Lo que debes saber

• Asamblea conmemoró el 10 de Agosto en Quito para recordar los 217 años de la Independencia.
• Esteban Torres participó en la sesión solemne por la gesta libertaria de 1809.
• La Asamblea reconoció a ciudadanos e instituciones por aportes al deporte, ciencia y cultura.

La Asamblea Nacional realizó una sesión solemne por los 217 años del Primer Grito de Independencia del 10 de Agosto de 1809, una fecha considerada el inicio del proceso emancipador en Ecuador y uno de los hitos históricos de América Latina.

Al acto asistieron representantes de las distintas funciones del Estado, autoridades nacionales, legisladores, miembros del cuerpo diplomático e invitados de diversos sectores de la sociedad.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de las provincias del país y del Estandarte Nacional. Posteriormente, la policía Adriana Bricio Véliz estuvo a cargo de la exaltación de la fecha histórica, en la que destacó el papel de hombres y mujeres que impulsaron la conformación de la Primera Junta Suprema de Gobierno y la lucha por la libertad.

Quito

¿Sin planes para el feriado? Estas son las mejores actividades en Quito del 7 al 10 de agosto

IVONNE MANTILLA

Homenaje a los próceres de la Independencia

Durante la sesión también se realizó un toque de silencio en memoria de los próceres de la Independencia, como parte de los actos conmemorativos por la gesta del 10 de Agosto de 1809.

Te invitamos a leer | ¿Primer grito... de qué independencia?

En su intervención, el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, resaltó la relevancia histórica del movimiento independentista quiteño y señaló que su legado continúa siendo un referente dentro de la construcción institucional del país.

Torres afirmó que la libertad constituye uno de los principios que deben orientar la acción pública y destacó la necesidad de preservar los valores asociados a la independencia en el contexto de los desafíos actuales.

Reconocimientos a ciudadanos e instituciones

Como parte de la jornada, el Legislativo entregó reconocimientos a ciudadanos, fundaciones e instituciones por sus aportes en ámbitos como el deporte, la cultura, la ciencia, la educación, el emprendimiento, el trabajo social y el desarrollo empresarial.

Te puede interesar | ¿Qué pasó el 10 de agosto de 1809 en Ecuador? Explicación fácil y completa

Entre los homenajeados estuvieron:

Trámites y servicios

Decreto 465: cómo solicitar el IVA al 8% en el feriado del 10 de agosto

Diana Sotomayor

Reconocidos destacan diversidad de aportes al país

En representación de las personas e instituciones homenajeadas, Paula Gómez, integrante de la Fundación Esperanza, agradeció el reconocimiento y destacó "los galardones reflejan el trabajo desarrollado desde distintos sectores de la sociedad".

La sesión solemne formó parte de las actividades oficiales previas a la conmemoración nacional del 10 de Agosto, una fecha que cada año reúne actos cívicos y homenajes en recuerdo de la gesta independentista que tuvo lugar en Quito en 1809.

Lo que debes saber

• Noboa y Milei se reunieron el 6 de agosto en Quito para revisar acuerdos bilaterales.
• Ecuador y Argentina negocian extradición y seguridad para enfrentar nuevos delitos transnacionales.
• Ambos gobiernos buscan más vuelos y comercio entre Quito y Buenos Aires.

Los presidentes de Ecuador y Argentina, Daniel Noboa y Javier Milei, mantuvieron este jueves 6 de agosto una reunión oficial en el Palacio de Carondelet, en Quito, con una agenda centrada en seguridad, cooperación judicial, comercio y conectividad aérea entre ambos países.

Te invitamos a leer | Argentina declara terrorista a Los Chone Killer: esto se sabe

La visita de Milei forma parte de una gira regional y se desarrolló en medio de un contexto marcado por la búsqueda de mayores mecanismos de cooperación bilateral. 

El mandatario argentino llegó al centro histórico de Quito para cumplir una agenda que incluyó un encuentro privado con Noboa y la posterior suscripción de instrumentos de cooperación entre ambas naciones.

Milei fue recibido con honores en Carondelet

El presidente argentino arribó al Palacio de Carondelet pasadas las 13:00 y fue recibido por Daniel Noboa con los honores correspondientes a una visita oficial de Estado. La ceremonia incluyó una calle de honor conformada por los Granaderos de Tarqui.

Antes de la reunión bilateral, Milei realizó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Lo acompañaron integrantes de su delegación, entre ellos su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, además de colaboradores de su Gobierno

Economía y negocios

Ecuador y Japón evalúan un acuerdo comercial bilateral: estos son los sectores de mayor interés

Mayra Pacheco Pazmiño

Extradición y seguridad, entre los temas centrales

Uno de los puntos principales de la agenda fue la actualización del tratado de extradición vigente entre Ecuador y Argentina desde 1933. Ambos gobiernos buscan modernizar este instrumento para adaptarlo a las nuevas modalidades del crimen transnacional y agilizar los procedimientos judiciales entre los dos países.

Te invitamos a leer | Argentina declara terrorista a Los Chone Killer: esto se sabe

De acuerdo con información oficial, los mandatarios también abordaron mecanismos de cooperación en materia de seguridad y defensa, incluyendo acuerdos relacionados con ciberdefensa y coordinación institucional.

La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, explicó que la intención es contar con un instrumento más ágil frente a los desafíos actuales del crimen organizado y las nuevas amenazas transnacionales

Tras la reunión viajarán a Colombia

Una vez concluida la agenda oficial en Quito, Daniel Noboa y Javier Milei tienen previsto trasladarse a Cali, Colombia, donde asistirán a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La reunión entre ambos mandatarios se produce en un momento de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Argentina, con énfasis en cooperación judicial, seguridad y comercio

Trámites y servicios

Matrículas Sierra-Amazonía 2026: las fechas que no puede dejar pasar antes del regreso a clases

Alejandro Puga

Durante estas semanas previas al inicio de clases, las familias —con hijos en instituciones privadas y fiscomisionales— enfrentan uno de los momentos de mayor gasto del año escolar: la compra de uniformes, libros y útiles. Esta inversión, que se repite cada período, suele generar cierta preocupación por posibles cobros adicionales o no autorizados.

Con ese contexto, el Ministerio de Educación recuerda que los padres de familia pueden denunciar irregularidades, cobros indebidos o pedidos de pagos prohibidos. 

Para ello, ha habilitado varios canales oficiales: 

¿Cuánto se debería invertir entre uniformes y útiles?

Las escuelas y colegios deben transparentar sus costos. De acuerdo con el reglamento vigente, emitido en 2025, todos los planteles están obligados a publicar su resolución de pensiones y matrículas. 

Este mismo reglamento contempla la posibilidad de incrementos en las pensiones, siempre que respondan a factores como mejoras en infraestructura o el impacto de la inflación, previa autorización del Ministerio.

En cuanto a los útiles escolares, las instituciones deben emitir listas basadas en las directrices del nivel central del Ministerio. Aunque tienen autonomía para definir su organización interna y los recursos pedagógicos, conforme a su modelo educativo y a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Sociedad

Matrículas y traslados en Sierra-Amazonía 2026: estas son las fechas y pasos para el proceso.

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Lo que debes saber

• Argentina declaró terrorista a Los Chone Killers para reforzar la seguridad regional y la cooperación.
• John Reimberg afirmó que Ecuador perseguirá al crimen organizado sin fronteras tras la decisión argentina.
• Los Chone Killers ingresaron al RePET en Argentina para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional.

La decisión del Gobierno de Argentina de incorporar a la organización criminal ecuatoriana Los Chone Killers al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) generó la reacción del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien aseguró que la lucha contra el crimen organizado "ha entrado en una nueva etapa" de cooperación internacional.

Te invitamos a leer | Alias Pan de Piña es recapturado en Daule tras once días de libertad durante operativo militar

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario sostuvo que "ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz de nuestros pueblos". Añadió que la decisión adoptada por Argentina demuestra que los países de la región han decidido actuar de forma coordinada frente a las organizaciones criminales transnacionales.

"A los criminales les queda claro: donde huyan, los encontraremos. Donde operen, los golpearemos. Donde pretendan esconderse, los alcanzaremos", escribió Reimberg, quien afirmó además que la cooperación internacional constituye la principal fortaleza en la lucha contra el crimen organizado.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que el Gobierno argentino oficializara, mediante la Resolución Conjunta 4/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, la inscripción de Los Chone Killers en el RePET. La medida fue publicada el 6 de agosto de 2026.

Argentina argumenta una amenaza para su seguridad nacional

En los considerandos de la resolución, las autoridades argentinas sostienen que, con base en informes reservados elaborados por organismos competentes, la organización criminal ecuatoriana representa una "amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional", con riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes del país. 

Sigue leyendo | Capturan en Guayaquil a alias Matón de Daule' presunto líder de los Chone Killers

Además, señalan que el grupo evidencia una expansión transnacional en la región, lo que hace necesario prevenir su eventual instalación en territorio argentino.

El documento también indica que la inclusión de Los Chone Killers en el RePET busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Ecuador

La historia detrás de la división que transformó a los Chone Killers

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Inscripción en el RePET

La resolución concluye declarando cumplidos los requisitos legales para incorporar a Los Chone Killers al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento y dispone que el Ministerio de Justicia realice la inscripción correspondiente.

La decisión de Argentina se suma a las acciones de cooperación regional orientadas a enfrentar el crimen organizado transnacional, un fenómeno que ha cobrado relevancia por la expansión de organizaciones delictivas ecuatorianas hacia otros países de América Latina.

Lo que debes saber

• Asambleísta Christian Hernández pide cuentas sobre uso de la cadena nacional.
• Cuestionan si la transmisión respetó el artículo 74 de la Ley de Comunicación.
• Documental fue impulsado por las hijas del excandidato Fernando Villavicencio.

El asambleísta Christian Hernández, de Revolución Ciudadana, solicitó información a la Secretaría de Comunicación y a la Defensoría del Pueblo sobre la cadena nacional transmitida el 2 de agosto de 2026. La emisión abordó el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El legislador cuestionó el fundamento legal y el financiamiento de este espacio oficial en los medios ecuatorianos.

Ecuador

Cadena nacional transmite documental sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

Redacción Digital

Cuestionamientos al marco legal de la cadena nacional

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador Christian Hernández sostuvo que "la ley es muy clara: las cadenas nacionales no fueron creadas para difundir cualquier contenido ni para promover mensajes particulares sin justificación".

Hernández citó la normativa vigente para fundamentar su pedido de información:

Dudas sobre la autorización y el origen del requerimiento

El asambleísta recordó que el caso sobre el asesinato del excandidato presidencial aún se tramita en la justicia ordinaria. Además, señaló que la Secretaría de Comunicación ordenó la transmisión por pedido de la Defensoría Pública, a pesar de que la legislación establece que las cadenas deben ser dispuestas por el titular de una de las funciones del Estado.

Ante esta situación, el legislador formuló las siguientes interrogantes:

Política

Unidad Popular logra acuerdo con el correísmo: así operará la "alianza ciudadana" en Pichincha

Richard Josue Jimenez Mora

Contenido y origen de la serie documental sobre Fernando Villavicencio

La noche del domingo 2 de agosto de 2026, se transmitió el primer capítulo de una serie documental dedicada al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Detalles sobre la producción emitida:

Lo que debes saber

• Unidad Popular y Revolución Ciudadana concretaron una alianza para Quito y Pichincha.
• Pabel Muñoz y Alexandro Tonello encabezan la lista única del bloque opositor.
• La inscripción de candidaturas se realiza este 6 de agosto de 2026 ante el CNE.

Unidad Popular, la Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Todos sellaron un acuerdo político en Quito para inscribir la candidatura de Pabel Muñoz a la reelección de la Alcaldía de Quito y de Alexandro Tonello a la Prefectura de Pichincha. Según explicó el dirigente Geovanni Atarihuana, la denominada "alianza ciudadana" busca consolidar una alternativa democrática local frente al proyecto del presidente Daniel Noboa.

Política

RC confirma posible alianza con Unidad Popular y otros partidos para sus candidaturas en Quito

Richard Josue Jimenez Mora

Unidad Popular y Revolución Ciudadana oficializan acuerdo político en Pichincha

El director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, confirmó este jueves 6 de agosto de 2026 la conformación de la denominada "alianza ciudadana". Este bloque político reúne a la Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano, el movimiento Todos y Unidad Popular con el objetivo de impulsar la reelección de Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito y la postulación de Alexandro Tonello para la Prefectura de Pichincha.

En entrevista con A Primera Hora, Atarihuana sostuvo que la coalición pretende ser una "alternativa democrática" para la capital y la provincia que permita "resolver los problemas que los quiteños necesitan y ponga freno al autoritarismo y la concentración de poder que encarna el proyecto de Daniel Noboa".

Cuadro de candidatos para los distritos de Quito

El dirigente detalló que la alianza se presentará a los comicios con una lista única de candidatos, estructurada con perfiles de todas las organizaciones participantes.

Las listas serán encabezadas de la siguiente manera:

Para las 17:00 de este 6 de agosto de 2026, la alianza acudirá a la Delegación Provincial Electoral de Pichincha para oficializar la inscripción de candidaturas de Pabel Muñoz y de la lista de concejales.

Política

Unidad Popular confirma conversaciones con la RC y otros partidos para "frenar el autoritarismo"

Richard Josue Jimenez Mora

Las alianzas de Unidad Popular en Guayaquil, Cuenca y Azuay

Geovanni Atarihuana aclaró de forma enfática que el acuerdo con el correísmo es exclusivo para la provincia de Pichincha. En el resto de jurisdicciones del país, la agrupación política mantiene esquemas de alianzas independientes:

Postura frente a las críticas y diferencias históricas

Respecto a las cuestionamientos recibidos por el pacto con la Revolución Ciudadana, Atarihuana explicó que la resolución se toma en un contexto de proscripción de organizaciones políticas e inhabilitación de candidatos.

El líder político remarcó que la alianza no implica borrar las discrepancias históricas entre ambas corrientes, pero argumentó que han priorizado las coincidencias pragmáticas para responder a la coyuntura del país.

Lo que debes saber:

• Pacientes trasplantados y con cáncer protestan en Plaza Grande por desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Director de Caja Fiscal les pide hasta el número de RUC de los proveedores, para ayudarlos.
• Victoria y otros pacientes denunciaron falta de inmunosupresores desde mayo 2026, lo que pone en riesgo su órgano trasplantado.
• Familias de pacientes crónicos viajan desde Orellana y sufren por falta de medicinas; comparten pastillas por escasez; advierten riesgo de rechazo y muertes recientes.

A Victoria Barbosa le diagnosticaron insuficiencia renal en 2011. Tenía algo más de 20 años y aprendió a sobrellevar la rutina como paciente crónica. Dos años después, en 2013, recibió un trasplante de riñón en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Lo recuerda como un renacimiento, una segunda oportunidad de vivir.

Política

El paciente renal no debería preocuparse por si mañana será posible acceder a diálisis: Kevin Valdez

Rosero Mariela

Hoy, se siente frágil. Desde mayo de 2026 teme que la falta de medicamentos ponga en riesgo el órgano que sostiene su cuerpo. “Un día sin las pastillas es un día menos de vida”, repite. 

Cada 12 horas debe tomar el tratamiento inmunosupresor. Sin eso, el rechazo es inminente. Necesita Everolimus, de 0,75 mg; Tacrolimus, de 1 gramo; Micofenolato, de 180 mg. Las cajas cuestan 285, 100 y 225 dólares, respectivamente, dice.

Victoria tiene 38 años. Está casada desde hace 18 con Kléber Moreno y trabaja como comerciante. Sus ingresos no alcanzan para costear los fármacos que necesita. Ante la escasez, ha optado por compartir dosis con otros pacientes trasplantados. Se prestan pastillas para cubrir, al menos, un par de días y evitar la interrupción total del tratamiento.

 “Algunos compañeros ya presentan síntomas de rechazo”, reitera. “Si queremos estar saludables, debemos tomar los medicamentos. Un solo día sin ellos es un día menos de vida”.

Los plantones, una medida en busca de respuestas del Gobierno de Daniel Noboa

Por eso ha empezado a acudir a plantones. El martes 4 de agosto del 2026, su voz se sumó a la de otros pacientes en su misma situación, a la de padres de niños trasplantados que se atienden en el Hospital Baca Ortiz y a la de personas con cáncer.

El reclamo resonó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en la capital. Ni los transeúntes ni los turistas pudieron ignorarlo. “Queremos vivir. Queremos vivir”, coreaban. A pocos metros, en el interior del palacio, el presidente Daniel Noboa participaba en la entrega del Premio Eugenio Espejo.

Política

Hospital de Yaruquí: protestas de usuarios y cruce entre Ministerio de Salud y legisladoras

Rosero Mariela

Aunque las proclamas no llegaron a copar la Plaza Grande, sí lograron detener a quienes pasaban. Muchos escuchaban en silencio. Entre ellos María Elena Correa, que paseaba con su esposo y sus dos hijos. 

Al intentar explicar lo que sentía, se quebró.“Nos duele muchísimo”, dijo entre lágrimas. “Tenemos posibilidades económicas. Mi hijo acaba de superar un cáncer. Pero me duele ver a madres que pasan por lo mismo y no tienen acceso”.

Una integrante de Fundación de Jóvenes contra el cáncer cuenta que dos compañeras fallecieron

A Margarita Gualichico, de 53 años, le diagnosticaron cáncer de mama en el 2016 y en el 2021, metástasis pulmonar, por lo que en el Hospital Carlos Andrade Marín la enviaron a cuidados paliativos. 

Política

India encabeza los registros de medicamentos en Ecuador, pero no es la única alternativa

Rosero Mariela

“Llevo ocho meses esperando por la mamografía, para ver el avance de la enfermedad. Y por un electrocardiograma porque desarrollé taquicardia. Tampoco hay medicinas. No es algo del IESS, hay desabastecimiento en todos los hospitales. Dos compañeras de la Fundación Jóvenes contra el cáncer que se atendían en el Espejo y en el Militar fallecieron”.

Liss Ontaneda, madre de Isaac, de 10 años, cuenta que en el 2024 recibió el trasplante, en el Hospital Baca Ortiz. Viven en Orellana, pero deben trasladarse a la capital. Sufre no solo por el desabastecimiento sino porque acaban de reemplazar una medicina por otra, por la que adultos han presentado reacción, rechazo de órganos. Tampoco le entregan medicina para otro cuadro neurológico que tiene.

El Director de la Caja Fiscal pide a los pacientes datos que debería entregarle el Ministerio de Salud

Valdez mostró la respuesta de Emiio Montúfar, director Nacional de la Caja Fiscal, al oficio enviado el 24 de mayo. Le pide: 

“La información es indispensable para realizar una revisión adecuada”, señala Montúfar, en su respuesta al Frente de Pacientes. ¿Esos datos no los deberían pedir al Ministerio de Salud?, se pregunta.

Abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa ha dicho que medicinas de la India están en proceso de homologación, a través del Arcsa. Y mencionó a otros países.

Lo que debes saber

• Inmobiliar posee el 2,56 % de las acciones de GRANASA.
• Expertos analizan los límites que la Ley de Compañías fija a los accionistas minoritarios.
• El caso podría marcar un precedente sobre el acceso a información societaria.

Con apenas el 2,56 % de las acciones de Gráficos Nacional S.A. (GRANASA), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha presentado una serie de pedidos de información y ha conseguido que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) acogiera varias de sus actuaciones. Sin embargo, ¿hasta dónde llegan los derechos de un accionista minoritario y qué límites establece la Ley de Compañías?

Política

¿Puede un interventor trabar el buen desempeño de la empresa?

Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: Propuesta de castración química a violadores: qué implica la consulta planteada por el Ejecutivo

Los pedidos de información de Inmobiliar

Los requerimientos de Inmobiliar iniciaron antes de que la entidad fuera inscrita oficialmente como accionista de GRANASA y continuaron después de adquirir el 2,56 % del capital social. Luego, sus observaciones motivaron actuaciones de la SuperCías, que dispuso la intervención de la empresa y la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas en la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

El registro elaborado por EXPRESO evidencia que los pedidos abarcan información financiera, contable, contractual y societaria, incluida documentación correspondiente a períodos anteriores a que la entidad pública se convirtiera en accionista de GRANASA.

Varias de las solicitudes que luego fueron replicadas por la SuperCías corresponden a información que la empresa sostiene que está protegida como secreto empresarial, entre ella la lista de clientes, anunciantes, proveedores y datos vinculados a su defensa jurídica.

El abogado societario Oswaldo Santos explica que el derecho de información de un accionista minoritario busca garantizar el adecuado manejo de la compañía. Sin embargo, también considera que los pedidos sobre períodos anteriores a su ingreso deben analizarse caso por caso, para determinar si tienen incidencia en sus derechos patrimoniales o si persiguen una finalidad distinta.

Para el especialista, el elemento determinante es el propósito de la petición. Afirma que una solicitud puede considerarse abusiva si busca obstaculizar el funcionamiento normal de la firma.

Política

Liquidadores sin control: las fallas de la SuperCías

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: ¿Escucha el Gobierno en X? Las razones detrás de las respuestas selectivas

Los límites que fija la Ley de Compañías

El jurista César Drouet explica que el artículo 15 de la Ley de Compañías garantiza a los accionistas el acceso a documentos específicos, como estados financieros, informes de administradores, actas de juntas, listas de socios y accionistas, y otros documentos expresamente previstos por la normativa. En cambio, para examinar información adicional contenida en libros o documentos de la empresa se requiere el respaldo de accionistas que representen al menos el 50 % del capital social.

Si ese respaldo no existe, añade el jurista, le atañe al administrador decidir si entrega o no la información cuando considere que su divulgación puede utilizarse con fines extrasociales o afectar los intereses de la firma. A su juicio, esa facultad forma parte de las atribuciones que la ley reconoce a la administración societaria.

El abogado Franklin Lituma expone que la Ley de Compañías faculta a los administradores a restringir el acceso a información estratégica cuando existan razones objetivas para considerar que su divulgación puede afectar los intereses comerciales de la empresa. Entre esos casos menciona proyecciones financieras, mayores contables integrales u otros documentos cuya publicidad pueda afectar la competitividad.

Política

¿Cuándo una intervención deja de corregir y comienza a poner en riesgo a una empresa?

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: De las pantallas a la papeleta: la estrategia de los influencers en la política ecuatoriana

La controversia en la Junta de Accionistas

La controversia también se traslada a la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de junio de 2026. Las 239.158 acciones, equivalentes al 95,66 % del capital social, ratificaron el contrato de asesoría editorial que GML EURL Servicios Editoriales presta a GRANASA desde hace años, mientras que Inmobiliar (con 6.400 acciones, equivalentes al 2,56 %) fue el único accionista que votó en contra.

“Si la mayoría de los accionistas no interesados estuvo a favor del contrato, no hay motivo para anularlo”, aclara Santos. A su criterio, la SuperCías debe explicar qué derecho del accionista minoritario considera vulnerado para justificar una suspensión de los efectos de esa resolución.

Santos recalca que el análisis debe centrarse en el propósito de los requerimientos. A su juicio, una solicitud es abusiva cuando busca obstaculizar la gestión de la empresa, y no proteger los derechos societarios.

El abogado Lituma coincide en que el uso de los mecanismos de control no debe responder a fines extrasociales. Advierte que si en sede judicial se determina que un accionista actuó de manera abusiva o con el propósito de afectar la reputación o la operación de la empresa, la ley contempla consecuencias económicas para quien promovió esas actuaciones sin justificación.

El abuso de los mecanismos de control puede derivar en multas y responsabilidad económica.Franklin Lituma, abogado societario

Política

¿Acceso total a la información? Reforma que inquieta a empresas

Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: Vivian Idrovo: “Ecuador camina a parecerse a Venezuela y a Nicaragua”

Un precedente para el ámbito societario

Los abogados concuerdan en que la Ley de Compañías reconoce el derecho de información de los accionistas, pero también fija límites para evitar abusos. Drouet especifica que esas reglas permiten determinar cuándo un pedido procede y cuándo la administración puede restringir el acceso.

Drouet considera que este caso podría sentar un precedente para el ámbito societario. Si un accionista adquiere apenas el 1 % de una cadena de supermercados o de una concesionaria de vehículos, ¿puede exigir información estratégica? ¿Quién garantiza que esos datos no serán utilizados para beneficiar a un competidor o con fines distintos a la protección de sus derechos societarios?

Desde la perspectiva del jurista, esas interrogantes explican la preocupación que este caso ha generado en el ámbito societario, pues existe el temor de que hechos similares se repitan cuando uno de los involucrados tenga la influencia suficiente para “torcer la ley”.

Política

Intervenciones empresariales sin plazo generan impacto económico

Flor Layedra Torres

LEA TAMBIÉN: Partidos sin líderes propios: ¿por qué dependen cada vez más de figuras externas?

Representantes legales de Inmobiliar

Patrimonio, impuestos y cargos: el perfil de Andrea De La Torre

Su ingreso al servicio público se produjo hace un año

La funcionaria que ha suscrito los reiterados pedidos de información dirigidos a GRANASA es Andrea Carolina De La Torre Torres. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título en 2015.

De acuerdo con información del portal de la Contraloría General del Estado (CGE), Andrea Carolina De la Torre trabaja en el sector público desde 2025. Inició su trayectoria como directora zonal 8 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, un cargo de nivel jerárquico superior.

Al ingresar al sector público, De la Torre registró un patrimonio de $ 33.040,10, según su declaración patrimonial. Reportó pasivos por $ 6.980, correspondientes a una deuda de tarjeta de crédito, y activos por $ 40.020,10, integrados por $ 14.020,10 en una cuenta bancaria, un automóvil adquirido en 2005 valorado en $ 6.000 y menaje de casa tasado en $ 20.000.

Al año siguiente, al ser designada directora zonal 5 y 8 de la Presidencia de la República, De La Torre no registró, en el portal de la CGE, la declaración juramentada de fin de gestión correspondiente a su cargo anterior. Sin embargo, su patrimonio reflejó una reducción de su patrimonio a $ 21.150 y, al concluir ese mismo cargo, este aumentó ligeramente hasta $ 21.660.

Actualmente, Andrea De La Torre se desempeña como directora zonal 2 de la Presidencia de la República. De acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, percibe una remuneración mensual de $ 2.363.

Según la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI), la funcionaria aún no registra la presentación de su declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2019. En los años posteriores reportó pagos por este tributo de $ 2,01, en 2021; $ 1.325,26, en 2022; $ 299,41, en 2023, y $ 139,72, en 2024.

En cuanto al impuesto a la salida de divisas (ISD), en 2024 declaró un pago de $ 7,70. Para 2025, registró pagos por $ 616,04 de impuesto a la renta y $ 99,61 por concepto de ISD.

Justicia

Carmigniani denuncia: “Aquí no hay una disputa, hay un intento de robo”

Valeria Alvear

LEA: Caso Zofragua: denuncia por la desaparición de fondos públicos

Patrimonio de Marissa Pendola creció 70 veces en ocho años

Declaraciones exponen cómo ha evolucionado financieramente

La funcionaria que cuestionó los informes presentados durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANASA fue Marissa Elena Pendola Solórzano; mientras que el resto de los accionistas aprobó los puntos sometidos a votación. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado (CGE), trabaja en el sector público desde 2014.

Inició su carrera en lo público como abogada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones( ProEcuador). Luego fue directora jurídica y gerente general subrogante de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular y, en 2018, al término de su gestión como asesora del Registrador Mercantil de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 1.823,67.

Sus activos se limitaban a un auto valorado en $ 18.000, además de $ 10,70 en depósitos bancarios. También reportó pasivos por $ 16.187,03.

En otra declaración presentada ese mismo año, al iniciar su gestión como asesora 2 del presidente del Consejo de la Judicatura, registró un patrimonio de $ 20.645,48. Esto significó que su patrimonio se multiplicara por 11,3 veces.

Tras ocho años de trayectoria en distintas entidades, en su última declaración de fin de gestión, como secretaria técnica encargada de Inmobiliar, reportó otro incremento en su patrimonio por $ 128.592,82. Sus activos, valorados en $ 131.503,84, incluyen $ 63.101,94 en cuentas bancarias, un menaje de casa por $ 25.100 y obras de arte, joyas y colecciones por $ 18.000. En el portal de la CGE no consta su reporte de inicio de gestión de su actual cargo.

Aunque desde 2023, se ha desempeñado en Inmobiliar, donde ha percibido un salario de $ 4.463, según el Portal Nacional de Transparencia. Antes, ocupó el cargo de coordinadora general de despacho en la Presidencia de la República, con una remuneración de $ 3.247.

En cuanto a su situación tributaria, en 2020 y 2021 no registró pagos por impuesto a la renta (IR). En 2022, $ 2.678,92; en 2023 canceló $ 5.121,95 por ese tributo y $ 173,35 por impuesto a la salida de divisas; mientras que en 2024 y 2025 declaró pagos por $ 5.484,72 y $ 5.247,72 por IR, respectivamente.

Declaraciones patrimoniales

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura defendió la suspensión preventiva de los tres jueces Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Choez Avilés.
• Según el organismo, la medida fue adoptada tras una declaratoria de la Corte Nacional de Justicia por un presunto "error inexcusable" por parte de los magistrados.
• Los tres jueces revocaron la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, procesados en el caso Goleada.

Este miércoles 5 de agosto, el Consejo de la Judicatura defendió la suspensión preventiva de los tres jueces de la Sala Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez: quien falla a su favor termina sancionado por el Consejo de la Judicatura)

La suspensión por 90 días recayó sobre los magistrados Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Choez Avilés.

La medida fue adoptada después de que el tribunal revocara la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, procesados en el denominado caso Goleada, relacionado con la investigación por presunto lavado de activos derivada del caso Triple A.

En el comunicado, la Judicatura sostuvo que la medida disciplinaria responde a "la declaratoria jurisdiccional previa emitida el 12 de julio de 2026 por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia".

Justicia

Caso Goleada: juez declara fallida la audiencia y multa a abogado de Andrés Viteri

Sara Ortiz

Jueces incurrieron en un "error inexcusable", según la Judicatura

Según el organismo, esa instancia concluyó que los jueces habrían incurrido en un presunto error inexcusable, considerado una falta gravísima tipificada en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.

La institución también enfatizó que los tres magistrados cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa dentro del procedimiento disciplinario. Añadió que el proceso respetará el debido proceso y las normas previstas en la legislación vigente.

"Se descarta categóricamente que en este caso existan motivaciones ajenas a las competencias y facultades normativas de esta institución", señaló la Judicatura.

Guayaquil

La cuenta de X de Aquiles Álvarez se reactiva y publica su alegato en el caso Triple A

Edison Andrés García Yépez

En el documento, el organismo insistió en que su actuación se rige exclusivamente por el principio de legalidad y señaló que no participará en debates de carácter político impulsados por "actores y sectores interesados".

Otro de los puntos abordados fue la continuidad del servicio judicial. La institución informó que activó un plan de contingencia para redistribuir las causas que estaban bajo conocimiento de los jueces suspendidos, con el propósito de evitar retrasos en la tramitación de los procesos.

Justicia

Carlos Alarcón: "El tribunal tiene todas las pruebas necesarias" en el caso Triple A

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Mercedes Caicedo: "Preocupa que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones"

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, también defendió la suspensión de los tres magistrados.

La funcionaria señaló que "ningún juez debe ser presionado por sus decisiones", pero que la independencia judicial "no es inmunidad ni impide que las instituciones actúen conforme a la ley".

Justicia

Aquiles Álvarez es condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete

Sara Ortiz

"Las suspensiones cautelares no son sanciones ni determinan responsabilidad; son medidas temporales para proteger la confianza mientras avanzan las investigaciones, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia", expuso Caicedo.

Y agregó: "Preocupa que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones. En un Estado de derecho, esas decisiones corresponden a las instituciones competentes, no a presiones externas. Los abogados pueden opinar y defender, pero no sustituir ni condicionar las competencias del Consejo".

Lo que debes saber

• Este miércoles 5 de agosto, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó una nueva actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB).
• El nuevo listado incorpora 512 principios activos, es decir, 18 más que la versión vigente desde 2022, que contemplaba 494.
• El listado incorpora tratamientos para patologías como la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y determinados tipos de cáncer.

Este miércoles 5 de agosto, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó una nueva actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), documento que determina cuáles son los fármacos considerados esenciales para la atención de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud.

(Te puede interesar: ¿Se suspendieron los servicios del Hospital de Calderón? Esto respondió el Ministerio de Salud)

La decisión fue adoptada por el directorio del organismo, presidido por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga.

La principal novedad de esta décima segunda revisión es el incremento en el número de principios activos incluidos. El nuevo listado incorpora 512 principios activos, es decir, 18 más que la versión vigente desde 2022, que contemplaba 494. La actualización entrará en vigor una vez que sea publicada en el Registro Oficial.

Política

Asamblea envía a Noboa reforma ambiental: ¿qué cambios plantea sobre el cambio climático?

Edison Andrés García Yépez

¿Qué medicamentos se incluyen?

Según las autoridades, la ampliación permitirá incorporar tratamientos para enfermedades que hasta ahora no contaban con cobertura suficiente en el cuadro oficial.

La actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos incorpora tratamientos para patologías como la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y determinados tipos de cáncer.

Ecuador

Ministro de Salud inspecciona centros médicos de Guamaní y Chimbacalle

Valeria Alvear

La revisión no solo añade nuevos principios activos. También introduce modificaciones en algunos medicamentos ya existentes, elimina otros del listado y amplía las indicaciones de uso de determinados tratamientos, según el Ministerio de Salud.

Aveiga señaló que esta actualización busca "optimizar el uso de los recursos públicos" y mejorar el acceso a medicamentos esenciales.

Guayaquil

Más de 7 millones de medicinas llegan a Guayaquil para hospitales y centros de salud

Edison Andrés García Yépez

En abril pasado, Enrique Terán, presidente de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), explicó a EXPRESO que durante el proceso de revisión se recibieron 460 solicitudes para incorporar nuevos medicamentos.

Política

Ecuador suma fármacos al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; evaluaron eficacia y costo

Rosero Mariela

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA), una iniciativa que ahora pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.
• Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, y la creación del Registro Nacional de Cambio Climático.

La Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos, el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA), una iniciativa que ahora pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

(Te puede interesar: ¿Se vienen cambios en la licencia de maternidad en Ecuador? Asamblea debate sobre este asunto)

La propuesta busca actualizar la normativa ecuatoriana sobre cambio climático y reforzar las herramientas con las que cuenta el Estado para enfrentar sus efectos.

El texto fue debatido en segundo y definitivo debate durante la sesión 113 del Pleno. La iniciativa fue tramitada por la Comisión de Biodiversidad y recibió el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de sus aliados, mientras que los legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra.

Política

Reformas al COIP, entre los 11 proyectos de ley calificados por el CAL

Edison Andrés García Yépez

Reforma ambiental en Ecuador: estos son los principales cambios

Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que será el organismo encargado de coordinar la política pública nacional en esta materia.

La reforma también precisa qué instituciones lo integrarán y amplía sus funciones para mejorar la articulación entre distintas entidades del Estado.

La normativa incorpora además el Registro Nacional de Cambio Climático, concebido como el sistema oficial para recopilar, monitorear y dar seguimiento a programas, proyectos, acciones e instrumentos relacionados con la gestión climática del país.

Cartas de lectores

Ley de Reproducción Humana Asistida: el debate que divide a la Asamblea Nacional

Cartas de lectores

La rectoría y administración del registro permanecerán bajo la Autoridad Ambiental Nacional.

El proyecto también establece reglas para los instrumentos de cooperación climática y los mecanismos de carbono, herramientas que buscan incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Ecuador.

Autoridad Ambiental Nacional debe emitir la normativa secundaria para organismos

Según el texto aprobado, la Autoridad Ambiental Nacional deberá emitir la normativa secundaria para regular tanto el funcionamiento del Registro Nacional de Cambio Climático como la implementación del Comité Interinstitucional y de los mecanismos de carbono.

Economía y negocios

Colombia reanuda este 5 de agosto las exportaciones de electricidad a Ecuador

Liz Briceño

Para ello se fija un plazo máximo de 360 días contados desde la publicación de la ley en el Registro Oficial.

La reforma incorpora, además, disposiciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y el tratamiento de las pérdidas y daños provocados por fenómenos extremos.

El correísmo cuestionó la reforma ambiental

Durante el debate, la asambleísta Katherine Pacheco, ponente del proyecto, sostuvo que el país necesita un marco legal actualizado para responder de manera más eficaz a fenómenos como sequías, inundaciones e incendios forestales, que afectan a la población, la infraestructura y la producción agrícola.

Economía y negocios

Demanda de energía en Ecuador alcanza récord de crecimiento en siete años pese a la crisis eléctrica

Mayra Pacheco Pazmiño

No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos por parte de la Revolución Ciudadana. Sus legisladores advirtieron que algunos artículos podrían permitir la participación de actores privados en la operación del Registro Nacional de Cambio Climático y expresaron dudas sobre el manejo de la información y de los mecanismos vinculados al mercado de carbono.

Desde la bancada oficialista se rechazaron esas interpretaciones y se defendió que la rectoría y el control seguirán en manos del Estado.

Lo que debes saber

• La exasambleísta Geraldine Weber anunció su precandidatura a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO.
• El binomio de Weber será Isaac Germán Solís Tómala.
• Weber inscribirá su candidatura a la Prefectura del Guayas este jueves 6 de agosto a las 15:00 en la Delegación Provincial Electoral del Guayas.

La exasambleísta Geraldine Weber anunció su candidatura a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO para las elecciones seccionales de noviembre próximo.

(Te puede interesar: El contrato de publicidad de Prefectura supera en un solo proceso a toda la pauta del 2025)

Weber confirmó a EXPRESO que Isaac Germán Solís Tomalá será su compañero de fórmula en la carrera por la Prefectura del Guayas

La exlegisladora informó que este jueves 6 de agosto, a las 15:00, inscribirá su candidatura en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, ubicada en la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil.

Política

CNE y TCE alertan sobre intentos de intimidación contra sus autoridades

Edison Andrés García Yépez

Geraldine Weber: "Nuestra provincia tiene un potencial enorme"

La precandidatura marcará el regreso de Weber a una papeleta electoral, tras haber obtenido una curul en la Asamblea Nacional en 2021.

"Lo que me animó a ser candidata a la Prefectura del Guayas fue recorrer sus cantones, escuchar a su gente y comprobar que nuestra provincia tiene un enorme potencial, pero también muchas necesidades olvidadas", manifestó Weber a EXPRESO este miércoles 5 de agosto.

Y siguió: "Ver de cerca la realidad de los agricultores, ganaderos, emprendedores, mujeres y jóvenes me hizo entender que no basta con señalar los problemas: hay que dar un paso al frente para servir, crear oportunidades y devolverle la esperanza al Guayas".

Política

Elecciones Seccionales 2026: CNE recuerda los requisitos para inscribir candidaturas

Flor Layedra Torres

Weber dejó el Partido Social Cristiano en el 2023

En 2021, Weber fue elegida asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, en mayo de 2023 dejó esa bancada al afirmar que había perdido la confianza en esa organización política.

Su salida se registró en medio del juicio político del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO.

Política

Daniel Noboa y Javier Milei: ¿cuáles son los temas que abordarán y los acuerdos que firmarán?

Agencia EFE

Más allá del protocolo, el encuentro busca abrir una nueva etapa de cooperación entre ambos gobiernos, con acuerdos previstos en áreas que van desde la seguridad hasta el intercambio comercial.

La Secretaría de Comunicación difundió la agenda que cumplirá el jefe de Estado argentino durante su permanencia en el país. La jornada estará concentrada en ceremonias oficiales, una reunión privada entre mandatarios y la suscripción de instrumentos bilaterales.

La agenda oficial de Milei en Quito

El primer acto de la visita será la ceremonia de bienvenida en honor al presidente argentino. Después vendrá el encuentro entre las delegaciones de ambos países y la reunión bilateral entre Milei y Noboa.

La agenda establecida para el jueves 6 de agosto de 2026 es la siguiente:

Internacional

Milei va por el Banco Central y propone cerrar la Administración si hay déficit fiscal

Agencia EFE

Una reunión marcada por la cooperación regional

El encuentro entre Noboa y Milei ocurre en un contexto en el que ambos gobiernos han mostrado interés en fortalecer alianzas en materia de seguridad, economía y cooperación institucional.

La visita del mandatario argentino se desarrollará en una jornada corta, pero con una agenda concentrada en compromisos bilaterales que buscan dejar acuerdos concretos entre Ecuador y Argentina.

Guayaquil

El millonario contrato de publicidad que Prefectura del Guayas pretende adjudicar previo a El Niño

Carlos Isaac Pino

Un solo contrato supera el rubro de 2025

Bajo este paraguas legal, la máxima autoridad invitó de forma directa a una sola empresa: Publicidad de Medios Publimedios S.A., la cual presentó una oferta que coincide exactamente, al centavo, con el presupuesto referencial. Esta misma empresa ya había sido seleccionada en 2024 para un contrato de pauta radial por $705.000, una cifra significativamente menor al actual proceso.

El contraste presupuestario es evidente al revisar la ejecución del año anterior. En 2025, la Prefectura destinó $1’567.833,96 a gastos de publicidad, un monto que fue distribuido entre decenas de canales de televisión, medios impresos y digitales. Es decir, este único contrato de casi $4 millones supera en más del doble lo que la institución invirtió en toda su pauta publicitaria en un año completo.

Cifras atípicas frente al historial

Para el magíster Juan Fernando Merchán, docente y experto en contratación pública, el valor propuesto para un solo contrato resulta "atípico y carece de razonabilidad comparativa". "No se considera un valor realista ni proporcional a la dinámica de gasto", argumenta el especialista.

Según explica el experto, las cifras extraídas del historial de compras del Gobierno Provincial durante 2025 muestran una clara desproporción:

Más allá de la magnitud del gasto, el expediente presenta vacíos procedimentales. La Prefectura justificó la elección de Publimedios S.A. argumentando que su propuesta era la de menor valor al compararla globalmente con las proformas de Beta Creative ($4.149.500,00), Digifilms ($4.355.140,00) y Mediterráneo Comunicación ($4.151.650,00).

Sin embargo, Merchán advierte que el documento oficial carece de precios unitarios por producto. Esta omisión impide determinar con precisión el cumplimiento del estudio de mercado exigido por el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El especialista también cuestiona que la entidad sustente la adjudicación bajo el criterio del “mejor valor por dinero”, sin definir en los Términos de Referencia cómo será evaluado. "Es una afirmación que carece del sustento técnico exigido por la normativa", sostiene.

A las falencias técnicas se suma la estructuración de la propia oferta. Noel Batista, experto en administración pública, subraya que el Régimen Especial en comunicación es muy observado por organismos de control debido a la nula concurrencia. Sobre la propuesta de Publimedios S.A., Batista lanza una advertencia clara: "Una oferta que iguala el presupuesto referencial al centavo es un indicador clásico de una posible filtración de información previa o de ausencia de competencia real".

Disparidad con la inversión social y la obra pública

El peso financiero de este proceso también levanta cuestionamientos sobre las prioridades administrativas. Como referencia, la Prefectura destinó $9’886.260 al eje social durante los doce meses del año pasado. La actual administración transitoria gastará en publicidad y redes sociales, en un plazo de apenas 304 días, el equivalente a casi la mitad de lo invertido en materia social en un año completo.

Guayaquil

Prefecto del Guayas defiende su equipo ligado al Gobierno y a Jairala: "Son amigos de la infancia"

Carlos Isaac Pino

Para Fernando León, docente de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), priorizar este gasto envía un mensaje equivocado. "La gente se pregunta si su barrio se va a inundar, si ya se limpiaron los canales, pero en el imaginario se crea la visión de que hay dinero para publicidad y no para prevenir. Hoy es un despropósito destinar cuatro millones de dólares a publicidad cuando la gente necesita obras", enfatiza el académico. 

Aunque la politóloga Andrea Endara reconoce que el contrato podría justificarse si su objetivo fuera estrictamente preventivo para advertir sobre El Niño, concluye que dada la escasez económica mencionada por el propio prefecto, "sí resulta un poco excesivo invertir esa cantidad solo en publicidad".

A la espera de una justificación de Prefectura

Este Diario solicitó vocería oficial a la Prefectura del Guayas sobre el valor de este contrato y su justificación técnica. No hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Lo que debes saber

• Colaboración clave en Las Malvinas: Un comandante militar entregó información crucial que permitió condenar a 11 militares a 34 años.
• Falta de información estatal: El CDH denuncia que el Ministerio de Defensa niega datos sobre 53 casos de desaparición forzada.
• Aumento crítico de desaparecidos: Los casos sin resolver pasaron de 447 a 854 en dos años, revelando un incremento del 91 %.

Los responsables de la tragedia de los niños de Las Malvinas pudieron ser condenados gracias a que un comandante militar que participó en el operativo en el que los cuatro adolescentes fueron detenidos antes de desaparecer, entregó toda la información que conocía a los equipos de investigación de la Fiscalía. Según estableció posteriormente la sentencia de primera instancia, los menores fueron entregados a un grupo de delincuentes que terminó asesinándolos. El comandante proporcionó a los fiscales los detalles que permitieron reconstruir lo ocurrido. Lo hizo de inmediato y sin consultar a sus superiores. Es decir, actuó conforme a lo que le dictaban su deber legal y moral. Gracias a esa colaboración, el oficial no fue procesado, mientras que otros once militares fueron condenados a 34 años de prisión.

Justicia

Ministerio de Defensa bloquea información clave sobre desapariciones en Ecuador, denuncia CDH

Richard Josue Jimenez Mora

Denuncias del CDH sobre desaparición forzada en Ecuador

Lo insólito es que, según Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), desde ese episodio los militares han dejado de colaborar con las investigaciones sobre otros casos de desaparición en los que existen indicios de que las víctimas estuvieron bajo custodia militar antes de perderse su rastro. Bastias sostiene que ya son 53 casos en los que el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar información solicitada por la Fiscalía. Tampoco la habría proporcionado a la mesa de diálogo creada por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante esa negativa, la Comisión presentó una medida cautelar para que el Estado ecuatoriano adopte medidas que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas y la entrega de información relevante. Según Bastias, el Ministerio de Defensa justifica su negativa señalando que el presidente Daniel Noboa y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, prohibieron proporcionar esa información.

Patrones de detención y violaciones a los derechos humanos

El CDH sostiene que los casos documentados presentan un mismo patrón: personas detenidas por patrullas militares durante operativos, incomunicación posterior, ausencia de registros oficiales sobre la detención y falta de información acerca de su paradero. Según la organización, existen indicios suficientes para presumir la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en varios de esos casos. Incluso afirma que, en algunos expedientes, los propios militares reconocen haber detenido a las personas, aunque aseguran haberlas liberado posteriormente. Para Bastias, aun si esa versión fuera cierta, la detención sin registro oficial y la posterior negativa a informar sobre el destino de esas personas podrían configurar el delito de desaparición forzada, conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Ecuador

HRW pide investigar la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Obstáculos institucionales en las investigaciones de la Fiscalía

El CDH también cuestiona que muchas de estas denuncias hayan sido investigadas inicialmente como desapariciones involuntarias y no como presuntas desapariciones forzadas, lo que, según la organización, retrasó diligencias fundamentales durante las primeras horas de búsqueda. A ello se suma, afirma, la falta de unidades especializadas y de recursos suficientes para investigar este tipo de delitos.

Crecimiento alarmante de las personas desaparecidas en Ecuador

Pero la tragedia de las desapariciones forzadas (es decir, aquellas en las que presuntamente participaron agentes del Estado) forma parte de un fenómeno mucho más amplio que hoy se ha convertido en uno de los dramas más graves que enfrenta el país: el crecimiento sostenido del número de personas desaparecidas y, sobre todo, de aquellas que jamás vuelven a ser encontradas.

Estadísticas de desaparición y cifras sin resolver

Ecuador registra cada año entre 7.000 y 8.000 denuncias de desaparición, pero el verdadero drama no está únicamente en cuántas personas desaparecen, sino en cuántas nunca regresan. En apenas dos años, los casos que permanecían sin resolverse pasaron de 447 en 2023 a 854 en 2025. Un incremento del 91 % que revela un deterioro alarmante en la capacidad del Estado para encontrarlas. Aunque las cifras de 2026 aún no están consolidadas, los datos parciales muestran que la tendencia continúa.

Impacto social e impunidad en el sistema estatal

La proporción de desapariciones que permanecen sin resolver prácticamente se duplicó: pasó del 5,7 % de las denuncias en 2023 al 11,4 % en 2025. En otras palabras, la probabilidad de que una persona desaparecida nunca sea hallada (ni viva ni muerta) es hoy casi el doble que hace apenas dos años.

Ese deterioro tiene consecuencias que van mucho más allá de las estadísticas. Cada caso sin resolver representa una familia atrapada en una incertidumbre permanente y un Estado que pierde capacidad para responder a una de sus obligaciones más básicas: encontrar a quienes desaparecen. Además, las cifras son un indicador de la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y buscar a las víctimas. Cuando aumenta el porcentaje de personas cuyo paradero nunca se esclarece, también crece la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades.

Guayaquil

Desaparición de Ruth Medina: Esto se sabe de la búsqueda e investigación en Guayaquil

Juan Pablo Pérez Tomalá

Impacto social e impunidad en el sistema estatal

Ecuador todavía no registra los niveles históricos de desapariciones de países que han vivido conflictos armados prolongados o décadas de violencia criminal, como México, donde existen más de 130.000 personas desaparecidas, o Colombia, cuya cifra histórica ronda las 100.000. Sin embargo, la evolución ecuatoriana resulta especialmente preocupante. El rápido incremento de la violencia asociada al crimen organizado parece ir acompañado de un aumento sostenido de los casos que permanecen sin resolver, una tendencia que, de consolidarse, podría convertir las desapariciones en uno de los mayores desafíos humanitarios y de seguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

Lo que debes saber

• La Fenocin afirma que aún no ha decidido convocar a un paro.
• El 22 de agosto realizará un congreso nacional para definir acciones.
• El 29 de agosto está prevista una asamblea de organizaciones sociales.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) aseguró que aún no ha definido medidas de hecho por el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. Su presidente, Guido Perugachi, informó que la decisión será adoptada por las bases durante un congreso y una asamblea previstos para agosto, donde también se evaluará la posibilidad de impulsar un diálogo con el Gobierno.

Ecuador

Viajar por Ecuador es 25% más caro: Cuánto costará trasladarse en el próximo feriado

Valeria Alvear

LE PODRÍA INTERESAR LEER: ¿Puede un interventor trabar el buen desempeño de la empresa?

Perugachi sostuvo que la organización no ha convocado a un paro y criticó que se haya interpretado de esa manera su posición. "Nosotros no estamos en este momento aun diciendo vamos a un paro", afirmó, al insistir en que la dirigencia únicamente actuará como vocera de lo que resuelvan las organizaciones sociales.

Las bases decidirán si buscan un diálogo

Perugachi explicó que la Fenocin convocará primero a un congreso y posteriormente a una asamblea con organizaciones sociales para definir la postura frente al incremento de los pasajes del transporte intra e interprovincial. Reiteró que la dirigencia no impondrá medidas y que actuará como vocera de las resoluciones que adopten las bases.

El dirigente señaló que, si las organizaciones resuelven buscar un acercamiento con el Ejecutivo, la Fenocin respaldará esa decisión. "Si las organizaciones sociales dicen que hay que dialogar con el Gobierno, dialogamos", expresó, aunque insistió en que ese proceso debe darse de manera pública.

Ecuador

Alza de pasajes interprovinciales: ¿desde cuándo deben cobrarse las nuevas tarifas?

Carlos Isaac Pino

LE INVITAMOS A LEER: ¿Escucha el Gobierno en X? Las razones detrás de las respuestas selectivas

Cuestionan la falta de diálogo del Gobierno

El presidente de la Fenocin sostuvo que el Gobierno no ha mostrado voluntad para dialogar con las organizaciones sociales y, en cambio, ha optado por imponer decisiones. Además, aseguró que persisten problemas relacionados con el costo de la canasta básica, la salud, la educación y la seguridad, sin que, a su criterio, existan respuestas suficientes por parte del Ejecutivo.

Perugachi informó que el congreso nacional de la Fenocin se realizará el 22 de agosto, mientras que el 29 de agosto se desarrollará una asamblea autoconvocada por diversas organizaciones sociales. Indicó que en esos espacios se resolverán las acciones que impulsarán y reiteró que la organización "se manda de abajo hacia arriba", por lo que las decisiones corresponderán a sus bases.

Lo que debes saber

• El concurso para renovar la Fiscalía General del Estado pasó de 75 a solo 26 postulantes.
• Denuncias de irregularidades, bajas de exfuncionarios y renuncias marcaron la fase inicial.
• Daniella Camacho lidera la puntuación del proceso, pero también acumula más impugnaciones.

La lista de postulantes a fiscal general del Estado se va reduciendo con el avance del concurso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). De los 75 postulantes que ingresaron en marzo de 2026, ya solo quedan 26, en medio de denuncias, descalificaciones y renuncias al proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General.

Justicia

Luis Augusto Rosero Méndez sale del concurso para Fiscal General: CPCCS conoció su renuncia

Richard Josue Jimenez Mora

Etapas del concurso y depuración de la lista de postulantes

El proceso de selección para la Fiscalía General del Estado ha avanzado a través de distintas fases de revisión y control:

Te puede interesar | Andrés Arauz anuncia que impugna a Daniella Camacho y Carlos Alarcón en concurso para Fiscal General

Descalificaciones y renuncias clave en el CPCCS

La salida de aspirantes durante la calificación de méritos respondió a motivos ajenos al rendimiento académico o profesional:

Descalificación de José De La Gasca

El exministro de Gobierno en la administración del presidente Daniel Noboa quedó fuera del concurso tras la aprobación de una denuncia ciudadana por presunto incumplimiento de requisitos. A pesar de responder a los señalamientos, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió su descalificación. De La Gasca decidió no apelar la resolución y acusó públicamente al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, de direccionar su salida.

Justicia

Daniella Camacho es la postulante a Fiscal General más impugnada: la lista completa

Richard Josue Jimenez Mora

Desistimiento de Luis Augusto Rosero Méndez

El aspirante presentó su renuncia voluntaria al concurso el 30 de julio de 2026 mediante un oficio dirigido a la Comisión Ciudadana de Selección, documento que se conoció formalmente al día siguiente. Aunque el escrito no detalló los motivos del retiro, el Pleno del CPCCS aceptó oficialmente su desistimiento el 5 de agosto de 2026.

Te puede interesar | Inés Romero, aspirante a la Fiscalía de Ecuador y la supuesta reunión que la hizo tendencia en redes

Fase actual: impugnación ciudadana y escrutinio público

Con 26 candidatos en competencia, la selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado avanza hacia la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público. Actualmente, la tabla de calificación la encabeza la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, quien simultáneamente registra la mayor cantidad de objeciones dentro del proceso.

Lo que debes saber

• Luis Augusto Rosero Méndez renunció al concurso para Fiscal General del Estado.
• Es el segundo postulante que queda fuera del proceso llevado a cabo por el CPCCS.
• El CPCCS avanza en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció y aceptó oficialmente este 5 de agosto de 2026 la renuncia del postulante Luis Augusto Rosero Méndez al concurso de selección para Fiscal General del Estado. Rosero formalizó su salida voluntaria de la contienda el 30 de julio de 2026, medida que fue acogida por la Comisión Ciudadana de Selección al día siguiente y trasladada formalmente al Pleno para ratificar el fin de su participación en el proceso.

Política

Fiscal General del Estado: presentan 51 impugnaciones en el proceso de selección

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Luis Augusto Rosero Méndez desiste del concurso para fiscal general

En su escrito formal, Luis Augusto Rosero Méndez expresó su voluntad expresa de desistir de su participación en el certamen para la selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Con la notificación leída en el Pleno del CPCCS, se oficializó formalmente su salida del proceso. El profesional había alcanzado una puntuación de 38 puntos durante la etapa de calificación de méritos, la cual se convirtió en la última fase en la que tuvo participación activa.

Postulantes fuera del proceso de selección del CPCCS

Con el retiro de Rosero, se reduce la nómina de aspirantes a liderar el organismo de control penal en el país:

Justicia

Daniella Camacho es la postulante a Fiscal General más impugnada: la lista completa

Richard Josue Jimenez Mora

Avances en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público

Durante la sesión del Pleno, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, recordó a la ciudadanía y a los medios que la selección para Fiscal General del Estado se encuentra en la etapa de impugnación ciudadana y escrutinio público.

Asimismo, la máxima autoridad del Consejo detalló las fases reglamentarias fijadas para el trámite de las objeciones presentadas:

Contrato millonario publicado en el Sercop

• El contrato omite la licitación abierta usando un mecanismo de excepción legal de Régimen Especial.
• El rubro publicitario equivale a casi el 40 % de lo invertido en todo el Eje Social durante 2025.
• La adjudicación ocurre mientras la entidad advierte falta de liquidez para otros asuntos.

Carlos Encalada asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026 con un discurso marcado por la urgencia climática y la austeridad. En su primera entrevista con EXPRESO, hace un mes, advirtió que el tiempo apremiaba frente al Fenómeno de El Niño y que el presupuesto era limitado. De hecho, sepultó la idea de traer una draga grande para el islote El Palmar argumentando que los $4 millones que tenían de saldo apenas alcanzarían para el transporte.

Guayaquil

Prefectura del Guayas descarta plan internacional para el dragado del islote El Palmar

Carlos Isaac Pino

$3,8 millones para publicidad 'a dedo'

Sin embargo, la austeridad parece no aplicar a la imagen institucional. La Prefectura del Guayas tramita el proceso RE-CSCD-PG-2026-002, un contrato para el "Servicio de difusión multicanal de la gestión institucional" por $3.825.344,00 (sin IVA).

Se trata de una adjudicación mediante Régimen Especial, un mecanismo legal que permite a la entidad saltarse el concurso público y la puja de ofertas. Bajo el paraguas de la "Comunicación Social" (Art. 38 de la Ley de Contratación Pública), la máxima autoridad invitó de forma directa a una sola empresa: Publicidad de Medios Publimedios S.A., la cual presentó una oferta que cuadra exactamente al centavo con el presupuesto referencial de la institución.

Pauta hasta el 2027

El contrato tiene un plazo de ejecución de 304 días, lo que significa que el gasto trascenderá el corto mandato de Encalada (quien entregará el cargo en mayo de 2027). La certificación presupuestaria refleja una afectación plurianual: $1.912.672,00 para el ejercicio fiscal 2026 y $1.912.672,00 para 2027.

El desglose financiero de la propuesta de Publimedios S.A. revela las prioridades de difusión:

Otras agencias (como Digifilms, Beta Creative y Mediterraneo Comunicación) presentaron proformas superiores a los $4,1 millones durante el estudio de mercado.

Publicidad vs. Obra Social y Dragado

El peso de este contrato publicitario se evidencia al compararlo con las cuentas que dejó la exprefecta Marcela Aguiñaga en su última rendición de cuentas de 2025.

El año pasado, la Prefectura, liderada por Marcela Aguiñaga, destinó $9.886.260 al Eje Social durante 12 meses. Es decir, la administración transitoria de Encalada gastará en publicidad y redes sociales, en tan solo 304 días, el equivalente a casi la mitad de todo lo que la provincia invirtió en materia social en un año completo.

La disparidad también roza al proyecto más urgente de la provincia: el río Guayas. En su reciente diálogo con este Diario, Encalada justificó la paralización del mega dragado por factores económicos: "Lamentablemente, traer una draga, solo el transporte, nos cuesta cerca de 4 millones de dólares. Y el saldo que tenemos es de 4 millones... Una draga grande por los tiempos no nos van a dar".

En contraste con esas declaraciones, Prefectura compromete de forma directa $3,8 millones para promocionar su gestión en radios, vallas y redes sociales durante una etapa preelectoral, aunque el propio prefecto asegure que volverá al sector privado en 2027.

Frente a la magnitud del gasto y la utilización de la figura de Régimen Especial en medio de advertencias de austeridad climática, EXPRESO ha solicitado información oficial a la Prefectura del Guayas para que justifique la prioridad y necesidad de este proceso millonario. Hasta el cierre de este reportaje, se espera una respuesta.

Lo que debes saber

• La Ley de Compañías no establece un listado de actos que requieren la firma del interventor.
• Especialistas sostienen que el control debe enfocarse en proteger el patrimonio de la empresa.
• La normativa prevé responsabilidades si la actuación del interventor causa perjuicios a la compañía.

Cinco meses han transcurrido desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Desde entonces, la dinámica operativa de la empresa ha experimentado cambios que han impactado algunos procesos internos.

Política

¿Cuándo una intervención deja de corregir y comienza a poner en riesgo a una empresa?

Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Propuesta de castración química a violadores: qué implica la consulta planteada por el Ejecutivo

Alcances de la intervención societaria

Si el rol del interventor es el de vigilar y subsanar las supuestas irregularidades que motivan la intervención, ¿cuál es el límite de su trabajo para que este no obstaculice el normal desempeño de la compañía?

Olenka Ramírez, directora del área societaria de FexLaw, e Israel Ruiz, experto en derecho procesal, junto con Marco López, exsuperintendente de Compañías, coinciden en que la intervención de una empresa no debería constituir una sanción ni entorpecer sus operaciones.

Ellos sostienen que la medida debe tener como finalidad corregir las irregularidades que motivaron la intervención y proteger a la compañía, sus accionistas y terceros, aunque determinadas acciones requieran la autorización o la firma del interventor.

Ramírez explica que no existe un listado en la Ley de Compañías sobre los actos que requieren la firma del interventor, pues ello depende de la resolución de la SuperCías. Aun así señala que, en la práctica, esa autorización suele exigirse para movimientos bancarios, pago de acreedores, contratación de nuevas obligaciones, venta o gravamen de bienes y otros actos que comprometan el patrimonio de la empresa.

No obstante, Ruiz expone que es habitual que el interventor suscriba roles de pago, declaraciones tributarias, balances y estados financieros.

López, por su parte, sostiene que el principal control del interventor debe concentrarse en los flujos de efectivo, ya que allí puede verificarse el correcto manejo de los recursos.

La abogada Ramírez aclara que el interventor no remplaza las funciones del gerente o de los administradores.

López coincide en que debe actuar como un colaborador que ayude a solucionar los problemas que originaron la medida y no desempeñarse como un administrador paralelo.

Los interventores son enviados a las firmas como solución, no como problema, por lo que el fin del interventor es que no haya demoras. Si las hay, es un rol mal utilizado.Israel Ruiz, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

Justicia

"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero

Richard Josue Jimenez Mora

LE SUGERIMOS LEER: ¿Escucha el Gobierno en X? Las razones detrás de las respuestas selectivas

Los efectos en la operación de GRANASA

Sin embargo, en GRANASA esa situación ya tiene efectos concretos. El personal de servicios prestados del Diario asegura que, antes de la intervención, sus honorarios eran cancelados una semana después de emitir las facturas, mientras que ahora los pagos se realizan entre la tercera y cuarta semana del mes, una demora que atribuyen al proceso de aprobación que debe cumplir la interventora societaria.

Gerardo Menoscal trabaja como fotógrafo freelance en EXPRESO desde hace tres años. Este padre de familia asegura que el retraso en el pago de sus honorarios, por la falta de una firma, le preocupa porque depende de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

Cuenta que desde el cambio de interventora en GRANASA, el pago correspondiente a junio lo recibió más tarde, a la cuarta semana. “Tengo cuentas que pagar. Antes no era así. Antes el pago llegaba puntualmente en la segunda semana de cada mes”, asevera Menoscal.

Desde 2018, Gianella Muñoz trabaja como periodista y productora externa de las revistas de EXPRESO. Relata que antes de la intervención a GRANASA, sus facturas eran pagadas puntualmente tras la quincena y a fin de mes. Ahora no: los desembolsos tardan hasta dos semanas más en el primer caso y alrededor de cuatro semanas en el segundo.

La periodista explica que esos retrasos repercuten directamente en la producción de las revistas. Cada portada implica gastos de movilización para maquilladores, estilistas y modelos, además de la compra de utilería y el pago al talento que participa en las sesiones fotográficas.

Muñoz asegura que para no afectar a las modelos, ni deteriorar relaciones profesionales construidas durante años, en varias ocasiones ha tenido que cubrir esos pagos con recursos propios, mientras espera que la interventora apruebe sus honorarios. Advierte que esta situación irregular podría comprometer la calidad gráfica que ha caracterizado históricamente a EXPRESO y EXTRA.

La intervención es una medida administrativa temporal, no un castigo ni una toma de control de la empresa. La vigilancia no puede entorpecer las actividades empresariales.Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma de abogados FexLaw

Política

María Paz Jervis: “El peor negocio para la empresa privada es una democracia débil”

Rosero Mariela

LE INVITAMOS A LEER: De las pantallas a la papeleta: la estrategia de los influencers en la política ecuatoriana

Los límites de la actuación del interventor

Estas situaciones descritas por colaboradores externos reflejan el escenario que los especialistas consideran que debe evitarse durante una intervención. Para la abogada Ramírez, cuando la firma del interventor retrasa el pago a proveedores, colaboradores o acreedores, afecta el normal desenvolvimiento de la empresa.

Ruiz coincide con ese criterio y sostiene que la finalidad del interventor es agilizar los procesos y contribuir a que la compañía supere las causas que motivaron la intervención, no generar demoras o dilaciones injustificadas. A su juicio, cuando esas demoras afectan la operación diaria, la intervención deja de cumplir el objetivo para el que fue concebida.

En la misma línea, el exsuperintendente de Compañías sostiene que un interventor “no puede alterar sustancialmente la dinámica de un negocio” y que debe procurar que los pagos continúen ejecutándose dentro de los plazos habituales.

El objetivo de una intervención es corregir los problemas de la empresa, no llevarla al desastre. El interventor debe ser un colaborador de la administración, no un enemigo.Marco López, exsuperinten-dente de Compañías

Editoriales

GRANASA denuncia persecución tras intervenciones del SRI, Fiscalía y Superintendencia de Compañías

Editorialistas Expreso

LE SUGERIMOS LEER: Partidos sin líderes propios: ¿por qué dependen cada vez más de figuras externas?

Responsabilidades por una intervención irregular

Añade que la misión de la SuperCías no es castigar ni llevar a las empresas a una liquidación, sino corregir las irregularidades detectadas, procurando afectar lo menos posible la actividad empresarial y preservar las fuentes de empleo.

El abogado Israel Ruiz agrega que si un interventor actúa con dolo o negligencia y causa perjuicios a la compañía, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Y que la SuperCías también tiene una cuota de responsabilidad, al ser la entidad que designa al interventor y supervisa su actuación.