Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Bernardo Cordovez del IESS el 28 de septiembre y nombró a Cynthia Gellibert.
• Cynthia Gellibert asumirá la representación del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS.
• El cambio ocurre mientras el IESS enfrenta debates sobre finanzas y gestión de recursos.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, dispuso un nuevo cambio en la representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A través del Decreto Ejecutivo 511, firmado este 28 de septiembre de 2026, el mandatario removió a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda del Consejo Directivo de la entidad y designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora como su reemplazo.

La decisión se produce menos de un año después de que Cordovez fuera nombrado en el cargo mediante el Decreto Ejecutivo 234, expedido el 26 de noviembre de 2025. En el nuevo decreto, el Ejecutivo agradece los servicios prestados por el exfuncionario y da por terminadas sus funciones como representante del Gobierno ante el máximo organismo de dirección del IESS.

Nueva representante del Ejecutivo en el IESS

La designación de Cynthia Gellibert Mora se concretó luego de que la Superintendencia de Bancos emitiera una resolución en la que calificó su habilidad legal para ejercer el cargo de vocal en representación de la Función Ejecutiva dentro del Consejo Directivo del IESS.

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El decreto presidencial señala que la designación se realiza en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la Ley de Seguridad Social otorgan al Presidente de la República para nombrar al representante del Ejecutivo ante el organismo.

De acuerdo con la normativa vigente, el delegado de la Función Ejecutiva también ejerce la presidencia del Consejo Directivo del IESS, instancia encargada de adoptar decisiones sobre la gestión administrativa y financiera de la seguridad social ecuatoriana.

Disponen nueva evaluación de seguridad

El decreto también ordena a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgo para determinar si Gellibert requiere protección especial en el ejercicio de sus nuevas funciones. Según el documento, en caso de identificarse amenazas o riesgos, deberán adoptarse medidas de seguridad acordes al nivel de exposición establecido.

La disposición deja sin efecto un decreto anterior que otorgaba medidas de protección a Gellibert y establece que cualquier esquema de seguridad deberá sustentarse en una nueva evaluación técnica elaborada por la Casa Militar Presidencial.

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Cambio ocurre en medio de debates sobre el futuro del IESS

La modificación aparece en momentos que rescatan su sostenibilidad financiera, la administración de sus recursos y el manejo de sus activos. En las últimas semanas, la institución ha estado en el centro de la atención por propuestas relacionadas con la gestión de bienes y mecanismos para fortalecer sus finanzas.

El CPCCS se conforma por siete vocales. De ellos, tres salen de la lista de hombres, otros tres de la lista de mujeres y el séptimo representa a los Pueblos y Nacionalidades y a los ecuatorianos en el exterior.

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Tras la publicación de la lista, la única candidata en carrera por esa vocalía es Martha Susana Toapanta Cuascota. En el actual escenario, podría convertirse en la virtual ganadora de esa dignidad.

Desde la creación del CPCCS con la Constitución de 2008 y el posterior cambio en la elección de los integrantes del organismo mediante votación popular, después de la Consulta Popular de 2018, un hecho así no había ocurrido. 

Por ello, se anticipa la posibilidad de que exista un vacío legal, por ejemplo, respecto de quién debería ocupar el cargo en caso de ausencia, censura o destitución.

De acuerdo con el registro del CNE, para las elecciones de 2026 se postularon 40 candidatos por los Pueblos y Nacionalidades. Al final, solamente una de esas candidaturas pasó el filtro del proceso que está a cargo del CNE.

¿Quién es Martha Toapanta?

Según el expediente publicado en la página web del CNE, Toapanta es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Informática. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador.

Entre los certificados presentados como parte del proceso consta uno de Greenland Environmental Consulting, en el que se hace referencia a que Toapanta es parte del pueblo Kayambi.

También hay referencias a que fue concejala del cantón Pedro Moncayo entre 2009 y 2018. Además, fue directora del Ministerio de Inclusión entre 2021 y 2022.

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Sobre la lista de candidatos

La tarde de este 28 de septiembre de 2026, el CNE decidió publicar el listado de candidatos al organismo de participación ciudadana. Hay 65 aspirantes en carrera por ocupar una de las siete vocalías. Este era uno de los hitos del calendario electoral de cara a las votaciones que se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

Los postulantes no podrán hacer campaña. Para la difusión de sus propuestas y perfiles, el CNE determinará los espacios destinados para ese fin. Hay que recordar que los candidatos tampoco pueden ser auspiciados por una organización política.

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Los médicos piden que se reconozcan y paguen, con los recargos correspondientes, las horas suplementarias, extraordinarias o nocturnas trabajadas por encima de ese límite desde la entrada en vigor de la norma. 

También solicitan que el MSP expida la normativa técnica sobre las jornadas y establezca mecanismos para registrar y controlar las horas efectivamente trabajadas.

¿Qué dice la Ley de Carrera Sanitaria?

El artículo 18 de la LOCS, vigente desde el 1 de septiembre de 2023, establece una jornada especial para el personal de salud que realiza trabajos peligrosos, está expuesto a ambientes de alto riesgo de contaminación o cumple turnos rotativos en fines de semana y feriados. 

Los accionantes sostienen que, pese a la vigencia de la ley, existen profesionales que trabajan hasta 160 horas al mes. Según su reclamo, el propio MSP reconoció esta situación en la respuesta a una petición previa.

Este artículo debería beneficiar a quienes forman parte de la carrera sanitaria y realizan trabajos peligrosos, laboran en ambientes de alto riesgo de contaminación o cumplen turnos rotativos que incluyen fines de semana y feriados.  

El Reglamento General de la LOCS, expedido mediante el Decreto Ejecutivo 159 en septiembre de 2025, estableció además un plazo de 90 días para que la Autoridad Sanitaria Nacional emitiera la normativa técnica sobre jornadas. Ese plazo venció el 28 de diciembre de 2025.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, acompañó a los representantes de unos 300 médicos del Guayas y señaló que otros 400 profesionales prevén sumarse al reclamo. La legisladora también anunció gestiones en la Asamblea sobre la formación de especialistas, las becas y la brecha de personal sanitario.

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"Como médica, no puedo quedarme callada frente a estas injusticias. Regresé a los 18 años al país y veo con preocupación la situación de médicos rurales, posgradistas, especialistas. En el ministerio hay un gran número de especialistas bajo la figura de médico general, talento formado afuera, con contratos de médicos generales".

Los médicos sostienen que la obligación reclamada es clara, expresa y exigible, por lo que corresponde a la Corte determinar si existe un incumplimiento de la normativa vigente.

Lo que debes saber

• Un total de 65 candidaturas oficiales disputarán los siete cupos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027-2031.
• Los comicios se llevarán a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026, tanto en territorio nacional como en el exterior.
• La nómina definitiva se divide en tres listas: 26 mujeres, 38 hombres y una representante de pueblos, nacionalidades y del exterior.

Un total de 65 candidaturas oficiales disputarán la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027-2031, tras la publicación del listado definitivo en Quito este 28 de septiembre de 2026. El proceso electoral se definirá en las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026, jornada en la que los ciudadanos ecuatorianos en el país y en el exterior elegirán a siete consejeros principales mediante tres listas diferenciadas.

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¿Cómo se distribuirán las vocalías del CPCCS?

La designación de los siete consejeros se realizará a través de cuotas específicas establecidas por la normativa electoral:

Lista oficial de aspirantes por categoría

El pleno determinó la nómina completa de postulantes calificados que constarán en las papeletas de votación.

Candidatas de la lista de mujeres (26 postulantes)

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Candidatos de la lista de hombres (38 postulantes)

Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y del exterior

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De este modo, DaVita señaló, sin dar más detalles, que se deja sin efecto la transición forzada del cuidado de estos pacientes, anunciada el pasado 14 de septiembre.

Según DaVita Ecuador, el acuerdo se alcanzó tras una reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa; el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira; y el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

"Seguirán recibiendo con normalidad sus diálisis"

En un comunicado, compartido con EXPRESO, la dializadora, de origen estadounidense, señaló que en los próximos días dará a conocer los detalles de los compromisos asumidos con el Gobierno y las acciones que corresponderán a cada parte.

“Lo más importante es que nuestros pacientes tengan la seguridad de que seguirán recibiendo con normalidad sus tratamientos de diálisis, medicamentos y atención integral en nuestros centros, con la misma calidad, responsabilidad y cercanía de siempre”, señaló la compañía.

El anuncio llega dos semanas después de que DaVita advirtiera sobre el riesgo para la continuidad de la atención de los pacientes derivados por el MSP, debido a la falta de un acuerdo para resolver los pagos pendientes.

En un documento dirigido el 14 de septiembre a los ministros de Salud, Economía y Finanzas y Desarrollo Económico y Productivo, la empresa informó que avanzaba hacia una transición del cuidado de los pacientes derivados por el Estado.

DaVita Ecuador indicó entonces que atiende a unos 7.300 pacientes en el país, incluidos los 3.850 derivados por el MSP. Su red está integrada por 28 centros y cuenta con más de 1.500 profesionales y colaboradores.

Con el nuevo acuerdo, la empresa aseguró que los pacientes continuarán sus tratamientos en sus centros. “Agradecemos al Gobierno por los compromisos asumidos para seguir trabajando a favor de la diálisis en Ecuador”, indicó.

¿Y qué pasará con el resto de dializadoras? La deuda alcanza los 26 meses

El Frente de Pacientes Renales del Ecuador respondió, semanas atrás a la advertencia de DaVita, señalando que "no son moneda de cambio". Además que continuarán con sus acciones en las calles, para sensibilizar al Gobierno sobre sus obligaciones.

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Para el martes 29 de septiembre, el Frente de Pacientes Renales anunció una nueva concentración, en Quito. Ellos requieren tres sesiones de diálisis de cuatro horas diarias por semana. La falta de pago a las dializadoras ha puesto en riesgo esos tratamientos. La deuda, según dializadoras, llega a los 26 meses, sin acuerdo de pago.

Lo que debes saber

• Inés Manzano exigió celeridad en los plazos de adjudicación y amenazó con la destitución de los funcionarios que retrasaran el proceso o insistieran en requisitos legales como la domiciliación de la empresa extranjera.

Inés Manzano operó a favor de Karpowership, la multinacional propietaria de las barcazas, que en alquiler de energía térmica flotante ha cobrado más de 400 millones de dólares desde 2024.

La evidencia está en los chats de la entonces Ministra de Energía a los que EXPRESO tuvo acceso. Allí se revela su intervención directa, las presionasen y coordinaciones que ejerció sobre el entonces gerente general de Elecaustro, Cristhian Piedra Lazo, para asegurar la contratación de la firma turca Karpowership.

A través de sus chats, la funcionaria controló el proceso de adjudicación y amenazó con destituciones directas a los funcionarios eléctricos que buscaron defender los tiempos y requisitos legales de la contratación pública.

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Presión política y amenazas de destitución

Entre el 10 y el 11 de diciembre de 2024, la Ministra supervisó de forma continua la publicación del proceso en la plataforma de Elecaustro. Frente a las explicaciones del gerente, quien defendió los tiempos mínimos necesarios para la adjudicación, Manzano reaccionó con ultimátums: “Quiero que prescinda de los servicios de todos aquellos que están retardando el proceso de la barcaza. Si usted es uno de ellos, le acepto la renuncia”.

“Esta pendejada de no ser responsable en un momento de crisis se acabó. Si a alguien le tiembla la mano que se haga a un lado”. Para Manzano, el cumplimiento de las formalidades legales no debía frenar el contrato, pues en ese entonces había una crisis energética, agravada por los retrasos de Progen en Catamayo (contrato con la Empresa Eléctrica Regional de Sur) y en Salitral y Quevedo (con Celec).

La eliminación del requisito para la domiciliación

En las “Bases para la Contratación de Emergencia”, suscritas por la Gerencia General de Elecaustro, el 4 de diciembre de 2024, el numeral 7 exigió de forma explícita que la empresa adjudicada debía domiciliarse en el Ecuador, en cumplimiento del artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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Sin embargo, cuando la Dirección de Asesoría Jurídica de la empresa insistió en mantener dicha exigencia legal frente al proveedor extranjero, Manzano fustigó al gerente: “No está comprometido cuando vuelven a pedir que se domicilie KPS nuevamente. ¿Qué le pasa a su jurídica?”.

Esta interferencia derivó en que Karpowership jamás estableciera una sucursal en Ecuador. El Contrato Nro. 2025-005, adjudicado finalmente el 24 de enero de 2025 por un monto de 96’876.000 dólares, fijó el domicilio oficial de la proveedora en Singapur. Y de hecho, el último contrato de marzo de 2026, por 131 millones de dólares, Karpowership mantiene su domicilio en el extranjero.

Manzano chateaba con la contratista

El rol de la ministra abarcó también la revisión de las cláusulas contractuales. El 20 de diciembre de 2024, increpó nuevamente a la gerencia de Elecaustro por presuntos cambios en los textos preparados por los abogados de la empresa:

“¿Qué pasa con el contrato de KPS? ¿Por qué lo cambia arbitrariamente la abogada?”. A la par de estos reclamos, la entonces funcionaria mantuvo comunicación directa, por mensajes de WhatsApp, con Deniz Harezi, ejecutiva de Karpowership. Mientras Harezi reportaba las rutas y contratiempos de navegación de las embarcaciones hacia Ecuador, Manzano le otorgó instrucciones técnicas para tramitar modificaciones a los contratos ante otras entidades públicas: “Deniz, para reemplazar la central eléctrica que tenemos ahora mismo, necesito que solicites una adenda. Es lo que presentaría a Celec mañana”.

Los registros de mensajería confirman una conducta que superó el marco su rol como ministra. Manzano actuó como gestora de un proceso precontractual; presionó para neutralizar las objeciones jurídicas internas y asegurar la adjudicación a favor de Karpowership.

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EXPRESO buscó la versión de Manzano. La contactó por correo, mensajes de texto y la red X, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

¿Desde el inicio se sabía que ganaba Karpowership?

Los documentos del proceso que constan en el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop) sugieren que el acuerdo estuvo orientado hacia Karpowership desde sus primeras etapas. Hay un factor clave: Se redactaron especificaciones técnicas que solo la multinacional podía cumplir.

Los términos de referencia fijaron parámetros muy restrictivos como solicitar una planta termoeléctrica flotante de 120 MW, operativa en 25 a 30 días, conectada a 230 kV y con combustible HFO 6

En el mercado internacional, Karpowership es prácticamente la única multinacional que cuenta con barcazas eléctricas integradas (Powerships) de esa magnitud en operación inmediata dentro de la región (con experiencia previa documentada en Cuba).

Las demás empresas que participaron en el estudio de mercado, el Consorcio Global Saint Thermo Solutions y Energy Experts Now S.A., no poseían embarcaciones propias de esas características y dependían de intermediación o subcontratación. Así, Karpowership quedó como la única opción calificada para la contratación.

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Lo que debes saber

• EE. UU. revocó visas a dos ecuatorianos el 28 de septiembre por presunta corrupción.
• Washington no reveló quiénes son los ecuatorianos sancionados ni sus cargos.
• La medida incluye a Bolivia, Colombia y Perú por narcotráfico y acciones contra gobiernos.

El gobierno de Estados Unidos anunció este 28 de septiembre nuevas restricciones de visado contra ciudadanos, jueces, funcionarios y empresarios de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, a quienes vincula con actividades de corrupción, narcotráfico o acciones destinadas a socavar gobiernos elegidos democráticamente.

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La medida fue comunicada por el Estados Unidos, que confirmó la revocatoria de visas a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familiares directos. Sin embargo, la entidad no precisó los nombres de los sancionados ni detalló si se trata de funcionarios públicos, empresarios o particulares.

Según el comunicado oficial, la política aplicada busca restringir el acceso a visas estadounidenses a personas extranjeras que participen en actividades de corrupción o tengan nexos con el narcotráfico que afecten la estabilidad democrática de los países de la región.

Ecuador, entre los países alcanzados por las sanciones

La decisión se conoce semanas después de la gira regional realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien visitó varios países latinoamericanos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Aunque el gobierno estadounidense confirmó la existencia de dos ciudadanos ecuatorianos sancionados, evitó entregar mayores detalles sobre los casos específicos que motivaron la revocatoria de sus visas.

La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por Washington para incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico, la corrupción y otros delitos transnacionales considerados amenazas para la gobernabilidad en América Latina.

Funcionarios, jueces y empresarios entre los sancionados

En el resto de la región, las restricciones alcanzan a magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario de Bolivia; un empresario y una senadora de Colombia; además de un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, en Perú.

Entre los nombres revelados por las autoridades estadounidenses figuran el empresario colombiano Euclides Antonio Torres Romero, vinculado a un conglomerado empresarial que opera principalmente en sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y la senadora Martha Isabel Peralta, integrante del movimiento político Pacto Histórico.

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Parte de la estrategia regional de Washington

De acuerdo con el Departamento de Estado, las sanciones forman parte de los compromisos asumidos dentro de la iniciativa de seguridad regional Escudo de las Américas, promovida por el presidente Donald Trump en marzo de 2026 para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

La retirada de visas constituye una de las herramientas utilizadas por Washington para restringir el ingreso al país de personas consideradas una amenaza para la institucionalidad democrática o vinculadas a actividades ilícitas en el continente.

Política

Judicatura y jueces anticorrupción: ¿cuántas vacantes se abrirán y cómo será el concurso?

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La medida fue adoptada en la sesión ordinaria N.° 095-2026, del 14 de julio de 2026. Como parte de ella, el Pleno aprobó los procedimientos para la selección y designación temporal de jueces de los Tribunales de Garantías Penales y de las Cortes Provinciales de Justicia, así como de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

¿Qué instructivo aprobó el Consejo de la Judicatura?

El proceso para la selección será interno y estará dirigido a servidores jurisdiccionales que tengan nombramiento definitivo, provisional o contrato de servicios ocasionales y que acrediten al menos cinco años de permanencia en la Función Judicial.

Para la selección, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó también el instructivo para la elaboración y aplicación del banco de preguntas para la selección de jueces temporales de unidades judiciales. 

Este banco tendrá 1.050 preguntas: 

La decisión responde, según los informes técnicos y jurídicos presentados al Pleno, al déficit de juzgadores que ha incidido en la tramitación de causas, la suspensión o diferimiento de audiencias, las dificultades para conformar tribunales y el aumento de la carga procesal en las dependencias judiciales del país.

Con este procedimiento, la Judicatura busca cubrir de manera temporal las vacantes existentes mediante un mecanismo dirigido a servidores que ya forman parte de la Función Judicial.

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La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha indicado, en entrevistas previas, que harían falta algo más de 700 jueces. Además ha repetido que hay problemas estructurales que arrastran de años anteriores.

Lo que debes saber

• La causa se tramita en la Corte Nacional de Justicia.
• El juez debe resolver el pedido de la Fiscalía.
• El primer proceso de adjudicación no se concretó en marzo de 2025.

La Fiscalía General del Estado pidió el archivo de la investigación previa abierta por la primera adjudicación fallida del campo Sacha al consorcio Sinopetrol. El pedido, presentado por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, deberá ser resuelto por un juez de la Corte Nacional de Justicia.

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La solicitud está dentro del proceso No. 17721202600028G y fue presentada ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional. En una providencia del 23 de septiembre de 2026, el juez nacional encargado Edisson Fernando Cantos Aguirre dispuso que se corra traslado del pedido a Daniel Noboa y al abogado Washington Andrade para que se pronuncien.

Este accionar fue denunciado por Andrade a través de su cuenta personal de X. El abogado asegura que aún no ha sido notificado, pese a que el documento registra el 24 de septiembre de 2026 como fecha de notificación.

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Andrade cuestiona el pedido de archivo

La investigación previa se inició contra Daniel Noboa, presidente de la República, por el proceso relacionado con la primera adjudicación del campo Sacha al consorcio Sinopetrol. Según Andrade, la investigación fue abierta de oficio por la entonces fiscal general Diana Salazar, a partir de una petición de acto urgente que él había solicitado.

El abogado cuestionó que la Fiscalía no le haya notificado directamente sobre el pedido de archivo y señaló a EXPRESO que tuvo que revisar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), plataforma digital del Consejo de la Judicatura, y acudir a la Corte Nacional para presentar un escrito en el que señaló su domicilio legal.

Pide conocer los argumentos de la Fiscalía

Andrade también sostuvo, a través de su cuenta de X, que se le exige pronunciarse sobre su postura frente al archivo sin haber conocido previamente los fundamentos de la solicitud.

Andrade informó que solicitó al juez de la causa que le permita conocer los fundamentos utilizados por la Fiscalía para pedir el archivo de la investigación. También, cuestionó que el pedido haya sido presentado por Alarcón en el contexto del concurso para elegir al nuevo fiscal general.

El abogado también relacionó la decisión fiscal con el nuevo intento de adjudicar el campo Sacha y expresó su oposición a una eventual entrega del activo a un consorcio extranjero. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada públicamente por Andrade sobre el proceso y el futuro del campo petrolero.

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Andrade pide regularizar el trámite

En el escrito presentado, el 24 de septiembre, ante la Corte Nacional, Andrade aclaró que no presentó una denuncia para iniciar la investigación, sino una solicitud de acto urgente. Según explicó, fue la propia Fiscalía la que, después de analizar ese pedido, remitió la documentación a una unidad competente y dispuso de oficio la apertura de una investigación previa.

El abogado sostiene que esta diferencia es relevante porque durante la investigación la Fiscalía no le permitió intervenir en las diligencias ni conocer su desarrollo, bajo el argumento de que no tenía la calidad de víctima. Andrade señala que únicamente fue notificado para rendir su versión y que, desde entonces, no tuvo acceso a las actuaciones, elementos recabados ni a las razones que llevaron a la Fiscalía a solicitar el archivo.

Por ello, Andrade pidió al juez que se regularice el trámite y se le notifique con el contenido íntegro del requerimiento de archivo, incluidos sus fundamentos fácticos y jurídicos. Además, solicitó que el plazo para pronunciarse sobre el pedido fiscal empiece a contarse desde que tenga conocimiento efectivo de su contenido, al considerar que solo así podrá ejercer su derecho a la defensa y decidir si se opone, manifiesta su conformidad o expresa su inconformidad.

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La primera adjudicación quedó frustrada

La primera adjudicación de Sacha al consorcio Sinopetrol quedó frustrada en marzo de 2025, luego de que no se concretara el pago de $ 1.500 millones dentro del plazo establecido por el Gobierno. El 12 de marzo de ese año, la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó que el plazo para realizar el pago había vencido la noche anterior.

El proceso contemplaba que Sinopetrol asumiera la concesión del campo por 20 años y generó cuestionamientos alrededor de las condiciones planteadas para la distribución de la producción petrolera. El Gobierno, por su parte, defendió la adjudicación con proyecciones de ingresos para el Estado, inversión y generación de empleo.

Sacha vuelve al centro del debate

El campo petrolero volvió a ser mencionado en 2026 después de que Noboa señalara que empresas de Estados Unidos analizaban posibles alianzas con las firmas emiratíes ADNOC y Petromal para invertir en este activo estratégico. Andrade sostiene que este escenario constituye un nuevo intento de adjudicar Sacha a empresas extranjeras y anunció que continuará cuestionando cualquier proceso en ese sentido.

Lo que debes saber

• El secretario José Julio Neira denunció presuntos desvíos y transferencias irregulares en contratos adjudicados por Celec.
• Un anticipo de 2,6 millones de dólares en el contrato con el consorcio Autotrafo EC 2023 se transfirió a una cuenta en Bank of America de una firma que no tenía relación con el fabricante real de los equipos.
• Empresas como Hingelect e Inycofyi figuran simultáneamente como subcontratistas en el contrato Progen y como beneficiarias vinculadas a Autotrafo.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, presentó una presunta red coordinada de desvío de fondos públicos que operó mediante contratos adjudicados en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y que involucraría a Karla Saud, señalada en el caso Progen. Neira señaló irregularidades en la adjudicación de 15,4 millones de dólares al consorcio Autotrafo EC 2023, así como un presunto fraude financiero mediante cartas falsificadas y triangulación de pagos hacia un mismo grupo de contratistas en los contratos Progen y Autotrafo.

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Las irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato Autotrafo

El proceso contractual que dio origen a la indagación comenzó el 11 de octubre de 2023. Posteriormente, los exfuncionarios José Luis Carrión y Paúl Urgilés adjudicaron un contrato por 15,4 millones de dólares al consorcio Autotrafo EC 2023, entidad presuntamente ligada operativamente a Karla Saud.

Entre 2024 y 2025, la ejecución contractual registró diversos cambios administrativos y técnicos:

La alerta del fabricante extranjero sobre cuentas no autorizadas

La operación financiera se complicó el 14 de mayo de 2026, cuando el fabricante legítimo, Sieyuan Electric Compañía Limitada, notificó formalmente a Celec que no mantenía vínculo alguno con la firma receptora de los fondos en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial presentado por Neira, la cuenta receptora de los 2,6 millones de dólares no pertenecía al proveedor de la maquinaria y la carta de instrucciones presentada para validar el desembolso había sido falsificada. "Estaríamos hablando de un presunto fraude instrumentalizado mediante documentos y cuentas bancarias", expuso Neira.

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El rastreo financiero entre los contratos Progen y Autotrafo

El análisis de trazabilidad financiera determinó que el esquema societario operaba como un circuito cerrado en el que se repetían los mismos actores y empresas intermediarias en dos adjudicaciones públicas de Celec:

Pagos registrados en el contrato Autotrafo:

Transferencias reportadas en el contrato Progen:

Las empresas Hingelect e Inycofyi actuaron formalmente como subcontratistas de Astrobryxa en el contrato Progen y, de manera paralela, formaron parte del consorcio Autotrafo. Según la Secretaría de la Administración Pública, este patrón evidencia una reutilización sistemática de estructuras societarias para canalizar fondos públicos hacia los mismos beneficiarios.

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La normativa plantea que esas ordenanzas estén encaminadas a prohibir expresiones que hagan apología del delito o incentiven el reclutamiento de menores.

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“Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), a través de ordenanzas, adoptarán medidas para prevenir, en los espacios públicos ubicados en los perímetros o entornos de las instituciones educativas, la existencia de manifestaciones o representaciones que promuevan, hagan apología o incentiven actividades delictivas o el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes”, dice la normativa.

La obligatoriedad también alcanza a la realización de espectáculos públicos. En el proyecto que será discutido en segundo y definitivo debate se plantea que los municipios establezcan medidas de prevención y control, con especial atención a evitar la vinculación de niñas, niños y adolescentes con actividades delictivas.

Esto incluiría la prohibición de la promoción, apología o glorificación de actividades delictivas durante estos eventos públicos. “Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las competencias de la Policía Nacional y demás autoridades competentes y con observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dice el proyecto de ley.

Conformación de mesas técnicas

La normativa también contempla que los GAD conformen mesas técnicas en sus consejos de seguridad ciudadana. “Impulsarán la conformación de mesas técnicas para abordar situaciones de especial riesgo, con énfasis en la prevención del reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos”, señala el documento.

¿Qué viene ahora?

El proyecto de ley fue presentado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, en la Asamblea. Allí, la bancada de ADN impulsó su trámite en la Comisión de Transparencia.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para una sesión ordinaria este martes 29 de septiembre de 2026. El único punto del orden del día será el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Para su aprobación, el oficialismo requiere 77 votos en el Pleno. Actualmente, el correísmo ha sido la única fuerza política que ha mostrado reparos al proyecto de ley. Aun sin los votos de esa bancada, ADN podría contar con las voluntades necesarias para aprobarlo.

Lo que debes saber

• El Tribunal Contencioso Electoral ratificó el archivo del recurso de Sociedad Patriótica.
• La decisión deja en firme la negativa del CNE para inscribir concejales en Marcabelí.
• La directiva provincial no subsanó los requisitos dentro de los plazos legales establecidos.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar el recurso de apelación presentado por el Partido Sociedad Patriótica, ratificando el archivo de su trámite y dejando en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impidió la inscripción de sus candidatos a concejales rurales del cantón Marcabelí, en la provincia de El Oro. La decisión judicial se adoptó luego de constatar que la organización política no subsanó ni completó las observaciones procesales dentro del término legal exigido para continuar con la causa.

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La resolución del TCE sobre las candidaturas en Marcabelí

La resolución del organismo de justicia electoral ratificó el auto de archivo inicial, luego de evaluar la impugnación ingresada por la delegación partidista. La entidad concluyó que el representante de la organización política contó con la oportunidad procesal para corregir el trámite y no lo ejecutó en los plazos fijados por la normativa.

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Con esta sentencia, se mantiene vigente la decisión emitida por el CNE, con lo cual el partido no contará con representantes para la dignidad de concejales rurales en dicha jurisdicción orense.

Cronología procesal del caso electoral

El proceso tramitado ante la justicia contenciosa electoral se desarrolló a través de los siguientes hitos:

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Lo que debes saber

• Borbúa desarrolló su carrera profesional en las Fuerzas Armadas.
• Su trayectoria empresarial incluye varias compañías registradas en la SuperCías.
• Actualmente, dirige al PSP en Guayas.

El segundo intento. Han pasado 22 años desde que Aníbal Renán Borbúa Espinel perdió en las urnas su primera oportunidad de llegar a la Prefectura del Guayas, entonces respaldado por la organización política de su primo, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa.

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Una trayectoria marcada por la vida militar

El precandidato por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) no registra títulos universitarios en el portal digital de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Sin embargo, cuenta con una trayectoria vinculada a las Fuerzas Armadas y fue uno de los excombatientes del conflicto del Cenepa.

Su formación profesional la desarrolló en el Ejército Ecuatoriano, donde alcanzó el grado de mayor de Inteligencia Militar antes de pasar al servicio pasivo. Allí se especializó en Seguridad y Contrainteligencia.

Durante su carrera militar, estuvo a cargo de la seguridad del expresidente León Febres-Cordero durante los dos últimos años de su mandato. También desempeñó esta función durante tres meses para el exmandatario Rodrigo Borja.

Borbúa nació en Puerto Napo, parroquia rural del cantón Tena, ubicada en la provincia de Napo. Sin embargo, tras su salida de las Fuerzas Armadas, cambió de residencia y se estableció en Guayas, donde vive desde hace 25 años.

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Su paso por el sector empresarial

Un año después de dejar la milicia, Borbúa asumió la gerencia general de Protectores Privados Polidos Cía. Ltda., cargo que ejerció del 9 de marzo de 1998 al 17 de enero de 2005. Posteriormente, fue presidente de la compañía entre el 14 de agosto y el 12 de noviembre de 2009, y retomó la gerencia general del 30 de marzo de 2010 al 4 de diciembre de 2013.

Actualmente, Protectores Privados Polidos Cía. Ltda. consta en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) en estado de disolución y liquidación. Su trayectoria empresarial también incluye a Security - And - Risks Control (Tecnología S.R.C.) C.A., donde ejerció como gerente general desde septiembre de 2000; la compañía figura como cancelada.

Asimismo, desde el 19 de marzo de 2001 presidió Polielectronic S.A., firma que actualmente consta en disolución y liquidación. Según la información disponible en el portal de la SuperCías, en mayo de 2009 también se desempeñó como gerente general de empresa cancelada, Indysiza S.A.

Borbúa también figuró como accionista en estas compañías. Así como en la firma Inmobiliaria Cuciño S.A.

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Del empresariado a la política

Paralelamente a su actividad empresarial, en 2002, Borbúa postuló al Congreso Nacional por la provincia del Guayas, auspiciado por el Partido Sociedad Patriótica. En esos comicios, obtuvo una curul para el periodo 2003-2007, pero en octubre de 2004 renunció al cargo de diputado para participar en las elecciones seccionales y disputar la Prefectura del Guayas.

Su intento por llegar a la Prefectura del Guayas no prosperó y perdió en las urnas. No obstante, durante su etapa como diputado del PSP, Renán Borbúa fue señalado por presunto tráfico de influencias y por gestionar cargos públicos durante el gobierno de su primo, Lucio Gutiérrez, acusaciones que él atribuyó a una supuesta persecución política.

Sus registros tributarios

Actualmente, Borbúa mantiene activo su Registro Único de Contribuyentes (RUC). Según la información del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), su actividad económica principal corresponde a la prestación de asesoramiento y asistencia a empresas y administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia, control e información administrativa, actividad que inició en 2004, suspendió en 2018 y retomó en 2024.

En el portal del SRI también consta que, desde 2019, no registra la presentación de declaraciones del impuesto a la renta. Asimismo, no constan pagos por concepto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

En el portal de la Contraloría General del Estado no constan declaraciones patrimoniales de Renán Borbúa correspondientes a su paso por el sector público. Actualmente, se desempeña como director provincial del Partido Sociedad Patriótica en Guayas.

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El desafío de conectar con nuevos electores

Para el analista político-electoral Alfredo Espinosa, el perfil de Borbúa está estrechamente ligado al de su primo, el expresidente Gutiérrez, y a la estructura del PSP. A su criterio, la candidatura evidencia la permanencia de cuadros que ganaron protagonismo a inicios de los 2000 y la falta de una renovación generacional dentro de la organización política.

Espinosa sostiene que el reto de Borbúa no se limita a su trayectoria política, sino a su capacidad para conectar con un electorado distinto al de hace dos décadas. Por lo que cuestiona que las organizaciones políticas trasladen a las elecciones locales discursos y liderazgos que fueron construidos desde escenarios nacionales, sin adaptarlos a las particularidades de cada provincia.

Andrés Obando, analista político, indica que la candidatura de Borbúa también puede interpretarse como una estrategia para mantener vigente a una organización que ha logrado sobrevivir electoralmente durante más de dos décadas. También destaca su discurso de apertura hacia el régimen, al plantear un trabajo conjunto con Carondelet. El analista lo vincula con una tendencia de candidatos seccionales a buscar cooperación con el Ejecutivo.

Para Obando, el principal desafío será trasladar esa trayectoria política a una elección provincial marcada por problemas concretos. Además, de lograr una presencia disruptiva.

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“Lo que rige las relaciones diplomáticas es el pragmatismo y poner primero a los ecuatorianos”, aseguró Vélez en un video publicado en el perfil de la Secretaría General de Comunicación en la red social Instagram.

Según la funcionaria, si hay algo que le conviene a Ecuador, será bienvenido. “Lo más importante para nosotros es encontrarle trabajo a los ecuatorianos, inversión extranjera y cooperación en temas como la seguridad”.

“Lo importante es entender que no somos una diplomacia ideologizada”, aseguró Vélez. Inmediatamente después, señaló que Estados Unidos es el principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. “Tenemos una gran relación comercial al igual que con China”, señaló la secretaria de Comunicación.

Las declaraciones de Vélez se circunscriben a lo que ya ha manifestado el canciller Roberto Kury, quien ha señalado que el pragmatismo guía la gestión de las relaciones exteriores. El funcionario, el pasado 11 de septiembre de 2026, señaló, por ejemplo, que no había que mirar la relación con Estados Unidos desde la preocupación por una supuesta pérdida de soberanía.

“Entiendo que existe esa preocupación de la soberanía. Pero yo no lo veo así. Invito a la ciudadanía a que tampoco lo vea así. Esto es una cooperación”, aseguró.

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Sobre el último viaje de Noboa

El presidente de la República participó en el debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre de 2026. En su intervención propuso tres acciones urgentes para combatir de forma coordinada el crimen organizado transnacional.

La primera fue el rastreo y congelamiento de flujos financieros ilícitos. Aseguró que era necesario crear un mecanismo internacional, en el marco de la ONU, enfocado en intervenir el dinero de las mafias. “Si el dinero es el combustible de estas redes, cortémosle donde sea que circule”, planteó.

La segunda propuesta estuvo relacionada con la creación de una plataforma de inteligencia policial y judicial. La tercera fue incorporar el combate al crimen organizado transnacional como una prioridad para la prevención de conflictos.

Lo que debes saber

• Sariha Moya deja el ministerio y agradece a Noboa en una carta
• Moya destaca pagos al IESS y crédito productivo al despedirse del Gobierno
• “Ajustar las velas”: la frase que marcó la salida de Sariha Moya del gabinete

La exministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya, publicó este 28 de septiembre una carta de despedida dirigida al presidente Daniel Noboa, horas después de que el Ejecutivo oficializara el fin de sus funciones mediante decreto.

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En el documento, Moya agradeció la oportunidad de haber servido en el Gobierno durante casi tres años, período en el que ocupó cargos en la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas y, más recientemente, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La exfuncionaria hizo una evaluación de los resultados económicos alcanzados durante ese período y defendió las políticas impulsadas por la administración de Noboa. Según expuso, Ecuador logró recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales y mejorar su calificación crediticia externa hasta alcanzar una nota B con perspectiva estable.

Además, sostuvo que durante el último año se incrementó el flujo de pagos en más de $1.400 millones para proveedores de servicios públicos y grupos vulnerables. También resaltó que los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fueron superiores a los registrados entre 2021 y 2023, mientras que se redujo una deuda pendiente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Balance de programas productivos

En la carta, Moya afirmó que el ordenamiento de las finanzas públicas tuvo como objetivo respaldar políticas orientadas a la reducción de la pobreza y la generación de empleo.

Entre las acciones mencionadas constan programas de capacitación y apoyo productivo como Jóvenes en Acción, iniciativas de tecnificación agrícola y pesquera, así como líneas de crédito destinadas a emprendedores.

La exministra también señaló que el crédito productivo registró un crecimiento del 16% y que los productores ecuatorianos han ampliado oportunidades en mercados internacionales, en un contexto que, según describió, ha contribuido al fortalecimiento de la actividad económica.

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Reconocimiento a su equipo y mirada a largo plazo

Otro de los puntos destacados del mensaje fue el reconocimiento a los equipos técnicos que la acompañaron durante su gestión. Moya agradeció el trabajo de funcionarios y colaboradores que participaron en la ejecución de las políticas económicas y productivas del Gobierno.

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Asimismo, afirmó que el país cuenta con herramientas de planificación de largo plazo, entre ellas una Agenda de Crecimiento al 2040, que busca orientar inversiones y recursos hacia objetivos de productividad y crecimiento.

La publicación concluye con un agradecimiento al presidente Noboa por la confianza depositada en ella y por la oportunidad de formar parte de la administración gubernamental.

Lo que debes saber

• Noboa nombra a Cordovez ministro tras liderar plan de venta de bienes del IESS
• Cordovez asume ministerio este 28 de septiembre tras su gestión en el IESS
• La salida de Cordovez del IESS ocurre en medio del debate por activos y pensiones

El presidente Daniel Noboa Azin oficializó este 28 de septiembre de 2026 la salida de Sariha Belén Moya Angulo del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y nombró como su reemplazo a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda, según consta en el Decreto Ejecutivo 509

El decreto agradece los servicios prestados por Moya y da por terminadas sus funciones al frente de la cartera de Estado. En el mismo documento se dispone la designación de Cordovez como nuevo titular del ministerio

Moya había sido designada ministra de Economía y Finanzas en abril de 2025 y posteriormente fue ratificada en el cargo. Tras la fusión por absorción de varias entidades estatales dispuesta por el Ejecutivo en junio de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

El contexto: el debate por los bienes del IESS

La llegada de Cordovez al ministerio se produce en medio de la discusión sobre el destino de los activos inmobiliarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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A finales de agosto, el presidente Noboa planteó vender alrededor de $2.000 millones en bienes que calificó como "activos ociosos" de la institución, entre ellos terrenos, edificios y otros inmuebles. Según el mandatario, los recursos obtenidos podrían destinarse a fortalecer la atención de salud y garantizar el pago de pensiones antes de impulsar una reforma más amplia del sistema de seguridad social.

En ese contexto, Noboa aseguró haber encargado a Bernardo Cordovez, quien se desempeñaba como delegado del Ejecutivo y presidente del Consejo Directivo del IESS, avanzar con el proceso de venta de esos activos.

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Mientras el Gobierno argumentó que la medida permitiría generar liquidez para atender necesidades urgentes del sistema, expertos señalaron que la venta de bienes enfrenta desafíos legales, administrativos y catastrales, además de requerir decisiones colegiadas dentro de la estructura de gobierno del IESS.

Con su designación al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Cordovez pasa a ocupar una de las carteras más relevantes del Gobierno en materia económica.

Usted sostiene que actualmente no hay un orden mundial consolidado. ¿Estamos realmente ante un mundo multipolar o Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante?

Vamos hacia un mundo multipolar. Las grandes potencias y Estados Unidos siguen teniendo una importancia determinante, pero creo que hay un orden en proceso de transformación; información que está definido como un orden de competición entre potencias que ha sucedido al orden liberal que hemos conocido y que no ha desaparecido completamente. Ahí siguen instituciones económicas internacionales, instituciones como Naciones Unidas; ahí sigue habiendo alianzas que vienen de ese pasado, pero la realidad es que la emergencia de China, la aparición de la inteligencia artificial, la conectividad, los movimientos de población; el comercio ha hecho que el mundo sea distinto y que las potencias asuman más protagonismo.

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¿Qué pesa más para una potencia: su capacidad militar, tecnológica o su capacidad de hacer acuerdos?

Ahí está la clave: cuál es el paradigma de este nuevo orden. ¿Es la fuerza, la seguridad, tecnología, la inteligencia artificial? Bueno, eso está todavía por determinarse. Pero ¿qué es lo que prima en una gran potencia? Creo que todo lo que he señalado. Es decir, en este momento la tecnología es tan absolutamente impactante. Por tanto, la tecnología es muy importante. Segundo: nada de lo que se produzca con la tecnología, en la innovación y las consecuencias que tiene eso en la economía y en el comercio, se puede producir sin un marco de seguridad. Tercero: evidentemente, lo que busca una potencia es mantener e incrementar su poder y ese poder también tiene una naturaleza económica.

Ecuador ahora mantiene una estrecha relación con Estados Unidos. ¿Le parece algo coyuntural o una política de Washington?

Creo que no se trata de algo coyuntural, sino de una identificación de problemas comunes; problemas en la seguridad; también de necesidades comunes frente a fenómenos que en este momento pueden no tener delante, pero que se tienen delante en otros lugares. Uno de ellos es la piratería. Hay regiones en las que la piratería tiene que estar, digamos, protegida o perseguida por organizaciones como es el QUAD en el Índico y el Pacífico. Y esa organización pues incluye a Estados Unidos, India, incluye, Japón y Australia. Es una organización de vigilancia marítima que no implica un compromiso de pertenecer a un bloque. 

Marco Rubio visitó por segunda ocasión Ecuador. ¿Qué representa realmente para la arquitectura de seguridad de Washington?

En este momento, en el mundo que estamos construyendo, una potencia no puede armar una estructura de seguridad y de cooperación sola y con sus únicos criterios. Entonces necesita aliados y esos aliados están en distintas regiones. En Ecuador, desde mi punto de vista, lo que ve la administración norteamericana y Marco Rubio es un país en una situación estratégica importante que tiene la posibilidad de convertirse en un aliado sólido en el marco de una serie de relaciones que no tienen por qué ser un sometimiento a lo que diga el Gobierno de Estados Unidos en todos los asuntos.

Se está consolidando esta relación en seguridad con EE.UU., pero también hay un acercamiento con China en lo comercial. ¿Puede Ecuador tener esta relación entre ambas potencias sin tener que elegir un bando?

Buscar el equilibrio. Ahí está la cuestión. Creo que en eso estamos un poco también todos; es decir, la alianza no significa entrar en un bloque, que eso es lo que ocurrió durante la Guerra Fría y fue una mala experiencia, sobre todo para los países que entraron en el bloque comunista.

El pasado jueves 24 de septiembre, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) celebró sus 90 años de vida institucional con la presencia de sus miembros y amigos, así como de la prensa. Los asistentes esa noche seguramente esperaron encontrarse nada más que con las típicas escenas que se dan en estos eventos: palabras de rigor llenas de remembranza y homenaje, condecoraciones repartidas a los ilustres invitados y un suntuoso coctel para que la gente reponga sus fuerzas antes de emprender el camino de vuelta a casa. Todo eso terminaría en las páginas de sociedad de los diarios y en los reportajes de relleno de los noticieros y ya, chao hasta el próximo año.

Sin embargo, los señoritos y prohombres congregados terminaron presenciando una noticia muy distinta: la Cámara alzó su voz por las empresas y por la democracia.

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Lo hizo a través de María Paz Jervis, la presidenta ejecutiva de la CIP, quien declaró que “pocas veces en su vida” había encontrado tanto “miedo”, “desesperanza” y “resignación” dentro del sector empresarial. 

Sus palabras las comparten otros dirigentes empresariales y empresarios, pero no se atreven a hacerlo en público. Ella bien lo dijo: hay un “falso y ruidoso entusiasmo de quienes se definen como liberales, pero esa convicción dura muy poquito, hasta que les tocan los intereses”. 

La reacción desde los simpatizantes del Gobierno

Por supuesto, no tardaron en salir los defensores del Gobierno, naturalmente el principal aludido, a reclamar indignados por las declaraciones de los directivos de la CIP. 

Alzar la voz, se nos dice desde pequeños, es de malcriados. Hablar de democracia, se nos advierte ahora, es inoportuno y hasta sospechoso. ¿Sospechoso de qué? De subversión, correísmo, wokismo, comunismo y tanto más, a pesar de que quienes usan esas palabras para describirse así mismos no tienen mucho bueno de qué hablar sobre los empresarios y los demócratas liberales.

Pero es increíble cómo han ido aún más allá esta vez, y han criticado en sí mismo el rol del dirigente gremial. Sobre todo porque una de esas voces enfadadas es la de Mónica Heller, dirigente gremial. En una publicación en redes sociales, Heller escribió lo siguiente: “Que una directora ejecutiva gremial cuestione la valentía de quienes sí somos empresarios, es inaceptable. Calificarnos como miedosos expone su desconocimiento o se limita a un criterio discursivo. Quienes somos empresarios y hemos luchado por años en este país, lo hemos hecho aún con inseguridad, violencia, crisis económicas y políticas, cambios de moneda y mucho más. ¡Los valientes seguimos aquí!”.

Ese criterio discursivo, para usar las palabras de Heller, el cual sostiene que hay que ser empresario para poder ejercer su representación gremial es por lo menos miope, pero es lo que han usado algunas cuentas y figuras gobiernistas para atacar a María Paz Jervis, una académica de trayectoria, elegida por los empresarios de la Cámara para representarlos y dirigir el funcionamiento diario de su gremio. 

En otros países podemos encontrar ejemplos de académicos y funcionarios públicos que han sido designados para distintos roles dirigenciales en gremios empresariales: el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá es el jurista Ovidio Claros Polanco, hace poco elegido como presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas, mientras que en Gran Bretaña el presidente de la asociación de las Cámaras de Comercio Británicas es el economista y académico Andy Haldane.

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Otra réplica provino de Carolina Jaramillo, la ex vocera del Gobierno. Ella postuló, antes las quejas de Jervis y de sus compañeros en la directiva de la CIP, que el sector industrial crece a pesar de la crisis eléctrica y que su consumo es tal que naturalmente debe poner de su parte por el país. Válido, pero remató con algo gravísimo: Representar a un puñado de empresarios no es lo mismo que representar a un país”. 

Eso es tremendamente antidemocrático. El país no es una mayoría, mucho menos una totalidad, que los gobernantes imaginan como suya propia. El Ecuador es un conjunto de personas y comunidades, y todos tienen su derecho a opinar, a reclamar y a disputar las acciones del poder público. Y hacer eso no significa ser un opositor a nada ni nadie, sino ser defensor de la idea de que el bien común no puede dejar a nadie atrás o entregarse a un solo proyecto político sin perder su naturaleza.

Pero ellos quieren que seamos suyos o de sus rivales. Sus siervos o sus enemigos. El empresario debe escoger a la democracia por encima de esa falsa disyuntiva. 

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Julián Galindo, su profesor de Human-Computer Interaction, les propuso llevar más lejos el proyecto que habían desarrollado en clase, para ganar puntos adicionales. 

“Nos pidió que le metamos más cabeza a nuestro proyecto base, para postular a cualquier concurso académico que les publique, que sea reconocido y que inclusive el paper llegue a Scopus, la base de datos de revistas científicas”, recuerda Ivonne.

Los tres siguieron la recomendación. Mejoraron el proyecto, prepararon el artículo científico y lo enviaron a una convocatoria internacional. La respuesta llegó hace un par de semanas: fueron seleccionados como speakers en la 18.ª International Conference on Intelligent Human-Computer Interaction (IHCI 2026).

"Necesitamos al menos 15 mil dólares"

La conferencia será del 28 al 31 de octubre en la University of Nottingham Ningbo China, en Ningbo. Reunirá investigaciones sobre Inteligencia Artificial, aprendizaje automático, interacción humano-computadora, robótica, visión por computador, realidad extendida, ciberseguridad y tecnologías centradas en las personas.

Para los tres estudiantes, el cupo que ganaron, tiene un segundo reto: ahora necesitan conseguir el dinero para llegar hasta China.

“Necesitamos estar en China el 26 de octubre. Eso implica viajar el 23 de octubre, ya que son 59 horas de viaje. Hemos revisado pasajes económicos, necesitamos unos 15.000 dólares para cumplir nuestro sueño”, cuenta Ivonne.

El monto incluye los gastos que implica el viaje de los tres estudiantes y alojamiento para la participación en la conferencia. Por eso buscan apoyo económico o padrinos que les permitan concretar una oportunidad que, hasta hace unos meses, ni siquiera imaginaban. Buscan el respaldo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de marcas.

La solución para pequeños negocios, creada por politécnicos

El proyecto que los puso en la mira de China se llama Unita y parte de una realidad poco explorada al usar Inteligencia Artificial aplicada al comercio electrónico: no todos los negocios tienen servidores propios, grandes bases de datos ni equipos de programadores.

En Ecuador, los pequeños comercios trabajan con herramientas sencillas: una página web básica, un servicio de hosting de bajo costo y WhatsApp para recibir pedidos. El equipo de la EPN decidió desarrollar su propuesta desde esa realidad.

Para probarla trabajaron con un pequeño comercio de Quito. En lugar de plantear una plataforma que exigiera una infraestructura costosa, desarrollaron una solución que pudiera funcionar con los recursos que ya tenía el negocio.

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¿Quiénes estarán en la Conferencia de China?

Entre los ponentes: Stephen Brewster, profesor de Human-Computer Interaction de la University of Glasgow.  

También participará Xingda Qu, Distinguished Professor de Shenzhen University y director fundador del Institute of Human Factors and Ergonomics.  

Otro de los ponentes será Long Chen, profesor asistente de la City University of Hong Kong.  

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A través de un pronunciamiento público, el funcionario informó que la operación fue ejecutada mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, el FBI, la Policía de Colombia y las Fuerzas Armadas de ese país.

Según Reimberg, las dos mujeres eran requeridas por la justicia ecuatoriana y registraban órdenes de captura vigentes, además de alertas rojas de Interpol. De acuerdo con los informes de inteligencia citados por el ministro, ambas estarían vinculadas a estructuras criminales relacionadas con Los Choneros.

Las procesadas enfrentan investigaciones y procesos por presuntos delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos.

Operativo conjunto permitió la ubicación en Colombia

Durante su intervención, Reimberg destacó que las detenidas fueron localizadas en territorio colombiano luego de que, presuntamente, abandonaran Ecuador para evitar la acción de la justicia.

"Creyeron que cruzar la frontera les garantizaría impunidad. Se equivocaron. Las encontramos en Colombia y las pusimos a disposición de la justicia", señaló el ministro.

El funcionario también agradeció la colaboración de las autoridades colombianas en las acciones de cooperación binacional contra el crimen organizado transnacional.

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"Se las voy a enviar a mi buen amigo Noboa": De La Espriella sobre esposa e hija de 'Fito'

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Gobierno insiste en ofensiva contra estructuras criminales

En su mensaje, Reimberg sostuvo que las fuerzas de seguridad continuarán ejecutando operaciones para desarticular las redes de apoyo de grupos criminales que operan dentro y fuera del país.

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"Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa estamos golpeando sus estructuras, persiguiendo sus redes y cerrando cada espacio de impunidad", manifestó.

Asimismo, envió un mensaje dirigido a las organizaciones delictivas, al señalar que las autoridades mantendrán la búsqueda de personas requeridas por la justicia ecuatoriana sin importar el país en el que se encuentren.

Política

Comité por reclutamiento de menores avanza a nueva etapa: mesas llevarán modelo a provincias

Daniel Alejandro Romero Páez

La Roca, el destino anunciado para las detenidas

Uno de los aspectos más destacados de las declaraciones del ministro fue el anuncio sobre el centro penitenciario al que serían enviadas las detenidas. "El siguiente lugar para estas dos personas es la cárcel de La Roca", afirmó Reimberg al referirse al proceso que enfrentarán en Ecuador.

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La Roca es considerada una de las prisiones de mayor seguridad del país y ha sido utilizada para recluir a personas catalogadas por las autoridades como de alta peligrosidad o vinculadas a estructuras del crimen organizado.

La captura de la esposa e hija de alias Fito se produce en medio de la estrategia gubernamental para debilitar las redes financieras, logísticas y familiares asociadas .