Lo que debes saber

• El burgomaestre de Guayaquil fue detenido en febrero de 2026.
• El alcalde de Guayaquil es investigado por la Fiscalía General del Estado.
• En abril, magistrados de Pichincha le levantaron la prisión preventiva en uno de los tres casos en el que la Fiscalía lo investiga.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel de El Encuentro, situada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. La decisión fue ratificada por el juez Leodán Coronel, de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito de la Corte de Justicia del Guayas.

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Defensa no logra revertir la medida

La diligencia judicial se desarrolló el jueves 23 de abril de 2026. Álvarez participó en la audiencia de manera virtual.

Aunque la defensa cuestionó la medida por una supuesta falta de análisis de riesgos y alegó que el político cumplió con las presentaciones periódicas ordenadas, sus argumentos fueron desestimados. En consecuencia, el magistrado negó la apelación a la prisión preventiva, impuesta por presunto incumplimiento del uso de grillete electrónico.

El burgomaestre permanece detenido desde la madrugada del 10 de febrero de 2026. Ese día, su vivienda, ubicada en una urbanización de Samborondón, fue allanada por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Caso Goleada y fallo en Pichincha

El alcalde de Guayaquil fue aprehendido en su domicilio durante el operativo denominado “Caso Goleada”. Esta investigación indaga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, aunque el 2 de abril la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la prisión preventiva en ese proceso.

Además, Álvarez enfrenta otra investigación conocida como el “Caso Triple A” por presunto tráfico de combustible. También es indagado por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Lo que debes saber

• Candidatos a Fiscal General de Ecuador reportan patrimonio conjunto de 7 millones de dólares.
• El exministro José De La Gasca lidera la lista con una riqueza personal de 2.3 millones de dólares.
• Solo diez postulantes concentran los mayores pagos de impuesto a la renta en el periodo 2025.

Los 28 aspirantes a Fiscal General del Estado acumulan un patrimonio conjunto superior a los 7 millones de dólares. Según registros de la Contraloría General del Estado, la lista es liderada por el exministro de Gobierno José Javier De la Gasca, cuya riqueza individual supera los 2.3 millones de dólares, marcando una distancia considerable frente al resto de los postulantes.

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Los candidatos con mayor riqueza y su patrimonio

La revisión de la información patrimonial hecha por Diario EXPRESO revela que, más allá de la experiencia laboral, existe una notable bonanza económica entre los favoritos para suceder en el cargo. El análisis destaca que solo un candidato supera la barrera de los 2 millones de dólares.

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Pago de impuestos: ¿Quiénes contribuyen más al SRI?

La solvencia de los postulantes también se refleja en sus obligaciones tributarias. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cumplimiento del Impuesto a la Renta del periodo 2025 muestra cifras significativas en la parte alta de la tabla.

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Nuevamente, José De La Gasca lidera este rubro con más de 48 mil dólares cancelados. Le sigue Christian Kerlin Ayala Piedra, quien pagó 21,256 dólares, y la magistrada Daniella Camacho, con un pago de 8,358.48 dólares.

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Lo que debes saber sobre esta historia

• La Corte Constitucional puede sancionar el incumplimiento de sus sentencias con la destitución de funcionarios públicos.
  
• Cualquier persona puede presentar una acción de incumplimiento para activar ese proceso.
  
• La Contraloría modificó el Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas.

Las recientes restricciones en el acceso al portal de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado han abierto un debate no solo sobre transparencia, sino también sobre posibles responsabilidades legales.

El constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el acuerdo emitido desde la Contraloría sobre este sistema “inobserva e incumple” parámetros fijados por la Corte Constitucional en un precedente de 2024, que estableció lineamientos para garantizar el acceso a la información pública.

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"De este modo, desde mi punto de vista, el acuerdo que expidió el contralor sobre el tema de las declaraciones patrimoniales juradas inobserva e incumple estos parámetros de la Corte Constitucional. En ese contexto, entonces, la corte podría sancionar el incumplimiento de esta sentencia, de esta decisión a través de dos vías", mencionó Quintana.

¿Qué dice la sentencia de la Corte (21-23-IN/24)?

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Las vías hacia una eventual destitución

Según Quintana, existen dos mecanismos que podrían derivar en sanciones contra el contralor, Xavier Torres.

El primero es la acción de incumplimiento de sentencia, que puede ser presentada por cualquier persona. Este recurso busca que la Corte Constitucional declare el incumplimiento y sancione al responsable, incluso con la destitución del cargo. “Es una acción que tiene una legitimación absolutamente amplia”, explica el jurista.

El segundo mecanismo es la verificación del cumplimiento de sentencias, que la Corte puede activar de oficio o a petición de parte. Quintana recuerda que este procedimiento ha sido utilizado en el pasado para destituir a funcionarios, incluso a autoridades electas.

En ambos casos, la Corte podría determinar si las decisiones adoptadas por la Contraloría vulneran los parámetros establecidos en su jurisprudencia.

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Lo que dice la ley

El marco legal contempla sanciones claras frente al incumplimiento de decisiones constitucionales.

El artículo 86 de la Constitución establece que, si una sentencia no es cumplida por servidores públicos, la autoridad judicial debe ordenar su destitución, sin perjuicio de otras responsabilidades.

En la misma línea, el artículo 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales dispone que, ante el incumplimiento de una sentencia, se debe iniciar un procedimiento para la eventual destitución del funcionario responsable.

Además, el artículo 97 del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional detalla el trámite para las acciones de incumplimiento, que pueden concluir con una sentencia que declare la infracción y disponga sanciones.

Una lectura adicional

El constitucionalista André Benavides precisa que lo que debería pasar es que el reglamento con el que se hicieron los cambios "debería ajustarse a lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública, a la Ley de Protección de Datos Personales y algunos parámetros no vinculantes de esta sentencia de la Corte Constitucional".

"Con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a esa información para hacer un control social de aquello, pero también que eso no suponga que cualquiera puede ingresar a los datos y para más adelante extorsionar a la persona, etc.".

Quintana señala que la eventual responsabilidad recaería en quien emitió el acuerdo que modificó el acceso a la información.

“En este caso, sancionarlo con la destitución por haber ejecutado un acto que incumple el parámetro jurisprudencial”, explica, al referirse a la autoridad que dispuso las nuevas condiciones del sistema.

Política

Los funcionarios cuestionados tienen un aliado: el contralor Mauricio Torres

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Pedidos de información y entrevista

EXPRESO ha solicitado en reiteradas ocasiones información y entrevistas con el contralor, a través de su departamento de Comunicación. Por ejemplo, el 15 de abril, se buscó respuestas sobre el supuesto ataque informático que reportó esa entidad como antecedente de los cambios ejecutados. Este Diario buscaba conocer si se presentó una denuncia en la Fiscalía, el tipo de incidente, entre otros detalles. Ese y otros pedidos no han tenido respuesta.

Lo que debes saber

• 214 movimientos locales se reactivan en Ecuador antes del cierre del registro electoral del 3 de mayo
  
  
• CNE confirma más de 230 organizaciones habilitadas para elecciones seccionales del 29 de noviembre
  
  
• Agrupaciones locales emergen para alianzas ante nuevas reglas electorales rumbo a 2026
  
  

Con el cierre del plazo de inscripción de organizaciones políticas cada vez más cerca, el mapa electoral ecuatoriano comienza a definirse de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. En este contexto, 214 agrupaciones políticas locales han reactivado su personería jurídica para poder participar en el proceso.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el 3 de mayo como fecha límite para el registro de partidos y movimientos que podrán presentar candidaturas a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales para el período 2027–2031.

Hasta el 9 de marzo, el organismo contabilizaba 231 organizaciones políticas inscritas, distribuidas entre partidos nacionales, movimientos nacionales y agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales.

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Requisitos para conformar un movimiento político local

La normativa electoral establece que para la inscripción de un movimiento político se requiere el respaldo de al menos el 1,5 % del padrón electoral correspondiente a la jurisdicción donde se busca operar.

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Actualmente, la mayor concentración de movimientos locales se registra en provincias como Loja y Manabí, seguidas por Pichincha, Azuay, El Oro y Guayas, según datos oficiales.

Durante 2025 se registraron dos nuevos movimientos de alcance provincial, mientras que otras 21 agrupaciones en diez provincias continúan en proceso de recolección de firmas para obtener su reconocimiento legal.

La reactivación de estos movimientos responde, en gran medida, a los plazos establecidos por el calendario electoral y a la necesidad de servir como vehículos legales para candidaturas locales.

Manabí y Guayas concentran la atención política

Manabí destaca por su alto número de movimientos activos en distintos niveles territoriales. La provincia ha sido tradicionalmente un bastión de la Revolución Ciudadana, organización que obtuvo resultados relevantes en las elecciones seccionales de 2023, aunque actualmente se encuentra suspendida y fuera de la papeleta con su lista oficial.

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Ante esta situación, dirigentes del correísmo han buscado acercamientos con movimientos provinciales para asegurar la participación de sus candidatos. En paralelo, otras agrupaciones locales intentan consolidarse y disputar espacios clave, incluida la Prefectura.

En Guayas, pese a contar con el mayor número de electores del país, el número de movimientos locales es menor. Allí, organizaciones tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC) analizan alianzas con movimientos cantonales y provinciales para fortalecer su presencia electoral.

Dirigentes políticos reconocen que las alianzas con movimientos locales son fundamentales ante los ajustados tiempos del proceso electoral. Sin embargo, las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde 2025, modificaron el sistema de distribución de votos en alianzas y ya no garantizan la conservación de la personería jurídica si no se alcanza el umbral mínimo de votación.

Política

Annie Muñoz responde tras expulsión de Revolución Ciudadana: "No he robado ninguna curul"

Marco Rivera

Tras el anuncio de su expulsión de la bancada correísta, Muñoz se pronunció formalmente en una rueda de prensa realizada en Guayaquil. 

La mañana de este 23 de abril de 2026, la legisladora, que asumió el cargo tras la detención de Santiago Díaz Asque —también ex Revolución Ciudadana—, dijo: “No he pactado con el Gobierno. Esa es una acusación que quieren hacer para debilitar mi moralidad”.

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Muñoz aseguró que siempre fue leal al proyecto político. “No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó.

¿Cómo votará en el Pleno?

Respecto a cuál será su posición de aquí en adelante en las votaciones, tanto en la comisión que integra como en el Pleno de la Asamblea, la legisladora señaló que actuará en sintonía con lo que necesita su electorado.

“Mis votaciones de aquí en adelante se inclinarán a lo que necesita el Ecuador, mi pueblo y mi gente. Si tiene que coincidir con la Revolución Ciudadana, en buena hora”, manifestó.

¿Por qué RC expulsó a Annie Muñoz?

La Revolución Ciudadana informó que la asambleísta Annie Muñoz fue separada de sus filas tras un conflicto interno vinculado a la curul de Priscila Schettini. 

Según el comunicado, el origen del conflicto se relaciona con un oficio remitido por Muñoz, en el que se oponía a la principalización de Schettini como asambleísta titular.

La bancada sostiene que esta actuación generó una ruptura con los principios del bloque, por lo que la organización anunció sanciones internas. 

En el texto se afirmó que las actuaciones de la legisladora vulneraron valores políticos y democráticos. La organización también argumentó que sus normas internas fueron afectadas. En ese contexto, la expulsión fue presentada como una medida disciplinaria.

Lo que debes saber

• La plataforma digital de la Contraloría General del Estado estuvo fuera de línea por algunos días.
• Desde el 20 de abril, la ciudadanía debe ingresar datos personales para acceder a la información sobre declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
• Representantes de la Revolución Ciudadana exigía que el contralor comparezca ante la Asamblea.

El contralor Mauricio Torres no comparecerá ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del Ecuador. Así lo dispuso Diana Jácome Silva, legisladora de Acción Democrática Nacional y presidenta de la mesa.

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Pedido de fiscalización desde la RC

El legislador Blasco Luna Arévalo, del movimiento Revolución Ciudadana, solicitó la comparecencia del funcionario. El pedido buscaba que informe sobre los nuevos requisitos y condiciones para acceder a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Tras permanecer fuera de línea por varios días, la plataforma digital de la Contraloría General del Estado retomó operaciones desde el lunes 20 de abril con cambios en el acceso a información pública. La entidad ahora exige el registro de datos personales a quienes deseen consultar estos contenidos:

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Interpretación legal en la comisión

Durante la sesión, la legisladora Diana Jácome Silva leyó un extracto del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: “Las y los asambleístas directamente o las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información o comparecencias (...)”. En su intervención, enfatizó la disyuntiva “o”, al sostener que la norma no obliga a solicitar ambos mecanismos de forma simultánea.

Además, afirmó que varios integrantes de la comisión cuentan con formación y experiencia en Derecho, por lo que defendió su criterio de actuación. Aseguró que su decisión responde al cumplimiento de la normativa y descartó que se trate de un “show” o de una defensa o encubrimiento de terceros.

Procedimiento ante incumplimiento de entrega de información

De acuerdo con la normativa, “en caso de que, en un plazo de diez días, las y los funcionarios no entreguen la información solicitada o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la presidenta o del presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas según su temática. Si el pedido de información fue realizado por una comisión, procederá directamente conforme al artículo siguiente”.

Lo que debes saber

• 28 candidatos avanzan en la selección para Fiscal General del Ecuador tras filtro de méritos.
• Aspirantes acumulan 7 millones de dólares en patrimonio; José De La Gasca lidera la lista.
• Registros judiciales revelan que 21 de los 28 postulantes enfrentaron denuncias o procesos legales.

La selección del nuevo Fiscal General del Estado (FGE) entra en una fase decisiva con 28 postulantes en competencia. Tras superar el filtro de admisibilidad, los aspirantes enfrentan la calificación de méritos, donde se evalúa su formación académica, producción intelectual y experiencia laboral. En este proceso clave destacan perfiles que van desde jueces nacionales hasta exfuncionarios con patrimonios millonarios y antecedentes judiciales. EXPRESO realiza una radiografía patrimonial, judicial, tributaria y societaria de todos los postulantes.

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Formación académica: Derecho, Teología y más

Aunque el título en Derecho es el requisito base, la formación de los aspirantes es variada. Además de las leyes, varios candidatos registran estudios en áreas técnicas y sociales:

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Patrimonio y tributación: candidatos millonarios

Las declaraciones patrimoniales registradas ante la Contraloría General del Estado (CGE) revelan que los 28 aspirantes acumulan un patrimonio conjunto superior a los 7 millones de dólares.

El patrimonio de los 28 postulantes

En el ámbito tributario, José De la Gasca lidera el pago de impuestos con más de 48 mil dólares en 2025, seguido por Christian Ayala con 21 mil dólares. En contraste, candidatos como Gabriel Pereira y Salomón Montecé registran patrimonios negativos.

Postulantes con procesos judiciales y denuncias

La transparencia es vital en este concurso. Según el Consejo de la Judicatura, 21 de los 28 aspirantes han enfrentado procesos judiciales o denuncias, que incluyen desde contravenciones de tránsito hasta causas por perjurio, usura y calumnia.

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Rubén Darío Balda Zambrano (2023) y José Aníbal Cevallos Álvarez (2023) registran procesos por declaratoria jurisdiccional previa de infracciones como dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. En el caso de Balda Zambrano, la justicia determinó que no era procedente e, incluso, en 2025, el ahora postulante solicitó ocultar el proceso del SATJE. De igual forma, la justicia declaró improcedente el proceso para Cevallos Álvarez, aunque consta que el expediente fue remitido a control disciplinario de la Judicatura en Esmeraldas.

Abogados con alma de empresarios

Algunos de los postulantes también han incursionado en el ámbito empresarial, como gerentes, presidentes o accionistas de compañías que, en la mayoría de los casos, ya no están activas, según la Superintendencia de Compañías:

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La radiografía a los 28 postulantes a fiscal general

Lo que debes saber

• Luisa González negó hoy haber pedido asilo político tras investigación fiscal por el caso Caja Chica
• Ex candidata presidencial dijo estar en Uruguay y confirmó retorno a Ecuador este sábado
  
  
• Investigación fiscal provoca versiones de asilo que González desmiente públicamente
  

La excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, negó haber solicitado asilo político en México o en cualquier otro país, luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara la apertura de una investigación en el denominado caso 'Caja chica'.

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Ante las versiones que circularon tras conocerse la investigación fiscal, González aseguró publicamente que no ha iniciado ningún trámite de asilo político. 

La dirigente atribuyó estos rumores a especulaciones surgidas en el contexto del anuncio judicial. Según afirmó, su situación migratoria no ha cambiado y no enfrenta restricciones para regresar al país. 

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González anuncia su retorno el 25 de julio

"Estuve en el encuentro de movimientos de izquierda y progresistas, así como en otras reuniones que no siempre son públicas. Son espacios donde se construye y fortalece la organización de la izquierda. Esa ha sido mi agenda y la concluyo aquí. Desde Uruguay, el día sábado retornaré a Ecuador. Mi regreso al país siempre estuvo previsto", sostuvo en una entrevista en Montevideo. 

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Luisa González enfrenta una investigación de la Fiscalía General del Estado por una presunta vinculación a un caso de delincuencia organizada relacionado con lavado de activos, conocido como el caso 'Caja Chica'.

En ese marco, el 28 de enero de 2026 su vivienda, ubicada en Quito, fue allanada. Durante el mismo operativo, las autoridades también intervinieron los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

Morillo ofreció una entrevista en Noti Hoy. Allí fue consultada sobre la situación en la Prefectura del Guayas. “Lamentablemente la Revolución Ciudadana piensa que todos actuamos como ellos. Cada ladrón juzga por su condición”, dijo la ministra.

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Morillo se refería a la posición del correísmo respecto a que Carlos Encalada, quien tras la salida de Marcela Aguiñaga será el nuevo prefecto del Guayas, acusó al Gobierno y a ADN de poner a una persona cercana.

Morillo añadió: “Nosotros somos como ustedes. Respetamos la independencia de funciones”. Dijo que el Gobierno también mantiene una relación de respeto con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

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“No tenemos alcaldes ni prefectos. Tenemos alianzas y respetamos la decisión que ha tomado la prefecta del Guayas. No tenemos por qué interferir”, aseguró Morillo.

La ministra de Gobierno también fue consultada sobre si, de alguna forma, el Gobierno central presionó a Aguiñaga para que incluya en la terna a alguien de ADN. Sobre esto, Morillo dijo: “Si usted busca el pasado del señor Carlos Encalada, revisará qué afinidades tenía en su pasado y si hay alguna afinidad con ADN”.

Morillo insistió en que la salida de Aguiñaga, como lo anunció la misma aún prefecta, responde a motivos personales. “Ustedes conocen el proceder de ella. No creo que se deje presionar”, concluyó la ministra.

La reacción de Rafael Correa sobre lo ocurrido en Guayas

Uno de los principales críticos de Aguiñaga ha sido el máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa. Tras la designación de Carlos Encalada, Correa escribió: “Las amenazas -reales- son explicaciones, no justificaciones. Te has prestado al fraude más bochornoso de la historia de Guayas y le has hecho un daño inmenso a tu provincia y a la Patria”.

Asimismo, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, habló de un fraude democrático. “Lo ocurrido en la Prefectura de Guayas es inaceptable en nuestra organización política. La Prefectura de la Revolución Ciudadana ha sido entregada a Noboa y ADN bajo chantajes y extorsión”, señaló Rivadeneira.

Correa endurece postura tras elección en Guayas

La madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que cuestionó la designación de Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

El exmandatario aseguró que varias autoridades de la RC5 “se prestaron” para lo que calificó como una “atrocidad”, pese a que —según indicó— la línea del movimiento era no respaldar esa decisión. Además, hizo un llamado a concejales y miembros de juntas parroquiales a denunciar lo que considera una “jugarreta”.

"Por supuesto, la lista la encabezan Marcela Aguiñaga y el exviceprefecto Carlos Serrano, que se han prestado para esta atrocidad. Las autoridades de la RC5 que votaron por esta barbaridad -varias no asistieron, como era la línea partidista- serán expulsadas del partido. Le hacemos un llamado a nuestros concejales y miembros de juntas parroquiales guayasenses a denunciar esta escandalosa jugarreta. A los guayasenses en general, el llamado a repudiar y a no dar ni un solo voto para esta gente. Si permitimos tanta burla, deshonestidad y cobardía, nos quedaremos sin país", dice el mensaje con la lista completa.

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Las autoridades señaladas por Correa

En su publicación, Correa enumeró a las autoridades que habrían votado a favor de Encalada. Entre ellas figuran:

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También incluyó a autoridades de otras organizaciones políticas, como:

El pronunciamiento de Correa evidencia una fractura dentro de la Revolución Ciudadana en Guayas. Según el exmandatario, al menos 12 autoridades que llegaron al cargo por ese movimiento votaron a favor de Encalada, contrariando la postura partidista.

El líder político advirtió que estas acciones tendrán consecuencias disciplinarias, incluyendo la expulsión de quienes respaldaron la designación.

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Contexto de la elección

Carlos Encalada fue elegido como viceprefecto y asumirá la Prefectura del Guayas tras la salida de Aguiñaga, en una sesión que contó con apoyo unánime del Consejo Provincial.

La decisión ha generado tensiones políticas en la provincia y dentro del correísmo, que ahora enfrenta uno de sus momentos de mayor división interna en el ámbito local.

Lo que debes saber

• Carlos Xavier Cadena Asencio enfrenta denuncias penales por parte de propietarios de las empresas donde él ha intervenido.
• En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador.
• A pesar de eso, Carlos Xavier Cadena Asencio ahora es el liquidador de la empresa Veranera S.A.

La administración de Carlos Cadena Asencio, contador de profesión, ha perjudicado a tres compañías. El mismo Cadena ahora figura como liquidador de la empresa Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez Leisker.

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Denuncias penales y antecedentes del contador

Sin embargo, ¿quién es Carlos Cadena Asencio? Él es un contador que enfrenta varias denuncias penales interpuestas por los propietarios de las empresas que ha intervenido. Entre los casos consta el de Zofragua S.A.

La resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros detalla presuntas irregularidades en la gestión de Zofragua S.A. El documento señala que, en 2019, Carlos Cadena Asencio asumió la administración del proceso de liquidación de la empresa.

Millonarios fondos sin respaldo contable

En ese período, $ 4.793.769,42 habrían desaparecido antes de que la compañía fuera cancelada con “patrimonio cero”. Ese dinero provino de una sentencia favorable que Zofragua S.A. obtuvo en un litigio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Sin embargo, los fondos no ingresaron a las cuentas de la empresa para pagar a sus acreedores. El liquidador Carlos Cadena Asencio afirmó que un procurador judicial cobró el monto de forma directa, pero no presentó registros contables ni respaldos documentales del ingreso.

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Liquidación y balance con patrimonio cero

Además, el liquidador firmó un acta de mediación en la que reconoció una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin sustento técnico ni factura. Esta decisión dejó a la empresa en estado de quiebra total.

Al final del proceso, Carlos Cadena Asencio presentó un balance con activos, pasivos y patrimonio en cero en Zofragua S.A. El informe eliminó más de $ 3,6 millones bajo el argumento de falta de evidencia, sin respaldo documental que justifique la desaparición de valores reportados hasta 2010, y con ello solicitó la cancelación de la compañía por “patrimonio cero”, lo que dejó en indefensión a accionistas, como la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

Otras denuncias

En 2022, Cadena Asencio enfrentó una nueva denuncia por presunto abuso de confianza y malversación de fondos en la compañía Piacelo S.A. El caso se originó durante la intervención de esa empresa.

La denuncia señala que el contador habría convocado, el 23 de noviembre de 2020, una “junta extraordinaria” sin notificar a uno de los socios. En esa reunión, calificada como “junta fantasma”, se habrían dispuesto $ 490.896,33 de la venta de un inmueble y acordado su reparto, sin entregar el 50 % correspondiente al segundo accionista.

La tercera empresa que ha sido perjudicada por Carlos Cadena Asencio es a Urbanizadora del Norte (Urnosa). Él tiene una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Rol actual en Veranera S.A. y disputa por GRANASA

Ahora, él se desempeña como liquidador de Veranera S.A., designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025. Su rol lo ubica como pieza clave en la disputa por las acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

El liquidador presentó una denuncia penal por asociación ilícita contra directivos y accionistas de GRANASA ante la Fiscalía del Guayas. La acción legal se centra en un presunto entramado delictivo, según su planteamiento.

Ese supuesto esquema buscaría impedir que Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez Leisker, obtenga el control del 40 % del paquete accionario de GRANASA. Con este planteamiento, el denunciante sostiene que Ingrid Martínez Leisker habría actuado en una asociación ilícita contra su propio interés, pese a figurar como accionista legítima de la empresa en liquidación.

Lo que debes saber

• Ministra Nataly Morillo pidió a municipios planificar recolección de basura durante toque de queda del 3 al 18 de mayo.
• Toque de queda regirá en Ecuador de 23:00 a 05:00; solo personal de salud podrá circular.
• Gobierno descarta salvoconductos y corredores para priorizar seguridad tras baja de 24% en muertes violentas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo este 23 de abril de 2026 que los municipios del Ecuador deberán planificar los horarios de recolección de basura durante el nuevo toque de queda. La restricción regirá del 3 hasta el 18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 de la madrugada.

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"Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no saben hacer una planificación, pueden trabajar hasta las 11 de la noche y a las 5:00 pueden ya empezar a salir", manifestó Morillo en una entrevista en Radio Centro Ecuador.

La funcionaria de Daniel Noboa también adelantó que no habrá exoneraciones para personas ni se establecerán corredores como lo han solicitado los exportadores y propietarios de negocios. En ese sentido, señaló que el viernes 23 de abril se reunirá "para explicar a detalle con las cámaras de la producción por qué no se entregarán los salvoconductos, así no funciona", indicó.

Según Morillo, los únicos profesionales que podrán circular, pese a la restricción son los trabajadores de la salud. Según explicó, la radicalidad de la medida obedece a que si se emiten salvoconductos y corredores "estamos desviando la atención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pedimos comprensión, el Bloque de Seguridad estará enfocado y esperamos mejores resultados" que el toque de queda de marzo, añadió.

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Gobierno cree que toque de queda sí funciona

Morillo defendió el toque de queda, pese a los cuestionamientos de los sectores productivos. Aseguró que Noboa decidió su implementación ante la reducción del 24% de las muertes violentas solo en marzo, cuando se aplicó la medida. Por ello, consideran que es una disposición efectiva ante la inseguridad.

El toque de queda anunciado por el Gobierno regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde funcionará el mismo horario de restricción nocturna.

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Municipios deberán resolver pasajes, dice Morillo

Otro de los temas que abordó la ministra es la compensación que el Gobierno ha entregado al sector del transporte por el ajuste del subsidio al diésel. Mencionó que hasta el momento 57 mil transportistas a escala nacional han recibido ese pago y descartó que el régimen tenga previsto ampliar el plazo para brindar esa ayuda.

Para Morillo, después de ese período, los transportistas deben hablar con los gobiernos locales para establecer mecanismos frente al planteamiento del aumento de los pasajes.  

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La funcionaria considera que los municipios deben planificar ante el pedido de los transportistas. "Tuvieron siete meses para generar una hoja de ruta, los Gobiernos Autónomos tienen esta competencia". Además, señaló que el régimen ha transferido 1.193 millones a los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales.

Lo que debes saber

• Asamblea aprobó un informe que cuestiona la descentralización del tránsito y abre la puerta a que el Gobierno central recupere competencias.
• Documento advierte sobre redes criminales y plantea reformas legales urgentes, aunque aún no hay proyectos en marcha.
• Las recomendaciones incluyen reformas legales polémicas, pero su aplicación sigue en el limbo político.

El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en el tránsito. Aunque el documento no es vinculante, sí establece claves que, en la práctica, abonan a la idea de la reversión de competencias hacia el Gobierno central.

Con 79 votos, provenientes de la mayoría que controla ADN, se avaló el documento en el cual se establece que la entrega de competencias en tránsito a los GAD es un factor de riesgo. 

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El documento lo dice así: “De forma general y de la información analizada se puede concluir que el problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza multicausal donde la falta de reporte por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), seguimiento a los mismos y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores permitieron la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito”.

La crítica a la entrega de competencias

Pero, más allá de señalar la existencia de redes criminales en la gestión del tránsito, la Comisión de Fiscalización llegó a la conclusión de que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

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Según la comisión, esto ocurre porque, al fragmentar la base de datos nacional en los nodos de acceso, se multiplicaron las posibilidades de ataque. 

“No se trata de un ataque externo (hacking), sino de una vulnerabilidad interna facilitada por la estructura de poder local”, señala el informe.

Un camino para la reversión de competencias

Más allá de los hallazgos, las claves del documento están en las recomendaciones. Es ahí donde se plantean reformas polémicas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).

Aunque el oficialismo fue cauto y no ahondó en dichas recomendaciones durante el debate realizado en el Pleno la tarde del 22 de abril de 2026, el documento plantea dos reformas urgentes.

La primera, relacionada con la Ley de Tránsito, sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. “Bajo esta reforma, el proceso del sistema de matriculación y la administración de la base de datos vehicular volverían a ser competencia exclusiva del Gobierno Central a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”.

Asimismo, la propuesta plantea que la reforma disponga de manera expresa que sean de competencia exclusiva del Gobierno central, a través de la ANT, funciones como: la emisión final de la matrícula vehicular; la validación del registro; la administración de la base de datos nacional; la gestión de usuarios y accesos al sistema; y la implementación de mecanismos de control, auditoría y bloqueo del sistema.

“Se recomienda que la reforma legal no solo centralice la gestión de las matrículas en la ANT, sino que establezca la ‘recuperación automática de competencias’ por parte del Gobierno central cuando se detecten indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD”, dice el informe.

Sobre los cambios al COOTAD

Aquí se plantea lo que podría ser la clave central del contenido del informe. La Comisión de Fiscalización propuso la creación de la figura excepcional de “reversión de competencias por seguridad nacional”.

Consiste en un mecanismo legal, urgente e inmediato, con el que el Gobierno central asumiría definitivamente una competencia delegada cuando se detecten indicios de infiltración criminal.

¿Qué pasará ahora?

Las sugerencias constan en el informe aprobado por el Pleno. Por ahora, permanecen en el limbo. El aliado de ADN y ex Pachakutik José Luis Nango planteó, en la resolución que aprobó el Pleno, que sean los asambleístas, conforme a su facultad de legislar, quienes presenten las reformas planteadas. Hasta el momento, eso no ha ocurrido y en ADN no se ha impulsado la transformación de esas propuestas en un proyecto de ley.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa cesó al embajador en Estados Unidos el 22 de abril mediante decreto presidencial
  
  
• Gobierno termina funciones del embajador en Washington en medio de ajustes de política exterior
  
  
• Cambio diplomático ocurre cuando Ecuador prioriza cooperación en seguridad con Estados Unidos
  
  

El presidente Daniel Noboa dispuso el cese de funciones de Pablo Agustín Zambrano Albuja como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador en los Estados Unidos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 367, suscrito el 22 de abril de 2026.

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La decisión deja sin efecto la designación realizada en marzo de 2025, cuando Zambrano Albuja fue nombrado para encabezar la misión diplomática ecuatoriana en Washington. El decreto señala la terminación de sus funciones y agradece los servicios prestados durante su gestión, sin detallar los motivos del relevo.

El documento también deroga el decreto ejecutivo mediante el cual se formalizó su nombramiento y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución de la medida.

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Pablo Zambrano Albuja es el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos

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Una embajada clave en medio de la crisis de seguridad

La salida de Zambrano se produce en un momento en que la representación ecuatoriana en Estados Unidos tiene particular relevancia por la cooperación bilateral en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y asistencia internacional.

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Washington es considerado uno de los destinos diplomáticos más estratégicos para Ecuador, especialmente en el contexto del conflicto armado interno y del fortalecimiento de alianzas frente al crimen organizado transnacional.

Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería no ha informado quién asumirá de forma temporal o definitiva la embajada de Ecuador en Estados Unidos, ni si el relevo responde a una reestructuración más amplia de la política exterior del Gobierno.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado ajustes en su política internacional con énfasis en seguridad y cooperación multilateral. En ese marco, los cambios en altos cargos diplomáticos son observados como señales de reposicionamiento del Gobierno en escenarios clave.

Lo que debes saber

• Opacidad: La gestión de Carlos Cadena Asencio como liquidador está marcada por inconsistencias contables, falta de registro de ingresos millonarios y dudas sobre la verdadera estructura accionaria, en un contexto donde la Superintendencia de Compañías no corrigió ni investigó posibles anomalías.
  
• Pago: El Estado ecuatoriano canceló más de 12 millones de dólares mediante bonos de deuda a favor de Zofragua, pero el proceso se dio en medio de cuestionamientos sobre transparencia, trazabilidad de los fondos y pérdida de los recursos.

Un rastro de opacidad y millones de dólares sin reportar a la Superintendencia de Compañías rodea la gestión de Carlos Xavier Cadena Asencio en el proceso de liquidación de la compañía Zofragua S.A.

Para entender el caso, hay que retroceder. En 2001, Zofragua recibió en comodato 32 hectáreas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil por un plazo de 50 años. Pero ese contrato se canceló de forma inesperada el 23 de marzo de 2012. A partir de ahí comenzó el conflicto: la empresa demandó por daños y perjuicios y, en 2014, la Superintendencia de Compañías la declaró en liquidación por no entregar información financiera.

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Nombramiento y primeras inconsistencias

En 2019, la Superintendencia designó a Cadena Asencio como liquidador. Desde el arranque, su gestión mostró fisuras, que terminaron con su remoción del cargo en octubre de 2024.

La estructura accionaria era un enredo. Desde 2017 existía una disputa por la verdadera accionista mayoritaria: por un lado, Stock & Fund Managers Overseas INC., creada en Panamá; por otro, Stock & Fund Managers Overseas S.A., constituida en 2011 en Costa Rica.

Cuando Cadena Asencio asumió el control, no estaba claro quién era el accionista mayoritario, mientras que los accionistas minoritarios eran la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la Cámara de Pesquería, de la Pequeña Industria, entre otros.

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En medio de este litigio, la empresa original denunció ante la Superintendencia irregularidades, una posible suplantación y errores en el registro societario. Sin embargo, la entidad no corrigió ni revirtió las decisiones, tampoco presentó una denuncia por fraude o suplantación.

Un juicio millonario… y dinero que no aparece

En paralelo, Cadena Asencio, junto con el abogado Leonidas Plaza Verduga, impulsó el juicio civil 09801-2012-0565 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

El proceso terminó con un fallo favorable para Zofragua. Y el 1 de junio de 2019 llegó el primer pago: 4,79 millones de dólares.

Pero aquí aparece una de las primeras alertas serias: ese dinero no fue registrado en los libros contables de la compañía. Así lo señala la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías.

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La sentencia millonaria y el pago con bonos del Estado

El 11 de mayo de 2023, el Estado ecuatoriano reconoció una obligación derivada de la sentencia judicial y ordenó el pago de 12,06 millones de dólares.

Dos meses después, el 11 de julio de 2023, el liquidador remitió a la Superintendencia información desactualizada e incompleta. Entregó un “balance inicial” cortado a febrero de 2019, sin firmas y con valores en cero en activos, pasivos y patrimonio. Esto ocurrió pese a que ya existía una sentencia favorable y un monto millonario por cobrar. Aun así, esos valores no fueron reportados oportunamente.

Entre mayo y septiembre de 2023, Cadena solicitó a un juez que ordenara al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos públicos para el pago de la empresa que él liquidaba. Finalmente, el pago se concretó el 22 de diciembre de 2023, mediante una dación en pago con bonos del Estado.

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Estos bonos, de deuda interna, fueron depositados en una cuenta del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central. Tenían un plazo de seis años (con vencimiento en marzo de 2029) y una tasa de interés del 7,37 % anual. El convenio fue firmado por el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí Heredia, y por el liquidador, Carlos Cadena Asencio.

Intento de cierre y más irregularidades

Otro hecho llamativo es que Cadena Asencio solicitó, a través del abogado Xavier Estrada Perlaza, la cancelación de Zofragua S.A. por haber transcurrido siete años desde su disolución.

Esto ocurrió pese a que la empresa mantenía observaciones pendientes como la falta de contabilidad clara, una ausencia de trazabilidad de los recursos, la pérdida de recursos y el no registro de pagos millonarios. Además, durante su administración, se perdió el rastro del primer pago de 4,7 millones de dólares realizado por la Autoridad Portuaria.

Un documento que sí presentó fue un acuerdo de mediación donde Cadena Asencio reconocía que el abogado Leonidas Efraín Plaza Verduga debía cobrar 2,39 millones de dólares por servicios legales, sin adjuntar mayores respaldos documentales.

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Sin versión del liquidador

EXPRESO solicitó la versión de Carlos Xavier Cadena Asencio sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, dio una rueda de prensa en el Hemiciclo La Rotonda, Malecón 2000. 
• Este 23 de abril, la concejala Ana Chóez solicitó a la alcaldesa Tatiana Coronel un informe detallado sobre la autorización y condiciones de uso de este espacio público.
• Espera determinar si hubo un uso indebido de bienes públicos.

La rueda de prensa de Gabriela Rivadeneira en el Malecón 2000 ha desatado reacciones en el Concejo de Guayaquil. La concejala socialcristiana Ana Chóez pidió explicaciones formales sobre el uso de este espacio público para actividades político-partidistas.

En un documento fechado el 23 de abril, Chóez solicitó a la alcaldesa Tatiana Coronel que entregue información “de manera inmediata y documentada” sobre la autorización del evento.

“La eventual utilización de este tipo de espacios para fines político-partidistas podría configurar un uso indebido de bienes públicos”, advierte la edil en su comunicación.

Concejala cuestiona uso del Malecón 2000 

Entre los puntos requeridos por Chóez están:

Presencia de concejales de la Revolución Ciudadana

En la rueda de prensa de Rivadeneira participaron figuras políticas como Emily Vera y Blanca López, representantes de la Revolución Ciudadana en el Concejo.

López, además, fue vicealcaldesa durante los dos primeros años de la administración de Aquiles Álvarez, quien actualmente enfrenta procesos judiciales.

El pedido de Chóez abre un nuevo debate sobre la utilización de espacios emblemáticos de Guayaquil.

Gabriela Rivadeneira es la presidenta de la Revolución Ciudadana y ofreció la rueda de prensa en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Guayaquil

Accidente en vía a la costa: bus y tanquero dejan 3 muertos en Guayaquil

Juan Ponce Merchán

Hasta el momento, ni la Fundación Malecón 2000 ni el Municipio se han referido a este caso.

Ecuador

Nuria Butiñá: no hubo votos para la destitución, pero su caso aún no está cerrado

Rosero Mariela

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 22 de abril de 2026. Mientras participaba en la sesión del pleno número 87, de forma virtual, en su transmisión apareció brevemente un hombre con el torso desnudo.

El episodio generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron un incidente similar previo y cuestionaron la reiteración de este tipo de situaciones.

Como suele ocurrir, incluso legisladores de otras bancadas aprovecharon el momento para burlarse. Uno de ellos fue Andrés Castillo, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien bromeó en redes con el hecho y publicó una captura de pantalla con el hombre sin camisa.

Ecuador

Butiñá niega el cobro de diezmos y pedirá nueva valoración a Comité de Ética

Daniel Alejandro Romero Páez

Otro capítulo parecido, con la transmisión de Butiñá

El 19 de diciembre del 2025, en la sesión 057, mientras los demás legisladores participaban del debate, en la ventana de Nuria Butiñá apareció un joven recostado, revisando el celular.

Entonces, inclusive un usuario de X (antes Twitter), que suele identificarse con el correísmo, Daniel Salcán, la criticó. Dijo que en la ventana de la asambleísta se conectó su hijo y comentó que apareció como si estuviera en la playa. 

En su exe lamentó que la Revolución Ciudadana decida escoger a esos cuadros por sobre otros más preparados.

Otro caso polémico de Butiñá

En 2025, la vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, buscó que el Pleno destituya a Butiñá. Alegó que un exasesor de la correísta denunció que ella supuestamente le pedía parte de su sueldo, alteró declaraciones juramentadas y que lo hostigaba permanentemente.

El 2 de octubre no hubo los votos para que el Pleno la dejara sin curul. Semanas antes en redes sociales se difundieron audios en los que supuestamente la legisladora maltrataba a sus colaboradores. Ella lo negó.

Te invitamos a leer: CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

El monto asciende a $ 13,4 millones, recursos que serán destinados a financiar la difusión de campañas políticas en distintos medios de comunicación.

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CNE cambia reglas de candidaturas: así quedan los requisitos y la paridad

Rosero Mariela

El presupuesto cubrirá publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas y plataformas digitales, espacios que los candidatos podrán utilizar para posicionar sus propuestas de cara a la elección de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante la sesión, los consejeros del CNE recordaron que estos recursos no se entregan directamente a los partidos o candidatos. En su lugar, el sistema contempla un mecanismo de asignación controlada que busca garantizar la transparencia en el uso del dinero público.

¿Cómo funciona el fondo?

El modelo de financiamiento electoral establece varias etapas: 

Además, la distribución de los recursos responde a porcentajes establecidos en el Código de la Democracia. Para prefectos, alcaldes y concejales rurales se asigna el 7,5 % del fondo; para concejales distritales, el 3,75 %; y para vocales de juntas parroquiales, el 3,2 %.

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Registro electoral pasivo en Ecuador: cómo inscribirse para votar en 2026

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La campaña electoral se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, periodo en el que las organizaciones políticas podrán hacer uso de este fondo para difundir sus propuestas. 

Con este esquema, el CNE busca regular el acceso a la promoción electoral y evitar el uso indebido de recursos durante el proceso democrático.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que se sabe

• Carlos Encalada es el nuevo viceprefecto de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano
• Él será prefecto desde el 14 de mayo, cuando se haga efectiva la salida de la prefecta Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada
• Su elección generó rechazo de la Revolución Ciudadana y de su líder, el expresidente Rafael Correa

Este jueves 23 de abril de 2026 empezará la transición administrativa del nuevo viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada Villacís, quien fue electo un día antes como reemplazo de Carlos Serrano Bonilla.

Política

Carlos Encalada asume la Viceprefectura del Guayas: su perfil y primeras palabras en el cargo

Carlos Isaac Pino

Encalada será prefecto desde el 14 de mayo, cuando sustituya a Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada al cargo, argumentando problemas familiares.

¿Qué retos tendrá Carlos Encalada en Guayas?

"La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos: hay alertas del fenómeno de El Niño y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", dijo el nuevo funcionario tras la posesión.

Uno de los temas a resolver será el de encontrar a su propio reemplazo cuando sea prefecto. El viceprefecto dijo a EXPRESO que "tomará su tiempo" escoger la terna.

Él completará el periodo de Aguiñaga, que concluirá el 14 de mayo de 2027. El próximo 29 de noviembre serán las elecciones seccionales, que incluye a las prefecturas.

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Los últimos cartuchos de Marcela Aguiñaga antes de salir de la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

Quinto Puente, concesiones y mancomunidad de Guayas

Uno de los proyectos que ha liderado Aguiñaga ha sido la recuperación de la cuenca del río Guayas, a través de una mancomunidad con Cañar, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

En enero del 2026, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) entregó una asistencia técnica no reembolsable, de 450.000 dólares, a la mancomunidad.

Desde antes de su renuncia anticipada, la aún prefecta tuvo polémicas con el Gobierno de Daniel Noboa, por la construcción del Quinto Puente y la prórroga, por 30 años, a la concesiones viales en la provincia.

Encalada tendrá que gestionar obras en la provincia, tales como vías, puentes, muros, albarradas y sistemas de drenaje en zonas vulnerables, tomando en cuenta que se prevé el fenómeno de El Niño en 2026.

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Con la renuncia de Marcela Aguiñaga: ¿está en riesgo la mancomunidad por el rescate del río Guayas?

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Proyectos sociales en la Prefectura del Guayas

Uno de los proyectos del Gobierno provincial es el sistema “Cuidado del Guayas – Cuidando Vidas”, que promueve la redistribución del trabajo no remunerado de cuidado, principalmente realizado por mujeres.

Encalada presidió la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (2022-2026) y fue gerente de Producción en Surgesa S.A., responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico.

Lo que debes saber sobre esta historia

• La Corte Constitucional puede sancionar el incumplimiento de sus sentencias con la destitución de funcionarios públicos.
  
• Cualquier persona puede presentar una acción de incumplimiento para activar ese proceso.
  
• La Contraloría modificó el Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas.

Las recientes restricciones en el acceso al portal de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado han abierto un debate no solo sobre transparencia, sino también sobre posibles responsabilidades legales.

El constitucionalista Ismael Quintana sostiene que el acuerdo emitido desde la Contraloría sobre este sistema “inobserva e incumple” parámetros fijados por la Corte Constitucional en un precedente de 2024, que estableció lineamientos para garantizar el acceso a la información pública.

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"De este modo, desde mi punto de vista, el acuerdo que expidió el contralor sobre el tema de las declaraciones patrimoniales juradas inobserva e incumple estos parámetros de la Corte Constitucional. En ese contexto, entonces, la corte podría sancionar el incumplimiento de esta sentencia, de esta decisión a través de dos vías", mencionó Quintana.

¿Qué dice la sentencia de la Corte (21-23-IN/24)?

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Las vías hacia una eventual destitución

Según Quintana, existen dos mecanismos que podrían derivar en sanciones contra el contralor, Xavier Torres.

El primero es la acción de incumplimiento de sentencia, que puede ser presentada por cualquier persona. Este recurso busca que la Corte Constitucional declare el incumplimiento y sancione al responsable, incluso con la destitución del cargo. “Es una acción que tiene una legitimación absolutamente amplia”, explica el jurista.

El segundo mecanismo es la verificación del cumplimiento de sentencias, que la Corte puede activar de oficio o a petición de parte. Quintana recuerda que este procedimiento ha sido utilizado en el pasado para destituir a funcionarios, incluso a autoridades electas.

En ambos casos, la Corte podría determinar si las decisiones adoptadas por la Contraloría vulneran los parámetros establecidos en su jurisprudencia.

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Lo que dice la ley

El marco legal contempla sanciones claras frente al incumplimiento de decisiones constitucionales.

El artículo 86 de la Constitución establece que, si una sentencia no es cumplida por servidores públicos, la autoridad judicial debe ordenar su destitución, sin perjuicio de otras responsabilidades.

En la misma línea, el artículo 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales dispone que, ante el incumplimiento de una sentencia, se debe iniciar un procedimiento para la eventual destitución del funcionario responsable.

Además, el artículo 97 del reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional detalla el trámite para las acciones de incumplimiento, que pueden concluir con una sentencia que declare la infracción y disponga sanciones.

Una lectura adicional

El constitucionalista André Benavides precisa que lo que debería pasar es que el reglamento con el que se hicieron los cambios "debería ajustarse a lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública, a la Ley de Protección de Datos Personales y algunos parámetros no vinculantes de esta sentencia de la Corte Constitucional".

"Con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a esa información para hacer un control social de aquello, pero también que eso no suponga que cualquiera puede ingresar a los datos y para más adelante extorsionar a la persona, etc.".

Quintana señala que la eventual responsabilidad recaería en quien emitió el acuerdo que modificó el acceso a la información.

“En este caso, sancionarlo con la destitución por haber ejecutado un acto que incumple el parámetro jurisprudencial”, explica, al referirse a la autoridad que dispuso las nuevas condiciones del sistema.

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Pedidos de información y entrevista

EXPRESO ha solicitado en reiteradas ocasiones información y entrevistas con el contralor, a través de su departamento de Comunicación. Por ejemplo, el 15 de abril, se buscó respuestas sobre el supuesto ataque informático que reportó esa entidad como antecedente de los cambios ejecutados. Este Diario buscaba conocer si se presentó una denuncia en la Fiscalía, el tipo de incidente, entre otros detalles. Ese y otros pedidos no han tenido respuesta.

Lo que debes saber

• 214 movimientos locales se reactivan en Ecuador antes del cierre del registro electoral del 3 de mayo
  
  
• CNE confirma más de 230 organizaciones habilitadas para elecciones seccionales del 29 de noviembre
  
  
• Agrupaciones locales emergen para alianzas ante nuevas reglas electorales rumbo a 2026
  
  

Con el cierre del plazo de inscripción de organizaciones políticas cada vez más cerca, el mapa electoral ecuatoriano comienza a definirse de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. En este contexto, 214 agrupaciones políticas locales han reactivado su personería jurídica para poder participar en el proceso.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el 3 de mayo como fecha límite para el registro de partidos y movimientos que podrán presentar candidaturas a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales para el período 2027–2031.

Hasta el 9 de marzo, el organismo contabilizaba 231 organizaciones políticas inscritas, distribuidas entre partidos nacionales, movimientos nacionales y agrupaciones provinciales, cantonales y parroquiales.

Política

CNE cambia reglas de candidaturas: así quedan los requisitos y la paridad

Rosero Mariela

Requisitos para conformar un movimiento político local

La normativa electoral establece que para la inscripción de un movimiento político se requiere el respaldo de al menos el 1,5 % del padrón electoral correspondiente a la jurisdicción donde se busca operar.

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Actualmente, la mayor concentración de movimientos locales se registra en provincias como Loja y Manabí, seguidas por Pichincha, Azuay, El Oro y Guayas, según datos oficiales.

Durante 2025 se registraron dos nuevos movimientos de alcance provincial, mientras que otras 21 agrupaciones en diez provincias continúan en proceso de recolección de firmas para obtener su reconocimiento legal.

La reactivación de estos movimientos responde, en gran medida, a los plazos establecidos por el calendario electoral y a la necesidad de servir como vehículos legales para candidaturas locales.

Manabí y Guayas concentran la atención política

Manabí destaca por su alto número de movimientos activos en distintos niveles territoriales. La provincia ha sido tradicionalmente un bastión de la Revolución Ciudadana, organización que obtuvo resultados relevantes en las elecciones seccionales de 2023, aunque actualmente se encuentra suspendida y fuera de la papeleta con su lista oficial.

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Ante esta situación, dirigentes del correísmo han buscado acercamientos con movimientos provinciales para asegurar la participación de sus candidatos. En paralelo, otras agrupaciones locales intentan consolidarse y disputar espacios clave, incluida la Prefectura.

En Guayas, pese a contar con el mayor número de electores del país, el número de movimientos locales es menor. Allí, organizaciones tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC) analizan alianzas con movimientos cantonales y provinciales para fortalecer su presencia electoral.

Dirigentes políticos reconocen que las alianzas con movimientos locales son fundamentales ante los ajustados tiempos del proceso electoral. Sin embargo, las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde 2025, modificaron el sistema de distribución de votos en alianzas y ya no garantizan la conservación de la personería jurídica si no se alcanza el umbral mínimo de votación.

Política

Annie Muñoz responde tras expulsión de Revolución Ciudadana: "No he robado ninguna curul"

Marco Rivera

Tras el anuncio de su expulsión de la bancada correísta, Muñoz se pronunció formalmente en una rueda de prensa realizada en Guayaquil. 

La mañana de este 23 de abril de 2026, la legisladora, que asumió el cargo tras la detención de Santiago Díaz Asque —también ex Revolución Ciudadana—, dijo: “No he pactado con el Gobierno. Esa es una acusación que quieren hacer para debilitar mi moralidad”.

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Muñoz aseguró que siempre fue leal al proyecto político. “No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó.

¿Cómo votará en el Pleno?

Respecto a cuál será su posición de aquí en adelante en las votaciones, tanto en la comisión que integra como en el Pleno de la Asamblea, la legisladora señaló que actuará en sintonía con lo que necesita su electorado.

“Mis votaciones de aquí en adelante se inclinarán a lo que necesita el Ecuador, mi pueblo y mi gente. Si tiene que coincidir con la Revolución Ciudadana, en buena hora”, manifestó.

¿Por qué RC expulsó a Annie Muñoz?

La Revolución Ciudadana informó que la asambleísta Annie Muñoz fue separada de sus filas tras un conflicto interno vinculado a la curul de Priscila Schettini. 

Según el comunicado, el origen del conflicto se relaciona con un oficio remitido por Muñoz, en el que se oponía a la principalización de Schettini como asambleísta titular.

La bancada sostiene que esta actuación generó una ruptura con los principios del bloque, por lo que la organización anunció sanciones internas. 

En el texto se afirmó que las actuaciones de la legisladora vulneraron valores políticos y democráticos. La organización también argumentó que sus normas internas fueron afectadas. En ese contexto, la expulsión fue presentada como una medida disciplinaria.

Lo que debes saber

• La plataforma digital de la Contraloría General del Estado estuvo fuera de línea por algunos días.
• Desde el 20 de abril, la ciudadanía debe ingresar datos personales para acceder a la información sobre declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
• Representantes de la Revolución Ciudadana exigía que el contralor comparezca ante la Asamblea.

El contralor Mauricio Torres no comparecerá ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del Ecuador. Así lo dispuso Diana Jácome Silva, legisladora de Acción Democrática Nacional y presidenta de la mesa.

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Pedido de fiscalización desde la RC

El legislador Blasco Luna Arévalo, del movimiento Revolución Ciudadana, solicitó la comparecencia del funcionario. El pedido buscaba que informe sobre los nuevos requisitos y condiciones para acceder a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Tras permanecer fuera de línea por varios días, la plataforma digital de la Contraloría General del Estado retomó operaciones desde el lunes 20 de abril con cambios en el acceso a información pública. La entidad ahora exige el registro de datos personales a quienes deseen consultar estos contenidos:

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Interpretación legal en la comisión

Durante la sesión, la legisladora Diana Jácome Silva leyó un extracto del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: “Las y los asambleístas directamente o las comisiones especializadas tienen la facultad de requerir información o comparecencias (...)”. En su intervención, enfatizó la disyuntiva “o”, al sostener que la norma no obliga a solicitar ambos mecanismos de forma simultánea.

Además, afirmó que varios integrantes de la comisión cuentan con formación y experiencia en Derecho, por lo que defendió su criterio de actuación. Aseguró que su decisión responde al cumplimiento de la normativa y descartó que se trate de un “show” o de una defensa o encubrimiento de terceros.

Procedimiento ante incumplimiento de entrega de información

De acuerdo con la normativa, “en caso de que, en un plazo de diez días, las y los funcionarios no entreguen la información solicitada o la entreguen de forma incompleta, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la presidenta o del presidente de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas según su temática. Si el pedido de información fue realizado por una comisión, procederá directamente conforme al artículo siguiente”.

Lo que debes saber

• Luisa González negó hoy haber pedido asilo político tras investigación fiscal por el caso Caja Chica
• Ex candidata presidencial dijo estar en Uruguay y confirmó retorno a Ecuador este sábado
  
  
• Investigación fiscal provoca versiones de asilo que González desmiente públicamente
  

La excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, negó haber solicitado asilo político en México o en cualquier otro país, luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara la apertura de una investigación en el denominado caso 'Caja chica'.

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Ante las versiones que circularon tras conocerse la investigación fiscal, González aseguró publicamente que no ha iniciado ningún trámite de asilo político. 

La dirigente atribuyó estos rumores a especulaciones surgidas en el contexto del anuncio judicial. Según afirmó, su situación migratoria no ha cambiado y no enfrenta restricciones para regresar al país. 

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González anuncia su retorno el 25 de julio

"Estuve en el encuentro de movimientos de izquierda y progresistas, así como en otras reuniones que no siempre son públicas. Son espacios donde se construye y fortalece la organización de la izquierda. Esa ha sido mi agenda y la concluyo aquí. Desde Uruguay, el día sábado retornaré a Ecuador. Mi regreso al país siempre estuvo previsto", sostuvo en una entrevista en Montevideo. 

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Luisa González enfrenta una investigación de la Fiscalía General del Estado por una presunta vinculación a un caso de delincuencia organizada relacionado con lavado de activos, conocido como el caso 'Caja Chica'.

En ese marco, el 28 de enero de 2026 su vivienda, ubicada en Quito, fue allanada. Durante el mismo operativo, las autoridades también intervinieron los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que debes saber

• "Vaciamiento" patrimonial: La gestión de Carlos Cadena Asencio se caracteriza por un patrón donde empresas con activos millonarios (como los $ 4,79 millones en Zofragua o los $ 490 mil en Piacelo) terminan con balances en cero o repartos de fondos sin justificación técnica.
• Apoyo: A pesar de enfrentar denuncias por abuso de confianza y de haber sido removido por la Superintendencia de Compañías por incumplimientos graves (como operar sin planes de trabajo ni notificar a socios), ha logrado mantenerse como liquidador de varias compañías como Veranera S.A. 

Una resolución de la Superintendencia de Compañías revela, con detalle, las irregularidades en el manejo de Zofragua S.A., mientras tenía como liquidador a Carlos Cadena Asencio y donde casi 5 millones de dólares se esfumaron antes de que la empresa fuera cancelada con "patrimonio cero".

La actuación de Cadena Asencio, un contador de profesión, queda descrita, con detalle, en la resolución SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. Según la entidad de control, Cadena Asencio recibió en 2019 la gestión para la liquidación de Zofragua S.A., una empresa que logró ganar una sentencia por $ $4.793.769,42 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

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Sin embargo, el dinero nunca llegó a las cuentas de la compañía para pagar a sus acreedores. El liquidador Cadena Asencio informó que el monto fue cobrado directamente por un procurador judicial, pero no presentó ni un solo registro contable o soporte documental del ingreso. Por el contrario, el liquidador firmó un acta de mediación reconociendo una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin presentar una justificación técnica y sin factura, por lo que dejó a la empresa en la quiebra absoluta.

El 11 de julio de 2023, Cadena Asencio empleó una maniobra contable que borró millones de Zofragua S.A. de un plumazo. Presentó un balance con saldos en cero (activos, pasivos y patrimonio) justificando que había eliminado activos y pasivos por más de $ 3,6 millones simplemente por 'no tener evidencia' de ellos. Sin embargo, no entregó ni un solo documento que explicara cómo desaparecieron esos millones que la empresa había reportado oficialmente hasta 2010.

Al final del proceso, el liquidador solicitó la cancelación de la compañía alegando que el patrimonio era de cero dólares, dejando en la indefensión a los accionistas, entre estos la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

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En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador, porque entre otras anomalías, había trabajado cinco años en la compañía sin un plan de trabajo, sin ejecutar publicaciones de llamamiento a acreedores, sin presentar documentos, etc.

Un operador en casos de alto impacto

La figura de Cadena Asencio ya no es nueva. Su nombre saltó al radar al ser nombrado liquidador de Veranera S.A., la pieza clave en la disputa por las acciones de GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), y tras presentar una denuncia por asociación ilícita en contra de los directivos de GRANASA, a los que acusa de asociarse para perjudicarse a sí mismos.

Pero su historial como "liquidador de confianza" se extiende a otros nombres sensibles:

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Cadena ha logrado mantenerse como liquidador para diversos procesos, a pesar de la acumulación de denuncias penales. Una denuncia de marzo de 2022 es por un presunto abuso de confianza y malversación de fondos de una compañía que estaba intervenida: Piacelo S.A. 

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La denuncia revela que Cadena, en su rol de liquidador, habría convocado a una "junta extraordinaria" el 23 de noviembre de 2020 a las 08:00, sin notificar legalmente a uno de los dos socios. En esta reunión, descrita como una "junta fantasma", Cadena y otro accionista dispusieron de $ 490.896,33 provenientes de la venta de un inmueble y que se encontraban en una cuenta. Acordaron repartir el dinero sin informar ni entregar un solo dólar al segundo accionista, que además, tenía derecho al 50 % de los fondos.

Carlos Cadena Asencio también es representante de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Los documentos judiciales de un proceso de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito, señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares declarados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos".

El silencio del implicado

Esta redacción solicitó, vía correo electrónico, una versión a Carlos Cadena Asencio para contrastar los hallazgos de la Superintendencia y sus antecedentes judiciales por abuso de confianza. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta. La pregunta que queda en el aire para los organismos de control es simple: ¿Quién supervisa a los liquidadores?

Correa arremete contra Aguiñaga 

• Correa denuncia que el nuevo viceprefecto responde a la administración nacional.
• El líder político amenaza con separar a las autoridades correístas que apoyaron la terna.
• Se atribuye la renuncia a presuntas intimidaciones por contratos viales de la entidad.

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, emitió un ultimátum político y administrativo tras la designación unánime de Carlos Encalada como nuevo viceprefecto del Guayas. El exmandatario rechazó el procedimiento ejecutado en el Consejo Provincial y calificó el proceso de transición como una cesión institucional de la administración local hacia el Ejecutivo central.

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Acusaciones de presión y cesión institucional

Las declaraciones surgen horas después de que Marcela Aguiñaga, en el auditorio provincial, descartara responder a los cuestionamientos previos del líder de la Revolución Ciudadana (RC5). A través de sus plataformas digitales, Correa argumentó que la renuncia y posterior cabildeo de la funcionaria saliente responderían a presiones contractuales por la concesión de la red vial a Conorte y Concegua hasta 2054, marcando una ruptura pública en la cúpula de la organización política.

Correa expuso una teoría que vincula la renuncia de la actual prefecta con un presunto escenario de coacción ejecutado desde el Gobierno Nacional. Según el exmandatario, el mecanismo de presión se centraría en auditorías o acciones legales derivadas de la concesión vial otorgada a la compañía Hidalgo & Hidalgo.

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No obstante, Correa desestimó este argumento, recordando que dicha concesión fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Bajo esta premisa, catalogó el traspaso de mando como un acto injustificable, afirmando que la Prefectura fue entregada a la administración de Daniel Noboa. En su pronunciamiento, definió a Carlos Encalada como un "alfil" del oficialismo y calificó la transición como un fraude que perjudica a la provincia.

Ultimátum a los consejeros provinciales

El conflicto trasciende la figura de Aguiñaga y abarca al bloque de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales afines a la Revolución Ciudadana. Dado que el Consejo Provincial respaldó de forma unánime la candidatura de Encalada —incluyendo los votos de las autoridades de la RC5—, Correa lanzó una advertencia directa sobre el futuro partidista de los delegados.

El exmandatario exigió la expulsión inmediata de cualquier autoridad de su bancada que haya avalado la designación con su voto, argumentando que no se permitirá la permanencia de perfiles que cedan ante presiones del poder central. "Ni un solo voto a los que se prestaron a este atraco. Seremos menos, pero seremos más", sentenció a través de su cuenta de X, anticipando una depuración en las filas de la organización territorial en Guayas.

Correa endurece postura tras elección en Guayas

La madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que cuestionó la designación de Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

El exmandatario aseguró que varias autoridades de la RC5 “se prestaron” para lo que calificó como una “atrocidad”, pese a que —según indicó— la línea del movimiento era no respaldar esa decisión. Además, hizo un llamado a concejales y miembros de juntas parroquiales a denunciar lo que considera una “jugarreta”.

"Por supuesto, la lista la encabezan Marcela Aguiñaga y el exviceprefecto Carlos Serrano, que se han prestado para esta atrocidad. Las autoridades de la RC5 que votaron por esta barbaridad -varias no asistieron, como era la línea partidista- serán expulsadas del partido. Le hacemos un llamado a nuestros concejales y miembros de juntas parroquiales guayasenses a denunciar esta escandalosa jugarreta. A los guayasenses en general, el llamado a repudiar y a no dar ni un solo voto para esta gente. Si permitimos tanta burla, deshonestidad y cobardía, nos quedaremos sin país", dice el mensaje con la lista completa.

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Las autoridades señaladas por Correa

En su publicación, Correa enumeró a las autoridades que habrían votado a favor de Encalada. Entre ellas figuran:

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También incluyó a autoridades de otras organizaciones políticas, como:

El pronunciamiento de Correa evidencia una fractura dentro de la Revolución Ciudadana en Guayas. Según el exmandatario, al menos 12 autoridades que llegaron al cargo por ese movimiento votaron a favor de Encalada, contrariando la postura partidista.

El líder político advirtió que estas acciones tendrán consecuencias disciplinarias, incluyendo la expulsión de quienes respaldaron la designación.

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RC advierte sanciones tras elección del nuevo viceprefecto del Guayas

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Contexto de la elección

Carlos Encalada fue elegido como viceprefecto y asumirá la Prefectura del Guayas tras la salida de Aguiñaga, en una sesión que contó con apoyo unánime del Consejo Provincial.

La decisión ha generado tensiones políticas en la provincia y dentro del correísmo, que ahora enfrenta uno de sus momentos de mayor división interna en el ámbito local.

Las claves del caso

• La Asamblea Nacional votará este viernes 24 de abril si levanta la inmunidad a la asambleísta Diana Jácome.
• Jácome enfrenta una denuncia por calumnia de Juan Andrés González (RC) tras polémicas declaraciones en el Pleno.
• Se requieren 101 votos para procesar a la legisladora, pero la mayoría oficialista impediría alcanzar la cifra.

La Asamblea Nacional de Ecuador sesionará este viernes 24 de abril de 2026 para definir el futuro legal de la asambleísta de ADN, Diana Jácome. El Pleno votará el posible levantamiento de la inmunidad parlamentaria tras una denuncia por calumnia presentada por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González. El proceso requiere una mayoría calificada, mientras el oficialismo busca blindar a su integrante ante la Corte Nacional de Justicia.

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"Parásito del Estado": La dura acusación de Diana Jácome contra el asambleísta Juan González

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Los detalles de la Sesión 88 del Pleno

La convocatoria oficial, liderada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, establece como único punto del orden del día el tratamiento del pedido de la Corte Nacional de Justicia. La solicitud, remitida originalmente el 30 de marzo por la secretaria Rosa Japón Lozano, llega al Pleno casi un mes después de su recepción.

Para que la justicia pueda procesar penalmente a la legisladora, el organismo requiere:

El origen del conflicto entre ADN y la Revolución Ciudadana

La disputa legal nació de declaraciones cruzadas en el Legislativo. Juan Andrés González fundamenta su denuncia en frases de Jácome donde sugería a la bancada correísta "usar una buena pijama", interpretado como una alusión a futuros allanamientos.

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Pleno allana el camino para reformas que permitan la reversión de competencia a los GAD

Daniel Alejandro Romero Páez

Por su parte, la asambleísta oficialista ha calificado al denunciante como un "parásito del Estado", señalando presuntas irregularidades en el cobro de viáticos de residencia mientras se encontraba en una gira por España.