Lo que debes saber

• Jaime Nebot critica estado de Guayaquil tras dejar Alcaldía en 2019.
• Nebot deslinda al PSC de derrota electoral de Cynthia Viteri en 2023.
• Aquiles Álvarez ganó Alcaldía de Guayaquil y enfrenta procesos judiciales.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, sostiene en una entrevista con Diario EXPRESO que, tras su salida del Municipio en 2019, el trabajo realizado por él y por su antecesor, León Febres-Cordero, fue descuidado y que ahora la ciudad se encuentra sin autoestima y sin rumbo.

Política

Exalcalde Jaime Nebot analiza el presente de Guayaquil: "Una ciudad sin rumbo, sin metas"

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La postura de Jaime Nebot sobre Cynthia Viteri

Al ser consultado sobre por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no pudo continuar con su legado y el de Febres-Cordero, Nebot se limitó a señalar que "lo que se construye en una era, se puede destruir en una hora".

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Aunque dice que prefiere no calificar la gestión de sus sucesores, Nebot sí es enfático al señalar que la realidad es crítica. "La realidad es muy distinta de lo que yo dejé en todo sentido. Esta es una ciudad sin rumbo, una ciudad sin metas, una ciudad con servicios colapsados (...)".

En ese sentido, hace hincapié en que no le podrán quitar su legado y que "si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o de quien lo empeoró".

PSC no tiene la culpa de haber perdido Guayaquil

Por otro lado, al ser consultado sobre cuál es el mea culpa que ha hecho el Partido Social Cristiano tras haber perdido la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas en 2023, Nebot sostiene que ese resultado fue responsabilidad de los administradores y no del PSC, porque el partido no administra ninguna institución pública.

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Jaime Nebot alerta de una estrategia para ganar elecciones "descalificando a los que tienen votos"

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La derrota de Viteri y llegada de Aquiles Álvarez

Cynthia Viteri fue una figura muy cercana al Partido Social Cristiano durante más de 20 años y ocupó diferentes cargos públicos. En 2019 fue la carta del PSC para dar continuidad a la administración municipal tras la salida de Nebot y la imposibilidad de que este se reeligiera debido a la reforma constitucional que limitó la reelección a un período adicional.

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Aunque ganó esa elección, cuatro años después, en 2023, su gestión fue cuestionada y perdió la Alcaldía de Guayaquil frente a Aquiles Álvarez, entonces respaldado por la Revolución Ciudadana. Actualmente, Álvarez permanece privado de libertad sin una sentencia condenatoria ejecutoriada, en el marco de distintos procesos judiciales.

Datos clave de la administración de Guayaquil

"La realidad es muy distinta de lo que yo dejé en todo sentido. Esta es una ciudad sin rumbo, una ciudad sin metas, una ciudad con servicios colapsados", sostiene Jaime Nebot.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot sostiene que la ciudad de Guayaquil perdió rumbo tras su salida del municipio, en 2019.
  
• El exalcalde señala que la prisión preventiva de Aquiles Álvarez es un golpe político para el Puerto Principal.
• Nebot cuestiona que la justicia sea utilizada para fines electorales tras detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, analiza con EXPRESO la crisis del municipio que dejó en 2019, la gestión de Aquiles Álvarez y el futuro político de la ciudad ante las próximas seccionales de noviembre de 2026. En una entrevista exclusiva, el exlíder municipal rompe el silencio para evaluar la pérdida de rumbo institucional, el impacto de la judicialización de la política en el Puerto Principal y el estado de los grandes proyectos de movilidad e infraestructura como la Aerovía y el nuevo aeropuerto.

Política

Jaime Nebot habla de recuperar la autoestima de Guayaquil y revela su futuro político

Richard Josue Jimenez Mora

Jaime Nebot después de la Alcaldía de Guayaquil

- Desde que salió de la Alcaldía sus apariciones han sido puntuales. ¿Por qué se ha mantenido al margen?

Porque cuando uno es funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas permanentemente. Soy de las personas que creen que uno tiene que hablar cuando tiene algo que decir, y es lo que he hecho.

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- ¿Pero con conferencias y entrevistas basta para incentivar el cambio del que usted habla en sus intervenciones?

No, pero una situación como la actual, donde el cambio es indispensable y no simplemente necesario para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil, me obliga a una frecuencia mayor dentro de este plano. Estamos para ayudar a resolver problemas, no para crearlos.

Crisis municipal y la pérdida de la identidad guayaquileña

- En su más reciente aparición pública usted destacó la huella que las administraciones de León Febres-Cordero y la suya dejaron en la ciudad. ¿Por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no lo pudo sostener?

En esa misma conferencia terminé con una frase: lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. No estoy para calificar a las personas que me han sucedido, sino para calificar la realidad. Y la realidad es muy distinta de lo que yo dejé. Esta es una ciudad sin rumbo, sin metas. A eso hay que volver, porque el mayor de los bienes que tiene un ciudadano es su autoestima, y ha desaparecido.

Si ganamos (la Alcaldía de Guayaquil) y quien resulte electo no cumple, nosotros mismos impulsaremos la revocatoria de mandato.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- ¿En qué momento desapareció esa autoestima?

Cuando se van deteriorando las cosas.

- ¿Quién es responsable? En 2023, el proyecto del PSC no fue ratificado por los guayaquileños y eligió a Aquiles Álvarez como alcalde.

El pueblo pensó que algo no estaba bien. El legado no me lo pueden quitar, porque es lo que yo hice. Si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o lo empeoró.

El rol del Partido Social Cristiano y la situación de Aquiles Álvarez

- ¿Cuál es el mea culpa que hace el PSC tras perder su bastión, Guayaquil, en 2023?

Uno hace mea culpas cuando tiene la culpa de lo que pasa. El que tiene la culpa o el mérito es el que administra o quiere administrar. Y el partido no administra.

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- Tal vez otras figuras, como Doménica Tabacchi, habrían podido ser una mejor opción...

Lo que pasó, pasó. Y lo que no pasó, no va a pasar. El pasado se acabó y sirve para enmendar errores o rescatar aciertos.

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- ¿Qué opina de la administración de Aquiles Álvarez? Permanece preso sin tener una sentencia condenatoria.

Separemos lo judicial de lo político-representativo. La justicia tendrá que resolver, ojalá dentro de la ley, lo justo. ¿Cómo no va a afectar a una ciudad que el alcalde esté preso? La ciudad está a la deriva y eso afecta y mancha el orgullo de ser guayaquileño.

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- ¿Es un perseguido político?

El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo es que es un escenario terrible. La ciudad de Guayaquil está a la deriva. La ciudad que yo dejé, comparada con esta, es otra ciudad.

- No es el único caso. Este 3 de junio de 2026 fue detenido el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por un supuesto caso de lavado de activos a pocos meses de las elecciones...

Ahora esa parece ser una patente para tratar de ganar elecciones: descalificar a los que tienen los votos. No conozco el fondo, pero parece, porque es algo que sucede en Guayaquil, Cuenca, Portoviejo... Y eso está mal. Los votos se ganan cumpliendo, con seriedad.

Perfil del próximo alcalde y desafíos de movilidad para Guayaquil

- Con las seccionales cerca, ¿cuál es el perfil de alcalde que necesita Guayaquil para no estar a la deriva?

Debe tener conocimiento de los problemas y sus soluciones, para quién se solucionan los problemas. Pero, sobre todo, el administrador tiene que saber que un alcalde no es un simple hacedor de obras, sino alguien que representa a una comunidad y defiende lo que la gente quiere.

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- Sin embargo, hay situaciones como la del alcalde Álvarez, que ha denunciado que precisamente por defender los intereses de Guayaquil ha sido víctima de persecución por parte del Gobierno.

Yo me enfrenté a Rafael Correa públicamente, sin insultar, pero con tesis muy claras y contrarias a las que sostenía el presidente, y no me pasó nada. La verdad no ofende. Y si ofende, es problema del ofendido.

El Gobierno de Daniel Noboa y cualquier presidente puede hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- El próximo alcalde deberá asumir viejos retos de la ciudad como la movilidad. ¿Cómo mejorarla, sin caer en situaciones como la Aerovía?

La Aerovía se hizo porque había que hacer una vía paralela aérea al puente de la Unidad Nacional. ¿Por qué se ha quedado solo para el turismo? Porque no hay un sistema de alimentación en Durán, porque no les ha dado la gana de hacerlo, y porque se ha permitido que el exceso de buses y de tráileres continúe.

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- ¿El río puede ser otra opción para la movilidad?

Hay que recuperarlo turísticamente, pero el transporte acuático para personas no es rentable por velocidad, por costo y, sobre todo, porque es una sola vía. Se tendría que dejar a la gente en varias estaciones a lo largo del malecón para que se bajen y luego tomen nuevos transportes. No es una solución integral ni válida, aunque sea bonita.

Crisis de seguridad y el futuro del aeropuerto de Daular

- La seguridad es otro reto. ¿Cómo trabajar con el Gobierno sin llegar a los extremos de la intervención, como sucede con Segura EP, o no contar con apoyo, como ha denunciado el alcalde Aquiles Álvarez?

¿Cuando fui alcalde hubo ese conflicto? No, porque había un alcalde que hacía respetar la autonomía, pero era consciente de que había que aportar para tener una política de seguridad. No desprecio ningún esfuerzo, pero el tema no está acabado. Guayaquil está entre las ciudades más peligrosas del mundo. Hay esfuerzo, sí; hay una solución, no.

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- La posible construcción de un aeropuerto en Taura por parte del Gobierno es otro de los temas con los que el próximo alcalde deberá convivir. ¿El fideicomiso para el aeropuerto en Daular corre peligro?

El Gobierno de Daniel Noboa y de cualquier presidente tiene facultad para hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil. Pero no puede coger la plata de Guayaquil para hacerlo en Naranjal. Al fideicomiso no le pasará nada porque no lo puede tocar, salvo que viole la ley penal.

Su llegada al cargo se produjo en medio de cuestionamientos por un conflicto de intereses, señalado por políticos y organizaciones de la sociedad civil, ya que su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales (+), tenía relación con Hispana de Seguros y Reaseguros S. A., empresa que prestaba servicios al Biess.

El abogado de 50 años ha estado vinculado al estudio jurídico Cabezas & Cabezas-Klaere, donde trabajaba su padre y tenía acciones junto con su hermano Felipe. En la actualidad, sus acciones ahora las tiene su hijo Luis Alberto Cabezas-Klaere Ayala.

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EXPRESO intentó sostener una entrevista con Cabezas-Klaere, pero este no aceptó. “Cualquier respuesta a la entrevista sin duda será manipulada o sacada de contexto”, argumentó.

Desde este miércoles 3 de junio de 2026, este Diario publica varios episodios de los pasos del abogado escogido por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar cargos claves en la sociedad ecuatoriana.

A las preocupaciones pasadas de organizaciones de la sociedad civil se suman otras alertas, como lo hizo la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa (editora de EXPRESO).

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Al momento de la posesión de Cabezas-Klaere, el Biess mantenía una póliza de seguro de desgravamen prorrogada con Hispana de Seguros, para los préstamos hipotecarios. Esta situación se originó porque se suspendió el concurso para elegir a las empresas que ofrecerían ese aseguramiento y por acciones legales para culminar ese proceso, en 2022.

Este Diario solicitó una entrevista a dicha compañía, a través de un correo electrónico. Como respuesta, se indicó que sus políticas “no permiten entrevistas presenciales ni en vivo”.

En términos económicos, el Biess pagaba a Hispana de Seguros aproximadamente $60 millones al año por ese servicio.

En la actualidad, tres empresas, entre esas Hispana, ofrecen el seguro de desgravamen. A finales de 2024, la administración de Cabezas-Klaere en el Biess impulsó un concurso para escoger a las aseguradoras. Los afiliados y jubilados que tenían un préstamo tenían que escoger a una de las tres empresas, cuya tarifa es la misma. Quien no hacía la elección, automáticamente mantenía la cobertura con la compañía que venía ofreciendo el producto (Hispana), informó el Biess en ese año.

Sobre las acusaciones de conflicto de intereses, medios periodísticos han señalado que, tras su llegada a la gerencia del Biess, el nombre del padre de Cabezas-Klaere “desapareció” de los registros de la Superintendencia como directivo de la aseguradora.

EXPRESO tuvo acceso a una captura de pantalla del documento digital que data del 6 de febrero de entonces, donde se lee el nombre de esa persona y la leyenda “Miembro del Directorio-Presidente”. En una revisión al portal de la ‘Super’, del 19 de marzo de 2026, un equipo de este Diario no halló información en el apartado de Administradores Anteriores: “No se ha encontrado información para mostrar”. Sin embargo, en los registros de la aseguradora sí consta el nombre de Luis Alberto Cabezas Parrales como miembro del directorio.

En un episodio reciente, se volvió a denunciar cambios en los registros societarios. El 5 de marzo pasado, Raúl Chávez publicó un tuit dedicado a Cabezas-Klaere: “A partir del 15 de mayo del 2025, cuando esté posesionado como nuevo asambleísta de la república del Ecuador, voy a pedirle que sustente por qué han manipulado información del portal del sistema de consultas de la ‘Super’ de Compañías (...). Todo para proteger a los que entregaron el campo Sacha a dedo”.

Yo pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio.

Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

En torno a los vínculos del funcionario, dirigentes de la sociedad civil, como Henry Llanes, del Frente Nacional por un Nuevo IESS, solicitaron a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos un examen especial y un análisis al nombramiento de Cabezas-Klaere como gerente del Biess, en ese mismo orden.

La denuncia argumentaba que su designación contravenía el artículo 10 (numerales 4 y 6) de la Ley del Biess, que prohíbe ser directivo a quienes tengan vinculación con el sistema de seguros privados o representen intereses de terceros en dichas compañías.

“Pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio. El estudio jurídico asesoraba a Hispana y el padre de Cabezas-Klaere era presidente de Hispana de Seguros”, remarcó Llanes, quien dijo no haber recibido respuesta de la Contraloría.

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Este Diario preguntó a esa institución sobre ese pedido. También solicitó el documento del análisis. Ante lo cual, la entidad dijo que realizó una verificación preliminar en 2024, constatando que “la designación del funcionario se realizó conforme a la normativa y a la ley, por lo que no se identificaron irregularidades”. Sigue pendiente la entrega de la documentación.

La gestión de Cabezas-Klaere en el Biess finalizó en octubre de 2024, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Las claves que debes saber

• Audio de Ecuavisa del 25/07/2025 revela a Inés Manzano coordinando con Celec para bloquear fiscalización del caso Progen en Ecuador.
• Conversación implica a Manzano y Diana Jácome en estrategia en Asamblea para evitar control del correísmo sobre Progen.
• Fiscalía habría excluido audio y pruebas clave y mantiene peculado pese a indicios de delincuencia organizada en Progen.

El audio que sacó al aire Ecuavisa, en el que se escucha a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, coordinando con Fabián Calero, de Celec, es la prueba de algo que ya se olía en el caso Progen: ahí hubo mucho más que peculado; huele a delincuencia organizada. Y en un eventual caso de delincuencia organizada, la investigación debería extenderse a muchos más actores que participaron en el robo al erario público de Ecuador y en el intento, evidentemente coordinado entre varios, de encubrirlo.

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Lo que hizo el audio fue poner en evidencia que el Gobierno diseñó y ejecutó un operativo político para bloquear la fiscalización en la Asamblea. 

Y, al menos en ese operativo, estuvieron involucradas dos figuras de alto perfil en la administración de Daniel Noboa: Inés Manzano y Diana Jácome. La primera, como ministra de Energía, y la segunda, que ya salió a negarlo todo, como presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea.

Las supuestas instrucciones del audio de Manzano

De acuerdo con el audio, el 25 de julio de 2025 la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, dio instrucciones a Fabián Calero, quien actuaba como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En esas instrucciones le decía que se había acordado dentro del Gobierno que el caso Progen iba a ser conocido por la comisión presidida por Jácome, como estrategia para evitar que otras comisiones, donde había mayoría del correísmo, se apoderaran de la fiscalización y evitar así el primer intento de interpelación política por los casos Progen y ATM.

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El contenido de la supuesta conversación es contundente. Manzano no solo le cuenta a Calero que existe un acuerdo con Jácome para impedir que el correísmo se tome el tema, sino que le pide (y esto quizá es lo más grave) que diga únicamente aquello que no complique más a los responsables de la trama.

“Lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a las comparecencias porque otra comisión, donde está la mayoría de Revolución Ciudadana, también lo estaba pidiendo, y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: ‘prefiero llamarlo yo’”, le dice Manzano a Calero en la primera parte. 

Manzano habría instruido qué responder en Comisión

Luego le comunica que será él quien acudirá a la audiencia y le sugiere que las preguntas que le harán ya están acordadas. “Entonces, es por eso que tendría que ir y las preguntas ya se imaginan lo que van a ser”.

Por último, le ordena lo más delicado: que no diga nada que pueda comprometer a los protagonistas de la trama. “Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo y que tiene el tema de la... eh... No sé si hay una... eh... Mejor dígame qué puede decir que no vaya a ahondar más en el problema”, le dice Manzano a Calero.

Según ese medio, el audio estaba en manos de la Fiscalía, pero no había sido incorporado al expediente del caso.

La instrucción de Manzano se cumplió en la Comisión

Como resultado de estas directrices, la primera comparecencia en la comisión de Jácome se realizó sin la presencia de los ministros encargados, es decir, Manzano y Roberto Luque, quienes delegaron las respuestas al entonces viceministro Calero. El proceso derivó en un informe final sin establecimiento de responsabilidades políticas.

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La aparición de este material pone en evidencia que hay muchos actores que han actuado de forma concertada y coordinada para cometer el delito y encubrirlo. No solo están las instrucciones de Manzano a Calero en el audio, sino también la actuación de la Fiscalía. 

Audios y videos fueron entregados a Fiscalía

Tanto ese audio como otros documentos y videos (por ejemplo, el de los técnicos que denunciaban desde un hotel en Estados Unidos que se estaban comprando equipos que no servían), que son fundamentales para identificar a los responsables de la estafa, han sido deliberadamente excluidos del expediente por el fiscal Carlos Alarcón.

Es decir, todo apunta a que incluso Alarcón y otros funcionarios de la Fiscalía podrían ser parte de un plan concertado entre varios actores para encubrir el delito. Eso sin mencionar la no vinculación en el juicio de dos exministros claves en esta historia: la propia Manzano y Roberto Luque, así como de los dos administradores de los contratos.

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Y lo de la Fiscalía no termina ahí. Tampoco ha incluido en el proceso el contrato que Progen firmó para la planta de generación de Catamayo, donde se perfeccionó el modelo del negociado.

¿Y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)? Ese organismo tampoco hizo su trabajo pese a que, se conoce, allí existía información sobre el desfalco.

Hasta ahora, la Fiscalía ha estado presentando el caso como un delito de peculado. Pero, tal como están las cosas, aquí hay una acción concertada, lo que apunta a un posible delito de delincuencia organizada.

Diferencias entre peculado y delincuencia organizada

De acuerdo con el sistema penal ecuatoriano, en el peculado hay una o varias personas que se benefician del robo de recursos públicos. En el delito de delincuencia organizada, en cambio, se requiere la participación coordinada de varias personas y puede involucrar a funcionarios, políticos y empresarios particulares.

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Las penas también son diferentes. El delito de peculado está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En cambio, para la delincuencia organizada, la pena varía según el rol que tenga la persona dentro de la organización: los dirigentes, financistas o quienes ejerzan mando enfrentan penas de 10 a 13 años de prisión, mientras que los integrantes o colaboradores pueden recibir entre 7 y 10 años.

Según penalistas consultados, en este caso podrían coexistir ambos delitos. Sin embargo, la Fiscalía no ha querido hablar de delincuencia organizada.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa designó a Emilia María Reece Holguín como su nueva delegada permanente ante el directorio de la empresa pública Servicios Postales del Ecuador (SPE EP).
• Reece reemplaza en el cargo a María Daniela Conde Cajas.
• Reece es hija de la exasambleísta Marcela Holguín, quien pasó del correísmo a filas del oficialismo.

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Emilia María Reece Holguín como su nueva delegada permanente ante el directorio de la empresa pública Servicios Postales del Ecuador (SPE EP), mediante el Decreto Ejecutivo 397 firmado este miércoles 3 de junio.

(Te puede interesar: Ministerio de Educación defiende actividades de los sábados y anuncia descanso compensatorio)

Con esta decisión, el Ejecutivo realizó un relevo en la representación dentro de la entidad estatal, al dar por terminadas las funciones de María Daniela Conde Cajas, quien también ha ocupado otros puestos dentro del Gobierno, como viceministra de Hidrocarburos y gerente subrogante de Petroecuador.

La nueva delegada pasará a integrar el Directorio de la empresa pública, creada en 2021 como parte del proceso de liquidación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, cuyo cierre se ha extendido. La compañía se mantiene en funcionamiento mientras se completa esa transición institucional.

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¿Quién es Emilia Reece Holguín?

Emilia Reece Holguín ha ocupado cargos en la Presidencia de la República y también se desempeñó como delegada presidencial en Ferrocarriles del Ecuador. Además, ha tenido participación política como directora del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en la provincia de Pichincha.

Su nombramiento también ha generado atención por su vínculo familiar, ya que es hija de la exasambleísta Marcela Holguín, quien tras su paso por el correísmo se integró al actual Gobierno como gerenta de Medios Públicos.

Lo que debes saber 

• Educación defendió las actividades complementarias de los sábados y aseguró que los docentes recibirán días de descanso compensatorio. 
• La UNE prepara una demanda de inconstitucionalidad y anuncia movilizaciones, el Gobierno insiste en que no se trata de clases regulares para estudiantes.
• La polémica crece por las diferencias entre el contenido del acuerdo y las declaraciones oficiales.

Luego de que la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciara una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo que regula actividades complementarias los sábados, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que defendió la medida y aclaró que los docentes recibirán días de descanso compensatorio por el tiempo laborado.

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UNE demandará la inconstitucionalidad del acuerdo que establece actividades escolares los sábados

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La cartera de Estado señaló que las actividades institucionales contempladas en el acuerdo deberán ser previamente planificadas y autorizadas. Además, precisó que estas jornadas podrán desarrollarse en sábados específicos del año escolar y que los maestros tendrán derecho a una compensación equivalente por el tiempo trabajado.

Ministerio asegura que no habrá clases regulares los sábados

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la UNE fue la supuesta ampliación de la jornada laboral docente. Frente a ello, el Ministerio enfatizó que las actividades complementarias "no constituyen, en ningún caso, una jornada regular de clases los sábados para los estudiantes".

Según el comunicado, la medida busca regular actividades extraordinarias que ya se realizan en determinados momentos del calendario escolar y que estarán enfocadas en iniciativas académicas, culturales, deportivas y formativas.

Política

Reproducción humana asistida: ¿qué alertas y respaldos surgieron en el foro de la Comisión de Salud?

Marco Rivera

Gobierno destaca compensación para los docentes

La institución sostuvo que, por primera vez, los docentes que participen en este tipo de actividades accederán a un mecanismo formal de compensación mediante días de descanso. El Gobierno considera que esta decisión representa un reconocimiento al trabajo adicional que realizan los maestros fuera de sus funciones habituales.

De acuerdo con los lineamientos anunciados, los días de descanso compensatorio podrán ser utilizados entre Navidad y Año Nuevo o al finalizar el período anual de vacaciones docentes, en fechas donde no existan actividades académicas para los estudiantes.

Política

Comisión de la Niñez cuestiona al Ministerio de Salud por crisis en Taisha y caso en Portoviejo

Marco Rivera

Actividades incluirán deporte, cultura y refuerzo académico

El pronunciamiento se produce horas después de que la presidenta de la UNE Guayas, Gabriela Menéndez, anunciara que el gremio presentará una demanda de inconstitucionalidad una vez que el acuerdo sea publicado en el Registro Oficial. La dirigente también adelantó movilizaciones para exigir la derogatoria de la medida.

Además, Menéndez cuestionó las declaraciones de la ministra de Educación, quien habría señalado que la participación en estas actividades sería opcional. Según la representante gremial, el contenido del acuerdo establece que las actividades son de carácter obligatorio, por lo que considera que existe una contradicción entre lo manifestado públicamente por las autoridades y el texto de la normativa.

Lo que debes saber

• Expertos nacionales e internacionales expusieron posiciones opuestas sobre la reproducción asistida durante un foro en la Asamblea Nacional.
• Mientras unos defendieron estas técnicas como un derecho reproductivo, otros alertaron sobre riesgos médicos y éticos. 
• El debate se produce en medio del análisis de una nueva ley para regular estos procedimientos en Ecuador.

La discusión sobre la reproducción asistida en Ecuador sumó nuevos argumentos este miércoles 3 de junio durante un foro organizado por la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional. Especialistas nacionales e internacionales analizaron los beneficios, riesgos y desafíos que deberá considerar el proyecto de ley que busca regular estos procedimientos en el país.

Política

Ministerios piden salvaguardas en proyecto de reproducción asistida en la Asamblea

Marco Rivera

El encuentro reunió a médicos, investigadores y expertos en bioética en momentos en que la Asamblea tramita una normativa específica sobre técnicas de reproducción humana asistida. Las intervenciones evidenciaron posturas distintas sobre el alcance de estos tratamientos y sus efectos a largo plazo.

Mientras algunos expositores defendieron estas técnicas como una respuesta médica frente a la infertilidad, otros advirtieron sobre aspectos relacionados con la salud de los niños nacidos mediante estos procedimientos, las tasas reales de éxito y los desafíos éticos que enfrentan varios países.

Reproducción asistida: las advertencias planteadas por expertos internacionales

Uno de los criterios más críticos fue expuesto por Francisco Güell, experto en bioética y epigenética del desarrollo de la Universidad de Navarra, quien señaló que Ecuador tiene la oportunidad de aprender de las experiencias acumuladas en otras legislaciones.

“Ecuador tiene una oportunidad de oro para hacer una legislación que recoja todo lo que se ha ido aprendiendo y todo lo que han ido experimentando otros países”, afirmó durante su intervención ante los asistentes.

El investigador explicó que la evidencia científica internacional recomienda la transferencia de un solo embrión para reducir riesgos en madres y recién nacidos. Sin embargo, sostuvo que en Latinoamérica más de la mitad de los procedimientos continúan realizándose con la transferencia de más de un embrión.

Política

Reproducción humana asistida: ¿qué argumentos frenan su aprobación en la Asamblea?

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Fertilidad asistida: los argumentos a favor de su regulación

La posición favorable a estas técnicas fue defendida por Pablo Valencia, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva y director del Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana.

Valencia recordó que la Organización Mundial de la Salud reconoce la infertilidad como una enfermedad del aparato reproductor y destacó que la fecundación in vitro acumula décadas de investigación y aplicación clínica en distintos países.

“Hoy, 47 años después del nacimiento de Louise Brown, más de 10 millones de niños han nacido gracias a las técnicas de reproducción asistida en el mundo”, señaló el especialista durante el foro.

El médico presentó cifras de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida que muestran un crecimiento sostenido de estos tratamientos. Según indicó, Ecuador reportó cerca de 15.000 ciclos de reproducción asistida y alrededor de 4.200 nacimientos entre 2012 y 2024.

Además, destacó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 sobre la fecundación in vitro en Costa Rica, la cual reconoció los derechos reproductivos y el derecho a formar una familia de las personas afectadas por infertilidad.

Qué ofrece actualmente el sistema público para tratar la infertilidad

Desde la experiencia estatal, María Fernanda Morales, ginecóloga obstetra del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, expuso las limitaciones y avances existentes dentro de la red pública de salud.

La especialista explicó que ese hospital trabaja desde 1990 en tratamientos de infertilidad de baja complejidad y actualmente ofrece exámenes hormonales, ecografías especializadas, histerosalpingografías y seguimiento reproductivo para las pacientes.

Morales señaló que durante 2025 la institución atendió a 391 mujeres con problemas de fertilidad y ejecutó más de 3.200 procedimientos relacionados con diagnóstico y tratamiento.

“Tenemos todavía grandes brechas como contar con otros medicamentos y laboratorios que tengan mayor tecnología para poder pasar a otros sistemas un poco más avanzados”, manifestó.

Ecuador

Ley de procreación: ¿protección de derechos o riesgo para los involucrados?

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Medicina reproductiva restaurativa propone otra alternativa

Una visión diferente fue presentada por José Antonio Arrastoa, investigador en endocrinología reproductiva y profesor titular de la Universidad de Los Andes de Chile.

El especialista defendió el modelo de medicina reproductiva restaurativa, una estrategia que prioriza la identificación y tratamiento de las causas que originan la infertilidad antes de recurrir a procedimientos de reproducción asistida.

Según explicó, este enfoque busca recuperar la salud reproductiva de hombres y mujeres mediante diagnósticos más profundos, corrección de alteraciones hormonales y tratamiento de patologías que pueden impedir la concepción.

“No descuidemos el diagnóstico, no descuidemos la fisiología porque podemos equivocarnos y a la larga hacer un daño a los pacientes”, advirtió durante la presentación de varios casos clínicos.

El debate continuará en la Asamblea Nacional mientras avanza el análisis del proyecto de ley. Los criterios expuestos durante el foro reflejan la complejidad de una discusión que involucra ciencia, derechos reproductivos, salud pública y bioética.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección para designar al nuevo fiscal general del Estado aprobó el informe final de méritos y recalificación.
• La decisión se adoptó luego de resolver los 22 pedidos de recalificación presentados por los postulantes.
• Tras este trámite, se abrirá la fase de impugnación ciudadana.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso para designar al nuevo fiscal general del Estado avanzó a una nueva fase tras aprobar el informe final de méritos y recalificación.

La decisión se adoptó luego de resolver los 22 pedidos de recalificación presentados por los postulantes.

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Los resultados de la recalificación de méritos serán difundidos una vez que la Comisión notifique oficialmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Posteriormente, el informe correspondiente a esta fase será remitido al Pleno del CPCCS, que deberá conocer y dar paso a las siguientes etapas del concurso. Este procedimiento forma parte del cronograma establecido para la selección de la nueva autoridad.

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Selección del nuevo fiscal general de Ecuador: Avance a fase de impugnaciones ciudadanas

Tras este trámite, se abrirá la fase de impugnación ciudadana. En este periodo, cualquier persona podrá presentar objeciones fundamentadas contra los postulantes que siguen en el proceso.

La normativa establece que la ciudadanía contará con un plazo de cinco días para presentar estas impugnaciones. En total, son 28 los aspirantes que podrán ser objeto de observaciones en esta etapa.

Lo que debes saber 

• Mónica Palacios pidió que Fabián Calero e Inés Manzano comparezcan ante la Comisión de Garantías Constitucionales.
• La solicitud surge tras la difusión de audios y chats vinculados al Caso Progen revelados por Ecuavisa.
• La legisladora cuestiona posibles coordinaciones en comparecencias legislativas y exige aclaraciones públicas.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana por Estados Unidos y Canadá, Mónica Palacios, solicitó este 3 de junio que el exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, sea convocado a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. El pedido surge tras la difusión de audios y chats revelados por Ecuavisa sobre el denominado Caso Progen.

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Marco Rivera

La legisladora formalizó su requerimiento mediante un memorando dirigido al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime David Estrada Medranda. En el documento también solicita que comparezca la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La petición se produce luego de que el medio de comunicación difundiera una grabación en la que, según el documento remitido por Palacios, se escucharía a Manzano referirse a una supuesta estrategia para manejar comparecencias legislativas y evitar que avanzara un juicio político relacionado con los contratos eléctricos investigados.

Audios del Caso Progen motivan pedido de comparecencia

En su pronunciamiento público, Palacios sostuvo que Calero debe acudir a la Asamblea para aclarar el contenido de las comunicaciones reveladas y explicar su relación con los hechos expuestos en los audios y mensajes.

“Calero debe explicar sus comunicaciones con Inés Manzano y aclarar si existió coordinación con la asambleísta Diana Jácome para las comparecencias del Caso Progen, tal como se evidencia en los chats revelados anoche por Ecuavisa”.Mónica Palacios, asambleísta de la RC.

De acuerdo con el memorando, la información difundida señala que el audio habría sido enviado a un chat de Fabián Calero y posteriormente entregado a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el documento agrega que presuntamente ese material no constaría dentro del expediente respectivo.

La asambleísta argumentó que la comparecencia permitiría despejar dudas sobre el contenido de los audios y establecer si existieron acciones destinadas a influir en los procesos de fiscalización desarrollados en la Asamblea Nacional.

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Mónica Palacios cuestiona fiscalización del Caso Progen

Palacios también lanzó cuestionamientos sobre la actuación de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Diana Jácome, que llevó adelante el proceso de fiscalización relacionado con los contratos eléctricos y la compra de generadores.

"Estos audios y mensajes muestran la estrategia para encubrir el caso, realizando comparecencias previamente acordadas con los propios involucrados, sin hacer una verdadera fiscalización".Moónica Palacios, asambleísta de la RC.

En sus declaraciones, la asambleísta recordó que durante una de las sesiones de esa mesa legislativa se habría impedido la presentación de documentación bajo el argumento de inconvenientes técnicos. A su criterio, esos antecedentes deben ser esclarecidos por las autoridades involucradas.

El memorando enviado a la Comisión de Garantías Constitucionales sostiene que, de comprobarse los hechos mencionados en los audios, podría configurarse una afectación al ejercicio de las facultades de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional.

Asamblea deberá analizar solicitud de convocatoria

La legisladora también reaccionó a los pronunciamientos realizados por Diana Jácome tras la difusión de los audios. Según Palacios, las respuestas de la asambleísta oficialista forman parte de una estrategia para desviar la atención sobre el contenido de las revelaciones.

"Hoy, la asambleísta Jácome arremetió con insultos, amenazas y falsa victimización. Sus declaraciones confirman el cinismo de ADN frente a este escándalo y su interés por proteger a los involucrados".Mónica Palacios, asambleísta de la RC.

Finalmente, Palacios insistió en que el Caso Progen requiere explicaciones públicas por parte de quienes aparecen mencionados en los audios y mensajes divulgados. La solicitud de comparecencia deberá ser conocida y evaluada por la Comisión de Garantías Constitucionales para determinar si se convoca o no a los exfuncionarios señalados.

Lo que debe saber

• El audio atribuido a la exministra Inés Manzano reabrió las dudas sobre la fiscalización del caso Progen en la Asamblea
• La oposición sostiene que la grabación evidenciaría coordinaciones para manejar las comparecencias y ahora busca determinar responsabilidades políticas.
• Además del juicio político contra Inés Manzano, plantean llevar a Diana Jácome ante el Comité de Ética.

Tras la revelación del audio atribuido a la exministra de Energía Inés Manzano en el caso Progen, la oposición en la Asamblea centrará sus esfuerzos en dos vías: el juicio político contra la exfuncionaria de confianza del presidente Daniel Noboa y una denuncia ante el Comité de Ética del Legislativo por la supuesta actuación de la asambleísta Diana Jácome.

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Lo dicho en el audio causó revuelo ayer en la Asamblea Nacional. En la grabación difundida por Ecuavisa se habla de una supuesta coordinación entre Manzano y la presidenta de la Comisión de Transparencia para las comparecencias relacionadas con el caso Progen.

Una de esas comparecencias ocurrió el 2 de julio de 2025. Asistió a esa mesa legislativa Fabián Calero. Para entonces, ya se había iniciado un proceso de fiscalización a los contratos entre Celec y las empresas Progen y ATM para la entrega de generadores de energía.

Los generadores entregados nunca funcionaron y, tras el inicio de un proceso judicial en Estados Unidos en contra de Progen, la propia Celec reconoció que los equipos entregados eran usados y, en algunos casos, repintados.

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El caso tiene relevancia en la Asamblea porque fue la Comisión de Transparencia la que asumió la fiscalización, con el aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sobre las irregularidades en dichas contrataciones.

Jácome envió un oficio al CAL ante el inicio de otro proceso de fiscalización en la Comisión de Garantías Constitucionales, liderada y controlada por el correísmo. 

Al final, luego de seis meses de investigación, el informe de la mesa de Jácome no determinó responsables políticos, lo que cerró el paso, por ejemplo, a recomendaciones de enjuiciamiento político a ministros de Estado.

Ese informe fue aprobado en diciembre de 2025. Desde entonces nunca ha llegado al Pleno de la Asamblea. El propio Niels Olsen, presidente del Legislativo, dijo que se trataría en caso de ser necesario. Agregó que el mismo había sido remitido a las autoridades.

El juicio político contra Manzano

Con esos antecedentes, el correísmo ahora ve en el juicio político contra Inés Manzano la posibilidad de que se determinen responsabilidades políticas. El asambleísta Blasco Luna (RC) dijo que Manzano es el hilo conductor del caso. 

A ello agregó que el hecho de que la comisión no haya convocado a ministros como Manzano o Roberto Luque constituye un elemento adicional para impulsar la interpelación.

La posibilidad del Comité de Ética

“El audio salpica a legisladores de ADN que operaron para evitar la fiscalización”, insistió Luna, y con ello anticipó que también irán tras Diana Jácome. “Como bancada pediremos el inicio de un proceso a la Comité de Ética porque se involucra a legisladores que recibían disposiciones para no permitir la fiscalización”, aseguró.

A la posición del correísmo se sumó la fracción de Pachakutik que no pactó con el Gobierno Nacional. Mariana Yumbay dijo que lo revelado en el audio es una constatación de la sobreprotección del oficialismo a los ministros del actual régimen. “No es solo el audio sino cómo, en la Asamblea, se utilizan las comisiones para cometer esas irregularidades”.

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Desde el Partido Social Cristiano (PSC), la posición es de cuestionamiento al informe elaborado por la comisión. El legislador Otto Vera señaló que hubo deficiencias en el documento y por eso no votaron a favor. Sostuvo que una de las vías para retomar su análisis es que sea tratado en el Pleno.

Sobre el caso de Jácome, Vera fue más cauto. Dijo que un paso fundamental para cualquier proceso contra la legisladora en la Asamblea dependerá de la verificación del audio. También acusó a Fabián Calero de haberle mentido a la comisión, porque durante su comparecencia nunca se refirió a la conversación que ahora es de dominio público.

Jácome optó por le discurso y evadir las preguntas

En este escenario, Jácome optó por el ataque directo a la Revolución Ciudadana y por no responder las inquietudes de la prensa. Ayer convocó a una rueda de prensa en la que su principal argumento fue que no existía un audio, texto o mensaje atribuido a ella.

La rueda de prensa la ofreció sin toda su bancada. Estuvo acompañada por varios legisladores oficialistas que cerraron filas a su alrededor, aunque sin la presencia del nuevo jefe del bloque, Esteban Torres.

Jácome estructuró su defensa en tres puntos. 

El primero fue que el proceso de fiscalización llegó a su comisión porque así se había determinado durante el período legislativo anterior, presidido por Viviana Veloz.

El segundo fue que no existe ninguna conversación atribuida a ella que la involucre directamente. “¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, argumentó la presidenta de la Comisión de Transparencia. También aseveró que se trata de un audio de terceros y que las autoridades deberán corroborar su validez.

Posteriormente, la asambleísta aseguró que durante el proceso de fiscalización se permitió la participación de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Y acusó directamente a esa bancada de quererla fuera de la Asamblea porque, según afirmó, les resulta incómoda.

Así, los pedidos de fiscalización de la oposición vuelven a quedar en manos de ADN. El oficialismo controla tanto la Comisión de Fiscalización, en la que se tramitará el pedido de juicio político contra Manzano, como el Comité de Ética, al que podría llegar la queja contra Jácome por el audio.

Esta vez, el pedido en contra de Manzano al menos superó el filtro del CAL. Está previsto que hasta este fin de semana la Comisión de Fiscalización avoque conocimiento del proceso. Allí, ADN tiene seis votos fijos.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot denuncia uso de procesos judiciales como estrategia electoral.
• Detienen al alcalde de Esmeraldas por presunto lavado de activos.
• Operativo Blindado detecta transferencias de 7 millones de dólares.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reaccionó en entrevista con EXPRESO este 3 de junio de 2026 a la detención de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, por un caso de presunto lavado de activos. Nebot alertó sobre una posible estrategia electoral de fondo.

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La alerta de Jaime Nebot sobre el uso de la justicia

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) señaló que los recientes procesos judiciales contra alcaldes en Ecuador parecen una patente para tratar de ganar elecciones. Durante una entrevista con este medio, Nebot fundamentó su postura argumentando que es una situación recurrente en ciudades como Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. El exfuncionario enfatizó que los votos se ganan cumpliendo con seriedad y no mediante la descalificación judicial de figuras con respaldo popular.

Detalles del operativo "Blindado" en Esmeraldas

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la detención de Vicko Villacís ocurrió el 3 de junio de 2026 tras un año de investigaciones de la Policía Nacional y la UAFE. Las autoridades identificaron un esquema de dispersión de recursos que incluye retiros en efectivo y transporte de valores por más de 900 mil dólares a través de la compañía Reypezpacific S.A., de la cual el alcalde es el principal accionista.

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El futuro político de Guayaquil y el PSC

En la entrevista completa que se publicará este 4 de junio de 2026, Jaime Nebot también analizó la detención de Aquiles Álvarez y la situación administrativa de la urbe porteña. El líder del PSC abordó de forma frontal los retos para recuperar la Alcaldía de Guayaquil y las prioridades actuales para el desarrollo económico del Puerto Principal.

Las claves que debes saber

• Paola Pabón presenta demanda en la Corte Constitucional, en Quito, contra el reglamento Cootad por afectar autonomía de los GAD.
• El reglamento se emitió en el Decreto 392 de Noboa, donde fija 70% a obra pública y 30% al gasto de los GAD.
• Reglamento frenaría pagos y obras GAD y contratistas; Pabón pide medida cautelar a la Corte.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, llegó este 3 de junio de 2026 a la Corte Constitucional (CC), en Quito, para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del reglamento del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) porque, según dijo, la normativa "busca violar la autonomía financiera de los gobiernos locales, afectar la contratación y obra pública, e incluso, genera inseguridad jurídica en los contratistas privados".

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El reglamento fue emitido el pasado 22 de mayo por el presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 392. Con esa norma, el Ejecutivo busca que se aplique la reforma al Cootad, la cual dispone que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) destinen el 70% de sus presupuestos a la obra pública y el 30% al gasto corriente (sueldos y operaciones).

Reglamento incidiría en la ejecución de obras

Sin embargo, la prefecta asegura que el reglamento incidirá en el desarrollo de los proyectos de los gobiernos provinciales y juntas parroquiales, debido a que podría generar un escenario en el que los GAD planifiquen, adjudiquen las obras, pero no logren efectuar los desembolsos. "Afecta directamente la contratación y el pago de las obras, es decir afecta a los contratistas y esto puede ralentizar la obra pública", mencionó.

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Para la funcionaria, el reglamento "perfecciona una regla fiscal tramposa que tiene como objetivo disminuir los recursos a los GAD. Tiene afectación en la obra pública, en la vida de la gente, y atenta contra la misma reforma".

Pabón pide que CC dicte medidas cautelares

Anteriormente, Pabón, así como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentaron otras demandas de inconstitucionalidad, pero contra la reforma al Cootad. Aunque las acciones fueron admitidas, los magistrados aún no resuelven si la norma se contrapone a la Carta Magna.

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Al respecto, Pabón instó a los jueces constitucionales para que dicten la medida cautelar solicitada en la demanda contra dicha reforma, con el fin de evitar que también se aplique el reglamento. "Hago un llamado a que la Corte actúe, que emita las medidas cautelares, sino van a comenzar los recortes. El tratamiento (de la demanda) tomará mucho tiempo y vamos a tener menos recursos", señaló.

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Lo que debes saber 

• La Comisión de la Niñez cuestionó la ausencia del ministro de Salud durante una sesión de fiscalización.
• Legisladores denunciaron el abandono sanitario en Taisha y pidieron acciones urgentes
• También analizaron un caso de presunta negligencia médica ocurrido en un hospital de Portoviejo.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional cuestionó este 3 de junio de 2026 la ausencia del ministro de Salud durante una sesión de fiscalización en la que se analizaron denuncias sobre el estado del sistema sanitario en la Amazonía y un presunto caso de negligencia médica en Manabí.

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La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, abrió la sesión con críticas al Ministerio de Salud Pública por la falta de respuestas frente a los problemas reportados en comunidades amazónicas, especialmente en el sector de Wampuik, parroquia del cantón Taisha, donde habitantes reportaron la inundación de un centro de salud.

Durante la reunión se proyectó un video enviado por moradores de la comunidad. Las imágenes mostraron instalaciones cubiertas por el agua y dificultades para brindar atención médica a la población que depende de ese establecimiento sanitario.

Centro de salud inundado en Taisha genera reclamos

Veloz cuestionó la falta de presencia de autoridades sanitarias en el territorio y lanzó duras críticas al titular de la cartera de Estado.

“Tal parece que el ministro no existe y públicamente sí le increpo a ese ministro que renuncie, porque aparte no tiene ni las credenciales éticas ni las credenciales académicas”.Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez

La asambleísta sostuvo que el único centro de salud que atiende a más de 2.000 personas en la comunidad se encuentra afectado por la inundación y aseguró que, pese a los llamados realizados por los habitantes, no existía una respuesta inmediata de las autoridades nacionales.

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El legislador Ricardo Patiño respaldó las observaciones realizadas por la presidenta de la comisión. Recordó que en visitas anteriores se identificaron problemas relacionados con la falta de medicinas, deficiencias en laboratorios, limitaciones para esterilizar equipos médicos y ausencia de agua potable en la zona.

"No tienen lo básico, pero ahora sí tienen mucha agua y no tienen cómo entrar".Ricardo Patiño, asambleísta de la Comisión de la Niñez.

Denuncian falta de ambulancias y medicamentos

La asambleísta Mireya Pazmiño también intervino para denunciar problemas en la provincia de Bolívar. Según indicó, varios cantones enfrentan dificultades por la falta de ambulancias operativas para atender emergencias médicas.

La legisladora aseguró que trabajadores del sistema sanitario realizan aportes económicos para cubrir reparaciones y combustible de los vehículos de emergencia, situación que calificó como insostenible para la atención de la población.

"No tenemos ni una sola ambulancia que esté funcionando en una provincia".Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik

Defensoría del Pueblo activa seguimiento

La sesión también incluyó la comparecencia de Rodrigo Varela Torres, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, quien acudió en representación de la institución para informar sobre las acciones realizadas tras una denuncia relacionada con el Hospital General Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.

La investigación se originó por el caso de una niña que habría sufrido una presunta negligencia médica y que actualmente permanece hospitalizada en Quito. La comisión además recibió denuncias sobre falta de medicamentos, cobros presuntamente irregulares y pedidos de compra de insumos a la familia de la menor.

Veloz señaló que el padre de la paciente entregó documentos que demostrarían pagos exigidos durante el proceso de atención médica y pidió que los organismos de control actúen para evitar que el caso quede en la impunidad.

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Hospital de Portoviejo bajo observación

Varela informó que la Defensoría del Pueblo realizó una visita técnica al hospital el 2 de junio para recopilar información sobre la denuncia y verificar las condiciones de atención brindadas a la menor.

Según explicó, durante la inspección se constató que existen auditorías e investigaciones internas en curso para evaluar el accionar del personal médico involucrado. Además, confirmó que el caso se encuentra en conocimiento de la Fiscalía.

El funcionario indicó que la Defensoría dará seguimiento a las investigaciones administrativas y judiciales para verificar el respeto de los derechos de la paciente y de su familia, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos por el sistema nacional de salud.

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Unidad Popular entrega más de 206 mil registros de afiliaciones al Tribunal Contencioso Electoral

Richard Josue Jimenez Mora

La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias al emitir dichas resoluciones. Sin embargo se precisó que este fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular, lista 2, cumple o no con los requisitos legales para su permanencia en el registro electoral.

Esa decisión —se lee en el fallo— corresponde exclusivamente al CNE, que deberá pronunciarse a través del procedimiento adecuado, con información completa, verificable, debidamente motivada y sujeta a contradicción, además de considerar la documentación presentada por la organización política.

En su análisis, la magistrada Coloma determinó que la primera resolución fue emitida fuera del plazo establecido en el artículo 327 del Código de la Democracia y carecía de sustento suficiente respecto al criterio numérico aplicado. En cuanto a la segunda, señaló que negó la solicitud de corrección y mantuvo los efectos de un acto administrativo viciado.

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Unidad Popular enfrenta al CNE en el TCE y alerta sobre proscripción política

Rosero Mariela

Esto dice Unidad Popular:

Tras conocerse el fallo, el presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, calificó la decisión como “justa y correcta” y aseguró que las resoluciones del CNE eran “burdas” y “tramposas”. Anunció que ofrecerán una rueda de prensa y advirtió que se mantendrán vigilantes ante una posible apelación por parte de la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

“Atamaint tiene plazo hasta el sábado para apelar. Si lo hace, iremos al pleno del TCE”, señaló, al tiempo que pidió el respeto al debido proceso en la actuación del organismo electoral.

Lo que debes saber

• Asamblea tramita juicio político contra Inés Manzano por su gestión en el sector energético.
• Caso Progen impulsa cuestionamientos a la ministra en medio del debate legislativo.
• El Pleno decidirá si existen responsabilidades políticas de Inés Manzano en Ecuador.

La Asamblea Nacional dio paso al trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un proceso impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) que vuelve a poner bajo la lupa la gestión estatal durante la crisis eléctrica de 2024.

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El pedido de enjuiciamiento político, presentado el 27 de mayo de 2026 por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, se sustenta en una presunta responsabilidad política por incumplimiento de funciones.

El eje de las acusaciones está en la contratación de proyectos de generación eléctrica emergente, específicamente en Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa estadounidense Progen Industries LLC. 

De acuerdo con el expediente legislativo, estos contratos —por alrededor de 149,1 millones de dólares— formaban parte de las medidas para enfrentar la crisis energética que atravesaba el país en 2024. 

Los proponentes sostienen que Manzano, quien asumió el ministerio el 30 de agosto de 2024, habría incumplido sus obligaciones al no garantizar una adecuada supervisión y control de estos procesos. 

Además, se argumenta que su actuación podría contravenir varios artículos constitucionales relacionados con la administración eficiente y transparente de los recursos públicos y el manejo de sectores estratégicos.

En paralelo, el llamado caso Progen también está bajo investigación penal por un posible perjuicio al Estado que bordearía los 104 millones de dólares, aunque Manzano no enfrenta cargos judiciales hasta el momento.

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Un segundo intento del correísmo

Este no es el primer intento de llevar a Manzano a juicio político. En 2025, un pedido similar fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a falta de respaldo suficiente.

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La nueva solicitud llega con un mayor número de firmas y en un contexto distinto: la exministra ya dejó el cargo en abril de 2026, lo que permite continuar el proceso hasta un año después de haber ejercido funciones, según la normativa vigente.

El impulso de la RC ocurre en medio de cuestionamientos más amplios a la gestión gubernamental durante la crisis eléctrica, mientras el oficialismo ha advertido sobre el riesgo de politizar un caso que todavía tiene aristas judiciales abiertas.

Primer filtro superado: el rol del CAL

El 1 de junio de 2026, el CAL calificó la solicitud, es decir, verificó que cumple con los requisitos formales para iniciar el trámite. 

Esta calificación no implica una decisión sobre el fondo del caso, sino que habilita el siguiente paso dentro del proceso legislativo: el análisis en la Comisión de Fiscalización.

¿Qué viene ahora?

Con el expediente ya remitido, la Comisión de Fiscalización se convierte en el órgano clave en esta etapa. Este organismo tiene un plazo inicial de alrededor de cinco días para conocer la documentación y decidir si admite el trámite.

Si la comisión decide avanzar, el proceso entrará en una fase más extensa que incluye:

Finalmente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se resolverá si procede o no la censura política

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Para que exista sanción —que puede implicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo determinado— se requiere una mayoría absoluta de votos legislativos.

Según el mandatario, el ajuste apuntará a una "mayor capacidad de gestión para los ministros" y, con ello, a optimizar la toma de decisiones dentro del Ejecutivo.

“Estamos reduciendo el número de ministerios a 10”, dijo Noboa. “Vamos a dar mayor responsabilidad a las cabezas de estos ministerios", añadió en una entrevista para radio Marejada de Manabí, sin profundizar en detalles sobre la fecha exacta en que arrancará este plan en su gabinete.

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Daniel Noboa plantea recorte de ministerios y promete mayor eficiencia del Estado

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Una nueva ola de fusiones y recortes administrativos

Noboa, quien lleva poco más de dos años y medio en el poder, recibió el Ejecutivo en noviembre de 2023 con una estructura robusta: 20 ministerios de distintas áreas y unas 14 Secretarías, como la de Riesgos.

Posteriormente, el 24 de julio de 2025, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 60, que redujo de 20 a 14 los ministerios y contrajo de nueve a tres las secretarías. La decisión, tal como ocurre en esta ocasión, respondió a un plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público.

Entre las fusiones más importantes de ese periodo estuvieron la unión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, así como la absorción de Deporte, Cultura y la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, la medida generó el rechazo de diversos sectores sociales y de los propios empleados públicos, puesto que significó la desvinculación de 5.000 servidores del Ejecutivo y el inicio de evaluaciones de desempeño.

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El péndulo estatal: del auge correísta a la austeridad actual

Esta tendencia de contracción contrasta con el pasado reciente del país. Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), el Palacio de Carondelet experimentó una expansión institucional sin precedentes. En su punto más alto, la Función Ejecutiva contó con alrededor de 40 carteras de Estado, incluidos ministerios sectoriales y los extintos ministerios coordinadores.

No obstante, tras el fin del correísmo, las dificultades económicas obligaron a las siguientes administraciones a apostar por la austeridad en el gasto corriente. En 2017, apenas Lenín Moreno asumió el poder, iniciaron los recortes estructurales. En ese entonces se eliminaron cinco de los seis ministerios coordinadores, la Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría del Buen Vivir.

A esta purga institucional le siguieron otras 16 entidades en 2020 (entre institutos, agencias de control, empresas públicas y secretarías técnicas), además de la fusión entre la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior para dar forma al Ministerio de Gobierno.

Por su parte, la breve administración de Guillermo Lasso (2021-2023) mantuvo una estructura estatal similar a la de Moreno. Aunque creó nuevas entidades, como el Ministerio de la Mujer y la Secretaría Anticorrupción, estas terminaron desapareciendo bajo el actual esquema de Noboa en 2025.

Este 3 de junio de 2026, se generó un revuelo en la Asamblea Nacional después de que se hiciera público un audio atribuido a Manzano, en el que se habla de una supuesta coordinación para la comparecencia de Fabián Calero, exviceministro de Energía, como parte del proceso de fiscalización impulsado en esa mesa legislativa.

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"Lo que me explicó la asambleísta (Diana) Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a la comparecencia", se escucha en la grabación. En el audio también se menciona que la directriz era dar respuestas escuetas ante las consultas que pudieran surgir durante la sesión.

¿Cuál fue el descargo de Jácome?

La legisladora oficialista convocó a una rueda de prensa para pronunciarse sobre el tema. En un inicio, se refirió a su trayectoria como comunicadora antes de llegar a la Asamblea. También cuestionó el reportaje que difundió el audio y aseguró que su autenticidad debe ser verificada por las autoridades competentes.

Jácome estructuró su defensa en tres puntos. El primero fue que el proceso de fiscalización llegó a su comisión porque así se había determinado durante el periodo legislativo anterior, presidido por Viviana Veloz. El segundo consistió en que no existe ninguna conversación atribuida a ella que la involucre directamente en el caso.

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“¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia. También señaló que era un audio de terceros y las autoridades deberán corroborar su validez.

Posteriormente, la asambleísta aseguró que durante el proceso de fiscalización se permitió la participación de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Además, acusó directamente a esa bancada de quererla fuera de la Asamblea porque, según afirmó, les resulta incómoda.

Jácome tampoco hizo referencia al resultado de la fiscalización, que se extendió por cerca de seis meses sin determinar responsabilidades políticas. El informe final señaló, además, que el caso ya estaba en conocimiento de la Contraloría General del Estado y fue remitido a la Fiscalía General del Estado.

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Otro de los argumentos con los que intentó deslindarse de cualquier responsabilidad fue que ella no tenía la facultad de bloquear un juicio político. Sostuvo que su labor se limitó a fiscalizar la suscripción de los contratos. Sin embargo, los informes elaborados por las comisiones legislativas pueden incluir recomendaciones sobre responsabilidades políticas e incluso sugerir el inicio de procesos de interpelación.

La respuesta del correísmo

Mientras tanto, el bloque de la Revolución Ciudadana analiza la presentación de una denuncia ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. El asambleísta Blasco Luna sostuvo que el audio constituye una prueba de la presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de fiscalización.

Además, recordó que su bancada presentó un informe de minoría en el que sí se establecían responsabilidades políticas y que, hasta el momento, no ha sido tratado. Según Luna, el contenido del audio revela un hilo conductor que fortalecería el pedido de juicio político contra Manzano, el cual ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Esto debes saber

• La RC considera a Luisa González como su candidata natural para la Prefectura de Manabí.
• El nombre del asambleísta Jaime Estrada Medranda es la principal opción para integrar el binomio como viceprefecto.
• La decisión final dependerá de los acuerdos con Sí Podemos y de la aceptación de Estrada.

La Revolución Ciudadana (RC) continúa definiendo su estrategia electoral para los comicios seccionales de 2026 en Manabí. Durante una entrevista concedida a Radio Capital de Portoviejo, Vicente Véliz, director provincial encargado de la organización política, confirmó que la agrupación mantiene conversaciones con fuerzas aliadas y que, hasta el momento, Luisa González es considerada la candidata natural para la Prefectura de Manabí.

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Véliz señaló que la RC sostiene acercamientos con el Partido Socialista, Pachakutik y Sí Podemos, organizaciones con las que busca consolidar acuerdos políticos a nivel provincial. Asimismo, aseguró que el movimiento presentará candidaturas en todos los cantones y parroquias de la provincia.

Consultas internas para definir el binomio

El dirigente explicó que actualmente cinco comisiones recorren Manabí realizando consultas con directivas parroquiales, cantonales y militantes históricos de la Revolución Ciudadana para recoger criterios sobre las futuras candidaturas.

Según Véliz, en los diálogos desarrollados hasta ahora no ha surgido ningún nombre alternativo para disputar la candidatura a la Prefectura, pues existe un consenso mayoritario alrededor de Luisa González. En ese contexto, indicó que una de las opciones que se analiza es la conformación de un binomio junto a Jaime Estrada Medranda, actual asambleísta y figura vinculada a Sí Podemos. 

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Luis Cheme

Si Podemos, es una tienda política comandada por Jaime Estrada Bonilla, padre de Jaime Estrada Medranda, exasambleísta y exalcalde de Manta. Ya en procesos anteriores el correísmo hizo alianzas en varios cantones con esta organización política que es representada por la Lista 72. 

El dirigente precisó que desde la Revolución Ciudadana no existe ninguna objeción respecto a una eventual candidatura de Estrada a la viceprefectura. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá tanto de Sí Podemos como del propio legislador, quien deberá definir si acepta participar en la contienda electoral.

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"Hasta ahora, la idea sería que nosotros pongamos la candidata a la prefectura y que nuestros aliados (Si Podemos) puedan proponer la candidatura a la viceprefectura", sostuvo Véliz durante la entrevista.

Lo que debes saber

• Jueces del Guayas alertaron el 3 de junio por deuda de la Judicatura con el IESS.
• AEMAJ denunció restricciones en salud para servidores judiciales por mora con el IESS.
• Gremio judicial pidió al Consejo de la Judicatura regularizar pagos pendientes en Guayas.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ), Núcleo Guayas, expresó su preocupación por la deuda que mantiene el Consejo de la Judicatura con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una situación que, según el gremio, está generando dificultades para que servidores judiciales accedan a prestaciones y servicios de salud.

A través de un comunicado difundido este 3 de junio, la organización advirtió que la mora afecta directamente a funcionarios de la Función Judicial en la provincia del Guayas, quienes dependen de la cobertura de seguridad social para recibir atención médica y otros beneficios.

Gremio señala afectaciones en servicios de salud

En el documento, la asociación sostiene que la falta de regularización de las obligaciones con el IESS ha provocado restricciones en el acceso oportuno a prestaciones y servicios, lo que podría impactar derechos relacionados con la seguridad social y la protección integral de los trabajadores judiciales.

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La organización recordó que jueces, magistrados y demás servidores judiciales cumplen funciones consideradas esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia, por lo que considera necesario garantizar sus derechos laborales y de seguridad social.

Pedido al Consejo de la Judicatura

Frente a esta situación, AEMAJ hizo un llamado al director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas para que impulse las acciones administrativas necesarias que permitan regularizar de manera inmediata las obligaciones pendientes con el IESS.

Según el gremio, una pronta solución evitaría que continúen las afectaciones a los funcionarios judiciales y a sus familias, quienes dependen de la cobertura de la seguridad social para acceder a atención médica y otros servicios.

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Aunque el comunicado no detalla el monto de la deuda ni el tiempo que se mantiene la mora, la asociación insistió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan restablecer el acceso pleno a los beneficios del IESS para los trabajadores judiciales de la provincia.

Finalmente, el gremio manifestó su disposición a mantener el diálogo con las autoridades para buscar alternativas que contribuyan a resolver el problema.

Lo que debes saber

• Xavier Salem Antón presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Emapag EP, cargo que ocupaba desde 2023 como delegado del alcalde Aquiles Álvarez. Hasta el momento no existe información oficial sobre quién asumirá sus funciones.
  
• Hasta el momento no existe información oficial sobre quién asumirá sus funciones.
• La salida se produce en medio de una serie de renuncias, reestructuraciones y polémicas dentro de la administración municipal.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) se quedó sin presidente de directorio. Xavier Salem renunció al cargo que ocupaba desde 2023, según confirmó una fuente de la entidad.

La misma fuente indicó que, por ahora, no existe una directriz oficial respecto a quién asumirá sus funciones. "No hay instrucciones aún", señaló al ser consultada sobre la designación de un nuevo funcionario.

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Salem llegó a la presidencia del directorio de Emapag como delegado del alcalde Aquiles Álvarez, cuando este asumió la Alcaldía de Guayaquil en 2023. Sin embargo, actualmente el alcalde se encuentra detenido.

De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, Anton figura en el cargo desde el inicio de la actual administración municipal.

La renuncia deja vacante un puesto clave dentro de una de las empresas públicas más importantes del Municipio de Guayaquil.

Una salida en medio de cambios  

La salida de Salem  se produce en un contexto marcado por movimientos internos, renuncias y reestructuraciones dentro de la administración municipal.

Actualmente, la Alcaldía atraviesa semanas de tensiones y cambios que incluso han sido expuestos públicamente por la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, a través de sus redes sociales.

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Además de su rol en Emapag, Anton compartió responsabilidades con Aquiles Álvarez en la dirigencia de Barcelona Sporting Club (BSC), institución en la que ambos mantuvieron una cercana relación dirigencia.

Renuncias tras la detención de Aquiles Álvarez

La salida de Xavier Salem se suma a una lista de funcionarios que han dejado sus cargos desde que se produjo la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

Entre las renuncias más relevantes figuran las de David Norero, exsecretario municipal y actualmente integrante de la defensa jurídica del alcalde; Fernando Cornejo, quien dirigía Segura EP, Circular EP y la dirección de Aseo; Andrea Giler, exdirectora de la Mujer; y César Poveda, exasesor jurídico del Municipio.

Estas bajas de funcionarios han generado cuestionamientos sobre la estabilidad administrativa del Cabildo en medio de un escenario político complejo.

Sin definición sobre el reemplazo

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre quién ocupará la presidencia del directorio de Emapag EP ni cuándo se formalizará la designación.

La expectativa se concentra ahora en las decisiones que adopte la administración municipal para cubrir una vacante estratégica en una entidad responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado de Guayaquil.

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