Política

Diana Atamaint enfrenta sesiones claves para el futuro de su presidencia: ¿Qué pasa en el CNE?

Daniel Alejandro Romero Páez

“No puedo guardar silencio cuando se pretende alterar la conducción institucional de este organismo en medio de un proceso electoral ya convocado. Los ecuatorianos tienen derecho a preguntarse por qué algunos han decidido abrir una crisis institucional”, señaló Merino durante el tratamiento del primer punto del orden del día.

Hoy en el CNE se trató la iniciativa popular normativa del proyecto de ley para el establecimiento del Día Nacional de la Oración en la República del Ecuador. Cuando inició la votación, Merino se refirió a la segunda sesión prevista para este 11 de junio de 2026.

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Dicha sesión fue convocada de manera extraordinaria para las 11:00 de hoy. El único punto del orden del día es: “Conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el artículo 24 del Código de la Democracia, de quién ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del CNE”.

Un dato relevante es que la sesión de esta mañana se instaló nuevamente con cuatro vocales. Enrique Pita se ausentó y envió una justificación. Además, se principalizó nuevamente a Merino ante la ausencia de Esthela Acero.

Un cruce en medio del Pleno

Por segundo día consecutivo, Merino y la consejera Elena Nájera chocaron durante una sesión del Pleno. En su intervención, el vocal suplente lanzó indirectas relacionadas con la permanencia de Nájera, quien anteriormente había anunciado que pronto dejará el CNE.

Al momento de votar sobre la iniciativa popular normativa, Nájera respondió a Merino. Dijo que en redes sociales ya lo han condenado bastante. Finalmente, el consejero José Cabrera y la presidenta del organismo, Diana Atamaint, tuvieron que intervenir para que la sesión pudiera continuar.

Lista la convocatoria para la inscripción de candidatos al CPCCS

En medio del conflicto interno del CNE, el Pleno aprobó la convocatoria para el proceso de recepción de postulaciones, verificación de requisitos y calificación de candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Con esta convocatoria, el plazo de inscripción para los postulantes al CPCCS se abrirá el 12 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 25 de junio del mismo año.

Lo que debes saber

• Monika Silva, activista anticorrupción de Ecuador, falleció meses después de alertar sobre amenazas directas contra su vida.
• El Foro por la Democracia exige al Estado protección reforzada e investigación técnica a la Fiscalía General.
• Solicitan priorizar las denuncias que Silva realizaba contra diversos funcionarios y complejas estructuras de poder local.

El Foro por la Democracia expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la destacada activista e investigadora anticorrupción Monika Silva en Ecuador. La organización civil denunció que la experta dedicó su trayectoria a la fiscalización del poder local y a exponer complejas tramas de corrupción, un escenario de riesgo que se materializó de forma trágica meses después de haber alertado públicamente sobre amenazas directas contra su vida e integridad personal. Ante este acontecimiento, el colectivo exige al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y evitar la impunidad.

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El Foro por la Democracia exige garantías para los defensores de derechos

El comunicado oficial emitido por los integrantes del Foro por la Democracia enfatiza que el Estado ecuatoriano tiene la obligación constitucional y legal de brindar protección especial y reforzada a las personas defensoras de derechos humanos, así como a quienes ejercen labores de vigilancia ciudadana.

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La organización determinó que los mecanismos de prevención resultaron insuficientes frente a las alertas oportunas que formuló la propia víctima. Por esta razón, el colectivo se declaró en permanente vigilancia y movilización cívica hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Peticiones clave a las autoridades judiciales

Los firmantes del pronunciamiento ciudadano

El documento cuenta con el respaldo de destacados juristas, académicos y figuras públicas comprometidas con el tejido democrático del país. Entre los firmantes principales del Foro por la Democracia se encuentran:

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Muerte de Monika Silva conmociona a Santa Elena

La muerte de la activista Monika Koniuszek Silva mantiene en expectativa. Silva fue encontrada sin vida la tarde del lunes 8 de junio en su vivienda ubicada en el barrio El Tigrillo, uno de los sectores más conocidos de la comuna Montañita. Desde entonces, el caso se maneja con reserva mientras avanzan las investigaciones.

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Durante una entrevista radial, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que las conclusiones de la necropsia serán determinantes para esclarecer lo ocurrido. "El informe revelará las causas del fallecimiento. Se presume que se trate de un suicidio, pues en el lugar se hallaron indicios que apuntan a esa determinación. Su pareja indicó que ella sufría de depresión", señaló el funcionario.

Lo que debe saber

• Una sesión extraordinaria convocada para este 11 de junio podría convertirse en un punto de inflexión para Diana Atamaint.
• La disputa entre consejeros del CNE escaló a un nuevo nivel. Una sesión terminó sin instalarse tras la salida de José Cabrera y Elena Nájera.
• Acusaciones de favoritismo, reclamos por cambios de horario y un cruce verbal entre consejeros impidieron que el Pleno del CNE sesionara.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE), las pugnas internas se intensificaron. Para este 11 de junio de 2026 están previstas al menos dos sesiones del Pleno, después de que la tarde y noche de ayer no se pudiera instalar una reunión en medio de un enfrentamiento directo entre los consejeros.

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La sesión del 10 de junio estaba prevista para tratar dos puntos. El primero estaba relacionado con la iniciativa popular normativa del proyecto de ley para el establecimiento del Día Nacional de la Oración en la República del Ecuador. El segundo correspondía al proyecto de convocatoria para el “Proceso de Recepción de Postulaciones y Verificación de Requisitos y Calificación de Candidatas y Candidatos a Consejeras y Consejeros que Integrarán el CPCCS”.

Sin embargo, la sesión no logró instalarse luego de que los vocales José Cabrera y Elena Nájera abandonaran la reunión. El conflicto comenzó cuando Cabrera solicitó que, antes de la instalación, se leyera un pedido de la también consejera del CNE, Esthela Acero.

Acero había enviado un pedido para la redistribución del horario de permiso para el cuidado de su recién nacido.

Durante la constatación del quórum para la instalación, Cabrera intentó intervenir para solicitar que se leyeran los pedidos de Acero. Diana Atamaint lo interrumpió para pedir que primero se instalara la sesión y luego dar lectura a los mismos.

“Mil disculpas. Procedo a retirarme si es que no se va a leer los pedidos de la consejera Acero”, señaló Cabrera. Allí fue interrumpido nuevamente por Atamaint, quien insistió en que primero se instalaría la sesión.

El conflicto se originó porque el pedido de Acero estaba relacionado con su asistencia al encuentro. De no considerarse esa solicitud, se habilitaba la posibilidad de que participara uno de los vocales suplentes.

Luego intervino Nájera y arremetió directamente contra el suplente José Merino. “Otra vez ha incurrido en este juego (dijo a Atamaint) que no le hace bien a la democracia. Pone la sesión a las 09:00 cuando a esa sesión la consejera Acero había solicitado intervenir. Llega el cambio de horario de la consejera y usted maliciosamente vuelve a poner a las 16:00 y contar con el consejero Merino”, señaló.

Nájera aseguró que Merino era un aliado de la presidenta del CNE. “Lo manda a Colombia. Luego lo manda de observador a las elecciones de Perú”, mencionó. Entonces intervino Merino y pidió que Nájera “deje de mentir”. 

La discusión escaló hasta que Atamaint tuvo que intervenir.Al final, Cabrera y Nájera abandonaron la sesión, y Atamaint señaló que los pedidos de Acero iban a ser tratados, pero que para ello era necesario instalar previamente la reunión.

Sesión clave para Atamaint

Luego de la fallida convocatoria, circuló una nueva convocatoria para un Pleno este 11 de junio de 2026. La misma fue planteada de forma extraordinaria y, contrario a lo que ha ocurrido durante los últimos meses, de manera presencial.

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En ese documento, sobre el cual EXPRESO pudo confirmar que fue enviado a los vocales del CNE, se plantea un solo punto en el orden del día. Este señala: “Conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el artículo 24 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, de quién ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del Consejo Nacional Electoral”.

Así, en caso de instalarse la sesión extraordinaria este 11 de junio, la actual presidenta del CNE podría enfrentar la posibilidad de dejar el cargo. Sin embargo, para las 08:30 de hoy también está convocada una sesión virtual para intentar retomar los puntos que no pudieron abordarse el 10 de junio.

Las claves que debes saber

• Fiscalía investiga caso Caja Chica en RC por presunto lavado; impacta campaña electoral en Ecuador.
• Caso Progen: Fiscalía, liderada por Alarcón, indaga peculado en exfuncionarios de Daniel Noboa.
• Expertos prevén bajo impacto electoral; causas afectan percepción, pero voto depende de economía y territorio.

Las dos organizaciones políticas que se han disputado el apoyo del Ecuador en los últimos procesos electorales, Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC) estarían recibiendo el peso de las investigaciones que desarrolla Fiscalía.

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Se trata de los casos Caja Chica y Progen. En el primero se indaga un presunto delito de delincuencia organizada y lavado de activos en el interior del movimiento correísta durante la campaña presidencial de 2023; mientras que en la segunda causa, el titular del Ministerio Público, Carlos Alarcón, avanza con las diligencias para esclarecer un posible peculado que involucraría a un exministro y exfuncionarios de Daniel Noboa.

Según analistas políticos y electorales, ambas organizaciones cargan con el peso que esos casos han generado en la opinión pública. Sin embargo, dudan sobre el impacto que las causas judiciales tendrán sobre el voto que podrían recibir los cuadros de esos movimientos.

Impacto de las investigaciones en ADN y el correísmo 

Para la Revolución Ciudadana (RC), ese peso se tradujo en la suspensión de su organización política, una situación que la ha obligado a buscar una tienda para participar en las próximas elecciones; mientras que a Acción Democrática Nacional (ADN) le significó apartar al ministro Roberto Luque, uno de los precandidatos que ‘más sonaban’ para participar en los próximos comicios, dice el consultor electoral Oswaldo Moreno.

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Rafael Silva, consultor político, comparte ese criterio. “Si bien no están procesados los funcionarios actuales, es una investigación que golpea al oficialismo, salpica a actores importantes, a voceros que han sido, incluso, un frente de choque, como son el ministro Luque o Inés Manzano. 

Si bien quedan fuera de sanciones judiciales, no significa que el Gobierno quede impune. Hay una percepción de desconfianza en la gestión en cuanto a un desfalco millonario en temas energéticos. Como consultor, yo no recomendaría jamás a personas como Luque, Manzano o alguien relacionado a estos temas para que ocupe una candidatura, porque sería un disparo al pie”, enfatiza.

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Aunque el impacto ya existe, el analista político Matías Abad cree que el daño podría aumentar. Para la RC, si la investigación avanza, los “costos reputacionales de ciertos dirigentes que sean candidatos les harían optar por figuras con menos exposición judicial, pero que no tengan tanta viabilidad como los que están vinculados en este caso”, opina.

En cambio, en el oficialismo el lastre se generaría si vuelve a darse una crisis eléctrica por el clima. “La sequía podría reactivar la narrativa pública de irregularidades”.

En este escenario, en el que ambas agrupaciones están cuestionadas por investigaciones legales, estima que, posiblemente, los cuadros más populares “decidirán no participar para evitar que eso no afecte al partido y sus candidaturas”.

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¿Los casos incidirán en la campaña y el voto?

Pese al virtual impacto, los expertos dudan sobre la repercusión en la votación. Esto porque Progen y Caja Chica se instalaron en el debate nacional. “La mayoría de las discusiones de las elecciones de este tipo (seccionales) son de carácter local, doméstico. Pueden tener cierta caja de resonancia, pero no será la principal causa que haga votar al guayaquileño por un candidato u otro, sino por lo que ocurra en su territorio”, sostiene Silva.

“No se aplica el bipartidismo a secas porque hay movimientos locales, dirigentes o figuras nuevas. Es difícil predecir el futuro”, admite Moreno.

Para Abad, en cambio, sí “podría afectar la percepción de algunas candidaturas, pero en los indecisos. Estos temas se vuelven abstractos y para los ciudadanos son difíciles de asimilar en su realidad cotidiana. La gente vota con expectativa en su economía, seguridad y problemas cotidianos”.

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Lo que debes saber

• Errores de la Fiscalía ponen en riesgo de nulidad el caso Triple A contra Aquiles Álvarez.
• La Fiscalía procesó a la empresa equivocada y usó pruebas de fechas inconsistentes.
• Los propios peritos y testigos debilitan la acusación penal en el caso Triple A.

Según testigos que asisten a las audiencias del caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la fiscal Ruth Amoroso se ha quebrado emocionalmente en al menos dos ocasiones. Es decir, dos veces la fiscal no ha podido ocultar su frustración y decepción al comprobar, durante el proceso, que en la investigación y el armado del caso que hizo el fiscal general, Carlos Alarcón, se cometieron errores que podrían terminar en la nulidad del proceso. Su impotencia y frustración durante las audiencias han hecho que, en varias ocasiones, según cuentan los testigos, Amoroso haya dicho: “Yo no hice esto, sino el fiscal Alarcón”. Evidentemente, Amoroso no quiere cargar con los errores de Alarcón que, para muchos analistas, pueden ocasionar el fracaso del caso.

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La atribulación de Amoroso es perfectamente entendible: si el caso es declarado nulo o simplemente se desmorona ante los jueces, que son quienes tendrán que decidir, estaría derrumbándose uno de los procesos más fuertemente auspiciados y respaldados por el gobierno de Daniel Noboa, cuyos operadores han hecho sus mayores esfuerzos para controlar, a su favor, al Poder Judicial. Se trata de un caso que tiene un peso político específico: terminar con la carrera política de quien lucía como la principal amenaza a la supremacía electoral, a nivel nacional, del gobiernismo.

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Si bien el caso Triple A tiene que ver con la comercialización ilegal de combustibles, en realidad su verdadera relevancia para el Gobierno es política. Aquiles Álvarez, sin haber sido hallado culpable porque aún no existe siquiera una sentencia, ha sido sometido a las más brutales condiciones que un preso de alta peligrosidad puede soportar. Mientras se procesa con una rigurosidad jamás vista a Álvarez por su supuesta participación en la comercialización ilegal de combustibles, cientos de miles de dólares al día se pierden por robos al poliducto entre Esmeraldas y Quito, con conocimiento de las autoridades y complicidad de muchas de ellas, porque no se hace absolutamente nada.

Los cuatro errores de la Fiscalía en la investigación contra Aquiles Álvarez

Los quiebres de Amoroso se deben, por lo menos, a cuatro errores garrafales en este proceso, que ella heredó del fiscal Carlos Alarcón. El principal error que ha cometido la Fiscalía consiste en la confusión, durante el proceso, entre dos empresas distintas, una de las cuales no tiene nada que ver con el caso. La situación es la siguiente: la Fiscalía procesó a la empresa Copedesa S. A. utilizando como sustento facturas que corresponden a otra empresa: Gasgroup Copedesa S. A., que es una compañía distinta y no forma parte del proceso penal. Para uno de los abogados de Álvarez, César Poveda, es como si estuvieran procesando a Pepe cuando quien cometió el delito fue Jorge. Y como en derecho penal la responsabilidad es personal, ya sea de una persona natural o jurídica, como ocurre en este caso, si no es la misma empresa procesada, aunque tengan nombres parecidos, el proceso se cae. Aquiles Álvarez debería salir mañana mismo de la cárcel, sostiene el abogado.

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¿Qué significa que se haya cometido ese error? ¿Por qué se hizo algo tan garrafalmente equivocado? Según Ramiro García, también abogado de Álvarez, esto significa “que nunca entendieron el caso, que no sabían ni a quién procesaban, que actuaron con odio y negligencia al armar la acusación y que, en síntesis, no tienen nada. Por el apuro de perseguir, hicieron todo mal”. Según García, el caso Triple A “ha sido tan mal armado, que hoy se acaba de dar cuenta la Fiscalía de que procesó a la persona jurídica equivocada. Imputó a Copedesa S. A. por facturas de Gasgroup Copedesa S. A., la cual ni siquiera se encuentra vinculada a este proceso”.

Testigos y peritos debilitan la acusación del caso Triple A

A estas equivocaciones se suman otras dos que son igualmente errores de bulto. Uno de ellos está relacionado con la empresa Indudiesel. Durante todo un día, la audiencia se centró en uno de los testigos de la Fiscalía. Se trataba de un funcionario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Este funcionario analizó supuestos registros de clientes realizados en 2020 y 2021. ¿Cuál era el problema? Que Indudiesel recién empezó a funcionar en 2022, cuando recibió los permisos de operación. Es decir, la Fiscalía hizo un papelón monumental.

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Otro tropiezo de la Fiscalía durante este proceso ocurrió cuando presentó a su primer perito de cargo (así se denomina, en términos judiciales, al profesional experto designado por la parte acusadora). Para sorpresa de la Fiscalía, que evidentemente no estaba bien enterada del tema, el perito dijo que las conductas de las empresas de Álvarez analizadas durante el proceso son básicamente administrativas y que es ante un tribunal administrativo, y no penal, donde debe debatirse y sancionarse el caso. La Fiscalía y los acusadores trataron entonces de contradecir a su propio perito, haciendo nuevamente un papelón.

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En otra ocasión se presentó el testimonio de una funcionaria de la Contraloría que elaboró un informe técnico en el que establece supuestas irregularidades. Reconoció que hizo el informe en la Fiscalía, que nunca contrastó la información ni requirió documentación a los investigados. La funcionaria de la Contraloría, entonces, dejó muy mal parada a la parte acusadora, es decir, a la fiscal Ruth Amoroso, quien recibió toda la información y la argumentación de Alarcón.

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¿Cómo es posible que un fiscal general haya cometido errores tan burdos y que se los haya heredado a la fiscal Ruth Amoroso? La explicación parece ser sencilla: Alarcón es tan servil con el Gobierno que acepta todo lo que le dicen, sin contrastar ni estudiar. Por todo eso, tanto papelón.

Lo que debes saber

• Los vecinos apoyan la obra, pero piden conocer sus impactos antes de que empiece.
• La cercanía entre el futuro viaducto y las viviendas genera preocupación por la seguridad.
• Expertos plantean barreras, guardavías y pantallas acústicas para reducir riesgos.

Antes, la vegetación invadía los terrenos baldíos de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., ubicados en el sur de Guayaquil, donde se construirá el Viaducto Sur o también denominado Quinto Puente. Hoy ese panorama ha cambiado. En gran parte de estos espacios predomina una superficie despejada y sin cobertura vegetal.

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El entorno donde crecerá el Quinto Puente

Mientras los moradores de la avenida Cacique Tomalá, donde se construirá la vía de acceso a la megainfraestructura vial, buscan evitar la expropiación de sus predios, quienes residirán junto al futuro viaducto expresan otra preocupación. Señalan que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) aún no les ha informado sobre los efectos que la obra podría generar en su entorno, ni qué mecanismos se implementarán para atender esos efectos.

A un lado del futuro corredor vial se ubican los terrenos de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., empresas relacionadas con la familia del presidente Daniel Noboa Azín. En el costado opuesto se extienden cientos de viviendas de entre uno y tres pisos, habitadas por núcleos familiares que, en muchos casos, incluyen niños, adolescentes y ancianos.

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La incertidumbre de los futuros vecinos del viaducto

Los moradores que viven junto al trazado previsto para el acceso al Quinto Puente coinciden en que la principal preocupación no es la construcción de la obra en sí, sino los efectos que podría generar sobre la seguridad y la tranquilidad de la zona. Aseguran que hasta ahora no han recibido información detallada sobre cómo se desarrollará el proyecto.

Tampoco saben qué medidas se aplicarán para proteger a quienes residen en el sector ante posibles accidentes viales, como volcamientos de vehículos extrapesados.

Pablo Vergara, quien reside en la zona desde hace más de 40 años, manifestó que el mayor temor es que la cercanía del viaducto incremente el riesgo de accidentes. Por ello, considera indispensable que se instalen estructuras de protección entre la vía y las viviendas.

Vergara señala que aunque todavía desconoce la distancia exacta que existirá entre el puente y las casas, espera que el diseño contemple un margen suficiente para reducir riesgos. Insiste en que los residentes necesitan algún tipo de respaldo que les permita convivir con la infraestructura sin temor permanente.

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Distancia, ruido y tránsito pesado: las principales inquietudes

Mónica Márquez vive justo junto a la pared que los separa de los predios baldíos. Ella dice que la comunidad siempre supo que el proyecto del Quinto Puente se ejecutaría en algún momento. Sin embargo, sostiene que la incertidumbre surge por la falta de información sobre las afectaciones que podría ocasionar en el barrio.

Márquez señala que una de sus principales inquietudes es conocer a qué distancia quedará el viaducto de las casas y dónde estarán ubicados los accesos o descensos de la estructura. Considera que esos detalles son fundamentales para que las familias puedan estar tranquilas.

También expresó preocupación por el incremento del tránsito pesado en una zona que hasta ahora ha mantenido un ambiente relativamente tranquilo. Según explicó, el ruido constante y la circulación de tráileres podrían alterar significativamente la cotidianidad de quienes habitan cerca del futuro corredor vial.

La residente advirtió que durante las noches o en épocas de lluvia, el paso de vehículos de gran tonelaje podría generar una sensación de vulnerabilidad entre los residentes. Por ello cree que el diseño debe contemplar medidas que minimicen esos riesgos.

Entre las acciones que propone para evitar accidentes, Márquez mencionó la necesidad de respetar distancias adecuadas entre la vía y las viviendas, así como ejecutar estudios técnicos rigurosos antes de definir el trazado definitivo. A su juicio, las soluciones de ingeniería deben beneficiar tanto la actividad logística como a las comunidades aledañas.

Voy a estar durmiendo con mis niños y no voy a saber si se me viene un tráiler encima.Claudia Nieto, moradora

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Las medidas que plantean vecinos y expertos 

Por su parte, Claudia Nieto teme que una mayor circulación de personas y vehículos en la zona genere nuevos problemas de seguridad. Para prevenir accidentes, plantea que el trazado se mantenga lo más alejado posible de las casas y que se refuerce la presencia de agentes policiales o de tránsito en los alrededores, con el fin de brindar vigilancia permanente y respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

A criterio de Federico von Buchwald, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los posibles impactos de la futura vía pueden mitigarse mediante soluciones de ingeniería que ya se aplican en carreteras y autopistas de otros países. Entre ellas mencionó la instalación de pantallas acústicas en los tramos cercanos a zonas residenciales y hospitales, con el objetivo de reducir los niveles del ruido que genera el tránsito vehicular.

El experto también expone que el diseño de obra debe contemplar elementos de contención como guardavías o barreras de seguridad, para evitar que eventuales siniestros afecten a terceros. Dice estas medidas forman parte de los estándares habituales en proyectos de esta naturaleza y deben incorporarse desde la etapa de planificación.

Von Buchwald añadió que la prevención de accidentes no depende únicamente de la infraestructura, sino también de un control riguroso por parte de las autoridades. En ese sentido, recomendó fortalecer la fiscalización del tránsito, verificar las condiciones mecánicas de los vehículos y sancionar a los conductores que incumplan las normas de seguridad vial.

Lo que debes saber 

• Ecuador actualizó el listado nacional e incorporó 10 nuevas sustancias sujetas a fiscalización.
• Entre los compuestos figuran opioides sintéticos, cannabinoides y un precursor químico vinculado al MDMA.
• El Gobierno también aprobó la creación de 24 comités provinciales y avanza en un nuevo plan nacional sobre drogas.

El Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas aprobó la incorporación de 10 nuevas sustancias sujetas a fiscalización en Ecuador. La decisión fue adoptada durante la I Sesión Ordinaria de 2026, liderada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control frente a nuevas drogas identificadas por organismos internacionales.

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La actualización responde a la detección de compuestos con potencial de abuso y riesgos para la salud pública. Entre las sustancias incorporadas constan opioides sintéticos de alta potencia, cannabinoides sintéticos y semisintéticos, además de un precursor químico utilizado en la fabricación ilícita de drogas sintéticas.

Según informó el MSP, la medida permitirá mejorar la vigilancia nacional y anticipar la aparición de nuevas sustancias en el mercado ilegal. También busca mantener la normativa ecuatoriana alineada con las disposiciones internacionales en materia de fiscalización de drogas.

¿Cuáles son las 10 nuevas sustancias sujetas a fiscalización en Ecuador?

Las sustancias incorporadas al listado nacional fueron identificadas por organismos especializados debido a los riesgos que representan para la salud pública. Varias de ellas pertenecen a la familia de los nitacenos, opioides sintéticos asociados a intoxicaciones y sobredosis en distintos países.

Las 10 sustancias incorporadas son:

La clasificación aprobada por el Comité identifica a seis de estos compuestos como estupefacientes derivados de opioides sintéticos. Otros tres fueron catalogados como sustancias psicotrópicas y uno como precursor químico utilizado en la síntesis ilícita de sustancias como el MDMA y sus análogos.

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MSP aprueba creación de 24 comités provinciales

Durante la misma sesión también se aprobó el documento normativo para la conformación de 24 comités provinciales de prevención y control del fenómeno socioeconómico de las drogas. Estas instancias tendrán la tarea de coordinar acciones entre instituciones públicas y fortalecer la implementación de políticas en territorio.

La creación de estos espacios busca mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y las entidades encargadas de prevención, control, seguridad, salud pública y desarrollo social. El objetivo es contar con respuestas más coordinadas frente a los desafíos asociados al consumo y tráfico de sustancias ilícitas.

El ministro de Salud Pública, Jaime Bernabé, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones que integran el Comité. “Esta sesión representa una oportunidad para fortalecer la gobernanza nacional sobre drogas, consolidar mecanismos de coordinación y avanzar en la construcción de respuestas cada vez más efectivas y cercanas a las necesidades de la población ecuatoriana”, manifestó.

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Plan Nacional sobre Drogas 2027-2031 entra en fase de construcción

Otro de los avances anunciados durante la sesión fue el inicio del proceso de construcción del Plan Nacional para la Prevención Integral y Control del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas 2027-2031. Este instrumento estratégico contará con el acompañamiento técnico de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El futuro plan definirá acciones relacionadas con prevención, reducción de la demanda, reducción de riesgos y daños, control de la oferta de drogas, fortalecimiento institucional y generación de información para la toma de decisiones. La propuesta también buscará integrar las prioridades nacionales en salud pública, seguridad y desarrollo social.

La sesión se desarrolló en cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, además de los decretos ejecutivos vigentes que regulan la actuación del Comité. Con estas decisiones, Ecuador actualiza sus herramientas normativas frente a la evolución de las drogas sintéticas y nuevas sustancias emergentes.

Lo que debes saber 

• Inés Manzano negó haber participado en la contratación de Progen.
• La exministra aseguró que los contratos existían antes de su llegada al Ministerio de Energía.
• Además, afirmó que colaborará con la Fiscalía y respaldó acciones judiciales internacionales contra la empresa.

La exministra de Energía, Inés Manzano, difundió este 10 de junio de 2026 un pronunciamiento público en el que rechazó cualquier participación en la contratación de la empresa Progen, en medio de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía. Además, informó que presentó un escrito ante el Fiscal General del Estado para ratificar su disposición de colaborar con el proceso.

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En el documento, Manzano sostuvo que los contratos con la empresa investigada fueron suscritos antes de su llegada al Ministerio de Energía. “Cuando llegué al Ministerio de Energía, octubre 9 del 2024, los contratos con PROGEN ya existían. No los negocié, no los adjudiqué y no fui parte de las decisiones que hoy investiga la Fiscalía”.

La exfuncionaria también se refirió a los desembolsos efectuados por la unidad de Termopichincha de CELEC durante su administración. Indicó que esos pagos respondían a compromisos contractuales previamente adquiridos y que no correspondieron a decisiones adoptadas por ella.

Inés Manzano asegura que impulsó acciones contra Progen

Manzano afirmó que, una vez detectados los incumplimientos atribuidos a la empresa, respaldó medidas de control e iniciativas judiciales para proteger los intereses del Estado. Según señaló, las actuaciones realizadas desde el Ministerio estuvieron orientadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

“Respaldé investigaciones, y apoyé acciones judiciales internacionales contra Progen, incluyendo acciones bajo la Ley RICO (...) en los Estados Unidos”.

La exministra aseguró además que las comunicaciones y chats que han sido difundidos públicamente "reflejan actividades propias de su gestión y seguimiento institucional". En su versión, esos intercambios muestran acciones encaminadas a supervisar contratos heredados y a exigir resultados frente a los problemas detectados.

Escrito presentado ante la Fiscalía

Como parte de su pronunciamiento, Manzano informó que presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado para reiterar su voluntad de colaborar con las investigaciones. El documento fue ingresado este 10 de junio y consta dentro de una causa que se tramita en la Unidad de Fuero de Corte Nacional.

“No tengo nada que esconder y estoy a disposición de la Fiscalía”.

En el escrito remitido al fiscal subrogante Leonardo Alarcón Argudo, la exfuncionaria manifestó que se encuentra fuera de la función pública, pero mantiene su disposición de entregar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación.

“Compareceré las veces que sean necesarias, entregaré toda la información que se requiera y esté a mi alcance”, sostuvo.

La exministra insiste en desvincularse de la contratación

La exfuncionaria concluyó señalando que colaborará plenamente con las autoridades para que se determinen las responsabilidades correspondientes. Su pronunciamiento surge mientras continúan las investigaciones relacionadas con los contratos suscritos con la empresa PROGEN y los cuestionamientos sobre su ejecución.

“No participé en la contratación de Progen, apoyé acciones bajo la Ley RICO en los Estados Unidos y compareceré ante la Fiscalía las veces que sea necesario”, concluyó

Las claves que debes saber 

• Colectivos feministas, estudiantes y madres de familia marcharon en Quito para exigir justicia por Nathaly Mafla y Mónika Silva.
• La movilización avanzó hasta la Escuela Politécnica Nacional, donde se realizó un plantón y un homenaje en memoria de ambas mujeres.
• Las participantes rechazaron la violencia de género, denunciaron intentos de bloquear la marcha y reiteraron la consigna: “Vivas nos queremos”.

Varias organizaciones feministas, estudiantes y madres de familia se convocaron desde la tarde de este miércoles 10 de junio de 2026 en el parque El Ejido, centro - norte de Quito, para realizar una marcha en conmemoración de la joven universitaria, Nathaly Mafla, y de la activista, Mónika Silva, quienes fueron halladas sin vida en la capital y en Santa Elena, respectivamente.

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Las personas llegaron al parque, ubicado entre las avenidas Patria y Amazonas, y tenían previsto reunirse para emprender una movilización hacia la sede de la Escuela Politécnica Nacional (UPN), universidad en donde Mafla fue vista por última vez.

La marcha se realizó después de un llamado que se difundió en redes sociales, en donde se convocó, desde las 17:00 a "un altar y plantón en memoria de nuestras hermanas. Ante la violencia que nos sigue arrebatando a nuestras compañeras, no nos quedaremos en silencio".

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La iniciativa fue organizada luego de 24 horas del hallazgo de la joven universitaria, quien fue localizada sin vida en una quebrada del sector de La Vicentina, centro - norte de Quito; y dos días después de que la activista Silva fue encontrada sin signos vitales en su domicilio, en Montañita, provincia de Santa Elena.

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Las participantes llevaron tambores, banderas y carteles con lemas contra la violencia hacia la mujer, el machismo y bajo la consigna: “Vivas nos queremos, libres y de regreso a casa".

Desde el parque, avanzaron por la avenida Patria. Pero, en el tramo de la intersección con la av. 6 de Diciembre, un grupo de motorizados de la Policía Nacional intentó bloquear la marcha. 

No se registraron incidentes. Poco después, los participantes superaron el impedimento, avanzaron hacia la av. 12 de Octubre para dirigirse a la universidad y se congregaron en uno de los accesos de ese centro de educación superior, en donde reclamaron justicia en un plantón.

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En ese punto de la universidad, los reclamos dieron paso al levantamiento de un altar en memoria de Mafla y Silva, en donde los asistentes encendieron velas alrededor de un cartel.

Los participantes hicieron una vigilia y dejaron varias velas en el ingreso a la Politécnica. 

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Lo que debes saber

• El legislador de ADN, Esteban Torres, fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional este miércoles 10 de junio.
• Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la principal atribución del primer vicepresidente de la Asamblea es subrogar de forma inmediata al titular del Parlamento en caso de ausencia temporal o definitiva.
• Se prevé que la actual presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se acoja a una licencia por maternidad, por lo que Torres estará al frente del Parlamento durante ese período.

Esteban Torres, legislador perteneciente al oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional este miércoles 10 de junio.

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La designación de Esteban Torres como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional lo ubica en una posición clave dentro del funcionamiento del Legislativo, no solo como figura de respaldo.

¿Cuál será la función de Esteban Torres en la Asamblea?

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su principal atribución es subrogar de forma inmediata a la titular del Parlamento en caso de ausencia temporal o definitiva.

Esto implica asumir la conducción de las sesiones del pleno, ordenar los debates, someter a votación los proyectos y garantizar el desarrollo de la agenda legislativa.

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La designación ocurre en medio de la previsión de que la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, solicite una licencia por maternidad, según la legisladora Inés Alarcón.

De concretarse, Torres pasaría a dirigir el Legislativo durante ese periodo, con control sobre el ritmo de las sesiones y la tramitación de leyes.

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Su llegada al cargo también responde a un reacomodo tras la salida de Niels Olsen de la Presidencia, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia. Torres fue electo con 84 votos, superando la mayoría absoluta.

Con experiencia previa como segundo vicepresidente de la Asamblea en el 2023, jefe de bloque de ADN y viceministro de Gobierno, Torres asume ahora una función operativa y política a la vez.

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La crisis se refleja en concursos congelados y autoridades prorrogadas en sus cargos. La renovación de vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la elección del Defensor del Pueblo son procesos que debieron concluir hace años, pero siguen sin resolverse.

CNE, TCE y Defensoría del Pueblo sin nuevos titulares

El concurso para renovar parcialmente al CNE se detuvo en la fase de oposición, dejando a los cinco vocales actuales (Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita, Elena Nájera y Esthela Acero) prorrogados desde 2018. 

En el caso del TCE, la renovación debía realizarse en 2022 y 2025, pero los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres, Joaquín Viteri, Patricio Maldonado y Gustavo Ortega continúan en funciones sin que se haya convocado un nuevo proceso.

La Defensoría del Pueblo también permanece sin titular desde 2021, cuando Fredy Carrión fue detenido y sentenciado por abuso sexual. Desde entonces, César Córdova ocupa el cargo de manera provisional, sin que se haya convocado al concurso correspondiente.

Ocho años sin renovación en Copisa, CNI y otros procesos

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) debía renovarse en 2018, pero desde 2014 no se han designado nuevas autoridades. Pese a renuncias y fallecimientos de sus integrantes, el CPCCS apenas ha titularizado a dos representantes en abril de 2026, dejando vacantes sin cubrir.

Los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) también acumulan retrasos: desde 2017 no se eligen a sus 25 representantes de la sociedad civil. En 2022 se intentó conformar la comisión ciudadana para el proceso, pero no hubo postulaciones suficientes. El Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras, creado por ley en 2018, tampoco tiene autoridades designadas.

Otros procesos, como la elección del superintendente de Ordenamiento Territorial, también están pendientes. El periodo de Pablo Iglesias terminó en marzo de 2025, pero el CPCCS no ha convocado al concurso ni elaborado un nuevo reglamento.

Fiscal General, un proceso que avanza lento

El caso del concurso para la elección del nuevo Fiscal General ha avanzado con tropiezos. Tras la salida de Diana Salazar en abril de 2025, Carlos Alarcón asumió como encargado, pero el proceso para designar a un titular definitivo se ha extendido más de lo previsto.

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La Comisión Ciudadana de Selección oficializó la actualización del cronograma del concurso el pasado 9 de junio, estableciendo nuevos plazos técnicos. Entre el 11 y el 15 de junio se realizará la convocatoria oficial, y del 16 al 22 de junio los ciudadanos podrán presentar impugnaciones contra los aspirantes. 

La fase de oposición determinará las calificaciones definitivas de los postulantes. El examen escrito está fijado para el 16 de septiembre. Finalmente, el informe consolidado con los puntajes será remitido al Pleno del CPCCS el 20 y 21 de octubre, y la designación oficial del nuevo Fiscal General está prevista para el 22 y 23 de octubre si es que no surgen nuevos retrasos.

Una institución en crisis

La falta de avances ha empujado al CPCCS a uno de sus peores momentos. Con seis concursos estancados y autoridades prorrogadas, la institución enfrenta críticas por su ineficacia y por el costo que representa para el Estado.

Aunque el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, propuso un diagnóstico y contrató un equipo técnico externo, las resoluciones no se han cumplido y los procesos siguen sin avanzar. La incertidumbre sobre la designación de autoridades de control pone en duda la capacidad del CPCCS para cumplir con su rol constitucional.

Lo que debes saber

• Los prestadores externos de salud advierten que ha pasado más de un mes sin que se concrete una reunión prometida por el IESS y el MSP.
• Denuncian objeciones de hasta el 90% en auditorías y una deuda que supera los$1.500 millones.
• Mientras tanto, analizan realizar protestas nacionales y alertan posibles afectaciones para más de 4 millones de afiliados.

Los prestadores externos de salud de segundo nivel que atienden a afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) analizan la posibilidad de realizar protestas a nivel nacional ante la falta de respuestas sobre una reunión tripartita con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la seguridad social. Según el sector, ha transcurrido más de un mes desde que solicitaron el encuentro sin que exista una fecha definida.

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La preocupación se centra en los problemas generados por los códigos de validación y la aplicación de la normativa 140, una regulación que, según los prestadores, ha provocado retrasos en auditorías, facturación y pagos por servicios médicos ya brindados. La situación mantiene en incertidumbre a clínicas y hospitales que prestan atención a millones de usuarios del sistema.

En un boletín difundido este martes, los representantes de los prestadores hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se concrete la reunión ofrecida entre el MSP, el IESS y el sector privado. El encuentro debía realizarse semanas atrás, pero hasta ahora no existe una convocatoria oficial.

Los prestadores sostienen que la normativa 140, implementada por el Ministerio de Salud Pública a mediados de 2023, ha generado obstáculos en los procesos de revisión de planillas y facturación correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, afectando el flujo de recursos para las entidades que brindan atención médica.

Más de 4 millones de afiliados afectados

La organización advierte que el problema no se limita al aspecto financiero. Según explica, las restricciones actuales en los códigos de validación están dificultando las derivaciones hacia consultas especializadas y otros servicios médicos de mayor complejidad.

"La rigidez actual en los códigos de validación está frenando las derivaciones para consultas de especialidades avanzadas", indica el boletín difundido por los prestadores.

Como consecuencia, afirman que más de 4 millones de afiliados y jubilados a escala nacional enfrentan mayores tiempos de espera para acceder a consultas y procedimientos médicos, lo que podría afectar la continuidad de tratamientos considerados críticos.

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Prestadores denuncian objeciones de hasta el 90%

Otro de los reclamos se relaciona con los procesos de auditoría y pago. Los prestadores aseguran que las planillas presentadas por servicios ya otorgados están siendo observadas con niveles de objeción que alcanzan el 90%.

"Las planillas presentadas por los servicios ya brindados a los pacientes durante los años 2023, 2024 y 2025 están siendo devueltas con objeciones de hasta el 90%", señala el comunicado.

El sector reconoce que el IESS ha realizado desembolsos superiores a los 600 millones de dólares. Sin embargo, sostiene que las dificultades derivadas de las auditorías mantienen una situación financiera compleja y que la deuda acumulada con los prestadores externos supera actualmente los 1.500 millones de dólares.

Advertencia de movilizaciones si no hay respuestas

Frente a este escenario, los prestadores analizan acciones de presión que podrían incluir movilizaciones y protestas en distintas ciudades del país. La decisión dependerá de las respuestas que reciban en los próximos días por parte de las autoridades del MSP y del IESS.

"Los prestadores de segundo nivel reiteran su total disposición al diálogo, pero enfatizan que el tiempo se ha agotado", advierte el documento.

Mientras esperan una convocatoria oficial, el sector insiste en que la reunión tripartita es necesaria para resolver las glosas, destrabar los procesos de auditoría y garantizar la continuidad de la atención médica para millones de afiliados y jubilados del sistema de seguridad social.

Política

Esteban Torres fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea tras la salida de Niels Olsen

Rosero Mariela

La designación se produjo apenas dos días después de que Mishel Mancheno asumiera la presidencia del Parlamento, tras la renuncia de Niels Olsen, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia.

La candidatura de Torres fue presentada por Pablo Jurado, legislador independiente, quien destacó su formación académica y su capacidad estratégica. Con esta elección, la directiva del Legislativo quedó reconfigurada, consolidando la presencia de Acción Democrática Nacional (ADN) en los espacios de poder.

La trayectoria política de Esteban Torres

Desde 2018 hasta mayo de 2023, Torres fue parte de la Asamblea Nacional. Se principalizó como asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) cuando su padre, Luis Fernando Torres, dejó su curul para postularse a la Alcaldía de Ambato. Entre 2018 y 2021 integró la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

En las elecciones de 2021 fue elegido asambleísta por Tungurahua. Ese mismo año formó parte de la Comisión de Enmiendas Constitucionales y fue delegado en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. También asumió como coordinador del bloque PSC y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. 

Entre julio de 2022 y mayo de 2023 fue primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En mayo de 2023 alcanzó la segunda vicepresidencia de la Asamblea con 100 votos a favor, pero su gestión duró apenas dos días debido al decreto de muerte cruzada firmado por Guillermo Lasso. Posteriormente, en diciembre de 2023, fue designado viceministro de Gobierno por Mónica Palencia, ministra del presidente Daniel Noboa.

En septiembre del 2024, Torres renunció a su cargo como viceministro de Gobierno para candidatizarse a la Asamblea Nacional por el movimiento ADN en las elecciones de 2025, donde fue elegido nuevamente para ocupar una curul en la Asamblea Nacional para el período 2025 – 2029. 

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Además de su labor legislativa, Torres es abogado graduado en la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en la Queen Mary University de Londres. Ha desempeñado funciones en varias comisiones parlamentarias y se especializa en litigio y arbitraje comercial internacional.

El rol estratégico del primer vicepresidente

El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el primer vicepresidente subroga de forma inmediata a la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. Este rol cobra relevancia en el contexto actual ya que, según la legisladora oficialista Inés Alarcón, Mancheno prevé solicitar licencia por maternidad próximamente.

Torres subrayó en su discurso que la Asamblea, al compartir fuerza política con el Ejecutivo, debe ser un espacio de construcción y no de obstrucción. Agradeció a su bancada de ADN, a los independientes que apoyaron su candidatura y al presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• Alcaldes ecuatorianos en riesgo de reelección por procesos legales ante comicios de noviembre 2026.
• Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue el primer alcalde bajo una indagación fiscal.
• TCE ratifica suspensión de derechos políticos de alcaldes de Cuenca y Portoviejo impidiendo postulación.

Cuatro alcaldes de Ecuador ven comprometida su participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026 debido a dictámenes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los funcionarios judiciales y electorales investigan a los titulares de las alcaldías de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Esmeraldas, lo que altera el panorama político local a pocos meses de las votaciones generales.

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Aquiles Álvarez enfrenta procesos penales por los casos Triple A y Goelada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece recluido en la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, tras dictarse órdenes de prisión preventiva en su contra. La Fiscalía General del Estado inició las indagaciones en 2024 a raíz de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) por supuesto comercio irregular de combustibles mediante la empresa Copedesa S.A., proceso denominado caso Triple A.

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Posteriormente, en febrero de 2026, el Ministerio Público derivó una segunda investigación llamada caso Goelada, tipificada bajo el cargo de lavado de activos. Aunque una de las medidas de prisión fue revocada por la justicia penal, Álvarez se mantiene privado de su libertad debido a otras resoluciones vigentes dentro de la misma causa, lo que impide el ejercicio normal de sus funciones de cara a los comicios de noviembre de 2026. Friorella Icaza y Gioconda Henríquez, esposa y madre de Álvarez, también fueron vinculada a este caso.

Vicko Villacís es investigado en Esmeraldas bajo el caso Blindaje

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue detenido a inicios de junio de 2026 durante múltiples allanamientos coordinados por la Policía Nacional y la Fiscalía. La intervención responde al caso Blindaje, una causa penal por presunto lavado de activos originada por un reporte previo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

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El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó que la estructura delictiva presuntamente realizaba transacciones financieras millonarias irregulares con firmas de transporte de valores.

El juez de la causa dictó prisión preventiva para Villacís y otras siete personas implicadas. A pesar de los señalamientos de la Fiscalía sobre retiros de efectivo sin justificación técnica, la defensa legal del burgomaestre esmeraldeño niega de forma rotunda cualquier vínculo con redes delictivas.

TCE ratifica suspensión de derechos políticos para Zamora y Pincay

La justicia electoral también inhabilitó a autoridades municipales en funciones. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras una denuncia de violencia política de género presentada por una concejala. La sentencia definitiva de segunda instancia impone una sanción de seis meses, lo que deja al funcionario fuera de la carrera electoral de noviembre de 2026.

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Una situación similar afronta el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. El juez del TCE, Joaquín Viteri, ratificó la pérdida de sus derechos políticos derivada de una resolución emitida originalmente en 2023. La sanción no se había ejecutado debido a una acción de protección constitucional interpuesta en Manabí, pero el tribunal electoral dejó en firme la medida este año.

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Con 137 asambleístas registrados de un total de 151, el pleno instaló la sesión número 100 en horas, antes de las 17:00. Torres fue elegido con 84 votos a favor, 58 en contra y una abstención, superando la mayoría absoluta requerida (77 votos).

La designación se produjo dos días después de que Mishel Mancheno asumiera la presidencia del Parlamento, tras la renuncia de Niels Olsen, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia.

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La candidatura de Torres fue presentada por Pablo Jurado, legislador electo por Construye y actualmente independiente, quien destacó su “sólida formación académica”, su “pensamiento estratégico” y su capacidad para proponer “soluciones legislativas viables”. También subrayó que representa a una nueva generación de políticos.

El papel del primer vicepresidente del Legislativo

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el primer vicepresidente subroga de forma inmediata a la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. 

Esta disposición cobra relevancia en el contexto actual: Mancheno se encuentra embarazada y, según la legisladora oficialista Inés Alarcón, prevé solicitar una licencia por maternidad próximamente.

Algo de la trayectoria de Esteban Torres

Torres, de 36 años, fue nombrado jefe de bloque de ADN, el 19 de mayo del 2026. Su trayectoria en el Legislativo comenzó en 2018, cuando asumió como suplente de su padre, el exasambleísta Luis Fernando Torres. Aunque en ese momento recibió críticas por un supuesto relevo familiar, consolidó su carrera al ganar su propio escaño en 2021.

Torres agradeció a Daniel Noboa y a su bancada

“Agradezco a todos quienes participaron en esta decisión democrática, a mi bancada de ADN y a los independientes que se han sumado y que con su voz son importantes. Y a la oposición que no se sumó y quienes no han venido". 

Además, Torres dijo que en una democracia con separación de poderes, cuando el Ejecutivo es de la misma fuerza que la Asamblea, ésta no está llamada a ser de obstrucción sino de construcción. Al final de su discurso también agradeció al presidente Daniel Noboa.

¿Quién es Esteban Torres?

Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Estudió una maestría en la Queen Mary University, de London. En la USFQ confirmó su interés por la política, cuando en 2011, fue elegido presidente del gobierno estudiantil.

Desde niño ha escuchado hablar de política y no solo a su padre. Su tío bisabuelo fue José Arcadio Carrasco Miño, quien se desempeñó como senador, diputado y exalcalde de Ambato. Su abuelo también fue alcalde de esa urbe. También por el lado de su madre hay exalcaldes.

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A través de un pronunciamiento oficial, el abogado Leonardo Stagg detalló que Celso Sánchez, técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y actual procesado en la causa por presunto peculado, describió actuaciones que causaron perjuicio al Estado por parte de representantes de la contratista extranjera y de funcionarios de la empresa pública, sin incluir al exsecretario de Estado en su relato.

Cabe destacar que, según lo expuesto por Stagg, la versión del técnico ratifica que las decisiones sobre la celebración, ejecución, inspección y certificación de los acuerdos se tomaron exclusivamente por el personal de Celec EP. Esto se ampara en la autonomía administrativa que posee dicha entidad, lo que aleja la competencia directa del Ministerio de Energía en la adjudicación.

El jurista cuestionó la celeridad del Ministerio Público para procesar evidencia. Indicó que Sánchez entregó material probatorio —audios, correos, videos y dispositivos electrónicos— a la Fiscalía desde julio de 2025. "Esta información no habría sido procesada ni incorporada al expediente", precisó el abogado defensor.

Versión ampliada de los involucrados

Stagg subrayó que se mantiene a Gonçalves bajo prisión preventiva sin que exista un solo acto material que lo vincule con pagos, instrucciones o reuniones directas con la empresa Progen, exigiendo que la Fiscalía reencauce la investigación sin selectividad.

Estas declaraciones públicas se dan en el contexto de las diligencias judiciales de este miércoles. Celso Sánchez rindió la ampliación de su versión libre y voluntaria de manera telemática, bajo estricta reserva. En paralelo, Sánchez y Paúl Flores, solicitaron formalmente al juez de la causa una audiencia para revisar sus medidas cautelares, buscando sustituir la prisión preventiva por el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Lo que debes saber

• Ecuarunari denunció un operativo de desalojo en la comunidad ancestral kichwa Tzawata Ila Chukapi, en Napo.
• La organización responsabilizó a una empresa, a la Policía y al Gobierno por posibles afectaciones a las familias.
• El caso reabre el debate sobre los derechos colectivos y la protección de los territorios ancestrales en Ecuador.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) denunció este 10 de junio de 2026 un operativo policial de desalojo ejecutado en la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi, ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo. La organización calificó el hecho como una afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y exigió la suspensión inmediata de las acciones.

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A través de un comunicado público, la organización expresó su rechazo al procedimiento y sostuvo que la intervención pone en riesgo a las familias que habitan en el territorio. Según indicó, entre los afectados se encuentran niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos considerados vulnerables.

La postura de ECUARUNARI también fue dirigida a la comunidad internacional y a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. En el documento, la organización advirtió que el caso trasciende el ámbito local por las implicaciones que tendría sobre los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

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“Denunciamos ante el país y la comunidad internacional este grave atropello que vulnera los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, poniendo en riesgo la integridad, la vida y la seguridad de familias enteras”, señaló Ecuarunari en el comunicado difundido este miércoles.

La organización recordó que la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi ha mantenido históricamente la defensa de su territorio frente a distintas amenazas. Según expuso, la zona ha sido objeto de interés por actividades extractivas y por proyectos vinculados a intereses económicos en los últimos años.

En ese contexto, el comunicado menciona que el territorio habría estado bajo presión de empresas interesadas en la ocupación de las tierras. ECUARUNARI aseguró que una empresa de monocultivo denominada Terraturismo impulsó acciones que derivaron en el proceso de desalojo denunciado.

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“Responsabilizamos a la empresa Terraturismo, a la Policía Nacional del Ecuador y al Gobierno Nacional por cualquier afectación física, psicológica o material que sufran las familias de la comunidad”, manifestó la organización indígena.

Además de cuestionar el operativo, Ecuarunari sostuvo que cualquier perjuicio derivado de la intervención recaería sobre las instituciones y actores señalados en el comunicado. La organización insistió en que las familias habitan y protegen legítimamente el territorio ancestral.

La confederación también exigió que cesen de manera inmediata las acciones de desalojo. Según indicó, los derechos reconocidos en la Constitución de la República, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser respetados durante cualquier procedimiento relacionado con territorios indígenas.

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“Exigimos la inmediata suspensión de las acciones de desalojo y el respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas”, afirmó ECUARUNARI.

La organización realizó además un llamado a movimientos indígenas, colectivos sociales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía para que permanezcan vigilantes frente a la situación que enfrenta la comunidad de Napo.

En la parte final del comunicado, Ecuarunari reiteró su respaldo a la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi y defendió su derecho a permanecer en el territorio. “La defensa de los territorios ancestrales es la defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de los derechos de los pueblos”, concluyó la organización.

“Establece límites frente al uso de la calumnia y la violencia política como mecanismos para desacreditar o silenciar voces críticas”, destacó González.

Tras conocerse la decisión del organismo electoral, la concejala sostuvo que el fallo no debe ser motivo de celebración, sino una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que se desarrolla el debate político en el país.

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“No creo que sea un caso que nos deba alegrar a nadie. Estas cosas nunca deben repetirse. La política no tiene que usarse de esa manera”, señaló. Además, insistió en que la democracia se construye sobre el respeto a la diversidad de opiniones y el ejercicio legítimo de la fiscalización.

Según explicó, el caso se originó en un contexto en el que, a su criterio, se intentó desacreditar una labor de control político mediante expresiones que derivaron en una denuncia por violencia política de género. Añadió que la decisión fue ratificada no solo por el juez que conoció inicialmente la causa, sino también por cuatro magistrados del pleno del TCE.

Concejo Cantonal deberá aplicar la sentencia

Respecto a las implicaciones institucionales del fallo, González indicó que existe un procedimiento legal que deberá ser aplicado por el Concejo Cantonal una vez que se cumplan las formalidades correspondientes.

Explicó que el cuerpo edilicio deberá analizar los pasos a seguir en función de lo que establece la sentencia y la normativa vigente. Mientras tanto, reiteró que la responsabilidad de los concejales es mantener las labores de legislación y fiscalización para las que fueron elegidos.

“Acogeremos lo que la ley dictamina y se seguirá el proceso correspondiente dentro del seno del Concejo”, manifestó.

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Aún espera la notificación de la sentencia completa

La concejala señaló que hasta el momento no ha recibido la notificación oficial de la resolución íntegra del Tribunal Contencioso Electoral, por lo que aún desconoce los alcances finales de la decisión respecto a la apelación que presentó para solicitar disculpas públicas y una ampliación de las medidas de reparación.

Según relató, conoció la resolución a través de los medios de comunicación y sus abogados únicamente han sido informados sobre la decisión general adoptada por el pleno, pero todavía no cuentan con el texto completo de la sentencia.

“Cuando seamos notificados conoceremos todos los detalles y cualquier situación adicional que corresponda”, explicó.

Sobre las declaraciones del alcalde

Consultada sobre las declaraciones de Cristian Zamora, quien ha sostenido que continuará en funciones hasta el final de su mandato y que es víctima de persecución política, González prefirió mantener una posición institucional.

Afirmó que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, pero recordó que Ecuador es un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos están obligados a cumplir las disposiciones legales y judiciales.

“Nos ha tocado acogernos a lo que la ley dispone y a los recursos legales que tenemos para pedir justicia. Hay una sentencia en firme y tendremos que acoger lo que esta dispone”, sostuvo.

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Además, cuestionó los argumentos del alcalde en los que atribuye la resolución judicial a una supuesta persecución política.

“Durante la actual administración municipal, cualquier cuestionamiento o acción de fiscalización ha sido interpretada como una ofensiva política”, afirmó la edil. Agregó que no se puede seguir sosteniendo ese discurso “cuando las pruebas documentales hablan de una víctima. Y esa víctima he sido yo”.

Denuncia amenazas tras la ratificación del fallo

La concejala reveló que, tras conocerse la ratificación de la sentencia, recibió mensajes amenazantes contra su vida a través de Messenger.

“Me han dicho que van a atentar contra mi integridad, que me van a linchar, que ya estoy mucho tiempo viva”, relató.

Ante esta situación, González informó que solicitó resguardo policial y que contará con custodia mientras persista el riesgo.

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La sentencia, emitida el 28 de mayo a raíz de la denuncia por violencia política de género presentada por la concejal Diana González ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dispuso la suspensión de los derechos de participación política por seis meses, además de una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados (12.050 dólares) y medidas de reparación a favor de la denunciante.

La decisión fue ratificada el 9 de junio, tras la apelación presentada por la defensa de Zamora. Con cuatro votos a favor y uno salvado, el tribunal confirmó la sanción, lo que significa que el alcalde no podrá participar en las elecciones seccionales.

¿Cómo se originó el caso?

La denuncia fue presentada el 6 de marzo por González, quien argumentó haber sido víctima de una campaña sistemática de descrédito y agresiones públicas por parte del alcalde, en represalia por sus labores de fiscalización. El conflicto se intensificó luego de una entrevista concedida por la concejala el 15 de enero al medio digital Mundo Cuenca, donde se refirió a rumores sobre una funcionaria municipal embarazada.

Zamora reaccionó públicamente en redes sociales y entrevistas digitales, calificando las declaraciones como una “patraña” y asegurando que la edil pretendió “imputarle un aborto”. 

Según el expediente, el alcalde utilizó expresiones despectivas y estereotipos de género en transmisiones en vivo y entrevistas difundidas en Facebook y TikTok, lo que derivó en la tipificación de violencia política de género bajo el Código de la Democracia.

Las reacciones tras el fallo

Tras conocerse la ratificación de la sanción, Zamora ofreció declaraciones en vivo a través de sus redes sociales. “No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”, afirmó, señalando que acepta la decisión “en paz”, aunque no la comparte. 

El alcalde sostuvo que el caso no se trata de violencia política de género, sino de un “tema meramente electoral”, y denunció que se trata de un ataque a la democracia y a la libertad de los cuencanos de elegir.

Por su parte, la concejal González destacó que la sentencia marca un precedente para que la política no sea utilizada con amedrentamientos, ultrajes, humillaciones y calumnias. Desde la Dirección de Comunicación del Municipio de Cuenca se informó que se preparan declaraciones oficiales sobre el fallo.

Un nuevo escenario electoral en Azuay

La suspensión de Zamora abre un nuevo panorama en la contienda por la Alcaldía de Cuenca. El propio alcalde adelantó que en los próximos días dará a conocer a quién ofrecerá su respaldo político, con el objetivo de que “los proyectos de ciudad continúen”.

Cuenca

Cristian Zamora: “No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”

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Mientras tanto, varios perfiles comienzan a moverse dentro del marco de las elecciones seccionales de noviembre, tanto para la Alcaldía como para la Prefectura del Azuay.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa viaja a Estados Unidos por cuarta vez en 2026 durante cinco días.
• Decreto 418 oficializa el viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos del 11 al 15 de junio.
• Presidencia de Ecuador no detalla las actividades oficiales de Daniel Noboa en Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplirá un nuevo viaje internacional a Estados Unidos desde el 11 hasta el 15 de junio de 2026, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 418 suscrito este miércoles 10 de junio. El mandatario se ausentará del país durante cinco días para atender motivos de agenda oficial, consolidando a la nación norteamericana como uno de los destinos más recurrentes de su administración.

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Noboa insiste en perfiles polémicos en su equipo de trabajo: cercanía y miedo explican su decisión

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Comitiva oficial y detalles de la agenda de Daniel Noboa

De acuerdo con el documento oficial firmado por el primer mandatario, la comitiva que acompañará la gestión estará integrada por ministros, secretarios y funcionarios de diversas entidades del Estado ecuatoriano.

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Detalles del Decreto Ejecutivo 418:

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un desglose pormenorizado sobre las reuniones o actividades específicas que el presidente Noboa liderará durante su permanencia en el extranjero.

Cuarto viaje presidencial a territorio estadounidense en 2026

Este nuevo desplazamiento a Estados Unidos representa la cuarta ocasión en la que el jefe de Estado visita dicho país en lo que va del año 2026. La gestión internacional del presidente Daniel Noboa ha mantenido una marcada continuidad en esta ruta, registrando salidas oficiales previas durante los meses de marzo, abril y mayo pasados. Asimismo, durante el año 2025, el territorio estadounidense se mantuvo como el punto geográfico más visitado por el Ejecutivo.