Lo que debes saber

• La Fenocin afirma que aún no ha decidido convocar a un paro.
• El 22 de agosto realizará un congreso nacional para definir acciones.
• El 29 de agosto está prevista una asamblea de organizaciones sociales.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) aseguró que aún no ha definido medidas de hecho por el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. Su presidente, Guido Perugachi, informó que la decisión será adoptada por las bases durante un congreso y una asamblea previstos para agosto, donde también se evaluará la posibilidad de impulsar un diálogo con el Gobierno.

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Perugachi sostuvo que la organización no ha convocado a un paro y criticó que se haya interpretado de esa manera su posición. "Nosotros no estamos en este momento aun diciendo vamos a un paro", afirmó, al insistir en que la dirigencia únicamente actuará como vocera de lo que resuelvan las organizaciones sociales.

Las bases decidirán si buscan un diálogo

Perugachi explicó que la Fenocin convocará primero a un congreso y posteriormente a una asamblea con organizaciones sociales para definir la postura frente al incremento de los pasajes del transporte intra e interprovincial. Reiteró que la dirigencia no impondrá medidas y que actuará como vocera de las resoluciones que adopten las bases.

El dirigente señaló que, si las organizaciones resuelven buscar un acercamiento con el Ejecutivo, la Fenocin respaldará esa decisión. "Si las organizaciones sociales dicen que hay que dialogar con el Gobierno, dialogamos", expresó, aunque insistió en que ese proceso debe darse de manera pública.

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Cuestionan la falta de diálogo del Gobierno

El presidente de la Fenocin sostuvo que el Gobierno no ha mostrado voluntad para dialogar con las organizaciones sociales y, en cambio, ha optado por imponer decisiones. Además, aseguró que persisten problemas relacionados con el costo de la canasta básica, la salud, la educación y la seguridad, sin que, a su criterio, existan respuestas suficientes por parte del Ejecutivo.

Perugachi informó que el congreso nacional de la Fenocin se realizará el 22 de agosto, mientras que el 29 de agosto se desarrollará una asamblea autoconvocada por diversas organizaciones sociales. Indicó que en esos espacios se resolverán las acciones que impulsarán y reiteró que la organización "se manda de abajo hacia arriba", por lo que las decisiones corresponderán a sus bases.

Lo que debes saber

• El concurso para renovar la Fiscalía General del Estado pasó de 75 a solo 26 postulantes.
• Denuncias de irregularidades, bajas de exfuncionarios y renuncias marcaron la fase inicial.
• Daniella Camacho lidera la puntuación del proceso, pero también acumula más impugnaciones.

La lista de postulantes a fiscal general del Estado se va reduciendo con el avance del concurso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). De los 75 postulantes que ingresaron en marzo de 2026, ya solo quedan 26, en medio de denuncias, descalificaciones y renuncias al proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General.

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Etapas del concurso y depuración de la lista de postulantes

El proceso de selección para la Fiscalía General del Estado ha avanzado a través de distintas fases de revisión y control:

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Descalificaciones y renuncias clave en el CPCCS

La salida de aspirantes durante la calificación de méritos respondió a motivos ajenos al rendimiento académico o profesional:

Descalificación de José De La Gasca

El exministro de Gobierno en la administración del presidente Daniel Noboa quedó fuera del concurso tras la aprobación de una denuncia ciudadana por presunto incumplimiento de requisitos. A pesar de responder a los señalamientos, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió su descalificación. De La Gasca decidió no apelar la resolución y acusó públicamente al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, de direccionar su salida.

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Desistimiento de Luis Augusto Rosero Méndez

El aspirante presentó su renuncia voluntaria al concurso el 30 de julio de 2026 mediante un oficio dirigido a la Comisión Ciudadana de Selección, documento que se conoció formalmente al día siguiente. Aunque el escrito no detalló los motivos del retiro, el Pleno del CPCCS aceptó oficialmente su desistimiento el 5 de agosto de 2026.

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Fase actual: impugnación ciudadana y escrutinio público

Con 26 candidatos en competencia, la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado avanza hacia la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público. Actualmente, la tabla de calificación la encabeza la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien simultáneamente registra la mayor cantidad de objeciones dentro del proceso.

Lo que debes saber

• Luis Augusto Rosero Méndez renunció al concurso para Fiscal General del Estado.
• Es el segundo postulante que queda fuera del proceso llevado a cabo por el CPCCS.
• El CPCCS avanza en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció y aceptó oficialmente este 5 de agosto de 2026 la renuncia del postulante Luis Augusto Rosero Méndez al concurso de selección para Fiscal General del Estado. Rosero formalizó su salida voluntaria de la contienda el 30 de julio de 2026, medida que fue acogida por la Comisión Ciudadana de Selección al día siguiente y trasladada formalmente al Pleno para ratificar el fin de su participación en el proceso.

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Luis Augusto Rosero Méndez desiste del concurso para fiscal general

En su escrito formal, Luis Augusto Rosero Méndez expresó su voluntad expresa de desistir de su participación en el certamen para la selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Con la notificación leída en el Pleno del CPCCS, se oficializó formalmente su salida del proceso. El profesional había alcanzado una puntuación de 38 puntos durante la etapa de calificación de méritos, la cual se convirtió en la última fase en la que tuvo participación activa.

Postulantes fuera del proceso de selección del CPCCS

Con el retiro de Rosero, se reduce la nómina de aspirantes a liderar el organismo de control penal en el país:

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Avances en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público

Durante la sesión del Pleno, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, recordó a la ciudadanía y a los medios que la selección para Fiscal General del Estado se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público.

Asimismo, la máxima autoridad del Consejo detalló las fases reglamentarias fijadas para el trámite de las objeciones presentadas:

Contrato millonario publicado en el Sercop

• El contrato omite la licitación abierta usando un mecanismo de excepción legal de Régimen Especial.
• El rubro publicitario equivale a casi el 40 % de lo invertido en todo el Eje Social durante 2025.
• La adjudicación ocurre mientras la entidad advierte falta de liquidez para otros asuntos.

Carlos Encalada asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026 con un discurso marcado por la urgencia climática y la austeridad. En su primera entrevista con EXPRESO, hace un mes, advirtió que el tiempo apremiaba frente al Fenómeno de El Niño y que el presupuesto era limitado. De hecho, sepultó la idea de traer una draga grande para el islote El Palmar argumentando que los $4 millones que tenían de saldo apenas alcanzarían para el transporte.

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$3,8 millones para publicidad 'a dedo'

Sin embargo, la austeridad parece no aplicar a la imagen institucional. La Prefectura del Guayas tramita el proceso RE-CSCD-PG-2026-002, un contrato para el "Servicio de difusión multicanal de la gestión institucional" por $3.825.344,00 (sin IVA).

Se trata de una adjudicación mediante Régimen Especial, un mecanismo legal que permite a la entidad saltarse el concurso público y la puja de ofertas. Bajo el paraguas de la "Comunicación Social" (Art. 38 de la Ley de Contratación Pública), la máxima autoridad invitó de forma directa a una sola empresa: Publicidad de Medios Publimedios S.A., la cual presentó una oferta que cuadra exactamente al centavo con el presupuesto referencial de la institución.

Pauta hasta el 2027

El contrato tiene un plazo de ejecución de 304 días, lo que significa que el gasto trascenderá el corto mandato de Encalada (quien entregará el cargo en mayo de 2027). La certificación presupuestaria refleja una afectación plurianual: $1.912.672,00 para el ejercicio fiscal 2026 y $1.912.672,00 para 2027.

El desglose financiero de la propuesta de Publimedios S.A. revela las prioridades de difusión:

Otras agencias (como Digifilms, Beta Creative y Mediterraneo Comunicación) presentaron proformas superiores a los $4,1 millones durante el estudio de mercado.

Publicidad vs. Obra Social y Dragado

El peso de este contrato publicitario se evidencia al compararlo con las cuentas que dejó la exprefecta Marcela Aguiñaga en su última rendición de cuentas de 2025.

El año pasado, la Prefectura, liderada por Marcela Aguiñaga, destinó $9.886.260 al Eje Social durante 12 meses. Es decir, la administración transitoria de Encalada gastará en publicidad y redes sociales, en tan solo 304 días, el equivalente a casi la mitad de todo lo que la provincia invirtió en materia social en un año completo.

La disparidad también roza al proyecto más urgente de la provincia: el río Guayas. En su reciente diálogo con este Diario, Encalada justificó la paralización del mega dragado por factores económicos: "Lamentablemente, traer una draga, solo el transporte, nos cuesta cerca de 4 millones de dólares. Y el saldo que tenemos es de 4 millones... Una draga grande por los tiempos no nos van a dar".

En contraste con esas declaraciones, Prefectura compromete de forma directa $3,8 millones para promocionar su gestión en radios, vallas y redes sociales durante una etapa preelectoral, aunque el propio prefecto asegure que volverá al sector privado en 2027.

Frente a la magnitud del gasto y la utilización de la figura de Régimen Especial en medio de advertencias de austeridad climática, EXPRESO ha solicitado información oficial a la Prefectura del Guayas para que justifique la prioridad y necesidad de este proceso millonario. Hasta el cierre de este reportaje, se espera una respuesta.

Lo que debes saber

• La Ley de Compañías no establece un listado de actos que requieren la firma del interventor.
• Especialistas sostienen que el control debe enfocarse en proteger el patrimonio de la empresa.
• La normativa prevé responsabilidades si la actuación del interventor causa perjuicios a la compañía.

Cinco meses han transcurrido desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Desde entonces, la dinámica operativa de la empresa ha experimentado cambios que han impactado algunos procesos internos.

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Alcances de la intervención societaria

Si el rol del interventor es el de vigilar y subsanar las supuestas irregularidades que motivan la intervención, ¿cuál es el límite de su trabajo para que este no obstaculice el normal desempeño de la compañía?

Olenka Ramírez, directora del área societaria de FexLaw, e Israel Ruiz, experto en derecho procesal, junto con Marco López, exsuperintendente de Compañías, coinciden en que la intervención de una empresa no debería constituir una sanción ni entorpecer sus operaciones.

Ellos sostienen que la medida debe tener como finalidad corregir las irregularidades que motivaron la intervención y proteger a la compañía, sus accionistas y terceros, aunque determinadas acciones requieran la autorización o la firma del interventor.

Ramírez explica que no existe un listado en la Ley de Compañías sobre los actos que requieren la firma del interventor, pues ello depende de la resolución de la SuperCías. Aun así señala que, en la práctica, esa autorización suele exigirse para movimientos bancarios, pago de acreedores, contratación de nuevas obligaciones, venta o gravamen de bienes y otros actos que comprometan el patrimonio de la empresa.

No obstante, Ruiz expone que es habitual que el interventor suscriba roles de pago, declaraciones tributarias, balances y estados financieros.

López, por su parte, sostiene que el principal control del interventor debe concentrarse en los flujos de efectivo, ya que allí puede verificarse el correcto manejo de los recursos.

La abogada Ramírez aclara que el interventor no remplaza las funciones del gerente o de los administradores.

López coincide en que debe actuar como un colaborador que ayude a solucionar los problemas que originaron la medida y no desempeñarse como un administrador paralelo.

Los interventores son enviados a las firmas como solución, no como problema, por lo que el fin del interventor es que no haya demoras. Si las hay, es un rol mal utilizado.Israel Ruiz, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

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Los efectos en la operación de GRANASA

Sin embargo, en GRANASA esa situación ya tiene efectos concretos. El personal de servicios prestados del Diario asegura que, antes de la intervención, sus honorarios eran cancelados una semana después de emitir las facturas, mientras que ahora los pagos se realizan entre la tercera y cuarta semana del mes, una demora que atribuyen al proceso de aprobación que debe cumplir la interventora societaria.

Gerardo Menoscal trabaja como fotógrafo freelance en EXPRESO desde hace tres años. Este padre de familia asegura que el retraso en el pago de sus honorarios, por la falta de una firma, le preocupa porque depende de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

Cuenta que desde el cambio de interventora en GRANASA, el pago correspondiente a junio lo recibió más tarde, a la cuarta semana. “Tengo cuentas que pagar. Antes no era así. Antes el pago llegaba puntualmente en la segunda semana de cada mes”, asevera Menoscal.

Desde 2018, Gianella Muñoz trabaja como periodista y productora externa de las revistas de EXPRESO. Relata que antes de la intervención a GRANASA, sus facturas eran pagadas puntualmente tras la quincena y a fin de mes. Ahora no: los desembolsos tardan hasta dos semanas más en el primer caso y alrededor de cuatro semanas en el segundo.

La periodista explica que esos retrasos repercuten directamente en la producción de las revistas. Cada portada implica gastos de movilización para maquilladores, estilistas y modelos, además de la compra de utilería y el pago al talento que participa en las sesiones fotográficas.

Muñoz asegura que para no afectar a las modelos, ni deteriorar relaciones profesionales construidas durante años, en varias ocasiones ha tenido que cubrir esos pagos con recursos propios, mientras espera que la interventora apruebe sus honorarios. Advierte que esta situación irregular podría comprometer la calidad gráfica que ha caracterizado históricamente a EXPRESO y EXTRA.

La intervención es una medida administrativa temporal, no un castigo ni una toma de control de la empresa. La vigilancia no puede entorpecer las actividades empresariales.Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma de abogados FexLaw

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Los límites de la actuación del interventor

Estas situaciones descritas por colaboradores externos reflejan el escenario que los especialistas consideran que debe evitarse durante una intervención. Para la abogada Ramírez, cuando la firma del interventor retrasa el pago a proveedores, colaboradores o acreedores, afecta el normal desenvolvimiento de la empresa.

Ruiz coincide con ese criterio y sostiene que la finalidad del interventor es agilizar los procesos y contribuir a que la compañía supere las causas que motivaron la intervención, no generar demoras o dilaciones injustificadas. A su juicio, cuando esas demoras afectan la operación diaria, la intervención deja de cumplir el objetivo para el que fue concebida.

En la misma línea, el exsuperintendente de Compañías sostiene que un interventor “no puede alterar sustancialmente la dinámica de un negocio” y que debe procurar que los pagos continúen ejecutándose dentro de los plazos habituales.

El objetivo de una intervención es corregir los problemas de la empresa, no llevarla al desastre. El interventor debe ser un colaborador de la administración, no un enemigo.Marco López, exsuperinten-dente de Compañías

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Responsabilidades por una intervención irregular

Añade que la misión de la SuperCías no es castigar ni llevar a las empresas a una liquidación, sino corregir las irregularidades detectadas, procurando afectar lo menos posible la actividad empresarial y preservar las fuentes de empleo.

El abogado Israel Ruiz agrega que si un interventor actúa con dolo o negligencia y causa perjuicios a la compañía, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Y que la SuperCías también tiene una cuota de responsabilidad, al ser la entidad que designa al interventor y supervisa su actuación.

Lo que debes saber

• Este miércoles 5 de agosto, el Pleno del CPCCS conocerá la renuncia presentada por Luis Augusto Rosero Méndez.
• Rosero comunicó el pasado 30 de julio su decisión de desistir de continuar en el proceso mediante un correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección.
• El 31 de julio, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió dar por conocido el desistimiento de Rosero y remitir la documentación al Pleno del CPCCS.

Este miércoles 5 de agosto, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conocerá la renuncia presentada por Luis Augusto Rosero Méndez al concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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El tema consta como el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 10:00.

Rosero comunicó el pasado 30 de julio su decisión de desistir de continuar en el proceso mediante un correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección. En el mensaje manifestó expresamente su voluntad de retirarse del concurso.

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Un día después, la Comisión Ciudadana de Selección analizó la comunicación durante una sesión administrativa.

En esa reunión resolvió dar por conocido el desistimiento y remitir la documentación al Pleno del CPCCS, al considerar que la normativa establece que únicamente ese organismo tiene la atribución de aceptar la renuncia de un postulante y disponer su exclusión definitiva del concurso.

La resolución de la Comisión fue aprobada con siete votos a favor y dispuso notificar tanto al Pleno del CPCCS como al propio postulante y a la veeduría ciudadana acreditada dentro del proceso.

Revisión de impugnaciones a los aspirantes a fiscal general del Estado

Un total de 51 impugnaciones ciudadanas se registraron en el concurso público para la selección y designación del fiscal general del Estado, tras finalizar la fase de recepción el 31 de julio.

Daniella Camacho es la aspirante que ha recibido más impugnaciones (10) durante el proceso. Le siguen Inés Maritza Romero, con 9, y el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, con 5.

Lo que debes saber

• El CNE y el TCE rechazaron la difusión de contenidos en redes sociales que, según señalaron, buscan intimidar a sus autoridades y funcionarios.
• Aunque el documento no menciona casos específicos ni identifica a los responsables de esas publicaciones, advierte sobre un ambiente de hostigamiento contra sus integrantes.
• "Ninguna forma de presión, intimidación o amedrentamiento condicionará sus actuaciones ni interferirá en el desarrollo del proceso electoral", expusieron los dos organismos.

Este martes 4 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron la difusión de contenidos en redes sociales que, según señalaron, buscan intimidar a sus autoridades y funcionarios, ejercer presión sobre ellos o afectar el cumplimiento de sus funciones durante el proceso electoral.

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En el pronunciamiento, la Función Electoral sostuvo que este tipo de prácticas son incompatibles con el debate democrático, el respeto a la institucionalidad y el normal desarrollo de las elecciones.

Aunque el documento no menciona casos específicos ni identifica a los responsables de esas publicaciones, advierte sobre un ambiente de hostigamiento contra sus integrantes.

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Además, ambas instituciones afirmaron que continuarán ejerciendo sus competencias "con independencia y estricto apego al ordenamiento jurídico".

CNE y TCE: "Ninguna forma de presión interferirá en el desarrollo del proceso electoral"

"Ninguna forma de presión, intimidación o amedrentamiento condicionará sus actuaciones ni interferirá en el desarrollo del proceso electoral", expusieron los dos organismos.

Según el texto, el rechazo se dirige a cualquier conducta que busque afectar el ejercicio de sus funciones.

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"La crítica y el disenso son propios de una sociedad democrática; la intimidación y el hostigamiento, no", expusieron.

La Función Electoral advirtió que adoptará las medidas institucionales y legales que correspondan frente a este tipo de hechos. Sin embargo, el documento no precisa cuáles serían esas acciones ni si ya existe algún procedimiento en marcha.

El comunicado fue suscrito por el presidente del CNE, José Cabrera Zurita, y la presidenta del TCE, Ivonne Coloma Peralta, en medio del calendario electoral y del incremento del debate político en plataformas digitales.

Lo que debes saber

• Cambios en candidaturas de ADN revelan falta de democracia interna y un proyecto para Quito.
• El CNE frente a las irregularidades en las listas electorales de Pichincha y el noboísmo.
• La estrategia de ADN en Quito: ¿un fracaso anunciado que beneficia a Jorge Yunda?

“Sólo invertimos los roles”: la explicación de Harold Burbano, el exministro de Trabajo de Daniel Noboa, sobre los cambios en las candidaturas de Pichincha para estas elecciones, constituye toda una declaración de principios de su partido y un indicador de lo que el país puede esperar de los gobiernos seccionales que terminen bajo el control del oficialismo. Designado candidato a prefecto el pasado 1 de julio, al término de un supuesto proceso de democracia interna de cuyos alcances y procedimientos el país lo ignora todo, Burbano mutó este domingo (nadie sabe por decisión de quién) en candidato a alcalde de la capital, mientras que Giovanna Ubidia, inicialmente elegida para desempeñar ese papel, se convirtió en aspirante a prefecta. “Sólo invertimos los roles”: es una forma de decirlo.

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La controversia por la democracia interna en ADN para las elecciones

¿Qué revela esa “inversión de roles”? Para empezar, significa que la democracia interna en ADN es una farsa. Los militantes que supuestamente aspiran a ver convertida en alcaldesa de Quito a Giovanna Ubidia, y para eso la eligieron quién sabe por qué razones imposibles de entender, han sido traicionados por su propio partido. Alguien (¿la cúpula de dirigentes, en el supuesto de que en ADN existiera tal cosa?, ¿el presidente de la República?, ¿los comunicadores políticos a cargo de la interpretación y análisis de las encuestas?) decidió pasarse el resultado del proceso de democracia interna por el forro y mandarla para prefecta. Y poner, en su lugar, a Harold Burbano, en un juego de inversión de roles que este último celebra como si fuera la cosa más normal.

Sanciones del CNE e irregularidades en el proceso electoral

¿Qué tiene que decir el CNE a propósito de este atropello a las normas electorales de la democracia interna? El organismo que hoy preside José Cabrera (sustituto ideal de Diana Atamaint, en la medida en que él tampoco contrariará jamás al poder político) ha sancionado a tres partidos (Izquierda Democrática, Suma y Reto) por incumplimientos en el proceso de democracia interna. A los tres los ha privado de su derecho de postular candidatos en estas elecciones. ¿Permitirá que Giovanna Ubidia y Harold Burbano participen como aspirantes a dignidades para las cuales no fueron elegidos por los militantes de su movimiento? ¿Acaso da lo mismo?

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En ADN todos parecen considerar que sí, que da lo mismo. “Sólo invertimos los roles”, dice Harold Burbano; “evaluamos lo que dijo la gente”, explica la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, cuyas declaraciones son siempre insustanciales pero que, esta vez, termina por revelar (contra su voluntad, seguramente) el motivo de la decisión tomada: las encuestas les dijeron qué hacer.

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La falta de un proyecto político para la Alcaldía de Quito

Invertir los roles significa que los candidatos son intercambiables. Da lo mismo uno aquí y otro allá que uno allá y otro aquí. Al fin y al cabo, esto de armar listas electorales sólo consiste en designar un nombre para cada casillero. Se supone que un partido político de verdad (tanto más uno que ocupa el gobierno de la República) forma cuadros para desempeñar funciones; especializa la gente. Tras dos años y medio de ejercicio del poder, uno esperaría que ADN tuviera un firme candidato para ocupar la alcaldía de la capital, con un proyecto de ciudad coherente y en relación orgánica con las políticas públicas del gobierno central. Pero no. A la hora de elegir candidato a la alcaldía de Quito, se sacan de la manga una directora del Seguro Social Campesino con cero experiencia en política local; y al cabo de un mes la sustituyen con un exministro de Trabajo que, como ella, no tiene la menor idea de cómo funciona el Municipio.

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La conclusión es clara: tras dos años y medio en el gobierno, ADN no tiene nada que remotamente se parezca a un proyecto de ciudad para la capital de República. ¿Lo tiene para algún otro municipio? El fichaje de Cynthia Viteri, la alcaldesa que echó por el caño tres decenios de administración socialcristiana, indica claramente que tampoco en Guayaquil el gobierno (integrado por un buen 90 por ciento de guayaquileños) tiene las ideas claras (si es que tiene alguna).

Las posibilidades de Harold Burbano y el escenario político en Quito

Ahora bien: la apuesta por Harold Burbano, el exministro que asumió la parte más sucia de la estrategia para secuestrar el Consejo de la Judicatura, precisamente como candidato a alcalde de la ciudad en la que operativos políticos de ese tipo tienen el más alto nivel de resistencia, es un fracaso anunciado. Aborrecible por su conducta y más aborrecible aún por su discurso, Harold Burbano no tiene la más remota posibilidad de alzarse con la alcaldía de Quito. Parecería más bien que el objetivo de ADN en esta elección particular es perderla.

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Jorge Yunda: “No soy bailarín, ni tampoco de extremos ideológicos”

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¿Pacto implícito entre el oficialismo y la candidatura de Jorge Yunda?

No es en absoluto descabellada la idea, cada vez más aceptada, de que el verdadero candidato del gobierno para presidir el Municipio de la capital es el indescriptible Jorge Yunda. Para empezar, su rehabilitación judicial (en un gobierno que tiene bajo amenaza y control al aparato de justicia, como queda claro con los procesos contra otro alcalde, Aquiles Álvarez) habría sido imposible de no contar con los favores del noboísmo. Además, es el único candidato con altas posibilidades de ganar al que el gobierno no le ha acosado de ninguna manera: si en algún momento se puso en duda su candidatura, debido a su inscripción en un padrón electoral fuera de Quito, la rápida y favorable solución que el Tribunal Contencioso Electoral (una extensión de Carondelet) dio a ese problema revela que Jorge Yunda tiene padrinos importantes. Ni él se mete con el gobierno (ha habido periodistas que infructuosamente intentaron por más de cuarto de hora sacarle una crítica) ni el gobierno se mete con él. Quién quita que estos cambios de última hora en la lista de candidatos de ADN para Pichincha no tengan otro objetivo que confundir a los electores para facilitar el triunfo de verdadero candidato, el encubierto Yunda.

Lo que debes saber

• Viviana Veloz retira su precandidatura a la Alcaldía de Santo Domingo tras la suspensión del movimiento Amigo.
• La legisladora confirmó que continuará en la Asamblea Nacional hasta finalizar su periodo legislativo.
• Revolución Ciudadana busca alianzas con diversas fuerzas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

La asambleísta Viviana Veloz, integrante de la Revolución Ciudadana, anunció el retiro de su precandidatura a la Alcaldía de Santo Domingo. La decisión se tomó tras la suspensión de la organización política movimiento Amigo, plataforma utilizada tras la inhabilitación del correísmo. Veloz confirmó que continuará en sus funciones dentro de la Asamblea Nacional hasta el cierre de su periodo legislativo.

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Retiro de la precandidatura a la Alcaldía de Santo Domingo

La asambleísta Viviana Veloz confirmó que no competirá por la Alcaldía de Santo Domingo en los comicios seccionales previstos para noviembre de 2026. Explicó que su postura responde a la inhabilitación que sufrieron las organizaciones que respaldaban su postulación.

"Ya no soy precandidata. Después de la proscripción ilegal al movimiento Amigo y con artimañas (...), decidí ya no ser precandidata a la Alcaldía de Santo Domingo de los Tsáchilas", declaró la legisladora este 4 de agosto de 2026.

Continuidad en la Asamblea Nacional y definición de sustitutos

Tras su salida de la contienda local, la legisladora ratificó que mantendrá su curul en la Asamblea Nacional.

Entre sus principales compromisos legislativos destacan:

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Impacto en las candidaturas de la Revolución Ciudadana

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, se pronunció este 4 de agosto de 2026 sobre el escenario electoral del movimiento. Puntualizó que la suspensión del movimiento Amigo afectó la planificación territorial en varias localidades del país.

Ante esta situación, la directiva del movimiento avanza en la definición de su estrategia electoral:

Lo que debes saber

• Las inscripciones de candidaturas están abiertas hasta el 17 de agosto.
• El CNE revisará que los aspirantes cumplan todos los requisitos legales.
• Aunque el trámite es virtual, ADN presentó sus candidaturas de forma presencial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó este 4 de agosto los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a las Elecciones Seccionales 2026 para que sus postulaciones puedan superar la etapa de calificación. La entidad enfatizó que las candidaturas solo se considerarán oficialmente inscritas cuando la resolución que las apruebe quede en firme.

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Las juntas revisarán cada candidatura

El periodo de inscripción de candidaturas comenzó el pasado domingo 2 de agosto y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. Aunque el procedimiento fue habilitado de manera virtual mediante el sistema informático del CNE, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) optó por presentar de forma presencial las candidaturas para la Alcaldía y concejalías de Quito, así como para la Prefectura de Pichincha.

Mientras avanza la recepción de postulaciones, las 24 Juntas Provinciales Electorales serán las encargadas de revisar que cada expediente cumpla con la normativa vigente. En ese proceso verificarán tanto los requisitos legales como la inexistencia de inhabilidades o prohibiciones para ejercer una candidatura.

Entre las condiciones exigidas consta haber cumplido 18 años al momento de la inscripción y encontrarse en pleno goce de los derechos políticos. Asimismo, los aspirantes no deben estar incursos en las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley.

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Residencia y registro electoral, entre las exigencias

Además, quienes busquen una dignidad de elección popular deberán haber nacido o residido durante los dos últimos años en la jurisdicción que pretenden representar. A ello se suma la obligación de constar en el registro electoral del último proceso electoral correspondiente.

El organismo electoral también recordó que las listas deben respetar los principios de paridad, encabezamiento e inclusión generacional. De igual forma, la aceptación de la candidatura debe realizarse ante los delegados electorales o en las instalaciones del CNE, en un acto público, expreso, personalísimo e indelegable.

Lo que debes saber

• Unidad Popular conversa con la Revolución Ciudadana y otros partidos políticos para concretar alianzas electorales.
• La convergencia busca frenar al oficialismo en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
• El pacto respaldaría la reelección de Pabel Muñoz y la candidatura de Alexandro Tonello.

El dirigente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, confirmó este 4 de agosto de 2026 que mantiene diálogos con la Revolución Ciudadana y otras organizaciones políticas para concretar una alianza electoral en Quito y la provincia de Pichincha. La iniciativa busca consolidar una alternativa democrática que enfrente la concentración de poderes y compita de manera unificada en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026.

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El dirigente Geovanni Atarihuana detalló los fundamentos políticos tras los acercamientos iniciados para el escenario electoral en la capital y la provincia.

"Mantenemos diálogos para construir una alternativa democrática para resolver los problemas de Quito y Pichincha", dijo a EXPRESO.

El representante aclaró que el frente político no se limitaría de forma exclusiva al correísmo, sino que contempla sumar a diversas fuerzas. Además, precisó la meta central del acuerdo:

Partidos políticos y candidaturas proyectadas para 2026

Horas antes del anuncio de Atarihuana, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, informó que las candidaturas de su movimiento en la capital recibirán el respaldo de una coalición en construcción.

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Organizaciones que integran las conversaciones

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De concretarse el acuerdo multipartidario, la coalición impulsará las siguientes dignidades para el periodo lectivo de noviembre de 2026:

Lo que debes saber

• La CNA pidió explicaciones sobre las compras centralizadas de medicamentos.
• También solicitó veedurías técnicas para garantizar transparencia.

Mientras los hospitales públicos siguen enfrentando denuncias por la falta de medicamentos, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) puso bajo la lupa dos de los proyectos más sensibles del sistema de salud. La organización pidió al Gobierno explicar cómo avanzan las compras centralizadas de fármacos y bajo qué esquema se ejecutarán iniciativas tecnológicas que implican una importante inversión pública.

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Los pedidos de información de la CNA

La CNA remitió, el 31 de julio de 2026, un oficio al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga Parra, y al gerente general de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud, Stalin Santiago Andino González. En el documento solicita información sobre varios procesos que considera estratégicos para la transparencia en la gestión sanitaria.

Uno de los principales requerimientos se refiere al estado actual de las denominadas "compras centralizadas" de medicamentos e insumos médicos. Según la organización, estos productos fueron anunciados para finales de julio, aunque la red pública continúa enfrentando problemas de abastecimiento.

En la carta, la CNA sostiene que la escasez de medicinas mantiene un "drama humano" en los hospitales del país. Por ello, pide que las autoridades informen en qué fase se encuentran las adquisiciones y cuándo se espera que los insumos lleguen efectivamente a las casas de salud.

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El pedido de veedurías técnicas

Además, la organización insistió en que estos procesos incorporen de forma inmediata veedurías ciudadanas para fortalecer la transparencia. Incluso planteó que colegios de médicos, facultades de Medicina y otros actores especializados puedan participar en el control de las contrataciones públicas.

Otro de los puntos abordados en el oficio corresponde a los proyectos tecnológicos que impulsa el sector salud. La CNA solicitó conocer cuál será el mecanismo para implementar el sistema de agendamiento de citas médicas y la historia clínica electrónica.

En ese contexto, la organización también requirió información sobre la intervención que tendrán la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa Dedalus en esos proyectos. A criterio de la Comisión, se trata de iniciativas que representarán un importante desembolso de recursos públicos y cuyo esquema contractual debería ser conocido por la ciudadanía.

Finalmente, la CNA ha señalado que su pedido forma parte de las acciones de contraloría social que ejerce como organización de la sociedad civil. Asimismo, expresó su expectativa de recibir una respuesta oportuna de las autoridades para esclarecer el avance de estos procesos y garantizar su transparencia.

Lo que debes saber 

• La visita del presidente argentino, Javier Milei, a Ecuador incluirá la firma de acuerdos en materia de extradición, ciberdefensa, transporte aéreo, sector automotor y cooperación bilateral.
  
• El nuevo tratado de extradición busca agilizar los procesos entre ambos países, aunque no se aplicará al caso de Hernán Luque Lecaro, que continuará bajo el convenio vigente de 1933.
  
• Según la embajadora Diana Salazar, la visita fortalecerá las relaciones entre Ecuador y Argentina, impulsando la cooperación en seguridad y el intercambio comercial.

Quito y Buenos Aires suscribirán acuerdos sobre extradición, seguridad y otros relativos a temas económicos durante la visita del presidente argentino, Javier Milei, a Quito, prevista para el próximo jueves, informó la embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar.

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La visita, durante la cual Milei se reunirá con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contempla la suscripción de varios acuerdos entre los dos países, como un nuevo tratado de extradición, pues se ha venido usando uno que data de 1933, dijo Salazar en la televisión Teleamazonas al afirmar que, por ello, los procesos han sido "muy engorrosos y se han demorado".

"Esto va a significar celeridad, que los procesos caminen de manera más rápida y adecuada"Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina.

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¿El acuerdo de extradición podrá aplicarse a Hernán Luque? 

Sin embargo, descartó que ese nuevo convenio pueda aplicarse al exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro, involucrado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas que catapultó el juicio político con el que se dio la salida adelantada del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

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El pasado 1 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó la extradición de Luque, pero Salazar señaló que ese caso debe terminar "con aquel acuerdo o convenio que data de 1933".

Sin embargo, para aquellos casos que se presenten en el futuro, si tendrán la posibilidad de que sean resueltos con mayor rapidez y agilidad y que Ecuador o Argentina, en su momento, "no tengamos que esperar tanto tiempo para la resolución de estos casos", señaló.

Los otros acuerdos que se firmarán

Por otra parte, Salazar agregó que también se suscribirá un acuerdo en ciberdefensa, "dadas las nuevas modalidades del delito y, sobre todo, la lucha el crimen organizado que los dos países están realizando en conjunto".

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Asimismo, se suscribirá un acuerdo relacionado con el tema automotor y otro sobre servicios aéreos "para tratar de que existan nuevas líneas y conexiones, no solamente para el transporte de pasajeros, sino también de carga, lo que va a dinamizar aún más la relación comercial entre los dos países", adelantó.

Salazar subrayó que la visita de Milei -la primera de un presidente de Argentina a Ecuador desde 2007- representa "el respeto, la amistad entre las dos naciones" y el fortalecimiento de las relaciones desde hace algo más de un año, cuando asumió la Embajada en Buenos Aires.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira anunció diálogos de alianza política para sus candidaturas en Quito y otras localidades.
• Pabel Muñoz buscará la reelección en Quito y Sofía Espín será precandidata a la Prefectura del Guayas.
• El correísmo lanzará una web y app móvil para oficializar a sus candidatos y evitar impostores.

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció que el movimiento analiza alianzas con Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Movimiento Todos (lista 70) para sus candidaturas en Quito. Durante una rueda de prensa, la dirigente confirmó que la inhabilitación del movimiento Amigo y de su propia agrupación obligará a buscar acuerdos en varias localidades de Ecuador, incluso con sectores de derecha, al tiempo que ratificó a sus precandidatos para Quito, Pichincha, Guayaquil y Guayas.

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Candidaturas ratificadas en Quito y Pichincha

Durante su intervención, Gabriela Rivadeneira ratificó los nombres que encabezarán las papeletas en la capital y la provincia de Pichincha:

Para la capital, la dirigente señaló que existe la posibilidad concreta de sellar una alianza entre el Movimiento Todos (lista 70), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular.

Inhabilitaciones impulsan acuerdos políticos a escala nacional

La dirigente del correísmo reconoció que la inhabilitación de la Revolución Ciudadana y del movimiento Amigo provocará que no tengan candidatos propios en varias zonas del país.

Ante este escenario, aclaró que existen conversaciones avanzadas para concretar alianzas con otras organizaciones políticas de diversa línea ideológica, incluyendo agrupaciones de tendencia de derecha.

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Definiciones electorales para Guayaquil y Guayas

En cuanto a la cuenca del Guayas, Rivadeneira confirmó las precandidaturas oficiales del movimiento:

La presidenta del movimiento aclaró que la figura de David Norero fue consensuada directamente con el actual alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra imposibilitado de optar por la reelección debido a que cumple prisión preventiva por varios procesos judiciales en su contra.

Plataformas digitales para frenar a "falsos candidatos"

Ante la diversidad de organizaciones políticas que auspiciarán las candidaturas del correísmo, Gabriela Rivadeneira anunció la creación de herramientas tecnológicas oficiales.

La Revolución Ciudadana prepara el lanzamiento de una página web y una aplicación móvil con el objetivo de difundir las candidaturas oficializadas y evitar que personas no autorizadas se promocionen públicamente como "el candidato de Correa".

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El correísmo participará bajo el amparo de otras organizaciones políticas

Gabriela Rivadeneira, dirigente de la organización, detalló que la designación del candidato para el sillón de Olmedo se resolvió de manera conjunta con Aquiles Álvarez, actual personero municipal, consolidando un frente que busca sostener la administración de la ciudad y recuperar la prefectura provincial.

Según la vocería oficial, la "dispersión de candidatos del movimiento oficialista ADN en distintas organizaciones" motivó la unificación de los cuadros de la Revolución Ciudadana bajo una consigna estructurada contra el actual régimen gubernamental: "Cualquiera menos ADN".

Otras candidaturas

Para el caso de la capital, la estructura política ratificó a Pabel Muñoz para buscar la reelección en la Alcaldía de Quito, mientras que la carrera hacia el Consejo Provincial de Pichincha será asumida por Alexandro Tonelo.

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La apelación, el siguiente paso

Tras la lectura de la sentencia oral, el abogado del alcalde, Julio César Cueva, anunció que la defensa presentará un recurso de apelación una vez que sea notificada la sentencia por escrito. Explicó que primero revisarán la fundamentación íntegra del fallo para identificar todos los errores que, a su criterio, contiene la resolución.

Cueva sostuvo que la condena constituye una “respuesta política” frente al desarrollo de los casos Triple A y Goleada. Según afirmó, la decisión busca compensar las debilidades que, desde su perspectiva, presentan esos procesos penales.

El abogado aseguró que la defensa cuestionará, en primer lugar, la valoración de la prueba realizada por el tribunal. Argumentó que la Fiscalía no demostró que Álvarez se retiró deliberadamente el grillete electrónico y que la sentencia trasladó indebidamente a la defensa la obligación de probar lo contrario.

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Otro de los aspectos que, adelantó, será expuesto en la apelación es la motivación de la sentencia. No obstante, precisó que no podrá detallar todos los cuestionamientos hasta conocer la versión escrita del fallo, ya que la resolución oral no contiene toda la fundamentación jurídica.

El Gobierno, según Cueva, es el beneficiario

Cueva también insistió en que existe un “ensañamiento institucional” contra el alcalde de Guayaquil. Para sustentar esa afirmación mencionó los cambios de jueces, la rapidez con la que se fijaron audiencias en este caso y las diferencias que, según dijo, ha observado respecto del tratamiento procesal de otras causas.

En esa línea, afirmó que el Gobierno es el principal beneficiario de la sentencia. También aseguró que cree que existe “una mano detrás” del proceso y que ello explicaría la rapidez con la que, según dijo, se han tramitado las actuaciones judiciales contra Álvarez.

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Respecto de los otros expedientes, el abogado reiteró que el caso Triple A carece de sustento jurídico y afirmó que Goleada depende del presunto delito investigado en esa causa. Por ello, sostuvo que la sentencia del caso Grillete representa una reacción estatal ante el escenario que, según su criterio, enfrentan esos procesos.

Las siguientes instancias judiciales

El defensor explicó que, una vez presentada la apelación, la estrategia legal contempla acudir a otras instancias si el fallo de primer nivel es confirmado. Entre los recursos mencionó la acción extraordinaria de protección, mientras que una eventual acción internacional solo sería evaluada después de agotar las vías judiciales internas.

Cueva manifestó que espera que el proceso pueda corregirse en la segunda instancia y que los jueces resuelvan el caso con base en el derecho. Añadió que la defensa continuará utilizando todos los recursos legales disponibles mientras avance el proceso judicial contra el alcalde de Guayaquil.

Lo que debes saber

• Arturo Félix Wong reanudó sus funciones diplomaticas como embajador de Ecuador en Colombia.
• Su regreso coincide con la visita oficial de Daniel Noboa a la posesión de Abelardo De La Espriella.
• El funcionario calificó como un capítulo superado la tensión generada por el gobierno de Gustavo Petro.

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, reanudó oficialmente sus funciones en Bogotá tras haber sido llamado a consultas por el gobierno del presidente Daniel Noboa en abril de 2026. El retorno del funcionario se concretó en el marco de los preparativos para la visita oficial de la delegación ecuatoriana a la posesión presidencial del mandatario electo Abelardo De La Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026.

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Reanudación de la agenda diplomática de Ecuador en Colombia

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, confirmó a EXPRESO la reanudación de sus funciones en la sede diplomática de Bogotá. El funcionario precisó que su retorno a territorio colombiano coincide directamente con la preparación del viaje oficial del presidente Daniel Noboa.

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"Es un día tan importante para Colombia y para la región", comentó Arturo Félix Wong respecto a la transmisión de mando en el país vecino.

Antecedentes de la tensión entre el Gobierno de Ecuador y Gustavo Petro

El funcionario había regresado a Ecuador en abril de 2026 debido a un llamado a consultas emitido por la administración de Daniel Noboa. Esta medida respondió a un periodo de tensión bilateral provocado por las declaraciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como "preso político".

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Continuidad de la atención consular

A pesar del distanciamiento a nivel político y del tiempo en que el embajador permaneció fuera de Bogotá, la atención a la comunidad no se detuvo:

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Decreto Ejecutivo 463: la comitiva oficial de Daniel Noboa

El Gobierno ratificó la presencia de Ecuador en los actos de cambio de mando en la nación vecina mediante instrumentos legales oficiales.

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Detalles del viaje presidencial a Colombia

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó su viaje a Colombia mediante el Decreto Ejecutivo 463.
• La comitiva oficial ecuatoriana asistirá a la transmisión de mando que se realizará en Cali.
• Ecuador proyecta una nueva etapa de cooperación en seguridad con la nueva administración.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este 3 de agosto de 2026 su viaje a Colombia para asistir a la transmisión de mando en la que Abelardo De La Espriella asumirá la presidencia de ese país en sucesión de Gustavo Petro. Mediante el Decreto Ejecutivo 463, el primer mandatario ecuatoriano declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante la jornada del 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali, evento que marcará una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad.

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Detalles del Decreto Ejecutivo 463 y la comitiva ecuatoriana

A través del Decreto Ejecutivo 463, el jefe de Estado formalizó los aspectos logísticos e institucionales que regirán la visita oficial. La comitiva del Gobierno de Ecuador acompañará al mandatario durante las actividades programadas para la ceremonia internacional.

Integración del equipo y financiamiento del viaje

La delegación oficial estará conformada por las siguientes representaciones del Ejecutivo:

El texto normativo aclara que las identidades específicas de los acompañantes no se detallaron en el documento. Asimismo, Daniel Noboa dispuso que los viáticos y los gastos derivados del desplazamiento se financiarán con cargo al presupuesto institucional de cada entidad participante.

Cambio de sede para la transmisión de mando en Colombia

La posesión oficial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 7 de agosto de 2026. A diferencia de la tradición política colombiana, que suele concentrar la ceremonia en Bogotá, el evento de cambio de mando presidencial se desarrollará en Cali.

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El Gobierno de Ecuador ha señalado que la llegada del nuevo mandatario representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre ambas naciones, con especial énfasis en el desarrollo de políticas e iniciativas regionales orientadas a la cooperación en seguridad.

Lo que debes saber

• Aspirantes y autoridades, incluido el presidente Daniel Noboa, intensifican actividades de proselitistas.
• Organizaciones políticas y exautoridades electorales reclaman al organismo una actuación más firme.
• Advierten que la falta de fiscalización puede responder a una débil voluntad institucional y a posibles vínculos de interés con los partidos políticos.

Aunque la campaña electoral para las elecciones seccionales está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la disputa por captar el apoyo ciudadano ya comenzó. Los aspirantes a las 222 alcaldías, 23 prefecturas y más de 1.300 concejalías intensifican su presencia en redes sociales, recorridos barriales y actividades públicas para posicionar sus candidaturas.

La actividad proselitista también alcanza al Gobierno. En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha promocionado proyectos que podrían ser impulsados por candidatos respaldados por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

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Los actos de campaña anticipada

Este escenario ha provocado reclamos de organizaciones políticas, que advierten sobre posibles actos de campaña anticipada y el uso de recursos públicos con fines electorales. Durante el primer consejo consultivo convocado por el CNE, el pasado 23 de julio, representantes de los partidos expresaron sus preocupaciones por las actividades de precampaña.

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, solicitó que el organismo vigile tanto estas acciones como la utilización de recursos estatales por parte de autoridades en funciones. Allí sostuvo, “hay asambleístas del partido de Gobierno que hacen promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores”.

Además, los delegados políticos pidieron que el CNE establezca controles más claros y emita directrices para diferenciar las actividades inherentes a un cargo público de aquellas que constituyen promoción electoral anticipada.

El CNE formalizó la convocatoria a elecciones el fin de semana y abrió el proceso de inscripción de candidaturas. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las denuncias de la precampaña.

Luis Verdesoto, exvocal del organismo electoral, cuestiona ese silencio. “Debe intervenir y llamar, desde la fuerza moral y política que le corresponde, para advertir sobre las contravenciones que se cometen. Es la principal autoridad durante el período electoral. Tiene la obligación de hacerlo, al margen de las sanciones que están previstas. Debe hacer cumplir el reglamento”.

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El rol del Tribunal Supremo Electoral

Para el exvocal, ciertas actuaciones ya constituyen una intervención electoral previa al período oficial de campaña. “Si hay un presidente que dice que va a hacer un estadio para favorecer a su candidata a alcaldesa de Quito, es obvio que está interviniendo en las elecciones. Está interviniendo antes, en la precampaña. Y la precampaña tiene que llevar al CNE a sancionar ese ejercicio, que no es solamente económico, sino que también, fundamentalmente, debe implicar una sanción política, una sanción moral; debe ser una voz fuerte que establezca que todo debe funcionar dentro de la regla”, reclama.

Las críticas también provienen de exautoridades electorales. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), actual CNE, considera que el organismo no ha desarrollado reglas suficientes. El Consejo “no ha regulado adecuadamente, y eso produce una permanente violación de las normas y la falta de un control adecuado. Debieron haber previsto con anticipación dictar reglamentos para la competencia, qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero no lo hicieron y por eso existe un desorden total en las actividades”.

La observadora electoral de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Ariel Merino, explica que la falta de acción institucional favorece la repetición de estos conflictos en cada proceso electoral.

“Existió una reforma al Código de la Democracia, pero, por los constantes procesos electorales, esto se ha convertido en una dificultad. El problema no es la falta de normativa; el desafío es que se requiere voluntad política para hacer cumplir las leyes”, afirma.

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Falta de voluntad institucional

Verdesoto sostiene que detrás de la falta de controles existe un problema de voluntad institucional y de relaciones políticas entre los organismos electorales y los partidos. A su juicio, el CNE “es una fuente de muchos favores. Y cuando se dejan pasar temas de los partidos políticos, lo que se logra es que te guarden un favor, acumulando un pro bono, guardando una posibilidad de recibir prebendas subterráneas, como cargos o un control flexible”.

Ese sería el motivo por el que el organismo reduce la intensidad de la fiscalización o, en ciertos casos, evita ejercer controles efectivos sobre las organizaciones políticas, observa. “Allí hay un interés, una mezcla del hambre con la necesidad: el partido incumple las normas y el Consejo las tolera. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Los ciudadanos”, concluye.

Lo que debes saber

• Ramiro García sostuvo que la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en 2025.
• Pero ese artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y no podía aplicarse a hechos ocurridos entre 2020 y 2024.
• La Fiscalía no ejerció su derecho a la réplica durante la audiencia, por lo que el planteamiento quedó sin rebatir.

La Fiscalía sufrió el domingo 2 de agosto, por la noche un terrible sopapo dentro de proceso por el caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Un sopapo, o golpe, del que no pudo recuperarse. La historia es, más o menos, así: después de casi once horas de alegatos el domingo 2 de agosto, cuando la audiencia de presentación de alegatos estaba por terminar y apenas quedaban unos veinte minutos para que concluyera la exposición de las partes, la defensa del alcalde lanzó un argumento que dejó al equipo de la Fiscalía sin capacidad de reacción porque ni siquiera pidieron el derecho a la réplica. En términos boxísticos, quedaron groguis; es decir, como dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al referirse a la palabra grogui, “aturdidos y atontados”.

Quien propinó ese golpe fue Ramiro García: el abogado se había guardado ese alegato durante todo el proceso, no lo había adelantado en ninguna audiencia y, según pudo conocer EXPRESO, ni siquiera los demás equipos que integran la defensa de Álvarez sabían que iba a utilizarlo. Es más, ni siquiera los auxiliares de García. Fue un as bajo la manga reservado para el final del proceso.

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La tesis que expuso fue, al mismo tiempo, sencilla y de enorme alcance. Según García, la Fiscalía terminó construyendo toda su acusación sobre una reforma al artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal que ya no forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano porque fue incorporada mediante la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en septiembre de 2025.

Una explicación sencilla

El razonamiento de García merece ser explicado con cuidado. Los hechos investigados en el caso Triple A ocurrieron entre 2020 y 2024. Ese dato es determinante porque durante todo ese período estuvo vigente una determinada versión del artículo 265 del COIP. Además, el tribunal especializado en corrupción, que es el que conoce este proceso, tiene competencia para juzgar únicamente el delito previsto en ese artículo, mas no el contemplado en el artículo 264.

¿Qué decía el artículo 265 vigente durante esos años? Sancionaba a la persona que, en provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o en el mar territorial, almacenara, transportara, envasara, comercializara o distribuyera derivados de hidrocarburos sin la debida autorización.

Esa era la norma que regía cuando, según la acusación, ocurrieron los hechos. Sin embargo, en junio de 2025 la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. Esa ley modificó la redacción del artículo 265. Y aquí, según García, se produjo el cambio decisivo.

Con la reforma, el artículo dejó de describir un delito centrado en la comercialización o distribución sin autorización y pasó a reproducir las conductas previstas en el artículo 264. Es decir, el núcleo del tipo penal cambió. Desde entonces, el artículo ya no se concentraba únicamente en la comercialización ilegal de combustibles, sino en los casos en que combustibles adquiridos legalmente eran desviados hacia segmentos distintos de aquellos para los cuales estaban autorizados.

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Precisamente ese supuesto -el desvío de combustibles hacia segmentos distintos de los autorizados- es el eje de toda la acusación presentada por la Fiscalía y por la acusación particular durante este proceso.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional 

Pero ahí apareció el golpe de Ramiro García. El abogado recordó que esa reforma nunca sobrevivió al control constitucional. En septiembre de 2025 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y, con ella, todas las reformas al COIP que esa ley contenía, incluida la nueva redacción del artículo 265.

No solo eso. La propia sentencia estableció que esas reformas no podían aplicarse retroactivamente.

Según la defensa, esa decisión tiene una consecuencia jurídica inevitable: la versión reformada del artículo 265 nunca pudo servir para juzgar hechos ocurridos entre 2020 y 2024, tanto porque fue expulsada del ordenamiento jurídico como porque la Corte prohibió expresamente darle efectos retroactivos.

En otras palabras, sostuvo García, la Fiscalía estructuró su acusación utilizando un tipo penal cuya redacción fue incorporada en 2025, posteriormente declarada inconstitucional y que, además, jamás pudo aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

La consecuencia, según la defensa, no es que el delito de comercialización ilegal de combustibles haya desaparecido del COIP. Ese delito sigue existiendo. Lo que sostiene García es algo distinto: que la Fiscalía acusó a Aquiles Álvarez utilizando una versión del artículo 265 que nunca fue jurídicamente aplicable al período investigado y que, por tanto, el tipo penal sobre el cual edificó su teoría del caso no podía sustentar la acusación.

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Fiscalía prefirió guardar silencio

Fue ese razonamiento el que quedó flotando en la sala cuando terminó la audiencia. Y fue también el argumento frente al cual la Fiscalía, al menos esa noche, prefirió guardar silencio y renunciar incluso al derecho de responder.

García no descarta, es más está convencido, de que el proyecto de reforma al artículo 265 del COIP incluida en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional había sido concebido pensando en el caso de Aquiles Álvarez que para entonces ya estaba siendo investigado. Es decir que, según él, cuando se redactó la reforma en Carondelet ya se estaba pensando en cómo acorralar a Álvarez.

Todo esto no significa que Alvarez ya salió airoso del caso. Es muy posible que los operadores de Carondelet estén ahora mismo moviendo todos los resortes posibles para asegurarse que los jueces desestimen lo dicho por García.