Lo que debe saber

• Daniel Noboa marcó una cercanía ideológica con Abelardo de la Espriella desde su felicitación por los resultados en el balotaje.
• El mandatario electo en Colombia se suma a la tendencia de la región con gobiernos de derecha respaldados por los Estados Unidos.
• El primer reto entre Ecuador y Colombia será el abordaje de la seguridad en la frontera, tema que fue el punto de quiebre entre Noboa y Gustavo Petro.

La relación entre Ecuador y Colombia podría cambiar. La sintonía del Gobierno de Daniel Noboa con la tendencia regional hacia gobiernos de derecha marca un punto de partida para una posible cooperación en materia de seguridad y migración con el mandatario electo Abelardo De La Espriella.

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Una señal de esa cercanía la ofreció el propio Noboa. El domingo pasado, una vez conocidos los resultados del conteo rápido en Colombia, el presidente ecuatoriano fue uno de los primeros en felicitarlo.

Su mensaje puso sobre la mesa las coincidencias ideológicas. “Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, escribió Noboa, dejando clara su posición frente al Gobierno de Gustavo Petro y a quien aspiraba a sucederlo, Iván Cepeda.

El mandatario ecuatoriano también señaló: “Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”. Con ese mensaje delineó lo que podría esperarse en materia de seguridad entre ambos gobiernos.

Coincidencias ideológicas en seguridad

El experto en relaciones internacionales Daniel Crespo explica que una cercanía ideológica implica visiones similares respecto de problemas como el narcotráfico y la naturaleza del crimen organizado. En ese sentido, también podrían coincidir en la forma de enfrentar las amenazas comunes.

“Esto no significa que la respuesta vaya a ser más efectiva o que tenga un mejor impacto a largo plazo. Eso no lo sabemos todavía, pero es un hecho que dos gobiernos con una visión semejante va a facilitar una respuesta”, señala Crespo.

En este aspecto coincide Santiago Carrasco, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, quien sostiene que la visión que comparten Noboa y De La Espriella es opuesta a la de Petro y Cepeda. “Esto es: un enfrentamiento directo en espacios territoriales que han sido ocupados por las mafias”, dice el experto.

Más allá de esas coincidencias en la visión política, Carrasco identifica tres temas urgentes en la agenda bilateral: restablecer las zonas binacionales fronterizas de desarrollo, fortalecer los mecanismos regionales que permitan negociar con otros países y aplicar políticas comunes para resarcir los daños provocados durante la reciente tensión comercial.

Sobre este último punto, cabe recordar que, en medio de la campaña presidencial en Colombia, Noboa participó en una reunión virtual con el entonces candidato De La Espriella. Poco después, el Gobierno ecuatoriano anunció la eliminación de la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos.

Esa tasa de seguridad fue el arancel que Ecuador impuso a Colombia bajo el argumento de que el gobierno de Petro no controlaba su frontera.

Con este antecedente, Natalia Encalada, coordinadora académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, señala que los resultados de las elecciones en Colombia tendrán un impacto importante en la relación bilateral con Ecuador.

“Los discursos muestran la voluntad de un acercamiento para superar las diferencias a nivel de política, comercial y de seguridad”, manifiesta.

También considera que las señales de cooperación deberían traducirse en medidas concretas, como la normalización del comercio y el trabajo conjunto en espacios como los gabinetes binacionales fronterizos o la Comunidad Andina.

Tendencia con el aval de los Estados Unidos

La tendencia regional, además, no solo apunta hacia gobiernos de derecha, sino también hacia una mayor búsqueda de respaldo de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. De La Espriella ha dicho que buscará que Colombia forme parte de la iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas). Por su parte, Noboa estuvo entre los mandatarios sudamericanos invitados por Trump a la presentación de esa propuesta.

Esa alineación con la política de seguridad estadounidense también abarca el ámbito migratorio.

Crespo señaló: “Es muy predecible que la posición de La Espriella sea parecida a la de Noboa sobre alinearse con la política de migración, e inclusive de deportación desde los Estados Unidos. Puede haber una articulación que endurecería el control fronterizo”, concluye.

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Con Colombia, la tendencia de los gobiernos de derecha en la región suma un nuevo aliado. Sin embargo, desde la perspectiva de Carrasco, eso no significa que la izquierda esté acabada. La clave radica en que, en sistemas hiperpresidencialistas como los de América Latina, la figura del jefe de Estado tiene un peso determinante, aunque en los parlamentos exista una importante presencia de fuerzas políticas de izquierda.

En ese escenario, como lo manifiesta Natalia Encalada, se abren posibilidades de alianzas con las administraciones afines. Aunque también podrían surgir mayores tensiones ideológicas con gobiernos de la tendencia opuesta.

“También se plantea la posibilidad de más roces ideológicos con estados de tendencias contrarias. Ante esto, lo más deseable sería que prevalezca el pragmatismo”, menciona.

Lo que debes saber

• Las primarias de las organizaciones políticas en Ecuador son cuestionadas por su falta de competencia real.
• Dirigencias suelen definir previamente a los candidatos.
• Expertos plantean reformas para garantizar procesos internos más democráticos.

Del 18 de junio al 2 de julio, las 234 organizaciones políticas (entre partidos y movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales) que participarán en las próximas elecciones seccionales, deben cumplir con sus procesos de democracia interna. No obstante, las primarias han sido objeto de cuestionamientos recurrentes, pues para varios analistas se han convertido en un trámite formal destinado únicamente a cumplir con las disposiciones legales.

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Primarias con candidatos definidos de antemano

La consultora en comunicación política María Fernanda Carvajal sostiene que las dirigencias ya tienen definidos, de antemano, los cuadros que postularán para las distintas dignidades. A su criterio, las primarias terminan siendo un mecanismo para legitimar decisiones previamente adoptadas por las cúpulas partidistas, más que un espacio real de participación de afiliados y adherentes.

A esta visión se suman Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y Alfredo Espinosa, analista político-electoral, quienes consideran que los procesos de democracia interna se han convertido en una “farsa” validada durante años por las autoridades electorales. Ambos coinciden en que las candidaturas suelen definirse antes de las primarias y que estos actos terminan funcionando como una ratificación de decisiones tomadas por las dirigencias.

Espinosa añade que la mayoría de las tiendas políticas optan por las primarias representativas en lugar de las abiertas o cerradas, porque son un mecanismo en el que delegados y directivos provinciales terminan avalando candidaturas definidas de antemano. Para Oleas, estas primarias no responden al espíritu de participación que establece la ley, ya que pequeños grupos aseguran representar a miles de afiliados sin que exista una verificación efectiva de esa representación.

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El control de las dirigencias, en el centro del problema

En esa misma línea, Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye, movimiento que fue cancelado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dice que el problema es estructural y está relacionado con el funcionamiento del sistema de partidos políticos. A su criterio, mientras las organizaciones conserven el control de sus propios registros de afiliados y adherentes, sin una supervisión efectiva de la autoridad electoral, persistirá el riesgo de que las dirigencias determinen quiénes participan y quiénes toman las decisiones en los procesos de democracia interna.

Frente a este escenario, Oleas indica que una verdadera democracia interna solo sería posible si los partidos y movimientos contaran con padrones confiables y actualizados de afiliados. Además, plantea que los militantes deberían votar directamente por los precandidatos, quienes tendrían la oportunidad de presentar propuestas, debatir y buscar el respaldo de sus bases antes de convertirse en candidatos oficiales.

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Modelos internacionales y reformas pendientes

Como referencia, Espinosa apunta a modelos como el de Argentina, donde las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) permiten que la ciudadanía participe en la definición de las candidaturas de las organizaciones políticas. A su juicio, mecanismos de este tipo fortalecerían la legitimidad de los postulantes, reducirían el peso de los caudillismos y convertirían a las primarias en una verdadera competencia democrática, en lugar de una simple ratificación de decisiones tomadas con antelación.

Para ello, Peñafiel considera que las reformas deben ir más allá de ajustes puntuales y abarcar cambios profundos en la Constitución y en el Código de la Democracia. Entre sus propuestas plantea que el CNE deje de ser una Función del Estado y se convierta en una entidad dedicada exclusivamente a organizar y supervisar los procesos electorales, con facultades para controlar los registros de afiliados y adherentes, fiscalizar la democracia interna de las organizaciones políticas y organizar elecciones primarias abiertas y competitivas, en las que los militantes puedan escoger entre distintas opciones y no limitarse a ratificar decisiones tomadas previamente por las dirigencias.

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Mayor control del CNE como condición para cambiar el sistema

Mientras tanto, Carvajal y Oleas coinciden en que el CNE debería asumir una posición más rigurosa frente a los procesos de democracia interna que actualmente están desarrollando las organizaciones políticas. A su juicio, mientras el organismo electoral continúe validando mecanismos que consideran meros formalismos, los partidos y movimientos no tendrán incentivos para impulsar procesos más participativos y transparentes. Solo una fiscalización estricta, sostienen, podría obligar a las organizaciones a cumplir con el espíritu democrático que establece la ley.

Espinosa agrega que esto no depende del cambio de mentalidad de los dirigentes, sino de establecer normativas serias.

Lo que debes saber

• Noboa mantiene a sus ministros pese a polémicas, generando un fuerte desgaste político.
• La falta de "ministros fusibles" y los cambios en Salud evidencian limitaciones en el régimen.
• El desgaste de Noboa podría salir a flote de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Durante los más de dos años en el poder, miembros del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa han estado, en más de una ocasión, envueltos en polémicas y señalamientos por casos que se han vuelto emblemáticos para las fuerzas de oposición.

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Daniel Noboa y dos años de constante desgaste

Los años 2024 y 2025 han concentrado la mayor parte de las críticas por casos que aún permanecen vigentes en la opinión pública, como la fallida contratación de Progen, la desaparición y asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas y, recientemente, el registro del año más violento en la historia del país.

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Aunque cada una de estas crisis tuvo a ministros como protagonistas, en lugar de reemplazarlos para amortiguar el desgaste del régimen, el presidente Daniel Noboa ratificó en sus cargos a la mayoría de ellos, mientras que a otros los apartó del gabinete ministerial sin que ofrecieran respuestas.

Progen, la crisis que avanzó más de lo que debía

La insistencia de Noboa en mantener estos perfiles dentro de su gabinete, además de alejarse del concepto de “ministros fusibles”, también ha provocado un mayor desgaste para el presidente, sostiene Henry Cucalón, exministro de Gobierno y excandidato a la Presidencia de la República.

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El mayor ejemplo de ello es el caso Progen, afirma. “Sin perjuicio de las evidentes responsabilidades penales, este tema pudo haberse amortiguado políticamente si había un responsable. Pero entre la tozudez y la necedad hicieron como que no pasó nada, ya sea por el ministro Luque o la exministra Manzano”, señala.

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Daniel Noboa y su falta de equipo y de confianza

Sin embargo, Cucalón también sostiene que el presidente Daniel Noboa se ve orillado a esta compleja situación por sus propias limitaciones político-partidistas, que no le permiten cambiar nombres con facilidad y, sobre todo, encontrar reemplazos que gocen de su confianza para ejecutar sus líneas de gobierno.

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La mayor muestra de ello, señala, ha sido la rotación en el Ministerio de Salud. “Cinco o seis ministros, encargo a la vicepresidenta María José Pinto y la demora para nombrar un ministro titular, pese a los conflictos de interés que tiene el que terminó siendo designado (Jaime Bernabé Erazo)”, analiza.

Ministros no desgastan, son "intermitentes"

El exasambleísta y político quiteño Andrés Páez, por su lado, considera que mantener a los ministros tampoco es necesariamente negativo. De hecho, recuerda que cada uno de los miembros del gabinete de un gobierno debe gozar de la confianza del mandatario, por lo que el círculo de colaboradores suele ser reducido.

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Aunque no descarta que sean necesarios cambios en el gabinete para aliviar el desgaste de la imagen del régimen, también aclara que los “ministros fusibles” se cambian cuando han dejado de funcionar, no cuando están “intermitentes”. En ese sentido, cree que Noboa los mantiene porque eso también forma parte de su estrategia.

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Cucalón, por su lado, señala que la “tozudez” solo se resuelve con más democracia y sostiene que la oportunidad está muy cerca, en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. De hecho, asevera que el desgaste de Noboa ya tuvo un primer síntoma con la derrota electoral en las cuatro preguntas de la consulta popular de noviembre de 2025.

Lo que debes saber

• El CAL dio paso a seis proyectos de ley que ahora serán debatidos en comisiones de la Asamblea Nacional.
• Las propuestas plantean cambios en educación superior, salud, seguridad social y participación ciudadana.
• Las iniciativas entran a una nueva etapa antes de llegar al Pleno para su primer debate.

La Asamblea Nacional informó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), durante su sesión 82, calificó seis proyectos de ley relacionados con educación superior, salud, derechos laborales y participación ciudadana. Con esta decisión, las propuestas continuarán su trámite en las comisiones especializadas encargadas de analizarlas antes de que lleguen al Pleno.

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La resolución marca el inicio de una nueva fase legislativa para iniciativas que buscan modificar normas vigentes en distintos sectores. Los proyectos fueron presentados por varios asambleístas y deberán pasar por procesos de socialización, recepción de observaciones y elaboración de informes.

Entre las propuestas calificadas se encuentran dos reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Una busca optimizar la permanencia académica y mejorar el uso de los cupos universitarios, mientras que la otra plantea fortalecer el ejercicio profesional de quienes se forman en carreras de Ciencias Sociales.

Reformas en educación superior y salud avanzan en la Asamblea

Los proyectos relacionados con educación serán tratados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. La iniciativa sobre permanencia académica fue presentada por el asambleísta Fabricio Tamayo, mientras que la reforma vinculada a Ciencias Sociales fue impulsada por el legislador Keevin Gallardo.

En materia sanitaria, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte analizará dos nuevas propuestas. Una de ellas busca regular la prescripción en los procedimientos administrativos sancionadores contemplados en la Ley Orgánica de Salud.

La segunda iniciativa en el ámbito de la salud fue presentada por el asambleísta Andrés Castillo. La propuesta plantea fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria y mejorar el acceso de la población a medicamentos, uno de los temas recurrentes dentro del sistema de salud ecuatoriano.

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Jubilación petrolera y participación ciudadana entran a debate

Otra de las iniciativas calificadas será tramitada por la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. El proyecto, presentado por Fabricio Tamayo, propone crear una jubilación especial dirigida a las y los trabajadores que desempeñan actividades dentro del sector petrolero.

Por su parte, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social conocerá una propuesta impulsada por el asambleísta Alfredo Serrano. La iniciativa plantea reformas a varios cuerpos legales relacionados con la iniciativa popular y los mecanismos de rendición de cuentas.

Proyectos calificados por el CAL

Lo que debes saber

• El traslado de José Serrano no cambia, por ahora, su situación jurídica en Estados Unidos.
• La protección bajo la Convención contra la Tortura sigue siendo el principal obstáculo para su retorno al Ecuador.
• En Ecuador, el exministro mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso del asesinato a Fernando Villavicencio.

El traslado del exministro del Interior José Serrano a otro centro de detención en Estados Unidos reavivó las interrogantes sobre su eventual regreso al Ecuador. Mientras algunos ven el cambio como una señal de mayor flexibilidad, expertos sostienen que el verdadero blindaje continúa siendo jurídico.

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El traslado que no cambia el panorama

Para Pablo Játiva, abogado, especialista en Política Internacional y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, el cambio de prisión no responde a una decisión favorable para Serrano, sino a una evacuación administrativa por los incendios forestales registrados cerca del centro penitenciario donde permanecía recluido. A su criterio, se trata de una medida temporal que no modifica en absoluto su situación judicial.

Desde agosto de 2025, el exfuncionario permanecía recluido en el centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos). Esa situación cambió el lunes 22 de junio de 2026, cuando fue trasladado al Centro Correccional del Condado de Adams, en Mississippi.

Játiva sostiene que la protección concedida bajo la Convención Contra la Tortura (CAT) sigue plenamente vigente y continúa siendo el principal obstáculo para una deportación. Añade que ninguna autoridad del Ejecutivo estadounidense ha apelado esa decisión, por lo que el blindaje judicial permanece intacto.

El docente también recuerda que Serrano presuntamente mantiene una cooperación con las autoridades estadounidenses dentro de un proceso penal. "Las dos situaciones juegan en contra de la deportación", subraya. A su criterio, no existe actualmente ningún elemento que permita prever un retorno próximo al Ecuador.

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La estrategia de la defensa

Una lectura distinta plantea Carlos Estarellas, jurista y experto en Derecho Internacional. Él considera que el caso evidencia una estrategia jurídica sostenida para impedir que Serrano sea enviado al país.

Estarellas sostiene que los abogados del exministro han utilizado todos los recursos migratorios y administrativos disponibles en Estados Unidos. Esa actuación, asegura, ha permitido alargar un proceso que en otras circunstancias habría sido más rápido.

El jurista también atribuye parte de esa estrategia a la capacidad económica de Serrano para contratar abogados especializados. A su juicio, ese equipo ha logrado cerrar progresivamente las opciones que podrían conducir a una deportación.

A diferencia de Játiva, Estarellas cree que el traslado a una nueva prisión podría reflejar cierta flexibilidad de las autoridades estadounidenses. Aunque reconoce la dureza del sistema penitenciario de ese país, estima que el nuevo centro tendría condiciones menos rigurosas que el anterior.

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Dos visiones, una misma conclusión

Pese a sus diferencias sobre el significado del traslado, ambos expertos coinciden en que el regreso de José Serrano al Ecuador sigue sin aparecer como un escenario cercano mientras permanezcan vigentes los recursos legales que hoy lo protegen.

Lo que debes saber 

• La Comisión de la Niñez profundizó la fiscalización del caso Rick y cuestionó la respuesta del sistema educativo.
• Funcionarios del Ministerio de Educación defendieron los protocolos aplicados tras la muerte del adolescente.
• Además, una madre denunció que su hijo con autismo intentó suicidarse tras presunto maltrato docente.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional continuó este martes el proceso de fiscalización del denominado caso Rick, un adolescente cuya muerte ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades educativas frente a denuncias de presunto acoso escolar y violencia dentro de una institución educativa de Guayaquil.

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Durante la sesión, legisladores recibieron las comparecencias de funcionarios del Ministerio de Educación relacionados con el seguimiento del caso. La mesa también anunció nuevas convocatorias para obtener información de otros servidores públicos que no acudieron pese a haber sido citados en varias ocasiones.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, advirtió que la ausencia reiterada de funcionarios en un proceso de fiscalización podría derivar en responsabilidades políticas. Además, insistió en que la investigación busca esclarecer qué ocurrió antes y después del fallecimiento del estudiante.

Caso Rick: cuestionamientos al sistema de alertas educativas

La psicóloga distrital Susi Estrada explicó que el Ministerio de Educación recibió la alerta sobre la muerte del adolescente el 3 de febrero de 2025, dos días después del hecho. Según indicó, la institución activó protocolos de atención psicosocial y desplegó brigadas de contención emocional para estudiantes, docentes y padres de familia.

“La alerta la recibimos el lunes 3 de febrero. Antes de eso nunca recibimos ninguna alerta por parte de algún familiar”, afirmó Estrada durante su intervención.

La funcionaria aseguró que tras la activación de los protocolos se realizaron investigaciones internas, entrevistas y levantamiento de información entre estudiantes y docentes. Según su versión, no se identificaron antecedentes que permitieran confirmar situaciones de acoso escolar sistemático contra el adolescente.

"No obtuvimos respuestas de una situación de acoso escolar como indicaban al momento de levantar la información"Susi Estrada, psicóloga Distrital

Legisladores cuestionan ausencia de respuestas

Las explicaciones de la funcionaria fueron cuestionadas por varios asambleístas. El legislador Ricardo Patiño manifestó dudas sobre la falta de alertas previas y señaló que testimonios conocidos por la comisión describen presuntos episodios de hostigamiento que habrían ocurrido dentro del plantel educativo.

“Es muy difícil imaginar que el DECE del establecimiento educativo no se hubiera enterado”, expresó el legislador durante la sesión.

Patiño también señaló que la información recibida por la comisión da cuenta de presuntos actos de discriminación y violencia que habrían sido conocidos por miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, Estrada reiteró que las investigaciones realizadas por el Ministerio no encontraron evidencias que confirmaran esas denuncias.

La presidenta de la comisión insistió en que la fiscalización continuará y anunció que volverán a ser convocadas la rectora del plantel y la psicóloga institucional que no asistieron a la comparecencia. También anticipó la posible convocatoria de la ministra de Educación.

"Aquí tienen que venirnos a dar respuestas sobre lo que sucedió con respecto al caso Rick"Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez

Sumario administrativo por presunto acoso escolar

Durante la misma sesión compareció Mario Pesantes, analista de talento humano y secretario ad hoc en un sumario administrativo relacionado con el caso.

El funcionario explicó que su participación se limitó a recibir documentación, realizar notificaciones y remitir expedientes a la Junta de Resolución de Conflictos encargada de sustanciar el proceso.

Pesantes confirmó que dentro del expediente existía un CD con material entregado por la familia del adolescente. Sin embargo, aseguró que no revisó su contenido porque esa tarea correspondía a los abogados encargados de la investigación administrativa.

La comisión conoció además que el sumario administrativo fue abierto contra la docente Anita del Mira Camacho Angulo, profesora de matemáticas y tutora del estudiante. Los legisladores solicitaron la comparecencia de los abogados que sustanciaron el procedimiento para esclarecer cómo fue valorada la evidencia entregada por la familia.

Nueva denuncia expone presunto maltrato contra estudiante con autismo

En la segunda parte de la sesión, la comisión recibió en comisión general a Paola Quelal, madre de un adolescente con autismo que denunció presunto acoso escolar, violencia psicológica y discriminación dentro de una unidad educativa de Durán.

La mujer relató que encontró a su hijo encerrado en un baño con intenciones de quitarse la vida luego de sufrir burlas y malos tratos por parte de docentes y estudiantes.

“Mamá, me quiero morir”, recordó la denunciante al relatar las palabras que escuchó de su hijo.

Según su testimonio, el adolescente habría sido objeto de constantes burlas debido a su condición. También denunció que las adaptaciones académicas requeridas para su proceso educativo no fueron aplicadas de manera adecuada.

La madre aseguró que presentó denuncias desde febrero de 2025 ante autoridades educativas, pero que hasta la fecha no ha recibido una respuesta efectiva ni una resolución sobre el caso.

Comisión incluirá nueva denuncia en fiscalización

Tras escuchar el testimonio, la presidenta de la comisión anunció que el caso será incorporado al proceso de fiscalización que mantiene abierta la mesa legislativa sobre violencia y acoso dentro del sistema educativo.

Veloz advirtió que las denuncias recibidas desde distintas provincias evidencian "un patrón preocupante que afecta a niños y adolescentes tanto en instituciones fiscales como particulares", señaló.

La comisión resolvió solicitar información al Ministerio de Educación, a las direcciones distritales involucradas y a las autoridades de las instituciones educativas señaladas para determinar posibles responsabilidades y establecer si existieron omisiones en la protección de los estudiantes.

Los punto claves

• Jorge Acaiturri oficializó su salida del Partido Social Cristiano (PSC) mediante un comunicado difundido la noche del 23 de junio.
• El exasambleísta aseguró que la decisión la tomó hace varias semanas, en medio de diferencias con el rumbo de la organización política.
• En el mensaje difundido, retomó un fragmento de una entrevista en el que afirma: “La decencia ni se somete ni se negocia”. 

La salida de Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano (PSC) ya es oficial. La noche de este 23 de junio, el exasambleísta y exgerente de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) confirmó que se apartó de la organización política en medio de discrepancias con decisiones adoptadas en su interior.

En un comunicado difundido por su equipo de comunicación, Acaiturri incluyó un fragmento de una entrevista en la que aseguró que la decisión la tomó hace varias semanas y dejó una de las frases más fuertes de su pronunciamiento: “La decencia ni se somete ni se negocia”. Aunque expresó afecto por varios integrantes del PSC, señaló que existen situaciones con las que no está dispuesto a coincidir ni tolerar.

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“Yo me he separado desde hace unas seis semanas. No puedo hablar de mi partido porque ya no es mi partido (...) La decencia ni se somete ni se negocia. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y que no estoy en posición de tolerar”, manifestó.

Acaiturri también afirmó que durante meses recibió advertencias sobre supuestos acuerdos y conversaciones que se desarrollaban al interior de la organización sin que él tuviera conocimiento. Según dijo, inicialmente no creyó en esos señalamientos, pero con el paso del tiempo concluyó que quienes se los advirtieron tenían razón.

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“Lastimosamente el tiempo le dio la razón a ellos y no a mí. Por eso preferí dar un paso al costado. Entré por la puerta grande y me voy por la puerta grande”, señaló. "Entré por la puerta grande y me voy por la puerta", señaló.

Una relación que ya mostraba fisuras

La ruptura ocurre después de varios episodios que evidenciaron tensiones entre Acaiturri y sectores del socialcristianismo.

En agosto de 2024 declinó su aspiración presidencial dentro del PSC, argumentando motivos familiares y anunciando que concentraría sus esfuerzos en una eventual reelección legislativa. Meses después, durante la crisis política por la elección de la Vicealcaldía de Guayaquil, su nombre apareció en medio del enfrentamiento público que mantuvieron dirigentes y concejales socialcristianos.

Más recientemente, el exlegislador se mostró activo en el debate nacional al cuestionar la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales de 2027, una postura que expuso desde fuera de los espacios de dirección partidaria.

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Perfil político y gestión pública

Ingeniero comercial de profesión, Acaiturri ha ocupado distintos cargos en la administración pública. Entre 2013 y 2015 fue subsecretario de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en el entonces Ministerio de Industrias. Posteriormente se desempeñó como gerente de la Empresa Pública Municipal DASE entre 2019 y 2022, durante la administración municipal de Guayaquil.

También fue asambleísta nacional y llegó a ser considerado como una de las cartas presidenciales que evaluaba el PSC para las elecciones generales de 2025.

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Lo que debes saber 

• Ramiro Rivera se pronunció sobre la situación del Cpccs tras la salida de Roberto Gilbert.
• El candidato criticó la falta de transparencia del organismo y planteó reformas.
• Además, defendió su postulación como ciudadano y recordó su trayectoria política.

Ramiro Rivera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se refirió al futuro de la institución tras la salida del consejero Roberto Gilbert. En sus declaraciones, sostuvo que el organismo enfrenta una crisis de credibilidad y planteó cambios para fortalecer los procesos de selección y control.

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Según Rivera, la percepción ciudadana sobre el Consejo ha influido en la participación de perfiles calificados dentro de los procesos electorales. El aspirante señaló que la imagen que proyecta la entidad ha generado desconfianza en distintos sectores de la sociedad.

“Del Ecuador es que, como este organismo ha sido tan opaco, tan enredado, tan confuso, tan dudoso, la gente decente no se ha presentado para las elecciones”, afirmó el candidato al referirse a las dificultades que, a su criterio, enfrenta el CPCCS para atraer postulantes con experiencia y reconocimiento.

Ramiro Rivera propone transparencia en el CPCCS

Rivera aseguró que, en caso de integrar el organismo, impulsará mecanismos orientados a fortalecer la participación de ciudadanos con trayectoria profesional y ética comprobada. Su propuesta apunta a mejorar la confianza en los procesos internos de la institución.

El candidato señaló que una de sus prioridades será promover concursos y procedimientos con mayores niveles de control público. Considera que la transparencia debe convertirse en un elemento central para recuperar la legitimidad del Consejo.

“Yo de llegar a este organismo invitaré a los ecuatorianos y ecuatorianas más capaces, inteligentes, probadas y honestas a que se presente para que haya procedimiento de escrutinio transparentes”, manifestó.

Rivera también cuestionó decisiones adoptadas en anteriores procesos de selección desarrollados dentro de la entidad. Según indicó, ciertos antecedentes han afectado la credibilidad del organismo ante la ciudadanía.

“Porque ya debe quedar en el olvido aquel consejo que le puso 100 sobre 100 a un sujeto que se dedicó durante 10 años en la Contraloría a robar y ahora está cumpliendo una cárcel de los Estados Unidos. Hay que hacer lo de vez”, expresó.

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Su candidatura y trayectoria política

Rivera explicó que decidió participar en las elecciones sin el auspicio de una organización política. Señaló que optó por presentarse directamente como ciudadano pese a haber recibido propuestas de respaldo.

El aspirante comentó que una organización de Chimborazo le planteó la posibilidad de impulsar su candidatura. Sin embargo, indicó que prefirió mantener una postulación independiente dentro del proceso electoral.

“Contra de Chimborazo que le indicaba a que yo sea candidato auspiciado por ellos. He preferido candidatizarme en mi condición de ciudadano”, sostuvo.

Rivera también respondió a cuestionamientos relacionados con su pasado político y recordó su vinculación histórica con la democracia cristiana. Aseguró que sus principios y convicciones se mantienen vigentes pese a los cambios ocurridos en el escenario partidista nacional.

“Yo desde los 19 años de edad hasta que feneció fui orgullosamente un demócrata cristiano. Mi pensamiento es humanista y cristiano. He estado en un solo partido. Cuando esa organización desapareció, yo me he tenido que cambiar de religión porque las convicciones y los principios son perennes en un hogar”, concluyó.

Los puntos claves

• La Policía incautó al menos seis inmuebles vinculados a las empresas Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A. dentro del caso Goleada.
• El bien de mayor valor intervenido está ubicado en Puerto Hondo y está tasado en aproximadamente 2 millones de dólares.
• Otros seis inmuebles no fueron incautados porque estaban habitados por menores, adultos mayores y personas con discapacidad. 

El pasado 18 de junio, la Policía Nacional ejecutó medidas judiciales dentro del caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas. El proceso, como ha venido publicando EXPRESO, investiga una presunta red vinculada a la comercialización irregular de combustibles, que habría derivado en la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, según la hipótesis de la Fiscalía.

Incautaciones en Guayaquil y Samborondón

Según un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), ese día se incautaron al menos seis inmuebles relacionados con las empresas Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A. El bien de mayor valor está ubicado en Puerto Hondo y está tasado en aproximadamente 2 millones de dólares.

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También se incluyen terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón, vinculados a la estructura empresarial bajo investigación.

Los bienes quedaron bajo custodia de Inmobiliar, entidad encargada de administrar activos incautados en procesos judiciales.

Otros bienes no pudieron ser incautados

La Policía no logró ejecutar la totalidad de las órdenes judiciales. En total, seis inmuebles no fueron intervenidos. Entre ellos consta una vivienda en Isla Mocolí, en Samborondón, presuntamente vinculada al alcalde y valorada en más de 1 millón de dólares, además de otros departamentos relacionados con Fiorema S.A.

Según la Undecof, la ejecución no se concretó porque los inmuebles estaban habitados por personas en situación de vulnerabilidad, incluidos menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

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La defensa pidió revisión de medidas

La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores y de una persona con discapacidad visual certificada.

Con ese argumento, el equipo legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.

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Qué investiga el caso Goleada

El caso Goleada investiga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos provenientes de la comercialización irregular de combustibles.

La hipótesis fiscal sostiene que estos recursos habrían sido canalizados hacia la compra de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la aplicación de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.

Lo que debes saber

• Ecuador exige ante la OEA mayor cooperación frente al crimen organizado y narcotráfico globales.
• El subsecretario Mauricio Baus resalta que ningún Estado puede combatir de forma aislada a las mafias.
• Canciller Roberto Kury afianza alianzas de seguridad en citas bilaterales con Panamá, Brasil e Israel.

Ecuador demandó ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la urgencia de fortalecer la cooperación hemisférica y el multilateralismo para combatir la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y las economías ilícitas que golpean al territorio. El subsecretario de Asuntos Multilaterales, Mauricio Baus, advirtió que la expansión de las estructuras criminales transfronterizas impide que los Estados actúen de forma aislada ante amenazas híbridas.

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Los desafíos criminales que enfrenta el Gobierno de Daniel Noboa

El diplomático ecuatoriano enfatizó que el país atraviesa retos críticos derivados de la delincuencia transnacional, situación que requiere soluciones tangibles que mejoren la vida de los ciudadanos. En este espacio, Ecuador reconoció de manera formal el apoyo político y técnico de los Estados Observadores Permanentes dentro del sistema interamericano.

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Para mitigar el impacto de estas redes criminales, el plan de acción nacional requiere soporte internacional en las siguientes áreas clave:

Alianzas bilaterales estratégicas para frenar la delincuencia internacional

En el marco del encuentro de la OEA, el canciller Roberto Kury lideró citas bilaterales de alto nivel con sus homólogos de Panamá, Bahamas, Bolivia y Brasil. El propósito de los diálogos se concentró en dinamizar la integración regional y delinear estrategias conjuntas frente a la delincuencia organizada que opera de manera coordinada en Sudamérica y Centroamérica.

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Asimismo, Kury formalizó una mesa de diálogo con Edén Bar Tal, director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el objetivo de evaluar oportunidades de cooperación e inversión en seguridad, comercio e innovación tecnológica. Por otra parte, la secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), liderada por Gabriela Pacheco, ratificó junto a la cancillería la apertura de Ecuador para recibir audiencias de supervisión de cumplimiento de la Convención Americana.

Lo que debes saber

• Las candidaturas se definirán mediante elecciones primarias y consensos entre las organizaciones.
• La alianza busca presentar una tercera alternativa para Guayaquil y el Guayas.
• Organizaciones sociales y gremiales respaldan la iniciativa política.

Unidad Popular, Pachakutik y el Partido Socialista Ecuatoriano firmaron una alianza electoral para participar en los comicios seccionales de 2027, en Guayaquil y la provincia del Guayas. El acuerdo también incorpora a organizaciones sociales y gremiales que buscan levantar una candidatura unificada para la Alcaldía y la Prefectura.

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Primarias antes del consenso

Alonso López, coordinador nacional de Unidad Popular y presidente de su comisión electoral, sostiene que las tres organizaciones acordaron definir sus candidaturas mediante elecciones primarias antes de consolidar una propuesta unificada. Además, precisa que Unidad Popular escogerá a sus candidatos para Guayaquil, Yaguachi y Nobol el próximo 25 de junio, mientras que el proceso en el resto de los cantones del Guayas concluirá el 2 de julio; posteriormente, entre el 4 y el 5 de julio, se iniciarán las negociaciones para definir las candidaturas de consenso.

El dirigente subraya que la alianza no se limitará a Guayaquil, sino que podrá extenderse a toda la provincia, con acuerdos específicos en cada cantón. Según López, el objetivo es construir una "tercera alternativa" que rompa con la polarización entre el correísmo y el oficialismo.

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Buscan una tercera alternativa política

A criterio del dirigente político, la unión de las organizaciones de izquierda y de sectores sociales aumenta sus posibilidades de disputar los principales cargos de elección popular. "Históricamente, cuando se han unido los sectores que han tenido una propuesta seria y honesta, han logrado victorias importantes", afirma.

López también asegura que la iniciativa despertó el respaldo de representantes de barrios, gremios, estudiantes, sindicatos, pueblos y nacionalidades, así como de colectivos de derechos humanos y gestores culturales. Añade que la convocatoria refleja el interés por impulsar una propuesta distinta frente al escenario político actual.

Sobre la coyuntura local, el coordinador nacional de Unidad Popular considera que existe un desgaste de los modelos políticos que han gobernado Guayaquil durante las últimas décadas y reiteró su rechazo a lo que calificó como una persecución contra el alcalde Aquiles Álvarez. "La gente está pidiendo una alternativa distinta y esa alternativa la va a encontrar en esta unidad de los sectores democráticos y de izquierda".

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La asambleísta Cecilia Baltazar, exmiembro de Pachakutik y presidenta de la mesa legislativa, presentó la moción para suspender el tratamiento del proyecto, como lo recomendaba el informe de primer debate. 

Según ese informe, se sugería el archivo porque la propuesta "carece de consistencia jurídica suficiente, vulnera principios constitucionales esenciales y no ofrecer una respuesta normativa técnicamente adecuada al problema que pretende regular".

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Baltazar expuso los reparos al proyecto

Durante el debate, Baltazar dijo que si bien la normativa es necesaria, el proyecto no puede estar "solamente enfocada en la sanción, es fundamental la discusión de una legislación que profundice el contenido y alcance al derecho de la libertad de expresión. Esta propuesta no considera la protección de este derecho fundamental, que no solo está en la Carta Magna sino en las declaraciones de Derechos Humanos y demás legislaciones internacionales", añadió.

Baltazar explicó que aunque se pretende regular las redes sociales, el texto "no establece protecciones reforzadas para los niños y adolescentes, como ocurre a nivel internacional y no hace un análisis de lo que ya está normado en la Ley de Dato Personales", por lo que insistió en su archivo.

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ADN y correísmo apoyaron a Baltazar

Juan José Reyes, del bloque de ADN, respaldó a Baltazar. "El proyecto no desarrolla mecanismos para proteger a niños y adolescentes del ecosistema digital y los riesgos a los que están expuestos los menores. Se necesita evidencia, criterios técnicos, que respete los estándares internacionales y dotar a países para enfrentar amenazas y perseguir ciberdelitos".

En la misma línea se pronunció Gustavo Mateus, parlamentario de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía, de la Revolución Ciudadana (RC). "Las soluciones deben ser compatibles con la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y principios democráticos, pero esta propuesta no alcanza los estándares necesarios para convertirse en una herramienta eficaz de protección de derechos".

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El correísta sostuvo que el texto "confunde principios éticos y morales con el ordenamiento jurídico", por lo que consideró que "es el primer espacio para abrir espacios para la persecución política".

El Pleno aprobó el archivo con 139 votos, de 140 legisladores presentes, por lo que el proyecto de 24 páginas quedó desestimado.

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“Denunciar en todo su contenido el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos”, se lee en el documento oficial. 

Ese es el único artículo del decreto. Además, contiene una disposición derogatoria y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución de la decisión.

El decreto fue firmado después de que la Asamblea Nacional autorizara la denuncia. El pasado 9 de junio, el Pleno aprobó la moción para que Ecuador abandone el acuerdo financiero impulsado en 2009 por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

La discusión en la Asamblea

Ese día, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, sostuvo que la Asamblea debía votar para “no permitir que se mantenga abierta una puerta que nunca debió abrirse, con un mecanismo que generó acciones irregulares que perjudicaron al país”.

La decisión legislativa se tomó con 86 votos provenientes del oficialismo y sus aliados. La propuesta no contó con el respaldo de la bancada correísta. Cabe recordar que el SUCRE fue impulsado durante el auge de los gobiernos de la región que promovían el denominado socialismo del siglo XXI.

El Tratado Constitutivo del SUCRE fue suscrito el 16 de octubre de 2009 por los entonces jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Su objetivo era facilitar las transacciones comerciales entre los países firmantes.

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La compra de trolebuses en Quito se tratará en el Pleno de la Asamblea: ¿Qué dice el informe?

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De acuerdo con el experto en relaciones internacionales Daniel Crespo, este constituye únicamente un paso previo a la salida definitiva del sistema. 

Tras la denuncia, corresponde depositar la notificación en la sede donde se suscribió el tratado para que el resto de los Estados miembros conozca formalmente la decisión de Ecuador de retirarse del SUCRE.

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Viaje de Daniel Noboa a Nueva York: agenda oficial y comitiva del presidente

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El documento establece que la comitiva oficial estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que, en función de sus competencias y de los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas. 

Estas instituciones, así como el equipo de apoyo, serán notificadas por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia.

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Los viajes de Daniel Noboa a Estados Unidos: beneficios, críticas y resultados

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En el decreto se resalta que los viáticos y demás gastos derivados del viaje serán cubiertos por cada institución a la que pertenezcan los funcionarios desplazados.

La visita, que se desarrollará principalmente en Nueva York, constituye el segundo viaje de Noboa a Estados Unidos en menos de un mes. Entre el 11 y el 15 de junio, el mandatario ya estuvo en ese país, donde asistió al partido inaugural de Ecuador en el Mundial 2026.

El segundo viaje a Estados Unidos

Según la agenda oficial, Noboa mantendrá el 25 de junio una reunión sobre seguridad con Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad de Estados Unidos y actual enviada especial del presidente Donald Trump para el Escudo de las Américas.

Pese a los detalles administrativos del viaje, el decreto no incluye los nombres de los integrantes de la comitiva oficial, un aspecto que ha llamado la atención en medio de una agenda internacional marcada por temas de seguridad y cooperación regional.

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El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y fue aprobado tras el debate en el Pleno, en el que intervinieron ocho legisladores. 

Allí, los asambleístas del bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) defendieron que el Parlamento era competente para fiscalizar las acciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El correísmo, en cambio, criticó la actuación de la bancada de Gobierno y tildó a la actuación como una persecución en contra de los alcaldes que tienen una tendencia política opositora.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) expuso el informe. Señaló que tras las investigaciones en la mesa se identificaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación. "Se institucionalizó un modus operandi de compra fraudulenta. Se usó el método para esquivar la Ley de Contratación que también se empleó para comprar los carros recolectores de basura, así como los trabajos en una vía que no se hizo y para el sistema de recaudo", aseguró.

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Piden investigar el manejo de los recursos públicos

Además, indicó que el informe recomendaba remitir las conclusiones al Concejo Metropolitano para "dar seguimiento al proceso en torno al proceso de adquisición que podrían afectar el patrimonio público y que empleen las acciones administrativas para asegurar transparencia a la ciudadanía quiteña".

También sugirió enviar los hallazgos a la Contraloría y Fiscalía para que "valore la pertinencia de profundizar las acciones de controles en torno a los procesos vinculados para adquirir los trolebuses, incluido el memorando suscrito con Naciones Unidas para una operación de alto impacto y que examine la posibilidad de efectuar el seguimiento sobre los recursos comprometidos al tratarse de fondos públicos, que podría revelar posibles sobrecostos".

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¿Qué era la 'sala espejo' en el Municipio de Guayaquil? Reimberg habló sobre cámaras de Segura EP

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Lo que debe saber

• John Reimberg aseguró en la Asamblea que la supuesta red de vigilancia paralela detectada en Guayaquil no sería un caso aislado.
• El ministro vinculó a exfuncionarios de la Senain con proyectos de videovigilancia en Quito y abrió un nuevo frente político con el Municipio capitalino.
• Durante la fiscalización a Segura EP, el ministro del Interior afirmó que la denominada sala espejo no sería la única estructura de este tipo en el país.

El caso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil salpicó a Quito. La mañana de este 23 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó a quienes estarían a cargo de la instalación y administración de cámaras de videovigilancia en la capital.

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¿Qué era la 'sala espejo' en el Municipio de Guayaquil? Reimberg habló sobre cámaras de Segura EP

Daniel Alejandro Romero Páez

El ministro compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Allí comenzaron las comparecencias dentro del proceso de fiscalización por las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

La asambleísta aliada del oficialismo Jhajaira Urresta preguntó a Reimberg si lo ocurrido con las cámaras en Guayaquil también había sucedido o podría suceder en otros cantones del país.

“Nos espeluzna el saber que exista la capacidad operativa delincuencial de tener una sala espejo. Están involucrados otros actores políticos porque los contratos con Telconet no solo correlacionan a Guayaquil sino que está también el cantón Quito”, mencionó Urresta.

La referencia a exSenain

La respuesta de Reimberg fue contundente: “No es la única sala”.

A continuación, comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

“Cada quién destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y están poniendo sus cámaras. ¿Quién está atrás de esto? Los exSenain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, manifestó.

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Reimberg cuestionó la finalidad de ese tipo de proyectos. Mencionó que las denominadas salas espejo sirven a los grupos delictivos para conocer dónde se encuentra la Policía, dónde se realizan controles y en qué lugares se ejecutarán incautaciones de droga.

A su salida de la Comisión de Seguridad, el ministro volvió a referirse al tema. “Vean quiénes están trabajando y vean en dónde trabajaron antes”, señaló.

El ministro no mencionó nombres. Sin embargo, cabe recordar que la actual secretaria de Seguridad del Municipio de Quito es Carolina Andrade. Ella se desempeñó como coordinadora de Inteligencia en la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

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La moción para ajustar los temas de la sesión plenaria la presentó el asambleísta oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Fernando Jaramillo, quien dijo que presentaba la petición para que "la Asamblea cumpla con la fiscalización y exija información", debido a que los funcionarios deben "cumplir su rol, respetando los recursos que son del pueblo y para combatir la corrupción".

El planteamiento fue acogido y aprobado con 86 votos a favor, de 129 asambleístas registrados. Con la inclusión de ese punto, el Parlamento de la Asamblea tratará cuatro temas en el Pleno:

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¿Por qué analizarán los patrimonios de los alcaldes?

El parlamentario señaló que, según las publicaciones de la prensa, existen "variaciones patrimoniales" en uno de cada tres alcaldes o prefectos del país. Además, sostuvo que algunos funcionarios figurarían como parte de compañías activas, mientras que otros aún se mantienen como administradores de empresas, pese a ser servidores públicos.

Jaramillo pidió incluir en ese análisis a los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes fueron detenidos por procesos legales.

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El parlamentario de Imbabura aseguró que el análisis de los patrimonios permitirá conocer los motivos por los que aumentaron esos bienes e identificar las acciones de control que se podrían generar, en caso de hallar eventuales irregularidades.

La petición del oficialismo se presentó un escenario en el que autoridades y entidades de Gobierno mantienen una pugna con los gobiernos locales por las diferencias de las tiendas políticas a las que pertenecen. Producto de esa tensión existen procesos judiciales en curso y sanciones electorales, que han inhabilitado a organizaciones políticas, como la Revolución Ciudadana (correísmo), o a funcionarios como Cristian Zamora, ahora exburgomaestre de Cuenca.

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Lo que debes saber

• Judicatura pide investigar la prescripción de 23 sumarios de servidores vinculados a Metástasis y Purga.
• El Pleno dejó extinguir 20 expedientes en julio de 2025 debido a la ausencia médica de Solanda Goyes.
• Mario Godoy fue censurado por la Asamblea en abril de 2026 tras denuncias de presiones el exjuez Carlos Serrano.

El Consejo de la Judicatura de Ecuador solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Asamblea Nacional que inicien investigaciones urgentes sobre la prescripción de 23 sumarios disciplinarios contra servidores judiciales implicados en los casos Metástasis y Purga. Estos expedientes, orientados a sancionar los nexos de funcionarios de la justicia con el crimen organizado, se extinguieron bajo la administración del expresidente del organismo, Mario Godoy.

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¿Por qué prescribieron los sumarios disciplinarios de la Judicatura?

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por la institución, la extinción de las causas administrativas se ejecutó de forma masiva durante el mes de julio de 2025. El Pleno del Consejo de la Judicatura estuvo conformado en ese periodo por los vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, luego de la renuncia previa de Merck Benavides en marzo del mismo año.

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La falta de quórum y la inacción administrativa fueron los detonantes principales para que los servidores judiciales investigados quedaran libres de sanciones administrativas.

Detalles de la extinción de los expedientes judiciales:

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La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, remitió las evidencias recopiladas a las autoridades de control penal y político para que se determinen de forma inmediata las responsabilidades civiles, administrativas o penales derivadas de estas omisiones.

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Caicedo ofreció disculpas públicas al país y enfatizó que declarar la prescripción era una obligación estrictamente jurídica ante los plazos vencidos, pero reafirmó el compromiso de la entidad en mantener una postura firme en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado. El objetivo actual es blindar los procesos disciplinarios para que las faltas que afecten a la administración de justicia se resuelvan bajo estricto marco legal.

El juicio político y la censura de Mario Godoy en la Asamblea

El abogado Mario Godoy asumió la Presidencia de la Judicatura en julio de 2024 y obtuvo una ratificación en septiembre de 2025. Su gestión se debilitó tras las declaraciones del exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció públicamente la existencia de presiones internas para direccionar fallos judiciales.

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Esta crisis derivó en un juicio político en la Asamblea Nacional. En abril de 2026, pocas horas antes de que se sustentara el debate final de su interpelación en el pleno legislativo, Godoy presentó su renuncia irrevocable al cargo, lo cual no impidió que el parlamento procediera con su censura institucional.

Lo que debe saber

• John Reimberg denunció la existencia de una "sala espejo" que habría operado desde el Palacio Municipal de Guayaquil.
• Según el ministro, la estructura permitía manipular dispositivos y extraer información sensible.
• Reimberg aseguró que la instalación de la denominada sala espejo fue ordenada por el entonces presidente de Segura EP, Fernando Cornejo.

El ministro del Interior, John Reimberg, acudió a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y habló sobre la existencia de una denominada "sala espejo" en Segura EP de Guayaquil. La mesa legislativa inició este 23 de junio de 2026 las comparecencias dentro del proceso de fiscalización al uso de las cámaras de videovigilancia en ese cantón de la provincia del Guayas.

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“Se identificó la existencia de una estructura paralela denominada sala espejo. Determinamos que usuarios tenían acceso privilegiado a plataformas críticas, con capacidad para manipular cámaras, extraer información sensible y vulnerar la cadena de custodia”, dijo Reimberg.

La fiscalización está vinculada al denominado caso Porsche. El tema volvió a la discusión pública tras la difusión de un audio atribuido a Rafael Correa. En ese material se escucharía al expresidente conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

De hecho, parte de ese audio fue reproducido la mañana de este 23 de junio en la comisión. La asambleísta oficialista Carolina Dueñas solicitó la proyección de un video en el que supuestamente se escucha a Correa, Rengel y al entonces presidente de Segura EP, Fernando Cornejo.

¿Qué era la sala espejo?

El ministro del Interior explicó que dicha sala fue instalada en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil. “La orden política fue dispuesta de forma directa y expresa Fernando Javier Cornejo, entonces presidente del directorio”, aseguró.

En este punto, Reimberg se refirió a Telconet. Señaló que la sala funcionaba de manera paralela mediante enlaces privados de esa empresa.

“Las plataformas institucionales fueron comprometidas. Les daba capacidad de intervención; de mover las cámaras para mirar a otro lado en zonas críticas”, manifestó el ministro del Interior.

Reimberg también aseguró que la estructura supuestamente instalada en el Palacio Municipal permitía que los registros de auditoría y las transacciones solo se almacenaran durante 60 días.

“Esta limitación técnica garantizaba que el rastro de la manipulación de cámaras y extracción de videos desde la sala espejo fuera borrado automáticamente”, dijo Reimberg.

¿Qué pasó en la Comisión de Seguridad?

El asambleísta de la Revolución Ciudadana Gerardo Machado cuestionó a Reimberg por los resultados en materia de seguridad a escala nacional. Posteriormente llevó el caso Porsche al debate.

Cabe recordar que este caso está relacionado con la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria, precisamente en el sector donde residía el entonces único procesado por una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil. El vehículo pertenecía a Industrial Molinera, empresa del Grupo Noboa.

Sobre este tema, el ministro del Interior respondió que se trata de un caso que está en conocimiento de la Fiscalía. Además, exhortó a los asambleístas a dirigir sus inquietudes a los representantes de esa institución en caso de que sean convocados a comparecer. Acto seguido, desplazó la discusión hacia otros casos.

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Indicó que al correísmo no le interesaba que se hablara, por ejemplo, del incendio en el Parque Samanes y de cómo las cámaras de Segura EP “se apagaron”. También mencionó el incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas, un hecho que no guarda relación con Segura EP de Guayaquil.

Lo que debes saber

• Asambleísta Liliana Durán pide fiscalizar las denuncias de la activista Monika Silva, hallada muerta a inicios de junio de 2026.
• La Revolución Ciudadana solicita copia de las comunicaciones y otros pedidos de Silva desde enero de 2023.
• Organizaciones exigen que la investigación de la muerte de Silva sea por femicidio y que sea independiente y transparente.

La Asamblea Nacional de Ecuador enfrenta cuestionamientos tras la muerte de la activista anticorrupción Monika Silva, hallada sin vida en su domicilio el pasado 8 de junio de 2026. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, formalizó una solicitud de información dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN), para reconstruir la trazabilidad administrativa de todas las denuncias presentadas por la activista desde el año 2023.

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Asamblea habría ignorado denuncias de Monika Silva

La fiscalización busca determinar el recorrido oficial de los documentos ingresados por Silva, quien lideraba la fundación La Integridad y se desempeñaba como veedora ciudadana. La legisladora Durán enfatizó que la Asamblea no habría dado trámite a las alertas de la activista sobre presuntos nexos de funcionarios públicos con redes de corrupción, por lo que exigió certificar si la documentación llegó a las siguientes instancias:

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La trazabilidad de las denuncias de Silva en la Asamblea

Durán también solicita a Mancheno que se remita copia íntegra de todos los trámites, solicitudes de fiscalización, comunicaciones, peticiones, escritos, correos electrónicos, documentos o cualquier otro requerimiento presentado por la activista. La asambleísta pide que toda esta información sea remitida en una matriz digital consolidada con los datos necesarios para reconstruir la trazabilidad administrativa o la hoja de ruta de cada trámite, acompañada de los expedientes completos.

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El deceso de Silva ha generado repercusiones diplomáticas y sociales. Tanto la Unión Europea como el Gobierno de Polonia han emitido pronunciamientos oficiales exigiendo una investigación independiente y transparente para esclarecer las causas de su muerte en la provincia de Santa Elena.

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Paralelamente, colectivos de derechos humanos en Ecuador, tales como el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), defienden la postura de que el caso sea investigado bajo el protocolo de femicidio, evaluando de forma directa si su fallecimiento constituye una represalia a sus funciones de control social.