Lo que debes saber:

• La Asamblea aprobó el allanamiento al veto parcial de Daniel Noboa sobre la LOOTUGS.
• El debate enfrentó a ADN y Revolución Ciudadana por la autonomía de los municipios.
• Las reformas fueron respaldadas con 80 y 82 votos en dos votaciones del Pleno.

La Asamblea Nacional aprobó, el martes 30 de junio de 2026, el allanamiento a la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), luego de un debate marcado por los cuestionamientos sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el alcance de las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

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El presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, dio por terminado el debate tras seis intervenciones, al señalar que el tema había sido discutido de manera suficiente antes de someter las mociones a votación. En el Pleno, de los 151 legisladores, solo 139 estuvieron presentes.

En una primera votación, el Pleno acogió los textos del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad, adecuando los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28, conforme al dictamen de la Corte Constitucional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 53 en contra y cinco abstenciones.

Posteriormente, el Legislativo también se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo sobre los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25 y 37, además de la disposición transitoria cuarta. Esta resolución fue aprobada con 82 votos afirmativos, 49 negativos y ocho abstenciones.

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ADN defendió las reformas

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente del informe y asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Pozo, sostuvo que la propuesta fue construida tras un proceso de análisis técnico en el que participaron expertos, urbanistas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la legisladora, las reformas buscan fortalecer la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, incentivar la inversión privada en vivienda y reducir la burocracia que, a su criterio, ha dificultado la construcción de viviendas y la legalización de tierras.

Pozo rechazó las críticas de la Revolución Ciudadana (RC) y aseguró que la bancada oficialista está fortaleciendo una norma que ya superó controles constitucionales y políticos. Además, afirmó que la reforma permitirá agilizar los trámites municipales para favorecer el desarrollo urbano y territorial.

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Revolución Ciudadana cuestionó la constitucionalidad

Desde la bancada opositora, el asambleísta Xavier Lasso recordó que durante el trámite legislativo su tienda política advirtió que varias disposiciones vulneraban la autonomía municipal y otorgaban facultades excesivas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

Lasso señaló que la decisión de la Corte Constitucional confirmó esos cuestionamientos y sostuvo que el veto presidencial evitó que entrara en vigor un texto que calificó de inconstitucional. No obstante, afirmó que persisten disposiciones que permitirían declarar proyectos inmobiliarios como estratégicos, lo que —dijo— podría facilitar desarrollos urbanísticos con menos controles.

Además, criticó la conducción del proceso legislativo y aseguró que existe una política de confrontación con los municipios, especialmente en un contexto electoral.

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Benavides defendió el fortalecimiento del control estatal

El asambleísta independiente, Cristian Benavides, aunque respaldó el allanamiento, explicó que originalmente impulsó varias de las disposiciones observadas porque, a su juicio, buscaban proteger la vida de los ciudadanos. Argumentó que existen municipios donde los planes de uso y gestión del suelo presentan deficiencias técnicas o procesos irregulares que terminan exponiendo a la población a riesgos.

En ese contexto, defendió que la Superintendencia cuente con mayores capacidades para controlar excesos de las administraciones locales. Aclaró que el objetivo no era sustituir la autonomía municipal, sino prevenir errores y garantizar una mejor planificación territorial.

También lamentó que la Corte Constitucional eliminara la posibilidad de que la entidad brinde asistencia técnica a los municipios, pues consideró que esa facultad habría permitido corregir fallas antes de imponer sanciones.

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RC insiste en que persiste el centralismo

En cambio, la asambleísta correísta Patricia Núñez sostuvo que, aunque la Corte Constitucional eliminó varios artículos, la reforma mantiene una lógica de concentración de poder en el Gobierno central. Según la legisladora, persisten disposiciones relacionadas con los proyectos estratégicos nacionales de vivienda, los plazos especiales para que los municipios emitan permisos y el manejo de sistemas nacionales de información territorial.

A criterio de Núñez, el control del catastro y de la información territorial constituye un elemento esencial de la autonomía municipal, por lo que advirtió que la reforma conserva mecanismos que limitan la capacidad de los gobiernos locales para planificar y administrar sus territorios. La legisladora aseguró que su bancada no respaldaría iniciativas que, en su opinión, sustituyan la autonomía de los GAD por mecanismos de tutela desde el Gobierno central.

Por su parte, el asambleísta de ADN, Juan José Reyes, defendió las reformas y sostuvo que el debate gira en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los gobiernos locales. "Claramente esta autonomía no está funcionando como debería. Esta autonomía, de libertad, se ha convertido en libertinaje y claramente quien sufre es el pueblo ecuatoriano".

Lo que se debe saber

• La Asamblea Nacional dio el primer paso para unificar dos proyectos que buscan enfrentar el consumo de drogas y el reclutamiento delictivo de menores. 
• La propuesta reúne 64 artículos e incorpora medidas de prevención, tratamiento y reinserción. 
• Conozca qué contempla el proyecto y cuál será su siguiente trámite legislativo.

La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social inició el tratamiento de un proyecto que busca reforzar la prevención del consumo de drogas y el reclutamiento delictivo de niños, niñas y adolescentes. En la primera sesión sobre el tema, la mesa legislativa resolvió unificar dos iniciativas relacionadas para elaborar una sola propuesta normativa.

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La decisión se produjo luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) autorizara integrar el proyecto presentado por la asambleísta Annabella Azin con la propuesta impulsada por la legisladora Valentina Centeno. Ambas iniciativas abordan la protección de menores frente al consumo de sustancias y su captación por estructuras delictivas.

Con 10 votos afirmativos, la comisión aprobó la moción presentada por el asambleísta Isaac Solano para formalizar la unificación de los proyectos. La resolución busca que el trámite legislativo avance con un solo texto, evitando que existan normas paralelas sobre una misma problemática.

Proyecto de ley sobre consumo de drogas y menores entra en una nueva etapa

Durante la sesión también se conoció la resolución del CAL, que dispuso que la Comisión de Transparencia continúe con el tratamiento de los proyectos unificados. Para ello, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte deberá remitir el expediente legislativo correspondiente para dar continuidad al proceso.

Según la resolución aprobada por la mesa legislativa, el propósito es "construir un marco normativo integral que fortalezca las medidas de prevención, protección, rehabilitación y reinserción de niños, niñas y adolescentes, evitando la duplicidad de normas y garantizando una respuesta más eficaz ante el consumo de drogas y el reclutamiento delictivo".

La propuesta presentada por la legisladora, Annabella Azin, que tiene como objetivo establecer un marco legal para prevenir, detectar de manera temprana y atender los casos relacionados con el consumo de drogas y el reclutamiento delictivo de menores de edad. Además, plantea mecanismos para la protección, rehabilitación y reinserción integral de esta población.

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¿Qué contempla la propuesta unificada que analizará la comisión?

El proyecto elaborado por Azin está conformado por 64 artículos, tres disposiciones generales, una disposición transitoria y una disposición final. Su contenido desarrolla la organización del Sistema Nacional Integral para la Prevención, Desintoxicación y Reinserción, así como las responsabilidades institucionales para su aplicación.

El texto también regula mecanismos de prevención, alertas tempranas en el sistema educativo, procesos de desintoxicación y tratamiento especializado, programas de reinserción social, competencias de las entidades públicas, fuentes de financiamiento y un régimen sancionatorio para el cumplimiento de la futura normativa.

Con la unificación de ambas iniciativas, la comisión continuará el análisis del articulado antes de elaborar el informe correspondiente para el trámite legislativo. El objetivo será consolidar un solo proyecto que reúna las medidas planteadas por ambas legisladoras sobre prevención del consumo de drogas y reclutamiento delictivo de menores.

Lo que debes saber

• Linda Romero y Gema Ormaza lideran precandidaturas del PSC en Pichincha para elecciones seccionales de 2026.
• Alfredo Serrano confirmó primarias permanentes en Guayas hasta el 2 de julio para definir puestos clave.
• El Partido Social Cristiano anunciará candidatos para Guayaquil y Guayas en el último día de plazo.

El Partido Social Cristiano (PSC) definió a sus primeras cartas fuertes para las elecciones seccionales de noviembre de 2026 en la provincia de Pichincha. La comunicadora Linda Romero asumirá la precandidatura a la Alcaldía de Quito, mientras que Gema Ormaza buscará la Prefectura de Pichincha. El presidente nacional del partido, Alfredo Serrano, ratificó estas designaciones tras los procesos de democracia interna de la organización política, abriendo oficialmente el tablero electoral de cara al cierre de inscripciones de candidaturas.

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¿Quiénes son las candidatas del PSC para Pichincha?

La elección de los perfiles en el norte del país responde a figuras que ya han tenido exposición en la palestra pública nacional y provincial durante las últimas contiendas electorales de carácter anticipado:

Guayas se declara en sesión permanente para definir candidatos

Por otra parte, la provincia del Guayas inició sus elecciones primarias este 30 de junio de 2026. El presidente de la agrupación política, Alfredo Serrano, detalló a EXPRESO que la sesión se mantendrá en carácter de permanente hasta el 2 de julio de 2026, fecha límite e improrrogable otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los partidos políticos ejecuten sus procesos obligatorios de democracia interna.

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La expectativa máxima se centra en el último día del plazo, fecha en la cual el PSC destapará oficialmente los nombres de sus cuadros para las dignidades de la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, dos de las plazas con mayor peso electoral e histórico para la organización. Serrano prefirió no profundizar sobre las razones estratégicas de postergar el anuncio de Guayas hasta el cierre definitivo del calendario electoral.

Lo que debes saber

• Ana Chóez pidió al Municipio de Guayaquil informar qué acciones ha tomado tras la denuncia por presunto tráfico de influencias que involucra a Verónica Chimbo.
• La edil, hoy independiente, formuló cinco requerimientos a Tatiana Coronel, vicepresidenta de RETO y alcaldesa subrogante de Guayaquil.

La concejala de Guayaquil, Ana Chóez, solicitó información formal a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sobre las acciones adoptadas por el Municipio luego de que una denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias mencionara a la funcionaria municipal Verónica Chimbo.

El pedido surge después de que David López, uno de los fundadores del movimiento Renovación Total (RETO), presentara el pasado 26 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La acusación apunta a Andrés Benítez, asambleísta alterno por la Revolución Ciudadana y secretario político de RETO, y a Verónica Chimbo por un presunto ofrecimiento de cargos públicos y dinero a cambio de respaldos políticos.

Ana Chóez exige respuestas al Municipio por Verónica Chimbo

En el oficio dirigido a Tatiana Coronel, la edil, hoy independiente, señala que, en ejercicio de las facultades que le otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), solicita información sobre un presunto hecho de tráfico de influencias.

"De confirmarse estos hechos, no solo se estaría comprometiendo la conducta individual de una servidora pública, sino la credibilidad institucional del Municipio de Guayaquil", sostiene el documento.

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Añade que la administración municipal no puede limitarse a esperar el desarrollo de la investigación penal sin impulsar las acciones administrativas que correspondan.

Los cinco pedidos formulados por la concejala

En su oficio, Ana Chóez plantea cinco requerimientos concretos a la administración municipal:

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La concejala concluye su oficio señalando que "la ciudadanía demanda instituciones transparentes y servidores públicos que actúen con absoluta integridad".

Asimismo, sostiene que cualquier denuncia relacionada con un eventual uso de la función pública para obtener ventajas políticas debe recibir una respuesta inmediata, transparente y verificable por parte del Municipio de Guayaquil.

Lo que debes saber

• Judicatura aprobó de forma unánime el informe técnico para la cesación de funciones de 62 jueces a escala nacional.
  
• Los jueces cesados en sus funciones responde a la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026.
• Se dispuso a las Direcciones Provinciales tomar las acciones correspondientes para evitar la paralización de actividades.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), liderado por su presidenta Mercedes Caicedo Aldaz, aprobó de forma unánime el informe técnico para la cesación de funciones de 62 jueces a escala nacional. Esta medida responde a la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026, una iniciativa que prioriza a los servidores judiciales con condiciones de salud críticas, enfermedades catastróficas, discapacidad o avanzada edad.

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Presupuesto millonario para la renovación judicial

Para el desarrollo e implementación de este proceso de desvinculación permanente, la judicatura ecuatoriana cuenta con una asignación presupuestaria específica de 6,9 millones de dólares. Este rubro se encuentra debidamente contemplado dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2026 e involucra el pago de compensaciones obligatorias tanto para personal administrativo como para los administradores de justicia salientes.

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La salida oficial de los 62 magistrados técnicos quedó fijada a partir del 30 de junio de 2026. Ante este escenario, se dispuso de inmediato que las Direcciones Provinciales del CJ ejecuten de manera urgente las acciones administrativas correspondientes para evitar la paralización de actividades y garantizar la continuidad del servicio de justicia en los diferentes cantones afectados.

Cambios y renuncias aceptadas en el Pleno del CJ

Durante la misma sesión ordinaria Nro. 086-2026, el cuerpo colegiado del organismo judicial oficializó la salida de otros funcionarios que presentaron sus dimisiones voluntarias. Las autoridades aceptaron formalmente la renuncia de la magistrada Jenny Ramos Navas, quien se desempeñaba en el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, así como la de Marlon Escobar Jácome, exjuez del Tribunal de Garantías Penales de Carchi.

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Asimismo, los miembros del pleno resolvieron dar por terminada la designación del abogado Rómulo Núñez Valencia en calidad de juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi. Según lo estipulado por las autoridades de control, el funcionario deberá retornar a su cargo de origen dentro de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y Familia ubicada en el cantón Latacunga.

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Activación del plan de contingencia nacional

Con el objetivo de impedir un vacío institucional, la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la Dirección General de la institución para que presente un informe exhaustivo respecto a la ejecución del plan de contingencia estructural.

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Requerimientos urgentes planteados a la Dirección General:

Lo que debes saber

• Daniel Noboa y Santiago Peña reforzaron la cooperación entre Ecuador y Paraguay en seguridad y comercio.
• Ecuador y Paraguay ratificaron su agenda conjunta en economía, integración regional y asuntos sociales.
• La reunión bilateral concluyó sin anunciar nuevos acuerdos, pero reafirmó la cooperación entre ambos países.

Los presidentes de Ecuador y Paraguay mantuvieron una reunión bilateral este 30 de junio en la que reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en seguridad, comercio, economía, asuntos sociales e integración regional. Hasta el momento no se han informado acuerdos específicos derivados del encuentro.

Reunión bilateral entre Daniel Noboa y Santiago Peña

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que ambos mandatarios ratificaron su intención de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, comercio, economía, asuntos sociales e integración regional.

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El encuentro fue informado por la Presidencia de Ecuador a través de sus canales oficiales, donde señaló que la reunión sirvió para reforzar el compromiso de ambos gobiernos de continuar trabajando de manera conjunta en temas considerados prioritarios para los dos países.

Seguridad y comercio entre los temas abordados

Entre los asuntos tratados estuvieron la cooperación en materia de seguridad, uno de los ejes de la política exterior y de la agenda interna del Gobierno ecuatoriano, así como el impulso a las relaciones comerciales y económicas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

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Asimismo, los presidentes dialogaron sobre asuntos sociales e iniciativas de integración regional, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer acuerdos específicos.

Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo, el presidente Noboa se ausentó de territorio ecuatoriano desde el 29 de junio de 2026. El objetivo principal es intervenir en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados, la cual se desarrollará el 30 de junio de 2026 en Asunción.

Lo que debes saber

• Gremios de Ecuador guardan silencio ante la falta de independencia estatal y acoso a la prensa.
• Líderes gremiales defienden la cautela y priorizan el diálogo institucional sobre la queja.
• Casos de corrupción como Progen generan consternación y llamados a respetar la Constitución.

Ante los cada vez más recurrentes cuestionamientos sobre la falta de independencia entre las instituciones del Estado, las presuntas irregularidades en la administración pública y el acoso a la prensa, el sector empresarial ecuatoriano mantiene un importante silencio.

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Ese silencio resulta más notorio porque situaciones muy similares durante el gobierno del expresidente Rafael Correa habrían motivado sendos pronunciamientos, entrevistas y ruedas de prensa en defensa de la institucionalidad y de la libertad de expresión de los medios de comunicación críticos del régimen.

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¿Por qué el empresariado ahora prefiere mantenerse al margen? EXPRESO trasladó esa pregunta a gremios como las cámaras de Comercio de Guayaquil y de Quito, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara Nacional de Acuacultura, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido una respuesta.

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Desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), su director ejecutivo, José Antonio Hidalgo, se excusó señalando que solamente respondería sobre temas relacionados con el banano, y que cualquier otra consulta debía ser dirigida al Comité Empresarial Ecuatoriano, que tampoco respondió hasta el cierre de esta edición.

Postura de los gremios empresariales y el diálogo institucional

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, sí se animó a responder. Para el dirigente, no es cierto que el empresariado se desentienda de la coyuntura, sino que considera que existen otras formas de abordarla.

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“Cada organización escoge la forma y el momento de expresar sus posiciones. Nosotros hemos privilegiado el diálogo institucional porque creemos que construye más que la confrontación. Ello no significa silencio ni indiferencia; significa actuar con responsabilidad, independencia y firmeza en la defensa de los valores democráticos”, comenta.

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Salamea también enfatiza que las cámaras de comercio del Ecuador defienden principios y no intereses políticos del momento. Agrega que el compromiso histórico del empresariado ha sido con el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la independencia de las funciones del Estado, la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de expresión, porque “sin instituciones sólidas no hay inversión, empleo ni desarrollo”.

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Xavier Durán, expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, coincide en ello. El exdirigente empresarial sostiene que los empresarios están permanentemente atentos a la coyuntura nacional, pero que eso no implica salir a lanzar acusaciones o cuestionamientos sin contar con pruebas suficientes que sustenten un pronunciamiento de ese tipo. “Hay que tener mucho tino”, dice el expresidente de la Cámara.

El impacto del caso Progen y la crisis eléctrica en el sector empresarial

El caso Progen es un ejemplo de ello, señala. Según Durán, el anuncio de la contratación de la empresa estadounidense para la generación eléctrica generó mucho entusiasmo en el empresariado, que confiaba en las gestiones del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, reconoce que las presuntas irregularidades han causado consternación, pero que, en lugar de lanzar acusaciones, considera que el tema debe llegar “hasta las últimas consecuencias”.

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El caso Progen es actualmente objeto de una investigación penal en Ecuador por presunto peculado. En el denominado caso Apagón hay 21 personas procesadas, entre ellas el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, por su presunta participación en un delito sancionado con hasta 13 años de prisión.

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Durán también descarta que la postura del sector empresarial responda al temor por posibles represalias del gobierno de turno, porque “cuando uno no tiene rabo de paja, no se tiene ningún temor”. El expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil insiste en que la cautela responde a la necesidad de no adelantar conclusiones, sino de apostar por el diálogo.

Salamea, por otro lado, prefiere pasar la página y enviar un mensaje a todos los actores políticos y sociales de cara a un nuevo proceso electoral. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador señala que el principal llamado debe ser el de respetar la Constitución, la voluntad ciudadana y la institucionalidad.

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Asimismo, hace hincapié en que Ecuador necesita confianza, estabilidad y reglas claras para seguir avanzando, y que las cámaras de comercio del país “seguiremos defendiendo estos principios con independencia y responsabilidad, convencidos de que solo una democracia fuerte garantiza un desarrollo económico sostenible y oportunidades para todos”.

Las claves que debes saber

• Elecciones de noviembre avanzan sin debate sobre democracia, corrupción y derechos humanos en Ecuador.
• Analistas y opositores atribuyen la baja participación política al temor a sanciones e investigaciones.
• Movimientos y candidatos priorizan sobrevivir electoralmente mientras crece la discusión sobre controles.

Se avecina un proceso electoral y, en el Ecuador, nadie está hablando de los grandes temas que afectan a la democracia. Ni la concentración de poder, ni las violaciones a los derechos humanos, ni el acoso a la prensa independiente, ni la cooptación de los organismos de control o de la justicia son asuntos que animen a los partidos y movimientos políticos que participarán en las elecciones de noviembre. 

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Ni siquiera se debate sobre los proyectos de ciudad o de región. En otras palabras, el debate y la discusión política están ausentes de la arena electoral. El país está adormecido.

Pero no solo el debate sobre los grandes temas de la política nacional está en estado de hibernación; también lo está la participación política. Muchos actores que normalmente intervienen en procesos electorales como el de noviembre están, y seguirán estando, ausentes. 

Los casos de Álvarez y Aguiñaga

Sobran los ejemplos: figuras con gran proyección electoral regional e incluso nacional, como Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, no estarán presentes en estas elecciones. Álvarez está preso, sin haber sido condenado, en una cárcel de máxima seguridad y enfrenta procesos judiciales que generan incertidumbre sobre una eventual candidatura, aunque no ha sido excluido por una sanción electoral. 

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Otros dirigentes correístas, incluidos alcaldes y prefectos, también se encuentran condicionados por investigaciones o procesos que podrían derivar en futuras inhabilidades.

¿Qué les sucede a los políticos de Ecuador?

¿Qué es lo que tiene al Ecuador en semejante estado de aletargamiento político? Básicamente, el miedo. Un miedo cuyo origen, según esta lectura, está en la concentración por parte del Gobierno del control sobre los organismos de fiscalización y sobre la administración de justicia.

¿Quién, aparte de la prensa independiente o de un puñado de líderes de opinión, pone en debate el tema de la corrupción? ¿Quién, fuera de un reducido grupo de periodistas, está denunciando casos como el de Progen o el tráfico de tierras en Santa Elena? ¿Quién, además de algunos colectivos de derechos humanos, se ha embanderado con la causa de Monika Silva, la activista asesinada en Montañita?

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Todas estas preguntas apuntan a una misma explicación: los partidos, los movimientos y los posibles candidatos no quieren hablar de estos temas porque temen recibir sanciones de organismos que consideran controlados por el Gobierno. 

Quien tenga aspiraciones electorales y no pertenezca al oficialismo corre el riesgo de que, por ejemplo, la Contraloría -sobre cuya dependencia del Ejecutivo muchos sostienen que existen dudas razonables- le practique un examen especial a su gestión o a su declaración patrimonial. 

O de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya independencia también es cuestionada por distintos sectores políticos, le inicie un proceso disciplinario sin garantías de un juicio justo. Es lo que, según sus críticos, ocurrió con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien actualmente está suspendido del cargo y no podrá participar en las próximas elecciones tras haber llamado “fulana”, entre otros calificativos, a una concejala de su ciudad.

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Lo mismo ocurre con los movimientos políticos. La Revolución Ciudadana, que sigue siendo la fuerza electoral de oposición del país, no podrá participar en las elecciones con su propia lista debido a una sanción relacionada con el manejo de su financiamiento. 

Esa suspensión ha obligado a decenas de precandidatos correístas a buscar otras organizaciones políticas para postularse. Precisamente en las últimas horas se conoció que el correísmo participará bajo las listas del movimiento Amigo.

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El movimiento Construye, por su parte, fue retirado del registro de organizaciones habilitadas por incumplimientos relacionados con los requisitos legales para conservar su personería jurídica. Unidad Popular también fue excluida inicialmente del registro; sin embargo, posteriormente el TCE dejó sin efecto esa decisión y el partido recuperó su personería jurídica, por lo que podrá participar si la resolución queda ejecutoriada.

Autoridades congelan hasta cuentas de opositores

En una reciente entrevista, el dirigente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, sostuvo que incluso dirigentes sociales están siendo víctimas del acoso gubernamental. Según afirmó, los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) tienen sus cuentas congeladas, situación que, dijo, también afecta a la dirigente indígena Pacha Terán, quien -según Atarihuana- no puede disponer de su dinero ni siquiera para alimentar a su familia. 

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El miedo, entonces, ha paralizado la voluntad de participar en política y, con ello, ha paralizado también el debate público.

Existen, pues, varios factores que alimentan ese miedo: el temor a las sanciones electorales, a la judicialización de las decisiones administrativas, a la exposición patrimonial y hasta a ser asesinado, como les ocurrió al periodista Robinson del Pezo o a la activista Monika Silva.

¿Y qué pasa, entonces, con el debate sobre la erosión democrática, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos? Muy pocos se atreven a plantearlo y quienes lo hacen -los correístas, principalmente- carecen, para muchos, de autoridad moral para liderar esa discusión. En suma, nadie quiere hablar de los temas que más incomodan al poder.

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Consultada sobre el tema, la mandataria mexicana optó por posponer cualquier definición oficial. "Vamos a hablar de la relación Ecuador-México ya que pase el partido", en referencia al encuentro entre las selecciones de ambos países en el Mundial de fútbol.

La declaración, ofrecida durante su conferencia de prensa matutina conocida como la "Conferencia del Pueblo" (o Mañanera), deja en suspenso una posible normalización de las relaciones, interrumpidas desde abril de 2024. 

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Noboa expresara su disposición para reanudar las relaciones diplomáticas con México, rotas tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.

El operativo tuvo como objetivo detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien permanecía en la sede diplomática y había recibido asilo político por parte del Gobierno mexicano. El hecho provocó la crítica internacional y llevó a México a romper relaciones con Ecuador.

La crisis diplomática entre Ecuador y México sigue sin resolverse

Desde junio de 2024, Suiza actúa como potencia garante para proteger los intereses de ambos Estados, una figura utilizada cuando dos países carecen de relaciones diplomáticas directas.

Aunque existen canales indirectos de comunicación, la representación diplomática formal permanece suspendida y no se han reportado avances concretos para superar el conflicto generado por el ingreso de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana.

Comercio entre Ecuador y México continúa pese a la ruptura diplomática

La ruptura política no afectó el intercambio comercial entre ambos países. El flujo de mercancías entre empresas privadas se ha mantenido activo bajo los mecanismos establecidos por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Esto ha permitido que las exportaciones e importaciones continúen operando con normalidad, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales.

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El TLC con México y el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico siguen congelados

Uno de los principales efectos de la crisis bilateral se mantiene en el ámbito económico. Las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y México quedaron congeladas por decisión del Gobierno mexicano.

La falta de un acuerdo comercial impidió además que Ecuador complete su incorporación como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, un bloque considerado estratégico para la expansión comercial hacia los mercados de Asia-Pacífico. Entre los puntos de desacuerdo en las negociaciones figuró la negativa de México a incluir productos clave de la oferta exportable ecuatoriana, como el banano y el camarón, sectores considerados prioritarios para el comercio exterior del país.

Lo que debes saber:

• Érika Tumbaco rindió su primera versión ante la Fiscalía por el caso Porsche.
• La defensa niega que Industrial Molinera o el Gobierno estén vinculados al caso.
• Los hijos de Tumbaco también fueron convocados para dar su testimonio.

Fernando Yávar, abogado de Industrial Molinera, aseguró este lunes que ni la empresa ni personas vinculadas al Gobierno Nacional tendrían relación con el denominado caso Porsche. Sus declaraciones se dieron antes de que Érika Johana Tumbaco Flores, trabajadora de "confianza" de la compañía, acudiera a la Fiscalía General del Estado para rendir su primera versión dentro de la investigación.

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La comparecencia ante la Fiscalía

Yávar explicó que la comparecencia de Tumbaco y de sus hijos busca esclarecer lo ocurrido tras el atentado registrado en la Bahía de Guayaquil. Además, rechazó las versiones que apuntan a un supuesto autoatentado y afirmó que esa narrativa responde a un "montaje" sin sustento.

El jurista sostuvo que la coincidencia entre la diligencia fiscal y las menciones a Industrial Molinera ha generado confusión en el debate público. En ese sentido, insistió en que la empresa no mantiene ningún vínculo con los hechos que investiga la Fiscalía.

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Editorialistas Expreso

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¿Por qué también declararon sus hijos?

Según detalló, los hijos de Tumbaco también fueron convocados porque estuvieron presentes el día en que se ejecutó un allanamiento judicial en la vivienda familiar. Ese episodio, afirmó, explica por qué la mujer modificó su recorrido original y se dirigió a su domicilio antes de acudir al Hospital de Los Ceibos.

Yávar precisó que su intervención en el proceso se limita al acompañamiento legal de Tumbaco durante la recepción de su testimonio. La diligencia forma parte de las actuaciones que desarrolla la Fiscalía dentro del denominado caso Porsche, una investigación que ha adquirido relevancia política tras los cuestionamientos cruzados entre el oficialismo y la oposición.

Lo que debes saber

• La Comisión de Fiscalización será la encargada de sustanciar el juicio político contra Inés Manzano.
• ADN defiende el debido proceso, mientras Revolución Ciudadana insiste en que existen elementos para una eventual censura.
• El Pleno de la Asamblea tendrá la decisión final sobre el futuro político de la exministra.

El juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, avanza en la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización calificara el trámite impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana. Con esa decisión se abrió la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo, mientras el proceso deberá culminar con un informe que posteriormente será conocido por el Pleno, donde una eventual censura requerirá 101 votos.

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ADN defiende el debido proceso

Desde la bancada oficialista, la legisladora Diana Jácome sostiene que la calificación del juicio político responde al procedimiento previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta afirma que tanto los interpelantes como la exfuncionaria tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en un proceso que, según dijo, debe desarrollarse con transparencia, equilibrio y justicia.

Jácome también señala que el juicio político debe avanzar en paralelo con las investigaciones sobre la denominada "ruta del dinero" en los contratos cuestionados. Asegura que el objetivo es identificar a los responsables de un eventual perjuicio económico al Estado y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, al tiempo que defendió que el Gobierno "no está escondiendo nada".

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RC insiste en las presuntas irregularidades

En la orilla opuesta, el asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, afirma que la Comisión de Fiscalización terminó calificando el juicio político porque ya no era posible sostener una posición contraria al trámite. A su criterio, el proceso permitirá investigar el presunto incumplimiento de funciones de Inés Manzano en la contratación con Austral Technical Management (ATM).

Luna sostiene que el contrato bordea los $ 90 millones y cuestiona que se hayan entregado anticipos por alrededor de $ 61 millones sin que, según dice, se hubieran cumplido las garantías y los plazos previstos. Además, asegura que los equipos entregados no corresponden a la capacidad requerida por el sistema eléctrico nacional, lo que, en su opinión, constituye uno de los principales elementos que sustentarán la interpelación.

El legislador correísta también critica la posibilidad de que los equipos sean recibidos como parte de mecanismos para recuperar recursos públicos. Manifiesta que aceptar generadores que califica como "chatarra" implicaría mayores costos de operación, un mayor consumo de combustible y menor eficiencia para el sistema eléctrico.

El asambleísta expresa que espera que el juicio político concluya con la determinación de responsabilidades políticas y que la información recopilada sirva de base para investigaciones penales. Afirma que la ciudadanía exige que se identifique a los responsables del presunto perjuicio al Estado y que se impongan las sanciones correspondientes.

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La agenda legislativa del oficialismo

Por su parte, la legisladora de ADN sostuvo que la Asamblea también debe concentrarse en el trámite de proyectos relacionados con la protección de niños, adolescentes y adultos mayores, pues, a su criterio, "esos son los temas importantes". Asimismo, subrayó que "en eso nos estamos concentrando; (pero) no dejamos de lado también las situaciones que enfrenta el país".

Lo que debes saber 

• El programa incrementó sus beneficiarios de 80.000 a 150.000 por la creciente demanda.
• La ministra Zaida Rovira explicó cómo funciona la inserción laboral y abordó la fusión de ministerios y la preparación ante el fenómeno de El Niño.

La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, anunció este 29 de junio que el programa Jóvenes en Acción incrementó de 80.000 a 150.000 los cupos disponibles en su tercera edición. La funcionaria aseguró que el proyecto no se limita a una transferencia económica, sino que busca facilitar el ingreso al mercado laboral.

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"Ahora en esta tercera edición tenemos cupos para 150.000 jóvenes. ¿Por qué se ha aumentado el cupo? Porque la demanda es impresionante", señaló Rovira.

Rovira explicó que la iniciativa comenzó como un plan piloto en 2024 y que, además de los tres meses de actividades remuneradas dentro de entidades del Ejecutivo, los participantes pueden continuar durante el resto del año con capacitaciones, actividades deportivas, culturales y espacios de formación en las Casas de la Juventud.

Jóvenes en Acción busca facilitar el acceso al empleo

La ministra detalló que uno de los principales objetivos del programa es preparar a los beneficiarios para conseguir su primer empleo formal mediante talleres para elaborar hojas de vida, simulaciones de entrevistas y capacitación en habilidades laborales.

"Las primeras capacitaciones tienen que ver con la preparación para ingresar al mundo laboral".Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano.

Añadió que el Ministerio mantiene convenios con empresas privadas para conectar a los jóvenes con vacantes disponibles y adaptar los procesos de capacitación a los perfiles que demanda el sector productivo.

Según Rovira, la futura fusión entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Trabajo permitirá agilizar esta articulación, ya que el proceso de capacitación y vinculación laboral se realizará desde una misma estructura institucional.

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Zaida Rovira defendió la fusión de ministerios

Durante la entrevista, la ministra también respondió a las críticas sobre la fusión de varias carteras de Estado impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa. Afirmó que la medida no busca un ahorro económico, sino optimizar los servicios públicos y reducir funciones duplicadas.

"Esta fusión no persigue el ahorro. Lo que busca es la optimización", señaló Rovira.

Rovira sostuvo que los principales afectados serán los cargos de nivel jerárquico superior, como ministros, viceministros y subsecretarios, mientras que los servicios destinados a la ciudadanía continuarán funcionando y, según dijo, se fortalecerán.

La funcionaria aseguró que el objetivo es simplificar los trámites para evitar que los ciudadanos recorran distintas oficinas para completar un mismo proceso administrativo.

Gobierno mantiene campaña de ayuda para Venezuela

Al inicio de la entrevista, Rovira informó que el Gobierno mantiene habilitados centros de acopio para recolectar ayuda destinada a los afectados por los recientes terremotos en Venezuela, siguiendo una coordinación nacional encabezada por varias instituciones del Estado.

La ministra pidió a los ciudadanos donar únicamente los insumos requeridos durante la primera fase de atención de emergencias, entre ellos artículos de higiene personal, pañales, agua, colchonetas, sábanas, mosquiteros y material médico desechable.

"En este momento ni ropa ni zapatos. Lo primero es el rescate, la hidratación y la atención inmediata", indicó Rovira.

También señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con las carteras de Defensa e Interior, coordinan la logística internacional para que la ayuda humanitaria llegue a los damnificados.

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Rovira cuestionó a municipios por el fenómeno de El Niño

En otro momento de la entrevista, la ministra expresó su preocupación por la preparación de varios municipios frente a la llegada del fenómeno de El Niño y cuestionó que algunas administraciones aún no hayan presentado sus planes de contingencia.

"Están utilizando los bonos de contingencia para fines políticos electorales y eso sí lo denuncio pública y abiertamente", señaló Rovira.

Según Rovira, existen municipios que recién están solicitando la entrega de bonos correspondientes a las emergencias registradas entre enero y marzo, situación que calificó como una utilización política de los recursos destinados a atender a las familias afectadas.

La ministra aseguró que el Gobierno Nacional ya dispone de kits de ayuda humanitaria, albergues y bonos de contingencia para responder ante nuevas emergencias, aunque insistió en que las autoridades locales deben cumplir oportunamente con sus responsabilidades para evitar retrasos en la atención ciudadana.

Revolución Ciudadana aclara que Amigo no será su único casillero en 2026:

• Revolución Ciudadana descarta partido único: Melissa Zambrano aclaró que Amigo no será el único casillero para las seccionales de 2026.
• Gran alianza de partidos: Las candidaturas definitivas del correísmo se presentarán mediante un frente de varias organizaciones políticas.
• PSE asoma como alternativa electoral: El prefecto Juan Cristóbal Lloret participó en primarias del Partido Socialista Ecuatoriano en Azuay.

La secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, Melissa Zambrano, aclaró que el movimiento Amigo no será la única organización política que acoja a los candidatos del correísmo para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. La dirigente señaló que las candidaturas oficiales se definirán mediante una gran alianza que integrará al menos a tres movimientos políticos como vehículo electoral, debido a la suspensión de la lista 5 por un caso de presunto lavado de activos.

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¿Cómo se estructurarán las alianzas del correísmo para las elecciones 2026?

Durante una entrevista con Ecuador En Directo, Melissa Zambrano precisó que las precandidaturas anunciadas recientemente no son definitivas. El correísmo busca conformar una coalición amplia para superar el obstáculo legal que pesa sobre su casillero tradicional.

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Aunque la secretaría ejecutiva evitó revelar de forma oficial los nombres de las agrupaciones aliadas, los movimientos territoriales ya muestran indicios de la estrategia jurídica y electoral. En la provincia de Azuay, el prefecto Juan Cristóbal Lloret participó en las primarias del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lo que posiciona a esta organización como el segundo vehículo electoral de la tendencia.

El fin de semana del 27 al 29 de junio de 2026, el movimiento Amigo definió precandidaturas en Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y Los Ríos, sirviendo como la primera plataforma visible para los cuadros de la Revolución Ciudadana.

Detalles del acuerdo político y las provincias clave

Zambrano enfatizó que las coaliciones provinciales tendrán flexibilidad y responderán a las dinámicas de cada territorio. Respecto a las condiciones con los partidos que facilitan sus casilleros, la funcionaria descartó cualquier tipo de imposición ideológica.

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"Nosotros ponemos los votos, ellos el movimiento", afirmó la secretaria ejecutiva, abriendo además la posibilidad de consolidar acuerdos de gobernanza post-electoral.

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Provincias con precandidaturas definidas por el Movimiento Amigo

El correísmo ha comenzado a desplegar sus cuadros bajo diferentes plataformas para asegurar su participación en los comicios locales:

El principal reto que enfrentará la Revolución Ciudadana será informar de manera clara y oportuna a la ciudadanía sobre qué casilleros y logotipos representarán el voto correísta en cada circuito electoral para evitar la dispersión del voto.

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Secretaría Jurídica de la Presidencia entrega 14.532 folios al CNE y cuestiona pedido de revocatoria

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Según Morillo, la iniciativa carece de elementos que sustenten el procedimiento establecido en la normativa. Señaló que, entre los argumentos expuestos por los promotores, no se identifican metas incumplidas, plazos vencidos ni obligaciones específicas atribuidas al actual periodo presidencial.

"La revocatoria exige hechos concretos, plazos vencidos y pruebas. Iza no presentó ni uno solo".Nataly Morillo, ministra de Gobierno

Revocatoria de mandato: Gobierno cuestiona fundamentos del pedido

Durante su pronunciamiento, la ministra aseguró que la documentación entregada por los impulsores de la revocatoria está conformada por recortes de prensa, afirmaciones generales y documentos que, según dijo, incluso no corresponden al actual periodo presidencial. Añadió que esos elementos no cumplen con las exigencias previstas para este tipo de procesos.

"El presidente respondió con 22 cajas y 14.532 folios de gestión verificable, mientras que Isa entregó recortes de periódico".Nataly Morillo, ministra de Gobierno

En ese sentido, insistió en que el procedimiento de revocatoria debe sustentarse en pruebas y no únicamente en declaraciones públicas o publicaciones periodísticas.

Nataly Morillo afirma que la democracia debe respetar sus reglas

En la parte final de su mensaje, Morillo afirmó que las acciones contra el Gobierno buscan generar un escenario de inestabilidad política cuando, según dijo, no existen elementos suficientes para sostener la revocatoria de mandato. Además, vinculó este tipo de iniciativas con campañas de desprestigio contra la administración de Daniel Noboa.

"Cuando no se puede derrotar a un gobierno con hechos ni con votos, se intenta desgastarlo con falsas narrativas y campañas de desprestigio".Nataly Morillo, ministra de Gobierno

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Organizaciones sociales se unen para impulsar revocatoria contra Daniel Noboa

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La funcionaria reiteró que la gestión del Gobierno puede ser verificada mediante la información presentada y sostuvo que el respeto a las reglas democráticas implica que cualquier proceso de revocatoria esté respaldado por hechos comprobables.

"La democracia tiene reglas. Una fundamental: hacer política con la verdad, no con falsos relatos".Nataly Morillo, ministra de Gobierno.

Lo que debes saber 

• Las diferencias internas en el movimiento político quedaron expuestas tras las elecciones primarias en Manabí. 
• Mientras una dirigente cuestionó el proceso y pidió la salida del director provincial, el exmandatario salió públicamente en su defensa.

Las diferencias internas en la Revolución Ciudadana quedaron expuestas luego de las elecciones primarias para definir candidaturas en Manabí. La precandidata a la Prefectura de esa provincia, Luisa González, cuestionó la forma en que se elaboraron las listas y responsabilizó al director provincial, Rafael Saltos, por la falta de diálogo con la militancia. Horas después, el expresidente Rafael Correa respondió con un mensaje de respaldo al dirigente.

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En un video difundido en sus redes sociales, González agradeció el respaldo de la militancia, pero reconoció que las horas posteriores al proceso interno estuvieron marcadas por sentimientos encontrados. Explicó que muchos simpatizantes expresaron inconformidad por las candidaturas y aseguró que ella tampoco conocía quiénes integraban las listas antes de la jornada de democracia interna.

"Muchos de ustedes fueron llenos de ilusión, pero con un desconocimiento muy grande sobre quiénes eran los candidatos que estaban en esas listas. Y quiero decirles que al igual que ustedes, yo también desconocía quiénes estaban en esas listas", indicó.

Luisa González cuestiona la conformación de listas en Manabí

La dirigente sostuvo que el principal problema fue la ausencia de un proceso previo de socialización con la militancia. Según explicó, esa situación provocó malestar en varios cantones porque los simpatizantes desconocían quiénes serían candidatos a alcaldías, concejalías y juntas parroquiales antes de las primarias.

González afirmó que había planteado criterios para la conformación de listas, especialmente en los territorios donde existieran alianzas políticas. Indicó que pidió que las candidaturas para concejales y juntas parroquiales permanecieran en manos de la Revolución Ciudadana y señaló que esa solicitud no fue acogida, aunque aseguró que sí prosperó su propuesta para que Juan José Peña fuera candidato a la Alcaldía de Portoviejo.

"Sí creo que debería dar un paso al costado como director provincial, porque no ha sabido siquiera tomar en cuenta, escuchar, sentarse, dialogar con la militancia de la Revolución Ciudadana".Luisa González, excandidata presidencial por la RC

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Rafael Correa respalda a Rafael Saltos tras las críticas

Las declaraciones de González tuvieron una respuesta pública del expresidente Rafael Correa, quien utilizó sus redes sociales para expresar respaldo al director provincial. El exmandatario destacó el trabajo realizado por Saltos durante la organización de las elecciones internas y rechazó las críticas en su contra.

"Todo mi respaldo y gratitud a Rafael Saltos, que en apenas 13 días como director provincial, pudo organizar de la mejor manera las primarias, con seriedad y sin ningún interés propio", señaló 

En el mismo mensaje, Correa sostuvo que el dirigente dedicó jornadas completas a la organización del proceso y remarcó que ninguna persona puede estar por encima de la estructura partidaria. Su publicación contrastó con el pedido formulado por González para que Saltos deje la dirección provincial.

"NADIE, absolutamente NADIE, puede estar por encima de la estructura del partido. ¡Hasta la victoria siempre!".

Con estos pronunciamientos, las diferencias sobre el manejo de las candidaturas en Manabí quedaron expuestas públicamente entre dos de las principales figuras de la Revolución Ciudadana, en medio del proceso de definición de aspirantes para las elecciones seccionales de 2026.

Lo que debes saber

• Ecuador define precandidatos en junio 2026 para elecciones seccionales por renovación de autoridades locales
  
• Partidos y alianzas inscriben aspirantes ante CNE para comicios del 29 noviembre 2026 en Ecuador
  
• Correísmo compite con alianzas tras suspensión del TCE rumbo a elecciones locales 2026 en Ecuador
  
  

Las organizaciones políticas en Ecuador comenzaron a perfilar a sus precandidatos para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, en las que se renovarán autoridades locales como alcaldes, prefectos, concejales y vocales parroquiales.

El proceso avanza en medio de un escenario político atípico, marcado por el adelantamiento de los comicios y por la suspensión temporal del movimiento Revolución Ciudadana, lo que ha obligado a sus principales figuras a buscar alianzas con otras organizaciones para participar en la contienda.

Un mapa electoral aún en construcción

Aunque varias agrupaciones ya han presentado nombres durante sus procesos internos, las candidaturas no son definitivas. Todos los aspirantes deberán pasar por la fase de inscripción y calificación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para oficializar su participación

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En este contexto, movimientos como Acción Democrática Nacional (ADN), vinculado al presidente Daniel Noboa, también han anunciado precandidatos en sus primarias, aunque sin consolidar aún una lista definitiva de postulantes a escala nacional.

Principales nombres

Quito y Pichincha

Manabí

Azuay

Guayas

La ausencia formal de Revolución Ciudadana ha generado una reconfiguración del tablero electoral, especialmente en territorios donde este movimiento tiene alta presencia. 

Sus cuadros participan principalmente bajo el paraguas del movimiento Amigo u otras organizaciones, lo que podría influir en la dinámica de alianzas y en la identificación del electorado con las candidaturas

Las claves del caso

• El Consejo de Administración de la Asamblea ecuatoriana calificó el trámite contra la exfuncionaria Inés Manzano.
• La Comisión legislativa otorgó quince días de plazo para la entrega de pruebas de descargo y contestación.
• La censura de la exministra de Energía en el Pleno requiere el voto favorable de 101 asambleístas.

El juicio político a la exministra de Energía, Inés Manzano, impulsado por la Revolución Ciudadana avanza en la Asamblea Nacional de Ecuador, tras haber sido calificado por la Comisión de Fiscalización de mayoría oficialista. La exministra del presidente Daniel Noboa es señalada por presunto incumplimiento de funciones relacionado con la compra de generadores eléctricos a Austral Technical Management (ATM).

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El procedimiento legal y los plazos en la Comisión de Fiscalización

El proceso legislativo avanza bajo el amparo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tras la correspondiente calificación, la mesa legislativa notificará formalmente a las partes interpelantes y a la exautoridad. A partir de esta acción, corre un periodo específico para la argumentación jurídica y el acopio de documentos.

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Las etapas claves del procesamiento de pruebas contemplan:

Los escenarios del informe en el Pleno de la Asamblea Nacional

Cumplido el periodo de actuación de pruebas, la Comisión dispone de cinco días para remitir un informe motivado a la Presidencia del Parlamento. Este documento debe sugerir de manera fundamentada si corresponde archivar la causa o proceder con el debate e interpelación definitiva ante la totalidad del Pleno.

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Si los integrantes de la mesa parlamentaria no aprueban un informe definitivo dentro de los plazos normados, el presidente de dicha comisión enviará las actas de votación en un máximo de dos días. En este escenario, la decisión de archivar o dar paso al enjuiciamiento recaerá de forma directa sobre la votación de los legisladores.

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Para lograr la censura de la exministra Inés Manzano, el Parlamento ecuatoriano no aplicará la destitución debido a que la funcionaria ya cesó en su cargo. Según el artículo 85 de la normativa vigente, se requerirá de una mayoría calificada equivalente a 101 votos afirmativos para concluir de forma oficial el proceso de control político.

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La acusación de la Revolución Ciudadana contra Inés Manzano

A mediados de junio de 2026, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció la presentación de una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. Esta vez, el correísmo planteará una interpelación por el contrato con Austral Technical Management (ATM) para la compra de generadores.

Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana (lista 5) usará el casillero del movimiento Amigo para las elecciones de 2026.
• Amigo (lista 16) nació del movimiento provincial Mejor, fundado por el sentenciado Daniel Mendoza.
• El excandidato Juan Iván Cueva aclaró que no tiene nexos con la alianza y apoya a Daniel Noboa.

Misterio resuelto. Tras varios meses de secretismo, la Revolución Ciudadana (lista 5) reveló que el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16) será su casillero electoral temporal para las elecciones seccionales de 2026.

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Sin embargo, el movimiento Amigo guarda un polémico historial que se remonta al momento de su propia inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas de Ecuador, en 2020, y que incluye su vínculo con un exasambleísta sentenciado por corrupción.

Origen del movimiento Amigo y vínculos con Daniel Mendoza

La historia de Amigo inicia con otro nombre. Antes de convertirse en una organización política de ámbito nacional, fue un movimiento provincial llamado Mejor, cuya principal figura era el exasambleísta por Manabí de la extinta Alianza PAIS, Daniel Mendoza, sentenciado por corrupción.

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Sin embargo, en 2018 el movimiento intentó dar el salto a la política nacional bajo el nombre de Mejor EC, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su solicitud.

Un año después, en 2019, Mejor logró dar el salto al ámbito nacional en su segundo intento, bajo el nombre de movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), aunque con una estela de dudas sobre presuntos favores políticos.

Polémicas en la inscripción del movimiento Amigo ante el CNE

El movimiento Amigo logró su inscripción como organización política nacional en 2020, en medio de denuncias sobre un presunto acuerdo para salvar a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, de un juicio político planteado entonces por Fernando Flores y Jeannine Cruz.

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Las denuncias señalaban que el acuerdo habría consistido en que Mendoza votaría en contra del juicio político a Atamaint a cambio de la inscripción del movimiento Amigo en el registro permanente de organizaciones políticas.

En ese entonces, Daniel Mendoza era presidente de la Comisión de Régimen Económico y no pertenecía al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Finalmente, el movimiento Amigo fue registrado y el juicio político contra Atamaint no pasó de la Comisión de Fiscalización.

Resultados electorales del movimiento Amigo y candidaturas presidenciales

La otra cara del movimiento Amigo tiene que ver con sus resultados electorales. Una vez registrado como organización política de ámbito nacional, participó en las elecciones presidenciales de 2021, 2023 y 2025, auspiciando a candidatos de diferentes tendencias:

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Aunque desde las elecciones presidenciales no se lo ha visto vinculado al movimiento, el excandidato presidencial Juan Iván Cueva publicó recientemente un comunicado en el que aclaró que no mantiene relación alguna con Amigo ni con su alianza electoral con la Revolución Ciudadana para las elecciones seccionales de 2026. Además, expresó su apoyo al presidente de la República, Daniel Noboa.

Alianza electoral con la Revolución Ciudadana para las seccionales 2026

Pese a los cuestionamientos que arrastra, el expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, confirmó la alianza electoral con el movimiento Amigo para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aclaró que la alianza es temporal y responde a la suspensión de la lista 5 por un caso de presunto lavado de activos, denominado por la Fiscalía General del Estado como Caja Chica.

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La alianza Amigo-Revolución Ciudadana ya arroja sus primeros resultados con la elección de precandidatos en provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos, todos ellos pertenecientes al movimiento correísta. Está previsto que se confirme la participación de más perfiles de la Revolución Ciudadana en las elecciones primarias hasta el 2 de julio de 2026, fecha límite para los procesos de democracia interna.

Lo que debes saber

• Mario Godoy se encuentra fuera de la escena pública tras ser censurado por la Asamblea.
• El proceso de control político a Inés Manzano avanza en la Comisión de Fiscalización.
• Fiscalía investiga las polémicas contrataciones y desembolsos a las empresas Progen y ATM.

¿Alguien ha visto al doctor Mario Godoy? Han pasado más de cuatro meses desde que la Asamblea Nacional lo censurara el 18 de febrero. Tan solo unas horas antes, Godoy había presentado su renuncia, como para burlarse una última vez de sus fiscalizadores. Desde entonces, su figura prácticamente se ha esfumado de la escena pública. Por ahí salió el señor fiscal general a decir que tenía en su despacho dos investigaciones contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, de las cuales no sabemos nada y a las que no les ha puesto logo, razón por la cual podemos entender que no son casos de su interés. De cosas más concretas lo acusó alias Negro Willy, pero no cabe mencionarlas ya que, al igual que el resto de lo que dijo, fueron presentadas con poca coherencia y aún menos fundamento. Al fin y al cabo, parece que el señor Godoy la sacó barata después de haber sido señalado por supuestos actos gravísimos, entre los que destacan el presumiblemente haber ejercido su cargo teniendo un conflicto de interés con grupos delictivos y encima haber presionado a Carlos Serrano, un juez en funciones, quien tuvo que salir del país temiendo por su vida.

El juicio político a Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización

Tal suerte puede parecer hasta envidiable para una exfuncionaria cuyo proceso de control político finalmente avanza, después de múltiples retrasos, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ella es Inés Manzano, hasta hace poco ministra de Ambiente y Energía (y Minas, Hidrocarburos, licencias demoradas, tasas sorpresa y toda una serie de responsabilidades más), señalada como una de las responsables por los atracos eléctricos de Progen y ATM (este segundo es el que marcha por la Comisión). Para el oficialismo, la mejor respuesta a esa acusación ha sido una pregunta: ¿responsable de qué?

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Cuando les ha convenido, los asambleístas de ADN han hecho malabares con los conceptos de responsabilidad penal y política para detener o al menos distraer los intentos previos de sentarla en el banquillo de los interpelados. Se pasaron medio año en la Comisión de Transparencia, dirigida por Diana Jácome, tratando de establecer que los ministros del Gobierno nada tenían que ver con las contrataciones a Progen y ATM (cosa bastante graciosa, porque cuando las obras salen bien uno los puede ver disfrazados de contratista, con chaleco naranja y casco amarillo, asumiendo el éxito de la gestión). Con ese fin llegaron a traer al contralor general a una sesión para que les explicara a ellos, encargados de determinar la responsabilidad política de los ministros, que ante los ojos de la Contraloría un ministro no es responsable civil o penal por los contratos que firman los gerentes de las empresas públicas (para conseguir esa misma respuesta hubieran podido salir a la calle a buscar a un burócrata o abogado cualquiera y llevarlo de las mechas al Palacio Legislativo). Eso les sirvió para decir que el tema quedaba fuera de competencia y mandar, sin llegar al Pleno, su informe carente de conclusiones a la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía y la crisis de los contratos eléctricos

Desde entonces y hasta hace poco, el oficialismo se la ha pasado diciendo que los casos Progen y ATM están en manos de Fiscalía y que no lo politizarían. Debemos entender que la politización, por arbitrariedad u omisión, ahora es el trabajo del fiscal. Y es que llama profundamente la atención que en un caso que adquirió fuero de Corte Nacional porque se lo investigó originalmente al ministro Roberto Luque no consten como imputados ni él ni Manzano, sino el ministro que manejó la cartera de Energías entre ellos dos: Antonio Gonçalves. Si Gonçalves está ahí porque se firmaron los contratos y se desembolsó el dinero bajo su gestión, cabe pensar que Luque debería figurar porque se los negociaron bajo él y Manzano porque con ella continuaron los desembolsos.

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Aunque esto expone la engañosa retórica de los asambleístas de ADN al demostrar que, al menos para su tan querida Fiscalía, sí es posible conectar a un ministro con el caso, es importante regresar al problema de origen: la responsabilidad política es algo muy distinto a la penal.

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Primero, porque caduca. Poniéndose esperar a que haya una resolución en firme por parte de la justicia, el plazo para enjuiciar a Luque, Gonçalves o Manzano por sus acciones al frente de Energía se les habría agotado (solo pueden someter a un ex funcionario a la censura hasta un año después de su salida del cargo). Segundo, porque la responsabilidad política es por definición subjetiva y amplísima. Un argumento que debería ser convincente para la Asamblea) y que no necesariamente lo sería en una corte es el siguiente: les tomaba cinco minutos a cualquiera de los ministros llamar a cualquier persona que haya trabajado con generadores en su vida para enterarse de que Progen y ATM no son unos de los pocos fabricantes de grandes grupos electrógenos en el mundo. No haberlo hecho -o haber ignorado esa realidad- los vuelve unos irresponsables.

Le devuelvo la palabra, señor presidente.

Lo que debes saber

• El CPCCS acumula retrasos críticos en concursos clave antes de las elecciones de noviembre de 2026.
• La renovación parcial del CNE registra el mayor estancamiento, congelada desde diciembre de 2025.
• El concurso para Fiscal General está paralizado desde junio de 2026 por falta de consensos.

Los concursos públicos administrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acumulan retrasos críticos a pocos meses de que los ciudadanos elijan una nueva conformación del organismo en las elecciones de noviembre de 2026. Los procesos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la selección del nuevo Fiscal General del Estado se encuentran paralizados debido a la falta de acuerdos internos en el Pleno y la postergación en la aprobación de fases administrativas clave.

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El origen del estancamiento en el CNE

El concurso que registra el mayor retraso es el de la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde diciembre de 2025, este proceso permanece completamente estancado en la fase de elaboración de un nuevo banco de preguntas para la etapa de oposición de los postulantes.

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La problemática institucional es profunda, considerando que la primera renovación de los vocales debió ejecutarse originalmente en 2021 y la segunda en 2024. Mientras tanto, el órgano electoral continúa operando con su misma conformación estructural, bajo la reciente presidencia del vocal José Cabrera.

Pugnas internas bloquean la designación de Fiscal General

Los bloqueos más recientes afectan de forma directa al concurso para Fiscal General del Estado. Desde el 11 de junio de 2026, el proceso administrativo se encuentra paralizado por la falta de aprobación del informe final correspondiente a la etapa de calificación de méritos.

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La Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso aclaró de forma pública que la suspensión no depende de su gestión, sino de la falta de preclusión de la etapa de méritos por parte del Pleno del CPCCS. Sin una resolución formal de los consejeros, el concurso no puede avanzar a las fases de oposición e impugnación ciudadana.

Política

El CNE recibió 309 postulaciones para integrar el CPCCS en las elecciones de 2027

Flor Layedra Torres

Elecciones de noviembre de 2026 e intereses políticos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la inactividad del organismo responde a la cercanía de los comicios de noviembre. Alarcón señala que la paralización de los concursos se ha ejecutado de facto y apunta a que el objetivo principal de retrasar las designaciones responde a intereses de campaña electoral, debido a que varios consejeros actuales buscarán la reelección en sus cargos.

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Al consultar a las autoridades del organismo, la vocal Nicole Bonifaz confirmó la presentación oficial de su postulación para el nuevo periodo, mientras que Roberto Gilbert anunció públicamente su renuncia para optar por la reelección.

Estado actual de los concursos públicos pendientes

Justicia

"Cumplimos": Comisión aclara no ser responsable de la paralización del concurso para fiscal general

Richard Josue Jimenez Mora

La sombra de un referéndum definitivo

El escenario de parálisis administrativa ocurre en medio de presiones externas sobre el futuro institucional del CPCCS. A inicios de 2026, el presidente Daniel Noboa planteó una propuesta de referéndum para restar competencias al Consejo en la designación de autoridades del Estado. La iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional y busca que la Asamblea Nacional retome la facultad de selección, una vía que alteraría de forma permanente el diseño institucional del país.