Lo que debes saber

• La desaparición de ocho menores de una casa hogar en Quito abrió un debate sobre el funcionamiento del sistema de protección infantil en Ecuador. 
• Expertos analizan las responsabilidades del Estado, las fallas institucionales y los desafíos para evitar nuevos casos.

La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito, volvió a centrar la atención sobre el funcionamiento de las casas de acogida en Ecuador. El caso abrió un debate sobre las garantías de seguridad que ofrece el sistema de protección infantil cuando los niños quedan bajo tutela del Estado.

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Más allá de la investigación por la desaparición de los menores, especialistas sostienen que el episodio evidenció la necesidad de revisar cómo operan los centros de acogida administrados o supervisados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La discusión no solo apunta a las medidas de seguridad, sino también al seguimiento permanente y a la protección integral que requieren niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Quienes conocen el funcionamiento del sistema coinciden en que la protección no puede reducirse a proporcionar alimentación, alojamiento o restringir las salidas de los menores. La responsabilidad estatal también implica garantizar su bienestar físico y emocional, verificar el cumplimiento de los protocolos y generar entornos seguros que disminuyan el riesgo de nuevas fugas.

¿Qué responsabilidades tiene el Estado en las casas de acogida?

El exministro del MIES, Esteban Bernal, señaló que, una vez que un niño ingresa al sistema de acogida, el Estado asume la tutela legal y, por tanto, también la obligación de protegerlo de forma permanente. A su criterio, la seguridad de los menores no puede desligarse del rol que cumple la institución encargada de supervisar estos espacios.

"El Ministerio debe garantizar su cuidado y seguridad", dijo Bernal

Bernal considera que las principales dificultades no se originan en el modelo de administración de las casas de acogida. En cambio, identifica problemas en la articulación entre las distintas instituciones que intervienen en los procesos de protección de la niñez, especialmente por la demora en las decisiones judiciales relacionadas con la reunificación familiar o las adopciones.

"El modelo de gestión creo que no es el criticable… Lo que creo que no funciona alrededor de esto es la parte interinstitucional".

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El acompañamiento emocional, un desafío pendiente

La psicóloga Paola Cercado sostiene que prevenir nuevas desapariciones exige ir más allá del fortalecimiento de controles físicos o de vigilancia. En su análisis, los niños que permanecen en casas de acogida necesitan construir vínculos de confianza con los profesionales que los acompañan diariamente para sentirse protegidos y escuchados.

"La prevención no puede basarse exclusivamente en medidas de seguridad física… Es necesario fortalecer espacios de escucha activa y el acompañamiento emocional permanente", señaló Cercado.

La especialista advierte que concentrar los esfuerzos únicamente en cubrir necesidades materiales resulta insuficiente frente a las experiencias de abandono, violencia o desprotección que muchos menores han vivido antes de ingresar a estos centros. Desde su perspectiva, el bienestar emocional debe ocupar un lugar prioritario dentro del sistema de protección.

"El MIES debería por un momento ser humano, por un momento dar lo que realmente un niño necesita. Y no es solo lo material", indicó Cercado.

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Investigación y coordinación para esclarecer los hechos

El exdirector y exfundador de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), Kléber Carrión, también considera que el Estado mantiene una responsabilidad directa sobre la integridad de los menores que permanecen bajo medidas de protección. Al convertirse en su custodio, afirma, las instituciones deben responder por su seguridad en todo momento.

"El Estado, al final del día, termina siendo el custodio de estas personas e incumple esta función de ser un custodio adecuado", señaló Carrión.

Carrión sostiene que las investigaciones deberán establecer si la salida de los niños ocurrió por decisión propia o si existió la participación de terceros. Además, considera indispensable que las entidades competentes trabajen de manera coordinada para reconstruir lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

"Con los que han sido encontrados debería estar ya cursando una investigación para determinar si hubo o no hubo evasión", indicó Carrión.

Lo que debes saber

• Álex León, Sandra Figueroa y Pablo Ayala se perfilan como candidatos a la Alcaldía de Durán para las elecciones seccionales de noviembre del 2026.
• El actual alcalde, Luis Chonillo, no ha confirmado si buscará la reelección.
• Las organizaciones políticas siguen definiendo sus candidatos para la Alcaldía de Durán.

A menos de cinco meses de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, el panorama político en Durán comienza a tomar forma, aunque las candidaturas aún no están oficialmente inscritas.

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Las organizaciones políticas se encuentran en la etapa de definición de sus postulantes, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con el cronograma del proceso electoral.

Durán se ha convertido en uno de los cantones que concentra mayor expectativa de cara a las próximas elecciones seccionales, debido al interés por conocer quiénes buscarán llegar a la Alcaldía.

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Elecciones 2026: ¿quiénes irán por la Alcaldía de Durán?

Uno de los nombres que más sonó durante los últimos meses fue el del empresario y excandidato presidencial Jan Topic. Sin embargo, el propio político descartó públicamente que vaya a postularse a la Alcaldía de Durán o a cualquier otra dignidad en las elecciones seccionales de este año, poniendo fin a las especulaciones sobre una eventual candidatura.

Con Jan Topic fuera de la contienda, el interés se enfoca en los posibles aspirantes de las principales fuerzas políticas que buscarán la Alcaldía de Durán. Por ahora, el actual alcalde, Luis Chonillo, no ha confirmado si buscará la reelección.

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Uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Alex León, quien se perfila como el candidato a la Alcaldía de Durán por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Actualmente se desempeña como director cantonal de esa organización política.

Otra figura política que se perfila para llegar a liderar el Municipio de Durán es la asambleísta por Guayas, Sandra Figueroa, perteneciente a la Revolución Ciudadana (RC).

Si bien continúa con sus actividades como legisladora, en sus redes sociales difunde con frecuencia visitas a diferentes sectores de Durán, donde comparte mensajes sobre la situación del cantón y encuentros con moradores.

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Pablo Ayala es concejal desde hace ocho años y fundador del movimiento Durán en Marcha. Es otro de los precandidatos a la Alcaldía del cantón.

Aunque se siguen barajando nombres en partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC), las organizaciones políticas aún tienen tiempo para definir a sus candidatos.

Lo que debes saber

• La detención del alcalde de Machala, Darío Macas, abrió interrogantes sobre quién asumiría la administración municipal si es suspendido o destituido. 
• Esto es lo que establece la ley y el contexto del caso que investiga la Fiscalía.

La detención del alcalde de Machala, Darío Macas, por un presunto caso de enriquecimiento ilícito abrió una de las principales interrogantes entre la ciudadanía: ¿quién quedaría al frente del Municipio si la autoridad es suspendida o destituida durante el proceso judicial? La legislación ecuatoriana establece un mecanismo para garantizar la continuidad de la administración municipal.

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En ese escenario, la actual vicealcaldesa de Machala, Jenny Machuca, asumiría la Alcaldía de forma temporal si se dispone la suspensión del alcalde, o completaría el período 2023-2027 en caso de una ausencia definitiva, como una eventual destitución. Así lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) sobre la sucesión de autoridades municipales.

¿Por qué fue detenido Darío Macas?

La detención fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien informó que el operativo fue ejecutado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En su publicación en redes sociales, el ministro difundió una fotografía en la que aparece Darío Macas bajo custodia policial y acompañó el mensaje con la frase: "Cero impunidad".

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una suspensión o destitución del alcalde de Machala. Cualquier decisión respecto a su permanencia en funciones dependerá del desarrollo del proceso judicial y de las resoluciones que adopten las instancias competentes.

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UAFE detalla los hallazgos financieros del caso

Horas después del operativo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) difundió un comunicado en el que explicó los principales hallazgos del análisis financiero realizado junto con la Fiscalía y la Policía Nacional. Según la entidad, se identificó una presunta estructura económica criminal vinculada con Darío Macas.

El informe señala un incremento del 74 % en los ingresos del investigado desde 2020 y precisa que "el 87% de los depósitos registrados en sus cuentas correspondieron a operaciones realizadas en efectivo", muchas de ellas seguidas de retiros efectuados el mismo día o al siguiente, lo que, según la UAFE, habría reducido la trazabilidad de los recursos.

El comunicado también menciona la posible utilización de empresas de los sectores camaronero y de la construcción, además de relaciones transaccionales con contratistas municipales. La UAFE informó que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) tras identificar indicios compatibles con las tres fases del presunto lavado de activos y concluyó que "no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad".

Lo que debes saber

• Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ejecuta la Fiscalía General del Estado.
• Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares registrado entre 2019 y 2025.
• El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone penas de entre tres y diez años de prisión por enriquecimiento ilícito, según el valor del patrimonio cuya procedencia no pueda ser justificada.

Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ejecuta la Fiscalía General del Estado.

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En el operativo también se detuvo a la esposa del alcalde y a otra persona. La investigación formal fue iniciada hace un mes por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares registrado entre 2019 y 2025. La investigación se originó a partir de un informe vinculante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

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¿Qué sigue en el caso de Darío Macas tras su detención por presunto enriquecimiento ilícito?

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Detención de Darío Macas: ¿Cuáles son las penas por enriquecimiento ilícito en Ecuador?

Si durante el proceso judicial se determina la responsabilidad penal de Macas por el delito de enriquecimiento ilícito, las sanciones dependerán del monto del incremento patrimonial injustificado establecido por la justicia.

El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone penas de entre tres y diez años de prisión, de acuerdo con el valor del patrimonio cuya procedencia no pueda ser justificada.

La norma establece que, cuando el incremento patrimonial supera los 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena prevista es de siete a diez años de prisión.

Justicia

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Si el incremento es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos, la sanción es de cinco a siete años, mientras que, si llega hasta los 200 salarios básicos, la pena va de tres a cinco años.

El mismo artículo precisa que el enriquecimiento ilícito no solo comprende el aumento de dinero, bienes o propiedades, sino también la cancelación de deudas u otras obligaciones.

Detención de Darío Macas: ¿cuáles son los señalamientos de la UAFE?

La UAFE dijo haber hallado un incremento del 74 % en los ingresos del alcalde desde 2020, que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas analizadas fueron realizados en efectivo y que muchos de esos recursos eran retirados el mismo día o al siguiente.

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Además, indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción, así como relaciones transaccionales con personas vinculadas a contratistas municipales.

La entidad sostuvo que esos elementos permitieron identificar una presunta estructura económica criminal y señaló que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos, por lo que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), documento que forma parte de los elementos que serán analizados durante el proceso.

Lo que debes saber

• Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en una investigación por presunto enriquecimiento ilicito.
• El funcionario, su esposa y otra persona fueron aprehendidos en Machala durante un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional.
• Según la Fiscalía, las autoridades investigan un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares entre 2019 y 2025.

La detención del alcalde de Machala, Darío Macas, marca el inicio de una nueva etapa en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa la Fiscalía General del Estado.

(Te puede interesar: ¿Por qué fue detenido Darío Macas? Las claves del operativo contra el alcalde de Machala)

El funcionario, su esposa y otra persona fueron aprehendidos este lunes 6 de julio durante un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional, un mes después de que la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas iniciara la investigación formal.

Según la Fiscalía, las autoridades investigan un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares entre 2019 y 2025.

Política

UAFE revela los indicios financieros que vinculan a Darío Macas con una presunta trama de corrupción

Marco Rivera

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la causa se originó a partir de un informe vinculante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó movimientos económicos considerados sospechosos.

Detención de Darío Macas: ¿qué señalamientos hace la UAFE?

La UAFE difundió un comunicado en el que expuso los principales hallazgos financieros obtenidos durante el análisis. La entidad informó que identificó una presunta estructura económica criminal vinculada a Macas, así como un incremento del 74 % en sus ingresos desde 2020, poco después de asumir la Alcaldía de Machala.

El organismo también señaló que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas del investigado correspondieron a operaciones en efectivo y que, en muchos casos, esos recursos eran retirados el mismo día o al siguiente, una dinámica que, según la entidad, reducía la trazabilidad del dinero.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Además, indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción para canalizar recursos, así como relaciones transaccionales con actores vinculados a contratistas municipales.

La UAFE informó que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos y remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), documento que servirá como parte de los elementos analizados dentro de la investigación penal.

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Macas y las otras personas detenidas se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Lo que debes saber

• La asambleísta Liliana Durán presentó un requerimiento de información al IESS para conocer cómo se administran los fondos de reserva. 
• El pedido incluye 20 puntos sobre inversiones, auditorías, rendimientos y posibles riesgos que afectan estos recursos.

La asambleísta Liliana Durán, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), solicitó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) información detallada sobre la administración, disponibilidad y manejo de los fondos de reserva. El requerimiento fue enviado el 30 de junio de 2026 al director general subrogante del IESS, Jorge Antonio Villarroel Chalán, en el marco de las atribuciones de fiscalización de la Asamblea Nacional.

Política

UAFE revela los indicios financieros que vinculan a Darío Macas con una presunta trama de corrupción

Marco Rivera

En el oficio, la legisladora sostiene que el pedido responde a las inquietudes surgidas en los últimos meses sobre la administración de estos recursos. Según el documento, reportajes periodísticos, pronunciamientos de organizaciones de jubilados y especialistas han planteado dudas sobre la disponibilidad y utilización de los fondos de reserva que administra el IESS.

Durán argumenta que los fondos de la seguridad social pertenecen a los afiliados y jubilados, por lo que considera necesario contar con información oficial que permita verificar el estado actual de esos recursos, las inversiones realizadas y las medidas adoptadas para proteger el patrimonio de millones de asegurados.

Fondos de reserva del IESS: las 20 preguntas que plantea la Asamblea

En el documento, la asambleísta solicita que el IESS remita información técnica, financiera y documental relacionada con la administración de los fondos de reserva. Entre los principales requerimientos constan:

La Asamblea busca verificar el destino de los recursos

Como antecedente, el oficio señala que los recursos administrados por el IESS están sujetos a principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Además, recuerda que la Constitución establece que los fondos y reservas de la seguridad social son distintos de los recursos del Estado y deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines.

La legisladora también cita disposiciones constitucionales y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para sustentar la solicitud. En ese contexto, sostiene que la Asamblea Nacional tiene la facultad de fiscalizar el manejo de recursos públicos y de requerir información a las instituciones del Estado.

"Resulta indispensable conocer información oficial, documentada y verificable que permita determinar el estado actual de los fondos de reserva administrados por el IESS".Liliana Durán, asambleísta de la RC

Finalmente, el requerimiento establece que toda la información deberá entregarse en formato digital y de manera íntegra, acompañada de expedientes, informes técnicos, memorandos, resoluciones y demás documentos que respalden la respuesta a cada uno de los puntos solicitados.

Pacientes renales consiguen un "logro histórico"

• Pacientes renales lograron asignación de fondos tras protestar en la Gobernación del Guayas.
• El Gobierno pagará a 58 clínicas privadas para reactivar tratamientos suspendidos por deudas.
• La Coordinación Zonal 8 habilitará de inmediato los códigos de derivación médica externa.

Más de 240 pacientes del Hospital Abel Gilbert de Guayaquil consiguieron la asignación de recursos estatales para ser derivados a 58 clínicas privadas, luego de ejecutar un plantón pacífico en las instalaciones de la Gobernación del Guayas este lunes 6 de julio.

Buenavida

Cáncer de próstata: cinco señales que pueden aparecer y cuándo consultar al médico

Redacción Semana

El reclamo de no morir esperando 

La medida responde al reclamo sostenido por la agrupación Lucha Renal Ecuador durante más de dos años de escasez y falta de atención.

Según el boletín compartido por la agrupación, la transferencia de los fondos adeudados deberá ejecutarse entre el 6 y 7 de julio, trámite administrativo que obligará a los centros médicos externos a habilitar de forma inmediata los códigos de derivación gestionados por la Coordinación Zonal de Salud Nro. 8. Este mecanismo busca descongestionar el sistema público y asegurar la continuidad de los tratamientos de diálisis urgentes para la supervivencia de los afectados.

"Teníamos peleando más de dos años por estos códigos de derivación y hoy se ha logrado un hito tan simbólico para nuestra agrupación", declararon los representantes de Lucha Renal Ecuador a las afueras de la dependencia gubernamental.

Política

Compra de medicinas de India: un mes después del anuncio de Noboa no hay avances públicos

Marco Rivera

El acuerdo administrativo establecido entre los manifestantes y las autoridades provinciales contempla las siguientes resoluciones operativas:

Lo que debes saber 

• La UAFE publicó un comunicado en el que detalla los principales hallazgos financieros detectados en la investigación contra el alcalde de Machala, Darío Macas. 
• El informe menciona operaciones consideradas de alto riesgo y fue remitido a la Fiscalía como parte del proceso.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) difundió este 6 de julio un comunicado en el que expone los principales hallazgos financieros detectados durante la investigación que involucra al alcalde de Machala, Darío Macas. Según la entidad, el análisis permitió identificar una presunta estructura económica criminal relacionada con el manejo irregular de recursos.

Política

Manifestantes exigen al CNE avanzar con la revocatoria de Noboa y Pinto

Flor Layedra Torres

De acuerdo con la UAFE, el análisis financiero identificó varios indicadores considerados de alto riesgo. Entre ellos figura un incremento del 74 % en los ingresos del investigado a partir de 2020, poco después del inicio de su gestión como alcalde, además de movimientos financieros que forman parte de la investigación.

El organismo también informó que "se logró identificar una estructura económica criminal vinculada al alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra", tras un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

Hallazgos financieros del caso Darío Macas

El comunicado señala que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas del investigado correspondieron a operaciones realizadas en efectivo. Según la UAFE, muchos de esos movimientos fueron seguidos de retiros efectuados el mismo día o al día siguiente, una dinámica que habría reducido la trazabilidad de los recursos.

Además, la entidad indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción con vehículos para canalizar recursos que actualmente son objeto del análisis de las autoridades.

La investigación también identificó relaciones transaccionales con diversos actores vinculados a contratistas municipales. De acuerdo con la UAFE, esas interacciones permitieron establecer la existencia de una estructura articulada para el movimiento de recursos.

Política

Reforma legislativa busca agilizar los procesos de adopción en Ecuador

Marco Rivera

Detención del alcalde de Machala ocurrió durante un operativo

La difusión del comunicado se produjo horas después de que el alcalde de Machala, Darío Macas, fuera detenido durante un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. En el procedimiento también fueron detenidas otras dos personas.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el operativo mediante sus redes sociales y compartió una fotografía en la que se observa al alcalde bajo custodia policial. Junto a la publicación escribió la frase: "Cero impunidad".

Finalmente, la UAFE informó que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos, por lo que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). En el comunicado concluye que "la UAFE reafirma que no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad".

Política

Asamblea definirá nuevo delegado a comisión que lleva adelante concurso para fiscal

Daniel Alejandro Romero Páez

“Del 9 al 13 de julio de 2026, los postulantes a candidatas y candidatos para la elección del CPCCS, que hayan sido notificados con denuncias en su contra, podrán ejercer su derecho a la contradicción mediante la presentación de sus pruebas de descargo”, informó el CNE.

El organismo precisó que la documentación deberá presentarse de forma física en la matriz del CNE, en Quito, en las 24 delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

¿Cuántos aspirantes al CPCCS fueron denunciados?

El Consejo Nacional Electoral recibió 286 denuncias en contra de 214 postulantes al CPCCS. Los señalamientos están relacionados con el presunto incumplimiento de requisitos, prohibiciones o inhabilidades previstas para participar en el proceso.

Las denuncias se distribuyen de la siguiente manera:

Una vez concluido el plazo para presentar las pruebas de descargo, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2026, la Comisión Verificadora analizará las denuncias y la documentación entregada por los postulantes. Con esa información elaborará un informe de verificación que será remitido al Pleno del CNE.

Este proceso electoral se desarrolla de forma paralela a la organización de las elecciones seccionales de 2026, previstas para el 29 de noviembre. En esa misma jornada también se elegirá a los siete vocales principales que integrarán el CPCCS.

Te invitamos a leer| Venezuela supera los 3.300 muertos y sepulta 150 cuerpos sin identificar tras los terremotos

La Cartera de Estado informó que los connacionales que viven en ese país pueden registrarse a través de un formulario virtual para actualizar sus datos personas con el fin de "facilitar la gestión de la asistencia".

Los migrantes que deseen obtener atención de las autoridades nacionales tienen que brindar su nombre, número de cédula, teléfono de contacto personal, así como la ciudad en la que reside, detallar si se encuentra en un albergue o situación de vulnerabilidad e, incluso, si desea retornar al país.

El Gobierno difundió la plataforma para la inscripción mientras coordina el retorno de los ecuatorianos que hayan decidido abandonar el territorio golpeado por los devastadores sismos que, hasta este lunes 6 de julio de 2026, dejaban más de 3.342 fallecidos.

Internacional

Rescatistas internacionales se retiran de la zona del terremoto en Venezuela

Agencia EFE

36 ecuatorianos han retornado desde Venezuela

El fin de semana, los restos de una familia que perdió la vida en los terremotos y era originaria de Portoviejo, provincia de Manabí, fueron entregados a sus parientes.

Junto a las víctimas, otros 18 ecuatorianos volvieron al país. Hasta la fecha ascienden a 36 los connacionales que han retornado luego de los terremotos, de ellos, seis son originarios de Guayas y 30 de Cotopaxi.

Además del formulario en línea, la entidad estatal reiteró que los números de emergencia en Venezuela continúan habilitados: 

Internacional

Llegan a Ecuador los restos de tres ecuatorianos fallecidos en el terremoto de Venezuela

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La decisión se tomará en la sesión convocada por el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, para el martes 7 de julio de 2026.

Política

El CPCCS, entre el cura que cobraba en oro a malabares por la Judicatura, avanza a su renovación

Pamela León Andriuoli

La sesión presencial comenzará a las 10:00. Tras el Himno Nacional, el Pleno tratará tres puntos. El primero será la posesión de tres vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En un oficio enviado a la Asamblea, el CPCCS informó sobre la renuncia del ahora exconsejero Roberto Gilbert. Con su salida, el organismo se quedó sin vocales suplentes para cubrir esa vacante.

Como segundo punto, el Legislativo conocerá otro oficio remitido por el CPCCS, relacionado con la integración de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para elegir al nuevo fiscal general.

El documento incluye la resolución mediante la cual “se acepta la renuncia de Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto, al cargo de comisionada principal de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso público de méritos y oposición para la designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General”.

Política

El CPCCS se alista para una nueva reconfiguración: Asamblea posesionará suplentes

Daniel Alejandro Romero Páez

A partir de esa renuncia, el CPCCS solicitó a la Función Legislativa que designe un nuevo representante para completar la comisión. Según el organismo, la finalidad es “iniciar las acciones legales y administrativas correspondientes y garantizar la correcta integración de la Comisión”.

¿Por qué renunció la delegada de la Asamblea?

En la carta enviada a la Asamblea Nacional, Ramírez explicó que su salida responde exclusivamente a motivos personales.

“Esta decisión responde a motivos estrictamente personales que me impiden continuar desempeñando tan alta responsabilidad con la dedicación que el cargo exige”, aseguró.

También añadió: “Dejo constancia de que la labor realizada se ha orientado al cumplimiento riguroso de los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, reafirmando así la importancia de consolidar procesos públicos confiables”.

¿Qué pasa con el concurso para Fiscal?

La renuncia se produce mientras el concurso para designar al nuevo fiscal general enfrenta problemas.

El pasado 1 de julio de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó la suspensión de los plazos y términos del proceso debido a que el CPCCS aún no aprueba el informe definitivo sobre las recalificaciones de méritos solicitadas por 28 postulantes.

La falta de ese pronunciamiento ha impedido que el concurso avance desde el 9 de junio y ha generado nuevas tensiones entre la Comisión Ciudadana de Selección y el CPCCS, organismo responsable de llevar adelante el proceso de designación.

Lo que debe saber

• Tras la renuncia de Roberto Gilbert al Consejo de Participación Ciudadana, el organismo se quedó sin suplentes. 
• El presidente encargad del Legislativo Esteban Torres convocó al Pleno para cumplir con la habilitación de los suplentes.  
• Las fuerzas en el CPCCS podrían afianzarse o cambiar, una vez que actúe el nuevo consejero como principal. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) volverá a reconfigurarse. La Asamblea Nacional posesionará a tres vocales suplentes el martes 7 de julio de 2026, tras la renuncia de Roberto Gilbert a su cargo como consejero.

Política

Rostros conocidos y actuales consejeros buscarán la reelección en el CPCCS en noviembre de 2026

Richard Josue Jimenez Mora

El presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, convocó a una sesión presencial del Pleno para las 10:00. El orden del día contempla tres puntos, dos de ellos relacionados con el CPCCS. El primero corresponde a la posesión de los vocales suplentes.

Roberto Gilbert renunció a su cargo en el CPCCS. El pasado 19 de junio, el exconsejero se refirió a su salida durante una rueda de prensa. “Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo”, afirmó Gilbert, en referencia al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.

Gilbert justificó su renuncia al señalar que se retiraba “porque en ningún orden del día se habló de la salud”.

Su salida se produjo después de los cuestionamientos por la aparición de José De La Gasca detrás de él durante una sesión virtual del CPCCS. El hecho generó polémica porque el Consejo de Participación lleva adelante el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

La Asamblea deberá posesionar a los suplentes de la lista de hombres, de acuerdo con los resultados de las elecciones de 2023. Según el orden de prelación, los siguientes en la nómina son Jhonny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo.

Óscar Ayerve mantiene impedimento

En el oficio enviado por el CPCCS a la Asamblea se establece que Óscar Ayerve, quien figuraba en la lista de prelación después del actual consejero David Rosero, mantiene un impedimento para ejercer un cargo público.

Con base en ello, el Consejo de Participación solicitó que se posesione a los nuevos vocales suplentes para completar el funcionamiento del Pleno del organismo, integrado por siete consejeros: tres hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos y nacionalidades.

Con este cambio, el Pleno del CPCCS podría reconfigurarse una vez más. Actualmente, Andrés Fantoni, presidente del organismo, encabeza una mayoría. Junto a él votan la vicepresidenta, Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto.

La configuración de fuerzas dentro del organismo es clave, ya que están en marcha los procesos para la designación de autoridades como la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Prefiero esta respuesta

Ecuador

Homicidios bajan en Ecuador, pero la violencia se desplaza a otras zonas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El decreto fue firmado en Guayaquil el 5 de julio de 2026. En el documento se dispone: “Agradecer al señor Francisco Xavier Minuche Verdaguer por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones como Gobernador de la provincia de El Oro”.

Además, el decreto establece que Jenner Javier Franco Barriga asumirá el cargo. Con esta decisión quedó derogado el Decreto Ejecutivo 323, del 5 de marzo de 2026, mediante el cual el presidente Noboa nombró a Francisco Xavier Minuche como gobernador de la provincia.

Francisco Minuche dejó una carta

Tras su salida de la Gobernación de El Oro, Minuche hizo pública una carta de despedida. En la red social Instagram, el exfuncionario agradeció la confianza del presidente Daniel Noboa y se refirió a su paso por el cargo.

“Ha sido un alto honor servir al Ecuador y a los orenses durante estos cuatro meses de gestión, en un período especialmente complejo para la provincia, caracterizado por importantes desafíos en materia de seguridad, atención de emergencias, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio”, escribió.

También agregó: “Durante este tiempo actué con absoluta lealtad al Gobierno Nacional, trabajando de manera permanente junto a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones del Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados, sector productivo y ciudadanía, convencido de que el servicio público exige cercanía, firmeza, transparencia y resultados”.

¿Quién es el nuevo gobernador?

Jenner Javier Franco Barriga es abogado de los Tribunales de la República y registra un título en docencia e investigación.

Se desempeñó como director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en El Oro, cargo que ocupaba hasta su nombramiento como gobernador.

Política

Yadira Bayas enfrenta otra polémica por la entrega de dádivas en la antesala de la campaña

Daniel Alejandro Romero Páez

El caso de Zaida Rovira

Por supuesto, eso no quiere decir que esas elecciones internas de mentirita hayan estado exentas de sorpresas. Vaya y pregúntele, por ejemplo, a la ministra saliente (quién sabe por cuánto tiempo) Zaida Rovira, que estaba lista para ser nominada para la Prefectura del Guayas, pero que terminó siendo designada como precandidata a una concejalía en Guayaquil.

Esa designación de Rovira, y su reemplazo para la prefectura por Andrés Guschmer, quien antes aspiraba a ser candidato a alcalde de Guayaquil, se presta al análisis. Es difícil pensar en que Rovira simplemente haya caído en desgracia. Es bien sabido que el presidente Noboa la considera una pieza clave de sus campañas y que ella cuenta con importantes aliados en el Gobierno como la ministra Cynthia Gellibert o el exministro y ahora precandidato en Pichincha, Harold Burbano. 

Por ende, es más fácil pensar que Noboa la quiere de candidata en Guayaquil porque prefiere arriesgarse a perder la prefectura que la alcaldía, donde están en juego lucrativos proyectos como el Quinto Puente y el nuevo aeropuerto. 

Además, Rovira sentada en el Concejo Cantonal puede convertirse tanto en un ojo seco con el que controlar a cualquier figura emergente dentro de su propio partido como en un comodín fácil de remover y traer de vuelta a la baraja. 

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En cambio, si Noboa quisiera sacarla de la prefectura para llevarla a otro cargo, la vergüenza sería mayor. 

La carta del Partido Social Cristiano

Otra nominación llamativa fue la del doctor Juan Carlos González para la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano. González, médico de profesión, viene siendo director de Salud del Municipio de Guayaquil desde el comienzo de la administración de Aquiles Álvarez. Algunos pegarán el grito de “¡pacto, pacto!” al cielo, pero se equivocarán diciendo que esto es evidencia del supuesto acuerdo entre Rafael Correa y Jaime Nebot para controlar al país. 

Más allá de que sea cierto que Correa y Nebot mantienen líneas de comunicación abiertas, la relación más relevante en este caso es la de Álvarez con Nebot. 

Cuando el actual alcalde recibió el cargo de manos de Cynthia Viteri (más sobre ella después), se encontró con un municipio patas arriba y en el descalabro financiero. Ante esas circunstancias, Álvarez, un admirador confeso de Nebot y de León Febres-Cordero, acudió a la vieja guardia socialcristiana para pedir ayuda. Mocolí escuchó sus plegarias y asintió.

Por otro lado, el PSC prefirió lanzar para la Alcaldía de Guayaquil a Andrés Roche, cuyas credenciales socialcristianas son incuestionables. ¿Por qué él y no Jorge Acaiturri, quien a raíz de su decepción preelectoral abandonó el partido? Hay diversas teorías, pero una en particular se alinea con la estrategia de Nebot en años recientes: Roche, como antes Topić en otra escala, sí está dispuesto a tirarse su propia campaña al hombro. El socialcristianismo, después de todo, ha perdido a muchos patrocinadores.

También perdió a una exalcaldesa que parece que de todas formas volverá a la papeleta: Cynthia Viteri. Ella va auspiciada por Centro Democrático, fundado por Jimmy Jairala, quien hoy se muestra alineado al Gobierno. Eso, sumado a sus declaraciones previas a favor de Daniel Noboa y a los lazos de su esposo con la comunicación oficialista, invita a pensar que ella será, como otros políticos alrededor del país, el plan B de Noboa.

El espectro para la izquierda

Para la izquierda la situación es aun más incierta. El correísmo, refugiado en el movimiento Amigo, anunció al asambleísta Juan Pablo Molina para alcalde y a la exlegisladora Sofía Espín para prefecta. En una etapa en la que todavía no es seguro si el movimiento Reto, adoptado por el aquilismo, podrá superar los problemas que ha tenido en constituir a su directiva nacional y celebrar sus primarias de forma aplazada, no podemos descartar que en una alianza posterior las figuras cambien y veamos otras caras. Tampoco podemos excluir la posibilidad de que, con alguna maniobra desde adentro o desde afuera, los precandidatos cambien antes de la inscripción de las candidaturas en agosto, momento en que se vuelven irrenunciables.

Otras figuras que emergen desde la izquierda cuya suerte podría cambiar son los precandidatos de la Unidad Popular y el Partido Socialista, que junto a Pachakutik firmaron una alianza para las seccionales de Guayaquil y Guayas. Ellos auspician a Juan Cervantes y a William Brito para la provincia, mientras que sus cartas para la capital provincial son Karla Arellano y Mónica Luzárraga, respectivamente.

Seguramente, las semanas que vienen irán esclareciendo el panorama. Pero no nos confiemos. En el espíritu de Diana Atamaint, mejor compremos paraguas.

Lo que debes saber

• El colectivo convocó nuevas vigilias para exigir una respuesta del CNE sobre la revocatoria.
• Los promotores sostienen que el plazo para que el CNE se pronuncie vence el 15 de julio.
• Si no hay respuesta, los impulsores del proceso aseguran que emprenderán acciones legales.

El colectivo que impulsa la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto anunció nuevas “jornadas de vigilia” en distintas ciudades del país para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a pronunciarse sobre su solicitud. Los organizadores sostienen que el organismo tiene plazo hasta el 15 de julio para resolver si admite o niega el pedido y, de ser procedente, entregar los formularios para iniciar la recolección de firmas.

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La presión se mantiene tras la primera marcha

La primera Marcha de las antorchas se realizó la noche del sábado 4 de julio de 2026. Los ciudadanos se concentraron en la antes Tribuna de los Shyris, ubicada en el centro-norte de Quito, y caminaron hasta la avenida Seis de Diciembre, donde se encuentra el edificio de la entidad electoral.

La convocatoria fue difundida por el abogado Washington Andrade a través de su cuenta personal en X. En la publicación, afirmó que el CNE "tiene hasta el 15 de julio para entregar los formularios para la revocatoria".

Los impulsores de la iniciativa fundamentan su posición en el artículo 16 del Reglamento para los procesos de revocatoria del mandato, que establece un término de 15 días para que el Pleno del CNE resuelva sobre la admisión o negativa de la solicitud, una vez recibido el expediente correspondiente. Andrade compartió, la normativa en sus redes sociales para sustentar el cálculo del plazo.

Asimismo, los promotores de la revocatoria también citan la resolución PLE-CNE-2-12-5-2015, en la que el organismo recuerda que los artículos 61, 104 y 105 de la Constitución reconocen el derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre asuntos de interés nacional y local, así como a revocar el mandato de las autoridades de elección popular. Además, el documento señala que la participación ciudadana es un derecho que se ejerce mediante mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria.

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Vigilias convocadas para julio

El colectivo programó vigilias para el 8, 11 y 15 de julio de 2026. Además, de concentraciones frente a las distintas delegaciones electorales que hay en el país, bajo el lema "La revocatoria va, porque va".

En el material difundido en redes sociales, los promotores hacen un llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica y sostienen que las movilizaciones buscan defender los derechos de participación democrática. También plantean que una mayor asistencia a las protestas (5.000 personas) incrementaría la presión para que el organismo electoral emita una resolución dentro del plazo previsto.

La solicitud de revocatoria fue presentada el 9 de junio de 2026 por Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y Jorge Cáceres, quienes argumentan que el Ejecutivo incumplió su plan de trabajo. Mientras el colectivo intensifica sus acciones de presión, el Gobierno mantiene que el pedido carece de sustento jurídico y ha solicitado que sea declarado improcedente.

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Advierten con acciones legales

El abogado Andrade señaló que, si el CNE no se pronuncia hasta que concluya el plazo legal impulsarán acciones judiciales. "Tendríamos que usar recursos y acciones legales".

Lo que debes saber

• Con apoyo de maquinaria pesada, familiares y rescatistas locales mantienen las labores en los edificios colapsados tras los terremotos que sacudieron Venezuela.
• Los equipos internacionales concluyen sus labores y las autoridades locales asumen la recuperación.

A las calles de La Guaira, la zona devastada por el doble terremoto de Venezuela, han llegado en las últimas horas decenas de máquinas amarillas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres.

Mientras tanto, casi todos los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

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"A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos", explicó a EFE Sebastián Mocarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

Por el momento siguen 25 equipos de los 77 -de 31 países (casi 3.000 en total)-, pero muchos ya de retirada, y este organismo coordinador de la ONU entregó ya el pasado viernes el testigo a la Protección Civil venezolana, quien será ahora quien se encargue de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que han causado 2.954 fallecidos y más de 16.500 heridos.

Reacción de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha despedido y condecorado a rescatistas de casi 30 países siete países, incluidos España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía y Vietnam.

En Caraballeda, una de las dos zonas más afectadas, a primera hora las calles estaban más vacías, aunque en parques o incluso en las aceras sigue habiendo carpas y muchos familiares siguen sin querer despegarse de los edificios derruidos donde están aún los cuerpos de los suyos.

"Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados", dijo a EFE Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) , que indicó que se han registrado traslados a los estados de Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este).

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Mariana Hernández lleva 11 días en los alrededores de un edificio de 12 plantas en Playa Grande, en la otra zona de los terremotos, clamando porque le ayuden a sacar a su hermana, su esposo y sus dos sobrinos.

"Las personas que ves trabajando acá son puras personas que tenemos familiares acá y apoyos que han llegado de otros estados (del país)", explicó a EFE esta mujer.

Entre los escombros ya hay varias excavadoras y una grúa grande, pero pertenecen a un hombre que vivía en ese edificio y trata de sacar a su familia. Con sus propias manos y las de los voluntarios venezolanos han conseguido sacar, solo de este edificio, 120 fallecidos y saben que siguen quedando muchos más. Los rescatistas internacionales pasaron por el lugar hace días y no encontraron señales de vida.

El reto de los escombros

En las calles principales, camiones vacíos hacen fila parados esperando, pero de momento las excavadoras cogen los escombros y los van amontonando en los alrededores de los edificios o en solares vacíos.

El Gobierno venezolano cifró el 1 de julio en 1,25 millones de toneladas los escombros generados solamente en la localidad de Caraballeda. Según cifras oficiales, los temblores afectaron a 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

"La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación", señaló la portavoz de la OCHA.

Lo que debes saber

• La Asamblea debatirá una ley que regulará la extradición de ecuatorianos.
• El proyecto incorpora nuevas reglas, competencias y garantías constitucionales.
• El informe recoge observaciones a favor y críticas de legisladores y entidades públicas.

El presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres Cobo, convocó al Pleno para el martes 7 de julio, a las 10:00, con un orden del día de cuatro puntos. Entre los temas que tratará está el de conocer y resolver el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Extradición, una iniciativa que busca reemplazar la legislación vigente desde el año 2000 y adecuarla a la reforma constitucional aprobada en la consulta popular de abril de 2024, que habilitó la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo determinadas condiciones.

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Cómo nació el proyecto de ley

La iniciativa fue presentada originalmente por el entonces presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing Nagua, mediante oficio del 21 de julio de 2025. Posteriormente fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y remitida a la Comisión de Justicia para su tratamiento.

La convocatoria tiene un componente político adicional: Torres no solo presidirá la sesión, sino que también formó parte de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, que tramitó el proyecto y aprobó el informe para segundo debate. Integró esa mesa legislativa junto a Rosa Alegría Torres, José Fernando Nantipia, Keevin Gallardo, Marco Olmedo, Anelisse Jaramillo, Nuvia Vega, César Palacios, María Gabriela Molina y Eliana Correa.

El trámite legislativo se extendió por cerca de once meses. Durante ese tiempo la Comisión realizó sesiones de socialización, comparecencias de autoridades nacionales, especialistas en derecho penal e internacional, académicos y representantes de distintas instituciones públicas antes de aprobar el informe definitivo el 16 de junio de 2026.

Entre quienes comparecieron estuvieron el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing; el entonces fiscal general Wilson Toainga; representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; funcionarios de Interpol; y autoridades de la Corte Constitucional. Así como expertos nacionales e internacionales en extradición y derecho penal, además de docentes universitarios.

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Las observaciones al informe para segundo debate

Entre las observaciones críticas consta la del legislador de la Revolución Ciudadana (RC), César Palacios. Aunque ha expresado la necesidad de modernizar la normativa y adecuarla al mandato surgido de la consulta popular de 2024, ha advertido que el articulado todavía contiene disposiciones que, a su criterio, podrían entrar en conflicto con principios constitucionales relacionados con la independencia judicial, la separación de funciones y las garantías fundamentales.

La asambleísta correísta Eliana Correa también presentó observaciones en las que alertó sobre posibles ambigüedades, eventuales vicios de inconstitucionalidad y problemas de eficacia en varios artículos del proyecto. A estas observaciones se sumaron los aportes remitidos por el Consejo de la Judicatura, que recomendó realizar precisiones sobre definiciones jurídicas y la regulación de la prescripción de las penas en los procesos de extradición.

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Los cambios que plantea la nueva Ley de Extradición

El informe establece que los nacionales solo podrán ser extraditados bajo parámetros de debido proceso, prohibición de la pena de muerte y de tratos crueles, respeto al principio de especialidad y reconocimiento del tiempo de detención. Además, incorpora una disposición transitoria que impide aplicar la extradición a hechos ocurridos antes de la reforma constitucional, en observancia del principio de irretroactividad.

Otro aspecto debatido es la definición del presidente de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central del sistema de extradición. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantendría el canal diplomático obligatorio para tramitar las solicitudes internacionales.

Por otro lado, mientras la Corte Nacional de Justicia será la encargada de resolver si una solicitud de extradición cumple los requisitos constitucionales y legales, el artículo 35 establece que la decisión final sobre la entrega de la persona requerida corresponderá al presidente de la República. Incluso si la Corte declara procedente la extradición, el Ejecutivo podrá negarla por razones de soberanía, reciprocidad, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado, siempre mediante una decisión motivada.

Ecuador

Jadira Bayas, asambleísta de ADN, evita destitución de su cargo tras fallo del TCE

Ever Moreira Mera

El video fue publicado en la cuenta Yadira Bayas Oficial en TikTok. En ese perfil también hay otras publicaciones en las que la legisladora aparece entregando pollos. En una de ellas se observa a estudiantes que agradecen la entrega "para su aprendizaje". Pero el tema no termina ahí. En las imágenes también aparecen fundas con productos que llevan el nombre de la asambleísta oficialista.

Bayas habla de generar oportunidades para salir adelante. "En eso siempre me encontrarán impulsando, fortaleciendo y dando las herramientas para que ustedes se sigan educando", dice la legisladora.

En otro video publicado en la misma cuenta, Bayas se refiere a la entrega de un centro de salud en la parroquia San Jacinto de Búa. En las imágenes aparece entregando palas y recogiendo testimonios de personas que agradecen al Gobierno de Daniel Noboa.

Bayas también aprovechó el Mundial

Además de esos videos, la asambleísta de ADN aparece durante el partido entre Ecuador y Alemania, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En las imágenes reparte gorras amarillas con su nombre impreso en letras azules y rojas.

El tema generó críticas, tomando en cuenta que ADN ya había anunciado a Yadira Bayas como su candidata a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ella será una de las legisladoras que dejará su curul para postularse a una dignidad local en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El precedente de Yadira Bayas

No es la primera vez que Bayas enfrenta cuestionamientos por la entrega de dádivas durante un proceso electoral. A la actual legisladora se le abrió una causa en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La razón tuvo que ver con la entrega de cocinas de inducción en Santo Domingo. En las elecciones generales de 2025, Bayas buscaba un escaño en la Asamblea por el movimiento oficialista ADN.

La denuncia fue presentada por el CNE el 4 de febrero de 2025. Acusaba a Bayas y a su suplente, Carlos Cuesta, de haber participado en diciembre de 2024 en eventos organizados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde se entregaron cocinas de inducción almacenadas, según esa cartera de Estado, desde el gobierno de Rafael Correa.

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La jueza Ivonne Coloma Peralta, del TCE, fue la encargada de sustanciar la causa N.º 045-2025-TCE, que constaba de 81 fojas. En el auto solicitó a los denunciantes aclarar tres puntos clave: el hecho concreto, la base legal de la infracción y los medios de prueba.

Al no cumplirse con los requisitos exigidos por el artículo 245.2 del Código de la Democracia, Coloma desestimó la denuncia y ordenó archivar el expediente.

Lo que debes saber

• La marcha pidió al CNE avanzar con el trámite de revocatoria contra Daniel Noboa y María José Pinto.
• Los manifestantes exigieron la entrega de formularios para iniciar la recolección de firmas.
• El Gobierno sostiene que el pedido de revocatoria carece de sustento jurídico.

Una marcha con antorchas recorrió la noche del sábado 4 de julio de 2026 las calles del centro de Quito para respaldar el pedido de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto. La iniciativa, presentada por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y Jorge Cáceres, congregó a ciudadanos y organizaciones que demandan al Consejo Nacional Electoral continuar con el trámite correspondiente.

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Exigen formularios para recolectar firmas

La concentración comenzó a las 18:00 en la avenida de los Shyris, desde donde los manifestantes iniciaron un recorrido hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). La marcha culminó en las oficinas del organismo, ubicadas en la avenida Seis de Diciembre.

Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas para exigir al Consejo Nacional Electoral la entrega de los formularios que permitan iniciar la recolección de firmas. Los organizadores defendieron que la revocatoria del mandato es un mecanismo contemplado en la Constitución y rechazaron las críticas formuladas por el Gobierno a esta iniciativa.

La manifestación, denominada Marchas de las antorchas, estuvo acompañada por velas y antorchas como símbolo de la protesta. El jurista Andrade, en su cuenta de X, indicó que desde la noche del 4 de julio iniciaban la vigilia “por la democracia y respeto a nuestros derechos de participación”, mientras esperan una respuesta de las autoridades electorales.

La solicitud de revocatoria fue presentada el 9 de junio de 2026; los ciudadanos atribuyen al Ejecutivo un incumplimiento de sus responsabilidades de su plan de trabajo.

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El Gobierno rechaza la iniciativa

Por su parte, el Gobierno ha sostenido que la petición carece de sustento jurídico y ha pedido que sea declarada improcedente. Mientras el debate continúa, la decisión sobre la admisión del trámite permanece en manos del CNE.

Lo que debes saber

• Reforma en Ecuador busca agilizar adopciones y reducir la espera de miles de menores.
• Especialistas advierten que los retrasos judiciales prolongan la institucionalización infantil.
• Asamblea propone plazos máximos para acelerar las adopciones sin afectar los derechos de los menores.

Miles de niñas, niños y adolescentes permanecen durante años en instituciones de acogida mientras esperan acceder a una familia. Esta realidad ha reabierto el debate sobre si el sistema de adopciones en Ecuador garantiza efectivamente su derecho a crecer en un entorno familiar o si los trámites terminan prolongando su institucionalización.

La discusión cobró fuerza durante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción. En la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, especialistas señalaron que los mayores obstáculos se concentran en las etapas judiciales previas a la declaratoria de adoptabilidad. 

Ricardo Viera, exjuez de Familia, Niñez y Adolescencia, sostuvo que el Estado mantiene una deuda histórica con miles de menores que continúan esperando una familia.

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La Asamblea analiza mecanismos para acelerar las adopciones

Ante este escenario, este Diario consultó a integrantes de la Comisión de Transparencia para conocer cómo la Asamblea busca acelerar las adopciones sin afectar la protección de los menores.

El único legislador que respondió fue Jorge Chamba, quien detalló los alcances de la propuesta. Además, se recogieron los testimonios de una familia adoptante y de un especialista para contrastar perspectivas sobre la problemática.

Propuesta plantea reducir tiempos y establecer sanciones

Chamba sostuvo que el principal cuello de botella de las adopciones se encuentra en la justicia y no en el MIES. Explicó que la propuesta plantea una audiencia única simplificada, plazos máximos para jueces y notificaciones, además de sanciones para funcionarios que incumplan los tiempos establecidos. “El beneficio más directo es la reducción de la incertidumbre legal y del tiempo que los menores pasan en casas de acogida”, afirmó.

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Respecto al caso de una madre adoptiva que recibió a dos menores y meses después debió devolverlos al sistema estatal, el legislador calificó la situación como una falla grave. 

Según indicó, estos hechos evidencian errores en la gestión de los procesos y refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento. “Lo que usted me acaba de manifestar es gravísimo, pues. Entonces, los procesos se manejaron mal”, señaló.

El Estado debe acompañar todas las etapas de la adopción

El asambleísta insistió en que el Estado debe asumir un rol central durante todas las etapas de la adopción, desde la calificación de los solicitantes hasta el acompañamiento posterior a la integración familiar. 

A su criterio, la intervención estatal es la principal garantía para evitar irregularidades y proteger a los menores. “El Estado debe garantizar todo el proceso, desde el principio hasta el fin, para que sea claro, transparente y diáfano”, enfatizó.

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Madre adoptiva cuestiona la duración del proceso

Para Luisa Alarcón, quien llegó a ejercer el rol de madre preadoptiva de dos hermanos durante varios meses, el principal problema del sistema no fue la evaluación de los futuros adoptantes, sino la duración del proceso. 

Relató que completar todos los requisitos tomó cerca de dos años entre capacitaciones, entrevistas psicológicas, visitas domiciliarias y trámites administrativos. “Todos los trámites y todas las reuniones fueron necesarios, pero el tiempo fue demasiado alargado. Demasiado largo”, afirmó.

Denuncia falta de información sobre el estado de salud de los menores

La situación se agravó cuando descubrió que no había recibido información completa sobre el estado de salud de los menores asignados. 

Según contó, tras realizar exámenes especializados, conoció diagnósticos que no constaban en los reportes entregados por las autoridades. “No me dijeron en el reporte médico que la niña era anoréxica y que él padecía epilepsia”, señaló. Alarcón sostiene que, luego de advertir esta situación, las autoridades decidieron retirar a los niños del hogar. 

A su criterio, pudo existir temor a eventuales reclamos por la información omitida. “Es como que se sintieron descubiertos y tuvieron miedo de alguna demanda”, manifestó.

La institucionalización prolongada preocupa a las familias

A partir de esa experiencia, Alarcón cuestiona las consecuencias que puede tener la permanencia prolongada de menores en centros de acogida. Sostiene que muchos llegan a las familias con secuelas derivadas de situaciones de violencia y de largos periodos de institucionalización. 

“Tener demasiados niños durante demasiado tiempo les afecta”, expresó. A su criterio, los procesos deberían resolverse con mayor rapidez para evitar que los menores permanezcan años esperando una familia definitiva.

Especialista advierte efectos emocionales en los menores

El psicólogo infantil Eduardo Moreira advirtió que la permanencia prolongada de niñas, niños y adolescentes en instituciones de acogida puede tener efectos significativos en su desarrollo emocional. 

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Explicó que, aunque estos espacios cumplen una función de protección, están concebidos como una medida temporal. “La ausencia de una figura de cuidado estable dificulta la construcción de vínculos seguros y puede favorecer la aparición de ansiedad, problemas en la regulación emocional y dificultades en la confianza hacia los demás”, señaló.

Moreira también alertó sobre las consecuencias de la incertidumbre que enfrentan muchos menores mientras esperan una resolución sobre su futuro familiar. 

Según explicó, la falta de estabilidad puede afectar la forma en que construyen relaciones afectivas y perciben su propio valor. “Cuando un niño desconoce cuál será su futuro o cuánto tiempo permanecerá en una institución, puede desarrollar dificultades para establecer vínculos afectivos profundos por temor a nuevas pérdidas o separaciones”, afirmó.

Hay niños que ingresan muy pequeños, 2 años, y los procesos judiciales demoran 10 u 11 años. Resulta que cuando llegan a los 14 ya ninguna familia los quiere.Jorge Chamba, asambleísta e integrante de la Comisión de Transparencia

Respecto a los retrasos judiciales y administrativos en los procesos de adoptabilidad, el especialista consideró que estos pueden terminar afectando derechos fundamentales de los menores. 

A su criterio, el desafío no pasa por reducir los controles de protección, sino por hacer más eficiente el sistema. “Un sistema de adopciones eficaz es aquel que protege rigurosamente los derechos del menor, pero que también comprende que, en la infancia, el tiempo es un factor determinante para su desarrollo emocional y psicológico”, sostuvo.