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La costarricense Rebeca Grynspan volvió a situarse al frente, con 10 votos a favor, tres en contra y dos papeletas de “sin opinión”. El sondeo no es vinculante y se desarrolla de modo confidencial. No se conoce cómo votaron los miembros del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, los cinco miembros permanentes de la Secretaría, tienen derecho de veto. Un voto negativo de cualquiera de ellos puede bloquear una candidatura.

Según los resultados difundidos por fuentes diplomáticas, Espinosa obtuvo dos votos a favor, 11 en contra y dos de “sin opinión”. Mientras Baki recibió un voto a favor, 11 en contra y tres de “sin opinión”.

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La actividad de las candidatas en redes sociales

Las dos ecuatorianas mantienen activa su campaña. Baki ha insistido en que, de llegar al cargo, quiere ejercer una diplomacia con mayor presencia sobre el terreno. 

“Mi compromiso es claro: estaré en el terreno, no solo en Nueva York, en el piso 38, sino en zonas de guerra y en áreas de tensión”, escribió en X. Su propuesta pone el acento en la prevención de conflictos y en la intervención diplomática antes de que las crisis escalen.

Espinosa, en cambio, ha centrado parte de sus mensajes recientes en la reforma y la capacidad de ejecución de Naciones Unidas. En una publicación sobre un encuentro convocado por Devex y EY, planteó que la recuperación de la credibilidad de la organización pasa por ejecutar sus decisiones y establecer prioridades desde el comienzo del próximo mandato.

Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la gestión financiera, sin equiparar austeridad con reforma; un uso de la inteligencia artificial que mantenga el juicio político y la rendición de cuentas humana; la medición del impacto de la ONU en los países y comunidades; y una organización más conectada con sus socios.

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La ONU registra oficialmente a Espinosa como candidata nominada por Antigua y Barbuda el 11 de mayo de 2026, mientras que Baki fue nominada por Tonga el 17 de agosto. Es decir, aunque ambas son ecuatorianas, sus candidaturas fueron presentadas formalmente por otros Estados.

La tarde del 29 de septiembre de 2026, el Pleno del Legislativo aprobó la ley que tipifica el reclutamiento de menores y eleva las penas para este tipo de delito. La normativa también establece el bloqueo de direcciones IP y dominios web en los que se promueva el reclutamiento de niños y adolescentes.

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La ley fue aprobada con 88 votos. Esta vez, el correísmo se quedó solo en su abstención. Esa posición generó cuestionamientos desde el oficialismo. Durante el debate, la bancada de la Revolución Ciudadana argumentó que la aprobación de la ley, por sí sola, no sería suficiente para solucionar el problema del reclutamiento.

La asambleísta correísta Mireya Pazmiño fue la encargada de anunciar la abstención de su bloque durante la votación. Señaló que lo haría a la par de “emplazar al Gobierno a frenar el desmantelamiento de la inversión social y exigir que la seguridad empiece por la educación, el arte, el deporte y el pan en la mesa de las familias populares”.

Además, el bloque cuestionó que, en los Centros de Adolescentes Infractores, “el modelo especializado de custodia con inspectores educadores cambie por una lógica de seguridad penitenciaria”.

La referencia de Torres contra la RC

Esta mañana, Esteban Torres se refirió a la aprobación de la normativa. Dijo que las últimas leyes están en sintonía con las políticas implementadas por el Gobierno de Daniel Noboa. También recordó que está pendiente la aprobación de la Ley Antimafias y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En una entrevista con Teleamazonas, Torres dijo que el oficialismo no esperaba el apoyo de la Revolución Ciudadana para la aprobación de la ley. Y señaló: “La muletilla de la oposición es siempre ‘antes estuvimos mejor hoy no tenemos que hacer ningún cambio’. No proponen nada”, dijo el legislador.

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Torres llevó su crítica más allá y recordó las últimas rencillas a la interna de RC por la votación de varios de sus asambleístas. “Este rato están sancionados por su propio partido porque 34 de ellos dieron el voto a favor en la ley de adopciones y ahora tienen el miedo de aprobar buenas iniciativas; si voto me sancionan”, manifestó Torres.

Lo que debes saber

• Solo una postulante quedó calificada en la categoría de pueblos, nacionalidades y exterior.
• Asambleísta Luis Fernando Molina solicitó información integral sobre 309 expedientes al CNE.
• El legislador calificó el resultado de la lista del CPCCS como un "absurdo democrático".

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, inició un proceso de fiscalización al Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a la admisión y calificación de una sola aspirante en la lista de Pueblos y Nacionalidades para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). A través de sus redes sociales, el legislador cuestionó que el filtro institucional redujera 309 postulaciones generales a 65 candidaturas finales, dejando sin contendientes a esta categoría representativa para el período 2027-2031.

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Cuestionamientos a la lista única de pueblos y nacionalidades

El proceso de depuración de candidaturas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) generó alertas en la Asamblea Nacional por la falta de competencia interna en una de sus representaciones esenciales.

De acuerdo con las cifras expuestas por Molina:

Ante esta situación, el legislador rechazó el resultado de la calificación institucional: "un proceso electoral donde una categoría termina con un solo candidato es, cuando menos, un absurdo democrático que merece ser explicado. Por eso he solicitado al CNE toda la documentación: postulaciones, inadmisiones, causales de no calificación, denuncias, verificaciones, decisiones y recursos".

Requerimientos de fiscalización presentados ante el CNE

Para esclarecer el archivo y descalificación del resto de aspirantes en la lista de pueblos y nacionalidades, Molina remitió un pedido formal de información con siete puntos específicos dirigidos a José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral:

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La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para el jueves 1 de octubre de 2026. Después del Himno Nacional, los dos únicos puntos del orden del día programados son el conocimiento y resolución sobre el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Inquilinato y la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado.

Este 30 de septiembre de 2026, en entrevista con Teleamazonas, Torres anunció: “La ley no se va a aprobar mañana. Hemos decidido que hay que hacer correcciones para que salga bien y regrese a la Comisión”.

El primer vicepresidente de la Asamblea no ahondó en los detalles que se modificarán para que el texto regrese al Pleno. Sin embargo, anunció que el debate definitivo, con la respectiva votación, se realizará en los próximos días.

Los puntos centrales de la normativa

Según Torres, hay tres puntos relevantes en la normativa. El primero tiene que ver con la digitalización de todos los arriendos. Reconoció que no todos los contratos se registran y que era necesario trabajar en conjunto con los municipios.

El segundo está relacionado con la responsabilidad de cuidar el bien arrendado. En ese aspecto, se regulará la entrega de la garantía, que debería ser de máximo dos meses.

Finalmente, Torres hizo referencia a que el 36 % de los hogares del país arrienda su vivienda, por lo que la regulación debe ser justa.

El informe sobre las reformas

La Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate el pasado 18 de septiembre de 2026. La iniciativa se fundamenta en cinco ejes:

Otro de los cambios incluidos en el informe es la reducción de los tiempos de resolución de los juicios de desahucio y otras controversias derivadas de los contratos de arrendamiento.

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Asimismo, se plantean mecanismos más ágiles para la devolución de los depósitos de garantía y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el propósito de disminuir la carga procesal en el sistema judicial.

Lo que debes saber

• La Comisión de Fiscalización concluyó la etapa de pruebas dentro del proceso de enjuiciamiento político contra David Rosero, con la comparecencia de peritos de ambas partes y del conductor que trasladó al consejero el 5 de junio.
• La defensa cuestionó aspectos relacionados con la procedencia, autenticidad y cadena de custodia de las imágenes vinculadas a la supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, postulante a Fiscal General.
• Ahora la comisión deberá elaborar y aprobar un informe que será enviado al Pleno, que resolverá con base en una recomendación de juicio político o archivo.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cerró este martes 29 de septiembre la fase de pruebas dentro del proceso de juicio político contra David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

(Te puede interesar: Juicio político a David Rosero: Comisión de Fiscalización fija cronograma de pruebas)

El caso gira alrededor de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, postulante al concurso para Fiscal General del Estado, y de un presunto incumplimiento de funciones durante ese proceso de selección.

El perito José Vicente Núñez, convocado por el asambleísta Sergio Peña, denunciante del juicio político, compareció durante la sesión. Su trabajo estuvo relacionado con una fotografía que, según la acusación, correspondería a un encuentro entre Rosero y la postulante.

Para su análisis se consideraron 10 enlaces web incorporados como indicios dentro de la pericia.

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La defensa de Rosero, integrada por María Fernanda Poveda y Carlos Poveda, concentró sus preguntas en determinar qué tan sustentable era esa evidencia. Durante el interrogatorio se abordaron la procedencia de la imagen, las herramientas utilizadas para examinarla y las condiciones en las que fue conservada.

También se discutió si el análisis permitía establecer que la fotografía no había sido alterada, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

Defensa de Rosero cuestionó la exposición de datos e imágenes de Inés Romero

Otro perito, Daniel Briones, también convocado por Peña, expuso el mecanismo utilizado para identificar a personas que aparecen en imágenes, a través del cotejo fisionómico, mediante el cual se compara una imagen cuya identidad está determinada (indubitada) con otra cuya identidad se busca establecer (dubitada).

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La intervención se produjo en medio de la controversia sobre quién aparece en la fotografía presentada dentro del proceso.

La defensa de Rosero cuestionó que en el informe y durante la sesión se hayan expuesto datos e imágenes de Romero, a quien identificó como testigo protegida de la Fiscalía General del Estado.

El perito Edwin Guevara, convocado por Rosero, estuvo encargado de la metapericia. El experto planteó que para establecer el origen de los elementos analizados se requieren comprobaciones adicionales y que las conclusiones deben partir de archivos originales cuya integridad pueda ser respaldada mediante una cadena de custodia.

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Tras su intervención, Peña cuestionó la experiencia de Guevara para realizar procedimientos relacionados con reconocimiento físico.

Testimonio del conductor del CPCCS que trasladó a David Romero

La discusión sobre lo ocurrido el 5 de junio, fecha de la supuesta reunión, también tuvo un componente testimonial. Jaime Cañas, conductor del CPCCS, declaró sobre el traslado que realizó junto a Rosero desde el aeropuerto de Quito hasta Ibarra ese día.

Su testimonio forma parte de los elementos con los que el consejero sostiene su versión sobre sus desplazamientos durante la fecha en que habría ocurrido la supuesta reunión.

Cañas indicó que el vehículo utilizado le fue asignado por el área correspondiente debido a que los dos automotores autorizados no podían movilizarse: uno estaba en un taller y el otro tenía restricción por el sistema de Pico y Placa.

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Luego de las comparecencias y un breve receso, las partes concluyeron la presentación de los elementos que deberán ser considerados en la próxima etapa del proceso.

El siguiente paso estará en manos de Fiscalización. La comisión deberá preparar un proyecto de informe y someterlo a consideración de sus integrantes en un plazo de cinco días.

Una vez aprobado, será remitido al Pleno de la Asamblea. Será esa instancia la que finalmente deberá pronunciarse sobre el proceso, a partir de la recomendación que conste en el informe: continuar con el juicio político o archivar la solicitud.

Lo que se sabe

• El objetivo de la norma es evitar el reclutamiento de menores de edad para actividades criminales
• Habrá sanciones para los adultos que capten infantes y adolescentes para realizar delitos
• Los GAD deberán trabajar en la prevención para evitar que los jóvenes caigan en bandas o grupos delictivos

Con la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, ocurrida este martes 29 de septiembre de 2026 en la Asamblea Nacional, se espera que la captación de menores de edad para cometer delitos sea impedida a través de las redes sociales.

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Uno de los mecanismos que contempla la normativa, que aún deberá ser aprobada o vetada por el presidente de la República, es el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que contengan contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.

Entre otras medidas, están:

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), deberán aprobar ordenanzas para prevenir, en los espacios públicos ubicados en los perímetros o entornos de las instituciones educativas, la existencia de manifestaciones o representaciones que promuevan, hagan apología o incentiven actividades delictivas o el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes.

“Con un enfoque integral y centrado en derechos, el proyecto legislativo que hoy se debate abre la posibilidad de que la niñez cuente con prevención efectiva, protección oportuna y respuestas coordinadas”, señaló Arturo Romboli, representante en Ecuador de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

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Cuando entre en vigencia la ley, estas serán algunas de las tareas que deberán cumplir las autoridades:

La propuesta legislativa recibió el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Pachakutik y asambleístas independientes. La oposición, representada por el movimiento Revolución Ciudadana, se abstuvo al considerar que se debe priorizar la atención social de infantes.

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Desde esta tarde, la Comisión de Fiscalización inició una nueva jornada para la actuación de las pruebas de cargo y descargo. El asambleísta independiente, pero aliado de ADN, Sergio Peña, presentó la solicitud de enjuiciamiento con la acusación de incumplimiento de funciones.

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Peña argumentó que su pedido se sustentó en fotos y videos sobre una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, quien aspira a ocupar la titularidad de la Fiscalía y aún participa en el concurso que lleva adelante el CPCCS.

Rosero dijo este martes que acudió para dar la cara y calificó el proceso como injusto. “Venimos a desenmascarar todas las mentiras acerca de este infundado proceso”, aseguró el vocal del Consejo de Participación.

Su argumento fue que, el día en el que se le atribuye la reunión, según Rosero, se encontraba en Guayaquil. “Estuve con agenda laboral completa en Guayaquil. Niego absolutamente alguna reunión con postulantes durante todo el concurso”, aseguró.

Rosero fue más allá y dijo que las imágenes que se presentaron a propósito de la denuncia sobre dicha reunión fueron generadas con Inteligencia Artificial. “Tienen que ser señaladas (las imágenes) toda vez que bajo ningún concepto, una supuesta prueba que no ha sido generada en su origen en trazabilidad y metadata, servir para pretender afectarme como consejero del CPCCS”, manifestó antes del inicio de la sesión.

¿Qué ha dicho Inés Romero?

Este tema también se trató durante una de las audiencias públicas de impugnación que enfrentó la postulante a la Fiscalía. Ella también negó la reunión: “Niego categóricamente haber mantenido durante este concurso una reunión que se me atribuye con David Rosero, consejero del CPCCS; ni con ninguno de los consejeros”.

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Romero también argumentó que el 5 de junio de 2026 se encontraba en otro lugar. “Cuando esas publicaciones salieron en redes sociales acudí a la Fiscalía y denuncié la suplantación de identidad. Pedí que se investigue la difusión en redes. Una fotografía no acredita una pericia”, dijo Romero.

Al final de la actuación de las pruebas, la Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe con la recomendación de enjuiciar o archivar el proceso en contra de Rosero. Al final, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que defina el futuro del vocal.

Lo que debes saber

• Los funcionarios y políticos tienen un umbral de protección distinto frente a la crítica, porque sus actuaciones forman parte del debate público y están sujetas a un mayor escrutinio ciudadano.

La Corte Constitucional reforzó la libertad de expresión y el escrutinio ciudadano sobre funcionarios públicos, políticos y asuntos de interés colectivo. El organismo estableció que quienes ejercen funciones públicas deben soportar un mayor margen de crítica y que el derecho penal solo puede restringir expresiones de interés público de forma excepcional, con una justificación estricta.

La decisión consta en la sentencia 3062-23-EP/26, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional el 3 de septiembre de 2026. El fallo aceptó una acción extraordinaria de protección presentada por Rolando Javier Paladines Astudillo, quien había recibido una condena penal por expresiones difundidas en Facebook contra Clemente Bravo, entonces prefecto de El Oro y candidato a la reelección.

Los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio

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La Corte recordó los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Las personas que ejercen funciones públicas o intervienen en asuntos de interés público se someten a un escrutinio más exigente porque sus actuaciones forman parte del debate público.

Por esa razón, el margen de tolerancia frente a las críticas debe ser mayor que el exigible a un particular. El fallo recoge los criterios de los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Canese vs. Paraguay, que establecen un umbral diferente de protección para funcionarios, políticos y personas cuyas actividades tienen relevancia pública.

Esto supone una protección reforzada para la crítica relacionada con el ejercicio del poder. La ayuda memoria de la Corte señala que la libertad de expresión adquiere especial importancia cuando permite fiscalizar el ejercicio del poder, participar en el debate público y expresar posiciones sobre autoridades, candidatos y asuntos de interés colectivo.

El derecho penal no puede convertirse en una respuesta automática

La sentencia también establece límites al uso del derecho penal frente a expresiones públicas. La Corte recoge el estándar interamericano según el cual la persecución penal constituye la medida más restrictiva frente a la libertad de expresión. Por eso, su utilización debe quedar reservada para situaciones en las que resulte estrictamente necesaria para proteger bienes jurídicos fundamentales. La existencia de una norma penal, por sí sola, no basta para justificar una condena cuando están involucradas expresiones que pueden tener protección constitucional.

Antes de imponer una sanción, los jueces deben determinar si las expresiones constituyen un discurso protegido. Si consideran necesaria una restricción, deben justificar que cumple tres condiciones: que esté prevista por ley, que persiga una finalidad legítima y que resulte necesaria en una sociedad democrática, con un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La Corte cuestionó el análisis de los jueces

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En el caso concreto, la Corte Constitucional concluyó que los jueces que conocieron el proceso penal omitieron analizar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos aplicables a la libertad de expresión.

Las autoridades judiciales realizaron un análisis formal de la contravención, pero no determinaron si las expresiones constituían un discurso protegido ni, en caso contrario, si el daño alegado justificaba superar ese nivel de protección. Para la Corte, esta omisión vulneró la garantía de motivación, en conexión con los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión.

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Paladines había recibido una condena de 15 días de privación de libertad, una multa, reparación integral, disculpas públicas y la orden de retirar los videos de la red social.

La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección y dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia. Además, ordenó retrotraer el proceso hasta el momento posterior a la convocatoria a la audiencia oral y pública de conciliación y juzgamiento, para que una nueva conformación judicial resuelva el caso con base en los estándares fijados en el fallo.

Un precedente para periodistas, medios y ciudadanía

La decisión también reafirma la importancia de la libertad de expresión para el control ciudadano del poder. Ese principio alcanza a periodistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos que participan en el debate público.

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La protección, sin embargo, no es absoluta. La Corte mantiene la posibilidad de establecer responsabilidades posteriores para proteger derechos o la reputación de otras personas, pero exige que cualquier limitación resulte excepcional, necesaria y proporcional.

Lo que debes saber

• El Pleno aprobó las reformas con los votos de ADN y aliados, mientras el correísmo se abstuvo. 
• La norma eleva las penas y tipifica el reclutamiento de menores por estructuras criminales.
• La reforma establece penas de 22 a 26 años para quienes recluten, utilicen o vinculen a niñas, niños y adolescentes con organizaciones delictivas o grupos armados.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayoría controlada por ADN puso los votos, mientras el correísmo se abstuvo.

Este 29 de septiembre de 2026, el Legislativo abordó en segundo debate la normativa que, en su parte medular, tipifica el delito de reclutamiento de menores e incrementa las penas por este acto delictivo.

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¿Qué pasó en el Pleno?

ADN y el correísmo volvieron a chocar en el Pleno. El oficialismo señaló al gobierno de Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, por la situación actual. Una intervención tras otra, los legisladores del oficialismo recordaron el denominado proceso de pacificación de pandillas como los Latin King y Ñetas.

Inés Alarcón (ADN) dijo que el correísmo entregó territorios a los grupos delictivos. También señaló como un problema el cierre de las escuelas rurales para cambiarlas por las del Milenio. Esto, según la legisladora, incidió en la deserción escolar y en problemas para el acceso a la educación de los niños.

El correísmo mostró su oposición al proyecto de ley bajo el argumento de que no se abordaba el origen del problema. Asambleístas como Paola Cabezas indicaron que hay leyes que terminan siendo un “saludo a la bandera” porque no hay financiamiento ni política pública para respaldarlas.

¿Cuál era el reparo del correísmo?

Fue la legisladora Mireya Pazmiño (RC) quien anunció durante el debate en el Pleno que su bancada se abstendría. Aseguró que ese voto lo emitirían a la par de “emplazar al Gobierno a frenar el desmantelamiento de la inversión social y exigir que la seguridad empiece por la educación, el arte el deporte y el pan en la mesa de las familias populares”.

En un comunicado, la bancada correísta también cuestionó que, en los Centros de Adolescentes Infractores, “el modelo especializado de custodia con inspectores educadores cambie por una lógica de seguridad penitenciaria”.

Al final, el Pleno aprobó la normativa con 88 votos del oficialismo y sus aliados. El correísmo se abstuvo. Así, el proyecto de ley, que fue presentado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, pasa al Ejecutivo para su objeción o sanción.

¿Qué plantea la ley?

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Minutos antes, Kevin Valdez, dirigente del Frente de Pacientes Renales del Ecuador, tomó el megáfono para referirse a unas declaraciones al ministro Juan Carlos Aveiga. “El ministro de Salud Pública dice que vendemos la medicina. Negado, es falso. ¿Qué medicina podemos vender?”, dijo Valdez ante los manifestantes. Después, el grupo repitió: “Somos pacientes, no delincuentes”.

"A veces la medicación gratuita aparece fuera de hospitales. Hemos identificado personas que dentro del sistema venden la medicación y hay gente, con mucha pena lo digo, recibe su receta para medicación crónica por seis meses y vende cuatro", dijo Aveiga, en Teleamazonas.

En sus cánticos y proclamas también dijeron que no quieren museos ni estadios ni Dedalus.

No pudieron congregarse en la Plaza Grande

El Frente de Pacientes Renales había convocado el plantón con la intención de llegar hasta la Plaza Grande y hacer escuchar sus reclamos frente al Palacio de Carondelet. Su objetivo era pedir la intervención del presidente Daniel Noboa ante los problemas que, según denuncian, atraviesa la atención de los pacientes que dependen de las unidades de diálisis.

Sin embargo, los manifestantes no pudieron instalarse en la Plaza Grande debido a la realización de un evento de Jóvenes en Acción, un programa gubernamental dirigido a jóvenes. Ante esa situación, los pacientes y sus familiares se trasladaron hasta San Francisco, donde continuaron con sus consignas: “Únete, pueblo, únete a luchar”, “Por la salud y la dignidad” y “Queremos vivir, diálisis es vida”.

La preocupación está relacionada con la continuidad de los tratamientos. Según los datos expuestos por los pacientes, alrededor de 20.800 personas reciben diálisis en Ecuador. Una persona con insuficiencia renal que depende de este tratamiento requiere, habitualmente, tres sesiones semanales, de unas cuatro horas cada una.

Los pacientes sostienen que algunos centros han tenido dificultades para garantizar el suministro de insumos y que en determinados casos se han reducido las horas de tratamiento. La situación está relacionada con la deuda que el Estado mantiene con las empresas y centros que prestan el servicio.

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El lunes 28 de septiembre, DaVita, una empresa estadounidense que opera 28 centros de diálisis en Ecuador, anunció que alcanzó un acuerdo con el presidente Daniel Noboa. El anuncio se produjo después de una reunión entre representantes de la empresa y el mandatario.

El 14 de septiembre, DaVita había informado de un proceso para transferir al Ministerio de Salud Pública la atención de sus 3.850 pacientes debido a la deuda acumulada. El nuevo acuerdo dejó en suspenso esa transferencia. Otros centros de diálisis reclaman ahora condiciones similares.

Otras dializadoras piden el mismo trato

Luis Serrano, nefrólogo y director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, considera que la solución debe alcanzar a todos los prestadores. “El acuerdo debe ser con todos los centros de diálisis, con los locales, no solo con los internacionales como DaVita”, señala.

Serrano explica que existen otros operadores internacionales, entre ellos Nipro, de Japón, y Baxter, de Estados Unidos, además de centros nacionales. Según su testimonio, el Estado todavía mantiene pagos pendientes durante 25 meses.

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El especialista señala que el viernes el Ministerio de Salud Pública pagó una factura correspondiente a agosto de 2023, pero sostiene que todavía existe una deuda acumulada que dificulta la operación de los centros. En su caso, además, asegura que mantiene pendientes las liquidaciones de antiguos trabajadores y que las dificultades financieras provocadas por la falta de pagos hicieron que el número de pacientes atendidos pasara de 350 a 37.

Lo que debes saber

• El feriado de octubre tendrá tres días de descanso.
• El Gobierno aplicará una tarifa reducida para servicios turísticos.
• La medida busca incentivar el turismo durante el asueto.

El feriado de octubre llegará este año con un alivio para el bolsillo de quienes decidan viajar, comer fuera o realizar actividades turísticas. El presidente Daniel Noboa dispuso que el IVA baje del 15 % al 8 % durante los tres días del próximo feriado nacional.

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Tres días con IVA reducido

La reducción estará vigente el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 513. La medida alcanza a los servicios turísticos contemplados en la Ley de Turismo, como alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico, entretenimiento y otras actividades relacionadas.

Con esta decisión, el Gobierno indica que busca incentivar el turismo interno y dinamizar la actividad económica durante uno de los feriados nacionales del año. El decreto también plantea que la medida contribuya a fortalecer al sector turístico y promover la formalización de las actividades que se desarrollan durante estos días.

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Un feriado de tres días

El feriado comenzará el viernes 9 de octubre y se enlazará con el sábado y domingo, por lo que los ecuatorianos tendrán tres días consecutivos de descanso. El retorno a las actividades habituales está previsto para el lunes 12 de octubre.

Durante estos tres días, los establecimientos y prestadores de servicios turísticos deberán aplicar la tarifa reducida del IVA en las actividades contempladas por el decreto. La medida convierte al feriado de octubre en una oportunidad para que los viajeros encuentren una menor carga tributaria en determinados servicios turísticos.

En el documento se agradecen los servicios del ahora exembajador Galo Andrés Yépez “por los valiosos servicios prestados”. También se dan por terminadas sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el Gobierno de la República del Perú.

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En su lugar, la representación de Ecuador la asumirá Roberto Izurieta. El cambio ocurre en un nuevo momento de las relaciones entre ambos países.

El pasado 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú tras unas elecciones reñidas que se definieron por un margen estrecho entre ella y el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez.

Noboa asistió a la posesión de la mandataria peruana. En su momento, la Secretaría General de Comunicación caracterizó ese viaje como una posibilidad para “fortalecer las relaciones bilaterales en la nueva etapa democrática que iniciará la nación peruana”.

¿Quién es Roberto Izurieta?

Izurieta cuenta con una trayectoria ligada a la comunicación política, la docencia y la diplomacia. Es economista de la Universidad Católica de Quito y tiene maestrías en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Campañas Electorales.

Fue asesor de comunicación del expresidente Jamil Mahuad y durante más de 20 años colaboró como analista y comentarista político de CNN en Español. También fue catedrático de The George Washington University y asesor de campañas de varios presidentes latinoamericanos.

En diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso lo designó embajador de Ecuador en Chile. Luego, en noviembre de 2023, Daniel Noboa lo nombró secretario de Comunicación, cargo que dejó en 2024 para asumir una función ante el BID.

Los retos que le esperan

La última visita de un mandatario de Perú al país se registró en diciembre de 2025. En ese entonces, José Jerí visitó el Palacio de Carondelet en el marco del Gabinete Binacional y la seguridad fue uno de los temas centrales de la reunión.

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La coordinación con el nuevo Gobierno peruano en asuntos como el control fronterizo será uno de los temas urgentes. En ese mismo ámbito, como parte del último Gabinete Binacional, se habló de una mayor integración entre ambos países.

Una de las propuestas fue la implementación de tecnología para la vigilancia de las fronteras. Además, se abordó la lucha contra la minería ilegal.

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura dispuso que las judicaturas penales y anticorrupción de Quito dejen de recibir nuevas causas de garantías jurisdiccionales.
• Los nuevos recursos constitucionales que ingresen en Pichincha pasarán a sorteo exclusivo entre dependencias de materias Civil, Laboral y de Familia.
• La medida responde a la alta carga procesal y a la escasez de magistrados en el sistema de justicia, tras la reestructuración aplicada en septiembre de 2026.

Las dependencias judiciales penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito dejarán de recibir nuevas garantías jurisdiccionales. La resolución, adoptada el 28 de septiembre de 2026 por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) en sesión ordinaria, ordena que estos despachos concentren su labor de forma exclusiva en causas de materia penal, derivando los futuros recursos constitucionales hacia dependencias de otros ámbitos judiciales para optimizar el despacho de causas en Pichincha.

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La disposición del organismo administrativo judicial determina que los jueces especializados no admitan a trámite nuevos recursos de índole constitucional, buscando que no se dispersen las funciones asignadas a las salas penales de la capital.

Despachos judiciales que aplican la disposición

Acciones constitucionales derivadas a otras materias

Las dependencias señaladas ya no conocerán nuevos ingresos de los siguientes procesos:

Nuevo esquema de sorteo y causas en trámite

El Consejo de la Judicatura precisó el mecanismo de transición para evitar la paralización de los expedientes que ya están en curso dentro de la provincia.

Los procesos que ya se encuentran bajo conocimiento de los jueces penales especializados continuarán bajo su responsabilidad legal hasta que alcancen una resolución definitiva. Por otro lado, las nuevas demandas constitucionales que se ingresen a partir de esta disposición se distribuirán mediante sorteo entre los juzgados y unidades de:

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Esta disposición se formaliza después de que, a inicios de septiembre de 2026, la Judicatura eliminó las unidades anticorrupción independientes para trasladar sus competencias directamente a las judicaturas penales ordinarias de Quito.

Pese a que el modelo inicial buscaba concentrar los delitos de alta complejidad en despachos exclusivos, la administración justificó el cambio por motivos operativos:

Lo que debes saber

• Gobierno evalúa extender toque de queda en 4 provincias por seguridad.
• Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro esperan decisión tras balance de operativos.
• Estado de excepción sigue vigente; una renovación permitiría mantener restricciones.

A pocas horas de que concluya el toque de queda que rige en cuatro provincias del país, el Gobierno analiza si la medida debe mantenerse como parte de la estrategia de seguridad aplicada contra el crimen organizado. 

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La decisión cobra relevancia debido a que la restricción de movilidad fue presentada como una de las herramientas para facilitar operativos policiales y militares en zonas consideradas críticas por la violencia.

Actualmente, el toque de queda está vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, entre las 00:00 y las 05:00, y fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 498. La medida forma parte de un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa debido a una situación calificada como grave conmoción interna.

La primera opción: extender la restricción mediante una nueva disposición

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que la continuidad del toque de queda está siendo evaluada por el Bloque de Seguridad, que analiza los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la medida. Según la funcionaria, la decisión se tomará tras revisar indicadores relacionados con homicidios, detenciones y acciones contra estructuras criminales.

Si el Ejecutivo concluye que las condiciones de seguridad aún justifican restricciones extraordinarias, podría emitir una nueva disposición que prolongue el toque de queda en las provincias donde actualmente se aplica. Para ello, la administración deberá fundamentar la necesidad de mantener la suspensión temporal de la libertad de tránsito.

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El estado de excepción sigue vigente

Aunque el toque de queda finaliza el 30 de septiembre, el estado de excepción tiene una duración mayor. El Decreto Ejecutivo 498 establece una vigencia de 60 días para la declaratoria en ocho provincias y tres cantones del país. Esto significa que varias medidas extraordinarias de seguridad continúan activas incluso si la restricción nocturna concluye en la fecha prevista.

Entre esas facultades constan la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos de control, así como la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las jurisdicciones incluidas dentro de la declaratoria.

La posibilidad de una renovación

La normativa ecuatoriana contempla además la posibilidad de renovar un estado de excepción cuando persisten las circunstancias que motivaron su emisión. La Constitución permite una extensión adicional de hasta 30 días si el Ejecutivo justifica la continuidad de la amenaza o la conmoción interna.

En un escenario de escalada de violencia o de nuevas amenazas identificadas por los organismos de inteligencia, el Gobierno podría recurrir a esta herramienta para sostener parte de las medidas extraordinarias actualmente vigentes.

Los resultados que pesan en la evaluación

La discusión sobre una posible extensión ocurre mientras las autoridades destacan resultados obtenidos durante la aplicación del toque de queda. Según cifras difundidas por el Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la medida se registraron miles de aprehensiones, incluidas centenas de personas detenidas por incumplir la restricción de movilidad.

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Además, el Gobierno sostiene que la reducción de la circulación durante la madrugada ha permitido desarrollar operaciones focalizadas contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, la continuidad o no del toque de queda dependerá de la evaluación final que realice el Ejecutivo sobre el impacto de la medida y de la evolución de los indicadores de seguridad en las provincias.

El proyecto reconoce el derecho a la protección digital y faculta al Estado para realizar el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que contengan contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.

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El texto señala: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollarse y ejercer sus derechos en entornos digitales seguros, libres de violencia, explotación y otras formas de vulneración de sus derechos”.

Cuidado en los entornos digitales

La normativa también plantea el deber de cuidado y supervisión en los entornos digitales. “Los progenitores o representantes legales de las niñas, niños y adolescentes tienen el deber de orientar, acompañar y supervisar, de acuerdo con su grado de desarrollo y madurez, el uso de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes sociales, videojuegos y demás entornos digitales”, establece la ley.

El objetivo es proteger el desarrollo integral de los menores y prevenir situaciones de riesgo, violencia, explotación, reclutamiento, uso o utilización en actividades delictivas. La propuesta también contempla medidas ante el incumplimiento de este deber.

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“Cuando el incumplimiento de este deber genere una amenaza o vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se adoptarán las medidas de protección previstas en este Código (de la Niñez)”, se indica.

Hay que tomar en cuenta que el Código de la Niñez considera medidas de protección aquellas destinadas a detener una amenaza, restituir un derecho vulnerado y garantizar su respeto permanente.

Especifica un nuevo delito y aumenta penas

La normativa define el reclutamiento de menores por parte de las bandas delictivas como la “captación o vinculación a estructuras criminales con fines de instrumentalización”.

En ese sentido, el texto establece que el reclutamiento o utilización de menores por fuerzas armadas regulares, irregulares o grupos armados pasaría a sancionarse con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, frente a los 10 a 13 años vigentes.

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También se sancionaría con pena de 22 a 26 años de cárcel a quien reclute, use o utilice menores de forma individual o como parte de una organización de delincuencia organizada o grupos armados para cometer delitos.

Los datos clave de esta historia

• Un terreno de 55 hectáreas, avaluado en $22 millones, iba a venderse por unos $5 millones en el caso Proinco, pero un juez de Mejía suspendió en agosto de 2026 el proceso de compra y venta. Son más de 1.000 inversionistas que esperan recuperar más de $60 millones.
  
  
• En Homes Ecuador, 46 familias siguen sin una solución en proyecto habitacional de vía a la Costa, en Guayaquil. Han pasado seis liquidadores desde 2019.
  
• En Vidcae, el actual liquidador, Patricio Salazar, maneja 72 liquidaciones simultáneamente, y no contesta a acreedores, según fuentes.

Después de la publicación de la investigación ‘La argolla del control’, varias personas llegaron a EXPRESO, tanto a sus oficinas de Guayaquil como de Quito, para contar las anomalías que registran los procesos de liquidación que atraviesan las empresas con las que tienen algún tipo de relación, ya sea porque son compañías familiares o son parte de la lista de acreedores.

Este Diario recogió sus testimonios y recibió los documentos que sostienen sus afirmaciones. Ellos cuestionan que las gestiones de los liquidadores, personas delegadas por la Superintendencia de Compañías, en lugar de cerrar las empresas de forma ordenada y pagar las deudas, se han convertido en trámites largos, inciertos y, en varios casos, administraciones que guardan silencio ante sus consultas.

La falta de información y de acciones para sanear las deudas, aseguraron los ciudadanos, mantiene con incertidumbre a familias, adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad.

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En los testimonios se repite el problema y las figuras de los liquidadores en diferentes empresas. En distintos expedientes se cruzan los nombres de Carlos Cadena, Patricio Salazar o Ashley Delgado, quienes han llegado a manejar decenas de liquidaciones a la vez o a representar al mismo tiempo a empresas que tienen cuentas pendientes entre sí.

Este es un seguimiento de las tres entregas pasadas que revelaron la concentración de cargos que, según los testimonios y expertos en temas societarios, genera opacidad y prolonga las acciones de pago ante la carga de trabajo humanamente imposible de gestionar. Así también lo señalaron fuentes y denunciantes, que pidieron relatar sus casos sin una mayor exposición por posibles represalias.

HOMES ECUADOR S.A.

Milton Espinosa, un jubilado con discapacidad, pagó $42.000 en diciembre de 2014 por un departamento en el proyecto Costa Plaza en Puerto Azul, en Guayaquil.

La vivienda debía entregarse en febrero de 2015, pero no le dieron el inmueble ni le devolvieron el dinero.

Así lo relató un familiar del adulto mayor, quien pidió que se guardara bajo reserva su identidad. Él se contactó con este Diario y contó que pese a ganar una decisión arbitral firme en mayo de 2026, sigue sin cobrar, al igual que otras 45 familias.

“Vendieron dos veces los apartamentos, todo con venia de liquidadores. Los actuales dueños que sí viven en el conjunto lo conocen. Además que ya perdieron su plata, les pedían más plata sobre un proyecto en ruinas”, manifestó la fuente, quien cuestiona el silencio y falta de acciones de las diferentes administraciones de la ‘Super’ en torno a la opacidad con que se han manejado las cuentas de Homes Ecuador y de otras empresas relacionadas.

Homes Ecuador fue disuelta el 8 de marzo de 2019 y desde entonces la administración de la firma ha pasado por las manos de seis liquidadores, quienes no han podido dar solución a los perjudicados.

Según la fuente, la información con la que cuentan corresponde a un archivo de Excel del año 2018 que el entonces liquidador Carlos Cadena les envió en 2021 (esta persona estuvo al frente de esa liquidación entre 2020 y 2022).

Cadena es una de las 21 personas identificadas en la concentración de liquidaciones de empresas. Simultáneamente registraba 40 encargos, según los datos oficiales con corte al 9 de junio pasado.

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En el documento entregado a acreedores, que revisó este Diario, se detalla que Homes debía $384.000 a Landrex y $1.422 dólares a Moatowers, mientras que la empresa vinculada Motorgold le debía a Homes Ecuador $1’643.504. Todas estas compañías pertenecen a los accionistas.

“Desde otra liquidación, (vemos) en cambio, que el aparato jurídico sí fue activado contra directivos de la compañía que edita EXPRESO (la ‘Super’ nombró a Cadena liquidador de Veranera S. A., que pretende controlar el 40% del paquete accionario de Granasa, y en medio de una disputa abierta por esas acciones Granasa fue intervenida en 2026). Cadena debe explicar por qué no desplegó frente a Motorgold ni accionistas de compañías vinculadas la misma capacidad jurídica”, comentó la fuente.

Ninguno de los seis liquidadores que pasaron por Homes Ecuador demandó ni intentó cobrar los 1,64 millones de dólares que debía Motorgold, sostuvieron los afectados.

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Por el contrario, agregaron, el 28 de agosto de 2020 fueron enviados correos con copia a la liquidadora Paola Vélez exigiendo a los compradores pagar entre un 10% y un 18% más de dinero bajo supuestas amenazas de sanciones (presiones). Además, indicaron que en su momento cinco de los seis liquidadores representaron al mismo tiempo a la empresa deudora y a la acreedora Landrex.

Este Diario solicitó una entrevista a la administración de esas firmas, pero sigue pendiente la respuesta.

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Más de mil afectados

El caso del Grupo Proinco (que agrupa a tres empresas) abarca a más de 1.000 inversionistas, a quienes se les debe más de $60’000.000 desde el año 2016.

Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y herederos, como Pedro Galindo, el presidente del comité de acreedores formado el 7 de julio de 2025, cuya madre falleció sin recuperar sus $80.000.

Un informe pericial de la Fiscalía confirmó que existían $98’000.000 en activos para saldar las deudas.

Los denunciantes relatan que entre mayo y junio de 2025, la entonces intendenta regional Verónica Rodríguez reemplazó del cargo al liquidador Ángel Mayorga (quien, según las fuentes, sí informaba a los acreedores del avance del proceso) por Roberth Torres.

Torres es parte del grupo de liquidadores beneficiados con 34 encargos al 9 de junio pasado. Según los acreedores, en 2025 él tenía previsto vender un bien que podía respaldar parte de la deuda: un terreno de 55 hectáreas (dos lotes) en el cantón Mejía, avaluado en $22’000.000 en 2016, pero que se pretendía vender en unos $5’000.000.

No obstante, en agosto de 2026, el juez Henry Leiva, del cantón Mejía, ordenó la suspensión del proceso de la compra y venta del bien, “a fin de prevenir un daño grave e irreversible a los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, vida digna y propiedad de las personas adultas mayores y acreedores del proceso de liquidación de Maktradecorp S.A.”.

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El caso VIDCAE S.A.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas constituyó la empresa Vidcae S.A. para construir un proyecto de viviendas, a través del cual se vendieron terrenos a más de 500 arquitectos. Tiempo después, los directivos del gremio pasaron la mayoría de las acciones a la propia Vidcae S.A.

Dicha firma entró en liquidación en 2015 por incumplimientos en la presentación de balances y desde entonces han pasado siete liquidadores. Actualmente, el proceso está en manos del liquidador Patricio Salazar, quien maneja 72 liquidaciones al mismo tiempo, según la investigación de EXPRESO.

Arquitectos que confiaron sus ahorros en el proyecto aseguraron que Salazar se ha negado a registrar como acreedores a 240 compradores que entregaron sus carpetas con la documentación completa.

Patricia Sánchez es una de las más de 500 personas que afirman haber sido afectadas y que sostienen no haber sido escuchadas por la ‘Super’. “Yo creo que debe actuar la Fiscalía. El paquete accionario debe regresar al CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas) y es el CAE el que debe liquidar el proyecto”, planteó Sánchez, quien entregó 8.600 dólares hace 25 años.

En la investigación ‘La argolla del control’ se envió un pedido de entrevista a Salazar. No ha contestado el correo electrónico.

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Dos años en liquidación

Entre las historias que se documentaron en esta entrega consta la de una empresa cuya actividad está relacionada con varias industrias y que tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, en medio de un conflicto entre accionistas, entró en un proceso de disolución que data del 2024.

EXPRESO conoció que esta compañía ha tenido más de un liquidador en ese tiempo. Ashley Delgado Aguilar es la más reciente, desde mediados de 2025. La liquidadora, abogada de 24 años de edad, ha recibido 20 nombramientos similares entre 2025 y 2026 (al 9 de junio pasado tenía 15 encargos de ese tipo).

La llegada de la liquidadora significó para el principal accionista y su familia, el inicio de una pesadilla ante las supuestas acciones de la administradora para evitar que el negocio retome su actividad, como el cambio de cerraduras, lo que ha supuesto la acumulación de deudas bancarias, de servicios básicos, pago a proveedores, reveló una fuente cercana a la empresa.

Lo que se sabe

• Diana Ramírez asumió el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano en lugar de Cynthia Gellibert Mora
• La nueva secretaria de Estado se desempeñaba como viceministra de Servicio Público
• Tendrá funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios

Diana Ramírez Villacís es la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano desde este lunes 28 de septiembre de 2026. Reemplaza a Cynthia Gellibert Mora, quien ahora preside el Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

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Ramírez se desempeñaba como viceministra de Servicio Público. Durante más de dos décadas en el sector público, también ha sido secretaria nacional de Planificación y ha dirigido el Plan Nacional de Desarrollo.

"En el sector privado, y como consultora independiente, ha asesorado en proyectos de economía circular, alianzas público-privadas y fortalecimiento de fundaciones de índole social", indicó la cartera de Estado.

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Reducir la brecha de desempleo, flexibilizar la contratación para incentivar la productividad y combatir la informalidad laboral están entre los objetivos planteados por esta Secretaría de Estado.

Mitigar la alta informalidad es uno de los desafíos, en vista de que más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) trabaja en el sector informal, lo que limita el acceso a la seguridad social y a salarios regulados.

Plan Sectorial de Trabajo hasta 2029

El ministerio tiene tres metas institucionales prioritarias:

También se espera que con las reformas a la Ley de Servicio Público, las pasantías y prácticas preprofesionales se validen como experiencia laboral y así fomentar la inserción laboral de los más jóvenes.

Esta cartera de Estado también mantiene los proyectos "Compromiso por el Empleo" y "Ruta de la Empleabilidad", cuyo objetivo es fortalecer el perfil profesional de jóvenes (18-26 años), mujeres y adultos mayores (45-64 años).

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Lo que debes saber

• El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si aprueba la declaratoria del 15 de noviembre de cada año como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".
• La iniciativa, impulsada mediante un pedido oficial del asambleísta Adrián Castro Piedra, busca rendir homenaje permanente a las personas afectadas por la delincuencia organizada y a los servidores públicos caídos en cumplimiento de su deber.
• La sesión ha sido convocada para el jueves 1 de octubre a las 11:00 en el Palacio Legislativo.

El Pleno de la Asamblea Nacional alista la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado dentro de su agenda legislativa institucional.

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Por disposición de la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se convocó formalmente a los legisladores a la Sesión N° 128-AN-2025-2029, prevista para este jueves 1 de octubre, a las 11:00, en el Palacio Legislativo.

Entre los puntos centrales del orden del día destaca el debate y resolución en torno a la declaratoria oficial de una nueva fecha cívica nacional.

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La iniciativa responde directamente a una solicitud formal presentada por el asambleísta Adrián Castro, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mediante el memorando N° AN-CPAE-2026-0232-M, dirigido a la máxima autoridad del Legislativo.

¿Cuándo se conmemorará el Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado?

La propuesta legislativa establece que cada 15 de noviembre sea instituido oficialmente como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".

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Según el documento suscrito por Castro, esta conmemoración busca rendir homenaje permanente a todas las personas afectadas, de manera directa e indirecta, por el accionar de los grupos de delincuencia organizada en el país.

Asimismo, el reconocimiento especial está dirigido a honrar la memoria "de los servidores públicos, entre ellos fiscales, jueces, policías y militares, que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber frente al crimen organizado".

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 28 de septiembre una serie de cambios en su Gabinete ministerial mediante la emisión de decretos ejecutivos.
• Los ajustes incluyeron la designación de Bernardo Cordovez Cereceda en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y de Cynthia Gellibert Mora como representante del Gobierno ante el Consejo Directivo del IESS.
• Asimismo, Diana Paulina Ramírez Villacís asumió la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano, mientras que Roberto Izurieta fue nombrado embajador en Perú.

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó una serie de modificaciones y relevos dentro de su equipo de colaboradores este lunes 28 de septiembre.

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Uno de los principales movimientos se originó tras la renuncia de Sariha Moya al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Mediante el Decreto Ejecutivo 509, el primer mandatario designó a Bernardo Cordovez Cereceda como nuevo titular de esta cartera de Estado, dejando vacante la presidencia del Consejo Directivo del IESS que venía ocupando.

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Para sucederlo en la seguridad social, el Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo 511 nombrando a Cynthia Gellibert Mora como nueva delegada del Gobierno ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Diana Ramírez Villacís, nueva ministra de Trabajo

Como consecuencia directa del movimiento de Gellibert, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano pasó a ser liderado por Diana Paulina Ramírez Villacís, quien fue designada oficialmente a través del Decreto Ejecutivo 510.

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Adicionalmente, los cambios dictados por la administración central incluyeron el ámbito diplomático con la expedición del Decreto Ejecutivo 512.

En ese documento, el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta, fue nombrado oficialmente como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en la República del Perú.