EXPRESO conoció que el anuncio oficial de la visita de la segunda mandataria se habría realizado mediante un correo institucional enviado a docentes y personal administrativo minutos antes de su arribo.

En ese mensaje se adjuntó un comunicado en el que se detallaba que Pinto participaría en el acto de clausura del Encuentro Internacional de Educación Inicial “Inspira y Educa”, además de realizar un recorrido por las instalaciones del centro de estudios.

Ecuador

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¿Qué ocurrió en la Universidad de Cuenca?

Tras el anuncio, estudiantes se congregaron en el campus central, frente al rectorado, con afiches y carteles para manifestar su rechazo a la presencia de la vicepresidenta. Los manifestantes cuestionaron lo que consideran una “fallida gestión del sistema de salud pública”.

Ante la protesta, un fuerte contingente de policías y militares ingresó a la universidad. Según testimonios, los uniformados reprimieron a los estudiantes y se registraron enfrentamientos que también involucraron a periodistas y docentes que se encontraban en el lugar documentando los hechos.

Doménica Garlarza, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE-Cuenca), señaló que pasadas las 08:00 un amplio despliegue policial ingresó a la institución. Afirmó que varios estudiantes fueron empujados, lo que generó momentos de tensión. “Hubo un acorralamiento tanto afuera como adentro de la universidad”, indicó.

Desde la organización estudiantil se expresó rechazo a lo ocurrido. Señalaron que la presencia de policías y militares dentro del campus constituye una “vulneración a la autonomía universitaria”. Además, cuestionaron que las autoridades no hayan generado “espacios de diálogo con los estudiantes frente a la visita oficial”.

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Solicitan informe a las autoridades

La organización estudiantil también envió un oficio al rector de la institución, Rodrigo Mendieta, en el que solicita “información clara, pública y fundamentada respecto a la autorización de la presencia de la señora María José Pinto”.

En el documento, además, rechazan los “actos de intimidación” que, aseguran, afectaron a docentes y estudiantes. El oficio advierte textualmente que la “presencia de personal armado o el uso de dispositivos de coerción dentro de la Universidad podría constituir una transgresión directa a la inviolabilidad del recinto universitario y a los límites legales del uso de la fuerza en espacios académicos”.

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EXPRESO solicitó al departamento de relaciones públicas y comunicación de la Universidad de Cuenca un informe oficial sobre los hechos registrados. Hasta el cierre de este reporte no se ha obtenido respuesta.

Lo que debes saber

• Renovación Total denuncia un intento de “tomarse el partido” con una convocatoria anónima a asamblea.
• Raúl Chávez alerta sobre irregularidades en firmas y posible fraude.
• El asambleísta lanzó un mensaje al Consejo Nacional Electoral: “Estamos monitoreando”.

Los problemas en el movimiento Renovación Total (RETO) continúan. Este 29 de abril de 2026, el asambleísta nacional y dirigente de esa organización política, Raúl Chávez, señaló que existe una convocatoria a una asamblea nacional del movimiento difundida desde una cuenta anónima.

“Quieren tomarse el partido. Un correo anónimo desde una cuenta de Yahoo pretende convocar a una asamblea del movimiento. Quieren tomar por asalto un movimiento que no es de ellos”, dice Chávez en un video publicado en redes sociales.

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RETO ya había realizado su asamblea nacional. El 14 de marzo de 2026 se desarrolló el encuentro en Guayaquil para elegir a la nueva directiva. La jornada transcurrió entre versiones contrapuestas de dos grupos que pugnan por el control de la organización.

Después de dicho encuentro, la directiva elegida, con Chávez a la cabeza, descartó divisiones internas. Dos días después, en un comunicado, la organización política señaló: “En RETO no hay facciones. Somos una organización unida. Voces aisladas, financiadas por terceros, no representan a la mayoría que aprobó cada punto del orden del día”.

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¿Qué pasará tras la alerta?

Según Chávez, el régimen orgánico del movimiento es taxativo: “La asamblea nacional de RETO solo la convoca el presidente nacional o las dos terceras partes del secretariado”. A esto sumó que la convocatoria no tendría las firmas requeridas. Aseguró que existen rúbricas en formularios con la misma caligrafía.

“Vamos a pedir el peritaje de las firmas porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante este intento fraudulento de quitarles el movimiento a los ciudadanos, no a mí”, dijo Chávez. 

Cabe recordar que el legislador es procesado en el caso Goleada y se le dictó prisión preventiva. Desde entonces, no se ha conocido su paradero.

Un llamado al CNE

Las críticas del asambleísta de la alianza RETO–Revolución Ciudadana también se dirigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Cuidado CNE. Estamos monitoreando”, indicó. 

Esto, debido a que el Código de la Democracia faculta a las organizaciones políticas a solicitar asistencia técnica del organismo electoral, pero eso, según Chávez, no autoriza la convocatoria a una asamblea del movimiento.

Lo que debes saber

• Varias oficinas de CNEL fueron allanadas en el país, el martes 28 de abril de 2026.
• Varios funcionarios de la entidad eléctrica fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional.
• En el allanamiento de la agencia de CNEL que funcionaba en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón, estuvo presente el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del Ejecutivo.

El Ministerio de Ambiente y Energía publicó en sus plataformas oficiales un video en el que su titular, Inés Manzano, expone el presunto mecanismo de una red de corrupción que habría operado al interior de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). En el material audiovisual se detalla cómo, según la autoridad, funcionaba este esquema dentro de la entidad pública.

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Allanamientos en investigación fiscal

El martes 28 de abril, personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron varias agencias de la entidad eléctrica. El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.

Un día después, Manzano, en el video, explica que en esta presunta estructura estarían involucrados al menos 46 funcionarios. La información forma parte de las investigaciones y denuncias que se han hecho públicas en torno al caso.

La ministra indicó que esta red habría operado dentro del sistema eléctrico del país por más de 11 años. Además, calificó el mecanismo como “claro, repetido y sostenido” en el tiempo.

Según su exposición, este esquema se habría mantenido de forma sistemática durante ese período. La funcionaria aseguró que los patrones identificados evidencian una operación prolongada dentro de la estructura estatal.

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Esquema de alteración de consumos y facturación reducida

La funcionaria explicó que el esquema comenzaba con el registro normal del consumo eléctrico del usuario. Un contratista tomaba la lectura del medidor e ingresaba los datos al sistema.

Posteriormente, según su relato, desde el interior de la entidad intervenían funcionarios que modificaban la información. Esa alteración reducía el consumo real registrado y generaba nuevas facturas con valores hasta un 80 % menores, sin sustento ni control.

Un segundo mecanismo operaba a través de reclamos de los usuarios. En estos casos, la queja era negada en primera instancia con base en los registros de consumo, pero en una segunda revisión ante el ente regulador la deuda era eliminada por completo.

La ministra señaló que ambos procedimientos tenían un mismo objetivo. Este era evitar el pago real por la energía consumida, afectando los ingresos del sistema eléctrico nacional.

Indicó además que al menos 46 funcionarios han sido identificados como parte de esta estructura. Entre ellos constarían directores técnicos, digitadores y personal de atención al usuario, quienes habrían operado desde dentro de la institución.

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Impacto económico

La autoridad también informó que más de 400.000 usuarios habrían estado involucrados en estos procesos. Solo en 2025 se habrían refacturaron $ 48 millones, de los cuales $ 27,9 millones no tendrían justificación; agregó que en el primer trimestre de 2026 se ha registrado $2 millones sin respaldo, con un perjuicio acumulado al fisco de al menos $ 300 millones en 11 años.

Lo que debes saber

• Piedad Cuarán pedirá examen a Contraloría por mal estado de vehículos del CPCCS este 29 de abril.
• Consejera denuncia falta de movilidad y gestión administrativa tras costear su viaje a Santa Elena.
• Presidente Fantoni justifica carencias por bajo presupuesto y falta de operatividad en la flota.

La consejera Piedad Cuarán anunció este 29 de abril de 2026 que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre el estado de los vehículos institucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La decisión surge tras denunciar deficiencias administrativas que la obligaron a costear con recursos propios su movilización hacia Santa Elena, debido a que la entidad no proveyó pasajes aéreos ni transporte operativo, afectando el cumplimiento de sus funciones oficiales.

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Fallas administrativas en la movilización de los consejeros

Durante la sesión 16 del Pleno del CPCCS, Cuarán expuso que sus requerimientos de traslado no fueron atendidos pese a ser gestionados con anticipación. La justificación recibida fue la falta de disponibilidad en la agencia de viajes y que el parque automotor no se encontraba en condiciones operativas.

La consejera enfatizó que estas situaciones evidencian una crisis en la planificación y coordinación administrativa. Además, sugirió que el CPCCS debe evaluar la continuidad de la agencia de servicios si esta no garantiza la movilidad necesaria para las autoridades.

La respuesta de Andrés Fantoni sobre el presupuesto

El presidente del organismo, Andrés Fantoni, justificó las carencias señalando que la institución sobrevive con un "presupuesto ínfimo". Fantoni reveló que incluso él utiliza su vehículo personal, costeando sus propias reparaciones, para cumplir con la agenda institucional.

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Detalles de la denuncia presentada en el Pleno:

"No podemos normalizar estas falencias; la institucionalidad implica responsabilidad en la gestión de servicios", sentenció Cuarán.

Luque señaló que, debido a la reducción temporal del IVA al 8%, se prevé una movilización masiva de turistas. Aunque reconoció que existen tramos con molestias debido a intervenciones vigentes, subrayó que las obras son vitales para la movilidad a largo plazo. Asimismo, informó que se ha desplegado maquinaria pesada en zonas vulnerables para responder de inmediato ante posibles deslizamientos de tierra.

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El futuro de las compensaciones y el plan de chatarrización

Respecto a la situación financiera del gremio de los transportistas, el ministro aclaró que el Gobierno ha implementado soluciones que van más allá de la eliminación del subsidio al diésel, un sector que, según sus palabras, ha sido desatendido históricamente. Entre estas medidas para los profesionales del volante destacan las líneas de crédito en Banecuador para el alivio de deudas y el impulso a los programas de chatarrización de unidades antiguas.

En cuanto a la vigencia de los incentivos económicos, Luque fue enfático: "Hasta el 15 de mayo se mantendrán las compensaciones para el transporte intra e interprovincial; para el transporte urbano, este beneficio ya concluyó". Como alternativas para mitigar el impacto en el sector, mencionó la implementación de la tercera placa y el ajuste tarifario en rutas interprovinciales de larga distancia.

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Tarifas de pasajes: una decisión de los municipios

Sobre el posible incremento en el costo de los pasajes tras el fin de las compensaciones este año, el titular de la Cartera evitó dar una confirmación absoluta. Explicó que la competencia recae directamente sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). "Esas decisiones dependen de los alcaldes", puntualizó, señalando que figuras como los burgomaestres de Quito o Guayaquil son quienes deben dar una respuesta definitiva.

No obstante, el ministro utilizó el caso de Cuenca como ejemplo de una gestión directa sobre las tarifas. Bajo su perspectiva, la ciudadanía muestra apertura a pagar un valor adicional siempre que este se traduzca en una mejora sustancial y tangible en la calidad del servicio de transporte público.

Lo que debes saber

• Antes de asumir la Judicatura, Mercedes Caicedo deja la Corte Nacional con 966 causas tramitadas.
• La nueva presidenta de la Judicatura será posesionada en la Asamblea este 29 de abril.
• Caicedo asumirá la presidencia de la Judicatura después del bloqueo a la exvocal suplente Alexandra Villacís.

La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, renunció a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Horas antes de su posesión en la Asamblea, Caicedo señaló: “dejo esta función con la tranquilidad del deber cumplido”.

En una publicación en su perfil de la red social X, la designada vocal de la Judicatura indicó que durante su permanencia en la Corte Nacional de Justicia, desde el 8 de febrero de 2024 hasta el 27 de abril de 2026, tuvo a su cargo 966 causas asignadas. De ellas, 599 fueron resueltas.

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“Cada una de esas 599 causas resueltas no es solo una cifra; detrás de cada expediente existen personas, familias y derechos que merecían una respuesta”, señaló en su despedida de la alta corte.

A esa publicación adjuntó una fotografía con los jueces de la Corte Nacional, con el siguiente mensaje: “Gracias a mis compañeros de pleno por este último momento”. Entre ellos está el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, quien la incluyó en la terna para concursar por el puesto en la Judicatura.

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¿Qué dice Caicedo sobre su nuevo cargo?

En su publicación no hace referencia directa a su ingreso a la Judicatura. Sin embargo, la ahora exjueza señaló: “Asumo nuevos retos desde otro espacio, con la misma convicción de siempre: seguir trabajando por la tutela de la verdad, la justicia y el servicio a los demás”.

A esto, la nueva presidenta de la Judicatura agregó: “Aunque hoy me embarga la nostalgia de dejar la toga, también me acompaña la satisfacción de haber servido con integridad, imparcialidad e independencia”.

Caicedo asume el cargo tras bloqueo a Villacís

La designación de la nueva vocal principal y su suplente, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, ocurrió en medio de un polémico proceso que incluyó un bloqueo para que la exvocal suplente, Alexandra Villacís, no asumiera la presidencia de la Judicatura.

La Asamblea Nacional censuró y destituyó al expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, por incumplimiento de funciones. Villacís era la vocal suplente designada y posesionada; sin embargo, antes de asumir el cargo, el Ministerio del Trabajo registró un impedimento para ejercer función pública por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas.

El caso llegó hasta la justicia constitucional mediante un habeas data que le fue otorgado a Villacís. Con ello, el Ministerio del Trabajo estaba obligado a rectificar la información. Sin embargo, el ministro Harold Burbano argumentó que la sentencia no era clara y dilató su cumplimiento.

Al final, dicho impedimento fue retirado solo después de que Villacís anunció su renuncia al cargo de vocal suplente.

En todo ese proceso, el papel del presidente de la Corte Nacional de Justicia fue clave. Con conocimiento de que el tema legal aún estaba en curso, decidió enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que continúe el proceso de designación.

El jueves 30 de abril de 2026, en el inicio del feriado extendido por el Día del Trabajador, el organismo electoral hará la convocatoria para la conformación de dicha veeduría. Así, desde el 4 de mayo, el CNE receptará las solicitudes de inscripción.

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¿Cuál es la importancia de esa veeduría?

Este espacio será clave, ya que ahí se verificará el cumplimiento de los requisitos por parte de los postulantes al CPCCS. Para postular como veedor se exigirán los siguientes requisitos:

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Sobre los cambios para los aspirantes al CPCCS, entre el 12 y el 25 de junio de 2026, el CNE receptará las inscripciones. Para esa finalidad, el nuevo instructivo determina requisitos e inhabilidades. Un candidato al CPCCS deberá:

El proceso se desarrolla en medio de un posible cambio en el CPCCS

Está en marcha una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro del organismo, en particular sobre su facultad de designar autoridades de control. El presidente Daniel Noboa impulsa la pregunta con la que se propone trasladar esa competencia a la Asamblea Nacional.

Independientemente de si esa propuesta se aprueba o no en la consulta popular, el CPCCS se mantendrá vigente, por lo que su conformación mediante vocales elegidos por votación popular sigue siendo obligatoria, conforme lo establece la normativa.

Dos movimientos con estrategias distintas

La posición de ambos movimientos es distinta. Por un lado, UP ha anunciado tres vías legales para evitar salir del registro permanente de organizaciones políticas. Su dirigente, Geovanni Atarihuana, señaló que acudirán al TCE, a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Por otro lado, Construye se pronunció recientemente, aunque sin definir una estrategia legal para enfrentar su cancelación. En un comunicado, la organización señaló: “Construye no responde a intereses económicos ni a estructuras oligárquicas. Su oferta: conocimiento del Estado, de la política pública y convicción democrática”. También cuestionó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y al presidente de la República, Daniel Noboa.

Atarihuana informó que la notificación sobre la cancelación llegó formalmente la noche del lunes pasado. Con ello, presentarán un último recurso ante el CNE para intentar que se corrija la resolución. Luego acudirán al TCE con una apelación. Mientras tanto, la organización política continuará con su preparación para los comicios seccionales del 29 noviembre próximo.

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Así, el futuro de ambas organizaciones políticas se juega en dos tiempos: uno relacionado con su intención de participar en las seccionales y otro respecto a su permanencia en el registro permanente del CNE, lo cual podría definirse incluso después de las elecciones.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que, por ahora, ninguna de las dos organizaciones está fuera del registro permanente. “Hasta que no quede ejecutoriada la resolución del CNE, mantienen la facultad legal para participar en elecciones”, aclaró.

Todo en manos del TCE

Los expertos en Derecho Electoral Daniel González y Mónica Bolaños coinciden con esa interpretación. Para González, el recurso ante el TCE no tomaría tanto tiempo como para extenderse más allá de las primarias y la inscripción de candidaturas, previstas entre el 2 y el 17 de agosto próximo.

Por su parte, Bolaños explicó que en caso de que exista una sentencia definitiva en el TCE, la participación de ambas organizaciones sería posible si esta ocurre antes del inicio de las primarias. 

“Siempre está presente el principio de preclusión de cada una de las etapas (del calendario electoral), precisamente para que no se afecten las siguientes. Podría ser que si el TCE emite sentencia posterior y favorable para los movimientos previo a que se inicie la democracia interna, podrían participar”.

El esceneario si el TCE falla en contra

El segundo escenario se activa en caso de que el TCE ratifique la decisión del CNE. Para Oleas, esto significaría la cancelación definitiva. Añadió que la Corte Constitucional podría revertir esa decisión si declara la inconstitucionalidad de la medida, aunque ese proceso podría tomar años.

Sobre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, Bolaños indicó que es un recurso viable, incluida la CIDH. “Pero eso no permitiría su participación en las próximas elecciones”, especificó.

En esa línea, Atarihuana adelantó que la próxima semana presentarán un pedido de medidas cautelares. “Tenemos lista ya la presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares, porque hay una evidente violación de los derechos de participación política”, declaró.

Pero el camino que deben recorrer lo harán en medio de sus reparos frente al CNE y al TCE. En su comunicado, Construye señaló que esos organismos “actúan de forma arbitraria y aplican las normas con parámetros diametralmente opuestos según quién sea la organización controlada”. Y agregó que la permanencia de Diana Atamaint como presidenta del CNE en este punto ya es insostenible.

UP aseveró que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Atarihuana expresó que aspiran a que el TCE, en esta ocasión, actúe teniendo en cuenta lo que establece el Código de la Democracia.

Lo que debes saber

• Seis ministros de Noboa recorrieron hospitales, sin resolver desabastecimiento de medicinas ni fallas del sistema público.
• Informe del MSP 2026 advierte: solo 10 % de medicamentos tiene financiamiento; 90 % carece de recursos.
• Pacientes y médicos alertan sobre falta de insumos y atención en hospitales; ministro Jaime Erazo enfrenta presión por soluciones inmediatas.

El 1 de junio de 2021, una semana después de asumir el cargo, el entonces vicepresidente de la República y médico Alfredo Borrero inició un recorrido por hospitales públicos. Tras visitar el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, declaró: “He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital. No es justo que la gente compre medicamentos”.

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Vicepresidenta Pinto llama la atención a directora de salud por supuesta desatención

Marco Rivera

Los seis ministros de Salud del gobierno de Daniel Noboa han repetido ese ejercicio. En los últimos meses, algunos de ellos (como Edgar Lama, Jimmy Martin y María José Pinto) han atribuido la falta de medicinas a presuntas irregularidades, como un supuesto ocultamiento de insumos.

Ya no más diagnósticos, apliquen el tratamiento, le piden a Jaime Bernabé Erazo

Actores del sector creen que ya no hacen falta diagnósticos sino decisiones. Verónica Chávez preside el colectivo Reacciona Ecuador, creado en 2021 e integrado por profesionales de la salud. 

Cita el informe técnico IT-DPI-026-014 de la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado por la transición institucional derivada de los decretos 70 y 108, para la desconcentración territorial y la centralización de compras públicas en salud.

¿Solo el 10 % de medicinas están financiadas?

En el documento se advierte que apenas existe financiamiento para el 10 % de los medicamentos, dispositivos médicos y pagos a servicios externalizados. El 90 % restante carece de respaldo presupuestario.

Política

Médicos y pacientes protestan en Hospital Pablo A. Suárez de Quito por crisis de salud

Mónica Jara Chérrez

Lo que sufren pacientes renales, incluso los niños en el Baca Ortiz

A las cifras se suman los testimonios. Kevin Valdez, del Frente de Pacientes Renales, asegura que llevan un año y 10 meses recibiendo diálisis de forma irregular, pese a que el tratamiento debe realizarse tres veces por semana. Alertó sobre la situación del Hospital de Niños Baca Ortiz: “Está en juego la vida de al menos 40 niños”, dice, al exigir respuestas al nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo.

Según Chávez, el abastecimiento promedio real en hospitales y centros de salud alcanza apenas el 54 %. En algunos casos es crítico: el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano (en Santo Domingo), el de Monte Sinaí (Guayaquil) y el Luis G. Dávila (Carchi), registran 19 %, cuando el mínimo debería rondar el 85 %.

Esto ocurre en hospitales de Quito

En Pichincha, los odontólogos no cuentan siquiera con guantes para atender. Y otros médicos alertan que en hospitales como el Espejo, de Quito, no hay fundas para recolectar desechos antibióticos ni sedantes. En el de Calderón se están quedando solo con el 30 % de camas y no hay personal de limpieza. 

En el Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para operaciones traumatológicas. Pero no se trata solo de no poder atender a fracturados, sino a pacientes con traumatismo craneal, aclaran.

Lo que debería hacer Jaime Bernabé Erazo;

Por eso, José Ruales, exministro de Salud, opina que la crisis se ha producido por falta de capacidad, conocimiento e interés para hacer las cosas. Recuerda que, incluso tras la pandemia, el desabastecimiento no alcanzó niveles tan bajos. “Se llegó a un 62 %”. ¿Qué hacer?

Para Ruales, salir de la crisis de salud requiere voluntad política, ya que ha escuchado a economistas señalar que el FMI dice que el sistema de salud es “muy generoso” y quieren mantenerlo con “esos bonos electorales de los mil días”. 

Sostiene que el ministro debe asumir un rol activo en la defensa del sistema y exigir los recursos necesarios. El presupuesto financiado bordea los $2.600 millones, 600 millones menos de lo ejecutado en el 2023.

También cree que se debe cambiar al equipo que acompaña al ministro. “Siguen como viceministros Stalin Andino, abogado; Wendy Gavica, a cargo de la compra y administración de medicinas, que ha fracasado; hay un ingeniero y abogados”. Recuerda que siete universidades ofrecen maestrías en Administración Hospitalaria y Gerencia de Servicios de Salud y cuatro que forman salubristas.

Consulta y medicinas requiren pacientes en Ecuador

Daniel Rodríguez, especialista en administración en salud, anota que Erazo debe exigir financiamiento, el cual ha disminuido; y que este debe ser entregado oportunamente, no al final del año. 

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Ecuador suma fármacos al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; evaluaron eficacia y costo

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Solo así garantizará lo operativo y que las unidades de salud den prestaciones efectivas: “Si soy diabético, accedo a consulta, pero también a la receta, a las pastillas para la hipertensión. De lo contrario, es una prestación fallida”.

Además, Rodríguez plantea que Erazo debe volver a articular los subsistemas de salud, para que el IESS, Isspol e Issfa vuelvan a trabajar juntos.

El Ministerio de Salud no contesta

Desde hace alrededor de un año, el Ministerio de Salud no contesta solicitudes de entrevista ni pedidos de información de EXPRESO. También se solicitó entrevista con Jaime Bernabé Erazo, como con los demás funcionarios que estuvieron a cargo de la cartera.

Lo que debes saber

• Archivan extradición de Naím Massuh tras asilo en Colombia; CNJ Ecuador cierra trámite.
• Detenido en enero 2025 en Colombia y liberado en octubre tras otorgársele estatus de refugiado.
• El caso se suma a fallas de extradición de Tiguerones, Gjika y Luque; trámites oficiales sin avances.

El archivo del trámite de extradición de Naím Massuh, una de las figuras clave de la mafia ecuatoriana, sella un nuevo caso de impunidad en la reciente historia de la supuesta lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. 

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Verdad es que a Marco Rodríguez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no le quedaba alternativa: una vez que Colombia decidió conceder asilo a Massuh, no cabía esperar extradición alguna. 

Lo cierto es que, con éste, suman al menos cuatro los casos de presuntos mafiosos detenidos en el extranjero cuya extradición se ve frustrada o retrasada por razones difíciles de entender, algunos de los cuales son profundamente sospechosos.

Las extradiciones que el Gobierno ha dejado pasar

Para empezar está el Negro Willy, máximo cabecilla de los Tiguerones, a quien la justicia de España, país en el que fue detenido, puso en libertad cuando el gobierno ecuatoriano dejó caducar los plazos para la entrega de requisitos y garantías que exigía su proceso de extradición. 

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Extradición de Nain Massuh queda sin efecto: Corte Nacional archiva el proceso

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Ya puede el ministro del Interior, John Reimberg, rabiar todo lo que quiera: lo cierto es que el Negro Willy se le escapó por su propia (y sospechosa) negligencia. 

A este caso se suma el del narcotraficante albanés Dritan Gjika, detenido en Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2025 y cuyo proceso de extradición se mantiene desde entonces en desesperante inmovilidad. 

Por no hablar de Hernán Luque, implicado con Massuh en el caso Encuentro: guarda prisión domiciliaria en Argentina desde febrero de 2024, cuando la justicia de ese país concedió su extradición. Ni siquiera Diana Salazar, la fiscal general que lo procesó y hoy ocupa el cargo de embajadora en Buenos Aires, ha sabido, o podido, o querido acelerar el trámite que ya lleva estancado casi dos años y medio.

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La polémica decisión de Petro

A Massuh, que tenía y sigue teniendo difusión roja de Interpol, lo detuvo la Policía colombiana, con fines de extradición, el 23 enero de 2025. Qué tramites efectivos hicieron el gobierno y la justicia del Ecuador durante los siguientes nueve meses para acelerar esa extradición ya concedida, es un misterio. 

O quizá no: es harto probable que no hayan hecho absolutamente nada; de otra manera no se explica que el 30 de octubre el fiscal general de Colombia cancelara la orden de captura por habérsele concedido el estatus de refugiado y lo pusiera en libertad. 

¿Wong no se enteró del trámite de Massuh?

¿Así de fácil es burlar a la justicia ecuatoriana? ¿No se enteró Arturo Félix Wong, insólito embajador del Ecuador en Colombia, de lo que estaba ocurriendo o sí se enteró y no movió un dedo?

Lo de Colombia es inaudito: una cosa es que el gobierno de Gustavo Petro pretenda asilar a Jorge Glas, que al fin y al cabo es un político de su misma tendencia y fue vicepresidente de la República; que reclame persecución política en su contra y grite ‘lawfare’ a los cuatro vientos.

Las diferencias entre Massuh y el caso de Glas

Eso, aunque sepamos que Glas está preso por corrupto, es perfectamente predecible y hasta se puede entender: tiene su explicación política. Pero… ¿Massuh? ¿En serio Colombia encontró justificaciones para conceder el estatus de refugiado a uno de los nombres clave de la mafia ecuatoriana, un sujeto sin el menor peso político y conocido exclusivamente por sus relaciones con el crimen organizado? ¿Y qué justificaciones son esas?

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RC y ADN van contra la libre expresión con proyectos para penalizar la opinión

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La Corte Nacional quiso saberlas y dirigió una consulta a las autoridades colombianas. Según reportó Ecuavisa, la Cancillería colombiana respondió que esa información es confidencial. No cabe imaginar peor respuesta (o mejor, según se mire) cuando de Massuh se trata: lo que está diciendo el gobierno de Colombia es que sus relaciones con este mafioso son secretas. 

Una extraordinaria manera de autorretratarse que pone en duda todo lo que el delirante señor Petro ha dicho y hecho a favor de ese otro delincuente al que concedió la nacionalidad colombiana en un desesperado intento por ayudarlo (Jorge Glas) y que lleva a preguntarse de veras qué diantres hizo durante sus dos días de encerrona en Manta (aunque algo ya sabemos gracias al reportaje de Código Vidrio, Vistazo y Primicias, y no habla muy bien del presidente colombiano).

Massuh, la narcopiscina y Norero

Massuh (hay que decirlo antes de que Petro confunda los papeles) no tiene otra fama en Ecuador que aquella que le reportan sus vínculos con el crimen organizado. 

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Cabezas-Klaere y el caso de GRANASA: el pez muere por su boca

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Parece que al señor Petro esos vínculos le gustan: no sorprende a nadie. Pieza central del Caso Encuentro, en el que aparece como presunto operador clave o nexo principal de la estructura de corrupción en el sector eléctrico, especialmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Massuh se hizo famoso por ser el presunto autor (léase: fotógrafo) de la foto más importante de la década (Petro haría bien en enterarse): aquella de los tetones de la narcopiscina. 

Más claro: si Massuh no está entre los tetones (que podría estarlo, con sobra de merecimientos anatómicos) es porque estaba tomando la foto. El hecho es que participó de la misma fiesta.

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El angelito al que Gustavo Petro concedió refugio era el intermediario entre empresarios y funcionarios para obtener contratos o beneficios económicos indebidos y supuestamente influir en nombramientos. Lo delatan cientos de horas de grabaciones de audio y video hechas por él mismo en su propia casa. 

Además, su nombre aparece una y otra vez en los chats del caso Metástasis, en relación con los también mafiosos Leandro Norero y Xavier Jordán. Un perfil ni remotamente aproximado al que la República de Colombia exige para otorgar el estatus de refugiado, a saber: persecución por motivos de raza, nacionalidad, ideología, religión, etc.; haber abandonado el propio país por encontrarse en peligro de vida (lo cual no equivale a ser prófugo de la justicia); ser víctima de persecución política, etc.

Todo lo cual es una burla al derecho internacional perpetrada por un gobierno, el de Petro, que demasiados intereses parece tener con las mafias que operan en Ecuador. 

Sin embargo, han pasado seis meses desde la concesión de asilo a un prisionero cuya extradición estaba autorizada y la cancillería de Daniel Noboa no ha movido un dedo. Como no lo movió tampoco durante los nueve meses previos en los que dejó enfriar el trámite de su devolución al Ecuador. Uno los ve coincidir en asuntos tan sensibles y se preguntan por qué diablos se pelean.

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Lo que debes saber

• El martes 28 de abril de 2026, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron diversas agencias de CNEL.
• El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.
• Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que operaba por más de 11 años.

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

Esto evidencia una politización de las investigaciones en un contexto estrictamente electoral.Julio César Cueva, penalista

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.

Lo que debes saber

• El toque de queda estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.
• La medida rige para las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas​, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También para los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar).
• Quienes sí podrán movilizarse durante el toque de queda son trabajadores de servicios de salud pública y privada, fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Este martes 28 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país. Como lo había adelantado días atrás el primer mandatario, la medida estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.

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El toque de queda entre las 23:00 y 05:00 también aplica a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar)

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Toque de queda en Ecuador: ¿quiénes podrán circular?

La restricción limita la circulación de personas en determinados horarios, pero contempla excepciones para garantizar actividades esenciales y servicios estratégicos.

Durante el horario establecido, la norma prohíbe el tránsito de ciudadanos que no estén dentro de los grupos autorizados. Esto implica que quienes incumplan la medida pueden ser sancionados por las autoridades de control, en operativos que se ejecutan de forma conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas.

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Entre los sectores que sí pueden movilizarse se encuentran:

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El régimen de excepcionalidad durante el toque de queda establece que toda persona que circule en el horario restringido puede ser verificada por las autoridades.

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Sin embargo, estos controles no deben aplicarse de forma automática, sino considerando las particularidades de cada caso, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Es decir, se debe evaluar si existe una necesidad real o una situación de emergencia que justifique el desplazamiento.

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Además, la normativa señala que Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito deben coordinar acciones para garantizar que, dentro de estas excepciones, continúen operando servicios esenciales como: 

Por otro lado, las personas que no formen parte de estos grupos deben permanecer en sus domicilios durante el horario restringido. Actividades recreativas, reuniones sociales o desplazamientos sin justificación no están permitidos bajo esta disposición.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo será posesionada este miércoles 29 de abril como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura.
• Ramón Echaiz también será oficializado como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.
• A partir del miércoles 29 de abril, el Pleno de la Judicatura funcionará con sus cinco vocales: Mercedes Caicedo, Damián Larco, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz, Fabián Fabara.

Este miércoles 29 de abril, la Asamblea Nacional posesionará a Mercedes Caicedo Aldaz como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. En el acto también se oficializará a Ramón Echaiz como vocal suplente.

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Mercedes Caicedo: Elección envuelta en críticas

La elección de Caicedo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) estuvo envuelta en críticas. Tras la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el 18 de febrero del 2026 por parte de la Asamblea, el cargo debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente designada.

Para revertir la inhabilidad registrada en su contra, Villacís inició varias acciones legales con el fin de demostrar que no tenía sustento. Incluso logró una sentencia constitucional que disponía al Ministerio del Trabajo rectificar esa información en su sistema.

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Sin embargo, la entidad, bajo la dirección de Harold Burbano, no aplicó la corrección. Ante ese escenario, Villacís terminó presentando su renuncia como vocal suplente.

El nombre de Caicedo para asumir la vocalía en la Judicatura surgió de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, que también incluía a Echaiz y a Paquita Chiluiza.

Finalmente, el 24 de abril, el CPCCS designó a Caicedo como vocal principal -y presidenta de la Judicatura-, y a Echaiz como vocal suplente.

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¿Cómo estará conformado el Consejo de la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura venía sesionando con cuatro vocales tras la destitución de Mario Godoy. En forma temporal, Damián Larco asumió la presidencia del organismo.

Además de Caicedo y Larco, el Pleno de la Judicatura está conformado por los vocales:

Lo que debes saber

• Este martes 28 de abril, personal de la Policía y Fiscalía allanaron en forma simultánea varias agencias de CNEL. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de estas acciones.
• Las autoridades investigan una estructura que habría operado por años alterando facturación eléctrica y afectando a usuarios en todo el país.
• Según el Gobierno, una funcionaria, correspondiente al área de servicio al cliente "acreditó 5.2 millones de dólares", solo en el año 2025.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en varias agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en diversas provincias del país, al mediodía de este martes 28 de abril. Las acciones se realizaron tras denuncias sobre una red de corrupción que alteraba planillas a cambio de coimas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en estas acciones. Junto a varios ministros de Estado, recorrió la agencia de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) La Garzota, en el norte de Guayaquil.

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Los allanamientos surgieron tras denuncias de una estructura con alcance nacional que, presuntamente, manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a ciertos usuarios y perjudicar a otros, dejando pérdidas millonarias al Estado.

Noboa manifestó en su cuenta de X que el perjuicio al Estado ecuatoriano por esta supuesta red de corrupción es de al menos 300 millones de dólares.

"Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL para sostener el negocio", publicó el primer mandatario en X.

Allanamientos a CNEL: Funcionarios de niveles inferiores con patrimonios millonarios

Los allanamientos, ejecutados en agencias de CNEL de provincias como Guayas, Azuay y Santa Elena, dejaron a 50 personas detenidas para investigaciones.

"Hay una red, hay una mafia que está manejando y manipulando los temas de facturación de las diferentes oficinas de CNEL, donde se estarían beneficiando en grandes cantidades", manifestó el ministro del Interior, John Reimberg, tras la diligencia.

El funcionario manifestó que existen funcionarios, de niveles inferiores y con sueldos mínimos, que presentan patrimonios superiores a los tres millones de dólares sin poder justificar su origen.

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Reimberg también atribuyó a esta presunta red de corrupción los imprevistos cortes de energía eléctrica que han sufrido varias localidades de Ecuador en las últimas semanas.

"Estos cortes que han habido no son cortes que prevé el Estado, que el Estado ha dispuesto que se realice, sino es parte de quienes están acá queriendo atacar al Gobierno nacional y a la gestión que se está haciendo", expresó John Reimberg.

Allanamientos a CNEL: Funcionaria habría alterado planillas por 5,2 millones de dólares

José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), indicó en su cuenta de X que en CNEL se identificaron "dos patrones de comportamientos ilícitos".

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Asimismo, el funcionario señaló que se identificaron movimientos financieros inusuales realizados por funcionarios de CNEL. La UAFE reportó esas acciones a la Fiscalía.

Lo que debes saber 

• Jaime Bernabé presentó su plan como ministro de Salud en Ecuador.
• Anunció medidas sobre medicinas, hospitales y atención primaria.
• No respondió a polémicas sobre su pasado ni denuncias en su contra.

El ministro de Salud de Ecuador, Jaime Bernabé, presentó la mañana de este 28 de abril su primer pronunciamiento público durante la rendición de cuentas 2025 del Ministerio de Salud, donde delineó sus ejes de gestión, pero evitó referirse a cuestionamientos recientes sobre su trayectoria. El acto se desarrolló con la presencia de autoridades del Ejecutivo y representantes del sector sanitario.

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En el inicio de su intervención, el funcionario marcó el tono de su discurso con un mensaje institucional. “Asumo este firme sentido de deber hacia todos los ecuatorianos”, afirmó, al tiempo que agradeció la confianza para ocupar el cargo en un momento crítico para el sistema de salud.

Durante su exposición, Bernabé enfatizó que su administración estará orientada a resultados. “Mi compromiso es claro, avanzar con responsabilidad, eficiencia y transparencia para garantizar una atención digna”, expresó ante los asistentes en la jornada oficial.

Ministro de Salud plantea ejes de gestión sin responder cuestionamientos

Pese a detallar sus prioridades, el ministro no abordó temas sensibles que han marcado su llegada al cargo. Entre ellos, no explicó el impedimento legal que lo apartó del Ministerio de Trabajo en menos de cinco horas tras su designación previa.

Tampoco hizo mención a su situación respecto a los prestadores de servicios del IESS ni a la denuncia en su contra por presunta mala praxis médica. Estos temas quedaron fuera de su intervención, pese a su relevancia en el debate público actual.

En su discurso, Bernabé insistió en la necesidad de fortalecer el sistema sanitario. “Consciente de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud y con la determinación de consolidar los avances alcanzados”, señaló al referirse al contexto nacional.

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Uno de los principales anuncios fue garantizar el suministro continuo de medicamentos en la red pública. “Primero, garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales”, sostuvo como parte de sus líneas de acción.

El ministro explicó que se buscará optimizar la operatividad de hospitales y centros de salud mediante una mejor gestión de recursos y procesos. “Optimizar la capacidad operativa de los hospitales y centros de salud, mejorando los tiempos de atención”, indicó.

También planteó reforzar el primer nivel de atención como base del sistema. “Priorizar el nivel de atención primaria como eje del sistema”, agregó, al referirse a la reorganización del modelo sanitario.

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Lucha contra la corrupción y llamado a articulación institucional

En su intervención, Bernabé incluyó un eje enfocado en combatir la corrupción dentro del sistema sanitario. “Impulsar una lucha frontal e implacable contra la corrupción con transparencia, control y firmeza”, declaró durante el evento.

El funcionario hizo un llamado a distintos sectores para sumar esfuerzos en la transformación del sistema. “Convoco al personal de salud, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos”, manifestó.

Finalmente, reiteró su compromiso con una gestión articulada que permita avanzar en resultados concretos. “Asumo este desafío con responsabilidad, con vocación de servicio y la convicción de que trabajando de manera articulada podemos seguir avanzando”, concluyó.

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A través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, informó que el 26 de abril, su Consejo de Gobierno decidió que "la revocatoria resuelve la vida de la gente. La eventual sucesión no garantiza cambios reales: cambiar un nombre no modifica el rumbo del Ecuador". 

Además, los líderes del movimiento les parece que ese mecanismo solo genera falsas expectativas, desgasta a las organizaciones y desvía esfuerzos políticos.

No existe un acuerdo con el Gobierno

La Conaie hizo la aclaración frente a lo que califica como información falsa sobre supuestos acuerdos con el Gobierno.

El movimiento rechaza versiones atribuidas a actores individuales que buscan posicionamiento mediático y reproducen disputas estériles que, dice el comunicado, debilitan a la izquierda y no contribuyen a soluciones para el país. Eso en relación a declaraciones de un integrante de un colectivo:

Desde otros sectores cercanos a la Conaie, en off, se indicó que no apoyan a una plataforma única, impulsada por algunos actores políticos.

Asimismo, la Conaie enfatizó en que sus decisiones son colectivas y que la dirigencia debe acatar lo resuelto por las bases. 

Su prioridad, señala, es fortalecer la organización en los territorios, consolidar una agenda territorial y popular de los pueblos y nacionalidades, y mantener la resistencia territorial junto con los procesos políticos que representan a sus bases.

Sobre las elecciones seccionales

La Conaie, sostiene el Consejo de Gobierno, fortalecerá al movimiento Pachakutik frente a las elecciones adelantadas de noviembre de 2026 como espacio real de disputa y contrapeso. La posición es definitiva: no se desviará la fuerza del movimiento hacia procesos sin mandato de las bases ni capacidad de resolver la vida de la gente.

Lo que debes saber 

• La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares, denunciando el uso de la prisión preventiva como herramienta política y alertando sobre riesgos a su integridad en una cárcel de máxima seguridad.
• El caso de Aquiles Álvarez escala al ámbito internacional: su defensa pidió la intervención de la CIDH al advertir que su reclusión en “El Encuentro” vulnera derechos fundamentales y podría afectar su vida y estabilidad psicológica.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares por su situación de reclusión.

En el documento se denuncia “la utilización de la prisión preventiva como herramienta de neutralización política”, además de condiciones que, según la defensa, contravienen estándares internacionales de derechos humanos.

Aquiles Álvarez permanece recluido en el centro de máxima seguridad “El Encuentro”, ubicado en la provincia de Santa Elena. 

Su equipo legal sostiene que las condiciones de detención son desproporcionadas para una persona sin sentencia ejecutoriada.

¿Qué denuncia la defensa de Álvarez sobre su prisión preventiva?

También advierten que el entorno carcelario “compromete su integridad física y psicológica”, debido a factores como condiciones sanitarias críticas y antecedentes de enfermedades dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

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Denuncian vulneración de derechos fundamentales

La petición ante la CIDH señala la presunta vulneración de derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo:

De acuerdo con el documento, la prisión preventiva ha generado un efecto de destitución de facto, al impedir que Álvarez ejerza el cargo para el que fue elegido por votación popular.

La defensa fundamenta su solicitud en criterios de urgencia, gravedad e irreparabilidad. Argumenta que la permanencia en una cárcel de máxima seguridad, destinada principalmente a personas sentenciadas, incrementa el riesgo a su vida e integridad.

Además, el equipo legal ha iniciado acciones ante otros organismos internacionales, incluyendo procedimientos especiales de Naciones Unidas relacionados con tortura y detención arbitraria.

El documento está suscrito por Jorge Sosa Meza, defensor técnico de Aquiles Álvarez ante la CIDH, y busca escalar el caso a instancias internacionales para su revisión.

Lo que debes saber

• CNE cancela a Unidad Popular y Construye: partidos denuncian falta de seguridad jurídica ante las elecciones de 2026.
• Líderes alertan plan de "asfixia" democrática: denuncian reformas al Código de la Democracia para limitar la participación opositora.
• Riesgo en inscripción de candidaturas: advierten posibles bloqueos administrativos del Gobierno en ciudades estratégicas para las seccionales.

La cancelación de Unidad Popular y Construye por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha encendido las alarmas en las organizaciones políticas de Ecuador. Dirigentes advierten sobre un precedente peligroso que pone en riesgo la seguridad jurídica y la participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Mientras algunos sectores denuncian un plan para asfixiar el sistema democrático, otros ven en la eliminación de rivales una oportunidad estratégica en el tablero electoral.

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Las tres fases para "asfixiar" el sistema de partidos

Para Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), la exclusión de estas organizaciones no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia estructurada. Vallejo identifica tres etapas críticas que amenazan la estabilidad política del país:

El "sicariato" político y la postura de las organizaciones

El expresidente Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, denunció que se está "mal utilizando a la justicia y al CNE" para eliminar contrincantes, comparando el actuar institucional con un "sicariato" que utiliza leyes en lugar de balas. Por su parte, Javier Orti, presidente de Avanza, subrayó la necesidad de contar con reglas claras y transparentes para evitar la incertidumbre que hoy afecta al sistema democrático.

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Desde una perspectiva distinta, Arturo Moreno, dirigente del Movimiento Pueblo Igualdad y Democracia (PID), admitió que este escenario de cancelaciones suele favorecer a otros partidos al reducir la competencia en las urnas. Aseguró que su organización trabaja con tranquilidad, pues cumplen estrictamente con la normativa vigente.

Ilegalidad y resistencia: La respuesta de Unidad Popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacó del tablero político a Unidad Popular y Construye este 26 de abril de 2026, tras confirmar una reducción crítica en su número de afiliados. Los informes jurídicos determinaron que ambas organizaciones no cuentan con los registros necesarios para mantenerse en el registro permanente de partidos.

Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, calificó la resolución como ilegal y anunció una contraofensiva jurídica. La estrategia de la organización incluye agotar las instancias nacionales y escalar el conflicto al plano internacional:

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Construye alerta sobre la falta de garantías electorales

Por su parte, el movimiento Construye emitió un comunicado este 28 de abril de 2026, donde sostiene que ni el CNE ni el TCE ofrecen garantías de imparcialidad. A diferencia de Unidad Popular, su postura se inclina hacia la supervivencia mediante alianzas:

Jueza dispone que el caso avance a juicio

La audiencia preparatoria de juicio y evaluación de dictamen se desarrolló la tarde del domingo. Tras analizar los elementos recabados durante la investigación, la jueza Betsy Arellano resolvió que varios de los procesados enfrenten la siguiente etapa judicial.

El proceso involucra al alcalde de Riobamba, concejales y un exfuncionario municipal, quienes deberán responder ante un tribunal penal.

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Investigación por supuestas irregularidades en el municipio

La causa se originó tras denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con trámites municipales, posibles favorecimientos y supuestos cobros indebidos en la asignación de cupos de taxis rurales.

Durante la investigación, en enero de 2025, se realizaron allanamientos en los que nueve personas fueron detenidas.

Otros involucrados fueron sobreseídos del presunto delito de asociación ilícita. No obstante, la jueza señaló que existirían elementos para que la Fiscalía continúe investigando posibles hechos vinculados con tráfico de influencias.

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Vinueza rechaza acusaciones y defiende su inocencia

Tras conocer la resolución, el alcalde Jhon Vinueza reaccionó mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde aseguró que confía en la justicia.

“No tengo nada que ver. Los alcaldes somos sujetos a estos juicios. Uno más, tengo uno por arreglar el Parque La Libertad, otro por la calle 5 de Junio, los laborales, ahora este”, afirmó.

El burgomaestre indicó que continuará con su defensa legal, aunque lamentó el impacto del proceso en su entorno familiar.

“Es complicada la situación, esto también conlleva un costo, es una preocupación más para la familia, que se quiera afectar el nombre y la reputación en algo que no tengo nada que ver”, manifestó.

Además, señaló sentirse como “el trompo chichero de algunos que quieren darle en la cabeza”.

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Concejales cuestionan el proceso

Por su parte, el concejal Carlos Aúlla calificó el proceso como una persecución política.

“Quien nada debe nada teme. Es muy lamentable cómo se ha manejado este caso, no se lo deseo a nadie. Pero tengo fe en que cuando sea analizado por un tribunal penal, conocedor de las leyes, se evidencie la verdad”, expresó.

También lamentó que su imagen haya sido una de las más expuestas desde el inicio del caso, pese a que hubo más detenidos.

“¿Cómo explicar a un hijo que mira cómo se vende este caso? Quiero que analicen todo. Lo que tengo lo he hecho con trabajo, no con la concejalía”, señaló, y agregó que presentará nuevas evidencias que, según dijo, no fueron valoradas oportunamente, aunque constan en el expediente judicial.

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El caso pasa a etapa de juzgamiento

Con esta resolución, el caso Altares avanza a la etapa de juzgamiento, donde un tribunal penal deberá determinar la responsabilidad o inocencia de los procesados.

Lo que debes saber

• Allanamientos a CNEL apuntan a desarticular red de corrupción que operó 11 años.
• El operativo se realizó en varias oficinas de CNEL.
• A las 11:00, allanaron las oficinas de CNEL, en el norte de Guayaquil.

A las 12:20, cuatro funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que laboran en oficinas de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional. En el operativo también participó personal de la Fiscalía General del Estado.

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Allanamiento en oficinas del norte de Guayaquil

Según información proporcionada por trabajadores de CNEL que conversaron con EXPRESO, las instalaciones fueron allanadas alrededor de las 11:00. Agentes de la Policía y de la Fiscalía ingresaron por una puerta secundaria, ubicada en el pasaje 1, entre las calles René Idrovo Rosales y doctor Luis Mendoza Moreira.

Según funcionarios de CNEL, los uniformados se dirigieron al segundo piso del edificio, donde opera el área de Recursos Humanos. Mientras se ejecutaba el allanamiento, la atención a la ciudadanía continuó con normalidad.

Retención de funcionarios y traslado a Flagrancia

Pasado el mediodía, cuatro funcionarios de CNEL que laboraban en esas oficinas fueron retenidos por los agentes. El fiscal a cargo del operativo evitó pronunciarse sobre los hallazgos o los motivos de las detenciones.

Varios trabajadores de CNEL señalaron que la intervención los tomó por sorpresa, aunque evitaron revelar los nombres de sus compañeros. Los retenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria – Centro (ex Cuartel Modelo), del Puerto Principal.

Gobierno señala red de corrupción en CNEL

De acuerdo con declaraciones del Gobierno, este allanamiento forma parte de una serie de operativos ejecutados en otras dependencias de CNEL. Según lo publicado en la red social X por el presidente Daniel Noboa, en la entidad habría operado una red de corrupción durante más de 11 años.

El mandatario aseguró que esta estructura “usaba reclamos para evadir pagos y contaba con apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio”. Además, afirmó que se manipularon proyectos eléctricos y se provocaron fallas que afectaron directamente a la ciudadanía, con un perjuicio estimado de al menos $ 300 millones.

Lo que debes saber

• Renovación Total denuncia un intento de “tomarse el partido” con una convocatoria anónima a asamblea.
• Raúl Chávez alerta sobre irregularidades en firmas y posible fraude.
• El asambleísta lanzó un mensaje al Consejo Nacional Electoral: “Estamos monitoreando”.

Los problemas en el movimiento Renovación Total (RETO) continúan. Este 29 de abril de 2026, el asambleísta nacional y dirigente de esa organización política, Raúl Chávez, señaló que existe una convocatoria a una asamblea nacional del movimiento difundida desde una cuenta anónima.

“Quieren tomarse el partido. Un correo anónimo desde una cuenta de Yahoo pretende convocar a una asamblea del movimiento. Quieren tomar por asalto un movimiento que no es de ellos”, dice Chávez en un video publicado en redes sociales.

Política

Gabriela Rivadeneira sobre RETO en Guayaquil: "La ganadora de la Alcaldía es la RC"

Richard Josue Jimenez Mora

RETO ya había realizado su asamblea nacional. El 14 de marzo de 2026 se desarrolló el encuentro en Guayaquil para elegir a la nueva directiva. La jornada transcurrió entre versiones contrapuestas de dos grupos que pugnan por el control de la organización.

Después de dicho encuentro, la directiva elegida, con Chávez a la cabeza, descartó divisiones internas. Dos días después, en un comunicado, la organización política señaló: “En RETO no hay facciones. Somos una organización unida. Voces aisladas, financiadas por terceros, no representan a la mayoría que aprobó cada punto del orden del día”.

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¿Qué pasará tras la alerta?

Según Chávez, el régimen orgánico del movimiento es taxativo: “La asamblea nacional de RETO solo la convoca el presidente nacional o las dos terceras partes del secretariado”. A esto sumó que la convocatoria no tendría las firmas requeridas. Aseguró que existen rúbricas en formularios con la misma caligrafía.

“Vamos a pedir el peritaje de las firmas porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante este intento fraudulento de quitarles el movimiento a los ciudadanos, no a mí”, dijo Chávez. 

Cabe recordar que el legislador es procesado en el caso Goleada y se le dictó prisión preventiva. Desde entonces, no se ha conocido su paradero.

Un llamado al CNE

Las críticas del asambleísta de la alianza RETO–Revolución Ciudadana también se dirigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Cuidado CNE. Estamos monitoreando”, indicó. 

Esto, debido a que el Código de la Democracia faculta a las organizaciones políticas a solicitar asistencia técnica del organismo electoral, pero eso, según Chávez, no autoriza la convocatoria a una asamblea del movimiento.

Lo que debes saber

• Varias oficinas de CNEL fueron allanadas en el país, el martes 28 de abril de 2026.
• Varios funcionarios de la entidad eléctrica fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional.
• En el allanamiento de la agencia de CNEL que funcionaba en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón, estuvo presente el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios del Ejecutivo.

El Ministerio de Ambiente y Energía publicó en sus plataformas oficiales un video en el que su titular, Inés Manzano, expone el presunto mecanismo de una red de corrupción que habría operado al interior de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). En el material audiovisual se detalla cómo, según la autoridad, funcionaba este esquema dentro de la entidad pública.

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Allanamientos en investigación fiscal

El martes 28 de abril, personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron varias agencias de la entidad eléctrica. El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.

Un día después, Manzano, en el video, explica que en esta presunta estructura estarían involucrados al menos 46 funcionarios. La información forma parte de las investigaciones y denuncias que se han hecho públicas en torno al caso.

La ministra indicó que esta red habría operado dentro del sistema eléctrico del país por más de 11 años. Además, calificó el mecanismo como “claro, repetido y sostenido” en el tiempo.

Según su exposición, este esquema se habría mantenido de forma sistemática durante ese período. La funcionaria aseguró que los patrones identificados evidencian una operación prolongada dentro de la estructura estatal.

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Esquema de alteración de consumos y facturación reducida

La funcionaria explicó que el esquema comenzaba con el registro normal del consumo eléctrico del usuario. Un contratista tomaba la lectura del medidor e ingresaba los datos al sistema.

Posteriormente, según su relato, desde el interior de la entidad intervenían funcionarios que modificaban la información. Esa alteración reducía el consumo real registrado y generaba nuevas facturas con valores hasta un 80 % menores, sin sustento ni control.

Un segundo mecanismo operaba a través de reclamos de los usuarios. En estos casos, la queja era negada en primera instancia con base en los registros de consumo, pero en una segunda revisión ante el ente regulador la deuda era eliminada por completo.

La ministra señaló que ambos procedimientos tenían un mismo objetivo. Este era evitar el pago real por la energía consumida, afectando los ingresos del sistema eléctrico nacional.

Indicó además que al menos 46 funcionarios han sido identificados como parte de esta estructura. Entre ellos constarían directores técnicos, digitadores y personal de atención al usuario, quienes habrían operado desde dentro de la institución.

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Impacto económico

La autoridad también informó que más de 400.000 usuarios habrían estado involucrados en estos procesos. Solo en 2025 se habrían refacturaron $ 48 millones, de los cuales $ 27,9 millones no tendrían justificación; agregó que en el primer trimestre de 2026 se ha registrado $2 millones sin respaldo, con un perjuicio acumulado al fisco de al menos $ 300 millones en 11 años.

Lo que debes saber

• Piedad Cuarán pedirá examen a Contraloría por mal estado de vehículos del CPCCS este 29 de abril.
• Consejera denuncia falta de movilidad y gestión administrativa tras costear su viaje a Santa Elena.
• Presidente Fantoni justifica carencias por bajo presupuesto y falta de operatividad en la flota.

La consejera Piedad Cuarán anunció este 29 de abril de 2026 que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre el estado de los vehículos institucionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La decisión surge tras denunciar deficiencias administrativas que la obligaron a costear con recursos propios su movilización hacia Santa Elena, debido a que la entidad no proveyó pasajes aéreos ni transporte operativo, afectando el cumplimiento de sus funciones oficiales.

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Fallas administrativas en la movilización de los consejeros

Durante la sesión 16 del Pleno del CPCCS, Cuarán expuso que sus requerimientos de traslado no fueron atendidos pese a ser gestionados con anticipación. La justificación recibida fue la falta de disponibilidad en la agencia de viajes y que el parque automotor no se encontraba en condiciones operativas.

La consejera enfatizó que estas situaciones evidencian una crisis en la planificación y coordinación administrativa. Además, sugirió que el CPCCS debe evaluar la continuidad de la agencia de servicios si esta no garantiza la movilidad necesaria para las autoridades.

La respuesta de Andrés Fantoni sobre el presupuesto

El presidente del organismo, Andrés Fantoni, justificó las carencias señalando que la institución sobrevive con un "presupuesto ínfimo". Fantoni reveló que incluso él utiliza su vehículo personal, costeando sus propias reparaciones, para cumplir con la agenda institucional.

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Detalles de la denuncia presentada en el Pleno:

"No podemos normalizar estas falencias; la institucionalidad implica responsabilidad en la gestión de servicios", sentenció Cuarán.

Lo que debes saber

• Antes de asumir la Judicatura, Mercedes Caicedo deja la Corte Nacional con 966 causas tramitadas.
• La nueva presidenta de la Judicatura será posesionada en la Asamblea este 29 de abril.
• Caicedo asumirá la presidencia de la Judicatura después del bloqueo a la exvocal suplente Alexandra Villacís.

La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, renunció a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Horas antes de su posesión en la Asamblea, Caicedo señaló: “dejo esta función con la tranquilidad del deber cumplido”.

En una publicación en su perfil de la red social X, la designada vocal de la Judicatura indicó que durante su permanencia en la Corte Nacional de Justicia, desde el 8 de febrero de 2024 hasta el 27 de abril de 2026, tuvo a su cargo 966 causas asignadas. De ellas, 599 fueron resueltas.

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“Cada una de esas 599 causas resueltas no es solo una cifra; detrás de cada expediente existen personas, familias y derechos que merecían una respuesta”, señaló en su despedida de la alta corte.

A esa publicación adjuntó una fotografía con los jueces de la Corte Nacional, con el siguiente mensaje: “Gracias a mis compañeros de pleno por este último momento”. Entre ellos está el presidente de la Corte, Marco Rodríguez, quien la incluyó en la terna para concursar por el puesto en la Judicatura.

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¿Qué dice Caicedo sobre su nuevo cargo?

En su publicación no hace referencia directa a su ingreso a la Judicatura. Sin embargo, la ahora exjueza señaló: “Asumo nuevos retos desde otro espacio, con la misma convicción de siempre: seguir trabajando por la tutela de la verdad, la justicia y el servicio a los demás”.

A esto, la nueva presidenta de la Judicatura agregó: “Aunque hoy me embarga la nostalgia de dejar la toga, también me acompaña la satisfacción de haber servido con integridad, imparcialidad e independencia”.

Caicedo asume el cargo tras bloqueo a Villacís

La designación de la nueva vocal principal y su suplente, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, ocurrió en medio de un polémico proceso que incluyó un bloqueo para que la exvocal suplente, Alexandra Villacís, no asumiera la presidencia de la Judicatura.

La Asamblea Nacional censuró y destituyó al expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, por incumplimiento de funciones. Villacís era la vocal suplente designada y posesionada; sin embargo, antes de asumir el cargo, el Ministerio del Trabajo registró un impedimento para ejercer función pública por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas.

El caso llegó hasta la justicia constitucional mediante un habeas data que le fue otorgado a Villacís. Con ello, el Ministerio del Trabajo estaba obligado a rectificar la información. Sin embargo, el ministro Harold Burbano argumentó que la sentencia no era clara y dilató su cumplimiento.

Al final, dicho impedimento fue retirado solo después de que Villacís anunció su renuncia al cargo de vocal suplente.

En todo ese proceso, el papel del presidente de la Corte Nacional de Justicia fue clave. Con conocimiento de que el tema legal aún estaba en curso, decidió enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que continúe el proceso de designación.

El jueves 30 de abril de 2026, en el inicio del feriado extendido por el Día del Trabajador, el organismo electoral hará la convocatoria para la conformación de dicha veeduría. Así, desde el 4 de mayo, el CNE receptará las solicitudes de inscripción.

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¿Cuál es la importancia de esa veeduría?

Este espacio será clave, ya que ahí se verificará el cumplimiento de los requisitos por parte de los postulantes al CPCCS. Para postular como veedor se exigirán los siguientes requisitos:

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Sobre los cambios para los aspirantes al CPCCS, entre el 12 y el 25 de junio de 2026, el CNE receptará las inscripciones. Para esa finalidad, el nuevo instructivo determina requisitos e inhabilidades. Un candidato al CPCCS deberá:

El proceso se desarrolla en medio de un posible cambio en el CPCCS

Está en marcha una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro del organismo, en particular sobre su facultad de designar autoridades de control. El presidente Daniel Noboa impulsa la pregunta con la que se propone trasladar esa competencia a la Asamblea Nacional.

Independientemente de si esa propuesta se aprueba o no en la consulta popular, el CPCCS se mantendrá vigente, por lo que su conformación mediante vocales elegidos por votación popular sigue siendo obligatoria, conforme lo establece la normativa.

Red operaba a nivel nacional y bajo presión interna

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas del país. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

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“Esto va a ser a nivel nacional”, afirmó, al señalar que los detenidos forman parte de una red más amplia aún en investigación.

Facturas alteradas: el esquema bajo investigación

Según las autoridades, el mecanismo consistía en manipular valores de planillas eléctricas mediante:

Beneficios dirigidos a determinados usuarios

“Esto está beneficiando a uno y perjudicando a otro”, sostuvo Reimberg, en referencia a reclamos ciudadanos por cobros irregulares.

Patrimonios sin justificar y más detenenciones

El funcionario confirmó que cerca de 50 personas han sido detenidas y que se analizan posibles inconsistencias entre sus ingresos y bienes.

“Hay patrimonio que no puede ser justificado”, indicó, en relación con funcionarios vinculados a lecturas eléctricas y procesos de facturación.

El operativo cuenta con peritos que revisan sistemas informáticos y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Noboa habla de una red de más de 11 años

El presidente Daniel Noboa aseguró que la presunta red de corrupción en CNEL habría operado durante más de una década.

Según el mandatario, el esquema incluía el cambio de facturas a cambio de coimas y el uso de reclamos para evadir pagos, con supuestos vínculos dentro de Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL).

“Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada”, afirmó.

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Proyectos manipulados y pérdidas millonarias

Noboa también señaló que la red no solo alteraba facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios.

El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

El presidente encabezó los allanamientos junto a ministros y autoridades del área de seguridad e integridad pública.

Lo que debes saber

• Allanamientos a CNEL apuntan a desarticular red de corrupción que operó 11 años.
• El operativo se realizó en varias oficinas de CNEL.
• A las 11:00, allanaron las oficinas de CNEL, en el norte de Guayaquil.

A las 12:20, cuatro funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que laboran en oficinas de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional. En el operativo también participó personal de la Fiscalía General del Estado.

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Allanamiento en oficinas del norte de Guayaquil

Según información proporcionada por trabajadores de CNEL que conversaron con EXPRESO, las instalaciones fueron allanadas alrededor de las 11:00. Agentes de la Policía y de la Fiscalía ingresaron por una puerta secundaria, ubicada en el pasaje 1, entre las calles René Idrovo Rosales y doctor Luis Mendoza Moreira.

Según funcionarios de CNEL, los uniformados se dirigieron al segundo piso del edificio, donde opera el área de Recursos Humanos. Mientras se ejecutaba el allanamiento, la atención a la ciudadanía continuó con normalidad.

Retención de funcionarios y traslado a Flagrancia

Pasado el mediodía, cuatro funcionarios de CNEL que laboraban en esas oficinas fueron retenidos por los agentes. El fiscal a cargo del operativo evitó pronunciarse sobre los hallazgos o los motivos de las detenciones.

Varios trabajadores de CNEL señalaron que la intervención los tomó por sorpresa, aunque evitaron revelar los nombres de sus compañeros. Los retenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria – Centro (ex Cuartel Modelo), del Puerto Principal.

Gobierno señala red de corrupción en CNEL

De acuerdo con declaraciones del Gobierno, este allanamiento forma parte de una serie de operativos ejecutados en otras dependencias de CNEL. Según lo publicado en la red social X por el presidente Daniel Noboa, en la entidad habría operado una red de corrupción durante más de 11 años.

El mandatario aseguró que esta estructura “usaba reclamos para evadir pagos y contaba con apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio”. Además, afirmó que se manipularon proyectos eléctricos y se provocaron fallas que afectaron directamente a la ciudadanía, con un perjuicio estimado de al menos $ 300 millones.

Lo que se sabe

• Daniel Noboa encabezó el allanamiento a las oficinas de CNEL por las investigaciones de una posible red de corrupción
• Durante más de una década habría funcionado un sistema que manipulaba las facturas a cambio de coimas
• "Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente", aseguró el mandatario

El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró este martes 28 de abril de 2026 que en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) funcionaba una red de corrupción por más de once años.

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"Cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio", aseguró el mandatario en una publicación en su cuenta de la red social X.

Noboa afirmó: "Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario". Sin embargo, no dio más detalles de quiénes integrarían la red y si hay detenidos por este caso.

Lo dijo luego de que encabezó allanamientos a oficinas de CNEL, en la mañana de este martes.

Red en CNEL habría manipulado proyectos eléctricos

"Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares", sostuvo Noboa.

El gobernante estuvo acompañado, en el allanamiento, de ministros como John Reimberg (Interior), Inés Manzano (Ambiente y Energía) y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira.

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Lo que debes saber

• Este martes 28 de abril, personal de la Policía y Fiscalía allanaron en forma simultánea varias agencias de CNEL. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de estas acciones.
• Las autoridades investigan una estructura que habría operado por años alterando facturación eléctrica y afectando a usuarios en todo el país.
• Según el Gobierno, una funcionaria, correspondiente al área de servicio al cliente "acreditó 5.2 millones de dólares", solo en el año 2025.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en varias agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en diversas provincias del país, al mediodía de este martes 28 de abril. Las acciones se realizaron tras denuncias sobre una red de corrupción que alteraba planillas a cambio de coimas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en estas acciones. Junto a varios ministros de Estado, recorrió la agencia de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) La Garzota, en el norte de Guayaquil.

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Los allanamientos surgieron tras denuncias de una estructura con alcance nacional que, presuntamente, manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a ciertos usuarios y perjudicar a otros, dejando pérdidas millonarias al Estado.

Noboa manifestó en su cuenta de X que el perjuicio al Estado ecuatoriano por esta supuesta red de corrupción es de al menos 300 millones de dólares.

"Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL para sostener el negocio", publicó el primer mandatario en X.

Allanamientos a CNEL: Funcionarios de niveles inferiores con patrimonios millonarios

Los allanamientos, ejecutados en agencias de CNEL de provincias como Guayas, Azuay y Santa Elena, dejaron a 50 personas detenidas para investigaciones.

"Hay una red, hay una mafia que está manejando y manipulando los temas de facturación de las diferentes oficinas de CNEL, donde se estarían beneficiando en grandes cantidades", manifestó el ministro del Interior, John Reimberg, tras la diligencia.

El funcionario manifestó que existen funcionarios, de niveles inferiores y con sueldos mínimos, que presentan patrimonios superiores a los tres millones de dólares sin poder justificar su origen.

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Reimberg también atribuyó a esta presunta red de corrupción los imprevistos cortes de energía eléctrica que han sufrido varias localidades de Ecuador en las últimas semanas.

"Estos cortes que han habido no son cortes que prevé el Estado, que el Estado ha dispuesto que se realice, sino es parte de quienes están acá queriendo atacar al Gobierno nacional y a la gestión que se está haciendo", expresó John Reimberg.

Allanamientos a CNEL: Funcionaria habría alterado planillas por 5,2 millones de dólares

José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), indicó en su cuenta de X que en CNEL se identificaron "dos patrones de comportamientos ilícitos".

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Asimismo, el funcionario señaló que se identificaron movimientos financieros inusuales realizados por funcionarios de CNEL. La UAFE reportó esas acciones a la Fiscalía.

Lo que debes saber

• El martes 28 de abril de 2026, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron diversas agencias de CNEL.
• El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.
• Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que operaba por más de 11 años.

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

Esto evidencia una politización de las investigaciones en un contexto estrictamente electoral.Julio César Cueva, penalista

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.