Lo que debes saber

• Mishel Mancheno aseguró que se tratará el informe de la Comisión de Transparencia, que no estableció responsabilidades políticas.
• La titular del Legislativo dejó en  manos de la Comisión de Transparencia el envío del informe para su tratamiento en el Pleno.
• Dicho informe concluyó que el caso ya estaba en investigación por parte de la Fiscalía General. 

El caso Progen y la fiscalización de la Comisión de Transparencia, presidida por el oficialismo, vuelve a discusión en la Asamblea Nacional. La presidenta del organismo, Mishel Mancheno, aseguró que el tema sí llegará al Pleno.

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Mancheno presenta agenda legislativa para los próximos meses: ¿qué leyes se priorizarán?

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Este 13 de agosto de 2026, Mancheno presentó su agenda legislativa para lo que resta del primer ciclo del actual periodo legislativo. La titular del organismo habló de tres ejes que guiarán su hoja de ruta: seguridad, desarrollo humano y economía.

En el marco de dicha presentación, fue consultada sobre lo que ocurrirá con el informe que aprobó la Comisión de Transparencia, en el que se liberó de responsabilidades a los ministros de Daniel Noboa por el contrato entre CELEC y la empresa Progen, que tenía como finalidad la generación eléctrica en medio de la crisis de 2024.

“Vamos a estar pendientes de la comisión, sobre cuándo cuándo envían al Pleno (el informe). Se lo va a tratar. Se va a fiscalizar. Deben estar seguros de que, en la agenda parlamentaria uno de los principales ejes es la fiscalización”, aseguró Mancheno.

Es decir, la presidenta del Legislativo dejó en manos de la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, el avance del caso. Esto ocurre después de que Niels Olsen, expresidente de la Asamblea, primero señalara que el informe no se trataría y luego indicara que sería abordado una vez que el caso siguiera su curso en el ámbito legal.

El informe de la Comisión de Transparencia

En diciembre de 2025 se conoció el resultado del proceso de fiscalización que inició la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome. Dicha mesa legislativa tomó el control de la fiscalización después de que, con aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el proceso le fuera retirado a la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo.

El documento no estableció responsabilidades políticas. Es decir, ningún ministro que ocupó el cargo durante la firma del contrato y la entrega del dinero por los generadores eléctricos fue señalado.

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El informe señaló: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República que se configuren en un incumplimiento de funciones”.

El documento también concluyó que la Contraloría ya había establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.

Asimismo, entre sus conclusiones, señaló que “las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General, que es el órgano competente para impulsar la acción penal”.

Cinco meses después de la aprobación del informe, Olsen fue consultado sobre cuándo sería tratado en el Pleno. El entonces presidente de la Asamblea aseguró que el documento había sido remitido a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General.

La nueva presidenta de la Asamblea presentó su hoja de ruta este 13 de agosto de 2026. Los ejes de la agenda legislativa son:

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Cada uno de estos ejes incluye proyectos de ley considerados prioritarios para los próximos meses. En materia de seguridad, por ejemplo, se contempla la Ley Antimafias, una iniciativa del oficialismo, así como reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Esto con el fin de consolidar un marco normativo que contribuya a enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad del Estado”, aseguró Mancheno.

La presidenta de la Asamblea agregó que, para cada uno de los proyectos priorizados, se coordinó con los presidentes de las distintas comisiones en las que se tramitan las iniciativas.

Proyectos sobre seguridad y lucha contra la corrupción

Dentro del eje de seguridad se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos:

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Desarrollo humano y economía

En el eje de Desarrollo Humano y Modernización Institucional se contemplan proyectos relacionados con salud, reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y el empoderamiento de la mujer rural. También se incluyen reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

En materia económica, la Asamblea, bajo la presidencia de Mancheno, priorizará proyectos como la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, reformas al Código Tributario y el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.

¿Qué pasará con la agenda que presentó Niels Olsen?

La nueva agenda legislativa se presenta en medio de los cambios que experimenta el Legislativo por las elecciones seccionales de noviembre de 2026. El primero en dejar su curul fue Niels Olsen, quien ahora buscará la Alcaldía de Samborondón.

Durante su primer año de gestión al frente del Parlamento, Olsen planteó una agenda con cinco ejes, que incluía poco más de 50 normativas.

Sobre qué ocurrirá con esa hoja de ruta, Mancheno señaló: “Tenemos 30 proyectos. Hay que decir que esto es una continuidad del periodo legislativo”.

El tratamiento del proyecto cobró especial relevancia después de los terremotos registrados en Venezuela y Colombia, cuyos efectos dejaron viviendas e infraestructura destruidas en ambos países.

Aunque la reforma ya se encontraba en trámite antes de estos eventos, los daños observados en los países vecinos trasladaron parte de la discusión legislativa hacia la prevención. De cara al segundo debate, varios asambleístas plantearon reforzar las exigencias relacionadas con la seguridad y la gestión de riesgos en la construcción de viviendas, incluidas aquellas destinadas a programas de interés social.

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Asambleístas plantean mayores responsabilidades para los constructores

Pablo Jurado, asambleísta independiente y exalcalde de Ibarra, sostuvo que los terremotos y otros desastres naturales terminan poniendo a prueba la calidad de las construcciones de las ciudades y advirtió que sus consecuencias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

“Se deben incluir artículos donde seamos más radicales en exigencias, para que no solo sea una declaración responsable la del promotor (constructor), sino que tenga que hacer una declaración juramentada y se haga responsable de los problemas o consecuencias que puedan derivarse cuando técnicamente se cometan errores”, señaló Jurado.

El planteamiento apunta a incrementar la responsabilidad de los promotores sobre las condiciones técnicas de las edificaciones y las posibles consecuencias derivadas de errores durante su construcción.

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Prevención de riesgos entra en el debate de la reforma

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, reconoció que uno de los aspectos que deberá priorizarse para el informe de segundo debate es el fortalecimiento de los sistemas de prevención de riesgos.

Según el legislador, para alcanzar ese objetivo será necesario profundizar el trabajo con los municipios y contar con mapas de riesgos actualizados para cada ciudad. Benavides también cuestionó la idea de que los proyectos de vivienda social deban ubicarse necesariamente en zonas periféricas y alejadas de los sectores centrales de las ciudades.

Desde la bancada de Revolución Ciudadana, el asambleísta Roque Ordóñez señaló que no se opone al proyecto de Vivienda de Interés Social, pero cuestionó que la propuesta se concentre principalmente en reducir trámites y acelerar los permisos de construcción.

La bancada correísta también sostiene que tanto la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea como la reforma actualmente en discusión podrían favorecer una mayor participación privada en la construcción de viviendas de interés social.

La normativa aprobada en marzo establece, entre otros incentivos, que los contribuyentes que donen viviendas de interés social podrán acceder a una rebaja equivalente al 100 % del valor de lo donado. El beneficio podrá aplicarse al impuesto a la renta desde el período fiscal 2026 hasta 2029.

Viviendas sociales deberán incorporar criterios de resiliencia

La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, aseguró que la reforma incorpora mayores disposiciones relacionadas con la gestión y prevención de riesgos.

“Las viviendas que se construyan con carácter de interés social deben diseñarse y ejecutarse con criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a riesgos naturales. La vivienda de interés social no tiene que ser sinónimo de pobreza”, afirmó la asambleísta de ADN.

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Entre las modificaciones que plantea la reforma se encuentran:

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Edificaciones antiguas concentran uno de los principales desafíos

Aunque el debate legislativo se concentra en las reglas para la construcción de viviendas de interés social, la vulnerabilidad sísmica del país abarca un problema más amplio.

José Luis Esteban Penelas, doctor arquitecto y catedrático de Arquitectura de la Universidad Europea, considera que Ecuador ha avanzado en normativa y tecnología sismorresistente, pero advierte que una de las principales tareas pendientes está en las construcciones antiguas.

El especialista identifica como especialmente vulnerables aquellas edificaciones levantadas antes de la normativa sismorresistente vigente, así como las construidas mediante procesos de autoconstrucción o sistemas que no cumplen plenamente con los estándares técnicos actuales.

Según Penelas, un terremoto de gran magnitud podría tener consecuencias particularmente graves sobre este tipo de estructuras. En contraste, los edificios diseñados bajo la normativa vigente cuentan con mejores condiciones para responder a un evento sísmico debido, entre otros factores, a criterios de flexibilidad estructural y al empleo de materiales de alta resistencia, como el acero y el concreto.

A 10 años del terremoto de Manabí, el académico reconoce avances importantes. Entre ellos menciona el fortalecimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, mayores exigencias técnicas, la obligatoriedad de estudios geotécnicos y la incorporación de tecnologías como disipadores de energía y sistemas de amortiguación.

Estas herramientas pueden mejorar la respuesta de las estructuras frente a los movimientos sísmicos. Sin embargo, el desafío, según el experto, es conseguir que las edificaciones del país se ajusten progresivamente a los estándares actualizados.

Guayaquil enfrenta desafíos particulares por las características de sus suelos

La vulnerabilidad sísmica tampoco es uniforme en todo Ecuador. Las características del suelo, la antigüedad de las edificaciones y los sistemas utilizados para construirlas modifican los niveles de riesgo entre ciudades.

En Guayaquil, Penelas identifica como un factor relevante las características geotécnicas de los terrenos próximos al río. Los suelos blandos requieren soluciones específicas de cimentación, como los pilotajes, que adquieren especial importancia frente a movimientos sísmicos de gran intensidad.

La infraestructura esencial representa otro de los desafíos. Según el académico, una parte de los hospitales, colegios y otros edificios públicos de la Costa fue construida antes de la normativa actual y no necesariamente ha recibido los reforzamientos estructurales requeridos para responder ante un terremoto de gran magnitud.

En el caso de los puentes, Penelas diferencia entre las estructuras recientes, que incorporan estándares antisísmicos y tecnologías más avanzadas, y aquellas de mayor antigüedad. El riesgo, explica, se concentra especialmente en puentes antiguos pertenecientes a redes viales secundarias que podrían no cumplir las especificaciones sismorresistentes vigentes.

Para el especialista, Ecuador debe reducir progresivamente la brecha entre las construcciones nuevas y su parque inmobiliario antiguo. Esto implica fortalecer los controles y estudios de suelo, pero también identificar las edificaciones existentes con mayor vulnerabilidad y priorizar el reforzamiento de infraestructura crítica, cuya operación resulta indispensable después de una emergencia.

Lo que debes saber

• Ecuador, Colombia y Perú buscan coordinación regional para impulsar comercio e inversión.
• Nueva etapa política plantea cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el crimen organizado.
• Expertos prevén resultados si los gobiernos concretan acuerdos regionales en los próximos meses.

La nueva configuración política en la región andina podría generar condiciones favorables para una mayor cooperación entre Ecuador, Colombia y Perú en áreas como comercio exterior, inversión, seguridad, energía e infraestructura. 

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Sin embargo, especialistas advierten que los posibles beneficios dependerán de la capacidad de los tres países para convertir la afinidad política en acuerdos concretos y mecanismos de coordinación permanentes.

Según el académico Moisés Ruiz González, profesor de la Universidad Europea de Madrid, el escenario actual podría facilitar el diálogo y la coordinación entre los tres gobiernos en asuntos que durante los últimos años han requerido respuestas conjuntas o han estado marcados por tensiones.

Comercio bilateral entre los principales retos y oportunidades

Uno de los ámbitos donde podrían observarse efectos más inmediatos es el comercio entre Ecuador y Colombia. De acuerdo con el experto, una mayor sintonía política podría contribuir a reducir fricciones comerciales y generar un entorno más estable para exportadores e importadores de ambos países.

El análisis también señala que una relación más coordinada entre Ecuador, Colombia y Perú podría favorecer la llegada de inversión privada y el impulso de sectores estratégicos como infraestructura, energía y minería. 

No obstante, el especialista sostiene que estos resultados dependerán de que la cooperación trascienda el plano político y se traduzca en una agenda económica efectiva.

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Seguridad regional y lucha contra el crimen organizado

La seguridad aparece como uno de los principales temas en la agenda regional. El académico considera que la cooperación contra el narcotráfico, las economías ilícitas y las organizaciones criminales transnacionales podría fortalecerse en este nuevo contexto político.

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Sin embargo, advierte que una mayor cercanía entre gobiernos no implica automáticamente una reducción de la actividad criminal. Para enfrentar a grupos que operan en zonas fronterizas será necesario fortalecer el intercambio de información, la coordinación entre instituciones y la ejecución de acciones conjuntas de seguridad.

Además, señala que el apoyo y la cooperación de Estados Unidos con los tres países podrían contribuir a reforzar las capacidades de respuesta frente a amenazas de carácter transnacional.

Fronteras y movilidad humana, otro desafío compartido

El especialista también identifica la gestión migratoria y el control fronterizo como temas clave para la relación entre Ecuador, Colombia y Perú. En su análisis plantea que las fronteras no deben entenderse únicamente como espacios de vigilancia, sino como territorios compartidos que requieren coordinación entre los Estados.

Bajo esa visión, propone avanzar hacia mecanismos conjuntos que combinen seguridad, desarrollo territorial y gestión ordenada de la movilidad humana. El objetivo sería reducir los espacios aprovechados por organizaciones criminales, mientras se facilita el tránsito legal de personas y mercancías.

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Resultados concretos serán la prueba de la nueva etapa

Más allá de la coincidencia política entre los gobiernos, los próximos meses serán determinantes para evaluar si esta nueva etapa regional logra traducirse en beneficios tangibles. Comercio, inversión, infraestructura, energía y seguridad serán algunos de los indicadores que permitirán medir el alcance de la cooperación.

Para Ecuador, una relación más estable con Colombia y Perú podría ampliar oportunidades comerciales, generar mayor confianza para la inversión y fortalecer la respuesta estatal frente a fenómenos delictivos que operan a escala regional.

Lo que debes saber

• CNE publicará el 9 de noviembre la lista definitiva de candidatos para elecciones seccionales.
• José Cabrera confirmó la fecha tras las fases de objeciones, impugnaciones y recursos electorales.
• La lista definitiva incluirá a candidatos que superen todas las etapas de revisión del CNE y TCE.

A pocos días de que concluya el plazo para la inscripción de candidaturas, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, advirtió que las organizaciones políticas todavía no han registrado la cantidad de postulaciones que se esperaba y pidió que no esperen hasta las últimas horas para completar el proceso.

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En una entrevista con Teleamazonas, Cabrera señaló que el calendario electoral avanza sin inconvenientes y que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de inscripción de candidatos. Sin embargo, reconoció que el ritmo de registro es menor al esperado. “Lamentablemente no ha habido la cantidad de inscripciones aún todavía de candidatos que se esperaba”, manifestó.

Según Cabrera, hasta el momento se contabilizan 5.756 ciudadanos inscritos. El funcionario recordó que el plazo vence el 17 de agosto a las 18:00 y que, una vez cerrado el sistema informático, ya no será posible ingresar documentación. “Espero que no lo dejen para el último día, para la última hora y que muchas candidaturas se tengan que quedar”, sostuvo.

El consejero explicó que esta práctica no es nueva entre las organizaciones políticas. A su criterio, esperar hasta el cierre del plazo se ha convertido en una costumbre que puede generar problemas para completar las inscripciones. “No, es es una costumbre lamentablemente de nuestras organizaciones políticas, lo dejan para el último día, última hora”, dijo Cabrera.

Recordó que antes las candidaturas se presentaban físicamente y que, en algunos procesos, las organizaciones llegaban con la documentación cuando las puertas estaban por cerrarse. Desde 2021, el procedimiento se realiza mediante una plataforma web. “Sin embargo, eh las organizaciones políticas lo dejan al último día”, agregó.

Las candidaturas todavía pueden cambiar

Cabrera también explicó que los precandidatos que participaron en las elecciones internas todavía pueden renunciar y ser reemplazados mientras su candidatura no haya sido calificada por el Consejo Nacional Electoral.

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“Una vez que el Consejo Electoral les ha calificado como candidatos eh ya no pueden renunciar, sino pues ciertas excepciones como es fallecimiento o alguna enfermedad eh grave”, explicó.

Hasta el cierre de las inscripciones, por tanto, las organizaciones políticas todavía pueden realizar modificaciones dentro de las condiciones establecidas por el proceso electoral.

El consejero indicó que, debido a que el registro continúa abierto, todavía no cuenta con el dato definitivo de qué provincias concentran el mayor número de candidaturas ni qué dignidades acumulan más postulaciones.

“Todavía siguen trabajando porque ingresan y de pronto hacen cambios y está en su potestad, el sistema les permite que puedan realizar esos cambios”, señaló.

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Objeciones e impugnaciones después de las inscripciones

Una vez cerrado el periodo de inscripción comenzará una nueva etapa de revisión de las candidaturas. Cabrera explicó que los reclamos pueden avanzar desde las juntas provinciales hasta el CNE y, finalmente, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“En primera instancia será la Junta Provincial. Si la Junta Provincial no eh satisface sus reclamos, sube al Consejo Electoral y hasta el Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia en temas electorales”, detalló.

El objetivo del organismo electoral es contar con el listado definitivo de candidatos el 9 de noviembre, una vez que hayan concluido las diferentes fases de impugnaciones y recursos.

CNE revisa postulaciones al Consejo de Participación

Otro de los procesos que avanza en paralelo es la revisión de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cabrera indicó que la Comisión Técnica del CNE analiza los expedientes para determinar si los postulantes cumplen los requisitos y no están incursos en inhabilidades.

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“Nosotros máximo hasta el día viernes como pleno del Consejo Electoral tenemos que pronunciarnos sobre esas ese informe que nos entregue la Comisión Técnica que está realizando la evaluación”, explicó.

Después de esa decisión también podrán presentarse recursos ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. El listado definitivo de aspirantes se establecerá una vez que concluya esa fase.

Gasto electoral: las redes sociales también serán monitoreadas

Cabrera también se refirió al control del gasto electoral en redes sociales, uno de los desafíos de la campaña debido al uso creciente de plataformas digitales para promocionar candidaturas.

El consejero aclaró que el CNE no controla el contenido de las publicaciones, pero sí puede fiscalizar los recursos destinados a la publicidad.

“El contenido no podemos controlar en redes sociales, pero sí el gasto en las redes sociales que nos permite y de esa manera ir sumando hacia lo que es el límite del gasto electoral”, señaló.

El organismo recopila información a través de sus delegaciones provinciales y del área nacional de fiscalización. Esos valores son incorporados al control del límite de gasto cuando la candidatura llega a ser calificada. “Si se inscriben, sí va sumando todos estos valores al límite del gasto electoral”, explicó Cabrera.

En caso de que un candidato o una organización política supere el límite establecido, el CNE remitirá el caso al Tribunal Contencioso Electoral, que será el encargado de determinar las sanciones correspondientes.

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Dos empresas autorizadas para pronósticos electorales

Cabrera informó además que, hasta el momento, dos personas naturales o jurídicas han sido autorizadas por el pleno del CNE para realizar pronósticos electorales. El registro continúa abierto para nuevos interesados.

“Es justamente el área que revisa toda esta documentación, pide la información para saber con qué técnicos tiene, incluso la experiencia eh que tiene en los diferentes procesos electorales”, indicó.

El propósito, agregó, es verificar que las empresas o personas autorizadas cuenten con las condiciones necesarias para entregar información sobre pronósticos electorales durante el proceso.

Lo que debes saber:

• Sismos en América no anticipan un terremoto en Ecuador, afirma Hugo Yepes tras eventos de junio, julio y agosto 2026.
• Ecuador vive riesgo sísmico permanente por la placa de Nazca, pero los terremotos no se pueden predecir.
• Hugo Yepes pide revisar construcción y vulnerabilidad urbana antes de las seccionales de noviembre de 2026.

Luego del sismo de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto del 2026, que sucedió al de Venezuela, en junio; y al de México, en julio, la pregunta es: ¿Ecuador será el siguiente? En chats de WhatsApp de vecinos corren teorías al respecto e incluso anuncios falsos de entidades de Gobierno. Desde Italia, Hugo Yepes, sismólogo y vulcanólogo, conversó con EXPRESO al respecto.

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- ¿Es correcto deducir que Ecuador enfrentará un sismo, luego de lo que ha pasado en países vecinos?

- No. No se pueden predecir los terremotos. Además el terremoto de Venezuela no disparó el de Colombia y ese no dispara ningún otro terremoto. Los ambientes tectónicos son diferentes y los mecanismos también. 

El de Venezuela fue producto de acumulación de fuerzas del movimiento de la placa del Caribe; y el de Colombia, resulta de la rotura interna de desgarre de una placa antigua que está colgando y que fue atraída por la fuerza de gravedad. No se conoce el antecedente, pero fueron cientos de años.

- ¿Qué se podría esperar?

- Si bien, esos sismos no van a disparar al siguiente en Ecuador, hay suficientes fuentes sísmicas cargadas de deformación que pueden generar un terremoto en el país de aquí a 10 o cien años, a 10 meses. Pero no es real eso que dicen que “ya nos toca, que viene bajando del norte“. 

Nada, coincidencia en el espacio de unos terremotos potentes, como ha ocurrido en otras partes del mundo. No hay onda sísimica, nada al respecto. Pero debería servirnos el sufrimiento de los vecinos para entender que es un escenario real que puede ocurrirnos con nuestro ambiente tectónico.

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- ¿Vivimos en riesgo más allá de estos antecedentes de sismos?

- Ecuador es una zona del planeta en donde permanentemente se han presentado terremotos, hay una tectónica muy activa, empuje de la placa de Nazca en el fondo del Océano Pacífico contra el continente que se resiste. Y que penetra debajo del continente sudamericano y permanentemente genera esfuerzos de deformación, se acumulan y tarde o temprano se liberan.

Pese al terremoto del 2016, en Ecuador no se actualiza el Código de la Construcción, sigue esa vulnerabilidad.Hugo Yepes/ sismólogo

- ¿Más allá de lo que pasa en América, tenemos una historia de sismos?

- Hay historia, lo que falta es conciencia del riesgo. Celebramos la fiesta de las flores y frutas, que surgió a raíz del terremoto de Ambato, de 1949; o la del retorno en Ibarra, para refundar ciudad, luego del sismo de 1868 que la destruyó; tenemos devotos del Señor del Terremoto, que salvó de la destrucción general en 1927, con el mismo tipo de falla de la que se sintió en Venezuela. 

Y recordamos a las víctimas del terremoto de 7.8 en Manabí y Esmeraldas, de hace 10 años. En esa misma zona el 14 de mayo de 1942 hubo un terremoto gemelo...

- Con la angustia del ciudadano, ¿la Secretaría de Riesgos o los municipios deberían decir algo?

- Sí por supuesto desde punto de vista científico, explicar en dónde fue la liberación, lo que puede esperarse en los siguientes días. Hay un aforismo de Minard Hall, quien dice que el momento de aprender a bailar no es en medio del baile y eso hacemos, dicen que hay que tener una mochila. 

Estamos viendo casi en vivo y directo lo de los vecinos, esa aplicación de Google no es tan útil. Hay que pensar si tiembla el jueves a las 10:00 y los estudiantes están en el colegio, cómo están esas instalaciones, se las puede reforzar o les cambio a otro. Y si es a las 02:00, cómo están las casas.

- ¿Quién debería dar esas respuestas?

- Hay diferentes niveles, pero ahora que vamos a elegir alcaldes, habría que conocer sus políticas al respecto. Recordemos cómo quedó el Hospital del Seguro Social en Manta, en 2016; o ahora el Universitario, de Cali. Viviendo en una zona sísmica es la falta de estado y de organización propia, para tomar acciones que disminuyan las vulernabilidades.

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- ¿Quién debe conocer sobre vulnerabilidad ante un sismo de una zona en Ecuador?

- El alcalde, el administrador zonal, el arrendatario, el promotor inmobiliario y dueño de casa. Hay tipos de suelo, que funcionan como un columpio, cuando viene el sismo representa a la persona que empuja. Las edificaciones son sismorresistentes.

El papel de ingenieros civiles

Una preocupación de Hugo Yepes es que en Ecuador siga vigente el Código de la Construcción previo al terremoto del 2016. Cree que las alcaldías deben revisar que barrios como el América en Quito, levantados en los cuarenta son de ladrillo, sin columnas... Los ingenieros civiles y constructores deben decir qué tan vulnerables son las urbes.

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Hugo Yepes/ sismólogo

¿Quién es Hugo Yepes?

Experto sismólogo y vulcanólogo, que ha trabajado al menos 40 años en evaluación de peligros geológicos y mitigación de riesgos relacionados con terremotos y erupciones volcánicas. Cofundó y dirigó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador. Fue asesor de la Alcaldía de Quito entre 2019 y 2023.

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Lo que debes saber

• La gestión municipal será uno de los factores de evaluación.
• Los cuestionamientos también pueden influir en las decisiones.
• Algunos alcaldes analizan nuevas opciones dentro de la política.

Al final, Luis Chonillo, alcalde de Durán, no se pronunció sobre si buscará o no la reelección, al igual que Luis Escobar, de Chambo, y Edison Cueva, de Quijos. En cambio, John Vinueza, de Riobamba, decidió no disputar el cargo, en un escenario donde el desgaste de sus gestiones, el cálculo electoral y el temor a eventuales presiones políticas pesan sobre la decisión de los burgomaestres.

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La gestión, bajo evaluación

Para los analistas Andrés Obando y Alfredo Espinosa, detrás de estas decisiones hay una mezcla de cálculo electoral, supervivencia política y un contexto que puede terminar afectando la competencia democrática. Además, se sumaría la falta de respaldo ciudadano.

En primer lugar, explican, una candidatura a la reelección supone someter su gestión a una nueva evaluación ciudadana. Por eso Espinosa recuerda que toda elección funciona como un plebiscito sobre la administración y que, cuando los números no acompañan, los partidos pueden optar por buscar un reemplazo para evitar una derrota.

Ese cálculo puede ser especialmente determinante para aquellos que llegan al final de su periodo sin obras que puedan ser un legado visible. Para Espinosa, la ausencia de hitos o de una gestión reconocible pesa al momento en que una tienda política decide si una autoridad vuelve a las urnas.

También podrá existir una lógica de intimidación que lleve a algunos precandidatos a optar por retirarse antes que mantenerse en la contienda electoral por la reelección.Andrés Obando, analista político

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El desgaste también pesa

A ello se suma el desgaste natural del ejercicio del poder. Obando señala que un alcalde puede preferir no exponerse a una derrota electoral y conservar, en cambio, un margen para continuar su carrera política desde otra posición, como respaldar a otro candidato, conservar influencia en su cantón o incluso reservarse para una futura contienda, mientras mantiene cuotas de poder construidas durante su administración.

En otros casos, la salida puede estar relacionada con cuestionamientos más delicados. Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, menciona que cuando existen errores de gestión o incluso supuestos actos de corrupción, no presentarse a las urnas puede convertirse en una ventana para abandonar el escenario local y reducir la exposición política.

Por eso, el retiro de un alcalde puede producir efectos distintos según la calidad de la administración que deja. Obando menciona que una salida puede significar un retroceso si corta planes, contratos, equipos y conocimientos acumulados; aunque puede convertirse en una oportunidad de renovación cuando la autoridad saliente arrastra problemas de corrupción o vínculos cuestionados.

ADN ha instalado la idea de que la única vía para administrar exitosamente una ciudad es gobernar bajo su bandera, ante el riesgo de enfrentar acciones de instituciones del Estado.Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UG

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El factor Gobierno y los controles

Pero la decisión de no competir no respondería solo a razones personales o electorales. El escenario institucional, las dificultades presupuestarias de los municipios y los problemas relacionados con las transferencias del Gobierno central también pesarían en el cálculo de quienes sí evalúan buscar un nuevo periodo, analiza Macías.

Por eso, el escenario todavía está abierto, aseguran los expertos, y habrá que observar quiénes finalmente llegan a las urnas el 29 de noviembre de 2026. Un ejemplo es la decisión de Leonardo Rodríguez, alcalde de Chone, de desistir de una eventual candidatura a la Prefectura de Manabí para respaldar al precandidato del oficialismo en su camino.

Obando dice que algunos alcaldes pueden preguntarse si, aun cuando consideren que han tenido una gestión limpia, podrían enfrentar procesos ante la justicia, la Contraloría u otras instituciones del Estado. Esa incertidumbre, admite, también pesará en la decisión de mantener o no la intención de buscar un nuevo periodo al frente de sus cabildos.

Espinosa coincide en que el proceso electoral estará atravesado por la actuación de organismos de control y advierte que habrá que observar las objeciones, reclamaciones y eventuales procesos que lleguen a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral. También menciona la incidencia que podría tener la justicia penal en el desarrollo de las candidaturas.

Las decisiones y omisiones en la gestión del alcalde de Durán, así como los cuestionamientos que ha enfrentado el burgomaestre de Riobamba, terminaron pasándoles factura.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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La presión política abre paso a los ‘camisetazos’

Por ese escenario, explica Macías, han aparecido los llamados ‘camisetazos’. Algunos políticos consideran que la única manera de garantizar su supervivencia electoral es acercarse a Acción Democrática Nacional (ADN), al identificar al movimiento oficialista como la organización que actualmente concentra el poder.

Ese es el caso de los alcaldes de Salinas y Santa Cruz, Dennis Córdova y Fanny Uribe, respectivamente. Él llegó a la Alcaldía con SUMA y ella con el Partido Sociedad Patriótica, pero ambos buscarán la reelección bajo la bandera de ADN.

Reunión confidencial con Hegseth

• Pete Hegseth y la cúpula ecuatoriana delinearon futuras tácticas de intervención armada.
• Los pormenores del encuentro bilateral se mantienen bajo estricta reserva de Estado.
• La cita coincide con el despliegue de Fuerzas Armadas colombianas en la frontera.

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, John Reimberg, ministro del Interior y Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, concretaron una reunión de carácter reservado este 12 de agosto de 2026 en Panamá para estructurar las próximas intervenciones tácticas del Bloque de Seguridad en territorio ecuatoriano.

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Encuentro confidencial

El encuentro diplomático se ejecutó en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles. La delegación nacional estuvo conformada por el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el ministro del Interior, John Reimberg; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El Ministerio de Defensa catalogó los temas abordados como información clasificada debido a su sensibilidad estratégica para la región. Sin embargo, la cartera de Estado confirmó que la agenda con el funcionario norteamericano se centró en definir los pasos operativos que los uniformados ejecutarán próximamente en el país.

Para la autoridad militar de Ecuador, el diálogo en Panamá formaliza el nivel de cooperación extranjera frente a las organizaciones narcodelictivas transnacionales. "La misión está cumplida, fuimos a esta coalición para fortalecer la lucha conjunta y lo hemos logrado", argumentó Loffredo mediante un comunicado, calificando a la administración estadounidense como el socio estratégico de mayor peso operativo para las tropas ecuatorianas.

Durante la jornada internacional, el Gobierno norteamericano posicionó a Ecuador como una nación referencial debido a la ejecución de misiones internas en articulación directa con sus fuerzas armadas.

Reconfiguración del control en la frontera norte

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La planificación de estas acciones reservadas transcurre en paralelo a una alteración del resguardo militar en el país vecino. Las Fuerzas Armadas de Colombia intensificaron su presencia en la frontera, impactando directamente la dinámica criminal de los corredores clandestinos colindantes con Ecuador.

La movilización de los escuadrones colombianos busca retomar el dominio estatal de las rutas empleadas para el tráfico de armamento y alcaloides. Este repliegue táctico obliga a las autoridades ecuatorianas a recalibrar la vigilancia en las zonas rurales del norte para contener el paso de agrupaciones ilícitas, un escenario que dependerá del flujo de información de inteligencia entre ambas naciones.

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Viaje con enfoque económico

El viaje fue formalizado este 12 de agosto a través de la suscripción del Decreto Ejecutivo 469. El documento técnico establece que esta movilización hacia el continente asiático tiene el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales, además de impulsar mecanismos de cooperación en áreas de interés común para el Estado.

El Gobierno argumenta que la intervención directa en el extranjero busca promover la atracción de capitales hacia el mercado nacional y ampliar el acceso de productos ecuatorianos.

¿Cómo se financiará el viaje? 

La disposición ejecutiva determina que los viáticos y demás gastos generados por el desplazamiento se cubrirán directamente con cargo al presupuesto de cada institución a la que pertenecen los funcionarios.

El decreto especifica que los ministerios, secretarías y entidades que integrarán el equipo de apoyo serán notificados por la Secretaría General de la Administración Pública. La selección del personal se basará en el criterio de que sus competencias institucionales contribuyan al desarrollo de las actividades planificadas en Asia.

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En cumplimiento del inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República, el Ejecutivo dispuso poner en conocimiento de la Asamblea Nacional las razones y el periodo exacto de la ausencia del presidente.

Esta salida del territorio nacional se suma a los numerosos desplazamientos ejecutados por el mandatario durante el transcurso de su periodo administrativo, para intervenir en diálogos bilaterales y cumbres multilaterales.

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Macas presentó su dimisión mientras permanece privado de la libertad en Latacunga, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En su carta, fechada el 10 de agosto de 2026, sostuvo que las circunstancias personales y judiciales que enfrenta requieren una dedicación absoluta a su defensa.

Para los politólogos Andrea Endara y José Luis Morales, Machala no se encuentra ante una ausencia formal de autoridad, pues existe un mecanismo de sucesión. Sin embargo, la salida de Macas sí puede generar un vacío político y un reacomodo de fuerzas dentro del Concejo Cantonal, a pocos meses de las elecciones seccionales de 2027.

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La sucesión evita un vacío administrativo

Endara explicó que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) contempla el procedimiento que debe aplicarse ante la salida de un alcalde. Por ello, la renuncia de Macas no dejaría al Municipio sin una autoridad que asuma la administración.

“La parte administrativa no genera un vacío de poder, pero a nivel político sí”, señaló la politóloga.

Según Endara, la diferencia está en que el liderazgo construido por Macas durante sus dos periodos al frente de la Alcaldía no pasa de manera automática a Machuca. Aunque la vicealcaldesa fue elegida mediante votación popular como concejala, no llegó al Municipio como candidata directa a la Alcaldía.

“Una cosa es que llegue por sucesión. Aunque sí fue elegida por parte del electorado, fue elegida como concejala, no como alcaldesa”, puntualizó.

Morales coincidió en que existe una continuidad institucional, especialmente porque Machuca ya había asumido funciones durante la ausencia de Macas. No obstante, sostuvo que el escenario político podría cambiar ante las alianzas que se disputan el control de la ciudad.

“En principio hay una continuidad debido a que la vicealcaldesa llevaba ahí trabajando y es prácticamente quien va a asumir las funciones, pero, por otro lado, hay una gran disputa respecto a las tendencias políticas que se juegan en ese escenario”, manifestó.

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Jenny Machuca necesitará respaldo en el Concejo Cantonal

Uno de los principales desafíos de Machuca será construir una mayoría que le permita gobernar durante el tiempo restante del periodo municipal. Para Endara, su estabilidad dependerá de las alianzas que logre mantener dentro del Concejo Cantonal y de la respuesta de las organizaciones que respaldaron inicialmente su llegada al Municipio.

“¿Qué tanto respaldo logra tener o qué alianzas logra generar en el Concejo?”, planteó la experta al explicar que la legitimidad política será uno de los primeros retos de la nueva administración.

Endara agregó que un eventual acercamiento de Machuca al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) podría modificar sus relaciones con las fuerzas que actualmente tienen representación en el Concejo. En ese escenario, las decisiones administrativas podrían ser interpretadas por sus adversarios como parte de una estrategia electoral.

“Todas las decisiones que ella tome van a estar bajo escrutinio y podrían ser tomadas o vistas como un cálculo electoral”, advirtió.

Los cambios en las direcciones municipales, la elección de un nuevo vicealcalde y el desarrollo de las sesiones del Concejo serán algunas de las señales que permitirán evaluar si la transición avanza con estabilidad o deriva en una confrontación política.

La renuncia debilita el proyecto político de Macas

Antes de su detención, Macas aparecía como una posible figura para competir por la Prefectura de El Oro. Sin embargo, su situación judicial y su salida de la Alcaldía redujeron sus posibilidades de mantener una participación directa en las elecciones seccionales.

Endara recordó que el exalcalde no contaba con una organización política propia consolidada y que, durante su trayectoria, participó mediante diferentes alianzas. Esta situación podría dificultar que su respaldo electoral sea transferido a otro candidato.

“Va a ser complejo que él pueda mantener una influencia propia porque tampoco es que tenía un partido al cual preceder; él mutó de partidos varias veces”, explicó.

Morales consideró que la renuncia confirma que Macas no retornará al cargo, aunque señaló que su permanencia en prisión ya le impedía ejercer las actividades propias de la Alcaldía.

“Ya no hay mítines políticos, ya no hay reuniones, ya no hay propuestas que se puedan llegar a lanzar para el Concejo Municipal porque, en un sentido muy fáctico, ya no está ahí como alcalde”, sostuvo.

El politólogo añadió que las organizaciones políticas no siempre establecen filtros suficientes al momento de seleccionar a sus candidatos. Por esa razón, considera prematuro afirmar que las investigaciones contra varias autoridades locales producirán una renovación inmediata de los perfiles que llegarán a las papeletas.

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Los votos de Macas quedan en disputa

La salida del exalcalde también deja abierta la pregunta sobre el destino de sus electores. Para Endara, ese respaldo se encuentra disperso y podría ser disputado por el Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana, ADN y movimientos locales.

“El oficialismo que intenta entrar a Machala, si es que es con Machuca y se termina de confirmar esta opción, podría servir ella como un puente para el oficialismo”, afirmó.

La experta señaló que Machala representa una plaza estratégica porque es la capital de una provincia con un importante peso agrícola y minero. Además, una victoria permitiría a ADN ampliar su presencia territorial en su primera participación en unas elecciones seccionales.

Morales advirtió que el comportamiento electoral de la ciudad se caracteriza por su volatilidad. Por ello, el resultado dependerá de la capacidad de los candidatos para desarrollar trabajo territorial, posicionar una imagen competitiva y captar a los votantes que anteriormente respaldaron a Macas.

“Hay mucha volatilidad electoral, por lo que muchos partidos pueden llegar a aprovechar y capitalizar a los votantes, que son en su mayoría indecisos”, expresó.

Machala entra en una transición marcada por las elecciones

Los expertos coincidieron en que las siguientes decisiones del Concejo Cantonal serán determinantes. La conformación de nuevas mayorías, la designación del vicealcalde, los posibles cambios de funcionarios y las alianzas electorales mostrarán quién obtiene ventaja tras la salida de Macas.

Para Endara, la gobernabilidad municipal podría convertirse en la principal afectada si la transición deriva en disputas entre concejales o en nuevos cambios de autoridad.

“Pierde más que nada la ciudadanía, porque no le van a llegar las obras y lo que está esperando en estos periodos de transición”, sostuvo.

Morales, por su parte, indicó que la inestabilidad es inevitable cuando un alcalde abandona el cargo antes de completar su periodo. “No hay estabilidad cuando un alcalde tiene que salir”, expresó.

Aunque el mecanismo de sucesión evita que Machala quede sin administración, la renuncia de Macas abrió una disputa por su espacio político, su electorado y el control de una de las alcaldías más importantes de la Costa. La capacidad de Machuca para reunir apoyos y diferenciar su gestión será decisiva tanto para concluir el periodo como para definir el tablero electoral de 2027.

Lo que debes saber

• María Paula Villacreses fue designada vicepresidenta de la mesa de Fiscalización.
• La elección ocurrió tras renuncias por candidaturas a las elecciones seccionales 2026.
• La Comisión de Fiscalización tramita los informes de los casos Progen y Sucre-Foglocons.

La asambleísta María Paula Villacreses, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), fue designada este 12 de agosto de 2026 como nueva vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La elección se produjo mediante votación en la mesa legislativa para cubrir la vacante dejada por Ana Belén Tapia, quien renunció a su curul para participar como candidata en las elecciones seccionales de 2026.

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Designación de María Paula Villacreses en la Comisión de Fiscalización

Durante el desarrollo de la sesión se presentaron dos propuestas para ocupar el cargo directivo de la mesa parlamentaria:

Tras ser electa, María Paula Villacreses se pronunció sobre las labores que asumirá en el organismo parlamentario: “Acá todos somos compañeros independientemente de las tiendas políticas y estamos para responder a los ecuatorianos.”

Asimismo, la nueva vicepresidenta enfatizó que los procesos dentro de la comisión se tramitan de forma estricta en orden cronológico y aseguró que no existe encubrimiento en ninguna de las causas.

Reconfiguración de curules por las elecciones seccionales de 2026

La sesión estuvo marcada por la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y el ingreso de nuevos legisladores, debido a las candidaturas para los comicios de noviembre de 2026:

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Procesos claves en la agenda de Fiscalización

La mesa legislativa continúa con la sustanciación de expedientes de control político de alto impacto nacional, cuyos plazos fueron recientemente extendidos por el Pleno de la Asamblea Nacional por 30 días adicionales para la entrega de los informes finales:

Las claves del caso

• Fiscalía pidió prisión preventiva para Guido Perugachi por protestas de 2025 en Imbabura.
• Ecuarunari respaldó a Perugachi y cuestionó el proceso por presunta criminalización.
• Jueza analiza pedido de Fiscalía tras audiencia virtual realizada el 11 de agosto.

La solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), ha generado reacciones contrapuestas entre actores políticos, defensores de derechos civiles y analistas. 

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Mientras sectores indígenas denuncian un intento de criminalizar la protesta social, otras voces sostienen que los hechos investigados deben ser tratados como posibles delitos y no como una expresión legítima de movilización ciudadana.

Perugachi enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en hechos relacionados con la paralización de servicios públicos durante las protestas registradas en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025, movilizaciones convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra anunciada por el Gobierno. 

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Fiscalía durante una audiencia virtual de formulación de cargos realizada el 11 de agosto, cuya resolución quedó en análisis de la jueza encargada del caso.

La investigación ha provocado una rápida reacción de organizaciones indígenas. Ecuarunari expresó su respaldo a Perugachi y calificó el proceso como un caso de criminalización de la protesta social, argumentando que la persecución judicial de dirigentes sociales no debe convertirse en una política de Estado.

Cuestionamientos al uso de la prisión preventiva

Entre quienes observan con preocupación el avance del proceso se encuentra Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A su juicio, la actuación de la Fiscalía podría constituir un precedente peligroso para las libertades de organización y protesta.

"Estamos frente a una posible criminalización de la protesta social", afirmó. Según Alarcón, aunque los hechos investigados se relacionan con movilizaciones ocurridas el año pasado, la solicitud de prisión preventiva contra un dirigente social genera inquietudes, especialmente porque organismos nacionales e internacionales monitorearon el contexto en que se desarrollaron las protestas.

Para Alarcón, incluso antes de que exista un pronunciamiento judicial, el pedido de la Fiscalía merece atención debido a la naturaleza excepcional de la medida. Recordó que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente como último recurso y cuando no existan otras alternativas eficaces para garantizar el desarrollo del proceso penal.

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Alarcón señaló que la legislación contempla mecanismos menos gravosos, como la prohibición de salida del país, las presentaciones periódicas ante la autoridad competente o el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Desde su perspectiva, recurrir de manera anticipada a la privación de libertad podría interpretarse como una forma de "castigo ejemplificador" contra quienes ejercen liderazgo en organizaciones sociales.

Además, sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en la necesidad de abrir canales de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, sino en evitar un uso desproporcionado del derecho penal frente al ejercicio de derechos ciudadanos.

Una visión opuesta: "Debe responder por los hechos investigados"

En contraste, el analista político Andrés Páez considera que la discusión no puede limitarse al derecho a la protesta, sino que debe incorporar los hechos ocurridos durante las movilizaciones en Imbabura.

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Según Páez, los acontecimientos registrados durante las protestas excedieron ampliamente el bloqueo de vías y constituyen conductas que, a su criterio, están claramente contempladas en la legislación penal. Entre los hechos que menciona se encuentran la destrucción de infraestructura policial, el secuestro de militares y policías, restricciones impuestas a comerciantes para abrir sus negocios, ataques a vehículos y agresiones contra civiles.

El analista sostiene que las investigaciones deben desarrollarse sin considerar factores políticos o identitarios y que el foco debe mantenerse en la eventual comisión de delitos. También recordó declaraciones públicas realizadas por Perugachi durante una movilización en Ibarra, las cuales, en su criterio, deben ser valoradas dentro de la investigación.

Páez calificó los sucesos de Imbabura como un "ataque terrorista" y aseguró que los daños provocaron afectaciones económicas y sociales significativas en una provincia dependiente de la producción y el turismo. Bajo esa interpretación, argumenta que el Estado tiene la obligación de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Respecto al pedido de prisión preventiva, afirmó que si la jueza considera que existen suficientes elementos de convicción para dictarla, la decisión debe entenderse como parte normal del proceso penal y no como un acto de persecución política.

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Mientras organizaciones indígenas y defensores de derechos civiles advierten riesgos de criminalización y cuestionan el uso de medidas cautelares severas, sectores que respaldan la actuación de la Fiscalía insisten en que las investigaciones deben esclarecer posibles delitos y determinar responsabilidades individuales.

Por ahora, la atención está puesta en la decisión de la jueza que conduce el proceso, quien deberá resolver si acepta o no el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía. 

Lo que debes saber

• El Pleno de la Asamblea Nacional amplió el plazo de Comisión de Fiscalización para la entrega de informes.
• Se entregarán informes sobre la fallida contratación de Progen y el caso Sucre-Foglocons.
• La decisión se tomó en la sesión 114, tras el retorno de la presidenta Mishel Mancheno.

El Pleno de la Asamblea Nacional concedió una prórroga a la Comisión de Fiscalización para la entrega de los informes finales sobre los casos Progen y Sucre-Foglocons. La decisión se adoptó durante la sesión 114 en el Palacio Legislativo, tras la solicitud formal remitida por la mesa parlamentaria debido a la alta carga de trabajo y trámites de juicio político acumulados en los últimos meses. El debate también marcó el retorno oficial de la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, tras su licencia de maternidad.

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Prórroga concedida por el Pleno de la Asamblea Nacional

La extensión del plazo responde a un oficio ingresado el 29 de julio de 2026 al presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres. En la solicitud enviada por la Comisión de Fiscalización, se argumentó la necesidad de contar con más tiempo para consolidar los expedientes, debido a las múltiples ocupaciones que ha afrontado la mesa legislativa en el último periodo de sesiones.

El Pleno concedió 30 días adicionales para que la Comisión de Fiscalización entregue un informe sobre la ruta del caso Progen y otros 30 días más para que actualice el informe de 2021 del caso Sucre-Foglocons, sobre una presunta red transnacional de lavado de activos en la región.

Alcance del caso Sucre-Foglocons

Los expedientes que analiza la mesa parlamentaria abarcan dos procesos de alto impacto institucional:

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En el documento suscrito por Ana Belén Tapia, entonces vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización (quien renunció posteriormente a su curul en la Asamblea Nacional para participar como candidata en las elecciones seccionales), se detallaron los imprevistos que impidieron el cumplimiento del cronograma inicial:

Lo que debes saber

• ADN inscribió sus candidaturas principales en la Delegación Electoral del Guayas este 12 de agosto.
• Cynthia Viteri y Andrés Guschmer encabezaron la movilización del oficialismo en Guayaquil.
• Las organizaciones políticas pueden inscribir listas de forma virtual hasta el 17 de agosto.

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inscribió este 12 de agosto de 2026 a sus candidatos en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, en Guayaquil. La jornada electoral se desarrolló mediante una marcha con simpatizantes para respaldar las candidaturas locales y provinciales de la agrupación política. Este proceso se realiza en el marco del calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE) previo al cierre del periodo de inscripciones.

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Durante la jornada en la Delegación Provincial Electoral del Guayas, la dirigencia del movimiento oficialista ADN hizo pública la nómina de sus principales cuadros políticos para las diferentes dignidades del guayas. La movilización previa a la entrega de la documentación estuvo liderada por los aspirantes a las dignidades principales de la provincia.

Los postulantes registrados por Acción Democrática Nacional en el Guayas son:

Inscripción de candidaturas de ADN en Pichincha

El proceso de registro en Guayas se suma a las gestiones políticas realizadas por el oficialismo en la capital del país. El pasado 2 de agosto de 2026, el movimiento ADN llevó a cabo un evento en Quito para formalizar la inscripción de sus cartas electorales en la provincia de Pichincha.

A pesar de las resoluciones adoptadas durante las elecciones primarias, la organización política oficialista confirmó la inscripción de los siguientes cuadros:

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Las agrupaciones políticas avanzan en el cumplimiento del cronograma trazado por los organismos electorales para la validación de sus listas nacionales y seccionales.

Puntos clave del proceso de inscripción

Lo que debes saber

• Viviana Veloz anunció una denuncia ante la Fiscalía por la presunta venta ilegal de medicamentos.
• La asambleísta relaciona esta situación con el desabastecimiento de fármacos en hospitales públicos
• La morfina está entre los medicamentos cuya escasez preocupa por su uso en pacientes críticos.

La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta venta ilegal de medicamentos en Ecuador. La legisladora vinculó esta situación con el desabastecimiento de fármacos en los hospitales públicos, entre ellos la morfina, utilizada para atender a pacientes con dolor intenso y en cuidados paliativos.

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Veloz cuestiona el desabastecimiento de medicinas

Según Veloz, la falta de medicinas e insumos médicos estaría llevando a pacientes y familiares a buscar estos productos fuera de los canales regulares de distribución. En ese contexto, sostuvo que existen reportes sobre la comercialización ilegal de medicamentos, incluida la morfina que requieren pacientes en estado crítico.

Por ello, la asambleísta aseguró que acudirá este miércoles 12 de agosto a la Fiscalía para poner estos hechos en conocimiento de la autoridad competente. “Voy a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado por la venta ilegal de medicamentos”, afirmó durante sus declaraciones.

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La legisladora pide investigar la venta informal

Además, Veloz cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa por, según dijo, declarar información como reservada y priorizar acciones que calificó como persecución a sus opositores. A su criterio, la administración debe demostrar con hechos las medidas que adopta para resolver problemas que afectan directamente a la ciudadanía.

En esa línea, la legisladora afirmó que no tiene temor de las autoridades del Ejecutivo y defendió la necesidad de que las denuncias sobre posibles irregularidades sean investigadas. “La corrupción se combate con hechos”, sostuvo, al marcar distancia de lo que calificó como declaraciones y acciones orientadas a generar una imagen pública del Gobierno.

La denuncia anunciada por Veloz busca que la Fiscalía determine el origen de los medicamentos que estarían siendo comercializados de manera informal y establezca eventuales responsabilidades. La preocupación cobra relevancia debido a que la adquisición de fármacos fuera de los canales autorizados puede implicar riesgos sobre su procedencia, conservación y seguridad para los pacientes.

Lo que debes saber

• Fiscalía pidió prisión preventiva para Guido Perugachi por protestas de 2025 en Imbabura
• Una jueza analiza el caso de Perugachi tras audiencia virtual realizada este 11 de agosto.
• Ecuarunari respaldó a Perugachi y cuestionó el proceso por movilizaciones sociales.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en hechos vinculados a la paralización de servicios públicos durante las movilizaciones desarrolladas en septiembre y octubre de 2025.

La situación generó pronunciamientos de diferentes sectores del movimiento indígena luego de que la Fiscalía solicitara prisión preventiva contra el dirigente durante una audiencia de formulación de cargos realizada de manera virtual desde la provincia de Imbabura.

Fiscalía solicita prisión preventiva para el dirigente de Fenocin

La petición fue presentada este 11 de agosto durante la diligencia judicial en la que la Fiscalía expuso los elementos que sustentan la investigación contra Perugachi.

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De acuerdo con reportes citados por medios locales, la jueza a cargo del caso decidió suspender temporalmente la audiencia para analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas.

Investigación se relaciona con protestas de 2025

Según la Fiscalía, Perugachi habría liderado algunas de las movilizaciones registradas en Imbabura durante las protestas convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra anunciada por el Gobierno.

Las manifestaciones se desarrollaron entre septiembre y octubre de 2025 y formaron parte de una serie de acciones impulsadas por organizaciones sociales e indígenas que cuestionaban varias decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo.

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Ecuarunari expresa respaldo a Guido Perugachi

Tras conocerse la solicitud de prisión preventiva, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) manifestó públicamente su respaldo al presidente de la Fenocin.

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La organización sostuvo que el procesamiento del dirigente constituye un caso de lo que considera "una criminalización de la protesta social" y afirmó que la "persecución de líderes sociales no debe convertirse en una política de Estado".

La reacción fue expresada por Ecuarunari, organización vinculada al movimiento indígena y liderada por Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.

Hasta el cierre de la jornada, la jueza del caso no había resuelto si acepta o no el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía. La decisión quedará supeditada a la evaluación de los elementos presentados durante la audiencia de formulación de cargos.

Lo que debes saber

• Diana Atamaint negó que su renuncia al CNE respondiera a presiones del movimiento ADN.
• Felipe Vega de la Cuadra sostuvo que el oficialismo le exigía asegurar alcaldías y prefecturas.
• La exvocal del CNE calificó las declaraciones como falsas y defendió la transparencia del proceso.

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, desmintió que su salida del organismo haya respondido a presiones políticas del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). La aclaración se emitió luego de las declaraciones del exministro Felipe Vega de la Cuadra, quien afirmó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa le exigió al CNE asegurar resultados favorables para las elecciones seccionales de noviembre de 2026 en Ecuador.

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Diana Atamaint rechaza supuestas presiones del movimiento ADN

A través de su cuenta oficial en la red social X, la expresidenta del CNE rechazó de forma categórica la versión difundida por Felipe Vega de la Cuadra, exministro de Gobierno afín al correísmo, sobre supuestas exigencias promovidas por la agrupación política del mandatario Daniel Noboa mientras ella lideraba el órgano electoral.

“¡Otro invento más! Antes la ‘tinta mágica’, ahora ‘guiones’ y supuestas ‘exigencias’. Durante mi gestión al frente del CNE nunca recibí de ningún actor político una exigencia de esta naturaleza. ¡Nunca! Seguramente esas fueron prácticas en otros tiempos. Yo solo puedo responder por mi administración: el respeto absoluto a la voluntad de los ecuatorianos”, publicó Diana Atamaint en su mensaje.

Las acusaciones sobre las elecciones seccionales de noviembre de 2026

Las declaraciones de la exvocal electoral surgen en respuesta a los señalamientos realizados por Vega de la Cuadra durante una entrevista concedida al medio digital La Contra. En dicho espacio, el exfuncionario aseguró que una persona allegada a la ex titular del CNE le habría revelado los motivos de su dimisión al frente del Pleno del CNE.

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Puntos clave de la controversia entre Felipe Vega de la Cuadra y Diana Atamaint:

Lo que debes saber

• Neira dijo que Ecuador prevé definir en septiembre la compra de medicinas a India.
• Arcsa y Sercop avanzan trámites mientras se traducen documentos para la compra.
• La visita técnica de Ecuador a India impulsó el proceso de abastecimiento de medicamentos.

El proceso de compra de medicamentos entre Ecuador e India continúa avanzando y podría registrar definiciones concretas durante septiembre, según indicó José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el funcionario explicó que las gestiones técnicas entre ambos países ya registran avances importantes, incluida una visita de una delegación ecuatoriana a territorio indio para revisar aspectos relacionados con el acuerdo.

Delegación ecuatoriana realizó visitas técnicas en India

Neira detalló que equipos técnicos ecuatorianos permanecieron alrededor de diez días en India, donde mantuvieron reuniones con las autoridades y entidades involucradas en el proceso de adquisición de medicamentos.

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Según explicó, uno de los factores que ha prolongado los plazos previstos está relacionado con la traducción de documentación técnica desde el inglés hacia el idioma requerido por los organismos reguladores que analizan el contrato de compra.

El funcionario señaló que este aspecto no fue contemplado inicialmente y ha obligado a depender de proveedores especializados para completar el proceso documental.

Arcsa, Sercop y Salud avanzan con trámites paralelos

Pese a los retrasos derivados de la traducción, Neira aseguró que las instituciones involucradas han continuado trabajando en otras etapas técnicas necesarias para concretar la adquisición.

Indicó que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y el Ministerio de Salud Pública han avanzado con los procedimientos que les corresponden, utilizando la información obtenida durante la visita técnica realizada en India.

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Medicinas en Ecuador: el Gobierno debe acelerar la respuesta al desabastecimiento

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Gobierno proyecta definiciones para septiembre

Consultado sobre los plazos estimados, el secretario general afirmó que el Ejecutivo espera tener definido el proceso durante septiembre y avanzar en la compra de los medicamentos.

La adquisición forma parte de la estrategia gubernamental para buscar mecanismos de abastecimiento mediante acuerdos entre Estados, en medio de las necesidades de provisión de fármacos para la red pública de salud.

Ecuador explora acuerdos similares con otros países

Neira señaló además que el esquema de compras de gobierno a gobierno no se limita a India. Según indicó, durante la reciente visita del presidente argentino Javier Milei se abordó la posibilidad de impulsar un mecanismo similar con Argentina.

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El funcionario agregó que también se han mencionado conversaciones con otros países de la región, entre ellos Colombia y Costa Rica, aunque precisó que algunos procesos dependen de la situación interna de cada nación y de la continuidad de los contactos técnicos entre los equipos gubernamentales.

Lo que debes saber

• Neira anunció en Ecuador que la gasolina seguirá bajando tras el ajuste aplicado desde el 12 de agosto.
• El Gobierno descartó apagones durante el estiaje pese a la alerta de Cenace sobre déficit eléctrico.
• José Julio Neira defendió el sistema de bandas porque busca mantener estables los combustibles.

El Gobierno defendió el nuevo precio de las gasolinas que entró en vigencia este 12 de agosto y sostuvo que la metodología aplicada forma parte del esquema de bandas vigente, mientras descartó que el país enfrente cortes de energía en los próximos meses por efecto del estiaje.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que la actualización anunciada corresponde al ajuste mensual previsto dentro del sistema de bandas para los combustibles.

El Gobierno sostiene que no hubo un nuevo cambio en la fórmula del combustible

Neira señaló que el único ajuste reciente en el mecanismo de cálculo se realizó en julio, cuando se implementó una actualización trabajada junto con el Banco Mundial y equipos técnicos del área económica del Gobierno.

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Según el funcionario, el objetivo es avanzar hacia una nivelación progresiva de los precios durante lo que resta del año, manteniendo variaciones controladas y evitando incrementos bruscos.

"Todos los 11 de cada mes por el sistema de bandas se saca un nuevo decreto anunciando el nuevo precio de gasolina", explicó.

Además, sostuvo que Ecuador mantiene precios más bajos que los registrados en países vecinos como Colombia y Perú, situación que, según dijo, busca preservarse mediante ajustes graduales.

Ejecutivo ratifica que el precio de la gasolina seguirá bajando

Consultado sobre los cuestionamientos a la política de precios de los combustibles, Neira afirmó que el compromiso del Gobierno es garantizar estabilidad y una disminución progresiva de los valores hasta finales de año.

El funcionario indicó que los análisis sobre costos y comportamiento del mercado corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que desde la Presidencia se han solicitado controles para garantizar el abastecimiento en las estaciones de servicio.

En ese contexto, mencionó que entidades de control vigilan que no se repitan "problemas registrados meses atrás", cuando se reportaron dificultades en el despacho de combustibles pese a la disponibilidad de producto.

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Gobierno descarta apagones pese a advertencias por el estiaje

Sobre el panorama energético, Neira se refirió a un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) que alertó sobre un posible déficit de generación de 450 megavatios durante el próximo período de estiaje.

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Frente a ese escenario, el funcionario aseguró que el Ejecutivo realiza un seguimiento permanente a las empresas eléctricas estatales y a las instituciones responsables de la gestión energética para garantizar la disponibilidad del sistema.

Según Neira, las autoridades trabajan en el fortalecimiento de la generación eléctrica y en el monitoreo de los caudales para enfrentar la temporada seca.

Ejecutivo asegura que el sistema opera sin riesgos

El secretario general sostuvo que actualmente "las condiciones del sistema permiten mantener el suministro eléctrico" y descartó la posibilidad de cortes de energía en el corto plazo.

"Al 100%, no hay un riesgo de apagón", afirmó el funcionario al referirse a la situación energética del país.

Lo que debes saber

• Asamblea descarta pronunciarse por dichos de Osvaldo Hurtado.
• Bancadas priorizan agenda legislativa sobre postura del expresidente.
• Advierten hegemonía oficialista y debate por independencia de poderes.

Las advertencias de Osvaldo Hurtado no hallan eco en la Asamblea Nacional. Legisladores de tres de los cuatro grupos políticos del Pleno sostienen que la postura del expresidente no amerita una respuesta, lo descalifican o simplemente reconocen que un pronunciamiento sobre el tema sería bloqueado. Semanas atrás, Hurtado cuestionó al Gobierno del presidente Daniel Noboa señalando que se trata de una criptodictadura donde la instituciones del Estado están al servicio del Ejecutivo, incluida una Asamblea con legisladores "semi analfabetos" y "serviles".

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Revolución Ciudadana cuestiona la solvencia moral del expresidente

Desde la Revolución Ciudadana, uno de los dos bloques más grandes del actual periodo legislativo, la asambleísta Ana María Raffo señala que la Asamblea no necesita pronunciarse porque “la falta de independencia institucional y el modelo autoritario que vive el país son realidades que el pueblo palpita a diario”.

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Sin embargo, Raffo también lanza dardos contra Hurtado. “Tampoco podemos olvidar la solvencia moral de quien opina: el expresidente Osvaldo Hurtado, recordado por la ‘sucretización’ que endeudó al país para favorecer a unos pocos”, opinó sobre el expresidente, a quien calificó de un personaje “alineado con las oligarquías”.

Pachakutik prioriza las funciones de legislar y fiscalizar

Desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay coincide en que no hay necesidad de que la Asamblea Nacional tome una postura. Sin embargo, precisa que lo que sí debe hacer el Legislativo es cumplir con sus funciones establecidas en la Constitución y la ley.

“No tiene por qué pronunciarse. Lo que sí debe hacer es concentrarse y cumplir con sus funciones, como es legislar y fiscalizar. Caso contrario, nos pasaríamos pronunciando sobre todo lo que dicen los diversos ciudadanos. Para eso no es la Asamblea Nacional”, comentó la legisladora del movimiento Pachakutik.

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PSC advierte hegemonía del oficialismo en el Pleno

Una postura distinta es la del asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), quien va más allá de las palabras del expresidente Osvaldo Hurtado y señala que, aun si hubiera grupos políticos que quisieran pronunciarse, el oficialismo lo bloquearía por su hegemonía en el Pleno de la Asamblea Nacional.

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“El Gobierno rechaza el tema de Hurtado y no lo van a poner en el orden del día porque ellos tienen los votos. Y obviamente, ellos sostienen que no hay ninguna dictadura y que hay independencia de funciones”, dice Serrano.

No obstante, el legislador dice coincidir parcialmente con Hurtado respecto a que no existe una verdadera independencia de funciones, pero que definitivamente no existe aún una dictadura. “Lo único en que no coincido es que ya estamos en dictadura. Lo que he dicho es que estamos camino hacia una dictadura”, acota.

Exlegisladores coinciden en no debatir criterios personales

Diferentes figuras de administraciones legislativas anteriores coinciden en que el máximo órgano deliberativo del país no debe detener su agenda por opiniones individuales.

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Posturas clave de los exasambleístas: