Lo que debes saber

• La Revolución Ciudadana asegura que ya tiene una nueva plataforma para competir en las seccionales de 2026.
• Gabriela Rivadeneira anticipó que el correísmo participará pese a la suspensión impuesta por el TCE.
• Durante esta semana está previsto que se anuncien más detales sobre el acuerdo político para las seccionales. 

El correísmo afirma que ya tiene un partido político de alcance nacional para participar en las elecciones seccionales de 2026. Sobre el movimiento pesa una suspensión dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por lo que no podrá inscribir candidatos con su propia lista.

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El anuncio lo hizo la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira. En un podcast que se transmite cada domingo, la líder política afirmó: “Tenemos partido nacional”, aunque sin especificar cuál sería la agrupación que los acogería para los próximos comicios.

“Aunque la Revolución Ciudadana esté suspendida de manera ilegal, tenemos partido nacional que va a auspiciar y en el que vamos a estar los cuadros de hombres y mujeres enfrentando la contienda electoral”, aseguró Rivadeneira.

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El anuncio llegó al final de dicho espacio. La dirigente únicamente adelantó que pronto se dará “una información seria, apropiada y que, sobre todo, permita decir que la RC no estará en la lista 5 sino en tal lista”.

Además, la presidenta de la Revolución Ciudadana aseguró que durante esta semana se conocerán más detalles sobre el tema. “Vamos a participar”, afirmó Rivadeneira en su programa dominical.

¿Por qué el correísmo no puede participar en las seccionales con su propia lista?

El juez electoral Joaquín Viteri dispuso la suspensión provisional de la Revolución Ciudadana por nueve meses, tras un pedido de la Fiscalía General del Estado relacionado con una investigación por presunto lavado de activos dentro del denominado caso Caja Chica.

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La resolución se sustentó en el artículo 374 del Código de la Democracia, que permite imponer sanciones a organizaciones políticas cuando existe una investigación por lavado de activos que las involucre directamente.

Posteriormente, el 11 de abril de 2026, el TCE ratificó la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadaria al considerar que no habían cambiado las circunstancias que motivaron la medida inicial. La decisión se produjo después de que los representantes de la organización política interpusieran los recursos correspondientes.

Lo que debes saber

• Bancada Ciudadana denuncia intento de blindaje legislativo a Inés Manzano en el caso Progen.
• Legisladores de ADN se abstuvieron en Comisión de Fiscalización este 6 de junio de 2026.
• El proceso penal contra la funcionaria pasará obligatoriamente al Pleno de la Asamblea Nacional.

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana anunció que el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, continúa bajo trámite legislativo, a pesar de que la Comisión de Fiscalización no lograra una resolución definitiva en su sesión virtual del 6 de junio de 2026. El bloque legislativo denunció que los asambleístas de la bancada ADN buscaron bloquear el control político mediante la abstención para favorecer a la funcionaria vinculada al caso Progen. Sin embargo, sostienen que la Ley de la Función Legislativa ordena que el tema pase de forma obligatoria a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para tomar la última decisión.

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La base jurídica aplicada para remitir este expediente al Pleno se fundamenta de manera estricta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). La normativa prevé los escenarios en los cuales las mesas especializadas no alcanzan consensos internos.

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La consecuencia legal de este vacío de votación determina que el proceso de control político siga bajo competencia el Pleno de la Asamblea. Un precedente directo de esta misma salida jurídica ocurrió en el año 2022, durante el trámite de interpelación ejecutado en contra del entonces Procurador General del Estado.

La solicitud formal para incluir el debate en el Pleno ya fue entregada formalmente, trasladando la conducción del debate y la votación final a la máxima autoridad administrativa del parlamento ecuatoriano, Niels Olsen.

El rol de la bancada de ADN y las abstenciones en Fiscalización

La sesión de la Comisión de Fiscalización del 6 de junio de 2026 evidenció posturas divididas que impidieron un dictamen definitivo. Los cuestionamientos de la oposición se dirigen formalmente hacia los integrantes del oficialismo que evitaron pronunciarse a favor o en contra del proceso de fiscalización.

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Legisladores señalados por la Bancada Ciudadana

De acuerdo con el comunicado oficial, un grupo de seis asambleístas pertenecientes al bloque de ADN optó por la abstención durante la votación clave:

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Este lunes 8 y martes 9 de junio de 2026, el Legislativo tendrá dos sesiones relacionadas con el SUCRE. En la primera se conocerá y resolverá sobre el informe del proceso de fiscalización del caso SUCRE-FOGLOCONS.

La sesión está prevista para las 11:00 de este lunes. La base para la discusión será el informe de fiscalización aprobado en 2021. 

La mesa presidida por Fernando Villavicencio inició una investigación sobre las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción (FOGLOCONS), vinculada con Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes eran investigados por la justicia de Estados Unidos.

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El tratado constitutivo del SUCRE se firmó el 16 de octubre de 2009 entre los entonces jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Su objetivo era facilitar el comercio entre los países firmantes.

Investigación sobre SUCRE en Ecuador

En Ecuador se inició una investigación por el uso de dicho sistema. FOGLOCONS reportó exportaciones de materiales de construcción y viviendas prefabricadas desde Ecuador hacia Venezuela por cerca de 159,9 millones de dólares. Posteriormente, varias investigaciones contrastaron esos datos con registros de la Aduana del Ecuador.

Los documentos mostraron que los bienes que realmente salieron del país sumaban apenas unos 3 millones de dólares. El resto de la mercancía no existía o estaba sobrevalorada.

El informe que se tratará este 8 de junio de 2026 señala que “se encuentra identificado el mecanismo, la participación de los funcionarios públicos, así como de las personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que ejercieron desde la creación del Sistema SUCRE, hasta el año 2018, acciones que merecen ser investigadas por la justicia penal ecuatoriana, venezolana y desde luego de Estados Unidos de América”.

Entre las recomendaciones consta remitir el informe a la Fiscalía General del Estado. También se plantea que esa entidad determine las responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendente de Compañías entre 2010 y 2014, debido a que permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento de ninguna naturaleza.

Asimismo, existe una recomendación relacionada con el ámbito electoral. El informe plantea que los hallazgos sean remitidos al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral, “a fin de que disponga la apertura de una investigación al aporte de campaña del año 2013, realizado por la ciudadana Micaela Lehrer Alarcón, al partido Alianza País”.

Sobre la salida del SUCRE

Al día siguiente, la Asamblea tratará la denuncia enviada por el presidente Daniel Noboa para que Ecuador abandone dicho sistema. La sesión está prevista para las 10:00 del 9 de junio de 2026 y el primer punto del orden del día será: “conocer y resolver respecto del informe de aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos”.

Dicho informe fue tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la oficialista Lucía Jaramillo. El día que inició el trámite en esa mesa, la legisladora aseguró: “Nació en el 2009 como parte de una arquitectura financiera regional que prometía facilitar el comercio sin la necesidad de utilizar dólares estadounidenses. La realidad nos muestra un panorama radicalmente distinto. El alcance de la inactividad es innegable”.

Lo que debe saber

• El nuevo canciller de Daniel Noboa llega sin experiencia diplomática y con un pasado marcado por el caso HealthBird.
• El último cargo que ocupó en el Gabinete de Daniel Noboa fue frente al Ministerio de Telecomunicaciones y antes estuvo en CNT.
• Gabriela Sommerfeld dejó el cargo que ocupó desde el primer periodo del presidente Daniel Noboa. 

Gabriela Sommerfeld, quien acompañó al presidente Daniel Noboa desde el inicio de su primer mandato, dejó la Cancillería ecuatoriana. En su reemplazo asumirá Roberto Kury. Su nombre no es nuevo en el Gabinete de Noboa, donde ha estado vinculado al área de las telecomunicaciones. El ahora canciller fue clave en la cuestionada alianza entre CNT y HealthBird.

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Kury pasará del Ministerio de Telecomunicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenta con 17 años de experiencia en el sector tecnológico y de telecomunicaciones. De acuerdo con la hoja de vida presentada cuando fue designado ministro de Telecomunicaciones, ha liderado proyectos de expansión en Centroamérica, en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

En cuanto a su formación académica, posee una licenciatura en Finanzas con énfasis en Sistemas de Información por Boston College. Además, completó una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Babson College, con especialización en Transformación Tecnológica.

Es decir, en su trayectoria académica y profesional no consta una carrera diplomática ni experiencia previa en el servicio exterior. Kury también estuvo al frente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) entre 2024 y 2025.

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Cuando asumió el Ministerio de Telecomunicaciones, se destacaron varios hitos de su hoja de vida. Entre ellos, el Acuerdo Estratégico con Google, mediante el cual lideró la firma de un convenio para implementar más de 30 iniciativas en áreas como salud, educación y seguridad, utilizando inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y reducir la brecha digital.

Asimismo, se resaltó que, como director de Transformación Tecnológica en enero de 2025, coordinó la implementación de herramientas digitales a escala nacional, con el respaldo de empresas como Google y Palantir.

Kury y el caso HealthBird

El nombre de Roberto Kury también surgió en medio de los cuestionamientos a la fallida alianza entre CNT y la startup HealthBird. El caso llegó al debate público después de que se pusiera en duda la experiencia de la empresa estadounidense para participar en la modernización de distintos servicios de salud, entre ellos el sistema de agendamiento de citas médicas del IESS.

Diario EXPRESO investigó y documentó ampliamente varios de esos cuestionamientos. En esas publicaciones apareció el nombre de Roberto Kury, quien incluso viajó a Estados Unidos para visitar las instalaciones de HealthBird y reunirse con Ariel Domínguez, CEO de la compañía.

Los documentos revisados por este Diario detallan que el 27 de febrero de 2025, CNT suscribió el “acuerdo comercial marco para la provisión de servicio de tecnologías de información, plataforma de salud pública y servicios CNT Tránsito Mobile App bajo demanda para clientes CNT” con HealthBird Ecuador S.A.S.

Para concretar esa firma, las gerencias nacionales de Planificación Estratégica y de Negocios emitieron certificaciones presupuestarias, informes de viabilidad e incorporaron el proyecto HealthBird al Plan Operativo Anual (POA) de 2025, con el objetivo de “contar con los recursos” públicos necesarios para cubrir los pagos a la empresa.

El principal impulsor del proceso fue Roberto Kury, entonces gerente general de CNT y posteriormente ministro de Telecomunicaciones.

En medio de los cuestionamientos, CNT difundió un boletín afirmando que “el acuerdo comercial entre CNT EP y HealthBird no generó ningún impacto presupuestario para la CNT EP”.

Lo que debes saber

• Viteri y Yunda reactivan el debate sobre las alianzas políticas del oficialismo en Ecuador.
• El análisis examina cómo el oficialismo busca ampliar apoyos en el actual escenario político.
• Los movimientos de Viteri y Yunda reflejan cambios en la estrategia política del Gobierno.

Las elecciones seccionales adelantadas de este año podrían convertirse en un referéndum y el Gobierno lo sabe. Curiosamente, para que eso ocurra no es necesario que la gente vaya a votar por un alcalde o prefecto pensando en si aprueba o no la gestión de Daniel Noboa. 

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Solo haría falta que el mapa electoral resultante, dependiendo del color en que se pinte, nos cuente una historia sobre el voto de los demás: que nació el noboísmo de las entrañas del país o que lo sepultaron en su infancia con una segunda derrota. 

Y el presidente Noboa bien que podría ayudar a contar ese cuento según cómo decida asumir los resultados: celebrando con sus candidatos morados, escondiéndose ante un gran revés o, como una alternativa que algunos comentaristas ya contemplan, congratulándose por la victoria de sus aliados sobre sus enemigos.

La estrategia de alianzas como apuesta política

Esa tercera opción podría ser la apuesta más segura de Daniel Noboa para hacerse con el control de las principales ciudades y provincias del país, y así darse un empujón más para llegar al 2029 a la cabeza de un proyecto político viable. 

Las dos cartas que hasta ahora parecerían delatar ese juego son dos exalcaldes: Cynthia Viteri en Guayaquil y Jorge Yunda en Quito. Ambos han sido más que amistosos con el presidente Noboa.

Cynthia Viteri y las señales de cercanía

Viteri salió varias veces durante el año pasado a respaldar tanto la candidatura de Daniel Noboa en segunda vuelta como el proyecto presidencial de una asamblea constituyente. 

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En al menos una entrevista, Viteri no negó haber conversado con el presidente Noboa, aunque les restó importancia a esos diálogos. Pero lo más llamativo ha sido lo que ha ocurrido alrededor de ella.

We News, la portal digital que comparte con su actual marido, Juan Carlos Vásconez, ha mantenido una línea relativamente favorable al Gobierno, a pesar de que todavía se puede encontrar en su cuenta de X (antes Twitter), alguna publicación reveladora sobre el pasado de Vásconez en el lado B correísta. 

Él es el mismo Vásconez a quien Aquiles Álvarez acusó, por medio de una foto borrosa de los hechos y otra más nítida de un momento distinto, de ser dueño del vehículo supuestamente usado para montar una pancarta que atribuía falsamente a la campaña de Luisa González la propuesta de convertir al Yeyo Úraga en un centro de rehabilitación. Daniel Noboa compartió una foto de esa pancarta en su propia cuenta.

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Jorge Yunda y su postura frente al Gobierno

Jorge Yunda por su lado, ha preferido que Noboa hable por él mismo. Tanto lo dejó hablar en una entrevista, y con tal comodidad, que se ganó las felicitaciones del presidente: lo llamó un “muy buen comunicador”.

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Cuando a Yunda le ha tocado responder desde el sillón del entrevistado, como hace unos días, sobre su opinión del Gobierno, su postura ha sido todavía más penosa: que hay que darle tiempo, que la culpa es de Lasso y de Moreno que le heredaron un desastre y que él mismo no puede “responder de (sic) medidas que las toman desde el Gobierno central”.

Yunda alguna vez portó la camiseta verdeflex (al igual que muchos noboístas de hoy), pero sus convicciones de izquierda, si es que las tuvo, nunca fueron demasiado claras. Hoy, él parece preferir ubicarse en un centro vacuo e indefinido, pero sobre todo acomodaticio. 

Lo único que él representa es el rechazo a la élite tradicional de Quito, la cual se siente relegada y maltratada por Noboa y sus ministros. Una posible colaboración con Noboa no debería ser entonces, una sorpresa para nadie ni un problema para su campaña mientras él sepa marcar la distancia necesaria.

Candidatos con antecedentes y limitaciones

Más allá de sus coincidencias con el Gobierno, estas dos figuras, estos dos exalcaldes que ya fueron derrotados en el 2023, no son precisamente las mejores apuestas posibles. 

Encima, sobre ambos pesa una derrota histórica para su antiguo partido, en el caso de Viteri, y una destitución, en el de Yunda, y ninguno de los dos puede presentar un récord de gestión que pudiera llamarse brillante. Sin embargo, Daniel Noboa no tiene con mucho más con que jugar.

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Escenario electoral en Guayaquil

En Guayaquil, la precandidatura abortada de Annabella Azín fue la única que generó fuertes expectativas. Los dos precandidatos finalmente anunciados, por su parte, enfrentan cierta oposición a la interna, y uno de ellos, Reimberg, no está muy emocionado con la idea de dejar su cargo actual para irse de campaña.

Escenario electoral en Quito

En Quito, el asambleísta Andrés Castillo, quien aspiraba a ser el seleccionado, se quedó afuera, mientras que las dos precandidatas oficiales, la canciller Gabriela Sommerfeld y la directora del seguro campesino, Giovanna Ubidia, sorprendieron a un público que no se esperaba a la primera y no conocía a la segunda.

En comparación, la doctora y el doctor no parecen tan malos prospectos para el Gobierno. Habrá que ver si los votantes piensan igual. Esto es, claro, si ellos llegan a la papeleta y el oficialismo no encuentra una mejor salida.

Política

Gabriela Sommerfeld renuncia a la Cancillería por motivos personales y de salud

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El mandatario también agradeció a la ahora exministra por su labor y entrega en el cargo. Al mismo tiempo que le deseó lo mejor en su futuro profesional.

"El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, expresa su reconocimiento y agradecimiento a Gabriela Sommerfeld por su entrega, compromiso y servicio al país durante su gestión como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana", fue parte de lo que publicó el Gobierno Nacional. 

Roberto Kury es el nuevo canciller

En el mismo comunicado, el presidente aprovechó para anunciar a Roberto Kury como el nuevo canciller ecuatoriano. E indicó cuáles serán sus funciones de ahora en adelante. 

"El nuevo Canciller asumirá la responsabilidad de continuar fortaleciendo una política exterior firme, estratégica y alineada con los intereses nacionales", dice parte del escrito. 

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El comunicado completo del Gobierno Nacional 

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Sommerfeld confirma su salida del Gobierno

En el documento, Sommerfeld señaló que representar al Ecuador ante el mundo fue "el honor más grande" de su vida y destacó el respaldo recibido por parte del mandatario.

“Hoy, por motivos personales y de salud, he presentado mi renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Al presidente Noboa le reitero mi admiración, respeto, cariño y gratitud”, expresó.

La ahora exfuncionaria aseguró que desempeñó el cargo con “absoluto compromiso y lealtad hacia el Ecuador”, enfocada en fortalecer la presencia internacional del país y promover oportunidades de desarrollo.

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En su carta de despedida, Sommerfeld hizo un balance de los principales resultados alcanzados durante su paso por la Cancillería.

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También destacó la creación del Viceministerio de Cooperación Internacional, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente recursos no reembolsables destinados a sectores vulnerables.

Trabajo con migrantes ecuatorianos

Sommerfeld resaltó además las acciones impulsadas para los ecuatorianos residentes en el exterior.

Según indicó, durante su administración se digitalizaron servicios consulares y se ampliaron los mecanismos de atención para acercar el Estado a las comunidades migrantes.

La exministra aseguró que se reforzó el combate contra la migración irregular y se promovieron programas vinculados a la migración circular para generar mayores condiciones de seguridad y oportunidades para los compatriotas.

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Mensaje de despedida

En la parte final de la carta, la exfuncionaria agradeció al personal de la Cancillería, al cuerpo diplomático y a los organismos internacionales acreditados en Ecuador por el trabajo conjunto realizado durante su gestión.

“Concluyo mis funciones con la satisfacción de haber servido con integridad, eficiencia y objetividad, con la certeza de que el Ecuador continuará en la senda hacia la prosperidad y el desarrollo bajo liderazgo del señor presidente Daniel Noboa”, manifestó.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado quién asumirá la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tras la salida de Sommerfeld.

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La decisión fue aprobada por el Pleno del organismo electoral como parte de las actividades preparatorias para los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026. 

A través de este proceso, los movimientos y partidos políticos podrán designar representantes que acompañen distintas etapas de verificación y supervisión del proceso electoral.

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Los interesados deberán presentar la documentación requerida para demostrar que cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad electoral. La recepción de los mismos se realizará tanto en la Secretaría General del CNE como en las delegaciones provinciales electorales. 

Los ecuatorianos residentes en el exterior también podrán entregar la información a través de las oficinas consulares.

La participación de estos delegados forma parte de los mecanismos de observación y control contemplados dentro de la organización de los comicios. Su función es acompañar procedimientos técnicos relacionados con la preparación y ejecución de las elecciones, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en los resultados.

Una vez concluida la etapa de inscripción y revisión de requisitos, el CNE realizará jornadas de capacitación para quienes sean habilitados como representantes de las organizaciones políticas.

Fechas clave para la elección del nuevo CPCCS

El próximo 11 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral tiene prevista la publicación de la convocatoria para la inscripción de postulantes a candidatos a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Con ello arrancará formalmente el proceso para la selección de los nuevos aspirantes a integrar ese organismo de la Función de Transparencia. Cabe recordar que la comisión verificadora ya fue conformada con personal del propio CNE.

Tras la publicación de la convocatoria, el organismo electoral prevé abrir el periodo de inscripción de candidaturas. Este se extenderá hasta el próximo 25 de junio de 2026.

El proceso forma parte del cronograma aprobado por el CNE para la renovación de los integrantes del CPCCS, una de las elecciones previstas dentro del calendario electoral de 2026.

Lo que debes saber

• La Asamblea debatirá una reforma para sancionar el uso indebido de uniformes e insignias institucionales.
• El proyecto busca frenar delitos cometidos mediante la simulación de autoridad.
• La propuesta incorpora nuevas sanciones y mayores controles sobre estos bienes de seguridad.

El Pleno de la Asamblea Nacional realizará este martes 9 de junio el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales. La propuesta busca fortalecer la seguridad pública frente a la utilización indebida de estos elementos con fines ilícitos.

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Delitos cometidos bajo apariencia de autoridad

La iniciativa fue tramitada por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Tras su análisis en esa mesa legislativa, el proyecto pasará a consideración del Pleno para definir su futuro.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el uso de uniformes, insignias y distintivos institucionales por parte de grupos criminales para ejecutar delitos bajo una falsa apariencia de autoridad. Según el informe para segundo debate, esta práctica ha sido utilizada para realizar allanamientos ilegales, retenciones arbitrarias y otros actos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y debilitan la confianza en las instituciones del Estado.

El documento también señala que la normativa vigente resulta insuficiente para enfrentar estas conductas, ya que el uso indebido de uniformes suele estar contemplado únicamente como una circunstancia agravante o una contravención. Por ello, la iniciativa plantea fortalecer el marco legal con sanciones específicas que permitan prevenir la simulación de funciones públicas y dificultar que organizaciones delictivas se aprovechen de símbolos que representan la autoridad legítima.

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Más controles y sanciones para uniformes institucionales

Además, durante el proceso de socialización del proyecto, representantes de entidades de seguridad, expertos en derecho penal y organismos públicos coincidieron en la necesidad de establecer mayores controles sobre la fabricación, comercialización y circulación de uniformes institucionales. El informe recoge observaciones que apuntan a mejorar la trazabilidad de estas prendas y evitar que lleguen a manos de personas ajenas a las instituciones de seguridad.

La comisión argumenta que la reforma busca proteger no solo a las entidades estatales, sino también a la ciudadanía, que puede ser víctima de engaños cuando delincuentes utilizan indumentaria oficial para aparentar procedimientos legítimos. En ese sentido, sostiene que fortalecer los mecanismos de control y sanción contribuirá a preservar la confianza pública en las fuerzas del orden y en las instituciones encargadas de la seguridad.

Además, la propuesta busca fortalecer las sanciones relacionadas con el uso indebido de uniformes, insignias y distintivos institucionales. Entre los cambios planteados consta la unificación de agravantes vinculadas al empleo de estos elementos para facilitar la comisión de delitos.

La iniciativa además plantea reforzar las obligaciones de custodia sobre estos bienes dentro de las instituciones de seguridad. Para ello, propone incorporar faltas disciplinarias relacionadas con la pérdida no reportada o la entrega no autorizada de uniformes e insignias.

El informe llegará al Pleno con el respaldo de siete integrantes de la comisión. Tres legisladores optaron por la abstención.

Lo que debes saber

• Jan Topic volvió a referirse a Guayaquil en un mensaje sobre seguridad y gestión local.
• El exaspirante presidencial mantiene conversaciones con Jaime Nebot sobre una eventual candidatura.
• El PSC asegura que no existirían impedimentos legales para que participe en las seccionales de 2026.

No es la primera vez que el excandidato presidencial Jan Topic se pronuncia, a través de videos publicados en sus redes sociales, sobre la crisis de seguridad que enfrenta Guayaquil. La tarde de este sábado 6 de junio de 2026, el también empresario difundió un mensaje en el que deja entrever su interés por la Alcaldía de la ciudad.

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El PSC espera una definición de Topic

La primera vez que Topic se refirió su interés a una eventual candidatura en Guayaquil fue el pasado 30 de mayo. Lo hizo pese a que, inicialmente, había manifestado su interés por encabezar la administración municipal de Durán.

No obstante, una fuente del Partido Social Cristiano (PSC) consultada por EXPRESO señaló que aún no está definido si Jan Topic buscará la Alcaldía de Guayaquil o la de Durán. Según la misma fuente, el exaspirante presidencial mantiene interés en ambas candidaturas, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

La fuente agregó que Topic cuenta con la apertura y el respaldo de Jaime Nebot, con quien ha mantenido conversaciones sobre una eventual participación electoral. Se prevé que, para la asamblea provincial del PSC en Guayas, Jan Topic ya haya definido si participará en los comicios seccionales de 2026.

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Las reservas tras la inhabilitación de 2025

El exaspirante presidencial mantiene reservas, debido a que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inhabilitó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025. En ese entonces, corrió con el movimiento SUMA.

Ante ese escenario, la organización política le ha asegurado que no existirían impedimentos legales para una nueva postulación. Sin embargo, también le preocupa que una eventual candidatura pueda derivar en acciones o presiones del Gobierno que afecten a los negocios de su familia.

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Las opciones electorales que analiza

En todo caso, Topic tendría la posibilidad de postularse a la Alcaldía de Durán, ciudad donde nació. También podría optar por la Alcaldía de Guayaquil, considerando que Durán formó parte de ese cantón hasta su cantonización en 1986.

Otra alternativa sería una candidatura en Samborondón, cantón en el que ha residido durante la última década. De esa manera, el exaspirante presidencial mantiene abiertas varias opciones de cara a las elecciones seccionales de 2026.

El plan B del socialcristianismo

Por otro lado, si Topic no contendiera por Guayaquil, Jorge Acaiturri, exasambleísta por Guayas, sería el candidato del PSC. Quienes no serían considerados por la tienda política para un eventual respaldo es Henry Cucalón, exministro de Gobierno, y Cynthia Viteri, exalcaldesa de Guayaquil.

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La seguridad, eje de su mensaje sobre Guayaquil

En el video, que tiene una duración de dos minutos y 28 segundos, Topic se refiere a los problemas de seguridad que afectan a los puertos ubicados en el sur de Guayaquil. Además, sostiene que “lo que ha pasado hoy en los muelles de Manta debe abrirnos los ojos sobre la situación de los puertos de nuestra ciudad”.

El exaspirante a la Presidencia también afirmó que “es momento de Guayaquil, es momento del Guayas”. Asimismo, señaló que una ciudad puede acostumbrarse “a la decadencia, a la mediocridad y a la falta de obras”, o decidir volver a perseguir la grandeza.

El pasado 30 de mayo, Topic manifestó públicamente, por primera vez, su interés por liderar la administración de Guayaquil. Fue entonces cuando habló por primera vez de “nuestro gran Guayaquil” y se refirió a los que denominó “polos criminales”: el complejo penitenciario, ubicado en el norte de la ciudad, y los puertos, asentados en el sur.

Internacional

Perú elige presidente en segunda vuelta electoral bajo un escenario de empate técnico

Agencia EFE

Enfoque regional y seguridad

Durante el tradicional desayuno electoral, Fujimori enfatizó la necesidad de articular una estrategia conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado entre los países del bloque andino. La candidata señaló directamente la urgencia de trabajar estrechamente con Ecuador, Perú, Chile y Colombia, naciones afectadas por la crisis de seguridad regional.

En el plano de las relaciones externas, la jornada estuvo marcada por pronunciamientos internacionales. El candidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella, quien disputará la segunda vuelta en su país el próximo 21 de junio frente al izquierdista Iván Cepeda, expresó su respaldo público a Fujimori mediante una videollamada, calificando la elección peruana como un día clave para las libertades de la región. Asimismo, la líder fujimorista recordó su reciente acercamiento con el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, con quien prevé mantener agendas comerciales comunes.

Por su parte, el izquierdista Roberto Sánchez apeló a la "vocación democrática y de resistencia" de los sectores rurales e interiores del país. Su campaña centró el discurso en la dignidad nacional y la movilización de las bases populares, intentando canalizar el descontento social acumulado. El despliegue de seguridad en los centros de votación fue estricto para evitar incidentes en una jornada clave para la geopolítica de Sudamérica.

Sánchez es representante de la izquierda por el partido Juntos por el Perú, quien asume la posta del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Sánchez votó en su natal Huaral y anunció que esperará los resultados a boca de urna en los exteriores del penal de Barbadillo, donde Castillo cumple una condena de 11 años por su fallido golpe de Estado en 2022 y a quien ha prometido liberar.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa nombró a Juan Carlos Álvarez gobernador de Loja mediante decreto firmado el 6 de junio.
• Juan Carlos Álvarez dejó el Registro Civil para asumir la representación del Gobierno en Loja.
• El relevo en Loja ocurre tras la salida de Alexandra Jara de la Gobernación provincial.

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Juan Carlos Álvarez Maldonado como nuevo gobernador de la provincia de Loja. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 414, suscrito el 6 de junio de 2026.

Con esta disposición, el Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo N.° 319, emitido en julio de 2024, mediante el cual fue nombrada Alexandra Monserrate Jara Minga como representante del Gobierno en esa provincia.

Juan Carlos Álvarez ocupaba un cargo en el Registro Civil

Antes de asumir la Gobernación de Loja, Juan Carlos Álvarez se desempeñaba como coordinador zonal 7 del Registro Civil, entidad con jurisdicción en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Había asumido esas funciones en febrero de 2025.

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El nuevo gobernador es abogado y, según el decreto presidencial, ejercerá el cargo desde la fecha de suscripción del documento, independientemente de su posterior publicación en el Registro Oficial.

El decreto también incluye un reconocimiento a Alexandra Jara Minga por los servicios prestados durante el tiempo que permaneció al frente de la Gobernación de Loja.

La designación se enmarca en los cambios que el Gobierno ha realizado en distintos ministerios y representaciones provinciales durante las últimas semanas.

Lo que debe saber

• Tras el bloqueo del trámite en Fiscalización, la bancada correísta elevó el tono de sus críticas y vinculó el caso Progen con presuntas responsabilidades en las más altas esferas del poder.
• La Comisión de Fiscalización argumentó que el caso ya está bajo investigación de la Fiscalía y que la prioridad es esclarecer los hechos con rigor técnico.
• ADN bloqueó por segunda ocasión en el actual periodo legislativo, una iniciativa de juicio político en contra de Manzano. 

Por segunda ocasión en el actual periodo legislativo, ADN bloqueó el avance del proceso de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. Tras la decisión adoptada por la Comisión de Fiscalización el 6 de junio de 2026, el correísmo arremetió contra el bloque oficialista.

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En Fiscalización, ADN bloqueó la calificación del juicio político en contra de Inés Manzano

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“Lo que hizo la Bancada de ADN fue repugnante. Protegieron a la peor escoria de este país, a quien nos robó a todos, a quien nos dejó a oscuras por más de 14 horas diarias”, señaló la bancada de la Revolución Ciudadana en su cuenta de la red social X.

La tarde del 6 de junio de 2026, la mesa de Fiscalización se reunió para conocer la solicitud de juicio político e intentar calificarla. Sin debate, argumentación alguna o siquiera revisar el cumplimiento de los requisitos, los asambleístas del oficialismo y su aliado, el ex-Pachakutik José Nango, se abstuvieron al momento de votar la moción que planteaba la calificación del trámite.

En la práctica, esa decisión determinó que el proceso se estanque en esa instancia y que, una vez más, no avance una posible interpelación contra Manzano. 

Cabe recordar que durante 2025 el correísmo también intentó llevar a juicio político a la exministra y, en esa ocasión, la solicitud no superó la revisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que también es controlado por ADN.

La bancada correísta también afirmó: “Le dan la espalda, nuevamente, insistentemente al país, a la verdad, a sus propios principios”.

Los cuestionamientos desde el bloque correísta

Varios asambleístas de la Revolución Ciudadana reaccionaron a lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización. La integrante de la mesa, Ana Herrera, señaló: “Los legisladores de ADN que tienen la mayoría y el control de la comisión no dieron paso a la calificación del juicio político, a pesar de que se ha convertido en el mayor acto de corrupción de este Gobierno”.

Por su parte, la legisladora Viviana Veloz indicó: “Si están dispuestos a llegar tan lejos para blindar a Manzano, es porque saben que el caso PROGEN no termina en un ministerio. Saben que la ruta de las responsabilidades conduce más arriba, hacia el corazón mismo del poder”.

A su vez, Xavier Lasso publicó un video en el que calificó la decisión como “delirante”. “En apenas minutos Ferdinan Álvarez despachó la sesión negando la posibilidad del juicio político. No han tenido la más mínima vergüenza”, indicó.

¿Cuál fue la justificación de ADN?

Tras la votación, la Comisión de Fiscalización emitió un comunicado que fue replicado por los canales oficiales de la Asamblea Nacional. El documento fue titulado: “La prioridad debe ser conocer toda la verdad”.

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El pronunciamiento señala que “este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional”.

Tal como ocurrió con el proceso de fiscalización a los contratos con Progen y ATM en la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, la Comisión de Fiscalización argumentó que el caso ya está en manos de la Fiscalía.

Lo que debes saber

• Etapa probatoria en marcha: La Comisión de Mesa abrió un plazo de diez días hábiles para que el denunciante y la defensa de Aquiles Álvarez presenten las pruebas de cargo y descargo en el Municipio. 
  
• El peso del voto político: El informe de la comisión no es vinculante; la remoción definitiva del alcalde de Guayaquil requerirá del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Cantonal.
  
• Escenario de subrogación: Mientras avanza el proceso administrativo, la vicealcaldesa Tatiana Coronel lidera la alcaldía tras la prisión preventiva de Álvarez por el denominado caso 'Triple A'.

El proceso administrativo para la remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha entrado en su etapa más decisiva. Tras la apertura de la fase probatoria en la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal, el escenario político y legal de la urbe se acelera en medio de una profunda expectativa ciudadana. Este trámite, sustentado en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), busca determinar la continuidad de la autoridad judicializada.

El avance del procedimiento se formalizó una vez que el concejal y presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala, notificó que el cuerpo edilicio conoció el escrito en el que el alcalde designó a los juristas Ramiro García y David Norero —exsecretario municipal de la urbe— como los líderes de su defensa técnica. Con esta acreditación, la comisión despejó cualquier cuestionamiento sobre una eventual indefensión y viabilizó el inicio de los tiempos procesales que definirán el futuro del cabildo.

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La cronología de los hechos

El expediente administrativo se ha desarrollado a través de momentos clave que marcan el ritmo de la crisis municipal:

Las claves del trámite y plazos legales

La etapa que acaba de abrirse representa un período crucial de diez días hábiles. Durante este lapso, tanto el denunciante como los representantes legales de Aquiles Álvarez deberán presentar de manera formal todos los documentos, alegatos y elementos probatorios de cargo y descargo ante la Comisión de Mesa. 

Cabe destacar que, de las tres denuncias presentadas originalmente para remover al personero municipal, la comisión solo admitió a trámite una, rechazando las otras dos por no cumplir con los requisitos formales y de legitimación activa exigidos por la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Una vez que concluya el período de diez días para la evacuación de pruebas, la Comisión de Mesa dispondrá de un plazo estricto de cinco días adicionales para analizar el expediente y elaborar un informe final con sus conclusiones. 

Este documento técnico será elevado de inmediato al pleno del Concejo Cantonal, el cual deberá ser convocado a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos días para conocer, debatir y resolver la situación jurídica del alcalde.

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Los escenarios y el desenlace político

El desenlace de este proceso administrativo abre un abanico de consecuencias legales y de gobernabilidad para Guayaquil:

Lo que debe saber

• El Consejo Nacional Electoral canceló a la organización Política Unidad Popular por no contar con el mínimo de adherentes exigido.
• El movimiento acudió al TCE que, en primera instancia echó abajo la decisión del CNE.
• El Consejo Nacional Electoral no apeló la decisión para que el caso llegue al Pleno del TCE y la sentencia de primera instancia quedó en firme. 

¿Unidad Popular estará en la papeleta de las seccionales de 2026? La organización política señaló este 7 de junio de 2026 que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó una apelación a la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dejó sin efecto su cancelación.

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“La sentencia que anuló la cancelación de Unidad Popular está en firme. El CNE no apeló en el plazo legal. Bien por la coherencia de Enrique Pita (vicepresidente del CNE)”, escribió Geovanni Atarihuana en su cuenta de X.

El dirigente de Unidad Popular hizo referencia a Pita, considerando que actualmente actúa como presidente subrogante ante la ausencia de la titular del CNE, Diana Atamaint. 

Esta última fue la única consejera que participó en todas las sesiones en las que se resolvió la situación de Unidad Popular en el pleno del organismo electoral.

“Luego de 80 días de lucha por la democracia derrotamos el atropello y la prepotencia. Las listas 2 de Unidad Popular estaremos en papeleta”, agregó Atarihuana. Además, señaló que la organización participará en 200 cantones.

En ese sentido, UP anunció que iniciará el proceso de elecciones primarias para definir los perfiles que la representarán. “Vamos a definir candidaturas y alianzas. Convocamos nuestras primarias a partir del 29 de junio”.

La decisión del TCE

El caso de Unidad Popular llegó hasta el TCE después de que el CNE dispusiera la cancelación de la organización política, al considerar que no contaba con el porcentaje mínimo de adherentes exigido por la ley. 

Unidad Popular solicitó la corrección de la decisión, pero el organismo electoral se ratificó en su postura. En ese proceso fue determinante la participación de los consejeros suplentes. Enrique Pita, por ejemplo, se ausentó de las convocatorias en las que estaba previsto resolver el caso.

Posteriormente, la causa en el TCE recayó en la jueza Ivonne Coloma, presidenta del organismo. En su sentencia, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias al emitir dichas resoluciones. 

Sin embargo, precisó que el fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular cumple o no con los requisitos legales para mantenerse en el registro electoral.

Coloma también señaló que esa decisión corresponde exclusivamente al CNE, que deberá pronunciarse mediante el procedimiento adecuado, con información completa, verificable, debidamente motivada y sujeta a contradicción. Asimismo, argumentó que se debe considerar la documentación presentada por la organización política.

EXPRESO pudo confirmar que efectivamente el Consejo Nacional Electoral no presentó el recurso hasta las media noche del 6 de junio de 2026, fecha en la que culminaba el plazo. 

Lo que debes saber:

• Adultos mayores en Ecuador acceden a descuentos desde hace 20 años, pero reportan fallas en su aplicación en 2026.
• Usuarios como Lolita y familias usan rebajas en transporte y servicios, aunque trámites y compras online limitan beneficios.
• Expertos alertan: 70% sin pensión y retrasos en salud e IVA evidencian brechas en derechos de adultos mayores.

Zoila Magdalena Gallegos, a quien todos llaman Lolita, está a punto de cumplir 76 años. Durante casi cuatro décadas trabajó como comunicadora en el Ministerio de Educación, en la Agencia Ecuatoriana de Prensa, en Diario El Mercurio y en HCM1. Por eso no duda en acceder a los derechos que le corresponden: la atención preferente en los bancos o los descuentos para mayores de 65 años.

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“Nunca he tenido transporte privado; siempre me he movido en bus”, relata. “Pago la tarifa reducida, 0,17 dólares. Apenas me ven, me dicen ‘tercera edad’. Y cuando voy a hacer un trámite, tengo mi ventanilla”.

En Ecuador, estos beneficios no son recientes. Desde hace más de dos décadas —antes incluso de la actual Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores— ya existía la Ley del Anciano.

Esta norma estableció descuentos del 50% en tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, así como en entradas a espectáculos públicos, culturales, deportivos y recreativos, además de rebajas en servicios como el de agua potable, energía eléctrica o los impuestos prediales, entre otros.

Testimonios de beneficiarios

Karen Ayala es hija de Patricio y Nelly, de 74 y 75 años. Disfruta de poder comprarles entradas de cine a mitad de precio, así como boletos para el teatro, funciones del ballet Folclórico Jacchiua y conciertos. Además, el paquete de Internet y plan de telefonía celular.

“Me enteré de estas rebajas por mis compañeras de trabajo, y a mi mamá también se lo comentaron en un club de baile al que asiste”, cuenta.

Hace poco, su hermano les regaló pasajes para viajar a México. Para acceder al descuento, acudieron de forma presencial a la aerolínea. “No lo hicimos en línea”, precisa.

Ella recuerda que hace unos años, cuando llegaron unas tías que viven en Estados Unidos viajaron en tren y presentando el pasaporte accedieron al descuento. 

Este Diario consultó, por ejemplo, los costos para el Tren del Taita Imbabura. Los adultos pagan $ 11,50; los niños de 5 a 13 y las personas desde los 65 años y con discapacidad cancelan $ 5,75.

Una mala experiencia en cuanto a acceso a tarifa del 50 %

Diferente es la experiencia de Roberto Moncayo, de 67 años, según cuenta su esposa Patricia. 

“Ni en broma hemos podido acceder a descuentos en pasajes aéreos con Iberia o KLM para viajar a Alemania. Este año fuimos a visitar a nuestra hija, a nuestro nieto y a nuestro yerno. La compra se hizo en línea y el pago con tarjeta de crédito, lo que dificulta aplicar a estos beneficios porque no existe ni la opción”.

Patricia afirma que les resultó frustrante y triste constatar que la normativa no se cumple. Además, “incluso en el SRI se están demorando en la devolución del IVA a los adultos mayores, y este beneficio se ha restringido a productos de primera necesidad”.

Sobre los pasajes aéreos 

En cuanto a los pasajes aéreos, Santiago Yumbla, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes y Tour Operadores, explica que, para acceder al descuento en pasajes aéreos, es requisito residir en el país y que el vuelo se origine en Ecuador. Recordó que la rebaja se aplica únicamente sobre la tarifa y no sobre los impuestos.

Además, él señala que las agencias de viajes acreditadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aplican este beneficio y ofrecen distintas opciones de conexión, como rutas Quito–Madrid–Fráncfort o Quito–Ámsterdam–Fráncfort, en el caso de Patricia y su esposo, que viajaron a Alemania.

9 % de adultos mayores en la población ecuatoriana

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país viven 1.520.590 personas adultas mayores, lo que representa el 9 % de la población total. Uno de cada 10 ecuatorianos tiene 65 años o más.

Ecuador, según el INEC, encara un proceso sostenido de envejecimiento demográfico. Así, en los últimos cien años, la edad promedio de la población ha aumentado de forma significativa: pasó de 23 años a 26 entre 1950 y 2001, y se proyecta que llegue a 40,8 años en 2050.

La esperanza de vida también ha crecido. En el caso de las mujeres aumentó en 32 años entre 1950 y 2022. Para 2050, se calcula, las ecuatorianas vivirán en promedio 85,5 años, mientras que los hombres alcanzarán los 79,6.

La situación de la mayoría de adultos mayores en Ecuador preocupa

En ese contexto, Sonia Andrade pide tomar en cuenta que el 70% de los adultos mayores no accede a la seguridad social y por tanto a una pensión. La situación se agrava ahora, menciona, por las dificultades para recibir atención en la mayoría de hospitales públicos, donde, en muchos casos, apenas se entrega medicación básica como paracetamol.

Andrade es representante de la Red de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (Red CORV).

 Para Andrade, es urgente pensar en la alimentación, en el alto índice de diabetes en Ecuador y en las caídas frecuentes que sufren quienes, por ejemplo, deben subir cinco pisos en departamentos de sectores como San Carlos.

Hace poco —cuenta— le indignó conocer que a dos adultos mayores les cerraron la puerta del bus en la cara cuando intentaban abordarlo en Guayllabamba. También cuestiona que, aunque en los boletos aéreos se anuncian descuentos para este grupo, estos no se aplican a los impuestos.

Considera que debería existir un mecanismo de acompañamiento que garantice el cumplimiento de la ley. Sin embargo, asegura, la Defensoría del Pueblo no actúa.

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La visión de un guía de turismo

Juan David Mantilla, guía de turismo, apunta que a extranjeros, de 65 años en adelante, les llama la atención positivamente recibir un descuento del 50 % en el boleto de ingreso a la Ciudad Mitad del Mundo. 

Aunque, aclara, que eso no pasa en todos los lugares; ya que se mantiene solo para connacionales. Relata que estadounidenses, brasileños y colombianos suelen comentarle los beneficios que tienen en sus países.

Los problemas de los adultos mayores: Susana Tito

“Los derechos, en general, son mecanismos para igualar condiciones”, apunta Susana Tito, especialista en gerontología y geriatría y ex subsecretaria de atención intergeneracional. También que se deberían llegar a la vejez con una reserva patrimonial y funcional. 

Sin embargo, apenas el 35 % de los adultos mayores cuenta con seguridad social; el resto depende de sus hijos o del bono de cerca de 100 dólares.

Además, existe un gasto de bolsillo en medicamentos, afirma. “No se trata solo de tener una ley escrita, más aún en un contexto de regresión de derechos en varios ámbitos. A esto se suman el aumento del subempleo, el desempleo y por tanto de familias cada vez más empobrecidas”.

No hay derecho al cuidado prolongado. Hay regresión de derechos, lo que los afecta más.Susana Tito/ especialista en adultos mayores

Lo que debes saber

• ADN afrontará las seccionales de 2026 sin estructuras territoriales consolidadas y apoyado en figuras del Gobierno.
• Expertos advierten que Daniel Noboa ha concentrado el protagonismo político y comunicacional del oficialismo.
• Analistas alertan que mantener funcionarios cuestionados podría generar desgaste y voto castigo en las urnas.

Las elecciones seccionales del próximo domingo 29 de noviembre de 2026 se perfilan como un proceso marcado más por el centralismo que por las dinámicas territoriales, según expertos en Ciencias Políticas y Comunicación Política consultados por EXPRESO. Para los analistas, el principal impulsor de esta tendencia es el presidente Daniel Noboa.

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La marca Noboa frente al reto territorial

Detrás de esta apuesta también aparece una necesidad política del oficialismo. En su primer desafío electoral a escala local, Acción Democrática Nacional (ADN) llega sin una red sólida de liderazgos territoriales ni estructuras consolidadas en gran parte del país, por lo que ha decidido apoyarse en los rostros más visibles del Gobierno para intentar ganar espacio en alcaldías y prefecturas.

Por lo que, ante ese contexto, las próximas elecciones seccionales de 2026 podrían convertirse en una extensión del proyecto político del Ejecutivo más que en una disputa centrada en las necesidades de cada territorio. Para el politólogo Juan Carlos Valarezo, coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ADN busca trasladar la marca presidencial hacia alcaldías y prefecturas, en un contexto en el que todavía no cuenta con una estructura local consolidada.

Esa estrategia responde, además, a una lógica de centralización de las decisiones. El politólogo Valarezo sostiene que la selección de candidatos parece estar dirigida desde la cúpula del movimiento oficialista y no desde procesos territoriales, liderazgos construidos en las provincias y cantones, ni procesos de democracia interna.

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ADN busca compensar la falta de cuadros propios

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, coincide en que el oficialismo evidencia dificultades para generar cuadros propios. A su juicio, ADN carece de procesos de formación política comparables a los de agrupaciones más tradicionales, por lo que termina recurriendo a figuras cercanas a Noboa para ocupar espacios electorales.

La decisión de promover a ministros y asambleístas como posibles cuadros también deja al descubierto una de las principales debilidades de ADN: la falta de nuevos liderazgos con alcance nacional. Según la consultora en comunicación política María Fernanda Carvajal, el oficialismo recurre a figuras como John Reimberg, Gabriela Sommerfeld, Niels Olsen, Andrés Guschmer, Andrés Cevallos y Cynthia Gellibert porque ya poseen notoriedad pública, mientras que posicionar candidatos nuevos demandaría un tiempo y una inversión política que el movimiento no tiene de cara a las seccionales.

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Las redes como filtro para elegir candidatos

Para la politóloga Quinga, la difusión de esos nombres funciona como un “globo de ensayo”. La especialista considera que el oficialismo está observando la reacción de los usuarios en plataformas digitales para determinar qué perfiles generan respaldo y cuáles provocan rechazo.

El experto político-electoral Alfredo Espinosa manifiesta que las redes sociales se han convertido en una especie de grupo focal permanente para el Gobierno ecuatoriano. Según su análisis, la decisión final sobre determinadas candidaturas podría depender más de la respuesta digital que de mecanismos internos de democracia partidaria.

Andrés Jaramillo, estratega de comunicación política, añade que esa estrategia tiene costos para la administración pública. Advierte que cuando ministros con responsabilidades nacionales empiezan a proyectarse electoralmente, parte de su atención se desplaza de la gestión hacia la construcción de una candidatura.

Desde la perspectiva de la comunicadora Carvajal, la reestructuración ministerial, que Noboa dictó el 4 de junio, también puede interpretarse como una forma de facilitar el salto electoral de determinadas figuras. No obstante, alerta que la fusión de carteras podría, indica, afectar la calidad de los servicios públicos, para la ciudadanía, si la reorganización termina reduciendo capacidades institucionales.

Noboa concentra la vocería del oficialismo

Por otro lado, la creciente exposición del propio presidente Daniel Noboa responde, según varios analistas, al deterioro de los voceros gubernamentales. Jaramillo sostiene que muchos ministros ya se encuentran políticamente desgastados, por lo que el presidente ha terminado convirtiéndose en el principal defensor de la gestión oficial.

Espinosa coincide con esa lectura y afirma que la reciente carta difundida por el primer mandatario refleja un intento por concentrar la vocería en una sola figura. El objetivo sería evitar contradicciones internas y blindar a los potenciales candidatos frente al costo político derivado de las crisis gubernamentales.

Esa estrategia, añade el politólogo Juan Carlos Valarezo, también profundiza una lógica de hiperpresidencialismo dentro del oficialismo. Cuando las explicaciones sobre la gestión pública recaen directamente en el jefe de Estado y no en los funcionarios responsables de cada cartera, el liderazgo presidencial termina absorbiendo funciones políticas y comunicacionales que deberían estar distribuidas en el gabinete de Gobierno.

El resultado, advierte, es una administración cada vez más personalizada, en la que la figura de Noboa se convierte simultáneamente en el principal activo electoral y en el mayor riesgo político para ADN. Sin embargo, asumir personalmente la defensa del Gobierno también implica riesgos para el primer mandatario, ya que al convertir las seccionales en una evaluación directa de su liderazgo, cada victoria fortalecerá su proyecto político, pero cada derrota relevante podría interpretarse como un rechazo ciudadano a su gestión, advierte Valarezo.

Las seccionales de noviembre podrían convertirse más en una evaluación de Daniel Noboa que de los candidatos de ADN, debido a que el presidente concentra cada vez más el protagonismo político y comunicacional del oficialismo.Juan Carlos Valarezo, politólogo y docente de la PUCE

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El costo de sostener a figuras cuestionadas

La falta de depuración del gabinete de Daniel Noboa también acarrearía consecuencias. El caso de Roberto Luque es uno de los más representativos. Tatiana Quinga señala que, pese a las controversias vinculadas al caso Progen, el Gobierno no solo decidió mantenerlo en funciones, sino otorgarle mayores competencias dentro de la nueva estructura ministerial.

Para Andrés Jaramillo, ese movimiento constituye un mensaje político explícito. Mantener a Luque y fortalecer su posición implica transmitir que el presidente sigue respaldándolo plenamente, incluso en medio de cuestionamientos que han afectado la imagen del Gobierno.

No obstante, esa decisión también puede convertirse en un factor de desgaste electoral. Juan Carlos Valarezo advierte que figuras asociadas a polémicas podrían transformar el denominado “efecto arrastre” presidencial en un “lastre”, perjudicando a las candidaturas que el oficialismo impulse en los territorios.

Aunque todavía faltan varios meses para los comicios, Quinga recuerda que la teoría política muestra que los gobiernos debilitados suelen enfrentar expresiones de voto castigo en las elecciones intermedias o locales. Por ello, sostiene que la acumulación de conflictos y la permanencia de figuras desgastadas podrían convertirse en un elemento de evaluación ciudadana cuando los electores acudan a las urnas en noviembre de 2026.

Lo que debe saber

• EXPRESO ha revelado presuntos conflictos de interés de Luis Alberto Cabezas, superintendente de Compañías.
• Hotel Continental, Biess e Isspol: los antecedentes que EXPRESO expone sobre la trayectoria del superintendente Luis Alberto Cabezas.

Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, el funcionario encargado de vigilar, auditar y liquidar a las empresas del país, lleva años sacándoles provecho…

… Como gerente de empresa privada: ocultando información a los accionistas y trabajando con “hojitas extracontables” en lugar de balances claros…

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… Como gerente de banco público: moviéndose con soltura entre el doble conflicto de intereses del estudio jurídico de papá y la compañía de seguros con la que tenía relaciones…

… Como abogado en ejercicio de su profesión: asumiendo la representación de dos de las empresas artífices del saqueo a los fondos de la seguridad social de la Policía (Isspol) y burlando las auditorías del organismo que hoy preside...

Una herramienta al servicio político

¿Fue esta experiencia en operaciones fraudulentas la que convenció a Daniel Noboa para reclutarlo como parte de su equipo? Difícil decirlo: basta con saber que el presidente, sin duda, la conocía. Lo cierto es que hoy, como superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabeza Klaere se ha convertido en una voluntariosa herramienta política al servicio del gobierno (léase: herramienta de persecución) mientras mantiene intactos sus conflictos de interés (rasgo común a todo funcionario noboísta) y convive (si es que no promueve) esquemas para sacar partido de ciertas empresas en liquidación. Todo esto parece confluir en el caso de la arbitraria intervención que la Superintendencia dispuso contra la empresa Granasa, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, a la que no sólo se trata de intervenir en su estructura accionarial, como ya es sabido, sino que en los últimos días se le ha bloqueado su capacidad de defensa jurídica, como se verá más adelante.

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Porque Luis Alberto Cabezas Klaere no conoce otras líneas rojas que no sean las que le marcan el poder y su codicia.

Esta semana, los trapos sucios de su biografía (los fantasmas de sus navidades pasadas, que diría Dickens), han quedado al descubierto: en una serie de reportajes de investigación de tres entregas, un equipo de Diario EXPRESO contó su historia. O parte de ella, porque la información documentada que remiten a nuestra redacción varias personas que en algún momento se sintieron perjudicadas por sus métodos no ha cesado de llegar. Los detalles bochornosos ocupan casi tres páginas del Diario, entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, y se encuentran rigurosamente documentados. 

Unos detalles bochornosos

A continuación, un breve resumen:

Primero: en marzo de 2021, Luis Alberto Cabezas Klaere ocupó la gerencia del hasta entonces emblemático (aunque golpeado por la crisis del Covid) hotel Continental de Guayaquil, hoy desaparecido: lo desapareció él. 

Los accionistas jamás lamentarán lo suficiente el haberlo permitido: todo lo hizo Cabezas Klaere a sus espaldas. Por no saber, no sabían ni siquiera cuánto ganaba su gerente “ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja”. Lo cierto es que terminó por liquidar el hotel, ponerlo en venta y despacharlo por la alegre cifra de 4 millones de dólares a pesar de que tenía deudas por 6 y había ofertas de interesados en pagar hasta 12. 

El operativo contó con la oportuna intervención del IESS, que declaró un bien calculado embargo para impedir una reunión urgente de accionistas. Se sabe que entre los interesados en comprar (con una oferta de 10 millones) se encontraba el en ese entonces asambleísta por la provincia de Santa Elena Daniel Noboa. 

Segundo: en febrero de 2024 Cabezas Klaere aparece gerenciando el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a pesar de un rampante conflicto de intereses: su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales, con quien compartía estudio jurídico, era miembro del directorio y presidente de Hispana de Seguros y Reaseguros, que mantenía con el Biess una póliza de seguro de desgravamen por créditos hipotecarios: un negocio de 60 millones de dólares anuales. 

Esta situación (la de un gerente del Biess vinculado con una aseguradora) está expresamente prohibida por la ley. No hay que olvidar que Hispana es la aseguradora que el presidente Daniel Noboa promueve en competencia con La Unión, la empresa de su familia política de primer matrimonio, los Goldbaum, a quienes tanto detesta que no para de ponerles juicios. Otra curiosidad bastante elocuente con respecto a los alcances de este personaje es que el nombre de su padre fue borrado de los registros de la Superintendencia de Compañías, en los que efectivamente figuraba como director de Hispana.

Tercero: desde 2020, Cabezas Klaere se desempeñó como representante judicial de Delcorp y Ecuagran, dos de las empresas más estafadoras de la historia patria, corresponsables del asalto a los fondos del Isspol por 900 millones de dólares. Habían negociado facturas comerciales falsas. En el momento de su disolución, vemos a Cabezas Klaere informando a la Superintendencia de Compañías sobre la existencia de 2,5 millones de dólares en certificados de depósito cuyos documentos originales jamás fueron presentados, lo cual bloqueaba todo ejercicio de auditoría. Hoy Delcorp y Ecuagran se encuentran en liquidación, un proceso a cargo de… ¡Cabezas Klaere!

Retrato de un funcionario del noboísmo

Hasta aquí los hallazgos de EXPRESO, que de alguna manera trazan no sólo el perfil del superintendente de Compañías sino el retrato robot del funcionario ideal del noboísmo: conflicto de intereses, negocios familiares arrimados a contratos públicos, uso del servicio público para beneficio propio… Y sobre todo: subordinación total a la agenda política del gobierno. 

Con Cabezas Klaere y a la par de otros organismos como la UAFE, el SRI o la Contraloría, la Superintendencia de Compañías se ha convertido en una herramienta de control político. Y quizás nada lo ilustra mejor que la manera como se está manejando, desde ese organismo, la intervención de Granasa.Que esa intervención es ilegítima ya lo señaló la Cámara de Industrias y Producción (CIP). 

El caso GRANASA y su indefensión

Granasa fue intervenida porque se negó a entregar una serie de informaciones empresariales sensibles a un accionista minoritario (2,6 por ciento de acciones) que, según la ley, no tenía derecho a solicitarlas. Ese accionista era, nada menos, la entidad pública Inmobiliar, es decir, la Presidencia de la República. Desde el primer momento fue obvio que se trataba de una retaliación política contra la línea editorial de Diario EXPRESO. 

Pero lo de las últimas semanas es una vuelta de tuerca que lleva el nivel control arbitrario ejercido por Cabezas Klaere a un nivel intolerable. Porque resulta que ahora la Superintendencia de Compañías ha decidido impedir que Granasa se defienda.

Uno de los efectos incómodos que acarrea una intervención para cualquier empresa es que el gasto en representación legal se dispara. Por eso, la negativa de Elizabeth Jiménez, la interventora de Granasa nombrada por Cabezas Klaere, a aprobar los pagos a los abogados (esa es una de las funciones de un interventor: dar su visto bueno a cada cheque) sólo puede ser vista como un intento por ahogar a la empresa y someterla a la indefensión. Y se trata, nuevamente, de otra retaliación contra la política editorial del Diario que, a pesar de la intervención, continua inmutable. Como debe ser.

Así con la Superintendencia de Cabezas Klaere. Por no hablar de las estructuras mafiosas que mantiene al interior del organismo con el fin de operar el vaciamiento patrimonial de empresas en liquidación, es decir, algo parecido a lo que el hoy superintendente presuntamente ejecutó en el caso del hotel Continental. Ahí está, por ejemplo, la figura del liquidador Carlos Cadena Asencio, por cuyo intermedio pretende alzarse con el 40 por ciento de acciones de Granasa en otro de los frentes del acoso gubernamental a diario EXPRESO. 

Cadena Asencio tiene una hoja de vida inmunda: fue destituido por la propia Superintendencia (antes de la llegada de Cabezas Klaere) tras haber desaparecido 20 millones de dólares de la compañía Zofragua, que operó en comodato la zona franca del puerto de Guayaquil entre 2001 y 2012, y de la que actuó como liquidador. Cadena Asencio y el procurador judicial de Zofragua, Leonidas Plaza Verduga, fueron denunciados por peculado en relación con este caso. Sin embargo, ahí está nuevamente, ejerciendo de liquidador a control remoto para casos de contenido político, quizá por las relaciones familiares entre Cabezas Klaere y Plaza Verduga, uno de cuyos hijos, además (Leonidas Plaza Díaz) es operador judicial del gobierno en las cortes de Guayaquil (lo cual no será una novedad para nadie en el campo jurídico de la ciudad) y maneja desde la sombra, entre otros muchos, los casos contra EXPRESO. Casos que sin duda se le facilitarán ahora que han conseguido bloquear los pagos a los abogados.

Quizás en esta política de fusión de organismos del Estado en la que se encuentra empeñada la Presidencia de la República, deberían unificar la Superintendencia de Compañías con la Secretaría de Inteligencia y ascender a Luis Alberto Cabezas Klaere al rango de sargento.

Lo que debe saber

• El oficialismo en la Comisión de Fiscalización votó en abstención sobre la moción para calificar la solicitud de juicio político.
• Solamente los cuatro legisladores de Revolución Ciudadana votaron a a favor de que el proceso continúe.
• En un comunicado, la mesa legislativa argumentó que el tema ya está en manos de Fiscalía. 

La Comisión de Fiscalización no dio paso a la moción para calificar el juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. Los cinco asambleístas de ADN, junto a su aliado José Nango, se abstuvieron y con eso el proceso se estancó.

Política

Comisión de Fiscalización definirá futuro de juicio a Manzano: Estos son los escenarios posibles

Daniel Alejandro Romero Páez

La tarde de este 6 de junio de 2026, la Comisión de Fiscalización se reunió para definir el futuro del proceso de juicio político en contra de Manzano. El bloque de la Revolución Ciudadana la acusa de incumplimiento de funciones en el caso Progen.

No hubo debate ni un pronunciamiento del asesor jurídico de la comisión sobre el cumplimiento de los requisitos como en otros casos. Tan solo se leyó la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que determinó que la solicitud cumplía con los requisitos de forma. 

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El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez abrió el debate y la correísta Ana Herrera mocionó la calificación del proceso. Sin embargo, dicha moción solamente obtuvo cuatro votos a favor que vinieron del correísmo.

Álvarez, Ana Belén Tapia (vicepresidenta), Fabiola Sanmartín, Luigi García y José Nango votaron en abstención. Así, la moción no fue aprobada y el presidente de la mesa legislativa solamente dio por terminada la sesión. 

La justificación del oficialismo

Tras la votación, la Comisión de Fiscalización emitió un comunicado que fue replicado por los canales oficiales de la Asamblea. El mismo fue titulado: "La prioridad debe ser conocer toda la verdad".

El pronunciamiento señala que "este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional".

Como ocurrió con el proceso de fiscalización a los contratos con Progen y ATM, en la mesa de Transparencia presidida por la oficialista Diana Jácome, la Comisión de Fiscalización argumentó que el caso ya está en manos de la Fiscalía.

"La Comisión considera fundamental profundizar en la investigación de la ruta del dinero, porque el país necesita conocer quiénes se beneficiaron, cómo se movieron los recursos y si existieron redes nacionales o internacionales detrás de estas operaciones".

Elecciones este 7 de junio

• Padrón: Un total de 27,3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas dentro y fuera del país.
• Balotaje: La definición presidencial enfrenta los modelos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
• Vigilancia: El proceso cuenta con el despliegue de 55.000 observadores internacionales de la OEA y la UE.

Los ciudadanos peruanos acuden a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente de la República en una segunda vuelta electoral marcada por el empate técnico. La jornada electoral definirá la jefatura de Estado para el período 2026-2031, en un contexto donde el país registra nueve mandatarios en el lapso de una década debido a recurrentes crisis institucionales.

Investigaciones

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La contienda electoral presenta el escenario de polarización entre la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Los últimos sondeos de intención de voto proyectan un margen ajustado entre ambos aspirantes, aunque la difusión de encuestas se encuentra prohibida en territorio peruano por mandato legal durante la semana previa a la elección.

Las propuestas y antecedentes de los candidatos

Fujimori disputa el balotaje por cuarta vez consecutiva tras sus derrotas en los procesos de 2011, 2016 y 2021. La postulación de Fuerza Popular fundamenta su plataforma en la aplicación de mano dura para restablecer el orden y defiende el modelo de libre mercado implementado durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori. La candidata llega a esta instancia tras alcanzar el 17,19 % de los sufragios en la primera vuelta de abril.

Por su parte, Roberto Sánchez accedió a la segunda vuelta con el 12,03 % de los votos válidos. El actual congresista y psicólogo basa su campaña en la promesa de liberación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Estado. Su propuesta concentra el respaldo en los sectores rurales y de menores recursos, atribuyendo la inestabilidad política a las maniobras de destitución promovidas por la mayoría parlamentaria fujimorista.

El proceso se desarrolla bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en 10.335 locales de votación, habilitados para recibir el voto local y el de 1,2 millones de electores empadronados en el extranjero. Las autoridades electorales desplegaron 55.000 observadores nacionales e internacionales de la OEA y la Unión Europea para vigilar las mesas de votación y mitigar las denuncias de irregularidades logísticas registradas el pasado 12 de abril. 

Los centros de votación permanecerán abiertos desde las 07:00 hasta las 17:00 hora local. El primer ministro de transición, Luis Arroyo, exhortó a las agrupaciones políticas a respetar los datos oficiales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó que los resultados definitivos de la jornada se proclamarán formalmente en julio mediante la implementación de un nuevo sistema tecnológicoizado de escrutinio.