Lo que debes saber

• El Cootad y la subsidiariedad cuestionan si las prefecturas duplican funciones municipales.
• Problemas de concesiones viales, brechas electorales y fallas de control afectan al Guayas.
• El debate analiza si las prefecturas descentralizan el poder o son un muro burocrático.

Nadie discute si un municipio debe existir. Su relación de cercanía con la vida cotidiana es demasiado visible. Recoge la basura, ordena el espacio público, administra mercados y regula el suelo. Sin embargo, las prefecturas cargan con unas dudas no resueltas: ¿Qué hacen que no podrían ejecutar los municipios, solos o coordinadamente?

Cootad y el principio de subsidiariedad en Ecuador

El Cootad distribuye competencias exclusivas, concurrentes y delegables entre los distintos niveles de gobierno. Esa arquitectura jurídica responde a un principio anterior al propio código, la subsidiariedad, según la cual, como sostuvo Pío XI en 1931, una instancia superior no debe asumir aquello que otra menor puede resolver adecuadamente.

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Coordinación territorial: el caso de la Prefectura del Guayas

La subsidiariedad no obliga a municipalizarlo todo. Cuencas, sistemas de riego o vías intercantonales pueden requerir coordinación superior. Cuando esa coordinación funciona, no responde a un diseño institucional predefinido, sino a convenios que se activan caso por caso, muchas veces a partir de una necesidad que nace en el nivel más local. En 2024, por ejemplo, la intervención de la RVE 4E0, en Daule, requirió un convenio entre el Ministerio de Transporte, la Prefectura del Guayas y el Municipio: cada entidad tenía una atribución diferente, pero la solución dependió de que las tres decidieran articularse. Algo parecido ocurrió en Mariscal Sucre, donde los presidentes de las juntas parroquiales (que suelen identificar las necesidades más próximas de la ruralidad, aunque dependen de otros niveles para ejecutarlas) impulsaron un acercamiento con el Municipio de Milagro y la Prefectura del Guayas para resolver el abastecimiento de agua. La demanda nació en la parroquia, la competencia correspondía al Municipio y el apoyo técnico involucraría a la Prefectura.

Infraestructura vial y concesiones en Guayas

Existe otra discusión sobre la capacidad efectiva del nivel provincial, que se hace visible precisamente cuando no hay un convenio activo que la sostenga. En Guayas, de casi 6.000 kilómetros de vías, 605 siguen concesionados desde 2000 a compañías del mismo grupo, mientras las vías rurales provinciales avanzan con una lentitud que contrasta con ciertas obras municipales.

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Peajes, vías alternas y gestión pública

El problema no es solo el peaje, sino la alternativa pública. Sin pretender equiparar dos sistemas viales profundamente distintos, el caso de EE.UU. permite ilustrar ese principio. La I-95 y la Florida’s Turnpike permiten elegir entre una vía gratuita y otra pagada. En Guayas hay rutas alternas, pero su deterioro vuelve nominal esa elección. La concesionada se usa porque la gratuita dejó de funcionar razonablemente.

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Representación electoral y ruralidad en la provincia

A este problema de capacidad se suma un eje distinto de crítica: uno de legitimidad electoral. Guayaquil concentra más de la mitad del padrón provincial, de modo que el territorio que decide quién gobierna la ruralidad del Guayas no siempre coincide con aquel donde se ejercen las competencias provinciales más visibles. Quienes dependen más directamente de la vialidad rural, el riego o el fomento productivo poseen, en conjunto, menor capacidad para definir a la autoridad.

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Regiones autónomas y la Constitución de 2008

Frente a este cruce de problemas de capacidad y de legitimidad, cabe preguntarse si alguna vez se intentó un rediseño institucional distinto. La Constitución de 2008, en su artículo 251, permitió crear regiones autónomas con autoridades electas y competencias supraprovinciales, pero el modelo nunca se concretó. Buscaba atender problemas compartidos y mejorar la coordinación territorial, aunque deja la duda de por qué crear otro nivel antes de establecer qué capacidades no podían ofrecer las estructuras existentes.

Fiscalización de Contraloría en la gestión provincial

Esa menor autonomía, frente al diseño que nunca se implementó, podría compensarse con mejor planificación y fiscalización, pero no cabe asumirlo. Contraloría ha detectado retrasos, prórrogas sin sustento y multas no cobradas. En Sucumbíos hubo sanciones omitidas por atrasos de 87 y 38 días. No son fallas exclusivamente provinciales, pero cuestionan que una mayor escala garantice mejores controles.

Descentralización y el futuro de las prefecturas

Cualquier rediseño institucional debe definir quién asumiría las vías intercantonales y el riego, y cómo evitaría ampliar las desigualdades territoriales. Suprimir una estructura intermedia no garantiza descentralizar, pues sin recursos ni capacidades locales podría recentralizar el poder. La cuestión, en el fondo, es si las prefecturas funcionan como puente entre cantones (coordinando, reduciendo brechas y gestionando eficazmente competencias supracantonales) o si se han vuelto el muro burocrático que el propio título de este artículo pone en duda

Lo que debes saber

• Este jueves 6 de agosto, la Comisión Ciudadana de Selección realizó el sorteo de los 49 expedientes de impugnaciones presentadas contra los postulantes a fiscal general.
• La Comisión iniciará el análisis de cada expediente para determinar si las impugnaciones cumplen los requisitos establecidos en el reglamento del proceso.
• El organismo dispone de cinco días para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad de cada caso.

Este jueves 6 de agosto, la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado realizó el sorteo de los 49 expedientes de impugnaciones presentadas contra los postulantes. Con este procedimiento se definió qué comisionado será el responsable de revisar cada uno de los casos.

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Inicialmente se informó que existían 51 impugnaciones. Sin embargo, tras consolidar la información remitida desde todo el país y desde embajadas y consulados en el exterior, la Comisión verificó que el número real es de 49.

La reducción obedeció a que dos de las solicitudes correspondían a alcances de impugnaciones enviadas previamente por medios electrónicos. Esos documentos únicamente incorporaban anexos entregados de manera física, por lo que no fueron contabilizados como nuevos recursos.

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Comisión tiene cinco días para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad de cada caso

Con el sorteo concluido, la Comisión iniciará el análisis de cada expediente para determinar si las impugnaciones cumplen los requisitos establecidos en el reglamento del proceso.

El organismo dispone de cinco días para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad de cada caso.

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Concurso para fiscal general: Aspirantes pasaron de 75 a 26

Esta etapa forma parte de un concurso que ha reducido considerablemente el número de participantes desde su inicio. De los 75 postulantes que se inscribieron en marzo de este año, actualmente permanecen en competencia solo 26 aspirantes.

La disminución de candidatos se produjo luego de las fases de admisibilidad y calificación de méritos, además de descalificaciones y renuncias registradas durante el proceso.

Entre los hechos más relevantes constan la salida del exministro de Gobierno, José De La Gasca, tras la aceptación de una denuncia ciudadana; y la renuncia voluntaria de otro postulante, Luis Augusto Rosero Méndez, oficializada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el miércoles 5 de agosto.

Lo que debes saber

• Noboa ratificó en Quito el respaldo de Ecuador a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
• Milei agradeció el apoyo de Ecuador durante su visita oficial del 6 de agosto en Quito.
• Ecuador pidió a Argentina y Reino Unido retomar el diálogo por las Islas Malvinas ante la ONU.

Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Argentina, Javier Milei, suscribieron este 6 de agosto un conjunto de acuerdos bilaterales orientados a fortalecer la cooperación en materia de seguridad, justicia, comercio, transporte aéreo, energía nuclear, ciberdefensa y lucha contra la pesca ilegal, durante la visita oficial del mandatario argentino a Quito.

El encuentro concluyó con la firma de un comunicado conjunto, en el que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el combate al crimen organizado transnacional.

Uno de los principales resultados de la reunión fue la suscripción de un Tratado de Extradición, instrumento que establece el marco jurídico para la entrega recíproca de personas requeridas por la justicia de cualquiera de los dos países. El documento señala que el acuerdo busca fortalecer la cooperación judicial y contribuir a la lucha contra la impunidad y el crimen organizado transnacional.

Seguridad y crimen organizado marcaron la agenda

Los mandatarios destacaron la convergencia de sus gobiernos en materia de seguridad y defensa y ratificaron su decisión de enfrentar de forma coordinada al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y otros delitos conexos.

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El comunicado también señala que ambos gobiernos valoraron los mecanismos de cooperación impulsados en espacios regionales como el Mercosur, la Comunidad Andina, el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la plataforma Escudo de las Américas.

En el plano bilateral, Noboa y Milei resaltaron los avances en la implementación del Memorando de Entendimiento en Materia de Prevención y Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional para el Fortalecimiento de la Seguridad, firmado en 2024, así como los compromisos alcanzados durante la reunión de la Comisión Mixta en Drogas realizada el 9 de abril de 2026.

El documento también recoge el agradecimiento del presidente ecuatoriano al Gobierno argentino por haber designado a las organizaciones criminales ecuatorianas Los Lobos, Los Choneros y Los Chone Killers como grupos terroristas, decisión que, según el comunicado, respalda la estrategia de Ecuador contra la delincuencia organizada transnacional.

Acuerdos en comercio, aviación, energía y ciberdefensa

Durante la visita oficial se suscribieron además varios instrumentos de cooperación. Entre ellos consta un Acuerdo Comercial en el Sector Automotor, que actualiza las condiciones para el intercambio bilateral de vehículos y autopartes mediante preferencias arancelarias, reglas de origen y mecanismos para facilitar el acceso recíproco a los mercados.

También se firmó un Acuerdo de Servicios Aéreos, orientado a flexibilizar la operación aerocomercial entre ambos países, mejorar la conectividad e impulsar el intercambio comercial y el turismo.

En materia científica, ambos gobiernos acordaron un Acuerdo de Cooperación para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, destinado a promover proyectos conjuntos de investigación, formación de talento humano y desarrollo de aplicaciones nucleares con fines pacíficos.

A ello se suma un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, mediante el cual los ministerios de Defensa de ambos países intercambiarán información sobre ciberamenazas, desarrollarán protocolos de actuación, programas de capacitación y crearán un Grupo de Trabajo Bilateral de Ciberdefensa.

Los gobiernos también firmaron una Declaración Binacional para Combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, la cooperación técnica y la coordinación para prevenir este tipo de actividades y promover el uso sostenible de los recursos marinos.

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Cooperación económica y respaldo sobre Islas Malvinas

En el ámbito económico, Noboa y Milei coincidieron en la necesidad de ampliar y diversificar el comercio bilateral, fortalecer las cadenas de valor y promover la inversión entre ambos países.

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Como parte de la agenda futura, acordaron convocar nuevas reuniones de los mecanismos bilaterales, incluidas las consultas políticas, económicas, comerciales y de inversiones, además de una nueva edición del Diálogo Oceánico Binacional y la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, prevista para el primer trimestre de 2027.

El comunicado también recoge que Ecuador ratificó su respaldo a la posición de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, reiteró el llamado para que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.

Por su parte, Milei agradeció el apoyo histórico de Ecuador respecto a la cuestión de las Islas Malvinas y señaló que los compromisos alcanzados durante la visita buscan fortalecer la relación bilateral y consolidar una agenda común enfocada en el crecimiento económico, la integración y la cooperación entre ambos países.

Lo que debes saber

• Nataly Morillo rechazó el pacto político de izquierda en Pichincha.
• Unidad Popular y Revolución Ciudadana respaldarán a Pabel Muñoz.
• Geovanni Atarihuana justificó el acuerdo para frenar al movimiento ADN.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, criticó este 6 de agosto de 2026 la consolidación de una nueva alianza política entre Unidad Popular, la Revolución Ciudadana y otras agrupaciones de izquierda. Durante la sesión solemne realizada en la Asamblea Nacional por los 217 años del Primer Grito de Independencia del Ecuador, la funcionaria cuestionó duramente el acuerdo electoral para Pichincha. En su intervención, catalogó el pacto como una "vergüenza" que, según afirmó, está impulsada exclusivamente por intereses particulares y conveniencias partidistas.

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Cuestionamientos de Nataly Morillo al acuerdo entre Unidad Popular y el correísmo

Durante el evento cívico, Morillo rechazó el consenso alcanzado entre las organizaciones políticas opositoras al Gobierno. Señaló que detrás de esta decisión no existe una vocación de servicio.

"Ellos siempre actúan de acuerdo a sus conveniencias políticas partidistas personales; no actúan por convicción ni pensando en la ciudadanía", acotó la titular del Ministerio de Gobierno.

Antecedentes electorales según el Gobierno de Daniel Noboa

La funcionaria del régimen del presidente Daniel Noboa recordó antecedentes políticos que, a su criterio, demostrarían la inestabilidad de estas organizaciones.

"En 2021, este mismo grupo que comanda la Unidad Popular, antes MPD, estuvo con Guillermo Lasso. ¿Qué carta de presentación tiene ante la ciudadanía ecuatoriana?", sentenció Morillo.

Geovanni Atarihuana confirma la coalición de izquierda en Pichincha

El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, ratificó este mismo 6 de agosto la suscripción del acuerdo político estratégico con la Revolución Ciudadana.

Las organizaciones políticas que integran esta alianza provincial son:

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Objetivos del pacto político para las seccionales

Según detalló el dirigente, el frente electoral se estructuró de manera exclusiva para la provincia de Pichincha y respaldará las siguientes candidaturas:

Atarihuana argumentó que, pese a las diferencias políticas previas, la unidad con el correísmo responde a la necesidad de construir una "alternativa democrática". Según afirmó, el propósito principal es frenar el autoritarismo que representarían los candidatos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Lo que debes saber

• Asamblea conmemoró el 10 de Agosto en Quito para recordar los 217 años de la Independencia.
• Esteban Torres participó en la sesión solemne por la gesta libertaria de 1809.
• La Asamblea reconoció a ciudadanos e instituciones por aportes al deporte, ciencia y cultura.

La Asamblea Nacional realizó una sesión solemne por los 217 años del Primer Grito de Independencia del 10 de Agosto de 1809, una fecha considerada el inicio del proceso emancipador en Ecuador y uno de los hitos históricos de América Latina.

Al acto asistieron representantes de las distintas funciones del Estado, autoridades nacionales, legisladores, miembros del cuerpo diplomático e invitados de diversos sectores de la sociedad.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de las provincias del país y del Estandarte Nacional. Posteriormente, la policía Adriana Bricio Véliz estuvo a cargo de la exaltación de la fecha histórica, en la que destacó el papel de hombres y mujeres que impulsaron la conformación de la Primera Junta Suprema de Gobierno y la lucha por la libertad.

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Homenaje a los próceres de la Independencia

Durante la sesión también se realizó un toque de silencio en memoria de los próceres de la Independencia, como parte de los actos conmemorativos por la gesta del 10 de Agosto de 1809.

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En su intervención, el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, resaltó la relevancia histórica del movimiento independentista quiteño y señaló que su legado continúa siendo un referente dentro de la construcción institucional del país.

Torres afirmó que la libertad constituye uno de los principios que deben orientar la acción pública y destacó la necesidad de preservar los valores asociados a la independencia en el contexto de los desafíos actuales.

Reconocimientos a ciudadanos e instituciones

Como parte de la jornada, el Legislativo entregó reconocimientos a ciudadanos, fundaciones e instituciones por sus aportes en ámbitos como el deporte, la cultura, la ciencia, la educación, el emprendimiento, el trabajo social y el desarrollo empresarial.

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Entre los homenajeados estuvieron:

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Reconocidos destacan diversidad de aportes al país

En representación de las personas e instituciones homenajeadas, Paula Gómez, integrante de la Fundación Esperanza, agradeció el reconocimiento y destacó "los galardones reflejan el trabajo desarrollado desde distintos sectores de la sociedad".

La sesión solemne formó parte de las actividades oficiales previas a la conmemoración nacional del 10 de Agosto, una fecha que cada año reúne actos cívicos y homenajes en recuerdo de la gesta independentista que tuvo lugar en Quito en 1809.

Lo que debes saber

• Noboa y Milei se reunieron el 6 de agosto en Quito para revisar acuerdos bilaterales.
• Ecuador y Argentina negocian extradición y seguridad para enfrentar nuevos delitos transnacionales.
• Ambos gobiernos buscan más vuelos y comercio entre Quito y Buenos Aires.

Los presidentes de Ecuador y Argentina, Daniel Noboa y Javier Milei, mantuvieron este jueves 6 de agosto una reunión oficial en el Palacio de Carondelet, en Quito, con una agenda centrada en seguridad, cooperación judicial, comercio y conectividad aérea entre ambos países.

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La visita de Milei forma parte de una gira regional y se desarrolló en medio de un contexto marcado por la búsqueda de mayores mecanismos de cooperación bilateral. 

El mandatario argentino llegó al centro histórico de Quito para cumplir una agenda que incluyó un encuentro privado con Noboa y la posterior suscripción de instrumentos de cooperación entre ambas naciones.

Milei fue recibido con honores en Carondelet

El presidente argentino arribó al Palacio de Carondelet pasadas las 13:00 y fue recibido por Daniel Noboa con los honores correspondientes a una visita oficial de Estado. La ceremonia incluyó una calle de honor conformada por los Granaderos de Tarqui.

Antes de la reunión bilateral, Milei realizó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Lo acompañaron integrantes de su delegación, entre ellos su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, además de colaboradores de su Gobierno

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Extradición y seguridad, entre los temas centrales

Uno de los puntos principales de la agenda fue la actualización del tratado de extradición vigente entre Ecuador y Argentina desde 1933. Ambos gobiernos buscan modernizar este instrumento para adaptarlo a las nuevas modalidades del crimen transnacional y agilizar los procedimientos judiciales entre los dos países.

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De acuerdo con información oficial, los mandatarios también abordaron mecanismos de cooperación en materia de seguridad y defensa, incluyendo acuerdos relacionados con ciberdefensa y coordinación institucional.

La embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, explicó que la intención es contar con un instrumento más ágil frente a los desafíos actuales del crimen organizado y las nuevas amenazas transnacionales

Tras la reunión viajarán a Colombia

Una vez concluida la agenda oficial en Quito, Daniel Noboa y Javier Milei tienen previsto trasladarse a Cali, Colombia, donde asistirán a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La reunión entre ambos mandatarios se produce en un momento de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Argentina, con énfasis en cooperación judicial, seguridad y comercio

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Durante estas semanas previas al inicio de clases, las familias —con hijos en instituciones privadas y fiscomisionales— enfrentan uno de los momentos de mayor gasto del año escolar: la compra de uniformes, libros y útiles. Esta inversión, que se repite cada período, suele generar cierta preocupación por posibles cobros adicionales o no autorizados.

Con ese contexto, el Ministerio de Educación recuerda que los padres de familia pueden denunciar irregularidades, cobros indebidos o pedidos de pagos prohibidos. 

Para ello, ha habilitado varios canales oficiales: 

¿Cuánto se debería invertir entre uniformes y útiles?

Las escuelas y colegios deben transparentar sus costos. De acuerdo con el reglamento vigente, emitido en 2025, todos los planteles están obligados a publicar su resolución de pensiones y matrículas. 

Este mismo reglamento contempla la posibilidad de incrementos en las pensiones, siempre que respondan a factores como mejoras en infraestructura o el impacto de la inflación, previa autorización del Ministerio.

En cuanto a los útiles escolares, las instituciones deben emitir listas basadas en las directrices del nivel central del Ministerio. Aunque tienen autonomía para definir su organización interna y los recursos pedagógicos, conforme a su modelo educativo y a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

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Lo que debes saber

• Argentina declaró terrorista a Los Chone Killers para reforzar la seguridad regional y la cooperación.
• John Reimberg afirmó que Ecuador perseguirá al crimen organizado sin fronteras tras la decisión argentina.
• Los Chone Killers ingresaron al RePET en Argentina para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional.

La decisión del Gobierno de Argentina de incorporar a la organización criminal ecuatoriana Los Chone Killers al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) generó la reacción del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien aseguró que la lucha contra el crimen organizado "ha entrado en una nueva etapa" de cooperación internacional.

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A través de su cuenta en la red social X, el funcionario sostuvo que "ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz de nuestros pueblos". Añadió que la decisión adoptada por Argentina demuestra que los países de la región han decidido actuar de forma coordinada frente a las organizaciones criminales transnacionales.

"A los criminales les queda claro: donde huyan, los encontraremos. Donde operen, los golpearemos. Donde pretendan esconderse, los alcanzaremos", escribió Reimberg, quien afirmó además que la cooperación internacional constituye la principal fortaleza en la lucha contra el crimen organizado.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que el Gobierno argentino oficializara, mediante la Resolución Conjunta 4/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, la inscripción de Los Chone Killers en el RePET. La medida fue publicada el 6 de agosto de 2026.

Argentina argumenta una amenaza para su seguridad nacional

En los considerandos de la resolución, las autoridades argentinas sostienen que, con base en informes reservados elaborados por organismos competentes, la organización criminal ecuatoriana representa una "amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional", con riesgos para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes del país. 

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Además, señalan que el grupo evidencia una expansión transnacional en la región, lo que hace necesario prevenir su eventual instalación en territorio argentino.

El documento también indica que la inclusión de Los Chone Killers en el RePET busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

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Inscripción en el RePET

La resolución concluye declarando cumplidos los requisitos legales para incorporar a Los Chone Killers al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento y dispone que el Ministerio de Justicia realice la inscripción correspondiente.

La decisión de Argentina se suma a las acciones de cooperación regional orientadas a enfrentar el crimen organizado transnacional, un fenómeno que ha cobrado relevancia por la expansión de organizaciones delictivas ecuatorianas hacia otros países de América Latina.

Lo que debes saber

• Asambleísta Christian Hernández pide cuentas sobre uso de la cadena nacional.
• Cuestionan si la transmisión respetó el artículo 74 de la Ley de Comunicación.
• Documental fue impulsado por las hijas del excandidato Fernando Villavicencio.

El asambleísta Christian Hernández, de Revolución Ciudadana, solicitó información a la Secretaría de Comunicación y a la Defensoría Pública sobre la cadena nacional transmitida el 2 de agosto de 2026. La emisión abordó el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El legislador cuestionó el fundamento legal y el financiamiento de este espacio oficial en los medios ecuatorianos.

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Cuestionamientos al marco legal de la cadena nacional

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador Christian Hernández sostuvo que "la ley es muy clara: las cadenas nacionales no fueron creadas para difundir cualquier contenido ni para promover mensajes particulares sin justificación".

Hernández citó la normativa vigente para fundamentar su pedido de información:

Dudas sobre la autorización y el origen del requerimiento

El asambleísta recordó que el caso sobre el asesinato del excandidato presidencial aún se tramita en la justicia ordinaria. Además, señaló que la Secretaría de Comunicación ordenó la transmisión por pedido de la Defensoría Pública, a pesar de que la legislación establece que las cadenas deben ser dispuestas por el titular de una de las funciones del Estado.

Ante esta situación, el legislador formuló las siguientes interrogantes:

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Contenido y origen de la serie documental sobre Fernando Villavicencio

La noche del domingo 2 de agosto de 2026, se transmitió el primer capítulo de una serie documental dedicada al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Detalles sobre la producción emitida:

Lo que debes saber

• Unidad Popular y Revolución Ciudadana concretaron una alianza para Quito y Pichincha.
• Pabel Muñoz y Alexandro Tonello encabezan la lista única del bloque opositor.
• La inscripción de candidaturas se realiza este 6 de agosto de 2026 ante el CNE.

Unidad Popular, la Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Todos sellaron un acuerdo político en Quito para inscribir la candidatura de Pabel Muñoz a la reelección de la Alcaldía de Quito y de Alexandro Tonello a la Prefectura de Pichincha. Según explicó el dirigente Geovanni Atarihuana, la denominada "alianza ciudadana" busca consolidar una alternativa democrática local frente al proyecto del presidente Daniel Noboa.

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Unidad Popular y Revolución Ciudadana oficializan acuerdo político en Pichincha

El director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, confirmó este jueves 6 de agosto de 2026 la conformación de la denominada "alianza ciudadana". Este bloque político reúne a la Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano, el movimiento Todos y Unidad Popular con el objetivo de impulsar la reelección de Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito y la postulación de Alexandro Tonello para la Prefectura de Pichincha.

En entrevista con A Primera Hora, Atarihuana sostuvo que la coalición pretende ser una "alternativa democrática" para la capital y la provincia que permita "resolver los problemas que los quiteños necesitan y ponga freno al autoritarismo y la concentración de poder que encarna el proyecto de Daniel Noboa".

Cuadro de candidatos para los distritos de Quito

El dirigente detalló que la alianza se presentará a los comicios con una lista única de candidatos, estructurada con perfiles de todas las organizaciones participantes.

Las listas serán encabezadas de la siguiente manera:

Para las 17:00 de este 6 de agosto de 2026, la alianza acudirá a la Delegación Provincial Electoral de Pichincha para oficializar la inscripción de candidaturas de Pabel Muñoz y de la lista de concejales.

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Las alianzas de Unidad Popular en Guayaquil, Cuenca y Azuay

Geovanni Atarihuana aclaró de forma enfática que el acuerdo con el correísmo es exclusivo para la provincia de Pichincha. En el resto de jurisdicciones del país, la agrupación política mantiene esquemas de alianzas independientes:

Postura frente a las críticas y diferencias históricas

Respecto a las cuestionamientos recibidos por el pacto con la Revolución Ciudadana, Atarihuana explicó que la resolución se toma en un contexto de proscripción de organizaciones políticas e inhabilitación de candidatos.

El líder político remarcó que la alianza no implica borrar las discrepancias históricas entre ambas corrientes, pero argumentó que han priorizado las coincidencias pragmáticas para responder a la coyuntura del país.

Lo que debes saber:

• Pacientes trasplantados y con cáncer protestan en Plaza Grande por desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Director de Caja Fiscal les pide hasta el número de RUC de los proveedores, para ayudarlos.
• Victoria y otros pacientes denunciaron falta de inmunosupresores desde mayo 2026, lo que pone en riesgo su órgano trasplantado.
• Familias de pacientes crónicos viajan desde Orellana y sufren por falta de medicinas; comparten pastillas por escasez; advierten riesgo de rechazo y muertes recientes.

A Victoria Barbosa le diagnosticaron insuficiencia renal en 2011. Tenía algo más de 20 años y aprendió a sobrellevar la rutina como paciente crónica. Dos años después, en 2013, recibió un trasplante de riñón en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Lo recuerda como un renacimiento, una segunda oportunidad de vivir.

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Hoy, se siente frágil. Desde mayo de 2026 teme que la falta de medicamentos ponga en riesgo el órgano que sostiene su cuerpo. “Un día sin las pastillas es un día menos de vida”, repite. 

Cada 12 horas debe tomar el tratamiento inmunosupresor. Sin eso, el rechazo es inminente. Necesita Everolimus, de 0,75 mg; Tacrolimus, de 1 gramo; Micofenolato, de 180 mg. Las cajas cuestan 285, 100 y 225 dólares, respectivamente, dice.

Victoria tiene 38 años. Está casada desde hace 18 con Kléber Moreno y trabaja como comerciante. Sus ingresos no alcanzan para costear los fármacos que necesita. Ante la escasez, ha optado por compartir dosis con otros pacientes trasplantados. Se prestan pastillas para cubrir, al menos, un par de días y evitar la interrupción total del tratamiento.

 “Algunos compañeros ya presentan síntomas de rechazo”, reitera. “Si queremos estar saludables, debemos tomar los medicamentos. Un solo día sin ellos es un día menos de vida”.

Los plantones, una medida en busca de respuestas del Gobierno de Daniel Noboa

Por eso ha empezado a acudir a plantones. El martes 4 de agosto del 2026, su voz se sumó a la de otros pacientes en su misma situación, a la de padres de niños trasplantados que se atienden en el Hospital Baca Ortiz y a la de personas con cáncer.

El reclamo resonó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en la capital. Ni los transeúntes ni los turistas pudieron ignorarlo. “Queremos vivir. Queremos vivir”, coreaban. A pocos metros, en el interior del palacio, el presidente Daniel Noboa participaba en la entrega del Premio Eugenio Espejo.

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Aunque las proclamas no llegaron a copar la Plaza Grande, sí lograron detener a quienes pasaban. Muchos escuchaban en silencio. Entre ellos María Elena Correa, que paseaba con su esposo y sus dos hijos. 

Al intentar explicar lo que sentía, se quebró.“Nos duele muchísimo”, dijo entre lágrimas. “Tenemos posibilidades económicas. Mi hijo acaba de superar un cáncer. Pero me duele ver a madres que pasan por lo mismo y no tienen acceso”.

Una integrante de Fundación de Jóvenes contra el cáncer cuenta que dos compañeras fallecieron

A Margarita Gualichico, de 53 años, le diagnosticaron cáncer de mama en el 2016 y en el 2021, metástasis pulmonar, por lo que en el Hospital Carlos Andrade Marín la enviaron a cuidados paliativos. 

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Rosero Mariela

“Llevo ocho meses esperando por la mamografía, para ver el avance de la enfermedad. Y por un electrocardiograma porque desarrollé taquicardia. Tampoco hay medicinas. No es algo del IESS, hay desabastecimiento en todos los hospitales. Dos compañeras de la Fundación Jóvenes contra el cáncer que se atendían en el Espejo y en el Militar fallecieron”.

Liss Ontaneda, madre de Isaac, de 10 años, cuenta que en el 2024 recibió el trasplante, en el Hospital Baca Ortiz. Viven en Orellana, pero deben trasladarse a la capital. Sufre no solo por el desabastecimiento sino porque acaban de reemplazar una medicina por otra, por la que adultos han presentado reacción, rechazo de órganos. Tampoco le entregan medicina para otro cuadro neurológico que tiene.

El Director de la Caja Fiscal pide a los pacientes datos que debería entregarle el Ministerio de Salud

Valdez mostró la respuesta de Emiio Montúfar, director Nacional de la Caja Fiscal, al oficio enviado el 24 de mayo. Le pide: 

“La información es indispensable para realizar una revisión adecuada”, señala Montúfar, en su respuesta al Frente de Pacientes. ¿Esos datos no los deberían pedir al Ministerio de Salud?, se pregunta.

Abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa ha dicho que medicinas de la India están en proceso de homologación, a través del Arcsa. Y mencionó a otros países.

Lo que debes saber

• Inmobiliar posee el 2,56 % de las acciones de GRANASA.
• Expertos analizan los límites que la Ley de Compañías fija a los accionistas minoritarios.
• El caso podría marcar un precedente sobre el acceso a información societaria.

Con apenas el 2,56 % de las acciones de Gráficos Nacional S.A. (GRANASA), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha presentado una serie de pedidos de información y ha conseguido que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) acogiera varias de sus actuaciones. Sin embargo, ¿hasta dónde llegan los derechos de un accionista minoritario y qué límites establece la Ley de Compañías?

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Los pedidos de información de Inmobiliar

Los requerimientos de Inmobiliar iniciaron antes de que la entidad fuera inscrita oficialmente como accionista de GRANASA y continuaron después de adquirir el 2,56 % del capital social. Luego, sus observaciones motivaron actuaciones de la SuperCías, que dispuso la intervención de la empresa y la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas en la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

El registro elaborado por EXPRESO evidencia que los pedidos abarcan información financiera, contable, contractual y societaria, incluida documentación correspondiente a períodos anteriores a que la entidad pública se convirtiera en accionista de GRANASA.

Varias de las solicitudes que luego fueron replicadas por la SuperCías corresponden a información que la empresa sostiene que está protegida como secreto empresarial, entre ella la lista de clientes, anunciantes, proveedores y datos vinculados a su defensa jurídica.

El abogado societario Oswaldo Santos explica que el derecho de información de un accionista minoritario busca garantizar el adecuado manejo de la compañía. Sin embargo, también considera que los pedidos sobre períodos anteriores a su ingreso deben analizarse caso por caso, para determinar si tienen incidencia en sus derechos patrimoniales o si persiguen una finalidad distinta.

Para el especialista, el elemento determinante es el propósito de la petición. Afirma que una solicitud puede considerarse abusiva si busca obstaculizar el funcionamiento normal de la firma.

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Los límites que fija la Ley de Compañías

El jurista César Drouet explica que el artículo 15 de la Ley de Compañías garantiza a los accionistas el acceso a documentos específicos, como estados financieros, informes de administradores, actas de juntas, listas de socios y accionistas, y otros documentos expresamente previstos por la normativa. En cambio, para examinar información adicional contenida en libros o documentos de la empresa se requiere el respaldo de accionistas que representen al menos el 50 % del capital social.

Si ese respaldo no existe, añade el jurista, le atañe al administrador decidir si entrega o no la información cuando considere que su divulgación puede utilizarse con fines extrasociales o afectar los intereses de la firma. A su juicio, esa facultad forma parte de las atribuciones que la ley reconoce a la administración societaria.

El abogado Franklin Lituma expone que la Ley de Compañías faculta a los administradores a restringir el acceso a información estratégica cuando existan razones objetivas para considerar que su divulgación puede afectar los intereses comerciales de la empresa. Entre esos casos menciona proyecciones financieras, mayores contables integrales u otros documentos cuya publicidad pueda afectar la competitividad.

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La controversia en la Junta de Accionistas

La controversia también se traslada a la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de junio de 2026. Las 239.158 acciones, equivalentes al 95,66 % del capital social, ratificaron el contrato de asesoría editorial que GML EURL Servicios Editoriales presta a GRANASA desde hace años, mientras que Inmobiliar (con 6.400 acciones, equivalentes al 2,56 %) fue el único accionista que votó en contra.

“Si la mayoría de los accionistas no interesados estuvo a favor del contrato, no hay motivo para anularlo”, aclara Santos. A su criterio, la SuperCías debe explicar qué derecho del accionista minoritario considera vulnerado para justificar una suspensión de los efectos de esa resolución.

Santos recalca que el análisis debe centrarse en el propósito de los requerimientos. A su juicio, una solicitud es abusiva cuando busca obstaculizar la gestión de la empresa, y no proteger los derechos societarios.

El abogado Lituma coincide en que el uso de los mecanismos de control no debe responder a fines extrasociales. Advierte que si en sede judicial se determina que un accionista actuó de manera abusiva o con el propósito de afectar la reputación o la operación de la empresa, la ley contempla consecuencias económicas para quien promovió esas actuaciones sin justificación.

El abuso de los mecanismos de control puede derivar en multas y responsabilidad económica.Franklin Lituma, abogado societario

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Un precedente para el ámbito societario

Los abogados concuerdan en que la Ley de Compañías reconoce el derecho de información de los accionistas, pero también fija límites para evitar abusos. Drouet especifica que esas reglas permiten determinar cuándo un pedido procede y cuándo la administración puede restringir el acceso.

Drouet considera que este caso podría sentar un precedente para el ámbito societario. Si un accionista adquiere apenas el 1 % de una cadena de supermercados o de una concesionaria de vehículos, ¿puede exigir información estratégica? ¿Quién garantiza que esos datos no serán utilizados para beneficiar a un competidor o con fines distintos a la protección de sus derechos societarios?

Desde la perspectiva del jurista, esas interrogantes explican la preocupación que este caso ha generado en el ámbito societario, pues existe el temor de que hechos similares se repitan cuando uno de los involucrados tenga la influencia suficiente para “torcer la ley”.

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Representantes legales de Inmobiliar

Patrimonio, impuestos y cargos: el perfil de Andrea De La Torre

Su ingreso al servicio público se produjo hace un año

La funcionaria que ha suscrito los reiterados pedidos de información dirigidos a GRANASA es Andrea Carolina De La Torre Torres. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título en 2015.

De acuerdo con información del portal de la Contraloría General del Estado (CGE), Andrea Carolina De la Torre trabaja en el sector público desde 2025. Inició su trayectoria como directora zonal 8 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, un cargo de nivel jerárquico superior.

Al ingresar al sector público, De la Torre registró un patrimonio de $ 33.040,10, según su declaración patrimonial. Reportó pasivos por $ 6.980, correspondientes a una deuda de tarjeta de crédito, y activos por $ 40.020,10, integrados por $ 14.020,10 en una cuenta bancaria, un automóvil adquirido en 2005 valorado en $ 6.000 y menaje de casa tasado en $ 20.000.

Al año siguiente, al ser designada directora zonal 5 y 8 de la Presidencia de la República, De La Torre no registró, en el portal de la CGE, la declaración juramentada de fin de gestión correspondiente a su cargo anterior. Sin embargo, su patrimonio reflejó una reducción de su patrimonio a $ 21.150 y, al concluir ese mismo cargo, este aumentó ligeramente hasta $ 21.660.

Actualmente, Andrea De La Torre se desempeña como directora zonal 2 de la Presidencia de la República. De acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, percibe una remuneración mensual de $ 2.363.

Según la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI), la funcionaria aún no registra la presentación de su declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2019. En los años posteriores reportó pagos por este tributo de $ 2,01, en 2021; $ 1.325,26, en 2022; $ 299,41, en 2023, y $ 139,72, en 2024.

En cuanto al impuesto a la salida de divisas (ISD), en 2024 declaró un pago de $ 7,70. Para 2025, registró pagos por $ 616,04 de impuesto a la renta y $ 99,61 por concepto de ISD.

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Patrimonio de Marissa Pendola creció 70 veces en ocho años

Declaraciones exponen cómo ha evolucionado financieramente

La funcionaria que cuestionó los informes presentados durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANASA fue Marissa Elena Pendola Solórzano; mientras que el resto de los accionistas aprobó los puntos sometidos a votación. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado (CGE), trabaja en el sector público desde 2014.

Inició su carrera en lo público como abogada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones( ProEcuador). Luego fue directora jurídica y gerente general subrogante de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular y, en 2018, al término de su gestión como asesora del Registrador Mercantil de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 1.823,67.

Sus activos se limitaban a un auto valorado en $ 18.000, además de $ 10,70 en depósitos bancarios. También reportó pasivos por $ 16.187,03.

En otra declaración presentada ese mismo año, al iniciar su gestión como asesora 2 del presidente del Consejo de la Judicatura, registró un patrimonio de $ 20.645,48. Esto significó que su patrimonio se multiplicara por 11,3 veces.

Tras ocho años de trayectoria en distintas entidades, en su última declaración de fin de gestión, como secretaria técnica encargada de Inmobiliar, reportó otro incremento en su patrimonio por $ 128.592,82. Sus activos, valorados en $ 131.503,84, incluyen $ 63.101,94 en cuentas bancarias, un menaje de casa por $ 25.100 y obras de arte, joyas y colecciones por $ 18.000. En el portal de la CGE no consta su reporte de inicio de gestión de su actual cargo.

Aunque desde 2023, se ha desempeñado en Inmobiliar, donde ha percibido un salario de $ 4.463, según el Portal Nacional de Transparencia. Antes, ocupó el cargo de coordinadora general de despacho en la Presidencia de la República, con una remuneración de $ 3.247.

En cuanto a su situación tributaria, en 2020 y 2021 no registró pagos por impuesto a la renta (IR). En 2022, $ 2.678,92; en 2023 canceló $ 5.121,95 por ese tributo y $ 173,35 por impuesto a la salida de divisas; mientras que en 2024 y 2025 declaró pagos por $ 5.484,72 y $ 5.247,72 por IR, respectivamente.

Declaraciones patrimoniales

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura defendió la suspensión preventiva de los tres jueces Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Choez Avilés.
• Según el organismo, la medida fue adoptada tras una declaratoria de la Corte Nacional de Justicia por un presunto "error inexcusable" por parte de los magistrados.
• Los tres jueces revocaron la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, procesados en el caso Goleada.

Este miércoles 5 de agosto, el Consejo de la Judicatura defendió la suspensión preventiva de los tres jueces de la Sala Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

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La suspensión por 90 días recayó sobre los magistrados Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Choez Avilés.

La medida fue adoptada después de que el tribunal revocara la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, procesados en el denominado caso Goleada, relacionado con la investigación por presunto lavado de activos derivada del caso Triple A.

En el comunicado, la Judicatura sostuvo que la medida disciplinaria responde a "la declaratoria jurisdiccional previa emitida el 12 de julio de 2026 por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia".

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Jueces incurrieron en un "error inexcusable", según la Judicatura

Según el organismo, esa instancia concluyó que los jueces habrían incurrido en un presunto error inexcusable, considerado una falta gravísima tipificada en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.

La institución también enfatizó que los tres magistrados cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa dentro del procedimiento disciplinario. Añadió que el proceso respetará el debido proceso y las normas previstas en la legislación vigente.

"Se descarta categóricamente que en este caso existan motivaciones ajenas a las competencias y facultades normativas de esta institución", señaló la Judicatura.

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En el documento, el organismo insistió en que su actuación se rige exclusivamente por el principio de legalidad y señaló que no participará en debates de carácter político impulsados por "actores y sectores interesados".

Otro de los puntos abordados fue la continuidad del servicio judicial. La institución informó que activó un plan de contingencia para redistribuir las causas que estaban bajo conocimiento de los jueces suspendidos, con el propósito de evitar retrasos en la tramitación de los procesos.

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Mercedes Caicedo: "Preocupa que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones"

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, también defendió la suspensión de los tres magistrados.

La funcionaria señaló que "ningún juez debe ser presionado por sus decisiones", pero que la independencia judicial "no es inmunidad ni impide que las instituciones actúen conforme a la ley".

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"Las suspensiones cautelares no son sanciones ni determinan responsabilidad; son medidas temporales para proteger la confianza mientras avanzan las investigaciones, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia", expuso Caicedo.

Y agregó: "Preocupa que algunos pretendan decidir públicamente sobre estas suspensiones. En un Estado de derecho, esas decisiones corresponden a las instituciones competentes, no a presiones externas. Los abogados pueden opinar y defender, pero no sustituir ni condicionar las competencias del Consejo".

Lo que debes saber

• Este miércoles 5 de agosto, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó una nueva actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB).
• El nuevo listado incorpora 512 principios activos, es decir, 18 más que la versión vigente desde 2022, que contemplaba 494.
• El listado incorpora tratamientos para patologías como la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y determinados tipos de cáncer.

Este miércoles 5 de agosto, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) aprobó una nueva actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), documento que determina cuáles son los fármacos considerados esenciales para la atención de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud.

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La decisión fue adoptada por el directorio del organismo, presidido por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga.

La principal novedad de esta décima segunda revisión es el incremento en el número de principios activos incluidos. El nuevo listado incorpora 512 principios activos, es decir, 18 más que la versión vigente desde 2022, que contemplaba 494. La actualización entrará en vigor una vez que sea publicada en el Registro Oficial.

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¿Qué medicamentos se incluyen?

Según las autoridades, la ampliación permitirá incorporar tratamientos para enfermedades que hasta ahora no contaban con cobertura suficiente en el cuadro oficial.

La actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos incorpora tratamientos para patologías como la esquizofrenia, enfermedades renales, trastornos metabólicos y determinados tipos de cáncer.

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La revisión no solo añade nuevos principios activos. También introduce modificaciones en algunos medicamentos ya existentes, elimina otros del listado y amplía las indicaciones de uso de determinados tratamientos, según el Ministerio de Salud.

Aveiga señaló que esta actualización busca "optimizar el uso de los recursos públicos" y mejorar el acceso a medicamentos esenciales.

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En abril pasado, Enrique Terán, presidente de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos (Conamei), explicó a EXPRESO que durante el proceso de revisión se recibieron 460 solicitudes para incorporar nuevos medicamentos.

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Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA), una iniciativa que ahora pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.
• Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, y la creación del Registro Nacional de Cambio Climático.

La Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos, el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente (COA), una iniciativa que ahora pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

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La propuesta busca actualizar la normativa ecuatoriana sobre cambio climático y reforzar las herramientas con las que cuenta el Estado para enfrentar sus efectos.

El texto fue debatido en segundo y definitivo debate durante la sesión 113 del Pleno. La iniciativa fue tramitada por la Comisión de Biodiversidad y recibió el respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de sus aliados, mientras que los legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra.

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Uno de los principales cambios es el fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que será el organismo encargado de coordinar la política pública nacional en esta materia.

La reforma también precisa qué instituciones lo integrarán y amplía sus funciones para mejorar la articulación entre distintas entidades del Estado.

La normativa incorpora además el Registro Nacional de Cambio Climático, concebido como el sistema oficial para recopilar, monitorear y dar seguimiento a programas, proyectos, acciones e instrumentos relacionados con la gestión climática del país.

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La rectoría y administración del registro permanecerán bajo la Autoridad Ambiental Nacional.

El proyecto también establece reglas para los instrumentos de cooperación climática y los mecanismos de carbono, herramientas que buscan incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Ecuador.

Autoridad Ambiental Nacional debe emitir la normativa secundaria para organismos

Según el texto aprobado, la Autoridad Ambiental Nacional deberá emitir la normativa secundaria para regular tanto el funcionamiento del Registro Nacional de Cambio Climático como la implementación del Comité Interinstitucional y de los mecanismos de carbono.

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Para ello se fija un plazo máximo de 360 días contados desde la publicación de la ley en el Registro Oficial.

La reforma incorpora, además, disposiciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y el tratamiento de las pérdidas y daños provocados por fenómenos extremos.

El correísmo cuestionó la reforma ambiental

Durante el debate, la asambleísta Katherine Pacheco, ponente del proyecto, sostuvo que el país necesita un marco legal actualizado para responder de manera más eficaz a fenómenos como sequías, inundaciones e incendios forestales, que afectan a la población, la infraestructura y la producción agrícola.

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No obstante, la iniciativa generó cuestionamientos por parte de la Revolución Ciudadana. Sus legisladores advirtieron que algunos artículos podrían permitir la participación de actores privados en la operación del Registro Nacional de Cambio Climático y expresaron dudas sobre el manejo de la información y de los mecanismos vinculados al mercado de carbono.

Desde la bancada oficialista se rechazaron esas interpretaciones y se defendió que la rectoría y el control seguirán en manos del Estado.

Lo que debes saber

• La exasambleísta Geraldine Weber anunció su precandidatura a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO.
• El binomio de Weber será Isaac Germán Solís Tómala.
• Weber inscribirá su candidatura a la Prefectura del Guayas este jueves 6 de agosto a las 15:00 en la Delegación Provincial Electoral del Guayas.

La exasambleísta Geraldine Weber anunció su candidatura a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO para las elecciones seccionales de noviembre próximo.

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Weber confirmó a EXPRESO que Isaac Germán Solís Tomalá será su compañero de fórmula en la carrera por la Prefectura del Guayas

La exlegisladora informó que este jueves 6 de agosto, a las 15:00, inscribirá su candidatura en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, ubicada en la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil.

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CNE y TCE alertan sobre intentos de intimidación contra sus autoridades

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Geraldine Weber: "Nuestra provincia tiene un potencial enorme"

La precandidatura marcará el regreso de Weber a una papeleta electoral, tras haber obtenido una curul en la Asamblea Nacional en 2021.

"Lo que me animó a ser candidata a la Prefectura del Guayas fue recorrer sus cantones, escuchar a su gente y comprobar que nuestra provincia tiene un enorme potencial, pero también muchas necesidades olvidadas", manifestó Weber a EXPRESO este miércoles 5 de agosto.

Y siguió: "Ver de cerca la realidad de los agricultores, ganaderos, emprendedores, mujeres y jóvenes me hizo entender que no basta con señalar los problemas: hay que dar un paso al frente para servir, crear oportunidades y devolverle la esperanza al Guayas".

Política

Elecciones Seccionales 2026: CNE recuerda los requisitos para inscribir candidaturas

Flor Layedra Torres

Weber dejó el Partido Social Cristiano en el 2023

En 2021, Weber fue elegida asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, en mayo de 2023 dejó esa bancada al afirmar que había perdido la confianza en esa organización política.

Su salida se registró en medio del juicio político del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO.

Política

Daniel Noboa y Javier Milei: ¿cuáles son los temas que abordarán y los acuerdos que firmarán?

Agencia EFE

Más allá del protocolo, el encuentro busca abrir una nueva etapa de cooperación entre ambos gobiernos, con acuerdos previstos en áreas que van desde la seguridad hasta el intercambio comercial.

La Secretaría de Comunicación difundió la agenda que cumplirá el jefe de Estado argentino durante su permanencia en el país. La jornada estará concentrada en ceremonias oficiales, una reunión privada entre mandatarios y la suscripción de instrumentos bilaterales.

La agenda oficial de Milei en Quito

El primer acto de la visita será la ceremonia de bienvenida en honor al presidente argentino. Después vendrá el encuentro entre las delegaciones de ambos países y la reunión bilateral entre Milei y Noboa.

La agenda establecida para el jueves 6 de agosto de 2026 es la siguiente:

Internacional

Milei va por el Banco Central y propone cerrar la Administración si hay déficit fiscal

Agencia EFE

Una reunión marcada por la cooperación regional

El encuentro entre Noboa y Milei ocurre en un contexto en el que ambos gobiernos han mostrado interés en fortalecer alianzas en materia de seguridad, economía y cooperación institucional.

La visita del mandatario argentino se desarrollará en una jornada corta, pero con una agenda concentrada en compromisos bilaterales que buscan dejar acuerdos concretos entre Ecuador y Argentina.

Guayaquil

El millonario contrato de publicidad que Prefectura del Guayas pretende adjudicar previo a El Niño

Carlos Isaac Pino

Un solo contrato supera el rubro de 2025

Bajo este paraguas legal, la máxima autoridad invitó de forma directa a una sola empresa: Publicidad de Medios Publimedios S.A., la cual presentó una oferta que coincide exactamente, al centavo, con el presupuesto referencial. Esta misma empresa ya había sido seleccionada en 2024 para un contrato de pauta radial por $705.000, una cifra significativamente menor al actual proceso.

El contraste presupuestario es evidente al revisar la ejecución del año anterior. En 2025, la Prefectura destinó $1’567.833,96 a gastos de publicidad, un monto que fue distribuido entre decenas de canales de televisión, medios impresos y digitales. Es decir, este único contrato de casi $4 millones supera en más del doble lo que la institución invirtió en toda su pauta publicitaria en un año completo.

Cifras atípicas frente al historial

Para el magíster Juan Fernando Merchán, docente y experto en contratación pública, el valor propuesto para un solo contrato resulta "atípico y carece de razonabilidad comparativa". "No se considera un valor realista ni proporcional a la dinámica de gasto", argumenta el especialista.

Según explica el experto, las cifras extraídas del historial de compras del Gobierno Provincial durante 2025 muestran una clara desproporción:

Más allá de la magnitud del gasto, el expediente presenta vacíos procedimentales. La Prefectura justificó la elección de Publimedios S.A. argumentando que su propuesta era la de menor valor al compararla globalmente con las proformas de Beta Creative ($4.149.500,00), Digifilms ($4.355.140,00) y Mediterráneo Comunicación ($4.151.650,00).

Sin embargo, Merchán advierte que el documento oficial carece de precios unitarios por producto. Esta omisión impide determinar con precisión el cumplimiento del estudio de mercado exigido por el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El especialista también cuestiona que la entidad sustente la adjudicación bajo el criterio del “mejor valor por dinero”, sin definir en los Términos de Referencia cómo será evaluado. "Es una afirmación que carece del sustento técnico exigido por la normativa", sostiene.

A las falencias técnicas se suma la estructuración de la propia oferta. Noel Batista, experto en administración pública, subraya que el Régimen Especial en comunicación es muy observado por organismos de control debido a la nula concurrencia. Sobre la propuesta de Publimedios S.A., Batista lanza una advertencia clara: "Una oferta que iguala el presupuesto referencial al centavo es un indicador clásico de una posible filtración de información previa o de ausencia de competencia real".

Disparidad con la inversión social y la obra pública

El peso financiero de este proceso también levanta cuestionamientos sobre las prioridades administrativas. Como referencia, la Prefectura destinó $9’886.260 al eje social durante los doce meses del año pasado. La actual administración transitoria gastará en publicidad y redes sociales, en un plazo de apenas 304 días, el equivalente a casi la mitad de lo invertido en materia social en un año completo.

Guayaquil

Prefecto del Guayas defiende su equipo ligado al Gobierno y a Jairala: "Son amigos de la infancia"

Carlos Isaac Pino

Para Fernando León, docente de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), priorizar este gasto envía un mensaje equivocado. "La gente se pregunta si su barrio se va a inundar, si ya se limpiaron los canales, pero en el imaginario se crea la visión de que hay dinero para publicidad y no para prevenir. Hoy es un despropósito destinar cuatro millones de dólares a publicidad cuando la gente necesita obras", enfatiza el académico. 

Aunque la politóloga Andrea Endara reconoce que el contrato podría justificarse si su objetivo fuera estrictamente preventivo para advertir sobre El Niño, concluye que dada la escasez económica mencionada por el propio prefecto, "sí resulta un poco excesivo invertir esa cantidad solo en publicidad".

A la espera de una justificación de Prefectura

Este Diario solicitó vocería oficial a la Prefectura del Guayas sobre el valor de este contrato y su justificación técnica. No hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Lo que debes saber

• Colaboración clave en Las Malvinas: Un comandante militar entregó información crucial que permitió condenar a 11 militares a 34 años.
• Falta de información estatal: El CDH denuncia que el Ministerio de Defensa niega datos sobre 53 casos de desaparición forzada.
• Aumento crítico de desaparecidos: Los casos sin resolver pasaron de 447 a 854 en dos años, revelando un incremento del 91 %.

Los responsables de la tragedia de los niños de Las Malvinas pudieron ser condenados gracias a que un comandante militar que participó en el operativo en el que los cuatro adolescentes fueron detenidos antes de desaparecer, entregó toda la información que conocía a los equipos de investigación de la Fiscalía. Según estableció posteriormente la sentencia de primera instancia, los menores fueron entregados a un grupo de delincuentes que terminó asesinándolos. El comandante proporcionó a los fiscales los detalles que permitieron reconstruir lo ocurrido. Lo hizo de inmediato y sin consultar a sus superiores. Es decir, actuó conforme a lo que le dictaban su deber legal y moral. Gracias a esa colaboración, el oficial no fue procesado, mientras que otros once militares fueron condenados a 34 años de prisión.

Justicia

Ministerio de Defensa bloquea información clave sobre desapariciones en Ecuador, denuncia CDH

Richard Josue Jimenez Mora

Denuncias del CDH sobre desaparición forzada en Ecuador

Lo insólito es que, según Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), desde ese episodio los militares han dejado de colaborar con las investigaciones sobre otros casos de desaparición en los que existen indicios de que las víctimas estuvieron bajo custodia militar antes de perderse su rastro. Bastias sostiene que ya son 53 casos en los que el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar información solicitada por la Fiscalía. Tampoco la habría proporcionado a la mesa de diálogo creada por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante esa negativa, la Comisión presentó una medida cautelar para que el Estado ecuatoriano adopte medidas que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas y la entrega de información relevante. Según Bastias, el Ministerio de Defensa justifica su negativa señalando que el presidente Daniel Noboa y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, prohibieron proporcionar esa información.

Patrones de detención y violaciones a los derechos humanos

El CDH sostiene que los casos documentados presentan un mismo patrón: personas detenidas por patrullas militares durante operativos, incomunicación posterior, ausencia de registros oficiales sobre la detención y falta de información acerca de su paradero. Según la organización, existen indicios suficientes para presumir la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en varios de esos casos. Incluso afirma que, en algunos expedientes, los propios militares reconocen haber detenido a las personas, aunque aseguran haberlas liberado posteriormente. Para Bastias, aun si esa versión fuera cierta, la detención sin registro oficial y la posterior negativa a informar sobre el destino de esas personas podrían configurar el delito de desaparición forzada, conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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HRW pide investigar la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Obstáculos institucionales en las investigaciones de la Fiscalía

El CDH también cuestiona que muchas de estas denuncias hayan sido investigadas inicialmente como desapariciones involuntarias y no como presuntas desapariciones forzadas, lo que, según la organización, retrasó diligencias fundamentales durante las primeras horas de búsqueda. A ello se suma, afirma, la falta de unidades especializadas y de recursos suficientes para investigar este tipo de delitos.

Crecimiento alarmante de las personas desaparecidas en Ecuador

Pero la tragedia de las desapariciones forzadas (es decir, aquellas en las que presuntamente participaron agentes del Estado) forma parte de un fenómeno mucho más amplio que hoy se ha convertido en uno de los dramas más graves que enfrenta el país: el crecimiento sostenido del número de personas desaparecidas y, sobre todo, de aquellas que jamás vuelven a ser encontradas.

Estadísticas de desaparición y cifras sin resolver

Ecuador registra cada año entre 7.000 y 8.000 denuncias de desaparición, pero el verdadero drama no está únicamente en cuántas personas desaparecen, sino en cuántas nunca regresan. En apenas dos años, los casos que permanecían sin resolverse pasaron de 447 en 2023 a 854 en 2025. Un incremento del 91 % que revela un deterioro alarmante en la capacidad del Estado para encontrarlas. Aunque las cifras de 2026 aún no están consolidadas, los datos parciales muestran que la tendencia continúa.

Impacto social e impunidad en el sistema estatal

La proporción de desapariciones que permanecen sin resolver prácticamente se duplicó: pasó del 5,7 % de las denuncias en 2023 al 11,4 % en 2025. En otras palabras, la probabilidad de que una persona desaparecida nunca sea hallada (ni viva ni muerta) es hoy casi el doble que hace apenas dos años.

Ese deterioro tiene consecuencias que van mucho más allá de las estadísticas. Cada caso sin resolver representa una familia atrapada en una incertidumbre permanente y un Estado que pierde capacidad para responder a una de sus obligaciones más básicas: encontrar a quienes desaparecen. Además, las cifras son un indicador de la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y buscar a las víctimas. Cuando aumenta el porcentaje de personas cuyo paradero nunca se esclarece, también crece la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades.

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Impacto social e impunidad en el sistema estatal

Ecuador todavía no registra los niveles históricos de desapariciones de países que han vivido conflictos armados prolongados o décadas de violencia criminal, como México, donde existen más de 130.000 personas desaparecidas, o Colombia, cuya cifra histórica ronda las 100.000. Sin embargo, la evolución ecuatoriana resulta especialmente preocupante. El rápido incremento de la violencia asociada al crimen organizado parece ir acompañado de un aumento sostenido de los casos que permanecen sin resolver, una tendencia que, de consolidarse, podría convertir las desapariciones en uno de los mayores desafíos humanitarios y de seguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas.

Lo que debes saber

• La Fenocin afirma que aún no ha decidido convocar a un paro.
• El 22 de agosto realizará un congreso nacional para definir acciones.
• El 29 de agosto está prevista una asamblea de organizaciones sociales.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) aseguró que aún no ha definido medidas de hecho por el incremento de las tarifas del transporte intra e interprovincial. Su presidente, Guido Perugachi, informó que la decisión será adoptada por las bases durante un congreso y una asamblea previstos para agosto, donde también se evaluará la posibilidad de impulsar un diálogo con el Gobierno.

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Perugachi sostuvo que la organización no ha convocado a un paro y criticó que se haya interpretado de esa manera su posición. "Nosotros no estamos en este momento aun diciendo vamos a un paro", afirmó, al insistir en que la dirigencia únicamente actuará como vocera de lo que resuelvan las organizaciones sociales.

Las bases decidirán si buscan un diálogo

Perugachi explicó que la Fenocin convocará primero a un congreso y posteriormente a una asamblea con organizaciones sociales para definir la postura frente al incremento de los pasajes del transporte intra e interprovincial. Reiteró que la dirigencia no impondrá medidas y que actuará como vocera de las resoluciones que adopten las bases.

El dirigente señaló que, si las organizaciones resuelven buscar un acercamiento con el Ejecutivo, la Fenocin respaldará esa decisión. "Si las organizaciones sociales dicen que hay que dialogar con el Gobierno, dialogamos", expresó, aunque insistió en que ese proceso debe darse de manera pública.

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Cuestionan la falta de diálogo del Gobierno

El presidente de la Fenocin sostuvo que el Gobierno no ha mostrado voluntad para dialogar con las organizaciones sociales y, en cambio, ha optado por imponer decisiones. Además, aseguró que persisten problemas relacionados con el costo de la canasta básica, la salud, la educación y la seguridad, sin que, a su criterio, existan respuestas suficientes por parte del Ejecutivo.

Perugachi informó que el congreso nacional de la Fenocin se realizará el 22 de agosto, mientras que el 29 de agosto se desarrollará una asamblea autoconvocada por diversas organizaciones sociales. Indicó que en esos espacios se resolverán las acciones que impulsarán y reiteró que la organización "se manda de abajo hacia arriba", por lo que las decisiones corresponderán a sus bases.