Neira dijo que ATM es una de las mayores contratistas incumplidas del sector eléctrico. Recordó que el Estado pagó más de 70 millones de dólares por “motores descompuestos e incompatibles con la red del Ecuador”.

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“Su dolo ha ocasionado múltiples perjuicios al Estado, los mismos que van más allá de lo económico pues implican menos generación eléctrica”, dijo Neira en un video publicado en su perfil de la red social X.

¿Qué acciones están en curso contra ATM?

Neira detalló tres frentes legales desde los que se intenta recuperar la inversión del Estado ecuatoriano. “Todas las irregularidades en el contrato de ejecución de Celec con ATM están siendo expuestas en las instancias pertinentes”, dijo el funcionario. Luego, detalló las tres acciones:

Sobre este último punto, el secretario de la Administración Pública del Gobierno de Daniel Noboa señaló que se espera una resolución del laudo durante las próximas semanas.

Sin embargo, como lo ha documentado EXPRESO, hubo alertas relacionadas, entre otros aspectos, con la modalidad de contratación que se utilizó en Celec. 

Por ejemplo, el contrato se estructuró para desembolsar el 65 % de su valor contra la presentación de la factura y la lista de empaque de los equipos, sin esperar a que estuvieran instalados y operativos. Dos adendas modificaron los hitos de pago y permitieron que ATM cobrara el 80 % del contrato, mientras persistían los problemas técnicos.

Anuncio de la activación de generadores

“El Gobierno Nacional tomó la decisión de habilitar 16 generadores (de los 48 que se especificaba en el contrato) de un proyecto que debió entregar 90 megavatios y que dejaron abandonados”, dijo Neira.

Según el funcionario, los 16 generadores ya producen 30 megavatios. “Próximamente a 60 megavatios”, agregó.

Todo esto ocurre en medio del anuncio de la ampliación de las desconexiones eléctricas para el sector industrial. El Gobierno de Daniel Noboa dispuso la desconexión de determinadas industrias. 

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Desde el 22 de septiembre de 2026, las empresas de alto voltaje (AV1) y determinados usuarios industriales de medio voltaje estaban sujetos a un esquema de desconexión de 48 horas semanales, que se ampliará a 72 horas por semana a partir de este 12 de octubre.

Lo que debes saber:

• Alexandro Tonello busca la Prefectura de Pichincha en las próximas elecciones con el respaldo de Unidad Popular y el Partido Socialista.
• El candidato plantea fortalecer el riego, la producción agrícola y la comercialización para generar empleo e ingresos en Pichincha.
• Tras siete años como viceprefecto, Tonello habla de profundizar su gestión en riego; han avanzado a 22.000 de 80.000 hectáreas productivas.

Alexandro Tonello, ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Zamorano, estaba en el sector empresarial. Y cuando le hablaron de ingresar al mundo de la política dijo “ni loco”. Después, para el 2019, aceptó candidatizarse como viceprefecto junto a Paola Pabón. Y tras dos períodos, ahora va por la Prefectura de Pichincha. Es el candidato de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular.

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-¿Qué le hizo cambiar de idea sobre la política? ¿Cómo es que un zamorano quiere seguir en este mundo?

En efecto, soy ingeniero agrónomo, zamorano, especializado en riego, automatización, control de nutrición para plantas y en mecanización agrícola y procesos eficientes de producción; he estado 25 años en el sector privado. Tomé la decisión personal de buscar un camino en la política porque vi con mucha indignación la traición de (Lenín) Moreno, veníamos de un proceso de construcción de un país que me agradaba. Hubo un retroceso, por eso asumí y asumo el reto.

-Más allá de la situación de la Revolución Ciudadana, que fue impedida de participar en las elecciones seccionales, ¿usted es el candidato del correísmo?

Soy el candidato de la Revolución Ciudadana para Pichincha, formo parte de la Alianza Ciudadana, que nos ha dado espacio para poder estar en la papeleta.

-¿Qué opina de declaraciones de otros candidatos como Giovanna Ubidia, de ADN? Ella dice que “una prefectura no se hereda”.

No estoy heredando una prefectura, más bien estoy planteando una propuesta de evolución positiva, de mejora continua, de una gestión de un espacio que ha traído beneficios, trabajo, cuidado y derechos para la gente.

Nadie había soltado el agua desde la laguna hasta Malchinguí; tenían terror, no sabían cómo manejarlo.Alexandro Tonello, candidato a la Prefectura de Pichincha

Además de Pichincha Humana, los Centros Warmi, su eje es Pichincha Productiva. ¿Qué busca con eso?

Mi responsabilidad fue el eje productivo, económico e innovación, por siete años; hemos instalado una propuesta de política pública que parte de una entrega técnica y equitativa del agua, garantizando la posibilidad de producir todos los días y con eso agregar valor a la producción primaria, con el afán de que llegue más plata al territorio en donde se produjo, para que haya condiciones de vida dignas y efectivas.

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-Churuchumbi, candidato por Pachakutik, dice que él avanzaría en darles a las usuarias de los Warmi Pichincha la opción de tener en emprendimiento. Usted es el hijo de Bepi Tonello. ¿Qué dice al respecto?

Mi padre fue mi mayor motivación para entrar en este proyecto, con su trayectoria en economía popular y solidaria del país; es mi origen. Conozco sobre lo cooperativo, lo asociativa y comunitario, es el modelo para la provincia, hacer muchísimos salineritos en Pichincha, es un ejemplo no solo nacional, es modelo latinoamericano de desarrollo, de creación de oportunidades en los territorios incluso más adversos.

-¿Y qué aprendimos del Salinerito?

Salinas de Bolívar con las condiciones de clima y altura se volvió un polo de desarrollo y generación de empleo. Ya hemos desarrollado una propuesta de comercialización mediante ferias. Luego de la pandemia reunimos a 945 actores que decían sabemos producir, necesitamos oportunidades de comercialización y les abrimos espacios, con técnicos los acompañamos.

La Solución Bicentenario debe resolverse, convoca a sentarse con los municipios de Rumiñahui, Quito y ojalá con el Gobierno Central.Alexandro Tonello/ candidato a la Prefectura de Pichincha

-Un ejemplo de lo que buscan hacer.

Llevamos a la Asociación Agropecuaria Artesanal Nueva Esperanza (Asoane) al Salón del Chocolate de París y regresaron con premios por la gran calidad de su producto. Instalamos la frase “que migre el producto y no la persona”.

-¿Qué tan importante es el riesgo para Pichincha?

La Prefectura de Pichincha tiene la competencia de distribuir el agua para activar la producción, son 80 mil hectáreas de tierra productiva, hemos dado un paso importante para la provincia, al bajar la brecha en 22 mil ha en siete años. 

Desarrollé el método para poder hacer el trabajo más rápido, tenemos un equipo potente, la plana técnica para el riego, drenaje, administración y apoyo técnico, dejé un equipo altamente competente.

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-¿Usted conoce sobre este tema?

Cuando llegué a la Prefectura, el 14 de mayo del 2019 me sentí encerrado, el 20 salí al campo hasta el 19 de agosto. Recorrí el sistema de riego hasta Malchinguí y, entonces le dije a la prefecta Paola Pabón que necesitábamos hacer las pruebas para llevar el agua hasta las parcelas. 

Nadie se había atrevido a abrir el sistema hasta ese punto por temor a que fallara. Decidí llevar el agua primero al extremo más lejano y luego avanzar en sentido contrario. Así garantizamos el abastecimiento de Malchinguí, Tocachi y Olmedo.

En Cayambe y Pedro Moncayo, el riego sostiene la actividad florícola y los ingresos de miles de familias. También trabajamos en el sistema del río Pisque, fundamental para los agricultores y el abastecimiento de hortalizas de Quito. Sin embargo, aún queda mucho por hacer: de las 80.000 hectáreas que necesitan riego permanente en Mejía, apenas 22.000 están atendidas.

Lo que debes saber

• Más de la mitad de los electores aún no tendría definida su opción.
• Las candidaturas deberán ganar visibilidad en un periodo de campaña muy corto.
• El voto útil y los factores externos también pueden modificar el escenario electoral.

¿Serán los indecisos quienes terminen inclinando la balanza en las próximas elecciones seccionales? Con más de la mitad de los electores todavía sin una decisión, según la constante que observa el estratega de comunicación política Andrés Jaramillo, ese voto puede convertirse en el principal territorio de disputa entre los candidatos.

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Andrés Jaramillo sostiene que el porcentaje de indecisos supera el 50 %, una cifra que vuelve determinante a un electorado que todavía no encuentra una razón suficiente para escoger una opción. Añade que la importancia de este grupo radicaría en que no todos están desconectados de la política: algunos esperan conocer a los candidatos, comparar propuestas o simplemente encontrar una alternativa que les resulte convincente.

A esto se suma una particularidad de estos comicios: buena parte de los candidatos de oposición todavía no tiene certeza sobre su presencia definitiva en la papeleta. Jaramillo advierte que, mientras las candidaturas no estén ratificadas, existe una dificultad para hacer precampaña y darse a conocer frente a un electorado que todavía no identifica con claridad sus opciones.

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El reloj corre y las candidaturas aún no están listas

La definición de las listas prevista para el 9 de noviembre deja un margen especialmente estrecho hasta la votación del 29 de noviembre. En ese escenario, las organizaciones políticas tendrán apenas del 12 al 26 de noviembre para desplegar formalmente sus campañas y tratar de transformar desconocimiento en intención de voto.

Es por eso por lo que el tiempo será uno de los mayores obstáculos para quienes pretendan conquistar a los indecisos. Fernando Muñoz-Miño, historiador, sociólogo político y fundador de Cuadrante Sur, considera que las organizaciones tendrán que desplegar una estrategia simultánea y mucho más intensa, porque dos semanas no permitiría ejecutar una campaña tradicional dividida por etapas.

Pero la disputa tampoco se limitaría a convencer al elector de que un candidato es la mejor opción. Muñoz-Miño explica que en Ecuador también opera el llamado voto útil, mediante el cual una persona puede escoger a quien considera con mayores posibilidades de ganar, aunque no exista una identificación plena con su propuesta.

Ese comportamiento puede adquirir mayor fuerza en unas elecciones marcadas por la polarización entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, la Revolución Ciudadana. Según el historiador, un elector puede terminar votando no tanto por adhesión a un candidato, sino para impedir que otro llegue al poder, en una lógica de “voto en contra de alguien”.

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El voto útil también entra en juego

Para María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, el indeciso tampoco debe ser entendido como un elector desinformado. Es alguien que puede estar observando las alternativas y esperando identificar cuál se ajusta mejor a sus preferencias, su mentalidad o su tendencia política.

Por eso, la credibilidad y la cercanía serán dos atributos decisivos en la última etapa. Carvajal señala que el candidato que logre mostrar capacidad, cercanía e inclusión tendrá mayores posibilidades de conectar con quienes todavía no han tomado una decisión.

Los debates, entrevistas y apariciones públicas también pueden convertirse en momentos decisivos. Carvajal advierte que estos espacios pueden favorecer o perjudicar a un aspirante, porque el elector indeciso puede evaluar allí su capacidad de respuesta frente a temas concretos y observar cómo reacciona ante situaciones inesperadas.

Por otra parte, Jaramillo identifica al ministro del Interior, John Reimberg, como el principal activo electoral del oficialismo, en este momento, por el relato construido alrededor de la seguridad. Sin embargo, advierte que ese activo tendrá un verdadero peso solamente si las acciones comunicadas consiguen generar en el ciudadano una sensación concreta de seguridad al salir, regresar a casa o desarrollar sus actividades cotidianas.

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Una crisis externa puede mover el tablero

El escenario también podría cambiar por factores externos, como El Niño o una crisis energética. Lluvias, deslaves, derrumbes y apagones podrían evidenciar problemas de gestión y afectar la percepción ciudadana y la reputación del régimen.

Sin embargo, la pregunta final es cuándo decidirán los indecisos y cuánto tiempo tendrán los candidatos para convencerlos. Jaramillo sostiene que la tendencia regional muestra que la decisión se posterga cada vez más y que “mayormente deciden en la última semana”, mientras Carvajal advierte que algunos incluso podrían escoger su opción directamente en las urnas.

En unas elecciones sin segunda vuelta para alcaldes, ese comportamiento puede tener consecuencias decisivas. Muñoz-Miño considera que conquistar a este electorado exige una estrategia múltiple: propuestas concretas, microsegmentación del discurso y una apelación emocional que logre movilizar incluso a quienes han perdido confianza en la política.

Lo que debes saber

• Fajardo busca la Prefectura de Santa Elena respaldada por el correísmo tras 12 años fuera de comicios.
• Registra un patrimonio de $545.138,28 y declaró $0 de impuesto a la renta entre 2023 y 2025.
• Sectores productivos y turísticos señalan retos urgentes en agua potable, nutrición y vialidad.

Doce años después de su primera victoria electoral, la exlegisladora Vanessa Fajardo Mosquera vuelve a postularse en la provincia de Santa Elena, esta vez como candidata a la Prefectura por la Alianza Contigo, auspiciada por el correísmo. Su retorno al escenario de votación local se produce tras más de una década ocupando diversos puestos en el servicio público, un periodo en el que acumuló un patrimonio superior al medio millón de dólares y en medio de demandas urgentes del sector productivo y turístico peninsular.

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Trayectoria pública y formación de Vanessa Fajardo

Fajardo cuenta con un perfil multidisciplinario en gestión y administración pública. Es ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario, cuenta con una titulación en Formación de Formadores y ostenta un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales.

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En 2014, fue electa asambleísta de Santa Elena por la extinta Alianza PAIS junto a Noralma Zambrano y Daniel Cisneros. Aunque desde entonces no había vuelto a medirse en las urnas, su permanencia en el aparato estatal ha sido continua a través de diferentes dependencias:

Cifras de patrimonio y pagos tributarios en el SRI

El paso de la aspirante por diversas instituciones estatales representó ingresos económicos considerables reflejados en sus declaraciones oficiales.

Balance de bienes declarados ante Contraloría

En su última declaración patrimonial juramentada correspondiente a 2025, Vanessa Fajardo reportó las siguientes cifras:

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Historial de impuestos ante el SRI

Pese al crecimiento de su patrimonio, los registros públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) revelan particularidades en su comportamiento fiscal:

Resistencias políticas y demandas de los sectores turísticos y productivos

La postulación de la candidata despierta cuestionamientos en la península. Según Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, el vínculo directo de Fajardo con el correísmo genera resistencia ciudadana, aunque puntualiza que cualquier aspirante deberá asumir problemas estructurales no resueltos.

"Creemos que el reto es crear productos y proyectos turísticos para que la provincia sea más turísticas y que se arregle de un vez por todas el problema del agua que en feriados siempre se va el agua", comenta Tenempaguay.

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Por su parte, el promotor turístico Douglas Dillon recuerda que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) faculta a la Prefectura como la entidad encargada de coordinar los ejes productivos de la península. No obstante, advierte que la provincia se sitúa entre las últimas de Ecuador en efectividad y eficiencia general, así como en indicadores de nutrición infantil.

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Dillon resalta que quien asuma la Prefectura deberá atender prioridades inaplazables:

"Nuestras vías de la costanera están en mal estado. Por ejemplo, el tramo de la cordillera Chongón-Colonche, aunque parte de esa jurisdicción corresponda al Ministerio de Obras Públicas", concluye Dillon.

Zambrano es la candidata del oficialista ADN a la Alcaldía de Esmeraldas. Fue denunciada ante ese organismo por la presunta entrega de dádivas y regalos a ciudadanos. La causa fue presentada por Linder Maximiliano Altafuya Loor por una supuesta infracción electoral grave.

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Roberta Zambrano explica polémico video con presunta menor de edad; consejera pide sanción

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Aunque el juez Patricio Maldonado otorgó al denunciante un plazo de dos días para completar y aclarar su escrito, este no subsanó correctamente las observaciones formuladas. El juez electoral señaló tres motivos para archivar la causa:

El juez aclaró que el archivo responde únicamente a deficiencias procesales y no constituye un pronunciamiento de fondo sobre la veracidad o falsedad de la infracción denunciada.

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Daniel Noboa gastó 2,9 millones de dólares en propaganda política, según registros de Meta

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Estas eran las posibles sanciones contra Zambrano

El Código de la Democracia sanciona expresamente la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos sin autorización de la autoridad electoral durante el período de campaña.

Las posibles sanciones incluyen:

Antes de que se presentara la denuncia ante el TCE, se difundió en plataformas digitales un video en el que se observa a Roberta Zambrano entregando obsequios a asistentes durante un acto público.

La controversia surgió porque en la grabación se escuchaba a la candidata pedirle a una ciudadana que se levantara el vestido para entregarle el presente. Esto generó cuestionamientos sobre si la persona involucrada era menor de edad.

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Ministra Gilda Alcívar pide destituir a docente universitario por protestas contra Noboa

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El pronunciamiento sindical frente al Gobierno

El documento publicado por el brazo sindical eleva la disputa administrativa a un conflicto multisectorial. La organización calificó la exigencia de la cartera de Estado como un acto de persecución y convocó a gremios, estudiantes y ciudadanía a sostener la movilización en las calles para exigir cambios en las políticas económicas y de seguridad de la actual administración nacional.

"Rechazamos la persecución contra los luchadores sociales y exigimos el respeto irrestricto a la libertad de expresión", señala el manifiesto oficial del gremio, en respuesta directa a la publicación de la ministra Alcívar. La funcionaria había demandado medidas disciplinarias contra el académico luego de los altercados registrados durante la incursión del bloque de seguridad presidencial en los predios universitarios.

El conflicto se originó tras el plantón de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) en rechazo a la visita del presidente Daniel Noboa, quien acudió a constatar los terrenos de una futura residencia estudiantil valorada en 3,56 millones de dólares. La protesta cuestionó el fuerte despliegue de policías y militares en el recinto, derivando en empujones y el retiro bajo resguardo de la comitiva oficial.

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Lejos de ceder ante la presión de la cartera de Estado, el FUT integró la situación del docente universitario a una plataforma de demandas estructurales. 

La organización sindical detalló que la protesta en las calles se mantendrá firme para reclamar por la salud pública gratuita, la generación de empleo formal, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) frente a posibles debilitamientos y la garantía de asignaciones para el sistema educativo.

Lo que debe saber

• Daniel Noboa gastó 2,9 millones de dólares en anuncios políticos en Meta entre agosto 2020 y octubre de 2026.
• La segmentación del público al cual se dirigen los anuncios tiene que ver mayoritariamente con jóvenes y adultos en edad de votar.
• Los datos se revelan tomando en cuenta únicamente las redes sociales Facebook e Instagram.

Para el presidente Daniel Noboa, la difusión de sus mensajes en redes sociales es importante. Al menos eso se desprende del gasto que representa para el Ejecutivo su presencia en las plataformas de Meta, que integra espacios digitales como Facebook e Instagram.

La Biblioteca de Anuncios de Meta reporta que, entre el 4 de agosto de 2020 y el 8 de octubre de 2026, Daniel Noboa gastó 2,9 millones de dólares en anuncios relacionados con “temas sociales, elecciones o política”.

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Solamente en los últimos siete días, según la misma biblioteca, Daniel Noboa Azín ha gastado 99.838 dólares en anuncios de esa temática. Uno de los que permanecen activos está relacionado con la conmemoración de la Independencia de Guayaquil.

Bajo el mensaje «Guayaquil siempre será nuestra casa», el anuncio muestra un video en el que se observa al presidente de la República en actividades relacionadas con los festejos en el Puerto Principal.

Al 11 de octubre de 2026, esa publicación registra un millón de impresiones en Meta. El importe gastado en ese anuncio oscila entre 1.500 y 2.000 dólares. Además, el público estimado es de un millón de usuarios de Facebook e Instagram.

El público al que quiere llegar Daniel Noboa

La Biblioteca de Anuncios de Meta también revela la segmentación realizada por el Ejecutivo para difundir sus mensajes. El alcance se concentra mayoritariamente en Ecuador (75%), aunque también hay interés en posicionarlos en Guayaquil, Cuenca y Quito, y, en menor proporción, en ciudades como Portoviejo y Manta.

Otro aspecto que llama la atención es la edad considerada para la segmentación de los anuncios. Según Meta, “los anunciantes seleccionan la edad mínima y máxima de las personas que quieren que vean sus anuncios para establecer un rango de edad”.

Así, el 100% del importe gastado se dirige a jóvenes de entre 18 y 29 años. Cabe considerar que este grupo etario tiene una incidencia importante en los procesos electorales. Además, el 84% de los anuncios —21 en total— se dirige a personas de entre 30 y 55 años.

En cuanto al género, los anuncios difundidos desde los perfiles de Daniel Noboa en ambas redes sociales no hacen distinción: el 100% de la inversión se destina a hombres y mujeres.

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Hay que recordar que está en marcha la organización de un nuevo proceso electoral en Ecuador. El próximo 29 de noviembre, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Será el primer proceso electoral local en el que participe Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento del presidente Daniel Noboa. Sin alianzas y con candidatos propios, ADN enfrentará los comicios, cuya campaña electoral comenzará el 12 de noviembre de 2026.

Cada kit contiene los recursos tecnológicos necesarios para la transmisión de datos durante los comicios. Incluye una computadora portátil, un escáner, cables de poder y cables USB. Según el CNE, para este proceso electoral se distribuirán 2.339 kits en todo el país y en el exterior.

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La institución señaló que la entrega de estos equipos busca garantizar las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo del proceso electoral, en cumplimiento del calendario establecido.

Las provincias que recibirán los kits

¿Cómo se garantizará el funcionamiento ante posibles apagones?

El Gobierno de Daniel Noboa ha dispuesto la desconexión de sectores industriales. Desde el 22 de septiembre de 2026, las empresas de alto voltaje (AV1) y determinados usuarios industriales de medio voltaje estaban sujetos a un esquema de desconexión de 48 horas semanales, que se ampliará a 72 horas por semana a partir del lunes 12 de octubre.

El CNE ha tomado en cuenta la situación energética del país. Así se desprende de las declaraciones del presidente del organismo, José Cabrera. 

El pasado 1 de octubre, el funcionario señaló que está previsto el arrendamiento de generadores eléctricos. A esta medida se sumaría la adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

"Hemos conversado con las diferentes empresas que producen energía eléctrica para que el día de las elecciones no tengamos inconvenientes. Sin embargo, también vamos tomando nuestras precauciones", aseguró ese día el titular del organismo electoral.

La concentración comenzó en las afueras de la Universidad Central del Ecuador la tarde del sábado, durante el segundo día del feriado nacional por la Independencia de Guayaquil. La convocatoria fue realizada por el denominado Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO).

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Tambores, carteles y banderas fueron parte de los elementos utilizados para protestar contra el Gobierno. Entre las consignas se escucharon: “fuera Noboa. Fuera”. También se exhibieron carteles con mensajes como: “Si el pueblo no tiene paz el gobierno tampoco”.

Pese al feriado, fue visible la presencia de estudiantes universitarios. Hubo representantes de la Universidad Central del Ecuador, así como de la Universidad Politécnica del Ecuador. Desde la Central, los manifestantes intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad.

La marcha recorrió varias calles, pero no llegó hasta la Plaza Grande, como estaba previsto. El recorrido pasó por vías como la Gran Colombia, cerca de la Asamblea Nacional, y luego continuó por la avenida 12 de Octubre. Durante la movilización se registraron varias acciones, como el cierre del paso a vehículos, consignas y canciones.

¿Qué ocurrió al finalizar la manifestación?

El periodista y director de La Barra Espaciadora, Diego Cazar Baquero, se pronunció en su cuenta de X sobre lo ocurrido durante la cobertura. “Gracias a quienes preguntaron sobre el episodio de hoy con la Policía Nacional en medio de la cobertura para la Barra Espaciadora de la marcha. Estoy bien. La agresión ocurrió”.

Cazar dijo que recibió empujones y golpes con escudos y toletes. “Llevaba identificación de prensa y lo dije en voz alta”, aseguró. El hecho quedó registrado en un video difundido por el medio digital Wambra Radio. 

En las imágenes se observa cómo Cazar es empujado por efectivos de la Policía mientras intenta dialogar con ellos. También se escucha a otras personas gritar que se trata de un periodista, sin que los uniformados atiendan esa advertencia.

La periodista de Telesur Elena Rodríguez también denunció una agresión. En su cuenta de X relató que su micrófono fue roto. “Rompieron el micrófono de Telesur”, dice Rodríguez mientras otro compañero grita que tiene identificación de prensa.

“Estoy harta de tener que narrar, una y otra vez, las agresiones policiales contra la prensa. Hoy, mientras intentaba documentar la violencia con la que los agentes golpeaban a jóvenes manifestantes, recibí por la espalda un toletazo en la cabeza”, informó Rodríguez.

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La postura del Gobierno de Noboa

El requerimiento de la cartera de Estado ocurre en medio de una ola de movilizaciones en la Sierra. La incursión del mandatario detonó un plantón de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), gremio que cuestionó el fuerte despliegue militar y policial dentro del recinto académico, advirtiendo una vulneración a la autonomía institucional frente al bloque de seguridad.

A través de sus plataformas digitales, Alcívar reaccionó a los altercados registrados durante el retiro de la caravana presidencial. "Espero que la Universidad de Cuenca tome las medidas disciplinarias respectivas y separe al señor que funge como docente", sentenció la ministra tras referirse a imágenes del catedrático en el piso durante los empujones. El pronunciamiento concluyó argumentando que el sistema superior "no puede seguir siendo espacio para gente que daña a nuestros jóvenes".

La protesta en los exteriores e interiores del recinto académico se enmarca en una jornada de movilizaciones liderada por gremios de la salud, sindicatos y la UNE en rechazo a la gestión económica del Ejecutivo, y replicada en otras ciudades del país. 

Los universitarios centraron su pliego de peticiones en la crisis de seguridad armada, la falta de asignaciones presupuestarias y las promesas incumplidas, opacando el recorrido oficial destinado a revisar los predios de una futura residencia estudiantil.

Hasta el cierre de esta edición, no hay un pronunciamiento oficial de los representantes de la Universidad de Cuenca, ni del docente señalado por el Gobierno. 

Lo que se sabe

• 95 autoridades bajo alerta: 41 con semáforo rojo y 54 con naranja.
• Recomendación de investigar: la comisión plantea remitir el informe a la Fiscalía y la Contraloría.
• Votación dividida: siete votos a favor y tres en contra del correísmo.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 9 de octubre de 2026 un informe de fiscalización sobre el patrimonio de 251 alcaldes y prefectos del país. El documento identificó 95 autoridades con posibles incrementos patrimoniales injustificados, equivalentes al 37,85 % de los casos analizados.

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Según los resultados, 41 funcionarios recibieron una alerta roja y otros 54 una alerta naranja. Ante estos hallazgos, la mesa legislativa recomendó que la información sea remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que determinen si existen elementos que ameriten investigaciones.

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Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que el informe utiliza un sistema de semaforización para facilitar el análisis de la documentación. El mecanismo busca que la ciudadanía y las autoridades puedan conocer la trazabilidad de la información relacionada con el patrimonio de los funcionarios.

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La aprobación del documento se dio con siete votos a favor, correspondientes a ADN y sus aliados, y tres en contra del correísmo. Durante la sesión, la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó que los anexos con los nombres de los funcionarios no se hagan públicos hasta que el pleno de la Asamblea conozca el informe, con el argumento de evitar juicios anticipados.

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El asambleísta Xavier Lasso cuestionó que la reserva pueda levantarse tras la aprobación en comisión y señaló que el proceso ocurre en medio de la etapa electoral.

Posibles delitos bajo investigación

Además de las 95 autoridades con alertas, 90 funcionarios obtuvieron semáforo verde porque no se identificaron diferencias relevantes entre sus ingresos y su patrimonio, mientras que otros 66 no presentaron novedades. 

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La investigación legislativa se originó a partir de una publicación de prensa. Si el pleno acoge las recomendaciones, la información podría dar paso a indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos o testaferrismo. El informe, por sí solo, no constituye una declaración de culpabilidad.

La convocatoria fue realizada por el denominado Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO). Desde la tarde de este sábado, los participantes de la movilización llegaron a las afueras de la Universidad Central.

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Tambores, carteles y banderas fueron parte de los elementos utilizados para protestar contra el Gobierno. Entre las consignas se escucharon: “fuera Noboa. Fuera”. También se exhibieron carteles con mensajes como: “Si el pueblo no tiene paz el gobierno tampoco”.

La convocatoria utilizó una consigna general: “Batalla de Aura: Gobierno vs. Pueblo”. Con esa idea, los participantes pasaron de manifestarse en la acera a cerrar el paso a los vehículos en la avenida América, frente al ingreso al Teatro Universitario.

Desde allí avanzaron hacia el centro de la capital por la calle 10 de Agosto. El objetivo era llegar al Palacio de Gobierno, en la Plaza Grande. Sin embargo, su paso fue impedido a la altura del Banco Central del Ecuador. Los manifestantes regresaron hacia el norte, en dirección a la Asamblea Nacional.

Dos manifestaciones en medio del feriado

La marcha de este sábado se sumó a la realizada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) el jueves pasado. La tarde previa al inicio del feriado por la Independencia de Guayaquil, sindicatos y trabajadores también marcharon por un recorrido similar.

Ese día, el presidente del FUT, Edwin Bedoya, dijo que la movilización era una consecuencia de la falta de respuestas del Ejecutivo sobre temas como el incremento del presupuesto para educación y salud, así como el trato a los trabajadores.

Según informó el organismo, la interrupción se extenderá desde las 08:00 hasta las 17:00. Una vez concluida esta etapa, los servicios digitales se reanudarán y la ciudadanía podrá realizar sus trámites con normalidad.

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Daniel Alejandro Romero Páez

¿Qué procesos electorales están en curso?

El cierre del registro electoral corresponde a las elecciones de alcalde y concejales del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, así como a la elección de vocales de la Junta Parroquial Rural Miss Ecuador, ubicada en el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.

El CNE señaló que estas tareas forman parte de la preparación de los procesos electorales previstos en ambas localidades.

La suspensión afecta temporalmente a todos los servicios en línea de la institución durante el horario establecido. Por ello, los usuarios deberán esperar hasta que concluyan los trabajos para retomar sus trámites digitales.

El organismo electoral indicó que continúa con la ejecución de procesos técnicos y transparentes, como parte de sus responsabilidades en la organización de las elecciones en el país.

Durante las nueve horas de suspensión, los ciudadanos no podrán realizar los trámites disponibles en la plataforma digital del CNE, entre ellos consultar multas electorales, obtener o validar certificados de votación y solicitar certificados de apoliticismo y de empadronamiento.

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Un año más para liquidar UNA EP

La medida administrativa responde a una solicitud formal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y al informe presentado por la liquidadora Diana Karina Cumbajin. En el documento técnico se identificaron actividades pendientes y nudos críticos que imposibilitan ejecutar el cierre inmediato de la entidad estatal en los plazos previamente establecidos.

El cierre de la UNA EP es un proceso administrativo que acumula prórrogas consecutivas. La orden original de extinción se dictaminó a través del Decreto Ejecutivo 1062, emitido el 19 de mayo de 2020. Desde entonces, el Ejecutivo ha emitido decretos adicionales (incluyendo los números 108, 492, 778, 30 y 371) para extender las facultades de liquidación ante la incapacidad de sanear los activos y pasivos de la institución.

Cambio de rectoría ministerial

Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el liquidador asume la representación judicial y extrajudicial para ejecutar las operaciones empresariales pendientes. En caso de no materializar el cierre en los plazos fijados, la normativa advierte sobre responsabilidades personales y solidarias por omisión, negligencia o dolo en el desempeño de las funciones.

El Decreto 518 también oficializa en la normativa de liquidación el reciente cambio de competencias gubernamentales. Tras la fusión por absorción dispuesta en junio de 2026 mediante el Decreto 425, el documento presidencial sustituye la figura del extinto Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En consecuencia, el proceso de la UNA EP pasa a estar bajo la responsabilidad directa del recién conformado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad rectora que deberá recibir los activos remanentes una vez que se cubran todos los pasivos y culmine finalmente la liquidación.

La sesión comenzará a las 10:30. En el orden del día constan dos puntos, después de la entonación del Himno Nacional. El primero tiene que ver con la declaratoria de Loja como la ‘Capital del Café del Ecuador’. A continuación, se tratará el juicio político contra Rosero.

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En la sesión se abordará el informe de la Comisión de Fiscalización, encargada de sustanciar el proceso impulsado por el excorreísta y ahora aliado del oficialismo Sergio Peña. Cabe recordar que el documento no es vinculante, pero constituye un insumo para la decisión que podría adoptar el Pleno.

¿Qué dice el informe sobre el caso Rosero?

Peña impulsó la solicitud de juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones por parte del vocal del CPCCS. El eje de la acusación es una presunta reunión entre Rosero y una de las postulantes al cargo de fiscal general del Estado, Inés Romero.

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Tras las audiencias públicas de impugnación, Romero fue descalificada, aunque todavía tiene la posibilidad de apelar. Por tanto, la decisión de admitir o no ese recurso estará en manos del Pleno del CPCCS.

El informe de la comisión, presidida por el también excorreísta y ahora aliado del Gobierno Ferdinan Álvarez, plantea cinco conclusiones, entre las que constan las siguientes:

Con base en estas conclusiones, la Comisión de Fiscalización recomendó el enjuiciamiento político del funcionario. La resolución se adoptó con los votos de la mayoría oficialista en la comisión y de su aliado, el exintegrante de Pachakutik José Luis Nango.

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En el Pleno, la censura y destitución del vocal del CPCCS requieren el voto de la mayoría absoluta, es decir, 77 votos. Si ADN mantiene una postura similar a la asumida en la comisión, el oficialismo contaría con los votos necesarios para destituir a Rosero.

Lo que debes saber

• La investigación de posibles abusos está en manos de las autoridades competentes.
• La normativa ecuatoriana establece responsabilidades para quienes vulneren la integridad de una persona detenida.
• El debate también alcanza las condiciones de defensa, visitas y comunicación de los internos.

Un video de militares golpeando a personas privadas de libertad en la cárcel de Esmeraldas vuelve a poner un rostro concreto a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador pidió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo investigar lo ocurrido y determinar si hubo tortura durante el operativo del 3 de octubre de 2026.

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La Alianza también señaló que recibió testimonios de familiares que refieren posibles agresiones contra otros internos. Por ello, pidió que las autoridades actúen con celeridad para investigar los hechos y evitar que se pierdan o alteren las evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Para Henry Caliz, abogado penalista, exjuez provincial de Pichincha y exfiscal provincial, la línea entre una medida disciplinaria y un abuso está claramente marcada por la ley. El artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de entre siete y diez años de prisión para quien cometa el delito de tortura, así como para quien, teniendo la posibilidad de evitarlo, no lo haga.

La normativa establece que existe tortura cuando una persona es sometida deliberadamente a grave dolor o sufrimiento físico o psíquico, o a condiciones que anulen su personalidad o disminuyan sus capacidades físicas o mentales. También contempla sanciones cuando quien comete el hecho utiliza sus conocimientos técnicos para incrementar el dolor o sufrimiento de la víctima.

Caliz asegura que ha presentado dos denuncias por presunta tortura, una relacionada con un interno de la cárcel del Encuentro y otra con una mujer recluida en la Roca. Según su relato, uno de sus clientes habría sido golpeado, privado de alimentos y, en el caso más grave, presuntamente agredido sexualmente con un objeto por militares.

El abogado sostiene además que existen prácticas que podrían constituir violencia psicológica, como mantener iluminación permanente dentro de las celdas. “No saben cuándo es de día, no saben cuándo es de noche”, afirma al describir una situación que, a su criterio, puede producir un deterioro mental sostenido.

Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional, considera indispensable investigar cualquier denuncia de esta naturaleza, independientemente de quién sea la persona afectada. “El hecho de que alguien esté privado de su libertad no significa que puede un guía penitenciario o una autoridad torturar, golpear, matar y quedar impune”, sostiene.

El especialista diferencia, sin embargo, una sanción penitenciaria de un acto criminal: dentro de una prisión pueden existir reglas, restricciones o aislamiento temporal cuando estén contemplados en la normativa. Golpear a un interno o afectar deliberadamente su integridad física y mental, advierte, supera cualquier mecanismo legítimo de disciplina.

Esa distinción también es planteada por el abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Efrén Guerrero, quien pide no convertir una acusación en una sentencia anticipada. Explica que jurídicamente la tortura implica provocar intencionalmente dolores o sufrimientos graves con una finalidad determinada, mientras que la disciplina debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad.

Si las denuncias son confirmadas, dice, el problema no quedaría circunscrito a las normas nacionales. Guerrero recuerda que Ecuador está sujeto a la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Las personas privadas de libertad deben cumplir su sentencia, sea corta o larga, para luego volver a la sociedad”.Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional

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El modelo penitenciario, bajo debate

Mientras las denuncias por posibles abusos crecen, otra discusión se abre alrededor del nombre con el que el Gobierno presenta determinados establecimientos: cárceles de máxima seguridad. Para Caliz, esa denominación enfrenta un problema constitucional porque la Carta Magna reconoce centros de rehabilitación social y centros de detención provisional, pero no establece expresamente una categoría denominada “máxima seguridad”.

Su interpretación es tajante: “Lo que se debería hacer es respetar la Constitución”. A su juicio, crear una categoría penitenciaria distinta exigiría una reforma constitucional, aunque el problema de fondo no sería únicamente semántico, sino la sustitución del principio de rehabilitación por un modelo basado exclusivamente en el aislamiento.

Gagliardo ofrece una lectura diferente sobre la clasificación de los establecimientos penitenciarios. Señala que sí existen disposiciones legales que permiten diferenciar niveles de seguridad, pero recalca que todos deben conservar su condición de centros de rehabilitación social porque ese es el mandato constitucional.

En ese punto aparece una de las principales contradicciones del debate: el Gobierno habla de máxima seguridad y el ministro del Interior, John Reimberg, ha dicho que en estos espacios están personas que, a su juicio, “no tienen rehabilitación”. También ha defendido que allí deben cumplir sus condenas quienes cometieron los delitos más graves, bajo controles estrictos y condiciones de seguridad superiores.

La afirmación genera reparos entre los especialistas porque la privación de libertad no elimina la obligación estatal de rehabilitar. Gagliardo cuestiona que el propósito de una prisión pueda ser esperar que los internos salgan “bien viejitos”, pues una condena larga no convierte el envejecimiento en sustituto de la reinserción.

Guerrero considera que el Estado puede organizar establecimientos con distintos niveles de seguridad, siempre que respete los límites constitucionales y legales. El problema aparece cuando el régimen especial restringe de manera desproporcionada el contacto con abogados, familiares, mecanismos de defensa, visitas u otros derechos que no desaparecen por estar recluido.

“Cualquier trato debe estar dentro de la norma; si se supera ese límite, habrá mayores problemas”.Efrén Guerrero, abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Los derechos que permanecen vigentes

La preocupación aumenta cuando esas restricciones se vuelven permanentes o impiden ejercer una defensa efectiva. Guerrero sostiene que el Gobierno debe explicar con mayor claridad cuál es el modelo que pretende aplicar, porque “no puedes evitar el modelo constitucional”.

Caliz advierte además que la falta de comunicación puede agravar el conflicto jurídico, especialmente si se impide de manera general el contacto entre internos, familiares y defensores. Asegura que incluso existen reglamentos que han eliminado las citas presenciales o virtuales en determinados establecimientos, una medida que, según su interpretación, vulneraría garantías constitucionales y debería ser revisada por la Corte Constitucional.

Guerrero plantea que la discusión no debería reducirse a escoger entre seguridad o derechos humanos, porque un sistema penitenciario legítimo está obligado a garantizar ambos. “Las cárceles no pueden volverse en depósitos humanos”, advierte, al señalar que el encierro permanente sin actividades de rehabilitación puede profundizar el deterioro físico, emocional y social de quienes cumplen una condena.

“El Estado tiene que rehabilitar; si no lo hace, la delincuencia va a subir y habrá reincidencia”.Henry Caliz, exjuez provincial de Pichincha y exfiscal provincial

Lo que debes saber:

• Salud mental en Ecuador: las deudas y el desempleo agravan la ansiedad y la depresión en las familias.
• En Quito, la teleconsulta municipal atiende crisis emocionales vinculadas a dificultades económicas y familiares.
• El 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental pone en foco las barreras para acceder a atención psicológica.

Al otro lado del teléfono, Armando, de 63 años, le contó a Johanna Capujamba que ya no quería vivir. Se sentía al límite después de acumular deudas, perder su patrimonio y enfrentar una nueva preocupación: la enfermedad renal de su hijo, que necesitaba tratamiento de diálisis, que él no podía costear.

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Tiempo atrás, Armando (nombre protegido) había invertido en una franquicia de restaurante. Cuando los ingresos no alcanzaron para sostener el negocio, vendió su casa y su vehículo. 

Su esposa, de 56 años, también intentaba generar ingresos con la venta de empanadas y bolones, mientras él trabajaba como conductor de Uber. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia.

La situación se agravó cuando su hijo fue diagnosticado con una enfermedad renal y necesitó iniciar diálisis. Como no podían costear el tratamiento, quedó en lista de espera en el sistema público de salud. Debido a esos apuros económicas y tensiones familiares, Armando comenzó a experimentar una profunda desesperanza.

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Día Mundial de la Prevención del Suicidio: líneas de ayuda y señales de alerta

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Su historia llegó al servicio de Teleconsulta del Municipio de Quito, donde Johanna Capujamba trabaja como terapeuta. Durante las conversaciones, identificó que se mantenían las señales de alerta: ideas suicidas, ataques de pánico recurrentes, opresión en el pecho y dificultades para dormir. 

Por el riesgo que presentaba, Armando fue derivado a atención presencial en psicología y psiquiatría, con seguimiento para facilitar su vinculación a los servicios especializados. Antes, él había sido ayudado por el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Intentó acabar con su vida.

La intervención psicológica no resolvía sus deudas ni garantizaba el tratamiento de su hijo, pero abrió un espacio para que pudiera hablar de lo que estaba viviendo sin sentirse juzgado.  

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La situación económica incide en la salud mental, en Ecuador

Casos como el de Armando reflejan una realidad que también aparece en otras llamadas que recibe el servicio municipal. Según Capujamba, muchas consultas están relacionadas con dificultades económicas, falta de empleo, que provoca inestabilidad de pareja y la imposibilidad de cumplir con las responsabilidades familiares.

Hay personas próximas a jubilarse que pierden su trabajo y ven truncados sus planes de vida. También hay jóvenes que sienten que no pueden convertirse en proveedores de sus hogares. En estos escenarios, explica la terapeuta, pueden aparecer crisis de ansiedad y síntomas depresivos.

Esto dice la Organización Mundial de la Salud:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que factores sociales y ambientales, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, incrementan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. 

Las dificultades económicas no explican por sí solas todos los trastornos, pero pueden convertirse en una fuente importante de estrés cuando se prolongan y se combinan con otros problemas.

La falta de recursos, una barrera para acceder a atención en salud mental

En Ecuador, buscar ayuda psicológica todavía supone un esfuerzo económico para muchas familias. Cristina Guerra, terapeuta familiar y de pareja especializada en adolescentes, atiende en consulta privada y observa cómo el costo de las sesiones influye en la decisión de iniciar o mantener un tratamiento.

Al comenzar un proceso terapéutico con adolescentes, cuenta, algunos padres preguntan cuánto cuesta cada sesión, cuántas serán necesarias y si existen descuentos. 

Las inquietudes reflejan una dificultad concreta: aunque reconocen que sus hijos necesitan apoyo, no siempre pueden asumir el gasto de manera sostenida.

Guerra también ha atendido a hombres que perdieron su empleo y tienen dificultades para mantener económicamente sus hogares. La pérdida de ingresos puede generar tensión en la convivencia, conflictos de pareja y desgaste emocional.

No obstante, la terapeuta identifica un cambio desde la pandemia de covid-19: existe una mayor apertura para hablar de salud mental y reconocer la necesidad de recibir atención. El desafío es convertir esa conciencia en acceso efectivo y continuo a los servicios.

Carlos Pérez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, coincide en que la situación económica puede convertirse en un obstáculo tanto para buscar ayuda como para sostener un tratamiento. 

En su experiencia, las pérdidas económicas, los negocios que fracasan y la falta de empleo aparecen entre las preocupaciones asociadas a cuadros de ansiedad, depresión y alteraciones del estado de ánimo.

Pérez señala que las dificultades de acceso no son recientes y que también persisten prejuicios y desinformación sobre el papel de los psicólogos y las distintas especialidades de atención. 

A su criterio, ampliar la cobertura requiere integrar mejor a los profesionales en el sistema de salud y promover una cultura que permita reconocer cuándo es necesario pedir ayuda.

Lo que se hace en gobiernos locales sobre ayuda psicológica:

Ante la demanda de atención, el Municipio de Quito mantiene servicios de teleconsulta y desarrolla iniciativas de prevención y acompañamiento. 

Daniela Andrade, jefa de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, explica que las consultas están relacionadas con:

Andrade señala que la demanda en las unidades municipales también está relacionada con las dificultades que enfrentan los ciudadanos para conseguir citas de salud mental en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre las iniciativas municipales está la Escuela Popular de Salud Mental, que capacita a ciudadanos mediante actividades virtuales y presenciales guiadas por psicólogos. 

Su objetivo es promover la conciencia sobre el cuidado emocional y fortalecer las redes de apoyo en las 10 administraciones zonales del Distrito Metropolitano.

Estas redes trabajan en planes preventivos orientados a la gestión de emociones y a la detección temprana de señales de alerta. La estrategia se complementa con dispositivos móviles de teleasistencia dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, defendió la gestión municipal durante la sesión solemne por los 206 años de independencia de la ciudad y cuestionó las promesas electorales al afirmar que "decir la verdad requiere más responsabilidad".
• Presentó cifras sobre atenciones de salud, ayudas sociales, turismo, deporte y recuperación de parques, además de anunciar la apertura de un comedor comunitario en Monte Sinaí y la creación prevista de otros espacios similares.
• También rechazó las críticas que, según dijo, ha recibido el Municipio y aseguró que los cuestionamientos no detendrán el trabajo de la administración.

La sesión solemne del Concejo Cantonal por los 206 años de Independencia de Guayaquil se desarrolla la tarde de este viernes 9 de octubre en el Salón de la Ciudad, ubicado en el Palacio Municipal.

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El evento comenzó a las 17:40, tras la llegada de la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel al edificio municipal. Luego del homenaje a diversas organizaciones, empresarios, personajes y trabajadores municipales, se dio paso al discurso de la funcionaria.

Coronel,¿ defendió la gestión municipal y cuestionó las promesas que, según dijo, se hacen a las puertas de un nuevo proceso electoral. Aseguró que el Municipio ha recibido críticas y ataques, pero sostuvo que estos no detendrán el trabajo de la administración. “Prometer es fácil, pero decir la verdad requiere más responsabilidad”, manifestó.

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Coronel afirmó que asumió sus funciones en medio de una crisis política y de momentos de incertidumbre. Al referirse a los cuestionamientos contra el Municipio, señaló que ha enfrentado “constantes ataques, infamias, señalamientos absurdos a través de medios digitales, de la prensa tradicional, de influencers” y de otros personajes.

Tatiana Coronel: "No he asumido esta responsabilidad buscando protagonismo"

Frente a esas críticas, lanzó una frase: “El veneno no mata si no te lo tomas”. También citó al expresidente uruguayo José Mujica para cuestionar el odio y defender la necesidad de mantener los objetivos de la gestión.

En su discurso, la alcaldesa subrogante sostuvo que gobernar implica responder a las necesidades de los ciudadanos y reconocer que aún existen problemas por resolver. “No voy a venir aquí a venderles humo. Tampoco he asumido esta responsabilidad buscando protagonismo”, expresó.

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Añadió que una sola administración no puede corregir en pocos años problemas acumulados durante décadas y defendió el cumplimiento del plan de trabajo municipal. “Lo que sí puedo decirles, mirándolos de frente, es que aquí se ha trabajado, que hemos avanzado, que hemos estado aquí y que no hemos abandonado esta ciudad ni un solo día”, aseguró.

Tatiana Coronel ofreció cifras sobre su gestión al frente del Municipio de Guayaquil

Como parte del balance de su gestión, Coronel mencionó que la red municipal de salud pasó de 49 a 55 unidades y reportó más de 2,7 millones de atenciones. En materia de inclusión social, señaló que se realizaron alrededor de 1,5 millones de atenciones y se entregaron más de 77.000 ayudas técnicas.

También destacó los más de 193.000 beneficiarios de las actividades deportivas municipales, la participación de más de 13.000 comerciantes autónomos en ferias y corredores comerciales y la capacitación de otros 6.000 para mejorar sus ventas.

Guayaquil

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La funcionaria también resaltó la inversión turística de más de 6,8 millones de dólares y afirmó que Guayaquil recibió más de 6,5 millones de turistas, cuyo gasto habría dejado 1.935 millones de dólares en la ciudad. A esto sumó la renovación y repotenciación de 41 parques y la entrega de la décimo quinta Estación de Acción Segura.

Además, anunció que el lunes siguiente se abrirá el primer comedor comunitario en Monte Sinaí, como parte de un proyecto que contempla la creación de 22 espacios de este tipo.

Entre las iniciativas que destacó estuvo también la Ruta Centro, concebida para que peatones, ciclistas y corredores puedan disfrutar de calles del centro sin tráfico vehicular.

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El mandatario manifestó la disposición del Gobierno ecuatoriano para colaborar con las labores de atención a los afectados, en medio de las evaluaciones de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

"Toda nuestra solidaridad con Panamá y con las familias afectadas por el terremoto", escribió Noboa en su pronunciamiento. A continuación, aseguró: "Ecuador está preparado para brindar ayuda y colaborar en las labores de atención a nuestros hermanos panameños".

Sin embargo, en el mensaje no se detallaron los recursos que podrían movilizarse ni las acciones concretas previstas para asistir al país centroamericano.

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Potente terremoto afectó a Panamá

El sismo se registró a las 12:56, hora local de Panamá, y alcanzó una magnitud de 7,7, según la actualización del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 10 a 13 kilómetros, de acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada.

El movimiento se sintió en la capital panameña y en zonas de países vecinos, como Colombia y Costa Rica.

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El terremoto provocó daños en edificaciones, evacuaciones preventivas y la suspensión temporal de algunos servicios de transporte.

Mientras las autoridades panameñas evaluaban las consecuencias del sismo, también se registraron réplicas que mantuvieron la preocupación entre los habitantes.

Descartaron alerta de tsunami en Ecuador

Tras el movimiento telúrico, los organismos de alerta emitieron avisos por la posible generación de olas peligrosas en sectores costeros del Pacífico, incluido Ecuador.

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Durante la tarde, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) canceló el estado de alerta de tsunami para las costas continentales e insulares ecuatorianas, aunque advirtió que podían persistir pequeñas fluctuaciones del nivel del mar durante varias horas.

En el último tramo de la sesión, la mesa legislativa se enfrascó en una discusión sobre el momento en que se levantaría la confidencialidad del listado de autoridades locales que aparecían en las categorías naranja y roja.

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Como metodología para presentar los hallazgos, la mesa legislativa optó por cruzar información de diferentes entidades de control, además de denuncias ciudadanas. 

A partir de esos datos utilizó un semáforo en el que los colores rojo y naranja se asignaron a los casos considerados prioritarios para ser investigados por la Fiscalía y la Contraloría.

El anexo que incluye los nombres de las autoridades locales y sus respectivas jurisdicciones fue tratado como reservado. Sin embargo, durante la sesión se conocieron algunos de los resultados:

¿Qué se tomó en cuenta para ubicar cada caso?

Según el informe aprobado por la comisión, se consideraron tres elementos clave para ubicar cada expediente en una categoría. El primero fue la existencia de variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial de las autoridades. El segundo tomó en cuenta la existencia de investigaciones penales, mientras que el tercero correspondió a la condición de omisos en el sistema tributario ecuatoriano.

La metodología fue cuestionada por el correísmo en la mesa legislativa. Según sus integrantes, aunque el informe se refiere a sospechas y no determina responsabilidades, ubicar a las autoridades en alerta roja o naranja podría interpretarse como un prejuzgamiento. La correísta Patricia Núñez advirtió que esto podría incidir en la reputación de los investigados.

Como parte de las resoluciones del informe está que la información debe ser remitida a la Fiscalía y Contraloría tomando en cuenta el nivel de riesgo. Así, solo los expedientes en rojo y naranja se remitirían a la Fiscalía. 

Al final, la mesa legislativa se enfrascó en una discusión a partir de una petición del propio correísmo. Xavier Lasso aseguró que, una vez aprobado el informe, el anexo confidencial con los nombres y apellidos de las autoridades podría utilizarse políticamente. Por ello, sugirió que la moción de aprobación estableciera que esa información no se hiciera pública hasta que el Pleno adoptara una decisión.

Finalmente, la moción planteada por el independiente y aliado de ADN Samuel Celleri no tuvo cambios. El presidente de la mesa, Cristian Benavides, votó a favor del informe, al igual que otros seis asambleístas cercanos al oficialismo e integrantes de ADN. Solamente los tres legisladores del correísmo votaron en contra.

Así, la decisión quedó en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá resolver sobre este tema mientras está en curso el proceso electoral de las seccionales de 2026, cuya votación está prevista para el 29 de noviembre de ese año.