Política

El Pleno aprobó informe sobre Progen que liberó de responsabilidad política a ministros de Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

El Pleno, luego de ocho meses en los que se revelaron nuevos elementos, decidió aprobar el informe de la Comisión de Transparencia, en el que se liberó de responsabilidades políticas a los ministros del presidente Daniel Noboa.

El argumento de dicho informe fue que la Contraloría ya había emitido responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad de varios funcionarios involucrados en la firma del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Progen para la entrega de generadores de energía que jamás funcionaron.

Con eso, la posibilidad de que se derive un juicio político en contra de los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano se terminó.

Hay que tomar en cuenta que, por este caso, ninguno de los ministros de Noboa ha pisado la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, justificó la decisión bajo el argumento de que convocó a quienes estuvieron relacionados con la firma del contrato.

Un informe sin actualización

Pero ese documento ni siquiera tomó en cuenta todo lo dicho por Fabián Calero, exgerente de Celec, luego de su comparecencia en la Asamblea, cuando aún era funcionario del Gobierno de Daniel Noboa.

El correísta Franklin Samaniego dijo que el informe solo determinaba dos cosas: no había responsables políticos y señalaba únicamente a mandos medios. “Emite un informe para hacer lo que normalmente realiza (ADN): impunidad total en el tema político”, manifestó.

Además, recordó que, en lo que tiene que ver con Roberto Luque, el plazo para enjuiciarlo políticamente por este caso terminó. Esto porque un proceso de estas características exige que la exautoridad haya salido del cargo máximo un año atrás.

Política

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Daniel Alejandro Romero Páez

El oficialismo defiende lo actuado

Desde el oficialismo, la asambleísta Valentina Centeno dio por concluido el proceso. Y, respecto a la responsabilidad de los ministros, ella dijo que eso ya fue algo resuelto en el juicio político archivado en el Pleno de la Asamblea, el cual buscaba la censura de Inés Manzano.

“Sobre responsabilidades políticas eso se ha manejado en la Comisión de Fiscalización. Ha llevado varios juicios políticos”, dijo. Y recordó que, a propósito del proceso contra Manzano, se abrió la posibilidad de presentar las pruebas.

Centeno recordó el proceso sobre la ruta del dinero. Esta indagación fue propuesta por el mismo oficialismo. Pero no ha logrado aprobarse el informe porque no cuentan con la información necesaria.

Lo cierto es que ahí tampoco hay señales de que se establezcan responsabilidades más allá de los mandos medios. El informe de este proceso debía aprobarse el 28 de agosto. La sesión para ese fin fue suspendida ante la falta de información.

La asambleísta Ana Herrera (RC) comentó que el documento que se pretendía aprobar tampoco señalaba responsables políticos. “La fiscalización de la ruta del dinero si se podrían desprender responsabilidades el problema es que tampoco hay voluntad política para hacerlo. El viernes se convocó a sesión de la comisión para aprobar el informe, que entre otras cosas, dice que los ministros no tienen responsabilidad alguna”, reveló. 

Lo que debes saber

• La designación del nuevo Fiscal General del Estado se prevé entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026.
• La Comisión Ciudadana fijó el trámite de 41 impugnaciones entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre.
• El cronograma actualizado incluye pruebas de oposición, aunque advierten de posibles recursos judiciales.

Ecuador contaría con un nuevo Fiscal General del Estado en Navidad. La Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma del concurso público para designar al nuevo titular de la Fiscalía, estableciendo que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realice la designación definitiva entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026, tras concluir las audiencias de impugnación ciudadana y las pruebas de la etapa de oposición.

Política

El CPCCS da paso a tres impugnaciones contra aspirantes a la Fiscalía y ya suman 41

Daniel Alejandro Romero Páez

Fechas clave del nuevo cronograma para designar al Fiscal General

El calendario reformulado detalla los hitos restantes que deberán cumplirse antes de la resolución final del proceso:

Factores y alertas en el avance del concurso público

Motivos de los retrasos y observaciones reglamentarias

Los comisionados recordaron que el avance del proceso experimentó una paralización debido a que el Pleno del CPCCS no conoció oportunamente el informe final de calificaciones de méritos.

A esta situación se suma que el Pleno todavía no ha resuelto la antinomia jurídica existente entre el reglamento general de las comisiones y la normativa específica que rige el concurso de selección del Fiscal.

Política

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Riesgo de incidentes judiciales

Respecto a las 41 impugnaciones pendientes, la Comisión ratificó que el reglamento exige celebrar una audiencia pública individual por cada objeción ciudadana.

No obstante, los integrantes de la mesa técnica advirtieron de que las fechas planteadas son de carácter estimativo, dado el riesgo latente de que se interpongan recursos constitucionales o acciones de protección que puedan dilatar nuevamente los plazos previstos.

Lo que debes saber

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano asegurar condiciones de pluralismo e igualdad para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
• El adelanto de los comicios por posibles efectos del fenómeno de El Niño redujo los plazos para elecciones internas y registro de candidaturas.
• La CIDH da seguimiento a las decisiones jurisdiccionales y administrativas que afectan la personería de movimientos políticos, así como a las amenazas contra jueces electorales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado ecuatoriano garantizar una participación política plural e igualitaria de cara a las elecciones seccionales de 2026. El organismo internacional instó a asegurar que toda resolución judicial o administrativa que incida en la contienda cuente con las debidas garantías, motivación jurídica y acceso a recursos efectivos, tras los cambios en el calendario electoral y la suspensión temporal de varias organizaciones políticas.

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Adelanto del calendario electoral y fallo constitucional

Las elecciones de 2026 definirán prefecturas, viceprefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Aunque la votación estaba programada originalmente para febrero de 2027, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó la fecha el 27 de marzo de 2026 debido a un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre el fenómeno de El Niño.

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Esta modificación recortó los tiempos de precampaña e inscripción, derivando en reclamos de agrupaciones políticas. No obstante, el 11 de agosto de 2026, la Corte Constitucional de Ecuador inadmitió siete acciones públicas de inconstitucionalidad por considerar que los cargos formulados carecían de claridad, certeza, pertinencia y especificidad. Al no existir un pronunciamiento de fondo por razones de forma, la fecha del 29 de noviembre se mantuvo en firme.

Suspensiones y trámites sobre organizaciones políticas

El organismo regional detalló las medidas dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el CNE que han alterado el panorama electoral:

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Seguridad de los jueces electorales y garantías del debido proceso

El Estado reportó que el magistrado a cargo de la causa Nro. 029-2026-TCE recibió amenazas de muerte, hecho que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.

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Al respecto, la CIDH condenó todo acto de intimidación contra operadores de justicia e insistió en la independencia judicial y electoral:

"Las actuaciones con efectos sobre la contienda electoral, incluidas las suspensiones dispuestas en sede jurisdiccional, los procedimientos sancionatorios y las cancelaciones de personería jurídica, deben adoptarse con estricto apego a las garantías del debido proceso, a la debida motivación y al acceso a un recurso judicial efectivo".Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por su parte, el TCE sostuvo que la suspensión de agrupaciones se ejecuta a requerimiento fiscal en investigaciones por presunto lavado de activos y no por oportunidad política, mientras que el CNE afirmó haber actuado dentro del marco constitucional.

Lo que debes saber

• Consejeras y aspirantes al CPCCS acuden al TCE tras ser descalificadas por el CNE.
• Los recursos de Nicole Bonifaz e Ibeth Estupiñán deben completarse en dos días.
• El TCE admitió el trámite de Piedad Cuarán y ratificó la inhabilidad de Óscar Ayerve.

Las consejeras en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, junto con la exconsejera Ibeth Estupiñán, acudieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para impugnar mediante recursos subjetivos su descalificación como candidatas de cara a las elecciones de noviembre de 2026. Los reclamos fueron presentados en la sede del tribunal para revertir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr su inscripción formal en la contienda electoral.

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El trámite de las apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral

Los recursos contenciosos electorales ingresados por las actuales consejeras y postulantes fueron distribuidos para su revisión y análisis procesal:

Inhabilidad ratificada para Óscar Ayerve

En la misma instancia jurisdiccional, el TCE resolvió rechazar el recurso subjetivo interpuesto por Óscar Ayerve en contra de su exclusión del proceso. El tribunal ratificó la decisión administrativa tras constatar que el postulante registra un impedimento legal para ejercer cargos públicos, condición que lo inhabilita de manera definitiva para participar en los comicios.

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El escenario de las candidaturas al CPCCS para noviembre de 2026

A mediados de agosto de 2026, la Comisión Verificadora concluyó la etapa de revisión con las siguientes cifras dentro del proceso de selección:

Frente a este filtro, varios de los postulantes que resultaron descalificados continúan acudiendo al Tribunal Contencioso Electoral con la finalidad de dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el CNE y conseguir la inscripción oficial para los comicios del CPCCS de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• Ley Antimafias plantea hasta 13 años de cárcel para abogados que colaboren con bandas.
• Abogados condenados por crimen organizado podrían ser inhabilitados para ejercer en Ecuador.
• La Asamblea debate reformas para sancionar redes de apoyo al crimen organizado.

La Asamblea Nacional tramita el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y que incluye nuevas sanciones dirigidas a abogados y profesionales vinculados, de manera deliberada, a las operaciones de estructuras delictivas.

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El proyecto, impulsado dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), propone que los abogados que sean condenados por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o por colaborar con grupos criminales puedan ser inhabilitados para ejercer su profesión una vez exista una sentencia ejecutoriada.

Además, la propuesta establece penas de hasta 13 años de prisión para quienes, bajo la figura de asesoría profesional, sobrepasen los límites de la defensa técnica y contribuyan de forma consciente a los fines ilícitos de una organización criminal. Para que se configure esta conducta, deberá demostrarse que el profesional conocía la finalidad delictiva del grupo y que sus conocimientos aportaban de manera concreta y relevante a sus actividades.

Diferencia entre defensa legal y colaboración criminal

Uno de los puntos que ha generado debate es la delimitación entre el legítimo ejercicio de la defensa jurídica y una eventual participación en actividades criminales. El texto señala que no se considerará colaboración con organizaciones delictivas la prestación lícita de servicios profesionales ni el ejercicio del derecho a la defensa.

Las reformas también alcanzan a otros profesionales que presten asesoramiento técnico, contable, financiero o tecnológico a grupos criminales, siempre que exista evidencia de una participación consciente y orientada a fortalecer la estructura delictiva.

Política

Daniel Noboa: "Por primera vez hay una estrategia regional" contra el narcotráfico

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Proyecto aún no está vigente

La Ley Antimafias todavía debe completar su trámite legislativo. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe para primer debate con ocho votos favorables y dos abstenciones, lo que permitió que la iniciativa llegue al Pleno de la Asamblea.

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La propuesta forma parte de un paquete de reformas que busca identificar y sancionar distintos niveles de participación dentro de las organizaciones criminales, no solo a sus cabecillas o a quienes ejecutan directamente delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones o narcotráfico.

De aprobarse en los debates legislativos restantes, las nuevas disposiciones se sumarían a otras medidas orientadas a afectar las finanzas, bienes y redes de apoyo logístico de las bandas criminales que operan en el país.

El pasado 18 de agosto de 2026, la tenencia compartida, la licencia por maternidad y la imprescriptibilidad de las boletas de apremio por pensiones alimenticias fueron algunos de los temas que recibieron más observaciones.

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Respecto a la tenencia compartida, el oficialista Andrés Castillo dijo que debe ser regulada con extrema rigurosidad para que el menor no quede atrapado en medio de conflictos familiares ni se decida únicamente por factores económicos o desafectos de los padres.

Asimismo, el socialcristiano Alfredo Serrano sugirió incorporar formalmente legislación comparada de España o Suecia para detallar, mediante un articulado claro y extenso, cómo debe funcionar en la práctica.

Mientras que Veloz defendió que el foco de la tenencia compartida sea colocar a los niños en el centro de las decisiones judiciales, evitando que queden en medio de disputas, y enfatizó la necesidad de contar con jueces probos para su aplicación.

¿Qué se cambió para el segundo debate?

Uno de los cambios tiene que ver con las reglas para determinar la tenencia. Se tomaron en cuenta sentencias de la Corte Constitucional. Así, se elimina cualquier preferencia por razón de sexo y se establece una valoración individual de cada caso, considerando la opinión del niño, niña o adolescente, los vínculos afectivos, la idoneidad, la estabilidad y las condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la tenencia compartida no será automática y requerirá coordinación parental y garantía de estabilidad, mientras que, en casos de violencia, el agresor no podrá ejercerla.

Política

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Además, la propuesta fortalece la protección durante el embarazo, parto, posparto y lactancia. En ese sentido, amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tanto en el sector público como en el privado.

Finalmente, se define la violencia digital. También se amplía la protección de la integridad personal y se prohíbe la difusión de material relacionado con abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como el grooming con fines de explotación, reclutamiento, trata y tráfico.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para las 11:00 del martes 1 de septiembre de 2026. Allí se prevé la votación definitiva para dar o no paso a las reformas.

Lo que debes saber

• Solo cuatro firmas estaban registradas ante el CNE al 20 de agosto para encuestas.
• Candidatos y consultores buscan sondeos reservados para anticipar el voto electoral.
• Encuestas alimentan disputas entre campañas y guerras digitales durante elecciones.

“¿Tienes números?” Esa pregunta la escuchan analistas y periodistas, al igual que los ciudadanos más o menos pendientes de la política, con cada vez más frecuencia mediante se van acercando las fechas del sufragio en cada período electoral.

La gente busca a quienes manejan números, y no solo los resultados de las encuestas difundidas por las campañas y circuladas por la prensa, sino también los datos que los equipos de los candidatos guardan celosamente como información confidencial para su propio análisis.

Empresarios, dirigentes gremiales y consultores se mueven por chats buscando la información más cercana a la realidad, la de verdad, estableciendo implícitamente que lo que llega a los ojos del público es normalmente mera propaganda, instrumentos de engaño para desmoralizar al rival o disputar el voto estratégico de quien busca elegir al que sí puede llegar, sobre todo para evitar que gane el cuco, el mal mayor, la opción que no puede aceptar.

Las razones detrás de la desconfianza en las encuestas

Y en verdad, hay muchas razones para desconfiar, muy aparte de las equivocaciones de los pronósticos, las cuales pueden ser muchas veces errores honestos derivados de la volatilidad del votante y la dificultad a la hora de encontrar una metodología adecuada.

No se trata simplemente de decir que no le atinaron. Se trata de reconocer que muchos encuestadores actúan como adláteres de las organizaciones políticas, operando al margen de la normativa vigente, mientras que varios políticos fingen ser encuestadores y gozan de esparcir números fabricados por ellos mismos.

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Solo cuatro encuestadores registrados ante el CNE

Observemos primero la lista de encuestadores aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Con fecha del 20 de agosto, solo cuatro personas naturales o jurídicas se han registrado para participar en este proceso.

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Uno de ellos, René Marcel Ramírez Rhor, hace opinión política desde sus redes, pero al menos aclara que él no hace encuestas en sí, sino “pronósticos electorales” construidos en base a la “actividad digital en las redes sociales y los motores de búsqueda de internet” (sic). Las otras tres son Minca Consultoría, Clima Social y Conestacomu (Numma).

Por tanto, la mayoría de las mediciones que hemos visto hasta ahora no corresponden a firmas que cuenten con la debida autorización ni que se sujeten al reglamento vigente, el cual las obliga a presentar sus productos y declarar el material y los métodos usados para realizarlos.

Un reglamento que rara vez se aplica

Lo peor es que ese mismo reglamento reza en su artículo 10 lo siguiente: “Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con encuestas y pronósticos electorales, y que no se hayan inscrito y registrado previamente en el Consejo Nacional Electoral para ejercer dicha actividad, serán denunciadas ante el Tribunal Contencioso Electoral; para lo cual, la Dirección Nacional de Estadística remitirá a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, un informe técnico sobre la presunta infracción adjuntando la documentación habilitante”.

Es decir, es parte del trabajo del muy cuestionado CNE el denunciar la actividad que vemos desarrollarse impunemente en las redes.

Ese mismo CNE que en días recientes ha caído bajo la mira de la opinión pública debido a los escándalos relacionados con el proceder de un exfuncionario de la Delegación de Manabí, captado conversando amistosamente con un candidato oficialista, como también por las declaraciones furtivas de la vocal Esthela Acero (“¿a quién le damos Guayas?”).

El papel de las encuestadoras en la disputa política

Pero incluso cuando las encuestadoras actúan bajo el amparo de la legalidad, su proceder es sospechoso.

Hay encuestadoras de la corte y hay encuestadores mimados por los comunicadores de tal o cual tendencia, así no le atinen nunca a una sola elección.

Hay también encuestadoras de trayectoria cuyos trabajos aparecen convenientemente en la fecha precisa para hacer contrapeso a los números que usan los rivales, quizá sin su anuencia.

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Encuestas enfrentadas y guerra digital

Pasó el 19 de mayo, cuando CIEES publicó una medición que mostraba bien abajo al presidente Noboa, poco después de las ocho de la mañana. Menos de dos horas después, Comunicaliza mostraba a Noboa decenas de puntos más arriba (o menos abajo).

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Poco antes, el 20 de abril, el CIEES mostraba datos parecidos, y un par de días después Comunicaliza le salía al alcance. Nada tuvieron que haber hecho mal para que de eso se agarren gobiernistas y opositores y se fueran a la guerra digital, como lo hicieron, con esos números en la mano.

De esa manera, información bien recogida, hasta el trabajo mejor hecho, pierde su función y se convierte en una herramienta de los politiqueros y no de los votantes.

Lo que debe saber

• El correísmo afronta las elecciones seccionales de noviembre de 2026 sin un partido propio y deberá competir dividido entre varias organizaciones políticas.
• Expertos advierten que esta dispersión representa un desafío comunicacional inédito para la tendencia.
• El correísmo tendrá que explicar a sus votantes los distintos casilleros, números y colores que identifican a sus candidatos en cada provincia.

Como sucedió en 2021, cuando la tendencia tuvo que competir en las elecciones presidenciales a través de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), el correísmo llega a un nuevo proceso electoral sin una organización política propia que lo cobije.

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A diferencia de 2021, la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana (propio) y Amigo (que iba a acoger a los candidatos del correísmo) obligó a que la tendencia participe en los próximos comicios seccionales de noviembre de 2026 de manera fraccionada, a través de diferentes partidos políticos.

En ciudades como Quito, el correísmo estará en la papeleta electoral bajo las banderas y colores de Unidad Popular, el Partido Socialista y el movimiento local Todos. En otras zonas, como Manabí, también estará presente, pero bajo la bandera de Pachakutik.

Si bien llegar a un proceso electoral sin un partido propio no es nuevo para el correísmo, la académica y experta en Comunicación Caroline Ávila señala que las condiciones particulares de esta elección plantean un reto mayor, debido a la multiplicidad de partidos que cobijarán a la tendencia.

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El reto para el correísmo

Ávila señala que incluso escenarios como el de 2021 facilitaban la identificación de los candidatos de la tendencia, al estar bajo una única lista en alianza. Ahora, en cambio, el análisis deberá hacerse según la provincia, algo que “exigirá una enorme pedagogía política” por parte del correísmo.

Una salida, comenta, es que el principal referente de la tendencia, el expresidente Rafael Correa, y sus voceros hagan un llamado al voto orgánico, además de establecer una estrategia que busque generar elementos de identidad con sus candidatos mediante distintivos como camisetas, pulseras, entre otros.

El estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo coincide. Sostiene que el reto comunicacional del correísmo es titánico, pues necesita informar a la militancia de cada provincia del país cuál será el casillero, número y colores que deberá identificar para votar por sus candidatos en las seccionales.

Además de la búsqueda del voto duro correísta, Jaramillo señala que, en este escenario, el uso de las redes sociales será determinante. “Serán claves para poder llegar, segmentar y amplificar la información, pero también las redes sociales amplificarán la desinformación y el ruido electoral”, acota.

¿Qué dice el correísmo?

Este Diario intentó comunicarse con voceros del movimiento Revolución Ciudadana para conocer cómo enfrentarán el reto de comunicar a su militancia quiénes son sus candidatos en las diferentes provincias para las próximas seccionales, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sin embargo, semanas atrás, el propio Rafael Correa adelantó que la virtualidad será clave. En uno de sus espacios digitales, avisó a su militancia sobre la necesidad de descargar la aplicación móvil RC5, pues a través de ella se publicarían las listas de candidatos del correísmo en todo el país.

Política

Fiscalización a la ruta del dinero de Progen se estancó en comisión oficialista: ¿qué pasó?

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 30 de agosto de 2026, el Legislativo trató el informe elaborado por la mesa presidida por la oficialista Diana Jácome. Lo hizo después de ocho meses de su aprobación. La sesión fue virtual y participaron apenas cinco asambleístas. De ellos, dos fueron de ADN, uno independiente y dos más del correísmo.

La conclusión más relevante de dicho informe fue que “no se desprendían actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política”.

Las otras dos conclusiones hacen referencia a que la Contraloría ya determinó responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal, mientras que la Fiscalía lleva adelante una investigación sobre el tema. Todo esto está relacionado con los contratos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) para la adquisición de generadores de energía.

¿Qué ocurrió durante el debate?

Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, defendió el trabajo de su mesa. No ahondó en el caso y el perjuicio que significó la contratación, pero insistió en que el Gobierno de Daniel Noboa fue el encargado de iniciar las acciones para buscar a los responsables.

Para justificar la no comparecencia de exministros de Energía como Roberto Luque e Inés Manzano, dijo que fueron convocadas las personas que tenían responsabilidad directa en la firma de contratos. Recordó la asistencia de Fabián Calero, en ese entonces gerente de Celec.

Desde el correísmo se tachó de superficial el informe. Guido Mendoza, integrante de la Comisión de Transparencia, recordó que, en medio de la investigación de la Fiscalía, se conoció un audio atribuido a Manzano en el que se acordaba la comparecencia de los representantes de Celec y se mencionaba a la presidenta de la mesa, Diana Jácome.

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Mendoza también planteó que se someta a votación el informe de minoría que habían elaborado los correístas que integran la comisión. En él se sugería que los exministros de Energía comparezcan en la Asamblea. Al ser aprobado el informe de mayoría, dicho documento no llegó a ser tratado.

Por su parte, el independiente y aliado del oficialismo Sergio Peña quiso centrar la discusión en que la ley les da más poder a los mandos medios que a los propios ministros. Esto, porque les da autonomía a las empresas como Celec.

Al final, el oficialismo logró la aprobación del informe con 80 votos a favor. También hubo 63 votos en contra que vinieron, sobre todo, del correísmo. También se registraron tres abstenciones. 

Así, la Asamblea cerró la fiscalización del caso Progen, aunque aún resta otra indagación en la Comisión de Fiscalización sobre la ruta del dinero. Dicho proceso se encuentra estancado ante la falta de información.

Política

CNE ratifica bloqueo de postulación de Luisa González por Pachakutik a la Prefectura de Manabí

Carlos Isaac Pino

Aunque a la dirigencia le resta presentar un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como última instancia, expertas coinciden en que la estrategia de buscar cobijo en el brazo político del movimiento indígena respondió a una urgencia de supervivencia que desatendió la rigidez legal de sus estatutos.

Un error de arquitectura estatutaria

Para la consultora política Grace Jiménez, el intento de postular a González por PK constituyó "una apuesta de alto riesgo y probablemente un error de arquitectura política". Según la analista, aunque parecía una salida pragmática, el correísmo ignoró las tensiones históricas y las normas propias del movimiento indígena

"La Junta Electoral de Manabí determinó que no se cumplía el requisito de dos años como miembros activos. Al entrar a un partido ajeno quedaron sometidos a sus reglas. En el TCE no solo bastará demostrar la figura de invitada, sino que el proceso se apegó estrictamente al reglamento interno de Pachakutik", advierte Jiménez, recordando además los reparos públicos que figuras históricas de la Conaie expresaron frente al acuerdo.

Una postura similar sostiene Andrea Endara, politóloga y docente de la Universidad Casa Grande. A su criterio, más que un acierto estratégico, Pachakutik fue "la única opción disponible ante la proscripción de su personería jurídica", pero con el vehículo electoral menos compatible.

Política

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"Pachakutik es sumamente celoso de sus procesos internos y sus estatutos no se acomodan con facilidad a postulaciones externas. La delegación provincial confirmó que González no constaba como afiliada ni adherente, exponiendo la fragilidad de la postulación", explica.

El dilema en el bastión y los tiempos del relevo

Con el calendario electoral avanzando y la etapa de inscripción de candidaturas cerrándose, el margen de maniobra de la RC en Manabí se reduce drásticamente si el tribunal desecha la apelación.

Endara señala que Manabí responde a una dinámica personalista y territorial, lo que obligaría a la cúpula correísta a actuar con rapidez: "Tendrían que activar un cuadro local reconocido o una figura con apellido de peso en la provincia. Adicionalmente, el correísmo reforzará la narrativa de persecución política y bloqueo electoral para cohesionar a su base y justificar la falta de casillero propio".

No obstante, Jiménez recalca que Manabí no es una plaza cualquiera: "Ha sido el bastión del correísmo durante los últimos años. La organización no puede darse el lujo de abandonar esa prefectura ni de improvisar un reemplazo sin estructura".

¿Identidad partidista o dispersión del voto?

A escala nacional, la falta de una sola bandera ha fragmentado la presencia correísta en alianzas disímiles, desde Pachakutik hasta el Partido Socialista, lo que —según Jiménez— ya genera confusión en el electorado. Sin embargo, en Manabí el comportamiento electoral guarda sus particularidades.

Endara descarta una dispersión masiva del voto duro manabita, recordando antecedentes donde la organización compitió bajo membretes prestados como Fuerza Compromiso Social o Centro Democrático. "El voto en Manabí está vinculado a Rafael Correa antes que al número de casillero. El candidato que reciba el respaldo explícito de Correa y González en propaganda y territorio mantendrá el caudal. El único riesgo real es que la resolución del TCE demore tanto que el postulante definitivo pierda tiempo valioso de campaña y visibilidad", concluye.

Lo que debe saber

• José Serrano ya está en Ecuador y permanece detenido en la cárcel de El Encuentro por el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio.
• Su llegada abre un nuevo escenario judicial y político, mientras la Fiscalía sostiene que tuvo un papel clave en la planificación del crimen.
• El correísmo, pese a acusarlo de traidor, se movilizó en su defensa y habla de persecución política.

El traslado y detención del exministro del correísmo José Serrano provocó un cisma político y judicial. El Gobierno de Daniel Noboa lo presentó como una victoria y el correísmo, aunque a regañadientes, optó por la defensa de Serrano.

Política

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Fue el mismo Noboa quien anunció la llegada. Una foto del exministro custodiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marcó el fin de su proceso migratorio en EE.UU.

El mismo país norteamericano, mediante su subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, explicó la decisión. “Hoy Homeland Security deportó a Serrano, quien era buscado por Interpol y enfrentaba cargos en Ecuador por corrupción y vínculos con cárteles”.

Noboa señaló en una publicación de X: “José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”. La última frase marcó la dimensión política del tema.

¿Cómo reaccionó el correísmo?

El correísmo, pese a poner a Serrano en su lista de traidores, se movilizó en redes sociales para cuestionar la decisión. Rafael Correa dijo: “Independientemente de lo que piense de Serrano, esta «acusación» es ridícula. Lo que queda claro es que los gringos tratan de ayudar a levantar la imagen de Noboa”.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, dijo que cuando se amenaza desde Carondelet y luego de ello lo ejecuta un juez, no se está hablando de justicia. “Estamos hablando de persecución política”, escribió en X.

Los mensajes del Gobierno de Noboa

Del lado del Gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que Serrano se creía intocable y aun así terminó en El Encuentro.

Asimismo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señaló que “Uno de los personajes más siniestros de la década saqueada estará en la cárcel de El Encuentro, junto a Jorge Glas y otros delincuentes peligrosos”.

Finalmente, Serrano ingresó a la cárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. El mismo Noboa exhibió en redes sociales este 29 de agosto de 2026 las imágenes del exministro de Correa rapado y con el traje naranja asignado a los detenidos.

Llegó allí con base en la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía lo acusa de ser uno de los autores intelectuales del crimen y lo ubica como una pieza clave en la planificación del hecho ocurrido en agosto de 2023.

Un nuevo capítulo en lo judicial

Así, el proceso judicial se abre a un nuevo capítulo en el que Serrano deberá enfrentar el proceso en Ecuador. Sobre su detención, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, señaló que todo parecía irreal. “El ministro del Interior de Correa, el tenebroso José Serrano, al fin donde corresponde. No hay crimen perfecto”, aseguró.

Hay que tomar en cuenta que el delito de asesinato no se encuentra entre las excepciones de aquellos hechos que pueden ser juzgados o motivo de sentencia en ausencia del procesado. Por ello, la presencia de José Serrano en el país cambia el proceso judicial, que aún está en la etapa de llamamiento a juicio.

Para la Fiscalía, el rol de Serrano es importante porque habría sido quien volvió ejecutable el crimen. En la exposición de los elementos en contra del también expresidente de la Asamblea, la fiscal a cargo aseguró que Serrano tenía contactos en unidades especiales de la Policía Nacional y de inteligencia, con conocimientos técnicos sobre temas de seguridad y la identificación de vulnerabilidades de la víctima, así como los puntos críticos de exposición política del candidato.

En el país también hay otros procesos en los que ha sido nombrado. Por ejemplo, el exasambleísta Fernando Balda lo denunció por una presunta participación en el secuestro ocurrido en Colombia en 2012. En esa época, Serrano era ministro del Interior.

Otro proceso iniciado en contra de José Serrano tiene que ver con la difusión de información reservada. La indagación se abrió de oficio y está relacionada con el asesinato del fiscal César Suárez.

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Un pedido de la defensa de Serrano

Ayer, tras el ingreso a El Encuentro, la defensa de Serrano hizo pedidos con el objetivo de “evitar que se presente un deterioro en el estado de salud”. Su abogado, Eduardo León Micheli, solicitó al Servicios Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) que se permita el ingreso de medicamentos prescritos, entre ellos la levotiroxina para el hipotiroidismo primario.

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La sesión convocada para la noche del 28 de agosto de 2026 duró menos de media hora. La mayor parte del tiempo fue dedicada a la constatación del cuórum, posibles pedidos de cambio del orden del día y puntualizaciones.

Fue la asambleísta oficialista Fabiola Sanmartín quien propuso que se suspendiera la sesión, teniendo en cuenta que, con base en la matriz que guía el proceso, existía una falta de información que permitiera elaborar un informe completo para el Pleno de la Asamblea.

“Para cumplir con la resolución considero necesario que se realice un exhorto para la entrega de información y así contar con un informe completo”, sugirió Sanmartín. Aunque recordó que el documento que salga de la mesa legislativa no es vinculante para el Pleno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, pidió que se constatara si algún tipo de información había llegado. Solamente la Superintendencia de Compañías había remitido un documento. Antes también habían recibido, con carácter de confidencial, los documentos remitidos por la Contraloría.

“Con base en la suspensión de los plazos, cumplimiento de los mismos y al no tener toda la información por parte de las instituciones de control ve pertinente la petición”, dijo Álvarez. Así, el proceso queda en pausa, a la espera de que se remita más información a la Asamblea.

¿De qué se trataba el proceso sobre Progen?

El pasado 24 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea aprobó el inicio de un nuevo proceso de fiscalización relacionado con el contrato firmado entre Celec EP y la empresa Progen para la entrega de generadores de energía.

La acción ocurrió semanas después de que el ahora secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, apareciera en un video en el que, con información del proceso que se ventila en Estados Unidos, hablara de la ruta del dinero del caso Progen.

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Antes de la aprobación de esa resolución, representantes de la bancada oficialista también acudieron a la Fiscalía General para pedir la vinculación de otros nombres en el caso que lleva adelante esa entidad. Allí tampoco se incluyó a ministros del Gobierno de Daniel Noboa.

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Su arribo se registró en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. La Secretaría General de Comunicación (Segcom) compartió las imágenes en las que se observa a Serrano bajar de la aeronave en la que fue trasladado.

En el aeropuerto fue escoltado por personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. Llegó con el mismo traje blanco con el que salió de Estados Unidos.

El personal de la Policía fue el encargado de poner en su conocimiento el procedimiento que se llevaría a cabo. En las imágenes se observa a uno de los uniformados hablar con el exministro.

Para movilizarlo de la zona de aterrizaje, le colocaron un chaleco antibalas y un casco. Así fue llevado al interior de la terminal aérea para, posteriormente, ser trasladado a la cárcel de El Encuentro, ubicada en Santa Elena.

Hasta las 09:30 de este 29 de agosto de 2026 no había imágenes sobre la llegada a la cárcel ubicada en Santa Elena. El ministro del Interior John Reimberg solamente había republicado el anuncio del presidente Daniel Noboa con el mensaje: "Que quede claro: Nada queda impune. Serrano, jugaste en contra del Ecuador y hoy lo pagas".

Noboa anunció el traslado

La situación de José Serrano se conoció por el propio presidente de la República, Daniel Noboa. En una publicación en la red social X, el mandatario escribió: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro", publicó Noboa.

En la misma plataforma, el jefe de Estado añadió una advertencia política directa al expresidente de la República: "Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”.

Hay que recordar que Serrano es uno de los señalados por Fiscalía como autor mediato del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien fue candidato presidencial.

Además de Serrano, la Fiscalía General requirió la localización internacional y detención del exasambleísta Ronny Aleaga, ubicado en Venezuela; Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos; y Wilmer Chavarría, alias Pipo, identificado como cabecilla de Los Lobos y localizado en España.

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¿Hay o no una pugna en Pachakutik entre quienes defienden y quienes cuestionan la candidatura de Luisa González?

Más que oponernos a una candidatura, lo que hemos visto estos años es que hay una especie de intención de llevarse a Pachakutik para propósitos de otros sectores políticos. Siempre hemos propuesto la necesidad de construir la unidad en la diversidad. Y, en ese sentido, está bien que nos hablemos con muchos sectores. Pero no está bien que (nos) quieran orientar para sus propósitos particulares y ahí es donde nosotros no vamos a estar de acuerdo. No necesariamente con la RC5, que estos días está sonando. En otras ocasiones han sido otros partidos. El mismo Gobierno también en otros lados quiere jalar a PK.

Lo ha dicho: no es solo lo que pasa con RC. ¿Qué hace que Pachakutik afronte este tipo de conflictos en cada elección?

PK siempre está diciendo, por ejemplo, “primero los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, la vida”. En ese sentido, atendamos primero las necesidades de la gente. Entonces, como que primero les gusta el discurso y quieren ahí como utilizar eso. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Si no nos sometemos, entonces dicen que mejor hay que desaparecerle. No es cuestión de un partido; menos de una persona. Es todo un sistema que ve en PK un problema.

Pero habla del sistema. ¿No hay una autocrítica de cómo se determinan, por ejemplo, las candidaturas?

Hay un montón de errores que se han cometido en el camino. Por ejemplo, no haber puesto candidato a la Presidencia de la República en el 2023 después de la muerte cruzada. Yo sé quiénes son los responsables al interno. No voy a decir los nombres. Pero en general son los errores de PK. En el 2025 debían haberse hecho otras cosas. 

A veces nos quedamos con eso del progresismo, queriendo hacer alianzas con el progresismo. Y ahora se valen de esa palabra para querer someternos. De ninguna manera vamos a ver como un progresismo a quienes entregaron la cordillera del Cóndor para que hoy día sean los canadienses los que se beneficien de la riqueza minera.

¿Usted ha pedido o ha tenido algún tipo de respuesta sobre cómo se construyó la alianza para la candidatura de Luisa González?

No hemos conversado en lo puntual de esas cosas. Yo entiendo a mis compañeros desde el punto de vista de que es necesario sumar el porcentaje para que PK sobreviva. Pero también debemos estar conscientes; aquellas personalidades llegarán, pero mañana no estarán. Mañana se irán y seguirán su propio libreto político. Jamás ellos van a venir a decir: “Prioricemos los derechos de la naturaleza”, por ejemplo.

¿Por qué considera inviable la unidad entre correísmo y Pachakutik?

Les invito a todos, no solamente el correísmo, a todos. Pero (yo le dijo a) el correísmo, que ahora ha sido el motivo de estos comentarios, sumémonos para corregir los errores que se han cometido. Es mi opinión, pero yo he escuchado de un montón de ecuatorianos que dicen: ¿cómo es posible que en el año 2012 se haya firmado la adhesión a la Convemar? Con esa adhesión hemos perdido las 188 millas de mar territorial donde antes ejercíamos soberanía nacional. ¿Quieren sumarse a PK? Bienvenidos, vamos, juntémonos, señora Luisa González, juntémonos todos. Pero hagamos la gestión necesaria nacional e internacional para recuperar esas 188 millas de mar.

Los movimientos de izquierda hablan de unidad. ¿Es posible sin el correísmo?

Tenemos una propuesta clara. Pongamos sobre la mesa esa propuesta. Y si a eso se suman, bienvenidos. Pero aquí no hay claridad todavía. Aquí nos cogen de la noche a la mañana y nos dicen que Luisa González es la candidata en Manabí. La gran pregunta es para qué viene, qué va a hacer.

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¿Quién es Salvador Quishpe? 

Es sociólogo, militante histórico de Pachakutik y dirigente del movimiento indígena. Fue presidente de la Ecuarunari y dirigente de la Conaie. En 2002 y 2006 fue elegido diputado por Zamora Chinchipe. Entre 2009 y 2019 ejerció como prefecto de esa provincia. En 2021 fue asambleísta. Hoy coordina PK en Zamora Chinchipe.

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Argumentos de la objeción y última instancia

Según el documento técnico aceptado por las autoridades electorales, la ciudadana no cumplió con las reglas obligatorias de democracia interna dentro del movimiento Pachakutik (PK). Este proceso previo es un requisito ineludible contemplado en el Código de la Democracia para oficializar cualquier participación en las urnas.

Tras conocerse la votación de la mesa directiva, la agrupación CREO difundió un pronunciamiento público respaldando la gestión de control institucional. En el comunicado, a organización justificó su accionar. "La ley es la ley. Y se debe cumplir y hacer cumplir", sentenció la entidad, exigiendo que las regulaciones rijan para cualquier actor sin distinción.

Pese al dictamen emitido por el Consejo Nacional Electoral, el trayecto jurídico de la postulación no está agotado. La defensa técnica de la candidata todavía cuenta con la facultad legal de interponer un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esta entidad actúa como la última y definitiva instancia jurisdiccional para dirimir los conflictos de representación política en el país.

Así, las dirigidas contra el actual fiscal, Carlos Alarcón, no prosperaron, mientras que Daniella Camacho, Inés Romero y Gabriel Pereira deberán contestar sus impugnaciones.

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Las apelaciones sobre Carlos Alarcón

En total, tres apelaciones fueron presentadas para intentar que las impugnaciones contra Alarcón sigan su curso. Una de ellas fue presentada por Andrés Arauz y las otras dos por expostulantes del mismo concurso.

En el primer caso, el Pleno del CPCCS decidió que no se logró desvirtuar el cumplimiento de requisitos ni hubo una descripción clara entre los hechos y los fundamentos de derecho para dar paso a la apelación.

Andrés Arauz también apeló la negativa para dar paso a su impugnación contra Daniella Camacho. El Pleno negó la negó con el razonamiento de que no existió una argumentación clara que guardara relación con los fundamentos de hecho y derecho. 

También se planteó que los fundamentos de Arauz pretendían trasladar al ámbito administrativo del concurso actuaciones y controversias propias de decisiones de procesos penales.

Sobre las otras dos apelaciones, el CPCCS determinó que no eran viables debido a que Washington Andrade y José Chávez no podrían ser considerados legitimados activos, teniendo en cuenta que el reglamento prohíbe que los postulantes presenten impugnaciones contra otros candidatos.

Las apelaciones aceptadas

En los casos de las aspirantes Daniella Camacho, Inés Romero y Gabriel Pereira, el argumento para aceptar la apelación fue que lo determinado para la inadmisión de la impugnación constituía un pronunciamiento de fondo, el cual está restringido para la etapa posterior, luego de la defensa del impugnado y de la audiencia pública.

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En estos casos, las mociones para dar paso a las apelaciones invocaron la normativa del concurso, que señala que, en caso de duda sobre la procedencia, se fallará en favor de la impugnación para garantizar el derecho al escrutinio ciudadano.

En ese escenario, los tres postulantes enfrentarán las audiencias públicas, en donde se escuchará a ambas partes para determinar si el postulante cuestionado incurre o no en una de las prohibiciones para ejercer el cargo.

Todas las resoluciones se adoptaron con el voto unánime de los presentes. En este caso, las vocales Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán no estuvieron presentes en la sesión, que se desarrolló de forma virtual la tarde de este 28 de agosto de 2026.

Con esta decisión ya suman 41 las impugnaciones aceptadas. Estas serán notificadas por el CPCCS a cada uno de los involucrados para que puedan responder a las mismas. Después habrá una convocatoria para la audiencia pública.  

La sentencia diferenció la responsabilidad de los familiares respecto de la atribuida a Lenín Moreno, quien fue declarado culpable como autor del delito de cohecho. Para los jueces, la complicidad no exige que una persona haya intervenido en la adjudicación del contrato, en la firma de documentos públicos o en una decisión estatal. El aporte también puede producirse durante la fase posterior de distribución, cuando facilita la recepción o circulación de una ventaja económica derivada del delito.

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Los pagos que identificó el Tribunal

Irina Moreno recibió $ 40.000: La sentencia estableció transferencias desde Ginepri, una sociedad vinculada con el circuito financiero investigado, a favor de la hija del exmandatario. El Tribunal incluyó esos pagos dentro de la ruta de recursos que llegó al entorno familiar de Lenín Moreno.

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La sentencia también valoró los testimonios de personas que afirmaron haber cobrado cheques por solicitud de Edwin Moreno, así como la información bancaria y las asistencias penales internacionales. Para los jueces, el uso de terceros para efectivizar los instrumentos de pago formó parte del mecanismo de distribución de los recursos.

Para el Tribunal, esa explicación demostró que Guillermo Moreno no fue completamente ajeno a la circulación del instrumento. Aunque no intervino en la adjudicación ni en la ejecución del contrato de Coca Codo Sinclair, permitió que el cheque ingresara a su cuenta y fuera materializado.

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La recepción de dinero fue considerada una forma de complicidad

El Tribunal sostuvo que su fallo no se altera por los argumentos de las defensas de que los procesados no actuaron como intermediarios en la entrega de dinero. “Sino que únicamente recibieron parte de las ventajas económicas distribuidas al núcleo beneficiario”. Para los jueces, esa recepción constituyó una actuación secundaria respecto de la conducta de los autores, pero funcional a la dispersión y aprovechamiento de los recursos provenientes de las sociedades mercantiles asociadas con Conto Patiño.

Los jueces señalaron que la falta de intervención directa en el contrato de Sinohydro no elimina la responsabilidad penal como cómplice.

“Ustedes saben que hace más de ocho años Correa ofreció vengarse de mí… y para ello utilizó al criminal Ronny Aleaga, para que me fabrique un juicio”, afirmó Moreno, quien detalló que Aleaga le presentó una denuncia sobre un supuesto departamento de su propiedad en Alicante, España.

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Según el exmandatario, la Fiscalía no realizó diligencias internacionales para comprobar esa acusación. “No se presentó una sola prueba. Un departamento de 350 metros cuadrados y decían que yo pasaba todas las vacaciones ahí, mientras estaba en Suiza”, señaló.

Moreno cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado asistencia penal internacional para verificar si él o su familia tenían propiedades en ese inmueble. “¿Alguna vez la Fiscalía pidió alguna asistencia penal internacional para comprobar si yo o mi familia tenían la propiedad de ese departamento? Nunca hicieron ese pedido de asistencia penal”, dijo.

El expresidente también rechazó otra de las acusaciones que, según su versión, expuso el Tribunal durante la lectura de la sentencia: el supuesto pago del arriendo de un departamento en el edificio Las Cumbres durante 13 años.

Moreno explicó que entregó $ 53.000 mediante cheques y que otros $200.000 correspondieron a una hipoteca con el Banco del Pacífico. En total, señaló, fueron $ 253.000. “¿Alguna vez esos expertos de la Fiscalía fueron al Banco del Pacífico a comprobar si tengo una hipoteca que estoy pagando todavía?”, cuestionó.

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Moreno reconoce su amistad con la familia Patiño

Uno de los argumentos centrales de Moreno fue su relación de amistad con la familia Patiño, señalada por la Fiscalía dentro de la trama que vinculó a funcionarios y empresarios con el proyecto Coca Codo Sinclair.

El expresidente no negó esa relación. “Yo no niego a los amigos. Con la familia Patiño tengo amistad. Prófugos, yo nunca niego a mis amigos”, afirmó.

También explicó que, durante su gestión como vicepresidente y luego como presidente, recibió visitas de carácter protocolario de embajadores. Entre ellas mencionó al entonces embajador de China, Cai Runguo. “Yo no conocía cómo estaba el tema y él le dijo que le avise al presidente de que el financiamiento para Coca Codo Sinclair fue aprobado por China”, relató.

Moreno insistió en que esa comunicación no significó una intervención suya en el proyecto. “Yo no firmé, no hice ninguna gestión, omisión o nombramiento que tenga relación con ese proyecto”, sostuvo.

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Moreno rechaza versión de Jorge Glas

El exmandatario también cuestionó las declaraciones que el Tribunal tomó en cuenta dentro del proceso y calificó de falsas las afirmaciones atribuidas al exvicepresidente Jorge Glas.

“Lo que dice el sentenciado Jorge Glas (quien actuó como testigo en el juicio) es mentira, completamente mentira”, afirmó Moreno.

Moreno recordó además que la decisión de contratar a la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto correspondió al gobierno de Rafael Correa. “Cuando Rafael Correa decide contratar con la empresa china Sinohydro, lo hace porque él lo quería”, manifestó.

“¿Dónde intervengo yo? ¿Por ser amigo de la familia Patiño, tenía que haber intervenido?”, cuestionó.

La reacción de Moreno se produjo después de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declarara su responsabilidad penal por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro. La sentencia, sobre los años de cárcel, aún no se ha anunciado.

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Las pericias técnicas, financieras y de audio incorporadas al proceso penal confirmaron, según la resolución, la existencia de los delitos de cohecho activo y pasivo. El tribunal señala que las actuaciones del exmandatario no fueron aisladas, sino parte de una red de intermediación que canalizó recursos a través de empresas paraguas en Panamá.

La prueba clave: entrevista y peritaje de voz

El expediente judicial incorporó como evidencia determinante una entrevista concedida por Lenín Moreno el 29 de marzo de 2010. Un informe técnico forense de informática y una pericia acústica de identificación de voz confirmaron la autenticidad del registro audiovisual.

En dicha grabación, Moreno admitió que intercedió ante el Ejecutivo tras el pedido de un amigo cercano vinculado con la representación de la firma china. El exmandatario promovió la propuesta de crédito del Eximbank de China por 1.682,7 millones de dólares, un paso decisivo para viabilizar el contrato, cuando la obra ya había sido adjudicada a Sinohydro.

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Vínculos de confianza e intermediación

El tribunal fundamentó la existencia de vínculos entre Moreno y los empresarios Conto Patiño Martínez, María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carmigniani. Testimonios recogidos en la causa, entre ellos el de Jorge Glas, ratificaron que Moreno gestionó llamadas y reuniones de alto nivel para posicionar a ese grupo como interlocutor comercial de la firma china en Ecuador.

Sinohydro justificó los desembolsos mediante supuestos contratos de asesoría y honorarios por consultoría con la empresa panameña Comercial Recorsa S.A. Sin embargo, los peritos contables cuestionaron la legalidad de estas operaciones y las calificaron como una simulación para ocultar el pago de sobornos. No obstante, sobre este punto, el fallo no detalla mayores argumentos sobre la forma en que se habría ejecutado el delito.

Rastro financiero hacia el núcleo familiar

Los informes contables elaborados con base en asistencias penales internacionales enviadas desde Panamá expusieron la ruta del dinero. Las transferencias, provenientes del 4 % del valor total del contrato EPC, llegaron a cuentas personales y sociedades offshore.

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El fallo detalló que los recursos de la red de corrupción ingresaron al patrimonio familiar de Lenín Moreno a través de transacciones a favor de:

Los magistrados ratificaron que la responsabilidad penal de Moreno se sustentó en «la convergencia entre su gestión desde la función pública, el conocimiento sobre el origen ilícito de los fondos» y la recepción de beneficios económicos para su círculo íntimo.

Política

CNE investiga presunta reunión entre director de Manabí y candidato de ADN: los últimos detalles

Richard Josue Jimenez Mora

Actualmente está en marcha la organización de las elecciones seccionales de 2026. En ese escenario, el rol de las delegaciones provinciales del CNE es fundamental, ya que allí está el primer filtro para las candidaturas de las diferentes organizaciones políticas.

La semana pasada se hizo público un video sobre un presunto encuentro entre el exdirector provincial y Marco Zambrano, candidato del movimiento oficialista ADN a la Prefectura de Manabí.

Así, el pasado 26 de agosto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, anunció el inicio de una investigación que estaría encabezada por la Dirección de Talento Humano del organismo.

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Daniel Noboa niega injerencia electoral y responde a Luisa González: esto dijo

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“La Dirección de Talento Humano está analizando toda la situación y tomará las medidas correspondientes”, manifestó Cabrera, quien añadió que el Pleno del CNE adoptará resoluciones adicionales. “Sin perjuicio de lo que determine esa Dirección, tomaremos medidas preventivas por la tranquilidad del país”, aseguró.

Nuevo director en Manabí

Las medidas anunciadas por Cabrera se tomaron en la sesión del Pleno del 27 de agosto de 2026. El tema se trató como un punto del orden del día, en el que se conoció que había sido remitida como sugerencia la hoja de vida de Wilson Cadena para ocupar de manera provisional la dirección de la Delegación de Manabí.

Durante la votación, el vocal José Merino dijo que la decisión de separar funcionarios debía tomarse con todos aquellos que participaron de la reunión. Señaló que no debería haber ninguna duda en el marco del proceso electoral en desarrollo.

Por su parte, la vocal Elena Nájera se abstuvo de votar. Esto ocurrió después de cuestionarse el voto que entregó en su momento para la designación de Pinargote. También mencionó que nunca antes había votado a favor de la designación de director alguno.

Hay que recordar que el caso fue denunciado por Nájera. El reclamo fue presentado en el Pleno y la vocal cuestionó a José Merino por la reunión entre el funcionario electoral y el aspirante de ADN.

Sobre esto, Merino hizo sus descargos en un pronunciamiento público. Rechazó las acusaciones sobre una presunta intervención en la designación de autoridades de la Junta Provincial de Manabí y expuso una cronología sobre su posesión.

"No podemos institucionalizar la mentira. Yo no participé en la designación del director de Manabí, ni tampoco tengo vocales provinciales electorales", argumentó.