Lo que debes saber

• El fiscal aseguró que la Fiscalía no pidió suspender al movimiento Amigo.
• La investigación se originó tras una denuncia por presunto lavado de activos.
• Alarcón negó que exista persecución política o injerencia del Gobierno en su actuación.

El fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, en una entrevista con el portal digital ‘Impacto Informativo’ defendió la actuación de la Fiscalía en el proceso que derivó en la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16. Aseguró que la institución no solicitó la medida, sino que cumplió con la obligación legal de informar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos.

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Las declaraciones se producen después de que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutara la suspensión provisional de Amigo, en cumplimiento de una orden del TCE. La medida, adoptada tras una denuncia reservada presentada por la Fiscalía, mantendrá suspendido el registro permanente de la organización política durante nueve meses, según dispuso el juez Patricio Maldonado.

Alarcón explicó que la investigación se inició luego de que una denuncia ingresara a la Fiscalía a través del sistema 1-800-DELITO. Según indicó, esa información fue plasmada en un parte policial que llegó a la Unidad Antilavado de Activos como noticia criminis, dando paso a una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos que involucraría a directivos del movimiento.

El fiscal encargado sostuvo que el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia obliga al fiscal general del Estado a informar al TCE cuando una organización política es investigada por presunto lavado de activos. "Si no hacía conocer este hecho al Tribunal Contencioso Electoral, habría incurrido en una omisión", señaló.

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La suspensión, según Alarcón, fue decisión del TCE

Alarcón insistió en que la Fiscalía no pidió la suspensión del movimiento Amigo. Explicó que la resolución fue adoptada por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes, a su criterio, son los únicos facultados para analizar la información remitida y decidir si corresponde o no aplicar la medida prevista en la legislación electoral.

También rechazó los cuestionamientos sobre el momento en que se notificó al TCE, pocos días antes del cierre del plazo para la inscripción de alianzas y precandidaturas para las elecciones seccionales de noviembre. Según dijo, la Fiscalía actuó de forma inmediata tras conocer la denuncia y no podía esperar otro momento para cumplir con la obligación establecida en la ley.

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Rechaza acusaciones de persecución política

Frente a las críticas del correísmo, que sostiene que existe un patrón similar al aplicado anteriormente contra la Revolución Ciudadana, Alarcón negó que exista una persecución política. Afirmó que la actuación de la Fiscalía depende exclusivamente de la existencia de una denuncia y de una investigación previa, no de la organización política involucrada.

El fiscal encargado también rechazó los señalamientos de que actuaría en coordinación con el Gobierno de Daniel Noboa. Sostuvo que nunca ha mantenido conversaciones con el presidente ni con dirigentes de Acción Democrática Nacional (ADN) y aseguró que las coincidencias en eventos públicos no implican una relación política. 

Lo que debes saber

• Conoce a Emily Vera y su trayectoria política como concejal en funciones de Guayaquil.
• De la dirigencia estudiantil y la Senescyt a su elección en el Municipio de Guayaquil.
• Emily Vera impulsa proyectos sociales y el liderazgo femenino desde las comunidades.

Esta historia forma parte de "Ellas para Ellas: Mujeres que mueven Guayaquil", el especial de EXPRESO por los 491 años de Guayaquil, que reúne a mujeres cuyas ideas, liderazgo y trabajo transforman la ciudad desde distintos ámbitos. En esta entrega, conocemos la trayectoria de Emily Vera, concejal de Guayaquil que impulsa liderazgos femeninos de los barrios, generando cambios sociales que duren en el tiempo.

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El destino la encontró joven. Emily Vera, concejal de Guayaquil, despertó su interés por la política en las aulas y no en las calles. Como hija de una madre que recibía el Bono de Desarrollo Humano, accedió a una beca universitaria gubernamental durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, una oportunidad que le cambiaría la vida.

Su agradecimiento y la convicción de que desde la universidad los conocimientos deben devolverse a las comunidades despertaron su interés por ampliar las oportunidades que ella misma había recibido como joven guayaquileña. Incluso llegó a liderar un frente nacional de estudiantes y becarios para defender la política pública de becas estudiantiles.

Aunque los prejuicios de género nunca faltaron en su camino, Vera resalta que su carácter siempre fue su mayor fortaleza para responder a cualquier intento de deslegitimar su lucha estudiantil, reivindicando los derechos de las mujeres y de los estudiantes, y promoviendo la paridad en su actividad como dirigente estudiantil.

De la dirigencia estudiantil al Municipio de Guayaquil

Esa llama encendida no se quedó en las aulas, sino que trascendió al ámbito público. Inició, en 2015, como servidora pública en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), entidad que posteriormente llegó a dirigir. En 2019 integró una papeleta como concejal suplente del Municipio de Guayaquil y, en 2021, como asambleísta alterna por Guayas. En 2023 fue electa concejal de la urbe porteña.

El liderazgo femenino en cada uno de los cargos que ocupó y ocupa ha sido fundamental, comenta, y lo relaciona con lo que sucede en un hogar. Para Vera, así como una mujer es un pilar importante en una familia, también lo es para la comunidad y la función pública, especialmente al momento de dirigir el rumbo de la ciudad.

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En ese sentido, señala que quiere plasmar su legado donde todo comenzó: en la comunidad. Cuenta que, como concejal de la ciudad e integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo, impulsó la iniciativa Niños y Niñas Agentes de Cambio, dedicada a llevar talleres socioeducativos a las comunidades de Guayaquil para generar oportunidades como las que ella recibió cuando era más joven.

De hecho, en uno de los resultados de esos talleres, el Corredor Cultural La 12, en Mapasingue, Vera recibió a EXPRESO. La concejal comenta que la iniciativa contó con el apoyo de facilitadoras, en su mayoría mujeres. Más de un año después de su implementación, Vera señala que la comunidad se apropió del proyecto y que ahora los murales, los campeonatos y las demás actividades son organizados y mantenidos por los propios vecinos.

El secreto para enfrentar el miedo y la visión a futuro

Al mirar el camino recorrido y los retos que aún continúan, Vera reflexiona y afirma que, cuando comenzó, le habría gustado no prestar tanta atención a las voces que le decían que no lograría nada de lo que ha construido. Aunque también reconoce que precisamente escuchar a la gente fue la clave para enfrentar los momentos de miedo en su trayectoria política en la ciudad.

Vera también es consciente de que su camino no es solitario, sino una senda para más mujeres que, como ella, tienen interés en lo social y en el servicio público. A ellas les aconseja prepararse técnicamente y desprenderse de la idea de que la política solo se hace desde las tarimas. El secreto, dice, está en involucrarse con la comunidad y comprender sus problemas.

Aún con mucho por hacer, pero satisfecha con el camino recorrido, la concejal Emily Vera hace hincapié en que el liderazgo femenino en la política y desde las comunidades es sinónimo de valentía, especialmente cuando las mujeres enfrentan un doble desafío en la sociedad ecuatoriana. También recuerda que los logros de las mujeres no son individuales, sino el resultado de una lucha colectiva.

Lo que debes saber

• El CAL sancionó a Ana María Raffo con nueve días sin sueldo tras queja de Janina Rizzo.
• Se señala que Raffo profirió expresiones ofensivas en la Comisión de Soberanía Alimentaria.
• Raffo denuncia falta de debido proceso y califica la medida como una represalia política.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió suspender por nueve días, sin remuneración, a la asambleísta Ana María Raffo, del bloque de la Revolución Ciudadana. La sanción se notificó el 22 de julio de 2026 en Quito, luego de que la legisladora Janina Rizzo, de la bancada de ADN, presentara una queja administrativa por una presunta ofensa verbal emitida en su contra durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

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Sanción contra la asambleísta Ana María Raffo

La resolución, notificada el 22 de julio de 2026, señala que la asambleísta Ana María Raffo incurrió en una falta administrativa grave al violar la normativa interna del parlamento.

Los fundamentos legales normativos aplicados por el CAL para sancionar a la legisladora de la Revolución Ciudadana contemplan:

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Los motivos de la queja planteada por Janina Rizzo

Ana María Raffo fue sancionada, específicamente, por haber proferido "una expresión verbal ofensiva, directa e individualizada" contra la asambleísta Janina Rizzo durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual Rizzo forma parte y preside.

En su denuncia, Janina Rizzo argumentó los siguientes puntos:

Descargos y postura de Ana María Raffo ante el CAL

Por su parte, la asambleísta Ana María Raffo sostiene que la decisión adoptada por el CAL constituye una represalia. Según explicó la legisladora, el origen de la disputa se remonta al 10 de junio de 2026, fecha en que la Comisión de Soberanía Alimentaria terminó de forma abrupta una sesión y dejó plantados a agricultores que esperaban ser escuchados por la mesa legislativa.

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Cuestionamientos al procedimiento y falta de pruebas

Respecto a la denuncia presentada por la legisladora de ADN, Ana María Raffo expuso las siguientes irregularidades y reclamos:

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Noboa habla de candidatura de Viteri en Guayaquil: "Pueden investigar. Es la más opcionada"

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En una entrevista con Radio Centro, Noboa fue consultado sobre la suspensión de Amigo. A ese espacio acudió acompañado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Este último habló sobre los hallazgos de la Fiscalía para denunciar a esa organización política ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Neira manifestó que se trata de los mismos personajes involucrados en una investigación previa por presunto lavado de activos relacionada con el movimiento anterior. “El fiscal hizo declaraciones públicas en las que lo único que hizo fue actualizar al TCE esa información”, agregó.

El secretario de la Administración Pública también aseguró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recopilará la información que le solicite la Fiscalía para sustentar su investigación. Dijo que esa indagación está relacionada con el origen del financiamiento de campaña.

¿Qué dijo Noboa sobre Amigo?

El presidente de la República también se pronunció sobre el tema. Tomó como referencia lo dicho por la Revolución Ciudadana respecto a que tanto en Nicaragua como en Ecuador se impide la participación política de la oposición.

“Ahora, la gente que defiende a Ortega en Nicaragua, está diciendo que acá pasa la mismo. Es como que cuatro ladrones se subieron a un carro. Se bajaron del carro y se subieron a otro. No dejaron de ser ladrones, ni cometer crímenes. Solo cambiaron de vehículo”, señaló Noboa sobre la situación del correísmo.

Además, llevó el tema más allá. Al margen de las competencias de la Función Ejecutiva, Noboa dijo que la Revolución Ciudadana puede participar por cualquier otro movimiento. Añadió que para ello es necesario que busquen una organización que no se haya prestado para lavado de activos y que haya cumplido con el proceso de elecciones primarias.

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Uno de los cambios que movió el tablero político en Guayas fue el anuncio de que la exalcaldesa ya no correría por Centro Democrático, sino por el oficialismo. Eso significó dejar de lado al expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien era considerado como el perfil para ese cargo.

“Es una buena candidata, en contacto con necesidades de la gente y lejos de la discusión de los políticos”, afirmó Noboa en una entrevista con Radio Centro. Añadió que, con base en las encuestas actuales, es la más opcionada para ganar la Alcaldía.

En esa entrevista también le recordaron sus afirmaciones respecto a que ADN no participaría en alianzas, sino que presentaría figuras propias. En ese punto, Noboa reveló que Cynthia Viteri es un cuadro propio porque está afiliada a ADN.

Coordinación con el Gobierno

El presidente de la República reafirmó que Guayaquil será el epicentro de su disputa en las elecciones seccionales de 2026. Dijo que ese cantón ha sido el principal problema en materia de seguridad e hizo referencia a la empresa municipal Segura EP.

En ese escenario, señaló que necesita una coordinación y un trabajo conjunto entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central. También afirmó que hay grupos que se oponen a la candidatura de Viteri porque eso implicará que no tengan contratos con el Municipio. Habló de temas como la basura, el agua y el puente alterno norte.

Al final, el primer mandatario aseguró que existe un proyecto conjunto entre su Gobierno y Viteri para Guayaquil.

El concurso para fiscal general del Estado podría definirse en las elecciones seccionales de 2026

• El concurso para fiscal general podría concluir con un Pleno del CPCCS integrado por consejeros suplentes.
• La Comisión Ciudadana de Selección calcula un plazo de tres meses y medio para culminar el concurso.
• La designación coincidiría con el inicio de la campaña para las elecciones de noviembre de 2026.

El concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado podría resolverse entre octubre y noviembre de 2026, en pleno desarrollo de las elecciones generales y bajo la gestión de un Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) integrado por consejeros suplentes. Tras la aprobación del informe de méritos, la Comisión Ciudadana de Selección debe fijar un nuevo cronograma para ejecutar las fases de escrutinio público y oposición, en un contexto marcado por la solicitud de licencia de los consejeros titulares que buscarán la reelección.

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Nuevos plazos para el concurso a fiscal general del Estado

Una vez que el Pleno del CPCCS conoció el informe final de calificación de méritos —aprobado con más de un mes de retraso—, dispuso a la Comisión Ciudadana de Selección actualizar el cronograma del concurso. El ajuste definirá las fechas de las dos etapas pendientes del proceso de selección.

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Durante una sesión de trabajo de la Comisión, su presidenta, Cynthia Jacho, explicó la estimación de tiempos según el reglamento vigente:

Aunque el plazo normativo suma tres meses y medio, la Comisión advirtió que situaciones no previstas podrían generar nuevas demoras. Bajo estas proyecciones, Ecuador contaría con una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado entre octubre y noviembre.

Un Pleno del CPCCS integrado por suplentes

El desenlace del concurso coincide con la coyuntura electoral. Todos los consejeros titulares en funciones aspiran a la reelección y, según la normativa electoral, deberán solicitar licencia para participar en la campaña que iniciará a mediados de noviembre.

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Esta condición obligará a que la etapa decisiva del concurso sea asumida por consejeros suplentes.

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Análisis y posturas sobre el avance del proceso

El analista político Giuseppe Cabrera señala que esta transición añade complejidad a la selección del fiscal y a otros procesos pendientes en el CPCCS, lo que podría ocasionar un nuevo estancamiento.

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Cabrera analiza los posibles escenarios del proceso:

La respuesta de las autoridades del CPCCS

Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, calificó estas lecturas como apresuradas en declaraciones para EXPRESO. Fantoni aclaró que aún no existe un cronograma oficial con la fecha de finalización del concurso.

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“Una vez que la Comisión presente el cronograma oficial, se podrá conocer con mayor certeza los tiempos y las implicaciones correspondientes”, enfatizó Fantoni, evitando pronunciarse sobre el rol que asumirán los consejeros suplentes en la fase final.

Lo que debes saber:

• MuNa: ‘Estratos Vivos’ fue escogida, decanos de Arquitectura y un vicerrector académico opinan al respecto.
• Decanos recuerdan que se trata de un anteproyecto y esperan que el estudio japonés, asociado a los arquitectos ecuatorianos, escuchen críticas.
• Decano señala que este proyecto, pese a cuestionamientos, fue ubicado en el tercer lugar del concurso original, del Colegio de Arquitectos.

En la última fase, incorporada por el Gobierno, del concurso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) se impuso ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, integrado por arquitectos ecuatorianos y también por el estudio japonés Sejima and Nishizawa and Associates, fundado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del Premio Pritzker.

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La prioridad es preservar el legado

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Ese resultado, sin embargo, no ha cerrado el debate. En círculos culturales y académicos persisten cuestionamientos sobre el proceso, que en su etapa inicial fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. 

El antecedente ocurrió el 6 de julio, cuando se reconoció como ganador a Campo Baeza más Maoda. En la ceremonia participaron ministras como la de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar; así como la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

EXPRESO recabó criterios en la academia a partir de lo señalado por el arquitecto español Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado original. En el pódcast ‘Politizados’ explicó que el SANAA fue descartado por problemas estructurales que comprometían su viabilidad.

¿Qué pasa con el proyecto de SANAA?

Según detalló, las columnas propuestas no tenían continuidad con la estructura inferior del edificio. 

Además, el diseño contemplaba fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas de uso público, elementos que, a su juicio, incrementaban el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial.

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Sobre una cirugía no se opina en redes, tampoco se debería opinar sobre una decisión técnica de arquitectos

Desde la academia, Mauricio González, decano de Arquitectura de la Universidad Central, señala que este proceso obliga a una revisión interna. Considera que ni el Gobierno ni el gremio convocaron a las universidades, cuando -dice- debieron ser un actor clave en la discusión técnica. A su criterio, la academia debe repensar su papel como fuente de análisis y asesoramiento.

Para González, el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos fue bien llevado, pero el siguiente no. “Fue como si en redes sociales se juzgara sobre una operación de corazón abierto. La arquitectura debe ser juzgada por técnicos”.

No obstante, el decano manifestó que al ser la arquitectura un producto cultural, es subjetiva y susceptible a la crítica abierta y generalizada, que puede llegar incluso al escarnio público. 

Más aún en realidades como la actual, debido a la fuerza de las redes sociales, opinó. “Por eso es importante defender y reforzar el papel del concurso y de los jurados expertos que validan a la arquitectura dentro del campo al que se pertenece, y con ello el papel de los edificios para la sociedad”.

En la misma línea, Ricardo Sandoya Lara, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, identifica dos problemas. 

El primero, la escasa vinculación con la sociedad en el diseño del proyecto. Sostiene que los procesos de esta escala deberían incorporar a la comunidad desde las bases del concurso y no limitarse a una relación entre promotor e instituciones.

El segundo problema, la débil valoración del rol profesional del arquitecto, en un contexto donde la normativa vigente resulta desactualizada, dice.

Sandoya plantea la necesidad de tener una legislación para que proyectos emblemáticos se desarrollen mediante concursos públicos regulados, como ocurre en otros países.

El arquitecto Florencio Compte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las observaciones de Zaera-Polo deben ser tomadas en cuenta, dada su trayectoria en la arquitectura contemporánea. 

Le parece que el tema de fondo fue la falta de seriedad, ya que no se respetó lo que determinó el jurado inicial. El jurado de la última fase tuvo 48 horas para evaluar a los finalistas.

Este medio contactó a decanos de la UTE, PUCE y Uisek, pero no estuvieron disponibles.

El papel de Pamela Cortés

Pamela Cortés, viceministra de Cultura, no ha estado activa en el proceso de selección. Ese lugar lo tomó Roberto Luque, ministro de Infraestructura.

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Lo que debes saber

• Daniel Noboa rechazó el proyecto ganador del Museo Nacional tras la presión en redes sociales.
• El jurado del concurso del Museo Nacional cuestiona cambios al proceso decidido por el Gobierno.
• La polémica por el Museo Nacional reabre el debate sobre redes sociales y decisiones públicas en Ecuador.

Cuando acepté formar parte del jurado del concurso internacional para el nuevo Museo Nacional del Ecuador, creí que iba a Quito a juzgar arquitectura. No sabía que acabaría siendo testigo —y agente— de cómo una aparición viral del “público fantasma” de Lippmann canceló la experticia y devoró a las instituciones del estado. No me puedo resistir a esta gran oportunidad para hacer periodismo Gonzo.

(Te invitamos a leer| Lo mejor que puede ocurrir es que el Museo Nacional de Ecuador no se construya)

Tras un proceso impecable del Colegio de Arquitectos de Pichincha, el jurado —arquitectos, gestores de cultura y patrimonio, y representantes políticos, entre ellos Noboa y la vicepresidenta Pinto, vía sendos delegados— otorgó el primer premio a la propuesta del estudio de Alberto Campo Baeza con la firma quiteña MAODA, a pesar de la resistencia de los representantes políticos, que querían otro proyecto. 

El proyecto proponía un prisma de hormigón blanco —heredero del brutalismo quiteño de Barragán y Wappenstein— con oquedades recubiertas con pan de oro. El pan de oro resonaba con el retablo de La Compañía de Jesús, cumbre del barroco colonial quiteño, y conectaba con el Sol de La Tolita, esa máscara áurea de una cultura ancestral que trabajó el oro, el cobre y el platino siglos antes de que Europa supiera fundirlo. 

Tres momentos del lugar —la orfebrería ancestral, el barroco colonial, el hormigón moderno— sintetizados no en un discurso, sino en la materia misma del edificio. Campo Baeza no pronunció la demagogia identitaria que el momento exigía. La especificó silenciosamente.

Aparte de ser el proyecto que mejor funcionaba técnicamente, ―protegiendo los archivos de las humedades del subsuelo, conectando fluidamente las salas de exposiciones con las reservas y proveyendo de iluminación natural difusa a todas las salas, dando absoluta flexibilidad a la futura organización expositiva― era uno de los cuatro proyectos que habían situado el edificio como un bloque lineal que se pegaba a la linde sur del predio, dejando una gran banda de espacio público paralela a la Avenida Eloy Alfaro, que se podría extender hacia el Oeste al solar de Ministerio de Agricultura. 

En esta zona, entre las avenidas Eloy Alfaro y República se construirá el nuevo Museo Nacional de Ecuador.

De esos cuatro, era el único que tenía la monumentalidad necesaria para recoger el Parque de la Carolina en su extremo sur, al tiempo que haría de pantalla de las torres comerciales que se van a construir detrás del edificio. 

Es también el proyecto más fácil y rápido de ejecutar, y probablemente la más barata de todas las propuestas presentadas. Todo ello resuelto con un simple gesto y sin aspavientos. Elegancia máxima, pero del tipo que no ven quienes nunca pasan de la superficie y solo aprecian las contorsiones y los alaridos.

La reacción en redes sociales

El anuncio se hizo el 6 de julio y en horas el timeline dictó sentencia: "otra plataforma financiera", ―en referencia al edificio construido en Quito en 2017, durante el gobierno de Correa―; "no representa la identidad ecuatoriana"; “es muy feo”…  

El veredicto de las redes confirmaba la intuición de los representantes políticos, que veían el proyecto ganador como derivado de la arquitectura de su némesis, ―aunque semejante filiación sea muy dudosa. Una petición en Change.org reunió miles de firmas pidiendo "reevaluar" la propuesta.

La defensa técnica del Museo Nacional

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, hizo lo que debe hacer una servidora pública de alto calibre: dar la cara. Explicó que un museo nacional no es una escultura sino una máquina de conservar memoria —1,2 millones de bienes patrimoniales, reservas técnicas, conservación preventiva— y que las redes juzgaban una imagen sin entender la función. 

Con enorme coraje en estos tiempos de políticas populistas e identitarias, se atrevió a decir que pretender que un solo edificio "represente la identidad ecuatoriana" es la trampa perfecta. 

Me quedé atónito cuando le escuché a la viceministra explicar el proyecto porque en realidad a mí lo que más me gustaba del proyecto de Campo Baeza era precisamente su impermeabilidad al discurso identitario, aun así, haciendo resonar varios ancestros con una armonía imprevista.

Después de dos días de presentaciones en las que los candidatos, uno a uno, intentaron convencernos de cómo sus proyectos eran la esencia misma de la identidad ecuatoriana a través de ensenarnos las típicas fotos de ríos, chozas, armas, joyas, ruinas, textiles, cerámicas etc, para justificar sus acrobacias arquitectónicas, el non-chalance de Campo Baeza de recurrir a la forma más reductiva era realmente radical. 

Me gustaba pensar que quizá una nación que se representa así misma a través de una abstracción es una nación que manifiesta una disposición extraordinaria a evolucionar en lugar de mirarse al ombligo y atarse al pasado. Nunca hablé de esto en el jurado porque pensé que defender el anti-identitarismo y la función sería una causa perdida. 

Y de repente me encuentro a la viceministra sobrevolando el mismo territorio. Excepto que yo no lo dije en el jurado pero ella sí lo dijo públicamente y fue cesada de inmediato. Y con ella salió su magnífico equipo técnico, liderado por Carlos Montalvo, el director del museo.

El pronunciamiento del ministro Roberto Luque

El 10 de julio, el ministro Luque —delegado de Noboa en el jurado— publicó en X su proclama. Empezaba con un vocativo de balcón: "¡Ecuatorianos!". Anunciaba que la empresa pública rechazaba la propuesta ganadora y que se convocaría a los finalistas, porque el diseño debía elegirse "junto a la ciudadanía" y responder "al sentir de la ciudad" ―ya se sabe que cuando entran los sentimientos del pueblo, sale la experticia. 

Como aquel “público fantasma” de Lippmann, los Ecuatorianos de Luque son un pueblo sintético: un agregado fabricado por métricas e influencers, sesgado y amplificado por el algoritmo, disuelto en setenta y dos horas sin dejar responsables. Byung-Chul Han lo llama infocracia: la esfera pública sustituida por tormentas de indignación que no argumentan, sino que descargan.

El 11 de Julio, el Ministro Luque nombró ―supongo que con la venia del presidente― un nuevo jurado formado por uno de los arquitectos que están diseñando las torres de más de 35 plantas que se situarán al suroeste del predio, un diseñador de interiores lujosos, amigo del presidente, y un arquitecto chino que pasaba por allí porque está trabajando para Schwartzkopf, (y que no tiene ni siquiera nivel de partner en la empresa en la que trabaja en Pekín). 

Una pequeña colección de yes-men transaccionales, que confirman el pedigree foucauldiano del presente ejecutivo: el poder siempre posee la verdad. Si los expertos no confirman lo que quiere el poder, el poder busca experticia transaccional. 

El diseño tiene problemas técnicos

Y luego le pido al pueblo que confirme mi opinión: los expertos transaccionales seleccionaron tres proyectos entre los más flojos de la convocatoria y se los ofrecieron al pueblo para que rugiera. Con un leve maullido, el pueblo indicó al proyecto de Sanaa-A0-CPA-JHS que ¡sorpresa! era el que los representantes institucionales del jurado habían empujado al tercer puesto durante las deliberaciones, a pesar de que los miembros técnicos lo habíamos dejado en una mención por los múltiples problemas técnicos que tiene. 

El proyecto de Sanaa, aparte de tener todas las curvas y los retranqueos necesarios, hablaba de la “identidad ecuatoriana” como “diversidad”, y ha sido desarrollado por dos equipos dirigidos por mujeres, con “asesores indígenas, afro-ecuatorianos y mestizos”. Es decir, es diverso, inclusivo y seguramente equitativo: DEI. Y es que los populismos de derecha y el wokismo comparten el linaje posestructuralista del sentimiento: la experticia de los yes-men transaccionales siempre termina eligiendo a las féminas woke.

En la era de la democracia populista, cualquier político de pro necesita un legado arquitectónico juguetón y vociferante, lleno de torsiones, curvas y voladizos imposibles: el sueño de un efecto Bilbao propio, pero sin el temple necesario para nutrirlo y defenderlo de las jaurías digitales.

Pero ese tren pasó hace años. Hasta Xi Jinping —que encargó más arquitectura-espectáculo que nadie— decretó en 2014 el fin de la fiesta: "no más arquitectura rara". 

Los Pritzker de la última década también se han inclinado a la sobriedad y la reutilización. Pero Noboa no se ha enterado y Ecuador no construirá el primer ícono de la nueva austeridad latinoamericana, sino el último dinosaurio identitario del star system.

Hay una imagen que no puedo evitar cada vez que miro esa perspectiva aérea en tonos ocres: si el proyecto de Campo Baeza era una caja, este es… una caca!

Las claves que debes saber

• Correísmo critica a Ortega en 2026, tras denunciar exclusión electoral contra sus movimientos en Ecuador.
• Comunicado rechaza prohibir opositores en Nicaragua mientras crece disputa electoral con Daniel Noboa.
• Acciones de Ortega en 2021 se comparan con medidas que afectan al correísmo en Ecuador.

Únicamente cuando fueron víctimas del autoritarismo de Daniel Noboa se decidieron a condenar el autoritarismo de sus amigos y aliados ideológicos. Eso es lo que ha ocurrido con el correísmo. 

Te invitamos a leer| Sin Amigo, el correísmo tiene dos alternativas pero ninguna certeza: esto prepara su dirigencia

El 21 de julio de 2026, la directiva de la Revolución Ciudadana publicó un comunicado en contra del anuncio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en su país. Pero hay un detalle imposible de ignorar: solo lo hicieron cuando Noboa está a punto de dejarlos fuera de los procesos electorales mediante leguleyadas y el control de los organismos electorales.

Ya sacó del registro electoral a la Revolución Ciudadana por un tema de cuentas supuestamente mal llevadas y al movimiento Amigo en el que iban a correr los correístas para las elecciones venideras, alegando que existe un documento reservado de Fiscalía sobre lavado de activos.

La hipocresía del correísmo

Resulta evidente que el comunicado de los correístas llega únicamente cuando ellos mismos se convirtieron en víctimas, pese a que Ortega gobierna desde hace casi veinte años, junto con su esposa Rosario Murillo, como un dictador cualquiera y de la peor especie.

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“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua, manifestadas por su copresidente Daniel Ortega, de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, dice el comunicado. 

Y añade una frase que expone la hipocresía del correísmo: “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”, dice el comunicado.

Hipocresía, populismo y oportunismo en estado puro. Desde 2018, el régimen de Ortega ha utilizado las estrategias más perversas para sacar del sistema electoral a sus adversarios -como hoy hace Daniel Noboa, según denuncian sus críticos- y el correísmo jamás dijo esta boca es mía.

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Y termina el comunicado con esta oración: “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

Ortega atacó años atrás la democracia y la RC calló

El operativo antidemocrático de Ortega alcanzó su punto más alto en 2021 cuando, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, arrestó a siete aspirantes, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. 

Además, como controlaba la justicia, canceló la personería jurídica de varios partidos opositores, entre ellos Ciudadanos por la Libertad (CxL), la principal plataforma electoral de la oposición nicaragüense.

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Martin Pallares

Es decir, una fórmula parecida a la que hoy aplica Daniel Noboa contra la Revolución Ciudadana: ya suspendió ese partido político y recientemente hizo lo mismo con el movimiento Amigo, donde iban a inscribirse los candidatos del correísmo.

En Nicaragua, la mayoría de los precandidatos fueron acusados con base en la llamada Ley 1055, bajo cargos como “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” o delitos relacionados con financiamiento extranjero. Esas acusaciones sirvieron para detenerlos e impedir legalmente la inscripción de sus candidaturas.

Así llegó Ortega a las elecciones de noviembre de 2021: sin rivales competitivos. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea concluyeron que las detenciones, las inhabilitaciones y la cancelación de partidos habían eliminado la competencia electoral y restado legitimidad al proceso.

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Así Correa defendió a Ortega

¿Y qué dijeron los correístas? ¿Qué dijo Rafael Correa? Nada, absolutamente nada. Cuando comenzaron las detenciones de precandidatos, en junio de 2021, Correa cuestionó lo que calificó como una “doble moral” de la comunidad internacional y sostuvo que Nicaragua era víctima de una campaña de desestabilización. 

No condenó los arrestos. Tampoco hizo la menor crítica a Ortega por haber eliminado de la competencia electoral a sus principales rivales mediante detenciones, inhabilitaciones y la cancelación de partidos.

Mientras la OEA, la CIDH, la Unión Europea y la ONU denunciaban que las elecciones de noviembre de 2021 carecían de competencia real, ni Correa ni los dirigentes del correísmo se sumaron a esas críticas. Más aún, en entrevistas posteriores evitó romper políticamente con Ortega.

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Criticó las sanciones internacionales e insistió en que existía una narrativa internacional sesgada contra los gobiernos de izquierda.

Exfuncionarios correístas se codeaban con Ortega

Quizá una de las máximas expresiones de esa hipocresía ocurrió en enero de 2022, cuando la excanciller correísta María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en una celebración del sandinismo, en momentos en que las condenas internacionales al autoritarismo de Ortega ocupaban los titulares del mundo. 

La acompañó el también correísta Ricardo Patiño, exministro de Defensa. Ambos habían salido del gobierno de Lenín Moreno tras la ruptura entre el presidente y Rafael Correa. Durante esa visita, Espinosa pronunció un discurso que se hizo célebre por las elogiosas palabras dedicadas a Rosario Murillo, esposa de Ortega y figura clave del sistema autoritario nicaragüense.

El parecido entre el régimen de Ortega y Noboa

Hay muchos parecidos, aunque también diferencias, entre lo que Ortega hizo durante la última década en Nicaragua y lo que hoy ocurre en Ecuador. 

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Así quieren matar al anticorreísmo

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El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) identifica cuatro rasgos del régimen nicaragüense: exclusión de organizaciones políticas, procesos penales contra figuras opositoras, uso del sistema judicial para apartar a potenciales rivales y eliminación progresiva de la competencia electoral.

¿Coincidencias con el caso ecuatoriano? Quizá el correísmo tenga algo que decir.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 450 para ordenar protección especial al ministro del Interior, John Reimberg, y a su familia.
  
• La medida dispone que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asuman su resguardo de forma inmediata.
• El documento justifica la decisión por las funciones del ministro en la lucha contra la delincuencia organizada.

El presidente Daniel Noboa Azin dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 450, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas otorguen protección al ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, así como a su cónyuge y familiares. La medida fue emitida este 22 de julio de 2026 y entró en vigencia desde su suscripción.

Política

Comisión de Justicia analiza cambios a la Escuela Judicial y surgen alertas por la reforma

Marco Rivera

La decisión se sustenta en las atribuciones constitucionales del jefe de Estado para dirigir la administración pública y ejercer la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El decreto también recuerda que Reimberg fue ratificado como ministro del Interior mediante el Decreto Ejecutivo 11 del 27 de mayo de 2025.

El documento argumenta que las funciones del titular del Ministerio del Interior implican responsabilidades directas en materia de seguridad pública, orden interno y combate a la delincuencia organizada. Por ello, el Gobierno considera necesario reforzar su seguridad personal y la de su círculo familiar.

¿Qué dispone el Decreto Ejecutivo 450 sobre la seguridad del ministro del Interior?

El artículo único del decreto establece de forma expresa que ambas instituciones del Estado deberán encargarse del resguardo del funcionario. La disposición no fija un plazo determinado para la protección ni detalla el tipo de operativo que se implementará.

El decreto fue firmado por el presidente Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil el 22 de julio de 2026 y establece que su aplicación es inmediata, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Política

Comisión de Biodiversidad analiza reforma al mercado de carbono y alertan vacíos en la ley

Marco Rivera

Aunque el documento no menciona amenazas específicas contra el ministro, sí justifica la medida por la naturaleza de sus funciones dentro de la estrategia estatal de seguridad. Reimberg tiene a su cargo la coordinación de acciones relacionadas con el orden interno y el combate a las estructuras criminales.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Justicia recibió observaciones técnicas al proyecto que reforma la Escuela de la Función Judicial.
• El constitucionalista Andrés Martínez advirtió posibles riesgos de inconstitucionalidad y cuestionó nuevos requisitos para ingresar a la carrera judicial.
  
• La mesa legislativa anunció que incorporará los aportes al análisis previo al segundo debate.

La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continuó este miércoles 22 de julio el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Durante la sesión 108, el organismo escuchó los aportes del constitucionalista Andrés Martínez, profesor titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, sobre el eje que plantea transformar la Escuela de la Función Judicial.

Política

Comisión de Biodiversidad analiza reforma al mercado de carbono y alertan vacíos en la ley

Marco Rivera

La presidenta de la comisión, Rosa Torres Cadena, informó que el primer punto del orden del día, previsto para conocer la propuesta del asambleísta Mario Zambrano Vera sobre delitos de violencia digital, no pudo desarrollarse debido a que el legislador justificó su ausencia por compromisos inherentes a sus funciones legislativas.

En su exposición, Martínez centró sus observaciones en la propuesta de reforma a la Escuela de la Función Judicial. A su criterio, el proyecto modifica el rol de esa institución y podría invadir competencias de las universidades al convertirla en un espacio de formación académica, cuando su función debería ser complementar la preparación práctica de jueces, fiscales y defensores públicos.

Reforma a la Escuela Judicial genera observaciones técnicas

El experto sostuvo que uno de los principales problemas del texto es la incorporación de requisitos que no constan en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial para acceder a la carrera judicial. "No se podría colocar un requisito de ingreso que no consta en la norma. Imagínense, se estaría poniendo un requisito de ingreso que no consta en la norma, lo cual acarrearía una inconstitucionalidad", advirtió durante su comparecencia.

Martínez también cuestionó la posibilidad de exigir una maestría impartida por la propia Escuela Judicial como condición para ingresar a la Función Judicial. Explicó que esa disposición podría crear un monopolio académico y limitar el acceso a quienes aspiren a desempeñarse como jueces, fiscales o defensores públicos.

Además, alertó que la propuesta incrementaría la estructura administrativa del Estado al requerir más personal y recursos sin identificar una fuente de financiamiento. "Toda norma que crea una obligación financiada con recursos públicos debe establecer la fuente de financiamiento correspondiente", recordó al citar el artículo 287 de la Constitución.

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Experto propone fortalecer la capacitación sin reemplazar a las universidades

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al perfil de quien dirigiría la Escuela de la Función Judicial. Martínez consideró que esa autoridad debe contar con experiencia académica y en gestión universitaria para garantizar una adecuada formación de los operadores de justicia y coordinar programas especializados.

El académico planteó que la Escuela Judicial establezca convenios con universidades para aprovechar docentes especializados y desarrollar procesos de capacitación continua, en lugar de asumir toda la formación. También criticó que el proyecto incluya aspectos que, según dijo, deberían regularse mediante reglamentos y no incorporarse directamente en la ley.

Tras la intervención, el asambleísta Solmedo consultó cómo integrar a la academia con la Escuela Judicial y qué perfil debería tener su director. Martínez respondió que ambas instituciones deben trabajar de manera complementaria y reiteró que el responsable de la escuela debería acreditar experiencia en dirección académica.

Lo que debes saber

• La Comisión de Biodiversidad recibió a una especialista en mecanismos climáticos para analizar la reforma al Código Orgánico del Ambiente.
• La comparecencia advirtió vacíos jurídicos, pidió fortalecer las salvaguardas y ampliar los instrumentos de financiamiento ambiental.

La Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional analizó este miércoles 22 de julio el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente sobre cambio climático, con la comparecencia de Lilian Jara, presidenta ejecutiva de Servicios Ambientales Rainforest Ecuador, quien expuso observaciones técnicas sobre la regulación del mercado de carbono.

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Durante la sesión ordinaria No. 105-CPBRN-2026, presidida por la asambleísta Ana León, Jara sostuvo que la propuesta legislativa representa un avance, aunque advirtió que el texto concentra su contenido únicamente en el mercado de carbono y deja fuera otros mecanismos internacionales de financiamiento climático.

"La ley limita mucho el tema al mercado de carbono. Recordemos que este es uno de los instrumentos de financiamiento climático", afirmó la especialista, quien insistió en que la normativa debería incorporar también créditos de biodiversidad, fondos de conservación, restauración ambiental, bonos verdes y otros esquemas que ya funcionan en diferentes países.

Mercado de carbono: ¿qué aclaró la especialista sobre la reforma?

Durante su exposición, Jara explicó que uno de los principales problemas del debate ha sido la confusión sobre el funcionamiento del mercado de carbono. Precisó que este mecanismo no implica la venta de bosques ni la privatización de recursos naturales, sino el reconocimiento económico a proyectos que demuestren reducciones verificables de emisiones contaminantes.

"El mercado de carbono no vende bosques, no privatiza el agua, no transfiere la biodiversidad y no transfiere los derechos sobre la naturaleza", enfatizó durante su comparecencia ante los legisladores.

Según la especialista, el Ecuador posee un alto potencial para captar inversión internacional gracias a sus bosques, manglares y ecosistemas naturales. Incluso estimó que el país podría generar alrededor de 2.000 millones de dólares anuales mediante proyectos de compensación de emisiones si cuenta con un marco jurídico sólido y competitivo.

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Asambleísta cuestionó salvaguardas para comunidades y derechos colectivos

Durante el debate, el asambleísta Samaniego expresó su preocupación por la protección de los derechos colectivos dentro de la futura normativa y consultó cómo evitar que el mercado de carbono genere procesos de mercantilización o afectaciones a pueblos y nacionalidades.

El legislador planteó que la ley debe garantizar la supremacía constitucional, la distribución justa de beneficios, la consulta previa y la prohibición expresa de transferir derechos sobre la naturaleza o los servicios ambientales. También preguntó cómo incorporar criterios de equidad de género dentro del articulado.

Como respuesta, Jara sostuvo que los proyectos internacionales de carbono ya exigen salvaguardas sociales y ambientales antes de ser certificados, aunque consideró indispensable que esas garantías también queden expresamente incorporadas en la legislación ecuatoriana. "Todos los proyectos de mercado de carbono tienen que tener salvaguardas", señaló.

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Experta propone ampliar la reforma y reforzar los artículos

La presidenta ejecutiva de Servicios Ambientales Rainforest Ecuador también cuestionó la falta de definiciones jurídicas dentro del proyecto, especialmente sobre mercado regulado, mercado voluntario y mecanismos de cooperación internacional, lo que —dijo— podría generar interpretaciones erróneas durante su aplicación.

"Esta reforma debería globalizar todos estos instrumentos que permitan al Ecuador no solamente traer inversión por el mercado de carbono, sino también por biodiversidad, conservación y energías renovables", manifestó.

Al finalizar la comparecencia, Jara ofreció remitir observaciones técnicas a la Comisión para fortalecer el articulado antes del debate legislativo. Tras concluir las intervenciones, la presidenta Ana León cerró el debate y clausuró la sesión al no existir más puntos dentro del orden del día.

Lo que debes saber

• La vocal suplente del CNE, María Cristina Kronfle, informó que, de forma "personal y momentánea", decidió no facturar al organismo por las cuatro sesiones del Pleno a las que fue convocada y en las que participó.
• Kronfle señaló que la medida "se limita exclusivamente al cobro de valores" y que no supone renunciar a su dignidad como consejera.
• Kronfle recordó que, tras la renuncia de Diana Atamaint y la principalización de José Merino, actualmente le corresponde ocupar la primera suplencia del organismo.

Este miércoles 22 de julio, la vocal suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), María Cristina Kronfle, informó que, de forma "personal y momentánea", decidió no facturar al organismo por las cuatro sesiones del Pleno a las que fue convocada y en las que participó.

(Te puede interesar: La renovación de CNE se podría concretar en noviembre de 2026, según nuevo cronograma)

"He decidido, de manera personal y momentánea, no facturar al Consejo Nacional Electoral por las cuatro sesiones del Pleno a las que fui convocada, en las que participé y trabajé", escribió en su cuenta de X.

No obstante, Kronfle enfatizó que la medida "se limita exclusivamente al cobro de valores" y que, "bajo ningún concepto", supone renunciar a su dignidad como consejera, perder su lugar en el orden de prelación o quedar impedida de principalizarse cuando corresponda.

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Kronfle señala que le corresponde ocupar la primera suplencia del CNE

Kronfle recordó que, tras la renuncia de Diana Atamaint y la principalización de José Merino, actualmente le corresponde ocupar la primera suplencia del organismo.

Sin embargo, aseguró que, pese a las versiones sobre eventuales conversaciones del presidente del CNE, José Cabrera, con los consejeros suplentes, ella no ha sido contactada.

"Conmigo no ha conversado bajo ningún concepto: ni formal ni informalmente, ni personalmente ni a través de los canales institucionales", sostuvo.

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Agregó que desconoce con qué otros suplentes se habrían mantenido esos acercamientos y dejó constancia pública de que no ha sido incluida en ellos.

"Mi silencio respecto del cobro de dietas tampoco puede confundirse con ausencia, desinterés o renuncia a las responsabilidades para las cuales fui designada", manifestó.

Sostuvo que su decisión no puede ser utilizada como argumento para restringir su acceso institucional o desconocer el lugar que, según afirma, le corresponde dentro del CNE.

Lo que debes saber

• Juez del TCE niega recusación planteada por directivo del movimiento Amigo.
• Francisco David Loor figura como dirigente en dos organizaciones políticas simultáneamente.
• El movimiento Amigo afronta investigación por lavado de activos y sanción del CNE.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó este 22 de julio de 2026 la recusación presentada en su contra por el movimiento Amigo. La decisión judicial se tomó tras constatar que el dirigente, Francisco David Loor Pisco, incurre en un conflicto de legitimación electoral al figurar de forma simultánea como directivo en otra organización política de Manabí, lo que invalida legalmente la acción presentada ante el organismo.

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Conflicto de legitimación electoral invalida la recusación del juez Patricio Maldonado

En su auto de sustanciación, el magistrado Patricio Maldonado requirió una certificación oficial al Consejo Nacional Electoral (CNE) para comprobar la representación legal de Francisco David Loor Pisco.

El informe del CNE determinó que el dirigente no solo constaba como directivo del movimiento Amigo, sino también del movimiento Sí Podemos (lista 72) de la provincia de Manabí.

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De acuerdo con el juez del TCE, esta doble directiva genera una falta de personería jurídica que invalida su representación legal. En el auto, Patricio Maldonado argumentó:

"Este juzgador precisa que la inconformidad afecta de manera directa e inexcusable a la legitimación en el proceso o personería del compareciente, puesto que no puede ejercer simultáneamente un puesto directivo en dos organizaciones políticas, existiendo un orden de prelación en la del 2023 o un su defecto las dos se anulan, realizando un símil en lo que corresponde a la inscripción de candidaturas; sin que aquello sea materia de resolución en la presente causa".

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Al evaluar dicha irregularidad, el TCE resolvió negar la recusación planteada, considerando que el vicio de origen "torna defectuosa la validez de la manifestación de voluntad vertida en el escrito de recusación, imposibilitando la verificación del presupuesto procesal de personería para activar un incidente (...)".

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Lo que debes saber

• El CNE tendría dos nuevos vocales entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.
• La renovación parcial del CNE permanece pendiente desde hace más de cinco años.
• Un sorteo público determinará a los consejeros salientes, respetando la paridad de género.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador contaría con dos nuevos vocales principales entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. Esto ocurre tras la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de actualizar el cronograma del concurso de renovación parcial —estancado durante más de cinco años— e iniciar la conformación del equipo docente para la elaboración de pruebas. Los vocales salientes serán determinados mediante un sorteo público que respetará el criterio de paridad de género.

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Fechas clave del nuevo cronograma del concurso del CNE

Para completar el proceso de selección y designar a los integrantes del organismo electoral, la Comisión Ciudadana de Selección fijó las siguientes etapas operativas:

Antecedentes y cuestionamientos al proceso de selección

El concurso para la primera renovación parcial del CNE sufrió su retraso más reciente en diciembre de 2025. En esa fecha, el Pleno del CPCCS decidió retrotraer la fase del examen escrito debido a posibles riesgos de filtración de las preguntas elaboradas por el primer equipo de catedráticos.

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A pesar de que la Comisión Ciudadana de Selección abrió una nueva convocatoria para conformar al cuerpo docente encargado del examen escrito y de los casos hipotéticos, el proceso ha enfrentado observaciones. El equipo técnico, integrado por los delegados de los siete consejeros del Pleno del CPCCS, ha presentado cuestionamientos a las actuaciones del cuerpo colegiado.

Política

Misión de Observación plantea que concurso para fiscal regrese hasta la elaboración del reglamento

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 22 de julio de 2026, el titular del CPCCS fue consultado sobre los resultados preliminares de la misión, que estuvo de paso por Ecuador a inicios de julio de 2026. Su primera reacción fue cuestionar el origen de la MIO.

“Más que la Misión, para nosotros es importante cada observación. Tenemos una veeduría oficial. La Misión ni siquiera está acreditada en el Ecuador. No ha sido reconocida”, argumentó el titular del Consejo de Participación.

Cabe recordar que el pasado 8 de julio de 2026, la MIO presentó los resultados de su informe preliminar, elaborado tras el seguimiento al concurso. 

Entre sus conclusiones señaló que la reglamentación del proceso es aprobada para cada concurso por el CPCCS. “Esto facilita que la regulación se diseñe al servicio de intereses ajenos a la calidad de la selección”, indicó el informe.

La misión también estableció que la selección del titular de la Fiscalía General es una labor técnica compleja que requiere conocimiento y/o experiencia sobre el sistema de justicia penal. A partir de esa premisa, cuestionó los perfiles seleccionados para integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

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"¿A quién beneficia que fiscal encargado se quede? Hágase esa pregunta", dice observador de misión

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En materia de transparencia, motivación, rendición de cuentas y participación ciudadana, la MIO sostuvo que persisten deficiencias en la disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia de la información pública.

“Ni pies ni cabeza”, dice Fantoni

Sobre los hallazgos de la misión, Fantoni dijo que “hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza”. También señaló que el informe de la MIO utilizó información que fue publicada en el portal web institucional.

“No le quita la observancia (el no estar acreditada). Hay otras cosas que son importantes acoger”, dijo Fantoni. Sin embargo, no profundizó en los aspectos sobre los cuales el CPCCS ha tomado nota para la continuación del concurso.

Cabe recordar que Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la MIO, informó sobre la intención de mantener una reunión con las autoridades del CPCCS, así como con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. Sin embargo, nunca hubo una respuesta de ninguna de las dos partes.

En entrevista con EXPRESO, Arellano indicó: “Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con lo que pudieron habernos planteado las autoridades”.

Lo que debes saber

• Compra de medicinas a India sigue pendiente tras dos meses del anuncio en Ecuador.
• Hospitales públicos mantienen desabastecimiento por retrasos en importación de fármacos

A casi dos meses del anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa sobre una compra masiva de medicamentos a la India para enfrentar la escasez de fármacos en el sistema público de salud, el proceso aún no muestra resultados concretos y las autoridades no han informado oficialmente sobre avances en la contratación o llegada de los insumos.

La adquisición fue presentada el pasado 24 de mayo como una de las estrategias para abastecer hospitales y centros de salud, especialmente en áreas críticas como oncología y tratamientos de diálisis. 

En ese momento, el Gobierno aseguró que se trataba de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con el objetivo de agilizar la respuesta a la crisis de abastecimiento.

Promesas de resultados rápidos no se han cumplido

Cuando se anunció la iniciativa, la entonces ministra de Gobierno, Nataly Morillo, afirmó que los resultados podrían verse en un plazo máximo de tres semanas. También señaló que existían acercamientos previos con proveedores de la India y que el contrato estaba próximo a concretarse.

Carlos Guerra, doctor en Farmacología, señala que si bien Ecuador no es un país de innovación farmacéutica (no desarrolla nuevas moléculas), la industria nacional ha mejorado. "De los cerca de 420 laboratorios existentes, al menos unos 20 cumplen con buenos estándares".

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Mientras la compra sigue pendiente, médicos y pacientes continúan reportando dificultades para acceder a determinados tratamientos dentro de la red pública de salud.

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El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, advirtió que el desabastecimiento de medicamentos e insumos continúa afectando a hospitales y centros de salud públicos del país. 

El dirigente aseguró que la falta de fármacos esenciales sigue siendo el principal problema del sistema sanitario y afirmó que será el mayor desafío que deberá enfrentar el nuevo ministro de Salud.

En la misma línea, Francisco Andino, exministro de Salud, señaló que la falta de resultados responde a problemas estructurales que persisten en el sistema de compras públicas. 

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“Sigue el gran desabastecimiento que hay, que existe, que igual con el Decreto 393, que tenía que ver con la empresa pública de contratación de bienes y servicios, eso también lleva normativas que no se pueden escapar a la Ley de Contratación Pública, como el giro de negocio y una serie de cosas más”, indicó.

Andino añadió que las dificultades no se limitan a los procedimientos administrativos. “En todo caso, creo que por ahí las cosas no están funcionando, toda vez que inclusive no fluyen los recursos económicos como deberían fluir”, señaló.

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Germán Rodas, coordinador de la organización, dijo que acudieron al Ministerio Público para pedir que Fiscalía convoque a ambos funcionarios de Daniel Noboa para formularles cargos por el "gran asalto al país" que causaron los contratos que suscribió la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen, durante la emergencia energética.

Rodas criticó, además, que la Fiscalía haya permitido que Luque guarde silencio cuando acudió a rendir su versión la semana pasada.

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"Es un absurdo jurídico porque se acogen al derecho al silencio las personas que hayan sido involucrados de manera directa por la Fiscalía. Lo que están logrando es que el ministro guarde silencio precisamente para no informar cómo han ocurrido los acontecimientos de la contratación de Progen. Es absurdo porque un funcionario público está obligado a dar información de su quehacer en el cargo", recalcó.

¿Fiscalía protege a Luque?

El representante de la organización de la sociedad civil demandó acciones por parte de la entidad en contra de Luque y Manzano, debido a que ambos estuvieron al frente de la contratación de las plantas termoeléctricas y lo anunciaron públicamente.

"No puede haber silencios ni omisiones por parte la Fiscalía, en el sentido de no llamarles a los ministros que todos conocemos, nos mandaban información desde Estados Unidos diciéndonos que las maquinarias de Progen eran formidables; o que, en el caso de la ministra Manzano hizo cinco de los seis pagos que correspondían", añadió.

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Para Rodas, el hecho de que la Fiscalía haya permitido que Luque no hable "se puede interpretar como una forma de proteger al ministro. Más grave todavía es el hecho de que protege los datos que él podría y está obligado a entregar sobre el manejo del contrato de Progen", insistió.

Asamblea escuchó a Manzano por el caso Progen

El pronunciamiento de la Comisión se registra mientras otras entidades ejecutan procesos políticos y judiciales por el caso Progen.

Ayer, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional escuchó la intervención de Manzano en el juicio político que el Parlamento inició en contra de la exfuncionaria. Sin embargo, la mesa dirigida por el oficialismo no permitió que los legisladores del correísmo (oposición) cuestionaran a la exfuncionaria.

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Además, la Corte Nacional de Justicia debe decidir si acoge la apelación y cambia o no las medidas cautelares, como lo solicitaron 13 procesados por el caso Progen.

El 21 de julio de 2026, Passailaigue comunicó públicamente su desvinculación de la organización política. En su pronunciamiento no detalló los motivos de la decisión, aunque aseguró que continuará enfocada en iniciativas relacionadas con la formación de liderazgos, la generación de alianzas y el impulso de proyectos orientados a ampliar oportunidades para los ecuatorianos, ahora desde el ámbito privado.

Además de su actividad parlamentaria, desempeñó funciones dentro de la estructura del PSC. Estuvo al frente del Centro de Formación Política, desde donde impulsó la capacitación de más de 2.000 jóvenes interesados en participar en la vida pública. También coordinó los temas vinculados con la participación de las mujeres dentro del partido. Antes de su incursión legislativa, en 2005, fue directora de Turismo de la Prefectura del Guayas.

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Su gestión legislativa y las leyes que impulsó

Durante su paso por la Asamblea Nacional, Passailaigue integró la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, donde participó en el debate y elaboración de varias iniciativas legales.

Entre sus principales actuaciones figura la ponencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), con las que se buscó fortalecer la autonomía universitaria y devolver a los estudiantes la posibilidad de elegir libremente su carrera.

También respaldó proyectos como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables y la Ley de Equidad Salarial entre Mujeres y Hombres.

Su trabajo legislativo incluyó además la promoción de políticas orientadas a prevenir la violencia, especialmente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, como parte de la comisión ocasional de niñez y adolescencia.

Passailaigue llegó por primera vez a la Asamblea en las elecciones de 2017, en representación de Guayas. Tras la aplicación de la denominada muerte cruzada por parte del entonces presidente Guillermo Lasso, volvió a obtener un escaño en las elecciones extraordinarias de 2023. 

En 2024 presentó su renuncia al cargo para integrar el binomio presidencial del PSC junto a Henry Kronfle, candidatura que obtuvo 73.500 votos, equivalentes al 0,72 % de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025.

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Del deporte y la televisión a la política

Antes de consolidar su carrera política, Dallyana Passailaigue, de 45 años, desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos. Es ingeniera comercial y también ha participado como atleta y piloto de motociclismo en competencias nacionales.

Su carrera profesional incluyó una etapa en los medios de comunicación. Formó parte del programa deportivo Copa, de RTS, y posteriormente integró Ecuavisa, donde fue presentadora de Así Somos. Más adelante viajó a Madrid para estudiar interpretación en la escuela de Jorge Eines y continuó su formación en Italia, especializándose en Comedia del Arte.

Tras regresar al país, volvió a Ecuavisa para incorporarse a Televistazo, donde estuvo a cargo de la presentación de noticias deportivas.

Passailaigue es hija de Roberto Passailaigue, exministro de Educación, y cursó estudios en mercadeo en Excelsior College, formación que complementó antes de iniciar su actividad en la administración pública y, posteriormente, en la política.

Internacional

Nicaragua inicia reformas para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones

Valeria Alvear

“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua manifestadas por su copresidente Daniel Ortega de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, se lee en el pronunciamiento del movimiento político.

En ese sentido, para la Revolución Ciudadana, lo que ocurre en Nicaragua tiene rasgos de una dictadura. En el mismo escrito se señala: “Impedir elecciones o proscribir adversarios tiene un nombre: dictadura”.

Según la organización política identificada con la izquierda, las elecciones transparentes son la esencia de la democracia. “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”.

En ese punto, el correísmo aprovechó para comparar la situación de Nicaragua con lo que, desde su perspectiva, ocurre en Ecuador. “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

¿Qué pasa en Nicaragua?

Daniel Ortega, durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el 19 de julio de 2026, dijo que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" que permitan a la oposición llegar al Gobierno.

Tras esas declaraciones, el trámite de las reformas legales comenzó en el Parlamento, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde ese espacio se anunció un trabajo conjunto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para "garantizar las bases jurídicas" de las reformas.

El correísmo, cercano a Ortega

El comunicado rompe con la historia de cercanía entre el régimen de Ortega y la Revolución Ciudadana. A propósito de las declaraciones de Ortega, en redes sociales en Ecuador se recordó el momento en que la actual presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, participó en el aniversario de la Revolución Sandinista en 2014.

En ese acto, Rivadeneira dijo: “para que esa antorcha de libertad, comandante Daniel, siga encendida, para nuestros hijos y futuras generaciones”.

Política

Ecuador reafirma su intención de salir del SUCRE: Noboa emitió decreto con la denuncia del tratado

Daniel Alejandro Romero Páez

Más allá de esas declaraciones, el entonces gobierno de Rafael Correa mantuvo una estrecha relación con Nicaragua. Por ejemplo, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), impulsado por los gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI, tenía entre sus países suscriptores a Nicaragua.