Lo que debes saber

• El CAL suspendió nueve días a una legisladora de Revolución Ciudadana por llamar "sinvergüenza" a Janina Rizzo.
• La parlamentaria presentó una acción de protección para evidenciar la aplicación de una "justicia selectiva".
• Denuncia una persecución sistemática del oficialismo contra los asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Ana María Raffo, asambleísta de Revolución Ciudadana, cuestiona la sanción de nueve días impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tras calificar como "sinvergüenza" a la legisladora de ADN, Janina Rizzo, durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria. La parlamentaria denuncia justicia selectiva, persecución a las oposiciones y un intento deliberado por amordazar el debate parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador, mientras aguarda la resolución de una acción de protección con medida cautelar.

La controversia por llamar "sinvergüenza" a una asambleísta de ADN

- El CAL la sancionó por haber llamado “sinvergüenza” a la asambleísta Janina Rizzo. ¿Considera desproporcionada dicha sanción?

La asambleísta Rizzo basa su queja en que, según la Real Academia Española (RAE), el adjetivo sinvergüenza equivale a acusar a una persona de actos delictivos. Es irónico, desproporcionado e ilegal porque la Asamblea es la institución más política, la más política del Estado ecuatoriano.

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- El cruce verbal nació tras una fallida comparecencia de agricultores a la Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Qué sucedió?

Varios productores viajaron para ser escuchados por la Comisión. Teníamos Pleno a las 16:30, pero a las 16:07 la asambleísta Rizzo, que preside la mesa, decidió suspender la sesión. Todos quedamos en shock y en ese momento expresé con firmeza que aún quedaba tiempo para escucharlos. Esa indignación de los productores me llevó a expresar que son unos sinvergüenzas. Pero sinvergüenza es no tener vergüenza. No tuvieron la vergüenza de dejar plantados a los productores.

- ¿La Comisión volvió a convocar a los agricultores?

Fueron convocados la semana pasada, en la reinstalación de la sesión, pero solo asistió uno. Luego se inventaron una nueva sesión para convocar a tres más. Ellos hacen lo que les conviene.

Acción de protección quiere evidenciar una justicia selectiva en la Asamblea

- Presentó una acción de protección con medida cautelar. Sin embargo, parece que primero cumplirá su sanción antes de que la justicia resuelva su recurso. ¿Qué hará en ese caso?

La acción de protección no fue presentada porque deseo que inmediatamente me restituyan, aunque es lo que debería suceder. El fin es demostrar que hay una justicia selectiva, que ellos (ADN) aplican el sistema sancionatorio como les conviene y de acuerdo con sus caprichos.

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- ¿Por qué?

Cuando se trató la queja en mi contra, el CAL también trató la queja contra Diana Jácome por haber dicho “aquí no se aceptan delincuentes”. Sin embargo, en su caso archivaron la queja porque no se había demostrado que la expresión haya constituido el uso de términos ofensivos, discriminatorios o que incite al odio, dirigidos de manera expresa al denunciante. Yo quería una simetría jurídica, pero resulta que a Jácome le archivaron la queja y a la asambleísta de Revolución Ciudadana la sancionaron por nueve días.

Sanciones al debate parlamentario y el posible cambio con las seccionales 2026

- ¿Se está sancionando el debate parlamentario?

Sin duda alguna. Creo que a estas alturas ya el debate parlamentario es entre ellos. Porque si hablamos de las oposiciones, ya existe un amordazamiento. Tienes que pensar una y otra vez qué vas a pronunciar porque no sabes en qué momento llega la persecución. Se está utilizando el sistema sancionatorio para amordazar, callar y perseguir.

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- Hay quienes dicen que el correísmo fue igual o peor cuando tenía mayoría legislativa. ¿Comparte esa justificación?

Me parece ridículo. Todo lo contrario. Sí hubo errores dentro de la Revolución, porque por supuesto que hubo errores; el problema es si se combaten esos errores.

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- Con la participación de varios asambleístas en las elecciones seccionales, ¿cree que el ambiente dentro de la Asamblea pueda cambiar?

Espero que los suplentes vengan con un mejor nivel de preparación, en lo político, académico y valores. Porque si desde mi bancada me solicitan hacer algo de lo que yo no estoy de acuerdo porque va en contra de mis valores, yo voy a tener la frontalidad de decir “no pienso hacer eso”.

Las claves que debes saber

• INEC reporta pobreza de 21,37% en 2025; margen de error cuestiona la caída anunciada por Noboa.
• Gobierno de Daniel Noboa destaca reducción 2024-2025; datos oficiales muestran amplio intervalo de confianza.
• Informe de pobreza del primer semestre de 2026 no se publica; crecen dudas sobre las cifras oficiales.

Daniel Noboa lleva un año jactándose, en casi cada entrevista que concede a sus cheerleaders (porque no da otras), de haber logrado una drástica reducción de la pobreza en el Ecuador: del 28 al 21 por ciento, dice. Del 27,99 al 21,37, para ser exactos, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. 

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Sin embargo, esa variación que parece importantísima y hablaría, en principio, de un éxito rotundo de las políticas sociales del gobierno, podría no ser más que una ilusión: el propio INEC anota, en el informe respectivo, que esos 6,62 puntos de diferencia entre un año y el siguiente son estadísticamente insignificantes porque se encuentran… ¡dentro de los márgenes de error de sus encuestas! 

Ecuador no tiene el índice de pobreza actualizado

¿Un margen de error de más de 6 puntos y medio? Pues sí. Para que todo sea perfecto (perfectamente sospechoso, en realidad) el siguiente informe semestral de medición de la pobreza, que debió aparecer por ley de la República el pasado 22 de julio, simplemente no ha sido publicado.

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¿Lo será? Ya eran bastante desconfiables los datos para que ahora, además, el gobierno decida guardárselos en un cajón.

Primero, lo más insólito: el inconcebible margen de error de las mediciones del INEC (“intervalo de confianza”, lo llaman los tecnócratas de ese organismo, especialistas en eufemismos cursis más que en otra cosa, al parecer). Estamos hablando de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENDEMU) que se publica cada mes (o debería publicarse, según la ley) de acuerdo con el calendario establecido por el Consejo Nacional de Estadísticas y Censos. 

Preside ese Consejo el ente rector de la planificación nacional, que por disposición de Daniel Noboa fue absorbido, en 2025, por la Secretaría General de la Administración Pública. En otras palabras: la persona a cargo de las estadísticas del país es José Julio Neira, el operador del gobierno para los trabajos sucios (que son los más).

Cada seis meses, es decir, de junio a diciembre, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC, además de la información sobre el mercado laboral, incluye los datos de pobreza y desigualdad. 

El “intervalo de confianza” (léase: margen de error) de esos datos varía de año en año pero ha ido creciendo de manera consistente hasta convertir la encuesta en una caricatura. 

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Casi daría lo mismo que calcularan la pobreza a ojo de buen cubero. Esto se debe a las deficiencias de la muestra con la que se realizan las encuestas. Se supone que esa muestra debería ser revisada y actualizada con cierta regularidad (lo óptimo sería hacerlo cada año) pero, en lugar de eso, el INEC ha dejado que el margen de error siga creciendo hasta volverse inmanejable.

La pobreza en el Ecuador

Veamos: en 2015, el índice de pobreza oficialmente establecido por el INEC fue de 23,28 por ciento. Esa cifra admitía las siguientes variables: un límite inferior de 22,33 por ciento y un límite superior de 24,22 por ciento. Es decir que el margen de error (“intervalo de confianza”, dicen los filáticos): era de 1,89 puntos. Lo normal. Bastante exacto, incluso. 

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En 2024, en cambio (año que sirve de referencia a Daniel Noboa para proclamar su éxito), el índice de pobreza establecido por el INEC fue, como se ha dicho, de 27,99 por ciento. Con un límite inferior de 22,18 y un límite superior de 33,81. Margen de error: ¡11.63 puntos! ¿Acaso puede servir para algo una estadística tan chapucera?

Y aquí viene lo peor: en 2025, año exitoso en la reducción de la pobreza según lleva siete meses proclamando Daniel Noboa ante el aplauso de los deleznables cheerleaders de sus propios medios, el índice oficial de la pobreza según el INEC fue de 21,37 por ciento. Pero el “intervalo de confianza” va desde un límite inferior de 17,22 a un límite superior de 25,52 (margen de error: 8,3). 

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¿Qué significa esto, en la práctica? Significa que, si bien el índice oficial es de 21,37 por ciento, la cifra real de la pobreza de 2025 puede ser cualquier número entre 17,22 y 25,52. Y como la cifra real de 2024 puede ser cualquier número comprendido entre 22,18 y 33,81, no hay que descartar que la pobreza, pese a las proclamas de Noboa y el entusiasmo de sus cheerleaders, se haya incrementado en lugar de reducido. 

O quizás se mantuvo en el mismo nivel. Son probabilidades perfectamente razonables dentro del delirante margen de error de las inservibles encuestas del INEC.

Ahora consideremos lo siguiente: ¿qué pudo haber ocurrido con las cifras de la pobreza del primer semestre de 2026 para que el gobierno haya decidido, violando la ley, no publicarlas? Es obvio que ni siquiera pudo servirse del margen de error para manipularlas, como hizo con las del segundo semestre del año anterior para vender un éxito discutible e incierto. 

De lo contrario, ya estaría el presidente en radio Centro proclamando una nueva reducción de la pobreza ante la complacencia de sus anfitriones. Ya tendríamos titulares de portada en el boletín oficial de El Universo. Ya estaría el tema en el centro del debate público previo a la campaña electoral. Pero no. Muy malas han de ser las cifras para que el gobierno haya decidido, simplemente, no publicarlas y cerrar la boca.

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¿Por qué es importante la actualización del índice?

Lo más preocupante es que nadie parece interesado en ocuparse de este tema. El único que ha denunciado esta omisión, hasta el momento, es la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) en su boletín oficial.

Su preocupación es comprensible, considerando que las estadísticas en general, y las estadísticas de la pobreza en particular, no son simples argumentos de campaña electoral, como parece entenderlo el gobierno, sino insumos fundamentales para la adopción de políticas públicas (cuando se las tiene). 

¿Cómo puede el gobierno de Daniel Noboa tomar decisiones fundamentales sobre la administración del bono de la pobreza, por ejemplo, o el manejo de ciertos subsidios, o el diseño de políticas de desarrollo rural, sin indicadores claros y confiables? La respuesta es fácil: no le importa.

Lo que debes saber

• Las próximas elecciones en Guayaquil se desarrollarán en un escenario de fragmentación política, donde ninguna fuerza parece conservar por sí sola la capacidad de ordenar el voto como ocurrió durante décadas.
  
• Cad una de las principales candidaturas enfrenta dificultades para consolidar una mayoría, ya sea por el desgaste político, la falta de estructura territorial o la dependencia de liderazgos ajenos.
  
• La elección definirá quién logra liderar una ciudad que ha perdido un eje político dominante y cuyo electorado se encuentra repartido entre varias fuerzas en competencia.

Durante más de treinta años, el socialcristianismo gobernaba. En 2023, el correísmo quebró esa hegemonía. Tres años después, ni el bloque que ganó ni el que perdió llegan enteros a las nuevas seccionales.

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La Revolución Ciudadana debió sustituir a Juan Pablo Molina por David Norero, cercano a Álvarez. El PSC conserva a Andrés Roche como candidatura propia, Mónica Luzárraga disputa el espacio de la izquierda, mientras que Cynthia Viteri aceptó representar a ADN.

El resultado es un sistema local en proceso de desalineamiento. La hipótesis es que Guayaquil ya no se organiza alrededor de dos bloques capaces de disciplinar el voto, sino de varias candidaturas que intentan recomponer mayorías con fragmentos del tablero anterior. Posiblemente ninguna fuerza parece conservar por sí sola la capacidad de ordenar la ciudad.

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El oficialismo se vuelve competitivo al incorporar a una exalcaldesa con alto conocimiento y trayectoria, considerando que esto reduce los costos de entrada de ADN en una plaza donde carecía de implantación histórica.

Las fortalezas y debilidades de los principales precandidatos 

Viteri parte, probablemente, con el mayor nivel del conocimiento. Pero conocimiento no equivale a adhesión. Debe trasladar hacia ADN un capital construido durante décadas dentro del socialcristianismo. Puede beneficiarse de la coordinación con el poder central, pero carga con tres desgastes: haber perdido en 2023, competir junto a un Gobierno sometido a evaluación por el solo hecho de estar en funciones y romper con la identidad partidaria que sostuvo su trayectoria. 

Con Viteri opera, además, una variable menos visible pero electoralmente relevante; la reducción de incertidumbre frente a candidaturas nuevas o con menor trayectoria ejecutiva. La hipótesis favorable es que conserva un piso amplio. La contraria, que ese capital no es completamente transferible.

Roche disputa otra dimensión. Busca recuperar el discurso de orden, gestión y autoridad de las administraciones de Febres-Cordero y Nebot, pero con una comunicación digital más rápida, confrontativa y capaz de instalar agenda, mejor que varias candidaturas del puerto principal. Ese activo modifica su perfil, pero puede producir una ilusión de competitividad si no se traduce en organización.

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El caso de Francesco Tabacchi (en el pasado) ofrece una imagen elocuente. Tuvo una campaña digital celebrada, instaló temas y parecía dominar parte de la conversación; aun así, no superó el 1% de los votos. El antecedente no permite equiparar candidaturas ni proyectar el mismo resultado sobre Roche. Pero demuestra que visibilidad, centralidad discursiva y rendimiento electoral pertenecen a niveles diferentes.

Una campaña opera en tres planos. El simbólico, donde se construyen temas y marcos interpretativos. El territorial, donde importan dirigentes, presencia física y capilaridad barrial. Y el electoral, donde se decide la movilización, la logística y el cuidado del voto. Roche debe hacer que su instalación temática descienda hacia esos niveles. Si permanece solo en el plano simbólico, puede ganar conversación sin construir mayoría.

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Luzárraga encabeza una alianza entre Unidad Popular, Pachakutik y Futuro. Es la candidatura ubicada con mayor claridad en una izquierda y centroizquierda no subordinadas a la Revolución Ciudadana. Esa posición le concede diferenciación, pero no garantiza cohesión.

Debe demostrar que la alianza expresa algo más que una suma de siglas y que existe espacio para una izquierda autónoma frente al correísmo.

Roche y Luzárraga son, probablemente, las candidaturas con mayor carga ideológica de la contienda. Esa densidad ideológica puede darles mayor coherencia narrativa y capacidad de fidelización, aunque también puede reducir su elasticidad electoral.

Norero enfrenta quizá el problema más complejo. Su candidatura parte menos de una construcción propia que de la necesidad de administrar y transferir el capital político de Aquiles Álvarez. Puede desarrollar autonomía, pero su condición inicial depende de un liderazgo 100 % ajeno.

El aquilismo tampoco parece homogéneo. Allí conviven quienes votaron por la alternancia frente al PSC, quienes se identificaron con la confrontación contra el Gobierno, quienes valoran y recuerdan la gestión municipal y quienes hoy se movilizan alrededor de la situación judicial de Álvarez (que también tiene varios matices). Norero deberá identificar qué une a esos electorados y cuánto de ese respaldo pertenece al proyecto o exclusivamente al líder.

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Guayaquil no ha dejado atrás al socialcristianismo, al correísmo, ni al aquilismo. Lo que ha perdido es un eje capaz de ordenar por sí solo a toda la ciudad.

La elección definirá quién logra liderar un Guayaquil que, por primera vez en décadas, parece no pertenecerle completamente a nadie.

Lo que debes saber

• Osvaldo Hurtado ratifica que ael Gobierno de Daniel Noboa es una "criptodictadura" y "protodictadura".
• El expresidente denuncia la concentración de poderes, falta de transparencia y presiones judiciales.
• Hurtado cuestiona el Plan Fénix, los gastos reservados y la supuesta compra de medios.

El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, ratificó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa es una “criptodictadura” durante su participación en el pódcast Politizados. Durante la entrevista, el exmandatario defendió su postura, respondió a los señalamientos de los asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y advirtió sobre un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo que, a su criterio, sigue un patrón similar al de otros regímenes autoritarios de la región.

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Osvaldo Hurtado define el concepto de "criptodictadura" y "protodictador"

Durante su intervención, Osvaldo Hurtado explicó que entiende por criptodictadura a un régimen en el que las instituciones democráticas permanecen de forma formal, pero, en la práctica, terminan subordinadas al presidente de la República.

En ese contexto, ratificó que Daniel Noboa opera como un "protodictador" y jefe de dicho sistema: un gobernante elegido mediante elecciones que conserva la Constitución y una aparente división de poderes, pero que ejerce el poder concentrando progresivamente las instituciones del Estado.

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“No exagero”, insistió el expresidente al defender los términos utilizados para describir la actual administración ecuatoriana.

Asimismo, sostuvo que la legitimidad democrática no depende únicamente del origen electoral, sino también del ejercicio del poder. Afirmó que el mandatario ha concentrado casi todos los poderes del Estado, con excepción de la Corte Constitucional. No obstante, recordó las críticas públicas del Ejecutivo contra dicho organismo, señalando que el presidente encabezó una manifestación y promovió una campaña de ataques contra los jueces constitucionales, actuaciones que calificó como impropias de una democracia consolidada.

Respuesta a los asambleístas del bancada oficialista ADN

Respecto a los pronunciamientos de los legisladores del movimiento ADN, Osvaldo Hurtado aseguró que dichos mensajes no fueron elaborados por los propios asambleístas, sino redactados directamente desde el Ejecutivo.

“Esas declaraciones fueron escritas en la Presidencia de la República”, sostuvo.

El exmandatario lanzó duras críticas contra la bancada oficialista, afirmando que varios de sus integrantes poseen “limitaciones intelectuales severas” e incapacidad para construir frases o sustentar ideas. Por ello, aclaró que no responderá directamente a los legisladores, sino que responsabiliza a Daniel Noboa, al ministro de Gobierno y a otras autoridades del Ejecutivo por lo que calificó como un ataque coordinado en su contra por ejercer su derecho a opinar.

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Principios democráticos y cuestionamientos a la independencia judicial

El expresidente señaló que el actual Gobierno no cumple con los principios fundamentales de una democracia, entre los que detalló:

Sobre la independencia judicial, manifestó que la Corte Nacional de Justicia ha atendido pedidos del Ejecutivo y cuestionó presuntos nombramientos diplomáticos otorgados a familiares de exautoridades para obtener respaldo político.

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En materia de transparencia, criticó que el presidente y sus ministros no hayan rendido cuentas sobre casos emblemáticos como Progen. Asimismo, señaló que no se puede hablar de elecciones plenamente libres mientras existan organizaciones políticas proscritas y otras, como Pachakutik, enfrenten procesos que podrían impedir su participación en futuros comicios.

“Me admira que un joven que estudió Ciencias Políticas en varias universidades de Estados Unidos se comporte como Correa, Chávez, Morales y Ortega”, comentó.

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Cuestionamientos a la estrategia de seguridad y al Plan Fénix

Al abordar la gestión en materia de seguridad, Osvaldo Hurtado cuestionó la estrategia del Ejecutivo y sostuvo que el denominado Plan Fénix nunca fue presentado públicamente y que, probablemente, jamás existió.

Comparativa de gestión y fiscalización

Presunta adquisición de medios de comunicación y ética pública

Osvaldo Hurtado instó a Daniel Noboa a pronunciarse sobre las versiones que señalan que, presuntamente, habría adquirido mediante testaferros medios de comunicación como diario El Universo, el portal La Posta y Radio Centro.

Indicó que si esa información es falsa, el presidente debe desmentirla públicamente para despejar dudas. Añadió que, más allá de una eventual prohibición constitucional, un jefe de Estado no debe controlar medios de comunicación por razones de ética pública, ya que resulta incompatible con el sistema democrático.

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Llamado a la ciudadanía y a la participación electoral

A pesar de sus críticas, el exmandatario enfatizó que en una sociedad democrática no debe prevalecer el miedo a expresar opiniones. Hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la confianza en las instituciones y a estructurar una alternativa política para los próximos comicios.

“Tengamos fe y busquemos una alternativa para las próximas elecciones presidenciales que permita derrotar a Noboa y a Correa. A los dos, porque no son presidentes democráticos”, concluyó.

Lo que debes saber

• El Pleno decidirá si el juicio político continúa o se archiva.La votación dependerá de las alianzas entre las bancadas.
• La votación dependerá de las alianzas
• Los expertos consideran poco probable un cambio de escenario.

La Asamblea Nacional definirá este viernes 31 de julio, desde las 11:00, el futuro del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano. La sesión presencial será dirigida por el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, en un escenario donde la discusión jurídica parece haber cedido espacio al cálculo político.

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Las cuentas no favorecen al correísmo

La bancada de la Revolución Ciudadana llega al Pleno con un panorama adverso. Para desestimar el informe de la Comisión de Fiscalización y evitar que el caso se archive deberá reunir 101 votos, una cifra que luce lejana frente a la actual composición de la Asamblea, mientras que al oficialismo le bastarán 77 respaldos para ratificar la recomendación de cerrar el proceso.

Ese umbral luce difícil para la principal bancada de oposición. Con aproximadamente 67 legisladores, el correísmo necesita sumar al menos diez votos adicionales de otras fuerzas políticas, un objetivo complejo por la actual correlación de fuerzas dentro de la Asamblea.

Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de las Américas y de la Universidad UTE, sostiene que el escenario es, sobre todo, una cuestión de matemáticas y negociación política. A su criterio, incluso con conversaciones entre bancadas, resulta poco probable que la Revolución Ciudadana consiga los respaldos suficientes para revertir la recomendación de la Comisión de Fiscalización.

La dificultad aumenta porque el oficialismo mantiene una posición consolidada alrededor del informe que concluyó que no existen méritos para el enjuiciamiento político. Si el Pleno acoge esa recomendación, bastará una mayoría simple de los legisladores presentes para archivar el proceso.

Para Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el desenlace dependerá mucho más de la capacidad de las bancadas para asegurar votos que de los argumentos expuestos durante la investigación. El abogado considera que, si el Gobierno conserva la mayoría que actualmente aparenta tener, Manzano será políticamente salvada.

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¿Puede repetirse el caso Mario Godoy?

La expectativa también se ha centrado en la posibilidad de una sorpresa similar a la ocurrida con el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en que las circunstancias son distintas y reducen significativamente esa posibilidad.

Alarcón recuerda que, en el caso de Godoy, la presión ejercida por la ciudadanía y el periodismo de investigación elevó el costo político de respaldarlo. En cambio, sostiene que censurar a una exministra cercana al Gobierno podría ser interpretado como una señal de debilidad del oficialismo en un contexto preelectoral.

López añade otro elemento de diferencia con ese antecedente. A su juicio, permitir que prospere el juicio político contra Manzano abriría la puerta para que otros exministros del actual Gobierno enfrenten escenarios similares, lo que haría más difícil que los aliados del Ejecutivo rompan la disciplina política.

Si la Revolución Ciudadana no alcanza los 101 votos (la mayoría absoluta), el juicio político quedará archivado y Manzano quedará liberada de responsabilidad política dentro de la Asamblea.

Lo que debes saber

• La Policía tiene orden de ubicar a Nicole Bermúdez antes de la audiencia del 2 de agosto.
• Dos penalistas explican qué ocurrirá si la testigo no comparece.

La renuncia de Nicole Bermúdez, denunciante del caso Triple A, abrió un nuevo frente de incertidumbre en el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A pocos días de la siguiente audiencia, dos penalistas consultados por EXPRESO coinciden en que su comparecencia sigue siendo relevante, pero advierten que el proceso continuará incluso si la Policía Nacional no logra ubicarla.

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La búsqueda de la testigo

El Tribunal de Garantías Penales ordenó que Bermúdez sea localizada y trasladada mediante el uso de la fuerza pública para que rinda testimonio el próximo domingo 2 de agosto, luego de que no compareciera durante la etapa de práctica de pruebas. La disposición se emitió después de que la exfuncionaria renunciara a la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Movilidad y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATV), donde laboraba, y de que esa entidad notificara oficialmente que ya no forma parte de su personal.

Para el abogado penalista Gustavo Gaete, el escenario inmediato contempla que la Policía intente ubicar a la exfuncionaria con el apoyo de la fuerza pública, aunque ello no implica que el juicio quede suspendido si esa diligencia fracasa. Según explicó, el proceso seguirá su curso y el Tribunal deberá decidir qué valor otorga a la ausencia de una testigo que la defensa considera indispensable.

Gaete señaló que la defensa de Aquiles Álvarez insiste en escuchar a Bermúdez porque fue quien presentó la denuncia y posteriormente declaró ante la Fiscalía que había sido presionada para ampliar su versión. A su criterio, esa contradicción puede fortalecer el argumento de la defensa sobre una eventual falta de consistencia en la acusación, aunque aclaró que una sola prueba no define el desenlace del proceso, pues la sentencia dependerá de la valoración integral de todas las evidencias.

El penalista, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, expuso que existen dos caminos procesales posibles antes de la audiencia del 2 de agosto. El primero es que Bermúdez sea localizada y llevada al Tribunal para rendir su testimonio, mientras que el segundo es que no sea encontrada y los jueces deban analizar si corresponde prescindir de esa prueba para evitar prolongar indefinidamente el juicio.

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El peso que tendrá la decisión del Tribunal

Ocaña añadió que la imposibilidad de ubicar a la exfuncionaria sí tendría efectos para las partes procesales que solicitaron su comparecencia, porque dejarían de contar con un testimonio que consideran necesario para sustentar su estrategia. No obstante, recordó que la legislación procesal impide reemplazar el testimonio oral con versiones escritas rendidas durante la investigación, por lo que, de mantenerse la ausencia, el Tribunal deberá continuar con el juzgamiento utilizando las demás pruebas incorporadas al expediente.

Ambos juristas coinciden en que la ausencia de Bermúdez no provocará el colapso del caso Triple A, pero discrepan de quienes minimizan su importancia. Mientras Gaete sostiene que el Tribunal deberá ponderar si la falta de la denunciante afecta la solidez de la acusación, Ocaña considera que la justicia no puede permanecer indefinidamente a la espera de un testigo y que, de ser necesario, el juicio deberá avanzar con los elementos de convicción disponibles.

No obstante, ambos penalistas sostienen que la ausencia de Nicole Bermúdez también debería preocupar a la Fiscalía, al tratarse de la persona que presentó la denuncia que dio origen al caso. Gaete afirmó que, en condiciones normales, el denunciante suele ser el primer testigo de cargo en un juicio y que la institución acusadora debería tener interés en que aclare las contradicciones surgidas durante la investigación, mientras que Ocaña considera que su comparecencia permitiría despejar las dudas planteadas por la defensa sobre la consistencia de la acusación.

Para Gaete, la incomparecencia de Bermúdez también envía un mensaje que el Tribunal deberá interpretar al momento de valorar la prueba. El abogado sostiene que la ausencia de quien originó la denuncia y cuya declaración es considerada un testimonio principal puede ser entendida como la falta de un elemento de cargo relevante o, por el contrario, concluir que el resto de las pruebas son suficientes para sustentar una decisión, una valoración que quedará exclusivamente en manos de los jueces.

Lo que debes saber

• Cinco años después del fallo, mecheros petroleros siguen operando en la Amazonía ecuatoriana.
• Petroecuador reportó eliminación de 183 mecheros, pero la sentencia fija metas hasta 2030. 
• Comunidades de Sucumbíos y Orellana exigen cumplir el fallo por salud y ambiente.

El 29 de julio se cumplieron cinco años desde que un grupo de niñas y adolescentes de Sucumbíos y Orellana impulsó una acción judicial que terminó convirtiéndose en uno de los fallos ambientales más emblemáticos del Ecuador. 

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Aunque la sentencia ordenó la eliminación progresiva de los mecheros petroleros en la Amazonía, organizaciones sociales y ambientales sostienen que el cumplimiento sigue siendo parcial y que cientos de estas instalaciones continúan operando.

La decisión judicial fue emitida por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en enero de 2021. El tribunal determinó que la quema de gas en los mecheros vulneraba derechos relacionados con la salud, el ambiente sano y la naturaleza, y ordenó la eliminación progresiva de estas estructuras, priorizando aquellas ubicadas cerca de centros poblados.

¿Qué son los mecheros?

Los mecheros son instalaciones utilizadas por la industria petrolera para quemar el gas asociado a la extracción de crudo. En la Amazonía ecuatoriana se concentran principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde históricamente ha estado la mayor actividad hidrocarburífera del país.

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Según reportes, en la Amazonía existían 486 mecheros hasta 2023. La sentencia estableció que aquellos ubicados cerca de centros poblados debían eliminarse en un plazo de 18 meses, mientras que el retiro total deberá completarse hasta 2030.

Sin embargo, el avance del proceso ha sido motivo de controversia. Organizaciones de comunidades amazónicas, así como colectivos ambientales, han cuestionado los criterios utilizados por las autoridades para determinar qué mecheros están próximos a zonas habitadas. Según estas agrupaciones, la aplicación de parámetros restrictivos habría reducido significativamente el número de instalaciones consideradas prioritarias para su eliminación.

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¿Cuántos mecheros han sido eliminados?

De acuerdo con organizaciones internacionales, Petroecuador reportó en julio de 2026 la eliminación de 183 mecheros y anunció una inversión de $600 millones para continuar con el proceso. 

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La misma organización señaló que todavía permanecen en operación centenares de estructuras y que el cumplimiento integral de la sentencia sigue pendiente.

Los cuestionamientos también se centran en el impacto ambiental y sanitario. Las demandantes sostuvieron desde el inicio del proceso que la quema constante de gas afecta la calidad del aire, el acceso al agua y las condiciones de salud de las poblaciones cercanas a los campos petroleros. Estas preocupaciones fueron recogidas en la sentencia que dio paso a las medidas de reparación ordenadas por la justicia.

En 2024, organizaciones indicaron que Ecuador aún no había cumplido plenamente con la resolución judicial y advirtió sobre la permanencia de mecheros en áreas cercanas a comunidades amazónicas.

A cinco años de la sentencia, el debate continúa entre los avances reportados por las empresas operadoras. Mientras tanto, el plazo definitivo establecido por la justicia ecuatoriana para erradicar estas instalaciones se mantiene fijado para 2030

Política

Museo Nacional de Ecuador: por qué el diseño ganador del MuNa sigue en discusión

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Así responde el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado internacional del concurso del Museo Nacional del Ecuador (MUNA), a Roberto Luque, ministro de Transporte e Infraestructura. 

El 26 de julio de 2026, Luque publicó en El Universo una reflexión en torno a la polémica generada por la fase adicional incorporada por el Gobierno al proceso.

En su artículo, el ministro citó el caso del concurso para el Museo de Arquitectura y Diseño de Finlandia, donde los proyectos finalistas fueron expuestos al público, se organizaron talleres con usuarios y se recogieron aportes ciudadanos antes del fallo. 

Según sus organizadores, en inversiones públicas de gran escala la participación fortalece tanto la calidad del proyecto como su legitimidad social. No se sustituye la experticia, argumenta Luque, sino que se la complementa.

Participación ciudadana versus técnica

Zaera-Polo discrepa de esa interpretación. “La participación ciudadana jamás puede situarse por encima de la funcionalidad técnica, pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en el concurso del MUNA”, sostiene. 

Política

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En su opinión, el problema no fue un conflicto entre ciudadanía y expertos, sino una intervención de la administración dentro del propio proceso. 

“Es una lástima que esos argumentos no se plantearan en el seno del jurado, donde el ministro actuaba como delegado técnico del presidente, en lugar de intentar alterar el orden de las propuestas sin una explicación técnica”, añade.

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El arquitecto sostiene que los miembros del jurado se negaron a aceptar imposiciones externas y que, ante ello, “la única salida fue dinamitar el proceso desde arriba”.

Sobre el proyecto ganador, dice Zaera Polo:

Pero lo más desolador, dice el arquitecto, no es siquiera ese jurado: son quienes accedieron a comparecer ante él. "Tres premios Pritzker —la distinción más alta que concede esta profesión— se prestaron al juego y fueron a postrarse a los pies de aquel tribunal comercial, tras haber sido descartados".

Sobre las torres que se construirán detrás del museo, el arquitecto dice: "No se trata de proteger al museo de las vistas desde las torres, sino de cerrar la vista al sur desde el parque de La Carolina con un objeto a la escala del parque, en vez de dejar que sean las torres comerciales de 25 a 35 plantas las que ocupen el centro de esa vista con el museo sirviéndoles de zócalo".

Lo que debes saber

• Osvaldo Hurtado calificó a legisladores de ADN como "analfabetos funcionales" al servicio del Gobierno.
• El expresidente afirmó que los ataques del oficialismo provienen del despacho en el Palacio de Carondelet.
• Cuestionó la proscripción de partidos antes de las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, calificó como "semi analfabetos" y "analfabetos funcionales" a los asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) durante una entrevista en el pódcast Politizados. Hurtado respondió este 30 de julio de 2026 a las críticas vertidas en su contra por denominar "criptodictadura" a la administración del mandatario Daniel Noboa, asegurando que los ataques de la bancada legislativa son coordinados directamente desde el Palacio de Carondelet en respuesta a sus opiniones sobre la democracia ecuatoriana.

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Osvaldo Hurtado califica de "analfabetos funcionales" a legisladores de ADN

Tras tildar de "criptodictadura" al régimen del presidente Daniel Noboa, el exmandatario ecuatoriano señaló que la dura reacción parlamentaria en su contra proviene directamente de la sede de Gobierno.

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"Muchos de los asambleístas del noboísmo tienen limitaciones intelectuales severas. Son incapaces de construir una frase con todos los ingredientes (sustantivo, verbo, predicado y complementos), de sustentar una idea. Son semi analfabetos, analfabetos funcionales. Es el Gobierno el que asumió eso", afirmó Osvaldo Hurtado en el pódcast Politizados.

Asimismo, Hurtado sostuvo que sus cuestionamientos no se dirigen a los legisladores oficialistas, sino a las altas autoridades del Ejecutivo que deberían responder por los ataques en su contra:

A criterio del expresidente, dichas autoridades deben "responsabilizarse de ese ataque coordinado a un expresidente que ejerce su derecho de expresar su opinión con la democracia ecuatoriana".

La versión completa de estas declaraciones se emitirá en la edición del pódcast Politizados de este viernes 31 de julio de 2026, a las 07:00.

Críticas al Gobierno de Daniel Noboa y señalamientos de autoritarismo

Las tensiones se incrementaron desde el 27 de julio de 2026, cuando en una entrevista para Teleamazonas, Osvaldo Hurtado acusó a la administración de Daniel Noboa de reproducir prácticas del expresidente Rafael Correa, concentrar poder y debilitar la institucionalidad del Estado.

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"¿Cómo es que se llama a un presidente que no respeta la división del poder, la independencia de la justicia, las elecciones libres y las libertades públicas? (...) Un criptodictador, un autoritario, un autócrata camino de convertirse en un dictador", aseveró el exmandatario.

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La bancada de ADN se pegó un tiro con su ataque a Osvaldo Hurtado

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Cuestionamientos al proceso electoral

Hurtado cuestionó además la proscripción de organizaciones políticas de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026, comparando la coyuntura actual con gobiernos anteriores:

La respuesta de la bancada de ADN y de Andrés Guschmer

Las aseveraciones de Hurtado generaron un rechazo inmediato en la bancada oficialista de ADN. Entre las figuras que respondieron se encuentra el asambleísta y precandidato a la Prefectura del Guayas, Andrés Guschmer, quien tildó de "graves" e "infundadas" las palabras del exjefe de Estado.

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La dura respuesta de Andrés Guschmer a las críticas del expresidente Osvaldo Hurtado

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"Me he quedado sorprendido de cómo, con su experiencia, ha lanzado, sin prueba alguna, acusaciones y descalificaciones tan graves hacia el presidente Daniel Noboa. Sin duda puede discrepar con el Gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma", argumentó Guschmer.

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Según Nájera, ella habría solicitado a Cabrera que las autoridades de las juntas provinciales del CNE sean designadas con los mejores perfiles y que sean escogidos entre los miembros de cada junta provincial, "sin nombres establecidos de antemano, acuerdos o presiones". 

La consejera emitió ese mensaje para responder a unas declaraciones de Cabrera, quien dijo días atrás que la designación de los integrantes de esas juntas la hicieron los mismos vocales, quienes entregaron 25 nombres para esas dependencias. 

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Sin embargo, Nájera mencionó que "el debate no es sobre los vocales" e insistió en que si bien esos funcionarios son delegados por los miembros del organismo, "no les da derecho a definir quién preside la junta de esa provincia. Las provincias no son cuotas personales", agregó.

La consejera asegura que habría solicitado a Cabrera que esas autoridades en cada provincia sean designadas con los "perfiles más preparados para ejercerlas, por experiencia, capacidad, idoneidad, probidad y méritos de cada vocal, no sujeto al título de propiedad" de los integrantes del CNE. En ese sentido, admitió que aunque dio su voto al nuevo titular, fue "para un cambio".

Nájera denuncia un posible "reparto" en las juntas

La reacción de Nájera ocurre después de que el presidente Cabrera trató de desvirtuar un cuestionamiento anterior de la misma vocal en el inicio de semana, en donde ella denunció que el "reparto continúa" en el CNE, junto a un listado del número de provincias en las que cada integrante tendrá un delegado.

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Revocatoria de Daniel Noboa: ¿Por qué el CNE rechazó el segundo pedido y qué opciones quedan?

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"Tras bastidores se distribuyeron presidencias de Juntas Provinciales Electorales; mi nombre aparece entre ellas. No seré parte de esta práctica. Pedí al Presidente del CNE meritocracia; no fue acogido", indicó en ese entonces.

La denuncia trascendió una vez que el Pleno del CNE rechazó el pasado sábado las impugnaciones en contra de los vocales de las Juntas Provinciales Electorales de Los Ríos y Loja, una de las actividades previstas para avanzar en la organización de las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• Paulo Salas es el nuevo secretario del Municipio de Guayaquil tras la renuncia de Jaime Tejada
• Uno de los concejales señaló que el hecho de que la administración municipal haya tenido cuatro secretarios refleja que "algo no ha funcionado como debería".

El Municipio de Guayaquil ya tiene un nuevo secretario. Este jueves 30 de julio se confirmó la designación de Paulo Salas, quien asumirá oficialmente el cargo luego de la renuncia de Jaime Tejada.

La designación se concretó luego de que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, remitiera una terna para la elección del nuevo secretario municipal. Además de Salas, los postulantes fueron Allan Farfán y María Belén Guerrero.

Paulo Salas ya se desempeñaba como secretario encargado y ejercía funciones como asesor de la Secretaría Municipal, por lo que su nombramiento representa la continuidad de la gestión administrativa de esa dependencia.

¿Quién es Paulo Salas?

De acuerdo con su hoja de vida, Paulo Salas es abogado y posee una maestría en Derecho Penal Económico.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en instituciones públicas. Entre ellos, fue asesor 5 de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez).

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Asimismo, trabajó en la Contraloría General del Estado, donde desempeñó funciones como auditor. También registra experiencia como abogado litigante en materia penal y como analista jurídico.

Su perfil combina experiencia en el ámbito jurídico, de control gubernamental y de asesoría institucional.

Fue el concejal Arturo Escala quien mocionó su nombre y propuso su nombre al Cuerpo Edilicio. 

Designación tras la salida de Jaime Tejada

La designación de Paulo Salas ocurre después de la renuncia de Jaime Tejada al cargo de secretario del Municipio de Guayaquil, una decisión que abrió el proceso para la selección de su reemplazo.

Con esta elección, la administración municipal oficializa al funcionario que hasta ahora se encontraba al frente de la Secretaría de manera encargada.

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Ana Chóez: "Cuatro secretarios en una administración"

Durante la sesión, la concejala Ana Chóez, hoy independiente, señaló que el hecho de que la administración municipal haya tenido cuatro secretarios refleja que "algo no ha funcionado como debería". 

No obstante, destacó la decisión de presentar la hoja de vida del candidato y anunció su respaldo a la designación. "Valoro mucho que se haya puesto la hoja de vida y anuncio que votaré a favor", manifestó.

Las claves del caso

• El Pleno de la Judicatura suspendió tres meses sin sueldo a la exministra Ivonne Núñez.
• La sanción se debe a un error judicial al resolver un litigio contractual mediante una acción de protección.
• La Corte Constitucional determinó que la sentencia vició la garantía jurisdiccional de la norma.

El Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses sin derecho a remuneración a la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en su calidad de jueza de la Corte Provincial del Guayas, y al juez Francisco Morales Garcés. La medida fue resuelta durante la sesión extraordinaria del 29 de julio de 2026, tras determinarse que ambos magistrados cometieron un error judicial al desnaturalizar una acción de protección tramitada contra la empresa pública EP Correos del Ecuador en 2021.

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Sanción del Pleno del Consejo de la Judicatura a jueces del Guayas

La decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura impone una suspensión de 90 días para los juristas, tiempo en el cual no percibirán su sueldo. Los motivos clave del proceso administrativo incluyen:

Origen del caso: litigio entre Halcotransa y EP Correos del Ecuador

El proceso legal que originó la sanción administrativa se remonta al año 2021 y se desarrolló bajo las siguientes etapas:

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Fallo de la Corte Constitucional y postura de Jhoel Escudero

Ante la resolución ratificada por el tribunal provincial, EP Correos del Ecuador presentó una acción extraordinaria de protección que llegó a la Corte Constitucional. El presidente del organismo constitucional, Jhoel Escudero, analizó el recurso y dejó en evidencia la falla incurrida en la resolución:

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"La actuación de los jueces es inaceptable e incontestable. La actuación de los jueces es incontestable porque es evidente que las autoridades judiciales están obligadas a analizar, como primer deber, la procedencia de las pretensiones y rechazar la demanda por improcedente cuando estas no se corresponden con el objeto y finalidad de la acción de protección, y no lo hicieron", precisó el juez Jhoel Escudero en el texto del fallo.

La resolución del máximo órgano de control constitucional determinó la existencia de un error judicial por parte de Ivonne Núñez y Francisco Morales Garcés en la aplicación de las normas que rigen las acciones de protección.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa confirmó su participación en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
• La investidura del nuevo mandatario colombiano será el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.
• El cambio de mando abre oportunidades de cooperación bilateral, enfocadas en la seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que asistirá a la ceremonia de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026. El anuncio lo realizó durante una entrevista radial, donde ratificó su presencia en representación del Estado ecuatoriano. Este encuentro oficial genera expectativas por una nueva etapa de cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad y combate al crimen organizado, áreas clave de trabajo conjunto en la región fronteriza.

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El presidente Daniel Noboa ratificó que asistirá a la investidura presidencial para representar formalmente al Estado ecuatoriano. Durante una entrevista radial transmitida por Radio Sucre, el jefe de Estado señaló que acudiría al acto oficial aunque en ese momento no se conocía la locación definitiva de la ceremonia.

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia se dio tras triunfar en la segunda vuelta electoral frente a Iván Cepeda, candidato afín a la línea política del mandatario saliente, Gustavo Petro.

Oportunidades de cooperación bilateral y seguridad en la frontera

El jefe de Estado ecuatoriano destacó que la elección del nuevo mandatario colombiano abre la puerta a fortalecer el trabajo conjunto en distintos sectores estratégicos.

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Ejes de la agenda bilateral entre Ecuador y Colombia

Uno de los pilares del discurso de campaña de Abelardo De La Espriella se centró en el combate frontal a la inseguridad y al crimen transnacional.

Cambio de sede: Cali albergará la investidura de Abelardo De La Espriella

Tradicionalmente, los actos de cambio de mando en el país vecino se realizan en Bogotá; sin embargo, Abelardo De La Espriella solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

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Detalles de la ceremonia de posesión

Las claves del caso 

• Tras la suspensión de AMIGO, RC busca en julio una vía electoral con el Partido Socialista.
  
  
• Gustavo Vallejo no descarta una alianza para candidaturas correístas en las seccionales 2026.
  
  
• El Partido Socialista analiza si auspicia candidatos de RC para mantenerlos en la papeleta.
  

La suspensión del movimiento AMIGO, que iba a servir como plataforma electoral para los candidatos de Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, abrió una nueva incógnita en el escenario político: ¿puede el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) convertirse en el nuevo vehículo electoral del correísmo? 

Diversas declaraciones de dirigentes de ambas organizaciones muestran que esa posibilidad está sobre la mesa, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

La crisis comenzó tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender por nueve meses al movimiento AMIGO, medida que fue posteriormente acatada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La organización era clave para la estrategia del correísmo, que ya había perdido la posibilidad de participar con su propia estructura política luego de la suspensión de Revolución Ciudadana dentro del denominado caso Caja Chica.

El Partido Socialista deja abierta la puerta

En medio de este escenario, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, confirmó que existen conversaciones con dirigentes de Revolución Ciudadana y que la posibilidad de una alianza no está descartada. 

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Según explicó, la decisión deberá ser tomada por los organismos internos del partido y por sus estructuras provinciales antes del inicio formal de las inscripciones de candidaturas.

Vallejo reveló que ha mantenido diálogos con actores de distintas organizaciones de izquierda, entre ellos Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana; Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik; y Giovanni Atarihuana, de Unidad Popular. El dirigente insistió en que cualquier acuerdo deberá contar con el respaldo de la militancia y del Consejo Nacional del PSE.

Además, señaló que en varias provincias ya existen conversaciones avanzadas con el correísmo y que el partido mantiene abierta la posibilidad de auspiciar algunas candidaturas.

El correísmo busca alternativas para mantenerse en la papeleta

La suspensión de AMIGO obligó a Revolución Ciudadana a replantear su estrategia electoral cuando faltan pocas semanas para la inscripción oficial de candidaturas. 

Dirigentes correístas han reconocido que el Partido Socialista aparece como una de las alternativas más viables para mantener presencia en las elecciones seccionales.

El asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, afirmó que la suspensión de AMIGO pone en riesgo la hoja de ruta que había sido diseñada para postular a varias figuras vinculadas al correísmo, entre ellas autoridades locales que buscan la reelección. Según el legislador, ya existen conversaciones con organizaciones como el Partido Socialista para garantizar la participación de esos candidatos.

El expresidente Rafael Correa también ha mencionado públicamente al PSE como una organización que ha dado espacio a candidaturas relacionadas con su movimiento en distintas provincias. Sin embargo, ha expresado preocupación por un eventual proceso que pudiera afectar también a los socialistas.

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El factor electoral favorece un eventual acuerdo

Más allá de las afinidades ideológicas, existe un elemento práctico que convierte al Partido Socialista en una opción atractiva para Revolución Ciudadana: la normativa electoral permite que los precandidatos que participaron en procesos internos de AMIGO puedan ser inscritos posteriormente por otra organización política, siempre que se cumplan los procedimientos técnicos establecidos por el CNE.

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El director nacional de Organizaciones Políticas del CNE, Juan Carlos González, explicó que una vez eliminados los formularios de inscripción registrados bajo AMIGO, los aspirantes quedan habilitados para postularse con otra organización. Ese mecanismo abre la puerta para que los candidatos correístas migren a estructuras políticas ya habilitadas.

No obstante, el proceso implica negociaciones internas, ya que en muchos casos las organizaciones que podrían auspiciar estas candidaturas ya realizaron sus propias elecciones primarias y tienen listas previamente definidas.

Una alianza posible, pero no definida

Aunque el Partido Socialista aparece actualmente como el aliado más visible para parte de las candidaturas correístas, la decisión aún depende de resoluciones internas y de acuerdos territoriales que continúan en negociación.

En ese contexto, el Partido Socialista se ha convertido en uno de los actores más observados del tablero político ecuatoriano. Su decisión podría resultar determinante para que una parte importante de los candidatos vinculados a Revolución Ciudadana logre mantenerse en la contienda electoral de noviembre.

Lo que debes saber

• Horas antes de asumir la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori mantuvo una reunión con amigos cercanos. Entre los invitados estuvo el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad.
• Keiko Fujimori dejó de lado el protocolo del evento para dedicarle unas palabras de reconocimiento por la firma de la paz entre ambos países, hecho ocurrido el 26 de octubre de 1998.
• "Hombre valiente, expresidente del Ecuador, que se atrevió a firmar la paz con mi padre y hoy Perú y Ecuador viven momentos maravillosos", manifestó Keiko Fujimori a Mahuad.

Horas antes de asumir la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori recibió a amigos y personas de su entorno más cercano en una reunión. Entre los invitados estuvo el expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad.

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Durante las palabras de agradecimiento, Fujimori dejó de lado el protocolo del evento para destacar la presencia de Mahuad y dedicarle unas palabras de reconocimiento por la firma de la paz entre ambos países, un hecho ocurrido el 26 de octubre de 1998.

El acuerdo de paz fue suscrito por Mahuad y Alberto Fujimori, quien entonces ejercía la Presidencia de Perú y era el padre de la actual mandataria. El exmandatario peruano falleció en el año 2024.

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"Hombre valiente, expresidente del Ecuador, que se atrevió a firmar la paz con mi padre y hoy Perú y Ecuador viven momentos maravillosos", manifestó Keiko Fujimori a Mahuad.

En ese momento, Mahuad se levantó de su silla para saludar y agradecer los aplausos de los participantes de la reunión. "Es un gusto tenerlo nuevamente en el Perú", le dijo Fujimori.

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Y siguió: "Al presidente Mahuad, él me decía: 'Keiko, nos conocemos desde hace tantos años; dime Jamil'. Y como yo fui formada por la Cancillería, le respondía: 'No, presidente. Siempre le voy a decir presidente Mahuad hasta el día en que yo me convierta en presidenta'. Mañana le diré: 'Bienvenido, Jamil'".

Keiko Fujimori también agradeció al expresidente de Chile, Eduardo Frei

Uno de los invitados al evento fue el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien gobernó el país sudamericano entre 1994 y 2000.

Keiko Fujimori lo describió como "un gran amigo del Perú" y como un político de "gran trayectoria".

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"Él también jugó un rol fundamental en lo que fue la firma de la paz entre Perú y Ecuador", señaló la mandataria.

Lo que debes saber

• Asamblea suspendió el debate el 29 de julio por desacuerdos sobre familia y reproducción asistida.
• ADN, RC y PSC discrepan en Quito sobre acceso y financiamiento de tratamientos.
• La ley busca regular fecundación in vitro, pero faltan consensos para su aprobación.

El proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida no logró avanzar en su segundo debate dentro de la Asamblea Nacional. 

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Tras más de una hora de intervenciones y posiciones encontradas entre legisladores de distintas bancadas, la Presidencia encargada del Legislativo decidió suspender la discusión para profundizar el análisis de varios puntos que continúan generando controversia.

La iniciativa busca establecer por primera vez un marco jurídico integral para regular procedimientos como la inseminación artificial y la fecundación in vitro en Ecuador, además de definir derechos y obligaciones para pacientes, donantes, centros especializados y niños concebidos mediante estas técnicas. 

El proyecto surge a partir de un mandato de la Corte Constitucional, derivado del caso Satya, que ordenó al Estado desarrollar una normativa específica en esta materia.

Esteban Torres suspendió el debate ante la falta de consensos

La suspensión de la sesión fue anunciada por el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres (ADN), quien argumentó que el tema requiere una discusión más amplia debido a las diferencias expresadas por legisladores de varias bancadas políticas. 

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Según señaló, durante el debate se evidenciaron observaciones y objeciones de conciencia en torno a aspectos considerados sensibles dentro de la propuesta legal.

La decisión implica que el proyecto deberá volver a discutirse en una futura sesión antes de que pueda continuar su trámite legislativo.

El acceso a los tratamientos divide a las bancadas

Uno de los principales puntos de discusión fue el acceso a los tratamientos de reproducción asistida y el rol que debería asumir el Estado.

Durante el debate, legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) manifestaron preocupaciones respecto a que la propuesta no contemple de manera expresa la prestación de estos servicios dentro del sistema público de salud. A criterio de este sector, la regulación podría beneficiar principalmente a quienes tienen capacidad económica para acceder a clínicas privadas.

El debate giró alrededor de una interrogante central: si la ley debe enfocarse únicamente en regular los procedimientos médicos y la seguridad jurídica de los involucrados o si también debe establecer mecanismos para garantizar un acceso más amplio a estos tratamientos.

La definición de familia generó otro foco de confrontación

Las diferencias también surgieron en torno a disposiciones que reconocen a la familia en sus diversas formas de constitución.

Según lo discutido en el Pleno, los artículos relacionados con las personas solicitantes de los tratamientos incluyen referencias al acceso de distintos tipos de familias a las técnicas de reproducción asistida. 

Ese planteamiento fue cuestionado por representantes del Partido Social Cristiano (PSC), quienes expresaron reparos sobre el alcance de esas disposiciones y su relación con el concepto tradicional de familia.

Este tema se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas presentes en el debate.

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El informe para segundo debate fue presentado por Juan José Reyes (ADN), presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

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Durante su intervención, Reyes recordó que la propuesta responde a una disposición de la Corte Constitucional y destacó que la normativa busca garantizar los derechos de las personas que recurran a estos tratamientos, así como de los niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida. 

Además, señaló que el texto incorpora mecanismos para evitar vacíos legales en materia de filiación y reconocimiento de derechos.

El legislador también explicó que el proyecto incluye restricciones para evitar el denominado "turismo reproductivo", limitando el acceso a determinados procedimientos a personas con residencia establecida en

Bioética, embriones y donación de gametos también estuvieron bajo análisis

La propuesta contiene una serie de disposiciones relacionadas con principios bioéticos y el manejo de material genético. Entre ellas constan:

Asimismo, el proyecto contempla la creación de mecanismos de control para los centros autorizados a realizar estos procedimientos y establece requisitos médicos y psicológicos para quienes deseen donar óvulos o espermatozoides.

Durante el proceso legislativo, especialistas también plantearon observaciones relacionadas con aspectos científicos, médicos y legales de estas técnicas, lo que ha contribuido a mantener abierto el debate sobre el alcance de la regulación.

La propuesta prohíbe la gestación por sustitución

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la prohibición de la gestación por sustitución o vientre subrogado. La iniciativa también restringe la reproducción post mortem, la clonación con fines reproductivos y cualquier forma de comercialización de material genético humano. 

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Estas disposiciones fueron incorporadas como parte de las garantías y límites previstos en la futura normativa.

El texto que llegó al Pleno es resultado de la unificación de tres propuestas legislativas distintas: una presentada por el defensor del Pueblo, César Córdova; otra impulsada por la legisladora de ADN, Fabiola Sanmartín; y una tercera promovida por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Ana Herrera.

La Comisión de Salud consolidó esas iniciativas en un informe de 78 artículos que ahora deberá volver a discutirse en la Asamblea.

La Presidencia de Ecuador destacó que este tratado “fortalecerá la cooperación judicial y permitirá combatir la impunidad”. Peña, por su parte, subrayó: “Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados”.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad marcada por la guerra entre organizaciones criminales que disputan rutas del narcotráfico, además de delitos como minería ilegal, secuestro y extorsión. En 2025, el país registró 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un homicidio cada hora, según datos de Insight Crime.

Cooperación regional y nuevos liderazgos

Durante la reunión, Noboa y Peña resaltaron la oportunidad de fortalecer la cooperación latinoamericana bajo una “nueva generación de mandatarios” que asumen la responsabilidad de trabajar juntos. Noboa afirmó: “Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse para ofrecer progreso, seguridad, paz y justicia a nuestros pueblos”.

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Además del pacto de extradición, se firmaron acuerdos en materia de seguridad ciudadana, defensa, cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público. Peña explicó que las delegaciones abordaron una agenda regional que incluye la coordinación de esfuerzos contra las bandas criminales.

Un vínculo que busca ampliarse

La visita de Peña ocurre semanas después del encuentro que mantuvo con Noboa en Paraguay durante la Cumbre del Mercosur, donde ambos gobiernos abordaron temas de integración, cooperación y seguridad.

Además, en abril de este año, durante la visita a Quito del canciller paraguayo Rubén Ramírez, Ecuador planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y planteó a Paraguay analizar la catalogación de organizaciones criminales ecuatorianas como grupos terroristas.

Lo que debes saber:

• Israel Celi alerta, a propósito de Congreso de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas, sobre presión política en la justicia en Ecuador.
• 18% confía en el sistema judicial en Ecuador, advierte Israel Celi por falta de independencia.
• Caso Aquiles Álvarez refleja uso de justicia contra rivales políticos, dice Israel Celi.

Desde el miércoles 29 y hasta el 30 de julio del 2026 se desarrolla el I Congreso de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas, titulado Independencia Judicial y Constitucionalismo en América Latina. En la primera jornada se abordaron temas como el autoritarismo, los desafíos emergentes a la independencia judicial en Ecuador desde una perspectiva de derechos humanos y el contexto de la crisis democrática.

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Para la segunda jornada estaba previsto el análisis del nuevo constitucionalismo latinoamericano, con énfasis en sus avances y retrocesos. El presidente del gremio, Israel Celi, lidera el encuentro.

- ¿Qué tan pertinente es hablar de independencia judicial en Ecuador y la región en este momento?

- Es pertinente. Varios países de América Latina atraviesan crisis profundas en materia de independencia judicial; uno de los casos más llamativos es Ecuador, que en los últimos años ha descendido en los rankings sobre esta materia.

- ¿A qué se debe?

- Existen varios factores que inciden en eso. Entre los más relevantes destacan el impacto del crimen organizado, la presión del poder político sobre jueces y un tercer elemento: el debilitamiento institucional del sistema judicial.

- ¿Cómo va la región y Ecuador?

- Podríamos mencionar países claramente autoritarios como El Salvador, Nicaragua o Venezuela. Pero el caso ecuatoriano también es grave, por lo que hemos descendido en los últimos informes del World Justice Project.

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- ¿Qué tan grave es que el ciudadano no crea en la justicia porque espera años para que avance una demanda, mientras casos políticos se mueven en días?

- Es gravísimo porque el ejercicio de la ciudadanía en un Estado depende en gran medida del acceso a la justicia. Si la mayoría o quienes están vinculados a ámbitos políticos y de libertad de expresión no tiene certeza de que sus derechos serán protegidos, eso erosiona ese funcionamiento. 

Apenas el 18 % de la población confía en el sistema de justicia; no existe confianza, se produce anomia social, falta de participación política.

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- En ese marco, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil?

- En la práctica, hay organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa que promueven la participación para demandar políticas públicas y expresar desacuerdos, como en cualquier país civilizado. 

Pero si las organizaciones temen que se suspendan fondos de sus cuentas y los medios, la posibilidad de seguir publicando, y los ciudadanos temen que un hábeas corpus no tenga una solución justa, el miedo es paralizante.

El mensaje con Aquiles Álvarez es no te metas con este régimen porque si a un pez gordo lo trato así, ¿cómo te trataré a tí?Israel Celi/ abogado constitucionalista

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- ¿Ustedes, los abogados, están identificando miedo en el ciudadano?

- Ese miedo restringe la participación y la protesta. Hay un fuerte vínculo entre independencia judicial y participación ciudadana: si no participan es porque saben que, en un conflicto, va a perder el ciudadano, que no tiene garantías de salir libre, de que no se suspendan sus fondos o cuentas y de no ser perseguido a través del Estado, no solo en lo administrativo, sino también en el sistema de justicia.

- ¿Al tener al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, preso en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, envía un mensaje?

- Por supuesto. El hecho de que se utilice el sistema de justicia para perseguir a rivales políticos, de una forma inconstitucional e ilegal más allá de toda duda razonable, genera más dudas. 

En el caso de Álvarez, el mero hecho de que esté privado de libertad, en un centro de reclusión para criminales graves, sin fórmula de juicio, da cuenta de persecución política. Y no es solo este caso; vemos, por ejemplo, que se utiliza la justicia electoral para eliminar prácticamente a opositores, y desde una perspectiva jurídica se recurre a argumentos espurios y sanciones desproporcionadas.

Un problema serio con el presidencialismo es que depende de su alianza con las FF.AA., garantes de la democracia.Israel Celi/ Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas.

- ¿Cómo ve la posición de la Corte Constitucional?

- No es un total contrapeso. Me parece que el Ejecutivo a través de hostigamiento ha logrado debilitar su independencia, no se pronuncia sobre el Cootad, el adelanto de elecciones.

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¿Quién es Israel Celi?

Abogado por la Universidad Técnica Participar de Loja (UTPL). Maestría en Derecho Constitucional, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Profesor a tiempo completo de la UTPL. Director de su maestría en Derecho Constitucional. Doctorando en Ciencia Política en la Universidad de Río Grande en Brasil.

Sobre el Congreso

La Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas desarrolla su Congreso para hablar en torno a la independencia judicial. Participaron, entre otros, Ramiro Ávila, María Dolores Miño, Emma Tapia, Agustín Grijalva. Israel Celi remarca que el ejercicio de ciudadanía en un Estado depende en gran medida del acceso a la justicia.

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Reconfiguración de las fuerzas seccionales en Manabí

La retirada desarticula la coalición preliminar que sostenía la precandidatura de la autoridad municipal, la cual estaba integrada por las agrupaciones Avanza, Centro Democrático, Somos Manabí y Movimiento Machete. Rodríguez justificó que el cambio de postura responde a diálogos mantenidos con el presidente de la República, Daniel Noboa, bajo el argumento de consolidar una agenda de unidad en la jurisdicción provincial.

Con esta decisión, Rodríguez confirmó que se mantendrá al frente del Municipio de Chone hasta mayo de 2027, fecha en la que fenece su periodo legal. El funcionario argumentó que su permanencia garantizará la entrega de obras de infraestructura y proyectos planificados para el cantón.

Este movimiento preelectoral reconfigura el tablero en Manabí, otorgándole a la agrupación de Daniel Noboae l apoyo de una autoridad en funciones para impulsar la figura de Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam). La consolidación de esta alianza evidencia la estrategia del Ejecutivo para captar espacios de poder seccional en zonas de alta densidad electoral. Como lo hizo en Guayaquil con Cynthia Viteri.

Si sus declaraciones ya tenían el peso suficiente para viralizarse por su contenido, con el operativo de los asambleístas su alcance fue muchísimo mayor. ¿Y el resultado? Hurtado marcó la agenda mediática y los legisladores, a lo mucho, demostraron lealtad a su jefe. Sin embargo, quedaron ante la opinión pública como pasabolas hablando mal de Messi.

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Un ataque coordinado con argumentos correístas

Evidentemente, una de las cosas que más perjudicaron la iniciativa fue que se notaba a leguas que había sido coordinada y respondía a un guion común. Es decir, no era espontánea. Además, el guion no pudo ser más torpe: la línea argumental predominante en los mensajes era profundamente correísta. ¿Con qué legitimidad habla en contra del presidente alguien que nunca ha ganado elecciones? Ese argumento apareció en una gran cantidad de los mensajes que once asambleístas publicaron en la plataforma X y reproduce casi a la perfección el razonamiento al que el correísmo y el propio Rafael Correa recurrían para deslegitimar a sus críticos.

En esa línea destacó, quizá como ninguno, el mensaje de Adrián Castro, que además contenía un error histórico de proporciones épicas. “Que una persona que nunca fue elegida por el pueblo y que llegó a ser presidente por un lamentable ‘accidente’ aéreo hable sobre democracia, es como que un extranjero venga a hablarnos de encebollado”, escribió.

Castro no solo reprodujo el mismo argumento que utilizaba el correísmo para desacreditar a sus críticos, sino que además desconoció, de forma olímpica, la historia. Hurtado fue elegido vicepresidente de la República en binomio con Jaime Roldós y asumió la Presidencia tras la muerte de este. Es decir, sí ganó una elección. Y no fue la única: en 1997 fue elegido asambleísta para la Asamblea Constituyente de Sangolquí con la votación más alta de todos los candidatos.

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Otra falacia fue afirmar que Hurtado acusa a Noboa de autoritario, pero que nunca hizo lo mismo con Correa. La realidad es exactamente al contrario: Hurtado fue, desde el comienzo del correato, uno de los críticos más consistentes de ese gobierno.

En realidad, quienes utilizaron ese argumento son precisamente quienes menos antecedentes tienen de haber sido anticorreístas. Y su mayor incoherencia consiste en olvidar que el propio Daniel Noboa, a quien dicen defender, jamás se distinguió por hacer oposición a Correa. Es más, cuando era asambleísta mantenía una excelente relación con varios legisladores correístas, al punto de que invitó a algunos de ellos a un viaje a Rusia para promocionar las exportaciones de banano ecuatoriano. Ahora los asambleístas oficialistas parecen olvidar que Daniel Noboa nunca fue una figura identificada por su militancia anticorreísta.

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El operativo que terminó fortaleciendo a Hurtado

Quizá el argumento más llamativo de todo el operativo fue sostener que Hurtado abusa del derecho a la libertad de expresión. En esa línea, el mensaje de Andrés Guschmer resulta especialmente revelador. “Sin duda puede discrepar con el Gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma. Doctor Hurtado, recuerde que en una sociedad la democracia debe venir junto a la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice”, publicó.

En ese texto hay, por lo menos, dos aspectos insólitos. El primero es el desconocimiento absoluto de lo que significa la libertad de opinión y cuáles son sus límites jurídicos. El segundo es que el mensaje puede interpretarse como una advertencia velada sobre una eventual demanda por injurias: “esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice”.

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Hay un elemento adicional que explica por qué la iniciativa terminó siendo tan contraproducente para el Gobierno. Hurtado no es un correísta al que resulte sencillo descalificar cuando habla de autoritarismo, ni pertenece al grupo de políticos con antecedentes oscuros que el oficialismo suele exhibir cuando quiere desacreditar a un crítico. Se trata de un expresidente con una sólida trayectoria intelectual, reconocido como uno de los principales representantes del liberalismo democrático en América Latina.

El operativo de los asambleístas tuvo, entonces, un altísimo costo comunicacional. Contribuyó a convertir las declaraciones de Hurtado en un tema de enorme relevancia pública y dio la impresión de que el Gobierno les atribuyó la suficiente importancia como para movilizar una defensa política coordinada. Paradójicamente, terminó fortaleciendo la visibilidad de la crítica que pretendía neutralizar. A veces el mejor favor que un gobierno puede hacerle a un crítico es convertirlo en enemigo oficial. Eso fue exactamente lo que hicieron con Osvaldo Hurtado.