Lo que debes saber

• Etapa probatoria en marcha: La Comisión de Mesa abrió un plazo de diez días hábiles para que el denunciante y la defensa de Aquiles Álvarez presenten las pruebas de cargo y descargo en el Municipio. 
  
• El peso del voto político: El informe de la comisión no es vinculante; la remoción definitiva del alcalde de Guayaquil requerirá del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Cantonal.
  
• Escenario de subrogación: Mientras avanza el proceso administrativo, la vicealcaldesa Tatiana Coronel lidera la alcaldía tras la prisión preventiva de Álvarez por el denominado caso 'Triple A'.

El proceso administrativo para la remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha entrado en su etapa más decisiva. Tras la apertura de la fase probatoria en la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal, el escenario político y legal de la urbe se acelera en medio de una profunda expectativa ciudadana. Este trámite, sustentado en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), busca determinar la continuidad de la autoridad judicializada.

El avance del procedimiento se formalizó una vez que el concejal y presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala, notificó que el cuerpo edilicio conoció el escrito en el que el alcalde designó a los juristas Ramiro García y David Norero —exsecretario municipal de la urbe— como los líderes de su defensa técnica. Con esta acreditación, la comisión despejó cualquier cuestionamiento sobre una eventual indefensión y viabilizó el inicio de los tiempos procesales que definirán el futuro del cabildo.

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La cronología de los hechos

El expediente administrativo se ha desarrollado a través de momentos clave que marcan el ritmo de la crisis municipal:

Las claves del trámite y plazos legales

La etapa que acaba de abrirse representa un período crucial de diez días hábiles. Durante este lapso, tanto el denunciante como los representantes legales de Aquiles Álvarez deberán presentar de manera formal todos los documentos, alegatos y elementos probatorios de cargo y descargo ante la Comisión de Mesa. 

Cabe destacar que, de las tres denuncias presentadas originalmente para remover al personero municipal, la comisión solo admitió a trámite una, rechazando las otras dos por no cumplir con los requisitos formales y de legitimación activa exigidos por la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Una vez que concluya el período de diez días para la evacuación de pruebas, la Comisión de Mesa dispondrá de un plazo estricto de cinco días adicionales para analizar el expediente y elaborar un informe final con sus conclusiones. 

Este documento técnico será elevado de inmediato al pleno del Concejo Cantonal, el cual deberá ser convocado a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos días para conocer, debatir y resolver la situación jurídica del alcalde.

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Los escenarios y el desenlace político

El desenlace de este proceso administrativo abre un abanico de consecuencias legales y de gobernabilidad para Guayaquil:

Lo que debe saber

• El Consejo Nacional Electoral canceló a la organización Política Unidad Popular por no contar con el mínimo de adherentes exigido.
• El movimiento acudió al TCE que, en primera instancia echó abajo la decisión del CNE.
• El Consejo Nacional Electoral no apeló la decisión para que el caso llegue al Pleno del TCE y la sentencia de primera instancia quedó en firme. 

¿Unidad Popular estará en la papeleta de las seccionales de 2026? La organización política señaló este 7 de junio de 2026 que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó una apelación a la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dejó sin efecto su cancelación.

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“La sentencia que anuló la cancelación de Unidad Popular está en firme. El CNE no apeló en el plazo legal. Bien por la coherencia de Enrique Pita (vicepresidente del CNE)”, escribió Geovanni Atarihuana en su cuenta de X.

El dirigente de Unidad Popular hizo referencia a Pita, considerando que actualmente actúa como presidente subrogante ante la ausencia de la titular del CNE, Diana Atamaint. 

Esta última fue la única consejera que participó en todas las sesiones en las que se resolvió la situación de Unidad Popular en el pleno del organismo electoral.

“Luego de 80 días de lucha por la democracia derrotamos el atropello y la prepotencia. Las listas 2 de Unidad Popular estaremos en papeleta”, agregó Atarihuana. Además, señaló que la organización participará en 200 cantones.

En ese sentido, UP anunció que iniciará el proceso de elecciones primarias para definir los perfiles que la representarán. “Vamos a definir candidaturas y alianzas. Convocamos nuestras primarias a partir del 29 de junio”.

La decisión del TCE

El caso de Unidad Popular llegó hasta el TCE después de que el CNE dispusiera la cancelación de la organización política, al considerar que no contaba con el porcentaje mínimo de adherentes exigido por la ley. 

Unidad Popular solicitó la corrección de la decisión, pero el organismo electoral se ratificó en su postura. En ese proceso fue determinante la participación de los consejeros suplentes. Enrique Pita, por ejemplo, se ausentó de las convocatorias en las que estaba previsto resolver el caso.

Posteriormente, la causa en el TCE recayó en la jueza Ivonne Coloma, presidenta del organismo. En su sentencia, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias al emitir dichas resoluciones. 

Sin embargo, precisó que el fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular cumple o no con los requisitos legales para mantenerse en el registro electoral.

Coloma también señaló que esa decisión corresponde exclusivamente al CNE, que deberá pronunciarse mediante el procedimiento adecuado, con información completa, verificable, debidamente motivada y sujeta a contradicción. Asimismo, argumentó que se debe considerar la documentación presentada por la organización política.

EXPRESO pudo confirmar que efectivamente el Consejo Nacional Electoral no presentó el recurso hasta las media noche del 6 de junio de 2026, fecha en la que culminaba el plazo. 

Lo que debes saber:

• Adultos mayores en Ecuador acceden a descuentos desde hace 20 años, pero reportan fallas en su aplicación en 2026.
• Usuarios como Lolita y familias usan rebajas en transporte y servicios, aunque trámites y compras online limitan beneficios.
• Expertos alertan: 70% sin pensión y retrasos en salud e IVA evidencian brechas en derechos de adultos mayores.

Zoila Magdalena Gallegos, a quien todos llaman Lolita, está a punto de cumplir 76 años. Durante casi cuatro décadas trabajó como comunicadora en el Ministerio de Educación, en la Agencia Ecuatoriana de Prensa, en Diario El Mercurio y en HCM1. Por eso no duda en acceder a los derechos que le corresponden: la atención preferente en los bancos o los descuentos para mayores de 65 años.

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“Nunca he tenido transporte privado; siempre me he movido en bus”, relata. “Pago la tarifa reducida, 0,17 dólares. Apenas me ven, me dicen ‘tercera edad’. Y cuando voy a hacer un trámite, tengo mi ventanilla”.

En Ecuador, estos beneficios no son recientes. Desde hace más de dos décadas —antes incluso de la actual Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores— ya existía la Ley del Anciano.

Esta norma estableció descuentos del 50% en tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, así como en entradas a espectáculos públicos, culturales, deportivos y recreativos, además de rebajas en servicios como el de agua potable, energía eléctrica o los impuestos prediales, entre otros.

Testimonios de beneficiarios

Karen Ayala es hija de Patricio y Nelly, de 74 y 75 años. Disfruta de poder comprarles entradas de cine a mitad de precio, así como boletos para el teatro, funciones del ballet Folclórico Jacchiua y conciertos. Además, el paquete de Internet y plan de telefonía celular.

“Me enteré de estas rebajas por mis compañeras de trabajo, y a mi mamá también se lo comentaron en un club de baile al que asiste”, cuenta.

Hace poco, su hermano les regaló pasajes para viajar a México. Para acceder al descuento, acudieron de forma presencial a la aerolínea. “No lo hicimos en línea”, precisa.

Ella recuerda que hace unos años, cuando llegaron unas tías que viven en Estados Unidos viajaron en tren y presentando el pasaporte accedieron al descuento. 

Este Diario consultó, por ejemplo, los costos para el Tren del Taita Imbabura. Los adultos pagan $ 11,50; los niños de 5 a 13 y las personas desde los 65 años y con discapacidad cancelan $ 5,75.

Una mala experiencia en cuanto a acceso a tarifa del 50 %

Diferente es la experiencia de Roberto Moncayo, de 67 años, según cuenta su esposa Patricia. 

“Ni en broma hemos podido acceder a descuentos en pasajes aéreos con Iberia o KLM para viajar a Alemania. Este año fuimos a visitar a nuestra hija, a nuestro nieto y a nuestro yerno. La compra se hizo en línea y el pago con tarjeta de crédito, lo que dificulta aplicar a estos beneficios porque no existe ni la opción”.

Patricia afirma que les resultó frustrante y triste constatar que la normativa no se cumple. Además, “incluso en el SRI se están demorando en la devolución del IVA a los adultos mayores, y este beneficio se ha restringido a productos de primera necesidad”.

Sobre los pasajes aéreos 

En cuanto a los pasajes aéreos, Santiago Yumbla, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes y Tour Operadores, explica que, para acceder al descuento en pasajes aéreos, es requisito residir en el país y que el vuelo se origine en Ecuador. Recordó que la rebaja se aplica únicamente sobre la tarifa y no sobre los impuestos.

Además, él señala que las agencias de viajes acreditadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aplican este beneficio y ofrecen distintas opciones de conexión, como rutas Quito–Madrid–Fráncfort o Quito–Ámsterdam–Fráncfort, en el caso de Patricia y su esposo, que viajaron a Alemania.

9 % de adultos mayores en la población ecuatoriana

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país viven 1.520.590 personas adultas mayores, lo que representa el 9 % de la población total. Uno de cada 10 ecuatorianos tiene 65 años o más.

Ecuador, según el INEC, encara un proceso sostenido de envejecimiento demográfico. Así, en los últimos cien años, la edad promedio de la población ha aumentado de forma significativa: pasó de 23 años a 26 entre 1950 y 2001, y se proyecta que llegue a 40,8 años en 2050.

La esperanza de vida también ha crecido. En el caso de las mujeres aumentó en 32 años entre 1950 y 2022. Para 2050, se calcula, las ecuatorianas vivirán en promedio 85,5 años, mientras que los hombres alcanzarán los 79,6.

La situación de la mayoría de adultos mayores en Ecuador preocupa

En ese contexto, Sonia Andrade pide tomar en cuenta que el 70% de los adultos mayores no accede a la seguridad social y por tanto a una pensión. La situación se agrava ahora, menciona, por las dificultades para recibir atención en la mayoría de hospitales públicos, donde, en muchos casos, apenas se entrega medicación básica como paracetamol.

Andrade es representante de la Red de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (Red CORV).

 Para Andrade, es urgente pensar en la alimentación, en el alto índice de diabetes en Ecuador y en las caídas frecuentes que sufren quienes, por ejemplo, deben subir cinco pisos en departamentos de sectores como San Carlos.

Hace poco —cuenta— le indignó conocer que a dos adultos mayores les cerraron la puerta del bus en la cara cuando intentaban abordarlo en Guayllabamba. También cuestiona que, aunque en los boletos aéreos se anuncian descuentos para este grupo, estos no se aplican a los impuestos.

Considera que debería existir un mecanismo de acompañamiento que garantice el cumplimiento de la ley. Sin embargo, asegura, la Defensoría del Pueblo no actúa.

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Dirigentes cuestionan falta de anuncios para el agro y adultos mayores en informe de Noboa

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La visión de un guía de turismo

Juan David Mantilla, guía de turismo, apunta que a extranjeros, de 65 años en adelante, les llama la atención positivamente recibir un descuento del 50 % en el boleto de ingreso a la Ciudad Mitad del Mundo. 

Aunque, aclara, que eso no pasa en todos los lugares; ya que se mantiene solo para connacionales. Relata que estadounidenses, brasileños y colombianos suelen comentarle los beneficios que tienen en sus países.

Los problemas de los adultos mayores: Susana Tito

“Los derechos, en general, son mecanismos para igualar condiciones”, apunta Susana Tito, especialista en gerontología y geriatría y ex subsecretaria de atención intergeneracional. También que se deberían llegar a la vejez con una reserva patrimonial y funcional. 

Sin embargo, apenas el 35 % de los adultos mayores cuenta con seguridad social; el resto depende de sus hijos o del bono de cerca de 100 dólares.

Además, existe un gasto de bolsillo en medicamentos, afirma. “No se trata solo de tener una ley escrita, más aún en un contexto de regresión de derechos en varios ámbitos. A esto se suman el aumento del subempleo, el desempleo y por tanto de familias cada vez más empobrecidas”.

No hay derecho al cuidado prolongado. Hay regresión de derechos, lo que los afecta más.Susana Tito/ especialista en adultos mayores

Lo que debes saber

• ADN afrontará las seccionales de 2026 sin estructuras territoriales consolidadas y apoyado en figuras del Gobierno.
• Expertos advierten que Daniel Noboa ha concentrado el protagonismo político y comunicacional del oficialismo.
• Analistas alertan que mantener funcionarios cuestionados podría generar desgaste y voto castigo en las urnas.

Las elecciones seccionales del próximo domingo 29 de noviembre de 2026 se perfilan como un proceso marcado más por el centralismo que por las dinámicas territoriales, según expertos en Ciencias Políticas y Comunicación Política consultados por EXPRESO. Para los analistas, el principal impulsor de esta tendencia es el presidente Daniel Noboa.

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La marca Noboa frente al reto territorial

Detrás de esta apuesta también aparece una necesidad política del oficialismo. En su primer desafío electoral a escala local, Acción Democrática Nacional (ADN) llega sin una red sólida de liderazgos territoriales ni estructuras consolidadas en gran parte del país, por lo que ha decidido apoyarse en los rostros más visibles del Gobierno para intentar ganar espacio en alcaldías y prefecturas.

Por lo que, ante ese contexto, las próximas elecciones seccionales de 2026 podrían convertirse en una extensión del proyecto político del Ejecutivo más que en una disputa centrada en las necesidades de cada territorio. Para el politólogo Juan Carlos Valarezo, coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ADN busca trasladar la marca presidencial hacia alcaldías y prefecturas, en un contexto en el que todavía no cuenta con una estructura local consolidada.

Esa estrategia responde, además, a una lógica de centralización de las decisiones. El politólogo Valarezo sostiene que la selección de candidatos parece estar dirigida desde la cúpula del movimiento oficialista y no desde procesos territoriales, liderazgos construidos en las provincias y cantones, ni procesos de democracia interna.

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ADN busca compensar la falta de cuadros propios

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, coincide en que el oficialismo evidencia dificultades para generar cuadros propios. A su juicio, ADN carece de procesos de formación política comparables a los de agrupaciones más tradicionales, por lo que termina recurriendo a figuras cercanas a Noboa para ocupar espacios electorales.

La decisión de promover a ministros y asambleístas como posibles cuadros también deja al descubierto una de las principales debilidades de ADN: la falta de nuevos liderazgos con alcance nacional. Según la consultora en comunicación política María Fernanda Carvajal, el oficialismo recurre a figuras como John Reimberg, Gabriela Sommerfeld, Niels Olsen, Andrés Guschmer, Andrés Cevallos y Cynthia Gellibert porque ya poseen notoriedad pública, mientras que posicionar candidatos nuevos demandaría un tiempo y una inversión política que el movimiento no tiene de cara a las seccionales.

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Las redes como filtro para elegir candidatos

Para la politóloga Quinga, la difusión de esos nombres funciona como un “globo de ensayo”. La especialista considera que el oficialismo está observando la reacción de los usuarios en plataformas digitales para determinar qué perfiles generan respaldo y cuáles provocan rechazo.

El experto político-electoral Alfredo Espinosa manifiesta que las redes sociales se han convertido en una especie de grupo focal permanente para el Gobierno ecuatoriano. Según su análisis, la decisión final sobre determinadas candidaturas podría depender más de la respuesta digital que de mecanismos internos de democracia partidaria.

Andrés Jaramillo, estratega de comunicación política, añade que esa estrategia tiene costos para la administración pública. Advierte que cuando ministros con responsabilidades nacionales empiezan a proyectarse electoralmente, parte de su atención se desplaza de la gestión hacia la construcción de una candidatura.

Desde la perspectiva de la comunicadora Carvajal, la reestructuración ministerial, que Noboa dictó el 4 de junio, también puede interpretarse como una forma de facilitar el salto electoral de determinadas figuras. No obstante, alerta que la fusión de carteras podría, indica, afectar la calidad de los servicios públicos, para la ciudadanía, si la reorganización termina reduciendo capacidades institucionales.

Noboa concentra la vocería del oficialismo

Por otro lado, la creciente exposición del propio presidente Daniel Noboa responde, según varios analistas, al deterioro de los voceros gubernamentales. Jaramillo sostiene que muchos ministros ya se encuentran políticamente desgastados, por lo que el presidente ha terminado convirtiéndose en el principal defensor de la gestión oficial.

Espinosa coincide con esa lectura y afirma que la reciente carta difundida por el primer mandatario refleja un intento por concentrar la vocería en una sola figura. El objetivo sería evitar contradicciones internas y blindar a los potenciales candidatos frente al costo político derivado de las crisis gubernamentales.

Esa estrategia, añade el politólogo Juan Carlos Valarezo, también profundiza una lógica de hiperpresidencialismo dentro del oficialismo. Cuando las explicaciones sobre la gestión pública recaen directamente en el jefe de Estado y no en los funcionarios responsables de cada cartera, el liderazgo presidencial termina absorbiendo funciones políticas y comunicacionales que deberían estar distribuidas en el gabinete de Gobierno.

El resultado, advierte, es una administración cada vez más personalizada, en la que la figura de Noboa se convierte simultáneamente en el principal activo electoral y en el mayor riesgo político para ADN. Sin embargo, asumir personalmente la defensa del Gobierno también implica riesgos para el primer mandatario, ya que al convertir las seccionales en una evaluación directa de su liderazgo, cada victoria fortalecerá su proyecto político, pero cada derrota relevante podría interpretarse como un rechazo ciudadano a su gestión, advierte Valarezo.

Las seccionales de noviembre podrían convertirse más en una evaluación de Daniel Noboa que de los candidatos de ADN, debido a que el presidente concentra cada vez más el protagonismo político y comunicacional del oficialismo.Juan Carlos Valarezo, politólogo y docente de la PUCE

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Noboa mueve fichas en su Gobierno: estos son los cambios en la UAFE, Sercop e Integridad Pública

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El costo de sostener a figuras cuestionadas

La falta de depuración del gabinete de Daniel Noboa también acarrearía consecuencias. El caso de Roberto Luque es uno de los más representativos. Tatiana Quinga señala que, pese a las controversias vinculadas al caso Progen, el Gobierno no solo decidió mantenerlo en funciones, sino otorgarle mayores competencias dentro de la nueva estructura ministerial.

Para Andrés Jaramillo, ese movimiento constituye un mensaje político explícito. Mantener a Luque y fortalecer su posición implica transmitir que el presidente sigue respaldándolo plenamente, incluso en medio de cuestionamientos que han afectado la imagen del Gobierno.

No obstante, esa decisión también puede convertirse en un factor de desgaste electoral. Juan Carlos Valarezo advierte que figuras asociadas a polémicas podrían transformar el denominado “efecto arrastre” presidencial en un “lastre”, perjudicando a las candidaturas que el oficialismo impulse en los territorios.

Aunque todavía faltan varios meses para los comicios, Quinga recuerda que la teoría política muestra que los gobiernos debilitados suelen enfrentar expresiones de voto castigo en las elecciones intermedias o locales. Por ello, sostiene que la acumulación de conflictos y la permanencia de figuras desgastadas podrían convertirse en un elemento de evaluación ciudadana cuando los electores acudan a las urnas en noviembre de 2026.

Lo que debe saber

• EXPRESO ha revelado presuntos conflictos de interés de Luis Alberto Cabezas, superintendente de Compañías.
• Hotel Continental, Biess e Isspol: los antecedentes que EXPRESO expone sobre la trayectoria del superintendente Luis Alberto Cabezas.

Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, el funcionario encargado de vigilar, auditar y liquidar a las empresas del país, lleva años sacándoles provecho…

… Como gerente de empresa privada: ocultando información a los accionistas y trabajando con “hojitas extracontables” en lugar de balances claros…

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Luis Cabezas-Klaere: de abogado de empresas vinculadas al caso Isspol a vigilar su liquidación

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… Como gerente de banco público: moviéndose con soltura entre el doble conflicto de intereses del estudio jurídico de papá y la compañía de seguros con la que tenía relaciones…

… Como abogado en ejercicio de su profesión: asumiendo la representación de dos de las empresas artífices del saqueo a los fondos de la seguridad social de la Policía (Isspol) y burlando las auditorías del organismo que hoy preside...

Una herramienta al servicio político

¿Fue esta experiencia en operaciones fraudulentas la que convenció a Daniel Noboa para reclutarlo como parte de su equipo? Difícil decirlo: basta con saber que el presidente, sin duda, la conocía. Lo cierto es que hoy, como superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabeza Klaere se ha convertido en una voluntariosa herramienta política al servicio del gobierno (léase: herramienta de persecución) mientras mantiene intactos sus conflictos de interés (rasgo común a todo funcionario noboísta) y convive (si es que no promueve) esquemas para sacar partido de ciertas empresas en liquidación. Todo esto parece confluir en el caso de la arbitraria intervención que la Superintendencia dispuso contra la empresa Granasa, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, a la que no sólo se trata de intervenir en su estructura accionarial, como ya es sabido, sino que en los últimos días se le ha bloqueado su capacidad de defensa jurídica, como se verá más adelante.

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Porque Luis Alberto Cabezas Klaere no conoce otras líneas rojas que no sean las que le marcan el poder y su codicia.

Esta semana, los trapos sucios de su biografía (los fantasmas de sus navidades pasadas, que diría Dickens), han quedado al descubierto: en una serie de reportajes de investigación de tres entregas, un equipo de Diario EXPRESO contó su historia. O parte de ella, porque la información documentada que remiten a nuestra redacción varias personas que en algún momento se sintieron perjudicadas por sus métodos no ha cesado de llegar. Los detalles bochornosos ocupan casi tres páginas del Diario, entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, y se encuentran rigurosamente documentados. 

Unos detalles bochornosos

A continuación, un breve resumen:

Primero: en marzo de 2021, Luis Alberto Cabezas Klaere ocupó la gerencia del hasta entonces emblemático (aunque golpeado por la crisis del Covid) hotel Continental de Guayaquil, hoy desaparecido: lo desapareció él. 

Los accionistas jamás lamentarán lo suficiente el haberlo permitido: todo lo hizo Cabezas Klaere a sus espaldas. Por no saber, no sabían ni siquiera cuánto ganaba su gerente “ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja”. Lo cierto es que terminó por liquidar el hotel, ponerlo en venta y despacharlo por la alegre cifra de 4 millones de dólares a pesar de que tenía deudas por 6 y había ofertas de interesados en pagar hasta 12. 

El operativo contó con la oportuna intervención del IESS, que declaró un bien calculado embargo para impedir una reunión urgente de accionistas. Se sabe que entre los interesados en comprar (con una oferta de 10 millones) se encontraba el en ese entonces asambleísta por la provincia de Santa Elena Daniel Noboa. 

Segundo: en febrero de 2024 Cabezas Klaere aparece gerenciando el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a pesar de un rampante conflicto de intereses: su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales, con quien compartía estudio jurídico, era miembro del directorio y presidente de Hispana de Seguros y Reaseguros, que mantenía con el Biess una póliza de seguro de desgravamen por créditos hipotecarios: un negocio de 60 millones de dólares anuales. 

Esta situación (la de un gerente del Biess vinculado con una aseguradora) está expresamente prohibida por la ley. No hay que olvidar que Hispana es la aseguradora que el presidente Daniel Noboa promueve en competencia con La Unión, la empresa de su familia política de primer matrimonio, los Goldbaum, a quienes tanto detesta que no para de ponerles juicios. Otra curiosidad bastante elocuente con respecto a los alcances de este personaje es que el nombre de su padre fue borrado de los registros de la Superintendencia de Compañías, en los que efectivamente figuraba como director de Hispana.

Tercero: desde 2020, Cabezas Klaere se desempeñó como representante judicial de Delcorp y Ecuagran, dos de las empresas más estafadoras de la historia patria, corresponsables del asalto a los fondos del Isspol por 900 millones de dólares. Habían negociado facturas comerciales falsas. En el momento de su disolución, vemos a Cabezas Klaere informando a la Superintendencia de Compañías sobre la existencia de 2,5 millones de dólares en certificados de depósito cuyos documentos originales jamás fueron presentados, lo cual bloqueaba todo ejercicio de auditoría. Hoy Delcorp y Ecuagran se encuentran en liquidación, un proceso a cargo de… ¡Cabezas Klaere!

Retrato de un funcionario del noboísmo

Hasta aquí los hallazgos de EXPRESO, que de alguna manera trazan no sólo el perfil del superintendente de Compañías sino el retrato robot del funcionario ideal del noboísmo: conflicto de intereses, negocios familiares arrimados a contratos públicos, uso del servicio público para beneficio propio… Y sobre todo: subordinación total a la agenda política del gobierno. 

Con Cabezas Klaere y a la par de otros organismos como la UAFE, el SRI o la Contraloría, la Superintendencia de Compañías se ha convertido en una herramienta de control político. Y quizás nada lo ilustra mejor que la manera como se está manejando, desde ese organismo, la intervención de Granasa.Que esa intervención es ilegítima ya lo señaló la Cámara de Industrias y Producción (CIP). 

El caso GRANASA y su indefensión

Granasa fue intervenida porque se negó a entregar una serie de informaciones empresariales sensibles a un accionista minoritario (2,6 por ciento de acciones) que, según la ley, no tenía derecho a solicitarlas. Ese accionista era, nada menos, la entidad pública Inmobiliar, es decir, la Presidencia de la República. Desde el primer momento fue obvio que se trataba de una retaliación política contra la línea editorial de Diario EXPRESO. 

Pero lo de las últimas semanas es una vuelta de tuerca que lleva el nivel control arbitrario ejercido por Cabezas Klaere a un nivel intolerable. Porque resulta que ahora la Superintendencia de Compañías ha decidido impedir que Granasa se defienda.

Uno de los efectos incómodos que acarrea una intervención para cualquier empresa es que el gasto en representación legal se dispara. Por eso, la negativa de Elizabeth Jiménez, la interventora de Granasa nombrada por Cabezas Klaere, a aprobar los pagos a los abogados (esa es una de las funciones de un interventor: dar su visto bueno a cada cheque) sólo puede ser vista como un intento por ahogar a la empresa y someterla a la indefensión. Y se trata, nuevamente, de otra retaliación contra la política editorial del Diario que, a pesar de la intervención, continua inmutable. Como debe ser.

Así con la Superintendencia de Cabezas Klaere. Por no hablar de las estructuras mafiosas que mantiene al interior del organismo con el fin de operar el vaciamiento patrimonial de empresas en liquidación, es decir, algo parecido a lo que el hoy superintendente presuntamente ejecutó en el caso del hotel Continental. Ahí está, por ejemplo, la figura del liquidador Carlos Cadena Asencio, por cuyo intermedio pretende alzarse con el 40 por ciento de acciones de Granasa en otro de los frentes del acoso gubernamental a diario EXPRESO. 

Cadena Asencio tiene una hoja de vida inmunda: fue destituido por la propia Superintendencia (antes de la llegada de Cabezas Klaere) tras haber desaparecido 20 millones de dólares de la compañía Zofragua, que operó en comodato la zona franca del puerto de Guayaquil entre 2001 y 2012, y de la que actuó como liquidador. Cadena Asencio y el procurador judicial de Zofragua, Leonidas Plaza Verduga, fueron denunciados por peculado en relación con este caso. Sin embargo, ahí está nuevamente, ejerciendo de liquidador a control remoto para casos de contenido político, quizá por las relaciones familiares entre Cabezas Klaere y Plaza Verduga, uno de cuyos hijos, además (Leonidas Plaza Díaz) es operador judicial del gobierno en las cortes de Guayaquil (lo cual no será una novedad para nadie en el campo jurídico de la ciudad) y maneja desde la sombra, entre otros muchos, los casos contra EXPRESO. Casos que sin duda se le facilitarán ahora que han conseguido bloquear los pagos a los abogados.

Quizás en esta política de fusión de organismos del Estado en la que se encuentra empeñada la Presidencia de la República, deberían unificar la Superintendencia de Compañías con la Secretaría de Inteligencia y ascender a Luis Alberto Cabezas Klaere al rango de sargento.

Lo que debe saber

• El oficialismo en la Comisión de Fiscalización votó en abstención sobre la moción para calificar la solicitud de juicio político.
• Solamente los cuatro legisladores de Revolución Ciudadana votaron a a favor de que el proceso continúe.
• En un comunicado, la mesa legislativa argumentó que el tema ya está en manos de Fiscalía. 

La Comisión de Fiscalización no dio paso a la moción para calificar el juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. Los cinco asambleístas de ADN, junto a su aliado José Nango, se abstuvieron y con eso el proceso se estancó.

Política

Comisión de Fiscalización definirá futuro de juicio a Manzano: Estos son los escenarios posibles

Daniel Alejandro Romero Páez

La tarde de este 6 de junio de 2026, la Comisión de Fiscalización se reunió para definir el futuro del proceso de juicio político en contra de Manzano. El bloque de la Revolución Ciudadana la acusa de incumplimiento de funciones en el caso Progen.

No hubo debate ni un pronunciamiento del asesor jurídico de la comisión sobre el cumplimiento de los requisitos como en otros casos. Tan solo se leyó la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que determinó que la solicitud cumplía con los requisitos de forma. 

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El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez abrió el debate y la correísta Ana Herrera mocionó la calificación del proceso. Sin embargo, dicha moción solamente obtuvo cuatro votos a favor que vinieron del correísmo.

Álvarez, Ana Belén Tapia (vicepresidenta), Fabiola Sanmartín, Luigi García y José Nango votaron en abstención. Así, la moción no fue aprobada y el presidente de la mesa legislativa solamente dio por terminada la sesión. 

La justificación del oficialismo

Tras la votación, la Comisión de Fiscalización emitió un comunicado que fue replicado por los canales oficiales de la Asamblea. El mismo fue titulado: "La prioridad debe ser conocer toda la verdad".

El pronunciamiento señala que "este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional".

Como ocurrió con el proceso de fiscalización a los contratos con Progen y ATM, en la mesa de Transparencia presidida por la oficialista Diana Jácome, la Comisión de Fiscalización argumentó que el caso ya está en manos de la Fiscalía.

"La Comisión considera fundamental profundizar en la investigación de la ruta del dinero, porque el país necesita conocer quiénes se beneficiaron, cómo se movieron los recursos y si existieron redes nacionales o internacionales detrás de estas operaciones".

Elecciones este 7 de junio

• Padrón: Un total de 27,3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas dentro y fuera del país.
• Balotaje: La definición presidencial enfrenta los modelos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
• Vigilancia: El proceso cuenta con el despliegue de 55.000 observadores internacionales de la OEA y la UE.

Los ciudadanos peruanos acuden a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente de la República en una segunda vuelta electoral marcada por el empate técnico. La jornada electoral definirá la jefatura de Estado para el período 2026-2031, en un contexto donde el país registra nueve mandatarios en el lapso de una década debido a recurrentes crisis institucionales.

Investigaciones

Iván Cepeda investigará campaña de Abelardo de la Espriella por compra de votos

Carlos Isaac Pino

La contienda electoral presenta el escenario de polarización entre la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Los últimos sondeos de intención de voto proyectan un margen ajustado entre ambos aspirantes, aunque la difusión de encuestas se encuentra prohibida en territorio peruano por mandato legal durante la semana previa a la elección.

Las propuestas y antecedentes de los candidatos

Fujimori disputa el balotaje por cuarta vez consecutiva tras sus derrotas en los procesos de 2011, 2016 y 2021. La postulación de Fuerza Popular fundamenta su plataforma en la aplicación de mano dura para restablecer el orden y defiende el modelo de libre mercado implementado durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori. La candidata llega a esta instancia tras alcanzar el 17,19 % de los sufragios en la primera vuelta de abril.

Por su parte, Roberto Sánchez accedió a la segunda vuelta con el 12,03 % de los votos válidos. El actual congresista y psicólogo basa su campaña en la promesa de liberación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Estado. Su propuesta concentra el respaldo en los sectores rurales y de menores recursos, atribuyendo la inestabilidad política a las maniobras de destitución promovidas por la mayoría parlamentaria fujimorista.

El proceso se desarrolla bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en 10.335 locales de votación, habilitados para recibir el voto local y el de 1,2 millones de electores empadronados en el extranjero. Las autoridades electorales desplegaron 55.000 observadores nacionales e internacionales de la OEA y la Unión Europea para vigilar las mesas de votación y mitigar las denuncias de irregularidades logísticas registradas el pasado 12 de abril. 

Los centros de votación permanecerán abiertos desde las 07:00 hasta las 17:00 hora local. El primer ministro de transición, Luis Arroyo, exhortó a las agrupaciones políticas a respetar los datos oficiales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó que los resultados definitivos de la jornada se proclamarán formalmente en julio mediante la implementación de un nuevo sistema tecnológicoizado de escrutinio.

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En una declaración a la prensa desde la ciudad de Cali, el representante de izquierda detalló que reciben alertas sobre el manejo de grandes cantidades de dinero en diferentes zonas del país con fines electorales. Frente a las acusaciones de financiamiento ilícito, el equipo oficialista designó al abogado Miguel Ángel del Río para liderar los procesos correspondientes ante las autoridades.

Cepeda justificó las acciones legales argumentando que su contrincante impulsa estrategias de difamación mediante inteligencia artificial en redes sociales. Debido al inicio de estos procesos, el candidato optó por no responder preguntas de los medios de comunicación durante su intervención. En el ámbito comunicacional, solicitó formalmente a las cadenas privadas RCN y Caracol, junto a la televisión pública RTVC, la organización de un debate. Para acelerar este encuentro, exigió a De la Espriella nombrar dos compromisarios encargados de fijar las reglas mínimas del evento en el marco democrático.

La exigencia de confrontar propuestas en televisión ocurre a pesar de que Cepeda se negó a debatir con los demás aspirantes durante el periodo de la primera vuelta. En la jornada del domingo pasado, De la Espriella lideró las votaciones tras alcanzar 10,3 millones de sufragios, mientras que el candidato del Pacto Histórico obtuvo 9,7 millones de votos.

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Reclamo por el equilibrio de funciones

A través de un comunicado emitido por su Comité Ejecutivo Nacional y sus 24 núcleos provinciales, el gremio judicial advirtió que estas actuaciones gubernamentales generan condiciones incompatibles con el ejercicio independiente e imparcial de la función jurisdiccional. La organización precisó que las diferencias respecto a resoluciones deben canalizarse a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico y no mediante la presión pública.

En el documento oficial, la AEMAJ exhortó a todas las autoridades y actores públicos a mantener la prudencia en sus pronunciamientos para fortalecer el diálogo institucional. Argumentan que las expresiones de altas autoridades inciden directamente tanto en la percepción ciudadana sobre la administración de justicia como en las condiciones en las que laboran los magistrados.

El gremio detalló que la independencia judicial no tiene como finalidad resguardar intereses individuales, sino asegurar que quienes administran justicia operen sometidos únicamente a la Constitución, libres de cualquier injerencia externa.

Para finalizar, la entidad notificó que se mantendrá vigilante para garantizar las normativas que protegen su autonomía frente a cualquier forma de presión.

Lo que usted debe saber

• Pleno debatirá informe que vincula el sistema de pagos regional con presuntas tramas de lavado de dinero y peculado.
• La empresa FOGLOCONS estaba relacionada con Álex Saab, quien ha sido señalado como testaferro de Nicolás Maduro.
• Entre las recomendaciones del informe está el que se investigue el financiamiento de la campaña de Alianza País en 2013.

El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el informe del proceso de fiscalización al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), elaborado durante la presidencia de Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización.

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El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó a una sesión del Pleno para el lunes 8 de junio de 2026. En el orden del día constan dos puntos, luego de la entonación del Himno Nacional. El primero corresponde a “conocer y resolver respecto del informe del proceso de fiscalización caso SUCRE FOGLOCONS”.

El segundo punto previsto para la sesión es el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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¿De qué se trata el informe sobre SUCRE?

En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea estaba presidida por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Desde esa mesa se inició una investigación sobre las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción (FOGLOCONS), relacionada con Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes eran investigados por la justicia de Estados Unidos.

Como antecedente, el 16 de octubre de 2009, los jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

El mecanismo regional buscaba facilitar el comercio entre los países firmantes. En ese momento, todos ellos formaban parte de un bloque regional alineado con lo que entonces se denominó el Socialismo del Siglo XXI.

En Ecuador se inició una investigación por el uso de dicho sistema. FOGLOCONS reportó exportaciones de materiales de construcción y viviendas prefabricadas desde Ecuador hacia Venezuela por cerca de 159,9 millones de dólares. Posteriormente, varias investigaciones contrastaron esos datos con registros de la Aduana del Ecuador.

Los documentos mostraron que los bienes que realmente salieron del país sumaban apenas unos 3 millones de dólares. El resto de la mercancía no existía o estaba sobrevalorada. La empresa fue investigada por la Fiscalía. Dentro de ese entramado, el sistema SUCRE fue mencionado como el mecanismo utilizado para movilizar el dinero.

En la fiscalización realizada en 2021, la comisión señala en su informe: “se encuentra identificado el mecanismo, la participación de los funcionarios públicos, así como de las personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que ejercieron desde la creación del Sistema SUCRE, hasta el año 2018, acciones que merecen ser investigadas por la justicia penal ecuatoriana, venezolana y desde luego de Estados Unidos de América”.

En el documento también se lee: “más allá de que pudo haber significado una inspiración ideológica para enfrentar la fortaleza del dólar, moneda de curso legal ecuatoriana y de patrimonio económico financiero de Estados Unidos de América, fue utilizado para plasmar toda una estructura jerárquicamente organizada y una red delictiva, que como se evidencia en este reporte investigativo, fue el escenario propicio para el presunto cometimiento de varios delitos como es el peculado, lavado de dinero, entre otros”.

De acuerdo con el informe, existen actos que evidencian el abuso de fondos públicos, utilizados de forma contraria a la naturaleza propia de la Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad, desviándolos en beneficio de pocas empresas creadas exclusivamente para operar mediante este mecanismo.

Las recomendaciones del informe

Entre las recomendaciones consta remitir el informe a la Fiscalía. También se plantea que esa entidad determine las responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendente de Compañías entre 2010 y 2014, debido a que permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento de ninguna naturaleza.

Asimismo, existe una recomendación relacionada con el ámbito electoral. El informe plantea que los hallazgos sean remitidos al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral, “a fin de que disponga la apertura de una investigación al aporte de campaña del año 2013, realizado por la ciudadana Micaela Lehrer Alarcón, al partido Alianza País”.

Según la Comisión de Fiscalización de esa época, presumiblemente dichos fondos provendrían de actividades ilícitas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

Lo que debe saber

• Juicio político contra Inés Manzano se juega este 6 de junio de 2026: ADN tiene los votos para definir si avanza o se archiva.
• El correísmo solamente cuenta con cuatro de los 10 votos posibles en un mesa controlada por el oficialismo.
• La sesión arrancará con la polémica sobre la convocatoria ya que Ferdinan Álvarez decidió que la sesión sea virtual.

Para la tarde de este 6 de junio de 2026 está prevista la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se avocará conocimiento y se calificará la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. En esa mesa existen dos escenarios posibles, con desenlaces distintos para el planteamiento impulsado por el correísmo.

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La convocatoria fue realizada por el presidente de la comisión legislativa, Ferdinan Álvarez. La decisión no estuvo exenta de polémica, ya que la sesión se desarrollará de manera virtual y no presencial, como había solicitado el bloque de la Revolución Ciudadana.

¿Qué pasará en la comisión?

La mesa, presidida y controlada por ADN, conocerá la solicitud presentada por el correísmo en contra de Manzano a las 17:00 de este 6 de junio de 2026. A partir de allí se abren dos caminos. El primero es que la comisión califique el proceso e inicie su sustanciación.

Para ello será necesaria una argumentación y una moción que deberán ser sometidas a votación. ADN tiene cinco votos asegurados correspondientes a sus propios legisladores. A ellos suele sumarse uno más: el del exasambleísta de Pachakutik José Nango, considerado aliado del oficialismo.

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En la mesa actúan cuatro asambleístas del correísmo. Con ese escenario, el bloque de la Revolución Ciudadana no podría reunir por sí solo los votos necesarios para que el proceso avance. La decisión queda en manos de ADN.

El segundo escenario es que la comisión determine, tras su análisis, que no se cumplen los requisitos para calificar el juicio político y proponga su archivo. En ese caso, el trámite concluiría en esa instancia.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que el correísmo busca enjuiciar políticamente a la exministra Inés Manzano. En el primer intento, durante 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a que la Unidad de Técnica Legislativa verificara el cumplimiento de los requisitos.

La queja del correísmo

Los cuatro legisladores que integran la Comisión de Fiscalización y pertenecen al bloque correísta emitieron un pronunciamiento la tarde del 5 de junio. 

En el documento señalan que “este no es un tema cualquiera, hablamos de la crisis energética que sumió al país en apagones, de contratos cuestionados y de denuncias sobre la adquisición de equipos que hoy son objeto de investigación pública”.

A ello sumaron que, más allá de lo legal, este es un asunto de ética, responsabilidad y respeto. “Un tema de esta magnitud debía debatirse de manera presencial y de cara al país”, se lee en el comunicado.

Lo que debe saber

• Yaku Pérez analiza la posibilidad de buscar la Alcaldía de Cuenca en las seccionales 2026. 
• Considera que es necesaria una tercera vía con movimientos y organizaciones sociales del centro a la izquierda.
• Cuestiona el momento político actual respecto a la situación de varios alcaldes del país y los procesos judiciales y electorales. 

Yaku Pérez, excandidato presidencial por Pachakutik reapareció en el escenario político. En diálogo con EXPRESO habla del alcance del acuerdo político con la Izquierda Democrática, la posibilidad de candidatizarse a la Alcaldía de Cuenca y la construcción de una tercera vía.

¿A qué responde su reaparición política?

He estado siempre en la lucha ecológica, en la defensa de los derechos de la naturaleza, del agua y en los tribunales de justicia. Creo que eso vio la Izquierda Democrática: que puede complementarse la justicia social con la justicia ecológica. Hubo la invitación a formar parte de este acuerdo nacional, en el que el objetivo es cimentar la construcción de la tercera vía a fin de dar alternativas reales, concretas y serias frente a un panorama opaco que vive el país.

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¿A dónde apunta este pacto con la ID?

El objetivo es sentar estas bases de la justicia ecológica y la justicia social, en un contexto en el que las desigualdades sociales se han profundizado. Hay cada vez menos ricos, pero más billonarios; además de más sectores que se encuentran en vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ya no es solamente en temas económicos y sociales, sino sobre todo ecológicos. En función de esto y de la inseguridad, la impunidad y la corrupción que se viven, es emergente la unificación no solamente de Somos Agua e ID, sino de otros sectores sociales y políticos que estén dentro del centro hacia la izquierda, capaces de construir una alternativa.

¿Por qué justamente empezar con la ID? Es un partido que, de alguna forma, no logra resolver sus problemas internos.

La ID ha tenido la generosidad, a través de Analía Ledesma, Marcos Dueñas y su directiva, de confiar en nuestro movimiento. Con todos sus problemas internos, tiene una imagen y una historia. Tuvo a un expresidente que pudo, después de gobernar, caminar por las calles. O sea, no hubo corrupción. Eso dice bastante. Los problemas existen en todos los sectores, pero el desafío es avanzar. Se avanzará en la diversidad.

Habló de ampliarse a organizaciones del centro hacia la izquierda. ¿De quiénes habla? Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano han hecho la misma propuesta.

Nos alegra que UP tuvo justicia y vuelve al escenario político. Es un movimiento que se identifica con los sectores populares. Pachakutik es un movimiento que tiene su trayectoria y, así como estos, hay más. Sobre todo, hay que apuntar a los sectores sociales y no precisamente solo a los trabajadores o solo a los indígenas, sino ampliar a los profesionales, artesanos, emprendedores y empresarios que sean honestos. No hay que ser excluyentes. Lo que sí vamos a ser es completamente excluyentes con aquellos que estén dentro de las economías criminales, y eso sí, para nada.

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¿Se incluye al correísmo?

El correísmo no está dentro de esta cosmovisión. El correísmo y el noboísmo han tenido la oportunidad de demostrar que son ecologistas y han sido extractivistas; (han tenido la oportunidad) de demostrar que son demócratas y han sido totalitarios.

Pero habló de UP y Pachakutik. ¿Hay acercamientos?

Se ha conversado en algunas provincias con ellos. Pero este acuerdo no necesariamente es para las elecciones de noviembre. Hay que construir un frente amplio para las elecciones venideras y las siguientes. Creo que es urgente la construcción de la tercera vía, donde se aglutine a todos los sectores desencantados con los partidos tradicionales que tuvieron la oportunidad y no supieron aprovecharla ni cambiar las estructuras del país.

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¿Piensa participar en las seccionales de 2026?

Es una posibilidad. Nos lo han propuesto. Pero estamos analizando y, sobre todo, la decisión no tiene que ser individual. Tiene que ser colectiva. Yo les he dicho en privado y en público: estaré en el espacio donde sea más útil para la construcción de la tercera vía. Si hay que ir a la cancha electoral para disputar la Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si no toca ser candidato y más bien apoyar con la banderita, o esperar para 2029 o más adelante, donde yo sea importante y pueda contribuir con mi condición, ahí estaré.

¿Buscaría la Alcaldía de Cuenca y no nuevamente la Prefectura del Azuay?

Creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca o, si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles. Contribuiremos a la construcción de esa tercera vía.

Hay alcaldes procesados no solo en lo judicial, sino también en la justicia electoral. ¿Cómo ve el escenario político actual?

Eso es muy preocupante. Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera. Y si las hay, perfecto, que se le siga, pero con una justicia completamente independiente.

"Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera"Yaku Pérez

¿Usted puede disputar la representación de la izquierda?

No se trata de disputar. Se trata de complementar. Ya hicimos un ejercicio interesante en el 2019 cuando ganamos la Prefectura con una agenda ecosocial y también le propusimos al país en el 2021 esa tercera vía. Nos fue bien. Podíamos haber sido el gobierno. El fraude lo impidió.

Lo que debes saber 

• La compra de medicinas a India promete aliviar el desabastecimiento en hospitales, pero expertos advierten que el verdadero reto será garantizar su calidad y bioequivalencia.
• Especialistas alertan sobre las limitaciones de Arcsa para verificar decenas de fármacos en pocas semanas y piden reforzar la farmacovigilancia.
• Conoce cuáles son los riesgos, los controles exigidos y por qué la seguridad de los pacientes está en el centro del debate.

La promesa de abastecer con rapidez los hospitales públicos abre una pregunta que hoy preocupa más que el origen de los medicamentos: ¿cómo garantizar que los fármacos que llegarán al Ecuador cumplan realmente con los estándares de calidad, bioequivalencia y seguridad exigidos para los pacientes?

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La interrogante cobra relevancia porque India, además de ser uno de los mayores productores farmacéuticos del mundo, ha enfrentado en los últimos años cuestionamientos internacionales por fallas de calidad detectadas en algunas de sus plantas de producción.

El debate tomó fuerza luego de que el presidente Daniel Noboa anunció, durante su Informe a la Nación del 24 de mayo, un acuerdo con India para adquirir medicinas destinadas al sistema público de salud. Aunque el mandatario aseguró que los productos deberán contar con certificaciones internacionales y aprobaciones de organismos como la FDA de Estados Unidos, especialistas consultados advierten que la discusión no termina en el papel.

Calidad de medicamentos importados bajo análisis

La verdadera prueba, sostienen, estará en la capacidad del Estado para verificar esas certificaciones, controlar la bioequivalencia de los fármacos y fortalecer la vigilancia sanitaria una vez que los medicamentos ingresen al país.

EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio de Salud Pública para conocer los mecanismos que se aplicarán para garantizar la calidad de estos medicamentos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido. También se gestionó una entrevista con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), pero la entidad indicó que no tenía autorización para pronunciarse sobre el tema sin la aprobación previa del Ministerio de Salud, por lo que no emitió declaraciones respecto a los controles previstos.

Camilo Salinas, exministro de Salud, aseguró que las medicinas fabricadas en India no son nuevas para el sistema sanitario ecuatoriano y recordó que el país las ha utilizado durante décadas. Como ejemplo mencionó las vacunas contra la covid-19 producidas en ese país, entre ellas las de AstraZeneca.

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Exministro destaca importancia de la farmacovigilancia

“El debate no es si vienen o no con calidad. Ya las hemos consumido y no hemos tenido inconvenientes”, aclaró.

Para el exfuncionario, la discusión debe enfocarse en los controles posteriores a la compra y no en el origen de los fármacos. Consideró necesario fortalecer la farmacovigilancia de Arcsa y del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) para verificar la bioequivalencia y seguridad de los productos.

“Lo importante es que lleguen con validación internacional y exista una fiscalización permanente”, sostuvo.

Distribución nacional será otro desafío sanitario

Salinas también advirtió que el reto no termina con la adquisición de medicamentos, sino con su distribución a escala nacional. Recordó que durante la pandemia la logística contó con apoyo privado para garantizar la llegada de las vacunas.

“La dificultad era la distribución. Hay que asegurar que las medicinas lleguen a tiempo a los pacientes”, manifestó.

Por su parte, Enrique Terán dijo que la calidad de los medicamentos no depende del país de origen, sino de las certificaciones que respalden su fabricación. Explicó que un registro sanitario local no basta para garantizar estándares adecuados y que deben existir avales de agencias de alta vigilancia sanitaria.

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Arcsa enfrenta retos para verificar productos

“Si el producto tiene aprobación de la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento, Arcsa puede homologar el registro con tranquilidad”, precisó.

No obstante, el especialista advirtió que Arcsa enfrenta limitaciones técnicas para verificar de forma independiente la calidad de los fármacos y que actualmente su trabajo se basa, en gran medida, en la revisión documental. Además, recordó que el Gobierno ha mencionado la compra de entre 40 y 50 fármacos, que deberían llegar en aproximadamente tres semanas.

“Si son 50 productos en tres semanas, deberían tener a medio personal de Arcsa sentado revisando esas carpetas”, afirmó.

Transparencia y trazabilidad en la compra de medicinas

Terán también alertó sobre los riesgos de incorporar intermediarios en las compras y cuestionó que aún no se conozca qué medicinas serán adquiridas, para qué enfermedades estarán destinadas y de qué laboratorios provendrán.

A su criterio, la solución pasa por fortalecer la trazabilidad y la gestión logística del sistema.

“Hay que informatizar la gestión del medicamento para conocer la necesidad, el aprovisionamiento y el uso real de los fármacos”, concluyó.

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Bioequivalencia será clave para evitar riesgos

Andrés Corral, exsubsecretario de Salud, manifestó que la garantía de calidad de los medicamentos importados dependerá del cumplimiento de exigencias regulatorias internacionales. A su criterio, Arcsa debe verificar certificados de Buenas Prácticas de Manufactura, registros sanitarios vigentes y estudios de bioequivalencia cuando estos sean necesarios.

“Se debe exigir que el medicamento tenga el mismo desempeño clínico que el producto de referencia”, indicó. “Es fundamental fortalecer el muestreo, los laboratorios de control de calidad y los mecanismos de farmacovigilancia”.

El exsubsecretario alertó que una de las principales preocupaciones es que dos medicamentos con el mismo principio activo no necesariamente produzcan los mismos resultados terapéuticos. Según explicó, esta situación podría afectar el tratamiento de enfermedades crónicas o generar otros problemas sanitarios.

“Las fallas terapéuticas, los eventos adversos y la resistencia antimicrobiana son riesgos que deben prevenirse con controles adecuados”, advirtió.

Lo que debes saber

• Las empresas intervenidas deben pagar los honorarios del interventor.
• Algunas intervenciones pueden extenderse durante años.
• Expertos cuestionan el control de la SuperCías sobre estos procesos.

Las intervenciones societarias en Ecuador no tienen un plazo definido. Aunque, según expertos consultados por EXPRESO, este procedimiento debería ejecutarse de forma puntual y en corto tiempo, en la práctica suele extenderse por meses o años, por lo que en ocasiones genera un impacto económico para las compañías.

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El costo de mantener una intervención

Uno de los casos recientes es el de Dulces, Pasteles y Tortas RADU S. A., conocida comercialmente como Adriana Pastelería y Panadería, intervenida desde julio de 2025. Iván Cruz, abogado de la firma, explica que la normativa obliga a la propia compañía a asumir los honorarios y gastos derivados de estos procesos de intervención, lo que puede profundizar su situación financiera al incorporar egresos no previstos.

En medio de ese escenario, la empresa también ha debido afrontar el pago del interventor, cuyos honorarios rondan los $3.000 mensuales. Sin embargo, parte de esos valores permanece todavía impaga, debido a los problemas de liquidez que atraviesa la compañía, que actualmente se encuentra en liquidación forzosa, con liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías, lo que no justifica mantener además un interventor.

Efraín Chávez, abogado especializado en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial, señala que los honorarios de un interventor en compañías pequeñas suelen fluctuar entre $600 y $1.200, valores que son fijados por la Superintendencia de Compañías. A su criterio, aunque estas cifras pueden parecer bajas, representan una carga significativa para negocios de menor tamaño que ya atraviesan dificultades financieras.

En cambio, en empresas medianas y grandes, el abogado Cruz indica que los montos pueden elevarse desde $1.500 hasta $5.000 mensuales. Además advierte que, en la práctica, no siempre existe una regulación oportuna por parte de la entidad de control, lo que abre paso a acuerdos directos entre el interventor y la compañía. Incluso, el incumplimiento de esos pagos (según la normativa) puede convertirse en una causal para iniciar un proceso de liquidación.

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¿Quién fija los honorarios de los interventores?

No obstante, Marco López, exsuperintendente de Compañías, aclara que un interventor no puede fijar unilateralmente sus honorarios, pues la norma establece que es la SuperCías la encargada de determinar esos valores, tomando en cuenta la capacidad de pago y el tamaño de la empresa intervenida.

Según explica López, si existe un acuerdo directo entre el interventor y la compañía, este debe ser ratificado por la entidad de control. Caso contrario, la firma incluso podría abstenerse de cancelar esos valores, ya que no existiría una resolución oficial que establezca el monto a pagar, lo que a su vez no constaría como causal de liquidación.

Llama la atención que una intervención dure demasiado tiempo. Lo usual es que estos procesos se mantengan el menor tiempo posible para no burocratizar la compañía.Marco López, exsuperintendente de Compañías

Cuestionamientos al control y la duración de los procesos

Por otro lado, Chávez considera que la SuperCías debería reforzar el control sobre la gestión de los interventores, ya que asegura que algunos permanecen durante años. Según afirma, en ciertos casos estos funcionarios se limitan a remitir informes periódicos, pese a que ya no existirían acciones concretas por ejecutar.

Como ejemplo, menciona el caso del interventor Washington Guerra, quien según el abogado permaneció cerca de ocho años al frente de una compañía en Quito, periodo durante el cual continuó percibiendo honorarios. Actualmente, agrega, figura como acreedor de la empresa en liquidación debido a valores pendientes por el pago de su sueldo.

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Más de 200 empresas permanecen intervenidas

De acuerdo con información de la SuperCías, al cierre de 2025 existían 208 empresas bajo intervención. De ese total, 83 correspondían a nuevos procesos iniciados. En ese mismo año, levantaron la medida únicamente a 77 casos.

La cifra prácticamente no ha variado en el primer trimestre de 2026. Hasta el 30 de marzo, la entidad reporta un total de 208 compañías intervenidas. De ellas, 32 ingresaron ese año y 33 han logrado salir del proceso.

Me llama la atención que en 2025 hubo solo 209 empresas intervenidas, cuando cada año más de 30.000 entran en disolución. El control societario no sería completo.Efraín Chávez, abogado, experto en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial

Alertas sobre incentivos para prolongar las intervenciones

Para Chávez, estos datos reflejarían que algunas intervenciones se prolongarían más de lo necesario, lo que terminará afectando a las empresas, especialmente cuando no existen resultados concretos por parte de los interventores. El abogado también cuestiona el control y los tiempos de respuesta de la SuperCías y asegura que la entidad puede tardar hasta cuatro meses en atender una petición.

Para el abogado societario Oswaldo Santos, que una intervención se prolongue más allá de lo necesario podría responder a “incentivos perversos”. A su criterio, algunos interventores tendrían interés en mantenerse en funciones para seguir percibiendo honorarios, lo que genera una mayor afectación económica para la empresa.

El jurista Cruz señala que, por costumbre, muchas intervenciones suelen extenderse más allá de seis meses en las empresas. No obstante, considera que la Superintendencia de Compañías debe reforzar el control sobre la gestión de los interventores que designa.

Las claves que debes saber

• Reimberg ordena defensa a policías sentenciados en Quito por abatir sospechoso.
• Policías reciben 17 años por extralimitación tras robo en El Bosque, norte de Quito.
• Impugnan sentencia 10 años después y respaldan a agentes en Quito.

Junto a Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la noche de este 5 de junio de 2026 que ordenó a los equipos jurídicos de esa cartera de Estado y de la Fuerza Pública que defiendan al sargento, Diego Trujillo, y al cabo, Leonardo Montalvo. Ambos agentes fueron sentenciados el pasado 1 de junio a 17 años y 4 meses de cárcel, por la supuesta extralimitación de la fuerza, durante un acto de servicio en Quito.

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¿Por qué sentenciaron a dos policías?

La sentencia fue emitida 10 años después del hecho. En 2016, los policías abatieron a un sospechoso que huía junto a un supuesto cómplice, luego de un intento de asalto a un local de motos en el sector de El Bosque, norte de la capital.

En ese entonces, ambos realizaban un patrullaje por esa zona, cuando fueron alertados por guardias de seguridad sobre el intento de robo. Luego de truncar el atraco, los sospechosos escaparon y, durante una persecución policial, hubo un cruce de balas. Uno de los agentes disparó y abatió a uno de los atacantes, mientras que el otro quedó herido.

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Según Reimberg, el fiscal y los jueces que conocieron este caso "prefirieron castigar a los agentes que combatieron al crimen organizado" con la sentencia, por lo que rechazó el fallo.

Además, dijo que puso a disposición de ambos uniformados la ayuda de los especialistas jurídicos de la Policía e Interior, para impugnar la sentencia. 

Reimberg ofrece respaldo a policías

"No van a intimidar al Estado (...) Defenderemos a nuestros policías cuando actúen en cumplimiento de su deber, dentro del marco de la ley y protección de la ciudadanía", manifestó.

La reacción del funcionario de Daniel Noboa se registra después de que la Policía anunció el pasado lunes que "la sentencia será impugnada" dentro del marco legal pertinente y expresó su apoyo a los uniformados.

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En su pronunciamiento, los gobiernos de la alianza rechazaron las protestas que ya cumplen un mes en Bolivia y las calificaron como "falsos bloqueos" provocados por "grupos desestabilizadores". Esto porque entre los manifestantes se encuentran los seguidores del expresidente, Evo Morales.

La iniciativa internacional expresó su apoyo al Gobierno de Paz y destacó que su Gobierno ha sido víctima de "los esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano".

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Según la alianza de seguridad hemisférica, las protestas en Bolivia se han financiado con "dinero ilícito del narcotráfico y el crimen transnacional", por eso considera que sus promotores "deberán rendir cuentas por sus actos". 

Las víctimas de las protestas en Bolivia

Lo mencionó en referencia a que, hasta este 5 de junio, 10 personas han perdido la vida, en el contexto de las protestas: siete porque los bloqueos impidieron que reciban atención médica oportuna y otros tres fallecieron durante los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes.

Finalmente, el Escudo de las Américas, conformado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, instó a que las personas, "que tengan reclamos legítimos", que dialoguen con el Gobierno de Paz y que "denuncien" a los que intentan arrebatarle el poder al primer mandatario boliviano.

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Alejandro Bellolio

El debate sobre la modalidad de la sesión

La mesa legislativa encargada de avocar conocimiento sobre el expediente contra la exfuncionaria operará a distancia. De acuerdo con el Memorando Nro. AN-CFCP-2026-0202-M, fechado este 5 de junio, la sesión número 050 se desarrollará a las 17:00 a través de la plataforma Zoom.

La disposición administrativa motivó el rechazo inmediato de los legisladores del correísmo, quienes advirtieron una falta de transparencia en el manejo del caso. La queja del bloque radica en que la evaluación de un proceso derivado de la crisis energética y los contratos de emergencia requiere el rigor del escrutinio físico y público en las instalaciones del Parlamento, evitando así posibles blindajes a través de pantallas.

El documento de la convocatoria detalla como punto único la calificación del enjuiciamiento político contra la Abg. Inés María Manzano Díaz, en su calidad de exministra de Ambiente y Energía. La solicitud, que ingresó con el trámite Nro. 481733, fue presentada formalmente el 27 de mayo de 2026 por los legisladores Blasco Luna Arévalo y Lenin Barreto Zambrano.

El avance de este proceso legislativo se desarrolla en paralelo a las revelaciones sobre la presunta coordinación entre autoridades del Gobierno y miembros de la Asamblea Nacional para evadir el primer intento de interpelación por los egresos millonarios en los contratos con la firma extranjera.

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Ante este antecedente, la bancada proponente presiona para que la calificación del nuevo juicio no se tramite de forma telemática en un día no laborable.

Lo que debes saber 

• Las disculpas públicas constituyó un reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en su desaparición forzada y muerte, por disposición de la Corte Constitucional.
  
• El acto destacó que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas y que las Fuerzas Armadas incumplieron su deber de proteger sus derechos.
  
• El Gobierno mantiene su respaldo político al ministro de Defensa.

La ceremonia en la que el Estado ecuatoriano ofreció disculpas por su participación en la tortura y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas no fue un acto menor. En realidad, fue un hecho simbólicamente muy significativo, aunque no haya tenido una difusión más amplia en el aparato mediático del Gobierno ni esto signifique que se haya hecho, al menos por ahora, una reparación integral a las familias de las víctimas.

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Y si bien fue un gesto de extraordinaria importancia, también es cierto que el Gobierno de Daniel Noboa no ha actuado con responsabilidad política durante el año y medio transcurrido desde que los niños fueron cobardemente asesinados, pues el principal responsable político de lo ocurrido, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sigue en su cargo porque ni la Asamblea ni el presidente han sido capaces de entender el significado de la responsabilidad política de un funcionario frente a la sociedad.

La ceremonia se realizó el jueves 4 de junio en un lugar de gran visibilidad pública: el Hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. Es decir, en un lugar emblemático de la historia del país. Allí, por disposición de la Corte Constitucional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Salazar, leyó el texto previamente redactado por la Corte. Un texto de inmenso significado porque en él el Estado admitió que incumplió su obligación de proteger a las víctimas.

Este es el texto de disculpas ordena por la Corte

El texto dice: “Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente.

La noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE los privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad.

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El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Loffredo arrastra una mancha

La Corte también señaló que las disculpas ofrecidas previamente por el entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no cumplían adecuadamente la finalidad reparadora porque no reconocían la responsabilidad institucional del Estado y podían resultar revictimizantes.

La relevancia de lo que leyó el oficial no es poca cosa. Al menos hay cinco elementos implícitos de enorme significado:

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La importancia de lo ocurrido radica en que, aunque existen antecedentes de disculpas públicas del Estado por violaciones a los derechos humanos, esta ocasión responde a una disposición de la Corte Constitucional con características que la distinguen de otras. Lo excepcional es que la Corte Constitucional, el más alto tribunal del país, haya declarado directamente una desaparición forzada. Esto ocurre, además, en un contexto en el que cada vez aparecen más denuncias de desaparición de jóvenes.

El texto también es relevante porque atribuye la responsabilidad del hecho al Estado e impone una declaración específica que reconoce que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas. En la práctica, el acto no fue una disculpa genérica por una vulneración de derechos, sino un reconocimiento institucional de una de las violaciones más graves contempladas por el derecho internacional.

Otro elemento excepcional es que la Corte Constitucional no se limitó a ordenar un acto de disculpas. La sentencia estableció el contenido que debía leerse y dispuso que el acto se realice en el lugar determinado por los familiares de las víctimas.

También es importante destacar otros aspectos: que la Corte Constitucional declare una desaparición forzada, que identifique a agentes militares como responsables de la privación de libertad, que ordene disculpas públicas en nombre del Estado y que haya sido la propia Corte la que redactó el texto leído durante la ceremonia.

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La sentencia también llegó cargada de contenido político. El Gobierno de Daniel Noboa protegió siempre al principal responsable político de la tragedia, Gian Carlo Loffredo, y desde sus entrañas se orquestó una cruel campaña mediática en contra de la imagen de los cuatro niños y de sus familias. Se trató de posicionar la falsa y perversa idea de que las víctimas eran delincuentes.

Incluso, Loffredo amenazó a la jueza Tanya Loor con impulsar sanciones en su contra por haber aceptado el recurso de habeas corpus presentado por las familias de los cuatro niños.

Es por esto, y por muchas razones más, que lo ordenado por la Corte constituyó una suerte de bofetada institucional al Gobierno por la actitud que ha mantenido frente a este caso.

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La alerta se difundió en un comunicado, compartido el viernes 5 de junio de 2026. Mencionan, de forma específica, a los hospitales Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado Carbo y General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. 

El documento está suscrito por organizaciones como Fundación Equidad, Kimirina, Diálogo Diverso y Fundación Matices, entre otras.

En el texto, las organizaciones reconocen la valentía de los usuarios del IESS que han visibilizado sus casos ante las autoridades, así como el trabajo de la sociedad civil en el acompañamiento de esta problemática.

La preocupación de pacientes afectados

“Nos preocupa el silencio y la ausencia de una respuesta oficial por parte del IESS ante esta situación. El no acceso a la medicación antirretroviral pone en peligro la salud de las personas con VIH y afecta su entorno familiar, laboral, financiero y social. Cada día sin esta medicina representa una vulneración de derechos que no puede justificarse”.

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Las agrupaciones advierten que tienen testimonios de usuarios afectados y aseguran ser testigos directos de las consecuencias del desabastecimiento. Indican que, pese a gestiones conjuntas, no se ha logrado una solución efectiva, ni siquiera temporal.

Las propuestas: derivación a otros hospitales

Las organizaciones plantean alternativas como la derivación de pacientes a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que cuentan con capacidad para atender la emergencia.

Además, recuerdan que la mayoría de los antirretrovirales incluidos en los esquemas del IESS y del MSP no se comercializan en Ecuador.

El pedido al Ministerio de Salud

Las organizaciones subrayan que la Constitución del Ecuador, junto con los tratados internacionales de derechos humanos, garantiza el acceso a la salud y a derechos conexos, por lo que exigen una respuesta inmediata de las autoridades.

En esa línea, instan al Ministerio de Salud Pública, como ente rector, a coordinar acciones con el IESS para asegurar la entrega de los medicamentos. Recuerdan que la normativa vigente contempla mecanismos como el préstamo de fármacos o la derivación de pacientes a otras unidades de salud.

Lo que debe saber

• El excandidato presidencial confirmó que evalúa competir en las seccionales de 2026. La decisión se tomará este mes.
• El líder de Somos Agua señaló que su futuro político podría estar en la Alcaldía de Cuenca, aunque tampoco descarta asumir un rol fuera de las candidaturas.
• Su prioridad ahora es concretar un frente amplio que sea una tercera vía ante el correísmo y noboísmo. 

Las fichas en el tablero electoral de las seccionales de 2026 continúan ubicándose. El excandidato presidencial y ex prefecto del Azuay, Yaku Pérez, analiza una candidatura a la Alcaldía de Cuenca.

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En diálogo con EXPRESO, el activista y representante del movimiento Somos Agua aseguró que dicha candidatura podría surgir como parte del acuerdo que recientemente se concretó con el partido Izquierda Democrática (ID).

“Si hay que ir a la cancha electoral para disputar una Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si toca no ser candidato, sino apoyar con la banderita o esperar para el 2029 o más, donde yo sea importante, donde pueda contribuir con mi condición, ahí estaré”, señaló Yaku Pérez.

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Con esto, Pérez descartó participar nuevamente por la Prefectura del Azuay. Hay que recordar que en 2019 ganó esa dignidad, pero no concluyó su período porque se candidatizó a la Presidencia de la República en 2021 por Pachakutik.

“Sí ha habido esas propuestas (Prefectura del Azuay) y creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca; si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles, desde los tribunales de justicia. Seguiremos contribuyendo a la construcción de una tercera vía”, señaló el integrante del movimiento Somos Agua.

El pacto entre la ID y Somos Agua

El pasado 15 de mayo de 2026 se concretó una alianza entre las dos organizaciones políticas. Ese día, Analía Ledesma, presidenta saliente de la ID, indicó que la alianza tendrá una duración inicial de dos años, aunque podría renovarse.

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Según Pérez, el pacto ocurrió con la finalidad de unir propuestas relacionadas con la justicia social, pero también con la justicia ecológica. Para el excandidato presidencial, es importante construir una tercera vía por fuera de los dos movimientos hegemónicos actuales: ADN y Revolución Ciudadana.

La decisión, sin embargo, aún no está tomada. Pérez señaló que hasta finales de junio de 2026 adoptará una resolución. Además, aunque en principio el pacto entre la ID y Somos Agua respaldaría una eventual candidatura, eso no descarta la participación de otros movimientos e incluso de organizaciones sociales.

El calendario electoral

La decisión deberá definirse lo antes posible. Con el adelanto de las votaciones para noviembre de 2026, otros hitos clave del calendario electoral también se adelantaron.

Así, las elecciones primarias de las organizaciones políticas están previstas entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026.

Asimismo, según el cronograma modificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las inscripciones de candidatos deberán realizarse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.