Lo qué debes saber

• El CNE anunció el inicio del proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye. 
• El calendario electoral fue aprobado con el adelanto de las votaciones para el 29 de noviembre. 

El partido político Unidad Popular (UP) denunció un presunto “escenario dictatorial” que estaría orquestado por el Gobierno Nacional con miras al proceso electoral del próximo 29 de noviembre.

Dirigentes azuayos de UP simularon lo que sería una papeleta de votación para la elección de alcaldes, prefectos, concejales y presidentes parroquiales bajo el contexto de pretención de suspender a diferentes organizaciones políticas del Concejo Nacional Electoral y el adelanto del día de las votaciones.

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Hay que recordar que el CNE aprobó la cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye, el pasado 26 de marzo de 2026, enmarcado en la supuesta reducción del número de adherentes permanentes. Ambas organizaciones disponen de 10 días -desde la aprobación del informe en el CNE- para mostrar sus pruebas de descargo y evitar lo dispuesto.

¿Qué dicen los dirigentes azuayos?

Luis Valarezo, dirigente de UP en Azuay, afirmó que la organización política observa “una clara violación al derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos”, al considerar que existirían restricciones que limitarían la participación de distintas fuerzas políticas.

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El dirigente criticó al movimiento oficialista y señaló que existiría “temor de enfrentarse en las urnas a las fuerzas de izquierda” tras los reveces que sufrieron en contiendas electorales como las dos consultas populares impulsadas por el presidente Daniel Noboa. “Estamos viviendo un escenario dictatorial. El Gobierno pretende desaparecer organizaciones políticas, no solo Unidad Popular, y también persigue a los alcaldes y los luchadores sociales”, dijo Valarezo.

¿Unidad Popular participará en las elecciones?

Sobre la situación jurídica de Unidad Popular, el dirigente recordó que en 2020 el CNE aprobó la fusión entre el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Unidad Popular (UP) reconociendo más de 200.000 afiliados a escala nacional. “Hoy pretenden desconocerlas sin un sustento”, dijo Valarezo.

Sebastián Cevallos, subdirector de UP en Azuay, descartó que su organización política o cualquier otra sea candelada -en el marco de lo que será la convocatoria a elecciones - por lo que establece el artículo 327 del Código de la Democracia sobre el plazo de 120 días previos a una convocatoria electoral para acciones de suspensión o cancelación de partidos políticos.

Según el calendario electoral, aprobado por el pleno del CNE, establece que el 1 de agosto próximo será la convocatoria a elecciones, lo que establece que el organismo tuvo hasta el 3 de abril para cancelar a cualquier organización política.

En este marco, el dirigente aprovechó para enviar un mensaje a la presidenta del CNE “ya no va a poder eliminar a ninguna organización política y nos veremos el 29 de noviembre señora Atamaint” y advirtió que existiría la intención (del presidente Daniel Noboa) de atacar a los movimientos políticos locales de Cuenca . “En Cuenca, con la democracia no se juega”, dijo.

Lo que debes saber

• Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una posible injerencia estatal en Ecuador tras la anulación de la directiva de la FENOCIN. Denuncian irregularidades, falta de garantías legales y advierten un preocupante retroceso democrático que podría afectar la libertad de asociación en el país.

Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre presunta injerencia estatal en Ecuador tras la denuncia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN), por la anulación del registro de su nueva directiva nacional. El hecho, según el comunicado, estaría vinculado a decisiones administrativas que afectarían la legalidad del proceso interno de la organización. La situación ha encendido alarmas por su impacto en derechos fundamentales. La preocupación apunta directamente a la libertad de asociación y al debido proceso.

El pronunciamiento advierte que la directiva fue presuntamente elegida conforme a las normas internas de la organización, lo que genera cuestionamientos sobre la validez de la intervención estatal. Desde esta perspectiva, la medida podría representar un precedente negativo para otras organizaciones sociales en el país. La denuncia también subraya riesgos en la seguridad jurídica de los actores colectivos. Esto se suma a un contexto que ya genera inquietud entre defensores de derechos humanos.

Además, el comunicado sostiene que cualquier decisión administrativa que afecte derechos debe cumplir con principios básicos como legalidad, motivación y proporcionalidad. Sin embargo, según lo denunciado públicamente, estas garantías no habrían sido respetadas en este caso. La falta de cumplimiento de estos estándares es considerada especialmente alarmante. El escenario abre un debate sobre el respeto a normas constitucionales en Ecuador.

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Injerencia estatal en Ecuador y cuestionamientos legales

Las organizaciones firmantes remarcan que el derecho a la defensa también habría sido vulnerado en el proceso. Este aspecto es clave en cualquier procedimiento administrativo que tenga consecuencias sobre derechos colectivos. La ausencia de garantías refuerza la percepción de irregularidades en la decisión. La situación ha generado una reacción inmediata en el ámbito de derechos humanos.

En esa línea, Gina Romero, relatora de la ONU, advirtió que Ecuador “sigue avanzando en una deriva autoritaria que debe detenerse”. La declaración también enfatiza que “es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”. Estas afirmaciones reflejan la gravedad con la que se percibe el caso en el entorno internacional. La alerta incluye posibles restricciones indebidas al espacio cívico.

El señalamiento no solo se centra en el caso puntual, sino en un patrón que podría afectar la participación social. Las organizaciones advierten que este tipo de decisiones pueden limitar la acción de colectivos y movimientos. El impacto trasciende a una sola institución y se proyecta sobre el sistema democrático. La preocupación crece ante posibles nuevas medidas similares.

Retroceso democrático y alertas sobre derechos humanos

El comunicado también insiste en que el principio de legalidad debe ser respetado en todas las decisiones administrativas. Esto implica que cualquier resolución debe estar debidamente fundamentada y justificada. La proporcionalidad es otro elemento clave que, según lo denunciado, no se habría cumplido. Estas condiciones son esenciales para garantizar un proceso justo.

Asimismo, se recalca la necesidad de respetar el derecho a la defensa en todo momento. La ausencia de este principio debilita la legitimidad de cualquier acción estatal. Las organizaciones consideran que esto agrava la situación denunciada. El caso se convierte así en un punto crítico para evaluar el estado de derecho en el país.

Frente a este escenario, se ha hecho un llamado urgente a revisar la decisión de manera transparente. Las organizaciones piden que se garantice el respeto pleno a las normas constitucionales. También exigen alinearse con estándares internacionales de derechos humanos. La revisión es vista como una medida necesaria para restablecer la confianza institucional.

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Llamado urgente y acciones internacionales

El pronunciamiento finaliza con un respaldo a las acciones legales anunciadas por la organización afectada. También se reconoce su derecho a acudir a instancias internacionales si fuera necesario. Este paso podría escalar el caso a organismos de supervisión global. La comunidad internacional se mantiene atenta al desarrollo de los hechos.

Además, se reafirma el derecho a la movilización pacífica como una herramienta legítima de defensa. Las organizaciones consideran que este tipo de acciones forman parte del ejercicio democrático. La situación actual podría motivar nuevas expresiones sociales. El conflicto, por ahora, sigue en evolución.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa plantea abrir Ecuador a una posible cooperación militar con EE.UU., aclarando que no se trataría de una invasión sino de un apoyo.
  
• El mandatario aseguró que Washington está dispuesto a colaborar sin imponer condiciones a la alianza.
  
• Aunque destacó una reducción del 38% en homicidios en zonas fronterizas, Noboa advirtió que la amenaza persiste

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó en una entrevista en Bloomberg que recibiría con agrado la presencia de tropas estadounidenses en el país para enfrentar la crisis de seguridad, siempre que estas se alineen con las directrices de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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“No se trata de una invasión, no es un intruso que viene a nuestro país. Es colaboración internacional contra el crimen”, señaló Noboa en una entrevista con Annmarie Hordern de Bloomberg.

El mandatario aseguró que Washington ha mostrado disposición para cooperar en materia de seguridad. “Están dispuestos a colaborar. No se trata de seguir órdenes, se trata de colaborar”, enfatizó.

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La colaboración podría concretarse en el 2026

Consultado sobre si esta cooperación podría concretarse en 2026, Noboa respondió que lo considera posible y necesario. “Creo que podría suceder este año. Sería importante”, dijo.

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El presidente destacó además que, según cifras oficiales, los homicidios en zonas fronterizas se han reducido en un 38%, lo que ha generado una “sensación general de paz” en el país. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe seguir presionando para eliminar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

La vocera de la Casa Blanca explicó que los países convocados al Escudo de las Américas son considerados los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos. Esta coalición promoverá la libertad, seguridad y prosperidad regional. Ecuador, específicamente, colaborará en planes para frenar el avance de pandillas, cárteles criminales y el flujo de inmigración ilegal masiva.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• El juez Patricio Maldonado del TCE negó el recurso del PSC y validó el cambio de fecha de las elecciones.
  
• La sentencia confirma que la posesión de autoridades locales se mantiene para el 14 de mayo de 2027.
• El sufragio se adelanta al 29 de noviembre de 2026 para evitar riesgos climáticos por El Niño.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.

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La decisión del CNE es legal y fundamentada

De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.

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Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.

Cambio de fecha no altera periodos ni funciones

El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:

"Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027", señala la sentencia del juez Maldonado.

Juez dice que el CNE es "garante" de la democracia

En ese sentido, el magistrado concluyó que "el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional".

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El origen del conflicto y procesos pendientes

El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.

Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

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El conflicto jurisdiccional y normativo que denuncia Yasunidos

Esta medida administrativa, alega el colectivo, afecta directamente a la estructura que impulsó y defendió la consulta popular del Yasuní durante una década. Ante la emisión de la resolución, la agrupación reclama que la acción representa un acto de persecución política y establece un precedente gravísimo para la democracia y el derecho a la participación social en el país.

Yasunidos detalla en su defensa técnica que no operan jurídicamente como un partido político, sino bajo la figura de un colectivo ciudadano. Bajo ese contexto legal, reclaman que las autoridades electorales pretenden sancionarlos aplicando normas que fueron diseñadas de forma exclusiva para organizaciones políticas, valiéndose de interpretaciones forzadas y desproporcionadas.

"Aquí no se sanciona una infracción real. Se castiga la participación. Se castiga a quienes defendieron la naturaleza y enfrentaron los obstáculos del propio Estado", especifica el pronunciamiento oficial de la organización.

Acción extraordinaria ante la Corte Constitucional

Como respuesta legal a la decisión arbitral del tribunal, la organización anunció que ejecutará de forma inmediata una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Este recurso tiene como objetivo defender los derechos vulnerados de sus miembros y blindar el derecho de la población a participar activamente sin temor a represalias burocráticas.

Finalmente, mientras el aparato electoral ejecuta estas sanciones administrativas, los voceros de Yasunidos cuestionan que la decisión ciudadana votada en 2023 para frenar la explotación del Yasuní continúa sin cumplirse por parte del Estado.

Lo que debe saber

• Rechazo: Ecuador sostiene que las declaraciones de Gustavo Petro violan el principio de no intervención, al calificar como "preso político" a Jorge Glas.
  
• Crisis diplomática: El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota formal de protesta a su par de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el mandatario colombiano tildó nuevamente de "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas. Como respuesta ante esta fricción diplomática, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador Arturo Félix Wong, quien retornará al país entre este miércoles y jueves.

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Rechazo a la injerencia extranjera

El documento oficial del Ministerio califica de "falsas" las afirmaciones de Petro y sostiene que estas solo deterioran las relaciones bilaterales. Según el texto, cualquier intento de deslegitimar las sentencias judiciales desde el exterior vulnera el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. La diplomacia ecuatoriana enfatiza que el sistema judicial del país actúa con independencia y bajo el rigor de la Constitución.

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Petro dice que Glas es preso político y colombiano

Petro afirmó de manera tajante: "Es indudable que Jorge Glas es un preso político". El mandatario colombiano sostuvo que en América no deben existir personas detenidas por sus convicciones ideológicas y pidió directamente su liberación o entrega, alegando que el exvicepresidente es víctima de una persecución.

Petro El mandatario también expresó una "profunda preocupación" por la integridad física de Glas. Aseguró que el exvicepresidente sufre de problemas de nutrición y pérdida severa de peso (mencionando una baja de 14 kilos) debido a que, según su visión, el Estado ecuatoriano no le garantiza una alimentación adecuada, lo que pondría su vida en riesgo

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Situación legal de Jorge Glas

La Cancillería aclara en su misiva que el ciudadano en mención no posee la condición de perseguido político. Por el contrario, la institución recuerda que Glas cuenta con sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y encara procesos adicionales por peculado. Ecuador insiste en que las decisiones las adoptaron autoridades competentes dentro de un Estado de Derecho, por lo cual exige el cese de opiniones que afecten su soberanía nacional.

Abandono de la frontera común

La nota de protesta también incluye un reclamo sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ecuador condena la supuesta falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta situación, de acuerdo con el Ministerio, facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas. El Gobierno ecuatoriano demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza en lugar de interferir en las decisiones de la justicia interna.

Cruce diplomático de Ecuador y Colombia este 7 de abril

• Relaciones Exteriores invocó la Carta de la OEA para denunciar intromisión en asuntos internos
• El Estado ecuatoriano reclamó el abandono de la vigilancia en la frontera por parte de Bogotá
• La nota diplomática responde a las afirmaciones de Petro sobre el estado de salud de Jorge Glas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió este 7 de abril de 2026 una nota dirigida al Gobierno de Colombia. El documento formaliza un rechazo enérgico a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y cuestiona la falta de seguridad en la zona de frontera común.

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Gustavo Petro: “Jorge Glas es un ciudadano colombiano y es un preso político”

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La queja de la Cancillería

La Cancillería ecuatoriana argumentó que las expresiones del mandatario colombiano constituyen una violación al artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicha norma prohíbe a los Estados intervenir en los asuntos internos de otros países.

En la misiva, el Ejecutivo local también señaló que la falta de control fronterizo por parte de las autoridades colombianas permite el tránsito de grupos criminales que afectan la paz en territorio ecuatoriano. La protesta diplomática exige respeto a la soberanía nacional y al principio de no intervención.

El origen del cruce diplomático

La tensión escaló luego de que Gustavo Petro afirmara en sus canales oficiales que el exvicepresidente Jorge Glas es un “preso político” y “ciudadano colombiano”. El mandatario del país vecino solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, alegando que Glas sufre de una "severa desnutrición" en el centro penitenciario donde cumple sus condenas.

Petro incluso reveló haber pedido directamente la liberación o entrega del exfuncionario durante una reunión previa en las Islas Galápagos, solicitud que no fue aceptada por las autoridades locales.

La postura de Noboa

Durante la mañana de este martes, el presidente Daniel Noboa ya había adelantado el rechazo del Gobierno a la narrativa de persecución. El jefe de Estado defendió la independencia de la función judicial y recordó que sobre Glas pesan sentencias ejecutoriadas por delitos comunes que afectaron el erario público.

Según la administración de Noboa, el exvicepresidente debe responder por los siguientes procesos:

"En la cárcel no hay presos políticos, hay corruptos que deben responder al Ecuador", enfatizó el mandatario al cierre de su declaración previa.

Cese al fuego en Medio Oriente

• Israel suspende sus operaciones en Líbano como parte de la tregua regional.
  
  La Casa Blanca contempla llevar a cabo negociaciones presenciales con Irán.
  
  Teherán exige mantener su enriquecimiento de uranio y el control de Ormuz.

Este 7 de abril, Estados Unidos, Israel e Irán iniciaron un cese al fuego inmediato por un lapso de 14 días que suspende las operaciones militares en Medio Oriente, incluyendo el territorio del Líbano. El acuerdo temporal, concretado mediante la mediación de Pakistán, abre la puerta a negociaciones directas mientras las partes evalúan las condiciones para establecer un tratado de paz definitivo.

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El alcance de la tregua militar y el rol de Israel

La confirmación de la Casa Blanca sobre la adhesión de Israel al alto el fuego amplía el impacto de esta medida temporal a todo el mapa del conflicto. Un funcionario estadounidense indicó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que el gobierno israelí aceptó detener sus incursiones armadas durante este periodo de conversaciones.

El primer ministro pakistaní y mediador clave, Shehbaz Sharif, detalló que la suspensión de ataques acordada con Estados Unidos y sus aliados aplica "en todas partes", lo que paraliza de forma inmediata la ofensiva israelí contra el movimiento armado Hezbolá en Líbano.

Diálogos presenciales y respaldo internacional

Mientras los bombardeos se detienen, los canales diplomáticos organizan los siguientes pasos. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que la administración estadounidense contempla llevar a cabo "negociaciones en persona" con delegaciones de Teherán. Leavitt aclaró que las discusiones logísticas están en marcha, pero que todo dependerá del anuncio oficial del presidente Donald Trump.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak —territorio que ha sufrido los coletazos bélicos de la región— emitió un comunicado en el que saluda el acuerdo de dos semanas. Bagdad instó a los países involucrados a sostener un "diálogo serio y sostenible" que evite el resurgimiento de los enfrentamientos.

Las 10 exigencias de Irán para la paz definitiva

En paralelo a los anuncios en Washington, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán hizo público el documento con sus exigencias formales. Según medios estatales como la agencia Mehr y la televisión iraní, el plan presentado a Estados Unidos exige un principio de no agresión y la aceptación explícita de la continuidad del programa de enriquecimiento de uranio.

El documento de diez puntos que Teherán establece como condición innegociable para declarar el fin formal de la guerra incluye:

Lo que debes saber

• La propuesta busca incorporar educación financiera en el sistema educativo, pero enfrenta críticas por duplicidad normativa y falta de recursos.
• La Asamblea suspendió la votación de la Ley de Educación Financiera y devolvió el proyecto a comisión tras varias observaciones.

La Ley de Educación Financiera regresó a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Este 7 de abril de 2026, el proyecto, que enfrentó el segundo debate, no llegó a votación tras varias observaciones durante la sesión del Pleno.

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La normativa plantea que el Ministerio de Educación y la entidad que ejerza la rectoría de la política pública de educación superior elaboren y actualicen la estrategia de educación financiera para el sistema educativo a escala nacional.

Para ello, se prevé la colaboración del ente rector de la Política y Regulación Financiera y Monetaria. Además, se coordinará la elaboración de contenidos de educación financiera entre las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior y otras entidades del Sistema Financiero Nacional.

Voces en contra de la propuesta

Las críticas a la normativa surgieron desde asambleístas del correísmo y también de independientes. Por ejemplo, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana María Raffo, sostuvo que no era necesaria una nueva ley, sino que se debía aplicar la normativa secundaria ya vigente sobre educación financiera.

En esa línea, Raffo sugirió que el documento regrese a la Comisión de Educación y que se plantee su archivo.

El también correísta Comps Córdova calificó la iniciativa como preocupante y señaló que se intenta educar al ciudadano sobre el sobreendeudamiento sin antes frenar el abuso del sistema financiero y las altas tasas de interés.

Asimismo, la independiente Elizabeth Orellana, aunque respaldó la propuesta, advirtió que el mayor riesgo es que la ley se convierta únicamente en una carga burocrática adicional para el Ministerio de Educación. Cuestionó que existan los recursos necesarios para su aplicación real en comunidades rurales e indígenas.

¿Qué pasará ahora?

Tras el debate en el Pleno, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar (exPachakutik), pidió que, con base en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se suspenda el punto del orden del día para que el documento regrese a la mesa que preside.

Con esto se abre un plazo de ocho días para que la comisión incorpore los cambios sugeridos. Luego de ese periodo, la normativa volvería al Pleno para su votación definitiva. El oficialismo necesita 77 votos para aprobar la iniciativa.

Durante la jornada, dirigentes del movimiento calificaron la decisión como arbitraria y anunciaron que emprenderán acciones legales para frenar su eliminación del registro electoral, además de convocar a nuevas movilizaciones a nivel nacional.

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Claves del nuevo cese al fuego

• Washington detiene la ofensiva militar por dos semanas tras mediación de Pakistán.
• Teherán remitió un plan de diez puntos que la Casa Blanca considera viable.
• La reapertura segura del estrecho de Ormuz condiciona el acuerdo definitivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes 7 de abril de 2026 suspender la ofensiva militar contra Irán por un lapso de 14 días. La decisión responde a una petición formal de Pakistán y a la recepción de un documento estratégico enviado por Teherán para destrabar el conflicto en Medio Oriente.

Intervención diplomática y cese de operaciones

El freno a las hostilidades se concreta el mismo día en que vencía el ultimátum fijado por Washington. En un comunicado oficial, el mandatario norteamericano detalló que la pausa bélica fue solicitada por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir. Esta tregua bilateral está condicionada a que la administración de Masud Pezeshkian garantice la apertura inmediata y segura del estrecho de Ormuz para la circulación comercial global.

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Previo a este anuncio, las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron bombardeos convencionales sobre la isla de Jarg, punto central de la exportación de crudo iraní, y destruyeron un puente ferroviario en la provincia de Isfahán, lo que dejó dos víctimas mortales. La administración estadounidense descartó el uso de armamento nuclear durante estas incursiones tácticas.

Documento base en la mesa de diálogo

La suspensión de la fuerza destructiva permite a ambas naciones analizar la propuesta remitida por el Gobierno iraní. Trump aseguró que el plan de diez puntos representa una base operativa de negociación para alcanzar un tratado de paz a largo plazo en la región. Según la comunicación de la Presidencia estadounidense, la mayor parte de los puntos de contención previos ya encontraron un consenso, por lo que este periodo servirá para consumar la resolución final.

Mientras se instala la fase de diálogo, en ciudades como Teherán persisten las movilizaciones civiles. Ante la amenaza inicial de ataques a la infraestructura estratégica, millones de ciudadanos formaron cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas, como la planta de Damavand, para evitar la interrupción de los servicios básicos.

Lo que debes saber

• El cambio de domicilio electoral se podrá realizar solo del 8 al 17 de abril de 2026.
• El trámite es gratuito y permite votar en un recinto cercano a la residencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará los cambios de domicilio electoral desde este 8 de abril de 2026. El plazo se extenderá hasta el 17 del mismo mes para quienes deseen sufragar cerca de su residencia en los comicios seccionales de noviembre próximo.

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Correísmo anuncia demanda de inconstitucionalidad contra cambio de fecha de elecciones seccionales

MONICA JARA CHERREZ

“Del 8 al 17 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará la Campaña de Cambios de Domicilio Electoral, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto cerca de su lugar de residencia en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027”, señaló la entidad en un comunicado.

¿Qué es el domicilio electoral?

En cada elección, el CNE habilita recintos electorales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Estos se ubican en distintos puntos de los cantones. Con base en la dirección registrada del votante, se asigna una Junta Receptora del Voto a la que deberá acudir.

Si el domicilio electoral ha cambiado, existe la posibilidad de actualizarlo mediante un trámite que puede realizarse de forma presencial o virtual. “El trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en las delegaciones provinciales electorales y brigadas móviles a escala nacional, presentando la cédula de identidad”, informó el CNE.

Cabe recordar que, como parte de la organización de los comicios, el organismo despliega brigadas en puntos de alta concurrencia en distintas ciudades para facilitar el trámite. Estas estarán habilitadas hasta el 17 de abril de 2026.

Sobre el trámite virtual

“También está habilitado en línea a través del portal www.cne.gob.ec

y del aplicativo móvil ‘Cambio de Domicilio CNE’. En el exterior, el proceso se realiza de manera virtual o en las oficinas consulares”, señaló el organismo electoral.

El proceso digital se realiza en la página oficial del CNE y contempla los siguientes pasos:

El CNE recordó: “este trámite estará disponible únicamente del 8 al 17 de abril de 2026. De no realizarlo en este periodo, la ciudadanía deberá sufragar en su recinto electoral habitual”.

Lo que debes saber

• Contraloría guarda reserva: La entidad de control anunció acciones que aún están bajo reserva y sobre las cuales se tendrán que emitir los respectivo informes. 

La Contraloría anunció acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La entidad informó que en Pichincha y Guayas se concentra el mayor número de estos procesos.

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En un comunicado, la Contraloría señaló: “Actualmente se ejecutan 59 acciones de control en los GAD provinciales, municipales y entidades relacionadas del país”. De ese total de acciones, 12 corresponden a Pichincha y 12 a Guayas.

La entidad no detalló las acciones específicas que se ejecutan en cada GAD. Sin embargo, precisó que las indagaciones, en términos generales, abarcan operaciones administrativas y financieras; procesos de contratación de bienes, obras y servicios; así como gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

Además, el órgano de control indicó que también están bajo revisión la gestión del talento humano, las consultorías y la actualización de catastros. Esto ocurre en medio del proceso electoral en curso, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre de 2026 para elegir, entre otras autoridades, a prefectos y alcaldes.

Otras provincias en las que se ejecutan acciones

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.

Una Contraloría en el ojo del huracán

Según el ente de control, una vez que se aprueben los informes generales, “luego de cumplirse el debido proceso, serán públicas para la consulta de la ciudadanía”.

El ente de control informó sobre las acciones en los GAD en medio de la polémica por su actuación respecto a informes relacionados con jueces de la Corte Constitucional. 

La semana pasada, la entidad intentó deslindarse de la filtración de los informes sobre el análisis de las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Terán.

Lo que debes saber

• TCE inadmite impugnación de la Revolución Ciudadana contra el cambio de fecha de las elecciones.
• Juez Joaquín Viteri rechaza recurso de Gabriela Rivadeneira por suspensión de la Revolución Ciudadana.
• Cambio de fecha electoral enfrenta recursos en el TCE y demandas en la Corte Constitucional.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, rechazó conocer la impugnación que presentó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC),en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el cambio de la fecha de las elecciones seccionales.

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En el auto de inadmisión, emitido la tarde del 6 de abril de 2026, Viteri señaló que la RC no podía impugnar la decisión del CNE, con la cual el organismo electoral cambió la fecha de las elecciones al 29 de noviembre, cuando estaban previstas para el 14 de febrero de 2027.

¿Por qué el juez rechazó la impugnación?

La razón, según señaló el magistrado electoral, se debe a que el movimiento correísta "carece de personería jurídica necesaria para actuar formalmente ante los organismos electorales" debido a la suspensión de nueve meses que se ordenó en marzo por la investigación que desarrolla la Fiscalía en el caso Caja Chica.

Explicó que el artículo 244 del Código de la Democracia señala que la presentación de los recursos electorales es una "facultad que corresponde exclusivamente a los sujetos políticos debidamente reconocidos (partidos, movimientos y alianzas), así como a los candidatos".

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Juez dispone archivar la causa

Por esos motivos, "al no contar con sus derechos vigentes, la referida organización política carece de la legitimación activa necesaria para proponer el recurso subjetivo contencioso electoral", por lo que dispuso la inadmisión del recurso "por falta de procedibilidad".

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Finalmente, Viteri dispuso notificar sobre el auto a Rivadeneira y su patrocinar y ordenó el archivo de la causa.

Procesos conta nueva fecha de elecciones 

La resolución del cambio de la fecha de elecciones enfrenta diferentes recursos legales, tras recibir cuestionamientos al modificar el día de las elecciones por supuestos riesgos que acarrearía el fenómeno de El Niño. En el TCE, además de la impugnación de Rivadeneira, el Tribunal recibió la objeción del Partido Social Cristiano (PSC).

A la par, el ciudadano Andrés Albuja y el movimiento Revolución Ciudadana presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de la decisión del CNE. 

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Lo que debes saber

• Avance inicial del proyecto: La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, que verifica requisitos formales.
  
• ​Continúa en trámite: La ley no ha sido aprobada sino que pasa al CNE para verificar firmas de respaldo.

La iniciativa para la regulación del uso responsable del cannabis avanza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este 7 de abril de 2026, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa ciudadana.

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El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional. 

La excorreísta y hoy aliada de ADN, Jhajaira Urresta, fue la encargada de presentar el informe de la Comisión Calificadora. Explicó que lo actuado en la mesa corresponde a la primera etapa de uno de los mecanismos de participación con los que cuenta la ciudadanía para impulsar leyes.

“Nuestra función estrictamente está vinculada dentro de la técnica y el procedimiento interno de la Asamblea”, dijo Urresta. Con esto, la asambleísta precisó que en esta fase del proceso no existe un pronunciamiento sobre el contenido de la ley propuesta, sino que el trabajo se circunscribe a la verificación de los requisitos formales.

Con ese contexto, en el Pleno de la Asamblea no se profundizó en la propuesta. De hecho, no hubo más intervenciones que la de Urresta, quien mocionó la aprobación del informe de la Comisión Calificadora.

¿Qué viene ahora?

Al final, con 142 votos a favor, el Pleno de la Asamblea dio paso al informe. Dicho documento estableció como conclusión: “La Comisión de Calificación concluye que resultado del análisis de requisitos, técnicos, técnica legislativa y jurídico, concluye que el presente Proyecto de Ley cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 134 y 136 de la Constitución”.

Tras la decisión de la Asamblea, la iniciativa ciudadana será remitida al CNE para la verificación de la validez de las firmas de respaldo. En caso de que esa entidad avale la autenticidad de dichos apoyos, el proyecto regresará a la Asamblea.

En el Legislativo, la propuesta deberá atravesar el trámite ordinario de formación de ley: ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), remitida a una comisión, pasar dos debates y ser aprobada en el Pleno.

¿Qué plantea el proyecto?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

Lo que debes saber

• Trámite aprobado: La Asamblea admitió el proyecto con 142 votos.
  
• Requisito legal: Colectivos deben validar 35,000 firmas ante el CNE.
  
• Objetivo: Regular el uso medicinal y adulto del cannabis.
  
• Control: Plantea crear un ente regulador estatal y límites al autocultivo.
  
• Prioridades: El debate se centrará en salud pública y seguridad.

El pleno de la Asamblea Nacional dio el primer paso para regular el uso del cannabis en Ecuador. Con un respaldo unánime de 142 votos, la iniciativa ciudadana fue admitida a trámite, activando el engranaje legislativo para lo que será un debate de alto calado social y jurídico.

Tras este espaldarazo inicial, el documento retornará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación de rúbricas. Los colectivos proponentes tienen el reto de certificar 35,000 firmas válidas; solo así el proyecto regresará al Legislativo para ser debatido en un plazo máximo de tres meses.

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El esquema: del autocultivo al control estatal

La propuesta no se limita al ámbito terapéutico. El texto busca cimentar un marco normativo que abarque tanto el uso medicinal como el uso adulto, siempre bajo la vigilancia rigurosa del Estado. Para ello, se plantea un sistema de controles que supervise cada eslabón de la cadena: desde la producción y distribución hasta el consumo final.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la despenalización del autocultivo para consumo personal. No obstante, la normativa propone límites estrictos y condiciones técnicas para mitigar riesgos de uso indebido. Para garantizar el orden, el plan incluye la creación de una entidad técnica especializada en la regulación y control permanente de esta actividad.

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Un debate de salud y seguridad

Pese al avance administrativo, los legisladores fueron enfáticos: el camino hacia la aprobación final requerirá un examen minucioso. El debate venidero en las comisiones deberá diseccionar el impacto de la norma en la seguridad nacional, la salud pública y el tejido social ecuatoriano.

Con la admisión ya en firme, la comisión asignada empezará a recibir aportes de diversos sectores para pulir el informe que, eventualmente, regresará al Pleno para su votación definitiva.

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Lo que debes saber

• La RC demanda ante la Corte Constitucional el cambio de fecha de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
• ​Franklin Samaniego cuestiona al CNE por reducir plazos electorales y afectar derechos de participación.
• Cambio del calendario electoral suma acciones legales por presunta inconstitucionalidad en Ecuador.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, anunció este 7 de abril de 2026 que su bancada presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dispone el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, previstas para el próximo 29 de noviembre.

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Según Samaniego, la acción en contra de la decisión del CNE se presentó al considerar que la Función Electoral "cambió de una manera ortodoxa el calendario electoral, lo cual violenta el marco constitucional y afecta el derecho a la participación y a la seguridad jurídica en Ecuador".

¿Por qué el correísmo presentó la demanda?

Rodeado de sus coidearios y antes de ingresar a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este martes, el legislador de Pichincha explicó que en la demanda se detallaron tres motivos que supuestamente violarían derechos, los cuales impulsan el pedido para que sea declarada como inconstitucional:  

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Para el correísta, la decisión del CNE abona a la complicada situación que enfrenta el movimiento político al que pertenece. Ha "agravado por la persecución, la proscripción de la primera fuerza política, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de otras organizaciones", en referencia a los procesos de cancelación que enfrentan Unidad Popular y Construye en la Función Electoral.

La demanda presentada por la RC se suma a otra acción por inconstitucionalidad con medidas cautelares que presentó Andrés Albuja, el 30 de marzo pasado. En el documento, el solicitante pide a la Corte que deje sin efecto a la modificación para "evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado".

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Lo que debes saber

• Recurso inadmitido: El TCE rechazó el recurso de Unidad Popular porque el proceso de cancelación aún está en etapa de prueba
  Protestas sostenidas: Militantes y organizaciones afines se movilizan por segunda semana consecutiva en Quito 

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió el recurso presentado por el movimiento Unidad Popular (UP) en contra de la resolución sobre el inicio de su proceso de cancelación. Este 7 de abril de 2026, militantes y simpatizantes de esa organización política protagonizaron una nueva manifestación.

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La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, fue la encargada de emitir la resolución. En ella se explica que aún no se ha emitido un acto que ponga fin a la actuación administrativa ni se ha resuelto cancelar a la organización política.

Esto se debe a que el trámite aún se encuentra en etapa de prueba y la resolución del CNE, que fue objeto del recurso ante el TCE, sigue en esa misma fase. “

Tramitar un recurso que, por su naturaleza no tiene efecto suspensivo, implicaría que este Tribunal sustancie una causa cuyo objeto es incierto al no existir un acto administrativo formal y materialmente electoral”, dice la resolución.

Con base en esto, Coloma señala en su decisión que: “resulta inadmisible por incurrir en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 245.4 del Código de la Democracia, esto es, por haber sido presentados fuera del tiempo legal establecido”.

Otra movilización hacia el CNE

Por segunda semana consecutiva, militantes, simpatizantes y organizaciones afines a Unidad Popular, como la Unión Nacional de Educadores (UNE), protagonizaron una manifestación en las afueras del CNE, en Quito.

Este 7 de abril de 2026, los simpatizantes se ubicaron sobre la avenida 6 de Diciembre. En los bajos del CNE gritaron consignas en contra de la decisión sobre la cancelación. 

Allí, Isabel Vargas, dirigente de la Federación de Barrios de Quito, señaló que es necesario “defender al pueblo del autoritarismo”. Además, afirmó que Diana Atamaint, presidenta del CNE, es una “operadora política” del presidente Daniel Noboa.

¿Qué pasa con Unidad Popular?

El Pleno del CNE aprobó una resolución con la que inició el proceso de cancelación de la organización política de alcance nacional. El argumento fue que no cumplía con el número mínimo de adherentes y simpatizantes.

UP respondió que el informe sobre el cual se tomó la decisión era fraudulento y aseguró que contaba con el registro de sus militantes. Pidió correcciones al CNE, pero el Pleno rechazó el pedido. Tras ello, el director nacional de la agrupación política, Geovanny Atarihuana, recurrió al TCE.

Lo que debes saber

• Pedido judicial: El juez Felipe Córdova solicita retirar la inmunidad a Mónica Palacios para iniciar juicio por calumnia.
  
• Fundamento: La querella de Cynthia Gellibert sostiene que la asambleísta acusó falsamente de delitos a terceros.
  
• Traba constitucional: El proceso penal no puede arrancar sin la autorización previa del Pleno de la Asamblea.
  
• Tipificación: La causa se basa en la calumnia, delito que implica atribuir infracciones penales sin pruebas.
  
• Votación clave: Se necesita una mayoría calificada en el Legislativo para dar paso al requerimiento de la Corte.

El cerco judicial se estrecha sobre la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional que autorice el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la legisladora Mónica Palacios. El objetivo del magistrado es dar luz verde a un proceso penal por el presunto delito de calumnia.

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El origen de la querella

La causa tiene su génesis en una querella presentada por Cynthia Gellibert, quien acusa a la asambleísta de haber vertido declaraciones públicas en las que se le atribuye la comisión de un delito sin presentar sustento alguno. Según la parte acusadora, este señalamiento infundado configura una infracción penal clara que no debe quedar en la impunidad bajo el amparo de la curul.

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La Asamblea tiene la última palabra

Pese a los indicios, el proceso se encuentra en una pausa obligatoria debido al blindaje legal que otorga la Constitución a los legisladores. Al gozar de inmunidad, Palacios no puede ser procesada penalmente sin que el Pleno de la Asamblea Nacional lo autorice mediante votación. Por ello, el magistrado remitió el requerimiento al Legislativo, trasladando la responsabilidad política a los colegas de la señalada.

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La ruta del proceso judicial

El expediente se centra en el presunto delito de calumnia, una figura que la propia legislación impulsada durante el correísmo define como la atribución falsa de un delito a otra persona. Para el juez Córdova, existen elementos de convicción suficientes para avanzar, pero el paso previo es ineludible: la Asamblea debe definir el futuro de la legisladora. Para que el requerimiento judicial prospere, se requerirá de una mayoría calificada en el Pleno, lo que pondrá a prueba las alianzas dentro del Parlamento.

Lo que debes saber

• Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una posible injerencia estatal en Ecuador tras la anulación de la directiva de la FENOCIN. Denuncian irregularidades, falta de garantías legales y advierten un preocupante retroceso democrático que podría afectar la libertad de asociación en el país.

Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre presunta injerencia estatal en Ecuador tras la denuncia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN), por la anulación del registro de su nueva directiva nacional. El hecho, según el comunicado, estaría vinculado a decisiones administrativas que afectarían la legalidad del proceso interno de la organización. La situación ha encendido alarmas por su impacto en derechos fundamentales. La preocupación apunta directamente a la libertad de asociación y al debido proceso.

El pronunciamiento advierte que la directiva fue presuntamente elegida conforme a las normas internas de la organización, lo que genera cuestionamientos sobre la validez de la intervención estatal. Desde esta perspectiva, la medida podría representar un precedente negativo para otras organizaciones sociales en el país. La denuncia también subraya riesgos en la seguridad jurídica de los actores colectivos. Esto se suma a un contexto que ya genera inquietud entre defensores de derechos humanos.

Además, el comunicado sostiene que cualquier decisión administrativa que afecte derechos debe cumplir con principios básicos como legalidad, motivación y proporcionalidad. Sin embargo, según lo denunciado públicamente, estas garantías no habrían sido respetadas en este caso. La falta de cumplimiento de estos estándares es considerada especialmente alarmante. El escenario abre un debate sobre el respeto a normas constitucionales en Ecuador.

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Injerencia estatal en Ecuador y cuestionamientos legales

Las organizaciones firmantes remarcan que el derecho a la defensa también habría sido vulnerado en el proceso. Este aspecto es clave en cualquier procedimiento administrativo que tenga consecuencias sobre derechos colectivos. La ausencia de garantías refuerza la percepción de irregularidades en la decisión. La situación ha generado una reacción inmediata en el ámbito de derechos humanos.

En esa línea, Gina Romero, relatora de la ONU, advirtió que Ecuador “sigue avanzando en una deriva autoritaria que debe detenerse”. La declaración también enfatiza que “es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”. Estas afirmaciones reflejan la gravedad con la que se percibe el caso en el entorno internacional. La alerta incluye posibles restricciones indebidas al espacio cívico.

El señalamiento no solo se centra en el caso puntual, sino en un patrón que podría afectar la participación social. Las organizaciones advierten que este tipo de decisiones pueden limitar la acción de colectivos y movimientos. El impacto trasciende a una sola institución y se proyecta sobre el sistema democrático. La preocupación crece ante posibles nuevas medidas similares.

Retroceso democrático y alertas sobre derechos humanos

El comunicado también insiste en que el principio de legalidad debe ser respetado en todas las decisiones administrativas. Esto implica que cualquier resolución debe estar debidamente fundamentada y justificada. La proporcionalidad es otro elemento clave que, según lo denunciado, no se habría cumplido. Estas condiciones son esenciales para garantizar un proceso justo.

Asimismo, se recalca la necesidad de respetar el derecho a la defensa en todo momento. La ausencia de este principio debilita la legitimidad de cualquier acción estatal. Las organizaciones consideran que esto agrava la situación denunciada. El caso se convierte así en un punto crítico para evaluar el estado de derecho en el país.

Frente a este escenario, se ha hecho un llamado urgente a revisar la decisión de manera transparente. Las organizaciones piden que se garantice el respeto pleno a las normas constitucionales. También exigen alinearse con estándares internacionales de derechos humanos. La revisión es vista como una medida necesaria para restablecer la confianza institucional.

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Llamado urgente y acciones internacionales

El pronunciamiento finaliza con un respaldo a las acciones legales anunciadas por la organización afectada. También se reconoce su derecho a acudir a instancias internacionales si fuera necesario. Este paso podría escalar el caso a organismos de supervisión global. La comunidad internacional se mantiene atenta al desarrollo de los hechos.

Además, se reafirma el derecho a la movilización pacífica como una herramienta legítima de defensa. Las organizaciones consideran que este tipo de acciones forman parte del ejercicio democrático. La situación actual podría motivar nuevas expresiones sociales. El conflicto, por ahora, sigue en evolución.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa plantea abrir Ecuador a una posible cooperación militar con EE.UU., aclarando que no se trataría de una invasión sino de un apoyo.
  
• El mandatario aseguró que Washington está dispuesto a colaborar sin imponer condiciones a la alianza.
  
• Aunque destacó una reducción del 38% en homicidios en zonas fronterizas, Noboa advirtió que la amenaza persiste

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó en una entrevista en Bloomberg que recibiría con agrado la presencia de tropas estadounidenses en el país para enfrentar la crisis de seguridad, siempre que estas se alineen con las directrices de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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“No se trata de una invasión, no es un intruso que viene a nuestro país. Es colaboración internacional contra el crimen”, señaló Noboa en una entrevista con Annmarie Hordern de Bloomberg.

El mandatario aseguró que Washington ha mostrado disposición para cooperar en materia de seguridad. “Están dispuestos a colaborar. No se trata de seguir órdenes, se trata de colaborar”, enfatizó.

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La colaboración podría concretarse en el 2026

Consultado sobre si esta cooperación podría concretarse en 2026, Noboa respondió que lo considera posible y necesario. “Creo que podría suceder este año. Sería importante”, dijo.

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El presidente destacó además que, según cifras oficiales, los homicidios en zonas fronterizas se han reducido en un 38%, lo que ha generado una “sensación general de paz” en el país. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe seguir presionando para eliminar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

La vocera de la Casa Blanca explicó que los países convocados al Escudo de las Américas son considerados los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos. Esta coalición promoverá la libertad, seguridad y prosperidad regional. Ecuador, específicamente, colaborará en planes para frenar el avance de pandillas, cárteles criminales y el flujo de inmigración ilegal masiva.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• El juez Patricio Maldonado del TCE negó el recurso del PSC y validó el cambio de fecha de las elecciones.
  
• La sentencia confirma que la posesión de autoridades locales se mantiene para el 14 de mayo de 2027.
• El sufragio se adelanta al 29 de noviembre de 2026 para evitar riesgos climáticos por El Niño.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.

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La decisión del CNE es legal y fundamentada

De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.

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Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.

Cambio de fecha no altera periodos ni funciones

El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:

"Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027", señala la sentencia del juez Maldonado.

Juez dice que el CNE es "garante" de la democracia

En ese sentido, el magistrado concluyó que "el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional".

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El origen del conflicto y procesos pendientes

El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.

Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Lo que debe saber

• Rechazo: Ecuador sostiene que las declaraciones de Gustavo Petro violan el principio de no intervención, al calificar como "preso político" a Jorge Glas.
  
• Crisis diplomática: El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota formal de protesta a su par de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el mandatario colombiano tildó nuevamente de "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas. Como respuesta ante esta fricción diplomática, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador Arturo Félix Wong, quien retornará al país entre este miércoles y jueves.

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Rechazo a la injerencia extranjera

El documento oficial del Ministerio califica de "falsas" las afirmaciones de Petro y sostiene que estas solo deterioran las relaciones bilaterales. Según el texto, cualquier intento de deslegitimar las sentencias judiciales desde el exterior vulnera el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional. La diplomacia ecuatoriana enfatiza que el sistema judicial del país actúa con independencia y bajo el rigor de la Constitución.

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Petro dice que Glas es preso político y colombiano

Petro afirmó de manera tajante: "Es indudable que Jorge Glas es un preso político". El mandatario colombiano sostuvo que en América no deben existir personas detenidas por sus convicciones ideológicas y pidió directamente su liberación o entrega, alegando que el exvicepresidente es víctima de una persecución.

Petro El mandatario también expresó una "profunda preocupación" por la integridad física de Glas. Aseguró que el exvicepresidente sufre de problemas de nutrición y pérdida severa de peso (mencionando una baja de 14 kilos) debido a que, según su visión, el Estado ecuatoriano no le garantiza una alimentación adecuada, lo que pondría su vida en riesgo

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Situación legal de Jorge Glas

La Cancillería aclara en su misiva que el ciudadano en mención no posee la condición de perseguido político. Por el contrario, la institución recuerda que Glas cuenta con sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y encara procesos adicionales por peculado. Ecuador insiste en que las decisiones las adoptaron autoridades competentes dentro de un Estado de Derecho, por lo cual exige el cese de opiniones que afecten su soberanía nacional.

Abandono de la frontera común

La nota de protesta también incluye un reclamo sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ecuador condena la supuesta falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta situación, de acuerdo con el Ministerio, facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas. El Gobierno ecuatoriano demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza en lugar de interferir en las decisiones de la justicia interna.

Lo que debes saber

• Contraloría guarda reserva: La entidad de control anunció acciones que aún están bajo reserva y sobre las cuales se tendrán que emitir los respectivo informes. 

La Contraloría anunció acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La entidad informó que en Pichincha y Guayas se concentra el mayor número de estos procesos.

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En un comunicado, la Contraloría señaló: “Actualmente se ejecutan 59 acciones de control en los GAD provinciales, municipales y entidades relacionadas del país”. De ese total de acciones, 12 corresponden a Pichincha y 12 a Guayas.

La entidad no detalló las acciones específicas que se ejecutan en cada GAD. Sin embargo, precisó que las indagaciones, en términos generales, abarcan operaciones administrativas y financieras; procesos de contratación de bienes, obras y servicios; así como gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

Además, el órgano de control indicó que también están bajo revisión la gestión del talento humano, las consultorías y la actualización de catastros. Esto ocurre en medio del proceso electoral en curso, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre de 2026 para elegir, entre otras autoridades, a prefectos y alcaldes.

Otras provincias en las que se ejecutan acciones

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.

Una Contraloría en el ojo del huracán

Según el ente de control, una vez que se aprueben los informes generales, “luego de cumplirse el debido proceso, serán públicas para la consulta de la ciudadanía”.

El ente de control informó sobre las acciones en los GAD en medio de la polémica por su actuación respecto a informes relacionados con jueces de la Corte Constitucional. 

La semana pasada, la entidad intentó deslindarse de la filtración de los informes sobre el análisis de las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Terán.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debe saber

• Rechazo: Ecuador sostiene que las declaraciones de Gustavo Petro violan el principio de no intervención, al calificar como "preso político" a Jorge Glas.
  
• Crisis diplomática: El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador envió una nota formal de protesta a su par de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el mandatario colombiano tildó nuevamente de "preso político" al exvicepresidente Jorge Glas. Como respuesta ante esta fricción diplomática, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador Arturo Félix Wong, quien retornará al país entre este miércoles y jueves.

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Petro dice que Glas es preso político y colombiano

Petro afirmó de manera tajante: "Es indudable que Jorge Glas es un preso político". El mandatario colombiano sostuvo que en América no deben existir personas detenidas por sus convicciones ideológicas y pidió directamente su liberación o entrega, alegando que el exvicepresidente es víctima de una persecución.

Petro El mandatario también expresó una "profunda preocupación" por la integridad física de Glas. Aseguró que el exvicepresidente sufre de problemas de nutrición y pérdida severa de peso (mencionando una baja de 14 kilos) debido a que, según su visión, el Estado ecuatoriano no le garantiza una alimentación adecuada, lo que pondría su vida en riesgo

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La Cancillería aclara en su misiva que el ciudadano en mención no posee la condición de perseguido político. Por el contrario, la institución recuerda que Glas cuenta con sentencias ejecutoriadas por delitos de asociación ilícita y encara procesos adicionales por peculado. Ecuador insiste en que las decisiones las adoptaron autoridades competentes dentro de un Estado de Derecho, por lo cual exige el cese de opiniones que afecten su soberanía nacional.

Abandono de la frontera común

La nota de protesta también incluye un reclamo sobre la seguridad en la zona limítrofe. Ecuador condena la supuesta falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano. Esta situación, de acuerdo con el Ministerio, facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas. El Gobierno ecuatoriano demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza en lugar de interferir en las decisiones de la justicia interna.

Lo que debes saber

• Trámite aprobado: La Asamblea admitió el proyecto con 142 votos.
  
• Requisito legal: Colectivos deben validar 35,000 firmas ante el CNE.
  
• Objetivo: Regular el uso medicinal y adulto del cannabis.
  
• Control: Plantea crear un ente regulador estatal y límites al autocultivo.
  
• Prioridades: El debate se centrará en salud pública y seguridad.

El pleno de la Asamblea Nacional dio el primer paso para regular el uso del cannabis en Ecuador. Con un respaldo unánime de 142 votos, la iniciativa ciudadana fue admitida a trámite, activando el engranaje legislativo para lo que será un debate de alto calado social y jurídico.

Tras este espaldarazo inicial, el documento retornará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación de rúbricas. Los colectivos proponentes tienen el reto de certificar 35,000 firmas válidas; solo así el proyecto regresará al Legislativo para ser debatido en un plazo máximo de tres meses.

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El esquema: del autocultivo al control estatal

La propuesta no se limita al ámbito terapéutico. El texto busca cimentar un marco normativo que abarque tanto el uso medicinal como el uso adulto, siempre bajo la vigilancia rigurosa del Estado. Para ello, se plantea un sistema de controles que supervise cada eslabón de la cadena: desde la producción y distribución hasta el consumo final.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la despenalización del autocultivo para consumo personal. No obstante, la normativa propone límites estrictos y condiciones técnicas para mitigar riesgos de uso indebido. Para garantizar el orden, el plan incluye la creación de una entidad técnica especializada en la regulación y control permanente de esta actividad.

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Un debate de salud y seguridad

Pese al avance administrativo, los legisladores fueron enfáticos: el camino hacia la aprobación final requerirá un examen minucioso. El debate venidero en las comisiones deberá diseccionar el impacto de la norma en la seguridad nacional, la salud pública y el tejido social ecuatoriano.

Con la admisión ya en firme, la comisión asignada empezará a recibir aportes de diversos sectores para pulir el informe que, eventualmente, regresará al Pleno para su votación definitiva.

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Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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