Un líder de corriente de ultraderecha

• Nacido en Montería forjó su carrera defendiendo a figuras políticas y empresarios en los juzgados.
• Promueve un modelo operativo que incluye la dolarización y construcción de megacárceles nacionales.
• Agrupa su apoyo electoral mediante un rechazo frontal a las políticas de pacificación ciudadana.

Abelardo de la Espriella Otero se perfila como el virtual ganador de la contienda electoral frente a Iván Cepeda tras alcanzar más de 8 millones de sufragios en el primer reporte de la Registraduría Nacional. El fundador de la firma legal De La Espriella Lawyers Enterprise asume el liderazgo del escrutinio del 21 de junio sin registrar experiencia previa en cargos de la administración pública.

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Fujimori ya se siente ganadora, pero Sánchez quiere anular votación en el exterior

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Segun analistas locales, la irrupción del abogado de 47 años en la papeleta responde a una capitalización del descontento frente a los índices de inseguridad y la gestión del mandatario saliente Gustavo Petro. Su plataforma de gobierno plantea una reestructuración severa de las competencias estatales y la modificación de los lineamientos de política exterior.

Trayectoria judicial y controversias legales

El historial del aspirante por el movimiento Defensores de la Patria se concentra en el ejercicio del derecho penal. A lo largo de dos décadas, De la Espriella asumió la representación legal de figuras controversiales, incluyendo procesos vinculados a exmandatarios, líderes paramilitares y personas procesadas por narcotráfico.

Esta exposición mediática en los tribunales le otorgó reconocimiento nacional. Sus críticos señalan este antecedente como un factor de riesgo para la institucionalidad, sumado a un historial de declaraciones públicas marcadas por posturas machistas y homofóbicas que han sido documentadas por organizaciones civiles.

Ejecución del plan de choque y seguridad

El plan operativo presentado al Consejo Nacional Electoral detalla una reducción del 40 % en la estructura del Estado. En materia económica, De la Espriella plantea la dolarización del circulante comercial y la reactivación inmediata de proyectos de explotación petrolera mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking).

En el eje de seguridad, su propuesta exige la intervención militar extranjera. El jurista ha declarado su intención de solicitar apoyo directo a las administraciones de Estados Unidos (bajo la influencia de Donald Trump) e Israel para ejecutar bombardeos y reactivar las fumigaciones de narcocultivos en zonas rurales.

Modificación del tratamiento a grupos armados

La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño supondría la suspensión técnica de las mesas de diálogo mantenidas por la actual administración gubernamental. El candidato rechaza la vigencia del acuerdo de paz firmado en 2016 y plantea el despliegue de las fuerzas armadas para retomar el control jurisdiccional en departamentos como el Cauca, promoviendo paralelamente la flexibilización en el porte de armas para uso civil.

Lo que debes saber

• Aunque Keiko Fujimori lidera el escrutinio con el 50,11 % de los votos válidos, Roberto Sánchez anunció que pedirá la nulidad de toda la votación en el exterior por supuestas irregularidades.
• Sánchez prepara una ofensiva legal para anular más de 300.000 sufragios emitidos en el extranjero.

La candidata derechista Keiko Fujimori, que está próxima a ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú por un margen muy estrecho frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró que en pocos días podrá declararse ganadora, mientras su rival anunció que solicitará anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados.

"Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!", aseveró la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) durante una celebración por el día del padre con sus seguidores en un local del sur de la capital Lima, a la que la prensa extranjera no fue convocada por la candidata.

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Sus palabras desataron la algarabía de sus partidarios, a la vez que la líder del partido fujimorista Fuerza Popular agregaba que "se vienen 5 años de grandes retos". "Estoy segura con que la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante", apostilló.

"Los peruanos han demostrado al mundo que siempre podemos, hemos derrotado al terrorismo, hemos derrotado la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia", continuó.

Con el escrutinio al 99,68 %, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, con una diferencia entre ambos de 41.133 votos, pero su rival electoral anunció este sábado que solicitará la anulación de los votos emitidos en el extranjero por presuntas irregularidades.

¿Qué manifestó Sánchez?

Si se eliminasran los votos emitidos en el exterior, los porcentajes se invierten, de modo que Sánchez lograría el 50,11 % de los sufragios válidos con 40.260 más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Sánchez anticipó que solicitará la anulación de toda la votación en el exterior, que abarca más de 300.000 votos, después de que las autoridades electorales rechazaran un primer recurso para anular los votos de cerca de 2.000 mesas de la elección del pasado 7 de junio.

El líder del partido Juntos por el Perú, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención anular la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas de sufragio, después de que las autoridades decidiesran que los resultados ya no iban a ser transmitidos de manera digital, sino que las actas debían llegar a Lima para ser contadas.

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"Ese voto de peruanos en el exterior ha sido afectado por este cambio normativo", a solicitud presuntamente de la Cancillería, indicó Sánchez, para quien el hecho es "sumamente inusual".

Ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de las autoridades de no enviar de manera digital los resultados de las actas en el exterior y esperar a que estas llegasen a Lima para ser escrutadas, un cambio sobre el que las principales misiones internacionales de observación electoral no han visto una irregularidad grave ni tampoco señal de fraude.

No obstante, Sánchez aseguró que hubo actas que viajaron en valijas diplomáticas sin la debida custodia, como las de Argentina, que fueron las últimas en llegar a Lima para su cómputo oficial, y que según el candidato lo hicieron como carga aérea consolidada, en "bultos expuestos, sin el procedimiento de la valija diplomática".

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"Esos hechos para nosotros han afectado gravemente la intangibilidad y la seguridad jurídica (de las elecciones)", anotó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha previsto que, a más tardar, a mediados de julio se proclamen los resultados, de modo que el 28 de julio asuma sus funciones el ganador o ganadora de esta contienda electoral, que recibirá el mandato de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes.

Las claves del caso

• Policía incauta bienes de Aquiles Álvarez el 18 de junio en Guayaquil por caso Goleada
  
• Autoridades retienen inmueble $2 millones en Puerto Hondo por investigación de lavado de activos
  
• Incautación se frena en Samborondón por menores y personas vulnerables en viviendas intervenidas
  
  

La Policía Nacional avanzó en la ejecución de medidas judiciales dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas. 

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Como parte de este proceso, se reportó la incautación de varios bienes inmuebles vinculados a su entorno familiar y empresarial.

De acuerdo con un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), las diligencias se realizaron el 18 de junio de 2026 y comprenden al menos seis propiedades relacionadas con las compañías Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A.

Bienes incautados y estructura patrimonial

Entre los activos intervenidos consta un inmueble en Puerto Hondo, parroquia Tarqui, valorado en aproximadamente $2 millones, el de mayor cuantía dentro de esta fase inicial.

Además, se incautaron otros bienes asociados a Fiorema S.A., empresa que, según la Fiscalía, habría concentrado transferencias patrimoniales del grupo familiar del funcionario.

El listado incluye terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas ubicados en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón.

Los inmuebles quedaron bajo administración estatal mediante Inmobiliar, entidad encargada de custodiar bienes incautados en procesos judiciales, conforme a los protocolos vigentes.

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Incautaciones pendientes y limitaciones operativas

La ejecución de las órdenes judiciales no se concretó en su totalidad. La Undecof reportó la imposibilidad de incautar otros seis inmuebles contemplados en el proceso.

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Entre ellos figura una vivienda en Isla Mocolí, Samborondón, atribuida al alcalde y valorada en más de $1 millón, junto con otros departamentos vinculados a Fiorema S.A.

La Policía explicó que no se procedió debido a que los predios estaban ocupados por personas en condición de vulnerabilidad, incluidos menores, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Argumentos legales y reacción de la defensa

La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores de edad y de una persona con discapacidad visual debidamente certificada.

En ese contexto, el representante legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia prevista para analizar este pedido fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.

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¿De qué se trata el caso Goleada?

El caso Goleada indaga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos derivados de la comercialización irregular de combustibles.

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Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido canalizados hacia la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la adopción de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.

El avance parcial en las incautaciones refleja tanto la dinámica de la investigación como los límites legales y sociales en la aplicación de medidas judiciales sobre bienes habitados.

Quito

“Duele profundamente”: exrector Édgar Samaniego dice que la universidad va de un escándalo a otro

Rosero Mariela

Así lo revela una investigación realizada por Zulma R. López, Diego K. Ron y Judith Venegas, del Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos (CIMET) de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.

El estudio, presentado en las XXXIX Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología y publicado en Acta Toxicológica Argentina, analizó a 529 estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas del país.

Esto es lo que consumen los estudiantes antes de los exámenes:

Las sustancias más utilizadas son:

El consumo no es homogéneo. Los datos muestran patrones asociados al estrés académico y a perfiles específicos. El llamado “efecto examen” marca una tendencia: el 64,2% de los estudiantes limita el uso de estos productos a los periodos de evaluaciones finales.

El perfil del consumidor es mayoritariamente masculino (60%), frente al 40% femenino. Por áreas de estudio:

Justicia

Controles anticopia en la Universidad Central generan denuncias por revisiones corporales

Rosero Mariela

Los efectos del consumo de estimulantes en universitarios de Ecuador

La investigación también advierte sobre los efectos adversos. El 70% de quienes consumen estimulantes de forma sostenida durante el semestre reporta síntomas, frente al 50% de quienes lo hacen únicamente en época de exámenes. Los más frecuentes son ansiedad (47,4%), cefalea (40,1%) e insomnio (35%).

El riesgo aumenta con el policonsumo. Los estudiantes que combinan varias sustancias registran un incremento del 60% en síntomas de abstinencia o rebote al suspender su uso, en comparación con el 40% de quienes consumen un solo estimulante.

Política

Caso Monika Silva expone crisis: defensores de derechos denuncian persecución e impunidad en Ecuador

Rosero Mariela

La activista Monika Silva había advertido reiteradamente —a su entorno, a entidades del Estado e incluso a representaciones diplomáticas— que recibía amenazas de muerte vinculadas a sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.

El deber que el Defensor no cumple

La ausencia de reacción institucional contrasta con el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo:

Vivian Idrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, sostiene que la Defensoría tenía competencia para intervenir en un caso como el de Silva. Sin embargo, afirma que no se activaron mecanismos de protección ni se ha registrado un pronunciamiento del titular de la institución. 

“Ahora es una institución decorativa”, señala.Vivian Idrobo/ Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos

A esto se ha dedicado la Defensoría del Pueblo, según sus redes sociales:

Una revisión de la actividad reciente de la Defensoría en redes sociales muestra publicaciones centradas en recomendaciones de educación financiera o en la promoción de espacios radiales dirigidos a personas adultas mayores.

No hay referencias al caso Silva ni a otros temas sensibles, como las denuncias sobre restricciones en la devolución del IVA o el acceso a medicamentos para este grupo.

El mismo 8 de junio, la Defensoría difundió una fotografía del defensor César Córdova en un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de organismos de la región. Ni en sus canales institucionales ni en sus cuentas personales se registran pronunciamientos sobre posibles vulneraciones de derechos relacionadas con el caso.

Córdova, quien gana más de 4.000 dólares mensuales, fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 18 de septiembre de 2021. Desde entonces, su gestión ha enfrentado cuestionamientos por la falta de respuestas en casos de alto impacto.

Internacional

Colombia abre las urnas para elegir presidente entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Agencia AFP

Posturas marcadas tras el sufragio

Los discursos de ambos candidatos durante la jornada de votación evidenciaron la distancia entre sus planes de gobierno. De la Espriella acudió a su recinto electoral en Barranquilla portando una camiseta de la selección de fútbol local. Tras emitir su voto, el abogado de 47 años se dirigió a sus simpatizantes bajo una consigna de reestructuración estatal. "Vinimos a cambiar la política para siempre, hoy es el partido más importante de la historia", aseveró frente a los medios. Su plataforma plantea el recorte del 40 % del Estado y la implementación de soluciones de choque en materia económica y penitenciaria.

Por su parte, Cepeda ejerció su derecho al voto en un sector popular de Bogotá, bajo un fuerte esquema de seguridad que incluyó escudos antibalas. El congresista y filósofo de 63 años basó su intervención en la promesa de una administración no excluyente. "Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector", declaró Cepeda, quien fundamenta su candidatura en el sostenimiento de los programas sociales impulsados durante el mandato de Gustavo Petro.

La seguridad como eje del debate

El proceso transcurre bajo el resguardo de la fuerza pública ante el repunte de incidentes armados durante la etapa de campaña, que registró el uso de artefactos explosivos y ataques focalizados. Esta coyuntura dominó las posturas finales de los presidenciables.

Opinión

“Delincuente, drogadicto y …”

Rubén Montoya Vega

De la Espriella ha responsabilizado a la actual administración por el fortalecimiento de agrupaciones irregulares y sostiene la propuesta de solicitar apoyo logístico a Estados Unidos e Israel para reactivar operativos aéreos y erradicación de cultivos. En contraparte, Cepeda, quien participó en la estructuración de los acuerdos previos de pacificación, ha manifestado a la prensa internacional su disposición para someter a revisión dichos procesos de negociación debido a los escasos avances recientes.

Las mesas de votación permanecerán abiertas hasta las 16:00 (hora local), momento en que la autoridad electoral iniciará el procesamiento del escrutinio oficial.

Ecuador

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos para cumplir una agenda oficial el 25 y 26 de junio

Génesis Parrales

Esta vez, Noboa viajará para mantener dos reuniones. La primera será con Kristi Noem para abordar la iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas). El encuentro está previsto para el jueves 25 de junio de 2026, entre las 12:00 y las 14:00. Según la agenda oficial, no hay más actividades programadas para ese día.

Posteriormente, el viernes 26 de junio de 2026, el mandatario ecuatoriano se reunirá con migrantes ecuatorianos en Nueva York entre las 10:00 y las 11:00. Más tarde, a las 18:00, mantendrá una reunión con inversionistas de sectores estratégicos.

“El mandatario mantendrá un encuentro con la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos, con el propósito de compartir los avances de la gestión gubernamental y escuchar las inquietudes de los migrantes, fortaleciendo así los vínculos entre el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos en el exterior”, señaló la Secretaría General de Comunicación en un comunicado.

Según el Gobierno, el viaje no implicará el uso del avión presidencial ni el desembolso de viáticos financiados por el Estado. La aclaración se produce en medio del debate público sobre los gastos asociados a los desplazamientos de las máximas autoridades y la utilización de recursos públicos para actividades oficiales.

El último viaje de Noboa

Entre el 11 y el 15 de junio de 2026, Noboa estuvo en Estados Unidos. Los detalles de la agenda presidencial no fueron difundidos hasta después de que el mandatario apareció en una transmisión televisiva durante el primer partido de la selección ecuatoriana en el Mundial 2026.

Al día siguiente, el presidente ecuatoriano se reunió con Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También mantuvo un encuentro con el secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth. 

Política

José Julio Neira: el 'chow chow' de Noboa muerde y no suelta

Roberto Aguilar

Sobre esta última reunión, la Presidencia de la República señaló que el objetivo fue fortalecer los niveles de interoperabilidad táctica entre ambas naciones, diseñar planes conjuntos contra el terrorismo y contribuir a la paz y la seguridad del país.

En este nuevo viaje, la presencia de Noboa coincidirá con el último partido de Ecuador frente a Alemania. El encuentro se disputará el 25 de junio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Ecuador

¿Qué pasó con la denuncia por violencia política de género contra Lourdes Tibán?

Rosero Mariela

De acuerdo con ese trabajo, el patrimonio de Tibán pasó de unos 600.000 dólares a cerca de 950.000 entre 2023 y 2025. La prefecta reaccionó en redes sociales y difundió una entrevista en la que rechazó cualquier irregularidad y explicó el origen de esos valores.

“Sí me molesta. No es solo Lourdes Tibán: es mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi madre, el movimiento indígena y Pachakutik como partido”, afirmó. Añadió que su trayectoria política se ha guiado por el principio de servicio público.

Tibán sostuvo que el incremento registrado corresponde, en parte, a bienes heredados por sus hijos tras la muerte de su esposo, Raúl Ilaquiche, fallecido el 13 de diciembre de 2024 en un siniestro de tránsito. Indicó además que uno de sus tres hijos es menor de edad.

Ecuador

¿Quién fue Raúl Ilaquiche, el esposo de Lourdes Tibán, que murió en un accidente?

Redacción Expreso

Lo que dicen los autores de la investigación

Los autores de la investigación señalaron que la aclaración mencionada por la prefecta no constaba en el formulario de declaración patrimonial de 2025 disponible en el portal de la Contraloría General del Estado. 

Según explicaron, el 1 de junio de 2026 solicitaron una versión a la Prefectura, sin obtener respuesta antes de la publicación de la serie, el 17 de junio.

Posteriormente, el 18 de junio, los investigadores recibieron una copia de la página en la que Tibán incluyó esa aclaración en su formulario, por lo que incorporaron una nota posterior con esa información.

¿Quién es Lourdes Tibán?

Desde que fue legisladora, desde 2009 hasta el 2017, Lourdes Tibán ha sido una abierta opositora al régimen de Rafael Correa. Incluso sufrió una agresión física, que ella atribuyó a ese sector. Fue demandada por medio millón de dólares, en el 2015, por una exlegisladora de esa tienda, María José Carrión.

Lo que debe saber

• El peso del informe está en discusión ya que no tiene ningún efecto directo en la administración municipal de la capital.
• La Comisión determinó que el memorando con oficina de las Naciones Unidas “permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”. 
• El documento también plantea que el Concejo Metropolitano de Quito disponga un análisis integral de las actuaciones administrativas. 

La compra de los 60 trolebuses eléctricos para Quito llegará al Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, convocó a sesión para el martes 23 de junio de 2026 y allí se conocerá el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales.

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La sesión está prevista para las 10:00. El orden del día contempla dos puntos, además de la entonación del Himno Nacional. El primero tiene que ver con “conocer el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con los procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito”.

La investigación fue impulsada por el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez. El proceso se llevó adelante en la Comisión de Relaciones Internacionales, que está presidida y controlada por ADN.

El informe aprobado señala, entre otras cosas, que “el Memorándum de Acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no operó, en su contenido material, como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional”.

Según la comisión, dicho memorando funcionó como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que “permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”.

También indica que esa estructura produjo, en los hechos, el desplazamiento del régimen ordinario de contratación pública aplicable a una operación de alta relevancia económica y de especial incidencia sobre un servicio público esencial para la ciudad de Quito. 

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Esto habría afectado garantías y principios propios del sistema nacional de contratación pública, particularmente en materia de concurrencia, transparencia, trazabilidad y control sobre el uso de recursos públicos.

Las recomendaciones del informe

En el documento también se establecieron recomendaciones. Por ejemplo, al Concejo Metropolitano de Quito se le sugiere disponer un análisis integral de las actuaciones administrativas, financieras y contractuales relacionadas con el proceso.

A la Contraloría General del Estado, en cambio, se le recomienda valorar la pertinencia de profundizar las acciones de control respecto de las actuaciones administrativas, financieras y contractuales.

Asimismo, el informe plantea que los hallazgos de la Comisión de Relaciones Internacionales sean remitidos a la Fiscalía General del Estado. Finalmente, la comisión propone que la Cancillería ecuatoriana ponga en conocimiento de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas el contenido íntegro del informe.

Una denuncia en Fiscalía

El tratamiento de este informe ocurrirá días después de que el propio asambleísta Ordóñez acudiera a la Fiscalía para solicitar la práctica de actos urgentes. Allí también entregó el informe de la comisión de la que forma parte y señaló que las acciones que se emprendan deben tener como finalidad precautelar la información relacionada con el caso.

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Correa decidió cantar, como lo hacía durante sus años en el poder, en un encuentro con artistas ecuatorianos de música nacional. La escena se difundió rápidamente en redes sociales, no solo por una publicación del propio exmandatario, sino por varios videos que circularon y lo muestran compartiendo escenario con los músicos.

Entre los artistas presentes estuvieron Gerardo Morán —quien fue asambleísta entre 2009 y 2013 y aliado del entonces movimiento Alianza País—, así como Máximo Escaleras, Fernando Zumba y Jaime Enrique Aymara. El encuentro tuvo lugar en un concierto dirigido a migrantes ecuatorianos en ese país europeo.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas. Algunos usuarios expresaron apoyo al exmandatario, mientras otros cuestionaron la participación de los artistas en el evento. En varios comentarios se aludió incluso a posibles boicots o “cancelaciones” contra algunos de los músicos.

Por ejemplo, la legisladora que coordina la bancada correísta, Patricia Núñez, compartió un fragmento de un video, en donde se escucha al cantante Jaime Enrique Aymara asegurar: "El único que puede salvar al Ecuador", al calor del evento.

Aunque se trató de un concierto dedicado a los migrantes, la viralización del video ocurre en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones seccionales, en el que la figura de Rafael Correa sigue generando adhesiones y rechazo.

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En Quito, una de las figuras que ha buscado más visibilidad es Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino. Desde hace al menos dos meses recorre mercados de la capital. No se entendía por qué si ese no es su campo de acción.

Pero en esta semana, que empezó el 18 de junio difundió un programa de afiliación a la seguridad social dirigido a comerciantes de los mercados. 

Según ha señalado, la iniciativa ya ha incorporado a más de mil personas. “Habían estado descuidadas por años, a nivel nacional y en Quito. Les damos el primer derecho a la salud”, afirmó en redes sociales. Su nombre suena como posible candidata a la Alcaldía.

También aparece como precandidata Gabriela Sommerfeld, excanciller que renunció a su cargo este mes de junio. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido una presencia visible en actividades proselitistas.

Una interrogante para algunos militantes de ADN es quiénes integrarán la lista de candidatos a llegar al Concejo Metropolitano de Quito. Se dice, sin que haya una confirmación, que incluso la madre de un legislador podría estar en la papeleta.

¿Quiénes buscan ser el reemplazo de Paola Pabón en Pichincha?

Para la Prefectura de Pichincha, uno de los nombres es Harold Burbano, cercano a la ministra Zaida Rovira. Fue su asesor en el Ministerio de Inclusión Económica y Social —hoy Desarrollo Humano— y el 27 de mayo de 2025 asumió como titular de esa cartera, en donde fue criticado por el uso de bonos. 

Luego asumió como Ministro de Trabajo, en donde fue polémico su accionar en el caso de Alexandra Villacís, quien debía ocupar la presidencia de la Judicatura. También en el manejo de la prohibición para ejercer cargo público de un radiodifusor.

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El 5 de junio del 2026 fue reemplazado en la Cartera de Trabajo por Cynthia Gellibert .El sábado 20 de junio, sin ser ministro, en sus redes sociales promovió el programa Jóvenes en Acción, que ofrece transferencias de 400 dólares mensuales durante tres meses a jóvenes. La iniciativa ha sido cuestionada por sectores que consideran que puede tener fines electorales.

Otro de los precandidatos es el asambleísta Eckenner Recalde. En una entrevista, señaló que el buró político de ADN analiza varias opciones para las primarias y destacó su trabajo territorial. “La ciudadanía está con quienes caminamos el territorio”, dijo. 

Entrevistado en el medio digital La Posta señaló: "Como le dije al señor presidente y al buró político, en mi sangre corre ese ADN de servicio, estoy preparado para trabajar, en donde se decida".

El proceso electoral enfrenta a dos figuras con visiones opuestas sobre el manejo estatal. Abelardo de la Espriella lidera las proyecciones iniciales frente al candidato de izquierda, Iván Cepeda, de los sondeos con una plataforma enfocada en la intervención directa contra agrupaciones armadas irregulares y reformas estructurales que incluyen la reducción del aparato estatal en un 40 % y la viabilidad de dolarizar la economía local.

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Candidatos con propuestas contrapuestas

Cepeda congrega el respaldo de los sectores populares vinculados al régimen saliente de Gustavo Petro, basando su propuesta en la continuidad de los subsidios económicos, la reducción de los índices de pobreza y la revisión de los diálogos de pacificación interna.

La jornada se desarrolla en un entorno de fragmentación social, agudizado por la interferencia de actores armados y la suspensión de propaganda electoral pacífica debido a ataques previos con artefactos explosivos. Las relaciones internacionales con Estados Unidos forman parte del debate central, dado el distanciamiento previo registrado entre la administración de Donald Trump y el gobierno de turno en el país sudamericano.

Moradores de localidades costeras como Barranquilla manifestaron su preocupación ante el incremento de los índices delictivos en las últimas semanas, lo que ha condicionado la intención del voto hacia opciones que ofrecen soluciones de choque inmediato. Las mesas de votación permanecerán habilitadas hasta las 16:00 hora local, momento en el cual la registraduría comenzará el procesamiento de los datos oficiales.

Lo que debe saber

• Desde noviembre 2025, la Fiscalía, Judicatura, Asamblea y CNE han cambiado de autoridades en medio de crisis internas.
• Los nombramientos en la Función Judicial no escaparon a los señalamientos por injerencias desde el Ejecutivo.
• Expertos analizan el real alcance de las modificaciones en medio de una crisis generalizada en funciones del Estado. 

En casi siete meses, las cabezas de cuatro instituciones clave cambiaron. Estas forman parte de tres funciones del Estado que han atravesado una crisis que no solo ha puesto en duda su accionar, sino que también ha generado cuestionamientos sobre su independencia. ¿Los cambios responden a una salida de esa crisis o son apenas un síntoma más de ella?

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Una seguidilla de cambios

En noviembre de 2025, mediante un procedimiento cuestionado, Carlos Alarcón asumió como fiscal general subrogante. El Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy fue clave en ese nombramiento.

Meses después, en abril de 2026, el cambio ocurrió precisamente en la Judicatura. Godoy fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Antes de su salida, una nueva crisis ya se había desatado en la Judicatura. Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo, fue impedida de hacerlo. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo jugaron un papel fundamental para evitar el relevo. Así, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanzó con el proceso que terminó con la designación de Mercedes Caicedo como nueva presidenta.

En la Asamblea Nacional, cuestionada durante su primer año por su sujeción al Ejecutivo, también hubo un cambio. El ahora expresidente Niels Olsen renunció al Legislativo después de ser anunciado como precandidato a las seccionales por el movimiento oficialista ADN. De esta manera, la también oficialista Mishel Mancheno asumió la presidencia.

Finalmente, el pasado 11 de junio se conformó una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE). José Cabrera asumió la presidencia después de que Diana Atamaint permaneciera siete años en el cargo. El cambio ocurrió en medio de la organización las elecciones seccionales de 2026.

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¿Una salida o se agudizará la crisis?

Para el excandidato presidencial Henry Cucalón, los cambios son el resultado de un proceso sostenido de desinstitucionalización.

Cucalón establece una diferencia entre los organismos cuyas autoridades son designadas por el CPCCS y aquellos cuyos titulares llegan por decisión popular. En el primer caso, identifica un problema de origen en el propio CPCCS. A su juicio, lo que ocurre en esas entidades no implica solo un cambio de autoridades, sino, en algunos casos, un cambio “de gallada”.

Sobre el papel del CPCCS, cabe recordar que, en el caso del CNE, el Consejo de Participación ni siquiera se ha ejecutado la renovación parcial que debía realizarse tres años atrás.

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En lo que respecta a la Asamblea Nacional, el exasambleísta Héctor Muñoz advierte sobre una posible nueva crisis. Si bien existe un cuestionamiento respecto a la cercanía del Legislativo con el Ejecutivo, considera que la Asamblea ha otorgado gobernabilidad. La salida de Olsen podría representar un riesgo para ese equilibrio, especialmente si a su renuncia se suma a las de otros legisladores que buscarían una dignidad en las seccionales.

Para el analista político Daniel Crespo, lo que ocurre en la Asamblea también es un síntoma de una crisis más amplia que alcanza al Ejecutivo. El experto sostiene que el Gobierno carece de cuadros políticos suficientes para afrontar las elecciones seccionales sin recurrir a las figuras de mayor representación que actualmente tiene en la Asamblea Nacional.

Un cuestionamiento que atraviesa todos los cambios tiene que ver con la supuesta injerencia del Ejecutivo en la cooptación de todos los poderes. 

Para Crespo, el tema de fondo es que el Ecuador se a acostumbrado a un modelo de gestión que impone y no dialoga. “Entendemos que la gobernabilidad pasa por la cooptación de todos los espacios y se malentiende a la oposición como un intento de no dar gobernabilidad antes que la diversidad e inclusive la confrontación de ideas de un sistema democrático saludable”.

Lo que debes saber:

• Las circunstancias que rodean la muerte de la activista polaca Monika Silva evidencian la desprotección que viven quienes denuncian casos de corrupción.
• Defensores de derechos denuncian impunidad y amenazas persistentes; caso evidencia riesgos estructurales para quienes denuncian corrupción y abusos.
• La Defensoría del Pueblo no actúa, coinciden los consultados; sienten que sus vidas están en riesgo y que están solos en sus luchas.

La muerte de Monika Silva vuelve a poner en primer plano una realidad: quienes defienden derechos humanos lo hacen cada día más expuestos y con menos garantías. No es el único caso, pero ha impactado. En un contexto en donde las denuncias persisten aunque se silencien voces, activistas advierten que la carga de buscar justicia recae sobre ellos y que están solos.

Ecuador

Montañita despidió a Monika Silva con mural, flores y velas

Joffre Lino

“No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo. Activista anti-corrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables. Aún viva”, se lee en la biografía de la cuenta de X de la activista polaca, que junto a sus dos hijas residía en Montañita, Santa Elena. 

Ella apareció sin vida, el lunes 8 de junio del 2026. Al siguiente día, John Reimberg, ministro del Interior, puso a circular la tesis de que se trató de un suicidio.

Las circunstancias que rodearon a la muerte Silva Koniuszek hicieron que no solo su gobierno sino la Unión Europea insten a las autoridades a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente. En un comunicado, reiteró la importancia de proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.

Justicia

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¿Vale la pena defender derechos humanos en Ecuador?

La abogada Sybel Martínez, defensora de derechos —en especial de niños y adolescentes—, sostiene que la forma en que murió Monika removió una sensación de vulnerabilidad entre quienes ejercen esta labor. 

Es natural preguntarse si esto vale la pena, hasta dónde debo llegar y qué costo puede tener para mi familia.Sybel Martínez/ abogada defensora de derechos

Aun así, repite, no luchan por causas personales, sino en beneficio de todos.

“Cuando haces este trabajo, perder a Monika adquiere otro matiz: te das cuenta de que realmente puede pasarte. No es solo persecución, puertas que se cierran o falta de empleo que termina afectando a tu familia; te pinchan el teléfono y entiendes que puede escalar, tu vida corre peligro”.

El legislador Ferdinan Álvarez se pronunció sobre caso Monika Silva

Al respecto, consultado por EXPRESO, Ferdinan Álvarez, legislador de ADN, comentó que “lo ocurrido es un hecho profundamente lamentable. Corresponde a la Fiscalía investigar los hechos y determinar las responsabilidades, sin espacio para especulaciones. El país merece conocer la verdad”.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos habla de impunidad

En contraste, defensores sostienen que el problema es estructural. Vivian Idrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, sostiene que el caso expone la ausencia de una política pública de protección. 

“Lo que vemos es un Estado que no actúa; sin voluntad política para proteger a quienes defienden derechos y que termina colocándolos en mayor riesgo”.

Idrobo habla de un país marcado por “la impunidad”. No hay precedentes de asesinatos de defensores que hayan concluido con sentencias o responsables identificados. 

A ello se suma —dice— un entorno de agresiones, indiferencia y normas que, salvo la Constitución, permiten la persecución a las organizaciones.

En ese contexto, “si se identifican riesgos contra defensores y aún así ocurren estos hechos, el mensaje es devastador”, opina. ¿Por qué? “Se busca infundir miedo y la impunidad hace lo mismo. 

Al atacar a alguien tan relevante, lo que se dice es que resulta peligroso denunciar corrupción o cuidar el medio ambiente. El efecto es perverso para la democracia”.

A Ismael Bernal le dicen que es un "coche bomba", ha recibido amenazas de muerte

Con esos antecedentes, Ismael Bernal, quien a través de redes sociales informa sobre derrames de petróleo o asesinatos en Esmeraldas, se siente “a la intemperie”, desprotegido. 

Lo de Monika evidencia que el activismo en Ecuador es un oficio solitario —reflexiona— pero no puede soltar la cuerda.

Es sociólogo, con una maestría conseguida gracias a una beca en la Flacso. No romantiza su lucha. Recuerda que todo cambió para él en enero del 2018, tras el atentado a la estación de Policía de San Lorenzo. Antes de eso solo cuestionaba la falta de agua potable en su cantón. 

Pero a partir del hecho y del secuestro del equipo periodístico de El Comercio, denuncia desapariciones forzadas, incluso en manos de FF.AA., sicariatos, etc. 

Sus amigos y vecinos le dicen que es “un coche bomba”, para describir el peligro que corren al estar junto a él. 

"La Defensoría del Pueblo no asume su rol"

El abogado Fernando Bastias integra el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Ecuador (CDH), de Guayaquil, que asumió la defensa de Monika Silva junto con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam). 

El riesgo es altísimo porque el Estado que tendría la obligación de garantizar protección inicia campañas de estigmatización.Fernando Bastias/ CDH Guayaquil

Asimismo, Bastias dice que un defensor es cualquiera que sea capaz de denunciar una violación de derechos o exigir justicia sobre algo. Anota que tienen sobrecarga de trabajo porque instituciones como la Defensoría del Pueblo no actúan. 

“Guardar silencio no es una opción”, pero sí toman medidas como reducir exposiciones. “Nuestro rol es visibilizar denuncias de quienes lloran a sus seres queridos desaparecidos o torturados”, recuerda.

Justicia

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Pedro Bermeo, de Yasunidos, afirma que la persecución es “evidente, agudizada en este período presidencial de Daniel Noboa”. Señala que defensores de derechos humanos, de la naturaleza y activistas que denuncian corrupción enfrentan procesos de criminalización. 

“Le pasó a Monika Silva, pero también a Manuel Cabrera”. Recuerda que desde el paro de octubre se han congelados cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones. 

A ellos, que desde el 2013 se han opuesto a gobiernos, este 2026, el TCE los multó con $ 18.000. “Se ha llegado lejos, al adelantar las elecciones, hacer campaña sin licencia”.

Informe forense, difundido el viernes 19 de junio del 2026, señala que lesiones encontradas en el cuerpo de Monika Martyna Koniuszek, conocida como Monika Silva, son “incompatibles con un suicidio”, informó el CDH.

Lo que debes saber

• La inseguridad y la incertidumbre económica son las principales preocupaciones de los padres consultados.
• Todos coinciden en que la formación en valores y el acompañamiento familiar son claves para el futuro.
• Desde sus espacios, buscan aportar al país mediante el servicio comunitario, la educación y el ejemplo.

La preocupación por el país atraviesa los testimonios de los padres consultados por EXPRESO. Aunque sus historias son distintas, todos comparten una inquietud común: el futuro que heredarán sus hijos en un Ecuador marcado por la inseguridad, la incertidumbre económica y la fragmentación social.

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Las reflexiones de estos padres se insertan en una realidad más amplia. Hasta 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró 4,2 millones de padres en Ecuador. De ellos, el 49,3 % está casado, el 39,7 % es soltero y el 8,1 % se encuentra divorciado.

Además, el 2,4 % corresponde a padres viudos y el 0,51 % mantiene una unión de hecho. Según datos del Censo de 2022, en el 61,5 % de los hogares, los hombres figuran como representantes del núcleo familiar.

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El país que temen heredar a sus hijos

Para Juan Carlos González, diseñador gráfico y emprendedor de 36 años, la inseguridad y la incertidumbre económica condicionan gran parte de la vida cotidiana. Es padre de Olivia, de tres años, y recuerda una infancia en la que podía jugar en la calle y recorrer su barrio con tranquilidad, una libertad que hoy percibe cada vez más distante para su hija.

Confiesa que vive con la incertidumbre de no saber qué país encontrará ella cuando crezca. Frente a ello, busca transmitirle valores como la empatía, la solidaridad y el servicio a través de su trabajo voluntario en la fundación Narices Rojas y de acciones cotidianas en el que su hija vea la importancia de ayudar a otros.

González intenta dejarle a su hija una herencia basada en valores. Busca que aprenda a mirar más allá de sí misma, a ser sensible ante las necesidades de otros y a comprender que los pequeños actos también contribuyen al bienestar colectivo.

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La comunidad como respuesta a la violencia

Desde una perspectiva marcada tanto por su profesión como por su experiencia personal, Xavier Moreira, sociólogo de 45 años y padre de siete hijos, sostiene que la violencia ha transformado profundamente la vida de las comunidades populares. Además de criar a los suyos, acoge en su casa a niños, adolescentes y jóvenes desplazados de barrios peligrosos.

Aunque reconoce sentirse pesimista respecto a la capacidad de la política para revertir la crisis, el sociólogo impulsa las batucadas populares y otros proyectos comunitarios para fortalecer a las familias, recuperar espacios públicos y ofrecer a los jóvenes alternativas artísticas a la violencia mediante la organización colectiva.

Es por todo esto por lo que Héctor Pérez, de 39 años y padre de tres hijos, dice que este no es el país que él quisiera heredar a sus niños. Le preocupa la creciente sensación de miedo que condiciona actividades que antes eran tan cotidianas, como salir a un parque o caminar por un centro comercial.

Pero quiere seguir soñando con un Ecuador más seguro, justo y empático, donde las personas puedan convivir sin vivir en constante estado de alerta. Convencido de que los cambios comienzan desde el hogar, procura inculcar en sus hijos el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión antes de actuar.

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La crianza como refugio

Para Josué Rincón, de 32 años, padre de tres hijos, menores de edad, y pastor de la iglesia Familia de Dios, el principal desafío no solo pasa por exigir reformas en materia de seguridad, sino por fortalecer el rol de la familia. Considera que los padres tienen una responsabilidad directa en la formación de las nuevas generaciones y advierte que la ausencia de figuras paternas termina impactando en la sociedad.

Por otro lado, asegura que su mayor temor no es solo la violencia, sino que sus hijos pierdan la capacidad de influir positivamente en los demás. Por ello, procura estar presente en su crianza y fortalecer su identidad desde la cercanía.

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La esperanza de construir algo mejor

Para el violinista Iván Fabre, de 55 años y padre de cuatro hijos, la transformación social comienza en la persona. Por eso, dice, inculca en sus hijos valores como la honestidad, la responsabilidad y la empatía, además, una actitud proactiva frente a los desafíos.

En esa línea, los anima a cultivar el conocimiento y mantener el deseo constante de aprender. “La sociedad sería más justa, equilibrada y ordenada si cada persona hiciera lo mejor que está en sus manos”.

Internacional

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La disposición del Ejecutivo llega horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) en un intento por desactivar las paralizaciones. Sin embargo, los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (quien gobernó entre 2006 y 2019) rechazaron el documento de manera formal.

Paz justificó la declaratoria argumentando que la población no puede seguir inmovilizada por bloqueos que impiden el abastecimiento, la educación y la atención médica. Durante su alocución televisada, el mandatario comunicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones operativas necesarias para restablecer el libre tránsito.

Impacto logístico y económico

El mandatario calificó la situación como un "intento de golpe de Estado", argumentando que el conflicto responde a una estrategia sistemática de desestabilización.

En la práctica, la obstrucción de las principales arterias viales ha desencadenado una crisis de suministro en el país andino. Diversas ciudades reportan desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. El balance actual de la jornada de manifestaciones registra al menos 16 víctimas mortales y un perjuicio a la infraestructura económica estimado en 3.000 millones de dólares.

Las encuestas y la postura de los candidatos

El proceso electoral llega a su fase final con proyecciones que perfilan a De la Espriella como favorito. La intención de voto del candidato conservador oscila entre el 48,6 % y el 50,9 %, mientras que Cepeda, figura afín al actual presidente Gustavo Petro, registra entre un 43,1 % y 44,7 %.

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A pesar de los márgenes, las directrices de ambas campañas apuntan al resguardo del proceso. De la Espriella exhortó a sus simpatizantes a no confiarse de los sondeos previos, mientras que Cepeda instruyó a sus bases a movilizarse para consolidar lo que su bloque denomina el segundo gobierno progresista.

Tensión institucional y control de escrutinios

La ruta final hacia los comicios sumó fricciones administrativas desde el Ejecutivo. El mandatario Gustavo Petro manifestó su desconfianza hacia la labor de la Registraduría Nacional, exigiendo máxima vigilancia ciudadana ante presuntas irregularidades y negándose anticipadamente a validar resultados iniciales sin revisión exhaustiva.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos descartó los escenarios de fraude y defendió el trabajo de la autoridad electoral. El proceso cuenta con la vigilancia directa de 1.694 delegados pertenecientes a distintas misiones de observación desplegadas en el territorio para auditar los escrutinios.

Despliegue de seguridad e injerencia externa

El aparato de seguridad estatal activó un operativo que moviliza a 408.000 militares y policías. Este despliegue busca evitar la interferencia de grupos armados ilegales y neutralizar posibles disturbios en los recintos electorales a nivel nacional.

En el plano diplomático, el proceso recibió un impacto directo de la administración estadounidense. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo público su respaldo a De la Espriella, prometiendo la fuerza total de Washington frente a un eventual triunfo conservador. El Ejecutivo colombiano catalogó la declaración oficial como una injerencia inaceptable a pocas horas de la apertura de las urnas.

Las claves del caso

• Periodistas de Teleamazonas y Ecuavisa son retirados de cobertura del caso Progen en Ecuador tras presiones del poder.
• Caso Progen en Ecuador genera denuncias de represalias contra reporteros que investigan contratos de generadores eléctricos.
• Gobierno de Ecuador y medios chocan por investigación sobre ruta del dinero y contratos del caso Progen.

El caso Progen, que el secretario de la Administración, Julio Neira, pretendió dar por resuelto ridículamente esta semana, cobra víctimas en el periodismo independiente.

Ya se la tomaron con Fausto Yépez, el reportero de Teleamazonas que venía haciendo una cobertura extensiva del caso y cuyos hallazgos, como los del resto de medios no comprados por o para el gobierno, apuntaban hacia la responsabilidad de los altos mandos ministeriales en el diseño de contratos lesivos para los intereses del país. 

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El 27 de mayo, por presiones del poder, su canal retiró de las redes sociales y dejó de transmitir un reportaje suyo con información muy comprometedora para el exministro de Energía Roberto Luque.

Información documentada (que también había sido publicada por este Diario) sobre los contactos y acuerdos directos que unieron a Luque con Nicolás Pic, el representante de ATM, la otra empresa que estafó al país vendiéndole generadores eléctricos de chatarra según un modelo de contratación calcado del de Progen. 

Así lo dijo Fausto Yépez y ahora lleva diez días alejado de la cobertura del caso, a pesar de que lo dominaba y supo cumplir un buen trabajo mientras estuvo a cargo. Se echan de menos sus reportajes.

Represalias y silenciamiento: el caso Hernán Higuera

Con Hernán Higuera, la cosa llegó más lejos. Este viernes él se convirtió en el segundo periodista encargado de la cobertura del caso Progen a quien el gobierno logró sacar del camino. 

Lo hizo, como denunció el canal en su noticiero del horario estelar, con represalias directas ejercidas contra su familia: su esposa, que trabajaba en el sector público, fue despedida sin explicación alguna; su hijo, estudiante avanzado de medicina, fue arbitrariamente impedido de continuar haciendo su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, de la seguridad social. 

Hernán Higuera entendió el mensaje y decidió abandonar la cobertura.  Ecuavisa emitió una nota de protesta, la segunda de la semana por la misma causa: las presiones indebidas del poder. 

La primera se había transmitido el miércoles en respuesta al video insolente y embustero en el que el secretario Neira falsificó la verdad sobre el caso y se atrevió a calumniar a ese canal y a este Diario, que mantiene firme su línea editorial, continúa investigando el caso Progen por fuera del libreto oficial y se ha negado a entregar las cabezas que el gobierno le pide.

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José Julio Neira: perfil y lógica de actuación

Lo del secretario Julio Neira es el caso típico de una “vida por oficio”, como diría Caro Baroja. No importa el cargo que ocupe en el gobierno (y los ha tenido por montones: desde director de la UAFE hasta Secretario de Integridad, pasando por representante del presidente en incontables directorios), él siempre será fiel a su vocación, idéntico a sí mismo. 

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Hoy se supone que es jefe de gabinete. O algo así. Da igual: sea cual sea su puesto, su función es invariablemente la misma: perro del presidente. “Siempre a su dueño fiel, pero importuno”, hoy como ayer el secretario Neira muerde donde tenga que morder. 

¿Acaso alguien nota la diferencia entre su trabajo actual y el que desempeñaba cuando dirigía 18 babosadas diferentes cuyos logotipos mandaba a bordar en su chaqueta de plomero con insufrible frivolidad y exquisito mal gusto?

Ataques a medios y narrativa oficial

Julio Neira cumple su función de perro con lógica implacable. Encargado de cuidar la reputación del círculo presidencial (Arturo Félix Wong, Roberto Luque e Inés Manzano implicados en el escándalo de Progen), ataca a cualquiera que la ponga en duda. 

Diario EXPRESO, por ejemplo, al que viene difamando desde hace un año, ya sea acusándolo de fraude fiscal y lavado de activos con documentos forjados (no ha vuelto a mencionarlo desde que se descubrió su fraude, lo cual fue facilísimo), o bien involucrándolo en una conspiración correísta sobre el escándalo del Porsche de la familia Noboa que andaba visitando la casa de un terrorista en Isla Trinitaria (un terrorista que había sido detenido en flagrancia tras poner una bomba en la Bahía de Guayaquil y que, después de la visita del Porsche, quedó libre porque la Fiscalía controlada por el gobierno no presentó cargos). 

No es precisamente un pastor alemán el secretario Neira. Entre los perros, acaso será un chow chow, que se cuenta entre los más tontos.

La estrategia comunicacional: videos y manipulación

Posee, sin embargo, una receta que le hace pasar por funcionario esclarecido. Se trata de la técnica de producción de videos que Fernando Alvarado llevó hasta el paroxismo durante el correato (el mismo secretario Neira es un personaje que parece extraído directamente de esa época en la que los perros cumplían su función indelegable), con hojarasca retórica, recursos visuales cargados de insidia (imágenes de manos que intercambian billetes, por ejemplo) y un fondo musical que disfraza la vaciedad del contenido: “thinking music”, se llama aquel estilo muy socorrido por los documentalistas mediocres, que produce la sensación de estar entendiendo lo que te dicen aunque no te digan absolutamente nada, como es el caso del secretario Neira.

El video sobre Progen y la versión oficial

Así fue el video de miércoles pasado en el que pretendió haber resuelto el caso Progen, es decir, haber desentrañado el misterio de la ruta del dinero gracias a una supuesta investigación conjunta entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, aplicando la ley Rico. 

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En realidad, la información que mostró fue un trabajo del estudio jurídico Greenberg Traurig, contratado por Celec para rastrear la ruta del dinero como parte del proceso contra Progen que tiene lugar en una corte de Florida. 

Torpe como el chow chow más tonto, trató de ocultar esa autoría cercenando algunas páginas del documento que subió a las redes junto con su video. El hecho es que buena parte de esa información ya había sido publicada un mes atrás, precisamente por los periodistas a los que el gobierno acosa (Sara Ortiz, Hernán Higuera, Fausto Yépez). 

En su video, el secretario Neira se centra en la relación de Astrobryxa, la representante de Progen en Ecuador, con los mandos medios de Celec, que representa apenas 15 millones de los 104 que el país pagó a Progen. 

Aún así, Neira pretende agotar todo el caso en esa relación, es decir, en la mitad inferior del escalafón orgánico funcional del sector eléctrico, dejando la mitad superior, de los ministros hacia arriba, fuera de sospecha. Es aquí donde el perro de Noboa tiene la audacia de acusar a EXPRESO y Ecuavisa de complicidad con esas mafias.

La ruta del dinero y el bloqueo de información

La verdad es otra. Sobre la ruta del dinero en el caso Progen (aquello que los funcionarios filáticos llaman “trazabilidad” en su seudolengua) lo primero que debe tener claro el país después de esta semana es que nunca la conoceremos. Nunca. 

Y esto es así porque el juez Sean P. Flynn, del tribunal que conoce el caso en la Florida, declaró la confidencialidad de aquella información que las partes consideran “sensible”, incluido el destino de las transferencias. Porque el dinero que el Ecuador pagó a Progen no tardó una semana en distribuirse a los cuatro vientos (China, México, Suiza, Ecuador…). 

Habíamos confiado en que el proceso que se desarrolla allá nos daría más claridad y más revelaciones que el que impulsa el fiscal Carlos Alarcón bajo las órdenes de la presidencia de la República. Pero esta noticia ahogó esas expectativas.

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El rol del Estado y la estrategia de encubrimiento

Lo impactante del caso es que la confidencialidad fue solicitada por la propia Celec, en coordinación con Progen y Astrobryxa. Es decir: es el propio Estado ecuatoriano el que ha tomado las medidas necesarias para que la ruta del dinero no sea conocida jamás. 

Por eso, cuando el secretario Neira asegura, como lo hizo en un tuit, que “la ruta del dinero se la va a conocer gracias a la demanda que se impulsa desde el gobierno”, está mintiendo con descaro. El acoso a los periodistas y la presión ejercida sobre los medios para que ciertos reporteros sean alejados de la cobertura es parte de la misma estrategia.

Neira como figura política: de la tragedia a la farsa

Está claro que el secretario Julio Neira es, por su empeño de perseguir y difamar a los medios, el Fernando Alvarado de Daniel Noboa. Lo es en toda la extensión de su perruna personalidad. 

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Sin embargo, de Fernando Alvarado a Karl Marx hay una degradación evidente, lo cual es mucho decir. Una degradación que puede ser leída en los términos en que Marx entendía la historia. 

Todos los hechos y los personajes se repiten, escribió él en ‘El 18 brumario de Luisa Bonaparte’: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Así, pues, el secretario Neira es la farsa del perro de Correa.

Lo que debes saber

• Gobierno de Noboa amplía a 9 meses compensación diésel, junio 2026, Ecuador, para evitar alza de pasajes
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• Decreto 428 modifica subsidio al diésel en 2026, Ecuador, y extiende pagos a transportistas interprovinciales
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• Compensación creada en 2025 en Ecuador se amplía en 2026 para mitigar impacto del combustible en transporte
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El Gobierno nacional decidió extender el plazo del mecanismo de compensación económica dirigido a transportistas interprovinciales e intraprovinciales, en el contexto de los ajustes aplicados al subsidio del diésel. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 428.

El principal cambio consiste en la ampliación del beneficio de ocho a nueve meses para este segmento del transporte, como parte de una serie de modificaciones que el Ejecutivo ha realizado al esquema desde su implementación.

Ajustes a un esquema en evolución

El sistema de compensaciones fue creado en septiembre de 2025, en paralelo a la focalización del subsidio al diésel, una política que buscó reducir el gasto estatal en combustibles y dirigir los recursos hacia sectores específicos.

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Desde entonces, el modelo ha sido ajustado de manera progresiva. En mayo de 2026, el Gobierno ya había extendido el plazo de compensación a ocho meses para los transportistas interprovinciales e intraprovinciales, en respuesta a las presiones del sector frente al incremento de costos operativos.

Con la nueva reforma, este grupo recibirá transferencias por un mes adicional, mientras que otros segmentos —como el transporte intracantonal, urbano, combinado y rural— mantienen un esquema de ocho meses, con la posibilidad de una prórroga de hasta cuatro meses más.

El Ejecutivo sostiene que estas compensaciones buscan evitar que el aumento del precio del diésel se traslade directamente a los usuarios del transporte público, lo que podría generar presiones inflacionarias y afectar el costo de vida. 

Presión del sector y contexto económico

El transporte interprovincial e intraprovincial ha sido uno de los sectores que más ha manifestado preocupación por el encarecimiento de combustibles, debido a su dependencia directa del diésel para la operación de buses y unidades de carga.

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Según la información oficial, el sistema de compensaciones cubre a miles de transportistas a nivel nacional, incluyendo distintas modalidades de transporte público que operan en zonas urbanas, rurales y entre provincias.

La continuidad de estas transferencias dependerá de evaluaciones posteriores del Gobierno sobre el impacto de la política de focalización del subsidio y la evolución de los precios del combustible.

Lo que debe saber

• El 25 de junio de 2026 vencerá el plazo para la inscripción de los aspirantes a una vocalía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
• El Consejo Nacional Electoral es el encargado de recibir las postulaciones que después serán verificadas para constatar el cumplimiento de requisitos. 
• El 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urna para elegir siete vocales principales y siete suplentes.  

En cinco días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerrará el período de inscripción de postulantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La elección de los nuevos vocales se realizará junto con las elecciones seccionales de 2026.

Política

CPCCS: Roberto Gilbert presenta renuncia irrevocable tras polémica en sesión virtual

Rosero Mariela

"El CNE recuerda a la ciudadanía que las postulaciones de candidaturas para integrar el CPCCS se receptarán hasta el jueves 25 de junio, en horario de 08:30 a 18:00", indicó el organismo electoral este sábado 20 de junio de 2026.

El próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos elegirán a siete consejeros principales y siete suplentes para integrar ese organismo. Cabe recordar que, de los siete integrantes principales, tres serán elegidos de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y uno de la correspondiente a pueblos y nacionalidades.

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Hasta este 20 de junio de 2026, el CNE había registrado la inscripción de 15 postulantes. La mayoría presentó su documentación en Guayas (8). También existen aspirantes de Tungurahua, Pichincha y Manabí.

En la lista de postulantes aún no constan los actuales consejeros del CPCCS. Hasta el momento se conoce que el ahora exvocal Roberto Gilbert podría buscar la reelección. Esto, tras su renuncia presentada el pasado 19 de junio.

"Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo", afirmó Gilbert ese día durante una rueda de prensa.

¿Quiénes se han inscrito hasta el momento?

En el listado destacan al menos tres nombres por su trayectoria en el sector público y por haber participado en otros procesos de designación de autoridades.

Por ejemplo, Carlos Ruiz Paucar participó en el concurso para designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado en 2016. En el listado también constan perfiles que formaron parte del anterior proceso de elección de los consejeros del CPCCS.

La nueva secretaria del CNE, Betty Báez, recordó que los requisitos para postular son: