Lo que debes saber

• Asambleístas piden examen especial tras la supresión de juzgados especializados contra el crimen.
• Cuestionan que la resolución del Consejo de la Judicatura se basó en informes del mismo día.
• La acción surge tras la inasistencia de Mercedes Caicedo a la Comisión de Garantías.

Las asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz y Paola Cabezas, solicitaron formalmente a la Contraloría General del Estado un examen especial a la gestión del Consejo de la Judicatura. La medida busca auditar los procesos administrativos, financieros y operativos vinculados a la creación, funcionamiento y posterior eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción, luego de que sus competencias fueran transferidas a la justicia ordinaria mediante resolución oficial.

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Examen especial a la gestión del Consejo de la Judicatura

Las asambleístas Viviana Veloz y Paola Cabezas presentaron la solicitud formal ante el organismo de control para auditar de manera integral el manejo institucional de las dependencias anticorrupción. El pedido exige que la Contraloría evalúe las áreas administrativa, financiera, operativa y de talento humano que intervinieron desde la instauración de estas unidades hasta su cierre.

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Estas dependencias judiciales fueron creadas originalmente por mandato legal y contaron con una importante inversión de recursos públicos para su puesta en marcha y operación en el país.

Cuestionamientos a la supresión de la Unidad Anticorrupción

La controversia se intensificó tras la emisión de la Resolución Nro. 187-2026 por parte del Consejo de la Judicatura, instrumento legal mediante el cual se resolvió eliminar las unidades especializadas y trasladar sus causas a judicaturas ordinarias.

Uno de los principales reparos señalados en la solicitud legislativa radica en que dicha resolución se sustentó en informes técnicos que fueron elaborados el mismo día en que se adoptó la decisión.

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Puntos clave solicitados a la Contraloría

Frente a la desarticulación de estas sedes especializadas, las asambleístas fundamentaron su petición señalando que «la ciudadanía merece transparencia y respuestas claras», demandando que el examen de auditoría determine con precisión:

La inasistencia de Mercedes Caicedo a la Asamblea Nacional

El bloque de la Revolución Ciudadana formalizó esta acción fiscalizadora después de que, el 17 de septiembre de 2026, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, presentara una excusa formal para no comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, espacio donde debía explicar los motivos técnicos e institucionales sobre la supresión de la Unidad Anticorrupción.

“Hacen ciertas protestas porque no se les paga. En la provincia de Los Ríos, la mayor red de hospitales de diálisis el dueño es el prefecto. Hace relajo. Para la vía la misma Prefectura de Los Ríos”, dijo Noboa en una entrevista en Radio Fiesta.

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Los señalamientos no se quedaron ahí. Noboa también habló, sin mencionar nombres, sobre asambleístas que tendrían clínicas de diálisis en Santo Domingo.

“Hay clínicas de diálisis de asambleístas, de políticos conocidos; es parte de la misma red. Por medio de la presión política buscaban el pago y había direccionamiento”, aseguró Noboa.

“Se meten en la derivación”, dice Noboa

El primer mandatario señaló que la forma de intervenir en el Sistema de Salud Pública es mediante las derivaciones. Según Noboa, quienes afectan a dicho sistema no son necesariamente parte de los hospitales públicos.

El presidente de la República tampoco se refirió a las acciones que se emprenderán para garantizar el servicio a los pacientes renales. El pasado 16 de septiembre de 2026, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador expresó su “máxima preocupación, alarma e indignación” por la advertencia de DaVita Ecuador.

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El Frente se refiere a la carta con fecha del 14 de septiembre de 2026. La representante en Ecuador de la firma, Ana Cecilia Andino Ruiz, informó que, si hasta el 30 de septiembre no se concreta un acuerdo formal de pago con el Estado, la empresa podría iniciar la transferencia progresiva de esos pacientes al MSP.

El abastecimiento de medicinas

Durante la entrevista, Noboa también se pronunció sobre la situación del abastecimiento de medicinas en el país. Señaló que, actualmente, este se encuentra sobre el 60 %. Se prevé que hasta finales de octubre llegue al 70 % y que, para finales de 2026, alcance el 75 %.

En este tema, Noboa también lanzó acusaciones. Dijo que existen médicos que, con el objetivo de presionar para la compra de un medicamento de determinado laboratorio, lo incluyen en la receta.

“Hay una dolencia y hay tres medicinas que pueden curar ese mal pero hay la A y B. Recetan la C para fregar. El ciudadano va a la farmacia y le dicen que no hay la medicina”, señaló Noboa.

Sobre esto, aseguró que hay una investigación para identificar a “malos doctores”.

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Los electores encontrarán ocho colores diferentes: café, gris, verde oscuro, celeste, verde claro, amarillo, rosa y naranja. Cada tonalidad estará asociada a una dignidad específica, con el objetivo de facilitar la identificación del voto durante los comicios.

Papeleta café será para prefectos y viceprefectos

La papeleta de color café corresponderá a la elección de prefectos y viceprefectos. Esta dignidad se elegirá en 23 provincias, mientras que Galápagos mantiene un régimen especial establecido en la Constitución.

El CNE aprobó estos diseños el 23 de mayo, como parte de la organización del proceso electoral. Las papeletas tendrán diferentes elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar (IGM).

Entre estas medidas constan el efecto anticopia, microtextos y códigos de barras, recursos destinados a reforzar la seguridad del material electoral.

Estos son los colores para alcaldes y concejales

La papeleta gris será utilizada para elegir a los alcaldes. En estos comicios se escogerán 222 autoridades para esta dignidad. Para los concejales urbanos, el color asignado será verde oscuro. En todo el país se elegirán 909 representantes para estos cargos.

La papeleta celeste corresponderá a los concejales rurales, con 457 autoridades por elegir. En tanto, el color verde claro estará destinado a los vocales de las juntas parroquiales rurales, para los que se elegirán 4.131 representantes.

El CNE también estableció que se utilizarán dos urnas por cada Junta Receptora del Voto: una blanca para las dignidades seccionales y otra café para las candidaturas al CPCCS.

Así serán las papeletas del CPCCS

Para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también habrá colores diferenciados. La papeleta amarilla será para los candidatos hombres al CPCCS, mientras que la rosa corresponderá a las candidatas mujeres. En cada caso se elegirán tres representantes, considerando las circunscripciones nacional y del exterior.

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La papeleta naranja estará destinada a la elección del representante del CPCCS correspondiente a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. En esta categoría se elegirá un representante.

¿Cuántas autoridades se elegirán?

En total, el proceso contempla la elección de 5.749 autoridades principales entre prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del CPCCS.

El Registro Electoral aprobado por el CNE cuenta con 13.827.643 electores habilitados para sufragar el 29 de noviembre. De ellos, 13.331.335 corresponden a electores en territorio nacional y 496.308 a las tres circunscripciones especiales del exterior.

Lo que debes saber

• Europa continúa con sus políticas de regulación hacia la industria tecnológica.
• Jóvenes de 13 y 14 años tendrían minicuentas supervisadas y limitadas a una hora diaria.
• UE prepara prohibición de redes sociales para menores de 13 años en todo el bloque.
  

La Unión Europea (UE) prepara nuevas normas para restringir el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes. La propuesta contempla prohibir estas plataformas a los menores de 13 años y establecer restricciones para los usuarios de mayor edad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la iniciativa durante su discurso sobre el estado de la Unión, celebrado en Estrasburgo, Francia.

“Nada de redes sociales para menores de 13 años. Nada de cuentas personales para menores de 15 años”, afirmó Von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión en Estrasburgo, Francia.

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Minicuentas para jóvenes de 13 y 14 años

La propuesta permitiría que los jóvenes de 13 y 14 años utilizaran “minicuentas” bajo supervisión de sus padres y con funciones limitadas. Estas cuentas tendrían un límite de uso de una hora al día.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, presentará este jueves una nueva ley de niños. La normativa establecería que las plataformas de redes sociales deberán demostrar que sus servicios son seguros para los menores, mediante un cambio en la carga de la prueba.

Las plataformas deberán demostrar que son seguras

La iniciativa surge después de que varios Estados miembros hayan adoptado o planteado restricciones para el uso de redes sociales por parte de adolescentes.

Australia estableció en diciembre de 2025 una prohibición para menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país en aplicar una medida de este tipo.

La mayoría de las principales plataformas de redes sociales ya establecen que los menores de 13 años no pueden utilizar sus servicios. Sin embargo, legisladores y expertos en seguridad en línea han cuestionado los mecanismos utilizados para verificar y hacer cumplir estas restricciones.

“Soy consciente de que muchos perciben el poder de las grandes empresas tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. No estoy de acuerdo”, afirmó Von der Leyen. “Europa tiene el poder de actuar. Somos nosotros quienes decidimos las reglas, no las grandes empresas tecnológicas”.

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La ley podría tardar años

La entrada en vigor de la nueva legislación podría tardar años. La propuesta deberá ser aprobada por los Estados miembros de la UE, algunos de los cuales ya han desarrollado iniciativas nacionales sobre el acceso de menores a las redes sociales.

Francia aprobó en julio una prohibición de las redes sociales para menores de 15 años mediante una votación de sus legisladores. Posteriormente, el Tribunal Constitucional francés anuló la medida.

“A nuestros opositores se les hace tan difícil insultarnos. Nosotros creemos en la salud pública. Creemos en la educación pública. Creemos en el apoyo del Estado a las personas que más necesitan”, aseguró Noboa en una entrevista en Radio Fiesta.

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Después de ese pronunciamiento, el jefe de Estado señaló: “Estamos muy lejos de esa extrema derecha en la cual nos quieren ubicar”. Luego habló de la gestión del Gobierno en materia de salud. Dijo que existe un plan de repotenciación del Hospital Básico de Santa Rosa y también del Hospital Humberto Molina.

Seguridad y Estados Unidos

Las declaraciones de Noboa ocurren en medio de los avances en los acercamientos con gobiernos como el de Estados Unidos. En la misma entrevista, el primer mandatario recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ubicado a Ecuador entre los principales aliados en la lucha contra el narcoterrorismo.

“Hemos logrado levantar a Ecuador. Estamos de frente contra las mafias. Otros países han optado por tranzar. Nosotros no tranzamos con delincuentes”, aseguró Noboa durante la entrevista ofrecida en la provincia de El Oro.

"Nosotros creemos en la salud pública. Creemos en la educación pública. Creemos en el apoyo del Estado a las personas que más necesitan”.Daniel Noboa

Además, Noboa se ha mostrado cercano a gobiernos de la región ubicados ideológicamente a la derecha. Por ejemplo, tras la salida de Gustavo Petro en Colombia, retomó una relación más cercana con el presidente Abelardo de la Espriella.

Noboa también se ha mostrado a favor del gobierno de Javier Milei en Argentina y ha retomado el trabajo conjunto con Keiko Fujimori en Perú.

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Daniel Noboa cuestiona nexos entre políticos y mafias en plena etapa electoral

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Sobre las relaciones diplomáticas, el actual canciller, Roberto Kury, ha dicho que las mismas se basan en el pragmatismo. De hecho, el Gobierno ecuatoriano mantiene estrechos lazos tanto con Estados Unidos como con China.

Ambos aspirantes a dignidades locales enfrentan denuncias por supuestos actos de precampaña en el marco de las elecciones seccionales de 2026. 

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Jorge Yunda es denunciado por presunta campaña anticipada: TCE analiza la queja

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La acción fue presentada en Quito el 15 de septiembre de 2026 por Michelle Dominique Álvarez Solano De La Sala, quien acusa a los candidatos de vulnerar el Código de la Democracia previo a los comicios locales.

¿Cuál es la posición de Avanza?

En primera instancia, la organización política que auspicia a ambos candidatos señaló que la presentación de una denuncia no constituye una declaración de responsabilidad. 

“El proceso se encuentra en una etapa inicial y corresponde al Tribunal Contencioso Electoral analizar los elementos presentados y resolver conforme a derecho”, indicó Avanza en un comunicado.

En ese escenario, la organización política esperará el pronunciamiento del TCE para determinar los siguientes pasos. Hay que recordar que, ante la presentación de una denuncia, el organismo de justicia electoral debe dar inicio al trámite correspondiente.

“De darse el caso, nuestros candidatos ejercerán el derecho a la defensa acompañados por el equipo legal de nuestra organización política”, argumentó Avanza.

“Confiamos en que el proceso se desarrollará con estricto apego a la Constitución, al Código de la Democracia, al debido proceso y a las garantías electorales”, se lee al final del comunicado.

Campaña electoral

Oficialmente, el periodo para que los diferentes candidatos hagan proselitismo político todavía no ha empezado. De acuerdo con el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña arrancará el próximo 12 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 26 de noviembre. Es decir, serán 15 días de campaña.

Sin embargo, en redes sociales circulan registros de actividades de candidatos ya calificados en barrios y sectores de diferentes provincias del país. 

Recientemente, el propio Jorge Yunda fue cuestionado por un acto que se conoció mediante un video difundido en redes sociales.

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Guayas elegirá prefecto tras siete años sin que un titular electo termine su mandato

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En las imágenes se observaba al exalcalde de Quito vestido con mandil y estetoscopio, en medio de una de sus habituales jornadas de risoterapia, interactuando con un joven a quien le entregó dos billetes de cinco dólares.

Ante el revuelo digital, Yunda declaró a este Diario que el episodio correspondió a un evento de carácter estrictamente privado en el que se desarrolló un concurso temático. 

Según su versión, los 10 dólares fueron un incentivo económico otorgado por una empresa del sector veterinario para promover la desparasitación y la tenencia responsable de animales de compañía.

Desde el 2019, la provincia parece incapaz de cerrar un mandato con su titular original. Primero fue la inesperada muerte de Carlos Luis Morales a los 13 meses de mandato, que catapultó a Susana González a completar un accidentado periodo de 35 meses. Años después, la renuncia de Marcela Aguiñaga a los 36 meses repitió la historia, cediendo el bastón de mando a Carlos Encalada para clausurar los 12 meses finales.

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Guayas acumula siete años sin que un prefecto electo complete su mandato

Entonces, Guayas lleva siete años sin que un prefecto electo complete su periodo. Con este sombrío historial de interinidad, se reduce la ventaja de la incumbencia, se debilita el voto retrospectivo y vuelve más volátil una competencia en la que ninguno de los principales candidatos llega completo.

Guschmer es el que mejor encarna el voto de maquinaria. Fue concejal por el PSC en 2019, candidato a la Prefectura por Movimiento RETO en 2023 (cuando quedó tercero) y asambleísta por ADN en 2025, curul a la que renunció para volver a intentarlo. Tiene marca nacional y reconocimiento, pero carga con un Gobierno que esta provincia ya castigó en el referendo de noviembre pasado, cuando el No ganó las cuatro preguntas en Guayas y, de los veinticinco cantones, solo Samborondón dio el Sí a todas.

Los demás llegan con déficits distintos. Sofía Espín conserva parte del voto correísta, pero compite sin el casillero con el que ese proyecto ganó la Prefectura en 2023. 

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Juan Carlos González hereda el recuerdo de diecisiete años de hegemonía socialcristiana, pero no una trayectoria propia equivalente. 

César Pérez viene del sector que la Prefectura atiende por mandato al ser el presidente de la Plataforma Agropecuaria de la Corporación de Montuvios del Litoral, aunque representación gremial no significa automáticamente adhesión electoral. 

Es, en distinta proporción, una elección de marca sin territorio, territorio sin marca, herencia sin liderazgo y representación sectorial sin, necesariamente, conversión electoral. Las otras cuatro candidaturas parten desde organizaciones nacionales sin peso provincial demostrado.

Frente a esta dispersión, la disputa por los votos se concentra en dos nichos ideológicos.El primero disputa el voto urbano no correísta y tiene a Guschmer y González como protagonistas: uno ofrece capacidad de ejecución por conexión con el Ejecutivo; el otro, el recuerdo de una estructura provincial que fue hegemonía. Geraldine Weber y Renán Borbúa pueden no competir por ganar, pero sí por restar en un escenario estrecho.

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La disputa por el voto de izquierda abre un segundo frente

El segundo escenario ocurre dentro de la izquierda y es una disputa asimétrica. Espín conserva al elector que vota por instrucción; Pérez busca al que ya no se siente representado por una dirigencia judicializada, pero tampoco quiere abandonar su posición ideológica.

Pero esta elección no se gana solamente sumando votos provinciales; se gana construyendo dos mayorías distintas. Por un lado está Guayaquil, que concentra el 62 % del padrón de toda la provincia pero experimenta poco la Prefectura, porque la gran mayoría de la obra ocurre fuera de la urbe.

Por el otro están los restantes 24 cantones, territorios donde la institución es de uso cotidiano debido a los caminos vecinales, canales de riego y fomento productivo. Es en ese segundo ecosistema donde el peso de los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales y las redes territoriales inclinan la balanza.

Por eso una parte decisiva de la elección se juega indirectamente en las 25 papeletas de alcaldía que se votan el mismo día. Y es precisamente esa red la que más cambió desde 2023. El correísmo ganó todo en Guayas, pero llega a noviembre sin el casillero con el que ganó, con el alcalde de su principal ciudad preso y con la prefecta electa reemplazada por una figura cercana al oficialismo.

Sobre ese tablero caerá además el agua. El calendario se adelantó por El Niño y terminó superponiéndolo con la campaña. Aparece así un electorado que acudirá a las urnas posiblemente inundado. Ese votante no necesariamente distingue competencias; puede sancionar a quien percibe gobernando. El oficialismo queda particularmente expuesto porque en Guayas controla buena parte de lo visible durante una emergencia: presupuesto nacional y Gobernación.

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En 2023 Aguiñaga ganó con más del 34 % frente al 25,56 % de Susana González y otras once candidaturas se repartieron el resto. Después de siete años sin un mandato completo, Guayas puede volver a elegir un prefecto sin un respaldo social mayoritario del padrón electoral. La fragmentación no es una consecuencia de esta elección; es su condición de origen.

Lo que debes saber

• Pasó de mantenerse alejada de la política a convertirse en candidata a la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales de 2026.
• Su postulación busca dar continuidad al proyecto político de su esposo, Aquiles Álvarez.

Fiorella Ycaza pasó de una vida alejada de la política a convertirse en una de las figuras del tablero de las elecciones en Guayaquil. Su nombre tomó fuerza después de una serie de precandidaturas y finalmente es la postulante que busca dar continuidad al proyecto político de Aquiles Álvarez, su esposo, hoy detenido.

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Ycaza oficializó su candidatura por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lista 17, en una postulación vinculada a Revolución Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó posteriormente su candidatura, por lo que quedó habilitada para participar en los comicios del 29 de noviembre.

Su exposición pública ha aumentado en los últimos meses. Aunque anteriormente no había ocupado un cargo de elección popular, ya había aparecido en algunas actividades oficiales junto a Álvarez y ya se la ha visto en recorridos, ya sea comiendo o recordando la gestión de Álvarez. Son actividades con ciudadanos, concejales y otros dirigentes políticos.

Ella ha construido una presencia propia en redes sociales, pues en sus cuentas utiliza el apellido Ycaza, mientras que en registros oficiales aparece como Fiorella María Icaza Samán. Su trayectoria educativa está vinculada al Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Televisión (ITV), donde cursó estudios entre 2011 y 2014.

También aparece en registros societarios. En Edumarxa S.A.S. figura como gerenta general desde el 23 de abril de 2025 y también como accionista. La compañía tiene su domicilio registrado en la isla Mocolí, en Samborondón.

Los registros tributarios de Fiorella Ycaza

Antes de ello, tuvo participación en Inmobiliaria Fiorema S.A. Allí fue designada gerenta general el 28 de noviembre de 2019, cargo que terminó el 2 de junio de 2023. Ese mismo día fue nombrada presidenta, función que terminó el 19 de julio de 2024.

La actividad principal registrada para Inmobiliaria Fiorema está relacionada con la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados. Fiorema también aparece en la investigación del caso Goleada.

En la consulta de información del Servicio de Rentas Internas (SRI) constan registros de Impuesto a la Renta correspondientes a los últimos ejercicios fiscales.

Según los datos consultados, el valor en 2023 fue de $133.268; en 2024, $183.574; y en 2025, $44.581. Además, no figuran declaraciones patrimoniales juradas en la consulta realizada.

Antes de saltar al escenario electoral, Ycaza ya había tenido exposición pública. En 2009 participó en el concurso Reina de Guayaquil, entre 15 candidatas. En esa edición la corona se la llevó Mariana Calderón, mientras que Ycaza figuró en el cuadro de las finalistas.

¿Pero estas credenciales son idóneas para llegar al Sillón de Olmedo?

Para el politólogo Jorge Chuya, el perfil de Ycaza “no es compatible con las necesidades” que, dice, tiene la ciudad actualmente.

“Guayaquil se encuentra en una deriva desde hace algunos años y una de las cosas más urgentes que necesitamos es un/una líder que esté presente y tenga toda su concentración en hacer de Guayaquil una mejor ciudad. Lastimosamente, la candidata Ycaza enfrenta diversas situaciones personales que harán, quiera o no, que su concentración se encuentre dividida”, analiza.

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Chuya también deja en claro que aunque es válido que cualquier persona quiera postularse a un cargo público, como ciudadanos hay que “entender que ser ‘popular’ no puede ser todo el mérito que tenga alguien para ser alcalde”.

“Seguramente el plan de la candidata sea continuar con el trabajo de su esposo, pero Guayaquil necesita resultados pronto. A su vez, Ycaza se encontrará nuevamente en una posición de discordia con el Gobierno central. Esto no es un problema de ella y, de hecho, el Gobierno no debería actuar así. Sin embargo, es algo que debemos tomar en cuenta tras los obstáculos que le han puesto a la Alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo podrá llegar a consensos cuando el Gobierno no quiere ver ni en pintura nada que se relacione con Aquiles Álvarez?”, comenta.

El también máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Glasgow manifiesta que al guayaquileño debería importarle cómo se resuelven los problemas de la ciudad, no cómo se resuelven las disputas políticas de dos actores, ya que considera que si esto sigue pasando, la ciudad continuará estancada.

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“Guayaquil necesita, primero, un/una líder enfocado en resolver los problemas de la ciudad; segundo, alguien capaz de lograr consensos o resolver como sea ante la ausencia de ellos; y tercero, alguien que le pueda devolver el orgullo a la identidad guayaquileña que hemos olvidado y hacerle frente a los ataques políticos que enfrenta la ciudad desde el Gobierno central”, agregó.

El reto de construir una identidad política propia

Mientras que para el analista político Oswaldo Moreno, la candidatura de Ycaza encabeza dos cosas: al correísmo, que, afirma él, es una fuerza que está “proscrita, vigente y perseguida”; y, segundo, tiene un “relato de martirio, con su esposo y su familia, lo cual hará que haya un sector de la población que esté de acuerdo y otro que no”.

“Su experiencia es todo el aparato político-comunicacional en torno al correísmo y la candidatura de Aquiles. No sé de su experiencia previa, pero me queda claro que tiene un equipo que la está llevando por un camino en el cual es de las favoritas”, señala.

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Lo que debes saber

• La Asamblea aprobó el informe de fiscalización el 15 de septiembre.
• El documento recoge posibles delitos y señala responsabilidades sobre Segura EP.
• Inés Alarcón llevó el expediente a la Fiscalía para que continúe la investigación.

La asambleísta oficialista Inés Alarcón entregó a la Fiscalía General del Estado el informe de fiscalización sobre el uso de las cámaras de videovigilancia de Segura EP en Guayaquil. El documento fue aprobado por la Asamblea Nacional el 15 de septiembre y contempla posibles delitos como asociación ilícita, acceso no consentido a un sistema informático y tráfico de influencias.

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Alarcón lleva el informe a la Fiscalía

Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, señaló que la entrega busca que el Ministerio Público profundice las investigaciones realizadas por la mesa legislativa. La asambleísta sostuvo que también corresponde determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos expuestos en el documento.

En un video publicado en su cuenta personal de X, tras acudir a la Fiscalía, Alarcón afirmó que Segura EP, empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, estuvo “controlada, articulada y direccionada por un prófugo de la justicia”, refiriéndose al expresidente Rafael Correa. La legisladora añadió que, a su criterio, los hechos podrían involucrar además peculado y tráfico de influencias, por lo que cuestionó el supuesto uso de un sistema destinado a la seguridad de los guayaquileños para fines políticos.

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La sala espejo y el caso Cornejo

Uno de los elementos que Alarcón destacó durante la fiscalización fue la instalación de una supuesta “sala espejo” en el Municipio de Guayaquil. El informe señala responsabilidades del expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, quien fue funcionario del Cabildo durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro.

Durante el proceso de fiscalización, la presidenta de la Comisión de Seguridad ha resaltado un audio en el que se escucha a Rafael Correa, al exoficial de la Policía Rodney Rengel, a Cornejo y al asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan González. En su cuenta de X, Alarcón sostuvo que estos hechos deben ser investigados “en profundidad” por la Fiscalía y afirmó: “Se acabó la impunidad”.

En el Legislativo se ahondó la pugna entre el oficialismo y el correísmo por la decisión del Consejo de la Judicatura. En menos de un día cambió el escenario para ambas bancadas. 

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Durante la mañana, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, resolvió iniciar un proceso de fiscalización. Incluso fue convocada la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, pero se excusó y no asistió.

Mientras esto ocurría en el quinto piso de la Asamblea, donde se ubica esa mesa legislativa, en el salón Tránsito Amaguaña, durante un conversatorio con medios de comunicación, la titular de la Asamblea sugería que debían respetarse las competencias de cada función del Estado y que, de ser necesario, deberían adecuarse las reformas legales a lo decidido por la Judicatura.

¿Cuál es el problema con la resolución de la Judicatura?

Lo dicho por Mancheno es clave. La Judicatura decidió la supresión de las unidades especializadas anticorrupción mediante una resolución de esa entidad. Sin embargo, la creación de esas unidades, con jueces especializados, se hizo mediante ley.

Mancheno reconoció ese escenario. Aun así, aseguró que no veía la necesidad de una fiscalización y planteó la posibilidad de únicamente pedir información. También añadió que había que esperar un pronunciamiento de la Judicatura sobre la hoja de ruta tras la decisión.

Una definición en el Pleno

Durante la sesión de este 17 de septiembre de 2026, el asambleísta del oficialismo Xavier Ordóñez planteó un cambio en el orden del día para conocer sobre la resolución de la Judicatura y aprobar el inicio de un proceso de fiscalización.

El asambleísta insistió en que era necesaria toda la información disponible sobre lo que sustentó esa decisión. Mencionó que se deben conocer los informes técnicos y jurídicos, además de explicar cómo la Judicatura tomó esa decisión. Pero entonces planteó que la comisión competente para dicho tema era la de Justicia, controlada por el oficialismo.

Verónica Íñiguez (RC) intentó explicar que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que una mesa legislativa avocó conocimiento, otra comisión no podrá pedir información ni comparecencias sobre el mismo tema.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, dijo que la Asamblea debía defender su institucionalidad. Esto, porque la resolución de la Judicatura implicaba cambios que solo podía hacerlos la Función Legislativa. 

Cuestionó, por ejemplo, que los jueces especializados tenían acción nacional, mientras que los jueces penales tienen una limitación territorial.

Al final, el Pleno adoptó la resolución para que el proceso de fiscalización avance en la Comisión de Justicia, con 85 votos a favor. El correísmo votó en contra y aseguró que mantendría el proceso ya iniciado.

Lo que debes saber

• 501 liquidaciones están concentradas en 21 profesionales.
• Expertos advierten riesgos por la acumulación de procesos complejos.
• Los especialistas plantean transparentar y modernizar las designaciones.

Que 501 liquidaciones empresariales estén concentradas en apenas 21 liquidadores genera cuestionamientos entre especialistas en Derecho Societario. Para los expertos consultados por EXPRESO, el dato obliga a revisar cómo se realizan las designaciones, qué controles existen sobre su gestión y si la carga asignada permite atender cada proceso con la diligencia requerida.

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Una concentración que genera dudas

La cifra plantea dudas sobre la capacidad real de quienes acumulan numerosos encargos, opina Oswaldo Santos, abogado societario y docente de la Universidad San Francisco de Quito. El jurista considera que una concentración de esta magnitud debería llevar a examinar las razones por las que determinados profesionales reciben tantos nombramientos.

“Se necesitaría más información porque depende mucho de cuál sea la calidad del liquidador y el motivo por el que se le designa”, señala el abogado Santos. A su criterio, si los profesionales fueran los más experimentados y eficientes, podría existir una explicación, aunque advierte que tener docenas de compañías bajo responsabilidad vuelve difícil garantizar una gestión adecuada.

Franklin Lituma, abogado especializado en Derecho Societario, indica que una empresa sin pasivos, trabajadores o litigios puede ser manejada paralelamente con otras sin que necesariamente exista una afectación. Sin embargo, sostiene que asumir más de cinco a diez liquidaciones complejas incrementa de forma considerable el riesgo de incumplir plazos, atender requerimientos de la Superintendencia o responder oportunamente a obligaciones tributarias o legales.

Mientras mayor sea la carga, menos lo va a poder hacer de forma eficiente. No basta con saber cuántas liquidaciones tiene la persona, hay que saber qué está haciendo.Oswaldo Santos, abogado societario

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El foco está en las designaciones

Efraín Chávez, abogado y especialista en Derecho Societario y Liquidaciones Empresariales, lleva el análisis hacia el mecanismo mediante el cual se escoge a los encargados. “El debate no debería centrarse exclusivamente en cuántas empresas tiene cada liquidador”, sostiene, porque la discusión principal debería ser qué sistema utiliza el Estado para seleccionar a quien asumirá la administración de una compañía en liquidación.

Chávez cuestiona que, según su experiencia, la selección no tenga características similares a las existentes para los peritos judiciales. Mientras para estos últimos existen requisitos de experiencia, especialización, transparencia y un mecanismo de sorteo, el jurista sostiene que para los liquidadores debería existir un esquema que permita conocer y verificar cómo se distribuyen las designaciones.

El especialista considera que la ausencia de un mecanismo electrónico de asignación dificulta determinar si los nombramientos responden a criterios objetivos. “No hay un sistema informático para eso”, afirma, y agrega que tampoco existe suficiente trazabilidad para conocer cuántas compañías tiene cada profesional, desde cuándo las administra y cómo avanzan sus respectivos procesos.

Santos también considera necesario profundizar en las razones que explican la concentración de liquidaciones evidenciada por EXPRESO en una serie de reportajes. “Eso sí invitaría a hacer un análisis sobre las razones por las que se escogió a este liquidador en particular”, sostiene, especialmente cuando uno de los profesionales acumula 72 compañías en proceso de cierre.

A los liquidadores, siendo representantes legales de las compañías, no los pueden citar porque no saben cuál es su domicilio. Se requiere de un listado con sus ubicaciones.Efraín Chávez, abogado societario

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Los procesos complejos pueden quedar rezagados

La carga excesiva, según los entrevistados, puede traducirse en una atención desigual de los expedientes. “Las compañías donde hay activos donde se pueda convertir en dinero rápido, esas liquidaciones caminan”, afirma Chávez. En cambio, agrega, “donde hay que presentar demandas, donde hay que contestar demandas o cosas así duermen el sueño de los justos 2, 3 años”.

Esa demora tiene consecuencias directas para trabajadores, acreedores y accionistas que esperan el cierre de la compañía. Santos recuerda que la liquidación debe ser un procedimiento expedito.

Lituma advierte que una cartera de 72 entidades aumenta el riesgo de que el liquidador no atienda a tiempo procesos judiciales y tenga que responder por negligencia o rebeldía procesal. Por ello, considera urgente depurar las sociedades para evitar que permanezcan en un limbo jurídico que sobrecarga los sistemas de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y los registros mercantiles.

Existen vías legales para impugnar al liquidador de la SuperCías: por sede administrativa o a través de una acción contenciosa-administrativa o vía societaria directa.Franklin Lituma, abogado societario

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Más control y transparencia

Ante esto, los especialistas ven la necesidad de profesionalizar y transparentar el sistema de designaciones. Chávez propone un registro nacional de liquidadores que incluya hoja de vida, experiencia, especialidades y estado de habilitación, además de un mecanismo electrónico de asignación.

Lo que debes saber

• TCE revisa denuncia por presunta campaña anticipada contra Jorge Yunda y Carla Cevallos.
• Infracción del Código de la Democracia contempla multas de hasta 9.640 dólares y suspensión de derechos.
• El tribunal solicitó aclarar el recurso y presentar pruebas documentales en 48 horas.

El candidato a la Alcaldía de Quito por el partido Avanza, Jorge Yunda, y la aspirante a la Prefectura de Pichincha, Carla Cevallos, fueron denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta campaña anticipada de cara a las elecciones seccionales de 2026. La acción legal fue interpuesta en Quito el pasado 15 de septiembre de 2026 por la ciudadana Michelle Dominique Álvarez Solano De La Sala, quien acusa a los postulantes de vulnerar el Código de la Democracia previo a los comicios locales.

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La denuncia electoral ante el TCE por infracción grave

La queja presentada por Michelle Dominique Álvarez señala directamente a los cuadros de Avanza por incurrir presuntamente en la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, conocida como Código de la Democracia.

Dicha normativa cataloga los actos de proselitismo fuera de los plazos legales como una infracción electoral grave, la cual contempla las siguientes sanciones:

El Tribunal Contencioso Electoral exige pruebas documentales

Pese a su ingreso, el organismo de justicia electoral confirmó que la causa aún no ha sido admitida a trámite formal.

Requisitos previos para calificar el trámite

Antes de resolver si da paso o desestima el recurso en contra de Jorge Yunda y Carla Cevallos, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso medidas obligatorias a la parte accionante:

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Cuestionamientos a Jorge Yunda por video en redes sociales

La acción jurídica se suscita tras los cuestionamientos públicos dirigidos al postulante a inicios de septiembre de 2026. Los señalamientos surgieron tras la viralización de un video en redes sociales donde se observa a Jorge Yunda vestido con mandil y estetoscopio en medio de una de sus habituales jornadas de risoterapia, interactuando con un joven a quien le entregó dos billetes de cinco dólares.

Ante el revuelo digital, Yunda declaró a este Diario que el episodio correspondió a un evento de carácter estrictamente privado en el que se desarrolló un concurso temático. Según su versión, los 10 dólares fueron un incentivo económico otorgado por una empresa del sector veterinario para promover la desparasitación y tenencia responsable de animales de compañía, descartando de manera tajante la realización de actos proselitistas.

El oficialismo, representado por ADN, y asambleístas de la Revolución Ciudadana intercambiaron acusaciones en el Pleno de la Asamblea. Legisladores como Lucía Jaramillo recordaron que el caso implicó un millonario perjuicio al Estado ecuatoriano.

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Asimismo, Adrián Castro (ADN) dijo que hubo gente afectada. Citó el caso de los depositantes de la Cooperativa Coopera, en Azuay, quienes perdieron todo debido a las implicaciones del caso SUCRE.

Desde el correísmo, la asambleísta Ana Herrera cuestionó el alcance real del informe presentado. Hay que recordar que el informe de actualización se elaboró en la Comisión de Fiscalización. 

La legisladora, como parte de dicha mesa, dijo que no se incluyó ninguna información que sea nueva. A la par, cuestionó la recomendación de que la Fiscalía impulse una investigación por peculado. 

Dijo que los 2,4 millones de dólares que puso Ecuador como parte del Tratado Constitutivo deben ser recuperados por el Gobierno de Daniel Noboa como parte de la salida del SUCRE.

Al final, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió aprobar el informe con 84 votos a favor. También hubo 57 votos en contra, que provinieron del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana.

¿Qué recomendó el informe?

En el documento aprobado por el Pleno se concluyó que el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) sufrió un colapso operativo definitivo, registrando 0 % de operaciones comerciales desde 2020.

Además, se estableció que la vía de control administrativo a cargo de la Contraloría General del Estado para sancionar las operaciones del SUCRE ejecutadas entre 2010 y 2017 ha quedado legalmente extinta debido a la caducidad de la facultad de control.

También concluyó que existe evidencia de la posible existencia de un aparente patrón de impunidad judicial que habría permitido la liberación de más de 56 millones de dólares de Foglocons en 2016.

Entre las recomendaciones están:

Lo que debes saber

• La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó información formal al Ministerio de Salud Pública y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones sobre la contratación para la historia clínica electrónica unificada.
• El Ministerio de Salud adjudicó un contrato por cerca de 240,2 millones de dólares a CNT EP el pasado 9 de septiembre de 2026 bajo la modalidad de Régimen Especial.
• El organismo civil busca esclarecer el acuerdo o subcontratación suscrito entre la empresa pública y el consorcio privado Dedalus Group, además de exigir la justificación jurídica en caso de que se declare confidencialidad.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) entregó este 17 de septiembre de 2026 en Quito dos pedidos formales de acceso a la información pública dirigidos al Ministerio de Salud Pública y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). A través de estos oficios, el organismo ciudadano exigió la entrega completa de los expedientes precontractuales y contractuales relacionados con el software de historia clínica electrónica y agendamiento de citas médicas, un proceso que involucra fondos públicos superiores a los 240 millones de dólares y acuerdos con la firma privada Dedalus Group.

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El contrato de 240,2 millones de dólares del Ministerio de Salud

En el oficio Nro. 146-CNA-GR-17-9-26, remitido al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga Parra, el coordinador de la CNA, Germán Rodas Chaves, solicitó acceso íntegro en formato digital a la documentación del proceso central de modernización sanitaria.

El requerimiento puntualiza que el pasado 9 de septiembre de 2026 el Ministerio de Salud adjudicó a CNT EP un contrato bajo la modalidad de Régimen Especial valorado en aproximadamente 240,2 millones de dólares. El objeto contractual comprende la implementación tecnológica de la historia clínica electrónica unificada y el sistema nacional de agendamiento de citas médicas.

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La petición al titular de la cartera de Estado contempla:

La CNA recordó que el pasado 31 de julio de 2026 ya había remitido un primer pedido de información a la cartera de Estado, enfatizando que al ser un plan financiado con recursos de los contribuyentes ecuatorianos, los antecedentes deben ser de acceso ciudadano.

Subcontratación y nexos tecnológicos con Dedalus Group en CNT EP

De manera simultánea, mediante el oficio Nro. 147-CNA-GR-17-26, la CNA notificó al gerente general de CNT EP, Ronald Spina, para obtener los respaldos operativos de la alianza con el sector privado.

El documento señala que la empresa estatal habría recurrido a una subcontratación o alianza tecnológica con la empresa extranjera Dedalus Group (o su respectiva filial o consorcio) para dar operatividad al sistema hospitalario solicitado por el Ministerio de Salud.

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Requerimientos de la CNA a la estatal de telecomunicaciones

Frente a la participación de esta firma proveedora, la CNA demandó a la gerencia de la empresa pública los siguientes respaldos documentales:

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Ambos oficios ingresaron a las ventanillas de recepción documental de las dos instituciones gubernamentales durante la mañana del 17 de septiembre de 2026, amparados en las garantías del artículo 18 de la Constitución de la República y los artículos 1, 9 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Justicia

Solanda Goyes: ¿por qué no se instaló la audiencia para formulación de cargos?

Rosero Mariela

El jueves 17 de septiembre del 2026, Solanda Goyes sostuvo que la Fiscalía no tiene competencia para actuar en la causa y defiende la gestión que realizó como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, entre 2018 y 2023. Según afirmó, la documentación de ese periodo no evidencia irregularidades.

“No hay nada, tienen el ánimo de formular cargos en mi contra cuando la documentación demuestra que no existe ninguna irregularidad en la gestión que realicé”, señaló.

El papel de la Contraloría en el caso de Solanda Goyes

La exfuncionaria también cuestiona un informe de la Contraloría que, según su versión, fue elaborado a partir de denuncias que considera falsas. Goyes sostiene que ese documento terminó dando paso a una investigación por presunto peculado que posteriormente derivó en la indagación por tráfico de influencias.

En su defensa, reivindica los resultados de su gestión al frente del área de Acceso a los Servicios de Justicia. Afirma que durante ese periodo se consiguieron cerca de dos millones de dólares de cooperación internacional para programas dirigidos a víctimas de violencia, se fortalecieron sistemas y procesos de formación y se institucionalizó el sistema de información sobre femicidios.

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Solanda Goyes también cuestiona que se la responsabilice por la prescripción de expedientes disciplinarios durante su etapa como vocal. Asegura que, cuando tuvo que ausentarse por una cirugía, las autoridades que estaban al frente del Consejo de la Judicatura tenían otras atribuciones para evitar la caducidad de los procesos.

La exvocal señaló directamente al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y sostuvo que debería investigarse su actuación en relación con esos expedientes. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Goyes y deberán contrastarse con la documentación y las posiciones de las instituciones involucradas.

La acción de protección se presenta después de que la audiencia de formulación de cargos prevista para el 14 de septiembre no se instalara por la ausencia justificada de su abogada defensora. La Fiscalía había solicitado la diligencia dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias.

"Por causa de Mario Godoy se perdieron 300.000 dólares".

Lo que debes saber:

• El correísmo presentará una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la resolución de la Judicatura.
• Viviana Veloz argumenta que la eliminación de las unidades especializadas incumple el Código Orgánico de la Función Judicial.
• La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, señaló que no ve un caso de fiscalización pero prometió reformas legales.

El correísmo buscará que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se suprimieron las Unidades Especializadas Anticorrupción. La legisladora Viviana Veloz anunció la presentación de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

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“Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta resolución que no era pertinente y tiene vicios de forma”, señaló Veloz.

Las declaraciones las hizo en el marco del inicio de un proceso de fiscalización sobre este tema en la Comisión de Garantías Constitucionales, que está bajo control del correísmo. Este 17 de septiembre de 2026 fue convocada la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, pero no asistió y presentó una excusa.

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El argumento del correísmo

El centro de la discusión en la Asamblea sobre la decisión del Consejo de la Judicatura tiene que ver con que, mediante una resolución, se eliminaron este tipo de unidades, pese a que están contempladas en una ley, en este caso, el Código Orgánico de la Función Judicial.

Veloz argumentó que existe un incumplimiento de funciones por parte de los vocales de la Judicatura respecto del Código Orgánico de la Función Judicial. “Están incumpliendo al dejar sin competencia a los jueces encargados de juzgar delitos que están dentro de la Ley de Extinción de Dominio y también de Lavado de Activos”, mencionó.

La intención del correísmo es que, mediante un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se deje sin efecto la resolución que determinó que las competencias de las unidades especializadas pasen a otras judicaturas penales de Quito.

¿Qué dice el oficialismo?

Este jueves 17 de septiembre de 2026, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se pronunció sobre la decisión adoptada por la Judicatura. Primero abogó por el respeto a las competencias de las diferentes funciones del Estado.

A la par, señaló que no veía en este tema un caso para iniciar un proceso de fiscalización desde la Asamblea. Aseguró que habrá normativas que deberán acoplarse, con el objetivo de que las leyes sean funcionales.

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Mancheno también insistió en que se debe esperar el pronunciamiento de la autoridad de la Judicatura para conocer la hoja de ruta, aunque reconoció que la decisión fue adoptada mediante una resolución, pese a que las Unidades Especializadas Anticorrupción fueron creadas mediante ley.

“Me comprometo a no cruzarme de brazos. A mí me interesa que los proyectos de ley cambien las cosas. Si tenemos que hacer reformas las vamos a hacer”, concluyó Mancheno.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó la descalificación de Carlos Falquez Aguilar a la Alcaldía de Machala.
• El candidato solicitó una figura jurídica improcedente y no impugnó en el plazo legal.
• La impugnación original la presentó el movimiento CREO por presuntas irregularidades.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó en última instancia la descalificación de la candidatura de Carlos Falquez Aguilar a la Alcaldía de Machala, en la provincia de El Oro. El organismo electoral determinó que la apelación del postulante resultó improcedente al solicitar una corrección fuera de norma en lugar de activar los recursos legales ordinarios, dejando en firme la resolución previa de la Junta Provincial Electoral de El Oro y descartando la vulneración de sus derechos políticos en los comicios seccionales.

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En su resolución final, los jueces del organismo electoral determinaron que el reglamento para la calificación e inscripción de candidaturas contempla de forma expresa las vías legales permitidas, entre las cuales no consta la figura legal presentada por la defensa del aspirante.

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De acuerdo con el expediente analizado por el tribunal, el recurrente tramitó una solicitud no contemplada en el marco legal vigente durante el periodo de inscripción:

Al haber requerido la corrección de la resolución emitida por el Pleno de la Junta Provincial Electoral de El Oro en lugar de interponer una impugnación a tiempo, la decisión original cobró firmeza jurídica absoluta.

Descartada la vulneración del derecho a elegir y ser elegido

El Tribunal Contencioso Electoral resolvió que el fallo no vulnera de ninguna manera el derecho de Falquez Aguilar a elegir y ser elegido. La entidad subrayó que el postulante disponía de un ordenamiento jurídico previsible, estable, determinado y coherente que rige con claridad los pasos para la inscripción formal.

Asimismo, el tribunal desestimó una presunta falta de motivación jurídica, señalando que la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones de fondo obedeció al incumplimiento de los procedimientos reglamentarios por parte del propio recurrente.

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El origen del conflicto electoral con el movimiento CREO

El proceso electoral en torno a Falquez Aguilar comenzó a trabarse cuando el movimiento CREO solicitó a la Junta Provincial Electoral de El Oro negar su calificación de cara a la Alcaldía de Machala, argumentando la existencia de una presunta irregularidad en la firma de reglamentos.

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Ante este reclamo, Falquez Aguilar cuestionó públicamente la posición de dicha organización política, recordando que su designación se concretó tras haber ganado el respectivo proceso de democracia interna de la agrupación como precandidato oficial.

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Una agenda electoral aún sin detalles

Noboa no detalló en la entrevista cuáles serán las ciudades que visitará ni qué actividades cumplirá durante esos días. Tampoco precisó si esa participación estará concentrada en respaldar a un determinado candidato de su movimiento o si contempla una agenda propia en diferentes provincias.

Asimismo, el presidente no precisó las fechas de esa agenda electoral ni bajo qué modalidad cumplirá las actividades en territorio. Tampoco aclaró si solicitará una licencia temporal a la Asamblea Nacional para hacer proselitismo político ni si la vicepresidenta María José Pinto asumiría sus funciones durante ese periodo.

Noboa también se refirió a las fotografías difundidas el miércoles 16 de septiembre, en las que aparece compartiendo ceviche con sus precandidatos oficialistas a los gobiernos locales de Guayas. El mandatario sostuvo que el encuentro busca mostrar unidad en torno a “un solo proyecto y una sola lucha”, que, según dijo, no responde a una disputa ideológica ni regional.

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Noboa menciona a sus adversarios

El mandatario, en la entrevista, también se refirió a sus adversarios políticos. En el diálogo se mencionó que algunos precandidatos del movimiento Revolución Ciudadana se habrían reunido en México. 

Noboa añadió que, mientras su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene esa cohesión, sus adversarios políticos pasarán, según dijo, “insultando de aquí hasta el 29 de noviembre”. Sin embargo, cuando comenzó a desarrollar ese punto, la intervención de Irene Vélez, secretaria de Comunicación, interrumpió nuevamente el curso de la conversación.

La funcionaria incorporó en ese momento un comentario breve relacionado con la gastronomía ecuatoriana y "el cariño de la gente". La interrupción se produjo mientras el presidente abordaba el escenario político de cara a los próximos comicios locales.

La mención a México se da en un momento de reorganización de las fuerzas políticas que buscan participar en las elecciones seccionales, proceso que incluye la definición de candidaturas para alcaldías y prefecturas. En el caso de la Revolución Ciudadana, su situación electoral ha estado marcada por la suspensión de la organización política durante nueve meses.

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Este jueves, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, tenía previsto iniciar un proceso de fiscalización sobre la resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se redistribuyeron las competencias de las Unidades Especializadas Anticorrupción a otras judicaturas penales de Quito.

En ese contexto, Mancheno dijo que no veía la necesidad de iniciar un proceso de fiscalización, sino más bien de solicitar información sobre esa decisión. “Sí considero que puede ser una solicitud de información. Es información que también nos ayuda a tomar una decisión más que una fiscalización”, dijo la presidenta de la Asamblea.

Una resolución sobre la ley

Mancheno también se refirió al avance en el trámite de la Ley Antimafias. La normativa, impulsada por el oficialismo, ya pasó el primer debate y, entre sus propuestas, contempla que los bienes incautados al crimen organizado puedan ser utilizados por entidades dedicadas a temas sociales.

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En ese contexto, fue consultada sobre si dicha ley incluiría reformas a partir de la decisión de la Judicatura. Aseguró que habrá normativas que deberán adecuarse, con el objetivo de que las leyes sean funcionales.

Mancheno también insistió en que se debe esperar el pronunciamiento de la Judicatura para conocer su hoja de ruta, aunque reconoció que la decisión fue adoptada mediante una resolución, pese a que las Unidades Especializadas Anticorrupción fueron creadas mediante ley.

“Me comprometo a no cruzarme de brazos. A mí me interesa que los proyectos de ley cambien las cosas. Si tenemos que hacer reformas las vamos a hacer”, concluyó Mancheno.

Lo que debes saber

• Estrada apeló ante el TCE tras la negativa del CNE a inscribir su postulación seccional.
• El tribunal electoral advirtió que el trámite corre riesgo de archivo por inconsistencias.
• La candidatura enfrenta objeciones tras una renuncia inicial y una renominación posterior.

El exasambleísta Jaime Estrada presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó la calificación de su candidatura a la Prefectura de Manabí para las elecciones seccionales de 2026. Sin embargo, el organismo jurisdiccional condicionó la admisión a trámite de la causa y solicitó al postulante aclarar y completar formalmente su petición legal, bajo la advertencia de archivar el expediente si no cumple con las subsanaciones requeridas.

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El trámite legal interpuesto por el aspirante provincial se encuentra temporalmente suspendido en el Tribunal Contencioso Electoral. La entidad requirió formalmente al exasambleísta que complete y aclare deficiencias identificadas en la documentación presentada antes de evaluar la admisión de la causa.

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Requisitos pendientes que debe subsanar el postulante

El organismo electoral advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones legales provocará el archivo definitivo del recurso subjetivo contencioso electoral. Para continuar el proceso, se exige completar, en el plazo de dos días, lo siguiente:

El informe del CNE y la impugnación de ADN

La controversia legal inició tras la objeción presentada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en contra de la precandidatura del exlegislador.

La negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) se sustentó en un criterio técnico de la Asesoría Jurídica del organismo. El informe determinó que en el expediente faltaba la aceptación pública, explícita y personalísima obligatoria para una postulación de reemplazo, concluyendo que “el trámite no se perfeccionó”.

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Cronología de la postulación a la Prefectura de Manabí

El registro de la candidatura provincial atravesó varios cambios administrativos dentro del calendario electoral:

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