• Pese a que el CNE fijó el 12 de noviembre como inicio oficial de la campaña y la ley establece sanciones para quienes se adelanten, candidatos ya realizan actividades proselitistas.
• Existe poca información sobre sanciones efectivamente aplicadas y los límites legales de gasto electoral son cuestionables. 
• Mientras las normas no sean realistas y las autoridades no las hagan cumplir, las irregularidades electorales seguirán normalizándose.

Si después de revisar la ley vigente y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), alguien saca la cabeza por la ventana o posa su mirada en una pantalla, esa persona podría pensar que accidentalmente se metió en una página del país equivocado. Quizá, llegará a temer que alucinaba. Eso sería mejor que afrontar la triste realidad del Ecuador: el CNE ha puesto, por enésima vez, plazos, reglas y montos para la campaña los cuales nadie respeta.

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Según lo dispuesto por el pleno del Consejo, la campaña oficialmente comenzará el 12 de noviembre y, al menos según la letra de la ley (art. 278 del Código de la Democracia), quien sea que se adelante a esa fecha incurre en una infracción electoral grave, la cual puede ser sancionada de forma pecuniaria o, lo que sí que le dolería a cualquiera, castigada a través de la suspensión de los derechos de participación y hasta con la destitución. 

En ese mismo artículo también se clasifican como graves otras prácticas muy comunes como distribuir “donaciones, dádivas o regalos”, participar en la entrega de obras como candidatos o promover, en el ejercicio de un cargo público, el voto por una lista.

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Sin embargo, por más que el CNE lleve años regodeándose de acumular miles de “hallazgos”, muy poco se sabe de las sanciones que terminan implementándose después de la presentación de sus denuncias ante al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Por ahí salta a la memoria un caso del asambleísta Roberto Cuero por presunta precampaña, y otro del alcalde de la capital, Pabel Muñoz, por hacer proselitismo en el cargo.

Fuera de esos incidentes aislados, todos podemos ver cómo los políticos violan la ley con total impunidad y sin el más mínimo empacho. Unos ya llevan desde mucho antes del adelanto de las elecciones regalando racimos de plátano y colándose a los actos oficiales de la entrega de obras o de subsidios. 

Otros ya eran candidatos antes de siquiera ser calificados, y no solo se han dedicado a difundir sus ideas y planes, como el artículo 208 del Código permite, sino que van por los barrios y los campos pintando paredes, repartiendo camisetas y montando tarimazos, rodeados siempre de un séquito de asesores, no de su partido, sino de su campaña, pagados con plata, no del fondo partidario, sino vaya uno a saber de qué procedencia.

Y es que la plata también es un problema. Si bien el artículo 209 del Código especifica las fórmulas precisas con las que se debe calcular el gasto máximo de una campaña por fuera del fondo de promoción electoral que el CNE asigna, es evidente que la plata que se mueve desde ya por las calles y en las redes no corresponde a esa aritmética. 

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Por ejemplo, el numeral 5 del artículo antes mencionado establece lo siguiente sobre las elecciones a alcaldes: el gasto debe ser máximo “la cantidad que resulte de multiplicar el valor de cero coma cuarenta centavos de dólar por el número de ciudadanos que consten inscritos en el registro metropolitano o cantonal”.

De esa forma, en Guayaquil y Quito el límite es de poco más de 800.000 dólares, y en Cuenca de un poco menos de 180.000. Todos los que trabajan en política saben que es casi imposible pelear una campaña de la magnitud que naturalmente alcanzan las elecciones en esos cantones con montos tan bajos, y lo admiten con total libertad en privado. 

Pregúntenles, y sobre Quito y Guayaquil hablan de millones, al menos como un objetivo (es cierto que también se quejan de que la plata escasea, sea por la falta de interés o el exceso de temor). Sin justificar la manera en la que hoy se rompe la ley, es evidente que mientras esta no se reforme para volverla algo más realista, contemplando montos más cercanos a lo que realmente se gasta e incluyendo mecanismos para regular la contratación de la publicidad que circula en redes, nadie la va a obedecer.

Hasta mientras, debemos insistir en que al menos las normas del más básico pudor sean respetadas. No puede ser aceptable que un candidato, como es el caso del Dr. Jorge Yunda en Quito, pueda ponerse a regalar dinero de su propia billetera en un concurso de trivia -evidente acto de proselitismo- sin tener que esperar nada más que algunos trinos enardecidos y el comentario molesto de los analistas como producto de aquello.

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Si el candidato Yunda piensa que le basta con pretender aclarar por medio de un tuit que lo que entregó no fue un regalo sino el pago de una apuesta, a lo mejor tenga razón, pero tan solo porque el pueblo capitalino y el resto del país así se lo permite. Y si es así, no se extrañen de que vengan cosas peores. De hecho, viendo las recientes retiradas de algunos candidatos y las injustificables sanciones bancarias contra otros, podríamos decir que ya llegaron.

Coja su ticket y su vasito de cola, vecino, y siéntese, que al fondo hay sitio.

Lo que debes saber

• La venta de activos ociosos divide a las bancadas parlamentarias entre el rechazo y el respaldo.
• Legisladores exigen que el dinero obtenido beneficie a los afiliados y no al fisco.
• Bloques legislativos coinciden en la crisis del Seguro Social, pero discrepan en las salidas.

La propuesta de vender los activos ociosos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para dotar de liquidez a la entidad detonó discrepancias entre las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional, en Quito. Mientras legisladores independientes respaldan la enajenación condicionada a precios transparentes y exclusividad de recursos para los afiliados, bloques como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano rechazan la medida al considerarla inconstitucional e ineficiente frente a la deuda estatal, reabriendo la discusión sobre una reforma estructural al sistema.

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¿Por qué la UAFE congela cuentas a candidatos? Esto respondió José Julio Neira

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Un caso que trascendió fue el de Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), quien denunció el 1 de septiembre que las cuentas de sus empresas y de sus representantes legales habían sido congeladas.  

Días después, Jaime Estrada, precandidato a la Prefectura de Manabí, también denunció el bloqueo de sus cuentas. Ambos casos han alimentado el debate sobre qué implica una medida de este tipo y qué ocurre cuando una persona queda bajo investigación financiera.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, defendió este martes 8 de septiembre del 2026 las actuaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según explicó, el congelamiento de fondos responde a investigaciones por presunto lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

"Si tus fondos han sido congelados, es que existe una investigación", afirmó Neira. El funcionario sostuvo que no se trata de una persecución a personajes políticos, sino de investigaciones financieras que deben ser profundizadas por la Fiscalía.

Yaku Pérez habla de lo que implica el bloqueo o congelamiento de cuentas bancarias

Pero el abogado y excandidato presidencial Yaku Pérez cuestiona el uso de estas medidas.  

Pérez puso como ejemplo el caso de un ciudadano, a quien dijo conocer personalmente. Según su explicación, los movimientos de alrededor de 300.000 dólares registrados durante tres años fueron producto de ser parte del Banco del Barrio. 

El ciudadano tenía una tienda en la que se realizan cobros de servicios básicos, entre otras transacciones, por lo que, según Pérez, esos recursos no serían de su propiedad, sino que corresponderían a operaciones de la entidad bancaria.

El abogado también mencionó congelamiento de fondos a la Fundación Pueblo Indio, vinculada a las comunidades y seguidores de monseñor Leonidas Proaño, y a otras organizaciones cuyos fondos, según afirmó, habrían quedado inmovilizados.

"Hablar de presunciones es una gravísima arbitrariedad del sistema penal", sostuvo Pérez, quien considera que estas medidas pueden dejar a personas y organizaciones en una situación de indefensión.

El abogado aseguró que el congelamiento afecta incluso el pago de salarios, servicios básicos y obligaciones financieras. Según relató, algunas organizaciones han tenido que recurrir a créditos para cumplir con sus compromisos.

Pérez sostiene que una medida de esta naturaleza puede afectar derechos como el trabajo, la contratación y la asociación. También cuestionó que se pueda producir, a su juicio, una suerte de sanción anticipada antes de que exista una sentencia.

Universalmente, toda persona es inocente mientras no tenga sentencia ejecutoriada.Yaku Pérez/ abogado y político

Lo que debes saber

• Carlos Falquez Aguilar apeló ante el TCE la negativa del CNE a su postulación.
• El juez electoral Guillermo Ortega dio dos días al CNE para remitir el expediente.
• CREO objetó la inscripción alegando falta de firma de su representante legal.

El precandidato Carlos Falquez Aguilar presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para apelar la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó su candidatura a la Alcaldía de Machala para los comicios seccionales de noviembre de 2026. La causa recayó en el juez Guillermo Ortega, quien requirió al órgano electoral la entrega del expediente administrativo del proceso para resolver la causa en la sede contenciosa.

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Trámite en el Tribunal Contencioso Electoral por la Alcaldía de Machala

Según consta en el expediente judicial, la causa ingresó formalmente a trámite para resolver la calificación de la postulación municipal:

Requerimientos judiciales al Consejo Nacional Electoral

Entre las primeras diligencias procesales, el magistrado Guillermo Ortega solicitó información detallada al CNE:

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El conflicto sobre la postulación se originó en la sede electoral desconcentrada de la provincia de El Oro tras el rechazo formal de la dirigencia nacional del movimiento político:

Lo que debes saber:

• La reforma electoral exige 5% de votos, 8% de alcaldías o concejales en 10% de cantones.
• Los partidos ecuatorianos se preparan para las seccionales del 29 de noviembre con cálculos para sobrevivir.
• PSE, Unidad Popular, ID, Centro Democrático e Imparables confían en superar la nueva barrera electoral.

Si antes los dirigentes de las organizaciones políticas ecuatorianas usaban una calculadora básica para medir sus posibilidades electorales, ahora necesitan una ‘científica’. La comparación es de Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Intenta graficar el escenario que enfrentan rumbo a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

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La reforma al Código de la Democracia eliminó las llamadas tarjetas amarillas. Para mantenerse deberán alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos, obtener el 8 % de las alcaldías o conseguir un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

El mapa de organizaciones políticas podría reducirse. Será una suerte de ‘autodepuración’ forzada del sistema, aunque está por verse si esta regla conseguirá disminuir la fragmentación electoral o simplemente dejará fuera a las más débiles.

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Gustavo Vallejo, del PSE, se declara optimista, basándose en datos. Se presentarán en 105 cantones y llevan listas completas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales, en 94. El dirigente reconoce que esperaba superar los 150 cantones, pero fue difícil.

“En términos de ingeniería electoral, esto es mucho más complejo”, sostiene Vallejo, quien ya dirigió las seccionales de 2023. Según sus cálculos, el PSE podría disputar unas 40 alcaldías y ganar de 19 a 20.

Entre los candidatos que menciona están Fabricio Tinajero, en Latacunga; Víctor Mieles, en Puerto Quito; y Dorian Jara, en Riobamba. En Quito, Guayaquil y Cuenca, la competencia será especialmente relevante para medir la capacidad de las organizaciones de alcanzar los porcentajes exigidos.

Vallejo cuenta que el PSE revisó sus posibilidades dos veces: primero, antes del acuerdo con Revolución Ciudadana (RC), y después de concretar la alianza. En ambos escenarios, afirma, los cálculos apuntan a que el partido podría superar la nueva barrera (reforma).

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Unidad Popular también enfrenta optimista el desafío. Su presidente, Geovanni Atarihuana, asegura que la organización participará en unos 160 cantones, con más de 6.000 postulantes. Reitera que “la cancha está inclinada”, pero sostiene que cuentan con un proyecto político, una estructura social y aspirantes con buenas posibilidades de ganar en distintos territorios.

Entre otros nombra a Mónica Luzuriaga, Yaku Pérez, Sebastián Cevallos, Liliana Silva y Pabel Muñoz, además de candidaturas en Loja y Quevedo. Para Atarihuana, el reto es aprovechar el descontento con el Gobierno.

Sin embargo, cuestiona que la depuración de las organizaciones se produzca como consecuencia de una regla electoral y no exclusivamente por decisión de los ciudadanos.

Es deseable una depuración, pero que el pueblo decida. La reforma es antidemocrática, desde el método de asignación de escaños hasta la dificultad para hacer alianzas.Geovanni Atarihuana/ presidente de Unidad Popular

Las dificultades que enfrentan otras organizaciones y sus números

La Izquierda Democrática (ID) llega al proceso con otra dificultad. Elvis Herrera explica que el partido no pudo presentar candidatos propios en provincias como Pichincha porque no contó con asistencia técnica para realizar la democracia interna. Afirma que la solicitaron dentro del plazo establecido, pero encontraron trabas durante el proceso.

Pese a ello, Herrera confía en conservar el casillero gracias a más de 92 alianzas que, asegura, la ID mantiene a escala nacional. “Calculamos que alcanzaremos los mínimos necesarios. Tenemos buenos candidatos en distintas alianzas”.

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Pero la pregunta es si una reducción del número de organizaciones significará realmente una mejora del sistema político. 

Herrera advierte que no todas las organizaciones cumplen la misma función. Algunas, sostiene, son partidos de alquiler o vehículos electorales. Pero una depuración también debería garantizar que lleguen a las instituciones organizaciones capaces de formular políticas públicas y administrar.

“¿Qué significa realmente depurar?”, se cuestiona. Arturo Moreno, dirigente de Pueblo Igualdad y Democracia (PID), organización inscrita en 2022, mira el proceso desde otra perspectiva. Al referirse a las disputas entre Revolución Ciudadana y ADN, recurre a una frase popular: 

“Cuando dos elefantes se pelean, el único que pierde es el pasto que pisan”.Arturo Moreno/ PID

Moreno dice que ambas fuerzas podrían terminar debilitándose mutuamente y cuestiona que la reforma haya sido diseñada para favorecer la concentración del sistema en unas pocas organizaciones. Confía, sin embargo, en que el PID superará la prueba. Incluso invita a EXPRESO a revisar sus resultados después de los comicios.

Centro Democrático tampoco se siente en riesgo. Eustorgio Salgado afirma que la organización ha trabajado en una reestructuración territorial y que no funciona únicamente como un vehículo electoral. Dice que competirán con candidatos propios y mediante alianzas. Y que de acuerdo con sus cálculos, cumplen las condiciones establecidas por la reforma.

Wilson Merino dirige Imparables, que recién obtuvo el número 79, en julio de 2025. Es el único inscrito en Pichincha en 12 años. 

“La democracia es lo que es, se mide en cada elección, con propuestas. Creemos que lograremos sobrevivir y prosperar. Daremos una sorpresa porque acompañamos al ciudadano (...) Las grandes fuerzas políticas quieren que haya bipartidismo”, analiza.

Imparables es un movimiento ciudadano. No tiene propietario. Con las propuestas, creemos que lograremos sobrevivir. Tenemos 648 candidatos. Daremos una sorpresa.Wilson Merino/ Imparables

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El caso Goleada: procesados sin blindaje judicial

Esta aclaración respondió a una consulta formal del juez Jairo García dentro del denominado 'caso Goleada', en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos. El magistrado solicitó al CNE verificar si alguno de los 17 imputados gozaba de fuero.

El organismo electoral confirmó que cuatro de los procesados —Fiorella Ycaza, Pedro Juan Hidalgo, Gastón Loy Correa y David Álvarez Kronfle— ingresaron solicitudes de inscripción para la Alcaldía y concejalías de Guayaquil. No obstante, el CNE ratificó que ninguno cuenta con inmunidad electoral, debido a que sus expedientes no han sido calificados en firme.

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La calificación en firme: el único camino para la inmunidad

El titular del organismo electoral, José Cabrera, explicó que el blindaje legal para los postulantes no opera de manera automática con el registro inicial. "Cuando ha sido calificada y está en firme, entonces sí tiene inmunidad. Mientras tanto no goza de ese derecho", precisó la autoridad.

La inscripción previa representa apenas el punto de partida de un trámite administrativo y legal. Antes de otorgar la protección fijada por la norma electoral, cada nómina debe superar distintas fases de fiscalización e impugnación:

"Todavía no tienen inmunidad porque la candidatura no está en firme", puntualizó Cabrera.

Impedimentos legales para ser candidato en Ecuador

A la par de los procedimientos administrativos, el marco legal ecuatoriano establece inhabilitaciones taxativas para quienes pretenden llegar a una papeleta. El numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia prohíbe expresamente la postulación de personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Esta restricción aplica con rigor frente a delitos graves como el lavado de activos, la asociación ilícita y la delincuencia organizada. En esos escenarios, la pérdida de los derechos políticos impide de forma definitiva la participación en la contienda.

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Lista definitiva y certezas a tres días de la campaña

Tras resolver la revisión de más de 53.000 solicitudes de inscripción ingresadas al sistema, el CNE prevé publicar el listado oficial de candidaturas calificadas en firme el próximo 9 de noviembre.

Con este anuncio, las organizaciones políticas y los aspirantes obtendrán certeza jurídica sobre su participación apenas tres días antes del arranque del periodo de proselitismo, fijado del 12 al 26 de noviembre.

Un proceso masivo en un calendario reajustado

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, concejales urbanos y rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La jornada de votación en noviembre responde al reajuste preventivo aprobado por el pleno del CNE para mitigar posibles afectaciones en la logística vial por el fenómeno de El Niño.

Lo que debes saber

• Neira negó presiones a medios y afirmó que el Gobierno respeta la libertad de expresión.
• Gobierno asegura que la pauta oficial se asigna con estudios técnicos y de mercado.
• José Julio Neira respondió a denuncias sobre presuntas presiones a periodistas en Ecuador.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, aseguró que el Gobierno respeta la libertad de expresión y rechazó que existan presiones desde el Ejecutivo hacia medios de comunicación o periodistas.

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Durante una entrevista en el programa Primera Plana, Neira fue consultado sobre la posición del Gobierno respecto a la libertad de prensa y las recientes denuncias realizadas por periodistas en torno a posibles presiones o condicionamientos.

El funcionario sostuvo que la administración del presidente Daniel Noboa mantiene una postura de respeto hacia la libertad de expresión y afirmó que las críticas dirigidas al Gobierno son una muestra de que ese derecho se ejerce con normalidad en el país. “El presidente ha sido muy claro. Nosotros como Gobierno respetamos la libertad de expresión”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que los cuestionamientos al Ejecutivo son difundidos de manera permanente en distintos espacios de comunicación y destacó su participación en entrevistas con medios críticos.

Niega presiones desde el Ejecutivo

Durante el diálogo, Neira fue interrogado sobre una de las principales preocupaciones planteadas por sectores periodísticos: la posibilidad de que la pauta publicitaria estatal sea utilizada como mecanismo de presión sobre medios de comunicación.

Ante esa consulta, el secretario negó que exista algún tipo de condicionamiento desde el Ejecutivo relacionado con líneas editoriales o contenidos periodísticos. “Nosotros como Gobierno respetamos la libertad de expresión”, reiteró.

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Según explicó, las decisiones sobre inversión publicitaria responden a estudios técnicos, criterios de mercado y estrategias de difusión institucional.

Neira indicó que la distribución de pauta se sustenta en evaluaciones sobre alcance territorial, segmentación de audiencias y objetivos comunicacionales específicos. “Son estudios técnicos, son estudios que están sustentados por las decisiones que se toman”, manifestó.

El rol de los propietarios de medios

Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la estructura empresarial de los medios de comunicación y sostuvo que cada empresa periodística opera dentro de una dinámica económica propia.

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En ese contexto, señaló que los medios mantienen intereses comerciales relacionados con su sostenibilidad financiera, el pago de salarios y el cumplimiento de obligaciones empresariales.

“Cada canal de comunicación tiene un dueño, tiene un incentivo económico para tener mejores números comerciales”, afirmó.

Debate sobre libertad de prensa

Las afirmaciones de Neira se dan en un momento en que la libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio periodístico han vuelto a formar parte de la discusión.

Diversos sectores han planteado inquietudes sobre el papel del Estado frente a los medios y la transparencia en la asignación de recursos destinados a comunicación institucional.

Lo que debe saber

• Neira: compra de medicinas a India entró en fase final para abastecer hospitales en septiembre.
• Gobierno negocia con India sin intermediarios; esperan definir fecha de entrega de fármacos.
• Salud reporta abastecimiento de hasta 63%; buscan aumentar stock de medicamentos este mes.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, afirmó que la compra de medicamentos a India se encuentra en la etapa final de negociación y sostuvo que el abastecimiento en hospitales públicos aumentará progresivamente durante septiembre.

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La adquisición de medicamentos al Gobierno de India, anunciada meses atrás por el presidente Daniel Noboa como una de las medidas para enfrentar el desabastecimiento en la red pública, se encuentra en su fase final de contratación, según informó José Julio Neira, secretario de la Administración y Gabinete.

Durante una entrevista en el programa Primera Plana, el funcionario señaló que las negociaciones avanzan directamente entre ambos gobiernos y aseguró que una de las razones de la demora ha sido precisamente la decisión de realizar el proceso sin intermediarios.

"Estamos en la etapa final de realizar la compra hacia la India", afirmó Neira, quien indicó que mantiene reuniones con la Cancillería y representantes diplomáticos del país asiático para definir la firma del contrato y las fechas de entrega.

Según explicó, la intención es que los medicamentos sean enviados por vía aérea para acelerar su llegada a Ecuador una vez concluido el proceso.

Abastecimiento aún por debajo de los niveles esperados

Neira indicó que actualmente el abastecimiento promedio de medicinas en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) supera el 63 %, mientras que en la red del Ministerio de Salud Pública (MSP) se ubica alrededor del 55 %.

De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es incrementar esos porcentajes durante septiembre mediante nuevas adquisiciones y una mejor gestión de inventarios. "Estamos ejecutando la planificación del inventario de medicina para que esté disponible a los ecuatorianos", señaló.

Las cifras reflejan un desafío persistente para el sistema público de salud, que durante los últimos años ha enfrentado reclamos recurrentes de pacientes por falta de fármacos, insumos y demoras en la atención.

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Inspecciones a hospitales y proveedores

El secretario también detalló que el MSP, el IESS y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) desarrollan controles permanentes en hospitales y centros de salud del país.

Según señaló, se realizan más de 62 inspecciones semanales para verificar el abastecimiento de medicamentos y el cumplimiento de contratos relacionados con alimentación hospitalaria, lavandería e insumos médicos. El objetivo, indicó, es supervisar la calidad de los servicios y detectar posibles irregularidades en la ejecución de contratos públicos.

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La compra a India y la revisión técnica

Respecto al acuerdo con India, Neira explicó que funcionarios del Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y el Sercop realizaron una visita técnica al país asiático poco después del anuncio presidencial.

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Durante esa misión, los equipos revisaron documentación, visitaron laboratorios y recopilaron información para sustentar el proceso de adquisición entre Estados.

Según el funcionario, esos análisis han sido parte de los requisitos necesarios para avanzar hacia la contratación directa con el Gobierno indio.

Modernización y lucha contra la corrupción

Durante la entrevista, Neira vinculó los problemas históricos del sistema sanitario con la presencia de redes de corrupción en distintos niveles de la estructura pública.

Aseguró que uno de los principales objetivos de la administración es impulsar una modernización integral del sistema de salud mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar el control de inventarios, la disponibilidad de equipos médicos y la gestión de citas.

El funcionario sostuvo que la digitalización de procesos ayudaría a reducir espacios para irregularidades y facilitaría el seguimiento de recursos dentro de hospitales y centros médicos.

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También destacó avances en telemedicina dentro del IESS, una herramienta que, según dijo, busca agilizar la atención de pacientes y optimizar la capacidad operativa de los establecimientos de salud.

Aunque reconoció que persisten problemas estructurales, Neira aseguró que las acciones en marcha apuntan a fortalecer la capacidad de abastecimiento y mejorar la gestión de la red pública sanitaria.

Lo que debes saber

• Neira afirmó que la UAFE congela cuentas cuando detecta indicios de lavado de activos.
• Candidatos cuestionan congelamientos; Gobierno niega persecución política en plena campaña.
• Según Neira, jueces revisan cada congelamiento y evalúan el origen de los fondos.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, aseguró que las recientes medidas de congelamiento de fondos aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) obedecen a investigaciones técnicas por presunto lavado de activos

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En una entrevista concedida al programa Primera Plana, Neira respondió a los cuestionamientos sobre la estrategia gubernamental para combatir las economías criminales y sostuvo que la actual administración ha golpeado las finanzas de las organizaciones delictivas con mayor intensidad que gobiernos anteriores.

El funcionario defendió el trabajo de la UAFE y señaló que el incremento de reportes sobre operaciones inusuales y la participación del organismo en procesos judiciales por lavado de activos forman parte de una ofensiva dirigida a afectar las estructuras financieras vinculadas tanto al crimen organizado como a delitos de corrupción. “Nos estamos enfocando en la economía criminal, en darle donde más le duele”, afirmó.

La defensa del congelamiento de fondos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el congelamiento de cuentas bancarias denunciado públicamente por algunos actores políticos, entre ellos el candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, y el precandidato a la Prefectura de Manabí, Jaime Estrada Medranda.

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Consultado sobre estos casos, Neira evitó referirse de manera específica a expedientes individuales, pero explicó que la inmovilización temporal de fondos es una medida administrativa prevista dentro de los mecanismos de inteligencia financiera.

Según indicó, esta decisión se adopta cuando existen indicios que justifican investigaciones por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito o actividades relacionadas con estructuras criminales. “Si tus fondos han sido congelados es porque existe una investigación y una sustentación técnica”, aseguró.

El funcionario insistió en que estas acciones no responden a motivaciones políticas, sino a procedimientos que posteriormente son revisados por instancias judiciales.

“No existe persecución a personajes políticos. Existen investigaciones de lavado de activos a personajes que utilizaron la política para encubrir sus actividades”, sostuvo.

Cuestionamientos por el contexto electoral

Las declaraciones de Neira surgen en medio de cuestionamientos de sectores políticos y sociales que consideran sospechoso que algunos congelamientos de cuentas se hayan conocido durante el actual proceso electoral.

Frente a esas críticas, el secretario afirmó que la herramienta de inmovilización de fondos no es reciente y recordó que los controles se fortalecieron tras la aprobación de reformas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos.

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También señaló que los casos conocidos públicamente representan solo una parte de las medidas ejecutadas por la UAFE y que fueron los propios involucrados quienes decidieron divulgar su situación. “Solo se hace énfasis en dos congelamientos porque ellos los hicieron públicos”, dijo.

Neira agregó que las personas afectadas tienen la posibilidad de presentar pruebas ante la justicia para demostrar el origen lícito de sus recursos.

Revisión judicial de las medidas

Durante la entrevista, el funcionario enfatizó que la UAFE no tiene la última palabra sobre las restricciones financieras impuestas. Explicó que cada congelamiento es sometido a control judicial y que los afectados pueden impugnar la medida dentro de plazos establecidos por la normativa vigente.

Según explicó, los jueces evalúan los elementos recopilados por los organismos de control y las evidencias presentadas por los investigados antes de resolver si la inmovilización de fondos se mantiene o queda sin efecto. “No es que la UAFE decide congelar fondos y esa es la última decisión. Esto va a ser revisado por un juez”, afirmó.

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Neira también destacó una reciente sentencia por lavado de activos contra 13 personas vinculadas a una estructura encabezada por alias Gerente, caso en el que la UAFE participó como acusador particular.

El funcionario consideró que este tipo de procesos reflejan un mayor involucramiento del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas y aseguró que la estrategia gubernamental apunta a debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y redes de corrupción.

Con un nuevo proceso electoral en el que se deberá elegir a la nueva autoridad de la Alcaldía, los temas transversales que impactan de forma directa en el estilo de vida de los cuencanos deberán ser atendidos de manera prioritaria y por encima de ofrecimientos populistas que no conduzcan a la ciudad hacia un crecimiento sustentable y sostenible.

Los expertos consultados han identificado a la movilidad, la expansión acelerada de la ciudad y su habitabilidad como los ejes transversales que deberán planificarse, debatirse y consolidarse como políticas públicas que establezcan reglas claras para garantizar un crecimiento efectivo, pensado en las personas y no únicamente en los negocios inmobiliarios. 

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EXPRESO ha publicado varios reportajes sobre el boom inmobiliario por el que atraviesa la ciudad y las barreras que este fenómeno genera en materia de accesibilidad y desplazamiento de la población hacia las periferias, una situación que afecta cada vez más a los sectores vulnerables de la ciudad.

El problema de la movilidad radica, entre otros factores, en la falta de una planificación que integre de manera efectiva los sistemas de transporte —tranvía, buses urbanos y bicicleta pública— y que, además, incentive su uso. La ciudad aún no puede garantizar desplazamientos seguros para todos los actores del espacio público. En el primer semestre de este año se han registrado 560 siniestros de tránsito, en los que mayoritariamente los vehículos privados y las motocicletas encabezan la lista de siniestralidad. Y, aun así, según los expertos, la ciudad sigue concibiéndose como un espacio en el que se otorgan prioridad y beneficios al vehículo privado por encima de las personas.

Otros asuntos que están en la palestra pública y sobre los que poco se ha hecho para su control y regulación son el desarrollo vertiginoso del turismo que ha experimentado la ciudad en los últimos cinco años y el cuidado del patrimonio. A decir de los expertos, su regulación y planificación son urgentes para evitar la depredación de los atractivos de la ciudad. El auge de nuevas formas de alojamiento, la falta de un observatorio de turismo que genere estadísticas reales para la toma de decisiones, el cambio de uso del suelo de bienes patrimoniales para explotarlos como meros atractivos turísticos y la falta de un plan de gestión del patrimonio son algunas de las alertas que deberán ser atendidas de manera prioritaria por quien gane la carrera electoral.

En este marco, los expertos aseguran que la próxima autoridad deberá centrar su trabajo en una planificación profunda de la ciudad y no en el ofrecimiento de obras que dan votos, aunque estas decisiones impliquen asumir el costo político de obtener menores niveles de popularidad. La apuesta, en definitiva, debería ser por una ciudad que se planifique para las personas y no por una administración que planifique pensando en las próximas elecciones.

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Estos son los problemas y sus soluciones

Una movilidad pensada para los autos

Cuenca mantiene un modelo de movilidad que privilegia al vehículo particular por encima de las personas. El crecimiento del parque automotor contrasta con la disminución del uso del transporte público, cuya demanda se mantiene cerca del 80 %. A esto se suma la falta de integración entre los sistemas de transporte y una infraestructura que aún no garantiza desplazamientos seguros para peatones y ciclistas.

Guilherme Chalhoub, consultor y docente universitario en Movilidad Sostenible, señala que el transporte público debe ser rápido, eficiente y confiable. El problema, advierte, no se resuelve solo con más calles, puentes o distribuidores, sino con una planificación que priorice a las personas y conecte los distintos sistemas de movilidad.

Integrar para dejar de moverse a media

La próxima administración deberá asumir la movilidad como una política de largo plazo y no como una suma de obras aisladas. Aunque algunas intervenciones pueden ejecutarse en un período, transformar el sistema requiere continuidad durante varias administraciones.

Una de las primeras acciones debe ser integrar realmente el transporte público, conectando buses y tranvía mediante un sistema interoperable y una integración tarifaria que permita hacer transbordos sin pagar nuevamente por cada recorrido.

La segunda prioridad debe ser mejorar la calidad del transporte público. La próxima autoridad debería incorporar como política permanente la accesibilidad universal para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida.

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Una ciudad que se expande sin plan

El principal problema no es que Cuenca crezca, sino que lo está haciendo de manera descontrolada y sin suficiente planificación urbana. Pedro Jiménez, docente e investigador de la Universidad de Cuenca, explicó que crecer es parte natural del desarrollo de una ciudad, pero cuando ocurre sin planificación se convierte en expansión urbana.

Para el experto, Cuenca ha perdido en los últimos 25 años su tradición de planificación, lo que ha generado una “expansión hacia parroquias rurales que se han convertido en polos de crecimiento urbano, pero que todavía dependen fuertemente del centro de Cuenca”. Esta dependencia obliga a los habitantes de esas zonas a desplazarse hacia el centro para realizar actividades cotidianas, aumentando la presión sobre la movilidad.

Más centralidades para ordenar el crecimient

La próxima administración municipal deberá contar con una agenda firme de planificación urbana, pero no limitarse a elaborar nuevos planos. El reto será gestionar el territorio y aplicar efectivamente las herramientas de planificación.

La propuesta es avanzar hacia una Cuenca metropolitana y policéntrica, dejando atrás el modelo de una ciudad con un único centro que concentra las principales actividades. Para ello, parroquias como El Valle, Ricaurte, Baños, Sayausí y Tarqui deberán fortalecerse como nuevas centralidades, con servicios y equipamientos propios que reduzcan la dependencia del centro.

La próxima administración también deberá mejorar la gestión y regulación del suelo para evitar que el crecimiento urbano continúe extendiéndose de manera fragmentada.

El crecimiento que aleja a los cuencanos

Cada vez resulta más difícil para los cuencanos acceder y permanecer en la ciudad. El crecimiento inmobiliario y la expansión urbana no han resuelto el déficit habitacional; por el contrario, han encarecido el suelo y empujado a parte de la población hacia las periferias.

Jiménez cuestiona que la densificación y el crecimiento en altura se planteen como respuesta al crecimiento urbano sin preguntarse “¿para quién densificamos?”. A esto se suma la pérdida de la vida de barrio, provocada, entre otros factores, por la transformación de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos. Este proceso debilita las relaciones sociales y expulsa a residentes de sectores tradicionales.

Priorizar el acceso a la vivienda y la permanencia

El cambio debe partir de la política habitacional, priorizando el acceso a la vivienda y la permanencia de la población en la ciudad, en lugar de apostar únicamente por la densificación y la construcción en altura. Para ello, será necesario regular la especulación del suelo, delimitar zonas de interés social e impulsar vivienda pública y accesible mediante mecanismos como el arrendamiento social.

También se requiere diversificar la economía y fortalecer actividades productivas que generen empleo, para reducir la dependencia del turismo y la construcción y evitar que el encarecimiento de la ciudad termine expulsando a sus habitantes. El objetivo debe ser construir una ciudad donde las personas puedan acceder a una vivienda, permanecer en ella y mantener sus vínculos comunitarios.

El auge turístico que exige planificación

Cuenca registra un crecimiento turístico sin una planificación integral. Freddy Espinoza, docente de la Universidad de Cuenca, señala que el desarrollo del sector se ha dado de manera espontánea, impulsado, entre otros factores, por la percepción de mayor seguridad frente a otras zonas del país. Sin embargo, el aumento de turistas no necesariamente se traduce en una mayor contribución económica para la ciudad.

La proliferación de plataformas como Airbnb ha ampliado la oferta de alojamiento, pero también plantea problemas de regulación, tributación y presión sobre los servicios públicos. A esto se suma la falta de un observatorio turístico que permita conocer cifras reales. La información permanece dispersa y, en buena parte, en manos de empresas privadas, lo que dificulta tomar decisiones con base en datos.

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Que el turismo crezca sin desbordar la ciudad

Entre las primeras medidas está el fortalecimiento de la institucionalidad turística. Espinoza propone superar el modelo actual de la Fundación Municipal de Turismo y avanzar hacia una entidad con mayores capacidades de gestión, regulación y coordinación. El turismo debe entenderse como un sistema que involucra movilidad, vivienda, servicios básicos, patrimonio, ambiente, seguridad, infraestructura y actividad económica.

También es fundamental crear un sistema permanente de información turística, con participación pública, privada y académica. A esto se suma la necesidad de actualizar las ordenanzas y establecer reglas claras para actividades como los alojamientos temporales, además de articular el turismo con la planificación urbana y ambiental.

El patrimonio en riesgo de quedarse sin habitantes

El patrimonio de Cuenca enfrenta un desafío que va más allá de la conservación de sus edificaciones históricas. Mónica Quezada, exdirectora regional del INPC, señala que el principal riesgo está en reducir el patrimonio a edificios y convertir el Centro Histórico en un espacio dedicado únicamente a actividades económicas y de ocio, mientras sus habitantes son desplazados.

Cuenca fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco no solo por su arquitectura, sino también por su trazado urbano, paisaje, historia y por la interacción entre las distintas culturas que dieron forma a la ciudad. El problema, explica, es que la gestión patrimonial todavía requiere una visión más integral que proteja no solo los inmuebles, sino también las expresiones y dinámicas propias de la ciudad.

Recuperar la vida del Centro Histórico

Una de las principales tareas de la próxima autoridad municipal debe ser crear y aplicar un modelo de gestión patrimonial integral y transversal que articule patrimonio, planificación urbana, vivienda, movilidad, turismo, cultura y desarrollo económico. La conservación no debería limitarse al control y la sanción, sino incorporar regulación, incentivos, asistencia técnica y recursos para la rehabilitación de inmuebles.

La administración debería incentivar la recuperación de edificaciones vacías o abandonadas para vivienda y promover alternativas accesibles. El objetivo es evitar la gentrificación y mantener el uso residencial del Centro Histórico, para que no termine convertido únicamente en un espacio comercial y turístico.

Lo que debes saber

• El olvido razonado es indispensable para sepultar resentimientos y alcanzar la reconciliación.
• Mario Ribadeneira demostró que el perdón pragmático fue la base de la paz entre Ecuador y Perú.
• La trayectoria de Ribadeneira unió el liderazgo empresarial, la gestión pública y la cultura.

El olvido es un fenómeno que aterroriza cuando se convierte en la semilla de las peores injusticias. El olvido de genocidios, de crímenes o de los valientes que se han resistido a los abusos de los autócratas es condición necesaria para que no se repitan los crímenes más horrendos. De ahí la importancia que para algunos tiene la historia. Pero olvidar también puede ser el camino para la reconciliación que, casi siempre, conduce a la felicidad.

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El testimonio de Mario Ribadeneira sobre el tratado de paz

Precisamente esa es la paradoja del concepto del olvido que descubrí de la mano de Mario Ribadeneira, luego de una entrevista que le hice como consecuencia de un desayuno en el que también participó su entrañable amigo Pablo Lucio Paredes. Durante el desayuno, a finales de 2023, Mario (para entonces ya había superado los 90 años) nos hizo un apasionante y detallado recuento de cómo se gestó y ejecutó el tratado de paz con el Perú, en el que él participó activamente como uno de sus inspiradores y como miembro de la mesa de integración, en 1998. Olvidar aquellos episodios y a aquellas personas que habían trabajado silenciosa e infatigablemente en el proceso nos pareció, a Pablo Lucio y a mí, una injusticia sin nombre. Por eso le dijimos que debería registrar todo lo que ahí había contado en una entrevista que me ofrecí a hacerle. La idea no le convenció porque no le gustaba tener protagonismo en temas en los que pensaba que había otros actores con mayor relevancia. Pocas semanas después recibí un mensaje por WhatsApp en el que me decía que aceptaba hacer la entrevista para que se registraran los hechos y no se olvidara a los personajes. Pablo Lucio había logrado convencerlo, sin duda.

El olvido como condición necesaria para la paz con el Perú

Pero mi descubrimiento sobre la paradoja del olvido como fuente del bien y del mal vino durante la entrevista que le hice en su oficina en Morisáenz, en 2024. De entre todas las cosas que durante la charla recordó y sobre las que reflexionó con lucidez y alegría de veinteañero, hubo una que dijo y que me conmovió y me sirvió para el título del librito en el que se publicó la entrevista: “El mejor destino de la paz es el olvido”.

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Superar la enemistad histórica entre Ecuador y Perú

Y es que durante la entrevista dijo que “no hay nada mejor que olvidar los resentimientos” y que “mi mayor victoria es que durante muchos años pensábamos que peruanos y ecuatorianos éramos enemigos”. Esa frase de Mario, para una persona que había crecido y se había educado con la idea de que los peruanos eran nuestros peores enemigos, obviamente tenía una potencia particular. Sobre todo por el hecho de que, a la luz del fin del conflicto, esa enemistad resultaba incluso ridícula. Pensar que repetíamos y nos repetían que el Perú era el Caín de América y que los peruanos eran nuestros peores enemigos resulta ahora una estupidez sin nombre. ¡Qué liberador se nos hace a los de mi generación haber olvidado esa supuesta enemistad y que ahora se nos revela como una inmensa estupidez!

Y esa fue la paradoja que me enseñó esa experiencia: del desayuno salí angustiado y convencido de que no se debía olvidar a los gestores del proceso de paz, pero en la entrevista entendí que olvidar también es un fenómeno imprescindible para llegar a la reconciliación y a la paz.

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Trayectoria pública y empresarial de Mario Ribadeneira

Mario Ribadeneira murió el jueves 3 de septiembre y con él se fue el ejemplo de un empresario muy exitoso, que tuvo la cada vez más rara y escasa virtud entre sus colegas de preocuparse por los temas públicos, por el desarrollo colectivo, por la salud de la democracia y por la importancia de vivir en una sociedad abierta y tolerante. Fue embajador en Washington durante el gobierno de León Febres-Cordero; ministro de Finanzas durante el de Sixto Durán-Ballén; dos veces presidente de la Cámara de Comercio de Quito y llegó a ser presidente internacional del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

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Consensos en Cusín y legado cultural en el Museo del Alabado

Como empresario le entusiasmaban mucho los emprendimientos agrícolas y tuvo dos iniciativas que hablan de cómo concebía el ejercicio de la ciudadanía: los encuentros de Cusín, donde se buscaban consensos políticos para el país, y el Museo del Alabado, en Quito, una verdadera joya del arte y la cultura precolombina, al que donó su colección de obras arqueológicas.

Fue precisamente en Cusín donde se logró, entre otras cosas, que Jaime Nebot dejara de lado la histórica y estridente tesis del Partido Social Cristiano (PSC) de la herida abierta en la frontera. Y ojo que en ese entonces, sin el visto bueno del PSC, nada podía hacerse en el país. Olvidar la tesis de la herida abierta y dejar que el país avanzara en las negociaciones habría sido, en ese entonces, inconcebible para el PSC, que aún era liderado por Febres-Cordero, si no hubiera sido por las gestiones de este empresario en Cusín.

El legado filosófico de la acción: no hay paz sin olvido

El sábado 5 de septiembre, durante la misa por su memoria, su hijo Felipe destacó la importancia del olvido en la reconciliación de los dos países vecinos y citó la entrevista que yo le hice a su papá en 2024. Al final de la misa me acerqué y le felicité por haber mencionado el tema del olvido.

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“Seguramente él no lo sabía, pero eso es Nietzsche puro”, me dijo.

Cuando fui a leer unas líneas del filósofo alemán sobre el tema, me di cuenta del inmenso valor que tiene una persona que construye pensamiento de alto valor a partir de la acción. Mario Ribadeneira fue un hombre de permanente acción, pero supo extraer de esa acción lecciones que deberían aprender sus compatriotas. No hay paz verdadera si no hay olvido, por ejemplo.

Ribadeneira jamás dejó de reflexionar sobre el Ecuador, de sentir dolor por su patria y de entusiasmarse con lo que él pensaba que podía hacer por ella. Empresarios así hay cada vez menos.

Lo que debes saber

• La reforma responde a un diagnóstico de carga y falta de personal.
• Las nuevas dependencias conservarán alcance nacional para estos delitos.
• Los jueces que asumirán estas causas deberán reforzar sus conocimientos en la materia.

El Consejo de la Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado y trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito. La decisión fue presentada por los vocales como un fortalecimiento de la justicia especializada, aunque supone desmontar el modelo de concentración de estos procesos en unidades creadas expresamente para atender casos de alta complejidad.

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La carga procesal como argumento

La explicación oficial se sustenta principalmente en la carga procesal y en la falta de jueces que enfrenta la Función Judicial. Santiago Coral, director nacional de Innovación de la Judicatura, señaló que las dependencias especializadas registran una carga menor que otras judicaturas penales y planteó distribuir sus competencias entre más operadores para aprovechar la infraestructura existente.

Fabián Fabara, vocal de la Judicatura, señaló que los jueces que ahora asumirán la competencia especializada en corrupción y crimen organizado ya ejercían esas facultades antes de 2022. Según explicó, esas atribuciones posteriormente fueron separadas y concentradas en las unidades judiciales y tribunales especializados.

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Más jueces, pero con necesidad de capacitación

Por su parte, Denisse Coronel, directora nacional de Gestión Procesal, sostuvo que el cambio permitirá integrar a los 19 jueces que actualmente conocen corrupción y crimen organizado con otros 35 operadores de Iñaquito y La Mariscal. Sin embargo, los propios funcionarios de la Judicatura señalaron que estos nuevos juzgadores deberán recibir capacitación para asumir las competencias especializadas.

El problema, sin embargo, no necesariamente se reduce a cuántas causas tiene cada juez. En procesos de corrupción y crimen organizado, la especialización busca concentrar experiencia para investigar y juzgar estructuras complejas que pueden involucrar a varios actores, instituciones y territorios, una característica que podría perder fuerza.

La propia sesión dejó en evidencia que la reorganización está atravesada por la falta de personal que enfrenta la Función Judicial y por la necesidad de optimizar los recursos disponibles. Santiago Peñaherrera, director nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, recordó que la entidad atraviesa un déficit de jueces y que el financiamiento conseguido para incorporar nuevos operadores resulta insuficiente frente a esa necesidad.

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El Consejo defiende la ‘fusión’ de competencias

Los vocales defendieron que la especialización no desaparece porque las nuevas judicaturas mantendrán competencia nacional para corrupción y crimen organizado. Fabara calificó el cambio como una “fusión de competencias”, mientras Damián Larco y la presidenta Johanna Caicedo sostuvieron que pasar de 19 a más de 50 jueces permitirá fortalecer la respuesta frente a estos delitos.

Sin embargo, ampliar el número de jueces habilitados para conocer una materia no equivale necesariamente a conservar una estructura especializada. La reforma elimina las unidades que concentraban exclusivamente estos procesos y distribuye esa responsabilidad entre operadores que también deberán atender causas penales ordinarias. Con cinco votos a favor, la Judicatura aprobó así un cambio que denominaron fortalecimiento.  

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¿Qué recomendaciones trae el informe sobre Caso Sucre?

Entre sus recomendaciones, la comisión plantea que la Fiscalía analice impulsar investigaciones por peculado y solicitar asistencia penal internacional a jurisdicciones como Estados Unidos y Panamá. 

También pide a la Contraloría revisar la información contenida en un expediente de 11.120 fojas remitido por el Banco Central.

Además, el documento señala que existiría una afectación patrimonial relacionada con fondos públicos colocados en el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial y bloqueados por sanciones internacionales de la OFAC. 

Asimismo recomienda a la Cancillería dar seguimiento a la denuncia del Tratado Sucre y a los ministerios de Economía y Finanzas evaluar acciones de arbitraje internacional.

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Las opiniones de legisladores sobre nuevo informe en torno a Sistema Sucre

Durante el debate, el asambleísta José Nango, exPachakutik, sostuvo que el informe actualiza una investigación que permitió identificar exportaciones inexistentes por más de 150 millones de dólares. Cuestionó que una investigación contra jueces que liberaron más de 56 millones de dólares haya sido archivada en 2022 y posteriormente reabierta.

La asambleísta Ana Herrera, de Revolución Ciudadana, cuestionó que el informe presente como nueva información elementos que, a su juicio, no lo son. Pidió mayor rigor jurídico y evitar afirmaciones que atribuyan al Sucre una finalidad de lavado de activos sin una determinación judicial.

El informe fue aprobado con seis votos a favor y cuatro en contra, de 10 asambleístas registrados.

Lo que se sabe 

• 29 de noviembre de 2026: será la jornada de votación de las elecciones seccionales de 2026.
• 12 al 26 de noviembre de 2026: se desarrollará la campaña electoral y están previstos 45 debates obligatorios.
• 5.742 autoridades: serán renovadas y las nuevas dignidades asumirán el 14 de mayo de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció el cronograma para las elecciones seccionales de 2026, cuya jornada de votación se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026. 

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a elegir a las nuevas autoridades seccionales, que asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027.

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Próximas fechas

La capacitación para los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto comenzó este 7 de septiembre de 2026 y se mantendrá hasta el día de las elecciones. 

Además, el calendario contempla dos simulacros nacionales, previstos para el 1 y 15 de noviembre de 2026, como parte de las pruebas de los sistemas informáticos y de la logística electoral.

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La recta final estará marcada por la campaña electoral, del 12 al 26 de noviembre de 2026, y por 45 debates obligatorios para jurisdicciones con más de 100.000 electores: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías. 

Silencio electoral y voto anticipado

El silencio electoral regirá del 27 al 29 de noviembre de 2026. 

Antes de la votación general también se desarrollarán el sufragio de las Personas Privadas de Libertad sin sentencia ejecutoriada, el 26 de noviembre de 2026, y el Voto en Casa, el 27 de noviembre de 2026.

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En estas elecciones se prevé la renovación de 5.742 autoridades, entre prefectos, alcaldes, concejales y consejeros del Cpccs.

El listado oficial de candidatos calificados está previsto para el 9 de noviembre de 2026, mientras que las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 14 de mayo de 2027.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro.
• Su defensa sostiene que requiere una intervención quirúrgica.
• El abogado Julio César Cueva acusa al SNAI de no responder a dos pedidos médicos.

El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha respondido a dos solicitudes relacionadas con la atención quirúrgica que requiere el funcionario, quien permanece recluido en la Cárcel del Encuentro. Julio César Cueva sostiene que desde agosto ha enviado comunicaciones formales para coordinar una intervención en una clínica privada y advierte que la falta de respuesta mantiene bajo responsabilidad del organismo la salud e integridad del alcalde.

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Dos solicitudes sin respuesta

Según Cueva, la primera comunicación fue remitida el 4 de agosto de 2026 y estuvo acompañada de documentación sobre la disponibilidad de una casa de salud privada para realizar el procedimiento. La fecha inicialmente prevista para la intervención era el 11 de agosto, pero ese día transcurrió, de acuerdo con el jurista, sin que el SNAI emitiera una respuesta.

El abogado afirma que posteriormente se gestionó una segunda fecha para la intervención, fijada para el 15 de septiembre, y que esta solicitud también permanece sin contestación. Cueva señala que la clínica fue reservada en dos ocasiones y recalca que los costos del procedimiento no serían asumidos por el Estado.

La denuncia ocurre después de que Álvarez fuera trasladado el 8 de julio al Hospital Alcívar, en Guayaquil, debido a una emergencia médica que su equipo jurídico vinculó con cálculos en la vesícula que, según sus abogados, habían sido advertidos semanas antes. Durante aquella hospitalización, el entorno del alcalde sostuvo que existía una recomendación médica para que fuera sometido a una cirugía.

En ese momento, Cueva negó que Álvarez se opusiera a una intervención quirúrgica y explicó que su desacuerdo estaba relacionado con las condiciones en las que se pretendía realizarla. El abogado sostuvo entonces que el alcalde exigía que se respetara su derecho a recibir atención del médico de su confianza y en el establecimiento de salud que escogiera, además de contar con consentimiento informado, libre y voluntario.

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El médico que recomendó la operación

En ese entonces, Cueva también identificó al médico Juan Carlos Aveiga, actual ministro de Salud, como quien estuvo a cargo de la atención de Álvarez durante su permanencia en el Hospital Alcívar. El jurista indicó Aveiga recomendó la operación y afirmó que el profesional “insistió varias veces” en que el alcalde debía someterse al procedimiento.

Cueva cuestiona supuesto traslado

En su publicación de X, Cueva cuestionó, además, la difusión de una supuesta información sobre un nuevo traslado del burgomaestre Álvarez, que calificó como falsa y atribuyó a una cuenta troll. El abogado comparó esa rapidez con el silencio que, según su denuncia, mantiene el SNAI frente a las dos comunicaciones formales relacionadas con la atención médica.

Cueva cerró su pronunciamiento señalando que existen dos pedidos médicos pendientes de respuesta y responsabilizó al SNAI por la salud, integridad física y vida del alcalde mientras permanezca bajo su custodia. “Después, que nadie diga que no fue advertido”. 

Lo que debes saber

• El Gobierno identifica unos 2.000 millones de dólares en activos inmobiliarios del instituto.
• Las organizaciones sociales se oponen a la venta de bienes del IESS.
• Los manifestantes también cuestionan la falta de medicamentos y la atención médica.

Un plantón se realizó, este lunes 7 de septiembre de 2026, en los exteriores de la Caja del Seguro Social, en el centro de Quito, en rechazo a la posibilidad de que el Gobierno impulse la venta de bienes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La manifestación ocurrió unos días después de que el presidente Daniel Noboa señalara, durante una entrevista en Radio Centro, que el IESS posee alrededor de $ 2.000 millones en activos inmobiliarios que considera “ociosos”.

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Los bienes que el Gobierno busca convertir en liquidez

Según explicó Noboa, ese patrimonio está compuesto por edificios, terrenos y macrolotes que podrían convertirse en liquidez para sostener las operaciones del Instituto. Además, el mandatario aseguró que pidió al delegado del Ejecutivo ante el IESS impulsar la venta de esos bienes para fortalecer la capacidad financiera destinada a las prestaciones médicas y al cumplimiento de las obligaciones del sistema de pensiones.

Frente a esa posibilidad, Ramiro Beltrán, integrante de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, señaló que en el plantón participan trabajadores activos, jubilados y organizaciones agrupadas en el Frente Popular de Pichincha. A su criterio, la autonomía del IESS debe mantenerse y ningún Gobierno debe intervenir en los recursos ni en el patrimonio de la institución, que —según sostuvo— ha sido construido con el aporte de los trabajadores.

Rechazo a la venta del patrimonio

En ese contexto, Beltrán sostuvo que la eventual venta de propiedades constituye un paso hacia la privatización de la Seguridad Social. El dirigente cuestionó que esos bienes sean vendidos durante una época de crisis económica y advirtió que podrían ser comercializados a precios que, desde su perspectiva, no representarían su verdadero valor.

Asimismo, Beltrán afirmó que los bienes del IESS están vinculados a los seguros de salud y pensiones, por lo que su venta tendría consecuencias para los afiliados y jubilados. También planteó la necesidad de modificar el modelo de Seguridad Social mediante una propuesta que, según dijo, mantenga la autonomía y solidaridad del sistema y contemple la creación de un fondo de solidaridad para darle sostenibilidad durante las próximas décadas.

Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, aseguró que los afiliados, trabajadores y jubilados no permitirán que se intervenga en los recursos del IESS. Erazo sostuvo que esos fondos deben utilizarse para atender los problemas de salud, garantizar el pago de pensiones y mejorar la atención de los asegurados, especialmente de quienes padecen enfermedades catastróficas.

Además, Erazo cuestionó la actuación del Gobierno frente a la autonomía de la Seguridad Social y sostuvo que no le corresponde al Ejecutivo disponer la venta de los bienes del instituto. El dirigente anunció que las organizaciones sociales evalúan acciones legales, entre ellas una acción de protección o acudir ante la Corte Constitucional, aunque insistió en que la principal herramienta de defensa será la movilización de los afiliados y asegurados.

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Las consignas contra el Gobierno

A la par de los discursos, los manifestantes expresaron su rechazo al Gobierno mediante consignas como “que se larguen todos”, “no hay medicinas, vuelven los apagones, con Noboa y sus ladrones” y “abajo la privatización del IESS”. También corearon “el IESS es de los trabajadores”, “el IESS no se vende” y “el Seguro es de los trabajadores y no de los explotadores”.

En los carteles exhibidos durante el plantón también se cuestionó la intención de vender los bienes del instituto. Entre las frases se leía: “El IESS es de los afiliados, no del Gobierno”, “El IESS no se vende” y “Noboa, si quieres vender, vende tus empresas, no los bienes y recursos del IESS”; otro mensaje señalaba que el instituto pertenece a sus más de 3,5 millones de afiliados.

Finalmente, Erazo recordó que en 1995 las organizaciones sociales se movilizaron contra el intento de privatización del IESS durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Con ese antecedente, aseguró que los trabajadores, maestros, jubilados y pensionistas volverán a organizarse para defender la autonomía y el patrimonio de la Seguridad Social, mientras Beltrán llamó a fortalecer la unidad para impedir que los recursos del instituto sean destinados a otros fines.

Lo que debes saber

• La Comisión de Fiscalización resuelve este 7 de septiembre la actualización del caso Sucre.
• La mesa legislativa requirió 30 días de prórroga tras tramitar el juicio a Inés Manzano.
• El esquema investiga presunto lavado transnacional vinculado a Foglocons y Álex Saab.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prevé aprobar este lunes 7 de septiembre de 2026 la actualización del informe sobre la investigación del caso Sucre-Foglocons. La sesión presencial y telemática fue convocada para las 19:00 por el titular de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (ADN), con el debate y resolución de este expediente como único punto en el orden del día, tras cumplirse el plazo adicional otorgado por el Pleno legislativo para cerrar la indagación sobre esta presunta trama transnacional de lavado de activos.

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Convocatoria de la Comisión de Fiscalización y prórroga legislativa

El tratamiento de este documento definitivo se concreta luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara, el pasado 12 de agosto de 2026, una extensión de 30 días adicionales para que la mesa parlamentaria concluyera las indagaciones.

La solicitud de prórroga fue presentada por la propia comisión debido a la carga procesal de las semanas previas. El calendario original del equipo legislativo se vio copado por la sustanciación del juicio político a Inés Manzano, exministra de Energía, relacionado con el fallido contrato para la adquisición y suministro de generación eléctrica con la empresa ATM.

La comparecencia de la Contraloría General del Estado

Durante la fase de comparecencias de esta fase complementaria, el pasado 26 de agosto de 2026, intervino la subcontralora de Auditoría, Gabriela Sulca.

En su exposición técnica ante los comisionados, Sulca puntualizó los siguientes aspectos:

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Origen e investigación del sistema Sucre y la empresa Foglocons

El expediente investiga una supuesta red de lavado de activos de alcance regional que operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), un mecanismo financiero ideado durante la administración de Rafael Correa.

El tratado constitutivo de dicho sistema comercial se suscribió formalmente el 16 de octubre de 2009 con la participación de:

El objetivo declarado del instrumento internacional era dinamizar y facilitar los pagos en las operaciones de intercambio comercial entre las naciones suscriptoras.

Las exportaciones ficticias hacia Venezuela

A escala local, las sospechas se concentraron en las operaciones de la firma Fondo Global de Construcción (Foglocons), vinculada a Álex Saab, señalado como pieza clave en la estructura de estas transacciones.

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Las inconsistencias detectadas en la indagación patrimonial y aduanera reflejan una profunda brecha económica:

Lo que debes saber

• Constar en el padrón electoral y portar cédula o pasaporte faculta el sufragio.
• El voto es obligatorio entre 18 y 65 años; la multa por no votar es de $48,20.
• Las elecciones seccionales y del CPCCS se adelantaron al 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevará a cabo las elecciones seccionales y del CPCCS el próximo 29 de noviembre de 2026 en todo el territorio de Ecuador. De acuerdo con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) la ciudadanía habilitada deberá cumplir con los requisitos legales para ejercer el sufragio obligatorio u optativo. La jornada electoral, inicialmente prevista para febrero de 2027, fue reprogramada de manera anticipada por el organismo electoral ante la alerta de un fuerte fenómeno de El Niño.

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Requisitos obligatorios para ejercer el derecho al voto

Para sufragar en los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el artículo 12 del Código de la Democracia determina que la calidad de elector se comprueba mediante la constancia del nombre del ciudadano en el registro electoral.

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La verificación formal se realizará en la junta receptora del voto correspondiente a través de los siguientes documentos:

La normativa electoral puntualiza que la falta de vigencia o caducidad de cualquiera de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio. Asimismo, es condición indispensable que el ciudadano se encuentre en pleno goce de sus derechos políticos y de participación.

Causales de suspensión de los derechos políticos

El artículo 14 de la ley electoral estipula las razones expresas por las cuales una persona pierde temporalmente el goce de sus derechos políticos o de participación:

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Obligatoriedad del sufragio y sanciones económicas

En el sistema democrático de Ecuador, el voto se clasifica según los rangos etarios y las funciones de los ciudadanos:

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Multa por no acudir a las urnas

Los electores obligados que no asistan a votar deberán cancelar una sanción económica equivalente al 10 % de un salario básico unificado. Para el periodo correspondiente a 2026, la sanción asciende a 48,20 dólares.

Modificación del calendario electoral para los comicios de 2026

Las elecciones seccionales y del CPCCS estaban planificadas originalmente para febrero de 2027. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar la convocatoria para el 29 de noviembre de 2026 debido a los informes técnicos y la presunta alerta originada por la presencia de un fuerte fenómeno de El Niño en el país.

Lo que debes saber

• Capacitación para miembros de mesa inició este 7 de septiembre rumbo a las elecciones 2027.
• Ciudadanos designados deberán asistir o enfrentar multas previstas en la ley electoral.
• Miembros de mesa aprenderán votación, escrutinio y manejo de material electoral.

Miles de ciudadanos designados para integrar las juntas receptoras del voto (JRV) comenzaron este lunes 7 de septiembre el proceso de capacitación previo a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) previstas para 2027. La preparación busca instruir a los miembros de mesa sobre las tareas que deberán desempeñar durante la jornada electoral.

La capacitación se desarrolla de manera presencial y tiene carácter obligatorio para todos los integrantes de las juntas receptoras del voto. De acuerdo con la normativa electoral vigente, quienes no asistan a esta actividad podrán ser sancionados con una multa equivalente al 10 % de un salario básico unificado.

Cuatro fases de la jornada electoral

Durante las jornadas de formación, los miembros de mesa recibirán instrucciones sobre los procedimientos que deberán cumplir el día de los comicios. Entre los temas abordados constan:  

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Además de los aspectos operativos, la capacitación incluye información sobre las obligaciones y responsabilidades que deben asumir los integrantes de las juntas, así como las disposiciones establecidas en la legislación electoral para el desempeño de sus funciones.

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Sanciones por incumplimiento

La normativa también contempla sanciones para quienes, pese a haber sido designados, no se presenten a integrar la junta receptora del voto el día de las elecciones. En esos casos, la multa equivale al 15 % de un salario básico unificado.

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La asistencia a las capacitaciones forma parte de las actividades preparatorias del proceso electoral de 2027, en el que los ecuatorianos elegirán autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Los ciudadanos convocados pueden consultar los puntos habilitados para la capacitación a través de los canales oficiales establecidos para este proceso.

Lo que debes saber

• Héctor Vanegas y Cortázar revela los secretos y el auge actual de la masonería ecuatoriana.
• La masonería en Ecuador creció de 220 a más de 1.600 miembros impulsada por redes sociales.
• Un recorrido exclusivo por el Palacio Masónico muestra los rituales y la vida de sus logias.

Es un atardecer cálido del primer día de septiembre en Guayaquil. El sol tiñe de rojo el cielo que se aprecia en uno de los últimos pisos del edificio La Previsora. Mientras, Héctor Vanegas y Cortázar se prepara para hablar de una organización que durante siglos ha estado rodeada de misterio. Tiene 61 años y lleva 26 como masón. Su traje azul a rayas está impecable. Solo le falta un elemento que, para él, parece inseparable de su identidad. “Espéreme, sin mi sombrero, no soy yo”, dice entre risas.

Antes de comenzar la entrevista ordena algunos objetos, revisa su atuendo y busca algo dentro de un impecable maletín. En su oficina, un atril dorado cargado de símbolos masónicos en alto relieve sostiene su laptop y una taza de café. El espacio es pequeño, pero la vista compensa cualquier estrechez: frente a las ventanas, Guayaquil se enciende poco a poco con los últimos reflejos del día.

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Entonces saca otro objeto. Del maletín extrae uno de los elementos que más aprecia de sus tres periodos como gran maestro de la masonería: su mandil. El que lleva esa tarde es azul, con detalles dorados y un sol en el centro. “Tómeme la foto con mi mandil, es mi identidad como masón”, pide, esta vez sin bromear.

El despacho parece contar su historia antes de que él la pronuncie. Hay espadas, martillos, escuadras, compases, figuras de caballeros templarios, calaveras, bustos y personajes históricos. También están Simón Bolívar, José de San Martín, El Mio Cid y una representación de la mesa redonda del rey Arturo. En las paredes cuelgan sus títulos y reconocimientos acumulados durante décadas.

El legado liberal de Eloy Alfaro en la masonería

Entre tantos objetos, uno se repite: Eloy Alfaro. El Viejo Luchador aparece en distintos rincones de la oficina, pero un enorme busto color bronce sobresale desde una esquina y observa el despacho desde lo alto. Para Vanegas, Alfaro representa parte de la tradición liberal con la que relaciona a la masonería ecuatoriana.

Habla de él con convicción y enlaza su figura con transformaciones del país, especialmente con la construcción de un Estado laico y las reformas impulsadas durante el liberalismo. En su relato, Alfaro no es solamente un personaje histórico. Es también una referencia permanente dentro de la masonería.

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Los objetos de la oficina abren la puerta a recuerdos más personales. El busto grande de Alfaro, cuenta, fue un regalo. La mesa redonda del rey Arturo la compró en Roma. Entre esa colección singular también aparece un curioso gallo de Barcelona, su querido club.

Vanegas sonríe mientras recuerda el origen de algunas piezas. Pero la conversación regresa pronto a una idea que repite con firmeza: “Si está buscando un roce social, esa no es la masonería”.

También insiste en la dimensión espiritual de la fraternidad. Los miembros pueden profesar religiones distintas, explica, pero deben compartir una creencia en un Ser Superior, al que llaman Gran Arquitecto del Universo. Dentro de los templos, sostiene, política y religión tienen prohibido convertirse en temas de discusión.

Captación en redes sociales y crecimiento de miembros

Pero hay algo que ha cambiado. Durante mucho tiempo, la masonería estuvo asociada al silencio y al hermetismo. Vanegas, en cambio, ha decidido utilizar las mismas herramientas que utiliza el resto del mundo para comunicarse: las redes sociales.

Ha invitado a través de TikTok e Instagram a hombres interesados en acercarse a la organización. “No podemos estar ajenos al progreso”, sostiene. Pero inmediatamente coloca un límite: “Una cosa es invitar y otra cosa es permitir que ingresen”.

Según sus propias cifras, desde 2020 la masonería ecuatoriana atraviesa lo que él llama un despertar. Asegura que entonces había unos 220 miembros y que ahora son más de 1.600. Habla también de un crecimiento de las logias y de los templos.

La entrevista termina cuando el cielo porteño ya ha perdido el rojo. Pero la noche apenas comienza.

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Dentro del “Palacio Masónico” en Guayaquil

Es martes, el día en que se reúne la logia de Vanegas. Él toma su bastón y, como quien todavía tiene algo que mostrar, propone a este equipo avanzar unas cuadras hasta Calixto Romero y Francisco de Paula Lavayen. Allí está el lugar que llama, simplemente, el “Palacio Masónico”.

Son las 18:37. Desde afuera, el edificio luce impecable. Blanco mate, iluminado en medio de la noche, tiene una arquitectura que recuerda a los antiguos templos griegos.

Adentro, un largo pasillo conduce hacia distintas oficinas. En una de ellas predomina el azul: sillones, alfombras, puertas, banderas y hasta un vitral que incorpora símbolos masónicos al escudo del Ecuador.

Al final del corredor hay una puerta. “Entren, conozcan a mis hermanos”, dice Vanegas. Dentro, cerca de una decena de hombres comparte una merienda. Hay alimentos fritos sobre la mesa y una conversación que parece suspendida apenas por unos segundos. Al ver los invitados, todos se levantan. “Pasen, por favor, son bienvenidos”, dice uno de ellos al estrechar su mano con una sonrisa.

Simbología y reliquias de la Gran Maestría

No hay solemnidad en ese primer encuentro. Hay anécdotas, bromas y camaradería. Vanegas improvisa entonces un recorrido. En las paredes aparecen retratos de quienes han ocupado la Gran Maestría de la masonería ecuatoriana. En otra, los rostros de presidentes del país.

Hay esculturas, bustos y objetos históricos. Entre ellos, una réplica del mandil que, según cuentan dentro de la institución, perteneció a Simón Bolívar.

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Cada habitación vuelve sobre los mismos símbolos que estaban en el despacho de Vanegas. Solo que aquí adquieren otra dimensión.

Un piso arriba conduce hacia un curioso “vestidor masón”, destinado a la preparación de ropa con sus túnicas, mandiles y trajes que se utilizan en distintas ceremonias. Y más adentro está el salón masón: un lugar azul, con un largo piso en cuadrículas blancas y negras, cual tablero de ajedrez.

Cada asiento lleva la escuadra y el compás. Sobre el techo, un cielo pintado con nubes parece impedir que la noche entre por completo.

Tres palabras destacan en los escalones que conducen hasta el lugar reservado para el Gran Maestro: “Belleza, Fuerza y Sabiduría”. “Vengan, conozcan el de más arriba”, invita Vanegas. Es el tercer piso. La escena se repite con una diferencia contundente: el rojo domina todo. Paredes, detalles y elementos del templo parecen replicar el espacio anterior bajo otra tonalidad. “Vea, así de bonitos son nuestros templos” dice, orgulloso.

¿Qué hacen los masones en sus reuniones a puerta cerrada?

Mientras el recorrido termina, los miembros continúan conversando. Uno de ellos es Jaime Andrés Veintimilla, ingeniero en comercio exterior de 36 años. Llegó en 2021 después de ver una convocatoria de Vanegas en Instagram. Para él, aquello fue algo más que una publicación: “Fue un llamado”.

Habla de sus compañeros como hermanos. Sus esposas, explica, son sus cuñadas; sus hijos, sus sobrinos. Resume aquello como una “hermandad filosófica”.

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A pocos metros está René Bautista. Tiene 43 años, es dominicano y lleva siete años como masón. Vive en Ecuador desde hace 14 y actualmente ocupa la dignidad de ‘venerable maestro’. Para él, la masonería también representa un antes y un después: “Te pule y saca cosas que tienes guardadas”. Habla de intelectualidad, conocimiento y evolución. Afirma que es “un despertar”.

Entonces ¿qué mismo ocurre cuando aquellos hombres se reúnen a puerta cerrada? Bautista piensa un par de segundos y revela: “Casi siempre se habla de la orden masónica, temas esotéricos, espirituales y asuntos que tienen que ver con nuestras agendas”. Pero hay algo que quiere aclarar: “Somos seres humanos, como todos”.

La merienda termina. Los hombres comienzan a prepararse para lo que viene. Están por alistarse para su ‘tenida’, como llaman a la sesión oficial que realizan dentro del templo.