Lo que debes saber

• El 60% de votantes en Ecuador aún no decide por quién votar.
• Quito y Guayaquil muestran liderazgos, pero muchos electores dicen que podrían cambiar de candidato.
• La preocupación lidera el clima electoral 2026 y supera a la esperanza ante los comicios seccionales.

El escenario electoral rumbo a las próximas elecciones seccionales se mantiene abierto. Una encuesta nacional realizada por Click Report refleja que la mayoría de ciudadanos todavía no ha decidido por quién votará, mientras predominan sentimientos de preocupación e incertidumbre frente al proceso electoral.

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Según la medición, el 60,51% de los encuestados aún no ha decidido su voto para alcalde y el 65,61% tampoco ha definido a qué candidato respaldará para prefecto. En contraste, el 39,49% ya tiene una decisión tomada para la alcaldía y el 34,39% para la prefectura.

La percepción ciudadana sobre el proceso electoral también aparece dividida. Los sentimientos negativos alcanzan el 53,96%, impulsados principalmente por la preocupación (20,42%), la angustia (16,56%), el enfado (9,07%) y el pesimismo (7,90%). Los sentimientos positivos suman el 46,04%, encabezados por el optimismo (16,31%), la confianza (13,89%), la seguridad (8,96%) y la esperanza (6,88%).

Liderazgo de Pabel Muñoz en una elección aún abierta

La simulación electoral para la Alcaldía de Quito muestra:

En posiciones posteriores se ubican César Díaz, Galo Almeida y Linda Romero con 0,94% cada uno, mientras que Paúl Desamblac registra 0,31%. El voto blanco alcanza el 13,44% y el voto nulo llega al 27,18%, un porcentaje superior al respaldo individual de cualquier candidatura.

La encuesta revela además que el 73,44% de los consultados en la capital aún no ha decidido por quién votar para alcalde, frente a un 26,56% que afirma haber tomado una decisión.

Entre quienes ya tienen una preferencia electoral, la solidez del voto todavía es limitada. Apenas el 10% considera que su decisión es muy segura, mientras que el 21,88% la califica como algo segura. Por otro lado, el 21,25% reconoce que podría cambiar de opción y el 46,88% señala que es muy probable que modifique su voto antes de las elecciones.

Consultados sobre las razones de su elección, los encuestados mencionan principalmente la buena gestión (15,31%), la confianza que genera el candidato (14,50%), el agrado personal hacia la candidatura (8,88%) y las propuestas presentadas (7,25%). Sin embargo, el 39,37% no identifica una razón específica para su preferencia.

Ecuador

Más de la mitad de ecuatorianos ve riesgo en su hogar por El Niño, según encuesta

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Cynthia Viteri encabeza la simulación electoral

La lista se completa con Antonio García (0,63%) y Francisco Macio (0,31%). El voto blanco registra el 7,81% y el nulo llega al 26,25%.

A diferencia de Quito, el nivel de decisión del electorado guayaquileño aparece más equilibrado. El 51,88% afirma haber definido ya su voto, mientras el 48,12% aún permanece indeciso.

Guayaquil

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Juan Ponce Merchán

Pese a ello, la estabilidad de esas preferencias todavía no está garantizada. El 22,50% considera que su decisión es muy segura y el 26,25% algo segura. En cambio, el 33,75% admite que podría cambiar de candidato y el 17,50% sostiene que es muy probable hacerlo.

Entre las principales razones para respaldar una candidatura figuran el agrado hacia el candidato (21,28%), la percepción de buena gestión (9,58%), la experiencia (8,86%) y las propuestas presentadas (6,02%). No obstante, el 32,63% tampoco identifica una razón concreta para su preferencia electoral.

Economía y negocios

Gobierno ofrecerá 10% de descuento en la planilla de luz a hogares que reduzcan su consumo

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El Gobierno pide arrimar el hombro 

Lo hizo en entrevista con Teleamazonas, donde no pudo contradecir las advertencias que Cenace lleva semanas emitiendo sobre un déficit energético de aproximadamente 1.200 megavatios. Tampoco desmintió la caída considerable de Mazar, y sumó la variable "impredecible" de que dejó de llover sobre Coca Codo Sinclair.

"Es momento de que todos arrimemos el hombro", dijo, y así el Ministerio de Ambiente y Energía acordó con la Cámara de Industrias que las empresas de alto voltaje se desconecten del sistema eléctrico o reduzcan su consumo, suspendiendo una jornada a la semana. El problema con ellos es que el plazo no está definido; dicen que lo evaluarán semana a semana.

Tan seco está el país que ese sacrificio quizá ni baste para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Pero en lugar de admitir que el trabajo ministerial fue ineficiente desde el último estiaje, Blum recurrió al vicio más reciente del Gobierno: apuntar al ciudadano como responsable.

"Uso cavernícola del aire acondicionado"

Creyó conveniente añadir que la culpa (también) es del aire acondicionado, que la gente opera "como cavernícolas". La audiencia recibió una clase de un minuto sobre cómo encender un electrodoméstico, dictada por el ministro de Energía. Quien siga esos sencillos pasos cumplirá su cuota de ahorro y hasta le descontarán el 10 % de la planilla desde octubre si se comprueba que bajó su consumo. Una ganga, salvo para los cientos de usuarios que denuncian mensualmente el alza en la tarifa de luz, incluso cuando pasan menos tiempo en casa.

Para no prender el aire y honrar a la patria bastaría salir de la cueva que los ciudadanos llaman casa y refrescarse con las lluvias de El Niño, o con el viento de algún deporte al aire libre; pero resulta que eso también es malo. 

Blum fue textual: "No es el tiempo de partidos de indoor en la noche, no es el tiempo de jugar tenis y que dos personas prendan todo un estadio, no es el momento de los conciertos o de los espectáculos". Es decir, matar el sano esparcimiento en aras de "arrimar el hombro".

Ecuador

El desalentador patrón que enlaza nuestras últimas crisis

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Que la cartera de Estado que esfumó 100 millones de dólares en generadores chatarra, que nunca aportaron al sistema nacional, le reproche al ciudadano no solidarizarse con una crisis que ellos mismos prometieron resolver es, por lo menos, un descaro.

¿Al menos esto garantiza que no habrá apagones? Blum solo atinó a decir que "nadie puede garantizar cómo se va a comportar el clima". Una comunicación que recuerda al "Solo Dios sabe" del exministro Antonio Goncalves en octubre de 2024, antes de renunciar frente a racionamientos de hasta 14 horas diarias a los hogares.

Vuelve el miedo a la oscuridad 

El contexto de 2026 es diferente, pero no por eso mejor: ya no existe el Ministerio de Energía. Se fusionó con el de Ambiente, un traje a la medida de la exministra Inés Manzano, quien juró que una crisis como la que describe Blum no iba a volver a pasar; Colombia, con un gobierno afín a Ecuador, ahora vende energía más cara; se han rehabilitado termoeléctricas, sí, pero Blum lamentó los proyectos que no se lograron arrendar este año, sin explicar por qué. Hoy, el sacrificio de las industrias de alto consumo amortigua el golpe, pero los gremios no descartan que esas pérdidas terminen reflejadas en los precios al consumidor.

Economía y negocios

La desconexión eleva costos y presiona la productividad

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Y mientras arriban las nuevas barcazas al país, lo más relevante es entender que, si toca prender generadores, el diésel ya no está subsidiado como hace dos años, amenazando directamente no solo a las grandes industrias, sino a la economía de pequeños emprendimientos. Algo que el mismo Blum no alivia al mencionar, en la misma entrevista, que hay una escasez mundial de diésel por la guerra. "Dios quiera que termine la guerra", dijo, de paso.

Por eso resulta ofensivo tildar de "cavernícola" al ciudadano que usa el electrodoméstico que consiguió con esfuerzo —y hasta a crédito—, cuando quien no supo administrar el dinero ni el tiempo para "resolver", verbo que abanderó las promesas incumplidas, fue el propio Gobierno.

A cambio de más impuestos y un costo de vida más caro dos años después, se le retribuye al ciudadano el mismo miedo que creyó superar: los fantasmas de los cronogramas de corte, el ruido de los generadores y el confinamiento a la luz de una vela.

Si vuelven los apagones, valdrá tener presente que el país no volvió a la Edad de Piedra por falta de aire acondicionado: volvió porque quienes debían encender la luz llevan dos años frotando piedras sin lograr chispa.

Política

Sin ser dictador, todos los poderes llevan a Daniel Noboa

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El presidente de la UGTE, José Villavicencio, quien ya había adelantado que su organización plantearía esa fecha para la acción de protesta, explicó este sábado que la reunión tenía como punto de partida generar una plataforma unitaria para “enfrentar lo que está pasando en el Ecuador”.

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También aseguró que esa plataforma tiene como objetivo defender los derechos humanos, la democracia y el derecho a la participación. “Hacemos un llamado a una acción nacional para el 8 de octubre. A este Gobierno (de Daniel Noboa) hay que desbordarlo en las calles y en las urnas”, aseguró.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, recordó que la convocatoria se realizará en la antesala del feriado nacional por el 9 de Octubre, por la Independencia de Guayaquil. El dirigente gremial señaló que, en caso de que se extienda el feriado, las organizaciones sociales evaluarían un cambio de fecha.

Política

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Además, el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, dijo que la marcha se realizará en defensa de la educación, la salud, la seguridad, el trabajo digno y los recursos naturales.

“Defender la Seguridad Social también significa defender los recursos de los ecuatorianos”, aseguró. A la par, habló también de promover la defensa del campo petrolero Sacha.

El tema electoral también aterrizó en el encuentro

En medio de la reunión de estas organizaciones sociales también se habló del proceso para las elecciones seccionales de 2026. Villavicencio no solo hizo referencia a que debían derrotar al Gobierno en las urnas. Quishpe hizo un llamado para que no se entregue ni un voto a ADN.

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Hay que recordar que estas tres organizaciones tienen cercanía directa con Unión Popular. Para las elecciones locales del próximo 29 de noviembre de 2026, ese movimiento promueve la candidatura del actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien llegó al cargo por las filas de la Revolución Ciudadana.

“El 8 (de octubre) debe ser una jornada en cada provincia. Tenemos que ratificar que le vamos a enfrentar en las calles y en las urnas. Ni un voto a ADN”, aseguró Quishpe.

El dirigente gremial también anunció que, para la movilización del 8 de octubre, convocarán a distintos sectores sociales. Aseguró que será una convocatoria amplia.

Lo que debes saber

• Encuesta 2026: seguridad es el principal acierto y desacierto de Daniel Noboa en Ecuador.
• La inseguridad lidera las preocupaciones ciudadanas y marca la evaluación del Gobierno este 2026.
• Uno de cada cuatro encuestados atribuye a la inseguridad el principal desacierto del Ejecutivo.

La seguridad continúa siendo el eje central en la evaluación ciudadana sobre la gestión del presidente Daniel Noboa. Un estudio nacional elaborado por Click Report revela que la lucha contra la delincuencia es percibida como el principal acierto del Gobierno, pero también que el incremento de la inseguridad figura como el principal desacierto de la administración actual.

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Los resultados reflejan una paradoja en la opinión pública. Al consultar sobre los principales logros del Gobierno, el 31,58% de los encuestados mencionó la lucha contra la delincuencia como el aspecto más destacado de la gestión presidencial. Muy por detrás aparecieron el apoyo a los jóvenes (16,07%), la lucha contra la corrupción (12,71%) y las relaciones internacionales (10,89%).

Sin embargo, cuando se preguntó por los desaciertos del régimen, la respuesta más frecuente fue el incremento de la inseguridad, con el 25,58%. Le siguieron el aumento de impuestos (12,70%), la falta de empleo (12,12%), el alto costo de vida (8,93%) y el manejo de la salud pública (8,42%).

La inseguridad sigue siendo la principal preocupación nacional

El 35,27% de los consultados señaló a la inseguridad como el principal problema que enfrenta Ecuador en la actualidad. La cifra supera ampliamente a otras preocupaciones como la falta de empleo (15,52%) y la crisis económica (10,53%).

A nivel de las ciudades donde viven los encuestados, la inseguridad también ocupa el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas, con el 33,13%. En el ámbito personal, en cambio, los problemas económicos y laborales adquieren mayor relevancia.

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Evaluación presidencial supera a varias instituciones políticas

La gestión del presidente Daniel Noboa registra una aprobación del 43,88%, mientras que el 49,49% expresa desaprobación y el 6,63% no emite criterio.

Aunque el mandatario no alcanza los niveles de respaldo de las Fuerzas Armadas (75,98%) o de la Policía Nacional (69,49%), su evaluación supera a la de otras instituciones políticas. La Asamblea Nacional obtiene 24,63% de aprobación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 24,38% y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 21,30%.

Un clima de preocupación sobre el futuro del país

El 62,19% de los consultados manifestó emociones negativas frente a la situación actual del Ecuador, entre ellas preocupación, angustia, enfado y pesimismo. En contraste, el 37,81% expresó sentimientos positivos como esperanza, optimismo, confianza o seguridad.

Asimismo, el 56,51% considera que el país estará peor dentro de seis meses, mientras que el 43,49% cree que la situación mejorará.

Lo que debes saber

• Noboa pedirá licencia para apoyar a candidatos de ADN en las elecciones de 2026.
• Analistas advierten que su figura puede sumar votos o trasladar el desgaste gubernamental.
• El impacto variará según el contexto territorial y las prioridades de cada localidad.

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 17 de septiembre durante una entrevista radial que prevé solicitar entre cuatro y cinco días de licencia para participar activamente en la campaña electoral de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Su objetivo es respaldar en territorio a los postulantes de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), en una contienda oficial que se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, una estrategia que analistas políticos califican como un arma de doble filo para el oficialismo.

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La estrategia de Daniel Noboa y el calendario electoral

El pronunciamiento del mandatario marca el inicio del debate sobre el rol del Ejecutivo en los comicios seccionales. La planificación temporal y los plazos clave de este proceso comprenden:

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Analistas consultados por EXPRESO coinciden en que la incursión directa del mandatario generará dos posibles efectos para los cuadros oficialistas: apuntalar a figuras con bajo perfil o transferirles el costo político de la administración central.

El consultor político Gustavo Isch considera que la intervención de Noboa deja en evidencia debilidades estructurales dentro del movimiento oficialista:

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“Las candidaturas del oficialismo son débiles. Quien tiene el mayor capital político para promover esas candidaturas es el primer mandatario, sin duda”.

No obstante, Isch advierte sobre el peligro de trasladar la valoración negativa del régimen a los territorios:

“En los puntos delicados, el oficialismo no tiene capacidad de hacer campaña, porque no hay discurso que le calce a la gente que no tiene empleo o salud”.

El factor territorial y las dinámicas locales

Para Tatiana Larrea, consultora política y cofundadora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), el endoso electoral no opera de forma lineal ni garantizada.

Larrea explica que la transferencia de apoyo popular está sujeta a tres variables indispensables:

“La transferencia positiva o negativa dependerá mucho de quiénes son los demás candidatos, de qué tan eficientes son las candidaturas oficialistas y, por supuesto, de las prioridades de cada población”, sintetiza la especialista.

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El caso de Cuenca y el voto antioficialista

Debido a estas particularidades, Larrea recomienda que las visitas de Noboa sean “medidas y puntuales”. Señala que Cuenca, por ejemplo, podría convertirse en un escenario donde predomine la polarización nacional por encima del debate local, derivando en un voto antioficialista.

“Esto porque el debate ciudadano podría estar enfocado más en los problemas nacionales que en los locales”, puntualiza la analista, citando como muestra el agua: un recurso de alto interés comunitario cuyo tratamiento ha alcanzado trascendencia en la agenda de todo el país. Por el contrario, en jurisdicciones donde la imagen del mandatario sea favorable, su presencia impulsará a las listas de Acción Democrática Nacional.

Sucesos externos y el impacto en la opinión pública

Por su parte, el estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo añade que la valoración del gobernante también responde a factores coyunturales y mediáticos.

Entre los hechos que han incidido en la percepción ciudadana sobre Noboa se encuentran:

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De acuerdo con Jaramillo, estos eventos han contribuido a mejorar la imagen del mandatario ante la opinión pública. Respecto a la estrategia de cara a los comicios, concluye:

“En la medida en que pueda mantener los golpes de efecto que combinen acciones para seducir al anticorreísmo, especialmente en la Sierra y Quito, y que además aliente las dádivas a escala nacional, se puede pensar que no le irá del todo mal”.

Lo que debes saber

• El estudio de la NYU identifica cinco mecanismos utilizados por el político en contra la Corte Constitucional.
• El 12 de agosto, Daniel Noboa encabezó una marcha en la que se exhibieron fotografías de los nueve jueces, mientras posteriormente se impulsaron auditorías e investigaciones a varios de ellos.
• El informe no describe únicamente una disputa entre el Gobierno y la Corte, sino una secuencia de acciones de presión cada vez que esta pone límites al Ejecutivo.

Los mentalizadores, estrategas y protagonistas del operativo de acoso y agresión a la Corte Constitucional en agosto de 2025 seguramente no querrán leer el informe que la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, NYU, una de las más prestigiosas del mundo, hizo sobre ese operativo. Y no querrán leerlo ni les gustará que se divulgue y comente, pues quedan muy mal. Quedan, en realidad, pésimo, porque el operativo se inscribe como uno de los actos más antidemocráticos e ilegales que se han cometido en la región.

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El operativo tuvo su episodio más sonado el 12 de agosto, cuando el presidente Daniel Noboa encabezó una manifestación contra la Corte. Los rostros y nombres de los nueve jueces fueron exhibidos en grandes vallas móviles, con una estética perversa, semejante a avisos de personas buscadas y mensajes acusatorios. 

El informe considera especialmente grave que esto ocurriera mientras se modificaban los protocolos de seguridad de los magistrados y se retiraban barreras de protección alrededor de la Corte. Además, se desplegaron vehículos blindados militares en sus inmediaciones. La forma en que se exponen estos hechos hace pensar que en Ecuador se vive bajo un burdo autoritarismo seudodictatorial.

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El informe identifica cinco mecanismos que, según sus autores, se utilizaron contra la Corte. Todos y cada uno de ellos son considerados burdos actos autoritarios. 

Estos cinco mecanismos son: 

La frase del presidente Daniel Noboa que recoge el informe de NYU es particularmente significativa: “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas...”. Una frase que refleja los delirios de una persona que piensa que, por encima del Estado de derecho y la legitimidad institucional, está el deseo de una supuesta mayoría o de un fin supremo que solo él personifica.

Uno de los elementos más contundentes del informe es la secuencia que ahí se expone. El 4 de agosto de 2025, la Corte suspendió provisionalmente disposiciones de las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional. Inmediatamente después se produjo una escalada de ataques oficiales. El informe señala que funcionarios calificaron a la Corte de “enemiga del pueblo”, lo cual es impresentable en cualquier democracia.

El 12 de agosto, Noboa encabezó la marcha, aparecieron las vallas con las fotografías de los jueces y, paralelamente, surgieron propuestas para someterlos a juicio político, auditorías de la Contraloría y actuaciones administrativas sobre la sede de la Corte.

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Pero el informe no se queda en los actos visibles del Gobierno, sino que señala una campaña comunicacional organizada, ya que hubo toda una operación mediática para desprestigiar a los jueces. El informe documenta que después de decisiones desfavorables al Gobierno, la Contraloría (organismo controlado por el Ejecutivo) inició en enero de 2026 exámenes sobre las declaraciones patrimoniales de seis jueces constitucionales. Dos de esos exámenes terminaron siendo enviados a Fiscalía y dieron paso a investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito contra Alí Lozada y José Luis Terán.

NYU subraya que ambos habían sido ponentes en decisiones que invalidaron legislación impulsada por el Gobierno. La cuestión que plantea el informe no es que una investigación patrimonial sea necesariamente ilegítima. Su preocupación es el patrón y el momento en que se producen las investigaciones, especialmente cuando afectan a jueces que han dictado decisiones contrarias al Ejecutivo.

El intento de juzgar políticamente a los jueces

Pero si todo lo anterior debería avergonzar a quienes participaron o idearon el operativo, el informe de NYU destaca algo mucho más grave: el intento del Gobierno de cambiar las reglas de juego. Este es, quizá, el aspecto institucionalmente más contundente. En agosto de 2025, Noboa propuso permitir que los jueces constitucionales fueran sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional.

El problema de esto, dicen los autores del informe, es que la Constitución establece expresamente que los jueces de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político, ni pueden ser removidos por quienes los designaron. La propuesta habría trasladado el control sobre la permanencia de los jueces desde el régimen constitucional especial hacia un órgano político. La propia Corte determinó que esa modificación no podía tramitarse mediante la vía de enmienda planteada por el Ejecutivo.

NYU también ha documentado casos en los que intentos de los gobiernos autoritarios buscan poner fin a la independencia judicial en otros países. En México estudió la reforma que politizó la selección de jueces; en Guatemala, la presión sobre la Fiscalía; en Georgia, la concentración del poder; y en Hungría, el debilitamiento de instituciones y medios independientes.

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El estudio no describe simplemente una pugna entre Noboa y nueve jueces. Está documentando una secuencia en la que, cada vez que la Corte utiliza su poder legal y constitucional para poner límites al Ejecutivo, aparecen distintas formas de presión: primero, el ataque público; después, la exposición personal de los jueces; luego, iniciativas para quitarles poder; posteriormente, auditorías e investigaciones penales; y, finalmente, mecanismos administrativos capaces de afectar el funcionamiento de la institución.

Lo que debes saber

• Boglia Media S.A. es una sociedad de Panamá que compró a Galamedios las acciones de La Posta y Radio Centro.
• Álvaro Guivernau, esposo de Mishel Mancheno (ADN), fue designado apoderado de la firma.
• Las acciones pasaron de Galamedios, de Luis Alvarado Campi, a Boglia Media, manteniéndose en el entorno del oficialismo.

El paquete accionario de los medios de comunicación Levascan (La Posta) y Holdingvision (Radio Centro) quedó bajo control de la firma panameña Boglia Media S.A., entidad vinculada directamente a Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional y secretaria ejecutiva del movimiento oficialista ADN. La transacción se concretó entre el 29 de junio y el 3 de agosto de 2026, luego de que la compañía ecuatoriana Galamedios, de propiedad del legislador alterno oficialista Luis Alvarado Campi, transfiriera sus títulos en Panamá antes de declarar su disolución voluntaria en Ecuador.

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¿Qué es Boglia Media S.A. y cuál es su origen en Panamá?

Los registros públicos de Panamá dan cuenta de la constitución y los cambios corporativos que experimentó Boglia Media S.A. durante 2026:

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La directiva corporativa de la sociedad panameña

Además del apoderado en Ecuador, la estructura formal de Boglia Media S.A. en el país centroamericano está integrada por personas jurídicas y directores que no registran información pública en el Servicio de Rentas Internas (SRI) ni en la Superintendencia de Compañías del Ecuador:

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Galamedios fue investigada, pero los resultados son de carácter reservado, dice Superintendencia

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El vínculo con Álvaro Guivernau Becker y el oficialismo de ADN

El nombramiento de Álvaro Ignacio Guivernau Becker conecta la propiedad de los medios con el entorno cercano al presidente de la República, Daniel Noboa. Guivernau Becker es cónyuge de Mishel Mancheno, quien ejerce de forma simultánea la presidencia de la Asamblea Nacional y la secretaría ejecutiva del movimiento ADN.

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En el ámbito societario ecuatoriano, Guivernau Becker figura con diversos cargos directivos y participaciones empresariales:

De Galamedios a Panamá: el traspaso accionario y las dudas de origen

La llegada de Boglia Media S.A. a la estructura accionaria de Levascan (La Posta) y Holdingvision (Radio Centro) se da tras la salida de Galamedios, compañía ecuatoriana fundada en 2025 cuyo único accionista y primer gerente general fue el asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado Campi.

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Galamedios acaparó la atención pública al desembolsar 2,6 millones de dólares por las acciones de ambos medios de comunicación. Sin embargo, la compañía se constituyó con un capital social de apenas 50.000 dólares, circunstancia que dejó abierta la interrogante sobre el origen de los recursos económicos empleados en dicha operación antes de que los activos fueran traspasados a la firma panameña y la empresa nacional entrara en disolución voluntaria.

Lo que debes saber

• El TCE aceptó a trámite la apelación de Pachakutik contra la multa por cuentas de campaña de 2024.
• Carlos Sánchez y Guillermo Churuchumbi fueron sancionados con 12.050 dólares cada uno.
• Pachakutik asegura que la resolución no frena su participación en las elecciones seccionales 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) concedió el recurso de apelación interpuesto por Carlos Sánchez Villagrán, responsable económico del movimiento Pachakutik, contra el fallo dictado en septiembre de 2026, el cual impuso una sanción económica a los dirigentes por presuntas infracciones en los informes de cuentas de campaña de la consulta popular de 2024. El organismo activó el procedimiento legal para asignar la causa al Pleno y definir la ratificación o revocatoria de la medida.

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Pachakutik: TCE impone multas de 12.050 dólares a Guillermo Churuchumbi y Carlos Sánchez

Rosero Mariela

Trámite del recurso ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral

El juez electoral Ángel Torres formalizó las disposiciones procesales correspondientes al expediente de la causa N.° 109-2026-TCE. Como parte de las medidas operativas, el magistrado ordenó remitir el expediente íntegro a la Secretaría General del organismo para efectuar el sorteo respectivo y designar al juez o jueza sustanciador que presentará el caso ante el Pleno del TCE.

Asimismo, la autoridad electoral requirió la notificación oficial del auto de sustanciación a las siguientes partes:

Multa impuesta por cuentas de campaña de la consulta popular 2024

La controversia judicial se originó a raíz del fallo dictado el 21 de septiembre de 2026, cuando el TCE resolvió sancionar a los dos dirigentes del movimiento indígena por incumplir con la subsanación de los informes de financiamiento electoral.

Pormenores de la sanción económica

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Postura de Pachakutik y elecciones seccionales de 2026

Tras conocer el fallo sancionatorio, el dirigente Guillermo Churuchumbi enfatizó que las medidas pecuniarias no afectan el ejercicio de los derechos políticos ni la participación electoral de la organización en los comicios seccionales previstos para 2026.

El coordinador nacional cuestionó la apertura del proceso sancionatorio mediante un pronunciamiento formal: “Pese a que Pachakutik no ha recibido un solo dólar desde hace más de cuatro años, el Tribunal Contencioso Electoral tramitó una causa por, supuestamente, no haber entregado informes de las cuentas de campaña de la Consulta Popular en los tiempos establecidos”.

Lo que debes saber

• Un juez de Ecuador negó el hábeas corpus a la tripulación del pesquero Conquista II.
• La defensa alega que hubo falta de información sobre los pescadores durante más de 24 horas.
• El barco fue interceptado y destruido en operativos antinarcóticos de Estados Unidos.

Un juez de Ecuador negó este 24 de septiembre de 2026 el hábeas corpus instructivo a favor de los 17 tripulantes del pesquero Conquista II, rechazando declarar que fueron víctimas de desaparición forzada tras ser detenidos en aguas del Pacífico. La acción constitucional, interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, pretendía que la justicia ordenara transparentar las actuaciones y determinar lo sucedido luego del bombardeo e interceptación ejecutados por fuerzas militares de Estados Unidos a inicios de septiembre.

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La resolución judicial y los cuestionamientos del CDH de Guayaquil

La solicitud legal presentada por el organismo de derechos humanos buscaba tres objetivos puntuales frente al procedimiento ejecutado en altamar:

El abogado del CDH, Fernando Bastias, confirmó a EFE que el magistrado no detalló en la audiencia los argumentos jurídicos de la negativa: "El CDH apelará la decisión y, si es necesario, acudirá a la Corte Constitucional".

Bastias explicó que el juez se comprometió a exponer los fundamentos en el fallo por escrito. No obstante, el jurista remarcó que en el expediente no existe constancia de lo ocurrido con los pescadores entre el ataque registrado el 2 de septiembre y las 18:0o del 3 de septiembre, momento en el que recién se emitieron datos sobre su paradero.

Situación legal de los 17 pescadores retenidos

Tras el operativo internacional, los 17 tripulantes del Conquista II fueron entregados a las autoridades ecuatorianas y posteriormente puestos en libertad, la mayoría de ellos sin cargos penales en su contra. A pesar de esto, el CDH sostiene que la falta de información verificable y oportuna tras el bombardeo configuró una privación de la libertad sin paradero conocido.

El rol del Conquista II en las operaciones de Estados Unidos en el Pacífico

El pesquero Conquista II corresponde a la segunda de ocho embarcaciones interceptadas y destruidas en el marco de la campaña marítima desplegada por Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

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Pescadores acechados por el narco en Manabí: hasta $100.000 por zarpar hacia el peligro

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De acuerdo con las investigaciones de Washington, estas naves cumplían funciones logísticas para el crimen transnacional:

Lo que debes saber

• El CNE superó la fecha límite del 24 de septiembre sin proclamar la lista oficial al CPCCS.
• El organismo electoral justificó la demora por recursos pendientes de trámite en el TCE.
• Tres vocales que buscaban la reelección quedaron fuera; cuatro continúan en contienda.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplió la fecha fijada en su propio cronograma para publicar la lista oficial y definitiva de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de cara a las elecciones de 2026. El listado debió oficializarse el pasado 24 de septiembre tras agotarse las instancias legales; no obstante, el organismo electoral confirmó que la proclamación permanece suspendida debido a causas que todavía se encuentran en trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Richard Josue Jimenez Mora

Retrasos en el cronograma electoral y la respuesta del CNE

De acuerdo con la planificación oficial aprobada por el CNE, la nómina final de aspirantes al CPCCS debió quedar en firme el 24 de septiembre de 2026, una vez evacuados todos los recursos jurídicos ordinarios ante la justicia contenciosa.

Pese al vencimiento del plazo, la nómina definitiva no ha sido difundida. El organismo electoral argumenta que la dilación responde estrictamente a recursos pendientes de resolución en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Advertencias sobre la seguridad jurídica del proceso

La falta de definiciones motivó pronunciamientos del ámbito civil. Mónica Jaramillo, postulante descalificada y presidenta del Observatorio Control Ciudadano, alertó a través de sus canales digitales sobre las implicaciones de esta prórroga de facto:

"No cumplir con esta fecha implicaría apartarse del calendario electoral aprobado. Respetar lo establecido es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la certeza y la transparencia del proceso, evitando que los postulantes permanezcan en una situación de incertidumbre sobre su candidatura".Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano

Jaramillo remarcó que las demoras no solo generan incertidumbre entre los concursantes, sino que amenazan con desajustar los hitos posteriores del calendario comicial general.

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El escenario de los postulantes hacia las elecciones de 2026

En los comicios generales de noviembre de 2026, la ciudadanía ecuatoriana acudirá a las urnas para elegir a las autoridades seccionales y a los siete miembros principales y suplentes del Pleno del CPCCS para el período 2027-2031.

Hasta el momento, la depuración de candidaturas ha dejado fuera a parte de las autoridades en funciones:

Consejeros en funciones descalificados:

Consejeros en funciones que continúan en carrera:

Esto debes saber

• Jaime Estrada quedó fuera: el TCE negó su recurso y mantuvo vigente la decisión del CNE que impidió su candidatura por Sí Podemos, lista 72.
• Seis candidatos permanecen en carrera: Agustín Casanova, Francisco Bravo, Marcos Zambrano, Sara Sabando, Carlos Indacochea y Tito Álvarez.
• Revolución Ciudadana no tendrá candidato: las candidaturas de Luisa González y Jaime Estrada quedaron fuera después de las resoluciones de los organismos electorales. Sectores vinculados a RC han planteado el voto nulo para esta dignidad.

 La carrera por la Prefectura de Manabí vuelve a modificarse tras una nueva decisión de la justicia electoral. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso presentado por Jaime Estrada Medranda y ratificó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impidió la inscripción de su candidatura por el movimiento Sí Podemos, lista 72.

La sentencia fue emitida el 22 de septiembre de 2026 y dejó en firme la exclusión del exasambleísta de la contienda electoral.

Con esta resolución, seis candidaturas permanecen en disputa por la Prefectura de Manabí, de cara a las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.

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Dos candidaturas quedaron fuera

Estrada había sido presentado como una alternativa de sectores vinculados a Revolución Ciudadana después de que también quedara fuera Luisa González, quien buscaba participar por Pachakutik, lista 18.

En el caso de Estrada, el organismo electoral consideró que, al regresar como reemplazo de otro aspirante, debía presentar una nueva aceptación formal de su candidatura. Según la sentencia, ese documento no constaba en el expediente.

De esta manera, Revolución Ciudadana se quedó sin una candidatura propia para la Prefectura de Manabí. Sectores vinculados a esa organización han planteado el voto nulo como una de las posturas frente a esta elección.

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Los seis candidatos que quedan en carrera

Tras la exclusión de Estrada, estos son los seis nombres que permanecen en la disputa por la Prefectura de Manabí:

Sara Sabando, la única mujer en la contienda

Entre los seis candidatos que permanecen en carrera está Sara Sabando, quien alcanzó notoriedad pública por su participación en movilizaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

Sabando encabezó acciones y protestas vinculadas al caso de su hija Naomi Arcentales, cuya muerte generó repercusión pública en diciembre del 2021 y cuestionamientos durante la investigación.

Su participación en esas movilizaciones le permitió alcanzar mayor exposición pública antes de incursionar en la actividad electoral.

Lo que debes saber

• Galamedios vendió sus acciones en La Posta y Radio Centro a la firma panameña Boglia Media S.A.
• El esposo de Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea, figura como apoderado de la compradora.
• Persisten las dudas sobre el origen de los fondos para adquirir los medios por 2,6 millones.

Entre el 29 de junio y el 3 de agosto de 2026, la empresa ecuatoriana Galamedios, de propiedad del asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi, vendió sus paquetes accionarios en Levascan (La Posta) y Holdingvision (Radio Centro) a la sociedad panameña Boglia Media S.A. La transacción, concretada antes de la disolución voluntaria de Galamedios, mantuvo las acciones dentro de la esfera de influencia del oficialismo liderado por el presidente Daniel Noboa a través del esposo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.

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Galamedios fue disuelta tras vender acciones en medios de comunicación a sociedad de Panamá

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La conexión de Boglia Media S.A. con el oficialismo

Aunque las acciones de los medios de comunicación cambiaron formalmente de propietario, los registros oficiales revelan que el control permanece vinculado a figuras clave del movimiento de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN).

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Una revisión efectuada por este Diario en el Registro Público de Panamá determinó que Boglia Media S.A. mantiene nexos directos con Álvaro Ignacio Guivernau Becker, esposo de Mishel Mancheno, quien se desempeña como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y secretaria ejecutiva del movimiento ADN.

Origen y modificaciones societarias en Panamá

La documentación mercantil del país centroamericano detalla las siguientes etapas en la constitución y manejo de la sociedad:

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Junto a Guivernau Becker, la estructura de la empresa panameña está integrada por directivos y sociedades que no reportan historial público tributario ni societario en Ecuador:

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Ninguna de estas personas naturales o jurídicas registra datos públicos ante la Superintendencia de Compañías ni en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las actividades empresariales de Álvaro Guivernau Becker en Ecuador

En el ámbito societario nacional, Álvaro Ignacio Guivernau Becker mantiene vínculos de administración y participación accionaria en diversos sectores económicos.

Su perfil corporativo en el país comprende:

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El origen del capital de Galamedios sigue bajo interrogante

La firma Galamedios se constituyó en Ecuador durante 2025 y cobró notoriedad pública tras ejecutar la compra de acciones de Levascan (La Posta) y Holdingvision (Radio Centro) por un valor total de 2,6 millones de dólares.

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El proceso de compra y venta ha levantado cuestionamientos financieros debido a los siguientes antecedentes:

Lo que debes saber

• El operativo se realizó con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
• Las autoridades retiraron 7.645 productos del circuito de comercialización.
• Entre los hallazgos constan fentanilo, midazolam y morfina sin la prescripción requerida.

Una bodega clandestina ubicada a unos 100 metros del Hospital Monte Sinaí habría servido para abastecer la venta irregular de medicamentos y dispositivos médicos en carpas instaladas en los alrededores de la casa de salud. Un operativo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) retiró 7.645 productos, entre ellos fármacos caducados, sin registro sanitario y medicamentos sujetos a fiscalización.

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Arcsa activa controles en los alrededores del hospital

La intervención fue ejecutada por Arcsa, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para controlar la venta irregular de medicamentos y dispositivos médicos. Daniel Sánchez, director ejecutivo de Arcsa, señaló que el objetivo fue “erradicar la comercialización de productos, medicamentos y dispositivos médicos de manera irregular” en los alrededores del hospital.

Según el reporte de Arcsa, en las carpas se encontraban fármacos sin registro sanitario y caducados, además de muestras médicas cuya venta está prohibida y dispositivos médicos. Las autoridades también encontraron medicamentos con sustancias sujetas a fiscalización, entre ellas fentanilo, midazolam y morfina, que requieren una prescripción para su expendio.

Las estructuras improvisadas tampoco contarían con los permisos necesarios para comercializar medicinas ni cumplían las condiciones de almacenamiento exigidas para estos productos. El boletín señala que algunos permanecían expuestos al sol y al clima, mientras que en determinados casos no se respetaba la cadena de frío y se evidenciaban condiciones deficientes de higiene.

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Una bodega habría abastecido la venta irregular

La trazabilidad de la mercadería, indica la entidad, permitió identificar una bodega clandestina ubicada en las cercanías del Hospital Monte Sinaí, ubicado al noroeste de Guayaquil, donde no había ninguna persona a cargo al momento de la intervención. Sánchez indicó que, “al parecer”, desde ese sitio “se distribuían todos los productos que luego han comercializado en carpa”, y añadió que allí se encontraron medicamentos y dispositivos médicos, incluidos antibióticos provenientes del sistema público y otros productos sin registro sanitario.

En total, el operativo permitió retirar 7.645 productos del circuito de comercialización irregular: 3.523 medicamentos y 4.122 dispositivos médicos. Arcsa recordó a la ciudadanía que debe adquirir medicinas únicamente en farmacias y botiquines autorizados, verificar el registro sanitario y la fecha de caducidad, y reportar posibles ventas irregulares mediante la aplicación Arcsa Móvil.

Paco Moncayo gobernó dos periodos seguidos entre 2000 y 2009; Augusto Barrera llegó en 2009 con el 43 % y Mauricio Rodas ganó en 2014 con el 58 %. En 2019 eso se rompió. Jorge Yunda ganó con el 21,4 % entre 18 candidatos. En 2023 Pabel Muñoz lo hizo con el 25,2 % entre 12 aspirantes.

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Una hipótesis para explicar esa dispersión es que desapareció lo que antes ordenaba el voto. El periodista Fabricio Vela dice que no hay un partido fuerte que represente de manera sólida al quiteño. Recuerda que la Democracia Popular de Rodrigo Paz y Jamil Mahuad, y después la Izquierda Democrática de Moncayo, no solo ganaban elecciones, sino legitimidad. Es posible que estos partidos lograran codificar una idea de ciudad y disciplinaran el voto alrededor de la capital.

Con los partidos se fueron las voces. Vela reconoce nombres como el de Moncayo, César Montúfar, Luisa Maldonado, Roque Sevilla. Lo llamativo no es que esos nombres hayan salido de escena, sino que detrás de ellos quedó un desierto. El politólogo Gustavo Isch lo resume desde el poder afirmando que después de Moncayo, ningún alcalde ha podido recuperar la autoridad.

Los temas que preocupan

Ese vacío dejó espacio para clivajes que no son propiamente quiteños. Vela sostiene que el eje correísmo-anticorreísmo sigue siendo uno de los grandes ordenadores del voto. Ese eje está lejos de apagarse, sobre todo si la coyuntura judicial lo reactiva. La socióloga Alondra Enríquez explica que pese a que en redes sociales hay descontento con el Gobierno central por hospitales, salud y seguridad, los sectores anticorreístas celebran el avance judicial contra el correísmo, a propósito de la deportación de José Serrano y su reclusión en la Cárcel del Encuentro, mientras avanza el caso Magnicidio FV.

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Y el correísmo llega a esta elección tensionado también por dentro. En noviembre de 2025, Rafael Correa escribió que se opondría públicamente a “cualquier candidato tibio y con innobles contemporizaciones”, en alusión a la intención de Muñoz de buscar la reelección. Meses después, el alcalde aseguró contar con su respaldo. Ahora, con la Revolución Ciudadana suspendida, Muñoz compite auspiciado por Unidad Popular, un partido históricamente enfrentado con Correa.

Si los partidos no ordenan y los ejes se definen lejos de la ciudad, el votante busca otra brújula. De ahí nace la conducta que Isch llama pragmatismo ante el colapso. El votante se pregunta qué le resuelve el candidato. Y tiene de donde escoger. Los homicidios en el DMQ subieron de 248 en 2024 a 264 en 2025, y la violencia vinculada al crimen organizado pasó de 179 a 204 muertes. El pasaje subirá de 35 a 40 centavos desde enero.

Pichincha está entre las ocho provincias bajo estado de excepción desde el 15 de septiembre. Unos colapsos dependen del Municipio y otros del Estado central, pero todos se votarán el 29 de noviembre.

Los candidatos para Quito

Con eso en mente, la papeleta se entiende mejor preguntando qué voto disputa cada uno. Muñoz defiende, principalmente, el voto correísta duro. En 2019, con Luisa Maldonado como candidata de Fuerza Compromiso Social, ese electorado marcó el 18,4 %, con su mayor peso en el sur y en Calderón.

Yunda disputa ese mismo territorio desde lo personalista. En 2019 obtuvo el 27,6 % en la circunscripción sur y apenas el 16 % en el norte. Harold Burbano compite por el voto oficialista y por la estructura territorial que dejó su paso por el área social. Merino va por la clase media urbana del norte y de los valles, hoy huérfana. Es el electorado que en 2019 llevó a César Montúfar al 24,3 % en el norte, frente al 10,8 % en el sur, y que en 2023 se repartió entre Pedro Freile y Andrés Páez.

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Así, el voto contrario a Muñoz queda repartido entre al menos tres candidaturas que buscan ser su principal retador. La elección puede volver a producir un alcalde con una legitimidad electoral muy reducida porque la oposición al incumbente está fragmentada.

Esa minoría de votos de los últimos años también condiciona el escenario en el que se gobierna después, considerando que esa debilidad de origen tiene consecuencias que la ciudad ya conoce. La primera es que la autoridad se vuelve frágil. Yunda fue removido por el Concejo en 2021, y el interinato de Santiago Guarderas terminó administrando el aluvión de La Gasca, con 28 muertos.

Sin proyecto de ciudad

La segunda tiene que ver con la continuidad, y el metro lo ejemplifica. La primera piedra se puso en marzo de 2013 con Barrera y la operación comercial arrancó el 1 de diciembre de 2023, cinco alcaldes después. Pasaron exactamente 129 meses entre ese primer hito y el viaje inaugural con pasajeros.

El 29 de noviembre se define si alguna de estas candidaturas empieza a reconstruir un proyecto de ciudad con nombre propio, o si Quito vuelve a elegir a un administrador de su propia orfandad.

Lo que debes saber

• Geraldine Weber busca la Prefectura del Guayas con CREO.
• Antes militó en el Partido Social Cristiano.
• También tiene experiencia empresarial y legislativa.

En estos comicios seccionales, el movimiento Creando Oportunidades (CREO) apuesta por una figura política ajena a sus filas para disputar la Prefectura del Guayas. Geraldine Weber Moreno es una empresaria que incursionó en la política ecuatoriana de la mano del Partido Social Cristiano (PSC) en 2019, cuando fue candidata a concejal alterna urbana de Guayaquil, en la fórmula encabezada por Luis Almeida Morán.

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Entre empresas y la política

Antes de dar el salto a la política, Weber estuvo al frente de Kouber S.A., una empresa que se dedicó a la organización y gestión de competencias deportivas, tanto al aire libre como bajo techo, con participación de deportistas profesionales y aficionados.

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías), ejerció como gerenta general de la firma entre enero de 2005 y septiembre de 2011.

Weber también figuró como accionista de la compañía. Actualmente, la empresa consta como cancelada en los registros digitales de la SuperCías.

Entre marzo de 2015 y junio de 2021, Geraldine Weber fue presidenta de Servicios Digitales Lanubetv S.A., compañía dedicada a servicios de transmisión de datos y acceso a internet mediante infraestructura satelital. Actualmente, la política continúa como accionista de esa empresa y de la firma DRAE S.A.

Durante el período en que presidió Servicios Digitales Lanubetv S.A., Weber decidió incursionar en la política local. Su primera participación electoral ocurrió en los comicios seccionales de 2019, cuando dio el salto a la función pública como aspirante a concejal alterna de Guayaquil.

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Su paso por el Legislativo

Según los datos disponibles en el portal de la Contraloría General del Estado (CGE), ese año declaró un patrimonio de $63.478. Entre sus bienes constaban dos automóviles (de 2008 y 2019), valorados en $2.850 y $29.998 respectivamente, además de $30.000 en equipos de oficina.

Sin embargo, su paso por el Concejo de Guayaquil fue breve. En septiembre de 2020, Weber renunció a su cargo para participar en las elecciones generales de 2021, como candidata a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, en representación del Partido Social Cristiano.

El 9 de mayo de 2023, Weber se distanció del PSC por sus desacuerdos con la alianza legislativa con UNES y con la votación para continuar la tramitación del juicio político contra el entonces presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, Esteban Torres, quien en ese momento era coordinador de la bancada, afirmó que la legisladora había sido expulsada; mientras ella dijo que no estaba afiliada al partido, sino que tenía la condición de adherente.

Al ingresar al Legislativo, Geraldine Weber declaró ante la Contraloría un patrimonio de $60.846, además de acciones y participaciones valoradas en $1.198. Al concluir su período en la Asamblea, registró un patrimonio de $63.899 y mantuvo las mismas acciones y participaciones, mientras sus dos vehículos fueron valorados en $3.000 y $28.000 respectivamente.

La política no registró bienes inmuebles a su nombre al cierre de su gestión como asambleísta. En cambio, declaró una deuda de $3.500 correspondiente al consumo de una tarjeta de crédito.

En cuanto a su información tributaria, los registros digitales del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran variaciones en los valores pagados por concepto de Impuesto a la Renta causado y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) durante los períodos revisados. En 2019, la empresaria no registró pagos por ninguno de estos dos rubros.

Para 2021, la contribuyente registró un desembolso de $414,46, correspondiente al Impuesto a la Renta causado. Un año después, ese monto ascendió a $5.942,35, mientras que por ISD reportó $367,23.

En 2023, el Impuesto a la Renta causado se ubicó en $2.155,84, mientras que el valor cancelado por ISD fue de $65,21. Por otro lado, en el SRI su Registro Único de Contribuyentes (RUC) se encuentra suspendido desde el 30 de abril de 2018.

En las elecciones generales de 2025, Geraldine Weber intentó regresar a la Asamblea Nacional, esa vez como candidata del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA). Sin embargo, no logró obtener una curul.

En abril de este año, Weber registró por primera vez un título académico en el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), donde consta con nacionalidad estadounidense. Se trata de una licenciatura en Pedagogía de la Religión, de la Universidad Técnica Particular de Loja.

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El reto de llegar al Guayas rural

La candidatura de Weber por CREO respondería, según el analista político Giuseppe Cabrera, a la dificultad del movimiento para construir nuevos cuadros y a la continuidad de figuras vinculadas a antiguas lealtades políticas.

Para él, la tienda política no tiene una base territorial consolidada, y Weber tampoco posee un nivel de conocimiento público suficiente para sostener una candidatura competitiva.

Cabrera explica que Geraldine Weber tampoco goza de una base rural consolidada, factor que considera relevante en una elección local. A su criterio, su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito urbano y su trabajo al frente de empresas y de la Fundación Rescate por la Paz no han alcanzado un reconocimiento masivo que le permita generar una identidad electoral amplia.

María Fernanda Carvajal, consultora en Comunicación Política, coincide en que el perfil de Weber todavía requiere mayor difusión, pese a su experiencia como legisladora y su paso por distintas tiendas políticas. Además, opina que debe explicar con mayor claridad sus propuestas y demostrar que estas corresponden a las competencias de la Prefectura del Guayas.

Carvajal añade que el desafío para Weber será acercarse a los sectores rurales, especialmente a los cantones con actividad agrícola, y plantear objetivos concretos, alcanzables y respaldados por recursos. Así como definir a su equipo de trabajo.

Lo que debes saber

• Noboa acusó a algunos médicos de recetar medicamentos que no están disponibles pese a existir otras opciones.
• El gremio advierte sobre altos niveles de agotamiento entre los profesionales de la salud.
• La inseguridad también afecta a los médicos, especialmente en zonas rurales.

El dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco Dueñas, cuestiona los señalamientos del Gobierno contra los médicos y advierte sobre el impacto que tienen en un gremio que enfrenta, además, desabastecimiento, inseguridad y falta de especialistas. En entrevista con EXPRESO, analiza la situación del sistema público de salud, las acusaciones de las autoridades y la falta de diálogo con el sector.

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- El presidente Daniel Noboa afirmó que algunos médicos recetan deliberadamente medicinas que no están disponibles. Desde el punto de vista médico, ¿es realmente posible sustituir un medicamento por otro simplemente porque ambos están indicados para una misma enfermedad?

- No, realmente es una exageración. Puede haber el medicamento A, B, C y puede que cualquiera de estos no sea necesariamente para el paciente por su patología. Entonces, si le manda otra medicina no es para fregar. Por supuesto, no le podemos pedir mucho a él porque ignora absolutamente todo sobre Medicina; pero un paciente, por ejemplo, hipertenso que ya tiene diabetes, retinopatía diabética, nefropatía diabética, vasculopatía diabética, etcétera, no requiere del fármaco A, B, C, sino incluso D, F, G. Por supuesto, (el presidente) no tiene por qué saber (del tema), pero sí los asesores.

- ¿La responsabilidad la tendría el ministro de Salud?

- Sí, claro, pero el ministro de Salud (Juan Carlos Aveiga) se permite decir cosas que realmente hieren la sensibilidad humana desde todo punto de vista. (Por ejemplo) Decir que un paciente de diálisis, con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, cuya medicación es supremamente costosa, va a vender esa medicación y hacer negocio con su enfermedad. No puede haber una persona que pretenda terminar su vida, sabiendo que, si no toma esa medicación, se va a morir.

- ¿Ustedes han podido conversar sobre esto con el Ministerio y pedir que presenten pruebas que sustenten esas afirmaciones?

- No nos reciben los ministros, la vicepresidenta, el presidente, ni quien sea. Esta gente es sorda, ciega y muda, no hay cómo hablar con ellos, no hay diálogo. Les decimos que aquí hay enfermeras, médicos, odontólogos y todos los profesionales de la salud que pueden dar ideas y aconsejar sobre la problemática, porque son expertos epidemiólogos, clínicos y cirujanos, pero tampoco entienden, tampoco oyen, tampoco ven, tampoco hablan. Entonces, se hace muy difícil el asunto.

El presidente no tiene otro tipo de vocabulario. Además, es ofensivo con una práctica tan noble como la medicina.Santiago Carrasco, Dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana

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- Si un medicamento figura como agotado en el sistema, ¿el médico igual puede asignarlo para que el paciente lo pida en la farmacia del centro de salud?

- No. Además, si usted empieza a recetar para que los pacientes compren afuera, son capaces de liquidarle. Los pacientes se quejan, y con toda la razón, porque dicen: ‘¿Qué mismo? ¿No hay nada aquí con qué tratarnos?’. Ojalá el ministro o el presidente estuviera ahí al frente para que les diga: ‘Ustedes vienen a fregar’, pero no es así. Los que damos la cara somos los médicos y el personal de salud. No existen los medicamentos, no están aprovisionando y, si existen, probablemente no sean los necesarios de acuerdo con la prevalencia e incidencia de enfermedades de cada sector.

- Después de las declaraciones del presidente se conocieron allanamientos a galenos que supuestamente habrían otorgado permisos médicos a presos, pero luego salieron libres. ¿Cómo evalúa este proceder?

- (El ministro del Interior, John) Reimberg debería repensar lo que está haciendo. No sé si se disculpará, ojalá que por lo menos se disculpe. Está atacando a la clase médica y a los profesionales de la salud, y eso es realmente contradictorio.

- ¿Por qué atacarlos?

- No estoy seguro, parece que no quieren aceptar la mala gestión y la corrupción. Se las dijimos desde el inicio. Puede haber médicos, políticos, periodistas corruptos, de todo puede haber, pero no puede meter a todos en el mismo parte. Ya los ha señalado como culpables de haber hecho un acto ilícito, ser parte de las mafias. Debieron decir que van a hacer una investigación y ver quiénes están involucrados, pero venir a decir que todos los médicos somos parte de mafias... Vea, señor Reimberg, usted está más perdido que no sé qué cosa en este mundo.

En la ruralidad han matado médicos. Tenemos pánico, no solo miedo; imagínese lo que significa eso para el país.Santiago Carrasco, Dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana

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- Anteriormente, el Gobierno había señalado problemas en bodegas, compras y antiguas administraciones. Ahora el discurso también apunta a los médicos. ¿Cómo ve este cambio de la narrativa?

- Siempre va a estar el tema de la mala gestión de esta gente que está mandando en el país. No están preparados para gobernar un país como el que tenemos. Además, no han logrado, y creo que no van a lograr, erradicar la corrupción porque no están haciendo un trabajo absolutamente claro.

- ¿Qué consecuencias puede haber para un profesional de la salud que su nombre sea asociado públicamente con malas prácticas?

- Hicimos un estudio de ‘burnout’ (síndrome del trabajador quemado) a nivel latinoamericano. Ecuador fue el primer país, en la parte de salud, médicos y personal sanitario, con el índice más alto de ‘burnout’ y el índice más alto de suicidio. Estamos en una situación bastante compleja que no están entendiendo. No es el tema de ir a atacar a los médicos ni al personal de salud. Hay miedo, en la ruralidad han matado médicos rurales. Tenemos pánico, no solo miedo; imagínese lo que significa. Nosotros estamos preparados para salvar vidas, no para ninguna otra cosa.

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Del Parlamento al control disciplinario

Tras la notificación, el delegado recorrió las oficinas de la institución junto al vocal Damián Larco para constatar los procesos operativos y evaluar las necesidades del servicio.

La incorporación del jurista ocurre semanas después de su paso como asambleísta suplente.  

Cabe destacar que este constituye el segundo procedimiento de Falconí con el organismo disciplinario. En julio de 2025, conformó la terna remitida por el Ejecutivo para la renovación estructural de la institución. Sin embargo, el jurista dimitió de dicho mecanismo de selección al registrar un conflicto de intereses por su condición legislativa vigente en ese periodo.

En el ámbito del libre ejercicio, documentos de la Función Judicial establecen que el funcionario integró la representación legal del presidente Daniel Noboa para diversas causas tramitadas ante la Corte Nacional de Justicia y dependencias de primer nivel.

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Ministerio de Educación aclara el cambio sobre uso de celulares: ¿Están prohibidos o no?

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Cuatro años después de esta historia, el 2 de septiembre del 2026, la Corte Constitucional concluyó que la actuación vulneró sus derechos a la intimidad, la integridad psicológica, la protección integral y a una vida libre de violencia en el ámbito educativo.

Los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2022, en la Unidad Educativa Fiscomisional San José. Según la sentencia, alrededor de las 08:30, Daniela estaba en clases, cuando la inspectora Nelly Bayas le retiró el teléfono. El dispositivo no tenía contraseña.

Esto hicieron la inspectora y la vicerrectora con el celular de su alumna:

La inspectora regresó al aula junto con la entonces vicerrectora, Mery Jara. Según los testimonios recogidos en el proceso, ambas se dirigieron a los estudiantes mientras mostraban fotografías y videos del teléfono de Daniela y cuestionaban su forma de vestir y las imágenes que había publicado.

La adolescente relató ante la Corte que permaneció sentada, llorando, mientras las autoridades hablaban sobre ella. También recordó que la vicerrectora mostró uno de sus videos al curso y que las docentes revisaban el contenido de su teléfono desde el escritorio de los profesores.

El colegio sostuvo que la madre conocía la prohibición del uso de celulares establecida en el Código de Convivencia. El caso, sin embargo, no se reducía a la advertencia de que se retiraría el dispositivo como medida disciplinaria. 

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La Corte analizó el acceso a su contenido y la posterior exposición de material personal frente a los colegiales.

Daniela contó que después de lo ocurrido no quería volver al colegio y que fue blanco de burlas y estigmatización. Sus padres afirmaron además que tuvo que recibir acompañamiento psicológico.

¿Se vulneró el derecho a la privacidad de la estudiante al mostrar fotos de su celular?

El 2 de septiembre de 2026, la Corte Constitucional resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección 3156-22-EP. La sentencia fue difundida el 21 de septiembre del 2026. 

El tribunal declaró que la unidad educativa y las dos autoridades vulneraron los derechos constitucionales de la adolescente. 

La Corte también señaló que las medidas disciplinarias en los centros educativos deben respetar la intimidad de niños, niñas y adolescentes y evitar formas de violencia basadas en estereotipos de género.

Como reparación, ordenó que, si Daniela está de acuerdo, la inspectora y la exvicerrectora le presenten disculpas. También dispuso capacitar a la planta docente en violencia de género, estereotipos e intimidad digital, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

Además, estableció una compensación de 3.000 dólares para la familia.

Ordenó al Ministerio de Educación emitir, en el plazo de un mes desde la notificación, una directriz para que los procesos disciplinarios en las instituciones educativas incorporen la protección de la intimidad de niñas, niños y adolescentes y la prevención de la violencia de género.

Lo que debes saber

• Sergio Peña presentó cuatro fotografías como parte de la acusación contra David Rosero.
• Rosero respondió con pasajes, registros de movilidad y rastreo satelital.
• La autenticidad de las imágenes y las rutas del vehículo deberán ser contrastadas.

La evacuación de pruebas documentales en el juicio político contra el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), David Rosero Minda, tuvo como uno de sus principales elementos cuatro fotografías presentadas por el asambleísta Sergio Peña para sustentar la supuesta reunión del funcionario con la postulante al concurso para Fiscal General del Estado, Inés Romero. Rosero negó el encuentro y presentó pasajes aéreos, registros de movilidad y rastreo satelital para sostener que, a la hora señalada, se encontraba en ruta hacia Ibarra.

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Juicio político a David Rosero: Comisión de Fiscalización fija cronograma de pruebas

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Documentos en la acusación

Peña incorporó además la cédula catastral de un inmueble en Cumbayá, cuya propietaria consta como Romero, aunque aclaró que el documento por sí solo no demuestra que el encuentro haya ocurrido. También presentó información relacionada con el concurso y las actuaciones del Pleno del CPCCS.

Sobre las cuatro fotografías, el asambleísta explicó que fueron difundidas públicamente en redes sociales y atribuidas a un encuentro entre Rosero y Romero. Las imágenes mostraron a un hombre en una sala y a otras personas dentro del inmueble, por lo que el asambleísta planteó que su contenido deberá ser contrastado mediante las pericias correspondientes. La reunión se habría dado a las 19:00

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Rosero presenta su versión

Frente a la acusación, Rosero negó categóricamente haber mantenido una reunión con Romero y afirmó que el 4 y 5 de junio de 2026 cumplía una agenda oficial en Guayaquil. Para respaldarlo, presentó autorizaciones institucionales, invitaciones, pasajes aéreos y documentos relacionados con sus desplazamientos.

Según los pasajes de Avianca expuestos por el consejero, Rosero viajó a Guayaquil, el 4 de junio, y retornó a Quito, el 5 de junio a las 15:40. Añadió que el rastreo satelital del vehículo institucional registra que a las 17:59 se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre, desde donde inició el traslado hacia Ibarra.

El consejero Rosero señaló que el vehículo pasó por Guayllabamba (Pichincha) y que a las 19:00 estaba en Tabacundo, mientras que alrededor de las 20:22 llegó a Ibarra, cantón de Imbabura, donde reside. Según su defensa, estos registros contradicen la versión de que habría estado cerca de las 19:00 en el inmueble de Cumbayá (Pichincha) señalado en la denuncia.

Rosero también cuestionó que se le atribuya capacidad directa para favorecer a una postulante en el concurso de Fiscal General, pues sostuvo que los vocales del CPCCS no revisan carpetas ni asignan calificaciones. Rosero explicó que esas funciones corresponden a la Comisión Ciudadana de Selección, mientras el Pleno establece las reglas del proceso y vigila su transparencia.

Como parte de su defensa, Rosero presentó la denuncia de Romero por una presunta suplantación de identidad relacionada con las fotografías difundidas en redes sociales. Según explicó, la postulante negó haberse reunido con él y solicitó que se investigue el origen y la autenticidad de las imágenes.

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La denuncia por las fotografías

No obstante, Peña insistió en que el punto central de la controversia es determinar si la reunión ocurrió y señaló que la autenticidad de las fotografías deberá establecerse mediante los peritajes incorporados al proceso. El asambleísta cuestionó que Rosero Minda no haya solicitado desde el inicio una pericia para determinar si las imágenes fueron manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial y sostuvo que ese mecanismo también estaba a disposición de la defensa.

Además, el legislador puso en duda que el rastreo del vehículo institucional presentado por Rosero permita establecer por sí solo dónde se encontraba el consejero, pues, según dijo, el automóvil pudo haberse movilizado sin el funcionario, ya que no hay un video que certifique que él estaba dentro del automotor.

Asimismo, el denunciante señaló que existirían registros que ubicarían al vehículo institucional a unos 500 metros del domicilio relacionado con Romero y planteó que deberán esclarecerse las rutas, horarios y circunstancias del traslado para determinar si esos elementos tienen relación con la supuesta reunión.

¿Dónde ocurrió la descalificación? 

La descalificación ocurrió en el cantón El Pan y se trata del aspirante respaldado por el Partido Social Cristiano (PSC Lista 6). Así, quedaron en firme cinco candidaturas a la Alcaldía de esta pequeña localidad.

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Según información de la Delegación Provincial del Azuay del Consejo Nacional Electoral quedaron calificadas las candidaturas de las alianzas: Sembrando Oportunidades, Democracia en Marcha y En Equidad.

También quedaron en firme las candidaturas del movimiento Acción Democrática Nacional y del movimiento Participa.

La descalificación del PSC se da por el incumplimiento del requisito de porcentaje de jóvenes en la lista. Esta es una obligación establecida en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que todas las organizaciones políticas deben cumplir: El 50 % de los encabezamientos deberá corresponder a mujeres y las listas deberán incorporar al menos un 25 % de jóvenes de entre 18 y 29 años.

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Para el 9 de noviembre de 2026, según el calendario electoral, el CNE deberá contar con la lista oficial de todos los candidatos que serán parte de este proceso para autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En la provincia de Azuay están confirmadas 86 candidaturas para las alcaldías de los 15 cantones. Y el próximo 29 de noviembre serán 621.956 las personas que deberán presentarse para ejercer su derecho al voto en 272 recintos.