Los puntos claves 

• Raúl Chávez cuestionó las declaraciones del ministro John Reimberg y pidió evidencias.
• La polémica surgió por señalamientos sobre una supuesta huelga de hambre en la cárcel del Encuentro.
• La defensa de Aquiles Álvarez negó que el alcalde estuviera promoviendo protestas y solicitó una pericia.
  
• Chávez también está procesado en el caso Goleada y tiene una orden de prisión preventiva.

El enfrentamiento entre el ministro del Interior, John Reimberg, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sumó una nueva reacción este lunes 19 de octubre de 2026. Raúl Chávez, asambleísta nacional y dirigente del movimiento RETO, cuestionó las declaraciones del funcionario sobre presuntas protestas en la cárcel del Encuentro, donde permanece recluido Álvarez, y exigió que los señalamientos estén respaldados por pruebas.

“La palabra de la persona que hoy funge temporalmente como ministro no sustituye evidencia”, expresó Chávez en un pronunciamiento público. También respaldó al abogado Julio César Cueva, defensor de Álvarez, quien solicitó una pericia para verificar la autoría de una carta relacionada con una supuesta convocatoria a una huelga de hambre dentro del centro penitenciario.

Política

Aquiles Álvarez niega estar detrás de huelga de hambre en prisión y exige peritaje de una carta

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¿Qué dijo Reimberg?

La controversia comenzó el domingo 18 de octubre, cuando Reimberg alertó sobre posibles huelgas de hambre y desmanes en la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. En una publicación en X, el ministro cuestionó a quienes, según sus palabras, pasaron de creerse alcaldes a querer convertirse en presidentes de los presos.

Aunque el funcionario no mencionó directamente a Aquiles Álvarez, su defensa interpretó las declaraciones como una alusión al alcalde de Guayaquil y negó que estuviera promoviendo protestas dentro del centro penitenciario.

El abogado Julio César Cueva solicitó una pericia grafotécnica para esclarecer la autoría de la carta vinculada con la supuesta convocatoria y exigió una disculpa pública por los señalamientos.

Chávez acusa al Gobierno

Chávez sostuvo que la controversia sería utilizada para desviar la atención de otros asuntos. “Lo que hoy hacen es apenas un distractor para desviar la atención de los temas que quiere ocultar el gobierno. Por mucho que lo intenten les será difícil esconderlos”, manifestó, sin precisar a qué temas se refería.

El dirigente político también defendió la legitimidad electoral de Álvarez. “Aquiles es el alcalde electo de Guayaquil”, escribió en su pronunciamiento.

Además, aseguró que los cuestionamientos y las acciones contra el alcalde estarían aumentando su respaldo ciudadano. “Mientras más se enzañan contra Aquiles, su popularidad, su lucha y apoyo en las calles, crece”, afirmó, sin aportar datos que permitan verificar esa apreciación.

Chávez concluyó su publicación con críticas a personas a las que acusó de actuar por intereses económicos y políticos, aunque no identificó a destinatarios específicos.

Justicia

Ministro John Reimberg alerta de huelgas de hambre y desmanes en la cárcel del Encuentro

Richard Josue Jimenez Mora

¿Cuál es la situación de Raúl Chávez?

Raúl Chávez fue elegido asambleísta nacional por la alianza Revolución Ciudadana–RETO y ha ocupado cargos de dirección dentro de este último movimiento político.

También está procesado en el caso Goleada, investigación judicial en la que figura Aquiles Álvarez. En marzo de 2026 se dictó una orden de prisión preventiva en su contra y, hasta este 19 de octubre, no existe confirmación pública de su paradero.

Su pronunciamiento se suma a las reacciones que ha generado el señalamiento de Reimberg, mientras la defensa de Álvarez insiste en que cualquier acusación sobre una supuesta protesta carcelaria debe sustentarse en pruebas verificables.

El presidente del CNE, José Cabrera, informó que en esas provincias ya se registra cerca del 99% de definición de las postulaciones para las seccionales del 29 de noviembre de 2026. Las provincias son:

Según Cabrera, la definición de las postulaciones se resolvería en los próximos días. Cabe tomar en cuenta que en el listado aparecen tres de las principales circunscripciones del país: Guayas, Pichincha y Manabí. No solo son las más grandes, sino que también tienen un peso político relevante.

De acuerdo con las estimaciones del CNE, el listado final de candidatos estaría listo para el 9 de noviembre de 2026, es decir, tres días antes del inicio de la campaña electoral. Sin embargo, debido al avance del proceso, ese listado podría publicarse antes en el sitio oficial del CNE.

Sobre el avance en la impresión de las papeletas

En general, la impresión de las papeletas electorales registra un avance del 45%, según el CNE. Para los comicios de noviembre se requerirán poco más de 84 millones de papeletas, de las cuales ya se han impreso 38,5 millones.

Política

Reunión con ministro y alquiler de generadores, el plan del CNE para las seccionales ante apagones

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Para constatar ese avance, el CNE realizó este 19 de octubre un recorrido por las instalaciones del Instituto Geográfico Militar (IGM), en Quito. 

Según el coronel de Estado Mayor y director del IGM, Hugo Avilés, se han establecido turnos de trabajo durante las 24 horas del día. Además, aseguró que no se han presentado inconvenientes en las labores debido a los apagones reportados en varios puntos del país.

Respecto a las papeletas para la elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el CNE reportó un avance del 100% en la impresión de las papeletas correspondientes a la lista de hombres. En general, para esas dignidades, el avance es del 84%.

Política

La Asamblea Nacional mira a otro lado mientras Ecuador vuelve a los apagones

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El presidente del organismo, José Cabrera, dijo este 19 de octubre de 2026 que solicitó dicho encuentro teniendo en cuenta la situación actual.

Política

La Asamblea Nacional mira a otro lado mientras Ecuador vuelve a los apagones

Daniel Alejandro Romero Páez

Las elecciones seccionales están previstas para el próximo 29 de noviembre de 2026. Actualmente, el país enfrenta cortes de energía programados para el sector industrial y apagones sin previo aviso en varias zonas residenciales de cantones del país.

“En estos días he pedido la reunión con el señor ministro de energía”, aseguró Cabrera durante la presentación de los avances en la impresión de papeletas y documentos electorales por parte del Instituto Geográfico Militar (IGM).

El titular del CNE no ofreció mayores detalles sobre el encuentro con el ministro de Estado. No se pudo conocer, por ejemplo, si la petición ya fue respondida y si efectivamente la reunión tendría lugar esta misma semana.

Acercamientos con las empresas de distribución eléctrica

A esa reunión se suman los acercamientos con las diferentes empresas distribuidoras de electricidad del país. Según Cabrera, ya hubo un encuentro con los representantes de la Empresa Eléctrica Quito.

El objetivo de estas reuniones, según el presidente del organismo electoral, es prevenir cualquier problema que pudiera presentarse en caso de una emergencia eléctrica.

Por su parte, el coronel de Estado Mayor y director del IGM, Hugo Avilés, aseguró que no se han presentado problemas en la impresión de las papeletas y los documentos electorales, pese a los apagones registrados en el país.

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¿Qué otras medidas tomará el CNE?

Además de las reuniones con las empresas de distribución eléctrica, Cabrera recordó que están en marcha los procesos de adquisición, alquiler e incluso préstamo de generadores de energía.

“Las delegaciones provinciales están trabajando en la adquisición, alquiler y en algunas incluso e préstamo de generadores. También el CNE ha adquirido para las 24 provincias UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida)”, dijo Cabrera.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez niega hoy en El Encuentro impulsar huelga de hambre; pide pericia a carta.
• Defensa de Aquiles Álvarez afirma que permaneció 14 días aislado en El Encuentro.
• Álvarez exige revisar una carta del SNAI para descartar su autoría en la protesta.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, negó tener relación con una supuesta convocatoria a huelga de hambre al interior del centro de privación de libertad El Encuentro y exigió que se practique una pericia grafotécnica a una carta atribuida al caso. La postura fue difundida este lunes 19 de octubre por su abogado, Julio César Cueva, quien aseguró que su defendido rechaza haber promovido o participado en cualquier acción de protesta dentro del reclusorio.

A través de una publicación en la red social X, el abogado Julio César Cueva informó que mantuvo una breve conexión por Zoom con Álvarez durante una audiencia que finalmente no se instaló. Según relató, aprovechó ese contacto para consultarle sobre los señalamientos que lo vincularían con una presunta huelga de hambre y desmanes registrados en la cárcel El Encuentro.

Defensa sostiene que Álvarez permaneció aislado

De acuerdo con la versión difundida por la defensa, Álvarez afirmó que durante los últimos 14 días ha permanecido en el policlínico del centro penitenciario, sin contacto con otros privados de libertad, por lo que sostiene que no habría tenido posibilidad de coordinar acciones con otros internos.

Cueva indicó además que su cliente conoció recientemente que una persona de su pabellón habría redactado una carta en la que se promovía una huelga de hambre. Según la defensa, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) tendría identificada a esa persona y contaría con el documento.

En ese contexto, Álvarez rechazó haber ideado, impulsado o participado, ya sea de forma material o intelectual, en esa iniciativa. También denunció haber sido objeto de represalias por hechos con los que, asegura, no tiene relación.

"Me han quitado hasta mi Biblia, nuevamente", habría manifestado el alcalde, según reprodujo su abogado en la publicación.

Solicitan peritaje y preservación de la carta

La defensa sostuvo además que su cliente considera que los señalamientos en su contra carecen de sustento probatorio. En la misma comunicación, Álvarez cuestionó al Gobierno y afirmó que se ha convertido en un elemento de distracción frente a otras problemáticas nacionales.

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Como parte de su respuesta, exigió que se realice una pericia grafotécnica sobre la carta que estaría en poder del SNAI para comparar la escritura y determinar si existe alguna relación con su autoría. Asimismo, solicitó una rectificación pública en caso de que las acusaciones no puedan ser respaldadas con pruebas.

Cueva señaló que la defensa también ha pedido que el documento sea preservado para permitir un examen pericial independiente y reiteró que cualquier acusación debe sustentarse en evidencia verificable.

Justicia

Tensión en la Cárcel del Encuentro: reporte oficial sobre operativo de control

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El caso surge en medio de denuncias sobre protestas en El Encuentro

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por denuncias sobre una posible huelga de hambre y eventuales alteraciones del orden dentro del centro penitenciario El Encuentro.

Después de la violencia urbana que azotó a Francia este fin de semana, el Gobierno francés anunció este lunes 19 de octubre la instauración de toques de queda localizados en ciertas zonas del país -sin concretar aún cuáles- ante las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente Emmanuel Macron.

Polémica por la actuación policial

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, justificó la puesta en marcha próximamente de toques de queda, sin concretar en qué zonas, antes que decretar el estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.

"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró Lecornu, mientras varios alcaldes de ciudades afectadas han criticado la actuación policial, por considerarla inadecuada.

Frente a medidas de apoyo a los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios Lecornu ha deslizado una interpretación política de los incidentes, de los que acusa a la ultraizquierda y que tendría como objetivo "cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", previstas para dentro de seis meses.

Hasta las 8:00 horas del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, quien señaló que el 70 % eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80 % de los casos.

La coordinación de los llamados 'chalecos amarillos' que participó en las protestas del pasado sábado en Francia, marcadas por los disturbios y los saqueos en varias ciudades, ha anunciado una segunda jornada de movilización para el próximo 24 de octubre, con decenas de acciones previstas en todo el país.

Meloni reúne al Gobierno

Italia, país fronterizo con Francia, ve con preocupación lo que pasa al otro lado y su primera ministra, Giorgia Meloni, ha reunido este lunes a sus ministros y dirigentes de otras instituciones para analizar la situación del orden público, tras los disturbios del fin de semana en Milán (norte) y en medio de las protestas por el encarecimiento del combustible en el sur del país.

Milán, la capital económica del norte italiano, así como otras ciudades cercanas como Turín o Bolonia, han vivido este fin de semana manifestaciones contra el encarecimiento de la vida.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa viajará a Lima el 20 de octubre para fortalecer acuerdos con Perú.
• Ecuador activa comitiva oficial para el Gabinete Binacional en Perú.
• Seguridad, comercio e integración marcan la agenda de Noboa en Lima.

El presidente de la República, Daniel Noboa, suscribió el Decreto Ejecutivo N.º 523 mediante el cual declaró en comisión de servicios a la comitiva oficial que lo acompañará durante su viaje a Lima, Perú, donde participará en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador el próximo 20 de octubre de 2026. La medida también dispone que la Asamblea Nacional sea informada sobre el viaje, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución.

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De acuerdo con el decreto, la presencia del mandatario ecuatoriano en este encuentro binacional tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre Ecuador y Perú, así como impulsar acciones conjuntas en áreas consideradas estratégicas para ambos países, entre ellas la seguridad, el comercio, la integración y el desarrollo de las zonas fronterizas.

El documento señala que la comitiva oficial estará integrada por servidores públicos que sean designados por sus respectivas instituciones, en función de sus competencias y de los temas contemplados en la agenda presidencial. La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia será la encargada de notificar a las entidades que conformarán tanto la comitiva oficial como el equipo de apoyo.

Reforzar la cooperación bilateral

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la participación del jefe de Estado en el Gabinete Binacional permitirá afianzar los vínculos diplomáticos con Perú y promover mecanismos de cooperación en asuntos de interés común.

El Gobierno destaca que los encuentros binacionales constituyen espacios de coordinación política y técnica entre ambas naciones, especialmente en temas relacionados con seguridad fronteriza, intercambio comercial, conectividad e integración regional.

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Gastos serán asumidos por cada institución

El Decreto Ejecutivo también establece que los viáticos, pasajes y demás gastos derivados del desplazamiento de los integrantes de la delegación serán cubiertos por los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los funcionarios designados, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, la disposición general ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje presidencial, conforme al último inciso del artículo 144 de la Constitución de la República.

La disposición final determina que el decreto entró en vigencia desde la fecha de su suscripción, el 19 de octubre de 2026, en el Palacio Nacional de Quito, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Lo que debes saber

• Cynthia Jacho defendió el concurso fiscal y negó favoritismos durante entrevista en Teleamazonas.
• La comisión mantiene el cronograma y rechaza pedidos de nulidad por supuestos atrasos.
• Cinco candidatos siguen en carrera; apelaciones definirán la fase final del concurso.

La presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de Fiscal General del Estado, Cynthia Jacho, defendió el proceso de designación que actualmente se encuentra en su fase final y rechazó las críticas sobre supuestas irregularidades o favorecimientos a determinados candidatos. 

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En una entrevista televisiva, sostuvo que todas las actuaciones de la comisión se han realizado conforme al reglamento y aseguró que los postulantes que permanecen en carrera han superado las distintas etapas establecidas en el concurso.

Durante la entrevista en Teleamazonas, Jacho respondió a los cuestionamientos surgidos tras la reducción de aspirantes de 26 a cinco candidatos después de la fase de impugnaciones ciudadanas. La funcionaria negó que el proceso haya sido diseñado para beneficiar a un postulante específico y afirmó que las decisiones adoptadas se han basado exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos y normas establecidas. "Todas y cada una de las actuaciones de la comisión han sido desde el inicio enmarcadas dentro de lo que establece el reglamento", afirmó.

Comisión rechaza acusaciones de favoritismo

La presidenta de la comisión sostuvo que cada fase del concurso se ha desarrollado bajo los parámetros del reglamento vigente y que las descalificaciones obedecieron al incumplimiento de requisitos o a decisiones tomadas dentro de las etapas de evaluación e impugnación.

Según explicó, los cinco aspirantes que continúan en el proceso lograron superar las fases previas, mientras que otros postulantes quedaron fuera tras las revisiones realizadas durante el escrutinio público y las impugnaciones ciudadanas.

Jacho insistió en que la comisión ha sido "rigurosa" en la aplicación de las normas y atribuyó parte de los cuestionamientos al alto interés político y mediático que genera la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía. "En lo que han cumplido o no han cumplido los postulantes es lo que se ha dado para que sigan avanzando a cada una de las fases que corresponde al concurso", manifestó.

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Responde a pedido de nulidad del concurso

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la solicitud planteada desde sectores de la veeduría ciudadana para que el concurso sea declarado nulo y vuelva a iniciar desde cero.

La presidenta de la comisión cuestionó la posición expresada por el coordinador de la veeduría, Guido Egas, y aseguró que sí existieron convocatorias formales para que los veedores participaran en las sesiones relacionadas con las impugnaciones.

Asimismo, señaló que otros integrantes de la veeduría han acompañado el proceso desde sus primeras etapas y permanecen observando las actuaciones de la comisión.

Debate sobre los plazos del proceso

Otro de los cuestionamientos se refiere al tiempo que ha tomado el concurso. Frente a ello, Jacho defendió la legalidad del cronograma aprobado para el desarrollo de las distintas fases.

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La funcionaria argumentó que existe una aparente contradicción entre normas de igual jerarquía que regulan los plazos de los concursos de selección y sostuvo que la comisión remitió el análisis correspondiente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que aprobó el cronograma actualmente en ejecución.

Por ello, afirmó que el proceso no se encuentra fuera de los términos establecidos y que la comisión continúa cumpliendo las fechas previstas. "No estamos fuera de término, estamos con los términos y realmente estamos cumpliendo cada uno del cronograma y de las fechas establecidas", afirmó.

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Descalificaciones continúan generando controversia

La entrevista también abordó el caso de la exjueza Daniela Camacho, quien figuraba entre las postulantes con mejor puntuación antes de quedar fuera del concurso en la fase de impugnaciones.

Jacho defendió la actuación de la comisión y aseguró que las decisiones sobre la idoneidad y probidad de los aspirantes fueron adoptadas con base en la documentación presentada por impugnantes y postulantes, así como en audiencias públicas y parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

"La Comisión Ciudadana lo que hizo es aplicar las impugnaciones que se presentaron con respecto a la idoneidad y a la probidad en aplicación de la sentencia emitida por la Corte Constitucional", sostuvo.

Fase de apelaciones en marcha

Actualmente, el concurso se encuentra en la etapa de apelaciones. Jacho recordó que los postulantes que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar recursos para que sus casos sean revisados por las instancias correspondientes.

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La presidenta de la comisión indicó que los informes técnicos sobre estas apelaciones serán elaborados por las áreas jurídicas competentes antes de que el pleno del CPCCS adopte una decisión definitiva.

Mientras tanto, el proceso avanza hacia su fase final de oposición, etapa que definirá quién será designado como nuevo Fiscal General del Estado.

Su propuesta reúne intervenciones en seguridad preventiva, agua potable, alcantarillado, recolección de basura y formalización del comercio. El aspirante sostiene que su objetivo es transformar la relación del Municipio con la ciudadanía y orientar la gestión hacia la solución de los problemas cotidianos.

La postulación llega después de su paso por entidades del Gobierno central y una breve vinculación con el Municipio de Durán, en 2023. Su recorrido también incluye una candidatura legislativa y un intento de participar en las elecciones presidenciales.

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Trayectoria pública y formación de Antonio García Reyes

García Reyes registra el título de abogado de los tribunales y juzgados de la República, con mención en Derecho Civil, otorgado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La fecha de registro es el 17 de febrero de 2006, según el certificado del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador.

Durante el gobierno de Rafael Correa ocupó cargos en organismos de regulación y dependencias del Ejecutivo. En 2009 estuvo al frente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel), como delegado presidencial. Posteriormente integró el directorio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en representación del Ministerio de Educación, entre 2010 y 2011.

Entre noviembre de 2011 y febrero de 2012 fue asesor legal de la Secretaría Nacional de Comunicación. Después ejerció como coordinador regional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión en Guayaquil, entre 2012 y 2013.

La consulta de declaraciones de Contraloría también lo identifica como coordinador zonal de la Administración Pública, Zona 8, en 2015, y como director general de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Durán, en 2023.

En una entrevista con El Universo, publicada el 15 de octubre de 2026, aseguró que permaneció veinte días en el cabildo duraneño y que salió por diferencias sobre la visión de la gestión pública. 

En el ámbito electoral, fue candidato a asambleísta por Guayas con Democracia Sí en 2021, sin obtener una curul. En noviembre de 2024, SUMA lo anunció como reemplazo de Jan Topic para las presidenciales de 2025, aunque finalmente no figuró como candidato en la papeleta.

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Patrimonio declarado y registros tributarios

En la declaración más reciente disponible en la consulta realizada a la Contraloría General del Estado, correspondiente a 2023, Antonio García Reyes reportó activos por $1.921,63. El monto incluye $921,63 disponibles en entidades financieras y otros, y $1.000 en acciones y participaciones. No consignó valores en bienes muebles ni inmuebles.

Además, declaró pasivos por cero dólares, por lo que su patrimonio neto ascendió a $1.921,63. El documento está identificado como una declaración de inicio de gestión para el cargo de director general de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de Durán.

La información consultada no permite establecer si su patrimonio aumentó o disminuyó hasta 2026, pues no se obtuvieron declaraciones posteriores a 2023. Las cifras corresponden a lo declarado en ese documento y no necesariamente reflejan su situación económica actual.

Por otra parte, el historial del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestra cero dólares de impuesto a la renta causado en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025. En esos mismos períodos, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) también figura en cero. El resultado consultado no incluye 2024.

Estos registros tributarios muestran valores de impuestos, no el patrimonio del candidato. Por ello, un impuesto a la renta causado de cero dólares no significa que haya tenido ingresos nulos ni permite determinar cambios en sus bienes y deudas.

Observaciones de Contraloría que fueron desvanecidas

Su gestión en el Conartel fue objeto de un examen de Contraloría relacionado con la ejecución de recomendaciones sobre concesiones de frecuencias.

El Universo informó que García apareció en una notificación publicada el 5 de octubre de 2012, con una glosa de $58.703,76 y una orden de reintegro de $8.775,18. Sin embargo, el mismo medio publicó el 10 de junio de 2013 que las responsabilidades atribuidas al exfuncionario fueron desvanecidas, tras la presentación de descargos. 

Las propuestas para seguridad, comercio y servicios básicos

En seguridad, García plantea una estrategia preventiva que incluya mayor iluminación, recuperación de espacios públicos y monitoreo, articulada con las instituciones del Gobierno central. También propone ampliar las oportunidades para jóvenes como mecanismo para prevenir su captación por organizaciones delictivas.

Para el comercio, ofrece un microcentro de comercio popular y puntos itinerantes de venta con servicios integrales. Su planteamiento contempla reubicar y formalizar coordinadamente a los comerciantes, acompañar ese proceso con financiamiento en alianza con la banca pública y crear una ventanilla digital para simplificar trámites.

En servicios básicos, propone ampliar y repotenciar la red sanitaria, con atención a sectores periféricos como Monte Sinaí, mediante ejecución y fiscalización de obras de agua potable y alcantarillado.

Su propuesta sobre residuos parte de identificar los puntos críticos de acumulación e instalar tachos y espacios de recolección. Añade circuitos de separación y aprovechamiento, comités comunitarios de gestión de residuos y el registro y capacitación de recicladores de base. Estos planteamientos han sido expuestos por el candidato en declaraciones públicas a diversos medios de comunicación.

Lo que debes saber

• Mishel Mancheno convocó a dos sesiones parlamentarias consecutivas para el martes 20 de octubre.
• Tratarán en segundo debate la reforma legal contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes.
• Se abordará la Ley Infancia Segura y programas de financiamiento social y productivo.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, convocó a los legisladores para este martes 20 de octubre de 2026 a dos jornadas de trabajo en el Palacio Legislativo con el fin de tramitar reformas penales y evaluar planes sociales y productivos. La jornada iniciará a las 10:00 con la sesión 132 para tramitar el proyecto unificado contra la trata de personas y continuará a las 11:00 con la continuación de la sesión 130.

Política

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Convocatoria a la sesión 132 de la Asamblea

El llamamiento oficial fue emitido por la Secretaría General de la Función Legislativa, amparado en el artículo 12, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los legisladores deberán presentarse en la sede parlamentaria, ubicada en la intersección de la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Puntos del orden del día para la sesión matutina

A partir de las 10:00, el Pleno iniciará sus labores con dos puntos en agenda:

Continuación de la sesión 130 de la Asamblea

A las 11:00 está programada la reanudación del Pleno parlamentario para evacuar los puntos pendientes del orden del día aprobado previamente por el Consejo de Administración Legislativa y la Presidencia.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Temas y programas a tratar en la segunda jornada

El tratamiento del orden del día aprobado abarcará los siguientes temas:

Lo que debes saber

• CNE aprobó 1.402 firmas válidas para salvar el cerro Bombolí.
• La iniciativa superó el mínimo legal exigido de 889 registros.
• El proyecto ciudadano de ordenanza se aplicará en Santo Domingo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 17 de octubre de 2026 el informe de verificación de firmas de respaldo para la iniciativa popular normativa denominada "Ordenanza para salvar el Cerro Bombolí", en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El organismo electoral ratificó que el colectivo ciudadano superó el umbral reglamentario tras validar 1.402 rúbricas de apoyo, cumpliendo con los requisitos legales para viabilizar el tratamiento del proyecto de conservación local.

Política

Correísmo apoyará a candidatos al Consejo de Participación, pese a prohibición legal vigente

Richard Josue Jimenez Mora

Verificación de firmas para la ordenanza ciudadana

El informe técnico conoció y validó las rúbricas presentadas por la ciudadanía para impulsar una propuesta legal enfocada en proteger el cerro Bombolí, un ícono natural del cantón.

Tras el proceso de revisión efectuado por los equipos técnicos electorales, se determinó que la propuesta sobrepasó con holgura el respaldo mínimo exigido por la ley para este tipo de mecanismos de democracia directa.

Cifras clave del proceso de validación del CNE

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Iniciativa popular normativa en Ecuador

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la República, los ciudadanos ecuatorianos cuentan con el derecho de presentar proyectos normativos con el fin de proponer la creación, reforma o derogatoria de ordenanzas y leyes ante la Función Legislativa o ante cualquier otro órgano institucional que cuente con competencia formal de regulación.

Lo que debe saber

• Mientras ADN prioriza la fiscalización a Quitopía, otras bancadas cuestionan la falta de respuestas a la crisis energética.
• La oposición habló del incumplimiento de las expectativas que generó la Ley No Más Apagones.
• El PSC cree que los funcionarios del sector energético deberían rendir cuentas ante el Poder Legislativo.

La última semana hubo cortes de energía programados para el sector industrial y apagones en zonas residenciales sin previo aviso. En enero de 2024 se aprobó la Ley No Más Apagones y, más de dos años y medio después, los apagones volvieron.

El oficialismo, durante el primer período del presidente Daniel Noboa, impulsó la ley, que llegó a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente. 

Política

Seccionales 2026: el correísmo se juega el espacio desde el que ejercerá la oposición

Daniel Alejandro Romero Páez

Uno de los principales cambios fue la posibilidad de que el sector privado participe en la generación de energía. La normativa establece mecanismos para delegar actividades del sector eléctrico a empresas privadas, bajo las condiciones previstas en la ley y mediante procesos públicos de selección.

¿Qué planteaba la Ley No Más Apagones?

También permite que los consumidores regulados y no regulados instalen sistemas de generación distribuida con energías renovables no convencionales para abastecerse. A esto se suma la creación de un fondo de eficiencia energética para financiar proyectos de ahorro y eficiencia energética.

En ese entonces, el naciente ADN mantenía un acuerdo de gobernabilidad con el correísmo. La ley fue aprobada con 131 votos de los 137 posibles, es decir, casi por unanimidad. Sin embargo, la situación energética del país entró en crisis y ese mismo año hubo apagones de hasta 14 horas diarias.

De no más apagones a los cortes de luz

Ahora, el Gobierno ha dispuesto la desconexión de un sector industrial. Esa área de la economía ha presentado reparos a la medida y el Gobierno ha optado por responder con ataques. Publicó una lista de las empresas que no habían acatado la disposición y amenazó con una intervención de la Policía.

Política

Corte Constitucional: el acuerdo comercial con EE. UU. deberá pasar por la Asamblea Nacional

Daniel Alejandro Romero Páez

Mientras esto ocurría, durante la última semana, en la Asamblea Nacional se guardó silencio. En la última sesión del Pleno, el jueves pasado, el oficialismo impuso sus propuestas para modificar el orden del día y ninguna de ellas tuvo que ver con la situación energética del país.

Para ADN fue más importante iniciar un nuevo proceso de fiscalización al Municipio de Quito. El oficialista Luiggi García mocionó una resolución para indagar en el proceso de construcción de Quitopía, una obra que, luego de ser inaugurada, sufrió afectaciones por las lluvias.

¿Qué dicen las fuerzas políticas?

Fuera del debate oficialista, los asambleístas de las demás fuerzas políticas sí se pronunciaron sobre la situación actual. Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó que, después de casi tres años, el actual Gobierno no haya logrado cumplir su promesa de solucionar la crisis energética.

“La Asamblea apoyó la Ley No Más Apagones para tener un parque térmico e hidroeléctrico apropiado. En tres recién hace 15 días pusieron a moverse 30 megavatios de ATM”, dijo Serrano. A esto agregó que los funcionarios del Ejecutivo deberían comparecer ante el Legislativo, pero que no existe una verdadera fiscalización desde el oficialismo.

Por su parte, la asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay coincidió en señalar la imposibilidad de impulsar un proceso de fiscalización, tanto a los funcionarios del sector energético como a la aplicación de la Ley No Más Apagones.

“No han sido capaces de resolver y evitar esta crisis. Habíamos advertido desde años atrás que es necesario trabajar para resolver esta crisis y no se ha hecho nada”, señaló la legisladora de Pachakutik.

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Richard Josue Jimenez Mora

En el Pleno, el jueves pasado, fue la correísta Viviana Veloz quien puso sobre la mesa el tema de los cortes de energía. Cuestionó la intención del oficialismo de fiscalizar a Quitopía y manifestó: “dejen de utilizar a esta Asamblea Nacional como plataforma electoral y como distractor del Gobierno. Si quieren fiscalizar vamos a fiscalizar en situ cómo se encuentra Mazar; cómo se encuentran las hidroeléctricas del país. Fiscalicemos eso. Les invito a que vayamos a Mazar”, dijo ante el Pleno.

El oficialismo optó por el silencio. Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento de la bancada de ADN sobre este tema. EXPRESO buscó una reacción del jefe de la bancada Esteban Torres pero no hubo respuestas. También de Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico pero tampoco hubo respuesta. 

Más allá del manejo político del tema, el exasambleísta y excandidato presidencial Henry Cucalón señaló que la crisis energética es un problema estructural que va más allá de una sola ley. En ese sentido, criticó el nombre de No Más Apagones, pues, a su criterio, se buscó una denominación pensada más en el marketing político que en el alcance real de la normativa.

“Vendieron la ley como que nunca más iba a haber apagones-. El tema de la gestión pública es complejo, difícil. Escogieron un titular político para una reforma positiva”, mencionó.

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Para Cucalón, la Asamblea sí puede tomar medidas que vayan más allá de la fiscalización. Planteó la necesidad de una enmienda constitucional que elimine el concepto de sectores estratégicos como monopolio del Estado. También sugirió que, ante la situación actual, el Gobierno debería ser claro sobre el alcance de la crisis.

Lo que debes saber

• Correa anticipó apoyo a postulantes al CPCCS pese a la prohibición legal.
• La ley califica el proselitismo partidista hacia consejeros como infracción.
• En 2023, el TCE destituyó a cuatro miembros de la denominada Liga Azul.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa anunció durante un encuentro con migrantes y militantes en Bélgica que su movimiento político respaldará a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La declaración desafía la legislación ecuatoriana, la cual prohíbe de forma expresa que las organizaciones políticas realicen proselitismo a favor o en contra de los aspirantes a consejeros, conducta tipificada como infracción electoral y con precedentes de destitución como el caso de la llamada Liga Azul.

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El pronunciamiento de Rafael Correa en Bélgica

Durante una reunión con la militancia de la Revolución Ciudadana (RC) y la comunidad de migrantes residentes en Bélgica, el exmandatario abordó el proceso de renovación de los vocales del CPCCS.

En su intervención pública sobre los comicios de la entidad, Correa afirmó: "daremos nuestros nombres en su debido momento para apoyarlos".

Marco legal e infracciones electorales en los comicios del CPCCS

La normativa vigente impone restricciones estrictas sobre la neutralidad partidista en la designación de las autoridades de control social:

El antecedente de la Liga Azul y las sanciones del TCE en 2023

El respaldo partidista de la Revolución Ciudadana hacia candidaturas al organismo cuenta con antecedentes directos derivados del proceso electoral ordinario de 2023.

En dicha contienda, los aspirantes promovidos públicamente como parte del colectivo denominado Liga Azul contaron con la difusión directa de Rafael Correa a través de piezas publicitarias y mítines políticos.

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Denuncia y resolución del Tribunal Contencioso Electoral

A pesar de que varios postulantes alcanzaron escaños en el organismo, la vinculación electoral motivó una acción contenciosa impulsada por los activistas Pamela Troya y Santiago Bechdach:

Lo que debes saber

• La Comisión de Régimen Económico aprobó con seis votos el informe presupuestario de enero a junio.
• El Estado devengó el 47,02 % del gasto codificado, sumando 22.474 millones de dólares en seis meses.
• La oposición denunció desfase en las cifras oficiales y la ausencia de los ministros convocados.

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe de evaluación semestral sobre la ejecución presupuestaria del Presupuesto General del Estado correspondiente al período de enero a junio de 2026. La resolución legislativa determinó que el sector público devengó el 47,02 % de los fondos asignados, lo que equivale a 22.474 millones de dólares de un monto total codificado fijado en 47.795 millones de dólares para el ejercicio fiscal.

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Balance general del Presupuesto General del Estado

Las conclusiones técnicas del documento legislativo señalan que el Plan Anual de Inversiones (PAI) consolidó un avance global del 39,56 % mediante el desarrollo de 422 proyectos a escala nacional. En contraste, el rubro correspondiente al gasto social alcanzó una ejecución del 35,27 % respecto al presupuesto codificado.

Ante este panorama, la mesa legislativa emitió recomendaciones dirigidas a garantizar la asignación efectiva de recursos económicos y priorizar la atención a sectores vulnerables, fundamentalmente en las áreas de salud y educación. El documento final será remitido de forma oficial a la Presidencia de la Asamblea Nacional para su trámite pertinente.

Rendimiento por ejes del Plan Anual de Inversiones

La distribución de los recursos ejecutados en el Plan Anual de Inversiones durante el primer semestre de 2026 reflejó los siguientes porcentajes de avance según cada área estratégica:

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Entidades estatales con mayor nivel de gasto

El balance oficial identificó a las cinco dependencias e instituciones del sector público con los índices más altos de ejecución de sus partidas presupuestarias:

Observaciones y reclamos durante el debate legislativo

Durante la sesión, los legisladores debatieron el ritmo del gasto público en sectores críticos como la salud y plantearon dudas sobre la verificación metodológica de los datos expuestos.

Política

Asamblea debatirá el veto de Noboa a la reforma al Código Tributario: ¿qué cambia en las multas?

Richard Josue Jimenez Mora

Cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana

La asambleísta Liliana Durán cuestionó la inasistencia de los ministros de Estado que habían sido convocados formalmente para sustentar los balances de sus carteras. La legisladora enfatizó que la Constitución de la República establece la obligación jurídica de los ministros de comparecer ante los llamados del Legislativo.

Asimismo, Durán denunció inconsistencias técnicas y falta de transparencia en la información gubernamental:

Lo que debes saber

• Sesión del Pleno fue convocada para este 19 de octubre para tratar la objeción presidencial.
• Noboa propone cambiar multas fijas de hasta 964.000 dólares por una tarifa porcentual del 0,5 %.
• Comisión de Régimen Económico recomienda allanarse al veto para evitar sanciones desproporcionadas.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, convocó a los legisladores a la sesión 131 del Pleno para este lunes 19 de octubre de 2026, a las 09:30, con el objetivo de tramitar el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia remitida por el presidente Daniel Noboa a la reforma al Código Tributario. El debate legislativo definirá si se acoge la propuesta del Ejecutivo que busca sustituir las multas fijas sobre activos en el exterior por un esquema porcentual proporcional para los contribuyentes.

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El presidente Noboa veta multa de hasta $1 millón por no declarar el patrimonio

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Convocatoria y orden del día en el Legislativo

La titular del Parlamento estableció una agenda focalizada de manera exclusiva en la resolución de este proyecto de ley económico.

¿Qué propone el veto de Daniel Noboa a las sanciones patrimoniales?

El presidente Daniel Noboa formalizó su objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario mediante un oficio emitido el 13 de octubre. Su reparo se centra en el numeral 2 de la segunda disposición reformatoria, acápite que norma las penalizaciones por no reportar activos en el exterior dentro de la declaración patrimonial.

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El texto original aprobado por el Legislativo fijaba multas de entre 1.000 y 2.000 salarios básicos unificados (SBU). Con el salario básico de 2026 establecido en 482 dólares, los valores sancionatorios fluctuaban entre 482.000 y 964.000 dólares.

El Ejecutivo argumentó que dicho monto resulta excesivo frente a una infracción de carácter formal y provocaría un perjuicio económico desproporcionado. De acuerdo con el mandatario, el Estado debe desincentivar el incumplimiento sin instaurar mecanismos arbitrarios de recaudación que transgredan garantías constitucionales como el principio de no confiscatoriedad.

Parámetros de la sanción planteada por el Ejecutivo

La propuesta remitida por el presidente contempla las siguientes condiciones:

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Reforma al Código Tributario cambia reglas a contribuyentes

Vanessa López

¿Qué recomendó la Comisión de Régimen Económico?

El 16 de octubre de 2026, la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó, con seis votos a favor, su informe no vinculante respecto al veto del mandatario.

La mesa legislativa concluyó que el texto alternativo presidencial no altera el fondo estructural de la reforma general aprobada por el Pleno el pasado 6 de octubre de 2026. Por tal razón, recomendó formalmente que el Pleno se allane a las modificaciones del Ejecutivo.

Si la Asamblea ratifica este criterio, la Administración Tributaria calculará la multa del 0,5 % sobre los bienes identificados en ejercicio de sus facultades sancionatorias, cerrando el trámite legal de la norma.

Lo que debes saber

• Unos 700 mil jóvenes iniciarán su primera experiencia laboral el 4 de noviembre de 2026.
• La selección priorizará a postulantes vulnerables y sin afiliación patronal al IESS.
• Los participantes recibirán dos incentivos económicos de 400 dólares en noviembre y diciembre.

El Gobierno cerró este 15 de octubre el registro del programa Jóvenes en Acción en Ecuador y comenzará la selección de los beneficiarios para que 700 mil participantes inicien su primera experiencia laboral el próximo 4 de noviembre de 2026. El proceso priorizará a postulantes en situación de vulnerabilidad y sin empleo formal registrado en el IESS, quienes combinarán formación, prácticas institucionales y tareas preventivas ante el fenómeno de El Niño hasta el 31 de diciembre de 2026, recibiendo dos incentivos económicos de 400 dólares.

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Proceso de selección y notificación de los postulantes

Tras la culminación del registro este 15 de octubre, las autoridades inician la fase de revisión de perfiles. Los criterios de selección darán preferencia a perfiles con necesidades específicas de inserción:

Durante las próximas semanas, quienes resulten seleccionados recibirán la confirmación oficial por dos vías directas:

Cronograma y actividades de la primera experiencia laboral

La etapa práctica de Jóvenes en Acción se extenderá durante dos meses, desde el 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026. En ese periodo, los participantes accederán a orientación laboral y desarrollarán sus capacidades operativas en coordinación con carteras de Estado, instituciones ejecutoras y compañías del sector privado.

Tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño

Entre las labores asignadas, los beneficiarios colaborarán activamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en planes de preparación comunitaria frente al fenómeno de El Niño, articulando el aprendizaje formativo con el trabajo territorial.

Con esta intervención, el régimen busca que los participantes fortalezcan sus competencias técnicas, generen ingresos propios y aumenten sus opciones de inserción en el mercado laboral formal.

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Pago del incentivo económico de Jóvenes en Acción

Por las tareas desempeñadas durante noviembre y diciembre de 2026, los beneficiarios percibirán un apoyo financiero estatal:

Lo que debes saber

• Socialistas y correísmo pactan en siete provincias para las seccionales de 2026.
• La suspensión provisional del TCE a Revolución Ciudadana impulsó el acuerdo.
• Juan Cristóbal Lloret buscará la reelección en Azuay respaldado por la alianza.

El Partido Socialista Ecuatoriano participará en alianza con el correísmo en siete de las 23 provincias donde presentará listas para las elecciones seccionales de 2026. El acuerdo político se concretó luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana y de Amigo, en el contexto de una investigación por presunto lavado de activos. La coalición buscará captar prefecturas y alcaldías clave a escala nacional.

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Las provincias y cantones con acuerdos electorales

El pacto entre ambas tiendas políticas abarcará cinco provincias completas y cantones específicos de otras dos jurisdicciones:

En Azuay, por ejemplo, el actual prefecto Juan Cristóbal Lloret buscará la reelección con el respaldo conjunto del Partido Socialista Ecuatoriano y de un movimiento local.

Por su parte, el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, ha anunciado a través de redes sociales los nombres de otros cuadros del correísmo que participarán en estos comicios locales.

La estrategia del Partido Socialista para las elecciones seccionales

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, informó que la organización logró inscribir candidaturas en 23 de las 24 provincias del país, tras alcanzar la calificación de más del 85 % de sus listas para prefecturas y alcaldías.

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Alianzas políticas y participación en solitario

La configuración electoral de la organización de cara a los comicios seccionales se distribuye de la siguiente manera:

Debido a la medida cautelar dispuesta por el tribunal electoral contra Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo, el correísmo también contará con postulantes respaldados por otras organizaciones políticas a escala nacional.

Lo que debes saber

• Pide reiniciar el concurso de Fiscal General para asegurar independencia y legitimidad.
• Rechaza anular el proceso del CNE y propone mantener a los postulantes actuales.
• Advierte que el 90 % de los ciudadanos desconoce las facultades del CPCCS en territorio.

La abogada y candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Yumi Andrade Betancourt, plantea empezar desde cero el concurso de fiscal general del Estado tras las alertas de irregularidades y las recientes descalificaciones de aspirantes. La postulante expuso sus propuestas para transparentar la designación de autoridades y recuperar la credibilidad institucional.

Andrade es una abogada y máster en Gerencia de Proyectos. En el sector público ha trabajado como analista del sistema notarial 1 del Consejo de la Judicatura entre 2024 y 2025. Su último cargo registrado es como asistente de asesoría jurídica del Ministerio del Interior. En lo tributario, registró cero dólares en pago de impuesto a la renta en 2024 y 2025. Su última declaración patrimonial es de -870 dólares.

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Las motivaciones para ser candidata al CPCCS

- ¿Por qué entrar a un organismo que, según últimas mediciones, es mal visto por los ecuatorianos y es acechado por sectores políticos?

Cuando existe el desconocimiento de la ciudadanía sobre qué desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo estas herramientas fundamentales e importantes que dispone el Consejo, no podemos simplemente alejarnos de lo público. Este es un momento muy importante para involucrarse con responsabilidad. De igual manera, no me postulo para entrar en una pelea o discusión política, sino para aportar desde el Derecho, desde mi conocimiento, mi experiencia.

- El actual Pleno del CPCCS decía lo mismo cuando recién ingresó, pero hubo divisiones y peleas. ¿Teme que, en caso de ser electa, le toque vivir un nuevo episodio de crisis en el Consejo de Participación?

Este tipo de controversias es lo que genera desconfianza y que la gente ya no crea en el Consejo de Participación Ciudadana. A la gente también le preocupa que las instituciones no cumplan con sus necesidades, que solamente se mantengan en estas peleas y discusiones políticas. Sin embargo, el Consejo debería convertirse no solo en un discurso, sino en una herramienta que promueva la participación ciudadana.

El concurso para fiscal debe volver a empezar y la renovación del CNE unificarse

- Los consejeros que se incorporen en el 2027 deberán asumir concursos en marcha como el de fiscal general del Estado, la renovación del CNE, entre otros. ¿Qué plantea hacer con estos procesos?

Que se realice conforme a Derecho y al cronograma. No pueden existir concursos que se alarguen. Trabajando conjuntamente con las comisiones ciudadanas, con las veedurías ciudadanas y con los otros consejeros, se puede lograr reducir los procesos y establecer los tiempos que se habían acordado desde el inicio.

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- La veeduría del concurso para fiscal general ha pedido al Pleno del CPCCS la nulidad total del proceso. ¿Considera que este y otros concursos deban empezar de cero?

Considero que, en parte, sí se debería iniciar desde cero, tomando en consideración los perfiles y los aspectos de cada postulante, su trayectoria y todos los puntajes que se toman en consideración al momento de postular.

- La Comisión de Selección descalificó a 21 de 26 postulantes...

En este proceso se debió, desde el inicio, tomar en cuenta la experiencia de las personas que califican, que tengan conocimiento en Derecho Penal. Desde el inicio se debe verificar que esta comisión tenga la experiencia como tal y verifique conforme a Derecho.

- La renovación del CNE es otro concurso conflictivo. ¿Valoraría la posibilidad de realizar una renovación total?

Si bien es cierto que todos los actuales vocales del CNE se encuentran prorrogados en sus funciones unos ocho o nueve años, los procesos que se han venido desarrollando no ha habido discusión alguna. Sería de gran oportunidad desarrollar el mismo concurso con los mismos candidatos y postulantes que ya se encuentran. Si se implementarían nuevos concursos tomaría más tiempo establecer nuevos postulantes, nueva comisión calificadora y nuevos veedores, por lo que no se renovarían los actuales vocales del CNE.

CPCCS debe mantener la designación de autoridades

- Hay un referéndum pendiente que plantea pasar la competencia de designación de autoridades a la Asamblea Nacional. ¿Considera que eso podría despolitizar el Consejo de Participación?

Antes de hablar de trasladar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, debemos preguntarnos qué necesita mejorar esta institución y cómo podemos garantizar que cumpla su propósito. Considero importante analizar qué consecuencias tendría cada alternativa para la participación ciudadana, el control social y la designación de autoridades. Para mí, el debate no debería quedarse únicamente en si el Consejo debe existir o no, o trasladarse sus funciones, sino en cómo garantizar que funcione con independencia, transparencia y responsabilidad.

- Si se mantiene la designación de autoridades en el CPCCS, ¿cómo plantea blindar al Consejo de los intereses políticos?

Actuaría trabajando conjuntamente con la ciudadanía y dejando de lado todo el tema político, ideologías, pensamientos y clases sociales. Esto es lo que hace falta en el Consejo de Participación Ciudadana. Más allá de la designación de autoridades, tiene herramientas indispensables. Haciendo un sondeo, aproximadamente el 90 % de los ciudadanos en las 24 provincias desconoce lo que realiza el Consejo. Sería muy provechoso y fructífero realizar este acercamiento hacia los ciudadanos para que conozcan estas herramientas.

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Los pendientes del Consejo de Participación saliente

- ¿Cómo evalúa al Consejo saliente, presidido por Andrés Fantoni?

Existe un desconocimiento total de parte de los ciudadanos sobre qué realiza esta entidad y cómo implementar mecanismos como la silla vacía, las veedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos o los comités de usuarios. Los futuros consejeros tienen un trabajo muy grande en no solamente enfocarse en la designación de autoridades, sino en desarrollar estos mecanismos mediante talleres y capacitaciones de manera presencial, trabajando conjuntamente con las delegaciones provinciales.

- ¿El Consejo saliente no lo ha hecho?

El Consejo de Participación lamentablemente no ha implementado estas herramientas. Por eso se muestra en los sondeos y en lo que he venido desarrollando en capacitaciones y talleres el desconocimiento del 90 %. Hace falta que se implementen más estos mecanismos y no enfocarse solo en las grandes ciudades, sino en zonas rurales y comunidades, trabajando también con jóvenes. He tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y ellos se interesan en las necesidades de sus comunidades, pero no saben cómo solicitar estas herramientas.

Planes para el CPCCS y la garantía de mantener su independencia

- En materia de participación ciudadana, ¿qué proyectos mantendría del Consejo actual y cuáles implementaría?

Acortaría la distancia que muchas veces existe entre las instituciones y la ciudadanía. El ciudadano no debería enterarse de lo que hace el Estado cuando ya todo está decidido. Quiero fortalecer mecanismos reales de participación, control social y rendición de cuentas, manteniendo la independencia y el respeto hacia la Constitución.

- ¿Cómo se traduce eso en una acción concreta?

Trabajando conjuntamente con la ciudadanía, jóvenes y comunidades, haciendo territorio. Es muy fácil decir que todo el país está bien trabajando desde una oficina sin saber qué necesidades tienen en cada provincia, pero la realidad cambia en territorio. Me estreso trabajando en una oficina; me encanta trabajar en territorio, estar con las personas, enseñarles y que conozcan sus derechos.

- Para implementar sus proyectos deberá tener el apoyo del Pleno. ¿Cómo será su relación con el resto de consejeros? ¿Integraría una mayoría o no le importaría ser una voz disidente si algo está mal?

Al llegar a un cargo como consejero se debe trabajar para la ciudadanía y cumplir los objetivos del Consejo, trabajando en conjunto lo más que se pueda con todos. Siempre he dicho que la unión hace la fuerza. Si nos unimos y dejamos de lado las ideologías políticas o circunstancias sociales, el país se va a desarrollar mejor. Es muy fácil criticar a los políticos y a los actuales consejeros, pero lo importante es brindar soluciones a la ciudadanía.

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- ¿Qué garantía puede dar usted de que, en caso de ser electa, no va a terminar cediendo políticamente a ningún interés partidista o particular? ¿Qué garantía le da a los ecuatorianos de que su independencia se mantendrá?

Siempre manifiesto a las personas que verifiquen los perfiles de cada candidato, con quiénes ha trabajado anteriormente, dónde se han desarrollado y en qué instituciones estaban. Ahí se darán cuenta si de verdad va a existir una total independencia. Es fundamental evaluar al candidato. El Consejo de Participación tiene el desafío importante de trabajar en los próximos cuatro años para que la ciudadanía vuelva a confiar en esta institución.

- ¿Cree que el CPCCS es independiente?

Conforme lo establece la Constitución, debería ser independiente. Todos los consejeros deberían tener una ideología apolítica y trabajar con la ciudadanía sin distinción política. Conforme lo establece la Constitución, debería ser apolítico.

El pronunciamiento fue solicitado por la Presidencia de la República durante el gobierno de Daniel Noboa. El pedido fue remitido el pasado 21 de abril, es decir, casi seis meses atrás. En ella se solicitó un dictamen sobre la necesidad o no de contar con la aprobación legislativa antes de ratificar el acuerdo.

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¿Por qué necesita la aprobación de la Asamblea?

Según la Corte Constitucional, el acuerdo requiere aprobación legislativa previa porque incurre en dos de las causales establecidas en el artículo 419 de la Constitución del Ecuador. 

Uno de sus numerales establece que este requisito es necesario cuando los tratados internacionales contienen el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

En el caso del Acuerdo de Comercio Recíproco, por ejemplo, se requieren modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en temas como la regulación de la investigación digital con agentes encubiertos y la tipificación de la grabación no autorizada de películas en salas de cine.

También se necesita un cambio en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código de Ingenios) para armonizar las reglas sobre derechos de autor y derechos conexos.

Otra causal que obliga a someter el acuerdo a la aprobación de la Asamblea tiene que ver con los compromisos en materia de integración y comercio. El instrumento tiene como propósito directo fortalecer la relación económica y comercial entre Ecuador y Estados Unidos mediante disciplinas propias del comercio internacional.

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El texto contempla regulaciones en materia de aranceles, contingentes arancelarios, barreras no arancelarias, reglas de origen, comercio de servicios, comercio digital, compras públicas y facilitación aduanera.

El Acuerdo de Comercio Recíproco fue firmado en marzo de 2026 por el entonces ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo. 

El pasado 17 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que “someta a consideración del señor Presidente el inicio del proceso de ratificación” del acuerdo.

La Corte Constitucional hizo una aclaración

“Este pronunciamiento corresponde al primer momento de control constitucional de los tratados internacionales, previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, señala el dictamen.

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Con esta precisión, la Corte Constitucional explicó que continuará con el segundo momento del control, que corresponde al análisis del contenido del acuerdo para verificar su conformidad con la Constitución.

Lo que debes saber

• Exjefes de Estado apoyan a Flávio Bolsonaro a la presidencia de Brasil.
• El colectivo destaca la estabilidad y el liderazgo regional del país.
• Los exmandatarios ecuatorianos Guillermo Lasso y Jamil Mahuad firman la carta.

El Grupo Libertad y Democracia, integrado por exmandatarios y líderes iberoamericanos como los expresidente ecuatorianos Guillermo Lasso y Jamil Mahuad, oficializó su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro a la Presidencia de Brasil. A través de un pronunciamiento público, los exjefes de Estado señalaron la necesidad de impulsar políticas económicas promercado, garantizar la transparencia en los procesos electorales y fortalecer la institucionalidad democrática.

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La izquierda brasileña se aferra a la esperanza de una remontada de Lula

Agencia AFP

El pronunciamiento del Grupo Libertad y Democracia hacia Brasil

En su comunicado oficial, los exmandatarios y miembros de la organización manifestaron su visión sobre el rumbo que debe tomar el país suramericano:

Creemos en un Brasil que avance por el camino de la libertad, la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos sus ciudadanos. Consideramos fundamental promover políticas que fortalezcan las instituciones democráticas, estimulen la inversión, impulsen la iniciativa privada y contribuyan a la prosperidad de las familias brasileñas.Pronunciamiento del Grupo Libertad y Democracia

Asimismo, el documento recalca el rol estratégico que cumple la nación dentro del contexto geopolítico regional:

Brasil desempeña un papel determinante en el presente y futuro de América Latina. Su estabilidad democrática, su desarrollo económico y su liderazgo regional son esenciales para la construcción de un continente más libre, seguro y prósperoPronunciamiento del Grupo Libertad y Democracia

El grupo concluyó reiterando su compromiso con el respeto irrestricto a la voluntad popular y la transparencia electoral como pilares fundamentales para el porvenir institucional regional.

Internacional

Trump calificó de “gran victoria” la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula en Brasil

Valeria Alvear

Firmantes: exmandatarios y líderes que respaldan el documento

La declaración cuenta con el aval y rúbrica de once figuras políticas de América Latina y España, entre los que destacan dos expresidentes de Ecuador:

El panorama electoral en Brasil

Tras la primera vuelta electoral, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro iniciaron los contactos para ampliar los apoyos de cara a la segunda vuelta de las elecciones, un día después de la primera vuelta.

Bolsonaro obtuvo un 47,03 % de los votos y Lula un 45,16 %, un resultado que estuvo acompañado de un fuerte crecimiento del Partido Liberal (PL), formación del candidato opositor, en el Congreso Nacional y en los gobiernos regionales.

Marco Antonio Peña, coordinador nacional técnico de Participación Política del CNE, explicó que se toman en cuenta los posibles actos de campaña anticipada y la entrega de artículos promocionales que puedan utilizarse con fines electorales. 

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“Se detectaron 4.000 artículos promocionales. En la etapa postelectoral, las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de presentar sus expedientes de campaña. Vamos a realizar el cruce. Si estos artículos no han sido reportados por las organizaciones políticas podremos imputar al gasto electoral”, afirmó Peña.

El funcionario del CNE señaló que existe un límite para el gasto privado en las candidaturas a las distintas dignidades seccionales. “En caso de sobrepasar ese tope de gasto se configura una infracción que deberá ser denunciada”, aseguró Peña.

Sobre las infracciones electorales

El coordinador de Participación Política del CNE hizo una distinción entre los 4.000 artículos que podrían atribuirse a la campaña electoral y las posibles infracciones electorales que efectivamente están bajo investigación.

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Hasta el momento, existen 11 presuntas infracciones. “No es lo mismo porque depende de la situación y las evidencias que se hayan recabado. En esos casos se hacen solicitudes de información cuando se trata de recolectar elementos”, añadió.

El CNE podría acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) únicamente en los casos en los que cuente con elementos que permitan presumir una posible infracción electoral. Peña agregó que los presuntos incumplimientos se habrían producido en distintas provincias del país.