Lo que se sabe

• Es el primer encuentro del nuevo viceprefecto del Guayas con un funcionario del Gobierno Nacional, tras su designación el 22 de abril
• El desarrollo productivo de la provincia fue el eje del encuentro, realizado en la Prefectura, en Guayaquil
• Catastros agrícolas y acuícolas, así como el censo ganadero, estuvieron entre los temas tratados

A cinco días de haber sido posesionado como viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada mantuvo este lunes 27 de abril de 2026 su primer encuentro público con un funcionario del Gobierno Nacional: el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega Malo.

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"Articular esfuerzos y consolidar una agenda estratégica orientada a fortalecer el desarrollo productivo" fue el eje del encuentro, según mencionó la Prefectura en un boletín de prensa.

Encalada reemplazará a la prefecta Marcela Aguiñaga, desde el próximo 14 de mayo, luego de que presentó su renuncia anticipada. Su viceprefecto, Carlos Serrano, dejó el cargo días después.

¿De qué hablaron el viceprefecto y el ministro?

Ambos funcionarios revisaron proyectos de la Prefectura "con el objetivo de reforzarlos y alinearlos con esta visión estratégica basada en planificación, datos y articulación institucional", indicó la institución.

Entre los puntos tratados, están:

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¿Diálogos del prefecto con el ministro Roberto Luque?

Una de las obras clave para Guayas es la construcción del denominado Quinto Puente, que llegará a la zona sur de Guayaquil, y cuya ejecución confrontó al Régimen central con la administración de Aguiñaga.

"Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta se están resolviendo", dijo este lunes el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.

El movimiento Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa, aseguraron que Aguiñaga renunció por presiones del Gobierno y la acusaron de entregar la conducción de la provincia al Régimen.

Luque aseguró que no se había reunido aún con Encalada y mencionó que entre junio y julio volvería la maquinaria a los tramos 4 y 5 de la obra, que se prevé esté lista en 2029.

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Lo que debes saber

• CNE canceló Construye y Unidad Popular el 26 de abril de 2026, tras plazo legal fijado en la Ley Electoral.
• Artículo 327 fija 120 días antes de elecciones; resolución ocurrió fuera de plazo, según cronograma electoral 2026.
• Votación del CNE incluyó abstenciones y voto dirimente de Diana Atamaint, cuestionado por consejeros y partidos afectados.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) canceló a Construye y Unidad Popular fuera del plazo legal, en pleno calendario electoral 2026, según críticas de partidos y juristas que alertan vulneraciones al debido proceso y a la normativa democrática en Ecuador. 

Te invitamos a leer| El CNE dice que otorgó plazo para defensa de UP y Construye: Así defendió la cancelación

Si para concentrar el poder y eliminar adversarios (grandes, pequeños, relevantes o irrelevantes, finalmente eso no importa) hay que atropellar la ley, la ley se atropella. Si para violar la normativa es necesario no guardar las formas, las formas no se guardan.

Este es el credo con el que opera el gobierno y con el que cuenta con la participación incondicional, si no de todos los poderes del Estado, al menos de casi todos ellos. Si hasta el viernes cuatro poderes del Estado se concertaron para incumplir desvergonzada y groseramente con la ley y la Constitucional para impedir que una persona que no es incondicional para el gobierno ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura (desde donde se controla a jueces y fiscales), el domingo el turno de hacer su parte fue del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Este organismo, otro de los tantos cooptados por el gobierno, decidió en forma abiertamente ilegal sacar del registro electoral a dos adversarios políticos y electorales: Construye y Unidad Popular.

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Las ilegalidades de la cancelación

¿Por qué fue ilegal? Por varias razones, pero de entre ellas hubo una clara y contundente: se lo hizo fuera del plazo legal. Es decir, luego de lo que la ley establece como límite para hacerlo: 120 días antes de la convocatoria a las elecciones. La norma es clara y no da pie a interpretaciones. 

“La cancelación de una organización política podrá ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral hasta ciento veinte días antes de la convocatoria a elecciones”, dice el artículo 327 de la Ley de Elecciones, mal llamado Código de la Democracia.

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Es decir, con las elecciones adelantadas (ilegalmente, como si fuera poco) al 29 de noviembre de 2026, el plazo terminaba el 3 de abril, es decir a inicios de este mes que ya está por acabar. Y lo más increíble de quienes profesan el credo de que no importan ni las normas ni las formas es que llegan a decirlo abiertamente y sin que se les caiga la cara de vergüenza. 

Vocal Merino reconoce que CNE actúa fuera del plazo

El vocal José Merino, uno de los bienmandados del gobierno, reconoció que en la sesión del domingo 26 donde se tomó la decisión de sacar a Construye y Unidad Popular “fuera del plazo”. Y para defender esa ilegalidad, sostuvo que la palabra “podrá” (que está en el artículo 327) no “impide actuar”.

La declaración de Merino sobre el tema, sin duda, es una obra cumbre del cinismo político y del acomodamiento argumentativo que retrata a cuerpo entero la conducta del gobierno, sus operadores y sus cómplices frente a la institucionalidad. 

Y, por eso, vale la pena transcribirla íntegramente aunque sea un poco larga. “Sí, estamos resolviendo cuando faltan menos de 120 días para la convocatoria a elecciones. Y la pregunta es clara: ¿eso impide aplicar la ley cuando el incumplimiento es evidente? Yo creo que no solo para mí, pero para la gran mayoría de ecuatorianos es un ‘no’ rotundo. El artículo 327 establece que el Consejo Nacional Electoral podrá resolver la cancelación hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Ese ‘podrá’ reconoce una facultad, pero no establece una prohibición absoluta fuera de ese plazo. No dice únicamente, no dice exclusivamente, no establece una nulidad automática, lo que hace es, sin duda, organizar el momento ideal de decisión dentro del calendario electoral. Pero no puede convertirse en un blindaje para el incumplimiento, porque si aceptamos que después de los 120 días no se puede resolver estaríamos aceptando algo profundamente equivocado: que una organización que no cumple con la ley puede mantenerse simplemente por no dejar pasar el tiempo y eso, para mí, no es una interpretación jurídica válida…”.

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La declaración, hecha en un video que circula en redes sociales, no solo que es absurda, sino que el vocal Merino la hizo leyendo un texto que tenía en su pantalla. Es decir que ni siquiera la barbaridad que lanzó con tamaño desparpajo era de su autoría sino que alguien se la había redactado, probablemente uno de los operadores del gobierno, de esos que trabajan día y noche tratando de asegurarse que los organismos como el CNE hagan los deberes como los quiere Carondelet.

Las recusaciones pendientes

La decisión la adoptó el CNE, además, en medio de una serie de irregularidades y hechos confusos y opacos. Por ejemplo, no se resolvieron (ni siquiera se consideraron) recusaciones previas contra consejeros hechas por dirigentes de los partidos afectados. 

La consejera suplente, María Cristina Kronfle, advirtió, antes de la sesión, que si no se consideraban esas recusaciones el proceso se afectaría el debido proceso. 

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El polémico voto de Atamaint

Y no solo eso: hubo una curiosa votación en la que las abstenciones de dos vocales, Elena Nájera y José Cabrera, se computaron como si hubieran sido votos a favor o en contra y se decidió que, por aquello, había habido un empate que tenía que ser dirimido por el de la presidenta Diana Atamaint, cosa que ocurrió, obviamente, a favor de la moción de borrar del registro a los dos partidos.

Lo del domingo es, simplemente, un paso más en el camino que está trazando el gobierno para quedar solo en las elecciones o, a lo máximo, acompañado por agrupaciones que tienen acuerdos con él. 

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Ya está fuera la Revolución Ciudadana que también fue sancionada por el CNE y sus cuadros tendrán que buscar otros partidos que los acojan para candidatizarse. 

Lo del gobierno se parece a la estrategia del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, que metió presos a todos los candidatos presidenciales que podían haberle ganado. Lo hecho no significa, en todo caso, que la pelea esté ganada por el gobierno, aunque la cancha está evidentemente inclinada a su favor.

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El pleno ha estado conformado por el presidente Damián Larco, junto a Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros Añazco y Fabián Fabara Gallardo. Eso en medio de cuestionamientos sobre la independencia de la Judicatura, tras lo ocurrido con Alexandra Villacís, a quien le correspondía dirigir el ente.

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Este fue el proceso:

Caicedo renunció a su cargo de conjueza de la Corte Nacional de Justicia, función que desempeñaba desde el 3 de febrero de 2021, para asumir la titularidad de la Judicatura.

La Asamblea Nacional informó que la posesionará el miércoles 29 de abril, a las 17:30, en una sesión convocada solo con ese objetivo. También se posesionará al vocal suplente Ramón Antonio Echaiz. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado de los tribunales de la República. Ha trabajado como auxiliar en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

Por el feriado decretado por el presidente Daniel Noboa, desde el jueves 30 de abril, se prevé que el lunes 4 de mayo, Caicedo acuda a su despacho en la Judicatura.

Caicedo es jurista especializada en derecho penal y criminología. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías en áreas vinculadas al derecho penal. En la Función Judicial fue jueza nacional encargada y conjueza en la sala de delitos penales, corrupción y crimen organizado.

El pronunciamiento de Damián Larco

En ese contexto, Damián Larco, quien fungió como presidente, reiteró que su gestión fue temporal y orientada a garantizar la continuidad institucional. Además, anticipó que la nueva titular contará con el respaldo necesario para enfrentar los desafíos del sistema de justicia y avanzar en los procesos de transformación que demanda la ciudadanía.

Lo que debes saber

• El CNE canceló a Unidad Popular y Construye por no cumplir con los requisitos para mantener su personería jurídica.
• Tras analizar la documentación entregada por Unidad Popular y Construye, el CNE concluyó que no existían elementos suficientes para validar los registros de militantes.
• Unidad Popular interpondrá recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) salió a justificar la cancelación del movimiento Unidad Popular (UP) y de Construye, al asegurar que la medida se adoptó cumpliendo los procedimientos legales y garantizando el derecho a la defensa de ambas organizaciones.

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En un comunicado emitido el 26 de abril, el organismo explicó que la evaluación se sustentó en lo que establece el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia sobre la vigencia de los partidos y movimientos políticos.

En ese marco, indicó que se concedió un plazo de diez días para que las agrupaciones presentaran los respaldos necesarios que acrediten el número mínimo de afiliados exigido por la ley.

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Sin embargo, tras analizar la documentación entregada, el CNE concluyó que no existían elementos suficientes para validar los registros de militantes.

También recalcó que es responsabilidad de las organizaciones políticas mantener actualizada esta información y reportarla periódicamente a la autoridad electoral.

¿Cómo resolvió el CNE la cancelación de Unidad Popular?

La decisión sobre Unidad Popular se resolvió en una sesión virtual marcada por divisiones entre los consejeros. Mientras la presidenta del organismo, Diana Atamaint, y el vocal suplente José Merino -el principal Enrique Pita no participó- apoyaron la cancelación, Elena Nájera y José Cabrera se mostraron en contra en una primera votación.

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El escenario cambió tras un pedido de reconsideración. Ambos consejeros optaron luego por abstenerse, lo que generó un empate que fue resuelto con el voto dirimente de Atamaint.

Unidad Popular calificó su cancelación como "decisión atropellada"

Unidad Popular señaló que su cancelación del registro electoral es una "decisión atropellada" y "sin ningún sustento jurídico válido con la intención política de eliminar a un partido de oposición".

Dirigentes del movimiento indicaron que interpondrán recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo asume este miércoles la presidencia del Consejo de la Judicatura ante la Asamblea.
• La Asamblea posesiona hoy en Quito a Mercedes Caicedo y Ramón Echaiz para liderar la Judicatura.
• Caicedo llega a la Judicatura tras una polémica designación del CPCCS marcada por pugnas judiciales.

La Asamblea Nacional de Ecuador posesionará este miércoles 27 de abril de 2026 a Mercedes Caicedo como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. El acto oficial, que incluye la designación de Ramón Echaiz como vocal suplente, se realizará de forma presencial en la sede legislativa de Quito tras la selección efectuada por el CPCCS de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

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Detalles de la posesión en la Asamblea Nacional

El Legislativo convocó a la sesión número 90 del Pleno para las 17:30, con el objetivo de formalizar el cambio de mando en el organismo administrativo de la Función Judicial. Según la convocatoria oficial, el encuentro requiere la asistencia física de los asambleístas en la capital.

Mercedes Caicedo y Ramón Echaiz llegan al cargo luego de un proceso de selección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el pasado 24 de abril. La terna, remitida originalmente por Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), también incluyó a Paquita Chiluiza, quien no alcanzó los votos necesarios.

Datos clave de la jornada legislativa:

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Un proceso marcado por tensiones legales

La llegada de Caicedo a la Judicatura ocurre en un contexto de alta tensión política. El proceso de designación ha enfrentado críticas por el presunto incumplimiento de una medida judicial que involucraba a Alexandra Villacís. Esta última reclamaba el cargo tras la renuncia de Mario Godoy, quien dejó la institución en medio de un juicio político.

Compra de medicamentos 

• El MSP demandó al proveedor por carecer de los certificados de distribución autorizada.
• Las trabas administrativas provocaron la interrupción de dosis en el Hospital Icaza Bustamante.
• Las familias denunciaron en diciembre los incumplimientos de la gerencia hospitalaria.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en la adquisición del fármaco Nusinersen. La acción judicial expone las fallas técnicas detrás de las graves dilaciones en los tratamientos pediátricos que este Diario documentó a finales del año pasado.

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La intervención en Fiscalía, ingresada el 24 de abril de 2026, detalla el incumplimiento en la entrega del certificado que acredita a la empresa contratista como fabricante o distribuidor autorizado en el país. Esta carencia documental explica el desorden y los retrasos en el suministro del medicamento, vital para frenar el avance de la atrofia muscular espinal (AME) en los menores.

Fuentes confirmaron a EXPRESO que, con temor a que no sea el medicamento correspondiente, estas dosis sí se suministraron el 15 de enero de 2026.

Un problema que EXPRESO alertó meses atrás

La denuncia estatal confirma las falencias del proceso administrativo que EXPRESO reveló en diciembre de 2025. En ese periodo, los padres de los pacientes del Hospital Francisco Icaza Bustamante ejecutaron plantones para exigir la medicación. La gerencia del sanatorio firmó actas de compromiso con fechas de entrega que sufrieron constantes postergaciones, agravando el cuadro clínico de los menores por la interrupción de sus dosis cuatrimestrales.

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El documento del MSP precisa que el 13 de febrero de 2026 se emitió una alerta a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) para ejecutar acciones dentro de sus competencias. 

La judicialización del caso evidencia que el sistema de salud pública operó con contratistas sin la validación técnica requerida para manejar fármacos de alta complejidad y costo.

Cada dosis de Nusinersen tiene un costo aproximado de 85.000 dólares. La interrupción del tratamiento, que debe aplicarse periódicamente, pone en riesgo la vida de los pacientes, ya que no existen alternativas paliativas que logren detener el avance de la AME.

Durante las semanas de desabastecimiento e irregularidades, los representantes legales advirtieron sobre síntomas de retroceso neuromuscular en los niños, un riesgo que puede estar provocado directamente por las fallas en los filtros de contratación del Estado.

Lo que se sabe

• La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio de Guayaquil aceptó una denuncia en contra del alcalde Aquiles Álvarez
• Denunciante asegura que la detención del alcalde, ocurrida el 10 de febrero, ha limitado el ejercicio de sus funciones
• Ahora corre el plazo para que ambas partes presenten argumentos y evidencias

Una de las tres denuncias presentadas para que se remueva del cargo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue admitida este lunes 27 de abril de 2026 por la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio.

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La denuncia aceptada fue la que presentó Hugo Córdoba Hidalgo, quien reside en Guayaquil. Las otras dos correspondían a David López Banegas y Óscar Velarde.

Se argumenta que, el pasado 26 de marzo de 2026, culminó la licencia ampliada que tenía Álvarez para ausentarse del cargo. Esto configuraría una ausencia injustificada del cargo, según el denunciante.

Él pide que se aplique el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que en su literal B establece, como causal para remover a la autoridad de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD): "Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

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¿Qué sigue en el proceso contra Aquiles Álvarez?

La Alcaldía indicó, en un comunicado, que ahora en el proceso "se activa el procedimiento legal correspondiente, que contempla la notificación al alcalde y la apertura de un período probatorio de diez días, durante el cual las partes podrán presentar sus argumentos y evidencias".

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Denuncian reducción del espacio democrático

El domingo 26 de abril de 2026, el órgano electoral resolvió la cancelación de ambas organizaciones políticas. Aunque la votación no fue uniforme -pues en el caso de Construye no hubo desacuerdos-, la decisión sobre Unidad Popular requirió el voto dirimente de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Ante esto, el Foro por la Democracia expresó su más enérgico rechazo a la eliminación de estas dos “organizaciones políticas de oposición”. A su criterio, estas decisiones responden a una estrategia para reducir el espacio democrático y concentrar el poder, a pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Dudas sobre la legalidad del proceso

La carta señala que “analistas jurídicos y la propia consejera suplente advirtieron que el CNE pudo haber excedido los plazos legales establecidos en el Código de la Democracia para resolver cancelaciones de partidos en el período preelectoral”. Según el Foro, esto refuerza las dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en esa etapa.

El pronunciamiento también menciona la suspensión de nueve meses contra Revolución Ciudadana (RC), dictada en marzo de 2026 en el marco del caso Caja Chica. A ello se suman acciones contra líderes del movimiento Renovación Total (RETO), como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la vinculación del asambleísta Raúl Chávez al caso Goleada.

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Advertencia sobre un patrón institucional

Para el Foro, estos hechos configuran un “patrón institucional alarmante” que afecta principalmente a organizaciones opositoras. Aunque, indica que no prejuzgan responsabilidades penales, advierten sobre el riesgo que esta acumulación de decisiones representa para el pluralismo político.

La organización también cuestionó el adelanto del calendario electoral al 29 de noviembre de 2026, decidido por el CNE con base en informes de riesgos climáticos. A su juicio, la reducción de plazos perjudica a los partidos con procesos en curso, mientras el oficialismo avanza sin obstáculos.

Para la agrupación, estas acciones son propias de regímenes autoritarios y evidencian una deriva preocupante en el sistema democrático. Además, el Foro sostiene que esta confluencia de decisiones debilita la confianza en el organismo electoral y compromete la legitimidad de los comicios.

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Riesgos para el pluralismo y los resultados

En ese contexto, advierte que está en riesgo que la ciudadanía cuente con “opciones reales en las urnas”, así como el reconocimiento de los resultados y, en última instancia, la vigencia de la democracia representativa. “Cuando las instituciones del Estado se convierten en instrumento de exclusión política, se debilita el pluralismo democrático y se erosiona la democracia”, señala el pronunciamiento.

Llamado a no guardar silencio

Por ello, el Foro por la Democracia hace “un llamado urgente a la ciudadanía, a la academia, a los organismos electorales internacionales y a los actores políticos para que no guarden silencio”. Asimismo, exhorta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a actuar con “plena independencia” al conocer los recursos que presenten los movimientos Construye y Unidad Popular.

Opiniones de sus miembros

El analista político Alfredo Espinosa, miembro de la organización, también se pronunció en X y sostuvo que “un órgano electoral debe ser independiente, no un instrumento prorrogado del poder de turno”. En la misma línea, la abogada María Dolores Miño señaló que “la democracia exige pluralidad de voces y de partidos”.

A estas posturas se suma el académico Jorge Luis Mazón, quien advirtió que “no podemos permanecer callados cuando parecen querer llevarnos a un sistema electoral estilo Nicaragua”. Por su parte, el abogado Ramiro Ávila enfatizó que “no hay que guardar silencio”.

Lo que debes saber

• El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó por unanimidad la renuncia de Mercedes Caicedo a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
• Caicedo no registra sumarios administrativos ni procesos disciplinarios en su contra.
• Mercedes Caicedo pasará a presidir el Consejo de la Judicatura hasta el año 2031.

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó por unanimidad la renuncia de Mercedes Caicedo a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria realizada este lunes 27 de abril de 2026, en la que se analizó la dimisión presentada horas antes por la magistrada.

(Te puede interesar: Judicatura: los retos inmediatos que enfrenta Mercedes Caicedo tras asumir la presidencia)

Previo a la resolución, la Dirección Nacional de Talento Humano informó que Caicedo no registra sumarios administrativos ni procesos disciplinarios en su contra.

Con la aceptación de la renuncia, la Dirección General del CJ deberá notificar oficialmente tanto a la exconjueza como a la Asamblea Nacional, paso previo para formalizar los cambios en la estructura de la Función Judicial.

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Mercedes Caicedo, nueva vocal de la Judicatura

La salida de Caicedo de la Corte Nacional se produce días después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la designara como vocal principal de la Judicatura, en reemplazo de Mario Godoy, quien fue censurado y destituido por la Asamblea el pasado 18 de febrero.

Está previsto que Caicedo asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura para el periodo restante hasta 2031, una vez que sea posesionada por la Asamblea Nacional.

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Mercedes Caicedo: Críticas por el proceso para elegir a nuevo vocal de la Judicatura

La elección de Caicedo provocó críticas, ya que el cargo debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente designada y ya posesionada por la Asamblea. Sin embargo, al momento de asumir, en el sistema del Ministerio del Trabajo constaba una inhabilidad que le impedía ejercer funciones públicas.

Villacís emprendió gestiones para probar que esa inhabilidad no era válida. Incluso obtuvo una sentencia constitucional que ordenaba al Ministerio del Trabajo corregir el registro; sin embargo, la institución, dirigida por Harold Burbano, no ejecutó el cambio. Finalmente, optó por renunciar a su cargo como vocal suplente.

Lo que debes saber

• Jaime Bernabé asume el Ministerio de Salud tras cinco meses de gestión de María José Pinto.
• Pinto retoma funciones de desnutrición infantil y salud mental por decreto de Daniel Noboa.
• Salida de la vicepresidenta del MSP ocurre ante quejas por falta de fármacos en hospitales.

La vicepresidenta María José Pinto retoma sus competencias originales en el Gobierno de Daniel Noboa tras finalizar su encargo en el Ministerio de Salud Pública. Pinto se enfocará en la articulación de políticas para la desnutrición crónica infantil y salud mental, áreas críticas asignadas al inicio del mandato presidencial.

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Noboa oficializa a Jaime Bernabé como ministro de Salud pese a sus nexos con el sector privado

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El retorno de la vicepresidenta a sus funciones estratégicas

Tras la oficialización de Jaime Bernabé como nuevo titular de Salud, Pinto vuelve a ejercer plenamente las responsabilidades dictadas por el Decreto Ejecutivo 3. Su gestión en la cartera de Salud duró cinco meses, periodo en el que buscó agilizar la compra de fármacos e insumos médicos, aunque su salida ocurre en medio de críticas por la escasez de medicamentos en hospitales públicos.

Áreas bajo la responsabilidad de María José Pinto

De acuerdo con la normativa vigente y sus nuevas designaciones, la funcionaria liderará los siguientes ejes:

La salida de Pinto del Ministerio de Salud

Pinto asumió el Ministerio de Salud Pública en noviembre de 2025 tras la salida de Jimmy Martin, quien posteriormente se desempeñó como asesor de la Vicepresidencia de la República. La funcionaria llegó a la institución con la misión de diagnosticar el estado del sistema sanitario y agilizar los procesos de adquisición de fármacos e insumos médicos.

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Jaime Bernabé endosó sus acciones médicas a una sola persona previo a su posesión oficial

Carlos Isaac Pino

Al inicio de su gestión, aseguró que en un plazo de tres meses presentaría una radiografía integral del Ministerio para ejecutar acciones correctivas. Sin embargo, cinco meses después, el presidente Daniel Noboa decidió finalizar el encargo de Pinto en un contexto de crecientes cuestionamientos por el deterioro del sistema de salud y la persistente escasez de medicamentos en la red de hospitales públicos del país.

Lo que debes saber

• CNE canceló Unidad Popular y Construye el 26 de abril por supuestos afiliados insuficientes.
• PSE y Yasunidos alertan irregularidades y riesgo democrático en Ecuador durante calendario electoral.
• Unidad Popular afirma seguir vigente y cuestiona voto dirimente del CNE vinculado al gobierno Noboa.

Rechazo y preocupación expresaron el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y la agrupación ecologista Yasunidos, frente a la cancelación de Unidad Popular y Construye, como lo aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 26 de abril de 2026 debido a que, supuestamente, ambas organizaciones políticas habrían incumplido el número de afiliados y adherentes permanentes.

Te invitamos a leer| Unidad Popular cancelado: vocal Elena Nájera denuncia que el CNE "justifica ilegalidades"

El PSE dijo que la decisión es "preocupante", ya que se se tomó en medio del calendario electoral, pese a que la normativa dispone que la cancelación de los partidos y movimientos políticos "podrá ser resuelta hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones no durante su desarrollo", indicó el partido en un comunicado difundido este 27 de abril de 2026.

Para Yasunidos, la medida fue adoptada "de manera irregular", es "un patrón del uso de las instituciones para disciplinar a quienes resisten al avance autoritario" y considera que el CNE "actúa como órgano alineado con e Gobierno de Daniel Noboa y con su proyecto de concentración de poder".

Además, ambas organizaciones denunciaron que la decisión afecta a la democracia. "El sistema democrático está bajo amenaza, un camino iniciado con las reformas al Código de la Democracia, seguidas por la persecución a líderes sociales y políticos", señaló el PSE. Por ese motivo, Yasunidos adelantó que se mantendrá "vigilante ante nuevos actos vulneren la participación democrática".

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Unidad Popular anunció que apelará

Las reacciones en torno a la cancelación de ambos movimientos políticos se difundieron este lunes, en medio de las declaraciones del director nacional de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, quien afirmó que aún no ha recibido la notificación sobre la cancelación. Por ello, aseguró que "la lista 2 de Unidad Popular está presente".

Según el dirigente, la resolución del CNE carecería de legalidad porque la presidenta del organismo, Diana Atamaint, habría emitido su voto dirimente por un supuesto empate, pero en este caso hubo dos abstenciones y no pronunciamientos a favor o en contra.

Atarihuana aseguró que Unidad Popular no ha reducido sus afiliados y adelantó que la dirigencia apelará y continuará "peleando por la legalidad de su partido".

Las claves del caso

• Elena Nájera rechaza comunicado del CNE sobre cancelación de partidos y lo tilda de ilegal.
• Vocal del CNE denuncia que el organismo justifica actos sesgados sin socializar boletines.
• Unidad Popular acudirá al TCE y CIDH tras ser eliminado del registro electoral.

La consejera electoral Elena Nájera rechazó el comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la cancelación de las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye. Nájera calificó de "ilegal" la decisión de la mayoría del Pleno y denunció que el boletín institucional busca justificar arbitrariedades sin haber sido socializado con ella. Por su parte, los partidos afectados preparan acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y organismos internacionales por la supuesta vulneración de su personería jurídica.

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Denuncia de falta de consenso en el organismo electoral

Elena Nájera utilizó sus redes sociales para desmarcarse de la postura del CNE. Según la vocal, el documento difundido por la institución no representa una visión unánime, sino que evidencia el uso de los canales oficiales para encubrir actos sesgados. Nájera sostuvo que el boletín "no instruye, sino que justifica ilegalidades" cometidas por los consejeros de mayoría al extinguir a los dos movimientos políticos.

La funcionaria enfatizó que el contenido del pronunciamiento nunca llegó a su despacho para revisión previa. Esta falta de comunicación, a su juicio, invalida cualquier pretensión de legitimidad institucional en el mensaje enviado a la ciudadanía tras la resolución del 26 de abril de 2026.

Los argumentos del CNE para la cancelación de partidos

El conflicto administrativo se originó cuando el Pleno del CNE decidió cancelar a Unidad Popular y Construye alegando una reducción crítica en su número de adherentes permanentes. De acuerdo con los informes técnicos-jurídicos, ambas organizaciones incumplieron con el artículo 335 de la Ley Electoral, que obliga a mantener registros actualizados de afiliación.

Cronología del proceso administrativo:

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Acciones legales de Unidad Popular ante el TCE y la CIDH

Ante la notificación, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, anunció que iniciarán una ofensiva legal para recuperar su personería jurídica. La estrategia de defensa no se limitará al ámbito nacional, pues consideran que existe una persecución política.

El partido tiene previsto acudir a las siguientes instancias:

Lo que debe saber

• Nuevamente, el mandatario colombiano niega vínculos con alias Fito y cuestiona el trato a Jorge Glas.
• La tensión entre Ecuador y Colombia escala: Petro arremete contra informe sobre su visita a Manta.
• Reportaje sobre la visita de Petro a Manta desata controversia en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a un reportaje publicado en Ecuador y replicado por medios de su país sobre su estadía en Manta. “Al presidente Noboa no le gustó que yo considere al exvicepresidente Jorge Glas y ciudadano colombiano como un preso político”.

El mandatario colombiano calificó como falsa la información difundida por la cadena Caracol. Dicho medio del vecino país se refirió al reportaje de la alianza Vistazo y Código Vidrio sobre lo que habría hecho Petro durante los días que permaneció en el cantón manabita, después de asistir a la posesión de Daniel Noboa el pasado 24 de mayo de 2025.

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“Bajo el título: ‘Prensa de Ecuador revela los detalles de la visita del presidente Gustavo Petro a Manta en 2025’, Caracol repite el informe falso y comete esa cadena falsedad contra mí”, escribió en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado continuó: “El periódico ecuatoriano informa que vieron movimientos extraños de los carros de mis escoltas llevando diversas personas que suponen que era Fito, solo una suposición estúpida, engañado o hecha por el presidente Noboa, que no le gustó que yo considere al exvicepresidente Jorge Glas del Ecuador y ciudadano colombiano como un preso político”.

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Petro habló una vez más sobre alias Fito

Los cuestionamientos alrededor de la visita surgieron a partir de información del mismo Gobierno de Ecuador. Petro contó con un acompañamiento y seguimiento de efectivos de las fuerzas del orden ecuatorianas.

Respecto a supuestos acercamientos con el exlíder de Los Choneros —extraditado a Estados Unidos—, Petro señaló: “El bandido Fito, que se capturó también en mi gobierno en Colombia, no es tan estúpido de meterse en un cerco que tenía la Policía y el Ejército ecuatorianos permanentemente alrededor de la cabaña no lujosa”.

¿Qué dijo sobre Noboa?

Entre los mandatarios ecuatoriano y colombiano existe una pugna que derivó en una guerra arancelaria. Ecuador impuso una tasa del 100 % a los productos importados desde el vecino país. El Gobierno de Noboa argumentó una falta de compromiso en el cuidado de la frontera y en la lucha contra el narcotráfico.

A propósito del reportaje, Petro dijo sobre Noboa: “El presidente Noboa escogió una vía antidemocrática para tratar a su oposición, está matando de hambre al ciudadano colombiano Jorge Glas en prisión y le quitó la legalidad política, quitando la personería jurídica del partido de oposición más grande dirigido por Rafael Correa”.

¿Qué reveló el reportaje en Ecuador?

Los días que el presidente colombiano permaneció en Ecuador han generado diferentes reacciones. En ese sentido, Vistazo y Código Vidrio publicaron un reportaje, con base en entrevistas y documentos oficiales del lado ecuatoriano, en el que presentan algunos detalles de la visita de Petro.

Entre los hallazgos expuestos está que Petro permaneció durante tres días en la residencia Marina Blue y no realizó salidas oficiales entre la tarde del 24 de mayo y el 26 del mismo mes.

También se señala que autos con vidrios polarizados, pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, ingresaban y salían con distintos visitantes.

“Un reporte de Inteligencia describe, por ejemplo, que en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados”, dice una parte de la nota.

“Mi escolta hará un comunicado oficial firmado por el jefe de mi seguridad, el general (r) Guatibonza, describiendo con exactitud las maniobras que ellos mismos hicieron y que no fue sino llevarme la comida comprada en el pueblo de Manta”, señaló Petro.

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El legislador cuestionó la permanencia de Jacho en dicha comisión, al señalar que enfrentaría un conflicto de intereses, ya que forma parte del proceso de designación del nuevo fiscal mientras es investigada por la misma Fiscalía.

“Se nos ha notificado para que en los próximos días se haga un reconocimiento de firma y eso nos llama la atención. Lo que se hizo desde la Asamblea Nacional es poner en conocimiento las denuncias que llegaron a nuestro conocimiento y la respuesta del ministro (del Trabajo) Harold Burbano”, señaló Molina.

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El legislador recordó que el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar una investigación de oficio sin la necesidad de solicitar ese reconocimiento de firmas. 

Molina también recordó que Leonardo Alarcón, quien es el actual fiscal general, también participa en el concurso para una nueva designación en el cargo.

¿Qué denunció el correísmo?

El asambleísta del bloque correísta, Luis Fernando Molina, señaló el pasado 14 de abril de 2026 que su bancada llevó adelante un proceso de fiscalización. 

En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en los certificados de capacitación de Jacho. “Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso”, dijo Molina.

“Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro”. Molina señaló que la respuesta fue que no está registrado en esa cartera de Estado. “Adicional a eso, el acuerdo ministerial al que hace referencia no corresponde a Aina Group”.

El legislador agregó que las certificaciones no se emiten a través de acuerdos, sino de resoluciones. “Es un hecho grave. La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad”, mencionó Molina.

Las acciones de Jaime Bernabé

• Jaime Otton Bernabé Erazo vendió sus acciones días antes de ser oficializado como ministro de Salud.
• Los registros muestran que Interhospital, Interlab y Medec fueron endosados a Norma Castro Ramírez.
• Pese a las ventas, el ministro mantiene una participación activa en la empresa Empresalud S.A.

Jaime Otton Bernabé Erazo, nuevo ministro de Salud Pública, liquidó sus participaciones accionarias en el sector hospitalario privado de Guayaquil en una ventana de 72 horas previa a su nombramiento oficial por el presidente Daniel Noboa el 27 de abril de 2026. 

Los registros de la Superintendencia de Compañías confirman que el funcionario traspasó sus capitales en Interhospital S.A. e Interlab S.A. a una misma persona natural, una acción administrativa dirigida a disipar las alertas por conflicto de intereses que retrasaron la emisión del Decreto Ejecutivo 369.

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El endoso sistemático a una sola beneficiaria

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado jueves 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de su posesión.

Esta operación fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $ 1.920, un movimiento efectuado el martes 21 de abril. La trazabilidad documental expone un patrón técnico: ambos paquetes accionarios, al igual que su participación en la firma extranjera Medecorporated S.A. —traspasada previamente—, fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Aunque la serie de transacciones liquida en el papel su control en los consorcios médicos más grandes de la ciudad, en el sistema de control de la Superintendencia, Bernabé aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A. Aunque el capital invertido en esta firma es de apenas un dólar frente a un total de $ 4.000 (lo que representa un 0.025 %).

Con la firma del Decreto 369, el Estado ha entregado la rectoría sanitaria a un ciudadano que se desprendió de sus activos mayoritarios a contrarreloj, y que tiene por delante el enorme desafío de orientar un sistema de Salud Pública que acumula quejas por deficiente. 

Lo que debes saber

• Unidad Popular alista una triple ofensiva legal tras la decisión del CNE de cancelar su personería jurídica.
• El movimiento denuncia que la medida es ilegal, tomada fuera de plazo y sin sustento en la reducción de adherentes.
• La cancelación de Unidad Popular por parte del CNE abre un nuevo frente político y judicial.

Unidad Popular espera la notificación de la decisión sobre su cancelación para emprender tres acciones simultáneas: apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), demandar en la Corte Constitucional y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mañana de este 27 de abril de 2026, el representante legal del movimiento político, Geovanni Atarihuana, insistió en que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es ilegal. Primero, según la organización política, se tomó fuera de tiempo.

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“Viola el Código de la Democracia. El inciso final del artículo 327 es claro y dice que debe hacerse al menos 120 días antes de la convocatoria a elecciones”. El dirigente político recordó que, con el cambio de fechas del calendario electoral, ese plazo culminó el 3 de abril pasado.

Después, Atarihuana indicó que el CNE no ha podido demostrar la reducción del número de adherentes. Dijo que el mismo organismo certificó el pasado 13 de abril la desafiliación de 1.483 personas. Eso, según el representante legal, no representa el 50 % que se usó como base para decidir la cancelación.

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“La resolución ilegal e inconstitucional que tomaron dos miembros del CNE no es solo un golpe a nuestro derecho de participación sino a la democracia. Está en marcha un fraude contra la democracia”, insistió.

¿Qué decidió el CNE?

El 26 de abril de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió la cancelación del movimiento político. Un informe sugería dicha acción, teniendo en cuenta que no existían fichas ni respaldos documentales suficientes que permitan validar o actualizar esos datos en las bases institucionales. 

Es decir, Unidad Popular contaba con menos del 50 % de adherentes, lo que constituye una causal para la cancelación.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

Nuevo ministro de Salud 

• El presidente firmó el Decreto 369 para posesionar al nuevo titular sanitario.
• La designación ocurre días después de que el Gobierno prometiera revisar el perfil del funcionario.
• El médico figuraba como accionista activo de clínicas y laboratorios médicos

El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 27 de abril de 2026 la designación de Jaime Otton Bernabé Erazo como el nuevo titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la suscripción del Decreto Ejecutivo 369. Se convierte en el séptimo ministro en esta cartera de Estado desde que Noboa es presidente. 

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Nuevo encargado del Ministerio de Salud, pese a contradicciones en los requisitos

La medida administrativa se ejecuta apenas tres días después de que la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, asegurara públicamente que el régimen retrasaba la firma del documento para revisar posibles conflictos de intereses del candidato. 

Con la emisión de este decreto, el Ejecutivo entrega la rectoría del sistema sanitario nacional a un médico intensivista que mantenía inversiones activas en empresas como Semesa-Servicios Médicos S.A. e Interhospital S.A.

El nombramiento de Bernabé pone fin al encargo que mantenía la vicepresidenta de la República, María José Pinto, desde el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la formalización del cargo evidenciaba una falta de filtros técnicos en la designación de altas autoridades de Estado.

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Apenas el 24 de abril, Morillo admitió en una entrevista televisiva que la posesión estaba en pausa temporal mientras se comprobaba que no existieran irregularidades éticas y se evaluaban las alertas sobre la omisión de sus bienes ante la Contraloría General del Estado. 

Ya no figura como accionista en ciertas empresas

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora para viabilizar su llegada al gabinete. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular de Salud concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de la firma del decreto presidencial. 

Esta operación a contrarreloj fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $1.920, un movimiento efectuado el 21 de abril. Ambos paquetes accionarios, al igual que su participación de $ 1 en la firma Medecorporated S.A. (traspasada previamente en marzo de 2024), fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Aunque esta serie de transacciones liquida en el papel su participación mayoritaria en estos consorcios médicos, en el sistema de control societario la autoridad sanitaria aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A., manteniendo vigente la línea que cruza su rol como administrador del Estado y su participación en el sector privado.

Un polémico historial 

Antes de la emisión del reciente decreto presidencial, el Ministerio del Trabajo levantó en apenas cuatro horas una prohibición legal que el funcionario mantenía por obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Durante su paso fugaz de 27 días por la Dirección General del IESS en 2024, el actual ministro no registró su declaración patrimonial en los portales de control del Estado.

Fin a la gestión de María José Pinto 

El artículo 3 del decreto deroga las funciones de la vicepresidenta Pinto y pone en vigencia inmediata la autoridad de Bernabé, quien hereda un sistema de salud colapsado por la falta de insumos y denuncias de mafias enquistadas en la red hospitalaria pública.

Quinto Puente

• Maquinaria pesada retomará trabajos físicos en los tramos 4 y 5 del viaducto sur entre junio y julio.
• Ministro Roberto Luque admite que no existe contacto oficial con el viceprefecto sobre la obra estatal.
• La terminación unilateral del contrato previo busca acelerar plazos frente al ritmo de la gestión provincial.

El desarrollo del Quinto Puente se 'reinicia' en uno de sus frentes de construcción.  El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril la recontratación inminente de los tramos 4 y 5 del Quinto Puente en Guayaquil.

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El titular de la cartera, Roberto Luque, confirmó este 27 de abril, en una entrevista radial, que el proceso se encuentra en su fase final de liquidación, la cual concluiría la próxima semana.

La medida obliga a una recontratación de estos tramos. Pese a las dudas que genera el reinicio de un trámite estatal de esta magnitud, el ministro justificó la maniobra bajo un cálculo de tiempo: "Incluso con el retraso de la liquidación y la recontratación, vamos a terminar antes que si seguíamos al ritmo que veníamos". Según su cronograma, habrá nueva maquinaria operando entre finales de junio y julio.

Todavía no ha conversado con el próximo prefecto, Carlos Encalada

Aunque Luque admitió que aún no tiene contacto con quien será el nuevo prefecto tras la renuncia de Marcela Aguiñaga,  el viceprefecto Carlos Encalada, aseguró que la relación con el Gobierno Provincial entra en fase de tregua. "Todas las discrepancias que pudimos haber tenido con la prefecta (Marcela Aguiñaga) se están resolviendo", sentenció, en un intento de desmarcar la obra de las recientes disputas de despacho.

Mientras los tramos 4 y 5 buscan nuevo contratista, el tramo 1A está próximo a ejecutarse. Esta fase corresponde a la llegada del viaducto a Guayaquil por la avenida Cacique Tomalá. Luque adelantó que el contrato se firmará a mediados de mayo. La obra dividirá la zona urbana del sur (Guasmo) del área logística portuaria, salvaguardando la operatividad del hospital del sector.

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El núcleo del proyecto, que comprende los tramos 1, 2 y 3 (el puente sobre el agua), ya cuenta con estructuración financiera y diseños listos, según adelantó Luque, y que espera que se liciten "a finales de este año (2026) o inicios del próximo". Si los plazos oficiales no sufren nuevos tropiezos, el producto final del Quinto Puente estará operativo en 2029.

El objetivo, según el titular del Legislativo ecuatoriano, es fortalecer la cooperación entre parlamentos y construir una agenda común frente a desafíos compartidos como la seguridad, la atracción de inversiones, la modernización del Estado y la eficiencia legislativa.

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Según la Asamblea Nacional del Ecuador, hasta el momento hay tres países que han mostrado interés en ser parte de la alianza: Chile, Uruguay y Argentina. 

Olsen mantuvo encuentros con autoridades parlamentarias y representantes institucionales para identificar experiencias que puedan ser analizadas, adaptadas y compartidas con otros países de la región.

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"Esta alianza busca avanzar hacia la conformación de la Red Parlamentaria de Latinoamérica, un espacio de diálogo directo entre poderes legislativos para compartir experiencias, identificar soluciones aplicables y coordinar respuestas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales", indicó la Asamblea de Ecuador.

¿Qué pasó en Chile y Argentina con la propuesta?

Olsen se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. Se suscribió un memorando de entendimiento entre el Congreso chileno y la Asamblea Nacional del Ecuador. 

“Las conversaciones abordaron modernización digital parlamentaria, transparencia legislativa y transferencia de herramientas tecnológicas desarrolladas”, informó el Parlamento ecuatoriano en un comunicado.

Asimismo, en Argentina, Olsen se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien intercambió experiencias sobre digitalización parlamentaria y marcos legislativos para la atracción de inversiones.

Ecuador será sede del primer encuentro

Después de los encuentros en diferentes países de la región, la Asamblea de Ecuador prevé el primer encuentro formal de esta alianza durante este año. “En esa cita se espera reunir a los primeros países vinculados a esta etapa inicial y abrir la participación a otros parlamentos de Latinoamérica, con el objetivo de definir líneas de trabajo conjuntas”, señaló la Asamblea Nacional.

Todo esto ocurre en medio de los señalamientos a una Asamblea en la que el oficialismo ha bloqueado la fiscalización de temas relacionados con el Gobierno Nacional y el enfrentamiento con el bloque opositor de la Revolución Ciudadana.

Con la ausencia de Olsen y bajo la dirección de la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno (ADN), se trató el pedido de levantamiento de inmunidad a la oficialista Diana Jácome por una querella presentada en el ámbito judicial por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan González. 

En contraste, el oficialismo decidió no tratar una solicitud similar en contra de la correísta Mónica Palacios, quien sí enfrentará una querella ante la justicia.

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.

Lo que debes saber

• El CNE canceló a Unidad Popular y Construye por no cumplir con los requisitos para mantener su personería jurídica.
• Tras analizar la documentación entregada por Unidad Popular y Construye, el CNE concluyó que no existían elementos suficientes para validar los registros de militantes.
• Unidad Popular interpondrá recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) salió a justificar la cancelación del movimiento Unidad Popular (UP) y de Construye, al asegurar que la medida se adoptó cumpliendo los procedimientos legales y garantizando el derecho a la defensa de ambas organizaciones.

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En un comunicado emitido el 26 de abril, el organismo explicó que la evaluación se sustentó en lo que establece el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia sobre la vigencia de los partidos y movimientos políticos.

En ese marco, indicó que se concedió un plazo de diez días para que las agrupaciones presentaran los respaldos necesarios que acrediten el número mínimo de afiliados exigido por la ley.

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Sin embargo, tras analizar la documentación entregada, el CNE concluyó que no existían elementos suficientes para validar los registros de militantes.

También recalcó que es responsabilidad de las organizaciones políticas mantener actualizada esta información y reportarla periódicamente a la autoridad electoral.

¿Cómo resolvió el CNE la cancelación de Unidad Popular?

La decisión sobre Unidad Popular se resolvió en una sesión virtual marcada por divisiones entre los consejeros. Mientras la presidenta del organismo, Diana Atamaint, y el vocal suplente José Merino -el principal Enrique Pita no participó- apoyaron la cancelación, Elena Nájera y José Cabrera se mostraron en contra en una primera votación.

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El escenario cambió tras un pedido de reconsideración. Ambos consejeros optaron luego por abstenerse, lo que generó un empate que fue resuelto con el voto dirimente de Atamaint.

Unidad Popular calificó su cancelación como "decisión atropellada"

Unidad Popular señaló que su cancelación del registro electoral es una "decisión atropellada" y "sin ningún sustento jurídico válido con la intención política de eliminar a un partido de oposición".

Dirigentes del movimiento indicaron que interpondrán recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Denuncian reducción del espacio democrático

El domingo 26 de abril de 2026, el órgano electoral resolvió la cancelación de ambas organizaciones políticas. Aunque la votación no fue uniforme -pues en el caso de Construye no hubo desacuerdos-, la decisión sobre Unidad Popular requirió el voto dirimente de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Ante esto, el Foro por la Democracia expresó su más enérgico rechazo a la eliminación de estas dos “organizaciones políticas de oposición”. A su criterio, estas decisiones responden a una estrategia para reducir el espacio democrático y concentrar el poder, a pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Dudas sobre la legalidad del proceso

La carta señala que “analistas jurídicos y la propia consejera suplente advirtieron que el CNE pudo haber excedido los plazos legales establecidos en el Código de la Democracia para resolver cancelaciones de partidos en el período preelectoral”. Según el Foro, esto refuerza las dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas en esa etapa.

El pronunciamiento también menciona la suspensión de nueve meses contra Revolución Ciudadana (RC), dictada en marzo de 2026 en el marco del caso Caja Chica. A ello se suman acciones contra líderes del movimiento Renovación Total (RETO), como la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la vinculación del asambleísta Raúl Chávez al caso Goleada.

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Advertencia sobre un patrón institucional

Para el Foro, estos hechos configuran un “patrón institucional alarmante” que afecta principalmente a organizaciones opositoras. Aunque, indica que no prejuzgan responsabilidades penales, advierten sobre el riesgo que esta acumulación de decisiones representa para el pluralismo político.

La organización también cuestionó el adelanto del calendario electoral al 29 de noviembre de 2026, decidido por el CNE con base en informes de riesgos climáticos. A su juicio, la reducción de plazos perjudica a los partidos con procesos en curso, mientras el oficialismo avanza sin obstáculos.

Para la agrupación, estas acciones son propias de regímenes autoritarios y evidencian una deriva preocupante en el sistema democrático. Además, el Foro sostiene que esta confluencia de decisiones debilita la confianza en el organismo electoral y compromete la legitimidad de los comicios.

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Riesgos para el pluralismo y los resultados

En ese contexto, advierte que está en riesgo que la ciudadanía cuente con “opciones reales en las urnas”, así como el reconocimiento de los resultados y, en última instancia, la vigencia de la democracia representativa. “Cuando las instituciones del Estado se convierten en instrumento de exclusión política, se debilita el pluralismo democrático y se erosiona la democracia”, señala el pronunciamiento.

Llamado a no guardar silencio

Por ello, el Foro por la Democracia hace “un llamado urgente a la ciudadanía, a la academia, a los organismos electorales internacionales y a los actores políticos para que no guarden silencio”. Asimismo, exhorta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a actuar con “plena independencia” al conocer los recursos que presenten los movimientos Construye y Unidad Popular.

Opiniones de sus miembros

El analista político Alfredo Espinosa, miembro de la organización, también se pronunció en X y sostuvo que “un órgano electoral debe ser independiente, no un instrumento prorrogado del poder de turno”. En la misma línea, la abogada María Dolores Miño señaló que “la democracia exige pluralidad de voces y de partidos”.

A estas posturas se suma el académico Jorge Luis Mazón, quien advirtió que “no podemos permanecer callados cuando parecen querer llevarnos a un sistema electoral estilo Nicaragua”. Por su parte, el abogado Ramiro Ávila enfatizó que “no hay que guardar silencio”.

Lo que debes saber

• El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó por unanimidad la renuncia de Mercedes Caicedo a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
• Caicedo no registra sumarios administrativos ni procesos disciplinarios en su contra.
• Mercedes Caicedo pasará a presidir el Consejo de la Judicatura hasta el año 2031.

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó por unanimidad la renuncia de Mercedes Caicedo a su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria realizada este lunes 27 de abril de 2026, en la que se analizó la dimisión presentada horas antes por la magistrada.

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Previo a la resolución, la Dirección Nacional de Talento Humano informó que Caicedo no registra sumarios administrativos ni procesos disciplinarios en su contra.

Con la aceptación de la renuncia, la Dirección General del CJ deberá notificar oficialmente tanto a la exconjueza como a la Asamblea Nacional, paso previo para formalizar los cambios en la estructura de la Función Judicial.

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Mercedes Caicedo, nueva vocal de la Judicatura

La salida de Caicedo de la Corte Nacional se produce días después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la designara como vocal principal de la Judicatura, en reemplazo de Mario Godoy, quien fue censurado y destituido por la Asamblea el pasado 18 de febrero.

Está previsto que Caicedo asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura para el periodo restante hasta 2031, una vez que sea posesionada por la Asamblea Nacional.

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Mercedes Caicedo: Críticas por el proceso para elegir a nuevo vocal de la Judicatura

La elección de Caicedo provocó críticas, ya que el cargo debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente designada y ya posesionada por la Asamblea. Sin embargo, al momento de asumir, en el sistema del Ministerio del Trabajo constaba una inhabilidad que le impedía ejercer funciones públicas.

Villacís emprendió gestiones para probar que esa inhabilidad no era válida. Incluso obtuvo una sentencia constitucional que ordenaba al Ministerio del Trabajo corregir el registro; sin embargo, la institución, dirigida por Harold Burbano, no ejecutó el cambio. Finalmente, optó por renunciar a su cargo como vocal suplente.

Lo que debes saber

• Jaime Bernabé asume el Ministerio de Salud tras cinco meses de gestión de María José Pinto.
• Pinto retoma funciones de desnutrición infantil y salud mental por decreto de Daniel Noboa.
• Salida de la vicepresidenta del MSP ocurre ante quejas por falta de fármacos en hospitales.

La vicepresidenta María José Pinto retoma sus competencias originales en el Gobierno de Daniel Noboa tras finalizar su encargo en el Ministerio de Salud Pública. Pinto se enfocará en la articulación de políticas para la desnutrición crónica infantil y salud mental, áreas críticas asignadas al inicio del mandato presidencial.

Política

Noboa oficializa a Jaime Bernabé como ministro de Salud pese a sus nexos con el sector privado

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El retorno de la vicepresidenta a sus funciones estratégicas

Tras la oficialización de Jaime Bernabé como nuevo titular de Salud, Pinto vuelve a ejercer plenamente las responsabilidades dictadas por el Decreto Ejecutivo 3. Su gestión en la cartera de Salud duró cinco meses, periodo en el que buscó agilizar la compra de fármacos e insumos médicos, aunque su salida ocurre en medio de críticas por la escasez de medicamentos en hospitales públicos.

Áreas bajo la responsabilidad de María José Pinto

De acuerdo con la normativa vigente y sus nuevas designaciones, la funcionaria liderará los siguientes ejes:

La salida de Pinto del Ministerio de Salud

Pinto asumió el Ministerio de Salud Pública en noviembre de 2025 tras la salida de Jimmy Martin, quien posteriormente se desempeñó como asesor de la Vicepresidencia de la República. La funcionaria llegó a la institución con la misión de diagnosticar el estado del sistema sanitario y agilizar los procesos de adquisición de fármacos e insumos médicos.

Política

Jaime Bernabé endosó sus acciones médicas a una sola persona previo a su posesión oficial

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Al inicio de su gestión, aseguró que en un plazo de tres meses presentaría una radiografía integral del Ministerio para ejecutar acciones correctivas. Sin embargo, cinco meses después, el presidente Daniel Noboa decidió finalizar el encargo de Pinto en un contexto de crecientes cuestionamientos por el deterioro del sistema de salud y la persistente escasez de medicamentos en la red de hospitales públicos del país.

Lo que debes saber

• CNE canceló Unidad Popular y Construye el 26 de abril por supuestos afiliados insuficientes.
• PSE y Yasunidos alertan irregularidades y riesgo democrático en Ecuador durante calendario electoral.
• Unidad Popular afirma seguir vigente y cuestiona voto dirimente del CNE vinculado al gobierno Noboa.

Rechazo y preocupación expresaron el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y la agrupación ecologista Yasunidos, frente a la cancelación de Unidad Popular y Construye, como lo aprobó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 26 de abril de 2026 debido a que, supuestamente, ambas organizaciones políticas habrían incumplido el número de afiliados y adherentes permanentes.

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El PSE dijo que la decisión es "preocupante", ya que se se tomó en medio del calendario electoral, pese a que la normativa dispone que la cancelación de los partidos y movimientos políticos "podrá ser resuelta hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones no durante su desarrollo", indicó el partido en un comunicado difundido este 27 de abril de 2026.

Para Yasunidos, la medida fue adoptada "de manera irregular", es "un patrón del uso de las instituciones para disciplinar a quienes resisten al avance autoritario" y considera que el CNE "actúa como órgano alineado con e Gobierno de Daniel Noboa y con su proyecto de concentración de poder".

Además, ambas organizaciones denunciaron que la decisión afecta a la democracia. "El sistema democrático está bajo amenaza, un camino iniciado con las reformas al Código de la Democracia, seguidas por la persecución a líderes sociales y políticos", señaló el PSE. Por ese motivo, Yasunidos adelantó que se mantendrá "vigilante ante nuevos actos vulneren la participación democrática".

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Unidad Popular anunció que apelará

Las reacciones en torno a la cancelación de ambos movimientos políticos se difundieron este lunes, en medio de las declaraciones del director nacional de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, quien afirmó que aún no ha recibido la notificación sobre la cancelación. Por ello, aseguró que "la lista 2 de Unidad Popular está presente".

Según el dirigente, la resolución del CNE carecería de legalidad porque la presidenta del organismo, Diana Atamaint, habría emitido su voto dirimente por un supuesto empate, pero en este caso hubo dos abstenciones y no pronunciamientos a favor o en contra.

Atarihuana aseguró que Unidad Popular no ha reducido sus afiliados y adelantó que la dirigencia apelará y continuará "peleando por la legalidad de su partido".

Las claves del caso

• Acumulación de problemas estructurales sin respuesta institucional, lo que incrementa el malestar ciudadano.
  
• Reclamos reiterados por vías deterioradas, servicios básicos deficientes, inseguridad y falta de planificación urbana.
  
• Cuestionamientos al silencio del alcalde Wilson Cañizares, que los moradores  y expertos perciben como falta de liderazgo.

La ciudadanía de Daule está cansada. No es una queja reciente ni un reclamo aislado. Se trata de una acumulación de problemas que, según los residentes, llevan meses e incluso años sin solución. Denuncias reiteradas y reportes en redes sociales evidencian el hartazgo ciudadano; Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada del alcalde Wilson Cañizares.

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Los principales problemas que aquejan  a Daule

Entre las principales quejas ciudadanas están el deterioro recurrente de las vías, el desorden en el tránsito, la deficiente planificación urbana que, según los moradores, no prioriza la calidad de vida, la inseguridad y la falta de pronunciamientos frente a los deficientes servicios básicos.

Pese a las Múltiples publicaciones de este Diario sobre los reclamos ciudadanos, no ha existido un pronunciamiento directo por parte del alcalde Cañizares. De hecho, la última vez que brindó una entrevista a EXPRESO fue en agosto de 2025. Este silencio, para los moradores, resulta cada vez más incómodo e incluso cómplice.

El reclamo ciudadano ante el silencio del alcalde

"No dice nada, es como si ni le importara. Nos matamos reclamando, yendo al Municipio, dejando mensajes en redes sociales, y nada. Él no habla y por eso termina siendo cómplice", criticó Milagro García, moradora de Daule.

El estado de las vías es uno de los reclamos más reiterados. La avenida León Febres Cordero, uno de los principales ejes de conexión, así como las calles internas de urbanizaciones como La Joya, Villa del Rey, Villa Club, Casa Laguna y Vistana, presentan baches, desniveles y tramos deteriorados que complican la movilidad diaria.

"Este tema ya lleva años y siempre es lo mismo. Después de tanto insistir, arreglan, pero a los pocos meses todo se vuelve a dañar", comenta Luis Fernando Mena, residente de La Joya. A su testimonio se suma el de Carla Zambrano, de Villa Club: "No podemos acostumbrarnos a vivir así. Pagamos tantos impuestos y las calles son malas".

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La presencia de agentes de tránsito es otro punto conflictivo. Los moradores denuncian que su presencia es escasa, especialmente en zonas críticas donde el flujo vehicular es alto. Además, reportan la circulación frecuente de vehículos pesados en áreas donde no está permitido, así como accidentes constantes en el redondel de la vía a Salitre.

"Aquí cada semana hay un choque y nadie controla nada. Los camiones pasan como si fuera una carretera libre", señala Jimmy Andrade, habitante de Casa Laguna, quien recrimina que, aunque la competencia no sea 100% municipal, no hay pronunciamientos. "No hay autoridad. Es tierra de nadie. Si pasa algo, cada quien resuelve como puede", protestó.

En materia de urbanismo, los ciudadanos también expresan preocupación por la falta de áreas verdes. Aunque, como informó EXPRESO, recientemente se habilitó un parque en los exteriores de Villa Club, los moradores cuestionan que se trate de un espacio mayormente de cemento, sin árboles ni sombra. "Con este calor es imposible usarlo. Cada vez hay más plazas comerciales y urbanizaciones, pero menos espacios para respirar. No hay equilibrio", comenta Rocío Orellana, quien duda de que exista una planificación real en Daule.

Piden pronunciamiento ante problemas en servicios básicos

Por otra parte, los constantes cortes de energía y de agua también han generado malestar. Aunque estos servicios no dependen directamente del Municipio, los ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos o gestiones visibles por parte de la autoridad local. 

“No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente”, expresa Andrés Molina, de Villa Club. Para Patricia Ruiz, de Casa Laguna, el silencio agrava la situación: "Ni siquiera hay una postura. Es como si no pasara nada. Parece que el alcalde no vive en Daule".

A esto se suma el incremento en las planillas de agua, debido a un nuevo cobro vinculado a la recolección de basura. “Nos llega el agua cuando quieren y encima ahora pagamos más. Es absurdo”, afirma Santiago Cuello, residente de La Rioja.

No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que representeAndrés Molina
​residente de Villa Club

La recolección de basura tampoco escapa a las críticas, principalmente en sectores de La Aurora, donde moradores aseguran que el servicio es irregular, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en varios puntos. EXPRESO ha reportado en reiteradas ocasiones la presencia de montículos de basura en viales como el 10 y en la avenida León Febres Cordero.

La inseguridad es, quizás, una de las preocupaciones más sensibles. En los últimos años se han registrado hechos violentos incluso en zonas consideradas exclusivas y en los exteriores de centros comerciales. Aunque la seguridad no es una competencia exclusiva del Municipio, los ciudadanos reclaman coordinación con otras entidades. "Queremos ver presencia, operativos, algo que nos haga sentir protegidos. En Guayaquil hay Segura EP y en Samborondón hay muchas cámaras, pero acá nada".

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Analista político se refiere al silencio de Cañizares

Sobre el tema, Jorge Chuya, analista político, considera que este silencio puede ser parte de una estrategia. “El alcalde también puede estar pensando en las próximas elecciones y puede que prefiera no hablar porque su hija podría buscar el cargo”, considera el experto.

Sin embargo, recuerda que el estilo de Cañizares nunca ha sido populista, pero en este tipo de casos es necesario hablar. "En La Aurora se siente la ausencia de ese líder. Cuando se está al frente de la alcaldía, se debe salir a responder sobre los problemas. Ese silencio le hace sentir a la ciudadanía que está en abandono", mencionó.

Entre reclamos que se acumulan y respuestas que no llegan, los moradores de Daule continúan esperando. Mientras tanto, el silencio, que algunos ya califican como costumbre, sigue ocupando un lugar central en la discusión pública del cantón.

Las acciones de Jaime Bernabé

• Jaime Otton Bernabé Erazo vendió sus acciones días antes de ser oficializado como ministro de Salud.
• Los registros muestran que Interhospital, Interlab y Medec fueron endosados a Norma Castro Ramírez.
• Pese a las ventas, el ministro mantiene una participación activa en la empresa Empresalud S.A.

Jaime Otton Bernabé Erazo, nuevo ministro de Salud Pública, liquidó sus participaciones accionarias en el sector hospitalario privado de Guayaquil en una ventana de 72 horas previa a su nombramiento oficial por el presidente Daniel Noboa el 27 de abril de 2026. 

Los registros de la Superintendencia de Compañías confirman que el funcionario traspasó sus capitales en Interhospital S.A. e Interlab S.A. a una misma persona natural, una acción administrativa dirigida a disipar las alertas por conflicto de intereses que retrasaron la emisión del Decreto Ejecutivo 369.

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El endoso sistemático a una sola beneficiaria

La desvinculación societaria de Bernabé se ejecutó mediante un endoso sistemático de sus participaciones a una misma compradora. De acuerdo con los movimientos registrados en la Superintendencia de Compañías, el actual titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) concretó la venta de su paquete accionario de $ 22.500 en Interhospital S.A. el pasado jueves 23 de abril de 2026, apenas cuatro días antes de su posesión.

Esta operación fue precedida por la cesión de sus acciones en International Laboratories Services Interlab S.A., valoradas en $ 1.920, un movimiento efectuado el martes 21 de abril. La trazabilidad documental expone un patrón técnico: ambos paquetes accionarios, al igual que su participación en la firma extranjera Medecorporated S.A. —traspasada previamente—, fueron transferidos de manera íntegra a favor de la ciudadana Norma Lorena Castro Ramírez.

Aunque la serie de transacciones liquida en el papel su control en los consorcios médicos más grandes de la ciudad, en el sistema de control de la Superintendencia, Bernabé aún figura como accionista activo en la compañía Empresalud S.A. Aunque el capital invertido en esta firma es de apenas un dólar frente a un total de $ 4.000 (lo que representa un 0.025 %).

Con la firma del Decreto 369, el Estado ha entregado la rectoría sanitaria a un ciudadano que se desprendió de sus activos mayoritarios a contrarreloj, y que tiene por delante el enorme desafío de orientar un sistema de Salud Pública que acumula quejas por deficiente. 

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Ahora Muñoz, quien reitera que es una mujer montuvia, anuncia que su equipo jurídico analiza las declaraciones de quien fue su líder, el expresidente Rafael Correa; y de todos quienes han hablado en su contra. Eso por no dejar el encargo para que asuma la titular de la curul, como reclaman sus antiguos compañeros.

En una entrevista con Visionarias, Muñoz adelantó que denunciará a Correa por “incitar al odio”. Además a Schettini y a una periodista (Alondra Santiago), “por “levantar falsos en mi contra”. 

Annie Muñoz afirmó que identifica violencia psicológica, discriminación ética y racial y violencia política de género.

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Esto alega Annie Muñoz:

Según Muñoz, la posesión del 14 de mayo del 2025 fue un acto administrativo que caducó para quien no pudo cumplir los requisitos. 

“Es lamentable, no soy yo la que la ha violentado y ha usurpado”.Annie Muñoz

En esa línea, Muñoz dijo que defenderá su curul y que incluso la expulsión de la Revolución Ciudadana califica como infracción grave. La legisladora aseguró que siempre fue leal al proyecto político. 

“No logran encontrar nada en mi contra porque he sido coherente y leal al proyecto político, ahora se meten también con mi vida personal”, afirmó. Aunque obviamente ella era suplente de Santiago Díaz, reemplazo de Schettini, quien ganó la curul. 

Schettini perdió los derechos políticos durante tres años, tras una denuncia por violencia política de género de la exfiscal Diana Salazar.

Lo que dice Priscila Schettini

Por su parte, Schettini ha dicho que hubo “un pacto entre el presidente Niels Olsen, de ADN; y el Consejo de Administración Legislativa con Muñoz, para quitarme mi curul”. Se refiere a un oficio enviado por Muñoz en el que pide que se niegue la posibilidad de que ingrese como asambleísta nacional. Alega que también fue elegida en plancha

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, respondió a una denuncia ciudadana sobre el colapso por comercio informal en el centro de la ciudad. Su frase “No somos un mercado” encendió el debate en redes sociales.

Una denuncia ciudadana en redes sociales sobre el comercio informal en el centro de Guayaquil provocó la reacción de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien defendió los operativos municipales y pidió mantener el orden en la ciudad.

El reclamo se difundió en la red social X, donde un usuario alertó que las calles 6 de Marzo, entre Sucre y Colón, se encuentran “totalmente colapsadas por vendedores informales”, lo que generó decenas de reacciones.

Alcaldía de Guayaquil responde denuncia

Ante la denuncia, Coronel aseguró que el caso fue atendido y reconoció el contexto social detrás del incremento del comercio informal.

“Sabemos la necesidad de salir adelante del guayaquileño y a semanas de empezar clases, estas situaciones incrementan. Pero necesitamos orden”, expresó.

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Además, fue enfática al señalar: “No somos un mercado".

También agradeció la intervención de los agentes de Segura EP en el control de la zona.

Más denuncias en Guayaquil

La respuesta de la funcionaria generó más comentarios ciudadanos. Uno de ellos alertó sobre una situación similar en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil.

Según el usuario, la vía de acceso está ocupada por carretillas y mesas instaladas en plena calle, reduciendo el paso peatonal y vehicular. “Cada vez más pequeño el paso, ayúdenos”, escribió.

Coronel respondió citando a la cuenta institucional correspondiente y pidió reforzar los controles:

“Señores, los operativos deben ser diarios y frecuentes”, indicó en su mensaje.

Un problema recurrente en Guayaquil

El comercio informal sigue siendo uno de los principales desafíos en Guayaquil, especialmente en zonas de alta concurrencia. Aunque las autoridades realizan operativos constantes, ciudadanos insisten en que el control debe ser sostenido para evitar la ocupación irregular del espacio público.

Lo que debes saber

• Economía ecuatoriana sigue estancada en 2026 pese a proyección del FMI de 2,5% de crecimiento.
  
  
• Crisis eléctrica en Ecuador provoca apagones desde 2024 por fallas en generación y transmisión.
  
  
• Subsidios eléctricos generan déficit fiscal y obligan al Estado a buscar más recursos en 2026.
  
  

La economía ecuatoriana atraviesa una fase prolongada de estancamiento, una situación que no se revierte pese a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que sitúan el crecimiento del país en torno al 2,5%, ligeramente por encima del promedio regional. El dato, lejos de ser una señal de recuperación sólida, refuerza las dudas sobre la capacidad del país para romper una inercia que se arrastra por más de una década.

Crecimiento débil en una región que también se rezaga

El bajo dinamismo económico no es exclusivo de Ecuador.

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Latinoamérica lleva años creciendo por debajo de otras economías emergentes, como las del Este asiático. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra señales particularmente preocupantes, tanto por la fragilidad de sus motores productivos como por la limitada capacidad de maniobra fiscal del Estado.

Empleo estancado e ingresos en retroceso

Uno de los indicadores más reveladores es el empleo adecuado, que se mantiene prácticamente inmóvil desde hace más de diez años, sin superar los tres millones y medio de trabajadores. 

A esto se suma la caída del ingreso promedio, que en el último año se redujo en cerca de 50 dólares, lo que deja poco margen para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores.

En paralelo, la producción petrolera —históricamente uno de los pilares de la economía nacional— continúa en descenso, mientras el refinamiento enfrenta constantes paralizaciones que limitan su aporte al crecimiento.

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Sector eléctrico, el punto crítico del estancamiento

El caso más evidente de las debilidades estructurales del país es el sector eléctrico. 

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En 2024, los estiajes derivaron en apagones de hasta 14 horas, con un efecto devastador en la economía, que se contrajo cerca de dos puntos porcentuales.

Pero la crisis no se limitó a la generación. En al menos dos episodios, el 19 de junio y el 21 de diciembre, fallas en la transmisión provocaron apagones masivos, dejando en evidencia que la fragilidad del sistema va más allá del nivel de los embalses o del caudal de los ríos.

Apagones regresan y las explicaciones no convencen

Contrario a las promesas oficiales, los cortes de energía han regresado en lo que va del año. 

Las autoridades han atribuido estos eventos a sobrecargas del sistema causadas por picos de demanda durante la ola de calor, aunque expertos señalan que el problema de fondo es la falta de mantenimiento e inversión en transmisión y distribución.

Incluso las explicaciones oficiales han sido inconsistentes. Mientras el Gobierno habla de sobrecarga, el presidente Daniel Noboa llegó a mencionar una supuesta tormenta solar, lo que incrementó las dudas sobre el diagnóstico real del problema.

A esto se suma el malestar ciudadano por cortes no programados y apagones que coincidieron con medidas de seguridad, como el toque de queda de marzo, alimentando la percepción de opacidad en la gestión del sistema eléctrico.

Déficit eléctrico y subsidios que no cuadran

Más allá de las versiones oficiales, hay un dato difícil de ignorar: el sistema eléctrico opera con un déficit estructural. 

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Según informes técnicos, el costo real de generar, transmitir y distribuir un kilovatio-hora es de 12,83 centavos, más de dos centavos por encima del precio promedio que pagan los usuarios.

Este desfase genera un déficit tarifario cercano a los $600 millones, que debe cubrir un Estado ya golpeado por un déficit fiscal general, atrasos en el pago de subsidios y la presión de otros gastos sociales y de emergencia.

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Endeudamiento y atrasos que agravan la crisis

La situación se torna más delicada al considerar que el Estado mantiene atrasos cercanos a los $800 millones en el pago de subsidios a las distribuidoras eléctricas, justamente las empresas que requieren mayores recursos para mantenimiento e inversión.

Aun así, el Gobierno continúa anunciando nuevos subsidios, algunos de carácter puntual, que podrían sumar decenas de millones de dólares adicionales a una carga fiscal ya insostenible.

Una decisión inevitable para los ciudadanos

El panorama deja una disyuntiva clara: pagar más cada mes por la electricidad o asumir mayores pérdidas por futuros apagones. 

Ninguna de las opciones resulta sencilla para los hogares ecuatorianos, especialmente en un contexto de empleo estancado y salarios debilitados.

El estancamiento económico, la crisis eléctrica y la dependencia de subsidios dibujan un escenario donde las decisiones postergadas ya no parecen una opción viable, y donde el costo final termina recayendo, una vez más, en los ciudadanos.