Lo que debe saber

• El correísmo presentará una nueva solicitud para intentar levar a juicio político a la exministra de Energía de Daniel Noboa, Inés Manzano.
• Ahora, el argumento será su responsabilidad política en la suscripción con la empresa ATM para la compra de generadores de energía.
• Revolución Ciudadana también presentará una noticia criminis por el audio atribuido a Manzano y en el que se nombra a la legisladora Diana Jácome.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la presentación de una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. Esta vez, el correísmo planteará una interpelación por el contrato con Austral Technical Management (ATM) para la compra de generadores de energía.

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"Cuando millones de ecuatorianos teníamos 14 horas de apagones al día, el Gobierno de Daniel Noboa, a través de CELEC EP, regaló 71 millones de dólares a ATM por chatarra inservible", señaló la asambleísta correísta Mónica Palacios.

El anuncio ocurre después de que el pasado 6 de junio de 2026 no se alcanzaran los votos necesarios para calificar la solicitud de enjuiciamiento político impulsada también por el correísmo en la Comisión de Fiscalización. Eso determinó que el proceso no avanzara, pese a que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) había dado luz verde a la solicitud por cumplir los requisitos de forma.

Palacios señaló que los equipos entregados por ATM no tenían la frecuencia requerida para operar en Ecuador. "Eran incompatibles con el sistema eléctrico del país", añadió.

La legisladora cuestionó a Manzano y sostuvo que era la responsable de precautelar los bienes públicos. "Señora Inés Manzano y ecuatorianos, la responsabilidad política no está en firmar o no los contratos. Está en el omitir el salvaguardar los recursos públicos", dijo Palacios.

Como parte de los elementos que presentará el correísmo para sustentar su solicitud consta el pago realizado a ATM, pese a los problemas detectados en los equipos. Además, Palacios se refirió al audio atribuido a Manzano sobre una supuesta coordinación de comparecencias en la Comisión de Transparencia, donde se fiscalizó el caso.

Bloque correísta presentará noticia criminis

El también correísta Lenín Barreto afirmó que el caso ATM es un "hermano gemelo" del caso Progen. Añadió que el perjuicio superaría los 180 millones de dólares entre ambos. En ese contexto, el bloque presentará una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado por el audio atribuido a Manzano, en el que supuestamente conversa con el exviceministro de Energía Fabián Calero.

En dicho audio se menciona a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome. Además, se habla de una coordinación para que representantes de CELEC y Termopichincha comparezcan ante la mesa legislativa.

Cabe recordar que el informe resultante de la fiscalización realizada por esa comisión liberó de responsabilidades políticas a los ministros del ramo, no solo a Manzano, sino también a Roberto Luque, exministro de Energía.

Sobre ese audio, Jácome aseguró que no existe prueba alguna de participación de su parte. Añadió que se trata de una conversación entre terceros. “¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia el pasado 3 de junio de 2026. También señaló que las autoridades deberán corroborar la validez.

Lo que debes saber 

• Mariana Yumbay cuestionó la aprobación de una nueva fiscalización impulsada por ADN en la Asamblea Nacional.
• La legisladora aseguró que el Parlamento ha descuidado el control político y temas urgentes para el país.
• Además, afirmó que algunas decisiones legislativas “pisotean permanentemente la Constitución”.

La asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, cuestionó la aprobación del cambio del orden del día planteado por el legislador de ADN, Andrés Castillo, para iniciar una fiscalización sobre el uso de cámaras de seguridad en Guayaquil. La propuesta recibió el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional este 17 de junio y será tramitada por la Comisión de Seguridad.

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Tras la votación, Yumbay criticó el rumbo que ha tomado la agenda legislativa y aseguró que la Asamblea ha priorizado temas que no responden a las necesidades más urgentes del país. La legisladora sostuvo que mientras se impulsan nuevas investigaciones, persisten problemas relacionados con la inseguridad, la salud y el control político.

Según la asambleísta, gran parte de las sesiones legislativas se han concentrado en modificaciones del orden del día y resoluciones que no generan soluciones concretas para la ciudadanía. En ese contexto, cuestionó que la fiscalización avance en ciertos temas mientras otros casos siguen sin respuestas.

“Del 100% del tiempo creo que más del 80% se han dedicado a cambios de orden del día, a aprobaciones de resoluciones (...) realmente se lleva adelante temas intrascendentes que no sirven para resolver los problemas del país”.Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik

Mariana Yumbay cuestiona las prioridades legislativas

La legisladora afirmó que la Asamblea debería enfocarse en aprobar leyes y ejercer control político sobre asuntos que afectan directamente a la población. A su criterio, la función legislativa ha descuidado tareas fundamentales durante los primeros meses de gestión.

Además, cuestionó que el Pleno haya dedicado parte de su actividad a reconocer la gestión de distintas instituciones del Estado, cuando su papel principal es ejercer fiscalización e independencia frente a otras funciones.

"¿Dónde se ha visto que una Asamblea Nacional, la primera función del Estado que debe gozar de una total independencia, resulta que se pasa reconociendo el trabajo del Ejecutivo, de la Policía, entre otros?".Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik

Para Yumbay, la agenda parlamentaria debería estar concentrada en iniciativas que permitan enfrentar los problemas cotidianos de la ciudadanía y no en asuntos que considera secundarios.

"Lo que deberíamos hacer es viabilizar los proyectos de leyes que va a servir para resolver los problemas del pueblo ecuatoriano de a pie".Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik

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“Fiscalización no se ha hecho nada”

Durante sus declaraciones, la legisladora sostuvo que una de las mayores deudas de la actual Asamblea es la falta de control político. Según dijo, los procesos de fiscalización han sido mínimos pese a las distintas denuncias y cuestionamientos que han surgido en el país.

“Fiscalización no se ha hecho nada, absolutamente nada”.

Yumbay señaló que una de las pocas acciones impulsadas desde el Legislativo fue el caso relacionado con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aunque atribuyó ese avance a la presión ciudadana.

“No se ha hecho absolutamente nada, excepto el caso del señor Godoy del Consejo de la Judicatura, eso por presión del pueblo ecuatoriano”.

La asambleísta también mencionó el caso Progen y aseguró que la Asamblea tenía la obligación de profundizar las investigaciones para transparentar responsabilidades políticas.

“El caso Progen deberíamos haberlo viabilizado en este espacio para lograr la transparentación y que respondan de manera política los responsables”.

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Salud y seguridad entre los temas pendientes

La asambleísta afirmó que la crisis de seguridad y las dificultades para acceder a medicamentos deberían ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda legislativa. En ese sentido, pidió que el Parlamento concentre sus esfuerzos en fiscalizar asuntos que impactan directamente a la población.

Durante su intervención, relató encuentros recientes con pacientes que enfrentan problemas para conseguir medicinas dentro del sistema de salud y advirtió que esta situación continúa afectando a cientos de familias.

“Nos reunimos con varios pacientes que están luchando por acceder a medicinas y no hay”.

Yumbay insistió en que la Asamblea debe recuperar su papel de control político y dirigir sus esfuerzos hacia los temas que más preocupan a los ecuatorianos.

“Son esos temas los que nos debería llevar a trabajar y fortalecer la fiscalización”.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa propuso dialogar con México este 17 de junio para normalizar relaciones.
• Ecuador y México siguen sin relaciones diplomáticas desde la crisis por Jorge Glas en 2024.
• Noboa afirmó que el diálogo con México no incluirá decisiones de la justicia ecuatoriana.

El presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador está dispuesto a conversar con México para reconstruir las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde abril de 2024 tras la incursión policial en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Durante una entrevista concedida a Azteca Noticias, el mandatario sostuvo que Ecuador atraviesa una "nueva etapa" y manifestó su disposición a establecer canales de diálogo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aclaró que cualquier acercamiento deberá respetar las decisiones adoptadas por la justicia ecuatoriana.

Una relación rota desde 2024

Las relaciones entre Ecuador y México se rompieron después de que fuerzas policiales ecuatorianas ingresaran a la sede diplomática mexicana para capturar a Jorge Glas, quien había recibido asilo político por parte del Gobierno mexicano. El hecho generó una condena internacional y llevó a México a romper relaciones diplomáticas con Quito.

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Desde entonces, ambos países han mantenido posiciones enfrentadas sobre la legalidad de la operación. Mientras Ecuador ha defendido sus actuaciones, México ha sostenido que se produjo una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Apertura al diálogo, pero sin cambios de fondo

Las declaraciones de Noboa representan una de las señales más claras de acercamiento emitidas por el Gobierno ecuatoriano en los últimos meses. 

El mandatario afirmó que está dispuesto a conversar con las autoridades mexicanas y buscar mecanismos que permitan normalizar la relación bilateral. No obstante, reiteró que Ecuador no modificará su posición respecto al caso Glas ni a las decisiones judiciales adoptadas en el país.

Las declaraciones se producen en un contexto complejo para la relación bilateral. En abril de 2025, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su país no restablecería relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa continuara en la Presidencia.

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Por ahora, la ruptura diplomática continúa vigente, pero las recientes declaraciones del mandatario ecuatoriano sugieren un cambio en el tono político respecto a uno de los conflictos internacionales más relevantes que ha enfrentado Ecuador en los últimos años.

Lo que debe saber

• ADN impulsó y aprobó un informe de fiscalización en la Asamblea por la compra de 60 trolebuses eléctricos en Quito.
• El asambleísta Xavier Ordóñez argumenta que hubo una especie de bypass para esa compra y habla de sobreprecios.
• Ante consultas sobre la fiscalización al caso Progen, Ordóñez insistió en que eso ya está en manos de la Fiscalía.

El bloque legislativo de ADN busca que la Fiscalía realice actos urgentes para precautelar la información relacionada con la compra de trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito. El asambleísta Xavier Ordóñez acudió al Ministerio Público para entregar la información recabada y, ante los cuestionamientos sobre la fiscalización al caso Progen, arremetió contra uno de los periodistas.

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“Acabo de ingresar un acto urgente para que la Fiscalía empiece a tomar acciones para precautelar toda la información que, seguramente, se va a tratar de desvirtuar, desaparecer o dejar de lado”, señaló Ordóñez.

Con ello se refería a la información relacionada con la compra de trolebuses y al proceso de fiscalización que impulsó, cuyo informe fue aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

En las conclusiones del informe se señala que “el memorándum de acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no operó como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional, sino como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”.

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¿Cuál es el argumento de Ordóñez en el caso?

El documento también especifica que el esquema utilizado no resultó económicamente neutro para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, pues la adquisición no se limitó al valor de los bienes, sino que incorporó costos de implementación, costos indirectos y otras cargas asociadas al funcionamiento del mecanismo adoptado.

El argumento de Ordóñez es que, mediante ese mecanismo, el Municipio de Quito, encabezado por Pabel Muñoz, realizó una especie de bypass para saltarse la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los controles del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

“Los hallazgos que tenemos, por ejemplo, el desvío de fondos a Estados Unidos, la compra con un sobreprecio de más de 100.000 dólares por trolebús lo que suma casi 6 millones de dólares y el haber entregado dineros sin justificación generando intereses para un organismo que no era del Estado”, dijo Ordóñez.

¿Qué busca ADN con el acto urgente en la Fiscalía?

Según Ordóñez, el objetivo principal es precautelar la información del caso. A partir de ello, agregó el legislador, la Fiscalía deberá determinar qué acciones son necesarias para cumplir ese propósito.

“Lo que estoy pidiendo es que se obtenga la información y se la precautele. No he pedido en mi acto urgente un allanamiento. El método de obtención es facultad de la autoridad”, agregó el legislador oficialista.

Cuestionamientos por el caso Progen

En medio de la rueda de prensa, Ordóñez fue consultado sobre el caso Progen. El legislador se mantuvo en la posición oficialista de que su bancada ya fiscalizó ese tema y que de ese proceso surgió un informe de la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome (ADN).

“Está aquí (en relación a la Fiscalía). Aproveche. Entre y pida información de cómo va. Cuando me pongo a investigar lo hago con pruebas. Si hay pruebas están aquí”, señaló.

Además, ante la consulta de que el caso no está siendo investigado en la Asamblea, Ordóñez arremetió contra el periodista Enrique Alcívar y lo acusó de ser amigo del bloque correísta.

“Sus amigos no lo haces. Solo hacen ruedas de prensa para hablar pero nunca presentan documentos”, dijo.

Lo que debes saber

• Estado de excepción rige 60 días en 10 provincias y 3 cantones por seguridad.
• El decreto no incluye toque de queda ni restricciones de movilidad, por ahora.
• Conoce qué derechos pueden limitarse y cuáles se mantienen durante la medida.

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres cantones del país. La medida estará vigente durante 60 días y busca enfrentar los problemas de seguridad vinculados al crimen organizado. 

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Sin embargo, su aplicación genera interrogantes sobre los derechos ciudadanos, las facultades de las autoridades y las restricciones vigentes.

El estado de excepción permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias frente a situaciones como conflictos internos, desastres naturales o graves alteraciones del orden público. Durante su vigencia, algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos de manera temporal y bajo control de la Corte Constitucional.

¿Dónde rige actualmente?

El Decreto Ejecutivo 423 establece la medida en las provincias de:

También incluye a los cantones:

Quito

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¿Hay toque de queda?

No. A diferencia de anteriores estados de excepción, el decreto vigente no establece restricciones de movilidad ni horarios para circular. Las personas pueden desplazarse normalmente durante el día y la noche dentro de los territorios donde rige la medida.

¿Qué derechos pueden ser suspendidos?

El decreto contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia. Esto permite que las fuerzas de seguridad realicen determinadas intervenciones bajo las condiciones establecidas en la declaratoria y en el marco constitucional.

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La suspensión de la inviolabilidad de domicilio permite a las autoridades realizar allanamientos o intervenciones sin seguir el procedimiento ordinario, siempre que la medida esté relacionada con los objetivos del estado de excepción y cumpla criterios de necesidad y proporcionalidad.

¿Qué derechos se mantienen?

Los ciudadanos conservan derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la libertad de expresión, el debido proceso y la posibilidad de presentar acciones legales frente a posibles abusos. La Corte Constitucional ha señalado que las restricciones deben ser temporales y justificadas.

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¿Qué ocurre si se decreta un toque de queda?

En otros estados de excepción, el Gobierno ha suspendido temporalmente la libertad de tránsito mediante toques de queda focalizados. En esos casos se establecen horarios específicos de restricción y excepciones para determinados servicios esenciales.

¿Quién controla que las medidas sean legales?

La Corte Constitucional revisa cada decreto de estado de excepción para determinar si cumple los requisitos establecidos en la Constitución. Además, cualquier actuación de las autoridades puede ser impugnada mediante los mecanismos legales vigentes.

Aunque el nuevo estado de excepción no incluye toque de queda, sí amplía las facultades operativas de las fuerzas de seguridad en las zonas donde rige la medida. El alcance de estas disposiciones y sus resultados seguirán bajo observación de organismos de control, expertos y organizaciones de derechos humanos.

Las claves que debes saber

• CNE cambia liderazgo tras salida de Diana Atamaint; José Cabrera asume antes de elecciones 29 noviembre.
• Fallo del TCE restituyó a Unidad Popular; decisiones generan dudas en partidos políticos.
• Organizaciones cuestionan imparcialidad del CNE; desconfianza persiste pese a nueva mayoría en el organismo.

Dos hechos recientes en la Función Electoral parecían generar un cambio en el Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

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El primero fue el fallo que emitió el 3 de junio la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, con el que anuló la cancelación del movimiento Unidad Popular (UP) que aprobó el CNE.

El otro ocurrió cuando se conformó un nueva mayoría en el Consejo para sacar a Diana Atamaint de la presidencia del CNE y entregar la titularidad a José Cabrera. El movimiento puso fin a casi ocho años de funciones de la ahora expresidenta del organismo, quien ocupó el cargo desde el 2018.

Si bien las autoridades del CNE han sido renovadas, los miembros y representantes de los partidos políticos dudan de que la llegada de Cabrera logre modificar el rumbo del Consejo. Además, consideran poco probable que se recupere la confianza en el organismo, pues estiman que eso dependerá de sus próximas actuaciones.

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Las dudas radican en que las resoluciones que podría adoptar el CNE no solo las decide Cabrera, sino que se aprueban con la mayoría del Pleno, el cual está conformado por el nuevo presidente, Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera y Enrique Pita.

“Las decisiones las toma el cuerpo colegiado. Las resoluciones del CNE no pertenecen a una persona. Vamos a darles un espacio para que puedan hacer las cosas bien. Seguramente el Gobierno impugnará las candidaturas de los que considere opositores y allí la última palabra la tiene el TCE, pero esperamos que el CNE se reivindique ahora que tiene nuevas autoridades”, dice Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC).

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Otro de los inconvenientes para creer en un cambio real es la serie de medidas que se han mantenido en contra de las organizaciones políticas y virtuales precandidatos, como la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC), así como la activación de procesos electorales y judiciales en contra de los alcaldes que hablaron de reelección: Cristian Zamora (Cuenca) y Aquiles Álvarez (Guayaquil).

“Son los mismos consejeros que han sido partícipes de todas las irregularidades. Es bastante complicado creer que podríamos estar frente a un CNE independiente y que actúe en el marco del Derecho y de la Constitución”, señala Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik.

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), coincide con ese criterio. “Desde el año pasado dudamos de la imparcialidad del CNE. Tenemos la hipótesis de que se quiere renovar la imagen de una entidad bastante desgastada, porque los mismos consejeros han votado por las resoluciones. La crítica no es solo a la presidenta, sino a su conjunto. Hay la posibilidad de que consideren que se han excedido en funciones e interpretaciones, pero mientras eso no ocurra, seguimos con las desconfianzas que han provocado los mismos actores”, añade.

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Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye, se expresa en la misma línea: “Esta crisis política solo evidencia que se utilizan los cargos para beneficiar a organizaciones políticas grandes o a los intereses de los consejeros. Hay una reorganización de las fuerzas y condiciones políticas a nivel nacional”.

A pesar del descrédito y aunque fue afectado por las resoluciones del mismo CNE, Giovanni Atarihuana, director de UP, sí espera un cambio.

“Tenemos expectativa de que la nueva dirección ejerza una conducción diferente. Conocemos a José Cabrera, él no estuvo de acuerdo para las ilegalidades contra UP, pero entendemos que recuperar la confianza en el CNE requiere medidas totalmente distintas a lo que hacía Atamaint, como respetar la ley y que haya transparencia. Las alertas de un fraude están prendidas”, considera.

¿Qué opinan los políticos de Ecuador sobre Cabrera?

Alfredo Serrano (PSC): La confianza depende de las actuaciones

“Esperaría que, con la nueva administración del CNE y el liderazgo que debería tener el presidente, estas cosas cambien; que se sometan a la Constitución y a la ley. La confianza dependerá de sus actos, solo así podrán legitimarse en el cargo”.

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“La salida de Atamaint es el triunfo de la opinión pública, se convirtió en una operadora política del actual Gobierno. Tenemos la esperanza de que haya cambios, la gente está alerta. Creo que es muy difícil que el CNE vuelva a actuar ‘a lo Atamaint’”.

Mariana Yumbay (Pachakutik): Hay atención por el proceso de revocatoria de mandato

“Démosles el beneficio de la duda. Veamos cómo trabajan y resuelven temas pendientes como el pedido de los formularios para la revocatoria del mandato de presidente Noboa. Quizá allí tendremos más elementos y certezas de los cambios”.

Gustavo Vallejo (PSE): El CNE debe demostrar el cambio

“Las dudas se dan por lo ocurrido en el pasado, las cosas no cambiarán con un CNE que sigue con la misma composición. Habría una posibilidad si hacen una autocrítica, si tienen actitud democrática y cumplen con sus funciones. Eso debe demostrarse”.

Jorge Peñafiel (Construye): Se estima un cambio sin prorrogados

“Se ha reestructurado ligeramente porque Atamaint no sale, su voto sigue intacto. Seguirán ofreciendo el CNE al poder de turno que, en principio, sigue siendo el oficialismo, a través de Cabrera. Habrá un cambio, cuando ya no exista un CNE prorrogado”.

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Lo que debes saber

• El concurso para fiscal permanece estancado.
• El CPCCS debe resolver observaciones al informe.
• Especialistas alertan sobre efectos institucionales.

En pausa. Así se encuentra el concurso para la selección del nuevo fiscal general, que se inició el 18 de febrero de 2026.

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Las observaciones que frenan el concurso

La fase de recepción de impugnaciones ciudadanas aún no puede iniciar debido a que el informe final de méritos y recalificación no obtuvo aprobación ni rechazo. De acuerdo con el cronograma actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección el pasado 8 de junio, esta etapa estaba prevista para realizarse entre el 16 y el 22 de junio.

Piedad Cuarán Rosero es una de las dos consejeras que votaron en contra de la aprobación del informe, el jueves 11 de junio. En diálogo con EXPRESO, ella sostiene que el documento carece de la debida motivación y evidencia una presunta vulneración de derechos de ciertos participantes, ya que sus reclamos no han sido acogidos. Además, considera que “es un informe que, de alguna manera, está direccionado”.

La consejera espera que el asunto sea tratado en una próxima reunión del Pleno del CPCCS, el miércoles 17 de junio. A su criterio, para que exista una reconsideración, la Comisión Ciudadana de Selección debe subsanar las observaciones planteadas y justificar de manera clara por qué rechaza ciertos pedidos, garantizando así la seguridad jurídica del proceso.

Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS, considera que las observaciones planteadas por Cuarán son válidas y deben ser atendidas antes de que el proceso continúe. A su criterio, los consejeros necesitan contar con todas las explicaciones necesarias para tener la certeza de que el concurso se desarrolla sin irregularidades que puedan afectar su legitimidad.

No obstante, Ulloa sostiene que corresponde al Pleno del CPCCS explicar a la ciudadanía las razones por las que el informe no fue aprobado y adoptar una resolución que permita destrabar el proceso. Para conocer qué acciones impulsará el organismo para reactivar el concurso, EXPRESO solicitó entrevistas, mediante correo electrónico y también por mensajería instantánea, a los siete consejeros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición solo Piedad Cuarán respondió.

Lo preocupante no es solo que el concurso se haya detenido, sino que llega a esta etapa arrastrando dudas sobre su transparencia. El problema pasó a ser institucional.Francisco López, abogado y docente de la UDLA

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El CPCCS frente a las críticas por los retrasos

Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, exconsejera del CPCCS, señala que el organismo debe convocar nuevamente a una sesión y viabilizar una decisión que permita al concurso avanzar hacia las siguientes etapas. En su opinión, mantener el proceso estancado solo profundiza el retraso en la designación de autoridades de control y prolonga la permanencia de funcionarios prorrogados o encargados en distintas instituciones del Estado.

La exconsejera también cuestiona que la paralización del concurso se sume a una serie de retrasos en la designación de autoridades por parte del actual Consejo. Añadió que durante este período, el organismo no ha logrado concretar nombramientos mediante concursos impulsados íntegramente por sus actuales integrantes, sino que ha concluido procesos heredados de administraciones anteriores.

El retraso en los concursos impide la renovación de autoridades y prolonga una crisis institucional. La ciudadanía debe evaluar los resultados de los actuales consejeros.María Fernanda Rivadeneira, exvocal del CPCCS

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Los efectos de la demora en la designación del fiscal

Para el constitucionalista Francisco López, docente de la Universidad de las Américas, la paralización del concurso responde a cuestionamientos que han acompañado el proceso desde su inicio. A su criterio, la demora beneficia a la actual administración de la Fiscalía General del Estado, ya que la falta de una designación definitiva prolonga la permanencia de una autoridad encargada.

Una lectura similar tiene el penalista Pablo Encalada, quien observa una creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso. Según señala, la suspensión de una nueva etapa del concurso reduce aún más el interés público en una designación considerada clave para el sistema de justicia.

Encalada opina que la demora no parece generar mayores costos para quienes se sienten cómodos con la actual conducción de la Fiscalía. Por ello, el jurista advierte que la falta de avances podría prolongarse si no existe voluntad política para destrabar el proceso.

Para Encalada y Ulloa, el principal afectado por la paralización del concurso es el sistema institucional y la confianza de la ciudadanía. López, en cambio, amplía el impacto y sostiene que también resultan perjudicados los postulantes y los ciudadanos, debido a que la demora alimenta los cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

A juicio de Rivadeneira, entorpecer la designación de autoridades solo profundiza el problema de las prórrogas y encargos en instituciones claves del Estado. Por ello, considera que la ciudadanía debe evaluar el desempeño de los actuales consejeros si deciden reelegirse, en función de los resultados obtenidos en materia de designación de autoridades y cumplimiento de sus atribuciones.

El avance del concurso está en manos de la propia Comisión Ciudadana y el CPCCS. No hay factores externos, como denuncias ciudadanas, que justifiquen esta paralización.Hernan Ulloa, expresidente del CPCCS

Mientras la atención del debate legislativo estaba puesta en las sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares, una reforma incorporada al texto final abrió otro frente de discusión: la posibilidad de que la Contraloría General del Estado elimine documentación considerada reservada, secreta o secretísima.

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La disposición fue aprobada como parte de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales de las fuerzas del orden. La normativa recibió el respaldo de 87 legisladores.

El cambio no forma parte del eje principal de la ley. Sin embargo, modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y establece nuevas reglas para el manejo de información clasificada que reposa en el organismo de control.

Reforma a la Contraloría se incluyó en una ley sobre uniformes

El texto aprobado faculta a la Contraloría para destruir archivos físicos y digitales que contengan información catalogada como confidencial, reservada, secreta o secretísima.

La medida alcanza a documentación relacionada con auditorías, exámenes especiales, expedientes institucionales, procesos internos y otras actuaciones desarrolladas por la entidad.

De acuerdo con la norma, la eliminación deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días calendario, mediante una resolución motivada y bajo medidas de seguridad institucional.

Qué información no podrá ser destruida

La reforma también establece excepciones. Quedan fuera de esta facultad los documentos vinculados con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles o administrativas en trámite e indicios de responsabilidad penal que aún no hayan prescrito.

Organización ciudadana cuestiona la medida

La aprobación de esta disposición generó reacciones de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), que advirtió sobre los posibles efectos de la reforma en materia de transparencia y acceso a la información.

En un comunicado, la organización sostuvo que la norma permitiría la destrucción de auditorías, expedientes y otros registros institucionales.

“Esta medida contraviene lo dispuesto en la normativa nacional sobre el derecho ciudadano de acceso a la información pública, control social y desclasificación de información”, manifestó la organización.

La FCD señaló además que la disposición podría entrar en tensión con estándares interamericanos relacionados con la conservación de información pública para garantizar procesos de rendición de cuentas.

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Frente a este escenario, la organización solicitó al presidente Daniel Noboa que analice la reforma antes de su entrada en vigencia.

La fundación exhortó al Ejecutivo a vetar la disposición, al considerar que podría afectar derechos vinculados al acceso a la información pública y al control ciudadano sobre la gestión estatal.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, la ley deberá seguir el procedimiento correspondiente para su sanción o eventual objeción por parte del presidente de la República.

Giro en el caso Progen

• EE. UU. entregó registros judiciales y comerciales bajo cadena de custodia.
• Fiscalía investiga una cuenta en Regions Bank y el nexo de tres altos ejecutivos.
• Roberto Luque deberá rendir su versión el próximo 24 de junio en Quito.

El ministro de Infraestructura y Tecnología, y exministro encargado de Energía, Roberto Luque Nuques, fue notificado oficialmente para rendir la ampliación de su versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal que investiga un presunto peculado en la adjudicación de contratos a la empresa Progen. Además, incorporó formalmente al expediente judicial un paquete de información remitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, marcando una nueva fase en la instrucción fiscal por presunto peculado.

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Investigación ampliada

Según el último impulso fiscal emitido por el Ministerio Público, se dispuso el ingreso al Centro de Acopio del Laboratorio de Criminalística, bajo estricta cadena de custodia, de un dispositivo de almacenamiento (CD). Este material, enviado por las autoridades estadounidenses, contiene registros judiciales e información comercial de código abierto vinculada a la trama de los contratos eléctricos de emergencia.

Para profundizar en estos hallazgos, la Fiscalía amplió la Asistencia Penal Internacional (API N° 0105-2026) dirigida a las autoridades norteamericanas. El objetivo es obtener información societaria detallada de Progen Industries LLC en el estado de Florida, identificando a todos sus accionistas, directores y beneficiarios finales.

Esta convocatoria también responde a una solicitud formal ingresada por Jorge Luis Ortega, abogado defensor de uno de los técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) que actualmente mantiene medidas cautelares por esta causa.

La ruta de los fondos de Celec EP

Según detalló la defensa técnica, el objetivo principal de la comparecencia es que el exsecretario de Estado precise los hechos investigados y transparente los nombres de los funcionarios que, según declaraciones previas emitidas por él mismo en entrevistas televisivas, habrían sido sobornados por representantes de la contratista Progen Industries LLC.

El requerimiento internacional busca establecer la trazabilidad exacta de los recursos públicos. La Fiscalía solicitó a Estados Unidos información específica sobre los fondos transferidos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) a favor de Progen, los cuales fueron recibidos en una cuenta del Regions Bank. Las autoridades buscan identificar cuentas de origen, cuentas destino, firmantes autorizados y movimientos asociados para determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de ese dinero.

En paralelo, la cooperación internacional apunta a localizar y notificar a figuras clave de la multinacional para que rindan su versión telemática. Entre ellos constan Andrew Scott Williamson (representante legal), John B. Manning (CEO) y Helio Costa (exgerente de proyectos para América Latina).

Nueva fecha para Luque

Mientras el rastreo avanza en el exterior, a nivel local se reanudan las comparecencias de ex altos funcionarios. Atendiendo pedidos de las defensas técnicas, la Fiscalía señaló el miércoles 24 de junio de 2026, a las 15:30, para que el exministro de Energía encargado, Roberto Luque Nuques, rinda la ampliación de su versión libre y voluntaria.

En la misma providencia, amparada en el artículo 195 de la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Ministerio Público dispuso la comparecencia de Ana Lucía Patiño Sotamba.

Patiño, quien fungió como secretaria de la Comisión Técnica encargada de los procesos de emergencia, deberá presentarse el mismo 24 de junio a las 14:30. La servidora tiene la disposición legal de detallar las reuniones mantenidas por dicha mesa técnica y especificar quiénes participaron en ellas para viabilizar los acuerdos.

Nuevo estado de excepción desde este 16 de junio

• El Ejecutivo habilitó operaciones militares por 60 días ante el incremento de ataques armados.
• Guayas encabeza el registro nacional de criminalidad con 1.223 homicidios en apenas cuatro meses.
• El ministro del Interior había destacado una baja de muertes violentas hace unas semanas.

El Gobierno Nacional emitió este 16 de junio el Decreto Ejecutivo 423 para aplicar restricciones de movilidad y operativos militares en 10 provincias y tres cantones. Estas áreas administrativas agrupan el 95,3 % de los homicidios intencionales cometidos a escala nacional entre enero y abril de 2026.

Ecuador

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Patrullajes militares para contener crímenes

Pese a que el ministro del Interior, John Reimberg, descartó recientemente recurrir a acciones extraordinarias bajo el argumento de una reducción del 17 % en los índices criminales, la estadística de la violencia obliga a tomar nuevas medidas. Los datos de la Dirección de Estadística y Economía de la Seguridad del Ministerio del Interior reflejan que, en apenas cuatro meses, los territorios ahora intervenidos acumularon 2.648 asesinatos de un total país de 2.778.

Guayas concentra la mayor carga delictiva con 1.223 muertes violentas, seguida por El Oro (359), Manabí (348) y Los Ríos (337). A este bloque costero se suman Esmeraldas (102), Pichincha (98), Santa Elena (61), Sucumbíos (49), Santo Domingo de los Tsáchilas (21) y Azuay (14). A nivel cantonal, la disposición incluye a La Maná, Las Naves (3 crímenes) y La Troncal (33).

El documento legal justifica la declaratoria de grave conmoción interna por la operatividad de estructuras transnacionales y economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la extorsión. La medida rige por un plazo máximo de 60 días, habilitando a las Fuerzas Armadas para ejecutar el control del espacio público y recuperar el orden sin depender exclusivamente de la capacidad operativa de la Policía Nacional.

Presunto juramento a Noboa y Prince

• Una cuenta no oficial de Gmail exigió el evento político a rectores en Guayaquil y Quito.
• Autoridades gubernamentales presentaron una denuncia formal ante las instancias judiciales.
• El material audiovisual difundido exige lealtad hacia la compañía de seguridad Blackwater.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura catalogó como un engaño la instrucción que obligó a estudiantes a recitar proclamas políticas a favor del presidente Daniel Noboa y del empresario estadounidense, Erik Prince . La medida, que quedó registrada en grabaciones difundidas este 16 de junio de 2026, fue orquestada mediante la suplantación de identidad institucional, según denuncia el Gobierno. 

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Origen del acto cívico fraudulento

El origen de la vulneración radica en una directriz enviada a los directores de diferentes planteles escolares en Quito y Guayaquil. El documento adjunto exigía la lectura de consignas, la colocación de afiches en las instalaciones y el envío de evidencia fotográfica del cumplimiento de la disposición.

La titular de la cartera de Estado, Gilda Alcívar, detalló que las órdenes se emitieron desde la dirección de correo electrónico formacion.docente.education.gob.es@gmail.com. Este canal usurpó los nombres de la Dirección de Formación Continua y del Viceministerio de Gestión Educativa para lograr que las autoridades académicas acataran el requerimiento.

En los registros audiovisuales que detonaron la alerta, se observa a grupos de alumnos repitiendo una frase preestablecida que vincula al jefe de Estado con la firma de seguridad privada Blackwater. 

Ante la materialización del hecho en las aulas, la funcionaria descartó cualquier aval oficial y confirmó la presentación de una denuncia para iniciar el rastreo de los responsables informáticos.

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Concejo Cantonal notifica suspensión del alcalde

Cabe recordar que Zamora fue suspendido por seis meses por el TCE el pasado 28 de mayo en primera instancia y tras el recurso de apelación se ratificó la sanción el 9 de junio de 2026.

EXPRESO conoció que los concejales de Cuenca fueron notificados, la tarde de este martes 16 de junio de 2926, por el secretario del Concejo Cantonal que recibió documentación de parte de Zamora que informaba sobre la sentencia ejecutoriada en su contra.

Sin embargo, se puntualiza que la sentencia aún no ha sido notificada de manera oficial desde el TCE, requisito se sería necesario para la designación de un nuevo vicealcalde.

Zamora fue sancionado por el TCE con la máxima sanación, suspensión de derechos políticos, como responsables de violencia política de género en contra de una concejal de Cuenca. La denuncia fue presentada el 6 de marzo de 2026 por la concejal Diana González en el marco de una serie de declaraciones hechas en su contra por parte de Zamora.

González detalló que el conflicto en su contra se intensificó tras una entrevista concedida a un medio digital local en la que fue consultada sobre rumores relacionados con una funcionaria municipal que habría perdido su embarazo luego de un supuesto llamado de atención laboral. La edil relató que en dicha declaracion aclaró que no existía una denuncia formal y afirmó: “mal haría en acusar a una persona sin pruebas”.

Sin embargo, posteriormente Zamora reaccionó públicamente a través de redes sociales y entrevistas digitales. De acuerdo con el expediente del caso, el alcalde publicó mensajes en la red social X calificando como “patraña” las declaraciones de la concejala y asegurando que ella pretendió “imputarle un aborto”.

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La denuncia también señala que durante transmisiones en vivo y entrevistas difundidas en Facebook y TikTok, Zamora utilizó expresiones consideradas despectivas y estereotipos de género.

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Presión a Israel 

a presión de Washington ocurre en paralelo a la inminente firma de un memorando de entendimiento con Irán, programada para este viernes en el complejo suizo de Bürgenstock. La administración norteamericana busca consolidar un acuerdo que prohíba el desarrollo nuclear iraní, mientras intenta contener las intervenciones bélicas de sus propios aliados en la región.

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El mandatario estadounidense calificó de irresponsable el avance de las tropas sobre el Líbano. Durante una reunión bilateral con el emir de Catar, Tamim Ben Hamad Al Thani, sugirió un cambio drástico de actores en la zona de conflicto para frenar la ofensiva contra la milicia chií Hizbulá. "Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, Siria podrá", apuntó.

La postura del bloque del G7 respalda esta exigencia. Los líderes internacionales coinciden en la necesidad de que las fuerzas israelíes se retiren de la zona ocupada para establecer una nueva fuerza multinacional. Este mecanismo busca reemplazar el despliegue actual y permitir al Ejército libanés recuperar el control territorial.

Paz con Irán

Mientras escala la tensión retórica con Israel, el Ejecutivo estadounidense avanza en la formalización de su pacto con Teherán, el cual entraría en vigencia definitiva en un plazo de 60 días. El documento garantiza además el tránsito comercial libre de peajes en el estrecho de Ormuz. Para ejecutar esta última cláusula, se requiere la conformación de una coalición internacional encargada del desminado de la zona acuática. Dicha operación logística aún depende de la autorización formal de los gobiernos de Irán y Omán.

Lo que debe saber

• El viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos genera cuestionamientos en parte de la Asamblea Nacional.
• El correísmo envió un pedido a la Cancillería para conocer los detalles de la agenda en el país norteamericano. 
• En los pedidos está el saber sobre oficios o memorandos que fueron la base para la planificación del viaje oficial.

El correísmo busca información sobre el último viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, remitió un pedido a la Cancillería en el que solicita detalles sobre los objetivos de la gira, las actividades programadas y las reuniones bilaterales mantenidas durante la visita, entre otros aspectos.

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“Hemos enviado un pedido de información dirigido a las autoridades para conocer los detalles reales de la visita oficial del presidente Daniel Noboa por los Estados Unidos”, indicó la legisladora en una publicación en la red social X.

El oficio está dirigido al nuevo canciller, Roberto Kury, y argumenta que es necesario conocer esos detalles “en atención al interés público que reviste la utilización de recursos estatales, la transparencia de los desplazamientos oficiales y la necesidad de verificar el cumplimiento de los principios constitucionales de publicidad y rendición de cuentas”.

¿Qué pide el correísmo?

El oficio señala que se requiere, de manera urgente, íntegra y detallada, información sobre los siguientes temas:

¿Por qué viajó Noboa a EE. UU.?

El último desplazamiento del mandatario ecuatoriano generó polémica debido a que su agenda no fue anunciada con mayor detalle.

El pasado 10 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 418. En ese documento se declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompañaría al mandatario en su viaje oficial a Estados Unidos.

El tema cobró aún más relevancia después de que, en medio de la transmisión del partido entre Ecuador y Costa de Marfil por la fase de grupos del Mundial 2026, el presidente Daniel Noboa apareciera en una toma televisiva.

Tras ese hecho, la Cancillería publicó la agenda que el primer mandatario tenía prevista para el lunes 15 de junio de 2026. Ese día, Noboa se reunió con Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

También mantuvo un encuentro con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Sobre esta última reunión, la Presidencia de la República señaló que el objetivo fue fortalecer los niveles de interoperabilidad táctica entre ambas naciones, diseñar planes conjuntos contra el terrorismo y contribuir a la paz y la seguridad del país.

En la mañana de este martes 16 de junio se tenía previsto realizar una rueda de prensa encabezada por Peñaloza y Zamora con el objetivo de realizar anuncios para la ciudad sobre la transición de la nueva autoridad. Sin embargo, fue cancelada de forma inesperada, sin fijar una nueva hora o fecha para la misma.

Esto dio paso a varias interrogantes sobre el futuro de la administración municipal, sobre cuándo asumirá Peñaloza el cargo y para cuándo se tiene prevista la designación del nuevo vicealcalde.

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¿Qué ocurre en el Concejo Cantonal de Cuenca?

EXPRESO consultó con varios ediles, con la directora de Talento Humano y con el secretario del Concejo Cantonal para conocer sobre estas interrogantes, y los criterios fueron diversos.

Desde la Secretaría del Concejo Cantonal se indicó que, hasta el mediodía de este 16 de junio, el documento oficial de la sentencia ejecutoriada en contra de Cristian Zamora aún no ha sido notificado, impidiendo la sucesión oficial.

Sin embargo, este criterio es contrario al que mantiene la concejal Jenny Bermeo, quien, si bien reconoció la importancia de que el Concejo Cantonal sea notificado de manera oficial, señaló que Zamora habría quedado fuera del cargo de manera automática tras la audiencia de aclaración que se cumplió en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la tarde del lunes 15 de junio. "Estamos a horas de que la alcaldesa Marisol Peñaloza convoque a la sesión extraordinaria para la elección del vicealcalde", reseñó.

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En esto coincide Diana González, edil que denunció al alcalde por violencia política de género, al señalar que todas las partes procesales fueron notificadas pasadas las 18:00 del lunes y que, según consta en la sentencia, Zamora habría dejado de ser autoridad en ese mismo instante.

Para la concejal Mónica Pesántez es urgente recibir la notificación del TCE con la sentencia ejecutoriada para que el Concejo Cantonal continúe con el trámite tanto de la designación de vicealcalde como con la gestión de proyectos que están a la espera de ser tratados.

Este Diario intentó contactar con Peñaloza para consultarle sobre sus funciones, pero no fue posible hasta el cierre de este reporte. Desde su equipo de comunicación se informó que se encontraba atendiendo asuntos personales.

Sobre la designación de un nuevo vicealcalde, los ediles consultados coincidieron en informar que existiría un aparente acuerdo para que Iván Abril ocupe dicha dignidad por el lapso de seis meses que dura la sanción en contra de Zamora.

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Pese a un aparente entendimiento entre los ediles sobre cómo designar a las nuevas autoridades, todos los consultados señalaron que aún existe incertidumbre y desconocimiento sobre el proceso correcto que se debe seguir para no incurrir en incumplimiento de la sentencia.

Consuelo Orellana, directora de Talento Humano, informó que no ha sido notificada sobre el cambio de autoridad para iniciar con la respectiva acción de personal que dejaría sin funciones a Zamora y nombraría con nuevo cargo a Peñaloza. 

¿Qué ocurrió con Cristian Zamora?

Tras una denuncia por violencia política de género, interpuesta por la concejala Diana González, el Tribunal Contencioso Electoral decisión suspender la participación política del alcalde Cristian Zamora por un lapso de seis meses, lo que le deja fuera de su cargo y del proceso de elecciones seccionales para el cual tenía previsto participar el burgomaestre para la reelección.

A la sanción también se sumó una multa de 12.050 dólares y la obligación de recibir educación preventiva en contra de la violencia de género.

La sentencia se conoció el pasado 28 de mayo en primera instancia, fue ratificada el 9 de junio y tras un recurso de aclaración que fue negado quedo en firme la decisión del TCE el lunes, 15 de junio.

Lo que debes saber

• Seis proyectos de ley avanzan en la Asamblea Nacional y podrían generar cambios en temas penales, tecnológicos y económicos.
  
• Cuatro reformas apuntan al COIP, mientras dos iniciativas se enfocan en conectividad e inversión.
• Conozca qué propone cada proyecto y cuáles serán los siguientes pasos en el Legislativo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Mishel Mancheno, calificó seis proyectos de ley que ahora pasarán a trámite en comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Las iniciativas abarcan reformas penales, conectividad digital y mecanismos para promover el desarrollo en sectores estratégicos del país. La decisión se adoptó con base en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa.

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La moción para la calificación de los proyectos fue presentada por el asambleísta Samuel Célleri. Tras la aprobación, los textos serán analizados por las comisiones de Justicia y Estructura del Estado, así como de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Cada mesa legislativa deberá revisar el contenido y elaborar los informes correspondientes.

El avance de estas propuestas marca el inicio de un nuevo proceso de debate en la Asamblea. Los proyectos abordan temas que van desde el endurecimiento de sanciones en delitos específicos hasta medidas para ampliar el acceso a servicios tecnológicos y atraer capitales hacia zonas fronterizas.

Reformas al COIP llegan a la Comisión de Justicia

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibirá cuatro proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las propuestas fueron presentadas por los legisladores Josebeth Jaramillo, Fernando Nantipia, Jhajaira Urresta y Alex Morán. Cada iniciativa plantea cambios en distintas áreas del sistema sancionatorio ecuatoriano.

Uno de los proyectos propone modificaciones al régimen de sanciones relacionadas con conductas vinculadas al tráfico ilícito de flora y fauna silvestres. La propuesta busca revisar las penas aplicables a este tipo de delitos, que afectan la biodiversidad y los ecosistemas del país.

Otra iniciativa plantea endurecer las sanciones por colusión en procesos de contratación pública. Además, se incluye una reforma enfocada en las contravenciones de tránsito por exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol, dos conductas que mantienen preocupación por su impacto en la seguridad vial.

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Penas por documentos falsos y tránsito bajo análisis

Dentro del paquete de reformas también consta una propuesta para fortalecer las penas por falsificación y uso de documentos falsos. El objetivo es revisar las consecuencias legales frente a estas prácticas que afectan la seguridad jurídica y distintos procedimientos administrativos.

Las cuatro iniciativas deberán ser debatidas por la Comisión de Justicia antes de avanzar en el trámite legislativo. Durante esta etapa podrán incorporarse observaciones técnicas, aportes de especialistas y criterios de diferentes sectores involucrados en las materias propuestas.

El análisis de estas reformas ocurre en un contexto de discusión sobre la actualización de normas penales y la necesidad de fortalecer mecanismos de control frente a delitos que generan preocupación pública. Los proyectos aún deberán superar varias etapas antes de convertirse en ley.

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Conectividad rural e inversión extranjera en la agenda económica

Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa tramitará el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La iniciativa fue presentada por el asambleísta Manuel Choro y está enfocada en fortalecer el acceso universal a la conectividad digital.

La propuesta también plantea mejorar los mecanismos de seguimiento y transparencia sobre los servicios de conectividad en zonas rurales, fronterizas y urbano-periféricas del Ecuador. El proyecto busca atender brechas de acceso que persisten en distintos territorios del país.

A esta comisión también llegará el Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar la Seguridad Jurídica e Incentivar la Inversión Extranjera en Zonas de Frontera del Ecuador. La iniciativa, impulsada por el legislador Cristian Benavides, pretende generar condiciones que favorezcan la llegada de inversiones y el desarrollo económico en estas áreas estratégicas.

Lo que debes saber

• Gobierno decreta estado de excepción hoy en varias provincias por aumento de violencia y crimen organizado
  
  
• Ejecutivo activa toque de queda y operativos militares en zonas críticas para frenar homicidios recientes
  
  
• Medida rige por hasta 60 días en provincias afectadas para recuperar orden ante escalada de ataques
  
  

El Gobierno Nacional dispuso este 16 de junio un nuevo estado de excepción en 10 provincias y 3 cantones del país como respuesta a un deterioro sostenido de la seguridad, marcado por el aumento de homicidios, ataques armados y la expansión de estructuras del crimen organizado. 

La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 423, establece un conjunto de restricciones y facultades extraordinarias que buscan recuperar el control del orden público.

Las provincias con la medida

Cantones con la medida

Contexto: violencia y presión criminal

El decreto se sustenta en informes de inteligencia, reportes de seguridad y un recuento de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas. Entre estos se incluyen ataques armados en zonas urbanas, asesinatos en espacios públicos, presencia de bandas vinculadas al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

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Los reportes oficiales citados en el documento identifican la operación de distintos tipos de organizaciones criminales —desde grupos de delincuencia organizada hasta redes transnacionales— vinculadas a economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos.

Además, se detalla un incremento de eventos violentos en provincias de la Costa y otras regiones, con registros de homicidios múltiples, sicariatos y ataques en vías públicas, lo que ha generado alarma social y afectación directa a la vida cotidiana.

Alcance y duración

La medida tiene una duración temporal definida —hasta 60 días, con opción de prórroga— y aplica en las provincias identificadas como focos de mayor conflictividad.

El Ejecutivo argumenta que el estado de excepción responde a una “grave conmoción interna”, figura prevista en la Constitución que permite adoptar acciones extraordinarias cuando la violencia supera la capacidad de respuesta del régimen ordinario.

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El gobierno había descartado la medida

El Gobierno había descartado la posibilidad de aplicar un nuevo estado de excepción o extender las restricciones de movilidad que estuvieron vigentes en varias provincias del país como parte de las acciones contra el crimen organizado.

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La declaración fue realizada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que la nueva fase de la estrategia de seguridad se ejecutará sin recurrir a medidas extraordinarias como el toque de queda.

Lo que debes saber 

• Pacientes con VIH atendidos en unidades del IESS en Quito reportan dificultades para recibir sus tratamientos completos.
• Organizaciones sociales advierten sobre posibles riesgos para la continuidad terapéutica y la salud de los usuarios.
• El pronunciamiento incluye un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas y abrir espacios de diálogo.

Las denuncias sobre la entrega de medicamentos para personas que viven con VIH volvieron a encender las alertas en Quito. Varias organizaciones de la sociedad civil reportaron que usuarios atendidos en unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) continúan enfrentando dificultades para acceder de forma integral a sus tratamientos.

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El pronunciamiento fue difundido el 15 de junio de 2026 y señala que los problemas se registran en centros de atención del IESS en la capital, incluido el Hospital Carlos Andrade Marín y el IESS Sur. Según las organizaciones, la situación persiste pese a que la institución habría informado sobre la recepción de medicación antirretroviral.

La preocupación surge porque, de acuerdo con los reportes recibidos por los colectivos, varios pacientes aseguran que los tratamientos no están siendo entregados de manera completa. Esta situación genera incertidumbre entre quienes dependen de estos medicamentos para mantener la continuidad de su atención médica.

Pacientes con VIH reportan esquemas incompletos en Quito

Las organizaciones indicaron que los reclamos provienen especialmente de usuarios de la Clínica de VIH del Hospital Carlos Andrade Marín. Aunque existirían medicamentos disponibles dentro del sistema de salud, los pacientes sostienen que aún enfrentan dificultades para recibir todos los fármacos prescritos.

En el comunicado se advierte que la disponibilidad de medicinas en bodegas o contenedores no garantiza por sí sola el acceso efectivo al tratamiento. Los colectivos insisten en que la entrega debe realizarse de forma oportuna para evitar afectaciones en la atención de las personas usuarias.

Como parte del pronunciamiento, las organizaciones señalaron: “usuarios de la Clínica de VIH del Hospital Carlos Andrade Marín continúan reportando que no se les entrega su tratamiento”. La declaración forma parte de una alerta pública sobre las dificultades que persisten en el acceso a la medicación.

Política

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Organizaciones advierten riesgos para la salud de pacientes

Los reportes también alcanzan a usuarios del IESS Sur. Según las agrupaciones firmantes, varios pacientes aseguran que no están recibiendo los esquemas completos de medicamentos antirretrovirales necesarios para seguir sus tratamientos de manera adecuada.

Las organizaciones alertan que una interrupción o entrega parcial de los medicamentos puede afectar la adherencia terapéutica. Además, sostienen que la continuidad del tratamiento es un elemento clave para el cuidado de la salud de las personas que viven con VIH.

En el documento difundido públicamente se destaca que “personas usuarias del IESS Sur reportan que no están recibiendo sus esquemas completos”. La advertencia forma parte de una serie de observaciones realizadas por colectivos vinculados a la defensa del derecho a la salud.

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Pedido urgente al IESS por entrega de antirretrovirales

Frente a este escenario, las organizaciones hicieron un llamado para que las autoridades adopten medidas que permitan garantizar el acceso continuo a los medicamentos. El objetivo, señalan, es evitar que los problemas reportados se repitan en los distintos centros de atención.

Los colectivos también solicitaron la apertura de espacios de diálogo entre autoridades, usuarios y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta busca identificar soluciones concretas para los inconvenientes relacionados con la distribución de los tratamientos.

Entre los puntos más contundentes del comunicado consta la frase: “La vida y la salud de las personas que viven con VIH no pueden esperar”. Además, las organizaciones afirmaron que “si los medicamentos existen, pero no llegan a las personas usuarias, estamos frente a una grave inoperancia institucional que debe ser atendida de manera urgente”.

Lo que debes saber 

• La Asamblea Nacional denunció que varios pedidos de información sobre el caso Taisha siguen sin respuesta.
• Dos requerimientos ya excedieron los plazos legales y otros están por vencer.
• La Comisión de Niñez advierte que la falta de datos dificulta el seguimiento de los hechos.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional denunció la falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los pedidos de información relacionados con el caso Taisha y la comunidad de Wampuik. Según informó el organismo, las solicitudes fueron enviadas hace casi dos meses y hasta ahora no existe una contestación oficial.

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Marco Rivera

La preocupación se centra en la información requerida dentro de las facultades de fiscalización que ejerce la Comisión. El organismo sostiene que la ausencia de datos dificulta el seguimiento de los hechos reportados en la zona y limita el avance de las acciones de control político impulsadas desde la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado emitido este 16 de junio de 2026, la Comisión señaló que ha realizado varias gestiones para obtener respuestas. Sin embargo, afirma que los requerimientos continúan pendientes pese a las reiteraciones efectuadas ante las autoridades competentes.

Caso Taisha: cinco pedidos siguen sin respuesta

La Comisión informó que remitió cinco pedidos de información al Ministerio de Salud Pública el 20 de abril de 2026. De acuerdo con el organismo legislativo, ninguna de las solicitudes ha recibido respuesta hasta la fecha, pese al tiempo transcurrido desde su presentación.

Posteriormente se realizaron nuevas gestiones para insistir en la entrega de los datos requeridos.

Además, detalló que se enviaron cuatro insistencias formales dirigidas al Ministerio de Salud Pública. Pese a ello, la información solicitada continúa sin ser entregada, según consta en el pronunciamiento oficial difundido este martes.

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Plazos legales y seguimiento de la Asamblea Nacional

La Comisión advirtió que “dos de los requerimientos dirigidos al Ministerio de Salud Pública ya han superado los plazos legales establecidos sin respuesta”, situación que considera preocupante dentro de los procesos de fiscalización.. Los demás trámites, agregó, se encuentran próximos a vencer, con fecha límite prevista para el 18 de junio.

El comunicado también revela que se realizó un requerimiento al Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. Esa institución sí respondió a la solicitud inicial, aunque posteriormente se remitió una insistencia para ampliar y complementar la información entregada.

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Falta de información preocupa por derechos de niños y adolescentes

La Comisión sostuvo que “la ausencia de información oportuna no solo dificulta el esclarecimiento de los hechos”, sino que también representa un obstáculo para garantizar el monitoreo de derechos en contextos donde están en juego la salud y la integridad de menores de edad.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a las instituciones involucradas para que atiendan los requerimientos pendientes. Además, ratificó que continuará ejerciendo sus facultades de control y fiscalización hasta obtener la información que demandan las familias y comunidades afectadas.

Lo que debes saber

• Suspensión y relevo: El TCE suspendió por 6 meses al alcalde Cristian Zamora por violencia política. La vicealcaldesa Marisol Peñaloza asumirá el cargo de forma subrogante.
  
• Estrategia electoral: A pesar de la sanción, Zamora ya analiza y discute las opciones de cara a las elecciones seccionales para definir el candidato que impulsará en Cuenca.
  
• Distancia del correísmo: El funcionario descartó de forma tajante cualquier alianza con la Revolución Ciudadana, ratificando su postura independiente de centroizquierda.

La suspensión por seis meses de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dictaminada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no solo altera la administración local con la subrogación de la vicealcaldesa Marisol Peñaloza; también acelera las definiciones políticas de cara a los próximos comicios seccionales.

Durante una entrevista este martes 16 de junio en el programa Contacto Directo, el funcionario enfatizó que, aunque acatará el fallo por su postura demócrata, la decisión es "burda e ilegal". Sin embargo, más allá de la sanción, el panorama de la capital azuaya entra en una fase de reconfiguración donde el suspendido alcalde ya empieza a mover sus fichas.

Política

TCE resolverá el recurso de ampliación de la sentencia contra Cristian Zamora

Mónica Jara Chérrez

La estrategia electoral en análisis

Al ser consultado sobre quién impulsará el proyecto político local para la Alcaldía de Cuenca en el siguiente proceso electoral, el funcionario reveló que la estrategia ya se encuentra en marcha, aunque bajo un estricto análisis interno.

"Eso lo estamos discutiendo, lo estamos revisando. Vamos a ver en el proceso de los siguientes días qué se puede realizar", anticipó, señalando que en el momento oportuno dará a conocer el nombre de su eventual postulante o las alianzas definitivas.

Ante la posibilidad de un acercamiento con la Revolución Ciudadana para consolidar una candidatura, el funcionario fue categórico al cerrar esa opción. "Yo no voy a hacer alianzas en ese sentido, yo lo he dicho siempre, yo no pertenezco a ese partido político", afirmó de forma tajante, definiéndose como una figura de centroizquierda que mantendrá una línea independiente en los futuros comicios.

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Apelación rechazada y argumentos de defensa

El origen de este escenario radica en la denuncia por presunta violencia política de género presentada por la concejala Diana González, luego de que el alcalde la llamara "fulana". El funcionario insistió en que sus expresiones fueron una respuesta defensiva ante acusaciones previas de la edil y rechazó que el caso se enmarque en ese tipo de violencia, atribuyendo el proceso a intereses estrictamente electorales. "Este es un tema donde se quería sacar al alcalde con mayor aceptación de la contienda electoral", sostuvo.

Previo a la ejecución de la sanción, el equipo jurídico del funcionario intentó frenar el dictamen mediante un recurso de aclaración, argumentando que el juez de primera instancia desechó una prueba en su argumentación y párrafos después la utilizó como sustento del fallo.

No obstante, la noche del 15 de junio recibió la notificación formal de que el Tribunal no modificaría el fondo de la resolución, dejando el dictamen ejecutoriado y obligándolo a apartarse formalmente de sus funciones.