Los puntos claves

• Blanca López aseguró que las trabas que enfrenta Guayaquil responden a una agenda política y electoral. Cuestionó que cerca del 90 % de los procesos municipales estén paralizados.
• La concejal sostuvo que una administración municipal que no sea afín al oficialismo podría enfrentar las mismas trabas.

Las trabas que enfrenta el Municipio de Guayaquil por la suspensión de procesos de contratación ya llegaron al terreno político. Durante la sesión de Concejo Cantonal de este 3 de septiembre, la concejal Blanca López aseguró que lo que ocurre en la ciudad no responde a una falta de capacidad para ejecutar obras, sino a decisiones administrativas que, según ella, siguen un “libreto político y electoral”.

Sus declaraciones se dan un día después de que el Municipio denunciara que cerca de $ 56 millones en procesos de contratación permanecen suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La administración municipal sostiene que la situación afecta más del 90 % de sus procesos y golpea áreas como obras públicas, salud, movilidad, saneamiento y programas sociales.

López denuncia un trasfondo electoral

La concejal puso el tema sobre la mesa en medio de la cercanía de las elecciones seccionales. Dijo que ha visto a candidatos cercanos al oficialismo asegurar que, si llegan a la Alcaldía de Guayaquil, no tendrán trabas ni enfrentamientos con el Gobierno y que las asignaciones presupuestarias llegarán a tiempo.

“Con eso quieren prometerle a la gente que habrá más afinidad con el Gobierno”, sostuvo. Para López, el mensaje que queda es otro: que una administración municipal que no sea afín al oficialismo podría enfrentar las mismas dificultades que atraviesa actualmente el Cabildo.

“El mensaje está clarísimo: cualquier administración que no sea parte de las filas del movimiento del oficialismo va a vivir las mismas trabas que está enfrentando el Municipio de Guayaquil”, afirmó.

La concejal cuestionó que la gestión de una ciudad dependa de la relación política que mantenga con el Gobierno Nacional. “No es cuestión de pedir favores, sino de lo que dice y establece la Constitución”, señaló.

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“Estamos empezando a normalizar el abuso”

López cuestionó además que este tipo de situaciones puedan terminar viéndose como normales en la relación entre el Gobierno central y los gobiernos locales. “Estamos empezando a normalizar el abuso político y electoral. Y ahora también el abuso frente a las administraciones locales”, dijo.

La concejal también cuestionó la contradicción entre el pedido del Gobierno a los municipios para que aceleren sus procesos y la cantidad de contrataciones que, según el Municipio, permanecen suspendidas.

“El Gobierno exige a municipios y prefecturas que trabajen más y con celeridad en los procesos sobre todo por la alerta de la llegada de El Niño, pero la realidad es que aquí el 90 % están paralizados. ¿Entonces qué mismo pasa?”, cuestionó.

Para López, el problema ya no puede ser visto únicamente como una discusión sobre obras. “Todo está paralizado y no solo obras viales, sino sociales, de educación y salud. Esto debería alarmarnos a todos”, afirmó.

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El Niño, otro punto de preocupación

La concejal también relacionó las suspensiones con la alerta por el fenómeno de El Niño. Recordó que el propio Gobierno ha pedido a los municipios acelerar los trabajos de prevención ante las posibles consecuencias del evento climático.

Sin embargo, sostuvo que mientras públicamente se exige avanzar, existen procesos municipales que permanecen detenidos.

“Lo que hoy sucede en Guayaquil no es coincidencia, es sistemático”, afirmó.

El Municipio ha señalado que entre los procesos suspendidos está la adquisición de combustible para movilizar maquinaria y realizar trabajos como la limpieza de zanjas. También informó sobre procesos de obras públicas que permanecen detenidos.

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“El enemigo de un gobierno no somos nosotros”

López terminó su intervención con un llamado al Gobierno Nacional y cuestionó que el enfrentamiento entre instituciones termine afectando a los ciudadanos. “El Gobierno Nacional se está equivocando. El enemigo de un gobierno no somos nosotros , no somos los guayaquileños. Es la inseguridad, la falta de medicina en los hospitales públicos, solo por citar unos casos”, sostuvo.

Sus declaraciones se suman a las expresadas este mismo 3 de septiembre por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien durante la sesión de Concejo y en sus redes sociales cuestionó la suspensión de los procesos municipales.

Coronel aseguró que recibe diariamente reclamos por obras y servicios que no avanzan y afirmó que “el Sercop no nos permite avanzar”. También pidió que, una vez cumplidos los requisitos, los procesos puedan continuar.

La alcaldesa subrogante resumió su posición al señalar que detrás de los $ 56 millones no hay solo trámites: “hay calles, pacientes, niños, familias, comerciantes y barrios que esperan”.

Los puntos claves

• Tatiana Coronel aseguró que recibe a diario reclamos por obras paralizadas y servicios que no funcionan. Cuestionó que la ciudad tenga maquinaria, pero no pueda movilizarla por la falta de combustible.
• La alcaldesa subrogante pidió al Gobierno demostrar que “no tienen nada contra Guayaquil” y dejar avanzar los procesos.
• La alerta roja por El Niño aumenta la presión sobre las obras de prevención y saneamiento en Guayaquil.

Tatiana Coronel expresó este 3 de septiembre su preocupación por los procesos de contratación del Municipio de Guayaquil que permanecen suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La alcaldesa subrogante aseguró que detrás de los cerca de $ 56 millones en procesos detenidos hay obras y servicios que la ciudad necesita y que los ciudadanos reclaman.

“Detrás de los $ 56 millones no hay papeles, hay calles, pacientes, niños, familias, comerciantes y barrios que esperan”, señaló Coronel en sus cuentas oficiales.

Durante la sesión de Concejo de este jueves, Coronel también se refirió al tema y aseguró que recibe a diario mensajes de ciudadanos que preguntan por obras y servicios que no avanzan.

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Coronel: “El Sercop no nos permite avanzar”

“Me preocupa lo que está pasando porque a diario me escriben y me dicen que las obras están paralizadas, que hay juntas en los puentes, que han baches, obras inconclusas. Me dicen que por qué no hago nada. Me preguntan por qué la Terminal Terrestre no tiene aire. Y bueno, esta es la razón: el Sercop no nos permite avanzar”, afirmó.

La declaración ocurre un día después de que el Municipio denunciara que durante 2026 se han suspendido el 90 % de los procesos por aproximadamente $ 56 millones. La concejala Emily Vera señaló que más de $ 40 millones fueron suspendidos en febrero y que posteriormente, en julio pasado, se sumaron otros $ 16 millones.

Según el Municipio, la situación afecta simultáneamente áreas como salud, obra pública, movilidad, saneamiento, parques y programas sociales.

Medicinas y programas sociales, entre los procesos afectados

En salud, según indicó la entidad, las suspensiones afectan la compra de medicamentos e insumos. Vera aseguró que esto representa una afectación para unos 200.000 pacientes.

En el área social, el Municipio también advierte dificultades para mantener servicios dirigidos a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Coronel destacó además los 16 centros de tareas y nivelación que funcionan como parte de los programas municipales. Sostuvo que mantener a un niño estudiando, atender a un paciente a tiempo o acompañar a una persona con discapacidad también forma parte de la prevención de la violencia.

Obras y combustible también están detenidos

La obra pública es otro de los frentes señalados por el Municipio. Existen procesos detenidos para mantenimiento vial, repavimentación, repotenciaciones, cubiertas y espacios públicos.

Coronel mencionó un proceso para trabajos en la avenida Rodrigo Bonín que supera los $ 4 millones.

El director de Obras Públicas, Carlos Vásquez, informó además que las cuadrillas municipales enfrentan dificultades para movilizar maquinaria debido a la suspensión del proceso para la adquisición de combustible.

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Esta situación también fue cuestionada por la concejala Emily Vera durante la sesión de Concejo. “Es la primera vez que el Gobierno impide que Guayaquil contrate combustible para poder contratar maquinaria y limpiar canales, zanjas..., en plena alerta por la llegada de El Niño”, afirmó. Vera sostuvo que el Municipio presentó su planificación, pero que en febrero se suspendieron procesos por $ 40 millones y en julio se sumaron otros $ 17 millones. “Esto no se trata de un bloqueo administrativo, se trata de la gente”, señaló, antes de hacer un llamado al Gobierno central: “No jueguen con la salud ni con el bienestar del guayaquileño. No jueguen al cálculo electoral por sobre el bienestar de las familias guayaquileñas. Más que hostigamiento personal, lo que nos está pasando es algo perverso”, sentenció. 

EMAPAG reporta 18 procesos suspendidos

La situación también alcanza a EMAPAG-EP. Su presidenta, Isabel Tamariz, informó que la empresa mantiene aproximadamente 18 procesos suspendidos por más de $ 3 millones, con un promedio de cinco meses de paralización.

Los procesos corresponden a recursos destinados a obras de agua y saneamiento.

El escenario ocurre mientras Ecuador permanece en alerta roja por el fenómeno El Niño. El Municipio sostiene que las suspensiones reducen su capacidad para ejecutar obras preventivas y atender a los sectores más vulnerables ante posibles inundaciones.

La alcaldesa subrogante también se refirió al impacto económico de los eventos municipales. En sus cuentas oficiales indicó que las fiestas julianas de 2025 recibieron 33.849 visitantes y generaron $ 6,7 millones en movimiento económico. “Cuando se suspende un proceso para un evento, el impacto llega al emprendedor, al artista, al comerciante, al restaurante, al hotel y a todos quienes viven de una ciudad activa”, sostuvo.

“Demuestren que no tienen nada contra Guayaquil”

Coronel defendió la actuación de la Alcaldía y aseguró que la administración está cumpliendo con los procedimientos establecidos.

“Como Alcaldía estamos haciendo nuestra parte: planificamos, revisamos y cumplimos los procedimientos. Estamos dispuestos a subsanar lo que corresponda”, sostuvo.

Durante la sesión de Concejo, la alcaldesa subrogante hizo un llamado a quienes intervienen en los procesos. “Llamo a la humanidad y a que demuestren que realmente quieren a esta ciudad”, manifestó. También pidió que se demuestre que “no tienen nada contra Guayaquil” y que se permita que los procesos avancen.

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“Dejen pasar a la coyuntura. Nosotros somos pasajeros”, agregó.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó que la inscripción de Hermosa no se completó dentro del plazo establecido.
• La candidatura enfrentó un inconveniente relacionado con la paridad de género.
• El Tribunal descartó que hubiera una falla técnica y rechazó reabrir el proceso electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la Alianza Política “Juntos por la Transformación”, Listas 70-17, y Mónica Anabel Hermosa Acosta, y ratificó la resolución de la Junta Provincial Electoral de Imbabura que impidió su inscripción para la Alcaldía de Otavalo. La decisión consta en la sentencia de la Causa Nro. 155-2026-TCE, dictada el 30 de agosto de 2026.

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La inscripción quedó inconclusa

Según el fallo, Hermosa ingresó como reemplazo de Nelson Enrique Velásquez Males, quien había sido proclamado inicialmente como precandidato a la Alcaldía de Otavalo por el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. Sin embargo, aunque el TCE reconoce que la sustitución permitió que Hermosa adquiriera la calidad de precandidata, aclara que ese registro no significaba que la solicitud de inscripción hubiera sido formalmente concluida.

La sentencia establece que la información de Hermosa fue ingresada en el Sistema Informático de Inscripción de Candidaturas, pero la postulación de Otavalo permaneció en estado “impresión formulario”. A diferencia de otras candidaturas de la misma alianza, que constaban como “finalizada la inscripción”, esta solicitud no llegó a completarse antes de las 18:00 del 17 de agosto de 2026, fecha límite para esa etapa.

Además, el TCE determinó que la dificultad no se originó en una falla técnica de la plataforma, sino en el incumplimiento de la regla de paridad de género. Al intentar completar el formulario correspondiente a Otavalo, el sistema emitió el mensaje de que la alianza “no cumple con la validación de porcentaje de listas encabezadas por mujeres”, debido a que no alcanzaba el 50 % exigido para las candidaturas a alcaldías a escala provincial.

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El Tribunal descartó una falla administrativa

Frente a ello, las demandante sostuvieron que la situación podía solucionarse con el procesamiento de la renuncia de Silvia Consuelo Terán Santacruz, precandidata a la Alcaldía de Urcuquí, pues su reemplazo habría modificado la conformación provincial de las candidaturas encabezadas por mujeres. No obstante, el Tribunal concluyó que no existía sustento jurídico para admitir una inscripción condicionada a que se tramitara posteriormente la renuncia de otra candidatura, ni para reabrir una etapa electoral cuyo plazo ya había concluido.

Asimismo, las demandantes atribuyeron a la administración electoral una supuesta falta de diligencia por no haber procesado oportunamente la renuncia de Terán Santacruz. El TCE descartó esa acusación y señaló que la renuncia fue presentada el 16 de agosto y reiterada el 17 de agosto a las 15:18, mientras que la Junta realizó las actuaciones correspondientes y emitió su resolución el 19 de agosto, por lo que no se configuró la alegada inacción administrativa.

Finalmente, el Tribunal enfatizó que las etapas del proceso electoral están sujetas al principio de preclusión y que sus plazos son fijos e improrrogables, por lo que el principio pro-participación no permite crear excepciones a las reglas establecidas. En consecuencia, al no haberse finalizado la inscripción dentro del plazo y al no cumplirse la exigencia de paridad provincial, el TCE negó el recurso y mantuvo la decisión que dejó fuera de la contienda a Hermosa, quien iba por la reelección.

EXPRESO intentó obtener la reacción de la actual alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, sobre la decisión del TCE y su exclusión de la contienda electoral. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Los puntos claves

• Gisella Bayona anunció este 2 de septiembre que deja el ejercicio periodístico, pero no ha revelado cuál será su siguiente paso profesional.
• La periodista tampoco ha aclarado si su salida del periodismo será definitiva o temporal.
• Fundamedios alertó sobre una campaña digital contra Bayona: entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esa narrativa.
  
• Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y afirmaciones sin sustento dentro de las publicaciones difundidas contra Bayona.

La despedida de Gisella Bayona del periodismo deja ahora otra pregunta: ¿qué viene después? La periodista anunció el pasado 2 de septiembre que se aleja del ejercicio periodístico, tras varios días en los que su nombre y el de su esposo, José Roberto Alvear, quedaron en medio de una campaña de señalamientos en redes sociales.

La polémica comenzó luego de unas declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien habló el 28 de agosto, durante una entrevista radial, de una comunicadora que sería proveedora del sistema de salud y cuya pareja tendría vínculos con las llamadas “mafias eléctricas”. Aunque no mencionó nombres, horas después varias cuentas identificaron a Bayona y a su esposo como los aludidos.

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Después vinieron publicaciones, acusaciones y documentos que, según verificó Lupa Media, incluían información manipulada, datos sacados de contexto y afirmaciones que no pudieron ser comprobadas.

En medio de ese escenario, Bayona decidió despedirse públicamente del periodismo.

“Hoy elijo a mi familia”

La comunicadora anunció su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. Dijo que se alejaba para proteger a su familia.

“Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia”, expresó.

Bayona también rechazó las acusaciones que circularon en su contra y negó mantener negocios con el sistema de salud pública. Sobre su esposo, sostuvo que los procesos judiciales mencionados durante la polémica concluyeron a su favor y que él fue víctima y denunciante en un caso relacionado con un exsocio.

Pero su mensaje dejó una duda: ¿qué pasará ahora con Gisella Bayona?

La salida que no es como la de TC Televisión

Esta no es la primera vez que Bayona deja un espacio en los medios. En enero de 2026 salió de TC Televisión, como parte de una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de varios talentos del canal.

Pero entonces no dejó el periodismo. Después de su salida de la televisora, Bayona continuó activa en redes sociales, donde siguió publicando contenidos y opiniones sobre la coyuntura nacional.

Esta vez, en cambio, fue ella quien anunció que se aparta del ejercicio periodístico. Hasta ahora, Bayona no ha dado más detalles sobre lo que viene después de esta decisión.

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Más de 1.300 publicaciones en cuatro días

El anuncio llegó después de varios días de una intensa campaña en redes sociales.

Fundamedios alertó sobre lo que calificó como una campaña digital contra la periodista y pidió a la Fiscalía investigar el origen de los contenidos y determinar si existió coordinación entre las cuentas que difundieron los señalamientos.

Según el análisis de Lupa Media citado por la organización, entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esta narrativa.

El monitoreo identificó alrededor de 907 usuarios, más de 76.000 interacciones y una audiencia potencial superior a los 2 millones de personas.

Además, Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y otras afirmaciones que no pudieron ser demostradas.

Fundamedios pidió también que las autoridades eviten declaraciones que puedan terminar identificando o estigmatizando a periodistas y que, posteriormente, deriven en campañas de desprestigio.

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¿Qué viene ahora?

Por ahora, Gisella Bayona no ha precisado si su despedida del periodismo es definitiva o si se trata de una decisión tomada en medio de la situación que atravesó durante los últimos días.

Lo último que dejó claro fue la razón de su decisión. “Hoy elijo a mi familia”, dijo. 

Lo que debes saber

• José Raúl Mulino visita Guayaquil para una cita oficial con Daniel Noboa.
• La agenda abordará comercio bilateral, inversiones y lucha contra el crimen organizado.
• Panamá es valorado como un centro estratégico financiero y logístico para la región.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribará este viernes 4 de septiembre de 2026 a la ciudad de Guayaquil para sostener una reunión oficial con el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. El encuentro bilateral se llevará a cabo con el objetivo de fortalecer la cooperación interestatal y revisar prioridades compartidas en materia económica y de seguridad regional frente a las amenazas del narcotráfico y las bandas delictivas transnacionales.

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Daniel Noboa se reunirá con el presidente de Panamá para tratar comercio y seguridad

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Los ejes estratégicos de la agenda bilateral entre Ecuador y Panamá

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, informó previamente los temas prioritarios que tratarán ambos jefes de Estado durante la jornada de trabajo en territorio ecuatoriano.

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La agenda oficial se concentrará en tres ámbitos fundamentales:

El rol de Panamá como polo logístico y comercial

En declaraciones concedidas a radio Centro Digital, el canciller ecuatoriano Roberto Kury remarcó que las dos naciones preservan una “relación histórica” y enfatizó el momento favorable de los nexos diplomáticos, al calificar que existe una “excelente relación” con el Gobierno encabezado por José Raúl Mulino.

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Asimismo, la autoridad de la diplomacia ecuatoriana subrayó la posición geográfica y económica del país centroamericano al definirlo como un punto clave financiero y logístico, aprovechado por múltiples compañías internacionales para “distribuir o entrar a Latinoamérica”.

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Antecedentes diplomáticos del encuentro presidencial

La cita en el puerto principal da continuidad a los acercamientos de alto nivel desarrollados previamente por las administraciones de ambos países:

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional debatirá este 3 de septiembre las reformas a la Ley de Tránsito, que plantean regular por primera vez el servicio de delivery en motocicletas.
• La propuesta establece requisitos para los repartidores, crea un registro nacional y fija nuevas obligaciones para conductores extranjeros.
• Los municipios deberán aprobar ordenanzas en sintonía con las nuevas especificaciones de las reformas. 

Este 3 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional definirá el futuro de las reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Uno de sus puntos centrales es la regulación del transporte de bienes a domicilio o ‘delivery’.

El proyecto de ley que se tratará en la sesión 121 del Pleno de la Asamblea define este tipo de transporte como aquel que tiene como objetivo el traslado especializado de alimentos, productos, artículos de consumo y otros bienes de pequeño tamaño y de lícita comercialización, realizado mediante motocicletas homologadas a cambio de una contraprestación económica.

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La normativa plantea reconocerlo como un subtipo del transporte comercial de carga ligera. Así, por primera vez, este tipo de transporte sería regulado y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) será la encargada de emitir el reglamento para viabilizar la ley en este aspecto.

¿Qué requisitos se plantean?

En las reformas a la Ley de Tránsito también se especifica que deberá crearse un registro nacional de quienes presten este servicio. Este estará administrado por la ANT y será necesaria una coordinación con los municipios del país.

La inscripción en este registro será obligatoria para todos los repartidores, independientemente de su modalidad de contratación, vínculo laboral o intermediación mediante plataformas digitales. Para la implementación del registro, la ley plantea un plazo de tres años.

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¿Qué pasa con los conductores extranjeros?

La propuesta también habla de la regulación de los conductores que no son ecuatorianos. La reforma exige que los repartidores extranjeros porten obligatoriamente su pasaporte junto con la visa o el sello de ingreso vigente que certifique su estancia legal en el país.

Asimismo, si la categoría migratoria está vencida, el conductor perderá la facultad de conducir y el vehículo será retenido en caso de cometer una infracción.

Disposición para los municipios

Una vez que la ANT emita la normativa nacional secundaria, para lo cual tiene un plazo de 360 días, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos tendrán un plazo de 90 días para expedir sus ordenanzas complementarias locales.

Además, en ese mismo periodo, los municipios deberán desarrollar sistemas de denuncias ciudadanas en línea para facilitar el control de los repartidores.

El informe para el segundo y definitivo debate fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidenta, Valentina Centeno (ADN), dijo esta mañana en una entrevista con Teleamazonas que es importante el registro para tener identificados a quienes se dedican a esta actividad.

“Esto debe ser alimentado en conjunto con los distintos municipios”, manifestó. También dijo que, ante la posibilidad de clonar chalecos y cascos, el registro también implica una identificación digital.

En el marco del sorteo de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, el presidente de la entidad, José Cabrera, explicó que la decisión se tomó con base en lo que contempla el reglamento de Pachakutik, organización que auspicia la candidatura de González.

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El tema pasa porque el Código de la Democracia contempla la posibilidad de que las organizaciones políticas presenten candidatos en calidad de invitados. Según Cabrera, esto debe estar especificado en los reglamentos de los movimientos políticos.

“El Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas, dentro de sus reglamentos deberían especificar. En el caso de Pachakutik no hay nada en su reglamento interno acerca de la situación de los invitados”, señaló Cabrera.

Con ese argumento, el CNE negó la impugnación que presentó González a la decisión de la Junta Electoral de Manabí. Así, el tema pasó al TCE, luego de que el 1 de septiembre de 2026 la precandidata y expresidenta de Revolución Ciudadana presentara un recurso subjetivo.

¿Qué pasó con el recurso ante el TCE?

El TCE ya avocó conocimiento del recurso presentado. Esto ocurrió el 2 de septiembre de 2026. De acuerdo con el organismo de justicia electoral, se dispuso que González aclare y complete su escrito.

Entre sus pedidos está que González cumpla con los requisitos previstos en el artículo 245.2 del Código de la Democracia. Esto es: “Nombres y apellidos completos de quien comparece, con la precisión de si lo hace por sus propios derechos o por los que representa”.

También solicitó que “se especifique de forma clara y concreta cuáles son los derechos subjetivos que considera vulnerados por el acto o resolución”.

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El documento emitido por el TCE también advierte que, en caso de no aclarar y completar su escrito de interposición dentro del plazo concedido, se procederá al archivo de la causa. El plazo para completar el recurso es de dos días.

Lo que debes saber

• La periodista Gisella Bayona se retira del periodismo tras sufrir una brutal campaña digital con más de 900 cuentas coordinadas.
• La verificación de Lupa Media expone la creciente presión autoritaria sobre las voces críticas en Ecuador.
• Los señalamientos del presidente Noboa sobre los presuntos vínculos con "mafias eléctricas" del esposo de Bayona tendrán un efecto.

“Señor presidente, usted ganó”. Con esa frase, Gisella Bayona anunció su decisión de retirarse del periodismo luego de haber soportado una violenta y perversa campaña en su contra, en la que se la tachó, a ella y a su esposo, José Alvear Campodónico, de corruptos. El anuncio sacudió las redes sociales y, probablemente, le costará popularidad al Gobierno, a tal punto que quizá la que salga finalmente ganando sea Bayona y no el presidente. Esto, porque se trata de un caso más de desaparición de voces críticas en el periodismo por presiones autoritarias ejercidas desde el poder, cuando el Gobierno ya está siendo percibido como autoritario y muy poco democrático.

El operativo en contra de la periodista fue burdo y cobarde: casi 900 cuentas de redes sociales publicaron supuestas noticias en las que el esposo de Bayona aparecía como una persona corrupta y llena de denuncias en su contra en la Fiscalía. Todas esas acusaciones fueron desmentidas por la verificadora de noticias Lupa Media, que demostró que habían sido falsificadas y presentadas a la opinión pública de forma fraudulenta. La campaña fue gigante: Lupa Media identificó a 907 usuarios involucrados, más de 1.300 publicaciones coordinadas, 76.100 interacciones generadas y una audiencia potencial superior a 2 millones de personas.

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La alusión de Bayona al presidente tiene una explicación. El operativo arrancó con una entrevista a Daniel Noboa en Radio Centro Digital, de clara orientación progubernamental. Noboa no mencionó el nombre de Bayona ni el de su esposo, que fue el mayor blanco del operativo, pero lo que ahí dijo sobre “una periodista” fue inmediatamente replicado con violencia inusitada, mostrando a la periodista y a su esposo con nombre y apellido en las cuentas de redes sociales que trabajan para amplificar la agenda del Gobierno.

“Hay también hasta periodistas que ahora tienen medios digitales y aparte que insultan todos los días al Gobierno, son proveedores del sistema de salud ecuatoriano, ¿cómo puedes salir a criticar? Si eres proveedora de salud del sistema ecuatoriano y, al mismo tiempo, tu pareja está en todas las mafias eléctricas de hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, soltó Noboa, quien luego remató con este anuncio: “La investigación está lista”.

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Pasaron apenas minutos cuando se lanzó la ofensiva digital en contra de Bayona: se empezaron a difundir imágenes y afirmaciones que apuntaban a que el esposo de Bayona, José Alvear Campodónico, es corrupto. Plataformas alineadas al Gobierno, como La Data, Contraluz, Contraplano y La Calle, difundieron acusaciones contra Alvear relacionadas con falsificación informática y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. En la mayor parte de estas publicaciones acusaron a Bayona de “encubrir” a su esposo, hablaron de “doble moral” y cuestionaron que una periodista pudiera desconocer los antecedentes de la persona con la que se casó. El mensaje era: Bayona es corrupta porque su esposo es corrupto.

Bayona se pronunció pasado el mediodía del miércoles 2 de septiembre, en un video que publicó en sus redes sociales. Lo hizo de forma pausada y negó la veracidad de las acusaciones que se le hicieron a su esposo y también las alusiones que hizo el presidente Noboa de que hacía negocios con el sistema de salud pública.

"Yo elijo a mi familia": el impacto de una renuncia incómoda

“Nunca he sido proveedora del Estado. He hecho periodismo toda mi vida. Cuando reclamo porque faltan medicamentos no defiendo un negocio, defiendo a la gente, a los ecuatorianos que llegan a un hospital público y no encuentran lo que necesitan, a esas familias desesperadas porque una medicina no llega”, dijo. Y agregó: “Pero ahora, para desacreditarme, atacan también a mi esposo, a mi familia. Hablan de supuestas investigaciones contra mi esposo por apropiación fraudulenta, falsificación informática y uso de documento falso. Es tan simple como revisar los expedientes judiciales. En esos procesos, mi esposo fue quien denunció a su exsocio. Fue él la víctima, no el acusado. (…) También lo acusan de ser parte de mafias del sector eléctrico, cuando jamás ha tenido contratos ni relaciones comerciales con el sector eléctrico del Ecuador, y llegan incluso a llamarlo testaferro de Glas. Se fundamentan en un artículo que el mismo medio que lo publicó hace años tuvo que desmentirlo. Y entonces me pregunto: ¿soy yo realmente el problema? ¿Por qué invertir tanta energía en quien piensa distinto? ¿Por qué no mejor invertirla en conseguir esas medicinas que todavía faltan en los hospitales públicos? ¿Por qué no invertirla en combatir a los delincuentes que extorsionan y matan a los ecuatorianos?”.

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Al final del video es cuando hace el anuncio de su decisión de retirarse: “Por eso hoy doy un paso al costado en el ejercicio periodístico. Me duele por las personas que alguna vez vieron en mí una voz que podía reclamar lo que ellos no podían reclamar, por quienes me buscaron porque faltaban medicinas, porque sufrían una injusticia o porque necesitaban que alguien preguntara. Pero hoy yo elijo mi familia. Y quizá lo verdaderamente preocupante no sea que una periodista decida dejar de cuestionar, sino que siente que tiene que hacerlo para proteger a los que ama. Yo hice mi elección. Yo elijo a mi familia y al país le dejo una pregunta: ¿en qué momento llegamos a esto? Eso, ahora sí, nada más”.

La rendición de Bayona trae a colación una frase de Montaigne: “Hay pérdidas triunfantes que envidian las victorias”. Quizá quien ganó no fue Noboa, sino Bayona.

Lo que debe saber

• La izquierda ecuatoriana busca dejar atrás años de enfrentamientos y consolidar una unidad electoral frente a Daniel Noboa.
• Revolución Ciudadana, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano sellan alianzas en varias provincia.
• El rol de Pachakutik aún es una incógnita tras polémica por candidatura de Luisa González.

En la mesa están Natasha Rojas, de Unidad Popular (UP); Gabriela Rivadeneira, de Revolución Ciudadana (RC), y Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Años atrás, quizá tan solo cinco, la imagen hubiese parecido imposible. Hoy, los movimientos de izquierda que antes estuvieron enfrentados buscan que el acercamiento vaya más allá de la coyuntura electoral.

El correísmo y la UP (exMPD), tienen una historia de enfrentamientos. La RC no solo arremetió contra la UNE, una de sus organizaciones base, sino que auspició y defendió la creación de una organización paralela: la Red de Maestros.

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Con el PSE, la historia no fue muy distinta. Durante el gobierno de Rafael Correa, uno de sus militantes y expresidente, Enrique Ayala Mora, fue atacado en varias ocasiones. En ese entonces, para el correísmo, la única izquierda o progresismo posible era el suyo.

El gobierno de Daniel Noboa, sin embargo, logró impulsar la unidad de la que hablaban desde hace años atrás.

Aunque esta vez comparten casilleros y aparecen juntos en ruedas de prensa, el primer gran evento que motivó el acercamiento, al menos entre el correísmo y el PSE, fue el acuerdo de Tixán. Allí participó otro de los antes declarados enemigos del correísmo: Pachakutik.

El origen de la unidad y sus apuestas

Esta vez, la suspensión de Revolución Ciudadana y, luego, de Amigo -movimiento que auspiciaría a los candidatos del correísmo- por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) posibilitó alianzas para buscar dignidades en los municipios y prefecturas del país.

En Quito, el PSE y UP auspician al alcalde, Pabel Muñoz, para la reelección y a Alexandro Tonello para la Prefectura de Pichincha. En Guayaquil, el PSE también auspicia a Fiorella Ycaza, esposa del alcalde Aquiles Álvarez, para la Alcaldía.

En Manabí se produjo la alianza más cuestionada. Luisa González se inscribió para buscar la Prefectura con Pachakutik. Dicha postulación ya fue negada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tema escalará hasta el TCE.

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El presidente del PSE, Gustavo Vallejo, dijo que, aunque existen diferencias que los alejan del progresismo representado por el correísmo, el proceso de unidad partió del análisis de la coyuntura. 

“El país está bastante mal con una economía deteriorada, crimen organizado que ha permeado la institucionalidad pública, una crisis de servicios de educación y salud; además del asfixia al sistema democrático”, mencionó.

Vallejo lo planteó así: “La idea es que este acuerdo que hoy es electoral se ratifique en levantar líneas programáticas que es lo más importante”.

"Vencer el autoritarismo de Noboa"

Desde el lado de Unidad Popular, la primera apuesta es lograr dignidades en las principales ciudades y provincias del país. Geovanny Atarihuana, dirigente de esa organización, dijo que después de eso deberá mantenerse la unidad para cumplir con los electores. Pero el origen de la nueva unidad tiene que ver con “vencer el autoritarismo de Daniel Noboa”.

Las rencillas del pasado, al menos por ahora, parecen estar en segundo plano. La misma Luisa González ha dicho que, si se ahonda en el “tú me hiciste y en el yo te hice nos vamos a estancar”. “¿Cómo nos quiere la derecha?: divididos”, aseguró el pasado 26 de agosto.

"La idea es que este acuerdo que hoy es electoral se ratifique en levantar líneas programáticas que es lo más importante".Gustavo Vallejo

Pero, sobre las nuevas alianzas aún resta la interrogante sobre el rol de Pachakutik. Si bien en Manabí se cobijó a González, ese acercamiento levantó voces de militantes históricos. El mismo Salvador Quishpe dijo a EXPRESO que la unidad debe construirse sobre la base de un programa que tenga, entre otras cosas, la defensa de la naturaleza. Entonces, dudó de si esa era la posición del correísmo.

Lo que debes saber

• Con 95,48 % de votos, GRANASA aprobó vender terreno en Durán, pero la firma interventora frena el trámite.
• Inmobiliar se opone con el 2,56 % mientras la interventora suma pedidos y posterga la venta del predio.
• La Ley de Compañías limita a la interventora: no puede anular sin resolución lo votado por la junta.

El 17 de agosto de 2026, los accionistas de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) se reunieron en junta general y aprobaron la venta de un terreno de la empresa en Durán. Votó a favor el 95,48 % del capital.

En esa reunión estuvo Flor María García Ocaña, la interventora que la Superintendencia de Compañías designó en la empresa.

Han pasado quince días. La venta no se ha hecho. Falta su firma.

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Lo que ocurrió en esas dos semanas

Un solo accionista votó en contra: Inmobiliar, que tiene el 2,56 % de las acciones. Ese paquete, además, está en disputa en los tribunales.

Antes de la junta, Inmobiliar pidió información sobre la venta. GRANASA se la entregó el 14 de agosto, tres días antes de la reunión.

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Después de la junta volvió a solicitar información. Y luego pidió a la Superintendencia que suspendiera lo que se había resuelto.

La interventora, que ya había presenciado la junta, también pidió información entre el 24 y el 28 de agosto, la cual le fue entregada. El 31 de agosto pidió más: esta vez, documentos que corresponden a la revisión que hace el comprador antes de hacer la adquisición, no la empresa que vende.

Y así, un pedido detrás de otro, pero la firma no llega.

Qué puede y qué no puede hacer una interventora

La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de una compañía. Así lo dice la Ley de Compañías.

La interventora vigila, revisa, pide cuentas e informa. No reemplaza a la junta ni decide en su lugar.

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¿Puede un interventor trabar el buen desempeño de la empresa?

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Si la Superintendencia considera que esa venta no debe hacerse, tiene que indicarlo con una resolución escrita y motivada, que la empresa pueda impugnar. Eso no ha ocurrido.

Lo que hay es una decisión aprobada por los accionistas que no se ejecuta porque nadie firma y nadie explica por qué.

El artículo 233 de la Constitución es claro: ningún funcionario público está libre de responsabilidad por lo que hace ni por lo que deja de hacer.

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Código de la Niñez en la Asamblea: las claves del proyecto suspendido sin consensos

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Esteban Torres, asambleísta de ADN, sostiene que la medida implicaría un incremento de casi 6,7 % en los gastos asociados a una eventual maternidad. 

“Si con esta ley ampliamos plazos pagados a seis meses, en el caso de mujeres; y en el de los hombre de tres es, 15 a 30 días, lo que pasará es que menos empresas querrán contratar mujeres”, señaló.

Torres cuestionó el costo de la propuesta y añadió: “En la práctica, todos estaríamos de acuerdo en que padres y madres pasen tres años con los hijos, pero ¿quién paga, a qué costo?”. Por estas discrepancias, la sesión fue suspendida y el tema será tratado posteriormente.

Deberían revisar el golpe para el Seguro Social

Patricia Borja, experta en Seguridad Social, también expresó su preocupación por el impacto financiero que tendría la reforma en el Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS. “No se evidencia que se haya siquiera considerado el impacto financiero”, señaló.

Borja sostuvo que las autoridades del IESS deberían revisar los planteamientos, tomando en cuenta todas las recomendaciones de la Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística de la institución.

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Reformas al Código de la Niñez en suspenso: ¿por qué la Asamblea suspendió el segundo debate?

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La experta recordó que hace 35 años, en 1991, una reforma al Código del Trabajo amplió la licencia de maternidad de ocho a 12 semanas. 

Y, posteriormente, la resolución 783, de 1992, incrementó la prima de aportación patronal para financiar las cuatro semanas adicionales del subsidio por maternidad. Anotó que la Corte Constitucional ha señalado que toda reforma en materia de seguridad social referente a las prestaciones debe contar con estudios actuariales que determinen la viabilidad de la propuesta, entre otros parámetros.

Lo que debe saber

• 18.224 millones de dólares: Ese fue el monto negociado por el mercado de valores ecuatoriano durante 2025, un 13 % más que en 2024.
• 55 % en Guayaquil: Cerca del 55 % de las negociaciones del mercado de valores nacional se realizan a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
• Primera mujer: Martha González es la primera mujer en ocupar la gerencia general de la BVG. Su gestión pone énfasis en tecnología, educación financiera, nuevos productos e internacionalización.

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) cumple 57 años de vida institucional en medio de un proceso de transformación que busca ampliar el papel del mercado de valores dentro de la economía ecuatoriana.

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Uno de los principales cambios ha sido el liderazgo de Martha González, la primera mujer en ocupar la gerencia general de la institución. Desde su llegada, la BVG asegura haber impulsado una mirada distinta sobre el mercado bursátil, con énfasis en la comunicación, la educación financiera, la tecnología y una mayor conexión con el sector productivo.

“Hoy por hoy tenemos a una mujer al frente de la Bolsa de Valores Guayaquil. Eso sin duda ya es un cambio importante. Es hacer historia”, señaló González durante la celebración del aniversario.

Para la gerente, el mercado de valores debe dejar de mirarse hacia dentro y observar lo que ocurre en otros países de la región y del mundo, donde la actividad bursátil funciona como un complemento del sistema bancario.

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Logros de la Bolsa

Los resultados muestran el crecimiento registrado en los últimos años. González recordó que, antes de la pandemia, el mercado de valores ecuatoriano llegó a transaccionar cerca de 17.000 millones de dólares en su mejor año.

En 2025, el monto negociado alcanzó los 18.224 millones de dólares, alrededor de 13 % más que en 2024. Y el dinamismo se mantiene en 2026: hasta agosto, el mercado bursátil ya había negociado una cifra que ayudará a tener un buen resultado este año.

De ese monto, cerca del 55 % de las negociaciones del mercado de valores ecuatoriano se realizan a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, según Francisco Jarrín, director de la institución.

Para los directivos de la BVG, estas cifras reflejan un mercado que gana confianza y que empieza a ser considerado por empresas e inversionistas como una alternativa real de financiamiento y colocación de recursos.

Nuevas iniciativas

González insiste en que el mercado de valores no busca reemplazar a la banca, sino complementarla. La posibilidad de que una empresa pueda acudir a diferentes fuentes de financiamiento permite ampliar sus opciones, especialmente cuando se trata de recursos de largo plazo.

En los últimos años también se han incorporado nuevos participantes y productos. Entre ellos están operaciones de titularización vinculadas al sector inmobiliario y fondos de inversión que utilizan el mercado bursátil como plataforma para atender las necesidades del sector productivo y de personas naturales.

“Mientras el cliente tenga más opciones para elegir, ese es el mercado que todos queremos”, sostuvo González.

La BVG también ha puesto énfasis en la educación financiera. Sus representantes aseguran que han llevado información sobre el mercado de valores a colegios, universidades, instituciones y cámaras empresariales, con el objetivo de que más personas conozcan cómo funciona y qué alternativas ofrece.

Tecnología y apertura internacional

El siguiente paso está marcado por la tecnología. González señaló que la Bolsa ha creado un laboratorio que busca funcionar como un hub bursátil, desde donde se generen nuevas ideas y soluciones para el mercado.

El objetivo es que las operaciones bursátiles en Ecuador sean cada vez más ágiles y seguras y que la infraestructura local pueda acercarse a los estándares de otros mercados internacionales.

La internacionalización también aparece entre los desafíos. La BVG busca fortalecer sus vínculos con otras bolsas de la región, como lo demuestra el reconocimiento entregado durante el aniversario por la Bolsa Centroamericana de Valores de Honduras.

La meta, según González, es que Ecuador deje de mirar únicamente hacia su mercado interno y empiece a construir conexiones con la región y, posteriormente, con otros mercados internacionales.

Cambios a la normativa

El aniversario también ocurre mientras se los asambleístas discuten reformas al mercado de valores. La BVG mantiene conversaciones con las autoridades y busca que sus propuestas técnicas sean consideradas en la revisión de la normativa.

Uno de los puntos de debate es la posibilidad de que los bancos vuelvan a tener casas de valores. González aseguró que no se opone a los cambios, siempre que beneficien al mercado en su conjunto.

Su preocupación está en preservar el papel especializado de las casas de valores, a las que considera expertas en la estructuración y asesoría de las operaciones bursátiles.

Otro de los planteamientos es fortalecer el mercado secundario y abrir mayores posibilidades para la negociación de acciones. La BVG también mira con interés la creación de una bolsa de productos, considerando que Ecuador es un país productor.

Una bolsa que abre puertas

Para Roberto Basante, miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, el crecimiento de la Bolsa no debe medirse únicamente por el monto negociado.

El verdadero desafío, dijo, es determinar cuántas nuevas empresas logran financiarse, cuántos proyectos productivos pueden crecer, cuántos inversionistas se incorporan y cuánto ahorro se canaliza hacia actividades productivas.

La historia de la BVG comenzó en 1969, cuando se autorizó la creación de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. La primera rueda de negociación de la Bolsa guayaquileña se realizó posteriormente y marcó el inicio de una trayectoria que ha atravesado crisis, dolarización y transformaciones legales.

Hoy, 57 años después, la institución busca consolidar una nueva etapa. Para González, el reto no es solamente sobrevivir, sino transformarse.

La primera mujer en liderar la BVG considera que ese cambio también tiene un significado simbólico: abrir camino para que más mujeres puedan ocupar espacios de decisión dentro del mercado de capitales.

“Esta bolsa no es una construcción de concreto ni de cifras únicamente. Es una construcción de confianza”, dijo González durante el aniversario.

La comunicadora tomó esta decisión para proteger a su núcleo familiar, alega, tras la viralización de documentos forjados que intentaron posicionar a su esposo como testaferro y parte de una red de corrupción estatal.

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El origen de los señalamientos 

El 28 de agosto pasado, durante una entrevista radial, el primer mandatario aseguró que una comunicadora figuraba como proveedora del sector salud y que su pareja mantenía vínculos de 15 años con mafias eléctricas. Horas después de esta intervención, diversas cuentas alineadas al régimen iniciaron una campaña coordinada nombrando directamente a Bayona y a su esposo, José Roberto Alvear.

Para sostener las acusaciones gubernamentales, se difundieron capturas de supuestas noticias del delito ingresadas en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, Bayona defendió que los expedientes públicos demuestran que las imágenes fueron alteradas para convertir a Alvear de denunciante a sospechoso en un caso de falsificación informática.

A través de una declaración en video difundida en sus canales oficiales, Bayona rechazó categóricamente mantener negocios con el sistema de salud pública y aclaró que sus cuestionamientos periodísticos siempre respondieron a la crisis de desabastecimiento de medicinas en los hospitales estatales.

"Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia", expresó la periodista. La comunicadora enfatizó que los procesos judiciales aludidos por el Gobierno ya concluyeron a favor de su esposo, quien actuó legalmente como víctima y denunciante de su ex socio.

La salida de la comunicadora ocurre en un escenario de confrontación directa entre el Ejecutivo y las voces críticas a su gestión sanitaria. Bayona cerró su intervención cuestionando la inversión de recursos estatales en campañas de desprestigio en lugar de abastecer la red de salud pública y combatir las estructuras de extorsión que operan en el país.

Desde julio de 2026, cinco intentos para anunciar la resolución han resultado fallidos.

Las razones no han sido las mismas. Entre ellas constan un pedido de la defensa de Bucaram, el permiso médico de un juez, la ausencia de un abogado y una perita y, en las dos convocatorias más recientes, problemas de salud del expresidente.

La siguiente fecha está fijada para este jueves 3 de septiembre, a las 17:00. Será el sexto intento.

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2 de julio: la defensa de Bucaram pidió el diferimiento

El primer intento ocurrió el 2 de julio de 2026. Para ese día estaba prevista la reinstalación de la audiencia en la que el Tribunal debía anunciar su decisión después de haber concluido la etapa de juzgamiento.

La diligencia no se concretó. La defensa de Abdalá Bucaram solicitó su diferimiento y el pedido fue aceptado.

La resolución quedó pendiente y hubo que buscar una nueva fecha.

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3 de agosto: faltó el juez ponente

Pasó un mes hasta el segundo intento. La audiencia fue convocada para el 3 de agosto, a las 17:00, y llegó a iniciarse de manera telemática. Sin embargo, faltaba uno de los integrantes fundamentales del Tribunal.

El juez ponente no se encontraba presente. Durante la diligencia se informó que el magistrado contaba con un permiso médico. Sin su participación, el Tribunal no podía anunciar su resolución.

La audiencia volvió a diferirse.

7 de agosto: faltaron un abogado y una perita

Solo cuatro días después se produjo el tercer intento.

El 7 de agosto, la audiencia tampoco pudo avanzar debido a la ausencia de dos participantes: Diego Córdova, abogado del procesado Leandro Berrones, y Carolina Cruz, perita encargada de la traducción para el ciudadano israelí Sheinman Oren.

En el caso del abogado, se informó que había sufrido una recaída en su estado de salud y había tenido que ser trasladado a una casa asistencial.

El Tribunal volvió a declarar fallida la diligencia. Además, dispuso sanciones contra el abogado y la perita por sus inasistencias y tomó medidas para garantizar su presencia en una nueva convocatoria.

La decisión seguía pendiente.

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26 de agosto: Bucaram estaba hospitalizado

El cuarto intento llegó el 26 de agosto. Esta vez el impedimento estuvo relacionado directamente con la salud de Abdalá Bucaram.

Su defensa informó que el expresidente había sido sometido a una intervención médica de emergencia el día anterior y que permanecía hospitalizado.

El Tribunal buscó determinar si Bucaram podía participar telemáticamente desde la casa de salud para escuchar la resolución.

Sin embargo, se informó que se encontraba en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que no era posible realizar allí la conexión necesaria.

La diligencia no pudo continuar.

31 de agosto: otro problema de salud, 15 minutos antes

El quinto intento estaba previsto para el lunes 31 de agosto, a las 17:00.

Pero aproximadamente 15 minutos antes de que comenzara la audiencia, la defensa de Bucaram comunicó un nuevo problema.

Según sus abogados, el expresidente había tenido que ingresar nuevamente a una casa de salud debido a una complicación cardíaca relacionada con la intervención médica anterior. La defensa sostuvo que Bucaram permanecía en una UCI.

Esta vez, el Tribunal dispuso verificar la información.

Un funcionario acudió al OmniHospital de Guayaquil y se conectó mediante videollamada. Durante la diligencia informó que no había logrado obtener del personal de la casa de salud información que permitiera confirmar en ese momento la presencia del expresidente.

Posteriormente, Abdalá Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, aseguró que su padre sí se encontraba hospitalizado y que se había entregado documentación relacionada con su condición médica.

El quinto intento también terminó sin que se anunciara la decisión.

Cinco convocatorias y cinco razones

En poco menos de dos meses, esta ha sido la secuencia:

Los cinco episodios tienen algo en común: ninguno permitió que el Tribunal anunciara su decisión.

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Abdalá y Jacobo Bucaram enfrentan nueva jornada de juicio por caso pruebas Covid-19

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¿De qué se acusa a los Bucaram?

El proceso se remonta a hechos ocurridos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram, Sheinman Oren y Leandro Berrones son procesados por presunta delincuencia organizada.

Según la tesis de la Fiscalía, habrían estado vinculados con una estructura relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia.

El juicio comenzó en 2025 y, tras concluir la presentación de pruebas y alegatos, el Tribunal quedó encargado de deliberar sobre la situación jurídica de los cuatro procesados.

Mientras esa decisión no sea anunciada y exista una sentencia ejecutoriada, los procesados mantienen su estado de inocencia.

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El 3 de septiembre será el sexto intento
​

Cinco convocatorias ya quedaron en el camino. Este jueves se conocerá si, en el sexto intento, el Tribunal finalmente logra anunciar su decisión en un proceso que se remonta a la emergencia sanitaria de 2020.

Lo que debes saber

• Velación y llegada de los restos de Michele Sensi-Contugi serán en estricta intimidad familiar.
• Pese al funeral de Estado decretado por Daniel Noboa, no habrá actos fúnebres públicos.
• Cancillería confirmó que el sepelio del exdirector del CNI se efectuará este 3 de septiembre.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador confirmó este 2 de septiembre de 2026 que la llegada y el velorio de Michele Sensi-Contugi, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, se realizarán de manera estrictamente privada por decisión de sus familiares. La medida rige a pesar de que el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó honras fúnebres oficiales tras el siniestro aéreo ocurrido el pasado 19 de agosto en la montaña Ololokwe, en el norte de Kenia.

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Decisión familiar frente al funeral de Estado decretado por Daniel Noboa

A través de un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia precisó que, por solicitud expresa de los deudos, se mantendrá "en la intimidad todo lo relacionado con la llegada y la velación de sus restos".

Aunque el mandatario ecuatoriano dispuso la ejecución de un funeral de Estado, las ceremonias fúnebres contarán únicamente con la presencia de su círculo íntimo:

Cancillería confirma fecha del sepelio de Michele Sensi-Contugi

En declaraciones emitidas durante una entrevista radial a primeras horas de este miércoles, el canciller de Ecuador, Roberto Kury, ratificó que el sepelio del exfuncionario se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre de 2026.

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores evitó dar precisiones sobre la recepción de los restos de la pareja, destacó el impacto de su fallecimiento en el gabinete ministerial: "Es un elemento irremplazable del Gobierno".

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Cronología del siniestro aéreo en Kenia

El deceso del titular del organismo de inteligencia se produjo en territorio africano a mediados del mes anterior:

Lo que debes saber

• Daniel Noboa acepta la renuncia de Enrique Herrería en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
• Aldrin Gómez asume la Secretaría Jurídica en Carondelet tras la salida de Enrique Herrería.
• Herrería deja el Gobierno y retorna al sector privado; Presidencia anuncia su reemplazo.

El presidente de la República, Daniel Noboa, aceptó la renuncia de Enrique Herrería como secretario jurídico de la Presidencia, según informó el Gobierno a través de un comunicado difundido este 2 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con el documento, la salida de Herrería se produce tras haberse cumplido el compromiso de conformar un equipo de profesionales dentro de la Secretaría Jurídica encargado de coordinar la elaboración de normas y apoyar el proceso de modernización del Estado impulsado por el Ejecutivo.

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El comunicado señala que la Presidencia reconoció y agradeció la gestión desarrollada por Herrería durante su permanencia en el cargo. Además, indicó que el exfuncionario retomará sus actividades profesionales en el sector privado.

Como parte de los cambios, el Gobierno anunció que Aldrin Gómez asumirá las funciones de nuevo secretario jurídico de la Presidencia. Según la información oficial, Gómez integraba el equipo de profesionales que se conformó dentro de esa dependencia.

Cambio en una dependencia clave

La Secretaría Jurídica de la Presidencia tiene entre sus funciones la revisión y coordinación de los proyectos normativos y decretos que emite el Ejecutivo. 

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Por ello, el relevo en esta dependencia ocurre en un área estratégica para la gestión gubernamental y el desarrollo de iniciativas legales impulsadas desde Carondelet.

La salida de Herrería y la llegada de Gómez se producen en medio de la continuidad de la agenda política y administrativa del Gobierno de Daniel Noboa, que encara una nueva etapa tras el inicio de su nuevo periodo presidencial.

Lo que debes saber

• 66.262 ciudadanos fueron seleccionados para integrar las Juntas Receptoras del Voto en Guayas.
• La capacitación a los designados comenzará el 7 de septiembre.
• Los estudiantes universitarios representan el 92,21 % de los seleccionados.

La Delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el sorteo electrónico para seleccionar a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), el miércoles 2 de septiembre, de cara al próximo proceso electoral. En total, 66.262 ciudadanos fueron escogidos para cumplir esta función.

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Capacitación empezará el 7 de septiembre

Rosa Tapia, directora de la Delegación Electoral del Guayas, informó que los seleccionados serán notificados entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre de 2026. No obstante, las jornadas de capacitación comenzarán desde el 7 de septiembre.

Universitarios son mayoría

Del total de integrantes escogidos, el 92,21 % corresponde a estudiantes universitarios, es decir, 61.100 personas. El segundo grupo más numeroso está conformado por empleados privados, que representan el 4,94 %, con 3.270 ciudadanos.

Los funcionarios públicos constituyen el 1,81 % de la nómina, equivalente a 1.196 personas. A ellos se suman 100 residentes de zonas rurales, que representan el 0,17 % y pertenecen a asociaciones comunitarias, comités pro mejoras, juntas de agua y otras organizaciones de carácter comunitario y rural.

Además, 586 ciudadanos, equivalentes al 0,88 %, fueron considerados dentro del padrón electoral para completar la nómina. La selección se realizó mediante un sorteo electrónico, con la presencia de la notaria pública Mariana Salcedo.

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Autoridades participaron en el sorteo

En la jornada también estuvieron presentes los integrantes de la Delegación Provincial Electoral, encabezados por Rosa Tapia, presidenta del organismo, junto con los vocales Abraham Hanna, Daniel Veintimilla y Ángela Barragán. Asimismo, participaron Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, y Pedro Gómez, vicepresidente de esa instancia.

Guayas tendrá 9.466 juntas

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación Electoral Provincial, en Guayas funcionarán 9.466 Juntas Receptoras del Voto distribuidas en 584 recintos electorales. Estas estructuras estarán habilitadas para recibir a los electores durante la jornada correspondiente.

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Candidaturas pasan a fase de impugnación

En cuanto a la oficialización de las candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, Pedro Gómez, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, señaló que las postulaciones ya fueron aprobadas por el organismo electoral provincial. No obstante, todavía pueden ingresar a una nueva etapa de impugnación ante el CNE, en Quito, y posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Gómez aseguró que ninguna de las candidaturas a la Alcaldía de Guayaquil ha sido objetada hasta el momento en la sede provincial. Sin embargo, no precisó hasta qué fecha podrán presentarse impugnaciones en las siguientes instancias.

Presidenta evitó declaraciones

Sobre este asunto, Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, prefirió no emitir declaraciones ante los medios de comunicación. Al finalizar el sorteo electrónico de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, abandonó rápidamente el Salón de la Democracia, donde se desarrollaba el evento, pese a la solicitud de la prensa para dialogar con ella.

Lo que debes saber

• La repatriación de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, se concretará en las próximas horas.
• Cancillería confirmó que el sepelio del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia será este jueves 3 de septiembre de 2026.
• Sensi-Contugi y su esposa fallecieron el 19 de agosto de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Kenia.

El canciller de Ecuador, Roberto Kury, confirmó que el sepelio de Michele Sensi-Contugi, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se realizará este jueves 3 de septiembre de 2026.

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Canciller se pronuncia sobre el sepelio de Sensi

Kury reveló detalles sobre la llegada de los restos de Sensi-Contugi y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, en una entrevista con WQ Radio. Ellos fallecieron el 19 de agosto de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Kenia.

Aunque Kury no quiso referirse a los preparativos para recibir los restos de Sensi-Contugi y su esposa, lamentó la pérdida de sus vidas. "Es un elemento irremplazable del Gobierno", comentó el canciller durante la entrevista radial.

Velación del Sensi-Contugi será privada

Por otro lado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó a los medios que por pedido expreso de la familia de Sensi-Contugi y su esposa, se mantendrá "en la intimidad todo lo relacionado con la llegada y la velación de sus restos".

Aunque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un funeral de Estado para Sensi-Contugi, se informó que la llegada y velación de los restos se realizará de manera estrictamente privada, acompañada únicamente por sus seres queridos y las personas más cercanas.

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Accidente de Michele Sensi-Contugi y su esposa

El 19 de agosto de 2026, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, falleció en un accidente aéreo ocurrido en la montaña Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte de Kenia. Él fue una de las figuras fuertes en el Gabinete y cercano al presidente Daniel Noboa desde el inicio de su primer periodo.

Después de que el informe fuera aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico, controlada por el oficialismo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para una sesión en modalidad presencial.

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¿Qué pasará con las competencias en tránsito?

El proyecto de ley plantea que la Agencia Nacional de Tránsito realice informes técnicos sobre el ejercicio de las competencias de tránsito por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Estos informes deberán ser remitidos al Consejo Nacional de Competencias. Esa entidad tendrá la potestad de autorizar la intervención “cuando se compruebe la existencia de los supuestos de hecho consagrados en el artículo 157 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad)”.

El Cootad establece como causas para la intervención la omisión del ejercicio de una o más competencias o la prestación de uno o más servicios, así como la ineficacia en el ejercicio de la competencia o en la prestación del servicio.

Así, el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito establece que, en esos supuestos, “el Consejo Nacional de Competencias podrá suspender temporalmente el ejercicio de las competencias de tránsito y transporte terrestre conforme a la normativa aplicable”.

En caso de que la ley sea aprobada por el Pleno de la Asamblea y entre en vigencia tras el veto del Presidente de la República, la Disposición General Tercera establece un plazo de 180 días para la entrega de los informes.

Dichos informes técnicos deberán tomar en cuenta el cumplimiento de los estándares nacionales de regulación, control, seguridad vial y calidad del servicio establecidos en la normativa vigente.

El lunes pasado, Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que la ley combate al crimen organizado en los municipios. “Permite l suspensión de las competencias de los municipios corruptos que estén operando con el crimen organizado”.

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¿La Asamblea cerrará caso Progen sin responsables políticos? ADN aún tiene un frente abierto

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Citó como ejemplo el tema de la matriculación o el mal uso de los radares. Recordó que, con base en información del Ministerio del Interior, hay municipios en los que el parque automotor tiene entre 8.000 y 10.000 vehículos, mientras que las matriculaciones llegan a 40.000.

El oficialismo necesita, al menos, 77 votos para aprobar las reformas. Hasta el momento, la mayoría que ADN maneja en la Asamblea permitiría contar con las voluntades necesarias.

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Política cultural en Ecuador: entre recortes, tensiones y falta de planificación

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La cantante y viceministra Pamela Cortés ratificó que el proyecto se mantiene y que actualmente atraviesa las fases de prefactibilidad y factibilidad. 

En esta etapa, dijo, se analizan las condiciones técnicas para ejecutar el diseño, así como el financiamiento y el modelo de autogestión que permitirá sostener el espacio a futuro. 

¿Cuándo se colocará la primera piedra del museo?

Cortés señaló que se produjeron "algunos impasses" antes de que ella llegara al Viceministerio de Cultura, pero afirmó que actualmente todo está en orden y que se cumplirán los plazos y contratos establecidos por ley.

Según la funcionaria, que reemplazó a Romina Muñoz, la previsión es colocar la primera piedra durante el segundo trimestre de 2027 y entregar la obra en 2028. 

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"Todos estarán invitados a poner la primera piedra", reiteró. El nuevo MuNa, que estará en la capital, busca convertirse en un espacio de alcance nacional para exhibir obras que actualmente permanecen almacenadas y acercar al público a la historia y a las raíces culturales del país. 

El proyecto, comentó, también contempla salas para exposiciones, conciertos y charlas, además de espacios para distintas disciplinas artísticas. 

Cortés destacó que el museo tendrá áreas comunes y sociales y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. También se prevé que funcione como un espacio para la investigación y el encuentro entre investigadores, artistas, niños y visitantes.

 "Tenemos obras sumamente importantes, las vamos a poder disfrutar y ver, no estarán guardadas en un espacio, todos podremos entender raíces y cultura", reiteró la viceministra Pamela Cortés.