Lo que debes saber

• Unidad Popular conversa con la Revolución Ciudadana y otros partidos políticos para concretar alianzas electorales.
• La convergencia busca frenar al oficialismo en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
• El pacto respaldaría la reelección de Pabel Muñoz y la candidatura de Alexandro Tonello.

El dirigente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, confirmó este 4 de agosto de 2026 que mantiene diálogos con la Revolución Ciudadana y otras organizaciones políticas para concretar una alianza electoral en Quito y la provincia de Pichincha. La iniciativa busca consolidar una alternativa democrática que enfrente la concentración de poderes y compita de manera unificada en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Política

RC confirma posible alianza con Unidad Popular y otros partidos para sus candidaturas en Quito

Richard Josue Jimenez Mora

¿Qué busca la alianza entre Unidad Popular y la Revolución Ciudadana?

El dirigente Geovanni Atarihuana detalló los fundamentos políticos tras los acercamientos iniciados para el escenario electoral en la capital y la provincia.

"Mantenemos diálogos para construir una alternativa democrática para resolver los problemas de Quito y Pichincha", dijo a EXPRESO.

El representante aclaró que el frente político no se limitaría de forma exclusiva al correísmo, sino que contempla sumar a diversas fuerzas. Además, precisó la meta central del acuerdo:

Partidos políticos y candidaturas proyectadas para 2026

Horas antes del anuncio de Atarihuana, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, informó que las candidaturas de su movimiento en la capital recibirán el respaldo de una coalición en construcción.

Guayaquil

Revolución Ciudadana oficializa a Sofía Espín y David Norero como binomio para Guayas

Carlos Isaac Pino

Organizaciones que integran las conversaciones

Cuadro de precandidatos a las elecciones seccionales

De concretarse el acuerdo multipartidario, la coalición impulsará las siguientes dignidades para el periodo lectivo de noviembre de 2026:

Lo que debes saber

• La CNA pidió explicaciones sobre las compras centralizadas de medicamentos.
• También solicitó veedurías técnicas para garantizar transparencia.

Mientras los hospitales públicos siguen enfrentando denuncias por la falta de medicamentos, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) puso bajo la lupa dos de los proyectos más sensibles del sistema de salud. La organización pidió al Gobierno explicar cómo avanzan las compras centralizadas de fármacos y bajo qué esquema se ejecutarán iniciativas tecnológicas que implican una importante inversión pública.

Política

Daniel Noboa anuncia acuerdo con India para compra de medicina "de primer nivel"

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

LE SUGERIMOS LEER: ¿Cuándo una intervención deja de corregir y comienza a poner en riesgo a una empresa?

Los pedidos de información de la CNA

La CNA remitió, el 31 de julio de 2026, un oficio al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga Parra, y al gerente general de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud, Stalin Santiago Andino González. En el documento solicita información sobre varios procesos que considera estratégicos para la transparencia en la gestión sanitaria.

Uno de los principales requerimientos se refiere al estado actual de las denominadas "compras centralizadas" de medicamentos e insumos médicos. Según la organización, estos productos fueron anunciados para finales de julio, aunque la red pública continúa enfrentando problemas de abastecimiento.

En la carta, la CNA sostiene que la escasez de medicinas mantiene un "drama humano" en los hospitales del país. Por ello, pide que las autoridades informen en qué fase se encuentran las adquisiciones y cuándo se espera que los insumos lleguen efectivamente a las casas de salud.

Política

India encabeza los registros de medicamentos en Ecuador, pero no es la única alternativa

Rosero Mariela

LE PODRIA INTERESAR LEER: De las pantallas a la papeleta: la estrategia de los influencers en la política ecuatoriana

El pedido de veedurías técnicas

Además, la organización insistió en que estos procesos incorporen de forma inmediata veedurías ciudadanas para fortalecer la transparencia. Incluso planteó que colegios de médicos, facultades de Medicina y otros actores especializados puedan participar en el control de las contrataciones públicas.

Otro de los puntos abordados en el oficio corresponde a los proyectos tecnológicos que impulsa el sector salud. La CNA solicitó conocer cuál será el mecanismo para implementar el sistema de agendamiento de citas médicas y la historia clínica electrónica.

En ese contexto, la organización también requirió información sobre la intervención que tendrán la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa Dedalus en esos proyectos. A criterio de la Comisión, se trata de iniciativas que representarán un importante desembolso de recursos públicos y cuyo esquema contractual debería ser conocido por la ciudadanía.

Finalmente, la CNA ha señalado que su pedido forma parte de las acciones de contraloría social que ejerce como organización de la sociedad civil. Asimismo, expresó su expectativa de recibir una respuesta oportuna de las autoridades para esclarecer el avance de estos procesos y garantizar su transparencia.

Lo que debes saber 

• La visita del presidente argentino, Javier Milei, a Ecuador incluirá la firma de acuerdos en materia de extradición, ciberdefensa, transporte aéreo, sector automotor y cooperación bilateral.
  
• El nuevo tratado de extradición busca agilizar los procesos entre ambos países, aunque no se aplicará al caso de Hernán Luque Lecaro, que continuará bajo el convenio vigente de 1933.
  
• Según la embajadora Diana Salazar, la visita fortalecerá las relaciones entre Ecuador y Argentina, impulsando la cooperación en seguridad y el intercambio comercial.

Quito y Buenos Aires suscribirán acuerdos sobre extradición, seguridad y otros relativos a temas económicos durante la visita del presidente argentino, Javier Milei, a Quito, prevista para el próximo jueves, informó la embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar.

Te invitamos a leer: Milei va por el Banco Central y propone cerrar la Administración si hay déficit fiscal

La visita, durante la cual Milei se reunirá con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contempla la suscripción de varios acuerdos entre los dos países, como un nuevo tratado de extradición, pues se ha venido usando uno que data de 1933, dijo Salazar en la televisión Teleamazonas al afirmar que, por ello, los procesos han sido "muy engorrosos y se han demorado".

"Esto va a significar celeridad, que los procesos caminen de manera más rápida y adecuada"Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina.

Política

Noboa oficializa viaje a Colombia para posesión de De La Espriella: detalles de la comitiva y gastos

Richard Josue Jimenez Mora

¿El acuerdo de extradición podrá aplicarse a Hernán Luque? 

Sin embargo, descartó que ese nuevo convenio pueda aplicarse al exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro, involucrado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas que catapultó el juicio político con el que se dio la salida adelantada del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023).

Política

Argentina aclara el estado de la extradición de Hernán Luque: ¿qué dijo?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El pasado 1 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó la extradición de Luque, pero Salazar señaló que ese caso debe terminar "con aquel acuerdo o convenio que data de 1933".

Sin embargo, para aquellos casos que se presenten en el futuro, si tendrán la posibilidad de que sean resueltos con mayor rapidez y agilidad y que Ecuador o Argentina, en su momento, "no tengamos que esperar tanto tiempo para la resolución de estos casos", señaló.

Los otros acuerdos que se firmarán

Por otra parte, Salazar agregó que también se suscribirá un acuerdo en ciberdefensa, "dadas las nuevas modalidades del delito y, sobre todo, la lucha el crimen organizado que los dos países están realizando en conjunto".

Internacional

Un decreto de Milei prohíbe la entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina

Agencia AFP

Asimismo, se suscribirá un acuerdo relacionado con el tema automotor y otro sobre servicios aéreos "para tratar de que existan nuevas líneas y conexiones, no solamente para el transporte de pasajeros, sino también de carga, lo que va a dinamizar aún más la relación comercial entre los dos países", adelantó.

Salazar subrayó que la visita de Milei -la primera de un presidente de Argentina a Ecuador desde 2007- representa "el respeto, la amistad entre las dos naciones" y el fortalecimiento de las relaciones desde hace algo más de un año, cuando asumió la Embajada en Buenos Aires.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira anunció diálogos de alianza política para sus candidaturas en Quito y otras localidades.
• Pabel Muñoz buscará la reelección en Quito y Sofía Espín será precandidata a la Prefectura del Guayas.
• El correísmo lanzará una web y app móvil para oficializar a sus candidatos y evitar impostores.

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, anunció que el movimiento analiza alianzas con Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Movimiento Todos (lista 70) para sus candidaturas en Quito. Durante una rueda de prensa, la dirigente confirmó que la inhabilitación del movimiento Amigo y de su propia agrupación obligará a buscar acuerdos en varias localidades de Ecuador, incluso con sectores de derecha, al tiempo que ratificó a sus precandidatos para Quito, Pichincha, Guayaquil y Guayas.

Política

¿El partido socialista, la salvación para los candidatos de Revolución Ciudadana?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Candidaturas ratificadas en Quito y Pichincha

Durante su intervención, Gabriela Rivadeneira ratificó los nombres que encabezarán las papeletas en la capital y la provincia de Pichincha:

Para la capital, la dirigente señaló que existe la posibilidad concreta de sellar una alianza entre el Movimiento Todos (lista 70), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular.

Inhabilitaciones impulsan acuerdos políticos a escala nacional

La dirigente del correísmo reconoció que la inhabilitación de la Revolución Ciudadana y del movimiento Amigo provocará que no tengan candidatos propios en varias zonas del país.

Ante este escenario, aclaró que existen conversaciones avanzadas para concretar alianzas con otras organizaciones políticas de diversa línea ideológica, incluyendo agrupaciones de tendencia de derecha.

Política

Iván Abril, aspirante correísta a la Alcaldía de Cuenca, declinó su candidatura: ¿por qué?

Edison Andrés García Yépez

Definiciones electorales para Guayaquil y Guayas

En cuanto a la cuenca del Guayas, Rivadeneira confirmó las precandidaturas oficiales del movimiento:

La presidenta del movimiento aclaró que la figura de David Norero fue consensuada directamente con el actual alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra imposibilitado de optar por la reelección debido a que cumple prisión preventiva por varios procesos judiciales en su contra.

Plataformas digitales para frenar a "falsos candidatos"

Ante la diversidad de organizaciones políticas que auspiciarán las candidaturas del correísmo, Gabriela Rivadeneira anunció la creación de herramientas tecnológicas oficiales.

La Revolución Ciudadana prepara el lanzamiento de una página web y una aplicación móvil con el objetivo de difundir las candidaturas oficializadas y evitar que personas no autorizadas se promocionen públicamente como "el candidato de Correa".

Guayaquil

David Norero: “Si tengo que decirle al Gobierno cómo hacer las cosas, se las diré”

Juan Ponce Merchán

El correísmo participará bajo el amparo de otras organizaciones políticas

Gabriela Rivadeneira, dirigente de la organización, detalló que la designación del candidato para el sillón de Olmedo se resolvió de manera conjunta con Aquiles Álvarez, actual personero municipal, consolidando un frente que busca sostener la administración de la ciudad y recuperar la prefectura provincial.

Según la vocería oficial, la "dispersión de candidatos del movimiento oficialista ADN en distintas organizaciones" motivó la unificación de los cuadros de la Revolución Ciudadana bajo una consigna estructurada contra el actual régimen gubernamental: "Cualquiera menos ADN".

Otras candidaturas

Para el caso de la capital, la estructura política ratificó a Pabel Muñoz para buscar la reelección en la Alcaldía de Quito, mientras que la carrera hacia el Consejo Provincial de Pichincha será asumida por Alexandro Tonelo.

Política

Daniel Noboa como pilar clave de la precampaña de ADN: vacío legal "permite" actos sin sanciones

Richard Josue Jimenez Mora

Política

Tatiana Coronel reacciona tras la sentencia de Aquiles Álvarez en el caso Grillete: ¿qué dijo?

Edison Andrés García Yépez

La apelación, el siguiente paso

Tras la lectura de la sentencia oral, el abogado del alcalde, Julio César Cueva, anunció que la defensa presentará un recurso de apelación una vez que sea notificada la sentencia por escrito. Explicó que primero revisarán la fundamentación íntegra del fallo para identificar todos los errores que, a su criterio, contiene la resolución.

Cueva sostuvo que la condena constituye una “respuesta política” frente al desarrollo de los casos Triple A y Goleada. Según afirmó, la decisión busca compensar las debilidades que, desde su perspectiva, presentan esos procesos penales.

El abogado aseguró que la defensa cuestionará, en primer lugar, la valoración de la prueba realizada por el tribunal. Argumentó que la Fiscalía no demostró que Álvarez se retiró deliberadamente el grillete electrónico y que la sentencia trasladó indebidamente a la defensa la obligación de probar lo contrario.

Política

¿Aquiles Álvarez dejará la Alcaldía de Guayaquil tras la condena por el caso Grillete?

Edison Andrés García Yépez

Otro de los aspectos que, adelantó, será expuesto en la apelación es la motivación de la sentencia. No obstante, precisó que no podrá detallar todos los cuestionamientos hasta conocer la versión escrita del fallo, ya que la resolución oral no contiene toda la fundamentación jurídica.

El Gobierno, según Cueva, es el beneficiario

Cueva también insistió en que existe un “ensañamiento institucional” contra el alcalde de Guayaquil. Para sustentar esa afirmación mencionó los cambios de jueces, la rapidez con la que se fijaron audiencias en este caso y las diferencias que, según dijo, ha observado respecto del tratamiento procesal de otras causas.

En esa línea, afirmó que el Gobierno es el principal beneficiario de la sentencia. También aseguró que cree que existe “una mano detrás” del proceso y que ello explicaría la rapidez con la que, según dijo, se han tramitado las actuaciones judiciales contra Álvarez.

Justicia

Aquiles Álvarez es condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete

Sara Ortiz

Respecto de los otros expedientes, el abogado reiteró que el caso Triple A carece de sustento jurídico y afirmó que Goleada depende del presunto delito investigado en esa causa. Por ello, sostuvo que la sentencia del caso Grillete representa una reacción estatal ante el escenario que, según su criterio, enfrentan esos procesos.

Las siguientes instancias judiciales

El defensor explicó que, una vez presentada la apelación, la estrategia legal contempla acudir a otras instancias si el fallo de primer nivel es confirmado. Entre los recursos mencionó la acción extraordinaria de protección, mientras que una eventual acción internacional solo sería evaluada después de agotar las vías judiciales internas.

Cueva manifestó que espera que el proceso pueda corregirse en la segunda instancia y que los jueces resuelvan el caso con base en el derecho. Añadió que la defensa continuará utilizando todos los recursos legales disponibles mientras avance el proceso judicial contra el alcalde de Guayaquil.

Lo que debes saber

• Arturo Félix Wong reanudó sus funciones diplomaticas como embajador de Ecuador en Colombia.
• Su regreso coincide con la visita oficial de Daniel Noboa a la posesión de Abelardo De La Espriella.
• El funcionario calificó como un capítulo superado la tensión generada por el gobierno de Gustavo Petro.

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, reanudó oficialmente sus funciones en Bogotá tras haber sido llamado a consultas por el gobierno del presidente Daniel Noboa en abril de 2026. El retorno del funcionario se concretó en el marco de los preparativos para la visita oficial de la delegación ecuatoriana a la posesión presidencial del mandatario electo Abelardo De La Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026.

Política

Ecuador llama a consultas al embajador Arturo Félix Wong por los dichos de Petro

Sara Ortiz

Reanudación de la agenda diplomática de Ecuador en Colombia

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, confirmó a EXPRESO la reanudación de sus funciones en la sede diplomática de Bogotá. El funcionario precisó que su retorno a territorio colombiano coincide directamente con la preparación del viaje oficial del presidente Daniel Noboa.

Le puede interesar | Noboa oficializa viaje a Colombia para posesión de De La Espriella: detalles de la comitiva y gastos

"Es un día tan importante para Colombia y para la región", comentó Arturo Félix Wong respecto a la transmisión de mando en el país vecino.

Antecedentes de la tensión entre el Gobierno de Ecuador y Gustavo Petro

El funcionario había regresado a Ecuador en abril de 2026 debido a un llamado a consultas emitido por la administración de Daniel Noboa. Esta medida respondió a un periodo de tensión bilateral provocado por las declaraciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como "preso político".

Política

Embajador Arturo Félix Wong desmiente traslado de emergencia a Ecuador por temas de seguridad

Richard Josue Jimenez Mora

Continuidad de la atención consular

A pesar del distanciamiento a nivel político y del tiempo en que el embajador permaneció fuera de Bogotá, la atención a la comunidad no se detuvo:

Le puede interesar | "Latinoamérica entra en una nueva era": el mensaje de Daniel Noboa a Keiko Fujimori

Decreto Ejecutivo 463: la comitiva oficial de Daniel Noboa

El Gobierno ratificó la presencia de Ecuador en los actos de cambio de mando en la nación vecina mediante instrumentos legales oficiales.

Le puede interesar | Visita del ministro de IA de Emiratos Árabes: qué acuerdos busca Ecuador

Detalles del viaje presidencial a Colombia

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó su viaje a Colombia mediante el Decreto Ejecutivo 463.
• La comitiva oficial ecuatoriana asistirá a la transmisión de mando que se realizará en Cali.
• Ecuador proyecta una nueva etapa de cooperación en seguridad con la nueva administración.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este 3 de agosto de 2026 su viaje a Colombia para asistir a la transmisión de mando en la que Abelardo De La Espriella asumirá la presidencia de ese país en sucesión de Gustavo Petro. Mediante el Decreto Ejecutivo 463, el primer mandatario ecuatoriano declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante la jornada del 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali, evento que marcará una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Política

Daniel Noboa, confirmado para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Colombia

Richard Josue Jimenez Mora

Detalles del Decreto Ejecutivo 463 y la comitiva ecuatoriana

A través del Decreto Ejecutivo 463, el jefe de Estado formalizó los aspectos logísticos e institucionales que regirán la visita oficial. La comitiva del Gobierno de Ecuador acompañará al mandatario durante las actividades programadas para la ceremonia internacional.

Integración del equipo y financiamiento del viaje

La delegación oficial estará conformada por las siguientes representaciones del Ejecutivo:

El texto normativo aclara que las identidades específicas de los acompañantes no se detallaron en el documento. Asimismo, Daniel Noboa dispuso que los viáticos y los gastos derivados del desplazamiento se financiarán con cargo al presupuesto institucional de cada entidad participante.

Cambio de sede para la transmisión de mando en Colombia

La posesión oficial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 7 de agosto de 2026. A diferencia de la tradición política colombiana, que suele concentrar la ceremonia en Bogotá, el evento de cambio de mando presidencial se desarrollará en Cali.

Política

Osvaldo Hurtado responde a los ataques de ADN: "Tienen limitaciones severas; semi analfabetos"

Richard Josue Jimenez Mora

El Gobierno de Ecuador ha señalado que la llegada del nuevo mandatario representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre ambas naciones, con especial énfasis en el desarrollo de políticas e iniciativas regionales orientadas a la cooperación en seguridad.

Lo que debes saber

• Aspirantes y autoridades, incluido el presidente Daniel Noboa, intensifican actividades de proselitistas.
• Organizaciones políticas y exautoridades electorales reclaman al organismo una actuación más firme.
• Advierten que la falta de fiscalización puede responder a una débil voluntad institucional y a posibles vínculos de interés con los partidos políticos.

Aunque la campaña electoral para las elecciones seccionales está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la disputa por captar el apoyo ciudadano ya comenzó. Los aspirantes a las 222 alcaldías, 23 prefecturas y más de 1.300 concejalías intensifican su presencia en redes sociales, recorridos barriales y actividades públicas para posicionar sus candidaturas.

La actividad proselitista también alcanza al Gobierno. En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha promocionado proyectos que podrían ser impulsados por candidatos respaldados por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

Política

Iván Abril, aspirante correísta a la Alcaldía de Cuenca, declinó su candidatura: ¿por qué?

Edison Andrés García Yépez

Los actos de campaña anticipada

Este escenario ha provocado reclamos de organizaciones políticas, que advierten sobre posibles actos de campaña anticipada y el uso de recursos públicos con fines electorales. Durante el primer consejo consultivo convocado por el CNE, el pasado 23 de julio, representantes de los partidos expresaron sus preocupaciones por las actividades de precampaña.

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, solicitó que el organismo vigile tanto estas acciones como la utilización de recursos estatales por parte de autoridades en funciones. Allí sostuvo, “hay asambleístas del partido de Gobierno que hacen promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores”.

Además, los delegados políticos pidieron que el CNE establezca controles más claros y emita directrices para diferenciar las actividades inherentes a un cargo público de aquellas que constituyen promoción electoral anticipada.

El CNE formalizó la convocatoria a elecciones el fin de semana y abrió el proceso de inscripción de candidaturas. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las denuncias de la precampaña.

Luis Verdesoto, exvocal del organismo electoral, cuestiona ese silencio. “Debe intervenir y llamar, desde la fuerza moral y política que le corresponde, para advertir sobre las contravenciones que se cometen. Es la principal autoridad durante el período electoral. Tiene la obligación de hacerlo, al margen de las sanciones que están previstas. Debe hacer cumplir el reglamento”.

Política

Reorganización en ADN: por qué cambiaron sus fichas para Quito y Pichincha

Richard Josue Jimenez Mora

El rol del Tribunal Supremo Electoral

Para el exvocal, ciertas actuaciones ya constituyen una intervención electoral previa al período oficial de campaña. “Si hay un presidente que dice que va a hacer un estadio para favorecer a su candidata a alcaldesa de Quito, es obvio que está interviniendo en las elecciones. Está interviniendo antes, en la precampaña. Y la precampaña tiene que llevar al CNE a sancionar ese ejercicio, que no es solamente económico, sino que también, fundamentalmente, debe implicar una sanción política, una sanción moral; debe ser una voz fuerte que establezca que todo debe funcionar dentro de la regla”, reclama.

Las críticas también provienen de exautoridades electorales. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), actual CNE, considera que el organismo no ha desarrollado reglas suficientes. El Consejo “no ha regulado adecuadamente, y eso produce una permanente violación de las normas y la falta de un control adecuado. Debieron haber previsto con anticipación dictar reglamentos para la competencia, qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero no lo hicieron y por eso existe un desorden total en las actividades”.

La observadora electoral de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Ariel Merino, explica que la falta de acción institucional favorece la repetición de estos conflictos en cada proceso electoral.

“Existió una reforma al Código de la Democracia, pero, por los constantes procesos electorales, esto se ha convertido en una dificultad. El problema no es la falta de normativa; el desafío es que se requiere voluntad política para hacer cumplir las leyes”, afirma.

Trámites y servicios

Elecciones seccionales 2026: fechas clave del calendario y cómo consultar si eres miembro de mesa

Richard Josue Jimenez Mora

Falta de voluntad institucional

Verdesoto sostiene que detrás de la falta de controles existe un problema de voluntad institucional y de relaciones políticas entre los organismos electorales y los partidos. A su juicio, el CNE “es una fuente de muchos favores. Y cuando se dejan pasar temas de los partidos políticos, lo que se logra es que te guarden un favor, acumulando un pro bono, guardando una posibilidad de recibir prebendas subterráneas, como cargos o un control flexible”.

Ese sería el motivo por el que el organismo reduce la intensidad de la fiscalización o, en ciertos casos, evita ejercer controles efectivos sobre las organizaciones políticas, observa. “Allí hay un interés, una mezcla del hambre con la necesidad: el partido incumple las normas y el Consejo las tolera. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Los ciudadanos”, concluye.

Lo que debes saber

• Ramiro García sostuvo que la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en 2025.
• Pero ese artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y no podía aplicarse a hechos ocurridos entre 2020 y 2024.
• La Fiscalía no ejerció su derecho a la réplica durante la audiencia, por lo que el planteamiento quedó sin rebatir.

La Fiscalía sufrió el domingo 2 de agosto, por la noche un terrible sopapo dentro de proceso por el caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Un sopapo, o golpe, del que no pudo recuperarse. La historia es, más o menos, así: después de casi once horas de alegatos el domingo 2 de agosto, cuando la audiencia de presentación de alegatos estaba por terminar y apenas quedaban unos veinte minutos para que concluyera la exposición de las partes, la defensa del alcalde lanzó un argumento que dejó al equipo de la Fiscalía sin capacidad de reacción porque ni siquiera pidieron el derecho a la réplica. En términos boxísticos, quedaron groguis; es decir, como dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al referirse a la palabra grogui, “aturdidos y atontados”.

Quien propinó ese golpe fue Ramiro García: el abogado se había guardado ese alegato durante todo el proceso, no lo había adelantado en ninguna audiencia y, según pudo conocer EXPRESO, ni siquiera los demás equipos que integran la defensa de Álvarez sabían que iba a utilizarlo. Es más, ni siquiera los auxiliares de García. Fue un as bajo la manga reservado para el final del proceso.

Justicia

Aquiles Álvarez es condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete

Sara Ortiz

La tesis que expuso fue, al mismo tiempo, sencilla y de enorme alcance. Según García, la Fiscalía terminó construyendo toda su acusación sobre una reforma al artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal que ya no forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano porque fue incorporada mediante la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en septiembre de 2025.

Una explicación sencilla

El razonamiento de García merece ser explicado con cuidado. Los hechos investigados en el caso Triple A ocurrieron entre 2020 y 2024. Ese dato es determinante porque durante todo ese período estuvo vigente una determinada versión del artículo 265 del COIP. Además, el tribunal especializado en corrupción, que es el que conoce este proceso, tiene competencia para juzgar únicamente el delito previsto en ese artículo, mas no el contemplado en el artículo 264.

¿Qué decía el artículo 265 vigente durante esos años? Sancionaba a la persona que, en provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o en el mar territorial, almacenara, transportara, envasara, comercializara o distribuyera derivados de hidrocarburos sin la debida autorización.

Esa era la norma que regía cuando, según la acusación, ocurrieron los hechos. Sin embargo, en junio de 2025 la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. Esa ley modificó la redacción del artículo 265. Y aquí, según García, se produjo el cambio decisivo.

Con la reforma, el artículo dejó de describir un delito centrado en la comercialización o distribución sin autorización y pasó a reproducir las conductas previstas en el artículo 264. Es decir, el núcleo del tipo penal cambió. Desde entonces, el artículo ya no se concentraba únicamente en la comercialización ilegal de combustibles, sino en los casos en que combustibles adquiridos legalmente eran desviados hacia segmentos distintos de aquellos para los cuales estaban autorizados.

Justicia

Caso Triple A: ARCH y Petroecuador piden pena máxima y reparación de $61,5 millones

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Precisamente ese supuesto -el desvío de combustibles hacia segmentos distintos de los autorizados- es el eje de toda la acusación presentada por la Fiscalía y por la acusación particular durante este proceso.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional 

Pero ahí apareció el golpe de Ramiro García. El abogado recordó que esa reforma nunca sobrevivió al control constitucional. En septiembre de 2025 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y, con ella, todas las reformas al COIP que esa ley contenía, incluida la nueva redacción del artículo 265.

No solo eso. La propia sentencia estableció que esas reformas no podían aplicarse retroactivamente.

Según la defensa, esa decisión tiene una consecuencia jurídica inevitable: la versión reformada del artículo 265 nunca pudo servir para juzgar hechos ocurridos entre 2020 y 2024, tanto porque fue expulsada del ordenamiento jurídico como porque la Corte prohibió expresamente darle efectos retroactivos.

En otras palabras, sostuvo García, la Fiscalía estructuró su acusación utilizando un tipo penal cuya redacción fue incorporada en 2025, posteriormente declarada inconstitucional y que, además, jamás pudo aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

La consecuencia, según la defensa, no es que el delito de comercialización ilegal de combustibles haya desaparecido del COIP. Ese delito sigue existiendo. Lo que sostiene García es algo distinto: que la Fiscalía acusó a Aquiles Álvarez utilizando una versión del artículo 265 que nunca fue jurídicamente aplicable al período investigado y que, por tanto, el tipo penal sobre el cual edificó su teoría del caso no podía sustentar la acusación.

Justicia

Aquiles Álvarez rinde testimonio en el caso Triple A y tilda de "armada" la acusación

Sara Ortiz

Fiscalía prefirió guardar silencio

Fue ese razonamiento el que quedó flotando en la sala cuando terminó la audiencia. Y fue también el argumento frente al cual la Fiscalía, al menos esa noche, prefirió guardar silencio y renunciar incluso al derecho de responder.

García no descarta, es más está convencido, de que el proyecto de reforma al artículo 265 del COIP incluida en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional había sido concebido pensando en el caso de Aquiles Álvarez que para entonces ya estaba siendo investigado. Es decir que, según él, cuando se redactó la reforma en Carondelet ya se estaba pensando en cómo acorralar a Álvarez.

Todo esto no significa que Alvarez ya salió airoso del caso. Es muy posible que los operadores de Carondelet estén ahora mismo moviendo todos los resortes posibles para asegurarse que los jueces desestimen lo dicho por García.

Lo que debes saber

• La intervención societaria debería buscar corregir irregularidades, no convertirse en una medida permanente.
• Aunque la Ley de Compañías exige que sea temporal, no establece un plazo máximo para su duración.
• Expertos advierten que una intervención prolongada puede afectar la inversión, la confianza y la continuidad de una empresa.

¿Cuándo una intervención deja de ser un mecanismo para salvar una empresa y comienza a poner en riesgo su continuidad? Esa es la pregunta que plantean abogados y exautoridades consultados por EXPRESO, quienes advierten que prolongar la medida sin una justificación técnica clara puede desnaturalizar una herramienta concebida para corregir irregularidades, no para extender indefinidamente el control sobre una compañía.

Política

Intervenciones empresariales sin plazo generan impacto económico

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Propuesta de castración química a violadores: qué implica la consulta planteada por el Ejecutivo

Un vacío sobre la duración de las intervenciones

Aunque la Ley de Compañías establece que la intervención societaria debe mantenerse únicamente el tiempo necesario para superar las irregularidades que la originaron, no fija un plazo máximo. Para Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, esa ausencia responde a que cada caso tiene una complejidad distinta, pero también deja abierta la discusión sobre cuándo una medida deja de ser temporal.

Ese vacío es uno de los puntos que cuestiona Marco López, exsuperintendente de Compañías. A su criterio, una vez que la empresa subsana las observaciones, la intervención debería levantarse, pues mantenerla sin un horizonte claro desnaturaliza una herramienta creada para corregir problemas y no para prolongar el control sobre una empresa.

La carga laboral de un interventor influye en el tiempo de una intervención. No es lo mismo que una persona se dedique a una sola compañía que tenga asignadas cinco o diez.Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados

Política

¿Acceso total a la información? Reforma que inquieta a empresas

Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR: ¿Escucha el Gobierno en X? Las razones detrás de las respuestas selectivas

Los efectos de una intervención prolongada

Y es que según los especialistas, la incertidumbre puede afectar el funcionamiento de la compañía, incluso cuando continúa operando. La permanencia de un interventor, explican, influye en la confianza de los inversionistas, proveedores, acreedores, clientes y trabajadores, además de retrasar decisiones estratégicas para el negocio.

Para Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma jurídica Fexlaw, el problema aparece cuando la intervención pierde su carácter excepcional. A su juicio, mantenerla más allá del tiempo necesario puede deteriorar el valor de la empresa, retrasar proyectos de inversión, afectar su reputación frente al mercado y comprometer su capacidad para operar con normalidad.

La intervención societaria debe ser una medida excepcional, correctiva y temporal, no un mecanismo sancionador ni una vía automática hacia la liquidación de una empresa.Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano

Política

Liquidadores sin control: las fallas de la SuperCías

Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: De las pantallas a la papeleta: la estrategia de los influencers en la política ecuatoriana

¿Cuándo puede mantenerse la intervención?

No obstante, ¿qué ocurre si la empresa sostiene que ya corrigió las irregularidades, pero la intervención continúa? Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dice que la Superintendencia de Compañías debe contar con una justificación técnica y jurídica para mantener la medida, ya que una liquidación solo puede ser dispuesta mediante una resolución motivada de la autoridad y no por decisión del interventor.

Para Quintero, la motivación de la resolución constituye una garantía para las empresas intervenidas. La autoridad, señala, debe explicar con fundamentos técnicos y jurídicos por qué las observaciones no se consideran subsanadas y por qué la intervención debe seguir, pues de lo contrario la medida podría ser cuestionada por carecer de sustento suficiente.

Por esto López considera que el interventor debe convertirse en un facilitador para que la empresa recupere la normalidad. A su criterio, el funcionario no debería actuar como un actor que conduzca inevitablemente a la liquidación de la compañía.

El fin de la intervención de la SuperCías es vigilar, pero obviamente no significa ser una unidad de castigo o una entidad que entorpezca la economía de la empresa.Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte

Política

Fallas que llevaron a la salida del liquidador de Zofragua

Flor Layedra Torres

LEA TAMBIÉN: Vivian Idrovo: “Ecuador camina a parecerse a Venezuela y a Nicaragua”

No todas las intervenciones tienen el mismo origen

Por otro lado, las intervenciones pueden tener un origen económico o jurídico. Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados, argumenta que las primeras suelen estar relacionadas con pérdidas, falta de liquidez o dificultades financieras; mientras que las segundas obedecen a incumplimientos societarios, como la vulneración de estatutos, la omisión de información o el incumplimiento de obligaciones legales.

Sin embargo, esa diferencia no implica un tratamiento distinto al momento de determinar que una empresa sea o no liquidada. Es ese escenario el que preocupa a Ramírez.

Política

CIP cuestiona criterios sobre intervenciones societarias en Ecuador

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Renuncias por elecciones seccionales 2026 dejan proyectos inconclusos y altos costos en Ecuador

La intervención no debe convertirse en una liquidación

A juicio del exsuperintendente de Compañías, esas diferencias no son menores. Sostiene que una empresa que genera empleo y cumple con su actividad no debería terminar encaminada hacia una liquidación por incumplimientos de carácter formal, como la falta de entrega de información a la Superintendencia, sino recibir las facilidades necesarias para corregir esas observaciones.

López explica que el desenlace de una intervención debería depender de la disposición de la empresa para subsanar las irregularidades que dieron origen al proceso. Si el incumplimiento consiste, por ejemplo, en no presentar estados financieros, afirma que el rol del interventor es trabajar junto con la administración para poner la documentación al día y permitir que la compañía siga operando, no conducirla a su desaparición.

Para González, esa diferencia resulta relevante porque las observaciones de carácter jurídico suelen ser subsanables. Para el académico, la intervención debe servir precisamente para corregir esos incumplimientos y permitir que la empresa continúe operando, no para convertir un tecnicismo en una causal que termine derivando en su desaparición.

A pesar de ello, Guillén explica que la normativa no deja a las empresas sin mecanismos de defensa. Según la especialista, las decisiones de la Superintendencia pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de Compañías y, de ser necesario, a través de acciones en la justicia ordinaria, donde se revisará si la actuación de la autoridad se ajustó a Derecho.

• El CAL calificó 11 proyectos de ley y dispuso su envío a las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para que inicien su trámite.
• Entre las iniciativas constan dos reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de propuestas relacionadas con contratación pública, empleo, cultura, bioeconomía, investigación agropecuaria y derechos de las personas autistas.

Este lunes 3 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó 11 proyectos de ley y dispuso su envío a las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para que inicien su trámite.

(Te puede interesar: Daniel Noboa como pilar clave de la precampaña de ADN: vacío legal "permite" actos sin sanciones)

Entre las iniciativas constan reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de propuestas relacionadas con contratación pública, empleo, cultura, bioeconomía, investigación agropecuaria y derechos de las personas autistas.

Dos proyectos de reformas al COIP serán tratados en mesa legislativa

Tres de las iniciativas fueron remitidas a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Se trata del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP, presentado por la asambleísta Sara Cabrera; el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP respecto al delito de extorsión, impulsado por la legisladora Arianna Burgos.

Cartas de lectores

Ley de Reproducción Humana Asistida: el debate que divide a la Asamblea Nacional

Cartas de lectores

También el Proyecto de Ley Reformatoria a varias leyes para garantizar el uso social y comunitario de infraestructura educativa en desuso, propuesto por Carmen Tiupul.

El CAL también remitió a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales un proyecto orientado a promover la bioeconomía y el biocomercio a partir de la biodiversidad, iniciativa presentada por la legisladora Camila León.

En paralelo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa analizará una propuesta de Janina Rizzo que plantea reformas a varias leyes para fortalecer la sostenibilidad de los emprendimientos.

Política

Asamblea archiva el juicio político contra Inés Manzano: estos fueron los resultados de la votación

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Otra de las iniciativas será revisada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Se trata del proyecto de la legisladora Karolina Dueñas que propone cambios a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la generación de empleo y desarrollo económico territorial.

La Comisión de Soberanía Alimentaria evaluará una reforma a la ley que rige al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), presentada por el asambleísta Juan Pablo Molina.

Política

Correísmo no logra que la Asamblea desclasifique expediente de investigaciones electorales

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Reformas para fortalecer la participación cultural, empleo joven y derechos de personas autistas

La distribución de proyectos también incluye una reforma, presentada por la legisladora María Cristina Acuña, para fortalecer la participación cultural, que será tratada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

El asambleísta José Nango presentó dos iniciativas:

Política

Ley de reproducción asistida en Ecuador: ¿qué puntos frenaron el debate en la Asamblea?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Además, el CAL calificó el proyecto denominado Ley Paula, presentado por la asambleísta Ana Belén Yela. La propuesta busca asegurar la universalidad de la atención, la protección y el aseguramiento de los derechos de las personas autistas durante todo su ciclo de vida.

Con la calificación del CAL, los 11 proyectos inician formalmente su trámite legislativo en las respectivas comisiones especializadas permanentes.

En esa etapa se recibirán observaciones, se elaborarán informes y, posteriormente, las iniciativas pasarán al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate y eventual aprobación.

Lo que debes saber

• Este lunes 3 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de prisión dentro del denominado caso Grillete, por incumplir una medida judicial sobre el uso del grillete electrónico.
• Horas después de conocerse el dictamen, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X.
• "A quienes hoy sienten tristeza o preocupación, les pido que no pierdan la esperanza", dijo Coronel.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de prisión dentro del denominado caso Grillete, por el incumplimiento de una medida judicial relacionada al uso de un grillete electrónico. La decisión fue adoptada este lunes 3 de agosto por un tribunal de Durán.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez es condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete)

El primer personero municipal guayaquileño también es procesado por los casos Triple A y Goleada, por los que mantiene prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Tatiana Coronel: "No pierdan la esperanza"

Horas después de conocerse el dictamen, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X.

Política

¿Aquiles Álvarez dejará la Alcaldía de Guayaquil tras la condena por el caso Grillete?

Edison Andrés García Yépez

"A quienes hoy sienten tristeza o preocupación, les pido que no pierdan la esperanza. Guayaquil es mucho más grande que cualquier circunstancia. Es una ciudad construida por mujeres y hombres valientes que nunca han permitido que las dificultades definan su destino", escribió la funcionaria.

Y agregó: "Guayaquil ha vencido antes. Guayaquil volverá a salir adelante. Y mientras exista un solo ciudadano dispuesto a luchar por esta ciudad, siempre habrá razones para creer en un mañana mejor. Con la frente en alto".

Sin embargo, el pronunciamiento de Coronel no incluyó una mención específica a Aquiles Álvarez ni a su condena.

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil no se ha pronunciado sobre la situación jurídica del alcalde Álvarez.

Lo que debes saber

• Este lunes 3 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de prisión por el caso Grillete, relacionado al imcumplimiento de una medida judicial.
• El fallo no implica de manera automática que Álvarez deba dejar el cargo de alcalde de Guayaquil, ya que aún existen procedimientos y recursos previstos en la legislación ecuatoriana.
• El alcalde también enfrenta procesos en los casos Triple A y Goleada, por los que permanece con prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

La sentencia de tres años de prisión impuesta este lunes 3 de agosto al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del caso Grillete, abrió interrogantes sobre su continuidad al frente del Municipio. Sin embargo, el fallo no implica de manera automática que deba dejar el cargo, ya que aún existen procedimientos y recursos previstos en la legislación ecuatoriana.

(Te puede interesar: Aquiles Álvarez es condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete)

Álvarez fue declarado culpable por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, proceso que se originó tras no acatar las condiciones relacionadas con el uso del grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar en otra causa judicial.

El alcalde también enfrenta procesos en los casos Triple A y Goleada, por los que permanece con prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Justicia

Caso Triple A: ARCH y Petroecuador piden pena máxima y reparación de $61,5 millones

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), una condena penal no conlleva por sí sola la pérdida inmediata del cargo de una autoridad de elección popular.

Para que un alcalde sea removido o cese en sus funciones deben configurarse las causales y procedimientos establecidos en esa normativa o existir una decisión judicial que produzca la pérdida de sus derechos de participación.

Justicia

Aquiles Álvarez: quien falla a su favor termina sancionado por el Consejo de la Judicatura

Sara Ortiz

¿Qué establece el Cootad?

El artículo 333 del Cootad establece las causales por las que una autoridad de elección popular puede ser removida:

La remoción no es automática y debe tramitarse mediante un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y culmina con una resolución del Concejo municipal.

Justicia

Caso Triple A: Fiscalía pide pena máxima para Aquiles Álvarez y la disolución de seis empresas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Concejo Cantonal de Guayaquil negó un pedido de remoción en contra de Aquiles Álvarez en junio

De hecho, el Concejo Cantonal de Guayaquil ya conoció un proceso de remoción contra Álvarez relacionado con su ausencia del cargo mientras permanecía privado de libertad.

El 26 de junio de 2026, la mayoría de los concejales resolvió no removerlo, al considerar que existía una subrogación legal de funciones a cargo de la vicealcaldesa Tatiana Coronel y que no se configuraba la causal invocada

Política

Ausencia de Nicole Bermúdez no tumbaría el caso Triple A, pero podría afectar la acusación

Flor Layedra Torres

Mientras Álvarez continúa en prisión preventiva, la administración municipal permanece bajo la subrogación prevista en el Cootad. Esa figura permite que la vicealcaldesa ejerza las funciones ejecutivas del Municipio durante la ausencia temporal del titular, sin que ello suponga la vacancia definitiva de la Alcaldía.

La condena en el caso Grillete no significa que Aquiles Álvarez deje automáticamente la Alcaldía de Guayaquil. Su permanencia en el cargo dependerá de la evolución de los procesos judiciales, de si la sentencia queda ejecutoriada con los efectos que determine la ley y de cualquier eventual actuación que corresponda a las autoridades competentes conforme al marco jurídico vigente.

Lo que debes saber

• El concejal Iván Abril anunció que declinó su precandidatura a la Alcaldía de Cuenca por el Movimiento Amigo Lista 16, organización que acogía la postulación de Revolución Ciudadana, para las elecciones seccionales.
• La decisión fue comunicada mediante una carta pública en la que aseguró que responde a la búsqueda de la "unidad de Cuenca y la defensa de la democracia".
• El concejal indicó que optó por dar un paso al costado para contribuir a la consolidación de un frente común.

Este lunes 3 de agosto, el concejal Iván Abril anunció que declinó su precandidatura a la Alcaldía de Cuenca por el Movimiento Amigo Lista 16, organización que acogía la postulación de Revolución Ciudadana (RC), para las elecciones seccionales de noviembre.

(Te puede interesar: Juan Carlos Vega deja Agricultura y se perfila para la Alcaldía de Cuenca)

La decisión fue comunicada mediante una carta pública en la que aseguró que responde a la búsqueda de la "unidad de Cuenca y la defensa de la democracia".

En el documento, Abril sostuvo que el país atraviesa una "crítica situación" y afirma que las fuerzas de izquierda, centroizquierda y progresistas tienen la responsabilidad de actuar "con desprendimiento y madurez política".

Política

Hermel Tayupanda rechaza fallo inhabilitante del TCE y alega persecución política en visita a Guayas

Carlos Isaac Pino

El concejal indicó que optó por dar un paso al costado para contribuir a la consolidación de un frente común.

Iván Abril: "No vivimos en democracia"

Abril también recordó que tanto Revolución Ciudadana como el movimiento Amigo fueron impedidos de participar en las elecciones locales debido a la suspensión dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

"Esto con el único afán de evitar contendores por parte del gobierno de Daniel Noboa. No vivimos en democracia", expuso el concejal.

Trámites y servicios

Elecciones seccionales 2026: fechas clave del calendario y cómo consultar si eres miembro de mesa

Richard Josue Jimenez Mora

Además, reiteró que su decisión busca priorizar "el bienestar de los cuencanos por encima de cualquier aspiración personal" y fortalecer un bloque político que enfrente lo que calificó como un "modelo de abandono, centralismo y neoliberalismo" del Gobierno central.

El concejal señaló que continuará trabajando "desde las bases" para impulsar sus planteamientos en Cuenca y la provincia del Azuay.

Abril no mencionó un eventual respaldo a otro aspirante en las elecciones de noviembre próximo.

Política

Daniel Noboa descarta consulta sobre el Cpccs y apunta a nuevas reformas constitucionales

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

LE PODRÍA INTERESAR: De las pantallas a la papeleta: la estrategia de los influencers en la política ecuatoriana

La Corte ya marcó el primer límite

En realidad, esta no es una discusión nueva. El 10 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa presentó una reforma parcial a la Constitución para incorporar la castración química; sin embargo, el 4 de septiembre de ese mismo año, la Corte Constitucional rechazó esa vía al concluir que el Gobierno no demostró que las medidas fueran idóneas para prevenir la violencia sexual.

De hecho, el dictamen de la Corte fue más allá de un pronunciamiento sobre el procedimiento. Los jueces señalaron que el Ejecutivo no aportó evidencia científica suficiente para demostrar que la reducción de la libido disminuye la reincidencia y, además, observaron que la propuesta no explicaba aspectos esenciales sobre la forma en que se aplicaría el tratamiento.

En esa línea, el abogado penalista Andrés Cevallos sostiene que cualquier nueva iniciativa deberá responder precisamente a esos vacíos. Según explica, mientras el Ejecutivo no determine si la castración química constituye una pena o una medida de seguridad, y no presente evidencia técnica sobre su efectividad, volverá a enfrentar los mismos cuestionamientos constitucionales.

Además, Cevallos advierte que esa diferencia no es meramente conceptual. Si se configura como una pena, deberá respetar principios de culpabilidad y proporcionalidad; en cambio, si se plantea como una medida de seguridad, exigirá una evaluación periódica sobre la peligrosidad del condenado y no bastará únicamente con la existencia de una sentencia ejecutoriada.

Ecuador

Ecuador endurece penas, pero ¿la fórmula ha funcionado?

Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: ¿Escucha el Gobierno en X? Las razones detrás de las respuestas selectivas

Un debate más allá del tratamiento hormonal

Por otra parte, Antonio Gagliardo, exministro fiscal distrital del Guayas y Galápagos y experto en Ciencias Penales y Criminológicas, considera que incluso el nombre de la propuesta induce a confusión. Aclara que la denominada castración química no implica una intervención quirúrgica, sino la administración periódica de fármacos que reducen temporalmente la libido y cuyos efectos desaparecen cuando el tratamiento deja de aplicarse.

Sin embargo, Gagliardo señala que la discusión no puede limitarse al efecto de los medicamentos. A su juicio, todavía no está claro cómo se garantizaría su aplicación obligatoria.

Además, para Gagliardo, la propuesta también enfrenta un problema de ejecución, pues requeriría que el Estado financie medicamentos de aplicación periódica sin que exista claridad sobre su costo o duración. El exfiscal cuestiona que se plantee ese gasto cuando el sistema público registra constantes problemas de abastecimiento de fármacos y las cárceles presentan deficiencias incluso para garantizar una alimentación adecuada a los internos.

Ecuador

Castración química a violadores: Este es el llamado de atención de la Corte a Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

LEE TAMBIÉN: Esteban Torres: "No veo responsabilidad política de Inés Manzano por el caso Progen"

Las alternativas que plantean los juristas

Cevallos también cuestiona la premisa sobre la que se sustenta la propuesta. El penalista explica que no todas las agresiones sexuales obedecen a un impulso o deseo sexual, sino que en muchos casos responden a dinámicas de violencia, dominación o ejercicio de poder sobre la víctima. Por ello, advierte que reducir la discusión a un tratamiento hormonal puede generar la falsa expectativa de que la castración química resolverá un problema cuya raíz es mucho más compleja.

Desde esa perspectiva, Cevallos considera que la respuesta frente a los delitos sexuales debe ir más allá de un tratamiento hormonal. El penalista plantea complementar cualquier reforma con otras políticas públicas, entre ellas la implementación de cárceles o centros especializados para personas condenadas por delitos sexuales, con programas orientados a su rehabilitación y a reducir el riesgo de reincidencia.

Por su parte, Gagliardo considera que una herramienta más útil sería la creación de un registro de violadores que impida a los sentenciados trabajar en escuelas o en espacios donde tengan contacto con niños y adolescentes. A su criterio, esa medida contribuiría a reducir los riesgos de nuevas agresiones, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado.

Lo que debes saber

• Nelson Erazo analiza retirar su candidatura a la Prefectura de Pichincha por una alianza de izquierda.
• El objetivo principal de Unidad Popular es frenar a las candidaturas afines al Gobierno de Daniel Noboa.
• Las precandidaturas de Nelson Erazo y Cristina Cachaguay fueron presentadas a finales de junio de 2026.

El precandidato de Unidad Popular para la Prefectura de Pichincha, Nelson Erazo, puso en duda su participación en las elecciones seccionales de 2026 al señalar que está dispuesto a deponer su postulación. El dirigente del Frente Popular busca facilitar la conformación de una candidatura de unidad entre organizaciones de izquierda para enfrentar a las opciones impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa en la contienda electoral.

Política

Unidad Popular presentó a Nelson Erazo y Cristina Cachaguay como precandidatos en Pichincha

Marco Rivera

Nelson Erazo propone un frente de izquierda para las elecciones seccionales de 2026

El dirigente social enfatizó en declaraciones para Ecuador Chequea que el principal interés de su organización política es articular un frente democrático y progresista para defender la institucionalidad de la capital y la provincia, por encima de las pretensiones personales o partidistas.

"Si tenemos que deponer la candidatura, tendremos que hacerlo", afirmó Nelson Erazo, destacando la urgencia de concretar consensos electorales estratégicos.

Te puede interesar | Reorganización en ADN: por qué cambiaron sus fichas para Quito y Pichincha

Asimismo, la dirigencia sostiene que la prioridad política del sector es evitar el avance del oficialismo en las distintas dignidades de la provincia:

Estado del proceso electoral e inscripción de candidaturas en Pichincha

Actualmente, el calendario administrado por los organismos electorales se encuentra en la etapa de inscripción de candidaturas. Pese al llamado a la convergencia, el periodo formal para la consolidación de alianzas ya ha finalizado.

Política

¿El partido socialista, la salvación para los candidatos de Revolución Ciudadana?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Antecedentes y previsiones de alianzas políticas

A finales de junio de 2026, la organización política presentó a Nelson Erazo para la Prefectura de Pichincha y a Cristina Cachaguay para la Alcaldía de Quito. Ambos cuentan con trayectoria en sindicatos y gremios vinculados a la tendencia.

Te puede interesar | Elecciones seccionales 2026: fechas clave del calendario y cómo consultar si eres miembro de mesa

Hasta mediados de julio de 2026, Unidad Popular contemplaba diálogos y previsiones de acuerdos con:

Las claves que debes saber

• Daniel Noboa activó el Plan de Protección de Quito este 3 de agosto por la creciente inseguridad.
• Quito suma 2.000 policías y 2.000 militares en zonas críticas, transporte y colegios.
• El plan incluye 100 motocicletas y 20 drones tras homicidios y desapariciones en la capital.

El presidente Daniel Noboa anunció este 3 de agosto de 2026 que se activó el Plan de Protección de Quito ante los problemas de inseguridad registrados la ciudad, con casos de personas sin vida y varios reportes de desapariciones que han conmocionado a la urbe.

Te invitamos a leer| Reorganización en ADN: por qué cambiaron sus fichas para Quito y Pichincha

El primer mandatario dispuso que se refuerce la vigilancia de la ciudad con 4.000 policías y militares más. La Fuerza Pública estará desplegada en los ingresos a la ciudad, en los sistemas de transporte de la urbe, planteles educativos, así como "en los puntos más críticos y emblemáticos" de la capital, indicó.

"Hoy ponemos en marcha el plan de protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más se necesiten: en el ingreso y salida de los trabajos, de los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios", manifestó en un video en sus redes sociales.

Quito

Universidad Central evacuó una facultad tras presunta amenaza con arma: esto se conoce del caso

IVONNE MANTILLA

Además de los uniformados, el Gobierno ordenó el despliegue de 100  motocicletas y 20 drones.

El nuevo plan se activó días después de que una persona apareció decapitada en un puente del norte de la ciudad y de múltiples casos de ciudadanos desaparecidos.

Lo que debes saber

• Inscripción de candidaturas: Del 2 al 17 de agosto de 2026 se formalizan las candidaturas.
• Elecciones seccionales: Las votaciones para alcaldes y prefectos serán el 29 de noviembre.
• Miembros de mesa: El sorteo de las Juntas Receptoras del Voto se realiza el 2 de septiembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la ejecución del calendario electoral para las elecciones seccionales 2026 en Ecuador, proceso en el cual la ciudadanía elegirá a los nuevos alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales el próximo 29 de noviembre de 2026. Del 2 al 17 de agosto se cumple la fase de inscripción de candidaturas, dando paso a las siguientes etapas operativas que incluyen el sorteo y la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

Política

Elecciones 2026: CNE inicia inscripción de candidaturas; conozca los requisitos

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Calendario de las elecciones seccionales 2026 en Ecuador

El cronograma establecido para los comicios locales del país agota fases determinantes de cara a la jornada de votación del mes de noviembre.

Fechas clave del proceso electoral

¿Cómo consultar si fuiste seleccionado para una Junta Receptora del Voto?

Las personas seleccionadas para el conteo de votos y recepción de sufragios pueden verificar su designación mediante el portal oficial del CNE, en la sección habilitada para la "Consulta tu lugar de votación".

Política

Reorganización en ADN: por qué cambiaron sus fichas para Quito y Pichincha

Richard Josue Jimenez Mora

Requisitos y pasos para la verificación en la web del CNE

Al validar los datos, el sistema reflejará la provincia, cantón, parroquia y circunscripción donde consta el ciudadano en el padrón electoral. Adicionalmente, el sistema mostrará una notificación en caso de haber sido seleccionado como miembro de una Junta Receptora del Voto, información que también será notificada por correo electrónico o de forma física.

Lo que debes saber

• ADN cambia fichas: Giovanna Ubidia va por la Prefectura y Harold Burbano por la Alcaldía de Quito.
• Estrategia oficialista: El movimiento ajustó perfiles tras escuchar la labor del Seguro Campesino.
• Calendario CNE: La inscripción de candidaturas estará abierta del 2 al 17 de agosto de 2026.

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, cambió sus fichas electorales en Pichincha a última hora. Inscribió a Harold Burbano como candidato a la Alcaldía de Quito y a Giovanna Ubidia para la Prefectura de Pichincha al inicio del plazo del calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), que rige del 2 al 17 de agosto de 2026. Esta decisión modificó a última hora lo resuelto en las elecciones primarias de la organización política con miras a los comicios seccionales de noviembre.

Política

Giovanna Ubidia sobre el cambio repentino de candidaturas en Pichincha: "La gente lo pidió"

Richard Josue Jimenez Mora

Estrategia electoral de ADN modifica precandidaturas en Pichincha

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) resolvió un cambio de última hora en sus fichas electorales para las dignidades de Quito y Pichincha. La organización política del presidente Daniel Noboa definió que Giovanna Ubidia compita por la Prefectura de Pichincha, mientras que Harold Burbano participe por la Alcaldía de Quito.

A pesar de que en las elecciones primarias internas se había resuelto una distribución inversa (Ubidia para la capital y Burbano para la provincia), este ajuste responde a una estrategia electoral orientada a los comicios seccionales de noviembre de 2026, según informaron los propios precandidatos.

Razones del cambio de fichas en el oficialismo

Luego de formalizar la inscripción de su candidatura, Giovanna Ubidia explicó que la directiva de ADN escuchó a las bases militantes. Se determinó conveniente que continúe con el trabajo desplegado en los sectores rurales, labor que impulsó previamente desde la dirección del Seguro Social Campesino, cargo que ejerció hasta antes de asumir su postulación.

Por su parte, Harold Burbano ratificó que el movimiento aplicó un giro estratégico. Indicó que su propuesta para el municipio capitalino se centrará en ejes prioritarios:

Política

Daniel Noboa como pilar clave de la precampaña de ADN: vacío legal "permite" actos sin sanciones

Richard Josue Jimenez Mora

Asimismo, Burbano resaltó la trayectoria de Ubidia y el alcance de su gestión territorial en las parroquias rurales pichinchanas.

Cronograma electoral y proceso de validación en el CNE

El movimiento oficialista ADN figuró entre las primeras organizaciones políticas en concretar el trámite de inscripción.

Política

CNE: inscripción de candidaturas seccionales 2026 será únicamente de forma virtual

Flor Layedra Torres

Fases del proceso de inscripción de candidatos