Los cambios ejecutados dejarían de lado el mensaje que, días antes de la suspensión definitiva de Zamora, ofrecieron el alcalde y la vicealcaldesa en una rueda de prensa, donde subrayaron la continuidad de la administración y el trabajo conjunto que se mantendría. Incluso Zamora afirmó que se mantendría al tanto de todos los temas de la administración mientras dure la sentencia.

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En entrevista con EXPRESO, Peñaloza dejó claro, en los primeros días de su gestión, que “haré todo lo que esté en mis manos de manera adecuada, correcta y coordinada”. “Respeto la política que él venía ejecutando, pero en este momento mi responsabilidad es asumir esta misión", reseñó.

Personas que dejaron la administración municipal

Cuando fue consultada sobre los despidos que se habían ejecutado en las primeras semanas de su gestión, fue directa al señalar que “las únicas personas que fueron desvinculadas fueron dos funcionarios que no estaban presentes cuando asumí la subrogación”, en referencia a los asesores Marlon Torres y Pablo Albornoz. Asimismo, dejó claro que los demás funcionarios “presentaron sus renuncias por cuenta propia”.

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En el grupo de las renuncias constan las directoras de Talento Humano, Consuelo Orellana; de Comunicación, Daniela Orellana; y la gerente de EMAC EP, María Caridad Vázquez, quien, para despedirse de su gestión, difundió una carta en la que criticó las decisiones adoptadas y las reuniones mantenidas por Peñaloza.

Pero el remezón esta lejos de terminar dentro de la Corporación Municipal. El pasado 3 de julio, Peñaloza pidió la renuncia de todos los altos cargos de libre remoción, dejando, hasta este martes 21 de julio, fuera de la administración a Verónica Polo, gerente de ETAPA EP; Lenin Guzmán, gerente de EMOV EP; y Vicente Astudillo, secretario del Concejo Cantonal de Cuenca.

Acercamiento con el Gobierno Nacional

Entres las acciones emprendidas por Peñaloza está el acercamiento con los representantes del Gobierno Nacional. Ha mantenido reuniones con los asambleístas azuayos, entre ellos los tres de la bancada de ADN y también con el gobernador Xavier Bermúdez, quien ha sido uno de los más críticos con la administración de Zamora.

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Cuando Peñaloza fue cuestionada sobre este acercamiento, que dista del conflicto constante que existía durante la administración de Zamora, señaló que “mi forma de trabajar siempre ha sido mediante la coordinación y el diálogo con todos los actores”.

Lo que debes saber

• José De La Gasca señala a Andrés Fantoni de direccionar su descalificación y descarta apelar.
• Fantoni califica de irresponsable la acusación y pide al expostulante presentar pruebas.
• De La Gasca cuestiona la permanencia del fiscal subrogante Carlos Alarcón.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, rechazó este 21 de julio de 2026 las acusaciones del exministro de Gobierno, José De La Gasca, quien lo señaló de incidir en su descalificación del concurso para fiscal general del Estado. Fantoni calificó los sefalamientos de "irresponsables", defendió la independencia del proceso de selección en Quito e invitó al expostulante a apelar la resolución de la Comisión Ciudadana de Selección antes del vencimiento del plazo, fijado para el 22 de julio de 2026.

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Reacción del CPCCS ante las acusaciones de José De La Gasca

El titular del CPCCS, Andrés Fantoni, desestimó los sefalamientos del exministro de Gobierno José De La Gasca tras su exclusión del concurso para fiscal general del Estado. Fantoni sostuvo que las declaraciones del expostulante buscan "torpedear el proceso" y aclaró el estado administrativo de la causa.

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"Primero, esto no es un ministerio. Segundo, (el tema de De La Gasca) ni siquiera ha llegado al Pleno del Consejo porque él tiene su derecho todavía a apelar la decisión de la Comisión de Selección. Tiene hasta mañana (22 de julio de 2026)", declaró Andrés Fantoni.

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Apelación ante el Pleno del CPCCS y una posible comisión general para De La Gasca

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social insistió en que, si el afectado cuenta con los argumentos legales para rebatir la resolución, debe presentarlos formalmente:

"Si a usted dizque le cometen una ilegalidad y usted está seguro de que tiene la razón, debe tener, pues, los insumos necesarios para contrarrestar la supuesta resolución equívoca, como dice él, que le están haciendo al postulante".

Además, Andrés Fantoni ofreció al expostulante solicitar una comisión general para exponer sus descargos ante el Pleno del CPCCS. Respecto a la supuesta falta de independencia del organismo, el titular argumentó que no registra militancia partidista ni trayectoria en la política partidaria.

Denuncias de irregularidades e injerencia en el concurso para fiscal general

Por su parte, el exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, José De La Gasca, afirmó en entrevista periodística este 21 de julio de 2026 que su salida del certamen responde a "cosas inventadas que no están en la ley". A pesar de que la normativa le otorga el derecho a impugnar, ratificó que no hará uso del recurso.

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Argumentos de José De La Gasca sobre su salida del proceso

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Cuestionamientos a postulantes y presunto conflicto de intereses

La controversia dentro del certamen para la Fiscalía General del Estado también abarca la continuidad de otros perfiles dentro de la nómina de aspirantes.

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Debate por la permanencia de Carlos Alarcón

José De La Gasca advirtió sobre un potencial conflicto de intereses respecto a la participación del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón. A su criterio, la presencia de la autoridad en funciones genera un condicionamiento sobre los miembros del CPCCS y de la Comisión Ciudadana de Selección que pudieren mantener causas o investigaciones abiertas en el sistema judicial.

Frente a este señalamiento, Andrés Fantoni precisó que el reglamento del concurso no contempla inhabilidades para el ejercicio del cargo subrogante durante el proceso de selección. Asimismo, recordó la participación de otros administradores de justicia en la contienda, como la jueza nacional Daniella Camacho.

"Que no se quiera ahora echarle la culpa a cualquier situación frente a los errores personales de algún postulante", puntualizó el titular del CPCCS.

De La Gasca revela quién estuvo detrás de su descalificación del concurso para fiscal general

• José De La Gasca no apelará su descalificación por considerarla una decisión consumada en el CPCCS.
• El exministro denunció trato selectivo y un eventual conflicto de intereses de otros postulantes.
• Andrés Fantoni rechazó las acusaciones, tildándolas de irresponsables, e invitó a presentar descargos.

El exministro de Gobierno José De La Gasca denunció este 21 de julio de 2026 presuntas irregularidades en su descalificación del concurso para Fiscal General del Estado en Ecuador. En una entrevista con Ecuavisa, la exautoridad sostuvo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, estaría involucrado en su salida del proceso mediante supuestas infracciones inventadas. Ante las acusaciones, Fantoni tildó las declaraciones de irresponsables, recordando que el postulante aún tiene derecho a apelar hasta el 22 de julio.

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Denuncia de irregularidades y acusaciones contra el CPCCS

El exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, José De La Gasca, cuestionó de forma directa los motivos expuestos para su salida de la selección a Fiscal General del Estado. Según explicó, el presunto incumplimiento de requisitos responde a "cosas inventadas que no están en la ley".

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"Llené el formulario que estaba disponible en la web. Más allá de la supuesta falta, simplemente no me quieren ahí".

A pesar de que la normativa le faculta presentar una impugnación, el expostulante confirmó que no apelará la decisión. A su criterio, el Pleno del CPCCS ya contaría con los votos necesarios para ratificar su exclusión.

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Las razones expuestas por De La Gasca

Para fundamentar su postura sobre el rol de Andrés Fantoni, José De La Gasca argumentó los siguientes puntos:

Cuestionamientos por conflicto de intereses en el concurso

Además de criticar la gestión del organismo, José De La Gasca advirtió sobre un potencial conflicto de intereses con respecto a otros perfiles de la contienda, mencionando explícitamente al fiscal general subrogante, Carlos Alarcón.

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El expostulante señaló que la permanencia de autoridades en funciones frente a los fiscalizadores representa un riesgo institucional:

"¿Qué tal si el señor Fantoni tiene asuntos pendientes con la justicia, o que los miembros del Consejo o los miembros de la Comisión tienen cuentas pendientes con la justicia? La acción o inacción de la Fiscalía va a ser determinante. Entonces, quien esté sentado en esa silla va a tener una suerte de manto de que van a ser más condescendientes con él".

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Respuesta de Andrés Fantoni y el reglamento del proceso

En respuesta a los señalamientos, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, calificó las declaraciones de José De La Gasca como irresponsables y afirmó que únicamente buscan torpedear la transparencia del trámite.

Fantoni remarcó los siguientes aspectos sobre la situación del expostulante y el marco legal:

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Independencia y participación de otros perfiles

Respecto a las dudas sobre su neutralidad, Andrés Fantoni aseveró que no tiene interés en partidos políticos y que su trayectoria es ciudadana, rechazando las especulaciones iniciales que daban por sentado la designación directa de José De La Gasca tras la salida de Diana Salazar.

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Sobre el cuestionamiento a la postulación de Carlos Alarcón, el titular del CPCCS precisó que la normativa actual no prohíbe la participación de autoridades judiciales en funciones. Añadió que en el concurso también participan otras autoridades activas, como la jueza nacional Daniella Camacho, y concluyó que no se debe responsabilizar al proceso por los errores personales de cada postulante.

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La tarde del 20 de julio de 2026, durante el segundo llamado a comparecer de Luque —quien también se desempeñó como ministro de Energía—, se conoció un oficio en el que solicitó reconsiderar su convocatoria. La secretaria de la Comisión de Fiscalización dio lectura al documento.

“Solicito a la comisión se sirva reconsiderar mi convocatoria como testigo dentro del presente juicio político en tanto se mantenga vigente y no haya concluido el proceso de investigación que sobre los mismos hechos adelanta la Fiscalía”, señalaba el oficio.

Luque también manifestó que está dispuesto a atender los requerimientos de información que “dentro del marco legal y constitucional aplicable me sean formulados por esta comisión”.

Aunque aseguró que acudirá a la Fiscalía cuando ese organismo lo disponga, este 21 de julio de 2026 presentó una nueva explicación durante una entrevista con Teleamazonas.

La segunda justificación de Luque

En esa entrevista, el ministro de Transporte y Obras Públicas fue consultado sobre si asistirá o no a la Comisión de Fiscalización. Respondió: “Tuvimos un COE Nacional y por eso no hemos llamado. Veré cuándo es que me han llamado; con qué fecha y hora”.

Luque insistió en que su prioridad son las actividades del COE Nacional y la atención de las emergencias que enfrenta el país. “Como lo he dicho: siempre he estado dispuesto y dando la cara, no solo en los temas judiciales en la Fiscalía sino también en la Asamblea Nacional”, añadió.

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¿Qué pasará ahora?

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que a los proponentes del juicio político les restan 27 minutos para la actuación de pruebas, mientras que la defensa dispone de 33 minutos.

“Se les va a conceder ese tiempo para que lo agoten y ellos verán cómo usan ese tiempo”, señaló.

Para la tarde de este 21 de julio de 2026 está prevista la reinstalación de la sesión con el fin de cumplir esa etapa del proceso. De esta manera, el juicio político podría avanzar sin la comparecencia de los testigos que el correísmo consideraba clave para sustentar su acusación.

Una vez concluida la fase probatoria, la Comisión de Fiscalización iniciará la elaboración del informe en el que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional si procede o no el enjuiciamiento político de la exministra Inés Manzano.

Lo que debes saber:

• Quito: partidos ya trabajan en listas al Concejo antes del 17 de agosto con reelecciones y nuevos candidatos.
• Listas al Concejo de Quito incluyen exfutbolistas, dirigentes y familiares de asambleístas.
• Analistas advierten falta de perfiles técnicos en candidatos al Concejo de Quito y riesgos en fiscalización.

Aunque todavía faltan casi cuatro semanas para el cierre de inscripción de candidaturas (previsto para el lunes 17 de agosto del 2026), en las organizaciones políticas ya circulan listados preliminares con los nombres de quienes aspiran a llegar al Concejo Metropolitano.

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En esas nóminas aparecen concejales que buscarán la reelección, así como exfutbolistas, comunicadores, dirigentes comunitarios, abogados, familiares de asambleístas y quienes ya han competido por otros cargos, incluso en otros partidos.

El presidente Alfredo Serrano reconoce que el corto tiempo de campaña supone una dificultad, lo que explica la apuesta por rostros conocidos, una estrategia habitual en la capital. En 2002, por ejemplo, impulsó la candidatura de la exreina y presentadora Macarena Valarezo, quien los representó hasta 2012.

¿Qué se necesita para ser concejal de la capital?

Más allá de los nombres, los requisitos para aspirar a uno de los 21 escaños del Concejo son tener al menos 18 años, estar en goce de los derechos políticos y haber nacido o residido de forma ininterrumpida durante dos años en la jurisdicción.

El analista político Santiago Cahuasquí sostiene que uno de los principales problemas en la administración de Pabel Muñoz ha sido una fiscalización condicionada por intereses y lealtades de los ediles. En ambos extremos le parece que se desdibuja su rol.

Tan problemático es que los concejales utilicen el cargo para buscar cercanía con el Gobierno, como que otros asuman una defensa incondicional del alcalde.Santiago Cahuasquí/ analista político

Cahuasquí plantea tres atributos para un concejal: solvencia técnica para elaborar ordenanzas y evaluar políticas públicas con base en evidencia; capacidad deliberativa para debatir, argumentar y construir acuerdos democráticos; y compromiso con la representación ciudadana, que permita canalizar las demandas de los barrios y traducirlas en iniciativas.

¿Qué tipo de preparación debe tener un edil?

En ese contexto, Daniela Valarezo, abogada, criminóloga y exsecretaria de Seguridad, se postula como concejala por Imparables, de Wilson Merino, quien se postula a la Alcaldía. 

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Quien aspire a un cargo de elección popular debe prepararse, más si se trata del Concejo, dice. Ve necesario plantear estrategias actualizadas y viables para enfrentar los problemas de la ciudad.

Entre sus principales preocupaciones menciona el incremento de la inseguridad, con delitos como la extorsión, las estafas, los robos y los casos vinculados al uso de escopolamina.

También advierte un deterioro en la convivencia ciudadana, reflejado, según señala, en construcciones sin permisos y en infracciones que antes no eran frecuentes, lo que atribuye a la falta de control. 

“Cada vez vemos más rostros conocidos, pero no necesariamente con la preparación que el cargo exige”, lamenta. “He decidido formar parte de una lista”.

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La visión de una exconcejala

Patricia Ruiz, exconcejala, resalta que ese cargo es un honor y una responsabilidad. Quienes ocupen uno de los escaños deben cumplir tres funciones: 

A ello se suma una dimensión esencial: actuar con ética, participar activamente en el Concejo, apoyarse en criterios técnicos y mantener cercanía con la ciudadanía.

La diversidad de perfiles (deportistas, artistas o jóvenes) no es un problema en sí. Sin embargo, los aspirantes deben estar preparados, comprometidos con la ciudad y comprender el rol del Concejo, señala.

¿Cuántos concejales tiene la capital?

Quito tiene 21 concejales, más el alcalde. La Revolución Ciudadana tiene la mayoría, gracias a aliados. En Guayaquil solamente existen 15 ediles.

Las claves que debes saber

• José De la Gasca fue excluido en 2026 del concurso para fiscal general por un requisito cuestionado.
• Exfuncionarios de Noboa, como Arrobo y Abad, enfrentaron denuncias, sanciones o disputas tras dejar el Gobierno.
• Casos ocurridos en Ecuador reavivan dudas sobre rupturas políticas y pérdida de respaldo dentro del Gobierno.

Haber sido parte del Gobierno de Daniel Noboa no parece ser una garantía para evitar caer en desgracia después de la salida. El caso de José De la Gasca parece emblemático para entender el fenómeno. Después de haber sido ministro de Gobierno y una pieza fundamental por su incondicionalidad con el presidente Noboa, ahora ni siquiera le permitieron seguir en la carrera para ser fiscal general, cargo al que empezó a aspirar, precisamente, con el auspicio del Gobierno. 

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El cambió drástico contra De la Gasca

Un auspicio que terminó y que ahora se ha convertido en una evidente persecución, aunque él prefiera no darle ese calificativo. De haber sido el candidato con mayores opciones para convertirse en fiscal, porque en algún momento fue el niño de los ojos de Noboa y de sus operadores, pasó a ser víctima de un operativo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para sacarlo del camino.

La Comisión Ciudadana de Selección lo excluyó al considerar que presentó un formulario incorrecto para la declaración de conflicto de intereses, un requisito que calificó de obligatorio. De La Gasca sostiene que la decisión fue arbitraria y que forma parte de una persecución para sacarlo de la carrera. 

No existen pruebas públicas de que el Gobierno haya operado para provocar su descalificación. Sin embargo, es sabido que mantiene una fuerte influencia sobre el CPCCS y, al menos, pudo haber evitado que se lo sancionara. Si De La Gasca conservara algo de respaldo o simpatía dentro del Gobierno, difícilmente estaría en la situación en la que hoy se encuentra.

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¿Qué pasó con De La Gasca?

¿Qué pasó con De La Gasca? En realidad, no existe una explicación oficial pero circula una versión, confirmada por al menos tres fuentes vinculadas al Gobierno, según la cual su caída en desgracia se originó en la disputa que mantuvo, cuando era ministro de Gobierno, con el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi. 

Según esas fuentes, De La Gasca impulsaba la creación de otro organismo de inteligencia para que el presidente no dependiera exclusivamente del CIES. 

La idea no le gustó en absoluto a Sensi-Contugi y, según se conoce, ambos estuvieron a punto de irse a los golpes durante una sesión de gabinete. 

Las mismas versiones sostienen que el director del CIES influyó para que De La Gasca dejara el Ministerio bajo la promesa de que sería fiscal general, pero que ahora ha movido sus resortes para que el CPCCS lo descalificara.

Exministros que sirvieron y ahora son perseguidos

Pero De La Gasca no es el único exministro en desgracia. También está el caso de Andrea Arrobo, exministra de Energía, quien salió del Gobierno en abril de 2024, en medio de la crisis de los apagones. Desde entonces enfrentó tres frentes distintos: una denuncia penal impulsada por el Gobierno, un juicio político en la Asamblea y varias investigaciones administrativas relacionadas con la crisis eléctrica. 

Al pedirle la renuncia, el presidente Noboa anunció que había dispuesto una investigación por presunto sabotaje en el sector eléctrico. Al día siguiente, la Secretaría General de la Administración presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Arrobo y otros funcionarios.

Paralelamente, el Gobierno anunció auditorías y exámenes sobre la actuación de funcionarios del sector eléctrico para determinar eventuales responsabilidades en la gestión de la crisis. Sin embargo, Arrobo nunca fue condenada ni sancionada, básicamente por falta de evidencias.

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El tercer caso es el de la exvicepresidenta Verónica Abad. Probablemente sea la ruptura más visible con el Gobierno. Ha denunciado reiteradamente persecución política por parte del Ejecutivo a raíz de su envío al exterior, los sumarios administrativos, la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo (que luego fue anulada por la justicia constitucional) y otros conflictos institucionales.

Tampoco le fue bien a Arturo Félix Wong, quien fue secretario general de la Administración y ministro de Gobierno. Después de haber sido uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente Daniel Noboa, fue enviado como diplomático a Colombia, en lo que muchos interpretaron como una suerte de exilio político. Antes de su traslado era una de las figuras más influyentes del Gobierno.

Algo parecido ocurrió con Antonio Gonçalves, exministro de Energía, quien fue el único de los exfuncionarios involucrado en la investigación del caso Progen. 

Ni Roberto Luque ni Inés Manzano, que permanecieron más tiempo en el cargo y tuvieron mayor involucramiento en la compra de los equipos para generación eléctrica, están procesados. Tampoco la Asamblea ha permitido que sean declarados responsables políticos por ese caso.

Ahora queda por ver qué ocurrirá con Romina Muñoz, exviceministra de Cultura, a quien se le pidió la renuncia después de que el Gobierno echó abajo el concurso para el proyecto del Museo Nacional. 

Muñoz perdió el respaldo político desde Carondelet tras el resultado del concurso, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar, le solicitó la renuncia mientras ejercía el Ministerio de Cultura por encargo.

Según las versiones conocidas, Muñoz terminó convirtiéndose en una figura incómoda porque defendía la idea de que el nuevo Museo Nacional no fuera concebido como una obra destinada a aumentar el valor de los proyectos inmobiliarios cercanos al lugar donde será construido.

Lo que debes saber

• El Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses al movimiento Amigo por presunto lavado de activos.
• Dirigentes políticos denuncian abuso de poder, falta de independencia y resoluciones en escritorios.
• Analistas advierten que la legitimidad de las elecciones seccionales está en riesgo por fallos judiciales.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente por nueve meses al movimiento Amigo —organización que auspiciaría al correísmo— tras una alerta de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. La medida, que coincide con cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) e inhabilitaciones de candidatos para los comicios de noviembre, se ejecutó en Ecuador en julio de 2026. Este escenario ha desatado un debate nacional sobre la crisis de legitimidad, la falta de independencia de la Función Electoral y el supuesto uso del poder político para definir elecciones en escritorios y no en las urnas.

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Suspensión del movimiento Amigo altera el escenario de las elecciones seccionales

La Función Electoral se encuentra en el centro del debate público tras suspender provisionalmente, por un periodo de nueve meses, el registro electoral del movimiento Amigo. La organización política planificaba auspiciar las candidaturas del correísmo para las próximas elecciones seccionales.

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El fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se fundamentó en una alerta emitida por la Fiscalía General del Estado, entidad que mantiene abierta una investigación penal contra la organización por presunto lavado de activos. Este dictamen repite el escenario ocurrido en marzo de 2026, cuando el movimiento Revolución Ciudadana recibió una sanción similar bajo la misma figura legal.

Hechos que generan dudas sobre la legitimidad del proceso

Además de la proscripción de la tienda política, los actores políticos señalan tres acontecimientos recientes que restan transparencia al periodo preelectoral:

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Partidos políticos denuncian abuso de poder y falta de independencia electoral

Las reacciones desde la dirigencia de los partidos políticos y movimientos locales coinciden en que la coyuntura actual debilita las garantías del sistema democrático ecuatoriano. Los portavoces exigen que las autoridades actúen bajo criterios técnicos y no bajo presiones externas.

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Posturas de los dirigentes nacionales

Crisis institucional y desafíos para la Función Electoral según analistas

La falta de credibilidad y la incertidumbre en la víspera de un nuevo proceso electoral representan un riesgo para la estabilidad del país. El exasambleísta y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, analizó el rol que desempeñan las instituciones encargadas de velar por el voto ciudadano.

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“La Función Electoral, que debe ser independiente por naturaleza y por obligación jurídica, se debe legitimar todos los días con sus ejecutorias. Hoy hay serias dudas de esa legitimidad y bastantes probabilidades de dependencia del poder político”, comentó Cucalón.

Para superar la crisis institucional y recuperar la confianza ciudadana, el exministro señaló que el futuro del sistema democrático dependerá de que los procesos de renovación de autoridades —actualmente a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)— funcionen de manera correcta, transparente y oportuna.

Lo que debes saber 

• El Tribunal Contencioso Electoral rechazó la apelación presentada dentro de un proceso sobre las elecciones internas de Avanza.
• La sentencia confirmó el fallo de primera instancia por no agotarse los mecanismos partidarios previos.
• El expediente será archivado una vez que la resolución quede ejecutoriada.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso de apelación presentado dentro de la causa 102-2026-TCE, relacionada con las elecciones primarias del partido Avanza en la provincia de Pichincha. La sentencia, emitida el 20 de julio de 2026, dispone que el expediente sea archivado una vez que el fallo quede ejecutoriado.

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La decisión confirma la resolución emitida en primera instancia, al determinar que no se cumplió con un requisito indispensable antes de acudir a la jurisdicción contencioso electoral. Según el comunicado difundido por la organización política, el Tribunal concluyó que "no se acreditó el agotamiento de las instancias internas del Partido Político AVANZA, requisito indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso electoral".

Con este pronunciamiento, el proceso judicial relacionado con las elecciones internas del movimiento político llega a su fin dentro del TCE. El archivo de la causa se ejecutará cuando la sentencia adquiera firmeza, conforme a lo dispuesto por el organismo electoral.

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¿Qué implica la decisión del TCE para Avanza?

En su comunicado, Avanza sostuvo que la resolución respalda el procedimiento aplicado durante sus elecciones primarias en Pichincha. Además, señaló que el análisis realizado por el Tribunal incluyó la revisión del expediente y la documentación presentada durante el proceso.

La organización política afirmó que el fallo confirma la legalidad de sus actuaciones en el marco de la normativa que regula la democracia interna de los partidos. En el documento sostiene que "las actuaciones institucionales del Partido se ajustaron al marco jurídico vigente y al respeto de las normas que regulan la democracia interna de las organizaciones políticas".

El pronunciamiento fue difundido por Avanza a su militancia, simpatizantes y ciudadanía luego de conocerse la decisión del máximo órgano de justicia electoral. Con ello, el partido informó sobre la conclusión del proceso relacionado con sus elecciones primarias internas en la provincia de Pichincha.

Lo que se sabe

• El canciller peruano Carlos Pareja confirmó la presencia de Daniel Noboa y otros mandatarios
• Keiko Fujimori asumirá como la primera mujer presidenta electa en urnas
• La futura mandataria se reunió con el gobernante interino José María Balcázar

El presidente de la República, Daniel Noboa, fue confirmado este lunes 20 de julio de 2026 como uno de los mandatarios que estarán en la posesión de Keiko Fujimori como gobernante de Perú.

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El canciller peruano, Carlos Pareja, nombró a Noboa y a otros líderes como invitados a la ceremonia, que se realizará el próximo martes 28 de julio, en el Congreso.

Entre otros mandatarios confirmados, están:

También estarán el rey de España, Felipe VI, el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y enviados de Japón, China y Marruecos, según indicó el canciller tras reunirse con Fujimori.

"Vamos a tener una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que van a acompañar a la presidenta (electa)", comentó Pareja.

Aún resta que Noboa publique el decreto ejecutivo correspondiente para conocer quiénes integrarán la delegación que lo acompañará al cambio de mando.

Clima y seguridad, entre las prioridades de Fujimori

Tras reunirse -el pasado jueves- con el presidente interino, José María Balcázar, la próxima mandataria dijo que le preocupan temas como el próximo fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana.

La hija del expresidente Alberto Fujimori le ganó las elecciones a Roberto Sánchez, con un margen de menos de 50.000 votos. Los comicios se realizaron el 12 de abril anterior y el conteo se extendió hasta el 3 de julio.

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Lo que debes saber

• Este lunes 20 de julio, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
• La medida se deriva de una denuncia reservada presentada por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa por presunto lavado de activos.
• El presidente del CNE, José Cabrera, dispuso que la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política ejecute la suspensión.

Este lunes 20 de julio, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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La medida se deriva de una denuncia reservada presentada por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa por presunto lavado de activos. La decisión fue adoptada durante la sesión del pleno, luego de que los consejeros conocieran el auto de admisión expedido por el TCE.

En el documento, el juez Patricio Maldonado ordenó que el registro permanente de la organización política permanezca suspendido durante nueve meses y dispuso que el CNE ejecute la medida e informe sobre su cumplimiento dentro del plazo fijado por el Tribunal, que empezó a correr el 17 de julio.

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Según la resolución del juez electoral, la suspensión podrá revisarse sin exceder el límite de 24 meses previsto en el Código de la Democracia. También establece que la medida quedará sin efecto de manera automática si desaparecen las circunstancias que motivaron su adopción.

Consejera Elena Nájera y sus reparos a la decisión del TCE

Durante el debate en el pleno, la consejera Elena Nájera expresó reparos sobre la decisión del Tribunal. Señaló que el auto tiene carácter interlocutorio y planteó dudas sobre si estaba ejecutoriado. Además, sostuvo que la suspensión afecta derechos de participación política.

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"Esta ha sido una decisión que ha causado mucho malestar. Y sí me llama profundamente la atención, y lo he dicho con seriedad y con elementos muy claros, de que yo por eso no recurría jamás a un Tribunal Contencioso Electoral en el que yo no tengo confianza por la falta de probidad. Sin embargo, no nos queda más que cumplir, pero sí me gustaría que se indique primero, qué clase de auto es este, porque de mi experiencia, es un auto interlocutorio", expresó Nájera.

La secretaria general, Betty Báez, respondió que el documento remitido al organismo corresponde a un auto de admisión del Tribunal Contencioso Electoral.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Tras esa aclaración, el presidente del CNE, José Cabrera, dispuso que la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política ejecute la suspensión y que, una vez cumplida, la Secretaría General notifique al TCE dentro del término establecido.

La resolución del Tribunal fue emitida el 17 de julio tras admitir a trámite la denuncia presentada por el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, contra el movimiento Amigo y sus directivos.

Ante la suspensión de la Revolución Ciudadana, meses atrás, el correísmo apostó por dicha organización para postular a sus candidatos en las elecciones seccionales previstas para noviembre próximo.

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Protestas de correístas en los exteriores del CNE

La tarde de este lunes 20 de julio, simpatizantes del correísmo se concentraron en los exteriores del edificio del CNE, en Quito, para protestar contra las decisiones adoptadas por el máximo organismo electoral

Personal de diversas unidades de la Policía Nacional acudió hasta el edificio y reforzó la seguridad con vallas. Los manifestantes gritaron consignas en contra del presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber 

• Los guías penitenciarios llevaron nuevamente su reclamo a la justicia y denuncian que el Estado mantiene deudas laborales desde 2019.
• Además, aseguran que continúan las jornadas extensas y los traslados sin estudios técnicos.
• La audiencia ya fue convocada y buscan que se reconozca una vulneración de derechos y se ordenen cambios estructurales.

La Asociación de Servidores Penitenciarios (Asoserpen) presentó este 20 de julio una acción de protección para denunciar la presunta vulneración de derechos laborales de los agentes de seguridad penitenciaria. El proceso ya fue sorteado y será conocido por la jueza Alba Esmeralda Paladines Salvador, de la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes del Distrito Metropolitano de Quito.

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La audiencia fue convocada para el 7 de agosto de 2026, a las 11:00, dentro de una demanda que, según explicó el abogado de Asoserpen, Diego Pozo, surge por la supuesta omisión del Estado frente a problemas que, asegura, se arrastran desde hace varios años. Entre ellos figuran extensas jornadas laborales, traslados sin estudios técnicos y pagos pendientes.

"Se confirme la vulneración de los derechos de los servidores penitenciarios por omisión, porque durante todo este tiempo no se ha cancelado los valores que a ellos les corresponde".

Bandas salariales para guías penitenciarios siguen sin pagarse

Durante la rueda de prensa, Pozo recordó que en 2019 el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 185, tras un estudio técnico que calificó la labor de los servidores penitenciarios como penosa, peligrosa y con características distintas al resto del servicio público. A partir de ese análisis se establecieron bandas salariales con incrementos porcentuales que, según afirmó, aún no han sido canceladas.

El abogado sostuvo que los agentes penitenciarios cumplen jornadas superiores a las 12 horas y que, en algunos casos, ni siquiera disponen de tiempo suficiente para alimentarse durante el trabajo. A esto, dijo, se suman traslados a otras provincias sin estudios técnicos que consideren la situación familiar o económica de los funcionarios.

"Los servidores penitenciarios cumplen una jornada de más de 12 horas (...) en ciertos casos no tienen espacio ni siquiera para ir a alimentarse".

Pozo añadió que existen servidores que son madres o padres cabeza de hogar, así como funcionarios responsables del cuidado de personas con discapacidad, quienes deben asumir gastos de vivienda y alimentación cuando son trasladados sin recibir compensaciones adicionales.

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Asoserpen dice que el problema va más allá del dinero

Aunque uno de los reclamos apunta al pago de valores pendientes desde 2019, el representante legal de Asoserpen aseguró que la acción de protección no busca únicamente una reparación económica. Explicó que también pretende que se establezcan condiciones laborales que eviten la repetición de los problemas denunciados.

Según indicó, el objetivo es que las autoridades adopten reglas claras sobre jornadas laborales, traslados y reconocimiento de los derechos de quienes trabajan en los centros de privación de libertad. Afirmó que las actuales condiciones exponen permanentemente a los funcionarios penitenciarios.

"No tanto el tema económico, sino que también que se tomen reglas claras y den mejores condiciones laborales a todos los servidores penitenciarios".

Pozo señaló que los agentes han asumido riesgos constantes dentro de las cárceles y que algunos incluso han perdido la vida durante el ejercicio de sus funciones, por lo que considera necesario que el Estado garantice condiciones dignas para el desempeño de su trabajo.

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Asoserpen denuncia incumplimiento de un hábeas corpus favorable

El abogado recordó que anteriormente los servidores penitenciarios obtuvieron una sentencia favorable dentro de un hábeas corpus presentado tras los secuestros ocurridos en las cárceles durante la crisis penitenciaria. Según explicó, esa decisión fue apelada por el entonces SNAI, pero la Corte Provincial ratificó el fallo.

De acuerdo con Pozo, pese a esa resolución judicial, las medidas ordenadas aún no se han ejecutado. Entre ellas mencionó atención psicológica y médica para los funcionarios afectados, mejoras en las condiciones laborales, revisión de jornadas de trabajo, cumplimiento de las bandas salariales y que los traslados se realicen únicamente con informes técnicos.

"Hasta la fecha, hasta la actualidad, el SNAI no ha cumplido".

El abogado también recordó que el caso llegó en su momento al sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, explicó que, tras obtener un fallo favorable en Ecuador mediante el hábeas corpus, el proceso internacional no tuvo continuidad mientras se esperaba el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la justicia ecuatoriana.

Lo que debes saber

• Este lunes 20 de julio, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el recurso de corrección presentado por Washington Andrade, procurador común de la Plataforma Ciudadana que impulsa la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.
• Con esta decisión, el CNE ratificó la resolución emitida el pasado 15 de julio, mediante la cual rechazó la entrega del formato de formularios para la recolección de firmas necesarias para iniciar el proceso.
• El informe jurídico sostuvo que la decisión del 15 de julio no incurre en las causales previstas en el artículo 241 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

Este lunes 20 de julio, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el recurso de corrección presentado por Washington Andrade, procurador común de la Plataforma Ciudadana que impulsa la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.

(Te puede interesar: Plataforma para revocatoria del mandato presenta recurso de corrección en el CNE)

Con esta decisión, el organismo ratificó la resolución emitida el pasado 15 de julio, mediante la cual rechazó la entrega del formato de formularios para la recolección de firmas necesarias para iniciar el proceso.

Durante la sesión, Betty Báez, secretaria general, dio lectura al informe jurídico elaborado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que recomendó negar la petición al concluir que la resolución impugnada es "clara, completa, legítima y congruente" y que está apegada al ordenamiento jurídico vigente.

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El documento sostiene que la decisión del 15 de julio no incurre en las causales previstas en el artículo 241 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

El informe también recomendó ratificar en todas sus partes la resolución del 15 de julio y disponer que la Secretaría General notifique la decisión al peticionario para que surtan los efectos legales correspondientes. Estos criterios fueron acogidos por el pleno del organismo electoral.

¿Cómo votaron los consejeros del CNE?

La consejera Elena Nájera consignó su voto a favor de negar la petición. En el mismo sentido se pronunció Enrique Pita, quien sostuvo que la resolución recurrida fue adoptada con base en el informe jurídico correspondiente, tras analizar el expediente y aplicar las disposiciones de la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Esthela Acero votó a favor del informe jurídico y José Cabrera también respaldó la negativa al recurso.

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Con cuatro votos a favor, el CNE aprobó el segundo punto del orden del día y dejó en firme su decisión de no entregar los formularios para la recolección de firmas con las que la Plataforma Ciudadana buscaba activar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• Un experto internacional advirtió en la Asamblea que las mafias ya reclutan menores mediante videojuegos y plataformas digitales. 
• La Comisión de Transparencia incorporará sus observaciones al proyecto de ley que endurece las sanciones contra los reclutadores y fortalece la prevención.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional continuó este lunes 20 de julio el análisis del proyecto de ley que busca prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Durante la sesión 104, el principal invitado fue Alejandro Javier Campos Martínez, director regional para el Caribe, Bermuda y América Latina de Crime Stoppers International, quien expuso observaciones técnicas para fortalecer la normativa.

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La presidenta de la comisión, Diana Jácome Silva, explicó que el objetivo de la comparecencia fue recoger criterios especializados antes de elaborar el informe para segundo debate. Según indicó, los aportes permitirán robustecer una propuesta que busca cerrar vacíos legales frente a una problemática que, según distintos organismos, ha incrementado su impacto en Ecuador.

Durante su intervención, Campos insistió en que el reclutamiento de menores no puede abordarse únicamente desde el ámbito penal. "El tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es un tema exclusivamente de seguridad (...), también es un tema social", afirmó al advertir que la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión educativa y el desempleo crean un escenario que las organizaciones criminales aprovechan para captar a menores.

Reclutamiento digital: la nueva estrategia del crimen organizado

El especialista sostuvo que las estructuras criminales modificaron sus métodos de captación y ahora utilizan con mayor frecuencia plataformas digitales, videojuegos y redes sociales para acercarse a niños y adolescentes sin necesidad de un contacto presencial. Explicó que la pandemia aceleró ese cambio al trasladar buena parte de las interacciones de los menores hacia internet.

"Hoy en día no es necesario que el niño esté en la calle para ser reclutado (...). La mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes están en celulares, tablets y espacios digitales", señaló Campos durante su exposición ante los legisladores.

El experto añadió que incluso existen casos en los que personas privadas de libertad utilizan los chats de videojuegos para establecer vínculos con menores y comenzar un proceso de manipulación que termina convirtiéndose en reclutamiento. Esa modalidad, dijo, obliga a que la legislación contemple expresamente el entorno digital como un espacio de riesgo para la niñez.

Campos explicó que las organizaciones criminales desarrollan un proceso escalonado de captación. Inicialmente los menores cumplen tareas de vigilancia o mensajería y, posteriormente, son involucrados en actividades de mayor riesgo, como microtráfico, transporte de armas o sicariato. Según indicó, quienes fueron reclutados también terminan convirtiéndose en reclutadores de otros adolescentes.

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Penas más severas para quienes reclutan menores

Uno de los principales respaldos expresados por el compareciente fue hacia el endurecimiento de las sanciones para adultos que incorporen menores a organizaciones criminales. A su criterio, la legislación debe atacar directamente a quienes lideran estas estructuras y no únicamente a quienes ejecutan las actividades ilícitas.

"Tenemos que ser muy duros con las penas de los reclutadores adultos, porque si no no vamos a cerrar la fábrica del reclutamiento", sostuvo el representante de Crime Stoppers International.

Campos recordó experiencias observadas en países como El Salvador, donde niños de apenas ocho años eran utilizados por pandillas para alertar sobre la presencia policial mediante teléfonos celulares. Explicó que muchos de ellos iniciaban como simples vigilantes —conocidos como "postes"— y luego ascendían dentro de las organizaciones criminales hasta participar en delitos graves.

El experto también destacó que el proyecto ecuatoriano incorpora el concepto de pertenencia funcional dentro de las organizaciones criminales, una figura que, según dijo, permite identificar el rol específico que desempeña cada integrante dentro de la estructura delictiva y diferenciar la responsabilidad entre reclutadores, colaboradores y menores utilizados.

Uso y utilización: la diferencia que busca precisar la ley

Durante su intervención, Campos explicó que el proyecto diferencia los conceptos de uso y utilización, una distinción que, según afirmó, facilitará el trabajo de fiscales y jueces al momento de aplicar la norma.

De acuerdo con su explicación, el "uso" corresponde a una etapa inicial, cuando el menor participa en actividades marginales o de acercamiento a la organización criminal, mientras que la "utilización" implica una explotación directa del adolescente en delitos como tráfico de drogas, extorsión o sicariato.

"Cuando es un tema de utilización hay que aplicarle todo el peso de la ley. Cuando es un tema de uso todavía estamos a tiempo de salvar a ese niño", manifestó.

Asimismo, señaló que la respuesta estatal debe combinar medidas penales con programas de resocialización, educación, empleo juvenil, cultura y prevención, pues advirtió que una estrategia exclusivamente represiva no resolverá el problema si los menores continúan encontrando en las bandas criminales su único espacio de pertenencia.

Legisladores advierten que la ley debe ir acompañada de política pública

El debate continuó con las intervenciones de los asambleístas, quienes coincidieron en que el endurecimiento de las penas debe complementarse con acciones estatales para evitar que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales. Las preguntas se concentraron en el uso de plataformas digitales, el papel de las cárceles y las políticas de prevención.

El asambleísta Jorge Chamba destacó la experiencia internacional del compareciente y expresó su preocupación por el incremento del reclutamiento de menores en Ecuador. Durante su intervención sostuvo que el uso de videojuegos y plataformas digitales representa un nuevo desafío para las autoridades, al considerar que muchos menores son captados sin que sus familias conozcan lo que ocurre detrás de una pantalla.

Chamba preguntó qué mecanismos debería implementar el Estado para impedir que personas privadas de libertad o integrantes de organizaciones criminales contacten a menores mediante internet. Además, consultó si las reformas legales permitirán superar las debilidades institucionales existentes para detectar oportunamente estos casos y articular una respuesta entre distintas entidades públicas.

El debate apunta a educación, cárceles y prevención

El asambleísta Luna centró su intervención en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para reducir los factores que facilitan el reclutamiento. Recordó que, según datos expuestos durante la sesión, miles de niños permanecen fuera del sistema educativo, situación que —afirmó— incrementa su vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales.

También mencionó hechos recientes de violencia registrados en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde enfrentamientos armados obligaron a suspender actividades presenciales en instituciones educativas. Para el legislador, estas situaciones evidencian que el problema supera el ámbito penal y requiere acciones coordinadas del Estado.

Luna señaló que la pobreza, el desempleo, la falta de atención en salud y la ausencia de oportunidades para adolescentes constituyen condiciones que favorecen el crecimiento de las bandas delictivas. En ese contexto, consultó qué medidas deberían adoptarse para impedir que los menores pasen de ser reclutados a convertirse en reclutadores dentro de las propias organizaciones criminales.

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Crime Stoppers alerta sobre el reclutamiento desde cualquier parte del mundo

Al responder las inquietudes, Campos Martínez explicó que el principal desafío radica en que el entorno digital no tiene fronteras. Según indicó, quien contacta a un menor ecuatoriano puede encontrarse en una cárcel o en cualquier otro país, lo que dificulta la persecución penal tradicional.

"El espacio digital es un superespacio (...). Estas cárceles o estos reclutadores digitales puede ser que no estén dentro de la jurisdicción ecuatoriana", advirtió.

Frente a ese escenario, sostuvo que la principal herramienta para reducir el riesgo es la educación digital dirigida tanto a padres como a niños. A su juicio, las familias suelen creer que un menor está seguro únicamente por permanecer en casa, cuando actualmente las mayores amenazas también se encuentran detrás de una pantalla.

El especialista comparó esta situación con las campañas de prevención de fraudes bancarios que se desarrollan en distintos países. Consideró que ahora es necesario impulsar procesos similares para que padres, docentes y adolescentes aprendan a identificar las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para captar menores mediante videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El modelo de El Salvador y el control territorial

La presidenta de la comisión, Diana Jácome Silva, consultó al compareciente sobre los resultados obtenidos en El Salvador frente al combate de las pandillas y el reclutamiento de menores.

Campos respondió que la experiencia salvadoreña estuvo marcada por una decisión política de recuperar el control territorial mediante un régimen de excepción, aunque aclaró que cada país posee condiciones jurídicas distintas y que ese modelo no puede trasladarse automáticamente a otras realidades.

"La única forma de recuperar la soberanía nacional era quitarlos del territorio", afirmó al explicar cómo fueron desarticuladas las estructuras de la MS-13 y otras pandillas.

El experto sostuvo que, una vez debilitadas las organizaciones criminales, comenzaron a reactivarse actividades económicas y servicios públicos que permanecían restringidos por la violencia. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe construir su propia estrategia combinando legislación, prevención, fortalecimiento institucional y persecución del crimen organizado.

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Campos insiste en combinar sanciones con oportunidades

Durante la parte final de la comparecencia, el especialista reiteró que la prevención por sí sola no resulta suficiente cuando las organizaciones criminales controlan territorios completos. En esos casos, señaló, las familias incluso enfrentan dificultades para asistir a programas sociales debido al dominio ejercido por las bandas.

"La prevención sola no funciona", afirmó al explicar que las políticas sociales deben ir acompañadas de una respuesta contundente frente a las estructuras criminales.

Campos recomendó que la futura legislación vaya acompañada de presupuesto para programas de cultura, deporte, empleo juvenil, educación y resocialización. Según indicó, esos espacios pueden convertirse en alternativas para adolescentes que actualmente encuentran en las bandas criminales su único sentido de pertenencia.

También planteó mantener una diferenciación entre menores utilizados por organizaciones criminales y adolescentes que ya participan de forma consciente en delitos graves, como el sicariato, con el fin de evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por las defensas de integrantes del crimen organizado.

Al concluir la comparecencia, la presidenta Jácome agradeció las observaciones presentadas por el representante de Crime Stoppers International y anunció que los criterios técnicos serán incorporados en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley.

Lo que debes saber

• La sesión solemne por los 491 años del proceso fundacional de Guayaquil volverá al Salón de la Ciudad del Palacio Municipal.
• La decisión marca un cambio frente a las dos últimas celebraciones, que se realizaron en espacios abiertos como el Malecón Simón Bolívar y el Palacio de Cristal, y el acto será presidido por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

El Municipio de Guayaquil celebrará este sábado 25 de julio la sesión solemne por los 491 años del proceso fundacional de la ciudad en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, un escenario que no ha sido la constante en las últimas conmemoraciones.

El acto oficial comenzará a las 16:00 y será presidido por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien asumió la administración municipal tras la detención de Aquiles Álvarez.

La elección del Salón de la Ciudad marca un cambio frente a las últimas sesiones solemnes, que se desarrollaron en espacios abiertos con amplia asistencia de ciudadanos.

Un cambio respecto a las celebraciones recientes

La conmemoración por los 490 años del proceso fundacional de Guayaquil, realizada el 25 de julio de 2024, tuvo como escenario una gran tarima instalada en la intersección de las avenidas 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar. La ceremonia fue encabezada por el entonces alcalde Aquiles Álvarez y reunió a miles de asistentes.

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Un año antes, la sesión solemne por los 489 años de fundación se llevó a cabo en la explanada del Palacio de Cristal, también ubicada en el Malecón Simón Bolívar.

En cambio, la última ocasión en que el Municipio desarrolló este acto en el Salón de la Ciudad fue durante la conmemoración de los 488 años de fundación, celebrada el 25 de julio de 2023. El recinto, denominado "Dr. José Joaquín de Olmedo", se encuentra dentro del Palacio Municipal, en el centro de Guayaquil.

Tatiana Coronel presidirá el acto oficial

La ceremonia de este año será la primera encabezada por Tatiana Coronel en calidad de alcaldesa subrogante, función que ejerce mientras Aquiles Álvarez permanece apartado de sus funciones.

Se prevé que durante la sesión solemne el Cabildo entregue reconocimientos y emita el mensaje institucional por el aniversario 491 del proceso fundacional de Guayaquil.

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Renuncia del secretario 

A pocos días del evento también se produjo un cambio dentro de la estructura municipal. Este lunes 20 de julio se conoció la renuncia irrevocable de Jaime Tejada Franco al cargo de secretario del Concejo Municipal de Guayaquil, alegando motivos de salud.

La asambleísta Liliana Durán presentó un pedido para modificar el orden del día de la sesión prevista para el 21 de julio de 2026.

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¿Qué plantea la solicitud de Durán?

La propuesta plantea debatir una desclasificación parcial de la información relacionada con el expediente fiscal Nro. 170101826072291, cuya investigación sirvió de sustento para el pedido formulado por la Fiscalía ante el TCE y que derivó en la suspensión provisional del movimiento Amigo.

Según la solicitud presentada por Durán, el objetivo es permitir que la Asamblea verifique la legalidad, motivación, alcance y sustento del requerimiento de la Fiscalía. La legisladora argumenta que el proceso produjo efectos directos sobre la participación electoral de la organización política involucrada.

La propuesta precisa que la desclasificación no abarcaría la totalidad del expediente. Se limitaría a los oficios remitidos al Tribunal Contencioso Electoral, las acciones de personal, las notificaciones y sus respectivos acuses de recibo, así como a los actos y documentos que contengan la motivación general del pedido fiscal.

En la solicitud se establece que esa información sería necesaria para el ejercicio de las atribuciones constitucionales de fiscalización y control político que tiene la Asamblea Nacional.

“En un país donde se pretende proscribir a la oposición y vulnerar la democracia, el silencio es complicidad”, escribió la legisladora de la bancada de Revolución Ciudadana.

La iniciativa surge en medio de la controversia generada por la suspensión del movimiento Amigo, una resolución que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ejecutar. La tarde de este 20 de julio de 2026, el organismo electoral tenía previsto reunirse para conocer y resolver la disposición emitida por el Tribunal Contencioso Electoral.

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Roberto Luque y Antonio Gonçalves, exministros de Energía y Minas, así como Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), no asistieron a la sesión del viernes pasado. En esa reunión, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), anunció que insistiría en la convocatoria. Con ese antecedente, la nueva sesión fue convocada para las 17:00 de este 20 de julio.

Sin embargo, al menos para los asambleístas del correísmo que integran la Comisión de Fiscalización, hasta el mediodía de este lunes no existía certeza sobre la comparecencia de los invitados. Ana Cecilia Herrera (RC) indicó que, hasta donde conocía, aún no había una confirmación de su asistencia.

Cabe recordar que el viernes pasado la secretaria de la comisión confirmó que las convocatorias fueron enviadas a los correos electrónicos registrados. Además, el Ministerio de Infraestructura había firmado como recibida la convocatoria dirigida a Luque.

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¿Fueron convocados Gonçalves y Calero?

En la misma sesión se conoció que no hubo respuesta a las convocatorias enviadas por la Comisión de Fiscalización al exministro Antonio Gonçalves y al exgerente de CELEC Fabián Calero. Álvarez insistió en que el llamado también fue publicado en el portal web de la Asamblea Nacional.

“La Comisión cumplió con convocar a los llamados para rendir testimonio pidiendo incluso que la página web de la Asamblea Nacional haga públicos los llamados”, aseguró Álvarez.

Sobre la nueva convocatoria, el legislador también afirmó que las pruebas para la sustanciación del proceso podrán receptarse únicamente hasta el 21 de julio. Posteriormente, la comisión deberá elaborar un informe con la recomendación sobre el enjuiciamiento político de Manzano.

Sin embargo, EXPRESO contactó al abogado de Antonio Gonçalves, Leonardo Stagg, para consultarle sobre la convocatoria. Su respuesta fue que no tienen conocimiento del llamado para participar en el proceso de interpelación relacionado con el contrato de generación eléctrica suscrito entre CELEC y Austral Technical Management.

Este Diario también consultó al entorno de Fabián Calero sobre la convocatoria. La respuesta fue que tampoco habían sido notificados para comparecer ante la Comisión de Fiscalización.

Para esta tarde también está previsto el testimonio del periodista Álvaro Espinosa, cuya comparecencia fue solicitada por la bancada de Revolución Ciudadana y aprobada por la comisión.

Lo que debes saber

• El proyecto reemplazó al ganador del primer concurso tras un nuevo proceso de selección.
• El museo resguardará más de 1,2 millones de bienes patrimoniales.
• El edificio se proyecta en un sector donde también se prevén torres de hasta 35 pisos.

El concurso para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MUNA) volvió a generar cuestionamientos luego de que el Gobierno seleccionara la propuesta ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, para levantarse en la esquina de las avenidas República y Eloy Alfaro, en el centro-norte de Quito. La decisión se produjo tras un segundo proceso de evaluación, en el que el resultado combinó un 85 % de la calificación de un nuevo jurado técnico y un 15 % de la votación ciudadana, después de que el Ejecutivo desconociera el concurso original ganado por el arquitecto español Alberto Campo Baeza.

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El cambio de ganador del concurso

En un primer resultado del concurso había declarado vencedor a la propuesta ‘Ecos del Sol’, perteneciente al estudio del arquitecto español Alberto Campo Baeza, pero el Gobierno dejó sin efecto ese resultado tras las críticas expresadas en la red social X y organizó una nueva convocatoria con tres finalistas para votación pública. Finalmente, Estratos Vivos fue proclamado ganador, convirtiéndose, según Alejandro Zaera Polo, en el primer proyecto que obtiene un concurso después de que se conforme un segundo jurado para reemplazar el criterio técnico de un jurado anterior.

Zaera Polo, arquitecto y miembro del jurado del concurso original, aseguró en el pódcast Politizados que, antes de que el jurado entregara el fallo definitivo del primer concurso y semanas antes de que el Gobierno convocara un segundo proceso, los integrantes del equipo evaluador recibieron una solicitud para que la propuesta de SANAA fuera ubicada en el segundo lugar. Sin embargo, explicó que los jurados rechazaron esa posibilidad porque consideraban que el proyecto apenas podía aspirar a una mención, al estimar que incumplía requisitos técnicos básicos y que ubicarlo como segundo facilitaba reemplazar posteriormente al ganador.

El arquitecto sostuvo que ‘Estratos Vivos’ fue descartado inicialmente porque, a juicio del jurado, presentaba problemas estructurales que comprometían su viabilidad. Según explicó, las columnas representadas en la propuesta no tendrían continuidad con la estructura inferior del edificio, por lo que el proyecto no cumplía con las exigencias mínimas establecidas en las bases del concurso.

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Las objeciones al diseño arquitectónico

Uno de los principales cuestionamientos del especialista se concentra en la museografía y la conservación de las más de 1,2 millones de piezas que albergará el MUNA. Zaera Polo afirmó que el diseño plantea fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas expuestas al uso público, elementos que incrementarían el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial de esa magnitud.

El integrante del primer jurado también advirtió que la propuesta limita las posibilidades museográficas del museo. Argumentó que las salas tienen formas curvas y cerramientos de vidrio que dificultan la flexibilidad para montar exposiciones.

Otro aspecto que cuestionó fue la ubicación de las reservas museográficas bajo el nivel del suelo, en un terreno que anteriormente fue una laguna y que presenta un nivel freático elevado, además de encontrarse en una zona de actividad sísmica. A su criterio, esa decisión incrementaría el riesgo de inundaciones y afectaciones a los bienes patrimoniales, mientras que la envolvente de vidrio elevaría significativamente los costos de construcción, climatización y mantenimiento del edificio.

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Las dudas sobre la ejecución del proyecto

Zaera Polo también vinculó el resultado con el desarrollo inmobiliario previsto alrededor del predio donde se construirá el museo, donde se proyectan torres de más de 35 pisos. Según afirmó, la propuesta ganadora carece de la escala necesaria para actuar como un edificio institucional dominante y, en cambio, permitiría que las futuras edificaciones residenciales se conviertan en el elemento predominante del paisaje urbano, restando protagonismo al museo frente al parque La Carolina.

Zaera Polo sostuvo que el proyecto difícilmente podrá construirse en los dos años previstos en las bases del concurso debido a su complejidad técnica y al nivel de detalle que requiere su desarrollo. A su juicio, solo la ejecución de la obra tomaría entre cuatro y cinco años, además de que el presupuesto aumentaría porque la propuesta demandaría modificaciones durante el proceso constructivo.

El arquitecto también responsabilizó al Gobierno de haber desconocido el criterio del primer jurado técnico, que evaluó las propuestas durante varios días junto con especialistas del museo. En su opinión, la decisión de desestimar ese proceso "ya hizo daño" y convirtió este caso en un precedente inédito dentro de los concursos internacionales de arquitectura.

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La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó la presentación del recurso este 20 de julio de 2026. En entrevista con Ecuador en Directo, la dirigente señaló: “El sábado (18 de julio de 2026), de manera inmediata, los abogados de la organización política aliada pusieron una recusación al juez”.

Rivadeneira reconoció que la acción busca agotar todas las instancias legales tras la decisión del TCE, más que convertirse en una estrategia que permita revertir la suspensión. “Sabemos que no es un tema de legalidad sino una decisión política”, añadió.

¿De qué se trata la recusación?

El recurso fue presentado por Francisco Loor. El argumento se sustenta en una de las causales previstas en el Código de la Democracia para plantear una recusación. En este caso, Amigo invoca la relacionada con que el juez haya manifestado una opinión o emitido un consejo, demostrable, sobre el proceso sometido a su conocimiento.

La recusación busca apartar del caso al juez Maldonado. Sin embargo, el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute la suspensión del movimiento vence este 20 de julio de 2026.

Cabe recordar que, en su resolución, Maldonado otorgó un plazo de tres días para que la decisión fuera ejecutada. El CNE es la entidad encargada de administrar el registro permanente de organizaciones políticas, por lo que deberá incorporar en ese listado la suspensión del movimiento Amigo.

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Rivadeneira aseguró que Revolución Ciudadana concretó otras alianzas. “Ahora vamos a ver qué se inventan cuando vean que los cuadros de la Revolución Ciudadana van a estar por otros partidos y otras alianzas”, dijo.

La mañana de este lunes, la dirigente también evitó revelar los nombres de las organizaciones políticas con las que alcanzó acuerdos. Incluso aseguró sentir temor de hacerlo: “La verdad me da miedo decirlo. Decíamos hace un momento que no queremos anunciar a Amigo porque, cuando se enterara el Gobierno que sería ese movimiento lo iba a sancionar”.

Lo que debes saber 

• Jaime Tejada Franco presentó su renuncia irrevocable como secretario del Concejo Municipal de Guayaquil por motivos de salud.
• El documento será conocido en la sesión del Concejo del jueves 23 de julio.

Jaime Tejada Franco presentó su renuncia irrevocable al cargo de secretario del Concejo Municipal de Guayaquil. La noticia se conoció este lunes 20 de julio de 2026 y, según confirmaron fuentes municipales a EXPRESO, el documento será tratado durante la sesión ordinaria del Concejo Cantonal prevista para el jueves 23 de julio en el Salón de la Ciudad.

La carta fue dirigida a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, y tiene fecha del 20 de julio. En ella, Tejada argumenta que su decisión responde a motivos de salud.

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"Presento mi renuncia formal, con carácter irrevocable, a las funciones de secretario del Concejo Municipal por motivos de salud", señala el documento.

En la misiva también indica que desempeñó esas funciones desde el 20 de febrero de 2026 hasta este 20 de julio, fecha en la que oficializó su salida.

Agradecimiento y continuidad en otra función

En el documento, Jaime Tejada Franco expresa su agradecimiento por la confianza recibida para ejercer el cargo.

"Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir tan altas responsabilidades", escribió.

Sin embargo, aclara que su decisión no implica un alejamiento definitivo de la administración municipal.

El exsecretario manifestó su disposición de continuar aportando desde la Secretaría General, poniendo al servicio de la institución su preparación académica, trayectoria profesional, experiencia en la gestión pública, criterio jurídico y compromiso con los objetivos institucionales.

El Concejo conocerá la renuncia

De acuerdo con la información obtenida por EXPRESO, la renuncia será conocida por el Concejo Municipal durante la sesión convocada para el jueves 23 de julio de 2026, que se desarrollará en el Salón de la Ciudad.

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil no ha informado quién asumirá las funciones de la Secretaría del Concejo una vez que el organismo conozca oficialmente la renuncia.

Funciones y responsabilidades de Secretaría

Entre las responsabilidades figuran: 

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Para la tarde de este 20 de julio de 2026 está prevista una sesión del Pleno en la que, entre otros temas, se conocería la renuncia de quien también presidió el organismo durante más de siete años. 

El siguiente paso será principalizar al vocal suplente de acuerdo con el orden de prelación. En este caso, quien deberá asumir la vocalía que dejará vacante Atamaint será José Merino.

¿Quién es José Merino?

El hasta ahora vocal suplente no es nuevo en el CNE. Ya ha integrado el Pleno en varias ocasiones, principalmente durante las ausencias de la consejera y actual vicepresidenta del organismo, Esthela Acero. Su paso por esa instancia de decisión tampoco ha estado exento de cuestionamientos.

El rol de Merino fue determinante en resoluciones como la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. No solo aportó su voto, sino que también justificó la decisión, pese a que, al momento de adoptarla, ya había vencido el plazo que el Código de la Democracia otorgaba al CNE para aplicar ese tipo de sanciones.

El nombre de Merino cobró notoriedad en noviembre de 2024 cuando, junto con las también vocales suplentes Cristina Kronfle y Mónica Noriega, solicitó su principalización al considerar que el período de los consejeros titulares había concluido. Incluso acudieron a la sede del CNE con la intención de asumir sus funciones, pero se les impidió el ingreso.

Merino ha sido considerado un consejero cercano a Atamaint y ha mantenido una disputa abierta con la vocal Elena Nájera. Durante una sesión del Pleno, esta última llegó a afirmar que no abandonaría el organismo porque eso permitiría la principalización de Merino.

Política

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Las fuerzas al interior del CNE

Como ocurre en los órganos colegiados, el CNE funciona sobre la base de las mayorías que logra consolidar su presidente. Actualmente, José Cabrera cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Esthela Acero y de la vocal Elena Nájera.

Tras asumir la presidencia y durante sus primeras intervenciones públicas, Cabrera anunció que había dialogado con todos los consejeros principales y también con el vocal suplente José Merino. Aseguró que su objetivo era mantener la armonía al interior del organismo electoral.