Lo que debes saber:

• Pacientes trasplantados y con cáncer protestan en Plaza Grande por desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Director de Caja Fiscal les pide hasta el número de RUC de los proveedores, para ayudarlos.
• Victoria y otros pacientes denunciaron falta de inmunosupresores desde mayo 2026, lo que pone en riesgo su órgano trasplantado.
• Familias de pacientes crónicos viajan desde Orellana y sufren por falta de medicinas; comparten pastillas por escasez; advierten riesgo de rechazo y muertes recientes.

A Victoria Barbosa le diagnosticaron insuficiencia renal en 2011. Tenía algo más de 20 años y aprendió a sobrellevar la rutina como paciente crónica. Dos años después, en 2013, recibió un trasplante de riñón en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Lo recuerda como un renacimiento, una segunda oportunidad de vivir.

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Hoy, se siente frágil. Desde mayo de 2026 teme que la falta de medicamentos ponga en riesgo el órgano que sostiene su cuerpo. “Un día sin las pastillas es un día menos de vida”, repite. 

Cada 12 horas debe tomar el tratamiento inmunosupresor. Sin eso, el rechazo es inminente. Necesita Everolimus, de 0,75 mg; Tacrolimus, de 1 gramo; Micofenolato, de 180 mg. Las cajas cuestan 285, 100 y 225 dólares, respectivamente, dice.

Victoria tiene 38 años. Está casada desde hace 18 con Kléber Moreno y trabaja como comerciante. Sus ingresos no alcanzan para costear los fármacos que necesita. Ante la escasez, ha optado por compartir dosis con otros pacientes trasplantados. Se prestan pastillas para cubrir, al menos, un par de días y evitar la interrupción total del tratamiento.

 “Algunos compañeros ya presentan síntomas de rechazo”, reitera. “Si queremos estar saludables, debemos tomar los medicamentos. Un solo día sin ellos es un día menos de vida”.

Los plantones, una medida en busca de respuestas del Gobierno de Daniel Noboa

Por eso ha empezado a acudir a plantones. El martes 4 de agosto del 2026, su voz se sumó a la de otros pacientes en su misma situación, a la de padres de niños trasplantados que se atienden en el Hospital Baca Ortiz y a la de personas con cáncer.

El reclamo resonó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en la capital. Ni los transeúntes ni los turistas pudieron ignorarlo. “Queremos vivir. Queremos vivir”, coreaban. A pocos metros, en el interior del palacio, el presidente Daniel Noboa participaba en la entrega del Premio Eugenio Espejo.

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Aunque las proclamas no llegaron a copar la Plaza Grande, sí lograron detener a quienes pasaban. Muchos escuchaban en silencio. Entre ellos María Elena Correa, que paseaba con su esposo y sus dos hijos. 

Al intentar explicar lo que sentía, se quebró.“Nos duele muchísimo”, dijo entre lágrimas. “Tenemos posibilidades económicas. Mi hijo acaba de superar un cáncer. Pero me duele ver a madres que pasan por lo mismo y no tienen acceso”.

Una integrante de Fundación de Jóvenes contra el cáncer cuenta que dos compañeras fallecieron

A Margarita Gualichico, de 53 años, le diagnosticaron cáncer de mama en el 2016 y en el 2021, metástasis pulmonar, por lo que en el Hospital Carlos Andrade Marín la enviaron a cuidados paliativos. 

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“Llevo ocho meses esperando por la mamografía, para ver el avance de la enfermedad. Y por un electrocardiograma porque desarrollé taquicardia. Tampoco hay medicinas. No es algo del IESS, hay desabastecimiento en todos los hospitales. Dos compañeras de la Fundación Jóvenes contra el cáncer que se atendían en el Espejo y en el Militar fallecieron”.

Liss Ontaneda, madre de Isaac, de 10 años, cuenta que en el 2024 recibió el trasplante, en el Hospital Baca Ortiz. Viven en Orellana, pero deben trasladarse a la capital. Sufre no solo por el desabastecimiento sino porque acaban de reemplazar una medicina por otra, por la que adultos han presentado reacción, rechazo de órganos. Tampoco le entregan medicina para otro cuadro neurológico que tiene.

El Director de la Caja Fiscal pide a los pacientes datos que debería entregarle el Ministerio de Salud

Valdez mostró la respuesta de Emiio Montúfar, director Nacional de la Caja Fiscal, al oficio enviado el 24 de mayo. Le pide: 

“La información es indispensable para realizar una revisión adecuada”, señala Montúfar, en su respuesta al Frente de Pacientes. ¿Esos datos no los deberían pedir al Ministerio de Salud?, se pregunta.

Abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa ha dicho que medicinas de la India están en proceso de homologación, a través del Arcsa. Y mencionó a otros países.

Lo que debes saber

• Inmobiliar posee el 2,56 % de las acciones de GRANASA.
• Expertos analizan los límites que la Ley de Compañías fija a los accionistas minoritarios.
• El caso podría marcar un precedente sobre el acceso a información societaria.

Con apenas el 2,56 % de las acciones de Gráficos Nacional S.A. (GRANASA), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha presentado una serie de pedidos de información y ha conseguido que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) acogiera varias de sus actuaciones. Sin embargo, ¿hasta dónde llegan los derechos de un accionista minoritario y qué límites establece la Ley de Compañías?

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Los pedidos de información de Inmobiliar

Los requerimientos de Inmobiliar iniciaron antes de que la entidad fuera inscrita oficialmente como accionista de GRANASA y continuaron después de adquirir el 2,56 % del capital social. Luego, sus observaciones motivaron actuaciones de la SuperCías, que dispuso la intervención de la empresa y la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas en la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

El registro elaborado por EXPRESO evidencia que los pedidos abarcan información financiera, contable, contractual y societaria, incluida documentación correspondiente a períodos anteriores a que la entidad pública se convirtiera en accionista de GRANASA.

Varias de las solicitudes que luego fueron replicadas por la SuperCías corresponden a información que la empresa sostiene que está protegida como secreto empresarial, entre ella la lista de clientes, anunciantes, proveedores y datos vinculados a su defensa jurídica.

El abogado societario Oswaldo Santos explica que el derecho de información de un accionista minoritario busca garantizar el adecuado manejo de la compañía. Sin embargo, también considera que los pedidos sobre períodos anteriores a su ingreso deben analizarse caso por caso, para determinar si tienen incidencia en sus derechos patrimoniales o si persiguen una finalidad distinta.

Para el especialista, el elemento determinante es el propósito de la petición. Afirma que una solicitud puede considerarse abusiva si busca obstaculizar el funcionamiento normal de la firma.

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Los límites que fija la Ley de Compañías

El jurista César Drouet explica que el artículo 15 de la Ley de Compañías garantiza a los accionistas el acceso a documentos específicos, como estados financieros, informes de administradores, actas de juntas, listas de socios y accionistas, y otros documentos expresamente previstos por la normativa. En cambio, para examinar información adicional contenida en libros o documentos de la empresa se requiere el respaldo de accionistas que representen al menos el 50 % del capital social.

Si ese respaldo no existe, añade el jurista, le atañe al administrador decidir si entrega o no la información cuando considere que su divulgación puede utilizarse con fines extrasociales o afectar los intereses de la firma. A su juicio, esa facultad forma parte de las atribuciones que la ley reconoce a la administración societaria.

El abogado Franklin Lituma expone que la Ley de Compañías faculta a los administradores a restringir el acceso a información estratégica cuando existan razones objetivas para considerar que su divulgación puede afectar los intereses comerciales de la empresa. Entre esos casos menciona proyecciones financieras, mayores contables integrales u otros documentos cuya publicidad pueda afectar la competitividad.

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La controversia en la Junta de Accionistas

La controversia también se traslada a la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de junio de 2026. Las 239.158 acciones, equivalentes al 95,66 % del capital social, ratificaron el contrato de asesoría editorial que GML EURL Servicios Editoriales presta a GRANASA desde hace años, mientras que Inmobiliar (con 6.400 acciones, equivalentes al 2,56 %) fue el único accionista que votó en contra.

“Si la mayoría de los accionistas no interesados estuvo a favor del contrato, no hay motivo para anularlo”, aclara Santos. A su criterio, la SuperCías debe explicar qué derecho del accionista minoritario considera vulnerado para justificar una suspensión de los efectos de esa resolución.

Santos recalca que el análisis debe centrarse en el propósito de los requerimientos. A su juicio, una solicitud es abusiva cuando busca obstaculizar la gestión de la empresa, y no proteger los derechos societarios.

El abogado Lituma coincide en que el uso de los mecanismos de control no debe responder a fines extrasociales. Advierte que si en sede judicial se determina que un accionista actuó de manera abusiva o con el propósito de afectar la reputación o la operación de la empresa, la ley contempla consecuencias económicas para quien promovió esas actuaciones sin justificación.

El abuso de los mecanismos de control puede derivar en multas y responsabilidad económica.Franklin Lituma, abogado societario

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Un precedente para el ámbito societario

Los abogados concuerdan en que la Ley de Compañías reconoce el derecho de información de los accionistas, pero también fija límites para evitar abusos. Drouet especifica que esas reglas permiten determinar cuándo un pedido procede y cuándo la administración puede restringir el acceso.

Drouet considera que este caso podría sentar un precedente para el ámbito societario. Si un accionista adquiere apenas el 1 % de una cadena de supermercados o de una concesionaria de vehículos, ¿puede exigir información estratégica? ¿Quién garantiza que esos datos no serán utilizados para beneficiar a un competidor o con fines distintos a la protección de sus derechos societarios?

Desde la perspectiva del jurista, esas interrogantes explican la preocupación que este caso ha generado en el ámbito societario, pues existe el temor de que hechos similares se repitan cuando uno de los involucrados tenga la influencia suficiente para “torcer la ley”.

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Representantes legales de Inmobiliar

Patrimonio, impuestos y cargos: el perfil de Andrea De La Torre

Su ingreso al servicio público se produjo hace un año

La funcionaria que ha suscrito los reiterados pedidos de información dirigidos a GRANASA es Andrea Carolina De La Torre Torres. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título en 2015.

De acuerdo con información del portal de la Contraloría General del Estado (CGE), Andrea Carolina De la Torre trabaja en el sector público desde 2025. Inició su trayectoria como directora zonal 8 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, un cargo de nivel jerárquico superior.

Al ingresar al sector público, De la Torre registró un patrimonio de $ 33.040,10, según su declaración patrimonial. Reportó pasivos por $ 6.980, correspondientes a una deuda de tarjeta de crédito, y activos por $ 40.020,10, integrados por $ 14.020,10 en una cuenta bancaria, un automóvil adquirido en 2005 valorado en $ 6.000 y menaje de casa tasado en $ 20.000.

Al año siguiente, al ser designada directora zonal 5 y 8 de la Presidencia de la República, De La Torre no registró, en el portal de la CGE, la declaración juramentada de fin de gestión correspondiente a su cargo anterior. Sin embargo, su patrimonio reflejó una reducción de su patrimonio a $ 21.150 y, al concluir ese mismo cargo, este aumentó ligeramente hasta $ 21.660.

Actualmente, Andrea De La Torre se desempeña como directora zonal 2 de la Presidencia de la República. De acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, percibe una remuneración mensual de $ 2.363.

Según la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI), la funcionaria aún no registra la presentación de su declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2019. En los años posteriores reportó pagos por este tributo de $ 2,01, en 2021; $ 1.325,26, en 2022; $ 299,41, en 2023, y $ 139,72, en 2024.

En cuanto al impuesto a la salida de divisas (ISD), en 2024 declaró un pago de $ 7,70. Para 2025, registró pagos por $ 616,04 de impuesto a la renta y $ 99,61 por concepto de ISD.

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Patrimonio de Marissa Pendola creció 70 veces en ocho años

Declaraciones exponen cómo ha evolucionado financieramente

La funcionaria que cuestionó los informes presentados durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANASA fue Marissa Elena Pendola Solórzano; mientras que el resto de los accionistas aprobó los puntos sometidos a votación. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado (CGE), trabaja en el sector público desde 2014.

Inició su carrera en lo público como abogada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones( ProEcuador). Luego fue directora jurídica y gerente general subrogante de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular y, en 2018, al término de su gestión como asesora del Registrador Mercantil de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 1.823,67.

Sus activos se limitaban a un auto valorado en $ 18.000, además de $ 10,70 en depósitos bancarios. También reportó pasivos por $ 16.187,03.

En otra declaración presentada ese mismo año, al iniciar su gestión como asesora 2 del presidente del Consejo de la Judicatura, registró un patrimonio de $ 20.645,48. Esto significó que su patrimonio se multiplicara por 11,3 veces.

Tras ocho años de trayectoria en distintas entidades, en su última declaración de fin de gestión, como secretaria técnica encargada de Inmobiliar, reportó otro incremento en su patrimonio por $ 128.592,82. Sus activos, valorados en $ 131.503,84, incluyen $ 63.101,94 en cuentas bancarias, un menaje de casa por $ 25.100 y obras de arte, joyas y colecciones por $ 18.000. En el portal de la CGE no consta su reporte de inicio de gestión de su actual cargo.

Aunque desde 2023, se ha desempeñado en Inmobiliar, donde ha percibido un salario de $ 4.463, según el Portal Nacional de Transparencia. Antes, ocupó el cargo de coordinadora general de despacho en la Presidencia de la República, con una remuneración de $ 3.247.

En cuanto a su situación tributaria, en 2020 y 2021 no registró pagos por impuesto a la renta (IR). En 2022, $ 2.678,92; en 2023 canceló $ 5.121,95 por ese tributo y $ 173,35 por impuesto a la salida de divisas; mientras que en 2024 y 2025 declaró pagos por $ 5.484,72 y $ 5.247,72 por IR, respectivamente.

Declaraciones patrimoniales

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura defendió la suspensión preventiva de los tres jueces Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Choez Avilés.
• Según el organismo, la medida fue adoptada tras una declaratoria de la Corte Nacional de Justicia por un presunto "error inexcusable" por parte de los magistrados.
• Los tres jueces revocaron la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, procesados en el caso Goleada.

Este miércoles 5 de agosto, el Consejo de la Judicatura defendió la suspensión preventiva de los tres jueces de la Sala Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

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La suspensión por 90 días recayó sobre los magistrados Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Choez Avilés.

La medida fue adoptada después de que el tribunal revocara la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, procesados en el denominado caso Goleada, relacionado con la investigación por presunto lavado de activos derivada del caso Triple A.

En el comunicado, la Judicatura sostuvo que la medida disciplinaria responde a "la declaratoria jurisdiccional previa emitida el 12 de julio de 2026 por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia".

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Jueces incurrieron en un "error inexcusable", según la Judicatura

Según el organismo, esa instancia concluyó que los jueces habrían incurrido en un presunto error inexcusable, considerado una falta gravísima tipificada en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.

La institución también enfatizó que los tres magistrados cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa dentro del procedimiento disciplinario. Añadió que el proceso respetará el debido proceso y las normas previstas en la legislación vigente.

"Se descarta categóricamente que en este caso existan motivaciones ajenas a las competencias y facultades normativas de esta institución", señaló la Judicatura.

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En el documento, el organismo insistió en que su actuación se rige exclusivamente por el principio de legalidad y señaló que no participará en debates de carácter político impulsados por "actores y sectores interesados".

Otro de los puntos abordados fue la continuidad del servicio judicial. La institución informó que activó un plan de contingencia para redistribuir las causas que estaban bajo conocimiento de los jueces suspendidos, con el propósito de evitar retrasos en la tramitación de los procesos.

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Mercedes Caicedo: "Preocupa que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones"

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, también defendió la suspensión de los tres magistrados.

La funcionaria señaló que "ningún juez debe ser presionado por sus decisiones", pero que la independencia judicial "no es inmunidad ni impide que las instituciones actúen conforme a la ley".

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"Las suspensiones cautelares no son sanciones ni determinan responsabilidad; son medidas temporales para proteger la confianza mientras avanzan las investigaciones, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia", expuso Caicedo.

Y agregó: "Preocupa que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones. En un Estado de derecho, esas decisiones corresponden a las instituciones competentes, no a presiones externas. Los abogados pueden opinar y defender, pero no sustituir ni condicionar las competencias del Consejo".

Lo que debes saber

• Este miércoles 5 de agosto, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó una nueva actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB).
• El nuevo listado incorpora 512 principios activos, es decir, 18 más que la versión vigente desde 2022, que contemplaba 494.
• El listado incorpora tratamientos para patologías como la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y determinados tipos de cáncer.

Este miércoles 5 de agosto, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó una nueva actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), documento que determina cuáles son los fármacos considerados esenciales para la atención de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud.

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La decisión fue adoptada por el directorio del organismo, presidido por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga.

La principal novedad de esta décima segunda revisión es el incremento en el número de principios activos incluidos. El nuevo listado incorpora 512 principios activos, es decir, 18 más que la versión vigente desde 2022, que contemplaba 494. La actualización entrará en vigor una vez que sea publicada en el Registro Oficial.

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Según las autoridades, la ampliación permitirá incorporar tratamientos para enfermedades que hasta ahora no contaban con cobertura suficiente en el cuadro oficial.

La actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos incorpora tratamientos para patologías como la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y determinados tipos de cáncer.

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La revisión no solo añade nuevos principios activos. También introduce modificaciones en algunos medicamentos ya existentes, elimina otros del listado y amplía las indicaciones de uso de determinados tratamientos, según el Ministerio de Salud.

Aveiga señaló que esta actualización busca "optimizar el uso de los recursos públicos" y mejorar el acceso a medicamentos esenciales.

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En abril pasado, Enrique Terán, presidente de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), explicó a EXPRESO que durante el proceso de revisión se recibieron 460 solicitudes para incorporar nuevos medicamentos.

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Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA), una iniciativa que ahora pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.
• Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, y la creación del Registro Nacional de Cambio Climático.

La Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos, el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA), una iniciativa que ahora pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

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La propuesta busca actualizar la normativa ecuatoriana sobre cambio climático y reforzar las herramientas con las que cuenta el Estado para enfrentar sus efectos.

El texto fue debatido en segundo y definitivo debate durante la sesión 113 del Pleno. La iniciativa fue tramitada por la Comisión de Biodiversidad y recibió el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de sus aliados, mientras que los legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra.

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Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que será el organismo encargado de coordinar la política pública nacional en esta materia.

La reforma también precisa qué instituciones lo integrarán y amplía sus funciones para mejorar la articulación entre distintas entidades del Estado.

La normativa incorpora además el Registro Nacional de Cambio Climático, concebido como el sistema oficial para recopilar, monitorear y dar seguimiento a programas, proyectos, acciones e instrumentos relacionados con la gestión climática del país.

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La rectoría y administración del registro permanecerán bajo la Autoridad Ambiental Nacional.

El proyecto también establece reglas para los instrumentos de cooperación climática y los mecanismos de carbono, herramientas que buscan incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Ecuador.

Autoridad Ambiental Nacional debe emitir la normativa secundaria para organismos

Según el texto aprobado, la Autoridad Ambiental Nacional deberá emitir la normativa secundaria para regular tanto el funcionamiento del Registro Nacional de Cambio Climático como la implementación del Comité Interinstitucional y de los mecanismos de carbono.

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Para ello se fija un plazo máximo de 360 días contados desde la publicación de la ley en el Registro Oficial.

La reforma incorpora, además, disposiciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y el tratamiento de las pérdidas y daños provocados por fenómenos extremos.

El correísmo cuestionó la reforma ambiental

Durante el debate, la asambleísta Katherine Pacheco, ponente del proyecto, sostuvo que el país necesita un marco legal actualizado para responder de manera más eficaz a fenómenos como sequías, inundaciones e incendios forestales, que afectan a la población, la infraestructura y la producción agrícola.

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No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos por parte de la Revolución Ciudadana. Sus legisladores advirtieron que algunos artículos podrían permitir la participación de actores privados en la operación del Registro Nacional de Cambio Climático y expresaron dudas sobre el manejo de la información y de los mecanismos vinculados al mercado de carbono.

Desde la bancada oficialista se rechazaron esas interpretaciones y se defendió que la rectoría y el control seguirán en manos del Estado.

Lo que debes saber

• La exasambleísta Geraldine Weber anunció su precandidatura a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO.
• El binomio de Weber será Isaac Germán Solís Tómala.
• Weber inscribirá su candidatura a la Prefectura del Guayas este jueves 6 de agosto a las 15:00 en la Delegación Provincial Electoral del Guayas.

La exasambleísta Geraldine Weber anunció su candidatura a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO para las elecciones seccionales de noviembre próximo.

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Weber confirmó a EXPRESO que Isaac Germán Solís Tomalá será su compañero de fórmula en la carrera por la Prefectura del Guayas

La exlegisladora informó que este jueves 6 de agosto, a las 15:00, inscribirá su candidatura en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, ubicada en la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil.

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Geraldine Weber: "Nuestra provincia tiene un potencial enorme"

La precandidatura marcará el regreso de Weber a una papeleta electoral, tras haber obtenido una curul en la Asamblea Nacional en 2021.

"Lo que me animó a ser candidata a la Prefectura del Guayas fue recorrer sus cantones, escuchar a su gente y comprobar que nuestra provincia tiene un enorme potencial, pero también muchas necesidades olvidadas", manifestó Weber a EXPRESO este miércoles 5 de agosto.

Y siguió: "Ver de cerca la realidad de los agricultores, ganaderos, emprendedores, mujeres y jóvenes me hizo entender que no basta con señalar los problemas: hay que dar un paso al frente para servir, crear oportunidades y devolverle la esperanza al Guayas".

Política

Elecciones Seccionales 2026: CNE recuerda los requisitos para inscribir candidaturas

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Weber dejó el Partido Social Cristiano en el 2023

En 2021, Weber fue elegida asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, en mayo de 2023 dejó esa bancada al afirmar que había perdido la confianza en esa organización política.

Su salida se registró en medio del juicio político del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO.

Política

Daniel Noboa y Javier Milei: ¿cuáles son los temas que abordarán y los acuerdos que firmarán?

Agencia EFE

Más allá del protocolo, el encuentro busca abrir una nueva etapa de cooperación entre ambos gobiernos, con acuerdos previstos en áreas que van desde la seguridad hasta el intercambio comercial.

La Secretaría de Comunicación difundió la agenda que cumplirá el jefe de Estado argentino durante su permanencia en el país. La jornada estará concentrada en ceremonias oficiales, una reunión privada entre mandatarios y la suscripción de instrumentos bilaterales.

La agenda oficial de Milei en Quito

El primer acto de la visita será la ceremonia de bienvenida en honor al presidente argentino. Después vendrá el encuentro entre las delegaciones de ambos países y la reunión bilateral entre Milei y Noboa.

La agenda establecida para el jueves 6 de agosto de 2026 es la siguiente:

Internacional

Milei va por el Banco Central y propone cerrar la Administración si hay déficit fiscal

Agencia EFE

Una reunión marcada por la cooperación regional

El encuentro entre Noboa y Milei ocurre en un contexto en el que ambos gobiernos han mostrado interés en fortalecer alianzas en materia de seguridad, economía y cooperación institucional.

La visita del mandatario argentino se desarrollará en una jornada corta, pero con una agenda concentrada en compromisos bilaterales que buscan dejar acuerdos concretos entre Ecuador y Argentina.

Guayaquil

El millonario contrato de publicidad que Prefectura del Guayas pretende adjudicar previo a El Niño

Carlos Isaac Pino

Un solo contrato supera el rubro de 2025

Bajo este paraguas legal, la máxima autoridad invitó de forma directa a una sola empresa: Publicidad de Medios Publimedios S.A., la cual presentó una oferta que coincide exactamente, al centavo, con el presupuesto referencial. Esta misma empresa ya había sido seleccionada en 2024 para un contrato de pauta radial por $705.000, una cifra significativamente menor al actual proceso.

El contraste presupuestario es evidente al revisar la ejecución del año anterior. En 2025, la Prefectura destinó $1’567.833,96 a gastos de publicidad, un monto que fue distribuido entre decenas de canales de televisión, medios impresos y digitales. Es decir, este único contrato de casi $4 millones supera en más del doble lo que la institución invirtió en toda su pauta publicitaria en un año completo.

Cifras atípicas frente al historial

Para el magíster Juan Fernando Merchán, docente y experto en contratación pública, el valor propuesto para un solo contrato resulta "atípico y carece de razonabilidad comparativa". "No se considera un valor realista ni proporcional a la dinámica de gasto", argumenta el especialista.

Según explica el experto, las cifras extraídas del historial de compras del Gobierno Provincial durante 2025 muestran una clara desproporción:

Más allá de la magnitud del gasto, el expediente presenta vacíos procedimentales. La Prefectura justificó la elección de Publimedios S.A. argumentando que su propuesta era la de menor valor al compararla globalmente con las proformas de Beta Creative ($4.149.500,00), Digifilms ($4.355.140,00) y Mediterráneo Comunicación ($4.151.650,00).

Sin embargo, Merchán advierte que el documento oficial carece de precios unitarios por producto. Esta omisión impide determinar con precisión el cumplimiento del estudio de mercado exigido por el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El especialista también cuestiona que la entidad sustente la adjudicación bajo el criterio del “mejor valor por dinero”, sin definir en los Términos de Referencia cómo será evaluado. "Es una afirmación que carece del sustento técnico exigido por la normativa", sostiene.

A las falencias técnicas se suma la estructuración de la propia oferta. Noel Batista, experto en administración pública, subraya que el Régimen Especial en comunicación es muy observado por organismos de control debido a la nula concurrencia. Sobre la propuesta de Publimedios S.A., Batista lanza una advertencia clara: "Una oferta que iguala el presupuesto referencial al centavo es un indicador clásico de una posible filtración de información previa o de ausencia de competencia real".

Disparidad con la inversión social y la obra pública

El peso financiero de este proceso también levanta cuestionamientos sobre las prioridades administrativas. Como referencia, la Prefectura destinó $9’886.260 al eje social durante los doce meses del año pasado. La actual administración transitoria gastará en publicidad y redes sociales, en un plazo de apenas 304 días, el equivalente a casi la mitad de lo invertido en materia social en un año completo.

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Prefecto del Guayas defiende su equipo ligado al Gobierno y a Jairala: "Son amigos de la infancia"

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Para Fernando León, docente de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), priorizar este gasto envía un mensaje equivocado. "La gente se pregunta si su barrio se va a inundar, si ya se limpiaron los canales, pero en el imaginario se crea la visión de que hay dinero para publicidad y no para prevenir. Hoy es un despropósito destinar cuatro millones de dólares a publicidad cuando la gente necesita obras", enfatiza el académico. 

Aunque la politóloga Andrea Endara reconoce que el contrato podría justificarse si su objetivo fuera estrictamente preventivo para advertir sobre El Niño, concluye que dada la escasez económica mencionada por el propio prefecto, "sí resulta un poco excesivo invertir esa cantidad solo en publicidad".

A la espera de una justificación de Prefectura

Este Diario solicitó vocería oficial a la Prefectura del Guayas sobre el valor de este contrato y su justificación técnica. No hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Lo que debes saber

• Colaboración clave en Las Malvinas: Un comandante militar entregó información crucial que permitió condenar a 11 militares a 34 años.
• Falta de información estatal: El CDH denuncia que el Ministerio de Defensa niega datos sobre 53 casos de desaparición forzada.
• Aumento crítico de desaparecidos: Los casos sin resolver pasaron de 447 a 854 en dos años, revelando un incremento del 91 %.

Los responsables de la tragedia de los niños de Las Malvinas pudieron ser condenados gracias a que un comandante militar que participó en el operativo en el que los cuatro adolescentes fueron detenidos antes de desaparecer, entregó toda la información que conocía a los equipos de investigación de la Fiscalía. Según estableció posteriormente la sentencia de primera instancia, los menores fueron entregados a un grupo de delincuentes que terminó asesinándolos. El comandante proporcionó a los fiscales los detalles que permitieron reconstruir lo ocurrido. Lo hizo de inmediato y sin consultar a sus superiores. Es decir, actuó conforme a lo que le dictaban su deber legal y moral. Gracias a esa colaboración, el oficial no fue procesado, mientras que otros once militares fueron condenados a 34 años de prisión.

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Denuncias del CDH sobre desaparición forzada en Ecuador

Lo insólito es que, según Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), desde ese episodio los militares han dejado de colaborar con las investigaciones sobre otros casos de desaparición en los que existen indicios de que las víctimas estuvieron bajo custodia militar antes de perderse su rastro. Bastias sostiene que ya son 53 casos en los que el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar información solicitada por la Fiscalía. Tampoco la habría proporcionado a la mesa de diálogo creada por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante esa negativa, la Comisión presentó una medida cautelar para que el Estado ecuatoriano adopte medidas que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas y la entrega de información relevante. Según Bastias, el Ministerio de Defensa justifica su negativa señalando que el presidente Daniel Noboa y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, prohibieron proporcionar esa información.

Patrones de detención y violaciones a los derechos humanos

El CDH sostiene que los casos documentados presentan un mismo patrón: personas detenidas por patrullas militares durante operativos, incomunicación posterior, ausencia de registros oficiales sobre la detención y falta de información acerca de su paradero. Según la organización, existen indicios suficientes para presumir la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en varios de esos casos. Incluso afirma que, en algunos expedientes, los propios militares reconocen haber detenido a las personas, aunque aseguran haberlas liberado posteriormente. Para Bastias, aun si esa versión fuera cierta, la detención sin registro oficial y la posterior negativa a informar sobre el destino de esas personas podrían configurar el delito de desaparición forzada, conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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Obstáculos institucionales en las investigaciones de la Fiscalía

El CDH también cuestiona que muchas de estas denuncias hayan sido investigadas inicialmente como desapariciones involuntarias y no como presuntas desapariciones forzadas, lo que, según la organización, retrasó diligencias fundamentales durante las primeras horas de búsqueda. A ello se suma, afirma, la falta de unidades especializadas y de recursos suficientes para investigar este tipo de delitos.

Crecimiento alarmante de las personas desaparecidas en Ecuador

Pero la tragedia de las desapariciones forzadas (es decir, aquellas en las que presuntamente participaron agentes del Estado) forma parte de un fenómeno mucho más amplio que hoy se ha convertido en uno de los dramas más graves que enfrenta el país: el crecimiento sostenido del número de personas desaparecidas y, sobre todo, de aquellas que jamás vuelven a ser encontradas.

Estadísticas de desaparición y cifras sin resolver

Ecuador registra cada año entre 7.000 y 8.000 denuncias de desaparición, pero el verdadero drama no está únicamente en cuántas personas desaparecen, sino en cuántas nunca regresan. En apenas dos años, los casos que permanecían sin resolverse pasaron de 447 en 2023 a 854 en 2025. Un incremento del 91 % que revela un deterioro alarmante en la capacidad del Estado para encontrarlas. Aunque las cifras de 2026 aún no están consolidadas, los datos parciales muestran que la tendencia continúa.

Impacto social e impunidad en el sistema estatal

La proporción de desapariciones que permanecen sin resolver prácticamente se duplicó: pasó del 5,7 % de las denuncias en 2023 al 11,4 % en 2025. En otras palabras, la probabilidad de que una persona desaparecida nunca sea hallada (ni viva ni muerta) es hoy casi el doble que hace apenas dos años.

Ese deterioro tiene consecuencias que van mucho más allá de las estadísticas. Cada caso sin resolver representa una familia atrapada en una incertidumbre permanente y un Estado que pierde capacidad para responder a una de sus obligaciones más básicas: encontrar a quienes desaparecen. Además, las cifras son un indicador de la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y buscar a las víctimas. Cuando aumenta el porcentaje de personas cuyo paradero nunca se esclarece, también crece la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades.

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Impacto social e impunidad en el sistema estatal

Ecuador todavía no registra los niveles históricos de desapariciones de países que han vivido conflictos armados prolongados o décadas de violencia criminal, como México, donde existen más de 130.000 personas desaparecidas, o Colombia, cuya cifra histórica ronda las 100.000. Sin embargo, la evolución ecuatoriana resulta especialmente preocupante. El rápido incremento de la violencia asociada al crimen organizado parece ir acompañado de un aumento sostenido de los casos que permanecen sin resolver, una tendencia que, de consolidarse, podría convertir las desapariciones en uno de los mayores desafíos humanitarios y de seguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

Lo que debes saber

• La Fenocin afirma que aún no ha decidido convocar a un paro.
• El 22 de agosto realizará un congreso nacional para definir acciones.
• El 29 de agosto está prevista una asamblea de organizaciones sociales.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) aseguró que aún no ha definido medidas de hecho por el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. Su presidente, Guido Perugachi, informó que la decisión será adoptada por las bases durante un congreso y una asamblea previstos para agosto, donde también se evaluará la posibilidad de impulsar un diálogo con el Gobierno.

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Perugachi sostuvo que la organización no ha convocado a un paro y criticó que se haya interpretado de esa manera su posición. "Nosotros no estamos en este momento aun diciendo vamos a un paro", afirmó, al insistir en que la dirigencia únicamente actuará como vocera de lo que resuelvan las organizaciones sociales.

Las bases decidirán si buscan un diálogo

Perugachi explicó que la Fenocin convocará primero a un congreso y posteriormente a una asamblea con organizaciones sociales para definir la postura frente al incremento de los pasajes del transporte intra e interprovincial. Reiteró que la dirigencia no impondrá medidas y que actuará como vocera de las resoluciones que adopten las bases.

El dirigente señaló que, si las organizaciones resuelven buscar un acercamiento con el Ejecutivo, la Fenocin respaldará esa decisión. "Si las organizaciones sociales dicen que hay que dialogar con el Gobierno, dialogamos", expresó, aunque insistió en que ese proceso debe darse de manera pública.

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Cuestionan la falta de diálogo del Gobierno

El presidente de la Fenocin sostuvo que el Gobierno no ha mostrado voluntad para dialogar con las organizaciones sociales y, en cambio, ha optado por imponer decisiones. Además, aseguró que persisten problemas relacionados con el costo de la canasta básica, la salud, la educación y la seguridad, sin que, a su criterio, existan respuestas suficientes por parte del Ejecutivo.

Perugachi informó que el congreso nacional de la Fenocin se realizará el 22 de agosto, mientras que el 29 de agosto se desarrollará una asamblea autoconvocada por diversas organizaciones sociales. Indicó que en esos espacios se resolverán las acciones que impulsarán y reiteró que la organización "se manda de abajo hacia arriba", por lo que las decisiones corresponderán a sus bases.

Lo que debes saber

• El concurso para renovar la Fiscalía General del Estado pasó de 75 a solo 26 postulantes.
• Denuncias de irregularidades, bajas de exfuncionarios y renuncias marcaron la fase inicial.
• Daniella Camacho lidera la puntuación del proceso, pero también acumula más impugnaciones.

La lista de postulantes a fiscal general del Estado se va reduciendo con el avance del concurso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). De los 75 postulantes que ingresaron en marzo de 2026, ya solo quedan 26, en medio de denuncias, descalificaciones y renuncias al proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General.

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Etapas del concurso y depuración de la lista de postulantes

El proceso de selección para la Fiscalía General del Estado ha avanzado a través de distintas fases de revisión y control:

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Descalificaciones y renuncias clave en el CPCCS

La salida de aspirantes durante la calificación de méritos respondió a motivos ajenos al rendimiento académico o profesional:

Descalificación de José De La Gasca

El exministro de Gobierno en la administración del presidente Daniel Noboa quedó fuera del concurso tras la aprobación de una denuncia ciudadana por presunto incumplimiento de requisitos. A pesar de responder a los señalamientos, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió su descalificación. De La Gasca decidió no apelar la resolución y acusó públicamente al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, de direccionar su salida.

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Desistimiento de Luis Augusto Rosero Méndez

El aspirante presentó su renuncia voluntaria al concurso el 30 de julio de 2026 mediante un oficio dirigido a la Comisión Ciudadana de Selección, documento que se conoció formalmente al día siguiente. Aunque el escrito no detalló los motivos del retiro, el Pleno del CPCCS aceptó oficialmente su desistimiento el 5 de agosto de 2026.

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Fase actual: impugnación ciudadana y escrutinio público

Con 26 candidatos en competencia, la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado avanza hacia la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público. Actualmente, la tabla de calificación la encabeza la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien simultáneamente registra la mayor cantidad de objeciones dentro del proceso.

Lo que debes saber

• Luis Augusto Rosero Méndez renunció al concurso para Fiscal General del Estado.
• Es el segundo postulante que queda fuera del proceso llevado a cabo por el CPCCS.
• El CPCCS avanza en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció y aceptó oficialmente este 5 de agosto de 2026 la renuncia del postulante Luis Augusto Rosero Méndez al concurso de selección para Fiscal General del Estado. Rosero formalizó su salida voluntaria de la contienda el 30 de julio de 2026, medida que fue acogida por la Comisión Ciudadana de Selección al día siguiente y trasladada formalmente al Pleno para ratificar el fin de su participación en el proceso.

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Luis Augusto Rosero Méndez desiste del concurso para fiscal general

En su escrito formal, Luis Augusto Rosero Méndez expresó su voluntad expresa de desistir de su participación en el certamen para la selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Con la notificación leída en el Pleno del CPCCS, se oficializó formalmente su salida del proceso. El profesional había alcanzado una puntuación de 38 puntos durante la etapa de calificación de méritos, la cual se convirtió en la última fase en la que tuvo participación activa.

Postulantes fuera del proceso de selección del CPCCS

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Avances en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público

Durante la sesión del Pleno, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, recordó a la ciudadanía y a los medios que la selección para Fiscal General del Estado se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público.

Asimismo, la máxima autoridad del Consejo detalló las fases reglamentarias fijadas para el trámite de las objeciones presentadas:

Contrato millonario publicado en el Sercop

• El contrato omite la licitación abierta usando un mecanismo de excepción legal de Régimen Especial.
• El rubro publicitario equivale a casi el 40 % de lo invertido en todo el Eje Social durante 2025.
• La adjudicación ocurre mientras la entidad advierte falta de liquidez para otros asuntos.

Carlos Encalada asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026 con un discurso marcado por la urgencia climática y la austeridad. En su primera entrevista con EXPRESO, hace un mes, advirtió que el tiempo apremiaba frente al Fenómeno de El Niño y que el presupuesto era limitado. De hecho, sepultó la idea de traer una draga grande para el islote El Palmar argumentando que los $4 millones que tenían de saldo apenas alcanzarían para el transporte.

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$3,8 millones para publicidad 'a dedo'

Sin embargo, la austeridad parece no aplicar a la imagen institucional. La Prefectura del Guayas tramita el proceso RE-CSCD-PG-2026-002, un contrato para el "Servicio de difusión multicanal de la gestión institucional" por $3.825.344,00 (sin IVA).

Se trata de una adjudicación mediante Régimen Especial, un mecanismo legal que permite a la entidad saltarse el concurso público y la puja de ofertas. Bajo el paraguas de la "Comunicación Social" (Art. 38 de la Ley de Contratación Pública), la máxima autoridad invitó de forma directa a una sola empresa: Publicidad de Medios Publimedios S.A., la cual presentó una oferta que cuadra exactamente al centavo con el presupuesto referencial de la institución.

Pauta hasta el 2027

El contrato tiene un plazo de ejecución de 304 días, lo que significa que el gasto trascenderá el corto mandato de Encalada (quien entregará el cargo en mayo de 2027). La certificación presupuestaria refleja una afectación plurianual: $1.912.672,00 para el ejercicio fiscal 2026 y $1.912.672,00 para 2027.

El desglose financiero de la propuesta de Publimedios S.A. revela las prioridades de difusión:

Otras agencias (como Digifilms, Beta Creative y Mediterraneo Comunicación) presentaron proformas superiores a los $4,1 millones durante el estudio de mercado.

Publicidad vs. Obra Social y Dragado

El peso de este contrato publicitario se evidencia al compararlo con las cuentas que dejó la exprefecta Marcela Aguiñaga en su última rendición de cuentas de 2025.

El año pasado, la Prefectura, liderada por Marcela Aguiñaga, destinó $9.886.260 al Eje Social durante 12 meses. Es decir, la administración transitoria de Encalada gastará en publicidad y redes sociales, en tan solo 304 días, el equivalente a casi la mitad de todo lo que la provincia invirtió en materia social en un año completo.

La disparidad también roza al proyecto más urgente de la provincia: el río Guayas. En su reciente diálogo con este Diario, Encalada justificó la paralización del mega dragado por factores económicos: "Lamentablemente, traer una draga, solo el transporte, nos cuesta cerca de 4 millones de dólares. Y el saldo que tenemos es de 4 millones... Una draga grande por los tiempos no nos van a dar".

En contraste con esas declaraciones, Prefectura compromete de forma directa $3,8 millones para promocionar su gestión en radios, vallas y redes sociales durante una etapa preelectoral, aunque el propio prefecto asegure que volverá al sector privado en 2027.

Frente a la magnitud del gasto y la utilización de la figura de Régimen Especial en medio de advertencias de austeridad climática, EXPRESO ha solicitado información oficial a la Prefectura del Guayas para que justifique la prioridad y necesidad de este proceso millonario. Hasta el cierre de este reportaje, se espera una respuesta.

Lo que debes saber

• La Ley de Compañías no establece un listado de actos que requieren la firma del interventor.
• Especialistas sostienen que el control debe enfocarse en proteger el patrimonio de la empresa.
• La normativa prevé responsabilidades si la actuación del interventor causa perjuicios a la compañía.

Cinco meses han transcurrido desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Desde entonces, la dinámica operativa de la empresa ha experimentado cambios que han impactado algunos procesos internos.

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Alcances de la intervención societaria

Si el rol del interventor es el de vigilar y subsanar las supuestas irregularidades que motivan la intervención, ¿cuál es el límite de su trabajo para que este no obstaculice el normal desempeño de la compañía?

Olenka Ramírez, directora del área societaria de FexLaw, e Israel Ruiz, experto en derecho procesal, junto con Marco López, exsuperintendente de Compañías, coinciden en que la intervención de una empresa no debería constituir una sanción ni entorpecer sus operaciones.

Ellos sostienen que la medida debe tener como finalidad corregir las irregularidades que motivaron la intervención y proteger a la compañía, sus accionistas y terceros, aunque determinadas acciones requieran la autorización o la firma del interventor.

Ramírez explica que no existe un listado en la Ley de Compañías sobre los actos que requieren la firma del interventor, pues ello depende de la resolución de la SuperCías. Aun así señala que, en la práctica, esa autorización suele exigirse para movimientos bancarios, pago de acreedores, contratación de nuevas obligaciones, venta o gravamen de bienes y otros actos que comprometan el patrimonio de la empresa.

No obstante, Ruiz expone que es habitual que el interventor suscriba roles de pago, declaraciones tributarias, balances y estados financieros.

López, por su parte, sostiene que el principal control del interventor debe concentrarse en los flujos de efectivo, ya que allí puede verificarse el correcto manejo de los recursos.

La abogada Ramírez aclara que el interventor no remplaza las funciones del gerente o de los administradores.

López coincide en que debe actuar como un colaborador que ayude a solucionar los problemas que originaron la medida y no desempeñarse como un administrador paralelo.

Los interventores son enviados a las firmas como solución, no como problema, por lo que el fin del interventor es que no haya demoras. Si las hay, es un rol mal utilizado.Israel Ruiz, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

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Los efectos en la operación de GRANASA

Sin embargo, en GRANASA esa situación ya tiene efectos concretos. El personal de servicios prestados del Diario asegura que, antes de la intervención, sus honorarios eran cancelados una semana después de emitir las facturas, mientras que ahora los pagos se realizan entre la tercera y cuarta semana del mes, una demora que atribuyen al proceso de aprobación que debe cumplir la interventora societaria.

Gerardo Menoscal trabaja como fotógrafo freelance en EXPRESO desde hace tres años. Este padre de familia asegura que el retraso en el pago de sus honorarios, por la falta de una firma, le preocupa porque depende de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

Cuenta que desde el cambio de interventora en GRANASA, el pago correspondiente a junio lo recibió más tarde, a la cuarta semana. “Tengo cuentas que pagar. Antes no era así. Antes el pago llegaba puntualmente en la segunda semana de cada mes”, asevera Menoscal.

Desde 2018, Gianella Muñoz trabaja como periodista y productora externa de las revistas de EXPRESO. Relata que antes de la intervención a GRANASA, sus facturas eran pagadas puntualmente tras la quincena y a fin de mes. Ahora no: los desembolsos tardan hasta dos semanas más en el primer caso y alrededor de cuatro semanas en el segundo.

La periodista explica que esos retrasos repercuten directamente en la producción de las revistas. Cada portada implica gastos de movilización para maquilladores, estilistas y modelos, además de la compra de utilería y el pago al talento que participa en las sesiones fotográficas.

Muñoz asegura que para no afectar a las modelos, ni deteriorar relaciones profesionales construidas durante años, en varias ocasiones ha tenido que cubrir esos pagos con recursos propios, mientras espera que la interventora apruebe sus honorarios. Advierte que esta situación irregular podría comprometer la calidad gráfica que ha caracterizado históricamente a EXPRESO y EXTRA.

La intervención es una medida administrativa temporal, no un castigo ni una toma de control de la empresa. La vigilancia no puede entorpecer las actividades empresariales.Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma de abogados FexLaw

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Los límites de la actuación del interventor

Estas situaciones descritas por colaboradores externos reflejan el escenario que los especialistas consideran que debe evitarse durante una intervención. Para la abogada Ramírez, cuando la firma del interventor retrasa el pago a proveedores, colaboradores o acreedores, afecta el normal desenvolvimiento de la empresa.

Ruiz coincide con ese criterio y sostiene que la finalidad del interventor es agilizar los procesos y contribuir a que la compañía supere las causas que motivaron la intervención, no generar demoras o dilaciones injustificadas. A su juicio, cuando esas demoras afectan la operación diaria, la intervención deja de cumplir el objetivo para el que fue concebida.

En la misma línea, el exsuperintendente de Compañías sostiene que un interventor “no puede alterar sustancialmente la dinámica de un negocio” y que debe procurar que los pagos continúen ejecutándose dentro de los plazos habituales.

El objetivo de una intervención es corregir los problemas de la empresa, no llevarla al desastre. El interventor debe ser un colaborador de la administración, no un enemigo.Marco López, exsuperinten-dente de Compañías

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Responsabilidades por una intervención irregular

Añade que la misión de la SuperCías no es castigar ni llevar a las empresas a una liquidación, sino corregir las irregularidades detectadas, procurando afectar lo menos posible la actividad empresarial y preservar las fuentes de empleo.

El abogado Israel Ruiz agrega que si un interventor actúa con dolo o negligencia y causa perjuicios a la compañía, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Y que la SuperCías también tiene una cuota de responsabilidad, al ser la entidad que designa al interventor y supervisa su actuación.

Lo que debes saber

• Este miércoles 5 de agosto, el Pleno del CPCCS conocerá la renuncia presentada por Luis Augusto Rosero Méndez.
• Rosero comunicó el pasado 30 de julio su decisión de desistir de continuar en el proceso mediante un correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección.
• El 31 de julio, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió dar por conocido el desistimiento de Rosero y remitir la documentación al Pleno del CPCCS.

Este miércoles 5 de agosto, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conocerá la renuncia presentada por Luis Augusto Rosero Méndez al concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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El tema consta como el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria convocada para las 10:00.

Rosero comunicó el pasado 30 de julio su decisión de desistir de continuar en el proceso mediante un correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección. En el mensaje manifestó expresamente su voluntad de retirarse del concurso.

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Un día después, la Comisión Ciudadana de Selección analizó la comunicación durante una sesión administrativa.

En esa reunión resolvió dar por conocido el desistimiento y remitir la documentación al Pleno del CPCCS, al considerar que la normativa establece que únicamente ese organismo tiene la atribución de aceptar la renuncia de un postulante y disponer su exclusión definitiva del concurso.

La resolución de la Comisión fue aprobada con siete votos a favor y dispuso notificar tanto al Pleno del CPCCS como al propio postulante y a la veeduría ciudadana acreditada dentro del proceso.

Revisión de impugnaciones a los aspirantes a fiscal general del Estado

Un total de 51 impugnaciones ciudadanas se registraron en el concurso público para la selección y designación del fiscal general del Estado, tras finalizar la fase de recepción el 31 de julio.

Daniella Camacho es la aspirante que ha recibido más impugnaciones (10) durante el proceso. Le siguen Inés Maritza Romero, con 9, y el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, con 5.

Lo que debes saber

• El CNE y el TCE rechazaron la difusión de contenidos en redes sociales que, según señalaron, buscan intimidar a sus autoridades y funcionarios.
• Aunque el documento no menciona casos específicos ni identifica a los responsables de esas publicaciones, advierte sobre un ambiente de hostigamiento contra sus integrantes.
• "Ninguna forma de presión, intimidación o amedrentamiento condicionará sus actuaciones ni interferirá en el desarrollo del proceso electoral", expusieron los dos organismos.

Este martes 4 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron la difusión de contenidos en redes sociales que, según señalaron, buscan intimidar a sus autoridades y funcionarios, ejercer presión sobre ellos o afectar el cumplimiento de sus funciones durante el proceso electoral.

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En el pronunciamiento, la Función Electoral sostuvo que este tipo de prácticas son incompatibles con el debate democrático, el respeto a la institucionalidad y el normal desarrollo de las elecciones.

Aunque el documento no menciona casos específicos ni identifica a los responsables de esas publicaciones, advierte sobre un ambiente de hostigamiento contra sus integrantes.

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Además, ambas instituciones afirmaron que continuarán ejerciendo sus competencias "con independencia y estricto apego al ordenamiento jurídico".

CNE y TCE: "Ninguna forma de presión interferirá en el desarrollo del proceso electoral"

"Ninguna forma de presión, intimidación o amedrentamiento condicionará sus actuaciones ni interferirá en el desarrollo del proceso electoral", expusieron los dos organismos.

Según el texto, el rechazo se dirige a cualquier conducta que busque afectar el ejercicio de sus funciones.

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"La crítica y el disenso son propios de una sociedad democrática; la intimidación y el hostigamiento, no", expusieron.

La Función Electoral advirtió que adoptará las medidas institucionales y legales que correspondan frente a este tipo de hechos. Sin embargo, el documento no precisa cuáles serían esas acciones ni si ya existe algún procedimiento en marcha.

El comunicado fue suscrito por el presidente del CNE, José Cabrera Zurita, y la presidenta del TCE, Ivonne Coloma Peralta, en medio del calendario electoral y del incremento del debate político en plataformas digitales.

Lo que debes saber

• Cambios en candidaturas de ADN revelan falta de democracia interna y un proyecto para Quito.
• El CNE frente a las irregularidades en las listas electorales de Pichincha y el noboísmo.
• La estrategia de ADN en Quito: ¿un fracaso anunciado que beneficia a Jorge Yunda?

“Sólo invertimos los roles”: la explicación de Harold Burbano, el exministro de Trabajo de Daniel Noboa, sobre los cambios en las candidaturas de Pichincha para estas elecciones, constituye toda una declaración de principios de su partido y un indicador de lo que el país puede esperar de los gobiernos seccionales que terminen bajo el control del oficialismo. Designado candidato a prefecto el pasado 1 de julio, al término de un supuesto proceso de democracia interna de cuyos alcances y procedimientos el país lo ignora todo, Burbano mutó este domingo (nadie sabe por decisión de quién) en candidato a alcalde de la capital, mientras que Giovanna Ubidia, inicialmente elegida para desempeñar ese papel, se convirtió en aspirante a prefecta. “Sólo invertimos los roles”: es una forma de decirlo.

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Reorganización en ADN: por qué cambiaron sus fichas para Quito y Pichincha

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La controversia por la democracia interna en ADN para las elecciones

¿Qué revela esa “inversión de roles”? Para empezar, significa que la democracia interna en ADN es una farsa. Los militantes que supuestamente aspiran a ver convertida en alcaldesa de Quito a Giovanna Ubidia, y para eso la eligieron quién sabe por qué razones imposibles de entender, han sido traicionados por su propio partido. Alguien (¿la cúpula de dirigentes, en el supuesto de que en ADN existiera tal cosa?, ¿el presidente de la República?, ¿los comunicadores políticos a cargo de la interpretación y análisis de las encuestas?) decidió pasarse el resultado del proceso de democracia interna por el forro y mandarla para prefecta. Y poner, en su lugar, a Harold Burbano, en un juego de inversión de roles que este último celebra como si fuera la cosa más normal.

Sanciones del CNE e irregularidades en el proceso electoral

¿Qué tiene que decir el CNE a propósito de este atropello a las normas electorales de la democracia interna? El organismo que hoy preside José Cabrera (sustituto ideal de Diana Atamaint, en la medida en que él tampoco contrariará jamás al poder político) ha sancionado a tres partidos (Izquierda Democrática, Suma y Reto) por incumplimientos en el proceso de democracia interna. A los tres los ha privado de su derecho de postular candidatos en estas elecciones. ¿Permitirá que Giovanna Ubidia y Harold Burbano participen como aspirantes a dignidades para las cuales no fueron elegidos por los militantes de su movimiento? ¿Acaso da lo mismo?

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En ADN todos parecen considerar que sí, que da lo mismo. “Sólo invertimos los roles”, dice Harold Burbano; “evaluamos lo que dijo la gente”, explica la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, cuyas declaraciones son siempre insustanciales pero que, esta vez, termina por revelar (contra su voluntad, seguramente) el motivo de la decisión tomada: las encuestas les dijeron qué hacer.

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La falta de un proyecto político para la Alcaldía de Quito

Invertir los roles significa que los candidatos son intercambiables. Da lo mismo uno aquí y otro allá que uno allá y otro aquí. Al fin y al cabo, esto de armar listas electorales sólo consiste en designar un nombre para cada casillero. Se supone que un partido político de verdad (tanto más uno que ocupa el gobierno de la República) forma cuadros para desempeñar funciones; especializa la gente. Tras dos años y medio de ejercicio del poder, uno esperaría que ADN tuviera un firme candidato para ocupar la alcaldía de la capital, con un proyecto de ciudad coherente y en relación orgánica con las políticas públicas del gobierno central. Pero no. A la hora de elegir candidato a la alcaldía de Quito, se sacan de la manga una directora del Seguro Social Campesino con cero experiencia en política local; y al cabo de un mes la sustituyen con un exministro de Trabajo que, como ella, no tiene la menor idea de cómo funciona el Municipio.

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La conclusión es clara: tras dos años y medio en el gobierno, ADN no tiene nada que remotamente se parezca a un proyecto de ciudad para la capital de República. ¿Lo tiene para algún otro municipio? El fichaje de Cynthia Viteri, la alcaldesa que echó por el caño tres decenios de administración socialcristiana, indica claramente que tampoco en Guayaquil el gobierno (integrado por un buen 90 por ciento de guayaquileños) tiene las ideas claras (si es que tiene alguna).

Las posibilidades de Harold Burbano y el escenario político en Quito

Ahora bien: la apuesta por Harold Burbano, el exministro que asumió la parte más sucia de la estrategia para secuestrar el Consejo de la Judicatura, precisamente como candidato a alcalde de la ciudad en la que operativos políticos de ese tipo tienen el más alto nivel de resistencia, es un fracaso anunciado. Aborrecible por su conducta y más aborrecible aún por su discurso, Harold Burbano no tiene la más remota posibilidad de alzarse con la alcaldía de Quito. Parecería más bien que el objetivo de ADN en esta elección particular es perderla.

Quito

Jorge Yunda: “No soy bailarín, ni tampoco de extremos ideológicos”

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¿Pacto implícito entre el oficialismo y la candidatura de Jorge Yunda?

No es en absoluto descabellada la idea, cada vez más aceptada, de que el verdadero candidato del gobierno para presidir el Municipio de la capital es el indescriptible Jorge Yunda. Para empezar, su rehabilitación judicial (en un gobierno que tiene bajo amenaza y control al aparato de justicia, como queda claro con los procesos contra otro alcalde, Aquiles Álvarez) habría sido imposible de no contar con los favores del noboísmo. Además, es el único candidato con altas posibilidades de ganar al que el gobierno no le ha acosado de ninguna manera: si en algún momento se puso en duda su candidatura, debido a su inscripción en un padrón electoral fuera de Quito, la rápida y favorable solución que el Tribunal Contencioso Electoral (una extensión de Carondelet) dio a ese problema revela que Jorge Yunda tiene padrinos importantes. Ni él se mete con el gobierno (ha habido periodistas que infructuosamente intentaron por más de cuarto de hora sacarle una crítica) ni el gobierno se mete con él. Quién quita que estos cambios de última hora en la lista de candidatos de ADN para Pichincha no tengan otro objetivo que confundir a los electores para facilitar el triunfo de verdadero candidato, el encubierto Yunda.

Lo que debes saber

• Viviana Veloz retira su precandidatura a la Alcaldía de Santo Domingo tras la suspensión del movimiento Amigo.
• La legisladora confirmó que continuará en la Asamblea Nacional hasta finalizar su periodo legislativo.
• Revolución Ciudadana busca alianzas con diversas fuerzas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

La asambleísta Viviana Veloz, integrante de la Revolución Ciudadana, anunció el retiro de su precandidatura a la Alcaldía de Santo Domingo. La decisión se tomó tras la suspensión de la organización política movimiento Amigo, plataforma utilizada tras la inhabilitación del correísmo. Veloz confirmó que continuará en sus funciones dentro de la Asamblea Nacional hasta el cierre de su periodo legislativo.

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Retiro de la precandidatura a la Alcaldía de Santo Domingo

La asambleísta Viviana Veloz confirmó que no competirá por la Alcaldía de Santo Domingo en los comicios seccionales previstos para noviembre de 2026. Explicó que su postura responde a la inhabilitación que sufrieron las organizaciones que respaldaban su postulación.

"Ya no soy precandidata. Después de la proscripción ilegal al movimiento Amigo y con artimañas (...), decidí ya no ser precandidata a la Alcaldía de Santo Domingo de los Tsáchilas", declaró la legisladora este 4 de agosto de 2026.

Continuidad en la Asamblea Nacional y definición de sustitutos

Tras su salida de la contienda local, la legisladora ratificó que mantendrá su curul en la Asamblea Nacional.

Entre sus principales compromisos legislativos destacan:

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Impacto en las candidaturas de la Revolución Ciudadana

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, se pronunció este 4 de agosto de 2026 sobre el escenario electoral del movimiento. Puntualizó que la suspensión del movimiento Amigo afectó la planificación territorial en varias localidades del país.

Ante esta situación, la directiva del movimiento avanza en la definición de su estrategia electoral:

Lo que debes saber

• Las inscripciones de candidaturas están abiertas hasta el 17 de agosto.
• El CNE revisará que los aspirantes cumplan todos los requisitos legales.
• Aunque el trámite es virtual, ADN presentó sus candidaturas de forma presencial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó este 4 de agosto los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a las Elecciones Seccionales 2026 para que sus postulaciones puedan superar la etapa de calificación. La entidad enfatizó que las candidaturas solo se considerarán oficialmente inscritas cuando la resolución que las apruebe quede en firme.

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Las juntas revisarán cada candidatura

El periodo de inscripción de candidaturas comenzó el pasado domingo 2 de agosto y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. Aunque el procedimiento fue habilitado de manera virtual mediante el sistema informático del CNE, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) optó por presentar de forma presencial las candidaturas para la Alcaldía y concejalías de Quito, así como para la Prefectura de Pichincha.

Mientras avanza la recepción de postulaciones, las 24 Juntas Provinciales Electorales serán las encargadas de revisar que cada expediente cumpla con la normativa vigente. En ese proceso verificarán tanto los requisitos legales como la inexistencia de inhabilidades o prohibiciones para ejercer una candidatura.

Entre las condiciones exigidas consta haber cumplido 18 años al momento de la inscripción y encontrarse en pleno goce de los derechos políticos. Asimismo, los aspirantes no deben estar incursos en las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley.

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Residencia y registro electoral, entre las exigencias

Además, quienes busquen una dignidad de elección popular deberán haber nacido o residido durante los dos últimos años en la jurisdicción que pretenden representar. A ello se suma la obligación de constar en el registro electoral del último proceso electoral correspondiente.

El organismo electoral también recordó que las listas deben respetar los principios de paridad, encabezamiento e inclusión generacional. De igual forma, la aceptación de la candidatura debe realizarse ante los delegados electorales o en las instalaciones del CNE, en un acto público, expreso, personalísimo e indelegable.

Lo que debes saber

• Unidad Popular conversa con la Revolución Ciudadana y otros partidos políticos para concretar alianzas electorales.
• La convergencia busca frenar al oficialismo en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
• El pacto respaldaría la reelección de Pabel Muñoz y la candidatura de Alexandro Tonello.

El dirigente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, confirmó este 4 de agosto de 2026 que mantiene diálogos con la Revolución Ciudadana y otras organizaciones políticas para concretar una alianza electoral en Quito y la provincia de Pichincha. La iniciativa busca consolidar una alternativa democrática que enfrente la concentración de poderes y compita de manera unificada en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026.

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¿Qué busca la alianza entre Unidad Popular y la Revolución Ciudadana?

El dirigente Geovanni Atarihuana detalló los fundamentos políticos tras los acercamientos iniciados para el escenario electoral en la capital y la provincia.

"Mantenemos diálogos para construir una alternativa democrática para resolver los problemas de Quito y Pichincha", dijo a EXPRESO.

El representante aclaró que el frente político no se limitaría de forma exclusiva al correísmo, sino que contempla sumar a diversas fuerzas. Además, precisó la meta central del acuerdo:

Partidos políticos y candidaturas proyectadas para 2026

Horas antes del anuncio de Atarihuana, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, informó que las candidaturas de su movimiento en la capital recibirán el respaldo de una coalición en construcción.

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Organizaciones que integran las conversaciones

Cuadro de precandidatos a las elecciones seccionales

De concretarse el acuerdo multipartidario, la coalición impulsará las siguientes dignidades para el periodo lectivo de noviembre de 2026: