Lo que debes saber

• La Corte Constitucional anuló el paso de servidores de carrera al contrato colectivo de CNT.
• Más de 3.000 funcionarios deberán reintegrar valores calculados preliminarmente en $ 7,93 millones.
• Los cobros se aplicarán vía rol de pago en un plazo que no superará los 36 meses.

La Corte Constitucional dejó sin efecto las resoluciones judiciales emitidas en Manabí que incorporaron indebidamente a servidores públicos de carrera de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) al régimen de contratación colectiva. El dictamen determinó que una acción de protección tramitada en 2022 desnaturalizó las garantías constitucionales para conceder beneficios improcedentes, obligando a la empresa pública a individualizar liquidaciones y recuperar un monto estimado en 7,93 millones de dólares.

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Sentencia de la Corte Constitucional en caso CNT: el impacto en indemnizaciones laborales

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¿Qué resolvió la Corte Constitucional sobre los contratos en CNT EP?

El máximo tribunal de control constitucional concluyó que los servidores públicos de carrera de CNT pertenecen a un régimen laboral diferenciado, por lo que resulta improcedente equipararlos a los amparados por el Código del Trabajo mediante garantías jurisdiccionales.

En su resolución, el organismo identificó las siguientes irregularidades procesales de origen:

Devolución de recursos: ¿quiénes deben pagar y en qué plazo?

El impacto central del fallo radica en el ámbito financiero y administrativo. La empresa pública tiene la obligación de ejecutar la recuperación íntegra de los rubros erogados a favor de los funcionarios involucrados.

Parámetros para la restitución de valores

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CNT y Starlink de Elon Musk se unen con SatPower para llevar internet a zonas rurales

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El origen del conflicto laboral y los beneficios anulados

El litigio inició en febrero de 2022, cuando la dirigencia laboral solicitó la homologación de los servidores de carrera hacia el contrato colectivo. El fallo judicial favorable emitido en Manabí benefició a más de 3.000 funcionarios, quienes accedieron a prestaciones que ahora carecen de sustento legal:

A partir de la anulación dispuesta por la Corte Constitucional, la empresa de telecomunicaciones deberá finiquitar las cuentas individuales para asegurar el retorno de los fondos públicos.

Lo que debes saber

• RC5 habilitó donaciones en su app para financiar las elecciones seccionales de 2027.
• Rafael Correa denunció un plan para ahogarlos financieramente y deudas del CNE desde 2023.
• El movimiento fue suspendido por el TCE por una investigación fiscal de presunto lavado.

El movimiento Revolución Ciudadana activó una campaña de aportes voluntarios mediante su aplicativo móvil oficial RC5 App, con el objetivo de financiar la organización política y su participación en las elecciones seccionales de 2026. La medida surge tras la suspensión provisional del casillero electoral resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debido a indagaciones fiscales, sumada a denuncias públicas de su dirigencia sobre trabas y deudas de asignaciones estatales pendientes de entrega por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La estrategia de aportes voluntarios en la RC5 App

La organización política comunicó la apertura de recaudaciones a través de sus canales digitales con el mensaje: "¡Quisieron enterrarnos sin saber que somos semilla!", confirmando que los simpatizantes ya disponen de la herramienta para donar dentro de la plataforma móvil.

El expresidente y líder de la agrupación, Rafael Correa, explicó la mecánica para quienes deseen colaborar: "Si quieren aportar para la campaña o para la RC5, pueden registrarse haciendo un click en la App RC5 y los contactaremos".

Política

Seccionales 2026: El desafío del correísmo de no perderse en la papeleta

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Denuncias de Rafael Correa contra el CNE y trabas burocráticas

El exmandatario enfatizó que estas contribuciones ciudadanas resultan indispensables frente a lo que califica como un intento deliberado por afectar la operatividad de la organización.

Los argumentos presentados por la dirigencia del correísmo:

Suspensión legal del TCE y panorama para las elecciones seccionales de 2027

Pese a las restricciones sobre su personería jurídica, el movimiento prevé mantener presencia territorial en los comicios seccionales mediante alianzas estratégicas.

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Gutiérrez niega pacto con Correa, pero su candidato en Ventanas es del correísmo

Richard Josue Jimenez Mora

Claves del escenario electoral y judicial de Revolución Ciudadana:

Lo que debes saber

• Inversión gubernamental superior a $ 1.000 millones para comercio, turismo y desarrollo en Guayas.
• Proyectos clave incluyen el avance del Quinto Puente y el parque de Monte Sinaí en Guayaquil.
• El plan prioriza vialidad, mantenimiento de puentes y rescate de espacios abandonados.

Durante un acto oficial por los 206 años de Independencia de Guayaquil, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la asignación de una inversión superior a los 1.000 millones de dólares para la provincia del Guayas. Según el mandatario, la medida busca dinamizar el comercio, el turismo y la reactivación económica local mediante la ejecución y rehabilitación de obras estratégicas.

Guayaquil

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Obras prioritarias y proyectos de infraestructura en Guayas

Noboa enfatizó que las obras proyectadas responden a compromisos en marcha orientados a transformar la conectividad y el bienestar en Guayaquil y sus cantones aledaños:

Dinamización económica y enfoque social

Noboa señaló que Guayaquil representa el motor de la economía nacional y que el destino de estos recursos busca consolidar oportunidades de empleo y desarrollo integral.

Invertiremos más de 1.000 millones de dólares para impulsar el comercio, el turismo y el crecimiento económico de la ciudad y de la provincia.Daniel Noboa, presidente de la República

Asimismo, recalcó la importancia de contar con administraciones que prioricen el bienestar ciudadano:

Pronto tendremos autoridades locales también que sean dignas y que trabajen por el verdadero desarrollo de la ciudad. Que tengan un amor profundo por la ciudadanía, que caminen todos los días para mejorarle la vida a la gente y no para complicarle la vida a un Gobierno central.Daniel Noboa, presidente de la República

Ecuador

Organizaciones sociales se movilizan este 8 de octubre en Ecuador: puntos de concentración

Richard Josue Jimenez Mora

Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado

En materia de orden interno, el mandatario ratificó que las acciones operativas continuarán activas en los barrios guayaquileños junto a los ministros del frente de seguridad:

En una sesión virtual, la noche previa al feriado, esa mesa aprobó el informe elaborado con tan solo una respuesta escrita del organismo fiscalizado.

Política

Asamblea Nacional: las leyes que Mishel Mancheno busca aprobar antes de las elecciones de 2026

Daniel Alejandro Romero Páez

La noche del jueves 8 de octubre de 2026, con seis votos a favor, todos del oficialismo, se aprobó el documento sin la comparecencia de autoridades o expertos, ni una sesión adicional a aquella en la que se avocó conocimiento de la delegación del Pleno para ese proceso de fiscalización.

Solamente se registró una ausencia: la de Fernando Nantipia, exintegrante de Pachakutik y ahora aliado de ADN, quien además es vicepresidente de la comisión. Los correístas Gabriela Molina, Eliana Correa y César Palacios votaron en contra del informe.

¿Qué pasó en la sesión?

La presidenta de la Comisión de Justicia arrancó la sesión intentando precisar que “la fiscalización y el control político son atribuciones de la Asamblea Nacional”. Acto seguido, mencionó que “investigar no significa prejuzgar ni anticipar responsabilidades”.

Después, Torres repitió la frase recurrente de su bancada ante una indagación sensible: “No vamos a permitir que la fiscalización se convierta en un show político”, aseguró.

Desde el correísmo hubo cuestionamientos por la falta de convocatoria a las autoridades de la Judicatura. Molina señaló en la comisión que la resolución del Pleno tenía como base el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Se ha obviado lo más importante: la comisión no podrá remitir antes de los primeros 20 días de la delegación el informe”.

También cuestionó que el reglamento de las comisiones de la Asamblea establece que el informe debe contener el detalle de la sistematización de las observaciones de los asambleístas. “No hubo una sesión para analizar la poca información recibida y no hay detalles de las observaciones”, mencionó. Por esa razón, sostuvo que el informe no podía aprobarse.

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¿Qué viene ahora?

El informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá si se aprueba o no. Teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria de ADN, el documento podría recibir el respaldo necesario para su aprobación.

Entre sus conclusiones, el informe determina que “la resolución (de la Judicatura) mantiene la asignación de las materias relacionadas con corrupción y crimen organizado a las dependencias y juzgadores a quienes se atribuye dicha competencia, conservando su alcance territorial a nivel nacional”.

Entre las recomendaciones constan:

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional encara el último tramo de 2026 con tres prioridades legislativas: las reformas al COIP, al Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Antimafias.
• Para el próximo mes de noviembre está previsto un receso legislativo y coincidirá con la campaña por las seccionales 2026.
• La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano tiene reparos al la conducción de Mancheno en la Asamblea.

En poco más de un mes, la Asamblea Nacional entrará en un nuevo receso legislativo. Lo hará justo antes de que la actual presidenta, Mishel Mancheno, cumpla tres meses al frente del cargo de forma permanente. La Ley Antimafias, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los cambios al Código Orgánico de la Función Judicial serán las prioridades para el próximo mes.

La campaña electoral para las seccionales de 2026 se avecina. Todo apunta a que, precisamente en esas fechas, la Asamblea entrará en receso. Sin embargo, para el primer trimestre de Mancheno al frente del Legislativo se prevé un avance en la agenda legislativa, al menos en tres de las leyes priorizadas.

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“Estamos esperando que, antes de la vacancia legislativa que será en noviembre tengamos la aprobación del COIP, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Veamos qué otros textos se tendrán listos”, mencionó Mancheno el martes pasado.

También está en preparación la Ley Antimafias, una iniciativa impulsada por la propia Mancheno que ya pasó el primer debate en el Pleno. Sobre esta propuesta, la presidenta de la Asamblea aseguró: “Hemos tenido más de 50 comparecencias y esperamos tener el proyecto para la segunda semana de noviembre”.

Hay que recordar que el pasado 12 de agosto, una vez que Mancheno asumió de lleno el cargo tras su licencia por maternidad, presentó una nueva agenda legislativa que, en lo esencial, daba continuidad a las prioridades marcadas por el expresidente del Parlamento, Niels Olsen. La nueva hoja de ruta tiene como ejes la seguridad y la lucha contra la corrupción; el desarrollo humano y la modernización institucional; y el crecimiento económico sostenible y la seguridad jurídica para la inversión.

¿Cuál es el avance de la agenda?

En el último conversatorio con medios, Mancheno señaló que, respecto al primer eje, en el que constan siete proyectos de ley, el avance era del 72%. El segundo eje registraba un 52% (17 proyectos de ley), mientras que el tercero alcanzaba un 74 %. En términos generales, el avance de la agenda era del 66 %.

Vale aclarar que esta valoración no depende únicamente de la aprobación de los proyectos de ley. Durante la presidencia de Mancheno se puso en marcha un sistema de dashboard en el que cada comisión registra sus avances, teniendo en cuenta todos los hitos por los que pasa una iniciativa legislativa.

En la práctica, la última ley sensible para el Gobierno, cuyo impulso vino de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y del ministro del Interior, John Reimberg, fue la Ley para la Erradicación del Reclutamiento de Menores.

Sin mayores dificultades, el oficialismo logró 88 votos a favor en el Pleno. El correísmo fue la única bancada que se abstuvo. Una vez más, quedó en evidencia que los aliados de ADN se mantienen de su lado para aprobar las iniciativas de interés del Ejecutivo.

El jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, lo definió con claridad el pasado 30 de septiembre: “hemos aprobado todas las leyes que nos hemos propuesto”. En la práctica, las únicas leyes que no prosperaron fueron aquellas que se cayeron en la Corte Constitucional y no en el Parlamento, controlado actualmente por ADN.

¿Cuál es la posición del resto de bancadas?

El correísmo, pese a las deserciones, se mantiene como la segunda bancada con mayor número de asambleístas. La legisladora Ana Cecilia Herrera señaló que no se puede hablar de un cambio significativo entre la etapa de Olsen y la presidencia de Mancheno. Aseguró que hay poca apertura para llegar a acuerdos.

“Aún hay limitación en la participación dentro del Pleno. No existe un verdadero debate amplio”.Ana Cecilia Herrera, asambleísta RC.

La asambleísta también cuestionó que no se discutan temas de fondo y que se limite la posibilidad de la oposición de presentar cambios en el orden del día. A la par, criticó que los proyectos priorizados para llegar al Pleno sean los que benefician al Gobierno.

Por su parte, el asambleísta independiente Cristian Benavides tiene otra lectura del momento actual de la Asamblea. Para él, el diálogo se ha ampliado. Señaló que ahora se toma en cuenta a otras voces, entre las que se incluye.

“Como independiente hemos sido escuchados y se nos abrieron las puertas, una diferencia abismal con Niels Olsen que era impenetrable. Acá hemos tenido la oportunidad de conversar y proponer”, mencionó Benavides. A la par, consideró positiva la implementación de tecnología para dar seguimiento a los avances en las comisiones.

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Por su parte, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, consideró que la Asamblea continúa siendo el “patio trasero de Carondelet”. Con esa expresión hizo referencia a que la agenda del Ejecutivo es la que guía el accionar del Legislativo.

Para Serrano, el único avance ha sido la ampliación del debate en el Pleno. “Aunque no te toman en cuenta ninguna observación. Pese a que uno les dice estos es inconstitucional o ilegal; te dan la palabra para que digas lo que quieras pero no te paran bola”, aseguró.

El último tramo de 2026 será clave para mantener el manejo de la mayoría. En mayo de 2027, la Asamblea deberá elegir nuevamente a sus autoridades y ADN necesitará conservar sus votos para mantener el control del Poder Legislativo.

Lo que debes saber

• Desde 1973, Diario EXPRESO ha documentado casos de corrupción, fiscalizado al poder y defendido la transparencia en Ecuador. 
• Sus investigaciones, reconocidas con premios nacionales, han marcado hitos en la historia del periodismo de investigación del país.

Desde su fundación el 25 de julio de 1973 en Guayaquil por el visionario Galo Martínez Merchán, Diario EXPRESO se estableció como un pilar fundamental del periodismo libre, analítico e independiente en el Ecuador. 

A lo largo de sus 53 años de trayectoria, el diario ha asumido un compromiso irrenunciable con la ciudadanía: vigilar el ejercicio del poder político y económico, exponiendo con rigor técnico los desmanes, la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos.

El trabajo investigativo de EXPRESO ha marcado hitos decisivos en la historia republicana del país. Entre sus investigaciones más emblemáticas consta la revelación del Caso Gastos Reservados, donde se destapó el uso irregular de fondos secretos en la Vicepresidencia de la República, desencadenando juicios políticos y dimisiones al más alto nivel estatal. Asimismo, en una investigación de alto impacto, el diario sacó a la luz el Caso Holding / Gran Hermano, exponiendo contratos millonarios entre empresas del hermano del expresidente Rafael Correa y el Estado ecuatoriano.

Su labor fiscalizadora continuó en el ámbito social con la serie Los Dueños de la Salud, un exhaustivo trabajo que reveló cómo el dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mediante la figura de derivaciones externas, creó grandes fortunas privadas mientras la atención médica estatal permanecía estancada. 

Casos recientes

En años recientes, el diario desentrañó el Caso Argolla del Control, exponiendo la red en torno al círculo cercano de la Superintendencia de Compañías durante la gestión de Luis Cabezas-Klaere y las liquidaciones corporativas dirigidas a pocas manos. Del mismo modo, en el Caso Progen, EXPRESO ha realizado un riguroso seguimiento a la corrupción en el sector eléctrico durante el Gobierno de Daniel Noboa.

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Diario EXPRESO: nostalgia por el papel y la despedida de la edición impresa

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Esta constante búsqueda de la verdad le ha valido a EXPRESO un amplio reconocimiento. Su fundador recibió el Premio a las Libertades de la AEDEP, mientras que el medio y su directiva han sido reconocidos con condecoraciones de Estado como la Orden Nacional al Mérito. Recientemente, investigaciones del diario como Los Dueños de la Salud obtuvieron el galardón Ítalo Palacios y el prestigioso Premio Eugenio Espejo de Periodismo de Investigación, reafirmando el valor del periodismo de datos para defender la transparencia, la democracia y los derechos ciudadanos.

Lo que debes saber

• GRANASA suspende la edición impresa de Diario EXPRESO tras meses de presiones estatales.
• Informes del SRI y la UAFE presentaron graves inconsistencias numéricas y procesales.
• La intervención de la 'Súper' de Compañías e Inmobiliar cercó financieramente a la firma.

La casa editora Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) confirmó la suspensión definitiva de la edición impresa de Diario EXPRESO en Ecuador, como desenlace de una prolongada ofensiva institucional y judicial impulsada desde el aparato gubernamental. A lo largo de 2025 y 2026, la empresa enfrentó fiscalizaciones con distorsiones contables del Servicio de Rentas Internas (SRI), indagaciones de la Fiscalía General del Estado, la UAFE y una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías promovida por Inmobiliar, medidas que asfixiaron sus operaciones mercantiles.

Justicia

Caso GRANASA explicado: cronología del intento de toma de las acciones de la empresa

Richard Josue Jimenez Mora

El origen del conflicto: informes tributarios y fallas contables en el SRI

El hostigamiento administrativo inició formalmente el 8 de septiembre de 2025. En esa fecha, la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió tres informes dirigidos a distribuidores de periódicos de la empresa editora:

El análisis técnico de las notificaciones evidenció graves vicios de cálculo. En el caso del contribuyente Franklin Villamar, la administración tributaria registró una facturación de $160.365,58 y dedujo $21.514,69 por devoluciones, fijando una compra neta de $138.850,89. Sobre esta base estimó un margen de utilidad presunta del 17,67 % ($24.534,95). Sin embargo, en lugar de restar los costos de venta y gastos deducibles, la funcionaria sumó a la ganancia presunta el valor total pagado a GRANASA, elevando artificialmente el ingreso fiscal a $163.385,84.

Pese a que el SRI negó formalmente estos expedientes a la empresa editora, vulnerando su derecho a la defensa, la documentación fue filtrada a medios afines y al portal digital La Posta. Esta última plataforma pertenecía a Levascan, firma vendida previamente por un millón de dólares a Galamedios (vinculada al asambleísta alterno oficialista Luis Alvarado Campi) y traspasada luego a una compañía panameña representada por Álvaro Guivernau, cónyuge de la presidenta de la Asamblea Nacional.

Escalada policial, penal y demanda contra José Julio Neira

La ofensiva se aceleró en las semanas posteriores con la intervención de diversas entidades del Ejecutivo:

Frente a estas acciones, GRANASA interpuso una demanda por daño moral contra José Julio Neira Hanze, exigiendo disculpas públicas, retractación y una indemnización de un millón de dólares por el agravio reputacional ocasionado.

Justicia

"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero

Richard Josue Jimenez Mora

La Fiscalía General del Estado y el uso penal de las instituciones

A la par de las presiones fiscales, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta defraudación tributaria y un supuesto delito de lavado de activos. Pese a las reiteradas revisiones de la contabilidad de la casa editorial, los peritajes no hallaron indicios ni sustento técnico de irregularidades.

El presidente ejecutivo de GRANASA, Galo Martínez Leisker, compareció voluntariamente ante la Fiscalía en Quito para rendir su versión libre, ratificando la solvencia y pulcritud de las operaciones. El procurador judicial de la firma, Eduardo Carmigniani, denunció públicamente la existencia de un "hostigamiento legal y financiero" orquestado para intimidar a los anunciantes, entorpecer transacciones comerciales y forzar una toma hostil de la compañía. Entidades internacionales como Bloomberg manifestaron su preocupación por el precedente de persecución indirecta contra la prensa libre.

La trama de Veranera S.A. y el bloqueo accionario

El frente societario se concentró en la disputa mercantil en torno al 40 % del paquete accionario de la compañía:

Como acto de protesta pública y resistencia editorial frente a estos atropellos, la redacción de Diario EXPRESO circuló en todo el país con una histórica portada en blanco.

Ecuador

Portada en blanco de EXPRESO genera respaldo ciudadano y debate por la libertad de expresión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Intervención administrativa de la 'Súper' de Compañías y el rol de Inmobiliar

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió intervenir administrativamente a GRANASA. La medida fue solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia de la República que ostenta únicamente el 2,56 % de las acciones y mantiene litigios judiciales pendientes.

Acciones de bloqueo y obstáculos operativos

Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Fundamedios alertaron que las medidas de supervisión estatal encubren mecanismos de censura y asfixia financiera.

Tras ocho meses de intervención y continuo bloqueo administrativo, la Junta General de Accionistas del próximo 13 de octubre definirá los pasos a seguir tras la forzada eliminación de la edición impresa de Diario EXPRESO.

Lo que debes saber

• La renovación parcial del CNE se aplaza hasta enero de 2027 tras cuatro años de retraso.
• Expertos proponen que la Asamblea designe autoridades o unificar el concurso para 5 vocales.
• El CPCCS y el CNE superan el 61 % de desaprobación ciudadana, según Click Research.

La renovación de dos de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador sufrirá una nueva postergación hasta enero de 2027, tras una modificación del cronograma resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección. El proceso, pendiente desde noviembre de 2021, mantiene a los cinco consejeros principales en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024, una situación que retrasa también la designación de los otros tres vocales y reactiva el debate sobre reformas urgentes al mecanismo de elección a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Retraso crítico en el calendario del Consejo Nacional Electoral

Más de cuatro años después de la fecha en que debió ejecutarse la sustitución de autoridades electorales, el concurso público sigue inconcluso. La ampliación de los plazos posterga el desenlace institucional:

Tres propuestas para destrabar la designación de vocales electorales

Frente a la parálisis institucional, juristas y expresidentes electorales plantean alternativas para evitar que la renovación quede atrapada en disputas administrativas o políticas.

1. Trasladar la facultad de designación a la Asamblea Nacional

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostiene que la solución estructural radica en retirar al CPCCS la potestad de designar a determinadas autoridades del Estado y devolverla a la Asamblea Nacional.

A su juicio, el mecanismo parlamentario agilizaría las designaciones, aunque advierte la necesidad de contrapesos para impedir la concentración partidista. Aguinaga coincide con la reforma planteada por el presidente Daniel Noboa, pero aclara que no debe someterse a votación en la elección del 29 de noviembre porque "se va a tornar en un referéndum de aprobación a Noboa". En su lugar, sugiere una consulta independiente:

Hay que hacer un referéndum independiente con esta y otras preguntas que tengan que ver con la reingeniería de los partidos políticos, un nuevo sistema de partidos y el tema de quitarle esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

2. Unificar el concurso para renovar a los cinco consejeros

Por su parte, Esteban Ron, constitucionalista, experto electoral y decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, plantea ejecutar un solo concurso integral avalado jurídicamente por la Procuraduría General del Estado:

Esta opción fue anunciada en mayo de 2024 por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, e impulsada por el entonces consejero Juan Esteban Guarderas, quien propuso un calendario con nuevos requisitos manteniendo la veeduría y la comisión. No obstante, la moción fue revertida internamente. Para Ron, la traba no es legal: "Lo más sano sería reunificar y hacer un cambio de los cinco consejeros", apuntando a que el estancamiento responde a conveniencias y pactos políticos internos.

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3. Sanciones y destitución por incumplimiento de plazos

La tercera alternativa apunta a establecer responsabilidades legales para frenar demoras reiteradas. Aguinaga propone castigos severos para las autoridades del órgano nominador:

Debería haber sanciones fuertes de destitución para aquellos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no cumplen los plazos dentro de lo que debe cumplirse de conformidad con la Constitución de Montecristi, porque de ahí nació todo.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Factores detrás del bloqueo: pugnas políticas y recursos judiciales

Las causas de la dilatación del proceso generan versiones encontradas entre analistas y autoridades:

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Impacto en la credibilidad democrática y cifras de desaprobación

Para Aguinaga, extender el mandato prorrogado mina la certeza del sistema: "No podemos tener procesos electorales íntegros, claros, transparentes", lo que incrementa el descrédito ciudadano.

Este desgaste institucional se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de Click Research, realizada entre el 18 y el 23 de septiembre de 2026 a 3.800 personas en diez ciudades del país, los índices de rechazo son mayoritarios:

A mi mensaje respondió un empresario quiteño con este comentario: “Yo dejé de leer Expreso hace más de un año, cuando los editorialistas estrella se dedicaron a hacer periodismo político de oposición, cero imparcialidad. Nada que ver con intervención del Gobierno. Mala estrategia del periódico, pensó que ponerse en la oposición le daba más ventas, ¿no?”.

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Lo primero que pensé al leer este comentario fue: este señor no tiene idea de lo que es periodismo. Y se lo dije. Para él, criticar es hacer oposición, cuando la oposición es un ejercicio en el cual una persona o un grupo pretende tomar el poder. En el periodismo, la crítica se hace sin ese propósito: se critica o se disiente, dos verbos que, junto al de la tolerancia, son pilares básicos de cualquier sistema democrático con el fin de enriquecer el debate público.

En el comentario que le hice le mencioné el caso del Wall Street Journal, que, siendo un medio de derecha que no tiene el más mínimo interés en derrocar a Donald Trump, es profundamente crítico con el presidente de los EE. UU. También mencioné a The New York Times, considerado más de izquierda. ¿A qué demócrata se le puede ocurrir la peregrina idea de que el WSJ o el NYT le hacen oposición a Trump?

Terreno fértil para el poder de turno

Luego de responder, sin embargo, llegué a otra conclusión: en el razonamiento de este empresario se evidencia que mentes como la suya resultaron ser el terreno más fértil para la germinación y crecimiento de la doctrina de Rafael Correa, según la cual el periodista crítico, es decir el que hace su trabajo, es opositor y busca su derrocamiento: el viejo y manido recurso de los populistas del tercer mundo según el cual o estás con el poder o estás en contra de la patria. Correa lo repitió cientos de veces y, como se ve, sus palabras no cayeron en balde, sino en tierra fértil.

Pero, pasadas las horas, me asaltó un nuevo razonamiento, del que estoy convencido: el factor que terminó por aniquilar a EXPRESO es que varios empresarios como este no creen en la democracia. Dicen ser demócratas y defender los principios de la democracia cuando el caudillo de turno pone en riesgo sus bolsillos, y se pasan por el forro esos principios (entre los que está la libertad de expresión) cuando el caudillo es uno de los suyos. No son demócratas ni por asomo, porque en la democracia liberal tienen que competir para ser los mejores y el caudillo mercantilista, el que les gusta, es parte de su tribu y ayuda a sus negocios.

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Este es el factor que, a más del hostigamiento del gobierno, terminó por aniquilar a EXPRESO. Empresarios que pautaban en el periódico, entre otras razones porque decían creer en la democracia liberal, que no existiría sin periodismo crítico, prefirieron comprar indulgencias del caudillo mercantilista y retiraron su pauta del diario. Algunos, incluso, precisamente para comprar más indulgencias, pasaron esas pautas a medios que han sido comprados por el Gobierno (con fondos reservados o quién sabe con qué otros recursos) para congraciarse con los dueños del poder.

Ellos saben, los supuestamente muy demócratas, que ayudando a capitalizar esos medios fraudulentos, cuyos ingresos Dios sabrá a dónde van, se ganarán las simpatías de las superintendencias y del Servicio de Rentas Internas. En otras palabras, sobornan con caché y sin pasar por el Código Penal.

Expreso cierra un capítulo

EXPRESO cierra hoy una trayectoria impecable de ejercicio periodístico en su edición impresa: ha sido crítico durante 53 años con todos los gobiernos porque esa es, precisamente, la esencia del periodismo. Muchos de esos gobiernos habrían querido verlo en su situación actual. El autoritarismo cleptocrático del correísmo habría estado feliz de llegar a este punto, pero su perversidad no alcanzó.

Ahora resulta que el autoritarismo cleptocrático del Nuevo Ecuador fue más eficiente y usó las más inverosímiles estrategias para su decapitación. Desde el deshonesto lanzamiento de acusaciones, sin prueba alguna, de evasión tributaria y lavado de activos, hasta la intervención de una Superintendencia de Compañías de bolsillo que, gracias a piruetas ilegales, llegó al no-va-más de la perversidad y bloqueó los pagos a los abogados que debían defenderlo del acoso; hasta la prohibición de la venta de un terreno que le habría dado, al menos, algo de oxígeno.

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El Gobierno de Daniel Noboa no solo quiso ver silenciado a EXPRESO por ser un medio por donde circula el pensamiento crítico. Lo destruye porque sabe que, sin el periodismo que ejerce, no volverán a salir a la luz los negociados que ha destapado el periodismo que no está comprado. Sin un periodismo libre y auténtico, ahora el Gobierno no estaría sufriendo por casos de corrupción como Progen, o no habría temblado por el de Healthbird.

Y qué decir del caso Porsche, las ventas chuecas de tierras en la Península, el proyecto inmobiliario de su familia en Olón, la aparente evaporación de las deudas tributarias del grupo Noboa o incluso el asesinato de Mónika Silva, que su ministro estrella quiso, canallescamente, hacer pasar por un suicidio.

EXPRESO ha sido castigado por hacer su trabajo. Ese fue su gran pecado, pero también es su mayor legado.

El acto tuvo lugar en la biblioteca de la FACSO, en Quito. Urresta fue una de las invitadas y ocupó un espacio en la mesa central junto al decano de la facultad, Luis Molina, y al director de la nueva carrera, Marcel Merizalde.

Política

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Luego de las presentaciones de las autoridades académicas, se abrió un espacio para las intervenciones de los asistentes, entre ellos, exestudiantes, periodistas y alumnos de la facultad. Fue entonces cuando intervino Moisés Avilés, representante de la Asociación de Escuela de Comunicación Social.

Después de congratularse por el lanzamiento de la nueva carrera, Avilés cuestionó la presencia de Urresta en la facultad. “Como asociación nos parece un desacierto que contemos con la presencia de una representante de del Gobierno que ayer, en la Universidad de Cuenca impidió la movilización de los propios docentes y estudiantes en su propio campus y los reprimió”, dijo.

El presidente de la asociación también cuestionó la censura a periodistas por parte del Gobierno Nacional y la negativa de funcionarios del gabinete a conceder entrevistas. “Se nos reprime cuando hay movilizaciones”, recordó. Luego, dijo que no podían compartir el mismo espacio y se retiró junto a sus compañeros.

Sin embargo, ese no fue el único momento incómodo para la asambleísta en la que fue su facultad durante sus años de formación. Mientras se retiraba, un grupo de estudiantes también gritó: “fuera Noboa. Fuera”.

¿Qué se dijo sobre el caso David Romo?

Luego de varias intervenciones, Urresta también tomó la palabra. Volvió a recordar su salida de Revolución Ciudadana, movimiento por el que fue elegida para el actual periodo legislativo. Mencionó que su salida se había gestado mucho antes de la acusación que hizo contra la expresidenta de esa organización política, Luisa González.

“Los chats emitidos por la señora Luisa González fue solo la gota que derramó el vaso para salir de esa bancada”, dijo Urresta.

Afirmó que, durante el anterior periodo legislativo, se conformó la denominada Comisión de la Verdad, cuyo objetivo, según explicó, era investigar casos de lesa humanidad.

Uno de esos casos habría sido el de David Romo, estudiante de la FACSO que permanece desaparecido desde 2013. “Es fue el caso de mi compañero y buen amigo David Romo. Yo era presidenta de esa comisión”.

Urresta dijo que recibió la orden directa de no continuar con la investigación y que el inicio del proceso de fiscalización de ese caso marcó el comienzo de su salida de la bancada. “Tenemos una deuda pendiente y en este mayo que viene, en el reseteo de la Asamblea Nacional se iniciará el proceso de fiscalización junto a la familia de David Romo”, anunció.

La respuesta de Alexandra Córdova, madre de David Romo

Antes de que concluyera el acto, la madre de David Romo también intervino. Cuestionó a Urresta por su actuación como asambleísta durante el periodo anterior, cuando pertenecía al correísmo.

“Gracias Jhajaira por decir ahora públicamente lo que nosotros ya sabíamos con anticipación. Te pedí un favor y te negaste. Entiendo por qué te negaste pero podías haberlo dicho ese momento porque no solo se trata de que era asambleísta. Eres madres. Eres una ciudadana. Fuiste una compañera de David y en ese momento tenías que haber dicho lo que sucede”, afirmó Alexandra Córdova.

La madre recordó que han transcurrido 13 años desde la desaparición de su hijo y que, durante ese tiempo, han pasado tres gobiernos sin que se esclarezca su paradero. También reveló que existe la posibilidad de crear una comisión internacional para buscarlo.

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“Nos dicen que debe ser ad honorem porque no hay dinero para buscar a David. Es me parece terrible. Yo sé que en este gobierno no desapareció pero que exista esa respuesta el día de hoy”, afirmó.

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Pabón, quien cumplió 48 años en enero, aseguró que seguirá en funciones hasta el 14 de mayo del 2027. “Seguiré trabajando hasta el 14 de mayo. Tendrán una prefecta mujer, embarazada, recorriendo los caminos de Pichincha”, señaló a este medio de comunicación.

La prefecta de Pichincha prefirió no ofrecer más detalles sobre su vida privada; ofreció hacerlo cuando pase más tiempo, aunque manifestó su felicidad por el embarazo. “Con la misma pasión que asumo esto en la vida, tengo la posibilidad de vivir este sueño. Estoy muy conmovida, muy alegre”, dijo.

Las dificultades de combinar la carrera política con la maternidad

Pabón inició su trayectoria política a los 21 años, cuando se vinculó a la Izquierda Democrática, partido en el que permaneció durante siete años. Posteriormente participó en la fundación de Alianza PAIS, que dio inicio al correísmo.

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Entre 2009 y 2015 ejerció como asambleísta. En enero de 2016 asumió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, cargo que ocupó hasta agosto de 2017. Desde entonces, su principal espacio político ha estado en Pichincha, donde ejerce como prefecta desde 2019. Está terminando el segundo período.

Su gestión se ha caracterizado también por una presencia frecuente en territorio. Es habitual verla durante recorridos por distintos cantones y parroquias de la provincia con ropa y calzado apropiados para las actividades de campo.

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Además de sus cargos en el Ejecutivo y la Asamblea, Pabón presidió el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope).

Ahora, mientras continúa con sus actividades como prefecta, afronta una nueva etapa personal. Con el embarazo, asegura que mantendrá su ritmo de trabajo y sus recorridos por la provincia hasta el final de su actual periodo. 

Paola Pabón se ha mostrado como una tía dulce para Jacob, su sobrino de 12 años. Se la ve celebrándole el cumpleaños, llenando el álbum del Mundial con él, etc.

Lo que debes saber

• Lucio Gutiérrez negó que Geovanny Vega, candidato a la Alcaldía de Ventanas, represente al correísmo.
• El expresidente sostuvo que la candidatura corresponde a una alianza de Sociedad Patriótica y CREO.
• Vega difunde videos con Rafael Correa y Luisa González atribuyéndose el respaldo de la RC.

El expresidente y líder del Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, negó a través de sus redes sociales que Geovanny Vega, candidato a la Alcaldía de Ventanas en la provincia de Los Ríos, pertenezca a las filas del correísmo. La aclaración pública surgió luego de que el propio postulante difundiera un video en el que Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, lo presentaba como su carta electoral en dicho cantón riosense.

La aclaración de Lucio Gutiérrez sobre la candidatura en Ventanas

Frente a la difusión de los contenidos audiovisuales, Gutiérrez intervino para desmentir cualquier vínculo oficial o acuerdo político entre su organización y el correísmo en esa jurisdicción. Mostrando un documento de respaldo formal, precisó los movimientos que inscribieron la candidatura:

Gutiérrez remarcó que en los registros oficiales no figura ninguna agrupación vinculada a la Revolución Ciudadana.

Declaraciones del expresidente sobre alianzas y críticas a la prensa

En el video difundido en sus canales digitales, el exmandatario fue enfático al desmarcarse de la dirigencia de la Revolución Ciudadana y del propio candidato local:

"No he hablado con Correa, no he hecho pacto con Correa ni siquiera le conozco al candidato que no es únicamente de la lista 3, sino una alianza con la lista 21", dice Gutiérrez en el video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el dirigente político cuestionó los señalamientos en contra de su agrupación política y señaló que se le da "palo" a su partido por parte de "medios de comunicación que son pagados por el Gobierno".

El contenido procorreísta en las redes de Geovanny Vega

Pese a los desmentidos de Gutiérrez, la campaña digital de Vega muestra una línea de comunicación contraria a la postura de Sociedad Patriótica. En sus perfiles de redes sociales, el candidato resalta abiertamente su afinidad con la Revolución Ciudadana a través de diversos contenidos:

Morillo se refirió a las elecciones seccionales de 2026 este 8 de octubre, durante una entrevista con Teleamazonas. Allí fue consultada sobre programas como Jóvenes en Acción, relanzados en plena época electoral. 

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Sobre esto, Morillo indicó que esta no es la primera vez que se anuncia el programa y, según dijo, el presidente Daniel Noboa ha pensado en los jóvenes desde el inicio de su gestión.

El destino de los beneficiarios

“Sabemos lo duro que es encontrar el primer empleo. Siempre nos piden juventud y experiencia. La experiencia no se la tiene porque recién estamos saliendo de las aulas. Necesitamos esa parte; 700.000 jóvenes van a estar inmersos en encontrar un trabajo para poder formarse y tener la experiencia”, aseguró Morillo.

Acto seguido, Morillo anunció que, del total de cupos para beneficiarios del programa, 200.000 se destinarán a labores relacionadas con la emergencia de El Niño. “Van a estar destinados para el área de la gestión de riesgos que en este momento necesitamos”, aseguró Morillo.

¿Qué harán los 200.000 beneficiarios?

Según Morillo, actualmente hay capacitadores y directores involucrados en la gestión de riesgos. Ellos son los encargados de formar a los beneficiarios del programa para “estar en el acompañamiento de las diferentes actividades de la Secretaría de Riesgos”, señaló la ministra de Gobierno.

En ese escenario, la ministra de Gobierno dijo que los integrantes del programa Jóvenes en Acción podrían ser destinados a las labores de mantenimiento que se necesitan y a la distribución de ayudas humanitarias.

¿Qué es Jóvenes en Acción?

Es un programa del Gobierno de Daniel Noboa dirigido a personas de entre 18 y 29 años, creado para facilitar su primera experiencia laboral mediante capacitaciones, actividades y pasantías, a cambio de una transferencia económica temporal. 

El programa fue lanzado en 2024 y ha tenido varias fases: las dos primeras contemplaron 80.000 beneficiarios cada una, mientras que la tercera, en 2026, amplió la cobertura a 150.000 jóvenes, con pagos de 400 dólares mensuales durante tres meses.

Para la nueva convocatoria anunciada por Noboa en octubre de 2026, el Gobierno amplió el programa a 700.000 jóvenes, quienes recibirán dos pagos de $400, uno el 30 de octubre y otro el 27 de noviembre. La nueva fase contempla además capacitación y actividades vinculadas con el sector público y, según el Gobierno, la participación del sector privado mediante pasantías.

EXPRESO abre las puertas de su redacción a sus lectores a través de una transmisión en vivo, con una toma general que permite observar cómo transcurre el trabajo durante las últimas horas de producción del periódico.

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Diario EXPRESO: nostalgia por el papel y la despedida de la edición impresa

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Sigue EN VIVO el último cierre de EXPRESO impreso

No se trata de una transmisión preparada ni de una jornada distinta a cualquier otro cierre. Las cámaras simplemente acompañarán el trabajo de la redacción mientras se escriben, editan, diseñan y revisan las páginas que conformarán el último ejemplar impreso.

Es el cierre de una etapa de más de cinco décadas de periodismo, durante las cuales EXPRESO ha acompañado la historia de Guayaquil y Ecuador desde sus páginas.

Cartas de lectores

Libertad y democracia: el legado de EXPRESO y la defensa de la libertad de expresión

Cartas de lectores

EXPRESO continuará en digital

La circulación de la edición impresa concluirá este 9 de octubre de 2026, pero EXPRESO continuará informando a sus lectores a través de www.expreso.ec y de todo su ecosistema de plataformas digitales y redes sociales.

El cambio de formato implica también una transformación de la redacción, que desde ahora estará volcada completamente a la producción digital.

Este jueves, sin embargo, la atención está puesta en un último cierre.

Una etapa termina. El periodismo continúa.

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Lo que debes saber

• El CNE acreditó a 514 medios y empresas de vallas publicitarias tras verificar sus requisitos.
• El trámite para registrarse y cargar documentación se realiza a través del portal web institucional.
• El CNE aprobó el manual comunicacional para 65 aspirantes al Consejo de Participación.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó a 514 medios de comunicación social y empresas de vallas publicitarias como proveedores de promoción electoral para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027. La decisión del órgano electoral se tomó luego de verificar de manera exhaustiva que cada postulante cumpliera con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente.

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Calificación de proveedores autorizados por el órgano electoral

Un total de 514 medios de comunicación social y firmas de vallas publicitarias obtuvieron el aval institucional del Pleno del CNE tras constatar que satisfacen todos los requerimientos técnicos y formales previstos para el certamen democrático.

Segunda fase de postulaciones y requisitos de inscripción

Con el fin de ampliar la participación, el cuerpo electoral aprobó una segunda convocatoria dirigida a representantes de la industria de la comunicación y publicidad exterior.

Las categorías habilitadas para registrarse en este nuevo periodo son:

Para completar la inscripción, los interesados deben seguir estos pasos obligatorios:

El plazo para esta segunda convocatoria estará vigente entre el 12 y el 16 de octubre de 2026. Una vez concluido el lapso de recepción, el Pleno del CNE revisará el cumplimiento de las condiciones normativas antes de emitir la calificación final.

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CNE aprueba manual para la promoción de los candidatos al CPCCSS

Por otro lado, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 7 de octubre de 2026 el Manual Técnico Comunicacional para la promoción de los 65 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027. El documento define una estrategia institucional orientada a difundir el perfil, trayectoria y propuestas de todos los aspirantes en igualdad de condiciones, con miras al sufragio del domingo 29 de noviembre.

Estrategia institucional para garantizar el voto informado

La implementación de la pauta y estrategia comunicacional busca que los ciudadanos accedan a información verificable y oportuna de los 65 candidatos y candidatas de cara a la jornada de votación.

El plan técnico contempla los siguientes ejes de visibilización para cada aspirante:

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Cronograma de campaña y restricciones electorales vigentes

El calendario aprobado establece que la campaña electoral para los comicios del CPCCS 2027 se llevará a cabo durante un periodo reglamentado.

Las fechas y condiciones clave del proceso son:

Este 8 de octubre de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo que el Ejecutivo garantiza que los comicios se desarrollen, incluso en otros recintos, ante emergencias en los ya designados.

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Esta mañana, la ministra de Gobierno dijo en Teleamazonas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene generadores y que los gobernadores, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía, están distribuidos y organizados en todo el país para garantizar el derecho de los electores.

Esa fue la respuesta de la funcionaria ante el anuncio que había hecho el presidente del CNE, José Cabrera, sobre la posibilidad de aplazar las elecciones en los puntos donde las afectaciones por El Niño impidan el sufragio previsto para el 29 de noviembre de 2026.

¿Cuál es la posición de la ministra de Gobierno?

Según Cabrera, el mismo Código de la Democracia establece la posibilidad de suspender o aplazar las elecciones en casos de fuerza mayor. Para el titular del organismo electoral, lo importante es que las autoridades electas lleguen a posesionarse el 14 de mayo de 2027.

Sin embargo, para Morillo esa no es una posibilidad. “Esperamos tener todos los recintos abiertos. Es un trabajo que se está haciendo junto a la ministra de Educación”, aseguró.

También recordó que meses atrás se había solicitado a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) un plan de contingencia para prevenir y adelantarse a lo que sería el fenómeno de El Niño.

“Garantizamos que todos van a poder tener este derecho de sufragar. Lo que nosotros realizaremos y se está analizando es que, en el caso de que exista alguna junta que no pueda abrir, poder revisar a dónde se puede desplazar ese recinto”, explicó la ministra de Gobierno.

Sobre la campaña anticipada

Morillo también fue consultada sobre la posible campaña desde el Ejecutivo para los candidatos del oficialismo. Aseguró que el Gobierno trabaja 365 días al año y no solamente durante los 15 días que durará la campaña electoral.

En ese sentido, habló del programa Jóvenes en Acción, que impulsa el Gobierno y que fue relanzado justamente en época electoral. Morillo explicó que habrá 200.000 de estos jóvenes, que buscan su primera experiencia laboral, dedicados a las gestiones de la emergencia derivada del fenómeno de El Niño.

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Entre las actividades que están pensadas para un sector de los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, según la ministra de Gobierno, están ayudar en tareas de mantenimiento y en la distribución de ayudas humanitarias.

Para las 19:00 de este 8 de octubre de 2026, la Comisión de Justicia, presidida por la gobiernista Rosa Torres, tiene previsto tratar el informe borrador en el que se establece que: “la reorganización dispuesta no establece expresamente la eliminación de la competencia especializada prevista en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

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Eso, según el informe borrador elaborado por la comisión, significa que “la resolución (de la Judicatura) mantiene la asignación de las materias relacionadas con corrupción y crimen organizado a las dependencias y juzgadores a quienes se atribuye dicha competencia, conservando su alcance territorial a nivel nacional”.

Sin comparecencias ni más sesiones

El proceso de fiscalización sobre la Unidad Especializada Anticorrupción recayó en la Comisión de Justicia por decisión de la mayoría del Pleno. Fue parte de una jugada política en la que ADN asumió la fiscalización luego de que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, ya había iniciado su propio proceso e, incluso, había convocado a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo.

Al final, hubo una sola sesión de la Comisión de Justicia para avocar conocimiento del mandato del Pleno y acordar la información que sería solicitada. Dicha sesión tuvo lugar el pasado 24 de septiembre y fue presidida por el vicepresidente de la mesa, exPachakutik y ahora aliado de ADN, Fernando Nantipia.

Desde entonces, no se convocó a otra sesión. Ninguna autoridad del Consejo de la Judicatura asistió a la Comisión de Justicia y tampoco fueron llamados expertos para aportar en la discusión sobre las implicaciones de la decisión.

La asambleísta del correísmo Gabriela Molina, quien es parte de esa mesa legislativa, señaló que el informe era “una burla para el país.” Agregó: “para ellos todo está bien, pese a que la ley (COIP) establece la competencia para sustanciar ciertos delitos, por parte de jueces anticorrupción, una simple resolución eliminó una disposición legal”.

En el mismo sentido se pronunció el asambleísta del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano. Dijo que el oficialismo en la Asamblea ya no guarda ni las formas. “Una sesión para avocar conocimiento y la segunda para aprobar el informe. Nunca se habían hecho las cosas de forma tan descarada”, manifestó.

¿Qué recomienda el informe?

En lo esencial, el documento elaborado por la Comisión de Justicia no recomienda ninguna acción frente a la decisión de la Judicatura. Plantea lo siguiente:

Noboa mantuvo varias reuniones, entre ellas, con el grupo de candidatos a las elecciones seccionales. Este hecho se conoció tras una publicación hecha por el mandatario en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas se observa a Noboa junto a los candidatos a la Alcaldía de Cuenca, Prefectura del Azuay y concejalías. La publicación se acompaña con un mensaje en el que se expresa que “a Cuenca y al Azuay se les cumple. Ese será siempre nuestro trabajo”.

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Marchas en Ecuador hoy: qué reclaman las organizaciones sociales este 8 de octubre

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¿Qué dice el comunicado?

En este marco, el Cabildo por el Agua de Cuenca emitió un comunicado a manera de respuesta, en el que se exige al jefe de Estado que “se respete el mandato del Quinto Río, la cancelación de las concesiones mineras”.

La organización social señala que el verdadero objetivo de la agenda reservada que desarrolló el mandatario tuvo principalmente objetivos “político-electorales” y no atender la “indignación frente a la falta de respuestas a nuestras demandas legítimas, en especial la cancelación de las concesiones mineras en nuestros páramos y fuentes hídricas”.

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Noboa traslada el Gabinete a Cuenca: los compromisos para frenar extorsiones en Azuay

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El Cabildo enmarcó su comunicado en el hecho de que Noboa, durante su visita a Cuenca, mantuvo una reunión del Gabinete de Seguridad, inspeccionó el proyecto de residencia universitaria y se reunió con los candidatos a las elecciones seccionales de ADN.

Además, la organización defensora del agua señala que “el Gobierno elude dar una respuesta definitiva, a la cual está obligado para cumplir la voluntad popular y el ejercicio de los derechos constitucionales. Ignora la carta que entregamos el 16 de septiembre, ni siquiera habla del tema, en un claro irrespeto a Cuenca”.

El comunicado finaliza rechazando lo que la organización denomina “campaña mediática” por parte de Noboa y se exige “el cese definitivo de la amenaza minera en nuestros páramos”.

Lo que debes saber

• Organizaciones sociales marchan este 8 de octubre en Ecuador por salud, educación e IESS.
• Quito, Guayaquil y Cuenca concentran protestas contra la concesión del campo Sacha.
• Sindicatos e indígenas se movilizan hoy por empleo, seguridad social y recursos públicos.

Diversas organizaciones sociales y sindicales protagonizarán este 8 de octubre una jornada nacional de movilizaciones en distintas ciudades de Ecuador. Los colectivos afirman que la protesta busca visibilizar reclamos relacionados con la situación económica, la seguridad, el empleo, la salud pública y la administración de recursos estratégicos del Estado.

La convocatoria surge tras una asamblea realizada el 26 de septiembre, en la que participaron representantes de trabajadores, docentes, jubilados, jóvenes, mujeres, campesinos y organizaciones indígenas. De ese encuentro nació una plataforma común de demandas dirigida al Gobierno nacional.

La defensa del campo Sacha, uno de los principales reclamos

Uno de los ejes centrales de las movilizaciones es el rechazo a una eventual concesión del campo petrolero Sacha, considerado uno de los activos estratégicos más importantes del país. Las organizaciones sostienen que los recursos naturales deben permanecer bajo control estatal y han pedido que cualquier decisión relacionada con estos proyectos respete los mecanismos de participación ciudadana.

Los grupos también exigen el cumplimiento de los resultados de consultas populares relacionadas con temas ambientales y territoriales, incluyendo resoluciones sobre el Yasuní, el Chocó Andino y otras zonas sensibles desde el punto de vista ecológico.

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Preocupación por salud, educación y seguridad social

Otro de los puntos que impulsan las marchas es la situación de los servicios públicos. Las organizaciones piden que el Estado declare en emergencia los sistemas de salud y educación, argumentando limitaciones presupuestarias y problemas de infraestructura que afectan la atención a la ciudadanía.

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En materia de seguridad social, los gremios reclaman medidas para fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el pago de obligaciones pendientes con jubilados y docentes, así como acciones para enfrentar la mora patronal.

Además, entre las exigencias constan políticas orientadas a la generación de empleo, estabilidad laboral, mejora salarial y respeto a los derechos sindicales.

Cuestionamientos al manejo económico

Los convocantes también han expresado críticas a la política económica del Gobierno y al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según los dirigentes, los recursos públicos deberían priorizar áreas como salud, educación y seguridad ciudadana.

Dentro de sus resoluciones, las organizaciones manifestaron además su respaldo al derecho a la protesta y pidieron garantías para el ejercicio de la participación social.

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Organizaciones sociales se movilizan este 8 de octubre en Ecuador: puntos de concentración

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Movilizaciones en varias provincias

Las concentraciones están previstas en al menos 19 provincias, entre ellas Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Cotopaxi, Loja, Los Ríos y Santo Domingo. En Quito, la convocatoria está fijada en los exteriores de la Caja del Seguro, mientras que en Guayaquil el punto de encuentro será el Parque Centenario.

La jornada se desarrollará durante la tarde de este jueves 8 de octubre y se prevé que las movilizaciones avancen por diferentes sectores de las ciudades convocadas. Hasta el momento, las organizaciones participantes han señalado que las protestas se realizarán de manera coordinada a escala nacional.

Todo lo que ha ocurrido desde el 12 de febrero, cuando se abrió el concurso, ha sido pensado y articulado para que Carlos Alarcón, el fiscal de bolsillo del Gobierno de Daniel Noboa, permanezca en el cargo al que llegó de forma ilegal porque, en realidad, es el suplente del suplente y fue ratificado para instalarse en el cargo por el Consejo de la Judicatura, que no tiene la facultad para hacerlo. 

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Legalmente, el organismo que podía nombrarlo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las demandas en contra de ese nombramiento durante ya casi un año, tiempo durante el cual el presidente Noboa ha estado inmensamente complacido.

Todo lo que ha hecho Alarcón desde el 3 de octubre de 2025, cuando asumió el cargo tras la renuncia de Wilson Toainga (suplente de Diana Salazar, ahora embajadora en Buenos Aires), ha estado en perfecta consonancia con la agenda política del Ejecutivo. Desde que asumió el cargo, Alarcón se inclinó a favor de los intereses de Noboa. Lo hizo en el caso Nene, que fue para perjudicar al hijo de su exvicepresidenta y adversaria Verónica Abad. 

Un fiscal inclinado a las causas del Gobierno

Lo hizo en el caso de Seguros de Petroecuador, para perseguir y destruir financieramente a la familia de su exesposa, Gabriela Goldbaum. Lo hizo en el caso Triple A, para perjudicar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y lo hizo con el archivo exprés de la denuncia de Yaku Pérez según la cual Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, estaban devolviendo favores a la empresa minera Dundee Precious Metals. 

Pero a esta ya tenebrosa lista de favores hay que agregar que nunca investigó las terribles denuncias en contra de Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura que lo nombró, dentro del caso de las amenazas de un narcotraficante serbio al juez anticorrupción Carlos Serrano. Y, como si fuera poco, también dejó convenientemente fuera de la acusación fiscal por el negociado de Progen a los dos exministros de Energía que perfeccionaron el escándalo: Roberto Luque e Inés Manzano.

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El último episodio que hace que el concurso para nombrar fiscal que lleva adelante el CPCCS huela a trampa y fraude es la reciente y sospechosísima descalificación de las dos candidatas que tenían mejores calificaciones que él: Daniella Camacho, que obtuvo 48 de 50 puntos, e Inés Romero, que tuvo 47,5 de 50 puntos. Alarcón, que según quienes han seguido sus actuaciones es un fiscal al que le cuesta muelas sostener una acusación coherente, tenía 46,5, aunque realmente debería haber tenido apenas 40, pero subió de calificación por una decisión por demás curiosa e inédita de la comisión evaluadora, que le otorgó un ‘bono’ de 6,5 puntos. Ni con esa ayuda le alcanzaba a Alarcón para ser el mejor puntuado.

Y como no alcanzaba, esta recalificación fue seguida por una segunda anomalía: el concurso se estancó durante meses. La falta de acuerdo en el CPCCS y los cuestionamientos a las recalificaciones impidieron avanzar con normalidad, y esa demora tuvo una consecuencia concreta: Alarcón permaneció como fiscal general encargado, trabajando a tiempo completo en beneficio del Gobierno.

Pero el giro definitivo ocurrió en octubre. Antes de las impugnaciones, Camacho e Inés Romero ocupaban los dos primeros lugares y Alarcón era tercero. Después de la fase de impugnaciones, Camacho y Romero quedaron fuera. También salió Walter Macías, que estaba entre los cuatro mejor puntuados. Alarcón, para sorpresa de nadie, siguió dentro del concurso.

Para colmo, la impugnación que hubo en su contra terminó, ¡oh, sorpresa!, archivada. Ahora quedan solamente cinco aspirantes, y Alarcón encabeza provisionalmente la lista con sus 46,5 puntos. La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva porque las candidatas descalificadas pueden apelar ante el Pleno del CPCCS, aunque ese organismo está cooptado por el Gobierno y hará lo que este le pida.

Prohibido olvidar: hay al menos cinco momentos que demuestran que si Alarcón es nombrado finalmente fiscal, es porque todo estuvo organizado para que él gane, porque eso le conviene al Gobierno. Veamos los cinco momentos.

Primer momento

Una calificación de méritos extraordinariamente alta que una veeduría independiente cuestionó por 6,5 puntos.

Segundo momento

Un concurso que se retrasó durante meses, mientras Alarcón permaneció como fiscal encargado. Aquí entra la Corte Constitucional, que se ha tomado un tiempo extraordinario y sospechosamente largo para tratar una demanda en contra del nombramiento del fiscal encargado.

Tercer momento

Un sistema de impugnaciones que terminó sacando del camino a quienes ocupaban los dos primeros lugares: Daniella Camacho e Inés Romero.

Cuarto momento

La situación particular de Alarcón, cuya única impugnación admitida terminó archivándose por una oportunísima inasistencia del impugnante.

Quinto momento

El resultado final, pues de los cuatro candidatos que inicialmente encabezaban la tabla de méritos, tres quedaron fuera y uno (Alarcón) permanece en carrera y pasó a encabezarla.

Entonces, si se parece a un pato, camina como un pato y hace como un pato, ¿acaso no es un pato?