Lo que debes saber

• Inauguran nueva sede de ADN en Samborondón con la ministra Zaida Rovira para expandir el partido en Guayas.
• Ministra Rovira proyecta capacitación ciudadana y estrategia electoral de ADN para los comicios de noviembre 2026.
• Asambleístas y autoridades buscan consolidar el proyecto de Daniel Noboa y presentar planes para gobiernos locales.

La ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, lideró la apertura de una nueva central del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en Samborondón. En su calidad de directora provincial, Rovira anunció una estrategia de expansión en Guayas enfocada en la formación ciudadana y la preparación para las elecciones seccionales de 2026, buscando consolidar el respaldo al proyecto político del presidente Daniel Noboa.

Política

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Richard Josue Jimenez Mora

La estrategia de expansión de ADN en Guayas y Samborondón

Durante el evento oficial, se confirmó que las nuevas "casas" de la organización no solo serán sedes políticas, sino centros de capacitación y formación ciudadana. Rovira enfatizó que su participación se dio estrictamente como directora provincial del movimiento y no en funciones ministeriales, marcando una distancia entre la gestión de Estado y el proselitismo partidista.

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El objetivo central es fortalecer la estructura territorial en la provincia más poblada del país. Según la funcionaria, la meta es dar continuidad a la administración actual bajo la visión de Daniel Noboa, preparándose para los "momentos especiales" que representarán los comicios de noviembre de 2026.

Objetivos del oficialismo para las elecciones 2026

Por su parte, el legislador Juan José Reyes señaló que la prioridad es la consolidación nacional y la protección de la identidad del partido. Entre los puntos clave mencionados destacan:

La inauguración contó con la presencia de figuras clave como el gobernador del Guayas, José Ignacio Arévalo Santana, y los asambleístas Andrés Guschmer y Alex Morán, quienes respaldaron la necesidad de estructuras sólidas en cantones estratégicos como Samborondón.

Lo que debes saber 

• El nuevo sondeo revela rechazo mayoritario a alcaldes en ciudades clave.
• La indecisión del electorado supera el 80% en varias urbes.
• Un escenario abierto que podría cambiar el rumbo de las seccionales.

La encuestadora Click Report difundió resultados sobre aprobación de alcaldes e indecisión electoral rumbo a los comicios seccionales convocados por el CNE. El estudio se realizó mediante entrevistas cara a cara en hogares entre el 11 y 16 de abril de 2026. La muestra incluyó 1.900 encuestas a mayores de 18 años en varias ciudades del país. El margen de error reportado es de ±2,5% con representatividad del 95%.

Política

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El sondeo mide la percepción ciudadana en seis ciudades clave antes de la elección de alcaldes prevista para noviembre de 2026. Los datos muestran una tendencia marcada de desaprobación a la gestión municipal en todas las localidades analizadas. También evidencian un alto nivel de indecisión electoral a meses del proceso. Los resultados fueron ponderados según el tamaño poblacional de cada zona investigada.

Las ciudades evaluadas fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo, además del total país. En cada territorio se midieron dos preguntas clave sobre la gestión municipal y la decisión de voto. Los resultados reflejan una fotografía previa al arranque formal de campaña. La encuesta busca medir el clima político local previo a las seccionales.

Desaprobación domina la gestión de alcaldes en las ciudades

A escala nacional, el 74,16% desaprueba la gestión del alcalde frente a un 25,84% que la aprueba. La tendencia se repite en todas las ciudades, con cifras superiores al 63% de rechazo. Esto marca un escenario complejo para autoridades locales en funciones. El indicador anticipa desgaste político generalizado.

En la gestión de Pabel Muñoz en Quito, la desaprobación llega al 76,25%, mientras el respaldo alcanza el 23,75%. En la administración de Aquiles Álvarez en Guayaquil, el rechazo es del 71,94% y la aprobación del 28,06%. En la gestión de Christian Zamora en Cuenca, la desaprobación alcanza el 71,25% frente al 28,75% de respaldo. Los números muestran niveles similares en las principales urbes.

El caso más crítico corresponde a la administración de Marciana Valdivieso en Manta, con 90,31% de desaprobación y apenas 9,69% de aprobación. En la gestión de Javier Pincay, el rechazo llega al 63,75%, la cifra más baja del estudio, aunque sigue siendo mayoritaria. Allí la aprobación alcanza el 36,25%, el valor más alto del sondeo. El panorama evidencia un clima adverso para las administraciones municipales.

Política

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Alta indecisión electoral rumbo a las seccionales

La encuesta también midió si los ciudadanos ya decidieron su voto para alcalde. A nivel nacional, el 80,30% afirma que aún no lo ha decidido. Solo el 19,70% asegura tener definido su sufragio. Este dato sugiere un electorado todavía abierto a cambios.

En Quito, durante la gestión de Pabel Muñoz, el 81,56% no ha decidido su voto y el 18,44% sí lo hizo. En Guayaquil, bajo la administración de Aquiles Álvarez, el 79,06% sigue indeciso frente al 20,94% que ya eligió. En Cuenca, con Christian Zamora, el 75,63% no define su voto y el 24,38% ya tomó una decisión. La indecisión supera los tres cuartos del electorado en estas ciudades.

Manta, con Marciana Valdivieso, registra 76,56% de indecisos y 23,44% con voto decidido. Portoviejo, con Javier Pincay, lidera la indecisión con 89,69%, mientras solo 10,31% afirma haber tomado una decisión. El panorama confirma que la campaña electoral aún puede modificar preferencias. La disputa por las alcaldías sigue abierta a meses de las urnas.

Lo que debes saber

• CPCCS suspende renovación del CNE: Exigen informe jurídico por dudas en selección de académicos.
• El Pleno frena sorteo de catedráticos tras alerta de irregularidades en requisitos de expertos.
• Nuevo retraso en concurso electoral: CPCCS investiga riesgos legales antes de tomar exámenes.

Tras una sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 18 de abril de 2026, el proceso para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sumó un nuevo retraso. La mayoría de los consejeros aprobó solicitar un informe jurídico adicional para validar el sorteo de catedráticos, ante alertas de posibles irregularidades en la calificación de académicos que no cumplirían con los requisitos legales.

Política

El CNE se ubica entre las instituciones con baja aprobación antes de las elecciones

Mónica Jara Chérrez

¿Por qué otro informe jurídico?

La decisión se fundamenta en los riesgos jurídicos advertidos por el comisionado Carlos Amaya. Según su informe, la Comisión Ciudadana de Selección calificó a 19 académicos para el sorteo del banco de preguntas, a pesar de que un equipo técnico determinó previamente que no cumplían con las condiciones exigidas.

Ante este escenario, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, impulsó la solicitud de un criterio jurídico a la Coordinación de Asesoría Jurídica para evitar futuras nulidades en el concurso de renovación parcial del CNE.

Cronología de un concurso marcado por retrasos

El proceso de oposición, donde 163 postulantes deben rendir exámenes escritos, ha enfrentado múltiples obstáculos desde finales del año pasado:

Esta nueva pausa mantiene en la incertidumbre la renovación del organismo electoral, cuya etapa de exámenes escritos y casos prácticos sigue sin fecha definida.

Lo que debes saber

• Juan Zapata y Michel Deller aparecen como posibles precandidatos a la Alcaldía de Quito, según sondeo del 19 de abril.
• Encuesta de Click Research ubica a Zapata y Moncayo con mayor intención de voto entre siete preaspirantes.
• El 81 % de quiteños aún no define su voto rumbo a las seccionales por la Alcaldía de Quito.

Dos nombres diferentes aparecieron este 19 de abril de 2026 entre las figuras que, posiblemente, podrían participar como precandidatos a la Alcaldía de Quito. Se trata del exministro del Interior, Juan Zapata, y el presidente de Independiente del Valle, Michel Deller. Según la encuestadora Click Research, ellos se suman a los preaspirantes Pabel Muñoz, actual alcalde de la ciudad; Jorge Yunda, exalcalde y Andrés Castillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Paco Moncayo, también exburgomaestre y Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

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El listado incluye siete nombres y no contempla a Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación, quien anunció su precandidatura. Mientras que los dos últimos, Moncayo y Pabón, no han mencionado su eventual intención para participar por ese cargo en las próximas elecciones seccionales.

De acuerdo con el estudio, Zapata, excapitán de la Policía Nacional, tendría ventaja ya que encabezaría la predisposición de los consultados para votar por él. Le sigue Moncayo, Deller y Yunda, mientras que Muñoz aparece en el quinto puesto solo antes de Castillo y su coidearia, Pabón.

Así sería la votación para la Alcaldía de Quito

La encuestadora consultó a las personas si votarían o no por esos nombres y estos fueron los resultados:

¿En Quito ya definieron el voto?

Sin embargo, el mismo estudio señala que la mayor parte de las personas en Quito aún no decide por quién votará en las siguientes elecciones: el 81,56% todavía no ha pensado a quién apoyará, mientras que el 18,44 % ya tiene definido su candidato.

Quito

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Otros aspectos que la investigación consultó son las características que debería tener el candidato para lograr el voto y cuáles son los aspectos que harían descartar a los aspirantes.

Estas son las características del próximo alcalde

Así, los participantes respondieron que "el próximo alcalde" de Quito debe tener como principal atributo la integridad (19,69%), que sea preferiblemente adulto (40,31%), con liderazgo (42,81%), experiencia en política (53,44%), innovador y moderno (22,81%), que presente planes técnicos (41,56%) para resolver lo urgente (25,94%) y que logre un cambio total (73,75%).

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SARA OÑATE

Además, las personas consultadas consideran que "es mejor que el próximo alcalde" sea diferente al cuadro que se muestre afín al Gobierno (40,63%) y que se presente como un candidato independiente (49,38%). Sin embargo, en el momento de votar, el aspecto que "pesará más en la decisión" para apoyar a un candidato es la propuesta que presente (40,94 %) y la trayectoria (24,69%).

Por otro lado, consideran que dejarían de apoyar a un candidatos que no conozca los problemas de la ciudad (24,06%) y que responda a ciertos intereses (27,81%).

El sondeo de Click Research fue elaborado entre el 11 y 16 de abril de 2026, a través de encuestas directas a 1.900 personas mayores de 18 años, que residen en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo.

Lo que debes saber

• Una fiscalización legislativa reveló graves fallas sanitarias y desabastecimiento en un hospital amazónico.
• La denuncia surge tras la muerte de tres niños y nuevas alertas por enfermedades infecciosas.
• El informe promete abrir un nuevo frente de debate sobre salud rural en Ecuador.

La asambleísta Viviana Velóz, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional del Ecuador, realizó una fiscalización al hospital de Taisha el 18 de abril. La visita se dio tras la muerte de tres niños en la zona por falta de medicamentos y atención adecuada. El recorrido buscó constatar denuncias sobre desabastecimiento y fallas estructurales del centro de salud. La inspección se enmarca en un proceso iniciado por la comisión legislativa.

Ecuador

Defensoría confirmó en la Asamblea la muerte de tres niños más en Taisha

Daniel Alejandro Romero Páez

Durante la visita, Velóz afirmó que verificaron la falta de medicina, insumos y personal hospitalario. También revisaron posibles causas de fallecimiento infantil relacionadas con enfermedades infecciosas. El diagnóstico preliminar reveló problemas graves en infraestructura y servicios básicos. El informe será levantado como parte del proceso de fiscalización.

La legisladora describió condiciones sanitarias deficientes dentro del hospital. Mostró fallas en tuberías y la falta de higiene en áreas clave. “Ustedes pueden visualizar cómo se encuentra este lavabo… recolectan el agua en un recipiente”, dijo. Aseguró que esas condiciones “no son para ningún ser humano”.

Falta de medicinas e insumos en hospital de Taisha

Veloz denunció que el hospital no cuenta con alcohol ni gel desinfectante. Señaló que el abastecimiento de medicinas está por debajo del 50%.También indicó que una ambulancia no está en funcionamiento. La situación limita la capacidad de atención médica en la zona.

En el área de lavandería, el hospital no tiene maquinaria desde hace cuatro años.La falta de equipos afecta procesos básicos de limpieza hospitalaria.Según la asambleísta, esto agrava el riesgo sanitario para pacientes y personal.La fiscalización busca que estas fallas sean subsanadas de inmediato.

Velóz criticó la falta de inversión estatal en el sistema de salud local. “Sí tiene plata el gobierno para enviar a la vicepresidenta a recorrer hospitales a otro país”, cuestionó. Se refirió a la intención de adoptar modelos europeos de salud. Afirmó que ni siquiera se cubren necesidades básicas en la comunidad.

Ecuador

Bebé de Taisha fallece en hospital de Cuenca

Claudia Pazán

Enfermedades y muertes infantiles bajo investigación

La asambleísta mencionó que no se puede guardar silencio frente al fallecimiento de niños. Indicó que los casos se registran desde el año anterior en Taisha. Entre las enfermedades citó leptospirosis, tosferina y neumonía. Estas patologías afectan especialmente a la población infantil.

Velóz sostuvo que las comunidades cercanas dependen del hospital. La infraestructura también atiende a unas 2.000 personas en Huanpui. Gran parte de la población pertenece al pueblo Achuar. Las fallas impactan directamente en la salud comunitaria.

“Lo que hoy verificamos es indigno”, afirmó durante el recorrido. Añadió que la salud es un derecho y debe garantizarse con dignidad. La comisión elaborará un informe oficial con los hallazgos. El objetivo, dijo, es “dignificar la vida de la gente”.

Lo que debes saber

• Petro acusa a Noboa de apoyar el narcotráfico en Colombia tras la mención de alias Boliche este 19 de abril.
• El mandatario colombiano iniciará una demanda penal contra Noboa por vincularlo con alias Fito y las mafias.
• La disputa escala a guerra arancelaria y crisis diplomática tras acusaciones de pactos militares en la frontera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, radicalizó su disputa con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, al asegurar que el mandatario del país vecino respalda al narcotráfico en Colombia. Esta grave acusación surge tras el anuncio de una demanda penal de Petro contra Noboa, motivada por señalamientos previos que vinculan al líder colombiano con alias Fito y la mafia. La tensión diplomática, que ya incluye una guerra arancelaria, alcanza ahora un punto crítico en el ámbito judicial internacional.

Política

Gustavo Petro anuncia que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia

Marco Rivera

Acusaciones por alias Boliche y el juicio en Estados Unidos

A través de sus canales oficiales, Petro se refirió a Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, un exnarcotraficante y colaborador de la justicia estadounidense que enfrenta una posible condena de 40 años de prisión.

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El mandatario colombiano utilizó esta figura para cuestionar la legitimidad de Noboa al intervenir en la política interna de su país. "Aquí sí puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia", sentenció Petro, justificando su respuesta como una reacción directa a las acciones del presidente de Ecuador.

Los motivos de la crisis diplomática

La ruptura entre ambos líderes se profundizó debido a las declaraciones de Noboa sobre supuestos nexos de Petro con la Revolución Ciudadana y grupos delictivos.

La mención de que Petro "baila merengue con la mafia" fue el detonante para que la disputa escalara de lo diplomático a lo criminal. Mientras la crisis avanza, el tiempo de permanencia de los usuarios y el tráfico se verán impulsados por la actualización constante de este "segundo tiempo" informativo.

Lo que debes saber 

• Juristas ven barreras legales y diplomáticas para la acción penal.
• La inmunidad presidencial y la jurisdicción complican el proceso.
• Analistas creen que el desenlace será político, no judicial.

El anuncio de una posible denuncia penal del presidente colombiano Gustavo Petro contra su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa ha provocado reacciones de expertos en derecho y relaciones internacionales. La advertencia del mandatario se dio tras una escalada de tensiones políticas entre Colombia y Ecuador. Analistas coinciden en que el escenario abre más interrogantes políticos que jurídicos. Las opiniones apuntan a un conflicto que podría resolverse fuera de tribunales.

Política

Gustavo Petro anuncia que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia

Marco Rivera

Especialistas consultados sostienen que el anuncio ha generado debate sobre su viabilidad legal. La discusión ocurre en medio de un clima de fricciones diplomáticas regionales. Juristas y analistas coinciden en que el proceso sería complejo y lleno de obstáculos. Las interpretaciones apuntan a una disputa con fuerte componente político.

El internacionalista Esteban Santos planteó dudas sobre el trasfondo jurídico del anuncio. “Esto no tiene nada que ver con jurídico, con técnico, es 100% político”, afirmó. Según su análisis, el objetivo principal sería posicionar el tema en la agenda pública. Para él, el conflicto responde a dinámicas electorales.

Expertos ven una disputa más política que judicial

Santos sostiene que el conflicto responde a coyunturas electorales. “No estamos hablando de estadistas, sino netamente de dos candidatos que están peleando la política”, indicó. A su criterio, el debate se centra en el impacto mediático más que en tribunales. El foco estaría en el titular y la conversación pública.

El analista cuestionó la viabilidad del proceso judicial. “¿Quién, cuándo, ante qué organismo, ante qué foro, ante ley ecuatoriana, ley colombiana?”, se preguntó. En su opinión, esas incógnitas muestran que el eje es político. Además, comparó el caso con otras tensiones diplomáticas recientes.

Para Santos, la controversia busca generar conversación pública. “Lo que importa es el titular, el tweet y que la gente esté hablando de esto”, afirmó. Según su visión, el caso se resolverá en el ámbito político. Incluso mencionó paralelos con el conflicto diplomático con México.

Política

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Marco Rivera

Obstáculos legales de una denuncia por calumnia

El abogado penalista Julio César Cueva explicó los requisitos de la calumnia en Ecuador. Señaló que el delito exige imputación falsa de un delito, conocimiento de su falsedad y afectación al honor. “Petro tendría que demostrar que Noboa le atribuyó un delito concreto”, indicó. Sin ese elemento, el proceso sería difícil.

Cueva subrayó que insinuaciones o críticas políticas no encajan fácilmente en el tipo penal. Explicó que sospechas o cuestionamientos genéricos no bastan para configurar calumnia. Este punto representa un obstáculo clave. La tipicidad penal sería el primer filtro.

También destacó problemas de jurisdicción y competencia. El presunto hecho habría ocurrido en Ecuador y el denunciado es el presidente ecuatoriano. Además, el denunciante es un jefe de Estado extranjero. Según el jurista, este escenario complica la acción penal ordinaria.

Jurisdicción, inmunidad y diplomacia

El abogado detalló los principales obstáculos legales:

Cueva también resaltó la inmunidad presidencial. Señaló que un mandatario en funciones no enfrenta procesos penales ordinarios sin juicio político previo. Esto implica autorizaciones institucionales específicas. En la práctica, considera la vía penal “casi inviable”.

El experto afirmó que el conflicto se trasladaría al plano diplomático. Explicó que activar un proceso penal contra un presidente tensiona la separación de poderes. También podría interpretarse como injerencia extranjera. Por ello, prevé una resolución política.

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Reacciones desde la diplomacia ecuatoriana

El exsubsecretario de Cancillería del Litoral, Carlos Estarellas, fue crítico del anuncio. “Básicamente son las locuras de Petro”, afirmó. Según su postura, la inmunidad presidencial impediría una demanda. Considera que no tendría mayor validez jurídica.

Estarellas calificó la acción como un intento de generar controversia. “Para mí es un tiro al aire”, señaló. A su juicio, el objetivo sería provocar conflicto político. La tensión bilateral se mantiene en el centro del debate.

En conjunto, los expertos coinciden en que el proceso enfrentaría barreras legales y diplomáticas. El anuncio, según los analistas, apunta más a la narrativa política internacional. La controversia sigue creciendo en medio del clima regional. El desenlace, coinciden, sería político.

Lo que debes saber

• Cynthia Viteri lidera las opciones para la Alcaldía de Guayaquil 2026 con un 38%, según Click.
• Annabella Azín ocupa el segundo lugar, mientras Aquiles Álvarez busca reelección desde prisión.
• Otto Sonnenholzner descarta su candidatura y Henry Cucalón prioriza proyecto político integral.

La carrera electoral por la Alcaldía de Guayaquil en 2026 arranca con figuras femeninas a la cabeza. Según la encuestadora Click, la exalcaldesa Cynthia Viteri y la asambleísta Annabella Azín se perfilan como las opciones más fuertes frente a un Aquiles Álvarez debilitado por procesos judiciales y una alta tasa de rechazo ciudadano.

Política

Guayas es el epicentro de la pugna política por seccionales

Daniel Alejandro Romero Páez

Cynthia Viteri y Annabella Azín encabezan las encuestas en Guayaquil

El estudio de Click, basado en 1.900 encuestas realizadas entre el 11 y 16 de abril de 2026, revela que Cynthia Viteri registra un 38 % de apoyo electoral, a pesar de un 54,06 % de rechazo. En segundo lugar aparece Annabella Azín, asambleísta y madre del presidente Daniel Noboa, quien alcanza un 30,38 % de respaldo.

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Le sigue de cerca Pedro Pablo Duart, quien ya fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil en 2023, con un 29,06 % de apoyo, consolidándose como una de las figuras con potencial para los comicios de noviembre de 2026.

Aquiles Álvarez: Reelección cuesta arriba por procesos judiciales

El actual personero municipal, Aquiles Álvarez, enfrenta un escenario complejo. La medición le otorga apenas un 27,50 % de intención de voto, contrastado con un rechazo mayoritario del 70,31 %. Esta caída en la popularidad coincide con su situación legal, ya que desde febrero de 2026 permanece bajo prisión preventiva por los casos Goleada y Triple A.

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Por otro lado, Otto Sonnenholzner, quien registra un 20,31 % de apoyo, confirmó en exclusiva para EXPRESO que no participará como candidato en las seccionales.

Finalmente, Henry Cucalón (17,63 % de respaldo) señaló que su prioridad actual es definir un proyecto político integral para el Puerto Principal antes de oficializar una candidatura.

Política

Luis Almeida evalúa candidatura a la Alcaldía de Guayaquil para las seccionales de 2026

Richard Josue Jimenez Mora

Los nombres y sus opciones para la Alcaldía

Lo que debes saber

• CNE figura entre las cinco instituciones con menor respaldo ciudadano, según encuesta difundida el 19 de abril.
• Solo 26,35 % aprueba gestión del CNE de Diana Atamaint; desconfianza supera el 68 % a nivel nacional.
• Pese a baja confianza, 52 % apoya adelantar seccionales al 29 de noviembre por riesgo del fenómeno de El Niño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra entre las cinco instituciones del Estado con menor respaldo de la ciudadanía, según el sondeo de la encuestadora Click Research difundido este 19 de abril de 2026.

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Estas son las entidades con mayor desconfianza

La empresa señaló que el CNE, dirigido por Diana Atamaint, cuenta con una desaprobación del 68,13 %, mientras que solo un el 26,35 % apoya la gestión de esa entidad. En el listado de las instituciones públicas con mayor desconfianza le sigue la Asamblea Nacional (70,84%) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) (70,60 %). Sin embargo, las peor valoradas son el Sistema de Justicia (71,84 %) y el Consejo de la Judicatura (73,92 %).

Por otro lado, las instituciones que gozan de mayor aprobación son las Fuerzas Armadas con un 70,15 %, la Policía Nacional que alcanzó un 61,38 % y los medios de comunicación, con el 43,09 %. 

¿Cuánto respaldo ciudadano tiene Daniel Noboa?

En el cuarto lugar aparece el presidente de la República, Daniel Noboa, con el 41,20%, una cifra que ha caído un poco más de tres puntos en relación al 44,53% que registraba el primer Mandatario en el estudio anterior de la misma encuestadora, difundido en enero.

Política

Gustavo Petro anuncia que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia

Marco Rivera

¿Qué opinan sobre el adelanto de elecciones?

Aunque el CNE registra un alto porcentaje de desaprobación, la ciudadanía tiene una opinión dividida frente al cambio de fecha de las seccionales, las cuales se realizarán el 29 de noviembre de este año y ya no el 14 de febrero de 2027 como estaba previsto. Según el sondeo, un poco más de la mitad de los encuestados, el 52, 17%, "está de acuerdo con la decisión de adelantar las elecciones", mientras que el 47, 83% respondió mantener una posición "en contra".

Si bien no hay una postura marcada frente a la modificación de la fecha de las votaciones, la mayoría de las personas expresa sentimientos negativos frente al nuevo proceso electoral. El 23, 64 % de los ciudadanos señaló que la elección de las dignidades seccionales le genera preocupación y apenas el 5,13 % indicó que siente seguridad ante las próximas elecciones.

Política

Dictamen sobre pregunta para restarle funciones al CPCCS consta en Registro Oficial

Daniel Alejandro Romero Páez

La percepción se registra en un contexto en el cual las autoridades decidieron cambiar la fecha de las votaciones ante la posible gravedad de los efectos climáticos por el fenómeno de El Niño, una resolución que también modifica los plazos para la inscripción de candidaturas y campaña electoral, aspectos que han sido cuestionados por diferentes organizaciones políticas.

El sondeo de Click Reseach fue realizado a 1.900 personas mayores de 18 años, desde el 11 hasta el 16 de abril en cinco ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo. Este estudio tiene un margen de error de entre el 2,5%.

Lo que se sabe

• Gustavo Petro anunció: "He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia"
• Ocurre luego de que Daniel Noboa dijo que Petro se reunió con personas que tendrían vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito
• El presidente colombiano ha negado conocer a Fito y aseguró que Noboa "se deja llenar de mentiras la cabeza"

La tensa relación entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, sigue agravándose, luego de que el mandatario colombiano anunció que demandará penalmente a su homólogo por "calumnia".

Política

Gustavo Petro anuncia que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia

Marco Rivera

Sin dar mayores detalles sobre cuándo y dónde presentaría la demanda, Petro respondió así a lo que dijo Noboa en una entrevista, donde sugirió que el mandatario colombiano se habría reunido con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Noboa también aseguró que cuando Petro vino a Ecuador para su posesión, en 2025, se habría hospedado en propiedades en Manta (Manabí) cuyos dueños "están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico”.

Petro: Trato de Noboa fue porque pedí la libertad de Glas

Sobre su visita a Manta, Petro afirmó: "El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta".

Para el gobernante colombiano, el trato que ha recibido de Noboa ha sido en respuesta a su pedido para que liberen al exvicepresidente Jorge Glas, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, cumpliendo condenas por asociación ilícita y cohecho agravado.

No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer".
Gustavo Petro sobre su visita a Ecuador, en 2025

Con este nuevo anuncio de Petro se agudiza la relación entre ambos mandatarios, quienes se acusan mutuamente de ejecutar acciones que acrecientan la inseguridad en la frontera norte.

Lo que debes saber 

• El anuncio de acciones legales abre un nuevo frente entre Colombia y Ecuador.
  
• Custodia militar, testigos y presiones internacionales aparecen en el relato.
• La visita a Manta vuelve al centro del debate político regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en un mensaje publicado en X este 19 de abril que presentará una denuncia penal contra Daniel Noboa. La decisión surge tras una serie de mensajes cruzados y arremetidas públicas entre ambos mandatarios en la misma red social. El anuncio marca un nuevo episodio de tensión política entre Ecuador y Colombia. La polémica se centra en su visita a Manta durante la posesión presidencial ecuatoriana.

Política

Petro dice que autoridades ecuatorianas tienen la orden de "conseguir bandidos que lo acusen"

Daniel Alejandro Romero Páez

Petro aseguró que el propio Noboa ordenó que el Ejército ecuatoriano lo acompañara “en todo momento día y noche” durante su estadía. Según su versión, la custodia militar se mantuvo durante toda su permanencia en la ciudad costera. Este punto se convirtió en uno de los argumentos centrales de su denuncia. El caso ha despertado debate por su impacto diplomático.

El mandatario colombiano explicó que asistió a la ceremonia y solicitó la libertad del exvicepresidente ecuatoriano. Tras esa petición, afirmó haber recibido un trato displicente por parte del presidente ecuatoriano. El episodio incrementó el tono del intercambio político. La situación ahora se traslada al ámbito judicial.

Custodia militar, testigos y visita a Manta

Petro sostuvo que estuvo acompañado por su escolta de la fuerza pública colombiana. Indicó que estos agentes pueden declarar bajo juramento sobre lo ocurrido. Además, señaló que existen otros testigos del lugar donde se hospedó. Según dijo, permanecía allí mientras terminaba su libro.

El presidente colombiano afirmó que la prensa de su país visitó el sitio donde se alojó. Aseguró que no encontraron lujos ni extravagancias en el lugar. “Una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, describió. Con ello buscó desmentir sospechas sobre su visita.

También cuestionó que viajar a Ecuador implique sospechas de contactos oscuros. En su mensaje defendió la ciudad manabita. “Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, expresó. La frase intenta reforzar la normalidad de su estadía.

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Caso Jorge Glas y extradiciones

Petro reiteró su pedido de libertad para el exvicepresidente Jorge Glas. Aseguró que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”. En ese contexto, solicitó que sea entregado a Colombia. Este punto añade una dimensión humanitaria al conflicto.

El mandatario anunció que publicará una lista de ecuatorianos extraditados por su gestión. Según indicó, busca demostrar cooperación internacional contra el crimen. La promesa anticipa nuevos datos en el debate político. El tema podría ampliar la controversia.

Las declaraciones también incluyen acusaciones sobre presiones externas. Petro mencionó a la oposición vinculada a Álvaro Uribe. Además, habló de gestiones en oficinas del senador estadounidense Marco Rubio y sectores de Florida. Según afirmó, existiría una coordinación internacional en su contra.

Las claves del caso

• El CNE adelanta elecciones seccionales a noviembre de 2026 por el Fenómeno de El Niño.
• El cambio de fecha de las seccionales tiene al menos seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte.
• Analistas alertan de un posible nuevo cambio en el calendario electoral, pese a precisiones legales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacudió el tablero político al anunciar que las elecciones seccionales de Ecuador se adelantarán para noviembre de 2026. Aunque originalmente estaban previstas para febrero de 2027, la mayoría del Pleno justificó el cambio por el posible impacto del Fenómeno de El Niño. Esta decisión ha generado una ola de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que podrían volver a cambiar el panorama de las elecciones, mientras partidos como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano denuncian una falta de seguridad jurídica en el proceso.

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El complejo escenario de las seccionales

El 27 de marzo de 2026, la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sorprendió con la inesperada decisión de adelantar la fecha de votación de las elecciones seccionales que originalmente estaban previstas para febrero de 2027, trasladándolas ahora a noviembre de 2026, debido a un potencial impacto del Fenómeno de El Niño, advertido por la Secretaría de Riesgos.

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La reducción de los tiempos, sumada a los cuestionamientos por la suspensión de la Revolución Ciudadana y el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye, cambió los planes de las organizaciones políticas, que tuvieron que acelerar el paso para cumplir con los nuevos plazos exigidos por el CNE para participar en las próximas seccionales.

Sin embargo, analistas consultados por Diario EXPRESO sostienen que la certidumbre sobre las elecciones está en juego, en especial porque algunos partidos han recurrido a la justicia electoral y constitucional para intentar revertir la decisión del CNE. Recursos que, de ser aceptados, podrían volver a trastocar un proceso electoral que ya empezó con cuestionamientos a su legitimidad.

Las demandas ante la Corte Constitucional

“No hay certeza de que (las seccionales) en efecto se vayan a realizar en noviembre porque están presentadas estas acciones de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional es la que puede tener la última palabra sobre esto”, comenta Héctor Muñoz, jurista y exasambleísta, en referencia a las hasta el momento seis demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.

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Entre los demandantes de la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones están la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Líder. Sin embargo, también hay personas naturales como Jorge Silva, César Guevara y Andrés Albuja, quienes cuestionan la constitucionalidad de la decisión del CNE de adelantar las seccionales.

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El debate sobre nuevo cambio electoral

Por su parte, el constitucionalista y analista electoral Esteban Ron sostiene que las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la resolución del CNE no necesariamente implicarían una modificación del calendario electoral ni el retorno de las votaciones a febrero de 2027, fecha para la que originalmente estaban programadas las seccionales.

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“Lo que queda son las demandas de inconstitucionalidad, pero el objetivo no es un tema de revisión de vulneración de derechos, sino de congruencia constitucional con esta resolución (del CNE) y, principalmente, de garantía de la motivación”, comenta Ron. Además, acota que muy probablemente las demandas sean unificadas por la Corte Constitucional bajo el principio de eficiencia procesal.

Muñoz, por su lado, considera que sí pueden producirse cambios, incluso contradiciendo la postura de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien ha dicho que eso no sería posible en medio de un proceso electoral. “Independientemente del criterio de algunos consejeros del CNE, sobre que ninguna resolución de la Corte les puede cambiar o modificar lo que ya se decidió, están equivocados porque solo son la máxima autoridad electoral, no del Estado”, comentó.

La huella negativa del CNE en las elecciones

Con la incertidumbre originada por la decisión del CNE, el exvocal electoral Fausto Camacho señala que lo único que se ha conseguido es desprestigiar a la función electoral y generar mayor recelo en las votaciones. “Sea el calendario que se mantenga, el CNE ha hecho un daño muy grave y es la pérdida de confianza sobre el administrador de las elecciones”, dijo Camacho.

No obstante, el exvocal sostiene que el mejor escenario posible para la ciudadanía y las organizaciones políticas es que todo regrese a como estaba originalmente planificado, en especial si no existen certezas sobre la magnitud del posible Fenómeno de El Niño. “Es una posibilidad (que se regrese al calendario original). Sería el mejor escenario en función de la democracia porque la resolución es írrita, carente de apego a la ley y a la Constitución, y regresar al escenario anterior es lo que corresponde”.

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Seccionales: prepararse para cualquier escenario

Al igual que Camacho, el exlegislador Muñoz comenta que “el CNE es responsable de muchos de los temas que están pasando y no han tenido sustento suficiente ni desde lo jurídico ni desde lo político, tomando en cuenta que debería ser un órgano apolítico”. Sin embargo, Muñoz considera que, más allá de lo que suceda en la Corte Constitucional, las organizaciones políticas ya deben trabajar en sus procesos internos y en la elección de candidaturas.

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“Los partidos deberían estar pensando en este momento que (las elecciones) se van a realizar porque no les puede tomar tan de sorpresa más cambios. Deben tener todo listo, buscar candidatos y empezar”, comentó Muñoz, quien también sostiene que este episodio en torno a las elecciones seccionales le resta credibilidad y confianza al proceso electoral.

Lo que debes saber

• Jueces que han actuado en casos de interés para el Gobierno de Daniel Noboa enfrentan acciones administrativas y penales.
  
• El gobierno de Rafael Correa y Daniel Noboa tienen la sombra de la presión a los servidores judiciales.
• Los métodos de la actual toma de justicia parecen mucho más expeditivos y eficientes

Desde aquella famosa circular que la Secretaría Jurídica del gobierno de Rafael Correa envió a todos los “Señores jueces constitucionales y civiles del Ecuador”, prohibiéndoles fallar en contra de los intereses del Estado, han pasado 13 años y tres gobiernos. Sin embargo, esa disposición parece estar más vigente que nunca y ya no únicamente para los jueces constitucionales y civiles: para todos. La persecución de la que están siendo objeto los jueces anticorrupción del caso Goleada que decidieron poner en libertad a los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre quienes pesaba una prisión preventiva que encontraron injustificable, no es el primer caso de escarmiento pero sí marca una escalada en el proceso de control judicial por parte del gobierno de Daniel Noboa.

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El recuerdo del control del correísmo en la justicia

Para quienes ya olvidaron el asunto, esto es lo que decía aquella circular reservada del correísmo: “Quito, 19 de octubre de 2013 … Asunto: Disposición Señor Doctor Alexis Mera Giler … De mi consideración: Disposición del Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, so pena de aplicarles la DESTITUCIÓN, no se dé paso a ninguna acción de protección en contra del Estado o Instituciones Similares, de hacerlo acudiremos al Consejo Judicatura que es el órgano administrativo y fiscalizador de la Función Judicial”. Firma: Mariana Pico Alvear, subsecretaria del despacho presidencial.

Junto con una serie de correos electrónicos filtrados (entre ellos, uno de Gustavo Jalkh a Rafael Correa, rindiéndole cuentas de haber suspendido a dos juezas que estaban “perjudicando al Estado”, este documento fue esencial en el informe sobre injerencia política en la justicia elaborado por Human Rights Watch. Nunca fue desmentido. Los errores ortográficos y la gramática de a perro le otorgan verosimilitud.

Gaibor, Vera y Abad, los ejemplos de Daniel Noboa

Aunque todo parece indicar que las presiones a los jueces se ejercen hoy de manera más directa, no se puede descartar que en el futuro lleguemos a conocer filtraciones similares sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya hay audios: los de Henry Gaibor, el director provincial de la Judicatura de Pichincha, nombrado por el presidente nacional de ese organismo Mario Godoy, en los que se lo escucha presionando a un juez para que dicte sentencia a favor de un narcotraficante; un juez (Carlos Serrano) que no le dio gusto, fue privado de su seguridad por el ministerio del Interior precisamente cuando más la necesitaba, pues había sido públicamente amenazado, y terminó renunciando y huyendo del país.

Gaibor era el hombre de Godoy para los trabajos sucios. Juntos visitaron a la jueza Nubia Vera cuando ésta se disponía a conceder una acción de protección a la enemiga número uno del presidente de la República: la vicepresidenta Verónica Abad. Le llevaron la sentencia escrita en un pen drive, según denunció ella. Las presiones que tuvo que soportar la jueza Vera fueron tan intolerables que un día no pudo más con ellas y, luego de dar por concluida una audiencia, se bajó del estrado y las denunció al borde de las lágrimas. Eso ocurrió el 23 de diciembre de 2024. Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura le abrió un expediente por dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable.

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La presión a los jueces del caso Goleada

Pero lo de los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, que levantaron la prisión preventiva de Antonio y Xavier Álvarez, los hermanos del alcalde de Guayaquil, para que sean juzgados en libertad, tiene otras connotaciones. A diferencia de lo que ocurrió con Nubia Vera, que aparte del expediente disciplinario en la Judicatura fue escarmentada también con un proceso penal por presunta concusión en lo que se llamó Caso Mueble Fino, a los jueces del tribunal del caso Goleada, pertenecientes a la Corte Provincial de Pichincha, se les pretende juzgar y sancionar no por supuestos actos de corrupción o inventándoseles expedientes administrativos ajenos al caso, sino precisamente por la sentencia de dictaron. Es, pues, un mensaje directo y lo que se busca con ellos es una sanción ejemplarizadora que persuada a los demás jueces del país para permanecer alineados en todos aquellos casos que son de interés del Poder Ejecutivo.

Caso Goleada, los procesos contra los jueces

Contra los jueces de Goleada hay dos procesos por cuerda separada.

Primero: una denuncia disciplinaria por “error inexcusable” presentada ante el Consejo de la Judicatura por el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón (nombrado ilegítimamente por ese mismo organismo, que no tiene la facultad constitucional para hacerlo). Según el fiscal, los jueces Velasco, Chóez y Uzcátegui violaron el deber de diligencia, se apartaron de criterios razonables al cambiar la medida cautelar y cometieron un error judicial grave. Ahora bien: mucha debe ser la ignorancia del fiscal Alarcón en lo que se refiere a procedimientos disciplinarios o muy inocultable ha de ser su angurria, el caso es que esta denuncia es improcedente. Tanto fue el abuso de la figura de “error inexcusable” que se ejerció desde la Judicatura correísta de Gustavo Jalkh, que la Corte Constitucional, para evitar que algo así volviera a ocurrir, estableció el requisito de una declaratoria jurisdiccional previa. Es decir, la existencia de error inexcusable tiene que ser establecida por un juez. Y no cualquier juez: uno superior a aquél a quien se le imputa. En este caso, sólo un juez de la Corte Nacional puede resolver el caso. Nostálgico de tiempos peores, el fiscal quiere volver a las prácticas del correísmo. Para proceder con rectitud (si tal cosa es posible) al Consejo de la Judicatura no le queda más remedio que rechazar esta denuncia. Ya está tardando.

El segundo proceso planteado contra los jueces del caso Goleada es penal. Se trata de dos denuncias por prevaricato (unificadas en un solo proceso) que presentaron, cada uno por su lado, un funcionario del gobierno y un ciudadano ejemplar. El funcionario del gobierno es mauricio Fernando Mayorga, director del SNAI, al parecer muy apenado de perder a tan ilustres inquilinos como los hermanos Álvarez bajo su custodia. El ciudadano ejemplar es Rodrigo Daniel Frías Toral, vinculado al narcotraficante Leandro Norero a través de un carro (un Toyota Sequoia de entre 60 mil y 80 mil dólares) que el mafioso solía prestar al legislador correísta Ronny Aleaga y que Frías terminó comprando por la ridícula suma de 9.100 a un prestanombres en una transacción absolutamente sospechosa sobre la que él, emplazado por este Diario, no paraba de contar mentiras.

Los denunciantes aseguran que los jueces se extralimitaron en sus funciones cuando, para decidir sobre la pertinencia de la prisión preventiva, entraron a analizar el tipo penal y las evidencias presentadas por la Fiscalía. Concluyen que, al hacerlo, violaron el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ocurre que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal no sólo no prohíbe a los jueces analizar el tipo penal y las evidencias presentadas por la Fiscalía para imputárselo a los acusados sino que, de hecho, les obliga a hacerlo. Porque si no hay evidencias suficientes sobre el cometimiento de un delito concreto, no puede haber prisión preventiva, así de simple. Los términos jurídicos de este caso fueron analizados con bastante claridad por el penalista Felipe Rodríguez en una columna de opinión publicada en Primicias.

En resumen: dos casos traídos de los pelos (uno por vía administrativa, improcedente; otro por vía penal, disparatado) con el fin de escarmentar a tres jueces que tomaron una decisión que no le gustó al gobierno. Tres jueces de cuya probidad dan fe todos los penalistas litigantes que los conocen y que no tienen vínculos oscuros con Leandro Norero. Es obvio que se busca enviar un mensaje. Ahora todos aquellos jueces a quienes les toque decidir sobre casos en los que el gobierno tiene depositados sus intereses, saben perfectamente a qué atenerse.

Política

Caso Villacís: ilegalidades podrían llevar al Estado ecuatoriano a condena internacional

Martin Pallares

Alexandra Villacís y el riesgo para la justicia

Ahí está, por ejemplo, el inaudito golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura para evitar que Alexandra Villacís, a quien el Ejecutivo no controla, se posesionara como presidenta, cargo que legítimamente le correspondía. Todo el operativo dependía de mantener bloqueada a Villacís con un fraudulento impedimento que el Ministerio del Trabajo se inventó para inhabilitarla. Cuando la jueza Viviana Pila descubrió la farsa y ordenó al ministerio corregir de inmediato la situación, se la reconoció como una magistrada valiente, dueña de sus propias decisiones. Pero luego fue una inexplicable demora de la misma jueza la que terminó por sacar del juego a Villacís e inclinó la balanza a favor del gobierno. Un recurso de aclaración presentado por el ministro Harold Burbano con el evidente propósito de ganar tiempo durmió veinte días en el escritorio de la jueza, a pesar de la premura indispensable que exigen los temas relacionados con violación de garantías. Sólo cuando Villacís, cansada de esperar y amedrentada por las presiones, renunció al cargo que le correspondía, sólo entonces la jueza resolvió el recurso, negándolo (cosa que pudo hacer desde el primer día).

¿Cuáles son los procedimientos de presión, chantaje, amenaza, amedrentamiento o, simplemente, compra de conciencia de los que vale el gobierno para obtener estos resultados judiciales reñidos con todo principio de ley y de justicia? ¿Cómo consigue que jueces que están a punto de retirarse después de una larga y ejemplar carrera en la que han cimentado un prestigio de probidad y decencia, jueces como el expresidente de la Corte Nacional José Suing o su sucesor en el cargo, Marco Rodríguez, echen todo su legado por la borda y accedan a formar parte de fraudes y conspiraciones? No necesita, como el correísmo, correr circulares reservadas con instrucciones escandalosas, eso sí está claro. Los métodos de la actual toma de justicia parecen mucho más expeditivos y eficientes. ¿Queda algún espacio para personas honestas como Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui o también ellos, lo mismo que Alexandra Villacís, serán conducidos por un laberinto kafkiano de arbitrariedades hasta forzar su renuncia?

Política

Petro dice que autoridades ecuatorianas tienen la orden de "conseguir bandidos que lo acusen"

Daniel Alejandro Romero Páez

La decisión publicada hace referencia a la necesidad de que el Ejecutivo remita la versión final a la Corte antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referéndum.

Con esta publicación se reabre el debate sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de enviar el documento con las correcciones directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no a la Corte Constitucional.

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¿Qué exige la sentencia?

En la sentencia publicada se señala: “Disponer que, en caso de que el presidente de la República adecúe la propuesta a lo establecido en este dictamen, se prosiga conforme al procedimiento de referendo prescrito en la Constitución y demás normativa aplicable”.

Para dar ese paso, la Corte también estableció: “Previo a la emisión del decreto ejecutivo de convocatoria a referendo, el presidente de la República remitirá el contenido final de la propuesta a la Corte Constitucional para una verificación de cumplimiento inmediata”.

Pese a ello, el primer mandatario decidió incorporar las correcciones, pero remitió el documento final directamente al CNE para que este lo ponga en conocimiento de la Corte. 

El pasado 6 de abril, el organismo conoció formalmente el documento en una sesión del Pleno y decidió remitirlo a la Corte, a pesar de las observaciones de la vocal Elena Nájera, quien insistió en que esa no era una facultad del CNE.

Lo que debes saber 

• Un acuerdo entre Washington y Kinshasa inicia traslados de extranjeros a África.
• Las cifras del primer grupo generan dudas y debate humanitario.
• Ecuador confirma que uno de sus ciudadanos está entre los deportados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador confirmó que un ciudadano ecuatoriano fue trasladado a la República Democrática del Congo tras un proceso migratorio en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el marco del acuerdo de “Tercer País Seguro” entre Washington y Kinshasa. El traslado se ejecutó luego de que su solicitud de asilo fuera negada. La Cancillería informó que el caso sigue bajo seguimiento consular.

Política

Daniel Noboa: "No es guerra a colombianos, es al narcotráfico"; cuestiona a Gustavo Petro

Marco Rivera

En su boletín oficial, la entidad señaló que “un ciudadano ecuatoriano fue trasladado el 15 de abril de 2026” tras información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Según el documento, el migrante expresó su deseo de no regresar a Ecuador. Un juez de inmigración dispuso restringir su retorno al país. Esta decisión se basó en mecanismos de protección previstos en instrumentos internacionales.

El consulado ecuatoriano informó a los familiares del migrante y aseguró que permanece en condiciones seguras. “La persona se encuentra en un espacio de acogida, en condiciones adecuadas y seguras”, indicó la Cancillería. También se confirmó que mantiene contacto permanente con su familia. El Gobierno reiteró que continuará brindando asistencia consular.

Primer grupo de migrantes llega a Kinshasa

El primer grupo de deportados llegó el 17 de abril a Kinshasa, capital congoleña, marcando el inicio del acuerdo bilateral. El traslado ha generado cuestionamientos por sus implicaciones humanitarias. El programa permite enviar migrantes a terceros países. Este mecanismo forma parte de la cooperación entre ambos gobiernos.

Fuentes aeroportuarias citadas por Reuters y el portal Opinion-Info informaron que viajaban personas de Ecuador, Perú y Colombia. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana confirmó que solo uno era de su país. Esta diferencia de cifras generó dudas sobre el número total de pasajeros. La composición exacta del grupo aún genera interrogantes.

Una migrante aseguró que el grupo estaba compuesto por 16 personas, nueve hombres y siete mujeres. Una fuente aeroportuaria redujo la cifra a 15 personas. Días antes se había anticipado que más de 30 migrantes podrían ser trasladados. Finalmente, el número se redujo de forma significativa.

Política

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Decisiones judiciales y acuerdo bilateral

El acuerdo entre Washington y Kinshasa fue anunciado el 5 de abril. Forma parte de una cooperación más amplia en seguridad y minerales estratégicos.

Al llegar al país africano, los migrantes recibieron una visa inicial de siete días. Esta puede extenderse hasta tres meses según autoridades locales. También se informó sobre la posibilidad de solicitar asilo. Sin embargo, las condiciones generan incertidumbre entre los recién llegados.

Funcionarios advirtieron sobre riesgos de seguridad en el territorio. Esta advertencia incrementó la preocupación por su permanencia. El traslado abre un nuevo debate sobre deportaciones a terceros países. Mientras tanto, Ecuador mantiene el seguimiento del caso del ciudadano trasladado.

Política

Gustavo Petro responde a Daniel Noboa: "No conozco el tal Fito ni a sus amigos"

Marco Rivera

Este 18 de abril de 2026 trascendió una entrevista de Noboa con la revista Semana. En ella abordó varios puntos sobre el impasse político entre Ecuador y Colombia. Respecto a los supuestos vínculos de Petro con alias Fito, hoy encarcelado en Estados Unidos tras su extradición, Noboa señaló:

“Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, 

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La respuesta sobre alias Fito

El presidente colombiano negó la acusación. “Nada, no conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que les hemos entregado”, dijo.

¿Un plan para asociarlo con 'bandidos'? 

Petro hizo nuevamente una referencia a un integrante de la Revolución Ciudadana. A propósito de la aseveración sobre la derecha colombiana, indicó: “Un fiscal general de la nación (viajó) a Quito a decir que un candidato progresista, a punto de ganar, Andrés Arauz, había sido financiado por el ELN, una semana antes de elecciones. Era mentira, pero le hizo perder las elecciones y ni siquiera está procesado”.

Las declaraciones del presidente colombiano fueron más allá. Aseguró tener grabaciones en las que autoridades ecuatorianas “son claras en la orden que han recibido, según ellos, del Departamento de Estado, para conseguir bandidos que lo acusen”.

“En eso están para poder probar mi permanencia en la lista OFAC, en la que arbitrariamente me metieron. Noboa les hace caso y recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe, con la que confabula la interferencia en las elecciones para darle una mano a sus amigotes de negocios en el uribismo”, señaló Petro.

Estos hechos, dijo, haberlos puesto en conocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Le entregué las grabaciones de los comandantes ecuatorianos, pero ya Noboa está en su alucinación. Le pedí al presidente Donald Trump mediar con Noboa, pero delegó en Rubio”.

Lo que debes saber 

• El choque entre Colombia y Ecuador sube de tono con nuevas acusaciones.
• Petro responde a Noboa con señalamientos internacionales.
  
• La disputa incluye narcotráfico, frontera y política regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las acusaciones del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa con un extenso mensaje en X publicado el 18 de abril. El pronunciamiento surge tras los señalamientos sobre narcotráfico, seguridad fronteriza y supuestos vínculos con criminales. Petro rechazó cualquier relación con el capo alias Fito y negó contactos con estructuras criminales. Además, defendió la cooperación judicial entre ambos países.

Política

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Marco Rivera

“Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió el mandatario colombiano. Afirmó que su gobierno ha capturado delincuentes nacidos en Ecuador y los ha entregado a las autoridades. También criticó la influencia de sectores políticos colombianos en la narrativa del gobierno ecuatoriano. Según dijo, Noboa “se deja llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana”.

El presidente colombiano vinculó esa narrativa con el caso electoral de Andrés Arauz y acusaciones del ELN. Aseguró que un fiscal colombiano viajó a Quito antes de elecciones para vincular al candidato progresista con la guerrilla. Petro afirmó que “era mentira pero le hizo perder las elecciones”. Añadió que nadie ha sido procesado por ese episodio.

Petro habla de EE. UU., grabaciones y mediación internacional

El mandatario aseguró que autoridades ecuatorianas habrían recibido órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar acusaciones en su contra. Según Petro, esto buscaba mantenerlo en la lista de la OFAC. Afirmó que Noboa “recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe con la que confabula la interferencia en las elecciones” con la oposición colombiana liderada por Álvaro Uribe. También dijo haber entregado grabaciones a Washington.

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Marco Rivera

Petro sostuvo que habló personalmente con Donald Trump para explicar la situación. Aseguró que pidió mediación con Noboa, pero que el tema fue delegado a Marco Rubio. El mandatario lamentó los impactos económicos en la frontera. Mencionó específicamente a Nariño y Putumayo.

En el cierre del mensaje, Petro destacó avances en erradicación de coca. Afirmó que en la frontera con Ecuador se arrancaron voluntariamente 22.000 hectáreas en 2025. Sostuvo que es la primera reducción desde 2018. Dijo que se han tomado medidas para proteger a la población.

Contexto: qué dijo Noboa y por qué empezó la polémica

En entrevista con la revista Semana, Noboa acusó a Petro de beneficiar al narcotráfico. Sostuvo que Colombia habría retirado tropas de la frontera. Según el presidente ecuatoriano, esa decisión permitió que grupos armados controlen zonas limítrofes. Afirmó que el aumento de cultivos ilícitos afecta directamente a Ecuador.

Noboa aseguró que el crecimiento de sembríos de coca está en niveles récord. Dijo que la narrativa del gobierno colombiano justifica a quienes cultivan coca por necesidad. También señaló que criminales ecuatorianos habrían recibido documentos colombianos. Por ello lanzó la frase: “el que baila merengue con la mafia es él”.

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El mandatario ecuatoriano defendió la política de seguridad de su gobierno. Aseguró que ha sufrido atentados en el contexto del conflicto interno contra el crimen organizado. Insistió en la necesidad de combatir el narcoterrorismo con firmeza. Añadió que estos grupos usan discursos ideológicos para protegerse.

La estadía en Manta y la polémica por Fito

Noboa también se refirió a la visita de Petro a Manta tras su posesión presidencial de 2025. Afirmó que las propiedades visitadas tendrían vínculos con el narcotráfico. Sin presentar pruebas, dijo que Petro se reunió con miembros de Revolución Ciudadana. Señaló que algunos tendrían nexos con Fito.

El capo es líder de Los Choneros y fue extraditado a Estados Unidos. Noboa aclaró que no tiene evidencia de reuniones directas con criminales. Sin embargo, insistió en que existen conexiones indirectas. Las acusaciones intensificaron la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

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¿Cuántos ecuatorianos en situación irregular hay en España?

En España hay alrededor de 450.000 ecuatorianos que están legalmente registrados. Es decir, constan en las estadísticas de censos de España, pero son los de la primera generación porque los segundos, quienes nacieron aquí, ya cuentan como españoles. Nosotros hemos hecho una proyección y alrededor de 650.000 serían los ecuatorianos que viven aquí legalmente.

¿Y sobre los ecuatorianos sin regularizar?

No se conoce el número de ecuatorianos que están en situación irregular porque ellos no se presentan como tales en los consulados por obvias razones. El Ecuador no es el ente o el país que les va a regularizar. Ese dato no se lo puede obtener. España lo tiene y ha dado datos generales. Sabemos que la primera migración para regularizarse será Marruecos, Colombia, Venezuela. Pero Ecuador, por obvias razones, por la restricción de la visa Schengen, creemos que será realmente marginal el número de regularizaciones.

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¿En qué actividades, principalmente, se desempeñan los ecuatorianos en el país europeo?

En general se desenvuelven en servicios, actividades agrícolas, cuidados y en hostelería y logística. Están en el tema de transporte y también en albañilería. Pero hay un gran grupo de emprendedores que empezaron, quizás manejando un auto y ahora tienen empresas de logística de distribución de alimentos. Hay muchos ecuatorianos en esas actividades, como también en sus emprendimientos de restaurantes; hay más de 150 restaurantes de ecuatorianos en Madrid. En general, las actividades son diversas. En servicios diría que es la mayor área en la que se encuentran trabajando.

¿Cómo facilitará la Embajada de Ecuador lo necesario para el proceso de regularización?

El proceso de regularización va a ser hecho, por sus características, mediante citas a los organismos españoles y también de manera digital, subiendo los documentos con los requisitos básicos solicitados. Lo que nosotros hacemos con los consulados es apoyar. Necesitan el certificado de antecedentes penales. Si han vivido más de cinco años fuera de Ecuador, lo hacen en España, pero tendrán que hacerlo también con Ecuador. La Cancillería tiene un programa digital para que puedan hacerlo directamente desde el computador. Si algunos no tienen esas facilidades, también habrá apoyo en los consulados. Si necesitan partidas de matrimonio o de nacimiento, podrían solicitarlas, así como si requieren actualizar el pasaporte. Pero los requisitos que establece la regularización son mínimos: los certificados de antecedentes penales y que se compruebe el arraigo.

El proceso permitirá que los ecuatorianos que vinieron de forma ilegal y viven en incertidumbre sobre su futuro puedan acceder a contratos indefinidosWilma Andrade

¿Cómo ven el proceso de regularización desde el Gobierno ecuatoriano?

Vemos muy bien el proceso porque va a permitir que los ecuatorianos que vinieron de forma ilegal y viven en incertidumbre sobre su futuro puedan acceder a contratos indefinidos de trabajo, tener las prestaciones y beneficios de la seguridad social. Pero ellos también le benefician a España porque tendrán que pagar sus impuestos. Si tienen un contrato de trabajo, pagarán el seguro social, con lo cual le dan sostenibilidad al sistema.

Lo que debes saber

• El CNE recibió 328.777 solicitudes de cambio de domicilio para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
• El 3 de mayo se publicará el registro preliminar para que ciudadanos presenten reclamos por inconsistencias.
• El padrón definitivo se aprobará el 2 de julio tras adelantar los comicios por alerta del Fenómeno de El Niño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) procesó un total de 328.777 solicitudes de cambio de domicilio para las próximas elecciones seccionales. Tras el cierre de la campaña de trámites, el organismo inicia la fase de verificación y validación de datos para depurar el Registro Electoral que se utilizará en los comicios adelantados del 29 de noviembre de 2026.

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Cifras del cambio de domicilio electoral en Ecuador y el exterior

Durante la jornada cumplida entre el 8 y el 17 de abril, el CNE registró una participación masiva de ciudadanos que buscan actualizar su ubicación para sufragar. El control técnico de estas solicitudes es vital para garantizar la transparencia del proceso.

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El desglose de los trámites recibidos es el siguiente:

Fechas clave del calendario electoral para el Registro Electoral

El proceso no termina con la recepción de la solicitud. El calendario electoral vigente establece hitos de control antes de la publicación de la lista oficial de votantes. Es imperativo que los usuarios sigan de cerca las fechas para presentar reclamos administrativos ante posibles inconsistencias.

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Lo que debes saber 

• El mandatario ecuatoriano explicó por qué reforzó la frontera y cuánto cuesta la operación.
• Sus declaraciones incluyeron críticas directas al gobierno colombiano.
• La entrevista reabre el debate sobre seguridad y cooperación regional.

El presidente de Daniel Noboa aseguró en una entrevista con Revista Semana que la actual tensión fronteriza no responde a un conflicto contra Colombia, sino a una ofensiva contra economías ilegales. El mandatario explicó que el despliegue militar ecuatoriano se intensificó tras conversaciones fallidas con el gobierno colombiano. La declaración se dio el 17 de abril en un diálogo centrado en seguridad y economía. El eje del mensaje fue claro: la prioridad es combatir el crimen organizado.

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Noboa enfatizó que la estrategia se dirige a frenar el narcotráfico, la violencia y otras actividades ilícitas que afectan la frontera. “No uso el término guerra comercial porque no es que se le ha declarado la guerra a los colombianos, se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia”, afirmó. También añadió que la ofensiva apunta al contrabando y la minería ilegal. Según el presidente, estas amenazas obligan a Ecuador a reforzar su presencia militar.

El mandatario sostuvo que existieron conversaciones previas con Gustavo Petro para coordinar acciones conjuntas. Sin embargo, afirmó que los acuerdos no se concretaron como se esperaba. Esto derivó en mayores costos para Ecuador en materia de seguridad. La situación, dijo, obligó a tomar decisiones unilaterales.

Presencia militar en frontera y costos millonarios

Noboa explicó que el país ha tenido que duplicar esfuerzos para cubrir la frontera norte. Señaló que mantener a las Fuerzas Armadas en la zona implica un gasto adicional significativo. Según sus palabras, el costo asciende a “400 millones de dólares más al año”. La inversión busca contener la violencia en áreas de alta complejidad.

El presidente describió la zona de “Putumayo” como extensa y difícil de controlar. En ese territorio, aseguró, se han registrado altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado. La presencia militar busca prevenir el avance de grupos ilegales. El objetivo es fortalecer la seguridad nacional.

El mandatario insistió en que la falta de coordinación bilateral obligó a Ecuador a actuar con mayor firmeza. El despliegue militar responde a la necesidad de proteger la frontera. Noboa remarcó que el país enfrenta una situación compleja. En su visión, la seguridad requiere decisiones inmediatas.

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Críticas a la gestión del presidente colombiano

Consultado sobre su opinión del mandatario colombiano, Noboa fue directo. “Creo que está equivocado en muchas cosas”, afirmó. Añadió que, respetando la soberanía colombiana, considera que se han cometido errores. Sus declaraciones marcaron un tono crítico hacia la gestión económica y política.

El presidente ecuatoriano también cuestionó la visión económica del gobierno vecino. “Sus matemáticas petristas son muy diferentes a las matemáticas del resto del mundo”, expresó. Señaló que esa diferencia complica explicar la situación económica. La frase se convirtió en uno de los puntos más comentados de la entrevista.

A pesar de las críticas, Noboa subrayó que su postura se mantiene dentro del respeto a la soberanía. El foco de sus declaraciones fue la cooperación en seguridad. El mensaje final insistió en la lucha contra el crimen organizado. La entrevista dejó claro que la relación bilateral atraviesa un momento de tensión.

Lo que debes saber 

• El nuevo sondeo revela rechazo mayoritario a alcaldes en ciudades clave.
• La indecisión del electorado supera el 80% en varias urbes.
• Un escenario abierto que podría cambiar el rumbo de las seccionales.

La encuestadora Click Report difundió resultados sobre aprobación de alcaldes e indecisión electoral rumbo a los comicios seccionales convocados por el CNE. El estudio se realizó mediante entrevistas cara a cara en hogares entre el 11 y 16 de abril de 2026. La muestra incluyó 1.900 encuestas a mayores de 18 años en varias ciudades del país. El margen de error reportado es de ±2,5% con representatividad del 95%.

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El sondeo mide la percepción ciudadana en seis ciudades clave antes de la elección de alcaldes prevista para noviembre de 2026. Los datos muestran una tendencia marcada de desaprobación a la gestión municipal en todas las localidades analizadas. También evidencian un alto nivel de indecisión electoral a meses del proceso. Los resultados fueron ponderados según el tamaño poblacional de cada zona investigada.

Las ciudades evaluadas fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo, además del total país. En cada territorio se midieron dos preguntas clave sobre la gestión municipal y la decisión de voto. Los resultados reflejan una fotografía previa al arranque formal de campaña. La encuesta busca medir el clima político local previo a las seccionales.

Desaprobación domina la gestión de alcaldes en las ciudades

A escala nacional, el 74,16% desaprueba la gestión del alcalde frente a un 25,84% que la aprueba. La tendencia se repite en todas las ciudades, con cifras superiores al 63% de rechazo. Esto marca un escenario complejo para autoridades locales en funciones. El indicador anticipa desgaste político generalizado.

En la gestión de Pabel Muñoz en Quito, la desaprobación llega al 76,25%, mientras el respaldo alcanza el 23,75%. En la administración de Aquiles Álvarez en Guayaquil, el rechazo es del 71,94% y la aprobación del 28,06%. En la gestión de Christian Zamora en Cuenca, la desaprobación alcanza el 71,25% frente al 28,75% de respaldo. Los números muestran niveles similares en las principales urbes.

El caso más crítico corresponde a la administración de Marciana Valdivieso en Manta, con 90,31% de desaprobación y apenas 9,69% de aprobación. En la gestión de Javier Pincay, el rechazo llega al 63,75%, la cifra más baja del estudio, aunque sigue siendo mayoritaria. Allí la aprobación alcanza el 36,25%, el valor más alto del sondeo. El panorama evidencia un clima adverso para las administraciones municipales.

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Alta indecisión electoral rumbo a las seccionales

La encuesta también midió si los ciudadanos ya decidieron su voto para alcalde. A nivel nacional, el 80,30% afirma que aún no lo ha decidido. Solo el 19,70% asegura tener definido su sufragio. Este dato sugiere un electorado todavía abierto a cambios.

En Quito, durante la gestión de Pabel Muñoz, el 81,56% no ha decidido su voto y el 18,44% sí lo hizo. En Guayaquil, bajo la administración de Aquiles Álvarez, el 79,06% sigue indeciso frente al 20,94% que ya eligió. En Cuenca, con Christian Zamora, el 75,63% no define su voto y el 24,38% ya tomó una decisión. La indecisión supera los tres cuartos del electorado en estas ciudades.

Manta, con Marciana Valdivieso, registra 76,56% de indecisos y 23,44% con voto decidido. Portoviejo, con Javier Pincay, lidera la indecisión con 89,69%, mientras solo 10,31% afirma haber tomado una decisión. El panorama confirma que la campaña electoral aún puede modificar preferencias. La disputa por las alcaldías sigue abierta a meses de las urnas.

Lo que debes saber

• CPCCS suspende renovación del CNE: Exigen informe jurídico por dudas en selección de académicos.
• El Pleno frena sorteo de catedráticos tras alerta de irregularidades en requisitos de expertos.
• Nuevo retraso en concurso electoral: CPCCS investiga riesgos legales antes de tomar exámenes.

Tras una sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 18 de abril de 2026, el proceso para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sumó un nuevo retraso. La mayoría de los consejeros aprobó solicitar un informe jurídico adicional para validar el sorteo de catedráticos, ante alertas de posibles irregularidades en la calificación de académicos que no cumplirían con los requisitos legales.

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¿Por qué otro informe jurídico?

La decisión se fundamenta en los riesgos jurídicos advertidos por el comisionado Carlos Amaya. Según su informe, la Comisión Ciudadana de Selección calificó a 19 académicos para el sorteo del banco de preguntas, a pesar de que un equipo técnico determinó previamente que no cumplían con las condiciones exigidas.

Ante este escenario, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, impulsó la solicitud de un criterio jurídico a la Coordinación de Asesoría Jurídica para evitar futuras nulidades en el concurso de renovación parcial del CNE.

Cronología de un concurso marcado por retrasos

El proceso de oposición, donde 163 postulantes deben rendir exámenes escritos, ha enfrentado múltiples obstáculos desde finales del año pasado:

Esta nueva pausa mantiene en la incertidumbre la renovación del organismo electoral, cuya etapa de exámenes escritos y casos prácticos sigue sin fecha definida.

Lo que debes saber

• Juan Zapata y Michel Deller aparecen como posibles precandidatos a la Alcaldía de Quito, según sondeo del 19 de abril.
• Encuesta de Click Research ubica a Zapata y Moncayo con mayor intención de voto entre siete preaspirantes.
• El 81 % de quiteños aún no define su voto rumbo a las seccionales por la Alcaldía de Quito.

Dos nombres diferentes aparecieron este 19 de abril de 2026 entre las figuras que, posiblemente, podrían participar como precandidatos a la Alcaldía de Quito. Se trata del exministro del Interior, Juan Zapata, y el presidente de Independiente del Valle, Michel Deller. Según la encuestadora Click Research, ellos se suman a los preaspirantes Pabel Muñoz, actual alcalde de la ciudad; Jorge Yunda, exalcalde y Andrés Castillo, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Paco Moncayo, también exburgomaestre y Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

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El listado incluye siete nombres y no contempla a Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación, quien anunció su precandidatura. Mientras que los dos últimos, Moncayo y Pabón, no han mencionado su eventual intención para participar por ese cargo en las próximas elecciones seccionales.

De acuerdo con el estudio, Zapata, excapitán de la Policía Nacional, tendría ventaja ya que encabezaría la predisposición de los consultados para votar por él. Le sigue Moncayo, Deller y Yunda, mientras que Muñoz aparece en el quinto puesto solo antes de Castillo y su coidearia, Pabón.

Así sería la votación para la Alcaldía de Quito

La encuestadora consultó a las personas si votarían o no por esos nombres y estos fueron los resultados:

¿En Quito ya definieron el voto?

Sin embargo, el mismo estudio señala que la mayor parte de las personas en Quito aún no decide por quién votará en las siguientes elecciones: el 81,56% todavía no ha pensado a quién apoyará, mientras que el 18,44 % ya tiene definido su candidato.

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Otros aspectos que la investigación consultó son las características que debería tener el candidato para lograr el voto y cuáles son los aspectos que harían descartar a los aspirantes.

Estas son las características del próximo alcalde

Así, los participantes respondieron que "el próximo alcalde" de Quito debe tener como principal atributo la integridad (19,69%), que sea preferiblemente adulto (40,31%), con liderazgo (42,81%), experiencia en política (53,44%), innovador y moderno (22,81%), que presente planes técnicos (41,56%) para resolver lo urgente (25,94%) y que logre un cambio total (73,75%).

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Además, las personas consultadas consideran que "es mejor que el próximo alcalde" sea diferente al cuadro que se muestre afín al Gobierno (40,63%) y que se presente como un candidato independiente (49,38%). Sin embargo, en el momento de votar, el aspecto que "pesará más en la decisión" para apoyar a un candidato es la propuesta que presente (40,94 %) y la trayectoria (24,69%).

Por otro lado, consideran que dejarían de apoyar a un candidatos que no conozca los problemas de la ciudad (24,06%) y que responda a ciertos intereses (27,81%).

El sondeo de Click Research fue elaborado entre el 11 y 16 de abril de 2026, a través de encuestas directas a 1.900 personas mayores de 18 años, que residen en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo.

Lo que debes saber

• Una fiscalización legislativa reveló graves fallas sanitarias y desabastecimiento en un hospital amazónico.
• La denuncia surge tras la muerte de tres niños y nuevas alertas por enfermedades infecciosas.
• El informe promete abrir un nuevo frente de debate sobre salud rural en Ecuador.

La asambleísta Viviana Velóz, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional del Ecuador, realizó una fiscalización al hospital de Taisha el 18 de abril. La visita se dio tras la muerte de tres niños en la zona por falta de medicamentos y atención adecuada. El recorrido buscó constatar denuncias sobre desabastecimiento y fallas estructurales del centro de salud. La inspección se enmarca en un proceso iniciado por la comisión legislativa.

Ecuador

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Durante la visita, Velóz afirmó que verificaron la falta de medicina, insumos y personal hospitalario. También revisaron posibles causas de fallecimiento infantil relacionadas con enfermedades infecciosas. El diagnóstico preliminar reveló problemas graves en infraestructura y servicios básicos. El informe será levantado como parte del proceso de fiscalización.

La legisladora describió condiciones sanitarias deficientes dentro del hospital. Mostró fallas en tuberías y la falta de higiene en áreas clave. “Ustedes pueden visualizar cómo se encuentra este lavabo… recolectan el agua en un recipiente”, dijo. Aseguró que esas condiciones “no son para ningún ser humano”.

Falta de medicinas e insumos en hospital de Taisha

Veloz denunció que el hospital no cuenta con alcohol ni gel desinfectante. Señaló que el abastecimiento de medicinas está por debajo del 50%.También indicó que una ambulancia no está en funcionamiento. La situación limita la capacidad de atención médica en la zona.

En el área de lavandería, el hospital no tiene maquinaria desde hace cuatro años.La falta de equipos afecta procesos básicos de limpieza hospitalaria.Según la asambleísta, esto agrava el riesgo sanitario para pacientes y personal.La fiscalización busca que estas fallas sean subsanadas de inmediato.

Velóz criticó la falta de inversión estatal en el sistema de salud local. “Sí tiene plata el gobierno para enviar a la vicepresidenta a recorrer hospitales a otro país”, cuestionó. Se refirió a la intención de adoptar modelos europeos de salud. Afirmó que ni siquiera se cubren necesidades básicas en la comunidad.

Ecuador

Bebé de Taisha fallece en hospital de Cuenca

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Enfermedades y muertes infantiles bajo investigación

La asambleísta mencionó que no se puede guardar silencio frente al fallecimiento de niños. Indicó que los casos se registran desde el año anterior en Taisha. Entre las enfermedades citó leptospirosis, tosferina y neumonía. Estas patologías afectan especialmente a la población infantil.

Velóz sostuvo que las comunidades cercanas dependen del hospital. La infraestructura también atiende a unas 2.000 personas en Huanpui. Gran parte de la población pertenece al pueblo Achuar. Las fallas impactan directamente en la salud comunitaria.

“Lo que hoy verificamos es indigno”, afirmó durante el recorrido. Añadió que la salud es un derecho y debe garantizarse con dignidad. La comisión elaborará un informe oficial con los hallazgos. El objetivo, dijo, es “dignificar la vida de la gente”.

Lo que debes saber

• Petro acusa a Noboa de apoyar el narcotráfico en Colombia tras la mención de alias Boliche este 19 de abril.
• El mandatario colombiano iniciará una demanda penal contra Noboa por vincularlo con alias Fito y las mafias.
• La disputa escala a guerra arancelaria y crisis diplomática tras acusaciones de pactos militares en la frontera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, radicalizó su disputa con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, al asegurar que el mandatario del país vecino respalda al narcotráfico en Colombia. Esta grave acusación surge tras el anuncio de una demanda penal de Petro contra Noboa, motivada por señalamientos previos que vinculan al líder colombiano con alias Fito y la mafia. La tensión diplomática, que ya incluye una guerra arancelaria, alcanza ahora un punto crítico en el ámbito judicial internacional.

Política

Gustavo Petro anuncia que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia

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Acusaciones por alias Boliche y el juicio en Estados Unidos

A través de sus canales oficiales, Petro se refirió a Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, un exnarcotraficante y colaborador de la justicia estadounidense que enfrenta una posible condena de 40 años de prisión.

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El mandatario colombiano utilizó esta figura para cuestionar la legitimidad de Noboa al intervenir en la política interna de su país. "Aquí sí puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia", sentenció Petro, justificando su respuesta como una reacción directa a las acciones del presidente de Ecuador.

Los motivos de la crisis diplomática

La ruptura entre ambos líderes se profundizó debido a las declaraciones de Noboa sobre supuestos nexos de Petro con la Revolución Ciudadana y grupos delictivos.

La mención de que Petro "baila merengue con la mafia" fue el detonante para que la disputa escalara de lo diplomático a lo criminal. Mientras la crisis avanza, el tiempo de permanencia de los usuarios y el tráfico se verán impulsados por la actualización constante de este "segundo tiempo" informativo.

Lo que debes saber

• Jueces que han actuado en casos de interés para el Gobierno de Daniel Noboa enfrentan acciones administrativas y penales.
  
• El gobierno de Rafael Correa y Daniel Noboa tienen la sombra de la presión a los servidores judiciales.
• Los métodos de la actual toma de justicia parecen mucho más expeditivos y eficientes

Desde aquella famosa circular que la Secretaría Jurídica del gobierno de Rafael Correa envió a todos los “Señores jueces constitucionales y civiles del Ecuador”, prohibiéndoles fallar en contra de los intereses del Estado, han pasado 13 años y tres gobiernos. Sin embargo, esa disposición parece estar más vigente que nunca y ya no únicamente para los jueces constitucionales y civiles: para todos. La persecución de la que están siendo objeto los jueces anticorrupción del caso Goleada que decidieron poner en libertad a los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre quienes pesaba una prisión preventiva que encontraron injustificable, no es el primer caso de escarmiento pero sí marca una escalada en el proceso de control judicial por parte del gobierno de Daniel Noboa.

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El recuerdo del control del correísmo en la justicia

Para quienes ya olvidaron el asunto, esto es lo que decía aquella circular reservada del correísmo: “Quito, 19 de octubre de 2013 … Asunto: Disposición Señor Doctor Alexis Mera Giler … De mi consideración: Disposición del Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, so pena de aplicarles la DESTITUCIÓN, no se dé paso a ninguna acción de protección en contra del Estado o Instituciones Similares, de hacerlo acudiremos al Consejo Judicatura que es el órgano administrativo y fiscalizador de la Función Judicial”. Firma: Mariana Pico Alvear, subsecretaria del despacho presidencial.

Junto con una serie de correos electrónicos filtrados (entre ellos, uno de Gustavo Jalkh a Rafael Correa, rindiéndole cuentas de haber suspendido a dos juezas que estaban “perjudicando al Estado”, este documento fue esencial en el informe sobre injerencia política en la justicia elaborado por Human Rights Watch. Nunca fue desmentido. Los errores ortográficos y la gramática de a perro le otorgan verosimilitud.

Gaibor, Vera y Abad, los ejemplos de Daniel Noboa

Aunque todo parece indicar que las presiones a los jueces se ejercen hoy de manera más directa, no se puede descartar que en el futuro lleguemos a conocer filtraciones similares sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya hay audios: los de Henry Gaibor, el director provincial de la Judicatura de Pichincha, nombrado por el presidente nacional de ese organismo Mario Godoy, en los que se lo escucha presionando a un juez para que dicte sentencia a favor de un narcotraficante; un juez (Carlos Serrano) que no le dio gusto, fue privado de su seguridad por el ministerio del Interior precisamente cuando más la necesitaba, pues había sido públicamente amenazado, y terminó renunciando y huyendo del país.

Gaibor era el hombre de Godoy para los trabajos sucios. Juntos visitaron a la jueza Nubia Vera cuando ésta se disponía a conceder una acción de protección a la enemiga número uno del presidente de la República: la vicepresidenta Verónica Abad. Le llevaron la sentencia escrita en un pen drive, según denunció ella. Las presiones que tuvo que soportar la jueza Vera fueron tan intolerables que un día no pudo más con ellas y, luego de dar por concluida una audiencia, se bajó del estrado y las denunció al borde de las lágrimas. Eso ocurrió el 23 de diciembre de 2024. Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura le abrió un expediente por dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable.

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Las acciones contra jueces alertan captura de la justicia

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La presión a los jueces del caso Goleada

Pero lo de los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, que levantaron la prisión preventiva de Antonio y Xavier Álvarez, los hermanos del alcalde de Guayaquil, para que sean juzgados en libertad, tiene otras connotaciones. A diferencia de lo que ocurrió con Nubia Vera, que aparte del expediente disciplinario en la Judicatura fue escarmentada también con un proceso penal por presunta concusión en lo que se llamó Caso Mueble Fino, a los jueces del tribunal del caso Goleada, pertenecientes a la Corte Provincial de Pichincha, se les pretende juzgar y sancionar no por supuestos actos de corrupción o inventándoseles expedientes administrativos ajenos al caso, sino precisamente por la sentencia de dictaron. Es, pues, un mensaje directo y lo que se busca con ellos es una sanción ejemplarizadora que persuada a los demás jueces del país para permanecer alineados en todos aquellos casos que son de interés del Poder Ejecutivo.

Caso Goleada, los procesos contra los jueces

Contra los jueces de Goleada hay dos procesos por cuerda separada.

Primero: una denuncia disciplinaria por “error inexcusable” presentada ante el Consejo de la Judicatura por el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón (nombrado ilegítimamente por ese mismo organismo, que no tiene la facultad constitucional para hacerlo). Según el fiscal, los jueces Velasco, Chóez y Uzcátegui violaron el deber de diligencia, se apartaron de criterios razonables al cambiar la medida cautelar y cometieron un error judicial grave. Ahora bien: mucha debe ser la ignorancia del fiscal Alarcón en lo que se refiere a procedimientos disciplinarios o muy inocultable ha de ser su angurria, el caso es que esta denuncia es improcedente. Tanto fue el abuso de la figura de “error inexcusable” que se ejerció desde la Judicatura correísta de Gustavo Jalkh, que la Corte Constitucional, para evitar que algo así volviera a ocurrir, estableció el requisito de una declaratoria jurisdiccional previa. Es decir, la existencia de error inexcusable tiene que ser establecida por un juez. Y no cualquier juez: uno superior a aquél a quien se le imputa. En este caso, sólo un juez de la Corte Nacional puede resolver el caso. Nostálgico de tiempos peores, el fiscal quiere volver a las prácticas del correísmo. Para proceder con rectitud (si tal cosa es posible) al Consejo de la Judicatura no le queda más remedio que rechazar esta denuncia. Ya está tardando.

El segundo proceso planteado contra los jueces del caso Goleada es penal. Se trata de dos denuncias por prevaricato (unificadas en un solo proceso) que presentaron, cada uno por su lado, un funcionario del gobierno y un ciudadano ejemplar. El funcionario del gobierno es mauricio Fernando Mayorga, director del SNAI, al parecer muy apenado de perder a tan ilustres inquilinos como los hermanos Álvarez bajo su custodia. El ciudadano ejemplar es Rodrigo Daniel Frías Toral, vinculado al narcotraficante Leandro Norero a través de un carro (un Toyota Sequoia de entre 60 mil y 80 mil dólares) que el mafioso solía prestar al legislador correísta Ronny Aleaga y que Frías terminó comprando por la ridícula suma de 9.100 a un prestanombres en una transacción absolutamente sospechosa sobre la que él, emplazado por este Diario, no paraba de contar mentiras.

Los denunciantes aseguran que los jueces se extralimitaron en sus funciones cuando, para decidir sobre la pertinencia de la prisión preventiva, entraron a analizar el tipo penal y las evidencias presentadas por la Fiscalía. Concluyen que, al hacerlo, violaron el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ocurre que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal no sólo no prohíbe a los jueces analizar el tipo penal y las evidencias presentadas por la Fiscalía para imputárselo a los acusados sino que, de hecho, les obliga a hacerlo. Porque si no hay evidencias suficientes sobre el cometimiento de un delito concreto, no puede haber prisión preventiva, así de simple. Los términos jurídicos de este caso fueron analizados con bastante claridad por el penalista Felipe Rodríguez en una columna de opinión publicada en Primicias.

En resumen: dos casos traídos de los pelos (uno por vía administrativa, improcedente; otro por vía penal, disparatado) con el fin de escarmentar a tres jueces que tomaron una decisión que no le gustó al gobierno. Tres jueces de cuya probidad dan fe todos los penalistas litigantes que los conocen y que no tienen vínculos oscuros con Leandro Norero. Es obvio que se busca enviar un mensaje. Ahora todos aquellos jueces a quienes les toque decidir sobre casos en los que el gobierno tiene depositados sus intereses, saben perfectamente a qué atenerse.

Política

Caso Villacís: ilegalidades podrían llevar al Estado ecuatoriano a condena internacional

Martin Pallares

Alexandra Villacís y el riesgo para la justicia

Ahí está, por ejemplo, el inaudito golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura para evitar que Alexandra Villacís, a quien el Ejecutivo no controla, se posesionara como presidenta, cargo que legítimamente le correspondía. Todo el operativo dependía de mantener bloqueada a Villacís con un fraudulento impedimento que el Ministerio del Trabajo se inventó para inhabilitarla. Cuando la jueza Viviana Pila descubrió la farsa y ordenó al ministerio corregir de inmediato la situación, se la reconoció como una magistrada valiente, dueña de sus propias decisiones. Pero luego fue una inexplicable demora de la misma jueza la que terminó por sacar del juego a Villacís e inclinó la balanza a favor del gobierno. Un recurso de aclaración presentado por el ministro Harold Burbano con el evidente propósito de ganar tiempo durmió veinte días en el escritorio de la jueza, a pesar de la premura indispensable que exigen los temas relacionados con violación de garantías. Sólo cuando Villacís, cansada de esperar y amedrentada por las presiones, renunció al cargo que le correspondía, sólo entonces la jueza resolvió el recurso, negándolo (cosa que pudo hacer desde el primer día).

¿Cuáles son los procedimientos de presión, chantaje, amenaza, amedrentamiento o, simplemente, compra de conciencia de los que vale el gobierno para obtener estos resultados judiciales reñidos con todo principio de ley y de justicia? ¿Cómo consigue que jueces que están a punto de retirarse después de una larga y ejemplar carrera en la que han cimentado un prestigio de probidad y decencia, jueces como el expresidente de la Corte Nacional José Suing o su sucesor en el cargo, Marco Rodríguez, echen todo su legado por la borda y accedan a formar parte de fraudes y conspiraciones? No necesita, como el correísmo, correr circulares reservadas con instrucciones escandalosas, eso sí está claro. Los métodos de la actual toma de justicia parecen mucho más expeditivos y eficientes. ¿Queda algún espacio para personas honestas como Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui o también ellos, lo mismo que Alexandra Villacís, serán conducidos por un laberinto kafkiano de arbitrariedades hasta forzar su renuncia?

Lo que debes saber 

• El anuncio de acciones legales abre un nuevo frente entre Colombia y Ecuador.
  
• Custodia militar, testigos y presiones internacionales aparecen en el relato.
• La visita a Manta vuelve al centro del debate político regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en un mensaje publicado en X este 19 de abril que presentará una denuncia penal contra Daniel Noboa. La decisión surge tras una serie de mensajes cruzados y arremetidas públicas entre ambos mandatarios en la misma red social. El anuncio marca un nuevo episodio de tensión política entre Ecuador y Colombia. La polémica se centra en su visita a Manta durante la posesión presidencial ecuatoriana.

Política

Petro dice que autoridades ecuatorianas tienen la orden de "conseguir bandidos que lo acusen"

Daniel Alejandro Romero Páez

Petro aseguró que el propio Noboa ordenó que el Ejército ecuatoriano lo acompañara “en todo momento día y noche” durante su estadía. Según su versión, la custodia militar se mantuvo durante toda su permanencia en la ciudad costera. Este punto se convirtió en uno de los argumentos centrales de su denuncia. El caso ha despertado debate por su impacto diplomático.

El mandatario colombiano explicó que asistió a la ceremonia y solicitó la libertad del exvicepresidente ecuatoriano. Tras esa petición, afirmó haber recibido un trato displicente por parte del presidente ecuatoriano. El episodio incrementó el tono del intercambio político. La situación ahora se traslada al ámbito judicial.

Custodia militar, testigos y visita a Manta

Petro sostuvo que estuvo acompañado por su escolta de la fuerza pública colombiana. Indicó que estos agentes pueden declarar bajo juramento sobre lo ocurrido. Además, señaló que existen otros testigos del lugar donde se hospedó. Según dijo, permanecía allí mientras terminaba su libro.

El presidente colombiano afirmó que la prensa de su país visitó el sitio donde se alojó. Aseguró que no encontraron lujos ni extravagancias en el lugar. “Una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar”, describió. Con ello buscó desmentir sospechas sobre su visita.

También cuestionó que viajar a Ecuador implique sospechas de contactos oscuros. En su mensaje defendió la ciudad manabita. “Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, expresó. La frase intenta reforzar la normalidad de su estadía.

Política

Gustavo Petro responde a Daniel Noboa: "No conozco el tal Fito ni a sus amigos"

Marco Rivera

Caso Jorge Glas y extradiciones

Petro reiteró su pedido de libertad para el exvicepresidente Jorge Glas. Aseguró que permanece en condiciones de “extrema desnutrición”. En ese contexto, solicitó que sea entregado a Colombia. Este punto añade una dimensión humanitaria al conflicto.

El mandatario anunció que publicará una lista de ecuatorianos extraditados por su gestión. Según indicó, busca demostrar cooperación internacional contra el crimen. La promesa anticipa nuevos datos en el debate político. El tema podría ampliar la controversia.

Las declaraciones también incluyen acusaciones sobre presiones externas. Petro mencionó a la oposición vinculada a Álvaro Uribe. Además, habló de gestiones en oficinas del senador estadounidense Marco Rubio y sectores de Florida. Según afirmó, existiría una coordinación internacional en su contra.

Política

Petro dice que autoridades ecuatorianas tienen la orden de "conseguir bandidos que lo acusen"

Daniel Alejandro Romero Páez

La decisión publicada hace referencia a la necesidad de que el Ejecutivo remita la versión final a la Corte antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referéndum.

Con esta publicación se reabre el debate sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de enviar el documento con las correcciones directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no a la Corte Constitucional.

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¿Qué exige la sentencia?

En la sentencia publicada se señala: “Disponer que, en caso de que el presidente de la República adecúe la propuesta a lo establecido en este dictamen, se prosiga conforme al procedimiento de referendo prescrito en la Constitución y demás normativa aplicable”.

Para dar ese paso, la Corte también estableció: “Previo a la emisión del decreto ejecutivo de convocatoria a referendo, el presidente de la República remitirá el contenido final de la propuesta a la Corte Constitucional para una verificación de cumplimiento inmediata”.

Pese a ello, el primer mandatario decidió incorporar las correcciones, pero remitió el documento final directamente al CNE para que este lo ponga en conocimiento de la Corte. 

El pasado 6 de abril, el organismo conoció formalmente el documento en una sesión del Pleno y decidió remitirlo a la Corte, a pesar de las observaciones de la vocal Elena Nájera, quien insistió en que esa no era una facultad del CNE.

Lo que debes saber 

• El choque entre Colombia y Ecuador sube de tono con nuevas acusaciones.
• Petro responde a Noboa con señalamientos internacionales.
  
• La disputa incluye narcotráfico, frontera y política regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las acusaciones del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa con un extenso mensaje en X publicado el 18 de abril. El pronunciamiento surge tras los señalamientos sobre narcotráfico, seguridad fronteriza y supuestos vínculos con criminales. Petro rechazó cualquier relación con el capo alias Fito y negó contactos con estructuras criminales. Además, defendió la cooperación judicial entre ambos países.

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Daniel Noboa: "No es guerra a colombianos, es al narcotráfico"; cuestiona a Gustavo Petro

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“Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió el mandatario colombiano. Afirmó que su gobierno ha capturado delincuentes nacidos en Ecuador y los ha entregado a las autoridades. También criticó la influencia de sectores políticos colombianos en la narrativa del gobierno ecuatoriano. Según dijo, Noboa “se deja llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana”.

El presidente colombiano vinculó esa narrativa con el caso electoral de Andrés Arauz y acusaciones del ELN. Aseguró que un fiscal colombiano viajó a Quito antes de elecciones para vincular al candidato progresista con la guerrilla. Petro afirmó que “era mentira pero le hizo perder las elecciones”. Añadió que nadie ha sido procesado por ese episodio.

Petro habla de EE. UU., grabaciones y mediación internacional

El mandatario aseguró que autoridades ecuatorianas habrían recibido órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar acusaciones en su contra. Según Petro, esto buscaba mantenerlo en la lista de la OFAC. Afirmó que Noboa “recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe con la que confabula la interferencia en las elecciones” con la oposición colombiana liderada por Álvaro Uribe. También dijo haber entregado grabaciones a Washington.

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Petro sostuvo que habló personalmente con Donald Trump para explicar la situación. Aseguró que pidió mediación con Noboa, pero que el tema fue delegado a Marco Rubio. El mandatario lamentó los impactos económicos en la frontera. Mencionó específicamente a Nariño y Putumayo.

En el cierre del mensaje, Petro destacó avances en erradicación de coca. Afirmó que en la frontera con Ecuador se arrancaron voluntariamente 22.000 hectáreas en 2025. Sostuvo que es la primera reducción desde 2018. Dijo que se han tomado medidas para proteger a la población.

Contexto: qué dijo Noboa y por qué empezó la polémica

En entrevista con la revista Semana, Noboa acusó a Petro de beneficiar al narcotráfico. Sostuvo que Colombia habría retirado tropas de la frontera. Según el presidente ecuatoriano, esa decisión permitió que grupos armados controlen zonas limítrofes. Afirmó que el aumento de cultivos ilícitos afecta directamente a Ecuador.

Noboa aseguró que el crecimiento de sembríos de coca está en niveles récord. Dijo que la narrativa del gobierno colombiano justifica a quienes cultivan coca por necesidad. También señaló que criminales ecuatorianos habrían recibido documentos colombianos. Por ello lanzó la frase: “el que baila merengue con la mafia es él”.

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El mandatario ecuatoriano defendió la política de seguridad de su gobierno. Aseguró que ha sufrido atentados en el contexto del conflicto interno contra el crimen organizado. Insistió en la necesidad de combatir el narcoterrorismo con firmeza. Añadió que estos grupos usan discursos ideológicos para protegerse.

La estadía en Manta y la polémica por Fito

Noboa también se refirió a la visita de Petro a Manta tras su posesión presidencial de 2025. Afirmó que las propiedades visitadas tendrían vínculos con el narcotráfico. Sin presentar pruebas, dijo que Petro se reunió con miembros de Revolución Ciudadana. Señaló que algunos tendrían nexos con Fito.

El capo es líder de Los Choneros y fue extraditado a Estados Unidos. Noboa aclaró que no tiene evidencia de reuniones directas con criminales. Sin embargo, insistió en que existen conexiones indirectas. Las acusaciones intensificaron la tensión diplomática entre ambos gobiernos.

Lo que debes saber 

• Un acuerdo entre Washington y Kinshasa inicia traslados de extranjeros a África.
• Las cifras del primer grupo generan dudas y debate humanitario.
• Ecuador confirma que uno de sus ciudadanos está entre los deportados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador confirmó que un ciudadano ecuatoriano fue trasladado a la República Democrática del Congo tras un proceso migratorio en Estados Unidos. El hecho ocurrió en el marco del acuerdo de “Tercer País Seguro” entre Washington y Kinshasa. El traslado se ejecutó luego de que su solicitud de asilo fuera negada. La Cancillería informó que el caso sigue bajo seguimiento consular.

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En su boletín oficial, la entidad señaló que “un ciudadano ecuatoriano fue trasladado el 15 de abril de 2026” tras información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Según el documento, el migrante expresó su deseo de no regresar a Ecuador. Un juez de inmigración dispuso restringir su retorno al país. Esta decisión se basó en mecanismos de protección previstos en instrumentos internacionales.

El consulado ecuatoriano informó a los familiares del migrante y aseguró que permanece en condiciones seguras. “La persona se encuentra en un espacio de acogida, en condiciones adecuadas y seguras”, indicó la Cancillería. También se confirmó que mantiene contacto permanente con su familia. El Gobierno reiteró que continuará brindando asistencia consular.

Primer grupo de migrantes llega a Kinshasa

El primer grupo de deportados llegó el 17 de abril a Kinshasa, capital congoleña, marcando el inicio del acuerdo bilateral. El traslado ha generado cuestionamientos por sus implicaciones humanitarias. El programa permite enviar migrantes a terceros países. Este mecanismo forma parte de la cooperación entre ambos gobiernos.

Fuentes aeroportuarias citadas por Reuters y el portal Opinion-Info informaron que viajaban personas de Ecuador, Perú y Colombia. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana confirmó que solo uno era de su país. Esta diferencia de cifras generó dudas sobre el número total de pasajeros. La composición exacta del grupo aún genera interrogantes.

Una migrante aseguró que el grupo estaba compuesto por 16 personas, nueve hombres y siete mujeres. Una fuente aeroportuaria redujo la cifra a 15 personas. Días antes se había anticipado que más de 30 migrantes podrían ser trasladados. Finalmente, el número se redujo de forma significativa.

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Decisiones judiciales y acuerdo bilateral

El acuerdo entre Washington y Kinshasa fue anunciado el 5 de abril. Forma parte de una cooperación más amplia en seguridad y minerales estratégicos.

Al llegar al país africano, los migrantes recibieron una visa inicial de siete días. Esta puede extenderse hasta tres meses según autoridades locales. También se informó sobre la posibilidad de solicitar asilo. Sin embargo, las condiciones generan incertidumbre entre los recién llegados.

Funcionarios advirtieron sobre riesgos de seguridad en el territorio. Esta advertencia incrementó la preocupación por su permanencia. El traslado abre un nuevo debate sobre deportaciones a terceros países. Mientras tanto, Ecuador mantiene el seguimiento del caso del ciudadano trasladado.