Lo que debes saber

• El Municipio confirmó que la comisión de mesa concluirá la etapa probatoria y emitirá un informe en los próximos días.
  
• El Concejo Municipal de Guayaquil se prepara para una sesión extraordinaria que será determinante en el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez.

El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúa en el Municipio en medio de un ambiente político marcado por el cruce de posiciones entre concejales y la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel.

En un comunicado oficial, la institución aseguró que la comisión de mesa actúa con estricto apego al derecho y que se garantiza el pleno ejercicio del debido proceso, en referencia a la polémica sesión del Concejo realizada el jueves 4 de junio.

¿Cómo avanza el proceso de remoción en el Municipio?

Según el Municipio, el proceso sigue las disposiciones del artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La entidad explicó que la participación de los concejales en esta etapa del proceso se dará en el momento oportuno: la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde se decidirá si procede o no la remoción del alcalde.

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Actualmente, el proceso se encuentra en la fase probatoria, en la cual se recaban y analizan los elementos presentados dentro del expediente.

Una vez concluida esta etapa, la comisión de mesa tendrá un plazo de cinco días para emitir un informe final, el cual será elevado al Concejo Municipal.

Ese documento será clave para la siguiente decisión política y administrativa.

Sesión decisiva del Concejo Municipal

El informe emitido por la comisión será conocido en una sesión extraordinaria del Concejo de Guayaquil, donde los ediles deberán deliberar y votar sobre la eventual remoción o continuidad de Aquiles Álvarez en el cargo.

El Municipio insistió en que todo el procedimiento se realiza bajo principios de legalidad y respeto al debido proceso, en medio de cuestionamientos y posturas divididas entre los concejales.

Debate en el Concejo de Guayaquil

La discusión sobre este proceso ha generado controversia en el Municipio, especialmente tras la sesión del 4 de junio, donde se evidenciaron enfrentamientos entre algunos de los concejales.

Lo que debes saber

• José Julio Neira asumió la Administración Pública el 4 de junio para coordinar la reforma estatal. 
• El Gobierno nombró a Neira tras la salida de Cynthia Gellibert hacia un nuevo ministerio.
• Neira liderará la implementación de fusiones ministeriales para reorganizar el Ejecutivo.

José Julio Neira fue presentado la noche del 4 de junio como nuevo secretario general de la Administración Pública, cargo desde el que participará en la implementación de las recientes fusiones ministeriales y otros cambios dentro de la estructura del Estado. La designación se conoció durante una cadena nacional en la que el propio Neira anunció medidas de reorganización institucional.

Con este nombramiento, Neira reemplaza a Cynthia Gellibert, quien dejó la Secretaría para asumir el recién creado Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, una de las nuevas carteras surgidas tras la fusión de varias entidades públicas.

Un funcionario que acumula varias responsabilidades

La nueva designación amplía las funciones que actualmente desempeña Neira dentro del Gobierno. Hasta ahora se mantiene al frente de la Secretaría de Integridad Pública y ha ejercido responsabilidades en organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre otras entidades.

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Tras asumir el nuevo cargo, el funcionario agradeció públicamente la confianza del presidente y señaló que continuará trabajando en procesos relacionados con eficiencia institucional y simplificación administrativa.

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Su papel en la reestructuración del Estado

Durante su primera intervención como secretario general de la Administración Pública, Neira fue el encargado de explicar la conformación de los nuevos ministerios resultantes de las fusiones anunciadas por el Ejecutivo. 

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Entre ellas figuran la integración de las áreas económica, productiva y agrícola; la unión de infraestructura con telecomunicaciones; y la creación de una cartera que agrupará trabajo, desarrollo humano y registro social.

La Secretaría de la Administración Pública tiene entre sus funciones coordinar y articular procesos administrativos dentro de la Función Ejecutiva, además de participar en la planificación y seguimiento de políticas gubernamentales.

El nombramiento de Neira se produce en medio de la reorganización institucional promovida por el Gobierno, que contempla la reducción del número de ministerios y la concentración de competencias en nuevas estructuras administrativas.

Lo que debes saber

• Gobierno anunció el 4 de junio cómo se fusionarán ministerios para reorganizar el Estado.
• Ecuador reducirá de 14 a 10 ministerios mediante una nueva estructura administrativa.
• Economía, Producción y Agricultura se integran para concentrar funciones en una sola cartera.

El Gobierno Nacional informó cómo se concretará la fusión de varios ministerios y entidades públicas dentro del proceso de reestructuración del Ejecutivo, una medida que busca reducir el número de carteras de Estado y reorganizar sus competencias.

El anuncio fue realizado la noche del 4 de junio por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien detalló la conformación de tres nuevos ministerios que asumirán funciones actualmente distribuidas en varias instituciones.

Economía, agricultura y producción se integrarán en una sola cartera

Según la nueva estructura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción pasarán a conformar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La nueva entidad concentrará las competencias relacionadas con la política económica, el sector productivo y las actividades agropecuarias. La cartera estará encabezada por Sariha Moya, de acuerdo con la distribución anunciada por el Ejecutivo.

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Infraestructura y telecomunicaciones formarán un nuevo ministerio

Otra de las modificaciones contempla la unión del Ministerio de Infraestructura y Transporte con el Ministerio de Telecomunicaciones. Ambas entidades pasarán a integrar el Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

La nueva cartera será dirigida por Roberto Luque, quien asumirá la coordinación de las áreas vinculadas a obras públicas, transporte y tecnología.

Trabajo, desarrollo humano y registro social se agruparán

La tercera fusión anunciada reúne al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la Unidad de Registro Social. 

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Estas instituciones pasarán a conformar el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La entidad será liderada por Cynthia Gellibert.

De acuerdo con la información oficial, la reorganización busca concentrar funciones administrativas y reducir estructuras que actualmente operan de forma separada. Con este proceso, el número de ministerios pasará de 14 a 10 dentro de la Función Ejecutiva.

Lo que debe saber

• La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia reabre el debate sobre la capacidad de las encuestas para anticipar elecciones.
• Mientras las principales encuestadoras daban como favorito a Iván Cepeda, los mercados de predicción ya anticipaban el triunfo de Abelardo de la Espriella.
• Tras errores registrados en Colombia y antecedentes polémicos en Ecuador, la próxima contienda servirá para medir qué método logra interpretar mejor el comportamiento de los votantes.

El 31 de mayo, Colombia eligió en primera vuelta. Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos; Iván Cepeda quedó segundo con el 40,9%. La encuestadora Invamer, en su última medición antes de la elección, le asignaba a Cepeda el 44,6 % y a De la Espriella el 31,6 %, trece puntos de ventaja para el candidato que terminó en segundo lugar.

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Mientras tanto, en una de las principales plataformas de mercados de predicción del mundo, los apostadores ya tenían a De la Espriella como favorito desde semanas antes, con una probabilidad del 69 % de ganar la Presidencia. Ese contraste entre sondeos y mercados es la señal más reciente de una grieta que viene abriéndose en los instrumentos con que anticipamos resultados electorales.

Estos mercados de predicción funcionan como una bolsa de valores aplicada al futuro. Los usuarios compran contratos sobre resultados posibles. Si creen que el candidato A va a ganar, compran su contrato. Si acierta, cobran. Si no, pierden dinero real. El precio de cada contrato en tiempo real refleja la probabilidad que el mercado colectivo asigna a ese resultado.

Un encuestado puede responder lo que quiera. Un apostador pierde plata si se equivoca.

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Esa diferencia tiene un nombre técnico: disciplina de creencias. La amenaza de pérdida económica reduce el sesgo de deseabilidad social (decirle al encuestador lo que uno cree que debe decir) y el sesgo de militancia, que lleva a sobrestimar las posibilidades del candidato propio.

La última encuesta de Guarumo, publicada diez días antes de la elección presidencial de Colombia, mostraba a Cepeda con 37,1 % y a De la Espriella con 27,5 %. El Centro Nacional de Consultoría (CNC) lo ponía en 37,2 % versus 20,4 %. Todas las firmas coincidían: Cepeda primero, con comodidad.

Sin embargo, los mercados de predicción contaban otra historia. El mercado sobre quién avanzaría a segunda vuelta asignaba a la dupla De la Espriella-Cepeda una probabilidad del 85 %, con De la Espriella cotizándose como primero desde semanas antes. El candidato que los sondeos daban como ganador terminó segundo. Y aquel al que el mercado favorecía, ganó.

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El contexto colombiano agrava el análisis. La primera vuelta de 2026 no ocurrió en condiciones normales para las encuestadoras. Varias firmas enfrentaban cuestionamientos regulatorios y metodológicos. Ese ambiente de desconfianza institucional frente a los sondeos fue, paradójicamente, el caldo de cultivo que les dio mayor visibilidad a los mercados de predicción como instrumento alternativo.

Pero Colombia no es el único espejo. Ecuador tiene sus propios casos, y son anteriores.

Nuestro país ofrece dos ejemplos recientes en los que la distancia entre encuestas y el resultado oficial fue difícil de justificar solo con márgenes de error.

En la elección para la Alcaldía de Guayaquil de 2023, la encuestadora Market publicó en octubre de 2022 que Cynthia Viteri lideraba con el 47,6 % de intención de voto y Aquiles Álvarez era tercero con el 11,3 %. Cuando se contaron los votos, Álvarez ganó con el 39,87 % y Viteri quedó segunda con el 30,39 %. Fue una inversión completa del resultado. El candidato que la encuesta daba como tercero terminó primero, con casi cuatro veces más votos de los que se le asignaban.

El segundo caso es más reciente y más sistemático. En la consulta popular de noviembre de 2025, Cedatos publicó proyecciones que mostraban al Sí ganando en todas las preguntas, con porcentajes entre el 53 % y el 69 %. En las urnas ocurrió lo contrario: el No ganó en las cuatro preguntas, con el Sí obteniendo entre el 38 % y el 47 %.

Ecuador también tuvo su propio ensayo con mercados de predicción. En las elecciones presidenciales de 2025, una de estas plataformas anticipó que Luisa González y Daniel Noboa pasarían a segunda vuelta. El resultado confirmó el pronóstico.

¿El fin de las encuestas?

No. Las encuestas tienen algo que los mercados de predicción no pueden remplazar: permiten saber qué piensa un votante joven de Quito versus uno rural de Manabí, qué temas importan, cómo se percibe la imagen de un candidato. Son instrumentos de radiografía social.

Pero como herramienta para anticipar quién gana una elección, los casos acumulados sugieren que las encuestas enfrentan un problema que la metodología sola no resuelve.

El monopolio de las encuestas como único termómetro electoral está siendo disputado por mecanismos que castigan el error con algo que las encuestas no tienen: el costo de equivocarse.

Ecuador irá a las urnas en noviembre. Esa será otra oportunidad para medir no solamente a los candidatos, sino a las encuestas que intentarán estimar el contexto social.

Lo que debes saber

• El abogado penalista advierte señales de politización en la justicia ecuatoriana.
• Cuestiona el uso de la prisión preventiva y los juicios mediáticos.
• Propone sanciones para quienes impulsen procesos sin pruebas suficientes.

La relación entre justicia y poder político vuelve a estar en el centro del debate público. Para el abogado Julio César Cueva, procesos judiciales recientes reflejan patrones que ponen en duda la independencia de las instituciones, mientras que el uso de la prisión preventiva y la exposición mediática de los casos plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías democráticas. En esta entrevista con EXPRESO, él analiza los indicios que, a su criterio, evidencian una creciente politización del sistema judicial.

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- Usted ha sostenido que la justicia ecuatoriana atraviesa un proceso de politización. ¿Qué hechos concretos le llevan a esa conclusión?

- Primero, los tiempos en el que se dan los procesos y los tiempos en el que se dan ciertas situaciones de naturaleza política. Fíjese lo que está ocurriendo hoy: vemos allanamientos a ciertas personas que van a terminar siendo candidatos opositores de los del Gobierno. Eso llama la atención porque no creo que sea algo que hayan descubierto ahorita; lo pudieron haber hecho mucho antes o después. También tratan de posicionar ciertas narrativas, lo que se llama ‘juicios paralelos’.

- ¿Cómo esto perjudica la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial?

- La gente sí se da cuenta. Dice: ‘¿Por qué aquí sí y por qué acá no?’. Se da cuenta de que evidentemente hay un desbalance en la forma en que se llevan ciertos procedimientos. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay una tendencia de beneficiar a unos y de perjudicar a otros. La verdadera justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.

- ¿Cómo usted evalúa la exposición mediática?

- Es grave que lo hagan las instituciones públicas y el Ejecutivo, que debería estar alejado del tema de la justicia. (Esto) Demuestra que la justicia no es independiente. Entonces, se posiciona una narrativa que ya condena sin sentencia e impone al juez que, lejos de querer sentenciar con base en la evidencia, sentencia con base en la narrativa que ha sido expuesta en las redes, porque tiene miedo de cómo su decisión judicial puede afectar su propia imagen y su estabilidad en el cargo por no haber seguido la teoría del caso de las redes.

No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión para que no se defienda en un proceso.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Quién debería asumir responsabilidades cuando una persona es procesada y posteriormente se demuestra que no existe ni una prueba sólida en su contra?

- El país nunca asume la responsabilidad. Pienso que en Ecuador debe existir la figura del procesamiento malicioso, como existe en Estados Unidos, donde si el fiscal, abusando de sus atribuciones y sabiendo que no hay evidencia, procesa a una persona y la tiene en una pena de banquillo (prisión preventiva), y al final la Corte dice: ‘Aquí no había pruebas suficientes’, ese funcionario tiene que asumir la responsabilidad de todos los perjuicios que ha causado, por haber abusado de sus facultades.

- ¿Qué tiempo debe durar una prisión preventiva?

- Hay países donde dura hasta cuatro años. El problema no es la prisión preventiva. El problema es el abuso de la figura.

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- ¿Qué irregularidades ha observado en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

- Muchísimas. Primero, el abuso que hay respecto de la prisión preventiva en cuanto a casos que son susceptibles de suspensión de pena. Segundo, ¿cómo es posible que a una persona que se tiene que defender la tengan en una cárcel que más parece un campo de concentración? Allí tiene limitaciones para verse con los abogados, incluso limitaciones para estar presente en el juicio.

- ¿Cree que, como algunos críticos señalan, la prisión preventiva de Álvarez es una sentencia anticipada?

- Más que en la prisión preventiva, pienso en todas las condiciones en las que vive actualmente el alcalde: estamos viendo un deterioro físico. Y se niega sistemáticamente un brote de tuberculosis. Está preso ahí (en la Cárcel del Encuentro) para evitar que lo maten y la pregunta es: ¿hay una investigación previa para tratar de identificar a los que supuestamente lo quieren matar? La Corte Constitucional ya ha dicho que todo tipo de restricción que obstaculice el ejercicio de la defensa es una violación al debido proceso.

- ¿Existe el riesgo de que este tipo de procesos generen un efecto disuasivo sobre otros actores políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno?

- Sí, por supuesto, eso es lo que buscan. Con el alcalde de Guayaquil buscan, primero, que no sea candidato. Segundo, mandar un mensaje para imponer miedo, porque usted comprenderá que nadie en su sano juicio quiere verse privado de la libertad, menos en los términos en los que hoy por hoy se lo hace.

Aquí debería venir la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas para que evalúe las cárceles.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Eso cómo afectaría a la democracia?

- De forma directa. Una democracia funciona con libertades, con ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre esos la vida, la integridad física y la salud.

- ¿A quién le toca actuar ante todo esto?

- Esta no es tarea de una sola institución, es tarea interinstitucional. El Legislativo tiene que hacer las reformas legales necesarias. El Consejo de la Judicatura tiene que plantear reformas necesarias y hacer la depuración y los concursos para tener suficientes jueces. (Pero se) Necesitan básicamente tres cosas para empezar: voluntad política que no hay, presupuesto que no hay y tecnología que tampoco hay.

- ¿Entonces?

- Creo que se necesita un nuevo contrato social. Esto solo va a cambiar cuando la gente exija un resultado distinto al que tiene. Cuando la gente realmente se empeña en algo y pone la presión necesaria, la política se corrige y se endereza. Pasó en el caso de (Mario) Godoy (expresidente de la Judicatura). Cuando la gente dijo ‘no, no y no’, ya no quedó otra más que corregir el rumbo.

Lo que debes saber de esta historia

• Seis años después de la desaparición de más de $900 millones, empresas clave del caso como Delcorp y Ecuagran continúan en procesos de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías.
• Documentos muestran que Cabezas-Klaere actuó como procurador judicial de las empresas y como abogado de Gad Goldstein, principal directivo del entramado investigado y actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana.
• Antes de llegar a la Superintendencia, su nombre ya aparecía ligado a cuestionamientos por la venta del Hotel Continental y por conflictos de intereses durante su paso por la gerencia del BIESS, según políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El escándalo estalló en septiembre de 2020, cuando la ministra de Gobierno de entonces, María Paula Romo, denunció la estafa en el mercado de valores ecuatoriano, cuyo principal blanco fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con más de $900 millones esfumados.

A seis años se lo considera como el primer gran ‘asalto al mercado de valores’ por parte de una red de personas y entidades que operó de forma estructurada en torno a la emisión y colocación de bonos y obligaciones sin sustentos, en medio de un sistema de controles laxos.

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Dos de esas empresas que fueron parte del entramado son Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. Ecuagran, según las investigaciones. En 2019, estas firmas se convirtieron en deudoras del Isspol tras emitir obligaciones por más de $21 millones. Básicamente expidieron facturas comerciales sin sustento económico.

Por estas irregularidades dichas empresas fueron intervenidas y posteriormente entraron en un proceso de liquidación de bienes que aún está en vigencia, cuya vigilancia recae en la Superintendencia de Compañías, bajo la dirección de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien tiene una relación pasada con esas firmas.

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Cabezas-Klaere asumió dicho cargo el 15 de octubre de 2024 con el apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. Su llegada a la institución ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil por episodios de años recientes y por la intervención a Granasa, la editora de los periódicos EXPRESO y EXTRA.

La interventora enviada por la ‘Super’ de Compañías también es liquidadora de Ecuagran desde el 19 de enero pasado.

Los episodios cuestionados de Cabezas-Klaere

A partir del miércoles anterior, este Diario ha publicado reportajes que recogen la participación del abogado guayaquileño en la venta opaca de un hotel de la ciudad mientras él era el gerente, las acusaciones de un conflicto de intereses al asumir la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en 2022 y 2024, en ese mismo orden, por ejemplo.

En ese último año, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaba públicamente esa última designación con la metáfora “el ratón cuidando el queso”, porque “Cabezas-Klaere ha actuado como abogado externo de Hispana de Seguros y el Biess mantiene prorrogada la póliza para seguros de desgravamen contratada con dicha compañía”.

Este Diario le solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere para conocer de qué forma su administración vigila los procesos pendientes de las firmas con las que tuvo una relación años atrás, pero este no aceptó.

Las empresas ligadas al caso Isspol

La relación profesional y jurídica entre Luis Cabezas-Klaere, las empresas Delcorp S. A. y Ecuagran, y su principal directivo Gad Goldstein, se evidencia de manera documentada principalmente entre los años 2020 y 2021, a través de actuaciones judiciales y administrativas claves.

El 25 de septiembre de 2020, Cabezas-Klaere, actuando como procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, presentó formalmente una solicitud de concordato (concurso preventivo) ante la Superintendencia de Compañías. En esta fecha, él mismo le confirmó a la prensa haber realizado este trámite alegando que la empresa temía caer en cesación de pagos, según una nota de Primicias.

Durante su ejercicio como representante legal de Delcorp S. A. también se documenta una actuación específica sobre activos financieros. Cabezas-Klaere informó a la Superintendencia de Compañías que las empresas poseían certificados de depósito por $2,5 millones en el Banco del Austro.

Sin embargo, la resolución de disolución de Delcorp S. A. señala que la empresa no contaba con los documentos originales y que los habían solicitado al banco. “La renuencia en la entrega de la información en forma completa limita y obstaculiza la labor de control”, se lee en el documento de 2020.

Cabezas-Klaere ejerció la representación legal de Gad Goldstein, entonces presidente de las dos empresas (accionista en una), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Sobre él y otros exdirectivos de las firmas pesan varios procesos judiciales, como el caso de presunta falsedad de información.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2021, el abogado presentó un escrito ante la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil informando que dejaba de representar a Goldstein, apenas unos días antes de que la justicia dicte órdenes de prisión preventiva contra él y otras personas en diciembre de ese año.

Luis Alberto Cabezas-Klaere también gerenció la empresa Continental Hotel S. A., dueña del Hotel Continental, entre 2021 y 2024, en un contexto de crisis económica tras el cierre de operaciones.

Cabezas-Klaere se consolidó en el cargo con el apoyo de Juan Francisco Bruzzone, quien se convirtió en su principal aliado frente a la desconfianza del bloque mayoritario de accionistas.

Ecuador

La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere

Redacción Actualidad

Su paso por la administración estuvo marcado principalmente por la polémica venta del activo principal (el edificio y las marcas) a la empresa Golfi S. A., de Simón Bolívar Rosero, por $4 millones, cuando las deudas ascendían a $6 millones, según socios de Bruzzicorp S. A., una de las accionistas.

Su rol como liquidador de Fidasa

La gestión de Cabezas-Klaere se caracterizó por cuestionamientos de socios y un liquidador de entonces, que alegaron que hubo una opacidad financiera, sin balances auditados y manejándose con “hojitas extracontables” en lugar de seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El abogado también se desempeñó como liquidador de Fidasa S. A., en 2019. Esta firma estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Compañías. Uno de los accionistas fue investigado por la Fiscalía en torno al caso Isspol.

Como liquidador, Cabezas-Klaere tenía la función de representante legal de la compañía para fines de liquidación de deudas, es decir, vender los activos para repartir el dinero a los acreedores de la compañía: empleados, el Estado y bancos.

Este Diario solicitó información a la Superintendencia de Compañías para conocer el avance de los procesos de liquidación de las empresas citadas. Sigue pendiente la respuesta.

Las claves que debes saber

• Ceosl rechaza la fusión de ministerios de Noboa por impacto laboral en Ecuador.
• Organización liderada por Arellano advierte retroceso al eliminar Ministerio de Trabajo y concentrar funciones.
• Gobierno reduce ministerios de 14 a 10 para eficiencia; sindicatos alertan riesgo a derechos laborales.

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) emitió un comunicado la noche del 4 de junio de 2026, en donde rechazó la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de fusionar las carteras de Trabajo y de Desarrollo Humano, la Secretaría de Gestión con la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, y la Unidad del Registro Social, para unificarlas en el nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Te invitamos a leer| El presidente Daniel Noboa disminuye de 14 a 10 ministerios en el Ecuador

La organización sindical presidida por Marcela Arellano criticó la supresión del ministerio y señaló que es "un grave retroceso para la institucionalidad laboral del país, bajo el discurso de eficiencia y modernización. Es desmantelar el Estado".

La Ceosl señaló que la nueva entidad concentrará funciones, lo que dejará en un plano meramente administrativo al trabajo, la seguridad social, la libertad sindical y la contratación colectiva. "No pueden ser tratados como puntos secundarios", recalcó.

¿Movilizaciones por la fusión?

Aunque la Confederación no mencionó detalladamente si realizarán movilizaciones por este tema, la agrupación hizo un llamado a las organizaciones sociales y sindicales a "defender las conquistas alcanzadas".

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El pronunciamiento de la Ceosl se dio horas después de que el Gobierno anunció que su decisión es reducir 14 ministerios a 10 y que, además de la fusión de Trabajo, otras carteras se unificarán de la siguiente manera:

El régimen no ha informado cifras de los puestos de trabajo que serán eliminadas con esa fusión, sin embargo, destacó que la medida ayudará a eliminar duplicidades de funciones y a optimizar los recursos.

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Las claves del caso

• Se fusionan varias carteras y la estructura ministerial pasa de 14 a 10 entidades.
  
• Nacen tres nuevos ministerios que concentrarán áreas económicas, tecnológicas y sociales.
  
• El Gobierno sostiene que la medida busca reducir burocracia y optimizar recursos públicos.

La noche de este jueves 4 de junio, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció una reorganización de la estructura del Ejecutivo que contempla la reducción de ministerios de 14 a 10. La decisión fue comunicada a través de canales oficiales del Gobierno y forma parte de un proceso de reestructuración administrativa que, según se indica, busca optimizar los recursos públicos y simplificar la gestión estatal.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno , la medida contempla la fusión de varias carteras de Estado con el objetivo de concentrar competencias relacionadas y reducir trámites internos.

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Los cambios anunciados por el presidente Noboa

Uno de los principales cambios será la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad que agrupará las funciones que actualmente desempeñan los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción.

Según el comunicado oficial, esta integración pretende fortalecer la coordinación de políticas económicas y productivas, así como facilitar la toma de decisiones dirigidas a sectores empresariales, agrícolas, comerciales e industriales. La nueva cartera estará liderada por Saritha Moya.

Otro de los cambios anunciados corresponde a la unión de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Ambas instituciones pasarán a conformar el Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

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La administración nacional sostiene que esta fusión permitirá planificar de manera conjunta proyectos relacionados con carreteras, puertos, conectividad digital, fibra óptica y procesos de modernización tecnológica. El titular de esta nueva entidad será Roberto Luque.

La reorganización también alcanza al área social. Los ministerios de Trabajo y de Inclusión Económica y Social, junto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, serán integrados en una sola institución denominada Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

De acuerdo con el Ejecutivo, esta nueva cartera tendrá como prioridad promover la inserción laboral de grupos vulnerables y fortalecer programas orientados a la autonomía económica de la población. La entidad será dirigida por Cynthia Gellibert.

La administración de Noboa aseguró además que la reestructuración busca mantener la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos mientras se optimiza el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Las claves que debes conocer

• Reto recusa a jueces Coloma y Viteri, del TCE, en apelación por anulación de elecciones internas.
• Movimiento alega que jueces anticiparon criterio en causa 046-2026-TCE que afecta apelación de comicios internos.
• Solicitan separación inmediata ante TCE por causal del artículo 56 RTTCE: jueces ya conocieron caso relacionado.

El movimiento Renovación Total (Reto) recusó a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma y Joaquín Viteri, para que ambos magistrados se aparten del proceso de apelación, que la organización política presentó en contra de la sentencia que ordenaba repetir sus elecciones internas.

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Reto informó este 4 de junio de 2026, en un comunicado, que presentó la recusación en contra de los jueces "solicitando su inmediata separación", debido a que considera que Coloma y Viteri "ya exteriorizaron y anticiparon su criterio en la causa 046-2026-TCE, respecto de los hechos que forman parte" de la actual apelación.

En el auto de sustanciación, con fecha del 30 de mayo, el movimiento señaló que interpuso el incidente de recusación basado en el artículo 56, numeral 4 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral (RTTCE), que establece que una causal por la que se puede pedir la separación de un juez es "haber conocido o fallado en otra instancia la cuestión que se ventila".

La organización se refiere a que antes, Viteri era parte del Pleno que debía conocer una apelación, mientras que Coloma fue quien dispuso la anulación de las elecciones internas, un fallo emitido tras la impugnación de David Mateo López Banegas, adherente del movimiento.

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Según el movimiento, presidido por Raúl Chávez, esa acción electoral la interpuso "a fin de preservar las garantías mínimas del debido proceso". Sin embargo, cuestionó que hasta la fecha no ha recibido la notificación de quién será el juez ponente de la causa ni la conformación del Pleno que debería resolver la recusación.

Reto intenta agotar los recursos electorales en el TCE, con el fin de avanzar en la definición de los cuadros que podrían participar en las siguientes elecciones seccionales previstas para el próximo 29 de noviembre.

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—¿Cómo llega usted a asumir la presidencia de la Sociedad Protectora de la Infancia (BSPI) en medio de esta crisis?

—Me hizo la invitación un socio a formar parte de la BSPI porque la institución estuvo casi un año en acefalía. Los socios anteriores, junto con la directiva, renunciaron precisamente por este problema económico que se viene arrastrando desde hace más de tres años.

—¿A cuánto asciende exactamente la deuda que el Estado mantiene con ustedes?

—El Ministerio de Salud Pública (MSP) nos debe aproximadamente un millón de dólares, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adeuda cerca de seis millones. La institución arrastra esta falta de pago desde la pandemia. Eso te comienza a comer todos los días. Para proveer nuestro servicio al Estado, nosotros tenemos que invertir. Hoy el hospital tiene una deuda acumulada de más de nueve millones de dólares. Si el Estado no nos paga, no podemos pagar a nuestros trabajadores ni a nuestros proveedores.

—¿Cree que se trata de falta de voluntad política, de un tema burocrático o de corrupción que impide que fluya su solicitud?

—No sé qué se maneja dentro de los mandos medios, pero lo que sí puedo decir es que nosotros no recibimos estos pagos, cuando sabemos perfectamente que hay otros proveedores a los que sí se les pagó.

—¿Qué soluciones de gestión está tomando la Junta, fuera de sentarse a esperar el pago de estas deudas? ¿Quizás alguna línea de crédito?

—Como somos una institución sin fines de lucro, no tenemos accesibilidad al crédito bancario de ninguna manera. Además, te ponen coactivas y embargos, y ahí se te acaba la liquidez por completo. Estamos atados de manos.

—La gerencia menciona que ingresan médicos externos que cobran porcentaje por consulta para mantener a los pacientes. ¿Cómo evitar que la plantilla interna se desmoralice al ver que otros facturan mientras a ellos se les adeuda?

—Recién se les dio el pago de un abono proveniente de la utilidad que generó uno de los proyectos que tenemos, pero sabemos que no es suficiente. Cuando llegas a una empresa que está literalmente quebrada, con una deuda total de más de 9 millones de dólares, no puedes de la noche a la mañana, en menos de un mes y medio, sacar dinero de donde no hay para pagar millones.

—Sabiendo lo difícil que era este reto, ¿por qué lo asumió? ¿Realmente cree que puede revertir la situación?

—Fui la única persona que se arriesgó. Hubo muchísimas personas a las que se invitó a ser parte y se negaron. A mí me tocó conseguir socios por un tiempo limitado para sacar a la BSPI de la acefalía en la que se encontraba y buscar que esta sociedad siga por 120 años más. Económicamente a mí esto me afecta, yo sabía a lo que me enfrentaba, el riesgo es demasiado alto. Para otras personas sería muy fácil simplemente cerrar el hospital. Pero a mí me parecía terrible dejar que quiebre una institución tan emblemática, creada por León Becerra en 1905, pensada en la niñez, en los más necesitados y en los olvidados que no tienen derecho a nada.

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—¿Qué mensaje les da a las autoridades y al presidente Daniel Noboa frente a esta crisis?

—Le pido al presidente Daniel Noboa que se apersone para que esta institución tan emblemática siga adelante. Yo sé que él ha destinado los recursos para ayudar a los más necesitados, pero lamentablemente nosotros no somos atendidos. Le pido que, en lo posible, ordene una auditoría al IESS provincial para que vea que sí existe un grupo de proveedores que son pagados todos los meses, pero al Hospital León Becerra no.

—¿Qué mensaje les da a los empleados que, con el justo derecho de protestar, también buscan una luz de esperanza en medio de sus problemas económicos personales?

—A los trabajadores les hemos pedido paciencia. Sé que es difícil pedirlo a estas alturas. Si el Estado nos paga pronto, por supuesto que van a recibir su sueldo, aunque no les vamos a poder cubrir los 34 meses de golpe. Así el Estado nos pague todo lo que nos debe de una sola vez, cubriremos lo más que se pueda en sueldos, pero también tenemos que reinvertir para que este hospital siga operando.

—¿Qué ha pasado con las misiones médicas internacionales o convenios con la Prefectura que solía recibir el sanatorio?

—Esos convenios y misiones están enfocados en nichos muy específicos. Vienen a operar, por ejemplo, a 100 niños con patologías puntuales. Cumplen su misión médica específica, y eso es lo que pasa, pero no soluciona la necesidad de liquidez general para operar.

Los servicios médicos que se mantienen operativos

El Hospital León Becerra busca mitigar su crisis financiera reactivando su operatividad. Según la gerencia hospitalaria, el sanatorio atiende emergencias y consultas generales las 24 horas del día. El enfoque de la institución cambió: dejó de ser exclusivamente pediátrico y ahora opera como un hospital básico de segundo nivel para la atención integral de toda la familia.

Entre los servicios habilitados destacan traumatología, neurocirugía y dermatología, además de contar con áreas de imágenes, farmacia y laboratorio ininterrumpidos. También se sumó la atención de partos humanizados y cesáreas para el cuidado materno.

Las consultas generales tienen un costo de 9 dólares y las de especialidad valen 14 dólares. Las citas se agendan a través de WhatsApp y redes sociales. Próximamente se ofrecerán consultas gratuitas de psicología mediante un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana. El objetivo central de este plan es generar rentabilidad mensual, alcanzar un punto de equilibrio y abonar los sueldos atrasados a la plantilla laboral.

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Jaime Nebot dice que prisión del alcalde Aquiles Álvarez es un "escenario terrible" para Guayaquil

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En entrevista con EXPRESO, el exalcalde de Guayaquil fue consultado sobre los procesos judiciales que enfrentan alcaldes de diferentes cantones del país. Él dijo: “Ahora parece una patente para tratar de ganar elecciones descalificar a los que tienen votos”.

Nebot aclaró que su pronunciamiento no tenía que ver con el fondo de cada uno de los procesos que enfrentan las distintas autoridades seccionales. 

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“No digo porque no conozco el fondo. Parece. Porque es Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y ahora Esmeraldas. Parece”, insistió.

A la par, el líder político señaló que eso está mal. “Los votos se ganan haciendo propuestas claras, cumpliendo, con seriedad y el cariño del pueblo”, añadió.

Nebot también sostuvo que no se puede ganar elecciones de una forma que no es correcta. “Por aquí, por Guayaquil, mejor que no lo hagan”, concluyó.

La visión desde cuatro perspectivas

Geovanni Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, dijo que han denunciado desde hace meses lo que consideran un fraude electoral. 

Según Atarihuana, se ha utilizado a la Función Judicial y a los organismos electorales (CNE y TCE) para proscribir organizaciones políticas y eliminar candidatos, entre ellos alcaldes en funciones que buscaban la reelección.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, indicó que el Gobierno ha implementado cambios en varias fases. La primera tiene que ver con reformas al Código de la Democracia impulsadas desde la Asamblea. 

La segunda, con una persecución a dirigentes políticos. Y la tercera, con la revisión de los procesos de elecciones primarias de cada organización política.

El excandidato presidencial Henry Cucalón señaló que la democracia exige juego limpio, sin una cancha inclinada. “La libertad electoral se sustenta en la igualdad de condiciones para participar; no solo con los políticos, funcionarios sino con cualquier ciudadano. Recordemos que este ya es un modus operandi. Inclusive fueron candidatos a la reelección sin pedir licencia (en referencia a ADN) contra norma expresa”.

El exlegislador por el movimiento Construye, Jorge Peñafiel, también se pronunció. Señaló que la estrategia del Gobierno para las elecciones es cooptar a los candidatos locales con buenos números. “En su defecto, si no puede cooptarlos, la estrategia será devaluarlos. Eso significa atacarlos y, en caso de no poder bajar el apoyo con eso, eventualmente buscan proscribirlos”.

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Investigación en curso

La medida cautelar se confirmó durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos del caso Blindaje en Quito. Según la tesis de la Fiscalía General del Estado (FGE), los ocho procesados conformaron una estructura que ejecutó millonarias operaciones financieras irregulares a través de empresas de transporte de valores y retiros en efectivo.

Entre los procesados a los que se les dictó prisión preventiva figura Luis Jheovanny Reyna Tenorio, hermano del alcalde y presunto beneficiario directo del dinero derivado de una acción de protección fallada contra Petroecuador.

A él se suman el abogado defensor de dicha causa, Juan Alberto Lastre Castillo, y una colaboradora del GAD de Esmeraldas, Carol Zuleyka Lemos Hurtado.

La red también operaba presuntamente desde las cortes, involucrando a los funcionarios judiciales de Atacames Diego Geovanny Montaño Tenorio y Jonathan Geovanny Monte Baguí; al exjuez de Esmeraldas Kleber Andrés Salcedo Tomalá, y a Jorge Bolívar Pinos Galindo, actual juez del Consejo de la Judicatura en Nueva Loja, Sucumbíos.

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Lo que debes saber

• Salvación de la personería: Tras el fallo de la jueza del TCE, Ivonne Coloma, el movimiento Unidad Popular logró revertir la resolución del CNE que ordenaba su cancelación y salida del registro electoral.
  
• No al bloque correísta: El director nacional de UP, Geovanni Atarihuana, descartó de forma tajante una alianza electoral con la Revolución Ciudadana de cara a los comicios de noviembre.
  
• Estrategia en territorio: La organización política prevé participar en cerca de 200 cantones mediante acuerdos programáticos con Pachakutik, el Partido Socialista y la ID.

El movimiento Unidad Popular (UP) cerró definitivamente la puerta a una posible alianza electoral con la Revolución Ciudadana (RC) para los comicios seccionales de noviembre de 2026. 

Este pronunciamiento llega inmediatamente después de que la justicia electoral dejara sin efecto la cancelación de la personería jurídica de UP, devolviéndole el aire político a la organización de izquierda. 

Geovanni Atarihuana, director nacional del partido, fue tajante al señalar que el correísmo jamás ha formado parte de su estrategia en territorio, desmarcando así el futuro de su agrupación de la lista 5, la cual permanece suspendida por una investigación de la Fiscalía sobre presuntos aportes ilícitos en la campaña de 2023.

"La RC no está en nuestro proyecto electoral. Cuando ellos fueron suspendidos expresamos nuestra solidaridad porque no creemos que sea correcta la proscripción de una organización política, pero en lo electoral no está en nuestros planes", manifestó Atarihuana durante una rueda de prensa efectuada este jueves 4 de junio de 2026.

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Un fallo judicial que reactiva las bases de UP

La postura del partido se fijó tras conocerse el dictamen de Ivonne Coloma, presidenta y jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La magistrada dejó sin efecto las resoluciones previas del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordenaban extinguir a Unidad Popular del registro de organizaciones políticas. 

Al celebrar este fallo de primera instancia que les devuelve la vida jurídica, la dirigencia de UP anunció que concentrará de inmediato sus esfuerzos en consolidar un bloque con sectores del centro y de la izquierda orgánica, dejando de lado cualquier acercamiento con el correísmo.

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Bajo este nuevo panorama, la organización política proyecta una participación agresiva a escala nacional, con candidaturas planificadas para cerca de 200 cantones del país. Para cumplir este objetivo, Atarihuana adelantó que iniciarán diálogos y mesas de concertación con agrupaciones afines como el movimiento indígena Pachakutik, el Partido Socialista Ecuatoriano, la Izquierda Democrática, Avanza y la plataforma Futuro 20.

El llamado al CNE y la incertidumbre del correísmo

Finalmente, la cúpula de Unidad Popular hizo un llamado público a las autoridades del CNE para que desistan de interponer nuevos recursos legales de apelación, permitiendo así que el expediente de cancelación quede archivado de forma definitiva en los archivos del TCE y puedan enfocarse por completo en la campaña. 

Por su parte, la Revolución Ciudadana afronta un escenario complejo: debido a la suspensión que pesa sobre sus siglas tradicionales, la dirigencia correísta mantiene bajo estricta reserva el nombre de la plataforma o partido político alternativo que alquilará o utilizará como vehículo electoral para inscribir a sus cuadros de cara a las seccionales de noviembre.

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Ordóñez ha sido la cara más visible del intento de fiscalización al Municipio de Quito en medio del proceso electoral para las seccionales de 2026. 

Encabezó la investigación sobre la compra de trolebuses eléctricos durante la administración del correísta Pabel Muñoz y ahora ha centrado sus esfuerzos en el Metro de Quito.

Este jueves expuso el oficio remitido a la Contraloría General del Estado, con fecha 2 de junio de 2026, en el que solicita un “examen especial inmediato de la etapa preparatoria y precontractual, previo a que la empresa Metro de Quito firme un contrato de mantenimiento”.

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El documento especifica: “en atención a la relevancia económica, estratégica y operativa del procedimiento de contratación denominado ‘Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Infraestructura, Superestructura, Electromecánicos y Telecomunicaciones de la Primera Línea del Metro de Quito’, impulsado por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, me permito acudir ante usted con la finalidad de solicitar que, dentro del ámbito de competencias de la Contraloría, se disponga la práctica de un examen especial”.

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Según Ordóñez, el monto referencial del contrato asciende a 73.948.651,50 dólares. De acuerdo con lo señalado por el legislador en el oficio remitido al ente de control, se trata de una contratación pública de alta relevancia económica e institucional.

“La pertinencia de un examen especial sobre dichas fases se justifica, además, en la necesidad de verificar de manera técnica y especializada la observancia de principios constitucionales y legales que rigen la contratación pública, particularmente aquellos relacionados con legalidad, transparencia, publicidad”, se señala en el documento.

Finalmente, el asambleísta de ADN manifestó: “Seguro, si todo esta bien, ni la empresa pública ni el consorcio adjudicado tendrán inconveniente”.

¿Qué ocurrió en el Concejo?

• La frase de la concejala Ana Chóez sobre que los procesos públicos no se realizan "en la oscuridad" provocó una inmediata reacción en la sesión del Concejo de Guayaquil. 
• La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, rechazó cualquier insinuación de falta de transparencia y pidió evitar mensajes que puedan afectar la percepción ciudadana sobre el trabajo municipal.

La sesión del Concejo de Guayaquil en la que se abordaron temas relacionados con el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez estuvo marcada por un fuerte intercambio entre la concejala Ana Chóez y la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

La discusión se produjo después de un acalorado debate sobre pedidos de información y acciones de fiscalización entre Chóez y el concejal Arturo Escala. La controversia surgió cuando la concejala cerró su intervención con una frase que generó reacciones inmediatas entre los miembros del Concejo.

"Los procesos públicos no se desarrollan en la oscuridad, es todo lo que yo les digo", expresó Chóez ante la mesa edilicia.

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Tras esas declaraciones, la concejala Emily Vera tomó la palabra y señaló que la expresión utilizada por Chóez "genera suspicacias" respecto al trabajo del Concejo.

Alcaldesa de Guayaquil rechaza insinuaciones sobre falta de transparencia

Posteriormente intervino la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien cuestionó tanto el tono del debate como el mensaje transmitido por la concejala.

"Los gritos están de más en la mesa del Concejo", manifestó Coronel al inicio de su intervención.

La funcionaria reconoció que Chóez ha presentado solicitudes de información y aseguró que siempre se le ha permitido intervenir y recibir respuestas. Sin embargo, rechazó la referencia a que las decisiones se estarían tomando "en la oscuridad".

"Concejal Ana Chóez, terminar su frase diciendo que se hacen las cosas en la oscuridad, ¿en qué situación nos deja a la mesa? También póngase en el lugar de quienes conforman esta mesa y se sienten ofendidos por esto", señaló.

Además, Coronel advirtió que ese tipo de afirmaciones puede afectar la percepción ciudadana sobre el trabajo del Concejo.

"No podemos actuar en oscuridad. La ciudadanía lo percibe como que están actuando en oscuridad. No es bueno sembrar esto. No actuemos con malicia porque la gente se da cuenta", agregó.

La concejala Chóez, por su parte, respondió a las observaciones de la alcaldesa y defendió su derecho a ejercer labores de control político.

"Si me están indicando que no puedo ejercer mis facultades de fiscalización, eso es actuar con poca transparencia", afirmó Chóez ante los presentes.

Mientras se desarrollaba el intercambio verbal, en el Palacio Municipal se escucharon abucheos y expresiones de desaprobación.

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La tensión aumentó aún más cuando, según se escuchó durante la sesión, una persona lanzó la frase "afuera nos vemos", lo que motivó una nueva intervención de Coronel.

Llamado al orden en el Concejo de Guayaquil

Ante el ambiente de confrontación, la alcaldesa subrogante hizo un llamado a mantener el respeto durante el desarrollo de la sesión.

"Nada de agresividad", pidió Coronel, mientras intentaba restablecer el orden en la sala.

Los puntos claves

• La concejal de Guayaquil, Emily Vera, exigió al Estado “respuestas y acciones” y pidió que el caso de los jóvenes asesinados no quede como una estadística más.
• El 3 de junio fueron hallados ocho cuerpos en la vía Babahoyo–Jujan, lo que abrió la sospecha de que corresponderían a los desaparecidos. La identidad de algunos ha sido ya confirmada.
• Las familias permanecen en los exteriores del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil a la espera de la identificación oficial de las víctimas.

La conmoción por la desaparición y posterior hallazgo de ocho cuerpos en Guayas mantiene en vilo a las familias, que este 4 de junio continúan afuera del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil a la espera de la confirmación oficial de la identidad de todas las víctimas.

Los allegados de los jóvenes desaparecidos el 31 de mayo llegaron desde temprano con la esperanza de obtener respuestas sobre el proceso forense, luego de que los cuerpos fueran hallados en la vía Babahoyo–Jujan, el pasado 3 de junio.

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Caso de los 8 desaparecidos de Daule: familias aún aguardan el reconocimiento de cuerpos hallados

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La incertidumbre se ha mantenido durante toda la jornada. Hasta la publicación de esta nota, no había información concluyente sobre la identificación de todos los cuerpos, lo que ha incrementado el malestar y la angustia de los familiares. “Nos dijeron que esto es un procedimiento que se tiene que seguir… ni siquiera viene el fiscal y nos dice este es el proceso”, reclamó uno de los familiares.

“No podemos convertirlos en una estadística más”

En este contexto, la concejal de Guayaquil, Emily Vera, se pronunció durante la sesión del Concejo Cantonal con un mensaje que hizo énfasis en los niveles de violencia que experimenta el país. .

“Expreso mi profunda consternación por los 8 jóvenes ecuatorianos asesinados. Esto no debe convertirse en una noticia más. Los chicos no pueden convertirse en una estadística más. No podemos normalizar el horror ni permitir que la violencia se vuelva costumbre”, señaló.

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Reimberg sobre los desaparecidos de Daule: "Esperemos los resultados de la investigación"

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“El Estado no puede ser indolente”

Vera también cuestionó la respuesta institucional frente a la crisis de seguridad y el acompañamiento a las familias.

“El país espera sensibilidad, firmeza y resultados. El Gobierno no puede ser indolente frente al dolor de estas familias. Hoy más que nunca necesitamos respuestas y acciones, no shows ni discursos. Necesitamos justicia”, agregó.

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Identifican a dos de los desaparecidos de Daule entre cuerpos hallados

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Familias siguen a la espera de identificación

En los exteriores del laboratorio forense, los familiares continúan a la espera de la identificación oficial de los cuerpos. Algunos han solicitado poder verlos para reconocer rasgos particulares como tatuajes, cicatrices o prendas de vestir, pero esa opción aún no ha sido autorizada.

Reimberg se pronuncia sobre el caso: “Esperemos los resultados de la investigación”

Mientras las familias esperan la identificación de los cuerpos hallados en la vía Babahoyo–Jujan, el ministro del Interior, John Reimberg, pidió cautela sobre el caso de los ocho jóvenes desaparecidos en Daule y evitó adelantar conclusiones.

Durante una entrevista radial, el funcionario señaló que la información recabada por los equipos investigativos continúa siendo analizada y que aún no existen resultados definitivos. “Esperemos los resultados de la investigación”, manifestó. Además, indicó que Criminalística revisa todos los indicios encontrados y aseguró que, por ahora, no se puede atribuir a los jóvenes ninguna vinculación con grupos delictivos.

Reimberg también confirmó que una de las líneas investigativas apunta a que el caso se originó por un tema relacionado con la venta de una motocicleta. Sin embargo, insistió en que las circunstancias en las que los jóvenes fueron llevados hasta la zona donde se encontraron los cuerpos forman parte de las indagaciones que siguen en curso.

Lo que debes saber

• Durante la sesión de este 4 de junio, el presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala, y la concejala Ana Chóez protagonizaron un fuerte intercambio de criterios sobre la fiscalización, el acceso a la información y las garantías del procedimiento.
  
• Gritos, aplausos y acusaciones cruzadas marcaron la sesión del Concejo de Guayaquil.

La remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a generar tensión en el Concejo Cantonal. Durante la sesión de este 4 de junio, los concejales Arturo Escala, de Revolución Ciudadana, y Ana Chóez, del Partido Social Cristiano, protagonizaron un fuerte intercambio de criterios sobre el avance del procedimiento.

Escala, quien preside la Comisión de Mesa encargada de tramitar el pedido de remoción, defendió la actuación del organismo y aseguró que se está garantizando el debido proceso.

"La comisión actúa en derecho y garantiza el cumplimiento de la Constitución y el debido proceso", afirmó durante su intervención.

El concejal sostuvo que existe una confusión sobre las facultades de fiscalización del Concejo Cantonal y recordó que, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el control político se ejerce sobre el Ejecutivo cantonal y no entre los propios concejales.

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Remoción de Aquiles Álvarez avanza hacia la votación del Concejo de Guayaquil

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Además, señaló que el alcalde ha sido debidamente citado dentro del proceso y que no se encuentra en estado de indefensión. También adelantó que rechazará escritos presentados por terceros al considerar que no forman parte formal del procedimiento.

"No puede pedir información": Escala y Chóez chocan en el Concejo 

Las declaraciones de Escala provocaron la respuesta de la concejala Ana Chóez, quien defendió el derecho de los ediles a solicitar información y expresar preocupaciones sobre un tema que calificó como de interés público.

"La fiscalización no puede convertirse en una actividad selectiva o lo que le gusta o no le gusta. Los concejales tenemos el derecho de vigilar la correcta actuación de temas de interés público", indicó la edil, al calificar el caso del alcalde como público. 

Chóez aclaró que solicitar información no significa interferir en las decisiones de la Comisión de Mesa. Según ella, existe una diferencia entre intentar influir en el resultado del proceso y ejercer las facultades de vigilancia y control que corresponden a los concejales.

Asimismo, cuestionó la interpretación planteada por Escala y aseguró que impedir el análisis de actuaciones con repercusión pública implicaría restringir las atribuciones fiscalizadoras del Concejo.

Gritos, aplausos y respaldo al alcalde Aquiles Álvarez

El intercambio se produjo en el Palacio Municipal de Guayaquil, en medio de aplausos, gritos y manifestaciones de apoyo al alcalde. Durante la sesión también estuvo presente la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel.

Algunos funcionarios municipales, entre ellos Emilene Aguayo, mostraron fotografías de Aquiles Álvarez frente a las cámaras que transmitían la sesión en vivo.

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Como parte de sus observaciones, Chóez propuso la conformación de una veeduría ciudadana para fortalecer la transparencia del procedimiento de remoción.

Tras la intervención de la concejala socialcristiana, Escala solicitó ejercer su derecho a la réplica. En su respuesta reiteró que el trámite es público y que el contenido del informe será conocido por todos cuando concluya la fase correspondiente.

"No puede usted, concejala Chóez, pedir información de algo que todavía se está desarrollando dentro del procedimiento", expresó.

Lo que debe saber

• El audio atribuido a Inés Manzano provocó un cierre de filas en ADN. Diana Jácome rechazó las acusaciones sobre el caso Progen y recibió el respaldo público de varios legisladores oficialistas.
• Legisladores de ADN salieron en defensa de Diana Jácome tras la difusión del audio del caso Progen. El apoyo cobra relevancia porque el correísmo busca llevar el caso al Comité de Ética.
• Mientras ADN respalda a Diana Jácome por las revelaciones del caso Progen, la atención se traslada al juicio político contra Inés Manzano.

El audio atribuido a la exministra de Ambiente Inés Manzano causó un remezón en la Asamblea. En medio del revuelo, varios legisladores de ADN cerraron filas alrededor de su compañera Diana Jácome, sin referirse a la supuesta coordinación de comparecencias en el caso Progen.

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Audio atribuido a Manzano sacudió a ADN y abrió dos frentes para el oficialismo

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La asambleísta oficialista y exasesora del presidente Daniel Noboa durante su primer período respondió a los cuestionamientos sobre su rol en el proceso de fiscalización de los contratos de CELEC con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), el 3 de junio de 2026.

Para defenderse, primero argumentó que ha sido víctima de violencia por ser una mujer en la política. Después acusó al correísmo de ejercer esa violencia y, finalmente, se refirió al audio en el que es mencionada.

Su bancada reprodujo en redes sociales un video con esas declaraciones bajo el lema: “Tres hechos concretos desmontan la narrativa que intentan posicionar”.

Para ADN, el hecho de que no exista un solo audio o mensaje de Diana Jácome; que la fiscalización haya estado enfocada en los contratos y no en un juicio político; y que en las sesiones en las que comparecieron representantes de CELEC participaron legisladores correístas constituyen pruebas suficientes de que el proceso de fiscalización que encabezaron fue serio.

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Tras sus descargos en rueda de prensa, Jácome no aceptó preguntas. Sus compañeros de bancada compartieron el video publicado para expresarle su respaldo. Algunos le dedicaron extensos mensajes, mientras que otros se limitaron a unas breves palabras.

Las reacciones de ADN en defensa de Jácome

En la rueda de prensa realizada el 3 de junio de 2026 no estuvo presente el nuevo jefe de la bancada, Esteban Torres. Sin embargo, utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse. Compartió el video difundido por la bancada y escribió únicamente: “clarísimo”.

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Juicio político a Inés Manzano: cuáles son las acusaciones y qué viene ahora

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La legisladora Diana Blacio señaló: “Creo en la importancia de escuchar todas las voces con la misma apertura con la que se cuestiona. Aquí los hechos desde una postura clara, firme y de frente. Porque la ciudadanía merece la verdad siempre”.

Otro asambleísta que mostró su apoyo fue Andrés Castillo. Él escribió: “Estamos contigo, comadre Diana Jácome. Sin decaer”. Tampoco estuvo en la rueda de prensa que ofreció Jácome, aunque sí participó en la sesión del Pleno del día anterior.

La asambleísta Lorena Rosado también se pronunció: “Siguen los intentos de desestabilizar, pero respondemos con trabajo y resultados”. La legisladora, sin referirse directamente al tema, agregó que seguirán firmes del lado de los ecuatorianos.

Juan José Reyes, presidente de la Comisión de Salud, también expresó su respaldo. Escribió: “Mi respaldo total a mi colega y amiga. Frente a las especulaciones mal intencionadas, los hechos demuestran claridad: no existen pruebas que demuestren las acusaciones”.

¿Por qué es importante el apoyo de su bancada?

El correísmo anunció que llevará el caso de Diana Jácome, a quien acusa de bloquear la fiscalización, ante el Comité de Ética de la Asamblea. Sin embargo, el oficialismo tiene mayoría en esa instancia. Lo mismo ocurre en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en caso de que se presente algún tipo de queja.

Por ahora, las expectativas están puestas en el avance del proceso de juicio político contra Manzano. Está previsto que, hasta este fin de semana, la Comisión de Fiscalización defina si la solicitud avanza a la etapa de sustanciación o si es archivada en esa mesa legislativa.

Lo que debes saber

• Daniella Camacho lidera el concurso para Fiscal General tras la fase de méritos.
• El CPCCS abre impugnaciones ciudadanas antes de las pruebas finales del concurso.
• Carlos Alarcón e Inés Romero siguen en carrera por la Fiscalía General.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, encabeza el concurso para la designación del próximo Fiscal General del Estado luego de obtener 48 puntos sobre 50 en la fase de méritos. La calificación fue aprobada por la Comisión Ciudadana de Selección, que concluyó esta etapa del proceso de evaluación.

Detrás de Camacho se ubicaron la jueza de Pichincha Inés Romero, con 47,25 puntos, y el fiscal subrogante Carlos Alarcón, con 46,5 puntos. En los siguientes puestos aparecen Walter Macías y Salomón Montecé, ambos con 46 puntos.

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Concurso para fiscal general de Ecuador: Comisión aprueba informe final de méritos y recalificación

Edison Andrés García Yépez

Comisión aprobó informe de calificaciones

La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de méritos con ocho votos favorables, cerrando así una de las fases clave del concurso. El documento será remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que deberá continuar con las siguientes etapas del proceso.

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La evaluación consideró aspectos relacionados con la trayectoria profesional, formación académica y experiencia de los postulantes. Ninguno de los aspirantes alcanzó el puntaje perfecto de 50 unidades.

Concurso entra en etapa de impugnación ciudadana

Tras la aprobación de los resultados, el proceso avanzará hacia la fase de impugnación ciudadana. Durante cinco días, ciudadanos y organizaciones podrán presentar objeciones contra los candidatos por presuntos incumplimientos de requisitos, falta de probidad, inhabilidades o posibles inconsistencias documentales.

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Una vez superada esa etapa, los aspirantes deberán rendir pruebas escritas y orales, además de resolver casos prácticos. Estas evaluaciones completarán los 100 puntos contemplados en el concurso.

El concurso aún no tiene una fecha definida para la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. El postulante que obtenga la mayor puntuación al finalizar todas las fases será quien asuma el cargo para el próximo período.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot califica de "escenario terrible" la prisión de Aquiles Álvarez en Guayaquil.
• El líder del PSC no habla de una persecución política contra el alcalde de Guayaquil.
• Álvarez permanece bajo prisión preventiva desde febrero de 2026 por supuestos delitos.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, calificó como un "escenario terrible" la situación actual de la ciudad debido a la detención y prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra recluido desde febrero de 2026. Aunque Nebot evitó catalogar el proceso judicial como una persecución política impulsada por el Gobierno Nacional, aseguró que el cantón se encuentra paralizado y a la deriva tras la captura de la autoridad municipal.

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De las obras a los juicios: así cambió la pelea entre Quito y Guayaquil con Noboa y Álvarez

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El escenario político y judicial de Guayaquil según Jaime Nebot

Durante una entrevista con EXPRESO, el exalcalde de la urbe porteña marcó una distancia clara entre las disputas partidistas y el desarrollo legal del caso. Jaime Nebot sostuvo que es necesario diferenciar el ámbito judicial del político, delegando la responsabilidad absoluta de la resolución de los casos a los jueces competentes de la causa.

"El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo que es un escenario terrible. Aquí en la ciudad está la deriva, está parada", comentó Nebot respecto a las tesis de persecución.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) enfatizó su preocupación por el estancamiento administrativo que sufre la ciudad costera, dejando de lado los roces personales y electorales. Se debe recordar que Aquiles Álvarez llegó al sillón de Olmedo en 2023 auspiciado por la Revolución Ciudadana (RC), desplazando de la administración local a Cynthia Viteri.

Las causas judiciales que enfrenta el alcalde Aquiles Álvarez

La gestión del actual personero municipal estuvo marcada por recurrentes confrontaciones públicas con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debido a presuntas trabas fiscales y económicas para la ejecución de obras públicas en la urbe. Estas tensiones judiciales escalaron hasta la vinculación del funcionario en múltiples expedientes de la Fiscalía General del Estado.

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