Lo que debes saber 

• La izquierda ecuatoriana no ha sido un bloque homogéneo, sino un conjunto de corrientes con orígenes, bases sociales y proyectos políticos distintos.
  
• Las principales diferencias entre el correísmo, Pachakutik y las organizaciones tradicionales de izquierda surgieron por sus visiones contrapuestas sobre el modelo económico, el extractivismo y la representación política.
  
• Como resultado, la izquierda llega nuevamente a un proceso electoral fragmentada, con presencia territorial y capacidad de movilización, pero sin una articulación que le permita actuar como un solo bloque.

El principal adversario histórico de la izquierda ecuatoriana nunca fue la derecha. Fue otra izquierda.

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En Ecuador ha habido un partido socialista desde 1926 y un partido comunista desde 1931, un movimiento indígena capaz de derribar presidentes, una corriente insurgente urbana en los ochenta y un gobierno de una década que se llamó a sí mismo Socialismo del Siglo XXI. ¿Existe realmente una izquierda en este país, o solo una sucesión de proyectos que se llamaron de izquierda sin lograr nunca sumarse entre sí?

Han existido al menos tres tipos de izquierda. 

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Conviene, sin embargo, no confundir esa historia de desencuentros con una ausencia lisa y llana. Decir que en Ecuador ‘no hay izquierda’ es tan impreciso como decir que está unificada. Lo que hay es una izquierda atomizada, repartida en organizaciones que siguen vivas.

En términos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, esas corrientes nunca respondieron al mismo clivaje social. Unas se organizaron alrededor del conflicto capital-trabajo, mientras otras surgieron desde identidades territoriales y étnicas que obedecían a una lógica distinta.

Durante el siglo XX coexistieron distintas tradiciones de izquierda: la socialista (PSE), la comunista (PCE), la maoísta (MPD, hoy Unidad Popular) y la insurgente (¡Alfaro Vive, Carajo!, luego incorporada a la política legal).

Y cuando la izquierda finalmente llegó a Carondelet, en 2007, no lo hizo de la mano de ninguno de estos partidos. Llegó con un ‘outsider’ tecnocrático, Rafael Correa, que construyó su proyecto en buena medida marginando a esa tradición partidaria centenaria.

La izquierda ecuatoriana en la actualidad

La única fuerza de izquierda que hoy conserva arraigo territorial sostenido es Pachakutik. Su base no es la clase obrera, sino las comunidades indígenas y campesinas, lo que demuestra que la izquierda con mayor capacidad de movilización terminó siendo la más distante de la tradición de izquierda clásica.

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Pero que Pachakutik haya sobrevivido tampoco resolvió el problema central. Más bien hizo visible que cada izquierda nació para representar un clivaje social distinto.

El proyecto de Rafael Correa financió la expansión del Estado mediante la renta petrolera y minera, mientras Pachakutik construía su identidad política sobre la defensa de los territorios donde esa explotación ocurría.

Esa contradicción se expresó en conflictos como el Yasuní-ITT y la expansión de la megaminería. El correísmo y Pachakutik se distanciaron porque el modelo económico del primero chocaba materialmente contra la base social del segundo.

Ese distanciamiento no explica por sí solo la imposibilidad de unir a las izquierdas. Más bien, vuelve visible un problema mucho más antiguo. Desde el FADI hasta el acuerdo entre Pachakutik y Revolución Ciudadana en 2025, los distintos intentos de unidad han tropezado con el obstáculo de reunir corrientes que, aunque compartan una identidad de izquierda, nacieron para representar distinciones, incluso contradictorias.

En ese contexto, la unión de las izquierdas se volvió todavía más compleja. El correísmo no solo mantuvo profundas diferencias con Pachakutik alrededor del extractivismo; también gobernó enfrentado a organizaciones históricas de la izquierda como el MPD, la UNE y otros sectores sindicales que habían formado parte de esa tradición política.

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Para unos, representó un proyecto de capitalismo de Estado; para otros, una izquierda que terminó reproduciendo prácticas que antes cuestionaba. Así, la corriente que durante años concentró el mayor caudal electoral de la izquierda nunca terminó de ser reconocida como el eje articulador del resto.

De hecho, la única ocasión en que pudo hablarse de una izquierda relativamente unificada en Ecuador fue, paradójicamente, en oposición al correísmo. En 2012, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por más de catorce organizaciones, postuló a Alberto Acosta, fundador de la hoy suspendida RC y luego uno de sus principales críticos. La convergencia de esas fuerzas no se construyó alrededor del correísmo, sino alrededor de su ruptura con él.

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No sorprende, entonces, que las seccionales encuentren a la izquierda en su peor momento de dispersión. Es, otra vez, la fotografía de una izquierda que existe, que compite y que incluso conserva fuerza en distintos territorios, pero que llega a cada cita electoral como un archipiélago y no como un bloque.

Las claves que debes saber

• PSC pierde candidaturas clave en Samborondón y Daule tras renuncias sin explicación en plena campaña.
• Andrés Roche vincula las salidas a presuntas presiones de organismos estatales durante el proceso electoral.
• Renuncias benefician a rivales del oficialismo y reavivan dudas sobre la transparencia de las elecciones seccionales.

¿Qué origina la ola de renuncias de los candidatos socialcristianos para estas elecciones seccionales? La semana pasada, sin dar mayores explicaciones, Belén Yúnez depuso su candidatura a la Alcaldía de Samborondón, a pesar de tenerla prácticamente ganada. Este miércoles 22 de julio de 2026, la exasambleísta Zolanda Plúas, esposa del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y aspirante a primera concejal por ese cantón, renunció también a sus pretensiones electorales dejando un vacío difícil de llenar en la lista socialcristiana.  

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Ayer, el propio candidato a alcalde de Daule, Oswaldo Pantaleón, se retiró de la contienda. A estos casos, el candidato a alcalde de Guayaquil, Andrés Roche, añade uno más: el de Jan Topic, que debería estar ocupando su lugar pero se abstuvo de participar: “Una serie de hechos -describió Roche en un video que publicó ayer en sus redes sociales- que por su coincidencia con época electoral generan graves inquietudes”. 

No necesita decir más: nadie duda de que la mano del gobierno se esconde tras esta deserciones.

El impacto para el PSC

Lo de Samborondón fue un golpe irreparable para el PSC. “Un terremoto”, dijeron los principales cuadros del partido. Con Belén Yúnez, el socialcristianismo aspiraba a prolongar por cuatro años más su control político sobre el cantón, que se extiende ya por tres decenios. Ella es hermana de Juan José Yúnez, el actual alcalde que se encuentra por terminar su segundo mandato. 

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Ambos son hijos de José Miguel, que gobernó la ciudad durante cinco períodos consecutivos desde 1996. Sin embargo, a los pocos días de conocida la postulación de Niels Olsen para ese mismo cargo en representación del oficialismo, Belén Yúlez presentó inexplicablemente su renuncia a la candidatura. ¿Coincidencia?

El caso es rarísimo: Yúnez se había sometido a demasiados pasos para la selección, calificación e inscripción de su candidatura, con la dedicación y el empeño que tal procedimiento exige y los compromisos que acarrea ante la estructura de su partido, como para que un buen día decida, simplemente, “poner una pausa”. Así, sin más. 

Lo dijo en la carta que dirigió al Tribunal Provincial Electoral del Guayas para anunciar su voluntad de deponer su candidatura: había pasado por lo más difícil del proceso, estaba a punto de participar en las elecciones y ganarlas pero, de pronto, decidió “poner una pausa”. Que no había sido una decisión sencilla, dijo. 

Las excusas de los candidatos del PSC

En realidad, se trata de una decisión no ya difícil sino inverosímil. En cuanto a Plúas y Pantaleón, de Daule, más de lo mismo: ambos se limitan a pretextar “motivos de índole personal” (“estrictamente personal”, dice Plúas, apostando vanamente por el énfasis), como si las consecuencias de su decisión lo fueran. Explicaciones que nada explican.

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“¿Qué está sucediendo?”, se pregunta Andrés Roche en su video, transmitiendo la sensación de que conoce la respuesta. “¿No merecen ustedes explicaciones claras cuando coinciden injerencias, investigaciones reservadas, operativos o actuaciones institucionales que terminan eliminando o absorbiendo candidaturas y afectando el normal desarrollo del proceso electoral? 

Las instituciones del Estado no deben ni pueden ser utilizadas para resolver un problema de votos, eliminando otras candidaturas”. Una curiosidad: cuando publicó ese video eran las 6 de la mañana del jueves, Pantaleón no había anunciado todavía su renuncia a la candidatura para la alcaldía de Daule pero Roche se adelantaba ya al desenlace y hablaba de “la situación que está enfrentando”.

Las presiones del Gobierno

¿Qué situación es esa? Está clarísimo: presiones de las instituciones del Estado. No es difícil adivinar cuáles: el SRI y los organismos de control.

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“Casi todos los saben, muchos lo comentan pero pocos se atreven a decirlo en voz alta”, empieza diciendo Roche, que tampoco se atreve. Estamos ante el uso sistemático de los organismos del Estado que se encuentran bajo el férreo (e ilegítimo) control del Ejecutivo, para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o… Absorberlos, como dice Roche. 

¿No es precisamente una absorción lo que acaba de ocurrir en la provincia de El Oro? Clemente Bravo, prefecto aspirante a la reelección por el movimiento provincial Sur, ha sido cooptado por ADN, ha cambiado de camiseta de la noche a la mañana y este miércoles estaba inaugurando obras (obras de su propia prefectura) de la mano del presidente de la República, que se llevaba la mitad del crédito.

Se suponía que las reformas que permiten el reemplazo de candidatos estaban pensadas para situaciones extraordinarias. Pero con el uso electoral de los organismos de control que está haciendo este gobierno, se han convertido en la clave de una estrategia para tumbar candidaturas. 

Ahora se hacen primarias para dar paso a un auténtico juego de las sillas en el que los participantes salen eliminados “por estrictas razones personales”. Aquí ni siquiera hay quien se atreva a denunciar la manipulación de la que fue víctima. 

El gobierno ha encontrado la fórmula para sacar provecho de la feria de rabos de paja que son las elecciones y los partidos no parecen tener antídoto contra eso. Es el control electoral en la república de los truhanes.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Soberanía y Seguridad recibió aportes de la Policía Nacional, la Procuraduría y el sector bananero para fortalecer el proyecto.
• Entre las propuestas destacan ampliar los plazos de flagrancia, reformar el delito de terrorismo y reforzar la lucha contra las economías ilícitas.

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral retomó este 23 de julio el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformadora a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocida como Ley Antimafias. En la sesión participaron la Policía Nacional, la Procuraduría General del Estado y representantes del sector exportador, quienes presentaron observaciones para reforzar el texto antes de la elaboración del informe.

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El primer bloque de aportes estuvo a cargo de la Policía Nacional, que presentó un paquete de 45 reformas a distintos cuerpos legales. La institución sostuvo que la propuesta legislativa actualmente modifica 14 artículos, pero consideró necesario ampliar su alcance para enfrentar de forma más efectiva las estructuras criminales que operan en el país.

"Es necesario combatir al crimen organizado y, sobre todo, quitarles su herramienta: el poder económico. Hacia eso va destinada la orientación que tenemos como Policía Nacional", afirmó el director de la Academia de Ciencias Policiales, coronel Santa María, al cerrar su exposición ante los legisladores.

Policía propone ampliar la flagrancia y reformar el delito de terrorismo

Uno de los principales planteamientos fue modificar el plazo de flagrancia. La Policía explicó que las actuales 24 horas resultan insuficientes para recopilar pruebas en investigaciones complejas, especialmente en casos con múltiples víctimas, por lo que planteó extender ese tiempo al menos a 36 horas, tomando como referencia estándares internacionales.

"Es necesario cambiar esto. No depende de la Policía, depende de todo el sistema estructural del Estado", señaló el oficial, al recordar un caso ocurrido en Nueva Prosperina, donde cuatro sospechosos fueron liberados tras vencer el plazo legal sin que la investigación pudiera completarse.

La institución también propuso actualizar el delito de terrorismo para adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Argumentó que actualmente las organizaciones criminales utilizan explosivos para generar miedo y controlar territorios con fines económicos, por lo que consideran necesario incorporar ese fenómeno dentro de la legislación vigente.

"El concepto tiene que evolucionar y justamente lo hemos actualizado a la realidad ecuatoriana", sostuvo el expositor, quien además planteó fortalecer las normas sobre allanamientos, precursores químicos, robo de hidrocarburos y designación de jueces especializados en crimen organizado.

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Economía criminal y respaldo para la fuerza pública

Durante la exposición, la Policía advirtió que el crimen organizado tendría un impacto económico equivalente a miles de millones de dólares cada año. Según los datos presentados, el narcotráfico, el robo de combustibles, las perforaciones a poliductos y el uso creciente de explosivos reflejan el fortalecimiento financiero de las organizaciones delictivas.

El oficial también pidió respaldo jurídico para los agentes que actúan bajo la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, aunque aclaró que ese respaldo debe ir acompañado de sanciones más severas para policías o militares que participen en actividades ilícitas.

"Así como pedimos respaldo, también pedimos sanciones más severas a los policías y militares que se vean inmersos en delitos de narcotráfico, minería ilegal, robo de combustibles y demás", enfatizó durante la comparecencia.

Procuraduría plantea ajustes a la extinción de dominio

La Procuraduría General del Estado respaldó el proyecto de ley, aunque presentó observaciones puntuales relacionadas con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El organismo propuso restringir los criterios para entregar temporalmente bienes incautados a entidades privadas sin fines de lucro.

El delegado Abelardo Albornoz explicó que la redacción actual es demasiado amplia y recomendó limitar esos bienes únicamente a organizaciones cuya finalidad esté vinculada con áreas como educación, salud, deporte o vivienda, garantizando así un verdadero beneficio social.

"Esta definición es muy amplia a nuestro criterio y debería restringirse a entidades con una finalidad social específica", señaló el representante de la Procuraduría.

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Sector bananero pide corresponsabilidad en la cadena logística

La Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador también respaldó la Ley Antimafias, aunque solicitó que las investigaciones por contaminación de carga alcancen a todos los actores de la cadena logística y no únicamente a los exportadores.

José Antonio Hidalgo explicó que el banano representa cerca del 66 % de las exportaciones ecuatorianas y que siete de cada diez contenedores que salen del país corresponden a este producto, por lo que el sector enfrenta constantemente casos relacionados con narcotráfico.

"Una ley antimafia fortalecida tiene que ir hasta el último eslabón de investigación de todas las estructuras criminales, no al primero", manifestó Hidalgo ante la comisión.

Los exportadores propusieron incorporar la trazabilidad obligatoria de toda la cadena logística, proteger el debido proceso para trabajadores investigados, aplicar medidas cautelares proporcionales y fortalecer la corresponsabilidad de los puertos en el control de la carga contaminada.

Al finalizar la sesión, la presidenta de la comisión señaló que las observaciones recibidas servirán para fortalecer el informe del proyecto de Ley Antimafias, cuya discusión continúa en territorio con el objetivo de robustecer las herramientas legales contra el crimen organizado.

Lo que debes saber

• La sesión solemne por los 491 años de fundación reunió a autoridades y homenajeó a figuras destacadas de distintos ámbitos.
• Esteban Torres resaltó el papel histórico de la ciudad y llamó a impulsar su desarrollo.
• Además, se entregaron reconocimientos a empresarios, educadores, deportistas, médicos, periodistas e instituciones.

La Asamblea Nacional realizó este miércoles una sesión solemne por los 491 años de fundación de Guayaquil, desarrollada en la Universidad Ecotec. Durante el acto, el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, encabezó la ceremonia en la que se exaltó la historia de la ciudad y se entregaron reconocimientos a instituciones y ciudadanos destacados por sus aportes al país.

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En su discurso, Torres afirmó : "El mayor homenaje que podemos rendir a Guayaquil no consiste únicamente en recordar su historia fundacional y su gesta libertaria, sino en asumir el compromiso de construir las condiciones para que continúe liderando el desarrollo nacional", sostuvo el presidente encargado de la Asamblea.

Esteban Torres destacó la historia y el papel de Guayaquil

Durante su intervención, el legislador recordó las palabras del escritor Juan Montalvo, quien calificó a los guayaquileños como un "pueblo de valientes", y señaló que la ciudad ha sabido reinventarse a lo largo de casi cinco siglos. También recordó que Guayaquil fue la primera ciudad en contar con un reglamento constitucional tras la independencia de 1820.

Torres aseguró que la ciudad continúa siendo uno de los principales ejes productivos del Ecuador gracias a su puerto, su sector empresarial y la capacidad de sus ciudadanos para superar crisis y desafíos.

"Hoy, esa misma capacidad para superar desafíos debe inspirarnos a seguir construyendo un Ecuador más seguro y competitivo", expresó.

El presidente encargado también vinculó ese proceso con la visión del Gobierno de Daniel Noboa y sostuvo que el crecimiento del país debe construirse "mirando hacia adelante, con valentía y con orgullo de nuestra historia".

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Asamblea entregó reconocimientos a ciudadanos e instituciones de Guayaquil

Durante la ceremonia, el Legislativo otorgó acuerdos y condecoraciones a instituciones y personalidades por sus aportes en educación, salud, deporte, cultura, periodismo, empresa, acción social y servicio comunitario.

Entre los principales reconocimientos constaron:

Los homenajeados agradecieron las distinciones

En representación de los condecorados, la doctora María Leticia Ortega de Moral dedicó buena parte de su intervención a recordar la figura de Matilde Hidalgo de Procel, resaltando su legado como la primera mujer médica del Ecuador, la primera en ejercer el voto femenino y pionera en la participación política del país.

"Quiero solicitarle al Congreso Nacional tomar en consideración que en el claustro legislativo pueda estar pintado el rostro de la Dra. Matilde Hidalgo de Procel para que la educación en el país sea la columna vertebral de nuestro querido Ecuador", manifestó.

Posteriormente intervino el periodista deportivo Gerardo España, quien habló en representación de todos los homenajeados y agradeció el reconocimiento recibido durante la ceremonia.

"Recibir esta distinción en nombre de quienes hoy somos homenajeados constituye un inmenso privilegio y honor, pero sobre todo una enorme responsabilidad", expresó.

España destacó que detrás de cada reconocimiento existen historias de maestros, médicos, empresarios, deportistas, periodistas e instituciones que han aportado durante décadas al desarrollo de Guayaquil. Además, afirmó que la ciudad continúa distinguiéndose por valorar el esfuerzo y el trabajo de sus habitantes.

"Guayaquil no se define únicamente por sus calles, su río o su puerto; se define por el carácter de sus ciudadanos", señaló durante su intervención.

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La ceremonia concluyó con una presentación cultural

La sesión solemne finalizó con la participación del coro infantil de la Unidad Educativa Lemas, cuyos integrantes interpretaron canciones dedicadas a Guayaquil como parte del cierre de la conmemoración por los 491 años de fundación de la ciudad.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto que regula las técnicas de reproducción humana asistida.
• El texto incorpora cambios sobre bioética, filiación, sanciones y supervisión. El documento pasará ahora al Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte aprobó este jueves 23 de julio el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, con seis votos a favor, cuatro abstenciones y ningún voto en contra. La propuesta continuará ahora su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que fracasara un pedido de reconsideración de la votación.

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La sesión 157, realizada de forma presencial en el campus Guayaquil de la Universidad Ecotec y presidida por el asambleísta Juan José Reyes Vázquez, se centró exclusivamente en el análisis del articulado del proyecto, que responde a un mandato emitido por la Corte Constitucional para dotar al país de una normativa sobre reproducción humana asistida.

Antes del debate, la asesora de la comisión, Sofía Añazgo, explicó que el informe fue fortalecido respecto al primer debate y ahora contiene 78 artículos, además de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y una disposición final. Según indicó, el objetivo es establecer reglas para estas técnicas bajo parámetros de seguridad jurídica, bioética y protección de derechos.

¿Qué cambios incorpora el proyecto de ley sobre reproducción humana asistida?

Añazgo señaló que el proyecto regula a quienes intervienen en estos procedimientos: solicitantes, donantes, personal de salud y personas nacidas mediante reproducción humana asistida. También precisó que podrán acceder únicamente personas mayores de edad, ecuatorianas o extranjeras con residencia permanente, previo consentimiento libre e informado.

"Lo que busca es regular las prácticas, técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, todo esto bajo estándares de calidad, de bioética y de vigilancia sanitaria con respeto a la autonomía de la voluntad, la dignidad humana e igualmente el proyecto de vida de las personas y familias", explicó la asesora técnica.

La funcionaria detalló que se mantiene la autorización para tres técnicas: inseminación artificial, fecundación in vitro y fecundación in vitro con microinyección espermática. Además, permanecen prohibidas la gestación por sustitución, la reproducción asistida post mortem y la clonación con fines reproductivos, mientras que cualquier nueva técnica deberá contar con autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional.

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Derechos, donantes y nuevas sanciones previstas en la propuesta

Entre las modificaciones incorporadas para el segundo debate consta el derecho de las personas nacidas mediante estas técnicas a conocer información médica y características fenotípicas del donante, sin revelar su identidad. Asimismo, se estableció que los donantes no podrán reclamar derechos de filiación sobre los niños concebidos mediante estos procedimientos.

El informe también crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Consejo Consultivo de Reproducción Humana Asistida, instancias que tendrán funciones de trazabilidad, supervisión y asesoría técnica para la formulación de políticas públicas en esta materia.

Añazgo agregó que el régimen sancionador fue reforzado con infracciones leves, graves y muy graves para establecimientos y personal de salud, contemplando desde amonestaciones hasta multas, suspensión de actividades, revocatoria de permisos y clausura de establecimientos.

Política

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Observaciones sobre financiamiento y acceso al sistema público

Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana Blacio Carrión, sostuvo que el proyecto fortalece la seguridad jurídica de quienes recurren a estos procedimientos y protege los derechos de niñas y niños nacidos mediante reproducción asistida. Además, recordó que la propuesta fue unificada con un proyecto relacionado con salud sexual integral.

"Este proyecto de ley establece un marco jurídico para garantizar que quienes decidan acceder a estos procedimientos puedan hacerlo con seguridad y con pleno respeto a sus derechos", manifestó Blacio antes de presentar la moción para aprobar el informe.

En contraste, la asambleísta Victoria Desintonio respaldó el avance de la iniciativa, pero planteó varias observaciones. Advirtió que el texto no establece cómo se garantizará el acceso a estos tratamientos dentro del sistema público de salud, cuestionó la ausencia de financiamiento específico y pidió fortalecer las sanciones relacionadas con la prohibición de la gestación subrogada.

La legisladora también alertó sobre el riesgo de que los procedimientos queden limitados a clínicas privadas si no se desarrollan mecanismos claros para su implementación en hospitales públicos y cuestionó que las multas previstas puedan resultar insuficientes frente a una industria con alta rentabilidad.

Antes de cerrar la sesión, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, aclaró que el objetivo del proyecto no es crear un nuevo derecho, sino cumplir el mandato de la Corte Constitucional para regular estas técnicas.

"Este proyecto de ley no es para garantizar un derecho de reproducción humana asistida... es para regular las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida", puntualizó.

Política

Inés Manzano: "Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión"

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En el apartado sobre recomendaciones, el documento que se pondría a debate en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda: “Al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz”.

El argumento para esa recomendación es que no se logró probar la “existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República”.

El informe borrador indica que existe “una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”.

¿Qué significa que no hubo un nexo causal?

Según el documento, los proponentes del juicio político -Blasco Luna, Mónica Palacios y Lenín Barreto- no lograron demostrar un nexo directo entre las competencias legales de la exministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el Contrato Emergente No. CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002.

El contrato al que se hace referencia tiene que ver con la entrega de los generadores de energía por parte de las empresa uruguaya Austral Technical Management, durante la crisis eléctrica que en 2024 provocó hasta 14 horas diarias de cortes de luz.

Otra de las conclusiones tiene que ver con que quedó acreditado “mediante la prueba de oficio que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16h39 del 9 de octubre de 2024.Según el informe borrador, eso fue horas antes de que el encargo ministerial de Manzano se registrara en el Sistema Minka, lo cual ocurrió a las 18:42.

Política

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¿Qué pasará ahora?

ADN maneja la mayoría en la Comisión de Fiscalización. Eso le permitiría aprobar el informe. Sin embargo, el documento no es vinculante. Esa instancia conocerá el informe pero dependerá del Pleno del  Legislativo el que proceso continúe o se archive. 

Lo que debes saber

• La Comisión de la Niñez recibió los criterios técnicos del Ministerio del Interior sobre las reformas al régimen de adolescentes infractores.
• La cartera advirtió riesgos constitucionales en la ampliación de plazos y pidió reforzar la prevención del reclutamiento y la justicia juvenil especializada.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional recibió este 23 de julio de 2026 los criterios técnicos del Ministerio del Interior sobre el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que modifica las reglas para juzgar a adolescentes en conflicto con la ley. La comparecencia formó parte de la elaboración del primer informe legislativo.

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La primera en intervenir fue Paola Fernanda Escobar Garzón, subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio del Interior y secretaria del Comité para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (COPRUNA). Durante su exposición afirmó: "La participación de adolescentes en infracciones graves y su utilización por grupos delictivos organizados constituye una problemática real y de alta preocupación pública". Sin embargo, precisó que cualquier modificación legal debe observar "el principio de especialidad, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la mínima intervención penal y la finalidad socioeducativa del sistema".

Ministerio del Interior cuestiona ampliar plazos para adolescentes infractores

Uno de los principales puntos analizados fue la propuesta de ampliar de 90 a 180 días el internamiento preventivo para adolescentes infractores. La funcionaria sostuvo que esa modificación podría generar conflictos con la Constitución y con los tratados internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Escobar también observó la propuesta de extender los tiempos de investigación previa y de prescripción de la acción penal. Explicó que si bien existen procesos complejos relacionados con grupos de delincuencia organizada, aumentar automáticamente los plazos podría afectar garantías constitucionales y generar inseguridad jurídica dentro del sistema especializado de justicia juvenil.

Reclutamiento de menores y justicia especializada marcaron el debate

Durante la sesión, el asambleísta Ricardo Patiño consultó sobre la información que posee el Estado respecto al reclutamiento de niños y adolescentes por bandas criminales. En respuesta, la subsecretaria reconoció que Ecuador todavía no dispone de una base de datos única que permita medir el fenómeno de forma integral.

"En nuestro país, lamentablemente, no tenemos un dato integrado específicamente sobre reclutamiento", respondió Escobar. Añadió que el COPRUNA trabaja en consolidar información proveniente de distintas instituciones para construir indicadores, mapas de riesgo y mecanismos de alerta temprana.

La funcionaria explicó que la estrategia nacional contra el reclutamiento identifica factores de riesgo individuales, familiares, escolares y comunitarios, siguiendo el modelo socioecológico de Naciones Unidas. Además, señaló que el comité ya definió un índice de vulnerabilidad que permite priorizar los cantones donde el Estado concentra acciones preventivas frente al crimen organizado.

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En el intercambio con los legisladores, la asambleísta Paola Cabezas planteó que el problema no se limita a endurecer las sanciones, sino a fortalecer las capacidades del Estado para investigar, prevenir el reclutamiento y rehabilitar a adolescentes en conflicto con la ley.

Escobar coincidió con ese enfoque y explicó que las reformas penales, por sí solas, no resolverán el problema. "Ninguna acción aislada ha funcionado en ningún país del mundo frente a un fenómeno tan complejo", manifestó. Agregó que el COPRUNA impulsa una propuesta para reformar 13 cuerpos normativos con el objetivo de fortalecer la prevención del reclutamiento infantil.

La subsecretaria también reveló que actualmente existen dificultades operativas para investigar delitos cometidos por adolescentes vinculados al crimen organizado, debido a que los tiempos procesales resultan insuficientes para la Policía Nacional y la DINAPEN. No obstante, insistió en que cualquier ajuste debe respetar el marco constitucional y la justicia especializada para adolescentes.

Subsecretaría de Rehabilitación Social respalda observaciones al proyecto de ley

Tras la intervención de Escobar, la comisión recibió a Eleonora Salazar Bravo, subsecretaria de Rehabilitación Social y Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, quien respaldó los criterios expuestos previamente por el Ministerio del Interior y explicó que el nuevo viceministerio trabaja en la implementación de una política pública diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley.

La funcionaria recordó que el Viceministerio de Rehabilitación Social fue creado hace aproximadamente un mes y que ya desarrolla modelos específicos de atención para adolescentes infractores, separados del sistema penitenciario de adultos. Según indicó, la política pública aprobada en diciembre de 2025 fija metas relacionadas con nuevos modelos de gestión, atención y rehabilitación.

"Se está trabajando sobre la marcha en este momento, teniendo consideración de que no lo hacemos solos, lo hacemos también con la articulación y la cooperación internacional", señaló Salazar al responder inquietudes de los legisladores sobre las nuevas competencias asumidas por la cartera de Estado.

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Durante su análisis del proyecto, la subsecretaria coincidió en que la propuesta de ampliar el internamiento preventivo y modificar los plazos procesales debe revisarse con mayor rigurosidad para evitar vulneraciones a los principios que rigen la justicia juvenil.

Salazar explicó que extender el internamiento preventivo de 90 a 180 días obligaría también a revisar la capacidad instalada de los Centros para Adolescentes Infractores (CAI), la disponibilidad de espacios diferenciados, equipos técnicos especializados y recursos suficientes para garantizar una atención integral.

"El internamiento preventivo constituye una medida cautelar de carácter excepcional y de aplicación restrictiva", enfatizó. Agregó que ampliar ese plazo "podría afectar el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, así como los principios del interés superior del adolescente, mínima intervención y celeridad procesal".

La funcionaria sostuvo además que las modificaciones sobre prescripción y caducidad deben analizarse considerando las sentencias de la Corte Constitucional y los estándares internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. A su criterio, mantener la normativa vigente ofrece mayores garantías mientras se fortalecen las capacidades institucionales.

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Asambleístas debatieron regulación de abogados y fortalecimiento de la justicia juvenil

Durante el debate, el asambleísta Alejandro Vanegas consultó sobre posibles mecanismos para evitar malas prácticas de abogados que intervienen en procesos de adolescentes vinculados con estructuras criminales y que, según afirmó, buscan provocar la caducidad o prescripción de las causas.

En respuesta, Salazar respaldó la propuesta presentada por el COPRUNA para que quienes ejerzan la defensa de adolescentes infractores cuenten con una certificación especializada registrada ante el Consejo de la Judicatura. "Estos deben ser regulados y capacitados para que su gestión y su defensa sea acorde a la lealtad procesal", manifestó.

Escobar también había explicado previamente que el comité impulsa esa certificación debido a que han identificado defensas privadas que, mediante estrategias procesales, retrasan investigaciones relacionadas con adolescentes utilizados por organizaciones criminales.

Concluidas ambas comparecencias, la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Viviana Veloz, agradeció los aportes presentados por las dos subsecretarias y señaló que los criterios técnicos servirán para la elaboración del primer informe sobre el proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.

Los movimientos que participarán en las elecciones seccionales de 2026 pidieron controles y definiciones claras sobre lo que se considerará campaña anticipada.

Política

Vocal del CNE cuestiona al TCE por Amigo: "Una sentencia debe determinar participación en delito"

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 23 de julio de 2026, en la Delegación Provincial de Pichincha del CNE, se instaló el consejo consultivo. Uno de los puntos del orden del día fue el control de la precampaña y la fiscalización que realiza el organismo electoral.

El director de Fiscalización, Romel Salas, explicó que la precampaña abarca todo acto proselitista realizado antes de la convocatoria oficial. Señaló que el CNE ejerce el control mediante el monitoreo de vías públicas, como vallas y murales, así como de los medios de comunicación, para verificar la propaganda que se difunde.

También enfatizó que el uso de redes sociales con fines electorales debe ser reportado como gasto. Para este proceso, el CNE aplicará por primera vez un monitoreo específico de redes sociales con base en la sentencia 111-2023 del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), especialmente para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los cuestionamientos de las organizaciones políticas

Representantes de varias organizaciones políticas denunciaron que funcionarios públicos estarían realizando campaña anticipada bajo la figura de actividades de "gestión".

Política

Noboa sobre Amigo y RC: "Es como que cuatro ladrones se bajaron de un carro y se subieron a otro"

Daniel Alejandro Romero Páez

Geovanny Atarihuana, de Unidad Popular, dijo: “El CNE debe jugar un papel de fiscalización también en el uso de fondos públicos por parte del gobierno central y eventualmente los gobiernos locales”.

Añadió que hay asambleístas del partido de gobierno que están haciendo promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores y utilizando el color de ADN.

Las organizaciones también pidieron al CNE emitir directrices para los medios de comunicación que permitan identificar cuándo un funcionario actúa en ejercicio de su cargo y cuándo realiza proselitismo político prohibido.

Intermitencias en el sistema

Desde el movimiento CREO también se plantearon alertas sobre el funcionamiento del sistema del CNE para la inscripción de candidaturas. La militante de esa organización, Ana Belén Cordero, señaló que se registraron caídas en la plataforma.

“El sistema presenta muchas intermitencias y es pone en riesgo no solo la participación política sino de os candidatos. Les ruego tener en cuenta esta consideración”, dijo la también exasambleísta.

Lo que debe saber

• La consejera Elena Nájera cuestiona que el CNE deba acatar de forma automática las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral.
• Enrique Pita responde a las críticas de Nájera y defiende que el organismo electoral está obligado a actuar dentro del marco legal.
• El caso reabre el debate sobre las garantías del debido proceso y el impacto de las decisiones del TCE en el desarrollo de las elecciones.

El primer consejo consultivo entre las organizaciones políticas que participarán en las seccionales de 2026 y el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue el escenario para una crítica al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a propósito de la suspensión de movimientos políticos.

Política

Fiscal Carlos Alarcón dice que la suspensión de Amigo fue decisión del TCE, no de la Fiscalía

Flor Layedra Torres

La consejera Elena Nájera dijo que debería abrirse un debate sobre si el CNE debe cumplir “a raja tabla” las decisiones del órgano jurisdiccional de la Función Electoral.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pondera que, cuando las decisiones de un órgano que tiene que revertirse de garantista, todo juez debe garantizar las garantías y vemos que, por el contrario, son ellos los que las están afectando”, dijo Nájera.

Con ello se refirió a que existe un “poder tan omnímodo, tan omnipresente como el TCE que determina un acto irregular que es la violación flagrante del derecho a ser inocente hasta que una sentencia determine lo contrario”.

La intervención de Nájera ocurrió durante el tratamiento del punto relacionado con la cancelación de movimientos políticos. El coordinador de Participación Política del CNE, Marco Peña, expuso que la decisión sobre el movimiento Amigo —que albergaría las candidaturas de la Revolución Ciudadana— se tomó con base en una resolución del TCE.

También intervinieron representantes de organizaciones políticas, como Gustavo Larrea (Futuro) y Geovanny Atarihuana (Unidad Popular), quienes cuestionaron que este tipo de suspensiones se produzcan en medio del desarrollo de un proceso electoral.

En ese contexto, Nájera insistió en que el CNE no votó por el auto de admisión que suspendió a Amigo. “La sentencia es la que debe señalar si, con base en las garantías básicas del debido proceso se ha determinado que esta organización política tuvo o no que ver con un delito”, dijo la vocal.

“Sí me quedo preocupada. Y lo he dicho públicamente: en el Tribunal Contencioso no confío. Además con el agravante de que las personas que lo integran no vienen del proceso de ser jueces con una carrera judicial”, agregó.

Choque directo con Pita

El ahora consejero del CNE y antes vicepresidente del organismo, Enrique Pita, cuestionó lo dicho por Nájera. “No puedo dejar de plantear la inquietud que me da la ligereza, las antojadizas muchas veces propias de personas que están buscando promover imágenes personales cuando afirma, sueltos de huesos, que el CNE estaría por encima del TCE y no hacer caso”.

Según Pita, lo que corresponde es trabajar dentro del marco legal que regula a ambas instituciones. También dijo que no es posible ir más allá de lo planteado por el TCE únicamente con una votación del Pleno del CNE.

Lo que debes saber

• El fiscal aseguró que la Fiscalía no pidió suspender al movimiento Amigo.
• La investigación se originó tras una denuncia por presunto lavado de activos.
• Alarcón negó que exista persecución política o injerencia del Gobierno en su actuación.

El fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, en una entrevista con el portal digital ‘Impacto Informativo’ defendió la actuación de la Fiscalía en el proceso que derivó en la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16. Aseguró que la institución no solicitó la medida, sino que cumplió con la obligación legal de informar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos.

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CNE suspende al movimiento Amigo por orden del TCE y correístas protestan en Quito

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Las declaraciones se producen después de que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutara la suspensión provisional de Amigo, en cumplimiento de una orden del TCE. La medida, adoptada tras una denuncia reservada presentada por la Fiscalía, mantendrá suspendido el registro permanente de la organización política durante nueve meses, según dispuso el juez Patricio Maldonado.

Alarcón explicó que la investigación se inició luego de que una denuncia ingresara a la Fiscalía a través del sistema 1-800-DELITO. Según indicó, esa información fue plasmada en un parte policial que llegó a la Unidad Antilavado de Activos como noticia criminis, dando paso a una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos que involucraría a directivos del movimiento.

El fiscal encargado sostuvo que el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia obliga al fiscal general del Estado a informar al TCE cuando una organización política es investigada por presunto lavado de activos. "Si no hacía conocer este hecho al Tribunal Contencioso Electoral, habría incurrido en una omisión", señaló.

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La suspensión, según Alarcón, fue decisión del TCE

Alarcón insistió en que la Fiscalía no pidió la suspensión del movimiento Amigo. Explicó que la resolución fue adoptada por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes, a su criterio, son los únicos facultados para analizar la información remitida y decidir si corresponde o no aplicar la medida prevista en la legislación electoral.

También rechazó los cuestionamientos sobre el momento en que se notificó al TCE, pocos días antes del cierre del plazo para la inscripción de alianzas y precandidaturas para las elecciones seccionales de noviembre. Según dijo, la Fiscalía actuó de forma inmediata tras conocer la denuncia y no podía esperar otro momento para cumplir con la obligación establecida en la ley.

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Rechaza acusaciones de persecución política

Frente a las críticas del correísmo, que sostiene que existe un patrón similar al aplicado anteriormente contra la Revolución Ciudadana, Alarcón negó que exista una persecución política. Afirmó que la actuación de la Fiscalía depende exclusivamente de la existencia de una denuncia y de una investigación previa, no de la organización política involucrada.

El fiscal encargado también rechazó los señalamientos de que actuaría en coordinación con el Gobierno de Daniel Noboa. Sostuvo que nunca ha mantenido conversaciones con el presidente ni con dirigentes de Acción Democrática Nacional (ADN) y aseguró que las coincidencias en eventos públicos no implican una relación política. 

Lo que debes saber

• Conoce a Emily Vera y su trayectoria política como concejal en funciones de Guayaquil.
• De la dirigencia estudiantil y la Senescyt a su elección en el Municipio de Guayaquil.
• Emily Vera impulsa proyectos sociales y el liderazgo femenino desde las comunidades.

Esta historia forma parte de "Ellas para Ellas: Mujeres que mueven Guayaquil", el especial de EXPRESO por los 491 años de Guayaquil, que reúne a mujeres cuyas ideas, liderazgo y trabajo transforman la ciudad desde distintos ámbitos. En esta entrega, conocemos la trayectoria de Emily Vera, concejal de Guayaquil que impulsa liderazgos femeninos de los barrios, generando cambios sociales que duren en el tiempo.

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El destino la encontró joven. Emily Vera, concejal de Guayaquil, despertó su interés por la política en las aulas y no en las calles. Como hija de una madre que recibía el Bono de Desarrollo Humano, accedió a una beca universitaria gubernamental durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, una oportunidad que le cambiaría la vida.

Su agradecimiento y la convicción de que desde la universidad los conocimientos deben devolverse a las comunidades despertaron su interés por ampliar las oportunidades que ella misma había recibido como joven guayaquileña. Incluso llegó a liderar un frente nacional de estudiantes y becarios para defender la política pública de becas estudiantiles.

Aunque los prejuicios de género nunca faltaron en su camino, Vera resalta que su carácter siempre fue su mayor fortaleza para responder a cualquier intento de deslegitimar su lucha estudiantil, reivindicando los derechos de las mujeres y de los estudiantes, y promoviendo la paridad en su actividad como dirigente estudiantil.

De la dirigencia estudiantil al Municipio de Guayaquil

Esa llama encendida no se quedó en las aulas, sino que trascendió al ámbito público. Inició, en 2015, como servidora pública en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), entidad que posteriormente llegó a dirigir. En 2019 integró una papeleta como concejal suplente del Municipio de Guayaquil y, en 2021, como asambleísta alterna por Guayas. En 2023 fue electa concejal de la urbe porteña.

El liderazgo femenino en cada uno de los cargos que ocupó y ocupa ha sido fundamental, comenta, y lo relaciona con lo que sucede en un hogar. Para Vera, así como una mujer es un pilar importante en una familia, también lo es para la comunidad y la función pública, especialmente al momento de dirigir el rumbo de la ciudad.

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Proyectos sociales y liderazgo femenino en Guayaquil

En ese sentido, señala que quiere plasmar su legado donde todo comenzó: en la comunidad. Cuenta que, como concejal de la ciudad e integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo, impulsó la iniciativa Niños y Niñas Agentes de Cambio, dedicada a llevar talleres socioeducativos a las comunidades de Guayaquil para generar oportunidades como las que ella recibió cuando era más joven.

De hecho, en uno de los resultados de esos talleres, el Corredor Cultural La 12, en Mapasingue, Vera recibió a EXPRESO. La concejal comenta que la iniciativa contó con el apoyo de facilitadoras, en su mayoría mujeres. Más de un año después de su implementación, Vera señala que la comunidad se apropió del proyecto y que ahora los murales, los campeonatos y las demás actividades son organizados y mantenidos por los propios vecinos.

El secreto para enfrentar el miedo y la visión a futuro

Al mirar el camino recorrido y los retos que aún continúan, Vera reflexiona y afirma que, cuando comenzó, le habría gustado no prestar tanta atención a las voces que le decían que no lograría nada de lo que ha construido. Aunque también reconoce que precisamente escuchar a la gente fue la clave para enfrentar los momentos de miedo en su trayectoria política en la ciudad.

Vera también es consciente de que su camino no es solitario, sino una senda para más mujeres que, como ella, tienen interés en lo social y en el servicio público. A ellas les aconseja prepararse técnicamente y desprenderse de la idea de que la política solo se hace desde las tarimas. El secreto, dice, está en involucrarse con la comunidad y comprender sus problemas.

Aún con mucho por hacer, pero satisfecha con el camino recorrido, la concejal Emily Vera hace hincapié en que el liderazgo femenino en la política y desde las comunidades es sinónimo de valentía, especialmente cuando las mujeres enfrentan un doble desafío en la sociedad ecuatoriana. También recuerda que los logros de las mujeres no son individuales, sino el resultado de una lucha colectiva.

Lo que debes saber

• El CAL sancionó a Ana María Raffo con nueve días sin sueldo tras queja de Janina Rizzo.
• Se señala que Raffo profirió expresiones ofensivas en la Comisión de Soberanía Alimentaria.
• Raffo denuncia falta de debido proceso y califica la medida como una represalia política.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió suspender por nueve días, sin remuneración, a la asambleísta Ana María Raffo, del bloque de la Revolución Ciudadana. La sanción se notificó el 22 de julio de 2026 en Quito, luego de que la legisladora Janina Rizzo, de la bancada de ADN, presentara una queja administrativa por una presunta ofensa verbal emitida en su contra durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

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Sanción contra la asambleísta Ana María Raffo

La resolución, notificada el 22 de julio de 2026, señala que la asambleísta Ana María Raffo incurrió en una falta administrativa grave al violar la normativa interna del parlamento.

Los fundamentos legales normativos aplicados por el CAL para sancionar a la legisladora de la Revolución Ciudadana contemplan:

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Los motivos de la queja planteada por Janina Rizzo

Ana María Raffo fue sancionada, específicamente, por haber proferido "una expresión verbal ofensiva, directa e individualizada" contra la asambleísta Janina Rizzo durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual Rizzo forma parte y preside.

En su denuncia, Janina Rizzo argumentó los siguientes puntos:

Descargos y postura de Ana María Raffo ante el CAL

Por su parte, la asambleísta Ana María Raffo sostiene que la decisión adoptada por el CAL constituye una represalia. Según explicó la legisladora, el origen de la disputa se remonta al 10 de junio de 2026, fecha en que la Comisión de Soberanía Alimentaria terminó de forma abrupta una sesión y dejó plantados a agricultores que esperaban ser escuchados por la mesa legislativa.

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Cuestionamientos al procedimiento y falta de pruebas

Respecto a la denuncia presentada por la legisladora de ADN, Ana María Raffo expuso las siguientes irregularidades y reclamos:

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Noboa habla de candidatura de Viteri en Guayaquil: "Pueden investigar. Es la más opcionada"

Daniel Alejandro Romero Páez

En una entrevista con Radio Centro, Noboa fue consultado sobre la suspensión de Amigo. A ese espacio acudió acompañado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Este último habló sobre los hallazgos de la Fiscalía para denunciar a esa organización política ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Neira manifestó que se trata de los mismos personajes involucrados en una investigación previa por presunto lavado de activos relacionada con el movimiento anterior. “El fiscal hizo declaraciones públicas en las que lo único que hizo fue actualizar al TCE esa información”, agregó.

El secretario de la Administración Pública también aseguró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recopilará la información que le solicite la Fiscalía para sustentar su investigación. Dijo que esa indagación está relacionada con el origen del financiamiento de campaña.

¿Qué dijo Noboa sobre Amigo?

El presidente de la República también se pronunció sobre el tema. Tomó como referencia lo dicho por la Revolución Ciudadana respecto a que tanto en Nicaragua como en Ecuador se impide la participación política de la oposición.

“Ahora, la gente que defiende a Ortega en Nicaragua, está diciendo que acá pasa la mismo. Es como que cuatro ladrones se subieron a un carro. Se bajaron del carro y se subieron a otro. No dejaron de ser ladrones, ni cometer crímenes. Solo cambiaron de vehículo”, señaló Noboa sobre la situación del correísmo.

Además, llevó el tema más allá. Al margen de las competencias de la Función Ejecutiva, Noboa dijo que la Revolución Ciudadana puede participar por cualquier otro movimiento. Añadió que para ello es necesario que busquen una organización que no se haya prestado para lavado de activos y que haya cumplido con el proceso de elecciones primarias.

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La podadora electoral: así se fue despejando el camino de ADN hacia Guayaquil

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Uno de los cambios que movió el tablero político en Guayas fue el anuncio de que la exalcaldesa ya no correría por Centro Democrático, sino por el oficialismo. Eso significó dejar de lado al expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien era considerado como el perfil para ese cargo.

“Es una buena candidata, en contacto con necesidades de la gente y lejos de la discusión de los políticos”, afirmó Noboa en una entrevista con Radio Centro. Añadió que, con base en las encuestas actuales, es la más opcionada para ganar la Alcaldía.

En esa entrevista también le recordaron sus afirmaciones respecto a que ADN no participaría en alianzas, sino que presentaría figuras propias. En ese punto, Noboa reveló que Cynthia Viteri es un cuadro propio porque está afiliada a ADN.

Coordinación con el Gobierno

El presidente de la República reafirmó que Guayaquil será el epicentro de su disputa en las elecciones seccionales de 2026. Dijo que ese cantón ha sido el principal problema en materia de seguridad e hizo referencia a la empresa municipal Segura EP.

En ese escenario, señaló que necesita una coordinación y un trabajo conjunto entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central. También afirmó que hay grupos que se oponen a la candidatura de Viteri porque eso implicará que no tengan contratos con el Municipio. Habló de temas como la basura, el agua y el puente alterno norte.

Al final, el primer mandatario aseguró que existe un proyecto conjunto entre su Gobierno y Viteri para Guayaquil.

El concurso para fiscal general del Estado podría definirse en las elecciones seccionales de 2026

• El concurso para fiscal general podría concluir con un Pleno del CPCCS integrado por consejeros suplentes.
• La Comisión Ciudadana de Selección calcula un plazo de tres meses y medio para culminar el concurso.
• La designación coincidiría con el inicio de la campaña para las elecciones de noviembre de 2026.

El concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado podría resolverse entre octubre y noviembre de 2026, en pleno desarrollo de las elecciones generales y bajo la gestión de un Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) integrado por consejeros suplentes. Tras la aprobación del informe de méritos, la Comisión Ciudadana de Selección debe fijar un nuevo cronograma para ejecutar las fases de escrutinio público y oposición, en un contexto marcado por la solicitud de licencia de los consejeros titulares que buscarán la reelección.

Justicia

La designación del nuevo fiscal general podría definirse durante la campaña de las seccionales

Richard Josue Jimenez Mora

Nuevos plazos para el concurso a fiscal general del Estado

Una vez que el Pleno del CPCCS conoció el informe final de calificación de méritos —aprobado con más de un mes de retraso—, dispuso a la Comisión Ciudadana de Selección actualizar el cronograma del concurso. El ajuste definirá las fechas de las dos etapas pendientes del proceso de selección.

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Durante una sesión de trabajo de la Comisión, su presidenta, Cynthia Jacho, explicó la estimación de tiempos según el reglamento vigente:

Aunque el plazo normativo suma tres meses y medio, la Comisión advirtió que situaciones no previstas podrían generar nuevas demoras. Bajo estas proyecciones, Ecuador contaría con una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado entre octubre y noviembre.

Un Pleno del CPCCS integrado por suplentes

El desenlace del concurso coincide con la coyuntura electoral. Todos los consejeros titulares en funciones aspiran a la reelección y, según la normativa electoral, deberán solicitar licencia para participar en la campaña que iniciará a mediados de noviembre.

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Esta condición obligará a que la etapa decisiva del concurso sea asumida por consejeros suplentes.

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CPCCS: concurso para elegir fiscal general seguirá; hubo reclamos por no uso del apoyo técnico

Rosero Mariela

Análisis y posturas sobre el avance del proceso

El analista político Giuseppe Cabrera señala que esta transición añade complejidad a la selección del fiscal y a otros procesos pendientes en el CPCCS, lo que podría ocasionar un nuevo estancamiento.

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Cabrera analiza los posibles escenarios del proceso:

La respuesta de las autoridades del CPCCS

Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, calificó estas lecturas como apresuradas en declaraciones para EXPRESO. Fantoni aclaró que aún no existe un cronograma oficial con la fecha de finalización del concurso.

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“Una vez que la Comisión presente el cronograma oficial, se podrá conocer con mayor certeza los tiempos y las implicaciones correspondientes”, enfatizó Fantoni, evitando pronunciarse sobre el rol que asumirán los consejeros suplentes en la fase final.

Lo que debes saber:

• MuNa: ‘Estratos Vivos’ fue escogida, decanos de Arquitectura y un vicerrector académico opinan al respecto.
• Decanos recuerdan que se trata de un anteproyecto y esperan que el estudio japonés, asociado a los arquitectos ecuatorianos, escuchen críticas.
• Decano señala que este proyecto, pese a cuestionamientos, fue ubicado en el tercer lugar del concurso original, del Colegio de Arquitectos.

En la última fase, incorporada por el Gobierno, del concurso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) se impuso ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, integrado por arquitectos ecuatorianos y también por el estudio japonés Sejima and Nishizawa and Associates, fundado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del Premio Pritzker.

Editoriales

La prioridad es preservar el legado

Editorialistas Expreso

Ese resultado, sin embargo, no ha cerrado el debate. En círculos culturales y académicos persisten cuestionamientos sobre el proceso, que en su etapa inicial fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. 

El antecedente ocurrió el 6 de julio, cuando se reconoció como ganador a Campo Baeza más Maoda. En la ceremonia participaron ministras como la de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar; así como la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

EXPRESO recabó criterios en la academia a partir de lo señalado por el arquitecto español Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado original. En el pódcast ‘Politizados’ explicó que el SANAA fue descartado por problemas estructurales que comprometían su viabilidad.

¿Qué pasa con el proyecto de SANAA?

Según detalló, las columnas propuestas no tenían continuidad con la estructura inferior del edificio. 

Además, el diseño contemplaba fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas de uso público, elementos que, a su juicio, incrementaban el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial.

Política

Jurado original del nuevo Museo Nacional del Ecuador advierte riesgos del diseño ganador

Flor Layedra Torres

Sobre una cirugía no se opina en redes, tampoco se debería opinar sobre una decisión técnica de arquitectos

Desde la academia, Mauricio González, decano de Arquitectura de la Universidad Central, señala que este proceso obliga a una revisión interna. Considera que ni el Gobierno ni el gremio convocaron a las universidades, cuando -dice- debieron ser un actor clave en la discusión técnica. A su criterio, la academia debe repensar su papel como fuente de análisis y asesoramiento.

Para González, el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos fue bien llevado, pero el siguiente no. “Fue como si en redes sociales se juzgara sobre una operación de corazón abierto. La arquitectura debe ser juzgada por técnicos”.

No obstante, el decano manifestó que al ser la arquitectura un producto cultural, es subjetiva y susceptible a la crítica abierta y generalizada, que puede llegar incluso al escarnio público. 

Más aún en realidades como la actual, debido a la fuerza de las redes sociales, opinó. “Por eso es importante defender y reforzar el papel del concurso y de los jurados expertos que validan a la arquitectura dentro del campo al que se pertenece, y con ello el papel de los edificios para la sociedad”.

En la misma línea, Ricardo Sandoya Lara, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, identifica dos problemas. 

El primero, la escasa vinculación con la sociedad en el diseño del proyecto. Sostiene que los procesos de esta escala deberían incorporar a la comunidad desde las bases del concurso y no limitarse a una relación entre promotor e instituciones.

El segundo problema, la débil valoración del rol profesional del arquitecto, en un contexto donde la normativa vigente resulta desactualizada, dice.

Sandoya plantea la necesidad de tener una legislación para que proyectos emblemáticos se desarrollen mediante concursos públicos regulados, como ocurre en otros países.

El arquitecto Florencio Compte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las observaciones de Zaera-Polo deben ser tomadas en cuenta, dada su trayectoria en la arquitectura contemporánea. 

Le parece que el tema de fondo fue la falta de seriedad, ya que no se respetó lo que determinó el jurado inicial. El jurado de la última fase tuvo 48 horas para evaluar a los finalistas.

Este medio contactó a decanos de la UTE, PUCE y Uisek, pero no estuvieron disponibles.

El papel de Pamela Cortés

Pamela Cortés, viceministra de Cultura, no ha estado activa en el proceso de selección. Ese lugar lo tomó Roberto Luque, ministro de Infraestructura.

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De los escenarios al Gobierno: lo que se espera de Pamela Cortés en el Ministerio de Cultura

Rosero Mariela

Lo que debes saber

• Daniel Noboa rechazó el proyecto ganador del Museo Nacional tras la presión en redes sociales.
• El jurado del concurso del Museo Nacional cuestiona cambios al proceso decidido por el Gobierno.
• La polémica por el Museo Nacional reabre el debate sobre redes sociales y decisiones públicas en Ecuador.

Cuando acepté formar parte del jurado del concurso internacional para el nuevo Museo Nacional del Ecuador, creí que iba a Quito a juzgar arquitectura. No sabía que acabaría siendo testigo —y agente— de cómo una aparición viral del “público fantasma” de Lippmann canceló la experticia y devoró a las instituciones del estado. No me puedo resistir a esta gran oportunidad para hacer periodismo Gonzo.

(Te invitamos a leer| Lo mejor que puede ocurrir es que el Museo Nacional de Ecuador no se construya)

Tras un proceso impecable del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el jurado —arquitectos, gestores de cultura y patrimonio, y representantes políticos, entre ellos Noboa y la vicepresidenta Pinto, vía sendos delegados— otorgó el primer premio a la propuesta del estudio de Alberto Campo Baeza con la firma quiteña MAODA, a pesar de la resistencia de los representantes políticos, que querían otro proyecto. 

El proyecto proponía un prisma de hormigón blanco —heredero del brutalismo quiteño de Barragán y Wappenstein— con oquedades recubiertas con pan de oro. El pan de oro resonaba con el retablo de La Compañía de Jesús, cumbre del barroco colonial quiteño, y conectaba con el Sol de La Tolita, esa máscara áurea de una cultura ancestral que trabajó el oro, el cobre y el platino siglos antes de que Europa supiera fundirlo. 

Tres momentos del lugar —la orfebrería ancestral, el barroco colonial, el hormigón moderno— sintetizados no en un discurso, sino en la materia misma del edificio. Campo Baeza no pronunció la demagogia identitaria que el momento exigía. La especificó silenciosamente.

Aparte de ser el proyecto que mejor funcionaba técnicamente, ―protegiendo los archivos de las humedades del subsuelo, conectando fluidamente las salas de exposiciones con las reservas y proveyendo de iluminación natural difusa a todas las salas, dando absoluta flexibilidad a la futura organización expositiva― era uno de los cuatro proyectos que habían situado el edificio como un bloque lineal que se pegaba a la linde sur del predio, dejando una gran banda de espacio público paralela a la Avenida Eloy Alfaro, que se podría extender hacia el Oeste al solar de Ministerio de Agricultura. 

En esta zona, entre las avenidas Eloy Alfaro y República se construirá el nuevo Museo Nacional de Ecuador.

De esos cuatro, era el único que tenía la monumentalidad necesaria para recoger el Parque de la Carolina en su extremo sur, al tiempo que haría de pantalla de las torres comerciales que se van a construir detrás del edificio. 

Es también el proyecto más fácil y rápido de ejecutar, y probablemente la más barata de todas las propuestas presentadas. Todo ello resuelto con un simple gesto y sin aspavientos. Elegancia máxima, pero del tipo que no ven quienes nunca pasan de la superficie y solo aprecian las contorsiones y los alaridos.

La reacción en redes sociales

El anuncio se hizo el 6 de julio y en horas el timeline dictó sentencia: "otra plataforma financiera", ―en referencia al edificio construido en Quito en 2017, durante el gobierno de Correa―; "no representa la identidad ecuatoriana"; “es muy feo”…  

El veredicto de las redes confirmaba la intuición de los representantes políticos, que veían el proyecto ganador como derivado de la arquitectura de su némesis, ―aunque semejante filiación sea muy dudosa. Una petición en Change.org reunió miles de firmas pidiendo "reevaluar" la propuesta.

La defensa técnica del Museo Nacional

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, hizo lo que debe hacer una servidora pública de alto calibre: dar la cara. Explicó que un museo nacional no es una escultura sino una máquina de conservar memoria —1,2 millones de bienes patrimoniales, reservas técnicas, conservación preventiva— y que las redes juzgaban una imagen sin entender la función. 

Con enorme coraje en estos tiempos de políticas populistas e identitarias, se atrevió a decir que pretender que un solo edificio "represente la identidad ecuatoriana" es la trampa perfecta. 

Me quedé atónito cuando le escuché a la viceministra explicar el proyecto porque en realidad a mí lo que más me gustaba del proyecto de Campo Baeza era precisamente su impermeabilidad al discurso identitario, aun así, haciendo resonar varios ancestros con una armonía imprevista.

Después de dos días de presentaciones en las que los candidatos, uno a uno, intentaron convencernos de cómo sus proyectos eran la esencia misma de la identidad ecuatoriana a través de ensenarnos las típicas fotos de ríos, chozas, armas, joyas, ruinas, textiles, cerámicas etc, para justificar sus acrobacias arquitectónicas, el non-chalance de Campo Baeza de recurrir a la forma más reductiva era realmente radical. 

Me gustaba pensar que quizá una nación que se representa así misma a través de una abstracción es una nación que manifiesta una disposición extraordinaria a evolucionar en lugar de mirarse al ombligo y atarse al pasado. Nunca hablé de esto en el jurado porque pensé que defender el anti-identitarismo y la función sería una causa perdida. 

Y de repente me encuentro a la viceministra sobrevolando el mismo territorio. Excepto que yo no lo dije en el jurado pero ella sí lo dijo públicamente y fue cesada de inmediato. Y con ella salió su magnífico equipo técnico, liderado por Carlos Montalvo, el director del museo.

El pronunciamiento del ministro Roberto Luque

El 10 de julio, el ministro Luque —delegado de Noboa en el jurado— publicó en X su proclama. Empezaba con un vocativo de balcón: "¡Ecuatorianos!". Anunciaba que la empresa pública rechazaba la propuesta ganadora y que se convocaría a los finalistas, porque el diseño debía elegirse "junto a la ciudadanía" y responder "al sentir de la ciudad" ―ya se sabe que cuando entran los sentimientos del pueblo, sale la experticia. 

Como aquel “público fantasma” de Lippmann, los Ecuatorianos de Luque son un pueblo sintético: un agregado fabricado por métricas e influencers, sesgado y amplificado por el algoritmo, disuelto en setenta y dos horas sin dejar responsables. Byung-Chul Han lo llama infocracia: la esfera pública sustituida por tormentas de indignación que no argumentan, sino que descargan.

El 11 de Julio, el Ministro Luque nombró ―supongo que con la venia del presidente― un nuevo jurado formado por uno de los arquitectos que están diseñando las torres de más de 35 plantas que se situarán al suroeste del predio, un diseñador de interiores lujosos, amigo del presidente, y un arquitecto chino que pasaba por allí porque está trabajando para Schwartzkopf, (y que no tiene ni siquiera nivel de partner en la empresa en la que trabaja en Pekín). 

Una pequeña colección de yes-men transaccionales, que confirman el pedigree foucauldiano del presente ejecutivo: el poder siempre posee la verdad. Si los expertos no confirman lo que quiere el poder, el poder busca experticia transaccional. 

El diseño tiene problemas técnicos

Y luego le pido al pueblo que confirme mi opinión: los expertos transaccionales seleccionaron tres proyectos entre los más flojos de la convocatoria y se los ofrecieron al pueblo para que rugiera. Con un leve maullido, el pueblo indicó al proyecto de Sanaa-A0-CPA-JHS que ¡sorpresa! era el que los representantes institucionales del jurado habían empujado al tercer puesto durante las deliberaciones, a pesar de que los miembros técnicos lo habíamos dejado en una mención por los múltiples problemas técnicos que tiene. 

El proyecto de Sanaa, aparte de tener todas las curvas y los retranqueos necesarios, hablaba de la “identidad ecuatoriana” como “diversidad”, y ha sido desarrollado por dos equipos dirigidos por mujeres, con “asesores indígenas, afro-ecuatorianos y mestizos”. Es decir, es diverso, inclusivo y seguramente equitativo: DEI. Y es que los populismos de derecha y el wokismo comparten el linaje posestructuralista del sentimiento: la experticia de los yes-men transaccionales siempre termina eligiendo a las féminas woke.

En la era de la democracia populista, cualquier político de pro necesita un legado arquitectónico juguetón y vociferante, lleno de torsiones, curvas y voladizos imposibles: el sueño de un efecto Bilbao propio, pero sin el temple necesario para nutrirlo y defenderlo de las jaurías digitales.

Pero ese tren pasó hace años. Hasta Xi Jinping —que encargó más arquitectura-espectáculo que nadie— decretó en 2014 el fin de la fiesta: "no más arquitectura rara". 

Los Pritzker de la última década también se han inclinado a la sobriedad y la reutilización. Pero Noboa no se ha enterado y Ecuador no construirá el primer ícono de la nueva austeridad latinoamericana, sino el último dinosaurio identitario del star system.

Hay una imagen que no puedo evitar cada vez que miro esa perspectiva aérea en tonos ocres: si el proyecto de Campo Baeza era una caja, este es… una caca!

Las claves que debes saber

• Correísmo critica a Ortega en 2026, tras denunciar exclusión electoral contra sus movimientos en Ecuador.
• Comunicado rechaza prohibir opositores en Nicaragua mientras crece disputa electoral con Daniel Noboa.
• Acciones de Ortega en 2021 se comparan con medidas que afectan al correísmo en Ecuador.

Únicamente cuando fueron víctimas del autoritarismo de Daniel Noboa se decidieron a condenar el autoritarismo de sus amigos y aliados ideológicos. Eso es lo que ha ocurrido con el correísmo. 

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El 21 de julio de 2026, la directiva de la Revolución Ciudadana publicó un comunicado en contra del anuncio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en su país. Pero hay un detalle imposible de ignorar: solo lo hicieron cuando Noboa está a punto de dejarlos fuera de los procesos electorales mediante leguleyadas y el control de los organismos electorales.

Ya sacó del registro electoral a la Revolución Ciudadana por un tema de cuentas supuestamente mal llevadas y al movimiento Amigo en el que iban a correr los correístas para las elecciones venideras, alegando que existe un documento reservado de Fiscalía sobre lavado de activos.

La hipocresía del correísmo

Resulta evidente que el comunicado de los correístas llega únicamente cuando ellos mismos se convirtieron en víctimas, pese a que Ortega gobierna desde hace casi veinte años, junto con su esposa Rosario Murillo, como un dictador cualquiera y de la peor especie.

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“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua, manifestadas por su copresidente Daniel Ortega, de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, dice el comunicado. 

Y añade una frase que expone la hipocresía del correísmo: “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”, dice el comunicado.

Hipocresía, populismo y oportunismo en estado puro. Desde 2018, el régimen de Ortega ha utilizado las estrategias más perversas para sacar del sistema electoral a sus adversarios -como hoy hace Daniel Noboa, según denuncian sus críticos- y el correísmo jamás dijo esta boca es mía.

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Y termina el comunicado con esta oración: “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

Ortega atacó años atrás la democracia y la RC calló

El operativo antidemocrático de Ortega alcanzó su punto más alto en 2021 cuando, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, arrestó a siete aspirantes, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. 

Además, como controlaba la justicia, canceló la personería jurídica de varios partidos opositores, entre ellos Ciudadanos por la Libertad (CxL), la principal plataforma electoral de la oposición nicaragüense.

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Es decir, una fórmula parecida a la que hoy aplica Daniel Noboa contra la Revolución Ciudadana: ya suspendió ese partido político y recientemente hizo lo mismo con el movimiento Amigo, donde iban a inscribirse los candidatos del correísmo.

En Nicaragua, la mayoría de los precandidatos fueron acusados con base en la llamada Ley 1055, bajo cargos como “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” o delitos relacionados con financiamiento extranjero. Esas acusaciones sirvieron para detenerlos e impedir legalmente la inscripción de sus candidaturas.

Así llegó Ortega a las elecciones de noviembre de 2021: sin rivales competitivos. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea concluyeron que las detenciones, las inhabilitaciones y la cancelación de partidos habían eliminado la competencia electoral y restado legitimidad al proceso.

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¿Y qué dijeron los correístas? ¿Qué dijo Rafael Correa? Nada, absolutamente nada. Cuando comenzaron las detenciones de precandidatos, en junio de 2021, Correa cuestionó lo que calificó como una “doble moral” de la comunidad internacional y sostuvo que Nicaragua era víctima de una campaña de desestabilización. 

No condenó los arrestos. Tampoco hizo la menor crítica a Ortega por haber eliminado de la competencia electoral a sus principales rivales mediante detenciones, inhabilitaciones y la cancelación de partidos.

Mientras la OEA, la CIDH, la Unión Europea y la ONU denunciaban que las elecciones de noviembre de 2021 carecían de competencia real, ni Correa ni los dirigentes del correísmo se sumaron a esas críticas. Más aún, en entrevistas posteriores evitó romper políticamente con Ortega.

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Criticó las sanciones internacionales e insistió en que existía una narrativa internacional sesgada contra los gobiernos de izquierda.

Exfuncionarios correístas se codeaban con Ortega

Quizá una de las máximas expresiones de esa hipocresía ocurrió en enero de 2022, cuando la excanciller correísta María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en una celebración del sandinismo, en momentos en que las condenas internacionales al autoritarismo de Ortega ocupaban los titulares del mundo. 

La acompañó el también correísta Ricardo Patiño, exministro de Defensa. Ambos habían salido del gobierno de Lenín Moreno tras la ruptura entre el presidente y Rafael Correa. Durante esa visita, Espinosa pronunció un discurso que se hizo célebre por las elogiosas palabras dedicadas a Rosario Murillo, esposa de Ortega y figura clave del sistema autoritario nicaragüense.

El parecido entre el régimen de Ortega y Noboa

Hay muchos parecidos, aunque también diferencias, entre lo que Ortega hizo durante la última década en Nicaragua y lo que hoy ocurre en Ecuador. 

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El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) identifica cuatro rasgos del régimen nicaragüense: exclusión de organizaciones políticas, procesos penales contra figuras opositoras, uso del sistema judicial para apartar a potenciales rivales y eliminación progresiva de la competencia electoral.

¿Coincidencias con el caso ecuatoriano? Quizá el correísmo tenga algo que decir.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 450 para ordenar protección especial al ministro del Interior, John Reimberg, y a su familia.
  
• La medida dispone que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asuman su resguardo de forma inmediata.
• El documento justifica la decisión por las funciones del ministro en la lucha contra la delincuencia organizada.

El presidente Daniel Noboa Azin dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 450, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas otorguen protección al ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, así como a su cónyuge y familiares. La medida fue emitida este 22 de julio de 2026 y entró en vigencia desde su suscripción.

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La decisión se sustenta en las atribuciones constitucionales del jefe de Estado para dirigir la administración pública y ejercer la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El decreto también recuerda que Reimberg fue ratificado como ministro del Interior mediante el Decreto Ejecutivo 11 del 27 de mayo de 2025.

El documento argumenta que las funciones del titular del Ministerio del Interior implican responsabilidades directas en materia de seguridad pública, orden interno y combate a la delincuencia organizada. Por ello, el Gobierno considera necesario reforzar su seguridad personal y la de su círculo familiar.

¿Qué dispone el Decreto Ejecutivo 450 sobre la seguridad del ministro del Interior?

El artículo único del decreto establece de forma expresa que ambas instituciones del Estado deberán encargarse del resguardo del funcionario. La disposición no fija un plazo determinado para la protección ni detalla el tipo de operativo que se implementará.

El decreto fue firmado por el presidente Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil el 22 de julio de 2026 y establece que su aplicación es inmediata, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

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Aunque el documento no menciona amenazas específicas contra el ministro, sí justifica la medida por la naturaleza de sus funciones dentro de la estrategia estatal de seguridad. Reimberg tiene a su cargo la coordinación de acciones relacionadas con el orden interno y el combate a las estructuras criminales.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Justicia recibió observaciones técnicas al proyecto que reforma la Escuela de la Función Judicial.
• El constitucionalista Andrés Martínez advirtió posibles riesgos de inconstitucionalidad y cuestionó nuevos requisitos para ingresar a la carrera judicial.
  
• La mesa legislativa anunció que incorporará los aportes al análisis previo al segundo debate.

La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continuó este miércoles 22 de julio el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Durante la sesión 108, el organismo escuchó los aportes del constitucionalista Andrés Martínez, profesor titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, sobre el eje que plantea transformar la Escuela de la Función Judicial.

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La presidenta de la comisión, Rosa Torres Cadena, informó que el primer punto del orden del día, previsto para conocer la propuesta del asambleísta Mario Zambrano Vera sobre delitos de violencia digital, no pudo desarrollarse debido a que el legislador justificó su ausencia por compromisos inherentes a sus funciones legislativas.

En su exposición, Martínez centró sus observaciones en la propuesta de reforma a la Escuela de la Función Judicial. A su criterio, el proyecto modifica el rol de esa institución y podría invadir competencias de las universidades al convertirla en un espacio de formación académica, cuando su función debería ser complementar la preparación práctica de jueces, fiscales y defensores públicos.

Reforma a la Escuela Judicial genera observaciones técnicas

El experto sostuvo que uno de los principales problemas del texto es la incorporación de requisitos que no constan en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial para acceder a la carrera judicial. "No se podría colocar un requisito de ingreso que no consta en la norma. Imagínense, se estaría poniendo un requisito de ingreso que no consta en la norma, lo cual acarrearía una inconstitucionalidad", advirtió durante su comparecencia.

Martínez también cuestionó la posibilidad de exigir una maestría impartida por la propia Escuela Judicial como condición para ingresar a la Función Judicial. Explicó que esa disposición podría crear un monopolio académico y limitar el acceso a quienes aspiren a desempeñarse como jueces, fiscales o defensores públicos.

Además, alertó que la propuesta incrementaría la estructura administrativa del Estado al requerir más personal y recursos sin identificar una fuente de financiamiento. "Toda norma que crea una obligación financiada con recursos públicos debe establecer la fuente de financiamiento correspondiente", recordó al citar el artículo 287 de la Constitución.

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Experto propone fortalecer la capacitación sin reemplazar a las universidades

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al perfil de quien dirigiría la Escuela de la Función Judicial. Martínez consideró que esa autoridad debe contar con experiencia académica y en gestión universitaria para garantizar una adecuada formación de los operadores de justicia y coordinar programas especializados.

El académico planteó que la Escuela Judicial establezca convenios con universidades para aprovechar docentes especializados y desarrollar procesos de capacitación continua, en lugar de asumir toda la formación. También criticó que el proyecto incluya aspectos que, según dijo, deberían regularse mediante reglamentos y no incorporarse directamente en la ley.

Tras la intervención, el asambleísta Solmedo consultó cómo integrar a la academia con la Escuela Judicial y qué perfil debería tener su director. Martínez respondió que ambas instituciones deben trabajar de manera complementaria y reiteró que el responsable de la escuela debería acreditar experiencia en dirección académica.