Este 8 de octubre de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo que el Ejecutivo garantiza que los comicios se desarrollen, incluso en otros recintos, ante emergencias en los ya designados.

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Esta mañana, la ministra de Gobierno dijo en Teleamazonas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene generadores y que los gobernadores, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía, están distribuidos y organizados en todo el país para garantizar el derecho de los electores.

Esa fue la respuesta de la funcionaria ante el anuncio que había hecho el presidente del CNE, José Cabrera, sobre la posibilidad de aplazar las elecciones en los puntos donde las afectaciones por El Niño impidan el sufragio previsto para el 29 de noviembre de 2026.

¿Cuál es la posición de la ministra de Gobierno?

Según Cabrera, el mismo Código de la Democracia establece la posibilidad de suspender o aplazar las elecciones en casos de fuerza mayor. Para el titular del organismo electoral, lo importante es que las autoridades electas lleguen a posesionarse el 14 de mayo de 2027.

Sin embargo, para Morillo esa no es una posibilidad. “Esperamos tener todos los recintos abiertos. Es un trabajo que se está haciendo junto a la ministra de Educación”, aseguró.

También recordó que meses atrás se había solicitado a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) un plan de contingencia para prevenir y adelantarse a lo que sería el fenómeno de El Niño.

“Garantizamos que todos van a poder tener este derecho de sufragar. Lo que nosotros realizaremos y se está analizando es que, en el caso de que exista alguna junta que no pueda abrir, poder revisar a dónde se puede desplazar ese recinto”, explicó la ministra de Gobierno.

Sobre la campaña anticipada

Morillo también fue consultada sobre la posible campaña desde el Ejecutivo para los candidatos del oficialismo. Aseguró que el Gobierno trabaja 365 días al año y no solamente durante los 15 días que durará la campaña electoral.

En ese sentido, habló del programa Jóvenes en Acción, que impulsa el Gobierno y que fue relanzado justamente en época electoral. Morillo explicó que habrá 200.000 de estos jóvenes, que buscan su primera experiencia laboral, dedicados a las gestiones de la emergencia derivada del fenómeno de El Niño.

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Entre las actividades que están pensadas para un sector de los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, según la ministra de Gobierno, están ayudar en tareas de mantenimiento y en la distribución de ayudas humanitarias.

Para las 19:00 de este 8 de octubre de 2026, la Comisión de Justicia, presidida por la gobiernista Rosa Torres, tiene previsto tratar el informe borrador en el que se establece que: “la reorganización dispuesta no establece expresamente la eliminación de la competencia especializada prevista en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

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Eso, según el informe borrador elaborado por la comisión, significa que “la resolución (de la Judicatura) mantiene la asignación de las materias relacionadas con corrupción y crimen organizado a las dependencias y juzgadores a quienes se atribuye dicha competencia, conservando su alcance territorial a nivel nacional”.

Sin comparecencias ni más sesiones

El proceso de fiscalización sobre la Unidad Especializada Anticorrupción recayó en la Comisión de Justicia por decisión de la mayoría del Pleno. Fue parte de una jugada política en la que ADN asumió la fiscalización luego de que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, ya había iniciado su propio proceso e, incluso, había convocado a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo.

Al final, hubo una sola sesión de la Comisión de Justicia para avocar conocimiento del mandato del Pleno y acordar la información que sería solicitada. Dicha sesión tuvo lugar el pasado 24 de septiembre y fue presidida por el vicepresidente de la mesa, exPachakutik y ahora aliado de ADN, Fernando Nantipia.

Desde entonces, no se convocó a otra sesión. Ninguna autoridad del Consejo de la Judicatura asistió a la Comisión de Justicia y tampoco fueron llamados expertos para aportar en la discusión sobre las implicaciones de la decisión.

La asambleísta del correísmo Gabriela Molina, quien es parte de esa mesa legislativa, señaló que el informe era “una burla para el país.” Agregó: “para ellos todo está bien, pese a que la ley (COIP) establece la competencia para sustanciar ciertos delitos, por parte de jueces anticorrupción, una simple resolución eliminó una disposición legal”.

En el mismo sentido se pronunció el asambleísta del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano. Dijo que el oficialismo en la Asamblea ya no guarda ni las formas. “Una sesión para avocar conocimiento y la segunda para aprobar el informe. Nunca se habían hecho las cosas de forma tan descarada”, manifestó.

¿Qué recomienda el informe?

En lo esencial, el documento elaborado por la Comisión de Justicia no recomienda ninguna acción frente a la decisión de la Judicatura. Plantea lo siguiente:

Noboa mantuvo varias reuniones, entre ellas, con el grupo de candidatos a las elecciones seccionales. Este hecho se conoció tras una publicación hecha por el mandatario en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas se observa a Noboa junto a los candidatos a la Alcaldía de Cuenca, Prefectura del Azuay y concejalías. La publicación se acompaña con un mensaje en el que se expresa que “a Cuenca y al Azuay se les cumple. Ese será siempre nuestro trabajo”.

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¿Qué dice el comunicado?

En este marco, el Cabildo por el Agua de Cuenca emitió un comunicado a manera de respuesta, en el que se exige al jefe de Estado que “se respete el mandato del Quinto Río, la cancelación de las concesiones mineras”.

La organización social señala que el verdadero objetivo de la agenda reservada que desarrolló el mandatario tuvo principalmente objetivos “político-electorales” y no atender la “indignación frente a la falta de respuestas a nuestras demandas legítimas, en especial la cancelación de las concesiones mineras en nuestros páramos y fuentes hídricas”.

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El Cabildo enmarcó su comunicado en el hecho de que Noboa, durante su visita a Cuenca, mantuvo una reunión del Gabinete de Seguridad, inspeccionó el proyecto de residencia universitaria y se reunió con los candidatos a las elecciones seccionales de ADN.

Además, la organización defensora del agua señala que “el Gobierno elude dar una respuesta definitiva, a la cual está obligado para cumplir la voluntad popular y el ejercicio de los derechos constitucionales. Ignora la carta que entregamos el 16 de septiembre, ni siquiera habla del tema, en un claro irrespeto a Cuenca”.

El comunicado finaliza rechazando lo que la organización denomina “campaña mediática” por parte de Noboa y se exige “el cese definitivo de la amenaza minera en nuestros páramos”.

Lo que debes saber

• Organizaciones sociales marchan este 8 de octubre en Ecuador por salud, educación e IESS.
• Quito, Guayaquil y Cuenca concentran protestas contra la concesión del campo Sacha.
• Sindicatos e indígenas se movilizan hoy por empleo, seguridad social y recursos públicos.

Diversas organizaciones sociales y sindicales protagonizarán este 8 de octubre una jornada nacional de movilizaciones en distintas ciudades de Ecuador. Los colectivos afirman que la protesta busca visibilizar reclamos relacionados con la situación económica, la seguridad, el empleo, la salud pública y la administración de recursos estratégicos del Estado.

La convocatoria surge tras una asamblea realizada el 26 de septiembre, en la que participaron representantes de trabajadores, docentes, jubilados, jóvenes, mujeres, campesinos y organizaciones indígenas. De ese encuentro nació una plataforma común de demandas dirigida al Gobierno nacional.

La defensa del campo Sacha, uno de los principales reclamos

Uno de los ejes centrales de las movilizaciones es el rechazo a una eventual concesión del campo petrolero Sacha, considerado uno de los activos estratégicos más importantes del país. Las organizaciones sostienen que los recursos naturales deben permanecer bajo control estatal y han pedido que cualquier decisión relacionada con estos proyectos respete los mecanismos de participación ciudadana.

Los grupos también exigen el cumplimiento de los resultados de consultas populares relacionadas con temas ambientales y territoriales, incluyendo resoluciones sobre el Yasuní, el Chocó Andino y otras zonas sensibles desde el punto de vista ecológico.

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Preocupación por salud, educación y seguridad social

Otro de los puntos que impulsan las marchas es la situación de los servicios públicos. Las organizaciones piden que el Estado declare en emergencia los sistemas de salud y educación, argumentando limitaciones presupuestarias y problemas de infraestructura que afectan la atención a la ciudadanía.

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En materia de seguridad social, los gremios reclaman medidas para fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el pago de obligaciones pendientes con jubilados y docentes, así como acciones para enfrentar la mora patronal.

Además, entre las exigencias constan políticas orientadas a la generación de empleo, estabilidad laboral, mejora salarial y respeto a los derechos sindicales.

Cuestionamientos al manejo económico

Los convocantes también han expresado críticas a la política económica del Gobierno y al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según los dirigentes, los recursos públicos deberían priorizar áreas como salud, educación y seguridad ciudadana.

Dentro de sus resoluciones, las organizaciones manifestaron además su respaldo al derecho a la protesta y pidieron garantías para el ejercicio de la participación social.

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Movilizaciones en varias provincias

Las concentraciones están previstas en al menos 19 provincias, entre ellas Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Cotopaxi, Loja, Los Ríos y Santo Domingo. En Quito, la convocatoria está fijada en los exteriores de la Caja del Seguro, mientras que en Guayaquil el punto de encuentro será el Parque Centenario.

La jornada se desarrollará durante la tarde de este jueves 8 de octubre y se prevé que las movilizaciones avancen por diferentes sectores de las ciudades convocadas. Hasta el momento, las organizaciones participantes han señalado que las protestas se realizarán de manera coordinada a escala nacional.

Todo lo que ha ocurrido desde el 12 de febrero, cuando se abrió el concurso, ha sido pensado y articulado para que Carlos Alarcón, el fiscal de bolsillo del Gobierno de Daniel Noboa, permanezca en el cargo al que llegó de forma ilegal porque, en realidad, es el suplente del suplente y fue ratificado para instalarse en el cargo por el Consejo de la Judicatura, que no tiene la facultad para hacerlo. 

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Legalmente, el organismo que podía nombrarlo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las demandas en contra de ese nombramiento durante ya casi un año, tiempo durante el cual el presidente Noboa ha estado inmensamente complacido.

Todo lo que ha hecho Alarcón desde el 3 de octubre de 2025, cuando asumió el cargo tras la renuncia de Wilson Toainga (suplente de Diana Salazar, ahora embajadora en Buenos Aires), ha estado en perfecta consonancia con la agenda política del Ejecutivo. Desde que asumió el cargo, Alarcón se inclinó a favor de los intereses de Noboa. Lo hizo en el caso Nene, que fue para perjudicar al hijo de su exvicepresidenta y adversaria Verónica Abad. 

Un fiscal inclinado a las causas del Gobierno

Lo hizo en el caso de Seguros de Petroecuador, para perseguir y destruir financieramente a la familia de su exesposa, Gabriela Goldbaum. Lo hizo en el caso Triple A, para perjudicar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y lo hizo con el archivo exprés de la denuncia de Yaku Pérez según la cual Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, estaban devolviendo favores a la empresa minera Dundee Precious Metals. 

Pero a esta ya tenebrosa lista de favores hay que agregar que nunca investigó las terribles denuncias en contra de Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura que lo nombró, dentro del caso de las amenazas de un narcotraficante serbio al juez anticorrupción Carlos Serrano. Y, como si fuera poco, también dejó convenientemente fuera de la acusación fiscal por el negociado de Progen a los dos exministros de Energía que perfeccionaron el escándalo: Roberto Luque e Inés Manzano.

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El último episodio que hace que el concurso para nombrar fiscal que lleva adelante el CPCCS huela a trampa y fraude es la reciente y sospechosísima descalificación de las dos candidatas que tenían mejores calificaciones que él: Daniella Camacho, que obtuvo 48 de 50 puntos, e Inés Romero, que tuvo 47,5 de 50 puntos. Alarcón, que según quienes han seguido sus actuaciones es un fiscal al que le cuesta muelas sostener una acusación coherente, tenía 46,5, aunque realmente debería haber tenido apenas 40, pero subió de calificación por una decisión por demás curiosa e inédita de la comisión evaluadora, que le otorgó un ‘bono’ de 6,5 puntos. Ni con esa ayuda le alcanzaba a Alarcón para ser el mejor puntuado.

Y como no alcanzaba, esta recalificación fue seguida por una segunda anomalía: el concurso se estancó durante meses. La falta de acuerdo en el CPCCS y los cuestionamientos a las recalificaciones impidieron avanzar con normalidad, y esa demora tuvo una consecuencia concreta: Alarcón permaneció como fiscal general encargado, trabajando a tiempo completo en beneficio del Gobierno.

Pero el giro definitivo ocurrió en octubre. Antes de las impugnaciones, Camacho e Inés Romero ocupaban los dos primeros lugares y Alarcón era tercero. Después de la fase de impugnaciones, Camacho y Romero quedaron fuera. También salió Walter Macías, que estaba entre los cuatro mejor puntuados. Alarcón, para sorpresa de nadie, siguió dentro del concurso.

Para colmo, la impugnación que hubo en su contra terminó, ¡oh, sorpresa!, archivada. Ahora quedan solamente cinco aspirantes, y Alarcón encabeza provisionalmente la lista con sus 46,5 puntos. La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva porque las candidatas descalificadas pueden apelar ante el Pleno del CPCCS, aunque ese organismo está cooptado por el Gobierno y hará lo que este le pida.

Prohibido olvidar: hay al menos cinco momentos que demuestran que si Alarcón es nombrado finalmente fiscal, es porque todo estuvo organizado para que él gane, porque eso le conviene al Gobierno. Veamos los cinco momentos.

Primer momento

Una calificación de méritos extraordinariamente alta que una veeduría independiente cuestionó por 6,5 puntos.

Segundo momento

Un concurso que se retrasó durante meses, mientras Alarcón permaneció como fiscal encargado. Aquí entra la Corte Constitucional, que se ha tomado un tiempo extraordinario y sospechosamente largo para tratar una demanda en contra del nombramiento del fiscal encargado.

Tercer momento

Un sistema de impugnaciones que terminó sacando del camino a quienes ocupaban los dos primeros lugares: Daniella Camacho e Inés Romero.

Cuarto momento

La situación particular de Alarcón, cuya única impugnación admitida terminó archivándose por una oportunísima inasistencia del impugnante.

Quinto momento

El resultado final, pues de los cuatro candidatos que inicialmente encabezaban la tabla de méritos, tres quedaron fuera y uno (Alarcón) permanece en carrera y pasó a encabezarla.

Entonces, si se parece a un pato, camina como un pato y hace como un pato, ¿acaso no es un pato?

Lo que debes saber

• GRANASA enfrenta una crisis de liquidez mientras continúa bajo intervención de la SuperCías.
• La empresa busca vender nueve inmuebles para obtener recursos y cubrir obligaciones con sus trabajadores.
• Los expertos analizan qué puede hacer la interventora y qué vías existen si las operaciones son rechazadas.

La intervención de una compañía no debería significar que sus trabajadores queden atrapados en medio de una disputa societaria o de una crisis de liquidez. En el caso de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de EXPRESO y EXTRA, la discusión adquiere un rostro especialmente sensible: detrás de cada liquidación hay personas, familias y años de trabajo que esperan recibir lo que por ley les corresponde.

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La intervención y el rol de la interventora

GRANASA sigue intervenida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) desde el 18 de febrero de 2026, tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), accionista minoritario con el 2,56 % de participación. La firma enfrenta ahora una falta de liquidez que ha obligado a tomar decisiones dolorosas, entre ellas el paso de EXPRESO a una operación netamente digital y el consecuente recorte de personal.

Para César Drouet, abogado y expresidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, la primera precisión es fundamental: la intervención es una medida excepcional y temporal que busca corregir una situación irregular. “El interventor no es un coadministrador de la compañía”, sostiene, por lo que su función no debería confundirse con la administración ordinaria ni con las decisiones que corresponden a la junta general de accionistas.

Teniendo en cuenta eso, Drouet explica que el interventor tiene una misión concreta: corregir las irregularidades que provocaron su designación, impedir que se dilapide el patrimonio y evitar perjuicios a accionistas o terceros. Desde esa perspectiva, señala que la intervención no debería convertirse en una barrera para una operación legítima que permita a la empresa obtener recursos y cumplir obligaciones laborales.

El punto adquiere especial importancia cuando la compañía tiene activos que podrían convertirse en liquidez. Si la junta general decide disponer de determinados bienes y esa operación tiene como finalidad enfrentar obligaciones derivadas de la reducción de personal, Drouet sostiene que impedirla sin una razón jurídica suficiente podría desnaturalizar el propósito de la intervención.

En GRANASA, la falta de liquidez no implica que la compañía esté en liquidación societaria. La empresa busca vender nueve inmuebles para obtener recursos y cubrir, entre otras obligaciones, las liquidaciones de trabajadores y el fondo global de jubilación patronal.

El objetivo de la SuperCías es siempre tratar de salvar la mayor cantidad de empleos, no cerrar firmas.Marco López, exsuperintendente

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Los derechos laborales siguen vigentes

Oswaldo Santos, abogado societario y docente de la Universidad San Francisco de Quito, remarca que la intervención de una empresa no elimina ni reduce los derechos de sus trabajadores. “Los derechos de los trabajadores no se ven afectados por el hecho de que la firma sea intervenida”, afirma.

En GRANASA, la venta de determinados inmuebles permitiría obtener liquidez para cumplir las obligaciones laborales y, a su vez, permitiría mantener operativa la parte de la empresa que continuará funcionando. Ante esto, Santos considera que, si la operación está debidamente sustentada, “sí debería” autorizarse.

El abogado advierte incluso que una negativa injustificada podría tener consecuencias para quien ejerce la intervención: Flor María García Ocaña. “Parecería ser una negativa arbitraria”, señala, y considera que eso sustentaría su remoción.

Y es que, si existen activos que pueden ser vendidos, pero no se permite convertirlos en liquidez, la empresa quedaría con un patrimonio inmovilizado mientras tiene obligaciones que debe pagar. Marco López, exsuperintendente de Compañías, sostiene que, en ese escenario, la negativa del interventor podría terminar cerrando el camino para obtener recursos destinados precisamente a cumplir con los trabajadores.

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¿Qué pasa si se niega la venta de los inmuebles?

Pero ¿qué ocurre si la interventora no autoriza las operaciones? López indica que primero se debe acudir administrativamente ante la SuperCías, pues el interventor actúa como delegado del superintendente (Luis Alberto Cabezas-Klaere), mientras que Santos considera que también podría analizarse una eventual responsabilidad por los daños que produzca una negativa injustificada.

Los expertos también identifican vías judiciales si la respuesta administrativa no resuelve el problema. Santos menciona la posibilidad de acudir ante los jueces de lo Contencioso Administrativo para impugnar determinadas actuaciones y, si se demuestra una vulneración de derechos constitucionales, plantea que podría existir además una acción de protección ante un juez constitucional de primera instancia.

En el caso de los trabajadores, el camino sería diferente y más directo si llega el momento del despido y no se pagan los valores correspondientes. López señala que los trabajadores podrían reclamar laboralmente contra la compañía y acudir al Ministerio del Trabajo y a los jueces laborales para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Pero hay algo más profundo detrás de esta discusión jurídica: los trabajadores no son activos que puedan esperar indefinidamente a que se resuelva una controversia societaria. Son personas que durante años pusieron su tiempo, su esfuerzo y, en muchos casos, buena parte de su vida al servicio de una empresa que hoy atraviesa una de sus etapas más difíciles.

López recuerda que una intervención debería ser ágil y orientada a encontrar soluciones, mientras Drouet advierte que sería contrario a normas de obligatorio cumplimiento que un interventor negara su firma cuando corresponde el pago de valores laborales por la terminación de relaciones de trabajo.

No habría justificación para impedir una venta que permita pagar las obligaciones laborales.Oswaldo Santos, docente de la USFQ

Los puntos claves

• Guayaquil enfrenta un déficit de áreas verdes y falta de sombra en avenidas, aceras y paradas de transporte público.
• El centro de Guayaquil es una de las zonas donde el calor se siente con mayor intensidad debido a la escasez de árboles.
• Consultados por EXPRESO, los candidatos plantean sembrar hasta un millón de árboles, construir parques metropolitanos, recuperar espacios barriales y crear corredores verdes para combatir el calor y la falta de sombra.

Guayaquil tiene una deuda que se siente cada vez que el sol obliga a buscar sombra. La ciudad creció y multiplicó sus avenidas y superficies de cemento, pero los árboles y espacios verdes no avanzaron al mismo ritmo. Hoy, caminar, esperar un bus o cruzar una avenida puede significar hacerlo bajo el sol y con una sensación térmica que supera los 38 °C.

Una ciudad que creció de espaldas al verde

EXPRESO ha mostrado cómo esa falta de sombra se siente en corredores como las avenidas Francisco de Orellana y 25 de Julio, pero también en paraderos, veredas y otros lugares de uso cotidiano. El centro de Guayaquil es otra de las zonas donde los visitantes reportan mayor sensación de calor. Allí, como en otros sectores, la ausencia de árboles no solo afecta la experiencia de quienes caminan por la ciudad, sino que también limita las posibilidades de permanecer y usar el espacio público.

A esto se suma el estado de algunos espacios que ya existen. Hay parques lineales y áreas públicas junto al estero Salado que muestran deterioro, mientras el río Guayas, los esteros y el manglar enfrentan contaminación.

El problema no es únicamente cuánto verde tiene Guayaquil, sino qué tan cuidado está, dónde se concentra y qué tan cerca queda de los barrios y de la vida de sus habitantes.

La bióloga Natalia Molina, docente de la Universidad Espíritu Santo, ha planteado a EXPRESO que no basta con sembrar árboles. Hay que llevarlos donde hacen falta, desde paraderos y estaciones de Metrovía hasta veredas y grandes avenidas. También propone recuperar los ramales del estero Salado para integrarlos nuevamente a la ciudad y a sus zonas de uso ciudadano.

Guillermo Peñalosa, fundador y presidente de 8 80 Cities y embajador de la Organización Mundial de Parques Urbanos, plantea otra referencia para medir qué tan cerca está el verde de la vida diaria. Su propuesta contempla tres árboles frente a cada casa, al menos 30 % del espacio del barrio ocupado por árboles y una distancia máxima de 300 metros entre una vivienda y un parque. Para Peñalosa, los parques tienen relación con la salud, la convivencia y la reducción de la temperatura.

El próximo alcalde heredará una deuda verde

El próximo alcalde o alcaldesa tendrá que decidir cómo traducir esas necesidades en obras y políticas que puedan sostenerse en el tiempo. No se trata únicamente de sumar parques al inventario de la urbe. También deberá definir qué sectores requieren intervención, qué lugares necesitan recuperación, cómo aumentar la sombra en zonas de alta circulación y qué hacer con los cuerpos de agua que forman parte del paisaje urbano de Guayaquil.

“Tenemos cuerpos de agua inutilizados, zonas para el peatón que podrían ser unos corredores maravillosos, pero están a la intemperie. Guayaquil, por ser una ciudad tan caliente, debería estar repleta de sombra y brisa. Tenemos varios, al menos 10 canales de aguas lluvias que podrían ser ecosistemas vivos, con malecones y árboles que incluso den color a determinado sector”, señala Arturo Calderón, arquitecto guayaquileño que hace énfasis en la necesidad de que exista voluntad política para hacer de Guayaquil un territorio más amigable.

“En Samanes 5, Las Orquídeas y Los Vergeles existen estos espacios y hace falta intervenirlos. Pero aquí no ha habido jamás una planificación”, añade.

Frente a este escenario, EXPRESO preguntó a los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil cuál es su propuesta para ampliar y recuperar las áreas verdes, cuántos parques nuevos plantean crear, qué sectores priorizarán, cómo incorporarán más árboles y sombra y cuánto invertirán. Las mismas preguntas fueron enviadas a todos los candidatos, para que los ciudadanos puedan conocer y comparar sus planteamientos frente a una de las tareas que la próxima administración tendrá que asumir desde el primer día.

¿Qué plantean los candidatos a la Alcaldía?

Pregunta: 

Guayaquil es una ciudad con pocos espacios verdes y con barrios donde caminar, descansar o encontrarse en el espacio público puede ser difícil, especialmente por la falta de sombra y de lugares adecuados para la convivencia. ¿Cuál es su propuesta para hacer que los barrios tengan espacios públicos más amigables y accesibles? 

Mónica Luzárraga, por Unidad Popular y Pachakutik

Guayaquil tiene unos 66.000 árboles urbanos cuando necesitaría al menos 500.000, y en la avenida 9 de Octubre se han medido más de cinco grados de isla de calor. Con el Plan Reverdecer sembraremos un millón de árboles en cuatro años: 250.000 en aceras, parterres, paradas, escuelas y parques, con mantenimiento garantizado, y otros 750.000 en cerros, manglares y riberas.

Crearemos corredores verdes como los de Medellín, donde la temperatura ha bajado hasta cinco grados en las avenidas más arborizadas, empezando por la avenida 9 de Octubre y los ejes del sur y del noroeste. También construiremos dos parques metropolitanos similares al Samanes, uno en la vía a la costa y otro en el sur, además de una red de parques de barrio para que ninguna familia viva a más de 300 metros de un área verde. Estos espacios tendrán iluminación y vigilancia.

Priorizaremos el Suburbio, Guasmo, Isla Trinitaria, Bastión Popular, Monte Sinaí, Pascuales y Portete. Pero el espacio público no es solo parque, también debe ser un lugar de encuentro. En una primera etapa construiremos 20 Centros de Cultura de Paz distribuidos en las Áreas de Gestión Administrativa de la ciudad, al menos uno en cada una, con biblioteca, deporte, talleres y artes. Las casas comunales dejarán de estar cerradas y tendrán programación permanente y presupuesto propio para actividades culturales y artísticas.

Con el Plan Reverdecer sembraremos un millón de árboles en cuatro años: 250.000 en aceras, parterres, paradas, escuelas y parques, con mantenimiento garantizado, y otros 750.000 en cerros, manglares y riberas. Crearemos corredores verdes como los de Medellín, donde la temperatura ha bajado hasta cinco grados en las avenidas más arborizadas, empezando por la avenida 9 de Octubre y los ejes del sur y del noroeste.Mónica Luzárraga, 
Unidad Popular y Pachakutik

Invertiremos alrededor de 50 millones de dólares en arborización y corredores verdes, 32 millones en 120 kilómetros de ciclovías con sombra y 70 millones en los Centros de Cultura de Paz. La propuesta busca que árboles, parques, ciclovías y espacios comunitarios formen una red de espacios públicos accesibles en los barrios.

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Antonio García, por el Partido Sociedad Patriótica

Guayaquil necesita una política de espacio público que cierre brechas y no se mida únicamente por la cantidad de parques inaugurados. Hoy las áreas verdes no están distribuidas de manera homogénea. Por eso propongo crear un índice de acceso verde por barrio que mida los metros cuadrados de área verde por habitante, la distancia caminable al espacio público más cercano y las condiciones en las que este se encuentra. Con esos datos identificaremos los sectores con mayor déficit y priorizaremos allí la inversión.

La intervención tendrá tres ejes: recuperar los parques existentes, crear nuevos espacios verdes donde realmente hagan falta y convertir calles, aceras y espacios de espera en corredores con sombra y vegetación. La meta durante el período será recuperar al menos 100 parques y espacios públicos de proximidad. La cantidad de parques nuevos se definirá después de determinar dónde existe déficit y suelo técnicamente viable.

También priorizaremos las rutas hacia escuelas, mercados, centros de salud, paradas de transporte y zonas comerciales. Allí incorporaremos árboles adecuados para Guayaquil, jardines e infraestructura verde, además de soluciones de sombra en aquellos lugares donde no sea posible plantar. Cada intervención deberá contemplar recursos para su construcción y mantenimiento.

"Guayaquil necesita una política de espacio público que cierre brechas y no se mida únicamente por la cantidad de parques inaugurados. Hoy las áreas verdes no están distribuidas de manera homogénea. Por eso propongo crear un índice de acceso verde por barrio que mida los metros cuadrados de área verde por habitante, la distancia caminable al espacio público más cercano y las condiciones en las que este se encuentra".Antonio García
Partido Sociedad Patriótica

Comenzaremos por las periferias y zonas rurales. No planteo todavía una cifra de inversión porque primero se requiere conocer el inventario, las áreas disponibles y los costos. Durante el primer año publicaremos una cartera de proyectos con ubicación, presupuesto, cronograma y metas.

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La meta será reducir cada año el déficit de áreas verdes y aumentar el acceso a espacios públicos de calidad, comenzando por las periferias y zonas rurales.

Pedro Medina, por PID, Izquierda Democrática y Futuro 20

Quiero una Guayaquil donde un parque pequeño de barrio tenga tanta importancia para su comunidad como los grandes parques de la ciudad. La política de espacio público debe acercarse a donde vive la gente, con parques de bolsillo, canchas, juegos infantiles, zonas para adultos mayores, iluminación, arborización, sombra y lugares seguros para caminar y encontrarse.

No se trata solamente de inaugurar espacios, sino de mantenerlos vivos y útiles durante todo el año. Por eso propongo un Programa de Barrios Verdes y Activos que permita identificar, sector por sector, terrenos municipales y espacios deteriorados que puedan convertirse en áreas de encuentro para las comunidades.

La prioridad será crear y recuperar espacios cerca de escuelas, centros de salud, mercados y zonas residenciales. Incorporaremos especies adecuadas al clima de Guayaquil y árboles que aporten sombra. También impulsaremos corredores verdes y la arborización de calles y aceras donde técnicamente sea posible.

“Quiero una Guayaquil donde un parque pequeño de barrio tenga tanta importancia para su comunidad como los grandes parques de la ciudad. La política de espacio público debe acercarse a donde vive la gente, con parques de bolsillo, canchas, juegos infantiles, zonas para adultos mayores, iluminación, arborización, sombra y lugares seguros para caminar y encontrarse”.Pedro Medina, por PID
 Izquierda Democrática y Futuro 20

Cada parque tendrá un plan de mantenimiento, iluminación, seguridad y participación comunitaria. Como meta de gestión, planteo recuperar o crear al menos 100 espacios públicos de escala barrial durante el período municipal, priorizando aquellos sectores que actualmente tienen menor acceso a áreas de recreación.

Esta cifra deberá ajustarse al inventario técnico y a la disponibilidad presupuestaria, pero el principio es que ningún barrio quede fuera. Guayaquil ya cuenta con grandes espacios como Samanes; el siguiente paso será llevar esa calidad de espacio público hasta los barrios y acercarla a las familias. La ciudad debe crecer con más árboles, más sombra y más lugares para convivir.

Andrés Roche, por el Partido Social Cristiano

Queremos que las familias vuelvan a tener parques seguros, con sombra y espacios para encontrarse y disfrutar. Propongo construir tres parques lineales en Batallón del Suburbio, Trinitaria y el sector de La Playita, en el Guasmo. Tendrán arborización, sombra, pérgolas para reuniones familiares, iluminación y seguridad integrada a Guayaquil de Acero.

Estos parques también tendrán muelles para paseos en canoa y actividades que conecten a las familias con los esteros y manglares y generen turismo urbano. Además, planteamos un gran parque ecológico frente al río, como parte del Nuevo Guayaquil, junto a Arena Guayaquil, un escenario para eventos internacionales, y GuayaKids, una ciudad a escala infantil orientada al aprendizaje cívico y ético junto al Parque Samanes. Estos proyectos, dentro del desarrollo de la Nueva Ciudad del Río, se plantean sin costo para los contribuyentes. El parque tendrá árboles y vegetación nativa para caminar, descansar y compartir en familia.

“Queremos que las familias vuelvan a tener parques seguros, con sombra y espacios para encontrarse y disfrutar. Propongo construir tres parques lineales en Batallón del Suburbio, Trinitaria y el sector de La Playita, en el Guasmo. Tendrán arborización, sombra, pérgolas para reuniones familiares, iluminación y seguridad integrada a Guayaquil de Acero”.Andrés Roche,
Partido Social Cristiano

No basta con sembrar árboles y recuperar parques; también hay que mantenerlos. Sectorizaremos el mantenimiento de parques y áreas verdes mediante concursos con empresas especializadas y costos auditables. También incorporaremos a las comunidades en la administración y cuidado de los parques de sus barrios para fortalecer el sentido de pertenencia.

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En los grandes parques, cafeterías, servicios, mobiliario urbano, publicidad y patrocinios podrán contribuir a financiar el mantenimiento, la iluminación y la seguridad permanente. Pondremos orden en las finanzas municipales y estableceremos un cronograma público, concreto y auditable con inversión, etapas y plazos de ejecución.

Cynthia Viteri, por ADN 

EXPRESO solicitó un espacio de entrevista con la candidata Cynthia Viteri y, al igual que al resto de postulantes, le envió un cuestionario sobre las problemáticas que enfrenta Guayaquil, a fin de conocer las soluciones que propone si llegara a la Alcaldía. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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Fiorella Ycaza, por el Partido Socialista Ecuatoriano

Queremos una ciudad verde, ecológica y llena de sombra, no de cemento, repleta de vida. No se trata solo de construir nuevos parques, sino de recuperar y transformar los espacios que ya tenemos, incorporando más árboles, vegetación, cuerpos de agua y lugares para caminar, encontrarnos y hacer deporte. La ciudad necesita ser caminable, amigable y habitable.

Mi plan contempla Corredores Verdes, Bosques Urbanos Nativos y nuevos parques que conecten avenidas, plazas y espacios comunitarios. También llevaremos más vegetación a escuelas, paradas de transporte, aceras y mercados. Para la arborización priorizaremos especies propias del bosque seco tropical, adaptadas a las condiciones de Guayaquil y que contribuyan a reducir el calor, que es lo que le urge a la ciudad.

“Queremos una ciudad verde, ecológica y llena de sombra, no de cemento, repleta de vida. No se trata solo de construir nuevos parques, sino de recuperar y transformar los espacios que ya tenemos, incorporando más árboles, vegetación, cuerpos de agua y lugares para caminar, encontrarnos y hacer deporte. La ciudad necesita ser caminable, amigable y habitable”.Fiorella Ycaza,
Partido Socialista Ecuatoriano

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Comenzaremos por los sectores que actualmente tienen menos áreas verdes, menor presencia de árboles y una mayor exposición al calor. Las intervenciones también incorporarán accesibilidad, iluminación y espacios destinados a la actividad física.

Para el período 2027-2031 tenemos una dirección: más árboles, más sombra y mejores espacios públicos donde realmente hacen falta. La cantidad de nuevos parques, las metas específicas y la inversión se definirán técnicamente a partir de estudios, inventarios y del presupuesto disponible.

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Susana Santistevan, por CREO

Planteo crear y recuperar integralmente 50 nuevos parques bioclimáticos y plazas comunales durante la gestión, distribuidos en sectores históricamente olvidados. La intervención buscará llevar espacios verdes y de encuentro hacia barrios donde actualmente existe una menor presencia de vegetación y espacio público.

Priorizaremos Monte Sinaí, Ladrillera, Pascuales, Ciudad de Dios, Socio Vivienda, Mucho Lote 2 y Bastión Popular, en el norte y noroeste; Isla Trinitaria, Guasmo Norte, Central y Sur y Suburbio Oeste, en el sur; además de parroquias urbanas densas como Febres Cordero, Letamendi y Ximena, donde el cemento ha desplazado la vegetación.

También ejecutaremos una arborización urbana masiva mediante Corredores de Sombra, con la siembra e integración de 100.000 árboles nativos, entre ellos guayacanes y acacias, en avenidas, calles y aceras. Estos árboles actuarán como parasoles naturales para reducir la temperatura urbana hasta en 3 °C en los sectores más calurosos.

“Planteo crear y recuperar integralmente 50 nuevos parques bioclimáticos y plazas comunales durante la gestión, distribuidos en sectores históricamente olvidados. La intervención buscará llevar espacios verdes y de encuentro hacia barrios donde actualmente existe una menor presencia de vegetación y espacio público”.Susana Santistevan,
CREO

Reconstruiremos aceras bajo un estándar de accesibilidad universal, con bordillos de máximo 12 centímetros, rampas suaves en los cruces, una franja peatonal libre de obstáculos y superficies de adoquín u hormigón microtexturizado antideslizante para reducir el riesgo de caídas. En las plazas y parques de mayor concurrencia instalaremos contenedores de basura subterráneos para evitar botaderos en las esquinas.

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Destinaré 35 millones de dólares durante la gestión para parques, arborización masiva, aceras antideslizantes y contenedores subterráneos comunitarios. El financiamiento provendrá de la optimización del presupuesto municipal de obras públicas, alianzas con la empresa privada y fondos internacionales destinados a mitigación del cambio climático y resiliencia urbana.

Con la empresa privada impulsaremos incentivos tributarios para el apadrinamiento de parques mediante el programa “Adopta un Parque Bioclimático”. La propuesta busca incorporar recursos privados al mantenimiento y recuperación de estos espacios públicos.

Ahora, Zapata regresa a la papeleta como ficha del movimiento provincial Imparables, lista 79. Su candidatura fue calificada para las elecciones seccionales de noviembre.

En su segundo intento a la Prefectura, su trayectoria es distinta a la de 2019. Ha sumado el haber sido director general del ECU-911, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso.

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Su regreso a la política electoral ocurre, además, después de un episodio que marcó su trayectoria: en mayo de 2024, la Asamblea Nacional, de mayoría correísta, censuró su gestión como ministro del Interior y le impuso una prohibición de ejercer cargos públicos durante dos años.

De ‘Capi Zapata’ a candidato a prefecto

La imagen pública de Zapata comenzó mucho antes de sus cargos políticos. Ingresó a la Policía Nacional en 1989 y permaneció más de dos décadas en la institución. Llegó al grado de teniente coronel y desarrolló buena parte de su carrera en áreas vinculadas con tránsito y seguridad vial.

En 2004, cuando era capitán y ocupaba la Dirección de Señalización Vial de la Dirección Nacional de Tránsito, impulsó la campaña Corazones Azules. La iniciativa colocaba corazones azules en los lugares donde una persona había muerto en un accidente de tránsito, con el objetivo de generar conciencia sobre la siniestralidad vial. La campaña convirtió a Zapata en un rostro conocido y le dio el apodo de ‘Capi Zapata’.

Paco Moncayo, quien fue su compañero de fórmula en 2019 con la alianza entre Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive, recuerda esa etapa como uno de los principales atributos de Zapata. “Él fue un oficial de Policía que realmente destacó entre todos, con grandes iniciativas en beneficio de la comunidad”, recuerda Moncayo. A su juicio, Zapata consiguió integrarse con la ciudadanía y ganarse su reconocimiento.

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Moncayo lo describe como una persona competente, capacitada y de “ánimo sereno”.

Su formación también estuvo vinculada con la seguridad y el tránsito. Es ingeniero en Tránsito y Transporte por la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Además, cuenta con especializaciones en seguridad pública y privada, un diploma en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Chile.

De la Policía Nacional a la carrera política

En 2013, Zapata dejó el servicio activo. Ese mismo año dio el salto a la administración pública, cuando el entonces alcalde Mauricio Rodas lo designó secretario general de Seguridad y Gestión de Siniestros del Municipio de Quito. Permaneció cerca de seis años en ese cargo.

Para Santiago Basabe, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la campaña Corazones Azules constituye uno de los principales logros de la trayectoria pública de Zapata.

Basabe considera que Zapata construyó buena parte de su capital público desde el ámbito técnico, pero que ese recorrido no se tradujo con la misma fuerza al terreno político-electoral. “Nunca alcanzó a dimensionar el espacio que podía ocupar. Pudo ser un gran funcionario desde la parte técnica, que es su área. En la elección o en la parte político-electoral tiene debilidades”, analiza.

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A juicio del politólogo, esa dificultad explica por qué está lejos de llegar a la Prefectura. Considera que es una lástima, porque acumuló “capital simbólico y político” durante su etapa en la Policía, un activo que, según su análisis, se ha ido diluyendo. Basabe identifica varias dificultades en su trayectoria electoral: falta de carisma, una capacidad de comunicación limitada y la ausencia de una posición ideológica claramente definida.

“Con él no se sabe si es un socialdemócrata, si es de centro-derecha”, sostiene Basabe, quien también destaca que Zapata ha ocupado espacios en administraciones de distinto signo político. En 2019, el entonces presidente Moreno lo designó director general del ECU-911. El cargo le dio una plataforma nacional y con la llegada de la pandemia de covid-19, el ECU-911 tuvo un papel central en la coordinación de emergencias.

Zapata se convirtió en uno de los funcionarios que aparecían con mayor frecuencia para comunicar decisiones sobre restricciones, movilidad, etc.

Guillermo Lasso durante su periodo como presidente lo escogió en 2022 para reemplazar a Patricio Carrillo como ministro del Interior, después del femicidio de María Belén Bernal por su esposo policía. En su posesión habló de recuperar la confianza ciudadana en la Policía y de una reestructuración de la institución, además de mayor inversión para mejorar la seguridad en el país.

Sin embargo, su año de gestión en el ministerio coincidió con una escalada de la violencia y el deterioro de la seguridad a escala nacional, pues el año 2023 terminó con un registro de 8.248 homicidios, frente a los 4.603 de 2022.

Lo que debes saber

• Media Defence intervino ante el Tribunal Contencioso Administrativo por el caso GRANASA.
• La ONG cuestionó la intervención estatal bajo estándares de libertad de expresión.
• Alertó que exigencias de información comercial sensible encubren restricciones indirectas.

La organización internacional Media Defence presentó un amicus curiae ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil dentro de la demanda de impugnación presentada por Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). La acción jurídica busca que los jueces analicen bajo estándares internacionales de derechos humanos la resolución de la Superintendencia de Compañías, entidad que ordenó intervenir a la casa editorial de los diarios Expreso y Extra tras una controversia por pedidos de información societaria.

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El origen del conflicto societario y la resolución de intervención

La controversia se originó a inicios de 2026 a partir de actuaciones societarias y resoluciones emitidas por los entes de control:

El alcance de la medida adoptada por la Superintendencia

La disposición administrativa contra GRANASA determinó medidas operativas de control directo:

El estándar internacional y el test tripartito sobre libertad de expresión

Media Defence argumentó que el litigio no constituye un simple conflicto societario, pues la intervención incide directamente sobre la capacidad operativa de un medio de comunicación independiente. En su fundamentación, la organización recordó la vigencia del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la obligatoriedad del control de convencionalidad por parte de los jueces ecuatorianos.

Toda restricción al ejercicio de este derecho fundamental debe superar de forma concurrente un test tripartito:

Falta de motivación y contexto de la libertad de prensa en Ecuador

El documento subraya que el deber de debida motivación contemplado en el artículo 8.1 de la CADH exige a la autoridad sustentar razonadamente por qué los descargos de la compañía no eran procedentes, obligación reforzada por la Corte IDH en fallos como Peralta Armijos vs. Ecuador.

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Asimismo, el amicus curiae contextualizó el entorno informativo en el país citando alertas de organismos internacionales:

Por estos motivos, la organización internacional solicitó al tribunal examinar a profundidad la legalidad del acto administrativo para evitar que mecanismos societarios deriven en restricciones indirectas a la prensa.

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Descalificación tras apelación

La decisión fue oficializada mediante la sentencia de la causa Nro. 392-2026-TCE, expedida el 5 de octubre de 2026 y suscrita por los magistrados del organismo. El documento jurisdiccional precisa que el pleno analizó el reclamo del actor político y resolvió mantener en firme la negativa de calificación e inscripción de su candidatura, dictaminada previamente por el CNE el pasado 24 de septiembre.

"En junio tuve un bloqueo de mis cuentas por el tema de la UAFE, ellos están haciendo unas investigaciones, y esto desdobla a mis familiares, a las empresas, y si causa bastante daño, y espero que pronto se desenvuelva este tema, porque no tengo nada malo que ocultar", agregó Silva Nowak, en una entrevista con el medio Ecuador en Directo. 

El panorama de la papeleta en el cantón

Con este fallo ejecutoriado, la oferta electoral para el cabildo samborondeño se reduce a dos perfiles habilitados. Las únicas candidaturas confirmadas en firme son las de María José Agusto, representante del movimiento Centro Democrático, y Niels Olsen, de Acción Democrática Nacional (ADN). 

Cabe destacar que, hasta la fecha, el equipo del candidato del partido de Daniel Noboa se ha negado a conceder entrevistas a EXPRESO para detallar su plan de trabajo.

Por otro lado, en las últimas semanas se hablaba de una posible renuncia del candidato del Partido Social Cristiano, Carlos Alvear, a la contienda, terminando casi treinta años de hegemonía en el cantón. 

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Lo que debes saber

• El CNE analiza escenarios ante posibles afectaciones climáticas.
• Ciudadanos y expertos cuestionan un eventual cambio de fecha.
• El pedido incluye mayores controles al financiamiento electoral.

Un grupo de expertos electorales, académicos y ciudadanos pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) mantener la fecha prevista para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y concentrarse en fiscalizar el proceso. El pronunciamiento, difundido este miércoles 7 de octubre, plantea además acciones frente a la entrega de dádivas, la campaña anticipada y el financiamiento político.

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El pedido frente al escenario climático

El planteamiento surge después de que el presidente del CNE, José Cabrera, señalara que una emergencia climática de gran magnitud podría llevar a considerar un cambio en la jornada electoral. El organismo ha informado que prevé planes de contingencia y reubicación de recintos ante eventuales afectaciones por fenómenos naturales.

Los firmantes sostienen en el comunicado que el fenómeno de El Niño no debería utilizarse como argumento para modificar la fecha establecida en el calendario. A su criterio, cualquier variación debe sustentarse en razones objetivas, verificables y jurídicamente fundamentadas, debido al impacto que tendría sobre la confianza y la seguridad jurídica del proceso.

El documento también reclama al organismo electoral un control efectivo sobre la entrega de regalos o dádivas y la campaña anticipada, conductas contempladas como infracciones en el Código de la Democracia. Además, solicita fiscalizar el uso de bienes estatales y verificar el origen, monto y destino de los recursos empleados por las candidaturas.

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Vigilancia al financiamiento electoral

Entre las medidas propuestas consta revisar actividades como bingos, rifas, sorteos y conciertos cuando existan indicios de que movilizan fondos destinados a actividades políticas. Los autores también piden conocer si está operativo el Sistema de Interconexión de Datos para el Financiamiento de la Política y qué resultados ha producido la articulación con entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Contraloría General del Estado y la Fiscalía.

Además, el comunicado solicita reactivar el Buzón de Denuncias Electorales Anónimas, garantizar un escrutinio sin interrupciones desde las 17:00 del 29 de noviembre y que la Asamblea Nacional ejerza sus facultades de fiscalización sobre el CNE. El pedido fue suscrito, entre otros, por Medardo Oleas, Francisca Morejón, Alfredo Espinosa Rodríguez, Pablo Ruiz, Julio Echeverría y Anabelle Chacón.

Lo que se sabe 

• José Cevallos: recibió una condena de dos años, dos meses y 20 días por comercialización ilegal de combustible.
• Beneficio: el tribunal suspendió la pena y también concedió el beneficio a tres contadoras.
• Condiciones: deberán mantener domicilio fijo, presentarse periódicamente, no salir del país y evitar contacto con otros procesados.

José Cevallos Avellán, exgerente financiero de Fuelcorp, no irá a prisión por su participación en el caso Triple A. El tribunal que lleva la causa suspendió este martes 6 de octubre la pena de dos años, dos meses y 20 días que le fue impuesta tras declararlo cómplice del delito de comercialización ilegal de combustible.

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Cevallos fue uno de los testigos de la Fiscalía General del Estado dentro del proceso que involucra a Aquiles Álvarez y otras personas. El tribunal acogió su pedido de suspensión condicional de la pena, por lo que podrá cumplir la condena en libertad.

La misma decisión se aplicó a Carolina Troya, Leydi Cedeño y Yesenia Vélez, contadoras de cuatro empresas vinculadas al proceso. Las tres recibieron la misma pena y fueron declaradas cómplices del delito.

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La condena se cumplirá bajo condiciones

El tribunal explicó que la cooperación con la justicia no es un requisito para acceder a la suspensión condicional de la pena. El criterio determinante es que la condena impuesta sea inferior a cinco años de prisión.

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La Fiscalía y los acusadores particulares respaldaron la solicitud de Cevallos, pero se opusieron a que las tres contadoras recibieran el mismo beneficio. Pese a ello, el tribunal resolvió conceder la suspensión a los cuatro sentenciados.

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¿Qué deberán cumplir?

Cevallos, Troya, Cedeño y Vélez deberán cumplir una serie de condiciones mientras permanezcan en libertad. Entre ellas están mantener un domicilio fijo, presentarse periódicamente ante la autoridad y no salir del país.

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También tendrán prohibido frecuentar a los otros procesados y deberán abstenerse de reincidir en conductas delictivas. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar que la suspensión sea revocada y que los sentenciados sean enviados a prisión para cumplir la pena.

En un comunicado publicado este 7 de octubre de 2026, la organización política señaló: “Esta decisión genera una grave afectación al derecho constitucional a la participación política, no solamente de nuestros candidatos, sino también de la organización política”.

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La decisión corresponde a la causa 408-2026-TCE y fue conocida por el Pleno del organismo el 6 de octubre. El fallo aceptó el recurso presentado por el movimiento oficialista ADN y determinó que la delegada que realizó la subsanación de la candidatura no tenía facultades para hacerlo.

La organización señaló que la observación inicial sobre la documentación era subsanable y que los documentos fueron presentados dentro del plazo establecido. Según Avanza, el TCE consideró que la corrección no era válida por el alcance de la delegación otorgada.

El partido sostuvo que una cuestión formal no debería impedir la participación de una candidatura en las elecciones seccionales de 2026. 

“La propia sentencia reconoce que la observación formulada inicialmente sobre la documentación presentada era susceptible de subsanación y que la documentación presentada dentro del plazo correspondiente podía superar materialmente el problema de legibilidad”, argumentó la organización política.

¿Qué pasó con el binomio de Avanza?

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogió el recurso subjetivo contencioso electoral tramitado bajo la causa 408-2026-TCE. Con esta decisión, el organismo de justicia electoral revocó la Resolución Nro. PLE-CNE-118-29-9-2026, emitida el 29 de septiembre de 2026 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la resolución previa emitida por la Junta Provincial Electoral de Tungurahua.

El punto central del litigio jurídico giró en torno al alcance de las facultades para corregir observaciones dentro del calendario electoral. Durante la fase inicial, la autoridad electoral advirtió que la declaración juramentada del postulante a la Viceprefectura era ilegible y otorgó 48 horas para subsanar.

Cuenca

Azuay cierra calificación de candidaturas con nueve aspirantes a la Alcaldía de Cuenca

Claudia Pazán

El trámite de subsanación fue ingresado mediante el Oficio Nro. JPET-AVANZA8-2026-022, firmado por Aracelly Karina Pérez Izurieta, presidenta provincial de la organización política.

Sin embargo, el tribunal determinó que dicho trámite carecía de eficacia jurídica conforme a la normativa electoral y los estatutos internos del partido.

Lo que debes saber

• Ecuador y la UE crean alerta temprana para detectar nuevas drogas y riesgos en 2026.
• Comité de Drogas analiza en Quito cómo anticipar amenazas al consumo y tráfico.
• Nuevo sistema busca identificar riesgos de drogas antes de afectar salud y seguridad.

Ecuador avanza en el diseño de un sistema de alerta temprana destinado a identificar nuevos riesgos asociados a las drogas, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad estatal para anticiparse a amenazas emergentes relacionadas con el narcotráfico, el consumo de sustancias y sus impactos en la salud pública.

La propuesta se desarrolla en el marco de un taller técnico realizado con apoyo de la Unión Europea, que reúne a representantes de las entidades que integran el Comité Interinstitucional de Drogas. El encuentro tiene como finalidad establecer mecanismos de coordinación y definir la creación de una comisión especializada en análisis e investigación sobre el fenómeno de las drogas y la salud mental en el país.

Buscan anticiparse a nuevas formas de amenaza

La iniciativa surge en un contexto regional marcado por la evolución de los mercados ilícitos, la aparición de nuevas sustancias y los cambios en las dinámicas del crimen organizado. Por ello, las autoridades y organismos participantes buscan desarrollar herramientas que permitan recopilar información, analizar tendencias e identificar riesgos de manera más rápida.

Durante las jornadas de trabajo se discuten procedimientos para fortalecer la investigación sobre drogas y mejorar los mecanismos de intercambio de información entre instituciones. El objetivo es contar con alertas oportunas ante posibles cambios en los patrones de consumo, tráfico o aparición de nuevas sustancias.

Ecuador

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Cooperación internacional y políticas públicas

El proyecto forma parte de la cooperación entre Ecuador y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas (Copolad III). Según la información difundida durante el encuentro, la intención es dotar a las instituciones ecuatorianas de mayores capacidades para comprender la evolución del fenómeno de las drogas y respaldar la toma de decisiones basadas en evidencia.

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La Unión Europea ha señalado que el fortalecimiento de los sistemas de información y la coordinación interinstitucional son elementos clave para enfrentar un problema que combina dimensiones de seguridad, salud pública y desarrollo social.

La creación de un sistema de alerta temprana ocurre mientras Ecuador enfrenta desafíos relacionados con el narcotráfico y las economías criminales vinculadas al comercio ilegal de drogas. 

Gabriela Solano, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Azuay, informó que de las 580 inscripciones solamente dos no fueron calificadas. "Una incumplió el porcentaje de inclusión de jóvenes y la otra no subsanó las observaciones dentro de los dos días establecidos", detalló. 

Política

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Más de 4.000 candidaturas en Azuay

Para la Prefectura de Azuay quedaron en firme ocho candidaturas : Gabriela Eulalia Ochoa Quesada, por el Partido Social Cristiano; Pablo Esteban Webster Coello, por el Movimiento Nueva Generación; Ángel Vicente Cartuche Cartuche, por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik; Sebastián Rodrigo Ceballos Vivar, por el Movimiento Unidos por el Agua; Paolo José Carpio Arévalo, por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN); Gustavo Fernando Sánchez Pinos, por el Partido Avanza; María Consuelo Orellana Pacheco, por la Alianza a la Provincia en Marcha; y David Mateo López Vanegas, por el Movimiento Igualdad.

En el caso de la Alcaldía de Cuenca, las candidaturas calificadas son nueve : Juan Pablo Riquetti Morales, por el Partido Sociedad Patriótica; Paulo Ernesto Carrasco Carpio, por la Alianza Cuencanos como Vos; Pedro Renán Palacios Ullauri, por el Movimiento Nueva Generación; Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, por la Alianza a la Provincia en Marcha; Leonardo Agustín Morales Ordóñez, por el Partido Avanza; Diana Mercedes Mera Quito, por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik; Juan Carlos Vega Malo, por ADN; Yaku Usacha Pérez Guartambel, por la Alianza Unidos por el Agua; y Hugo Marcelo Cabrera Palacios, por la Alianza en Equidad.

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Del total provincial, además, fueron inscritos 89 candidatos a las alcaldías de los diferentes cantones, 285 candidatos a concejalías urbanas, 198 a concejalías rurales y 1.570 a vocalías de juntas parroquiales.

Solano detalla que la Junta recibió 24 objeciones durante el proceso y dos impugnaciones ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Estas correspondieron a las alcaldías de Oña y Paute y estuvieron relacionadas con la pertenencia. "Ambas fueron desestimadas: una por falta de legitimidad y otra por falta de firma de verificación de la procuradora común", puntualizó.

Campaña electoral

Aunque las candidaturas ya están en firme, la campaña electoral comenzará oficialmente el 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de noviembre. La Junta advirtió que las actividades que constituyen llamadas al voto fuera de ese período pueden ser consideradas campaña anticipada.

Vinicio Bermeo, director de la Delegación Provincial del CNE, dio a conocer que se realiza monitoreo de medios y redes sociales para detectar posibles infracciones. Para el control la institución dijo considerar los siguientes aspectos: temporalidad , contenido de las declaraciones y, cuando corresponda, el posible uso de recursos económicos que posteriormente deberán ser reportados por los representantes económicos de las organizaciones políticas.

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Además aclaró que los candidatos pueden exponer sus planes de trabajo y proyectos antes del inicio de la campaña y que la diferencia está en el llamado al voto. "Presentar propuestas y explicar objetivos a la ciudadanía no constituye, por sí mismo, campaña anticipada", dijo Bermeo.

También reconoció que el control en redes resulta complejo por la magnitud de las plataformas y la existencia de cuentas anónimas.

Debates y plan de contingencia 

El CNE informó que los debates en la provincia del Azuay se desarrollarán el 14 de noviembre para las candidaturas a la Prefectura y el 15 de noviembre para la Alcaldía de Cuenca. El carácter de estos debates será obligatorio.

Mientras tanto, la Junta Provincial Electoral avanza en la organización de la jornada electoral del 29 de noviembre. De los 13.713 miembros de las juntas receptoras del voto designados ya se han capacitado el 42%.

También se trabaja en la instalación de internet en los centros de digitalización y en la revisión de los recintos electorales.

Ante posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño, la Junta señaló que existe un plan de contingencia y una mesa de seguridad integrada por instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU 911, Secretaría de Gestión de Riesgos y Ministerio de Educación. 

La Junta también indicó que existen recintos alternos en caso de que sea necesario realizar cambios por inundaciones u otros eventos, siempre que las condiciones y el tiempo permitan ejecutar la modificación.

Para el proceso de encuestas y análisis preelectoral, siete empresas, personas naturales o jurídicas han sido calificadas por el CNE, mientras una solicitud no fue aceptada. La autoridad electoral recomendó a los ciudadanos contrastar la información que circula sobre preferencias electorales y posibles resultados.

La campaña para las seccionales de 2026 aún no arranca formalmente. Sin embargo, en redes sociales, los diferentes partidos políticos ya hablan de sus candidatos, propuestas y preocupaciones. En ese escenario, la Revolución Ciudadana empezó por Guayas la exposición de sus candidatos.

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En un video publicado en la cuenta de esa organización en Guayas, Correa —expresidente y sentenciado en el caso Sobornos— aparece en solitario para hacer un llamado al voto por Sofía Espín, candidata a prefecta del Guayas, y José Francisco Cevallos, candidato a viceprefecto. El propio Correa explica que, esta vez, ambos correrán por esos cargos bajo la lista 17 del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

¿Qué dijo Correa sobre la campaña?

En su perfil de la red social X, Correa delineó lo que será la campaña para sus candidatos. Anticipó que en México ya había realizado videos para promocionar a sus compañeros. “En México ya hice decenas de videos para nuestros candidatos. A estar muy atentos y activos”, escribió.

A la par, Correa pidió que cada uno de los simpatizantes de la Revolución Ciudadana “se convierta en una verdadera central de campaña”. “Debemos actuar más unidos, decididos e informados”, agregó.

¿Qué pasó con la lista de RC?

Revolución Ciudadana no irá a las seccionales con su propia lista. Tras una denuncia de la Fiscalía por el denominado caso Caja Chica, relacionado con un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2023, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió al movimiento.

En ese escenario, el correísmo buscó movimientos que auspiciaran a sus principales candidatos. Uno de ellos fue Amigo, donde perfiles como Pabel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito, y Luisa González, en ese momento aspirante a la Prefectura de Manabí, protagonizaron las primarias.

Bajo un esquema similar, la Fiscalía también anunció el inicio de un proceso contra Amigo y este terminó suspendido por el TCE. Así, la Revolución Ciudadana tuvo que buscar alianzas de última hora.

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En Guayas pondrá candidatos de la mano del PSE, no solo para la Prefectura, sino también para la Alcaldía de Guayaquil, con Fiorella Ycaza. En Quito, el correísmo es parte de la Alianza Ciudadana, en la que también están el PSE y Unidad Popular.

Lo que debes saber

• TCE aceptó recurso de ADN y anuló calificación del binomio de Avanza en Tungurahua.
• La delegada del partido carecía de facultades para subsanar requisitos legales.
• Se ratificó que el CNE vulneró la seguridad jurídica al validar la delegación.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió aceptar el recurso subjetivo interpuesto por Mishel Mancheno, secretaria nacional del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). El fallo dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y negó de forma definitiva la inscripción del binomio a la Prefectura y Viceprefectura de Tungurahua auspiciado por Avanza, integrado por María Fernanda Naranjo Guevara y Cristian Omar Yucailla Yucailla, debido a que la subsanación de su trámite fue suscrita por una delegada no facultada jurídicamente para dicho acto.

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El fallo del TCE contra la resolución del CNE

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogió el recurso subjetivo contencioso electoral tramitado bajo la causa Nro. 408-2026-TCE. Con esta decisión, el organismo de justicia electoral revocó la Resolución Nro. PLE-CNE-118-29-9-2026 emitida el 29 de septiembre de 2026 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la resolución previa emitida a nivel desconcentrado por la Junta Provincial Electoral de Tungurahua.

Como efecto directo de la sentencia, se negó la calificación e inscripción formal de la fórmula provincial presentada por la organización política:

Los límites de la delegación en Avanza

El punto central del litigio jurídico giró en torno al alcance de las facultades legales para corregir observaciones dentro del calendario electoral. Durante la fase inicial, la autoridad electoral advirtió que la declaración juramentada del postulante a la Viceprefectura era ilegible, otorgando 48 horas para subsanar. Dicho trámite de descargo fue ingresado mediante el Oficio Nro. JPET-AVANZA8-2026-022 firmado por Aracelly Karina Pérez Izurieta, presidenta provincial de la organización política.

Sin embargo, el tribunal determinó que dicho trámite carecía de eficacia jurídica conforme a la normativa electoral y los estatutos internos del partido.

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Razones jurídicas que anularon la subsanación

El Pleno sustentó la invalidez del acto en los siguientes puntos normativos:

Vulneración de la seguridad jurídica

El tribunal concluyó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneró el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador al dar por válida una subsanación presentada por quien no contaba con atribuciones legales suficientes.

El fallo descartó que existiera una falta de motivación en la resolución impugnada, señalando que el error de la autoridad electoral radicó en una indebida aplicación del régimen reglamentario al extender indebidamente atribuciones delegadas.

Lo que debes saber

• El TCE rechazó la apelación de Carlos Sánchez Villagrán por infracción en la Consulta 2024.
• Se ratificó la multa de 25 salarios básicos unificados al responsable económico.
• El tribunal descartó vulneración al debido proceso y confirmó fallas en descargos.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó este 6 de octubre de 2026 el recurso de apelación interpuesto por Carlos Sánchez, responsable del manejo económico del movimiento Pachakutik. En Quito, los jueces electorales ratificaron la sentencia de primera instancia que determinó su responsabilidad por entregar de forma extemporánea y no subsanar las observaciones a las cuentas de campaña de la consulta popular de 2024, confirmando en su contra una sanción de 25 salarios básicos unificados.

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La resolución del Pleno del TCE sobre el recurso de apelación

El máximo organismo de justicia electoral analizó la impugnación a la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2026 por el juez de primera instancia, Ángel Torres, derivada de una denuncia interpuesta por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera.

La causa signada con el número 109-2026-TCE resolvió dos problemas jurídicos centrales: la presunta vulneración del derecho a la defensa por defectos en la citación y la configuración de la infracción electoral tipificada en la normativa aplicable bajo el principio de favorabilidad.

Tras la sustanciación a cargo del juez Patricio Maldonado y la conformación del Pleno jurisdiccional, el tribunal concluyó por unanimidad que no existió indefensión y que los elementos objetivos y subjetivos de la falta se acreditaron plenamente.

Los argumentos sobre la citación y el derecho a la defensa

La defensa técnica del responsable económico alegó la nulidad procesal al sostener que la diligencia de citación practicada entre el 12 y el 14 de agosto de 2026 mediante la fijación de boletas en su domicilio vulneró el debido proceso. Argumentó que esto le impidió contestar a tiempo la denuncia e intervenir en igualdad de condiciones.

No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral desestimó este reclamo con base en los siguientes antecedentes procesales:

El fallo determinó que el recurrente no probó un vicio real que produjera indefensión efectiva, habiendo ejercido a cabalidad su patrocinio letrado.

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Las irregularidades no subsanadas en el gasto electoral

En cuanto al fondo del caso, el análisis técnico de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral determinó que Pachakutik no desvaneció 10 observaciones técnicas tras un plazo inicial de 15 días concedido por la Presidencia del CNE en agosto de 2025.

Pese a que el denunciado argumentó que no hubo movimientos en efectivo sino aportes en especie, el tribunal ratificó que las obligaciones contables son de carácter sustancial para el control democrático.

Observaciones técnicas ratificadas por el CNE

El informe final de liquidación de cuentas identificó los siguientes incumplimientos:

El Pleno concluyó que Sánchez ostentaba una posición de garante directa sobre la gestión económica y contable de la campaña, por lo que la sanción económica impuesta de 25 salarios básicos unificados respeta los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Lo que debe saber

• Roberta Zambrano fue denunciada ante el TCE por presunta entrega no autorizada de dádivas.
• El juez Patricio Maldonado dio dos días al denunciante para aclarar y completar el trámite.
• La candidata de ADN podría enfrentar multas e inhabilitación para los comicios de noviembre.

La candidata del movimiento ADN a la Alcaldía de Esmeraldas, Roberta Zambrano, fue denunciada el 6 de octubre de 2026 ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la presunta entrega de dádivas y regalos a ciudadanos. La causa, ingresada por Linder Maximiliano Altafuya Loor y asignada al juez Patricio Maldonado, señala una supuesta infracción electoral grave que podría comprometer la participación de la postulante en los comicios seccionales de noviembre de 2026.

Los detalles de la denuncia contra Roberta Zambrano

El recurso legal presentado por Linder Maximiliano Altafuya Loor sostiene que la aspirante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 278 del Código de la Democracia.

Dicha normativa sanciona de manera expresa la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos sin autorización de la autoridad electoral durante el período de campaña.

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Sanciones previstas en la normativa electoral

En caso de comprobarse la infracción, la ley estipula las siguientes consecuencias:

De superar los filtros legales correspondientes y ser admitida a trámite, la denuncia podría derivar en una resolución que afecte directamente la candidatura de Zambrano para las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.

Denunciante deberá completar recurso electoral

El juez de la causa, Patricio Maldonado, aún no admite a trámite la causa. Mediante un auto de sustanciación, el magistrado dispuso que el denunciante aclare y complete su recurso en un plazo perentorio de dos días.

Para evitar que la causa sea archivada, el demandante debe subsanar los siguientes puntos:

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La polémica por video con la presunta menor de edad

Antes del ingreso de la denuncia ante el TCE, se difundió en plataformas digitales un video en el que se observa a Roberta Zambrano entregando obsequios a asistentes durante un acto público. La controversia se originó porque en la grabación se escuchaba a la postulante pedirle a una ciudadana que se levantara el vestido para hacerle entrega del presente, lo que generó cuestionamientos sobre si se trataba de una menor de edad.

Posteriormente, la candidata de ADN publicó un segundo video junto a la involucrada y su entorno familiar para aclarar el hecho. En esa grabación, la propia ciudadana descartó ser menor: "Estoy aquí para desmentir una información en la cual dicen que soy niña, pero no soy niña, soy mayor de edad".

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La designación se produjo el miércoles 7 de octubre de 2026, durante la sesión de clausura de la 63 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre.

Salazar, abogada y catedrática, pasará a integrar el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas, conformado por expertos independientes.

Durante esta sesión se abrió una convocatoria para cubrir la vacante correspondiente a los Estados de América Latina y el Caribe dentro de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo, que integrará Daniela Salazar, existe desde hace 16 años

El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Fue creado el 1 de octubre de 2010 mediante la resolución 15/23, adoptada por consenso, y su mandato fue renovado en junio de 2025 mediante la resolución 59/14.

Este grupo tiene como objetivo abordar, desde una perspectiva independiente e integral, las distintas formas de discriminación que afectan a mujeres y niñas. Para ello, analiza leyes, políticas y prácticas y proporciona orientación a los Estados.

Su labor complementa el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de supervisar la aplicación de la convención internacional sobre esta materia, y el de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y la niña.

A diferencia de estos mecanismos, el Grupo de Trabajo aborda la discriminación contra mujeres y niñas en sus diferentes manifestaciones y trabaja con todos los Estados, independientemente de que hayan ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

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