Está dirigido a mujeres que participarán en las elecciones de 2026.
• El CNE presentó acciones para prevenir la violencia política de género.

Con el desafío de fortalecer el liderazgo de las mujeres y enfrentar los obstáculos que todavía persisten en la política, este martes 6 de octubre arrancó, en Ecuador, el Curso para Candidatas Electorales, que se extenderá durante tres días. La iniciativa está dirigida a mujeres que participarán en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2026.

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La participación de las mujeres en el poder local

El encuentro es organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), y cuenta con el apoyo de Francia. La embajadora Céline Giusti, representante observadora permanente de Francia ante la OEA, destacó que durante las jornadas se abordarán temas como liderazgo político, financiamiento electoral, violencia contra las mujeres en política, seguridad digital, comunicación y preparación para entrevistas y debates.

Para Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la CIM, la participación de las mujeres es indispensable para fortalecer la democracia, especialmente en el ámbito local. Sostuvo que las candidatas conocen de cerca las necesidades de sus territorios y que la paridad debe entenderse como una cuestión de “justicia distributiva”, pues las mujeres deben estar representadas en los espacios de decisión en proporción a su presencia en la sociedad.

Mora también advirtió que las mujeres llegan a la política desde una “cancha dispareja y desigual”, debido a que deben desenvolverse en un entorno marcado por símbolos, valores y prácticas asociados históricamente al ejercicio masculino del poder. Por ello, señaló que el curso busca entregar herramientas para que las participantes comprendan esas condiciones y fortalezcan sus capacidades para competir y ejercer liderazgo.

José Cabrera Zurita, presidente del CNE, recordó que esta es la cuarta edición del curso en Ecuador y que la iniciativa regional ha fortalecido el liderazgo político de más de 2.000 mujeres candidatas desde 2018. Cabrera afirmó que el organismo electoral asumió como prioridad garantizar que las mujeres puedan acceder a espacios de decisión y ejercer su liderazgo “libres de violencia y discriminación”.

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El CNE activa medidas contra la violencia política

Durante la jornada también se presentó la campaña comunicacional del CNE para prevenir la violencia política de género, como parte del Plan para la Prevención de la Violencia Política de Género 2025-2029. Natali Arcos Alarcón, coordinadora del comité creado para ejecutar ese plan, explicó que el CNE ya designó 49 puntos focales a escala nacional y provincial, además de ocho representantes de instituciones estatales para coordinar acciones de prevención.

Arcos detalló que el plan contempla cuatro ejes: educación, formación y sensibilización; fortalecimiento institucional; articulación y cooperación interinstitucional; y seguimiento y evaluación. Añadió que 542 servidores electorales ya fueron capacitados, que se actualizan normas internas para incorporar medidas de prevención y atención, que se trabaja en un observatorio sobre violencia política de género y que la campaña nacional pone especial atención en el ciberacoso y los estereotipos de género.

Lo que debes saber

• Carlos Alarcón encabeza de forma provisional el concurso para fiscal general del Estado.
• Daniella Camacho e Inés Romero quedaron fuera tras aceptarse impugnaciones ciudadanas.
• El Pleno del CPCCS tendrá la última palabra para ratificar o revertir estas resoluciones.

El fiscal general subrogante Carlos Alarcón asumió de forma provisional el primer lugar en el concurso para fiscal general del Estado en Ecuador, luego de que la Comisión Ciudadana de Selección descalificara a las postulantes Daniella Camacho e Inés Maritza Romero al admitir objeciones en su contra. La instancia evaluadora también resolvió archivar la única acusación que pesaba contra Alarcón por la inasistencia de su objetor, modificando sustancialmente las posiciones del proceso de designación.

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Modificaciones en la tabla de postulantes a fiscal general

Con la reciente resolución adoptada por la Comisión Ciudadana de Selección, la estructura del cuadro de méritos experimentó un giro radical que favorece al fiscal general subrogante:

Resoluciones de la Comisión Ciudadana sobre las objeciones

El organismo revisor evaluó los informes de impugnación presentados por la ciudadanía en contra de los tres primeros aspirantes del proceso público.

El archivo de la objeción contra Carlos Alarcón

La única impugnación admitida a trámite contra el actual fiscal subrogante, presentada por Leonid Alex Arboleda Fabara, fue archivada en su totalidad debido a que el denunciante no compareció a la respectiva audiencia pública.

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Las causas que dejaron fuera a Daniella Camacho e Inés Maritza Romero

En una sesión previa, la comisión dio paso a las quejas que impidieron la continuidad de las dos aspirantes que lideraban la tabla de calificaciones:

Votación dividida y apelación ante el CPCCS

A diferencia de los demás dictámenes aprobados en la jornada, la descalificación de la postulante Daniella Camacho no alcanzó el consenso del cuerpo colegiado:

Las medidas tomadas por la mesa evaluadora aún no son definitivas. Los participantes cuentan con la posibilidad de recurrir ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), institución facultada para analizar los expedientes y decidir si ratifica o deja sin efecto las resoluciones adoptadas por la comisión ciudadana.

Lo que debes saber

• Daniella Camacho e Inés Romero quedaron fuera tras aceptarse impugnaciones en su contra.
• La resolución de la Comisión Ciudadana aún puede ser apelada ante el Pleno del CPCCS.
• Carlos Alarcón pasa provisionalmente al primer lugar entre los aspirantes activos del proceso.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado resolvió la descalificación de las postulantes mejor puntuadas, Daniella Camacho e Inés Maritza Romero, tras admitir impugnaciones ciudadanas en su contra. La determinación, adoptada en el marco de la fase de objeciones del proceso, todavía no es definitiva, ya que ambas aspirantes pueden apelar la medida ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada de ratificar o revertir el fallo.

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Las impugnaciones aceptadas contra las aspirantes mejor puntuadas

Hasta el momento de la resolución, Daniella Camacho lideraba la tabla de posiciones del concurso como la aspirante con mejor calificación tras la etapa de méritos, mientras que Inés Maritza Romero ocupaba el segundo lugar.

El resultado de las objeciones analizadas por los comisionados se distribuyó de la siguiente manera:

Objeciones archivadas en el expediente de Daniella Camacho

Dentro del trámite correspondiente a Daniella Camacho, la Comisión Ciudadana de Selección también determinó el archivo de dos objeciones:

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Debate y falta de unanimidad en la votación

A diferencia de los demás informes analizados en la jornada, la impugnación aprobada en contra de Daniella Camacho no contó con el respaldo unánime de los integrantes del cuerpo colegiado:

El Pleno del CPCCS tendrá la última palabra

Las resoluciones adoptadas en esta instancia no causan ejecutoria inmediata. El trámite pasará a consideración del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), instancia superior que deberá revisar los expedientes para decidir si confirma la exclusión de las aspirantes o si revierte la decisión de la comisión de selección.

Carlos Alarcón, virtual líder del concurso

Con la salida provisional de las dos mejores puntuadas, el fiscal general subrogante Carlos Alarcón, quien se ubicaba en el tercer lugar del cuadro general de méritos, pasaría a ocupar de manera provisional el primer puesto entre los postulantes que continúan en carrera en el concurso público.

Lo que debes saber

• Hay dos convocatorias para integrar el Mecanismo de Protección.
• El plazo para participar vence el 8 de octubre de 2026.
• Los representantes deben cumplir requisitos legales y reglamentarios.

El Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación abrió dos convocatorias para definir a representantes que integrarán el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico. Los procesos buscan elegir a los representantes de la sociedad civil y ratificar o elegir a quienes representan a los trabajadores de medios privados, públicos y comunitarios.

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Representantes de medios y ciudada

La primera convocatoria corresponde a la sociedad civil organizada y se activa tras la renuncia anticipada de Ricardo Rivas, presentada el 30 de septiembre de 2026, pese a que su periodo debía concluir en diciembre de este año. El proceso contempla la elección de un representante principal y un suplente, quienes deberán ser escogidos por las organizaciones del sector y no podrán ser postulados de manera directa por una sola de ellas.

La segunda convocatoria está dirigida a los representantes legales de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, que podrán ratificar a los actuales representantes de los trabajadores o realizar una nueva elección. En ambos procesos, las personas elegidas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y las normas que regulan el funcionamiento del Mecanismo.

Requerimientos

¿Cuáles son los requisitos para los representantes de la sociedad civil? La persona elegida como principal o suplente deberá cumplir, entre otros, con estas condiciones:

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Para el proceso de los trabajadores de medios, los requisitos de las personas elegidas son los siguientes:

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Plazos y entrega de documentos

El plazo vence el 8 de octubre. Las dos convocatorias fueron publicadas el 24 de septiembre de 2026 y establecen un término de diez días, contado desde el día siguiente, por lo que la documentación podrá presentarse hasta las 23:59 del 8 de octubre.

La documentación podrá presentarse de manera física en las oficinas del Consejo de Comunicación, en Quito, o de forma electrónica al correo mecanismo@consejodecomunicacion.gob.ec, según las condiciones establecidas para cada proceso. El Consejo señala además que los documentos deben ser completos, legibles y verificables, y que las observaciones podrán ser subsanadas dentro de los tres días siguientes a la notificación correspondiente.

Lo que debes saber

• El CNE organizará 45 debates del 12 al 26 de noviembre para informar a los electores.
• Candidatos a prefecturas y alcaldías debatirán en 21 provincias y 24 cantones del país.
• Los debates serán obligatorios antes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la planificación de 45 debates electorales obligatorios que reunirán a candidatos a prefecturas y alcaldías como parte del proceso previo a las elecciones seccionales de 2026. Los encuentros se efectuarán entre el 12 y el 26 de noviembre en distintos puntos del país.

La organización contempla 21 debates para las candidaturas a prefecturas y 24 para alcaldías de cantones con más de 100.000 electores. La jornada electoral está prevista para el 29 de noviembre de 2026, por lo que los debates se realizarán durante las dos semanas previas a los comicios.

Debates se realizarán en 21 provincias y 24 cantones

Los encuentros para prefecturas abarcarán provincias como Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otras. Mientras tanto, los debates para alcaldías se desarrollarán en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Portoviejo, Machala, Daule, Durán y Santo Domingo.

La logística estará a cargo de las juntas provinciales electorales y de las delegaciones provinciales del organismo electoral, bajo directrices emitidas por el CNE.

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CNE definió nueva metodología para los encuentros

Según las reglas aprobadas por el organismo electoral, cada debate estará estructurado en cuatro ejes temáticos. En el primero y cuarto bloque, las preguntas serán formuladas por los propios candidatos, mientras que en los bloques segundo y tercero las interrogantes serán elaboradas por el Comité Nacional de Debates.

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El comité fue designado para definir los temas, elaborar preguntas y proponer a los moderadores de las jornadas. Además, deberá coordinar aspectos relacionados con la metodología y el desarrollo de cada encuentro.

La normativa también establece tiempos específicos de intervención para los participantes y prevé distintos formatos dependiendo del número de candidatos inscritos en cada jurisdicción.

Los debates son obligatorios desde 2020

Los debates electorales adquirieron carácter obligatorio en Ecuador tras las reformas al Código de la Democracia aprobadas en 2020. Desde entonces forman parte de los procesos electorales nacionales y seccionales como un mecanismo para que los electores conozcan y contrasten las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular.

Para el CNE, la realización de los 45 encuentros representa uno de los principales retos logísticos de la campaña electoral, debido a la necesidad de coordinar transmisiones, moderadores, seguridad, producción técnica y participación.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez regresó este 6 de octubre a la cárcel del Encuentro tras recibir alta médica por cirugía de vesícula.
• Su abogado, Julio César Cueva, dijo que el traslado se reservó por seguridad y coordinación.
• El alcalde de Guayaquil continúa en la cárcel de Santa Elena mientras enfrenta procesos judiciales.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado nuevamente al Centro de Privación de Libertad del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, luego de permanecer varios días en una clínica de Guayaquil por una intervención quirúrgica en la vesícula.

La información fue confirmada este martes 6 de octubre por su abogado, Julio César Cueva, a través de una publicación en la red social X. "En este momento el señor Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez está siendo trasladado de regreso al Encuentro. Su traslado no tuvo hora exacta por razones de seguridad y coordinación por lo cual no pudo ser informado oportunamente".

Retorno a prisión tras recuperación médica

El retorno del alcalde ocurre después de que fuera sometido a una cirugía de emergencia el 2 de octubre, tras presentar complicaciones derivadas de una afección en la vesícula. 

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Aquiles Álvarez fue trasladado desde la cárcel de del Encuentro hasta la Clínica Alcívar, en Guayaquil, donde recibió atención especializada y permaneció bajo observación médica durante su recuperación.

Durante los días posteriores a la intervención, su defensa informó que la evolución del funcionario era favorable y que continuaba siendo monitoreado por el equipo médico encargado de su tratamiento.

La cirugía que motivó su traslado

El traslado médico fue autorizado luego de que personal de salud determinara que el alcalde requería atención especializada por una afección en la vesícula que no podía ser atendida dentro del centro penitenciario. Tras su ingreso a la clínica, los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente de manera urgente.

La defensa había señalado inicialmente que el período de recuperación sería de aproximadamente 48 horas, aunque la fecha definitiva del alta quedó sujeta a la valoración de los especialistas que supervisaban su evolución clínica.

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El contexto judicial de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez permanece privado de libertad desde febrero de 2026, cuando fue detenido en el marco del denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos. Tras su captura fue enviado inicialmente al centro penitenciario de Latacunga y posteriormente trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena.

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Además, el alcalde de Guayaquil ha enfrentado otros procesos judiciales vinculados a los casos Triple A y Grillete. También mantiene recursos legales para cuestionar su traslado a la cárcel del Encuentro, una medida que su defensa ha considerado injustificada.

Con su alta médica y retorno al centro penitenciario de Santa Elena, el burgomaestre continuará afrontando desde prisión los procesos judiciales que siguen en curso en su contra

Lo que debes saber

• El Gobierno busca que las seccionales sean un juicio al correísmo y no una evaluación de la gestión de Daniel Noboa.
  
• La ofensiva contra Correa también intenta frenar la idea de que Noboa se convirtió en una versión del expresidente.

Entre las estrategias del Gobierno para conseguir buenos resultados en las venideras elecciones seccionales hay una que es particularmente llamativa: la de posicionarse como la única y auténtica fuerza política que combate al correísmo.

Se trata de una estrategia que se visualiza en varios factores y cuya cronología no es muy difícil de identificar. El 28 de agosto, después de que José Serrano fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, Noboa no se limitó a anunciar el traslado. Lo presentó como la llegada de un “ministro del Interior de Correa” y añadió, dirigiéndose directamente al expresidente: “Ya mismo te toca a ti”.

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El 11 de septiembre, John Reimberg llevó el mensaje un paso más lejos: dijo que en la Cárcel del Encuentro había una cama para Correa y que era “cuestión de tiempo” para que quienes, según él, habían causado la crisis de seguridad respondieran ante la justicia.

Y el 30 de septiembre, justamente en el aniversario del 30S, José Julio Neira publicó un video de más de seis minutos en el que conectó a José Serrano con el episodio del 30S y con otros hechos del período correísta, para terminar hablando de los prófugos y de que sus “días de lujo y rabietas” estaban por terminar.

El Gobierno desplaza el debate de lo importante

¿Por qué, entonces, este operativo precisamente cuando se acercan las elecciones? Las posibilidades son varias y ninguna es necesariamente excluyente de las otras.

Una de ellas es que, frente a las críticas y frustraciones del electorado, el Gobierno quiere colocar a los votantes ante una disyuntiva que le haga olvidar el presente para que vuelva al pasado. La idea es desplazar la discusión desde cuestiones sobre las cuales el Gobierno puede ser evaluado (economía, empleo, seguridad, servicios públicos, déficit, energía, medicinas) hacia otro terreno más relacionado con el pasado.

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El Gobierno quiere, entonces, desplazar la pregunta ‘¿Cómo está gobernando Noboa?’ a ‘¿Queremos que vuelva el correísmo?’. En otras palabras, mientras la oposición quiere que estas elecciones sean un juicio sobre Noboa, el Gobierno hace lo necesario para que se conviertan en un juicio sobre Rafael Correa.

La strategia busca blindar a Noboa de las comparaciones con Correa

Otra estrategia es aniquilar, en redes sociales y en la opinión pública, cualquier posibilidad de que se equipare a Correa con Noboa, cosa que ha estado ocurriendo, en especial, desde hace un par de semanas. Al Gobierno no le resulta cómodo el tema que se ha instalado en redes sociales, que sin duda son un reflejo de la opinión pública: que Noboa es igual o peor que Correa porque ha demostrado ser autoritario (persigue a los medios y a los potenciales adversarios electorales), con el agravante de que ha fracasado a la hora de solucionar los grandes problemas de la sociedad, como el déficit de medicinas o de energía eléctrica.

¿Cómo desterrar de la conversación esa equivalencia entre Correa y Noboa? Sencillo: atacar a Correa nuevamente y a todo lo que representa. Lo del anuncio (figurado, claro) de que hay una cama lista en la Cárcel del Encuentro para Correa y el video de Neira sobre el 30S y José Serrano son ejemplos de un esfuerzo por conseguir que no se compare a Noboa con Correa, cuando existe el temor de que a los candidatos correístas les pueda ir bien en las elecciones.

No hay que perder de vista que esta equiparación de Noboa con Correa, que ha aparecido recientemente en la conversación nacional, tiene un enorme potencial electoral para la oposición, porque ataca uno de los activos políticos fundamentales con los que Noboa llegó al poder: precisamente la promesa de evitar el retorno del correísmo.

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Noboa, antes de llegar al Gobierno e incluso antes de sus campañas electorales, es decir cuando era asambleísta de Santa Elena o incluso antes, cuando era un ciudadano cualquiera, jamás se mostró como un anticorreísta. Todo lo contrario: mantuvo silencio ante los atropellos del correísmo. Entonces, cuando empieza a circular una idea como ‘nos prometieron que Noboa evitaría el autoritarismo y ahora Noboa se parece a Correa’, se amenaza una parte importante de la justificación política del noboísmo.

Miedo al pasado y promesas de futuro

Noboa necesita que la identidad política siga siendo que él no es igual a Correa. Por eso, la respuesta ‘Noboa no es Correa’ tiene una función política mucho más profunda que una simple discusión histórica. Es un mecanismo de defensa identitaria.

Por eso, cuando comenzó a instalarse en redes y en sectores de opinión la idea de que Noboa podía estar convirtiéndose en una versión de Correa, desde el entorno oficialista, que incluye las cuentas de redes sociales empáticas con el Gobierno, apareció con fuerza la contranarrativa de que Noboa no es Correa.

Aquí se puede incluir el anuncio de Noboa de que aumentará de 150.000 a 700.000 los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Puede ser que la decisión no tenga ni un solo asidero presupuestario, pero cumple una función complementaria a la de la campaña anticorreísta: es una fórmula políticamente rentable que recuerda a los electores aquello de lo que deben tener miedo del pasado y, al mismo tiempo, les muestra aquello que pueden esperar.

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El pasado funciona como amenaza y el futuro como promesa. En otras palabras, volver al pasado para revivir el fantasma de Correa y abrir, al mismo tiempo, una ventana al futuro: miedo a lo que puede volver y promesa de lo que está por venir.

El Gobierno mira simultáneamente por el retrovisor y por el parabrisas: en el retrovisor, Correa; por el parabrisas, 800 dólares para 700.000 jóvenes.

Lo que debes saber

• Alexandro Tonello busca retener la Prefectura de Pichincha, bastión clave para el correísmo.
• Sin la Revolución Ciudadana en la papeleta, Tonello compite bajo la Alianza Ciudadana.
• El exviceprefecto enfrenta el reto de la continuidad y el escrutinio a su patrimonio.

Alexandro Tonello, la carta del correísmo para la Prefectura de Pichincha, no solo carga con el reto de mantener la continuidad del proyecto de la actual prefecta, Paola Pabón. En el actual tablero político, Pichincha podría convertirse en el último bastión que el correísmo puede disputar.

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Suspensión de la Revolución Ciudadana y el caso Caja Chica

Tonello llega sin partido propio, al menos en lo que tiene que ver con la lista que auspicia su candidatura. La Revolución Ciudadana fue suspendida por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado. Lo que se conoce de esa investigación es que está relacionada con el denominado caso Caja Chica, que indaga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo en 2023.

Eso obligó a la Revolución Ciudadana a buscar el auspicio de otros movimientos. Uno de ellos fue Amigo que también fue suspendido por el TCE.

El respaldo de la Alianza Ciudadana tras los bloqueos electorales

Los candidatos del correísmo optaron entonces por alianzas con diferentes movimientos. Lograron acercarse a quienes antes fueron algunos de sus críticos más fuertes desde la misma izquierda y a quienes cuestionaron durante y después del gobierno de Rafael Correa.

Tonello busca ahora la Prefectura de Pichincha de la mano de la denominada Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular, antes conocido como MPD.

El reto no es menor. La situación electoral del correísmo y el rol protagónico de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE derivaron, por ejemplo, en la negativa a calificar a Luisa González como candidata a la Prefectura de Manabí de la mano de Pachakutik. Esa provincia, desde que el correísmo llegó al poder, ha sido uno de sus principales bastiones. En estas elecciones, la Revolución Ciudadana no tendrá allí candidato.

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Pichincha: el bastión histórico del correísmo y la figura de Tonello

El otro bastión que el correísmo ha mantenido bajo su control desde la época de Alianza PAIS y, posteriormente, de la Revolución Ciudadana es la Prefectura de Pichincha. De ahí la trascendencia de estas elecciones para este movimiento político.

Tonello debutó en un cargo de elección popular como viceprefecto. Acompañó a Paola Pabón durante sus dos períodos. Su candidatura tiene, por eso, una carga política mayor que la de un simple relevo administrativo. Tonello no llega a la contienda para marcar distancia con la gestión de Pabón. Su trayectoria está ligada a ella.

Perfil empresarial, patrimonio declarado e impuestos del candidato

El aspirante a la Prefectura es ingeniero agrónomo por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. En la Superintendencia de Compañías registra actividad como accionista en Corporación La Favorita y en Tonello Soluciones Integrales. En esta última empresa tiene un capital de 450.000 dólares.

En el ámbito empresarial, únicamente registra actividad como gerente de Tonello Soluciones. Asimismo, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), el año en que más pagó por Impuesto a la Renta fue 2022, cuando canceló 5.716,51 dólares.

Su patrimonio, según la Contraloría General del Estado, asciende a 3.202.367,38 dólares. Si se toma como referencia su ingreso al servicio público como viceprefecto, en 2019, el patrimonio declarado se ha reducido. Ese año reportó 4.507.329 dólares.

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Evaluación técnica y el impacto de la conversación digital

Para Diego Cevallos, integrante de GobernanzaEC y dedicado al estudio de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Tonello tiene, después de siete años en la Prefectura, la ventaja de conocer la situación institucional y la realidad de la provincia.

Sin embargo, lo que está en juego, según el experto, es “ver sus cualidades como líder, como gestor político, para hacer que la planificación se cumpla y que existan los consensos mínimos en el legislativo provincial que permita materializar la aprobación de proyectos de interés para la provincia”.

Huella digital y el desafío electoral frente al oficialismo

Su experiencia en el cargo y su vinculación con la actual administración también pueden convertirse en un contrapunto para su candidatura. La consultora política digital Alondra Enríquez señaló que Tonello también está asociado a las críticas que recibe la actual Prefectura.

Su análisis parte de la conversación digital. Enríquez señaló que, al menos en el ámbito de las redes sociales, la incidencia de Tonello es baja. Esto, si se toma en cuenta, por ejemplo, casos como el de Pabel Muñoz, alcalde y candidato a la reelección, quien mantiene una alta participación en el entorno digital.

“Dentro de la comunicación en redes sociales, Tonello viene de una conversación negativa en un 40%”, señaló la experta. En ese escenario, Tonello busca mantener el último de los bastiones del correísmo frente al oficialismo.

Lo que debes saber

• Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial.
• El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial. El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

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- Usted ha formado parte de Democracia Sí y de SUMA. Ahora busca la Alcaldía con Sociedad Patriótica. ¿Qué motivó esos cambios de organizaciones políticas?

Si bien es cierto los partidos trascienden muchas veces las candidaturas, pienso que las propuestas, sobre todo las ciudadanas, deben trascender a los partidos (...) Ellos (PSP) me hicieron una invitación muy gentil para poder presentar una propuesta para Guayaquil en función de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Esta invitación me la hacen sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de condicionamiento, únicamente que se pueda construir (la propuesta) en conjunto con las distintas instancias, equipos y niveles de la sociedad guayaquileña.

- Usted ocupó varios cargos durante el correísmo. ¿Por qué no decidió buscar el respaldo de una organización política vinculada a esa corriente?

Porque mi intervención en la función pública ha estado siempre ligada con el servicio (...) Mi participación (en ese gobierno) nunca fue política como tal, fue siempre técnica, profesional.

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Edison Andrés García Yépez

- ¿Cuál será su estrategia concreta para enfrentar la inseguridad en Guayaquil? ¿Qué papel va a tener Segura EP, actualmente manejada por el Gobierno central?

- Más allá de las competencias en seguridad, que están bien definidas en la ley, lo que va a hacer el Municipio es apoyar en las tareas y obligaciones ineludibles que son de manera preventiva: el monitoreo virtual permanente a través de sistemas que estén apoyados en inteligencia artificial predictiva, articulado con los sistemas del ECU-911 y de la Policía Nacional. Vamos a implementar 25.000 nuevas luminarias con tecnología led y telegestión, para poder eliminar todos esos puntos ciegos en mercados, corredores y vías estratégicas que son utilizados por la delincuencia. Vamos a apostar (por) la conformación de comités de seguridad barrial, que estén equipados con botones de pánico y que tengan alarmas...

- Usted habla de ‘generar oportunidades para los guayaquileños’. ¿A qué se refiere concretamente?

Vamos a formalizar por lo menos a 15.000 comerciantes a través de la construcción de espacios (como) centros de comercio popular y puntos de venta itinerante donde se los pueda reubicar. Vamos a crear un capital de inversión semilla, en alianza estratégica con la banca pública, específicamente la Conafips, para que puedan ser sujetos de créditos con tasas preferenciales; (vamos a crear) ventanas digitales para que todos los trámites y los requisitos que se pidan al microempresario, al pequeño emprendedor, puedan ser más fáciles.

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- Usted habla de formalizar a 15.000 comerciantes. ¿Cómo va a garantizar que esa propuesta se cumpla?

Cuando existe voluntad política, cuando existe capacidad de gestión dentro de una planificación estructurada y técnica, todo es posible. (...) Yo le aseguro que esta administración tendrá la suficiente capacidad a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel operativo, para poder solventar todos esos costos. El Municipio de Guayaquil tiene una capacidad de autogestión ya probada y robusta, proyectada más o menos en 430 millones de dólares al año. ¿Eso qué nos va a permitir? Presentar proyectos, por ejemplo, para poder acceder a créditos de líneas multilaterales.

- La actual administración municipal habla de trabas por parte del Sercop a los procesos de contratación de obras. ¿De qué manera va a garantizar que se cumplan las obras que ofrece? ¿Llegando a un acuerdo con el Gobierno central?

El acuerdo debe ser siempre trabajar en función de los intereses ciudadanos, del bienestar colectivo. No pueden interponerse trabas o intereses políticos en el desarrollo de la gente y sus ciudades. Nuestra postura va a ser que si existe algún tipo de problema a nivel político, eso no detenga el desarrollo de las ciudades. Nuestra postura va a ser permanentemente trabajar en conjunto (con el Gobierno).

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- En la Bahía existe el problema del bodegaje sin control. ¿Cómo su administración municipal va a controlar aquello?

Justamente lo que le decía respecto al proyecto de formalización de los comerciantes. Contempla también que puntos críticos como la Bahía de Guayaquil pasen a tener un mejor manejo, mucho más formal, mucho más controlado y podamos evaluar inclusive medidas de seguridad permanentes para poder evitar tragedias.

- ¿Plantearía mover el bodegaje del centro de Guayaquil hacia otro sitio de la ciudad?

Eso tendría que obedecer a un estudio técnico.

- ¿Cómo mejorará el centro para que se vuelva un punto turístico clave de Guayaquil?

Esto es un círculo que debemos romper, porque pasa por la inseguridad, (...) a través de un plan que puede ser modelo, para luego implementarlo en otros sectores que requieren una intervención integral, no solamente en seguridad, iluminación, atención de puntos críticos de basura, rehabilitar áreas verdes, sino también en una campaña permanente de concientización y de fortalecimiento a la ciudadanía a nivel de cultura, a nivel del manejo de sus costumbres, de sus hábitos y poder impulsar un comercio responsable.

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- El tránsito es un problema creciente en Guayaquil. ¿Cómo actuará?

Proponemos un diagnóstico técnico, que lo haremos durante los primeros seis meses de gestión, para ver cuáles son los distintos puntos críticos y de congestión donde se pierde más tiempo. Vamos a implementar tres niveles de intervención. (Primero) Sincronización de semáforos, reingeniería en señalización (...) Un segundo nivel, con solución de corredores, rehabilitación vial y posicionamiento de políticas de seguridad vial e intervención peatonal, transportación pública. Y un tercer nivel de solución de infraestructuras mayores. Tiene que venir de la mano con una depuración, una reestructuración de la Agencia de Tránsito Municipal.

- En su eventual administración, ¿mantendrá la idea de construir un aeropuerto en Daular, en la congestionada vía a la costa? ¿O cree, como el Gobierno central, que debe construirse un aeropuerto en Taura?

Eso tiene que responder nuevamente a un levantamiento técnico profesional que se haga sobre el tema.

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Carlos Isaac Pino

Retorno del Pleno a la urbe porteña

La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno Dávila, formalizó la invitación dirigida a autoridades y medios de comunicación para el evento cívico, cuya sede estará ubicada en la intersección de la avenida Lizardo García y la calle José Vélez, en el centro de la urbe porteña.

Esta visita del Parlamento marca su segundo traslado oficial al Puerto Principal durante el 2026. Apenas en julio pasado, los asambleístas instalaron una sesión similar en el campus de la Universidad Ecotec como parte de la conmemoración por los 491 años de fundación de Guayaquil, encuentro en el que entregaron reconocimientos a personalidades e instituciones.

Para esta nueva ocasión, la estructura del cronograma se enmarca exclusivamente en el aniversario de la gesta de 1820.

Horario y lugar