Las acciones de Jaime Bernabé

• Jaime Otton Bernabé Erazo vendió sus acciones días antes de ser oficializado como ministro de Salud.
• Los registros muestran que Interhospital, Interlab y Medec fueron endosados a Norma Castro Ramírez.
• Pese a las ventas, el ministro mantiene una participación activa en la empresa Empresalud S.A.

Jaime Otton Bernabé Erazo, nuevo ministro de Salud Pública, liquidó sus participaciones accionarias en el sector hospitalario privado de Guayaquil en una ventana de 72 horas previa a su nombramiento oficial por el presidente Daniel Noboa el 27 de abril de 2026. 

Los registros de la Superintendencia de Compañías confirman que el funcionario traspasó sus capitales en Interhospital S.A. e Interlab S.A. a una misma persona natural, una acción administrativa dirigida a disipar las alertas por conflicto de intereses que retrasaron la emisión del Decreto Ejecutivo 369.

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El endoso sistemático a una sola beneficiaria

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado jueves 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de su posesión.

Esta operación fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $ 1.920, un movimiento efectuado el martes 21 de abril. La trazabilidad documental expone un patrón técnico: ambos paquetes accionarios, al igual que su participación en la firma extranjera Medecorporated S.A. —traspasada previamente—, fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Aunque la serie de transacciones liquida en el papel su control en los consorcios médicos más grandes de la ciudad, en el sistema de control de la Superintendencia, Bernabé aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A. Aunque el capital invertido en esta firma es de apenas un dólar frente a un total de $ 4.000 (lo que representa un 0.025 %).

Con la firma del Decreto 369, el Estado ha entregado la rectoría sanitaria a un ciudadano que se desprendió de sus activos mayoritarios a contrarreloj, y que tiene por delante el enorme desafío de orientar un sistema de Salud Pública que acumula quejas por deficiente. 

Lo que debes saber

• Unidad Popular alista una triple ofensiva legal tras la decisión del CNE de cancelar su personería jurídica.
• El movimiento denuncia que la medida es ilegal, tomada fuera de plazo y sin sustento en la reducción de adherentes.
• La cancelación de Unidad Popular por parte del CNE abre un nuevo frente político y judicial.

Unidad Popular espera la notificación de la decisión sobre su cancelación para emprender tres acciones simultáneas: apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), demandar en la Corte Constitucional y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mañana de este 27 de abril de 2026, el representante legal del movimiento político, Geovanni Atarihuana, insistió en que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es ilegal. Primero, según la organización política, se tomó fuera de tiempo.

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“Viola el Código de la Democracia. El inciso final del artículo 327 es claro y dice que debe hacerse al menos 120 días antes de la convocatoria a elecciones”. El dirigente político recordó que, con el cambio de fechas del calendario electoral, ese plazo culminó el 3 de abril pasado.

Después, Atarihuana indicó que el CNE no ha podido demostrar la reducción del número de adherentes. Dijo que el mismo organismo certificó el pasado 13 de abril la desafiliación de 1.483 personas. Eso, según el representante legal, no representa el 50 % que se usó como base para decidir la cancelación.

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“La resolución ilegal e inconstitucional que tomaron dos miembros del CNE no es solo un golpe a nuestro derecho de participación sino a la democracia. Está en marcha un fraude contra la democracia”, insistió.

¿Qué decidió el CNE?

El 26 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió la cancelación del movimiento político. Un informe sugería dicha acción, teniendo en cuenta que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes que permitan validar o actualizar esos datos en las bases institucionales. 

Es decir, Unidad Popular contaba con menos del 50 % de adherentes, lo que constituye una causal para la cancelación.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

Nuevo ministro de Salud 

• El presidente firmó el Decreto 369 para posesionar al nuevo titular sanitario.
• La designación ocurre días después de que el Gobierno prometiera revisar el perfil del funcionario.
• El médico figuraba como accionista activo de clínicas y laboratorios médicos

El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 27 de abril de 2026 la designación de Jaime Otton Bernabé Erazo como el nuevo titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la suscripción del Decreto Ejecutivo 369. Se convierte en el séptimo ministro en esta cartera de Estado desde que Noboa es presidente. 

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La medida administrativa se ejecuta apenas tres días después de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, asegurara públicamente que el régimen retrasaba la firma del documento para revisar posibles conflictos de intereses del candidato. 

Con la emisión de este decreto, el Ejecutivo entrega la rectoría del sistema sanitario nacional a un médico intensivista que mantenía inversiones activas en empresas como Semesa-Servicios Médicos S.A. e Interhospital S.A.

El nombramiento de Bernabé pone fin al encargo que mantenía la vicepresidenta de la República, María José Pinto, desde el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la formalización del cargo evidenciaba una falta de filtros técnicos en la designación de altas autoridades de Estado.

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Apenas el 24 de abril, Morillo admitió en una entrevista televisiva que la posesión estaba en pausa temporal mientras se comprobaba que no existieran irregularidades éticas y se evaluaban las alertas sobre la omisión de sus bienes ante la Contraloría General del Estado. 

Ya no figura como accionista en ciertas empresas

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora para viabilizar su llegada al gabinete. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular de Salud concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de la firma del decreto presidencial. 

Esta operación a contrarreloj fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $1.920, un movimiento efectuado el 21 de abril. Ambos paquetes accionarios, al igual que su participación de $ 1 en la firma Medecorporated S.A. (traspasada previamente en marzo de 2024), fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Aunque esta serie de transacciones liquida en el papel su participación mayoritaria en estos consorcios médicos, en el sistema de control societario la autoridad sanitaria aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A., manteniendo vigente la línea que cruza su rol como administrador del Estado y su participación en el sector privado.

Un polémico historial 

Antes de la emisión del reciente decreto presidencial, el Ministerio del Trabajo levantó en apenas cuatro horas una prohibición legal que el funcionario mantenía por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Durante su paso fugaz de 27 días por la Dirección General del IESS en 2024, el actual ministro no registró su declaración patrimonial en los portales de control del Estado.

Fin a la gestión de María José Pinto 

El artículo 3 del decreto deroga las funciones de la vicepresidenta Pinto y pone en vigencia inmediata la autoridad de Bernabé, quien hereda un sistema de salud colapsado por la falta de insumos y denuncias de mafias enquistadas en la red hospitalaria pública.

Quinto Puente

• Maquinaria pesada retomará trabajos físicos en los tramos 4 y 5 del viaducto sur entre junio y julio.
• Ministro Roberto Luque admite que no existe contacto oficial con el viceprefecto sobre la obra estatal.
• La terminación unilateral del contrato previo busca acelerar plazos frente al ritmo de la gestión provincial.

El desarrollo del Quinto Puente se 'reinicia' en uno de sus frentes de construcción.  El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril la recontratación inminente de los tramos 4 y 5 del Quinto Puente en Guayaquil.

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El titular de la cartera, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril, en una entrevista radial, que el proceso se encuentra en su fase final de liquidación, la cual concluiría la próxima semana.

La medida obliga a una recontratación de estos tramos. Pese a las dudas que genera el reinicio de un trámite estatal de esta magnitud, el ministro justificó la maniobra bajo un cálculo de tiempo: "Incluso con el retraso de la liquidación y la recontratación, vamos a terminar antes que si seguíamos al ritmo que veníamos". Según su cronograma, habrá nueva maquinaria operando entre finales de junio y julio.

Todavía no ha conversado con el próximo prefecto, Carlos Encalada

Aunque Luque admitió que aún no tiene contacto con quien será el nuevo prefecto tras la renuncia de Marcela Aguiñaga,  el viceprefecto Carlos Encalada, aseguró que la relación con el Gobierno Provincial entra en fase de tregua. "Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta (Marcela Aguiñaga) se están resolviendo", sentenció, en un intento de desmarcar la obra de las recientes disputas de despacho.

Mientras los tramos 4 y 5 buscan nuevo contratista, el tramo 1A está próximo a ejecutarse. Esta fase corresponde a la llegada del viaducto a Guayaquil por la avenida Cacique Tomalá. Luque adelantó que el contrato se firmará a mediados de mayo. La obra dividirá la zona urbana del sur (Guasmo) del área logística portuaria, salvaguardando la operatividad del hospital del sector.

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El núcleo del proyecto, que comprende los tramos 1, 2 y 3 (el puente sobre el agua), ya cuenta con estructuración financiera y diseños listos, según adelantó Luque, y que espera que se liciten "a finales de este año (2026) o inicios del próximo". Si los plazos oficiales no sufren nuevos tropiezos, el producto final del Quinto Puente estará operativo en 2029.

El objetivo, según el titular del Legislativo ecuatoriano, es fortalecer la cooperación entre parlamentos y construir una agenda común frente a desafíos compartidos como la seguridad, la atracción de inversiones, la modernización del Estado y la eficiencia legislativa.

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Según la Asamblea Nacional del Ecuador, hasta el momento hay tres países que han mostrado interés en ser parte de la alianza: Chile, Uruguay y Argentina. 

Olsen mantuvo encuentros con autoridades parlamentarias y representantes institucionales para identificar experiencias que puedan ser analizadas, adaptadas y compartidas con otros países de la región.

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"Esta alianza busca avanzar hacia la conformación de la Red Parlamentaria de Latinoamérica, un espacio de diálogo directo entre poderes legislativos para compartir experiencias, identificar soluciones aplicables y coordinar respuestas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales", indicó la Asamblea de Ecuador.

¿Qué pasó en Chile y Argentina con la propuesta?

Olsen se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. Se suscribió un memorando de entendimiento entre el Congreso chileno y la Asamblea Nacional del Ecuador. 

“Las conversaciones abordaron modernización digital parlamentaria, transparencia legislativa y transferencia de herramientas tecnológicas desarrolladas”, informó el Parlamento ecuatoriano en un comunicado.

Asimismo, en Argentina, Olsen se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien intercambió experiencias sobre digitalización parlamentaria y marcos legislativos para la atracción de inversiones.

Ecuador será sede del primer encuentro

Después de los encuentros en diferentes países de la región, la Asamblea de Ecuador prevé el primer encuentro formal de esta alianza durante este año. “En esa cita se espera reunir a los primeros países vinculados a esta etapa inicial y abrir la participación a otros parlamentos de Latinoamérica, con el objetivo de definir líneas de trabajo conjuntas”, señaló la Asamblea Nacional.

Todo esto ocurre en medio de los señalamientos a una Asamblea en la que el oficialismo ha bloqueado la fiscalización de temas relacionados con el Gobierno Nacional y el enfrentamiento con el bloque opositor de la Revolución Ciudadana.

Con la ausencia de Olsen y bajo la dirección de la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno (ADN), se trató el pedido de levantamiento de inmunidad a la oficialista Diana Jácome por una querella presentada en el ámbito judicial por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan González. 

En contraste, el oficialismo decidió no tratar una solicitud similar en contra de la correísta Mónica Palacios, quien sí enfrentará una querella ante la justicia.

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.

Lo que debes saber

• Crisis de confianza en Ecuador persiste en 2026: encuesta de Click Research muestra alta desaprobación instituciona.
• Efrén Guerrero advierte: Gobierno no aplica políticas para revertir desconfianza en Asamblea, justicia y Ejecutivo.
• Más del 60 % tiene emociones negativas en Ecuador: percepción empeora por seguridad y economía.

La crisis de confianza en las instituciones es histórica en Ecuador. El Gobierno tampoco está impulsando políticas públicas para cambiar la percepción de que las cosas van mal. Lo apunta Efrén Guerrero, en su análisis de resultados de encuestas que se han difundido en abril 2026.

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La más reciente encuesta de Click Research evidencia la poca credibilidad en organismos del Estado. ¿Eso no es una novedad, verdad?

Históricamente se analizan la confianza interpersonal e institucional; siempre vemos una percepción negativa del ecuatoriano sobre su situación y su destino, no se ha visto un nivel de positivismo, desde 2018 y luego con la pandemia. Ocurre a nivel mundial, creo. 

Los gobiernos sucesivos y el actual no generan herramientas para revertir esa tendencia.

Con acciones como la del ministro de Trabajo, Harold Burbano, que se moró dos meses en eliminar la inhabilidad de quien debía presidir la Judicatura, ¿se mina más esa confianza?

Lo de Click es un análisis de la confianza ciudadana, algo estructural, no de escándalos puntuales. Se ve que la desconfianza en instituciones es alta: Asamblea, 70.84 % de desaprobación; sistema de justicia, 71,84 %, inclusive en el Ejecutivo, 54,68 %. 

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No hay estadística que le salga bien al Presidente y su excesivo personalismo hace que lo que pasa en el Legislativo o lo que hagan los ministros también sea su culpa. Es una crisis de confianza por legitimidad institucional, los temas percibidos son materiales, seguridad y economía. 

No son situaciones externas, hay un problema histórico. Y la expectativa actual es que hay empeoramiento y no corrección.

¿La decisión del CNE de adelantar elecciones llega a la conversación del común de mortales y erosiona más la confianza en ese ente?

David Easton habla sobre el apoyo específico y el apoyo difuso. En la encuesta se ve apoyo específico a decisiones concretas, con la decisión del CNE está de acuerdo el 52,17 %, no es rechazo masivo. 

Pero la confianza en el sistema está golpeada, el problema es la institución, no la decisión. Además, el 60,97 % tiene emociones negativas sobre el país. Las decisiones del CNE no llegan solo al círculo rojo, aunque llegan de modo superficial. 

Es típico de sistemas políticos desgastados, la ciudadanía reacciona a eventos, pero en el fondo no cree en las instituciones que los producen.

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Hablo con taxistas sobre las seccionales y dicen que les da lo mismo. ¿Es grave?

Muy grave, es un indicador empírico que muestra que las emociones negativas sobre el país, la angustia y el pesimismo se mantienen. Me preocupa que la gente esté clara en que la situación se pondrá peor en seis meses. Es el clima: desconfianza en el sistema.

¿Y el Gobierno?

Todo lo que hace el Gobierno alimenta la relación de que el sistema no funciona y no va a cambiar, el apoyo específico existe pero el difuso está roto. La gente dice voy a la universidad, pero no creo en la universidad, voy a la calle y si atropello no pasa nada, si me meten un tiro por la calle, hay una posibilidad altísima de que el asesino salga impune.

¿Cómo se ve la Asamblea?

Veo que algunos asambleístas hacen obra social en sus provincias y lo colocan en sus redes. Tenemos legisladores de muy mala calidad, pero ese no es un problema en sí mismo, sino la expresión visible de un sistema político fragmentado. Todo nace donde termina: la crisis de los partidos políticos.

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¿Cómo debería leerlo el presidente Noboa?

Debería darse cuenta de que no está teniendo muchos éxitos en política pública en los últimos seis meses. Como ciudadano, si me preguntas sobre una obra de Daniel Noboa... La solución al tema de salud ha tenido mucho desgaste con sus vicepresidentas; Pinto no estaba preparada, pero hay que ser como claro, cómo solucionar y analizar qué pasa.

¿Cuál es el riesgo para el Gobierno?

¿Las cifras de esta y otras encuestas son una amenaza existencial para el Gobierno? Vive constantemente en una amenaza existencial, lidia con la tendencia autoritaria, no es solo cosa de Noboa; en Latinoamérica y el mundo. Por otro lado hay una ciudadanía muy violentada, deprimida, incapaz de responder positivamente a estímulos de presidente.

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Si el presidente pide apoyo nacional para algo, no sé cómo reaccionaría la gente; está preocupada por sobrevivir.Efrén Guerrero/ catedrático e investigador

Más de sus reflexiones:

El ecuatoriano no ve un futuro mejor, ahora ni siquiera piensa que migrar sea una opción, anota Efrén Guerrero. Eso y la situación económica, más la violencia, harán que difícilmente responda a estímulos, dice. También que habrá que ver cómo responden en las elecciones, por ejemplo en Cuenca, luego de esa marcha, que dio lugar a, “quinto río”.

¿Quién es Efrén Guerrero?

Catedrático. Investigador. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conduce un programa radial, enfocado en el rock. Reflexiona en su cuenta de X.

Lo que debes saber

• El cambio en el calendario electoral deja a los partidos contra el tiempo: en 52 días deberán concretar alianzas.
• Las reformas al Código de la Democracia elevan el umbral al 5 % y endurecen sanciones.
• Con 231 organizaciones en juego, las alianzas se vuelven clave. Expertos advierten pactos mínimos.

Mover las fechas de un calendario electoral ya aprobado incide también en las conversaciones entre organizaciones políticas para alcanzar acuerdos y evitar la dispersión. En 52 días iniciará el plazo para el registro de alianzas, que ahora deberán sortear no solo la falta de tiempo, sino también las últimas reformas al Código de la Democracia.

El oficialismo y el correísmo dieron paso en 2025 a un paquete de reformas a la normativa. Entre otros cambios, aumentó el porcentaje de votos válidos que debe alcanzar una organización para no correr el riesgo de ser eliminada.

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Más votos válidos para evitar la cancelación

Con la modificación, se pasó del 4 % al 5 % para los movimientos y partidos de alcance nacional. Para los movimientos locales, el requisito cambió del 3 % al 5 %. Pero no fue el único ajuste: antes, la sanción ocurría en caso de resultados adversos en dos elecciones pluripersonales distintas. Ahora, la sanción se impondrá tomando en cuenta un solo proceso electoral.

Aunque el porcentaje aumenta, el incentivo se mantiene. Esto se debe a que, en el cómputo que realizará el CNE, los votos válidos se repartirán de manera igualitaria entre cada integrante de la alianza.

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La finalidad de las alianzas

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la promoción de alianzas responde a la necesidad de impulsar una sola candidatura. 

En ese contexto, el beneficio radica precisamente en cómo se distribuirán los votos válidos para la supervivencia de los movimientos.

El experto en temas electorales Esteban Ron advierte que las organizaciones políticas buscarán alianzas mínimas o apadrinamientos. “También buscarán nichos en los que puedan ser fuertes para lograr las autoridades necesarias y superar el umbral electoral”.

El eje político para las alianzas

Más allá de la normativa y de la exigencia de votos para permanecer en el registro, el tema de alianzas cobra especial interés en las seccionales de 2026 desde el ámbito político. 

ADN y Revolución Ciudadana enfrentan escenarios distintos que podrían impulsar la búsqueda de coaliciones a escala local. Así, los movimientos locales jugarán un papel clave.

Según el registro del CNE, en Ecuador existen 231 partidos y movimientos políticos. De ellos, solo 17 son de ámbito nacional; 63 son provinciales y 137 cantonales. 

Con esa realidad, Ron menciona el apadrinamiento que podrían buscar las organizaciones políticas.

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Para la analista política Grace Jiménez, el adelanto de las votaciones reducirá el tiempo para la construcción de candidaturas y limitará el margen para las primarias y las alianzas. En ese escenario, los movimientos que cuentan con una estructura nacional sólida o con capital político derivado de estar en el gobierno podrían verse beneficiados.

Aunque ADN cuenta con los segundo, su estructura territorial es débil, según la analista. En cambio, RC está obligada a buscar un padrino al no contar con su lista por suspensión.

“La batalla será territorial. ADN tiene poder nacional y narrativa de gestión. Pero en seccionales la dinámica es distinta. Domina quien tiene una estructura barrial y liderazgos cantonales”, explica la experta.

Las claves del caso

• Acumulación de problemas estructurales sin respuesta institucional, lo que incrementa el malestar ciudadano.
  
• Reclamos reiterados por vías deterioradas, servicios básicos deficientes, inseguridad y falta de planificación urbana.
  
• Cuestionamientos al silencio del alcalde Wilson Cañizares, que los moradores  y expertos perciben como falta de liderazgo.

La ciudadanía de Daule está cansada. No es una queja reciente ni un reclamo aislado. Se trata de una acumulación de problemas que, según los residentes, llevan meses e incluso años sin solución. Denuncias reiteradas y reportes en redes sociales evidencian el hartazgo ciudadano; Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada del alcalde Wilson Cañizares.

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Los principales problemas que aquejan  a Daule

Entre las principales quejas ciudadanas están el deterioro recurrente de las vías, el desorden en el tránsito, la deficiente planificación urbana que, según los moradores, no prioriza la calidad de vida, la inseguridad y la falta de pronunciamientos frente a los deficientes servicios básicos.

Pese a las Múltiples publicaciones de este Diario sobre los reclamos ciudadanos, no ha existido un pronunciamiento directo por parte del alcalde Cañizares. De hecho, la última vez que brindó una entrevista a EXPRESO fue en agosto de 2025. Este silencio, para los moradores, resulta cada vez más incómodo e incluso cómplice.

El reclamo ciudadano ante el silencio del alcalde

"No dice nada, es como si ni le importara. Nos matamos reclamando, yendo al Municipio, dejando mensajes en redes sociales, y nada. Él no habla y por eso termina siendo cómplice", criticó Milagro García, moradora de Daule.

El estado de las vías es uno de los reclamos más reiterados. La avenida León Febres Cordero, uno de los principales ejes de conexión, así como las calles internas de urbanizaciones como La Joya, Villa del Rey, Villa Club, Casa Laguna y Vistana, presentan baches, desniveles y tramos deteriorados que complican la movilidad diaria.

"Este tema ya lleva años y siempre es lo mismo. Después de tanto insistir, arreglan, pero a los pocos meses todo se vuelve a dañar", comenta Luis Fernando Mena, residente de La Joya. A su testimonio se suma el de Carla Zambrano, de Villa Club: "No podemos acostumbrarnos a vivir así. Pagamos tantos impuestos y las calles son malas".

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La presencia de agentes de tránsito es otro punto conflictivo. Los moradores denuncian que su presencia es escasa, especialmente en zonas críticas donde el flujo vehicular es alto. Además, reportan la circulación frecuente de vehículos pesados en áreas donde no está permitido, así como accidentes constantes en el redondel de la vía a Salitre.

"Aquí cada semana hay un choque y nadie controla nada. Los camiones pasan como si fuera una carretera libre", señala Jimmy Andrade, habitante de Casa Laguna, quien recrimina que, aunque la competencia no sea 100% municipal, no hay pronunciamientos. "No hay autoridad. Es tierra de nadie. Si pasa algo, cada quien resuelve como puede", protestó.

En materia de urbanismo, los ciudadanos también expresan preocupación por la falta de áreas verdes. Aunque, como informó EXPRESO, recientemente se habilitó un parque en los exteriores de Villa Club, los moradores cuestionan que se trate de un espacio mayormente de cemento, sin árboles ni sombra. "Con este calor es imposible usarlo. Cada vez hay más plazas comerciales y urbanizaciones, pero menos espacios para respirar. No hay equilibrio", comenta Rocío Orellana, quien duda de que exista una planificación real en Daule.

Piden pronunciamiento ante problemas en servicios básicos

Por otra parte, los constantes cortes de energía y de agua también han generado malestar. Aunque estos servicios no dependen directamente del Municipio, los ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos o gestiones visibles por parte de la autoridad local. 

“No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente”, expresa Andrés Molina, de Villa Club. Para Patricia Ruiz, de Casa Laguna, el silencio agrava la situación: "Ni siquiera hay una postura. Es como si no pasara nada. Parece que el alcalde no vive en Daule".

A esto se suma el incremento en las planillas de agua, debido a un nuevo cobro vinculado a la recolección de basura. “Nos llega el agua cuando quieren y encima ahora pagamos más. Es absurdo”, afirma Santiago Cuello, residente de La Rioja.

No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que representeAndrés Molina
​residente de Villa Club

La recolección de basura tampoco escapa a las críticas, principalmente en sectores de La Aurora, donde moradores aseguran que el servicio es irregular, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en varios puntos. EXPRESO ha reportado en reiteradas ocasiones la presencia de montículos de basura en viales como el 10 y en la avenida León Febres Cordero.

La inseguridad es, quizás, una de las preocupaciones más sensibles. En los últimos años se han registrado hechos violentos incluso en zonas consideradas exclusivas y en los exteriores de centros comerciales. Aunque la seguridad no es una competencia exclusiva del Municipio, los ciudadanos reclaman coordinación con otras entidades. "Queremos ver presencia, operativos, algo que nos haga sentir protegidos. En Guayaquil hay Segura EP y en Samborondón hay muchas cámaras, pero acá nada".

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Freddy Josue Andrade Andrade

Analista político se refiere al silencio de Cañizares

Sobre el tema, Jorge Chuya, analista político, considera que este silencio puede ser parte de una estrategia. “El alcalde también puede estar pensando en las próximas elecciones y puede que prefiera no hablar porque su hija podría buscar el cargo”, considera el experto.

Sin embargo, recuerda que el estilo de Cañizares nunca ha sido populista, pero en este tipo de casos es necesario hablar. "En La Aurora se siente la ausencia de ese líder. Cuando se está al frente de la alcaldía, se debe salir a responder sobre los problemas. Ese silencio le hace sentir a la ciudadanía que está en abandono", mencionó.

Entre reclamos que se acumulan y respuestas que no llegan, los moradores de Daule continúan esperando. Mientras tanto, el silencio, que algunos ya califican como costumbre, sigue ocupando un lugar central en la discusión pública del cantón.

Lo que debes saber

• Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos se actualiza en Ecuador en 2026, luego de tres años y cinco meses. 
• Trae nuevos tratamientos para tratar esquizofrenia, males renales, cáncer, entre otros. Ahora hay 514 principios activos.
• Conamei evaluó 460 solicitudes; solo 32 avanzaron tras filtros de eficacia, seguridad y costo; expertos analizan.

Fórmulas para tratar la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y ciertos tipos de cáncer se incorporaron al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB). La duodécima revisión ya fue entregada. La actualización anterior estaba vigente desde noviembre de 2022.

Ecuador

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Enrique Terán, presidente de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), presentó el documento a Irina Almeida, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Salud, el pasado jueves.

En entrevista con EXPRESO, Terán -docente universitario e investigador en biomedicina- explicó que durante el proceso recibieron 460 solicitudes de inclusión de fármacos, pero ninguna de exclusión. 

“Es un mal termómetro: si un producto ya no se utiliza o ha sido descontinuado, debería informarse. La falta de solicitudes de exclusión revela poca revisión crítica del sistema”, señaló.

El proceso para incluir un medicamento en Cuadro Básico

Tras un primer filtro para verificar requisitos básicos, la mayoría de las postulaciones fue descartada por información incompleta. La comisión solicitó a los proponentes que subsanaran los datos y reenviaran sus expedientes. Finalmente, 135 solicitudes pasaron a la fase de evaluación.

El análisis de la Conamei se centró en tres criterios: 

A partir de estos parámetros se aplica una ponderación técnica sobre un máximo de 12 puntos. Solo los medicamentos que alcanzan al menos siete avanzaron a la siguiente etapa del proceso.

La medicina para enfermedades no prevalentes no debería estar en el cuadro. Pero deban ser tratadas, hay un proceso para autorizar la compra, es tortuoso.Enrique Terán, presidente Conamei

El costo no es un determinante

El médico Enrique Terán subrayó que el costo es un criterio relevante, pero no determinante, ya que forma parte de la ponderación técnica dentro de la escala de evaluación. 

De las 135 solicitudes que superaron el primer filtro, 42 avanzaron a la siguiente fase. Varias solicitudes fueron descartadas porque el uso propuesto del medicamento no está aprobado en Ecuador, carecían de registro sanitario, no se comercializan en el país o no cuentan con evidencia clínica suficiente ni información de costo-beneficio.

“Es la fase más exigente del proceso”, señaló Terán. Tras ese análisis, la lista se redujo a 32 opciones que continuaron en evaluación.

La actualización de fármacos era necesaria: Sociedad de Reumatología

Ivonne Quezada, expresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, participó en las mesas técnicas para la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

La médica destaca que los avances en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes han sido significativos en los últimos años, mientras Ecuador se rezagaba en el acceso a terapias más modernas.

“La provisión de estos fármacos debe ser una prioridad del sistema público. Había medicamentos necesarios que no estaban disponibles”, explica. Según la especialista, en esta nueva revisión se logró incorporar evidencia científica sobre eficacia y seguridad para patologías como la artritis reumatoide, artritis psoriásica y soriasis y espondiloartritis axial.

Quezada valora que se haya convocado a especialistas en reumatología para este proceso. Considera importante que se escuche a quienes tratan estas enfermedades.

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En esa línea, Quezada añade que, aunque Ecuador ya contaba con algunos medicamentos biológicos, la oferta era limitada y no respondía a la diversidad de los pacientes. 

“No todos reaccionan igual a un mismo tratamiento. Se necesitan distintas alternativas terapéuticas, incluidas opciones de última generación, que ofrecen mayor eficacia clínica y mejores perfiles de seguridad”.

El cuadro cubre el perfil epidemiológico 

Elsye Durán, exdirectora nacional de Medicamentos, explica que en salud las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos de los Estados son finitos. 

De ahí que el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos funcione como una lista de fármacos esenciales, diseñada en función del perfil epidemiológico del país y orientada a cubrir cerca del 80 % de las enfermedades más frecuentes.

Su importancia -subraya Elsye Durán- no radica solo en garantizar tratamientos seguros y eficaces, sino en permitir la planificación del financiamiento y asegurar la disponibilidad de medicamentos en el sistema público.

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Durán aclara que el perfil epidemiológico no se limita a las enfermedades infecciosas. Incluye también las patologías crónicas no transmisibles -como hipertensión, diabetes e incluso cáncer-. 

Pero precisa que no todos los tratamientos pueden estar incorporados en el cuadro básico. Para patologías poco frecuentes o raras existen otros mecanismos. 

La normativa establece que el Ministerio de Salud aplique un procedimiento para garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, basándose en evidencia.

La política pública no se traza para un individuo, el perfil epidemiológico de una población traza la cancha, señala lo que es indispensable, por eso es un listado de esenciales.Elsye Durán/ Salubrista- farmacéutica

Lo que debes saber

• Luisa González oficializa su precandidatura a la Prefectura de Manabí para las elecciones de noviembre.
• La Revolución Ciudadana busca alianzas ante la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.
• González denuncia persecución del gobierno de Daniel Noboa a otros partidos para evitar candidaturas del correísmo.

La excandidata presidencial Luisa González anunció su intención de postularse a la Prefectura de Manabí en los comicios seccionales de noviembre de 2026. Tras una gira internacional, la dirigente de la Revolución Ciudadana confirmó que buscará suceder a Leonardo Orlando, en un escenario marcado por la suspensión del movimiento RC dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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¿Por qué Luisa González busca la Prefectura de Manabí?

La decisión de Luisa González de candidatizarse responde a la necesidad de la Revolución Ciudadana de mantener el control de su bastión político más importante: Manabí. El actual prefecto, Leonardo Orlando, no puede optar por la reelección tras cumplir dos periodos consecutivos, lo que deja el camino libre para que González lidere la propuesta electoral del correísmo en la provincia.

El impacto de la suspensión del TCE y la denuncia de fiscalía

El anuncio de la candidatura ocurre en medio de una crisis jurídica para la organización. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dictó una suspensión provisional de nueve meses contra el movimiento, derivada de una investigación del fiscal general, Carlos Alarcón, por presunto lavado de activos.

González ha calificado esta medida como una "persecución" política orquestada por el gobierno de Daniel Noboa. Para sortear este bloqueo, la Revolución Ciudadana ha implementado una estrategia de desafiliación focalizada, permitiendo que sus cuadros participen bajo el auspicio de otras plataformas políticas.

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Detalles clave de la postulación y el contexto político

A través de un comunicado, el organismo sostuvo que aplicó el procedimiento contemplado en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia. Según el CNE, tanto Unidad Popular como Construye contaron con un plazo de 10 días para presentar la documentación que respalde el número mínimo de afiliados y adherentes permanentes exigido por la normativa.

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El organismo también indicó que los informes técnico-jurídicos aprobados por el Pleno determinaron que las organizaciones políticas tienen la obligación de mantener actualizados y remitir periódicamente sus registros de afiliación, conforme lo establece el artículo 335 del Código de la Democracia.

Sin embargo, tras la revisión de la información entregada, el CNE concluyó que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes que permitan validar o actualizar esos datos en las bases institucionales.

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Una decisión en medio de una polémica votación

Las decisiones sobre Unidad Popular y Construye fueron similares en su motivación, pero siguieron caminos distintos al momento de la votación. 

Mientras que en el caso de Construye no hubo desacuerdos, la resolución sobre UP requirió del voto dirimente de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Cuatro vocales asistieron a la sesión, que se realizó de forma virtual. El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, argumentó problemas de conectividad para no participar.

En ese escenario, Atamaint y el vocal suplente José Merino votaron a favor de aprobar el informe que recomendaba la cancelación de UP. Los consejeros Elena Nájera y José Cabrera votaron en contra. 

Posteriormente, Nájera solicitó la reconsideración y, en la segunda votación, no solo cambiaron los votos, sino también el orden de intervención.

Nájera se abstuvo y Cabrera también optó por la abstención. La clave estuvo en este último voto, que generó el empate y habilitó a Atamaint a ejercer su voto dirimente para definir la aprobación.

Por ahora, Unidad Popular ha anunciado que recurrirá a instancias nacionales e internacionales. La primera será el Tribunal Contencioso Electoral y luego prevé acudir a la Corte Constitucional.

Claves del encuentro diplomático

• El canciller de Irán presentará a Rusia los avances sobre un marco viable para frenar las hostilidades.
• Donald Trump canceló el viaje de sus delegados a Pakistán al rechazar la propuesta técnica iraní.
• La delegación de Teherán coordina posturas con Arabia Saudí y Catar antes de las reuniones en Moscú.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, mantendrá una reunión oficial este lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar las negociaciones de paz en Medio Oriente. La cita fue ratificada por la diplomacia de Rusia.

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Encuentro diplomático clave

La agenda del encuentro bilateral se centra en el establecimiento de un alto al fuego y la evaluación de los diálogos con Estados Unidos. Esta gestión en territorio ruso obedece a una gira internacional. Araqchi regresó este domingo a Islamabad con el objetivo de afinar las consultas técnicas sobre el conflicto armado.

En la capital de Pakistán, el funcionario entregó un "marco viable" estructurado para el cese de hostilidades y se mantiene a la espera de una resolución norteamericana. Sin embargo, la administración estadounidense mantiene una postura rígida frente al expediente. El presidente Donald Trump suspendió el traslado de sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, hacia Islamabad.

El Ejecutivo norteamericano argumentó que no movilizará a su equipo sin la existencia de garantías de éxito, descartando la reciente oferta de Irán al catalogarla como insuficiente. Adicionalmente, el mandatario exigió que Teherán establezca comunicación directa con la Casa Blanca para viabilizar el proceso de negociación.

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Como paso previo a su traslado a Rusia, el representante de la diplomacia iraní ejecutó comunicaciones telefónicas con las autoridades de Arabia Saudí y Catar para consolidar la estrategia regional. Asimismo, ejecutó una escala en Omán, donde el sultán Haizam bin Tariq exhortó a priorizar la vía diplomática.

Para dar continuidad a las gestiones en Pakistán, un bloque de la delegación retornó a Teherán con el propósito de recibir instrucciones directas antes de reincorporarse a los operativos diplomáticos.

Ecuador extiende su apoyo al pueblo estadounidense

• El Estado ecuatoriano repudió el incidente suscitado en la Asociación de Corresponsales.
• La Cancillería reiteró su respaldo a las instituciones democráticas norteamericanas.
• El Ejecutivo calificó como inaceptable el uso de la violencia en espacios de debate político.

El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitió un pronunciamiento oficial este 26 de abril de 2026 para repudiar el intento de asesinato perpetrado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su círculo cercano durante un evento de la prensa.

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El rechazo a la violencia política y respaldo institucional

Tras el operativo de evacuación ejecutado por agentes del Servicio Secreto en el hotel Washington Hilton, la diplomacia ecuatoriana formalizó su postura.

El documento estatal condena de la manera más firme y enérgica la vulneración del cerco de seguridad registrado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que concentró a altas autoridades del Gobierno federal.

Asimismo, la cartera de Estado ratificó su respaldo institucional a la administración estadounidense ante el altercado armado.

"El Ecuador expresa su solidaridad con el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos", detalla el boletín diplomático, enfatizando el compromiso bilateral con la protección de los valores compartidos y las entidades democráticas.

La diplomacia nacional sentenció que la violencia política resulta inaceptable y carece de lugar en las democracias contemporáneas.

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¿Por qué Priscila Schettini solicita incorporarse a la Asamblea? Esto argumenta

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Ahora Muñoz, quien reitera que es una mujer montuvia, anuncia que su equipo jurídico analiza las declaraciones de quien fue su líder, el expresidente Rafael Correa; y de todos quienes han hablado en su contra. Eso por no dejar el encargo para que asuma la titular de la curul, como reclaman sus antiguos compañeros.

En una entrevista con Visionarias, Muñoz adelantó que denunciará a Correa por “incitar al odio”. Además a Schettini y a una periodista (Alondra Santiago), “por “levantar falsos en mi contra”. 

Annie Muñoz afirmó que identifica violencia psicológica, discriminación ética y racial y violencia política de género.

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Esto alega Annie Muñoz:

Según Muñoz, la posesión del 14 de mayo del 2025 fue un acto administrativo que caducó para quien no pudo cumplir los requisitos. 

“Es lamentable, no soy yo la que la ha violentado y ha usurpado”.Annie Muñoz

En esa línea, Muñoz dijo que defenderá su curul y que incluso la expulsión de la Revolución Ciudadana califica como infracción grave. La legisladora aseguró que siempre fue leal al proyecto político. 

“No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó. Aunque obviamente ella era suplente de Santiago Díaz, reemplazo de Schettini, quien ganó la curul. 

Schettini perdió los derechos políticos durante tres años, tras una denuncia por violencia política de género de la exfiscal Diana Salazar.

Lo que dice Priscila Schettini

Por su parte, Schettini ha dicho que hubo “un pacto entre el presidente Niels Olsen, de ADN; y el Consejo de Administración Legislativa con Muñoz, para quitarme mi curul”. Se refiere a un oficio enviado por Muñoz en el que pide que se niegue la posibilidad de que ingrese como asambleísta nacional. Alega que también fue elegida en plancha

• Las reformas impulsadas por el presidente Nayib Bukele ya rigen en El Salvador y contemplan prisión perpetua para menores condenados por homicidio, violación o vínculos con pandillas, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022.
• Aunque el oficialismo defiende la medida como constitucional, organismos internacionales advierten que la cadena perpetua para menores vulnera principios de reinserción y proporcionalidad en la justicia juvenil.

El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entró en vigencia este domingo 26 de abril, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales.

Estas reformas penales, cuyo decreto legislativo fue publicado el 27 de marzo pasado en el Diario Oficial, fueron avaladas tras la ratificación de un cambio constitucional que impone la prisión perpetua para delitos de homicidio - incluido el feminicidio -, violación y pertenencia a las pandillas, considerados grupos terroristas.

Las enmiendas imponen la cadena perpetua a los menores juzgados y condenados por estos delitos, y crea los "juzgados de lo criminal" que se encargarán de procesar estos casos - a excepción de los relacionados con el terrorismo - así como un proceso especial para su trámite.

Las reformas también establecen que los condenados en estos casos no tendrán los beneficios de la "libertad condicional, ni la libertad condicional anticipada", y que "únicamente aplicará la revisión de la pena perpetua y en caso de ser procedente el régimen de libertad controlada".

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Entre las justificaciones dadas por el Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Idas (NI), está que la cadena perpetua "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".

Sin embargo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) apuntan que es contrario a dichos estándares.

Organismos se pronuncian

La CIDH analizó que "la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena".

Mientras que la directora de la División de las América de la organización HRW, Juanita Goebertus, dijo el pasado 27 de marzo que, según lo aprobado, la prisión perpetua podría ser revisada tras 25 años de pena, lo que "contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción".

Las reformas para permitir la pena perpetua en el país se aprobaron en el marco de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Lo que debes saber

• La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 7 de abril en Perú. 
• ,Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %.

Un primer sondeo de opinión sobre las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de abril en Perú indicó este domingo 26 de abril que la derechista Keiko Fujimori mantiene un empate técnico con el izquierdista Roberto Sánchez y es superada ligeramente por el ultraderechista Rafael López Aliaga.

La encuesta, elaborada por la empresa privada Ipsos, señaló que el liderato que obtuvo Fujimori en los comicios generales del pasado 12 de abril decae al momento de enfrentarse con los otros dos candidatos que tienen opciones a disputar con ella la jefatura de Estado peruana para el período 2026-2031.

Cuando se ha contado el 95,88 % de los votos de las elecciones generales, Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %; y López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,89 %.

El conteo oficial deberá acabar en los próximos días, cuando se resuelvan unas 3.800 actas de votación aún pendientes de revisión por el jurado electoral.

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La encuesta de Ipsos señaló que Fujimori y Sánchez aparecen empatados hacia una eventual segunda vuelta, con un 38 % de las preferencias actuales, mientras que un 17 % indica que piensa votar en blanco o anular su voto, y un 7 % no precisa su preferencia.

"El electorado va tomando posición"

En el caso de un enfrentamiento con López Aliaga, un 34 % de los votantes señala que apoyaría al líder ultraderechista, y un 31 % a Fujimori, mientras que un 27 % señala que no votaría o anularía su voto, y un 8 % no precisa su elección.

"Las fechas son muy importantes. El electorado va tomando posición, lo hemos visto durante toda la primera vuelta. En este caso, se ve una división clarísima y una polarización entre Fujimori y Sánchez", comentó al respecto, el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.

El experto añadió que, en el caso de López Aliaga, al parecer ha logrado disminuir el rechazo hacia su candidatura en un sector de la población, pero remarcó que "va a ser interesante ver el accionar de cada uno de los candidatos para conquistar a la gran mayoría de ciudadanos que no han votado por ellos".

Según su ficha técnica, Ipsos realizó la encuesta a 1.208 personas el 23 y 24 de abril últimos en los 24 departamentos de país y el trabajo técnico tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

Reacciones internacionales

• Javier Milei atribuyó el atentado a la retórica de agrupaciones políticas de izquierda.
• Mandatarios de Brasil y México enviaron mensajes de respaldo al presidente estadounidense.
• La Unión Europea rechazó la vulneración de un espacio destinado a la información.

Tras el operativo de evacuación ejecutado por el Servicio Secreto en el hotel Washington Hilton la noche del 25 de abril de 2026, la comunidad internacional emitió una serie de pronunciamientos diplomáticos para condenar el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.

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Postura regional: señalamiento argentino y diplomacia continenta

La reacción más frontal en la región provino de la Oficina del Presidente de la República Argentina. A través de un documento oficial, Javier Milei repudió el que calificó como el cuarto intento de asesinato desde el retorno de Trump al Ejecutivo. El mandatario argentino no se limitó a la solidaridad, sino que adjudicó responsabilidades ideológicas: "Condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

En una línea estrictamente institucional, el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con la pareja presidencial y los asistentes al evento en Washington. El Ejecutivo brasileño repudió el ataque armado, argumentando formalmente que la violencia política representa una afrenta directa a los valores democráticos que deben ser protegidos.

Delcy Rodríguez, de las primeras en expresarse

Bajo este mismo tono diplomático, desde Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la agresión, sentenciando que la violencia no es una opción para los defensores de la paz. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un breve pronunciamiento confirmando su alivio por la integridad de su homólogo estadounidense y recalcando el rechazo a la vía violenta.

En el continente europeo, la condena se centró en la protección de los principios democráticos y la libertad de información. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, advirtió que no permitirán que el fanatismo condicione los lugares de debate libre.

La cúpula de la Unión Europea también se pronunció. António Costa, presidente del Consejo Europeo, calificó los eventos de inquietantes, mientras que Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, enfatizó la gravedad de vulnerar el evento periodístico: "Un evento destinado a honrar a una prensa libre nunca debería convertirse en un escenario de miedo".

A estas posturas se sumaron el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes catalogaron el ataque armado de inaceptable. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió un mensaje de respaldo a la familia presidencial.

Israel también lo condena 

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó conmoción por la vulneración del cerco de seguridad en Washington D.C. El líder israelí extendió deseos de recuperación para el oficial de policía que recibió impactos en su chaleco antibalas y reconoció la acción de las agencias de seguridad para salvaguardar la vida del mandatario.

Minutos después de emitida la decisión, Atarihuana se pronunció en su cuenta de la red social X. Él escribió: “Sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución con solo dos votos: Diana Atamaint y José Merino, incondicionales de Daniel Noboa, resolvieron cancelar el registro de Unidad Popular”.

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¿Qué hará Unidad Popular?

Por ahora, el movimiento político considera que la resolución es nula por el fondo y la forma. Con ese argumento, Atarihuana aseguró que recurrirán a organismos nacionales e internacionales para que se trate el caso.

“Esto recién empieza, acudiremos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Corte Constitucional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Continuaremos defendiendo nuestro derecho de participación en todos los escenarios”, aseguró Atarihuana.

Además, se planifican más acciones. El movimiento Unidad Popular tiene previsto pronunciarse formalmente el 27 de abril de 2026, con el objetivo de anunciar tanto las acciones legales como las de movilización.

¿Qué decidió el CNE sobre Unidad Popular?

En una sesión marcada por enfrentamientos y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, el Pleno se ratificó en la sanción para Unidad Popular por no contar con el número mínimo de adherentes y afiliados, según lo determina el Código de la Democracia.

El cuerpo colegiado tomó la decisión con base en el informe remitido por dos áreas técnicas del CNE, en el que se argumentó que el movimiento incurrió en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

Las claves del caso 

• El sospechoso viajó desde California y cruzó el cerco de seguridad con dos armas de fuego.
• El presidente estadounidense confirmó el hallazgo de un manifiesto con sesgo religioso.
• El fiscal Todd Blanche detalló que el atacante no coopera con el interrogatorio federal.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluye que el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gabinete eran el objetivo probable del tiroteo registrado el 25 de abril de 2026. El sospechoso, Cole Tomas Allen, vulneró el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton y, según información oficial, operó bajo motivaciones religiosas radicales.

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Manifiesto y motivaciones según el Ejecutivo

Tras ser evacuado por los agentes del Servicio Secreto de la cena anual de corresponsales, el jefe de Estado ejecutó una intervención telefónica en la cadena Fox News la mañana de este 26 de abril para detallar los primeros hallazgos de las autoridades. El mandatario confirmó la incautación de un documento redactado por el atacante.

Trump describió al detenido como un "individuo problemático" y un "lobo solitario", atribuyendo el accionar armado a un evidente trasfondo extremista. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, señaló el presidente sobre el documento que ya se encuentra en cadena de custodia.

Asimismo, el Ejecutivo descartó que el incidente afecte la operatividad de su política exterior, enfatizando que el evento no disuadirá las resoluciones sobre el conflicto en Irán, desligando inicialmente este intento de asesinato de factores geopolíticos internacionales.

El trayecto del agresor y la vulneración del cerco

La operatividad del ataque también ha sido documentada. El hombre de 31 años logró romper el anillo de seguridad por unos pocos metros antes de ser interceptado por las fuerzas del orden. El altercado derivó en un intercambio de disparos que dejó a un oficial impactado en su chaleco antibalas. Según precisó el fiscal general interino, Todd Blanche, la revisión de los dispositivos electrónicos del detenido evidencia una planificación dirigida contra los funcionarios de la actual administración.

La reconstrucción de la ruta técnica indica que Allen viajó en tren desde Los Ángeles hacia Chicago, para luego trasladarse a la capital estadounidense, donde se registró como huésped del hotel uno o dos días antes del evento. El sospechoso portaba armas blancas y dos armas de fuego que fueron adquiridas legalmente en los últimos dos años.

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Génesis Parrales

Allen se encuentra detenido tras una evaluación médica y no colabora activamente con la justicia. Será presentado ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia este lunes 27 de abril. La Fiscalía formulará los siguientes cargos:

En paralelo al proceso judicial en Washington, agentes del FBI ejecutaron un allanamiento en una propiedad de dos pisos en Torrance, un suburbio al suroeste de Los Ángeles, jurisdicción de donde es originario el procesado, con el fin de recabar mayores indicios sobre la planificación del atentado.

Lo que debes saber

• Unidad Popular alista una triple ofensiva legal tras la decisión del CNE de cancelar su personería jurídica.
• El movimiento denuncia que la medida es ilegal, tomada fuera de plazo y sin sustento en la reducción de adherentes.
• La cancelación de Unidad Popular por parte del CNE abre un nuevo frente político y judicial.

Unidad Popular espera la notificación de la decisión sobre su cancelación para emprender tres acciones simultáneas: apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), demandar en la Corte Constitucional y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mañana de este 27 de abril de 2026, el representante legal del movimiento político, Geovanni Atarihuana, insistió en que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es ilegal. Primero, según la organización política, se tomó fuera de tiempo.

Política

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“Viola el Código de la Democracia. El inciso final del artículo 327 es claro y dice que debe hacerse al menos 120 días antes de la convocatoria a elecciones”. El dirigente político recordó que, con el cambio de fechas del calendario electoral, ese plazo culminó el 3 de abril pasado.

Después, Atarihuana indicó que el CNE no ha podido demostrar la reducción del número de adherentes. Dijo que el mismo organismo certificó el pasado 13 de abril la desafiliación de 1.483 personas. Eso, según el representante legal, no representa el 50 % que se usó como base para decidir la cancelación.

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“La resolución ilegal e inconstitucional que tomaron dos miembros del CNE no es solo un golpe a nuestro derecho de participación sino a la democracia. Está en marcha un fraude contra la democracia”, insistió.

¿Qué decidió el CNE?

El 26 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió la cancelación del movimiento político. Un informe sugería dicha acción, teniendo en cuenta que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes que permitan validar o actualizar esos datos en las bases institucionales. 

Es decir, Unidad Popular contaba con menos del 50 % de adherentes, lo que constituye una causal para la cancelación.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

Nuevo ministro de Salud 

• El presidente firmó el Decreto 369 para posesionar al nuevo titular sanitario.
• La designación ocurre días después de que el Gobierno prometiera revisar el perfil del funcionario.
• El médico figuraba como accionista activo de clínicas y laboratorios médicos

El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 27 de abril de 2026 la designación de Jaime Otton Bernabé Erazo como el nuevo titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la suscripción del Decreto Ejecutivo 369. Se convierte en el séptimo ministro en esta cartera de Estado desde que Noboa es presidente. 

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Nuevo encargado del Ministerio de Salud, pese a contradicciones en los requisitos

La medida administrativa se ejecuta apenas tres días después de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, asegurara públicamente que el régimen retrasaba la firma del documento para revisar posibles conflictos de intereses del candidato. 

Con la emisión de este decreto, el Ejecutivo entrega la rectoría del sistema sanitario nacional a un médico intensivista que mantenía inversiones activas en empresas como Semesa-Servicios Médicos S.A. e Interhospital S.A.

El nombramiento de Bernabé pone fin al encargo que mantenía la vicepresidenta de la República, María José Pinto, desde el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la formalización del cargo evidenciaba una falta de filtros técnicos en la designación de altas autoridades de Estado.

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Roberto Aguilar

Apenas el 24 de abril, Morillo admitió en una entrevista televisiva que la posesión estaba en pausa temporal mientras se comprobaba que no existieran irregularidades éticas y se evaluaban las alertas sobre la omisión de sus bienes ante la Contraloría General del Estado. 

Ya no figura como accionista en ciertas empresas

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora para viabilizar su llegada al gabinete. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular de Salud concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de la firma del decreto presidencial. 

Esta operación a contrarreloj fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $1.920, un movimiento efectuado el 21 de abril. Ambos paquetes accionarios, al igual que su participación de $ 1 en la firma Medecorporated S.A. (traspasada previamente en marzo de 2024), fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Aunque esta serie de transacciones liquida en el papel su participación mayoritaria en estos consorcios médicos, en el sistema de control societario la autoridad sanitaria aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A., manteniendo vigente la línea que cruza su rol como administrador del Estado y su participación en el sector privado.

Un polémico historial 

Antes de la emisión del reciente decreto presidencial, el Ministerio del Trabajo levantó en apenas cuatro horas una prohibición legal que el funcionario mantenía por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Durante su paso fugaz de 27 días por la Dirección General del IESS en 2024, el actual ministro no registró su declaración patrimonial en los portales de control del Estado.

Fin a la gestión de María José Pinto 

El artículo 3 del decreto deroga las funciones de la vicepresidenta Pinto y pone en vigencia inmediata la autoridad de Bernabé, quien hereda un sistema de salud colapsado por la falta de insumos y denuncias de mafias enquistadas en la red hospitalaria pública.

El objetivo, según el titular del Legislativo ecuatoriano, es fortalecer la cooperación entre parlamentos y construir una agenda común frente a desafíos compartidos como la seguridad, la atracción de inversiones, la modernización del Estado y la eficiencia legislativa.

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Según la Asamblea Nacional del Ecuador, hasta el momento hay tres países que han mostrado interés en ser parte de la alianza: Chile, Uruguay y Argentina. 

Olsen mantuvo encuentros con autoridades parlamentarias y representantes institucionales para identificar experiencias que puedan ser analizadas, adaptadas y compartidas con otros países de la región.

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"Esta alianza busca avanzar hacia la conformación de la Red Parlamentaria de Latinoamérica, un espacio de diálogo directo entre poderes legislativos para compartir experiencias, identificar soluciones aplicables y coordinar respuestas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales", indicó la Asamblea de Ecuador.

¿Qué pasó en Chile y Argentina con la propuesta?

Olsen se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. Se suscribió un memorando de entendimiento entre el Congreso chileno y la Asamblea Nacional del Ecuador. 

“Las conversaciones abordaron modernización digital parlamentaria, transparencia legislativa y transferencia de herramientas tecnológicas desarrolladas”, informó el Parlamento ecuatoriano en un comunicado.

Asimismo, en Argentina, Olsen se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien intercambió experiencias sobre digitalización parlamentaria y marcos legislativos para la atracción de inversiones.

Ecuador será sede del primer encuentro

Después de los encuentros en diferentes países de la región, la Asamblea de Ecuador prevé el primer encuentro formal de esta alianza durante este año. “En esa cita se espera reunir a los primeros países vinculados a esta etapa inicial y abrir la participación a otros parlamentos de Latinoamérica, con el objetivo de definir líneas de trabajo conjuntas”, señaló la Asamblea Nacional.

Todo esto ocurre en medio de los señalamientos a una Asamblea en la que el oficialismo ha bloqueado la fiscalización de temas relacionados con el Gobierno Nacional y el enfrentamiento con el bloque opositor de la Revolución Ciudadana.

Con la ausencia de Olsen y bajo la dirección de la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno (ADN), se trató el pedido de levantamiento de inmunidad a la oficialista Diana Jácome por una querella presentada en el ámbito judicial por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan González. 

En contraste, el oficialismo decidió no tratar una solicitud similar en contra de la correísta Mónica Palacios, quien sí enfrentará una querella ante la justicia.

Lo que debes saber

• Crisis de confianza en Ecuador persiste en 2026: encuesta de Click Research muestra alta desaprobación instituciona.
• Efrén Guerrero advierte: Gobierno no aplica políticas para revertir desconfianza en Asamblea, justicia y Ejecutivo.
• Más del 60 % tiene emociones negativas en Ecuador: percepción empeora por seguridad y economía.

La crisis de confianza en las instituciones es histórica en Ecuador. El Gobierno tampoco está impulsando políticas públicas para cambiar la percepción de que las cosas van mal. Lo apunta Efrén Guerrero, en su análisis de resultados de encuestas que se han difundido en abril 2026.

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“El ecuatoriano no halla respuesta en la democracia”: Farith Simon

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La más reciente encuesta de Click Research evidencia la poca credibilidad en organismos del Estado. ¿Eso no es una novedad, verdad?

Históricamente se analizan la confianza interpersonal e institucional; siempre vemos una percepción negativa del ecuatoriano sobre su situación y su destino, no se ha visto un nivel de positivismo, desde 2018 y luego con la pandemia. Ocurre a nivel mundial, creo. 

Los gobiernos sucesivos y el actual no generan herramientas para revertir esa tendencia.

Con acciones como la del ministro de Trabajo, Harold Burbano, que se moró dos meses en eliminar la inhabilidad de quien debía presidir la Judicatura, ¿se mina más esa confianza?

Lo de Click es un análisis de la confianza ciudadana, algo estructural, no de escándalos puntuales. Se ve que la desconfianza en instituciones es alta: Asamblea, 70.84 % de desaprobación; sistema de justicia, 71,84 %, inclusive en el Ejecutivo, 54,68 %. 

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Designación de la presidenta de la Judicatura: Marco Rodríguez se juega por la niña de sus ojos

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No hay estadística que le salga bien al Presidente y su excesivo personalismo hace que lo que pasa en el Legislativo o lo que hagan los ministros también sea su culpa. Es una crisis de confianza por legitimidad institucional, los temas percibidos son materiales, seguridad y economía. 

No son situaciones externas, hay un problema histórico. Y la expectativa actual es que hay empeoramiento y no corrección.

¿La decisión del CNE de adelantar elecciones llega a la conversación del común de mortales y erosiona más la confianza en ese ente?

David Easton habla sobre el apoyo específico y el apoyo difuso. En la encuesta se ve apoyo específico a decisiones concretas, con la decisión del CNE está de acuerdo el 52,17 %, no es rechazo masivo. 

Pero la confianza en el sistema está golpeada, el problema es la institución, no la decisión. Además, el 60,97 % tiene emociones negativas sobre el país. Las decisiones del CNE no llegan solo al círculo rojo, aunque llegan de modo superficial. 

Es típico de sistemas políticos desgastados, la ciudadanía reacciona a eventos, pero en el fondo no cree en las instituciones que los producen.

Habrá que analizar si la marca Gobierno suma, incluso podría restar, en las elecciones seccionales.Efrén Guerrero/ catedrático universitario

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El CNE se ubica entre las instituciones con baja aprobación antes de las elecciones

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Hablo con taxistas sobre las seccionales y dicen que les da lo mismo. ¿Es grave?

Muy grave, es un indicador empírico que muestra que las emociones negativas sobre el país, la angustia y el pesimismo se mantienen. Me preocupa que la gente esté clara en que la situación se pondrá peor en seis meses. Es el clima: desconfianza en el sistema.

¿Y el Gobierno?

Todo lo que hace el Gobierno alimenta la relación de que el sistema no funciona y no va a cambiar, el apoyo específico existe pero el difuso está roto. La gente dice voy a la universidad, pero no creo en la universidad, voy a la calle y si atropello no pasa nada, si me meten un tiro por la calle, hay una posibilidad altísima de que el asesino salga impune.

¿Cómo se ve la Asamblea?

Veo que algunos asambleístas hacen obra social en sus provincias y lo colocan en sus redes. Tenemos legisladores de muy mala calidad, pero ese no es un problema en sí mismo, sino la expresión visible de un sistema político fragmentado. Todo nace donde termina: la crisis de los partidos políticos.

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Deterioro democrático en Ecuador: las ‘banderas rojas’ que identifican abogados

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¿Cómo debería leerlo el presidente Noboa?

Debería darse cuenta de que no está teniendo muchos éxitos en política pública en los últimos seis meses. Como ciudadano, si me preguntas sobre una obra de Daniel Noboa... La solución al tema de salud ha tenido mucho desgaste con sus vicepresidentas; Pinto no estaba preparada, pero hay que ser como claro, cómo solucionar y analizar qué pasa.

¿Cuál es el riesgo para el Gobierno?

¿Las cifras de esta y otras encuestas son una amenaza existencial para el Gobierno? Vive constantemente en una amenaza existencial, lidia con la tendencia autoritaria, no es solo cosa de Noboa; en Latinoamérica y el mundo. Por otro lado hay una ciudadanía muy violentada, deprimida, incapaz de responder positivamente a estímulos de presidente.

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La percepción sobre Daniel Noboa se deteriora: claves de la encuesta de Ciees

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Si el presidente pide apoyo nacional para algo, no sé cómo reaccionaría la gente; está preocupada por sobrevivir.Efrén Guerrero/ catedrático e investigador

Más de sus reflexiones:

El ecuatoriano no ve un futuro mejor, ahora ni siquiera piensa que migrar sea una opción, anota Efrén Guerrero. Eso y la situación económica, más la violencia, harán que difícilmente responda a estímulos, dice. También que habrá que ver cómo responden en las elecciones, por ejemplo en Cuenca, luego de esa marcha, que dio lugar a, “quinto río”.

¿Quién es Efrén Guerrero?

Catedrático. Investigador. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conduce un programa radial, enfocado en el rock. Reflexiona en su cuenta de X.

Lo que debes saber

• El cambio en el calendario electoral deja a los partidos contra el tiempo: en 52 días deberán concretar alianzas.
• Las reformas al Código de la Democracia elevan el umbral al 5 % y endurecen sanciones.
• Con 231 organizaciones en juego, las alianzas se vuelven clave. Expertos advierten pactos mínimos.

Mover las fechas de un calendario electoral ya aprobado incide también en las conversaciones entre organizaciones políticas para alcanzar acuerdos y evitar la dispersión. En 52 días iniciará el plazo para el registro de alianzas, que ahora deberán sortear no solo la falta de tiempo, sino también las últimas reformas al Código de la Democracia.

El oficialismo y el correísmo dieron paso en 2025 a un paquete de reformas a la normativa. Entre otros cambios, aumentó el porcentaje de votos válidos que debe alcanzar una organización para no correr el riesgo de ser eliminada.

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Con voto dirimente de Diana Atamaint, el CNE resuelve la cancelación de Unidad Popular

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Más votos válidos para evitar la cancelación

Con la modificación, se pasó del 4 % al 5 % para los movimientos y partidos de alcance nacional. Para los movimientos locales, el requisito cambió del 3 % al 5 %. Pero no fue el único ajuste: antes, la sanción ocurría en caso de resultados adversos en dos elecciones pluripersonales distintas. Ahora, la sanción se impondrá tomando en cuenta un solo proceso electoral.

Aunque el porcentaje aumenta, el incentivo se mantiene. Esto se debe a que, en el cómputo que realizará el CNE, los votos válidos se repartirán de manera igualitaria entre cada integrante de la alianza.

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La finalidad de las alianzas

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la promoción de alianzas responde a la necesidad de impulsar una sola candidatura. 

En ese contexto, el beneficio radica precisamente en cómo se distribuirán los votos válidos para la supervivencia de los movimientos.

El experto en temas electorales Esteban Ron advierte que las organizaciones políticas buscarán alianzas mínimas o apadrinamientos. “También buscarán nichos en los que puedan ser fuertes para lograr las autoridades necesarias y superar el umbral electoral”.

El eje político para las alianzas

Más allá de la normativa y de la exigencia de votos para permanecer en el registro, el tema de alianzas cobra especial interés en las seccionales de 2026 desde el ámbito político. 

ADN y Revolución Ciudadana enfrentan escenarios distintos que podrían impulsar la búsqueda de coaliciones a escala local. Así, los movimientos locales jugarán un papel clave.

Según el registro del CNE, en Ecuador existen 231 partidos y movimientos políticos. De ellos, solo 17 son de ámbito nacional; 63 son provinciales y 137 cantonales. 

Con esa realidad, Ron menciona el apadrinamiento que podrían buscar las organizaciones políticas.

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Para la analista política Grace Jiménez, el adelanto de las votaciones reducirá el tiempo para la construcción de candidaturas y limitará el margen para las primarias y las alianzas. En ese escenario, los movimientos que cuentan con una estructura nacional sólida o con capital político derivado de estar en el gobierno podrían verse beneficiados.

Aunque ADN cuenta con los segundo, su estructura territorial es débil, según la analista. En cambio, RC está obligada a buscar un padrino al no contar con su lista por suspensión.

“La batalla será territorial. ADN tiene poder nacional y narrativa de gestión. Pero en seccionales la dinámica es distinta. Domina quien tiene una estructura barrial y liderazgos cantonales”, explica la experta.

Política

¿Por qué Priscila Schettini solicita incorporarse a la Asamblea? Esto argumenta

Richard Josue Jimenez Mora

Ahora Muñoz, quien reitera que es una mujer montuvia, anuncia que su equipo jurídico analiza las declaraciones de quien fue su líder, el expresidente Rafael Correa; y de todos quienes han hablado en su contra. Eso por no dejar el encargo para que asuma la titular de la curul, como reclaman sus antiguos compañeros.

En una entrevista con Visionarias, Muñoz adelantó que denunciará a Correa por “incitar al odio”. Además a Schettini y a una periodista (Alondra Santiago), “por “levantar falsos en mi contra”. 

Annie Muñoz afirmó que identifica violencia psicológica, discriminación ética y racial y violencia política de género.

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Esto alega Annie Muñoz:

Según Muñoz, la posesión del 14 de mayo del 2025 fue un acto administrativo que caducó para quien no pudo cumplir los requisitos. 

“Es lamentable, no soy yo la que la ha violentado y ha usurpado”.Annie Muñoz

En esa línea, Muñoz dijo que defenderá su curul y que incluso la expulsión de la Revolución Ciudadana califica como infracción grave. La legisladora aseguró que siempre fue leal al proyecto político. 

“No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó. Aunque obviamente ella era suplente de Santiago Díaz, reemplazo de Schettini, quien ganó la curul. 

Schettini perdió los derechos políticos durante tres años, tras una denuncia por violencia política de género de la exfiscal Diana Salazar.

Lo que dice Priscila Schettini

Por su parte, Schettini ha dicho que hubo “un pacto entre el presidente Niels Olsen, de ADN; y el Consejo de Administración Legislativa con Muñoz, para quitarme mi curul”. Se refiere a un oficio enviado por Muñoz en el que pide que se niegue la posibilidad de que ingrese como asambleísta nacional. Alega que también fue elegida en plancha

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, respondió a una denuncia ciudadana sobre el colapso por comercio informal en el centro de la ciudad. Su frase “No somos un mercado” encendió el debate en redes sociales.

Una denuncia ciudadana en redes sociales sobre el comercio informal en el centro de Guayaquil provocó la reacción de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien defendió los operativos municipales y pidió mantener el orden en la ciudad.

El reclamo se difundió en la red social X, donde un usuario alertó que las calles 6 de Marzo, entre Sucre y Colón, se encuentran “totalmente colapsadas por vendedores informales”, lo que generó decenas de reacciones.

Alcaldía de Guayaquil responde denuncia

Ante la denuncia, Coronel aseguró que el caso fue atendido y reconoció el contexto social detrás del incremento del comercio informal.

“Sabemos la necesidad de salir adelante del guayaquileño y a semanas de empezar clases, estas situaciones incrementan. Pero necesitamos orden”, expresó.

Guayaquil

Municipio responde a denuncias por la Silla Vacía y evita hablar con EXPRESO

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Además, fue enfática al señalar: “No somos un mercado".

También agradeció la intervención de los agentes de Segura EP en el control de la zona.

Más denuncias en Guayaquil

La respuesta de la funcionaria generó más comentarios ciudadanos. Uno de ellos alertó sobre una situación similar en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil.

Según el usuario, la vía de acceso está ocupada por carretillas y mesas instaladas en plena calle, reduciendo el paso peatonal y vehicular. “Cada vez más pequeño el paso, ayúdenos”, escribió.

Coronel respondió citando a la cuenta institucional correspondiente y pidió reforzar los controles:

“Señores, los operativos deben ser diarios y frecuentes”, indicó en su mensaje.

Un problema recurrente en Guayaquil

El comercio informal sigue siendo uno de los principales desafíos en Guayaquil, especialmente en zonas de alta concurrencia. Aunque las autoridades realizan operativos constantes, ciudadanos insisten en que el control debe ser sostenido para evitar la ocupación irregular del espacio público.

Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

Las claves del caso

• Acumulación de problemas estructurales sin respuesta institucional, lo que incrementa el malestar ciudadano.
  
• Reclamos reiterados por vías deterioradas, servicios básicos deficientes, inseguridad y falta de planificación urbana.
  
• Cuestionamientos al silencio del alcalde Wilson Cañizares, que los moradores  y expertos perciben como falta de liderazgo.

La ciudadanía de Daule está cansada. No es una queja reciente ni un reclamo aislado. Se trata de una acumulación de problemas que, según los residentes, llevan meses e incluso años sin solución. Denuncias reiteradas y reportes en redes sociales evidencian el hartazgo ciudadano; Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada del alcalde Wilson Cañizares.

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Los principales problemas que aquejan  a Daule

Entre las principales quejas ciudadanas están el deterioro recurrente de las vías, el desorden en el tránsito, la deficiente planificación urbana que, según los moradores, no prioriza la calidad de vida, la inseguridad y la falta de pronunciamientos frente a los deficientes servicios básicos.

Pese a las Múltiples publicaciones de este Diario sobre los reclamos ciudadanos, no ha existido un pronunciamiento directo por parte del alcalde Cañizares. De hecho, la última vez que brindó una entrevista a EXPRESO fue en agosto de 2025. Este silencio, para los moradores, resulta cada vez más incómodo e incluso cómplice.

El reclamo ciudadano ante el silencio del alcalde

"No dice nada, es como si ni le importara. Nos matamos reclamando, yendo al Municipio, dejando mensajes en redes sociales, y nada. Él no habla y por eso termina siendo cómplice", criticó Milagro García, moradora de Daule.

El estado de las vías es uno de los reclamos más reiterados. La avenida León Febres Cordero, uno de los principales ejes de conexión, así como las calles internas de urbanizaciones como La Joya, Villa del Rey, Villa Club, Casa Laguna y Vistana, presentan baches, desniveles y tramos deteriorados que complican la movilidad diaria.

"Este tema ya lleva años y siempre es lo mismo. Después de tanto insistir, arreglan, pero a los pocos meses todo se vuelve a dañar", comenta Luis Fernando Mena, residente de La Joya. A su testimonio se suma el de Carla Zambrano, de Villa Club: "No podemos acostumbrarnos a vivir así. Pagamos tantos impuestos y las calles son malas".

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La presencia de agentes de tránsito es otro punto conflictivo. Los moradores denuncian que su presencia es escasa, especialmente en zonas críticas donde el flujo vehicular es alto. Además, reportan la circulación frecuente de vehículos pesados en áreas donde no está permitido, así como accidentes constantes en el redondel de la vía a Salitre.

"Aquí cada semana hay un choque y nadie controla nada. Los camiones pasan como si fuera una carretera libre", señala Jimmy Andrade, habitante de Casa Laguna, quien recrimina que, aunque la competencia no sea 100% municipal, no hay pronunciamientos. "No hay autoridad. Es tierra de nadie. Si pasa algo, cada quien resuelve como puede", protestó.

En materia de urbanismo, los ciudadanos también expresan preocupación por la falta de áreas verdes. Aunque, como informó EXPRESO, recientemente se habilitó un parque en los exteriores de Villa Club, los moradores cuestionan que se trate de un espacio mayormente de cemento, sin árboles ni sombra. "Con este calor es imposible usarlo. Cada vez hay más plazas comerciales y urbanizaciones, pero menos espacios para respirar. No hay equilibrio", comenta Rocío Orellana, quien duda de que exista una planificación real en Daule.

Piden pronunciamiento ante problemas en servicios básicos

Por otra parte, los constantes cortes de energía y de agua también han generado malestar. Aunque estos servicios no dependen directamente del Municipio, los ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos o gestiones visibles por parte de la autoridad local. 

“No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente”, expresa Andrés Molina, de Villa Club. Para Patricia Ruiz, de Casa Laguna, el silencio agrava la situación: "Ni siquiera hay una postura. Es como si no pasara nada. Parece que el alcalde no vive en Daule".

A esto se suma el incremento en las planillas de agua, debido a un nuevo cobro vinculado a la recolección de basura. “Nos llega el agua cuando quieren y encima ahora pagamos más. Es absurdo”, afirma Santiago Cuello, residente de La Rioja.

No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que representeAndrés Molina
​residente de Villa Club

La recolección de basura tampoco escapa a las críticas, principalmente en sectores de La Aurora, donde moradores aseguran que el servicio es irregular, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en varios puntos. EXPRESO ha reportado en reiteradas ocasiones la presencia de montículos de basura en viales como el 10 y en la avenida León Febres Cordero.

La inseguridad es, quizás, una de las preocupaciones más sensibles. En los últimos años se han registrado hechos violentos incluso en zonas consideradas exclusivas y en los exteriores de centros comerciales. Aunque la seguridad no es una competencia exclusiva del Municipio, los ciudadanos reclaman coordinación con otras entidades. "Queremos ver presencia, operativos, algo que nos haga sentir protegidos. En Guayaquil hay Segura EP y en Samborondón hay muchas cámaras, pero acá nada".

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Cobro por recolección de basura en La Aurora indigna por pagos elevados pese a fallas

Freddy Josue Andrade Andrade

Analista político se refiere al silencio de Cañizares

Sobre el tema, Jorge Chuya, analista político, considera que este silencio puede ser parte de una estrategia. “El alcalde también puede estar pensando en las próximas elecciones y puede que prefiera no hablar porque su hija podría buscar el cargo”, considera el experto.

Sin embargo, recuerda que el estilo de Cañizares nunca ha sido populista, pero en este tipo de casos es necesario hablar. "En La Aurora se siente la ausencia de ese líder. Cuando se está al frente de la alcaldía, se debe salir a responder sobre los problemas. Ese silencio le hace sentir a la ciudadanía que está en abandono", mencionó.

Entre reclamos que se acumulan y respuestas que no llegan, los moradores de Daule continúan esperando. Mientras tanto, el silencio, que algunos ya califican como costumbre, sigue ocupando un lugar central en la discusión pública del cantón.

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Vanessa López

Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.