Lo que debes saber

• Asamblea sesionó 11 veces fuera de Quito desde 2025, priorizando a Guayaquil como sede principal.
• Cada sesión en provincias cuesta 30.000 dólares; el gasto total estimado asciende a 330.000 dólares.
• El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, defiende el gasto para acercar el Legislativo a ciudadanos

La Asamblea Nacional de Ecuador ha trasladado su labor legislativa fuera de su sede habitual en Quito en al menos once ocasiones desde su instalación en 2025. Bajo la gestión del oficialista Niels Olsen, el Legislativo ha priorizado a Guayaquil como el destino principal para sesionar, argumentando un acercamiento con la ciudadanía. Sin embargo, esta estrategia implica un desembolso significativo de recursos públicos, con un costo estimado de 30.000 dólares por cada jornada en provincias.

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Guayaquil: destino preferido de la Asamblea Nacional

De acuerdo con las convocatorias a las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional se ha trasladado a Guayaquil en al menos siete ocasiones, con motivo de sesiones solemnes y para la aprobación de leyes clave, como la polémica reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), de iniciativa del presidente Daniel Noboa.

Cronología de sesiones en Guayaquil:

Cuenca y Machala, los otros destinos

Aunque Guayaquil ha sido el destino preferido, no ha sido el único. Según las convocatorias a sesiones plenarias, la Asamblea también ha sesionado desde 2025 en Cuenca, provincia del Azuay, y en Machala, provincia de El Oro, en al menos cuatro ocasiones.

Las sesiones de la Asamblea Nacional en Cuenca:

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Las sesiones de la Asamblea Nacional en Machala:

El costo de legislar fuera de Quito

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, defendió este 15 de abril de 2026 las sesiones plenarias fuera de Quito. Olsen afirmó que uno de los objetivos del Legislativo es acercar a la ciudadanía al trabajo de los asambleístas.

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Sin embargo, cada sesión fuera de Quito implica costos. Según reveló Olsen, cada sesión plenaria de la Asamblea Nacional fuera de la capital cuesta 30.000 dólares. “Si eso es lo que cuesta para estar más cerca de las personas, es lo que vamos a hacer”, comentó.

Con la cifra revelada por Olsen, se puede estimar que las once sesiones de la Asamblea Nacional fuera de Quito han representado un costo aproximado de 330.000 dólares. Sin embargo, en algunos destinos la Asamblea ha utilizado las mismas locaciones en más de una ocasión, por lo que el valor podría ser menor al estimado.

Lo que debes saber

• La ola de calor vuelve a poner presión sobre el sistema eléctrico en Ecuador. Este miércoles, CNEL anunció cortes temporales de energía en la parroquia Laurel debido a las altas temperaturas, una medida que busca evitar sobrecargas y daños en la infraestructura.
• Los cortes de energía continúan generando preocupación entre los ciudadanos. Esta vez, CNEL informó que suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en Laurel por una hora, como parte de maniobras preventivas ante la elevada demanda provocada por la ola de calor.

La ola de calor, los reiterados cortes de energía y las decisiones contradictorias siguen generando malestar entre los ciudadanos por el servicio eléctrico. Este miércoles 15 de abril, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que se ejecutarán interrupciones temporales del suministro en la parroquia Laurel debido a las altas temperaturas. 

A través de sus redes sociales, CNEL explicó que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) dispuso “maniobras operativas orientadas a resguardar la estabilidad del sistema en la parroquia Laurel”, lo que implica una suspensión controlada del servicio durante una hora.

La interrupción temporal del servicio eléctrico busca evitar sobrecargas y daños en la infraestructura energética. Según la entidad, esta medida preventiva permitirá mantener la continuidad del suministro en condiciones seguras.

¿Por qué se aplican los cortes de energía?

CNEL detalló que las elevadas temperaturas incrementan la demanda eléctrica y generan presión sobre la red, por lo que se decidió ejecutar cortes controlados para evitar afectaciones mayores.

“Esta medida, de carácter preventivo, busca evitar sobrecargas y posibles daños en la infraestructura eléctrica, garantizando la continuidad del suministro en condiciones seguras”, señaló la empresa.

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La entidad también ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguró que estas acciones se ejecutan priorizando la protección de la red y la calidad del servicio.

Los ciudadanos siguen reclamando respuestas por los cortes de energía y las fallas en el suministro eléctrico. La preocupación crece debido a que los apagones coinciden con la ola de calor y el aumento del consumo de electricidad.

Además, varios usuarios cuestionan las decisiones adoptadas por las autoridades del sector eléctrico, debido a que consideran que las interrupciones del servicio continúan afectando la calidad de vida.

Lo que debes saber

• La Contraloría General del Estado confirmó que sufrió un intento de hackeo desde el fin de semana y que tres secciones de su portal web fueron afectadas. 
• Las consultas de resoluciones, los informes aprobados y las declaraciones patrimoniales juradas fueron las tres secciones afectadas por el intento de hackeo a la Contraloría. 
• La entidad aseguró que trabaja para normalizar todos sus servicios en línea en las próximas horas.

La Contraloría General del Estado confirmó a EXPRESO que enfrentó un intento de hackeo desde el fin de semana y que parte de sus portales continúan con fallas.

La entidad actualizó detalles a este Diario e indicó que trabaja para restablecer con normalidad todos sus servicios en línea. Además, precisó que fueron tres secciones de su página web las que sufrieron ataques: 

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Contraloría reporta intento de hackeo en su página web

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La sección de informes aprobados ya fue habilitada completamente, mientras que las otras dos plataformas seguirán en proceso de recuperación durante las próximas horas, según la institución.

El portal de declaraciones patrimoniales juradas es una de las herramientas más consultadas por ciudadanos y periodistas para revisar la información de funcionarios públicos.

¿Qué dijo la Contraloría sobre los ataques?

El último comunicado oficial de la Contraloría fue difundido el 8 de abril. En ese documento, la entidad señaló que, tras la emisión de informes aprobados y exámenes en ejecución, se activaron campañas de desprestigio dirigidas contra la institución.

“En ese contexto, se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”, indicó la entidad.

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En su comunicado oficial, la cartera de Estado sostuvo que “los servicios de atención en emergencia, consulta externa, cirugías programadas y todas las áreas continúan funcionando con total normalidad a escala nacional”. El MSP explicó que la medida responde a una optimización de recursos tras detectar “duplicidad de funciones y otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales”.

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MSP: optimización y canales oficiales de información

El Ministerio señaló que el proceso fue técnico y planificado para “fortalecer el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la ciudadanía”. Asimismo, invitó a reportar irregularidades en la prestación de servicios mediante la línea gratuita 171, opción 3.

La institución exhortó a la población a informarse únicamente por canales oficiales, reiterando que la reorganización busca “respetar el acceso universal a una atención integral y gratuita”.

Federación Médica advierte riesgos por despidos en salud

En contraste, la Federación Médica Ecuatoriana expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a los despidos de personal sanitario, señalando que ocurren en medio de una “crisis estructural del sistema sanitario ecuatoriano”.

El gremio afirmó que la desvinculación de médicos, enfermeras y personal de apoyo es “una decisión contraria a los principios fundamentales de equidad, oportunidad y calidad en la atención médica”.

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FME alerta sobre impacto en mortalidad y calidad de atención

Según la Federación, la reducción del talento humano incrementa el riesgo de “mortalidad evitable, retrasos diagnósticos y terapéuticos, saturación de los servicios de emergencia y disminución de la calidad de atención”. También advirtió sobre una mayor incidencia de errores médicos asociados a la sobrecarga laboral.

El organismo exigió la “inmediata revisión y suspensión de los despidos ejecutados”, la reincorporación del personal desvinculado y la construcción de un plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud basado en criterios técnicos y epidemiológicos.

Contraste institucional y llamado al diálogo

Mientras el MSP insiste en que la reorganización responde a una planificación responsable y no afecta la prestación de servicios, la Federación Médica sostiene que la medida refleja “una ausencia de planificación sanitaria estratégica”.

El gremio concluyó que “la salud no es un gasto; es una inversión estratégica para el desarrollo del país”, y convocó a autoridades y sociedad civil a actuar con responsabilidad ante la situación.

Lo que debes saber

• Niels Olsen defiende sesiones fuera de Quito pese a su costo de hasta $30.000 por jornada.
• El Legislativo mantendrá traslados a provincias en medio de cuestionamientos por austeridad.
• Sesiones en Guayas, Azuay y El Oro marcaron la agenda legislativa con aprobación de normas clave.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aseguró que los desplazamientos del Pleno a otros cantones continuarán. Este 15 de abril de 2026, el titular del Legislativo se refirió al costo que implican las movilizaciones a provincias fuera de Pichincha.

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“Uno de los objetivos de la Asamblea Nacional es estar más cerca de la gente. Los costos aproximados son 30.000 dólares por cada sesión”, señaló Olsen a su ingreso al Pleno, que se desarrolla desde las 10:00.

Olsen justificó el gasto. “Si es lo que cuesta para estar más cerca de las personas es lo que vamos a hacer”, dijo el titular de la Asamblea. En ese contexto, fue consultado sobre si se considera la actual etapa de austeridad.

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“Estamos en una época en la que la Asamblea tiene que estar cerca de la gente”, insistió. Además, agregó que sesionarán en territorio para mantener contacto con ciudadanos, gremios e incluso medios de comunicación que no tienen la oportunidad de estar en Quito. “Vamos a visitar diferentes ciudades”, concluyó.

Las sesiones fuera de Quito

En 2026, la Asamblea Nacional ha intensificado las salidas a otras provincias para la aprobación de leyes y el tratamiento de normativas en distintas comisiones. 

Por ejemplo, en marzo pasado sesionó en Guayas y Azuay. También se desplazó hasta Machala, en la provincia de El Oro.

En esas jornadas se aprobaron leyes clave. Entre ellas, la urgente económica enviada por el Ejecutivo sobre el esquema 70/30 para el uso de recursos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Asimismo, la Ley sobre vivienda social se aprobó fuera de Quito. A esto se suman las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial que, entre otros aspectos, otorgaron más facultades a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

El propio Olsen ha señalado que no se entregan viáticos a los asambleístas. Aun así, el traslado de personal técnico, equipos de comunicación y de la Escolta Legislativa genera costos. Por ahora, los siguientes desplazamientos no han sido confirmados, aunque, como indicó el presidente de la Asamblea, continuarán.

Lo que debes saber

• José De La Gasca pide destituir al veedor Guido Egas por cuestionar su idoneidad para Fiscal General.
• El exministro denuncia al CPCCS que Egas violó el reglamento al difundir información falsa sobre él.
• Si el Pleno del CPCCS remueve a Egas por interferencia, Yolanda Jardín asumirá la dirección de la veeduría.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado atraviesa una nueva crisis tras el enfrentamiento entre el postulante y exministro de Gobierno, José De La Gasca, y el actual coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas. El exfuncionario del Gobierno de Daniel Noboa solicitó formalmente la separación de Egas del proceso, alegando un presunto incumplimiento del reglamento que rige a las veedurías ciudadanas.

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El origen de la denuncia con veedor Guido Egas

Este 14 de abril de 2026, De La Gasca presentó una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en contra de Egas. En su queja, el exministro cuestionó que el coordinador de la veeduría manifestara públicamente que él no cumpliría con los requisitos de experiencia y las credenciales éticas necesarias para participar en el concurso.

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El veedor Guido Egas específicamente cuestionó el perfil de De La Gasca por haber sido parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. El ahora postulante a fiscal general fue embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas y, luego, ministro de Gobierno. Según el veedor, esto viola e principio de independencia, por lo que debería motivar su renuncia del concurso por "ética".

Las normas vulneradas, según De La Gasca

En el documento, De La Gasca alega que las declaraciones de Guido Egas vulneran las prohibiciones expresas del Reglamento de Veedurías Ciudadanas, específicamente en los siguientes numerales:

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Bajo estos argumentos, el exministro demanda la separación definitiva del veedor, amparándose en el artículo 10 del citado reglamento, el cual establece las causales para la pérdida de la calidad de veedor.

Dicha normativa sostiene que esta condición se pierde por:

Procedimiento y posible reemplazo

Conforme al procedimiento establecido, la denuncia deberá ser tramitada por el Pleno del CPCCS, garantizando el debido proceso para ambas partes e incluyendo la facultad de iniciar las acciones legales pertinentes, de ser necesario.

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De concretarse la remoción de Guido Egas, el reglamento prevé que la dirección de la veeduría sea asumida por la subcoordinadora en casos de ausencia o incapacidad. Actualmente, dicho cargo lo ocupa Yolanda Jardín, electa tras la reciente renuncia de la directiva anterior.

Guido Egas pertenece a una facción de veedores que, desde el inicio del proceso, ha denunciado presuntas irregularidades. Cabe recordar que el excoordinador, Hugo Arteaga, elaboró un informe detallando al menos 19 anomalías que, según advirtió, ponen en riesgo la legitimidad de la futura designación del Fiscal General.

Lo que debes saber

• EXPRESO intentó acceder este 15 de abril al portal de declaraciones patrimoniales de la Contraloría, pero apareció un mensaje de “Página en mantenimiento”.
• La institución confirmó que enfrenta un intento de hackeo desde el fin de semana y que algunas declaraciones aún no pueden visualizarse.

La Contraloría General del Estado confirmó a EXPRESO que enfrenta un intento de hackeo desde el fin de semana y que parte de sus portales continúan con fallas

Al ingresar a la página de la Contraloría, los usuarios pueden acceder a diferentes segmentos y portales. Sin embargo, este 15 de abril, EXPRESO intentó revisar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y apareció un mensaje de “Página en mantenimiento”.

Ante la consulta de este Diario, la institución confirmó que enfrenta inconvenientes en su plataforma digital. La Contraloría aseguró que ha registrado un intento de hackeo en su página web y que trabaja para solucionar el problema.

“La institución está trabajando en este tema”, respondió la entidad la mañana de este miércoles 15. También indicó que algunas declaraciones juradas sí pueden visualizarse, mientras que otras siguen sin estar disponibles.

¿Desde cuándo ocurrió el intento de hackeo?

Al consultar sobre cuándo se detectó este intento de hackeo, la institución señaló que el problema se registra desde el pasado fin de semana.

El portal de declaraciones patrimoniales es una de las herramientas más consultadas por ciudadanos y periodistas para verificar la información de funcionarios públicos.

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La Contraloría denuncia campañas de desprestigio

El último comunicado oficial de la Contraloría se difundió el 8 de abril, cuando informó que, a partir de la emisión de informes aprobados y de exámenes que se encuentran en ejecución, se han activado "campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar".

“En ese contexto, se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”, se lee en el documento.

Lo que debes saber

• Defensa de Jorge Glas reporta un presunto evento neurológico con pérdida de conciencia y fiebre.
• El parte oficial de la prisión menciona “mareo y desvanecimiento”, lo que la abogada de Glas considera insuficiente.
• El exvicepresidente sigue en la Cárcel del Encuentro y cumple condenas, mientras se niega un hábeas corpus.

La defensa del exvicepresidente Jorge Glas volvió a encender las alertas sobre su estado de salud. Este 15 de abril de 2026, su abogada, Sonia Gabriela Vera García, aseguró que el exfuncionario sufrió un episodio médico grave durante la madrugada del 13 de abril.

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Según detalló en la red social X, Glas presentó pérdida de conciencia, fiebre y signos compatibles con un evento neurológico, presuntamente una crisis convulsiva. Además, denunció que habría permanecido varias horas sin atención médica, sin activación de un protocolo de emergencia ni traslado hospitalario.

De acuerdo con su versión, no existiría hasta el momento un diagnóstico claro, lo que incrementa el riesgo de que el episodio se repita. En ese contexto, advirtió que la vida del exvicepresidente estaría en peligro bajo custodia estatal.

Cuestionamientos al parte médico de Jorge Glas

Junto con su denuncia, la abogada difundió imágenes de un registro médico interno correspondiente al 13 de abril. En su pronunciamiento, cuestionó el contenido del documento: “El registro oficial lo reduce a ‘mareo y desvanecimiento’. Tiene un cuadro clínico de alta complejidad. Hasta hoy no hay diagnóstico etiológico ni garantías de no repetición. Su vida está en riesgo bajo custodia estatal”.

El parte, registrado a las 09:28, señala como motivo de consulta “dolor en rodilla derecha, desvanecimiento y dolores articulares”. También detalla que el paciente, de 56 años, presenta antecedentes de hipertensión arterial, espondilitis anquilosante, rinitis alérgica, trastorno de ansiedad, hiperplasia prostática y estreñimiento crónico.

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Según el documento, Glas reportó haber sufrido, dos horas antes, un episodio de mareo y desvanecimiento, además de dolores articulares persistentes que no cedían con analgésicos. Asimismo, fue descrito como tembloroso, con signos de ansiedad generalizada y angustia por su estado de salud.

Un segundo registro, a las 09:36, detalla el examen físico. Allí se menciona la presencia de pequeñas pústulas en el área glútea, ruidos cardíacos normales, pulmones ventilados y abdomen sin dolor. También se reporta dolor con ligero edema en la rodilla derecha.

Los signos vitales consignados fueron: presión arterial de 101/61, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de oxígeno de 98%. Además, se registra un peso de 72,8 kilos, una talla de 183 centímetros y un índice de masa corporal de 21,7.

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El documento también indica la revisión de una ecografía abdominal previa, que evidenció esteatosis hepática leve. Como tratamiento, se habría administrado diclofenaco intramuscular, junto con medicación oral por cinco días, monitoreo diario, continuidad de psicoterapia e interconsultas con Psiquiatría y Reumatología.

Situación legal y condiciones de reclusión

Jorge Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, un centro considerado de máxima seguridad. Fue trasladado a este lugar en noviembre de 2025.

El exvicepresidente cumple una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Además, en 2025 fue condenado a 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, sentencia que aún no está ejecutoriada.

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En días recientes, un juez negó un hábeas corpus presentado por su defensa, al determinar que no se comprobó vulneración de derechos. En ese proceso, autoridades señalaron que Glas ha recibido múltiples atenciones médicas desde su ingreso al centro penitenciario.

El caso se mantiene en desarrollo, en medio de cuestionamientos sobre su estado de salud y las condiciones de atención médica bajo custodia estatal.

Lo que debes saber 

• Ricardo Patiño, asambleísta de la RC, exige explicaciones al IESS por fallas en climatización en área crítica del hospital Teodoro Maldonado, tras denuncias de pacientes.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, solicitó información oficial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, tras denuncias públicas de pacientes en Guayaquil.

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El pedido fue ingresado el 13 de abril de 2026 mediante un requerimiento formal dirigido al presidente del Consejo Directivo del IESS,Bernardo Cordovez, con base en atribuciones constitucionales de fiscalización. La solicitud surge por reportes de temperaturas extremas dentro del área médica.

Según el documento, afiliados que reciben tratamiento de diálisis aseguran que deben soportar condiciones inadecuadas por fallas en el aire acondicionado, lo que compromete su salud y condiciones de atención en una unidad crítica.

Fallas en climatización del hospital Teodoro Maldonado bajo la lupa

En su pronunciamiento público, Patiño cuestionó la respuesta institucional frente a la situación denunciada por los pacientes. El asambleísta vinculó el problema con posibles deficiencias en la gestión del sistema hospitalario.

“Solicité información oficial al IESS sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado”, señaló el legislador en su declaración difundida.

Además, advirtió sobre medidas que, según denuncias, no solucionan el problema estructural: “Mientras se prometían soluciones, pacientes denuncian ventiladores industriales que no resuelven el calor y agravan su condición”.

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Pacientes denuncian condiciones extremas en área de diálisis

El testimonio recogido en el pedido refleja preocupación por el impacto directo en personas con enfermedades crónicas. La diálisis requiere condiciones controladas, por lo que las altas temperaturas representan un riesgo adicional.

Patiño enfatizó la gravedad del contexto al señalar que no se trata solo de incomodidad, sino de un problema que puede afectar la vida de los pacientes.

“No se juega con la vida de quienes ya luchan por sobrevivir. La indiferencia también mata”, expresó el asambleísta, en una crítica directa a la gestión del sistema de salud en este caso.

Información solicitada al IESS sobre gestión y equipos

El requerimiento incluye detalles específicos sobre la administración y operación del hospital, con énfasis en el área afectada. Se busca establecer responsabilidades y verificar acciones ejecutadas.

Entre los principales pedidos de información constan:

Acciones correctivas y plazo de respuesta del IESS

El documento también exige conocer qué medidas ha adoptado el IESS frente a las denuncias públicas de los afiliados, especialmente en relación con el estado del servicio de salud.

Se solicita un informe de acciones administrativas y correctivas implementadas tras los reportes sobre el deterioro en la atención hospitalaria.

El plazo establecido para la entrega de la información es de diez días, tanto por vía electrónica como física, conforme a lo establecido en la normativa vigente de la Función Legislativa.

Lo que debes saber 

• Ecuador y Paraguay negocian un acuerdo de extradición clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación en seguridad y comercio.

Ecuador y Paraguay iniciarán negociaciones para firmar un convenio de extradición que permita capturar y trasladar a personas requeridas por la justicia entre ambos países, como parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado. El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld tras reunirse en Quito con su par Rubén Ramírez. El mecanismo buscará agilizar procesos judiciales y evitar que sospechosos evadan la ley cruzando fronteras. La medida se integrará a otros acuerdos de seguridad que se prevé concretar en los próximos meses.

El funcionamiento del convenio contemplaría reglas claras para solicitar y ejecutar extradiciones, en coordinación con autoridades judiciales y policiales de ambos países. Aunque aún está en fase de negociación, el objetivo es reducir tiempos y fortalecer la cooperación institucional. Este tipo de acuerdos permite que personas procesadas o sentenciadas sean entregadas al país que las requiere. Así, se refuerza la capacidad estatal frente a delitos de alcance transnacional.

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La iniciativa surge en un contexto de creciente presión contra estructuras criminales en Ecuador, impulsada por el presidente Daniel Noboa. En esa línea, el Gobierno también pidió a Paraguay declarar como terroristas a grupos como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings. El planteamiento será evaluado por las autoridades paraguayas. “El canciller paraguayo comprometió sus mejores esfuerzos para dar seguimiento al tema en las instancias competentes”, indica la declaración conjunta.

Seguridad y crimen organizado: el eje de la negociación

El diálogo entre ambos países incluyó el análisis de amenazas compartidas como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Las cancillerías coincidieron en que estos problemas requieren respuestas coordinadas. Por ello, plantearon reforzar la cooperación entre instituciones de seguridad. Uno de los pasos será firmar un acuerdo entre los ministerios del Interior.

Este instrumento buscará mejorar el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos. La meta es aumentar la eficacia en la lucha contra redes criminales que operan en varios países. Además, se espera que la cooperación se traduzca en acciones concretas a corto plazo. El enfoque apunta a resultados operativos y no solo a compromisos políticos.

La visita del presidente paraguayo Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio, será clave para cerrar estos acuerdos. En ese encuentro se prevé la firma de varios instrumentos bilaterales. Entre ellos, el convenio de extradición y otros mecanismos de seguridad. “Tenemos ya unos acuerdos, unos compromisos, y también miramos de forma positiva algunos de los acuerdos que podrán ser finalmente suscritos en la visita del presidente Peña al Ecuador”, afirmó Sommerfeld.

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Comercio e inversión: una relación con potencial

Además del eje de seguridad, las autoridades revisaron el estado del intercambio comercial entre ambos países. Coincidieron en que la relación económica es aún limitada. Sin embargo, destacaron que existen oportunidades para ampliarla. La diversificación de productos aparece como una prioridad.

El objetivo es fortalecer cadenas productivas y generar mayor complementariedad entre las economías. También se busca facilitar la llegada de inversiones. Para ello, se planteó profundizar la cooperación técnica en sectores clave. El ámbito agropecuario fue uno de los puntos centrales de la conversación.

En ese contexto, ambos países consideran necesario actualizar acuerdos firmados en 2002 sobre cooperación agrícola, ganadera y pesquera. Esto permitiría adaptarlos a nuevas dinámicas productivas. El canciller Ramírez destacó el potencial de crecimiento. “La balanza comercial entre ambos países todavía es muy limitada”, señaló, aunque remarcó que hay “grandes oportunidades”.

Conectividad y próximos pasos en la relación bilateral

Otro de los temas abordados fue la conectividad aérea entre Ecuador y Paraguay. Las autoridades analizan un posible acuerdo de cielos abiertos. Este permitiría incrementar vuelos y facilitar el transporte de personas y mercancías. La medida es vista como clave para dinamizar el comercio y el turismo.

Ramírez explicó que aún se evalúan aspectos logísticos para concretar esta iniciativa. El objetivo es mejorar las condiciones para los negocios entre ambos países. Una mayor conectividad podría acelerar el intercambio económico. También facilitaría la integración regional.

Lo que debes saber

• Ecuador solicitó a Paraguay declarar a cinco grupos criminales como terroristas.
• Los grupos son: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killer y Latin King.
• Expertos señalan que la propuesta de Ecuador busca unir a ambos países con acciones contra grupos criminales.

Ecuador solicitó a Paraguay declarar como terroristas a cinco bandas delictivas luego de una reunión que mantuvieron los cancilleres de ambos países, Gabriela Sommerfeld y Rubén Ramírez, este martes 14 de abril en Quito.

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En la declaración conjunta que suscribieron los diplomáticos, las autoridades ecuatorianas pidieron a Paraguay que declaren como grupos terroristas a:

La solicitud será analizada por las autoridades paraguayas, según la declaración firmada por Ramírez y Sommerfeld en Quito.

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Santiago Peña visitará a Daniel Noboa en julio

En la cita, los cancilleres abordaron temas referentes a la seguridad en la región, el tráfico de drogas, la lucha contra la delincuencia transnacional organizada.

La reunión también sirvió para avanzar en la planificación de la visita que realizará el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, prevista para julio.

En esa cita se espera firmar un Memorándum de Entendimiento entre Ministerios del Interior de ambos países.

(Lee también: Colombia rechaza acusaciones de inseguridad en Ecuador y responsabiliza a Perú)

Grupos criminales transnacionales

Los cinco grupos criminales ya han sido denominados como terroristas por parte del Gobierno de Ecuador desde enero del 2024, en que Noboa decretó el conflicto armado interno en el país.

Además, Los Choneros y Los Lobos han sido declarados como terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Expertos señalaron que esta propuesta a Paraguay surge en medio de una escalada de violencia que ha obligado a Ecuador a replantear su estrategia de seguridad, incluso en el plano internacional.

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Señalaron que llevar esa calificación a otros países implicaría buscar coherencia en la forma en que la región enfrenta estructuras criminales que ya no operan dentro de fronteras definidas.

En términos legales, esta declaración permitiría establecer mecanismos más duros de persecución, cooperación judicial y financiera, así como a sanciones más severas.

También puede facilitar procesos como la extradición o el congelamiento de activos vinculados a redes ilícitas.

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El documento sitúa este caso dentro de una serie de episodios que permiten ver el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador. Entre ellos, menciona el asalto a TC Televisión, que mostró cómo la violencia puede irrumpir incluso en transmisiones en vivo.  

También alude a la salida del caricaturista Bonil de El Universo, como un ejemplo de cómo los cambios de propiedad y las reconfiguraciones internas pueden incidir en los márgenes de la crítica.

El informe destaca un hecho grave: el asesinato de Robinson del Pezo. Las interrogantes aún abiertas sobre los responsables, advierte, refuerzan la impunidad como una forma de “pedagogía del miedo”.

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Los periodistas enfrentan precariedad laboral

A este escenario, Fundamedios suma la precarización laboral, que ha pasado de ser una consecuencia de la crisis a convertirse en uno de sus motores. El informe describe una realidad: salarios retrasados o insuficientes, pagos por pieza, esquemas de facturación sin relación de dependencia, ausencia de seguridad social, pluriempleo y sobrecarga de funciones.  

Todo ello ocurre en redacciones con equipos reducidos y bajo una presión constante por producir contenidos en múltiples formatos.

¿Son o no son medios de comunicación?

El informe también señala que una parte sustancial de la transformación del ecosistema mediático ecuatoriano ya no ocurre en las redacciones tradicionales, sino en "páginas, marcas digitales y cuentas que imitan el lenguaje del periodismo sin asumir sus estándares. Configuran un entorno opaco, con escasa trazabilidad sobre su propiedad, financiamiento y equipos editoriales".

Estas plataformas "mezclan dato, rumor, filtración, consigna, ataque reputacional y escándalo; y una circulación pensada para intoxicar la conversación pública más que informar".

La venta de La Posta y de Radio Centro

Asimismo, Fundamedios se refirió  compra de La Posta y Radio Centro, en 2025. Dijo que preocupa "la entrada directa de actores políticos en la propiedad mediática". Subraya que "existe un patrón de opacidad, que impide el  fácil y cercanía política suficiente para volver legítima la sospecha democrática".

Lo que debes saber 

• Mónica Palacios, asambleísta de la RC, exige la renuncia de Inés Manzano tras apagones en Ecuador y cuestiona a Daniel Noboa por promesas incumplidas sobre el suministro eléctrico.

La asambleísta Mónica Palacios exigió la renuncia de la ministra de Energía, Inés Manzano, tras los recientes apagones en Guayaquil, Samborondón y Daule. La legisladora responsabilizó directamente a la funcionaria por la crisis eléctrica y cuestionó su capacidad para garantizar el suministro. “Si no puede hacer ese trabajo, háganos un favor a todos los ecuatorianos y renuncie”, afirmó.

En su pronunciamiento, Palacios también señaló al presidente Daniel Noboa por lo que considera una falta de gestión en el sector energético. Recordó que el 9 de abril el mandatario aseguró que no habría apagones durante el mes, pese a ser un periodo de alta demanda eléctrica. Según dijo, ese ofrecimiento no se cumplió.

La asambleísta sostuvo que apenas dos días después de esas declaraciones, el 11 y 12 de abril, se registraron cortes de luz en varios sectores. “Eso quiere decir que la credibilidad del señor Daniel Noboa duró dos diítas”, expresó, al cuestionar la coherencia entre los anuncios oficiales y lo ocurrido en territorio.

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Apagones en Ecuador: críticas por promesas incumplidas

Palacios también criticó la respuesta de la ministra Manzano ante los reclamos ciudadanos. Indicó que la funcionaria aseguró que los apagones eran programados y atribuyó la molestia a problemas de comunicación. Para la legisladora, esto refleja una evasión de responsabilidades.

“¿Acaso no se da cuenta que culpar a otros es culparse a usted mismo?”, cuestionó, al insistir en que la ministra es la máxima autoridad del sector energético. En ese sentido, recalcó que su rol es garantizar energía continua y no justificar decisiones del Gobierno.

Además, mencionó que la ministra anunció cortes adicionales en domingos, entre las 05:00 y 08:00, por supuestos trabajos de mantenimiento. Según citó Palacios, Manzano argumentó que estas acciones son necesarias para reducir la carga en subestaciones eléctricas.

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Mantenimiento eléctrico y nuevas decisiones bajo cuestionamiento

La asambleísta también puso en duda la coherencia de estas medidas al señalar que, tras el rechazo ciudadano, se habría prohibido el mantenimiento de las empresas distribuidoras. A su criterio, esta decisión responde a cálculos políticos y no técnicos.

“¿Cómo va a prohibir los mantenimientos eléctricos tan necesarios en este momento?”, reclamó, advirtiendo que esto podría agravar la situación del sistema eléctrico nacional. Para Palacios, estas acciones evidencian improvisación.

Finalmente, la legisladora denunció presuntos contratos irregulares en el sector energético que habrían causado pérdidas millonarias. “Contratos fraudulentos… que le robaron a los ecuatorianos más de 175 millones de dólares”, afirmó, reforzando su pedido de salida de la ministra.

Lo que debes saber

• El caso GRANASA es un intento de toma empresarial desde el poder; el gobierno usa organismos de control, recursos judiciales y acciones administrativas para intervenir y eventualmente controlar GRANASA.
• El silencio de los gremios empresariales, la academia y parte del periodismo contrasta con la reacción que hubo en 2011 durante el caso de Diario El Universo. El país ha pasado de la resistencia pública al poder a una actitud marcada por temor, indiferencia o complicidad.

El caso GRANASA apunta a un presunto intento de intervención empresarial desde el poder en Ecuador, mediante acciones judiciales y administrativas para influir en la estructura accionaria de la empresa editora de EXPRESO y EXTRA. A diferencia de 2011 con Diario El Universo, hoy la reacción pública es limitada, evidenciando un cambio frente a posibles presiones a la libertad de expresión.

Mientras el gobierno ensaya y perfecciona, con GRANASA, un método de asalto para la toma de empresas malportadas, los gremios empresariales del país (¿atacados por el pánico?) guardan un silencio bastante parecido a la complicidad. Otro tanto se podría decir del periodismo, salvo que el periodismo es una especie en extinción: lo que queda en su lugar es un ejército de cheerleaders, trolls, medios comprados a vista de todo el mundo, cuentas de redes sociales que fingen ser medios pero hacen propaganda… Aun así, entre los pocos que subsisten de los que aún se puede esperar una cierta independencia, los hay que han dado poca importancia (cuando no ninguna) al acoso del gobierno a Diario EXPRESO: quizá vanamente confiados en que a ellos no le ocurrirá lo mismo; quizá dispuestos de antemano a ceder ante las demandas del poder, si no lo han hecho ya, entregando cabezas y deponiendo posiciones… A este paso no quedará voz alguna.

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Del respaldo a la prensa al silencio frente al poder

Este lunes, el periodista quiteño Fabricio Vela, director de Primera Plana, se preguntó qué había ocurrido con el país desde 2011 hasta acá. Ese año, recordaba él, acosado por el correísmo que lo quería quebrar cobrándole una indemnización de 80 millones de dólares (un juez bienmandado terminaría entregándole 40), diario El Universo publicó una portada en blanco para simbolizar el silencio al que quería someterle el gobierno. Todo el país (los empresarios, claro, pero también la academia, las organizaciones sociales y sobre todo el periodismo) cerraron filas en torno al diario. 

Hubo manifestaciones de gente con mordazas en la boca. Hoy el gobierno de Daniel Noboa no pretende quebrar EXPRESO sino directamente robárselo: quedarse con el 42 por ciento de acciones de la empresa y maniobrar en la junta de accionistas para controlar el Diario. Igual que El Universo hace 15 años, EXPRESO salió este domingo con una portada en blanco. El hecho fue noticia en unos medios sí y en otros no, mientras los gremios empresariales, la academia, las organizaciones sociales, cerraron ostensiblemente la aterrorizada boca.

La pregunta de Fabricio Vela, entonces, es pertinente: ¿qué ocurrió con este país que ha sido capaz de pasar en 15 años de la resistencia al autoritarismo a la más absoluta indolencia y el miedo?

Se puede decir que el caso de El Universo en 2011 era de una claridad meridiana que simplificaba las cosas: el diario había publicado un artículo (firmado por Emilio Palacio) que al poder no le gustó y éste, simplemente, quería hacer un escarmiento. El caso GRANASA, en cambio, contempla una campaña sostenida de desprestigio y consta de una serie de sinuosos y enrevesados capítulos con los que el gobierno ha logrado artificialmente complicar una estrategia que, sin embargo, está clarísima: se trata de introducirse de manera fraudulenta en la estructura accionarial de la empresa para manejarla.

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Ingrid Martínez a Cabezas Klaere: "soy objeto de una persecusión sistemática de su parte"

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La ruta jurídica para la toma de GRANASA

Desde mediados del año pasado las cosas se han precipitado en una sucesión de agresiones sin tregua: primero fue una acusación, con pruebas fraguadas, de fraude fiscal; luego, otra de lavado de activos, ambas desmentidas. El gobierno no cejó: dueño de un paquete minoritario de acciones de la empresa (el 2,65 por ciento, producto de la expropiación de los bienes de los hermanos Isaías, que lo tenían desde hacía muchos años) el gobierno quiso aprovechar esa circunstancia para exigir una serie de informaciones delicadas que podían ser usadas en contra de la empresa y que, por tanto, se le negó bajo el amparo de la ley. Ese pretexto le sirvió a la Superintendencia de Compañías, convertida en herramienta de persecución y control político al igual que todos los organismos de control bajo este gobierno, para intervenir GRANASA.

Luego inventaron un caso donde no lo había: el traspaso del 40 por ciento de las acciones a Ingrid Martínez. ¿Quién se las traspasó? La compañía Veranera. ¿De quién es Veranera? De Ingrid Martínez, que la creo para que le administre las acciones. ¿Dónde obtuvo ella esas acciones? Las heredó de su padre, el fundador de la empresa. 

Hace seis años (¡seis!) Ingrid Martínez puso en liquidación a Veranera e hizo que le transfirieran las acciones (sus acciones) a su nombre. Nada más claro. Sin embargo, luego de nombrar un liquidador que responde por sus propios intereses (o sea los del gobierno) la Superintendencia ha decidido que no encuentra “trazabilidad” en ese traspaso y ha ordenado revertirlo (ellos dice “reversarlo”, que significa vomitarlo), a pesar de que no tiene ninguna facultad para ello.

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En las páginas de este Diario encontrará el lector todos los detalles del enredo jurídico de los últimos días: la negativa de GRANASA de cumplir una orden ilegítima: la acción de protección con medida cautelar solicitada por el liquidador de Veranera (un tal Carlos Cadena Asencio, mano derecha del superintendente Luis Cabezas Klaere) para imponer su voluntad; la meteórica agilidad del juez Carlos López Vulgarín para complacerle… Hasta llegar a lo último: el recurso a la justicia penal con dos denuncias contra GRANASA presentadas por el interventor ante la Fiscalía: una por asociación para delinquir, con la que se acusa a los directivos de la empresa del delito de tratar de impedir que se la roben; otra por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, tipo penal que no se ajusta al caso porque la orden (literalmente: vomitar las acciones a Veranera) es ilegítima y el juez, en todo caso, un perfecto incompetente.

El precedente del “Exprópiese” y el temor empresarial

Más allá de todos estos detalles con los que el gobierno ha complicado artificiosamente el caso, hay dos hechos clarísimos. Primero, la persistencia del asedio: para GRANASA no ha habido un día de respiro desde mediados del año pasado. El segundo es la determinación con la que el gobierno ha acometido la toma de la empresa, pasando por encima todo principio consagrado en la Constitución y en la Ley de Compañías. La pretensión de despojar a una hija de las acciones que heredó de su padre, con el pretexto de que no existe “trazabilidad” en las transferencias entre ella y la empresa que constituyó para que se las administre, es un atentado tan grosero a la libertad de empresa que debería encender las alarmas de todos los gremios de la producción y el comercio. Es triste constatar que les da igual. Sin embargo, entre este gesto y el de un Hugo Chávez parado en medio de una plaza, señalando con el dedo un edificio y otro y ordenando su expropiación, no media sino un paso.

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La estrategia que está afinando el gobierno para quedarse con el control accionarial de GRANASA es el preámbulo de la política del “Exprópiese”. Lo que hoy se hace contra un medio de comunicación cuyo contenido no es del agrado del poder, mañana se hará contra una empresa cualquiera que no se alinee a sus caprichos. O, simplemente, que pertenezca al grupo económico equivocado, pues no hay que olvidar que el presidente y sus ministros representan a uno muy preciso y tienen clarísimo quiénes son sus competidores. De hecho, ¿no ha empezado ya esta política del acoso empresarial a imponer su orden? Fábricas de plástico, empresas de bienes muebles o de seguros que se quedan sin contratos que legítimamente les correspondía, adjudicaciones hechas al dedazo… ¿Cuántas cosas calla el empresariado nacional, paralizado del miedo? Mañana, cuando se metan en la estructura accionarial de sus compañías, será demasiado tarde.

Lo que debes saber 

• El presidente colombiano lanza una advertencia directa desde Ipiales y cuestiona decisiones del Gobierno ecuatoriano en plena crisis comercial. Sus palabras elevan la tensión y reavivan el debate sobre integración regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia directa durante su visita a Ipiales en medio del conflicto arancelario con Ecuador. El mandatario reaccionó a la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un 100% de aranceles a productos colombianos y al anuncio de reforzar la frontera. En ese contexto, Petro cuestionó las medidas y el impacto en la relación bilateral. Sus declaraciones se dieron ante ciudadanos en una zona clave de frontera.

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“Así me recibe el pueblo de Ipiales. Que a Noboa no se le ocurra meterse aquí porque responderemos como el Jaguar, no es como esperarían es como no lo esperarían”, expresó el mandatario colombiano. La frase marcó el tono de su intervención, en la que insistió en una postura firme frente a las decisiones del Gobierno ecuatoriano. El mensaje se produce en un momento de alta tensión diplomática y comercial entre ambos países.

El jefe de Estado también apeló a la historia compartida entre naciones de la región. “Colombianos y venezolanos fuimos a ayudar a la libertad de Ecuador y formamos la Gran Colombia”, afirmó. Con ello, Petro buscó reforzar un discurso de integración regional frente a lo que considera una fragmentación impulsada por factores externos.

Petro habla de integración y cuestiona medidas de Noboa en la frontera

Durante su intervención, Petro planteó la necesidad de reconstruir la integración regional. “Nosotros queremos la Gran Colombia de nuevo sin restricción de flujos de ciudadanía y de flujo libre de capitales y mercancías, de riqueza”, sostuvo. El mandatario insistió en que la cooperación entre países vecinos podría fortalecer sus economías y su presencia global.

En ese marco, también apuntó contra actores externos y dinámicas que, según él, afectan la unidad regional. “Extranjeros mafiosos usan la separación y la división entre nuestros pueblos para impedir la unidad”, dijo. Petro agregó que esta fragmentación beneficia a otras potencias y debilita a los países sudamericanos.

El presidente colombiano enfatizó la importancia geopolítica de la región. “Somos los únicos pueblos de suramérica que accedemos a los dos océanos y somos el corazón del mundo. Juntos somos poderosos y otras potencias del mundo lo hacen y nos dividen desde afuera”, afirmó. Su discurso combinó elementos históricos, económicos y estratégicos.

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Críticas a la política fronteriza y advertencias sobre el impacto

Petro también criticó el manejo de las fronteras por parte de los Estados. “Cada vez que los estados abandonan sus pueblos en la frontera y la cierran, lo que hacen es que las mafias se tomen la frontera”, señaló. En su visión, las restricciones actuales podrían agravar problemas de seguridad en lugar de resolverlos.

En esa línea, cuestionó directamente las medidas adoptadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. “Con las medidas tomadas por Noboa lo que está haciendo es aumentar el poder de la mafia”, aseguró. Sus declaraciones se dan tras el endurecimiento de políticas comerciales y el anuncio de mayor control fronterizo.

El mandatario también reveló gestiones diplomáticas previas. “Se lo dije al presidente de EEUU y le pedí que intermediara entre nuestros países pero creo que se le olvidó”, indicó. Además, advirtió que otras acciones podrían “producir heridas irreversibles entre nuestros pueblos”, en referencia a la escalada del conflicto.

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Anuncio de mensaje oficial y tensión en aumento

Finalmente, Petro adelantó que ampliará su postura en un espacio oficial. “Ahora hablaré en contados minutos por el canal público”, anunció ante los asistentes. La declaración deja abierta la expectativa sobre nuevas definiciones en medio del conflicto bilateral.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Colombia y Ecuador por decisiones arancelarias y de seguridad. Las palabras del mandatario colombiano reflejan una escalada en el tono político y abren un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. La frontera norte se mantiene como punto clave de este escenario.

Lo que debes saber

• Luis Almeida analiza su posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, aunque aún no tiene casillero electoral.
• El exasambleísta sostiene que la detención del alcalde Aquiles Álvarez es un fuerte golpe político para la ciudad.
  
• Almeida respalda el trabajo periodístico de GRANASA ante nuevo hostigamiento judicial.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida no esconde sus intenciones de postularse a la Alcaldía de Guayaquil. Ante la crítica situación política de la ciudad, sostiene que es momento de que los “verdaderos políticos” tomen el mando. Sin embargo, reconoce que aún no define un casillero electoral. Aspira a que sea el Partido Social Cristiano (PSC), aunque asegura contar con el respaldo de movimientos sociales de la ciudad.

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Aquilés Álvarez y el golpe para Guayaquil

- Guayaquil cumplió dos meses con el alcalde Aquiles Álvarez con prisión preventiva. ¿Qué tan crítica es la situación de la ciudad?

Guayaquil no merece este maltrato, esa profanación de la casa consistorial (Palacio Municipal) que no la ha hecho ninguna dictadura militar.

- ¿Cree que existe un vacío de poder en la ciudad?

Nos han quitado un liderazgo en Guayaquil; de todas maneras, (Aquiles Álvarez) es nuestro alcalde, sea de cualquier partido que sea. Deberían de liberarse los jueces para que actúen. No he revisado el proceso, pero Guayaquil no merece un maltrato como tal.

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- Con Álvarez preso, identificado como el principal opositor del Gobierno de Daniel Noboa, ¿hay liderazgos que puedan tomar el lugar?

Sí los hay. Lo que pasa es que los directivos de los partidos no le han dado oportunidad a muchos hombres preparados que amamos a Guayaquil. Si los líderes no hacen más líderes, se quedan en el camino. Hay que ir hacia el progreso total de Guayaquil para que sea faro y luz de este Ecuador.

Almeida y su posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

- La lista de nombres que suenan para la Alcaldía aumenta con el pasar de los días. ¿Usted está interesado en ser alcalde de Guayaquil?

Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política local; en empresa privada y no empresa privada y, sobre todo, con un amor grandioso hacia los guayaquileños y ecuatorianos.

- ¿De qué depende concretar su intención?

Los líderes tienen que comprender que este es un momento de los verdaderos políticos. Esto es para políticos de verdad que comprendan que hay que sumar y no restar, que comprendan que hay que construir y no destruir, que comprendan que hay que avanzar hacia el progreso. Tenemos problemas como las vacunas y la falta de empleo en la ciudad.

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- ¿Partidos políticos ya le han ofrecido el casillero? ¿Puede ser el Partido Social Cristiano (PSC)?

Hay movimientos sociales que están planteando mi candidatura; hay grupos de partidos políticos extraños al PSC o de otras tendencias que me han dicho que yo debería ir. Sin embargo, depende de los líderes de los partidos. El PSC debería de considerarlo.

- ¿Se lo ha planteado al líder del PSC, Jaime Nebot?

Tengo excelente relación con él. Yo creo que habría que volver a la ciudad de Guayaquil, a esos grandes directores que tenía en el último tiempo; ahí funcionaba casi como un reloj suizo.

Seccionales 2026 y el riesgo de perder legitimidad

- ¿Cree que el cambio de fecha de las seccionales cambiará el escenario electoral? ¿Beneficia al oficialismo?

Parece que alguien ha planificado que cree que adelantando puede ganar la elección, como dicen algunos. Siempre hemos tenido lluvias en ese tiempo y nuestros hermanos campesinos y agricultores siempre han salido a votar, así es que no es nada del otro mundo. Y yo creo que el cálculo pudo haber sido por la cuestión económica.

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- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana y el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye quita legitimidad al proceso?

Nuestro pueblo dice que estos elementos que están planteándose son justamente para anular a los otros, anular la oposición; y los partidos únicos en extrema de izquierda y en extrema derecha son malos, basta con ver los ejemplos de Venezuela y Cuba. Todas estas acciones podrían quitarle legitimidad y el pueblo, muy inteligente, que no se deja convencer, que

Conflicto entre Daniel Noboa y Gustavo Petro

- Mientras, Ecuador enfrenta una crítica situación por la guerra arancelaria con Colombia. ¿El conflicto debió escalar tanto?

A Ecuador no le conviene esta pelea, ni a Colombia tampoco, y menos aún a nuestros agricultores. Existe una hermandad entre ambos países. Creo que este conflicto no debió escalar a esos niveles. Si yo hubiera sido jefe de Estado, le habría dicho al presidente Gustavo Petro: “Veámonos en la frontera. Usted controla allá y yo me encargo de acá”.

GRANASA y el riesgo para las libertades en Ecuador

- Fiscalía ha sido notificada para que investigue presuntos delitos de GRANASA, casa editora de EXPRESO y EXTRA. ¿Es un caso más de uso político de la justicia?

Este (GRANASA) es el último hito de de democracia y de medios libres en periódicos que quedan en Ecuador. Es un mal ejemplo que nos están dando, no solamente a los negocios nacionales, sino a los extranjeros. Por eso es que no viene inversión al Ecuador. Querer meter preso al principal dueño y heredero de este periódico sería una de las situaciones más horribles, como sucedió en Venezuela. Hay que evitarlo. 

- ¿Cuál es el riesgo?

La libertad de prensa está en totalmente en riesgo porque Diario EXPRESO siempre ha sido un periódico  vanguardista. Siempre ha sido crítico, positivo y constructivo.

Lo que debes saber

• José De La Gasca denuncia al veedor Guido Egas ante el CPCCS por cuestionar su ética y trayectoria.
• El candidato a fiscal general exige separar a Egas del proceso por acusaciones de favoritismo estatal.
• De La Gasca alega que el veedor vulnera la seguridad jurídica y difunde desinformación sobre el concurso.

José De La Gasca, exministro de Gobierno y postulante a Fiscal General del Estado, presentó una denuncia formal ante el CPCCS contra el veedor Guido Egas. El aspirante solicita la separación inmediata de Egas del proceso, tras acusarlo de emitir afirmaciones falsas que comprometen la transparencia del concurso y afectan su reputación profesional al tildarlo de "apadrinado".

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Cuestionamientos a la ética y trayectoria en el concurso

La controversia escaló este 14 de abril de 2026, cuando De La Gasca reaccionó a las declaraciones de Guido Egas, quien puso en duda sus credenciales éticas y experiencia por su pasado como funcionario en el gobierno de Daniel Noboa. Según el texto presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el veedor habría utilizado su cargo para implantar una narrativa de favoritismo indebido ante la opinión pública.

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El exministro sostiene que estas acciones no solo son ataques personales, sino que desacreditan la labor de la Comisión Ciudadana de Selección, la cual ya validó su etapa de admisibilidad bajo la normativa vigente.

Argumentos legales para la separación del veedor

Para José De La Gasca, la conducta de Egas vulnera el principio de seguridad jurídica y contraviene el Reglamento de Veedurías Ciudadanas. En su escrito, destaca los siguientes puntos críticos:

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El conflicto se originó apenas un día después de que Egas fuera nombrado coordinador de la veeduría, momento en el que empezó a cuestionar si un exembajador y ministro posee la independencia necesaria para dirigir la Fiscalía.

Lo que debes saber

• La Revolución Ciudadana denuncia posibles irregularidades en los certificados académicos presentados en el concurso para fiscal general. Según la bancada, una entidad no consta en registros oficiales y un acuerdo ministerial genera dudas sobre su autenticidad. El caso ya fue remitido a Fiscalía y podría escalar a investigaciones penales y controles institucionales.

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), denunció este 14 de abril presuntas irregularidades en los certificados académicos presentados por Cynthia Alexandra Jacho Tipán, quien preside la comisión del concurso para fiscal general del Estado. El legislador aseguró que recibió documentación que pone en duda la autenticidad de los respaldos académicos incluidos en su hoja de vida. El caso se produce en medio de un proceso clave para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía en Ecuador.

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Según explicó, como parte de sus facultades de fiscalización, solicitó al Ministerio de Trabajo verificar la legalidad de la entidad AINA Group. También pidió confirmar si el acuerdo ministerial que respalda la formación académica de Jacho es válido y corresponde a dicha organización. La respuesta oficial, indicó, evidenció inconsistencias que encendieron las alertas dentro de su bancada.

“El Ministerio de Trabajo certificó que AINA Group no se encuentra registrado en el ministerio”, afirmó Molina al detallar los resultados. El asambleísta añadió que el acuerdo ministerial citado en los documentos no coincide con la creación ni certificación de esa entidad.

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Tras conocer esta información, la bancada trasladó el caso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con la presentación de documentación irregular. El proceso de selección queda así bajo un nuevo foco de escrutinio institucional.

Además, Molina solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial sobre el concurso. El pedido apunta a revisar cómo se validaron los documentos y si se cumplieron los controles establecidos por la ley. También cuestionó el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la verificación de requisitos.

En su pronunciamiento, el legislador advirtió que el proceso no debería acumular más cuestionamientos. “Este concurso no puede tener más irregularidades”, señaló, al insistir en la necesidad de acciones inmediatas. La presión política se concentra ahora en las autoridades encargadas de garantizar transparencia.

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Quién es Cynthia Jacho y cómo llegó al proceso

El nombre de Cynthia Jacho apareció en el proceso el 14 de enero, cuando fue seleccionada por sorteo para integrar la comisión. Su inclusión llamó la atención porque obtuvo la calificación más baja en la fase de méritos, con 17,5 sobre 50 puntos. A pesar de ello, terminó formando parte del equipo encargado de evaluar a los postulantes.

Uno de los factores que incidió en su puntaje fue su reciente incorporación al registro de títulos profesionales. Su título de abogada fue inscrito oficialmente a inicios de 2024, lo que refleja una trayectoria académica aún reciente. Este elemento fue considerado dentro de la evaluación del concurso.

En el plano profesional, su experiencia se ha desarrollado principalmente en un estudio jurídico privado. Allí trabajó como asistente legal durante más de dos años antes de asumir funciones como abogada junior. Su perfil laboral ha sido parte del debate en torno a su designación en la comisión.

Lo que debes saber

• Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera S.A., presentó una denuncia contra los directivos y accionistas de GRANASA. 
  
• El profesional, que representa a una inmobiliaria sentenciada, enfrenta denuncias de víctimas de estafa por intentar despojarlos de sus bienes.

Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la compañía Veranera S.A., tiene un rol protagónico en la trama judicial que envuelve a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa).

El contador interpuso una denuncia penal por asociación ilícita ante la Fiscalía del Guayas. Su acción legal apunta a un presunto entramado delictivo diseñado para impedir que la compañía Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez, obtenga el control del 40% del paquete accionario de la casa editorial. Es decir, acusa a Ingrid Martínez Leisker de asociarse delictivamente para perjudicarse a sí misma, pese a ser ella la accionista legítima de la empresa en liquidación.

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Sospechas de coordinación con cuentas "trolls"

La denuncia por asociación ilcíta primero se hizo pública viernes 9 de abril, diversas cuentas anónimas y redes de "trolls" en plataformas digitales anticiparon con precisión la presentación las accionesl liquidador. Esta filtración previa sugiere una estrategia de ataque planificada para desestabilizar a la casa editorial. Tras presentar la denuncia, el liquidador otorgó una entrevista al medio Altavoz, plataforma que se dedica a amplificar la narrativa gubernamental, lo que refuerza las dudas sobre la independencia de su actuación.

¿Quién es el liquidador?

Cadena Asencio es un experto en auditoría forense y cumplimiento tributario. Fue designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025, y cuenta, según Cadena, con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y asegurador.

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Como liquidador, sus primeras designaciones son de 2018. Y actualmente ejerce el rol de liquidador de 13 compañías.

Actualmente, es accionista activo en tres firmas: S&C Asociados S.A., Integra Accounting & Consulting Services (Intacs) S.A.S. y Team Digital TDI S.A.S. Y mantiene una deuda con el IESS. 

Víctimas de estafa denuncian al liquidador

Carlos Cadena ejerce simultáneamente la representación de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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El rol de Cadena en Urnosa no es puramente administrativo. Documentos judiciales de un procesos de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios. 

Los afectados denuncian un "efecto perturbador" en sus viviendas y acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares decretados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos". señala el denunciante. Este caso ahora está en trámite, en un juzgador Civil de Guayauil.

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El asambleísta del bloque correísta, Luis Fernando Molina, señaló que su bancada llevó adelante un proceso de fiscalización. En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en los certificados de capacitación de Jacho.

“Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso”, dijo Molina. A partir de ello, indicó que solicitó información al Ministerio del Trabajo sobre el Centro de Capacitación Aina Group y la certificación a la que hace referencia.

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“Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro”. Molina señaló que la respuesta fue que no está registrado en esa cartera de Estado. “Adicional a eso, el acuerdo ministerial al que hace referencia no corresponde a Aina Group”.

El legislador agregó que las certificaciones no se emiten a través de acuerdos, sino de resoluciones. “Es un hecho grave. La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad”, mencionó Molina.

¿Qué busca el correísmo?

Molina señaló que Jacho debería renunciar. Además, aseguró que la información obtenida ya fue remitida a tres entidades: la Fiscalía General, la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sobre la Fiscalía, Molina indicó que debe abrirse una investigación por los documentos presentados por Jacho, lo que podría derivar en responsabilidades penales. 

También señaló que el CPCCS, de acuerdo con el reglamento, es responsable de la verificación de requisitos. “Si no verificaron, tienen un presunto delito de omisión”, concluyó Molina.

Lo que debes saber

• La Contraloría General del Estado confirmó que sufrió un intento de hackeo desde el fin de semana y que tres secciones de su portal web fueron afectadas. 
• Las consultas de resoluciones, los informes aprobados y las declaraciones patrimoniales juradas fueron las tres secciones afectadas por el intento de hackeo a la Contraloría. 
• La entidad aseguró que trabaja para normalizar todos sus servicios en línea en las próximas horas.

La Contraloría General del Estado confirmó a EXPRESO que enfrentó un intento de hackeo desde el fin de semana y que parte de sus portales continúan con fallas.

La entidad actualizó detalles a este Diario e indicó que trabaja para restablecer con normalidad todos sus servicios en línea. Además, precisó que fueron tres secciones de su página web las que sufrieron ataques: 

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Contraloría reporta intento de hackeo en su página web

Juan Ponce Merchán

La sección de informes aprobados ya fue habilitada completamente, mientras que las otras dos plataformas seguirán en proceso de recuperación durante las próximas horas, según la institución.

El portal de declaraciones patrimoniales juradas es una de las herramientas más consultadas por ciudadanos y periodistas para revisar la información de funcionarios públicos.

¿Qué dijo la Contraloría sobre los ataques?

El último comunicado oficial de la Contraloría fue difundido el 8 de abril. En ese documento, la entidad señaló que, tras la emisión de informes aprobados y exámenes en ejecución, se activaron campañas de desprestigio dirigidas contra la institución.

“En ese contexto, se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”, indicó la entidad.

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En su comunicado oficial, la cartera de Estado sostuvo que “los servicios de atención en emergencia, consulta externa, cirugías programadas y todas las áreas continúan funcionando con total normalidad a escala nacional”. El MSP explicó que la medida responde a una optimización de recursos tras detectar “duplicidad de funciones y otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales”.

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Ministra Moya expone en EE.UU. la fórmula del gasto eficiente de Ecuador

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MSP: optimización y canales oficiales de información

El Ministerio señaló que el proceso fue técnico y planificado para “fortalecer el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la ciudadanía”. Asimismo, invitó a reportar irregularidades en la prestación de servicios mediante la línea gratuita 171, opción 3.

La institución exhortó a la población a informarse únicamente por canales oficiales, reiterando que la reorganización busca “respetar el acceso universal a una atención integral y gratuita”.

Federación Médica advierte riesgos por despidos en salud

En contraste, la Federación Médica Ecuatoriana expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a los despidos de personal sanitario, señalando que ocurren en medio de una “crisis estructural del sistema sanitario ecuatoriano”.

El gremio afirmó que la desvinculación de médicos, enfermeras y personal de apoyo es “una decisión contraria a los principios fundamentales de equidad, oportunidad y calidad en la atención médica”.

Guayaquil

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Freddy Josue Andrade Andrade

FME alerta sobre impacto en mortalidad y calidad de atención

Según la Federación, la reducción del talento humano incrementa el riesgo de “mortalidad evitable, retrasos diagnósticos y terapéuticos, saturación de los servicios de emergencia y disminución de la calidad de atención”. También advirtió sobre una mayor incidencia de errores médicos asociados a la sobrecarga laboral.

El organismo exigió la “inmediata revisión y suspensión de los despidos ejecutados”, la reincorporación del personal desvinculado y la construcción de un plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud basado en criterios técnicos y epidemiológicos.

Contraste institucional y llamado al diálogo

Mientras el MSP insiste en que la reorganización responde a una planificación responsable y no afecta la prestación de servicios, la Federación Médica sostiene que la medida refleja “una ausencia de planificación sanitaria estratégica”.

El gremio concluyó que “la salud no es un gasto; es una inversión estratégica para el desarrollo del país”, y convocó a autoridades y sociedad civil a actuar con responsabilidad ante la situación.

Lo que debes saber

• Niels Olsen defiende sesiones fuera de Quito pese a su costo de hasta $30.000 por jornada.
• El Legislativo mantendrá traslados a provincias en medio de cuestionamientos por austeridad.
• Sesiones en Guayas, Azuay y El Oro marcaron la agenda legislativa con aprobación de normas clave.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, aseguró que los desplazamientos del Pleno a otros cantones continuarán. Este 15 de abril de 2026, el titular del Legislativo se refirió al costo que implican las movilizaciones a provincias fuera de Pichincha.

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“Uno de los objetivos de la Asamblea Nacional es estar más cerca de la gente. Los costos aproximados son 30.000 dólares por cada sesión”, señaló Olsen a su ingreso al Pleno, que se desarrolla desde las 10:00.

Olsen justificó el gasto. “Si es lo que cuesta para estar más cerca de las personas es lo que vamos a hacer”, dijo el titular de la Asamblea. En ese contexto, fue consultado sobre si se considera la actual etapa de austeridad.

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“Estamos en una época en la que la Asamblea tiene que estar cerca de la gente”, insistió. Además, agregó que sesionarán en territorio para mantener contacto con ciudadanos, gremios e incluso medios de comunicación que no tienen la oportunidad de estar en Quito. “Vamos a visitar diferentes ciudades”, concluyó.

Las sesiones fuera de Quito

En 2026, la Asamblea Nacional ha intensificado las salidas a otras provincias para la aprobación de leyes y el tratamiento de normativas en distintas comisiones. 

Por ejemplo, en marzo pasado sesionó en Guayas y Azuay. También se desplazó hasta Machala, en la provincia de El Oro.

En esas jornadas se aprobaron leyes clave. Entre ellas, la urgente económica enviada por el Ejecutivo sobre el esquema 70/30 para el uso de recursos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Asimismo, la Ley sobre vivienda social se aprobó fuera de Quito. A esto se suman las reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial que, entre otros aspectos, otorgaron más facultades a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

El propio Olsen ha señalado que no se entregan viáticos a los asambleístas. Aun así, el traslado de personal técnico, equipos de comunicación y de la Escolta Legislativa genera costos. Por ahora, los siguientes desplazamientos no han sido confirmados, aunque, como indicó el presidente de la Asamblea, continuarán.

Lo que debes saber

• EXPRESO intentó acceder este 15 de abril al portal de declaraciones patrimoniales de la Contraloría, pero apareció un mensaje de “Página en mantenimiento”.
• La institución confirmó que enfrenta un intento de hackeo desde el fin de semana y que algunas declaraciones aún no pueden visualizarse.

La Contraloría General del Estado confirmó a EXPRESO que enfrenta un intento de hackeo desde el fin de semana y que parte de sus portales continúan con fallas

Al ingresar a la página de la Contraloría, los usuarios pueden acceder a diferentes segmentos y portales. Sin embargo, este 15 de abril, EXPRESO intentó revisar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y apareció un mensaje de “Página en mantenimiento”.

Ante la consulta de este Diario, la institución confirmó que enfrenta inconvenientes en su plataforma digital. La Contraloría aseguró que ha registrado un intento de hackeo en su página web y que trabaja para solucionar el problema.

“La institución está trabajando en este tema”, respondió la entidad la mañana de este miércoles 15. También indicó que algunas declaraciones juradas sí pueden visualizarse, mientras que otras siguen sin estar disponibles.

¿Desde cuándo ocurrió el intento de hackeo?

Al consultar sobre cuándo se detectó este intento de hackeo, la institución señaló que el problema se registra desde el pasado fin de semana.

El portal de declaraciones patrimoniales es una de las herramientas más consultadas por ciudadanos y periodistas para verificar la información de funcionarios públicos.

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La Contraloría denuncia campañas de desprestigio

El último comunicado oficial de la Contraloría se difundió el 8 de abril, cuando informó que, a partir de la emisión de informes aprobados y de exámenes que se encuentran en ejecución, se han activado "campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar".

“En ese contexto, se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”, se lee en el documento.

Lo que debes saber

• Defensa de Jorge Glas reporta un presunto evento neurológico con pérdida de conciencia y fiebre.
• El parte oficial de la prisión menciona “mareo y desvanecimiento”, lo que la abogada de Glas considera insuficiente.
• El exvicepresidente sigue en la Cárcel del Encuentro y cumple condenas, mientras se niega un hábeas corpus.

La defensa del exvicepresidente Jorge Glas volvió a encender las alertas sobre su estado de salud. Este 15 de abril de 2026, su abogada, Sonia Gabriela Vera García, aseguró que el exfuncionario sufrió un episodio médico grave durante la madrugada del 13 de abril.

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Según detalló en la red social X, Glas presentó pérdida de conciencia, fiebre y signos compatibles con un evento neurológico, presuntamente una crisis convulsiva. Además, denunció que habría permanecido varias horas sin atención médica, sin activación de un protocolo de emergencia ni traslado hospitalario.

De acuerdo con su versión, no existiría hasta el momento un diagnóstico claro, lo que incrementa el riesgo de que el episodio se repita. En ese contexto, advirtió que la vida del exvicepresidente estaría en peligro bajo custodia estatal.

Cuestionamientos al parte médico de Jorge Glas

Junto con su denuncia, la abogada difundió imágenes de un registro médico interno correspondiente al 13 de abril. En su pronunciamiento, cuestionó el contenido del documento: “El registro oficial lo reduce a ‘mareo y desvanecimiento’. Tiene un cuadro clínico de alta complejidad. Hasta hoy no hay diagnóstico etiológico ni garantías de no repetición. Su vida está en riesgo bajo custodia estatal”.

El parte, registrado a las 09:28, señala como motivo de consulta “dolor en rodilla derecha, desvanecimiento y dolores articulares”. También detalla que el paciente, de 56 años, presenta antecedentes de hipertensión arterial, espondilitis anquilosante, rinitis alérgica, trastorno de ansiedad, hiperplasia prostática y estreñimiento crónico.

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Según el documento, Glas reportó haber sufrido, dos horas antes, un episodio de mareo y desvanecimiento, además de dolores articulares persistentes que no cedían con analgésicos. Asimismo, fue descrito como tembloroso, con signos de ansiedad generalizada y angustia por su estado de salud.

Un segundo registro, a las 09:36, detalla el examen físico. Allí se menciona la presencia de pequeñas pústulas en el área glútea, ruidos cardíacos normales, pulmones ventilados y abdomen sin dolor. También se reporta dolor con ligero edema en la rodilla derecha.

Los signos vitales consignados fueron: presión arterial de 101/61, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de oxígeno de 98%. Además, se registra un peso de 72,8 kilos, una talla de 183 centímetros y un índice de masa corporal de 21,7.

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El documento también indica la revisión de una ecografía abdominal previa, que evidenció esteatosis hepática leve. Como tratamiento, se habría administrado diclofenaco intramuscular, junto con medicación oral por cinco días, monitoreo diario, continuidad de psicoterapia e interconsultas con Psiquiatría y Reumatología.

Situación legal y condiciones de reclusión

Jorge Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, un centro considerado de máxima seguridad. Fue trasladado a este lugar en noviembre de 2025.

El exvicepresidente cumple una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Además, en 2025 fue condenado a 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, sentencia que aún no está ejecutoriada.

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En días recientes, un juez negó un hábeas corpus presentado por su defensa, al determinar que no se comprobó vulneración de derechos. En ese proceso, autoridades señalaron que Glas ha recibido múltiples atenciones médicas desde su ingreso al centro penitenciario.

El caso se mantiene en desarrollo, en medio de cuestionamientos sobre su estado de salud y las condiciones de atención médica bajo custodia estatal.

Economía y negocios

Gasolina más cara en Ecuador: el costo del transporte escolar se encarece

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La Conaie indicó que el incremento de 14 centavos impacta directamente en la vida diaria del país. Aseguró que “eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y, en general, el sostenimiento de la economía de las familias”.

La organización indígena volvió a señalar al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este escenario responde a decisiones del Gobierno de Daniel Noboa, alineadas con los condicionamientos del FMI, en el marco de la política de eliminación de subsidios, sin que existan medidas suficientes para equilibrar su impacto en el transporte popular ni en la producción campesina”.

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Cabe recordar que el último paro indígena, cuyo epicentro fue Imbabura y el norte de Pichincha, se originó por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque hubo paralizaciones en esas zonas por más de un mes, el Gobierno de Noboa mantuvo la medida.

Esta vez, la Conaie no anunció movilizaciones. Aun así, envió un mensaje: “Es urgente avanzar en acciones concretas que garanticen condiciones más justas, protejan al transporte popular, fortalezcan la producción campesina y permitan revisar el actual esquema de precios de los combustibles”.

La organización también manifestó que Ecuador no puede aceptar que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. “De no corregirse este rumbo, las consecuencias sociales serán cada vez más profundas”, concluyó la Conaie.

¿Por qué subió el precio de los combustibles?

En Ecuador rigen nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y diésel desde el 12 de abril de 2026. El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 308, que oficializa el esquema de estabilización de precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo en la economía local.

De acuerdo con la información oficial, estos son los precios de venta al público por galón que rigen en el país:

Lo que debes saber

• Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera S.A., presentó una denuncia contra los directivos y accionistas de GRANASA. 
  
• El profesional, que representa a una inmobiliaria sentenciada, enfrenta denuncias de víctimas de estafa por intentar despojarlos de sus bienes.

Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la compañía Veranera S.A., tiene un rol protagónico en la trama judicial que envuelve a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa).

El contador interpuso una denuncia penal por asociación ilícita ante la Fiscalía del Guayas. Su acción legal apunta a un presunto entramado delictivo diseñado para impedir que la compañía Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez, obtenga el control del 40% del paquete accionario de la casa editorial. Es decir, acusa a Ingrid Martínez Leisker de asociarse delictivamente para perjudicarse a sí misma, pese a ser ella la accionista legítima de la empresa en liquidación.

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Sospechas de coordinación con cuentas "trolls"

La denuncia por asociación ilcíta primero se hizo pública viernes 9 de abril, diversas cuentas anónimas y redes de "trolls" en plataformas digitales anticiparon con precisión la presentación las accionesl liquidador. Esta filtración previa sugiere una estrategia de ataque planificada para desestabilizar a la casa editorial. Tras presentar la denuncia, el liquidador otorgó una entrevista al medio Altavoz, plataforma que se dedica a amplificar la narrativa gubernamental, lo que refuerza las dudas sobre la independencia de su actuación.

¿Quién es el liquidador?

Cadena Asencio es un experto en auditoría forense y cumplimiento tributario. Fue designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025, y cuenta, según Cadena, con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y asegurador.

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Como liquidador, sus primeras designaciones son de 2018. Y actualmente ejerce el rol de liquidador de 13 compañías.

Actualmente, es accionista activo en tres firmas: S&C Asociados S.A., Integra Accounting & Consulting Services (Intacs) S.A.S. y Team Digital TDI S.A.S. Y mantiene una deuda con el IESS. 

Víctimas de estafa denuncian al liquidador

Carlos Cadena ejerce simultáneamente la representación de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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El rol de Cadena en Urnosa no es puramente administrativo. Documentos judiciales de un procesos de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios. 

Los afectados denuncian un "efecto perturbador" en sus viviendas y acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares decretados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos". señala el denunciante. Este caso ahora está en trámite, en un juzgador Civil de Guayauil.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

Te invitamos a leer: Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Lo que debes saber

• El caso GRANASA es un intento de toma empresarial desde el poder; el gobierno usa organismos de control, recursos judiciales y acciones administrativas para intervenir y eventualmente controlar GRANASA.
• El silencio de los gremios empresariales, la academia y parte del periodismo contrasta con la reacción que hubo en 2011 durante el caso de Diario El Universo. El país ha pasado de la resistencia pública al poder a una actitud marcada por temor, indiferencia o complicidad.

El caso GRANASA apunta a un presunto intento de intervención empresarial desde el poder en Ecuador, mediante acciones judiciales y administrativas para influir en la estructura accionaria de la empresa editora de EXPRESO y EXTRA. A diferencia de 2011 con Diario El Universo, hoy la reacción pública es limitada, evidenciando un cambio frente a posibles presiones a la libertad de expresión.

Mientras el gobierno ensaya y perfecciona, con GRANASA, un método de asalto para la toma de empresas malportadas, los gremios empresariales del país (¿atacados por el pánico?) guardan un silencio bastante parecido a la complicidad. Otro tanto se podría decir del periodismo, salvo que el periodismo es una especie en extinción: lo que queda en su lugar es un ejército de cheerleaders, trolls, medios comprados a vista de todo el mundo, cuentas de redes sociales que fingen ser medios pero hacen propaganda… Aun así, entre los pocos que subsisten de los que aún se puede esperar una cierta independencia, los hay que han dado poca importancia (cuando no ninguna) al acoso del gobierno a Diario EXPRESO: quizá vanamente confiados en que a ellos no le ocurrirá lo mismo; quizá dispuestos de antemano a ceder ante las demandas del poder, si no lo han hecho ya, entregando cabezas y deponiendo posiciones… A este paso no quedará voz alguna.

Justicia

¿Qué implica una investigación fiscal en Ecuador? El caso GRANASA explicado

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Del respaldo a la prensa al silencio frente al poder

Este lunes, el periodista quiteño Fabricio Vela, director de Primera Plana, se preguntó qué había ocurrido con el país desde 2011 hasta acá. Ese año, recordaba él, acosado por el correísmo que lo quería quebrar cobrándole una indemnización de 80 millones de dólares (un juez bienmandado terminaría entregándole 40), diario El Universo publicó una portada en blanco para simbolizar el silencio al que quería someterle el gobierno. Todo el país (los empresarios, claro, pero también la academia, las organizaciones sociales y sobre todo el periodismo) cerraron filas en torno al diario. 

Hubo manifestaciones de gente con mordazas en la boca. Hoy el gobierno de Daniel Noboa no pretende quebrar EXPRESO sino directamente robárselo: quedarse con el 42 por ciento de acciones de la empresa y maniobrar en la junta de accionistas para controlar el Diario. Igual que El Universo hace 15 años, EXPRESO salió este domingo con una portada en blanco. El hecho fue noticia en unos medios sí y en otros no, mientras los gremios empresariales, la academia, las organizaciones sociales, cerraron ostensiblemente la aterrorizada boca.

La pregunta de Fabricio Vela, entonces, es pertinente: ¿qué ocurrió con este país que ha sido capaz de pasar en 15 años de la resistencia al autoritarismo a la más absoluta indolencia y el miedo?

Se puede decir que el caso de El Universo en 2011 era de una claridad meridiana que simplificaba las cosas: el diario había publicado un artículo (firmado por Emilio Palacio) que al poder no le gustó y éste, simplemente, quería hacer un escarmiento. El caso GRANASA, en cambio, contempla una campaña sostenida de desprestigio y consta de una serie de sinuosos y enrevesados capítulos con los que el gobierno ha logrado artificialmente complicar una estrategia que, sin embargo, está clarísima: se trata de introducirse de manera fraudulenta en la estructura accionarial de la empresa para manejarla.

Política

Ingrid Martínez a Cabezas Klaere: "soy objeto de una persecusión sistemática de su parte"

Rosero Mariela

La ruta jurídica para la toma de GRANASA

Desde mediados del año pasado las cosas se han precipitado en una sucesión de agresiones sin tregua: primero fue una acusación, con pruebas fraguadas, de fraude fiscal; luego, otra de lavado de activos, ambas desmentidas. El gobierno no cejó: dueño de un paquete minoritario de acciones de la empresa (el 2,65 por ciento, producto de la expropiación de los bienes de los hermanos Isaías, que lo tenían desde hacía muchos años) el gobierno quiso aprovechar esa circunstancia para exigir una serie de informaciones delicadas que podían ser usadas en contra de la empresa y que, por tanto, se le negó bajo el amparo de la ley. Ese pretexto le sirvió a la Superintendencia de Compañías, convertida en herramienta de persecución y control político al igual que todos los organismos de control bajo este gobierno, para intervenir GRANASA.

Luego inventaron un caso donde no lo había: el traspaso del 40 por ciento de las acciones a Ingrid Martínez. ¿Quién se las traspasó? La compañía Veranera. ¿De quién es Veranera? De Ingrid Martínez, que la creo para que le administre las acciones. ¿Dónde obtuvo ella esas acciones? Las heredó de su padre, el fundador de la empresa. 

Hace seis años (¡seis!) Ingrid Martínez puso en liquidación a Veranera e hizo que le transfirieran las acciones (sus acciones) a su nombre. Nada más claro. Sin embargo, luego de nombrar un liquidador que responde por sus propios intereses (o sea los del gobierno) la Superintendencia ha decidido que no encuentra “trazabilidad” en ese traspaso y ha ordenado revertirlo (ellos dice “reversarlo”, que significa vomitarlo), a pesar de que no tiene ninguna facultad para ello.

Justicia

Caso GRANASA: directivos son denunciados por presunta asociación ilícita

Richard Josue Jimenez Mora

En las páginas de este Diario encontrará el lector todos los detalles del enredo jurídico de los últimos días: la negativa de GRANASA de cumplir una orden ilegítima: la acción de protección con medida cautelar solicitada por el liquidador de Veranera (un tal Carlos Cadena Asencio, mano derecha del superintendente Luis Cabezas Klaere) para imponer su voluntad; la meteórica agilidad del juez Carlos López Vulgarín para complacerle… Hasta llegar a lo último: el recurso a la justicia penal con dos denuncias contra GRANASA presentadas por el interventor ante la Fiscalía: una por asociación para delinquir, con la que se acusa a los directivos de la empresa del delito de tratar de impedir que se la roben; otra por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, tipo penal que no se ajusta al caso porque la orden (literalmente: vomitar las acciones a Veranera) es ilegítima y el juez, en todo caso, un perfecto incompetente.

El precedente del “Exprópiese” y el temor empresarial

Más allá de todos estos detalles con los que el gobierno ha complicado artificiosamente el caso, hay dos hechos clarísimos. Primero, la persistencia del asedio: para GRANASA no ha habido un día de respiro desde mediados del año pasado. El segundo es la determinación con la que el gobierno ha acometido la toma de la empresa, pasando por encima todo principio consagrado en la Constitución y en la Ley de Compañías. La pretensión de despojar a una hija de las acciones que heredó de su padre, con el pretexto de que no existe “trazabilidad” en las transferencias entre ella y la empresa que constituyó para que se las administre, es un atentado tan grosero a la libertad de empresa que debería encender las alarmas de todos los gremios de la producción y el comercio. Es triste constatar que les da igual. Sin embargo, entre este gesto y el de un Hugo Chávez parado en medio de una plaza, señalando con el dedo un edificio y otro y ordenando su expropiación, no media sino un paso.

Justicia

¿Quién es el liquidador que denunció por asociación ilícita a los directivos de Granasa?

Sara Ortiz

La estrategia que está afinando el gobierno para quedarse con el control accionarial de GRANASA es el preámbulo de la política del “Exprópiese”. Lo que hoy se hace contra un medio de comunicación cuyo contenido no es del agrado del poder, mañana se hará contra una empresa cualquiera que no se alinee a sus caprichos. O, simplemente, que pertenezca al grupo económico equivocado, pues no hay que olvidar que el presidente y sus ministros representan a uno muy preciso y tienen clarísimo quiénes son sus competidores. De hecho, ¿no ha empezado ya esta política del acoso empresarial a imponer su orden? Fábricas de plástico, empresas de bienes muebles o de seguros que se quedan sin contratos que legítimamente les correspondía, adjudicaciones hechas al dedazo… ¿Cuántas cosas calla el empresariado nacional, paralizado del miedo? Mañana, cuando se metan en la estructura accionarial de sus compañías, será demasiado tarde.

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En su comunicado oficial, la cartera de Estado sostuvo que “los servicios de atención en emergencia, consulta externa, cirugías programadas y todas las áreas continúan funcionando con total normalidad a escala nacional”. El MSP explicó que la medida responde a una optimización de recursos tras detectar “duplicidad de funciones y otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales”.

Economía y negocios

Ministra Moya expone en EE.UU. la fórmula del gasto eficiente de Ecuador

Mayra Pacheco Pazmiño

MSP: optimización y canales oficiales de información

El Ministerio señaló que el proceso fue técnico y planificado para “fortalecer el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la ciudadanía”. Asimismo, invitó a reportar irregularidades en la prestación de servicios mediante la línea gratuita 171, opción 3.

La institución exhortó a la población a informarse únicamente por canales oficiales, reiterando que la reorganización busca “respetar el acceso universal a una atención integral y gratuita”.

Federación Médica advierte riesgos por despidos en salud

En contraste, la Federación Médica Ecuatoriana expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a los despidos de personal sanitario, señalando que ocurren en medio de una “crisis estructural del sistema sanitario ecuatoriano”.

El gremio afirmó que la desvinculación de médicos, enfermeras y personal de apoyo es “una decisión contraria a los principios fundamentales de equidad, oportunidad y calidad en la atención médica”.

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Según la Federación, la reducción del talento humano incrementa el riesgo de “mortalidad evitable, retrasos diagnósticos y terapéuticos, saturación de los servicios de emergencia y disminución de la calidad de atención”. También advirtió sobre una mayor incidencia de errores médicos asociados a la sobrecarga laboral.

El organismo exigió la “inmediata revisión y suspensión de los despidos ejecutados”, la reincorporación del personal desvinculado y la construcción de un plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud basado en criterios técnicos y epidemiológicos.

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Mientras el MSP insiste en que la reorganización responde a una planificación responsable y no afecta la prestación de servicios, la Federación Médica sostiene que la medida refleja “una ausencia de planificación sanitaria estratégica”.

El gremio concluyó que “la salud no es un gasto; es una inversión estratégica para el desarrollo del país”, y convocó a autoridades y sociedad civil a actuar con responsabilidad ante la situación.