Lo que debes saber 

• La Comisión de la Niñez cuestionó la ausencia del ministro de Salud durante una sesión de fiscalización.
• Legisladores denunciaron el abandono sanitario en Taisha y pidieron acciones urgentes
• También analizaron un caso de presunta negligencia médica ocurrido en un hospital de Portoviejo.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional cuestionó este 3 de junio de 2026 la ausencia del ministro de Salud durante una sesión de fiscalización en la que se analizaron denuncias sobre el estado del sistema sanitario en la Amazonía y un presunto caso de negligencia médica en Manabí.

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La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, abrió la sesión con críticas al Ministerio de Salud Pública por la falta de respuestas frente a los problemas reportados en comunidades amazónicas, especialmente en el sector de Wampuik, parroquia del cantón Taisha, donde habitantes reportaron la inundación de un centro de salud.

Durante la reunión se proyectó un video enviado por moradores de la comunidad. Las imágenes mostraron instalaciones cubiertas por el agua y dificultades para brindar atención médica a la población que depende de ese establecimiento sanitario.

Centro de salud inundado en Taisha genera reclamos

Veloz cuestionó la falta de presencia de autoridades sanitarias en el territorio y lanzó duras críticas al titular de la cartera de Estado.

“Tal parece que el ministro no existe y públicamente sí le increpo a ese ministro que renuncie, porque aparte no tiene ni las credenciales éticas ni las credenciales académicas”.Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez

La asambleísta sostuvo que el único centro de salud que atiende a más de 2.000 personas en la comunidad se encuentra afectado por la inundación y aseguró que, pese a los llamados realizados por los habitantes, no existía una respuesta inmediata de las autoridades nacionales.

Política

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Marco Rivera

El legislador Ricardo Patiño respaldó las observaciones realizadas por la presidenta de la comisión. Recordó que en visitas anteriores se identificaron problemas relacionados con la falta de medicinas, deficiencias en laboratorios, limitaciones para esterilizar equipos médicos y ausencia de agua potable en la zona.

"No tienen lo básico, pero ahora sí tienen mucha agua y no tienen cómo entrar".Ricardo Patiño, asambleísta de la Comisión de la Niñez.

Denuncian falta de ambulancias y medicamentos

La asambleísta Mireya Pazmiño también intervino para denunciar problemas en la provincia de Bolívar. Según indicó, varios cantones enfrentan dificultades por la falta de ambulancias operativas para atender emergencias médicas.

La legisladora aseguró que trabajadores del sistema sanitario realizan aportes económicos para cubrir reparaciones y combustible de los vehículos de emergencia, situación que calificó como insostenible para la atención de la población.

"No tenemos ni una sola ambulancia que esté funcionando en una provincia".Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik

Defensoría del Pueblo activa seguimiento

La sesión también incluyó la comparecencia de Rodrigo Varela Torres, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, quien acudió en representación de la institución para informar sobre las acciones realizadas tras una denuncia relacionada con el Hospital General Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.

La investigación se originó por el caso de una niña que habría sufrido una presunta negligencia médica y que actualmente permanece hospitalizada en Quito. La comisión además recibió denuncias sobre falta de medicamentos, cobros presuntamente irregulares y pedidos de compra de insumos a la familia de la menor.

Veloz señaló que el padre de la paciente entregó documentos que demostrarían pagos exigidos durante el proceso de atención médica y pidió que los organismos de control actúen para evitar que el caso quede en la impunidad.

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Gobierno plantea reformas para que la Policía recupere el control de la red vial nacional

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Hospital de Portoviejo bajo observación

Varela informó que la Defensoría del Pueblo realizó una visita técnica al hospital el 2 de junio para recopilar información sobre la denuncia y verificar las condiciones de atención brindadas a la menor.

Según explicó, durante la inspección se constató que existen auditorías e investigaciones internas en curso para evaluar el accionar del personal médico involucrado. Además, confirmó que el caso se encuentra en conocimiento de la Fiscalía.

El funcionario indicó que la Defensoría dará seguimiento a las investigaciones administrativas y judiciales para verificar el respeto de los derechos de la paciente y de su familia, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos por el sistema nacional de salud.

Política

Unidad Popular entrega más de 206 mil registros de afiliaciones al Tribunal Contencioso Electoral

Richard Josue Jimenez Mora

La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias al emitir dichas resoluciones. Sin embargo se precisó que este fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular, lista 2, cumple o no con los requisitos legales para su permanencia en el registro electoral.

Esa decisión —se lee en el fallo— corresponde exclusivamente al CNE, que deberá pronunciarse a través del procedimiento adecuado, con información completa, verificable, debidamente motivada y sujeta a contradicción, además de considerar la documentación presentada por la organización política.

En su análisis, la magistrada Coloma determinó que la primera resolución fue emitida fuera del plazo establecido en el artículo 327 del Código de la Democracia y carecía de sustento suficiente respecto al criterio numérico aplicado. En cuanto a la segunda, señaló que negó la solicitud de corrección y mantuvo los efectos de un acto administrativo viciado.

Política

Unidad Popular enfrenta al CNE en el TCE y alerta sobre proscripción política

Rosero Mariela

Esto dice Unidad Popular:

Tras conocerse el fallo, el presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, calificó la decisión como “justa y correcta” y aseguró que las resoluciones del CNE eran “burdas” y “tramposas”. Anunció que ofrecerán una rueda de prensa y advirtió que se mantendrán vigilantes ante una posible apelación por parte de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

“Atamaint tiene plazo hasta el sábado para apelar. Si lo hace, iremos al pleno del TCE”, señaló, al tiempo que pidió el respeto al debido proceso en la actuación del organismo electoral.

Lo que debes saber

• Asamblea tramita juicio político contra Inés Manzano por su gestión en el sector energético.
• Caso Progen impulsa cuestionamientos a la ministra en medio del debate legislativo.
• El Pleno decidirá si existen responsabilidades políticas de Inés Manzano en Ecuador.

La Asamblea Nacional dio paso al trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un proceso impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) que vuelve a poner bajo la lupa la gestión estatal durante la crisis eléctrica de 2024.

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El pedido de enjuiciamiento político, presentado el 27 de mayo de 2026 por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, se sustenta en una presunta responsabilidad política por incumplimiento de funciones.

El eje de las acusaciones está en la contratación de proyectos de generación eléctrica emergente, específicamente en Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa estadounidense Progen Industries LLC. 

De acuerdo con el expediente legislativo, estos contratos —por alrededor de 149,1 millones de dólares— formaban parte de las medidas para enfrentar la crisis energética que atravesaba el país en 2024. 

Los proponentes sostienen que Manzano, quien asumió el ministerio el 30 de agosto de 2024, habría incumplido sus obligaciones al no garantizar una adecuada supervisión y control de estos procesos. 

Además, se argumenta que su actuación podría contravenir varios artículos constitucionales relacionados con la administración eficiente y transparente de los recursos públicos y el manejo de sectores estratégicos.

En paralelo, el llamado caso Progen también está bajo investigación penal por un posible perjuicio al Estado que bordearía los 104 millones de dólares, aunque Manzano no enfrenta cargos judiciales hasta el momento.

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Un segundo intento del correísmo

Este no es el primer intento de llevar a Manzano a juicio político. En 2025, un pedido similar fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a falta de respaldo suficiente.

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La nueva solicitud llega con un mayor número de firmas y en un contexto distinto: la exministra ya dejó el cargo en abril de 2026, lo que permite continuar el proceso hasta un año después de haber ejercido funciones, según la normativa vigente.

El impulso de la RC ocurre en medio de cuestionamientos más amplios a la gestión gubernamental durante la crisis eléctrica, mientras el oficialismo ha advertido sobre el riesgo de politizar un caso que todavía tiene aristas judiciales abiertas.

Primer filtro superado: el rol del CAL

El 1 de junio de 2026, el CAL calificó la solicitud, es decir, verificó que cumple con los requisitos formales para iniciar el trámite. 

Esta calificación no implica una decisión sobre el fondo del caso, sino que habilita el siguiente paso dentro del proceso legislativo: el análisis en la Comisión de Fiscalización.

¿Qué viene ahora?

Con el expediente ya remitido, la Comisión de Fiscalización se convierte en el órgano clave en esta etapa. Este organismo tiene un plazo inicial de alrededor de cinco días para conocer la documentación y decidir si admite el trámite.

Si la comisión decide avanzar, el proceso entrará en una fase más extensa que incluye:

Finalmente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se resolverá si procede o no la censura política

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Para que exista sanción —que puede implicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo determinado— se requiere una mayoría absoluta de votos legislativos.

Según el mandatario, el ajuste apuntará a una "mayor capacidad de gestión para los ministros" y, con ello, a optimizar la toma de decisiones dentro del Ejecutivo.

“Estamos reduciendo el número de ministerios a 10”, dijo Noboa. “Vamos a dar mayor responsabilidad a las cabezas de estos ministerios", añadió en una entrevista para radio Marejada de Manabí, sin profundizar en detalles sobre la fecha exacta en que arrancará este plan en su gabinete.

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Una nueva ola de fusiones y recortes administrativos

Noboa, quien lleva poco más de dos años y medio en el poder, recibió el Ejecutivo en noviembre de 2023 con una estructura robusta: 20 ministerios de distintas áreas y unas 14 Secretarías, como la de Riesgos.

Posteriormente, el 24 de julio de 2025, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 60, que redujo de 20 a 14 los ministerios y contrajo de nueve a tres las secretarías. La decisión, tal como ocurre en esta ocasión, respondió a un plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público.

Entre las fusiones más importantes de ese periodo estuvieron la unión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, así como la absorción de Deporte, Cultura y la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, la medida generó el rechazo de diversos sectores sociales y de los propios empleados públicos, puesto que significó la desvinculación de 5.000 servidores del Ejecutivo y el inicio de evaluaciones de desempeño.

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El péndulo estatal: del auge correísta a la austeridad actual

Esta tendencia de contracción contrasta con el pasado reciente del país. Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), el Palacio de Carondelet experimentó una expansión institucional sin precedentes. En su punto más alto, la Función Ejecutiva contó con alrededor de 40 carteras de Estado, incluidos ministerios sectoriales y los extintos ministerios coordinadores.

No obstante, tras el fin del correísmo, las dificultades económicas obligaron a las siguientes administraciones a apostar por la austeridad en el gasto corriente. En 2017, apenas Lenín Moreno asumió el poder, iniciaron los recortes estructurales. En ese entonces se eliminaron cinco de los seis ministerios coordinadores, la Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría del Buen Vivir.

A esta purga institucional le siguieron otras 16 entidades en 2020 (entre institutos, agencias de control, empresas públicas y secretarías técnicas), además de la fusión entre la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior para dar forma al Ministerio de Gobierno.

Por su parte, la breve administración de Guillermo Lasso (2021-2023) mantuvo una estructura estatal similar a la de Moreno. Aunque creó nuevas entidades, como el Ministerio de la Mujer y la Secretaría Anticorrupción, estas terminaron desapareciendo bajo el actual esquema de Noboa en 2025.

Este 3 de junio de 2026, se generó un revuelo en la Asamblea Nacional después de que se hiciera público un audio atribuido a Manzano, en el que se habla de una supuesta coordinación para la comparecencia de Fabián Calero, exviceministro de Energía, como parte del proceso de fiscalización impulsado en esa mesa legislativa.

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"Lo que me explicó la asambleísta (Diana) Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a la comparecencia", se escucha en la grabación. En el audio también se menciona que la directriz era dar respuestas escuetas ante las consultas que pudieran surgir durante la sesión.

¿Cuál fue el descargo de Jácome?

La legisladora oficialista convocó a una rueda de prensa para pronunciarse sobre el tema. En un inicio, se refirió a su trayectoria como comunicadora antes de llegar a la Asamblea. También cuestionó el reportaje que difundió el audio y aseguró que su autenticidad debe ser verificada por las autoridades competentes.

Jácome estructuró su defensa en tres puntos. El primero fue que el proceso de fiscalización llegó a su comisión porque así se había determinado durante el periodo legislativo anterior, presidido por Viviana Veloz. El segundo consistió en que no existe ninguna conversación atribuida a ella que la involucre directamente en el caso.

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“¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia. También señaló que era un audio de terceros y las autoridades deberán corroborar su validez.

Posteriormente, la asambleísta aseguró que durante el proceso de fiscalización se permitió la participación de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Además, acusó directamente a esa bancada de quererla fuera de la Asamblea porque, según afirmó, les resulta incómoda.

Jácome tampoco hizo referencia al resultado de la fiscalización, que se extendió por cerca de seis meses sin determinar responsabilidades políticas. El informe final señaló, además, que el caso ya estaba en conocimiento de la Contraloría General del Estado y fue remitido a la Fiscalía General del Estado.

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Otro de los argumentos con los que intentó deslindarse de cualquier responsabilidad fue que ella no tenía la facultad de bloquear un juicio político. Sostuvo que su labor se limitó a fiscalizar la suscripción de los contratos. Sin embargo, los informes elaborados por las comisiones legislativas pueden incluir recomendaciones sobre responsabilidades políticas e incluso sugerir el inicio de procesos de interpelación.

La respuesta del correísmo

Mientras tanto, el bloque de la Revolución Ciudadana analiza la presentación de una denuncia ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. El asambleísta Blasco Luna sostuvo que el audio constituye una prueba de la presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de fiscalización.

Además, recordó que su bancada presentó un informe de minoría en el que sí se establecían responsabilidades políticas y que, hasta el momento, no ha sido tratado. Según Luna, el contenido del audio revela un hilo conductor que fortalecería el pedido de juicio político contra Manzano, el cual ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Esto debes saber

• La RC considera a Luisa González como su candidata natural para la Prefectura de Manabí.
• El nombre del asambleísta Jaime Estrada Medranda es la principal opción para integrar el binomio como viceprefecto.
• La decisión final dependerá de los acuerdos con Sí Podemos y de la aceptación de Estrada.

La Revolución Ciudadana (RC) continúa definiendo su estrategia electoral para los comicios seccionales de 2026 en Manabí. Durante una entrevista concedida a Radio Capital de Portoviejo, Vicente Véliz, director provincial encargado de la organización política, confirmó que la agrupación mantiene conversaciones con fuerzas aliadas y que, hasta el momento, Luisa González es considerada la candidata natural para la Prefectura de Manabí.

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Véliz señaló que la RC sostiene acercamientos con el Partido Socialista, Pachakutik y Sí Podemos, organizaciones con las que busca consolidar acuerdos políticos a nivel provincial. Asimismo, aseguró que el movimiento presentará candidaturas en todos los cantones y parroquias de la provincia.

Consultas internas para definir el binomio

El dirigente explicó que actualmente cinco comisiones recorren Manabí realizando consultas con directivas parroquiales, cantonales y militantes históricos de la Revolución Ciudadana para recoger criterios sobre las futuras candidaturas.

Según Véliz, en los diálogos desarrollados hasta ahora no ha surgido ningún nombre alternativo para disputar la candidatura a la Prefectura, pues existe un consenso mayoritario alrededor de Luisa González. En ese contexto, indicó que una de las opciones que se analiza es la conformación de un binomio junto a Jaime Estrada Medranda, actual asambleísta y figura vinculada a Sí Podemos. 

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Si Podemos, es una tienda política comandada por Jaime Estrada Bonilla, padre de Jaime Estrada Medranda, exasambleísta y exalcalde de Manta. Ya en procesos anteriores el correísmo hizo alianzas en varios cantones con esta organización política que es representada por la Lista 72. 

El dirigente precisó que desde la Revolución Ciudadana no existe ninguna objeción respecto a una eventual candidatura de Estrada a la viceprefectura. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá tanto de Sí Podemos como del propio legislador, quien deberá definir si acepta participar en la contienda electoral.

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"Hasta ahora, la idea sería que nosotros pongamos la candidata a la prefectura y que nuestros aliados (Si Podemos) puedan proponer la candidatura a la viceprefectura", sostuvo Véliz durante la entrevista.

Lo que debes saber

• Jueces del Guayas alertaron el 3 de junio por deuda de la Judicatura con el IESS.
• AEMAJ denunció restricciones en salud para servidores judiciales por mora con el IESS.
• Gremio judicial pidió al Consejo de la Judicatura regularizar pagos pendientes en Guayas.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ), Núcleo Guayas, expresó su preocupación por la deuda que mantiene el Consejo de la Judicatura con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una situación que, según el gremio, está generando dificultades para que servidores judiciales accedan a prestaciones y servicios de salud.

A través de un comunicado difundido este 3 de junio, la organización advirtió que la mora afecta directamente a funcionarios de la Función Judicial en la provincia del Guayas, quienes dependen de la cobertura de seguridad social para recibir atención médica y otros beneficios.

Gremio señala afectaciones en servicios de salud

En el documento, la asociación sostiene que la falta de regularización de las obligaciones con el IESS ha provocado restricciones en el acceso oportuno a prestaciones y servicios, lo que podría impactar derechos relacionados con la seguridad social y la protección integral de los trabajadores judiciales.

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La organización recordó que jueces, magistrados y demás servidores judiciales cumplen funciones consideradas esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia, por lo que considera necesario garantizar sus derechos laborales y de seguridad social.

Pedido al Consejo de la Judicatura

Frente a esta situación, AEMAJ hizo un llamado al director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas para que impulse las acciones administrativas necesarias que permitan regularizar de manera inmediata las obligaciones pendientes con el IESS.

Según el gremio, una pronta solución evitaría que continúen las afectaciones a los funcionarios judiciales y a sus familias, quienes dependen de la cobertura de la seguridad social para acceder a atención médica y otros servicios.

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Preocupación en medio de reclamos por la gestión institucional

El pronunciamiento se produce en un contexto de problemas sobre la administración de recursos dentro del sistema judicial y la situación laboral de los servidores públicos vinculados a la Función Judicial.

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Aunque el comunicado no detalla el monto de la deuda ni el tiempo que se mantiene la mora, la asociación insistió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan restablecer el acceso pleno a los beneficios del IESS para los trabajadores judiciales de la provincia.

Finalmente, el gremio manifestó su disposición a mantener el diálogo con las autoridades para buscar alternativas que contribuyan a resolver el problema.

Lo que debes saber

• Xavier Salem Antón presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Emapag EP, cargo que ocupaba desde 2023 como delegado del alcalde Aquiles Álvarez. Hasta el momento no existe información oficial sobre quién asumirá sus funciones.
  
• Hasta el momento no existe información oficial sobre quién asumirá sus funciones.
• La salida se produce en medio de una serie de renuncias, reestructuraciones y polémicas dentro de la administración municipal.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) se quedó sin presidente de directorio. Xavier Salem renunció al cargo que ocupaba desde 2023, según confirmó una fuente de la entidad.

La misma fuente indicó que, por ahora, no existe una directriz oficial respecto a quién asumirá sus funciones. "No hay instrucciones aún", señaló al ser consultada sobre la designación de un nuevo funcionario.

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Salem llegó a la presidencia del directorio de Emapag como delegado del alcalde Aquiles Álvarez, cuando este asumió la Alcaldía de Guayaquil en 2023. Sin embargo, actualmente el alcalde se encuentra detenido.

De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, Anton figura en el cargo desde el inicio de la actual administración municipal.

La renuncia deja vacante un puesto clave dentro de una de las empresas públicas más importantes del Municipio de Guayaquil.

Una salida en medio de cambios  

La salida de Salem  se produce en un contexto marcado por movimientos internos, renuncias y reestructuraciones dentro de la administración municipal.

Actualmente, la Alcaldía atraviesa semanas de tensiones y cambios que incluso han sido expuestos públicamente por la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, a través de sus redes sociales.

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Además de su rol en Emapag, Anton compartió responsabilidades con Aquiles Álvarez en la dirigencia de Barcelona Sporting Club (BSC), institución en la que ambos mantuvieron una cercana relación dirigencia.

Renuncias tras la detención de Aquiles Álvarez

La salida de Xavier Salem se suma a una lista de funcionarios que han dejado sus cargos desde que se produjo la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

Entre las renuncias más relevantes figuran las de David Norero, exsecretario municipal y actualmente integrante de la defensa jurídica del alcalde; Fernando Cornejo, quien dirigía Segura EP, Circular EP y la dirección de Aseo; Andrea Giler, exdirectora de la Mujer; y César Poveda, exasesor jurídico del Municipio.

Estas bajas de funcionarios han generado cuestionamientos sobre la estabilidad administrativa del Cabildo en medio de un escenario político complejo.

Sin definición sobre el reemplazo

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre quién ocupará la presidencia del directorio de Emapag EP ni cuándo se formalizará la designación.

La expectativa se concentra ahora en las decisiones que adopte la administración municipal para cubrir una vacante estratégica en una entidad responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado de Guayaquil.

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Lo que debes saber

• Audio de Manzano revelado en 2026 expone presunta estrategia sobre el caso Progen.
• Fiscalía recibió grabación que menciona acciones para frenar fiscalización legislativa.
• Caso Progen investiga contratos que comprometieron $104 millones de fondos públicos.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en una entrevista en radio Marejada, en Manta, donde abordó temas relacionados con obras públicas, salud, seguridad, reducción del tamaño del Estado y el escenario de las próximas elecciones seccionales.

Durante el diálogo, el mandatario se enfocó en los avances de su administración y en los planes del Gobierno para distintos sectores, sin pronunciamiento sobre el caso Progen ni sobre el audio atribuido a la ministra de Energía, Inés Manzano.

Audio atribuido a Inés Manzano menciona presuntos acuerdos legislativos

Un audio atribuido a la exministra de Energía, Inés Manzano, habría contenido instrucciones dirigidas a funcionarios del sector eléctrico sobre cómo responder y evitar observaciones del ámbito legislativo en torno a los contratos de emergencia firmados con Progen. 

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La grabación, según la investigación, fue presentada a la Fiscalía, pero no formaría parte del expediente que apunta a una posible coordinación política para frenar o neutralizar los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional.

El material correspondería a julio de 2025. En este se escucha a la entonces ministra explicar a Fabián Calero, en ese momento gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), las acciones que supuestamente se habrían acordado para evitar un primer proceso de interpelación política relacionado con los proyectos de Progen y Austral.

De acuerdo con la investigación periodística, la estrategia habría estado vinculada a la Comisión de Transparencia de la Asamblea. En la grabación se menciona que, según lo explicado por la asambleísta Diana Jácome, era necesario “hacer esta movida” y convocar comparecencias, con el objetivo de que el caso pasara a esa instancia y así limitar los intentos de control político impulsados por la Revolución Ciudadana en otra comisión.

El audio también mostraría que Manzano habría solicitado a Calero y a técnicos de Termopichincha mantener intervenciones breves y cuidadosas, evitando profundizar en fallas técnicas o detalles que pudieran agravar las observaciones sobre los equipos instalados.

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¿Qué ocurrió en la comparecencia?

Como resultado de esas directrices, la primera comparecencia no habría contado con la presencia de los ministros responsables, dejando la exposición de respuestas en manos del entonces viceministro Calero. Esto habría derivado en un informe final sin determinación de responsabilidades políticas claras.

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Estos hechos salen a la luz en medio del proceso de disputa internacional que mantiene el Estado ecuatoriano contra la empresa en tribunales de Florida, en el marco de las controversias por los contratos energéticos.

Según ha reportado Diario EXPRESO, esta red habría desviado cerca de 104 millones de dólares de recursos públicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), sin que se haya generado aporte alguno de energía al sistema nacional. 

Los fondos habrían sido canalizados mediante transferencias que terminaron en cuentas en Suiza, Florida y en empresas subcontratistas dentro de Ecuador.

Lo que debes saber

• Roberto Luque habló sobre el caso Apagón en Ecuador durante entrevista en Primera Plana.
• Progen es investigada por presunta estafa y corrupción de funcionarios según declaraciones del ministro.
• Fiscalía de Ecuador analiza responsabilidades en caso Apagón por presuntas irregularidades energéticas.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, evitó pronunciarse sobre la inclusión de exautoridades en el denominado caso Progen, en el que la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos vinculados a contratos energéticos.

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Durante una entrevista en el programa Primera Plana, se le consultó sobre por qué el único exministro mencionado hasta ahora en el proceso es el exministro Fernando Gonçalvez quien ha sido señalado por la Fiscalía por presuntamente no haber protegido adecuadamente los recursos del Estado. 

También se le preguntó por la eventual vinculación de otras autoridades, como la exministra Inés Manzano, en transferencias relacionadas con el caso.

Luque evita pronunciarse sobre responsables

Ante los cuestionamientos, Luque señaló que no le corresponde entrar en un análisis sobre qué personas deben ser investigadas o procesadas dentro del caso.

“Yo como ministro no voy a entrar en un análisis de saber quién debe estar y quién no debe estar”, afirmó el funcionario, al ser consultado sobre la participación de exautoridades en el proceso judicial.

Acusaciones contra Progen

Pese a evitar referirse a los implicados, el ministro fue enfático al señalar a la empresa Progen como responsable de un esquema de irregularidades.

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Luque calificó a la compañía como una “empresa estafadora” y aseguró que habría utilizado mecanismos para afectar al Estado ecuatoriano mediante contratos y operaciones financieras.

Según su versión, estas acciones habrían implicado la participación de funcionarios públicos de distintos niveles, aunque insistió en que la determinación de responsabilidades individuales corresponde a la Fiscalía.

“Progen es una empresa estafadora que para perpetuar y perfeccionar su estafa corrompió a funcionarios”, señaló.

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Fiscalía la figura clave para Luque

El ministro sostuvo que la ciudadanía no debería centrarse en jerarquías dentro del Estado, sino en conocer quiénes participaron en los hechos investigados.

“Si esos funcionarios fueron de bajo, medio o alto nivel, a los ecuatorianos no nos importa, queremos saber quiénes son”, agregó.

Política

CAL da paso al juicio político contra la exministra Inés Manzano

Marco Rivera

Luque indicó que será la Fiscalía la encargada de esclarecer las responsabilidades dentro del caso Apagón, en el que se investigan posibles afectaciones al erario público.

El funcionario recordó que las denuncias que hoy investiga la Fiscalía fueron presentadas por el propio Gobierno, como parte de las acciones para indagar posibles irregularidades en el sector energético.

Añadió que algunas de estas investigaciones incluso han derivado en procesos en el exterior, incluyendo acciones bajo en Estados Unidos, normativa utilizada para combatir estructuras de crimen organizado y corrupción transnacional.

Política

Daniel Noboa plantea recorte de ministerios y promete mayor eficiencia del Estado

Rosero Mariela

En una entrevista con Radio Marejada, en Manabí, el martes 3 de junio del 2026, el mandatario sostuvo que su organización, con apenas dos años de trayectoria, busca consolidar liderazgos propios “ganen o pierdan”.

Noboa está de visita en Manabí, provincia con la que reiteró su vínculo personal y político: dijo que está casado con una manabita y en otro momento de la entrevista señaló que sus hijos tienen sangre manabita. 

Durante la entrevista, Daniel Noboa mencionó que el movimiento cuenta aún con precandidatos —a la espera de sus procesos de primarias— y citó, entre otros, a los asambleístas Besibell Mendoza, Mario Amado Zambrano y Viviana Centeno, esta última próxima a dar a luz en las próximas semanas.

Noboa compara a ADN con la RC

El presidente defendió el crecimiento de ADN y lo comparó con el proceso de consolidación de la Revolución Ciudadana en sus primeros años, al señalar que ese movimiento tardó varios años en posicionarse en gobiernos locales. 

Sin embargo, el escenario político está marcado por decisiones de los organismos electorales que han dejado fuera de la contienda a la Revolución Ciudadana, Construye y Unidad Popular, en medio de cuestionamientos desde distintos sectores. Exasambleístas como Virgilio Hernández han comentado que ADN busca correr sin competidores.

Política

TCE niega pedido de Gabriela Rivadeneira para levantar reserva del caso Caja Chica

Edison Andrés García Yépez

Además, ha llamado la atención la renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura del Guayas, pese a haber anticipado su intención de reelegirse, y a la situación del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien enfrenta una denuncia por presunta violencia de género. Así como la situación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien permanece privado de la libertad, sin sentencia, en la Cárcel del Encuentro.

Lo que debes saber

• Hallan cadáveres en Babahoyo; familias temen que sean los ocho desaparecidos de Daule.
• Ocho agricultores desaparecieron el 31 de mayo tras viajar de Daule a Milagro.
• Pericias forenses buscan confirmar si los cuerpos hallados están vinculados al caso.

El hallazgo de varios cadáveres dentro de sacos en una zona de Babahoyo, provincia de Los Ríos, generó alarma entre los familiares de ocho agricultores reportados como desaparecidos desde el pasado 31 de mayo en Daule, Guayas.

La noticia movilizó a los allegados de los jóvenes hasta el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, ante la posibilidad de que se trate de sus familiares. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni una relación directa entre ambos hechos.

Ecuador

Habitantes de La T bloquean vía Daule–Salitre por desaparición de ocho jóvenes en Milagro

Edgar Romero

Ocho agricultores desaparecieron tras un viaje a Milagro

Según la información proporcionada por sus familiares, los ocho jóvenes salieron desde el sector de la T de Daule con destino a Milagro para concretar la compra de una motocicleta.

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El último contacto ocurrió la tarde del domingo, cuando uno de ellos informó que ya regresaban a Daule. Desde ese momento se perdió toda comunicación y no se ha vuelto a conocer su ubicación.

Las edades de los desaparecidos oscilan entre los 15 y 31 años.

Familiares realizaron protestas para exigir respuestas

La desaparición provocó preocupación entre los habitantes de Daule y motivó acciones de búsqueda impulsadas por familiares y amigos.

Durante los últimos días, allegados de los jóvenes realizaron plantones y bloqueos en la intersección de la T de Daule para exigir celeridad en las investigaciones y respuestas sobre el paradero de los desaparecidos.

Noticia en desarrollo

Economía y negocios

Fusión de ministerios finaliza en septiembre de 2025: ¿habrá más despidos?

Mayra Pacheco Pazmiño

Consultado, el mandatario sostuvo que la medida implicará reducir de 14 a 10 ministerios. No dio detalles sobre despidos programados. En julio de 2025 ya se ejecutó un primer ajuste, cuando se pasó de 20 a 14 ministerios.

Noboa no precisó qué ministerios desaparecerán y cuáles se fusionarán con otros. Hace algo más de un año, por ejemplo, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) pasó a formar parte del Ministerio de Educación, que abarca también Cultura y Deportes.

Sobre despidos, Noboa dijo: "No solamente depuración pura y despidos, de repente hay un funcionario que está haciendo las cosas mal y se contrata a un joven manabita, que tenga ganas de trabajar y no molestar".

El anuncio se produjo en el contexto de una agenda en Manabí. Daniel Noboa detalló la inversión en la provincia. Destacó proyectos de infraestructura como los puentes Lodana y Quimís, así como la construcción de la Plaza Memorial de San Gregorio, valorada en 8,7 millones, destinada a recordar a las víctimas del terremoto de 2016.

Sobre obras y créditos en Manabí

En materia social, el Ejecutivo impulsa programas de vivienda como CrediCasa, Casa 100 y Miti Miti, orientados a facilitar el acceso a vivienda propia, especialmente para madres solteras, dijo.

Según el presidente, se han entregado más de 30 viviendas en Manabí y se han destinado 500 millones de dólares para subsidiar tasas de interés. En paralelo, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) ofrece créditos hipotecarios con una tasa del 2,99 %, la más baja registrada en el país.

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El Gobierno, dijo Noboa, también ha priorizado el acceso a agua potable y saneamiento, con al menos ocho proyectos en marcha en localidades como Bolívar, Chone y San Vicente, en coordinación con los gobiernos locales. Estas iniciativas, señaló, buscan incidir directamente en la reducción de la desnutrición infantil. 

A ello se suman inversiones en nuevas plantas de tratamiento de agua en ciudades como Manta y ampliaciones en Tosagua.

Lo que debes saber

• Analistas explican por qué Colombia ocupa un lugar prioritario en la agenda de Daniel Noboa.
• Expertos debaten si las acciones del mandatario constituyen una forma de incidencia en los comicios colombianos.
• La seguridad, la frontera y la relación con Estados Unidos aparecen como factores clave detrás de esta estrategia.

Dos días antes de las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará la tasa de seguridad que aplicó a las importaciones provenientes de ese país a partir de febrero de 2026. Aunque sus acciones han sido interpretadas por algunos sectores como una posible injerencia en el proceso electoral colombiano, también abren el debate sobre la importancia estratégica que Colombia tiene en la agenda política y económica del mandatario ecuatoriano.

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De la afinidad política al cálculo geopolítico

Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que las acciones del presidente Noboa constituyen una injerencia en un proceso electoral ajeno. A su criterio, la actuación del presidente no ha seguido una línea política consistente.

Recuerda que inicialmente él mostró cercanía con la presidenciable Paloma Valencia y los sectores del uribismo, pero posteriormente trasladó su respaldo hacia Abelardo de la Espriella cuando este comenzó a ganar protagonismo en las encuestas. Para la académica, ese cambio evidencia una estrategia basada más en la conveniencia coyuntural que en convicciones ideológicas definidas. “No vemos ni siquiera una línea coherente dentro de su propia área de afinidad política”.

Según la experta, detrás de estas acciones existe una intención de alinearse con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. En ese escenario, Ecuador buscaría posicionarse como uno de los principales aliados regionales de Washington en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Tomar partido en los comicios presidenciales de Colombia rompe las reglas de la diplomacia internacional y compromete a Ecuador en una disputa que no le corresponde.Ivonne Téllez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Colombia, un socio estratégico para Ecuador

Arturo Moscoso, abogado, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, manifiesta que el presidente ecuatoriano busca favorecer a un candidato que comparta una visión más cercana a la de Estados Unidos y a la estrategia de seguridad impulsada desde Washington. En contraste, recuerda que la relación entre Noboa y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha estado marcada por desacuerdos y tensiones.

El abogado Moscoso añade que Colombia ocupa un lugar prioritario para Ecuador por razones que van más allá de la política. La cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el control de las rutas de salida de cocaína convierten a ambos países en socios estratégicos en materia de seguridad.

Desde esa perspectiva, Moscoso considera que Daniel Noboa intenta contribuir a la llegada al gobierno colombiano de alguien que mantenga una visión similar sobre el combate al crimen organizado. No obstante, aclara que es imposible medir con precisión cuánto han influido las acciones del mandatario ecuatoriano en las preferencias de los votantes del vecino país.

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Una apuesta por ganar influencia regional

Juan Pino, politólogo colombiano y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, coincide en que existe un componente geopolítico detrás de la actuación del presidente ecuatoriano. A su juicio, Noboa busca fortalecer una red regional de gobiernos de derecha alineados con la agenda política impulsada desde Estados Unidos.

Pino sostiene que Colombia tiene un peso estratégico que no poseen otros países con los que Ecuador mantuvo una actitud más distante durante sus recientes procesos electorales, como Perú y Chile.

Según el analista, involucrarse en Perú habría significado “perder el tiempo”, por la inestabilidad de sus gobiernos, y en Chile los beneficios políticos serían limitados, pero la contienda colombiana ofrece mayores réditos para Noboa al tratarse de un país fronterizo, con profundos vínculos económicos y de seguridad, donde además podía impulsar la llegada de un aliado afín a sus intereses.

Daniel Noboa está haciendo una apuesta por posicionar a un futuro aliado dentro de esta nueva derecha regional alineada con Estados Unidos. Le es más rentable.Juan Pino, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador

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Las advertencias sobre los costos diplomáticos

Para César Montúfar, sociólogo, exasambleísta y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, es extraño que el jefe de Estado se involucre de manera tan activa en una elección de un país vecino, cuando la tradición diplomática ecuatoriana ha privilegiado la no intervención. Montúfar advierte que la estrategia puede terminar siendo contraproducente para Ecuador, independientemente del resultado electoral.

“Gane quien gane”, el país podría enfrentar costos diplomáticos, sostiene. Para Montúfar, las relaciones entre ambos países deben construirse sobre vínculos de Estado y no sobre preferencias circunstanciales.

Para Téllez, estas acciones reflejan un patrón en la gestión presidencial: “Noboa nos ha acostumbrado a su torpeza en el manejo de la política interna e internacional”.

No le encuentro una lógica. Parece una reacción personal que termina arrastrando a todo el país. Las relaciones deben construirse entre Estados y no entre candidatos.César Montúfar, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

Lo que debes saber

• La renovación del CNE lleva estancada seis meses en la reformulación del banco de preguntas.
• Comisión de Selección desobedeció pedido técnico de descalificar a postulantes académicos.
• Andrés Fantoni deslinda culpas al CPCCS y responsabiliza a Comisión Ciudadana del concurso.

El concurso para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió seis meses estancado en este junio de 2026 debido a un nuevo nudo crítico: la reformulación del banco de preguntas para la fase de oposición. Tras alertas de una posible filtración en diciembre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dispuso rehacer los cuestionarios, pero la tarea sigue pendiente por pugnas internas entre el equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección.

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Las razones detrás del nuevo retraso en el concurso

La falta de avance responde a desacuerdos en la revisión de requisitos de los académicos postulantes que elaborarán las preguntas. Entre enero y febrero de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó un nuevo listado a las universidades. No obstante, el equipo técnico recomendó descalificar a todos los nominados por falta de documentación de respaldo.

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A pesar de la advertencia, la Comisión continuó con la fase de admisibilidad. Esto generó alertas que obligaron al Pleno del CPCCS, en abril de 2026, a ordenar una nueva revisión de expedientes por parte del equipo técnico, lo que dilató aún más el proceso.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, deslindó al organismo de los retrasos acumulados en este concurso pendiente desde 2021. El funcionario aclaró que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Comisión de Selección y que el Consejo no intervendrá para evitar afectar la legalidad del proceso.

Las consecuencias institucionales de la prórroga en el CNE

Para Esteban Ron, experto electoral y decano de la Universidad Internacional SEK, este nuevo nudo crítico imposibilitará que la renovación del CNE se concrete en 2026. Las principales implicaciones de esta parálisis estatal incluyen:

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A este escenario se suma el componente político expuesto por el analista Giuseppe Cabrera, quien señala que el adelantamiento de las elecciones seccionales a noviembre de 2026 añade presiones e intereses cruzados, ya que varios consejeros del CPCCS podrían buscar la reelección en dicho proceso.

Lo que debe saber de esta historia

• El Hotel Continental fue vendido por $4 millones pese a que existían propuestas de hasta $12 millones, según documentos y testimonios de accionistas que se opusieron a la operación.
• Luis Alberto Cabezas-Klaere, actual superintendente de Compañías, era el gerente del Hotel Continental cuando se concretó la venta cuestionada, y tenía un rol clave en la recepción y gestión de ofertas de compra.
• La venta se aprobó tras el reemplazo repentinode un liquidador que debía votar en contra de la operación, según resoluciones y testimonios revisados por EXPRESO.

El Hotel Continental, su restaurante y bares eran puntos de reunión de empresarios, políticos y artistas. En 2022 fueron vendidos por $4 millones, en un polémico proceso de liquidación de deudas.

Sin embargo, documentos y testimonios de accionistas que se negaban a la venta por ese monto indican que hubo otras propuestas que alcanzaban los $12 millones, por lo que, dicen, se los “perjudicó”. Y aseguraron que esas intenciones fueron bloqueadas por la administración de entonces. El gerente de Continental Hotel S. A. era Luis Alberto Cabezas-Klaere, clave en la recepción de ofertas, hoy superintendente de Compañías.

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A partir de hoy EXPRESO publica varios episodios de los pasos del abogado apoyado por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar, en su momento, la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la titularidad de la Superintendencia de Compañías.

Su llegada a esas instituciones se registró en medio de señalamientos de conflictos de intereses, denunciados por políticos y organizaciones que alertaron a instancias de control.

Actualmente otros son los motivos de preocupación, como lo expuso la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa. La Corporación Participación Ciudadana también ha abogado por una prensa libre.

Para elaborar este reportaje, este Diario recogió testimonios de accionistas. Varios de ellos pidieron el anonimato por temor a una persecución y a un antecedente de amenaza telefónica durante el proceso de venta.

Continental Hotel S. A. era dueña del Hotel Continental, cuya construcción data de 1971. Varios miembros de la familia Bruzzone, a través de la compañía Bruzzicorp Cía. Ltda. (una de las accionistas mayoritarias de Continental Hotel S. A.), habían llevado las riendas de ese ícono del Guayaquil de los años 70, que quebró en pandemia.

Víctor (nombre protegido) y María Beatriz Robles Bruzzone, dos herederos de la familia, relataron a EXPRESO que Juan Francisco Bruzzone, también accionista, convenció a casi todos los socios de Bruzzicorp para cambiar al gerente del hotel, por problemas en la administración a cargo de otro familiar.

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Agregaron que Juan Francisco contactó a Juan Ramón Jiménez Carbo, quien había ocupado cargos en la ‘Super’ de Compañías, para que los ayudara a ordenar la administración de la empresa. Con él llegó Cabezas-Klaere, a quien nombrarían gerente del Continental el 11 de marzo de 2021, según las fuentes y registros. Estas aseguraron que, al contrario, cayó un manto opaco sobre las cuentas del hotel.

“Nunca se supo cuánto ganaba (Cabezas-Klaere) ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja del hotel. Y es ahí cuando algunos accionistas empezamos a sospechar que todo esto estaba armado desde el principio y que el objetivo principal era vender el hotel al primer postor”, dijo Robles Bruzzone.

Así también, otra fuente sostuvo que le pareció sospechoso que el hotel se vendiera en $4 millones cuando las deudas eran de $6 millones. “Cabezas-Klaere me contestaba, pero nunca me respondía lo que yo preguntaba”, agregó Víctor, quien coincide con otras fuentes sobre la afirmación de que Cabezas “daba largas, entregaba información fragmentada” y que “hacía caso omiso a los pedidos”.

Para contrastar la versión de los accionistas, este Diario conversó con Juan Francisco Bruzzone, quien aseguró que no llevó a Jiménez (su amigo de la infancia) para resolver los problemas del hotel. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los $10 mil que varios socios aseguraron haberle pagado a esa persona por una suerte de asesoría, recordó: “A ver... Yo, yo no he dado ni un centavo. Escuché del tema. Desconozco lo que me está diciendo”.

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Con el cambio de mando, Cabezas impulsó la venta del edificio y otros activos, entre 2021 y 2023, marcada por varios hechos.

Para marzo de 2021, Bruzzicorp entró en liquidación, por lo que la Superintendencia de Compañías nombró a un liquidador, quien representaría a la empresa en la junta de la compañía del Hotel Continental. Carlos Cadena fue el primero de cuatro liquidadores que ha tenido Bruzzicorp (del 9 de marzo de 2021 al 6 de abril de 2022), según los registros.

Para entonces, Bruzzicorp y otros accionistas del Continental conocían de la oferta de $4 millones. Según los documentos, en la junta de accionistas de Bruzzicorp del 1 de abril de 2022 se aprobó votar en contra de la venta del hotel en la junta de accionistas de Continental Hotel del 5 de abril.

Sin embargo, esa reunión no se dio porque un día antes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lo embargó por una mora patronal. “¿Qué pasó en esos días? Hicieron todo para cambiar al liquidador que iba a votar para que no se venda a 4 millones”, dijo una de las fuentes.

Según una resolución de la ‘Super’ de Compañías, el 6 de abril se ordenó reemplazar a Cadena por incumplimiento de funciones, y el 8 de abril se nombró a Byron Vera como nuevo liquidador, quien el 18 y 25 de abril participó en la instalación y reinstalación de la junta para resolver la venta, convocada por Cabezas-Klaere.

Contrario a la decisión de la mayoría de accionistas, Vera votó a favor de la oferta de $4 millones que hizo Golfi S. A., empresa de Simón Bolívar Rosero, personaje que compra bienes y los vende por millones o los alquila.

La firma de la carta de compra del hotel ocurrió el 26 de mayo, entre Rosero y Cabezas-Klaere.

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En contraparte, una de las fuentes aseguró que dos meses antes, el 9 de marzo, Cabezas-Klaere recibió una carta de un corredor de bienes raíces para informarle de dos interesados, cuya negociación iniciaría en $10 millones. Uno era Daniel Noboa, entonces asambleísta. Se intentó obtener una versión de Noboa, pero no fue posible.

El agente buscaba “coordinar una visita para que los interesados conozcan el interior del hotel” y luego “presentarnos una propuesta de compra”. EXPRESO contactó al agente, quien aseguró que le pusieron trabas.

Este Diario solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere, pero no aceptó. Por otro lado, está pendiente un pedido que se hizo a la institución pública que él dirige.

Por su parte, Simón Bolívar Rosero dijo que se enteró que el hotel estaba a la venta cuando vio un papel pegado en una pared, de esos que tienen la leyenda "Se vende".

En un correo al que este Diario tuvo acceso, el entonces gerente del Continental dijo “que la única forma de desechar una propuesta por otra es con algo en firme (plata en mano)”.

Tras la firma del documento de compra, los accionistas buscaron más respuestas, ya que necesitaban conocer el destino del pago inicial que hizo el comprador. A esos pedidos de información se sumó el nuevo liquidador de Bruzzicorp. La ‘Super’ de Compañías reemplazó a Vera por Galo Farfán el 3 de junio, por incumplimiento de funciones.

En una petición de Farfán a Cabezas-Klaere le solicitó “conocer información financiera de Continental Hotel de 2020, 2021 y a la fecha 2022”. Sin embargo, en los casi tres meses de labores, el liquidador expuso no haber recibido información financiera, “solo hojitas extracontables”.

“Es sorprendente que alguien que administra una empresa se maneje sin información, y no se cumpla con las Normas Internacionales de Información Financiera”, se lee en su carta de renuncia a Lupe Velasco, intendenta nacional de Compañías, fechada el 24 de agosto de 2022.

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El ocaso del Continental también estuvo marcado por decisiones judiciales. Un grupo de accionistas trató de convocar una junta para el 5 de septiembre y así cambiar al gerente e intentar revertir la venta, pero uno de los socios minoritarios interpuso una acción de protección ante el juez Antonio Velázquez, de Yaguachi, quien la concedió el 31 de agosto.

Rafael Robles (+) de ACHE Cía. Ltda., otra de las accionistas del Continental, dijo entonces que dicho recurso se lo usó “para evitar que la mayoría pueda convocar a una nueva junta y deshacer el entuerto”.

Pese a las divisiones familiares y acreencias, el hotel siguió generando ofertas. El 5 de septiembre de ese año, Marcelino Moreno, de un consorcio, expuso su interés por segunda ocasión a través de una carta cuya propuesta ascendía a $11 millones, sin respuesta. Meses después lo buscaron para revenderle el edificio, afirmó un agente de bienes raíces que lo asesoró en su momento.

Justicia

"Había que hacer esta movida": audio de Inés Manzano revela supuesto acuerdo legislativo por Progen

Carlos Isaac Pino

A través de un comunicado difundido este 2 de junio, los representantes legales del exfuncionario detallaron el inicio de acciones en el exterior. La solicitud formal exige que el organismo internacional evalúe las actuaciones del Estado ecuatoriano bajo los estándares de derechos humanos.

El recurso ante organismos internacionales

La defensa técnica determinó que la privación de libertad se basó en el simple hecho de haber ocupado un cargo público, y advirtió que la responsabilidad penal exige hechos concretos que no han sido comprobados en el expediente.

El documento señala que la medida cautelar, requerida por la Fiscalía General del Estado y avalada por un magistrado de la Corte Nacional de Justicia, carece de sustento técnico. Los abogados argumentan que no existe un solo elemento de convicción individualizado que vincule a Gonçalves con un delito en la adjudicación de los contratos de emergencia.

Justicia

Caso Progen: Defensa de Antonio Gonçalves pide identificar transferencias y beneficiarios

Sara Ortiz

El exministro anticipó, mediante sus defensores, que continuará ejecutando las vías legales disponibles para desestimar las acusaciones en el proceso penal.

"La movida" que explica Inés Manzano

• Audio revela coordinación con la asambleísta Diana Jácome para frenar juicios políticos.
• Manzano pidió a funcionarios de Celec respuestas escuetas para no ahondar en el problema.
• Chats no incluidos en el expediente muestran la negociación directa de adendas de los contratos

Un audio de Inés Manzano, exministra de Energía, instruía a funcionarios del sector eléctrico sobre cómo evadir cuestionamientos legislativos por los contratos de emergencia con Progen. La instrucción quedó registrada en una grabación entregada a la Fiscalía General del Estado que expone una supuesta coordinación política para neutralizar las investigaciones de la Asamblea Nacional.

Política

Caso Progen: Del fraude comercial al procesal

Roberto Aguilar

La instrucción a Celec y la estrategia en la Asamblea

La pieza revelada por un reportaje de la cadena Ecuavisa, corresponde a julio de 2025. En el audio, se escucha a la entonces titular de la cartera de Estado explicar a Fabián Calero, quien actuaba como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), las acciones pactadas para evitar el primer intento de interpelación política por los fallidos proyectos de Progen y Austral.

Según el reporte periodístico, la estrategia se apoyó en la Comisión de Transparencia del legislativo. "Lo que me explicó la asambleísta (Diana) Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a la comparecencia", detalla la grabación. El objetivo de asumir la competencia del caso era bloquear directamente los requerimientos del bloque de la Revolución Ciudadana en otra comisión.

En el audio se evidencia que Manzano solicitó a Calero y a los funcionarios de Termopichincha que sus intervenciones fuesen limitadas. La exministra ordenó mantener un discurso escueto y evitar cualquier declaración que pudiera ahondar en las fallas de los equipos.

Como resultado de estas directrices, la primera comparecencia se ejecutó sin la presencia de los ministros encargados, delegando las respuestas al entonces viceministro Calero, lo que derivó en un informe final sin el establecimiento de responsabilidades políticas.

Ecuador

Caso Apagón: los 12 investigados por presunto peculado en contratos millonarios

Sara Ortiz

Estos diálogos salen a la luz en medio del litigio internacional que el Estado ecuatoriano mantiene contra la compañía en los tribunales de Florida. 

Tal como ha documentado Diario EXPRESO, la red desvió casi 104 millones de dólares de fondos públicos correspondientes a Celec sin entregar un solo megavatio de energía al país, mediante transferencias que terminaron en cuentas de Suiza, Florida y empresas subcontratistas ecuatorianas.

Este Diario también escribió a la exministra Manzano, a consultar sobre la reproducción de este audio. Se está a la espera de una respuesta.

Justicia

La ruta del dinero de Celec: así operaba la red que hoy enfrenta a la justicia de EE.UU.

Sara Ortiz

Apoyo de Trump a de la Espriella

• El mandatario estadounidense emitió su respaldo oficial a través de la plataforma Truth Social.
• Abelardo de la Espriella competirá en el balotaje colombiano programado para el 21 de junio.
• La votación definirá al sucesor presidencial en medio de intensas alianzas políticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 2 de junio de 2026 su respaldo oficial al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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Apoyo al candidato de ultraderecha

Trump utilizó su red social Truth Social para emitir el pronunciamiento, donde destacó que el resultado de las votaciones en el país sudamericano es determinante para definir las futuras relaciones comerciales y bilaterales con Washington. En el texto difundido, el jefe de Estado norteamericano enfatizó que otorga su apoyo completo basándose en las coincidencias programáticas y el respaldo previo recibido por parte del abogado y político colombiano.

"Por sus grandes logros en la vida, y por el apoyo que me ha dado, personalmente, tengo el honor de conceder a Abelardo mi completo y total respaldo", detalló la publicación oficial emitida desde la capital estadounidense.

Respuesta del colombiano

Por su parte, el candidato de ultraderecha a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este martes que sostendrá una relación "como nunca antes" con Estados Unidos si gana el balotaje contra la izquierda, luego de recibir el apoyo de apoyo de Donald Trump.

El abogado millonario de 47 años sorprendió el domingo al ganar la primera vuelta por delante del aspirante del oficialismo. Bajo el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, Colombia mantuvo tensas relaciones con Trump.

El candidato de la coalición de derecha llega a esta instancia tras consolidar apoyos de diversos partidos tradicionales luego de la primera jornada electoral de mayo. Por su parte, Iván Cepeda busca aglutinar el voto de los sectores independientes, organizaciones sociales y el bloque oficialista saliente para revertir los márgenes estadísticos de las encuestas previas al proceso electoral de finales de junio.

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Baja en la cifra de homicidios 

• El país registró 676 muertes violentas en el quinto mes de 2026.
• Los asaltos en ejes viales y domicilios bajaron más del 30 por ciento.
• Las autoridades adjudican la variación a las operaciones del Bloque de Seguridad.

El Ministerio del Interior informó este 2 de junio una reducción del 27,7 % en los homicidios intencionales a escala nacional durante mayo de 2026, estadística que la entidad gubernamental atribuye a las intervenciones militares y policiales ejecutadas bajo los recientes estados de excepción.

Descenso en delitos patrimoniales

Según el reporte oficial presentado por el ministro John Reimberg, el país pasó de registrar 935 casos en mayo de 2025 a 676 en el mismo mes del año en curso. Aunque el balance estatal proyecta un descenso en las muertes violentas, estos números se enmarcan en un país que opera bajo constantes declaratorias de emergencia, toques de queda focalizados y el despliegue ininterrumpido de las Fuerzas Armadas en las calles, medidas que el régimen de Daniel Noboa ha prolongado para intentar contener al crimen organizado.

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El boletín gubernamental también documenta variaciones a la baja en siete delitos contra la propiedad. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el robo a personas cayó un 43 %, pasando de 2.449 denuncias a 1.399. En esa misma línea, el robo de motocicletas —vehículos empleados frecuentemente como herramienta para la extorsión y el sicariato— bajó de 1.700 a 975 eventos reportados.

Reimberg detalló en una intervención pública que el asalto en ejes viales experimentó el mayor descenso con un 56 % menos de incidentes, un resultado que el funcionario vinculó a las mesas de trabajo instaladas con el sector del transporte. Asimismo, los robos a domicilios bajaron un 35 % y las sustracciones a unidades económicas un 46 %.

La Cartera de Estado justificó estos indicadores mediante el volumen de operatividad ejecutada entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026, periodo en el que se contabilizaron 264.882 intervenciones a escala nacional. En materia de capturas, la aprehensión de Objetivos de Intermedio Valor se elevó de 10 a 100 frente al año anterior, mientras que las autoridades registraron dos detenciones de Objetivos de Alto Valor.

En paralelo, las fuerzas del orden incautaron 1.172 armas de fuego y 19.264 municiones durante el quinto mes del año. Estas cifras oficiales mantienen un carácter preliminar y, según la normativa vigente, el Ministerio del Interior deberá validarlas el próximo 20 de junio a través de la plataforma gubernamental de Datos Abiertos.