Lo que debes saber

• Petro pide liberar a Glas en una reunión en Noboa en Galápagos.
  
• Jorge Glas continúa en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
• Autoridades judiciales han rechazado recursos como el hábeas corpus de Jorge Glas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.

Un pedido reiterado

No es la primera vez que Petro solicita la liberación de Glas. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, el presidente colombiano ha insistido en que el exvicepresidente es víctima de persecución política. 

Incluso, en septiembre de ese mismo año, anunció que Glas había obtenido la nacionalidad colombiana, aunque la Cancillería ecuatoriana negó haber recibido documentación oficial y ratificó que las sentencias en su contra siguen vigentes.

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Petro argumenta que el estado físico de Glas demuestra “tortura psicológica”, comparando su caso con otros que él considera presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, en Ecuador, las autoridades judiciales han rechazado recursos como el hábeas corpus solicitado en diciembre de 2025, manteniendo su reclusión en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Tensiones bilaterales

En enero de 2026, Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel equivalente por parte de Colombia y la suspensión de la venta de electricidad.

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Estos roces se suman a episodios anteriores, como la repatriación de 1.000 presos colombianos en julio de 2025 y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano que llevó a Noboa a la presidencia.

El trasfondo del caso Glas

Jorge Glas se encuentra en la Cárcel del Encuentro por el caso Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción Manabí.

Caso Odebrecht

El 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia negó el último recurso de los sentenciados por el caso Odebrecht, entre ellos Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Desde entonces, la sentencia quedó en firme y debía ejecutarse. Glas y siete personas más recibieron seis años de cárcel, pero cinco años después él es el único que sigue preso. Aún no se han cobrado los $33,4 millones de reparación, pese a que la Procuraduría ha solicitado embargos.

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Caso Sobornos

En septiembre de 2020, la CNJ ratificó la sentencia contra 20 personas por el caso Sobornos, que investigó una red de pagos ilegales durante el gobierno de Rafael Correa. Tanto Correa como Glas fueron condenados a ocho años de cárcel y al pago de $778.224 cada uno como reparación integral. La Procuraduría identificó bienes de Glas en Quito y Atacames, pero hasta finales de 2024 solo se logró embargar un departamento en Esmeraldas. A pesar de ello, la deuda sigue sin ser cubierta.

Caso Reconstrucción de Manabí

La última sentencia contra Jorge Glas corresponde al caso Reconstrucción de Manabí, con el monto más alto de reparación integral. El Tribunal dispuso un pago de $250 millones, dividido entre Glas y Carlos Bernal, de los cuales al exvicepresidente le corresponden $125 millones. Esta cifra representa el 94,1 % de su deuda con el Estado ecuatoriano. Aunque la condena aún no está en firme, la Procuraduría espera activarse para intentar cobrar el monto cuando se ratifique.

La decisión de Yunda responde al nuevo escenario político del país, dijo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recientemente la ejecución de elecciones seccionales anticipadas en Ecuador, lo cual aceleró las definiciones en los movimientos políticos de Quito y Guayaquil.

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Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta

Richard Josue Jimenez Mora

El anuncio oficial en televisión

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, afirmó Yunda de forma directa. Su declaración pone fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato y lo coloca nuevamente en la carrera por el sillón municipal. El exburgomaestre aprovechó el espacio televisivo para ratificar su intención de participar en los comicios que renovarán las autoridades locales, sin dar detalles por qué movimiento político correrá la carrera.

Impacto de las elecciones anticipadas

La modificación del cronograma electoral por parte del CNE movió el tablero político. Este cambio de fechas provocó una serie de alianzas estratégicas y distanciamientos entre las figuras públicas más relevantes del país. En el debate también participó Henry Cucalón, exministro de Gobierno, junto a un panel de especialistas que analizaron las implicaciones de estos comicios inesperados y el rol de CNE, que en los últimos días ha bloqueado a varios movimientos políticos como Unidad Popular o Construye.

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CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

Análisis del escenario electoral

El programa contó con la presencia de Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiago Pérez, director de Clima Social. Los expertos discutieron cómo la fragmentación del voto y los nuevos plazos establecidos por la autoridad electoral influyen en las posibilidades de los aspirantes. Según los analistas, la entrada de Yunda a la contienda redefine las estrategias de los demás partidos políticos en la capital.

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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El señalamiento por la gestión de cuentas

Guayaquil

Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

Juan Ponce Merchán

La fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Luisa González, tras ser allanada por la Policía, en enero pasado, enfatizó su denuncia de que la Fiscal´ía responde a interéses políiticos. Según las declaraciones de Luisa dio en ese momento, Aguiñaga tuvo la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas. Con ese discurso buscó proteger a la directiva que ella integró hasta la llegada de Gabriela Rivadeneira, en 2025.

Política

Rafael Correa atribuye a amenazas la renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura

Carlos Isaac Pino

El conflicto político entre Aguiñaga y González, dos figuras de las más visibles del correísmo, terminó en una separación definitiva a finales de 2025. La exclusión de Aguiñaga de los planes de reelección para 2027 detonó su salida oficial del movimiento, en medio de reproches cruzados sobre la capacidad de trabajo y la lealtad partidaria. Mientras la Prefecta defiende su labor técnica en Guayas, el buró político, con el respaldo de Rafael Correa, impulsa una narrativa de depuración. Esta estrategia incluye la revisión de los aportes económicos gestionados durante el periodo en que la hoy Prefecta lideró el movimiento a escala nacional.

Riesgos en etapa reservada

La etapa de investigación previa permite a la fiscal delegada al caso, Judith Bonilla, vincular a nuevos actores si aparecen indicios de responsabilidad durante la recolección de evidencias. El caso, conocido mediáticamente como Caja Chica, pone bajo la lupa los flujos de dinero que sostuvieron la actividad proselitista de la RC. Para Aguiñaga, el riesgo reside en que cualquier inconsistencia administrativa detectada por la justicia se convierta en una imputación formal. Por ahora, la Prefecta se enfoca en su gestión provincial mientras la sombra de las auditorías internas y judiciales amenaza con alterar su futuro político.

Guayaquil

Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

Diana Sotomayor

Los tres momentos en la relación de Aguiñaga y González

Ecuador

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

El primer gran cisma ocurrió tras la derrota de Luisa González en la segunda vuelta presidencial. Aguiñaga, que en ese entonces era la Presidenta Nacional de la RC, renunció a su cargo de forma sorpresiva a través de un video, mencionando que "en política no debe haber espacio para el rencor".

El motivo real: Se filtró que existían fuertes reclamos internos (especialmente de figuras cercanas a Rafael Correa y la propia Luisa) que cuestionaban la estrategia de campaña y la organización del partido bajo el mando de Aguiñaga.

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Carlos Isaac Pino

En el contexto de la reorganización del partido, Luisa González asumió la presidencia de la RC. Fue en este periodo donde surgieron comentarios sobre la administración financiera y logística del movimiento. "Marcela manejaba las cuentas", dijo Luisa.

A lo largo de los últimos dos años, el tono ha subido. Mientras Aguiñaga se enfocaba en su gestión como Prefecta del Guayas (buscando una imagen más técnica y de consenso), Luisa González mantenía la línea dura del partido. En este contexto, Aguiñaga respondió a las críticas internas con una frase lapidaria: "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos". Fue un dardo directo a Luisa, quien no ha ganado una elección ejecutiva propia.

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Ecuador

El referéndum que avala quitar poder al CPCCS no fue un pedido de tregua de la Corte

Alfonso Albán

La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023.

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

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Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor.

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

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Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales.

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

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Todos los poderes en las Comisiones Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Guayaquil

Aguiñaga: ¿Cómo se elegirá al reemplazo de Carlos Serrano en la Viceprefectura?

Carlos Isaac Pino

Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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La salida de una de las figuras con mayor capital político en la región —motivada por una compleja y sensible situación de salud familiar— da paso a una etapa de transición bajo el mando del actual viceprefecto, Carlos Serrano. Este relevo ocurre en un momento crítico para la provincia, donde la seguridad, la inversión en infraestructura y el desarrollo agropecuario demandan una continuidad institucional que ahora deberá ser gestionada por un perfil más técnico y empresarial. Sin embargo, este movimiento no es meramente administrativo; representa un hito que obliga a las fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, a recalcular sus estrategias ante un vacío de liderazgo que pone a prueba la capacidad de transferencia de apoyo popular hacia su sucesor.

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Marcela Aguiñaga deja el cargo: los proyectos que quedan en riesgo

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¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Perspectiva experta: ¿Retiro táctico o fin de un ciclo político?

Para el politólogo José Luis Morales, esta renuncia no puede leerse como un evento aislado, sino como un movimiento estratégico en un tablero de "ajedrez político" donde "nada es casual". Morales sostiene que, aunque la funcionaria apeló a motivos personales, la decisión coincide con un periodo de alta confrontación entre los gobiernos seccionales y el Ejecutivo, sugiriendo que Aguiñaga pudo haber tomado esta ruta tras evaluar riesgos de persecución política o procesos en organismos de control. "Es bastante inteligente decir inmediatamente no voy a lanzarme... desaparezco políticamente, puedo volver", afirma el experto, quien ve en este retiro una forma de preservar su imagen frente al desgaste del conflicto directo con el Gobierno Nacional.

En este nuevo escenario, el movimiento oficialista ADN surge como el actor con mayores posibilidades de crecimiento. Morales destaca que la organización del presidente Daniel Noboa ha demostrado gran habilidad articulando con cuadros disidentes, por lo que podría capitalizar el cansancio del electorado hacia partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC). "Quien veo con más chances de entrar sería ADN", afirma el analista, subrayando que la cercanía geográfica y política con Santa Elena convierte a Guayaquil y al Guayas en un objetivo estratégico para el Gobierno.

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Renuncia en Guayas: los retos que enfrenta Carlos Serrano al asumir la Prefectura

Juan Pablo Pérez Tomalá

El desafío de Carlos Serrano

Respecto a Carlos Serrano, quien asumirá el cargo el 14 de mayo, Morales considera que su éxito dependerá de su capacidad para generar alianzas inmediatas y definir quién será su segunda al mando para cumplir con la paridad de género. Para el analista, Serrano tiene la oportunidad de "lucirse" y utilizar la gestión como un bastión político propio, siempre que logre concluir con eficiencia las obras pendientes. De ser así, el retiro de Aguiñaga se confirmaría como una jugada táctica: al alejarse del foco público en un momento donde la política es un "deporte de alto riesgo", ella preserva su imagen y evita un desgaste mayor. "Sales como una persona virtuosa porque dijiste: yo tomé la decisión de irme por circunstancias personales", concluye Morales, dejando abierta la puerta para un retorno en futuros ciclos electorales.

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Marcela Aguiñaga y su estrategia electoral: ¿Cuáles son sus posibles aliados?

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Análisis: El fin del liderazgo personalista y la orfandad del voto

Por su parte, el politólogo Santiago Pérez Samaniego coincide en que la salida de Aguiñaga representa una fractura profunda en el electorado, aunque advierte que el voto no migrará "en bloque". Según Pérez, existen dos capas de votantes en conflicto: el ideológico, que probablemente retornará a la Revolución Ciudadana (RC) por su estructura y memoria electoral, y un segmento "personalista" vinculado estrictamente a la figura de la prefecta. Este último grupo, que valora el perfil individual de Aguiñaga por encima de la disciplina partidista, corre el riesgo de dispersarse hacia la abstención o hacia opciones de centro y oficialistas.

El desgaste de un ciclo y el vacío de poder

Bajo esta óptica, Pérez Samaniego sostiene que el fin de la etapa de Aguiñaga comenzó antes de su renuncia formal. Políticamente, su ruptura con la RC en diciembre de 2025 marcó el inicio de un desgaste que la dejó sin el "paraguas orgánico" necesario para una reelección sólida. "La ruptura con la RC cambió su visibilidad política y esta crisis familiar aceleró esa salida", explica el experto, subrayando que el correísmo actual carece de una figura con la misma potencia electoral individual y combinación de atributos —experiencia pública y arraigo territorial— que ostentaba la funcionaria saliente.

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¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Serrano: De la narrativa social a la gestión técnica

En cuanto a la sucesión, Pérez Samaniego —en contraste con algunos matices de Morales— sostiene que lo más razonable para el nuevo prefecto sería adoptar una línea estrictamente técnica y mantener un bajo perfil político. El analista advierte que intentar replicar el liderazgo de Aguiñaga implicaría un alto riesgo, considerando el peso nacional de su figura. En ese escenario, anticipa un giro en las prioridades de gestión: pasar de una narrativa de alta exposición social hacia un enfoque más orientado al sector rural, la producción y la articulación empresarial, características que definirían el sello propio de Serrano.

Esta transición, en definitiva, sitúa al oficialismo (ADN) como el actor mejor posicionado para crecer sobre los vacíos de poder y capitalizar una oposición atomizada. No obstante, Pérez no descarta una reanimación del Partido Social Cristiano en lo local, siempre que logre reunificar el voto anticorreísta ante la ausencia de un rostro provincial fuerte en la RC.

Ecuador

Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri: Binomio electoral descartado ¿Cuál es el motivo?

Alfonso Albán

Como conclusión compartida por ambos expertos, la clave para entender esta dinámica no es solo la partida de Marcela Aguiñaga, sino el contexto de su salida: una renuncia que ocurre tras romper con la organización que la llevó al poder, dejando un mapa político en Guayas que deberá dibujarse de cero.

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Política

Revolución Ciudadana exige a Daniel Noboa una "tregua arancelaria" con Colombia

Marco Rivera

Villavicencio enfatizó que el Día del Trabajo no es una fecha de descanso, sino de reivindicación. El líder sindical recordó la historia de la fecha lograda por los trabajadores. “No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemoran este cerca de 140 años por las 8 horas de trabajo”. Además, insistió en que la movilización es una expresión de derechos.

El líder sindical cuestionó la decisión gubernamental de mover el feriado. Consideró que se trata de una estrategia para debilitar la protesta social. “Ni su maniobra política va a hacer que los trabajadores y los pueblos no nos movilicemos el primero de mayo”, afirmó. También ratificó la convocatoria en defensa del trabajo, la salud y la democracia.

Protestas del 1 de mayo en Ecuador: rechazo a medidas del Gobierno

Política

UNE anuncia movilizaciones por IVA al 15% en productos básicos: ¿cuándo serán?

Marco Rivera

El dirigente aseguró que el cambio del feriado tiene un trasfondo político. Según explicó, el Gobierno busca reducir la presencia ciudadana en las calles. A su criterio, la movilización no solo conmemora la fecha histórica. También representa un rechazo a las políticas actuales.

Villavicencio fue más allá y criticó la gestión del Ejecutivo. “Es una maniobra mañosa por parte del gobierno”, declaró. Sostuvo que la intención es disminuir el impacto de las protestas. Además, acusó al presidente de aplicar medidas que afectan a los trabajadores.

En ese contexto, insistió en que el feriado no debía modificarse. Argumentó que el 1 de mayo caía en viernes y debía mantenerse. “No tenía que cambiarse ni adelantarse ni atrasarse”, indicó. Reiteró que las organizaciones saldrán a las calles en todo el país.

Gremios en Ecuador protestan por alza del IVA en productos básicos

Las movilizaciones también están impulsadas por reclamos económicos. La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció protestas contra medidas del Gobierno. Entre ellas, el incremento del IVA al 15% en productos básicos. Las manifestaciones están previstas para el 8 de abril y el 1 de mayo.

El gremio advirtió que más de 60 productos de primera necesidad están afectados. Entre ellos figuran alimentos como leche, yogurt, queso, pan y fideos. También se incluyen bebidas como jugos. “No estamos hablando de lujos, estamos hablando de la comida diaria de nuestras familias”, señala el comunicado.

Según la UNE, estas decisiones agravan la situación económica del país. El incremento impacta directamente en el costo de vida. Además, golpea el consumo diario de los hogares ecuatorianos. La organización sostiene que la medida profundiza la crisis.

Política

UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra ley de los GAD en la Corte

Costo de vida en Ecuador: brecha entre salario y canasta básica

Según la organización de educadores, el alza de precios afecta la Canasta Familiar Básica Nacional. En enero de 2026, este indicador alcanzó los 821,80 dólares. Sin embargo, el salario básico en Ecuador se mantiene en 482 dólares. Esto refleja una brecha significativa entre ingresos y gastos.

La UNE advirtió que esta diferencia continúa ampliándose. Según el gremio, las familias enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades. El incremento del IVA agrava esta situación. La presión económica se vuelve cada vez más evidente.

En este escenario, las marchas buscan visibilizar el impacto de las medidas. Los gremios coinciden en que el problema no es solo laboral. También responde a una crisis económica más amplia. Por ello, mantienen su convocatoria a nivel nacional.

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Política

Toque de queda Ecuador: ¿fue clave o estrategia oculta? Giancarlo Loffredo responde

Marco Rivera

Rodríguez afirmó que la medida responde a un reclamo directo desde los territorios fronterizos de Ecuador. Según su publicación, la política arancelaria vigente ha generado un impacto negativo en la economía local. Además, cuestionó la falta de respuestas inmediatas desde el Ejecutivo frente a la situación.

“No permitiremos que se siga gobernando de espaldas a la realidad: su política arancelaria es un golpe bajo”, escribió el legislador. En el mismo mensaje, insistió en que la crisis afecta directamente a quienes dependen del comercio fronterizo. También advirtió que la situación está debilitando la integración con Colombia.

Pedidos urgentes al Gobierno de Noboa

Economía y negocios

Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

Mayra Pacheco Pazmiño

El documento también solicita la reactivación del diálogo binacional entre Ecuador y Colombia. Los asambleístas consideran fundamental retomar conversaciones para abordar temas comerciales, energéticos y de seguridad. Esto incluiría la convocatoria al Gabinete Binacional entre ambos países.

Otro de los puntos clave es la normalización de los pasos fronterizos. El texto destaca la importancia de garantizar una circulación segura y continua, especialmente en zonas como el puente sobre el río Mataje. Según el documento, esto ayudaría a reducir el contrabando y las economías ilegales.

Asimismo, se propone implementar una política integral de seguridad con enfoque binacional. Esto implicaría fortalecer la cooperación en inteligencia y control del crimen organizado. También se pide evitar medidas que afecten el comercio legal o criminalicen la economía popular.

Integración regional y presión política

La bancada plantea además la activación de mecanismos de la Comunidad Andina. El objetivo es restablecer el orden jurídico comunitario y facilitar el diálogo entre Estados. También buscan garantizar soluciones sostenibles en el marco del derecho andino.

Otro pedido incluye convocar a actores productivos y territoriales de ambos países. La intención es generar un espacio de encuentro que permita construir soluciones conjuntas. Esto apunta a mitigar los efectos de la crisis en la frontera.

“La integración binacional no es un eslogan”, señaló Rodríguez. El asambleísta insistió en que se requieren decisiones coordinadas y urgentes. También calificó como inaceptable que “decisiones de escritorio” profundicen la crisis social.

Ecuador

Ecuador y la UE sellan pacto antidrogas: ¿respuesta estructural o reacción tardía?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Advertencia sobre impacto social y económico

El documento advierte que la falta de una salida dialogada podría agravar la crisis económica y social. Los legisladores sostienen que esto debilitaría la integración andina y afectaría la gobernabilidad territorial. También alertan sobre el impacto en regiones históricamente vulnerables.

Finalmente, la bancada insiste en la necesidad de decisiones firmes pero coherentes con la realidad territorial. Señalan que las medidas deben alinearse con los compromisos internacionales del país. En ese contexto, reiteran el llamado a una respuesta inmediata del Ejecutivo.

El oficio concluye con una lista de firmantes que respaldan la solicitud. Entre los asambleístas que suscriben el pedido constan:

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Política

Loffredo: "No siempre podemos tener éxito en todas las operaciones que hacemos"

Marco Rivera

“No era cualquier tipo de delincuencia”, afirmó Loffredo, al detallar que los llamados “gatilleros” eran parte central de los operativos. Explicó que estos actores, aunque no sean líderes, son quienes generan violencia directa en los territorios. “De eso levantamos a mucho”, señaló, al referirse a las detenciones realizadas. Sin embargo, reconoció que no cuenta con cifras sobre cuántos detenidos han sido liberados.

“No tengo esa estadística, esperemos que la mayoría se quede entre las rejas”, dijo el ministro. Añadió que el seguimiento judicial corresponde principalmente a la Policía y al Ministerio del Interior. Indicó que las Fuerzas Armadas no reciben retroalimentación directa sobre el destino de los capturados. Aun así, aseguró que existe compromiso institucional para vigilar el proceso.

Resultados operativos y objetivos inesperados en Ecuador

Política

González tras decisión del CAL sobre Diana Jácome: "El que tiene padrino se bautiza"

Marco Rivera

Loffredo detalló que inicialmente se planificaron 39 objetivos militares de impacto, pero finalmente se ejecutaron acciones sobre 60. Esto se debió a la aparición de los llamados “blancos de oportunidad”, surgidos durante los operativos. “Por información empiezas a tener nuevos objetivos y los vas atacando”, explicó. Estos datos, dijo, provienen de capturas previas y permiten ampliar el alcance de las intervenciones.

El ministro también destacó el rol de la ciudadanía durante el toque de queda.egún señaló, hubo “una madurez” que facilitó las operaciones sin mayores incidentes. Afirmó que no se registraron daños colaterales significativos durante las intervenciones. Esto permitió mantener el control territorial mientras se ejecutaban las acciones.

Sobre la medida restrictiva, explicó que el toque de queda tenía múltiples objetivos estratégicos. Uno de ellos era evitar enfrentamientos con civiles en caso de fugas o reacciones violentas.Otro, facilitar el uso de tecnología de inteligencia en un entorno controlado. “Tengo la ciudad desierta, para mí es más fácil utilizar ciertos equipos”, indicó.

Estrategia militar y control territorial durante el toque de queda

El control del movimiento fue clave para debilitar la estructura operativa de los grupos delictivos. Loffredo explicó que estas organizaciones cuentan con sistemas de vigilancia propios. “Estos delincuentes tienen anillos de vigilancia con cámaras y campaneros”, afirmó. Por ello, una de las primeras acciones fue retirar cámaras en los territorios intervenidos.

El toque de queda permitió neutralizar a los “campaneros”, quienes alertan sobre presencia policial o militar. “Nos aseguramos que no hubieran cuando íbamos a buscar a estos objetivos”, señaló. Esto redujo significativamente la capacidad de reacción de los grupos criminales. La combinación de tecnología y control de movilidad fue determinante.

Sin embargo, surgió cuestionamiento sobre el anuncio previo de los operativos. Se planteó que advertir con 15 días de anticipación pudo facilitar la fuga de objetivos. Ante esto, Loffredo defendió la estrategia utilizada en operaciones militares. Indicó que lo visible no siempre refleja la totalidad del plan ejecutado.

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El ministro relató un caso en Buenos Aires para explicar la lógica operativa. “Les avisamos que íbamos a entrar a bombardear”, dijo sobre una intervención anterior. A pesar del aviso, se estableció un cerco estratégico para capturar a los implicados. “Cogimos a 11, nos enfrentamos con ellos”, detalló.

En ese enfrentamiento, reconoció que hubo intercambio de disparos. “Ellos respondieron con fuego… pero más nosotros a ellos”, afirmó. Con este ejemplo, buscó demostrar que la anticipación puede formar parte de una táctica. No necesariamente implica pérdida de efectividad en la operación.

Finalmente, Loffredo subrayó que la desinformación también es parte de la guerra. “No siempre lo que se ve es solo la superficie”, sostuvo. Explicó que existen estrategias paralelas que no se hacen públicas. Estas buscan sorprender y reducir la capacidad de respuesta del enemigo.

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El ministro explicó que una de las principales limitaciones es la dinámica de la guerra simétrica. “Estos grupos armados organizados se mimetizan con la población”, señaló, al detallar los desafíos para identificar objetivos en zonas habitadas. Añadió que no es una estrategia nueva ocultar actividades bajo estructuras civiles. Esto, dijo, complica el accionar militar en la frontera norte.

También indicó que el uso de testaferros es una práctica recurrente en estos grupos. Loffredo mencionó a alias “Mono Tole” como uno de los objetivos priorizados desde 2023. Según afirmó, su estructura estaría vinculada a la emboscada en Alto Punino donde murieron 11 militares. Además, lo relacionó con ataques a unidades de inteligencia en Barranca Bermeja.

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El ministro sostuvo que “Mono Tole” es un objetivo militar tanto para Ecuador como para Colombia. Explicó que desde 2025 se tenía identificado un sitio utilizado como lugar de descanso del grupo. En ese espacio, aseguró, existían instalaciones de entrenamiento. “Había un polígono de arma corta, uno de arma larga, una zona de descanso”, detalló.

Según indicó, ese campamento fue destruido en una primera incursión en 2025. Posteriormente, en 2026, se ejecutó otra operación en la que se atacó la vivienda del presunto líder. Loffredo afirmó que en el lugar se encontraron evidencias visuales. “Está el video donde entra el equipo de Recon de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Añadió que en ese registro se observan fotografías del objetivo con su familia. Esto confirmaría el uso del inmueble como refugio. Las operaciones, según dijo, buscan eliminar tanto infraestructura como espacios de resguardo. Todo forma parte de una estrategia integral en la zona fronteriza.

Estrategia militar y destrucción de campamentos

Durante la entrevista, el entrevistador cuestionó la utilidad de bombardear un sitio aparentemente vacío. Frente a ello, Loffredo explicó que estas acciones buscan impedir que los lugares sean reutilizados. Señaló que eliminar estos espacios reduce las opciones de escondite. Además, forma parte de una presión sostenida.

“Sitio que acomoden, sitio que les vamos a destruir hasta quedemos con ustedes”, expresó. Según dijo, este tipo de medidas también impacta en la moral de los grupos armados. La estrategia apunta a debilitar su capacidad de operación. Recalcó que se trata de un enfoque global.

El ministro defendió además el análisis detrás de estas decisiones. “Las estrategias operacionales… están concebidas por personas que tienen mucha más capacidad de análisis”, afirmó. De esta manera respondió a cuestionamientos sobre la lógica de los bombardeos. Insistió en que las decisiones responden a criterios técnicos.

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Raúl Iván González, presidente de Construye, dialogó con EXPRESO sobre la participación del movimiento en las próximas elecciones y la cancelación de la tienda política.

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- ¿Cómo recibe el argumento del Consejo Nacional Electoral para cancelar al movimiento Construye?

- Lo tomamos como un acto en el cual, la administración pareciera desconocer el proceso histórico que ha tenido el movimiento. Según el informe técnico, hecho por la Dirección de Organizaciones Políticas, dice que nuestra organización política tiene cero adherentes permanentes; esto significaría que ni los miembros directivos de la organización están adheridos a ella.

El CNE nos ha acompañado en las primarias y en elecciones de directivas; un requisito es el padrón.-

- ¿Ustedes recibieron correos donde les indicaban quiénes se desafiliaban?

- Nosotros, desde 2018, cuando retomamos nuestra personería jurídica, jamás hemos sido notificados de una sola desafiliación. El CNE no nos ha informado.

- ¿Han consultado al CNE por qué no le han notificado las desafiliaciones?

- Sí, hemos hecho un pedido de información, el 23 de marzo de este año, solicitándoles que nos envíe las notificaciones o, al menos, las copias certificadas de todas las solicitudes de desafiliación del movimiento.

- ¿Han recibido respuesta?

- No, no hemos recibido ninguna respuesta.

- Desde su perspectiva, ¿este proceso responde a criterios técnicos o políticos?

- Para nosotros, esto es un problema político porque se vio la insistencia de la presidente del Consejo en tomar esta resolución. (Pero) Si es un tema político, la defensa se vuelve compleja; si es un tema jurídico, nosotros en derecho nos podremos defender.

- ¿Ustedes creen que les devolverán la personería jurídica, como en 2018, luego de las seccionales?

- Nosotros agotaremos todos los recursos como lo hicimos anteriormente.

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- ¿Cómo evalúa el cambio del calendario electoral?

- Es para favorecer a un jugador.

Siempre debería parecernos terrible que se cambien las reglas de juego para intentar favorecer a una fuerza política.-

- ¿Esa decisión a ustedes lo perjudica o no?

- Siempre vamos a plantear alternativas; siempre vamos a discutir posibilidades de alianzas, como lo hemos hecho siempre en la participación política. A veces tenemos un resultado bueno y a veces no.

- En el caso de que no tengan la personería jurídica, ¿ustedes piensan participarán en alianza con alguna organización política?

- Cuando decidimos formar una organización política, decidimos formarla porque no coincidíamos del todo con las otras organizaciones políticas. A nuestros compañeros, quienes aspiran y esperan ser candidatos en distintas localidades del país, están liberados; eso es lo que les digo, a diferencia de los señores de otros movimientos que están llamando a desafiliarse, a nosotros nos han dado desafiliando a todos.

- Es decir, ¿todos los cuadros de Construye podrán participar con otras tiendas políticas?

- Claro, porque no han estado afiliados nunca, según el CNE. Ellos no estarían impedidos de participar por ninguna organización política, si así lo quisieran hacer. Pero en sí, el movimiento no estaría buscando alianzas para participar con el nombre de Construye; pero si se mantiene en la papeleta, lo hará e impulsará los procesos de alianza que correspondan con la mayor cantidad de organizaciones políticas en los que podamos confluir en una tendencia para confrontar el autoritarismo.

- ¿Por qué?

- Porque lo que está en juego en el país es la democracia, cuando se cooptan instituciones, cuando se busca controlar todos los poderes del Estado, se pone en riesgo la democracia; eso es algo en lo que nosotros creemos y lo defenderemos si es que así llega a pasar. Si se actúa en derecho eso debería ocurrir, pero lamentablemente estamos en un momento político en el que el derecho no es la herramienta fundamental con la que se está actuando.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Bastan pocos ejemplos: mientras el 2025 cerraba como el año más violento en la historia del país, una nueva crisis institucional emergía en la Judicatura a raíz del juicio político a Mario Godoy. Simultáneamente, mientras el desabastecimiento de medicinas persiste, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales y los jueces de la Corte Constitucional (CC) han sido puestos bajo la lupa.

El rol del Ejecutivo: ¿revocatoria del mandato?

Aunque la inestabilidad no es un fenómeno nuevo, la posibilidad de superar esta multiplicidad de problemas depende, en primera instancia, de reconocer que existe un interés del Ejecutivo por incidir en cada espacio de la institucionalidad. Así lo sostiene el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta Espinosa.

Para ello, Acosta propone una salida drástica: la revocatoria del mandato. “Dentro del marco institucional, apegados a la Constitución y la ley, hay que desplegar acciones para frenar las pretensiones dictatoriales de Noboa”, afirma, aunque reconoce su desconfianza hacia el CNE y admite que este es un camino sumamente complejo.

Este Diario intentó contactar a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y a varios asambleístas de la bancada de ADN para conocer su postura ante el posible inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Problemas de instituciones se luchas con más institucionalidad

Por su parte, el constitucionalista José Chalco recuerda que no todos los líos son recientes y no todos dependen del Ejecutivo. Además, hace hincapié en que las soluciones aún reposan en la institucionalidad y la Carta Magna. De hecho, identifica a la Corte Constitucional como el órgano clave para garantizar que las decisiones estatales no sean excesivas y se mantenga el orden jurídico.

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“Hay que entender que no se trata de defender un texto constitucional en abstracto, sino un orden constitucional. Un respeto a instituciones y a mínimos jurídicos. Es una cuestión de defensa al Estado Constitucional. El país requiere servidores y funcionarios públicos con talla de Estado”, comenta Chalco.

Corte Constitucional, ejemplo del riesgo existente

No obstante, la autoridad de la Corte ha sido cuestionada recientemente tras conocerse que varios magistrados están en la mira de la Contraloría General del Estado e incluso podrían ser investigados por la Fiscalía General, acciones que diversos sectores han calificado como “acoso institucional”.

En contraste, el exasambleísta Andrés Páez sostiene que las observaciones a los jueces no tienen relación con el Ejecutivo y son, por el contrario, una muestra del funcionamiento institucional, al ser un procedimiento estándar aplicado a todo servidor público.

El poder ciudadano como última frontera

Para Acosta, la lectura es opuesta: considera que la Corte Constitucional es el último espacio de resistencia frente al Gobierno. Ante la erosión de la confianza en las instituciones, sostiene que al país solo le queda la resistencia ciudadana, ejercida en las calles y en las urnas.

“No solo hay la revocatoria del mandato o la destituidos a través de la Asamblea Nacional, sino la resistencia popular que podría forzar la renuncia de Daniel Noboa. Todo, menos la dictadura, como decía Eloy Alfaro”, comenta, enfatizando que estos problemas solo se acabarán con la “Constitución y la ley en la mano”.

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De acuerdo con la agenda legislativa, los asambleístas sesionarán este martes 7 de abril de 2026, a las 10:00, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, para conocer tres proyectos de ley.

La agenda de la Asamblea Nacional

La agenda de la sesión 83 de la Asamblea tiene cuatro puntos:

Las sesiones de la Asamblea en Quito y Machala

La última sesión plenaria de la Asamblea Nacional realizada en Quito fue el 26 de marzo de 2026 para, entre otros temas, aprobar el proyecto de Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional enviado por el Ejecutivo.

Durante las sesiones del 30 y 31 de marzo de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó a los asambleístas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

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Las provincias y cantones bajo la medida

La disposición presidencial no abarca todo el territorio nacional, sino que se concentra en nueve provincias y cuatro cantones específicos donde se ha identificado una mayor actividad de estructuras de delincuencia organizada.

Política

¿Hay toque de queda en Ecuador? Esto es lo que realmente dice el decreto 353

Marco Rivera

Provincias afectadas:

Cantones adicionales:

Derechos suspendidos: Inviolabilidad de domicilio y correspondencia

El decreto establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que faculta a la fuerza pública a realizar allanamientos inmediatos sin orden judicial previa, siempre que existan indicios de que en el inmueble se ocultan miembros de grupos armados o se almacenen armas y drogas.

Asimismo, se suspende la inviolabilidad de correspondencia. Esto permite la identificación y análisis de información pertinente para neutralizar amenazas, bajo un informe motivado que justifique la excepcionalidad de la medida.

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Estado de excepción en Ecuador: qué significa y qué cambia este feriado

Marco Rivera

Requisición de bienes y antecedentes

Aunque no se ha decretado un toque de queda general en este documento, el Gobierno mantiene la potestad de requisar bienes y servicios de origen ilícito que sean necesarios para la continuidad de las operaciones de seguridad.

Esta decisión se suma a las intervenciones realizadas en la segunda quincena de marzo de 2026, donde provincias como Guayas y Los Ríos ya experimentaron restricciones de movilidad para golpear la economía criminal.

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En paralelo, desde la Asamblea Nacional, iniciativas como la reforma al Cootad, más la Ley Lootugs, entre otras, apuntan a un rediseño del alcance de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Eso ha reavivado el debate sobre los límites de la autonomía local frente al poder central.

En esa línea, Juan José Illingworth, defensor de la descentralización, dice que le parece preocupante, “una orientación hacia acumular más poder y a debilitar el poder local”. Lo leo —apunta— a través de distintas iniciativas. En la que se aprobó (Lootugs, de Ordenamiento Territorial) se interviene en la potestad municipal de decidir sobre el uso del suelo”.

A su criterio eso afecta la autonomía de los municipios. También en la reforma al Cootad, que habla de eficiencia en el uso de recursos. “La veo como un intento de debilitar las finanzas de los GAD para cubrir falencias financieras del Gobierno central”.

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Paola Pabón: la reforma al Cootad busca controlar a los gobiernos locales

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ADN quiere que matriculación vehicular sea competencia exclusiva del Ejecutivo

Daniel Alejandro Romero Páez

Lo que viene con el Cootad

De lo contrario, precisa, “no se habría colocado una penalidad, para quitarle la plata, 35 % de asignaciones, sino en premiar a los que cumplen. En los considerandos se reconoce que los GAD en su conjunto destinan 40 % de todo su presupuesto a inversión y el Gobierno central, solo 4 %”.

¿Qué acciones ha hecho el Ejecutivo sobre GAD?

Illingorwth identifica acciones que van en detrimento de la autonomía de los GAD. Menciona las intervenciones a Segura EP de Guayaquil, a la Empresa de Tránsito de Samborondón, el intento de tomar el control de la Autoridad Portuaria, con una reorganización del directorio.

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La Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene nuevo gerente

Lina Zambrano

Sobre la aprobación de leyes como la Lootugs

En contraste, el arquitecto Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, anota que hay un “total abandono de las responsabilidades del Estado en salud y educación”. Por lo que no le parece que el Ejecutivo “se inmiscuya en competencias que no son suyas, zapatero a tus zapatos”.

Eso en relación a la aprobación de leyes como la Lootugs y otra que está en trámite para supuestamente incentivar la construcción de vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional.

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Polémica por agua en Cuenca: Noboa denuncia contaminación y apunta a ETAPA

Rosero Mariela

“Debe haber coordinación en políticas macro, existían instituciones como el Ministerio de Vivienda (se integró al de Transporte y Obras Públicas)”.

En una de sus columnas en EXPRESO, el analista Xavier Flores advirtió que al aprobar la Ley Lootugs se vulneraron competencias exclusivas de los municipios, para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo.

“Uno de los objetivos es evadir el control de los municipios y facilitar la expansión de las zonas urbanas, con un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia”.

Sobre descentralización y corrupción

La analista Gabriela Calderón ha subrayado que defender la autonomía y la descentralización no es defender la corrupción y el despilfarro. Así tampoco defender el centralismo es defender la austeridad y la buena administración pública.

“El gobierno central concentra la mayor parte de recursos y competencias y protagoniza mayores escándalos de corrupción y despilfarro”, dijo.

Algunos GAD no usan bien la autonomía, pero el intento de centralizar el poder no es democrático.Wladimir Sierra - Analista político

La disputa por el poder político: Wladimir Sierra

Para el analista Wladimir Sierra, todo se enmarca en una disputa por el poder político. Cada grupo busca absorber la capacidad de acción en la mayor parte del territorio nacional. Al presidente Daniel Noboa, dice, le restan tres años en el cargo; busca apropiarse de esas capacidades locales.

Pese a eso, Sierra asegura que hay que reconocer que algunas alcaldías llevan adelante estrategias de bloqueo a políticas del Ejecutivo. Pero sostiene que al movimiento oficialista ADN le mueven los intereses de grupos económicos.

En torno a las preocupaciones por el debilitamiento de la autonomía, Wladimir Sierra opina que el nivel de descentralización es un indicador de democracias maduras, lo que se está minando en el país.

El sociólogo Sierra plantea que hay algunos gobiernos locales que no usan correctamente esta autonomía e incluso se han involucrado en actos de corrupción, al estar por fuera de control estatal. Sin embargo considera no solo un retroceso sino un acto antidemocrático, que se debilite la autonomía de los GAD.

“Mientras más se desconcentra la toma de decisiones y la ejecución de obras, más fortalecida estará la democracia”, reitera.

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Deterioro democrático en Ecuador: las ‘banderas rojas’ que identifican abogados

Rosero Mariela

Acciones frente a la reforma al Cootad

La UNE, alcaldías como la de Quito y prefecturas como la de Pichincha y partidos como el Socialista han demandado la inconstitucionalidad de la reforma al Cootad.

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Política

Asambleísta de la RC presenta pruebas contra Diana Jácome para posible sanción

“El que tiene padrino se bautiza”, escribió González, en un mensaje en el que también señaló directamente a las autoridades legislativas. “Hoy queda claro: Olsen y el CAL protegen a Diana Jácome por la misma razón por la que a mí me sancionaron. Ecuatorianos, juzguen ustedes mismos”, añadió el legislador.

La reacción surge luego de que se resolviera archivar la denuncia en contra de Jácome, al considerar que sus expresiones no configuraron una infracción administrativa. Según la resolución, no se comprobó agresión verbal ni un ánimo ofensivo que excediera los límites del debate político.

Denuncia contra Diana Jácome en la Asamblea

Ecuador

La Fiscalía cita a Juan González. Se habla de supuesto audio en el caso Villavicencio

Rosero Mariela

El conflicto se originó semanas antes, cuando González impulsó una queja formal contra Jácome por declaraciones emitidas durante una sesión plenaria. En ese contexto, la legisladora oficialista sugirió que los integrantes del correísmo deberían buscar una “buena habitación de cárcel” y preparar su pijama.

El 23 de marzo, González presentó pruebas audiovisuales y documentales ante el CAL para sustentar su acusación. Argumentó que esas expresiones constituían una amenaza velada y una humillación pública dirigida a los legisladores de su bancada.

Además, el jefe de bloque recordó que él mismo había sido sancionado previamente con una suspensión de nueve días por expresiones consideradas ofensivas. Por ello, insistió en la necesidad de coherencia en las decisiones del órgano legislativo.

Argumentos del CAL para archivar la queja

Pese a la denuncia, el CAL concluyó que los hechos no encajaban en la infracción prevista en la normativa vigente. En particular, determinó que no existía una agresión verbal en los términos exigidos por la ley ni un destinatario específico de las declaraciones.

La resolución también señaló que las expresiones de Jácome se mantuvieron dentro de los márgenes del debate político y de la función de fiscalización. Por tanto, no se consideró procedente aplicar una sanción administrativa.

Con esta decisión, se dispuso el archivo definitivo de la queja presentada por González y se ordenó notificar a las partes involucradas en el proceso.

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Política

Noboa decreta estado de excepción en 9 provincias a horas de iniciar el feriado

Marco Rivera

Esto marca una diferencia directa frente al escenario anterior, ya que el país venía de un toque de queda de 15 días que finalizó el 30 de marzo. En esta nueva etapa, el Gobierno opta por mantener la libre circulación, mientras refuerza los operativos de seguridad.

El decreto prioriza acciones contra el crimen organizado sin limitar el tránsito ciudadano, especialmente en un contexto de alta movilidad por el feriado de Semana Santa.

¿Hay toque de queda en Ecuador con el nuevo estado de excepción?

La respuesta es clara: no hay toque de queda en esta nueva disposición. El documento no contempla restricciones horarias ni limitaciones a la movilidad de las personas en el territorio nacional. En cambio, se establece un esquema distinto de control basado en la intervención directa de fuerzas del orden en zonas específicas consideradas críticas.

Provincias donde aplica el estado de excepción en Ecuador

El decreto delimita su aplicación en nueve provincias:

También se incluyen cantones específicos donde se intensificarán operativos:

Estas zonas han sido identificadas por su nivel de conflictividad y presencia de estructuras delictivas.

Qué medidas sí contempla el decreto 353

Aunque no hay toque de queda, el estado de excepción sí introduce cambios importantes en materia de seguridad:

Además, se suspenden derechos específicos para facilitar operativos:

Permite allanamientos sin orden judicial en casos de sospecha fundamentada.

Autoriza el acceso a comunicaciones en situaciones excepcionales para prevenir delitos.

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Política

Noboa decreta estado de excepción en 9 provincias a horas de iniciar el feriado

Marco Rivera

En este contexto, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción desde el jueves 2 de abril, en vísperas del feriado de Semana Santa. La medida responde a un escenario de violencia creciente y tendrá una vigencia de 60 días en territorios específicos.

La decisión llega tras el fin del toque de queda de 15 días que terminó el 30 de marzo, lo que marca un cambio en la estrategia de seguridad. Ahora, el enfoque se centra en intervenciones focalizadas sin restringir la circulación a nivel general.

Provincias donde se aplicará el estado de excepción en Ecuador

El decreto delimita su aplicación a nueve provincias consideradas prioritarias por los niveles de inseguridad:

También se incluyen cantones específicos donde se ejecutarán operativos:

Estas zonas han sido identificadas como puntos estratégicos para actividades delictivas, lo que justifica la intervención estatal.

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UNE anuncia movilizaciones por IVA al 15% en productos básicos: ¿cuándo serán?

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Qué cambia durante el feriado de Semana Santa en Ecuador

Durante este feriado, la principal diferencia es que no habrá toque de queda, por lo que la movilidad se mantiene sin restricciones horarias. Esto permite el normal desarrollo de actividades turísticas, comerciales y religiosas.

Sin embargo, el estado de excepción implica una mayor presencia de fuerzas de seguridad en calles, carreteras y puntos clave. Los controles serán más estrictos, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo.

El objetivo es garantizar la seguridad en un periodo de alta circulación de personas, evitando que el incremento de movilidad sea aprovechado por estructuras criminales.

Derechos suspendidos y alcance de la medida en Ecuador

El decreto establece la suspensión de dos derechos constitucionales que permiten ampliar la capacidad de acción de las autoridades:

Se autoriza el ingreso a viviendas sin orden judicial cuando existan indicios de actividades delictivas o presencia de armamento.

Permite acceder a comunicaciones en casos excepcionales para prevenir o neutralizar amenazas relacionadas con el crimen organizado.

Estas facultades buscan facilitar operativos más ágiles y efectivos en los territorios intervenidos.

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Política

Raúl Chávez tras liberación de hermanos de Aquiles Álvarez: "Fue un burdo montaje"

Marco Rivera

La decisión se toma tras el fin del toque de queda de 15 días que concluyó el 30 de marzo, lo que marca una nueva fase en la estrategia de seguridad del Gobierno. A diferencia de la medida anterior, esta no restringe la movilidad, pero sí otorga facultades extraordinarias a las fuerzas del orden.

El decreto establece un marco legal para reforzar los operativos en zonas donde el crimen organizado ha incrementado su presencia. El objetivo es intervenir directamente en estructuras delictivas que operan en distintas regiones del país.

Provincias bajo estado de excepción en Ecuador y zonas focalizadas

El estado de excepción rige en nueve provincias identificadas como prioritarias:

Además, la medida incluye cantones específicos fuera de estas provincias donde también se desplegarán controles:

Estas zonas han sido catalogadas como corredores clave del crimen organizado, con presencia de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas y extorsión.

Qué cambia con el nuevo estado de excepción sin toque de queda

A diferencia del escenario anterior, el Gobierno no dispuso un nuevo toque de queda, por lo que la libertad de tránsito se mantiene vigente en todo el país. Este es uno de los cambios más relevantes frente a la medida que terminó el 30 de marzo.

Sin embargo, el decreto sí contempla la suspensión de derechos específicos, lo que amplía la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en territorio. Esto configura un modelo de intervención más focalizado, donde el control se centra en inteligencia y sin paralizar la movilidad ciudadana.

Ecuador

Informes patrimoniales a los jueces de la Corte Constitucional, con efecto dominó

Sara Ortiz

Derechos suspendidos y alcance de los operativos en Ecuador

El decreto establece la suspensión de dos derechos constitucionales clave:

Permite a las autoridades ingresar a viviendas sin orden judicial cuando existan indicios de presencia de grupos criminales, armas, explosivos o sustancias sujetas a fiscalización.

Autoriza el acceso, análisis y recopilación de comunicaciones sin orden judicial en casos excepcionales, cuando sea necesario para prevenir o neutralizar amenazas del crimen organizado.

Estas medidas se aplicarán de forma selectiva, bajo criterios de urgencia operativa y prevención del delito en las zonas intervenidas.

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La decisión de Yunda responde al nuevo escenario político del país, dijo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recientemente la ejecución de elecciones seccionales anticipadas en Ecuador, lo cual aceleró las definiciones en los movimientos políticos de Quito y Guayaquil.

Ecuador

Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta

Richard Josue Jimenez Mora

El anuncio oficial en televisión

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, afirmó Yunda de forma directa. Su declaración pone fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato y lo coloca nuevamente en la carrera por el sillón municipal. El exburgomaestre aprovechó el espacio televisivo para ratificar su intención de participar en los comicios que renovarán las autoridades locales, sin dar detalles por qué movimiento político correrá la carrera.

Impacto de las elecciones anticipadas

La modificación del cronograma electoral por parte del CNE movió el tablero político. Este cambio de fechas provocó una serie de alianzas estratégicas y distanciamientos entre las figuras públicas más relevantes del país. En el debate también participó Henry Cucalón, exministro de Gobierno, junto a un panel de especialistas que analizaron las implicaciones de estos comicios inesperados y el rol de CNE, que en los últimos días ha bloqueado a varios movimientos políticos como Unidad Popular o Construye.

Ecuador

CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

Análisis del escenario electoral

El programa contó con la presencia de Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiago Pérez, director de Clima Social. Los expertos discutieron cómo la fragmentación del voto y los nuevos plazos establecidos por la autoridad electoral influyen en las posibilidades de los aspirantes. Según los analistas, la entrada de Yunda a la contienda redefine las estrategias de los demás partidos políticos en la capital.

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

Cambio de domicilio electoral en Ecuador: requisitos y fecha límite

- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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El señalamiento por la gestión de cuentas

Guayaquil

Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

Juan Ponce Merchán

La fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Luisa González, tras ser allanada por la Policía, en enero pasado, enfatizó su denuncia de que la Fiscal´ía responde a interéses políiticos. Según las declaraciones de Luisa dio en ese momento, Aguiñaga tuvo la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas. Con ese discurso buscó proteger a la directiva que ella integró hasta la llegada de Gabriela Rivadeneira, en 2025.

Política

Rafael Correa atribuye a amenazas la renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura

Carlos Isaac Pino

El conflicto político entre Aguiñaga y González, dos figuras de las más visibles del correísmo, terminó en una separación definitiva a finales de 2025. La exclusión de Aguiñaga de los planes de reelección para 2027 detonó su salida oficial del movimiento, en medio de reproches cruzados sobre la capacidad de trabajo y la lealtad partidaria. Mientras la Prefecta defiende su labor técnica en Guayas, el buró político, con el respaldo de Rafael Correa, impulsa una narrativa de depuración. Esta estrategia incluye la revisión de los aportes económicos gestionados durante el periodo en que la hoy Prefecta lideró el movimiento a escala nacional.

Riesgos en etapa reservada

La etapa de investigación previa permite a la fiscal delegada al caso, Judith Bonilla, vincular a nuevos actores si aparecen indicios de responsabilidad durante la recolección de evidencias. El caso, conocido mediáticamente como Caja Chica, pone bajo la lupa los flujos de dinero que sostuvieron la actividad proselitista de la RC. Para Aguiñaga, el riesgo reside en que cualquier inconsistencia administrativa detectada por la justicia se convierta en una imputación formal. Por ahora, la Prefecta se enfoca en su gestión provincial mientras la sombra de las auditorías internas y judiciales amenaza con alterar su futuro político.

Guayaquil

Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

Diana Sotomayor

Los tres momentos en la relación de Aguiñaga y González

Ecuador

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

El primer gran cisma ocurrió tras la derrota de Luisa González en la segunda vuelta presidencial. Aguiñaga, que en ese entonces era la Presidenta Nacional de la RC, renunció a su cargo de forma sorpresiva a través de un video, mencionando que "en política no debe haber espacio para el rencor".

El motivo real: Se filtró que existían fuertes reclamos internos (especialmente de figuras cercanas a Rafael Correa y la propia Luisa) que cuestionaban la estrategia de campaña y la organización del partido bajo el mando de Aguiñaga.

Ecuador

Esto es lo que no podrá hacer Revolución Ciudadana por sanción de nueve meses

Carlos Isaac Pino

En el contexto de la reorganización del partido, Luisa González asumió la presidencia de la RC. Fue en este periodo donde surgieron comentarios sobre la administración financiera y logística del movimiento. "Marcela manejaba las cuentas", dijo Luisa.

A lo largo de los últimos dos años, el tono ha subido. Mientras Aguiñaga se enfocaba en su gestión como Prefecta del Guayas (buscando una imagen más técnica y de consenso), Luisa González mantenía la línea dura del partido. En este contexto, Aguiñaga respondió a las críticas internas con una frase lapidaria: "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos". Fue un dardo directo a Luisa, quien no ha ganado una elección ejecutiva propia.

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Ecuador

El referéndum que avala quitar poder al CPCCS no fue un pedido de tregua de la Corte

Alfonso Albán

La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023.

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

Ecuador

Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Sara Ortiz

Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor.

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

Política

Corte Constitucional en la mira del Gobierno de Ecuador: ¿qué está en juego?

Richard Josue Jimenez Mora

Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales.

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

Bloqueo a Alexandra Villacís en la Judicatura tiene un olor a delincuencia organizada

Todos los poderes en las Comisiones Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Guayaquil

Aguiñaga: ¿Cómo se elegirá al reemplazo de Carlos Serrano en la Viceprefectura?

Carlos Isaac Pino

Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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Guayaquil

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Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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Te invitamos a leer: CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

Cambio de domicilio electoral en Ecuador: requisitos y fecha límite

- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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Ecuador

El referéndum que avala quitar poder al CPCCS no fue un pedido de tregua de la Corte

Alfonso Albán

La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023.

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

Ecuador

Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Sara Ortiz

Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor.

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

Política

Corte Constitucional en la mira del Gobierno de Ecuador: ¿qué está en juego?

Richard Josue Jimenez Mora

Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales.

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

Bloqueo a Alexandra Villacís en la Judicatura tiene un olor a delincuencia organizada

Todos los poderes en las Comisiones Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Lo que debes saber

• Petro pide liberar a Glas en una reunión en Noboa en Galápagos.
  
• Jorge Glas continúa en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
• Autoridades judiciales han rechazado recursos como el hábeas corpus de Jorge Glas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.

Un pedido reiterado

No es la primera vez que Petro solicita la liberación de Glas. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, el presidente colombiano ha insistido en que el exvicepresidente es víctima de persecución política. 

Incluso, en septiembre de ese mismo año, anunció que Glas había obtenido la nacionalidad colombiana, aunque la Cancillería ecuatoriana negó haber recibido documentación oficial y ratificó que las sentencias en su contra siguen vigentes.

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Ecuador confirma reunión con Colombia en la CAN tras rumores de suspensión

Liz Briceño

Petro argumenta que el estado físico de Glas demuestra “tortura psicológica”, comparando su caso con otros que él considera presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, en Ecuador, las autoridades judiciales han rechazado recursos como el hábeas corpus solicitado en diciembre de 2025, manteniendo su reclusión en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

Tensiones bilaterales

En enero de 2026, Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel equivalente por parte de Colombia y la suspensión de la venta de electricidad.

Te puede interesar: Petro y Noboa: cronología de una relación marcada por la polémica

Estos roces se suman a episodios anteriores, como la repatriación de 1.000 presos colombianos en julio de 2025 y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano que llevó a Noboa a la presidencia.

El trasfondo del caso Glas

Jorge Glas se encuentra en la Cárcel del Encuentro por el caso Odebrecht, Sobornos y Reconstrucción Manabí.

Caso Odebrecht

El 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia negó el último recurso de los sentenciados por el caso Odebrecht, entre ellos Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Desde entonces, la sentencia quedó en firme y debía ejecutarse. Glas y siete personas más recibieron seis años de cárcel, pero cinco años después él es el único que sigue preso. Aún no se han cobrado los $33,4 millones de reparación, pese a que la Procuraduría ha solicitado embargos.

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¿Qué enfermedades tiene Jorge Glas? Los 18 males que alega el exvicepresidente

Caso Sobornos

En septiembre de 2020, la CNJ ratificó la sentencia contra 20 personas por el caso Sobornos, que investigó una red de pagos ilegales durante el gobierno de Rafael Correa. Tanto Correa como Glas fueron condenados a ocho años de cárcel y al pago de $778.224 cada uno como reparación integral. La Procuraduría identificó bienes de Glas en Quito y Atacames, pero hasta finales de 2024 solo se logró embargar un departamento en Esmeraldas. A pesar de ello, la deuda sigue sin ser cubierta.

Caso Reconstrucción de Manabí

La última sentencia contra Jorge Glas corresponde al caso Reconstrucción de Manabí, con el monto más alto de reparación integral. El Tribunal dispuso un pago de $250 millones, dividido entre Glas y Carlos Bernal, de los cuales al exvicepresidente le corresponden $125 millones. Esta cifra representa el 94,1 % de su deuda con el Estado ecuatoriano. Aunque la condena aún no está en firme, la Procuraduría espera activarse para intentar cobrar el monto cuando se ratifique.

La decisión de Yunda responde al nuevo escenario político del país, dijo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recientemente la ejecución de elecciones seccionales anticipadas en Ecuador, lo cual aceleró las definiciones en los movimientos políticos de Quito y Guayaquil.

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Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta

Richard Josue Jimenez Mora

El anuncio oficial en televisión

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, afirmó Yunda de forma directa. Su declaración pone fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato y lo coloca nuevamente en la carrera por el sillón municipal. El exburgomaestre aprovechó el espacio televisivo para ratificar su intención de participar en los comicios que renovarán las autoridades locales, sin dar detalles por qué movimiento político correrá la carrera.

Impacto de las elecciones anticipadas

La modificación del cronograma electoral por parte del CNE movió el tablero político. Este cambio de fechas provocó una serie de alianzas estratégicas y distanciamientos entre las figuras públicas más relevantes del país. En el debate también participó Henry Cucalón, exministro de Gobierno, junto a un panel de especialistas que analizaron las implicaciones de estos comicios inesperados y el rol de CNE, que en los últimos días ha bloqueado a varios movimientos políticos como Unidad Popular o Construye.

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CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

Análisis del escenario electoral

El programa contó con la presencia de Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiago Pérez, director de Clima Social. Los expertos discutieron cómo la fragmentación del voto y los nuevos plazos establecidos por la autoridad electoral influyen en las posibilidades de los aspirantes. Según los analistas, la entrada de Yunda a la contienda redefine las estrategias de los demás partidos políticos en la capital.