Lo que debes saber

• Los influencers ya forman parte de las papeletas.
• La estrategia no es nueva.
• Expertos analizan sus ventajas y riesgos.

Las campañas electorales ya no solo se disputan en las plazas, los recorridos o los debates, sino también entre videos virales, transmisiones en vivo y millones de reproducciones. En las elecciones seccionales de 2026, varios partidos ecuatorianos decidieron convertir esa influencia digital en capital político al incorporar creadores de contenido en sus listas.

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Entre esos nombres figuran la influencer Samia Álava, candidata a la Viceprefectura del Guayas por Acción Democrática Nacional (ADN); el tiktoker Telmo Punina, quien buscará la Prefectura de Tungurahua por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID); y la creadora de contenido Danielita Sumak, conocida también por haber tenido una cuenta en OnlyFans, quien aspira a integrar el Concejo Municipal de Pujilí. Sus postulaciones reflejan una apuesta de las organizaciones políticas por trasladar la popularidad en redes sociales hacia las urnas.

Los especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que esta estrategia está lejos de ser novedosa. El politólogo y docente de la Universidad de Guayaquil, Santiago González, sostiene que se trata de una adaptación de una práctica histórica, pues antes los partidos recurrían a presentadores de televisión, artistas o figuras radiales que concentraban la atención del público y hoy ese papel lo cumplen los influencers en plataformas digitales.

El analista político Andrés Obando comparte esa lectura y recuerda que las organizaciones políticas llevan décadas buscando personas ampliamente reconocidas para integrarlas a sus listas. A su criterio, el objetivo siempre ha sido aprovechar la confianza y el reconocimiento de esas figuras para fortalecer la marca del partido y facilitar el respaldo electoral.

La diferencia, según González, es que ahora las redes permiten medir con precisión el alcance de esos perfiles y dirigir los mensajes hacia segmentos específicos del electorado. Además, señala que TikTok se ha convertido en la plataforma con mayor consumo en Ecuador, lo que explica el creciente interés de los estrategas por captar el voto joven a través de creadores de contenido.

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La popularidad como estrategia electoral

Por su parte, Andrea Endara, politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, explica que el principal valor de un influencer es el nivel de conocimiento que tiene entre la ciudadanía. A su juicio, esa visibilidad funciona como una fuerza de arrastre para candidatos menos conocidos dentro de una misma lista, replicando el papel que antes desempeñaban cantantes, deportistas o presentadores de televisión.

González sostiene que esa lógica responde a una visión del marketing político, en la que el candidato pasa a convertirse en un "producto" que debe posicionarse entre los electores. Añade que, por esa razón, los influencers suelen ubicarse en el segundo o tercer casillero de las listas para atraer votos hacia toda la organización política, aprovechando el reconocimiento que ya tienen y el sistema de listas cerradas, una decisión que responde a cálculos estratégicos de cada equipo de campaña y que también contribuye a fortalecer la candidatura principal del movimiento, como la Alcaldía o la Prefectura.

Para Alfredo Espinosa, experto electoral y académico, el fenómeno responde también a una transformación de la comunicación política. El analista afirma que gran parte de la propaganda ya circula por redes sociales y que Instagram y TikTok se han convertido en espacios donde los partidos intentan conectar con los votantes mediante formatos breves, emocionales y altamente visuales.

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¿Seguidores equivalen a votos?

Los expertos sostienen que incorporar influencers también representa una ventaja en términos de campaña porque esas figuras llegan con una comunidad previamente consolidada. Obando advierte, sin embargo, que tener cientos de miles de seguidores no garantiza obtener votos, ya que la popularidad digital no siempre se traduce en respaldo en las urnas.

Las advertencias aparecen cuando la notoriedad pesa más que la preparación para ejercer un cargo público. Obando considera que muchos creadores de contenido no necesariamente poseen experiencia para la gestión pública y que una mala administración puede afectar tanto su credibilidad como la reputación de la organización política que los postuló.

Espinosa añade que existe el riesgo de banalizar la política si las candidaturas privilegian la fama sobre las propuestas y el debate de los problemas ciudadanos. González, por su parte, recuerda que la exposición en redes puede abrir la puerta de una campaña, pero no reemplaza la capacidad para gobernar, por lo que el verdadero examen de estos candidatos comenzará cuando las reproducciones den paso a la gestión pública.

Por otro lado, Endara sostiene que, en el caso de los concejales, los influencers terminarían respondiendo a la línea del partido y tendrían un margen limitado para impulsar una agenda propia. Es por esto porque Espinosa advierte que su incorporación desplaza a militantes y cuadros políticos con trayectoria, sin aportar necesariamente al debate programático ni a la construcción de una agenda para la organización.

Lo que debes saber

• Varias cuentas de la red social X han difundido fotografías de una supuesta reunión entre Inés Maritza Romero, aspirante a fiscal general del Estado, y David Rosero, vocal del CPCCS.
• Actualmente el proceso de selección del nuevo fiscal general atraviesa la fase de impugnación ciudadana.
• Romero indicó a EXPRESO que no ha mantenido reunión alguna "con ninguno de los consejeros en el marco del presente proceso de selección" del nuevo fiscal general del Estado.

En los últimos días, varias cuentas de la red social X han difundido fotografías de una supuesta reunión entre Inés Maritza Romero, aspirante a fiscal general del Estado, y David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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El hecho surge en momentos en que el proceso de selección del nuevo fiscal general atraviesa la fase de impugnación ciudadana.

Este miércoles 29 de julio, Romero indicó a EXPRESO que no ha mantenido reunión alguna "con ninguno de los consejeros en el marco del presente proceso de selección" del nuevo fiscal general del Estado.

"Nos encontramos en la etapa de impugnación del proceso de selección. El reglamento establece el procedimiento para que cualquier observación o cuestionamiento respecto de los postulantes sea presentado, sustanciado y resuelto por los canales institucionales, con respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa", expresó Romero a este Diario.

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La postulante señaló además que "no corresponde trasladar al debate en redes sociales o en los medios de comunicación aspectos que, de ser planteados dentro del proceso, deberán ser conocidos y resueltos por las instancias competentes".

Romero señala que cualquier documento en impugnación debe ser valorado "dentro del proceso"

No obstante, Romero indicó que cualquier documento, fotografía o video que sea utilizado como sustento para una impugnación deberá ser valorado "dentro del proceso correspondiente, previa verificación de su autenticidad, origen, fecha, contexto, integridad y licitud de obtención".

Señaló que, antes de sacar conclusiones a partir de cualquier material, es indispensable su verificación, especialmente ahora, con el auge de las herramientas de edición digital y de inteligencia artificial.

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Romero puntualizó que, como postulante, respetará el procedimiento establecido en el reglamento del proceso de selección.

En caso de que se admita una impugnación en su contra, dijo que ejercerá su derecho a la defensa en las audiencias públicas y en las demás instancias previstas en el proceso.

Los puntos claves

• Andrés Guschmer calificó de "graves" e "infundadas" las acusaciones de Osvaldo Hurtado contra el presidente Daniel Noboa.
• El asambleísta de ADN y precandidato a la prefectura del Guayas sostuvo que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad.
• La respuesta surge tras la entrevista en la que Hurtado comparó a Daniel Noboa con Rafael Correa.
• Las declaraciones reavivan el debate político sobre la situación democrática e institucional del Ecuador.

Las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado contra el presidente Daniel Noboa siguen generando reacciones en el ámbito político. Esta vez fue el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) y precandidato a la Prefectura del Guayas, Andrés Guschmer, quien salió en defensa del mandatario y cuestionó los señalamientos realizados por el exjefe de Estado.

A través de un pronunciamiento público, Guschmer aseguró que le sorprendieron las afirmaciones de Hurtado y lamentó que un expresidente, con su trayectoria política, emita acusaciones que, a su criterio, carecen de sustento.

"Escuché al expresidente Osvaldo Hurtado y siendo sincero me he quedado sorprendido como con su experiencia ha lanzado, sin prueba alguna, acusaciones y descalificaciones tan graves hacia el Presidente Daniel Noboa. Sin duda puede discrepar con el Gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma. Doctor Hurtado, recuerde que en una sociedad la democracia debe venir junto a la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice", manifestó.

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La respuesta llega tras las críticas de Hurtado a Noboa

El pronunciamiento de Guschmer se produce luego de la entrevista que Osvaldo Hurtado concedió el domingo 27 de julio a Teleamazonas, en la que comparó al presidente Daniel Noboa con el expresidente Rafael Correa y sostuvo que el actual Gobierno estaría concentrando el poder.

Durante esa conversación, Hurtado afirmó que Noboa "es un segundo Correa" y señaló que fue elegido para representar una alternativa al correísmo, pero que, según su criterio, ha terminado reproduciendo prácticas similares.

Además, cuestionó el funcionamiento de las instituciones del Estado, sostuvo que se ha debilitado la separación de poderes y aseguró que varias funciones públicas actuarían bajo la influencia del Ejecutivo.

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Hurtado habló de un "criptodictador"

El expresidente fue más allá al calificar a Noboa como un mandatario que estaría encaminándose hacia un modelo autoritario.

"¿Cómo es que se llama a un presidente que no respeta la división del poder, la independencia de la justicia, las elecciones libres y las libertades públicas? (...) Un criptodictador, un autoritario, un autócrata camino de convertirse en un dictador", expresó durante la entrevista.

Asimismo, cuestionó la exclusión de organizaciones políticas y de algunos candidatos para las próximas elecciones, y aseguró que existe un ambiente de temor entre dirigentes políticos para expresar críticas al Gobierno.

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Guschmer defiende al Gobierno

Frente a esas declaraciones, Andrés Guschmer, precandidato a la prefectura del Guayas, defendió la gestión del presidente Daniel Noboa y sostuvo que la crítica política es legítima, pero debe ejercerse con responsabilidad.

El legislador insistió en que la libertad de expresión constituye uno de los pilares de la democracia, aunque señaló que esta también implica responder por las afirmaciones que se realizan, especialmente cuando provienen de figuras con la trayectoria de un expresidente de la República.

Las claves que debes saber

• Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú y abre una nueva etapa con Ecuador en seguridad y comercio.
• Fujimori y Daniel Noboa impulsarían cooperación fronteriza para frenar crimen organizado y tráfico de armas.
• La investidura reunió a 8 presidentes y fortalece opciones de integración regional y Alianza del Pacífico.

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú marca el inicio de una nueva etapa política para el vecino del sur y plantea expectativas sobre el rumbo que tomarán las relaciones con Ecuador durante los próximos años. Su triunfo es interpretado por analistas como una oportunidad para devolver estabilidad a un país que en los últimos años ha sufrido una profunda crisis institucional caracterizada por constantes cambios de gobierno.

(Te invitamos a leer| Noboa acuerda con Keiko Fujimori fortalecer la seguridad y convocar gabinete binacional)

Con respaldo parlamentario y una economía que mantiene perspectivas de crecimiento cercanas al 3,5%, Fujimori enfrenta el desafío de conservar la estabilidad económica mientras responde a las demandas de seguridad y gobernabilidad. 

En el plano internacional, su cercanía ideológica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anticipa una etapa de mayor entendimiento político y coordinación entre ambos gobiernos, que, a criterio de los especialistas, podría fortalecer la relación bilateral principalmente en tres áreas estratégicas: seguridad, comercio e integración regional.

Seguridad, prioridad

La lucha contra la delincuencia organizada aparece como uno de los principales puntos de coincidencia entre ambos mandatarios. Tanto Noboa como Fujimori han colocado el combate a la inseguridad entre los ejes centrales de sus propuestas políticas, lo que abre la posibilidad de impulsar mecanismos de cooperación más estrechos en la frontera común.

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Las autoridades ecuatorianas han señalado reiteradamente que por territorio peruano ingresan armas utilizadas por grupos criminales que operan en Ecuador, una problemática que podría convertirse en uno de los primeros temas de diálogo entre los dos gobiernos.

“Son las mismas quejas y una fluida relación, con el nombramiento de un nuevo embajador en Ecuador, permitirá que ese apoyo se articule para enfrentar enemigos comunes a nivel de la delincuencia organizada. En las fronteras pueden generarse base de datos de los movimientos en esas zonas, renovarse tratados de extradición o una ayuda permanente”, dice Carlos Estarellas, internacionalista.

Desde Perú también se ve con interés la posibilidad de una agenda conjunta en materia de seguridad. Para el analista político peruano Alan Salinas, la problemática trasciende las fronteras nacionales y demanda respuestas coordinadas.

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“El tema de la inseguridad ciudadana no es solo una preocupación del Perú, sino de lo presidentes de Latinoamérica. En ese sentido, a lo mejor la presidenta le expresó esa preocupación a Noboa en las reuniones que mantuvo en la Cancillería peruana y verán qué hacer porque tanto Perú como Ecuador sufrimos de esta situación que influye negativamente en la sociedad. 

Algo podría salir de ese encuentro, seguramente se lograrán aplicar políticas que son complementarias y que podrían ayudar a reducir la inseguridad a nivel interno y externo, respectivamente”, sostiene Salinas.

El decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, Santiago Carranco, coincide. El catedrático cree que “habrá que ver qué tan fuerte es esa mano dura de Fujimori y cómo podrá conectarse con las preocupaciones de Noboa, quien ha dicho que pedirá mayor control en la frontera y operaciones conjuntas, pero eso tendrá que ser evaluado por la nueva presidenta”, indica.

Comercio e integración

Aparte de la seguridad, los expertos consideran que el nuevo escenario político podría traducirse en una mayor profundización de los vínculos económicos. Según Carranco, los países atraviesan un momento positivo en materia comercial, especialmente en áreas como la minería y otros sectores productivos. 

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Considera además que, si en el futuro se impulsan nuevas negociaciones de libre comercio, podrían explorar posiciones conjuntas para obtener mayores beneficios dentro de los mercados internacionales.

Energía en la agenda

Otro tema que Ecuador podría aprovechar con el inicio del nuevo gobierno peruano es plantear temas estratégicos más allá de la seguridad y el comercio.

Uno de ellos sería la cooperación energética, un asunto especialmente relevante para Ecuador debido a los problemas de abastecimiento que ha enfrentado en los últimos años. 

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Carranco sostiene que una mayor coordinación regional promovería espacios de cooperación y financiamiento internacional para proyectos de infraestructura energética en Perú. En ese caso, “la Unión Europea podría ser un tercer actor clave para la cooperación y generar esas líneas de transmisión”, opina.

Nueva configuración

La presencia de ocho presidentes latinoamericanos en la investidura de Fujimori también ha sido interpretada como una señal política relevante. A la ceremonia asistieron los mandatarios de Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá y Honduras.

Para Carranco, este nivel de convocatoria refleja una nueva dinámica regional y evidencia el surgimiento de una corriente política más cercana a posiciones conservadoras y promercado.

“En la Cumbre de 2024 Noboa estaba básicamente solo, pero ahora es interesante y vemos que sí se está armando una coalición pro Estados Unidos, pro derecha, pro conservadurismo y lo vemos como algo simbólico en el acompañamiento de los líderes a Fujimori”, señala.

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Según Salinas, este acercamiento podría tener efectos en los procesos de integración económica regional y beneficiar directamente a Ecuador.

Esa coalición “es importante y podría refrescar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico que representa a la quinta economía del mundo, conformada por Chile, Colombia, Perú y México. 

Se ha reconfigurado el escenario político en esos países, salvo en México. Puede ayudar a que este bloque retome una serie de políticas arancelarias que podrían contribuir a esta zona de Latinoamérica. Ecuador es observador, pero podría tomar un protagonismo. Las relaciones económicas mejoran cuando funcionan como bloques y ahora Ecuador podría ser parte de esta alianza”, concluye.

Lo que debes saber

• La Alianza por los Derechos Humanos habla de una "autocratización" en Ecuador.
• Advierte que la suspensión de movimientos políticos afecta la democracia.
• Pide a organismos internacionales vigilar el proceso electoral.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó la semana pasada sobre un supuesto proceso de “autocratización” en Ecuador, tras la suspensión de movimientos políticos de oposición. En entrevista con EXPRESO, su coordinadora, Vivian Idrovo, explica por qué considera que el país atraviesa un acelerado deterioro democrático.

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- ¿Cuáles son los indicios que les hacen pensar que Ecuador podría pasar de una democracia electoral a una autocracia electoral?

- Lo que ha pasado en Ecuador no son hechos aislados. Los acontecimientos son de conocimiento público, como la exclusión de los principales actores de oposición en los comicios, que han sido adelantados sin, a nuestro juicio, razones que lo justifiquen. Entonces, tomar decisiones que eliminan de las posibilidades de ser elegidos al principal partido de oposición (Revolución Ciudadana) y a otros movimientos (Construye y Amigo), consolida ese proceso acelerado de deterioro democrático.

- ¿Qué mecanismos legales cree que debieron aplicarse antes de adoptar una medida de suspensión a un movimiento político?

- El tema es cuándo se hace esta suspensión: antes de las elecciones. Pero además, ¿qué tipo de fundamentos existen? Es una aplicación mecánica de una norma. Un órgano del Estado pide la suspensión y el tribunal, sin hacer ningún tipo de análisis de cómo se garantiza el debido proceso, lo ejecuta. Lo que deviene en que el fiscal general tiene la atribución para suspender partidos políticos cuando a bien lo tenga en gana, sin ningún tipo de contrapeso.

- ¿Cuál es el principal riesgo para una democracia cuando una parte importante de la oposición queda fuera de una contienda electoral?

- El tema es que no hay democracia. Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado no solamente en Ecuador; se denunció en los países donde efectivamente no hay posibilidad de elecciones libres.

Ojalá la OEA, la CIDH y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre lo que pasa en Ecuador.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Ve similitudes entre lo que ocurre en Ecuador y procesos vividos en otros países de la región?

- Ustedes ven lo que pasa en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que él ya no va a permitir más elecciones. Pero Ecuador, en términos de leyes que restringen a la sociedad civil, se parece a Venezuela, se parece a El Salvador, se parece a Nicaragua. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a tener democracia.

- ¿Qué impacto tiene una eventual autocracia electoral sobre la libertad de expresión y la protesta social?

- Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado con el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo. Están las denuncias de Fundamedios, de Periodistas Sin Cadenas. También está ese proceso de cooptar y comprar medios de comunicación que en su momento fueron críticos e independientes. Vemos el hostigamiento que, por ejemplo, ha denunciado el periodista Hernán Higuera, sobre sus investigaciones en relación con la corrupción. O el asesinato de la activista anticorrupción (Monika Silva). También están los elementos de persecución a las organizaciones de la sociedad civil y a los disidentes; el bloqueo de cuentas como una herramienta de asfixia económica.

Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado en Ecuador y otros países.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Qué es lo que se viene?

- A mi juicio, se viene un escenario muy peligroso. Poco a poco nos convertimos en estos países en los que teníamos miedo de convertirnos: Nicaragua, Venezuela, El Salvador.

- ¿En qué momento cree que se cruzaría un punto de no retorno para la democracia ecuatoriana?

- Yo creo que ya estamos cruzando el punto de no retorno. Creo que las elecciones de noviembre sí son una línea roja.

- ¿Qué organismo o quién deberían actuar ya?

- El tema es que aquí no tenemos un sistema de pesos y contrapesos nacionales. La Corte Constitucional ha dicho que no puede interferir en el proceso electoral y ha dejado vigente esta aberración jurídica. La Corte ya se ha callado. Lo que queda es seguir denunciando internacionalmente lo que está pasando. Ojalá la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre el Ecuador, porque lo que estamos viendo es que nos convertimos, de forma acelerada, en un país donde el cierre del espacio cívico es completo.

Lo que debes saber: 

• Gabriela Panchana enfrenta una sentencia por injurias: 30 días de prisión, tras publicaciones en la red social X.
• La activista registra ya cuatro denuncias penales en su contra, desde diciembre 2025, cuando habló sobre la esposa de Mario Godoy, expresidente de la Judicatura.
• Abogados advierten en Ecuador que uso de derecho penal y condena por injuria puede limitar libertad de expresión.

El lunes 27 de julio del 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón condenó a Gabriela Panchana a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por el delito de injuria, contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

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Todo empezó por una interacción en la red social X con otro usuario que intervino, sin ser citado en sus mensajes.

Para la comunicadora y activista, el proceso no puede entenderse como una situación aislada. Lo ve como parte de una cadena de hechos que empezaron:

Según Luis De Guzmán, la honra es un derecho

Panchana ya contabiliza cuatro denuncias penales en su contra, contando con dos de Luis De Guzmán, quien ha dicho en X que “la honra es un derecho” y que defiende la libertad de expresión, pero que ningún tratado ni corte nacional o internacional señala que ese derecho incluye “imputar delitos sin pruebas”.

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El impacto para la familia de Panchana

“La sentencia es dura, sobre todo por el impacto en mi familia. Hay miedo, angustia. Ahora toca esperar la notificación escrita para presentar los recursos que contempla la ley”, señaló. “Aspiro a que, en la apelación, el tribunal actúe con independencia y aplique el derecho sin presiones”, concluyó.

La opinión de dos abogados sobre sentencia por injurias

Al respecto, la abogada constitucionalista María Dolores Miño dijo que “quien denuncia es una persona afín al Gobierno, eso de entrada y en este contexto ya pone la cancha inclinada". 

Además, Miño resalta que "Gabriela responde a una provocación. Eso jamás se toma en cuenta a la hora de medir el grado de afectación de sus expresiones. En estos casos, el estándar convencional exige ver si el discurso ha causado un daño demostrable a la presunta víctima. La ofensa por sí sola no es suficiente para activar un castigo. Ese análisis no se hizo. En materia de derecho al honor, la vía penal siempre es excesiva”.

Y añadió: “En este caso, si se hubiera demostrado una afectación real derivada de las declaraciones, lo procedente era daño moral en civil, pero para estos casos la reparación adecuada es la disculpa pública. La cárcel, medida de última ratio, jamás puede ser proporcional para un caso de una expresión que ocurre en el contexto de un intercambio en redes producto de una provocación del supuesto afectado”.

El también constitucionalista Farith Simon considera que el problema en este caso es el uso del derecho penal para desincentivar la crítica pública y la denuncia sobre el funcionamiento irregular de instituciones.

“Cuando una persona acusa de corrupción, infiltración del crimen organizado o violación de derechos y termina condenada a prisión por sus expresiones públicas, la sanción penal deja de proteger bienes jurídicos relevantes para una democracia y se convierte en herramienta de represión”.

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Farith Simon indicó que el derecho a la libertad de expresión incluye la posibilidad de que los ciudadanos pueden llegar a exagerar o ser imprecisos en sus afirmaciones públicas en asuntos de interés social. Y castigarlos penalmente genera un efecto disuasorio. 

“Que alguien sea condenado a privación de la libertad por el delito de injurias por sus expresiones públicas, debe ser tomado como una alarma en democracia. El recurso a pena privativa de libertad por injurias deja en claro que se busca silenciar voces incómodas”.

Los puntos claves

• La defensa pidió que la Presidencia precise oficialmente qué atribuciones otorgaba el Decreto Ejecutivo 355 al entonces ministro de Energía.
  
• Según el abogado Leonardo Stagg, el decreto no facultaba a Antonio Gonçalves para intervenir en contratos, pagos, garantías o recursos de Celec EP.
  
• El pedido busca rebatir uno de los argumentos centrales de la Fiscalía en el proceso por presunto peculado dentro del caso Progen.

Leonardo Stagg, abogado del exministro de Energía Antonio Gonçalves, informó este martes 28 de julio que presentó ante la Fiscalía General del Estado una solicitud para que la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República aclare oficialmente el alcance del Decreto Ejecutivo 355, emitido el 14 de agosto de 2024.

(Le puede interesar: Leonardo Stagg: "El mejor abogado que puede tener Progen es el fiscal general Carlos Alarcón")

Según el defensor, ese decreto ha sido utilizado por la Fiscalía como uno de los fundamentos para sostener que Gonçalves tenía la obligación de impedir las presuntas irregularidades relacionadas con los contratos suscritos entre Progen y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP).

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El Decreto Ejecutivo 355

De acuerdo con el comunicado difundido por Stagg, la petición busca que la Presidencia responda si el Decreto Ejecutivo 355 otorgaba al entonces ministro de Energía facultades para administrar Celec EP, intervenir en sus contratos, ordenar o impedir pagos, ejecutar garantías o decidir sobre los recursos de la empresa pública.

La defensa sostiene que la respuesta es negativa y afirma que el decreto únicamente le encomendaba coordinar acciones para enfrentar los efectos del estiaje.

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Los alcances de la responsabilidad

En esa línea, argumenta que esa función de coordinación no implicaba la administración de Celec EP ni la capacidad legal para intervenir en la ejecución de contratos o en decisiones financieras de la empresa estatal.

Stagg concluye que una persona no puede ser responsabilizada por no impedir hechos respecto de los cuales “nunca tuvo autoridad ni capacidad legal de actuar”.

El nuevo pronunciamiento se produce días después de que el abogado cuestionara públicamente la formulación de cargos contra Gonçalves.

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Las claves del caso

• Pachakutik rechazó la denuncia admitida por el TCE por presuntas irregularidades durante la campaña de la consulta popular de 2024.
  
• El movimiento considera que el momento en que se tramita el proceso coincide con la recta final para la inscripción de candidaturas de las elecciones seccionales.
  
• La organización negó haber cometido irregularidades en el manejo de recursos y anunció que ejercerá su defensa dentro del proceso legal.

A pocos meses de las elecciones seccionales previstas para noviembre, el escenario político ecuatoriano continúa sumando novedades. Mientras las organizaciones avanzan en la inscripción de candidaturas, también se registran procesos y controversias en el ámbito electoral y judicial que involucran a varios movimientos políticos.

En este contexto, Pachakutik difundió este martes 28 de julio un pronunciamiento público en el que cuestiona una acción impulsada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), relacionada con presuntas irregularidades durante la campaña de la consulta popular de 2024.

Ecuador

Ecuador y Perú reforzarán la seguridad fronteriza: ¿Qué acordaron Noboa y Keiko Fujimori?

Freddy Josue Andrade Andrade

Movimiento cuestiona el momento de la denuncia

De acuerdo con el pronunciamiento, el TCE notificó la admisión a trámite de una denuncia presentada por el CNE por supuestas irregularidades electorales y convocó a una audiencia para el próximo 19 de agosto.

Pachakutik considera que el inicio del proceso, cuando restan pocos días para concluir el período de inscripción de candidaturas para los comicios seccionales, afecta sus posibilidades de ejercer una defensa adecuada y genera preocupación dentro del movimiento.

Niegan irregularidades en el manejo de recursos

En el documento, la organización política rechaza las acusaciones relacionadas con el supuesto manejo de recursos durante la campaña de la consulta popular realizada en 2024.

Según sostiene, durante ese proceso no recibió financiamiento público directo del CNE ni aportes de terceros para esa campaña, por lo que niega haber incurrido en un manejo económico irregular.

Además, asegura que su actuación se ha desarrollado respetando la normativa vigente y señala que presentarán sus argumentos dentro del proceso abierto por el Tribunal Contencioso Electoral.

“Las elecciones se ganan en las urnas”

Otro de los puntos expuestos por Pachakutik es su preocupación por una posible afectación al proceso electoral.

En su comunicado, el movimiento afirma que las diferencias políticas deben resolverse mediante el voto ciudadano y no a través de procesos judiciales. También expresa su rechazo a cualquier acción que, a su criterio, pueda interferir en el desarrollo de las elecciones.

La organización sostiene que ejercerá su defensa por las vías legales correspondientes y que continuará participando en el proceso electoral.

Las claves del caso

• Ambos gobiernos acordaron reforzar la seguridad en la frontera y ampliar la cooperación frente al crimen organizado transnacional.
  
• Daniel Noboa anunció que se utilizarán drones, sensores y otras herramientas tecnológicas para fortalecer los controles fronterizos.
  
• Ecuador y Perú prevén realizar a finales de este año una nueva reunión del Gabinete Binacional para avanzar en los acuerdos alcanzados.

La seguridad en la frontera entre Ecuador y Perú volverá a convertirse en una prioridad para ambos países. En medio de la creciente preocupación por el tráfico de armas, explosivos y el avance del crimen organizado transnacional, los gobiernos de Daniel Noboa y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunciaron nuevos compromisos para fortalecer el control en la zona limítrofe.

El acercamiento se produjo durante una reunión oficial realizada en Lima, en el marco de las actividades previas a la posesión presidencial de Fujimori.

Ecuador

Reforma de adopciones en Ecuador: ¿Qué cambios aprobó la Asamblea Nacional?

Freddy Josue Andrade Andrade

La seguridad será uno de los ejes de la relación bilateral

Tras el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación entre Ecuador y Perú para enfrentar delitos relacionados con el crimen organizado, reforzar la vigilancia en la frontera y mejorar la coordinación en temas penitenciarios.

Asimismo, ratificaron la intención de mantener una relación estrecha entre ambos países y acordaron impulsar una nueva edición del Gabinete Binacional Ecuador–Perú, prevista para finales de este año en territorio peruano.

Noboa anuncia uso de drones y sensores

En declaraciones posteriores, el presidente Daniel Noboa explicó que uno de los principales objetivos será fortalecer el control de la frontera sur mediante el uso de herramientas tecnológicas.

El mandatario señaló que se prevé incorporar sensores, drones y otros sistemas de vigilancia que permitan detectar con mayor rapidez ingresos irregulares por la frontera.

Noboa sostuvo además que una parte importante del armamento y de los explosivos que ingresan ilegalmente a Ecuador provienen de esa zona fronteriza, por lo que considera necesario reforzar los controles y el intercambio de información entre ambos países.

El jefe de Estado recordó que antes de la reunión ya había mantenido conversaciones con Keiko Fujimori y adelantó que la cooperación en materia de seguridad y el desarrollo de proyectos energéticos serán dos de los principales ejes de la relación bilateral durante los próximos años.

Las claves del caso

• La Asamblea Nacional aprobó la reforma con 118 votos a favor y el proyecto pasará al Ejecutivo para su revisión.
  
• La normativa busca reducir los procesos de adopción a un año mediante la eliminación de trámites duplicados y la simplificación de procedimientos.
  
• La reforma también incorpora cambios relacionados con la pérdida de la patria potestad para agilizar la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Las reformas legales continúan avanzando en Ecuador y una de las que más interés ha despertado en las útlimas horas está relacionada con los procesos de adopción.

La Asamblea Nacional aprobó una normativa que busca agilizar estos trámites y reducir el tiempo que deben esperar los niños, niñas y adolescentes para integrarse a una familia.

La propuesta, que ahora deberá ser analizada por el Ejecutivo, pretende modificar varios procedimientos con el fin de hacer más eficiente el sistema de adopciones en el país.

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Asamblea aprobó la reforma con amplia mayoría

La iniciativa recibió el respaldo de 118 legisladores durante la sesión del Pleno. La propuesta fue impulsada por la asambleísta Diana Jácome y obtuvo el apoyo de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y varios asambleístas independientes, mientras que 25 legisladores optaron por abstenerse.

Según se informó durante el debate, la finalidad es reducir los tiempos que actualmente enfrentan las familias y los menores involucrados en estos procesos.

¿Qué cambios contemplan la reforma?

La normativa incorpora modificaciones en cuatro cuerpos legales para simplificar el procedimiento de adopción.

Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de trámites considerados repetitivos, la reducción de procesos administrativos y judiciales y la incorporación de nuevas causales relacionadas con la pérdida de la patria potestad, con el propósito de agilizar los casos en los que los menores permanecen durante largos períodos sin una definición jurídica.

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Los promotores de la reforma sostienen que estas medidas permitirán que niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un entorno familiar en un menor tiempo.

Uno de los principales objetivos de la reforma es que los procesos de adopción puedan resolverse en aproximadamente un año, una reducción significativa frente a los plazos que actualmente pueden extenderse durante varios años.

Tras la aprobación legislativa, el proyecto será remitido al presidente de la República, quien tendrá un plazo de 30 días para decidir si sanciona la ley o presenta objeciones, conforme al procedimiento establecido en la legislación ecuatoriana.

Lo que debes saber

• Denuncia contra Pachakutik busca suspenderlo e impedir su participación en las elecciones.
• Estrategia electoral del gobierno elimina a la oposición mediante fallos del TCE.
• Analizan presuntas ilegalidades de la Fiscalía y el TCE para proscribir partidos.

Ahora van tras Pachakutik, que es el que les falta. Ayer, martes 28 de julio, el Tribunal de lo Contencioso Electoral (una dependencia de Carondelet) admitió a trámite la denuncia que contra ese partido presentó José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (otra dependencia de Carondelet), por supuestos malos manejos en las cuentas de campaña. El objetivo, obviamente, es la suspensión temporal de Pachakutik con el fin de impedir su participación en las elecciones de noviembre. Ya lo hicieron con los principales adversarios del gobierno, los correístas: sus candidaturas fueron bloqueadas con la proscripción de su propio partido (Revolución Ciudadana) y de aquél que luego les dio cobijo (Amigo). Este doble golpe dejó en la orfandad política a aproximadamente el 30 por ciento del electorado nacional.

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La denuncia a Pachakutik y la proscripción de partidos políticos en Ecuador

En la criptodictadura que nos gobierna (el término fue acuñado por Osvaldo Hurtado y define a la perfección el sistema político impuesto por Daniel Noboa) la anulación de la libertad electoral es apenas la consecuencia lógica de la ejecución de un proyecto de acumulación de poder para perpetuarse en él. Parece que el oficialismo se ha dado cuenta de que su única manera de ganar en noviembre es la eliminación del adversario: lo que el país está viviendo es un fraude electoral en toda regla.

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El rol del Tribunal Contencioso Electoral y la Fiscalía en el proceso electoral

Quizás el mayor logro del gobierno en el operativo de eliminación de los partidos de oposición sea el haber impuesto la falsa idea de que todo es perfectamente legal. Hasta aquellos ciudadanos (analistas incluidos) que son capaces de reconocer la trampa, creen que no hay nada que hacer: que el Contencioso Electoral está facultado, por ejemplo, para suspender un partido por simple solicitud del fiscal general del Estado tras haber iniciado en su contra un proceso de investigación por lavado de activos, como ha ocurrido ya dos veces con el correísmo. No falta quien ha propuesto presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Elecciones en la Corte Constitucional, para borrar del ordenamiento jurídico nacional esa supuesta discrecionalidad que se le concede al fiscal. El problema con esa discrecionalidad, sin embargo, no es que sea inconstitucional: es que no existe.

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¿Qué dicen a propósito de la suspensión del movimiento Amigo los funcionarios que la resolvieron? No el fiscal Carlos Alarcón, que la solicitó, ni el juez Juan Patricio Maldonado, que la dictó, sino las autoridades políticas que controlan a ambos, es decir, los que mandan. José Julio Neira, secretario general de la Administración y operador del noboísmo para los trabajos sucios, abrió su corazón la semana pasada en uno de los medios que el gobierno compró para tal efecto: radio Centro de Guayaquil. Dijo ahí que, en contra del movimiento “Amigo de lo ajeno” (¡cómo se rio Carlos Vera con esta muestra de humor ejercida por el poder contra sus víctimas!), “hay una investigación iniciada por la unidad de lavado de activos de la Fiscalía donde se desconoce el origen de cierto financiamiento en la organización política y eso es lo más importante”.

Análisis jurídico sobre la suspensión de movimientos políticos y la Ley de Elecciones

Tal cual: “lo más importante” es que “se desconoce el origen de cierto financiamiento”. Ante la duda, pretende José Julio Neira que el movimiento Amigo tiene que probar su inocencia. Mientras tanto, es culpable para todos los efectos. Queda, pues, suspendido y privado de sus derechos de participación para las próximas elecciones. Todo lo cual es una atrocidad y una ilegalidad por partida doble.

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La primera ilegalidad es la cometida por el fiscal. Él ni siquiera podía abrir investigación alguna sin una “relación clara y precisa de la infracción” (artículo 430 del Código Orgánica Integral Penal). Según informó el propio Neira, la investigación contra el movimiento Amigo es una derivación del Caso Caja Chica, que sirvió como pretexto para suspender a Revolución Ciudadana, y que se originó en una denuncia con reserva de identidad dizque presentada en la Fiscalía en noviembre de 2025. Ahora nos venimos a enterar de que lo único que tienen es la noción de que “se desconoce el origen de cierto financiamiento”. Es decir que la denuncia anónima no suministró evidencias ni datos concretos y debió, por tanto, ser archivada según prescribe el mismo COIP (artículo 427).

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Luego está la ilegalidad cometida por el Tribunal Contencioso Electoral. Porque no es cierto que basta con que el fiscal abra una investigación por lavado de activos contra un partido o movimiento político y solicite su suspensión para que los jueces se vean obligados a concedérsela. De ser así, bastaría con una ventanilla y un tramitador. El artículo 374 de la Ley General de Elecciones, que citan tanto el fiscal Alarcón en su solicitud como el juez Maldonado en su resolución, es clarísimo al señalar que la sanción se impondrá “mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones electorales”.

Vulneración del debido proceso y denuncias de fraude electoral en Ecuador

¿Qué procedimiento es ese? Está descrito con pelos y señales en el capítulo III de la misma ley y en el reglamento respectivo, e implica que “El juez, una vez que verifique el cumplimiento de requisitos, admitirá a trámite la causa, y en la misma providencia dispondrá se cite al presunto infractor o infractores y señalará día y hora para la práctica de la audiencia única de pruebas y alegatos. Las infracciones electorales serán resueltas dentro de los treinta días posteriores a la fecha en la que se admitió a trámite la causa” (artículo 284). Es decir: cumplimiento de requisitos, audiencia pública, presentación de pruebas y alegatos, plazos, derecho a la defensa, debido proceso… Todo aquello que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral decidieron pasarse por el forro tanto en el caso de la Revolución Ciudadana como en el de Amigo con el argumento (profundamente estúpido) de que basta una investigación abierta y una solicitud del fiscal para privar a los integrantes de un partido político de sus derechos de participación. Sin siquiera oírlos.

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En resumen: esto es un fraude electoral en marcha. La campaña todavía ni comienza, pero el fraude ya ha sido ejecutado: consiste en un operativo político para impedir la participación de varios partidos de oposición, privar a millones de ecuatorianos de su derecho a elegir a los candidatos de su preferencia y manipular, por tanto, su voluntad expresada en las urnas. Todo ello en abierta violación de la Ley de Elecciones, el Código Penal y la Constitución.

Guayaquil

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Tayupanda se desahogó con los medios

La autoridad provincial enfrenta una sanción de seis meses de suspensión de sus derechos de participación y una multa de 12.050 dólares, dictada por el juez electoral Guillermo Ortega. El dictamen argumenta el incumplimiento de una condena previa emitida en septiembre de 2025. Sin embargo, el funcionario sostiene que acató la medida original y retornó a su cargo con el aval documentado del Ministerio del Trabajo.

Durante un abordaje de la prensa respecto a su aporte a la cuenca del río Guayas, el prefecto desvió la temática hacia su situación legal. Tayupanda calificó la resolución del organismo electoral como una persecución orquestada por adversarios. "No quieren que yo gane porque estoy 15 % encima en las encuestas", justificó, al tiempo que recordó su reciente participación en las primarias del movimiento Futuro, lista 20.

El conflicto legal tiene un impacto directo en la operatividad del Gobierno Provincial de Chimborazo. Tras conocerse la primera sanción en 2025, la viceprefecta Mónica Loza impidió el ingreso de Tayupanda al edificio institucional, lo que derivó en un enfrentamiento de competencias y una posterior denuncia por presunta violencia política de género en contra del prefecto.

Aunque el Tribunal Contencioso Electoral desestimó la acusación de violencia política en su reciente resolución, Loza mantiene públicamente su postura de haber marcado un precedente administrativo. Mientras la defensa de Tayupanda, liderada por el abogado Víctor Hugo Ajila, prepara los recursos de apelación y ampliación, la continuidad del prefecto en la papeleta de 2026 queda condicionada a la decisión final que adopte el pleno del organismo jurisdiccional.

Justicia

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El retiro temporal del sector público

Durante la primera sesión de la Mancomunidad del Río Guayas, la autoridad provincial adelantó que priorizará una hoja de ruta con visión prospectiva al 2040, descartando una participación en las seccionales de 2027.

"Después de terminar mi periodo en mayo de 2027, Dios mediante, retomaremos las actividades académicas, profesionales y particulares", detalló el funcionario. Agregó que evaluará un retorno a las papeletas para el año 2029 o 2031, alejándose de las pugnas políticas inmediatas.

Mesura frente a los cuadros de la Revolución Ciudadana

El panorama electoral del movimiento correísta en Manabí enfrenta trabas por una inhabilitación temporal. Rafael Saltos, director provincial de la organización, confirmó previamente que se analizan alianzas con el movimiento Amigo y Sí Podemos para concretar una candidatura de unidad encabezada por Luisa González y Jaime Estrada Medranda.

Al ser consultado directamente sobre el respaldo a González, Orlando optó por no comprometer su capital político y evadió respaldar dicha fórmula. "Bueno, no se sabe los candidatos que vayan a haber. Esperemos que se definan las candidaturas y, como ciudadanos, ejerceremos libremente el voto", sostuvo el prefecto. Respecto a los obstáculos legales del movimiento para las próximas elecciones, el prefecto instó a cumplir los tiempos oficiales de inscripción en el padrón, programados entre el 2 y el 17 de agosto. Exhortó a que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad y respeto democrático.

El reconocimiento institucional a Marcela Aguiñaga

En el marco del evento regional, la autoridad cuestionó que no se mencionara a la exprefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dentro del protocolo oficial. Orlando atribuyó el liderazgo de la integración provincial a la exfuncionaria al recordar que durante su gestión se suscribió el convenio de cooperación. "En la vida hay que ser muy gratos y reconocer a quienes lideran los procesos", sentenció.

Lo que debes saber

• CNE negó la entrega del formulario para la recolección de firmas para una segunda solicitud de revocatoria contra Daniel Noboa.
• Informe jurídico sostiene que los solicitantes de la revocatoria no sustentaron son pruebas su pedido.
• Es el segundo pedido de revocatoria contra Daniel Noboa y María José Pinto negado por parte del CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la entrega del formulario para la recolección de firmas para una segunda solicitud de revocatoria de mandato contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta María José Pinto. El pedido de revocatoria es impulsado por dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y colectivos indígenas.

Política

CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

Solicitud no tenía sustento, dice informe del CNE

El informe jurídico que recomendó negar la entrega de los formularios señaló que la solicitud impulsada por Guido Perugachi, José Villavicencio, Wilson Álvarez, Nelson Erazo y Andrés Quishpe incumplió artículos clave de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así como del reglamento que regula los procesos de democracia directa.

En ese sentido, el informe jurídico indicó que "no se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones ni obligaciones establecidas en la Constitución y la ley". Además, los consejeros señalaron que se adjuntaron memorandos de entendimiento y otros documentos que no prueban el incumplimiento del plan de trabajo.

Primer intento de revocatoria está en el TCE

Este es el segundo intento de revocatoria de mandato contra Daniel Noboa que el CNE niega. Un primer intento, impulsado por Washington Andrade y Leonidas Iza, también fue rechazado, al negársele el acceso a los formularios para la recolección de firmas por una presunta falta de sustento.

Política

Juez del TCE tramita impugnación sobre revocatoria del presidente Daniel Noboa

Carlos Isaac Pino

Aunque los promotores presentaron un pedido de corrección ante el CNE, el recurso fue negado. Actualmente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tramita una impugnación contra esa resolución del CNE. El recurso busca revocar la decisión del organismo electoral para que se entreguen los formularios para la recolección de firmas.

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Tras la firma del TLC con Canadá, Ecuador apunta a 8 nuevos mercados

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El cambio de modelo: Del dragado a la intervención estructural

La sesión de la Asamblea General se desarrolló en el piso 32 del Bankers Club de Guayaquil. Allí se congregaron los prefectos Leonardo Orlando (Manabí), Marcelo Jaramillo (Cañar), Hermel Tayupanda (Chimborazo) y Lourdes Tibán (Cotopaxi, vía telemática). En este espacio, Encalada anunció un giro en la política provincial, calificando la histórica extracción de arena en el estuario del río Guayas como una "solución aislada y cosmética".

La cuenca abarca 34.500 kilómetros cuadrados y aporta el 100 % del agua potabilizada que consume Guayaquil. A pesar de la gravedad de la sedimentación que estrangula los cauces, la Prefectura descartó la contratación de una draga de gran calado para este año, calificando la extracción de arena en el estuario como una "solución aislada y cosmética".

Guayaquil

Prefectura del Guayas descarta plan internacional para el dragado del islote El Palmar

Carlos Isaac Pino

En su lugar, la administración destinará su presupuesto actual a la compra de dragas pequeñas para limpiar ríos tributarios como Jujan, Balao y Milagro. Asimismo, el plan maestro a desarrollarse incluirá los siguientes ejes técnicos:

En unas cortas palabras hacia los medios de comunicación al final del evento, el prefecto Encalada puntualizó que ya se contaba con un consorcio encargado para realizar los estudios al río, y que este es de nacionalidad española. 

No dio su nombre, y dijo desconocerlo, pues es la CAF quien ha gestionado dicho asunto. Previo a la sesión de la Asamblea, los prefectos y autoridades delegadas hicieron un recorrido por el río Guayas, pero sin presencia de los medios de comunicación. 

Política

Juez del TCE tramita impugnación sobre revocatoria del presidente Daniel Noboa

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El juez electoral Ángel Torres Maldonado conducirá el proceso, que representa un nuevo reto para Pachakutik en pleno calendario de las elecciones seccionales.

Plazos y audiencia fijada

Como parte del proceso, el magistrado dispuso citar a los denunciados, quienes cuentan con cinco días para contestar la denuncia y presentar pruebas de descargo. Además, se fijó una audiencia oral única de prueba y alegatos para el próximo 19 de agosto de 2026, en la sede del TCE en Quito.

En esa diligencia, las partes deberán exponer sus argumentos y pruebas antes de que se emita una resolución. El juez advirtió que, de no concurrir en la fecha señalada, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía.

Posibles sanciones

De prosperar la denuncia, las sanciones podrían incluir multas económicas, la suspensión de los derechos políticos de los denunciados e incluso la cancelación de Pachakutik como organización política. Esta última medida tendría un impacto directo en su participación en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

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El escrito de admisión señala que los representantes de Pachakutik deberán designar un abogado defensor o, en su defecto, el tribunal les asignará un defensor público. Las pruebas de descargo deberán ser presentadas en la audiencia convocada.

El CNE tiene previsto abrir el periodo de inscripción de candidaturas entre el 2 y el 17 de agosto. Pachakutik, que históricamente ha tenido presencia en gobiernos locales y en el Consejo de Participación Ciudadana, enfrenta ahora un proceso que podría debilitar su estructura política.

Según detalló la Cancillería peruana, ambos mandatarios reafirmaron el carácter estratégico de la relación diplomática, consolidada tras los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998, y ratificaron la decisión de convocar a finales de este año a una nueva edición del Gabinete Binacional en la capital peruana.

Política

Daniel Noboa llega a Perú para la investidura de Keiko Fujimori

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Coordinación en seguridad e infraestructura penitenciaria

Durante la cita institucional —en la que también participó el canciller designado de Perú, Carlos Espá— las autoridades resaltaron el alto nivel de diálogo alcanzado en la agenda bilateral. En ese espacio, coincidieron en la urgencia de articular acciones conjuntas para frenar la inseguridad ciudadana y compartir estrategias sobre la administración de los sistemas penitenciarios de ambas naciones.

Noboa arribó a la capital peruana con motivo de los actos protocolares de transmisión de mando agendados en el Congreso de la República, en coincidencia con las festividades patrias del país vecino.

Una agenda bilateral enfocada en frontera y energía

La investidura presidencial cuenta con la presencia de nueve jefes de Estado, delegaciones internacionales de 11 países y el rey de España, Felipe VI, entre otros representantes diplomáticos.

Tras la confirmación de la victoria electoral de Fujimori, Noboa enfatizó que ambas naciones enfrentan una "oportunidad histórica para avanzar juntos", señalando además que el resguardo de la zona fronteriza y el desarrollo energético se posicionarán como ejes prioritarios de la relación entre Quito y Lima.

Lo que debes saber

• CIEES: aprobación de Daniel Noboa cae al 21 % en julio por inseguridad y preocupación económica.
• El 58 % identifica la inseguridad como el principal problema de Ecuador, según encuesta de julio.
• Solo el 12 % cree que Ecuador mejorará en seis meses; el 54 % prevé estancamiento.

La calificación positiva a la gestión del presidente Daniel Noboa descendió al 21 % en julio de 2026, el nivel más bajo registrado en lo que va del año, de acuerdo con la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES). 

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El estudio también muestra que la inseguridad continúa siendo el principal factor que explica el pesimismo ciudadano, mientras la economía gana terreno como una preocupación creciente.

Según los resultados, la aprobación presidencial cayó cinco puntos porcentuales respecto a junio, cuando se ubicó en 26 %. El descenso fue generalizado en las dos principales ciudades del país: en Quito pasó del 29 % al 23 %, mientras que en Guayaquil disminuyó del 22 % al 19 %.

El CIEES señala que la confianza en la figura del mandatario alcanza el 27 %, un nivel superior a la evaluación de su gestión. Sin embargo, advierte que ese respaldo aún no se traduce en una percepción positiva sobre los resultados del Gobierno.

La inseguridad sigue marcando el ánimo ciudadano

El informe identifica a la inseguridad como la principal explicación del pesimismo de los ecuatorianos. En el consolidado nacional, el 52 % de los consultados atribuye su percepción negativa a este problema.

La economía representa el 17 % de las respuestas y el mal gobierno el 21 %, lo que, según el análisis, refleja que el descontento también está relacionado con la evaluación que hace la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para responder a los principales desafíos del país.

En menor medida aparece la salud, con un 4 %, indicador que, aunque todavía no estructura el pesimismo, comienza a vincular el malestar ciudadano con la calidad de los servicios públicos.

Quito y Guayaquil muestran preocupaciones distintas

En Guayaquil, la inseguridad concentra el 65 % de las respuestas como causa principal del pesimismo, convirtiéndose en el eje dominante de la percepción ciudadana.

En Quito, en cambio, las preocupaciones aparecen más distribuidas. La inseguridad alcanza el 38 %, el mal gobierno el 30 % y la economía el 22 %. Al sumar las respuestas relacionadas con mal gobierno y corrupción, el componente institucional llega al 36 %, una cifra similar al peso que tiene la inseguridad en la capital.

Política

Por qué bajó la aprobación de Daniel Noboa al 27% según la encuesta Ciees

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Predomina la expectativa de estancamiento

Respecto a las perspectivas para los próximos seis meses, el 12 % considera que el país estará mejor, el 54 % cree que permanecerá igual y el 32 % anticipa un deterioro.

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Aunque disminuyó el porcentaje de quienes esperan que la situación empeore en comparación con junio, el estudio concluye que esto no implica una recuperación de la confianza. Por el contrario, aumentó la percepción de que el país permanecerá sin cambios.

En Quito, el 17 % espera una mejora, el 47 % cree que la situación seguirá igual y el 35 % prevé un escenario peor. En Guayaquil, apenas el 7 % proyecta una mejora, mientras el 61 % considera que el país continuará igual y el 30 % anticipa un deterioro.

Economía gana espacio entre las preocupaciones

La inseguridad continúa siendo el principal problema del país, mencionada por el 58 % de los encuestados, sin variaciones relevantes frente al mes anterior.

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El cambio más significativo se produjo en la preocupación por la economía, que aumentó ocho puntos porcentuales y llegó al 30 %, mientras que las menciones relacionadas con mal gobierno y corrupción descendieron al 13 %.

En Guayaquil, la preocupación económica pasó del 14 % al 29 %, mientras que en Quito aumentó del 26 % al 32 %, consolidándose como la segunda principal inquietud ciudadana.

Lo que debes saber

• Noboa y Peña firmarán acuerdos en Quito el 29 de julio para reforzar seguridad y justicia.
• Ecuador y Paraguay pactarán extradición e intercambio de información por cooperación bilateral.
  
  
• La visita de Santiago Peña busca ampliar la coordinación contra el crimen organizado regional.

Los gobiernos de Ecuador y Paraguay tienen previsto suscribir siete acuerdos y memorandos de entendimiento durante la visita oficial que realizará esta semana a la capital ecuatoriana el presidente paraguayo, Santiago Peña, en una agenda centrada en seguridad, justicia, cooperación institucional y movilidad.

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La reunión entre Peña y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se producirá después de que ambos mandatarios coincidan en Lima durante la ceremonia de investidura presidencial de Perú. 

Posteriormente, el jefe de Estado paraguayo cumplirá actividades oficiales en Quito como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Seguridad y justicia concentran la agenda bilateral

Entre los instrumentos que se espera firmar constan acuerdos relacionados con:

La agenda también contempla memorandos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias institucionales, así como iniciativas enfocadas en la protección y empoderamiento de las mujeres. Los dos gobiernos prevén además suscribir una declaración conjunta sobre los compromisos alcanzados durante la visita.

Ecuador

Noboa amplía búsqueda de medicinas a Colombia, Argentina y Costa Rica

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Cooperación frente a desafíos regionales

La seguridad aparece como uno de los principales ejes del encuentro en un contexto regional marcado por la expansión de redes del crimen organizado transnacional. 

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Ecuador ha intensificado en los últimos años su estrategia de cooperación internacional para enfrentar fenómenos relacionados con narcotráfico, violencia y economías ilícitas.

En ese marco, los acuerdos previstos buscan establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información entre instituciones de ambos países, especialmente en áreas vinculadas con justicia y seguridad.

Un vínculo que busca ampliarse

La visita de Peña ocurre semanas después del encuentro que mantuvo con Noboa en Paraguay durante la Cumbre del Mercosur, donde ambos gobiernos abordaron temas de integración, cooperación y seguridad.

Además, en abril de este año, durante la visita a Quito del canciller paraguayo Rubén Ramírez, Ecuador planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y planteó a Paraguay analizar la catalogación de organizaciones criminales ecuatorianas como grupos terroristas.

Con la firma de estos acuerdos, Ecuador y Paraguay buscan ampliar los mecanismos de coordinación bilateral en áreas consideradas estratégicas para ambos gobiernos, especialmente en materia de seguridad, cooperación judicial, comercio y desarrollo institucional

Las claves del caso

• El Concejo de Guayaquil conocerá la terna para designar al nuevo Secretario General, tras la renuncia de Jaime Tejada.
• La elección será el primer punto del orden del día.
• Paulo Salas Plúas ejerce actualmente como Secretario General encargado.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, remitió este lunes 27 de julio de 2026 al Concejo Municipal la terna para designar al nuevo Secretario General del Concejo, luego de la renuncia presentada por Jaime Tejada.

El documento enviado a los concejales establece que la elección del nuevo Secretario General será el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria prevista para el jueves 30 de julio de 2026.

Guayaquil

Jaime Tejada renuncia a la Secretaría del Municipio de Guayaquil

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La terna propuesta por la alcaldesa subrogante está integrada por tres profesionales del Derecho:

Actualmente, Paulo Salas Plúas se desempeña como Secretario General encargado, función que asumió tras la salida de Jaime Tejada.

Renuncia de Jaime Tejada

El proceso de designación ocurre después de que Jaime Tejada presentara su renuncia al cargo el lunes 20 de julio de 2026, lo que obligó al Municipio de Guayaquil a iniciar el procedimiento para nombrar a su reemplazo.

Guayaquil

Municipio de Guayaquil cambia director de Patrimonio: Daniel Merchán reemplaza a Nogales

Juan Ponce Merchán

De acuerdo con la misión institucional del Municipio de Guayaquil, la Secretaría General proporciona asistencia legal, soporte técnico y administrativo al Concejo Municipal, sus comisiones y la Alcaldía.

Entre sus responsabilidades también se encuentran el ingreso, registro y seguimiento de los trámites ciudadanos dentro de sus competencias; la gestión de las comunicaciones provenientes de entidades gubernamentales, organismos internacionales y privados; y la administración del sistema de documentación y archivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

La decisión será este jueves 30

Con la terna ya en conocimiento de los concejales, la expectativa se centra en la sesión del jueves 30 de julio, cuando el cuerpo edilicio deberá resolver quién ocupará de manera oficial la Secretaría General del Concejo Municipal de Guayaquil.

Política

Elecciones 2026: Concejo de Guayaquil está marcado por la fragmentación política

Juan Ponce Merchán

Otro punto que se debatirá el jueves es el segundo debate del proyecto de la tercera reforma a la ordenanza que regula la ocupación del espacio o vía pública mediante la instalación de elementos de seguridad.