Política

Daniel Noboa cuestiona nexos entre políticos y mafias en plena etapa electoral

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Noboa plantea fortalecer la formación

Durante una entrevista con radio Élite, Noboa sostuvo que el país necesita elevar su competitividad internacional y contar con una educación básica sólida. También planteó fortalecer las escuelas técnicas para ampliar las oportunidades de los jóvenes y facilitar su incorporación al mercado laboral.

El mandatario señaló que el sistema educativo debe proporcionar herramientas para que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos personales y mejorar las condiciones de sus familias. Sin embargo, en la entrevista no detalló qué programas concretos implementará el Gobierno para alcanzar esos objetivos ni qué cambios, en el corto y mediano plazo, se realizarían en el sistema educativo.

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Sin presupuesto, metas ni plazos

Tampoco precisó cuánto recursos se destinarían a esa tarea, de dónde provendría el financiamiento o qué metas específicas se establecerían para medir los avances. Noboa no mencionó un plazo en el que espera observar una mejora en los resultados de aprendizaje ni explicó con qué indicadores se evaluaría el cumplimiento de esas acciones.

Los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que Ecuador obtuvo 393 puntos en ciencias, 385 en comprensión lectora y 366 en matemáticas. El país se ubicó en los puestos 70, 65 y 76, respectivamente, entre las 91 naciones y economías participantes.

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La comparación con otros países

Noboa sostuvo que PISA constituye un estándar mundial y afirmó que Ecuador no ha mejorado de manera significativa en estas evaluaciones durante las últimas dos décadas. Además, frente a los resultados obtenidos por Ecuador, Noboa recurrió a una comparación con países de la región y afirmó que el desempeño nacional se mantiene en un rango similar al de Argentina y El Salvador.

Al mismo tiempo, al referirse a los países con mejores desempeños, mencionó a Taiwán, Singapur y China. Eso, debido al avance educativo que, según dijo, muestran varias economías asiáticas.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo no asistió a la mesa legislativa por cruce de agenda y falta de tiempo.
• Viviana Veloz criticó la ausencia y calificó de "opacada" la eliminación de la unidad judicial.
• El Consejo de la Judicatura suprimió las salas anticorrupción bajo el argumento de optimización.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, no asistió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, donde debía explicar la supresión de la Unidad Anticorrupción. Caicedo remitió un oficio de excusa minutos antes del inicio de la sesión en el Palacio Legislativo, en Quito, argumentando que la notificación se dio con poco tiempo y que mantenía una reunión coordinada previamente en el mismo horario. La comparecencia había sido solicitada por la bancada de la Revolución Ciudadana.

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Las razones de Mercedes Caicedo para no acudir a la mesa legislativa

Al inicio de la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales, integrada por mayoría correísta, se dio lectura formal al oficio remitido por la titular de la Judicatura.

En el documento, Mercedes Caicedo expuso dos motivos centrales para justificar su inasistencia:

Críticas desde la bancada de la Revolución Ciudadana

La ausencia de la funcionaria generó cuestionamientos inmediatos entre los legisladores peticionarios. La asambleísta Viviana Veloz advirtió que la titular de la Judicatura tiene la obligación legal de rendir cuentas ante el Legislativo.

Veloz calificó el proceso de cierre como una decisión "opacada" que debe ser transparentada ante el país: "Hasta el día de hoy, Caicedo no le rinde cuentas al país", enfatizó la legisladora, tras confirmar que insistirá formalmente en la comparecencia de la autoridad.

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El alcance de la decisión del Consejo de la Judicatura

El requerimiento de fiscalización se originó tras la resolución adoptada a inicios de mes por las autoridades judiciales:

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Sin nombres ni casos concretos

Noboa afirmó que existen políticos relacionados con actividades como el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción, aunque no presentó, en la entrevista, casos concretos ni mencionó a dirigentes específicos. Según dijo, esas conexiones permitirían a las organizaciones criminales fortalecer su posición e incidir también en espacios como las cortes y los medios de comunicación.

El jefe de Estado sostuvo además que determinadas mafias mantienen vínculos de apoyo con actores políticos. Sin embargo, durante la entrevista no identificó casos específicos ni precisó si existen investigaciones fiscales relacionadas con esas afirmaciones.

Al ser consultado sobre si se ha convertido en la “pesadilla” de varios políticos, Noboa respondió, en tono irónico, que ellos tienen “sueño” con él. Añadió que incluso “sudan y lloran; se mojan diferente”.

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La Ley Antimafias y el caso Durán

Asimismo, Noboa respaldó la denominada Ley Antimafias y cuestionó a quienes se oponen a esa iniciativa, al sostener que el objetivo del Ejecutivo es enfrentar organizaciones que afectan a los ciudadanos. Como ejemplo, trasladó el debate a Durán y aseguró que el problema de la delincuencia en ese cantón se suma a una presunta estructura relacionada con la distribución de agua mediante tanqueros.

Sobre ese caso, el presidente afirmó que existen candidatos a alcalde y concejales de Durán que estarían involucrados en esa presunta “mafia de los tanqueros”, aunque nuevamente no identificó a los aspirantes señalados. En contraste, mencionó por nombre a Alex León, a quien presentó como candidato del oficialismo y sostuvo que tiene el conocimiento necesario para resolver el problema del agua en ese cantón.

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Los señalamientos quedaron sin detalles

El presidente no alcanzó a profundizar en sus señalamientos sobre los nexos entre política y crimen organizado, ya que fue interrumpido en dos ocasiones por Irene Vélez, secretaria de Comunicación. En ambos momentos, la funcionaria incorporó breves comentarios sobre cooperación internacional antes de que la entrevista retomara su curso.

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Noboa afirmó que los uniformados concentraron parte de sus intervenciones en estructuras criminales que operan en El Oro, entre ellas los Lobos-Box y los Sao-Box, según la denominación utilizada por el jefe de Estado. De acuerdo con el presidente, hasta el momento se contabilizan más de 14 aprehendidos como resultado de estos procedimientos.

El mandatario sostuvo que las operaciones permitieron afectar determinadas estructuras delictivas que, según dijo, tienen incidencia en la provincia. Noboa explicó que estos grupos buscan aprovechar las condiciones de El Oro, entre ellas su actividad minera y sus recursos naturales, para ampliar su presencia y disputar espacios al Estado.

Situación

Durante la entrevista con radio Élite, el presidente también mencionó la importancia estratégica de la provincia por su actividad portuaria. En particular, señaló que Puerto Bolívar, al que calificó como el segundo puerto más grande del país, convierte a El Oro en un territorio atractivo para las organizaciones criminales.

Noboa aseguró que el Gobierno mantendrá su presencia en El Oro para continuar con los operativos y obtener resultados contra estas estructuras. Sus declaraciones se producen luego de la entrada en vigencia del toque de queda focalizado en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, medida que rige entre las 00:00 y las 05:00 hasta el 30 de septiembre.

Lo que debes saber

• El correísmo apunta a un proceso de fiscalización pero espera una respuesta de la Supercías sobre las empresas en liquidación.
• ADN lleva adelante el proyecto de Ley para el Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial.
• El Partidos Social Cristiano tiene dudas sobre la fiscalización porque "hablar de la Supercías es hablar del Gobierno".

El control que ejerce la Superintendencia de Compañías (Supercías) está en el ojo de la Asamblea Nacional desde dos frentes. El correísmo solicitó la lista de empresas en liquidación y sus respectivos liquidadores. Y desde el oficialismo se impulsa una ley para la recuperación de las empresas.

Una investigación de EXPRESO evidenció la existencia de un grupo reducido de liquidadores en el que se concentra la mayor cantidad de este tipo de procesos que son derivados desde la Supercías.

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A partir de una base de datos de la misma entidad se evidenció que 501 empresas están bajo la administración de 21 liquidadores. Hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo.

De acuerdo con el análisis, esto representa cerca del 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

¿Qué dice el coreísmo?

Las denuncias sobre posibles direccionamientos de este tipo de procesos llegaron también al Legislativo. Así lo confirmó la asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC), quien integra la Comisión de Fiscalización.

“La semana pasada hicimos un pedido de información (a la Supercías) porque nos llegaba información respecto de un posible direccionamiento respecto de las liquidaciones que se hacen con algunas empresas”, dijo.

Aún no se han cumplido los 10 días que establece la normativa para que la entidad de control remita la información. El correísmo está a la espera.

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“Aparte de esto, la Asamblea podría empezar un proceso de fiscalización. Lo que habría que determinar es si esto se hace desde una comisión determinada”, añadió Herrera. También sugirió que de esto podría encargarse la mesa de Desarrollo Económico, aunque dudó que lo haga teniendo en cuenta que está bajo el control de ADN.

¿Qué haría falta para que se inicie un proceso de fiscalización? Herrera dijo que todo depende de la voluntad política. Hay que tomar en cuenta que ADN controla 13 de las 15 comisiones permanentes y también tiene la mayoría que actúa en el Pleno de la Asamblea.

Oficialismo tramita una ley

ADN lleva adelante otro proceso, aunque más enfocado en salvar de la quiebra a las empresas. El asambleísta del oficialismo Andrés Castillo dijo que en la Comisión de Desarrollo Económico se trabaja en un proyecto para manejar las quiebras y disoluciones.

“Las compañías quiebran o se disuelven por un sinnúmero de temas: problemas jurídicos, económicos o procesamiento de su información. Se trabaja en un proyecto para dar viabilidad a los procesos de quiebra en todos los temas. Se le dará más herramientas para que la Supercías tenga más funcionarios trabajando”, indicó.

El proyecto de ley, por ahora, se llama Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial. Han existido tres sesiones, en las que se ha tratado el tema y se ha escuchado a expertos.

La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, ha dicho que el objetivo de la iniciativa es crear mecanismos para que, por ejemplo, cuando una empresa tenga problemas para pagar sus deudas, pueda entrar en un proceso ordenado de negociación, “en lugar de enfrentar cobros individuales que puedan destruir a la empresa”. Pero el proyecto aún no tiene informe para primer debate.

La posición desde los independientes

Entre los asambleístas independientes también hay voces respecto al control que ejerce la Supercías. Cristian Benavides dijo que el rol de la Asamblea es fiscalizar. “Cuando los medios de comunicación hacen un rol responsable y nos dan las guías para prender las alertas, tenemos la obligación de activarnos”, aseguró.

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El PSC plantea una fiscalización urgente

Desde el Partido Social Cristiano (PSC) se considera que es urgente el inicio de un proceso de fiscalización. El asambleísta Alfredo Serrano consideró que con lo que ha sido revelado, hay argumentos para ello. Sin embargo, es escéptico frente a aquello.

“¿Qué comisión lo debería hacer? La de Fiscalización, Régimen Económico o Desarrollo Económico, que están en control del Gobierno. Cuando se habla de la Supercías, estás hablando del Gobierno”, manifestó.  

Política

Pacientes renales en Ecuador: dializadora exige un acuerdo de pagos antes del 30 de septiembre

Rosero Mariela

El Frente se refiere a la carta con fecha del 14 de septiembre de 2026. La representante en Ecuador de la firma, Ana Cecilia Andino Ruiz, informó que, si hasta el 30 de septiembre no se concreta un acuerdo formal de pago con el Estado, la empresa podría iniciar la transferencia progresiva de esos pacientes al MSP. 

¿Qué pide el Frente Nacional de Pacientes Renales?

Ante este escenario, el Frente exigió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que la diálisis no puede ser suspendida o retrasada. Para la organización, cualquier interrupción de las sesiones supone un riesgo para las personas que dependen de este tratamiento.

El colectivo sostiene que durante más de tres años ha denunciado problemas relacionados con los pagos a prestadores, el abastecimiento de medicamentos y las condiciones de atención de los pacientes renales.

En los últimos meses también ha alertado sobre suspensiones o restricciones de tratamientos en centros privados de varias provincias.

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El Frente pidió al Gobierno garantizar la continuidad de las terapias y realizar fiscalizaciones sobre la situación financiera y operativa de la red de diálisis. También reclamó participar en las mesas técnicas y reuniones que se convoquen para abordar la crisis.

“Nadie puede hablar por nosotros sin nosotros”, sostiene la organización, que reclama una participación formal en las decisiones relacionadas con los pacientes renales.

El colectivo también cuestionó que los pacientes puedan terminar afectados por una disputa entre el Estado y los prestadores privados. Por ello, pidió al MSP adoptar medidas que permitan mantener la atención y evitar nuevas interrupciones.

La organización anunció que permanecerá vigilante y continuará con sus acciones de protesta hasta que existan soluciones que, según señala, garanticen la continuidad de los tratamientos.

Lo que debes saber

• Berrazueta propone una “caja de cristal” en el CPCCS para transparentar concursos en 2026.
• La candidata plantea fortalecer delegaciones del CPCCS para ampliar control ciudadano en Ecuador.
• La iniciativa incluye seguimiento a denuncias y silla vacía para reforzar participación ciudadana.

La candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Elena Berrazueta, planteó convertir los procesos de selección de autoridades en una especie de “caja de cristal”, una iniciativa orientada a reforzar la transparencia en los concursos públicos y a facilitar el control ciudadano sobre las decisiones del organismo.

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La propuesta surge en medio de la campaña para integrar el CPCCS para el periodo 2027-2031, un organismo que tiene entre sus atribuciones promover la participación ciudadana, combatir la corrupción, supervisar la rendición de cuentas y designar determinadas autoridades del Estado.

¿En qué consiste la propuesta?

Durante una entrevista, Elena Berrazueta explicó que su principal planteamiento es transparentar las diferentes etapas de los concursos que organiza el CPCCS para la designación de autoridades. Bajo el concepto de “caja de cristal”, busca que los procesos sean más abiertos al escrutinio público y que la ciudadanía tenga acceso oportuno a la información relacionada con las decisiones y evaluaciones realizadas por el organismo.

La candidata sostiene que el CPCCS ha concentrado gran parte de la atención pública en los procesos de designación, mientras otras funciones relacionadas con la participación ciudadana y el control social han quedado relegadas. Por ello plantea fortalecer mecanismos que permitan una mayor vigilancia ciudadana sobre la gestión pública.

Política

Fiscal General del Estado: Daniella Camacho responde a impugnación por su vínculo con Wilman Terán

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Más participación desde los territorios

Otro de los ejes de su propuesta apunta a fortalecer las delegaciones provinciales del CPCCS. Según Berrazueta, estas oficinas deberían tener una presencia más activa en territorio para acercar a la ciudadanía a herramientas de participación, control social y denuncia de posibles actos de corrupción.

Además, plantea impulsar mecanismos como la “silla vacía”, figura contemplada en la legislación ecuatoriana que permite la participación ciudadana en ciertas decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados. También propone realizar un seguimiento más efectivo a las denuncias presentadas por los ciudadanos ante el organismo.

El contexto electoral

Elena Berrazueta, abogada y docente universitaria oriunda de Latacunga, forma parte de los candidatos que continúan en carrera para las elecciones del CPCCS. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 61 postulantes fueron calificados de un total de 309 aspirantes que iniciaron el proceso de inscripción.

La elección de los nuevos consejeros del CPCCS está prevista dentro del calendario electoral de 2027. Los vocales que resulten electos tendrán la responsabilidad de participar en futuros procesos de designación de autoridades y de ejecutar políticas relacionadas con transparencia, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.

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Ante la Comisión Ciudadana de Selección, del CPCCS, Rosero cuestionó la idoneidad y probidad de Camacho y centró su impugnación en la relación de amistad que la jueza reconoció mantener con Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y condenado en el caso Metástasis.

El impugnante sostuvo que ese vínculo podría generar un conflicto de interés y afectar la actuación de Camacho si llegara a dirigir la Fiscalía. Recordó que la jueza se excusó de conocer causas relacionadas con Terán después de reconocer, bajo juramento, que mantenía una “amistad íntima” con él.

Rosero argumentó que esa situación podría impedir que Camacho investigue asuntos relacionados con Terán y mencionó los casos Metástasis, Purga, Sinohydro y Progen. A su juicio, las sucesivas excusas podrían generar una fragmentación en la conducción de determinadas investigaciones.

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También cuestionó una actuación de Camacho durante una sesión extraordinaria del pleno de la Corte Nacional de Justicia, celebrada el 14 de enero de 2026. Para sustentar ese argumento, presentó un registro audiovisual de la sesión.

La respuesta de Daniella Camacho

Camacho respondió que la impugnación parte de una causal que, según ella, fue planteada de manera incorrecta. Defendió su trayectoria de 31 años de ejercicio profesional, 25 de ellos en el servicio público, y recordó su experiencia como fiscal y jueza.

Sobre su relación con Terán, explicó que durante su carrera ha compartido espacios profesionales con fiscales, jueces, conjueces y funcionarios de distintas instituciones del Estado. Añadió que la amistad que reconoció no constituye, por sí misma, una razón para impedir que un juez participe en un concurso para Fiscal General.

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La candidata también defendió las excusas que presentó en causas como Metástasis y Pantalla. Señaló que apartarse de esos procesos era un deber legal para garantizar la imparcialidad y el debido proceso.

Citó el artículo 76 de la Constitución y el artículo 572, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla la amistad íntima o la enemistad manifiesta como causal de excusa de un juez.

“Mi excusa es el testimonio de mi imparcialidad”, sostuvo Camacho ante la comisión. Además "no puedo responder por los actos de nadie más". 

En torno a su interés en presidir la Corte Nacional de Justicia, Camacho dijo que la aspiración de todo titular es llegar a la Presidencia de la Corte. Desde el 2021 no existe concurso para la renovación parcial. 

"Al momento nos encontramos 10 jueces titulares. Soy la juez más antigua, mi calificación en 2019 fue 99 sobre 100. Como hoy soy la mejor calificada en este concurso".

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo desmantela la unidad anticorrupción y desata una crisis en la Judicatura.
• La supresión de jueces especializados frena casos emblemáticos como Goleada y Encuentro.
• Argumentos contradictorios y entrevistas fallidas hunden la credibilidad de Caicedo.

Aquellos que tuvieron la cochina sospecha de que el nombramiento de Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo de la Judicatura, luego de la salida de Mario Godoy, fue una maniobra para dejar intactas las estructuras mafiosas que montó su predecesor, ahora deben estar diciendo: “Ahí está, yo les dije que nada va a cambiar”. Y la verdad es que no les falta razón.

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Judicatura elimina unidades anticorrupción y lo presenta como un fortalecimiento

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De la herencia de Mario Godoy a las decisiones de la nueva presidencia

Caicedo está haciendo todo lo necesario para proteger corruptos. Y lo está haciendo con mayor urgencia, eficacia y desenfado que Godoy. Si él golpeó duramente a los jueces anticorrupción, dejando sin protección del narcotráfico al juez Carlos Serrano (por lo que se desató un escándalo que impulsó su salida), Caicedo fue mucho más lejos: eliminó de cuajo la unidad especializada anticorrupción, lo poco que quedaba en la administración de justicia para frenar la corrupción.

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El desmantelamiento de los jueces anticorrupción y las decisiones polémicas en la justicia penal

Y si sus actos han sido escandalosos, como por ejemplo la destitución de los tres jueces que levantaron la orden de prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez, aún más escandalosas y estridentes han sido sus últimas apariciones públicas. Su entrevista con Carlos Vera, por ejemplo, ha provocado una ola de indignación que jamás se imaginaron quienes facilitaron una entrevista que, se suponía, iba a limpiar su imagen. Pero esa entrevista fue solo el inicio. Luego vino su decisión de no presentarse en el programa de Andrea Bernal, donde iba a coincidir con algunos abogados penalistas para hablar sobre la supresión de la unidad anticorrupción.

La justificación de seguridad para evitar el debate público

Pero si su decisión de no ir al programa ya fue impresentable y escandalosa, la explicación que puso en sus redes sociales alcanzó niveles insospechados: dijo que no había ido por cambios en el panel que hacían que su vida corriera peligro. “Este cambio incrementaba el riesgo para mi seguridad y para la de las personas que me acompañan, no durante la entrevista, sino también en cualquier rutina posterior”, dijo. Es decir, según ella, la presencia de los abogados invitados era peligrosa. Mejor no hubiera aclarado, porque lo oscureció todo.

Justificaciones contradictorias: Del perfil de los magistrados a la seguridad personal

Pero sin duda, fue la entrevista con Vera la que disparó el acabose de la presidenta del Consejo de la Judicatura en la opinión pública. Caicedo fue a defender su decisión, pero terminó embarrándose más. Su argumento más llamativo fue que los jueces anticorrupción tienen “el mismo perfil” que los jueces penales.

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Ruptura de la arquitectura legal y la especialización judicial

El problema, y eso desató el escándalo, es que eso contradice la propia arquitectura legal que creó esa especialidad. Esos jueces fueron seleccionados mediante procedimientos específicos y recibieron capacitación especializada. No eran simplemente jueces penales con otro rótulo. La paradoja es brutal: para fortalecer la justicia anticorrupción, la Judicatura decidió eliminar precisamente la estructura especializada en anticorrupción.

484 causas redistribuidas y suspensión en casos Goleada y Encuentro

Y la decisión del Consejo de la Judicatura presidido por Caicedo empezó dejando una factura incómoda: alrededor de 484 causas deben ser redistribuidas entre más de 50 jueces. Y procesos de enorme interés público, como Goleada y Encuentro, han sufrido problemas de transición y audiencias suspendidas. ¿No es esto quizá una excelente forma de ayudar a quienes han cometido actos de corrupción o que piensan en hacerlo?

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Incoherencias en el discurso oficial sobre la carga procesal y el presupuesto

La explicación que dio en la entrevista sobre los motivos por los que se tomó la decisión también es contradictoria. Primero había dicho que era un problema presupuestario; después, la supuesta sobrecarga procesal; y en la entrevista dijo que, en realidad, no existe una diferencia relevante entre los jueces especializados y los ordinarios.

Hay, además, una coincidencia temporal imposible de ignorar. La Judicatura suspendió a los tres jueces de Goleada que habían revocado las prisiones preventivas de los procesados y, poco después, eliminó la unidad a la que pertenecían.

Política

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Consecuencias legales e incertidumbre institucional en la lucha contra el crimen organizado

Y después de esta entrevista quedan demasiadas preguntas abiertas. La principal es la más sencilla: si la especialización anticorrupción era innecesaria, ¿por qué el Estado se tomó el trabajo de crearla por ley?

Beneficios procesales para acusados en casos de corrupción y crimen organizado

La Judicatura dice que su reforma hará más eficiente la persecución de la corrupción. Pero su primera consecuencia ha sido introducir incertidumbre, redistribuir 484 expedientes y suspender actuaciones en varios casos emblemáticos. Eso significa que, objetivamente, los acusados pueden aprovechar las zonas de incertidumbre que la transición está creando: ganar tiempo, cuestionar competencias, pedir aclaraciones, oponerse a cambios de juez y utilizar cualquier irregularidad procesal que aparezca.

Y hay una pregunta todavía más incómoda que quedó de la entrevista: si el sistema anterior estaba diseñado para concentrar conocimiento especializado precisamente en casos de corrupción y crimen organizado, ¿por qué introducir una transición que permite que algunos de esos procesos se frenen justo cuando están avanzando?

Dudas sobre la autonomía institucional de la Presidencia de la Judicatura

La imagen que dejó Caicedo al final de la entrevista fue preocupante: una presidenta de la Judicatura incapaz de explicar con claridad una decisión de enorme trascendencia institucional, que recurrió a argumentos contradictorios y terminó abriendo más preguntas de las que consiguió responder.

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Y cuando una autoridad no logra explicar ni la lógica ni las consecuencias de las decisiones que adopta, inevitablemente surge una pregunta todavía más incómoda: ¿está tomando realmente esas decisiones o simplemente ejecutando órdenes que vienen de otra parte? Porque lo verdaderamente inquietante no es solo que sus argumentos sean débiles. Es la sensación de que ni siquiera ella parece tener claro hasta dónde puede llegar lo que está haciendo.

Morán acudió la mañana de este 16 de septiembre de 2026 a la Fiscalía, en Quito. Presentó un pedido de vinculación después de las declaraciones emitidas por González durante el debate sobre el informe que presentó la Comisión de Seguridad sobre el tema.

Política

Fiscalización sobre Segura EP se entrampó en las acusaciones entre ADN y RC: ¿Qué se resolvió?

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“En el Pleno, el asambleísta admitió que la voz que aparece en los audios revelados meses atrás es de él”, dijo Morán. También mencionó que dichos audios son comprometedores porque “personas que no tienen nada que ver con la seguridad de Guayaquil eran quienes daban las órdenes sobre cómo manejar las cámaras”.

¿Qué reveló el audio sobre Segura EP?

La Asamblea Nacional empezó un proceso de fiscalización sobre el uso de las cámaras de seguridad de Segura EP luego de que el Ministerio del Interior interviniera la empresa pública municipal. El ministro John Reimberg habló de la instalación de una ‘sala espejo’ en el Municipio de Guayaquil.

A partir de allí, la Comisión de Seguridad, controlada por ADN, inició la fiscalización después de una resolución del Pleno de la Asamblea. La tarde del 15 de septiembre de 2026, el Legislativo aprobó el informe en el que se señaló directamente al expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo. También se decidió enviar el informe a la Fiscalía ante el posible cometimiento de delitos.

Uno de los elementos expuestos durante la elaboración del informe fue un audio en el que se escuchaba al expresidente Rafael Correa, Fernando Cornejo, al exoficial de Policía Rodney Rengel y al asambleísta Juan González.

La intención del correísmo era emprender una investigación paralela por el caso Porsche. Este último tiene que ver con la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en Isla Trinitaria, justamente en el lugar en el que se ubicaba la vivienda del entonces único procesado por la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil.

Durante la discusión en el Pleno, González dijo: “Inventan cualquier cosa los problemas reales del Ecuador. Está bien. Investiguen Segura EP. Tengan el celular, computadoras. Hagan lo que quieran. Mi voz está en los audios. Pero investiguen entonces el caso Porsche y el terrorismo en el Ecuador”.

Sobre dichas declaraciones, Morán aseguró que presentó en Fiscalía un anexo a la anterior denuncia sobre Segura EP “para que se considere la intervención del señor asambleísta que admitió públicamente que los audios son reales”.

Sin embargo, el legislador de la bancada oficialista no aclaró qué tipo de delito se podría configurar por la presencia de González en la reunión de la cual salió la grabación. “Los delitos los está investigando actualmente la Fiscalía”, señaló Morán.

Lo que debes saber

• Henry Llanes interpondrá una acción extraordinaria de protección con medida cautelar ante la Corte Constitucional.
• El postulante sostiene que cumplió todos los requisitos y plazos fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
• Denuncia bloqueos políticos y plantea reformas legales de llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El dirigente social Henry Llanes presentará una acción extraordinaria de protección con medida cautelar ante la Corte Constitucional por su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La medida judicial busca frenar su exclusión del proceso de comicios y defender sus derechos de participación ciudadana. Llanes sostiene que cumplió en su totalidad con las exigencias del instructivo aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 27 de abril de 2026.

Política

TCE ratifica descalificación de la candidatura de Henry Llanes para el Consejo de Participación

Richard Josue Jimenez Mora

Demanda ante la Corte Constitucional por derechos políticos

Llanes anunció que acudirá a la sede constitucional junto a su abogado patrocinador. El aspirante afirma que su salida de la contienda responde a maniobras políticas que vulneran las garantías de participación previstas en el marco legal.

El proceso de postulación se rige por la resolución PLE-CNE-2-27-4-2026, normativa con la cual el postulante asegura estar en regla. "No es justo y digno, que la artimaña política nos quiera sacar de la participación electoral", manifestó Llanes.

Cumplimiento del reglamento del CNE y trayectoria

Llanes, sociólogo y analista especializado en temas petroleros y de seguridad social, preside el Frente Nacional por un Nuevo IESS. En su pronunciamiento destaca que su perfil se respalda en investigaciones sobre el manejo de recursos estatales.

Política

Candidatos bajo amenaza: así actuará la Policía en las elecciones seccionales

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La base jurídica de la postulación al CPCCS

El aspirante señaló que su plan de trabajo se fundamenta en cuatro disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador:

Propuesta de reformas legales para el país

De acceder al organismo colegiado, Llanes plantea impulsar modificaciones sustanciales al ordenamiento jurídico nacional. Entre las iniciativas legislativas que proyecta tramitar constan:

El dirigente enfatizó que su gestión se concentrará en las atribuciones de fiscalización y selección de autoridades que la ley otorga a los consejeros.

Lo que debes saber

• Elecciones 2027: Policía ofrece protección a candidatos en riesgo en Ecuador por amenazas criminales.
• 57.000 policías resguardarán el proceso electoral del 29 de noviembre en todo el país.
• Candidatos podrán pedir custodia policial durante la campaña tras evaluación de riesgo.

A 75 días de las elecciones seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre de 2026, la Policía Nacional anunció que dispone de un contingente de 2.000 servidores dedicados a la protección de dignatarios y que ese personal podrá ser utilizado para resguardar a candidatos que enfrenten riesgos de seguridad durante la campaña.

La información fue expuesta durante la instalación de la Mesa de Seguridad Electoral, espacio en el que participan el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para coordinar acciones de protección antes y durante los comicios.

De acuerdo con el último reporte del CNE, actualmente existen 21.130 candidaturas calificadas oficialmente, de más de 53.500 solicitudes de inscripción presentadas por organizaciones políticas. Entre ellas constan aspirantes a alcaldías, prefecturas, concejalías urbanas y rurales, así como vocalías de juntas parroquiales.

Protocolo ante amenazas

El general Henry Tapia, delegado del comandante general de la Policía ante la Mesa de Seguridad Electoral, explicó que los candidatos que consideren estar en situación de riesgo pueden solicitar protección mediante un procedimiento que inicia en el CNE y continúa con la intervención del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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Según detalló el oficial, las instituciones realizan una evaluación especializada para determinar el nivel de riesgo del solicitante y definir el esquema de seguridad necesario. Tapia afirmó que la Policía cuenta con el personal suficiente para brindar acompañamiento a quienes requieran medidas de protección durante el proceso electoral.

El mecanismo de seguridad se fortaleció tras el asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, en un contexto marcado por el avance de grupos de delincuencia organizada y el incremento de amenazas contra actores políticos.

Despliegue nacional para las elecciones

Además de los esquemas individuales de protección, la Policía prevé desplegar cerca de 57.000 efectivos en todo el país para resguardar instalaciones y actividades vinculadas a los comicios.

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Entre las tareas asignadas constan la vigilancia de delegaciones electorales, centros de procesamiento electoral, bodegas, centros de digitalización de actas y recintos de votación. También se contemplan inspecciones antinarcóticos y antiexplosivos a material electoral y equipos técnicos destinados incluso al voto en el exterior.

La institución también tendrá a cargo el traslado de actas de escrutinio hacia los centros de digitalización y la protección de observadores nacionales e internacionales que participen en el proceso electoral.

Política

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Financiamiento de la operación

El plan de seguridad cuenta con respaldo de un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y el CNE. Según el documento, el organismo electoral destinará más de 6,5 millones de dólares para cubrir gastos relacionados con la ejecución de actividades de seguridad electoral por parte de la Policía Nacional.

Las autoridades sostienen que la coordinación interinstitucional busca reducir los riesgos en un proceso electoral que se desarrollará bajo un escenario marcado por preocupaciones sobre la violencia criminal y la seguridad de los actores políticos.

• Dedalus implementará su plataforma en 1.742 centros del Ministerio de Salud.
• El contrato adjudicado por régimen especial asciende a más de 240 millones de dólares.
• A diferencia del fallido proceso con HealthBird, el acuerdo con Dedalus sí se concretó.

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el 9 de septiembre de 2026 en Ecuador la incorporación de la firma italiana Dedalus para modernizar y digitalizar el sistema de salud pública mediante un contrato adjudicado por régimen especial entre el Ministerio de Salud y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El proceso busca interconectar 1.742 establecimientos sanitarios y surge en medio de dudas generadas por el fallido antecedente de la contratación de la tecnológica estadounidense HealthBird.

Política

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Diferencias y semejanzas entre los procesos de Dedalus y HealthBird

La millonaria contratación de la firma italiana Dedalus para modernizar y digitalizar el sistema de salud pública de Ecuador levantó dudas, en especial por el antecedente de la fallida contratación de la empresa HealthBird. Sin embargo, ambos procesos presentan puntos de contacto y contrastes determinantes que permiten esclarecer el panorama contractual.

Las semejanzas se limitan a que ambas compañías fueron contactadas por el Gobierno ecuatoriano, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para incorporar una solución tecnológica al sistema sanitario estatal. En ambos casos, la administración del presidente Daniel Noboa defendió la necesidad de estos procesos.

Contrastes contractuales y técnicos de ambos casos

Frente a estas coincidencias iniciales, las diferencias marcan la distancia técnica, legal y financiera entre las dos empresas:

Política

¿Por qué la solución de Dedalus para la salud en Ecuador despierta dudas?

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El plan de transformación digital de la salud pública

A su vez, el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, y el gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Ronald Spina, presentaron el plan de transformación digital de la salud pública de Ecuador, un proyecto integral ejecutado de la mano de la empresa internacional Dedalus Group.

Se trata de una plataforma de gestión hospitalaria utilizada en varios países de Europa que, de acuerdo con el mandatario, permitirá modernizar componentes operativos clave del sistema estatal:

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La compañía, con sede en Estados Unidos, informó el lunes 14 de septiembre de 2026 que atiende a unos 7.300 pacientes en Ecuador, incluidos los 3.850 derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), en una red de 28 centros y con el trabajo de más de 1.500 profesionales y colaboradores.

En el documento, al que tuvo acceso EXPRESO y cuya autenticidad fue confirmada por la empresa, DaVita señala que durante los últimos dos años ha trabajado con el Ministerio de Salud para buscar una solución a los pagos pendientes por los servicios prestados.

La deuda con esta dializadora es de 121 millones de dólares

La compañía asegura que, pese a las gestiones realizadas durante meses con autoridades del Gobierno y del MSP, no se ha establecido un plan de pagos sostenido. Según DaVita, la deuda por los servicios prestados asciende a USD 121 millones hasta septiembre de 2026.

“En este momento, contar con una ruta de solución clara y oportuna es la única alternativa para que DaVita pueda continuar atendiendo a los pacientes derivados por el MSP”, señala la empresa.

DaVita estableció el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para formalizar un acuerdo que incluya un plan de pagos consensuado y coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Si no se alcanza ese acuerdo, la empresa anunció que iniciará una “transición forzada” de la atención de los 3.850 pacientes al MSP, como entidad financiadora. DaVita informó que ya comunicó a las personas involucradas el inicio del proceso.

La dializadora anuncia "transición forzada"

La transición, según el cronograma presentado por la compañía, se realizaría de manera gradual, aproximadamente a razón de un centro por semana.

La primera fase contempla cinco centros: Farmadial Balzar, con 335 pacientes, desde el 3 de octubre; Manadiálisis Montecristi, con 255, desde el 10 de octubre; Medicopharma Machala/Santa Rosa, con 306, desde el 17 de octubre; y Nefrosalud Guayaquil, con 215, desde el 24 de octubre.

Las fases posteriores contemplan la transferencia semanal del resto de pacientes derivados por el MSP en los centros de DaVita, de acuerdo con un cronograma que deberá coordinarse con el Ministerio.

Los pacientes renales se pronunciaron

El lunes 14 de septiembre, el Frente de Pacientes Renales del Ecuador se pronunció. Señaló que "no son moneda de cambio", en relación a la presión que ejercen las dializadoras para obtener sus pagos. Anunciaron nuevas movilizaciones.

La situación es grave ya que DaVita es una transnacional. Consultados, la semana anterior, dueños de dializadoras en Ecuador señalaron que ellos están por quebrar.

Política

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Lo que debes saber

• Fabián Fabara calificó de «inconsulta» la reubicación de jueces anticorrupción a zonas de riesgo.
• El Pleno de la Judicatura pedirá informes técnicos a las áreas administrativas responsables.
• El Estado debe garantizar la seguridad de magistrados mediante la Policía y Ministerio del Interior.

El vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, cuestionó este 16 de septiembre de 2026 la decisión administrativa de reubicar a los magistrados de la suprimida Unidad Anticorrupción en dependencias judiciales situadas en zonas de mayor riesgo. En declaraciones a Teleamazonas, la autoridad judicial aclaró que los vocales respaldaron la fusión de despachos para optimizar causas, pero no participaron ni aprobaron la redistribución física de los operadores de justicia dispuesta por las áreas operativas del organismo en Quito.

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Cuestionamientos a la reubicación de los jueces especializados

Durante una entrevista televisiva con Teleamazonas, Fabara estableció una distinción formal entre la resolución política y legal adoptada por el cuerpo colegiado y la ejecución técnica implementada posteriormente por las dependencias administrativas:

Hay que separar dos resoluciones. La primera, que fusionó las competencias de la antigua Unidad de Combate a la Corrupción y Crimen Organizado (Anticorrupción) con la unidad penal, tribunales penales y sala penal de la Corte Provincial de Pichincha y los jueces de Iñaquito. El otro escenario es cómo las unidades administrativas han aplicado la decisión y de esas el Pleno no ha tenido conocimiento, no ha votado ni aprobado en relación a ellas.Fabián Fabara, vocal del Consejo de la Judicatura

Fabara enfatizó que la asignación física de sedes a los magistrados anticorrupción se resolvió de forma ajena a los vocales:

(No participamos) De la reubicación de quienes perteneciendo a la unidad especializada debían seguir prestando sus funciones en Iñaquito y manteniendo la misma competencia, más la competencia en materia penal.Fabián Fabara, vocal del Consejo de la Judicatura

Frente a esta situación, el vocal remarcó que el traslado constituye una medida «inconsulta», por lo cual el Pleno de la Judicatura exigirá informes técnicos a las direcciones correspondientes para determinar los criterios que motivaron el envío de los magistrados a sectores con mayores niveles de peligro sin autorización previa del Pleno.

Política

Fiscalización Unidad Anticorrupción: Mercedes Caicedo fue convocada a comisión del correísmo

Daniel Alejandro Romero Páez

Seguridad y protección a magistrados a cargo del Estado

Respecto a la integridad física de los administradores de justicia, Fabara señaló que es indispensable que el Estado ecuatoriano asegure la protección integral de los jueces, sin importar su lugar de asignación ni la naturaleza de los expedientes que tramiten.

"El Ministerio del Interior, que es el ente, junto a la Policía Nacional, que brinda el servicio de protección a este grupo de jueces y todo aquel que lo requiera, y no solo de la anterior unidad especializada, sino a cualquier juez, fiscal o defensor público que esté en riesgo", dijo.

Cronología y decisiones clave sobre la Unidad Anticorrupción

El desmontaje de la justicia especializada y la posterior polémica administrativa se resumen en las siguientes medidas:

La asambleísta del correísmo Viviana Veloz anunció el inicio de dicho proceso. Días antes, el 9 de septiembre de 2026, la legisladora había solicitado información a la Judicatura sobre la eliminación de dicha unidad.

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En total, remitió 33 preguntas, entre ellas qué sucederá con cada una de las causas y el detalle del número de sentencias pendientes de redacción.

Ahora, la misma Veloz señaló que el proceso iniciará en la mesa legislativa que tiene mayoría de la bancada de Revolución Ciudadana. “La lucha contra la corrupción y el crimen organizado necesita más justicia especializada, no menos”, señaló la asambleísta.

También informó que había solicitado a la Comisión de Garantías Constitucionales el inicio de un proceso de fiscalización a la Resolución 187-2026 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que suprime las dependencias judiciales especializadas en estos delitos.

“Esta justicia especializada fue creada por esta Asamblea Nacional mediante ley en 2020, fue respaldada por la Corte Constitucional y al país le tomó años construirla. No puede ser eliminada de un plumazo”, indicó Veloz.

¿Cuándo se espera la asistencia de Caicedo?

Tras el inicio del proceso de fiscalización, la mesa legislativa decidió convocar a la titular del Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Verónica Íñiguez, convocó a sesión para el jueves 17 de septiembre de 2026.

En el orden del día se estableció la comparecencia de Mercedes Caicedo “a fin de que exponga sobre la eliminación de la Unidad Especializada Anticorrupción”. Para ese mismo día están convocados dos expertos en la materia, con el objetivo de continuar con el análisis del tema que es objeto de la fiscalización.

¿Qué pasó con la Unidad Especializada Anticorrupción?

El pasado 7 de septiembre de 2026 se conoció que el Consejo de la Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado y trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito.

La decisión fue presentada por los vocales como un fortalecimiento de la justicia especializada, aunque supone desmontar el modelo de concentración de estos procesos en unidades creadas expresamente para atender casos de alta complejidad.

Lo que debes saber

• Noboa viajará a la ONU del 18 al 23 de septiembre en EE. UU., pero no reveló su comitiva.
• El decreto de Daniel Noboa no identifica quiénes asistirán a la Asamblea General de la ONU.
• La agenda en la ONU abordará crimen organizado y cooperación internacional; aún se desconocen los acompañantes.

El presidente de Daniel Noboa oficializó la conformación de la delegación que lo acompañará durante su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque el decreto ejecutivo que autoriza la comisión de servicios no detalla los nombres de los funcionarios que integrarán la comitiva.

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Según el Decreto Ejecutivo 499, firmado el 15 de septiembre de 2026, el desplazamiento del mandatario está previsto entre el 18 y el 23 de septiembre. El documento establece que la delegación estará conformada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado que contribuyan al desarrollo de las actividades previstas dentro de la agenda presidencial.

Sin embargo, el decreto no identifica a los servidores públicos que acompañarán al jefe de Estado durante su participación en el principal foro político de la ONU. En su lugar, la normativa dispone que la Secretaría General de la Administración Pública y el Gabinete de la Presidencia sean los encargados de notificar a las instituciones y representantes que formarán parte de la comitiva oficial y de apoyo.

La ausencia de una lista oficial de integrantes mantiene abierta la interrogante sobre quiénes participarán en el viaje. Hasta el momento, no se ha informado si posteriormente se difundirá un comunicado con los nombres de los funcionarios designados.

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Seguridad y cooperación internacional, entre los temas de la agenda

Los considerandos del decreto señalan que la participación de Ecuador en la Asamblea General de la ONU abordará asuntos vinculados a la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

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Estos ejes han cobrado relevancia en la agenda del Gobierno en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país y podrían influir en la conformación de la delegación ecuatoriana que acompañará al mandatario en Nueva York. No obstante, el Ejecutivo aún no ha confirmado qué autoridades o funcionarios participarán en las reuniones previstas durante la visita oficial.

La Asamblea General de la ONU reúne cada año a jefes de Estado y representantes de los países miembros para debatir temas de alcance global, incluyendo seguridad, cooperación internacional, desarrollo y derechos humanos. En ese contexto, la participación de Ecuador estará enfocada, según el decreto, en asuntos relacionados con el combate a las redes criminales transnacionales y la coordinación entre Estados.

Lo que debes saber

• Hamilton Taramuel impugnó a cuatro aspirantes a fiscal pese a no tener perfil jurídico conocido.
• Daniella Camacho y Salomón Montecé figuran entre los candidatos impugnados con mejores puntajes.
• El concurso para fiscal enfrenta dudas por impugnaciones que podrían afectar la selección final.

Hamilton Rickard Taramuel Terpe. Diecinueve años de edad. Tatuador. Reside en Quito. Denunciado por robo, fue sobreseído en diciembre pasado. No es abogado ni se sabe que tenga relación alguna con un estudio jurídico o una facultad de Jurisprudencia. Ajeno al derecho y a la vida pública, no se conoce ni se puede presumir que tenga razones para ser enemigo de alguno de los aspirantes a fiscal general (si litigase, a lo mejor le sobrarían). 

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Tampoco se han hecho públicos registros que lo puedan catalogar como un activista en algo relacionado al sistema de justicia. Entonces, ¿por qué figura como el impugnante de cuatro participantes del concurso para escoger al nuevo fiscal?

Precisamente esa pregunta se hizo el periodista Fausto Yépez, quien lo fue a buscar a su barrio. No dio la cara. Sus amigos se hicieron los desentendidos. Recién mañana podremos ver si se asoma a defender la primera de las impugnaciones que presentó. Para el resto tendrá como dos semanas. Si no lo hace, o si monta un papelón, la pregunta seguirá igual de vigente.

Las impugnaciones y las dudas sobre el proceso

Sin embargo, aunque Taramuel resulte sorpresivamente ser un elocuente prodigio profundamente interesado en los destinos de la Función Judicial, de todas formas quedaría otro cuestionamiento más por hacerle.

Y es que llama la atención que dos de los concursantes a los que él impugnó, Daniella Camacho y Salomón Montecé, figuran entre los mejor puntuados en la fase de méritos del concurso (la primera y el cuarto, respectivamente). En medio de ellos están Inés Maritza Romero, quien enfrenta ocho impugnaciones presentadas por diversas personas (y un par de personalidades), y Carlos Leonardo Alarcón, nuestro muy comedido fiscal general encargado, contra quien solo se calificó una. A Camacho le calificaron seis. Montecé nada más tendrá que contestar la presentada por Taramuel.

En un momento en el que el fiscal Alarcón es acusado de coludir con el Gobierno para favorecerlo en las elecciones, habiendo instigado la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo, que él tenga la suerte, digámosle así, de ser el mejor puntuado con menos impugnaciones, es por lo menos sospechoso. Más aún después de que una figura como el joven ciudadano Taramuel haya aparecido a oponerse a dos contrincantes muy cercanos a él en el puntaje, de remate resultando ser el único impugnante calificado del candidato que le sigue en el ranking.

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La sospecha sobre la selección del próximo fiscal

Nadie puede, bajo la normativa vigente, negarle a Hamilton Taramuel su derecho a participar de los procedimientos de este concurso, pero la sospecha es un derecho que nos reservamos el resto de los ciudadanos. Y de esa sospecha emerge cierta frustración ante la evidente facilidad con la que se puede manipular o entorpecer un asunto tan grave como la selección del siguiente fiscal general del Estado.

Podríamos pensar que lo que se puede hacer ya se hizo: Taramuel fue puesto en evidencia y la ciudadanía, al menos la minoría políticamente activa, ha quedado en alerta ante lo que acontecerá en la siguiente fase del proceso. Pero no sería correcto descartar, al menos como una idea, la conveniencia de reformar las reglas que rigen los concursos de selección de autoridades, para así evitar que incidentes de este tipo se repitan.

¿Es necesaria una reforma al sistema de impugnaciones?

Lo primero que algunos podrían sugerir, por enésima vez, sería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o al menos la supresión de sus facultades de designación; pero tal propuesta ya perdió fuerza con la derrota de la opción constituyente el año pasado. Tanto así que el Gobierno desistió de ponerla directamente en la papeleta para estas elecciones. Tampoco parecería que le haya urgido hacer tal cosa, en vista de que tiene el control de la mayoría del CPCCS.

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Una alternativa más sencilla sería reformar la ley para que tanto la conformación de las comisiones ciudadanas que califican a los candidatos como la presentación de las impugnaciones contra ellos sean obligatoriamente canalizadas a través de organizaciones de la sociedad civil. Estas podrían ser gremios, universidades o asociaciones de cualquier índole, siempre y cuando estén debidamente registradas para aquello.

El punto no sería restringir la participación de la ciudadanía en general (la Corte Constitucional difícilmente lo permitiría), sino garantizar que una institución seria y fácil de localizar pueda dar la cara por los actos que se realicen como parte del proceso de designación de las autoridades.

Los límites de cualquier cambio institucional

Esta no es una solución perfecta, por supuesto. Hay mil maneras de encontrarle la trampa: bloquear organizaciones incómodas o inventarse mil fundaciones de papel y registrarlas. 

Si con eso no alcanza, siempre queda la oportunidad de tomarse la directiva de la institución problemática, o simple y llanamente amedrentar a sus miembros. Pero eso es otro problema más profundo. Es el problema en el centro de la debacle democrática de este país.

Los puntos claves de esta historia

• EXPRESO documentó más de 500 procesos de liquidación en manos de solo 21 profesionales, quienes administran entre 10 y 80 empresas simultáneamente, una carga que otros interventores consideran difícil de gestionar adecuadamente.
• Los testimonios identifican rotación de liquidadores mediante resoluciones 'exprés' y ventas de activos por debajo de valores que las fuentes consideran justos, lo que podría perjudicar a trabajadores, jubilados y al Estado, que tienen prioridad en el cobro.
• Los entrevistados describen prácticas que califican como irregulares, entre ellas la “contabilidad creativa” para trasladar dinero entre empresas relacionadas, así como dudas sobre el destino de devoluciones tributarias y de recursos provenientes del cobro de cuentas, y sospechas en la venta de bienes.

Los procesos de liquidación por los que atraviesan decenas de empresas, considerados como la antesala a la extinción de la parte tangible de los negocios, pueden también convertirse en oportunidades para unos pocos.

En esta tercera entrega de la investigación ‘La argolla del control’, voces de interventores y liquidadores que colaboran con la Superintendencia de Compañías explican el riesgo que representa la prolongación de los procesos de disolución de las empresas, sobre todo de aquellas que tienen activos por vender y cuentas por cobrar.

EXPRESO documentó la concentración de más de 500 liquidaciones en manos de 21 personas. Son ingenieros, abogados, economistas y contadores externos a la ‘Super’ que tienen la función de pagar las deudas de la empresa quebrada con la comercialización de edificios, maquinaria, vehículos y el cobro de valores, a cambio de unos honorarios por cada compañía.

Cada uno de esos profesionales administra entre 10 y 80 liquidaciones de forma simultánea, algo humanamente imposible debido a la complejidad de los problemas que tienen que resolver, según interventores y liquidadores que decidieron hablar con este Diario bajo la condición de anonimato, ante lo que llaman “favoritismo”.

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Entre 10 y 80 empresas por operador: así se reparten liquidaciones en la ‘Super’ de Compañías

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La asignación a un grupo específico, denuncian profesionales

Ellos aseguran que en la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías desde octubre del 2024, se asignan encargos a un grupo específico (como lo constató EXPRESO al acceder a una base de datos de la entidad, con corte al 9 de junio) y que no se toma en cuenta a personas con años de experiencia en ese oficio.

Entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de agosto de este año, se entregaron más de 300 liquidaciones, según los registros.

Las fuentes, que comparten documentos para respaldar lo que afirman, han detectado ciertas conductas, modos de operar y coincidencias en los procesos de intervención y liquidación que han revisado.

Las anomalías notorias en los registros societarios

Víctor, quien tiene más de diez años de experiencia en ese tipo de procesos, señala ciertas particularidades que levantan las alertas cuando chequea los procedimientos que han ejecutado otras personas o la ‘Super’. Cita la rotación de liquidadores con resoluciones ‘exprés’, en muchos casos sin justificación y en varias administraciones de la institución.

También menciona ventas (de terrenos, vehículos y otros activos) poco beneficiosas para trabajadores, jubilados e incluso el Estado, quienes están en la parte inicial del orden de prelación de pagos. Es decir que esas transacciones no cubren las necesidades para saldar haberes.

“Una empresa de procesamiento de productos agrícolas tenía una finca que valía más de $2 millones, tenía hasta una laguna, y la vendieron en unos $700 mil, en la tercera llamada de remate (Según los documentos revisados por EXPRESO, $700 mil fue el valor del peritaje y la venta rondó los $600 mil). Y ni siquiera alcanzó a pagar (una parte importante). ¿Por qué? Porque la deuda que tiene con la empresa hermana era de casi 10 millones”, recuerda la fuente.

El profesional del Derecho Societario explica que se presentó un documento ante la banca pública para reclamar que el peritaje de la finca estaba mal hecho, argumentando que la propiedad no costaba una cantidad tan baja. Al final, le negaron el trámite.

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He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención"Interventor y liquidador en funciones.

“He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención. Porque se supone que si va a una disolución es porque existen problemas dentro de la compañía. ¿Qué más problema haber desfalcado a un montón de gente dentro del mercado de valores, por ejemplo? Tenía que ser de inmediato, pero no, dan tiempo”.

En esos casos, ese tiempo, señala, podría considerarse clave para que el interventor o el liquidador venda los activos a conveniencia, o diluir el dinero que ingresa por cobros pendientes. Ese dinero, agrega, termina en bolsillos de terceros o ciertos accionistas con los que ya había un ‘acuerdo’. “Ahí está la corrupción. Esa es la manera (en) que (lo) hacen. Cogen algo que cuesta un montón de dinero y lo venden a menos de la mitad”.

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Luis es otro liquidador que acepta el pedido de EXPRESO para explicar el modo de operar de ciertos profesionales que llegan a administrar empresas tras ser nombrados por la ‘Super’. “Usan la denominada ‘contabilidad creativa’. ¿En qué consiste? Aplican la normativa contable en forma ‘creativa’, mas no técnica. Usualmente se usa para sacar dinero de una empresa hacia otra como ‘inversión’”.

El auditor pone de ejemplo lo que pasó en una extractora de aceite que tenía en su estado financiero más de $200 mil como inversiones con empresas relacionadas. “Actualmente estas empresas están en liquidación, es decir, ese dinero ‘se perdió’. Y como lo ‘disfrazan’ de inversión, la cualidad de inversión ‘se gana o se pierde’. En este caso se perdió. La excusa que dan es (que fue) por la crisis, por la plaga, entre otros. Pero como auditor, viendo las irregularidades, soy escéptico”, sostiene.

En una de las explicaciones de las fuentes también se menciona el caso de una empresa que tras solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la devolución del Impuesto a la Renta, cuyos valores anuales ascendieron a unos $400 mil, se desconoce el destino de ese dinero.

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Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene"Interventor y liquidador en funciones.

“Ellos indican que ese dinero es para capital de trabajo. Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene. Me di el gusto de revisar factura por factura, mes a mes, todo el año 2020, 22, 23 y 24. Ni una sola compra de activos. Nada. ¿Qué hicieron con el dinero? Y verá que estaba intervenida. ¿Qué quiere decir intervenida? Que no pueden mover el dinero si no hay la certeza de la compra”.

Los auditores, liquidadores y abogados entrevistados coinciden con una fuente de la Superintendencia de Compañías sobre la falta de capacidad de control de la entidad donde labora, uno de los problemas que tiene la ‘Super’, sin contar otras anomalías.

“La Superintendencia se ha convertido en un botín político. Y es un asunto sumamente delicado, pues ellos deciden a quién disuelven, a quién liquidan, a quién intervienen. Del mismo modo, a quién le levantan la disolución, le levantan la liquidación o le levantan la intervención”, expone el servidor público. Hasta el cierre de esta edición, el superintendente seguía sin atender un pedido de entrevista.

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Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a través de CNT.
• La firma italiana Dedalus y Google proveerán el software médico, la nube y la ciberseguridad.
• El proyecto durará siete años e interconectará 1.742 centros de salud pública en todo Ecuador.

El Ministerio de Salud de Ecuador adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para implementar una plataforma de transformación digital en salud, bajo la administración del presidente Daniel Noboa. El proceso, concretado a finales de agosto de 2026 mediante régimen especial en solo nueve días, incorpora la tecnología de la multinacional italiana Dedalus Group y la infraestructura de Google para interconectar 1.742 establecimientos sanitarios a escala nacional.

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Ecuador apuesta por Dedalus Group para modernizar la salud pública: este es el plan

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Tras el fallido y cuestionado intento de contratación de la startup HealthBird (fundada en 2021 y observada por su falta de experiencia), el Gobierno ecuatoriano retomó su plan de modernización hospitalaria. En esta ocasión, la apuesta recae en Dedalus Group, compañía de origen italiano con más de cuatro décadas de trayectoria en software sanitario y presencia internacional.

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El Ministerio de Salud optó por contratar a CNT mediante un régimen especial entre entidades del sector público, siendo la estatal de telecomunicaciones la única invitada. Según Ronald Spina, gerente general de CNT, este mecanismo se aplicó para agilizar los plazos administrativos. El proceso concluyó en nueve días entre su publicación en el Portal de Compras Públicas y su adjudicación definitiva.

La reunión en España y el primer acercamiento oficial

El vínculo entre el Estado ecuatoriano y la tecnológica europea se gestó meses antes de la convocatoria:

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Dedalus y HealthBird: la transparencia que debe acompañar al contrato de $240 millones

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Alcance de la plataforma y el rol de la historia clínica electrónica

El contrato establece el diseño e implementación de un sistema interoperable capaz de articularse con los equipos, aplicaciones y plataformas tecnológicas preexistentes en los centros de salud pública del país.

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El eje principal del proyecto comprende:

Red de establecimientos de salud priorizados

El plan de ejecución contempla un plazo de siete años y cubrirá un total de 1.742 establecimientos de salud pública, de las cuales destacan:

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Sistema Health Enterprise en Ecuador: la inversión de 240 millones para salud⁠

Valeria Alvear

Esquema financiero y distribución técnica entre Dedalus y Google

La ejecución global se estructura en tres componentes: plataforma integrada de información, infraestructura y conectividad. La primera fase abarca la planificación, diseño y operación transversal del sistema.

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Para la gestión de los recursos públicos, el contrato fija las siguientes condiciones: