Lo que debes saber

• La Asamblea aprobó el informe de fiscalización el 15 de septiembre.
• El documento recoge posibles delitos y señala responsabilidades sobre Segura EP.
• Inés Alarcón llevó el expediente a la Fiscalía para que continúe la investigación.

La asambleísta oficialista Inés Alarcón entregó a la Fiscalía General del Estado el informe de fiscalización sobre el uso de las cámaras de videovigilancia de Segura EP en Guayaquil. El documento fue aprobado por la Asamblea Nacional el 15 de septiembre y contempla posibles delitos como asociación ilícita, acceso no consentido a un sistema informático y tráfico de influencias.

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Alarcón lleva el informe a la Fiscalía

Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, señaló que la entrega busca que el Ministerio Público profundice las investigaciones realizadas por la mesa legislativa. La asambleísta sostuvo que también corresponde determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos expuestos en el documento.

En un video publicado en su cuenta personal de X, tras acudir a la Fiscalía, Alarcón afirmó que Segura EP, empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, estuvo “controlada, articulada y direccionada por un prófugo de la justicia”, refiriéndose al expresidente Rafael Correa. La legisladora añadió que, a su criterio, los hechos podrían involucrar además peculado y tráfico de influencias, por lo que cuestionó el supuesto uso de un sistema destinado a la seguridad de los guayaquileños para fines políticos.

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La sala espejo y el caso Cornejo

Uno de los elementos que Alarcón destacó durante la fiscalización fue la instalación de una supuesta “sala espejo” en el Municipio de Guayaquil. El informe señala responsabilidades del expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, quien fue funcionario del Cabildo durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro.

Durante el proceso de fiscalización, la presidenta de la Comisión de Seguridad ha resaltado un audio en el que se escucha a Rafael Correa, al exoficial de la Policía Rodney Rengel, a Cornejo y al asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan González. En su cuenta de X, Alarcón sostuvo que estos hechos deben ser investigados “en profundidad” por la Fiscalía y afirmó: “Se acabó la impunidad”.

En el Legislativo se ahondó la pugna entre el oficialismo y el correísmo por la decisión del Consejo de la Judicatura. En menos de un día cambió el escenario para ambas bancadas. 

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Durante la mañana, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, resolvió iniciar un proceso de fiscalización. Incluso fue convocada la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, pero se excusó y no asistió.

Mientras esto ocurría en el quinto piso de la Asamblea, donde se ubica esa mesa legislativa, en el salón Tránsito Amaguaña, durante un conversatorio con medios de comunicación, la titular de la Asamblea sugería que debían respetarse las competencias de cada función del Estado y que, de ser necesario, deberían adecuarse las reformas legales a lo decidido por la Judicatura.

¿Cuál es el problema con la resolución de la Judicatura?

Lo dicho por Mancheno es clave. La Judicatura decidió la supresión de las unidades especializadas anticorrupción mediante una resolución de esa entidad. Sin embargo, la creación de esas unidades, con jueces especializados, se hizo mediante ley.

Mancheno reconoció ese escenario. Aun así, aseguró que no veía la necesidad de una fiscalización y planteó la posibilidad de únicamente pedir información. También añadió que había que esperar un pronunciamiento de la Judicatura sobre la hoja de ruta tras la decisión.

Una definición en el Pleno

Durante la sesión de este 17 de septiembre de 2026, el asambleísta del oficialismo Xavier Ordóñez planteó un cambio en el orden del día para conocer sobre la resolución de la Judicatura y aprobar el inicio de un proceso de fiscalización.

El asambleísta insistió en que era necesaria toda la información disponible sobre lo que sustentó esa decisión. Mencionó que se deben conocer los informes técnicos y jurídicos, además de explicar cómo la Judicatura tomó esa decisión. Pero entonces planteó que la comisión competente para dicho tema era la de Justicia, controlada por el oficialismo.

Verónica Íñiguez (RC) intentó explicar que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que una mesa legislativa avocó conocimiento, otra comisión no podrá pedir información ni comparecencias sobre el mismo tema.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, dijo que la Asamblea debía defender su institucionalidad. Esto, porque la resolución de la Judicatura implicaba cambios que solo podía hacerlos la Función Legislativa. 

Cuestionó, por ejemplo, que los jueces especializados tenían acción nacional, mientras que los jueces penales tienen una limitación territorial.

Al final, el Pleno adoptó la resolución para que el proceso de fiscalización avance en la Comisión de Justicia, con 85 votos a favor. El correísmo votó en contra y aseguró que mantendría el proceso ya iniciado.

Lo que debes saber

• 501 liquidaciones están concentradas en 21 profesionales.
• Expertos advierten riesgos por la acumulación de procesos complejos.
• Los especialistas plantean transparentar y modernizar las designaciones.

Que 501 liquidaciones empresariales estén concentradas en apenas 21 liquidadores genera cuestionamientos entre especialistas en Derecho Societario. Para los expertos consultados por EXPRESO, el dato obliga a revisar cómo se realizan las designaciones, qué controles existen sobre su gestión y si la carga asignada permite atender cada proceso con la diligencia requerida.

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Una concentración que genera dudas

La cifra plantea dudas sobre la capacidad real de quienes acumulan numerosos encargos, opina Oswaldo Santos, abogado societario y docente de la Universidad San Francisco de Quito. El jurista considera que una concentración de esta magnitud debería llevar a examinar las razones por las que determinados profesionales reciben tantos nombramientos.

“Se necesitaría más información porque depende mucho de cuál sea la calidad del liquidador y el motivo por el que se le designa”, señala el abogado Santos. A su criterio, si los profesionales fueran los más experimentados y eficientes, podría existir una explicación, aunque advierte que tener docenas de compañías bajo responsabilidad vuelve difícil garantizar una gestión adecuada.

Franklin Lituma, abogado especializado en Derecho Societario, indica que una empresa sin pasivos, trabajadores o litigios puede ser manejada paralelamente con otras sin que necesariamente exista una afectación. Sin embargo, sostiene que asumir más de cinco a diez liquidaciones complejas incrementa de forma considerable el riesgo de incumplir plazos, atender requerimientos de la Superintendencia o responder oportunamente a obligaciones tributarias o legales.

Mientras mayor sea la carga, menos lo va a poder hacer de forma eficiente. No basta con saber cuántas liquidaciones tiene la persona, hay que saber qué está haciendo.Oswaldo Santos, abogado societario

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El foco está en las designaciones

Efraín Chávez, abogado y especialista en Derecho Societario y Liquidaciones Empresariales, lleva el análisis hacia el mecanismo mediante el cual se escoge a los encargados. “El debate no debería centrarse exclusivamente en cuántas empresas tiene cada liquidador”, sostiene, porque la discusión principal debería ser qué sistema utiliza el Estado para seleccionar a quien asumirá la administración de una compañía en liquidación.

Chávez cuestiona que, según su experiencia, la selección no tenga características similares a las existentes para los peritos judiciales. Mientras para estos últimos existen requisitos de experiencia, especialización, transparencia y un mecanismo de sorteo, el jurista sostiene que para los liquidadores debería existir un esquema que permita conocer y verificar cómo se distribuyen las designaciones.

El especialista considera que la ausencia de un mecanismo electrónico de asignación dificulta determinar si los nombramientos responden a criterios objetivos. “No hay un sistema informático para eso”, afirma, y agrega que tampoco existe suficiente trazabilidad para conocer cuántas compañías tiene cada profesional, desde cuándo las administra y cómo avanzan sus respectivos procesos.

Santos también considera necesario profundizar en las razones que explican la concentración de liquidaciones evidenciada por EXPRESO en una serie de reportajes. “Eso sí invitaría a hacer un análisis sobre las razones por las que se escogió a este liquidador en particular”, sostiene, especialmente cuando uno de los profesionales acumula 72 compañías en proceso de cierre.

A los liquidadores, siendo representantes legales de las compañías, no los pueden citar porque no saben cuál es su domicilio. Se requiere de un listado con sus ubicaciones.Efraín Chávez, abogado societario

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Los procesos complejos pueden quedar rezagados

La carga excesiva, según los entrevistados, puede traducirse en una atención desigual de los expedientes. “Las compañías donde hay activos donde se pueda convertir en dinero rápido, esas liquidaciones caminan”, afirma Chávez. En cambio, agrega, “donde hay que presentar demandas, donde hay que contestar demandas o cosas así duermen el sueño de los justos 2, 3 años”.

Esa demora tiene consecuencias directas para trabajadores, acreedores y accionistas que esperan el cierre de la compañía. Santos recuerda que la liquidación debe ser un procedimiento expedito.

Lituma advierte que una cartera de 72 entidades aumenta el riesgo de que el liquidador no atienda a tiempo procesos judiciales y tenga que responder por negligencia o rebeldía procesal. Por ello, considera urgente depurar las sociedades para evitar que permanezcan en un limbo jurídico que sobrecarga los sistemas de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y los registros mercantiles.

Existen vías legales para impugnar al liquidador de la SuperCías: por sede administrativa o a través de una acción contenciosa-administrativa o vía societaria directa.Franklin Lituma, abogado societario

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Más control y transparencia

Ante esto, los especialistas ven la necesidad de profesionalizar y transparentar el sistema de designaciones. Chávez propone un registro nacional de liquidadores que incluya hoja de vida, experiencia, especialidades y estado de habilitación, además de un mecanismo electrónico de asignación.

Lo que debes saber

• TCE revisa denuncia por presunta campaña anticipada contra Jorge Yunda y Carla Cevallos.
• Infracción del Código de la Democracia contempla multas de hasta 9.640 dólares y suspensión de derechos.
• El tribunal solicitó aclarar el recurso y presentar pruebas documentales en 48 horas.

El candidato a la Alcaldía de Quito por el partido Avanza, Jorge Yunda, y la aspirante a la Prefectura de Pichincha, Carla Cevallos, fueron denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta campaña anticipada de cara a las elecciones seccionales de 2026. La acción legal fue interpuesta en Quito el pasado 15 de septiembre de 2026 por la ciudadana Michelle Dominique Álvarez Solano De La Sala, quien acusa a los postulantes de vulnerar el Código de la Democracia previo a los comicios locales.

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La denuncia electoral ante el TCE por infracción grave

La queja presentada por Michelle Dominique Álvarez señala directamente a los cuadros de Avanza por incurrir presuntamente en la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, conocida como Código de la Democracia.

Dicha normativa cataloga los actos de proselitismo fuera de los plazos legales como una infracción electoral grave, la cual contempla las siguientes sanciones:

El Tribunal Contencioso Electoral exige pruebas documentales

Pese a su ingreso, el organismo de justicia electoral confirmó que la causa aún no ha sido admitida a trámite formal.

Requisitos previos para calificar el trámite

Antes de resolver si da paso o desestima el recurso en contra de Jorge Yunda y Carla Cevallos, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso medidas obligatorias a la parte accionante:

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Cuestionamientos a Jorge Yunda por video en redes sociales

La acción jurídica se suscita tras los cuestionamientos públicos dirigidos al postulante a inicios de septiembre de 2026. Los señalamientos surgieron tras la viralización de un video en redes sociales donde se observa a Jorge Yunda vestido con mandil y estetoscopio en medio de una de sus habituales jornadas de risoterapia, interactuando con un joven a quien le entregó dos billetes de cinco dólares.

Ante el revuelo digital, Yunda declaró a este Diario que el episodio correspondió a un evento de carácter estrictamente privado en el que se desarrolló un concurso temático. Según su versión, los 10 dólares fueron un incentivo económico otorgado por una empresa del sector veterinario para promover la desparasitación y tenencia responsable de animales de compañía, descartando de manera tajante la realización de actos proselitistas.

El oficialismo, representado por ADN, y asambleístas de la Revolución Ciudadana intercambiaron acusaciones en el Pleno de la Asamblea. Legisladores como Lucía Jaramillo recordaron que el caso implicó un millonario perjuicio al Estado ecuatoriano.

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Asimismo, Adrián Castro (ADN) dijo que hubo gente afectada. Citó el caso de los depositantes de la Cooperativa Coopera, en Azuay, quienes perdieron todo debido a las implicaciones del caso SUCRE.

Desde el correísmo, la asambleísta Ana Herrera cuestionó el alcance real del informe presentado. Hay que recordar que el informe de actualización se elaboró en la Comisión de Fiscalización. 

La legisladora, como parte de dicha mesa, dijo que no se incluyó ninguna información que sea nueva. A la par, cuestionó la recomendación de que la Fiscalía impulse una investigación por peculado. 

Dijo que los 2,4 millones de dólares que puso Ecuador como parte del Tratado Constitutivo deben ser recuperados por el Gobierno de Daniel Noboa como parte de la salida del SUCRE.

Al final, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió aprobar el informe con 84 votos a favor. También hubo 57 votos en contra, que provinieron del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana.

¿Qué recomendó el informe?

En el documento aprobado por el Pleno se concluyó que el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) sufrió un colapso operativo definitivo, registrando 0 % de operaciones comerciales desde 2020.

Además, se estableció que la vía de control administrativo a cargo de la Contraloría General del Estado para sancionar las operaciones del SUCRE ejecutadas entre 2010 y 2017 ha quedado legalmente extinta debido a la caducidad de la facultad de control.

También concluyó que existe evidencia de la posible existencia de un aparente patrón de impunidad judicial que habría permitido la liberación de más de 56 millones de dólares de Foglocons en 2016.

Entre las recomendaciones están:

Lo que debes saber

• La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó información formal al Ministerio de Salud Pública y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones sobre la contratación para la historia clínica electrónica unificada.
• El Ministerio de Salud adjudicó un contrato por cerca de 240,2 millones de dólares a CNT EP el pasado 9 de septiembre de 2026 bajo la modalidad de Régimen Especial.
• El organismo civil busca esclarecer el acuerdo o subcontratación suscrito entre la empresa pública y el consorcio privado Dedalus Group, además de exigir la justificación jurídica en caso de que se declare confidencialidad.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) entregó este 17 de septiembre de 2026 en Quito dos pedidos formales de acceso a la información pública dirigidos al Ministerio de Salud Pública y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). A través de estos oficios, el organismo ciudadano exigió la entrega completa de los expedientes precontractuales y contractuales relacionados con el software de historia clínica electrónica y agendamiento de citas médicas, un proceso que involucra fondos públicos superiores a los 240 millones de dólares y acuerdos con la firma privada Dedalus Group.

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El contrato de 240,2 millones de dólares del Ministerio de Salud

En el oficio Nro. 146-CNA-GR-17-9-26, remitido al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga Parra, el coordinador de la CNA, Germán Rodas Chaves, solicitó acceso íntegro en formato digital a la documentación del proceso central de modernización sanitaria.

El requerimiento puntualiza que el pasado 9 de septiembre de 2026 el Ministerio de Salud adjudicó a CNT EP un contrato bajo la modalidad de Régimen Especial valorado en aproximadamente 240,2 millones de dólares. El objeto contractual comprende la implementación tecnológica de la historia clínica electrónica unificada y el sistema nacional de agendamiento de citas médicas.

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La petición al titular de la cartera de Estado contempla:

La CNA recordó que el pasado 31 de julio de 2026 ya había remitido un primer pedido de información a la cartera de Estado, enfatizando que al ser un plan financiado con recursos de los contribuyentes ecuatorianos, los antecedentes deben ser de acceso ciudadano.

Subcontratación y nexos tecnológicos con Dedalus Group en CNT EP

De manera simultánea, mediante el oficio Nro. 147-CNA-GR-17-26, la CNA notificó al gerente general de CNT EP, Ronald Spina, para obtener los respaldos operativos de la alianza con el sector privado.

El documento señala que la empresa estatal habría recurrido a una subcontratación o alianza tecnológica con la empresa extranjera Dedalus Group (o su respectiva filial o consorcio) para dar operatividad al sistema hospitalario solicitado por el Ministerio de Salud.

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Requerimientos de la CNA a la estatal de telecomunicaciones

Frente a la participación de esta firma proveedora, la CNA demandó a la gerencia de la empresa pública los siguientes respaldos documentales:

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Ambos oficios ingresaron a las ventanillas de recepción documental de las dos instituciones gubernamentales durante la mañana del 17 de septiembre de 2026, amparados en las garantías del artículo 18 de la Constitución de la República y los artículos 1, 9 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

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Solanda Goyes: ¿por qué no se instaló la audiencia para formulación de cargos?

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El jueves 17 de septiembre del 2026, Solanda Goyes sostuvo que la Fiscalía no tiene competencia para actuar en la causa y defiende la gestión que realizó como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, entre 2018 y 2023. Según afirmó, la documentación de ese periodo no evidencia irregularidades.

“No hay nada, tienen el ánimo de formular cargos en mi contra cuando la documentación demuestra que no existe ninguna irregularidad en la gestión que realicé”, señaló.

El papel de la Contraloría en el caso de Solanda Goyes

La exfuncionaria también cuestiona un informe de la Contraloría que, según su versión, fue elaborado a partir de denuncias que considera falsas. Goyes sostiene que ese documento terminó dando paso a una investigación por presunto peculado que posteriormente derivó en la indagación por tráfico de influencias.

En su defensa, reivindica los resultados de su gestión al frente del área de Acceso a los Servicios de Justicia. Afirma que durante ese periodo se consiguieron cerca de dos millones de dólares de cooperación internacional para programas dirigidos a víctimas de violencia, se fortalecieron sistemas y procesos de formación y se institucionalizó el sistema de información sobre femicidios.

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Solanda Goyes también cuestiona que se la responsabilice por la prescripción de expedientes disciplinarios durante su etapa como vocal. Asegura que, cuando tuvo que ausentarse por una cirugía, las autoridades que estaban al frente del Consejo de la Judicatura tenían otras atribuciones para evitar la caducidad de los procesos.

La exvocal señaló directamente al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y sostuvo que debería investigarse su actuación en relación con esos expedientes. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Goyes y deberán contrastarse con la documentación y las posiciones de las instituciones involucradas.

La acción de protección se presenta después de que la audiencia de formulación de cargos prevista para el 14 de septiembre no se instalara por la ausencia justificada de su abogada defensora. La Fiscalía había solicitado la diligencia dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias.

"Por causa de Mario Godoy se perdieron 300.000 dólares".

Lo que debes saber:

• El correísmo presentará una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la resolución de la Judicatura.
• Viviana Veloz argumenta que la eliminación de las unidades especializadas incumple el Código Orgánico de la Función Judicial.
• La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, señaló que no ve un caso de fiscalización pero prometió reformas legales.

El correísmo buscará que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se suprimieron las Unidades Especializadas Anticorrupción. La legisladora Viviana Veloz anunció la presentación de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

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“Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta resolución que no era pertinente y tiene vicios de forma”, señaló Veloz.

Las declaraciones las hizo en el marco del inicio de un proceso de fiscalización sobre este tema en la Comisión de Garantías Constitucionales, que está bajo control del correísmo. Este 17 de septiembre de 2026 fue convocada la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, pero no asistió y presentó una excusa.

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El argumento del correísmo

El centro de la discusión en la Asamblea sobre la decisión del Consejo de la Judicatura tiene que ver con que, mediante una resolución, se eliminaron este tipo de unidades, pese a que están contempladas en una ley, en este caso, el Código Orgánico de la Función Judicial.

Veloz argumentó que existe un incumplimiento de funciones por parte de los vocales de la Judicatura respecto del Código Orgánico de la Función Judicial. “Están incumpliendo al dejar sin competencia a los jueces encargados de juzgar delitos que están dentro de la Ley de Extinción de Dominio y también de Lavado de Activos”, mencionó.

La intención del correísmo es que, mediante un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se deje sin efecto la resolución que determinó que las competencias de las unidades especializadas pasen a otras judicaturas penales de Quito.

¿Qué dice el oficialismo?

Este jueves 17 de septiembre de 2026, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se pronunció sobre la decisión adoptada por la Judicatura. Primero abogó por el respeto a las competencias de las diferentes funciones del Estado.

A la par, señaló que no veía en este tema un caso para iniciar un proceso de fiscalización desde la Asamblea. Aseguró que habrá normativas que deberán acoplarse, con el objetivo de que las leyes sean funcionales.

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Mancheno también insistió en que se debe esperar el pronunciamiento de la autoridad de la Judicatura para conocer la hoja de ruta, aunque reconoció que la decisión fue adoptada mediante una resolución, pese a que las Unidades Especializadas Anticorrupción fueron creadas mediante ley.

“Me comprometo a no cruzarme de brazos. A mí me interesa que los proyectos de ley cambien las cosas. Si tenemos que hacer reformas las vamos a hacer”, concluyó Mancheno.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó la descalificación de Carlos Falquez Aguilar a la Alcaldía de Machala.
• El candidato solicitó una figura jurídica improcedente y no impugnó en el plazo legal.
• La impugnación original la presentó el movimiento CREO por presuntas irregularidades.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó en última instancia la descalificación de la candidatura de Carlos Falquez Aguilar a la Alcaldía de Machala, en la provincia de El Oro. El organismo electoral determinó que la apelación del postulante resultó improcedente al solicitar una corrección fuera de norma en lugar de activar los recursos legales ordinarios, dejando en firme la resolución previa de la Junta Provincial Electoral de El Oro y descartando la vulneración de sus derechos políticos en los comicios seccionales.

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En su resolución final, los jueces del organismo electoral determinaron que el reglamento para la calificación e inscripción de candidaturas contempla de forma expresa las vías legales permitidas, entre las cuales no consta la figura legal presentada por la defensa del aspirante.

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De acuerdo con el expediente analizado por el tribunal, el recurrente tramitó una solicitud no contemplada en el marco legal vigente durante el periodo de inscripción:

Al haber requerido la corrección de la resolución emitida por el Pleno de la Junta Provincial Electoral de El Oro en lugar de interponer una impugnación a tiempo, la decisión original cobró firmeza jurídica absoluta.

Descartada la vulneración del derecho a elegir y ser elegido

El Tribunal Contencioso Electoral resolvió que el fallo no vulnera de ninguna manera el derecho de Falquez Aguilar a elegir y ser elegido. La entidad subrayó que el postulante disponía de un ordenamiento jurídico previsible, estable, determinado y coherente que rige con claridad los pasos para la inscripción formal.

Asimismo, el tribunal desestimó una presunta falta de motivación jurídica, señalando que la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones de fondo obedeció al incumplimiento de los procedimientos reglamentarios por parte del propio recurrente.

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El origen del conflicto electoral con el movimiento CREO

El proceso electoral en torno a Falquez Aguilar comenzó a trabarse cuando el movimiento CREO solicitó a la Junta Provincial Electoral de El Oro negar su calificación de cara a la Alcaldía de Machala, argumentando la existencia de una presunta irregularidad en la firma de reglamentos.

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Ante este reclamo, Falquez Aguilar cuestionó públicamente la posición de dicha organización política, recordando que su designación se concretó tras haber ganado el respectivo proceso de democracia interna de la agrupación como precandidato oficial.

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Una agenda electoral aún sin detalles

Noboa no detalló en la entrevista cuáles serán las ciudades que visitará ni qué actividades cumplirá durante esos días. Tampoco precisó si esa participación estará concentrada en respaldar a un determinado candidato de su movimiento o si contempla una agenda propia en diferentes provincias.

Asimismo, el presidente no precisó las fechas de esa agenda electoral ni bajo qué modalidad cumplirá las actividades en territorio. Tampoco aclaró si solicitará una licencia temporal a la Asamblea Nacional para hacer proselitismo político ni si la vicepresidenta María José Pinto asumiría sus funciones durante ese periodo.

Noboa también se refirió a las fotografías difundidas el miércoles 16 de septiembre, en las que aparece compartiendo ceviche con sus precandidatos oficialistas a los gobiernos locales de Guayas. El mandatario sostuvo que el encuentro busca mostrar unidad en torno a “un solo proyecto y una sola lucha”, que, según dijo, no responde a una disputa ideológica ni regional.

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Noboa menciona a sus adversarios

El mandatario, en la entrevista, también se refirió a sus adversarios políticos. En el diálogo se mencionó que algunos precandidatos del movimiento Revolución Ciudadana se habrían reunido en México. 

Noboa añadió que, mientras su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene esa cohesión, sus adversarios políticos pasarán, según dijo, “insultando de aquí hasta el 29 de noviembre”. Sin embargo, cuando comenzó a desarrollar ese punto, la intervención de Irene Vélez, secretaria de Comunicación, interrumpió nuevamente el curso de la conversación.

La funcionaria incorporó en ese momento un comentario breve relacionado con la gastronomía ecuatoriana y "el cariño de la gente". La interrupción se produjo mientras el presidente abordaba el escenario político de cara a los próximos comicios locales.

La mención a México se da en un momento de reorganización de las fuerzas políticas que buscan participar en las elecciones seccionales, proceso que incluye la definición de candidaturas para alcaldías y prefecturas. En el caso de la Revolución Ciudadana, su situación electoral ha estado marcada por la suspensión de la organización política durante nueve meses.

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Este jueves, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, tenía previsto iniciar un proceso de fiscalización sobre la resolución del Consejo de la Judicatura mediante la cual se redistribuyeron las competencias de las Unidades Especializadas Anticorrupción a otras judicaturas penales de Quito.

En ese contexto, Mancheno dijo que no veía la necesidad de iniciar un proceso de fiscalización, sino más bien de solicitar información sobre esa decisión. “Sí considero que puede ser una solicitud de información. Es información que también nos ayuda a tomar una decisión más que una fiscalización”, dijo la presidenta de la Asamblea.

Una resolución sobre la ley

Mancheno también se refirió al avance en el trámite de la Ley Antimafias. La normativa, impulsada por el oficialismo, ya pasó el primer debate y, entre sus propuestas, contempla que los bienes incautados al crimen organizado puedan ser utilizados por entidades dedicadas a temas sociales.

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En ese contexto, fue consultada sobre si dicha ley incluiría reformas a partir de la decisión de la Judicatura. Aseguró que habrá normativas que deberán adecuarse, con el objetivo de que las leyes sean funcionales.

Mancheno también insistió en que se debe esperar el pronunciamiento de la Judicatura para conocer su hoja de ruta, aunque reconoció que la decisión fue adoptada mediante una resolución, pese a que las Unidades Especializadas Anticorrupción fueron creadas mediante ley.

“Me comprometo a no cruzarme de brazos. A mí me interesa que los proyectos de ley cambien las cosas. Si tenemos que hacer reformas las vamos a hacer”, concluyó Mancheno.

Lo que debes saber

• Estrada apeló ante el TCE tras la negativa del CNE a inscribir su postulación seccional.
• El tribunal electoral advirtió que el trámite corre riesgo de archivo por inconsistencias.
• La candidatura enfrenta objeciones tras una renuncia inicial y una renominación posterior.

El exasambleísta Jaime Estrada presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó la calificación de su candidatura a la Prefectura de Manabí para las elecciones seccionales de 2026. Sin embargo, el organismo jurisdiccional condicionó la admisión a trámite de la causa y solicitó al postulante aclarar y completar formalmente su petición legal, bajo la advertencia de archivar el expediente si no cumple con las subsanaciones requeridas.

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El trámite legal interpuesto por el aspirante provincial se encuentra temporalmente suspendido en el Tribunal Contencioso Electoral. La entidad requirió formalmente al exasambleísta que complete y aclare deficiencias identificadas en la documentación presentada antes de evaluar la admisión de la causa.

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Requisitos pendientes que debe subsanar el postulante

El organismo electoral advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones legales provocará el archivo definitivo del recurso subjetivo contencioso electoral. Para continuar el proceso, se exige completar, en el plazo de dos días, lo siguiente:

El informe del CNE y la impugnación de ADN

La controversia legal inició tras la objeción presentada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en contra de la precandidatura del exlegislador.

La negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) se sustentó en un criterio técnico de la Asesoría Jurídica del organismo. El informe determinó que en el expediente faltaba la aceptación pública, explícita y personalísima obligatoria para una postulación de reemplazo, concluyendo que “el trámite no se perfeccionó”.

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Noboa plantea fortalecer la formación

Durante una entrevista con radio Élite, Noboa sostuvo que el país necesita elevar su competitividad internacional y contar con una educación básica sólida. También planteó fortalecer las escuelas técnicas para ampliar las oportunidades de los jóvenes y facilitar su incorporación al mercado laboral.

El mandatario señaló que el sistema educativo debe proporcionar herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos personales y mejorar las condiciones de sus familias. Sin embargo, en la entrevista no detalló qué programas concretos implementará el Gobierno para alcanzar esos objetivos ni qué cambios, en el corto y mediano plazo, se realizarían en el sistema educativo.

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Sin presupuesto, metas ni plazos

Tampoco precisó cuánto recursos se destinarían a esa tarea, de dónde provendría el financiamiento o qué metas específicas se establecerían para medir los avances. Noboa no mencionó un plazo en el que espera observar una mejora en los resultados de aprendizaje ni explicó con qué indicadores se evaluaría el cumplimiento de esas acciones.

Los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que Ecuador obtuvo 393 puntos en ciencias, 385 en comprensión lectora y 366 en matemáticas. El país se ubicó en los puestos 70, 65 y 76, respectivamente, entre las 91 naciones y economías participantes.

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La comparación con otros países

Noboa sostuvo que PISA constituye un estándar mundial y afirmó que Ecuador no ha mejorado de manera significativa en estas evaluaciones durante las últimas dos décadas. Además, frente a los resultados obtenidos por Ecuador, Noboa recurrió a una comparación con países de la región y afirmó que el desempeño nacional se mantiene en un rango similar al de Argentina y El Salvador.

Al mismo tiempo, al referirse a los países con mejores desempeños, mencionó a Taiwán, Singapur y China. Eso, debido al avance educativo que, según dijo, muestran varias economías asiáticas.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo no asistió a la mesa legislativa por cruce de agenda y falta de tiempo.
• Viviana Veloz criticó la ausencia y calificó de "opacada" la eliminación de la unidad judicial.
• El Consejo de la Judicatura suprimió las salas anticorrupción bajo el argumento de optimización.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, no asistió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, donde debía explicar la supresión de la Unidad Anticorrupción. Caicedo remitió un oficio de excusa minutos antes del inicio de la sesión en el Palacio Legislativo, en Quito, argumentando que la notificación se dio con poco tiempo y que mantenía una reunión coordinada previamente en el mismo horario. La comparecencia había sido solicitada por la bancada de la Revolución Ciudadana.

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Las razones de Mercedes Caicedo para no acudir a la mesa legislativa

Al inicio de la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales, integrada por mayoría correísta, se dio lectura formal al oficio remitido por la titular de la Judicatura.

En el documento, Mercedes Caicedo expuso dos motivos centrales para justificar su inasistencia:

Críticas desde la bancada de la Revolución Ciudadana

La ausencia de la funcionaria generó cuestionamientos inmediatos entre los legisladores peticionarios. La asambleísta Viviana Veloz advirtió que la titular de la Judicatura tiene la obligación legal de rendir cuentas ante el Legislativo.

Veloz calificó el proceso de cierre como una decisión "opacada" que debe ser transparentada ante el país: "Hasta el día de hoy, Caicedo no le rinde cuentas al país", enfatizó la legisladora, tras confirmar que insistirá formalmente en la comparecencia de la autoridad.

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El alcance de la decisión del Consejo de la Judicatura

El requerimiento de fiscalización se originó tras la resolución adoptada a inicios de mes por las autoridades judiciales:

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Sin nombres ni casos concretos

Noboa afirmó que existen políticos relacionados con actividades como el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción, aunque no presentó, en la entrevista, casos concretos ni mencionó a dirigentes específicos. Según dijo, esas conexiones permitirían a las organizaciones criminales fortalecer su posición e incidir también en espacios como las cortes y los medios de comunicación.

El jefe de Estado sostuvo además que determinadas mafias mantienen vínculos de apoyo con actores políticos. Sin embargo, durante la entrevista no identificó casos específicos ni precisó si existen investigaciones fiscales relacionadas con esas afirmaciones.

Al ser consultado sobre si se ha convertido en la “pesadilla” de varios políticos, Noboa respondió, en tono irónico, que ellos tienen “sueño” con él. Añadió que incluso “sudan y lloran; se mojan diferente”.

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La Ley Antimafias y el caso Durán

Asimismo, Noboa respaldó la denominada Ley Antimafias y cuestionó a quienes se oponen a esa iniciativa, al sostener que el objetivo del Ejecutivo es enfrentar organizaciones que afectan a los ciudadanos. Como ejemplo, trasladó el debate a Durán y aseguró que el problema de la delincuencia en ese cantón se suma a una presunta estructura relacionada con la distribución de agua mediante tanqueros.

Sobre ese caso, el presidente afirmó que existen candidatos a alcalde y concejales de Durán que estarían involucrados en esa presunta “mafia de los tanqueros”, aunque nuevamente no identificó a los aspirantes señalados. En contraste, mencionó por nombre a Alex León, a quien presentó como candidato del oficialismo y sostuvo que tiene el conocimiento necesario para resolver el problema del agua en ese cantón.

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Los señalamientos quedaron sin detalles

El presidente no alcanzó a profundizar en sus señalamientos sobre los nexos entre política y crimen organizado, ya que fue interrumpido en dos ocasiones por Irene Vélez, secretaria de Comunicación. En ambos momentos, la funcionaria incorporó breves comentarios sobre cooperación internacional antes de que la entrevista retomara su curso.

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Noboa afirmó que los uniformados concentraron parte de sus intervenciones en estructuras criminales que operan en El Oro, entre ellas los Lobos-Box y los Sao-Box, según la denominación utilizada por el jefe de Estado. De acuerdo con el presidente, hasta el momento se contabilizan más de 14 aprehendidos como resultado de estos procedimientos.

El mandatario sostuvo que las operaciones permitieron afectar determinadas estructuras delictivas que, según dijo, tienen incidencia en la provincia. Noboa explicó que estos grupos buscan aprovechar las condiciones de El Oro, entre ellas su actividad minera y sus recursos naturales, para ampliar su presencia y disputar espacios al Estado.

Situación

Durante la entrevista con radio Élite, el presidente también mencionó la importancia estratégica de la provincia por su actividad portuaria. En particular, señaló que Puerto Bolívar, al que calificó como el segundo puerto más grande del país, convierte a El Oro en un territorio atractivo para las organizaciones criminales.

Noboa aseguró que el Gobierno mantendrá su presencia en El Oro para continuar con los operativos y obtener resultados contra estas estructuras. Sus declaraciones se producen luego de la entrada en vigencia del toque de queda focalizado en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, medida que rige entre las 00:00 y las 05:00 hasta el 30 de septiembre.

Lo que debes saber

• El correísmo apunta a un proceso de fiscalización pero espera una respuesta de la Supercías sobre las empresas en liquidación.
• ADN lleva adelante el proyecto de Ley para el Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial.
• El Partidos Social Cristiano tiene dudas sobre la fiscalización porque "hablar de la Supercías es hablar del Gobierno".

El control que ejerce la Superintendencia de Compañías (Supercías) está en el ojo de la Asamblea Nacional desde dos frentes. El correísmo solicitó la lista de empresas en liquidación y sus respectivos liquidadores. Y desde el oficialismo se impulsa una ley para la recuperación de las empresas.

Una investigación de EXPRESO evidenció la existencia de un grupo reducido de liquidadores en el que se concentra la mayor cantidad de este tipo de procesos que son derivados desde la Supercías.

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A partir de una base de datos de la misma entidad se evidenció que 501 empresas están bajo la administración de 21 liquidadores. Hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo.

De acuerdo con el análisis, esto representa cerca del 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

¿Qué dice el coreísmo?

Las denuncias sobre posibles direccionamientos de este tipo de procesos llegaron también al Legislativo. Así lo confirmó la asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC), quien integra la Comisión de Fiscalización.

“La semana pasada hicimos un pedido de información (a la Supercías) porque nos llegaba información respecto de un posible direccionamiento respecto de las liquidaciones que se hacen con algunas empresas”, dijo.

Aún no se han cumplido los 10 días que establece la normativa para que la entidad de control remita la información. El correísmo está a la espera.

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“Aparte de esto, la Asamblea podría empezar un proceso de fiscalización. Lo que habría que determinar es si esto se hace desde una comisión determinada”, añadió Herrera. También sugirió que de esto podría encargarse la mesa de Desarrollo Económico, aunque dudó que lo haga teniendo en cuenta que está bajo el control de ADN.

¿Qué haría falta para que se inicie un proceso de fiscalización? Herrera dijo que todo depende de la voluntad política. Hay que tomar en cuenta que ADN controla 13 de las 15 comisiones permanentes y también tiene la mayoría que actúa en el Pleno de la Asamblea.

Oficialismo tramita una ley

ADN lleva adelante otro proceso, aunque más enfocado en salvar de la quiebra a las empresas. El asambleísta del oficialismo Andrés Castillo dijo que en la Comisión de Desarrollo Económico se trabaja en un proyecto para manejar las quiebras y disoluciones.

“Las compañías quiebran o se disuelven por un sinnúmero de temas: problemas jurídicos, económicos o procesamiento de su información. Se trabaja en un proyecto para dar viabilidad a los procesos de quiebra en todos los temas. Se le dará más herramientas para que la Supercías tenga más funcionarios trabajando”, indicó.

El proyecto de ley, por ahora, se llama Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial. Han existido tres sesiones, en las que se ha tratado el tema y se ha escuchado a expertos.

La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, ha dicho que el objetivo de la iniciativa es crear mecanismos para que, por ejemplo, cuando una empresa tenga problemas para pagar sus deudas, pueda entrar en un proceso ordenado de negociación, “en lugar de enfrentar cobros individuales que puedan destruir a la empresa”. Pero el proyecto aún no tiene informe para primer debate.

La posición desde los independientes

Entre los asambleístas independientes también hay voces respecto al control que ejerce la Supercías. Cristian Benavides dijo que el rol de la Asamblea es fiscalizar. “Cuando los medios de comunicación hacen un rol responsable y nos dan las guías para prender las alertas, tenemos la obligación de activarnos”, aseguró.

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El PSC plantea una fiscalización urgente

Desde el Partido Social Cristiano (PSC) se considera que es urgente el inicio de un proceso de fiscalización. El asambleísta Alfredo Serrano consideró que con lo que ha sido revelado, hay argumentos para ello. Sin embargo, es escéptico frente a aquello.

“¿Qué comisión lo debería hacer? La de Fiscalización, Régimen Económico o Desarrollo Económico, que están en control del Gobierno. Cuando se habla de la Supercías, estás hablando del Gobierno”, manifestó.  

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Pacientes renales en Ecuador: dializadora exige un acuerdo de pagos antes del 30 de septiembre

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El Frente se refiere a la carta con fecha del 14 de septiembre de 2026. La representante en Ecuador de la firma, Ana Cecilia Andino Ruiz, informó que, si hasta el 30 de septiembre no se concreta un acuerdo formal de pago con el Estado, la empresa podría iniciar la transferencia progresiva de esos pacientes al MSP. 

¿Qué pide el Frente Nacional de Pacientes Renales?

Ante este escenario, el Frente exigió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que la diálisis no puede ser suspendida o retrasada. Para la organización, cualquier interrupción de las sesiones supone un riesgo para las personas que dependen de este tratamiento.

El colectivo sostiene que durante más de tres años ha denunciado problemas relacionados con los pagos a prestadores, el abastecimiento de medicamentos y las condiciones de atención de los pacientes renales.

En los últimos meses también ha alertado sobre suspensiones o restricciones de tratamientos en centros privados de varias provincias.

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“Queremos vivir”: pacientes con trasplantes y con cáncer denuncian falta de medicamentos

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El Frente pidió al Gobierno garantizar la continuidad de las terapias y realizar fiscalizaciones sobre la situación financiera y operativa de la red de diálisis. También reclamó participar en las mesas técnicas y reuniones que se convoquen para abordar la crisis.

“Nadie puede hablar por nosotros sin nosotros”, sostiene la organización, que reclama una participación formal en las decisiones relacionadas con los pacientes renales.

El colectivo también cuestionó que los pacientes puedan terminar afectados por una disputa entre el Estado y los prestadores privados. Por ello, pidió al MSP adoptar medidas que permitan mantener la atención y evitar nuevas interrupciones.

La organización anunció que permanecerá vigilante y continuará con sus acciones de protesta hasta que existan soluciones que, según señala, garanticen la continuidad de los tratamientos.

Lo que debes saber

• Berrazueta propone una “caja de cristal” en el CPCCS para transparentar concursos en 2026.
• La candidata plantea fortalecer delegaciones del CPCCS para ampliar control ciudadano en Ecuador.
• La iniciativa incluye seguimiento a denuncias y silla vacía para reforzar participación ciudadana.

La candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Elena Berrazueta, planteó convertir los procesos de selección de autoridades en una especie de “caja de cristal”, una iniciativa orientada a reforzar la transparencia en los concursos públicos y a facilitar el control ciudadano sobre las decisiones del organismo.

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La propuesta surge en medio de la campaña para integrar el CPCCS para el periodo 2027-2031, un organismo que tiene entre sus atribuciones promover la participación ciudadana, combatir la corrupción, supervisar la rendición de cuentas y designar determinadas autoridades del Estado.

¿En qué consiste la propuesta?

Durante una entrevista, Elena Berrazueta explicó que su principal planteamiento es transparentar las diferentes etapas de los concursos que organiza el CPCCS para la designación de autoridades. Bajo el concepto de “caja de cristal”, busca que los procesos sean más abiertos al escrutinio público y que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información relacionada con las decisiones y evaluaciones realizadas por el organismo.

La candidata sostiene que el CPCCS ha concentrado gran parte de la atención pública en los procesos de designación, mientras otras funciones relacionadas con la participación ciudadana y el control social han quedado relegadas. Por ello plantea fortalecer mecanismos que permitan una mayor vigilancia ciudadana sobre la gestión pública.

Política

Fiscal General del Estado: Daniella Camacho responde a impugnación por su vínculo con Wilman Terán

Rosero Mariela

Más participación desde los territorios

Otro de los ejes de su propuesta apunta a fortalecer las delegaciones provinciales del CPCCS. Según Berrazueta, estas oficinas deberían tener una presencia más activa en territorio para acercar a la ciudadanía a herramientas de participación, control social y denuncia de posibles actos de corrupción.

Además, plantea impulsar mecanismos como la “silla vacía”, figura contemplada en la legislación ecuatoriana que permite la participación ciudadana en ciertas decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados. También propone realizar un seguimiento más efectivo a las denuncias presentadas por los ciudadanos ante el organismo.

El contexto electoral

Elena Berrazueta, abogada y docente universitaria oriunda de Latacunga, forma parte de los candidatos que continúan en carrera para las elecciones del CPCCS. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 61 postulantes fueron calificados de un total de 309 aspirantes que iniciaron el proceso de inscripción.

La elección de los nuevos consejeros del CPCCS está prevista dentro del calendario electoral de 2027. Los vocales que resulten electos tendrán la responsabilidad de participar en futuros procesos de designación de autoridades y de ejecutar políticas relacionadas con transparencia, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.

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Concurso Fiscal General: Inés Romero responde a una impugnación durante la audiencia pública

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Ante la Comisión Ciudadana de Selección, del CPCCS, Rosero cuestionó la idoneidad y probidad de Camacho y centró su impugnación en la relación de amistad que la jueza reconoció mantener con Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y condenado en el caso Metástasis.

El impugnante sostuvo que ese vínculo podría generar un conflicto de interés y afectar la actuación de Camacho si llegara a dirigir la Fiscalía. Recordó que la jueza se excusó de conocer causas relacionadas con Terán después de reconocer, bajo juramento, que mantenía una “amistad íntima” con él.

Rosero argumentó que esa situación podría impedir que Camacho investigue asuntos relacionados con Terán y mencionó los casos Metástasis, Purga, Sinohydro y Progen. A su juicio, las sucesivas excusas podrían generar una fragmentación en la conducción de determinadas investigaciones.

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También cuestionó una actuación de Camacho durante una sesión extraordinaria del pleno de la Corte Nacional de Justicia, celebrada el 14 de enero de 2026. Para sustentar ese argumento, presentó un registro audiovisual de la sesión.

La respuesta de Daniella Camacho

Camacho respondió que la impugnación parte de una causal que, según ella, fue planteada de manera incorrecta. Defendió su trayectoria de 31 años de ejercicio profesional, 25 de ellos en el servicio público, y recordó su experiencia como fiscal y jueza.

Sobre su relación con Terán, explicó que durante su carrera ha compartido espacios profesionales con fiscales, jueces, conjueces y funcionarios de distintas instituciones del Estado. Añadió que la amistad que reconoció no constituye, por sí misma, una razón para impedir que un juez participe en un concurso para Fiscal General.

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La candidata también defendió las excusas que presentó en causas como Metástasis y Pantalla. Señaló que apartarse de esos procesos era un deber legal para garantizar la imparcialidad y el debido proceso.

Citó el artículo 76 de la Constitución y el artículo 572, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla la amistad íntima o la enemistad manifiesta como causal de excusa de un juez.

“Mi excusa es el testimonio de mi imparcialidad”, sostuvo Camacho ante la comisión. Además "no puedo responder por los actos de nadie más". 

En torno a su interés en presidir la Corte Nacional de Justicia, Camacho dijo que la aspiración de todo titular es llegar a la Presidencia de la Corte. Desde el 2021 no existe concurso para la renovación parcial. 

"Al momento nos encontramos 10 jueces titulares. Soy la juez más antigua, mi calificación en 2019 fue 99 sobre 100. Como hoy soy la mejor calificada en este concurso".