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Su carrera política comenzó en 2017, cuando se postuló a la Asamblea Nacional sin éxito. Dos años más tarde logró convertirse en concejal, desde entonces, ha trabajado en la adecuación de ascensores, rampas y espacios públicos, además de promover la presencia de intérpretes de lenguaje de señas en el Municipio.

En su reciente entrevista con Radio Flama el pasado miércoles 8 de julio, Coloma cuestionó el manejo presupuestal de la actual administración municipal. Señaló que “para llegar a este cargo hay que conocer lo que quieres administrar”, en referencia a decisiones que, según ella, no han favorecido el desarrollo de Santo Domingo.

Activismo y compromiso social

Antes de llegar a la política, Diana Coloma ya era reconocida por su activismo. Una de sus acciones más recordadas fue la caminata de tres días desde Santo Domingo hasta Quito para exigir la creación de una universidad pública en su ciudad, cuando presidía la Organización Juvenil.

Su lucha por una Santo Domingo más inclusiva ha sido constante. En entrevistas ha señalado que no es “más ni menos que nadie” y que su voz debe alzarse siempre que el beneficio sea colectivo. Ese espíritu combativo la ha convertido en una figura clave para quienes buscan una ciudad con igualdad de oportunidades.

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La vida de Diana Coloma

Diana Coloma perdió la visión hace una década tras un accidente de tránsito que le provocó un golpe en la cabeza. Está casada con Carlos Espinoza y es madre de dos hijos. Además de su rol político, ha sido reina de belleza, modelo y abogada. Su experiencia personal ha estado vinculada a la discapacidad visual, lo que ha influido en su interés por promover políticas inclusivas en Santo Domingo.

Una relación cercana con sus seguidores

Más allá de sus apariciones públicas, la creadora de contenido se ha caracterizado por responder con naturalidad las dudas que recibe en redes sociales sobre su día a día. Ha explicado cómo elige la ropa que usa, cómo camina con tacones, de qué manera sube y baja escaleras y quién la acompaña en esos momentos. Incluso ha contado que su equipo la guía durante eventos y grabaciones, indicándole hacia dónde mirar para saludar al público o a las cámaras, una transparencia que ha sido valorada por sus seguidores y que ha contribuido a visibilizar, sin tabúes, cómo adapta distintas actividades cotidianas.

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“Se ha dado la instrucción a todas las delegaciones provinciales para que monitoreen continuamente los cambios climáticos”, dijo Cabrera. En ese escenario, las delegaciones deberán establecer las previsiones necesarias en caso de que ocurra algún evento que afecte el desarrollo de la jornada electoral.

El presidente del CNE respondió así a una consulta durante una entrevista en Teleamazonas, en la que le recordaron que las afectaciones por el clima podrían presentarse no solo durante los primeros meses de 2027, sino también desde este mismo 2026.

Cabe recordar que, cuando Diana Atamaint aún presidía el CNE, el organismo resolvió adelantar las elecciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027. 

La decisión se sustentó en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que advertía sobre las posibles implicaciones del fenómeno de El Niño a inicios del próximo año. 

Por ello, las votaciones fueron reprogramadas para el 29 de noviembre de 2026.Según Cabrera, cuando votó a favor de esa decisión también consideró que, en varias ocasiones, los recursos presentados por los candidatos ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ponen en riesgo el cumplimiento del calendario para la posesión de las nuevas autoridades.

“En otros procesos hemos tenido la situación de que existen impugnaciones y apelaciones; se acerca la fecha de posesión y aún no teníamos los candidatos ganadores. Por esa razón fue mi decisión de poner una especie de colchón de tal manera que no afecte lo que dice la Constitución”, explicó Cabrera.

En ese contexto, el titular del organismo electoral señaló que, si se presenta una eventualidad durante las elecciones de noviembre, existirán los meses de diciembre de 2026 y enero y febrero de 2027 para repetir los comicios en “algún cantón o parroquia”, sin afectar la posesión de las nuevas autoridades, prevista para el 14 de mayo de 2027.

Sobre el nuevo escenario en el CNE

Cabrera también se refirió al cambio de autoridades en el CNE. Indicó que se realizaron ajustes en algunas áreas de la institución y que, con base en ello, el calendario de las elecciones seccionales de 2026 avanza sin novedades.

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“Las consejeras y el consejero están trabajando en conjunto. Hemos conversado incluso con el suplente José Merino. En los próximos días conversaré con las dos consejeras suplentes. Esa es mi función: llevar con armonía el proceso electoral, con transparencia para que la ciudadanía esté tranquila de que se ha respetado su decisión (en votaciones)”, aseguró Cabrera.

Lo que debe saber

• La MIO presentó los hallazgos preliminares después de su seguimiento al concurso que se desarrolla en el CPCCS.
• La Misión de Observación no logró reunirse con vocales del CPCCS ni de la Comisión Ciudadana de Selección.
• El organismo también advirtió sobre el problema que se genera al mantener tanto tiempo a una autoridad en calidad de subrogante. 

La Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador (MIO) advirtió sobre graves cuestionamientos en el desarrollo del concurso para designar al nuevo fiscal general.

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La MIO es una iniciativa técnica, independiente y especializada, pensada para acompañar de forma imparcial los procesos de selección de autoridades del sistema de justicia en Ecuador. Se conformó en 2023 y, en julio de 2025, llegó por segunda vez al país.

Hasta el momento, cuenta con un informe preliminar sobre los hallazgos del proceso, que acumula poco más de un año de retraso. 

Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la MIO, hizo una revelación importante: el equipo solicitó un encuentro con los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, pero ninguna de las dos instancias clave del proceso respondió al llamado.

“No tuvimos respuesta lamentablemente en las dos visitas que hemos tenido. En agosto del año pasado no estaba aún la Comisión Ciudadana pero si el CPCCS”, señaló Arellano. Agregó que sí se reunió con exintegrantes de la comisión y con organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la Misión?

El primero tiene que ver con la falta de una reglamentación permanente para el concurso. “La reglamentación del concurso observado es usualmente aprobada para cada ocasión por el CPCCS. Esto facilita que la regulación se diseñe al servicio de intereses ajenos a la calidad de la selección”, señala el informe preliminar.

El segundo hace referencia al perfil y la selección inadecuados de la Comisión Ciudadana de Selección. “La selección del titular de la Fiscalía General del Estado es una labor técnica compleja que requiere conocimiento y/o experiencia sobre el sistema de justicia penal”, indica la MIO.

En materia de transparencia, motivación, rendición de cuentas y participación ciudadana, la Misión sostiene que persisten deficiencias en la disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia de la información pública.

En ese escenario, la MIO planteó: “Las irregularidades mencionadas podrían aconsejar anular el proceso y retrotraerlo a su inicio. 

Sin embargo, todo escenario que implique que continúe por más tiempo en el puesto de Fiscal General una persona en calidad de encargado deslegitima y daña la confiabilidad del cargo, pone en riesgo su actuar de manera imparcial e independiente, condiciona la cooperación internacional, y arrastra a la institución, al sistema de justicia y al Estado ecuatoriano a esa misma deslegitimidad y falta de confianza”.

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Arellano señaló que, si bien el concurso no podría arrancar de cero, una de las opciones sería retrotraerlo hasta la etapa de elaboración del reglamento, con el fin de establecer directrices claras que guíen el proceso.

Otra posibilidad para salvar el concurso, según la MIO, sería sanear las irregularidades. “En caso de que no se anule y retrotraiga el proceso a la emisión del reglamento respectivo, se requiere su saneamiento, para garantizar el pleno respeto de los estándares internacionales aplicables”, establece el informe de la Misión.

Lo que se sabe

• El correísmo, el Partido Social Cristiano y el oficialismo de ADN buscan el control del Concejo en las elecciones de noviembre
• La oposición llega fragmentada a este periodo preelectoral
• Proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría dividir el voto, según especialista

El tablero político del Concejo de Guayaquil vive uno de sus momentos más agitados. La salida de Ana Chóez volvió a desnudar el debilitamiento del Partido Social Cristiano (PSC), organización que durante décadas dominó la política local y que ahora enfrenta el reto de reconstruirse de cara a las seccionales. 

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Pero mientras el socialcristianismo pierde cohesión, el correísmo intenta mantener el control en un Municipio fragmentado, y ADN busca conquistar una ciudad donde la disputa por el poder ya inició.

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"PSC está perdiendo cohesión interna"

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, la renuncia de Chóez revela un problema más profundo que una simple salida. “Lo que muestra es que el PSC no solo perdió el Municipio, sino que también está perdiendo cohesión interna, capacidad de ordenar a sus propios cuadros y centralidad como eje de la oposición local en lo que durante años fue su principal bastión electoral”, explica.

A su criterio, el partido enfrenta ahora el desafío de reconstruir una identidad política en el Puerto Principal, incluso después de presentar recientemente a Andrés Roche, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), como precandidato a la Alcaldía.

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El desafío de preservar la gobernabilidad

Moscoso subraya que el correísmo ha optado por una estrategia de continuidad institucional. “Ha buscado defender la permanencia de Aquiles Álvarez desde el terreno político y jurídico, evitar que la crisis judicial derive en una pérdida inmediata del Municipio y mantener articulada una mayoría que hoy ya no es exclusivamente correísta, sino una mezcla de correísmo, RETO, oficialismo municipal e independientes cercanos a la administración”, evalúa.

Según Moscoso, el objetivo ya no pasa únicamente por mantener los votos dentro del Concejo, sino por preservar la gobernabilidad.

"ADN puede volverse decisivo"

Con respecto al movimiento oficialista, considera que tiene posibilidades de crecer, aunque todavía enfrenta desafíos.

“ADN puede volverse decisivo si logra presentarse como una alternativa distinta al correísmo y al PSC, sobre todo si el voto opositor se divide. Sin embargo, aún debe demostrar estructura territorial, cuadros políticos y capacidad para competir en una ciudad donde el PSC tuvo maquinaria durante décadas y el correísmo conserva una base importante”, afirma.

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La analista política Andrea Endara puntualiza que todavía no está claro cuál será la estrategia del PSC para las seccionales. Cuestiona no solo la salida de Chóez, sino la del exasambleísta Jorge Acaiturri, y las decisiones adoptadas en torno a sus posibles candidaturas.

“Si ponemos sobre la mesa a Acaiturri y a Roche, no sé qué tan acertada fue esa decisión. Al PSC le costará muchísimo recuperarse, porque sigue aplicando las mismas fórmulas que lo llevaron a esta situación: todo se decide en una mesa chica, no existen verdaderas primarias ni un trabajo sostenido de formación política en territorio. Una cosa es recorrer los barrios y escuchar a la gente, y otra muy distinta es construir bases. Y eso les falta”, sostiene.

Sobre el correísmo, Endara observa tensiones con RETO y considera que el eventual candidato impulsado a través del movimiento Amigo todavía carece de suficiente reconocimiento ciudadano. “No sé qué tan bien le iría bajo este nuevo tablero político”, comenta.

Respecto a ADN, cree que puede convertirse en un actor determinante debido al contexto de polarización nacional. Sin embargo, advierte que la proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría fragmentar el voto, un escenario que terminaría favoreciendo al oficialismo en la disputa por la Alcaldía de Guayaquil.

En tanto, el politólogo Jorge Chuya observa que tanto el Concejo como la administración municipal, hoy liderada por Tatiana Coronel, atraviesan un periodo de transición.

“Hoy la ciudad, el Concejo y el sillón de Olmedo están a la deriva. La Revolución Ciudadana y sus aliados todavía mantienen cierto control, pero su margen de acción es mínimo. Las decisiones importantes en lo que reste del periodo probablemente se aprobarán con mayorías similares a las que vimos en votaciones como la del incremento del pasaje”, señala.

A su juicio, la atención de los actores políticos ya no está concentrada en la gestión municipal, sino en la próxima contienda electoral. “Todos están pensando de lo que viene después en las siguientes elecciones. Por eso vemos una ciudad que no atraviesa su mejor momento y que deberá esperar el desenlace de estos meses preelectorales”.

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Aunque la mayoría de los concejales afines a Aquiles Álvarez llegaron a sus curules auspiciados por la Revolución Ciudadana y sus aliados, en la página web oficial del Municipio aún existen inconsistencias sobre su filiación política. 

El portal, por ejemplo, mantiene a Ana Fuentes y Soledad Diab como integrantes del Partido Social Cristiano (PSC), pese a que ambas ya no forman parte de esa organización.

En junio del 2024, el entonces presidente del PSC en Guayas, Alfredo Serrano, afirmó que “desde hace mucho tiempo atrás (las ediles) se separaron de la línea partidista y actúan en función de sus intereses personales”. 

Él también se refirió a Mayra Montaño, quien llegó al Concejo con el PSC, pero posteriormente dejó el cuerpo edilicio y actualmente forma parte de la DASE EP. Está a cargo de la dirección de Enlace Territorial.

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Las claves que debes saber

• Casos contra alcaldes y autoridades se activan antes de elecciones 2026; surgen cuestionamientos políticos.
• Procesos judiciales alcanzan a alcaldes de Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Jipijapa por presuntos delitos.
• Debate en Ecuador apunta a uso de justicia, suspensiones electorales y debilidad de la oposición política.

Que el alcalde de Machala, Darío Macas, sea corrupto y que haya hecho transacciones por más de seis millones de dólares sin justificación es algo perfectamente posible. Y que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, jamás haya podido explicar el origen de su enorme fortuna también es un hecho cierto. ¿De dónde sacó ocho millones de dólares para prestarle al equipo de sus ojos, Barcelona?

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Lo mismo ocurre con Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, preso por el presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares: es perfectamente posible que sea un gánster porque no existe explicación para sus abultadas transacciones financieras. 

Más casos contra alcaldes

¿Y la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador porque la Fiscalía la procesa por, supuestamente, dedicarse a la emisión irregular de documentos de tránsito? También es posible que sea culpable y merezca una sanción ejemplar.

Y esto sin mencionar al alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública cuyo perjuicio superaría los 300 mil dólares. 

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En esa misma ciudad existe otro caso: el exalcalde José Arroyo Cabrera también fue detenido en agosto de 2025, acusado por la Fiscalía de peculado en contratos de obras de ornato durante su administración, cuando se hablaba de su inmenso patrimonio político y electoral.

¿Qué tienen en común los políticos opositores?

¿Qué tienen en común estos personajes? Que pueden haber sido corruptos, pero que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Algunos, además, acumularon fortunas difíciles de explicar, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de ellas.

Pero hay otro elemento que los une: todos tenían aspiraciones de participar en las próximas elecciones seccionales (o, al menos, un enorme capital político, como Arroyo) y ninguno representaba los intereses del Gobierno. 

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Y si, en efecto, hicieron fortunas malhabidas, nadie pareció advertirlo durante años. Aquiles Álvarez, por ejemplo, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil cuando ya se hablaba de su sorprendente riqueza y nadie mostró el menor interés en investigarlo.

Fiscalía cuestionada por solo actuar en ciertos casos

Además, todos estos procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales. Y en casi todos los casos, la actuación de la Fiscalía ha sido especialmente (e incluso sospechosamente) célere. A Darío Macas, por ejemplo, lo arrestaron por un caso impulsado por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y no por la de su propia provincia.

¿Existe, entonces, una instrumentalización política de la justicia para inhabilitar a adversarios electorales de un Gobierno que tiene bajo su control a la Fiscalía? Aunque no pueda afirmarse como un hecho, la hipótesis resulta perfectamente verosímil, sobre todo cuando se observa que existen otros casos en los que la Fiscalía, desvergonzadamente, se hace de la vista gorda.

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En los casos Progen y ATM, por ejemplo, se entregaron más de 100 millones de dólares a oscuras empresas por generadores eléctricos que no servían y, hasta ahora, no hay un solo implicado de alto perfil detenido ni exhibido públicamente, como sí ocurrió con Darío Macas, cuya fotografía apareció en las redes sociales del ministro del Interior, John Reimberg, como si se tratara de un estruchante capturado en una terminal terrestre.

El recurso de la violencia política de género

Las sospechas se hacen más agudas cuando se observa que los organismos electorales también han eliminado de la carrera electoral a figuras con opciones de triunfo para los comicios de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses por el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia por violencia política de género presentada por una concejala a la que llamó “fulana”. 

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Y pocas horas antes del cierre de esta edición, el mismo TCE suspendió los derechos políticos del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, también por una denuncia de violencia política de género, aunque todavía no se conocen los fundamentos de esa decisión. Tayupanda se perfilaba como el candidato más fuerte para llegar a la Prefectura.

Pero si existen razones para sospechar de un uso político de la Fiscalía, en cambio hay algo muy cierto y evidente: frente a este escenario no existe una oposición capaz de levantar la bandera de los derechos democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho.

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Correísmo: opositor cuestionado

El correísmo es la principal fuerza opositora, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Quizá porque carece de autoridad moral para denunciar el autoritarismo de Daniel Noboa o los escándalos del gobierno (Rafael Correa también gobernó de forma autoritaria), o porque su liderazgo atraviesa un evidente colapso. 

Lo cierto es que ni siquiera ha logrado articular una defensa sólida de su alcalde, Aquiles Álvarez, frente a los atropellos de los que ha sido víctima durante el proceso judicial. No hay siquiera otros partidos que hayan salido a defender el Estado democrático y de Derecho. Además, son poquísimos los políticos que lo hacen, con excepciones como la de Henry Cucalón.

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Ayer se cumplió un mes del asesinato de la activista Monika Silva y es como si nada hubiera pasado, al menos por la actitud de los políticos y hasta de la opinión pública. 

A Diario EXPRESO se lo quiere asfixiar financieramente para doblar su línea editorial y son contadísimos los líderes de opinión que han salido para defender la libertad de prensa o la de empresa. La falta de una oposición democrática en el Ecuador es, ciertamente, desalentadora.

Lo que usted debe saber

• ADN impulsa investigaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en Quito y Guayaquil.
• En la Comisión de Gobiernos Autónomos también inició una fiscalización al aumento patrimonial de alcaldes y prefectos. 
• El correísmo cuestiona las iniciativas y ve un trasfondo electoral en las acciones emprendidas por el oficialismo.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo apunta directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dirigidos por la oposición. Actualmente hay tres procesos de fiscalización que involucran a municipios, prefecturas y sus autoridades, los cuales coinciden con la etapa preelectoral de las seccionales de 2026.

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Los procesos de fiscalización

Los procesos de fiscalización en curso abarcan las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP de Guayaquil; los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos; y el supuesto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.

Mientras tanto, el caso de las cámaras en Guayaquil involucra directamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

Acerca del incremento patrimonial, el día en que el oficialista Fernando Jaramillo presentó el planteamiento ante el Pleno hizo una referencia específica. 

Pidió incluir en el análisis los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil.

Pero en los procesos de fiscalización no han actuado únicamente los asambleístas del oficialismo. El rol del Ejecutivo también ha sido clave. 

Por ejemplo, en relación con las cámaras de videovigilancia en Quito, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien instaló el tema en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El 23 de junio, durante la fiscalización que esa mesa realizaba sobre las cámaras de Segura EP, Reimberg dijo que en el Municipio de Guayaquil funcionaba una “sala espejo”, pero que no era la única en el país. 

Comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).“Cada quien destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y las están poniendo. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, declaró Reimberg.

El correísmo tiene cuestionamientos

Para el correísmo, los procesos de fiscalización responden a una intención electoral. Durante el tratamiento del caso de las cámaras de seguridad en Quito, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó: “Estos procesos de fiscalización pretenden atacar a una autoridad. ¿Quieren la Alcaldía de Quito? Gánenla en las urnas”.

Ayer, la propia Alarcón profundizó en ese proceso de fiscalización. “Las cámaras de videovigilancia deben servir para proteger, no para perseguir ni espiar”, dijo a propósito de un nuevo pedido de información dirigido al ECU-911.

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Desde otras fuerzas políticas también han surgido cuestionamientos. El socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que el interés es electoral: “(Quieren) Desviar la atención para decir que estamos fiscalizando, ya que no quieren fiscalizar a quien están en la obligación de hacerlo”. Insistió en que la Asamblea no tiene esa facultad y que “están haciendo un show”.

Lo que debes saber 

• Julio César Cueva reaccionó a la difusión del video de Aquiles Álvarez y anunció acciones legales. 
• El abogado sostiene que la grabación vulnera la privacidad del alcalde y asegura que el propio video demuestra que la cirugía solo fue aplazada.

Julio César Cueva, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que ejercerá acciones legales tras la difusión de un video grabado durante una atención médica en una clínica privada del sur de la ciudad. El pronunciamiento fue realizado este 8 de julio a través de su cuenta de X, donde aseguró que la grabación vulnera la confidencialidad del paciente y la normativa sobre protección de datos personales.

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Según explicó el jurista, el material audiovisual es auténtico, pero cuestionó la forma en que fue divulgado. "El video que hoy circula es real. Quien realizó esa grabación fue una abogada que se identificó como representante de la clínica donde se encontraba el alcalde Aquiles Álvarez", escribió en su publicación.

Cueva sostuvo que el problema no radica en la existencia de la grabación, sino en que haya sido difundida públicamente. "Lo verdaderamente grave no es la existencia del video, sino su difusión", afirmó, al señalar que la información contenida en las imágenes forma parte de la intimidad del paciente y está protegida por el derecho a la privacidad.

¿Qué dijo Julio César Cueva sobre el video de Aquiles Álvarez?

En su pronunciamiento, el abogado argumentó que el contenido del video confirma que el alcalde no rechazó someterse a una intervención quirúrgica, sino que únicamente decidió postergarla para realizarla en otro momento y bajo otras condiciones.

"El propio video demuestra que el Alcalde no rechazó la cirugía como tal; manifestó que no quería operarse en ese momento y que lo haría posteriormente, con la programación correspondiente", sostuvo Cueva, al responder a las interpretaciones que surgieron tras la publicación del material.

El defensor también aseguró que la grabación evidencia una presunta intromisión en la esfera privada del alcalde durante un procedimiento médico. En ese contexto, señaló que la decisión de aplazar la cirugía respondió a la voluntad del paciente y no a una negativa definitiva frente al tratamiento recomendado.

El video muestra la conversación entre Aquiles Álvarez, su médico y su abogado

El video difundido en redes sociales fue grabado durante una atención médica que recibió Aquiles Álvarez en una clínica privada del sur de Guayaquil, luego de ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro. En las imágenes aparecen el alcalde, su médico cirujano tratante y Julio César Cueva mientras revisan un documento sobre una cirugía de colecistectomía laparoscópica.

Durante la grabación se escucha la lectura del documento en el que consta que el paciente conocía la recomendación médica para someterse al procedimiento, pero prefería realizarlo posteriormente. También se observa al abogado confirmar el contenido del acta y al médico dejar constancia de que recomendaba la intervención quirúrgica.

El especialista manifiesta: "Mi recomendación es que te operes. Pero ha decidido no operarte por ahora y en su momento lo hará". A continuación, Aquiles Álvarez responde: "Sí, en los próximos días", antes de agradecer al médico por la atención recibida.

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En la parte final de su pronunciamiento, Julio César Cueva anunció que evaluará las acciones jurídicas derivadas de la difusión del video y de la forma en que se obtuvo el material.

"Se analizarán y ejercerán las acciones legales que correspondan respecto de la clínica y de quienes resulten responsables por la obtención, conservación, acceso o divulgación de información y material audiovisual protegido por el deber de confidencialidad y la normativa aplicable", concluyó el abogado.

Lo que debes saber

• Un video de Aquiles Álvarez durante una atención médica fue filtrado en redes sociales. 
• En la grabación, el alcalde decide aplazar una cirugía recomendada por su médico y conversa con su abogado antes de firmar el documento.
• Las imágenes reaparecen mientras enfrenta un proceso penal y cumple prisión preventiva.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, apareció este 8 de julio en un video difundido en redes sociales, luego de ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro hacia una clínica privada del sur de la ciudad para recibir atención médica. En la grabación se observa al burgomaestre junto a su médico cirujano tratante y a su abogado, Julio César Cueva, mientras revisan y firman un documento relacionado con una cirugía que finalmente decidió aplazar.

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Actualmente, Álvarez cumple prisión preventiva dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. La difusión del video reavivó el interés sobre la atención médica que recibió durante su permanencia en Guayaquil.

En la grabación se escucha la lectura de un documento fechado el 8 de julio de 2026, en el que se deja constancia de que el paciente conocía la recomendación médica. El texto señala: "Conozco que el médico tratante me ha recomendado la realización del procedimiento quirúrgico de colecistectomía laparoscópica (...) Sin embargo, decide no someterse al procedimiento en este momento y prefiere programarlo con posterioridad".

¿Qué dice el video filtrado de Aquiles Álvarez?

Tras la lectura del documento, una de las personas presentes pregunta: "¿Es lo correcto, señor?". A continuación interviene Julio César Cueva, abogado del alcalde, quien responde: "Es lo que hemos querido reflejar. Es lo que hemos pedido, refleja lo que nosotros queremos", antes de indicar que el documento sea firmado y fechado.

Durante la conversación también se escucha la coordinación para completar el acta. "Ponle la fecha. La fecha está arriba. Ponle la hora si tú quieres. Ponle las 17 horas", dice una de las personas presentes, mientras el documento es preparado para las firmas correspondientes.

Una vez suscrito el formulario, el médico cirujano tratante deja registrada su recomendación profesional. "Mi recomendación es que te operes. Pero ha decidido no operarte por ahora y en su momento lo hará", afirma el especialista, luego de explicar que el diagnóstico correspondía a una colecistectomía que requería una intervención laparoscópica.

Aquiles Álvarez asegura que se operará en los próximos días

Tras escuchar la recomendación médica, Aquiles Álvarez confirma que no descarta la cirugía, aunque prefiere realizarla más adelante. "Sí, en los próximos días", responde el alcalde, antes de agradecer al médico por la atención brindada.

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Julio César Cueva anuncia acciones legales tras la difusión del video

Horas después de que la grabación se viralizara en redes sociales, el abogado de Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, se pronunció a través de su cuenta en X. El jurista aseguró que el video es auténtico, pero cuestionó su difusión al considerar que vulnera la privacidad del alcalde durante una atención médica.

"El video que hoy circula es real. Quien realizó esa grabación fue una abogada que se identificó como representante de la clínica donde se encontraba el alcalde Aquiles Álvarez", escribió Cueva. No obstante, afirmó que "lo verdaderamente grave no es la existencia del video, sino su difusión", al sostener que las imágenes contienen información protegida por el derecho a la intimidad y la normativa sobre protección de datos personales.

El abogado sostuvo que el contenido del video demuestra que Álvarez nunca rechazó definitivamente la intervención quirúrgica. "El propio video demuestra que el Alcalde no rechazó la cirugía como tal; manifestó que no quería operarse en ese momento y que lo haría posteriormente, con la programación correspondiente", señaló en su publicación.

Cueva también afirmó que la divulgación de la grabación evidencia una supuesta intromisión en la vida privada del alcalde y anunció medidas legales. "Se analizarán y ejercerán las acciones legales que correspondan respecto de la clínica y de quienes resulten responsables por la obtención, conservación, acceso o divulgación de información y material audiovisual protegido por el deber de confidencialidad y la normativa aplicable", concluyó.

Lo que debes saber

• La Comisión Nacional Anticorrupción lanzó un duro pronunciamiento sobre el concurso para designar al Fiscal General.
• El organismo respalda observaciones de una misión internacional y cuestiona el papel del CPCCS.
• Conozca cuáles son los principales señalamientos y qué sostiene el comunicado.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) difundió este 8 de julio de 2026 un pronunciamiento en el que cuestiona el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. El organismo aseguró que el proceso presenta irregularidades y afirmó que respondería a un propósito de mantener al actual fiscal encargado.

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En el comunicado, la organización señaló que la Misión Internacional de Observación habría advertido que el concurso registra inconsistencias durante su desarrollo. Según la CNA, esas observaciones coinciden con alertas que el organismo ya había realizado sobre el procedimiento de selección.

Como parte de su pronunciamiento, la Comisión sostuvo: "El concurso para designar al fiscal es un fiasco premeditado para mantener al actual fiscal que se halla ligado a los intereses del poder". Además, afirmó que el proceso buscaría extender la permanencia del fiscal encargado en funciones.

Críticas al CPCCS por el proceso de selección

La CNA también dirigió cuestionamientos a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al considerar que su actuación no brinda garantías para este ni para futuros concursos. En el documento sostiene que la situación evidencia la necesidad de eliminar esa institución.

En otra parte del comunicado, el organismo manifestó: "Los integrantes del CPCCS que han consumado este atropello (...) no dan garantías para este u otro concurso". Asimismo, indicó que el papel del Consejo demostraría, a su criterio, un proceso de estatización de la sociedad civil.

Hasta el momento, el pronunciamiento corresponde exclusivamente a la posición de la Comisión Nacional Anticorrupción. En el comunicado no consta una respuesta del CPCCS ni de otras autoridades señaladas respecto de las afirmaciones realizadas por la organización.

Lo que debes saber

• El proyecto de ley contra la pornografía infantil en Ecuador sumó nuevas observaciones técnicas durante su análisis en la Asamblea Nacional.
• Una organización especializada propuso cambios para fortalecer las investigaciones, regular el uso de inteligencia artificial y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional recibió a Grace Vásquez, representante de ChildFund International en Ecuador, dentro del análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción de la Pornografía con Utilización de Niñas, Niños o Adolescentes. Durante la sesión, la experta presentó observaciones técnicas para fortalecer el texto antes de su aprobación.

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Vásquez advirtió que el crecimiento de la producción y circulación de material de abuso sexual infantil obliga a contar con una normativa adaptada a los nuevos escenarios digitales. Entre los aspectos que destacó del proyecto constan la tipificación de la producción de este material como conducta principal del delito, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y los deepfakes, así como mecanismos para bloquear contenidos ilícitos y proteger a las víctimas.

La representante de ChildFund también planteó ajustes al articulado para evitar posibles afectaciones a las víctimas durante el proceso judicial. Entre sus recomendaciones figura que la identidad de los responsables solo pueda difundirse cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objetivo de impedir la revictimización de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando los agresores forman parte de su entorno familiar.

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Proyecto de ley sobre pornografía infantil plantea reforzar la prevención

Además de los cambios penales, la organización propuso fortalecer las políticas preventivas mediante educación digital obligatoria, alfabetización mediática y una mayor articulación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral. La intención es reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales.

Otro de los puntos expuestos durante la comparecencia estuvo relacionado con la investigación de estos delitos. Según las observaciones presentadas, el principal obstáculo no se encuentra en la etapa de juzgamiento, sino en la capacidad de investigar, identificar responsables y preservar adecuadamente las evidencias digitales.

Por ello, ChildFund recomendó fortalecer las capacidades técnicas de la Fiscalía, de las unidades policiales especializadas en ciberdelitos y de los equipos encargados de la recolección de evidencia digital. La organización considera que estos cambios permitirían responder con mayor eficacia frente al incremento de este tipo de delitos.

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Control judicial y obligaciones para plataformas digitales

Entre las propuestas también se incluyó la creación de un sistema de control judicial y rendición de cuentas para el bloqueo de contenidos ilícitos en internet. La organización señaló que este mecanismo permitiría garantizar que estas medidas se apliquen con supervisión y dentro del marco legal.

Asimismo, planteó establecer obligaciones para las plataformas digitales relacionadas con la evaluación de riesgos, el diseño seguro de sus servicios y la implementación de mecanismos específicos de protección para niñas, niños y adolescentes frente a contenidos de explotación sexual.

Finalmente, Grace Vásquez ratificó la disposición de ChildFund International para colaborar con la Asamblea Nacional mediante asistencia técnica, evidencia comparada y cooperación internacional durante la construcción de la normativa, con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en los entornos digitales.

Lo que debes saber

• No todos los delitos entran en la nueva Ley Orgánica de Extradición. 
• La norma solo alcanza hechos posteriores a mayo de 2024 y mantiene prohibiciones por pena de muerte, tortura o persecución política.
• También reduce los plazos del trámite y deja la decisión final en manos del Ejecutivo.

La nueva Ley Orgánica de Extradición aprobada por la Asamblea Nacional no se aplicará a todos los delitos ni a todos los procesos pendientes. El texto establece límites temporales, exclusiones específicas y garantías que condicionan cuándo Ecuador puede entregar a una persona requerida por otro país.

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El primer filtro es la fecha del delito. Los ciudadanos ecuatorianos solo podrán ser extraditados por hechos cometidos desde el 9 de mayo de 2024, día en que entró en vigor la reforma constitucional aprobada en el referéndum de abril de ese año. Los delitos anteriores quedan fuera del alcance de la nueva normativa.

La ley también excluye ciertos casos por razones de derechos humanos y protección constitucional. Ecuador negará la extradición cuando la persona enfrente pena de muerte, tortura o tratos crueles en el país solicitante, o cuando existan indicios de persecución por motivos políticos, religiosos, de género o de origen étnico.

Qué delitos sí quedan bajo el nuevo régimen

La normativa sí permite la extradición por delitos comunes y transnacionales cometidos después de mayo de 2024. Entre ellos pueden incluirse hechos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado y otras conductas perseguidas por sistemas judiciales extranjeros.

Además, la ley aclara que el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad no podrán presentarse como delitos políticos para evitar una entrega. Con ello, esas conductas quedan expresamente fuera de las protecciones que históricamente impedían algunas extradiciones.

Para los extranjeros que permanezcan en Ecuador, el régimen también se endurece. Si son requeridos por delitos transnacionales podrán ser extraditados y, si cometen delitos en territorio ecuatoriano, las reformas de movilidad humana disponen su expulsión y la prohibición de regresar por 40 años.

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Plazos más cortos y decisión final del Ejecutivo

Otro cambio central es la reducción de los tiempos del trámite. El proceso completo tendrá un máximo de tres meses, mientras que el país requirente dispondrá de 60 días para presentar la solicitud formal y 30 días adicionales para ejecutar el traslado.

La Corte Nacional de Justicia seguirá revisando la legalidad de cada pedido, pero su pronunciamiento no será definitivo. La decisión final continuará en manos del Presidente de la República, quien podrá aceptar o negar la entrega considerando seguridad nacional, orden público y reciprocidad entre Estados.

La reforma también modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La caducidad de la prisión preventiva quedará suspendida mientras dure un proceso de extradición en el exterior y, para los casos vinculados exclusivamente a este trámite, se fijan límites de entre seis meses y un año.

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La ley mantiene varias barreras para impedir entregas automáticas. Ecuador podrá negar una solicitud cuando el delito sea estrictamente político, cuando existan riesgos graves para la integridad de la persona requerida o cuando la entrega contradiga la Constitución y los tratados internacionales vigentes.

Con estas reglas, la nueva legislación no crea una extradición universal para cualquier delito. Su aplicación depende del tipo de infracción, la fecha en que ocurrió y las garantías que pueda ofrecer el Estado que solicita la entrega.

Lo que debes saber

• La Comisión de Salud de la Asamblea recibió observaciones del Ministerio de Salud, IESS y Ministerio de Educación al proyecto unificado sobre salud sexual y reproducción humana asistida. 
• Las tres entidades coincidieron en que el texto requiere ajustes técnicos, presupuestarios y de competencias antes de avanzar al segundo debate.

La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional realizó este miércoles 8 de julio de 2026 su sesión 152 (periodo 2025-2027) para recibir observaciones al proyecto de Ley de Salud Sexual Integral, Formación y Protección Durante la Vida, unificado con el proyecto de Ley Orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, que se encuentra en trámite para segundo debate.

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La sesión fue presidida por el asambleísta Juan José Reyes Baquerizo, presidente de la comisión, quien convocó a delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para conocer sus criterios técnicos antes de continuar el tratamiento legislativo.

El primer compareciente fue Freddy Fernando Jácome León, coordinador general de Sostenibilidad del Sistema y Recursos, delegado del Ministerio de Salud Pública. Explicó que el Gobierno ya ejecuta una política intersectorial para prevenir el embarazo adolescente junto con otras instituciones del Estado, vigente entre 2026 y 2035, aunque ofreció remitir información complementaria sobre presupuesto, estadísticas y planificación.

Proyecto de salud sexual genera dudas sobre competencias

Durante el debate, una asambleísta cuestionó cómo evitar que la futura norma duplique funciones ya previstas en la legislación vigente y preguntó si el MSP dispone del presupuesto, infraestructura y personal suficiente para cumplir las nuevas obligaciones.

Jácome respondió que la cartera de Estado mantiene la rectoría sanitaria y que trabaja de forma coordinada con otras instituciones. "El Ministerio de Salud Pública colabora y colaborará con las necesidades que requiera tanto el sistema educativo como los demás entes necesarios para articular esta estrategia", afirmó.

Además, el funcionario se comprometió a enviar a la comisión información sobre disponibilidad presupuestaria, capacidad operativa y estadísticas de embarazos registrados por grupos etarios para fortalecer el análisis del proyecto.

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IESS advierte problemas jurídicos y económicos

Posteriormente compareció Javier Salgado, subdirector nacional de Provisión de Servicios del IESS, quien presentó un análisis técnico elaborado por la institución. Según explicó, el proyecto presenta observaciones relacionadas con técnica legislativa, duplicidad normativa, competencias institucionales, constitucionalidad y viabilidad administrativa.

El funcionario sostuvo que la propuesta reproduce disposiciones ya contempladas en la Constitución, la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y otras normas vigentes, además de crear nuevas obligaciones para varias instituciones sin establecer una memoria económica.

"El proyecto requiere una reestructuración antes de ser considerado para trámite legislativo", señaló Salgado al concluir su exposición.

Entre las observaciones también mencionó que el texto invade competencias administrativas, incorpora definiciones doctrinarias sin respaldo normativo claro y establece obligaciones sin indicadores de cumplimiento, mecanismos de control ni financiamiento.

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Educación cuestiona el contenido del articulado

En representación del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura comparecieron Isabelis Heresones, subdirectora de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología, y Emilio Félix Romero, subsecretario de Innovación Educativa y Desarrollo Integral.

Pérez recordó que la institución ya había presentado observaciones al proyecto sobre reproducción humana asistida y advirtió que algunos artículos relacionados con investigación científica duplican contenidos previamente discutidos.

Por su parte, Félix centró sus reparos en varios artículos del proyecto de salud sexual, al considerar que contienen disposiciones que corresponden a reglamentos y políticas públicas más que a una ley, además de involucrar competencias propias del sistema educativo.

Ministerio defiende enfoque basado en interés superior del menor

Durante su intervención, el subsecretario sostuvo que el Ministerio comparte la necesidad de prevenir el embarazo adolescente y la violencia sexual, pero considera que el texto debe ajustarse para respetar las competencias institucionales y el marco jurídico vigente.

"La preocupación de esta cartera de Estado no es desde la restricción de derechos (...) buscamos proteger el interés superior del menor", manifestó Félix ante los legisladores.

El funcionario añadió que las observaciones serán remitidas por escrito a la comisión para que sean consideradas durante la elaboración del informe para segundo debate.

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Comisión pedirá más información antes del segundo debate

Tras escuchar las comparecencias, el presidente de la comisión solicitó a las tres instituciones enviar por escrito las observaciones técnicas, estadísticas y proyecciones expuestas durante la sesión para distribuirlas entre los diez integrantes de la mesa legislativa.

Además, informó que también será convocada la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez, proponente original del proyecto calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 12 de junio de 2024, con el fin de revisar las observaciones formuladas durante el proceso de unificación normativa.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez fue trasladado a una casa de salud para una evaluación médica.
• Los especialistas recomendaron una cirugía de vesícula, pero el procedimiento no fue autorizado.
• El alcalde regresará a la Cárcel del Encuentro, donde permanece detenido por los casos Goleada y Grillete.

El traslado de Aquiles Álvarez a una casa de salud terminó sin una intervención quirúrgica. El alcalde de Guayaquil fue evaluado por médicos y, tras rechazar una operación recomendada para tratar una afección en su vesícula, deberá regresar al centro penitenciario donde permanece recluido.

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La información fue confirmada este miércoles 8 de julio de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, quien explicó que los resultados de los exámenes médicos apuntaban a la necesidad de una cirugía para la extracción de la vesícula.

De acuerdo con el funcionario, Álvarez y su esposa decidieron no dar autorización para realizar el procedimiento, por lo que se descartó la operación prevista por los especialistas.

Luego de esta decisión, el alcalde será trasladado nuevamente a la Cárcel del Encuentro, donde cumple una medida de privación de libertad dentro de las investigaciones por los casos Goleada y Grillete.

El traslado médico de Aquiles Álvarez

El alcalde fue llevado durante la mañana de este miércoles a una clínica del sur de Guayaquil para una revisión de su estado de salud.

Tras la evaluación, el equipo médico recomendó una cirugía. Sin embargo, según la versión oficial entregada por el Ministerio del Interior, el procedimiento no fue aceptado por el alcalde ni por su esposa.

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Álvarez continuará detenido en la Cárcel del Encuentro

Con el retorno al centro penitenciario, Aquiles Álvarez continuará cumpliendo la medida ordenada por la justicia mientras avanzan los procesos en su contra.

Los casos Goleada y Grillete forman parte de las investigaciones que mantienen al alcalde de Guayaquil bajo custodia. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado nuevas disposiciones sobre su tratamiento médico.

Los puntos claves de esta noticia

• En cuenta de X, RETO asegura que cumplió íntegramente la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mediante una Asamblea Nacional Extraordinaria.​
• Christian Trepaud fue elegido presidente nacional, junto con el nuevo Secretariado Nacional y otros órganos internos del movimiento, según comunicado en X.
• La cuenta del movimiento sostiene que funcionarios del Consejo Nacional Electoral estuvieron presentes durante la Asamblea, tanto de forma presencial como virtual.

Desde la cuenta de la red social X usada por el movimiento Renovación Total (RETO), lista 33, se denunció este martes 8 de julio un supuesto intento de desconocer a sus nuevas autoridades y de entregar el control de la organización a una “directiva paralela”, que, según afirma, no fue elegida conforme a la ley ni a su normativa interna.

(Le puede interesar: Juez del TCE declara nulas las elecciones internas de Reto y ordena que se repitan)

A través de un comunicado oficial difundido en X, la facción que representa a Raúl Chávez (político prófugo de la justicia) en dicho movimiento asegura que respetó la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que ya renovó su dirigencia mediante una Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el pasado 30 de junio.

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“La democracia interna de RETO se respeta. Cumplimos la sentencia del TCE, realizamos nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria y elegimos legítimamente a nuestras autoridades”, publicó la organización política.

Según el comunicado, durante la asamblea fue elegido Christian Trepaud como presidente nacional del movimiento.

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En el mensaje, el movimiento sostiene que “ningún grupo autoproclamado, ningún sector minoritario y ninguna autoridad administrativa puede sustituir la voluntad expresada por el órgano competente de RETO”. En este párrafo se alude a la facción liderada por David López, quien lideró una elección de directiva el mismo día y en el mismo sitio.

Lo que debes saber 

• El Concejo Cantonal aprobó una licencia por 30 días para Darío Macas y la vicealcaldesa Jenny Machuca quedó como alcaldesa subrogante.
• Los concejales trataron el pedido de vacaciones presentado por el alcalde, quien permanece con prisión preventiva.
• La administración municipal informó que los servicios, obras y atención al público continuarán con normalidad.

La vicealcaldesa Jenny Machuca Granda asumió las funciones de alcaldesa subrogante de Machala, luego de que el Concejo Cantonal aprobara una licencia con cargo a vacaciones por 30 días para el alcalde Darío Macas Salvatierra, quien permanece con prisión preventiva por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La sesión extraordinaria del Concejo se instaló a las 16:30 de este miércoles y tuvo como principal punto del orden del día el análisis de la solicitud presentada por el alcalde. Tras el debate, el cuerpo edilicio resolvió conceder la licencia temporal, conforme a la normativa vigente.

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Con esta decisión, Machuca queda al frente de la administración municipal mientras dure la ausencia temporal de Macas, quien fue procesado junto con su esposa, Carmen Chávez, dentro de una investigación de la Fiscalía General del Estado por un supuesto incremento patrimonial injustificado.

La resolución del Concejo representa el primer efecto administrativo derivado del proceso judicial que enfrenta el alcalde y busca garantizar la continuidad de la gestión municipal durante el tiempo que permanezca fuera de sus funciones.

Municipio garantiza continuidad de los servicios

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala informó que la designación de Jenny Machuca como alcaldesa subrogante responde a una resolución adoptada por el Concejo Cantonal y al cumplimiento de la normativa legal vigente.

La institución señaló que la gestión administrativa continuará desarrollándose con absoluta normalidad y que se mantendrá la ejecución de las actividades, proyectos y acciones contempladas en el Plan Operativo Anual (POA).

Además, el Municipio aseguró que todas las dependencias municipales seguirán atendiendo al público en los horarios habituales, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios y la atención a la ciudadanía.

El pronunciamiento fue difundido pocos minutos después de concluida la sesión extraordinaria, con el objetivo de informar sobre la continuidad institucional en medio de la situación judicial que enfrenta el alcalde.

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El escenario político

La licencia temporal también modifica el escenario político dentro del Concejo Municipal. Jenny Machuca, quien ejercía como vicealcaldesa, pasa a dirigir la administración del Cabildo durante los próximos 30 días, salvo que exista una nueva resolución judicial o administrativa que cambie ese escenario.

El Concejo de Machala está integrado por 11 ediles y, tras la ausencia temporal de Macas, las decisiones políticas dependerán de los acuerdos que alcancen las diferentes bancadas representadas en el organismo legislativo.

La prisión preventiva del alcalde fue ordenada por el juez Wilmer Choez dentro de la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que existiría un incremento patrimonial injustificado superior a los seis millones de dólares entre 2019 y 2025.

Mientras el proceso penal continúa en la justicia, la administración municipal queda bajo la conducción de Jenny Machuca, quien tendrá la responsabilidad de mantener el funcionamiento del Cabildo y la ejecución de las obras y servicios municipales durante el período de subrogación.

Lo que debes saber

• Fernando Cornejo, expresidente de Segura EP, compareció en forma telemática ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional la mañana de este miércoles 8 de julio.
• En la sesión, Cornejo admitió la originalidad de un audio reproducido por el asambleísta Andrés Castillo, en el que hablan el exfuncionario municipal con Rodney Rengel y Rafael Correa.
• Cornejo pidió a Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, que no mutile los audios de su comparecencia en la sesión.

El expresidente de Segura EP, Fernando Cornejo, compareció en forma telemática ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional la mañana de este miércoles 8 de julio dentro del proceso de fiscalización por el manejo de las cámaras de videovigilancia de la empresa municipal guayaquileña.

(Te puede interesar: Cornejo admite audio con Correa, durante comparecencia por fiscalización de Segura EP)

La investigación se inició después de que el Pleno de la Asamblea resolviera indagar el presunto espionaje y las supuestas vulneraciones a los sistemas de vigilancia de la entidad municipal.

En la sesión, el vicepresidente de la Comisión, Andrés Castillo (legislador oficialista), reprodujo un audio en el que supuestamente hablan Cornejo, el expolicía Rodney Rengel y el expresidente Rafael Correa sobre información que el exteniente pedía al expresidente de Segura EP.

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Cornejo admitió que sí era su voz la que se grabó en esa conversación. "En ese audio que yo no voy a negar mi voz, porque yo lo que primero que hago es no mentir. Me estaban indicando que, posiblemente, había miembros de la Agencia de Tránsito Municipal que estaban participando en estos atentados de la Bahía", expresó.

Ante la insistencia de Inés Alarcón, presidenta de la mesa legislativa, para que precise el número de encuentros que mantuvo con Correa, Cornejo indicó que "se reunió una sola vez por Zoom".

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Fernando Cornejo pide a Inés Alarcón que no mutile los videos de su comparecencia

Horas después de la sesión, Alarcón publicó en un video en su cuenta de X en el que señaló que Cornejo admitió haberse reunido con Correa "para la instalación de salas espejo en Segura EP", adjuntando el extracto de un video del exfuncionario municipal, de un segundo de duración.

Cornejo respondió a la publicación de Alarcón, a la que acusó de gritar, interrumpir y apagar micrófonos durante la sesión de la mesa legislativa.

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"Si aún le queda algo de decencia y un mínimo sentido de honestidad, no mutile videos para tergiversar mis declaraciones. Jamás he afirmado lo que usted sostiene y le exijo que lo demuestre. Publique el video completo, sin cortes ni ediciones", exigió Cornejo.

Y agregó: "Si no puede hacerlo, quedará en evidencia que sus afirmaciones carecen de sustento y que usted ha actuado sin el rigor, la ética y la honestidad que exige el debate público".

Lo que debes saber

• Una comparecencia en la Comisión de la Niñez expuso el testimonio de una madre que denunció presuntas irregularidades tras la agresión sufrida por su hijo en una escuela de Cuenca. 
• Legisladores anunciaron pedidos de información y cuestionaron la actuación de autoridades educativas.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (CEPINA) de la Asamblea Nacional recibió el martes 7 de julio de 2026, durante la sesión 112-CEPINA-2025-2027, el testimonio de Verónica Villacís, madre de un niño de ocho años con necesidades educativas específicas, quien denunció una serie de presuntas omisiones de autoridades educativas tras la agresión que, según afirmó, sufrió su hijo dentro de una institución educativa de Cuenca el 6 de febrero de 2025.

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La sesión fue presidida por la asambleísta Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Comisión, quien informó que la comparecencia fue incorporada como comisión general luego de que la ciudadana presentara una denuncia formal. La reunión se instaló con ocho legisladores presentes y se desarrolló desde las 15:30 en el Palacio Legislativo.

La denuncia: "Jamás investigaron el caso"

Durante su intervención, Verónica Villacís relató que su hijo, diagnosticado con TDAH y considerado un niño neurodivergente, habría sido agredido por un docente dentro de la institución educativa. Según explicó, tras acudir al Distrito de Educación para denunciar los hechos, no se receptó inicialmente su denuncia y posteriormente tampoco fue considerada parte procesal.

"Jamás han investigado el caso, jamás han recabado información, nunca nos han llamado, nunca han tomado la versión de mi hijo", afirmó Villacís durante su comparecencia.

La madre aseguró que, pese a haber acudido al Distrito de Educación, a la coordinación zonal y posteriormente a la Junta Cantonal, no obtuvo respuestas claras sobre el proceso. Indicó además que nunca recibió una notificación formal explicando por qué no se abrió un sumario administrativo contra el docente denunciado.

Según relató, cuando posteriormente acudió a solicitar información, las autoridades le comunicaron que el caso había sido archivado sin haber entrevistado al menor ni a los presuntos testigos de la agresión.

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Familia asegura que el niño continúa afectado

Durante la comparecencia, Villacís explicó que las consecuencias emocionales continúan afectando a su hijo más de un año después de los hechos. Señaló que el menor desarrolló miedo de regresar a clases y que incluso requirió tratamiento médico especializado.

"Verle a mi hijo que desde esa agresión no puede dormir solo, que el médico nos dijo que tenemos que darle antipsicóticos por un tiempo, ansiolíticos a un niño de siete años, ha sido muy doloroso", manifestó.

También denunció que el Distrito de Educación nunca brindó el acompañamiento psicológico que, según indicó, constaba dentro de la resolución administrativa. Explicó que toda la atención terapéutica ha sido financiada por la familia y que únicamente la nueva institución educativa ha realizado esfuerzos de inclusión para facilitar la adaptación del menor.

La compareciente relató además que el docente denunciado habría regresado posteriormente a la institución educativa sin que la familia fuera notificada previamente, situación que, según dijo, provocó una nueva crisis emocional en el niño al volver a encontrarse con quien identifica como su agresor.

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Comisión cuestiona respuesta institucional

Tras escuchar el testimonio, la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz Ramírez, agradeció la comparecencia y anunció que el caso será objeto de seguimiento dentro del proceso de fiscalización que desarrolla la mesa legislativa.

"Gracias por no callar. Gracias por no ser cómplice de un sistema que está hecho para que los padres se cansen", expresó la legisladora.

Veloz añadió que la Comisión tramitará pedidos de información para establecer cómo actuaron las autoridades educativas y si correspondía iniciar un procedimiento disciplinario contra el docente involucrado.

Durante el debate también intervino el asambleísta Ricardo Patiño, quien sostuvo que cada vez llegan más denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos dentro del sistema educativo y cuestionó los mecanismos institucionales de respuesta.

"Los maestros que agreden a sus alumnos merecen ser sancionados y merecen ser excluidos del sistema educativo", señaló Patiño.

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Funcionarios convocados no asistieron a la sesión

Antes de clausurar la sesión, la presidenta informó que tres funcionarios del Distrito de Educación 09D05 convocados para comparecer no asistieron a la Comisión. Se trató de Arturo Ordóñez Freire, jefe de Asesoría Jurídica; Laura Aguas Villón, jefa de Asesoría Jurídica; y Rosa Elina Chango Vázquez, sustanciadora del sumario administrativo relacionado con el denominado caso RIT.

Según explicó Veloz, los funcionarios enviaron una comunicación en la que solicitaron que la Asamblea cubriera sus pasajes aéreos y hospedaje para asistir presencialmente. La presidenta cuestionó esa petición y anunció que serán convocados nuevamente, además de plantear un pronunciamiento público de la Comisión.

La sesión concluyó a las 16:26, luego de que la mesa legislativa anunciara que continuará con la fiscalización del caso y solicitará información oficial al Ministerio de Educación sobre las actuaciones administrativas realizadas.

Lo más importante

• La Asamblea Nacional investigará incrementos injustificados de patrimonio de autoridades locales.
• La Comisión de Gobiernos Autónomos lidera el proceso tras una resolución del Pleno legislativo.
• La mesa legislativa tendrá un plazo estricto de 90 días para presentar un informe definitivo.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional inició este 8 de julio de 2026 un proceso de fiscalización a las declaraciones patrimoniales de los alcaldes y prefectos de Ecuador. La mesa legislativa tomó conocimiento de la resolución adoptada por el Pleno el pasado 23 de junio de 2026, tras una convocatoria formal de su presidenta, Lucía Pozo. El equipo de legisladores investigará presuntos incrementos injustificados de bienes en un periodo de 90 días, sumándose a otras acciones del bloque oficialista hacia los gobiernos seccionales.

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Fiscalización a Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador

El inicio de este nuevo proceso de fiscalización a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) responde de forma directa a una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 23 de junio de 2026.

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Para dar cumplimiento al mandato, la presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo (ADN), convocó formalmente a los asambleístas miembros de la comisión. El objetivo de la sesión fue avocar conocimiento de lo dispuesto por el Pleno e iniciar formalmente el proceso de control político a las autoridades locales.

Respecto al desarrollo de las investigaciones, Lucía Pozo aseguró que la fiscalización se realizará bajo los siguientes parámetros:

Plazos y alcance de la investigación patrimonial

La resolución del Pleno dispuso específicamente que la Comisión de Gobiernos Autónomos centrara sus acciones en examinar los bienes de los funcionarios provinciales y municipales.

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Acciones del bloque oficialista frente a los GAD

La fiscalización a los patrimonios de los alcaldes y prefectos no es un hecho aislado. Esta medida se suma a una serie de acciones que el bloque oficialista de la Asamblea Nacional viene ejecutando contra algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

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Caso de videovigilancia en Guayaquil

Dentro de este escenario de control político, se encuentra bajo la lupa la gestión del sistema de seguridad en el puerto principal:

Los puntos clave

• Raúl Chávez responsabilizó al Gobierno por cualquier desenlace en la salud del alcalde Aquiles Álvarez.
• La defensa informó que Álvarez fue trasladado por una descompensación relacionada con cálculos en la vesícula.
• Según su abogado Ramiro García, el alcalde ha perdido cerca del 35 % de su peso y padece una condición cardíaca de riesgo.
• Aquiles Álvarez permanece con prisión preventiva por el caso Goleada, en el que es investigado por presunto lavado de activos.

El asambleísta Raúl Chávez responsabilizó este miércoles 8 de julio al Gobierno Nacional por el estado de salud del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien fue trasladado desde la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, hasta una clínica privada de Guayaquil para ser atendido.

A través de su cuenta en X, Chávez aseguró que durante las últimas semanas se denunció el deterioro de la salud del alcalde, pero sostuvo que esas advertencias no fueron atendidas.

"Fueron semanas denunciando el estado de salud deplorable que estaba viviendo Aquiles. Los ministros se rieron, se burlaron de su condición. Hoy han tenido que trasladarlo de gravedad a un hospital", escribió el legislador.

En la misma publicación, cuestionó las garantías de atención médica que recibe el alcalde mientras permanece privado de libertad y lanzó duras críticas al Ejecutivo.

"¿Quién garantiza que le darán una correcta atención si dentro de la cárcel lo estaban condenando a muerte? No podemos confiar en un régimen que prefiere al alcalde de Guayaquil en silencio, enfermo, incomunicado, privado de su libertad sin sentencia", manifestó.

Finalmente, Chávez afirmó que "cualquier cosa que suceda con la vida de Aquiles es responsabilidad absoluta de este Gobierno".

Ecuador

¿Cómo está Aquiles Álvarez? Concejala Emily Vera se pronunció sobre su estado de salud

Anny Bazán

Defensa habla de una descompensación

El pronunciamiento del asambleísta se produjo luego de que Aquiles Álvarez fuera trasladado desde la cárcel del Encuentro hasta una clínica privada de Guayaquil por complicaciones de salud.

El equipo de la defensa informó a EXPRESO que el traslado fue de emergencia y estaría relacionado con una descompensación vinculada a los cálculos en la vesícula que el alcalde padece desde hace varias semanas.

Ramiro García, abogado de Álvarez, también señaló que el estado de salud del alcalde se ha deteriorado y que ha perdido cerca del 35 % de su peso corporal. Además, recordó que mantiene una condición cardíaca considerada de riesgo.

Por su parte, el abogado Julio César Cueva indicó que el ingreso a la clínica tendría como objetivo practicar exámenes médicos más profundos para evaluar la evolución de su cuadro clínico.

Mientras tanto, un grupo de simpatizantes del alcalde se concentró en los exteriores del centro médico para expresar su respaldo. Entre ellos estuvo el concejal de Guayaquil Fabián Espín Espinoza, de la Revolución Ciudadana, quien permaneció en el lugar junto a otros seguidores.

Guayaquil

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Aquiles Álvarez permanece con prisión preventiva

Aquiles Álvarez permanece bajo prisión preventiva dentro del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de lavado de activos.

El pasado lunes 6 de julio, un juez dispuso la medida cautelar contra el alcalde y sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez. Además, ordenó la incautación de la vivienda donde residía el alcalde junto a su familia, ubicada en Samborondón, otorgando un plazo de 15 días para su desocupación.

El operativo se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El recorrido incluyó un traslado aéreo en una aeronave hasta las instalaciones de Aeropolicial, en Guayaquil, desde donde fue movilizado en ambulancia hacia la casa de salud.

En los exteriores del centro médico permanecieron decenas de personas que esperaban información sobre el estado del burgomaestre y expresaban su respaldo mientras continuaba la atención médica.

Guayaquil

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Emily Vera afirma que la salud de Aquiles Álvarez se ha agravado

La concejala de Guayaquil, Emily Vera, acudió a la clínica y sostuvo que el estado de salud del alcalde se habría deteriorado durante su permanencia en prisión. Según explicó, esa situación había sido advertida previamente por el equipo jurídico que lo representa.

"Su salud se ha ido deteriorando con el paso de los meses. Estaba en una prisión de máxima seguridad sin una sentencia ejecutoriada y actualmente atraviesa una grave crisis de salud. Por información que hemos recibido de su equipo de defensa, habría sufrido varios desmayos", manifestó.

La edil también cuestionó que, de acuerdo con la información que recibió, los familiares y abogados del alcalde no habrían sido informados con anticipación sobre el procedimiento de traslado.

"Merece que un tema tan delicado como su salud sea tratado con transparencia y respeto", señaló.

Asimismo, indicó que la información preliminar que maneja apunta a que Álvarez podría ser sometido a una intervención quirúrgica, aunque aclaró que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del equipo médico que confirme ese procedimiento.

¿Qué informó el SNAI sobre el traslado?

Horas después, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) explicó, mediante un comunicado, que el traslado respondió a la necesidad de practicar exámenes médicos complementarios relacionados con el funcionamiento de la vesícula del alcalde.

La institución añadió que el tratamiento que reciba Aquiles Álvarez dependerá de los resultados de esas evaluaciones y del diagnóstico que emita el personal médico especializado. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado sobre los resultados de los exámenes ni sobre la evolución de su estado de salud.