Lo que debes saber

• Alertas ignoradas por la Comisión Nacional Anticorrupción desde 2024 vuelven a poner en la mira contratos energéticos en Ecuador. 
• Empresas cuestionadas, obras con fallas y millonarios compromisos generan dudas.
• Las denuncias apuntan a un patrón de decisiones que sigue impactando recursos públicos.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), denunció que las irregularidades en contratos del sector eléctrico en Ecuador fueron advertidas públicamente desde octubre de 2024, pero no han recibido respuesta efectiva de las autoridades. Según afirmó en una entrevista en Ecuavisa este 8 de abril, los indicios de corrupción ya eran preocupantes en ese momento.

El vocero recordó que el 20 de octubre de 2024 la CNA alertó al país sobre inconsistencias en la contratación de empresas como Progen y Austral. “No solo ya era preocupante en ese entonces, sino que teníamos indicios de que los asuntos marchaban por el camino de la irregularidad”, afirmó Rodas.

A pesar de esas advertencias tempranas, el dirigente cuestionó la falta de reacción institucional. “Exigíamos que las autoridades de manera pública respondan a varios cuestionamientos”, señaló, enfatizando que no hubo acciones oportunas frente a las denuncias.

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Irregularidades en contratos eléctricos de Ecuador generan indignación

Rodas aseguró que existe indignación frente a lo que calificó como un manejo opaco de sectores estratégicos. “El manejo del área de energía eléctrica y producción petrolera ha sido de manera opaca, por decirlo menos”, sostuvo.

El coordinador de la CNA también criticó la inacción de los organismos de control. Según dijo, estas entidades “siguen durmiendo el sueño de los justos” pese a la gravedad de los hechos denunciados.

Además, cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado, señalando que no ha respondido con la misma rapidez que en otros casos. “En modo alguno”, respondió al ser consultado sobre si ha habido celeridad en las investigaciones.

Rodas reveló que en julio de 2025 la CNA envió una carta solicitando acciones urgentes. “Pidiendo que fiscalía actúe a la brevedad”, explicó, pero aseguró que hasta ahora no existe una respuesta concreta.

Caso Austral y Progen: denuncian entramado de corrupción

El dirigente advirtió que no se trata de casos aislados, sino de una estructura más amplia. “No encontrar uno o dos causantes de la crisis, es decir, los chivos expiatorios”, dijo, insistiendo en la necesidad de investigar todo el entramado.

En el caso de Austral, Rodas lo calificó como “patético”, al señalar que una empresa con capital mínimo obtuvo contratos millonarios. “Con un capital de $250, una empresa fantasma uruguaya recibió la posibilidad de esta contratación”, denunció.

También afirmó que los equipos entregados no eran nuevos. “Recorrieron el mundo buscando las chatarras para entregarnos como material novísimo”, expresó, cuestionando la calidad de los motores termoeléctricos.

A esto se suma el caso Progen y otros contratos en el sector energético, que, según Rodas, evidencian un patrón de irregularidades y falta de control estatal.

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Coca Codo Sinclair y Sinohydro: cuestionan recepción de obra

Rodas también se refirió a la central Coca Codo Sinclair y a la empresa Sinohydro, cuestionando la intención de entregar una obra con fallas estructurales. “Nos pretenden entregar una obra que tiene un deterioro en el tiempo”, afirmó. El coordinador indicó que la hidroeléctrica presenta “miles de fisuras que no han sido reparadas”, lo que, a su criterio, invalida técnicamente la obra y evidencia incumplimientos contractuales.

Además, criticó posibles acuerdos económicos con la empresa. “Nos van a entregar la obra, la vamos a recibir, y el país todavía debe hacer los pagos correspondientes”, advirtió. Para Rodas, este tipo de decisiones reflejan un patrón preocupante en la gestión pública. “Hay una matriz de comportamiento que significa que la obra pública no es sujeta de control elemental”, señaló.

Denuncian doble estándar y crisis institucional en Ecuador

El dirigente también cuestionó lo que considera un doble estándar en decisiones económicas del Estado. “Doble estándar total”, afirmó al comparar distintos casos de arbitraje y sanciones. Según explicó, estas acciones responden a intereses económicos. “Comportamiento sinuoso en función de los intereses a quienes representan quienes ejercen el poder”, sostuvo.

Rodas advirtió que el país atraviesa una crisis institucional profunda. “Vivimos un momento de una tragedia institucional”, expresó, señalando que el manejo de recursos públicos agrava la situación social. Finalmente, destacó que la CNA continuará denunciando estos hechos. “Lo hace con voluntad cívica”, dijo, recogiendo —según afirmó— la indignación de la ciudadanía frente a la corrupción.

Lo que debes saber

• Policías ingresan sin orden a sede de Cedocut en Quito, denuncia su presidente Edwin Bedoya, el 8 de abril.
• Cedocut califica el operativo policial como amedrentamiento previo a plantón sindical convocado para este miércoles.
• Sindicatos denuncian violación a la libertad sindical y alertan a la OIT en medio de protestas laborales.

Edwin Bedoya, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) denunció este 8 de abril de 2026 que un grupo de policías ingresó "sin ninguna orden" a las oficinas de la sede de la organización, ubicada en Quito, en una operación que calificó como un "acto de amedrentamiento" y "hostigamiento estatal contra la dirigencia sindical".

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A través de un comunicado firmado por el dirigente, el gremio señaló que una vez que las cámaras de seguridad del edificio identificaron a los uniformados, los agentes "procedieron a interrogar sobre el paradero de Edwin Bedoya".

El ingreso de los policías se habría producido a las 10:30, según el registro de las videocámaras. Allí se observa que dos policías estaban detenidos en uno de los pasillos del edificio, cuando faltaban casi cinco horas para que se inicie el plantón que fue convocado este miércoles por la Cedocut y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) en los exteriores del Ministerio de Trabajo, en el norte de la capital.  

Según Bedoya, la "intrusión policial en locales sindicales sin orden judicial es una violación directa a la libertad sindical" y recordó que el Gobierno debe respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues el Ecuador es signatario de esos acuerdos.

Gremio habla de "escalada contra sindicatos"

Para el dirigente de los sindicatos, la operación policial "constituye una práctica de persecución política", que viola la Constitución y la Convención de Derechos Humanos, por lo que alertó a las confederaciones sindicales de las Américas e Internacional (CSA y CSI, respectivamente) "sobre esta escalada que contraviene las libertades del movimiento obrero".

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La organización mencionó que el operativo se realizó cuando existe un estado de excepción vigente en el país, sin embargo, indicó que "no permitiremos que el miedo sea política de Estado" y responsabilizó al "Gobierno y al Ministerio del Interior por la integridad de Bedoya" y de otros miembros de la organización sindical.

Desde la Policía Nacional se informó que el ingreso de los agentes no se realizó como parte de algún operativo o investigación. Según la entidad, los uniformados acudieron a las oficinas para contactar con los dirigentes y coordinar la presencia policial que debía darse en el plantón de esta tarde.

Trabajadores cuestionan al Gobierno

La denuncia pública de la Cedocut se registra en un contexto en el que los gremios han criticado las políticas del régimen hacia los trabajadores, como el acuerdo que modifica la jornada laboral, cuya resolución fue demandada por supuesta inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

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El ajuste de la jornada laboral, las últimas leyes, así como la disposición del Servicio de Rentas Internas para cobrar IVA a ciertos productos, han sido cuestionados y serán los temas que tienen previsto rechazar en la próxima movilización del 1 de mayo, por el Día Internacional del Trabajador.

Las claves del caso

• Asamblea analiza fiscalizar a ministros y al CPCCS por incumplir fallo judicial a favor de Alexandra Villacís.
  
• Bancadas de oposición denuncian bloqueos del oficialismo para frenar procesos de control político.
• Jueza ordenó al Ministerio de Trabajo habilitar a Villacís, pero instituciones ignoran el dictamen.

La Asamblea Nacional de Ecuador pone la lupa sobre el Ministerio de Trabajo, el CPCCS y el Consejo de la Judicatura tras el incumplimiento de una sentencia judicial que frenó el ascenso de Villacís a la presidencia de la Judicatura. Pese a su renuncia, legisladores de diversas bancadas advierten que las responsabilidades políticas y penales siguen vigentes, mientras el oficialismo es señalado como el principal freno a la fiscalización.

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Incumplimiento de funciones: ¿quiénes están en la mira?

El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila aceptó una acción de habeas data planteada por Villacís. La magistrada ordenó al Ministerio del Trabajo corregir el registro de impedimento en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas. Asimismo, dispuso que el CPCCS se abstuviera de realizar acciones que vulneraran los derechos de la afectada. No obstante, las instituciones no han ejecutado los correctivos.

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La omisión institucional tras el fallo de la jueza Pila ha unificado criterios en la oposición legislativa. Representantes de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) coinciden en el incumplimiento de funciones de tres autoridades:

Este Diario intentó contactar a asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La fiscalización: ¿una "utopía" en el actual Legislativo?

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Blasco Luna asegura que no hay duda sobre las responsabilidades políticas. "Vemos un claro incumplimiento de no haber entregado ni haber permitido que se pueda cumplir el fallo del juez. Es necesario que la Asamblea lleve adelante un proceso de fiscalización", comentó.

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Para Luna, el control político debe centrarse en la omisión del Ministerio del Trabajo y en el CPCCS, por haber dado continuidad al proceso de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para designar a un nuevo vocal y suplente, ignorando la situación jurídica de Villacís.

Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay (Pachakutik) coincide en señalar a Burbano y Fantoni. No obstante, recalca que, aunque la Asamblea debería actuar con independencia y oportunidad, el oficialismo representa el principal obstáculo.

"Lamentablemente, en la Asamblea no se puede llevar adelante ningún proceso de fiscalización porque están protegiendo a su circulo y no se ha permitido avanzar nada, como (los casos de) Progen, ATM y otros. La fiscalización es una utopía aquí porque no hay condiciones por el control absoluto del oficialismo", dice la asambleísta.

En esa misma línea, Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano, sostiene que los juicios políticos difícilmente superarán los filtros controlados por el Gobierno.

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"El gran problema que tenemos en la Asamblea es que si se presenta un juicio político ni siquiera le dan paso en el CAL (Consejo de Administración Legislativa), que no tiene facultades para tirar abajo un juicio político, pero ellos han inaugurado un mecanismo jurídico inexistente: no calificar y ahí queda el juicio", comentó y acota que otros puntos críticos con la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea, donde el ADN tiene mayoría.

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Consecuencias penales vs. políticas

Además del ministro de Trabajo y el titular del CPCCS, el exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que el Parlamento debe exigir respuestas a Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura, por el desacato del fallo judicial. Peñafiel advierte que el control político corre por una vía paralela a la responsabilidad penal derivada del caso.

Finalmente, el constitucionalista Gonzalo Muñoz aclara que un eventual juicio político no interfiere con las investigaciones penales o procesos ordinarios que se desprendan de la situación de Villacís, pues poseen naturalezas jurídicas distintas.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores de siete autoridades, pero rechazó el del extitular de la Judicatura, Mario Godoy, tras detectar graves fallas en su gestión.
• La decisión se da luego de su censura en juicio político y en medio de cuestionamientos por presuntas presiones en la justicia.

La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores 2025 de siete autoridades de entidades del Estado. Además, en la sesión del 8 de abril de 2026, el Pleno acogió la recomendación de la Comisión de Justicia de no aprobar el informe presentado por el expresidente de la Judicatura, Mario Godoy.

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La sesión transcurrió entre las exposiciones de los asambleístas del oficialismo, quienes se refirieron a lo resuelto en sus mesas sobre los informes anuales del procurador general, defensor público, fiscal general, Función de Transparencia, contralor, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del expresidente de la Judicatura.

No hubo mayor debate. Tras la intervención de cada representante de las distintas comisiones, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, y luego el titular de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), cerraban la discusión y daban paso a la votación.

El informe sobre la gestión de Godoy

Mario Godoy presentó su informe en la Asamblea el 15 de enero de 2026, apenas 10 días después de comparecer en el Pleno por su vinculación en una denuncia sobre presunta injerencia en decisiones judiciales.

El caso tenía relación con el exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien habló de presiones en el caso Euro 2024 por parte de Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy.

El caso escaló en la Asamblea hasta derivar en el juicio político con el que se censuró y destituyó a Godoy. A partir de esa decisión, el Legislativo tomó una definición sobre su gestión al frente de la Judicatura.

En el informe aprobado en la Comisión de Justicia se señalaron serias deficiencias en la gestión de Godoy. Por ejemplo, se indicó que no había respondido de forma objetiva a las interrogantes planteadas por la mesa.

También se incluyeron observaciones por la falta de priorización en los temas urgentes del sistema judicial y por falencias en la gestión. Por ejemplo, una causa podía tardar más de siete años en llegar a una resolución.

El oficialista Keevin Gallardo fue el encargado de presentar el informe ante el Pleno del Legislativo. “¿Saben cuánto demora una tramitación y cuánto le cuesta a un ecuatoriano presentar una demanda ante las cortes contenciosas administrativas, desde el inicio de la presentación hasta una resolución judicial? Entre 7,5 y 7,7 años”, dijo el legislador.

Al final, con 139 votos a favor —entre ellos del oficialismo y de la Revolución Ciudadana—, se aprobó la moción para no dar paso al informe presentado por Godoy sobre su gestión en la Judicatura.

La no aprobación del informe de labores podría acarrear una causal para el inicio de un juicio político. Sin embargo, dado que Godoy ya atravesó ese proceso y fue censurado, la comisión incluyó únicamente recomendaciones dirigidas a la Judicatura.

• Jorge Yunda tiene 60 años, fue alcalde de la capital entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021, durante dos años y cuatro meses.  
• Yunda, dueño de radios como Canela, enfrentó un proceso judicial por la supuesta compra de pruebas para detectar COVID-19. Esos cuestionamientos hicieron que no complete su período.
• En septiembre del 2025 fue absuelto de los cargos en su contra, según resalta. Por eso dice que quiere completar el proyecto que tenía para la ciudad.

El exburgomaestre de Quito, Jorge Yunda, otra vez está en la carrera por la Alcaldía porque según dice, "su proyecto de ciudad quedó trunco", tras gobernar entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. En ese marco, como precandidato, confirma que ha mantenido diálogos con Centro Democrático para terciar por esa organización.

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En entrevista con EXPRESO, Yunda señaló: “(Centro Democrático) es una agrupación política en la cual no se me ha exigido nada. Cuando hay condiciones o favores que pagar, sufre la ciudad. Tienen dirigentes que piensan en la ciudad y me han dado la libertad y así estamos conversando para ver cómo cumplimos con la ley para poder ser candidato de esa agrupación”.

Entonces, ¿es un hecho que Yunda iría con la camiseta de Centro Democrático? Respondió: "Hemos hablado pero depende de una serie de procesos, que comienzan con las primarias y con todo eso, voy a correr las primarias y espero salir siempre avante con esa decisión”.

Yunda asegura tener "capital político propio", por lo que llegará otra vez a la papeleta, sin ser militante de una agrupación. Negó tener un diálogo al respecto con el presidente Daniel Noboa, para correr por ADN, pese a que no se muestra crítico con su Gobierno.

La carrera política de Yunda

En febrero del 2017, con la popularidad que ganó como radiodifusor y como expresidente del club deportivo El Nacional, llegó a la Asamblea Nacional, con el auspicio del correísmo.    

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Entonces también actuó como un diplomático al referirse a la división entre correístas y quienes defendían a Lenín Moreno. Dijo que se sentía como hijo de padres divorciados.

Dejó esa curul y ganó la alcaldía con el respaldo del movimiento del exfiscal General del Estado, Washington Pesántez, Unión Ecuatoriana. No hizo carrera en ese movimiento.  

También en las pasadas elecciones buscó la reelección, para eso contó con el casillero de Pachakutik. Logró que cuatro de los ediles que promovió llegaran al Concejo Metropolitano: Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña, Joselyn Mayorga y Juan Báez. Aunque ellos se alinearon a la Revolución Ciudadana, de Pabel Muñoz. Jorge Yunda comentó que no siguieron su línea.

Lo que debes saber

• Ecuador y Colombia enfrentan tensión diplomática tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas. 
  
• La canciller Gabriela Sommerfeld presentó una nota de protesta por injerencia en asuntos internos. 
• El Gobierno ecuatoriano prioriza seguridad fronteriza y narcotráfico mientras el diálogo bilateral queda suspendido.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó este 8 de abril una tensión diplomática con Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso de Jorge Glas. La funcionaria explicó que el Gobierno ecuatoriano envió una nota de protesta formal. El pronunciamiento se dio durante una entrevista en Radio Centro, donde detalló la postura oficial. El eje central del conflicto gira entre soberanía, seguridad y respeto institucional.

Sommerfeld enfatizó que la relación bilateral sigue siendo relevante, pero condicionada por temas críticos. “Colombia es un país vecino, es una relación vecinal importante”, afirmó, aunque dejó claro que existen prioridades urgentes. La canciller recalcó que Ecuador no dejará de expresar sus intereses. Entre ellos, destacó la crisis de seguridad vinculada al narcotráfico en la frontera norte.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que el incremento de violencia está directamente ligado a dinámicas provenientes de territorio colombiano. “Tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa del narcotráfico”, señaló. Según explicó, el uso de puertos ecuatorianos por redes criminales intensifica el problema. Esta situación ha convertido la seguridad en el principal punto de diálogo bilateral.

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Seguridad Ecuador Colombia: eje de la tensión bilateral

La canciller indicó que Ecuador exige mayor control fronterizo y reducción de cultivos ilícitos en Colombia. Argumentó que existe una correlación entre el aumento de cultivos y la violencia en Ecuador. “Desde el año 2020 son directamente proporcionales”, aseguró. Citó datos de organismos internacionales y estadísticas nacionales para respaldar esta relación.

A pesar de la tensión, Sommerfeld reconoció avances en el diálogo entre ambos países. Se han desarrollado reuniones en Quito y encuentros virtuales entre autoridades. Incluso, se había planificado una nueva agenda de mesas técnicas en seguridad, energía y comercio. Sin embargo, estas conversaciones fueron suspendidas recientemente.

El detonante inmediato fue la declaración de Petro sobre Jorge Glas, a quien calificó como “preso político”. Ecuador reaccionó con firmeza. “El Ecuador está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad”, afirmó la canciller. Subrayó que el caso Glas corresponde exclusivamente al sistema judicial ecuatoriano.

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Nota de protesta a Petro: Ecuador defiende su soberanía

La Cancillería ecuatoriana rechazó lo que considera una injerencia en asuntos internos. Sommerfeld fue enfática al señalar que Colombia no debe pronunciarse sobre decisiones judiciales ecuatorianas. “No es un tema político”, insistió sobre el caso Glas. Además, cuestionó que se busque involucrar a organismos internacionales.

Ecuador también pidió que cesen las referencias públicas de Petro sobre el país. La canciller indicó que estas declaraciones desvían la atención de los problemas reales. “Concentremos los esfuerzos en lo que realmente es de interés común”, dijo. Reiteró que la seguridad debe ser la prioridad compartida.

En paralelo, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajadora en Colombia. Esta medida busca reforzar la protesta diplomática. Sommerfeld calificó las declaraciones como una provocación. “Evidentemente aquí hay una provocación”, afirmó durante la entrevista.

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Relación con Estados Unidos y estrategia regional de seguridad

En medio de la tensión con Colombia, Ecuador fortalece su relación con Estados Unidos. La canciller destacó beneficios en comercio, seguridad y cooperación internacional. Señaló que el incremento de exportaciones ha generado empleo. Además, resaltó acuerdos que buscan mejorar capacidades institucionales.

Sommerfeld explicó que Ecuador forma parte de una estrategia regional contra el narcotráfico. “Se ha armado un escudo de las Américas”, indicó. Esta coalición incluye cooperación en inteligencia, justicia y control financiero. También involucra a otros actores como Reino Unido y la Unión Europea.

La canciller sostuvo que el país enfrenta un conflicto contra el crimen organizado transnacional. Por ello, considera clave el apoyo internacional. “No es ayuda, es fortalecimiento institucional”, aclaró. El objetivo es mejorar la capacidad del Estado frente a amenazas complejas.

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Comunidad Andina y desafíos regionales de seguridad

En el ámbito regional, Sommerfeld destacó el rol de la Comunidad Andina. Recordó que en 2024 se estableció un plan de acción conjunto tras la declaración de conflicto interno en Ecuador. Este incluye 14 objetivos vinculantes en temas como narcotráfico y control fronterizo. Sin embargo, advirtió que la implementación sigue siendo un reto.

“La voluntad política es clave”, señaló la canciller. Explicó que los acuerdos existen, pero requieren ejecución efectiva. La falta de avances en seguridad está frenando otros procesos de integración. Entre ellos, comercio y conectividad regional.

Finalmente, Sommerfeld aseguró que Ecuador mantendrá su postura firme pero abierta al diálogo. Reiteró que el país está dispuesto a cooperar con cualquier gobierno en la región. “Esperamos trabajar con quien sea el mandatario”, dijo. La condición, insistió, será enfrentar juntos las amenazas comunes.

Lo que debes de saber

• El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció la renuncia presentada por Alexandra Villacía, exvocal del Consejo de la Judicatura. 
  
• La mayoría de vocales, salvo una, votó a favor de la moción de conocer la renuncia y notificarla a otras instituciones del Estado. 
• Alexandra Villacís renunció a su cargo tras varios intentos de ejercerlo, incluso de un fallo judicial que levantó el supuesto impedimento para ejercer cargo público. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó hoy, 8 de abril del 2026, para conocer, entre otros puntos del orden del día, la renuncia presentada por Alexandra Villacís, exvocal suplente del Consejo de la Judicatura. El presidente Andrés Fantoni elevó a moción el proyecto de resolución en el que se conoce la renuncia de Villacís y se notifica esta al Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y demás instituciones. 

Te invitamos a leer: ¿Qué hay tras la renuncia de Alexandra Villacís en la Judicatura? Voces alertan crisis institucional

La moción fue aprobada con el voto favorable de Fantoni y de los vocales Nicole Bonifaz, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero y Johanna Verdezoto. La consejera Piedad Cuarán fue el único voto en contra. 

Argumentó que la decisión de Villacís responde a una vulneración del principio de seguridad jurídica en el país, pese a que su renuncia es un derecho suyo. También ratificó su desacuerdo en la unificación del proceso de selección del vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

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La decisión de Villacís de renunciar al cargo

La exvocal Alexandra Villacís presentó este 7 de abril del 2026 su renuncia tras meses de intentar asumir el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y de presidenta del mismo organismo. Tras la destitución y censura de Mario Godoy como titular de dicho organismo por parte de la Asamblea Nacional, Villacís, en calidad de suplente de Godoy, debía asumir el cargo y por ende la Presidencia. No obstante, una supuesta inhabilidad para ejercer cargo público por una presunta deuda tributaria le impidió asumir su espacio en el Consejo.

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Piden que CPCCS informe si acatará fallo del caso Villacís

Villacís presentó un recurso constitucional de habeas data, el cual fue concedido por la jueza Viviana Pila. Este ordenaba al Ministerio del Trabajo levantar el impedimento legal que obstaculizaba el ejercicio del cargo de Villacís. Sin embargo, el ministro Harold Burbano se negó a cumplir el fallo de autoridad competente aduciendo falta de claridad y que la sentencia es inejecutable. 

Tras varios días de espera y de inobservancias por parte del Ministerio de Trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Nacional de Justicia, la ahora exvocal decidió renunciar al cargo. 

El argumento de Villacís que justifica su renuncia

En un comunicado, la exconsejera Villacís resumió su pelea legal por asumir el cargo en la Judicatura y concluyó que "las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito". En una entrevista con el programa radial Primera Plana, Villacís precisó que si bien renuncia al cargo eso no quiere decir que desista de su pelea legal. No descarta llevar su caso a instancias internacionales.

Lo qué debes saber

• El CNE anunció el inicio del proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye. 
• El calendario electoral fue aprobado con el adelanto de las votaciones para el 29 de noviembre. 

El partido político Unidad Popular (UP) denunció un presunto “escenario dictatorial” que estaría orquestado por el Gobierno Nacional con miras al proceso electoral del próximo 29 de noviembre.

Dirigentes azuayos de UP simularon lo que sería una papeleta de votación para la elección de alcaldes, prefectos, concejales y presidentes parroquiales bajo el contexto de pretención de suspender a diferentes organizaciones políticas del Concejo Nacional Electoral y el adelanto del día de las votaciones.

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Hay que recordar que el CNE aprobó la cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye, el pasado 26 de marzo de 2026, enmarcado en la supuesta reducción del número de adherentes permanentes. Ambas organizaciones disponen de 10 días -desde la aprobación del informe en el CNE- para mostrar sus pruebas de descargo y evitar lo dispuesto.

¿Qué dicen los dirigentes azuayos?

Luis Valarezo, dirigente de UP en Azuay, afirmó que la organización política observa “una clara violación al derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos”, al considerar que existirían restricciones que limitarían la participación de distintas fuerzas políticas.

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El dirigente criticó al movimiento oficialista y señaló que existiría “temor de enfrentarse en las urnas a las fuerzas de izquierda” tras los reveces que sufrieron en contiendas electorales como las dos consultas populares impulsadas por el presidente Daniel Noboa. “Estamos viviendo un escenario dictatorial. El Gobierno pretende desaparecer organizaciones políticas, no solo Unidad Popular, y también persigue a los alcaldes y los luchadores sociales”, dijo Valarezo.

¿Unidad Popular participará en las elecciones?

Sobre la situación jurídica de Unidad Popular, el dirigente recordó que en 2020 el CNE aprobó la fusión entre el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Unidad Popular (UP) reconociendo más de 200.000 afiliados a escala nacional. “Hoy pretenden desconocerlas sin un sustento”, dijo Valarezo.

Sebastián Cevallos, subdirector de UP en Azuay, descartó que su organización política o cualquier otra sea candelada -en el marco de lo que será la convocatoria a elecciones - por lo que establece el artículo 327 del Código de la Democracia sobre el plazo de 120 días previos a una convocatoria electoral para acciones de suspensión o cancelación de partidos políticos.

Según el calendario electoral, aprobado por el pleno del CNE, establece que el 1 de agosto próximo será la convocatoria a elecciones, lo que establece que el organismo tuvo hasta el 3 de abril para cancelar a cualquier organización política.

En este marco, el dirigente aprovechó para enviar un mensaje a la presidenta del CNE “ya no va a poder eliminar a ninguna organización política y nos veremos el 29 de noviembre señora Atamaint” y advirtió que existiría la intención (del presidente Daniel Noboa) de atacar a los movimientos políticos locales de Cuenca . “En Cuenca, con la democracia no se juega”, dijo.

Lo que debes saber

• Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una posible injerencia estatal en Ecuador tras la anulación de la directiva de la FENOCIN. Denuncian irregularidades, falta de garantías legales y advierten un preocupante retroceso democrático que podría afectar la libertad de asociación en el país.

Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre presunta injerencia estatal en Ecuador tras la denuncia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN), por la anulación del registro de su nueva directiva nacional. El hecho, según el comunicado, estaría vinculado a decisiones administrativas que afectarían la legalidad del proceso interno de la organización. La situación ha encendido alarmas por su impacto en derechos fundamentales. La preocupación apunta directamente a la libertad de asociación y al debido proceso.

El pronunciamiento advierte que la directiva fue presuntamente elegida conforme a las normas internas de la organización, lo que genera cuestionamientos sobre la validez de la intervención estatal. Desde esta perspectiva, la medida podría representar un precedente negativo para otras organizaciones sociales en el país. La denuncia también subraya riesgos en la seguridad jurídica de los actores colectivos. Esto se suma a un contexto que ya genera inquietud entre defensores de derechos humanos.

Además, el comunicado sostiene que cualquier decisión administrativa que afecte derechos debe cumplir con principios básicos como legalidad, motivación y proporcionalidad. Sin embargo, según lo denunciado públicamente, estas garantías no habrían sido respetadas en este caso. La falta de cumplimiento de estos estándares es considerada especialmente alarmante. El escenario abre un debate sobre el respeto a normas constitucionales en Ecuador.

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Injerencia estatal en Ecuador y cuestionamientos legales

Las organizaciones firmantes remarcan que el derecho a la defensa también habría sido vulnerado en el proceso. Este aspecto es clave en cualquier procedimiento administrativo que tenga consecuencias sobre derechos colectivos. La ausencia de garantías refuerza la percepción de irregularidades en la decisión. La situación ha generado una reacción inmediata en el ámbito de derechos humanos.

En esa línea, Gina Romero, relatora de la ONU, advirtió que Ecuador “sigue avanzando en una deriva autoritaria que debe detenerse”. La declaración también enfatiza que “es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”. Estas afirmaciones reflejan la gravedad con la que se percibe el caso en el entorno internacional. La alerta incluye posibles restricciones indebidas al espacio cívico.

El señalamiento no solo se centra en el caso puntual, sino en un patrón que podría afectar la participación social. Las organizaciones advierten que este tipo de decisiones pueden limitar la acción de colectivos y movimientos. El impacto trasciende a una sola institución y se proyecta sobre el sistema democrático. La preocupación crece ante posibles nuevas medidas similares.

Retroceso democrático y alertas sobre derechos humanos

El comunicado también insiste en que el principio de legalidad debe ser respetado en todas las decisiones administrativas. Esto implica que cualquier resolución debe estar debidamente fundamentada y justificada. La proporcionalidad es otro elemento clave que, según lo denunciado, no se habría cumplido. Estas condiciones son esenciales para garantizar un proceso justo.

Asimismo, se recalca la necesidad de respetar el derecho a la defensa en todo momento. La ausencia de este principio debilita la legitimidad de cualquier acción estatal. Las organizaciones consideran que esto agrava la situación denunciada. El caso se convierte así en un punto crítico para evaluar el estado de derecho en el país.

Frente a este escenario, se ha hecho un llamado urgente a revisar la decisión de manera transparente. Las organizaciones piden que se garantice el respeto pleno a las normas constitucionales. También exigen alinearse con estándares internacionales de derechos humanos. La revisión es vista como una medida necesaria para restablecer la confianza institucional.

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Llamado urgente y acciones internacionales

El pronunciamiento finaliza con un respaldo a las acciones legales anunciadas por la organización afectada. También se reconoce su derecho a acudir a instancias internacionales si fuera necesario. Este paso podría escalar el caso a organismos de supervisión global. La comunidad internacional se mantiene atenta al desarrollo de los hechos.

Además, se reafirma el derecho a la movilización pacífica como una herramienta legítima de defensa. Las organizaciones consideran que este tipo de acciones forman parte del ejercicio democrático. La situación actual podría motivar nuevas expresiones sociales. El conflicto, por ahora, sigue en evolución.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa plantea abrir Ecuador a una posible cooperación militar con EE.UU., aclarando que no se trataría de una invasión sino de un apoyo.
  
• El mandatario aseguró que Washington está dispuesto a colaborar sin imponer condiciones a la alianza.
  
• Aunque destacó una reducción del 38% en homicidios en zonas fronterizas, Noboa advirtió que la amenaza persiste

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó en una entrevista en Bloomberg que recibiría con agrado la presencia de tropas estadounidenses en el país para enfrentar la crisis de seguridad, siempre que estas se alineen con las directrices de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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“No se trata de una invasión, no es un intruso que viene a nuestro país. Es colaboración internacional contra el crimen”, señaló Noboa en una entrevista con Annmarie Hordern de Bloomberg.

El mandatario aseguró que Washington ha mostrado disposición para cooperar en materia de seguridad. “Están dispuestos a colaborar. No se trata de seguir órdenes, se trata de colaborar”, enfatizó.

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La colaboración podría concretarse en el 2026

Consultado sobre si esta cooperación podría concretarse en 2026, Noboa respondió que lo considera posible y necesario. “Creo que podría suceder este año. Sería importante”, dijo.

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El presidente destacó además que, según cifras oficiales, los homicidios en zonas fronterizas se han reducido en un 38%, lo que ha generado una “sensación general de paz” en el país. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe seguir presionando para eliminar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

La vocera de la Casa Blanca explicó que los países convocados al Escudo de las Américas son considerados los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos. Esta coalición promoverá la libertad, seguridad y prosperidad regional. Ecuador, específicamente, colaborará en planes para frenar el avance de pandillas, cárteles criminales y el flujo de inmigración ilegal masiva.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• El juez Patricio Maldonado del TCE negó el recurso del PSC y validó el cambio de fecha de las elecciones.
  
• La sentencia confirma que la posesión de autoridades locales se mantiene para el 14 de mayo de 2027.
• El sufragio se adelanta al 29 de noviembre de 2026 para evitar riesgos climáticos por El Niño.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.

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La decisión del CNE es legal y fundamentada

De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.

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Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.

Cambio de fecha no altera periodos ni funciones

El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:

"Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027", señala la sentencia del juez Maldonado.

Juez dice que el CNE es "garante" de la democracia

En ese sentido, el magistrado concluyó que "el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional".

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El origen del conflicto y procesos pendientes

El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.

Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

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El conflicto jurisdiccional y normativo que denuncia Yasunidos

Esta medida administrativa, alega el colectivo, afecta directamente a la estructura que impulsó y defendió la consulta popular del Yasuní durante una década. Ante la emisión de la resolución, la agrupación reclama que la acción representa un acto de persecución política y establece un precedente gravísimo para la democracia y el derecho a la participación social en el país.

Yasunidos detalla en su defensa técnica que no operan jurídicamente como un partido político, sino bajo la figura de un colectivo ciudadano. Bajo ese contexto legal, reclaman que las autoridades electorales pretenden sancionarlos aplicando normas que fueron diseñadas de forma exclusiva para organizaciones políticas, valiéndose de interpretaciones forzadas y desproporcionadas.

"Aquí no se sanciona una infracción real. Se castiga la participación. Se castiga a quienes defendieron la naturaleza y enfrentaron los obstáculos del propio Estado", especifica el pronunciamiento oficial de la organización.

Acción extraordinaria ante la Corte Constitucional

Como respuesta legal a la decisión arbitral del tribunal, la organización anunció que ejecutará de forma inmediata una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Este recurso tiene como objetivo defender los derechos vulnerados de sus miembros y blindar el derecho de la población a participar activamente sin temor a represalias burocráticas.

Finalmente, mientras el aparato electoral ejecuta estas sanciones administrativas, los voceros de Yasunidos cuestionan que la decisión ciudadana votada en 2023 para frenar la explotación del Yasuní continúa sin cumplirse por parte del Estado.

Lo que debe saber

• Rechazo: Ecuador sostiene que las declaraciones de Gustavo Petro violan el principio de no intervención, al calificar como "preso político" a Jorge Glas.
  
• Crisis diplomática: El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota formal de protesta a su par de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el mandatario colombiano tildó nuevamente de "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas. Como respuesta ante esta fricción diplomática, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador Arturo Félix Wong, quien retornará al país entre este miércoles y jueves.

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Rechazo a la injerencia extranjera

El documento oficial del Ministerio califica de "falsas" las afirmaciones de Petro y sostiene que estas solo deterioran las relaciones bilaterales. Según el texto, cualquier intento de deslegitimar las sentencias judiciales desde el exterior vulnera el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. La diplomacia ecuatoriana enfatiza que el sistema judicial del país actúa con independencia y bajo el rigor de la Constitución.

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Petro dice que Glas es preso político y colombiano

Petro afirmó de manera tajante: "Es indudable que Jorge Glas es un preso político". El mandatario colombiano sostuvo que en América no deben existir personas detenidas por sus convicciones ideológicas y pidió directamente su liberación o entrega, alegando que el exvicepresidente es víctima de una persecución.

Petro El mandatario también expresó una "profunda preocupación" por la integridad física de Glas. Aseguró que el exvicepresidente sufre de problemas de nutrición y pérdida severa de peso (mencionando una baja de 14 kilos) debido a que, según su visión, el Estado ecuatoriano no le garantiza una alimentación adecuada, lo que pondría su vida en riesgo

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Situación legal de Jorge Glas

La Cancillería aclara en su misiva que el ciudadano en mención no posee la condición de perseguido político. Por el contrario, la institución recuerda que Glas cuenta con sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y encara procesos adicionales por peculado. Ecuador insiste en que las decisiones las adoptaron autoridades competentes dentro de un Estado de Derecho, por lo cual exige el cese de opiniones que afecten su soberanía nacional.

Abandono de la frontera común

La nota de protesta también incluye un reclamo sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ecuador condena la supuesta falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta situación, de acuerdo con el Ministerio, facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas. El Gobierno ecuatoriano demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza en lugar de interferir en las decisiones de la justicia interna.

Cruce diplomático de Ecuador y Colombia este 7 de abril

• Relaciones Exteriores invocó la Carta de la OEA para denunciar intromisión en asuntos internos
• El Estado ecuatoriano reclamó el abandono de la vigilancia en la frontera por parte de Bogotá
• La nota diplomática responde a las afirmaciones de Petro sobre el estado de salud de Jorge Glas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió este 7 de abril de 2026 una nota dirigida al Gobierno de Colombia. El documento formaliza un rechazo enérgico a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y cuestiona la falta de seguridad en la zona de frontera común.

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La queja de la Cancillería

La Cancillería ecuatoriana argumentó que las expresiones del mandatario colombiano constituyen una violación al artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicha norma prohíbe a los Estados intervenir en los asuntos internos de otros países.

En la misiva, el Ejecutivo local también señaló que la falta de control fronterizo por parte de las autoridades colombianas permite el tránsito de grupos criminales que afectan la paz en territorio ecuatoriano. La protesta diplomática exige respeto a la soberanía nacional y al principio de no intervención.

El origen del cruce diplomático

La tensión escaló luego de que Gustavo Petro afirmara en sus canales oficiales que el exvicepresidente Jorge Glas es un “preso político” y “ciudadano colombiano”. El mandatario del país vecino solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, alegando que Glas sufre de una "severa desnutrición" en el centro penitenciario donde cumple sus condenas.

Petro incluso reveló haber pedido directamente la liberación o entrega del exfuncionario durante una reunión previa en las Islas Galápagos, solicitud que no fue aceptada por las autoridades locales.

La postura de Noboa

Durante la mañana de este martes, el presidente Daniel Noboa ya había adelantado el rechazo del Gobierno a la narrativa de persecución. El jefe de Estado defendió la independencia de la función judicial y recordó que sobre Glas pesan sentencias ejecutoriadas por delitos comunes que afectaron el erario público.

Según la administración de Noboa, el exvicepresidente debe responder por los siguientes procesos:

"En la cárcel no hay presos políticos, hay corruptos que deben responder al Ecuador", enfatizó el mandatario al cierre de su declaración previa.

Cese al fuego en Medio Oriente

• Israel suspende sus operaciones en Líbano como parte de la tregua regional.
  
  La Casa Blanca contempla llevar a cabo negociaciones presenciales con Irán.
  
  Teherán exige mantener su enriquecimiento de uranio y el control de Ormuz.

Este 7 de abril, Estados Unidos, Israel e Irán iniciaron un cese al fuego inmediato por un lapso de 14 días que suspende las operaciones militares en Medio Oriente, incluyendo el territorio del Líbano. El acuerdo temporal, concretado mediante la mediación de Pakistán, abre la puerta a negociaciones directas mientras las partes evalúan las condiciones para establecer un tratado de paz definitivo.

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El alcance de la tregua militar y el rol de Israel

La confirmación de la Casa Blanca sobre la adhesión de Israel al alto el fuego amplía el impacto de esta medida temporal a todo el mapa del conflicto. Un funcionario estadounidense indicó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que el gobierno israelí aceptó detener sus incursiones armadas durante este periodo de conversaciones.

El primer ministro pakistaní y mediador clave, Shehbaz Sharif, detalló que la suspensión de ataques acordada con Estados Unidos y sus aliados aplica "en todas partes", lo que paraliza de forma inmediata la ofensiva israelí contra el movimiento armado Hezbolá en Líbano.

Diálogos presenciales y respaldo internacional

Mientras los bombardeos se detienen, los canales diplomáticos organizan los siguientes pasos. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que la administración estadounidense contempla llevar a cabo "negociaciones en persona" con delegaciones de Teherán. Leavitt aclaró que las discusiones logísticas están en marcha, pero que todo dependerá del anuncio oficial del presidente Donald Trump.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak —territorio que ha sufrido los coletazos bélicos de la región— emitió un comunicado en el que saluda el acuerdo de dos semanas. Bagdad instó a los países involucrados a sostener un "diálogo serio y sostenible" que evite el resurgimiento de los enfrentamientos.

Las 10 exigencias de Irán para la paz definitiva

En paralelo a los anuncios en Washington, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán hizo público el documento con sus exigencias formales. Según medios estatales como la agencia Mehr y la televisión iraní, el plan presentado a Estados Unidos exige un principio de no agresión y la aceptación explícita de la continuidad del programa de enriquecimiento de uranio.

El documento de diez puntos que Teherán establece como condición innegociable para declarar el fin formal de la guerra incluye:

Lo que debes saber

• La propuesta busca incorporar educación financiera en el sistema educativo, pero enfrenta críticas por duplicidad normativa y falta de recursos.
• La Asamblea suspendió la votación de la Ley de Educación Financiera y devolvió el proyecto a comisión tras varias observaciones.

La Ley de Educación Financiera regresó a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Este 7 de abril de 2026, el proyecto, que enfrentó el segundo debate, no llegó a votación tras varias observaciones durante la sesión del Pleno.

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La normativa plantea que el Ministerio de Educación y la entidad que ejerza la rectoría de la política pública de educación superior elaboren y actualicen la estrategia de educación financiera para el sistema educativo a escala nacional.

Para ello, se prevé la colaboración del ente rector de la Política y Regulación Financiera y Monetaria. Además, se coordinará la elaboración de contenidos de educación financiera entre las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y otras entidades del Sistema Financiero Nacional.

Voces en contra de la propuesta

Las críticas a la normativa surgieron desde asambleístas del correísmo y también de independientes. Por ejemplo, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana María Raffo, sostuvo que no era necesaria una nueva ley, sino que se debía aplicar la normativa secundaria ya vigente sobre educación financiera.

En esa línea, Raffo sugirió que el documento regrese a la Comisión de Educación y que se plantee su archivo.

El también correísta Comps Córdova calificó la iniciativa como preocupante y señaló que se intenta educar al ciudadano sobre el sobreendeudamiento sin antes frenar el abuso del sistema financiero y las altas tasas de interés.

Asimismo, la independiente Elizabeth Orellana, aunque respaldó la propuesta, advirtió que el mayor riesgo es que la ley se convierta únicamente en una carga burocrática adicional para el Ministerio de Educación. Cuestionó que existan los recursos necesarios para su aplicación real en comunidades rurales e indígenas.

¿Qué pasará ahora?

Tras el debate en el Pleno, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar (exPachakutik), pidió que, con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se suspenda el punto del orden del día para que el documento regrese a la mesa que preside.

Con esto se abre un plazo de ocho días para que la comisión incorpore los cambios sugeridos. Luego de ese periodo, la normativa volvería al Pleno para su votación definitiva. El oficialismo necesita 77 votos para aprobar la iniciativa.

Durante la jornada, dirigentes del movimiento calificaron la decisión como arbitraria y anunciaron que emprenderán acciones legales para frenar su eliminación del registro electoral, además de convocar a nuevas movilizaciones a nivel nacional.

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Claves del nuevo cese al fuego

• Washington detiene la ofensiva militar por dos semanas tras mediación de Pakistán.
• Teherán remitió un plan de diez puntos que la Casa Blanca considera viable.
• La reapertura segura del estrecho de Ormuz condiciona el acuerdo definitivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes 7 de abril de 2026 suspender la ofensiva militar contra Irán por un lapso de 14 días. La decisión responde a una petición formal de Pakistán y a la recepción de un documento estratégico enviado por Teherán para destrabar el conflicto en Medio Oriente.

Intervención diplomática y cese de operaciones

El freno a las hostilidades se concreta el mismo día en que vencía el ultimátum fijado por Washington. En un comunicado oficial, el mandatario norteamericano detalló que la pausa bélica fue solicitada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir. Esta tregua bilateral está condicionada a que la administración de Masud Pezeshkian garantice la apertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz para la circulación comercial global.

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Previo a este anuncio, las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron bombardeos convencionales sobre la isla de Jarg, punto central de la exportación de crudo iraní, y destruyeron un puente ferroviario en la provincia de Isfahán, lo que dejó dos víctimas mortales. La administración estadounidense descartó el uso de armamento nuclear durante estas incursiones tácticas.

Documento base en la mesa de diálogo

La suspensión de la fuerza destructiva permite a ambas naciones analizar la propuesta remitida por el Gobierno iraní. Trump aseguró que el plan de diez puntos representa una base operativa de negociación para alcanzar un tratado de paz a largo plazo en la región. Según la comunicación de la Presidencia estadounidense, la mayor parte de los puntos de contención previos ya encontraron un consenso, por lo que este periodo servirá para consumar la resolución final.

Mientras se instala la fase de diálogo, en ciudades como Teherán persisten las movilizaciones civiles. Ante la amenaza inicial de ataques a la infraestructura estratégica, millones de ciudadanos formaron cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas, como la planta de Damavand, para evitar la interrupción de los servicios básicos.

Lo que debes saber

• El cambio de domicilio electoral se podrá realizar solo del 8 al 17 de abril de 2026.
• El trámite es gratuito y permite votar en un recinto cercano a la residencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará los cambios de domicilio electoral desde este 8 de abril de 2026. El plazo se extenderá hasta el 17 del mismo mes para quienes deseen sufragar cerca de su residencia en los comicios seccionales de noviembre próximo.

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“Del 8 al 17 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará la Campaña de Cambios de Domicilio Electoral, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto cerca de su lugar de residencia en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027”, señaló la entidad en un comunicado.

¿Qué es el domicilio electoral?

En cada elección, el CNE habilita recintos electorales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Estos se ubican en distintos puntos de los cantones. Con base en la dirección registrada del votante, se asigna una Junta Receptora del Voto a la que deberá acudir.

Si el domicilio electoral ha cambiado, existe la posibilidad de actualizarlo mediante un trámite que puede realizarse de forma presencial o virtual. “El trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en las delegaciones provinciales electorales y brigadas móviles a escala nacional, presentando la cédula de identidad”, informó el CNE.

Cabe recordar que, como parte de la organización de los comicios, el organismo despliega brigadas en puntos de alta concurrencia en distintas ciudades para facilitar el trámite. Estas estarán habilitadas hasta el 17 de abril de 2026.

Sobre el trámite virtual

“También está habilitado en línea a través del portal www.cne.gob.ec

y del aplicativo móvil ‘Cambio de Domicilio CNE’. En el exterior, el proceso se realiza de manera virtual o en las oficinas consulares”, señaló el organismo electoral.

El proceso digital se realiza en la página oficial del CNE y contempla los siguientes pasos:

El CNE recordó: “este trámite estará disponible únicamente del 8 al 17 de abril de 2026. De no realizarlo en este periodo, la ciudadanía deberá sufragar en su recinto electoral habitual”.

Lo que debes saber

• Policías ingresan sin orden a sede de Cedocut en Quito, denuncia su presidente Edwin Bedoya, el 8 de abril.
• Cedocut califica el operativo policial como amedrentamiento previo a plantón sindical convocado para este miércoles.
• Sindicatos denuncian violación a la libertad sindical y alertan a la OIT en medio de protestas laborales.

Edwin Bedoya, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) denunció este 8 de abril de 2026 que un grupo de policías ingresó "sin ninguna orden" a las oficinas de la sede de la organización, ubicada en Quito, en una operación que calificó como un "acto de amedrentamiento" y "hostigamiento estatal contra la dirigencia sindical".

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A través de un comunicado firmado por el dirigente, el gremio señaló que una vez que las cámaras de seguridad del edificio identificaron a los uniformados, los agentes "procedieron a interrogar sobre el paradero de Edwin Bedoya".

El ingreso de los policías se habría producido a las 10:30, según el registro de las videocámaras. Allí se observa que dos policías estaban detenidos en uno de los pasillos del edificio, cuando faltaban casi cinco horas para que se inicie el plantón que fue convocado este miércoles por la Cedocut y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) en los exteriores del Ministerio de Trabajo, en el norte de la capital.  

Según Bedoya, la "intrusión policial en locales sindicales sin orden judicial es una violación directa a la libertad sindical" y recordó que el Gobierno debe respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues el Ecuador es signatario de esos acuerdos.

Gremio habla de "escalada contra sindicatos"

Para el dirigente de los sindicatos, la operación policial "constituye una práctica de persecución política", que viola la Constitución y la Convención de Derechos Humanos, por lo que alertó a las confederaciones sindicales de las Américas e Internacional (CSA y CSI, respectivamente) "sobre esta escalada que contraviene las libertades del movimiento obrero".

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UNE anuncia movilizaciones por IVA al 15% en productos básicos: ¿cuándo serán?

La organización mencionó que el operativo se realizó cuando existe un estado de excepción vigente en el país, sin embargo, indicó que "no permitiremos que el miedo sea política de Estado" y responsabilizó al "Gobierno y al Ministerio del Interior por la integridad de Bedoya" y de otros miembros de la organización sindical.

Desde la Policía Nacional se informó que el ingreso de los agentes no se realizó como parte de algún operativo o investigación. Según la entidad, los uniformados acudieron a las oficinas para contactar con los dirigentes y coordinar la presencia policial que debía darse en el plantón de esta tarde.

Trabajadores cuestionan al Gobierno

La denuncia pública de la Cedocut se registra en un contexto en el que los gremios han criticado las políticas del régimen hacia los trabajadores, como el acuerdo que modifica la jornada laboral, cuya resolución fue demandada por supuesta inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

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El ajuste de la jornada laboral, las últimas leyes, así como la disposición del Servicio de Rentas Internas para cobrar IVA a ciertos productos, han sido cuestionados y serán los temas que tienen previsto rechazar en la próxima movilización del 1 de mayo, por el Día Internacional del Trabajador.

Las claves del caso

• Asamblea analiza fiscalizar a ministros y al CPCCS por incumplir fallo judicial a favor de Alexandra Villacís.
  
• Bancadas de oposición denuncian bloqueos del oficialismo para frenar procesos de control político.
• Jueza ordenó al Ministerio de Trabajo habilitar a Villacís, pero instituciones ignoran el dictamen.

La Asamblea Nacional de Ecuador pone la lupa sobre el Ministerio de Trabajo, el CPCCS y el Consejo de la Judicatura tras el incumplimiento de una sentencia judicial que frenó el ascenso de Villacís a la presidencia de la Judicatura. Pese a su renuncia, legisladores de diversas bancadas advierten que las responsabilidades políticas y penales siguen vigentes, mientras el oficialismo es señalado como el principal freno a la fiscalización.

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Incumplimiento de funciones: ¿quiénes están en la mira?

El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila aceptó una acción de habeas data planteada por Villacís. La magistrada ordenó al Ministerio del Trabajo corregir el registro de impedimento en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas. Asimismo, dispuso que el CPCCS se abstuviera de realizar acciones que vulneraran los derechos de la afectada. No obstante, las instituciones no han ejecutado los correctivos.

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La omisión institucional tras el fallo de la jueza Pila ha unificado criterios en la oposición legislativa. Representantes de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) coinciden en el incumplimiento de funciones de tres autoridades:

Este Diario intentó contactar a asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La fiscalización: ¿una "utopía" en el actual Legislativo?

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Blasco Luna asegura que no hay duda sobre las responsabilidades políticas. "Vemos un claro incumplimiento de no haber entregado ni haber permitido que se pueda cumplir el fallo del juez. Es necesario que la Asamblea lleve adelante un proceso de fiscalización", comentó.

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Para Luna, el control político debe centrarse en la omisión del Ministerio del Trabajo y en el CPCCS, por haber dado continuidad al proceso de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para designar a un nuevo vocal y suplente, ignorando la situación jurídica de Villacís.

Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay (Pachakutik) coincide en señalar a Burbano y Fantoni. No obstante, recalca que, aunque la Asamblea debería actuar con independencia y oportunidad, el oficialismo representa el principal obstáculo.

"Lamentablemente, en la Asamblea no se puede llevar adelante ningún proceso de fiscalización porque están protegiendo a su circulo y no se ha permitido avanzar nada, como (los casos de) Progen, ATM y otros. La fiscalización es una utopía aquí porque no hay condiciones por el control absoluto del oficialismo", dice la asambleísta.

En esa misma línea, Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano, sostiene que los juicios políticos difícilmente superarán los filtros controlados por el Gobierno.

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"El gran problema que tenemos en la Asamblea es que si se presenta un juicio político ni siquiera le dan paso en el CAL (Consejo de Administración Legislativa), que no tiene facultades para tirar abajo un juicio político, pero ellos han inaugurado un mecanismo jurídico inexistente: no calificar y ahí queda el juicio", comentó y acota que otros puntos críticos con la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea, donde el ADN tiene mayoría.

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Consecuencias penales vs. políticas

Además del ministro de Trabajo y el titular del CPCCS, el exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que el Parlamento debe exigir respuestas a Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura, por el desacato del fallo judicial. Peñafiel advierte que el control político corre por una vía paralela a la responsabilidad penal derivada del caso.

Finalmente, el constitucionalista Gonzalo Muñoz aclara que un eventual juicio político no interfiere con las investigaciones penales o procesos ordinarios que se desprendan de la situación de Villacís, pues poseen naturalezas jurídicas distintas.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores de siete autoridades, pero rechazó el del extitular de la Judicatura, Mario Godoy, tras detectar graves fallas en su gestión.
• La decisión se da luego de su censura en juicio político y en medio de cuestionamientos por presuntas presiones en la justicia.

La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores 2025 de siete autoridades de entidades del Estado. Además, en la sesión del 8 de abril de 2026, el Pleno acogió la recomendación de la Comisión de Justicia de no aprobar el informe presentado por el expresidente de la Judicatura, Mario Godoy.

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La sesión transcurrió entre las exposiciones de los asambleístas del oficialismo, quienes se refirieron a lo resuelto en sus mesas sobre los informes anuales del procurador general, defensor público, fiscal general, Función de Transparencia, contralor, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del expresidente de la Judicatura.

No hubo mayor debate. Tras la intervención de cada representante de las distintas comisiones, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, y luego el titular de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), cerraban la discusión y daban paso a la votación.

El informe sobre la gestión de Godoy

Mario Godoy presentó su informe en la Asamblea el 15 de enero de 2026, apenas 10 días después de comparecer en el Pleno por su vinculación en una denuncia sobre presunta injerencia en decisiones judiciales.

El caso tenía relación con el exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien habló de presiones en el caso Euro 2024 por parte de Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy.

El caso escaló en la Asamblea hasta derivar en el juicio político con el que se censuró y destituyó a Godoy. A partir de esa decisión, el Legislativo tomó una definición sobre su gestión al frente de la Judicatura.

En el informe aprobado en la Comisión de Justicia se señalaron serias deficiencias en la gestión de Godoy. Por ejemplo, se indicó que no había respondido de forma objetiva a las interrogantes planteadas por la mesa.

También se incluyeron observaciones por la falta de priorización en los temas urgentes del sistema judicial y por falencias en la gestión. Por ejemplo, una causa podía tardar más de siete años en llegar a una resolución.

El oficialista Keevin Gallardo fue el encargado de presentar el informe ante el Pleno del Legislativo. “¿Saben cuánto demora una tramitación y cuánto le cuesta a un ecuatoriano presentar una demanda ante las cortes contenciosas administrativas, desde el inicio de la presentación hasta una resolución judicial? Entre 7,5 y 7,7 años”, dijo el legislador.

Al final, con 139 votos a favor —entre ellos del oficialismo y de la Revolución Ciudadana—, se aprobó la moción para no dar paso al informe presentado por Godoy sobre su gestión en la Judicatura.

La no aprobación del informe de labores podría acarrear una causal para el inicio de un juicio político. Sin embargo, dado que Godoy ya atravesó ese proceso y fue censurado, la comisión incluyó únicamente recomendaciones dirigidas a la Judicatura.

Lo que debes de saber

• El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció la renuncia presentada por Alexandra Villacía, exvocal del Consejo de la Judicatura. 
  
• La mayoría de vocales, salvo una, votó a favor de la moción de conocer la renuncia y notificarla a otras instituciones del Estado. 
• Alexandra Villacís renunció a su cargo tras varios intentos de ejercerlo, incluso de un fallo judicial que levantó el supuesto impedimento para ejercer cargo público. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó hoy, 8 de abril del 2026, para conocer, entre otros puntos del orden del día, la renuncia presentada por Alexandra Villacís, exvocal suplente del Consejo de la Judicatura. El presidente Andrés Fantoni elevó a moción el proyecto de resolución en el que se conoce la renuncia de Villacís y se notifica esta al Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y demás instituciones. 

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La moción fue aprobada con el voto favorable de Fantoni y de los vocales Nicole Bonifaz, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero y Johanna Verdezoto. La consejera Piedad Cuarán fue el único voto en contra. 

Argumentó que la decisión de Villacís responde a una vulneración del principio de seguridad jurídica en el país, pese a que su renuncia es un derecho suyo. También ratificó su desacuerdo en la unificación del proceso de selección del vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

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La decisión de Villacís de renunciar al cargo

La exvocal Alexandra Villacís presentó este 7 de abril del 2026 su renuncia tras meses de intentar asumir el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y de presidenta del mismo organismo. Tras la destitución y censura de Mario Godoy como titular de dicho organismo por parte de la Asamblea Nacional, Villacís, en calidad de suplente de Godoy, debía asumir el cargo y por ende la Presidencia. No obstante, una supuesta inhabilidad para ejercer cargo público por una presunta deuda tributaria le impidió asumir su espacio en el Consejo.

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Villacís presentó un recurso constitucional de habeas data, el cual fue concedido por la jueza Viviana Pila. Este ordenaba al Ministerio del Trabajo levantar el impedimento legal que obstaculizaba el ejercicio del cargo de Villacís. Sin embargo, el ministro Harold Burbano se negó a cumplir el fallo de autoridad competente aduciendo falta de claridad y que la sentencia es inejecutable. 

Tras varios días de espera y de inobservancias por parte del Ministerio de Trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Nacional de Justicia, la ahora exvocal decidió renunciar al cargo. 

El argumento de Villacís que justifica su renuncia

En un comunicado, la exconsejera Villacís resumió su pelea legal por asumir el cargo en la Judicatura y concluyó que "las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito". En una entrevista con el programa radial Primera Plana, Villacís precisó que si bien renuncia al cargo eso no quiere decir que desista de su pelea legal. No descarta llevar su caso a instancias internacionales.

Lo que debes saber

• Contraloría guarda reserva: La entidad de control anunció acciones que aún están bajo reserva y sobre las cuales se tendrán que emitir los respectivo informes. 

La Contraloría anunció acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La entidad informó que en Pichincha y Guayas se concentra el mayor número de estos procesos.

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En un comunicado, la Contraloría señaló: “Actualmente se ejecutan 59 acciones de control en los GAD provinciales, municipales y entidades relacionadas del país”. De ese total de acciones, 12 corresponden a Pichincha y 12 a Guayas.

La entidad no detalló las acciones específicas que se ejecutan en cada GAD. Sin embargo, precisó que las indagaciones, en términos generales, abarcan operaciones administrativas y financieras; procesos de contratación de bienes, obras y servicios; así como gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

Además, el órgano de control indicó que también están bajo revisión la gestión del talento humano, las consultorías y la actualización de catastros. Esto ocurre en medio del proceso electoral en curso, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre de 2026 para elegir, entre otras autoridades, a prefectos y alcaldes.

Otras provincias en las que se ejecutan acciones

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.

Una Contraloría en el ojo del huracán

Según el ente de control, una vez que se aprueben los informes generales, “luego de cumplirse el debido proceso, serán públicas para la consulta de la ciudadanía”.

El ente de control informó sobre las acciones en los GAD en medio de la polémica por su actuación respecto a informes relacionados con jueces de la Corte Constitucional. 

La semana pasada, la entidad intentó deslindarse de la filtración de los informes sobre el análisis de las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Terán.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• El cambio de domicilio electoral se podrá realizar solo del 8 al 17 de abril de 2026.
• El trámite es gratuito y permite votar en un recinto cercano a la residencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará los cambios de domicilio electoral desde este 8 de abril de 2026. El plazo se extenderá hasta el 17 del mismo mes para quienes deseen sufragar cerca de su residencia en los comicios seccionales de noviembre próximo.

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“Del 8 al 17 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará la Campaña de Cambios de Domicilio Electoral, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto cerca de su lugar de residencia en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027”, señaló la entidad en un comunicado.

¿Qué es el domicilio electoral?

En cada elección, el CNE habilita recintos electorales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Estos se ubican en distintos puntos de los cantones. Con base en la dirección registrada del votante, se asigna una Junta Receptora del Voto a la que deberá acudir.

Si el domicilio electoral ha cambiado, existe la posibilidad de actualizarlo mediante un trámite que puede realizarse de forma presencial o virtual. “El trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en las delegaciones provinciales electorales y brigadas móviles a escala nacional, presentando la cédula de identidad”, informó el CNE.

Cabe recordar que, como parte de la organización de los comicios, el organismo despliega brigadas en puntos de alta concurrencia en distintas ciudades para facilitar el trámite. Estas estarán habilitadas hasta el 17 de abril de 2026.

Sobre el trámite virtual

“También está habilitado en línea a través del portal www.cne.gob.ec

y del aplicativo móvil ‘Cambio de Domicilio CNE’. En el exterior, el proceso se realiza de manera virtual o en las oficinas consulares”, señaló el organismo electoral.

El proceso digital se realiza en la página oficial del CNE y contempla los siguientes pasos:

El CNE recordó: “este trámite estará disponible únicamente del 8 al 17 de abril de 2026. De no realizarlo en este periodo, la ciudadanía deberá sufragar en su recinto electoral habitual”.

Lo que debe saber

• Rechazo: Ecuador sostiene que las declaraciones de Gustavo Petro violan el principio de no intervención, al calificar como "preso político" a Jorge Glas.
  
• Crisis diplomática: El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota formal de protesta a su par de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el mandatario colombiano tildó nuevamente de "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas. Como respuesta ante esta fricción diplomática, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador Arturo Félix Wong, quien retornará al país entre este miércoles y jueves.

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Rechazo a la injerencia extranjera

El documento oficial del Ministerio califica de "falsas" las afirmaciones de Petro y sostiene que estas solo deterioran las relaciones bilaterales. Según el texto, cualquier intento de deslegitimar las sentencias judiciales desde el exterior vulnera el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. La diplomacia ecuatoriana enfatiza que el sistema judicial del país actúa con independencia y bajo el rigor de la Constitución.

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Petro dice que Glas es preso político y colombiano

Petro afirmó de manera tajante: "Es indudable que Jorge Glas es un preso político". El mandatario colombiano sostuvo que en América no deben existir personas detenidas por sus convicciones ideológicas y pidió directamente su liberación o entrega, alegando que el exvicepresidente es víctima de una persecución.

Petro El mandatario también expresó una "profunda preocupación" por la integridad física de Glas. Aseguró que el exvicepresidente sufre de problemas de nutrición y pérdida severa de peso (mencionando una baja de 14 kilos) debido a que, según su visión, el Estado ecuatoriano no le garantiza una alimentación adecuada, lo que pondría su vida en riesgo

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La Cancillería aclara en su misiva que el ciudadano en mención no posee la condición de perseguido político. Por el contrario, la institución recuerda que Glas cuenta con sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y encara procesos adicionales por peculado. Ecuador insiste en que las decisiones las adoptaron autoridades competentes dentro de un Estado de Derecho, por lo cual exige el cese de opiniones que afecten su soberanía nacional.

Abandono de la frontera común

La nota de protesta también incluye un reclamo sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ecuador condena la supuesta falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta situación, de acuerdo con el Ministerio, facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas. El Gobierno ecuatoriano demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza en lugar de interferir en las decisiones de la justicia interna.

Lo que debes saber

• El juez Patricio Maldonado del TCE negó el recurso del PSC y validó el cambio de fecha de las elecciones.
  
• La sentencia confirma que la posesión de autoridades locales se mantiene para el 14 de mayo de 2027.
• El sufragio se adelanta al 29 de noviembre de 2026 para evitar riesgos climáticos por El Niño.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.

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De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.

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Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.

Cambio de fecha no altera periodos ni funciones

El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:

"Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027", señala la sentencia del juez Maldonado.

Juez dice que el CNE es "garante" de la democracia

En ese sentido, el magistrado concluyó que "el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional".

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El origen del conflicto y procesos pendientes

El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.

Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.