Lo que debes saber

• Partidos adelantan su democracia interna por cambios urgentes en el calendario electoral.
• Reformas a la Ley Electoral complican el sistema de alianzas y desincentivan los acuerdos.
• Organizaciones políticas corren contra el reloj para cumplir cuotas de jóvenes y mujeres.

Con la llegada de junio, las seccionales se ponen en marcha. Para mediados de este mes, las organizaciones políticas habilitadas deberán cumplir con uno de los hitos más esenciales de los comicios: los procesos de democracia interna.

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Este proceso, en el que los partidos políticos escogerán de forma orgánica a sus precandidatos, es un hito electoral indispensable para que posteriormente las organizaciones puedan formalizar sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.

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Calendario electoral y adelanto de la democracia interna

De acuerdo con el calendario electoral actualizado debido a la alerta por el fuerte invierno previsto para inicios de 2027, los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 18 de junio y el 2 de julio de este año, 43 días antes de lo originalmente planteado para los partidos.

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Y es que en el calendario original, aprobado en febrero de 2026, el periodo para los procesos de democracia interna estaba previsto del 31 de julio al 14 de agosto. Aunque el número de días (15) para realizar este hito electoral se mantuvo, el adelanto generó complicaciones para los dirigentes de los partidos y movimientos políticos.

Reformas a la Ley Electoral y el sistema de alianzas

Además de los problemas logísticos que implica organizarse en todo el país en menos tiempo, el asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, menciona que las complicaciones se agravan con las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2025.

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Serrano se refiere específicamente a las reformas al sistema de alianzas. Antes de los cambios a la Ley Electoral, el sistema incentivaba las alianzas con un 20 % adicional para la promoción electoral, así como con una distribución equivalente en el cómputo de la votación entre todos los partidos de la alianza si un candidato superaba el 15 % de los votos.

Sin embargo, el sistema ahora dispone que para dicho cálculo se dividirán en partes iguales la totalidad de dignidades electas o el porcentaje de votación obtenido. Eso, según Serrano, ha desincentivado la búsqueda de alianzas y, por ende, complicado el cumplimiento del porcentaje obligatorio de jóvenes y mujeres en las listas.

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Desafíos de los partidos políticos para las elecciones 2026

En el caso del PSC, Serrano explica que en provincias como Esmeraldas, que tiene 57 juntas parroquiales, para el partido ya no será sencillo buscar alianzas en zonas donde no tiene muchos candidatos. Por ello, admite que están contra el reloj intentando completar los espacios destinados a jóvenes y mujeres.

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La situación del Partido Social Cristiano es muy similar a la de Avanza, comenta su presidente, Javier Orti. Aunque dice que no están teniendo inconvenientes para cumplir la cuota de mujeres, señala que alcanzar el número mínimo de jóvenes constituye un reto. Sostiene que aunque no descarta la posibilidad de no presentar candidatos en algunos cantones,  debido a estas complicaciones, intentan cumplir con todos los requisitos.

Esta es la misma realidad de otras organizaciones políticas, como el Partido Sociedad Patriótica, la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Ecuatoriano y Pachakutik, que también ven dificultades para cumplir las nuevas reglas electorales en un plazo más corto. 

No obstante, todas aseguran que su objetivo es alcanzar a presentar candidaturas en todo el país, a pesar de las dificultades de la carrera electoral de noviembre de 2026.

Lo que debes saber 

• La tuberculosis ya no preocupa solo dentro de las cárceles de Ecuador.
• Trabajadores penitenciarios y personal de salud alertan sobre contagios y falta de control epidemiológico.
• Médicos advierten que el problema se extiende fuera de los centros de reclusión, mientras aumentan las hospitalizaciones y los casos vinculados al sistema penitenciario.

Escuchar una tos persistente o un estornudo dentro de la Penitenciaría del Litoral ya no es un hecho cualquiera. Para algunos trabajadores del sistema penitenciario, esos sonidos despiertan una preocupación que les recuerda los días más difíciles de la pandemia de covid-19. Solo que esta vez el temor no gira alrededor de un nuevo virus, sino de una enfermedad antigua que sigue propagándose: la tuberculosis.

Política

Tuberculosis en cárceles de Ecuador: hacinamiento y falta de atención preocupan a familiares

Redacción Expreso

Un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, asegura que la inquietud es constante entre quienes laboran en el centro carcelario más grande del país. “Hay algunos que están tosiendo feo. Ya nos mandaron a hacer exámenes en enero, el año pasado también. Yo he salido negativo, gracias a Dios. Pero algunos se agitan, tosen... Es complicado”, cuenta.

Según su testimonio, el riesgo se siente especialmente durante los traslados de internos enfermos hacia hospitales. Los guías penitenciarios y conductores deben acompañarlos en ambulancias o vehículos cerrados. “Van estornudando, botando sangre. Uno tiene que ir ahí”, admite.

Tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral preocupa a trabajadores

La preocupación ha llegado al punto de que algunos trabajadores han solicitado cambios de centro o han preferido abandonar sus funciones. Quienes permanecen intentan protegerse como pueden. El funcionario afirma que las mascarillas y el alcohol antiséptico forman parte de sus gastos habituales porque, según sostiene, esos implementos no les son proporcionados de manera regular.

Pero el temor no se limita a los trabajadores penitenciarios.

El riesgo de contagio se extiende fuera de las cárceles

El 24 de enero de 2026, EXPRESO publicó el caso de una médica legista de Guayaquil que permanecía hospitalizada y que, según fuentes consultadas, habría desarrollado tuberculosis tras manipular cadáveres provenientes de cárceles donde existían internos infectados.

Este episodio mostró que el riesgo no se limita a los internos. También alcanza a profesionales que, por su trabajo, mantienen contacto frecuente con pacientes o con cuerpos provenientes del sistema penitenciario.

Un médico neumólogo de un hospital del Ministerio de Salud Pública (MSP), entrevistado bajo reserva para este reportaje, dice que el caso de la médica legista no sería un hecho aislado. “Nosotros tenemos cinco casos de tuberculosis en los últimos dos años de personal de salud”, afirma.

Política

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Personal médico también reporta casos de tuberculosis

Dice que forma parte de un comité zonal relacionado con tuberculosis y que existen más contagios entre trabajadores sanitarios. “No puedo decir un número exacto de funcionarios del Ministerio de Salud que se han infectado, pero son muchísimos. Si usted se pone a escarbar más, créame que se va a ir para atrás”.

Aunque no aporta cifras oficiales, su testimonio revela la preocupación existente.

Cómo se transmite la tuberculosis y quiénes están en riesgo

El especialista explica que cualquier persona puede contagiarse. “La transmisión es netamente respiratoria”, precisa.

Por ello, el riesgo alcanza no solo a internos, sino también a médicos, enfermeros, personal administrativo, guías penitenciarios, policías, militares, conductores de ambulancia, personal forense, visitantes y familiares.

La protección más efectiva, explica, es el uso de mascarillas y otras barreras respiratorias. Sin embargo, “aquí el gran problema es que en las cárceles del país, sobre todo en Guayaquil, no hay control”, menciona.

Falta de control epidemiológico agrava la situación

Recalca que la falta de control epidemiológico permite que la enfermedad siga circulando. “No hay control en quién sale, quién entra, quién visita. No hay realmente un cerco epidemiológico”.

Para el neumólogo, esto genera un riesgo que no se queda únicamente tras los muros. “El problema que se ve en las penitenciarías empieza a reflejarse en toda la ciudad”, advierte.

Pacientes privados de libertad interrumpen tratamientos

Otra de las preocupaciones del especialista está relacionada con la continuidad de los tratamientos. El médico explica que en consulta externa recibe constantemente personas privadas de libertad para controles por tuberculosis.

Según su experiencia, gran parte de esos pacientes llegan después de haber interrumpido la medicación. “En el 80 por ciento de los casos los abandonaron porque no les dieron las pastillas adentro”.

También asegura que alrededor del 70 % de los pacientes con tuberculosis que atiende en hospitalización corresponden a personas privadas de libertad. A su criterio, la situación se ha agravado en los últimos años.

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Hospitalizaciones por tuberculosis muestran tendencia al alza

Detalla que en el centro médico donde labora se registraron aproximadamente 350 hospitalizaciones por tuberculosis durante 2023, más de 400 en 2024 y más de 450 en 2025.

Aunque aclara que se trata de datos de su casa de salud, considera que reflejan una tendencia sostenida al alza.

Por otro lado, las cifras nacionales del Ministerio de Salud Pública muestran igualmente incrementos en varias provincias durante el período 2023-2025, especialmente en zonas costeras y territorios con presencia de centros penitenciarios (ver infografía).

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ADN buscará acabar la hegemonía socialcristiana

La postulación del actual ministro de Telecomunicaciones y la directora general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) marca la estrategia del Ejecutivo para disputar un territorio históricamente controlado por el Partido Social Cristiano (PSC). 

Durante las últimas décadas, la administración de este cantón ha permanecido bajo la gestión consecutiva de José Yúnez y su hijo, el actual alcalde Juan José Yúnez.

El escenario electoral en Samborondón

Hasta el momento, la estructura del PSC no ha oficializado los nombres que intentarán retener el poder local. Sin embargo, en el ámbito político no se descarta que la papeleta de la lista 6 vuelva a incluir el apellido Yúnez para mantener la línea de sucesión administrativa en la jurisdicción.

A este escenario se suma la intención pública de Carlos Serrano, quien ejerció como viceprefecto del Guayas hasta abril de 2026. El exfuncionario ha manifestado su interés de dirigir el municipio de su cantón natal, configurando un cuadro de múltiples frentes para los comicios seccionales.

Las designaciones de la bancada de gobierno recaen sobre funcionarios que actualmente ejercen cargos públicos. Kury lidera la cartera de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, mientras que Burgos asumió la dirección general del IEPS en febrero de 2025. A esta última ya se la observa recorriendo recintos de Samborondón, en diferentes agasajos y activaciones de la dependencia que lidera.

La oficialización de estas precandidaturas obliga a ambos a someterse a los procesos de democracia interna y primarias estipuladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso mandatorio antes de formalizar la inscripción en el sistema de la autoridad electoral.

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Para el secretario del gremio, Giovanni Pazmiño, la salida forzada de los médicos no habría contemplado datos técnicos. "Es una decisión política que genera inestabilidad dentro de atención de salud del país", manifestó. Esto porque el ajuste del talento humano habría afectado a especialistas que laboraban en infraestructura sanitaria, equipamiento médico, control farmacológico, toxicología y atención primaria en salud.

El especialista relacionó las desvinculaciones de médicos con la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en salud (AIL), cuyo organismo centralizará las compras de medicamentos. 

Según el representante, el Gobierno plantea una nueva entidad de índole administrativa, pero no ha contemplado la distribución, los sistemas de información y el abastecimiento en las casas de salud.

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Desvinculaciones afectaría la atención en salud

"Con la creación de esta empresa, posiblemente, se iban a dar duplicidad de funciones dentro de área administrativa. Esto quiere decir que la reingeniería de talento humano, que está realizando en el interior del MSP, está tocando áreas sensibles sin valoración de puestos de trabajo, eficiencia, eficacia ni productividad laboral", mencionó.

A decir de Pazmiño, la situación afectará la atención de calidad en los hospitales. "Eso deja en la indefensión a áreas de salud donde el talento humano tenía que cumplir sus funciones como de distribución de medicamentos y provisiones el área hospitalaria del país".

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De esta forma, el gremio de médicos rechazó la medida, sin embargo, no anunció protestas como las que efectuaron anteriormente. 

El Ministerio de Salud, por su parte, no ha informado sobre la reestructuración ni los avances para la creación de la Empresa de Abastecimiento de Medicamentos.  

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Los cuadros electorales para Pichincha y Azuay

Para la jurisdicción de Pichincha, las candidaturas que buscarán la Alcaldía de Quito se definirán entre Gabriela Sommerfeld y Giovanna Ubidia. Asimismo, para la Prefectura de la provincia, los perfiles seleccionados que entrarán al proceso de primarias obligatorias son Ecknner Recalde y Harold Burbano.

En el caso del Azuay, la tienda electoral designó al actual ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, para buscar la Alcaldía de Cuenca. La contienda por la Prefectura del Azuay será asumida por Esteban Crespo, quien ejerce como embajador de Ecuador en Canadá.

Los cuadros electorales para Guayas

Estos nombres revelados en la región interandina se suman a los cuadros previamente confirmados para la provincia del Guayas, la jurisdicción con mayor peso electoral a nivel nacional. La agrupación política ratificó a Andrés Guschmer y John Reimberg como los postulantes para la Alcaldía de Guayaquil. 

En paralelo, la Prefectura del Guayas será disputada en democracia interna por Zaida Rovira y Niels Olsen.

La presentación de todos estos perfiles responde estrictamente al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La normativa vigente exige a las organizaciones políticas cumplir con procesos de democracia interna y validar estas postulaciones en asambleas partidistas antes de habilitar la inscripción formal en el sistema informático.

A través de sus canales oficiales, la organización política confirmó a John Reimberg y Andrés Guschmer como los postulantes seleccionados para disputar la administración municipal de Guayaquil. Asimismo, para la Prefectura del Guayas, las cartas del oficialismo serán la ministra de Desarrollo e Inclusión Zaida Rovira y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

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Los perfiles seleccionados por el oficialismo

La nómina presentada para el cantón Guayaquil incluye a Andrés Guschmer, quien se ha desempeñado en la esfera pública y de la comunicación, y fue concejal de Guayaquil con el Partido Social Cristiano, además de candidato a la Prefectura con RETO en 2023; y a John Reimberg, quien es ministro del Interior. Ambos nombres buscarán la nominación final del partido oficialista para disputar la alcaldía del puerto principal.

Por otra parte, la postulación provincial se dividirá entre Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, y Niels Olsen, ex titular de la cartera de Turismo y actual presidente de la Asamblea Nacional, electo en la lista 7.

La designación de estas figuras del gabinete ministerial expone la estrategia del Ejecutivo de ubicar a cuadros de su confianza directa en la disputa por la prefectura.

¿Cuándo son las elecciones? 

El calendario electoral de 2026 quedó modificado tras la última resolución del organismo electoral, fijando los comicios generales definitivos para el 29 de noviembre. Este ajuste obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos de democracia interna y primarias obligatorias durante el periodo regular.

La normativa establece que las agrupaciones políticas inscritas deberán ratificar estas precandidaturas en sus respectivas asambleas partidarias antes del cierre de inscripciones oficiales en la plataforma del ente rector electoral.

Lo que debes saber:

• Evalúan si Petro dejará la Presidencia para apoyar la campaña de Iván Cepeda.
• Abelardo de la Espriella y Cepeda van a segunda vuelta el próximo 21 de junio.
• Colombia acusa a Daniel Noboa de injerencia electoral a favor de la derecha.

La primera vuelta presidencial en Colombia ha dejado un panorama de polarización extrema que trasciende el tarjetón electoral.

(Te invitamos a leer: Las claves de las elecciones presidenciales en Colombia: auge ultra y la polarización del país)

Con un resultado que obliga a una definición el próximo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella (44,35 %) e Iván Cepeda (41,23 %), el país se enfrenta no solo a un cambio de nombres, sino a una posible crisis de estabilidad institucional. 

En el centro de este huracán se encuentra el presidente Gustavo Petro, cuyos recientes mensajes y su entorno han generado un vacío de interpretación sobre su permanencia en el cargo hasta el final de su mandato.

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El detonante: La transgresión y el "frente" de batalla

La controversia escaló cuando el primer mandatario, rompiendo la neutralidad exigida por su investidura, reveló públicamente su voto por la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué. 

Para la oposición, este acto no fue un simple gesto simbólico, sino una orden directa al aparato estatal. La excandidata presidencial Paloma Valencia fue tajante al señalar la gravedad del hecho. “Cuando el presidente que tiene la prohibición de participar en política muestra su voto, está dándole una instrucción precisa a todos sus funcionarios, a toda la gente que lo sigue. Es una abierta transgresión a la ley y a la Constitución”, dijo.

Sin embargo, lo que más ha encendido las alarmas son las palabras de clausura de la intervención del propio Petro tras conocerse los resultados parciales. 

El presidente no solo asumió un rol defensivo, sino que prometió una intervención directa en la contienda. “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. 

Esta afirmación, sumada a su críptica sentencia de “Yo tomaré mis propias decisiones”, ha dejado un espacio de incertidumbre que analistas y políticos intentan descifrar.

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La hipótesis de la renuncia: Entre el poder y la dignidad del cargo

Ante la imposibilidad constitucional de participar en política como funcionario activo, la idea de una renuncia a la Presidencia para asumir la jefatura de debate de Iván Cepeda ha pasado de ser un rumor de redes a una posibilidad discutida por figuras de peso legislativo. 

La representante a la Cámara Katherine Miranda planteó este escenario como una muestra de la escala de prioridades del mandatario. “Si renuncia para convertirse en jefe de campaña de Iván Cepeda, estaría diciéndole al país: que la dignidad presidencial, la estabilidad institucional y las responsabilidades del cargo son secundarias frente a los intereses de su proyecto político. No le interesa el país, solo el poder”, manifestó Miranda.

Esta visión es compartida, aunque desde una orilla de apoyo total, por el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien le pidió al mandatario dar el paso hacia la libertad política total: “Presidente Gustavo Petro, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate Colombia”.

El vacío de los mensajes presidenciales

De la alocución de Petro se extrae que el presidente ya no se percibe a sí mismo únicamente como un jefe de Estado, sino como un muro de contención contra lo que define como un "holocausto" inminente. 

“Tengo la obligación moral con la humanidad y con la historia y la vida de Colombia de derrotar al fascismo mafioso”, dijo este 1 de junio Petro en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

Petro sabe que la distancia entre De la Espriella y Cepeda es estrecha, pero requiere un empuje masivo. “Se necesitan tres millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saque menos votos que Cepeda en primera vuelta y me superaban los votos mucho más que ahora de los que no me querían”, recordó el mandatario al trazar la hoja de ruta para las próximas tres semanas.

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Contexto y entorno: Un país dividido por polos

El entorno del presidente refuerza la narrativa de un mandatario "bajo asedio" que debe defenderse personalmente. Petro insiste en que el proyecto de la oposición busca asesinarlo políticamente.

“Hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder. Destripar al progresismo y encarcelar, que en realidad significa asesinar a su dirigente”, insistió el mandatario. 

La pregunta queda en el aire mientras las comisiones escrutadoras avanzan. Con un centro político que ha perdido toda influencia y una derecha liderada por Abelardo de la Espriella que ya suma el apoyo oficial de Paloma Valencia para "derrotar al neocomunismo", los próximos días serán cruciales para ver si Gustavo Petro decide terminar su periodo o si, como sugieren Miranda y Saade, prefiere la arena de la plaza pública a la de la Casa de Nariño.

La injerencia de Ecuador en el proceso electoral

Otro factor que ha resultado trascendente en la recta final de la primera vuelta fue la intervención del Gobierno de Ecuador. 

El presidente Daniel Noboa anunció el pasado 29 de mayo un acuerdo con Abelardo de la Espriella para eliminar la "tasa de seguridad" aplicada a los productos colombianos, la cual había escalado hasta el 100 % en mayo. 

Noboa justificó su decisión tras confirmar, según sus palabras, la “voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo” por parte de De la Espriella.

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Esta movilización diplomática fue reforzada por el Ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, quien calificó este lunes a De la Espriella como el candidato necesario para un cambio regional. 

Reimberg sostuvo que en la frontera colombiana existe una “decisión política de no combatir el crimen organizado ni el narcotráfico” por parte del actual Gobierno, afectando directamente la seguridad de Ecuador.

Por su parte, la Cancillería de Colombia rechazó estas acciones calificándolas como una “deliberada injerencia en el proceso electoral” y una vulneración al principio de no intervención. El presidente Gustavo Petro desestimó el carácter político del acuerdo, asegurando que la eliminación de los aranceles respondía a una orden de la Comunidad Andina (CAN) y no a una gestión del candidato opositor.

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La versión municipal

Oficialmente, la entidad ejecutó el despido de dos colaboradores vinculados a la denuncia de direccionar narrativas contra la subrogación. No obstante, a la interna se vivió un escenario distinto. 

Una fuente reveló a EXPRESO que las desvinculaciones superarían la cifra oficial que sí ha confirmado el Municipio, a la par de nuevas contrataciones que se están incorporando esta semana.  

Tatiana Coronel tampoco ha confirmado si concretó o no las denuncias penales contra quienes ella aseguró saber que pagaban para que hablen mal de ella, manteniendo en duda si conocía o no el origen real de la campaña de desprestigio. 

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En las imágenes divulgadas por Coronel, un contacto identificado como "Karen (com) Municipio Campaña" exhorta a otros miembros a citar un tuit que vincula a Coronel con la intervención a Segura EP, en forma de un pacto.

La instrucción exigía posicionar el mensaje de que "esos pactos van a llevar a Guayaquil de mal en peor" y solicitar de manera coordinada que se publiquen mensajes a favor del retorno de Aquiles Álvarez al sillón de Olmedo.

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La alcaldesa mantuvo su cuenta de X inactiva desde inicios de mayo, volviendo el pasado 29 del mismo mes para abordar estos supuestos mensajes en contra de su liderazgo. 

En medio del problema, el concejal Arturo Escala emitió un pronunciamiento público, siendo el primer edil en sentar una postura sobre la purga interna.

A través de sus canales de difusión, el funcionario rechazó las "campañas de linchamiento mediático" e instó a mantener el respeto en el Cabildo. "Tatiana, siga adelante con la fortaleza, inteligencia y determinación que la caracterizan", señaló.

Por su parte, el concejal Raúl Chávez, figura central del oficialismo local, mantiene silencio ante la depuración de la nómina por la supuesta campaña de desprestigio en contra de Tatiana Coronel, quien es también la vicepresidenta del movimiento RETO. 

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Lo que debes saber 

• La posible inhabilitación electoral del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras una condena en primera instancia por violencia política de género, podría dejarlo fuera de las elecciones locales de noviembre.
• Este caso forma parte de un patrón de acciones judiciales y electorales que han afectado a figuras y organizaciones con proyección política
• Es cuestionable el uso de la figura de violencia política de género, al considerar que puede ser utilizada para sancionar o limitar críticas en el ámbito político.

Aunque todavía no existe una sentencia de segunda y definitiva instancia, lo cierto es que el camino para sacar al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, del proceso electoral para autoridades locales de noviembre está expedito. Zamora fue condenado en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral a seis meses de inhabilitación política (lo que lo dejaría fuera de las elecciones de noviembre) y al pago de una multa de 12.050 dólares.

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La condena se debe a una denuncia por violencia política de género presentada en su contra por la concejala Diana González, quien ha sido una de sus más fuertes críticas. En efecto, las posibilidades de que la sentencia sea ratificada por el pleno del TCE son altas, pues es de conocimiento público (porque hay cosas impresentables que ya son asumidas como normales en el país) que ese organismo está cooptado y movido por operadores del Ejecutivo, y que la inhabilitación de Zamora forma parte de un plan del gobierno para eliminar competidores en los comicios de noviembre.

Los casos más visibles son el del propio Zamora y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien la justicia, asimismo cooptada por el gobierno, mantiene con orden de prisión preventiva, por lo que está (ilegalmente, porque no es un delincuente peligroso) en una cárcel de alta seguridad.

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En esa línea también están las cuestionadas sanciones por infracciones electorales impuestas a organizaciones políticas que podrían ser competidoras del gobierno, como Construye o Unidad Popular. Y qué decir de la Revolución Ciudadana, el partido del correísmo, que fue borrado del mapa asimismo por una infracción electoral (cuentas supuestamente mal llevadas) y que ha obligado a sus cuadros a buscar el auspicio de otras organizaciones políticas.

Lo de Zamora es el ejemplo perfecto de una operación destinada a lograr que figuras con posibilidades electorales sean sancionadas o renuncien a sus aspiraciones debido a las presiones que enfrentan. Zamora es un fuerte candidato a la reelección, pues desde que asumió la defensa del agua de Cuenca frente a la presencia de mineras en el páramo ha llegado a registrar niveles de aprobación de hasta el 80 %.

También está el caso de Aquiles Álvarez, quien, independientemente de que sea o no un traficante de combustibles, se había convertido en una figura con significativa proyección electoral.

En esa misma línea se encuentra el caso de Marcela Aguiñaga, quien renunció a la Prefectura del Guayas y a cualquier aspiración electoral, a pesar de que también tenía una proyección nacional como ninguna otra figura vinculada al correísmo. ¿Por qué Aguiñaga decidió borrarse del mapa electoral? Ella dijo que se marchaba por la enfermedad de su esposo y de un familiar muy cercano, pero esa explicación no ha podido ser verificada por nadie. La única explicación que queda, y que nadie ha negado (ni siquiera ella misma), es que hubo presiones (¿amenazas?) de operadores del Ejecutivo.

Al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien actualmente lidera las encuestas y a quien el gobierno no quiere ver nuevamente en la Alcaldía, también le han aparecido denuncias por peculado, a propósito de la compra de trolebuses con supuesto sobreprecio.

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La figura de la violencia política de género

Lo de Zamora, más allá de que haya sido un buen o mal alcalde, es un caso notable. Ha sido sancionado por un juez del TCE por hechos que supuestamente configuran la muy sui géneris infracción de violencia política de género.

La concejala Diana González lo acusó por hechos ocurridos entre enero y febrero de 2026, que incluyeron publicaciones en redes sociales y declaraciones en entrevistas digitales dirigidas contra ella. Lo acusó de haberse referido a ella como “fulana” y de haber difundido contenidos en redes que, según el juez Joaquín Viteri, buscaban desacreditar su imagen pública y menoscabar su labor de fiscalización dentro del Municipio de Cuenca.

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El fallo concluye que las actuaciones denunciadas constituyeron violencia política de género tipificada en el artículo 280 del Código de la Democracia. El artículo señala que la “violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos”.

La parte más relevante para casos como el de Cristian Zamora es el numeral 3 del mismo artículo, que considera violencia política de género que se “realice cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y/o en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos”.

El artículo es el pretexto perfecto para que se sancione a cualquier funcionario o candidato hombre que haya hecho críticas a una funcionaria o candidata mujer, poniendo a los hombres en una condición de especial vulnerabilidad, porque prácticamente no pueden hacer críticas a las mujeres por su gestión pública y, en el mejor de los casos, se abstendrán de hacerlo por precaución.

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Esta figura de la violencia política de género, por la que el alcalde de Cuenca está a punto de ser sancionado, ha sido utilizada incluso por mujeres contra mujeres con evidente intencionalidad política. Contra la exvicepresidenta Verónica Abad (vicepresidenta durante el primer mandato de Daniel Noboa) se presentaron denuncias de la canciller Gabriela Sommerfeld y de la asambleísta Diana Jácome. En ambos casos, por interés del gobierno, ya que Abad se había convertido en la principal enemiga política del presidente Noboa.

Claves del caso

• El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, avanzó este 1 de junio con la apertura de la fase de pruebas.
• La Comisión de Mesa dio paso al trámite luego de que el alcalde presentara oficialmente a sus abogados defensores, quienes lo representarán durante el procedimiento.

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, avanzó este 1 de junio con la apertura de la etapa probatoria, una vez que la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal conoció el escrito mediante el cual el alcalde designó formalmente a sus abogados defensores.

La Comisión de Mesa sesionó la tarde de este lunes. Su presidente, Arturo Escala, informó a EXPRESO que el alcalde fue citado en legal y debida forma y que sus representantes legales presentaron la documentación correspondiente para asumir su defensa.

Los abogados designados son Ramiro García y David Norero, exsecretario municipal de Guayaquil, quienes actuarán dentro del procedimiento administrativo.

"Nosotros ya analizamos, dimos paso y abrimos el término de prueba desde la notificación", explicó Escala.

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Según el presidente de la Comisión de Mesa, una vez que se concrete la notificación a las partes involucradas, empezará a correr el plazo legal establecido.

El término de prueba será de 10 días hábiles y comenzará a contabilizarse desde el día siguiente a la notificación oficial, precisó Escala.

Además, señaló que los integrantes de la comisión ya mantuvieron reuniones para revisar el procedimiento y que la apertura formal de esta etapa dependerá únicamente de la notificación tanto al denunciante como a los representantes legales del alcalde.

"Va a continuar una vez que haya la notificación", agregó el funcionario.

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Propuesta de veeduría ciudadana

En medio del desarrollo del proceso, la concejala socialcristiana Ana Chóez planteó la posibilidad de conformar una veeduría ciudadana que supervise el procedimiento de remoción.

La edil consideró que la participación ciudadana podría contribuir a garantizar la transparencia del trámite que actualmente se desarrolla en la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal de Guayaquil.

"Creo que es lo pertinente. Que se haga", manifestó Chóez a EXPRESO.

Lo que debes saber

• La reforma judicial que impulsa la Asamblea plantea cambios en 160 artículos y nuevos controles para jueces.
• El proyecto incluye monitoreo patrimonial, pruebas de confianza y ajustes en el Consejo de la Judicatura.
• Además, busca transparentar los concursos y enfrentar el déficit de 754 jueces en Ecuador.

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Rosa Torres, defendió este 1 de junio la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y aseguró que el proyecto busca transformar el funcionamiento del sistema judicial frente a los desafíos que plantea el crimen organizado en Ecuador.

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Reforma al Código de la Función Judicial: ¿qué pidió Niels Olsen para acelerar su trámite?

Marco Rivera

Durante una entrevista en Teleamazonas, la legisladora explicó que la propuesta contempla cambios en más del 60% de la normativa vigente, lo que equivale a cerca de 160 artículos. Según indicó, la iniciativa pretende fortalecer los mecanismos de control, transparencia y selección dentro de la Función Judicial.

Torres sostuvo que la reforma busca responder a problemas estructurales que afectan a ciudadanos, emprendedores y familias que enfrentan dificultades para acceder a la justicia. A su criterio, el sistema requiere herramientas más sólidas para combatir la corrupción y mejorar la confianza pública.

Cambios en jueces, transparencia y control patrimonial

Para la asambleísta, uno de los principales problemas es la influencia que el crimen organizado ha logrado ejercer sobre distintos espacios del sistema judicial. En ese contexto, defendió la necesidad de establecer mayores controles sobre quienes administran justicia.

"No podemos permitir, es inadmisible para el ecuatoriano que haya jueces que ganando 4.000 o 5.000 dólares tengan un patrimonio de 8 millones de dólares que sean injustificables".Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia

La legisladora explicó que la propuesta incorpora un esquema de vigilancia patrimonial permanente para detectar incrementos económicos injustificados. Además, contempla la creación de una unidad especializada encargada de monitorear en tiempo real la evolución de los bienes de jueces y funcionarios judiciales.

Entre las medidas planteadas también figuran pruebas de confianza como evaluaciones poligráficas, análisis de voz y otros mecanismos de verificación. Según la asambleísta, estos procedimientos se aplicarían respetando las garantías constitucionales y el consentimiento de los funcionarios sometidos a los controles.

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Reforma al Consejo de la Judicatura

La propuesta también introduce modificaciones en la estructura administrativa del Consejo de la Judicatura. Uno de los cambios apunta a redefinir competencias entre el Pleno y la Dirección General del organismo.

Torres señaló que actualmente varias decisiones administrativas dependen de acuerdos internos entre vocales, situación que, según dijo, ha favorecido disputas de poder y designaciones cuestionadas en distintas provincias del país.

"Lo que queremos es que se concentre la responsabilidad, porque actualmente el pleno sirve como una especie de minibancada".Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia.

Concursos judiciales y déficit de jueces

Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con los concursos para jueces, fiscales y notarios. La asambleísta afirmó que los procesos de selección han enfrentado reiterados problemas de transparencia durante los últimos años.

Según explicó, Ecuador registra actualmente un déficit de 754 jueces, situación que impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema judicial y en el acceso de los ciudadanos a una resolución oportuna de sus causas.

"Desde el año 2017 no se realiza concursos para jueces y desde el año 2016 no se realiza concursos para fiscales".Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia.

La propuesta busca elevar a rango legal varios procedimientos de selección que actualmente se encuentran regulados mediante reglamentos internos. De acuerdo con la legisladora, esto permitiría reducir los márgenes de discrecionalidad y evitar posibles manipulaciones durante futuros concursos.

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Asamblea acelera el tratamiento de la reforma

Mientras la Comisión de Justicia prepara el informe para segundo debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, pidió el pasado 30 de mayo acelerar el trámite legislativo de la iniciativa.

La solicitud busca que el proyecto llegue al Pleno para su votación antes de que concluya julio. Para ello, se plantea reducir en 30 días los tiempos previstos dentro del procedimiento legislativo ordinario.

La propuesta legislativa aborda aspectos relacionados con la organización judicial, los concursos de méritos y oposición, los procesos disciplinarios, la digitalización de expedientes y el tratamiento de medidas cautelares. Desde la Asamblea se ha señalado que la intención es mantener un debate abierto mientras avanza el análisis técnico de las reformas.

Lo que debes saber

• John Reimberg confirmó que Ecuador no tendrá nuevo toque de queda.
• El Gobierno descartó renovar el estado de excepción este 1 de junio.
• Una nueva estrategia buscará combatir al crimen organizado sin restricciones.

El Gobierno descartó la posibilidad de aplicar un nuevo estado de excepción o extender las restricciones de movilidad que estuvieron vigentes en varias provincias del país como parte de las acciones contra el crimen organizado.

La declaración fue realizada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que la nueva fase de la estrategia de seguridad se ejecutará sin recurrir a medidas extraordinarias como el toque de queda.

Reimberg anuncia nuevo plan contra el crimen organizado

Las declaraciones se dieron este 1 de junio durante una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, luego de la presentación del proyecto de Ley Antimafias.

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Según explicó el funcionario, el Ejecutivo ya cuenta con un nuevo plan de seguridad diseñado para enfrentar a las estructuras criminales y este será presentado oficialmente durante una reunión prevista en Manabí con autoridades vinculadas al área de seguridad.

No se renovará el estado de excepción

Reimberg señaló que el Gobierno no tiene previsto renovar el estado de excepción que estuvo vigente en nueve provincias ni imponer nuevas restricciones de circulación para la ciudadanía.

La decisión marca un cambio respecto a los últimos meses, cuando el Ejecutivo aplicó estados de excepción y toques de queda en distintas zonas del país como parte de la respuesta frente al incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

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Las autoridades aseguran que continuarán los operativos

Aunque las restricciones finalizaron, el Ministerio del Interior sostiene que las operaciones de seguridad continuarán en todo el territorio nacional.

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En ocasiones anteriores, Reimberg ya había señalado que las fuerzas de seguridad cuentan con herramientas operativas y legales para intervenir contra organizaciones criminales sin necesidad de mantener de forma permanente medidas como el toque de queda.

La decisión se produce en un contexto en el que Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia asociados al narcotráfico, las economías ilegales y las disputas entre organizaciones criminales.

Durante los últimos meses, el Gobierno ha recurrido de manera recurrente a estados de excepción, despliegues militares y restricciones de movilidad en provincias consideradas estratégicas para las operaciones del crimen organizado.

Lo que debes saber

• Una corte de Florida permitió a José Serrano corregir su recurso judicial.
• El exfuncionario continúa detenido en un centro migratorio de Miami.
• La decisión no define su libertad, pero mantiene abierto el proceso.

El proceso judicial con el que el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, busca recuperar su libertad en Estados Unidos sigue en marcha. La Corte del Distrito Sur de Florida le permitió reformular su estrategia legal y mantener activo el litigio con el que cuestiona su detención migratoria.

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El político ecuatoriano permanece recluido en el centro de detención migratoria Krome, en Miami. Fue arrestado el 7 de agosto de 2025 por presuntamente haber excedido el tiempo de permanencia autorizado por su visa de turismo.

La causa enfrenta a Serrano con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el proceso, el exfuncionario presentó un recurso de hábeas corpus y una solicitud de medida cautelar urgente para impugnar la legalidad de su detención.

La Corte permite corregir el recurso

Sin embargo, la decisión emitida por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein no resuelve todavía el fondo del caso. Lo que hace es autorizar a Serrano a presentar una versión corregida de su petición de hábeas corpus para subsanar observaciones procesales identificadas previamente por la Corte.

En una etapa anterior, la magistratura había recomendado desestimar tanto el recurso como la solicitud de orden de restricción temporal por cuestiones de jurisdicción. Frente a ello, Serrano presentó objeciones, que posteriormente retiró para concentrarse en una nueva formulación de su demanda.

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Se reactiva el trámite judicial

La resolución dictada el lunes 1 de junio dejó sin efecto ese informe y recomendación previos, reactivando el trámite judicial. Además, autorizó la presentación de la petición enmendada.

Como consecuencia, la solicitud de orden de restricción temporal quedó sin efecto, pues estaba sustentada en la petición original que será reemplazada. La Corte fijó hasta el lunes 8 de junio de 2026 para que Serrano presente formalmente su nuevo recurso, tras lo cual las autoridades tendrán 14 días para responder.

La causa que enfrenta en Ecuador

Mientras tanto, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación contra Serrano por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Dentro de ese proceso, el exfuncionario enfrenta una orden de prisión preventiva.

Lo que debes saber

• Asamblea Nacional reactivó el grupo de mujeres tras superar una suspensión dictada por Niels Olsen en 2025.
• Correísmo y ADN chocaron por la presidencia del bloque parlamentario entre Paola Cabezas y Jhajaira Urresta.
• Tensión legislativa revivió cruces del pasado por violencia política de género y fiscalización de femicidios en Ecuador.

El grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Nacional se instaló formalmente este 1 de junio de 2026, tras superar una suspensión de casi un año ordenada en agosto de 2025 por el presidente del Legislativo, Niels Olsen. La reactivación de este espacio clave para la agenda de género estuvo marcada por fuertes enfrentamientos políticos entre las bancadas de ADN y la Revolución Ciudadana. Jhajaira Urresta fue designada presidenta y Keevin Gallardo (ADN) secretario del grupo.

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Disputa por la presidencia y acusaciones de neutralidad

El intento de consenso para elegir a las autoridades de la mesa evidenció la polarización entre el oficialismo y la oposición. La bancada del correísmo propuso a Paola Cabezas para presidir el grupo enfocado en la legislación de género. Sin embargo, los legisladores de ADN rechazaron la postulación argumentando que la asambleísta no mantiene una postura neutral para dirigir el espacio.

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Ante el bloqueo, la legisladora Lucía Pozo (ADN) impulsó el respaldo para que Jhajaira Urresta, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, asumiera la conducción del grupo parlamentario, dividiendo los criterios dentro de las tendencias de izquierda y el oficialismo. Luego, Keevin Gallardo, de ADN, fue designado secretario del grupo parlamentario.

Reclamos por suspensiones y deudas de fiscalización

La sesión inaugural escaló rápidamente en intensidad verbal. Las asambleístas de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán y Ana Herrera, fustigaron el retraso de las actividades legislativas y criticaron que el grupo de mujeres perdiera un año de gestión debido a las decisiones administrativas de la directiva. Según las legisladoras, tuvo que ocurrir un escenario de violencia política de género contra Paola Cabezas para que la administración de la Asamblea decidiera reactivar la mesa.

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Por su parte, Ana Belén Tapia, legisladora de ADN, defendió la gestión oficialista y aseguró que la reinstalación de la mesa legislativa respondió estrictamente al cumplimiento del procedimiento parlamentario por parte de Niels Olsen, descartando que se deba a presiones o coyunturas particulares de la oposición.

Además de la pugna por la directiva, el correísmo encarceló el debate al cuestionar el rol de Diana Jácome, integrante de este grupo y presidenta de la Comisión de Transparencia. La oposición reclamó que su mesa técnica no ha dado seguimiento al caso del femicidio de María Belén Bernal, una disposición que había sido previamente resuelta y aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional.

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Las fricciones vividas en la instalación del grupo parlamentario arrastran antecedentes directos de mediados de mayo de 2025. En ese periodo, un fuerte cruce de palabras entre el presidente Niels Olsen y la legisladora Paola Cabezas encendió las alarmas sobre el trato político en la institución.

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Lo que debes saber 

• La UNE cuestiona el nuevo acuerdo del Ministerio de Educación que permite actividades institucionales los sábados.
• El gremio asegura que la medida afecta derechos laborales y aumenta la carga de trabajo docente.
• Además, anunció acciones legales y movilizaciones para exigir la derogación de la normativa.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió la derogación inmediata del Acuerdo MinEduc-MinEduc-2026-00045-A, emitido por el Ministerio de Educación el 27 de mayo de 2026, al considerar que la disposición abre la puerta a la realización de actividades institucionales los sábados y vulnera derechos laborales del personal docente y administrativo.

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Según el gremio, la normativa establece lineamientos para el desarrollo de actividades complementarias institucionales dentro del cronograma escolar y dispone que estas puedan ejecutarse durante los fines de semana en instituciones fiscales de los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía a partir del año lectivo 2026-2027.

En un comunicado difundido este 1 de junio, la organización sostuvo que la medida representa una ampliación de la jornada laboral y cuestionó los mecanismos planteados para compensar el tiempo trabajado fuera del horario ordinario.

UNE cuestiona legalidad de actividades escolares los sábados

La UNE argumentó que el artículo 192 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece una jornada semanal de 40 horas para los docentes, distribuida de lunes a viernes, sin exceder ocho horas diarias.

Además, señaló que cualquier actividad adicional debe ser reconocida mediante el pago de horas extraordinarias o suplementarias, conforme a la normativa vigente.

"Alertamos que no existe norma jurídica que permita compensar el trabajo realizado los sábados mediante ‘días recompensables’, como establece el artículo 5 del mencionado acuerdo".Unión Nacional de Educadores 

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Docentes alertan sobre sobrecarga laboral y desgaste profesional

La organización también vinculó la medida con un proceso de acumulación de responsabilidades que, según afirma, ha afectado progresivamente las condiciones laborales del magisterio durante los últimos años.

El gremio sostuvo que la incorporación de múltiples actividades complementarias ha reducido el tiempo destinado a contenidos fundamentales dentro de las aulas y ahora busca trasladar parte de esas obligaciones hacia los fines de semana.

“Diversas investigaciones nacionales e internacionales han demostrado la creciente incidencia del estrés laboral y del síndrome de burnout en el magisterio”, señaló la organización.

UNE anuncia acciones legales y movilizaciones

La UNE también afirmó que los establecimientos educativos no cuentan con capacitación suficiente ni con los recursos necesarios para implementar las actividades complementarias previstas en el acuerdo ministerial.

De acuerdo con el comunicado, estas tareas deberían integrarse dentro de la jornada pedagógica ordinaria y no convertirse en una carga adicional para los trabajadores del sistema educativo.

"Nos declaramos en asamblea permanente y convocamos al magisterio nacional a participar en las acciones jurídicas y de movilización que emprenderemos en defensa de nuestros derechos y de la educación pública".Unión Nacional de Educadores

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Según la legisladora oficialista, la propuesta busca acompañar el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. 

“Se trata de una herramienta jurídica adicional para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que operan con mayor capacidad, recursos y redes cada vez más amplias”, afirmó.

Mancheno, en la entrega del proyecto al presidente del Legislativo, Niels Olsen, sostuvo que la dinámica del delito ha cambiado en Ecuador. “El crimen ya no actúa como un hecho aislado ni con un autor visible; ahora opera como una estructura que controla territorios, extorsiona, recluta, ocupa espacios, utiliza bienes inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo”, explicó.

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La legisladora reiteró que no se trata de hechos aislados cuando:

Entonces, según Mancheno, para el Estado no es un hecho aislado, sino un problema estructural, y no puede reducirse únicamente a la aprehensión de los delincuentes.

Sobre el sistema judicial, Mancheno dijo:

Mancheno también cuestionó la eficacia del sistema judicial. Indicó que en 2024 más de la mitad de los detenidos no permaneció en prisión, mientras que en 2025 uno de cada tres aprehendidos recibió medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva.

Esto le cuesta al Estado cuidar bienes incautados al crimen:

A ello se suma, dijo la oficialista, el costo de administrar los bienes incautados al crimen organizado. Actualmente, el Estado destina cerca de 2,2 millones de dólares a seguridad, custodia y seguros de estos activos. “Los ecuatorianos estamos pagando por mantener bajo resguardo bienes que estuvieron al servicio del delito”, señaló.

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El proyecto de Ley Antimafias, concluyó, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estas estructuras y evitar que el crimen siga afectando tanto la vida de la población como los recursos públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el proyecto de Ley Antimafias ha sido trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de “atacar de manera directa las estructuras del crimen organizado”. Según explicó, la propuesta busca facilitar la detención de quienes forman parte de estas redes y limitar el uso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en este tipo de casos.

Reimberg también se refirió al destino de los bienes incautados al crimen organizado. “Esos bienes deben ser de los ecuatorianos”, afirmó. Cuestionó que, tras cumplir sus condenas, algunos sentenciados reclamen la devolución de estos activos.

Las limitaciones del COIP

En el proyecto de Ley Antimafias se señala que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda la delincuencia organizada desde una perspectiva centrada en la autoría y las posiciones de mando. 

Sin embargo, no tipifica de manera autónoma ni con la precisión necesaria la pertenencia funcional o la membresía dentro de una organización criminal, lo que deja espacios de impunidad para quienes, sin ejercer liderazgo, sostienen operativamente estas redes.

Asimismo, el COIP no contempla tipos penales específicos que sancionen el reclutamiento de personas para organizaciones criminales ni la provisión de infraestructura física o logística destinada a su funcionamiento. Estas omisiones, según el proyecto, limitan la capacidad del Estado para intervenir en las fases clave de sostenimiento de las economías ilícitas.

Lo que debes saber

• El regreso de Lenín Moreno desafía a un sistema judicial ecuatoriano influenciado por el poder.
• Se analizan tres hipótesis: pactos políticos, el fin de su retiro o la defensa de su legado.
• Su figura reactiva la polarización correísmo-anticorreísmo que beneficia a Daniel Noboa.

El retorno de Lenín Boltaire Moreno Garcés al país no fue como el de otros políticos. No hubo, como con Velasco Ibarra, manifestaciones con pancartas que rezasen “todo el poder a Moreno”; ni bajó del cielo, como Bucaram, para ser abrazado por las masas congregadas en plena 29 y Oriente. No regresa tampoco como Arosemena Monroy, todavía con media vida por delante.

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El Ecuador que lo recibe tampoco es el país que admitió de vuelta a esos políticos, en épocas de incertidumbre, con regímenes recién caídos o ad portas de una elección presidencial que todos sabían sería duramente disputada entre varios candidatos competitivos.

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Lo que sí es parecido es su sistema judicial, que siempre ha sido susceptible a las influencias del poder político, usando sus sentencias como monedas de cambio para sacar o volver a meter al país a cualquiera, por más que hoy podría decirse que este ha tocado fondo en su nadir absoluto. Y Moreno retorna, precisamente, para plantar la cara ante esa justicia ecuatoriana.

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Pero, ¿qué gana con hacerlo? Un hombre que llevaba años cómodamente en el exilio, sin pedir colectas ni promover a algún movimiento político o delfín, ¿qué necesidad tiene de ponerse bajo la jurisdicción de nuestras cortes? Si su miedo es perder el caso, siempre podría jugar la carta de Mahuad, de Correa y de tantos otros ante una decisión adversa y decir lo evidente: que el sistema judicial ecuatoriano está corrompido. Podría añadirle el argumento de que con los brotes de tuberculosis en las cárceles, su infraestructura deteriorada y el historial de violencia dentro de ellas, su vida correría peligro. Si bien es cierto que su edad y condición de salud probablemente le ayudaría a conseguir una prisión domiciliaria en el hipotético caso de una condena, nada es seguro en este país en el que cada vez vemos más límites ser cruzados. Además, cualquiera preferiría seguir afuera y a sus anchas.

Tres hipótesis, aunque a estas alturas meras elucubraciones, podrían explicar esa actitud. Vale la pena explorarlas y medirlas contra el avance de los hechos.

Primera hipótesis: Moreno llegó a hundir a otros

La primera hipótesis es la siguiente: podría ser que Moreno haya regresado para salvar a unos a cambio de tratar de hundir a otros. No es difícil imaginarse a quién le beneficiaría un arreglo de ese tipo, sobre todo si vemos las páginas de otro diario (no digo leemos, porque la nueva gente a cargo se ha encargado de dejar bien claro con fotos y caricaturas quienes son los principales objetivos del poder en el caso) o si nos topamos con las publicaciones de los troles gobiernistas. Moreno, por más retirado que pueda estar de la política electoral, sabe que el poder del exiliado está en el entorno que lo auspicia y protege y, aunque poco tiene que temer afuera del país, no es un ermitaño que haya cortado todavía todo sus lazos con el país a nivel personal.

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Segunda hipótesis: Moreno busca una candidatura

La segunda, gira en torno a la idea, por más descabellada que pueda sonar, de que el hombre quiera interrumpir su retiro. Sí, Lenín Moreno ya va por los 73 años de edad. Si se lanzase a la alcaldía de la capital, como sugirió un tuitero, o a la presidencia, terminaría sus períodos siendo más viejo de lo que fue Sixto Durán Ballén cuando dejó Carondelet, pero, viendo hacia otros países, sería más joven aún que Biden, Trump o Balaguer.

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Sin duda hemos visto cosas tanto o más raras en el Ecuador. Además, la imagen de Moreno se ha suavizado un poco con los años, síntoma de un país de memoria corta y con una debilidad por los políticos con sentido del humor (Lenín es quizá el último exponente de la sal quiteña en la palestra pública). Pero no es necesario que el expresidente vaya tan lejos. Moreno como portaestandarte del anticorreísmo, estando cerca (pero no tanto) de algún candidato sin él mismo serlo, podría ser un valioso agente activo para mantener viva la polarización correísmo-anticorreísmo de la que tanto se ha servido el presidente Daniel Noboa para cerrarle el paso a cualquier alternativa de centro o derecha.

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Tercera hipótesis: Moreno y la defensa de su legado

Por supuesto, no podemos descartar algo que para muchos en esta sociedad podría ser todavía más increíble: que Moreno haya regresado no para defender su patrimonio o libertad, difíciles de alcanzar afuera del país, ni a sus allegados en el caso, sino para defender su legado. La vanidad ya ha lanzado a muchos hombres detrás de costosas aventuras. Si no lo creen, pregúntenle a quien ahora quiere ser, en sus palabras, el mejor expresidente del país o a esos incansables que se candidatizan y concursan para siempre perder, tan solo por no dejar de sentir el calor de las cámaras

Lo que debes saber

• El MSP desvinculó especialistas y técnicos durante su proceso de reestructuración nacional.
• Gremios alertan posibles efectos en la gestión de salud tras los ceses de personal.
• El Gobierno asegura que hospitales y centros de salud mantienen atención normal en Ecuador.

La reestructuración impulsada en el Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó a generar preocupación entre gremios médicos y trabajadores del sector tras la notificación de ceses de funciones a profesionales vinculados a distintas áreas especializadas de la institución.

Las desvinculaciones se registraron principalmente en dependencias del Viceministerio de Atención Integral en Salud, donde varios funcionarios recibieron notificaciones de cese durante los últimos días.

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¿Qué especialidades y áreas quedaron afectadas?

Entre los perfiles afectados constan especialistas relacionados con infraestructura sanitaria, equipamiento médico, control farmacológico, toxicología y atención primaria de salud.

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La situación generó inquietud debido a que varias de estas áreas cumplen funciones de planificación, supervisión y soporte técnico dentro de la red pública de salud, especialmente en temas relacionados con abastecimiento, vigilancia y gestión de servicios.

Frente a las críticas, el Ministerio de Salud sostuvo que la atención médica en hospitales y centros de salud continúa operando con normalidad en todo el país.

La entidad explicó que los cambios responden a un proceso de reorganización institucional y optimización de recursos, luego de identificar duplicidad de funciones dentro de algunas dependencias administrativas. Según el MSP, servicios como emergencias, consulta externa y cirugías programadas no han sido suspendidos.

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La reestructuración forma parte de un cambio nacional

Los ceses se producen en medio de una transformación más amplia de la estructura sanitaria del país. En febrero de 2026, el Gobierno dispuso eliminar las coordinaciones zonales y direcciones distritales para retornar a un modelo basado en direcciones provinciales.

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La medida reorganizó la administración del sistema de salud en 24 direcciones provinciales y más de un centenar de oficinas técnicas distribuidas en el territorio nacional. Según las autoridades, el objetivo es agilizar procesos y fortalecer la gestión local.

Hasta el momento no se ha informado públicamente el número total de funcionarios desvinculados ni el impacto que los cambios podrían tener en áreas específicas del sistema sanitario.

Los puntos claves

• La Comisión de Mesa prevé reunirse la tarde de este 1 de junio para resolver la apertura formal del periodo de pruebas dentro del proceso de remoción de Aquiles Álvarez.
• Los 10 días hábiles de la fase probatoria aún no han comenzado, ya que primero debe emitirse una resolución y notificarse oficialmente a las partes.
• Arturo Escala afirmó que el debido proceso y el derecho a la defensa están garantizados durante todas las etapas del procedimiento. 

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, todavía no entra en su etapa de pruebas, pese a que el procedimiento ya se encamina hacia esa fase dentro del Concejo cantonal, según ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala.

A decir de Escala, el inicio del periodo probatorio no es automático y depende de un paso previo obligatorio: la emisión de una resolución formal y su posterior notificación a las partes involucradas.

Solo cuando esa notificación se concrete comenzará a correr el plazo de diez días hábiles establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según Escala, este punto define el arranque real del proceso.

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“Cuando se abre el término de prueba, todo corre desde que se notifica”, ha señalado el concejal, al insistir en que hasta ese momento el procedimiento no puede considerarse activo en esa fase.

En ese contexto, la Comisión tiene previsto reunirse este lunes 1 de junio por la tarde para analizar la documentación del expediente y definir la resolución que permitirá habilitar la etapa probatoria. Escala ha recalcado que existe consenso entre los integrantes del organismo para continuar el trámite conforme a la normativa vigente.

El concejal también ha sido enfático en que el proceso se desarrolla bajo garantías legales. “El debido proceso está garantizado”, ha reiterado, al defender la actuación de la Comisión frente a observaciones externas.

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Notificación en el centro del debate

En paralelo al avance administrativo del caso, persisten cuestionamientos sobre la notificación realizada al alcalde mientras se encontraba privado de libertad.

De acuerdo con información del SNAI, el pasado 14 de mayo de 2026, en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, Aquiles Álvarez habría sido notificado dentro del centro de privación de libertad, pero se negó a firmar el documento.

Según el organismo, que respondió a un pedido de información realizado por la concejala Ana Chóez sobre cómo se efectuó la notificación al alcalde dentro del proceso de remoción, el procedimiento se ejecutó con acceso completo para el funcionario encargado de la diligencia y sin restricciones para la defensa técnica del alcalde. También se indicó que no hubo impedimentos para la comunicación con sus abogados ni con su entorno familiar.

El SNAI además respondió a consultas sobre el protocolo aplicado en este tipo de notificaciones, asegurando que se respetaron las garantías del debido proceso.

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Pedido de veeduría ciudadana

En medio del escenario político y administrativo, la concejala Ana Chóez planteó la posibilidad de conformar una veeduría ciudadana que supervise el desarrollo del proceso de remoción.

Su propuesta busca reforzar la transparencia del trámite y acompañar la evolución de un caso que se mantiene bajo alta atención pública en Guayaquil.

La edil hizo cinco consultas al SNAI:

Lo que debes saber

• José Nango es denunciado por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral
• Juez Ángel Torres fijó para julio la audiencia oral única de pruebas y alegatos.
• La sanción puede ser desde una multa económica hasta la suspensión de los derechos de participación.

El Tribunal Contencioso Electoral admitió la denuncia contra el asambleísta José Nango por presunta violencia política de género. La acusación formal fue formulada por Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano, tras declaraciones públicas del legislador que presuntamente menoscaban y desacreditan el rol de las mujeres en la fiscalización y la participación pública. El juez de la causa ya determinó la fecha para la audiencia única de pruebas.

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El origen de la demanda contra José Nango

La abogada Mónica Jaramillo sustentó la acción jurídica en una entrevista donde el legislador de Pastaza afirmó que ella "vive de chismes y cuentos". De acuerdo con la denunciante, estas expresiones configuran un ataque que busca deslegitimar el derecho de las mujeres a opinar sobre asuntos de interés público.

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El juez electoral Ángel Torres asumió el caso tras el sorteo de ley. Como primera medida, el magistrado admitió a trámite la denuncia y convocó oficialmente a las partes involucradas a la audiencia oral única de pruebas y alegatos, fijada para el 22 de julio de 2026.

¿Cuáles son las sanciones por violencia política de género?

La legislación ecuatoriana califica este acto como una infracción electoral muy grave dentro de la Ley Electoral. Las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 279 de dicho cuerpo legal incluyen penalizaciones severas para las autoridades o ciudadanos responsables:

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