Lo que debe saber

• La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, presentó su agenda legislativa para lo que resta del periodo y priorizó 34 proyectos de ley.
• Seguridad será el principal eje, con la Ley Antimafias y reformas al COIP entre las iniciativas destacadas.
• Desarrollo Humano y Modernización Institucional, así como Crecimiento Económico, completan las prioridades del Legislativo.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, delineó sus prioridades para lo que resta del primer ciclo del actual periodo legislativo. La nueva agenda legislativa prioriza 34 proyectos de ley y la seguridad será el principal eje de trabajo.

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En esa área se contemplan la Ley Antimafias, una iniciativa del oficialismo, así como las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Esto con el fin de consolidar un marco normativo que contribuya a enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad del Estado”, aseguró Mancheno.

El eje contempla las siguientes normativas:

Desarrollo Humano y Modernización Institucional

Según la agenda presentada, el objetivo de este eje es “impulsar condiciones que favorezcan el bienestar de la población y el desarrollo de sus capacidades”. Así, las leyes priorizadas en las diferentes comisiones serán:

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El eje sobre crecimiento económico

Esta vez, la agenda legislativa ubica al eje económico en el tercer lugar. Esto ocurre luego de que, durante el primer año de gestión de la Asamblea, el oficialismo concentrara la mayor cantidad de sus esfuerzos en el trámite de los proyectos económicos urgentes enviados desde el Ejecutivo.

En ese sentido, la agenda de Mancheno plantea la priorización de 10 proyectos de ley:

Lo que debes saber

• El proceso penal lleva cerca de seis años sin una decisión de primera instancia.
• La audiencia acumula más de 12 aplazamientos por distintas circunstancias.
• La próxima diligencia tendrá apoyo policial y una sala virtual para evitar nuevas suspensiones.

La sentencia que lleva meses sin llegar a los procesados del caso Pruebas COVID-19 ahora abre otro frente: el juez ponente Gandhy Cervantes enfrenta un sumario disciplinario. Así, el Consejo de la Judicatura de Pichincha inició de oficio el procedimiento por sus actuaciones dentro de una causa que acumula aplazamientos y que todavía no logra cerrar su etapa de juzgamiento.

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Sumario contra el juez Gandhy Cervantes

De acuerdo con el comunicado difundido el 13 de agosto de 2026, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha abrió el sumario contra el juez Gandhy Cervantes, ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Quito. Además, la decisión se sustenta en el informe INF-DNTG-SNTPJO-2026-037, remitido por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, en el que se identificó una prolongación en la fase final del proceso judicial.

En ese contexto, el informe señala que el 14 de mayo de 2026 el Tribunal suspendió una diligencia para mantenerse en deliberación y anunció que comunicaría su decisión oral en los primeros días de junio. Sin embargo, posteriormente se convocaron nuevas fechas para el 2 de julio, 3 de julio y 26 de agosto, sin que hasta la fecha se haya emitido la resolución respectiva.

Precisamente, la lectura de la sentencia volvió a suspenderse el 3 de agosto, cuando el juez ponente Gandhy Cervantes no pudo asistir a la audiencia por un permiso médico. Luego, el 7 de agosto tampoco fue posible reinstalar la diligencia, debido a la inasistencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez y a una emergencia médica reportada por el abogado defensor Diego Córdova Raza.

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Un proceso con más de 12 aplazamientos

A esto se suma que el proceso penal, iniciado hace aproximadamente seis años, acumula más de 12 aplazamientos atribuidos a diferentes circunstancias, entre ellas problemas de salud de procesados y jueces, cambios de abogados y cruces con otras audiencias. Por ello, las reiteradas suspensiones han mantenido en espera la sentencia de primera instancia contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados.

Mientras tanto, el Tribunal de Juzgamiento fijó para el 26 de agosto de 2026, a las 17:00, una nueva fecha para la lectura de la sentencia en las instalaciones del Tribunal de Garantías Penales de Quito. Esta vez, la autoridad judicial dispuso apoyo policial y una sala virtual con el objetivo de evitar nuevos retrasos durante la diligencia.

No obstante, el sumario disciplinario no significa que el juez ya haya sido declarado responsable de una infracción. Según el Consejo de la Judicatura, el procedimiento permitirá determinar si existió o no una falta disciplinaria, con base en las actuaciones y pruebas que correspondan.

Lo que debes saber

• Congope nombra a Roberta Zambrano tras renuncia de Clemente Bravo por proceso electoral.
• Cambio de presidencia en el Congope ocurre este 14 de agosto y mantiene agenda provincial.
• Roberta Zambrano asume liderazgo de 23 prefecturas mientras avanza transición institucional.

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) informó que Roberta Zambrano asumió la presidencia de la entidad luego de la renuncia de Clemente Bravo, quien dejó el cargo con la intención de continuar su actividad política y participar en el próximo proceso electoral.

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Según la organización que agrupa a las 23 prefecturas del país, el relevo se efectuó conforme a los mecanismos internos establecidos para la sucesión de autoridades. Con este cambio, Zambrano pasa a liderar el organismo en medio de un escenario marcado por la proximidad de nuevas definiciones electorales.

La salida de Bravo ocurre mientras varias autoridades seccionales analizan su participación en los próximos comicios. Aunque el Congope no detalló los planes políticos del exdirigente, señaló que la renuncia responde a su decisión de continuar su trayectoria en el ámbito político y electoral.

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Cambio de liderazgo en el organismo provincial

Tras asumir la presidencia, Roberta Zambrano quedó al frente de la entidad que representa a los gobiernos provinciales del Ecuador y que articula acciones entre las prefecturas en temas de desarrollo territorial, gestión pública y coordinación institucional.

En el comunicado difundido por el organismo se indica que la transición se desarrolla con normalidad y que las actividades y proyectos impulsados por las prefecturas continuarán bajo la nueva administración.

El Congope mantiene su agenda institucional

La organización señaló además que seguirá trabajando junto a las 23 prefecturas del país en iniciativas relacionadas con el desarrollo de las provincias y la coordinación de acciones entre los gobiernos provinciales.

Con la salida de Bravo y la llegada de Zambrano a la presidencia, el Congope inicia una nueva etapa de gestión mientras el escenario político empieza a configurarse de cara a los próximos procesos electorales en Ecuador.

Lo que debes saber

• Comisión admitió 38 impugnaciones a 25 aspirantes a Fiscal General en Quito, este 14 de agosto.
• CPCCS resolverá apelaciones antes de audiencias públicas sobre postulantes observados.
• Inés Romero, Daniella Camacho y Walter Macías concentran varias impugnaciones en el concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para elegir a la próxima autoridad de la Fiscalía General del Estado admitió 38 impugnaciones presentadas contra 25 postulantes, mientras que otras 11 fueron inadmitidas por incumplir requisitos establecidos en la normativa vigente.

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La resolución fue anunciada este 14 de agosto de 2026 por la Comisión Ciudadana, que actualmente desarrolla una de las fases más sensibles del proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General.

De acuerdo con el reglamento del concurso, la decisión deberá ser notificada a las partes involucradas. En los casos de las impugnaciones que no fueron admitidas, los solicitantes contarán con tres días para presentar recursos de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Una vez que el Pleno resuelva las apelaciones, la Comisión Ciudadana convocará a audiencias públicas, espacio en el que los impugnantes y los candidatos cuestionados podrán exponer sus argumentos y presentar la documentación de respaldo correspondiente.

Inés Romero, Daniella Camacho y Walter Macías concentran varias impugnaciones

Entre los aspirantes que registran más observaciones consta Inés Maritza Romero Estévez, quien acumula varias impugnaciones presentadas por distintos ciudadanos, entre ellos 

También figura Daniella Lisette Camacho Herold, contra quien fueron admitidas impugnaciones promovidas por Fabiola Isabel Andrade España, Gary Sebastián Cedeño Rhea, Patricio Fernando Rosero Preciado, Luis Enrique Limones Montalván y Wilson Humberto Ortega Bravo.

Otro de los postulantes con más observaciones es Walter Samno Macías Fernández, quien enfrenta impugnaciones planteadas por Marcelo Israel Ortiz Moreano, Henry Paul García Sánchez y Pablo Andrés Lizarzaburu Castillo.

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Lista incluye a 25 postulantes

Las 38 impugnaciones admitidas están dirigidas contra 25 candidatos que participan en el concurso para dirigir la Fiscalía General del Estado.

En la nómina también constan postulantes como: 

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Próxima etapa: apelaciones y audiencias públicas

La admisión de impugnaciones no implica una descalificación automática de los candidatos. El siguiente paso será la revisión de eventuales apelaciones contra las solicitudes rechazadas y, posteriormente, la realización de audiencias públicas para analizar el contenido de cada observación.

En esa fase, la Comisión Ciudadana deberá valorar los argumentos y pruebas presentadas antes de emitir decisiones dentro del proceso de selección, que concluirá con la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Gobierno presenta en Ecuador política 2026-2035 para reducir mortalidad materna y neonatal.
• Vicepresidencia anuncia plan en 90 días con metas para salud materna y neonatal.
• OPS prioriza a Ecuador mientras impulsa acciones contra muertes evitables de madres y bebés.

El Gobierno Nacional presentó la Política Nacional para la Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal 2026-2035, una estrategia que busca disminuir las muertes evitables de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como de recién nacidos, mediante el fortalecimiento de los servicios de salud en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por la administración del presidente Daniel Noboa con el apoyo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), entidades que también participarán en su implementación.

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Atención prenatal, parto seguro y cuidados neonatales

Según la información difundida por agencias de Naciones Unidas en Ecuador, la política establece como prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, fortalecer la atención durante el embarazo, garantizar partos seguros y optimizar la atención del recién nacido, con un enfoque orientado a prevenir fallecimientos que pueden evitarse mediante una respuesta sanitaria oportuna.

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Entre los principales lineamientos consta el fortalecimiento del primer nivel de atención médica, ampliando el acceso a controles prenatales, atención especializada durante el parto y seguimiento tanto en el período posparto como neonatal. Además, se contempla la detección temprana de factores de riesgo y una respuesta más efectiva ante emergencias obstétricas y neonatales.

La estrategia también prevé acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y reforzar las capacidades técnicas del personal sanitario, con el objetivo de garantizar una atención integral, continua, segura e intercultural para mujeres y recién nacidos.

Ecuador, entre los países priorizados por la OPS

La OPS destacó que la puesta en marcha de esta política coincide con la incorporación de Ecuador al grupo de países priorizados dentro de una estrategia regional que busca acelerar la reducción de la mortalidad materna en las Américas.

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Durante la presentación, representantes de Unicef y Unfpa señalaron la importancia de fortalecer la atención durante el embarazo y los primeros años de vida, así como garantizar el acceso de mujeres y adolescentes a información, servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos modernos.

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Por su parte, la vicepresidenta María José Pinto informó que en un plazo de 90 días se prevé contar con un plan de implementación que establecerá metas, responsabilidades e indicadores para evaluar el cumplimiento de la política hasta 2035.

Lo que debes saber

• Asamblea debate reformas a viviendas tras sismos en Colombia y Venezuela, para reforzar la seguridad.
• Asambleístas proponen más controles a constructores durante la reforma de vivienda social en Ecuador.
• El segundo debate evaluará prevención de riesgos y mapas de amenaza para nuevas viviendas.

Los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela han llevado a la Asamblea Nacional a centrar parte del debate sobre vivienda social en la seguridad de las construcciones. 

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Aunque la reforma a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social ya se tramitaba antes de estos eventos, los daños observados en ambos países han impulsado propuestas para endurecer los controles técnicos y fortalecer la prevención de riesgos en Ecuador.

Durante el primer debate del proyecto, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de revisar los estándares de construcción aplicables a las viviendas destinadas a los sectores más vulnerables. 

La discusión surgió en un contexto marcado por la destrucción de miles de viviendas e infraestructura tras los sismos ocurridos en los países vecinos.

Más controles para constructores

Una de las propuestas planteadas en el Pleno apunta a reforzar la responsabilidad de los promotores inmobiliarios. El asambleísta independiente Pablo Jurado sostuvo que los desastres naturales ponen a prueba la calidad de las edificaciones y propuso que los constructores asuman compromisos más estrictos respecto a las condiciones técnicas de las obras.

La iniciativa busca que los proyectos de vivienda social no solo cumplan requisitos documentales, sino que incorporen mecanismos de control que permitan determinar responsabilidades en caso de fallas estructurales.

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Prevención de riesgos entra al debate legislativo

Otro de los ejes de discusión es la incorporación de herramientas de gestión del riesgo dentro de la planificación urbana. El vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, señaló que el informe para segundo debate deberá priorizar sistemas de prevención y una mayor coordinación con los municipios para disponer de mapas de riesgo actualizados.

Los planteamientos también incluyen revisar la ubicación de los proyectos de vivienda social. Algunos legisladores consideran que estos desarrollos no deberían concentrarse únicamente en zonas periféricas, sino integrarse a áreas urbanas con acceso a servicios y menores niveles de vulnerabilidad.

Ecuador tiene normas antisísmicas, pero persisten desafíos

El debate ocurre mientras expertos recuerdan que Ecuador ya cuenta con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que establece criterios de diseño sismorresistente. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo el cumplimiento efectivo de esos parámetros técnicos, especialmente en edificaciones informales.

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Representantes del sector de la construcción han advertido que una parte importante de las viviendas se levanta sin pasar por todos los procesos de control y supervisión requeridos, lo que podría aumentar la vulnerabilidad frente a futuros terremotos.

El proyecto de reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social continúa en trámite legislativo y deberá incorporar observaciones presentadas durante el primer debate antes de regresar al Pleno. 

¿Qué cambios plantea la reforma?

Esto debes saber

• Luisa González será la candidata de Pachakutik, lista 18, a la Prefectura de Manabí.
• Gabriel Giler reemplaza a Guido Mendoza y será candidato a viceprefecto.
• El cambio ocurre tras la suspensión de Amigo, lista 16, que era la plataforma prevista para la candidatura.

La carrera por la Prefectura de Manabí vuelve a dar un giro político. El Movimiento Plurinacional Pachakutik, lista 18, presentó este jueves 13 de agosto de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambios en sus precandidaturas para la Prefectura de Manabí.

La nueva fórmula está encabezada por la excandidata presidencial Luisa González, quien tendrá como compañero de fórmula a Gabriel Giler, médico y exasambleísta oriundo de Montecristi.

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El movimiento informó la modificación durante la tarde del jueves, en el tramo final del proceso correspondiente a la definición de candidaturas para las próximas elecciones seccionales.

Del movimiento Amigo a la lista 18

El cambio se produce luego de que el movimiento Amigo, lista 16, permaneciera suspendido por pedido de la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) conoció una investigación por presunto lavado de activos contra la agrupación política, que tenía previsto convertirse en la plataforma electoral de la Revolución Ciudadana para los comicios seccionales.

En las primarias, González había sido proclamada como precandidata a la Prefectura de Manabí por Amigo, junto al asambleísta de Chone, Guido Mendoza, como candidato a la Viceprefectura.

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Sin embargo, la suspensión de Amigo modificó el escenario y obligó a buscar una nueva vía electoral para la candidatura. Así, Pachakutik, lista 18, será ahora la organización que auspiciará la candidatura de González en Manabí, prestando sus colores y número de lista para la contienda.

De esta manera, González deja la fórmula que inicialmente conformaba con Mendoza y pasa a competir junto a Gabriel Giler, quien asumirá la candidatura a viceprefecto.

La inscripción todavía debe quedar en firme

Aunque el cambio de precandidatos ya fue presentado ante el CNE, González y Giler todavía deberán cumplir con el proceso formal de inscripción de sus candidaturas.

Posteriormente, sus postulaciones deberán atravesar las etapas de revisión e impugnación previstas en el calendario electoral. Una vez superados estos procedimientos, la candidatura quedará en firme para participar en la disputa por la Prefectura de Manabí.

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Ubidia explicó que la gente le pidió que se mantuviera desde el corazón campesino. Burbano dijo que respetan la democracia interna y lo que la militancia pide, y que solo invirtieron los roles. Esa frase, dicha sin asomo de ironía, retrata entero a nuestro sistema de partidos. La democracia interna se invoca en el mismo acto en que se la desconoce.

Y no cometieron ilegalidad alguna. Ese es el punto. En Ecuador la ley obliga a hacer primarias, pero no obliga a sostenerlas.

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El artículo 345 del Código de la Democracia dispone que las organizaciones contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral en una o en todas las etapas de su proceso interno. Sin embargo, ganar las primarias no garantiza que esos candidatos sean los que se inscriban oficialmente. Esto se da porque el reglamento permite reemplazar si un precandidato renuncia, llenando la vacante conforme a la normativa interna de cada organización.

El Guayas lo mostró entero. El 2 de julio, último día del plazo, el oficialismo nominó en primarias a Niels Olsen para la Alcaldía de Guayaquil y a Arianna Burgos para la de Samborondón. El 9 de julio, Cynthia Viteri se inscribía como precandidata a Guayaquil por Centro Democrático. 

Menos de una semana después, Viteri era la candidata oficialista a Guayaquil sin que mediara alianza alguna, Olsen quedaba desplazado a Samborondón y Burgos regresaba a su curul. Tres nominados movidos en fila por alguien que no estuvo en esa primaria. Olsen lo resumió mejor que cualquier analista: “el partido tomó una decisión distinta”.

Esa puerta tiene dirección exacta. Está en el tercer inciso del artículo 11.1 del Reglamento para la Democracia Interna. Si un precandidato fallece, renuncia o queda inhabilitado, y el órgano electoral del propio partido valida la causal, el reemplazo se hace conforme a su normativa interna. 

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La única exigencia que la norma le impone al reemplazante es aritmética, que conserve la paridad, la alternabilidad y la cuota de jóvenes. No se pide que haya competido, que haya obtenido un solo voto ni que la militancia sepa quién es. Todo eso puede volverse papel al día siguiente.

Otros partidos hicieron uso de esa ventana legal 

Convertir esto en una acusación contra un solo partido sería cómodo y falso. En 2023, la candidatura presidencial de Revolución Ciudadana era de Jorge Glas. Este declinó y nominó a Luisa González minutos después, a quien el movimiento confirmó luego. Mismo mecanismo, otra tienda.

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El Estado castiga con severidad que el trámite de primarias falle y permanece indiferente cuando el resultado se ignora.

SUMA no completó su democracia interna y se quedó sin candidatos propios. La Izquierda Democrática sobrevivió acudiendo a noventa y dos alianzas. Hubo 563 solicitudes de supervisión. Ninguna consecuencia, en cambio, para quien celebra una primaria impecable y luego inscribe a otra persona.

Y de ahí cuelgan casi todas las cosas que después nos indignan por separado, desde bancadas que miran hacia arriba antes de votar hasta legisladores que cambian de camiseta apenas se mueve el centro de poder, o acuerdos cerrados entre caudillos porque los partidos no tienen nada propio que negociar.

Nadie sensato propone eliminar esa cláusula. Un precandidato puede morir o retirarse por motivos legítimos. El problema es que la norma reguló la salida con detalle y dejó la entrada en blanco. Bastaría, por ejemplo, con que el acta de proclamación registre el orden de prelación y que, ante una vacante, suba automáticamente quien quedó detrás, de modo que la muerte o la inhabilidad activen ese ascenso con el informe del delegado del CNE, para que deje de ser un papel que apenas se toma en consideración.

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Si el reemplazo no exige trayectoria ni votos, al partido le sale más barato fichar una figura conocida y así el liderazgo no nace de la militancia, sino del reconocimiento público. Es justo lo contrario de lo que manda la ley, que obliga a las organizaciones nacionales a destinar al menos el 70 % del Fondo Partidario Permanente a formación, capacitación e investigación. Pagamos con dinero público la formación de liderazgos y luego permitimos que la candidatura se resuelva por fuera de ella.

Entonces la cuestión no es solo por qué las organizaciones atropellan sus primarias, sino para qué les exigimos celebrarlas si no les exigimos a los partidos y al sistema obedecerlas. El 29 de noviembre, casi catorce millones de ecuatorianos elegiremos entre opciones que ya eligió otro en julio, y que ese otro pudo cambiar hasta el 17 de agosto.

Lo que debes saber

• Geraldine Weber es precandidata a la Prefectura del Guayas por CREO.
• Su propuesta prioriza vialidad, seguridad, producción y prevención de inundaciones.
• Weber plantea una auditoría al asumir y promete no pactar con mafias ni corrupción.

Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO, asegura que llega a esta contienda con una visión centrada en recuperar la esperanza de los guayasenses y atender los problemas urgentes de la provincia. En entrevista con EXPRESO, expone los ejes en los que centrará su gestión si llega al gobierno provincial.

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- Usted fue asambleísta del Partido Social Cristiano, luego candidata por SUMA en 2025 y ahora busca la Prefectura con el movimiento CREO. ¿Cómo le explica al electorado estos cambios de organización política?

- Uno llega a una madurez política. Cada espacio es aprendizaje. Estoy muy agradecida con mis profesores, tanto el Partido Social Cristiano como SUMA, (pero) con CREO me identifico. Mantenemos una misma ideología: la defensa de la familia, de la vida, de la libertad, de la democracia y sobre todo estamos unidos para crear oportunidades. Aquí estamos un equipo preparado. He recorrido Guayas, conociendo los contextos de la gente. Queremos recobrar la esperanza y la autoestima de toda la provincia, que ha sido azotada por el abandono, por las inclemencias climáticas y sobre todo por la falta de voluntad.

- ¿Cómo se encuentra esa autoestima?

- Bueno, cuando tenemos una provincia que está olvidada... (Por eso) Nosotros como un eje principal estamos pensando en una campaña, primero, educativa para que la gente conozca la agricultura, la ganadería y la cultura de cada cantón y parroquia rural, y que así Guayas sea esa vitrina turística. Segundo, capacitación con programas de mejoramiento de ganado para que los productos sean competitivos.

- ¿Está afiliada actualmente a CREO o participa como candidata invitada?

- Participo como invitada.

- ¿Cuál es el diagnóstico de la provincia?

- El diagnóstico es que la provincia está totalmente abandonada. El primer día que lleguemos vamos a pedir una auditoría. Estuve en la parroquia rural Santa Rosa, que queda en el golfo, (y está) totalmente abandonada: no tiene agua en pleno siglo XXI, no tiene luz ni internet, los jóvenes estudian en una escuela solamente la primaria. ¿Qué les espera a esos niños? Nosotros no venimos a señalar los problemas, venimos a resolverlos. (Pero) Primero (debemos) anticiparnos a lo que es el fenómeno de El Niño, porque cuando llega todo se inunda, todo se pierde, todo se destruye.

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- ¿Tiene un plan para ello?

- Tenemos un plan. Tenemos un equipo que va a trabajar en todo lo que es la prevención, con maquinaria, en los muros de contención, en el desalojo de los sedimentos de los canales. Tenemos la articulación, no solamente con personal técnico en Ecuador, sino que estamos trabajando con aliados de empresas internacionales. En esa comuna, en particular, empezaremos con una campaña de concienciación, porque los niños juegan en canchas de arena donde defecan los cerdos. Esos olvidados tienen nombre, tienen apellido. Son parte de una sociedad que los tiene que reincorporar y eso es lo que hará una Prefectura humana y justa, que trabajará con el programa VIDA.

- ¿En qué se enfocará el programa VIDA?

- Lo primero es la vialidad; no es solo pavimento, sino que debajo de ello vaya la fibra óptica para que todas las comunas estén comunicadas; la ayuda va de la mano con la Policía para evitar atracos, violencia. Luego, tenemos la infraestructura para mejorar la ganadería y la pesca. También, el desarrollo productivo; estamos hablando de programas para la mejora genética de especies, semillas certificadas calidad y acompañamiento. Finalmente, la A de agua; todos los recursos hídricos tienen que estar con tecnología, con cuidado y protección; hay que cuidar también al río Guayas.

- El dragado es uno de los proyectos anunciados por los anteriores gobiernos provinciales. ¿Cómo usted lo va a llevar a la realidad?

- Vamos a preparar una mesa técnica. Aquí todo el mundo (lo) ha ofrecido y no hay que quedarnos en promesas. Hay que mirar que esta es una inversión importante, no es de una sola vez, es durante todo el año. Es un trabajo mancomunado, en coordinación con todas las provincias, las juntas parroquiales y los municipios.

Si no hay seguridad, no vamos a tener el plan de la vitrina turística de Guayas. No habrá planes de capacitación.Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO

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- Dentro de los 100 primeros días de trabajo, ¿en qué se va a enfocar?

- Lo primero va a ser el turismo y tiene que ir de la mano con la seguridad. También los entrenamientos para los jóvenes, el fútbol; y en los programas de capacitación para los agricultores, los ganaderos. Queremos que haya pequeños cuarteles donde la policía pueda llegar, pueda comer; donde los niños puedan tener desayunos gratuitos; espacios humanos. Yo creo que la Prefectura tiene que abrazar a la Policía, dignificarla. Si no hay seguridad, no vamos a tener el plan de la vitrina turística de la provincia de Guayas. Nosotros queremos crear el primer centro técnico para que los jóvenes puedan estudiar.

-¿Dónde lo harán?

-En Salitre.

-¿En qué tiempo lo construirían?

-Eso nos tomaría alrededor de unos seis meses. Yo soy una mujer estoica, a mí me gustan las cosas para ayer. Entonces, si es de trabajar doble tiempo, se trabajará doble tiempo; pero vamos a lograr lo que no han logrado en años.

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- ¿Cree que va a poder trabajar de la mano junto con el Gobierno central?

- Yo creo que sí. Siempre en la vida hay que saber hacer alianzas, hay que saber negociar, llegar a acuerdos. De eso se trata la vida, de eso se trata la política. La política es el arte de servir. Ya dijo alguna vez algún político famoso que si tenía que hablar con el diablo, hablaría, pero siempre y cuando no se tenga que entregar el alma.

- ¿Qué no entregaría usted?

- Yo dejaría todo en el territorio. (Pero) No haría pacto ni con las mafias, ni con la corrupción, ni con gente que esté en lavado.

Yo terminaría mi periodo, porque lo que yo pienso lo termino. Y siempre doy esa milla extra. Soy incansable y soy estoica.Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO

Lo que debes saber

• Fiorella Ycaza entra a la carrera por la Alcaldía de Guayaquil.
• Ycaza busca dar continuidad al proyecto político de Aquiles Álvarez.
• La candidatura surge mientras Álvarez enfrenta procesos judiciales

La competencia por la Alcaldía de Guayaquil suma una nueva protagonista. Fiorella Ycaza, empresaria y esposa del alcalde Aquiles Álvarez, da el salto al escenario electoral. Este jueves 13 de agosto del 2026 confirmó su inscripción como precandidata. 

Te invitamos a leer | Fiorella Icaza: “Yo no voy a cansarme, no voy a bajar los brazos”

"Asumo este camino con esperanza, firmeza y la convicción de que nuestra ciudad merece seguir avanzando, creciendo y construyendo oportunidades para todos. Confío en la ley, en la democracia y, por encima de todo, en la fuerza de los guayaquileños", fue parte de lo que escribió Ycaza en su cuenta de X. 

Su escrito fue acompañado de una foto donde aparece firmando documentos que avalen su inscripción. Ella ya había dejado entrever días atrás la posibilidad de entrar en la disputa de la alcaldía en una entrevista con Xavier Lasso.

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Una candidatura que nace en medio de la crisis política

La irrupción de Fiorella Ycaza ocurre mientras Aquiles Álvarez atraviesa el período más complejo de su carrera política. El alcalde de Guayaquil fue condenado el pasado 3 de agosto a tres años de prisión en el denominado caso Grillete, relacionado con el incumplimiento de una medida judicial que le obligaba a portar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Además, continúa vinculado al caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos derivada del caso Triple A, proceso que sigue abierto en el sistema judicial ecuatoriano.

Este escenario ha obligado al círculo político cercano al alcalde a reorganizarse de cara a las elecciones seccionales y a buscar una figura capaz de mantener la conexión con el electorado que respaldó a Álvarez en 2023.

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El discurso de la resistencia

En los últimos días, Ycaza ha asumido un rol público más activo. En declaraciones difundidas por medios locales, habló sobre las consecuencias personales y familiares derivadas de los procesos judiciales contra su esposo, incluyendo el riesgo de perder bienes patrimoniales y la presión que ha enfrentado su entorno cercano.

Sus mensajes han girado alrededor de conceptos como resistencia, perseverancia y defensa de la gestión municipal. "Yo no voy a cansarme, no voy a bajar los brazos", expresó recientemente, una frase que rápidamente adquirió un tono político en momentos en que crecen las definiciones electorales en Guayaquil.

La disputa por el principal bastión político del país

La Alcaldía de Guayaquil se proyecta como una de las contiendas más relevantes de las elecciones seccionales. La ciudad concentra un peso político, económico y electoral determinante, por lo que la definición de candidaturas se ha convertido en una prioridad para las principales fuerzas políticas.

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La entrada de Fiorella Ycaza añade un nuevo elemento a esa competencia. Ella representa el componente más personal y simbólico del proyecto político municipal.

Con la figura del alcalde condicionada por los procesos judiciales y la imposibilidad de encabezar una nueva candidatura, Ycaza aparece como la dirigente llamada a ocupar ese espacio y defender la continuidad de una administración que mantiene influencia en la política local pese a los procesos que rodean a su principal líder.

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Objetivos del viaje 

La movilización del jefe de Estado y su comitiva fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo 469. El documento gubernamental establece que las intervenciones en territorio extranjero tienen la finalidad técnica de fortalecer las relaciones económicas, promover la inyección de capitales hacia el mercado ecuatoriano y ampliar el acceso de productos nacionales.

La agenda internacional tiene como eje inmediato la reactivación económica del principal producto de exportación no petrolera del país. Las autoridades asiáticas mantienen suspendidas a catorce empresas camaroneras ecuatorianas por la detección de metabisulfito de sodio y del virus de la mancha blanca, una paralización que representa un impacto estimado de 45 millones de dólares para el sector nacional.

La estrategia de la cartera de Producción y Comercio Exterior no se limitará a la entrega de descargos técnicos. La delegación ecuatoriana buscará activar de forma oficial la comisión de comercio del Tratado de Libre Comercio (TLC), un órgano bilateral indispensable para procesar controversias sin llegar a instancias judiciales. Asimismo, el equipo gubernamental tramitará las habilitaciones sanitarias definitivas para el ingreso de quinua, aguacate, arándanos, piña y lácteos al mercado asiático.

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Los acuerdos comerciales, oportunidad de desarrollo

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La infraestructura energética y los contratos mineros

Las deficiencias operativas en la red eléctrica nacional y la administración de los recursos cupríferos configuran el segundo nudo crítico de la gira. El Estado ecuatoriano asumió la recepción formal de la central Coca Codo Sinclair el pasado 17 de abril de 2026, documento que incluye el hallazgo de más de 7.600 fisuras en sus distribuidores.

Bajo este panorama, el Gobierno negocia un contrato de operación y mantenimiento con la empresa asiática PowerChina por 46 millones de dólares anuales. Esta decisión administrativa proyecta atar al país a un convenio de 25 años (1.150 millones de dólares en total) con la matriz de la misma corporación Sinohydro, ejecutora de la obra original.

En paralelo, el Ejecutivo debe definir el estatus de los megaproyectos de capital chino: Cascabel y Mirador.

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Ante un déficit eléctrico proyectado en 1.300 megavatios para el estiaje 2026-2027, el Ministerio de Energía exige que las operadoras mineras aporten su propia matriz de generación para no colapsar la red pública.

Dependencia financiera y deuda externa

El aspecto macroeconómico condiciona el margen de maniobra de la comitiva. La programación presupuestaria del año en curso proyecta la recepción de 764 millones de dólares provenientes de la banca china (Eximbank y Banco de Desarrollo de China), rubros atados directamente a proyectos de inversión estatal.

La delegación nacional arriba a Pekín con la exigencia comercial de levantar las sanciones al camarón, mientras sostiene una dependencia financiera de los próximos desembolsos extranjeros. Las condiciones finales de estas tasas de interés permanecen bajo reserva institucional, en un escenario donde China se consolida como el segundo mayor origen de las importaciones ecuatorianas.

Lo que debes saber sobre 'spyware mercenario'

• Dos personas alertadas: Gabriela Panchana y Fernando Cornejo informaron públicamente que recibieron advertencias de Apple.
  
• Verificación: Una alerta auténtica puede comprobarse al iniciar sesión directamente en account.apple.com.
• Protección inmediata: Apple recomienda actualizar el dispositivo, buscar asistencia especializada y activar el modo de aislamiento.

Las alertas enviadas por Apple, este 13 de agosto de 2026, a la activista y analista política Gabriela Panchana y a Fernando Cornejo pusieron en evidencia una amenaza poco hablada en Ecuador: los ataques de software espía mercenario dirigidos contra personas específicas debido a quiénes son o a las actividades que desarrollan.

Panchana fue notificada por la tecnológica de que su iPhone habría sido blanco de un intento de vulneración remota. Su abogado, Pablo Encalada, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía para solicitar una investigación y peritajes forenses que permitan determinar el origen del ataque.

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Cornejo también señaló que solicitará análisis técnicos para identificar a los posibles responsables y establecer cómo se habría financiado la operación. Además, anticipó que emprenderá acciones legales en Ecuador y ante instancias internacionales si las evidencias demuestran la intervención de organismos o funcionarios.

“Esto no es delincuencia informática común. Se trata de tecnologías que cuestan millones de dólares y que, en distintos contextos internacionales, han sido empleadas con fines de vigilancia altamente sensible”, manifestó Cornejo.

¿Qué dice la alerta enviada por Apple?

En el mensaje recibido por Cornejo, Apple señala que detectó un ataque de software espía mercenario dirigido contra su iPhone. La compañía advierte que el intento buscaba comprometer remotamente el dispositivo y que probablemente fue seleccionado específicamente “debido a quién es o a qué se dedica”.

Aunque reconoce que no puede tener una certeza absoluta al detectar esta clase de operaciones, Apple afirma que confía plenamente en la advertencia y pide al destinatario tomarla en serio.

La tecnológica explica que estos ataques, como los que utilizan Pegasus, desarrollado por NSO Group, son excepcionalmente raros, cuestan millones de dólares y resultan mucho más sofisticados que la ciberdelincuencia habitual. Además, se despliegan individualmente contra un número muy reducido de personas.

La alerta indica que esta ronda de notificaciones fue enviada a usuarios de 110 países y que, desde 2021, Apple ha advertido a posibles afectados en más de 150 países.

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No obstante, la compañía aclara que no atribuye el ataque ni la notificación a un responsable o una región geográfica específicos. La mención de Pegasus es un ejemplo del tipo de tecnología empleada en estas operaciones y no confirma que ese programa haya sido utilizado contra Cornejo o Panchana.

Tampoco se puede concluir cómo y hasta qué punto los teléfonos fueron infectados. Esto deberá determinarse mediante análisis forenses.

¿Cómo saber si una alerta de Apple es auténtica?

A partir de 2026, las advertencias pueden aparecer en la pantalla de bloqueo y en los ajustes del iPhone. Apple también las remite por correo electrónico desde la dirección threat-notifications@email.apple.com y muestra un aviso en la parte superior de la página de la cuenta del usuario.

Para comprobar si una advertencia es real, la persona debe escribir directamente account.apple.com en su navegador e iniciar sesión. Si Apple emitió una notificación, el mensaje aparecerá claramente en la parte superior de la página.

La compañía aclara que sus alertas nunca solicitan hacer clic en enlaces, abrir archivos adjuntos, instalar aplicaciones o perfiles, ni entregar la contraseña de la cuenta o un código de verificación. Un mensaje que pida alguna de estas acciones puede ser un intento de suplantación.

¿Qué hacer después de recibir la advertencia?

La primera recomendación es no ignorar el mensaje. Apple reconoce que no puede alcanzar una certeza absoluta al detectar estas operaciones, pero asegura que sus alertas son altamente fiables.

El usuario debe seguir estos pasos:

Apple también recomienda a las personas notificadas buscar ayuda experta. Entre los recursos mencionados por la compañía está la Línea de Ayuda de Seguridad Digital de Access Now, disponible las 24 horas.

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¿Cómo activar el modo de aislamiento?

El modo de aislamiento es una protección extrema y opcional para quienes podrían convertirse en objetivos de ciberataques altamente sofisticados. Para activarlo en un iPhone se deben seguir estos pasos:

Esta protección limita los archivos adjuntos en Mensajes, deshabilita las vistas previas de enlaces y restringe determinadas tecnologías de navegación. También bloquea algunas llamadas entrantes de FaceTime y evita la instalación de perfiles de configuración.

Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y las funciones de emergencia continúan disponibles.

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¿Qué puede hacer un software espía?

Los programas de espionaje mercenario pueden intentar acceder a conversaciones, fotografías, archivos, correos electrónicos, contactos y datos de ubicación. También podrían activar remotamente la cámara o el micrófono del teléfono.

Algunas infecciones se producen mediante enlaces o archivos maliciosos, pero otras son conocidas como zero-click porque no requieren ninguna acción de la víctima. Por esta razón, no haber abierto un enlace sospechoso no descarta necesariamente un intento de espionaje.

Hasta el momento, Panchana y Cornejo son las dos personas que han informado públicamente en Ecuador haber recibido esta clase de notificación. Las investigaciones y los peritajes deberán establecer si sus dispositivos fueron comprometidos, qué herramienta pudo utilizarse y quién estuvo detrás de los ataques.

Lo que debe saber

• La nueva agenda de la Asamblea prioriza la seguridad y plantea reformas al COIP, Ley Antimafias y otras. 
• Mishel Mancheno también promete fortalecer la fiscalización, mientras la oposición cuestiona la falta de consensos para definir las prioridades legislativas.
• La nueva hoja de ruta mantiene algunos ejes de Niels Olsen, pero incorpora cambios y un sistema para medir el avance de las leyes.

En 13 meses, la agenda de la Asamblea Nacional ha variado en tres ocasiones. La última modificación responde a las nuevas prioridades de la administración de Mishel Mancheno, dos meses después de la salida de Niels Olsen.

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Tras su licencia, la presidenta del Legislativo asumió de lleno sus funciones. Mancheno presentó una agenda con tres ejes de acción. Esta vez, la prioridad será la seguridad porque, según la titular del Legislativo, es un pedido y una exigencia de la ciudadanía.

Los ejes de la nueva agenda

Los ejes son seguridad y lucha contra la corrupción; desarrollo humano y modernización institucional; además de crecimiento económico.

Cuando Olsen presentó su agenda, en julio de 2025, habló de cinco ejes que guiarían los dos primeros años de la actual Asamblea. A los que mantiene Mancheno se sumaban medioambiente y eficiencia del Estado, aunque este último puede estar contemplado en lo que la actual Presidencia de la Asamblea considera como modernización institucional.

A decir de la presidenta, la intención es que esta vez existan resultados. Por eso, se incluyó un modelo de evaluación que califica con porcentajes el avance de cada ley incluida en la hoja de ruta. Mancheno manifestó: “Lo que busca esta Asamblea es que los proyectos aprobados resuelvan los problema del día a día de los ecuatorianos”.

Más allá de ese concepto, el oficialismo apunta a la seguridad como eje central. Aunque es el menor en cuanto a la cantidad de leyes que abarca, incluye normativas claves como la denominada Ley Antimafias, las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Dichas prioridades marcan cierta cercanía y continuidad con la era Olsen. El expresidente, al cumplir un año de su gestión, dijo que para su segundo año se priorizarían tres temas que están directamente relacionados con los proyectos de ley citados por Mancheno.

La razón para priorizar este eje es “consolidar un marco normativo que contribuya a enfrentar los desafíos para la seguridad del Estado”.

En los otros dos ejes se destacan normas como las reformas a la Ley de Salud, las reformas al Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), la Ley de Inquilinato, la Ley de Desarrollo Agropecuario y las reformas a la Ley Tributaria.

También se incluye la fiscalización. Este ha sido un punto débil de la actual Asamblea, que en la práctica se ha limitado a descartar responsabilidades políticas de los ministros del actual régimen, así como a enfocar los esfuerzos en casos que atañen a los gobiernos autónomos descentralizados dirigidos por la oposición.

“Vamos a fiscalizar de manera responsable, oportuna y de forma técnica y objetiva”, aseguró Mancheno. Dijo que se concentrará en el seguimiento de los hechos que los ecuatorianos necesitan saber, además del control político a las actuaciones de relevancia pública.

¿Cuál es la reacción de la oposición?

La presentación de la nueva agenda también estuvo marcada por los reclamos. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) la cuestionaron.

En el caso del correísmo, la asambleísta Patricia Núñez dijo que la hoja de ruta terminó presentándose sin mayor acercamiento, aunque reconoció que a su bancada le fueron solicitadas sus iniciativas. 

“Para plantear una agenda legislativa es necesario que se reúnan las bancadas y se discutan los proyectos para analizar la prioridad de las leyes. Eso no ha pasado”, declaró Núñez.

Por su parte, Alfredo Serrano (PSC) mencionó que no hubo consensos. Sin embargo, miró con buenos ojos proyectos como las reformas al COIP. Así, Serrano contradijo a la presidenta de la Asamblea, quien en su exposición de la agenda dijo que se incluyeron iniciativas del PSC. “Lo escuché, pero no lo sé. Solamente dice ‘reformas al COIP’ y nosotros las hemos presentado. Ojalá estén incluidas”, expresó.

Los siguientes 10 meses serán claves para Mancheno y el oficialismo. Esto porque en mayo de 2027 se elegirán las nuevas autoridades  del Legislativo y ADN está obligado a mantener la mayoría para quedarse con la Presidencia del Parlamento. 

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La alianza incluye al Partido Socialista Ecuatoriano, Renovación (del alcalde Cristian Zamora) y Centro Democrático. Lloret irá con los casilleros 17, 63 y 1. 

En una carta dirigida a la viceprefecta, Maritza Alexandra Quintanilla Zamora, Lloret señaló que deja el cargo convencido de haber cumplido con su responsabilidad pública.

“Me retiro con la tranquilidad de haber entregado mi mayor esfuerzo y con la convicción de que las instituciones están por encima de las personas y de los momentos políticos, ejerciendo este cargo con honestidad, firmeza y, sobre todo, respeto por la ciudadanía que depositó su confianza en nosotros”.

Juan Cristóbal Lloret, ahora exprefecto, confirmó que asume nuevos desafíos, con el objetivo de continuar sirviendo a la provincia desde otro espacio.

“Hoy doy un paso al costado para asumir nuevos desafíos que me permitan continuar sirviendo a mi ciudad y a la provincia desde otro espacio de responsabilidad pública, guiado siempre por los mismos principios: democracia, justicia social, libertad y la defensa de nuestra gente”.

Lloret también agradeció al equipo del Gobierno Provincial del Azuay, a los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, dirigentes, productores, organizaciones e instituciones que respaldaron su gestión. Sin embargo, reservó un agradecimiento especial para los ciudadanos de la provincia.

“Mi gratitud más profunda es con las ciudadanas y ciudadanos del Azuay: a ustedes pertenece el verdadero mérito de cada logro alcanzado”.Juan Cristóbal Lloret/ exprefecto Azuay

En la parte final de la carta, Lloret destacó el carácter permanente de las instituciones frente a la temporalidad de los cargos públicos.

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“Las autoridades somos pasajeras, la provincia permanece. Dejo el cargo con la certeza de que el Azuay seguirá avanzando y con el deseo de que las futuras generaciones encuentren aquí un territorio idóneo para vivir, trabajar y cumplir sus sueños”.

Lo que debe saber

• La campaña electoral será del 12 al 26 de noviembre.
• Las elecciones serán el 29 de noviembre de 2027.
• El CNE y la Contraloría coordinarán controles para evitar el uso indebido de recursos públicos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) suscribieron, el jueves 13 de agosto de 2026, un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer el control del uso de bienes y recursos públicos durante las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2026. Con este acuerdo, ambas instituciones coordinarán acciones dentro de sus respectivas competencias para fiscalizar el manejo de recursos estatales durante la campaña.

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Control durante la campaña

En este contexto, el presidente del CNE, José Cabrera Zurita, destacó que la firma del convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones para coordinar acciones y fortalecer los controles. Además, señaló que el objetivo es prevenir y sancionar el uso de fondos del Estado en actos proselitistas, en procura de garantizar un proceso transparente.

Por su parte, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, resaltó que el convenio permitirá prevenir, detectar y controlar el uso indebido de los recursos públicos. Para ello, las instituciones ejecutarán acciones articuladas con rigor técnico e independencia.

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Acciones de fiscalización

Asimismo, el acuerdo establece mecanismos de coordinación para implementar acciones de control y fiscalización durante la campaña del proceso electoral en curso. De esta manera, el CNE y la Contraloría buscan identificar presuntas infracciones electorales relacionadas con el uso de bienes y recursos públicos.

La firma del convenio se realizó en el salón del Pleno del CNE, en Quito, a las 15:00.

Lo que debes saber

• Mishel Mancheno aseguró que se tratará el informe de la Comisión de Transparencia, que no estableció responsabilidades políticas.
• La titular del Legislativo dejó en  manos de la Comisión de Transparencia el envío del informe para su tratamiento en el Pleno.
• Dicho informe concluyó que el caso ya estaba en investigación por parte de la Fiscalía General. 

El caso Progen y la fiscalización de la Comisión de Transparencia, presidida por el oficialismo, vuelve a discusión en la Asamblea Nacional. La presidenta del organismo, Mishel Mancheno, aseguró que el tema sí llegará al Pleno.

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Este 13 de agosto de 2026, Mancheno presentó su agenda legislativa para lo que resta del primer ciclo del actual periodo legislativo. La titular del organismo habló de tres ejes que guiarán su hoja de ruta: seguridad, desarrollo humano y economía.

En el marco de dicha presentación, fue consultada sobre lo que ocurrirá con el informe que aprobó la Comisión de Transparencia, en el que se liberó de responsabilidades a los ministros de Daniel Noboa por el contrato entre CELEC y la empresa Progen, que tenía como finalidad la generación eléctrica en medio de la crisis de 2024.

“Vamos a estar pendientes de la comisión, sobre cuándo cuándo envían al Pleno (el informe). Se lo va a tratar. Se va a fiscalizar. Deben estar seguros de que, en la agenda parlamentaria uno de los principales ejes es la fiscalización”, aseguró Mancheno.

Es decir, la presidenta del Legislativo dejó en manos de la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, el avance del caso. Esto ocurre después de que Niels Olsen, expresidente de la Asamblea, primero señalara que el informe no se trataría y luego indicara que sería abordado una vez que el caso siguiera su curso en el ámbito legal.

El informe de la Comisión de Transparencia

En diciembre de 2025 se conoció el resultado del proceso de fiscalización que inició la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome. Dicha mesa legislativa tomó el control de la fiscalización después de que, con aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el proceso le fuera retirado a la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo.

El documento no estableció responsabilidades políticas. Es decir, ningún ministro que ocupó el cargo durante la firma del contrato y la entrega del dinero por los generadores eléctricos fue señalado.

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El informe señaló: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República que se configuren en un incumplimiento de funciones”.

El documento también concluyó que la Contraloría ya había establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.

Asimismo, entre sus conclusiones, señaló que “las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General, que es el órgano competente para impulsar la acción penal”.

Cinco meses después de la aprobación del informe, Olsen fue consultado sobre cuándo sería tratado en el Pleno. El entonces presidente de la Asamblea aseguró que el documento había sido remitido a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General.

La nueva presidenta de la Asamblea presentó su hoja de ruta este 13 de agosto de 2026. Los ejes de la agenda legislativa son:

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Cada uno de estos ejes incluye proyectos de ley considerados prioritarios para los próximos meses. En materia de seguridad, por ejemplo, se contempla la Ley Antimafias, una iniciativa del oficialismo, así como reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Esto con el fin de consolidar un marco normativo que contribuya a enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad del Estado”, aseguró Mancheno.

La presidenta de la Asamblea agregó que, para cada uno de los proyectos priorizados, se coordinó con los presidentes de las distintas comisiones en las que se tramitan las iniciativas.

Proyectos sobre seguridad y lucha contra la corrupción

Dentro del eje de seguridad se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos:

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Desarrollo humano y economía

En el eje de Desarrollo Humano y Modernización Institucional se contemplan proyectos relacionados con salud, reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y el empoderamiento de la mujer rural. También se incluyen reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

En materia económica, la Asamblea, bajo la presidencia de Mancheno, priorizará proyectos como la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, reformas al Código Tributario y el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.

¿Qué pasará con la agenda que presentó Niels Olsen?

La nueva agenda legislativa se presenta en medio de los cambios que experimenta el Legislativo por las elecciones seccionales de noviembre de 2026. El primero en dejar su curul fue Niels Olsen, quien ahora buscará la Alcaldía de Samborondón.

Durante su primer año de gestión al frente del Parlamento, Olsen planteó una agenda con cinco ejes, que incluía poco más de 50 normativas.

Sobre qué ocurrirá con esa hoja de ruta, Mancheno señaló: “Tenemos 30 proyectos. Hay que decir que esto es una continuidad del periodo legislativo”.

El tratamiento del proyecto cobró especial relevancia después de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, cuyos efectos dejaron viviendas e infraestructura destruidas en ambos países.

Aunque la reforma ya se encontraba en trámite antes de estos eventos, los daños observados en los países vecinos trasladaron parte de la discusión legislativa hacia la prevención. De cara al segundo debate, varios asambleístas plantearon reforzar las exigencias relacionadas con la seguridad y la gestión de riesgos en la construcción de viviendas, incluidas aquellas destinadas a programas de interés social.

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Asambleístas plantean mayores responsabilidades para los constructores

Pablo Jurado, asambleísta independiente y exalcalde de Ibarra, sostuvo que los terremotos y otros desastres naturales terminan poniendo a prueba la calidad de las construcciones de las ciudades y advirtió que sus consecuencias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

“Se deben incluir artículos donde seamos más radicales en exigencias, para que no solo sea una declaración responsable la del promotor (constructor), sino que tenga que hacer una declaración juramentada y se haga responsable de los problemas o consecuencias que puedan derivarse cuando técnicamente se cometan errores”, señaló Jurado.

El planteamiento apunta a incrementar la responsabilidad de los promotores sobre las condiciones técnicas de las edificaciones y las posibles consecuencias derivadas de errores durante su construcción.

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Prevención de riesgos entra en el debate de la reforma

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, reconoció que uno de los aspectos que deberá priorizarse para el informe de segundo debate es el fortalecimiento de los sistemas de prevención de riesgos.

Según el legislador, para alcanzar ese objetivo será necesario profundizar el trabajo con los municipios y contar con mapas de riesgos actualizados para cada ciudad. Benavides también cuestionó la idea de que los proyectos de vivienda social deban ubicarse necesariamente en zonas periféricas y alejadas de los sectores centrales de las ciudades.

Desde la bancada de Revolución Ciudadana, el asambleísta Roque Ordóñez señaló que no se opone al proyecto de Vivienda de Interés Social, pero cuestionó que la propuesta se concentre principalmente en reducir trámites y acelerar los permisos de construcción.

La bancada correísta también sostiene que tanto la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea como la reforma actualmente en discusión podrían favorecer una mayor participación privada en la construcción de viviendas de interés social.

La normativa aprobada en marzo establece, entre otros incentivos, que los contribuyentes que donen viviendas de interés social podrán acceder a una rebaja equivalente al 100 % del valor de lo donado. El beneficio podrá aplicarse al impuesto a la renta desde el período fiscal 2026 hasta 2029.

Viviendas sociales deberán incorporar criterios de resiliencia

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, aseguró que la reforma incorpora mayores disposiciones relacionadas con la gestión y prevención de riesgos.

“Las viviendas que se construyan con carácter de interés social deben diseñarse y ejecutarse con criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a riesgos naturales. La vivienda de interés social no tiene que ser sinónimo de pobreza”, afirmó la asambleísta de ADN.

¿Qué cambios plantea la reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social?

Entre las modificaciones que plantea la reforma se encuentran:

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Edificaciones antiguas concentran uno de los principales desafíos

Aunque el debate legislativo se concentra en las reglas para la construcción de viviendas de interés social, la vulnerabilidad sísmica del país abarca un problema más amplio.

José Luis Esteban Penelas, doctor arquitecto y catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea, considera que Ecuador ha avanzado en normativa y tecnología sismorresistente, pero advierte que una de las principales tareas pendientes está en las construcciones antiguas.

El especialista identifica como especialmente vulnerables aquellas edificaciones levantadas antes de la normativa sismorresistente vigente, así como las construidas mediante procesos de autoconstrucción o sistemas que no cumplen plenamente con los estándares técnicos actuales.

Según Penelas, un terremoto de gran magnitud podría tener consecuencias particularmente graves sobre este tipo de estructuras. En contraste, los edificios diseñados bajo la normativa vigente cuentan con mejores condiciones para responder a un evento sísmico debido, entre otros factores, a criterios de flexibilidad estructural y al empleo de materiales de alta resistencia, como el acero y el concreto.

A 10 años del terremoto de Manabí, el académico reconoce avances importantes. Entre ellos menciona el fortalecimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, mayores exigencias técnicas, la obligatoriedad de estudios geotécnicos y la incorporación de tecnologías como disipadores de energía y sistemas de amortiguación.

Estas herramientas pueden mejorar la respuesta de las estructuras frente a los movimientos sísmicos. Sin embargo, el desafío, según el experto, es conseguir que las edificaciones del país se ajusten progresivamente a los estándares actualizados.

Guayaquil enfrenta desafíos particulares por las características de sus suelos

La vulnerabilidad sísmica tampoco es uniforme en todo Ecuador. Las características del suelo, la antigüedad de las edificaciones y los sistemas utilizados para construirlas modifican los niveles de riesgo entre ciudades.

En Guayaquil, Penelas identifica como un factor relevante las características geotécnicas de los terrenos próximos al río. Los suelos blandos requieren soluciones específicas de cimentación, como los pilotajes, que adquieren especial importancia frente a movimientos sísmicos de gran intensidad.

La infraestructura esencial representa otro de los desafíos. Según el académico, una parte de los hospitales, colegios y otros edificios públicos de la Costa fue construida antes de la normativa actual y no necesariamente ha recibido los reforzamientos estructurales requeridos para responder ante un terremoto de gran magnitud.

En el caso de los puentes, Penelas diferencia entre las estructuras recientes, que incorporan estándares antisísmicos y tecnologías más avanzadas, y aquellas de mayor antigüedad. El riesgo, explica, se concentra especialmente en puentes antiguos pertenecientes a redes viales secundarias que podrían no cumplir las especificaciones sismorresistentes vigentes.

Para el especialista, Ecuador debe reducir progresivamente la brecha entre las construcciones nuevas y su parque inmobiliario antiguo. Esto implica fortalecer los controles y estudios de suelo, pero también identificar las edificaciones existentes con mayor vulnerabilidad y priorizar el reforzamiento de infraestructura crítica, cuya operación resulta indispensable después de una emergencia.

Lo que debes saber

• Ecuador, Colombia y Perú buscan coordinación regional para impulsar comercio e inversión.
• Nueva etapa política plantea cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado.
• Expertos prevén resultados si los gobiernos concretan acuerdos regionales en los próximos meses.

La nueva configuración política en la región andina podría generar condiciones favorables para una mayor cooperación entre Ecuador, Colombia y Perú en áreas como comercio exterior, inversión, seguridad, energía e infraestructura. 

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Sin embargo, especialistas advierten que los posibles beneficios dependerán de la capacidad de los tres países para convertir la afinidad política en acuerdos concretos y mecanismos de coordinación permanentes.

Según el académico Moisés Ruiz González, profesor de la Universidad Europea de Madrid, el escenario actual podría facilitar el diálogo y la coordinación entre los tres gobiernos en asuntos que durante los últimos años han requerido respuestas conjuntas o han estado marcados por tensiones.

Comercio bilateral entre los principales retos y oportunidades

Uno de los ámbitos donde podrían observarse efectos más inmediatos es el comercio entre Ecuador y Colombia. De acuerdo con el experto, una mayor sintonía política podría contribuir a reducir fricciones comerciales y generar un entorno más estable para exportadores e importadores de ambos países.

El análisis también señala que una relación más coordinada entre Ecuador, Colombia y Perú podría favorecer la llegada de inversión privada y el impulso de sectores estratégicos como infraestructura, energía y minería. 

No obstante, el especialista sostiene que estos resultados dependerán de que la cooperación trascienda el plano político y se traduzca en una agenda económica efectiva.

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Seguridad regional y lucha contra el crimen organizado

La seguridad aparece como uno de los principales temas en la agenda regional. El académico considera que la cooperación contra el narcotráfico, las economías ilícitas y las organizaciones criminales transnacionales podría fortalecerse en este nuevo contexto político.

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Sin embargo, advierte que una mayor cercanía entre gobiernos no implica automáticamente una reducción de la actividad criminal. Para enfrentar a grupos que operan en zonas fronterizas será necesario fortalecer el intercambio de información, la coordinación entre instituciones y la ejecución de acciones conjuntas de seguridad.

Además, señala que el apoyo y la cooperación de Estados Unidos con los tres países podrían contribuir a reforzar las capacidades de respuesta frente a amenazas de carácter transnacional.

Fronteras y movilidad humana, otro desafío compartido

El especialista también identifica la gestión migratoria y el control fronterizo como temas clave para la relación entre Ecuador, Colombia y Perú. En su análisis plantea que las fronteras no deben entenderse únicamente como espacios de vigilancia, sino como territorios compartidos que requieren coordinación entre los Estados.

Bajo esa visión, propone avanzar hacia mecanismos conjuntos que combinen seguridad, desarrollo territorial y gestión ordenada de la movilidad humana. El objetivo sería reducir los espacios aprovechados por organizaciones criminales, mientras se facilita el tránsito legal de personas y mercancías.

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Resultados concretos serán la prueba de la nueva etapa

Más allá de la coincidencia política entre los gobiernos, los próximos meses serán determinantes para evaluar si esta nueva etapa regional logra traducirse en beneficios tangibles. Comercio, inversión, infraestructura, energía y seguridad serán algunos de los indicadores que permitirán medir el alcance de la cooperación.

Para Ecuador, una relación más estable con Colombia y Perú podría ampliar oportunidades comerciales, generar mayor confianza para la inversión y fortalecer la respuesta estatal frente a fenómenos delictivos que operan a escala regional.

Lo que debes saber

• CNE publicará el 9 de noviembre la lista definitiva de candidatos para elecciones seccionales.
• José Cabrera confirmó la fecha tras las fases de objeciones, impugnaciones y recursos electorales.
• La lista definitiva incluirá a candidatos que superen todas las etapas de revisión del CNE y TCE.

A pocos días de que concluya el plazo para la inscripción de candidaturas, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, advirtió que las organizaciones políticas todavía no han registrado la cantidad de postulaciones que se esperaba y pidió que no esperen hasta las últimas horas para completar el proceso.

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En una entrevista con Teleamazonas, Cabrera señaló que el calendario electoral avanza sin inconvenientes y que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de inscripción de candidatos. Sin embargo, reconoció que el ritmo de registro es menor al esperado. “Lamentablemente no ha habido la cantidad de inscripciones aún todavía de candidatos que se esperaba”, manifestó.

Según Cabrera, hasta el momento se contabilizan 5.756 ciudadanos inscritos. El funcionario recordó que el plazo vence el 17 de agosto a las 18:00 y que, una vez cerrado el sistema informático, ya no será posible ingresar documentación. “Espero que no lo dejen para el último día, para la última hora y que muchas candidaturas se tengan que quedar”, sostuvo.

El consejero explicó que esta práctica no es nueva entre las organizaciones políticas. A su criterio, esperar hasta el cierre del plazo se ha convertido en una costumbre que puede generar problemas para completar las inscripciones. “No, es es una costumbre lamentablemente de nuestras organizaciones políticas, lo dejan para el último día, última hora”, dijo Cabrera.

Recordó que antes las candidaturas se presentaban físicamente y que, en algunos procesos, las organizaciones llegaban con la documentación cuando las puertas estaban por cerrarse. Desde 2021, el procedimiento se realiza mediante una plataforma web. “Sin embargo, eh las organizaciones políticas lo dejan al último día”, agregó.

Las candidaturas todavía pueden cambiar

Cabrera también explicó que los precandidatos que participaron en las elecciones internas todavía pueden renunciar y ser reemplazados mientras su candidatura no haya sido calificada por el Consejo Nacional Electoral.

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“Una vez que el Consejo Electoral les ha calificado como candidatos eh ya no pueden renunciar, sino pues ciertas excepciones como es fallecimiento o alguna enfermedad eh grave”, explicó.

Hasta el cierre de las inscripciones, por tanto, las organizaciones políticas todavía pueden realizar modificaciones dentro de las condiciones establecidas por el proceso electoral.

El consejero indicó que, debido a que el registro continúa abierto, todavía no cuenta con el dato definitivo de qué provincias concentran el mayor número de candidaturas ni qué dignidades acumulan más postulaciones.

“Todavía siguen trabajando porque ingresan y de pronto hacen cambios y está en su potestad, el sistema les permite que puedan realizar esos cambios”, señaló.

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Objeciones e impugnaciones después de las inscripciones

Una vez cerrado el periodo de inscripción comenzará una nueva etapa de revisión de las candidaturas. Cabrera explicó que los reclamos pueden avanzar desde las juntas provinciales hasta el CNE y, finalmente, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“En primera instancia será la Junta Provincial. Si la Junta Provincial no eh satisface sus reclamos, sube al Consejo Electoral y hasta el Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia en temas electorales”, detalló.

El objetivo del organismo electoral es contar con el listado definitivo de candidatos el 9 de noviembre, una vez que hayan concluido las diferentes fases de impugnaciones y recursos.

CNE revisa postulaciones al Consejo de Participación

Otro de los procesos que avanza en paralelo es la revisión de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cabrera indicó que la Comisión Técnica del CNE analiza los expedientes para determinar si los postulantes cumplen los requisitos y no están incursos en inhabilidades.

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“Nosotros máximo hasta el día viernes como pleno del Consejo Electoral tenemos que pronunciarnos sobre esas ese informe que nos entregue la Comisión Técnica que está realizando la evaluación”, explicó.

Después de esa decisión también podrán presentarse recursos ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. El listado definitivo de aspirantes se establecerá una vez que concluya esa fase.

Gasto electoral: las redes sociales también serán monitoreadas

Cabrera también se refirió al control del gasto electoral en redes sociales, uno de los desafíos de la campaña debido al uso creciente de plataformas digitales para promocionar candidaturas.

El consejero aclaró que el CNE no controla el contenido de las publicaciones, pero sí puede fiscalizar los recursos destinados a la publicidad.

“El contenido no podemos controlar en redes sociales, pero sí el gasto en las redes sociales que nos permite y de esa manera ir sumando hacia lo que es el límite del gasto electoral”, señaló.

El organismo recopila información a través de sus delegaciones provinciales y del área nacional de fiscalización. Esos valores son incorporados al control del límite de gasto cuando la candidatura llega a ser calificada. “Si se inscriben, sí va sumando todos estos valores al límite del gasto electoral”, explicó Cabrera.

En caso de que un candidato o una organización política supere el límite establecido, el CNE remitirá el caso al Tribunal Contencioso Electoral, que será el encargado de determinar las sanciones correspondientes.

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Dos empresas autorizadas para pronósticos electorales

Cabrera informó además que, hasta el momento, dos personas naturales o jurídicas han sido autorizadas por el pleno del CNE para realizar pronósticos electorales. El registro continúa abierto para nuevos interesados.

“Es justamente el área que revisa toda esta documentación, pide la información para saber con qué técnicos tiene, incluso la experiencia eh que tiene en los diferentes procesos electorales”, indicó.

El propósito, agregó, es verificar que las empresas o personas autorizadas cuenten con las condiciones necesarias para entregar información sobre pronósticos electorales durante el proceso.