Economía y negocios

CNEL-EP designa nuevo gerente general en medio de polémicos cortes de energía

Vanessa López

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, señaló que sí habrá fiscalización y que esta incluirá pedidos de información, así como comparecencias de las autoridades de las entidades a cargo del sector eléctrico.

“Por supuesto que haremos fiscalización y estaremos expectantes desde la Asamblea y con nuestras comisiones para que esto llegue a buen puerto y se den los cambios respectivos”, manifestó Centeno, quien también preside la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo.

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Una referencia a la ministra Inés Manzano

Una declaración de Centeno dio pistas sobre la dirección que podría tomar este proceso. La legisladora recordó que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dispuso la salida de funcionarios del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), así como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

“Felicitamos que se cambie la plana mayor de CENACE y CNEL”, dijo Centeno, en referencia al anuncio realizado por la ministra el 14 de abril de 2026. 

Manzano ese día señaló: "Habrá una nueva plana mayor de CENACE y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos".

En este contexto, ADN planteó fiscalizar a esos niveles técnicos. “Que quede claro. Este Gobierno del presidente Daniel Noboa es el que más ha invertido en los últimos años en generación eléctrica y demuestra que el problema no está en la generación, sino en la distribución”, añadió.

La posición del correísmo

La oposición en la Asamblea, en cambio, apunta directamente a la ministra Inés Manzano. La legisladora Viviana Veloz (RC) sostuvo que la funcionaria debería comparecer ante el Pleno, aunque consideró poco probable que esto ocurra.

“La ministra debe acudir al Pleno. Ahora, lo improbable es que venga porque ustedes saben que la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo”, afirmó.

Veloz también cuestionó que los procesos de control político terminen trasladándose a otras instancias sin resultados concretos. Según indicó, estos casos suelen derivarse a otras comisiones donde “lo guarden en un cajón y no pasa absolutamente nada”, en referencia a prácticas que, a su criterio, debilitan la fiscalización.

Lo que debes saber

• Washington Andrade demanda al CPCCS por falta de transparencia en el concurso de Fiscal General.
• Audiencia por acceso a información será el 29 de abril en Quito ante jueza Galarza Villmarín.
• Andrade exige copias de expedientes y disculpas públicas de Andrés Fantoni y Cynthia Jacho.

Washington Andrade, abogado inadmitido en el concurso para fiscal general del Estado, presentó una acción de acceso a la información contra Andrés Fantoni y Cynthia Jacho. El demandante denuncia una presunta falta de transparencia en la custodia de los expedientes de los candidatos que aspiran a dirigir la Fiscalía, tras no recibir las copias certificadas de las actas de entrega-recepción de los documentos.

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Audiencia de acceso a la información pública en Quito

La demanda, ingresada formalmente el 8 de abril de 2026, ha sido asignada a la jueza María de las Mercedes Galarza Villmarín. La magistrada, perteneciente a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, fijó la diligencia para el miércoles 29 de abril de 2026 a las 15:00.

El proceso se llevará a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se determinará si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) vulneró los derechos de Andrade al negar información sobre el concurso de méritos.

¿Por qué Andrés Fantoni negó el pedido de información?

Según el expediente, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, respondió al pedido de Andrade negando la entrega de los documentos. El funcionario argumentó que los expedientes de la Fiscalía se encuentran en fase de revisión y que la publicación de estos se realizará únicamente al finalizar dicha etapa.

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Por su parte, Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección, no habría emitido respuesta alguna al oficio remitido por el abogado. Andrade sostiene que esta opacidad es inaceptable en un concurso de relevancia nacional, donde la información no puede ser declarada reservada.

Política

Enmienda del CPCCS avanza y dejaría el problema de fondo

Mónica Jara Chérrez

Detalles de la demanda contra el CPCCS:

El jurista enfatizó que la transparencia es clave para evitar irregularidades en la selección del nuevo Fiscal General.

Política

Guayas es el epicentro de la pugna política por seccionales

Daniel Alejandro Romero Páez

En la Revolución Ciudadana se mencionan varios nombres. Uno de ellos es el de Alexandro Tonello, actual viceprefecto de la provincia, ya que Paola Pabón completará su segundo período, en mayo 2027.  

También circula el de la asambleísta Jahiren Noriega, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial de su equipo sobre una eventual candidatura.

El concejal de Quito, Adrián Ibarra, secretario de la RC en Pichincha, señaló que aún están levantando información, para "perfilar a los mejores candidatos". Adelantó que desde la próxima semana y hasta la primera semana de mayo, en la provincia habrá asambleas distritales, para tratar este tema y la reforma al estatuto.

Jorge Yunda sobre su dupla para correr por la Prefectura

La exconcejala de Quito Carla Cevallos ha intensificado su agenda territorial en parroquias de la provincia. El 8 de abril del 2026 participó en actividades en Yaruquí, parroquia rural de Pichincha. En sus redes sociales también informó sobre reuniones con líderes locales.  

Cevallos ya fue candidata a la Prefectura en 2023, en binomio con Jorge Yunda, quien recientemente confirmó su precandidatura a la Alcaldía de Quito.

Consultado por EXPRESO, Yunda señaló que mantiene conversaciones con Carla Cevallos. “Tiene experiencia política y, pese a su juventud, hemos trabajado juntos. Lo definiremos en los próximos días”, afirmó. El exalcalde indicó además que participará en los comicios con el movimiento Centro Democrático.

Por su parte, Cevallos sostuvo que su eventual participación está en fase de análisis. “Estamos en un proceso serio de diálogo y construcción junto a nuestro equipo. Participar en una elección no es una decisión ligera, sino un compromiso con la provincia”, indicó. Añadió que cualquier definición se tomará en función de “la oportunidad real de aportar al desarrollo de Pichincha”.

¿El oficialismo postulará a un ministro?

En el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, también se revisan nombres. Entre ellos  el del ministro de Trabajo, Harold Burbano, como posible aspirante a la Prefectura.

El domingo 12 de abril, Burbano participó en una actividad con dirigentes barriales en Conocoto junto a la ministra de Gobierno, Natali Morillo; Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino; y el concejal afín, Michael Aulestia. El encuentro fue difundido en sus redes sociales, como una evidente señal de búsqueda de posicionamiento político de cara a las seccionales.

Este medio consultó al Director de Comunicación del Ministerio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta.

En la cuenta de Instagram del Ministerio de Gobierno, junto a las fotos, se leía: "En Conocoto se mantuvo un diálogo con los moradores para escuchar sus requerimientos y poder dar respuestas con acciones concretas".

Las redes sociales de Pinto 

• La funcionaria retiró un reel de sus redes sociales donde recorría el Museo del Prado.
• La agenda internacional contrasta con la delegación oficial que tiene sobre el Ministerio de Salud.
• Es la segunda vez en el mes que depura sus plataformas tras recibir cuestionamientos ciudadanos.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, retiró de sus plataformas digitales un video promocional sobre su reciente visita al Museo del Prado en Madrid, España. La acción digital se ejecutó horas después de que la publicación detonara una ola de cuestionamientos ciudadanos frente a la desconexión entre su agenda internacional y el deficiente sistema hospitalario que opera en Ecuador.

Política

Pacientes del Teodoro Maldonado sufren por calor extremo en área de diálisis

Carlos Isaac Pino

Un patrón en la estrategia digital

En noviembre de 2025, el Ejecutivo delegó a Pinto la conducción estratégica y temporal del Ministerio de Salud Pública (MSP). No obstante, mientras en sanatorios de Guayaquil los pacientes renales exigen climatización básica para no suspender sus tratamientos de diálisis, la funcionaria difundía un audiovisual documentando modelos de gestión cultural y evaluando tecnologías inmersivas 3D para el Museo Nacional.

El contraste entre la emergencia sanitaria local y la agenda europea —que incluyó reuniones académicas y citas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)— capitalizó el rechazo de los usuarios, forzando la eliminación del 'reel'.

Semanas atrás, Pinto también borró de sus cuentas oficiales un clip donde aparecía en un columpio con un fondo musical de la artista ecuatoriana Pamela Cortés. Ese material fue calificado en su momento como indolente ante el desabastecimiento de insumos médicos en los dispensarios del IESS y del MSP.

Hasta el cierre de esta publicación, la Vicepresidencia no ha emitido un pronunciamiento que justifique el retiro del material audiovisual. 

Guayaquil

Calor extremo en hospital Teodoro Maldonado Carbo: Ventiladores agravan la situación

Redacción Expreso

Lo que debes saber

• Candidata colombiana promete llamar a Noboa y pedir la eliminación de aranceles: la guerra comercial entra de lleno en campaña presidencial
• Paloma Valencia arremete contra Petro y ofrece alianza con Noboa para combatir el narcotráfico.
• El presidente Daniel Noboa ya había anunciado que dialogará con un futuro gobierno en Colombia.

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia también marca la campaña hacia la Presidencia del vecino país. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ofreció que, en caso de ganar, la primera llamada será al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Economía y negocios

Empresarios de Ecuador piden subsidio temporal para mermar efectos de la tasa del 100 %

Lisbeth Zumba

Este 16 de abril de 2026 se difundió un video en la plataforma oficial del Centro Democrático en YouTube. Valencia, junto al expresidente colombiano Álvaro Uribe, estuvo en Ipiales, en la frontera sur de Colombia. Allí, la candidata presidencial arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

“Es inaceptable que el Gobierno (de Colombia), cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes, transportadores y a la economía de Nariño (…) Petro escogió a la delincuencia”, señaló Valencia ante un grupo de personas.

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También se refirió a Cepeda y dijo: “Iván Cepeda, que ha sido el papá de la paz total, aquí le hacen manifestaciones y yo me pregunto: ¿será que Nariño no está sufriendo lo del Cauca? ¿Será que aquí no están reclutando a los niños?”.

¿Qué dijo Valencia sobre el presidente Daniel Noboa?

La candidata presidencial también planteó propuestas en Nariño. Dijo que una de las medidas que tomará será la militarización de la vía Cali–Popayán–Pasto, con el objetivo de frenar la violencia.

Luego se refirió a Noboa: “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa. Le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo”, aseguró Valencia.

También señaló que, tras anunciar un trabajo conjunto, pedirá que Ecuador retire los aranceles impuestos en medio de la pugna entre ambos países. Aseguró que con ello se reactivará el comercio.

Además, ofreció que durante su mandato Colombia se sumaría al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Cabe recordar que Ecuador actualmente forma parte de esta iniciativa.

Un mensaje de ida y vuelta en medio de la campaña electoral

Las declaraciones de la candidata del Centro Democrático llegan semanas después de que el presidente Daniel Noboa decidió incrementar al 100 % el arancel para la importación de productos colombianos.

El 9 de abril de 2026, el mandatario ecuatoriano escribió en su cuenta de X: “Desde que tomamos esta medida (imposición de aranceles), en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.

Lo que debes saber

• El Concejo de Guayaquil aprobó la nueva Comisión de Mesa que analizará la remoción de Aquiles Álvarez.
• Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez integrarán la instancia.

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó este jueves 16 de abril la nueva integración de la Comisión de Mesa que tramitará el proceso de remoción contra el alcalde Aquiles Álvarez. La moción fue presentada por la concejala Emily Vera durante la sesión.

La edil sustentó su pedido en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece que la autoridad cuestionada y la segunda autoridad del Municipio no pueden participar en la tramitación del proceso de remoción.

Emily Vera explicó que la denuncia está dirigida contra Aquiles Álvarez y que la composición original de la Comisión de Mesa incluía al alcalde, a la vicealcaldesa, Tatiana Coronel, y al concejal Terry Álvarez.

Guayaquil

Municipio de Guayaquil no entregará textos escolares en 2026: esta es la razón

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Por esta razón, la concejala propuso que Arturo Escala y Ana Fuentes reemplazaran al alcalde y a la alcaldesa subrogante para garantizar la pluralidad dentro de la comisión.

“En consecuencia, para dar inicio a que el Concejo adopte una decisión razonada acerca de la remoción del alcalde se requiere a otros miembros. Siendo que la denuncia está dirigida contra el alcalde y siendo que la composición de la mesa incluye al alcalde, alcaldesa subrogante y al concejal Terry Álvarez, quiero mocionar que en reemplazo del alcalde y alcaldesa subrogante se incorpore a Arturo Escala y la concejala Ana Fuentes”, manifestó Vera.

Durante la votación, Arturo Escala se abstuvo de respaldar su propia designación. “No voy a votar por mí, por eso dejo en libertad a la mesa que vote por mí”, expresó.

La nueva Comisión de Mesa quedó integrada por Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez.

Finalmente, el Concejo aprobó por mayoría esta nueva conformación, que será la encargada de revisar la denuncia presentada contra Aquiles Álvarez.

Cómo avanza el proceso de remoción

La conformación de la Comisión de Mesa marca el inicio formal del análisis del pedido de remoción contra el alcalde de Guayaquil. El pasado 9 de abril, la Secretaría del Concejo remitió a esta instancia una denuncia ciudadana que cuestiona la gestión de Aquiles Álvarez.

Además, las denuncias avanzaron luego de una nueva solicitud presentada por concejalas del Partido Social Cristiano (PSC).

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Juan Ponce Merchán

Ana Chóez y Cinthia García enviaron un oficio a la Secretaría de la Comisión de Mesa para pedir información sobre el estado actual del proceso.

Las concejalas solicitaron detalles sobre el avance del trámite para garantizar la legalidad del proceso de remoción.

El documento fue dirigido al secretario de la Comisión de Mesa, Magno Marriott Barreto, e incluye cinco requerimientos relacionados con el desarrollo del trámite.

Lo que debes saber

• Tatiana Coronel explicó que el Municipio de Guayaquil no entregará textos escolares en 2026 porque el Sercop suspendió el proceso.
• Anunció que se mantendrá la entrega de kits escolares, lentes y otras ayudas para estudiantes y padres de familia.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, explicó este jueves 16 de abril de 2026 por qué el Municipio no entregará textos escolares durante este periodo lectivo.

La funcionaria respondió a una consulta pública realizada por la concejala Ana Chóez durante la sesión del Concejo Cantonal de la mañana de este jueves.

Según Coronel, la razón principal es que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió el proceso relacionado con la adquisición de los textos escolares.

"La respuesta es sencilla: Sercop nos suspendió el proceso", afirmó Tatiana Coronel durante la sesión del Concejo Cantonal.

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La alcaldesa subrogante agregó que esta no es la única contratación que ha sido suspendida y aseguró que ya han expuesto públicamente otros procesos detenidos.

Pese a la suspensión de los textos escolares, Coronel indicó que el Municipio, a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), sí mantendrá la entrega de kits escolares.

Además, la funcionaria señaló que también se entregarán lentes a jóvenes y anticipó que se anunciarán nuevas ayudas dirigidas a padres de familia.

"Desde la DASE se están entregando kits escolares, lentes a jóvenes y se vienen más ayudas para los padres de familia", sostuvo.

¿Qué ayudas mantendrá el Municipio de Guayaquil?

Aunque no habrá entrega de textos escolares en 2026, el Municipio de Guayaquil mantendrá otros programas de apoyo para estudiantes.

Entre ellos están los kits escolares, que incluyen útiles básicos para el regreso a clases, así como la entrega de lentes para jóvenes.

Las autoridades municipales no detallaron todavía cuáles serán las nuevas ayudas para padres de familia ni cuándo serán anunciadas.

Sin embargo, Coronel insistió en que el objetivo es aliviar el gasto que enfrentan los hogares durante el inicio del año escolar.

Arturo Escala, otro concejal, también pidió que se entreguen los procesos que se encuentran caídos en el Sercop. 

Cese al fuego entre Líbano e Israel

• Donald Trump comunicó una tregua temporal de 10 días entre las fuerzas de Israel y Líbano.
• El cese de operaciones inicia a las 17:00 tras reuniones previas celebradas en Washington.
• Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun fueron invitados a la Casa Blanca para negociar la paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano. La medida temporal entrará en vigencia a las 17:00 (hora del Este) (16:00 en Ecuador) y marca el primer acercamiento oficial entre ambas naciones con la intención de detener las hostilidades en la región.

Internacional

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Propone un encuentro en la Casa Blanca

El acuerdo surge tras una reunión celebrada el pasado martes en Washington D.C., donde delegaciones de ambos países dialogaron por primera vez en 34 años con la intermediación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Para la ejecución y monitoreo de esta medida, la administración estadounidense delegó al vicepresidente JD Vance, a Marco Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. Según el comunicado oficial emitido por el mandatario en su plataforma Truth Social, estos funcionarios tienen la disposición de coordinar los detalles diplomáticos del cese temporal con las autoridades israelíes y libanesas.

En una segunda publicación, Trump confirmó que invitará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca. El objetivo de la convocatoria es instalar una mesa de diálogo directo entre los líderes de ambos países, un evento diplomático que no registra precedentes desde 1983.

Justicia

Eduardo Carmigniani sobre el caso GRANASA: "Intentan doblegar la línea editorial del diario"

Richard Josue Jimenez Mora

La reacción se produce luego de que la SIP conociera sobre la denuncia penal por presunta asociación ilícita contra varios directivos del medio de comunicación, que en julio cumplirá 53 años de fundación. La acción fue interpuesta por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en el marco de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía.

Entre los señalados constan Ingrid Martínez Leisker, hija del fundador de GRANASA, quien ha alertado que la Superintendencia de Compañías busca despojarla de sus acciones. La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Guayas, también incluye al presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, así como al accionista José Gabriel Martínez Castro, al abogado Eduardo Carmigniani Valencia; al director de EXPRESO, Carlos Alfonso Martínez; Felipe Eduardo Terrero Martínez y Michelle Andreina Villamar Guerrero.

Justicia

Figuras políticas denuncian "silenciamiento" en el caso contra GRANASA

Mónica Jara Chérrez

No es una disputa mercantil, señala la SIP

Según la SIP, el caso no puede analizarse de forma aislada ni limitarse a una disputa mercantil o penal. El organismo sostiene que se trata de un proceso más amplio que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias que podrían incidir en la estructura de propiedad y, eventualmente, en la línea editorial de uno de los principales grupos periodísticos del Ecuador.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que garanticen el respeto irrestricto a los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de expresión. 

Asimismo, la SIP pidió evitar el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación.

El ataque judicial genera un grave efecto sobre la libertad de expresión:

“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa. Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo”. 

Eso afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

En la misma línea, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, destacó que la independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder.

Nos preocupa especialmente la acumulación de medidas, administrativas, judiciales y ahora penales que, en conjunto, pueden derivar en una forma indirecta de censura".Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP

Lo que debes saber

• Tensión en la Revolución Ciudadana: Sandra Figueroa rechaza comisión propuesta por ADN y aclara que no dejará su bancada.
• Reclamos en el Pleno tras nominación de Figueroa a comisión evidenciaron cruces en el correísmo.
• Figueroa se desmarca de ADN y responde a su bancada: “Mi lealtad está con la Revolución Ciudadana”.

¿La Revolución Ciudadana se quedó sin otra legisladora en la Asamblea Nacional? La correísta Sandra Figueroa aclaró el alcance de su discurso durante la sesión del Pleno realizada la tarde del 15 de abril de 2026.

Política

Guayas es el epicentro de la pugna política por seccionales

Daniel Alejandro Romero Páez

El origen del conflicto fue la propuesta de ADN para que Figueroa integrara la Comisión Calificadora de la Iniciativa Popular Normativa denominada “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica”.

El tema no cayó bien en la bancada correísta. Durante el trámite en el Pleno se observó a varios integrantes de ese bloque rodear a Figueroa en medio de reclamos en el tratamiento de ese punto. Fue la propia legisladora quien se refirió a la nominación.

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Figueroa presentó un oficio en el que renunció a integrar dicha comisión. En el Pleno, afirmó: “No puede ser posible que a una persona que lleva muchos años en una bancada, defendiéndola aquí y en la calle, por simplemente haber sido mocionada se pretenda pensar que por eso ya soy morada”.

La referencia evidenció la tensión que se generó al interior del correísmo por su presencia en esa comisión. “Soy leal a mis principios y a Dios. Me molesta esta actitud (en referencia a su bancada)”, añadió.

Mientras Figueroa intervenía, desde el lado derecho del hemiciclo, donde se ubica el bloque de ADN, se escuchaban aplausos. En otro momento, hizo referencia al presidente Daniel Noboa y al Gobierno del expresidente Rafael Correa. Sobre este último, sostuvo que él sí había cambiado Durán.

Aunque el discurso evidenció diferencias internas en la Revolución Ciudadana, la asambleísta utilizó su cuenta de X para aclarar lo ocurrido. “Mi lealtad está con la Revolución Ciudadana y con mi bancada. No pienso salir de estas filas”, escribió tras la sesión.

La legisladora también señaló que, si alguna de sus expresiones había causado descontento, ofrecía disculpas a su bancada. A ese mensaje adjuntó un video de un fragmento de su intervención en el que dice: “No peleen. Trabajemos. Me molesta esto”.

Una referencia a ADN

Figueroa llevó el tema más allá y, a través de X, cuestionó a la bancada oficialista. Escribió: “A ADN le aclaro: cuando hablé de persecución fue porque quizás les molestó mi renuncia a la comisión que me designaron. No se dejen confundir”.

Un antecedente sobre designación a comisiones

Lo ocurrido en la sesión del 15 de abril de 2026 recordó el caso del ahora excorreísta Sergio Peña. En la sesión inaugural del actual Legislativo, su nombre apareció en la lista de integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La nómina con la distribución de los asambleístas en las diferentes comisiones fue elaborada por ADN y contó con los votos de la mayoría que se conformó desde el inicio del actual periodo, por lo que la inclusión de Peña generó sorpresa.

Posteriormente, Peña arremetió contra Luisa González, entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, y contra el líder del movimiento, Rafael Correa. Actualmente se declara independiente, aunque sus intervenciones y votaciones se alinean con el oficialismo.

Lo que debes saber

• La Contraloría mantiene cuatro procesos de control en el Municipio de Guayaquil, relacionados con archivos, cuentas por pagar, convenios y estados financieros.
• Hasta este 16 de abril, el Municipio de Guayaquil registra cuatro órdenes de trabajo de la Contraloría, aunque todavía no existen informes finales ni conclusiones aprobadas.

La Contraloría General del Estado anunció nuevas acciones de control en diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, con una mayor concentración en Pichincha y Guayas. En el caso de Guayaquil, el Municipio registra cuatro procesos de control en ejecución hasta la mañana de este jueves 16 de abril.

Actualmente, el Municipio está liderado por Tatiana Coronel, luego de la detención del alcalde Aquiles Álvarez. Sin embargo, desde la Contraloría se precisó que las acciones aún no representan hallazgos concluidos ni sanciones, ya que corresponden únicamente a órdenes de trabajo emitidas para iniciar los exámenes.

La Contraloría aclaró que todavía no existen informes aprobados sobre estos procesos de control.

¿Cuáles son los cuatro procesos de control en el Municipio de Guayaquil?

Las cuatro acciones de control identificadas en el Municipio de Guayaquil son las siguientes:

Política

Contraloría reporta intento de hackeo en su página web

Juan Ponce Merchán

Estas revisiones forman parte de las órdenes de trabajo emitidas por la Contraloría General del Estado. En esta etapa, los equipos de auditoría recopilan información, revisan documentación y determinan si existen observaciones administrativas, financieras o legales.

¿Cuándo estarán listos los informes de Contraloría?

La entidad explicó que dispone de hasta 180 días para aprobar los informes finales de cada proceso. Una vez concluidos, estos documentos serán publicados en el portal oficial de la Contraloría General del Estado.

Hasta entonces, las cuatro acciones abiertas en el Municipio de Guayaquil deben entenderse como auditorías en ejecución y no como conclusiones definitivas sobre posibles irregularidades.

Lo que debes saber

• Asamblea aprueba Ley de Educación Financiera: será obligatoria en todos los niveles y suma formación en IA y prevención de fraudes.
• Con 88 votos, la Asamblea da paso a la educación financiera obligatoria y ahora depende del Ejecutivo si veta o no la propuesta.
• La nueva ley en Ecuador exigirá educación financiera desde la escuela hasta la educación superior.

La Ley de Educación Financiera fue aprobada en la Asamblea Nacional. La normativa plantea la obligatoriedad de abordar este tema en escuelas, colegios y universidades. Su aprobación se dio luego de que, la semana pasada, el texto regresara a la Comisión de Educación del Legislativo.

Economía y negocios

Asamblea aprueba Ley de Educación Financiera: será obligatoria en escuelas y colegios

Liz Briceño

Cecilia Baltazar, presidenta de esa mesa legislativa, señaló en el Pleno del 15 de abril de 2026 que la normativa fue concebida con un enfoque de género. También aseguró que se tomó en cuenta la interculturalidad y las diferentes edades a las que está dirigida la enseñanza.

Cabe recordar que, tras varias observaciones, incluso de asambleístas de la bancada de ADN, Baltazar solicitó a la Presidencia de la Asamblea la suspensión del punto para incorporar los comentarios de las distintas fuerzas políticas, la semana pasada.

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¿Qué ajustes se incluyeron para la aprobación final?

Entre otros aspectos, la Comisión de Educación incorporó en el informe definitivo la educación para prevenir fraudes electrónicos. Asimismo, el documento plantea la necesidad de iniciar capacitaciones en Inteligencia Artificial. 

Finalmente, otro cambio para alcanzar los votos fue que las entidades financieras públicas y privadas realicen esfuerzos para capacitar a grupos de atención prioritaria.

Lo que cambia con la aprobación de la ley

La ley fue aprobada con 88 votos, provenientes principalmente de la mayoría coordinada por ADN e independientes. Una vez más, el correísmo se opuso a una normativa impulsada por ADN. Cabe señalar que fue el asambleísta oficialista Juan Reyes quien promovió esta iniciativa.

Para que entre en vigencia, la ley deberá ser sancionada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Esto puede ocurrir directamente si no presenta ningún tipo de veto. Así, la normativa pasaría al Registro Oficial.

Estos son algunos de los cambios que implicará la aplicación de la normativa en todos los niveles del sistema educativo del país:

Lo que debes saber

• Veedor denuncia falta de experiencia penal de José De La Gasca y otros 11 candidatos a fiscal.
• Coordinador de veeduría advierte sobre sesgos y apadrinamiento político en concurso del CPCCS.
• Veedores alertan privilegios de información y falta de respuestas a 19 irregularidades críticas del proceso.

El coordinador de la veeduría, Guido Egas, revela en entrevista exclusiva con EXPRESO que impugnará al exministro de Gobierno, José De La Gasca, en el concurso para fiscal general del Estado. Esta medida surge como respuesta inmediata a la denuncia que el exfuncionario del presidente Daniel Noboa presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para solicitar la separación de Egas del proceso.

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Egas, quien también fue veedor del concurso para contralor general, denuncia presiones en el concurso para fiscal general del Estado y un 'favoritismo' del CPCCS hacia ciertos veedores ciudadanos que habrían tenido acceso privilegiado a información sensible. Pese a que reconoce que su cargo peligra, asegura estar dispuesto a acudir hasta la Corte Constitucional para garantizar la legitimidad del proceso y el respeto a la voz ciudadana.

Justicia

José De La Gasca denuncia a veedor Guido Egas y pide su salida del concurso para Fiscal General

Richard Josue Jimenez Mora

El exministro José De La Gasca lo denunció en el CPCCS pidiendo su separación del concurso para fiscal general, ¿le tomó por sorpresa?

En un tuit le indiqué al señor De La Gasca que solo el tiempo indicará que los argumentos con los que hice mi pronunciamiento son verdad. Incluso lo invité a encontrarnos en la puerta del CPCCS, pero con su renuncia, porque lo único que él ha hecho es demostrar que las observaciones de la veeduría en cuanto a su postulación son ciertas. Pero no solo es el señor De La Gasca, sino otros varios postulantes que no cumplen con los requisitos.

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¿Se siente con un pie fuera de la veeduría ciudadana?

No. Creo que esto lo que está haciendo es demostrando a la ciudadanía que la veeduría es objetiva e imparcial. Ahora está en manos de los consejeros del CPCCS decirle al Ecuador si están del lado de los ciudadanos y defendernos; o si están del lado del poder, que lo que está haciendo es imponiéndoles situaciones que no están en manos de ellos. ¿Dónde se ha visto que un postulante cuestione evidencias de un ciudadano que hace veeduría? No me he convertido en cómplice de una situación que es clara y evidente.

Usted cuestiona al postulante De La Gasca por una supuesta falta de experiencia, pero él dice que ejerce como abogado desde 2004. ¿En qué fundamenta su crítica?

La normativa solicita que los postulantes tengan experiencia en temas legales correspondientes a la parte penal. El señor De La Gasca presenta certificados de que estuvo en una firma de abogados, que durante un año estuvo con ciertos casos de litigación penal, pero si se van sumando los años, no llegan a los que exige la norma. De hecho, muchos postulantes fueron inadmitidos por este tema, pero la sorpresa es que él pasó este filtro y sigue en el concurso.

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¿Y eso se suma a que fue funcionario del presidente Daniel Noboa?

Los postulantes no tienen que tener ningún tipo de afinidad ni cercanía a ninguno de los poderes del Estado. Cuando uno fue ministro de Gobierno, embajador, condecorado por el presidente, claramente se ve que hay un sesgo, un apadrinamiento de parte del poder actual. Por decir esto es que he recibido esta forma de amedrantamiento, pero debemos perder el miedo si queremos que el país salga adelante.

Política

Correísmo apunta a presidenta de comisión para designación de nuevo fiscal: ¿de qué la acusa?

Daniel Alejandro Romero Páez

Si el CPCCS lo saca de la veeduría del concurso para fiscal general del Estado, ¿tomará alguna acción legal contra De La Gasca o el Consejo?

No descarto ninguna posibilidad porque me respalda la verdad y las evidencias. En el momento en el que se abra la etapa de impugnaciones, yo seré uno de los primeros que estaré haciendo la impugnación no solamente al candidato De La Gasca, sino a alrededor de once candidatos más que no deben estar en este proceso.

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¿Tiene el respaldo del resto de veedores? Su antecesor, Hugo Arteaga, denunciaba que había bandos dentro de la veeduría.

Se ha podido armonizar. Afortunadamente he podido tener cercanía y he podido hablar con ambos bandos, por así decirlo, para concienciarles de que este es un tema nacional. Me atrevería a decir que en este momento los grupos que en algún momento estaban divididos por la influencia del segundo grupo que ingresó, se han unido. Fruto de eso fue mi elección como coordinador de la veeduría ciudadana. Tengo el respaldo no solo de mis compañeros veedores, sino de la ciudadanía en general.

¿La veeduría tiene una verdadera independencia? ¿El CPCCS ha intentado acercarse con algún interés?

Hemos denunciado que sí hay ciertos veedores que tienen privilegios de información. Hace poco, entre gallos y medianoche, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió sobre las impugnaciones de los no admitidos y la sorpresa fue que dos veedores, que sabemos que son del segundo grupo, fueron los únicos invitados a esta reunión que empezó a las 23:00 y terminó casi a la 1:00 del día siguiente.

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La directiva anterior renunció en medio de denuncias de irregularidades en el concurso, ¿qué garantía hay de que usted seguirá en ese puesto?

No voy a renunciar. Iré hasta lo último para que este concurso se encamine bien y si el CPCCS quiere retirarme de la veeduría, lo seguiré haciendo como ciudadano, valiéndome de los mecanismos constitucionales. Si yo veo que mis derechos constitucionales están siendo afectados, haré la demanda correspondiente ante la Corte Constitucional y solicitaré medidas cautelares que impidan que un concurso en el que se está dejando al margen la opinión de los ciudadanos siga avanzando.

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¿Se han tomado los correctivos recomendados en el primer informe de la veeduría, que señalaba al menos 19 nudos críticos del concurso?

Quedó olvidado. Se le dio lectura, pero no se le ha dado tratamiento. Todas las alertas, las evaluaciones y los reclamos que hizo la veeduría han caído en un saludo a la bandera; esa fue una de las razones para que la anterior directiva haya renunciado, como rechazo a la falta de respuestas de todos los oficios de las advertencias que se habían realizado.

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¿Va a insistir al CPCCS como nuevo coordinador de la veeduría?

Sí. He solicitado ya que el CPCCS nos vuelva a recibir para reiterarles estas observaciones y exigirles que den una respuesta, no a la veeduría sino al país. Que rectifiquen en el tema de los postulantes que no cumplieron con los requisitos y sí pasaron a la siguiente etapa, porque eso dice mucho de la calidad del equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección. Este concurso, además de legalidad, debe tener legitimidad, y en este momento no tiene ni lo uno ni lo otro.

Lo que debes saber

• Guayas concentra la disputa política rumbo a seccionales 2026 por vacíos de poder en Guayaquil, Durán y la Prefectura.
• Procesos judiciales y posibles renuncias activan pugna en Guayas, con señales del Gobierno y la Asamblea.
• Pichincha y Azuay muestran menor tensión electoral previa, sin candidaturas fuertes definidas del oficialismo.

¿Guayas es el centro de la disputa política de cara a las seccionales de 2026? La pugna por alcaldías y prefecturas avanza a ritmos distintos en las principales provincias del Ecuador. Mientras en Guayas hay enfrentamientos directos, Pichincha se mantiene al margen del debate más intenso, un fenómeno que puede explicarse a partir de tres elementos.

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La evidencia de la disputa se refleja en procesos judiciales contra autoridades en funciones, anuncios de renuncia y la reaparición de antiguos liderazgos. La incertidumbre pesa y, según la consultora y máster en comunicación política, Pamela León Andriuoli, el escenario configura un vacío político.

¿Por qué es importante Guayas?

“Guayas no solo es clave por su peso electoral, sino porque está entrando al ciclo preelectoral en una condición anómala: sin liderazgos fuertes en ejercicio”, señala. Cita la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva; la eventual renuncia de la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, y la ausencia del alcalde de Durán, Luis Chonillo.

“Ese vacío tiene implicaciones profundas. Cuando no hay conducción clara en los principales centros de poder, la elección pasa a ser una disputa por quién logra reconstruir autoridad”, explica la experta.

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El alcance de esta pugna también se mide por la participación del Gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional. Por un lado, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, coquetea con la posibilidad de una candidatura a la Prefectura. “Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decida”, dijo.

El traslado de la Asamblea a Guayas

En paralelo, el Legislativo salió de Quito para sesionar en Guayas. En menos de un mes, Niels Olsen dispuso en dos ocasiones el traslado. A esto se suma que Noboa, en el último mes, ha mencionado la posibilidad de que su madre y asambleísta, Anabella Azín, se postule a la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es la situación en Quito?

En Pichincha, el escenario es distinto. Aunque el Gobierno mantiene tensiones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y con la prefecta Paola Pabón, la contienda se perfila entre Muñoz y Jorge Yunda.

El oficialismo no ha impulsado hasta ahora una figura fuerte. El propio Noboa señaló recientemente que las candidaturas de ADN están definidas en un 80%, sin detallar una estrategia clara para Quito.

En Azuay, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene un enfrentamiento político con el Gobierno. Aun así, en esa provincia tampoco se evidencian candidaturas definidas por parte de ADN ni una disputa abierta previa al proceso electoral.

La estrategia para las elecciones

Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia. Para la catedrática de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila, en lo que respecta a las seccionales de 2026, pesará más la agenda estratégica que la temática.

“Adelantar elecciones va en la línea de lo estratégico electoral. Entre los principales beneficiarios estarán aquellos nombres ya posicionados entre asambleístas y ministros”.

Ávila también analiza el escenario en Azuay. Considera que, si el actual alcalde queda fuera de la papeleta, se abrirán opciones para otras candidaturas. 

Aun así, esto no implica necesariamente una ventaja para el oficialismo. “En Azuay, la idea de cualquiera menos Noboa puede imperar por los problemas de ADN en la provincia”, explica.

Nebot reaparece con discurso

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció el fin de semana pasado en una conferencia. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo. 

Sin embargo, sí envió algunas señales políticas. Habló de la seguridad y la justicia. Con esto, reaparece el PSC en Guayas.

Sin embargo, para la experta Pamela León, Nebot no reaparece como candidato, sino como factor de orden en un escenario desordenado. “Eso, en este contexto de ausencia de liderazgos en funciones, es incluso más relevante”. 

Agregó que, cuando una provincia entra a elecciones con vacíos simultáneos en sus principales liderazgos, el sistema político tiende a buscar referencias conocidas que puedan ayudar a estructurar el tablero.

Lo que debes saber

• Sandra Figueroa y su bancada Revolución Ciudadana experimentaron un momento de roce públicio tras denunciar imposiciones y falta de diálogo interno.
  
• La asambleísta cuestionó decisiones sobre una comisión legislativa.
• Su salida evidencia tensiones y fracturas dentro del bloque político.

Sandra Figueroa, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), manifestó este 15 de abril en la Asamblea Nacional diferencias dentro del bloque. La legisladora explicó que esto responde a diferencias en la forma de manejar la política dentro de la bancada. El hecho se produjo en medio de tensiones por la conformación de una comisión legislativa. Su intervención dejó en evidencia fracturas internas en el movimiento, aunque ella luego negó que dejara la bancada. 

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Durante su intervención, Figueroa cuestionó directamente la actitud de sus compañeros de bancada. “Me molesta esta actitud… esto no es escuela, no es la vecindad del pueblo, ¿qué les pasa?”, expresó con evidente incomodidad. También apeló al contexto social del país al decir: “la gente afuera se muere… trabajemos, dejémonos de esto”. Su mensaje estuvo cargado de reclamos sobre la falta de acuerdos.

La legisladora también defendió su postura frente a la imposición de nombres dentro del bloque. “No estoy de acuerdo… en que si no es fulano, no es nadie, eso está mal”, señaló. A pesar de ello, reconoció que aceptó decisiones internas por disciplina política. “Si voy a tener que soportar una persecución, lo haré”, agregó.

Crisis interna en la RC: tensiones por designaciones

Figueroa relató que fue designada como integrante de una comisión calificadora con 82 votos, pese a no estar presente físicamente. Explicó que la decisión se tomó mientras participaba de forma virtual. Posteriormente, al regresar a Quito, su bancada le pidió renunciar a la comisión. La solicitud respondía a que el bloque había impulsado a otro legislador.

“Mi bancada… había emocionado al compañero Franklin Samaniego y que… tenía que renunciar. Fue lo que hice inmediatamente”, detalló. Sin embargo, en conversaciones posteriores se planteó la posibilidad de que continuara en el cargo. Incluso se habló de trabajar con asesoría del mismo Samaniego.

Pese a ese intento de acuerdo, las diferencias se profundizaron dentro del bloque. “No tuvimos un acuerdo al respecto”, afirmó. Finalmente, decidió ratificar su renuncia ante la falta de una resolución clara. La situación evidenció una falta de coordinación interna.

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Renuncia marcada por desacuerdos y falta de consenso

La asambleísta también respondió a rumores sobre un posible cambio de bancada. Negó tajantemente esa posibilidad y reafirmó su identidad política. “Soy una mujer… revolucionaria… jamás he pensado cambiarme”, sostuvo. Recalcó que su salida no implica un cambio ideológico.

Figueroa explicó que su comportamiento cordial con otros actores políticos no debe interpretarse como una traición. “Mientras un colega me salude… yo le voy a contestar el saludo”, dijo. Insistió en que mantiene principios claros dentro de su accionar político.

Además, dejó claro que su permanencia en la RC era una convicción personal. “Si yo aquí entré por la revolución, yo me quedo por la revolución”, afirmó. Sin embargo, reconoció que las diferencias internas hicieron insostenible su continuidad en el bloque.

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Figueroa insiste en respeto y gobernabilidad en la Asamblea

En su intervención final, la legisladora hizo un llamado a mejorar la convivencia política. Solicitó que exista diálogo y acuerdos dentro de la bancada. “Llegue a coordinación con la bancada… solo para que exista una gobernabilidad”, pidió. Su mensaje apuntó a la necesidad de estabilidad interna.

También enfatizó la importancia del respeto entre colegas, incluso en medio de diferencias. “Respeto… fue lo que pedí hoy”, recordó. La falta de ese elemento, según explicó, fue uno de los factores que detonaron la crisis.

Finalmente, Figueroa cerró su intervención con un tono crítico pero reflexivo. Señaló que la política no debe manejarse con imposiciones ni divisiones. “Así no se maneja la política”, concluyó. Su salida deja abierta una nueva etapa en la dinámica del bloque legislativo.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debes saber 

• El IESS anunció una nueva compra millonaria de medicinas para hospitales en Ecuador. 
• Sin embargo, no se han detallado centros beneficiarios ni el impacto real en el abastecimiento.
• Persisten dudas sobre distribución, cobertura y control del stock en las unidades médicas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició la tercera compra centralizada de medicamentos en Ecuador este 15 de abril, con una inversión superior a $4,8 millones para abastecer a 102 unidades médicas a escala nacional. La entidad informó que el proceso busca garantizar la continuidad en la atención de los asegurados, en medio de constantes cuestionamientos por desabastecimiento.

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Según el IESS, en una primera fase se adquirirán 33 tipos de medicamentos de alta rotación destinados a tratar enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones dermatológicas, hemofilia e hipertensión. Este anuncio fue difundido a través de sus redes sociales oficiales como parte de su estrategia institucional.

La institución detalló que se prevé la compra de 182.741.730 unidades de medicamentos, cuya distribución se realizará en ocho entregas programadas en distintos establecimientos de salud. La primera entrega está prevista para la última semana de abril, aunque no se precisaron mayores detalles logísticos.

Falta de detalles sobre distribución y cobertura del abastecimiento

Hasta el momento, la información difundida por el IESS no especifica a qué centros de salud serán distribuidos los medicamentos ni qué porcentaje de la demanda nacional cubrirá esta compra. Tampoco se ha aclarado si el volumen anunciado responde a un diagnóstico actualizado del déficit existente en hospitales.

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EXPRESO solicitó una entrevista con el presidente del IESS, Bernardo Córdovez, para profundizar sobre el alcance real de esta compra centralizada, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial. El silencio deja abiertas interrogantes clave sobre la ejecución del proceso.

La falta de datos sobre tiempos efectivos de abastecimiento, criterios de distribución y priorización de pacientes genera incertidumbre en torno a la eficacia de la medida. Aunque el anuncio apunta a fortalecer el sistema, no se detallan mecanismos de control ni seguimiento del stock en las unidades médicas.

Lo que debes saber 

• Viviana Veloz cuestiona que Inés Manzano evite comparecer tras los apagones en Ecuador.
• Advierte posibles trabas en la Asamblea para frenar la fiscalización del caso. 
• La ministra ofreció disculpas y anunció cambios en el sector eléctrico.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, cuestionó este 15 de abril, la falta de rendición de cuentas de la ministra Inés Manzano tras los recientes cortes de energía registrados en varias provincias del país. La legisladora se refirió al escenario político dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador y advirtió posibles obstáculos en el proceso de fiscalización.

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Durante su pronunciamiento, Veloz aseguró que la ministra debería comparecer ante el pleno, aunque consideró poco probable que esto ocurra debido a la correlación de fuerzas políticas. “La ministra debe acudir al pleno. Ahora, lo improbable es que venga porque ustedes saben que la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo”, señaló la legisladora.

Además, anticipó que incluso si se logra una convocatoria desde la Comisión de Garantías Constitucionales, podrían presentarse mecanismos para evitar el avance del proceso. “También sabemos que no van a asistir o que lo más probable es que se inventen un procedimiento nuevo como sucede en todos los casos de fiscalización”, afirmó.

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Veloz también cuestionó que los procesos de control político terminen siendo trasladados a otras instancias sin resultados concretos. Según dijo, estos casos suelen ser derivados a otras comisiones donde “lo guarden en un cajón y no pasa absolutamente nada”, en referencia a prácticas que, según su criterio, debilitan la fiscalización legislativa.

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos por los apagones registrados recientemente, que afectaron a ciudadanos en distintas zonas del país. La polémica se intensificó luego de que la ministra Manzano ofreciera disculpas públicas por lo ocurrido.

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En un mensaje difundido el 14 de abril, Manzano reconoció fallas en la gestión de las decisiones técnicas relacionadas con el sistema eléctrico. “Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos”, expresó.

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La ministra explicó que las acciones realizadas respondían a mejoras en infraestructura y reducción de pérdidas técnicas, pero admitió que la ejecución afectó a la población. “No se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar”, sostuvo en su pronunciamiento.

En ese contexto, también anunció que habrá una nueva plana mayor en el CENACE y en CNEL, como parte de los ajustes tras los incidentes registrados en el sistema eléctrico nacional.

Finalmente, Manzano reiteró sus disculpas públicas por los cortes y la falta de información oportuna. “Nuevamente reitero mis disculpas, porque esto no debió hacerse de manera desinformada, y con retrasos”, concluyó, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos políticos y demandas de explicaciones.

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El sistema permite verificar datos básicos como provincia, cantón, parroquia y zona electoral asignada, información clave para organizar la jornada de votación prevista para el 29 de noviembre de 2026.

¿Cómo verificar tu registro electoral?

El proceso es digital. Estos son los pasos:

¿Qué debes tomar en cuenta?

El registro no detalla aún el recinto ni la Junta Receptora del Voto, sino la zona donde sufragarás. Además, el CNE mantiene habilitados servicios complementarios, como el cambio de domicilio electoral, la inscripción de extranjeros o la actualización de datos, tanto en línea como en sus delegaciones provinciales.

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La verificación oportuna del padrón es clave en un contexto de calendario electoral ajustado, marcado por el adelanto de los comicios seccionales. 

El organismo también recordó que hasta el próximo 17 de abril de 2026 estará habilitada la posibilidad de registrar el cambio de domicilio electoral. Si el trámite se realiza hasta esa fecha, la modificación regirá para las seccionales de 2026.

El organismo electoral señaló: “En cumplimiento del calendario electoral, este viernes 17 de abril culminará la campaña de cambios de domicilio electoral, inscripción de extranjeros y habilitación del Registro Electoral Pasivo, disponible en modalidad virtual a través de la página web institucional; o de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales y en los puntos habilitados a escala nacional”.

Lo que debes saber

• Asamblea sesionó 11 veces fuera de Quito desde 2025, priorizando a Guayaquil como sede principal.
• Cada sesión en provincias cuesta 30.000 dólares; el gasto total estimado asciende a 330.000 dólares.
• El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, defiende el gasto para acercar el Legislativo a ciudadanos

La Asamblea Nacional de Ecuador ha trasladado su labor legislativa fuera de su sede habitual en Quito en al menos once ocasiones desde su instalación en 2025. Bajo la gestión del oficialista Niels Olsen, el Legislativo ha priorizado a Guayaquil como el destino principal para sesionar, argumentando un acercamiento con la ciudadanía. Sin embargo, esta estrategia implica un desembolso significativo de recursos públicos, con un costo estimado de 30.000 dólares por cada jornada en provincias.

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Guayaquil: destino preferido de la Asamblea Nacional

De acuerdo con las convocatorias a las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional se ha trasladado a Guayaquil en al menos siete ocasiones, con motivo de sesiones solemnes y para la aprobación de leyes clave, como la polémica reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de iniciativa del presidente Daniel Noboa.

Cronología de sesiones en Guayaquil:

Cuenca y Machala, los otros destinos

Aunque Guayaquil ha sido el destino preferido, no ha sido el único. Según las convocatorias a sesiones plenarias, la Asamblea también ha sesionado desde 2025 en Cuenca, provincia del Azuay, y en Machala, provincia de El Oro, en al menos cuatro ocasiones.

Las sesiones de la Asamblea Nacional en Cuenca:

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Las sesiones de la Asamblea Nacional en Machala:

El costo de legislar fuera de Quito

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, defendió este 15 de abril de 2026 las sesiones plenarias fuera de Quito. Olsen afirmó que uno de los objetivos del Legislativo es acercar a la ciudadanía al trabajo de los asambleístas.

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Sin embargo, cada sesión fuera de Quito implica costos. Según reveló Olsen, cada sesión plenaria de la Asamblea Nacional fuera de la capital cuesta 30.000 dólares. “Si eso es lo que cuesta para estar más cerca de las personas, es lo que vamos a hacer”, comentó.

Con la cifra revelada por Olsen, se puede estimar que las once sesiones de la Asamblea Nacional fuera de Quito han representado un costo aproximado de 330.000 dólares. Sin embargo, en algunos destinos la Asamblea ha utilizado las mismas locaciones en más de una ocasión, por lo que el valor podría ser menor al estimado.

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En la Revolución Ciudadana se mencionan varios nombres. Uno de ellos es el de Alexandro Tonello, actual viceprefecto de la provincia, ya que Paola Pabón completará su segundo período, en mayo 2027.  

También circula el de la asambleísta Jahiren Noriega, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial de su equipo sobre una eventual candidatura.

El concejal de Quito, Adrián Ibarra, secretario de la RC en Pichincha, señaló que aún están levantando información, para "perfilar a los mejores candidatos". Adelantó que desde la próxima semana y hasta la primera semana de mayo, en la provincia habrá asambleas distritales, para tratar este tema y la reforma al estatuto.

Jorge Yunda sobre su dupla para correr por la Prefectura

La exconcejala de Quito Carla Cevallos ha intensificado su agenda territorial en parroquias de la provincia. El 8 de abril del 2026 participó en actividades en Yaruquí, parroquia rural de Pichincha. En sus redes sociales también informó sobre reuniones con líderes locales.  

Cevallos ya fue candidata a la Prefectura en 2023, en binomio con Jorge Yunda, quien recientemente confirmó su precandidatura a la Alcaldía de Quito.

Consultado por EXPRESO, Yunda señaló que mantiene conversaciones con Carla Cevallos. “Tiene experiencia política y, pese a su juventud, hemos trabajado juntos. Lo definiremos en los próximos días”, afirmó. El exalcalde indicó además que participará en los comicios con el movimiento Centro Democrático.

Por su parte, Cevallos sostuvo que su eventual participación está en fase de análisis. “Estamos en un proceso serio de diálogo y construcción junto a nuestro equipo. Participar en una elección no es una decisión ligera, sino un compromiso con la provincia”, indicó. Añadió que cualquier definición se tomará en función de “la oportunidad real de aportar al desarrollo de Pichincha”.

¿El oficialismo postulará a un ministro?

En el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, también se revisan nombres. Entre ellos  el del ministro de Trabajo, Harold Burbano, como posible aspirante a la Prefectura.

El domingo 12 de abril, Burbano participó en una actividad con dirigentes barriales en Conocoto junto a la ministra de Gobierno, Natali Morillo; Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino; y el concejal afín, Michael Aulestia. El encuentro fue difundido en sus redes sociales, como una evidente señal de búsqueda de posicionamiento político de cara a las seccionales.

Este medio consultó al Director de Comunicación del Ministerio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta.

En la cuenta de Instagram del Ministerio de Gobierno, junto a las fotos, se leía: "En Conocoto se mantuvo un diálogo con los moradores para escuchar sus requerimientos y poder dar respuestas con acciones concretas".

Las redes sociales de Pinto 

• La funcionaria retiró un reel de sus redes sociales donde recorría el Museo del Prado.
• La agenda internacional contrasta con la delegación oficial que tiene sobre el Ministerio de Salud.
• Es la segunda vez en el mes que depura sus plataformas tras recibir cuestionamientos ciudadanos.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, retiró de sus plataformas digitales un video promocional sobre su reciente visita al Museo del Prado en Madrid, España. La acción digital se ejecutó horas después de que la publicación detonara una ola de cuestionamientos ciudadanos frente a la desconexión entre su agenda internacional y el deficiente sistema hospitalario que opera en Ecuador.

Política

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Un patrón en la estrategia digital

En noviembre de 2025, el Ejecutivo delegó a Pinto la conducción estratégica y temporal del Ministerio de Salud Pública (MSP). No obstante, mientras en sanatorios de Guayaquil los pacientes renales exigen climatización básica para no suspender sus tratamientos de diálisis, la funcionaria difundía un audiovisual documentando modelos de gestión cultural y evaluando tecnologías inmersivas 3D para el Museo Nacional.

El contraste entre la emergencia sanitaria local y la agenda europea —que incluyó reuniones académicas y citas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)— capitalizó el rechazo de los usuarios, forzando la eliminación del 'reel'.

Semanas atrás, Pinto también borró de sus cuentas oficiales un clip donde aparecía en un columpio con un fondo musical de la artista ecuatoriana Pamela Cortés. Ese material fue calificado en su momento como indolente ante el desabastecimiento de insumos médicos en los dispensarios del IESS y del MSP.

Hasta el cierre de esta publicación, la Vicepresidencia no ha emitido un pronunciamiento que justifique el retiro del material audiovisual. 

Guayaquil

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Lo que debes saber

• Candidata colombiana promete llamar a Noboa y pedir la eliminación de aranceles: la guerra comercial entra de lleno en campaña presidencial
• Paloma Valencia arremete contra Petro y ofrece alianza con Noboa para combatir el narcotráfico.
• El presidente Daniel Noboa ya había anunciado que dialogará con un futuro gobierno en Colombia.

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia también marca la campaña hacia la Presidencia del vecino país. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ofreció que, en caso de ganar, la primera llamada será al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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Empresarios de Ecuador piden subsidio temporal para mermar efectos de la tasa del 100 %

Lisbeth Zumba

Este 16 de abril de 2026 se difundió un video en la plataforma oficial del Centro Democrático en YouTube. Valencia, junto al expresidente colombiano Álvaro Uribe, estuvo en Ipiales, en la frontera sur de Colombia. Allí, la candidata presidencial arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

“Es inaceptable que el Gobierno (de Colombia), cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes, transportadores y a la economía de Nariño (…) Petro escogió a la delincuencia”, señaló Valencia ante un grupo de personas.

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También se refirió a Cepeda y dijo: “Iván Cepeda, que ha sido el papá de la paz total, aquí le hacen manifestaciones y yo me pregunto: ¿será que Nariño no está sufriendo lo del Cauca? ¿Será que aquí no están reclutando a los niños?”.

¿Qué dijo Valencia sobre el presidente Daniel Noboa?

La candidata presidencial también planteó propuestas en Nariño. Dijo que una de las medidas que tomará será la militarización de la vía Cali–Popayán–Pasto, con el objetivo de frenar la violencia.

Luego se refirió a Noboa: “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa. Le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo”, aseguró Valencia.

También señaló que, tras anunciar un trabajo conjunto, pedirá que Ecuador retire los aranceles impuestos en medio de la pugna entre ambos países. Aseguró que con ello se reactivará el comercio.

Además, ofreció que durante su mandato Colombia se sumaría al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Cabe recordar que Ecuador actualmente forma parte de esta iniciativa.

Un mensaje de ida y vuelta en medio de la campaña electoral

Las declaraciones de la candidata del Centro Democrático llegan semanas después de que el presidente Daniel Noboa decidió incrementar al 100 % el arancel para la importación de productos colombianos.

El 9 de abril de 2026, el mandatario ecuatoriano escribió en su cuenta de X: “Desde que tomamos esta medida (imposición de aranceles), en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.

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Eduardo Carmigniani sobre el caso GRANASA: "Intentan doblegar la línea editorial del diario"

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La reacción se produce luego de que la SIP conociera sobre la denuncia penal por presunta asociación ilícita contra varios directivos del medio de comunicación, que en julio cumplirá 53 años de fundación. La acción fue interpuesta por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio, en el marco de una disputa por el control del 40% del paquete accionario de la compañía.

Entre los señalados constan Ingrid Martínez Leisker, hija del fundador de GRANASA, quien ha alertado que la Superintendencia de Compañías busca despojarla de sus acciones. La denuncia, presentada ante la Fiscalía del Guayas, también incluye al presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, así como al accionista José Gabriel Martínez Castro, al abogado Eduardo Carmigniani Valencia; al director de EXPRESO, Carlos Alfonso Martínez; Felipe Eduardo Terrero Martínez y Michelle Andreina Villamar Guerrero.

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Figuras políticas denuncian "silenciamiento" en el caso contra GRANASA

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No es una disputa mercantil, señala la SIP

Según la SIP, el caso no puede analizarse de forma aislada ni limitarse a una disputa mercantil o penal. El organismo sostiene que se trata de un proceso más amplio que combina acciones judiciales, administrativas y regulatorias que podrían incidir en la estructura de propiedad y, eventualmente, en la línea editorial de uno de los principales grupos periodísticos del Ecuador.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que garanticen el respeto irrestricto a los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de expresión. 

Asimismo, la SIP pidió evitar el uso de figuras penales ambiguas o desproporcionadas que puedan derivar en la criminalización del ejercicio periodístico o en la intervención indebida de medios de comunicación.

El ataque judicial genera un grave efecto sobre la libertad de expresión:

“El uso del sistema penal y de los organismos de control para dirimir disputas que involucran a medios de comunicación genera un efecto inhibidor profundamente dañino para la libertad de prensa. Este tipo de acciones no solo afecta a una empresa, sino que envía un mensaje de intimidación a todo el ecosistema informativo”. 

Eso afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

En la misma línea, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, destacó que la independencia editorial no puede verse condicionada por presiones estructurales desde el poder.

Nos preocupa especialmente la acumulación de medidas, administrativas, judiciales y ahora penales que, en conjunto, pueden derivar en una forma indirecta de censura".Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP

Lo que debes saber

• Tensión en la Revolución Ciudadana: Sandra Figueroa rechaza comisión propuesta por ADN y aclara que no dejará su bancada.
• Reclamos en el Pleno tras nominación de Figueroa a comisión evidenciaron cruces en el correísmo.
• Figueroa se desmarca de ADN y responde a su bancada: “Mi lealtad está con la Revolución Ciudadana”.

¿La Revolución Ciudadana se quedó sin otra legisladora en la Asamblea Nacional? La correísta Sandra Figueroa aclaró el alcance de su discurso durante la sesión del Pleno realizada la tarde del 15 de abril de 2026.

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El origen del conflicto fue la propuesta de ADN para que Figueroa integrara la Comisión Calificadora de la Iniciativa Popular Normativa denominada “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica”.

El tema no cayó bien en la bancada correísta. Durante el trámite en el Pleno se observó a varios integrantes de ese bloque rodear a Figueroa en medio de reclamos en el tratamiento de ese punto. Fue la propia legisladora quien se refirió a la nominación.

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Figueroa presentó un oficio en el que renunció a integrar dicha comisión. En el Pleno, afirmó: “No puede ser posible que a una persona que lleva muchos años en una bancada, defendiéndola aquí y en la calle, por simplemente haber sido mocionada se pretenda pensar que por eso ya soy morada”.

La referencia evidenció la tensión que se generó al interior del correísmo por su presencia en esa comisión. “Soy leal a mis principios y a Dios. Me molesta esta actitud (en referencia a su bancada)”, añadió.

Mientras Figueroa intervenía, desde el lado derecho del hemiciclo, donde se ubica el bloque de ADN, se escuchaban aplausos. En otro momento, hizo referencia al presidente Daniel Noboa y al Gobierno del expresidente Rafael Correa. Sobre este último, sostuvo que él sí había cambiado Durán.

Aunque el discurso evidenció diferencias internas en la Revolución Ciudadana, la asambleísta utilizó su cuenta de X para aclarar lo ocurrido. “Mi lealtad está con la Revolución Ciudadana y con mi bancada. No pienso salir de estas filas”, escribió tras la sesión.

La legisladora también señaló que, si alguna de sus expresiones había causado descontento, ofrecía disculpas a su bancada. A ese mensaje adjuntó un video de un fragmento de su intervención en el que dice: “No peleen. Trabajemos. Me molesta esto”.

Una referencia a ADN

Figueroa llevó el tema más allá y, a través de X, cuestionó a la bancada oficialista. Escribió: “A ADN le aclaro: cuando hablé de persecución fue porque quizás les molestó mi renuncia a la comisión que me designaron. No se dejen confundir”.

Un antecedente sobre designación a comisiones

Lo ocurrido en la sesión del 15 de abril de 2026 recordó el caso del ahora excorreísta Sergio Peña. En la sesión inaugural del actual Legislativo, su nombre apareció en la lista de integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La nómina con la distribución de los asambleístas en las diferentes comisiones fue elaborada por ADN y contó con los votos de la mayoría que se conformó desde el inicio del actual periodo, por lo que la inclusión de Peña generó sorpresa.

Posteriormente, Peña arremetió contra Luisa González, entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, y contra el líder del movimiento, Rafael Correa. Actualmente se declara independiente, aunque sus intervenciones y votaciones se alinean con el oficialismo.

Lo que debes saber

• Sandra Figueroa y su bancada Revolución Ciudadana experimentaron un momento de roce públicio tras denunciar imposiciones y falta de diálogo interno.
  
• La asambleísta cuestionó decisiones sobre una comisión legislativa.
• Su salida evidencia tensiones y fracturas dentro del bloque político.

Sandra Figueroa, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), manifestó este 15 de abril en la Asamblea Nacional diferencias dentro del bloque. La legisladora explicó que esto responde a diferencias en la forma de manejar la política dentro de la bancada. El hecho se produjo en medio de tensiones por la conformación de una comisión legislativa. Su intervención dejó en evidencia fracturas internas en el movimiento, aunque ella luego negó que dejara la bancada. 

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Durante su intervención, Figueroa cuestionó directamente la actitud de sus compañeros de bancada. “Me molesta esta actitud… esto no es escuela, no es la vecindad del pueblo, ¿qué les pasa?”, expresó con evidente incomodidad. También apeló al contexto social del país al decir: “la gente afuera se muere… trabajemos, dejémonos de esto”. Su mensaje estuvo cargado de reclamos sobre la falta de acuerdos.

La legisladora también defendió su postura frente a la imposición de nombres dentro del bloque. “No estoy de acuerdo… en que si no es fulano, no es nadie, eso está mal”, señaló. A pesar de ello, reconoció que aceptó decisiones internas por disciplina política. “Si voy a tener que soportar una persecución, lo haré”, agregó.

Crisis interna en la RC: tensiones por designaciones

Figueroa relató que fue designada como integrante de una comisión calificadora con 82 votos, pese a no estar presente físicamente. Explicó que la decisión se tomó mientras participaba de forma virtual. Posteriormente, al regresar a Quito, su bancada le pidió renunciar a la comisión. La solicitud respondía a que el bloque había impulsado a otro legislador.

“Mi bancada… había emocionado al compañero Franklin Samaniego y que… tenía que renunciar. Fue lo que hice inmediatamente”, detalló. Sin embargo, en conversaciones posteriores se planteó la posibilidad de que continuara en el cargo. Incluso se habló de trabajar con asesoría del mismo Samaniego.

Pese a ese intento de acuerdo, las diferencias se profundizaron dentro del bloque. “No tuvimos un acuerdo al respecto”, afirmó. Finalmente, decidió ratificar su renuncia ante la falta de una resolución clara. La situación evidenció una falta de coordinación interna.

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Renuncia marcada por desacuerdos y falta de consenso

La asambleísta también respondió a rumores sobre un posible cambio de bancada. Negó tajantemente esa posibilidad y reafirmó su identidad política. “Soy una mujer… revolucionaria… jamás he pensado cambiarme”, sostuvo. Recalcó que su salida no implica un cambio ideológico.

Figueroa explicó que su comportamiento cordial con otros actores políticos no debe interpretarse como una traición. “Mientras un colega me salude… yo le voy a contestar el saludo”, dijo. Insistió en que mantiene principios claros dentro de su accionar político.

Además, dejó claro que su permanencia en la RC era una convicción personal. “Si yo aquí entré por la revolución, yo me quedo por la revolución”, afirmó. Sin embargo, reconoció que las diferencias internas hicieron insostenible su continuidad en el bloque.

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Figueroa insiste en respeto y gobernabilidad en la Asamblea

En su intervención final, la legisladora hizo un llamado a mejorar la convivencia política. Solicitó que exista diálogo y acuerdos dentro de la bancada. “Llegue a coordinación con la bancada… solo para que exista una gobernabilidad”, pidió. Su mensaje apuntó a la necesidad de estabilidad interna.

También enfatizó la importancia del respeto entre colegas, incluso en medio de diferencias. “Respeto… fue lo que pedí hoy”, recordó. La falta de ese elemento, según explicó, fue uno de los factores que detonaron la crisis.

Finalmente, Figueroa cerró su intervención con un tono crítico pero reflexivo. Señaló que la política no debe manejarse con imposiciones ni divisiones. “Así no se maneja la política”, concluyó. Su salida deja abierta una nueva etapa en la dinámica del bloque legislativo.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debes saber

• Veedor denuncia falta de experiencia penal de José De La Gasca y otros 11 candidatos a fiscal.
• Coordinador de veeduría advierte sobre sesgos y apadrinamiento político en concurso del CPCCS.
• Veedores alertan privilegios de información y falta de respuestas a 19 irregularidades críticas del proceso.

El coordinador de la veeduría, Guido Egas, revela en entrevista exclusiva con EXPRESO que impugnará al exministro de Gobierno, José De La Gasca, en el concurso para fiscal general del Estado. Esta medida surge como respuesta inmediata a la denuncia que el exfuncionario del presidente Daniel Noboa presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para solicitar la separación de Egas del proceso.

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Egas, quien también fue veedor del concurso para contralor general, denuncia presiones en el concurso para fiscal general del Estado y un 'favoritismo' del CPCCS hacia ciertos veedores ciudadanos que habrían tenido acceso privilegiado a información sensible. Pese a que reconoce que su cargo peligra, asegura estar dispuesto a acudir hasta la Corte Constitucional para garantizar la legitimidad del proceso y el respeto a la voz ciudadana.

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El exministro José De La Gasca lo denunció en el CPCCS pidiendo su separación del concurso para fiscal general, ¿le tomó por sorpresa?

En un tuit le indiqué al señor De La Gasca que solo el tiempo indicará que los argumentos con los que hice mi pronunciamiento son verdad. Incluso lo invité a encontrarnos en la puerta del CPCCS, pero con su renuncia, porque lo único que él ha hecho es demostrar que las observaciones de la veeduría en cuanto a su postulación son ciertas. Pero no solo es el señor De La Gasca, sino otros varios postulantes que no cumplen con los requisitos.

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¿Se siente con un pie fuera de la veeduría ciudadana?

No. Creo que esto lo que está haciendo es demostrando a la ciudadanía que la veeduría es objetiva e imparcial. Ahora está en manos de los consejeros del CPCCS decirle al Ecuador si están del lado de los ciudadanos y defendernos; o si están del lado del poder, que lo que está haciendo es imponiéndoles situaciones que no están en manos de ellos. ¿Dónde se ha visto que un postulante cuestione evidencias de un ciudadano que hace veeduría? No me he convertido en cómplice de una situación que es clara y evidente.

Usted cuestiona al postulante De La Gasca por una supuesta falta de experiencia, pero él dice que ejerce como abogado desde 2004. ¿En qué fundamenta su crítica?

La normativa solicita que los postulantes tengan experiencia en temas legales correspondientes a la parte penal. El señor De La Gasca presenta certificados de que estuvo en una firma de abogados, que durante un año estuvo con ciertos casos de litigación penal, pero si se van sumando los años, no llegan a los que exige la norma. De hecho, muchos postulantes fueron inadmitidos por este tema, pero la sorpresa es que él pasó este filtro y sigue en el concurso.

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¿Y eso se suma a que fue funcionario del presidente Daniel Noboa?

Los postulantes no tienen que tener ningún tipo de afinidad ni cercanía a ninguno de los poderes del Estado. Cuando uno fue ministro de Gobierno, embajador, condecorado por el presidente, claramente se ve que hay un sesgo, un apadrinamiento de parte del poder actual. Por decir esto es que he recibido esta forma de amedrantamiento, pero debemos perder el miedo si queremos que el país salga adelante.

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Si el CPCCS lo saca de la veeduría del concurso para fiscal general del Estado, ¿tomará alguna acción legal contra De La Gasca o el Consejo?

No descarto ninguna posibilidad porque me respalda la verdad y las evidencias. En el momento en el que se abra la etapa de impugnaciones, yo seré uno de los primeros que estaré haciendo la impugnación no solamente al candidato De La Gasca, sino a alrededor de once candidatos más que no deben estar en este proceso.

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¿Tiene el respaldo del resto de veedores? Su antecesor, Hugo Arteaga, denunciaba que había bandos dentro de la veeduría.

Se ha podido armonizar. Afortunadamente he podido tener cercanía y he podido hablar con ambos bandos, por así decirlo, para concienciarles de que este es un tema nacional. Me atrevería a decir que en este momento los grupos que en algún momento estaban divididos por la influencia del segundo grupo que ingresó, se han unido. Fruto de eso fue mi elección como coordinador de la veeduría ciudadana. Tengo el respaldo no solo de mis compañeros veedores, sino de la ciudadanía en general.

¿La veeduría tiene una verdadera independencia? ¿El CPCCS ha intentado acercarse con algún interés?

Hemos denunciado que sí hay ciertos veedores que tienen privilegios de información. Hace poco, entre gallos y medianoche, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió sobre las impugnaciones de los no admitidos y la sorpresa fue que dos veedores, que sabemos que son del segundo grupo, fueron los únicos invitados a esta reunión que empezó a las 23:00 y terminó casi a la 1:00 del día siguiente.

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La directiva anterior renunció en medio de denuncias de irregularidades en el concurso, ¿qué garantía hay de que usted seguirá en ese puesto?

No voy a renunciar. Iré hasta lo último para que este concurso se encamine bien y si el CPCCS quiere retirarme de la veeduría, lo seguiré haciendo como ciudadano, valiéndome de los mecanismos constitucionales. Si yo veo que mis derechos constitucionales están siendo afectados, haré la demanda correspondiente ante la Corte Constitucional y solicitaré medidas cautelares que impidan que un concurso en el que se está dejando al margen la opinión de los ciudadanos siga avanzando.

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¿Se han tomado los correctivos recomendados en el primer informe de la veeduría, que señalaba al menos 19 nudos críticos del concurso?

Quedó olvidado. Se le dio lectura, pero no se le ha dado tratamiento. Todas las alertas, las evaluaciones y los reclamos que hizo la veeduría han caído en un saludo a la bandera; esa fue una de las razones para que la anterior directiva haya renunciado, como rechazo a la falta de respuestas de todos los oficios de las advertencias que se habían realizado.

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¿Va a insistir al CPCCS como nuevo coordinador de la veeduría?

Sí. He solicitado ya que el CPCCS nos vuelva a recibir para reiterarles estas observaciones y exigirles que den una respuesta, no a la veeduría sino al país. Que rectifiquen en el tema de los postulantes que no cumplieron con los requisitos y sí pasaron a la siguiente etapa, porque eso dice mucho de la calidad del equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección. Este concurso, además de legalidad, debe tener legitimidad, y en este momento no tiene ni lo uno ni lo otro.

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Gasolina más cara en Ecuador: el costo del transporte escolar se encarece

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La Conaie indicó que el incremento de 14 centavos impacta directamente en la vida diaria del país. Aseguró que “eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y, en general, el sostenimiento de la economía de las familias”.

La organización indígena volvió a señalar al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este escenario responde a decisiones del Gobierno de Daniel Noboa, alineadas con los condicionamientos del FMI, en el marco de la política de eliminación de subsidios, sin que existan medidas suficientes para equilibrar su impacto en el transporte popular ni en la producción campesina”.

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Cabe recordar que el último paro indígena, cuyo epicentro fue Imbabura y el norte de Pichincha, se originó por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque hubo paralizaciones en esas zonas por más de un mes, el Gobierno de Noboa mantuvo la medida.

Esta vez, la Conaie no anunció movilizaciones. Aun así, envió un mensaje: “Es urgente avanzar en acciones concretas que garanticen condiciones más justas, protejan al transporte popular, fortalezcan la producción campesina y permitan revisar el actual esquema de precios de los combustibles”.

La organización también manifestó que Ecuador no puede aceptar que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. “De no corregirse este rumbo, las consecuencias sociales serán cada vez más profundas”, concluyó la Conaie.

¿Por qué subió el precio de los combustibles?

En Ecuador rigen nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y diésel desde el 12 de abril de 2026. El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 308, que oficializa el esquema de estabilización de precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo en la economía local.

De acuerdo con la información oficial, estos son los precios de venta al público por galón que rigen en el país:

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?