Lo que se sabe

• En el registro electoral pasivo se incluye a los ciudadanos que no han votado en cuatro elecciones consecutivas y, en ese periodo, no hayan realizado trámites en el CNE
• El trámite se realiza, de manera virtual o presencial, hasta el 24 de junio
• Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre de 2026

Cuando un ciudadano no sufraga en cuatro elecciones consecutivas y, durante ese tiempo, no realiza trámites en el Consejo Nacional Electoral (CNE), es incluido en el registro electoral pasivo.

Guayaquil

Fiorella Ycaza promociona obras de Aquiles Álvarez: ¿Es acertada su participación?

Juan Pablo Pérez Tomalá

El CNE informó, el 2 de abril de 2026, que se había incluido a 1’302.535 ciudadanos en ese listado para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Esos comicios, previstos para 2027, se adelantaron para el próximo 29 de noviembre de 2026.

Cómo se realiza el trámite del registro electoral pasivo

El CNE informó, en una publicación en su cuenta de la red social X, que quienes estén en este registro se pueden habilitar para votar, hasta el próximo 24 de junio.

Debe realizar los siguientes pasos:

Está previsto que el padrón electoral se publique el próximo 2 de julio.

Política

CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

Mónica Jara Chérrez

Dónde realizar el trámite presencial

Puede acudir a las delegaciones provinciales del CNE, que se encuentran en este listado. Si está fuera del país, vaya a uno de los consulados que están en este sitio web.

Política

El CNE recibió más de 300.000 solicitudes de cambio de domicilio: lo que sigue y fechas clave

Richard Josue Jimenez Mora

En el documento se argumenta que la apelación no procede debido a que el auto impugnado, dictado el 16 de abril de 2026, fue emitido en fase de ejecución de una sentencia ya ejecutoriada, por lo que corresponde continuar con su cumplimiento.

Política

CNE cambia reglas de candidaturas: así quedan los requisitos y la paridad

Rosero Mariela

La notificación de esta decisión fue emitida por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien además dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo informen en un plazo de dos días, de manera documentada, las acciones realizadas para registrar la vigencia de la sanción impuesta al burgomaestre, en el marco de sus competencias.

La sanción se remonta a 2023, cuando el TCE determinó una infracción electoral grave al no presentarse al debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, lo que derivó en la suspensión de sus derechos de participación política.

La respuesta de Pincay

Tras conocerse el fallo, el burgomaestre Javier Pincay Salvatierra se pronunció mediante una publicación en la red social Facebook, donde expresó:

“Queridos hermanos portovejenses: ante la reciente decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, queremos informarles que nuestro equipo jurídico se encuentra analizando de manera responsable el alcance de esta resolución y definirá los pasos legales a seguir”.

En el mismo mensaje agregó: “Vuelvo a hacer un llamado a la calma y agradezco las muestras de cariño y la confianza de los portovejenses, en este momento que debemos afrontar con serenidad y unidad”, y concluyó señalando: “Ratifico mi compromiso firme de seguir trabajando con más fuerza y con profundo amor por Portoviejo, priorizando siempre el bienestar de nuestra gente”.

En medio de esta situación, el nombre de Javier Pincay aparece como uno de los precandidatos para buscar la reelección y no se descarta que sea patrocinado por el partido político Avanza, con el que llegó a la concejalía y posteriormente a la alcaldía de Portoviejo.

Justicia

Corte Nacional autoriza extradición de alias Topo a Estados Unidos

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Política

CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

Mónica Jara Chérrez

En cuanto al requisito de pertenencia, los candidatos a dignidades deben haber residido en la jurisdicción en donde buscan convertirse en representantes, de forma ininterrumpida los dos años previos a la inscripción.

Ante un notario deben registrar cuánto tiempo han vivido en la jurisdicción. Además, los candidatos tienen que constar en el registro electoral de los más recientes comicios.

Antes de la reforma, el candidato debía haber nacido o vivido los dos últimos años previos a la inscripción, constar en el registro electoral  y otro requisito era haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral. Uno de los precandidatos a la alcaldía de Quito no cumplía con este punto.

Sobre la paridad

En Ecuador, la paridad no es opcional, es un requisito obligatorio, garantizado por la Constitución. En la más reciente reforma, el Consejo Nacional Electoral acordó frente a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026:

Quito

¿Juan Zapata a la Alcaldía de Quito? Esto dijo tras ser incluido en encuesta

Rosero Mariela

¿Qué ha ocurrido en otras elecciones con aspirantes?

En octubre del 2022, Inty Gronnenberg no pudo inscribirse como candidato a la Alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática porque no constaba en el registro electoral y no votó en las más recientes elecciones.

Asimismo, en 2022, el Tribunal Contencioso Electoral no inscribió la candidatura para concejala de Quito de Carina Vance, exministra de Salud. Eso debido a que la correísta no permaneció en la capital dos años, de forma ininterrumpida antes de los comicios. Ella alegó una causa de fuerza mayor: la pandemia provocada por la COVID-19.

Lo que debes saber

• Contralor Mauricio Torres restringe acceso a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos en Ecuador.
• Periodistas y ciudadanos deben entregar datos personales para consultar patrimonios, pese a fallo de la Corte Constitucional.
• Cambios limitan transparencia: se ocultan bienes, valores reales y posibles cuentas en el exterior.

Si algún funcionario público -léase presidente, asambleísta, ministro, viceministro, director de inteligencia o juez- se siente incómodo porque un periodista o ciudadano quiere ver si ha incrementado su patrimonio de forma anómala, ahora tiene un aliado incondicional: Mauricio Torres.

Lea también | Contraloría retrocede parcialmente en acceso a declaraciones de bienes, pero mantiene restricciones

Sí, el contralor decidió que quien quiera saber si un funcionario ha incrementado sospechosamente su patrimonio durante el ejercicio de su cargo se sienta vigilado, expuesto y, también, amenazado.

¿Con qué fin? Sencillo: la idea es que tenga miedo. Y aunque Torres ha dado marcha atrás en algunos puntos luego del escándalo que provocó su decisión, los funcionarios públicos que no quieren exponer su patrimonio siguen pudiendo confiar en él. 

El poder ubicará a quién mira sus declaraciones

Con el formulario que se exige ahora al periodista u observador ciudadano que quiera acceder a la declaración patrimonial, se podrá tener la dirección IP, es decir, la identidad del dispositivo desde el que hizo la consulta. Así, se podría tener su ubicación física.

Política

Acceso restringido a bienes de funcionarios genera alertas de opacidad para la libertad de prensa

Jonathan Palma

Torres también decidió que, en la declaración patrimonial, el funcionario no tenga que poner ni la ubicación geográfica de los bienes inmuebles que posee ni si tiene o no cuentas bancarias en el exterior, como, por ejemplo, en un paraíso fiscal.

Cambios en las declaraciones patrimoniales

Durante una entrevista con Lenin Artieda, en Ecuavisa, Marcelo Espinel, subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, lo puso en blanco y negro de esta forma: hay tres cambios en el sistema. 

Entre esos cambios dispuestos por el agencioso de Torres, está que tampoco se puede conocer si un funcionario público tiene dinero en otro país y, por ende, dónde lo tiene. Si lo tiene en paraísos fiscales, por ejemplo, puede estar tranquilo.

Política

Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque

Jonathan Palma

Si bien, a última hora, el contralor dio marcha atrás con el tema del sello de agua que estaba vigente, el valiente que decida pedir la declaración patrimonial -por ejemplo, del nuevo ministro de Energía- tiene que estar dispuesto a que se sepa exactamente dónde está o, al menos, de qué computador o dispositivo hizo el pedido. 

Y ojo: de esta manera no solo se vulnera el derecho a la información pública, sino también la protección de datos de los ciudadanos que quieren hacer escrutinio a los funcionarios.

Entonces, si un periodista quiere saber si los carros de altísima gama que el presidente Daniel Noboa ha exhibido últimamente en sus paseos por Olón -es decir, un Porsche, un Bentley y un ostentoso Mercedes-Benz- están en su declaración patrimonial, tiene que estar dispuesto a que su nombre y su ubicación sean conocidos por quienes controlan el poder.

Política

Un Ubicatex de urgencia para el contralor Mauricio Torres

Roberto Aguilar

¿Quién se va a atrever, bajo esas circunstancias, a acceder a la declaración patrimonial del presidente? Lo mismo podría decirse de otros funcionarios, como el presidente del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, a quien la última vez que alguien metió sus narices en su declaración patrimonial se le descubrió más de un millón de dólares acumulados desde que está en el cargo. 

En estas condiciones, ¿alguien se va a atrever a buscar la declaración patrimonial del jefe de la inteligencia política, Michele Sensi-Contugi, por ejemplo?

Torres ignora fallo de la Corte Constitucional

El mismo Marcelo Espinel puso otro ejemplo sobre la importancia del libre acceso a esa información durante la entrevista en Ecuavisa: el del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán (ahora preso), que, cuando su casa fue allanada, dejó ver que tenía lujos que no guardaban ninguna relación con lo que decía su declaración patrimonial: que su casa valía 40 mil dólares.

Ecuador

Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Roberto Aguilar

Pero quizá una de las cosas más escandalosas de la decisión de Torres es que, el 25 de abril de 2024, la Corte Constitucional ordenó a los organismos del Estado no poner ningún formulario para acceder a información de relevancia pública. La decisión de ese tribunal salió a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que varios organismos de la sociedad civil presentaron contra la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que daba 90 días de plazo para que las instituciones del Estado coloquen un formulario para que los interesados en información pública lo llenen.

El juez ponente de esa sentencia fue Enrique Herrería Bonnet, actual secretario jurídico de Carondelet. “Toda información debe encontrarse disponible en sus canales de información sin necesidad de un requisito previo”, decía la sentencia. 

Pues bien, el contralor Mauricio Torres se limpió con esa sentencia para proteger a sus amigos, los funcionarios a los que no les conviene que alguien indague si han sido honestos o no.

Política

Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso GRANASA

Flor Layedra Torres

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remarcó que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial. 

Además, la organización sostuvo que el gobierno central, varios gobiernos locales y distintas instancias del Estado han contribuido, por acción u omisión, a profundizar la vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas.

Se hacen pasar por medios y periodistas

En un comunicado difundido este miércoles 22 de abril de 2026, Fundamedios alertó que esta situación se agrava por el uso masivo de campañas de desinformación, difamación y hostigamiento dirigidas contra periodistas, medios y organizaciones independientes. 

Según la organización, "se trata de operaciones orientadas a erosionar reputaciones, contaminar el debate público y debilitar a quienes ejercen vigilancia democrática".

En el comunicado se precisa que estas campañas suelen ser amplificadas por actores que se presentan como comunicadores, influencers o incluso periodistas de investigación. Su actuación responde a intereses ajenos a los estándares del periodismo y a prácticas que, señala, deben ser objeto de escrutinio público e institucional.

Política

La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

Carlos Isaac Pino

La precarización del trabajo

Fundamedios también pide poner atención a la precariedad laboral del sector. Indicó que la inestabilidad, los bajos ingresos y la falta de protección social, especialmente en provincias, reflejan el debilitamiento económico de los medios y agravan las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Ecuador.

Fundamedios difundió sus líneas rojas

Según la organización, no respaldarán a personas o portales que, bajo el argumento de la libertad de expresión o el ejercicio periodístico:

Las claves del caso

• La Asamblea Nacional votará este viernes 24 de abril si levanta la inmunidad a la asambleísta Diana Jácome.
• Jácome enfrenta una denuncia por calumnia de Juan Andrés González (RC) tras polémicas declaraciones en el Pleno.
• Se requieren 101 votos para procesar a la legisladora, pero la mayoría oficialista impediría alcanzar la cifra.

La Asamblea Nacional de Ecuador sesionará este viernes 24 de abril de 2026 para definir el futuro legal de la asambleísta de ADN, Diana Jácome. El Pleno votará el posible levantamiento de la inmunidad parlamentaria tras una denuncia por calumnia presentada por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González. El proceso requiere una mayoría calificada, mientras el oficialismo busca blindar a su integrante ante la Corte Nacional de Justicia.

Política

"Parásito del Estado": La dura acusación de Diana Jácome contra el asambleísta Juan González

Richard Josue Jimenez Mora

Los detalles de la Sesión 88 del Pleno

La convocatoria oficial, liderada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, establece como único punto del orden del día el tratamiento del pedido de la Corte Nacional de Justicia. La solicitud, remitida originalmente el 30 de marzo por la secretaria Rosa Japón Lozano, llega al Pleno casi un mes después de su recepción.

Para que la justicia pueda procesar penalmente a la legisladora, el organismo requiere:

El origen del conflicto entre ADN y la Revolución Ciudadana

La disputa legal nació de declaraciones cruzadas en el Legislativo. Juan Andrés González fundamenta su denuncia en frases de Jácome donde sugería a la bancada correísta "usar una buena pijama", interpretado como una alusión a futuros allanamientos.

Política

Pleno allana el camino para reformas que permitan la reversión de competencia a los GAD

Daniel Alejandro Romero Páez

Por su parte, la asambleísta oficialista ha calificado al denunciante como un "parásito del Estado", señalando presuntas irregularidades en el cobro de viáticos de residencia mientras se encontraba en una gira por España.

Lo que debes saber

• Chiluiza, Echaiz y Caicedo expusieron sus planes ante el CPCCS este 22 de abril para presidir la Judicatura.
• El Pleno del CPCCS elegirá al nuevo presidente de la Judicatura y su suplente hasta el viernes 24 de abril.
• Los nuevos vocales priorizarán la independencia judicial, lucha anticorrupción y modernización tecnológica del sistema.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió las propuestas de trabajo de los postulantes a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo detallaron sus ejes de gestión para el periodo 2026, enfocándose en la independencia judicial, la modernización tecnológica y la lucha contra la corrupción. Tras las audiencias, el organismo cuenta con un plazo de dos días para designar a los nuevos vocales principal y suplente que liderarán la Función Judicial. La designación podría ser el viernes 24 de abril de 2026.

Justicia

Judicatura pide celeridad al CPCCS para designar a vocales tras la renuncia de Alexandra Villacís

Richard Josue Jimenez Mora

Los ejes de trabajo de los candidatos a la Judicatura

Durante la audiencia pública iniciada al mediodía de este miércoles 22 de abril de 2026, los tres candidatos presentaron sus estrategias para transformar el sistema de justicia.

¿Cuándo será la designación del nuevo presidente?

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó que, según el artículo 29 del reglamento vigente, el Pleno tiene un margen de 48 horas para emitir una resolución motivada.

Los consejeros evaluarán la calidad y sustento de los planes presentados, así como el criterio de especialidad de cada perfil. Se prevé que la designación oficial se realice el viernes 24 de abril de 2026. Una vez elegidos, los nombres serán remitidos a la Asamblea Nacional para la posesión formal de los cargos.

Justicia

Veedor denuncia amenazas del comisionado que calificará a José De La Gasca para fiscal general

Richard Josue Jimenez Mora

Detalles clave del proceso de selección:

Este 22 de abril de 2026, con 79 votos a favor, se aprobó el informe redactado por la Comisión de Fiscalización. Esa mesa legislativa está bajo control de ADN y, en el documento, hay dos recomendaciones polémicas sobre las cuales ahora los legisladores podrán presentar iniciativas para un proyecto de ley reformatorio.

Política

Intervenir en los GAD con reformas al COOTAD enciende las alertas en la Asamblea Nacional

Daniel Alejandro Romero Páez

Las polémicas reformas que incluyó el informe

En relación con la normativa sobre el tránsito, el informe sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

NO TE PIERDAS | ADN evita una postura sobre restricción al acceso a información en nuevo sistema de Contraloría

En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Si bien el informe recoge estas recomendaciones, no se especificó la delegación de dichas modificaciones legales a alguna de las comisiones de la Asamblea. 

En ese contexto, el aliado de ADN y ex Pachakutik, José Luis Nango, presentó una moción de resolución en la que se establece que las iniciativas de reformas quedarán en manos de los asambleístas.

El documento aprobado en el Pleno señala: “Disponer a la Secretaría General la difusión del contenido de la presente resolución e informe a las y señores asambleístas, a fin de que, de considerarlo pertinente, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, acojan y presenten las respectivas iniciativas legislativas que viabilicen las recomendaciones específicas respecto a las reformas normativas necesarias y urgentes”.

¿Qué pasó en el Pleno?

Durante el debate sobre el informe, los integrantes de la Comisión de Fiscalización que pertenecen a ADN defendieron su contenido. La vicepresidenta de esa mesa, Ana Belén Tapia, dijo que la fiscalización no solo evidenciaba irregularidades administrativas, sino también una amenaza a la seguridad nacional.

Asimismo, Nango insistió en que uno de los factores que incidió en la actual realidad sobre la gestión del tránsito por parte de los GAD es el modelo descentralizado, que otorgó la facultad a municipios sin una capacidad real para cumplir con esa competencia.

Recordó la intervención del Ejecutivo en las agencias municipales de Durán y Manta. Respecto a la primera, señaló que, pese a tener capacidad para la revisión de 60 automotores diarios, se registraba una atención de hasta 300 al día, lo cual no evidenciaba una gestión eficiente, sino más bien irregular en el otorgamiento de permisos.

Desde el correísmo, el asambleísta Xavier Lasso puso reparos al informe de la Comisión de Fiscalización. “Este informe tiene un tufillo politiquero”, señaló, en referencia a que, desde su perspectiva, el documento se enmarcaba en los intentos del oficialismo por perseguir a los GAD y al modelo descentralizado.

“El informe no aborda a profundidad los problemas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), intervenida el 30 de enero como parte de la operación Jaque”, recordó Lasso. También agregó que el Gobierno no mantiene el control en las cárceles y, aun así, pretende hacerse cargo del tránsito.

Lo que debes saber

• El conflicto con GRANASA se remonta a mediados de 2025, tras acusaciones de presunto fraude tributario y lavado de activos basadas.
• Posteriormente, la SuperCías alegó falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre Veranera e Ingrid Martínez.
• El 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos López Vulgarin por presunto prevaricato en una acción de protección. 

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) publicó, en su cuenta institucional de X, un comunicado en el que expresa su preocupación frente a los criterios expuesto por la Superintendencia de Compañías en relación con los procesos de intervención societaria. Esta postura del gremio se da en el contexto de la intervención estatal en la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). La casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA permanece intervenida desde el 18 de febrero de 2026. 

Política

Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso GRANASA

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: RC advierte sanciones tras elección del nuevo viceprefecto del Guayas

Origen de la intervención y designación de interventora

La medida se ejecutó tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dirigida por Luis Cabezas-Klaere.

La intervención se adoptó debido a que la empresa no entregó información solicitada por Inmobiliar. Además, GRANASA ha denunciado un intento de control estatal sobre el 40 % de sus acciones mediante un liquidador designado por la Superintendencia de Compañías.

En ese contexto, el 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos Cristóbal López Vulgarín por presunto prevaricato en una acción de protección. La empresa sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional.

Advertencias sobre interpretación de la ley

Frente a estos hechos, la CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

El gremio también advirtió que “una intervención no puede convertirse en un mecanismo para redefinir estructuras accionarias ni para incidir en el control de las compañías”. Añadió que hacerlo “no solo vulnera la finalidad de la Ley de Compañías, sino que compromete la imparcialidad institucional y abre la puerta a posibles desviaciones de poder”.

Justicia

GRANASA denuncia por prevaricato a juez de Flagrancia Carlos López Vulgarin

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

LE SUGERIMOS LEER: Sin tratamientos agotados, la eutanasia divide posturas

Pedido de apego a la Constitución y la ley

En esa línea, la CIP subrayó que el sector productivo advierte con claridad que “la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada son fundamentales para el desarrollo del Ecuador”. Además, María-Paz Jervis, presidenta ejecutiva del gremio, afirmó que “siempre bajo principios, defendemos la libertad de expresión, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada como pilares de la democracia”.

Ante este escenario, la Cámara de Industrias y Producción pidió que “la autoridad de control se ajuste estrictamente a la Constitución y a la ley”. Sostuvo que de esa forma se garantizará un entorno de certeza, neutralidad y respeto a la iniciativa privada.

Lo que debes saber

• La inseguridad en Guayaquil empuja a barrios a instalar rejas, pero hay casos en los que los trámites municipales siguen siendo un obstáculo para concretarlas.
  
• Ordenanza está vigente desde enero de 2024, y regula la Ocupación del Espacio o Vía Pública mediante la Instalación de Elementos de Seguridad, que ha permitido intervenir en 6.872 predios, agrupados en 488 elementos de seguridad.

Guayaquil enfrenta una creciente ola delictiva que ha llevado a barrios y ciudadelas a buscar medidas propias de seguridad, como la instalación de puertas, portones y rejas. Sin embargo, este proceso depende de la aprobación del Municipio, lo que ha generado retrasos y dificultades para los ciudadanos.

De acuerdo con datos oficiales, la Ordenanza que regula la ocupación del espacio público ha permitido intervenir en 6.872 predios, agrupados en 488 elementos de seguridad. Esta normativa establece los requisitos para que comunidades puedan cerrar accesos y reforzar su protección.

Guayaquil

Municipio plantea que PARQUES EP recaude ingresos de parqueaderos en Samanes

Juan Ponce Merchán

No obstante, el propio Municipio de Guayaquil reconoce que existen trabas en el proceso. Uno de los principales problemas ocurre al momento de ingresar la solicitud, cuando los formularios no se completan correctamente, lo que frena el avance del trámite.

Problemas en el trámite municipal

El Municipio identificó dos puntos críticos que afectan la agilidad del proceso. El primero está relacionado con errores en la documentación inicial. 

En estos casos, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas municipales ubicadas en las calles República de Guayaquil y Pichincha, donde reciben asesoría.

El segundo obstáculo surge cuando se requiere corregir documentos. Actualmente, 19 trámites están detenidos, en su mayoría porque los solicitantes no están al día en el pago del impuesto predial, un requisito indispensable para avanzar.

Trámite en línea desde 2025

Desde el 1 de octubre de 2025, el proceso se realiza completamente en línea a través del portal municipal. En la sección “Servicios en línea” se habilitan tres opciones: pago de tasa, solicitud de permiso y seguimiento.

La entidad precisó que la plataforma digital funciona con normalidad y que cuenta con monitoreo de la "Dirección de Tecnologías de la Información; sin embargo, los requisitos deben ser completados en su totalidad por los usuarios".

Lo que debes saber de esta historia

• La Contraloría eliminó la marca de agua y restituyó parte del desglose patrimonial, pero mantiene restricciones en el acceso a las declaraciones.
  
• Aún no se puede conocer el año de las declaraciones ni las fechas de ingreso o salida de los funcionarios, y tampoco está habilitada la descarga de los documentos en PDF.
• Activistas cuestionan la exigencia de datos personales para acceder a la información y citan un fallo de la Corte Constitucional del Ecuador que considera inconstitucional este requisito.

La Contraloría General del Estado dio marcha atrás en parte de los cambios implementados en su portal de consultas de declaraciones juramentadas de bienes de servidores públicos. Sin embargo, el acceso a la información sigue siendo limitado. Y esto preocupa a la sociedad civil.

(Le puede interesar: Contraloría reabre su portal de consultas de bienes, pero oculta detalles de funcionarios públicos)

Tras los cuestionamientos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de la Comisión Nacional Anticorrupción, Fundamedios, activistas y periodistas, la institución eliminó la marca de agua que dificultaba la lectura de los documentos. Además, volvió a habilitar el desglose de activos y otras cuentas dentro de las declaraciones, un elemento que había sido suprimido cuando el sistema fue reactivado el pasado 20 de abril.

Política

Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque

Jonathan Palma

Persisten vacíos en la información pública

Pese a estos ajustes, persisten vacíos. En los documentos aún no consta información clave como el año al que corresponde cada declaración ni las fechas de inicio y salida de los funcionarios en sus cargos públicos. Tampoco se ha restituido la opción para descargar los archivos en formato PDF, lo que dificulta la revisión detallada de la información.

Otro punto que continúa generando cuestionamientos es la exigencia de registrar datos personales para acceder a las declaraciones. Este requisito, que no existía previamente, ha sido criticado por activistas, quienes advierten que podría vulnerar el derecho al acceso a la información pública.

Política

Acceso restringido a bienes de funcionarios genera alertas de opacidad para la libertad de prensa

Jonathan Palma

Cambios que van contra sentencia de Corte Constitucional

En ese contexto, citan un pronunciamiento de la Corte Constitucional, de 2024, que declaró inconstitucional la exigencia de datos personales como condición para entregar información pública. Según el dictamen, este tipo de requisito contraviene el derecho de acceso a la información, incluso cuando se argumenta que busca prevenir un supuesto “mal uso”, ya que se trata de datos que, por mandato legal, deben ser públicos y de fácil acceso.

Los cambios parciales se producen luego de que el portal permaneciera fuera de servicio durante varios días por un supuesto “ataque” informático que, hasta la fecha, la Contraloría no ha querido detallar ante los pedidos de información y entrevista de Diario EXPRESO: qué tipo de incidente, los correctivos, si presentó la denuncia en la Fiscalía, etc.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira asumió la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana (RC) el 18 de enero de 2026.
• Desde el 6 de marzo de 2026, la organización permanece suspendida por nueve meses por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
• En 2023, la RC ganó electoralmente la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, entre otras dignidades.

En mayo, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) anunciará con qué organización política participará en los comicios seccionales. Según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el domingo 29 de noviembre los ecuatorianos volverán a las urnas.

Política

RC advierte sanciones tras elección del nuevo viceprefecto del Guayas

Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso GRANASA

Definición de alianzas electorales

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, indicó que la organización constará en las papeletas electorales. No obstante, precisó que el 4 de mayo revelarán con qué tiendas políticas competirán, un día después del cierre de inscripciones en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

“El 3 de mayo se cierra definitivamente el padrón de organizaciones políticas y el 4 sabremos cuáles participarán en el próximo proceso electoral”, señaló. Agregó que en esa fecha también anunciarán la o las organizaciones políticas con las que concurrirán a los comicios.

Pacto social y construcción de alianzas

La dirigente explicó que la decisión responde al temor de eventuales suspensiones a las organizaciones aliadas. “Corremos el riesgo de que las suspendan, como ha ocurrido en las últimas semanas con varios partidos políticos”, afirmó.

Rivadeneira sostuvo que actualmente se gestan alianzas desde los territorios. Además, indicó que la RC impulsa un nuevo pacto social y político que agrupe a organizaciones políticas y sociales, aunque dijo que la participación de sectores de derecha se anunciará oportunamente.

Sin embargo, enfatizó que el movimiento tiene como objetivo recuperar el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Añadió que, posteriormente, anunciarán a los candidatos que postularán para esos cargos.

Política

Rivadeneira no descarta asilo en México para Luisa González

Flor Layedra Torres

LEA TAMBIÉN: ¿Paciente, médico o Estado? El peso de decidir sobre el dolor

Acercamiento a la OEA

Por otro lado, adelantó que la próxima semana representantes de la Revolución Ciudadana se reunirán con la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ese encuentro expondrán la situación política del país, la suspensión de la RC y una supuesta “ruptura democrática”, con el objetivo de obtener un pronunciamiento del organismo.

Suspensión del movimiento

La Revolución Ciudadana fue suspendida por nueve meses por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La medida consta en el auto de admisión de la causa N.º 029-2026-TCE, emitido el 6 de marzo de 2026 por el juez electoral Joaquín Viteri.

El documento establece que la decisión se enmarca en un trámite iniciado tras una comunicación del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón. Según el expediente, la Fiscalía informó sobre una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos que involucraría al movimiento, sus directivos y otros ciudadanos, en el caso denominado Caja Chica.

Los puntos claves

• La elección del nuevo viceprefecto del Guayas abrió un nuevo frente político en la provincia, con cuestionamientos al rol de ADN.
• La Revolución Ciudadana advirtió que sancionará a alcaldes y delegados que no se alineen con su postura en este tipo de decisiones.
• Rafael Correa arremete contra Marcela Aguiñaga y la acusa de entregar la Prefectura del Guayas al Gobierno de Noboa
  

La elección del nuevo viceprefecto del Guayas abrió un nuevo frente político en la provincia y dejó en evidencia las tensiones dentro de la Revolución Ciudadana (RC). En ese escenario, la concejal de Guayaquil, Blanca López, se sumó al pronunciamiento del movimiento con una postura sobre lo ocurrido, y que se suma a las emitidas durante este día por el expresidente Rafael Correa y otros militantes del movimiento.

“La coherencia y principios no se negocian ni se alinean a coyunturas, se defienden siempre”, escribió López, en medio del debate que se instaló tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto.

El origen del conflicto

El Consejo Provincial del Guayas eligió por unanimidad a Encalada para ocupar la Viceprefectura, luego de la renuncia de Carlos Serrano el pasado 10 de abril, como lo publicó EXPRESO. El movimiento correísta cuestiona ese resultado porque considera que ese espacio forma parte de la representación política que obtuvo en las urnas.

(Lo invitamos a leer: Con la renuncia de Marcela Aguiñaga: ¿está en riesgo la mancomunidad por el rescate del río Guayas?) 

López también se refirió a ese punto: sostuvo que la Prefectura del Guayas fue ganada por la Revolución Ciudadana con su estructura política y militancia, y que lo ocurrido implica ceder ese control a otra fuerza, en referencia a Acción Democrática Nacional (ADN).

Política

Aguiñaga descarta responder a Correa y prioriza la transición en la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

"La Prefectura la obtuvo la Revolución Ciudadana con un trabajo impulsado por la militancia y cuadros políticos que lideraron la contienda electoral. Que hoy se entregue a ADN es un atropello a la voluntad popular. Hoy acompañamos a Gabriela Rivadeneira, quien fue muy clara: quienes se presten, no tendrán cabida en nuestro movimiento", señaló. 

El tema se trató públicamente en una rueda de prensa realizada en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000. Allí estuvo Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, junto a concejales de Guayaquil, entre ellos Blanca López, Fabián Espíndola y Emily Vera.

(Le puede interesar leer: Prefectura extiende las concesiones viales en Guayas hasta 2054 por millonaria deuda) 

Rivadeneira habló de posibles sanciones para autoridades vinculadas al movimiento —alcaldes y delegados de GAD— que no se mantengan dentro de la línea política en este tipo de decisiones. También mencionó que este episodio permitirá ver quiénes siguen dentro del proyecto y quiénes no, antes de las elecciones de 2026.

“No tendrán cabida”

En ese mismo espacio, se planteó que quienes se aparten del movimiento en votaciones como esta enfrentarán consecuencias internas. López respaldó esa posición y acompañó a Rivadeneira en el mensaje político que se dio desde Guayaquil.

Crisis en Guayas: Correa acusa entrega política de la Prefectura a Noboa

El expresidente Rafael Correa lanzó críticas contra la prefecta Marcela Aguiñaga en medio de la crisis institucional en la Prefectura del Guayas. Según su postura, la salida de las autoridades provinciales no responde únicamente a decisiones personales, sino a un contexto político marcado por presiones externas y disputas de poder.

Correa acusó directamente a Aguiñaga de haber “entregado” la Prefectura al gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que calificó como un atropello político. Desde su visión, este proceso refleja una estrategia para que el Ejecutivo tome control de la institución provincial, debilitando la autonomía local y el resultado electoral.

Política

Correa arremete contra Aguiñaga y la acusa de entregar la Prefectura del Guayas al Gobierno de Noboa

Carlos Isaac Pino

El exmandatario también insistió en que tanto Aguiñaga como el viceprefecto Carlos Serrano habrían sido objeto de amenazas o persecución, lo que habría influido en sus decisiones de dejar sus cargos. A su criterio, estas acciones forman parte de un escenario más amplio que afecta la estabilidad democrática en el país.

La controversia se produce en un momento de incertidumbre en la Prefectura del Guayas, tras la renuncia de sus principales autoridades y sin claridad inmediata sobre la sucesión. Este contexto ha intensificado el enfrentamiento político entre el correísmo y el gobierno actual, elevando la tensión en el escenario nacional.

Lo que debes saber

• A partir de abril 2026, el Concejo Cantonal de Guayaquil actualizó la tasa de pernoctación, estableciendo un cobro de $ 1,00 por noche y habitación en alojamientos de plataformas digitales (tipo Airbnb).
  
• La directora municipal defiende la actualización y asegura que su manejo ha sido correcto. 

El Municipio de Guayaquil defiende la actualización de la tasa de pernoctación y asegura que su manejo ha sido correcto, pese a las críticas por falta de socialización. Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos, sostiene que los recursos se reinvierten en promoción turística y destaca cifras históricas en la hotelería, impulsadas principalmente por el turismo de negocios.

P: El Concejo aprobó la reforma a la tasa de pernoctación, pero hubo críticas, incluidas en el mismo Municipio, como falta de socialización y hasta se habló de un fideicomiso. ¿Qué nos puede comentar frente a esto?

Bueno, se ha hecho todo como se debe de hacer, no estamos haciendo una nueva tasa, es una actualización de la tasa de pernoctación, haciendo una socialización correcta con el sector que es agente recaudador, que en este caso es Ahotegu, la Asociación de Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, y se incluyó a los Airbnb, que son los hospedajes temporales, donde se llamó a su presidente y estuvo de acuerdo con que se regularice.

Guayaquil

La tasa de pernoctación crece y despierta críticas en Guayaquil

Juan Ponce Merchán

P: Ellos pagan 1 dólar.

Pagan 1 dólar, igual que los hoteles tres estrellas. El que paga esta tasa es el turista; el hotel recauda y le paga al Municipio, que lo reinvierte en actividades que llenen nuevamente los hoteles. Se ha hecho un correcto manejo de esta tasa. Hoy tenemos una gran relación con la Ahotegu, que nos deberían pedir mes a mes resultados, que hacen los pagos de esa tasa.

P: ¿Pero cómo garantizar que vaya a la promoción de la ciudad, el fin de la tasa?

El sector sabe que nos da más resultado en gasto turístico a la ciudad, el turismo no se encierra solamente en hoteles... Nos ha ido bastante bien impulsando el turismo de negocios, que es el turismo número uno de Guayaquil, no el único, pero sí el que más genera a la ciudad en cuanto a entradas de gasto turístico. Para quienes vayan a leer, entiendan: congresos médicos, ferias de autos, de construcción; todas esas ferias que reúnen 3 a 4 días nos generan un importante ingreso turístico.

P: ¿Y esto está separado del presupuesto de la dirección?

Está separado totalmente, el alcalde fue muy enfático en respetar la tasa de pernoctación para lo que fue concebida.

P: Esto se batalla con la inseguridad. ¿Cómo tener esa fuerza más allá de los congresos?

Bueno, yo le podría decir: de este trimestre tenemos cifras históricas en la hotelería de Guayaquil. Tengo un cuadro bastante extenso de lo que ha representado las noches ocupadas en la ciudad (entrega unas hojas de cifras). Aquí las matemáticas no mienten, aquí puede venir cualquier persona a decir que se reinvierte mal, que no se socializó, pero las matemáticas no mienten. Guayaquil es una ciudad atractiva para el turismo, digan lo que digan, lo que quieran decir, esto no miente. Más allá de lo que pueda existir, esto es importante para seguir trabajando e invertir en promocionar correctamente la ciudad. La seguridad no es nuestra competencia, pero sí nuestra incumbencia; sí precautelamos la seguridad cada vez que nos presentan un plan para un congreso.

P: ¿En la dirección que representa hoy hay algún proceso suspendido en el Sercop?

Hasta el momento no tengo nada suspendido, estamos levantando procesos, se revisa todo tan bien para que no exista un pero en el Sercop y, si existe, poderlo responder inmediatamente.

Guayaquil

Municipio de Guayaquil destina hasta medio millón de dólares para fiestas julianas

Juan Ponce Merchán

P: Hablemos de las fiestas julianas. ¿Cuál será la inversión para este 2026?

No rebasamos la cifra que invertimos. Tenemos un techo, no más de 500.000 dólares, nos unimos mucho con la empresa privada, que nos permite respetar esos valores. Hacemos alianzas importantes para que nos permitan tener más actividades en la ciudad sin tener que gastar más.

Lo que debes saber

• La Asamblea aprobó una reforma que incorpora la materia de salud mental “Psicoeducación” en la malla curricular escolar.
• La medida busca atender problemas como depresión, ansiedad y violencia en estudiantes mediante prevención y educación emocional.
• La normativa también establece programas de capacitación docente y detección temprana de riesgos en salud mental en las aulas.

Durante años, la salud mental ha sido un tema que se menciona más en emergencias que en aulas. En Ecuador, esa realidad empieza a moverse (al menos en el papel) tras una decisión reciente de la Asamblea Nacional.

Te invitamos a leer | Daddy issues: qué son y cómo afectan las relaciones, según la psicología

Este 22 de abril, el Pleno aprobó una reforma que incorpora la formación en salud mental dentro del sistema educativo. La medida no llega sola: se enmarca en un paquete de cambios que busca que el Estado asuma un rol más activo en la prevención y atención psicosocial de niñas, niños y adolescentes.

Pódcast

Procrastinación: qué hay detrás de postergar tareas, según la psicología

Génesis Parrales

La votación fue amplia: 145 legisladores respaldaron la propuesta, con apoyo de diversas bancadas políticas, en una jornada donde el consenso fue el eje dominante.

¿Qué es exactamente lo que aprobó la Asamblea?

Más allá del titular, la decisión legislativa crea la Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes.

El enfoque es claro en el texto aprobado: prevenir antes que reaccionar. La norma busca integrar salud, educación y gobiernos locales para atender lo que se describe como una crisis creciente de salud mental en la población estudiantil.

Depresión, ansiedad, conductas suicidas, violencia y abandono escolar son algunos de los fenómenos que el propio informe legislativo identifica como parte del contexto actual.

“Psicoeducación”: la nueva materia que entra a la malla curricular

Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación obligatoria de una asignatura llamada “Psicoeducación” en todas las instituciones educativas del país.

No es un cambio menor. Esta materia se integraría a la malla curricular con el objetivo de trabajar habilidades emocionales, convivencia, resiliencia y detección temprana de riesgos en salud mental.

En otras palabras: no solo aprender matemáticas o lenguaje, sino también cómo identificar lo que pasa emocionalmente dentro y fuera del aula.

Un tema urgente en un sistema con brechas visibles

La discusión no ocurre en un vacío. Especialistas y documentos oficiales han advertido que la atención en salud mental en el país ha sido limitada, especialmente en edades escolares.

En ese contexto, la incorporación de una materia específica abre un nuevo escenario: el reto ya no es solo reconocer el problema, sino trasladarlo al aula de forma efectiva.

Pódcast

FOMO: por qué sientes que te pierdes todo y cómo dejar de sentirlo

Génesis Parrales

Implementación, retos y lo que viene

Aunque la reforma ya fue aprobada, su aplicación dependerá de ajustes en la malla curricular, capacitación docente y articulación institucional.

En paralelo, estudiantes de últimos semestres de Psicología podrían participar en programas de prevención, bajo supervisión profesional, como parte de su formación.

Lo que debes saber

• El acoso a GRANASA comenzó a mediados de 2025, tras acusaciones de supuesto fraude tributario y lavado de activos basadas en un informe del Servicio de Rentas Internas. Los señalamientos se sustentaron en diferencias presuntivas en el impuesto a la renta de 2023 de tres distribuidores vinculadas a su facturación con la compañía.
• Luego, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros alegó una supuesta falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre Veranera S.A. (en liquidación) e Ingrid Martínez Leisker. Con ello, busca revertir la operación para que ese paquete quede bajo control de Carlos Cadena, liquidador designado por la entidad.
• GRANASA denunció el 21 de abril, en Guayaquil, al juez López Vulgarín por presunto prevaricato en una acción de protección. La empresa sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional.

El caso GRANASA ha escalado a escenarios internacionales y ha captado la atención de la prensa global. Bloomberg publicó el miércoles 22 de abril de 2026 un reportaje en el que advierte sobre un creciente temor en Ecuador por un posible retroceso en las libertades civiles.

Justicia

Caso GRANASA explicado: cronología del intento de toma de las acciones de la empresa

Richard Josue Jimenez Mora

Advertencias sobre concentración de poder

LE PODRÍA INTERESAR: RC advierte sanciones tras elección del nuevo viceprefecto del Guayas

La nota inicia con el impacto que generó en la ciudadanía que, el domingo 12 de abril de 2026, las portadas de EXPRESO y EXTRA circularan en blanco. “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco, sin noticias, sin preguntas, sin verdades; no va a pasar, solo la verdad nos mueve”, se leía al final de la página de EXPRESO.

Para Bloomberg, "el presidente Daniel Noboa, alineado con Estados Unidos", estaría consolidando el poder de formas que generan creciente inquietud en la sociedad civil. “Una semana son los partidos políticos, la siguiente los tribunales y ahora los medios”, señala el reportaje.

El reportaje menciona que funcionarios del Gobierno estarían utilizando entidades como el Servicio de Rentas Internas, la Fiscalía, el regulador de compañías y la unidad antilavado para perseguir voces críticas. Así afirmó Gabriela Panchana a Bloomberg, quien advirtió que estas acciones impedirían poner bajo escrutinio los problemas reales del país.

Ecuador

Carmigniani en CNN: “Intentan tomarse los medios por la vía de la propiedad”

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Rivadeneira no descarta asilo en México para Luisa González

Preocupación del sector empresarial

Panchana, integrante de la organización Rumbo Plural que promueve el debate democrático abierto, alertó sobre el rumbo institucional. “Podríamos despertar como otra Nicaragua”, sostuvo.

Además, el reportaje recoge la preocupación de líderes empresariales por una posible erosión del Estado de derecho, tomando como referencia el caso Granasa. Entre las voces consultadas figura Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura del centro-norte del Ecuador.

Libertad de expresión en el centro del debate

Para el dirigente, la libertad de expresión y de los medios es innegociable. “Ningún Gobierno puede silenciar voces, menos aún si son críticas”, sostuvo.

“Lo ocurrido con GRANASA constituye otro capítulo de la debilidad democrática ecuatoriana, con impactos tanto en la libertad empresarial como en la libertad de expresión”, manifestó María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha. También, advirtió que estas situaciones amenazan el Estado de derecho y la propiedad privada.

“Sin democracia no hay desarrollo económico ni crecimiento”, sostuvo la dirigente. Con ello, remarcó la relación directa entre estabilidad institucional y confianza para la inversión.

Ecuador

Martha Ramos: “Atacar las finanzas de los medios es la mayor amenaza al periodismo”

Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: Fundamedios y Fundación Periodistas Sin Cadenas rechazan la intervención a GRANASA

Evaluación internacional del sistema democrático

Por otro lado, John Polga-Hecimovich, profesor de ciencia política en la Academia Naval de Estados Unidos, sostiene que “ha habido un retroceso democrático desde hace tiempo, y Daniel Noboa y sus aliados podrían estar llevándolo incluso un paso más allá que Rafael Correa”. El reportaje menciona que, desde que Noboa asumió el cargo a finales de 2023, Ecuador pasó de “libre” a “parcialmente libre” en las clasificaciones anuales de Freedom House, ubicándose por debajo de Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, aunque aún por encima de El Salvador y México, según el ranking 2026 publicado el mes pasado.

Asimismo, el reportaje señala que Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ha advertido de forma reiterada sobre la independencia de jueces y abogados y los riesgos para el sistema judicial ecuatoriano. En su Informe Mundial 2026, publicado en febrero, ‘Human Rights Watch’ sostuvo que la administración de Daniel Noboa “ha impulsado leyes y medidas que ponen en peligro los derechos, socavan la independencia y seguridad de los jueces de la Corte Constitucional y amenazan las garantías constitucionales”.

Correa arremete contra Aguiñaga 

• Correa denuncia que el nuevo viceprefecto responde a la administración nacional.
• El líder político amenaza con separar a las autoridades correístas que apoyaron la terna.
• Se atribuye la renuncia a presuntas intimidaciones por contratos viales de la entidad.

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, emitió un ultimátum político y administrativo tras la designación unánime de Carlos Encalada como nuevo viceprefecto del Guayas. El exmandatario rechazó el procedimiento ejecutado en el Consejo Provincial y calificó el proceso de transición como una cesión institucional de la administración local hacia el Ejecutivo central.

Política

Aguiñaga descarta responder a Correa y prioriza la transición en la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

Acusaciones de presión y cesión institucional

Las declaraciones surgen horas después de que Marcela Aguiñaga, en el auditorio provincial, descartara responder a los cuestionamientos previos del líder de la Revolución Ciudadana (RC5). A través de sus plataformas digitales, Correa argumentó que la renuncia y posterior cabildeo de la funcionaria saliente responderían a presiones contractuales por la concesión de la red vial a Conorte y Concegua hasta 2054, marcando una ruptura pública en la cúpula de la organización política.

Correa expuso una teoría que vincula la renuncia de la actual prefecta con un presunto escenario de coacción ejecutado desde el Gobierno Nacional. Según el exmandatario, el mecanismo de presión se centraría en auditorías o acciones legales derivadas de la concesión vial otorgada a la compañía Hidalgo & Hidalgo.

Ecuador

Prefectura extiende las concesiones viales en Guayas hasta 2054 por millonaria deuda

Carlos Isaac Pino

No obstante, Correa desestimó este argumento, recordando que dicha concesión fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Bajo esta premisa, catalogó el traspaso de mando como un acto injustificable, afirmando que la Prefectura fue entregada a la administración de Daniel Noboa. En su pronunciamiento, definió a Carlos Encalada como un "alfil" del oficialismo y calificó la transición como un fraude que perjudica a la provincia.

Ultimátum a los consejeros provinciales

El conflicto trasciende la figura de Aguiñaga y abarca al bloque de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales afines a la Revolución Ciudadana. Dado que el Consejo Provincial respaldó de forma unánime la candidatura de Encalada —incluyendo los votos de las autoridades de la RC5—, Correa lanzó una advertencia directa sobre el futuro partidista de los delegados.

El exmandatario exigió la expulsión inmediata de cualquier autoridad de su bancada que haya avalado la designación con su voto, argumentando que no se permitirá la permanencia de perfiles que cedan ante presiones del poder central. "Ni un solo voto a los que se prestaron a este atraco. Seremos menos, pero seremos más", sentenció a través de su cuenta de X, anticipando una depuración en las filas de la organización territorial en Guayas.

Lo que debes saber

• Asamblea Nacional aprobó la Ley de Salud Mental para niños y adolescentes, con el respaldo de ADN y Revolución Ciudadana.
• La norma incluye la psicoeducación como materia obligatoria y surge en medio de cifras alarmantes.
• Se incluye la obligación del diseño de un plan nacional de formación continua y articulada para docentes y directivos escolares.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta vez, las bancadas mayoritarias del Legislativo, ADN y Revolución Ciudadana, coincidieron en su votación y la normativa se aprobó con 145 votos.

Política

ADN evita una postura sobre restricción al acceso a información en nuevo sistema de Contraloría

Daniel Alejandro Romero Páez

El encargado de presentar el informe para el segundo debate fue el legislador correísta e integrante de la Comisión de la Niñez, Alejandro Vanegas.

Señaló que la ley abordaba un tema de salud desde un ámbito técnico y objetivo. También indicó que la salud mental de los niños y adolescentes se ve afectada por múltiples factores. Resaltó que la atención por temas como ansiedad, depresión e incluso conductas suicidas aumentó desde 2021.

NO TE PIERDAS | "Parásito del Estado": La dura acusación de Diana Jácome contra el asambleísta Juan González

En el mismo sentido, la oficialista Paola Jaramillo recordó que uno de los puntos centrales tenía que ver con la inclusión de la materia de psicoeducación en la malla curricular. Esto, según Jaramillo, aportaría también al fortalecimiento de las capacidades de los docentes.

La legisladora también habló de algunas cifras preocupantes. Señaló que en 2023, un total de 386 menores de edad se quitaron la vida. “Cuando un niño decide terminar con su vida hemos fallado como Estado”, enfatizó Jaramillo.

¿Qué plantea la Ley?

En el documento aprobado por el Legislativo se establece que la psicoeducación sea una materia obligatoria desde la educación básica hasta el bachillerato. La ley plantea: 

"Será responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional garantizar la incorporación de la materia Psicoeducación en la malla curricular escolar, en unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales, para las niñas, niños y adolescentes”.

La normativa establece también que el Ministerio de Educación implemente programas de promoción y prevención en salud mental para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, diseñará un plan nacional de formación continua y articulada para docentes y directivos escolares en temas relacionados con la salud mental.

Además, el Estado, a través del Ministerio de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), implementará estrategias de prevención en salud mental dentro de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales, dirigidas a niñas, niños y adolescentes. 

“Estas estrategias incluirán acciones de tamizaje, detección temprana y monitoreo de problemas de salud mental y factores de riesgo psicosocial”, señala el proyecto.

Una referencia al asambleísta Raúl Chávez

El legislador nacional por la alianza RETO–Revolución Ciudadana (RC), Raúl Chávez, fue el impulsor de la ley que finalmente fue aprobada este 22 de abril de 2026. Sin embargo, desde que le fue dictada prisión preventiva por su vinculación en el caso Goleada, Chávez no ha asistido a la Asamblea.

Por eso, el ponente del proyecto de ley fue Alejandro Vanegas y el hecho no pasó desapercibido para el bloque oficialista. El presidente de la Comisión de Salud, Juan Reyes, dijo: “¿Dónde está el ponente original de este proyecto? Hoy salió en Twitter diciendo que él era el ponente original. Esto es un poquito hacia la ciudadanía como ¿qué onda’”. Con esa frase intentó cuestionar al legislador de la bancada correísta.

Lo que debes saber 

• La Fenocin llevó a la Corte una demanda contra la reforma al COOTAD.
• Denuncia falta de socialización y alerta recortes en programas sociales.
• Comunidades advierten impacto directo en salud, cultura y niñez.

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al COOTAD en Ecuador. Guido Perugachi, presidente de la organización, cuestionó el proceso legislativo y aseguró que la normativa vulnera derechos ciudadanos. Según explicó, la ley fue aprobada sin consulta previa a las comunidades. La organización sostiene que esto afecta directamente la participación y la gestión territorial.

Política

Comisión de la Niñez exige información al MSP por crisis sanitaria en Taisha y muertes infantiles

Marco Rivera

“Hemos observado que se atropella todos los recursos que tenemos como ciudadanos, no se hizo incluso una consulta previa para poder llevar esto, no se ha socializado”, señaló el dirigente. Además, recalcó que las comunidades han defendido históricamente procesos participativos. Desde su perspectiva, la Asamblea debió replicar esos mecanismos antes de aprobar la reforma. La falta de diálogo, insiste, debilita la legitimidad de la normativa.

Falta de socialización en la reforma al COOTAD

El dirigente también cuestionó el enfoque de la ley y sus posibles beneficiarios. Según su postura, la normativa responde a intereses particulares y no colectivos. Esto, afirmó, genera preocupación dentro de las comunidades indígenas. La Fenocin considera que la reforma no prioriza el bienestar general.

“Para realizar una ordenanza, a los alcaldes hemos dicho: ‘Tiene que primero socializar’. Y cómo no, el país, la Asamblea, para realizar una ley de estas circunstancias tendría que haber socializado”, expresó Perugachi. En su declaración, también mencionó que las decisiones deben incluir a organizaciones sociales. A su criterio, esto es fundamental para garantizar equidad en la legislación.

El representante añadió que las comunidades provienen de territorios donde la participación es clave. Por ello, consideran contradictorio que una ley nacional no respete ese principio. La Fenocin sostiene que la ausencia de consulta genera un precedente negativo. Además, advierten que podría profundizar tensiones sociales.

Política

Annie Muñoz responde tras expulsión de Revolución Ciudadana: "No he robado ninguna curul"

Marco Rivera

Impacto en presupuesto y programas sociales

“Nos está quitando el derecho al presupuesto participativo, principalmente. Eso significa que vamos a quedar sin presupuestos en sectores como cultura, salud física y escuelas de fútbol para niños”, indicó. También mencionó que programas sociales podrían verse comprometidos. Entre ellos, servicios destinados a la niñez.

El dirigente alertó que incluso los centros infantiles podrían perder financiamiento. “Se va a quitar también el presupuesto para los IBB o las guarderías que llamamos. Son presupuestos de régimen social que nos están quitando en este momento”, afirmó. La Fenocin insiste en que estos cambios afectan directamente a poblaciones vulnerables. La demanda busca frenar la aplicación de la reforma.

Política

Aguiñaga descarta responder a Correa y prioriza la transición en la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, aseguró que quienes “cedan ante la persecución y el chantaje” y voten para que Acción Democrática Nacional (ADN) controle la Prefectura del Guayas también enfrentarán medidas disciplinarias. La dirigente lo afirmó durante una rueda de prensa realizada en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Sanciones para autoridades de la RC

Rivadeneira insistió en que la organización mantendrá una postura firme frente a lo que calificó como “camisetazo” dentro de sus filas. “No podemos dejar que se instaure el quemeimportismo; aquí hemos dicho absoluta firmeza”, enfatizó.

Además, sostuvo que, frente a lo que considera un proceso de despolitización, su movimiento busca reivindicar principios éticos y morales. En ese contexto, señaló que la elección del viceprefecto permitirá identificar, antes de los próximos comicios, quiénes se mantienen alineados con la organización.

Política

Carlos Encalada asume la Viceprefectura del Guayas: su perfil y primeras palabras en el cargo

Carlos Isaac Pino

La designación del nuevo viceprefecto se produce tras la renuncia de Carlos Serrano, presentada el pasado 10 de abril. Asimismo, Marcela Aguiñaga ha informado que continuará en funciones como prefecta del Guayas hasta el 14 de mayo de 2026.

Tienda política y comicios de noviembre

En otro tema, Rivadeneira anunció que el 4 de mayo la Revolución Ciudadana anunciará con qué organizaciones políticas participará en las elecciones de noviembre de 2026. Explicó que no lo harán antes por el riesgo de sanciones, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral cerrará el padrón de organizaciones el 3 de mayo.

En la rueda de prensa también participaron concejales de Guayaquil, entre ellos Fabián Espíndola, Emily Vera y Blanca López. A la cita se sumaron el arquitecto Luis Cubillos, el actor Alberto Cajamarca y otros simpatizantes del movimiento político.

En el documento se argumenta que la apelación no procede debido a que el auto impugnado, dictado el 16 de abril de 2026, fue emitido en fase de ejecución de una sentencia ya ejecutoriada, por lo que corresponde continuar con su cumplimiento.

Política

CNE cambia reglas de candidaturas: así quedan los requisitos y la paridad

Rosero Mariela

La notificación de esta decisión fue emitida por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien además dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo informen en un plazo de dos días, de manera documentada, las acciones realizadas para registrar la vigencia de la sanción impuesta al burgomaestre, en el marco de sus competencias.

La sanción se remonta a 2023, cuando el TCE determinó una infracción electoral grave al no presentarse al debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, lo que derivó en la suspensión de sus derechos de participación política.

La respuesta de Pincay

Tras conocerse el fallo, el burgomaestre Javier Pincay Salvatierra se pronunció mediante una publicación en la red social Facebook, donde expresó:

“Queridos hermanos portovejenses: ante la reciente decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, queremos informarles que nuestro equipo jurídico se encuentra analizando de manera responsable el alcance de esta resolución y definirá los pasos legales a seguir”.

En el mismo mensaje agregó: “Vuelvo a hacer un llamado a la calma y agradezco las muestras de cariño y la confianza de los portovejenses, en este momento que debemos afrontar con serenidad y unidad”, y concluyó señalando: “Ratifico mi compromiso firme de seguir trabajando con más fuerza y con profundo amor por Portoviejo, priorizando siempre el bienestar de nuestra gente”.

En medio de esta situación, el nombre de Javier Pincay aparece como uno de los precandidatos para buscar la reelección y no se descarta que sea patrocinado por el partido político Avanza, con el que llegó a la concejalía y posteriormente a la alcaldía de Portoviejo.

Justicia

Corte Nacional autoriza extradición de alias Topo a Estados Unidos

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Política

CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

Mónica Jara Chérrez

En cuanto al requisito de pertenencia, los candidatos a dignidades deben haber residido en la jurisdicción en donde buscan convertirse en representantes, de forma ininterrumpida los dos años previos a la inscripción.

Ante un notario deben registrar cuánto tiempo han vivido en la jurisdicción. Además, los candidatos tienen que constar en el registro electoral de los más recientes comicios.

Antes de la reforma, el candidato debía haber nacido o vivido los dos últimos años previos a la inscripción, constar en el registro electoral  y otro requisito era haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral. Uno de los precandidatos a la alcaldía de Quito no cumplía con este punto.

Sobre la paridad

En Ecuador, la paridad no es opcional, es un requisito obligatorio, garantizado por la Constitución. En la más reciente reforma, el Consejo Nacional Electoral acordó frente a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026:

Quito

¿Juan Zapata a la Alcaldía de Quito? Esto dijo tras ser incluido en encuesta

Rosero Mariela

¿Qué ha ocurrido en otras elecciones con aspirantes?

En octubre del 2022, Inty Gronnenberg no pudo inscribirse como candidato a la Alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática porque no constaba en el registro electoral y no votó en las más recientes elecciones.

Asimismo, en 2022, el Tribunal Contencioso Electoral no inscribió la candidatura para concejala de Quito de Carina Vance, exministra de Salud. Eso debido a que la correísta no permaneció en la capital dos años, de forma ininterrumpida antes de los comicios. Ella alegó una causa de fuerza mayor: la pandemia provocada por la COVID-19.

Lo que debes saber

• Contralor Mauricio Torres restringe acceso a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos en Ecuador.
• Periodistas y ciudadanos deben entregar datos personales para consultar patrimonios, pese a fallo de la Corte Constitucional.
• Cambios limitan transparencia: se ocultan bienes, valores reales y posibles cuentas en el exterior.

Si algún funcionario público -léase presidente, asambleísta, ministro, viceministro, director de inteligencia o juez- se siente incómodo porque un periodista o ciudadano quiere ver si ha incrementado su patrimonio de forma anómala, ahora tiene un aliado incondicional: Mauricio Torres.

Lea también | Contraloría retrocede parcialmente en acceso a declaraciones de bienes, pero mantiene restricciones

Sí, el contralor decidió que quien quiera saber si un funcionario ha incrementado sospechosamente su patrimonio durante el ejercicio de su cargo se sienta vigilado, expuesto y, también, amenazado.

¿Con qué fin? Sencillo: la idea es que tenga miedo. Y aunque Torres ha dado marcha atrás en algunos puntos luego del escándalo que provocó su decisión, los funcionarios públicos que no quieren exponer su patrimonio siguen pudiendo confiar en él. 

El poder ubicará a quién mira sus declaraciones

Con el formulario que se exige ahora al periodista u observador ciudadano que quiera acceder a la declaración patrimonial, se podrá tener la dirección IP, es decir, la identidad del dispositivo desde el que hizo la consulta. Así, se podría tener su ubicación física.

Política

Acceso restringido a bienes de funcionarios genera alertas de opacidad para la libertad de prensa

Jonathan Palma

Torres también decidió que, en la declaración patrimonial, el funcionario no tenga que poner ni la ubicación geográfica de los bienes inmuebles que posee ni si tiene o no cuentas bancarias en el exterior, como, por ejemplo, en un paraíso fiscal.

Cambios en las declaraciones patrimoniales

Durante una entrevista con Lenin Artieda, en Ecuavisa, Marcelo Espinel, subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, lo puso en blanco y negro de esta forma: hay tres cambios en el sistema. 

Entre esos cambios dispuestos por el agencioso de Torres, está que tampoco se puede conocer si un funcionario público tiene dinero en otro país y, por ende, dónde lo tiene. Si lo tiene en paraísos fiscales, por ejemplo, puede estar tranquilo.

Política

Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque

Jonathan Palma

Si bien, a última hora, el contralor dio marcha atrás con el tema del sello de agua que estaba vigente, el valiente que decida pedir la declaración patrimonial -por ejemplo, del nuevo ministro de Energía- tiene que estar dispuesto a que se sepa exactamente dónde está o, al menos, de qué computador o dispositivo hizo el pedido. 

Y ojo: de esta manera no solo se vulnera el derecho a la información pública, sino también la protección de datos de los ciudadanos que quieren hacer escrutinio a los funcionarios.

Entonces, si un periodista quiere saber si los carros de altísima gama que el presidente Daniel Noboa ha exhibido últimamente en sus paseos por Olón -es decir, un Porsche, un Bentley y un ostentoso Mercedes-Benz- están en su declaración patrimonial, tiene que estar dispuesto a que su nombre y su ubicación sean conocidos por quienes controlan el poder.

Política

Un Ubicatex de urgencia para el contralor Mauricio Torres

Roberto Aguilar

¿Quién se va a atrever, bajo esas circunstancias, a acceder a la declaración patrimonial del presidente? Lo mismo podría decirse de otros funcionarios, como el presidente del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, a quien la última vez que alguien metió sus narices en su declaración patrimonial se le descubrió más de un millón de dólares acumulados desde que está en el cargo. 

En estas condiciones, ¿alguien se va a atrever a buscar la declaración patrimonial del jefe de la inteligencia política, Michele Sensi-Contugi, por ejemplo?

Torres ignora fallo de la Corte Constitucional

El mismo Marcelo Espinel puso otro ejemplo sobre la importancia del libre acceso a esa información durante la entrevista en Ecuavisa: el del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán (ahora preso), que, cuando su casa fue allanada, dejó ver que tenía lujos que no guardaban ninguna relación con lo que decía su declaración patrimonial: que su casa valía 40 mil dólares.

Ecuador

Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Roberto Aguilar

Pero quizá una de las cosas más escandalosas de la decisión de Torres es que, el 25 de abril de 2024, la Corte Constitucional ordenó a los organismos del Estado no poner ningún formulario para acceder a información de relevancia pública. La decisión de ese tribunal salió a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que varios organismos de la sociedad civil presentaron contra la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que daba 90 días de plazo para que las instituciones del Estado coloquen un formulario para que los interesados en información pública lo llenen.

El juez ponente de esa sentencia fue Enrique Herrería Bonnet, actual secretario jurídico de Carondelet. “Toda información debe encontrarse disponible en sus canales de información sin necesidad de un requisito previo”, decía la sentencia. 

Pues bien, el contralor Mauricio Torres se limpió con esa sentencia para proteger a sus amigos, los funcionarios a los que no les conviene que alguien indague si han sido honestos o no.

Política

Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso GRANASA

Flor Layedra Torres

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remarcó que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial. 

Además, la organización sostuvo que el gobierno central, varios gobiernos locales y distintas instancias del Estado han contribuido, por acción u omisión, a profundizar la vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas.

Se hacen pasar por medios y periodistas

En un comunicado difundido este miércoles 22 de abril de 2026, Fundamedios alertó que esta situación se agrava por el uso masivo de campañas de desinformación, difamación y hostigamiento dirigidas contra periodistas, medios y organizaciones independientes. 

Según la organización, "se trata de operaciones orientadas a erosionar reputaciones, contaminar el debate público y debilitar a quienes ejercen vigilancia democrática".

En el comunicado se precisa que estas campañas suelen ser amplificadas por actores que se presentan como comunicadores, influencers o incluso periodistas de investigación. Su actuación responde a intereses ajenos a los estándares del periodismo y a prácticas que, señala, deben ser objeto de escrutinio público e institucional.

Política

La comunicación del Gobierno está perdida en un jardín de infantes

Carlos Isaac Pino

La precarización del trabajo

Fundamedios también pide poner atención a la precariedad laboral del sector. Indicó que la inestabilidad, los bajos ingresos y la falta de protección social, especialmente en provincias, reflejan el debilitamiento económico de los medios y agravan las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Ecuador.

Fundamedios difundió sus líneas rojas

Según la organización, no respaldarán a personas o portales que, bajo el argumento de la libertad de expresión o el ejercicio periodístico:

Las claves del caso

• La Asamblea Nacional votará este viernes 24 de abril si levanta la inmunidad a la asambleísta Diana Jácome.
• Jácome enfrenta una denuncia por calumnia de Juan Andrés González (RC) tras polémicas declaraciones en el Pleno.
• Se requieren 101 votos para procesar a la legisladora, pero la mayoría oficialista impediría alcanzar la cifra.

La Asamblea Nacional de Ecuador sesionará este viernes 24 de abril de 2026 para definir el futuro legal de la asambleísta de ADN, Diana Jácome. El Pleno votará el posible levantamiento de la inmunidad parlamentaria tras una denuncia por calumnia presentada por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González. El proceso requiere una mayoría calificada, mientras el oficialismo busca blindar a su integrante ante la Corte Nacional de Justicia.

Política

"Parásito del Estado": La dura acusación de Diana Jácome contra el asambleísta Juan González

Richard Josue Jimenez Mora

Los detalles de la Sesión 88 del Pleno

La convocatoria oficial, liderada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, establece como único punto del orden del día el tratamiento del pedido de la Corte Nacional de Justicia. La solicitud, remitida originalmente el 30 de marzo por la secretaria Rosa Japón Lozano, llega al Pleno casi un mes después de su recepción.

Para que la justicia pueda procesar penalmente a la legisladora, el organismo requiere:

El origen del conflicto entre ADN y la Revolución Ciudadana

La disputa legal nació de declaraciones cruzadas en el Legislativo. Juan Andrés González fundamenta su denuncia en frases de Jácome donde sugería a la bancada correísta "usar una buena pijama", interpretado como una alusión a futuros allanamientos.

Política

Pleno allana el camino para reformas que permitan la reversión de competencia a los GAD

Daniel Alejandro Romero Páez

Por su parte, la asambleísta oficialista ha calificado al denunciante como un "parásito del Estado", señalando presuntas irregularidades en el cobro de viáticos de residencia mientras se encontraba en una gira por España.

Lo que debes saber

• "Vaciamiento" patrimonial: La gestión de Carlos Cadena Asencio se caracteriza por un patrón donde empresas con activos millonarios (como los $ 4,79 millones en Zofragua o los $ 490 mil en Piacelo) terminan con balances en cero o repartos de fondos sin justificación técnica.
• Apoyo: A pesar de enfrentar denuncias por abuso de confianza y de haber sido removido por la Superintendencia de Compañías por incumplimientos graves (como operar sin planes de trabajo ni notificar a socios), ha logrado mantenerse como liquidador de varias compañías como Veranera S.A. 

Una resolución de la Superintendencia de Compañías revela, con detalle, las irregularidades en el manejo de Zofragua S.A., mientras tenía como liquidador a Carlos Cadena Asencio y donde casi 5 millones de dólares se esfumaron antes de que la empresa fuera cancelada con "patrimonio cero".

La actuación de Cadena Asencio, un contador de profesión, queda descrita, con detalle, en la resolución SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. Según la entidad de control, Cadena Asencio recibió en 2019 la gestión para la liquidación de Zofragua S.A., una empresa que logró ganar una sentencia por $ $4.793.769,42 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Justicia

GRANASA denuncia por prevaricato a juez de Flagrancia Carlos López Vulgarin

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Sin embargo, el dinero nunca llegó a las cuentas de la compañía para pagar a sus acreedores. El liquidador Cadena Asencio informó que el monto fue cobrado directamente por un procurador judicial, pero no presentó ni un solo registro contable o soporte documental del ingreso. Por el contrario, el liquidador firmó un acta de mediación reconociendo una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin presentar una justificación técnica y sin factura, por lo que dejó a la empresa en la quiebra absoluta.

El 11 de julio de 2023, Cadena Asencio empleó una maniobra contable que borró millones de Zofragua S.A. de un plumazo. Presentó un balance con saldos en cero (activos, pasivos y patrimonio) justificando que había eliminado activos y pasivos por más de $ 3,6 millones simplemente por 'no tener evidencia' de ellos. Sin embargo, no entregó ni un solo documento que explicara cómo desaparecieron esos millones que la empresa había reportado oficialmente hasta 2010.

Al final del proceso, el liquidador solicitó la cancelación de la compañía alegando que el patrimonio era de cero dólares, dejando en la indefensión a los accionistas, entre estos la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

Editoriales

Libertad de prensa y empresa en Ecuador: alerta por presiones a medios de comunicación

Editorialistas Expreso

En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador, porque entre otras anomalías, había trabajado cinco años en la compañía sin un plan de trabajo, sin ejecutar publicaciones de llamamiento a acreedores, sin presentar documentos, etc.

Un operador en casos de alto impacto

La figura de Cadena Asencio ya no es nueva. Su nombre saltó al radar al ser nombrado liquidador de Veranera S.A., la pieza clave en la disputa por las acciones de GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), y tras presentar una denuncia por asociación ilícita en contra de los directivos de GRANASA, a los que acusa de asociarse para perjudicarse a sí mismos.

Pero su historial como "liquidador de confianza" se extiende a otros nombres sensibles:

Justicia

Corte Nacional de Justicia enterró el principio de la cosa juzgada

Martin Pallares

Las denuncias contra Carlos Cadena

Cadena ha logrado mantenerse como liquidador para diversos procesos, a pesar de la acumulación de denuncias penales. Una denuncia de marzo de 2022 es por un presunto abuso de confianza y malversación de fondos de una compañía que estaba intervenida: Piacelo S.A. 

Justicia

Luis Cabezas Klaere sobre el caso GRANASA: ¿qué es verdadero, falso y engañoso?

Richard Josue Jimenez Mora

La denuncia revela que Cadena, en su rol de liquidador, habría convocado a una "junta extraordinaria" el 23 de noviembre de 2020 a las 08:00, sin notificar legalmente a uno de los dos socios. En esta reunión, descrita como una "junta fantasma", Cadena y otro accionista dispusieron de $ 490.896,33 provenientes de la venta de un inmueble y que se encontraban en una cuenta. Acordaron repartir el dinero sin informar ni entregar un solo dólar al segundo accionista, que además, tenía derecho al 50 % de los fondos.

Carlos Cadena Asencio también es representante de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

Justicia

Carmigniani denuncia: “Aquí no hay una disputa, hay un intento de robo”

Valeria Alvear

Los documentos judiciales de un proceso de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito, señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares declarados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos".

El silencio del implicado

Esta redacción solicitó, vía correo electrónico, una versión a Carlos Cadena Asencio para contrastar los hallazgos de la Superintendencia y sus antecedentes judiciales por abuso de confianza. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta. La pregunta que queda en el aire para los organismos de control es simple: ¿Quién supervisa a los liquidadores?

Correa arremete contra Aguiñaga 

• Correa denuncia que el nuevo viceprefecto responde a la administración nacional.
• El líder político amenaza con separar a las autoridades correístas que apoyaron la terna.
• Se atribuye la renuncia a presuntas intimidaciones por contratos viales de la entidad.

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, emitió un ultimátum político y administrativo tras la designación unánime de Carlos Encalada como nuevo viceprefecto del Guayas. El exmandatario rechazó el procedimiento ejecutado en el Consejo Provincial y calificó el proceso de transición como una cesión institucional de la administración local hacia el Ejecutivo central.

Política

Aguiñaga descarta responder a Correa y prioriza la transición en la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

Acusaciones de presión y cesión institucional

Las declaraciones surgen horas después de que Marcela Aguiñaga, en el auditorio provincial, descartara responder a los cuestionamientos previos del líder de la Revolución Ciudadana (RC5). A través de sus plataformas digitales, Correa argumentó que la renuncia y posterior cabildeo de la funcionaria saliente responderían a presiones contractuales por la concesión de la red vial a Conorte y Concegua hasta 2054, marcando una ruptura pública en la cúpula de la organización política.

Correa expuso una teoría que vincula la renuncia de la actual prefecta con un presunto escenario de coacción ejecutado desde el Gobierno Nacional. Según el exmandatario, el mecanismo de presión se centraría en auditorías o acciones legales derivadas de la concesión vial otorgada a la compañía Hidalgo & Hidalgo.

Ecuador

Prefectura extiende las concesiones viales en Guayas hasta 2054 por millonaria deuda

Carlos Isaac Pino

No obstante, Correa desestimó este argumento, recordando que dicha concesión fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Bajo esta premisa, catalogó el traspaso de mando como un acto injustificable, afirmando que la Prefectura fue entregada a la administración de Daniel Noboa. En su pronunciamiento, definió a Carlos Encalada como un "alfil" del oficialismo y calificó la transición como un fraude que perjudica a la provincia.

Ultimátum a los consejeros provinciales

El conflicto trasciende la figura de Aguiñaga y abarca al bloque de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales afines a la Revolución Ciudadana. Dado que el Consejo Provincial respaldó de forma unánime la candidatura de Encalada —incluyendo los votos de las autoridades de la RC5—, Correa lanzó una advertencia directa sobre el futuro partidista de los delegados.

El exmandatario exigió la expulsión inmediata de cualquier autoridad de su bancada que haya avalado la designación con su voto, argumentando que no se permitirá la permanencia de perfiles que cedan ante presiones del poder central. "Ni un solo voto a los que se prestaron a este atraco. Seremos menos, pero seremos más", sentenció a través de su cuenta de X, anticipando una depuración en las filas de la organización territorial en Guayas.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa nombró a Jaime Bernabé como ministro de Salud tras siete cambios en la cartera desde noviembre de 2023.
• Bernabé asumió el cargo el 20 de abril tras levantar impedimento por deuda con el IESS en Ministerio del Trabajo.
• Registros muestran vínculos empresariales del ministro con empresas de salud privada, clave en debate sobre conflicto de intereses.

En la figura del nuevo ministro de Salud, Jaime Ottón Bernabé Erazo, se resumen todos los vicios característicos de los nombramientos noboístas: evaporación en tiempo récord de impedimento para ejercer cargo público; conflicto de intereses (marca de fábrica del gobierno desde el día uno); escasa y poco edificante experiencia en el sector público; abundantes vínculos de negocios con el sector privado en el área que le toca administrar… 

Te invitamos a leer| Gobierno sobre nuevo ministro de Salud: "Todavía no está el decreto, no ha entregado los documentos"

¿Quién es Jaime Bernabé?

Jaime Bernabé es el séptimo ministro de Salud de Daniel Noboa (contando con María José Pinto, que en realidad no debiera contarse porque es la nada absoluta) y bien podría decirse de él que es el ministro noboísta químicamente puro. En otras palabras: un peligro.

Siete ministros de Salud desde el 23 de noviembre de 2023 arrojan un promedio de poco más de cuatro meses y medio por ministro, cifra que habla por sí sola sobre la eficiencia del gobierno (o la falta de ella) a la hora de atacar uno de los problemas fundamentales del país. 

El hecho es que si Jaime Bernabé llegara, como ministro, a igualar ese promedio (los cuatro meses y medio) rompería su récord personal con creces. Hasta este 21 de abril de 2026, el único cargo directivo que ha ocupado en el sector público este intensivista graduado en la Universidad de Guayaquil es el de director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cargo en el que duró la fantástica suma de 27 días: del 2 al 29 de abril de 2024.

Política

De accionista de clínicas a ministro: La red empresarial de Jaime Bernabé entre Guayaquil y Panamá

Sara Ortiz

La trampa descubierta de Bernabé

¿Por qué tan poco tiempo? Hay que decirlo con todas sus letras: por tramposo. Resulta que, pasadas tres semanas de su nombramiento, se descubrió que Jaime Bernabé había mentido en su declaración patrimonial ante Contraloría: él era accionista de una empresa proveedora de servicios médicos que tenía entre sus clientes al propio IESS (Medec Incorporated S.A., con sede en Panamá) y decidió no incluir ese dato en su declaración juramentada. 

Alguien lo averiguó, el directorio se autoconvocó en sesión extraordinaria y lo destituyeron por unanimidad, como correspondía. La pregunta es: ahora que ha sido nombrado ministro de Salud, ¿ha desaparecido ese claro conflicto de intereses?

No sólo que no ha desaparecido sino que se ha multiplicado. Verdad es que Medec Incorporated ya no figura a su nombre (no figura hoy, hay que decirlo, pero hasta el lunes a la medianoche aparecía en su historial, otra cosa es que la Superintendencia de Compañías lo haya borrado). 

Política

¿Por qué el IESS destituyó a Jaime Bernabé? Claves de su salida antes de ser ministro de Salud

Marco Rivera

El historial empresarial del nuevo ministro

Sin embargo, sí aparece el nuevo ministro Bernabé como accionista en Interhospital, Interserad S.A., SEMESA-Servicios Médicos S.A., International Laboratories Services Interlab S.A. y Empresalud S.A., todas ellas activas, a las que hay que añadir cuatro empresas más cuya inscripción ha sido cancelada o se encuentran en disolución, más otras cuatro de las que fue apoderado o accionista (sin contar con Medec).

Todo lo cual traza el perfil no de un salubrista interesado en la salud pública, como se podría esperar del nuevo ministro de un país cuyo sistema de salud se encuentra colapsado entre la ineficiencia y las mafias, sino de un hombre de negocios acostumbrado a lucrar del sistema de salud sea cual sea su situación concreta.

Política

Jaime Bernabé, nuevo ministro de Salud en Ecuador: su trayectoria y un paso fugaz por el IESS

Marco Rivera

He ahí la persona a la que el presidente Daniel Noboa ha decidido entregar el Ministerio de Salud luego del fiasco de la vicepresidenta María José Pinto, que se hizo cargo de la cartera con la absurda propuesta de hacer primero un diagnóstico del sector (como si el sector no estuviera diagnosticado hasta el hartazgo) y, cinco meses después, no sólo que no lo había concluido sino que aseguraba que era inconcluible de alguna extraña manera. 

La polémica por el impedimento de Bernabé

Todo lo cual indica, sin mucho espacio para la duda, que el gobierno prioriza el negocio de la salud por sobre la solución de los problemas de la salud. De lo contrario habría elegido a un salubrista sin intereses en el sector privado y con vasta experiencia en el sector público.

Otra historia es la del impedimento para ocupar cargo público que el Ministerio del Trabajo registraba, según lo comprobó el noticiero de Ecuavisa, hasta las 15:30 del lunes 20 de abril. A esa hora, Jaime Bernabé aparecía como deudor del IESS. 

Justicia

Corte Nacional de Justicia enterró el principio de la cosa juzgada

Martin Pallares

Media hora después, a las 16:00, tenía todas su cuentas en orden y el impedimento había desaparecido. Un arreglo que habla con suficiente elocuencia de la inmoralidad absoluta de un ministro ruin: Harold Burbano mintió descaradamente cuando impedía que Alexandra Villacís ocupara el cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura, que legítimamente le correspondía, argumentando un impedimento que debía superarse mediante un largo, larguísimo, interminable trámite que podía durar meses. 

Ahora acaba de demostrar que basta media hora para arreglar la situación cuando la orden viene de arriba.

Política

Así disciplina el gobierno de Daniel Noboa a los jueces

Roberto Aguilar

En otras palabras: el trámite para eliminar un impedimento para ocupar cargo público es interminable cuando el impedimento se lo inventó el ministro pero es inmediato cuando el impedimento es real. 

La pregunta es qué recibe Harold Burbano a cambio de tan buenos y leales servicios.

La pregunta, ahora, es qué cabe esperar de Jaime Bernabé como ministro de Salud en circunstancias en que el sistema de salud colapsa entre la ineficiencia, la corrupción y las mafias que lo parasitan. 

El panorama es tan desolador que la respuesta más optimista, considerando sus antecedentes, es que ojalá no sobrepase los cuatro meses y medio de duración promedio de los ministros de esa cartera.

Lo que debes saber

• Posible asilo: Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González solicite asilo en México, ante lo que califican como una persecución política tras su salida a Uruguay.
  
• Proceso judicial: La excandidata es investigada por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso ‘Caja Chica’, que incluyó allanamientos en enero de 2026.
  
• Contexto partidista: Mientras González cumple agenda internacional, la dirigencia de la Revolución Ciudadana confirma que el asambleísta Raúl Chávez ya se encuentra en México.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, no descartó que la excandidata presidencial Luisa González esté solicitando asilo político a México. Así lo manifestó durante una intervención en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Frente al hemiciclo de La Rotonda, donde se erige el monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, Rivadeneira señaló que la política actualmente se encuentra en Uruguay. Además, subrayó que González cumple funciones como secretaria de Relaciones Internacionales, en el marco de una agenda delegada por su organización.

Aunque evitó profundizar en el tema al señalar que “ella en su momento sabrá decir”, Rivadeneira insistió en que la excandidata ha sido objeto de persecución política. En esa línea, reiteró que cualquier decisión sobre un eventual asilo corresponde exclusivamente a la propia González.

Lea también|¿Acercamiento entre correísmo y PK? González recordó acuerdos de Tixán de cara a seccionales

Investigación de la Fiscalía

Luisa González es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este proceso ha sido denominado como el caso ‘Caja Chica’.

En ese contexto, la vivienda de la exaspirante presidencial en Quito fue allanada el 28 de enero de 2026. En el mismo operativo, también fueron intervenidos los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

En diversas declaraciones, Luisa González ha sostenido que la investigación que ejecuta la Fiscalía responde a una persecución política. En ese contexto, ha insistido en que el proceso carece de sustento y tiene motivaciones ajenas al ámbito judicial.

Política

¿Revolución Ciudadana se quedó sin otra asambleísta? Esto respondió Sandra Figueroa

Daniel Alejandro Romero Páez

Chávez en México

Por su parte, Gabriela Rivadeneira informó que el asambleísta Raúl Chávez se encuentra actualmente en México. Según indicó, su permanencia en ese país responde a circunstancias vinculadas al escenario político actual.

Lo que debes saber

• Designación unánime: El Consejo Provincial eligió a Carlos Encalada como viceprefecto; el 14 de mayo asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
  
• Perfil técnico: Con trayectoria en el sector agroindustrial y gremial, Encalada se define como "apolítico" y centrará su gestión en vialidad, productividad y gestión de riesgos.
  
• Transición en marcha: El proceso administrativo inicia este 23 de abril, priorizando la presencia en territorio y el trabajo conjunto con las juntas parroquiales del sector rural.

El Consejo Provincial del Guayas designó a Carlos Encalada Villacís como nuevo viceprefecto este 22 de abril. La autoridad obtuvo el respaldo unánime de los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales durante la sesión extraordinaria, mecanismo ejecutado para solventar la ausencia de autoridades tras la salida del exviceprefecto Carlos Serrano.

La actual titular, Marcela Aguiñaga, notificó que la transición administrativa iniciará este jueves 23 de abril. Encalada, quien registra más de dos décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, tomará las riendas definitivas de la Prefectura a partir del 14 de mayo, fecha en que se cristaliza la renuncia de Aguiñaga al organismo provincial.

Lea también| EN VIVO: Carlos Encalada es elegido como nuevo viceprefecto del Guayas

Primeras palabras de Encalada

En su primera intervención oficial desde el auditorio del Gobierno Provincial, Encalada delineó las áreas de intervención inmediata. El funcionario entrante detalló que su planificación se enfocará en el sostenimiento de las vías y la ejecución de proyectos en territorio. "La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos; hay alertas de niños y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", explicó.

Ante la consulta de EXPRESO sobre su presunta afinidad con el Gobierno Nacional y un eventual blindaje de asesoría estatal, Encalada tomó distancia de los bloques partidistas y justificó su presencia en el recinto. "Soy apolítico, vengo de una línea aparte, del gremio, del trabajo y a eso nos dictamos. Agradezco a Marcela Aguiñaga por haberme considerado en la terna", respondió.

Guayaquil

Los últimos cartuchos de Marcela Aguiñaga antes de salir de la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

El funcionario agregó que el desarrollo de sus funciones demandará presencia en el campo para identificar los requerimientos del sector rural junto a los presidentes de las juntas parroquiales. Sobre el procedimiento normativo para conformar su propio equipo de trabajo, específicamente la terna para elegir a su respectivo reemplazo en la Viceprefectura una vez que asuma el despacho principal, indicó que el análisis del listado "tomará su tiempo".

Perfil del próximo prefecto del Guayas 

Encalada fundamenta su hoja de vida en la gestión privada y representación sectorial. Cuenta con el título en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad EARTH de Costa Rica.

En el ámbito corporativo, ejerce como Gerente de Producción en Surgesa S.A., entidad responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico. En materia gremial, lideró la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2026. Además, registra participación en la actual directiva del Club Sport Emelec.