Las claves que debes saber

• Asamblea Nacional aprueba salida de Ecuador del sistema Sucre con 86 votos.
• Lucía Jaramillo impulsa moción para denunciar tratado Sucre, señala lavado de activos y exportaciones ficticias.
• Decisión será notificada al presidente Daniel Noboa; debate enfrentó oficialismo y correísmo en Quito.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 9 de junio de 2026 la denuncia del tratado del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), tras una moción presentada por la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN,oficialismo), Lucía Jaramillo, para que Ecuador abandone el acuerdo financiero que impulsaban en 2009 los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina (Alba).

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El Legislativo aprobó la propuesta con 86 votos a favor, de 140 asambleístas presentes. Luego de dar paso a esa resolución, se dispuso que la Secretaría General de la Asamblea notifique la decisión al presidente de la República, Daniel Noboa.

Durante su intervención, Jaramillo dijo que la Asamblea debía votar para “no permitir que se mantenga abierta una puerta que nunca debió abrirse, con un mecanismo que generó acciones irregulares que perjudicaron al país”. 

Jaramillo apuntó al correísmo

Manifestó que, aunque el Sucre se presentaba como una herramienta de integración, lo que el sistema habría permitido eran “exportaciones ficticias, empresas fantasmas, flujo de capitales, lavado de activos y el uso de recursos públicos de los cuales aún no existen respuestas claras”.

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La legisladora oficialista calificó al mecanismo como “un entramado más del correísmo”. Además, explicó que, en el informe efectuado en la Comisión de Relaciones Internacionales, que ella preside, se identificó que desde 2019, “el uso del sistema Sucre por parte de los operadores comerciales ha sido nula y que el país aportó con más de 2 millones de dólares al fondo de reserva del sistema, que fue puesto en un fideicomiso en un banco de Venezuela, es decir, tomó el control y aún el Banco Central del Ecuador no tiene respuestas sobre estos recursos”.

También habló de que la empresa de Álex Saab realizó exportaciones por más de 150 millones de dólares con ese sistema, pero reportó solo $200.000 de pagos a proveedores. 

“Evidentemente, estamos hablamos de un delito de lavado de activos en el cual usaron el Sucre”, añadió. Por ello solicitó que el documento pase a la mesa de Fiscalización para que realice un informe actual y detallado del mecanismo.

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Correísmo culpó a expresidentes

Luego de la votación, el legislador Xavier Ordóñez (ADN) se pronunció en la misma línea. Aseguró que el Sucre busca “desdolarizar” al país y criticó que se haya impulsado un mecanismo en donde se trataba de equiparar el dólar a monedas que catalogó como “débiles”, en referencia al peso cubano o al córdoba, de Nicaragua.

En el debate intervinieron ocho asambleístas, entre ellas, Bertha Vélez, de la Revolución Ciudadana (RC). La parlamentaria correísta señaló que la propuesta para dejar el Sucre era un tema político y no técnico, defendió al sistema y aseguró que el mecanismo no falló. Culpó a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de haberlo “abandonado”.

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Lo que debes saber

• El Pleno del Consejo de la Judicatura pidió la renuncia de todos sus directores provinciales, este martes 9 de junio.
  
• El Pleno también destituyó a una jueza en Quito y abrió investigaciones contra funcionarios en varias provincias.
  
• Otras investigaciones contra diez servidores y exfuncionarios judiciales fueron archivadas.

Este martes 9 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió pedir la renuncia de todos los directores provinciales de la institución a nivel nacional.

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La medida se adoptó durante una jornada en la que también se trataron otros temas disciplinarios. Aunque oficialmente se plantea como una evaluación de desempeño, esta disposición implica que cada dirección provincial queda bajo revisión directa de las autoridades.

Destitución de jueza por parte de la Judicatura

En la misma sesión, el Pleno destituyó a una jueza de Quito por negligencia en un caso de violencia intrafamiliar, al considerar que no valoró elementos clave dentro del proceso.

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Además, se ordenó iniciar procesos disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios en Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus cargos.

También se sancionó con el 50 % de un salario básico a una abogada en libre ejercicio por presentar un recurso sobre una supuesta sentencia que no existía.

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Mientras tanto, otras investigaciones contra diez servidores y exfuncionarios judiciales fueron archivadas al no encontrarse elementos suficientes para sancionar a los involucrados.

La sentencia nace de una denuncia presentada por la concejal Diana González por violencia política de género. Además, el burgomaestre deberá pagar una multa de 12.050 dólares.

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¿Qué dijo el alcalde Cristian Zamora?

En este marco, Zamora ofreció las primeras declaraciones a través de un en vivo en su cuenta de redes sociales. “En horas de la tarde fui informado de que la decisión era ratificatoria de la sanción. Aún no he sido notificado, pero así es la realidad. No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”, dijo.

Además, durante sus declaraciones sostuvo que este caso no se trata de violencia política de género sino de un “tema meramente electoral”. 

Sin embargo, dijo que acepta la decisión del TCE en paz y que estará junto a su familia, aunque no la comparte, y aseguró que “seguiré trabajando con todo el equipo hasta el último día de mi mandato”.

“Como iba a barrer en las urnas, tenían que separarme y hacerme a un lado y no tenían otra manera que la del día de hoy”, puntualizó, añadiendo que es un ataque a la democracia y a la libertad de los cuencanos de elegir libremente.

Zamora adelantó que en los próximos días dará a conocer sus decisiones políticas sobre a quien ofrecerá su apoyo para la Alcaldía de Cuenca e hizo un llamado a sus seguidores a traspasar su apoyo para que “los proyectos de ciudad continúen”.

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El mensaje de alcalde finalizó señalando que “sabía que esto iba a pasar, soy una víctima más”.

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La sentencia de primera instancia se conoció el pasado 28 de mayo de 2026 y tras más de una hora sustanciación de la apelación presentada por la defensa de Zamora el tribunal decidió ratificar la decisión del juez Joaquín Viteri: suspensión de la participación política por seis meses con cuatro votos a favor y uno salvado, así se dio lectura en la sesión que fue transmitida a través de la plataforma de YouTube.

Diana González, concejal de Cuenca, en diálogo con EXPRESO señaló que aún no ha sido notificada de forma oficial, pero que esta sería una reivindicación para las mujeres que se dedican a la política. “Esta es una ganancia de la democracia, no podemos seguir siendo amedrentadas por nuestro rol”, señaló.

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¿De qué se trata el caso en contra de Cristian Zamora

El caso se enmarca en la denuncia presentada por la concejal Diana González por violencia política de género. Ella aseguró que fue víctima de un proceso sistemático de ataques y desacreditaciones por ser mujer en el marco del desempeño de sus funciones como miembro de la comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal.

Se puntualizó que los ataques se venían arrastrando desde 2024 y que con el tiempo fue escalando el nivel de agresividad y violencia en contra de ella.

González aseguró que a través de las declaraciones de Zamora se buscaba desacreditar incluso su rol profesional al ser una educadora con trayectoria y experiencia en diferentes instituciones. "Llegó a decir que soy encubridora de abusadores de niños", señaló.

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Finalmente, la denuncia fue presentada el 6 de marzo de 2026 a raíz de una entrevista concedida por la concejala el 15 de enero de 2026 al medio digital “Mundo Cuenca”.

En ese espacio, González se refirió a rumores relacionados con una funcionaria municipal embarazada que habría perdido su gestación luego de un supuesto llamado de atención laboral. La edil sostuvo que conocía las versiones, pero aclaró que no existía una denuncia formal y afirmó: “mal haría en acusar a una persona sin pruebas”.

Posteriormente, Zamora reaccionó públicamente a través de redes sociales y entrevistas digitales. De acuerdo con el expediente, el alcalde publicó mensajes en la red social X calificando como “patraña” las declaraciones de la concejala y asegurando que ella pretendió “imputarle un aborto”.

Lo que usted debe saber

• La oposición argumenta que sin acuerdo en la Comisión de Fiscalización, el juicio político contra Inés Manzano debe llegar al Pleno.
• ADN se mantienen en que el caso está en Fiscalía y esa entidad debe encontrar a los culpables. 
• Mishel Mancheno también puede llevar el tratamiento del informe sobre el contrato de Progen ante el Pleno.

En la Asamblea, el caso Progen no está sentenciado desde lo legal pero depende de la voluntad política del oficialismo. El rumbo que tome ahora, tanto el juicio a Inés Manzano como el informe que salió de la Comisión de Transparencia, está en manos de la nueva presidenta, Mishel Mancheno.

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Tanto el informe como la interpelación a la exministra de Energía que se quedó sin resolución en la Comisión de Fiscalización podrían tratarse en el Pleno de la Asamblea.

Un recurso legal para retomar el juicio

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lo explicó así: “La arbitrariedad cometida en la comisión (juicio a Manzano) viola la Constitución. Además, la Ley de la Función Legislativa establece que ningún tema se queda en la comisión. Todo lo tiene que resolver el Pleno”.

En cuanto al juicio político, la Revolución Ciudadana también argumenta otro elemento legal. La integrante de la mesa, Ana Herrera, recordó que el plazo para que la comisión se pronunciara venció el domingo pasado y no hubo una resolución. Según la legisladora, corresponde que el tema avance al Pleno ya que no hubo un acuerdo al interior de la mesa.

Herrera sustentó esa postura en que el sábado pasado no hubo los votos necesarios para aprobar su moción de calificación del juicio político. De los 10 integrantes de la mesa presidida por Ferdinan Álvarez, cuatro votaron a favor -todos ellos asambleístas de Revolución Ciudadana- y el resto se abstuvo, incluido el aliado del oficialismo José Nango.

Con eso en cuenta, los legisladores correístas Blasco Luna y Lenín Barreto remitieron al entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, un pedido para que el proceso de enjuiciamiento político contra Inés Manzano sea tratado en el Pleno. 

El problema es que la solicitud fue presentada el lunes pasado, pero Olsen renunció al cargo durante la sesión 98. Así, la encargada de dar trámite a ese pedido es ahora la presidenta Mishel Mancheno.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

En el oficialismo han sido cautos respecto a este tema. Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización, ninguno de sus integrantes pertenecientes al bloque oficialista se ha pronunciado públicamente.

Lo único que hizo ADN, a nombre de la Comisión de Fiscalización, fue emitir un comunicado minutos después de que terminó la sesión del sábado. El principal argumento del oficialismo fue que el caso está en manos de la Fiscalía. También se señaló que “debe investigarse hasta las últimas consecuencias pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional”.

El único en hablar sobre el tema fue Andrés Castillo, el lunes pasado. Él dijo: “Han salido más elementos y se los ha llevado a la Fiscalía. Esa entidad los está conociendo y por supuesto que si se empieza a identificar que esos presuntos responsables tienen algo que ver que sean sancionados”.

Pero, para el asambleísta Serrano, argumentar que el caso ya está en la Fiscalía es bochornoso. Señaló que la vía judicial es diferente a la del control político y, en ese sentido, se trataría de una especie de renuncia de la Asamblea a ejercer su facultad fiscalizadora.

El legislador independiente El independiente Juan Gonzaga dijo que cuando se habla de que este tipo de asuntos no pueden quedar en la impunidad debe “generarse un abordaje desde todos quienes forman el Pleno de la Asamblea”.

Desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay manifestó que lo que ocurre tanto en la Comisión de Fiscalización como en la de Transparencia -donde se tramitó la fiscalización al contrato con Progen- es vergonzoso.

“La ley dice que si no se logran los votos en la comisión, el tema puede derivarse al Pleno. Ahí deberíamos tomar la decisión”, manifestó.

Sobre el informe de la Comisión de Transparencia

El caso del informe que se tramitó en la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, es aún más complejo. Dicho informe fue aprobado hace cinco meses, pero no ha llegado al Pleno. Tras cumplir un año al frente de la Asamblea, el expresidente Olsen señaló que el documento fue enviado a las autoridades competentes y no ofreció tramitarlo en el Pleno.

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Esa decisión ahora está en manos de Mancheno, quien hasta el momento no ha dado señales de apartarse de la postura que sostuvo Olsen.

Ese informe cobró relevancia después de que circulara un audio atribuido a la exministra Inés Manzano, en el que habla de una coordinación con Jácome para las comparecencias de autoridades de Celec en la Comisión de Fiscalización.

Así, un tema que incluso está normado por la Ley, ahora depende únicamente de la voluntad política de ADN.

Lo que debes saber

• Cinco demandas vinculadas a las expropiaciones fueron declaradas inadmisibles por la justicia.
• Los jueces cuestionan la vía legal utilizada por el Ministerio para obtener los predios.
• El tramo 1A requeriría la expropiación de 110 lotes en el sur de Guayaquil.

Actualmente, los propietarios de 22 lotes ubicados en la avenida Cacique Tomalá, en el Guasmo Sur de Guayaquil, enfrentan procesos judiciales impulsados por el ahora denominado Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT). Las demandas reposan en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

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El tramo que requiere 110 predios

Las acciones legales por pago por consignación, vinculadas a las expropiaciones necesarias para el proyecto vial Viaducto Sur, conocido también como Quinto Puente, fueron presentadas el 16 de marzo de 2026. Según David Stay, director distrital del MIT en Guayas, la ejecución del tramo 1A de esta obra contempla la expropiación de 110 lotes.

De acuerdo con los documentos de la licitación, el tramo 1A del proyecto se iniciará en la intersección de las avenidas Cacique Tomalá y José Sánchez Rubio, frente a los predios de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., compañías vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa Azín. En este mismo sector también se encuentra la escuela fiscal de educación básica Manuela de Santa Cruz y Espejo; el trazado continuará hasta conectar con la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

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Demandas que no superaron el filtro judicial

Sin embargo, las acciones impulsadas por el Ministerio han encontrado obstáculos en los tribunales. De las 22 demandas presentadas, dos fueron retiradas por la propia cartera de Estado, cinco fueron declaradas inadmisibles y las restantes permanecen en trámite o esperan su calificación.

En los expedientes revisados por EXPRESO, el Tribunal resolvió inadmitir las demandas interpuestas por el Ministerio. Los magistrados concluyeron que la entidad recurrió a una acción de pago por consignación cuando, de acuerdo con la normativa vigente, correspondía iniciar un proceso de expropiación.

Entre los ciudadanos que han sido denunciados por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología están:

Los puntos claves

• El prefecto del Guayas, Carlos Encalada, anunció la revisión de la ampliación por 30 años de las concesiones viales aprobadas en la administración anterior.
• La medida cuestionada extiende los contratos de Conorte y Concegua hasta el año 2054 y ha generado observaciones del Gobierno Central, que pidió una auditoría a la Contraloría.
• La administración anterior sostuvo que la decisión se adoptó para cubrir un proceso de compensación financiera.

El prefecto del Guayas, Carlos Encalada, aseguró la tarde de este 9 de junio que su administración revisa la ampliación por 30 años de los contratos de concesión vial otorgados a las empresas Conorte S.A. y Concegua S.A., una medida aprobada durante la gestión de la ex prefecta Marcela Aguiñaga.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Encalada señaló que la prioridad de su administración será defender los intereses de la provincia y evaluar cuidadosamente las condiciones de estos acuerdos.

“No estamos de acuerdo con un contrato de ampliación de 30 años. Lo estamos revisando con nuestro equipo técnico y legal, claramente, todas las letras pequeñas de este contrato”, manifestó.

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El prefecto añadió que la actual administración trabaja de forma coordinada con todas las autoridades, sin distinciones políticas. “Realmente, nosotros trabajamos con todas las autoridades de turno. Estamos solo con la bandera de Guayas”, expresó.

Asimismo, enfatizó que cualquier decisión se tomará pensando en el beneficio de la provincia. “La idea va a ser siempre trabajar por el bien del Guayas”, concluyó.

La decisión adoptada durante la administración de Marcela Aguiñaga

Las declaraciones de Encalada se producen semanas después de que Marcela Aguiñaga dejara la Prefectura del Guayas, el pasado 14 de mayo.

Durante su gestión, la Prefectura aprobó la ampliación por 30 años de las concesiones viales administradas por Conorte S.A. y Concegua S.A., lo que extendió la vigencia de ambos contratos hasta el año 2054.

La medida provocó cuestionamientos por parte del Gobierno Central, que solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría para verificar la legalidad de la decisión.

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Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), la modificación contractual habría sido ejecutada sin el conocimiento previo de esa cartera de Estado y representaría un cambio sustancial en las condiciones originales de explotación de las vías concesionadas.

La defensa de la administración anterior

La administración de Aguiñaga defendió la ampliación argumentando que se trató de una medida necesaria para cumplir con un proceso de Restablecimiento Económico Financiero (REEF 7).

De acuerdo con la Prefectura, existía una deuda acumulada de 516 millones de dólares con las concesionarias, distribuida en 323 millones para Conorte y 193 millones para Concegua.

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Las autoridades provinciales sostuvieron que existían tres mecanismos para compensar ese monto: aumentar los peajes, realizar un pago directo desde el presupuesto provincial o extender el plazo de concesión. Finalmente, se optó por la tercera alternativa.

Además, la entidad aseguró que la renegociación incluyó compromisos de inversión por 111 millones de dólares para obras de ampliación vial y la restitución del cobro del 4 % de los ingresos mensuales de las concesionarias para labores de fiscalización.

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El correísmo no está dispuesto a dejar de lado la fiscalización del caso Progen. Tres días después de que la Comisión de Fiscalización no calificara la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano, Revolución Ciudadana intentó llevar al Pleno el debate sobre la actuación de la Fiscalía en la investigación que lleva adelante.

En la propuesta de cambio del orden del día, Molina planteaba primero que la Fiscalía entregue a la Asamblea los videos que integrantes del equipo técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) habrían entregado a esa institución.

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“No son parte de la investigación por tanto no tienen el carácter de reservado pero son indispensables para que acá continuemos con el proceso de fiscalización y la determinación de responsabilidades políticas”, señaló Molina.

El segundo punto de la propuesta consistía en convocar al fiscal Leonardo Alarcón para que comparezca ante el Pleno de la Asamblea. “El pedido era para que le informe al país las razones por las que no han sido incluidos estos elementos a la investigación del caso Apagón”, concluyó Molina.

¿Cómo se bloqueó el pedido?

El mecanismo para dejar fuera los pedidos de cambio del orden del día se ha repetido en varias ocasiones. Ante una convocatoria al Pleno realizada por la Presidencia de la Asamblea, el oficialismo presenta al menos tres solicitudes de modificación del orden del día para ocupar las posibilidades de cambio permitidas por la normativa.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cada sesión del Pleno se podrán aceptar hasta tres pedidos de modificación del orden del día. Para su tratamiento se tomará en cuenta la hora en que fueron presentados.

Este 9 de junio de 2026, los tres pedidos que se tomaron en cuenta fueron los de Andrés Castillo, Adrián Castro y Andrés Guschmer. Ninguno de ellos tenía un efecto legislativo inmediato. El más destacado fue el de Castillo, quien planteó que el Ministerio del Interior informe sobre los resultados obtenidos durante el último toque de queda.

Los propios legisladores correístas ya habían denunciado anteriormente este mecanismo por considerar que impide que sus solicitudes de cambio del orden del día lleguen a ser tratadas en el Pleno.

El pasado 4 de junio de 2026, la asambleísta correísta Liliana Durán señaló que presentó una solicitud de modificación del orden del día para debatir una resolución que permitiera desclasificar documentos de la Fiscalía relacionados con el caso Caja Chica.

Según Durán, su pedido enfrentó obstáculos administrativos que retrasaron la hora de presentación. Ese día, su moción tampoco fue tratada debido a que existían previamente tres solicitudes ingresadas por legisladores del oficialismo.

Lo que debes saber

• Trasladan a Daniel Salcedo el 9 de junio a Santa Elena, desde la Cárcel 4 de Quito, sin explicar motivos
  
  
• Daniel Salcedo, procesado por caso Villavicencio, cambia de prisión en Ecuador en medio de su situación judicial
  
  
• Reubican a Salcedo en la Cárcel del Encuentro tras pasar por La Roca y Riobamba dentro del sistema penitenciario
  
  

Daniel Salcedo Bonilla fue trasladado este martes 9 de junio de 2026 a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. 

El interno cumple sentencias por varios casos de corrupción relacionados con la pandemia de covid-19 y, de forma paralela, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. 

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Salcedo estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito

Antes de este traslado, Salcedo permanecía en la Cárcel 4, en Quito. Su permanencia en ese centro es parte de una serie de reubicaciones que ha tenido desde que ingresó al sistema penitenciario.

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A lo largo de su reclusión, Salcedo ha sido movilizado entre diferentes centros carcelarios del Ecuador. Entre ellos constan la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, así como el centro penitenciario de Riobamba.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos específicos de esta nueva reubicación hacia la Cárcel del Encuentro. El traslado ocurre mientras su situación judicial continúa en desarrollo y bajo atención pública.

En ese centro penitenciario, Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron blanco de un presunto intento de asesinato por parte de otros internos en junio de 2025. Después de ese incidente, Salcedo fue trasladado a una cárcel ubicada en Quito.

Actualmente, Salcedo acumula condenas que superan los 30 años de prisión por delitos como lavado de activos, peculado, fraude procesal, delincuencia organizada e ingreso de objetos prohibidos a un centro penitenciario.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana actualizó el cronograma para elegir al nuevo Fiscal General de Ecuador
• El examen escrito y oral del concurso para Fiscal General del Estado están previstos desde septiembre de 2026.
• El CPCCS prevé designar al nuevo Fiscal General del Estado para octubre de 2026.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General de Ecuador oficializó la actualización del cronograma del proceso para el año 2026. Esta reforma establece los plazos técnicos para las etapas de impugnación ciudadana, control social y las evaluaciones teóricas y prácticas de los postulantes, definiendo la ruta crítica para la renovación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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El siguiente paso en el concurso

El proceso entra en una etapa clave con el escrutinio público. Según el documento aprobado por la comisión, la convocatoria al llamamiento a escrutinio público está prevista entre el 11 y el 15 de junio de 2026. Posterior a esto, los ciudadanos que detecten inhabilidades o incumplimientos en los aspirantes podrán presentar formalmente sus objeciones.

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Las impugnaciones ciudadanas deberán entregarse entre el 16 y el 22 de junio de 2026, las cuales serán tramitadas y resueltas por la comisión especializada entre el 25 de junio y el 1 de julio del mismo año. En caso de desacuerdos con las resoluciones, los postulantes podrán presentar recursos de apelación entre el 7 y el 9 de julio, cuyas audiencias públicas se desarrollarán del 27 al 29 de julio de 2026.

Fechas clave de la prueba escita y oral

La fase de oposición determinará las calificaciones definitivas de los participantes a través de evaluaciones técnicas. El examen escrito está fijado para el 16 de septiembre de 2026, día en el que los docentes encargados calificarán los resultados de forma inmediata. Quienes soliciten recalificaciones de la prueba teórica podrán hacerlo del 18 al 22 de septiembre.

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Por otro lado, la prueba oral se ejecutará el 17 de octubre de 2026, bajo una metodología de simulación de audiencias judiciales. El informe global consolidado con los puntajes finales se remitirá al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre el 20 y 21 de octubre para proceder con la selección definitiva.

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Cronograma detallado para la designación del Fiscal General

A continuación, se detallan los hitos principales del calendario actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección:

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La suplente de Niels Olsen se principaliza en la Asamblea: ella también es precandidata de ADN

Richard Josue Jimenez Mora

La convocatoria fue realizada para la tarde del 10 de junio de 2026. En la sesión constan únicamente dos puntos en el orden del día. El primero es la entonación del Himno Nacional y el segundo, la designación del primer vicepresidente de la Asamblea.

¿Por qué se escoge a un primer vicepresidente?

Tras la renuncia de Niels Olsen a su cargo como asambleísta, Mishel Mancheno asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional. Con ello, la primera vicepresidencia quedó vacante y el Pleno deberá designar a otro legislador para ocupar ese puesto.

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Cabe recordar que una situación similar ocurrió durante el período legislativo anterior, cuando Henry Kronfle dejó la Asamblea para buscar la Presidencia de la República. Entonces, la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (RC), asumió la titularidad del Legislativo. En su reemplazo, el Pleno designó al socialcristiano Otto Vera como primer vicepresidente.

El nuevo vicepresidente deberá ser hombre. El principio de paridad establece que, al existir una presidenta de la Asamblea y una segunda vicepresidenta, cargo que ocupa Carmen Tiupul, la primera vicepresidencia debe recaer en un hombre.

Un puesto clave en el contexto actual

La primera vicepresidencia cobra especial relevancia debido a que Mancheno está embarazada. Eventualmente, ello implicaría una ausencia temporal por licencia de maternidad. En ese escenario, el primer vicepresidente asumiría la dirección de la Asamblea Nacional.

¿Quién asumirá la primera vicepresidencia?

ADN tiene en la mira a uno de sus legisladores para ocupar el cargo. Según se ha podido conocer hasta el momento, la disputa estaría entre el nuevo jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, y el presidente de la Comisión de Salud, Juan Reyes.

Sin embargo, dentro de la Asamblea ya se menciona con fuerza el nombre de Torres para asumir la primera vicepresidencia. Además, el asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, señaló que su organización política no cuenta con los votos ni el respaldo necesarios para disputar ese cargo.

Lo que debes saber

• Arianna Burgos asume como asambleísta nacional tras la renuncia de Niels Olsen en Ecuador.
• Niels Olsen dejó la Asamblea Nacional para una posible candidatura en las elecciones seccionales de 2026.
• ADN presenta ministros y asambleístas como precandidatos para los comicios de noviembre.

Arianna Burgos Carrera asumió de forma oficial la curul de Niels Olsen en la Asamblea Nacional este 9 de junio de 2026, luego de que el exlegislador presentara su renuncia irrevocable. Este movimiento político responde a las posibles postulaciones internas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) de cara a las próximas elecciones seccionales de noviembre.

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Niels Olsen renunció a la Asamblea Nacional en medio del proceso hacia las seccionales de 2026

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Arianna Burgos también es precandidata de ADN

La exdirectora del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) formalizó su ingreso a la función legislativa. Burgos Carrera legislará en reemplazo de Olsen, quien dimitió tanto a su escaño como a la presidencia del Parlamento ecuatoriano. A través de sus canales oficiales, la nueva legisladora ratificó su alineación con el proyecto político del Gobierno actual.

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A través de su cuenta de X, Burgos anunció su incorporación a la Asamblea Nacional. "Hoy asumo un nuevo reto al principalizarme como asambleísta nacional. Los espacios cambian, pero no la vocación de servicio. Desde la Asamblea seguiré trabajando por el Nuevo Ecuador que lidera el presidente Daniel Noboa y que los ecuatorianos decidieron construir. Seguimos", publicó.

Sin embargo, Burgos Carrera es la precandidata oficial de ADN para la Alcaldía de Samborondón, lo que podría generar una nueva vacancia en este espacio legislativo durante los próximos meses debido al inicio de la campaña electoral, en caso de confirmarse su candidatura.

Las precandidaturas de ADN salen del Gobierno y de la Asamblea

La salida de Olsen coincide con las proyecciones electorales del oficialismo, donde se perfila como opción para la Alcaldía de Guayaquil o la Prefectura del Guayas. Esta reestructuración responde a una estrategia nacional que involucra a múltiples funcionarios públicos de la actual administración central.

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A continuación, se detallan los funcionarios y legisladores de ADN que participan como precandidatos:

Lo que debe saber

• Enrique Herrería presentó su renuncia al Gobierno de Daniel Noboa, pero el presidente decidió mantenerlo en funciones.
• La renuncia fue presentada en el marco de la nueva reducción de ministerios emprendida por el Ejecutivo.
• El funcionario aseguró a Diario EXPRESO que continúa con su labor y asesoría al presidente Daniel Noboa. 

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, permanecerá en el Gabinete de Daniel Noboa. La mañana de este 9 de junio de 2026, el funcionario confirmó a EXPRESO que su renuncia no fue aceptada por el primer mandatario.

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Enrique Herrería niega haber pedido carro blindado del Estado: esto dijo el funcionario

Mónica Jara Chérrez

Durante la tarde y noche del 8 de junio de 2026 se conoció que Herrería había presentado su renuncia al cargo. El propio funcionario se pronunció al respecto y aseguró que la decisión estaba relacionada con el proceso de reingeniería institucional que impulsa el Ejecutivo.

El secretario de Estado respondió a una consulta de este Diario sobre su renuncia. Su respuesta fue: “La renuncia la presenté dentro del proceso de reingeniería institucional, dando lugar a que el Presidente considere si incluía el cargo en este proceso. No fue así y continúo en el ejercicio de la asesoría”, indicó.

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La reducción de ministerios

La reingeniería a la que se refiere Herrería está vinculada con la segunda reducción de ministerios anunciada por el Gobierno hace una semana. De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, la medida contempla la fusión de varias carteras de Estado con el objetivo de concentrar competencias relacionadas y reducir trámites internos.

Uno de los principales cambios ES la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad que agrupará las funciones que actualmente desempeñan los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción.

Una baja en el Gabinete

La noticia sobre Herrería trascendió después de que se conociera la salida de Gabriela Sommerfeld de la Cancillería ecuatoriana. La exministra dejó el cargo argumentando motivos personales y de salud.

“Hoy, por motivos personales y de salud, he presentado mi renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Al presidente Noboa le reitero mi admiración, respeto, cariño y gratitud”, expresó en una carta pública.

Lo que debe saber

• Aunque ADN presentó a John Reimberg como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, el nombre de Niels Olsen comenzó a sonar con fuerza para ese mismo cargo.
• El ministro del Interior, John Reimberg, ratificó que su precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil sigue en firme. También elogió a Niels Olsen.
• Tras renunciar a la Asamblea, Niels Olsen habló de seguir sirviendo al país desde Guayaquil.

¿John Reimberg o Niels Olsen para la Alcaldía de Guayaquil? En ADN aún se mueven las fichas para definir a sus candidatos para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aunque el ahora expresidente de la Asamblea fue anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas, en las últimas horas su nombre también ha comenzado a sonar para la Alcaldía de Guayaquil.

Política

Niels Olsen renunció a la Asamblea Nacional en medio del proceso hacia las seccionales de 2026

Daniel Alejandro Romero Páez

El pasado 1 de junio de 2026, el movimiento oficialista presentó una lista de precandidatos a través de sus redes sociales. ADN escogió figuras que actualmente ocupan cargos en el Gabinete y, en el caso de Olsen, en la Asamblea Nacional.

Así, John Reimberg fue presentado como precandidato para la Alcaldía de Guayaquil, mientras que Olsen fue anunciado como precandidato para la Prefectura del Guayas. 

Esta provincia se perfila como el centro de la disputa política, en medio de la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez y de la renuncia al cargo de la exprefecta Marcela Aguiñaga.

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¿Qué dijo Reimberg sobre su precandidatura?

El ministro del Interior fue consultado este 9 de junio de 2026 sobre sus aspiraciones para las elecciones seccionales de 2026 durante una entrevista en Teleamazonas. Allí, Reimberg señaló: “Para mí es un honor servir a los ecuatorianos desde cualquier lugar que se lo pueda hacer”.

Luego se refirió a la posible participación de Olsen. “Que Niels participe, por supuesto, una gran persona, hizo un gran trabajo en la Asamblea Nacional. Cualquiera de los que hoy están como precandidatos estamos aquí despojados de todo”, aseguró Reimberg. 

También sostuvo que estará donde el presidente Daniel Noboa considere que puede aportar. Agregó que actualmente está concentrado en su rol como ministro, aunque ratificó que su precandidatura sigue en firme. “No puedo destinar un minuto de mi tiempo a otras cosas”, aseguró.

Las pistas de Niels Olsen

El 8 de junio de 2026, Niels Olsen se despidió de la Asamblea Nacional. En su discurso ante el Pleno afirmó: “Mi decisión sigue siendo la misma: servir al Ecuador con todo lo que soy; ahora desde mi ciudad Guayaquil”.

Asimismo, el extitular del Legislativo señaló: “Si algo aprendí estos años es no se cambia nada mirando desde afuera. Hay que entrar. Hacerse cargo. Poner el nombre, el tiempo y la tranquilidad propia al servicio de algo más grande. Eso voy a seguir haciendo desde donde sea que me toque estar”.

Lo que debe saber

• La renuncia de Niels Olsen a la Asamblea reaviva las especulaciones sobre su futuro político. El exlegislador de ADN suena como una de las principales cartas del oficialismo.
• Sus declaraciones de despedida y su aparición entre los precandidatos de ADN abren el debate sobre cuál será su próximo cargo.
• “Mi decisión sigue siendo la misma: servir al Ecuador con todo lo que soy; ahora desde mi ciudad Guayaquil”, dijo ante el Pleno.

Niels Olsen renunció de forma irrevocable a su cargo como asambleísta. Lo hizo en medio del proceso electoral para la elección de autoridades locales prevista para noviembre de 2026. Estas son sus opciones después de su corto paso por la Asamblea Nacional.

Política

Niels Olsen renunció a la Asamblea Nacional en medio del proceso hacia las seccionales de 2026

Daniel Alejandro Romero Páez

En su despedida ante el Pleno de la Asamblea, Olsen dejó una pista: “Mi decisión sigue siendo la misma: servir al Ecuador con todo lo que soy; ahora desde mi ciudad Guayaquil”.

Lo dicho por el ahora expresidente de la Asamblea es clave porque la semana pasada ADN anunció a sus posibles cuadros para los comicios seccionales. Entre ellos estuvo Olsen, quien fue presentado como precandidato a la Prefectura del Guayas.

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Olsen también señaló: “Si algo aprendí estos años es no se cambia nada mirando desde afuera. Hay que entrar. Hacerse cargo. Poner el nombre, el tiempo y la tranquilidad propia al servicio de algo más grande. Eso voy a seguir haciendo desde donde sea que me toque estar”.

Con ese mensaje, el expresidente de la Asamblea dejó la puerta abierta para aspirar a otro cargo público o asumir una función dentro del Gobierno de Daniel Noboa. En el escenario electoral, Guayas y su capital, Guayaquil, se perfilan como el centro de la disputa política.

Cabe recordar que el actual alcalde de esa ciudad, Aquiles Álvarez, se encuentra detenido bajo prisión preventiva. Enfrenta dos procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no tiene una sentencia ejecutoriada y permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

Asimismo, la Prefectura del Guayas se quedó sin su principal figura para disputar nuevamente el cargo. Marcela Aguiñaga renunció a la Prefectura un año antes de concluir su período y se prevé que no participe otra vez en la contienda electoral.

El paso de Olsen por el sector público

El expresidente de la Asamblea tuvo un paso por el Ministerio de Turismo durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Fue ratificado en el cargo durante el primer período del presidente Daniel Noboa, tras las elecciones anticipadas.

Política

Tras la renuncia de Niels Olsen, Mishel Mancheno asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional

Daniel Alejandro Romero Páez

Desde allí dio el salto a la política como candidato nacional a la Asamblea por ADN. Llegó a la Presidencia de la Asamblea después de que el oficialismo lograra consolidar una mayoría con los ahora exintegrantes de Pachakutik y legisladores independientes.

Las claves que debes saber

• Presos en Ecuador mueren sin atención médica en cárceles, denuncian familiares y ONG.
• Guayas: traslados médicos se retrasan por logística, SNAI y control militar, según informe MSP 2025.
• Ecuador: 395 reclusos murieron en 2025; atención tardía y falta de coordinación agravan crisis sanitaria.

Algunos internos de las cárceles ecuatorianas son trasladados a centros de salud cuando ya se encuentran en fase agonizante. Otros, según denuncias de familiares, mueren dentro de sus celdas sin recibir atención médica oportuna. 

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Detrás de estos casos existe una cadena de obstáculos logísticos e institucionales que, de acuerdo con el informe N.º 19-GDIERAS-GIDAPM-2025 del Ministerio de Salud Pública (MSP), al que EXPRESO tuvo acceso, retrasa la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.

El documento, elaborado el 18 de noviembre de 2025, señala que las necesidades médicas suelen quedar relegadas frente a otros requerimientos del sistema penitenciario. 

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¿Por qué demora la atención médica a los presos?

Por cada traslado solicitado para que un profesional atienda a una persona privada de libertad, se ejecutan aproximadamente cinco movilizaciones destinadas a audiencias o diligencias judiciales y administrativas requeridas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Como consecuencia, consultas, exámenes especializados y valoraciones médicas se postergan o, en algunos casos, no llegan a concretarse. 

Los equipos sanitarios reportan que los traslados hacia el Centro de Salud Guayas 1 (en la Penitenciaría) suelen retrasarse o suspenderse. Cuando los internos llegan después de las 15:00 o 16:00, resulta imposible atender a todos los pacientes programados para la jornada.

Aunque un acuerdo interministerial firmado en 2014 entregó al MSP la responsabilidad de los servicios de salud dentro de las cárceles, la institución no tiene facultades legales ni capacidad operativa para trasladar directamente a los internos. La seguridad, custodia y movilización continúan bajo responsabilidad del sistema penitenciario.

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Trabas en la atención

Según el informe, el problema se agravó tras la intervención militar de las cárceles. Desde enero de 2024, la Penitenciaría del Litoral permanece bajo control de las Fuerzas Armadas, en el contexto del conflicto armado interno. 

Las operaciones militares provocan cierres temporales de pabellones, suspensión de movimientos internos y restricciones de acceso a las áreas médicas, lo que altera la planificación diaria de consultas y tratamientos.

Las emergencias tampoco escapan a estas limitaciones. El MSP debe activar protocolos a través del ECU-911 y esperar que el SNAI y las Fuerzas Armadas autoricen y ejecuten la movilización. Incluso cuando el personal médico emite alertas urgentes, la decisión final de trasladar a una persona privada de libertad no depende de la autoridad sanitaria.

A ello se suman problemas de coordinación, como la falta de información actualizada sobre la ubicación de los internos dentro de los pabellones. Para el personal médico, el principal obstáculo no es clínico, sino logístico.

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Esa demora también fue advertida durante la audiencia de la acción de protección 09209-2025-06533. Uno de los accionantes sostuvo que algunos internos eran llevados al policlínico cuando ya se encontraban en estado caquéxico (deterioro físico extremo) y convaleciente. Desde allí eran derivados a hospitales donde, según su intervención, recibían atención paliativa y posteriormente morían.

Muertes en las celdas

Las consecuencias son visibles dentro de los centros penitenciarios. Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, aseveró que la organización constantemente recibe denuncias sobre fallecimientos ocurridos en las celdas.

La más reciente se registró la noche del sábado 6 de junio. En un video al que tuvo acceso el Comité, se observa a tres reclusos arrastrando fuera de una celda el cuerpo de un compañero. 

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“Es muy preocupante todo lo que pasa en la Penitenciaría. No tenemos respuestas por parte del Estado, ni la Fiscalía coge las denuncias. Los PPL ya están cansados de enterrar a sus compañeros”, afirmó Morales.

Según los testimonios recibidos por la organización, la persona que aparece en la grabación habría fallecido por falta de atención médica. No obstante, EXPRESO no ha podido confirmar de manera independiente su identidad, la fecha exacta del video ni la causa del supuesto deceso.

Un caso similar fue el de Erwin, cuñado de María Rodríguez, una guayaquileña que dialogó con EXPRESO en los exteriores del Hospital General Monte Sinaí. 

La mujer relató que a su allegado “lo dejaron morir en el piso”. El interno padecía tuberculosis y, en los últimos videos enviados a su madre, presentaba signos visibles de desnutrición y deterioro físico.

De acuerdo con cifras del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), 395 reclusos murieron en la Penitenciaría del Litoral por causas relacionadas con la salud entre enero y noviembre de 2025. La organización señaló que muchas de esas muertes pudieron prevenirse con atención médica, higiene y alimentación adecuadas. Del total, el 73,9 % ocurrió dentro de los pabellones.

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Por su parte, el MSP reportó 676 muertes por tuberculosis a escala nacional durante 2025. De ese total, 61 correspondieron a personas privadas de libertad.

El informe del MSP también alerta que los cadáveres han permanecido hasta cinco días en el área de salud de la cárcel, debido a retrasos atribuidos al SNAI, la Policía, Criminalística y la Fiscalía.

Esta situación provoca contaminación por fluidos, malos olores y riesgos sanitarios para los pacientes y el personal médico que labora en el lugar.

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Así fue la liberación de los hermanos de Aquiles Álvarez de la cárcel del Encuentro

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Los magistrados señalados por la Corte, este lunes 8 de junio del 2026, son Silvana Lorena Velasco Velasco (ponente), Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Choez Avilés. Los tres intervinieron en el proceso No. 17U05-2026-00018. 

Ellos revocaron la prisión preventiva en favor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus hermanos, decisión que permitió la salida de prisión de estos últimos.

¿Qué podría ocurrir con estos tres jueces del caso Goleada?

En su resolución, la Corte Nacional de Justicia dispuso que, a través de la Secretaría de la Sala, se notifique a la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura de Pichincha, a los jueces provinciales denunciados.

Así también se debe notificar a la Comisión de Compilación, Análisis y Unificación de las Calificaciones Jurisdiccionales de Infracciones, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Resolución 04-2023 emitida por el Pleno de este organismo.

Antonio y Xavier Álvarez recuperaron la libertad el 2 de abril, tras salir de la Cárcel del Encuentro. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece privado de libertad, debido a que enfrenta dos órdenes de prisión: una por el presunto mal uso del dispositivo de vigilancia electrónica y otra en el denominado Caso Triple A.

Reacciones 

El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), dirigido por la abogada María Dolores Miño, alertó que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró que los jueces de la Corte Provincial de Pichincha que revocaron la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y sus hermanos en el caso "Goleada" incurrieron en la infracción gravísima de error inexcusable.

Lo que debes saber 

• Las denuncias de corrupción pueden convertirse en una herramienta más eficaz que las disputas ideológicas para erosionar proyectos políticos y unir a distintos sectores sociales frente a quienes ejercen el poder.
  
• El manejo del caso Progen y el respaldo gubernamental a funcionarios cuestionados podrían estar afectando el capital político del presidente Daniel Noboa.

Jon Ossoff se ha convertido en la sensación política de Estados Unidos y ya se lo considera el candidato demócrata ideal para derrotar al heredero político de Donald Trump. ¿Quién es Ossoff y por qué se ha convertido en una sensación? Ossoff es un joven senador de Georgia que, contra todo pronóstico, ha adquirido una fuerza inusitada apoyándose en una fórmula sencilla: hablar directamente sobre la corrupción en el gobierno de Donald Trump y sobre cómo el presidente y su familia han incrementado abismalmente su fortuna desde que están en el poder.

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El 18 de abril dio un discurso ante 1.500 personas y habló de la “mafia de Mar-a-Lago”, trayendo a colación uno de los recientes escándalos de corrupción de la familia presidencial: la concesión minera que el presidente Trump gestionó con el presidente de Kazajistán y que entregó a sus hijos, Don y Eric, para quienes también facilitó un financiamiento de 1.600 millones de dólares de fondos públicos con el fin de montar una empresa minera.

“Nunca antes habíamos visto tan poco esfuerzo por ocultar tanta corrupción. La mafia de Mar-a-Lago ha llevado la corrupción estadounidense a niveles espectaculares”, se le escucha decir en un video que se hizo viral en Estados Unidos.

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Este detalle se ha convertido en la punta de lanza de la popularidad de Ossoff. ¿Por qué? Adam Bonica, politólogo de la Universidad de Stanford, tiene una explicación: el verdadero y gran enemigo de los regímenes autoritarios es la corrupción, y en el mundo hay decenas de ejemplos que hablan de ello. Filipinas, Malasia, Guatemala, Perú, Honduras y muchos otros países son casos en los que los ensayos autoritarios se desmoronaron cuando sus autócratas fueron percibidos por la sociedad como corruptos.

“Plantear el debate en términos de honestos versus corruptos desplaza la discusión de las rígidas divisiones ideológicas hacia una cuestión moral de resonancia universal: ¿estás del lado de la gente o de una élite corrupta?”, plantea Bonica en un ensayo suyo citado el lunes 8 de junio en una columna de opinión de The New York Times sobre el fenómeno Ossoff.

Según la tesis de Bonica, aunque el autoritarismo se presente como una alternativa frente a la inseguridad y al desorden, la indignación por la corrupción siempre terminará imponiéndose. “Una plataforma anticorrupción une a grupos muy distintos alrededor de un agravio común: la convicción de que el sistema está amañado en contra de la gente común”, sostiene Bonica. “Los movimientos anticorrupción ofrecen lo que la política partidista no puede: la autoridad moral para unir a la sociedad frente a un sistema amañado”.

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Lo que se observa en el caso de Jon Ossoff es algo que el presidente Daniel Noboa no parece capaz de entender: por más que haya tratado de legitimar su modelo autoritario con el discurso de la lucha contra el crimen y la delincuencia, si es percibido como corrupto o como defensor de corruptos verá pronto agotado su capital político. La frase de Ossoff quizá no le diga nada: “Nunca habíamos visto tan poco esfuerzo por ocultar tanta corrupción”.

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El caso Progen es, sin duda, el mejor ejemplo para hablar de lo que le puede ocurrir a Noboa. En este tema ha guardado un silencio y ha mostrado una falta de proactividad que resultan, por decir lo menos, perturbadores.

La última vez que habló de Progen fue el 21 de mayo, cuando publicó su carta al país, donde dedicó al tema apenas dos oraciones en un texto de dos páginas. “Progen: que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar”, dijo entonces, cuando ya estaba claro que la Fiscalía y la Contraloría no estaban haciendo bien su trabajo.

Tres días después, en su Informe a la Nación del 24 de mayo, Noboa no dijo absolutamente nada sobre el escándalo ni nada que se le pareciera. Y si bien su declaración del 21 de mayo resultaba ofensivamente escueta para el nivel que había alcanzado el escándalo en ese momento, su actual silencio es mucho más grave y perturbador.

¿Por qué? Porque han aparecido evidencias y pistas que la Fiscalía ha ocultado; porque se ha visto que los asambleístas de su partido y funcionarios de su gobierno se han concertado para evitar el control político de los responsables del sector eléctrico; y porque existen documentos que prueban que su gobierno estaba al tanto de la estafa que pretendía cometer Progen.

Y en lugar de hablar del tema o de hacer algún gesto que permita pensar que realmente tiene interés en aclarar los hechos, Noboa no solo ratificó en el gabinete al principal responsable de la contratación de Progen, Roberto Luque, sino que además lo premió con uno de los nuevos superministerios creados en la más reciente reestructuración ministerial.

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Y si bien no ha dicho nada desde el 21 de mayo sobre la trama de Progen, el nombramiento de Luque parece ser un mensaje no verbal, o incluso un desplante, dirigido a la opinión pública.

Noboa está perdiendo capital político de forma vertiginosa, y la explicación de ese fenómeno podría estar en lo que sucede alrededor de la figura de Jon Ossoff y en la teoría de Bonica. Nada une más a la oposición y nada genera una resistencia mayor frente al autoritarismo que la idea de que quienes están en el poder se enriquecen a costa de la sociedad. Eso no se perdona, y Noboa, con su silencio, solo está contribuyendo a que esa indignación crezca.

Lo que debes saber 

• Más de 1.900 niñas, niños y adolescentes permanecían en acogimiento institucional hasta finales de 2025.
• Expertos expusieron los principales obstáculos que retrasan los procesos de adoptabilidad en Ecuador.
• El proyecto de ley busca reducir tiempos, aunque también enfrenta observaciones jurídicas.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social continuó este 8 de junio con el análisis del proyecto unificado de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción, una iniciativa que busca reducir los tiempos de los procesos que permiten a niñas, niños y adolescentes acceder a una familia. Durante la sesión, especialistas expusieron observaciones sobre las barreras que actualmente enfrentan cientos de menores en situación de adoptabilidad.

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Ricardo Viera, procurador judicial de Hogar para sus Niños y exjuez de Familia, Niñez y Adolescencia, sostuvo que el sistema mantiene una deuda pendiente con quienes esperan una familia. Según explicó, aunque una familia adoptante puede completar el proceso en alrededor de nueve meses, muchos menores permanecen durante años en instituciones sin concretar una adopción.

“El derecho a la adopción constituye una deuda histórica del Estado con miles de menores de edad en situación de adoptabilidad”, afirmó Viera durante su comparecencia. El especialista señaló que la problemática se concentra especialmente en las etapas judiciales que determinan la adoptabilidad de los menores.

Acogimiento institucional y demoras judiciales

Como parte de su exposición, Viera informó que hasta diciembre de 2025 existían 1.907 niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional. Las principales causas identificadas fueron negligencia, abandono y distintos tipos de violencia, situaciones que los alejaron temporal o permanentemente de sus entornos familiares.

El exjuez advirtió que algunos menores pasan gran parte de su infancia dentro del sistema de protección. Incluso mencionó casos de personas adultas con discapacidad que fueron declaradas en adoptabilidad cuando eran niñas, pero nunca lograron integrarse a una familia mediante este mecanismo.

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Frente a este escenario, defendió la necesidad de impulsar reformas que permitan agilizar los trámites judiciales. A su criterio, la reducción de tiempos resulta fundamental para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y evitar que permanezcan por años en instituciones de acogida.

Observaciones al proyecto de ley de adopción

Por su parte, Cristina Torres planteó la necesidad de realizar ajustes técnicos al proyecto para evitar conflictos con otras normas vigentes. Entre sus observaciones destacó la importancia de armonizar la propuesta con el Código Orgánico General de Procesos, especialmente en temas relacionados con competencias judiciales.

La compareciente respaldó las reformas orientadas a construir una justicia más accesible para niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, destacó la necesidad de asegurar mecanismos que permitan a los menores ejercer su derecho a ser escuchados de acuerdo con su edad, desarrollo y condición particular.

Asimismo, consideró positiva la intención de reducir los tiempos de los procesos de adoptabilidad y adopción. Según explicó, una tramitación más ágil puede contribuir a que los menores accedan con mayor rapidez a un entorno familiar estable y seguro.

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Sin embargo, Torres también alertó sobre posibles cuestionamientos jurídicos que podrían surgir a partir de algunos artículos de la propuesta. Por ello, recomendó revisar la redacción de determinadas disposiciones para evitar interpretaciones que puedan derivar en efectos discriminatorios o conflictos de constitucionalidad.

La especialista enfatizó que cualquier reforma debe preservar plenamente los derechos de las personas adoptadas. Entre ellos destacó la posibilidad de conocer su origen, un aspecto que consideró relevante dentro de los procesos de adopción y construcción de identidad.

Finalmente, los aportes presentados durante la sesión coincidieron en un punto central: la necesidad de simplificar los procedimientos judiciales sin afectar garantías. El objetivo, señalaron los comparecientes, es evitar demoras innecesarias que prolonguen la permanencia de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional mientras esperan acceder a una familia.

Lo que debes saber

• La audiencia que debía realizarse esta semana fue suspendida por pedido de entidades estatales.
• Detrás del proceso existe una demanda presentada por 490 habitantes de Bolívar.
• Conozca los antecedentes del caso y por qué la justicia deberá volver a pronunciarse.

La audiencia de acción de protección presentada por comunidades campesinas de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal fue diferida a petición del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Procuraduría General del Estado. La diligencia estaba prevista para el 9 de junio de 2026 en la Unidad Judicial de Tumbaco y formaba parte de un proceso judicial relacionado con el proyecto minero Curipamba-El Domo.

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La novedad fue informada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), organización que acompaña a las comunidades en esta causa. En su comunicado indicó que “la audiencia ha sido reprogramada para el 17 de junio de 2026 a las 09:00”, por lo que el caso no podrá ser tratado en la fecha inicialmente fijada por la justicia.

Según la organización, el aplazamiento posterga la posibilidad de que las comunidades expongan sus argumentos ante un juez constitucional. La Cedhu señaló además que “esperamos que en esta nueva fecha las comunidades puedan ser escuchadas y se garantice plenamente su derecho de acceso a la justicia”, en referencia a la reprogramación de la diligencia.

El origen del conflicto por el proyecto Curipamba-El Domo

El proceso judicial se originó el 15 de agosto de 2025, cuando 490 habitantes de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal presentaron una acción de protección contra el Estado ecuatoriano. Los accionantes denunciaron presuntas vulneraciones a los derechos de la naturaleza del ecosistema Piedra Negra y a sus derechos humanos, derivadas de la aprobación del proyecto minero Curipamba-El Domo.

La demanda también cuestiona la legalidad del proceso mediante el cual el proyecto fue adjudicado a la empresa Curimining S.A. Las comunidades sostienen que la actividad minera podría afectar su entorno y recursos naturales, por lo que solicitaron la intervención de la justicia constitucional para revisar el caso.

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La causa tuvo un primer revés el 19 de agosto de 2025, cuando la jueza Mónica Freire Cuesta, de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales de Tumbaco, inadmitió la demanda. La magistrada argumentó que las presuntas afectaciones denunciadas se producirían en las provincias de Bolívar y Los Ríos, y no en la jurisdicción de Pichincha.

La apelación permitió reactivar la causa

Tras esa decisión, las comunidades presentaron un recurso de apelación. El 29 de abril de 2026, la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el pedido y dispuso que la jueza convoque a una audiencia para resolver la acción de protección presentada por los habitantes de la zona.

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Desde 2023, la Cedhu acompaña a las comunidades de Las Naves, San Luis de Pambil y Zapotal en acciones relacionadas con la defensa de derechos humanos, acceso al agua y procedimientos vinculados a la actividad minera. Con el diferimiento anunciado, el proceso deberá esperar hasta el 17 de junio para que la justicia conozca los argumentos de las partes involucradas.