En la mañana de este martes 16 de junio se tenía previsto realizar una rueda de prensa encabezada por Peñaloza y Zamora con el objetivo de realizar anuncios para la ciudad sobre la transición de la nueva autoridad. Sin embargo, fue cancelada de forma inesperada, sin fijar una nueva hora o fecha para la misma.

Esto dio paso a varias interrogantes sobre el futuro de la administración municipal, sobre cuándo asumirá Peñaloza el cargo y para cuándo se tiene prevista la designación del nuevo vicealcalde.

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¿Qué ocurre en el Concejo Cantonal de Cuenca?

EXPRESO consultó con varios ediles, con la directora de Talento Humano y con el secretario del Concejo Cantonal para conocer sobre estas interrogantes, y los criterios fueron diversos.

Desde la Secretaría del Concejo Cantonal se indicó que, hasta el mediodía de este 16 de junio, el documento oficial de la sentencia ejecutoriada en contra de Cristian Zamora aún no ha sido notificado, impidiendo la sucesión oficial.

Sin embargo, este criterio es contrario al que mantiene la concejal Jenny Bermeo, quien, si bien reconoció la importancia de que el Concejo Cantonal sea notificado de manera oficial, señaló que Zamora habría quedado fuera del cargo de manera automática tras la audiencia de aclaración que se cumplió en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la tarde del lunes 15 de junio. "Estamos a horas de que la alcaldesa Marisol Peñaloza convoque a la sesión extraordinaria para la elección del vicealcalde", reseñó.

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En esto coincide Diana González, edil que denunció al alcalde por violencia política de género, al señalar que todas las partes procesales fueron notificadas pasadas las 18:00 del lunes y que, según consta en la sentencia, Zamora habría dejado de ser autoridad en ese mismo instante.

Para la concejal Mónica Pesántez es urgente recibir la notificación del TCE con la sentencia ejecutoriada para que el Concejo Cantonal continúe con el trámite tanto de la designación de vicealcalde como con la gestión de proyectos que están a la espera de ser tratados.

Este Diario intentó contactar con Peñaloza para consultarle sobre sus funciones, pero no fue posible hasta el cierre de este reporte. Desde su equipo de comunicación se informó que se encontraba atendiendo asuntos personales.

Sobre la designación de un nuevo vicealcalde, los ediles consultados coincidieron en informar que existiría un aparente acuerdo para que Iván Abril ocupe dicha dignidad por el lapso de seis meses que dura la sanción en contra de Zamora.

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Pese a un aparente entendimiento entre los ediles sobre cómo designar a las nuevas autoridades, todos los consultados señalaron que aún existe incertidumbre y desconocimiento sobre el proceso correcto que se debe seguir para no incurrir en incumplimiento de la sentencia.

Consuelo Orellana, directora de Talento Humano, informó que no ha sido notificada sobre el cambio de autoridad para iniciar con la respectiva acción de personal que dejaría sin funciones a Zamora y nombraría con nuevo cargo a Peñaloza. 

¿Qué ocurrió con Cristian Zamora?

Tras una denuncia por violencia política de género, interpuesta por la concejala Diana González, el Tribunal Contencioso Electoral decisión suspender la participación política del alcalde Cristian Zamora por un lapso de seis meses, lo que le deja fuera de su cargo y del proceso de elecciones seccionales para el cual tenía previsto participar el burgomaestre para la reelección.

A la sanción también se sumó una multa de 12.050 dólares y la obligación de recibir educación preventiva en contra de la violencia de género.

La sentencia se conoció el pasado 28 de mayo en primera instancia, fue ratificada el 9 de junio y tras un recurso de aclaración que fue negado quedo en firme la decisión del TCE el lunes, 15 de junio.

Lo que debes saber

• Seis proyectos de ley avanzan en la Asamblea Nacional y podrían generar cambios en temas penales, tecnológicos y económicos.
  
• Cuatro reformas apuntan al COIP, mientras dos iniciativas se enfocan en conectividad e inversión.
• Conozca qué propone cada proyecto y cuáles serán los siguientes pasos en el Legislativo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Mishel Mancheno, calificó seis proyectos de ley que ahora pasarán a trámite en comisiones especializadas de la Asamblea Nacional. Las iniciativas abarcan reformas penales, conectividad digital y mecanismos para promover el desarrollo en sectores estratégicos del país. La decisión se adoptó con base en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa.

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La moción para la calificación de los proyectos fue presentada por el asambleísta Samuel Célleri. Tras la aprobación, los textos serán analizados por las comisiones de Justicia y Estructura del Estado, así como de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Cada mesa legislativa deberá revisar el contenido y elaborar los informes correspondientes.

El avance de estas propuestas marca el inicio de un nuevo proceso de debate en la Asamblea. Los proyectos abordan temas que van desde el endurecimiento de sanciones en delitos específicos hasta medidas para ampliar el acceso a servicios tecnológicos y atraer capitales hacia zonas fronterizas.

Reformas al COIP llegan a la Comisión de Justicia

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibirá cuatro proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las propuestas fueron presentadas por los legisladores Josebeth Jaramillo, Fernando Nantipia, Jhajaira Urresta y Alex Morán. Cada iniciativa plantea cambios en distintas áreas del sistema sancionatorio ecuatoriano.

Uno de los proyectos propone modificaciones al régimen de sanciones relacionadas con conductas vinculadas al tráfico ilícito de flora y fauna silvestres. La propuesta busca revisar las penas aplicables a este tipo de delitos, que afectan la biodiversidad y los ecosistemas del país.

Otra iniciativa plantea endurecer las sanciones por colusión en procesos de contratación pública. Además, se incluye una reforma enfocada en las contravenciones de tránsito por exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol, dos conductas que mantienen preocupación por su impacto en la seguridad vial.

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Penas por documentos falsos y tránsito bajo análisis

Dentro del paquete de reformas también consta una propuesta para fortalecer las penas por falsificación y uso de documentos falsos. El objetivo es revisar las consecuencias legales frente a estas prácticas que afectan la seguridad jurídica y distintos procedimientos administrativos.

Las cuatro iniciativas deberán ser debatidas por la Comisión de Justicia antes de avanzar en el trámite legislativo. Durante esta etapa podrán incorporarse observaciones técnicas, aportes de especialistas y criterios de diferentes sectores involucrados en las materias propuestas.

El análisis de estas reformas ocurre en un contexto de discusión sobre la actualización de normas penales y la necesidad de fortalecer mecanismos de control frente a delitos que generan preocupación pública. Los proyectos aún deberán superar varias etapas antes de convertirse en ley.

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Conectividad rural e inversión extranjera en la agenda económica

Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa tramitará el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La iniciativa fue presentada por el asambleísta Manuel Choro y está enfocada en fortalecer el acceso universal a la conectividad digital.

La propuesta también plantea mejorar los mecanismos de seguimiento y transparencia sobre los servicios de conectividad en zonas rurales, fronterizas y urbano-periféricas del Ecuador. El proyecto busca atender brechas de acceso que persisten en distintos territorios del país.

A esta comisión también llegará el Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar la Seguridad Jurídica e Incentivar la Inversión Extranjera en Zonas de Frontera del Ecuador. La iniciativa, impulsada por el legislador Cristian Benavides, pretende generar condiciones que favorezcan la llegada de inversiones y el desarrollo económico en estas áreas estratégicas.

Lo que debes saber

• Gobierno decreta estado de excepción hoy en varias provincias por aumento de violencia y crimen organizado
  
  
• Ejecutivo activa toque de queda y operativos militares en zonas críticas para frenar homicidios recientes
  
  
• Medida rige por hasta 60 días en provincias afectadas para recuperar orden ante escalada de ataques
  
  

El Gobierno Nacional dispuso este 16 de junio un nuevo estado de excepción en 10 provincias y 3 cantones del país como respuesta a un deterioro sostenido de la seguridad, marcado por el aumento de homicidios, ataques armados y la expansión de estructuras del crimen organizado. 

La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 423, establece un conjunto de restricciones y facultades extraordinarias que buscan recuperar el control del orden público.

Las provincias con la medida

Cantones con la medida

Contexto: violencia y presión criminal

El decreto se sustenta en informes de inteligencia, reportes de seguridad y un recuento de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas. Entre estos se incluyen ataques armados en zonas urbanas, asesinatos en espacios públicos, presencia de bandas vinculadas al narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

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Los reportes oficiales citados en el documento identifican la operación de distintos tipos de organizaciones criminales —desde grupos de delincuencia organizada hasta redes transnacionales— vinculadas a economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos.

Además, se detalla un incremento de eventos violentos en provincias de la Costa y otras regiones, con registros de homicidios múltiples, sicariatos y ataques en vías públicas, lo que ha generado alarma social y afectación directa a la vida cotidiana.

Alcance y duración

La medida tiene una duración temporal definida —hasta 60 días, con opción de prórroga— y aplica en las provincias identificadas como focos de mayor conflictividad.

El Ejecutivo argumenta que el estado de excepción responde a una “grave conmoción interna”, figura prevista en la Constitución que permite adoptar acciones extraordinarias cuando la violencia supera la capacidad de respuesta del régimen ordinario.

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El gobierno había descartado la medida

El Gobierno había descartado la posibilidad de aplicar un nuevo estado de excepción o extender las restricciones de movilidad que estuvieron vigentes en varias provincias del país como parte de las acciones contra el crimen organizado.

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La declaración fue realizada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que la nueva fase de la estrategia de seguridad se ejecutará sin recurrir a medidas extraordinarias como el toque de queda.

Lo que debes saber 

• Pacientes con VIH atendidos en unidades del IESS en Quito reportan dificultades para recibir sus tratamientos completos.
• Organizaciones sociales advierten sobre posibles riesgos para la continuidad terapéutica y la salud de los usuarios.
• El pronunciamiento incluye un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas y abrir espacios de diálogo.

Las denuncias sobre la entrega de medicamentos para personas que viven con VIH volvieron a encender las alertas en Quito. Varias organizaciones de la sociedad civil reportaron que usuarios atendidos en unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) continúan enfrentando dificultades para acceder de forma integral a sus tratamientos.

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El pronunciamiento fue difundido el 15 de junio de 2026 y señala que los problemas se registran en centros de atención del IESS en la capital, incluido el Hospital Carlos Andrade Marín y el IESS Sur. Según las organizaciones, la situación persiste pese a que la institución habría informado sobre la recepción de medicación antirretroviral.

La preocupación surge porque, de acuerdo con los reportes recibidos por los colectivos, varios pacientes aseguran que los tratamientos no están siendo entregados de manera completa. Esta situación genera incertidumbre entre quienes dependen de estos medicamentos para mantener la continuidad de su atención médica.

Pacientes con VIH reportan esquemas incompletos en Quito

Las organizaciones indicaron que los reclamos provienen especialmente de usuarios de la Clínica de VIH del Hospital Carlos Andrade Marín. Aunque existirían medicamentos disponibles dentro del sistema de salud, los pacientes sostienen que aún enfrentan dificultades para recibir todos los fármacos prescritos.

En el comunicado se advierte que la disponibilidad de medicinas en bodegas o contenedores no garantiza por sí sola el acceso efectivo al tratamiento. Los colectivos insisten en que la entrega debe realizarse de forma oportuna para evitar afectaciones en la atención de las personas usuarias.

Como parte del pronunciamiento, las organizaciones señalaron: “usuarios de la Clínica de VIH del Hospital Carlos Andrade Marín continúan reportando que no se les entrega su tratamiento”. La declaración forma parte de una alerta pública sobre las dificultades que persisten en el acceso a la medicación.

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Organizaciones advierten riesgos para la salud de pacientes

Los reportes también alcanzan a usuarios del IESS Sur. Según las agrupaciones firmantes, varios pacientes aseguran que no están recibiendo los esquemas completos de medicamentos antirretrovirales necesarios para seguir sus tratamientos de manera adecuada.

Las organizaciones alertan que una interrupción o entrega parcial de los medicamentos puede afectar la adherencia terapéutica. Además, sostienen que la continuidad del tratamiento es un elemento clave para el cuidado de la salud de las personas que viven con VIH.

En el documento difundido públicamente se destaca que “personas usuarias del IESS Sur reportan que no están recibiendo sus esquemas completos”. La advertencia forma parte de una serie de observaciones realizadas por colectivos vinculados a la defensa del derecho a la salud.

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Pedido urgente al IESS por entrega de antirretrovirales

Frente a este escenario, las organizaciones hicieron un llamado para que las autoridades adopten medidas que permitan garantizar el acceso continuo a los medicamentos. El objetivo, señalan, es evitar que los problemas reportados se repitan en los distintos centros de atención.

Los colectivos también solicitaron la apertura de espacios de diálogo entre autoridades, usuarios y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta busca identificar soluciones concretas para los inconvenientes relacionados con la distribución de los tratamientos.

Entre los puntos más contundentes del comunicado consta la frase: “La vida y la salud de las personas que viven con VIH no pueden esperar”. Además, las organizaciones afirmaron que “si los medicamentos existen, pero no llegan a las personas usuarias, estamos frente a una grave inoperancia institucional que debe ser atendida de manera urgente”.

Lo que debes saber 

• La Asamblea Nacional denunció que varios pedidos de información sobre el caso Taisha siguen sin respuesta.
• Dos requerimientos ya excedieron los plazos legales y otros están por vencer.
• La Comisión de Niñez advierte que la falta de datos dificulta el seguimiento de los hechos.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional denunció la falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los pedidos de información relacionados con el caso Taisha y la comunidad de Wampuik. Según informó el organismo, las solicitudes fueron enviadas hace casi dos meses y hasta ahora no existe una contestación oficial.

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La preocupación se centra en la información requerida dentro de las facultades de fiscalización que ejerce la Comisión. El organismo sostiene que la ausencia de datos dificulta el seguimiento de los hechos reportados en la zona y limita el avance de las acciones de control político impulsadas desde la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado emitido este 16 de junio de 2026, la Comisión señaló que ha realizado varias gestiones para obtener respuestas. Sin embargo, afirma que los requerimientos continúan pendientes pese a las reiteraciones efectuadas ante las autoridades competentes.

Caso Taisha: cinco pedidos siguen sin respuesta

La Comisión informó que remitió cinco pedidos de información al Ministerio de Salud Pública el 20 de abril de 2026. De acuerdo con el organismo legislativo, ninguna de las solicitudes ha recibido respuesta hasta la fecha, pese al tiempo transcurrido desde su presentación.

Posteriormente se realizaron nuevas gestiones para insistir en la entrega de los datos requeridos.

Además, detalló que se enviaron cuatro insistencias formales dirigidas al Ministerio de Salud Pública. Pese a ello, la información solicitada continúa sin ser entregada, según consta en el pronunciamiento oficial difundido este martes.

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Plazos legales y seguimiento de la Asamblea Nacional

La Comisión advirtió que “dos de los requerimientos dirigidos al Ministerio de Salud Pública ya han superado los plazos legales establecidos sin respuesta”, situación que considera preocupante dentro de los procesos de fiscalización.. Los demás trámites, agregó, se encuentran próximos a vencer, con fecha límite prevista para el 18 de junio.

El comunicado también revela que se realizó un requerimiento al Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. Esa institución sí respondió a la solicitud inicial, aunque posteriormente se remitió una insistencia para ampliar y complementar la información entregada.

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Falta de información preocupa por derechos de niños y adolescentes

La Comisión sostuvo que “la ausencia de información oportuna no solo dificulta el esclarecimiento de los hechos”, sino que también representa un obstáculo para garantizar el monitoreo de derechos en contextos donde están en juego la salud y la integridad de menores de edad.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a las instituciones involucradas para que atiendan los requerimientos pendientes. Además, ratificó que continuará ejerciendo sus facultades de control y fiscalización hasta obtener la información que demandan las familias y comunidades afectadas.

Lo que debes saber

• Suspensión y relevo: El TCE suspendió por 6 meses al alcalde Cristian Zamora por violencia política. La vicealcaldesa Marisol Peñaloza asumirá el cargo de forma subrogante.
  
• Estrategia electoral: A pesar de la sanción, Zamora ya analiza y discute las opciones de cara a las elecciones seccionales para definir el candidato que impulsará en Cuenca.
  
• Distancia del correísmo: El funcionario descartó de forma tajante cualquier alianza con la Revolución Ciudadana, ratificando su postura independiente de centroizquierda.

La suspensión por seis meses de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dictaminada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no solo altera la administración local con la subrogación de la vicealcaldesa Marisol Peñaloza; también acelera las definiciones políticas de cara a los próximos comicios seccionales.

Durante una entrevista este martes 16 de junio en el programa Contacto Directo, el funcionario enfatizó que, aunque acatará el fallo por su postura demócrata, la decisión es "burda e ilegal". Sin embargo, más allá de la sanción, el panorama de la capital azuaya entra en una fase de reconfiguración donde el suspendido alcalde ya empieza a mover sus fichas.

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La estrategia electoral en análisis

Al ser consultado sobre quién impulsará el proyecto político local para la Alcaldía de Cuenca en el siguiente proceso electoral, el funcionario reveló que la estrategia ya se encuentra en marcha, aunque bajo un estricto análisis interno.

"Eso lo estamos discutiendo, lo estamos revisando. Vamos a ver en el proceso de los siguientes días qué se puede realizar", anticipó, señalando que en el momento oportuno dará a conocer el nombre de su eventual postulante o las alianzas definitivas.

Ante la posibilidad de un acercamiento con la Revolución Ciudadana para consolidar una candidatura, el funcionario fue categórico al cerrar esa opción. "Yo no voy a hacer alianzas en ese sentido, yo lo he dicho siempre, yo no pertenezco a ese partido político", afirmó de forma tajante, definiéndose como una figura de centroizquierda que mantendrá una línea independiente en los futuros comicios.

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Apelación rechazada y argumentos de defensa

El origen de este escenario radica en la denuncia por presunta violencia política de género presentada por la concejala Diana González, luego de que el alcalde la llamara "fulana". El funcionario insistió en que sus expresiones fueron una respuesta defensiva ante acusaciones previas de la edil y rechazó que el caso se enmarque en ese tipo de violencia, atribuyendo el proceso a intereses estrictamente electorales. "Este es un tema donde se quería sacar al alcalde con mayor aceptación de la contienda electoral", sostuvo.

Previo a la ejecución de la sanción, el equipo jurídico del funcionario intentó frenar el dictamen mediante un recurso de aclaración, argumentando que el juez de primera instancia desechó una prueba en su argumentación y párrafos después la utilizó como sustento del fallo.

No obstante, la noche del 15 de junio recibió la notificación formal de que el Tribunal no modificaría el fondo de la resolución, dejando el dictamen ejecutoriado y obligándolo a apartarse formalmente de sus funciones.

Lo que debes saber:

• Daniel Noboa anunció compra de medicamentos a India el 24 de mayo del 2026, ese país lidera la lista de registros, pero hay más opciones.
• Otros países que tienen una importante cantidad de medicamentos con registros sanitarios en Ecuador son Colombia, y un poco detrás está Argentina.
• Especialistas recuerdan que se puede comprar a través de la OPS y además que en el mercado hay países que encabezan la innovación y otros, la producción masiva.

Lucía, de 66 años, toma a diario una tableta de Carvedilol de 12,5 mg para tratar su hipertensión arterial. Cuando supo que el presidente Daniel Noboa anunció una gran compra de medicinas a la India, recordó el origen de la caja que recibe.  

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En la caja que le entrega un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se lee “fabricado por Exemed Pharmaceuticals”, una farmacéutica con sede en Gujarat, India, importada y distribuida por Farmabion.

Países con más registros de medicamentos en Ecuador

¿Y qué con la industria nacional de medicamentos?

En ese sentido, Enrique Terán, doctor en Farmacología y catedrático de la USFQ, señala que si bien Ecuador no es un país de innovación farmacéutica (no desarrolla nuevas moléculas), la industria nacional ha mejorado. 

De los cerca de 420 laboratorios existentes, al menos unos 20 cumplen con buenos estándares.Enrique Terán/ doctor en Farmacología

Si se trata de adquirir entre 40 y 50 moléculas de uso cotidiano (como antihipertensivos, antidiabéticos o medicamentos para afecciones respiratorias), los fabricantes nacionales pueden ser una opción, pues son productos de alta demanda en el sistema de salud, dice Terán.

Sin embargo, Terán cuestiona la falta de transparencia sobre la compra internacional. 

Es un misterio qué fármacos se planea traer de la IndiaEnrique Terán/ doctor en Farmacología

Terán explica que importar medicinas desde la India implica que el Estado asuma la cadena logística: desde el transporte hacia Ecuador hasta la custodia, almacenamiento y distribución interna. Esto, dice, no está claramente dentro del ámbito operativo ni del Ministerio de Salud ni de la nueva empresa pública.

A esto se suman riesgos técnicos: deterioro del producto, vida útil corta o caducidad. “Si algo falla, la pérdida la asume el Estado y puede ser a gran escala”. A su criterio, el aparente ahorro en precios podría convertirse en un “búmeran” si no se consideran estos factores.

“Se ha dicho que tendrán aprobación de la FDA, pero no sabemos cuáles son, ni si se comercializan en Estados Unidos. Si la preocupación es la corrupción, se puede negociar de forma directa con el productor, sin intermediarios”.

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Esto dice Mauricio Espinel sobre compras a través de OPS y el mercado farmacéutico

Mauricio Espinel, exdirector nacional de Salud del IESS, subraya que una opción para comprar es a través de los fondos estratégicos y rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Resalta que ha funcionado con la provisión de vacunas, medicamentos esenciales y suministros. 

“Por la economía de escala se logran mejores precios”.

Espinel añade que el mercado farmacéutico global, al que se puede acudir para compras, puede analizarse desde tres niveles. El primero es el de la innovación: países que desarrollan nuevas moléculas, como Estados Unidos, Suiza y Alemania.

El segundo nivel corresponde a los países que producen medicamentos de modo masivo. Sobresalen India y China en la fabricación de principios activos. “Son los ‘campeones’ en producción. En el caso de India, hay miles de empresas dedicadas a este sector”.

En la región señala a Argentina, Brasil y México. En ese marco, Mauricio Espinel precisa que Ecuador ha importado una cantidad importante de medicamentos desde Argentina, mientras que las compras a Brasil han sido menores.

Espinel sostiene que en Ecuador existe “un grupo de intermediarios que dicen ser industria, pero solo maquilan y acaparan el mercado, como un cartel”. Recuerda que cuando fue director del IESS, una intermediaria colombiana le ofreció un biológico que se comercializa en otros países, pero el fabricante se negó a venderlo para Ecuador. “Para cualquier otro país sí, pero para Ecuador no, porque ese cartel tiene el control”, afirma.

La Industria Farmacéutica se pronunció

De su lado, en un comunicado, la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), que representa a la mayoría de laboratorios de innovación, biotecnología y vacunas de Europa, Estados Unidos y Japón en Ecuador, ofreció la capacidad de gestión y provisión de la industria nacional, “que asegura experiencia, calidad y abastecimiento continuo de medicamentos, así como acceso oportuno a terapias innovadoras disponibles en el mercado”.

Además, le reiteró al Gobierno su disposición para cooperar técnicamente con el sector salud y co-implementar soluciones inmediatas y sostenibles de abastecimiento, enfocadas en los pacientes y en fortalecer la confianza en el sistema.

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Los puntos de vista de un exministro y un exviceministro:

Las claves que debes saber

• CPCCS no aprobó el informe y frena concurso para fiscal general en Ecuador.
• Abstención de Roberto Gilbert deja proceso en pausa; Alarcón lidera y seguiría encargado.
• Retraso responde a cálculo político ante elecciones y consulta que cambiaría rol del CPCCS.

El concurso para la selección del nuevo fiscal general es un rompecabezas en el que se cruzan los más variados intereses. Por un lado, ha sido evidente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno y, por eso, ha hecho todo lo posible por favorecer la candidatura de Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado, quien se ha esmerado en complacer al Gobierno y ganarse su favor para poder ser elegido.

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Por otro lado, se habla de un verdadero intríngulis de intereses. En él entra la voluntad de algunos de los actuales consejeros de ser reelegidos en las elecciones de noviembre. 

Asimismo, se menciona que tanto en el Gobierno como en el CPCCS se hacen cálculos ante la llegada de la consulta popular -anunciada por el presidente Noboa, aunque todavía sin fecha definida- que, de ser aprobada, significaría que ese organismo perdería su facultad nominadora, la cual pasaría a la Asamblea Nacional. Si eso ocurre, los actuales vocales perderían prácticamente todo su poder.

Los votos para el informe

Lo único claro es que, hasta ahora, el concurso ha sido fraudulento y ha estado inclinado a favor de Alarcón. A esto hay que agregar lo ocurrido el jueves 11 de junio de 2026, un hecho que nadie vio venir: el CPCCS no pudo aprobar el informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso para la selección del fiscal general definitivo. 

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¿Por qué? Porque uno de los votos con los que la mayoría de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ha venido actuando a sus anchas decidió no respaldar el informe de la comisión calificadora y se abstuvo. Ese voto fue el de Roberto Gilbert.

En la práctica, ese hecho dejó el proceso en pausa, por lo que lo más probable es que todo se demore aún más. ¿Cuánto? Aún no se sabe, pero no sería extraño que todo conduzca a que, ante la proximidad de las elecciones de noviembre y la eventual convocatoria de la consulta popular, el proceso se retrase lo suficiente como para que Alarcón permanezca en el cargo un año o incluso un año y medio más.

La falta de respaldo quedó reflejada en los votos en contra de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, la abstención de Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, lo que frenó el proceso justo antes de que Fantoni iniciara un período de vacaciones hasta julio, dejando la Presidencia encargada a la vicepresidenta Jazmín Enríquez. Es decir, el proceso ha vuelto a quedar estancado.

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¿Quiénes encabezaban el concurso?

Hasta ese momento, la jueza Daniella Camacho lideraba el listado general con 48 puntos. En el bloque de mujeres la seguía de cerca la también magistrada Maritza Romero, con 47,25 puntos. Estas calificaciones corresponden a la evaluación técnica de sus hojas de vida.

Entre los hombres, el actual fiscal subrogante Carlos Alarcón lideraba el puntaje con 46,5 puntos, algo insólito si se considera que difícilmente sus actuaciones como fiscal justifican esa calificación. Le seguían el fiscal Alejandro Montecé Giler y el exjuez Walter Samno Macías, ambos con 46 puntos exactos.

Hay que señalar, sin embargo, que observadores independientes del proceso sostienen que la candidatura de Alarcón fue beneficiada fraudulentamente con 6,5 puntos en la fase de recalificación, lo que lo convirtió en uno de los aspirantes con mayores posibilidades, pues quedó a pocos puntos de la jueza Daniella Camacho. 

Es sabido, además, que Camacho no goza de la confianza del Gobierno, por lo que todo parecería estar organizado para que el ganador sea Alarcón.

La gran interrogante que se abrió el jueves tiene relación con la abstención de Roberto Gilbert. ¿Por qué dejó de votar junto con el Gobierno? Personas cercanas a él afirman que se trata de alguien que difícilmente sigue instrucciones, mientras que observadores del trabajo del CPCCS sostienen que durante la votación se lo notó eufórico y algo inconexo.

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El impacto del voto de Gilbert

En cualquiera de los casos, lo cierto es que la decisión de Gilbert alteró por completo lo que se suponía era el guion establecido: aprobar el informe y continuar con un proceso que, a todas luces, tenía un solo objetivo: escoger a Alarcón.

Entre las posibles respuestas a la pregunta de por qué Gilbert no votó como normalmente lo ha hecho junto con el Gobierno hay una que podría parecer una teoría de la conspiración, pero que tiene cierta lógica: reelegir a Alarcón se está poniendo cuesta arriba; por tanto, sería preferible dejar todo postergado y mantenerlo en el cargo hasta saber qué ocurrirá con las elecciones y con la consulta popular.

Eso significaría que habrá Alarcón por un tiempo más. No mucho, pero sí el suficiente para varias cosas.

Aquí surge otra pregunta: ¿qué le conviene más al presidente Daniel Noboa: un Alarcón elegido para un período constitucional de seis años o un Alarcón prorrogado por algún tiempo?

Obviamente, para el presidente Noboa sería más conveniente un fiscal de bolsillo como Alarcón durante seis años, pues le cubriría las espaldas durante su Presidencia y algunos años después. Sin embargo, no todo indica que eso sea posible. 

Alarcón está haciendo un papelón como fiscal en los casos Sinohydro y Triple A, y eso puede complicar su elección dentro del CPCCS. Más aún, en la etapa de oposición podría aparecer alguien dispuesto a exhibir todas las irregularidades cometidas durante el concurso, así como las malas actuaciones de Alarcón en los casos emblemáticos que lleva adelante.

Entonces, la pregunta ya no es cuál sería la mejor opción para el presidente Noboa, sino cuál es la opción realmente posible. Ahí encaja la alternativa de un Alarcón prorrogado hasta conocer el resultado de las elecciones de noviembre y saber qué ocurrirá con la consulta destinada a quitarle facultades al CPCCS.

¿Entonces la abstención de Gilbert formó parte de una estrategia para mantener a Alarcón en el cargo? Es posible.

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Defensa del exiministro Gonçalves exige a Fiscalía reencauzar la investigación del caso Progen

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Opacidad frente a los recursos públicos

El pronunciamiento de los abogados de Gonçalves responde a la moción conjunta presentada por la estatal ecuatoriana, Astrobryxa Capital LLC y Progen ante la Corte de Tampa, mediante la cual intentan someter a una estricta reserva probatoria los documentos, testimonios y rastros financieros derivados de los fallidos contratos de generación eléctrica firmados durante la emergencia de 2024.

Para la defensa del exministro, los expedientes que se produzcan en el exterior son la vía técnica y procesal principal para identificar a los responsables de la operación y determinar el destino de aproximadamente 104 millones de dólares de los fondos públicos. "La sociedad ecuatoriana tiene derecho a conocer la verdad completa sobre lo ocurrido. Los ecuatorianos merecen transparencia, no secretismo", detalla el comunicado oficial, desmarcándose de la maniobra legal de Celec bajo la premisa de que "el que nada debe, nada teme".

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Celec se une a Astrobryxa y Progen para blindar información del caso en Estados Unidos

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La solicitud de confidencialidad tramitada por la Corporación Eléctrica argumenta que la liberación de los peritajes e información contractual expondría "secretos comerciales" y comprometería la seguridad de los ejecutivos involucrados. La regla solicitada exige que, 60 días después de emitirse un fallo, la totalidad de los datos recabados en el litigio civil sean devueltos o destruidos.

La exigencia de la defensa de Gonçalves de no blindar la evidencia ocurre en medio de la fase de diligencias de la Fiscalía General del Estado. El exministro forma parte de la lista de 21 investigados por su presunta participación en el delito de peculado dentro del denominado Caso Progen, originado tras el incumplimiento en la instalación de las plantas de generación termoeléctrica de Quevedo y El Salitral.

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Exigencias operativas y la postura de Washington

El encuentro se centró en la ejecución de las directrices de la coalición Escudo de las Américas, un frente político y de seguridad instaurado por la administración de Donald Trump en marzo pasado para frenar la migración irregular y neutralizar los flujos de capital del narco.

Durante la fase pública de la cita, el Departamento de Guerra estadounidense reconoció la participación de Ecuador en el desmantelamiento de redes delictivas regionales. Sin embargo, Hegseth emitió un recordatorio de la política de defensa de la actual Casa Blanca: la colaboración se sustenta en que las naciones aliadas asuman su responsabilidad financiera. El funcionario estadounidense enfatizó que para el Ejecutivo norteamericano la prioridad son los países "dispuestos a cargar con su propio peso" dentro del conflicto armado.

Ante el requerimiento de autofinanciamiento, Noboa argumentó que la estrategia estatal apunta a generar ingresos mediante el comercio exterior para sostener el despliegue militar. El primer mandatario indicó que no es partidario de depender de fondos de ayuda internacional, sino de fomentar la inversión extranjera para obtener la rentabilidad que exigen los operativos tácticos en la región.

A nivel local, la Presidencia del Ecuador comunicó mediante sus canales oficiales que la agenda en Estados Unidos busca fortalecer la interoperabilidad táctica entre las fuerzas del orden y estructurar planes de contención frente a las mutaciones de las organizaciones catalogadas como terroristas, que operan en las áreas urbanas y fronterizas del país.

Justicia

Caso Monika Silva: esperan peritos internacionales para una nueva necropsia

Joffre Lino

La solicitud de asistencia diplomática responde a un pedido del Ministerio del Interior para intentar inyectar rigor técnico al esclarecimiento del deceso. Según el documento oficial emitido por la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina aceptó la petición y designó a los especialistas forenses para que auditen los procedimientos en territorio ecuatoriano.

De manera paralela, el Estado remitió una solicitud formal a las autoridades de Polonia, país de origen de Silva, y se encuentra a la espera de una confirmación para adherir a sus especialistas a la mesa de investigación.

Contradicciones en la versión oficial

La gestión de cooperación internacional se ejecuta apenas días después de que el ministro del Interior, John Reimberg, instaurara públicamente la hipótesis de un suicidio motivado por supuestos cuadros depresivos. Esta aseveración se emitió de forma preliminar, sobrepasando las competencias de la Fiscalía y antes de contar con un informe forense concluyente.

La versión oficial chocó de inmediato con el historial de la víctima. Mónika Silva, presidenta de la Fundación La Integridad, reportó meses atrás amenazas directas contra su vida tras fiscalizar presuntos esquemas de tráfico de tierras en Santa Elena. Entre los expedientes que la ciudadana extranjera documentó figura la fallida venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad, además de alertar sobre la instalación de cámaras clandestinas de videovigilancia cerca de su vivienda.

Política

Las insolentes mentiras de John Reimberg

Roberto Aguilar

Ante la presión de colectivos civiles y las inconsistencias de la escena, la Fiscalía General del Estado asumió el caso bajo el protocolo de investigación de muertes violentas.

Lo que debe saber

• Tras la salida de Niels Olsen, otros legisladores cercanos al oficialismo podrían dejar sus curules para buscar prefecturas y alcaldías.
• Andrés Guschmer, Arianna Burgos, Eckener Recalde y otros asambleístas figuran entre los precandidatos.
• El CAL será el principal espacio donde habría cambios por la salida de asambleístas.

A finales de julio de 2026, los asambleístas que decidan postularse para un cargo de elección seccional deberán renunciar a sus curules. Mientras eso ocurre, al interior de la Asamblea Nacional continúan barajándose algunos nombres, mientras otros toman fuerza.

Política

Asamblea dedicará una sesión para resoluciones sobre la gestión de los gobiernos autónomos

Daniel Alejandro Romero Páez

La primera baja en la Asamblea se produjo desde la Presidencia. Dos semanas atrás, Niels Olsen renunció al Legislativo luego de ser anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas por ADN.

¿Qué pasa en ADN?

El movimiento oficialista hizo pública su lista de precandidatos hace tres semanas. Hay varios cuadros que podrían dejar la Asamblea en caso de que esas postulaciones se concreten. Entre ellos están: Eckener Recalde para la Prefectura de Pichincha; Yadira Bayas para la Prefectura de Santo Domingo; José Guevara para la Prefectura de Loja; Francisco Carvallo para la Alcaldía de Milagro; y Arianna Burgos para la Alcaldía de Samborondón. A esa lista también se suma el legislador Andrés Guschmer, quien figura como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil.

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Cambios en el CAL

La salida de Olsen significó un cambio en las autoridades del Parlamento. Mishel Mancheno (ADN) asumió la Presidencia y Esteban Torres, su coideario, fue designado como primer vicepresidente. De esta manera, un nuevo integrante ingresó al CAL.

Sin embargo, en esa misma instancia también se habla de otras posibles candidaturas. Una de ellas es la de Steven Ordóñez, aliado de ADN y parte del bloque oficialista. 

Como integrante de la mayoría legislativa, fue electo vocal del CAL en mayo de 2025. Ahora se menciona una posible candidatura para una dignidad de elección popular en su provincia, El Oro.

En la Asamblea también se comenta sobre la posibilidad de que Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta del Legislativo, busque una dignidad en Chimborazo. Ella forma parte de las seis asambleístas expulsadas de Pachakutik y todavía no está claro por qué organización política podría participar.

La situación del correísmo

El bloque de la Revolución Ciudadana mantiene el hermetismo respecto a sus candidatos. El pasado domingo, la presidenta de la organización política, Gabriela Rivadeneira, señaló en su pódcast de fin de semana que para el jueves 18 de junio de 2026 habría anuncios al respecto. También está pendiente la definición de la organización política que auspiciará sus candidaturas para las elecciones seccionales.

Política

Unidad Popular alista sus primarias en Guayas para definir candidaturas seccionales

Flor Layedra Torres

Entre los nombres que se mencionan dentro de ese bloque está el de Viviana Veloz para una dignidad en Santo Domingo. También ha sido nombrada Paola Cabezas, quien cumplió con la directriz de la dirigencia correísta de desafiliarse de la organización en caso de aspirar a una candidatura.

Desde el 18 de junio de 2026 iniciarán los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas. A partir de entonces se conocerán los perfiles de quienes serán escogidos para integrar la papeleta electoral de los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026.

Copa Mundial de Fútbol

Daniel Noboa fue testigo de la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil

Richard Josue Jimenez Mora

El pasado 10 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 418. En él se declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompañaría al mandatario en su viaje oficial a Estados Unidos. Con ello se anunció un nuevo periplo internacional del jefe de Estado.

La agenda presidencial fue motivo de controversia durante el último fin de semana. Del viaje de Noboa, hasta antes de su aparición en el partido de la selección ecuatoriana, no se conocían mayores detalles. 

De hecho, fue después de que apareciera en la transmisión cuando la Cancillería publicó la agenda prevista para este lunes 15 de junio de 2026.

Sin especificar horarios ni lugares, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que estaban previstos dos encuentros. El primero con Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La segunda reunión del día estaba programada con Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, la entidad no aclaró el alcance de los encuentros ni los temas específicos que serían abordados.

El partido Ecuador-Costa de Marfil

Tras la aparición de Noboa, una de las preguntas que surgió fue quién era la mujer que apareció junto al mandatario ecuatoriano en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia. En redes sociales se originó un cruce de opiniones respecto a quién era. Así, usuarios de la red social X se pronunciaron en el sentido de que se trataría de María Soledad Peña Plaza.

Según el perfil de Instagram de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, ella era hasta el pasado 15 de mayo la encargada de Negocios A. I. de Ecuador en ese país. 

En la publicación más reciente de esa representación diplomática se informa sobre una reunión con la congresista Carol Miller, presidenta del Caucus de Amistad con Ecuador.

También se registró un encuentro con el congresista Carlos Giménez, miembro de los comités de Seguridad Nacional y de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. A ambos políticos estadounidenses, Peña les entregó una camiseta de Ecuador.

Entre los temas tratados, según la publicación de la Embajada ecuatoriana, estuvieron la relación bilateral entre ambos países y la cooperación en materia de seguridad.

Bajo ese contexto, Gabriela Rivadeneira, presidenta nacional de la organización política, afirmó la noche del 14 de junio que el candidato al que apoyarán para la Alcaldía de Guayaquil es Aquiles Álvarez. El actual funcionario se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones por los casos Goleada y Triple A.

"Vamos a ver el desenlace de esto", señaló Rivadeneira, quien además cuestionó la estrategia del oficialismo al asegurar que Acción Democrática Nacional (ADN) tuvo que recurrir a la figura de Niels Olsen para intentar mitigar los errores del Gobierno en Guayaquil.

Política

CNE entrega credenciales a los vocales electos de Shuar Pastaza

Flor Layedra Torres

Nuevas precandidaturas en el escenario local

El anuncio de la dirigente nacional se dio luego de que el asambleísta Alejandro Vanegas hiciera pública su intención de participar en las elecciones primarias de la Revolución Ciudadana como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, una postulación impulsada por diversos colectivos ciudadanos afines a dicha tendencia política.

Política

Seccionales 2026 entran en etapa de definición de candidaturas: ¿Cuándo serán las primarias?

Richard Josue Jimenez Mora

El calendario del CNE y la situación del partido

De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos para la elección de sus precandidatos comenzarán este 18 de junio.

La Revolución Ciudadana prevé utilizar esa misma fecha para realizar la presentación oficial de la organización política que prestará su nombre, número y casillero electoral para la participación del correísmo en los comicios seccionales. Esto debido a que la RC se encuentra suspendida por nueve meses desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga a varios de sus dirigentes por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso Caja Chica.

Definición de cuadros para las seccionales

El próximo jueves 18 de junio también se proyecta la difusión de los nombres de los precandidatos para las diferentes alcaldías y prefecturas del país. Rivadeneira adelantó que la organización mantendrá la expectativa durante las próximas jornadas, asegurando a su militancia que se revelarán nuevos detalles sobre las postulaciones.

Lo que debes saber

• Shuar Pastaza culminó su primer proceso electoral local.
• ADN obtuvo la mayoría de vocalías en la junta parroquial.
• Las nuevas autoridades ya están habilitadas para asumir funciones.

Las autoridades electas de la parroquia rural Shuar Pastaza recibieron este 15 de junio sus credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso que formaliza los resultados de los comicios realizados el pasado 17 de mayo. La ceremonia fue organizada por la Delegación Provincial Electoral de Pastaza, tras concluir el proceso que marcó la primera elección local en esta jurisdicción amazónica.

Política

ADN gana las primeras elecciones locales en la parroquia Shuar Pastaza

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Primeras autoridades para la nueva parroquia amazónica

La entrega de credenciales se concretó un mes después de una jornada electoral inédita para la parroquia, en la que participaron organizaciones políticas nacionales y movimientos locales. En esos comicios, la lista del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) obtuvo la mayoría de vocalías, consolidando una presencia política que ya se había reflejado durante el proceso electoral previo.

Según los resultados proclamados por el organismo electoral, los vocales principales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza serán Claudio Rolando Jimpikit Chumpi, Margoth Kaniras Yankur, Yamanua Soila Tiwi Sharian, Patricio Naekes Sake Chuindia y Freddy Adolfo Chamico Kajekai. Junto a ellos también fueron acreditados sus respectivos vocales suplentes para el período de funciones correspondiente.

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Shuar Pastaza realizó simulacro electoral previo a comicios del 17 de mayo

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Un proceso derivado de la creación de Shuar Pastaza

Este proceso electoral se desarrolló tras la creación de la parroquia rural Shuar Pastaza, oficializada, en junio de 2025, mediante la Ordenanza Municipal Nro. 071-GADMCPZ-2025, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Pastaza.

A partir de esa disposición, el Consejo Nacional Electoral convocó a la elección de los vocales de la junta parroquial. Para la jornada electoral fueron habilitados 1.962 ciudadanos empadronados en esta nueva jurisdicción amazónica.

Con la entrega de credenciales, las nuevas autoridades quedan habilitadas para asumir formalmente sus cargos y ejercer las competencias de gobierno local en la parroquia.

Lo que debes saber

• Unidad Popular realizará sus primarias entre el 25 de junio y el 2 de julio.
• Guayaquil y varios cantones participarán en jornadas presenciales y virtuales.
• El movimiento descarta una alianza electoral con Revolución Ciudadana.

Tras superar los obstáculos que pusieron en riesgo su participación electoral, Unidad Popular (UP) avanza en la organización de sus elecciones primarias para escoger a sus candidatos para los comicios seccionales previstos para el 29 de noviembre de 2026. La organización política prevé desarrollar este proceso entre el 25 de junio y el 2 de julio mediante modalidades presenciales y virtuales.

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Filtros para definir candidaturas

Alonso López, coordinador nacional de Unidad Popular y presidente de su comisión electoral, explicó que la organización venía trabajando desde hace meses en la identificación de posibles postulantes. Según indicó, el movimiento aplicó un proceso de revisión de antecedentes para evitar que sus listas sean integradas por personas con cuestionamientos legales o situaciones que puedan afectar su imagen política.

Para ello, los aspirantes debieron entregar sus números de cédula, con los cuales se verificó que no mantengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) ni con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, se revisó que no registren procesos judiciales en las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado.

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Cronograma de las primarias en Guayas

Según López, ya se conformaron las comisiones electorales provinciales que estarán a cargo de conducir las primarias en todo el país. En Guayas, el proceso arrancará con Guayaquil y los cantones más cercanos, mientras que las jurisdicciones más alejadas participarán mediante sesiones virtuales.

En Guayaquil y en cantones cercanos, como Yaguachi y Nobol, las elecciones primarias de Unidad Popular están previstas para el 25 de junio. En cambio, los delegados de jurisdicciones más alejadas, entre ellas El Empalme y Colimes, participarán en las jornadas mediante videoconferencia, el 27 y 28 de junio; el proceso culminará el 2 de julio.

La organización prevé combinar modalidades presenciales y virtuales para facilitar la participación de sus militantes en toda la provincia. Según sus dirigentes, esta metodología busca superar las dificultades de movilización que enfrentan los cantones más distantes.

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Los nombres que se perfilan para Guayaquil y Guayas

Las votaciones estarán a cargo de colegios electorales integrados por delegados designados conforme a la normativa vigente. En el caso de Guayas, donde UP registra alrededor de 34.000 afiliados, cerca de 180 delegados tendrán la responsabilidad de escoger a los candidatos que representarán al movimiento en las elecciones seccionales.

Entre los nombres que se perfilan para las primarias consta el de Carla Arellano para la Alcaldía de Guayaquil. Para la Prefectura del Guayas, la organización prevé impulsar la candidatura de Juan Cervantes, actual presidente provincial del Frente Popular, aunque la definición oficial dependerá de los resultados internos.

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Alianzas, un tema para después de las primarias

López indicó que una vez concluidas las primarias se abrirá la etapa para analizar posibles alianzas electorales con otras organizaciones. No obstante, aclaró que, por el momento, Unidad Popular concentra sus esfuerzos en culminar su proceso interno y en estructurar sus candidaturas en todos los cantones de la provincia.

Además, López aseguró que Unidad Popular no tiene previsto entablar conversaciones con Revolución Ciudadana para una eventual alianza electoral. Según indicó, la organización priorizará acuerdos con sectores que compartan su visión política y programática.

En ese contexto, mencionó que podrían analizar acercamientos con Pachakutik, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Sin embargo, aclaró que cualquier negociación se evaluará una vez concluidas las elecciones primarias y definidas las candidaturas de cada organización política.

Lo que debe saber

• En medio de las seccionales 2026, la Asamblea retomará una sesión en la que los únicos puntos tienen que ver con gestión de los GAD.
• Sobre Cuenca se tratará la situación de los trabajadores denominados 'hormiguitas chua'. 
• El cobro de tasas municipales en planillas de servicios será otro de los puntos que analizará el Pleno.

Esta semana, la Asamblea Nacional tiene previstas dos sesiones. Una de ellas estará dedicada exclusivamente a analizar la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El 17 de junio de 2026, el Pleno retomará la discusión sobre el cobro de tasas municipales, la situación de los trabajadores del Municipio de Cuenca y los informes de la Contraloría relacionados con gobiernos locales.

Política

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Se trata de la reinstalación de la sesión 78 del Pleno. La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, convocó a los legisladores para las 11:00 del próximo 17 de junio de 2026, de manera presencial.

¿Qué peso tendrán las decisiones?

Los tres puntos del orden del día están relacionados con resoluciones. El primero se refiere al conocimiento y resolución sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos GAD.

El objetivo de este punto es analizar la metodología de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía y “su compatibilidad con los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad”.

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El segundo punto se refiere al análisis de la situación laboral de los trabajadores conocidos como ‘hormiguitas chua’ en Cuenca. El tratamiento de este tema surgió, según se señaló en el Pleno de la Asamblea, a partir de denuncias sobre una supuesta precarización laboral y tercerización.

Finalmente, el Pleno se dedicará a analizar y resolver sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que determinan indicios de responsabilidad penal en los GAD. La convocatoria señala que, a partir de este punto, se buscarán “acciones para garantizar la transparencia y la probidad en la gestión pública”.

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Un orden del día en medio de las seccionales

El tratamiento de estos temas coincide con el desarrollo del proceso electoral para las elecciones seccionales de 2026. En agosto de ese año se definirán formalmente las candidaturas de los distintos movimientos políticos.

Guayaquil

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Al interior de la Asamblea, varios legisladores ya contemplan una eventual postulación. El propio Niels Olsen, expresidente de la Asamblea, renunció a su cargo luego de ser anunciado como precandidato por ADN.

Dentro del mismo movimiento oficialista también se han mencionado otros nombres vinculados a la Asamblea: Eckener Recalde (Prefectura de Pichincha), Andrés Guschmer (Alcaldía de Guayaquil) y Arianna Burgos (Alcaldía de Samborondón), entre otros.

Las claves del caso

• Audios difundidos en junio de 2026 reactivan el caso Porsche y la disputa entre Noboa y Correa.
• La Fiscalía mantiene una investigación por presunta asociación ilícita relacionada con el caso Porsche.
• El caso surgió en 2025 tras hallar un Porsche vinculado al Grupo Noboa en Isla Trinitaria.

El caso Porsche, que denunció en su momento el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tomado varias vueltas en estos últimos días, sobre todo por la publicación de un audio en el que se escucharía al expresidente Rafael Correa conversar con el exoficial de la Policía Nacional, Rodney Rengel, sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

Diario EXPRESO realiza un repaso sobre el seguimiento a este caso de interés público, que incluyó la publicación de versiones de los denunciantes y comparecencias públicas en la Asamblea Nacional, así como del abogado de Industrial Molinera, Fernando Yávar, a quien se buscó y concedió una entrevista a este medio para recoger la versión de la empresa señalada.

El origen: la explosión y la presencia del vehículo

El 3 de junio de 2025, una explosión en la Bahía de Guayaquil activó un operativo policial que derivó en la detención de Iván Ballesteros como principal sospechoso.

La polémica escaló cuando se conoció que el vehículo Porsche que acudió horas después hasta la vivienda del sospechoso estaba registrado a nombre de Industrial Molinera, empresa vinculada al Grupo Noboa, lo que trasladó las miradas al presidente Daniel Noboa y su entorno.

La versión del Grupo Noboa

Ante las sospechas, el abogado de la empresa, Fernando Yávar, sostuvo en una conversación con EXPRESO que el vehículo fue prestado a una empleada por una emergencia médica familiar.

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Según su versión, la mujer se dirigía a un hospital, pero cambió de ruta tras recibir información de que su vivienda estaba siendo allanada por la Policía, razón por la cual apareció en la Isla Trinitaria.

La defensa insistió en que se trató de una coincidencia y negó cualquier vínculo entre el automóvil y el atentado.

Las primeras reacciones políticas

La explicación no frenó las críticas. Desde el Municipio de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez cuestionó la situación y pidió esclarecer los hechos. “¿Cómo no vamos a alzar la voz después del video del Porsche?”, dijo en un enlace radial.

En la Asamblea, la bancada de la Revolución Ciudadana, encabezada por Juan Andrés González, intensificó los cuestionamientos: afirmó que no existirían registros médicos en la fecha señalada.

Planteó incluso la hipótesis de un posible “autoatentado”. En ese contexto, González llegó a calificar el caso como un posible “Watergate criollo”.

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La intervención de la Fiscalía

El 20 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por presunta asociación ilícita, proceso que se mantiene en reserva.

La falta de información oficial alimentó la confrontación política, con la oposición denunciando un supuesto silencio gubernamental y el oficialismo que evitaba ampliar su versión.

El caso entra en el escenario electoral

A finales de 2025, el caso Porsche se posicionó también en el contexto de la consulta popular, en medio del inicio de la campaña electoral.

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Los sectores de oposición insistían en que persistían interrogantes sin respuesta, desde el oficialismo se sostenía que la explicación presentada por la empresa era suficiente y que existía una utilización política del caso.

2026: reactivación y cruce de versiones

En junio de 2026, el presidente Daniel Noboa reactivó públicamente el tema. Argumentó que el caso forma parte de intentos por afectar su nombre y el de su familia.

En paralelo, Rafael Correa reconoció haber mantenido una reunión con el exteniente Rodney Rengel para tratar aspectos relacionados con la investigación del caso, lo que añadió un nuevo elemento en el proceso.

La acusación sin fundamentos de José Julio Neira

En este contexto y tras publicaciones sistemáticas de troles aliados al Gobierno, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, vuelve a difundir en la red social X el mismo audio atribuido a una conversación entre Rafael Correa, el asambleísta Juan Andrés González y el exteniente Rodney Rengel. Con la novedad que ahora hace mención a Diario EXPRESO, sin ninguna prueba.

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Lo que debes saber

• El pleno del CNE removió a Diana Atamaint de la presidencia tras años de cuestionamientos.
• La salida pacífica de Atamaint sugiere un cambio alineado con el poder de turno.
• El CNE opera con consejeros prorrogados y en desapego a los plazos constitucionales.

El jueves 11 de junio de 2026, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) retiró de la presidencia a Diana Atamaint y de la vicepresidencia a Enrique Pita, quienes llevaban en esos cargo desde noviembre de 2018, cuando el actual consejo fue designado por el CPCCS Transitorio de Julio César Trujillo.

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Si bien es cierto que Atamaint enfrentaba una serie de cuestionamientos por las decisiones que el CNE había tomado en los últimos meses bajo su presidencia -entre ellas adelantar, en sus palabras, las votaciones pero no las elecciones seccionales, además de haber eliminado del registro electoral a los movimientos Construye y Unidad Popular (que finalmente logró regresar)-, su defenestración terminó siendo menos dramática de lo esperado.

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Después de haber tratado de salvarse el día miércoles evitando el ingreso de la vocal Esthela Acero a la sesión de ese día, intentona que terminó en un griterío, Atamaint participó el día siguiente con total resignación de una sesión virtual y luego de otra, esta vez presencial, en la que se designó a su reemplazo, José Cabrera, incluso llegando a votar a favor de él. Luego, Atamaint reafirmó esa postura serena en un mensaje que publicó en sus redes: “El CNE toma una nueva conducción institucional, como mujer demócrata que soy comparto esa decisión”.

Análisis político de la función electoral en Ecuador

Quienes esperan que este cambio en el CNE se convierta en la inauguración de la independencia en la función electoral deberían notar que la parsimonia de Atamaint y la rapidez de su salida son señales de que el poder de turno no está preocupado por este cambio. Si no, ya tuviéramos, como en otras ocasiones, al ministerio de Trabajo inhabilitando al señor Cabrera (como le pasó a la doctora Alexandra Villacís en el Consejo de la Judicatura), a la Policía tomándose el edificio (como ocurrió con el Consejo de Participación en su momento) y a la mayoría oficialista tramitando de apuro un juicio político (pensemos en Fausto Murillo y Gonzalo Albán), para lo cual no les costaría inventarse algún argumento con el que sostener que aún no estamos dentro de un periodo electoral.

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Es preciso entender que Atamaint, más que una singular operadora del régimen, es una política calculadora que, como parte de distintas mayorías en el pleno del CNE, ha sabido encajar bien con el poder, sea que este se encuentre en Carondelet, en Mocolí o en el exilio. De otra forma no se puede explicar la capacidad de ella y de sus colegas para mantenerse en el cargo por tanto tiempo, mientras que consejeros de participación y de la judicatura, jueces y autoridades de control a veces no han durado más que unos meses.

Prórroga de funciones y la Constitución de la República

Lo peor es que tal longevidad ha sido en desapego a la norma escrita. Según la Constitución de la República en su artículo 218, el CNE se tuvo que haber renovado parcialmente dos veces, una en noviembre de 2021 y otra tres años después, en 2024. Desde esa última fecha, Atamaint y los consejeros prorrogados han presidido ya sobre dos procesos electorales y van por el tercero.

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Ella sigue ahí, acompañada de los mismos consejeros que han la apoyado en decisiones pasadas, o que por lo menos se han ausentado convenientemente en momentos clave. Por ejemplo, Cabrera y Acero, hoy al frente del CNE, votaron a favor del adelanto de los comicios seccionales, no solo atreviéndose a jugar a la meteorología, sino que también a la suerte, tomando en cuenta que el fenómeno de El Niño empieza y termina cuando le place, y ya lo hecho antes en pleno noviembre. No es de extrañarse que el mismo día en que la mayoría del CNE tomó esa decisión, el director del Inhami, Bolívar Erazo, anunciara su renuncia.

Cabrera también ayudó con su voto de abstención a la cancelación tanto de Unidad Popular como de Construye, aunque cabe recalcar que en el primer caso se abstuvo de la misma forma la opositora más consistente a Atamaint, Elena Nájera.

El futuro del Consejo Nacional Electoral y la participación ciudadana

Si su esperanza es tener un Consejo Nacional Electoral en el que los votos de sus miembros no dependan de un telefonazo o de la designación de algún pariente, la mejor apuesta de las fuerzas democráticas debería ser triple. Primero, intentar enviar un mensaje a la clase política castigando con el voto a los consejeros de Participación Ciudadana que quieran buscar la reelección, por haberse demorado tanto en la renovación del CNE. Segundo, promover el rechazo, al menos por esta ocasión, a borrar por enmienda los poderes de selección del Consejo de Participación (lo que encima, de ser aprobado, tendría el efecto de regalarle por lo menos un año más en el cargo a Atamaint y compañía). Tercero, lanzar candidaturas ciudadanas que se comprometan a entregarnos un CNE realmente independiente.

La triste realidad es que el país no está listo para eso.

Las claves que debes saber

• Caso Sinohydro: tras 18 días, Fiscalía no presenta pruebas claras de cohecho en juicio contra 21 procesados.
• Peritaje financiero detecta pagos a exfuncionarios y entorno de Lenín Moreno; defensa cuestiona origen y destino.
• Audiencia en Ecuador revela fallas probatorias; Fiscalía busca sostener acusación por contratos Coca Codo Sinclair.

Dieciocho días después de iniciada la audiencia de juicio, el caso Sinohydro empieza vagamente a tomar forma. No precisamente la que quería la Fiscalía en un principio, pero esa es otra historia. Una vez que los medios del gobierno han proclamado a Lenín Moreno, el acusado principal de este proceso, como una suerte de héroe nacional a quien el Ecuador debería levantar un monumento en lugar de llevar a juicio, el interés político del caso ha decaído y el trabajo de la Fiscalía parece concentrarse en salvar los muebles. 

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Para ello bastaría con hallar, entre los 21 procesados, dos o tres a los que pueda endilgarse con cierta verosimilitud el delito del que con evidente desproporción se acusa a todos: cohecho.

Han transcurrido más de dos semanas de tediosa y estéril acumulación de peritajes y testimonios requeridos por el fiscal Carlos Alarcón en el orden supuestamente estratégico que ha querido darles: policías llamados para leer la prensa, testigos que nada han presenciado, peritos que presentan como pruebas periciales toneladas de copias simples que no calificarían como pruebas documentales… 

Y en todo ello, ni una sola evidencia de cohecho, delito que exige la participación de un funcionario público que reciba dinero a cambio de servicios relacionados con su cargo. Prevalecía la incómoda sensación de que la única estrategia del fiscal consistía en quemar tiempo.

Las comparecencias en la audiencia de juicio

Hasta que por fin, a partir de la jornada 16, se produjeron las comparecencia que esperaban todos: la de las policías Gabriela Morales y Ana Luisa Pérez, peritas contables que analizaron los movimientos financieros de todas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

Política

¿Por qué Lenín Moreno regresó a Ecuador? Las hipótesis detrás de la vuelta del expresidente

César Febres-Cordero Loyola

Esto incluye, principalmente, las de Recorsa, la empresa de Conto Patiño contratada por Sinohydro para labores de representación y lobby, con sus filiales en Quito y Panamá, así como las personales de todos los procesados y las de las empresas de Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto, y su esposa María Auxiliadora Patiño: Ina Investment, Ginepri, Espíritu Santo…

Cobros y viajes 

Fue en esta pericia donde empezaron a aparecer pagos sobre los que existen razones fundadas para sospechar y que los abogados defensores deberán justificar de manera convincente: los exgerentes de la empresa Coca Codo Sinclair, Luciano Cepeda y Henry Galarza, cobraron 200 mil dólares poco más y menos cada uno; el fallecido ex subsecretario de Electricidad Julio César Gordón, a través de su empresa View Valley, y el asesor de Lenín Moreno cuando vicepresidente, Carlos Almeida, recibieron sumas mucho más gruesas: 3,1 millones el primero; 2,9 millones el segundo; también Edwin, hermano de Lenín, recibió más de 200 mil dólares, cien mil de ellos en 14 cheques que cobró de manera inusual, por decir lo menos: costeando viajes a Panamá a amigos y parientes para que se den un paseo, hagan compras y, de paso, ya que van a estar allá, se den un saltito por el Balboa Bank. 

Los pagos para Edwin Moreno salieron de las cuenta de Ina Investment y Ginepri, empresas de Xavier Macías.

Transferencias a familiares de Moreno

Por lo general, los cheques o transferencias para los funcionarios se originan en Recorsa; aquellos dirigidos a los familiares de Lenín Moreno (su esposa, su hija, sus hermanos, su suegra…) proceden de las cuentas de Macías. 

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Los beneficios de Moreno y su familia, según la Fiscalía, bordean el millón de dólares. Aquí se incluyen, entre otras cosas, los famosos muebles comprados en Ginebra, una vajilla de Sukasa y el departamento de Alicante, que constituye probablemente el mayor fracaso del fiscal hasta el momento: llamó a declarar, vía telemática desde España, al expropietario y vendedor de ese inmueble, Emilio Torres Copado, y éste lo trató con una displicencia que Carlos Alarcón, desprovisto de los más básicos recursos verbales, no supo administrar. El departamento, dijo, es de Macías, no de Moreno.

Volviendo al peritaje contable, ninguno de los procesados sacó mejor provecho de él que Eduardo Carmigniani, abogado contratado para brindar servicios profesionales a Recorsa y a quien Fiscalía acusó, al inicio de esta audiencia de juicio, de distribuir sobornos. 

En el contrainterrogatorio a la perito Gabriela Morales, el abogado de Carmigniani pudo demostrar, primero, que un presunto pago de un millón de dólares procedente de Recorsa y que la Fiscalía atribuía a su cliente, estaba transferido a una cuenta bancaria que no era suya. 

Y aun más importante: emplazó a la perito, ante los intentos de Carlos Alarcón por evitarlo, a que expusiera una ampliación de su informe en la que se establecía que, de las cuentas de Carmigniani, no se había originado ningún pago a ninguna de las personas vinculadas con el caso (los otros 20 procesados y 18 más que integraron la lista original de Fiscalía). Lo cual derrumba la acusación de cohecho en su contra.

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Con respecto al resto de implicados, tampoco mostraron las peritos un rastro de dinero que conduzca hacia funcionarios públicos. En resumen, se puede decir que el caso está siendo víctima de sus propias exageraciones. 

Para empezar, el pecado original de tratar los 76,1 millones de dólares que Sinohydro pagó a Recorsa por sus trabajos de lobby y representación (el 4 por ciento del total del contrato entre el Estado ecuatoriano y la compañía china para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair) como si fueran producto de un soborno. 

La Fiscalía lo sigue repitiendo hasta el día de hoy (acaba de publicar una infografía en la que da esa cifra como el monto del cohecho) cuando sabe perfectamente que la inmensa mayoría de esa plata no fue a parar a las manos de ningún funcionario público.

En lugar de concentrarse en demostrar el cohecho donde lo podría encontrar, la Fiscalía persiste en confundir los términos de ese delito, haciendo pasar por tal el cobro de beneficios de los hermanos Patiño, por ejemplo, aunque ningún funcionario público aparezca en la ruta del dinero. 

O se obstina en demostrar lo que sus peritos contables llaman “ausencia de hecho generador o económico” en un negocio de 1.500 dólares (la venta de 100 agendas a Recorsa por parte de Rocío González, la esposa de Lenín Moreno) o en la compra de una vajilla. 

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Los nombres en los documentos

Esas y otras transacciones están debidamente documentadas con facturas, contratos o actas de entrega-recepción, con el único problema de que esos documentos no están a nombre Recorsa, o de Ginepri, o de la empresa que haya emitido el pago, sino de Conto Patiño o de Xavier Macías. Una irregularidad contable, seguramente, pero ¿cohecho?

El caso Sinohydro sufre de elefantiasis y delirios de grandeza. Como si la fiscal Diana Salazar, que fue quien lo diseñó, hubiera querido repetir la experiencia del caso Sobornos, con un expresidente en el banquillo y una treintena de comparsas, aunque para ello tuviera que involucrar a decenas de personas por el simple hecho de llevar un apellido: esa fue, al final, la única lógica que prevaleció en la exclusión de una lista interminable de personas que también recibieron una fracción de esos 76,1 millones de dólares. 

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El fiscal Carlos Alarcón, por supuesto, carece de la inteligencia necesaria para admitir que el único futuro del proceso es tirar todo ese lastre y concentrarse en los pocos casos en los que la trazabilidad del dinero le conduce a un funcionario público: ahí está el cohecho, el resto es teatro. Y un abuso procesal que debería ser penado.

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