Política

Registro de alianzas electorales vence hoy; RC dice que logró coaliciones en todo el país

Daniel Alejandro Romero Páez

En la resolución adoptada por el juez electoral Juan Patricio Maldonado se dispone oficiar al CNE para que, en el ámbito de sus competencias, tome razón de la medida y adopte las actuaciones administrativas necesarias para su ejecución.

Para ese fin, la resolución del TCE concede un plazo de tres días para hacer efectiva la suspensión de la organización política. 

Cabe recordar que el organismo electoral es el encargado del registro permanente de organizaciones políticas. En ese listado, por ejemplo, Revolución Ciudadana consta actualmente como movimiento suspendido.

Además, el CNE está obligado a informar al TCE sobre el cumplimiento de la resolución adoptada.

¿Qué pasó con el movimiento AMIGO?

El juez Juan Patricio Maldonado admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón. La acción se sustenta en un procedimiento catalogado como reservado.

La resolución del TCE señala: “de lo analizado se dispone como medida la suspensión provisional por el plazo de nueve (9) meses de la organización política Movimiento AMIGO en el registro permanente de organizaciones políticas”.

Quito

Pabel Muñoz califica de “terrorífico abismo” la suspensión del movimiento Amigo por parte del TCE

IVONNE MANTILLA

Sobre el rol del CNE, el excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz escribió en su cuenta de X: “Ahora le corresponde a los cinco consejeros del CNE decidir administrativamente si excluyen a AMIGO luego de que ya venció el plazo para excluir a organizaciones políticas”.

Dos causas para levantar la medida

En la decisión del TCE se establecen las circunstancias bajo las cuales podría levantarse la suspensión del movimiento AMIGO:

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Rosero Mariela

Aun así, el Pleno del CNE es el encargado de validar las alianzas. Para ello, se requerirá un informe que será sometido a votación. Una vez que esa instancia avale la coalición, esta será reconocida como válida.

El reglamento para la conformación de alianzas establece que el “Pleno del CNE emitirá la resolución que corresponda respecto a las alianzas electorales de ámbito nacional, con base al informe técnico de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y Dirección Nacional de Organizaciones Políticas”.

De igual manera, el director provincial electoral emitirá la resolución respecto a las alianzas electorales de su jurisdicción, “con base al informe técnico de la Dirección o área de Organizaciones Políticas de la respectiva provincia”.

El pasado 10 de julio de 2026, en una entrevista con Diario EXPRESO, el presidente del CNE, José Cabrera, señaló que aún no contaba con el dato consolidado de las alianzas registradas, ya que el plazo vencía este 18 de julio.

Vence un plazo en medio de la suspensión de AMIGO

La expectativa en torno a la consolidación de alianzas aumentó tras la situación del movimiento Revolución Ciudadana. Esa organización fue suspendida por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a raíz de un pedido de la Fiscalía General.

Ante ese escenario, el correísmo buscó alternativas para presentar a sus candidatos. Una de ellas fue el movimiento AMIGO, por el que participarían figuras como el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la excandidata presidencial Luisa González.

Política

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Rosero Mariela

El TCE también dispuso la suspensión provisional de AMIGO. El argumento fue, nuevamente, un pedido de la Fiscalía General. En ese contexto, la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, afirmó el 17 de julio de 2026 que lograron alianzas con otros movimientos, las cuales ya habían sido registradas ante el CNE.

En una entrevista con Outsiders, la dirigente calificó la medida como “insólita” y aseguró que Revolución Ciudadana mantendrá sus alianzas. “Ya registramos las alianzas", dijo, y agregó que han buscado acuerdos con diversas organizaciones políticas en todo el Ecuador.

Lo que debes saber

• Renán Borbúa explica sus propuestas para llegar a la Prefectura del Guayas.
• El precandidato del PSP aborda obras, dragado e inundaciones en la provincia.
• Borbúa responde sobre sus compromisos de gestión y permanencia en el cargo.

Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), expuso a EXPRESO sus principales propuestas, prioridades y financiamiento para gobernar la provincia.

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- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas en este momento?

- En Pedro Carbo, Salitre, Balzar y en Durán, la gente que siembra arroz y los ganaderos dijeron “Nosotros apoyamos a Renán para prefecto” y (eso lo) escuchó el expresidente Lucio Gutiérrez (fundador de la organización política); (además) recibió unas cartas de apoyo y me dijo “¿Por qué no te animas? Vamos por la Prefectura”. Consulté primero con mi familia, como uno hace normalmente, porque (para) lanzarse a una candidatura hay que pensarlo mucho.

- ¿Por qué?

- Por los riesgos que se viven al momento. Tenemos que ser claros, (ahora) no es lo mismo que en anteriores campañas.

- ¿Qué riesgos?

- Los riesgos que viven todos, principalmente aquí en Guayas. El tema de las bandas, secuestros, extorsiones o ‘vacunas’. Debemos ser claros. Quien no lo mencione u oculte eso, creo que no vive aquí en Ecuador ni en Guayas. También hay mafias políticas.

- El Partido Sociedad Patriótica nunca ha ganado la Prefectura del Guayas. ¿Por qué cree que esta vez podría ser diferente?

- Es verdad que no hemos ganado, porque (antes) no había sido el momento. Hoy estamos mejor preparados, (tenemos) más experiencia. Obviamente que no solo depende de mí, sino de toda la gente que se sigue sumando y (que) siente que yo soy el candidato que puede solucionar los grandes y graves problemas.

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- ¿Cuáles son los graves problemas de Guayas?

- El primer gran problema que tiene Guayas es el de reconocer (que) todo el territorio, no solo Guayaquil, tiene grandes problemas.

- ¿Cómo cuáles?

- Apoyar desinteresada y decididamente al Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia. Yo sí voy a coordinar acciones con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todos andamos con miedo, no solo en el tema de la delincuencia. Es miedo a todo: a no poder salir adelante, a no poder poner un negocio, a no traer los alimentos desde los diferentes cantones. Tenemos que asegurar las vías.

- ¿Tienen un proyecto?

- Nosotros tenemos un proyecto viable y lo vamos a presentar. Cada cantón se responsabilizará de (crear) un centro de reacción inmediata de seguridad. Allí estarán los policías municipales. Estamos malgastando el dinero, pagando solo para que vayan a los mercados, tal vez a extorsionar o a meter palo a los pobres que quieren ganarse la vida. También tienen que ayudar en el tema de seguridad, obviamente que capacitándoles.

- ¿Cuánto dinero se destinará para esta capacitación y creación de esos centros?

- El 25% del presupuesto de la Prefectura. De ahí veré si necesito dar más al tema de seguridad. Mi objetivo es reducir al mínimo la inseguridad.

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- ¿Cuál sería el mínimo?

- Reducir entre un 60 y 80%.

- ¿En qué tiempo lo logrará?

- Desde el primer día ejecutaré mi plan. Empezaré por los cantones y parroquias más alejados. También mejoraré las vías, principalmente las rurales, para que (los productores) se sientan seguros de transportar sus productos hacia Guayaquil.

- ¿Cuánto va a destinar del presupuesto para las vías?

- Esta es la segunda prioridad y se destinará el 25% de los recursos.

Si yo doy el ejemplo de que no robo, nadie va a robar. La transparencia empieza por el prefecto.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

- ¿Ya tiene planificado cómo hacer para evitar las grandes inundaciones características de las épocas invernales?

- Estoy incluyendo eso en mi plan de trabajo que estoy elaborando y que debo presentar en agosto, al momento de inscribir la candidatura. Estoy trabajando con expertos en proyectos.

- El dragado del río Guayas ha sido una de las principales promesas de las últimas administraciones. ¿Qué haría diferente para que los resultados sean efectivos?

- Pediremos a las universidades públicas y privadas que revisen los proyectos que ya existen, mejorándolos. Para ello se destinarán 30, 60 días, no más. Al cuarto o quinto mes iniciaría el proceso (en el portal de compras públicas).

- ¿Cómo garantizará que los contratos de obra pública sean transparentes?

- Llamaré a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Producción y también a la clase obrera. Es decir, pueden venir y participar dentro del grupo que vamos a hacer el análisis. Vamos a tener a nuestros propios veedores y el principal veedor seré yo. Voy a estar también en territorio. Si doy el ejemplo de que yo no robo, nadie va a robar. Estoy dispuesto a dar ese ejemplo.

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- En el último período, la provincia tuvo una prefecta que dejó el cargo antes de concluir su mandato. ¿Qué garantías ofrece de que si resulta electo permanecerá los cuatro años?

- Así me ofrezcan y me digan: ‘Dé un pasito para que venga a ser asambleísta’, (diré que) no. Si a mí me eligen para (ser) prefecto de Guayas, yo tengo que terminar ese periodo; pero si quieren, de alguna manera, sabotear mi trabajo, no lo van a poder hacer.

- ¿Por qué?

- Porque voy a hacer bien las cosas. Si usted hace bien las cosas, apegadas a la ley, esa gente no podrá, ni rebuscando, encontrarle algo. Yo no soy corrupto.

- ¿De dónde buscará los recursos?

- Mi equipo de trabajo está analizando, en países principalmente europeos, créditos no reembolsables. También trataremos de que los países árabes puedan invertir en obra social en la provincia o presentarles proyectos viables y transparentes. Y mantendré una buena relación con el Gobierno, con bastante diálogo.

No podemos seguir permitiendo que las mafias les quiten a los productores guayasenses lo poco que ganan.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

Política

El TCE suspende a Amigo, partido que albergó a la Revolución Ciudadana, por investigación fiscal

Rosero Mariela

Sobre las 21:00 del 17 de julio del 2026, Pabón difundió un video en el que opinó: “En Ecuador vivimos una tiranía. No les bastó con sacar a la Revolución Ciudadana de la papeleta electoral; después tomaron el movimiento RETO, alternativa para nuestra participación política. Encarcelaron a alcaldes como Aquiles Álvarez y persiguieron a Cristiana Zamora”, afirmó.

Pabón recordó que, ante ese escenario, la RC buscó al movimiento Amigo para presentar sus candidaturas, pero —dijo— también fue suspendido el viernes 17 de julio de 2026. 

“Con esta decisión, la principal fuerza de oposición vuelve a quedarse sin la posibilidad de presentar candidatos a prefecturas, alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales”, sostuvo.

Política

Rivadeneira: suspensión de Amigo “no es un caso aislado” y apunta a persecución política

Rosero Mariela

Pabón añadió que la medida trasciende a una organización política. “No hablamos solo de un partido y sus dirigentes. Son millones de personas a quienes se les limita la opción de elegir a sus representantes”, dijo.

El llamado a la comunidad internacional, universidades y más de la prefecta de Pichincha

La prefecta aseguró que, si el Gobierno decide qué fuerzas pueden competir, se afecta la democracia y la libre elección. Señaló que el tema no debe entenderse como un conflicto interno de la RC, sino como un asunto de participación política de candidatos, militantes y electores.

“En democracia, incluso el partido que más incomoda al poder tiene derecho a existir, organizarse y presentar candidaturas. A los adversarios se les derrota en las urnas, no se les elimina de la competencia mediante recursos jurídicos”, afirmó.

Pabón advirtió que el cierre de vías democráticas incrementa la confrontación y la desconfianza en las instituciones. Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional, universidades, periodistas y organizaciones de la sociedad civil a no normalizar la situación y a exigir garantías para la participación política.

“Hoy se deja fuera a una organización política, pero se debilita el derecho de todos a decidir libremente. Las consecuencias no recaen solo en la RC, sino en el país”, concluyó.  

Lo que debes saber

• La protesta evidenció diferencias dentro de Pachakutik en Guayas.
• El acuerdo electoral incluye candidaturas en varios cantones de la provincia.
• La alianza fue firmada por las dirigencias nacionales de ambas organizaciones.

La abogada Mónica Luzárraga oficializó el pasado 14 de julio de 2026 su precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil mediante la coalición política conformada por Unidad Popular (UP) y Pachakutik (PK). Sin embargo, cuando ambas organizaciones avanzaban en el acuerdo, un grupo de dirigentes de Pachakutik en Guayas convocó a un plantón para expresar su rechazo a la alianza.

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El rechazo de un sector de Pachakutik

El plantón se realizó la mañana del viernes 17 de julio en los exteriores de la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE). La convocatoria fue suscrita por Clever Borja Marca, coordinador provincial de Pachakutik en Guayas, y Máximo Pinto Vera, coordinador cantonal de Pachakutik en Guayaquil, quienes expresaron su preocupación por los procesos internos del movimiento y exhortaron al organismo electoral a pronunciarse sobre los trámites pendientes.

Durante la protesta, uno de los dirigentes aseguró que las bases no respaldaban la candidatura de Mónica Luzárraga. "Los adherentes de Pachakutik determinamos no ir con la compañera (Luzárraga) y vamos a establecer los diálogos para que podamos ir en otra alianza o, si no, vamos solos", manifestó.

La alianza ya fue firmada por las dirigencias nacionales

Sin embargo, la alianza electoral fue suscrita formalmente el jueves 16 de julio por las dirigencias nacionales de Unidad Popular y Pachakutik. El acuerdo político fue denominado "Despierta, Unidad por la Patria" y contempla candidaturas conjuntas para la Prefectura y Viceprefectura del Guayas, la Alcaldía y concejalías de Guayaquil, así como alcaldías y concejalías en Santa Lucía, Isidro Ayora y Naranjito.

Desde la cuenta oficial de Facebook de Unidad Popular de Guayas, a las 18:58 del 17 de julio de 2026, se difundieron los documentos de la alianza junto con un mensaje de respaldo a la candidatura. La publicación señala: "¡Vamos a la victoria con Mónica Luzárraga!", y destaca que ambas organizaciones “unimos fuerzas para conformar la alianza electoral “Despierta, Unidad por la Patria”, con la que participaremos en las Elecciones Seccionales de 2026”.

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Luzárraga descarta una ruptura del acuerdo

Consultada por EXPRESO, Luzárraga afirmó que la alianza no está en riesgo pese a las manifestaciones registradas en Guayaquil. Explicó que el acuerdo fue firmado por los representantes legales de ambas organizaciones, Giovanni Atarihuana por Unidad Popular y Guillermo Churuchumbi por Pachakutik, conforme lo establece el reglamento electoral.

La aspirante a la Alcaldía de Guayaquil sostuvo que el plantón fue impulsado por personas que, según dijo, no aceptaron los espacios asignados dentro de las listas y condicionaron su participación política. Añadió que quienes encabezaron la protesta no son precandidatos formalmente, debido a que Pachakutik no concluyó el procedimiento de elecciones primarias, y subrayó que Unidad Popular cedió varios espacios para facilitar la integración de militantes del movimiento indígena.

La dirigencia de UP descarta una ruptura de la alianza

Luzárraga indicó, además, que la alianza será presentada ante el Consejo Nacional Electoral dentro del plazo previsto en el calendario electoral. Precisó que la normativa establece que estos acuerdos debían ser informados oficialmente hasta el sábado 18 de julio de 2026.

El director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, aseguró que la alianza con Pachakutik se mantiene firme y destacó que representa una opción competitiva para las elecciones seccionales. "La unidad es un hecho y una alternativa muy potente para el electorado guayaquileño. UP y PK ya firmamos el acuerdo, pero este va más allá: incluye y moviliza a amplios sectores sociales que se siguen sumando", afirmó.

EXPRESO intentó obtener una versión de Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik y uno de los firmantes del acuerdo, para conocer su posición frente al rechazo expresado por un sector de la dirigencia provincial. No obstante, hasta el cierre de esta edición no respondió los requerimientos del Diario.

Política

El TCE suspende a Amigo, partido que albergó a la Revolución Ciudadana, por investigación fiscal

Rosero Mariela

“Habíamos advertido que, cualquiera que fuera el vehículo que anunciemos, se pondría en la mira de suspensión, persecución y hostigamiento. No es un caso aislado; es un copia y pega, salvo que a ellos les han notificado que forman parte de un proceso de investigación”, dijo la noche del viernes 17 de julio de 2026.

En entrevista con Outsiders, la directiva calificó la medida como “insólita” y aseguró que la RC continuará con sus alianzas. 

“Ya registramos las alianzas", dijo y anotó que ellos han buscado alianzas diversas en todo el Ecuador, lo que ha llamado planes A, B y hasta la Z. Criticó: "Se van a quedar absolutamente solos", comentó y reiteró que su consigna es "todos menos ADN". Las alianzas ya están registradas, pero ya se verá qué ocurre hasta la inscripción de candidaturas, la fecha límite es el 17 de agosto.

¿Cómo queda el movimiento Amigo?

Rivadeneira recordó que la directiva de Amigo cambió en diciembre de 2025 y que no ha manejado fondos de campaña. La Fiscalía General del Estado le acusa de lavado de activos. Añadió que el movimiento cuenta con un equipo de abogados para emprender acciones en defensa del debido proceso.

También señaló que, a su criterio, la suspensión previa de la RC no fue legal. “La ilegalidad la seguirán cometiendo contra toda organización política”, dijo. Agregó que, semanas atrás, un grupo de asambleístas del movimiento acudió a Washington, ante la OEA, donde —según indicó— se expresó preocupación por la situación de la democracia ecuatoriana.

Las claves que debes saber

• Washington Martínez presentó recurso al CNE este 17 de julio tras negativa a formularios para revocar a Noboa.
• La Plataforma Ciudadana, vinculada a Leonidas Iza, prevé apelar ante el TCE si el CNE rechaza el recurso.
• Experto señala fallas legales en la solicitud y afirma que la revocatoria puede volver a presentarse.

El abogado Washington Andrade, uno de los integrantes de la denominada Plataforma Ciudadana para la revocatoria del mandato contra de Daniel Noboa, anunció la tarde de este 17 de julio de 2026 que presentó el recurso de corrección ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que el organismo se negó a entregar los formularios para iniciar el proceso en contra del presidente de Ecuador.

Te invitamos a leer| CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa

Martínez dijo que entregó esa documentación, como lo decidió esa agrupación que reúne a la Ecuarunari, dirigida por Leonidas Iza, y a otras organizaciones sociales. 

"Dentro del término legal y dando cumplimiento a lo resuelto por la Plataforma Ciudadana para la revocatoria del mandato a Noboa y Pinto, hemos presentado sendos recursos horizontales, a las negativas a conceder los formularios para recolección de firmas para la revocatoria", indicó el jurista en sus redes sociales.

Política

El TCE suspende a Amigo, partido que albergó a la Revolución Ciudadana, por investigación fiscal

Rosero Mariela

A la par, el representante de la plataforma indicó que tiene previsto acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), después de que el CNE resuelva el recurso interpuesto hoy.

El recurso de corrección llegó dos días después de que el Pleno del CNE resolvió oponerse a entregar los formularios para revocar el mandato a Noboa, tras conocer el informe de la Dirección Jurídica, donde se señala que los peticionarios no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

¿Qué opciones tiene Leonidas Iza tras la negativa del CNE?

Pablo Játiva, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica las opciones que podrían analizar Iza y los demás promotores de la revocatoria, frente a la negativa del CNE.

Según el especialista, "pueden plantear un recurso de apelación ante el TCE, es el único que podría revisar esa decisión del CNE". Sin embargo, observa que el Contencioso leerá la resolución del Consejo Electoral y, "efectivamente, va a ver que no hay un incumplimiento específico".

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Lo afirma porque sostiene que la solicitud de revocatoria de mandato "estaba mal planteada, había errores de fondo que resultaron evidentes para el CNE. Uno de esos, el más evidente, es que no se especifica cuál es el incumplimiento del Gobierno", acota.

El también asesor jurídico asegura que revisó la revocatoria que presentó esa Plataforma y pudo notar que "es super general, cuando la Constitución y el Código de la Democracia obligan al proponente a especificar las vulneraciones del Gobierno en cuanto a su plan de trabajo. Es muy general", insiste.

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"Si se analiza, se ve que el fundamento contiene recortes de prensa, opiniones de activistas políticos y no se llega a demostrar cuál propuesta específicamente se está incumpliendo", agrega.

No obstante, otra posibilidad -detalla el docente- es volver a presentar nuevamente la solicitud para tratar de remover a Noboa de la Presidencia. 

"No hay límite al número de propuestas de revocatoria que los activistas y grupos políticos puedan plantear. Esta la hicieron mal, pero puede haber una lógica de prueba-error para plantear una correcta en uno o dos meses", opina.

Játiva añade que el único límite para solicitar la revocatoria del mandato es el tiempo. "Solo se puede proponer después del primer año de gobierno y antes del último, no dice cuántas veces. Pueden darse varios intentos", finaliza.

Ecuador

TCE suspende a la Revolución Ciudadana por 9 meses tras denuncia de Fiscalía

Edison Andrés García Yépez

La medida, adoptada en el marco del artículo 374 del Código de la Democracia, podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses. Durante ese periodo, la suspensión podrá levantarse de forma inmediata —de oficio o a petición de parte— si se verifican determinadas condiciones.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía ante el TCE

El 16 de julio de 2026, la Secretaría General del TCE recibió el oficio Nro. FGE-DSP-2026-007019-O, suscrito por el fiscal general del Estado (e), Carlos Leonardo Alarcón Argudo. 

En ese documento se informó sobre la existencia de la investigación previa Nro. 170101826072291 en contra del movimiento Amigo y sus directivos, por el presunto delito de lavado de activos.

Un día después, el 17 de julio, la causa fue registrada con el número 110-2026-TCE y, tras el sorteo electrónico, la competencia recayó en el juez Juan Patricio Maldonado Benítez. Ese mismo día, el despacho recibió el expediente correspondiente.

En su análisis, el TCE señala que la solicitud de la Fiscalía se sustenta en la presunta vinculación de la organización política con el delito investigado, lo que activa la aplicación de medidas previstas en el Código de la Democracia. Y que podrá levantarse cuando se verifique, entre otras, las siguientes circunstancias: 

La RC se queda sin su vehículo electoral

El Movimiento Amigo es la organización política que albergó a la Revolución Ciudadana, luego de que se quedara sin su casillero electoral. En ese caso, también el Fiscal General del Estado intervino ante el TCE.

El 6 de marzo del 2026, la Fiscalía informó al Contencioso Electoral sobre la existencia de la investigación previa que se desarrolla por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y que, supuestamente, involucraría a la RC. El caso fue denominado como Caja Chica por el Ministerio Público.

EXPRESO se comunicó con directivos y líderes de la Revolución Ciudadana y señalaron que en el transcurso de la noche emitirán un pronunciamiento. 

Las claves que debes saber

• Judicatura declara emergencia por déficit de 735 jueces y agiliza nombramientos temporales por 33 días.
• Provincias definirán vacantes y perfiles; luego se prevén concursos para jueces titulares en Ecuador.
• Proceso genera alertas por posible influencia política y del crimen organizado en designación de jueces.

El Consejo de la Judicatura (CJ) ha declarado una emergencia para el aparato de justicia porque, según su argumento, en el Ecuador existe un déficit de 735 jueces, lo que ha provocado retrasos en la tramitación de causas y dificultades para garantizar el acceso a la justicia. 

Te invitamos a leer| Consejo de la Judicatura declara en emergencia al sistema judicial por déficit de 735 jueces

La medida permite acelerar la designación de jueces temporales, mientras se organizan concursos para nombrar jueces titulares. Esta posibilidad ya está prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. La emergencia busca justificar su utilización de manera masiva.

Este es el plan de la Judicatura

De acuerdo con la resolución, las direcciones provinciales deberán determinar cuántos jueces hacen falta en cada jurisdicción, elaborar los perfiles requeridos y establecer las prioridades de cobertura.

Antes de realizar nuevas designaciones, el Consejo podrá trasladar jueces desde dependencias con menor carga procesal hacia aquellas donde existe mayor congestión. Aunque la medida se basa en nombramientos temporales, el objetivo declarado es que posteriormente se convoque a concursos públicos para proveer las vacantes de manera permanente. Esta emergencia no deberá durar, en principio, más de 33 días.

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La sombra de Godoy

El anuncio despierta temores porque resulta imposible no relacionar esta emergencia con la que tenía previsto declarar Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien llegó al cargo con el respaldo del Gobierno y terminó saliendo en medio de escándalos por sus aparentes vínculos con mafias. 

Aquella declaratoria fue percibida por un amplio sector de la sociedad como un intento del Ejecutivo de controlar la administración de justicia. 

Finalmente, la iniciativa de Godoy quedó frustrada cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley que la Asamblea había aprobado para permitirle reorganizar el sistema judicial con facultades extraordinarias.

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La desconfianza está latente

También existen circunstancias actuales que hacen que esta nueva declaratoria genere incertidumbre sobre una eventual instrumentalización política. Por ejemplo, que la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, haya accedido al cargo tras la destitución de la anterior presidenta, un cambio que solo fue posible gracias al respaldo del Gobierno. 

¿Existen garantías de que Caicedo no lidere una reestructuración de la Función Judicial cuyo verdadero objetivo sea poner el aparato judicial al servicio del Ejecutivo? Esa es una de las principales interrogantes. Pero hay otra, igualmente inquietante, relacionada con el contexto en que se desarrollará el proceso: el estado de violencia que vive buena parte del país por la acción de los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Supone un riesgo enorme escoger a más de 700 jueces en un país donde, en algunas provincias, no se mueve una hoja sin la autorización de las mafias. Más aún cuando, al menos hasta ahora, no se conoce ninguna medida específica destinada a blindar el proceso frente a la influencia del narcotráfico y del crimen organizado.

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Sin embargo, pese a esos riesgos, la medida parece necesaria. Al menos esa es la opinión de la abogada María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, entrevistada en el programa ‘Politizados’, de EXPRESO. 

Según ella, el proceso solo tendrá legitimidad si se desarrolla con criterios técnicos, absoluta transparencia y vigilancia ciudadana e internacional. 

Coronel hizo además una precisión jurídica importante: aclaró que el Consejo de la Judicatura no ha declarado un estado de emergencia de la Función Judicial, sino que ha reconocido una situación de emergencia para justificar la adopción de medidas extraordinarias destinadas al nombramiento temporal de jueces, una figura ya prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial.

La resolución dispone inicialmente que las direcciones provinciales de Talento Humano identifiquen las necesidades de cada jurisdicción, elaboren los perfiles, certifiquen la disponibilidad presupuestaria y coordinen con el Ministerio de Finanzas el financiamiento de los nombramientos. 

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Los riesgos que se podrían generar

Sin embargo, hasta ahora no se conoce ningún mecanismo destinado a impedir que esas direcciones de Talento Humano sean influenciadas, por las buenas o por las malas, ya sea por el Gobierno o por los grupos de delincuencia organizada. También insistió en que el proceso incorpore veedurías nacionales e internacionales que permitan auditar los nombramientos.

Pese a ello, reconoció que el contexto político mantiene abiertos los riesgos de interferencia. Admitió que el origen de la actual presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, y la actuación del poder político generan desconfianza ciudadana. “Siempre el poder es peligroso”, afirmó.

Coronel añadió que el principal riesgo ya no proviene únicamente de la influencia política, sino también de la penetración del crimen organizado. 

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Advirtió que las organizaciones delictivas podrían intentar aprovechar el proceso para colocar personas afines dentro de la Función Judicial, aunque recordó que la infiltración de estas estructuras ya existe en distintos ámbitos del Estado y de la sociedad.

Otro aspecto que destacó fue la necesidad de que la medida sea realmente temporal y que el Consejo convoque, cuanto antes, concursos públicos de méritos y oposición para llenar definitivamente las vacantes judiciales.

Los puntos claves de la historia

• La Fiscalía aún no presenta sus argumentos, pues la diligencia se suspendió tras escuchar las intervenciones de las defensas de los ocho procesados.
• La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de aproximadamente 7,5 millones de dólares, según el Ministerio Público, con base en un reporte de la UAFE.
• Villacís fue detenido el 3 de junio de 2026 junto con otras personas investigadas en el caso

La audiencia en la que el Tribunal de Apelación de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado debía resolver la apelación a la prisión preventiva dictada en su contra fue suspendida este viernes 17 de julio y será retomada en una fecha que aún no ha sido anunciada.

La diligencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito y tenía como objetivo revisar la medida cautelar impuesta contra Villacís y otros siete procesados por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado caso Blindaje.

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La defensa de los procesados

La Fiscalía informó que la audiencia comenzó en horas de la mañana con la intervención de las defensas de los procesados.

Tras una primera suspensión, el Tribunal reinstaló la diligencia a las 14:00 para escuchar la exposición del último abogado defensor.

Sin embargo, una vez concluidas todas las intervenciones de las defensas, el Tribunal decidió volver a suspender la audiencia y anunció que convocará oportunamente a una nueva reinstalación para que la Fiscalía General del Estado presente sus argumentos en defensa de la prisión preventiva.

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El antecedente de la investigación

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se inició en noviembre de 2025 a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según el Ministerio Público, el presunto esquema de lavado de activos asciende a aproximadamente 7,5 millones de dólares.

Villacís fue detenido el 3 de junio de 2026 junto con otras personas investigadas en el caso.

Política

¿Quién es Pamela Cortés, la reconocida artista nombrada viceministra de Cultura?

Valeria Alvear

Pablo Salgado, periodista especializado en cultura, es crítico con el nombramiento. “Ya hemos tenido dos músicos como ministros de Cultura y en ambos casos al sector cultural y patrimonial le fue mal. No hay razones para ser optimistas sobre la gestión de Pamela Cortés”, afirma. 

También cuestiona el perfil de Cortés: “Sorprende que una cantante, sin experiencia ni formación en administración pública, asuma un viceministerio. Y resulta problemático que hasta hace poco tuviera un impedimento legal para ejercer un cargo público”.

Sobre las tareas pendientes, Salgado dice que se esperaría que la nueva Viceministra trabaje por devolverle la institucionalidad a la cultura, a través de: recomponer el Sistema Nacional de Cultura, devolver los presupuestos que han sido recortados a las instituciones culturales. 

Además, habla de que se debería cumplir con los mandatos de la Ley Orgánica de Cultura, sobre todo en la creación de las redes nacionales y la formación en artes desde la educación básica. 

"Que restablezca los diálogos con los diversos sectores del arte y la cultura. Además, debe trabajar en forma conjunta con todos los sectores, incluida la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para consensuar el proyecto reformatorio a la Ley". Mencionó además:

Sobre el MuNa

Pablo Salgado anota que la viceministra Cortés deberá asumir "la papa caliente del nuevo Museo Nacional (MuNa)".

Puntualiza: "Supongo que las fases de construcción no estarán en sus manos, y serán resueltas directamente por el Presidente, la Empresa Pública del Ministerio de Obras Públicas y la Ministra de Educación. Pero debe trabajar, sin exclusiones, en contenidos, modelo de gestión, propuesta museográfica, etc. del Museo".

Ecuador

Roberto Luque impulsa votación para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional

Flor Layedra Torres

Le parace fundamental que se conforme un equipo de asesores y directores de alto nivel, con experiencia y conocimientos técnicos, para abordar y resolver los principales problemas del sector cultural y patrimonial.

Pablo Cardoso no cree que se busque reconducir la política cultural

Pablo Cardoso, economista de la cultura, analiza la designación con una mirada política. 

“Es un golpe de efecto: se nombra a una figura con alta popularidad y más de 30 años de trayectoria en la música y el entretenimiento, en un contexto previo a un proceso electoral”, señala. 

En su opinión, no está claro el perfil de Cortés en políticas públicas y el nombramiento responde más a una estrategia de imagen que a un intento de reconducir una política cultural debilitada, tras episodios como el cuestionado concurso del MuNa.

Cardoso advierte, además, una agenda pendiente amplia. Entre los temas centrales menciona la necesidad de restituir el rango ministerial de Cultura, retomar la reforma a la Ley Orgánica de Cultura —tras su veto— y mejorar la coordinación del Sistema Nacional de Cultura. 

También recuerda que en la administración de Romina Muñoz se produjo la ruptura del diálogo con actores clave, como las secretarías de Cultura de Quito y Guayaquil o la Casa de la Cultura, lo que ha profundizado la desarticulación institucional.

Otros frentes abiertos, para Pablo Cardoso incluyen:

La tarde de este 17 de julio de 2026, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; el exministro de Energía Antonio Goncalves; y el exviceministro de Energía Fabián Calero no comparecieron ante la mesa legislativa.

Política

Juicio político a Inés Manzano: ADN y defensa desestiman acusaciones en el tercer día de sesión

Carlos Isaac Pino

Para las 12:00 de este viernes estaba convocada la sesión de la Comisión de Fiscalización para continuar con la sustanciación del pedido de juicio político impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). 

Sin embargo, una vez instalada la reunión y con la participación virtual de la exministra Manzano, se constató que ninguno de los tres convocados se encontraba en la Asamblea Nacional ni conectado a la plataforma habilitada para la comparecencia.

El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), solicitó verificar si existía alguna comunicación relacionada con las inasistencias, pero no se registró ninguna. También se informó que las convocatorias fueron remitidas a los correos electrónicos disponibles de los comparecientes.

En el caso de Roberto Luque, la Secretaría de la Comisión señaló que la convocatoria enviada contaba con el recibido del Ministerio de Infraestructura y Transporte con fecha de este 17 de julio.

La sesión estaba prevista para las 12:00. A las 11:50, el ministro Luque publicó un mensaje en su cuenta de la red social X sobre el proceso de selección del diseño del Museo Nacional. “Se han recibido los resultados de la evaluación técnica realizada por el jurado para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador”, escribió.

¿Qué pasará ahora?

Uno de los interpelantes, Blasco Luna (RC), solicitó que se insista en la convocatoria para que los dos exfuncionarios y el actual ministro comparezcan ante la Comisión. 

“Solicito, en razón de que estamos dentro de los tiempos, se pueda hacer una insistencia al ministro Luque para que se le convoque y pueda venir”, indicó. El mismo pedido lo formuló para Antonio Goncalves y Fabián Calero.

Antes de la instalación de la sesión, otra de las proponentes del juicio político, Mónica Palacios (RC), aseguró que contaba con información según la cual, desde Carondelet, “se ha dado una orden a la Comisión de Fiscalización para que se salve a la señora Inés Manzano”. Según la legisladora, el mecanismo sería archivar el proceso.

Política

¿Mónica Palacios fue amenazada? Esto dice la asambleísta del correísmo

Daniel Alejandro Romero Páez

Por su parte, Rafael Oyarte, abogado de Manzano, sostuvo al finalizar la sesión que la responsabilidad de presentar a los testigos corresponde a quien los solicita. “Esto de la improvisación, de actuar a la adivinanza, decir cosas; a lo que nos hemos dedicado esta semana; una acusación constitucional desorientada, no saben contra quién se dirigen. La exministra debería removerme de la defensa porque no la necesita este rato”.

Álvarez anticipó que la siguiente sesión de la Comisión de Fiscalización será convocada para las 17:00 del próximo lunes 20 de julio de 2026.

Justicia

De La Gasca responde a denuncia en concurso para Fiscal: "No es verificación, es persecución"

Richard Josue Jimenez Mora

El postulante José De La Gasca, identificado con el número 128, incumplió con la entrega de documentos obligatorios para su postulación, según informó la presidenta de la comisión, Cynthia Alexandra Jacho.

Durante la sesión, otro de los comisionados señaló que se había solicitado abordar un presunto conflicto de intereses mediante la incorporación de una pericia. Sin embargo, la comisión consideró que ese planteamiento no corresponde a esta fase del proceso, sino a la etapa de impugnación ciudadana.

Un formulario equivocado

En la sesión se recordó que el pleno de la comisión, el 10 de julio de 2026 a las 20:30, conoció el escrito presentado un día antes por Darwin Moreno Benalcázar. En ese documento se señalaba que, en cualquier fase del concurso, la comisión puede solicitar información si detecta un posible incumplimiento de requisitos por parte del postulante 128.

Moreno también pidió la comparecencia de la veeduría y la entrega del expediente para revisar nuevamente el formulario. La comisión constató que el aspirante había presentado una declaración de conflicto de intereses correspondiente al proceso de conformación de la comisión ciudadana de selección, y no al concurso para la Fiscalía General del Estado, que exige un formato distinto.

Quito

Jorge Yunda: “No soy bailarín, ni tampoco de extremos ideológicos”

SARA OÑATE

Según la organización política, es incorrecto afirmar que el TCE haya admitido a trámite la impugnación sobre el proceso de elecciones primarias. 

Explica que la decisión del organismo electoral se limita a aceptar un recurso de apelación presentado contra la inadmisión inicial de la denuncia, por lo que el Tribunal aún no analiza el fondo del caso.

En un comunicado, Avanza enfatiza que la actuación del TCE tiene un carácter exclusivamente procesal. Añade que el Tribunal únicamente revisará si la decisión de inadmitir la denuncia estuvo o no debidamente fundamentada desde el punto de vista jurídico.

Política

Traspié en la fiscalización a los GAD: cifras de Contraloría y Fiscalía no coinciden

Daniel Alejandro Romero Páez

La agrupación también recalca que la resolución no implica un pronunciamiento sobre la legalidad de las elecciones primarias ni sobre la validez o vigencia de la precandidatura de Jorge Yunda para los comicios seccionales.

¿Por qué surgió la duda sobre la candidatura de Yunda?

Una de las militantes de Avanza, Geoconda Tufiño, presentó un recurso ante el TCE al argumentar que no se le permitió participar en las primarias celebradas por la organización política para definir a sus candidatos de cara a las elecciones seccionales de 2026.

La inadmisión de la causa fue resuelta el pasado 8 de julio por el juez electoral Guillermo Ortega. Días después, el magistrado concedió el recurso de apelación presentado por la militante de Avanza. Esa apelación ahora está en manos del juez electoral Joaquín Viteri.

Lo que debe saber

• En comisión legislativa se detectó una diferencia entre Contraloría y Fiscalía sobre el número de informes con indicios de responsabilidad  penal relacionados con GAD.
• Fiscalía reconoce solo 60 IRP mientras la Contraloría reportó más de 200.
• En la mesa legislativa se planteó la necesidad de una explicación sobre la diferencia en las cifras. 

Las cifras sobre los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) no coinciden entre la Contraloría General y la Fiscalía. Este 17 de julio de 2026, un representante del Ministerio Público compareció ante la Comisión de Régimen Económico a propósito del proceso de fiscalización sobre los informes emitidos por la Contraloría.

Política

Contraloría pone la lupa sobre alcaldes: 32 de 58 exámenes patrimoniales detectaron indicios penales

Marco Rivera

Lo que en un principio fue una alerta sobre más de 200 informes con indicios de responsabilidad penal se redujo a 60, según os datos presentados por  Israel Carrión, coordinador de Asesoría Jurídica de la Fiscalía. La entidad recabó información correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 10 de julio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, la distribución de esos informes es la siguiente:

Los cuestionamientos en la Comisión

El proceso de fiscalización sobre los hechos relacionados con los informes de la Contraloría General del Estado que involucran a gobiernos autónomos descentralizados se inició tras una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. 

La decisión se sustentó en información proporcionada por la propia Contraloría, que daba cuenta de más de 200 informes con indicios de responsabilidad penal.

La correísta Mónica Alemán fue la primera en cuestionar los datos. “La resolución (del Pleno) hablaba de 206 IRP’s”, recordó. A la vez, insistió en que la Asamblea no tenía facultad para fiscalizar a los GAD, sino a otras funciones del Estado. 

También sugirió modificar la resolución, ya que la cifra anunciada no coincidía con la información presentada por la Fiscalía.

Sobre ese punto, la presidenta de la mesa, Nathaly Farinango (ADN), señaló que no existe ningún error en la resolución, pues se elaboró con base en la información entregada por la Contraloría. 

Añadió que justamente esa era la finalidad de la fiscalización: profundizar en los hechos relacionados con esos indicios de responsabilidad penal.

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Por su parte, el delegado de la Fiscalía insistió en que la institución inicia una investigación por cada uno de los informes que recibe de la Contraloría. Agregó que, respecto de la cifra entregada por el ente de control, corresponde a esa entidad aclarar las diferencias.

Al finalizar la sesión de este 17 de julio, una de las conclusiones fue solicitar a la Contraloría una explicación sobre lo que habría ocurrido con el resto de los informes con indicios de responsabilidad penal. 

El también oficialista Adrián Castro recordó que un mismo informe puede contener varios indicios de responsabilidad penal.

Lo que debes saber

• Noboa creó seis gabinetes el 16 de julio para coordinar políticas e inversión pública.
• Los nuevos gabinetes agrupan seguridad, economía, energía e ingresos en Ecuador.
• El Ejecutivo busca unificar la gestión estatal mediante coordinación entre ministerios.

El presidente Daniel Noboa dispuso una nueva estructura de coordinación dentro del Ejecutivo con la creación de seis gabinetes interinstitucionales que buscarán articular la ejecución de políticas públicas, la planificación de inversiones y la coordinación entre ministerios y entidades estatales. 

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 449 y forma parte de una reorganización administrativa impulsada por el Gobierno. La decisión se produjo el 16 de julio y establece la conformación de espacios permanentes de trabajo para agrupar áreas estratégicas de la administración pública bajo una misma línea de coordinación. 

Según el decreto, el objetivo es fortalecer la articulación entre instituciones que actualmente operan en sectores relacionados y que requieren acciones conjuntas para cumplir metas gubernamentales.

Seis áreas estratégicas

La nueva estructura contempla la creación de los siguientes organismos:

Cada uno contará con un presidente y un secretario, encargados de coordinar las actividades y el seguimiento de las decisiones adoptadas dentro de cada área.

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Coordinación y priorización de políticas

Entre las funciones asignadas a estos gabinetes figura la coordinación de acciones interinstitucionales para la formulación y ejecución de políticas públicas. 

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Además, tendrán la responsabilidad de establecer criterios para priorizar la inversión estatal y definir mecanismos de cooperación entre distintas entidades del Ejecutivo.

La normativa también les otorga la facultad de analizar iniciativas regulatorias y proyectos normativos elaborados por las instituciones que forman parte de cada gabinete, en coordinación con la Secretaría General Jurídica de la Presidencia.

Asimismo, podrán convocar mesas técnicas y espacios especializados de trabajo para abordar problemáticas específicas y formular propuestas que posteriormente lleguen al despacho presidencial.

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Nueva etapa de gestión

Con esta reorganización, las decisiones estratégicas de distintas carteras de Estado pasarán a discutirse dentro de espacios sectoriales específicos antes de ser elevadas al presidente, en un intento por unificar criterios y agilizar la ejecución de acciones gubernamentales.

La medida redefine la forma en que se coordinarán varias de las principales políticas públicas durante la administración de Daniel Noboa y abre una nueva etapa en la estructura operativa del Ejecutivo

Lo que debe saber

• El reloj corre para Noboa: el Gobierno tiene hasta el 15 de septiembre para convocar el referéndum o la consulta sobre el CPCCS quedará fuera de las elecciones seccionales.
• ¿Cambio de estrategia política? El silencio del Ejecutivo abre interrogantes sobre si aún existe voluntad de quitarle al CPCCS la facultad de designar autoridades de control.
• La demora en convocar el referéndum podría permitir que el actual CPCCS designe al próximo fiscal general antes de que una eventual reforma entre en vigencia.

En menos de dos meses vencerá el plazo que requiere el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar el referéndum sobre la propuesta de retirar facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el marco de las seccionales 2026. 

Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no ha emitido el decreto de convocatoria, y el silencio rodea el futuro de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

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Noboa propuso retirarle al CPCCS la atribución de designar autoridades de control. Cabe recordar que esa entidad tiene a su cargo los concursos y procesos para definir quiénes ocuparán cargos como el de fiscal general, vocales del CNE y contralor general. La propuesta es que esa facultad regrese a la Asamblea Nacional.

Los tiempos que maneja el CNE

Para que esa pregunta se incluya en las elecciones seccionales de noviembre existe un plazo límite. En entrevista con EXPRESO, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que el decreto debería llegar al organismo hasta el 15 de septiembre. 

Esa fecha resulta de los 15 días que tiene el CNE para realizar la convocatoria, una vez recibido el documento, y de los 60 días establecidos para organizar y ejecutar el proceso.

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Hasta ahora, el Ejecutivo ha mantenido este tema fuera del debate público. No se ha definido una fecha para la emisión del decreto ni se han registrado pronunciamientos sobre el avance de la propuesta.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno, como entidad encargada de la gestión política del Ejecutivo. Hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta a dicho pedido.

En la Asamblea Nacional, donde la mayoría legislativa está controlada por ADN, tampoco existen señales acerca del futuro de la iniciativa. Andrés Castillo, legislador del oficialismo, contestó: “Desconozco. De gana voy a mentir”.

¿Hay cálculos políticos?

Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cabe preguntarse si, en la coyuntura actual, al Gobierno le conviene impulsar la propuesta o si “le sale más barato” mantener la designación de autoridades en el Consejo de Participación. 

“Quizá ahí encontremos la razón por la cual, teniendo el dictamen de la Corte Constitucional desde abril (de 2026), no se ha plasmado en un decreto de convocatoria a referéndum”.

En cambio, para el exasambleísta Héctor Muñoz, existe un hecho que llama la atención en lo referente al futuro del CPCCS. Ese organismo decidió continuar con el proceso para designar al nuevo fiscal, pese a la polémica surgida del enfrentamiento entre el Pleno y la Comisión Ciudadana de Selección.

Cabe recordar que la propuesta de referéndum incluye una disposición para que, en caso de triunfar el Sí, todos los concursos en trámite para la designación de autoridades sean declarados desiertos, una vez que los resultados se publiquen en el Registro Oficial.

Muñoz explicó que el tema debe analizarse considerando todos esos elementos, ya que el concurso podría acelerarse para que el actual CPCCS designe a un nuevo fiscal general.

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Para ambos, los resultados adversos de la última consulta popular de 2025 también podrían influir en la demora. Alarcón recordó que en noviembre ADN también deberá enfrentar por primera vez unas elecciones de autoridades locales. 

Lo que debes saber

• La Fiscalía General lleva cerca de catorce meses sin una autoridad titular y ha pasado a ser dirigida por una cadena de fiscales subrogantes, reflejando una prolongada situación de interinidad institucional.
  
• El desempeño de la institución también debe evaluarse por los casos que permanecen sin resolver y por sus limitaciones operativas.
  
• El principal problema no es únicamente designar un nuevo Fiscal General, sino fortalecer estructuralmente a la institución para que funcione con independencia, estabilidad y suficientes recursos.

Ecuador lleva cerca de catorce meses sin Fiscal General titular. Diana Salazar terminó su período constitucional el 8 de abril de 2025 y, tras prorrogarse en funciones por autorización de la Procuraduría, se despidió del país el 20 de mayo. Desde entonces, la institución que investiga los delitos más graves de la República, desde el sicariato del bajo mundo hasta el saqueo de alto vuelo, está dirigida por un fiscal subrogante.

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Conviene mirar con cuidado ese título, porque esconde una muñeca rusa institucional. Quien hoy despacha en la Juan León Mera y Av. Patria, el fiscal Carlos Alarcón, no heredó el cargo de Salazar, sino de Wilson Toainga, el fiscal subrogante que asumió tras la renuncia de Salazar y que a su vez renunció en noviembre de 2025 alegando que prolongar más su propia interinidad se volvía “ilegítimo”. Alarcón fue designado en octubre de ese año por el Consejo de la Judicatura.

Es decir, Ecuador no tiene hoy un fiscal subrogante al mando de la Fiscalía. Tiene al subrogante del subrogante; tres personas al frente de la Fiscalía en poco más de un año, ninguna con mandato pleno y todas sostenidas por una cadena de reemplazos que convirtió la excepción en forma de gobierno.

Hay algo casi ritual en la manera en que el país recibe a sus fiscales generales. Se les entrega el cargo con un discurso de independencia y mano dura, se les concede una luna de miel mediática y, tarde o temprano, suelen convertirse en protagonistas de un escándalo que sacude a la propia institución. Galo Chiriboga fue designado Fiscal General el 15 de julio de 2011 por un CPCCS dividido. Era embajador en España y renunció días después al cargo diplomático para que una Asamblea de mayoría correísta lo posesionara.

Fue un intercambio de sillas coreografiado casi en tiempo real. Años después, el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, denunció bajo juramento una supuesta entrega de 300.000 dólares a Chiriboga en el Swissotel de Quito para frenar las indagaciones del caso Petrochina. Chiriboga lo negó todo, mientras que ese caso pasó de fiscal en fiscal: de Chiriboga a Baca Mancheno, de Baca Mancheno a Pérez Reina, de Pérez Reina a Salazar, sin que ninguno lograra cerrarlo.

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Carlos Baca Mancheno, el sucesor de Chiriboga, tampoco llegó limpio a la historia. Ganó el concurso de méritos con un puntaje casi perfecto, ejerció el cargo apenas once meses, y terminó cesado por la Asamblea en abril de 2018 en medio de la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno, después de que él mismo mostrara el audio de una conversación entre el excontralor Carlos Pólit y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, en la que ambos hablaban de “bajarse al fiscal”.

Diana Salazar llega a la Fiscalía e inicia el encargo

La llegada de Salazar pareció interrumpir esa sucesión de administraciones provisionales. Bajo su mando, la Fiscalía destapó Metástasis, Sobornos, Purga, Encuentro, una lista de investigaciones que llevaron a la cárcel o al banquillo a policías, jueces, empresarios y a un expresidente.

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Esos resultados explican buena parte del prestigio que alcanzó su gestión. Pero una Fiscalía no se evalúa únicamente por los casos que impulsa, sino también por aquellos que posterga o deja durante años en investigación previa.

El caso INA Papers nunca llegó a un procesamiento de fondo, por ejemplo. A ello se sumaron los cuestionamientos de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, quien criticó públicamente la lentitud de la Fiscalía para esclarecer el magnicidio.

La sospecha de selectividad no puede separarse de una condición de capacidad insuficiente. El problema es que, en ausencia de criterios públicos y recursos adecuados, resulta difícil distinguir entre una priorización técnica y una decisión política.

El propio fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, admitió ante la Asamblea que la institución opera con 870 agentes fiscales a escala nacional cuando, según sus propios cálculos, haría falta un refuerzo de alrededor de 631 fiscales adicionales con sus respectivos equipos.

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La interinidad de la Fiscalía ecuatoriana nunca fue solo un problema de designación en la cúpula, sino la expresión de una fragilidad estructural que convierte cada caso emblemático en un ejercicio de fe. Por eso, mientras el país vuelve a discutir quién debería ocupar el despacho en la Juan León Mera, convendría no confundir el relevo de una autoridad con la reconstrucción de una institución.

Ecuador no necesita una Fiscalía que dependa de la heroicidad ocasional de quien esté sentado en la silla, sino una estructura profesional capaz de sostenerse por sí misma. Y, a juzgar por un concurso que estuvo trabado entre denuncias cruzadas, recalificaciones oscuras, votos que no aparecen y que ayer se habilitó tras un mes estancado, hay que ver si eso es garantía de que la silla sea ocupada pronto por una nueva autoridad.

Las claves del caso

• Desde 2007, solo dos cantantes profesionales han ocupado cargos de máxima relevancia en el Ministerio de Cultura del Ecuador.
  
• Pamela Cortés se convirtió en la primera artista con trayectoria como actriz en asumir una alta función dentro de esta cartera.
  
• A lo largo de su historia, el Ministerio ha sido liderado principalmente por gestores culturales, escritores, arquitectos e historiadores.

La designación de la cantante Pamela Cortés como viceministra de Cultura volvió a poner sobre la mesa un tema poco común en la administración pública ecuatoriana: la participación de artistas en la conducción de las políticas culturales del país.

Aunque el Ministerio de Cultura ha estado dirigido por profesionales de diversas disciplinas desde su creación en 2007, los músicos y figuras del espectáculo han ocupado estos cargos en contadas ocasiones.

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Durante casi dos décadas de existencia de esta institución, la presencia de cantantes en los puestos de mayor jerarquía ha sido excepcional. Antes de Pamela Cortés, el único intérprete que había llegado a liderar la cartera fue Juan Fernando Velasco, uno de los músicos ecuatorianos con mayor proyección internacional, quien asumió el Ministerio de Cultura y Patrimonio antes de incursionar posteriormente en la política como candidato presidencial.

La incorporación de Cortés marca además otro hecho poco frecuente. Además de su carrera como cantante, ha desarrollado proyectos en televisión y actuación, convirtiéndose en la primera artista con experiencia actoral en asumir un cargo de este nivel dentro del Ministerio.

Pamela Cortés, la nueva viceministra de Cultura

Su posesión se produjo el 16 de julio de 2026 , en medio de la reactivación del proceso para construir el Museo Nacional, iniciativa que había quedado suspendida tras un concurso que no llegó a concretarse.

Más allá de estos nombres, el Ministerio de Cultura ha sido dirigido mayoritariamente por perfiles vinculados a la gestión patrimonial, la investigación académica y la producción intelectual . Arquitectos, historiadores, gestores culturales, escritores y poetas han encabezado la institución en diferentes períodos, reflejando el interés de los distintos gobiernos por combinar experiencia técnica con conocimiento del sector cultural.

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Pamela Cortés es la nueva viceministra de Cultura del Ecuador

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La historia de esta cartera también ha estado marcada por cambios administrativos. En 2016, el Ministerio dejó de funcionar temporalmente como entidad independiente al integrarse al Ministerio de Educación durante una reorganización del Estado. Como consecuencia de esa decisión, Romina Muñoz, quien era la ministra en funciones, pasó a desempeñarse como viceministra. Tiempo después, la institución recuperó nuevamente su autonomía.

Su nombramiento se suma a una lista muy reducida de músicos que han asumido responsabilidades de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano, en una institución que históricamente ha estado encabezada por gestores y especialistas del ámbito cultural antes que por figuras del espectáculo.

La resolución devuelve el oxígeno político a la Revolución Ciudadana y despeja el camino para que Muñoz corra de manera oficial por la reelección en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

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El cuerpo de jueces del tribunal analizó los argumentos presentados tras la apelación de Albuja. Ella acusaba al burgomaestre y al concejal Diego Garrido de haber vulnerado de forma deliberada sus derechos de participación al supuestamente omitir los trámites para que ella pudiera principalizarse en el Concejo Metropolitano.

No obstante, al igual que en la primera instancia dictada en junio de 2026, el Pleno concluyó lo siguiente:

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La carrera por Cuenca: los precandidatos a la Alcaldía para las seccionales 2026

Valeria Alvear

Alivio para las elecciones seccionales

Al desecharse el recurso en esta última instancia, la sentencia queda en firme y ejecutoriada, lo que significa que el caso se cierra de manera definitiva sin posibilidad de nuevas apelaciones en la justicia electoral.

La noticia fue recibida con celebraciones y pronunciamientos de alivio por parte de la Revolución Ciudadana y movimientos aliados.