En el documento se agradecen los servicios del ahora exembajador Galo Andrés Yépez “por los valiosos servicios prestados”. También se dan por terminadas sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el Gobierno de la República del Perú.

Política

Cambios en el Gobierno de Noboa: así queda el Gabinete tras los nuevos nombramientos

Edison Andrés García Yépez

En su lugar, la representación de Ecuador la asumirá Roberto Izurieta. El cambio ocurre en un nuevo momento de las relaciones entre ambos países.

El pasado 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú tras unas elecciones reñidas que se definieron por un margen estrecho entre ella y el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez.

Noboa asistió a la posesión de la mandataria peruana. En su momento, la Secretaría General de Comunicación caracterizó ese viaje como una posibilidad para “fortalecer las relaciones bilaterales en la nueva etapa democrática que iniciará la nación peruana”.

¿Quién es Roberto Izurieta?

Izurieta cuenta con una trayectoria ligada a la comunicación política, la docencia y la diplomacia. Es economista de la Universidad Católica de Quito y tiene maestrías en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Campañas Electorales.

Fue asesor de comunicación del expresidente Jamil Mahuad y durante más de 20 años colaboró como analista y comentarista político de CNN en Español. También fue catedrático de The George Washington University y asesor de campañas de varios presidentes latinoamericanos.

En diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso lo designó embajador de Ecuador en Chile. Luego, en noviembre de 2023, Daniel Noboa lo nombró secretario de Comunicación, cargo que dejó en 2024 para asumir una función ante el BID.

Los retos que le esperan

La última visita de un mandatario de Perú al país se registró en diciembre de 2025. En ese entonces, José Jerí visitó el Palacio de Carondelet en el marco del Gabinete Binacional y la seguridad fue uno de los temas centrales de la reunión.

Política

EE. UU. revoca visas a dos ecuatorianos y no revela quiénes son

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La coordinación con el nuevo Gobierno peruano en asuntos como el control fronterizo será uno de los temas urgentes. En ese mismo ámbito, como parte del último Gabinete Binacional, se habló de una mayor integración entre ambos países.

Una de las propuestas fue la implementación de tecnología para la vigilancia de las fronteras. Además, se abordó la lucha contra la minería ilegal.

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura dispuso que las judicaturas penales y anticorrupción de Quito dejen de recibir nuevas causas de garantías jurisdiccionales.
• Los nuevos recursos constitucionales que ingresen en Pichincha pasarán a sorteo exclusivo entre dependencias de materias Civil, Laboral y de Familia.
• La medida responde a la alta carga procesal y a la escasez de magistrados en el sistema de justicia, tras la reestructuración aplicada en septiembre de 2026.

Las dependencias judiciales penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito dejarán de recibir nuevas garantías jurisdiccionales. La resolución, adoptada el 28 de septiembre de 2026 por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) en sesión ordinaria, ordena que estos despachos concentren su labor de forma exclusiva en causas de materia penal, derivando los futuros recursos constitucionales hacia dependencias de otros ámbitos judiciales para optimizar el despacho de causas en Pichincha.

Política

Jueces temporales: quiénes podrán participar en el proceso de selección de la Judicatura

Rosero Mariela

Judicaturas penales excluidas de nuevas garantías en Pichincha

La disposición del organismo administrativo judicial determina que los jueces especializados no admitan a trámite nuevos recursos de índole constitucional, buscando que no se dispersen las funciones asignadas a las salas penales de la capital.

Despachos judiciales que aplican la disposición

Acciones constitucionales derivadas a otras materias

Las dependencias señaladas ya no conocerán nuevos ingresos de los siguientes procesos:

Nuevo esquema de sorteo y causas en trámite

El Consejo de la Judicatura precisó el mecanismo de transición para evitar la paralización de los expedientes que ya están en curso dentro de la provincia.

Los procesos que ya se encuentran bajo conocimiento de los jueces penales especializados continuarán bajo su responsabilidad legal hasta que alcancen una resolución definitiva. Por otro lado, las nuevas demandas constitucionales que se ingresen a partir de esta disposición se distribuirán mediante sorteo entre los juzgados y unidades de:

Política

La Asamblea fiscaliza, pero Corte Constitucional definirá el futuro de las Unidades Anticorrupción

Daniel Alejandro Romero Páez

Justificación técnica ante la carga procesal y déficit judicial

Esta disposición se formaliza después de que, a inicios de septiembre de 2026, la Judicatura eliminó las unidades anticorrupción independientes para trasladar sus competencias directamente a las judicaturas penales ordinarias de Quito.

Pese a que el modelo inicial buscaba concentrar los delitos de alta complejidad en despachos exclusivos, la administración justificó el cambio por motivos operativos:

Lo que debes saber

• Gobierno evalúa extender toque de queda en 4 provincias por seguridad.
• Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro esperan decisión tras balance de operativos.
• Estado de excepción sigue vigente; una renovación permitiría mantener restricciones.

A pocas horas de que concluya el toque de queda que rige en cuatro provincias del país, el Gobierno analiza si la medida debe mantenerse como parte de la estrategia de seguridad aplicada contra el crimen organizado. 

Te invitamos a leer | La pista que llevó a la captura de 12 presuntos miembros de Los Lobos en Manabí

La decisión cobra relevancia debido a que la restricción de movilidad fue presentada como una de las herramientas para facilitar operativos policiales y militares en zonas consideradas críticas por la violencia.

Actualmente, el toque de queda está vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, entre las 00:00 y las 05:00, y fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 498. La medida forma parte de un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa debido a una situación calificada como grave conmoción interna.

La primera opción: extender la restricción mediante una nueva disposición

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que la continuidad del toque de queda está siendo evaluada por el Bloque de Seguridad, que analiza los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la medida. Según la funcionaria, la decisión se tomará tras revisar indicadores relacionados con homicidios, detenciones y acciones contra estructuras criminales.

Si el Ejecutivo concluye que las condiciones de seguridad aún justifican restricciones extraordinarias, podría emitir una nueva disposición que prolongue el toque de queda en las provincias donde actualmente se aplica. Para ello, la administración deberá fundamentar la necesidad de mantener la suspensión temporal de la libertad de tránsito.

Ecuador

Fusiles, explosivos y toneladas de droga: los hallazgos detrás de los últimos operativos

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El estado de excepción sigue vigente

Aunque el toque de queda finaliza el 30 de septiembre, el estado de excepción tiene una duración mayor. El Decreto Ejecutivo 498 establece una vigencia de 60 días para la declaratoria en ocho provincias y tres cantones del país. Esto significa que varias medidas extraordinarias de seguridad continúan activas incluso si la restricción nocturna concluye en la fecha prevista.

Entre esas facultades constan la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos de control, así como la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las jurisdicciones incluidas dentro de la declaratoria.

La posibilidad de una renovación

La normativa ecuatoriana contempla además la posibilidad de renovar un estado de excepción cuando persisten las circunstancias que motivaron su emisión. La Constitución permite una extensión adicional de hasta 30 días si el Ejecutivo justifica la continuidad de la amenaza o la conmoción interna.

En un escenario de escalada de violencia o de nuevas amenazas identificadas por los organismos de inteligencia, el Gobierno podría recurrir a esta herramienta para sostener parte de las medidas extraordinarias actualmente vigentes.

Los resultados que pesan en la evaluación

La discusión sobre una posible extensión ocurre mientras las autoridades destacan resultados obtenidos durante la aplicación del toque de queda. Según cifras difundidas por el Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la medida se registraron miles de aprehensiones, incluidas centenas de personas detenidas por incumplir la restricción de movilidad.

Sigue leyendo | ¿El toque de queda en cuatro provincias se extenderá? Esto dijo ministra de Gobierno

Además, el Gobierno sostiene que la reducción de la circulación durante la madrugada ha permitido desarrollar operaciones focalizadas contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, la continuidad o no del toque de queda dependerá de la evaluación final que realice el Ejecutivo sobre el impacto de la medida y de la evolución de los indicadores de seguridad en las provincias.

El proyecto reconoce el derecho a la protección digital y faculta al Estado para realizar el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que contengan contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.

Política

Reclutamiento de menores: ¿Municipios controlarán apología al delito en espectáculos?

Daniel Alejandro Romero Páez

El texto señala: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollarse y ejercer sus derechos en entornos digitales seguros, libres de violencia, explotación y otras formas de vulneración de sus derechos”.

Cuidado en los entornos digitales

La normativa también plantea el deber de cuidado y supervisión en los entornos digitales. “Los progenitores o representantes legales de las niñas, niños y adolescentes tienen el deber de orientar, acompañar y supervisar, de acuerdo con su grado de desarrollo y madurez, el uso de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes sociales, videojuegos y demás entornos digitales”, establece la ley.

El objetivo es proteger el desarrollo integral de los menores y prevenir situaciones de riesgo, violencia, explotación, reclutamiento, uso o utilización en actividades delictivas. La propuesta también contempla medidas ante el incumplimiento de este deber.

Ecuador

Las bandas encontraron un negocio más rentable: así funciona la economía de las vacunas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

“Cuando el incumplimiento de este deber genere una amenaza o vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se adoptarán las medidas de protección previstas en este Código (de la Niñez)”, se indica.

Hay que tomar en cuenta que el Código de la Niñez considera medidas de protección aquellas destinadas a detener una amenaza, restituir un derecho vulnerado y garantizar su respeto permanente.

Especifica un nuevo delito y aumenta penas

La normativa define el reclutamiento de menores por parte de las bandas delictivas como la “captación o vinculación a estructuras criminales con fines de instrumentalización”.

En ese sentido, el texto establece que el reclutamiento o utilización de menores por fuerzas armadas regulares, irregulares o grupos armados pasaría a sancionarse con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, frente a los 10 a 13 años vigentes.

Política

Comité por reclutamiento de menores avanza a nueva etapa: mesas llevarán modelo a provincias

Daniel Alejandro Romero Páez

También se sancionaría con pena de 22 a 26 años de cárcel a quien reclute, use o utilice menores de forma individual o como parte de una organización de delincuencia organizada o grupos armados para cometer delitos.

Lo que debes saber

• Superintendencia oculta informe sobre la polémica compra de medios ligada a Galamedios.
• La reserva legal de Galamedios vulnera la LOTAIP al carecer de resolución y motivación.
• El uso indebido del estatus reservado se consolida como artilugio para ocultar información.

Cuando un organismo de control del Estado declara en reserva o califica como reservado un informe es porque la autoridad no quiere que esa información sea pública. En otras palabras, lo reservado es lo que quiere que se mantenga oculto o, como se dice morocho, escondido. Esto es lo que la Superintendencia de Compañías ha hecho con el informe que dice haber elaborado sobre Galamedios, la empresa del asambleísta suplente del Gobierno que hizo la más que tránsfuga compra de La Posta y Radio Centro.

En efecto, el superintendente de Compañías subrogante, Luis Idrovo Murillo, reveló ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que la entidad ya ejecutó y concluyó un proceso de control e inspección a Galamedios. Sin embargo, dijo que los resultados se mantienen bajo estricta reserva legal. La Superintendencia de Compañías investigó a Galamedios. La investigación terminó. El informe existe. Pero los ciudadanos no pueden conocer qué encontró la entidad porque, según su superintendente subrogante, sus resultados son “reservados”.

Política

Galamedios fue investigada, pero los resultados son de carácter reservado, dice Superintendencia

Richard Josue Jimenez Mora

Marco legal y requisitos constitucionales vulnerados

Y aquí comienza el problema. No porque se trate de un asambleísta de medio pelo, cuyo patrimonio declarado no le alcanza ni para comprar una media agua, sino porque la declaratoria de reserva en este caso es evidentemente tramposa y no se ajusta a los requisitos legales y constitucionales. En efecto, la ley permite reservar determinada información pública. Sin embargo, la reserva no se declara por decreto verbal de un funcionario, por más bonito que este se considere, ni nace simplemente de pronunciar la palabra “reservado”, como parece haber ocurrido en este caso.

Te puede interesar | José Julio Neira busca la paja en el ojo ajeno y mira a otro lado cuando se trata de Galamedios

Incumplimientos de la LOTAIP y la Constitución

Para comenzar, hay que decir que la Constitución es clara y contundente. El artículo 18 establece que no existe reserva de información sino en los casos expresamente establecidos en la ley. Y la LOTAIP exige, además, que la clasificación como reservada se haga mediante una resolución motivada. Esa resolución debe identificar la norma que permite la reserva, el interés público que se busca proteger, el daño concreto que produciría divulgar la información, las razones de proporcionalidad y el período durante el cual permanecerá reservada. Hasta aquí, nada calza y resulta evidente que Idrovo se pasó la ley por el forro.

Hay más. La LOTAIP establece que, si no se cumple el procedimiento legal de clasificación, la reserva carece de validez. También dispone que la resolución sea remitida a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional, cosa que no ha ocurrido, al menos según la información pública disponible.

Otra cosa: tampoco existe constancia pública de la resolución de la Superintendencia que declaró reservado el informe de Galamedios. Nada se sabe de esa resolución: ni cuándo fue expedida, ni quién la firmó, ni qué norma invocó la Superintendencia. ¿Qué parte del informe está protegida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Fue incorporada al índice de información reservada? ¿Fue remitida a la Defensoría y a la Asamblea? Nada de esto se sabe. Sin embargo, en la Asamblea se dio por sentado que nadie puede conocer el informe elaborado sobre Galamedios.

Las operaciones financieras de Galamedios y Boglia Media

Y en este caso el tema no es cualquier cosa, porque Galamedios no es una compañía cualquiera: fue creada en 2025, adquirió por 2,6 millones de dólares las participaciones relacionadas con La Posta y Radio Centro y registró millonarias obligaciones financieras. Y ahora resulta que Galamedios transfirió esos activos a Boglia Media, una sociedad panameña, poco antes de entrar en disolución.

La lógica, la ley y la ética pública dicen que la transparencia no consiste en que el Estado diga que investigó. Consiste en que explique qué puede mantener legítimamente oculto y por qué.

Te puede interesar | Esta es Boglia Media, la empresa que compró las acciones de Galamedios y tiene vínculos con ADN

Si existe una resolución de reserva, Idrovo debió mostrarla, y eso no lo hizo. Si cumple la LOTAIP, como debería, Idrovo debió explicar su fundamento. Porque una investigación sobre una empresa que compró medios de comunicación por millones de dólares no puede terminar administrativamente en una frase: “el informe es reservado”. Eso, en realidad, fue un insulto a la inteligencia y a la ética.

Idrovo ignoró, evidentemente de forma deliberada, que la reserva de un documento necesita una ley que la justifique, una resolución y una motivación. Y, sobre todo, necesita poder ser comprobada.

Política

Galamedios fue disuelta tras vender acciones en medios de comunicación a sociedad de Panamá

Richard Josue Jimenez Mora

Falta de registro y antecedentes de ocultamiento estatal

Pero aún hay algo más que hace pensar que esta reserva es chueca. La LOTAIP obliga a las instituciones a mantener un índice de información reservada, que debe señalar el número de resolución, la fecha de clasificación y el período de vigencia. Es decir, la Superintendencia debería tener su resolución sobre Galamedios en ese índice o lista.

Y esto tampoco ocurre. En realidad, Galamedios no aparece en el índice de información reservada de la Superintendencia de Compañías, según la información pública revisada.

Idrovo no parece saber, o finge no saber, algo que jurídicamente es para principiantes: la reserva no se presume. Si la Superintendencia afirma que el informe de Galamedios es reservado, debe poder mostrar el fundamento legal y el acto administrativo que produjo esa clasificación. Hasta ahora, eso no ha ocurrido públicamente.

El patrón de reserva en casos de interés público

Lo de “reservado”, evidentemente, se ha convertido en un artilugio utilizado por el Gobierno para esconder información. Ocurrió en este caso con Galamedios, como también ocurrió con el fiasco de HealthBird, donde tampoco se quiso entregar a la opinión pública la información sobre el contrato con esa supuesta proveedora de servicios de salud. Y ocurrió con el informe del caso Caja Chica, también reservado, con el que el Tribunal Contencioso Electoral dejó fuera de las elecciones a la Revolución Ciudadana.

Te puede interesar | Entre el blindaje y la transparencia: El candado a la información pública enciende el debate

Si se quiere ocultar algo, siempre lo más eficaz será declararlo reservado. Aún más cuando se lo hace ignorando la ley.

Los datos clave de esta historia

• Un terreno de 55 hectáreas, avaluado en $22 millones, iba a venderse por unos $5 millones en el caso Proinco, pero un juez de Mejía suspendió en agosto de 2026 el proceso de compra y venta. Son más de 1.000 inversionistas que esperan recuperar más de $60 millones.
  
  
• En Homes Ecuador, 46 familias siguen sin una solución en proyecto habitacional de vía a la Costa, en Guayaquil. Han pasado seis liquidadores desde 2019.
  
• En Vidcae, el actual liquidador, Patricio Salazar, maneja 72 liquidaciones simultáneamente, y no contesta a acreedores, según fuentes.

Después de la publicación de la investigación ‘La argolla del control’, varias personas llegaron a EXPRESO, tanto a sus oficinas de Guayaquil como de Quito, para contar las anomalías que registran los procesos de liquidación que atraviesan las empresas con las que tienen algún tipo de relación, ya sea porque son compañías familiares o son parte de la lista de acreedores.

Este Diario recogió sus testimonios y recibió los documentos que sostienen sus afirmaciones. Ellos cuestionan que las gestiones de los liquidadores, personas delegadas por la Superintendencia de Compañías, en lugar de cerrar las empresas de forma ordenada y pagar las deudas, se han convertido en trámites largos, inciertos y, en varios casos, administraciones que guardan silencio ante sus consultas.

La falta de información y de acciones para sanear las deudas, aseguraron los ciudadanos, mantiene con incertidumbre a familias, adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad.

Política

Entre 10 y 80 empresas por operador: así se reparten liquidaciones en la ‘Super’ de Compañías

Redacción Expreso

En los testimonios se repite el problema y las figuras de los liquidadores en diferentes empresas. En distintos expedientes se cruzan los nombres de Carlos Cadena, Patricio Salazar o Ashley Delgado, quienes han llegado a manejar decenas de liquidaciones a la vez o a representar al mismo tiempo a empresas que tienen cuentas pendientes entre sí.

Este es un seguimiento de las tres entregas pasadas que revelaron la concentración de cargos que, según los testimonios y expertos en temas societarios, genera opacidad y prolonga las acciones de pago ante la carga de trabajo humanamente imposible de gestionar. Así también lo señalaron fuentes y denunciantes, que pidieron relatar sus casos sin una mayor exposición por posibles represalias.

HOMES ECUADOR S.A.

Milton Espinosa, un jubilado con discapacidad, pagó $42.000 en diciembre de 2014 por un departamento en el proyecto Costa Plaza en Puerto Azul, en Guayaquil.

La vivienda debía entregarse en febrero de 2015, pero no le dieron el inmueble ni le devolvieron el dinero.

Así lo relató un familiar del adulto mayor, quien pidió que se guardara bajo reserva su identidad. Él se contactó con este Diario y contó que pese a ganar una decisión arbitral firme en mayo de 2026, sigue sin cobrar, al igual que otras 45 familias.

“Vendieron dos veces los apartamentos, todo con venia de liquidadores. Los actuales dueños que sí viven en el conjunto lo conocen. Además que ya perdieron su plata, les pedían más plata sobre un proyecto en ruinas”, manifestó la fuente, quien cuestiona el silencio y falta de acciones de las diferentes administraciones de la ‘Super’ en torno a la opacidad con que se han manejado las cuentas de Homes Ecuador y de otras empresas relacionadas.

Homes Ecuador fue disuelta el 8 de marzo de 2019 y desde entonces la administración de la firma ha pasado por las manos de seis liquidadores, quienes no han podido dar solución a los perjudicados.

Según la fuente, la información con la que cuentan corresponde a un archivo de Excel del año 2018 que el entonces liquidador Carlos Cadena les envió en 2021 (esta persona estuvo al frente de esa liquidación entre 2020 y 2022).

Cadena es una de las 21 personas identificadas en la concentración de liquidaciones de empresas. Simultáneamente registraba 40 encargos, según los datos oficiales con corte al 9 de junio pasado.

Política

Fallas que llevaron a la salida del liquidador de Zofragua

Flor Layedra Torres

Política

Caso Zofragua: denuncia por la desaparición de fondos públicos

Flor Layedra Torres

En el documento entregado a acreedores, que revisó este Diario, se detalla que Homes debía $384.000 a Landrex y $1.422 dólares a Moatowers, mientras que la empresa vinculada Motorgold le debía a Homes Ecuador $1’643.504. Todas estas compañías pertenecen a los accionistas.

“Desde otra liquidación, (vemos) en cambio, que el aparato jurídico sí fue activado contra directivos de la compañía que edita EXPRESO (la ‘Super’ nombró a Cadena liquidador de Veranera S. A., que pretende controlar el 40% del paquete accionario de Granasa, y en medio de una disputa abierta por esas acciones Granasa fue intervenida en 2026). Cadena debe explicar por qué no desplegó frente a Motorgold ni accionistas de compañías vinculadas la misma capacidad jurídica”, comentó la fuente.

Ninguno de los seis liquidadores que pasaron por Homes Ecuador demandó ni intentó cobrar los 1,64 millones de dólares que debía Motorgold, sostuvieron los afectados.

Política

Liquidadores sin control: las fallas de la SuperCías

Flor Layedra Torres

Por el contrario, agregaron, el 28 de agosto de 2020 fueron enviados correos con copia a la liquidadora Paola Vélez exigiendo a los compradores pagar entre un 10% y un 18% más de dinero bajo supuestas amenazas de sanciones (presiones). Además, indicaron que en su momento cinco de los seis liquidadores representaron al mismo tiempo a la empresa deudora y a la acreedora Landrex.

Este Diario solicitó una entrevista a la administración de esas firmas, pero sigue pendiente la respuesta.

Política

Los testimonios que destapan los riesgos detrás de la concentración de liquidaciones de empresas

Redacción Expreso

Más de mil afectados

El caso del Grupo Proinco (que agrupa a tres empresas) abarca a más de 1.000 inversionistas, a quienes se les debe más de $60’000.000 desde el año 2016.

Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y herederos, como Pedro Galindo, el presidente del comité de acreedores formado el 7 de julio de 2025, cuya madre falleció sin recuperar sus $80.000.

Un informe pericial de la Fiscalía confirmó que existían $98’000.000 en activos para saldar las deudas.

Los denunciantes relatan que entre mayo y junio de 2025, la entonces intendenta regional Verónica Rodríguez reemplazó del cargo al liquidador Ángel Mayorga (quien, según las fuentes, sí informaba a los acreedores del avance del proceso) por Roberth Torres.

Torres es parte del grupo de liquidadores beneficiados con 34 encargos al 9 de junio pasado. Según los acreedores, en 2025 él tenía previsto vender un bien que podía respaldar parte de la deuda: un terreno de 55 hectáreas (dos lotes) en el cantón Mejía, avaluado en $22’000.000 en 2016, pero que se pretendía vender en unos $5’000.000.

No obstante, en agosto de 2026, el juez Henry Leiva, del cantón Mejía, ordenó la suspensión del proceso de la compra y venta del bien, “a fin de prevenir un daño grave e irreversible a los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, vida digna y propiedad de las personas adultas mayores y acreedores del proceso de liquidación de Maktradecorp S.A.”.

Política

El laberinto de las liquidaciones que salpica a la Vicepresidenta y a un negocio millonario de lotes

Redacción Expreso

El caso VIDCAE S.A.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas constituyó la empresa Vidcae S.A. para construir un proyecto de viviendas, a través del cual se vendieron terrenos a más de 500 arquitectos. Tiempo después, los directivos del gremio pasaron la mayoría de las acciones a la propia Vidcae S.A.

Dicha firma entró en liquidación en 2015 por incumplimientos en la presentación de balances y desde entonces han pasado siete liquidadores. Actualmente, el proceso está en manos del liquidador Patricio Salazar, quien maneja 72 liquidaciones al mismo tiempo, según la investigación de EXPRESO.

Arquitectos que confiaron sus ahorros en el proyecto aseguraron que Salazar se ha negado a registrar como acreedores a 240 compradores que entregaron sus carpetas con la documentación completa.

Patricia Sánchez es una de las más de 500 personas que afirman haber sido afectadas y que sostienen no haber sido escuchadas por la ‘Super’. “Yo creo que debe actuar la Fiscalía. El paquete accionario debe regresar al CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas) y es el CAE el que debe liquidar el proyecto”, planteó Sánchez, quien entregó 8.600 dólares hace 25 años.

En la investigación ‘La argolla del control’ se envió un pedido de entrevista a Salazar. No ha contestado el correo electrónico.

Ecuador

Luis Cabezas-Klaere: de abogado de empresas vinculadas al caso Isspol a vigilar su liquidación

Redacción Expreso

Ecuador

La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere

Redacción Actualidad

Ecuador

La huella de los conflictos que dejó Luis Cabezas-Klaere en su paso por la gerencia del BIESS

Redacción Expreso

Dos años en liquidación

Entre las historias que se documentaron en esta entrega consta la de una empresa cuya actividad está relacionada con varias industrias y que tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, en medio de un conflicto entre accionistas, entró en un proceso de disolución que data del 2024.

EXPRESO conoció que esta compañía ha tenido más de un liquidador en ese tiempo. Ashley Delgado Aguilar es la más reciente, desde mediados de 2025. La liquidadora, abogada de 24 años de edad, ha recibido 20 nombramientos similares entre 2025 y 2026 (al 9 de junio pasado tenía 15 encargos de ese tipo).

La llegada de la liquidadora significó para el principal accionista y su familia, el inicio de una pesadilla ante las supuestas acciones de la administradora para evitar que el negocio retome su actividad, como el cambio de cerraduras, lo que ha supuesto la acumulación de deudas bancarias, de servicios básicos, pago a proveedores, reveló una fuente cercana a la empresa.

Lo que se sabe

• Diana Ramírez asumió el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano en lugar de Cynthia Gellibert Mora
• La nueva secretaria de Estado se desempeñaba como viceministra de Servicio Público
• Tendrá funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios

Diana Ramírez Villacís es la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano desde este lunes 28 de septiembre de 2026. Reemplaza a Cynthia Gellibert Mora, quien ahora preside el Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Política

Diana Ramírez Villacís asume el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Ramírez se desempeñaba como viceministra de Servicio Público. Durante más de dos décadas en el sector público, también ha sido secretaria nacional de Planificación y ha dirigido el Plan Nacional de Desarrollo.

"En el sector privado, y como consultora independiente, ha asesorado en proyectos de economía circular, alianzas público-privadas y fortalecimiento de fundaciones de índole social", indicó la cartera de Estado.

Economía y negocios

Los retos de implementación de la nueva ley laboral en Ecuador

Vanessa López

Desafíos y proyectos del Ministerio del Trabajo

Reducir la brecha de desempleo, flexibilizar la contratación para incentivar la productividad y combatir la informalidad laboral están entre los objetivos planteados por esta Secretaría de Estado.

Mitigar la alta informalidad es uno de los desafíos, en vista de que más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) trabaja en el sector informal, lo que limita el acceso a la seguridad social y a salarios regulados.

Plan Sectorial de Trabajo hasta 2029

El ministerio tiene tres metas institucionales prioritarias:

También se espera que con las reformas a la Ley de Servicio Público, las pasantías y prácticas preprofesionales se validen como experiencia laboral y así fomentar la inserción laboral de los más jóvenes.

Esta cartera de Estado también mantiene los proyectos "Compromiso por el Empleo" y "Ruta de la Empleabilidad", cuyo objetivo es fortalecer el perfil profesional de jóvenes (18-26 años), mujeres y adultos mayores (45-64 años).

Economía y negocios

¿Hay restricciones de ingresos para quienes solicitan el subsidio Yapa pa' tu casa?

Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber

• El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si aprueba la declaratoria del 15 de noviembre de cada año como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".
• La iniciativa, impulsada mediante un pedido oficial del asambleísta Adrián Castro Piedra, busca rendir homenaje permanente a las personas afectadas por la delincuencia organizada y a los servidores públicos caídos en cumplimiento de su deber.
• La sesión ha sido convocada para el jueves 1 de octubre a las 11:00 en el Palacio Legislativo.

El Pleno de la Asamblea Nacional alista la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado dentro de su agenda legislativa institucional.

(Te puede interesar: Asamblea definirá el futuro de ley que aumenta penas por reclutar menores: estos son los cambios)

Por disposición de la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se convocó formalmente a los legisladores a la Sesión N° 128-AN-2025-2029, prevista para este jueves 1 de octubre, a las 11:00, en el Palacio Legislativo.

Entre los puntos centrales del orden del día destaca el debate y resolución en torno a la declaratoria oficial de una nueva fecha cívica nacional.

Política

Comité por reclutamiento de menores avanza a nueva etapa: mesas llevarán modelo a provincias

Daniel Alejandro Romero Páez

La iniciativa responde directamente a una solicitud formal presentada por el asambleísta Adrián Castro, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mediante el memorando N° AN-CPAE-2026-0232-M, dirigido a la máxima autoridad del Legislativo.

¿Cuándo se conmemorará el Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado?

La propuesta legislativa establece que cada 15 de noviembre sea instituido oficialmente como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".

Ecuador

Ley de Aviación Civil en Ecuador: ¿los pasajes de avión realmente podrían bajar de precio?

Edison Andrés García Yépez

Según el documento suscrito por Castro, esta conmemoración busca rendir homenaje permanente a todas las personas afectadas, de manera directa e indirecta, por el accionar de los grupos de delincuencia organizada en el país.

Asimismo, el reconocimiento especial está dirigido a honrar la memoria "de los servidores públicos, entre ellos fiscales, jueces, policías y militares, que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber frente al crimen organizado".

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 28 de septiembre una serie de cambios en su Gabinete ministerial mediante la emisión de decretos ejecutivos.
• Los ajustes incluyeron la designación de Bernardo Cordovez Cereceda en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y de Cynthia Gellibert Mora como representante del Gobierno ante el Consejo Directivo del IESS.
• Asimismo, Diana Paulina Ramírez Villacís asumió la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano, mientras que Roberto Izurieta fue nombrado embajador en Perú.

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó una serie de modificaciones y relevos dentro de su equipo de colaboradores este lunes 28 de septiembre.

(Te puede interesar: "No podemos controlar las tormentas": frase con la que Sariha Moya se despidió del Gobierno)

Uno de los principales movimientos se originó tras la renuncia de Sariha Moya al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Mediante el Decreto Ejecutivo 509, el primer mandatario designó a Bernardo Cordovez Cereceda como nuevo titular de esta cartera de Estado, dejando vacante la presidencia del Consejo Directivo del IESS que venía ocupando.

Política

Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Para sucederlo en la seguridad social, el Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo 511 nombrando a Cynthia Gellibert Mora como nueva delegada del Gobierno ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Diana Ramírez Villacís, nueva ministra de Trabajo

Como consecuencia directa del movimiento de Gellibert, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano pasó a ser liderado por Diana Paulina Ramírez Villacís, quien fue designada oficialmente a través del Decreto Ejecutivo 510.

Política

Diana Ramírez Villacís asume el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Adicionalmente, los cambios dictados por la administración central incluyeron el ámbito diplomático con la expedición del Decreto Ejecutivo 512.

En ese documento, el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta, fue nombrado oficialmente como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en la República del Perú.

Lo que se sabe

• El Gobierno estadounidense no reveló las identidades de los sancionados, pero sí la causa: actos de corrupción
• Viajar a Estados Unidos es uno de los impedimentos tras la medida
• En otros tres países de la región también se aplicó esta sanción

La revocatoria de visas estadounidenses, anunciada por el Gobierno de Donald Trump en este lunes 28 de septiembre de 2026, alcanza a dos ciudadanos ecuatorianos, cuyas identidades no fueron reveladas.

Política

EE. UU. revoca visas a dos ecuatorianos y no revela quiénes son

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Estados Unidos indicó que la decisión alcanza a sus familiares directos, aunque no indicó tampoco si se trata de funcionarios públicos, empresarios o particulares.

Con la medida se busca restringir el acceso a visas estadounidenses a personas extranjeras que participen en actividades de corrupción o tengan nexos con el narcotráfico, según el régimen norteamericano.

¿Qué implica la revocatoria de visa estadounidense?

La cancelación del documento incluye algunas prohibiciones para las personas sancionadas:

"Una visa puede ser revocada si una persona es arrestada, condenada por un delito, actúa de manera que no corresponde con el tipo de visa que posee, permanece en los Estados Unidos más tiempo del permitido, o si se determina que representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional, entre otras razones", indica el régimen estadounidense.

Además de los dos ecuatorianos, la revocatoria alcanzó a magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario, de Bolivia; el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta, de Colombia; además de un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, en Perú.

Ecuador

¿Qué es la información reservada en Ecuador y en qué casos puede declararse?

Sara Ortiz

Quito

Así funciona C5 de Quito: vigilancia con IA, alertas tempranas y cobertura limitada

Rosero Mariela

En la carta, Andrade señala que su renuncia es irrevocable y responde a “razones personales” y a su decisión de “asumir nuevos desafíos”. 

A este Diario, Carolina Andrade le confirmó que su próximo reto estará vinculado con la seguridad ambiental en la Amazonía: “Iré a un organismo regional, para trabajar sobre crimen organizado ambiental en la Amazonía”.

Andrade llegó a la Secretaría en mayo de 2023, al inicio de la administración de Muñoz. En su despedida, destacó el trabajo realizado durante ese periodo y agradeció al alcalde por la confianza depositada en ella y en su equipo.

Entre los instrumentos que mencionó están el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027 y el Plan de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 2025-2033, además de otros programas y proyectos de la dependencia.

La denuncia sobre supuesta sala espejo, antecedente

Su salida se produce, en un momento de tensión entre el Gobierno nacional y el Municipio de Quito por el manejo de los sistemas de videovigilancia de la capital.

Quito

Municipio de Quito rechaza acusaciones sobre presunto espionaje con cámaras de videovigilancia

IVONNE MANTILLA

El 10 de agosto, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la Policía había tomado el control del centro de cámaras de Quito y sostuvo que existían “cinco o seis” salas espejo conectadas al sistema municipal. Según el ministro, estas conexiones podían permitir que terceros conocieran los movimientos de los operativos de seguridad.

Carolina Andrade rechazó entonces esa versión y aseguró que no existía una sala paralela. También explicó que el centro de monitoreo municipal funcionaba en el mismo edificio del ECU-911.

Andrade es máster en Ciencia Política, con mención en Asuntos Públicos por la Universidad Panteón-Sorbona de París y especialista en Servicios de Inteligencia. Permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre para completar la transición y entregar el informe de gestión. Hasta ahora, el Municipio no ha anunciado quién la reemplazará.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Cynthia Gellibert Mora y nombró a Diana Paulina Ramírez Villacís.
• El cambio ocurrió el 28 de septiembre en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
• Diana Paulina Ramírez Villacís asume tras la reorganización de esa cartera estatal.

El presidente de la República, Daniel Noboa, realizó un nuevo ajuste en su gabinete ministerial al dar por terminadas las funciones de Cynthia Gellibert Mora como ministra de Trabajo y Desarrollo Humano y nombrar en su reemplazo a Diana Paulina Ramírez Villacís. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 510, suscrito el 28 de septiembre de 2026.

En el documento, el mandatario agradece los servicios prestados por Gellibert durante su gestión y oficializa el relevo en una de las carteras responsables de las políticas laborales y de desarrollo humano del país.

Cambio en un ministerio recientemente reestructurado

La salida de Gellibert se produce meses después de que asumiera el cargo. Según el decreto, fue designada ministra mediante el Decreto Ejecutivo 410, emitido el 5 de junio de 2026.

Te invitamos a leer | Cynthia Gellibert es la nueva presidenta del Consejo Directivo del IESS

Posteriormente, el Gobierno impulsó una reestructuración institucional que incluyó la fusión por absorción del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades dentro del entonces Ministerio del Trabajo. Como resultado de ese proceso, la entidad pasó a denominarse Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La designación de una nueva ministra ocurre en medio de esa reorganización administrativa, que amplió las competencias de la cartera y concentró funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios.

Diana Ramírez asume la cartera

Con la expedición del nuevo decreto, Diana Paulina Ramírez Villacís se convierte en la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano. El documento no detalla las razones del relevo ni establece cambios adicionales dentro de la institución.

La disposición también deroga el Decreto Ejecutivo 410, mediante el cual había sido nombrada Gellibert, y deja sin efecto cualquier norma de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en el nuevo instrumento legal.

Política

Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Nuevo movimiento en el gabinete de Noboa

Durante las últimas horas, el Gobierno ha realizado modificaciones en el Directorio Ejecutivo del IESS y en el Ministerio Productivo y Económico. 

Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Bernardo Cordovez del IESS el 28 de septiembre y nombró a Cynthia Gellibert.
• Cynthia Gellibert asumirá la representación del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS.
• El cambio ocurre mientras el IESS enfrenta debates sobre finanzas y gestión de recursos.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, dispuso un nuevo cambio en la representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A través del Decreto Ejecutivo 511, firmado este 28 de septiembre de 2026, el mandatario removió a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda del Consejo Directivo de la entidad y designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora como su reemplazo.

La decisión se produce menos de un año después de que Cordovez fuera nombrado en el cargo mediante el Decreto Ejecutivo 234, expedido el 26 de noviembre de 2025. En el nuevo decreto, el Ejecutivo agradece los servicios prestados por el exfuncionario y da por terminadas sus funciones como representante del Gobierno ante el máximo organismo de dirección del IESS.

Nueva representante del Ejecutivo en el IESS

La designación de Cynthia Gellibert Mora se concretó luego de que la Superintendencia de Bancos emitiera una resolución en la que calificó su habilidad legal para ejercer el cargo de vocal en representación de la Función Ejecutiva dentro del Consejo Directivo del IESS.

Te invitamos a leer | Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

El decreto presidencial señala que la designación se realiza en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la Ley de Seguridad Social otorgan al Presidente de la República para nombrar al representante del Ejecutivo ante el organismo.

De acuerdo con la normativa vigente, el delegado de la Función Ejecutiva también ejerce la presidencia del Consejo Directivo del IESS, instancia encargada de adoptar decisiones sobre la gestión administrativa y financiera de la seguridad social ecuatoriana.

Disponen nueva evaluación de seguridad

El decreto también ordena a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgo para determinar si Gellibert requiere protección especial en el ejercicio de sus nuevas funciones. Según el documento, en caso de identificarse amenazas o riesgos, deberán adoptarse medidas de seguridad acordes al nivel de exposición establecido.

La disposición deja sin efecto un decreto anterior que otorgaba medidas de protección a Gellibert y establece que cualquier esquema de seguridad deberá sustentarse en una nueva evaluación técnica elaborada por la Casa Militar Presidencial.

Política

"No podemos controlar las tormentas": frase con la que Sariha Moya se despidió del Gobierno

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Cambio ocurre en medio de debates sobre el futuro del IESS

La modificación aparece en momentos que rescatan su sostenibilidad financiera, la administración de sus recursos y el manejo de sus activos. En las últimas semanas, la institución ha estado en el centro de la atención por propuestas relacionadas con la gestión de bienes y mecanismos para fortalecer sus finanzas.

El CPCCS se conforma por siete vocales. De ellos, tres salen de la lista de hombres, otros tres de la lista de mujeres y el séptimo representa a los Pueblos y Nacionalidades y a los ecuatorianos en el exterior.

Política

Esta es la lista definitiva de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana: los 65 nombres

Richard Josue Jimenez Mora

Tras la publicación de la lista, la única candidata en carrera por esa vocalía es Martha Susana Toapanta Cuascota. En el actual escenario, podría convertirse en la virtual ganadora de esa dignidad.

Desde la creación del CPCCS con la Constitución de 2008 y el posterior cambio en la elección de los integrantes del organismo mediante votación popular, después de la Consulta Popular de 2018, un hecho así no había ocurrido. 

Por ello, se anticipa la posibilidad de que exista un vacío legal, por ejemplo, respecto de quién debería ocupar el cargo en caso de ausencia, censura o destitución.

De acuerdo con el registro del CNE, para las elecciones de 2026 se postularon 40 candidatos por los Pueblos y Nacionalidades. Al final, solamente una de esas candidaturas pasó el filtro del proceso que está a cargo del CNE.

¿Quién es Martha Toapanta?

Según el expediente publicado en la página web del CNE, Toapanta es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Informática. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador.

Entre los certificados presentados como parte del proceso consta uno de Greenland Environmental Consulting, en el que se hace referencia a que Toapanta es parte del pueblo Kayambi.

También hay referencias a que fue concejala del cantón Pedro Moncayo entre 2009 y 2018. Además, fue directora del Ministerio de Inclusión entre 2021 y 2022.

Política

CNE incumple plazo para publicar el listado final de postulaciones al Consejo de Participación

Richard Josue Jimenez Mora

Sobre la lista de candidatos

La tarde de este 28 de septiembre de 2026, el CNE decidió publicar el listado de candidatos al organismo de participación ciudadana. Hay 65 aspirantes en carrera por ocupar una de las siete vocalías. Este era uno de los hitos del calendario electoral de cara a las votaciones que se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

Los postulantes no podrán hacer campaña. Para la difusión de sus propuestas y perfiles, el CNE determinará los espacios destinados para ese fin. Hay que recordar que los candidatos tampoco pueden ser auspiciados por una organización política.

Política

Hospital Pablo Arturo Suárez: pacientes esperan semanas por cirugías y transferencias

Rosero Mariela

Los médicos piden que se reconozcan y paguen, con los recargos correspondientes, las horas suplementarias, extraordinarias o nocturnas trabajadas por encima de ese límite desde la entrada en vigor de la norma. 

También solicitan que el MSP expida la normativa técnica sobre las jornadas y establezca mecanismos para registrar y controlar las horas efectivamente trabajadas.

¿Qué dice la Ley de Carrera Sanitaria?

El artículo 18 de la LOCS, vigente desde el 1 de septiembre de 2023, establece una jornada especial para el personal de salud que realiza trabajos peligrosos, está expuesto a ambientes de alto riesgo de contaminación o cumple turnos rotativos en fines de semana y feriados. 

Los accionantes sostienen que, pese a la vigencia de la ley, existen profesionales que trabajan hasta 160 horas al mes. Según su reclamo, el propio MSP reconoció esta situación en la respuesta a una petición previa.

Este artículo debería beneficiar a quienes forman parte de la carrera sanitaria y realizan trabajos peligrosos, laboran en ambientes de alto riesgo de contaminación o cumplen turnos rotativos que incluyen fines de semana y feriados.  

El Reglamento General de la LOCS, expedido mediante el Decreto Ejecutivo 159 en septiembre de 2025, estableció además un plazo de 90 días para que la Autoridad Sanitaria Nacional emitiera la normativa técnica sobre jornadas. Ese plazo venció el 28 de diciembre de 2025.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, acompañó a los representantes de unos 300 médicos del Guayas y señaló que otros 400 profesionales prevén sumarse al reclamo. La legisladora también anunció gestiones en la Asamblea sobre la formación de especialistas, las becas y la brecha de personal sanitario.

Política

Pacientes renales piden al Gobierno garantizar la diálisis tras la advertencia de transnacional

Rosero Mariela

"Como médica, no puedo quedarme callada frente a estas injusticias. Regresé a los 18 años al país y veo con preocupación la situación de médicos rurales, posgradistas, especialistas. En el ministerio hay un gran número de especialistas bajo la figura de médico general, talento formado afuera, con contratos de médicos generales".

Los médicos sostienen que la obligación reclamada es clara, expresa y exigible, por lo que corresponde a la Corte determinar si existe un incumplimiento de la normativa vigente.

Lo que debes saber

• Un total de 65 candidaturas oficiales disputarán los siete cupos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027-2031.
• Los comicios se llevarán a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026, tanto en territorio nacional como en el exterior.
• La nómina definitiva se divide en tres listas: 26 mujeres, 38 hombres y una representante de pueblos, nacionalidades y del exterior.

Un total de 65 candidaturas oficiales disputarán la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027-2031, tras la publicación del listado definitivo en Quito este 28 de septiembre de 2026. El proceso electoral se definirá en las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026, jornada en la que los ciudadanos ecuatorianos en el país y en el exterior elegirán a siete consejeros principales mediante tres listas diferenciadas.

Política

Elecciones 2026: más del 60% de ecuatorianos aún no decide su voto y el escenario sigue abierto

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

¿Cómo se distribuirán las vocalías del CPCCS?

La designación de los siete consejeros se realizará a través de cuotas específicas establecidas por la normativa electoral:

Lista oficial de aspirantes por categoría

El pleno determinó la nómina completa de postulantes calificados que constarán en las papeletas de votación.

Candidatas de la lista de mujeres (26 postulantes)

Política

FUT, Frente Popular y UNE ensayarán una nueva movilización contra el Gobierno: ¿para cuándo?

Daniel Alejandro Romero Páez

Candidatos de la lista de hombres (38 postulantes)

Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y del exterior

Política

Pacientes renales en Ecuador: dializadora exige un acuerdo de pagos antes del 30 de septiembre

Rosero Mariela

De este modo, DaVita señaló, sin dar más detalles, que se deja sin efecto la transición forzada del cuidado de estos pacientes, anunciada el pasado 14 de septiembre.

Según DaVita Ecuador, el acuerdo se alcanzó tras una reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa; el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira; y el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

"Seguirán recibiendo con normalidad sus diálisis"

En un comunicado, compartido con EXPRESO, la dializadora, de origen estadounidense, señaló que en los próximos días dará a conocer los detalles de los compromisos asumidos con el Gobierno y las acciones que corresponderán a cada parte.

“Lo más importante es que nuestros pacientes tengan la seguridad de que seguirán recibiendo con normalidad sus tratamientos de diálisis, medicamentos y atención integral en nuestros centros, con la misma calidad, responsabilidad y cercanía de siempre”, señaló la compañía.

El anuncio llega dos semanas después de que DaVita advirtiera sobre el riesgo para la continuidad de la atención de los pacientes derivados por el MSP, debido a la falta de un acuerdo para resolver los pagos pendientes.

En un documento dirigido el 14 de septiembre a los ministros de Salud, Economía y Finanzas y Desarrollo Económico y Productivo, la empresa informó que avanzaba hacia una transición del cuidado de los pacientes derivados por el Estado.

DaVita Ecuador indicó entonces que atiende a unos 7.300 pacientes en el país, incluidos los 3.850 derivados por el MSP. Su red está integrada por 28 centros y cuenta con más de 1.500 profesionales y colaboradores.

Con el nuevo acuerdo, la empresa aseguró que los pacientes continuarán sus tratamientos en sus centros. “Agradecemos al Gobierno por los compromisos asumidos para seguir trabajando a favor de la diálisis en Ecuador”, indicó.

¿Y qué pasará con el resto de dializadoras? La deuda alcanza los 26 meses

El Frente de Pacientes Renales del Ecuador respondió, semanas atrás a la advertencia de DaVita, señalando que "no son moneda de cambio". Además que continuarán con sus acciones en las calles, para sensibilizar al Gobierno sobre sus obligaciones.

Política

Diálisis en Ecuador: el problema de las clínicas que también golpea a los pacientes renales

Rosero Mariela

Para el martes 29 de septiembre, el Frente de Pacientes Renales anunció una nueva concentración, en Quito. Ellos requieren tres sesiones de diálisis de cuatro horas diarias por semana. La falta de pago a las dializadoras ha puesto en riesgo esos tratamientos. La deuda, según dializadoras, llega a los 26 meses, sin acuerdo de pago.

Lo que debes saber

• Inés Manzano exigió celeridad en los plazos de adjudicación y amenazó con la destitución de los funcionarios que retrasaran el proceso o insistieran en requisitos legales como la domiciliación de la empresa extranjera.

Inés Manzano operó a favor de Karpowership, la multinacional propietaria de las barcazas, que en alquiler de energía térmica flotante ha cobrado más de 400 millones de dólares desde 2024.

La evidencia está en los chats de la entonces Ministra de Energía a los que EXPRESO tuvo acceso. Allí se revela su intervención directa, las presionasen y coordinaciones que ejerció sobre el entonces gerente general de Elecaustro, Cristhian Piedra Lazo, para asegurar la contratación de la firma turca Karpowership.

A través de sus chats, la funcionaria controló el proceso de adjudicación y amenazó con destituciones directas a los funcionarios eléctricos que buscaron defender los tiempos y requisitos legales de la contratación pública.

Justicia

Caso Progen: La Fiscalía echa mano de un testigo clave

Sara Ortiz

Presión política y amenazas de destitución

Entre el 10 y el 11 de diciembre de 2024, la Ministra supervisó de forma continua la publicación del proceso en la plataforma de Elecaustro. Frente a las explicaciones del gerente, quien defendió los tiempos mínimos necesarios para la adjudicación, Manzano reaccionó con ultimátums: “Quiero que prescinda de los servicios de todos aquellos que están retardando el proceso de la barcaza. Si usted es uno de ellos, le acepto la renuncia”.

“Esta pendejada de no ser responsable en un momento de crisis se acabó. Si a alguien le tiembla la mano que se haga a un lado”. Para Manzano, el cumplimiento de las formalidades legales no debía frenar el contrato, pues en ese entonces había una crisis energética, agravada por los retrasos de Progen en Catamayo (contrato con la Empresa Eléctrica Regional de Sur) y en Salitral y Quevedo (con Celec).

La eliminación del requisito para la domiciliación

En las “Bases para la Contratación de Emergencia”, suscritas por la Gerencia General de Elecaustro, el 4 de diciembre de 2024, el numeral 7 exigió de forma explícita que la empresa adjudicada debía domiciliarse en el Ecuador, en cumplimiento del artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Justicia

Caso Progen: Fabián Calero denuncia "graves vulneraciones" a sus derechos ante entes internacionales

Edison Andrés García Yépez

Sin embargo, cuando la Dirección de Asesoría Jurídica de la empresa insistió en mantener dicha exigencia legal frente al proveedor extranjero, Manzano fustigó al gerente: “No está comprometido cuando vuelven a pedir que se domicilie KPS nuevamente. ¿Qué le pasa a su jurídica?”.

Esta interferencia derivó en que Karpowership jamás estableciera una sucursal en Ecuador. El Contrato Nro. 2025-005, adjudicado finalmente el 24 de enero de 2025 por un monto de 96’876.000 dólares, fijó el domicilio oficial de la proveedora en Singapur. Y de hecho, el último contrato de marzo de 2026, por 131 millones de dólares, Karpowership mantiene su domicilio en el extranjero.

Manzano chateaba con la contratista

El rol de la ministra abarcó también la revisión de las cláusulas contractuales. El 20 de diciembre de 2024, increpó nuevamente a la gerencia de Elecaustro por presuntos cambios en los textos preparados por los abogados de la empresa:

“¿Qué pasa con el contrato de KPS? ¿Por qué lo cambia arbitrariamente la abogada?”. A la par de estos reclamos, la entonces funcionaria mantuvo comunicación directa, por mensajes de WhatsApp, con Deniz Harezi, ejecutiva de Karpowership. Mientras Harezi reportaba las rutas y contratiempos de navegación de las embarcaciones hacia Ecuador, Manzano le otorgó instrucciones técnicas para tramitar modificaciones a los contratos ante otras entidades públicas: “Deniz, para reemplazar la central eléctrica que tenemos ahora mismo, necesito que solicites una adenda. Es lo que presentaría a Celec mañana”.

Los registros de mensajería confirman una conducta que superó el marco su rol como ministra. Manzano actuó como gestora de un proceso precontractual; presionó para neutralizar las objeciones jurídicas internas y asegurar la adjudicación a favor de Karpowership.

Justicia

Celec pierde la calidad de acusadora particular en el caso Progen

Sara Ortiz

EXPRESO buscó la versión de Manzano. La contactó por correo, mensajes de texto y la red X, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

¿Desde el inicio se sabía que ganaba Karpowership?

Los documentos del proceso que constan en el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop) sugieren que el acuerdo estuvo orientado hacia Karpowership desde sus primeras etapas. Hay un factor clave: Se redactaron especificaciones técnicas que solo la multinacional podía cumplir.

Los términos de referencia fijaron parámetros muy restrictivos como solicitar una planta termoeléctrica flotante de 120 MW, operativa en 25 a 30 días, conectada a 230 kV y con combustible HFO 6

En el mercado internacional, Karpowership es prácticamente la única multinacional que cuenta con barcazas eléctricas integradas (Powerships) de esa magnitud en operación inmediata dentro de la región (con experiencia previa documentada en Cuba).

Las demás empresas que participaron en el estudio de mercado, el Consorcio Global Saint Thermo Solutions y Energy Experts Now S.A., no poseían embarcaciones propias de esas características y dependían de intermediación o subcontratación. Así, Karpowership quedó como la única opción calificada para la contratación.

Economía y negocios

Ecuador volverá a contratar dos barcazas para generar electricidad, ¿cuándo entrarán en operación?

Mayra Pacheco Pazmiño

Lo que debes saber

• EE. UU. revocó visas a dos ecuatorianos el 28 de septiembre por presunta corrupción.
• Washington no reveló quiénes son los ecuatorianos sancionados ni sus cargos.
• La medida incluye a Bolivia, Colombia y Perú por narcotráfico y acciones contra gobiernos.

El gobierno de Estados Unidos anunció este 28 de septiembre nuevas restricciones de visado contra ciudadanos, jueces, funcionarios y empresarios de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, a quienes vincula con actividades de corrupción, narcotráfico o acciones destinadas a socavar gobiernos elegidos democráticamente.

Te invitamos a leer | Caso Daniel Salcedo: las pruebas que entregó Estados Unidos para pedir su extradición

La medida fue comunicada por el Estados Unidos, que confirmó la revocatoria de visas a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familiares directos. Sin embargo, la entidad no precisó los nombres de los sancionados ni detalló si se trata de funcionarios públicos, empresarios o particulares.

Según el comunicado oficial, la política aplicada busca restringir el acceso a visas estadounidenses a personas extranjeras que participen en actividades de corrupción o tengan nexos con el narcotráfico que afecten la estabilidad democrática de los países de la región.

Ecuador, entre los países alcanzados por las sanciones

La decisión se conoce semanas después de la gira regional realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien visitó varios países latinoamericanos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Aunque el gobierno estadounidense confirmó la existencia de dos ciudadanos ecuatorianos sancionados, evitó entregar mayores detalles sobre los casos específicos que motivaron la revocatoria de sus visas.

La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por Washington para incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico, la corrupción y otros delitos transnacionales considerados amenazas para la gobernabilidad en América Latina.

Funcionarios, jueces y empresarios entre los sancionados

En el resto de la región, las restricciones alcanzan a magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario de Bolivia; un empresario y una senadora de Colombia; además de un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, en Perú.

Entre los nombres revelados por las autoridades estadounidenses figuran el empresario colombiano Euclides Antonio Torres Romero, vinculado a un conglomerado empresarial que opera principalmente en sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y la senadora Martha Isabel Peralta, integrante del movimiento político Pacto Histórico.

Política

Irene Vélez sobre relaciones internacionales de Ecuador: "No somos una diplomacia ideologizada"

Daniel Alejandro Romero Páez

Parte de la estrategia regional de Washington

De acuerdo con el Departamento de Estado, las sanciones forman parte de los compromisos asumidos dentro de la iniciativa de seguridad regional Escudo de las Américas, promovida por el presidente Donald Trump en marzo de 2026 para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

La retirada de visas constituye una de las herramientas utilizadas por Washington para restringir el ingreso al país de personas consideradas una amenaza para la institucionalidad democrática o vinculadas a actividades ilícitas en el continente.

Política

Judicatura y jueces anticorrupción: ¿cuántas vacantes se abrirán y cómo será el concurso?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La medida fue adoptada en la sesión ordinaria N.° 095-2026, del 14 de julio de 2026. Como parte de ella, el Pleno aprobó los procedimientos para la selección y designación temporal de jueces de los Tribunales de Garantías Penales y de las Cortes Provinciales de Justicia, así como de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

¿Qué instructivo aprobó el Consejo de la Judicatura?

El proceso para la selección será interno y estará dirigido a servidores jurisdiccionales que tengan nombramiento definitivo, provisional o contrato de servicios ocasionales y que acrediten al menos cinco años de permanencia en la Función Judicial.

Para la selección, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó también el instructivo para la elaboración y aplicación del banco de preguntas para la selección de jueces temporales de unidades judiciales. 

Este banco tendrá 1.050 preguntas: 

La decisión responde, según los informes técnicos y jurídicos presentados al Pleno, al déficit de juzgadores que ha incidido en la tramitación de causas, la suspensión o diferimiento de audiencias, las dificultades para conformar tribunales y el aumento de la carga procesal en las dependencias judiciales del país.

Con este procedimiento, la Judicatura busca cubrir de manera temporal las vacantes existentes mediante un mecanismo dirigido a servidores que ya forman parte de la Función Judicial.

Economía y negocios

Tras renuncia de María Paz Jervis, la CIP recalca su carácter “gremial e independiente”

Redacción Digital

La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha indicado, en entrevistas previas, que harían falta algo más de 700 jueces. Además ha repetido que hay problemas estructurales que arrastran de años anteriores.