Lo que debes saber

• La CONAIE pidió una investigación inmediata por las muertes registradas en las comunidades shuar de Taruka y Etsa, en Sucumbíos.
• La organización cuestiona las circunstancias de un operativo reportado en la zona y solicita que se determinen responsabilidades.
• Además, alertó sobre la situación de las comunidades amazónicas y pidió evitar su estigmatización.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó este 13 de junio su preocupación por los hechos ocurridos el 12 de junio de 2026 en las comunidades shuar Taruka y Etsa, ubicadas en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. La organización se pronunció tras la muerte de tres personas durante un operativo reportado en la zona amazónica.

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En su comunicado, la CONAIE lamentó el fallecimiento de Antonio Sharup, Edgar Sharup y Rolando Chumpi. Además, manifestó su solidaridad con las familias afectadas, las personas heridas y los habitantes de ambas comunidades, que atraviesan momentos de duelo e incertidumbre tras lo sucedido.

La organización señaló que la información recogida en territorio apunta a que los hechos ocurrieron durante un operativo militar de gran magnitud. Según los testimonios recopilados por dirigentes y comuneros, en el sector se habrían realizado sobrevuelos de helicópteros y despliegues de personal armado.

Investigación por operativo militar en Taruka y Etsa

La CONAIE indicó que las comunidades también reportaron la presencia de municiones, cartuchos y otros elementos materiales que, a su criterio, deben ser incorporados a las investigaciones. Estos indicios, sostuvo la organización, podrían aportar elementos para esclarecer las circunstancias de los hechos registrados en Sucumbíos.

Además, la CONAIE planteó que la investigación deberá determinar si durante el operativo se respetaron los protocolos relacionados con el uso progresivo y proporcional de la fuerza, así como establecer eventuales responsabilidades derivadas de los acontecimientos reportados por las comunidades.

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CONAIE pide evitar la estigmatización de pueblos amazónicos

El pronunciamiento también incluyó un llamado a evitar la estigmatización y criminalización de las comunidades indígenas amazónicas. La organización recordó que, en el contexto del conflicto armado interno y de las acciones estatales contra actividades ilícitas, la protección de los derechos colectivos debe mantenerse como una obligación del Estado.

“El Estado tiene la obligación de combatir la violencia y el crimen organizado, pero también de garantizar los derechos y la protección de las poblaciones que habitan los territorios amazónicos”, afirmó la CONAIE en el documento difundido este sábado.

La organización agregó que los hechos ocurridos en Taruka y Etsa reflejan problemáticas estructurales que persisten en la Amazonía ecuatoriana. Entre ellas mencionó la falta de empleo, oportunidades para los jóvenes e inversión pública, factores que, según indicó, continúan afectando a las comunidades de la región.

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Comunidades amazónicas y reclamos por atención estatal

“Solo el esclarecimiento de los hechos y una atención integral a las necesidades históricas de los territorios permitirán evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse”, señaló la organización al cierre de su pronunciamiento.

Finalmente, la CONAIE ratificó su compromiso con la paz, la verdad y la justicia, mientras insistió en la necesidad de que las autoridades esclarezcan las circunstancias que rodearon las muertes registradas en las comunidades shuar de Taruka y Etsa.

Lo que debes saber 

• La UNE llevó a la Corte Constitucional una demanda contra el Acuerdo Ministerial 0045-A.
• Andrés Quishpe cuestiona la obligatoriedad de actividades los sábados para estudiantes y docentes.
• El gremio pide suspender una de las disposiciones mientras avanza el análisis constitucional.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el Acuerdo Ministerial 0045-A del Ministerio de Educación. La acción busca dejar sin efecto la normativa que permite la realización de actividades complementarias los sábados en los planteles fiscales y que, según el gremio, afecta derechos de estudiantes y docentes.

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La movilización nacional de la UNE tuvo como destino la sede de la Corte Constitucional. Durante la jornada, Quishpe sostuvo que el contenido del acuerdo contradice las declaraciones de las autoridades educativas y aseguró que el documento establece obligaciones que van más allá de actividades voluntarias dentro del sistema educativo.

“La ministra de Educación miente porque el acuerdo es muy claro”, afirmó Quishpe. Según explicó, el cuestionamiento central se enfoca en la interpretación de los artículos del acuerdo, especialmente en la aplicación de actividades durante los fines de semana dentro de las instituciones educativas fiscales.

Demanda contra el Acuerdo Ministerial 0045-A

El dirigente señaló que la UNE identificó disposiciones que considerarían obligatoria la participación de estudiantes y profesores en actividades programadas los sábados. También indicó que varias de esas tareas ya forman parte de la planificación que los docentes desarrollan durante la semana lectiva.

“Lo más preocupante es que varias de esas actividades extracurriculares o complementarias los profesores las realizamos ya entre semana”, manifestó. A criterio del gremio, la medida no representa un cambio orientado a fortalecer el aprendizaje dentro de las aulas.

Quishpe además denunció que, coincidiendo con la primera movilización nacional contra la medida, algunas instituciones educativas habrían convocado actividades internas. “Hoy mismo, para evitar que los profesores asistan a esta primera marcha, convocaron a mingas en varios planteles educativos”, aseguró.

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UNE cuestiona impacto en estudiantes y docentes

Durante su intervención, el presidente de la UNE argumentó que el acuerdo podría afectar la organización familiar y académica de miles de estudiantes. Según explicó, los fines de semana suelen ser utilizados para procesos de preparación universitaria, desplazamientos familiares y otras actividades fuera de la jornada escolar.

“Estamos solicitando incluso que se suspenda de manera inmediata el artículo 2, ya que atenta al propio interés superior del niño y la niña”, sostuvo Quishpe. La organización considera que la aplicación de esa disposición tendría efectos directos sobre la planificación de estudiantes de bachillerato y de sus familias.

El dirigente también mencionó que muchos docentes utilizan los fines de semana para continuar estudios de posgrado o trasladarse a otras ciudades para reunirse con sus familiares. Desde la perspectiva del gremio, la medida modifica dinámicas ya establecidas dentro de la comunidad educativa.

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Acusan intento de precarización laboral

La UNE sostiene que el acuerdo ministerial responde a una lógica distinta a la mejora de la calidad educativa. Quishpe afirmó que el magisterio ha mantenido una postura activa frente a varios temas impulsados por el Gobierno y que la nueva normativa debe analizarse dentro de ese contexto.

“Es un acuerdo ministerial improvisado, inconstitucional y que lo que busca es ir legalizando todo lo que significa la precarización laboral que tiene conceptualizada el gobierno de Daniel Noboa”, expresó el dirigente durante la presentación de la demanda.

La Corte Constitucional deberá revisar ahora el recurso planteado por la organización sindical, que además solicita medidas inmediatas sobre la disposición cuestionada mientras se analiza el fondo de la acción presentada por el gremio docente.

Lo que debes saber

• Verónica Abad promueve revocatoria contra Daniel Noboa, aclarando que no responde a banderas políticas.
• Colectivos ciudadanos formalizan pedido ante el CNE este 9 de junio de 2026 por incumplimiento de plan.
• La iniciativa legal y constitucional es respaldada por figuras como Leonidas Iza y Washington Andrade.

La exvicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, reapareció en la escena pública para respaldar de forma abierta el proceso de revocatoria de mandato impulsado contra el presidente Daniel Noboa. A través de una entrevista, la exmandataria aclaró que esta postura no responde a una alineación con un partido político o una ideología específica, sino a una necesidad de recuperar el equilibrio democrático y la seguridad del país, desmarcándose de los señalamientos de desestabilización.

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Un llamado a la ciudadanía y el respaldo a los sectores sociales

Durante una intervención con el medio El Balance, Verónica Abad señaló que se unirá de forma activa a la iniciativa de revocatoria de mandato de Noboa. Este proceso es liderado por diversos actores sociales, entre los que destacan el abogado Washington Andrade y el dirigente indígena Leonidas Iza.

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"Es un llamado que hago a los ecuatorianos. Necesitamos recobrar la democracia del país, la paz de nuestros hijos, la seguridad", acotó Abad.

La exvicepresidenta recordó de forma enfática que la revocatoria de mandato es una figura legítima contemplada en la Constitución de la República del Ecuador. Por esta razón, defendió la legalidad de las acciones emprendidas y aseguró que la entrega de la documentación no busca desestabilizar el gobierno, sino generar un contrapeso necesario con la ciudadanía.

Colectivos formalizan el pedido ante el CNE por incumplimiento

El frente ciudadano que impulsa la salida del primer mandatario dio un paso decisivo en el cronograma legal. Varios colectivos formalizaron la entrega de los requisitos exigidos para viabilizar el trámite democrático.

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Con la entrega de este expediente, las autoridades electorales deberán revisar la validez de las firmas y los argumentos para activar formalmente el mecanismo constitucional.

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El quiebre definitivo de la relación entre Daniel Noboa y Verónica Abad

La postura de Abad expone de forma definitiva la ruptura del binomio que asumió el poder tras el periodo de muerte cruzada. Verónica Abad fue vicepresidenta de la República entre 2023 y 2025, compartiendo fórmula inicial con Daniel Noboa. No obstante, las discrepancias políticas y personales minaron la relación de los mandatarios desde los primeros meses de gestión.

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El distanciamiento escaló cuando el presidente Daniel Noboa relegó a Abad a funciones diplomáticas en el extranjero. De forma paralela, la exsegunda mandataria enfrentó presiones debido a procesos en la justicia ordinaria y electoral. Uno de los puntos más complejos del entorno familiar de la exvicepresidenta ocurrió cuando su hijo, Sebastián Barreiro, fue sentenciado a cinco años de prisión bajo el cargo de oferta de tráfico de influencias.

Lo que debes saber

• El Gobierno relacionó el atentado contra Arcom con recientes acciones de control en El Oro.
• La explosión causó daños materiales y sembró alarma en pleno centro de Machala.
• Un hallazgo realizado tras la detonación se convirtió en una de las principales pistas del caso.

El Ministerio de Ambiente y Energía condenó este 12 de junio el atentado con explosivos contra instalaciones relacionadas con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Machala, provincia de El Oro. La cartera de Estado informó que el ataque ocurrió pocas horas después de una serie de acciones ejecutadas contra actividades de minería ilegal en distintos sectores de la provincia.

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Según el comunicado oficial, durante la jornada se desarrollaron 88 operativos con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las autoridades señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones impulsadas para combatir estructuras vinculadas a actividades ilícitas dentro del sector minero.

El Gobierno sugirió que el hecho estaría relacionado con las recientes acciones de control desplegadas en El Oro. “No es una coincidencia, es una reacción de quienes pretenden intimidar a un Estado que ha decidido enfrentar a las mafias con firmeza”, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Explosión en Machala generó alarma en el centro de la ciudad

El atentado se registró la noche del 12 de junio en un edificio ubicado en las calles Buenavista, entre Bolívar y Rocafuerte, en el centro de Machala. La detonación causó importantes daños materiales y generó momentos de preocupación entre comerciantes, trabajadores y ciudadanos que permanecían en la zona.

El fuerte estruendo se escuchó a varias cuadras de distancia y provocó que decenas de personas abandonaran locales comerciales y viviendas cercanas para verificar lo ocurrido. La emergencia movilizó la atención de moradores y transeúntes que se encontraban en el sector al momento del incidente.

Los primeros reportes apuntan a que el ataque habría estado dirigido contra un establecimiento que funciona dentro del inmueble afectado. La onda expansiva dejó daños en la puerta metálica enrollable del local, destruyó varios ventanales y causó afectaciones en estructuras cercanas.

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Panfletos hallados forman parte de las investigaciones

Tras la explosión, sobre la vereda quedaron esparcidos fragmentos de vidrio, metal y otros materiales desprendidos por la fuerza de la detonación. Las evidencias fueron recogidas por las autoridades para determinar las circunstancias del ataque.

Además, en la zona se encontraron panfletos dirigidos a oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero y a algunos de sus funcionarios. Este hallazgo se incorporó a las investigaciones que buscan establecer responsabilidades y esclarecer el móvil del atentado.

En la parte final de su pronunciamiento, el Ministerio de Ambiente y Energía ratificó que mantendrá las acciones de control en el sector minero. “Ratificamos nuestro compromiso con la transparencia, la depuración institucional y la lucha frontal contra las estructuras criminales enquistadas en el sector minero. No daremos un paso atrás”, señaló la entidad.

Lo que debes saber

• El Gobierno expidió el reglamento que pone en marcha la nueva Ley del Deporte.
• La norma establece cambios para escuelas, deportistas, clubes y federaciones.
• También crea un sistema nacional de información y nuevas reglas para el alto rendimiento.

El presidente Daniel Noboa expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación mediante el Decreto Ejecutivo 422. La normativa desarrolla la aplicación de la nueva ley y establece cambios para deportistas, estudiantes, organizaciones deportivas y entidades públicas vinculadas al sector.

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Uno de los principales ejes de la reforma es la creación del Sistema Nacional de Información Deportiva, una plataforma que concentrará datos sobre organizaciones, infraestructura, competiciones, presupuestos, auditorías, deportistas y programas de formación. El reglamento señala que la información será de uso obligatorio para la planificación y evaluación de la gestión deportiva.

La nueva regulación también incorpora un enfoque integral sobre el desarrollo de los atletas. El texto define al deportista junto con su entorno técnico y multidisciplinario, incluyendo entrenadores, especialistas en ciencias aplicadas al deporte y personal médico que participa de manera permanente en su preparación.

Educación física y detección de talentos

El reglamento incorpora disposiciones dirigidas al ámbito educativo y al desarrollo de futuros deportistas.

Entre las principales medidas constan:

La normativa busca que la práctica deportiva forme parte de la formación integral de niños y adolescentes, además de facilitar la transición hacia procesos de tecnificación y alto rendimiento.

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Nuevas obligaciones para clubes y deportistas

El reglamento incorpora reglas específicas para los organismos deportivos y los atletas que participan en competencias oficiales.

Los cambios más importantes son:

Además, las convocatorias a selecciones nacionales prevalecerán sobre cualquier otra competencia o actividad organizada por clubes u organizaciones deportivas.

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Más controles y protección para los atletas

Otro de los ejes de la reforma está relacionado con la salud de los deportistas y el control de los recursos administrados por las organizaciones deportivas.

La normativa dispone que:

El reglamento también incorpora medidas de inclusión para personas con discapacidad y sordas, reconoce el deporte ancestral y fortalece las obligaciones de transparencia de las entidades que reciben recursos estatales.

Lo que debes saber

• El Gobierno ordenó una evaluación de riesgos para determinar si el director del Centro Nacional de Inteligencia requiere protección especial.
• La medida también contempla a su cónyuge y familiares.
• El informe técnico será clave para definir si se activan esquemas de seguridad estatal.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 421, mediante el cual ordenó a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgos para determinar si corresponde otorgar protección al director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi Contugi Ycaza. La medida también contempla a su cónyuge y familiares.

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La decisión quedó establecida en el documento suscrito el 12 de junio de 2026 en Estados Unidos. Según el decreto, la evaluación técnica será el paso previo para definir si se activan esquemas de seguridad para el funcionario que encabeza el organismo de inteligencia del Estado.

En el texto oficial se dispone que la Casa Militar Presidencial realice “un informe de riesgo que determine la necesidad de brindar protección al señor Michele Sensi Contugi Ycaza en su calidad de Director General del Centro Nacional de Inteligencia, así como a su cónyuge y a sus familiares”.

Informe de riesgo definirá medidas de protección

El decreto no establece de manera automática la asignación de seguridad para el director del Centro Nacional de Inteligencia. La decisión final dependerá de los resultados que arroje el análisis técnico que deberá elaborar la Casa Militar Presidencial.

La normativa señala que el estudio evaluará la necesidad de implementar medidas de resguardo para el funcionario y su entorno familiar. Este procedimiento se aplicará antes de definir cualquier esquema de protección estatal.

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Contexto del decreto firmado por Daniel Noboa

Michele Sensi Contugi Ycaza fue ratificado como director general del organismo de inteligencia mediante el Decreto Ejecutivo 16, emitido el 27 de mayo de 2025. Actualmente dirige el Centro Nacional de Inteligencia, entidad encargada de la producción de información estratégica para el Estado.

El decreto recuerda además que la Casa Militar Presidencial cuenta con atribuciones para cumplir funciones adicionales que disponga el presidente de la República, lo que sirve de sustento para ordenar la elaboración del informe técnico.

La disposición entró en vigencia desde la fecha de su suscripción. Con ello, se activa el proceso de evaluación que definirá si el principal funcionario del sistema nacional de inteligencia contará con protección especializada junto a miembros de su familia.

Lo que debes saber

• El asambleísta Alejandro Vanegas anunció su precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el correísmo.
• El jurista indicó que su precandidatura tiene el apoyo de la academia y colectivos sociales de la Revolución Ciudadana.
• El correísmo deberá participar a través de otro partido político por la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.

El asambleísta por Guayas, Alejandro Vanegas, anunció su intención de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. El también jurista señaló que participará en las primarias de la organización que acoja a los candidatos de la Revolución Ciudadana.

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Academia y colectivos apoyan a Vanegas

Vanegas indicó que su precandidatura responde a un pedido de la academia, la empresa privada, los colectivos ciudadanos y los sectores productivos, según publicó en su cuenta de X. Acotó que este impulso "me llena de un inmenso compromiso".

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El asambleísta por Guayas también señaló que su precandidatura cuenta con un apoyo "muy especial" de los colectivos ciudadanos afines a la Revolución Ciudadana. Indicó que participará en las primarias "con la firme convicción de poner mi experiencia y espíritu al servicio de un futuro seguro y próspero para todos".

Revolución Ciudadana permanece suspendida

Vanegas se suma a la limitada lista de nombres de precandidatos de la Revolución Ciudadana que se conocen públicamente. En Quito, por ejemplo, se confirmó que Pabel Muñoz buscaría la reelección en la Alcaldía. Sin embargo, aún no hay perfiles definidos para dignidades como la Prefectura de Pichincha o la de Guayas.

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El movimiento Revolución Ciudadana no podrá participar activamente en las próximas seccionales debido a que permanece suspendido por orden del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La organización política es investigada por la Fiscalía General del Estado en un caso de presunto lavado de activos denominado Caja Chica.

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Pues bien, este ejemplo ficticio, que evidentemente resulta absurdo y hasta cómico porque parece sacado de una sátira, retrata a la perfección lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional. 

El miércoles 10 de junio, es decir, hace poquísimos días, durante la aprobación de una ley para sancionar el uso delictivo de uniformes de la Policía y las Fuerzas Armadas, el oficialismo incorporó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Pues para nada más y nada menos que autorizar a esa institución a eliminar documentos que contengan información clasificada, reservada o secreta.

Es decir, considerando que la Contraloría es ahora un organismo absolutamente cooptado por el Ejecutivo, la conclusión es muy clara: se ha hecho una trampa para permitir que el Gobierno borre cualquier rastro de un acto de corrupción. Basta con decir que determinado documento es reservado para que la Contraloría lo haga desaparecer.

Lo insólito, e incluso lo ilegal -no se puede incorporar en el segundo debate algo que no ha sido discutido en el primero-, de lo que hizo el oficialismo en la Asamblea es que la ley que se estaba aprobando tenía como objetivo sancionar el uso ilegal de uniformes e insignias institucionales. Sin embargo, se incorporó esta nueva competencia para la Contraloría. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?

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Lo que establece la disposición

La disposición establece que la Contraloría podrá ordenar la eliminación, destrucción o el borrado seguro de documentos físicos y digitales clasificados como confidenciales, reservados, secretos o secretísimos, una vez que los procesos, auditorías o exámenes especiales hayan concluido y estén ejecutoriados. La destrucción deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días y dejar constancia del procedimiento.

Se trata, pues, de una competencia que, claramente, tiene como propósito borrar aquello que resulte comprometedor para quienes hacen negocios desde el Estado. Entre la documentación que podría llegar a ser destruida, dependiendo de la clasificación que se le otorgue, figuran las declaraciones patrimoniales, las auditorías a altos funcionarios, los exámenes especiales sobre contratación pública y otros expedientes sensibles. 

El alcance del cambio introducido

En la práctica, además, esta disposición impedirá reconstruir hechos años después, realizar investigaciones periodísticas, sustentar investigaciones académicas y, sobre todo, abrir nuevas investigaciones judiciales si aparecen pruebas posteriores. Si los documentos desaparecen, esa posibilidad se reduce significativamente. ¿Y quiénes ganan? Los que cometieron actos que nadie quiere que se conozcan en el futuro.

Se podrían declarar reservados y luego destruir, por ejemplo, los términos de referencia con los que se contrató a Progen o con los que se iba a contratar a HealthBird, y en el futuro nadie podrá revisarlos. 

De hecho, el acuerdo con la empresa fantasma HealthBird, que se suponía iba a manejar el sistema de salud ecuatoriano, fue declarado reservado, lo que significa que, con la nueva normativa, podría ser destruido, algo que agradecerán los corruptos que estuvieron detrás de ese negocio.

Lo mismo podría ocurrir con los documentos relacionados con la compra de siete helicópteros, por más de 200 millones de dólares, en Italia para las Fuerzas Armadas, entre los que hay uno VIP con todas las comodidades posibles para la Presidencia de la República. 

Ese informe para la compra de los helicópteros perfectamente podría declararse reservado o secreto para que la Contraloría lo haga desaparecer y, cuando exista una Contraloría independiente, ya no esté disponible.

Aunque el texto establece que no podrán destruirse documentos relacionados con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes o responsabilidades no prescritas, lo cierto es que muchas investigaciones nacen precisamente años después de que una auditoría ha sido cerrada.

¿Cómo funcionaba el manejo de los documentos reservados antes de esta reforma?

La Ley Orgánica de la Contraloría no autorizaba la destrucción de información reservada. Claro que reglamentos internos de la Contraloría sí regulaban la valoración, conservación y eventual eliminación de documentos administrativos. 

Desde 2016 existe un reglamento que crea un Comité de Valoración, Conservación y Eliminación de Documentos y establece procedimientos archivísticos. Sin embargo, ese reglamento estaba pensado para la gestión documental -duplicados, documentos sin valor archivístico, plazos de conservación, etc.-, no para ordenar la destrucción obligatoria de expedientes clasificados de auditorías en un plazo fijo de 30 días.

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La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) establece un principio exactamente opuesto al que ahora se ha aprobado: obliga a las instituciones públicas a crear y mantener archivos y señala que las normas técnicas de archivo no pueden utilizarse para impedir el acceso a la información pública ni, “peor aún”, para justificar su destrucción. Además, dispone que los documentos originales permanezcan bajo custodia institucional hasta su transferencia al archivo correspondiente.

En otras palabras, bienvenidos al mundo donde no habrá rastros de negociados ni de actos de corrupción. Claro, siempre y cuando alguien pida a la Corte Constitucional que declare inconstitucional lo aprobado y esta así lo resuelva.

Reestructuración en la nómina de Prefectura

• Carlos Encalada delegó áreas estratégicas a extrabajadores del Estado y municipios.
• Analistas coinciden en que la nómina responde a un pacto para evadir bloqueos estatales.
• El prefecto no ha dado su versión a EXPRESO. 

Carlos Encalada Villacís asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026. Tras la salida de Marcela Aguiñaga, logró la unanimidad del Consejo Provincial presentándose como un perfil “apolítico” y sin historial en la función pública. Sin embargo, su cúpula administrativa dista de esa etiqueta.

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Nuevos rostros en la Prefectura, no tan nuevos en el sector público

Una revisión de EXPRESO a la nómina de directores y coordinadores del nuevo gobierno provincial revela que los cargos claves y el manejo de los recursos han sido entregados a una mezcla de cuadros provenientes del Ejecutivo central (del mandato de Daniel Noboa), del Municipio de Guayaquil y de antiguos funcionarios de la era de Jimmy Jairala.

La viceprefecta, Ana María Gallardo Cornejo, también tiene experiencia en el sector público: fue viceministra y coordinadora en el Ministerio de Producción (Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, 2018-2023).

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Los 'reciclados' de la administración de Jimmy Jairala (2009-2018)

Las áreas administrativas y legales marcan el regreso de figuras de pasadas administraciones provinciales. Víctor Zeballos Zevallos, actual director administrativo, manejó esta misma área (como encargado) en 2018, durante el mandato de Jairala.

Su contratación llama la atención por una omisión legal: no existen rastros de sus declaraciones juramentadas en el sistema de la Contraloría General del Estado, pese a que en octubre de 2024 asumió como coordinador financiero en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), según documentos oficiales.

A él se suma Alfredo Escobar Avilés, actual procurador síndico de la Prefectura. Escobar controló las compras públicas de la institución durante diez años (2009-2019), también bajo la administración de Jairala. Tras su salida, ocupó las gerencias de CNEL y CNT en el mandato de Guillermo Lasso.

Este Diario le consultó al exprefecto Jairala si tuvo algún tipo de contacto o influencia en el regreso de estos cuadros, a lo que respondió: “De la incorporación del abogado Escobar y el ingeniero Zevallos me enteré por los medios de comunicación. Puedo asegurarle que no tengo absolutamente ninguna relación con esa administración”.

El peso del oficialismo en el organigrama

El mayor peso del organigrama recae sobre exfuncionarios del actual Gobierno. La Coordinación General Administrativo-Financiera está en manos de Alejandro Peña Jácome, quien hasta este 2026 fue gerente comercial y de desarrollo en CNEL EP, además de tener pasado municipal en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad (Épico) y la Empresa de Vivienda (2019-2024).

Pero el perfil más llamativo en el manejo de recursos es el de Oscar Saab Adum, flamante director de Compras Públicas. Su hoja de vida refleja una vertiginosa rotación estatal: saltó por al menos siete cargos en tres años. Llega desde la subdirección del Hospital Los Ceibos. Solo en 2025 pasó por las direcciones administrativas de los hospitales Efrén Jurado y Francisco de Icaza, además del CNE Guayas. En 2024 fue director del Sercop (Zonal 8) y antes laboró en la Asamblea Nacional.

En áreas operativas, la Dirección de Gestión Ambiental recayó en Roberto Marcos Miranda, exdirector de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía; mientras que la Dirección de Talento Humano fue asumida por Yuliana Zambrano Macay, funcionaria del Ministerio del Trabajo durante cinco años (2019-2024).

La obra física y los proyectos provinciales quedaron encargados a perfiles ligados al Cabildo porteño. Pedro Varas Valdez es el nuevo coordinador general de Infraestructura, cargo al que llega tras operar hasta este 2026 como especialista y coordinador general en el Municipio de Guayaquil. De igual forma, María Piedad Palacios, directora de Proyectos y Cooperación Internacional, ocupó altos cargos en la Fundación Terminal Terrestre hasta este año.

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¿Pacto político o reclutamiento oportuno? 

Renovar un equipo de trabajo para un periodo tan corto de transición frente a la amenaza del fenómeno de El Niño evidencia, para los especialistas, una hoja de ruta que trasciende lo técnico y cuestiona las intenciones más allá de las declaraciones ‘apolíticas’.

Para la politóloga Andrea Endara, el “borrón y cuenta nueva” responde a la necesidad de Encalada de construir su propia imagen y distanciarse de la bandera política de la administración saliente.

Sobre la importación de cuadros del oficialismo, Endara lo interpreta como una maniobra táctica: “Puede generar ruido, pero es una estrategia para evitar ese choque que hemos visto que tiene el Gobierno Central con los seccionales que no le son afines. Al poner gente cercana, evitas fricciones que podrían dilatar los proyectos y obras del prefecto”.

Endara recalca que detrás del perfil apolítico hay intenciones claras. “Si no sabes algo, buscas a quien lo sepa. En ese sentido, se reciclan personajes. Lo importante, en un ambiente tan polarizado, es auditar si el performance de esos perfiles beneficia realmente a la provincia”.

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El politólogo Manuel Balda es más tajante y califica este nuevo organigrama como el reflejo directo de un pacto político. Considera que la repentina salida de Aguiñaga dejó un vacío de poder que obligatoriamente iba a ser capitalizado por el oficialismo (ADN) y sus aliados. “No me sorprende que haya gente del Gobierno. Una de las grandes carencias de ADN es que no tiene cuadros políticos por ningún lado, por lo que generalmente tiene que reciclar”, dice Balda.

Sobre la presencia de exfuncionarios de la era Jairala, el analista sostiene que responde a la necesidad de incorporar gente que ya conoce el engranaje de la Prefectura, sumado a la actual afinidad política que mantiene el exprefecto con el Ejecutivo.

Sigue pendiente la entrevista de Encalada con EXPRESO 

Para contrastar esta información y conocer el plan de trabajo de este año de gestión, EXPRESO ha solicitado una entrevista formal con Carlos Encalada desde que asumió como viceprefecto en abril. La petición no ha sido agendada. Para este artículo se volvió a insistir con el requerimiento, pero hasta el cierre de esta edición se sigue esperando una respuesta oficial.

Lo que debes saber

• La SuperCías removió al liquidador de Zofragua tras detectar múltiples observaciones en su gestión.
• La solicitud para cancelar la compañía fue presentada sin cumplir etapas clave de la liquidación.
• La resolución cuestiona la falta de respaldo documental sobre la situación patrimonial de la empresa.

Por más de cinco años, Carlos Xavier Cadena Asencio estuvo al frente de la liquidación de Zofragua S. A. El 3 de octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) concluyó que su gestión registró múltiples incumplimientos, por lo que fue removido del cargo mediante la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649.

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Una gestión bajo cuestionamientos

Como EXPRESO ha revelado en reportajes anteriores, la administración de Zofragua S. A. en liquidación estuvo rodeada de cuestionamientos. Entre ellos figura el manejo de una indemnización millonaria obtenida tras una demanda contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, un caso que fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el abogado Gastón Alarcón Obando.

Además, el organismo de control determinó que no se justificó documentalmente la situación patrimonial de la empresa ni varias operaciones reportadas durante la liquidación. La resolución también señala que la falta de sustento contable y de avances concretos en el proceso impedía verificar la razonabilidad de los estados financieros presentados por la compañía.

Pero no solo eso. Durante su gestión, la Superintendencia de Compañías identificó múltiples omisiones y deficiencias en el ejercicio de las funciones que la normativa asignada a un liquidador, observaciones que llevaron a César Alfredo Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, a disponer su remplazo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que motivaron esa decisión?

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Intervenciones empresariales sin plazo generan impacto económico

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Los motivos de la remoción

Según la resolución, el también contador público autorizado, que además posee un diploma superior en Gestión de Finanzas, incumplió el artículo 18 del Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras. Esa disposición establece tres etapas, cada una con un plazo de 60 días, y define las acciones que debe ejecutar el liquidador para avanzar en el proceso de liquidación de una empresa.

El cumplimiento de cada una de ellas no solo marca el avance del proceso de liquidación, sino que también condiciona el cobro de los honorarios del liquidador, que deben ser autorizados conforme se acrediten sus gestiones. En la primera etapa, Cadena Asencio tuvo que presentar el acta de entrega y recepción de libros sociales, el balance inicial y el informe y plan de trabajo del liquidador especificando cómo llevará la liquidación.

En la segunda, el parámetro a evaluar es el aviso a acreedores, gestiones para la realización de los activos y extinción del pasivo, de ser el caso. ´

Y para la última fase, el liquidador debió entregar su informe de gestión a la Junta General, el balance final, la distribución del haber social, de ser el caso, y solo allí vendría la cancelación.

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La solicitud de cancelación

Pero en 2021 Cadena Asencio pidió la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil alegando carencia de patrimonio. Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías, esa petición fue presentada sin que previamente se hubieran cumplido las actividades previstas en las distintas etapas del proceso de liquidación.

Según la resolución, Poveda observó que Cadena omitió obligaciones esenciales de su cargo, entre ellas suscribir el acta de entrega-recepción de bienes, libros y documentos de la compañía, presentar un plan de trabajo para la liquidación y remitir informes trimestrales sobre el avance del proceso.

Estas responsabilidades también están contempladas en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 387 de la Ley de Compañías y forman parte de los requisitos que debe cumplir todo liquidador antes de concluir el proceso liquidatorio.

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Patrimonio sin sustento y acreedores pendientes

Además, el organismo de control concluyó que la situación patrimonial de la empresa y varias operaciones efectuadas durante la liquidación carecían de respaldo documental suficiente. En ese sentido, la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 advirtió que Cadena “pretende acogerse a una presunta carencia de patrimonio sin poder justificar documentalmente la misma ante esta Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución”.

A ello se suma que, pese a reconocer la existencia de acreedores, el liquidador nunca informó a la Superintendencia de Compañías qué acciones adoptaría para gestionar los activos y pasivos de Zofragua S. A. Para la Intendencia Nacional de Compañías, esta omisión evidenciaba que no se estaban cumpliendo etapas esenciales del proceso liquidatorio.

Lo que debes saber 

• Policías que participaron en los operativos durante las movilizaciones de 2025 relataron ante la Asamblea ataques, incendios y agresiones sufridas en Otavalo. 
• Uno de los agentes debió ser evacuado en helicóptero tras resultar gravemente herido. 
• La Comisión de Seguridad recopila testimonios para su informe final.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional recibió este 12 de junio los testimonios de varios policías que participaron en los operativos desplegados durante las movilizaciones de septiembre de 2025 en la provincia de Imbabura. Los comparecientes describieron daños a infraestructura estatal, vehículos incendiados, agentes heridos y presuntos secuestros ocurridos durante las protestas registradas en Otavalo.

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La sesión forma parte del proceso de fiscalización que desarrolla la mesa legislativa para analizar los hechos de violencia ocurridos durante el paro nacional de 2025. Oficiales de distintos niveles relataron cómo evolucionaron las manifestaciones desde concentraciones masivas hasta enfrentamientos que obligaron a replegar a los uniformados hacia instalaciones policiales.

El comandante de la Subzona Imbabura durante esos acontecimientos, coronel Edison Rodríguez, aseguró que la provincia se convirtió en uno de los principales escenarios de conflictividad. “La provincia de Imbabura se consolidó como el principal foco de resistencia durante justamente el paro nacional convocado por la Conaie”, manifestó ante los legisladores.

Daños en Otavalo y vehículos incinerados

Según los testimonios entregados a la comisión, el 22 de septiembre de 2025 un grupo de manifestantes avanzó desde el sector de Peguche hacia el casco urbano de Otavalo. Los oficiales señalaron que las instalaciones policiales terminaron rodeadas mientras varios grupos ingresaron a predios institucionales causando daños materiales.

El jefe de la Policía Judicial de Imbabura, teniente coronel Jorge Vázquez, detalló que las afectaciones incluyeron destrucción de oficinas, pérdida de equipos y vehículos consumidos por el fuego. “Hubo la destrucción total por fuego de siete automotores oficiales asignados a la Policía Judicial”, afirmó durante su comparecencia.

Además de los bienes estatales, cuatro vehículos particulares pertenecientes a servidores policiales fueron incendiados. Los afectados indicaron que, hasta la fecha, las pérdidas económicas continúan sin ser recuperadas mientras las investigaciones penales siguen abiertas en la Fiscalía.

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Policías describen ataques durante las protestas

El teniente coronel Jorge Urreta, quien se desempeñaba como jefe subrogante del Distrito Valle del Amanecer, relató que las manifestaciones inicialmente fueron pacíficas, pero luego derivaron en agresiones contra uniformados y edificaciones públicas. Según su versión, los manifestantes utilizaron objetos contundentes, explosivos artesanales y bombas molotov.

Durante la comparecencia, el oficial sostuvo que los daños alcanzaron distintos espacios del cuartel policial. “La enardecida multitud empezó a agredir las instalaciones del cuartel de policía y fracturaron el cerramiento del cuartel en diferentes lugares”, declaró.

Los comparecientes insistieron en que las unidades desplegadas actuaron bajo protocolos de control del orden público y que el uso de agentes químicos respondió a la necesidad de contener los disturbios. También señalaron que personal policial y militar recibió atención médica tras resultar herido durante los enfrentamientos.

Política

Fiorella Icaza tras la incautación de su vivienda: "Mis hijos solo entienden que extrañan a su papá"

Marco Rivera

Agente fue evacuado por quemaduras

Uno de los testimonios más impactantes fue el del cabo primero Wilmer Mina, quien relató las lesiones sufridas mientras participaba en un operativo para habilitar vías bloqueadas y permitir el paso de un convoy de ayuda humanitaria.

El uniformado explicó que resultó alcanzado por un artefacto explosivo durante una emboscada ocurrida en el sector de San Rafael. “Sufrí quemaduras y lesiones en mis dos piernas a la altura de las rodillas”, contó ante los integrantes de la comisión.

Mina agregó que el traslado hasta una casa de salud tomó cerca de dos horas debido a los bloqueos existentes en las carreteras. Posteriormente fue evacuado por vía aérea hacia Quito para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Al cierre de la sesión, el asambleísta Gerardo Machado pidió que la comisión también escuche a personas afectadas por las movilizaciones y a familiares de quienes fallecieron durante las protestas. La presidenta de la mesa, Inés Alarcón, aseguró que el proceso busca recoger todas las versiones para elaborar un informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se detalló cuando serían invitados.

Lo que se debe saber 

• Fiorella Icaza se pronunció tras la incautación de la vivienda donde vive con sus hijos.
• La esposa de Aquiles Álvarez cuestionó la rapidez con la que se ejecutó la medida.
• Sus declaraciones se producen mientras continúa una diligencia clave dentro del caso Goleada.

La esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Fiorella Icaza, reaccionó este 12 de junio de 2026 a la incautación de la vivienda donde reside junto a sus hijos, una medida ejecutada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) en medio de una diligencia judicial relacionada con el caso Goleada.

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A través de un pronunciamiento público, Icaza centró su mensaje en las consecuencias que la decisión tiene sobre su familia. “Yo ya no sé cuántas veces más tendré que sentarme frente a mis hijos para intentar responder preguntas que ni yo misma sé cómo contestar”, expresó al describir la situación emocional que atraviesan sus hijos ante la ausencia de su padre.

La esposa del alcalde señaló que la incautación ocurrió mientras los abogados de Álvarez participaban en una audiencia judicial. Según relató, los menores continúan esperando el regreso de su padre y ahora enfrentan la incertidumbre de perder el espacio que consideran su hogar. “La casa donde todavía hablan de él en presente porque se resisten a aceptar su ausencia”, manifestó.

Incautación de la casa de Aquiles Álvarez

De acuerdo con la defensa de Álvarez, Inmobiliar inició la incautación de la vivienda apenas un día después de que un juez emitiera la orden correspondiente. El procedimiento se desarrolló mientras se receptaba el testimonio anticipado de un testigo protegido dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada.

La defensa también denunció que días antes había solicitado la individualización de los bienes objeto de la medida. Sin embargo, asegura que ese requerimiento seguía sin respuesta al momento en que se ejecutó la incautación, por lo que cuestionó la actuación de las autoridades involucradas en el proceso.

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En su mensaje, Icaza sostuvo que sus hijos no comprenden los aspectos legales que rodean el caso. “Mis hijos son niños, no entienden de expedientes, no entienden de oficios, no entienden de medidas cautelares ni de procesos judiciales, solo entienden que extrañan a su papá”, afirmó al referirse al impacto que la situación tiene en los menores.

Fiorella Icaza cuestiona la rapidez del procedimiento

La esposa del alcalde también expresó su preocupación por la velocidad con la que se ejecutó la medida. “Lo que más me duele es la velocidad con la que se actúa cuando se trata de hacer más daño”, indicó al señalar que, según su versión, habían transcurrido apenas horas desde la emisión del oficio de incautación.

Icaza afirmó que dentro de la vivienda habitan tres niños y una persona con discapacidad que depende de ese entorno familiar. En su pronunciamiento pidió que se considere el efecto humano de las decisiones judiciales sobre quienes, según sostuvo, no tienen participación en los hechos investigados.

“Detrás de cada expediente hay una familia, detrás de cada resolución hay seres humanos y detrás de cada decisión hay consecuencias que recaen sobre quienes no tienen ninguna responsabilidad en esta historia”, expresó al insistir en que las repercusiones de la medida trascienden el ámbito estrictamente legal.

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“Los más inocentes cargan con el peso de todo esto”

En la parte final de su declaración, Icaza aseguró sentirse agotada por las situaciones que ha debido enfrentar junto a su familia durante el proceso que involucra al alcalde de Guayaquil. Su mensaje estuvo enfocado en las consecuencias emocionales que, según dijo, afrontan sus hijos.

“Como madre realmente me siento agotada, agotada de ver cómo aparecen nuevas formas de golpear a esta familia”, señaló. La esposa de Álvarez sostuvo que los menores son quienes más sufren los efectos de la situación por la que atraviesan.

La incautación de la vivienda se produjo en paralelo a una audiencia del caso Goleada, investigación en la que se procesa una presunta estructura de delincuencia organizada. Mientras la defensa mantiene sus cuestionamientos al procedimiento, las declaraciones de Fiorella Icaza ponen el foco en el impacto que la medida tiene sobre su entorno familiar.

Lo que debes saber

• Una jueza negó el pedido de caución solicitado por el alcalde Aquiles Álvarez para poder defenderse en libertad
• Los casos Triple A y Goleada tienen irregularidades que podrían terminar en su nulidad procesal
• El oficialismo presidido por el presidente Daniel Noboa estaría detrás de la inhabilitación de actores políticos claves como Álvarez 

La situación jurídica y política del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se complica tras la negativa de una jueza a su defensa en libertad dentro del caso Triple A. En esta entrevista, se analiza la presunta vulneración del fuero de Corte Nacional, las irregularidades en las notificaciones fiscales, la polémica actuación del SNAI y el avance del proceso de remoción en el Concejo Cantonal, en medio de denuncias sobre un presunto uso del aparato estatal contra disidentes políticos en Ecuador. César Poveda, abogado miembro del equipo jurídico de Álvarez, explica la situación legal del alcalde y los próximos pasos a tomar.

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La situación de Aquiles Álvarez tras caución negada

- ¿Una jueza negó la posibilidad de que el alcalde Aquiles Álvarez se pueda defender en libertad. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar?

Dentro del sistema judicial existen algunas alternativas. Un pronunciamiento de primera instancia no agota todo el proceso. Lo que debe preocupar es cómo puede ser posible que la Función Judicial, la academia y la opinión pública no se pronuncien de que el juez natural del alcalde no puede ser un juez de Samborondón ni de primera instancia, sino la Corte Provincial. Nadie dice nada.

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- ¿Qué cree que hay detrás de que se procese a Álvarez por fuera de su fuero como alcalde de Guayaquil?

Todo lo que está alrededor de Aquiles Álvarez ha sido sumamente grotesco, aberrante. Es un drama que alcanza en este momento incluso a sus hijos, que fueron apuntados con láseres cuando se llevaron al alcalde y que ahora los despojaron de su casa.

Corte Nacional infunde miedo entre los jueces

- Ramiro García denunció que a pesar de que se cumplieron los requisitos, la jueza negó la caución. ¿Qué explica esta contradicción?

No nos olvidemos de los jueces del caso Goleada. La Corte Nacional los señala de error inexcusable por haber otorgado una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Lo único que hicieron es poner en la picota más alta las cabezas de estos jueces para que el resto observe qué es lo que les puede pasar si fallan en Derecho. Existe una intención de posicionar una política interna, no escrita, del miedo.

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Los errores de Fiscalía ponen en peligro la teoría de Triple A: las debilidades de la acusación

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Triple A: caso contra Álvarez debe declararse nulo

- La defensa del alcalde Álvarez también expuso que en Triple A se presentaron pruebas de una empresa que no está siendo procesada. ¿Cómo esto podría afectar la legalidad del proceso?

Por más de que las compañías tengan el mismo paquete accionarial, tienen representaciones legales distintas. Es un vicio de nulidad absoluto. El proceso se cae porque está mal notificado, porque se ha imputado a un tercero. En el proceso también apareció una funcionaria de la Contraloría que afirmó que la entidad no puede mandar informes técnicos, pero después la misma Fiscalía le pide a la Contraloría que ingrese un informe técnico al expediente. Este tipo de aberraciones son las que degeneran completamente el proceso por parte del Estado, fallando en todas sus aristas.

La mano del oficialismo en los casos contra Álvarez

- ¿El Estado está en contra de Aquiles Álvarez?

Sin lugar a dudas. Existe una coordinación general de torpezas o actuaciones que definitivamente dejan prever una incitación dolosa por parte de todos los actores que han venido en una embestida brutal contra Álvarez y su familia.

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- ¿Quién permite que todas estas ilegalidades sucedan?

Volvamos a los jueces del caso Goleada. Cuando se cuelga en una picota la cabeza de los jueces, se está intentando disciplinar la verdad. Ya lo vimos con el caso del exjuez Carlos Serrano. Tampoco nos podemos divorciar de lo que ocurre en Portoviejo, Esmeraldas y Cuenca.

- ¿Es el oficialismo?

Es el aparato estatal en su conjunto atacando directamente a los disidentes políticos, y dentro del aparato estatal se encuentra el oficialismo.

Proceso de remoción y "caretas"en la Alcaldía de Guayaquil

- Mientras, en el Concejo Cantonal de Guayaquil avanza el pedido de remoción de Aquiles Álvarez. En un pedido de información contestado a la concejal Ana Chóez, el SNAI indicó que Álvarez se negó a firmar la notificación. ¿A qué respondió esa actitud del alcalde?

¿Por qué existe un proceso de destitución? En el Cootad no existe la figura del abandono del cargo. Quieren equiparar, hacer extensiva esta actuación dada contra otros funcionarios, como también se lo ha hecho con exvicepresidentes. El SNAI ha dicho que Fiorella Icaza ha asistido cinco veces a ver al alcalde, pero solo ha tenido dos encuentros presenciales con el alcalde. Si el SNAI comete equivocaciones como estas, no me sorprendería que digan cualquier cosa en estos informes.

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- ¿El alcalde Álvarez fue o no debidamente notificado de su proceso de remoción en el Concejo Cantonal?

Esa parte debería preguntársela al señor concejal Arturo Escala. Debo entender que, siendo un profesional del Derecho, seguramente lo han de haber hecho de la manera perfecta. Sin embargo, el alcalde se encuentra en su plena potestad de establecer su firma o no dentro de este documento. A mí me genera más preocupación lo impulsado por distintas voces o actuaciones dentro del Municipio que en este momento se han develado. Las caretas se están cayendo.

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- ¿Caretas? ¿De quiénes?

La actuación del señor Magno Marriott deja mucho que desear. Recuerdo si él podía aplaudir al alcalde 24 horas al día, 7 días a la semana, lo hacía, era impresionante; pero tiene que actuar con el consentimiento de otros, de terceros. La pregunta es hasta cuándo esos terceros pretenderán golpear con guante ajeno en vez de hacerlo con guante propio.

Lo que debes saber 

• Una jueza de Quito declaró que se vulneró el derecho de acceso a la información pública dentro del concurso para Fiscal General.
• La resolución apunta al manejo de expedientes de los postulantes por parte del CPCCS.
• El fallo ordena medidas de transparencia y abre un nuevo capítulo en el proceso de designación.

La jueza de la Unidad Judicial de Trabajo de Quito declaró la vulneración del derecho de acceso a la información pública dentro del Concurso de Méritos y Oposición para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. La decisión se conoció tras la reanudación de una audiencia relacionada con el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Según informó la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal General, la magistrada concluyó que el CPCCS incumplió con la entrega oportuna de información requerida sobre los aspirantes. El pronunciamiento judicial se produjo luego de analizar la actuación de la entidad en la difusión de los expedientes de los postulantes.

La organización señaló que la jueza determinó que el organismo "violó el derecho de acceso a la información pública" al no publicar a tiempo la documentación correspondiente y entregarla de manera tardía. El fallo reconoce además que los documentos requeridos forman parte de información de carácter público dentro del proceso de selección.

Fallo judicial sobre el concurso de Fiscal General

Durante la audiencia, la resolución fue emitida de forma oral. De acuerdo con la Comisión Cívica, la jueza ratificó que la información solicitada debía estar disponible para la ciudadanía, en línea con los principios de transparencia que rigen los concursos para la designación de autoridades de control.

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Como parte de las medidas dispuestas, se ordenó que la decisión judicial sea publicada en la página web institucional del CPCCS. Con ello, la resolución deberá quedar a disposición de la ciudadanía como parte de las acciones de reparación derivadas de la vulneración declarada por la autoridad judicial.

La Comisión Cívica destacó que el pronunciamiento representa un precedente para el acceso a información relacionada con el proceso de selección de Fiscal General. En su comunicado afirmó que la decisión se adopta "en favor de la transparencia del Concurso de Fiscal General" y anunció que realizará seguimiento al cumplimiento íntegro de lo resuelto por la jueza.

Lo que debes saber

• Abogados de Aquiles Álvarez rechazan incautación ejecutada por Inmobiliar este viernes 12 de junio.
• Defensa critica que la medida afecte a la esposa e hijos del alcalde de Guayaquil.
• Inmueble fue asegurado mientras se realizaba una audiencia clave en el caso Goleada.

El equipo legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó con firmeza este viernes 12 de junio de 2026 ante la incautación de la casa del burgomaestre efectuada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), alertando sobre la afectación directa a su esposa Fiorella Icaza y sus hijos menores de edad.

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Abogados cuestionan proporcionalidad de la medida de Inmobiliar

David Norero, miembro de la defensa y exsecretario municipal, manifestó en su cuenta de X que la acción vulnera los derechos de tres niños y una persona con discapacidad que habitan el inmueble y que son ajenos a las controversias legales de los adultos. Norero enfatizó que hay límites que un Estado de Derecho jamás debería cruzar y recordó que la Constitución garantiza la presunción de inocencia de la autoridad guayaquileña.

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Por su parte, el jurista Julio César Cueva calificó de "paradoja absurda" ordenar la incautación junto con la prohibición de enajenar, argumentando que al tratarse de un bien raíz no existe riesgo de que desaparezca. Cueva sostuvo que la restricción de venta era una medida idónea, suficiente y proporcional para los fines del proceso penal, mientras que el desalojo se convierte en un castigo anticipado.

Ejecución en medio de audiencia del caso Goleada

La defensa técnica reportó que el operativo estatal se llevó a cabo de manera sorpresiva un día después de la emisión de la orden judicial. La incautación coincidió cronológicamente con la participación de los abogados en la audiencia del caso Goleada, diligencia donde se receptaba el testimonio anticipado de un testigo protegido dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada.

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Detalles clave sobre la situación del inmueble

Lo que debes saber

• Topic asegura que los ataques políticos se intensifican durante las campañas electorales.
• El excandidato afirma que existe temor a participar en política por posibles represalias.
• También cuestiona los resultados del Gobierno y la exclusión de ciertas candidaturas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el excandidato presidencial Jan Topic cuestionó los ataques que, según afirmó, suelen intensificarse durante las campañas electorales. El también virtual candidato a la Alcaldía de Durán advirtió que esta situación desalienta la aparición de nuevos liderazgos y reduce el interés de los ciudadanos por participar en política.

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Los ataques que aparecen en tiempos electorales

Para Jan Topic, el principal problema no es que determinadas candidaturas queden fuera de la contienda, sino el efecto que eso genera en la participación política. El excandidato presidencial aseguró que existe una estrategia para apartar a nuevos actores de la vida pública y advirtió que “por cada candidatura que tumban, 500 o 1.000 personas se desincentivan de querer ser candidatos”. Según dijo, los ataques en su contra responden a esa misma lógica.

Asimismo, Topic afirmó que las acusaciones que periódicamente surgen en su contra responden a una dinámica que se repite en cada proceso electoral. Según dijo, las campañas de desprestigio aparecen cuando se acercan las elecciones y desaparecen una vez concluidas, por lo que pidió a la ciudadanía observar ese patrón y cuestionar el origen de esos señalamientos.

“La gente anda aterrada de Carondelet”

Topic aseguró además que existe un ambiente de temor frente al poder central. “Hoy en día, la gente anda aterrada de Carondelet”.

Además, atribuyó a ese escenario la permanencia de los mismos actores en la política nacional. Según sostuvo, el temor a enfrentar procesos judiciales, cuestionamientos públicos o consecuencias personales desincentiva a muchos ciudadanos a postularse a cargos de elección popular, lo que limita la renovación de liderazgos.

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¿Para qué quieren las alcaldías?

Topic cuestionó también los motivos detrás de la supuesta exclusión de aspirantes políticos. Recordó que su candidatura presidencial fue anulada en 2024 y se preguntó: “¿Para qué tumban las candidaturas? ¿Para qué me tumbaron la candidatura presidencial en el 2024? ¿Para qué querían tanto ser presidente?”.

A su juicio, la pregunta de fondo es para qué se busca controlar espacios de poder si los resultados de gestión no muestran mejoras para la población. En ese contexto, comparó la situación actual del país con el último año del gobierno de Guillermo Lasso.

Topic afirmó que Ecuador registra más muertes violentas, un menor ingreso real por habitante y retrocesos en áreas como educación, salud y generación eléctrica. “Si para eso querían la Presidencia, ¿para qué quieren las alcaldías?”, cuestionó. El también virtual candidato por el Partido Social Cristiano (PSC) concluyó señalando que los ataques en su contra deben entenderse dentro de una disputa política que, según él, busca limitar la competencia electoral.

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Topic niega vínculo con supuesto espionaje

Respecto a las versiones que lo vinculan con una presunta red de espionaje político, Jan Topic aseguró que no existe evidencia que sustente esos señalamientos. Además, cuestionó los argumentos que relacionan el caso con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. “A Villavicencio lo matan en Quito. Las cámaras de Segura EP están en Guayaquil”, manifestó, al considerar que esa asociación carece de lógica.

El excandidato presidencial también rechazó las afirmaciones que sostienen que las cámaras estuvieron a disposición del expresidente Rafael Correa. Según explicó, el proyecto de videovigilancia fue implementado en 2022, varios años después de que concluyera el mandato del exgobernante. “Correa ha de ser presidente hasta 2017”, expresó durante su intervención.

Asimismo, defendió su postura frente al allanamiento realizado a Segura EP y sostuvo que la diligencia estuvo relacionada con el almacenamiento de información en la nube y no con una supuesta estructura de vigilancia política. Añadió que la ubicación de las cámaras es determinada por la Policía Nacional y no por proveedores privados ni por el Municipio. También afirmó que no tiene participación en el proyecto investigado, ya que fue ejecutado por una empresa de su padre (Telconet) y él se encuentra desvinculado del grupo empresarial desde 2023.

Lo que debes saber

• Reimberg vinculó las acusaciones con exautoridades de Segura EP.
• El señalamiento apunta a hechos que habrían ocurrido en 2024.
• El ministro sostiene que se desviaron recursos de su finalidad original.

El ministro del Interior, John Reimberg, denunció el viernes 12 de junio de 2026 que Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) habría sido utilizada como una “sala de espionaje”, en lugar de destinar sus recursos a tareas de seguridad ciudadana. A través de su cuenta personal de X, aseguró que en noviembre de 2024 se instaló una “sala espejo” en las oficinas del Municipio de Guayaquil.

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La denuncia sobre una “sala espejo”

Según el funcionario, la instalación de esta infraestructura se realizó con la anuencia del entonces presidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo. Además, vinculó el hecho al alcalde Aquiles Álvarez y al expresidente Rafael Correa, a quienes acusó de priorizar intereses políticos sobre la seguridad de la ciudad.

Reimberg sostuvo que la estructura habría tenido acceso privilegiado a los sistemas de videovigilancia mediante un enlace privado de datos instalado en 2024. Agregó que uno de los usuarios con perfil de administrador podía visualizar cámaras en tiempo real, manipular equipos, descargar grabaciones históricas e instalar software.

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Los señalamientos sobre uso político

Además, Reimberg aseguró que los accesos al sistema “fueron entregados a Franklin Asqui con perfil de administrador”, lo que le habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, manipular equipos de videovigilancia, descargar grabaciones históricas e instalar software. El ministro sostuvo que esta infraestructura, financiada con recursos públicos, habría sido utilizada para fines distintos a los de la seguridad ciudadana y acusó a los presuntos responsables de privilegiar intereses de control político sobre el bienestar de Guayaquil.

A la espera de una respuesta oficial

EXPRESO solicitó un pronunciamiento a Segura EP, a través del departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil, respecto a los señalamientos realizados por el ministro del Interior. Desde esa dependencia indicaron que revisarían el tema; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no remitieron una respuesta oficial.

Lo que debes saber

• Luisa González plantea que la Asamblea Nacional destituya al presidente Daniel Noboa.
• Inhabilitación de cuatro alcaldes clave activa la propuesta de grave crisis política.
• Líder del correísmo convoca a movilizaciones ciudadanas y voto de castigo contra ADN.

La dirigente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, propuso que la Asamblea Nacional de Ecuador evalúe la destitución del presidente Daniel Noboa, fundamentando su solicitud en la existencia de una presunta grave crisis política y conmoción interna provocada por el propio Gobierno. La exaspirante presidencial justificó la aplicación del mecanismo constitucional tras denunciar una sistemática persecución política contra alcaldes de oposición, a quienes se les han suspendido sus derechos políticos para sacarlos de la competencia electoral de cara a los comicios seccionales de noviembre de 2026.

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El Artículo 130 y la causal de crisis política

La propuesta del correísmo apunta directamente al numeral 2 del Artículo 130 de la Constitución de la República, una herramienta legal que faculta a la función legislativa a remover al primer mandatario. Según González, la actual administración ha sobrepasado los límites democráticos al concentrarse en inhabilitar a potenciales competidores electorales mediante procesos judiciales y electorales de dudosa legitimidad, mientras el resto del país padece índices alarmantes de violencia e inseguridad.

Los alcaldes inhabilitados por el Gobierno de Noboa

La denuncia de la Revolución Ciudadana se sostiene en la reciente ofensiva legal contra cuatro autoridades municipales de alta relevancia en el territorio nacional, quienes no forman parte del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

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Las autoridades afectadas por estos procesos de inhabilitación son:

De acuerdo con las declaraciones de González, estas ciudades representan bastiones geopolíticos estratégicos donde el presidente Daniel Noboa busca ganar control político, sabiendo que sus candidatos no tienen posibilidades reales frente a los alcaldes en funciones si estos se mantienen habilitados en la papeleta electoral.

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Convocatoria a movilizaciones y voto de castigo

El llamado del correísmo no se limita exclusivamente al control político dentro del parlamento, sino que extiende una convocatoria directa a la ciudadanía para activarse en las calles y ejercer resistencia popular contra el régimen. De igual forma, la dirigente enfatizó la importancia de consolidar un bloqueo en las urnas para las elecciones de noviembre de 2026, instando a la población a no otorgar un solo voto a la bancada oficialista de ADN ni a organizaciones políticas aliadas que respondan a la agenda de Carondelet.

Lo que debe saber

• El nuevo presidente del CNE, José Cabrera, dirigió su primera sesión y propuso un nuevo secretario general.
• De la terna presentada por el titular del organismo electoral, el Pleno votó a favor de Betty Báez.
• Diana Atamaint y Enrique Pita estuvieron presentes en la sesión que nuevamente se realizó de forma virtual. 

Con la presencia de los cinco vocales principales, José Cabrera dirigió su primera sesión al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE). El nuevo presidente concretó su primer cambio en el organismo, tras la renuncia de Santiago Vallejo como secretario general.

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La sesión nuevamente se realizó de forma virtual. Estuvieron presentes Diana Atamaint y Enrique Pita, expresidenta y exvicepresidente del organismo, respectivamente. Esta vez no hubo roces ni enfrentamientos directos entre los consejeros.

La renuncia de Santiago Vallejo

El 11 de junio de 2026, la nueva mayoría del organismo electoral, integrada por José Cabrera, Esthela Acero —ahora vicepresidenta— y la vocal Elena Nájera, reunió los votos necesarios para el cambio de autoridades. A esa mayoría se sumó con su voto Diana Atamaint, con lo que se concretó la resolución.

Ese mismo día, Vallejo remitió su renuncia irrevocable al cargo. Durante los últimos años había acompañado la gestión de Atamaint. Su dimisión fue conocida y aceptada por el Pleno. Todos los consejeros agradecieron su trabajo al frente de la Secretaría General.

Posteriormente, Cabrera mocionó tres nombres para ocupar el cargo: Betty Báez Villagómez, Edwin Malacatos y Andrea Soria. Finalmente, la vicepresidenta Esthela Acero presentó la moción para designar a Báez, quien fue elegida por unanimidad.

¿Qué pasó en el CNE?

Política

Con Atamaint fuera de la presidencia, las fuerzas en el Pleno del CNE se reconfigurarán

Daniel Alejandro Romero Páez

La mañana del 11 de junio de 2026 fue convocada una sesión extraordinaria con un solo punto en el orden del día: “Conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el Código de la Democracia, de quién ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del CNE”.

La sesión se produjo después de varias semanas de enfrentamientos entre los vocales y de la principalización de consejeros suplentes. El último conflicto estuvo relacionado con la no instalación de una sesión convocada por Atamaint, luego de que Cabrera y Nájera abandonaran la reunión antes de que fuera instalada.

Al día siguiente se desarrolló la sesión extraordinaria que derivó en el relevo de las principales autoridades del organismo electoral, después de más de siete años bajo la presidencia de Diana Atamaint.

Lo que debes saber

• La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denuncia el inicio de la incautación de su casa.
• El procedimiento se realiza pese a que días atrás la defensa solicitó la individualización de los bienes a incautar.
• En la casa que está siendo incautada residía la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, y sus hijos.

La defensa de Aquiles Álvarez alertó este 12 de junio de 2026 que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) inició la incautación de la casa del alcalde de Guayaquil, donde actualmente residen su esposa, Fiorella Icaza, y sus hijos.

Justicia

Jueza rechaza caución de Aquiles Álvarez y continúa en prisión en el caso Grillete

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Juez ordenó la incautación pese a pedido pendiente de la defensa de Álvarez

El proceso de incautación se realiza mientras la defensa del alcalde Álvarez se encuentra en una audiencia del caso Goleada, donde se recepta el testimonio anticipado de un testigo protegido en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada.

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La defensa de Álvarez denunció que la medida se ejecuta un día después de que un juez emitiera la orden. Sin embargo, acota, denuncia que se procedió con la incautación a pesar de que días atrás la defensa solicitó la individualización de los bienes objeto de la incautación y que dicho pedido aún no tiene respuesta.

Aquiles Álvarez seguirá en prisión tras decisión de jueza

La incautación de la casa de Aquiles Álvarez sucede un día después de que la jueza Karen Alarcón negara la solicitud de caución del alcalde para revocar su prisión preventiva. La defensa denunció que a pesar de que la magistrada reconoció que se cumplió todos los requisitos, resolvió negar el pedido.

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Ramiro García, abogado de Álvarez en los temas penales, comentó en su cuenta de X que la actuación de la jueza Alarcón se ajusta en la figura del prevaricato, contenido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador.