Política

La Asamblea aprueba la salida de Ecuador del acuerdo del Sucre

Mónica Jara Chérrez

“Denunciar en todo su contenido el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos”, se lee en el documento oficial. 

Ese es el único artículo del decreto. Además, contiene una disposición derogatoria y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución de la decisión.

El decreto fue firmado después de que la Asamblea Nacional autorizara la denuncia. El pasado 9 de junio, el Pleno aprobó la moción para que Ecuador abandone el acuerdo financiero impulsado en 2009 por los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

La discusión en la Asamblea

Ese día, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, sostuvo que la Asamblea debía votar para “no permitir que se mantenga abierta una puerta que nunca debió abrirse, con un mecanismo que generó acciones irregulares que perjudicaron al país”.

La decisión legislativa se tomó con 86 votos provenientes del oficialismo y sus aliados. La propuesta no contó con el respaldo de la bancada correísta. Cabe recordar que el SUCRE fue impulsado durante el auge de los gobiernos de la región que promovían el denominado socialismo del siglo XXI.

El Tratado Constitutivo del SUCRE fue suscrito el 16 de octubre de 2009 por los entonces jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Su objetivo era facilitar las transacciones comerciales entre los países firmantes.

Política

La compra de trolebuses en Quito se tratará en el Pleno de la Asamblea: ¿Qué dice el informe?

Daniel Alejandro Romero Páez

De acuerdo con el experto en relaciones internacionales Daniel Crespo, este constituye únicamente un paso previo a la salida definitiva del sistema. 

Tras la denuncia, corresponde depositar la notificación en la sede donde se suscribió el tratado para que el resto de los Estados miembros conozca formalmente la decisión de Ecuador de retirarse del SUCRE.

Lo que debes saber

• Familias de niños con XLH protestaron en Guayaquil para exigir un tratamiento que, aseguran, sigue sin entregarse pese a fallos judiciales favorables. 
• Los padres denuncian más de ocho meses de espera y advierten sobre el avance de una enfermedad que afecta gravemente los huesos.
• Descubra qué reclaman y cuál es la situación actual de los pacientes.

Familias de pacientes con raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X (XLH) realizaron este 23 de junio un plantón en los exteriores del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil. La protesta coincidió con la conmemoración mundial de esta enfermedad rara y tuvo como objetivo exigir la entrega de un medicamento que, según denuncian, continúa sin ser adquirido pese a existir sentencias judiciales favorables.

Política

ONU exige protección para activistas tras el asesinato de Monika Silva en Ecuador

Marco Rivera

Padres de familia, representantes de la Fundación Humanitos de Amor y el abogado Carlos Bravo denunciaron que niños diagnosticados con esta patología permanecen sin acceso al tratamiento denominado burosumab. Según indicaron, la falta del medicamento mantiene a los pacientes expuestos al avance de una enfermedad degenerativa que afecta directamente al sistema óseo.

"Las autoridades del hospital saben lo que padecen los pacientes, pero también saben qué tratamiento darles porque les han diagnosticado y les han indicado que lo que necesitan es un medicamento denominado burosumab. Sin embargo, las autoridades no respetan el derecho a la salud ni el derecho a una vida digna de los pacientes y no les entregan la medicación"Carlos Bravo, abogado.

Sentencias favorables sin ejecución, denuncian familias

“Las sentencias han salido hace más de ocho meses. Sin embargo, en el portal de compras públicas no se ha hecho la publicación. El procedimiento de compra del medicamento no se está realizando”, manifestó Bravo

Además, cuestionó que la reciente renovación administrativa en el hospital no haya generado avances en la atención de los casos ni respuestas concretas para los pacientes.

Ecuador

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Marco Rivera

¿Cuántos pacientes con XLH existen en Ecuador?

Según la información expuesta durante el plantón, en Ecuador existirían alrededor de 20 personas diagnosticadas con esta enfermedad rara.

Bravo sostuvo que los menores continúan sin acceder al medicamento ordenado por la justicia. Ante esta situación, advirtió que los casos podrían escalar a instancias superiores para exigir el cumplimiento de las resoluciones.

El jurista también señaló que los jueces que emitieron las sentencias ya habrían iniciado mecanismos para exigir que las instituciones involucradas acaten las disposiciones establecidas.

"Yo soy abogado de tres niños de los cuales ya hemos ganado las acciones de protección y no nos están dando cumplimiento a las sentencias"Carlos Bravo, abogado

El impacto de la enfermedad en los niños

Según indicó, la enfermedad provoca deformaciones óseas y puede derivar en complicaciones graves si no se administra el tratamiento adecuado. Actualmente, los pacientes reciben suplementos que no corrigen el origen del problema.

El abogado afirmó que las terapias paliativas utilizadas hasta ahora pueden generar nuevas complicaciones y no sustituyen al medicamento recomendado por especialistas para controlar la enfermedad.

"El cuerpo no asimila ni el fósforo ni la vitamina D. Se lo desecha por la orina, por lo que la enfermedad ataca directamente al sistema óseo", explicó.Carlos Bravo, abogado.

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Madre denuncia falta de medicinas y controles

Priscila Parrales, integrante de la Fundación Humanitos de Amor y madre de una niña diagnosticada con XLH, relató que conoció la condición de su hija cuando apenas tenía un año de edad.

La mujer aseguró que el acceso a medicamentos ha sido irregular durante todo este tiempo y que, incluso, algunos tratamientos básicos han debido ser adquiridos con recursos propios debido a la falta de disponibilidad en el hospital.

“Yo la he tenido que estar comprando porque a ellos les duele. Cada vez que lloran es porque la enfermedad va avanzando”.Priscilla Parrales, madre de familia

Familias piden respuestas sobre la compra del medicamento

La madre explicó que el medicamento especializado tendría un costo elevado, una situación que imposibilita que las familias puedan financiarlo de manera particular. Por ello, insistió en la necesidad de que las autoridades ejecuten los procesos correspondientes para garantizar su acceso.

Parrales sostuvo que la lucha de los padres se mantiene desde hace años y que esperan que las decisiones judiciales finalmente se traduzcan en acciones concretas para los pacientes.

"Esperamos que se toquen el corazón y vean que no es fácil. Nosotros como padres no tenemos los recursos ni los medios para adquirir la medicina y darle a nuestros hijos"Priscila Parrales

Política

Viaje de Daniel Noboa a Nueva York: agenda oficial y comitiva del presidente

Richard Josue Jimenez Mora

El documento establece que la comitiva oficial estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que, en función de sus competencias y de los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas. 

Estas instituciones, así como el equipo de apoyo, serán notificadas por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia.

Política

Los viajes de Daniel Noboa a Estados Unidos: beneficios, críticas y resultados

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

En el decreto se resalta que los viáticos y demás gastos derivados del viaje serán cubiertos por cada institución a la que pertenezcan los funcionarios desplazados.

La visita, que se desarrollará principalmente en Nueva York, constituye el segundo viaje de Noboa a Estados Unidos en menos de un mes. Entre el 11 y el 15 de junio, el mandatario ya estuvo en ese país, donde asistió al partido inaugural de Ecuador en el Mundial 2026.

El segundo viaje a Estados Unidos

Según la agenda oficial, Noboa mantendrá el 25 de junio una reunión sobre seguridad con Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad de Estados Unidos y actual enviada especial del presidente Donald Trump para el Escudo de las Américas.

Pese a los detalles administrativos del viaje, el decreto no incluye los nombres de los integrantes de la comitiva oficial, un aspecto que ha llamado la atención en medio de una agenda internacional marcada por temas de seguridad y cooperación regional.

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El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y fue aprobado tras el debate en el Pleno, en el que intervinieron ocho legisladores. 

Allí, los asambleístas del bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) defendieron que el Parlamento era competente para fiscalizar las acciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El correísmo, en cambio, criticó la actuación de la bancada de Gobierno y tildó a la actuación como una persecución en contra de los alcaldes que tienen una tendencia política opositora.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) expuso el informe. Señaló que tras las investigaciones en la mesa se identificaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación. "Se institucionalizó un modus operandi de compra fraudulenta. Se usó el método para esquivar la Ley de Contratación que también se empleó para comprar los carros recolectores de basura, así como los trabajos en una vía que no se hizo y para el sistema de recaudo", aseguró.

Política

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Mónica Jara Chérrez

Piden investigar el manejo de los recursos públicos

Además, indicó que el informe recomendaba remitir las conclusiones al Concejo Metropolitano para "dar seguimiento al proceso en torno al proceso de adquisición que podrían afectar el patrimonio público y que empleen las acciones administrativas para asegurar transparencia a la ciudadanía quiteña".

También sugirió enviar los hallazgos a la Contraloría y Fiscalía para que "valore la pertinencia de profundizar las acciones de controles en torno a los procesos vinculados para adquirir los trolebuses, incluido el memorando suscrito con Naciones Unidas para una operación de alto impacto y que examine la posibilidad de efectuar el seguimiento sobre los recursos comprometidos al tratarse de fondos públicos, que podría revelar posibles sobrecostos".

Política

¿Qué era la 'sala espejo' en el Municipio de Guayaquil? Reimberg habló sobre cámaras de Segura EP

Daniel Alejandro Romero Páez

Lo que debe saber

• John Reimberg aseguró en la Asamblea que la supuesta red de vigilancia paralela detectada en Guayaquil no sería un caso aislado.
• El ministro vinculó a exfuncionarios de la Senain con proyectos de videovigilancia en Quito y abrió un nuevo frente político con el Municipio capitalino.
• Durante la fiscalización a Segura EP, el ministro del Interior afirmó que la denominada sala espejo no sería la única estructura de este tipo en el país.

El caso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil salpicó a Quito. La mañana de este 23 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó a quienes estarían a cargo de la instalación y administración de cámaras de videovigilancia en la capital.

Política

¿Qué era la 'sala espejo' en el Municipio de Guayaquil? Reimberg habló sobre cámaras de Segura EP

Daniel Alejandro Romero Páez

El ministro compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Allí comenzaron las comparecencias dentro del proceso de fiscalización por las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

La asambleísta aliada del oficialismo Jhajaira Urresta preguntó a Reimberg si lo ocurrido con las cámaras en Guayaquil también había sucedido o podría suceder en otros cantones del país.

“Nos espeluzna el saber que exista la capacidad operativa delincuencial de tener una sala espejo. Están involucrados otros actores políticos porque los contratos con Telconet no solo correlacionan a Guayaquil sino que está también el cantón Quito”, mencionó Urresta.

La referencia a exSenain

La respuesta de Reimberg fue contundente: “No es la única sala”.

A continuación, comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

“Cada quién destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y están poniendo sus cámaras. ¿Quién está atrás de esto? Los exSenain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, manifestó.

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Reimberg cuestionó la finalidad de ese tipo de proyectos. Mencionó que las denominadas salas espejo sirven a los grupos delictivos para conocer dónde se encuentra la Policía, dónde se realizan controles y en qué lugares se ejecutarán incautaciones de droga.

A su salida de la Comisión de Seguridad, el ministro volvió a referirse al tema. “Vean quiénes están trabajando y vean en dónde trabajaron antes”, señaló.

El ministro no mencionó nombres. Sin embargo, cabe recordar que la actual secretaria de Seguridad del Municipio de Quito es Carolina Andrade. Ella se desempeñó como coordinadora de Inteligencia en la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

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La moción para ajustar los temas de la sesión plenaria la presentó el asambleísta oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Fernando Jaramillo, quien dijo que presentaba la petición para que "la Asamblea cumpla con la fiscalización y exija información", debido a que los funcionarios deben "cumplir su rol, respetando los recursos que son del pueblo y para combatir la corrupción".

El planteamiento fue acogido y aprobado con 86 votos a favor, de 129 asambleístas registrados. Con la inclusión de ese punto, el Parlamento de la Asamblea tratará cuatro temas en el Pleno:

Política

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¿Por qué analizarán los patrimonios de los alcaldes?

El parlamentario señaló que, según las publicaciones de la prensa, existen "variaciones patrimoniales" en uno de cada tres alcaldes o prefectos del país. Además, sostuvo que algunos funcionarios figurarían como parte de compañías activas, mientras que otros aún se mantienen como administradores de empresas, pese a ser servidores públicos.

Jaramillo pidió incluir en ese análisis a los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes fueron detenidos por procesos legales.

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El parlamentario de Imbabura aseguró que el análisis de los patrimonios permitirá conocer los motivos por los que aumentaron esos bienes e identificar las acciones de control que se podrían generar, en caso de hallar eventuales irregularidades.

La petición del oficialismo se presentó un escenario en el que autoridades y entidades de Gobierno mantienen una pugna con los gobiernos locales por las diferencias de las tiendas políticas a las que pertenecen. Producto de esa tensión existen procesos judiciales en curso y sanciones electorales, que han inhabilitado a organizaciones políticas, como la Revolución Ciudadana (correísmo), o a funcionarios como Cristian Zamora, ahora exburgomaestre de Cuenca.

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Lo que debes saber

• Judicatura pide investigar la prescripción de 23 sumarios de servidores vinculados a Metástasis y Purga.
• El Pleno dejó extinguir 20 expedientes en julio de 2025 debido a la ausencia médica de Solanda Goyes.
• Mario Godoy fue censurado por la Asamblea en abril de 2026 tras denuncias de presiones el exjuez Carlos Serrano.

El Consejo de la Judicatura de Ecuador solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Asamblea Nacional que inicien investigaciones urgentes sobre la prescripción de 23 sumarios disciplinarios contra servidores judiciales implicados en los casos Metástasis y Purga. Estos expedientes, orientados a sancionar los nexos de funcionarios de la justicia con el crimen organizado, se extinguieron bajo la administración del expresidente del organismo, Mario Godoy.

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¿Por qué prescribieron los sumarios disciplinarios de la Judicatura?

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por la institución, la extinción de las causas administrativas se ejecutó de forma masiva durante el mes de julio de 2025. El Pleno del Consejo de la Judicatura estuvo conformado en ese periodo por los vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, luego de la renuncia previa de Merck Benavides en marzo del mismo año.

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La falta de quórum y la inacción administrativa fueron los detonantes principales para que los servidores judiciales investigados quedaran libres de sanciones administrativas.

Detalles de la extinción de los expedientes judiciales:

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Mercedes Caicedo anuncia medidas contra el crimen organizado

La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, remitió las evidencias recopiladas a las autoridades de control penal y político para que se determinen de forma inmediata las responsabilidades civiles, administrativas o penales derivadas de estas omisiones.

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Caicedo ofreció disculpas públicas al país y enfatizó que declarar la prescripción era una obligación estrictamente jurídica ante los plazos vencidos, pero reafirmó el compromiso de la entidad en mantener una postura firme en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado. El objetivo actual es blindar los procesos disciplinarios para que las faltas que afecten a la administración de justicia se resuelvan bajo estricto marco legal.

El juicio político y la censura de Mario Godoy en la Asamblea

El abogado Mario Godoy asumió la Presidencia de la Judicatura en julio de 2024 y obtuvo una ratificación en septiembre de 2025. Su gestión se debilitó tras las declaraciones del exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció públicamente la existencia de presiones internas para direccionar fallos judiciales.

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Esta crisis derivó en un juicio político en la Asamblea Nacional. En abril de 2026, pocas horas antes de que se sustentara el debate final de su interpelación en el pleno legislativo, Godoy presentó su renuncia irrevocable al cargo, lo cual no impidió que el parlamento procediera con su censura institucional.

Lo que debe saber

• John Reimberg denunció la existencia de una "sala espejo" que habría operado desde el Palacio Municipal de Guayaquil.
• Según el ministro, la estructura permitía manipular dispositivos y extraer información sensible.
• Reimberg aseguró que la instalación de la denominada sala espejo fue ordenada por el entonces presidente de Segura EP, Fernando Cornejo.

El ministro del Interior, John Reimberg, acudió a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y habló sobre la existencia de una denominada "sala espejo" en Segura EP de Guayaquil. La mesa legislativa inició este 23 de junio de 2026 las comparecencias dentro del proceso de fiscalización al uso de las cámaras de videovigilancia en ese cantón de la provincia del Guayas.

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“Se identificó la existencia de una estructura paralela denominada sala espejo. Determinamos que usuarios tenían acceso privilegiado a plataformas críticas, con capacidad para manipular cámaras, extraer información sensible y vulnerar la cadena de custodia”, dijo Reimberg.

La fiscalización está vinculada al denominado caso Porsche. El tema volvió a la discusión pública tras la difusión de un audio atribuido a Rafael Correa. En ese material se escucharía al expresidente conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

De hecho, parte de ese audio fue reproducido la mañana de este 23 de junio en la comisión. La asambleísta oficialista Carolina Dueñas solicitó la proyección de un video en el que supuestamente se escucha a Correa, Rengel y al entonces presidente de Segura EP, Fernando Cornejo.

¿Qué era la sala espejo?

El ministro del Interior explicó que dicha sala fue instalada en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil. “La orden política fue dispuesta de forma directa y expresa Fernando Javier Cornejo, entonces presidente del directorio”, aseguró.

En este punto, Reimberg se refirió a Telconet. Señaló que la sala funcionaba de manera paralela mediante enlaces privados de esa empresa.

“Las plataformas institucionales fueron comprometidas. Les daba capacidad de intervención; de mover las cámaras para mirar a otro lado en zonas críticas”, manifestó el ministro del Interior.

Reimberg también aseguró que la estructura supuestamente instalada en el Palacio Municipal permitía que los registros de auditoría y las transacciones solo se almacenaran durante 60 días.

“Esta limitación técnica garantizaba que el rastro de la manipulación de cámaras y extracción de videos desde la sala espejo fuera borrado automáticamente”, dijo Reimberg.

¿Qué pasó en la Comisión de Seguridad?

El asambleísta de la Revolución Ciudadana Gerardo Machado cuestionó a Reimberg por los resultados en materia de seguridad a escala nacional. Posteriormente llevó el caso Porsche al debate.

Cabe recordar que este caso está relacionado con la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria, precisamente en el sector donde residía el entonces único procesado por una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil. El vehículo pertenecía a Industrial Molinera, empresa del Grupo Noboa.

Sobre este tema, el ministro del Interior respondió que se trata de un caso que está en conocimiento de la Fiscalía. Además, exhortó a los asambleístas a dirigir sus inquietudes a los representantes de esa institución en caso de que sean convocados a comparecer. Acto seguido, desplazó la discusión hacia otros casos.

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Indicó que al correísmo no le interesaba que se hablara, por ejemplo, del incendio en el Parque Samanes y de cómo las cámaras de Segura EP “se apagaron”. También mencionó el incendio registrado en la Refinería de Esmeraldas, un hecho que no guarda relación con Segura EP de Guayaquil.

Lo que debes saber

• Asambleísta Liliana Durán pide fiscalizar las denuncias de la activista Monika Silva, hallada muerta a inicios de junio de 2026.
• La Revolución Ciudadana solicita copia de las comunicaciones y otros pedidos de Silva desde enero de 2023.
• Organizaciones exigen que la investigación de la muerte de Silva sea por femicidio y que sea independiente y transparente.

La Asamblea Nacional de Ecuador enfrenta cuestionamientos tras la muerte de la activista anticorrupción Monika Silva, hallada sin vida en su domicilio el pasado 8 de junio de 2026. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, formalizó una solicitud de información dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN), para reconstruir la trazabilidad administrativa de todas las denuncias presentadas por la activista desde el año 2023.

Justicia

Fernando Bastias sobre el caso de Monika Silva: "debe investigarse como feminicidio"

Nadia Larco Bravo

Asamblea habría ignorado denuncias de Monika Silva

La fiscalización busca determinar el recorrido oficial de los documentos ingresados por Silva, quien lideraba la fundación La Integridad y se desempeñaba como veedora ciudadana. La legisladora Durán enfatizó que la Asamblea no habría dado trámite a las alertas de la activista sobre presuntos nexos de funcionarios públicos con redes de corrupción, por lo que exigió certificar si la documentación llegó a las siguientes instancias:

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La trazabilidad de las denuncias de Silva en la Asamblea

Durán también solicita a Mancheno que se remita copia íntegra de todos los trámites, solicitudes de fiscalización, comunicaciones, peticiones, escritos, correos electrónicos, documentos o cualquier otro requerimiento presentado por la activista. La asambleísta pide que toda esta información sea remitida en una matriz digital consolidada con los datos necesarios para reconstruir la trazabilidad administrativa o la hoja de ruta de cada trámite, acompañada de los expedientes completos.

Política

Caso Monika Silva expone crisis: defensores de derechos denuncian persecución e impunidad en Ecuador

Rosero Mariela

Comunidad internacional y organizaciones exigen transparencia

El deceso de Silva ha generado repercusiones diplomáticas y sociales. Tanto la Unión Europea como el Gobierno de Polonia han emitido pronunciamientos oficiales exigiendo una investigación independiente y transparente para esclarecer las causas de su muerte en la provincia de Santa Elena.

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Paralelamente, colectivos de derechos humanos en Ecuador, tales como el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), defienden la postura de que el caso sea investigado bajo el protocolo de femicidio, evaluando de forma directa si su fallecimiento constituye una represalia a sus funciones de control social.

Política

José Julio Neira: el 'chow chow' de Noboa muerde y no suelta

Roberto Aguilar

“Quiero denunciar ante el país que mis cuentas sufrieron un ataque informático que intentó afectar nuestra comunicación directa con ustedes”, escribió Neira desde su cuenta de X.

El secretario de la Administración Pública, quien llegó a acumular hasta 12 encargos dentro del gabinete del presidente Daniel Noboa, también afirmó que su equipo activó todos los protocolos para restablecer los accesos a las plataformas digitales.

“Junto a mi equipo hemos activado todos los protocolos necesarios para restablecer los accesos, reforzar las medidas de seguridad y garantizar la integridad de nuestras plataformas”, escribió Neira.

El secretario de Estado ensayó una teoría sobre lo ocurrido

Sin ofrecer mayores detalles, Neira sostuvo que el hecho estaría relacionado con un intento de impedir que la información que publica llegue a la ciudadanía.

“Quienes intentan silenciar nuestra voz o borrar información no lo conseguirán. Volveremos a publicar todo el contenido que intentaron retirar”, indicó.

El rol de Neira en el Gobierno

José Julio Neira es uno de los hombres más cercanos al presidente Noboa. Ha acompañado al mandatario desde su primer periodo, iniciado en 2023 tras las elecciones anticipadas. Estuvo al frente de entidades clave como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Política

Los ministros están quemando al presidente Daniel Noboa y también su popularidad

Martin Pallares

Tras la última reestructuración emprendida por el Ejecutivo, Neira asumió la Secretaría de la Administración Pública en reemplazo de Cynthia Gellibert, quien fue designada ministra de Trabajo y Desarrollo Humano.

Desde los distintos cargos que ha desempeñado, Neira también ha sido un actor relevante en los cuestionamientos del Gobierno a medios de comunicación. El caso más reciente está relacionado con Progen. Tras exponer los hallazgos del Ejecutivo, arremetió contra Diario EXPRESO y Ecuavisa.

En el caso de EXPRESO, una de sus más recientes afirmaciones sostuvo que el medio actuaría como aliado de Astrobryxa en el caso Progen y que existiría una conexión con Xavier Jordán a través de un estudio jurídico.

La acusación carece de sustento. El funcionario no ha presentado documentos, comunicaciones ni ningún otro elemento que permita demostrar la existencia de esa supuesta relación.

Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa enfrenta desgaste por casos Progen, derechos humanos y seguridad sin cambios en ministros.
• Falta de relevo ministerial concentra responsabilidades en el presidente ante crisis y escándalos recientes.
• Encuestas reflejan caída de aprobación en Quito y Guayaquil por corrupción e inseguridad en 2026. 

Si el presidente Daniel Noboa aplicara la teoría de los ministros fusibles, quizá a estas alturas su gobierno no estaría sufriendo el desgaste que le han generado los más recientes casos de corrupción y de violación de derechos humanos.

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La idea de los ‘ministros fusibles’ proviene de la lógica política de los sistemas presidenciales y parlamentarios, según la cual los ministros sirven como una primera línea de responsabilidad política para proteger al jefe de gobierno del desgaste directo causado por errores, escándalos o fracasos de gestión. 

La metáfora viene del fusible eléctrico: cuando hay una sobrecarga, el fusible se quema para evitar que se dañe todo el sistema. En política, el ministro asume el costo político de una crisis para evitar que el daño llegue al presidente o al primer ministro.

Pues bien, Noboa ha cargado prácticamente él solo con el desgaste provocado por varios temas escandalosos que dominan la conversación nacional porque no ha hecho lo que haría cualquier gobernante medianamente inteligente o hábil: pedir la renuncia al ministro donde se produce la sobrecarga.

Política

HealthBird: ni las alertas de sobrecosto frenaron a Edgar Lama

Sara Ortiz

Quienes entienden algo de ciencia política saben que existe un principio de delegación política según el cual el presidente delega funciones en sus ministros. Como son los ministros quienes ejecutan las políticas públicas, se espera que respondan por los errores de ejecución antes de que la responsabilidad alcance al mandatario. 

Por eso, los gobiernos en los que existe alguna señal de inteligencia y perspicacia política suelen reemplazar ministros para transmitir la idea de que se han identificado responsables y de que se están tomando correctivos. El cambio de ministros actúa como una válvula de escape frente al descontento de la sociedad.

El costo que asume Noboa por sus ministros

Eso es precisamente lo que Noboa no ha comprendido y, por ello, ha terminado quemándose con escándalos de corrupción como los de Progen y HealthBird, o con casos de violación de derechos humanos como el de los niños de Las Malvinas o el asesinato de la activista Monika Silva. 

Política

José Julio Neira: el 'chow chow' de Noboa muerde y no suelta

Roberto Aguilar

Incluso en situaciones como la de las presiones contra periodistas como Hernán Higuera, quien ha investigado el caso Progen, ocurre lo mismo: si se comprueba que su esposa fue despedida del sector público y que su hijo, médico interno, fue separado de su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, las cabezas de los responsables de esas decisiones deberían haber rodado.

El caso Progen es un ejemplo de este fenómeno. La permanencia en el cargo de Roberto Luque y su posterior confirmación como superministro con mayores facultades lo único que ha conseguido es que la sociedad empiece a sospechar, quizá sin razón alguna, que el presidente no solo oculta y protege a los responsables del robo, sino que está involucrado. ‘Si lo mantiene con tanta obstinación y lo protege tanto es porque él está metido en el negocio’, es el razonamiento que se cruza por la mente de muchos ciudadanos.

Sin que Luque haya sido necesariamente quien se quedó con el dinero de la estafa, Noboa pudo haberle pedido la renuncia para que explicara su actuación y nombrar a otro ministro para que, con el cambio, al menos pareciera que existe una intención de rectificación o un interés genuino en esclarecer el tema. Pero Noboa lo ha mantenido pese a todos los señalamientos que se le han hecho, y el caso Progen se ha convertido en un emblema de la corrupción del gobierno.

Opinión

¿A quién quiere proteger Reimberg?

Martin Pallares

Con Inés Manzano, ahora exministra de Energía, ocurrió algo similar. Aunque finalmente salió del cargo, se mantuvo en él durante un tiempo prolongado y todo el aparato estatal, incluida la Asamblea Nacional, que funciona como un apéndice del Ejecutivo, la protegió.

Con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ocurre lo mismo. El trágico caso de los niños de Las Malvinas nunca tuvo un responsable político porque el gobierno hizo todo lo posible por protegerlo y mantenerlo en el cargo. 

Noboa movilizó a la Asamblea para impedir su juicio político y jamás le pidió la renuncia, algo que probablemente habría sido recibido por la sociedad como un gesto de empatía con las víctimas.

Política

Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía

Jonathan Palma

Y ahora ocurre algo parecido con el asesinato de la activista Monika Silva. El ministro del Interior, John Reimberg, intentó posicionar (mintiendo deliberadamente) la idea de que se trató de un suicidio, cuando la lógica y, más tarde, la autopsia apuntaron a un asesinato.

El impacto en la popularidad de Noboa

¿Qué piensa la sociedad cuando un ministro como Reimberg permanece en el cargo a pesar de lo que ha dicho? Sencillo: que el presidente está protegiendo a alguien. Y eso afecta la imagen presidencial.

Todos estos casos y otros más han minado la popularidad del presidente. Si los utilizara como fusibles, la situación podría ser diferente. Según la más reciente encuesta de la firma CIEES, en Quito la aprobación cayó del 39% al 32%, mientras que en Guayaquil el descenso fue aún más drástico, al pasar del 46% al 29%.

Política

El caso Sinohydro sufre de elefantiasis

Roberto Aguilar

Según la encuestadora, el principal problema que afecta la popularidad del gobierno es la percepción de inseguridad que, si bien ha disminuido recientemente, sigue siendo la causa más importante de su impopularidad.

Es decir, los recientes escándalos de corrupción le han costado mucho políticamente. ¿Por qué no aplica entonces la lógica del fusible?

Ahora bien, también es cierto que, según se sabe, a Noboa le cuesta mucho encontrar ministros para hacer cambios, pues es muy poca la gente calificada y honesta que acepta ocupar esos cargos.

Política

Daniel Noboa reaparece en video estilo Bukele y olvida los resultados sobre seguridad

Martin Pallares

Lo que debes saber:

• 20.800 personas necesitan diálisis en Ecuador, según el Frente Nacional de Pacientes Renales.
• Kevin Valdez, su dirigente nacional, recuerda que acceder a ese tratamiento es cuestión de vida o muerte para ellos.
• Hace siete años había desabastecimiento de insumos, de productos de $2 o 3, pero ahora a varios pacientes les recortan horas o días de diálisis.

El 21 de mayo del 2026, Kevin Valdez, vocero del Frente Nacional de Pacientes Renales, acudió a un evento al Hospital Baca Ortiz porque sabía que estaría el ministro de Salud, Jaime Bernabé. En un video se observa que se presenta y le pide una cita y él lo evita y le deja con alguien de seguridad.

Ecuador

Crisis en la Amazonía: Pacientes con cáncer y diálisis denuncian ocho meses de abandono estatal

Valeria Alvear

- ¿Qué edad tiene y desde hace cuándo vive con enfermedad renal?

- Tengo 32 años. El diagnóstico lo recibí hace siete años, en el dispensario de La Mariscal del IESS, me dijeron que necesitaba diálisis de emergencia. Busqué una opinión particular y así con dieta extricta recién empecé con ese tratamiento el 13 de marzo del 2023. 

Tuve una preparación previa, mi cuadro renal es hereditario, mi hermana mayor, de 34 años, desde los 12 ha vivido con la enfermedad.

- ¿Qué implica tener que someterse a diálisis?

- Algunos de nosotros tenemos que llevar en los brazos una fístula, que une una vena y una arteria para soportar punciones. Yo ingresé consciente al IESS, para esa operación, la mayoría lo hace inconsciente, por emergencia. 

A otros compañeros les colocan un cateter, un aparato invasivo directo al corazón y se despiertan en diálisis.

- ¿Cuál es la frecuencia con la que requieren someterse a las diálisis?

- Depende del diagnóstico individual. La recomendación suele ser tres veces a la semana y cada terapia dura tres horas y 45 minutos; en mi caso acudo los lunes, miércoles y viernes, de 06:00 a 10:00. Pasamos conectados a una máquina que filtra nuestra sangre. 

Hay dos tipos de terapia sustitutiva, hemodiálisis, a través de la sangre; se filtra y extrae los líquidos que están en exceso en el cuerpo, como el sodio, potasio, fósforo; y diálisis peritoneal, por la que conectan al ombligo un aparato, en las noches, por 10 a 12 horas. Solo el 6 % se hace este último tipo.

Las clínicas privadas no nos sueltan, saben que no les pagan de inmediato, pero luego cobran con intereses.Kevin Valdez/ vocero de pacientes renales

- ¿Por qué en sus intervenciones públicas, como representante de los pacientes renales, usted enfatiza en que no acceder a diálisis pone en riesgo sus vidas?

- Algunos compañeros tienen un diagnóstico sobre otro. Así, enfermedad renal crónica, más presión arterial, diabetes o insuficiencia cardiaca. 

No acceder a una diálisis es fatal porque nuestros riñones no funcionan, no orinamos, no podemos eliminar los líquidos que consumimos; el cuerpo se contamina pues lo que ingerimos se convierte en toxinas. Y se produce un derrame cerebral o un paro cardiaco.

- ¿Han fallecido integrantes de la Federación de Pacientes Renales?

- Según el Estado, en Ecuador no hay muertes por falta de diálisis sino por derrame cerebral o paro cardiaco. Pero lo que lleva a eso es la falta de diálisis. 

Podríamos pasar una semana hinchados, como no se puedes miccionar, los líquidos se acumulan, hay un daño en los pulmones, la muerte puede ser tortuosa y triste, con falta aire.

- ¿Qué tan grave es?

- Por eso empezamos esta lucha. Los pacientes renales no tenemos tiempo. No desmerecemos otras luchas, por la educación o la seguridad. Luego del decreto 393 se mencionó que en 15 días se abastecería a hospitales; se habló de 60 días de transición. 

Nos preocupa, denunciamos y alertamos porque solo nosotros sabemos lo que es vivir con una enfermedad crónica. Solo deberíamos preocuparnos por cuidar la dieta y el estado físico y no por si mañana será posible acceder a la diálisis.

- ¿Por qué decidió involucrarse en el activismo?

- Hace dos años y medio empezamos con el Frente, hemos estado en plantones y marchas, nos ha reprimido la Policía, pese a nuestra condición. 

Me surgió la convicción de luchar por esta causa, por mis compañeros, hasta que el último tenga los insumos completos, también por quienes en tres o más años dependerán de diálisis, por quienes esperan por un trasplante y por quienes perdieron la batalla. En el país somos 20.800 personas que requerimos diálisis.

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- Hay quienes dicen que el desabastecimiento no es de hoy sino de toda la vida.

- Hace siete u ocho años había desabastecimiento de insumos, pero era mínimo, debíamos adquirir medicamentos que costaban $ 2 o 3. 

Pero es en estos últimos años que las clínicas empezaron a hablar de suspender los tratamientos. Nos dicen que el Estado no les paga. Nos enteramos de que cobran $ 1.456 mensuales por paciente. Pero a algunos compañeros les suspenden una sesión al mes o en lugar de cuatro les dan dos horas de diálisis.

El Estado solo cubre al 12 % de pacientes, el 88 % va a clínicas privadas. Deben garantizarnos el tratamiento completo.Kevin Valdez/ vocero del Frente de Pacientes Renales

¿Jaime Bernabé no los recibió?

El Frente Nacional de Pacientes Renales, que reúne a más de 20 mil personas, ha buscado una reunión con el ministro de Salud, Jaime Bernabé; también con Juán José Reyes, presidente de la Comisión legislativa a cargo de este sector, pero ninguno ha aceptado escucharlos.

¿Quién es Kevin Valdez?

Es profesor de Idiomas, con maestría en Educación. Pero no ha podido ejercer su profesión por su ocndición de salud. Trabaja en el área administrativa de un museo. Tiene 32 años. Desde los 7 años conoció cómo es la vida de un paciente renal, ya que su hermana mayor fue diagnosticada. 

Lo que debes saber

• El concurso para fiscal general está paralizado por falta de consenso interno y votos en el Pleno.
• Analistas señalan que el retraso beneficia la continuidad del fiscal encargado del Gobierno.
• Candidatos debaten entre corregir errores del reglamento o denunciar direccionamiento.

El concurso para fiscal general del Estado camina hacia su segunda semana de paralización luego de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no pudo ponerse de acuerdo para aprobar el informe final de la etapa de calificación de méritos.

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La paralización, además de complicar el cumplimiento de los plazos establecidos, empieza a generar dudas sobre las razones detrás del estancamiento del proceso y, en especial, sobre quién se estaría beneficiando con el retraso en la designación del nuevo fiscal general, pese a que debió haberse designado a una nueva autoridad en abril de 2025.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso para Fiscal General del Estado, bosqueja algunos de los hechos que explicarían qué habría detrás de la paralización del proceso para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público.

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Uno de ellos está vinculado con lo más evidente: no hay los votos. Según Espinel, esto ya se observó en la sesión del 11 de junio, cuando la mayoría consolidada se fracturó por la sorpresiva abstención del consejero Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, además de los votos en contra de Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán.

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Este escenario se complica aún más, acota, por la incertidumbre sobre cuál será la postura del consejero que reemplace a Gilbert, quien renunció al CPCCS en medio de los cuestionamientos por aparecer, durante una sesión del Pleno, junto a José De La Gasca, postulante y exministro de Gobierno de Daniel Noboa.

La mayoría del CPCCS tambalea

Este Diario intentó contactar a Andrés Fantoni y Jazmín Enríquez, presidente y vicepresidenta del CPCCS respectivamente, para consultar cómo la entidad prevé dar continuidad al concurso para fiscal general. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. No obstante, la consejera Nicole Bonifaz señala que dicha incertidumbre empieza a sentirse al interior del Pleno del Consejo.

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Bonifaz confirma que la paralización del proceso responde al creciente descontento al interior del Pleno del CPCCS. “Somos tres los consejeros que no estamos de acuerdo. No sé la posición de (David) Rosero”, comenta la consejera y sostiene que “ahora que se fue Roberto Gilbert habría que ver qué piensa su suplente, pero al menos por mi lado no he cambiado de posición con respecto a este concurso”.

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Por otro lado, Espinel no descarta que el nuevo ritmo del concurso para fiscal general del Estado esté vinculado con la posible convocatoria a un referéndum para que la función de designación de autoridades pase a manos de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría parlamentaria y control sobre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones especializadas permanentes.

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Sea cual sea la explicación, Espinel sostiene que el principal beneficiario de la paralización del concurso para fiscal general del Estado es el Gobierno del presidente Daniel Noboa, por la continuidad del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en dicho puesto. En especial, porque Alarcón ha sido una pieza clave en casos como Triple A, Goleada y otros que han sido de interés directo del oficialismo.

Posturas de los candidatos a fiscal general de Ecuador

Por otro lado, entre los aspirantes existen posturas divididas. Mientras que Daniella Camacho y Alejandro Montecé dicen estar de acuerdo con la paralización del concurso, siempre y cuando sea para subsanar errores o garantizar la independencia del proceso, José De La Gasca insinúa un direccionamiento del concurso para fiscal general.

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Camacho, además, considera que la paralización no beneficia a nadie, pero sí afecta a la institucionalidad del Estado por no contar con una autoridad titular. Asimismo, dice que más allá de cualquier desacuerdo al interior del CPCCS, existe un reglamento con lineamientos y mecanismos para garantizar el respeto de la normativa.

Montecé, por su parte, acota que la intervención del Pleno del Consejo es indispensable ante una Comisión Ciudadana de Selección que “rompe el reglamento”, como dice que quedó demostrado con el tratamiento de la calificación de méritos. Sin embargo, aclara que la paralización debe ser justa y permitir la corrección de los errores.

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De La Gasca denuncia presunto direccionamiento

A diferencia de Camacho y Montecé, el exministro De La Gasca cuestiona el desarrollo del concurso e insinúa que la paralización responde a un direccionamiento del proceso. “¿Paralización o más bien que no ‘avance’ hacia donde lo quieren llevar?”, se pregunta. Y hace hincapié en que es preocupante la falta de transparencia y que incluso el proceso ha perdido credibilidad por un trabajo “amañado” y “torcido” de la Comisión Ciudadana de Selección.

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Sin embargo, solo constan sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024. Como consta en el reportaje 'Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía', EXPRESO no encontró registros de 2025 ni de 2026 en la plataforma de la Contraloría General del Estado. 

"Los funcionarios de nivel jerárquico superior —por ejemplo los ministros— deben presentar esta declaración de forma anual".

Así lo explica Guido Escobar, PhD en Hacienda Pública, experto en temas de la Contraloría y docente universitario. Precisa que esta obligación está establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas y en su reglamento.

¿Puede justificarse la no presentación de la declaración juramentada en 2025 y 2026?

Escobar responde: " No es posible que no aparezcan en la plataforma; es una omisión del Contralor (Mauricio Torres) y de la Contraloría, habría un nivel de desigualdad o discriminación con otros funcionarios como él. ¿Por qué los unos publicitan sus declaraciones y los otros no? La ley tiene dos principios es obligatoria y es general para todos".

Sobre los efectos jurídicos, recuerda que el artículo 231 de la Constitución establece que la falta de presentación de la declaración al término de las funciones, o la existencia de inconsistencias no justificadas entre declaraciones, hará presumir enriquecimiento ilícito.

Además, Escobar señala que "el Contralor tienen que darnos respuesta, es el primer responsable constitucionalmente, es el director de orquesta, el responsable de todo el manejo del sistema de control interno del país, tanto más si son funcionarios de ese rango".

¿Cuál es el efecto jurídico de la no presentación de declaraciones en un funcionario de ese nivel?

El artículo 4 de la ley establece que no presentar la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión implica la anulación inmediata del nombramiento o contrato, el cese de funciones del servidor y la remoción del responsable de talento humano que lo posesionó sin cumplir este requisito. Además, la presentación tardía de la declaración no subsana el incumplimiento.

En su reporte más reciente, el patrimonio de Luque asciende a 149.000 dólares. Registra trece cuentas bancarias con fondos que suman 39.000 dólares. Estos datos constan en el reportaje sobre los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y su equipo.

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El miércoles 24 de junio de 2026 deberá ampliar su versión sobre el caso Progen, según determinó la Fiscalía.

El comunicado de prensa de Contraloría en agosto del 2025:

La Contraloría recordó que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos entró en vigencia el 29 de julio de 2025.

Y señaló que reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

Por lo que, detalló, "los servidores públicos del Ecuador que se desempeñan en cargos de nivel jerárquico superior y son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado (CGE), entre el 1 y 31 de agosto de 2025, con la siguiente información". Con estos datos:

¿Quiénes se consideran PEP?

Lo que debes saber

• Especialistas sostienen que la eventual salida de Serrano de custodia no implica una deportación automática.
• Una protección otorgada por la justicia estadounidense sigue siendo clave en su caso.
• En Ecuador, el exministro mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La posible salida de José Serrano, exministro del Interior del Gobierno de Rafael Correa, del centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos), ha abierto interrogantes sobre su situación migratoria y la posibilidad de que sea enviado a Ecuador. Sin embargo, especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que su eventual excarcelación no implica automáticamente una deportación.

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¿Qué se sabe de la situación de Serrano?

El abogado, especialista en Política Internacional y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, Pablo Játiva señala que todavía no existe una confirmación oficial sobre el estatus actual del exfuncionario. Por ello, advirtió que cualquier análisis debe realizarse con cautela, ya que incluso podría tratarse de un traslado a otro centro de detención o de una liberación bajo fianza.

Según Játiva, la principal barrera para una eventual deportación es la protección otorgada a Serrano bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). El académico explicó que esa medida fue concedida por una jueza estadounidense al considerar que existirían riesgos para su integridad si fuera retornado a Ecuador.

La jueza de asuntos migratorios de Miami, Romy Lerner, concedió el 13 de mayo de 2026 al exfuncionario correísta una protección al amparo de la Convención contra la Tortura (CAT) de 1984, una medida que impide su deportación a Ecuador mientras se mantenga vigentes las condiciones que la motivaron. En el país, Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, en el que es investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

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El alcance de la Convención contra la Tortura

Por su parte, Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que el caso debe analizarse desde varias aristas jurídicas que se desarrollan de manera paralela. A su criterio, aunque en Ecuador existe una orden de prisión preventiva contra Serrano, la protección derivada de la Convención contra la Tortura complejiza cualquier proceso de devolución.

Téllez explica que el principio de no devolución, contemplado en el artículo 3 de la Convención, impide enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar riesgos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Agrega que, de mantenerse vigente esa protección, la deportación quedaría frenada independientemente de otros argumentos relacionados con seguridad o antecedentes judiciales.

Según los académicos, la protección otorgada a Serrano bajo la Convención contra la Tortura también debe analizarse en el contexto de la crisis penitenciaria que ha atravesado Ecuador en los últimos años. Los especialistas sostienen que los antecedentes de violencia carcelaria, las denuncias sobre condiciones de reclusión y la situación de figuras políticas privadas de libertad (el exvicepresidente Jorge Glas y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez) habrían sido elementos considerados por la justicia estadounidense para evaluar los riesgos que enfrentaría el exfuncionario en caso de ser enviado al país.

Játiva expresa que la orden de prisión preventiva vigente en Ecuador no obliga a Estados Unidos a entregar al exfuncionario. Según expresa, la protección internacional otorgada a Serrano se sustenta en que el Estado ecuatoriano no habría podido garantizar plenamente su seguridad e integridad dentro del sistema penitenciario.

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La protección internacional que lo blinda

Por su parte, Téllez señala que la negativa al asilo no elimina automáticamente los efectos de la protección otorgada bajo la Convención contra la Tortura. La experta afirma que ambas figuras tienen alcances distintos y que la segunda puede mantenerse vigente aun cuando la primera haya sido rechazada.

Además, explica la académica que, si Estados Unidos decidiera deportar a Serrano a Ecuador y este fuera encarcelado en prisiones del país, y en un año su estado físico se viera totalmente deteriorado, eventualmente se abriría una ventana de responsabilidad internacional para Estados Unidos a la luz de la Convención, por haber incumplido la normativa al no poder garantizar su retorno en condiciones adecuadas. Esto podría derivar en un litigio internacional, subraya Téllez.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre las condiciones en las que Serrano habría dejado de figurar en localizador de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, los especialistas consultados consideran que, mientras permanezca vigente la protección internacional concedida en Estados Unidos, una deportación a Ecuador no sería un escenario inmediato.

Lo que debes saber:

• De la Espriella lidera preconteo en Colombia por estrecho margen de 0,96%.
• El resultado definitivo del escrutinio tardará entre tres días y dos semanas.
• Iván Cepeda aclaró que aceptará el resultado cuando concluya el escrutinio.

Luego de una histórica participación que superó los 26,3 millones de sufragantes (equivalente al 63,6% del censo electoral), el preconteo inicial en Colombia otorgó el liderazgo a Abelardo de la Espriella por una reducida ventaja de 250.820 votos por encima de Iván Cepeda, marcando una brecha de apenas 0,96 puntos porcentuales.

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Debido a la mínima distancia entre ambos candidatos, Cepeda manifestó de forma pública que, si bien admite la tendencia observada, estos datos "aún no son oficiales ni vinculantes". 

El candidato de izquierda aclaró de manera enfática que su proyecto político aceptará el veredicto definitivo una vez que culmine el proceso de consolidación formal derivado del escrutinio. 

Asimismo, el mandatario colombiano Gustavo Petro remarcó en sus plataformas digitales que los encargados de dictaminar al ganador definitivo son los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo con la facultad jurídica para oficializar los resultados tras la revisión obligatoria de las actas.

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Preconteo frente a escrutinio: ¿cuál es la diferencia?

Según puntualiza la Registraduría Nacional, el preconteo desarrollado durante la misma jornada de los comicios posee únicamente un carácter informativo y carece de validez legal. 

En contraste, el escrutinio constituye la verificación y cómputo oficial de los votos, un procedimiento dotado de plenos efectos legales que posee la capacidad de modificar los resultados preliminares al enmendar fallos de digitación, resolver impugnaciones presentadas y constatar posibles discrepancias dentro de los documentos electorales.

Esta labor se ejecuta de manera progresiva. En primera instancia, se llevan a cabo las verificaciones en los ámbitos distritales y municipales, seguidas por las fases departamentales, concluyendo con la centralización nacional efectuada por el CNE. 

En estas tareas participan comisiones escrutadoras conformadas por jueces, notarios y registradores, quienes cuentan con el respaldo de delegados del CNE, entes de control y los apoderados de las candidaturas presidenciales.

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¿Cuánto tardará el escrutinio en finalizar?

De acuerdo con lo expuesto por los organismos electorales, la normativa no contempla un límite de tiempo inflexible para certificar la designación de un mandatario electo. 

La extensión de este proceso depende directamente del flujo total de la votación y, sobre todo, del número de reclamaciones o tachas que ingresen los veedores y juristas de las campañas respecto a supuestas fallas en las mesas receptoras de voto (tales como errores en el llenado de formularios o incongruencias en las cifras de votantes).

Como un antecedente cercano, en la primera vuelta de las presidenciales celebrada el pasado 31 de mayo, los comités técnicos procesaron la información con celeridad: las labores arrancaron a las 8:00 de la noche del domingo y la centralización nacional terminó el 2 de junio, difundiéndose el balance oficial apenas tres días posteriores al sufragio.

Al respecto, Altus Baquero, magistrado del CNE, detalló al medio SEMANA que, dado que se trata de un escenario electoral simplificado donde únicamente se miden dos binomios y la opción del voto en blanco, el mecanismo tendría que concretarse "muy rápido". 

Tomando en cuenta los antecedentes del país en comicios de gran envergadura, el lapso global para el dictamen definitivo suele demorar entre un mínimo de tres días y un tope de dos semanas.

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¿Qué tanto pueden cambiar las cifras?

A pesar de que el escrutinio goza de la potestad legal para alterar los valores emanados del preconteo, los históricos recopilados por las autoridades y la Misión de Observación Electoral (MOE) en los procesos presidenciales demuestran que los ajustes suelen ser mínimos.

Las alteraciones drásticas, como el caso de los más de 500.000 sufragios recuperados por el Pacto Histórico en las elecciones de Congreso de 2022, responden a mecánicas legislativas de alta complejidad y no se evidencian usualmente en las elecciones presidenciales. 

Por ahora, la ciudadanía colombiana se mantiene atenta a la resolución oficial y firme de las delegaciones para conocer los resultados definitivos.

Lo que debes saber

• La muerte de Monika Silva llegó hasta Naciones Unidas.
• La relatora Andrea Bolaños lanzó una serie de exigencias al Estado ecuatoriano y alertó sobre riesgos para activistas.
• ¿Qué pidió la ONU y por qué considera que el caso tiene una gravedad especial?

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, pidió al Estado ecuatoriano reforzar las garantías de protección para activistas tras el asesinato de la defensora polaca Monika Martyna Koniuszek, conocida públicamente como Monika Silva. La activista fue hallada sin vida en Montañita, provincia de Santa Elena, un caso que continúa bajo investigación.

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Desde el 8 de junio, Bolaños afirmó que ha seguido de cerca la información relacionada con el fallecimiento de la defensora. La relatora señaló que los elementos conocidos hasta ahora generan preocupación debido a que, según información forense, las circunstancias de la muerte no coincidirían con la hipótesis de un suicidio.

“Dado que las autoridades forenses indican que las circunstancias no concuerdan con un suicidio, este suceso adquiere una gravedad particular”, expresó la relatora de la ONU al referirse al caso de Monika Koniuszek. La funcionaria advirtió que la situación merece un análisis profundo por las implicaciones que podría tener para la seguridad de quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.

Caso Monika Silva reaviva alertas sobre seguridad de defensores

La representante de Naciones Unidas sostuvo que la muerte de la activista no puede ser vista únicamente como un hecho aislado. Según indicó, distintos reportes reflejan un contexto adverso para personas que realizan trabajo de defensa de derechos en Ecuador.

“Lejos de ser un caso aislado, diversos informes señalan que otras personas defensoras de derechos humanos están sufriendo hostilidad por parte del Estado”, manifestó Bolaños. La relatora vinculó esta preocupación con la necesidad de fortalecer las garantías de protección para quienes desarrollan este tipo de actividades.

Además, recordó que la situación podría afectar compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos fundamentales. Entre ellos mencionó disposiciones relacionadas con la protección de la vida, la libertad de expresión y el derecho de asociación pacífica.

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Entre las acciones planteadas, Bolaños instó a las autoridades a garantizar que las personas defensoras puedan desarrollar su trabajo sin restricciones indebidas. También solicitó medidas para evitar amenazas, actos de violencia e intimidación contra este sector.

“Garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos”, señaló la relatora dentro de su pronunciamiento. Asimismo, pidió el cese de cualquier práctica de persecución, criminalización o vigilancia dirigida contra activistas y organizaciones sociales.

La funcionaria también exhortó a reforzar los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para brindar respaldo efectivo a quienes enfrentan riesgos por su labor. En paralelo, reclamó que las violaciones contra defensores sean investigadas y sancionadas para evitar escenarios de impunidad.

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ONU insiste en esclarecer la muerte de la activista

Uno de los principales pedidos de la relatora se centra en el esclarecimiento del caso de Monika Silva. Bolaños demandó una actuación diligente de las autoridades para determinar responsabilidades y garantizar transparencia durante todo el proceso.

“Lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso de la Sra. Monika Koniuszek”, enfatizó la representante de Naciones Unidas. El llamado busca que las circunstancias de la muerte sean esclarecidas con base en evidencia técnica y sin interferencias.

La relatora concluyó su pronunciamiento destacando el papel que cumplen quienes defienden derechos humanos en distintos países. “Las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana”, afirmó al insistir en la necesidad de brindarles protección efectiva.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa cumplirá una nueva agenda de trabajo en Estados Unidos el 25 de junio de 2026.
• El mandatario ecuatoriano mantendrá reuniones estratégicas en Nueva York con diplomáticos, migrantes e inversionistas.
• Este viaje representa la segunda visita oficial de Daniel Noboa a territorio estadounidense en menos de un mes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplirá una nueva agenda de trabajo en Estados Unidos a partir del próximo 25 de junio de 2026. Esta visita oficial a la ciudad de Nueva York marca el segundo viaje del mandatario al país norteamericano en menos de un mes, un desplazamiento estratégico que coincide con el desarrollo del Mundial 2026 y la participación de la selección ecuatoriana en la cita deportiva.

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A pesar de que el decreto ejecutivo correspondiente aún no ha sido oficializado, la Cancillería de Ecuador difundió los compromisos previamente coordinados que el primer mandatario solventará en territorio estadounidense. La planificación oficial arranca el 25 de junio de 2026 con una sesión diplomática de alto nivel orientada a la seguridad regional.

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Posteriormente, las actividades presidenciales se extenderán hasta el 26 de junio de 2026, enfocándose en el diálogo con la comunidad residente en el exterior y la atracción de capitales para el desarrollo nacional.

Detalle de la agenda presidencial

Segundo viaje a Estados Unidos en menos de un mes

Este viaje se suma a la reciente actividad internacional del mandatario. A mediados de junio de 2026, entre los días 11 y 15, el primer mandatario cumplió una jornada laboral en el país norteamericano que contempló una visita al Pentágono y una reunión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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Durante esa misma permanencia en el norte, Daniel Noboa asistió al partido inaugural de Ecuador en el Mundial 2026, evento disputado de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Si bien su presencia en el encuentro deportivo no constaba en las rutas iniciales de la Cancillería, el presidente fue captado por la transmisión oficial del compromiso.

Los puntos claves de este reportaje

• Cinco autoridades subordinadas o alineadas al Ejecutivo reportan montos de hasta $1,8 millones.
• Los activos de los hombres de confianza del Ejecutivo van desde un salto de un millón de dólares en acciones empresariales hasta $200 mil en semovientes (ganado) y fondos en Estados Unidos.
• Para acceder a los informes patrimoniales de servidores públicos se han sorteado limitaciones que la Contraloría ha implementado en los últimos dos meses. Aún se exige al ciudadano que llene un formulario con datos personales y continúa inhabilitada la opción de descarga de los documentos.

El poder económico de quienes manejan los hilos políticos del país deja rastros en los papeles oficiales, aunque el acceso a ellos se intente convertir en un laberinto. Una reciente revisión patrimonial de Diario EXPRESO a trece altas autoridades del país expone las cifras que los hombres de confianza del presidente Daniel Noboa han entregado a la Contraloría General del Estado.

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Las autoridades bajo escrutinio:

Cinco de estos personajes son subordinados del presidente Noboa: Neira, Luque, Olsen, Sensi-Contugi y Cabezas-Klaere. El dato más llamativo de este análisis financiero no se queda en el despacho presidencial, ya que el exasambleísta oficialista Niels Olsen registra un patrimonio superior al del propio primer mandatario.

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Mientras el presidente Daniel Noboa declara un patrimonio que asciende a $1,6 millones (una casa de $1,5 millones en Santa Elena, acciones por $101 mil y $16 mil en tres cuentas bancarias, sin deudas ni vehículos a su nombre), su exministro y hombre fuerte en la Asamblea Nacional reportó un patrimonio de $1,8 millones, en las declaraciones disponibles de 2025.

El salto millonario del hombre de confianza

Niels Olsen, quien presentó su renuncia a la Presidencia de la Asamblea Nacional este 8 de junio de 2026, acumula específicamente un patrimonio de $1'835.291,87, según su reporte de 2025. En su lista de activos constan nueve cuentas bancarias que suman un total de $87 mil, una casa en Guayas adquirida en 2008 por $135 mil, y un departamento en la misma provincia registrado en 2023 por $460 mil.

El exlegislador, cuya familia se ha dedicado tradicionalmente al agroturismo, reporta además una camioneta de año 2023 comprada por $45 mil y un menaje de casa valorado en $90 mil. El crecimiento de su patrimonio ocurrió entre su paso como ministro de Turismo en el gobierno de Guillermo Lasso y su llegada a la Asamblea Nacional. En ese periodo experimentó un salto de aproximadamente un $1 millón reflejado en acciones de empresas.

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El segundo funcionario con el patrimonio más alto entre los subordinados del entorno presidencial es el superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere. El funcionario reportó un patrimonio total de $915.085,56. Dentro de los rubros más importantes de su balance constan cuentas por cobrar que superan los $300 mil.

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En el puesto tres de esta lista consta José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y quien previamente estuvo al frente de doce funciones por encargo de Noboa, incluyendo la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Él registra un patrimonio de $461 mil en su reporte de 2026.

Neira ingresó al servicio público en 2023 como subsecretario general de Acción Estratégica con $447 mil. Entre sus activos actuales destacan cinco cuentas bancarias (cuatro de ellas localizadas en Estados Unidos) con un total de $46 mil, inversiones por $160 mil y $200 mil en semovientes (ganado), sin registrar casas ni vehículos a su nombre.

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Ministra de Gobierno presenta denuncia en Fiscalía: "Correa estaría liderando red de espionaje"

Daniel Alejandro Romero Páez

La denuncia apunta directamente al máximo líder de Revolución Ciudadana. El caso cobró relevancia luego de que, en las últimas semanas, se difundiera un audio en el que supuestamente conversa con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela relacionada con el denominado caso Porsche y el uso de recursos de Segura EP.

“Vengo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General para que se proceda a realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto cometimiento de delitos que se estarían realizando dentro del sistema de Segura EP y que, lamentablemente, ha sido un sistema mal utilizado, sobre el cual los guayaquileños han puesto de su dinero para que pueda prevenir delitos”, señaló Morillo.

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¿Por qué se menciona a Rafael Correa?

Según la ministra de Gobierno, existen indicios de que las cámaras de videovigilancia de Segura EP habrían sido utilizadas con fines políticos. En ese contexto, aseguró que detrás de las operaciones denunciadas existiría una presunta red de espionaje.

Morillo sostuvo que dicha estructura “estaría siendo liderada por Rafael Correa”. Además, mencionó la participación de otras personas que habrían estado vinculadas con el seguimiento de información obtenida a través del sistema municipal.

Entre los señalados figura el asambleísta de Revolución Ciudadana y exjefe de la bancada correísta Juan Andrés González, cuyo nombre también ha sido mencionado en relación con el audio difundido recientemente.

¿Qué es el caso Porsche?

El denominado caso Porsche surgió a partir de una denuncia impulsada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La alerta se originó tras la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria.

De acuerdo con la información expuesta por las autoridades municipales, el vehículo llegó a un sector donde se encontraba la vivienda del único procesado por una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.

¿Qué delitos se investigarán?

La ministra Morillo indicó que la Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales derivadas del uso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Entre los posibles delitos que mencionó están:

¿Cuál fue la reacción del correísmo?

Correa utilizó su cuenta en la red social X para responder a los señalamientos realizados por funcionarios del Gobierno. Sobre Morillo, publicó: “Ministra: Fuera de sus evidentes troles, mire lo que les contesta la gente. Están perdidos. Sirvenguenzas”.

Además, el exmandatario respondió al ministro del Interior, John Reimberg, quien había señalado: “Salas espejo, espionaje, uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad al servicio de intereses particulares, en lugar de la seguridad de los guayaquileños”.

Frente a esas declaraciones, Correa escribió en su cuenta de X: “¿Sala espejo? ¿Espionaje? ¿Uso discrecional de recursos y logística del Estado? ¡Increíble! ¿Por qué mejor no resuelven el Caso Porsche? Y en manos de este pelotudo está la seguridad ciudadana”.