Las claves del caso

• La Asamblea Nacional aprobó la reforma con 118 votos a favor y el proyecto pasará al Ejecutivo para su revisión.
  
• La normativa busca reducir los procesos de adopción a un año mediante la eliminación de trámites duplicados y la simplificación de procedimientos.
  
• La reforma también incorpora cambios relacionados con la pérdida de la patria potestad para agilizar la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Las reformas legales continúan avanzando en Ecuador y una de las que más interés ha despertado en las útlimas horas está relacionada con los procesos de adopción.

La Asamblea Nacional aprobó una normativa que busca agilizar estos trámites y reducir el tiempo que deben esperar los niños, niñas y adolescentes para integrarse a una familia.

La propuesta, que ahora deberá ser analizada por el Ejecutivo, pretende modificar varios procedimientos con el fin de hacer más eficiente el sistema de adopciones en el país.

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Asamblea aprobó la reforma con amplia mayoría

La iniciativa recibió el respaldo de 118 legisladores durante la sesión del Pleno. La propuesta fue impulsada por la asambleísta Diana Jácome y obtuvo el apoyo de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y varios asambleístas independientes, mientras que 25 legisladores optaron por abstenerse.

Según se informó durante el debate, la finalidad es reducir los tiempos que actualmente enfrentan las familias y los menores involucrados en estos procesos.

¿Qué cambios contemplan la reforma?

La normativa incorpora modificaciones en cuatro cuerpos legales para simplificar el procedimiento de adopción.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de trámites considerados repetitivos, la reducción de procesos administrativos y judiciales y la incorporación de nuevas causales relacionadas con la pérdida de la patria potestad, con el propósito de agilizar los casos en los que los menores permanecen durante largos períodos sin una definición jurídica.

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Los promotores de la reforma sostienen que estas medidas permitirán que niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un entorno familiar en un menor tiempo.

Uno de los principales objetivos de la reforma es que los procesos de adopción puedan resolverse en aproximadamente un año, una reducción significativa frente a los plazos que actualmente pueden extenderse durante varios años.

Tras la aprobación legislativa, el proyecto será remitido al presidente de la República, quien tendrá un plazo de 30 días para decidir si sanciona la ley o presenta objeciones, conforme al procedimiento establecido en la legislación ecuatoriana.

Lo que debes saber

• Denuncia contra Pachakutik busca suspenderlo e impedir su participación en las elecciones.
• Estrategia electoral del gobierno elimina a la oposición mediante fallos del TCE.
• Analizan presuntas ilegalidades de la Fiscalía y el TCE para proscribir partidos.

Ahora van tras Pachakutik, que es el que les falta. Ayer, martes 28 de julio, el Tribunal de lo Contencioso Electoral (una dependencia de Carondelet) admitió a trámite la denuncia que contra ese partido presentó José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (otra dependencia de Carondelet), por supuestos malos manejos en las cuentas de campaña. El objetivo, obviamente, es la suspensión temporal de Pachakutik con el fin de impedir su participación en las elecciones de noviembre. Ya lo hicieron con los principales adversarios del gobierno, los correístas: sus candidaturas fueron bloqueadas con la proscripción de su propio partido (Revolución Ciudadana) y de aquél que luego les dio cobijo (Amigo). Este doble golpe dejó en la orfandad política a aproximadamente el 30 por ciento del electorado nacional.

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La denuncia a Pachakutik y la proscripción de partidos políticos en Ecuador

En la criptodictadura que nos gobierna (el término fue acuñado por Osvaldo Hurtado y define a la perfección el sistema político impuesto por Daniel Noboa) la anulación de la libertad electoral es apenas la consecuencia lógica de la ejecución de un proyecto de acumulación de poder para perpetuarse en él. Parece que el oficialismo se ha dado cuenta de que su única manera de ganar en noviembre es la eliminación del adversario: lo que el país está viviendo es un fraude electoral en toda regla.

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El rol del Tribunal Contencioso Electoral y la Fiscalía en el proceso electoral

Quizás el mayor logro del gobierno en el operativo de eliminación de los partidos de oposición sea el haber impuesto la falsa idea de que todo es perfectamente legal. Hasta aquellos ciudadanos (analistas incluidos) que son capaces de reconocer la trampa, creen que no hay nada que hacer: que el Contencioso Electoral está facultado, por ejemplo, para suspender un partido por simple solicitud del fiscal general del Estado tras haber iniciado en su contra un proceso de investigación por lavado de activos, como ha ocurrido ya dos veces con el correísmo. No falta quien ha propuesto presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Elecciones en la Corte Constitucional, para borrar del ordenamiento jurídico nacional esa supuesta discrecionalidad que se le concede al fiscal. El problema con esa discrecionalidad, sin embargo, no es que sea inconstitucional: es que no existe.

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¿Qué dicen a propósito de la suspensión del movimiento Amigo los funcionarios que la resolvieron? No el fiscal Carlos Alarcón, que la solicitó, ni el juez Juan Patricio Maldonado, que la dictó, sino las autoridades políticas que controlan a ambos, es decir, los que mandan. José Julio Neira, secretario general de la Administración y operador del noboísmo para los trabajos sucios, abrió su corazón la semana pasada en uno de los medios que el gobierno compró para tal efecto: radio Centro de Guayaquil. Dijo ahí que, en contra del movimiento “Amigo de lo ajeno” (¡cómo se rio Carlos Vera con esta muestra de humor ejercida por el poder contra sus víctimas!), “hay una investigación iniciada por la unidad de lavado de activos de la Fiscalía donde se desconoce el origen de cierto financiamiento en la organización política y eso es lo más importante”.

Análisis jurídico sobre la suspensión de movimientos políticos y la Ley de Elecciones

Tal cual: “lo más importante” es que “se desconoce el origen de cierto financiamiento”. Ante la duda, pretende José Julio Neira que el movimiento Amigo tiene que probar su inocencia. Mientras tanto, es culpable para todos los efectos. Queda, pues, suspendido y privado de sus derechos de participación para las próximas elecciones. Todo lo cual es una atrocidad y una ilegalidad por partida doble.

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La primera ilegalidad es la cometida por el fiscal. Él ni siquiera podía abrir investigación alguna sin una “relación clara y precisa de la infracción” (artículo 430 del Código Orgánica Integral Penal). Según informó el propio Neira, la investigación contra el movimiento Amigo es una derivación del Caso Caja Chica, que sirvió como pretexto para suspender a Revolución Ciudadana, y que se originó en una denuncia con reserva de identidad dizque presentada en la Fiscalía en noviembre de 2025. Ahora nos venimos a enterar de que lo único que tienen es la noción de que “se desconoce el origen de cierto financiamiento”. Es decir que la denuncia anónima no suministró evidencias ni datos concretos y debió, por tanto, ser archivada según prescribe el mismo COIP (artículo 427).

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Luego está la ilegalidad cometida por el Tribunal Contencioso Electoral. Porque no es cierto que basta con que el fiscal abra una investigación por lavado de activos contra un partido o movimiento político y solicite su suspensión para que los jueces se vean obligados a concedérsela. De ser así, bastaría con una ventanilla y un tramitador. El artículo 374 de la Ley General de Elecciones, que citan tanto el fiscal Alarcón en su solicitud como el juez Maldonado en su resolución, es clarísimo al señalar que la sanción se impondrá “mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones electorales”.

Vulneración del debido proceso y denuncias de fraude electoral en Ecuador

¿Qué procedimiento es ese? Está descrito con pelos y señales en el capítulo III de la misma ley y en el reglamento respectivo, e implica que “El juez, una vez que verifique el cumplimiento de requisitos, admitirá a trámite la causa, y en la misma providencia dispondrá se cite al presunto infractor o infractores y señalará día y hora para la práctica de la audiencia única de pruebas y alegatos. Las infracciones electorales serán resueltas dentro de los treinta días posteriores a la fecha en la que se admitió a trámite la causa” (artículo 284). Es decir: cumplimiento de requisitos, audiencia pública, presentación de pruebas y alegatos, plazos, derecho a la defensa, debido proceso… Todo aquello que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral decidieron pasarse por el forro tanto en el caso de la Revolución Ciudadana como en el de Amigo con el argumento (profundamente estúpido) de que basta una investigación abierta y una solicitud del fiscal para privar a los integrantes de un partido político de sus derechos de participación. Sin siquiera oírlos.

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En resumen: esto es un fraude electoral en marcha. La campaña todavía ni comienza, pero el fraude ya ha sido ejecutado: consiste en un operativo político para impedir la participación de varios partidos de oposición, privar a millones de ecuatorianos de su derecho a elegir a los candidatos de su preferencia y manipular, por tanto, su voluntad expresada en las urnas. Todo ello en abierta violación de la Ley de Elecciones, el Código Penal y la Constitución.

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Tayupanda se desahogó con los medios

La autoridad provincial enfrenta una sanción de seis meses de suspensión de sus derechos de participación y una multa de 12.050 dólares, dictada por el juez electoral Guillermo Ortega. El dictamen argumenta el incumplimiento de una condena previa emitida en septiembre de 2025. Sin embargo, el funcionario sostiene que acató la medida original y retornó a su cargo con el aval documentado del Ministerio del Trabajo.

Durante un abordaje de la prensa respecto a su aporte a la cuenca del río Guayas, el prefecto desvió la temática hacia su situación legal. Tayupanda calificó la resolución del organismo electoral como una persecución orquestada por adversarios. "No quieren que yo gane porque estoy 15 % encima en las encuestas", justificó, al tiempo que recordó su reciente participación en las primarias del movimiento Futuro, lista 20.

El conflicto legal tiene un impacto directo en la operatividad del Gobierno Provincial de Chimborazo. Tras conocerse la primera sanción en 2025, la viceprefecta Mónica Loza impidió el ingreso de Tayupanda al edificio institucional, lo que derivó en un enfrentamiento de competencias y una posterior denuncia por presunta violencia política de género en contra del prefecto.

Aunque el Tribunal Contencioso Electoral desestimó la acusación de violencia política en su reciente resolución, Loza mantiene públicamente su postura de haber marcado un precedente administrativo. Mientras la defensa de Tayupanda, liderada por el abogado Víctor Hugo Ajila, prepara los recursos de apelación y ampliación, la continuidad del prefecto en la papeleta de 2026 queda condicionada a la decisión final que adopte el pleno del organismo jurisdiccional.

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El retiro temporal del sector público

Durante la primera sesión de la Mancomunidad del Río Guayas, la autoridad provincial adelantó que priorizará una hoja de ruta con visión prospectiva al 2040, descartando una participación en las seccionales de 2027.

"Después de terminar mi periodo en mayo de 2027, Dios mediante, retomaremos las actividades académicas, profesionales y particulares", detalló el funcionario. Agregó que evaluará un retorno a las papeletas para el año 2029 o 2031, alejándose de las pugnas políticas inmediatas.

Mesura frente a los cuadros de la Revolución Ciudadana

El panorama electoral del movimiento correísta en Manabí enfrenta trabas por una inhabilitación temporal. Rafael Saltos, director provincial de la organización, confirmó previamente que se analizan alianzas con el movimiento Amigo y Sí Podemos para concretar una candidatura de unidad encabezada por Luisa González y Jaime Estrada Medranda.

Al ser consultado directamente sobre el respaldo a González, Orlando optó por no comprometer su capital político y evadió respaldar dicha fórmula. "Bueno, no se sabe los candidatos que vayan a haber. Esperemos que se definan las candidaturas y, como ciudadanos, ejerceremos libremente el voto", sostuvo el prefecto. Respecto a los obstáculos legales del movimiento para las próximas elecciones, el prefecto instó a cumplir los tiempos oficiales de inscripción en el padrón, programados entre el 2 y el 17 de agosto. Exhortó a que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad y respeto democrático.

El reconocimiento institucional a Marcela Aguiñaga

En el marco del evento regional, la autoridad cuestionó que no se mencionara a la exprefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dentro del protocolo oficial. Orlando atribuyó el liderazgo de la integración provincial a la exfuncionaria al recordar que durante su gestión se suscribió el convenio de cooperación. "En la vida hay que ser muy gratos y reconocer a quienes lideran los procesos", sentenció.

Lo que debes saber

• CNE negó la entrega del formulario para la recolección de firmas para una segunda solicitud de revocatoria contra Daniel Noboa.
• Informe jurídico sostiene que los solicitantes de la revocatoria no sustentaron son pruebas su pedido.
• Es el segundo pedido de revocatoria contra Daniel Noboa y María José Pinto negado por parte del CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la entrega del formulario para la recolección de firmas para una segunda solicitud de revocatoria de mandato contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta María José Pinto. El pedido de revocatoria es impulsado por dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y colectivos indígenas.

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CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa

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Solicitud no tenía sustento, dice informe del CNE

El informe jurídico que recomendó negar la entrega de los formularios señaló que la solicitud impulsada por Guido Perugachi, José Villavicencio, Wilson Álvarez, Nelson Erazo y Andrés Quishpe incumplió artículos clave de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así como del reglamento que regula los procesos de democracia directa.

En ese sentido, el informe jurídico indicó que "no se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones ni obligaciones establecidas en la Constitución y la ley". Además, los consejeros señalaron que se adjuntaron memorandos de entendimiento y otros documentos que no prueban el incumplimiento del plan de trabajo.

Primer intento de revocatoria está en el TCE

Este es el segundo intento de revocatoria de mandato contra Daniel Noboa que el CNE niega. Un primer intento, impulsado por Washington Andrade y Leonidas Iza, también fue rechazado, al negársele el acceso a los formularios para la recolección de firmas por una presunta falta de sustento.

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Juez del TCE tramita impugnación sobre revocatoria del presidente Daniel Noboa

Carlos Isaac Pino

Aunque los promotores presentaron un pedido de corrección ante el CNE, el recurso fue negado. Actualmente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tramita una impugnación contra esa resolución del CNE. El recurso busca revocar la decisión del organismo electoral para que se entreguen los formularios para la recolección de firmas.

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El cambio de modelo: Del dragado a la intervención estructural

La sesión de la Asamblea General se desarrolló en el piso 32 del Bankers Club de Guayaquil. Allí se congregaron los prefectos Leonardo Orlando (Manabí), Marcelo Jaramillo (Cañar), Hermel Tayupanda (Chimborazo) y Lourdes Tibán (Cotopaxi, vía telemática). En este espacio, Encalada anunció un giro en la política provincial, calificando la histórica extracción de arena en el estuario del río Guayas como una "solución aislada y cosmética".

La cuenca abarca 34.500 kilómetros cuadrados y aporta el 100 % del agua potabilizada que consume Guayaquil. A pesar de la gravedad de la sedimentación que estrangula los cauces, la Prefectura descartó la contratación de una draga de gran calado para este año, calificando la extracción de arena en el estuario como una "solución aislada y cosmética".

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Prefectura del Guayas descarta plan internacional para el dragado del islote El Palmar

Carlos Isaac Pino

En su lugar, la administración destinará su presupuesto actual a la compra de dragas pequeñas para limpiar ríos tributarios como Jujan, Balao y Milagro. Asimismo, el plan maestro a desarrollarse incluirá los siguientes ejes técnicos:

En unas cortas palabras hacia los medios de comunicación al final del evento, el prefecto Encalada puntualizó que ya se contaba con un consorcio encargado para realizar los estudios al río, y que este es de nacionalidad española. 

No dio su nombre, y dijo desconocerlo, pues es la CAF quien ha gestionado dicho asunto. Previo a la sesión de la Asamblea, los prefectos y autoridades delegadas hicieron un recorrido por el río Guayas, pero sin presencia de los medios de comunicación. 

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Juez del TCE tramita impugnación sobre revocatoria del presidente Daniel Noboa

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El juez electoral Ángel Torres Maldonado conducirá el proceso, que representa un nuevo reto para Pachakutik en pleno calendario de las elecciones seccionales.

Plazos y audiencia fijada

Como parte del proceso, el magistrado dispuso citar a los denunciados, quienes cuentan con cinco días para contestar la denuncia y presentar pruebas de descargo. Además, se fijó una audiencia oral única de prueba y alegatos para el próximo 19 de agosto de 2026, en la sede del TCE en Quito.

En esa diligencia, las partes deberán exponer sus argumentos y pruebas antes de que se emita una resolución. El juez advirtió que, de no concurrir en la fecha señalada, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía.

Posibles sanciones

De prosperar la denuncia, las sanciones podrían incluir multas económicas, la suspensión de los derechos políticos de los denunciados e incluso la cancelación de Pachakutik como organización política. Esta última medida tendría un impacto directo en su participación en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

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El escrito de admisión señala que los representantes de Pachakutik deberán designar un abogado defensor o, en su defecto, el tribunal les asignará un defensor público. Las pruebas de descargo deberán ser presentadas en la audiencia convocada.

El CNE tiene previsto abrir el periodo de inscripción de candidaturas entre el 2 y el 17 de agosto. Pachakutik, que históricamente ha tenido presencia en gobiernos locales y en el Consejo de Participación Ciudadana, enfrenta ahora un proceso que podría debilitar su estructura política.

Según detalló la Cancillería peruana, ambos mandatarios reafirmaron el carácter estratégico de la relación diplomática, consolidada tras los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998, y ratificaron la decisión de convocar a finales de este año a una nueva edición del Gabinete Binacional en la capital peruana.

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Coordinación en seguridad e infraestructura penitenciaria

Durante la cita institucional —en la que también participó el canciller designado de Perú, Carlos Espá— las autoridades resaltaron el alto nivel de diálogo alcanzado en la agenda bilateral. En ese espacio, coincidieron en la urgencia de articular acciones conjuntas para frenar la inseguridad ciudadana y compartir estrategias sobre la administración de los sistemas penitenciarios de ambas naciones.

Noboa arribó a la capital peruana con motivo de los actos protocolares de transmisión de mando agendados en el Congreso de la República, en coincidencia con las festividades patrias del país vecino.

Una agenda bilateral enfocada en frontera y energía

La investidura presidencial cuenta con la presencia de nueve jefes de Estado, delegaciones internacionales de 11 países y el rey de España, Felipe VI, entre otros representantes diplomáticos.

Tras la confirmación de la victoria electoral de Fujimori, Noboa enfatizó que ambas naciones enfrentan una "oportunidad histórica para avanzar juntos", señalando además que el resguardo de la zona fronteriza y el desarrollo energético se posicionarán como ejes prioritarios de la relación entre Quito y Lima.

Lo que debes saber

• CIEES: aprobación de Daniel Noboa cae al 21 % en julio por inseguridad y preocupación económica.
• El 58 % identifica la inseguridad como el principal problema de Ecuador, según encuesta de julio.
• Solo el 12 % cree que Ecuador mejorará en seis meses; el 54 % prevé estancamiento.

La calificación positiva a la gestión del presidente Daniel Noboa descendió al 21 % en julio de 2026, el nivel más bajo registrado en lo que va del año, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES). 

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El estudio también muestra que la inseguridad continúa siendo el principal factor que explica el pesimismo ciudadano, mientras la economía gana terreno como una preocupación creciente.

Según los resultados, la aprobación presidencial cayó cinco puntos porcentuales respecto a junio, cuando se ubicó en 26 %. El descenso fue generalizado en las dos principales ciudades del país: en Quito pasó del 29 % al 23 %, mientras que en Guayaquil disminuyó del 22 % al 19 %.

El CIEES señala que la confianza en la figura del mandatario alcanza el 27 %, un nivel superior a la evaluación de su gestión. Sin embargo, advierte que ese respaldo aún no se traduce en una percepción positiva sobre los resultados del Gobierno.

La inseguridad sigue marcando el ánimo ciudadano

El informe identifica a la inseguridad como la principal explicación del pesimismo de los ecuatorianos. En el consolidado nacional, el 52 % de los consultados atribuye su percepción negativa a este problema.

La economía representa el 17 % de las respuestas y el mal gobierno el 21 %, lo que, según el análisis, refleja que el descontento también está relacionado con la evaluación que hace la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para responder a los principales desafíos del país.

En menor medida aparece la salud, con un 4 %, indicador que, aunque todavía no estructura el pesimismo, comienza a vincular el malestar ciudadano con la calidad de los servicios públicos.

Quito y Guayaquil muestran preocupaciones distintas

En Guayaquil, la inseguridad concentra el 65 % de las respuestas como causa principal del pesimismo, convirtiéndose en el eje dominante de la percepción ciudadana.

En Quito, en cambio, las preocupaciones aparecen más distribuidas. La inseguridad alcanza el 38 %, el mal gobierno el 30 % y la economía el 22 %. Al sumar las respuestas relacionadas con mal gobierno y corrupción, el componente institucional llega al 36 %, una cifra similar al peso que tiene la inseguridad en la capital.

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Predomina la expectativa de estancamiento

Respecto a las perspectivas para los próximos seis meses, el 12 % considera que el país estará mejor, el 54 % cree que permanecerá igual y el 32 % anticipa un deterioro.

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Aunque disminuyó el porcentaje de quienes esperan que la situación empeore en comparación con junio, el estudio concluye que esto no implica una recuperación de la confianza. Por el contrario, aumentó la percepción de que el país permanecerá sin cambios.

En Quito, el 17 % espera una mejora, el 47 % cree que la situación seguirá igual y el 35 % prevé un escenario peor. En Guayaquil, apenas el 7 % proyecta una mejora, mientras el 61 % considera que el país continuará igual y el 30 % anticipa un deterioro.

Economía gana espacio entre las preocupaciones

La inseguridad continúa siendo el principal problema del país, mencionada por el 58 % de los encuestados, sin variaciones relevantes frente al mes anterior.

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El cambio más significativo se produjo en la preocupación por la economía, que aumentó ocho puntos porcentuales y llegó al 30 %, mientras que las menciones relacionadas con mal gobierno y corrupción descendieron al 13 %.

En Guayaquil, la preocupación económica pasó del 14 % al 29 %, mientras que en Quito aumentó del 26 % al 32 %, consolidándose como la segunda principal inquietud ciudadana.

Lo que debes saber

• Noboa y Peña firmarán acuerdos en Quito el 29 de julio para reforzar seguridad y justicia.
• Ecuador y Paraguay pactarán extradición e intercambio de información por cooperación bilateral.
  
  
• La visita de Santiago Peña busca ampliar la coordinación contra el crimen organizado regional.

Los gobiernos de Ecuador y Paraguay tienen previsto suscribir siete acuerdos y memorandos de entendimiento durante la visita oficial que realizará esta semana a la capital ecuatoriana el presidente paraguayo, Santiago Peña, en una agenda centrada en seguridad, justicia, cooperación institucional y movilidad.

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La reunión entre Peña y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se producirá después de que ambos mandatarios coincidan en Lima durante la ceremonia de investidura presidencial de Perú. 

Posteriormente, el jefe de Estado paraguayo cumplirá actividades oficiales en Quito como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Seguridad y justicia concentran la agenda bilateral

Entre los instrumentos que se espera firmar constan acuerdos relacionados con:

La agenda también contempla memorandos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias institucionales, así como iniciativas enfocadas en la protección y empoderamiento de las mujeres. Los dos gobiernos prevén además suscribir una declaración conjunta sobre los compromisos alcanzados durante la visita.

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Cooperación frente a desafíos regionales

La seguridad aparece como uno de los principales ejes del encuentro en un contexto regional marcado por la expansión de redes del crimen organizado transnacional. 

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Ecuador ha intensificado en los últimos años su estrategia de cooperación internacional para enfrentar fenómenos relacionados con narcotráfico, violencia y economías ilícitas.

En ese marco, los acuerdos previstos buscan establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información entre instituciones de ambos países, especialmente en áreas vinculadas con justicia y seguridad.

Un vínculo que busca ampliarse

La visita de Peña ocurre semanas después del encuentro que mantuvo con Noboa en Paraguay durante la Cumbre del Mercosur, donde ambos gobiernos abordaron temas de integración, cooperación y seguridad.

Además, en abril de este año, durante la visita a Quito del canciller paraguayo Rubén Ramírez, Ecuador planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y planteó a Paraguay analizar la catalogación de organizaciones criminales ecuatorianas como grupos terroristas.

Con la firma de estos acuerdos, Ecuador y Paraguay buscan ampliar los mecanismos de coordinación bilateral en áreas consideradas estratégicas para ambos gobiernos, especialmente en materia de seguridad, cooperación judicial, comercio y desarrollo institucional

Las claves del caso

• El Concejo de Guayaquil conocerá la terna para designar al nuevo Secretario General, tras la renuncia de Jaime Tejada.
• La elección será el primer punto del orden del día.
• Paulo Salas Plúas ejerce actualmente como Secretario General encargado.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, remitió este lunes 27 de julio de 2026 al Concejo Municipal la terna para designar al nuevo Secretario General del Concejo, luego de la renuncia presentada por Jaime Tejada.

El documento enviado a los concejales establece que la elección del nuevo Secretario General será el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria prevista para el jueves 30 de julio de 2026.

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Jaime Tejada renuncia a la Secretaría del Municipio de Guayaquil

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La terna propuesta por la alcaldesa subrogante está integrada por tres profesionales del Derecho:

Actualmente, Paulo Salas Plúas se desempeña como Secretario General encargado, función que asumió tras la salida de Jaime Tejada.

Renuncia de Jaime Tejada

El proceso de designación ocurre después de que Jaime Tejada presentara su renuncia al cargo el lunes 20 de julio de 2026, lo que obligó al Municipio de Guayaquil a iniciar el procedimiento para nombrar a su reemplazo.

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Municipio de Guayaquil cambia director de Patrimonio: Daniel Merchán reemplaza a Nogales

Juan Ponce Merchán

De acuerdo con la misión institucional del Municipio de Guayaquil, la Secretaría General proporciona asistencia legal, soporte técnico y administrativo al Concejo Municipal, sus comisiones y la Alcaldía.

Entre sus responsabilidades también se encuentran el ingreso, registro y seguimiento de los trámites ciudadanos dentro de sus competencias; la gestión de las comunicaciones provenientes de entidades gubernamentales, organismos internacionales y privados; y la administración del sistema de documentación y archivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

La decisión será este jueves 30

Con la terna ya en conocimiento de los concejales, la expectativa se centra en la sesión del jueves 30 de julio, cuando el cuerpo edilicio deberá resolver quién ocupará de manera oficial la Secretaría General del Concejo Municipal de Guayaquil.

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Elecciones 2026: Concejo de Guayaquil está marcado por la fragmentación política

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Otro punto que se debatirá el jueves es el segundo debate del proyecto de la tercera reforma a la ordenanza que regula la ocupación del espacio o vía pública mediante la instalación de elementos de seguridad. 

Las claves que debes saber

• ID presenta candidata a Prefectura de Pichincha; propone recuperar liderazgo con Municipio y Prefectura
• Prioriza la vía Quito-Santo Domingo y viaductos en la General Rumiñahui con inversión internacional
• Impulsa alianza academia-GAD, riego preventivo y reformas para evitar dependencia política de recurso

El próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir, entre otras autoridades, a los prefectos provinciales. Pichincha, desde al menos 20 años, ha estado bajo la dirección de perfiles del correísmo y es una de las provincias claves. En los dos últimos periodos ha estado al frente Paola Pabón.

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La Izquierda Democrática (ID) tiene su carta para la Prefectura de Pichincha: Jaime Ruiz. Considera que la unión entre academia y GAD es fundamental para el desarrollo.

¿Cuál considera o identifica como el principal problema de Pichincha actualmente?

Quito y Pichincha han perdido el liderazgo que tradicionalmente mantenían. El Municipio de Quito y la Prefectura, más allá de las diferencias ideológicas, deben armar un eje de recuperación del liderazgo. 

Pichincha tiene 3,3 millones de habitantes. Es la segunda provincia con mayor población y no tiene una comunicación directa, mediante una buena vía, hacia los puertos del país. 

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La vía Loja-Santo Domingo, por donde circula lo más importante de la economía del Ecuador, es la vía de la muerte. De la misma manera, podríamos decir que tiene problemas graves en la ciudad que tienen que ver con la Prefectura. Por ejemplo, el acceso de la autopista General Rumiñahui y de toda la población del valle de los Chillos y los cantones aledaños. Sobre cosas como estas se tiene que asumir la responsabilidad de un plan vial.

Las vías que serán prioridad

¿Qué vías de la provincia son las que priorizará y con qué criterios se harán las obras en ellas?

La primera vía, la más importante, es el recorrido logístico vial de Quito hacia Santo Domingo. ¿Y recursos? Pero si son vías que se concesionan. Si en el mundo lo que más existe son capitales de inversión. 

Hoy el Gobierno Nacional está hablando de que tiene un plan al 2040 y que el BID está generando cerca de 10.000 millones de dólares para desarrollar la inversión. 

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Pero esa inversión vale la pena hacerla si es que se atrae también inversión internacional porque, si no, hay que confrontar con el nivel de deuda que tenemos. Hay que salir atrayendo inversión internacional que amplíe el aparato productivo, que genere empleo, que dinamice la economía. 

Las vías tienen que articular las zonas productivas con los corredores centrales y también el turismo y, obviamente, el apoyo a la gente que vive en esas zonas. Ese es el concepto vial que debe tener la provincia.

Autopista General Rumiñahui

¿Mantendrá el mismo modelo de gestión de la autopista General Rumiñahui?

La propuesta es cambiar. Si es que en la autopista General Rumiñahui nosotros logramos hacer los viaductos que evitarían todo ese tráfico que tenemos desde la curva de Monjas hasta el coliseo Rumiñahui, hasta la Patria, y pasamos al peaje central, los peajes ahí se trasladan para financiar la obra que se realiza: los viaductos. 

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Eso tiene estudios desde hace 15 años. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no logra construirse un entendimiento con los gobiernos centrales y no logran poner sobre la mesa la garantía soberana que se necesita para una concesión; obviamente, de un capital internacional que viene a financiar eso, porque no hay presupuesto para hacerlo. 

Pero con garantía soberana y justificando una corrida financiera que, en un periodo de 10 a 15 años, se paga, gana la inversión, gana la ciudad y gana la gente.

¿Cómo vincular las propuestas con otros sectores?

Necesitamos a la academia. El Estado gasta en las universidades muchísimos recursos, pero las universidades van por un lado, de espaldas al aparato productivo, generalmente. 

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Hay pocas universidades privadas que están buscando la educación dual, vincularse con el aparato productivo. Pero eso debería ser una política pública que integre a las universidades públicas. Hacer investigaciones en el campo y en todos los aspectos.

La Prefectura también tiene como competencia el riego y el fomento productivo. ¿Cuáles son sus planes en esas materias?

Por muchos años se peleó por el canal de riego que salía de Cayambe a Pedro Moncayo, Tabacundo, que se sufrió mucho y ahí tiene sus inconsistencias. Pero gran cantidad de los cultivos de la Sierra, incluso las plantaciones frutales, las nuevas plantaciones de espárragos y de productos para la exportación, necesitan del riego que viene generalmente de los páramos. 

Y ese sistema de riego a veces se contamina en los traslados, en la trayectoria de los canales de riego, y eso tiene que mantenerse. Tiene que haber una política no de sanación posterior, sino una de prevención, porque también eso es prevenir en la política de riesgos que debe tener el Consejo Provincial: prevenir que se mantengan los canales de riego siempre limpios y siempre abastecidos de agua. 

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Es decir, eso significará tal vez hacer zonas de reserva para los lugares donde, en ciertas épocas, no llegue el riego y se sufra por escasez de agua.

Parecería que ahora hay una división entre los GAD que están alineados con el Gobierno y los de oposición. ¿Cuál es su visión del actual escenario político?

Ese es un error al que aquí ya estamos acostumbrados: si yo no tengo alineamiento con el Gobierno, no recibo recursos. Hay que hacer reformas constitucionales. Creo firmemente en que hay que respetar las respectivas instancias. Hay que mejorar la democracia representativa. Nuestra democracia no puede ser lo que está ocurriendo ahora.

¿Quién es Jaime Ruiz?

Es un economista y doctor en Economía con una trayectoria de más de 40 años en el servicio público, la política y el deporte. Su perfil combina formación académica en Gobierno y Administración Pública con experiencia en cargos de representación como concejal de Quito, asambleísta constituyente y legislador nacional. Ahora busca la Prefectura de Pichincha con el partido Izquierda Democrática (ID).

Las claves del casoso

• Gabriela Panchana fue declarada culpable  por injurias y recibió una sentencia de 30 días de prisión en primera instancia.
  
• El proceso judicial surgió tras una denuncia presentada por el abogado Luis Manuel De Guzmán Ollague, luego de un intercambio de publicaciones en la red social X.
  
• Además de la pena privativa de libertad, el fallo dispone que la comunicadora presente disculpas públicas; la resolución aún corresponde a primera instancia.

El uso de las redes sociales se convirtió en el centro del debate sobre los límites de la libertad de expresión y las responsabilidades legales derivadas de las publicaciones en internet. Esta vez, la comunicadora y activista política Gabriela Panchana Briones fue sentenciada, en primera instancia, a 30 días de prisión tras ser declarada responsable de una contravención por injurias.

La resolución fue emitida este el 27 de julio por un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón. Además de la pena privativa de libertad, la sentencia dispone que la comunicadora presenta disculpas públicas.

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¿Cómo se originó el caso?

El proceso judicial comenzó luego de una denuncia presentada por el abogado Luis Manuel De Guzmán Ollague, quien acudió a la justicia tras un intercambio de mensajes con Panchana en la red social X.

La controversia tuvo su origen el 9 de junio, cuando la comunicadora publicó un mensaje relacionado con el asesinato de la activista polaca Monika Silva .

En esa publicación, Panchana solicitó que el crimen fuera esclarecido y afirmó que la ciudadana extranjera había entregado documentación vinculada con una empresa ecuatoriana a la Embajada de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Posteriormente, durante el intercambio de mensajes en la plataforma digital, Panchana publicó expresiones que motivaron la denuncia presentada por el abogado.

Juez la declara responsable de lesiones

Tras analizar el caso, el juez resolvió declarar a la comunicadora y activista responsable de una contravención de cuarta clase por injurias, contemplada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Como consecuencia, impuso una condena de 30 días de prisión, además de la obligación de ofrecer disculpas públicas.

La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que el proceso aún puede seguir las vías legales previstas en la normativa ecuatoriana.

Panchana cuestionó la sentencia

Luego de conocerse el fallo, Gabriela Panchana reaccionó a través de su cuenta en la red social X , donde expresó su desacuerdo con la resolución judicial.

En su publicación sostuvo que fue condenada por un mensaje difundido en esa plataforma y cuestionó la disposición que la obliga a disculparse públicamente.

Asimismo, manifestó que no comparte los argumentos de la sentencia y planteó interrogantes sobre el alcance de la medida impuesta por la autoridad judicial.

Recepción oficial en el Grupo Aéreo N.° 8

El jefe de Estado ecuatoriano aterrizó en el Grupo Aéreo Número 8, base militar anexa al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue recibido por delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y autoridades diplomáticas.

Política

Caso Triple A: nadie sabe dónde está Nicole Bermúdez, la denunciante de Aquiles Álvarez

Martin Pallares

Noboa encabeza la delegación oficial ecuatoriana enviada para presenciar el inicio del mandato de Fujimori para el periodo 2026-2031. De acuerdo con la agenda bilateral proyectada entre ambos países, los temas centrales a tratar con la nueva administración peruana se enfocarán en la seguridad fronteriza y la cooperación en materia energética.

Pancartas y mensajes de rechazo en avenidas de Lima

A la par del despliegue de seguridad para la recepción de los mandatarios internacionales, en diversos puntos de la ciudad se registraron muestras de protesta dirigidas al presidente Noboa.

En imágenes difundidas a través de redes sociales, se observaron carteles colocados sobre estructuras y puentes en vías transitadas de la capital, como la Vía Expresa, la Avenida Arequipa y tramos cercanos a sedes televisivas como Canal 4 (América TV) y Canal 5. Las pancartas, acompañadas de banderas de Ecuador, contenían consignas como "Presos políticos ¡Libertad!" y "¡Noboa dictador!".

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Una cita con presencia internacional

La presencia del presidente ecuatoriano forma parte de la lista de jefes de Estado y delegaciones internacionales que acudirán al Congreso peruano para los actos oficiales del 28 de julio. Se prevé que Noboa mantenga encuentros protocolares con otras autoridades regionales antes de retornar a Quito.

Lo que debes saber 

• La ausencia de Nicole Bermúdez, denunciante del caso Triple A, impide esclarecer el origen de la acusación contra Aquiles Álvarez y someter su versión al contradictorio judicial.
  
• La imposibilidad de que Bermúdez y el fiscal Carlos Alarcón rindan testimonio deja sin explicación directa la construcción inicial de la investigación.
  
• El desafío de la Fiscalía es demostrar la responsabilidad penal de Álvarez con pruebas suficientes e independientes, sin depender de una cadena de información cuyo origen no pudo ser interrogado por la defensa.

La persona que denunció a Aquiles Álvarez, Nicole Bermúdez, y que se supone es quien más conoce los detalles del supuesto contrabando de combustible, no aparece. Es decir, no se presenta al juicio por el caso llamado Triple A para rendir su testimonio. En otras palabras, no está para decir por qué y de qué acusó a Álvarez.

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¿Y a quién le perjudica esa ausencia? En los papeles, los perjudicados deberían ser la Fiscalía, que impulsa el caso, y el Gobierno de Daniel Noboa, que lo ha auspiciado y defendido a capa y espada. Pero este no parece ser el caso, porque todo termina beneficiando a quienes menos deberían beneficiarse de su ausencia: la Fiscalía y el Gobierno. 

La Fiscalía ni siquiera pidió su comparecencia, y esto es harto extraño: ¿cómo es que no quiere que se escuche el testimonio de la persona que permitió que se iniciara la investigación? Y, de acuerdo con lo que sostiene la defensa de Álvarez, la Policía se niega a capturarla para llevarla hasta el estrado.

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¿Pero por qué no les interesaría a la Fiscalía y al Gobierno que Bermúdez rinda testimonio? Porque Nicole Bermúdez, mucho después de presentar su denuncia, publicó una versión en la que dice algo grave para la Fiscalía y el Gobierno: que todo lo que puso en contra de Álvarez fue por indicaciones de José Manuel de Oliveira, exfuncionario del Ministerio de Energía e involucrado en el caso Progen. 

Además, que De Oliveira recibió instrucciones con todos los detalles de la denuncia de José Julio Neira, entonces secretario de Integridad Pública y hoy secretario general de la Administración Pública. Si lo que dice Bermúdez es verdad, al Gobierno podría darle un ataque de nervios la posibilidad de que ella rinda testimonio.

Si esto es así, la pregunta ya no es solamente por qué Bermúdez no aparece: es quién construyó realmente la denuncia que puso en marcha el caso Triple A.

Una cosa es que Bermúdez haya firmado la denuncia y otra que haya sido ella quien descubrió los hechos que allí se relatan. Si ahora sostiene que recibió información y documentos elaborados por terceros y que actuó por instrucciones de De Oliveira, la defensa tiene interés en reconstruir esa cadena: qué sabía Bermúdez, qué le entregaron, quién se lo entregó, qué comprobó personalmente y cómo terminó todo aquello convertido en una denuncia contra Álvarez.

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Y Bermúdez no está para responder. Eso no demuestra que Álvarez sea inocente ni que la denuncia sea falsa. Tampoco significa que la Fiscalía se haya quedado sin pruebas. El problema es otro, pero sigue siendo grave: la Fiscalía tiene que demostrar que sus pruebas pueden sostener, por sí mismas, la responsabilidad penal de Álvarez y no simplemente reproducir la información con la que comenzó la investigación.

La ausencia de Bermúdez adquiere así una dimensión mayor. La defensa no puede preguntarle cómo nació la denuncia, qué vio personalmente, qué documentos revisó, quién le proporcionó la información ni por qué ahora afirma que actuó siguiendo instrucciones de terceros. En otras palabras, no puede someter a contradicción directa el origen de una pieza que dio lugar a todo el proceso. Y es aquí donde aparece el fiscal Carlos Alarcón.

El actual fiscal general subrogante fue quien inicialmente llevó adelante la investigación de Triple A y formuló cargos contra Álvarez. La defensa de Fuelcorp pidió que compareciera como testigo, precisamente porque Bermúdez no está, pero el tribunal rechazó el pedido. La razón es jurídica: consideró que Alarcón conoció el caso por sus funciones como fiscal y no porque hubiera percibido directamente los hechos, por lo que no podía ser considerado un tercero ajeno al proceso.

¿Por qué no permitieron que declarara el fiscal Alarcón?

La decisión puede tener una explicación jurídica válida. Pero el efecto práctico es peculiar: la persona que originó la denuncia no comparece y el fiscal que inicialmente construyó la investigación, sobre la base de lo que le contó Bermúdez, tampoco puede ser interrogado como testigo. La cadena del caso Triple A se queda, entonces, sin dos de sus protagonistas.

Esto es particularmente relevante porque la propia Bermúdez, según su versión, puso en cuestión cómo se elaboró la denuncia: dijo que recibió un borrador, que hubo modificaciones y que De Oliveira le indicó que presentara un alcance para incluir el delito de delincuencia organizada, supuestamente por presiones de Neira.

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Si esas afirmaciones son ciertas, la defensa tiene interés en preguntarle por ellas. Y si son falsas, también tendría interés la Fiscalía en que Bermúdez compareciera para demostrarlo. Ese es precisamente el punto que hace tan extraña su ausencia.

No hay pruebas públicas suficientes para afirmar que la Fiscalía o el Gobierno hayan provocado que Bermúdez no comparezca. Sería irresponsable sostenerlo como un hecho. Pero sí es legítimo preguntar: ¿a quién termina beneficiando su ausencia?

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Y aquí aparece lo fundamental: Álvarez no tiene que demostrar su inocencia. Es la Fiscalía la que tiene que demostrar su culpabilidad. Por eso, cuanto más difícil sea reconstruir el origen de la acusación y contrastar las versiones de quienes estuvieron en su génesis, mayor será la dificultad de la Fiscalía para superar el estándar que necesita para conseguir una condena.

La pregunta que queda flotando no es simplemente dónde está Nicole Bermúdez. Es otra, bastante más incómoda: ¿puede la Fiscalía conseguir una condena contra Aquiles Álvarez sin que el tribunal tenga que confiar en una cadena de información cuyo origen no pudo ser interrogado por la defensa?

Organismo electoral admite trámite legal de promotores de la revocatoria

• El Tribunal Contencioso Electoral procesará el recurso legal en dos instancias formales.
• La diligencia busca revertir la negativa a entregar documentos para recolectar firmas.
• El organismo dispuso notificar oficialmente al primer mandatario sobre el actual proceso.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri Llanga, admitió a trámite este 27 de julio el recurso subjetivo electoral presentado por los promotores de la revocatoria del mandato en contra de la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Notifican a Daniel Noboa tras admisión de recurso

La medida administrativa responde a la acción ingresada el pasado 23 de julio por Washington Andrade y Leonidas Iza, quienes buscan anular las resoluciones del órgano electoral que frenaron la entrega de los formularios necesarios para iniciar la recolección de respaldos ciudadanos.

En el documento de admisión, la autoridad electoral dispuso que la causa sea tramitada en dos instancias y que se notifique de inmediato al jefe de Estado, Daniel Noboa, en su calidad de autoridad sobre la cual se solicita la revocatoria de sus funciones. De igual manera, se ordenó comunicar de este dictamen al presidente del CNE.

El trámite del expediente se cumplirá únicamente en días y horas hábiles, según detalla la notificación oficial. Los colectivos sociales advirtieron previamente que, en caso de agotar esta vía sin resultados favorables, elevarán el reclamo ante la Corte Constitucional mediante una acción de protección.

La Presidencia de la República informó sobre su arribo mediante la difusión de imágenes desde la capital peruana, donde el mandatario participará en los actos oficiales previstos para la transmisión del mando presidencial.

Internacional

Asume Keiko Fujimori, la perseverante heredera que destinó su vida a ser presidenta de Perú

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Comitiva oficial acompañará al mandatario

A través del Decreto Ejecutivo 458, Noboa declaró en comisión de servicios a la delegación que lo acompañará durante el viaje oficial. El documento establece que la comitiva estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades de la administración pública.

Aunque el decreto no identifica a los funcionarios, el mandatario precisó este 27 de julio de 2026, durante una entrevista con Radio Sucre, que viajarán junto a él el canciller Roberto Kury, la secretaria general de Comunicación Irene Vélez y el secretario general de la Administración Pública José Julio Neira.

El decreto también señala que la presencia del jefe de Estado en la ceremonia constituye un acto de representación oficial del Estado ecuatoriano, orientado a fortalecer los vínculos diplomáticos entre Ecuador y Perú.

Asimismo, establece que los viáticos y demás gastos derivados del desplazamiento serán cubiertos por el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la delegación.

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Seguridad fronteriza será uno de los principales ejes

Durante la entrevista radial, Noboa adelantó que uno de los temas prioritarios en la relación con el nuevo Gobierno peruano será el fortalecimiento de la seguridad en la frontera común.

"Con la presidenta Keiko Fujimori vamos a reforzar la frontera sur y vamos a usar también tecnología con sensores, con drones para detectar rápidamente cualquier ingreso ilegal por la frontera", afirmó el mandatario.

Además, sostuvo que cerca del 70 % de las armas y explosivos que ingresan a Ecuador lo hacen por la frontera sur, razón por la que considera indispensable profundizar la cooperación entre ambos países.

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La investidura reunirá a líderes internacionales

Keiko Fujimori obtuvo la presidencia de Perú tras imponerse por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.

Su victoria consolida un bloque de gobiernos de derecha en América Latina, integrado por países como Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú y Colombia, con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

A la ceremonia de investidura, prevista para el 28 de julio de 2026 en Lima, asistirán también el rey de España, Felipe VI; el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; y varios exmandatarios latinoamericanos.

Noboa apuesta por una nueva etapa en la relación con Perú

Tras confirmarse el triunfo electoral de Fujimori, Noboa aseguró que la región atraviesa una "nueva era" caracterizada por un liderazgo firme y afirmó que Ecuador y Perú tienen una oportunidad para profundizar su cooperación.

El mandatario reveló además que ya mantuvo conversaciones con la presidenta electa y señaló que la seguridad fronteriza y la integración energética serán dos de los ejes prioritarios de la agenda bilateral entre ambos gobiernos.

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Asuntos familiares impidieron al presentador aceptar la candidatura para el Cabildo

La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Esto ocurrió horas después de que el primer mandatario, durante un diálogo con Radio Centro, reconociera que mantenían acercamientos con el reportero, aunque aclaró que todavía no existía una respuesta definitiva sobre su integración a las listas.

En su escrito dirigido a la opinión pública, el radiodifusor explicó los motivos detrás de su resolución. "Lamentablemente, después de analizar dicha invitación por asuntos estrictamente de índole personal, decidí que no era el momento indicado", detalló el involucrado, subrayando que sus compromisos actuales le impedirían otorgar el espacio y tiempo que demanda un cargo en la función pública.

Pese a la declinación, la figura mediática expresó su agradecimiento por haber sido considerado para representar a la urbe y deseó éxito a quienes finalmente resulten designados por las autoridades para la contienda política en representación de los guayaquileños.

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Lo que debes saber

• Noboa amplió funciones de Andrea González el 27 de julio desde Bruselas.
• Andrea González representará a Ecuador ante la Unión Europea y Luxemburgo.
• Los decretos amplían su rol diplomático cuatro meses tras asumir en Bélgica

La embajadora de Ecuador en Bélgica, Andrea González Nader, asumirá nuevas responsabilidades diplomáticas tras la emisión de dos decretos ejecutivos firmados por el presidente Daniel Noboa, con los que se amplía el alcance de su representación internacional.

Según los decretos 459 y 460, expedidos el 27 de julio de 2026, González Nader ejercerá además la representación ecuatoriana ante la Unión Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Nuevas funciones desde la misión en Bruselas

Los nuevos encargos se suman a las funciones que la excandidata presidencial ya desempeña como embajadora ante Bélgica. Los nombramientos se producen cuatro meses después de que presentara oficialmente sus cartas credenciales ante ese país, el 16 de marzo de 2026.

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Con esta designación, González Nader pasa a ocupar los mismos cargos diplomáticos que ejerció Danilo Xavier Aliaga Sancho hasta diciembre de 2025. 

La representación ante la Unión Europea reviste especial importancia para Ecuador debido al peso político y comercial del bloque comunitario en las relaciones internacionales del país. Desde Bruselas funcionan tanto las instituciones centrales de la Unión Europea como diversas misiones diplomáticas acreditadas ante el organismo.

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Trayectoria política de Andrea González

Andrea González alcanzó notoriedad nacional tras integrar la fórmula presidencial de Fernando Villavicencio en las elecciones anticipadas de 2023. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de ese año, días antes de los comicios. Posteriormente, la candidatura presidencial fue asumida por el periodista Cristian Zurita.

En 2024, González participó como candidata a la Presidencia de la República por Sociedad Patriótica, organización liderada por el expresidente Lucio Gutiérrez. Además, ha participado anteriormente en procesos electorales como candidata a la Viceprefectura del Guayas y como aspirante a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), posee un título de Ingeniera en Gestión Tecnológica de Medio Ambiente otorgado por la Universidad del Pacífico.

La ampliación de sus funciones diplomáticas ocurre mientras mantiene una presencia activa en la política nacional, donde previamente había expresado su interés en participar en las elecciones seccionales de 2027.

Lo que debes saber 

• Osvaldo Hurtado criticó con dureza al presidente Daniel Noboa y aseguró que el país vive una concentración de poder.
• El exmandatario cuestionó la exclusión de partidos y candidatos de las elecciones y habló de un clima de miedo.
• También advirtió sobre riesgos para la democracia y pidió que la persecución se enfoque en el crimen organizado.

El expresidente de Ecuador Osvaldo Hurtado lanzó duras críticas contra el mandatario Daniel Noboa durante una entrevista concedida este domingo 27 de julio a Teleamazonas. "Es una pena, una lástima y una preocupación que tengamos en la Presidencia de la República un segundo Correa", afirmó al sostener que el jefe de Estado estaría repitiendo prácticas que, según él, caracterizaron al gobierno de Rafael Correa.

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Hurtado explicó que, a su juicio, Noboa fue elegido para marcar distancia con el correísmo, pero terminó recorriendo un camino opuesto. Según el exmandatario, el Gobierno ha concentrado poder, ha debilitado la separación de funciones y ha permitido que varias instituciones del Estado actúen bajo influencia del Ejecutivo.

"Yo no sé cómo comete error tan garrafal, ya no hablemos de principios, de convertirse en algo parecido a lo que el país rechazó", manifestó durante la entrevista televisiva, en la que reiteró que ya había advertido hace un año sobre ese escenario.

Osvaldo Hurtado compara a Daniel Noboa con Rafael Correa

El exjefe de Estado recordó que fue uno de los primeros en calificar como "dictador" al expresidente Rafael Correa por, según dijo, haber concentrado el control de todas las funciones del Estado. Aseguró que actualmente observa señales similares en el Gobierno de Noboa.

"¿Cómo es que se llama a un presidente que no respeta la división del poder, la independencia de la justicia, las elecciones libres y las libertades públicas? (...) Un criptodictador, un autoritario, un autócrata camino de convertirse en un dictador", expresó.

Hurtado sostuvo que la única diferencia que encuentra con el correísmo es que la Corte Constitucional, en su criterio, todavía mantiene independencia. Sin embargo, insistió en que el resto de organismos estatales estarían alineados con el Ejecutivo.

Cuestiona la exclusión de movimientos y candidatos

Otro de los puntos que abordó fue la exclusión de organizaciones políticas y candidatos de las próximas elecciones. Hurtado afirmó que la suspensión de la Revolución Ciudadana y de varios aspirantes locales constituye un hecho sin precedentes.

"Correa no eliminó a sus adversarios políticos. Les dejó concurrir libremente a elecciones. Este presidente ha eliminado partidos políticos, empezando por el más importante del Ecuador", aseguró.

El expresidente también mencionó los casos de alcaldes como el de Cuenca y Guayaquil, además de otros aspirantes que, según dijo, enfrentan procesos judiciales o desistieron de participar por temor. A su criterio, esas actuaciones generan un ambiente que afecta la competencia electoral.

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Hurtado alerta sobre la democracia y el miedo en Ecuador

Durante la entrevista, Hurtado afirmó que varios dirigentes políticos prefieren guardar silencio por temor a represalias. Según dijo, existe un ambiente de miedo que limita la crítica al Gobierno.

"Hoy medio Ecuador se muere de miedo de abrir la boca. Casi todos los dirigentes políticos guardan silencio porque tienen miedo", señaló.

Añadió que la democracia exige garantizar la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad política. En ese contexto, insistió en que perseguir adversarios políticos representa un riesgo para el sistema democrático.

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También cuestionó la estrategia de seguridad

Aunque reconoció que las cifras de criminalidad muestran una reducción frente al año anterior, Hurtado consideró que los niveles de violencia continúan siendo elevados y que el país sigue enfrentando una grave crisis de inseguridad.

"Los criminales deberían ser perseguidos. A ellos deberían encarcelarlos, pero no a sus adversarios", afirmó al cuestionar el uso de la fuerza pública en determinados casos.

Finalmente, el expresidente sostuvo que las elecciones seccionales representan un escenario distinto al de los comicios nacionales y advirtió que una eventual victoria obtenida mediante mecanismos que, según él, afectan la competencia política terminaría perjudicando al propio Gobierno.