Lo que debes saber

• Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2026-2027, luego de que Ecuador concluya su gestión al frente del organismo regional.
  
• El relevo se concreta en Quito, donde este miércoles 30 de septiembre se reunieron las delegaciones de Bolivia, Colombia y Perú, junto al canciller ecuatoriano Roberto Kury.
  
• Durante las reuniones se abordaron temas de integración, como una propuesta para regular el ingreso de vehículos particulares de turistas y el avance de la plataforma digital Intercom para el intercambio de documentos de comercio exterior.

Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2026-2027, luego de que Ecuador cierre su gestión al frente del organismo de integración regional.

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El relevo se produce en Quito, donde este miércoles 30 de septiembre se desarrollaron reuniones con la participación de las delegaciones de Bolivia, Colombia y Perú.

El canciller de Ecuador, Roberto Kury, recibió a las delegaciones de los países miembros y encabezó la 32.ª Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, el funcionario destacó la intención de mantener una Comunidad Andina integrada y con capacidad de responder a los cambios del escenario regional e internacional, según informó la Cancillería ecuatoriana.

Quito

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Delegados peruanos se alistan para asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina

La delegación peruana llegó a la capital ecuatoriana encabezada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, según el medio América TV de ese país.

Ambos funcionarios fueron autorizados para participar en las reuniones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la CAN, instancias en las que se concretará el cambio de liderazgo.

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Entre los asuntos que forman parte de las reuniones está una propuesta para establecer reglas sobre el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos particulares utilizados por turistas dentro de los países de la CAN.

También se revisará el funcionamiento de Intercom, una plataforma digital destinada a facilitar el intercambio de documentación relacionada con el comercio exterior entre los integrantes del bloque.

Con la nueva presidencia, Perú tendrá a su cargo la conducción de las sesiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores durante el período 2026-2027.

Lo que debes saber

• El CNE acreditó a 549 observadores en el segundo registro, alcanzando un total de 903 delegados habilitados.
• El personal acreditado vigilará desde los preparativos iniciales hasta el escrutinio oficial del 29 de noviembre.
• La veeduría electoral nacional constituye una labor cívica, voluntaria y sin remuneración estatal.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 30 de septiembre en Quito la acreditación de 549 delegados nacionales para las elecciones seccionales de noviembre de 2026, alcanzando un total de 903 veedores autorizados para supervisar de forma presencial y técnica el desarrollo de las votaciones generales programadas para el próximo domingo 29 de noviembre.

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Registro de observadores electorales en el CNE

La incorporación de este nuevo contingente corresponde al cierre del segundo periodo de inscripción formal dispuesto por la autoridad comicial en Quito. Con esta resolución administrativa, el padrón oficial de control social fortalece su cobertura operativa de cara a los comicios locales y de participación.

Cifras del proceso de acreditación

El contingente electoral acreditado se distribuye de la siguiente manera:

OEA y UNIORE entre la observación internacional

Al momento. estas son las entidades que han confirmado son:

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Alcance y funciones de la veeduría ciudadana

Los 903 veedores cuentan con aval técnico para desplegar sus actividades de control durante las etapas clave del calendario electoral fijado para el domingo 29 de noviembre:

Condiciones del rol de observación

La normativa vigente del organismo electoral determina que la observación electoral en Ecuador opera bajo parámetros definidos de participación ciudadana:

Lo que debes saber

• Asamblea aprobó ley el 29 de septiembre para frenar reclutamiento de menores en escuelas del país.
• Municipios deberán crear zonas seguras cerca de planteles para reducir captación de adolescentes por bandas.
• Nueva norma plantea bloquear contenidos digitales usados para reclutar menores con fines delictivos.

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán implementar una serie de medidas de prevención y seguridad para proteger a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento por parte de organizaciones criminales, una vez que entre en vigencia la Ley para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso o utilización de menores con fines delictivos, aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2026 con 88 votos.

La legislación introduce reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que obligan a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a desarrollar políticas de protección en sus territorios frente al avance de estructuras criminales que buscan captar a menores de edad.

Perímetros seguros alrededor de instituciones educativas

Entre las principales disposiciones consta la implementación de los denominados “perímetros sagrados” o zonas seguras alrededor de establecimientos educativos. La ley establece que los GAD deberán recuperar y preservar los espacios públicos cercanos a escuelas y colegios para reducir factores de riesgo asociados al reclutamiento y vinculación de menores con actividades ilícitas.

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La normativa también ordena a los municipios expedir ordenanzas que eviten expresiones o manifestaciones que hagan apología a grupos de delincuencia organizada o promuevan actividades delictivas en espacios públicos ubicados en los alrededores de instituciones educativas.

Otro de los cambios contempla la creación y coordinación de consejos de seguridad ciudadana municipal, integrados por representantes de la Policía Nacional, organizaciones comunitarias, sectores académicos y otras entidades vinculadas a la seguridad. Estos organismos deberán diseñar políticas locales y mesas técnicas para abordar riesgos relacionados con el reclutamiento de menores.

Más controles en eventos masivos y espectáculos públicos

Además, la ley amplía las competencias municipales en eventos masivos y espectáculos públicos. Los cabildos podrán realizar controles de aforo y verificar el cumplimiento de medidas de seguridad, incorporando mecanismos específicos para prevenir la promoción o glorificación de actividades criminales y la captación de menores en este tipo de concentraciones.

La normativa también dispone que los gobiernos locales implementen programas de convivencia, prevención de la violencia y desarrollo integral para niños y adolescentes, así como iniciativas dirigidas a la reintegración social de quienes hayan sido víctimas de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos.

En el ámbito de la prevención del consumo de drogas, los municipios deberán desarrollar mecanismos de evaluación y derivación de menores que presenten consumo problemático o se encuentren en situación de vulnerabilidad frente al reclutamiento criminal, utilizando la infraestructura y capacidades institucionales disponibles.

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Cambios en la regulación de contenidos y plataformas digitales

La ley también introduce reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación tendrá la facultad de regular franjas horarias para contenidos violentos, sexualmente explícitos o discriminatorios, además de monitorear material que promueva la violencia o el reclutamiento de menores.

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Como parte de estas medidas, el organismo deberá desarrollar una normativa secundaria para regular el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que difundan contenidos orientados al reclutamiento o utilización de niños y adolescentes con fines delictivos. El plazo establecido para esta regulación es de 90 días.

La normativa aún debe pasar por la revisión del presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarla o emitir un veto. En caso de ser aprobada por el Ejecutivo, será publicada en el Registro Oficial y entrará en vigencia en todo el país.

Lo que debes saber

• Cynthia Gellibert liderará la venta de valiosos bienes del IESS por orden del presidente Daniel Noboa.
• El nombramiento de Gellibert revive la polémica venta de 93 hectáreas a una mesera en La Libertad.
• Bienes clave del IESS en Santa Elena, Guayas y Pichincha entrarán a proceso de enajenación.

Si las propiedades que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) llegan a venderse, como anunció el presidente Daniel Noboa, la funcionaria encargada de dirigir esa tarea será una de las personas más cercanas a él: Cynthia Gellibert. Desde el martes 29 de septiembre, Gellibert es la representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS y, como tal, será su directora. Es decir, tendrá un inmenso poder en las ventas de terrenos que son del IESS.

Gellibert, que hasta hace pocos días se desempeñaba como ministra de Trabajo, reemplazará en ese cargo a Bernardo Cordovez, quien ha sido nombrado nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo. Cordovez, a su vez, reemplaza a Sariha Moya en el Ministerio de Desarrollo Económico.

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¿Qué tiene de especial el nombramiento de Gellibert? Mucho. Para comenzar, está el hecho de que es, quizá, la funcionaria que mayor incondicionalidad mantiene con el presidente. Gellibert no es una funcionaria cualquiera: ha estado junto al presidente como su mano derecha desde que fue asesora de Noboa cuando este era apenas un asambleísta de medio pelo.

Además, cuando el actual mandatario tuvo la crisis con su exvicepresidenta Verónica Abad, Gellibert asumió la Vicepresidencia, con una legalidad cuestionada, porque era quien más le garantizaba lealtad absoluta e incondicional. Fue, además, secretaria de la Administración.

En otras palabras, todo apunta a que la venta de los activos del IESS será un proceso sin la más mínima independencia del Ejecutivo.

El antecedente del polémico caso de tierras en Santa Elena

También es especial el nombramiento de Gellibert por el hecho de que no hace mucho estuvo salpicada en un oscuro y nunca esclarecido caso de venta de tierras en su provincia, Santa Elena, en la cual, además, la familia presidencial tiene importantes intereses empresariales.

No hay que olvidar que a los pocos días de haberse posesionado como presidente, estalló el escándalo por un proyecto inmobiliario de la familia presidencial en una zona ambientalmente protegida en Olón. Noboa, incluso, fue asambleísta por Santa Elena.

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La compraventa irregular de 93 hectáreas en La Libertad

Esta polémica tuvo como epicentro la venta de 93 hectáreas de propiedad municipal de La Libertad. El nombre de Cynthia Gellibert apareció porque surgió una posible conexión entre la joven que figuraba como compradora (una humilde mesera de cafetería) y el entorno familiar de la funcionaria.

¿Qué ocurrió? El precio acordado fue de aproximadamente 2,7 millones de dólares, aunque posteriormente en los registros municipales aparecía la cifra de 3,47 millones de dólares, incluidos impuestos y tasas. Lo insólito y sospechoso fue que la compradora era Jenny Elvia Ramírez Palma, de 24 años y quien, según las informaciones publicadas, no tenía RUC activo ni actividad económica que explicara una operación de ese tamaño.

La conexión familiar y la caída del negocio inmobiliario

¿Dónde entra Gellibert en esta historia? La conexión apareció cuando Ecuavisa encontró que la madre de Jenny Ramírez, que vive en una pobreza franciscana, trabajaba para la familia de Cynthia Gellibert como empleada doméstica.

Eso produjo una pregunta inevitable: ¿por qué una joven sin capacidad económica ni para comprar un par de sillas figuraba como compradora de 93 hectáreas por millones de dólares y qué relación podía existir entre ella, su madre y el entorno de Gellibert? El terreno estaba en una zona con fuerte potencial inmobiliario y turístico.

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El escándalo fue tan grande que el negocio terminó cayéndose, aunque ni Gellibert ni las autoridades explicaron el aparente entuerto.

Este es uno de los motivos por los que el nombramiento de Gellibert como cabeza del IESS es particular. Con este escándalo a cuestas, el de las 93 hectáreas vendidas a la humilde hija de una humilde empleada doméstica de la familia Gellibert, el presidente Noboa ha nombrado a Gellibert para dirigir la venta de las propiedades del IESS.

Terrenos y avalúos de las propiedades del IESS en venta

Todo esto se suma a que una de las empresas inmobiliarias del país que eventualmente podrían estar interesadas en esos terrenos sea una de propiedad de la familia del presidente Noboa. Precisamente en Santa Elena hay propiedades del IESS con un gran valor para proyectos inmobiliarios.

Bienes patrimoniales en La Libertad, Salinas y Montañita

Según los registros del propio IESS, en La Libertad (la misma ciudad donde se produjo la venta frustrada a la mesera Jenny Ramírez) existe un terreno de algo más de ocho hectáreas, avaluado en 2,44 millones de dólares. La propiedad se llama Las Pampas.

Otra propiedad con alto valor para un desarrollo inmobiliario es Las Vegas, en Salinas, con una extensión de 6,4 hectáreas y un avalúo de 1,6 millones de dólares.

Estos valores son, sin embargo, relativos porque no son nuevos. En julio de 2026 se reformó el Reglamento para la Enajenación de Bienes Inmuebles de Uso No Institucional del IESS y se estableció que únicamente será posible utilizar avalúos nuevos.

También hay propiedades de alto valor en Santa Elena. Según los registros del IESS, existen unos lotes en Montañita, así como en un punto llamado Nueva Montañita, en el límite con Manglaralto. Allí hay una propiedad de 150 hectáreas que actualmente está en disputa con la comunidad.

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Inmuebles estratégicos en Guayaquil y cobertura nacional

Ahora bien, propiedades que tienen gran valor para ser utilizadas por empresas inmobiliarias hay en todo el país. En Guayaquil, por ejemplo, hay dos que son extremadamente valiosas: la Lotización Tiffany, en el kilómetro 22 de la vía a la costa, y un pedazo de un terreno que el IESS entregó para que se construyera el Hospital de Los Ceibos y que no se utilizó.

De ese tipo hay decenas de propiedades en todo el país. Según el recientemente defenestrado Bernardo Cordovez, estas propiedades, que suman 175, están sobre todo en Guayas, Pichincha, Manabí y Santa Elena.

Ahora, todo apunta a que la vendedora será Gellibert

La tarde de este 30 de septiembre de 2026 tuvo lugar la audiencia pública de impugnación presentada por Hamilton Rickard Taramuel en contra del postulante Salomón Alejandro Montecé.

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Taramuel se ubicó en el ojo público tras presentar cuatro impugnaciones contra los aspirantes. Una de ellas fue en contra de Daniella Camacho, quien actualmente busca el cargo de fiscal general y es jueza de la Corte Nacional de Justicia.

La audiencia de la impugnación de Taramuel contra Camacho tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. En esa ocasión no asistió ni envió un abogado que actuara en su nombre. Como consecuencia de su ausencia, la impugnación fue archivada.

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¿Qué pasó en la audiencia contra Montecé?

En nombre de Taramuel actuó la abogada María Gabriela Sierra. Además del documento con el que se acreditó su presencia en representación de Taramuel, nada más se dijo sobre el impugnante. Él no apareció durante toda la audiencia.

La impugnación se sustentaba en una supuesta falta de probidad o idoneidad. El argumento fue la ausencia del aspirante Montecé en una audiencia de apelación en 2021. Según la abogada de Taramuel, hubo un señalamiento de negligencia profesional.

Montecé no había asistido a una audiencia en la que, como defensor público, representaba al acusado en un caso de violencia contra la mujer. El acusado había sido sentenciado y apeló la decisión. Al final, no acudieron ni la defensa ni el recurrente.

Sobre esto, Montecé argumentó que el caso ocurrió en “un contexto de elevada carga procesal”. Añadió que era el único defensor público en ese momento y, además, la diligencia se cruzaba con otro caso en el que actuaba como abogado público de una persona del grupo de atención prioritaria.

En medio de la audiencia, Montecé hizo referencia al pasado judicial de Taramuel. Explicó que la falta de probidad estaba directamente relacionada con el cometimiento de actos deshonestos y que el impugnante no había demostrado aquello.

Entonces, pidió que se tome como prueba una certificación sobre el caso de Taramuel, en el que fue procesado por el delito de robo. Finalmente, solicitó que se deseche la impugnación porque no había pruebas de una falta de probidad.

¿Por qué es controversial la impugnación de Taramuel?

Fue un reportaje de Teleamazonas el que reveló que Taramuel era un joven de 19 años con un antecedente penal. El periodista Fausto Yépez buscó a Taramuel en la dirección registrada de un estudio de tatuajes en la parroquia El Quinche, de Quito. Nunca logró contactarlo.

Hasta ahora se han cumplido dos de las cuatro impugnaciones que presentó. El 1 de octubre de 2026 están previstas dos audiencias más en las que él figura como impugnante. Se trata de las diligencias en contra de los postulantes Gustavo Adolfo Benítez y Sandra Patricia Morejón.

Con ambas audiencias terminará esta etapa y la Comisión Ciudadana de Selección emitirá su informe sobre si recomienda o no la descalificación de cada postulante impugnado.

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional fijó criterios sobre la protección de las críticas dirigidas a funcionarios públicos.
• El fallo señala que los jueces deben considerar los estándares constitucionales e interamericanos antes de sancionar expresiones relacionadas con asuntos de interés público.
• La protección no cubre expresiones sobre la vida privada, el hostigamiento o ataques ajenos a la función pública.

La crítica a los funcionarios públicos, incluso cuando se expresa en redes sociales, tiene una protección reforzada cuando se refiere a asuntos de interés público. Así lo recordó la Corte Constitucional en una sentencia que, según especialistas, marca un límite para el uso de sanciones penales frente a cuestionamientos al poder.

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Mayor escrutinio para quienes ejercen el poder

Para los expertos en materia Constitucional, el reciente fallo de la entidad jurídica es un llamado de atención a los jueces, quienes deberán tener en cuenta los estándares de libertad de expresión antes de sancionar penalmente las críticas dirigidas contra funcionarios públicos. La sentencia 3062-23-EP/26, aprobada por el Pleno de la Corte el 3 de septiembre de 2026, determinó que las autoridades judiciales ordinarias hicieron un análisis formal del caso y omitieron aplicar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los estándares de la Corte Interamericana.

Para Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, el fallo refuerza una protección que ya está reconocida en el ámbito interamericano para quienes cuestionan a personas que ejercen funciones de poder. El jurista dice que los jueces deben considerar estándares como el de real malicia y que, frente a una posible afectación al honor, la responsabilidad civil tiene prioridad sobre la vía penal.

López sostiene que el ejercicio de un cargo público implica aceptar un mayor nivel de escrutinio, porque las críticas pueden estar relacionadas no solo con la persona, sino con la función que desempeña. A su criterio, esa garantía debe extenderse a las nuevas formas de comunicación y participación ciudadana surgidas con las plataformas digitales.

Por su parte, Ximena Ron, docente universitaria y directora del Observatorio de la Constitución, coincide en que la Corte no está creando un nuevo criterio jurídico, sino ratificando una línea que ya existe en la jurisprudencia constitucional e interamericana. Explica que los funcionarios, políticos y personas con exposición pública conservan su derecho al honor, pero tienen un umbral de protección menor frente a las críticas que una persona con menor exposición.

La libertad de expresión protege todo lo que esté dentro del debate público.Ismael Quintana, constitucionalista

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El fallo también interpela a los jueces

El fallo, añade, también cuestiona la actuación de los jueces que conocieron el caso, pues la Corte determinó que no consideraron la jurisprudencia interamericana aplicable y, con ello, vulneraron el debido proceso en la garantía de motivación, en conexión con la seguridad jurídica y la libertad de expresión. Ron considera que se trata de un llamado de atención porque los operadores de justicia no pueden resolver estos casos únicamente desde la legislación nacional, sino que deben observar el bloque de constitucionalidad.

Y es que, a criterio del constitucionalista Ismael Quintana, algunos funcionarios recurren a la vía penal cuando se sienten desacreditados por críticas hechas en medios de comunicación o redes sociales. A su juicio, esta práctica puede terminar restringiendo de forma arbitraria la libertad de expresión, especialmente cuando existe desconocimiento de los estándares interamericanos que protegen el cuestionamiento a la gestión pública.

Quintana también precisa que la sentencia 3062-23-EP/26 no establece una regla inédita, sino que recoge criterios que la jurisprudencia interamericana ha desarrollado durante al menos una década y media. Por ello, considera que el reto no está en crear nuevos estándares, sino en que los jueces los conozcan y los apliquen cuando deban resolver procesos promovidos por funcionarios a raíz de críticas ciudadanas.

No obstante, el constitucionalista Quintana advierte que la protección reforzada no ampara cualquier expresión dirigida contra un funcionario, pues debe distinguirse entre la crítica a su gestión y los ataques relacionados con su vida privada. Mientras un cuestionamiento sobre una decisión pública forma parte del debate protegido, las expresiones que involucren la intimidad, hostiguen o desacrediten a la persona por asuntos ajenos a su función pueden ser objeto de sanción penal.

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El reto está en aplicar el estándar

A raíz de esto, ¿qué debe ocurrir? Para López, el siguiente paso será que los jueces ordinarios incorporen este estándar en futuros procesos y entiendan que la vía penal debe ser la última consecuencia frente a expresiones relacionadas con asuntos de interés público.

Ron agrega que corresponde al Estado socializar el contenido de la sentencia entre autoridades, operadores de justicia y ciudadanía. Para los expertos, las salas penales de las cortes provinciales y la Corte Nacional tendrán un papel relevante para consolidar, mediante nuevas decisiones, el criterio fijado por la Corte Constitucional.

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La costarricense Rebeca Grynspan volvió a situarse al frente, con 10 votos a favor, tres en contra y dos papeletas de “sin opinión”. El sondeo no es vinculante y se desarrolla de modo confidencial. No se conoce cómo votaron los miembros del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, los cinco miembros permanentes de la Secretaría, tienen derecho de veto. Un voto negativo de cualquiera de ellos puede bloquear una candidatura.

Según los resultados difundidos por fuentes diplomáticas, Espinosa obtuvo dos votos a favor, 11 en contra y dos de “sin opinión”. Mientras Baki recibió un voto a favor, 11 en contra y tres de “sin opinión”.

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Las dos ecuatorianas mantienen activa su campaña. Baki ha insistido en que, de llegar al cargo, quiere ejercer una diplomacia con mayor presencia sobre el terreno. 

“Mi compromiso es claro: estaré en el terreno, no solo en Nueva York, en el piso 38, sino en zonas de guerra y en áreas de tensión”, escribió en X. Su propuesta pone el acento en la prevención de conflictos y en la intervención diplomática antes de que las crisis escalen.

Espinosa, en cambio, ha centrado parte de sus mensajes recientes en la reforma y la capacidad de ejecución de Naciones Unidas. En una publicación sobre un encuentro convocado por Devex y EY, planteó que la recuperación de la credibilidad de la organización pasa por ejecutar sus decisiones y establecer prioridades desde el comienzo del próximo mandato.

Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la gestión financiera, sin equiparar austeridad con reforma; un uso de la inteligencia artificial que mantenga el juicio político y la rendición de cuentas humana; la medición del impacto de la ONU en los países y comunidades; y una organización más conectada con sus socios.

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La ONU registra oficialmente a Espinosa como candidata nominada por Antigua y Barbuda el 11 de mayo de 2026, mientras que Baki fue nominada por Tonga el 17 de agosto. Es decir, aunque ambas son ecuatorianas, sus candidaturas fueron presentadas formalmente por otros Estados.

La tarde del 29 de septiembre de 2026, el Pleno del Legislativo aprobó la ley que tipifica el reclutamiento de menores y eleva las penas para este tipo de delito. La normativa también establece el bloqueo de direcciones IP y dominios web en los que se promueva el reclutamiento de niños y adolescentes.

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La ley fue aprobada con 88 votos. Esta vez, el correísmo se quedó solo en su abstención. Esa posición generó cuestionamientos desde el oficialismo. Durante el debate, la bancada de la Revolución Ciudadana argumentó que la aprobación de la ley, por sí sola, no sería suficiente para solucionar el problema del reclutamiento.

La asambleísta correísta Mireya Pazmiño fue la encargada de anunciar la abstención de su bloque durante la votación. Señaló que lo haría a la par de “emplazar al Gobierno a frenar el desmantelamiento de la inversión social y exigir que la seguridad empiece por la educación, el arte, el deporte y el pan en la mesa de las familias populares”.

Además, el bloque cuestionó que, en los Centros de Adolescentes Infractores, “el modelo especializado de custodia con inspectores educadores cambie por una lógica de seguridad penitenciaria”.

La referencia de Torres contra la RC

Esta mañana, Esteban Torres se refirió a la aprobación de la normativa. Dijo que las últimas leyes están en sintonía con las políticas implementadas por el Gobierno de Daniel Noboa. También recordó que está pendiente la aprobación de la Ley Antimafias y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En una entrevista con Teleamazonas, Torres dijo que el oficialismo no esperaba el apoyo de la Revolución Ciudadana para la aprobación de la ley. Y señaló: “La muletilla de la oposición es siempre ‘antes estuvimos mejor hoy no tenemos que hacer ningún cambio’. No proponen nada”, dijo el legislador.

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Torres llevó su crítica más allá y recordó las últimas rencillas a la interna de RC por la votación de varios de sus asambleístas. “Este rato están sancionados por su propio partido porque 34 de ellos dieron el voto a favor en la ley de adopciones y ahora tienen el miedo de aprobar buenas iniciativas; si voto me sancionan”, manifestó Torres.

Lo que debes saber

• Solo una postulante quedó calificada en la categoría de pueblos, nacionalidades y exterior.
• Asambleísta Luis Fernando Molina solicitó información integral sobre 309 expedientes al CNE.
• El legislador calificó el resultado de la lista del CPCCS como un "absurdo democrático".

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, inició un proceso de fiscalización al Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a la admisión y calificación de una sola aspirante en la lista de Pueblos y Nacionalidades para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). A través de sus redes sociales, el legislador cuestionó que el filtro institucional redujera 309 postulaciones generales a 65 candidaturas finales, dejando sin contendientes a esta categoría representativa para el período 2027-2031.

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El proceso de depuración de candidaturas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) generó alertas en la Asamblea Nacional por la falta de competencia interna en una de sus representaciones esenciales.

De acuerdo con las cifras expuestas por Molina:

Ante esta situación, el legislador rechazó el resultado de la calificación institucional: "un proceso electoral donde una categoría termina con un solo candidato es, cuando menos, un absurdo democrático que merece ser explicado. Por eso he solicitado al CNE toda la documentación: postulaciones, inadmisiones, causales de no calificación, denuncias, verificaciones, decisiones y recursos".

Requerimientos de fiscalización presentados ante el CNE

Para esclarecer el archivo y descalificación del resto de aspirantes en la lista de pueblos y nacionalidades, Molina remitió un pedido formal de información con siete puntos específicos dirigidos a José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral:

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La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para el jueves 1 de octubre de 2026. Después del Himno Nacional, los dos únicos puntos del orden del día programados son el conocimiento y resolución sobre el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Inquilinato y la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado.

Este 30 de septiembre de 2026, en entrevista con Teleamazonas, Torres anunció: “La ley no se va a aprobar mañana. Hemos decidido que hay que hacer correcciones para que salga bien y regrese a la Comisión”.

El primer vicepresidente de la Asamblea no ahondó en los detalles que se modificarán para que el texto regrese al Pleno. Sin embargo, anunció que el debate definitivo, con la respectiva votación, se realizará en los próximos días.

Los puntos centrales de la normativa

Según Torres, hay tres puntos relevantes en la normativa. El primero tiene que ver con la digitalización de todos los arriendos. Reconoció que no todos los contratos se registran y que era necesario trabajar en conjunto con los municipios.

El segundo está relacionado con la responsabilidad de cuidar el bien arrendado. En ese aspecto, se regulará la entrega de la garantía, que debería ser de máximo dos meses.

Finalmente, Torres hizo referencia a que el 36 % de los hogares del país arrienda su vivienda, por lo que la regulación debe ser justa.

El informe sobre las reformas

La Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate el pasado 18 de septiembre de 2026. La iniciativa se fundamenta en cinco ejes:

Otro de los cambios incluidos en el informe es la reducción de los tiempos de resolución de los juicios de desahucio y otras controversias derivadas de los contratos de arrendamiento.

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Asimismo, se plantean mecanismos más ágiles para la devolución de los depósitos de garantía y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el propósito de disminuir la carga procesal en el sistema judicial.

Lo que debes saber

• La Comisión de Fiscalización concluyó la etapa de pruebas dentro del proceso de enjuiciamiento político contra David Rosero, con la comparecencia de peritos de ambas partes y del conductor que trasladó al consejero el 5 de junio.
• La defensa cuestionó aspectos relacionados con la procedencia, autenticidad y cadena de custodia de las imágenes vinculadas a la supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, postulante a Fiscal General.
• Ahora la comisión deberá elaborar y aprobar un informe que será enviado al Pleno, que resolverá con base en una recomendación de juicio político o archivo.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cerró este martes 29 de septiembre la fase de pruebas dentro del proceso de juicio político contra David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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El caso gira alrededor de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, postulante al concurso para Fiscal General del Estado, y de un presunto incumplimiento de funciones durante ese proceso de selección.

El perito José Vicente Núñez, convocado por el asambleísta Sergio Peña, denunciante del juicio político, compareció durante la sesión. Su trabajo estuvo relacionado con una fotografía que, según la acusación, correspondería a un encuentro entre Rosero y la postulante.

Para su análisis se consideraron 10 enlaces web incorporados como indicios dentro de la pericia.

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La defensa de Rosero, integrada por María Fernanda Poveda y Carlos Poveda, concentró sus preguntas en determinar qué tan sustentable era esa evidencia. Durante el interrogatorio se abordaron la procedencia de la imagen, las herramientas utilizadas para examinarla y las condiciones en las que fue conservada.

También se discutió si el análisis permitía establecer que la fotografía no había sido alterada, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

Defensa de Rosero cuestionó la exposición de datos e imágenes de Inés Romero

Otro perito, Daniel Briones, también convocado por Peña, expuso el mecanismo utilizado para identificar a personas que aparecen en imágenes, a través del cotejo fisionómico, mediante el cual se compara una imagen cuya identidad está determinada (indubitada) con otra cuya identidad se busca establecer (dubitada).

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Juicio político David Rosero: vocal del CPCCS habla de imágenes manipuladas para su proceso

Daniel Alejandro Romero Páez

La intervención se produjo en medio de la controversia sobre quién aparece en la fotografía presentada dentro del proceso.

La defensa de Rosero cuestionó que en el informe y durante la sesión se hayan expuesto datos e imágenes de Romero, a quien identificó como testigo protegida de la Fiscalía General del Estado.

El perito Edwin Guevara, convocado por Rosero, estuvo encargado de la metapericia. El experto planteó que para establecer el origen de los elementos analizados se requieren comprobaciones adicionales y que las conclusiones deben partir de archivos originales cuya integridad pueda ser respaldada mediante una cadena de custodia.

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Tras su intervención, Peña cuestionó la experiencia de Guevara para realizar procedimientos relacionados con reconocimiento físico.

Testimonio del conductor del CPCCS que trasladó a David Romero

La discusión sobre lo ocurrido el 5 de junio, fecha de la supuesta reunión, también tuvo un componente testimonial. Jaime Cañas, conductor del CPCCS, declaró sobre el traslado que realizó junto a Rosero desde el aeropuerto de Quito hasta Ibarra ese día.

Su testimonio forma parte de los elementos con los que el consejero sostiene su versión sobre sus desplazamientos durante la fecha en que habría ocurrido la supuesta reunión.

Cañas indicó que el vehículo utilizado le fue asignado por el área correspondiente debido a que los dos automotores autorizados no podían movilizarse: uno estaba en un taller y el otro tenía restricción por el sistema de Pico y Placa.

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Luego de las comparecencias y un breve receso, las partes concluyeron la presentación de los elementos que deberán ser considerados en la próxima etapa del proceso.

El siguiente paso estará en manos de Fiscalización. La comisión deberá preparar un proyecto de informe y someterlo a consideración de sus integrantes en un plazo de cinco días.

Una vez aprobado, será remitido al Pleno de la Asamblea. Será esa instancia la que finalmente deberá pronunciarse sobre el proceso, a partir de la recomendación que conste en el informe: continuar con el juicio político o archivar la solicitud.

Lo que se sabe

• El objetivo de la norma es evitar el reclutamiento de menores de edad para actividades criminales
• Habrá sanciones para los adultos que capten infantes y adolescentes para realizar delitos
• Los GAD deberán trabajar en la prevención para evitar que los jóvenes caigan en bandas o grupos delictivos

Con la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, ocurrida este martes 29 de septiembre de 2026 en la Asamblea Nacional, se espera que la captación de menores de edad para cometer delitos sea impedida a través de las redes sociales.

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Uno de los mecanismos que contempla la normativa, que aún deberá ser aprobada o vetada por el presidente de la República, es el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que contengan contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.

Entre otras medidas, están:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), deberán aprobar ordenanzas para prevenir, en los espacios públicos ubicados en los perímetros o entornos de las instituciones educativas, la existencia de manifestaciones o representaciones que promuevan, hagan apología o incentiven actividades delictivas o el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes.

“Con un enfoque integral y centrado en derechos, el proyecto legislativo que hoy se debate abre la posibilidad de que la niñez cuente con prevención efectiva, protección oportuna y respuestas coordinadas”, señaló Arturo Romboli, representante en Ecuador de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

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Cuando entre en vigencia la ley, estas serán algunas de las tareas que deberán cumplir las autoridades:

La propuesta legislativa recibió el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Pachakutik y asambleístas independientes. La oposición, representada por el movimiento Revolución Ciudadana, se abstuvo al considerar que se debe priorizar la atención social de infantes.

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Desde esta tarde, la Comisión de Fiscalización inició una nueva jornada para la actuación de las pruebas de cargo y descargo. El asambleísta independiente, pero aliado de ADN, Sergio Peña, presentó la solicitud de enjuiciamiento con la acusación de incumplimiento de funciones.

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Peña argumentó que su pedido se sustentó en fotos y videos sobre una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, quien aspira a ocupar la titularidad de la Fiscalía y aún participa en el concurso que lleva adelante el CPCCS.

Rosero dijo este martes que acudió para dar la cara y calificó el proceso como injusto. “Venimos a desenmascarar todas las mentiras acerca de este infundado proceso”, aseguró el vocal del Consejo de Participación.

Su argumento fue que, el día en el que se le atribuye la reunión, según Rosero, se encontraba en Guayaquil. “Estuve con agenda laboral completa en Guayaquil. Niego absolutamente alguna reunión con postulantes durante todo el concurso”, aseguró.

Rosero fue más allá y dijo que las imágenes que se presentaron a propósito de la denuncia sobre dicha reunión fueron generadas con Inteligencia Artificial. “Tienen que ser señaladas (las imágenes) toda vez que bajo ningún concepto, una supuesta prueba que no ha sido generada en su origen en trazabilidad y metadata, servir para pretender afectarme como consejero del CPCCS”, manifestó antes del inicio de la sesión.

¿Qué ha dicho Inés Romero?

Este tema también se trató durante una de las audiencias públicas de impugnación que enfrentó la postulante a la Fiscalía. Ella también negó la reunión: “Niego categóricamente haber mantenido durante este concurso una reunión que se me atribuye con David Rosero, consejero del CPCCS; ni con ninguno de los consejeros”.

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Romero también argumentó que el 5 de junio de 2026 se encontraba en otro lugar. “Cuando esas publicaciones salieron en redes sociales acudí a la Fiscalía y denuncié la suplantación de identidad. Pedí que se investigue la difusión en redes. Una fotografía no acredita una pericia”, dijo Romero.

Al final de la actuación de las pruebas, la Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe con la recomendación de enjuiciar o archivar el proceso en contra de Rosero. Al final, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que defina el futuro del vocal.

Lo que debes saber

• Los funcionarios y políticos tienen un umbral de protección distinto frente a la crítica, porque sus actuaciones forman parte del debate público y están sujetas a un mayor escrutinio ciudadano.

La Corte Constitucional reforzó la libertad de expresión y el escrutinio ciudadano sobre funcionarios públicos, políticos y asuntos de interés colectivo. El organismo estableció que quienes ejercen funciones públicas deben soportar un mayor margen de crítica y que el derecho penal solo puede restringir expresiones de interés público de forma excepcional, con una justificación estricta.

La decisión consta en la sentencia 3062-23-EP/26, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional el 3 de septiembre de 2026. El fallo aceptó una acción extraordinaria de protección presentada por Rolando Javier Paladines Astudillo, quien había recibido una condena penal por expresiones difundidas en Facebook contra Clemente Bravo, entonces prefecto de El Oro y candidato a la reelección.

Los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio

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La Corte recordó los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Las personas que ejercen funciones públicas o intervienen en asuntos de interés público se someten a un escrutinio más exigente porque sus actuaciones forman parte del debate público.

Por esa razón, el margen de tolerancia frente a las críticas debe ser mayor que el exigible a un particular. El fallo recoge los criterios de los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Canese vs. Paraguay, que establecen un umbral diferente de protección para funcionarios, políticos y personas cuyas actividades tienen relevancia pública.

Esto supone una protección reforzada para la crítica relacionada con el ejercicio del poder. La ayuda memoria de la Corte señala que la libertad de expresión adquiere especial importancia cuando permite fiscalizar el ejercicio del poder, participar en el debate público y expresar posiciones sobre autoridades, candidatos y asuntos de interés colectivo.

El derecho penal no puede convertirse en una respuesta automática

La sentencia también establece límites al uso del derecho penal frente a expresiones públicas. La Corte recoge el estándar interamericano según el cual la persecución penal constituye la medida más restrictiva frente a la libertad de expresión. Por eso, su utilización debe quedar reservada para situaciones en las que resulte estrictamente necesaria para proteger bienes jurídicos fundamentales. La existencia de una norma penal, por sí sola, no basta para justificar una condena cuando están involucradas expresiones que pueden tener protección constitucional.

Antes de imponer una sanción, los jueces deben determinar si las expresiones constituyen un discurso protegido. Si consideran necesaria una restricción, deben justificar que cumple tres condiciones: que esté prevista por ley, que persiga una finalidad legítima y que resulte necesaria en una sociedad democrática, con un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La Corte cuestionó el análisis de los jueces

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En el caso concreto, la Corte Constitucional concluyó que los jueces que conocieron el proceso penal omitieron analizar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos aplicables a la libertad de expresión.

Las autoridades judiciales realizaron un análisis formal de la contravención, pero no determinaron si las expresiones constituían un discurso protegido ni, en caso contrario, si el daño alegado justificaba superar ese nivel de protección. Para la Corte, esta omisión vulneró la garantía de motivación, en conexión con los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión.

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Paladines había recibido una condena de 15 días de privación de libertad, una multa, reparación integral, disculpas públicas y la orden de retirar los videos de la red social.

La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección y dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia. Además, ordenó retrotraer el proceso hasta el momento posterior a la convocatoria a la audiencia oral y pública de conciliación y juzgamiento, para que una nueva conformación judicial resuelva el caso con base en los estándares fijados en el fallo.

Un precedente para periodistas, medios y ciudadanía

La decisión también reafirma la importancia de la libertad de expresión para el control ciudadano del poder. Ese principio alcanza a periodistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos que participan en el debate público.

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La protección, sin embargo, no es absoluta. La Corte mantiene la posibilidad de establecer responsabilidades posteriores para proteger derechos o la reputación de otras personas, pero exige que cualquier limitación resulte excepcional, necesaria y proporcional.

Lo que debes saber

• El Pleno aprobó las reformas con los votos de ADN y aliados, mientras el correísmo se abstuvo. 
• La norma eleva las penas y tipifica el reclutamiento de menores por estructuras criminales.
• La reforma establece penas de 22 a 26 años para quienes recluten, utilicen o vinculen a niñas, niños y adolescentes con organizaciones delictivas o grupos armados.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayoría controlada por ADN puso los votos, mientras el correísmo se abstuvo.

Este 29 de septiembre de 2026, el Legislativo abordó en segundo debate la normativa que, en su parte medular, tipifica el delito de reclutamiento de menores e incrementa las penas por este acto delictivo.

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¿Qué pasó en el Pleno?

ADN y el correísmo volvieron a chocar en el Pleno. El oficialismo señaló al gobierno de Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, por la situación actual. Una intervención tras otra, los legisladores del oficialismo recordaron el denominado proceso de pacificación de pandillas como los Latin King y Ñetas.

Inés Alarcón (ADN) dijo que el correísmo entregó territorios a los grupos delictivos. También señaló como un problema el cierre de las escuelas rurales para cambiarlas por las del Milenio. Esto, según la legisladora, incidió en la deserción escolar y en problemas para el acceso a la educación de los niños.

El correísmo mostró su oposición al proyecto de ley bajo el argumento de que no se abordaba el origen del problema. Asambleístas como Paola Cabezas indicaron que hay leyes que terminan siendo un “saludo a la bandera” porque no hay financiamiento ni política pública para respaldarlas.

¿Cuál era el reparo del correísmo?

Fue la legisladora Mireya Pazmiño (RC) quien anunció durante el debate en el Pleno que su bancada se abstendría. Aseguró que ese voto lo emitirían a la par de “emplazar al Gobierno a frenar el desmantelamiento de la inversión social y exigir que la seguridad empiece por la educación, el arte el deporte y el pan en la mesa de las familias populares”.

En un comunicado, la bancada correísta también cuestionó que, en los Centros de Adolescentes Infractores, “el modelo especializado de custodia con inspectores educadores cambie por una lógica de seguridad penitenciaria”.

Al final, el Pleno aprobó la normativa con 88 votos del oficialismo y sus aliados. El correísmo se abstuvo. Así, el proyecto de ley, que fue presentado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, pasa al Ejecutivo para su objeción o sanción.

¿Qué plantea la ley?

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Minutos antes, Kevin Valdez, dirigente del Frente de Pacientes Renales del Ecuador, tomó el megáfono para referirse a unas declaraciones al ministro Juan Carlos Aveiga. “El ministro de Salud Pública dice que vendemos la medicina. Negado, es falso. ¿Qué medicina podemos vender?”, dijo Valdez ante los manifestantes. Después, el grupo repitió: “Somos pacientes, no delincuentes”.

"A veces la medicación gratuita aparece fuera de hospitales. Hemos identificado personas que dentro del sistema venden la medicación y hay gente, con mucha pena lo digo, recibe su receta para medicación crónica por seis meses y vende cuatro", dijo Aveiga, en Teleamazonas.

En sus cánticos y proclamas también dijeron que no quieren museos ni estadios ni Dedalus.

No pudieron congregarse en la Plaza Grande

El Frente de Pacientes Renales había convocado el plantón con la intención de llegar hasta la Plaza Grande y hacer escuchar sus reclamos frente al Palacio de Carondelet. Su objetivo era pedir la intervención del presidente Daniel Noboa ante los problemas que, según denuncian, atraviesa la atención de los pacientes que dependen de las unidades de diálisis.

Sin embargo, los manifestantes no pudieron instalarse en la Plaza Grande debido a la realización de un evento de Jóvenes en Acción, un programa gubernamental dirigido a jóvenes. Ante esa situación, los pacientes y sus familiares se trasladaron hasta San Francisco, donde continuaron con sus consignas: “Únete, pueblo, únete a luchar”, “Por la salud y la dignidad” y “Queremos vivir, diálisis es vida”.

La preocupación está relacionada con la continuidad de los tratamientos. Según los datos expuestos por los pacientes, alrededor de 20.800 personas reciben diálisis en Ecuador. Una persona con insuficiencia renal que depende de este tratamiento requiere, habitualmente, tres sesiones semanales, de unas cuatro horas cada una.

Los pacientes sostienen que algunos centros han tenido dificultades para garantizar el suministro de insumos y que en determinados casos se han reducido las horas de tratamiento. La situación está relacionada con la deuda que el Estado mantiene con las empresas y centros que prestan el servicio.

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El lunes 28 de septiembre, DaVita, una empresa estadounidense que opera 28 centros de diálisis en Ecuador, anunció que alcanzó un acuerdo con el presidente Daniel Noboa. El anuncio se produjo después de una reunión entre representantes de la empresa y el mandatario.

El 14 de septiembre, DaVita había informado de un proceso para transferir al Ministerio de Salud Pública la atención de sus 3.850 pacientes debido a la deuda acumulada. El nuevo acuerdo dejó en suspenso esa transferencia. Otros centros de diálisis reclaman ahora condiciones similares.

Otras dializadoras piden el mismo trato

Luis Serrano, nefrólogo y director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, considera que la solución debe alcanzar a todos los prestadores. “El acuerdo debe ser con todos los centros de diálisis, con los locales, no solo con los internacionales como DaVita”, señala.

Serrano explica que existen otros operadores internacionales, entre ellos Nipro, de Japón, y Baxter, de Estados Unidos, además de centros nacionales. Según su testimonio, el Estado todavía mantiene pagos pendientes durante 25 meses.

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El especialista señala que el viernes el Ministerio de Salud Pública pagó una factura correspondiente a agosto de 2023, pero sostiene que todavía existe una deuda acumulada que dificulta la operación de los centros. En su caso, además, asegura que mantiene pendientes las liquidaciones de antiguos trabajadores y que las dificultades financieras provocadas por la falta de pagos hicieron que el número de pacientes atendidos pasara de 350 a 37.

Lo que debes saber

• El feriado de octubre tendrá tres días de descanso.
• El Gobierno aplicará una tarifa reducida para servicios turísticos.
• La medida busca incentivar el turismo durante el asueto.

El feriado de octubre llegará este año con un alivio para el bolsillo de quienes decidan viajar, comer fuera o realizar actividades turísticas. El presidente Daniel Noboa dispuso que el IVA baje del 15 % al 8 % durante los tres días del próximo feriado nacional.

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Tres días con IVA reducido

La reducción estará vigente el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 513. La medida alcanza a los servicios turísticos contemplados en la Ley de Turismo, como alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico, entretenimiento y otras actividades relacionadas.

Con esta decisión, el Gobierno indica que busca incentivar el turismo interno y dinamizar la actividad económica durante uno de los feriados nacionales del año. El decreto también plantea que la medida contribuya a fortalecer al sector turístico y promover la formalización de las actividades que se desarrollan durante estos días.

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Un feriado de tres días

El feriado comenzará el viernes 9 de octubre y se enlazará con el sábado y domingo, por lo que los ecuatorianos tendrán tres días consecutivos de descanso. El retorno a las actividades habituales está previsto para el lunes 12 de octubre.

Durante estos tres días, los establecimientos y prestadores de servicios turísticos deberán aplicar la tarifa reducida del IVA en las actividades contempladas por el decreto. La medida convierte al feriado de octubre en una oportunidad para que los viajeros encuentren una menor carga tributaria en determinados servicios turísticos.

En el documento se agradecen los servicios del ahora exembajador Galo Andrés Yépez “por los valiosos servicios prestados”. También se dan por terminadas sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el Gobierno de la República del Perú.

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En su lugar, la representación de Ecuador la asumirá Roberto Izurieta. El cambio ocurre en un nuevo momento de las relaciones entre ambos países.

El pasado 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú tras unas elecciones reñidas que se definieron por un margen estrecho entre ella y el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez.

Noboa asistió a la posesión de la mandataria peruana. En su momento, la Secretaría General de Comunicación caracterizó ese viaje como una posibilidad para “fortalecer las relaciones bilaterales en la nueva etapa democrática que iniciará la nación peruana”.

¿Quién es Roberto Izurieta?

Izurieta cuenta con una trayectoria ligada a la comunicación política, la docencia y la diplomacia. Es economista de la Universidad Católica de Quito y tiene maestrías en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Campañas Electorales.

Fue asesor de comunicación del expresidente Jamil Mahuad y durante más de 20 años colaboró como analista y comentarista político de CNN en Español. También fue catedrático de The George Washington University y asesor de campañas de varios presidentes latinoamericanos.

En diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso lo designó embajador de Ecuador en Chile. Luego, en noviembre de 2023, Daniel Noboa lo nombró secretario de Comunicación, cargo que dejó en 2024 para asumir una función ante el BID.

Los retos que le esperan

La última visita de un mandatario de Perú al país se registró en diciembre de 2025. En ese entonces, José Jerí visitó el Palacio de Carondelet en el marco del Gabinete Binacional y la seguridad fue uno de los temas centrales de la reunión.

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La coordinación con el nuevo Gobierno peruano en asuntos como el control fronterizo será uno de los temas urgentes. En ese mismo ámbito, como parte del último Gabinete Binacional, se habló de una mayor integración entre ambos países.

Una de las propuestas fue la implementación de tecnología para la vigilancia de las fronteras. Además, se abordó la lucha contra la minería ilegal.

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura dispuso que las judicaturas penales y anticorrupción de Quito dejen de recibir nuevas causas de garantías jurisdiccionales.
• Los nuevos recursos constitucionales que ingresen en Pichincha pasarán a sorteo exclusivo entre dependencias de materias Civil, Laboral y de Familia.
• La medida responde a la alta carga procesal y a la escasez de magistrados en el sistema de justicia, tras la reestructuración aplicada en septiembre de 2026.

Las dependencias judiciales penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito dejarán de recibir nuevas garantías jurisdiccionales. La resolución, adoptada el 28 de septiembre de 2026 por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) en sesión ordinaria, ordena que estos despachos concentren su labor de forma exclusiva en causas de materia penal, derivando los futuros recursos constitucionales hacia dependencias de otros ámbitos judiciales para optimizar el despacho de causas en Pichincha.

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Judicaturas penales excluidas de nuevas garantías en Pichincha

La disposición del organismo administrativo judicial determina que los jueces especializados no admitan a trámite nuevos recursos de índole constitucional, buscando que no se dispersen las funciones asignadas a las salas penales de la capital.

Despachos judiciales que aplican la disposición

Acciones constitucionales derivadas a otras materias

Las dependencias señaladas ya no conocerán nuevos ingresos de los siguientes procesos:

Nuevo esquema de sorteo y causas en trámite

El Consejo de la Judicatura precisó el mecanismo de transición para evitar la paralización de los expedientes que ya están en curso dentro de la provincia.

Los procesos que ya se encuentran bajo conocimiento de los jueces penales especializados continuarán bajo su responsabilidad legal hasta que alcancen una resolución definitiva. Por otro lado, las nuevas demandas constitucionales que se ingresen a partir de esta disposición se distribuirán mediante sorteo entre los juzgados y unidades de:

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Justificación técnica ante la carga procesal y déficit judicial

Esta disposición se formaliza después de que, a inicios de septiembre de 2026, la Judicatura eliminó las unidades anticorrupción independientes para trasladar sus competencias directamente a las judicaturas penales ordinarias de Quito.

Pese a que el modelo inicial buscaba concentrar los delitos de alta complejidad en despachos exclusivos, la administración justificó el cambio por motivos operativos:

Lo que debes saber

• Gobierno evalúa extender toque de queda en 4 provincias por seguridad.
• Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro esperan decisión tras balance de operativos.
• Estado de excepción sigue vigente; una renovación permitiría mantener restricciones.

A pocas horas de que concluya el toque de queda que rige en cuatro provincias del país, el Gobierno analiza si la medida debe mantenerse como parte de la estrategia de seguridad aplicada contra el crimen organizado. 

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La decisión cobra relevancia debido a que la restricción de movilidad fue presentada como una de las herramientas para facilitar operativos policiales y militares en zonas consideradas críticas por la violencia.

Actualmente, el toque de queda está vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, entre las 00:00 y las 05:00, y fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 498. La medida forma parte de un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa debido a una situación calificada como grave conmoción interna.

La primera opción: extender la restricción mediante una nueva disposición

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que la continuidad del toque de queda está siendo evaluada por el Bloque de Seguridad, que analiza los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la medida. Según la funcionaria, la decisión se tomará tras revisar indicadores relacionados con homicidios, detenciones y acciones contra estructuras criminales.

Si el Ejecutivo concluye que las condiciones de seguridad aún justifican restricciones extraordinarias, podría emitir una nueva disposición que prolongue el toque de queda en las provincias donde actualmente se aplica. Para ello, la administración deberá fundamentar la necesidad de mantener la suspensión temporal de la libertad de tránsito.

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El estado de excepción sigue vigente

Aunque el toque de queda finaliza el 30 de septiembre, el estado de excepción tiene una duración mayor. El Decreto Ejecutivo 498 establece una vigencia de 60 días para la declaratoria en ocho provincias y tres cantones del país. Esto significa que varias medidas extraordinarias de seguridad continúan activas incluso si la restricción nocturna concluye en la fecha prevista.

Entre esas facultades constan la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos de control, así como la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las jurisdicciones incluidas dentro de la declaratoria.

La posibilidad de una renovación

La normativa ecuatoriana contempla además la posibilidad de renovar un estado de excepción cuando persisten las circunstancias que motivaron su emisión. La Constitución permite una extensión adicional de hasta 30 días si el Ejecutivo justifica la continuidad de la amenaza o la conmoción interna.

En un escenario de escalada de violencia o de nuevas amenazas identificadas por los organismos de inteligencia, el Gobierno podría recurrir a esta herramienta para sostener parte de las medidas extraordinarias actualmente vigentes.

Los resultados que pesan en la evaluación

La discusión sobre una posible extensión ocurre mientras las autoridades destacan resultados obtenidos durante la aplicación del toque de queda. Según cifras difundidas por el Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la medida se registraron miles de aprehensiones, incluidas centenas de personas detenidas por incumplir la restricción de movilidad.

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Además, el Gobierno sostiene que la reducción de la circulación durante la madrugada ha permitido desarrollar operaciones focalizadas contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, la continuidad o no del toque de queda dependerá de la evaluación final que realice el Ejecutivo sobre el impacto de la medida y de la evolución de los indicadores de seguridad en las provincias.