Lo que debes saber

• La salida de Romina Muñoz del Viceministerio de Cultura se confirmó este jueves 9 de julio.
• En declaraciones a EXPRESO, la exfuncionaria explicó que la ministra de Educación, Gilda Alcívar, solicitó su renuncia al cargo.
• Muñoz sale del viceministerio en medio de un debate público por el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador, a construirse en Quito.

La salida de Romina Muñoz del Viceministerio de Cultura se confirmó este jueves 9 de julio. En declaraciones a EXPRESO, la exfuncionaria explicó que la ministra de Educación, Gilda Alcívar, solicitó su renuncia al cargo.

(Te puede interesar: Polémica por el MAAC: cuestionan a la viceministra de Cultura tras negar el deterioro del museo)

Romina Muñoz confirmó a este Diario que salió del Viceministerio de Cultura "bajo pedido", aunque no se conocieron las razones de su desvinculación.

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En los últimos días, Muñoz mantuvo una activa participación en la red social X, donde respondió a varios usuarios que comentaban sobre el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador.

El proyecto arquitectónico será desarrollado en Quito por el estudio Campo Baeza + Maoda, cuya propuesta, denominada Ecos del Sol, ganó el concurso internacional convocado para definir el diseño del edificio.

El proceso convocó 148 propuestas de más de una veintena de países. Luego de ser escogido, el proyecto entrará en la fase de estudios técnicos antes de que su construcción arranque en 2027.

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"Esto va más allá de los gustos estéticos", fue una de las respuestas de Muñoz en sus redes sociales a usuarios que opinaban sobre el diseño del edificio.

¿Quién es Romina Muñoz?

Romina Muñoz es una investigadora, curadora y educadora ecuatoriana con más de 15 años de experiencia en el ámbito de las artes visuales, la investigación académica y la gestión de museos e instituciones culturales. Es licenciada en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posee una maestría en Arqueología.

Su formación académica y trayectoria profesional han estado vinculadas a la investigación histórica, el patrimonio cultural y las prácticas artísticas. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos relacionados con la gestión y difusión del patrimonio, así como en espacios dedicados al arte contemporáneo y la educación.

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Entre 2021 y 2023 se desempeñó como directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador (MuNa). En noviembre de 2023 fue designada ministra de Cultura en el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Posteriormente, tras una reorganización interna de esa cartera de Estado, pasó a ocupar el cargo de viceministra de Cultura.

Antes laboró en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, la Universidad de las Artes, el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

Lo que debes saber

• La asambleísta Mariana Yumbay cuestionó la falta de fiscalización frente a la crisis de la Universidad Amawtay Wasi.
• Advirtió que el recorte presupuestario pone en riesgo el derecho a la educación superior.
• Sus declaraciones se dieron tras la sesión de la Comisión de Educación, donde estudiantes exigieron respuestas inmediatas sobre el futuro de la institución.

La asambleísta Mariana Yumbay, integrante de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional y representante indígena, cuestionó la falta de fiscalización oportuna frente a la crisis presupuestaria que atraviesa la Universidad Amawtay Wasi. Durante una declaración ofrecida tras la sesión de la Comisión de Educación, aseguró que la reducción de recursos pone en riesgo la continuidad de la única universidad pública intercultural creada como resultado de la lucha de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

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Yumbay agradeció la presencia de los medios de comunicación, estudiantes, autoridades universitarias y legisladores, antes de expresar su rechazo por la respuesta institucional frente a la situación que enfrenta el centro de educación superior.

"Queremos expresar nuestro rechazo a la falta de fiscalización de manera oportuna en la Comisión de Educación frente a la crisis que está viviendo la Universidad Amawtay Wasi", denunció.

La legisladora sostuvo que la universidad representa una conquista histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas y un espacio para construir un Estado plurinacional e intercultural, por lo que consideró preocupante la posibilidad de una reducción significativa de su presupuesto.

Mariana Yumbay cuestiona la reducción del presupuesto de la Universidad Amawtay Wasi

La asambleísta afirmó que la disminución de recursos contradice el discurso gubernamental sobre la construcción de un "Nuevo Ecuador" y advirtió que afecta directamente un derecho garantizado por la Constitución.

Yumbay señaló que el acceso a la educación superior gratuita no puede verse condicionado por decisiones presupuestarias que comprometan el funcionamiento de una institución pública.

"Eso no es hacer un Nuevo Ecuador, eso es violentar uno de los derechos constitucionales como es el derecho a la educación superior totalmente gratuita y en condiciones dignas".

Además indicó señaló: "Desafortunadamente, cuando se trata de derechos como educación, salud, seguridad y empleo, aquí no se ha dado prioridad".

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Sesión de la Comisión de Educación quedó suspendida

Las declaraciones de Mariana Yumbay se producen después de la sesión desarrollada este 9 de julio por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, presidida por la asambleísta Cecilia Baltazar, que convocó a autoridades, estudiantes y representantes de la Universidad Amawtay Wasi para analizar la reducción del presupuesto asignado a la institución.

Durante la jornada, estudiantes y exalumnos advirtieron que el recorte presupuestario compromete la continuidad académica de más de 2.200 estudiantes, afecta el funcionamiento administrativo de la universidad y genera incertidumbre sobre el inicio del próximo período académico. Además, cuestionaron la ausencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad responsable de la asignación de recursos.

La sesión fue suspendida debido al inicio del Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que varios legisladores solicitaran continuar el debate en una nueva convocatoria. Hasta el cierre de la reunión no se adoptó una resolución sobre el financiamiento de la Universidad Amawtay Wasi, mientras estudiantes insistieron en que la restitución del presupuesto es indispensable para garantizar la continuidad del proyecto de educación superior intercultural.

Lo que debes saber

• Romina Muñoz deja Cultura el 9 de julio durante el debate por el Museo Nacional
  
• La funcionaria estuvo vinculada al MUNA antes de asumir cargos en Cultura
• Su salida ocurre mientras crecen preguntas por el diseño del Museo Nacional

Romina Muñoz deja el Viceministerio de Cultura de Ecuador. La salida se conoció este jueves 9 de julio, en medio del debate generado por la elección del diseño ganador para el Museo Nacional del Ecuador.

Muñoz había sido designada en la cartera cultural en noviembre de 2023. Tras la reestructuración de los ministerios, pasó a desempeñarse como viceministra de Cultura y Patrimonio.

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De acuerdo con el perfil publicado en el sitio web del Museo Nacional del Ecuador, es una investigadora, curadora y educadora ecuatoriana, con más de 15 años de trayectoria en artes visuales, investigación académica y gestión museística e institucional.

La mañana del 9 de julio se realizó un controvertido conversatorio entre la sociedad civil y varios de los gestores del proyecto. La viceministra defendió en proyecto en sus redes sociales tras las diversas críticas. "Esto va más allá de los gustos estéticos", dijo en sus redes sociales.

La carrera de Romina Muñoz

"Es Licenciada en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con un Máster en Arqueología, formación que ha orientado su trabajo hacia el cruce entre prácticas artísticas, investigación histórica y patrimonio cultural", detalla la web.

Antes de llegar al Ministerio de Cultura, Romina Muñoz fue Directora Ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador entre 2021 y 2023. También trabajó en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, la Universidad de las Artes, el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

Su salida ocurre mientras el proyecto del Museo Nacional mantiene la atención pública. La discusión por el diseño elegido abrió preguntas sobre arquitectura, patrimonio, memoria y el manejo institucional de una obra clave para el sector cultural del país.

Lo que debes saber

• Más de 2.200 estudiantes pidieron a la Asamblea Nacional intervenir ante la reducción del presupuesto de la Universidad Amawtay Wasi. 
• La Comisión de Educación escuchó testimonios que advierten que la continuidad de clases y el futuro de la universidad.
• Se trata del único proyecto público de educación superior intercultural del país.

La situación financiera de la Universidad Amawtay Wasi llegó este jueves 9 de julio al centro del debate legislativo. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional abrió una sesión para analizar la reducción del presupuesto de la institución intercultural, mientras estudiantes denunciaron que la falta de recursos podría impedir la continuidad de clases y afectar a más de 2.200 universitarios de distintas provincias del Ecuador.

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La sesión fue instalada por la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, Cecilia Baltazar, quien explicó que el único punto del orden del día fue conocer la situación crítica derivada de la insuficiente asignación presupuestaria para la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Durante la apertura, Baltazar recordó que la universidad nació como un proyecto impulsado por los pueblos y nacionalidades indígenas, pero que actualmente acoge a estudiantes mestizos, afroecuatorianos, montubios e indígenas de distintas regiones del país. Señaló que el propósito de la convocatoria era escuchar a estudiantes, autoridades e instituciones del Estado para construir una hoja de ruta frente a la crisis financiera.

Universidad Amawtay Wasi debate presupuesto en la Comisión de Educación

Antes de iniciar las comparecencias, la secretaria de la Comisión confirmó el quórum reglamentario con nueve legisladores presentes e informó la principalización de las asambleístas María de Lourdes Alarcón y Rosa Salazar, además de la participación telemática de Henry Bosques y Mónica Salazar.

También se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas fue convocado oficialmente mediante oficio, pero no registró asistencia al inicio de la sesión. La ausencia generó inquietud entre varios legisladores debido a que esa cartera de Estado es la responsable de las asignaciones presupuestarias cuestionadas.

Con el inicio de la comisión general, la presidenta dio prioridad a las intervenciones estudiantiles para que fueran los propios afectados quienes expusieran el impacto del recorte económico sobre la universidad.

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Estudiantes advierten incertidumbre por el futuro académico

La primera intervención estuvo a cargo de Sandra Priscila Palma, representante estudiantil y alumna de octavo semestre de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico.

La estudiante explicó que el presupuesto disponible únicamente permitiría cubrir los pagos docentes hasta finales de julio, mientras que el siguiente período académico, previsto para agosto o septiembre, permanece en incertidumbre por falta de financiamiento.

"Necesitamos nuestro presupuesto para poder existir, sin dinero no hay universidad", señaló.

Palma sostuvo que la preocupación se extiende entre toda la comunidad universitaria y aseguró que cientos de estudiantes desconocen si podrán continuar sus estudios durante el próximo semestre.

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"No se puede dejar morir a una universidad pública"

Durante su comparecencia, Palma afirmó que el recorte presupuestario no solo afecta a la institución sino directamente a miles de estudiantes y sus familias.

"No se deja morir a una universidad pública; a la universidad pública se la defiende", indicó.

La dirigente estudiantil también denunció que existe temor entre quienes recién ingresaron a la institución porque varios analizan retirar su documentación ante la incertidumbre sobre la continuidad académica.

"Devuélvannos nuestros 4,8 millones para poder existir", exclamó.

Según explicó, la reducción presupuestaria compromete el funcionamiento administrativo y académico de la institución, por lo que solicitó a la Comisión de Educación gestionar una respuesta inmediata del Estado.

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Recorte del 69 % pone en riesgo la continuidad de la universidad, advierte estudiante

Tras la intervención de Sandra Priscila Palma, la Comisión de Educación escuchó a Manuel Mesías Flores, estudiante de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico y exdirigente de la Federación de los Pueblos de la Sierra Norte del Ecuador. Su comparecencia centró el debate en las implicaciones jurídicas que, a su criterio, tendría la reducción de recursos asignados a la Universidad Amawtay Wasi.

Flores afirmó que la disminución del presupuesto representa una regresión de derechos para miles de estudiantes que encontraron en la institución una alternativa para acceder a la educación superior desde los territorios rurales y las nacionalidades indígenas.

"Estamos hablando de un presupuesto que hoy funciona con un recorte del 69 % y eso constituye una regresión de derechos", indicó.

El universitario sostuvo que el Estado mantiene la obligación de garantizar el financiamiento de las carreras aprobadas y recordó que la institución fue creada bajo el compromiso de asegurar la formación completa de sus estudiantes. Según indicó, interrumpir ese proceso comprometería la seguridad jurídica de quienes actualmente cursan sus estudios.

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Estudiantes amazónicos alertan por la falta de alternativas educativas

La siguiente intervención correspondió a José Luis Gavidia Barrera, estudiante de cuarto semestre de Derecho, quien participó de manera telemática desde la provincia de Orellana.

Gavidia explicó que la preocupación trasciende a quienes actualmente estudian en la institución, pues el eventual cierre o paralización afectaría principalmente a jóvenes provenientes de provincias amazónicas donde la oferta pública de educación superior es limitada.

El compareciente recordó que provincias como Orellana y Sucumbíos carecen de universidades públicas suficientes para absorber la demanda estudiantil, razón por la que Amawtay Wasi se convirtió en una opción para cientos de jóvenes de comunidades indígenas y rurales.

Asimismo, señaló que la universidad reúne estudiantes de nacionalidades Kichwa, Siona, Secoya, Waorani y otros pueblos amazónicos, quienes tendrían mayores dificultades para continuar sus estudios si la institución suspende actividades por falta de financiamiento.

El estudiante pidió a los legisladores impulsar mecanismos que permitan restituir los recursos y garantizar la continuidad del proyecto educativo.

Exalumna defiende el modelo intercultural de Amawtay Wasi

Uno de los testimonios más extensos fue presentado por Débora Muñoz, licenciada en Lengua y Cultura y exestudiante de Amawtay Wasi, quien decidió centrar su intervención en el modelo educativo de la universidad antes que en el aspecto financiero.

Muñoz explicó que la institución desarrolla un sistema de aprendizaje basado en la interculturalidad, la horizontalidad del conocimiento y la sistematización de saberes comunitarios, características que, aseguró, la diferencian de otras universidades públicas del país.

"La Universidad Amawtay Wasi es una universidad intercultural y tiene un proceso de educación horizontal; no es vertical", señaló.

La exalumna sostuvo que el trabajo académico incorpora conocimientos ancestrales, procesos comunitarios y metodologías participativas que permiten rescatar lenguas indígenas, fortalecer la identidad cultural y documentar saberes transmitidos entre generaciones.

Según relató, la universidad también promueve proyectos relacionados con economía popular y solidaria, economía circular, revitalización lingüística, pluralismo jurídico, soberanía alimentaria y fortalecimiento organizativo en comunidades rurales.

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"No le tengamos miedo a las otras culturas"

Durante su comparecencia, Muñoz pidió que el debate sobre la asignación presupuestaria también considere el valor académico y cultural del proyecto universitario.

"No le tengamos miedo a las otras culturas. Sintámonos orgullosos como ecuatorianos de tener una universidad de esta categoría".

La exestudiante sostuvo que los desafíos comunitarios desarrollados por Amawtay Wasi permiten construir conocimiento directamente junto a las comunidades y no únicamente desde investigaciones tradicionales.

Explicó que esa metodología fomenta procesos de aprendizaje colectivo y ha permitido recuperar prácticas culturales, idiomas ancestrales y experiencias comunitarias que, según afirmó, difícilmente serían documentadas mediante otros modelos educativos.

Muñoz incluso planteó que la universidad podría convertirse en un referente internacional si cuenta con el respaldo económico suficiente para fortalecer su infraestructura, ampliar la investigación y consolidar un campus universitario propio.

"No hagamos cortes presupuestarios; hagamos cortes como los que se le hacen a un diamante para convertirlo en el más fino".

También propuso incorporar nuevos procesos de formación pedagógica y ampliar la cooperación con especialistas nacionales e internacionales para fortalecer las carreras ofertadas.

Universidad Amawtay Wasi: estudiantes piden fiscalización y cuestionan el recorte presupuestario

La última comparecencia estudiantil estuvo a cargo de Jefferson Peña, representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior de la Universidad Amawtay Wasi, quien defendió el proceso de institucionalización que atraviesa la universidad y sostuvo que la reducción presupuestaria compromete el futuro del único proyecto público de educación superior intercultural del país.

Antes de iniciar su intervención, Peña invitó a observar la diversidad presente en la sala y aseguró que esa pluralidad representa el espíritu con el que nació la universidad. Afirmó que el proyecto educativo responde a una lucha histórica de los pueblos y nacionalidades del Ecuador por acceder a una educación superior con enfoque intercultural.

"Hoy se encuentra comprometida la continuidad del único proyecto público de educación superior intercultural comunitario del Ecuador."

El dirigente estudiantil explicó que la universidad supera los 2.200 estudiantes, de los cuales alrededor del 70 % son mujeres y muchas de ellas son madres de familia. Además, señaló que existen 502 aspirantes que esperan iniciar su proceso de nivelación y cuya continuidad también dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Representante estudiantil pide aplicar el mismo trato que reciben otras universidades públicas

Durante su comparecencia, Peña sostuvo que Amawtay Wasi no solicita un trato preferencial, sino que el Estado aplique los mismos criterios utilizados para financiar otras universidades públicas creadas recientemente.

El representante recordó que durante 2024 la universidad avanzó en su proceso de institucionalización con el acompañamiento del Consejo de Educación Superior (CES), por lo que consideró contradictorio que ahora enfrente una reducción de recursos.

"No venimos a solicitar privilegios. Venimos a solicitar que el Estado aplique a la Universidad Amawtay Wasi los mismos principios jurídicos, técnicos y constitucionales que aplica a otras universidades públicas", indicó.

Peña también señaló que el 80 % de las familias de los estudiantes perciben ingresos inferiores al salario básico, por lo que una eventual suspensión de actividades afectaría principalmente a sectores vulnerables.

Asimismo, solicitó que la Comisión de Educación ejerza sus facultades de fiscalización y requiera explicaciones técnicas sobre la distribución del presupuesto destinado a la institución.

Presidenta de la Comisión recuerda el proceso de institucionalización

Tras las intervenciones estudiantiles, la presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar, destacó que la comparecencia permitió escuchar directamente a quienes se consideran afectados por la reducción presupuestaria.

La legisladora recordó que durante el proceso desarrollado en 2024 la Asamblea Nacional acompañó la institucionalización de Amawtay Wasi junto con el Consejo de Educación Superior, el Viceministerio de Educación Superior y otras entidades estatales.

Baltazar señaló que el compromiso era consolidar una universidad capaz de ofertar nuevas carreras y fortalecer su estructura académica durante los próximos cinco años, por lo que manifestó su preocupación por la situación financiera expuesta durante la sesión.

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Ministerio de Economía y Finanzas envió un oficio, pero no acudió a la Comisión

Mientras continuaba el debate, la secretaria de la Comisión informó que el Ministerio de Economía y Finanzas no compareció presencialmente a la sesión.

En su lugar, dio lectura al oficio MEF-MEF-2026-0260-O, suscrito por la ministra Saría Moya, documento que ingresó a la Comisión el mismo 9 de julio a las 09:04 y que fue distribuido entre los legisladores.

La presidenta indicó que el contenido del documento sería considerado durante el análisis, aunque reconoció que la ausencia de representantes del Ministerio impedía absolver varias inquietudes planteadas por estudiantes y legisladores respecto de la reducción presupuestaria.

Ana Belén Yela pidió suspender la Comisión General para presentar una moción

En ese momento intervino la asambleísta Ana Belén Yela, quien expresó su preocupación porque la sesión coincidía con la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional.

La legisladora señaló que existía una queja recurrente sobre la programación de sesiones de comisión poco antes de las sesiones plenarias, lo que impedía concluir los debates y escuchar a todos los comparecientes.

"Faltan quince minutos para el pleno y esta es una queja recurrente que tenemos en esta comisión", respondió.

Yela indicó que ya se encontraban presentes diez integrantes de la comisión, varios legisladores invitados, representantes del Consejo de Educación Superior, del Ministerio de Educación y autoridades universitarias, por lo que consideró necesario levantar la Comisión General para presentar una moción antes de suspender la sesión.

"Le solicito, gentilmente, levantemos la Comisión General para poder poner mi moción y podamos votar antes de que se suspenda esta comisión", exigió Yela.

Sin embargo, la presidenta Cecilia Baltazar respondió que aún restaba escuchar la intervención de otra estudiante antes de cerrar esa etapa del debate.

Lo que debes saber

• La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, mantuvo un cruce en la red social X con el analista político César Febres Cordero, por el estado del edificio del MAAC en Guayaquil.
• Febres Cordero mostró fotos con daños en la fachada del edificio; Muñoz negó esas imágenes.
• Luego, la viceministra reconoció que las fachadas están siendo intervenidas.

Este jueves 9 de julio, la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, mantuvo un cruce en la red social X con el analista político César Febres Cordero, por el estado del edificio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), ubicado en el Malecón 2000, en Guayaquil.

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La noche del miércoles 8, Febres Cordero mostró imágenes de un tramo de la fachada del edificio en evidente deterioro, con paredes agrietadas, presencia de moho y humedad, además de cerámicas desprendidas, especialmente en el área contigua a una pileta.

El analista indicó que las fotos fueron captadas en marzo. La ministra Muñoz respondió que esas imágenes "no responden a la realidad actual" y lo invitó a realizar un recorrido por el sitio.

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No obstante, Febres Cordero realizó el recorrido y evidenció que los problemas persisten este jueves 9 de julio. La ministra replicó que las fachadas están siendo intervenidas.

"Vamos juntos porque me parece que está moviendo imágenes. Conozco muy el MAAC (sic). Que está en proceso de intervención de las fachadas. A donde se habrá ido a meter", respondió la funcionaria.

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Reacciones por el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador

La respuesta de la viceministra ocurre mientras continúa el debate sobre el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador, una propuesta que ha generado amplio interés y diversas reacciones.

Quito contará con una nueva sede para el Museo Nacional del Ecuador. El proyecto arquitectónico será desarrollado por el estudio Campo Baeza + Maoda, cuya propuesta, denominada Ecos del Sol, resultó ganadora del concurso internacional convocado para definir el diseño del edificio.

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El certamen recibió 148 proyectos provenientes de más de 20 países. La iniciativa ahora pasará a la fase de estudios técnicos, con la meta de iniciar su construcción en 2027.

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Su carrera política comenzó en 2017, cuando se postuló a la Asamblea Nacional sin éxito. Dos años más tarde logró convertirse en concejal, desde entonces, ha trabajado en la adecuación de ascensores, rampas y espacios públicos, además de promover la presencia de intérpretes de lenguaje de señas en el Municipio.

En su reciente entrevista con Radio Flama el pasado miércoles 8 de julio, Coloma cuestionó el manejo presupuestal de la actual administración municipal. Señaló que “para llegar a este cargo hay que conocer lo que quieres administrar”, en referencia a decisiones que, según ella, no han favorecido el desarrollo de Santo Domingo.

Activismo y compromiso social

Antes de llegar a la política, Diana Coloma ya era reconocida por su activismo. Una de sus acciones más recordadas fue la caminata de tres días desde Santo Domingo hasta Quito para exigir la creación de una universidad pública en su ciudad, cuando presidía la Organización Juvenil.

Su lucha por una Santo Domingo más inclusiva ha sido constante. En entrevistas ha señalado que no es “más ni menos que nadie” y que su voz debe alzarse siempre que el beneficio sea colectivo. Ese espíritu combativo la ha convertido en una figura clave para quienes buscan una ciudad con igualdad de oportunidades.

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La vida de Diana Coloma

Diana Coloma perdió la visión hace una década tras un accidente de tránsito que le provocó un golpe en la cabeza. Está casada con Carlos Espinoza y es madre de dos hijos. Además de su rol político, ha sido reina de belleza, modelo y abogada. Su experiencia personal ha estado vinculada a la discapacidad visual, lo que ha influido en su interés por promover políticas inclusivas en Santo Domingo.

Una relación cercana con sus seguidores

Más allá de sus apariciones públicas, la creadora de contenido se ha caracterizado por responder con naturalidad las dudas que recibe en redes sociales sobre su día a día. Ha explicado cómo elige la ropa que usa, cómo camina con tacones, de qué manera sube y baja escaleras y quién la acompaña en esos momentos. Incluso ha contado que su equipo la guía durante eventos y grabaciones, indicándole hacia dónde mirar para saludar al público o a las cámaras, una transparencia que ha sido valorada por sus seguidores y que ha contribuido a visibilizar, sin tabúes, cómo adapta distintas actividades cotidianas.

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Elecciones 2026: Concejo de Guayaquil está marcado por la fragmentación política

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“Se ha dado la instrucción a todas las delegaciones provinciales para que monitoreen continuamente los cambios climáticos”, dijo Cabrera. En ese escenario, las delegaciones deberán establecer las previsiones necesarias en caso de que ocurra algún evento que afecte el desarrollo de la jornada electoral.

El presidente del CNE respondió así a una consulta durante una entrevista en Teleamazonas, en la que le recordaron que las afectaciones por el clima podrían presentarse no solo durante los primeros meses de 2027, sino también desde este mismo 2026.

Cabe recordar que, cuando Diana Atamaint aún presidía el CNE, el organismo resolvió adelantar las elecciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027. 

La decisión se sustentó en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que advertía sobre las posibles implicaciones del fenómeno de El Niño a inicios del próximo año. 

Por ello, las votaciones fueron reprogramadas para el 29 de noviembre de 2026.Según Cabrera, cuando votó a favor de esa decisión también consideró que, en varias ocasiones, los recursos presentados por los candidatos ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ponen en riesgo el cumplimiento del calendario para la posesión de las nuevas autoridades.

“En otros procesos hemos tenido la situación de que existen impugnaciones y apelaciones; se acerca la fecha de posesión y aún no teníamos los candidatos ganadores. Por esa razón fue mi decisión de poner una especie de colchón de tal manera que no afecte lo que dice la Constitución”, explicó Cabrera.

En ese contexto, el titular del organismo electoral señaló que, si se presenta una eventualidad durante las elecciones de noviembre, existirán los meses de diciembre de 2026 y enero y febrero de 2027 para repetir los comicios en “algún cantón o parroquia”, sin afectar la posesión de las nuevas autoridades, prevista para el 14 de mayo de 2027.

Sobre el nuevo escenario en el CNE

Cabrera también se refirió al cambio de autoridades en el CNE. Indicó que se realizaron ajustes en algunas áreas de la institución y que, con base en ello, el calendario de las elecciones seccionales de 2026 avanza sin novedades.

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“Las consejeras y el consejero están trabajando en conjunto. Hemos conversado incluso con el suplente José Merino. En los próximos días conversaré con las dos consejeras suplentes. Esa es mi función: llevar con armonía el proceso electoral, con transparencia para que la ciudadanía esté tranquila de que se ha respetado su decisión (en votaciones)”, aseguró Cabrera.

Lo que debe saber

• La MIO presentó los hallazgos preliminares después de su seguimiento al concurso que se desarrolla en el CPCCS.
• La Misión de Observación no logró reunirse con vocales del CPCCS ni de la Comisión Ciudadana de Selección.
• El organismo también advirtió sobre el problema que se genera al mantener tanto tiempo a una autoridad en calidad de subrogante. 

La Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador (MIO) advirtió sobre graves cuestionamientos en el desarrollo del concurso para designar al nuevo fiscal general.

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La MIO es una iniciativa técnica, independiente y especializada, pensada para acompañar de forma imparcial los procesos de selección de autoridades del sistema de justicia en Ecuador. Se conformó en 2023 y, en julio de 2025, llegó por segunda vez al país.

Hasta el momento, cuenta con un informe preliminar sobre los hallazgos del proceso, que acumula poco más de un año de retraso. 

Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la MIO, hizo una revelación importante: el equipo solicitó un encuentro con los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, pero ninguna de las dos instancias clave del proceso respondió al llamado.

“No tuvimos respuesta lamentablemente en las dos visitas que hemos tenido. En agosto del año pasado no estaba aún la Comisión Ciudadana pero si el CPCCS”, señaló Arellano. Agregó que sí se reunió con exintegrantes de la comisión y con organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la Misión?

El primero tiene que ver con la falta de una reglamentación permanente para el concurso. “La reglamentación del concurso observado es usualmente aprobada para cada ocasión por el CPCCS. Esto facilita que la regulación se diseñe al servicio de intereses ajenos a la calidad de la selección”, señala el informe preliminar.

El segundo hace referencia al perfil y la selección inadecuados de la Comisión Ciudadana de Selección. “La selección del titular de la Fiscalía General del Estado es una labor técnica compleja que requiere conocimiento y/o experiencia sobre el sistema de justicia penal”, indica la MIO.

En materia de transparencia, motivación, rendición de cuentas y participación ciudadana, la Misión sostiene que persisten deficiencias en la disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia de la información pública.

En ese escenario, la MIO planteó: “Las irregularidades mencionadas podrían aconsejar anular el proceso y retrotraerlo a su inicio. 

Sin embargo, todo escenario que implique que continúe por más tiempo en el puesto de Fiscal General una persona en calidad de encargado deslegitima y daña la confiabilidad del cargo, pone en riesgo su actuar de manera imparcial e independiente, condiciona la cooperación internacional, y arrastra a la institución, al sistema de justicia y al Estado ecuatoriano a esa misma deslegitimidad y falta de confianza”.

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Arellano señaló que, si bien el concurso no podría arrancar de cero, una de las opciones sería retrotraerlo hasta la etapa de elaboración del reglamento, con el fin de establecer directrices claras que guíen el proceso.

Otra posibilidad para salvar el concurso, según la MIO, sería sanear las irregularidades. “En caso de que no se anule y retrotraiga el proceso a la emisión del reglamento respectivo, se requiere su saneamiento, para garantizar el pleno respeto de los estándares internacionales aplicables”, establece el informe de la Misión.

Lo que se sabe

• El correísmo, el Partido Social Cristiano y el oficialismo de ADN buscan el control del Concejo en las elecciones de noviembre
• La oposición llega fragmentada a este periodo preelectoral
• Proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría dividir el voto, según especialista

El tablero político del Concejo de Guayaquil vive uno de sus momentos más agitados. La salida de Ana Chóez volvió a desnudar el debilitamiento del Partido Social Cristiano (PSC), organización que durante décadas dominó la política local y que ahora enfrenta el reto de reconstruirse de cara a las seccionales. 

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Pero mientras el socialcristianismo pierde cohesión, el correísmo intenta mantener el control en un Municipio fragmentado, y ADN busca conquistar una ciudad donde la disputa por el poder ya inició.

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"PSC está perdiendo cohesión interna"

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, la renuncia de Chóez revela un problema más profundo que una simple salida. “Lo que muestra es que el PSC no solo perdió el Municipio, sino que también está perdiendo cohesión interna, capacidad de ordenar a sus propios cuadros y centralidad como eje de la oposición local en lo que durante años fue su principal bastión electoral”, explica.

A su criterio, el partido enfrenta ahora el desafío de reconstruir una identidad política en el Puerto Principal, incluso después de presentar recientemente a Andrés Roche, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), como precandidato a la Alcaldía.

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Juan Pablo Pérez Tomalá

El desafío de preservar la gobernabilidad

Moscoso subraya que el correísmo ha optado por una estrategia de continuidad institucional. “Ha buscado defender la permanencia de Aquiles Álvarez desde el terreno político y jurídico, evitar que la crisis judicial derive en una pérdida inmediata del Municipio y mantener articulada una mayoría que hoy ya no es exclusivamente correísta, sino una mezcla de correísmo, RETO, oficialismo municipal e independientes cercanos a la administración”, evalúa.

Según Moscoso, el objetivo ya no pasa únicamente por mantener los votos dentro del Concejo, sino por preservar la gobernabilidad.

"ADN puede volverse decisivo"

Con respecto al movimiento oficialista, considera que tiene posibilidades de crecer, aunque todavía enfrenta desafíos.

“ADN puede volverse decisivo si logra presentarse como una alternativa distinta al correísmo y al PSC, sobre todo si el voto opositor se divide. Sin embargo, aún debe demostrar estructura territorial, cuadros políticos y capacidad para competir en una ciudad donde el PSC tuvo maquinaria durante décadas y el correísmo conserva una base importante”, afirma.

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La analista política Andrea Endara puntualiza que todavía no está claro cuál será la estrategia del PSC para las seccionales. Cuestiona no solo la salida de Chóez, sino la del exasambleísta Jorge Acaiturri, y las decisiones adoptadas en torno a sus posibles candidaturas.

“Si ponemos sobre la mesa a Acaiturri y a Roche, no sé qué tan acertada fue esa decisión. Al PSC le costará muchísimo recuperarse, porque sigue aplicando las mismas fórmulas que lo llevaron a esta situación: todo se decide en una mesa chica, no existen verdaderas primarias ni un trabajo sostenido de formación política en territorio. Una cosa es recorrer los barrios y escuchar a la gente, y otra muy distinta es construir bases. Y eso les falta”, sostiene.

Sobre el correísmo, Endara observa tensiones con RETO y considera que el eventual candidato impulsado a través del movimiento Amigo todavía carece de suficiente reconocimiento ciudadano. “No sé qué tan bien le iría bajo este nuevo tablero político”, comenta.

Respecto a ADN, cree que puede convertirse en un actor determinante debido al contexto de polarización nacional. Sin embargo, advierte que la proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría fragmentar el voto, un escenario que terminaría favoreciendo al oficialismo en la disputa por la Alcaldía de Guayaquil.

En tanto, el politólogo Jorge Chuya observa que tanto el Concejo como la administración municipal, hoy liderada por Tatiana Coronel, atraviesan un periodo de transición.

“Hoy la ciudad, el Concejo y el sillón de Olmedo están a la deriva. La Revolución Ciudadana y sus aliados todavía mantienen cierto control, pero su margen de acción es mínimo. Las decisiones importantes en lo que reste del periodo probablemente se aprobarán con mayorías similares a las que vimos en votaciones como la del incremento del pasaje”, señala.

A su juicio, la atención de los actores políticos ya no está concentrada en la gestión municipal, sino en la próxima contienda electoral. “Todos están pensando de lo que viene después en las siguientes elecciones. Por eso vemos una ciudad que no atraviesa su mejor momento y que deberá esperar el desenlace de estos meses preelectorales”.

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Aunque la mayoría de los concejales afines a Aquiles Álvarez llegaron a sus curules auspiciados por la Revolución Ciudadana y sus aliados, en la página web oficial del Municipio aún existen inconsistencias sobre su filiación política. 

El portal, por ejemplo, mantiene a Ana Fuentes y Soledad Diab como integrantes del Partido Social Cristiano (PSC), pese a que ambas ya no forman parte de esa organización.

En junio del 2024, el entonces presidente del PSC en Guayas, Alfredo Serrano, afirmó que “desde hace mucho tiempo atrás (las ediles) se separaron de la línea partidista y actúan en función de sus intereses personales”. 

Él también se refirió a Mayra Montaño, quien llegó al Concejo con el PSC, pero posteriormente dejó el cuerpo edilicio y actualmente forma parte de la DASE EP. Está a cargo de la dirección de Enlace Territorial.

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Las claves que debes saber

• Casos contra alcaldes y autoridades se activan antes de elecciones 2026; surgen cuestionamientos políticos.
• Procesos judiciales alcanzan a alcaldes de Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Jipijapa por presuntos delitos.
• Debate en Ecuador apunta a uso de justicia, suspensiones electorales y debilidad de la oposición política.

Que el alcalde de Machala, Darío Macas, sea corrupto y que haya hecho transacciones por más de seis millones de dólares sin justificación es algo perfectamente posible. Y que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, jamás haya podido explicar el origen de su enorme fortuna también es un hecho cierto. ¿De dónde sacó ocho millones de dólares para prestarle al equipo de sus ojos, Barcelona?

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Lo mismo ocurre con Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, preso por el presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares: es perfectamente posible que sea un gánster porque no existe explicación para sus abultadas transacciones financieras. 

Más casos contra alcaldes

¿Y la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador porque la Fiscalía la procesa por, supuestamente, dedicarse a la emisión irregular de documentos de tránsito? También es posible que sea culpable y merezca una sanción ejemplar.

Y esto sin mencionar al alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública cuyo perjuicio superaría los 300 mil dólares. 

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En esa misma ciudad existe otro caso: el exalcalde José Arroyo Cabrera también fue detenido en agosto de 2025, acusado por la Fiscalía de peculado en contratos de obras de ornato durante su administración, cuando se hablaba de su inmenso patrimonio político y electoral.

¿Qué tienen en común los políticos opositores?

¿Qué tienen en común estos personajes? Que pueden haber sido corruptos, pero que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Algunos, además, acumularon fortunas difíciles de explicar, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de ellas.

Pero hay otro elemento que los une: todos tenían aspiraciones de participar en las próximas elecciones seccionales (o, al menos, un enorme capital político, como Arroyo) y ninguno representaba los intereses del Gobierno. 

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Y si, en efecto, hicieron fortunas malhabidas, nadie pareció advertirlo durante años. Aquiles Álvarez, por ejemplo, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil cuando ya se hablaba de su sorprendente riqueza y nadie mostró el menor interés en investigarlo.

Fiscalía cuestionada por solo actuar en ciertos casos

Además, todos estos procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales. Y en casi todos los casos, la actuación de la Fiscalía ha sido especialmente (e incluso sospechosamente) célere. A Darío Macas, por ejemplo, lo arrestaron por un caso impulsado por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y no por la de su propia provincia.

¿Existe, entonces, una instrumentalización política de la justicia para inhabilitar a adversarios electorales de un Gobierno que tiene bajo su control a la Fiscalía? Aunque no pueda afirmarse como un hecho, la hipótesis resulta perfectamente verosímil, sobre todo cuando se observa que existen otros casos en los que la Fiscalía, desvergonzadamente, se hace de la vista gorda.

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En los casos Progen y ATM, por ejemplo, se entregaron más de 100 millones de dólares a oscuras empresas por generadores eléctricos que no servían y, hasta ahora, no hay un solo implicado de alto perfil detenido ni exhibido públicamente, como sí ocurrió con Darío Macas, cuya fotografía apareció en las redes sociales del ministro del Interior, John Reimberg, como si se tratara de un estruchante capturado en una terminal terrestre.

El recurso de la violencia política de género

Las sospechas se hacen más agudas cuando se observa que los organismos electorales también han eliminado de la carrera electoral a figuras con opciones de triunfo para los comicios de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses por el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia por violencia política de género presentada por una concejala a la que llamó “fulana”. 

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Y pocas horas antes del cierre de esta edición, el mismo TCE suspendió los derechos políticos del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, también por una denuncia de violencia política de género, aunque todavía no se conocen los fundamentos de esa decisión. Tayupanda se perfilaba como el candidato más fuerte para llegar a la Prefectura.

Pero si existen razones para sospechar de un uso político de la Fiscalía, en cambio hay algo muy cierto y evidente: frente a este escenario no existe una oposición capaz de levantar la bandera de los derechos democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho.

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Correísmo: opositor cuestionado

El correísmo es la principal fuerza opositora, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Quizá porque carece de autoridad moral para denunciar el autoritarismo de Daniel Noboa o los escándalos del gobierno (Rafael Correa también gobernó de forma autoritaria), o porque su liderazgo atraviesa un evidente colapso. 

Lo cierto es que ni siquiera ha logrado articular una defensa sólida de su alcalde, Aquiles Álvarez, frente a los atropellos de los que ha sido víctima durante el proceso judicial. No hay siquiera otros partidos que hayan salido a defender el Estado democrático y de Derecho. Además, son poquísimos los políticos que lo hacen, con excepciones como la de Henry Cucalón.

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Ayer se cumplió un mes del asesinato de la activista Monika Silva y es como si nada hubiera pasado, al menos por la actitud de los políticos y hasta de la opinión pública. 

A Diario EXPRESO se lo quiere asfixiar financieramente para doblar su línea editorial y son contadísimos los líderes de opinión que han salido para defender la libertad de prensa o la de empresa. La falta de una oposición democrática en el Ecuador es, ciertamente, desalentadora.

Lo que usted debe saber

• ADN impulsa investigaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en Quito y Guayaquil.
• En la Comisión de Gobiernos Autónomos también inició una fiscalización al aumento patrimonial de alcaldes y prefectos. 
• El correísmo cuestiona las iniciativas y ve un trasfondo electoral en las acciones emprendidas por el oficialismo.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo apunta directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dirigidos por la oposición. Actualmente hay tres procesos de fiscalización que involucran a municipios, prefecturas y sus autoridades, los cuales coinciden con la etapa preelectoral de las seccionales de 2026.

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Los procesos de fiscalización

Los procesos de fiscalización en curso abarcan las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP de Guayaquil; los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos; y el supuesto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.

Mientras tanto, el caso de las cámaras en Guayaquil involucra directamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

Acerca del incremento patrimonial, el día en que el oficialista Fernando Jaramillo presentó el planteamiento ante el Pleno hizo una referencia específica. 

Pidió incluir en el análisis los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil.

Pero en los procesos de fiscalización no han actuado únicamente los asambleístas del oficialismo. El rol del Ejecutivo también ha sido clave. 

Por ejemplo, en relación con las cámaras de videovigilancia en Quito, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien instaló el tema en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El 23 de junio, durante la fiscalización que esa mesa realizaba sobre las cámaras de Segura EP, Reimberg dijo que en el Municipio de Guayaquil funcionaba una “sala espejo”, pero que no era la única en el país. 

Comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).“Cada quien destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y las están poniendo. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, declaró Reimberg.

El correísmo tiene cuestionamientos

Para el correísmo, los procesos de fiscalización responden a una intención electoral. Durante el tratamiento del caso de las cámaras de seguridad en Quito, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó: “Estos procesos de fiscalización pretenden atacar a una autoridad. ¿Quieren la Alcaldía de Quito? Gánenla en las urnas”.

Ayer, la propia Alarcón profundizó en ese proceso de fiscalización. “Las cámaras de videovigilancia deben servir para proteger, no para perseguir ni espiar”, dijo a propósito de un nuevo pedido de información dirigido al ECU-911.

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Desde otras fuerzas políticas también han surgido cuestionamientos. El socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que el interés es electoral: “(Quieren) Desviar la atención para decir que estamos fiscalizando, ya que no quieren fiscalizar a quien están en la obligación de hacerlo”. Insistió en que la Asamblea no tiene esa facultad y que “están haciendo un show”.

Lo que debes saber 

• Julio César Cueva reaccionó a la difusión del video de Aquiles Álvarez y anunció acciones legales. 
• El abogado sostiene que la grabación vulnera la privacidad del alcalde y asegura que el propio video demuestra que la cirugía solo fue aplazada.

Julio César Cueva, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que ejercerá acciones legales tras la difusión de un video grabado durante una atención médica en una clínica privada del sur de la ciudad. El pronunciamiento fue realizado este 8 de julio a través de su cuenta de X, donde aseguró que la grabación vulnera la confidencialidad del paciente y la normativa sobre protección de datos personales.

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Según explicó el jurista, el material audiovisual es auténtico, pero cuestionó la forma en que fue divulgado. "El video que hoy circula es real. Quien realizó esa grabación fue una abogada que se identificó como representante de la clínica donde se encontraba el alcalde Aquiles Álvarez", escribió en su publicación.

Cueva sostuvo que el problema no radica en la existencia de la grabación, sino en que haya sido difundida públicamente. "Lo verdaderamente grave no es la existencia del video, sino su difusión", afirmó, al señalar que la información contenida en las imágenes forma parte de la intimidad del paciente y está protegida por el derecho a la privacidad.

¿Qué dijo Julio César Cueva sobre el video de Aquiles Álvarez?

En su pronunciamiento, el abogado argumentó que el contenido del video confirma que el alcalde no rechazó someterse a una intervención quirúrgica, sino que únicamente decidió postergarla para realizarla en otro momento y bajo otras condiciones.

"El propio video demuestra que el Alcalde no rechazó la cirugía como tal; manifestó que no quería operarse en ese momento y que lo haría posteriormente, con la programación correspondiente", sostuvo Cueva, al responder a las interpretaciones que surgieron tras la publicación del material.

El defensor también aseguró que la grabación evidencia una presunta intromisión en la esfera privada del alcalde durante un procedimiento médico. En ese contexto, señaló que la decisión de aplazar la cirugía respondió a la voluntad del paciente y no a una negativa definitiva frente al tratamiento recomendado.

El video muestra la conversación entre Aquiles Álvarez, su médico y su abogado

El video difundido en redes sociales fue grabado durante una atención médica que recibió Aquiles Álvarez en una clínica privada del sur de Guayaquil, luego de ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro. En las imágenes aparecen el alcalde, su médico cirujano tratante y Julio César Cueva mientras revisan un documento sobre una cirugía de colecistectomía laparoscópica.

Durante la grabación se escucha la lectura del documento en el que consta que el paciente conocía la recomendación médica para someterse al procedimiento, pero prefería realizarlo posteriormente. También se observa al abogado confirmar el contenido del acta y al médico dejar constancia de que recomendaba la intervención quirúrgica.

El especialista manifiesta: "Mi recomendación es que te operes. Pero ha decidido no operarte por ahora y en su momento lo hará". A continuación, Aquiles Álvarez responde: "Sí, en los próximos días", antes de agradecer al médico por la atención recibida.

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En la parte final de su pronunciamiento, Julio César Cueva anunció que evaluará las acciones jurídicas derivadas de la difusión del video y de la forma en que se obtuvo el material.

"Se analizarán y ejercerán las acciones legales que correspondan respecto de la clínica y de quienes resulten responsables por la obtención, conservación, acceso o divulgación de información y material audiovisual protegido por el deber de confidencialidad y la normativa aplicable", concluyó el abogado.

Lo que debes saber

• Un video de Aquiles Álvarez durante una atención médica fue filtrado en redes sociales. 
• En la grabación, el alcalde decide aplazar una cirugía recomendada por su médico y conversa con su abogado antes de firmar el documento.
• Las imágenes reaparecen mientras enfrenta un proceso penal y cumple prisión preventiva.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, apareció este 8 de julio en un video difundido en redes sociales, luego de ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro hacia una clínica privada del sur de la ciudad para recibir atención médica. En la grabación se observa al burgomaestre junto a su médico cirujano tratante y a su abogado, Julio César Cueva, mientras revisan y firman un documento relacionado con una cirugía que finalmente decidió aplazar.

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Actualmente, Álvarez cumple prisión preventiva dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. La difusión del video reavivó el interés sobre la atención médica que recibió durante su permanencia en Guayaquil.

En la grabación se escucha la lectura de un documento fechado el 8 de julio de 2026, en el que se deja constancia de que el paciente conocía la recomendación médica. El texto señala: "Conozco que el médico tratante me ha recomendado la realización del procedimiento quirúrgico de colecistectomía laparoscópica (...) Sin embargo, decide no someterse al procedimiento en este momento y prefiere programarlo con posterioridad".

¿Qué dice el video filtrado de Aquiles Álvarez?

Tras la lectura del documento, una de las personas presentes pregunta: "¿Es lo correcto, señor?". A continuación interviene Julio César Cueva, abogado del alcalde, quien responde: "Es lo que hemos querido reflejar. Es lo que hemos pedido, refleja lo que nosotros queremos", antes de indicar que el documento sea firmado y fechado.

Durante la conversación también se escucha la coordinación para completar el acta. "Ponle la fecha. La fecha está arriba. Ponle la hora si tú quieres. Ponle las 17 horas", dice una de las personas presentes, mientras el documento es preparado para las firmas correspondientes.

Una vez suscrito el formulario, el médico cirujano tratante deja registrada su recomendación profesional. "Mi recomendación es que te operes. Pero ha decidido no operarte por ahora y en su momento lo hará", afirma el especialista, luego de explicar que el diagnóstico correspondía a una colecistectomía que requería una intervención laparoscópica.

Aquiles Álvarez asegura que se operará en los próximos días

Tras escuchar la recomendación médica, Aquiles Álvarez confirma que no descarta la cirugía, aunque prefiere realizarla más adelante. "Sí, en los próximos días", responde el alcalde, antes de agradecer al médico por la atención brindada.

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Julio César Cueva anuncia acciones legales tras la difusión del video

Horas después de que la grabación se viralizara en redes sociales, el abogado de Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, se pronunció a través de su cuenta en X. El jurista aseguró que el video es auténtico, pero cuestionó su difusión al considerar que vulnera la privacidad del alcalde durante una atención médica.

"El video que hoy circula es real. Quien realizó esa grabación fue una abogada que se identificó como representante de la clínica donde se encontraba el alcalde Aquiles Álvarez", escribió Cueva. No obstante, afirmó que "lo verdaderamente grave no es la existencia del video, sino su difusión", al sostener que las imágenes contienen información protegida por el derecho a la intimidad y la normativa sobre protección de datos personales.

El abogado sostuvo que el contenido del video demuestra que Álvarez nunca rechazó definitivamente la intervención quirúrgica. "El propio video demuestra que el Alcalde no rechazó la cirugía como tal; manifestó que no quería operarse en ese momento y que lo haría posteriormente, con la programación correspondiente", señaló en su publicación.

Cueva también afirmó que la divulgación de la grabación evidencia una supuesta intromisión en la vida privada del alcalde y anunció medidas legales. "Se analizarán y ejercerán las acciones legales que correspondan respecto de la clínica y de quienes resulten responsables por la obtención, conservación, acceso o divulgación de información y material audiovisual protegido por el deber de confidencialidad y la normativa aplicable", concluyó.

Lo que debes saber

• La Comisión Nacional Anticorrupción lanzó un duro pronunciamiento sobre el concurso para designar al Fiscal General.
• El organismo respalda observaciones de una misión internacional y cuestiona el papel del CPCCS.
• Conozca cuáles son los principales señalamientos y qué sostiene el comunicado.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) difundió este 8 de julio de 2026 un pronunciamiento en el que cuestiona el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. El organismo aseguró que el proceso presenta irregularidades y afirmó que respondería a un propósito de mantener al actual fiscal encargado.

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En el comunicado, la organización señaló que la Misión Internacional de Observación habría advertido que el concurso registra inconsistencias durante su desarrollo. Según la CNA, esas observaciones coinciden con alertas que el organismo ya había realizado sobre el procedimiento de selección.

Como parte de su pronunciamiento, la Comisión sostuvo: "El concurso para designar al fiscal es un fiasco premeditado para mantener al actual fiscal que se halla ligado a los intereses del poder". Además, afirmó que el proceso buscaría extender la permanencia del fiscal encargado en funciones.

Críticas al CPCCS por el proceso de selección

La CNA también dirigió cuestionamientos a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al considerar que su actuación no brinda garantías para este ni para futuros concursos. En el documento sostiene que la situación evidencia la necesidad de eliminar esa institución.

En otra parte del comunicado, el organismo manifestó: "Los integrantes del CPCCS que han consumado este atropello (...) no dan garantías para este u otro concurso". Asimismo, indicó que el papel del Consejo demostraría, a su criterio, un proceso de estatización de la sociedad civil.

Hasta el momento, el pronunciamiento corresponde exclusivamente a la posición de la Comisión Nacional Anticorrupción. En el comunicado no consta una respuesta del CPCCS ni de otras autoridades señaladas respecto de las afirmaciones realizadas por la organización.

Lo que debes saber

• El proyecto de ley contra la pornografía infantil en Ecuador sumó nuevas observaciones técnicas durante su análisis en la Asamblea Nacional.
• Una organización especializada propuso cambios para fortalecer las investigaciones, regular el uso de inteligencia artificial y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional recibió a Grace Vásquez, representante de ChildFund International en Ecuador, dentro del análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción de la Pornografía con Utilización de Niñas, Niños o Adolescentes. Durante la sesión, la experta presentó observaciones técnicas para fortalecer el texto antes de su aprobación.

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Vásquez advirtió que el crecimiento de la producción y circulación de material de abuso sexual infantil obliga a contar con una normativa adaptada a los nuevos escenarios digitales. Entre los aspectos que destacó del proyecto constan la tipificación de la producción de este material como conducta principal del delito, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y los deepfakes, así como mecanismos para bloquear contenidos ilícitos y proteger a las víctimas.

La representante de ChildFund también planteó ajustes al articulado para evitar posibles afectaciones a las víctimas durante el proceso judicial. Entre sus recomendaciones figura que la identidad de los responsables solo pueda difundirse cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objetivo de impedir la revictimización de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando los agresores forman parte de su entorno familiar.

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Proyecto de ley sobre pornografía infantil plantea reforzar la prevención

Además de los cambios penales, la organización propuso fortalecer las políticas preventivas mediante educación digital obligatoria, alfabetización mediática y una mayor articulación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral. La intención es reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales.

Otro de los puntos expuestos durante la comparecencia estuvo relacionado con la investigación de estos delitos. Según las observaciones presentadas, el principal obstáculo no se encuentra en la etapa de juzgamiento, sino en la capacidad de investigar, identificar responsables y preservar adecuadamente las evidencias digitales.

Por ello, ChildFund recomendó fortalecer las capacidades técnicas de la Fiscalía, de las unidades policiales especializadas en ciberdelitos y de los equipos encargados de la recolección de evidencia digital. La organización considera que estos cambios permitirían responder con mayor eficacia frente al incremento de este tipo de delitos.

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Control judicial y obligaciones para plataformas digitales

Entre las propuestas también se incluyó la creación de un sistema de control judicial y rendición de cuentas para el bloqueo de contenidos ilícitos en internet. La organización señaló que este mecanismo permitiría garantizar que estas medidas se apliquen con supervisión y dentro del marco legal.

Asimismo, planteó establecer obligaciones para las plataformas digitales relacionadas con la evaluación de riesgos, el diseño seguro de sus servicios y la implementación de mecanismos específicos de protección para niñas, niños y adolescentes frente a contenidos de explotación sexual.

Finalmente, Grace Vásquez ratificó la disposición de ChildFund International para colaborar con la Asamblea Nacional mediante asistencia técnica, evidencia comparada y cooperación internacional durante la construcción de la normativa, con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en los entornos digitales.

Lo que debes saber

• No todos los delitos entran en la nueva Ley Orgánica de Extradición. 
• La norma solo alcanza hechos posteriores a mayo de 2024 y mantiene prohibiciones por pena de muerte, tortura o persecución política.
• También reduce los plazos del trámite y deja la decisión final en manos del Ejecutivo.

La nueva Ley Orgánica de Extradición aprobada por la Asamblea Nacional no se aplicará a todos los delitos ni a todos los procesos pendientes. El texto establece límites temporales, exclusiones específicas y garantías que condicionan cuándo Ecuador puede entregar a una persona requerida por otro país.

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El primer filtro es la fecha del delito. Los ciudadanos ecuatorianos solo podrán ser extraditados por hechos cometidos desde el 9 de mayo de 2024, día en que entró en vigor la reforma constitucional aprobada en el referéndum de abril de ese año. Los delitos anteriores quedan fuera del alcance de la nueva normativa.

La ley también excluye ciertos casos por razones de derechos humanos y protección constitucional. Ecuador negará la extradición cuando la persona enfrente pena de muerte, tortura o tratos crueles en el país solicitante, o cuando existan indicios de persecución por motivos políticos, religiosos, de género o de origen étnico.

Qué delitos sí quedan bajo el nuevo régimen

La normativa sí permite la extradición por delitos comunes y transnacionales cometidos después de mayo de 2024. Entre ellos pueden incluirse hechos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado y otras conductas perseguidas por sistemas judiciales extranjeros.

Además, la ley aclara que el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad no podrán presentarse como delitos políticos para evitar una entrega. Con ello, esas conductas quedan expresamente fuera de las protecciones que históricamente impedían algunas extradiciones.

Para los extranjeros que permanezcan en Ecuador, el régimen también se endurece. Si son requeridos por delitos transnacionales podrán ser extraditados y, si cometen delitos en territorio ecuatoriano, las reformas de movilidad humana disponen su expulsión y la prohibición de regresar por 40 años.

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Plazos más cortos y decisión final del Ejecutivo

Otro cambio central es la reducción de los tiempos del trámite. El proceso completo tendrá un máximo de tres meses, mientras que el país requirente dispondrá de 60 días para presentar la solicitud formal y 30 días adicionales para ejecutar el traslado.

La Corte Nacional de Justicia seguirá revisando la legalidad de cada pedido, pero su pronunciamiento no será definitivo. La decisión final continuará en manos del Presidente de la República, quien podrá aceptar o negar la entrega considerando seguridad nacional, orden público y reciprocidad entre Estados.

La reforma también modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La caducidad de la prisión preventiva quedará suspendida mientras dure un proceso de extradición en el exterior y, para los casos vinculados exclusivamente a este trámite, se fijan límites de entre seis meses y un año.

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La ley mantiene varias barreras para impedir entregas automáticas. Ecuador podrá negar una solicitud cuando el delito sea estrictamente político, cuando existan riesgos graves para la integridad de la persona requerida o cuando la entrega contradiga la Constitución y los tratados internacionales vigentes.

Con estas reglas, la nueva legislación no crea una extradición universal para cualquier delito. Su aplicación depende del tipo de infracción, la fecha en que ocurrió y las garantías que pueda ofrecer el Estado que solicita la entrega.

Lo que debes saber

• La Comisión de Salud de la Asamblea recibió observaciones del Ministerio de Salud, IESS y Ministerio de Educación al proyecto unificado sobre salud sexual y reproducción humana asistida. 
• Las tres entidades coincidieron en que el texto requiere ajustes técnicos, presupuestarios y de competencias antes de avanzar al segundo debate.

La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional realizó este miércoles 8 de julio de 2026 su sesión 152 (periodo 2025-2027) para recibir observaciones al proyecto de Ley de Salud Sexual Integral, Formación y Protección Durante la Vida, unificado con el proyecto de Ley Orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, que se encuentra en trámite para segundo debate.

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La sesión fue presidida por el asambleísta Juan José Reyes Baquerizo, presidente de la comisión, quien convocó a delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para conocer sus criterios técnicos antes de continuar el tratamiento legislativo.

El primer compareciente fue Freddy Fernando Jácome León, coordinador general de Sostenibilidad del Sistema y Recursos, delegado del Ministerio de Salud Pública. Explicó que el Gobierno ya ejecuta una política intersectorial para prevenir el embarazo adolescente junto con otras instituciones del Estado, vigente entre 2026 y 2035, aunque ofreció remitir información complementaria sobre presupuesto, estadísticas y planificación.

Proyecto de salud sexual genera dudas sobre competencias

Durante el debate, una asambleísta cuestionó cómo evitar que la futura norma duplique funciones ya previstas en la legislación vigente y preguntó si el MSP dispone del presupuesto, infraestructura y personal suficiente para cumplir las nuevas obligaciones.

Jácome respondió que la cartera de Estado mantiene la rectoría sanitaria y que trabaja de forma coordinada con otras instituciones. "El Ministerio de Salud Pública colabora y colaborará con las necesidades que requiera tanto el sistema educativo como los demás entes necesarios para articular esta estrategia", afirmó.

Además, el funcionario se comprometió a enviar a la comisión información sobre disponibilidad presupuestaria, capacidad operativa y estadísticas de embarazos registrados por grupos etarios para fortalecer el análisis del proyecto.

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IESS advierte problemas jurídicos y económicos

Posteriormente compareció Javier Salgado, subdirector nacional de Provisión de Servicios del IESS, quien presentó un análisis técnico elaborado por la institución. Según explicó, el proyecto presenta observaciones relacionadas con técnica legislativa, duplicidad normativa, competencias institucionales, constitucionalidad y viabilidad administrativa.

El funcionario sostuvo que la propuesta reproduce disposiciones ya contempladas en la Constitución, la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y otras normas vigentes, además de crear nuevas obligaciones para varias instituciones sin establecer una memoria económica.

"El proyecto requiere una reestructuración antes de ser considerado para trámite legislativo", señaló Salgado al concluir su exposición.

Entre las observaciones también mencionó que el texto invade competencias administrativas, incorpora definiciones doctrinarias sin respaldo normativo claro y establece obligaciones sin indicadores de cumplimiento, mecanismos de control ni financiamiento.

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Educación cuestiona el contenido del articulado

En representación del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura comparecieron Isabelis Heresones, subdirectora de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, y Emilio Félix Romero, subsecretario de Innovación Educativa y Desarrollo Integral.

Pérez recordó que la institución ya había presentado observaciones al proyecto sobre reproducción humana asistida y advirtió que algunos artículos relacionados con investigación científica duplican contenidos previamente discutidos.

Por su parte, Félix centró sus reparos en varios artículos del proyecto de salud sexual, al considerar que contienen disposiciones que corresponden a reglamentos y políticas públicas más que a una ley, además de involucrar competencias propias del sistema educativo.

Ministerio defiende enfoque basado en interés superior del menor

Durante su intervención, el subsecretario sostuvo que el Ministerio comparte la necesidad de prevenir el embarazo adolescente y la violencia sexual, pero considera que el texto debe ajustarse para respetar las competencias institucionales y el marco jurídico vigente.

"La preocupación de esta cartera de Estado no es desde la restricción de derechos (...) buscamos proteger el interés superior del menor", manifestó Félix ante los legisladores.

El funcionario añadió que las observaciones serán remitidas por escrito a la comisión para que sean consideradas durante la elaboración del informe para segundo debate.

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Comisión pedirá más información antes del segundo debate

Tras escuchar las comparecencias, el presidente de la comisión solicitó a las tres instituciones enviar por escrito las observaciones técnicas, estadísticas y proyecciones expuestas durante la sesión para distribuirlas entre los diez integrantes de la mesa legislativa.

Además, informó que también será convocada la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez, proponente original del proyecto calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 12 de junio de 2024, con el fin de revisar las observaciones formuladas durante el proceso de unificación normativa.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez fue trasladado a una casa de salud para una evaluación médica.
• Los especialistas recomendaron una cirugía de vesícula, pero el procedimiento no fue autorizado.
• El alcalde regresará a la Cárcel del Encuentro, donde permanece detenido por los casos Goleada y Grillete.

El traslado de Aquiles Álvarez a una casa de salud terminó sin una intervención quirúrgica. El alcalde de Guayaquil fue evaluado por médicos y, tras rechazar una operación recomendada para tratar una afección en su vesícula, deberá regresar al centro penitenciario donde permanece recluido.

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Aquiles Álvarez habría rechazado una operación de vesícula, según el ministro Reimberg

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La información fue confirmada este miércoles 8 de julio de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, quien explicó que los resultados de los exámenes médicos apuntaban a la necesidad de una cirugía para la extracción de la vesícula.

De acuerdo con el funcionario, Álvarez y su esposa decidieron no dar autorización para realizar el procedimiento, por lo que se descartó la operación prevista por los especialistas.

Luego de esta decisión, el alcalde será trasladado nuevamente a la Cárcel del Encuentro, donde cumple una medida de privación de libertad dentro de las investigaciones por los casos Goleada y Grillete.

El traslado médico de Aquiles Álvarez

El alcalde fue llevado durante la mañana de este miércoles a una clínica del sur de Guayaquil para una revisión de su estado de salud.

Tras la evaluación, el equipo médico recomendó una cirugía. Sin embargo, según la versión oficial entregada por el Ministerio del Interior, el procedimiento no fue aceptado por el alcalde ni por su esposa.

Guayaquil

Fiorella Ycaza abandonó la clínica de Aquiles Álvarez entre consignas y sin declaraciones

Flor Layedra Torres

Álvarez continuará detenido en la Cárcel del Encuentro

Con el retorno al centro penitenciario, Aquiles Álvarez continuará cumpliendo la medida ordenada por la justicia mientras avanzan los procesos en su contra.

Los casos Goleada y Grillete forman parte de las investigaciones que mantienen al alcalde de Guayaquil bajo custodia. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado nuevas disposiciones sobre su tratamiento médico.

Los puntos claves de esta noticia

• En cuenta de X, RETO asegura que cumplió íntegramente la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mediante una Asamblea Nacional Extraordinaria.​
• Christian Trepaud fue elegido presidente nacional, junto con el nuevo Secretariado Nacional y otros órganos internos del movimiento, según comunicado en X.
• La cuenta del movimiento sostiene que funcionarios del Consejo Nacional Electoral estuvieron presentes durante la Asamblea, tanto de forma presencial como virtual.

Desde la cuenta de la red social X usada por el movimiento Renovación Total (RETO), lista 33, se denunció este martes 8 de julio un supuesto intento de desconocer a sus nuevas autoridades y de entregar el control de la organización a una “directiva paralela”, que, según afirma, no fue elegida conforme a la ley ni a su normativa interna.

(Le puede interesar: Juez del TCE declara nulas las elecciones internas de Reto y ordena que se repitan)

A través de un comunicado oficial difundido en X, la facción que representa a Raúl Chávez (político prófugo de la justicia) en dicho movimiento asegura que respetó la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que ya renovó su dirigencia mediante una Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el pasado 30 de junio.

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“La democracia interna de RETO se respeta. Cumplimos la sentencia del TCE, realizamos nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria y elegimos legítimamente a nuestras autoridades”, publicó la organización política.

Según el comunicado, durante la asamblea fue elegido Christian Trepaud como presidente nacional del movimiento.

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En el mensaje, el movimiento sostiene que “ningún grupo autoproclamado, ningún sector minoritario y ninguna autoridad administrativa puede sustituir la voluntad expresada por el órgano competente de RETO”. En este párrafo se alude a la facción liderada por David López, quien lideró una elección de directiva el mismo día y en el mismo sitio.

Lo que debes saber 

• El Concejo Cantonal aprobó una licencia por 30 días para Darío Macas y la vicealcaldesa Jenny Machuca quedó como alcaldesa subrogante.
• Los concejales trataron el pedido de vacaciones presentado por el alcalde, quien permanece con prisión preventiva.
• La administración municipal informó que los servicios, obras y atención al público continuarán con normalidad.

La vicealcaldesa Jenny Machuca Granda asumió las funciones de alcaldesa subrogante de Machala, luego de que el Concejo Cantonal aprobara una licencia con cargo a vacaciones por 30 días para el alcalde Darío Macas Salvatierra, quien permanece con prisión preventiva por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La sesión extraordinaria del Concejo se instaló a las 16:30 de este miércoles y tuvo como principal punto del orden del día el análisis de la solicitud presentada por el alcalde. Tras el debate, el cuerpo edilicio resolvió conceder la licencia temporal, conforme a la normativa vigente.

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Con esta decisión, Machuca queda al frente de la administración municipal mientras dure la ausencia temporal de Macas, quien fue procesado junto con su esposa, Carmen Chávez, dentro de una investigación de la Fiscalía General del Estado por un supuesto incremento patrimonial injustificado.

La resolución del Concejo representa el primer efecto administrativo derivado del proceso judicial que enfrenta el alcalde y busca garantizar la continuidad de la gestión municipal durante el tiempo que permanezca fuera de sus funciones.

Municipio garantiza continuidad de los servicios

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala informó que la designación de Jenny Machuca como alcaldesa subrogante responde a una resolución adoptada por el Concejo Cantonal y al cumplimiento de la normativa legal vigente.

La institución señaló que la gestión administrativa continuará desarrollándose con absoluta normalidad y que se mantendrá la ejecución de las actividades, proyectos y acciones contempladas en el Plan Operativo Anual (POA).

Además, el Municipio aseguró que todas las dependencias municipales seguirán atendiendo al público en los horarios habituales, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios y la atención a la ciudadanía.

El pronunciamiento fue difundido pocos minutos después de concluida la sesión extraordinaria, con el objetivo de informar sobre la continuidad institucional en medio de la situación judicial que enfrenta el alcalde.

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El escenario político

La licencia temporal también modifica el escenario político dentro del Concejo Municipal. Jenny Machuca, quien ejercía como vicealcaldesa, pasa a dirigir la administración del Cabildo durante los próximos 30 días, salvo que exista una nueva resolución judicial o administrativa que cambie ese escenario.

El Concejo de Machala está integrado por 11 ediles y, tras la ausencia temporal de Macas, las decisiones políticas dependerán de los acuerdos que alcancen las diferentes bancadas representadas en el organismo legislativo.

La prisión preventiva del alcalde fue ordenada por el juez Wilmer Choez dentro de la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que existiría un incremento patrimonial injustificado superior a los seis millones de dólares entre 2019 y 2025.

Mientras el proceso penal continúa en la justicia, la administración municipal queda bajo la conducción de Jenny Machuca, quien tendrá la responsabilidad de mantener el funcionamiento del Cabildo y la ejecución de las obras y servicios municipales durante el período de subrogación.