El jueves 30 de abril de 2026, en el inicio del feriado extendido por el Día del Trabajador, el organismo electoral hará la convocatoria para la conformación de dicha veeduría. Así, desde el 4 de mayo, el CNE receptará las solicitudes de inscripción.

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¿Cuál es la importancia de esa veeduría?

Este espacio será clave, ya que ahí se verificará el cumplimiento de los requisitos por parte de los postulantes al CPCCS. Para postular como veedor se exigirán los siguientes requisitos:

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Sobre los cambios para los aspirantes al CPCCS, entre el 12 y el 25 de junio de 2026, el CNE receptará las inscripciones. Para esa finalidad, el nuevo instructivo determina requisitos e inhabilidades. Un candidato al CPCCS deberá:

El proceso se desarrolla en medio de un posible cambio en el CPCCS

Está en marcha una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro del organismo, en particular sobre su facultad de designar autoridades de control. El presidente Daniel Noboa impulsa la pregunta con la que se propone trasladar esa competencia a la Asamblea Nacional.

Independientemente de si esa propuesta se aprueba o no en la consulta popular, el CPCCS se mantendrá vigente, por lo que su conformación mediante vocales elegidos por votación popular sigue siendo obligatoria, conforme lo establece la normativa.

Dos movimientos con estrategias distintas

La posición de ambos movimientos es distinta. Por un lado, UP ha anunciado tres vías legales para evitar salir del registro permanente de organizaciones políticas. Su dirigente, Geovanni Atarihuana, señaló que acudirán al TCE, a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Por otro lado, Construye se pronunció recientemente, aunque sin definir una estrategia legal para enfrentar su cancelación. En un comunicado, la organización señaló: “Construye no responde a intereses económicos ni a estructuras oligárquicas. Su oferta: conocimiento del Estado, de la política pública y convicción democrática”. También cuestionó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y al presidente de la República, Daniel Noboa.

Atarihuana informó que la notificación sobre la cancelación llegó formalmente la noche del lunes pasado. Con ello, presentarán un último recurso ante el CNE para intentar que se corrija la resolución. Luego acudirán al TCE con una apelación. Mientras tanto, la organización política continuará con su preparación para los comicios seccionales del 29 noviembre próximo.

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Así, el futuro de ambas organizaciones políticas se juega en dos tiempos: uno relacionado con su intención de participar en las seccionales y otro respecto a su permanencia en el registro permanente del CNE, lo cual podría definirse incluso después de las elecciones.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que, por ahora, ninguna de las dos organizaciones está fuera del registro permanente. “Hasta que no quede ejecutoriada la resolución del CNE, mantienen la facultad legal para participar en elecciones”, aclaró.

Todo en manos del TCE

Los expertos en Derecho Electoral Daniel González y Mónica Bolaños coinciden con esa interpretación. Para González, el recurso ante el TCE no tomaría tanto tiempo como para extenderse más allá de las primarias y la inscripción de candidaturas, previstas entre el 2 y el 17 de agosto próximo.

Por su parte, Bolaños explicó que en caso de que exista una sentencia definitiva en el TCE, la participación de ambas organizaciones sería posible si esta ocurre antes del inicio de las primarias. 

“Siempre está presente el principio de preclusión de cada una de las etapas (del calendario electoral), precisamente para que no se afecten las siguientes. Podría ser que si el TCE emite sentencia posterior y favorable para los movimientos previo a que se inicie la democracia interna, podrían participar”.

El esceneario si el TCE falla en contra

El segundo escenario se activa en caso de que el TCE ratifique la decisión del CNE. Para Oleas, esto significaría la cancelación definitiva. Añadió que la Corte Constitucional podría revertir esa decisión si declara la inconstitucionalidad de la medida, aunque ese proceso podría tomar años.

Sobre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, Bolaños indicó que es un recurso viable, incluida la CIDH. “Pero eso no permitiría su participación en las próximas elecciones”, especificó.

En esa línea, Atarihuana adelantó que la próxima semana presentarán un pedido de medidas cautelares. “Tenemos lista ya la presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares, porque hay una evidente violación de los derechos de participación política”, declaró.

Pero el camino que deben recorrer lo harán en medio de sus reparos frente al CNE y al TCE. En su comunicado, Construye señaló que esos organismos “actúan de forma arbitraria y aplican las normas con parámetros diametralmente opuestos según quién sea la organización controlada”. Y agregó que la permanencia de Diana Atamaint como presidenta del CNE en este punto ya es insostenible.

UP aseveró que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Atarihuana expresó que aspiran a que el TCE, en esta ocasión, actúe teniendo en cuenta lo que establece el Código de la Democracia.

Lo que debes saber

• Seis ministros de Noboa recorrieron hospitales, sin resolver desabastecimiento de medicinas ni fallas del sistema público.
• Informe del MSP 2026 advierte: solo 10 % de medicamentos tiene financiamiento; 90 % carece de recursos.
• Pacientes y médicos alertan sobre falta de insumos y atención en hospitales; ministro Jaime Erazo enfrenta presión por soluciones inmediatas.

El 1 de junio de 2021, una semana después de asumir el cargo, el entonces vicepresidente de la República y médico Alfredo Borrero inició un recorrido por hospitales públicos. Tras visitar el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, declaró: “He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital. No es justo que la gente compre medicamentos”.

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Vicepresidenta Pinto llama la atención a directora de salud por supuesta desatención

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Los seis ministros de Salud del gobierno de Daniel Noboa han repetido ese ejercicio. En los últimos meses, algunos de ellos (como Edgar Lama, Jimmy Martin y María José Pinto) han atribuido la falta de medicinas a presuntas irregularidades, como un supuesto ocultamiento de insumos.

Ya no más diagnósticos, apliquen el tratamiento, le piden a Jaime Bernabé Erazo

Actores del sector creen que ya no hacen falta diagnósticos sino decisiones. Verónica Chávez preside el colectivo Reacciona Ecuador, creado en 2021 e integrado por profesionales de la salud. 

Cita el informe técnico IT-DPI-026-014 de la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado por la transición institucional derivada de los decretos 70 y 108, para la desconcentración territorial y la centralización de compras públicas en salud.

¿Solo el 10 % de medicinas están financiadas?

En el documento se advierte que apenas existe financiamiento para el 10 % de los medicamentos, dispositivos médicos y pagos a servicios externalizados. El 90 % restante carece de respaldo presupuestario.

Política

Médicos y pacientes protestan en Hospital Pablo A. Suárez de Quito por crisis de salud

Mónica Jara Chérrez

Lo que sufren pacientes renales, incluso los niños en el Baca Ortiz

A las cifras se suman los testimonios. Kevin Valdez, del Frente de Pacientes Renales, asegura que llevan un año y 10 meses recibiendo diálisis de forma irregular, pese a que el tratamiento debe realizarse tres veces por semana. Alertó sobre la situación del Hospital de Niños Baca Ortiz: “Está en juego la vida de al menos 40 niños”, dice, al exigir respuestas al nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo.

Según Chávez, el abastecimiento promedio real en hospitales y centros de salud alcanza apenas el 54 %. En algunos casos es crítico: el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano (en Santo Domingo), el de Monte Sinaí (Guayaquil) y el Luis G. Dávila (Carchi), registran 19 %, cuando el mínimo debería rondar el 85 %.

Esto ocurre en hospitales de Quito

En Pichincha, los odontólogos no cuentan siquiera con guantes para atender. Y otros médicos alertan que en hospitales como el Espejo, de Quito, no hay fundas para recolectar desechos antibióticos ni sedantes. En el de Calderón se están quedando solo con el 30 % de camas y no hay personal de limpieza. 

En el Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para operaciones traumatológicas. Pero no se trata solo de no poder atender a fracturados, sino a pacientes con traumatismo craneal, aclaran.

Lo que debería hacer Jaime Bernabé Erazo;

Por eso, José Ruales, exministro de Salud, opina que la crisis se ha producido por falta de capacidad, conocimiento e interés para hacer las cosas. Recuerda que, incluso tras la pandemia, el desabastecimiento no alcanzó niveles tan bajos. “Se llegó a un 62 %”. ¿Qué hacer?

Para Ruales, salir de la crisis de salud requiere voluntad política, ya que ha escuchado a economistas señalar que el FMI dice que el sistema de salud es “muy generoso” y quieren mantenerlo con “esos bonos electorales de los mil días”. 

Sostiene que el ministro debe asumir un rol activo en la defensa del sistema y exigir los recursos necesarios. El presupuesto financiado bordea los $2.600 millones, 600 millones menos de lo ejecutado en el 2023.

También cree que se debe cambiar al equipo que acompaña al ministro. “Siguen como viceministros Stalin Andino, abogado; Wendy Gavica, a cargo de la compra y administración de medicinas, que ha fracasado; hay un ingeniero y abogados”. Recuerda que siete universidades ofrecen maestrías en Administración Hospitalaria y Gerencia de Servicios de Salud y cuatro que forman salubristas.

Consulta y medicinas requiren pacientes en Ecuador

Daniel Rodríguez, especialista en administración en salud, anota que Erazo debe exigir financiamiento, el cual ha disminuido; y que este debe ser entregado oportunamente, no al final del año. 

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Solo así garantizará lo operativo y que las unidades de salud den prestaciones efectivas: “Si soy diabético, accedo a consulta, pero también a la receta, a las pastillas para la hipertensión. De lo contrario, es una prestación fallida”.

Además, Rodríguez plantea que Erazo debe volver a articular los subsistemas de salud, para que el IESS, Isspol e Issfa vuelvan a trabajar juntos.

El Ministerio de Salud no contesta

Desde hace alrededor de un año, el Ministerio de Salud no contesta solicitudes de entrevista ni pedidos de información de EXPRESO. También se solicitó entrevista con Jaime Bernabé Erazo, como con los demás funcionarios que estuvieron a cargo de la cartera.

Lo que debes saber

• Archivan extradición de Naím Massuh tras asilo en Colombia; CNJ Ecuador cierra trámite.
• Detenido en enero 2025 en Colombia y liberado en octubre tras otorgársele estatus de refugiado.
• El caso se suma a fallas de extradición de Tiguerones, Gjika y Luque; trámites oficiales sin avances.

El archivo del trámite de extradición de Naím Massuh, una de las figuras clave de la mafia ecuatoriana, sella un nuevo caso de impunidad en la reciente historia de la supuesta lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. 

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Verdad es que a Marco Rodríguez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no le quedaba alternativa: una vez que Colombia decidió conceder asilo a Massuh, no cabía esperar extradición alguna. 

Lo cierto es que, con éste, suman al menos cuatro los casos de presuntos mafiosos detenidos en el extranjero cuya extradición se ve frustrada o retrasada por razones difíciles de entender, algunos de los cuales son profundamente sospechosos.

Las extradiciones que el Gobierno ha dejado pasar

Para empezar está el Negro Willy, máximo cabecilla de los Tiguerones, a quien la justicia de España, país en el que fue detenido, puso en libertad cuando el gobierno ecuatoriano dejó caducar los plazos para la entrega de requisitos y garantías que exigía su proceso de extradición. 

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Ya puede el ministro del Interior, John Reimberg, rabiar todo lo que quiera: lo cierto es que el Negro Willy se le escapó por su propia (y sospechosa) negligencia. 

A este caso se suma el del narcotraficante albanés Dritan Gjika, detenido en Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2025 y cuyo proceso de extradición se mantiene desde entonces en desesperante inmovilidad. 

Por no hablar de Hernán Luque, implicado con Massuh en el caso Encuentro: guarda prisión domiciliaria en Argentina desde febrero de 2024, cuando la justicia de ese país concedió su extradición. Ni siquiera Diana Salazar, la fiscal general que lo procesó y hoy ocupa el cargo de embajadora en Buenos Aires, ha sabido, o podido, o querido acelerar el trámite que ya lleva estancado casi dos años y medio.

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La polémica decisión de Petro

A Massuh, que tenía y sigue teniendo difusión roja de Interpol, lo detuvo la Policía colombiana, con fines de extradición, el 23 enero de 2025. Qué tramites efectivos hicieron el gobierno y la justicia del Ecuador durante los siguientes nueve meses para acelerar esa extradición ya concedida, es un misterio. 

O quizá no: es harto probable que no hayan hecho absolutamente nada; de otra manera no se explica que el 30 de octubre el fiscal general de Colombia cancelara la orden de captura por habérsele concedido el estatus de refugiado y lo pusiera en libertad. 

¿Wong no se enteró del trámite de Massuh?

¿Así de fácil es burlar a la justicia ecuatoriana? ¿No se enteró Arturo Félix Wong, insólito embajador del Ecuador en Colombia, de lo que estaba ocurriendo o sí se enteró y no movió un dedo?

Lo de Colombia es inaudito: una cosa es que el gobierno de Gustavo Petro pretenda asilar a Jorge Glas, que al fin y al cabo es un político de su misma tendencia y fue vicepresidente de la República; que reclame persecución política en su contra y grite ‘lawfare’ a los cuatro vientos.

Las diferencias entre Massuh y el caso de Glas

Eso, aunque sepamos que Glas está preso por corrupto, es perfectamente predecible y hasta se puede entender: tiene su explicación política. Pero… ¿Massuh? ¿En serio Colombia encontró justificaciones para conceder el estatus de refugiado a uno de los nombres clave de la mafia ecuatoriana, un sujeto sin el menor peso político y conocido exclusivamente por sus relaciones con el crimen organizado? ¿Y qué justificaciones son esas?

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La Corte Nacional quiso saberlas y dirigió una consulta a las autoridades colombianas. Según reportó Ecuavisa, la Cancillería colombiana respondió que esa información es confidencial. No cabe imaginar peor respuesta (o mejor, según se mire) cuando de Massuh se trata: lo que está diciendo el gobierno de Colombia es que sus relaciones con este mafioso son secretas. 

Una extraordinaria manera de autorretratarse que pone en duda todo lo que el delirante señor Petro ha dicho y hecho a favor de ese otro delincuente al que concedió la nacionalidad colombiana en un desesperado intento por ayudarlo (Jorge Glas) y que lleva a preguntarse de veras qué diantres hizo durante sus dos días de encerrona en Manta (aunque algo ya sabemos gracias al reportaje de Código Vidrio, Vistazo y Primicias, y no habla muy bien del presidente colombiano).

Massuh, la narcopiscina y Norero

Massuh (hay que decirlo antes de que Petro confunda los papeles) no tiene otra fama en Ecuador que aquella que le reportan sus vínculos con el crimen organizado. 

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Parece que al señor Petro esos vínculos le gustan: no sorprende a nadie. Pieza central del Caso Encuentro, en el que aparece como presunto operador clave o nexo principal de la estructura de corrupción en el sector eléctrico, especialmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Massuh se hizo famoso por ser el presunto autor (léase: fotógrafo) de la foto más importante de la década (Petro haría bien en enterarse): aquella de los tetones de la narcopiscina. 

Más claro: si Massuh no está entre los tetones (que podría estarlo, con sobra de merecimientos anatómicos) es porque estaba tomando la foto. El hecho es que participó de la misma fiesta.

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El angelito al que Gustavo Petro concedió refugio era el intermediario entre empresarios y funcionarios para obtener contratos o beneficios económicos indebidos y supuestamente influir en nombramientos. Lo delatan cientos de horas de grabaciones de audio y video hechas por él mismo en su propia casa. 

Además, su nombre aparece una y otra vez en los chats del caso Metástasis, en relación con los también mafiosos Leandro Norero y Xavier Jordán. Un perfil ni remotamente aproximado al que la República de Colombia exige para otorgar el estatus de refugiado, a saber: persecución por motivos de raza, nacionalidad, ideología, religión, etc.; haber abandonado el propio país por encontrarse en peligro de vida (lo cual no equivale a ser prófugo de la justicia); ser víctima de persecución política, etc.

Todo lo cual es una burla al derecho internacional perpetrada por un gobierno, el de Petro, que demasiados intereses parece tener con las mafias que operan en Ecuador. 

Sin embargo, han pasado seis meses desde la concesión de asilo a un prisionero cuya extradición estaba autorizada y la cancillería de Daniel Noboa no ha movido un dedo. Como no lo movió tampoco durante los nueve meses previos en los que dejó enfriar el trámite de su devolución al Ecuador. Uno los ve coincidir en asuntos tan sensibles y se preguntan por qué diablos se pelean.

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Lo que debes saber

• El martes 28 de abril de 2026, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron diversas agencias de CNEL.
• El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.
• Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que operaba por más de 11 años.

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.

Lo que debes saber

• El toque de queda estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.
• La medida rige para las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas​, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También para los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar).
• Quienes sí podrán movilizarse durante el toque de queda son trabajadores de servicios de salud pública y privada, fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Este martes 28 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país. Como lo había adelantado días atrás el primer mandatario, la medida estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.

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Toque de queda en Ecuador: ¿a qué provincia aplica?

El toque de queda entre las 23:00 y 05:00 también aplica a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar)

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Toque de queda en Ecuador: ¿quiénes podrán circular?

La restricción limita la circulación de personas en determinados horarios, pero contempla excepciones para garantizar actividades esenciales y servicios estratégicos.

Durante el horario establecido, la norma prohíbe el tránsito de ciudadanos que no estén dentro de los grupos autorizados. Esto implica que quienes incumplan la medida pueden ser sancionados por las autoridades de control, en operativos que se ejecutan de forma conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas.

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Entre los sectores que sí pueden movilizarse se encuentran:

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El régimen de excepcionalidad durante el toque de queda establece que toda persona que circule en el horario restringido puede ser verificada por las autoridades.

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Sin embargo, estos controles no deben aplicarse de forma automática, sino considerando las particularidades de cada caso, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Es decir, se debe evaluar si existe una necesidad real o una situación de emergencia que justifique el desplazamiento.

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Además, la normativa señala que Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito deben coordinar acciones para garantizar que, dentro de estas excepciones, continúen operando servicios esenciales como: 

Por otro lado, las personas que no formen parte de estos grupos deben permanecer en sus domicilios durante el horario restringido. Actividades recreativas, reuniones sociales o desplazamientos sin justificación no están permitidos bajo esta disposición.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo será posesionada este miércoles 29 de abril como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura.
• Ramón Echaiz también será oficializado como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.
• A partir del miércoles 29 de abril, el Pleno de la Judicatura funcionará con sus cinco vocales: Mercedes Caicedo, Damián Larco, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz, Fabián Fabara.

Este miércoles 29 de abril, la Asamblea Nacional posesionará a Mercedes Caicedo Aldaz como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. En el acto también se oficializará a Ramón Echaiz como vocal suplente.

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Mercedes Caicedo: Elección envuelta en críticas

La elección de Caicedo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) estuvo envuelta en críticas. Tras la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el 18 de febrero del 2026 por parte de la Asamblea, el cargo debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente designada.

Para revertir la inhabilidad registrada en su contra, Villacís inició varias acciones legales con el fin de demostrar que no tenía sustento. Incluso logró una sentencia constitucional que disponía al Ministerio del Trabajo rectificar esa información en su sistema.

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Sin embargo, la entidad, bajo la dirección de Harold Burbano, no aplicó la corrección. Ante ese escenario, Villacís terminó presentando su renuncia como vocal suplente.

El nombre de Caicedo para asumir la vocalía en la Judicatura surgió de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, que también incluía a Echaiz y a Paquita Chiluiza.

Finalmente, el 24 de abril, el CPCCS designó a Caicedo como vocal principal -y presidenta de la Judicatura-, y a Echaiz como vocal suplente.

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¿Cómo estará conformado el Consejo de la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura venía sesionando con cuatro vocales tras la destitución de Mario Godoy. En forma temporal, Damián Larco asumió la presidencia del organismo.

Además de Caicedo y Larco, el Pleno de la Judicatura está conformado por los vocales:

Lo que debes saber

• Este martes 28 de abril, personal de la Policía y Fiscalía allanaron en forma simultánea varias agencias de CNEL. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de estas acciones.
• Las autoridades investigan una estructura que habría operado por años alterando facturación eléctrica y afectando a usuarios en todo el país.
• Según el Gobierno, una funcionaria, correspondiente al área de servicio al cliente "acreditó 5.2 millones de dólares", solo en el año 2025.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en varias agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en diversas provincias del país, al mediodía de este martes 28 de abril. Las acciones se realizaron tras denuncias sobre una red de corrupción que alteraba planillas a cambio de coimas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en estas acciones. Junto a varios ministros de Estado, recorrió la agencia de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) La Garzota, en el norte de Guayaquil.

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Los allanamientos surgieron tras denuncias de una estructura con alcance nacional que, presuntamente, manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a ciertos usuarios y perjudicar a otros, dejando pérdidas millonarias al Estado.

Noboa manifestó en su cuenta de X que el perjuicio al Estado ecuatoriano por esta supuesta red de corrupción es de al menos 300 millones de dólares.

"Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL para sostener el negocio", publicó el primer mandatario en X.

Allanamientos a CNEL: Funcionarios de niveles inferiores con patrimonios millonarios

Los allanamientos, ejecutados en agencias de CNEL de provincias como Guayas, Azuay y Santa Elena, dejaron a 50 personas detenidas para investigaciones.

"Hay una red, hay una mafia que está manejando y manipulando los temas de facturación de las diferentes oficinas de CNEL, donde se estarían beneficiando en grandes cantidades", manifestó el ministro del Interior, John Reimberg, tras la diligencia.

El funcionario manifestó que existen funcionarios, de niveles inferiores y con sueldos mínimos, que presentan patrimonios superiores a los tres millones de dólares sin poder justificar su origen.

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Reimberg también atribuyó a esta presunta red de corrupción los imprevistos cortes de energía eléctrica que han sufrido varias localidades de Ecuador en las últimas semanas.

"Estos cortes que han habido no son cortes que prevé el Estado, que el Estado ha dispuesto que se realice, sino es parte de quienes están acá queriendo atacar al Gobierno nacional y a la gestión que se está haciendo", expresó John Reimberg.

Allanamientos a CNEL: Funcionaria habría alterado planillas por 5,2 millones de dólares

José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), indicó en su cuenta de X que en CNEL se identificaron "dos patrones de comportamientos ilícitos".

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Asimismo, el funcionario señaló que se identificaron movimientos financieros inusuales realizados por funcionarios de CNEL. La UAFE reportó esas acciones a la Fiscalía.

Lo que debes saber 

• Jaime Bernabé presentó su plan como ministro de Salud en Ecuador.
• Anunció medidas sobre medicinas, hospitales y atención primaria.
• No respondió a polémicas sobre su pasado ni denuncias en su contra.

El ministro de Salud de Ecuador, Jaime Bernabé, presentó la mañana de este 28 de abril su primer pronunciamiento público durante la rendición de cuentas 2025 del Ministerio de Salud, donde delineó sus ejes de gestión, pero evitó referirse a cuestionamientos recientes sobre su trayectoria. El acto se desarrolló con la presencia de autoridades del Ejecutivo y representantes del sector sanitario.

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Marco Rivera

En el inicio de su intervención, el funcionario marcó el tono de su discurso con un mensaje institucional. “Asumo este firme sentido de deber hacia todos los ecuatorianos”, afirmó, al tiempo que agradeció la confianza para ocupar el cargo en un momento crítico para el sistema de salud.

Durante su exposición, Bernabé enfatizó que su administración estará orientada a resultados. “Mi compromiso es claro, avanzar con responsabilidad, eficiencia y transparencia para garantizar una atención digna”, expresó ante los asistentes en la jornada oficial.

Ministro de Salud plantea ejes de gestión sin responder cuestionamientos

Pese a detallar sus prioridades, el ministro no abordó temas sensibles que han marcado su llegada al cargo. Entre ellos, no explicó el impedimento legal que lo apartó del Ministerio de Trabajo en menos de cinco horas tras su designación previa.

Tampoco hizo mención a su situación respecto a los prestadores de servicios del IESS ni a la denuncia en su contra por presunta mala praxis médica. Estos temas quedaron fuera de su intervención, pese a su relevancia en el debate público actual.

En su discurso, Bernabé insistió en la necesidad de fortalecer el sistema sanitario. “Consciente de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud y con la determinación de consolidar los avances alcanzados”, señaló al referirse al contexto nacional.

Política

Noboa oficializa a Jaime Bernabé como ministro de Salud pese a sus nexos con el sector privado

Carlos Isaac Pino

Abastecimiento de medicinas y atención primaria, prioridades del Ministerio

Uno de los principales anuncios fue garantizar el suministro continuo de medicamentos en la red pública. “Primero, garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales”, sostuvo como parte de sus líneas de acción.

El ministro explicó que se buscará optimizar la operatividad de hospitales y centros de salud mediante una mejor gestión de recursos y procesos. “Optimizar la capacidad operativa de los hospitales y centros de salud, mejorando los tiempos de atención”, indicó.

También planteó reforzar el primer nivel de atención como base del sistema. “Priorizar el nivel de atención primaria como eje del sistema”, agregó, al referirse a la reorganización del modelo sanitario.

Política

Jaime Bernabé endosó sus acciones médicas a una sola persona previo a su posesión oficial

Carlos Isaac Pino

Lucha contra la corrupción y llamado a articulación institucional

En su intervención, Bernabé incluyó un eje enfocado en combatir la corrupción dentro del sistema sanitario. “Impulsar una lucha frontal e implacable contra la corrupción con transparencia, control y firmeza”, declaró durante el evento.

El funcionario hizo un llamado a distintos sectores para sumar esfuerzos en la transformación del sistema. “Convoco al personal de salud, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos”, manifestó.

Finalmente, reiteró su compromiso con una gestión articulada que permita avanzar en resultados concretos. “Asumo este desafío con responsabilidad, con vocación de servicio y la convicción de que trabajando de manera articulada podemos seguir avanzando”, concluyó.

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Leonidas Iza: "Noboa cierra partidos políticos que vayan a ser contrapeso de ADN"

Mónica Jara Chérrez

A través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, informó que el 26 de abril, su Consejo de Gobierno decidió que "la revocatoria resuelve la vida de la gente. La eventual sucesión no garantiza cambios reales: cambiar un nombre no modifica el rumbo del Ecuador". 

Además, los líderes del movimiento les parece que ese mecanismo solo genera falsas expectativas, desgasta a las organizaciones y desvía esfuerzos políticos.

No existe un acuerdo con el Gobierno

La Conaie hizo la aclaración frente a lo que califica como información falsa sobre supuestos acuerdos con el Gobierno.

El movimiento rechaza versiones atribuidas a actores individuales que buscan posicionamiento mediático y reproducen disputas estériles que, dice el comunicado, debilitan a la izquierda y no contribuyen a soluciones para el país. Eso en relación a declaraciones de un integrante de un colectivo:

Desde otros sectores cercanos a la Conaie, en off, se indicó que no apoyan a una plataforma única, impulsada por algunos actores políticos.

Asimismo, la Conaie enfatizó en que sus decisiones son colectivas y que la dirigencia debe acatar lo resuelto por las bases. 

Su prioridad, señala, es fortalecer la organización en los territorios, consolidar una agenda territorial y popular de los pueblos y nacionalidades, y mantener la resistencia territorial junto con los procesos políticos que representan a sus bases.

Sobre las elecciones seccionales

La Conaie, sostiene el Consejo de Gobierno, fortalecerá al movimiento Pachakutik frente a las elecciones adelantadas de noviembre de 2026 como espacio real de disputa y contrapeso. La posición es definitiva: no se desviará la fuerza del movimiento hacia procesos sin mandato de las bases ni capacidad de resolver la vida de la gente.

Lo que debes saber 

• La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acudió a la CIDH para solicitar medidas cautelares, denunciando el uso de la prisión preventiva como herramienta política y alertando sobre riesgos a su integridad en una cárcel de máxima seguridad.
• El caso de Aquiles Álvarez escala al ámbito internacional: su defensa pidió la intervención de la CIDH al advertir que su reclusión en “El Encuentro” vulnera derechos fundamentales y podría afectar su vida y estabilidad psicológica.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares por su situación de reclusión.

En el documento se denuncia “la utilización de la prisión preventiva como herramienta de neutralización política”, además de condiciones que, según la defensa, contravienen estándares internacionales de derechos humanos.

Aquiles Álvarez permanece recluido en el centro de máxima seguridad “El Encuentro”, ubicado en la provincia de Santa Elena. 

Su equipo legal sostiene que las condiciones de detención son desproporcionadas para una persona sin sentencia ejecutoriada.

¿Qué denuncia la defensa de Álvarez sobre su prisión preventiva?

También advierten que el entorno carcelario “compromete su integridad física y psicológica”, debido a factores como condiciones sanitarias críticas y antecedentes de enfermedades dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

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Denuncian vulneración de derechos fundamentales

La petición ante la CIDH señala la presunta vulneración de derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo:

De acuerdo con el documento, la prisión preventiva ha generado un efecto de destitución de facto, al impedir que Álvarez ejerza el cargo para el que fue elegido por votación popular.

La defensa fundamenta su solicitud en criterios de urgencia, gravedad e irreparabilidad. Argumenta que la permanencia en una cárcel de máxima seguridad, destinada principalmente a personas sentenciadas, incrementa el riesgo a su vida e integridad.

Además, el equipo legal ha iniciado acciones ante otros organismos internacionales, incluyendo procedimientos especiales de Naciones Unidas relacionados con tortura y detención arbitraria.

El documento está suscrito por Jorge Sosa Meza, defensor técnico de Aquiles Álvarez ante la CIDH, y busca escalar el caso a instancias internacionales para su revisión.

Lo que debes saber

• CNE cancela a Unidad Popular y Construye: partidos denuncian falta de seguridad jurídica ante las elecciones de 2026.
• Líderes alertan plan de "asfixia" democrática: denuncian reformas al Código de la Democracia para limitar la participación opositora.
• Riesgo en inscripción de candidaturas: advierten posibles bloqueos administrativos del Gobierno en ciudades estratégicas para las seccionales.

La cancelación de Unidad Popular y Construye por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha encendido las alarmas en las organizaciones políticas de Ecuador. Dirigentes advierten sobre un precedente peligroso que pone en riesgo la seguridad jurídica y la participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Mientras algunos sectores denuncian un plan para asfixiar el sistema democrático, otros ven en la eliminación de rivales una oportunidad estratégica en el tablero electoral.

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Las tres fases para "asfixiar" el sistema de partidos

Para Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), la exclusión de estas organizaciones no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia estructurada. Vallejo identifica tres etapas críticas que amenazan la estabilidad política del país:

El "sicariato" político y la postura de las organizaciones

El expresidente Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, denunció que se está "mal utilizando a la justicia y al CNE" para eliminar contrincantes, comparando el actuar institucional con un "sicariato" que utiliza leyes en lugar de balas. Por su parte, Javier Orti, presidente de Avanza, subrayó la necesidad de contar con reglas claras y transparentes para evitar la incertidumbre que hoy afecta al sistema democrático.

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Desde una perspectiva distinta, Arturo Moreno, dirigente del Movimiento Pueblo Igualdad y Democracia (PID), admitió que este escenario de cancelaciones suele favorecer a otros partidos al reducir la competencia en las urnas. Aseguró que su organización trabaja con tranquilidad, pues cumplen estrictamente con la normativa vigente.

Ilegalidad y resistencia: La respuesta de Unidad Popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacó del tablero político a Unidad Popular y Construye este 26 de abril de 2026, tras confirmar una reducción crítica en su número de afiliados. Los informes jurídicos determinaron que ambas organizaciones no cuentan con los registros necesarios para mantenerse en el registro permanente de partidos.

Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, calificó la resolución como ilegal y anunció una contraofensiva jurídica. La estrategia de la organización incluye agotar las instancias nacionales y escalar el conflicto al plano internacional:

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Construye alerta sobre la falta de garantías electorales

Por su parte, el movimiento Construye emitió un comunicado este 28 de abril de 2026, donde sostiene que ni el CNE ni el TCE ofrecen garantías de imparcialidad. A diferencia de Unidad Popular, su postura se inclina hacia la supervivencia mediante alianzas:

Jueza dispone que el caso avance a juicio

La audiencia preparatoria de juicio y evaluación de dictamen se desarrolló la tarde del domingo. Tras analizar los elementos recabados durante la investigación, la jueza Betsy Arellano resolvió que varios de los procesados enfrenten la siguiente etapa judicial.

El proceso involucra al alcalde de Riobamba, concejales y un exfuncionario municipal, quienes deberán responder ante un tribunal penal.

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Investigación por supuestas irregularidades en el municipio

La causa se originó tras denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con trámites municipales, posibles favorecimientos y supuestos cobros indebidos en la asignación de cupos de taxis rurales.

Durante la investigación, en enero de 2025, se realizaron allanamientos en los que nueve personas fueron detenidas.

Otros involucrados fueron sobreseídos del presunto delito de asociación ilícita. No obstante, la jueza señaló que existirían elementos para que la Fiscalía continúe investigando posibles hechos vinculados con tráfico de influencias.

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Vinueza rechaza acusaciones y defiende su inocencia

Tras conocer la resolución, el alcalde Jhon Vinueza reaccionó mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde aseguró que confía en la justicia.

“No tengo nada que ver. Los alcaldes somos sujetos a estos juicios. Uno más, tengo uno por arreglar el Parque La Libertad, otro por la calle 5 de Junio, los laborales, ahora este”, afirmó.

El burgomaestre indicó que continuará con su defensa legal, aunque lamentó el impacto del proceso en su entorno familiar.

“Es complicada la situación, esto también conlleva un costo, es una preocupación más para la familia, que se quiera afectar el nombre y la reputación en algo que no tengo nada que ver”, manifestó.

Además, señaló sentirse como “el trompo chichero de algunos que quieren darle en la cabeza”.

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Concejales cuestionan el proceso

Por su parte, el concejal Carlos Aúlla calificó el proceso como una persecución política.

“Quien nada debe nada teme. Es muy lamentable cómo se ha manejado este caso, no se lo deseo a nadie. Pero tengo fe en que cuando sea analizado por un tribunal penal, conocedor de las leyes, se evidencie la verdad”, expresó.

También lamentó que su imagen haya sido una de las más expuestas desde el inicio del caso, pese a que hubo más detenidos.

“¿Cómo explicar a un hijo que mira cómo se vende este caso? Quiero que analicen todo. Lo que tengo lo he hecho con trabajo, no con la concejalía”, señaló, y agregó que presentará nuevas evidencias que, según dijo, no fueron valoradas oportunamente, aunque constan en el expediente judicial.

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El caso pasa a etapa de juzgamiento

Con esta resolución, el caso Altares avanza a la etapa de juzgamiento, donde un tribunal penal deberá determinar la responsabilidad o inocencia de los procesados.

Lo que debes saber

• Allanamientos a CNEL apuntan a desarticular red de corrupción que operó 11 años.
• El operativo se realizó en varias oficinas de CNEL.
• A las 11:00, allanaron las oficinas de CNEL, en el norte de Guayaquil.

A las 12:20, cuatro funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que laboran en oficinas de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional. En el operativo también participó personal de la Fiscalía General del Estado.

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Allanamiento en oficinas del norte de Guayaquil

Según información proporcionada por trabajadores de CNEL que conversaron con EXPRESO, las instalaciones fueron allanadas alrededor de las 11:00. Agentes de la Policía y de la Fiscalía ingresaron por una puerta secundaria, ubicada en el pasaje 1, entre las calles René Idrovo Rosales y doctor Luis Mendoza Moreira.

Según funcionarios de CNEL, los uniformados se dirigieron al segundo piso del edificio, donde opera el área de Recursos Humanos. Mientras se ejecutaba el allanamiento, la atención a la ciudadanía continuó con normalidad.

Retención de funcionarios y traslado a Flagrancia

Pasado el mediodía, cuatro funcionarios de CNEL que laboraban en esas oficinas fueron retenidos por los agentes. El fiscal a cargo del operativo evitó pronunciarse sobre los hallazgos o los motivos de las detenciones.

Varios trabajadores de CNEL señalaron que la intervención los tomó por sorpresa, aunque evitaron revelar los nombres de sus compañeros. Los retenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria – Centro (ex Cuartel Modelo), del Puerto Principal.

Gobierno señala red de corrupción en CNEL

De acuerdo con declaraciones del Gobierno, este allanamiento forma parte de una serie de operativos ejecutados en otras dependencias de CNEL. Según lo publicado en la red social X por el presidente Daniel Noboa, en la entidad habría operado una red de corrupción durante más de 11 años.

El mandatario aseguró que esta estructura “usaba reclamos para evadir pagos y contaba con apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio”. Además, afirmó que se manipularon proyectos eléctricos y se provocaron fallas que afectaron directamente a la ciudadanía, con un perjuicio estimado de al menos $ 300 millones.

Red operaba a nivel nacional y bajo presión interna

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas del país. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

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Daniel Noboa: Red de corrupción operó en CNEL por más de 11 años y manipuló proyectos

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“Esto va a ser a nivel nacional”, afirmó, al señalar que los detenidos forman parte de una red más amplia aún en investigación.

Facturas alteradas: el esquema bajo investigación

Según las autoridades, el mecanismo consistía en manipular valores de planillas eléctricas mediante:

Beneficios dirigidos a determinados usuarios

“Esto está beneficiando a uno y perjudicando a otro”, sostuvo Reimberg, en referencia a reclamos ciudadanos por cobros irregulares.

Patrimonios sin justificar y más detenenciones

El funcionario confirmó que cerca de 50 personas han sido detenidas y que se analizan posibles inconsistencias entre sus ingresos y bienes.

“Hay patrimonio que no puede ser justificado”, indicó, en relación con funcionarios vinculados a lecturas eléctricas y procesos de facturación.

El operativo cuenta con peritos que revisan sistemas informáticos y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Noboa habla de una red de más de 11 años

El presidente Daniel Noboa aseguró que la presunta red de corrupción en CNEL habría operado durante más de una década.

Según el mandatario, el esquema incluía el cambio de facturas a cambio de coimas y el uso de reclamos para evadir pagos, con supuestos vínculos dentro de Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL).

“Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada”, afirmó.

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Proyectos manipulados y pérdidas millonarias

Noboa también señaló que la red no solo alteraba facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios.

El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

El presidente encabezó los allanamientos junto a ministros y autoridades del área de seguridad e integridad pública.

Lo que debes saber

• Construye cuestiona la legalidad de su cancelación y acusa al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral de actuar con arbitrariedad.
• Tras su eliminación del registro, Construye no anuncia acciones legales y apuesta por impulsar una coalición.
• El movimiento lanzó críticas a Daniel Noboa, al que señala de liderar un proyecto “populista y autoritario”.

Finalmente, el movimiento Construye reaccionó formalmente a la cancelación de su registro permanente como organización política. No anunció que acudirá a otras instancias y, en cambio, llamó a conformar una coalición por fuera del noboísmo y el correísmo.

En un pronunciamiento en redes sociales, Construye señaló: “Los partidos y actores que sobrevivan a esta arremetida deberán trabajar por grandes coaliciones que busquen superar la polarización sin sentido”.

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La organización se pronunció dos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante una polémica resolución, decidiera su cancelación por incurrir en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

La normativa establece como causal de cancelación haber disminuido el total de afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

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¿Cuál es la posición de Construye?

A diferencia de lo planteado por Unidad Popular —movimiento que también fue cancelado—, Construye no ha profundizado en las opciones que baraja para mantenerse en el registro permanente. En el comunicado de este 28 de abril de 2026, la organización sostuvo que los organismos electorales (CNE y Tribunal Contencioso Electoral) no ofrecen garantías de legalidad ni de imparcialidad.

“Actúan de forma arbitraria y aplican las normas con parámetros diametralmente opuestos según quién sea la organización controlada”, se lee en su comunicado. También agregó que la permanencia de Diana Atamaint como presidenta del CNE es insostenible.

El movimiento reconoció que atraviesa años de derrotas. En ese sentido, recordó el asesinato de su candidato presidencial, Fernando Villavicencio, la descalificación de sus candidatos a la Asamblea y una supuesta persecución a sus legisladores.

“Construye no responde a intereses económicos ni a estructuras oligárquicas. Su oferta: conocimiento del Estado, de la política pública y convicción democrática”, señaló la organización política.

Una referencia al presidente Daniel Noboa

Construye inició su pronunciamiento con un cuestionamiento al presidente de la República, Daniel Noboa. “Construye advirtió hace más de dos años sobre el grave riesgo de un liderazgo de corte populista, autoritario y sustentado en propaganda”, señaló.

Luego argumentó que Noboa se había definido como un mal enemigo. “Los hechos demuestran que esa declaración no es retórica”, se lee en el comunicado.

Lo que se sabe

• Daniel Noboa encabezó el allanamiento a las oficinas de CNEL por las investigaciones de una posible red de corrupción
• Durante más de una década habría funcionado un sistema que manipulaba las facturas a cambio de coimas
• "Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente", aseguró el mandatario

El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró este martes 28 de abril de 2026 que en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) funcionaba una red de corrupción por más de once años.

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"Cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio", aseguró el mandatario en una publicación en su cuenta de la red social X.

Noboa afirmó: "Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario". Sin embargo, no dio más detalles de quiénes integrarían la red y si hay detenidos por este caso.

Lo dijo luego de que encabezó allanamientos a oficinas de CNEL, en la mañana de este martes.

Red en CNEL habría manipulado proyectos eléctricos

"Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares", sostuvo Noboa.

El gobernante estuvo acompañado, en el allanamiento, de ministros como John Reimberg (Interior), Inés Manzano (Ambiente y Energía) y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira.

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Lo que debes saber

• Valentina Centeno descarta candidatura para las elecciones seccionales de 2026 en Manabí.
• La legisladora de ADN cumplirá su periodo de cuatro años en la Asamblea Nacional hasta 2029.
• El anuncio en Portoviejo coincide con la postulación de Luisa González a la Prefectura de Manabí.

La asambleísta oficialista Valentina Centeno anunció que no participará en las elecciones seccionales de 2026, ratificando que cumplirá su periodo de cuatro años en la Asamblea Nacional para representar a la provincia de Manabí. Durante su rendición de cuentas en Portoviejo, la legisladora del bloque ADN descartó una posible postulación para cargos locales, despejando dudas sobre su futuro político inmediato tras los anuncios de figuras como Luisa González.

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¿Por qué Valentina Centeno no participará en las seccionales 2026?

La legisladora Valentina Centeno fue enfática al señalar que su prioridad es respetar el mandato otorgado por los ciudadanos en las urnas. "Me eligieron para ser asambleísta y debo cumplir mi periodo; cuatro años y recién voy uno", afirmó durante el evento realizado en una institución de educación superior.

Centeno, quien se integró al Legislativo en 2023 bajo la alianza ADN y fue reelecta en las elecciones de 2025, aseguró que desde su curul continuará sirviendo a los manabitas durante los tres años restantes de su gestión.

Escenario político en Manabí y calendario electoral del CNE

El pronunciamiento de la asambleísta ocurre en un momento clave para la provincia de Manabí, luego de que Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, hiciera pública su intención de postularse para la Prefectura de Manabí.

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Luisa González quiere ser candidata a la Prefectura de Manabí en 2026

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De acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso para las seccionales del 29 de noviembre de 2026 sigue estos plazos:

Lo que debes saber

• El CNE aprobó una reforma que exime de multas a mujeres desde el sexto mes de embarazo
• La reforma también incluye a las mujeres en periodo de lactancia y se argumentó el bien superior del niño.
• Para no pagar las multas se deberá justificar la inasistencia con certificados médicos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una reforma que permitirá a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia justificar su inasistencia a obligaciones electorales sin recibir sanciones económicas. La medida aplica desde el sexto mes de gestación y durante el primer año de lactancia.

Con esta resolución, las mujeres en estas condiciones podrán evitar multas por no sufragar, no integrar juntas receptoras del voto o no asistir a las capacitaciones organizadas por el organismo electoral.

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Para acceder a este beneficio deberán presentar uno de estos documentos de respaldo: 

La decisión se enmarca en un contexto de ajustes de cara a los próximos procesos electorales, en particular las seccionales previstas para noviembre de 2026. 

En ese escenario, el CNE busca reducir barreras para grupos considerados de atención prioritaria, aunque mantiene el esquema general de sanciones para el resto de ciudadanos que incumplan sus obligaciones electorales.

En un comunicado, el órgano electoral señaló: “Con esta decisión, el CNE fortalece la protección de los derechos de las mujeres embarazadas y garantiza el interés superior de niñas y niños, en concordancia con las disposiciones constitucionales que reconocen a estos grupos como de atención prioritaria”.

¿Para quiénes es obligatorio votar?

En Ecuador, el voto es obligatorio. El Código de la Democracia establece esta obligatoriedad para todos los ciudadanos ecuatorianos entre los 18 y 65 años. Además, para jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores de 65 y personas privadas de libertad sin sentencia, el voto es facultativo.

Para garantizar el cumplimiento del sufragio, la misma normativa electoral impone multas. Además, quien no acuda a votar no obtendrá el certificado de votación, documento requerido para varios trámites. Las multas son las siguientes:

Los puntos claves

• El funcionario defiende la gestión de ProAnimal asegurando que cuentan con un equipo técnico sólido y que han mejorado la calidad del servicio, pese a las críticas por supuestas fallas en emergencias.
  
• En 2025 se registraron 9.135 atenciones, de las cuales 1.782 fueron casos de maltrato animal, aunque la institución reconoce que no lleva el registro de denuncias presentadas ante Fiscalía.
• ProAnimal atribuye las críticas por su actuación en el incendio de Multicomercio a percepciones erróneas y sostiene que actuaron conforme a los protocolos, ya que no son un organismo de primera respuesta.

El director de ProAnimal responde a los cuestionamientos por la demora en emergencias, la atención en territorio y su perfil profesional, porque no es veterinario. Además, confirma que una nueva ordenanza animalista recién estará lista a finales de 2026.

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Su dirección ha sido señalada por no estar técnicamente bien orientada y llegar tarde a las emergencias. ¿Qué está fallando?

- No creo que necesariamente estemos haciendo algo malo para ser señalados. Efectivamente, son tal vez percepciones subjetivas. Técnicamente tenemos un equipazo; esta fue una visión del alcalde Aquiles Álvarez con una reestructuración del organigrama. Tenemos una Coordinación de Gestión Médica Veterinaria liderada por el doctor Ronald Contreras y contamos con equipos multidisciplinarios. Nunca en la historia hemos tenido los resultados actuales: el año pasado cerramos con más de 21.000 esterilizaciones y hasta marzo de este año llevamos casi 7.000. Estamos haciendo importantes alianzas

¿Qué alianzas?

- Contamos con un convenio con el municipio de Samborondón, con la Universidad de Guayaquil y estamos por firmar con la Fundación Franz Weber, pionera en bienestar animal.

Ustedes hablan de un volumen masivo de atenciones. ¿Cómo se alcanzan esas cifras?

- En consultas, el año pasado superamos las 207.000 atenciones. Hasta marzo de 2026 tenemos 65.513 consultas realizadas. No solo tenemos el Centro Veterinario Municipal, sino también nueve puntos fijos en la ciudad y brigadas médicas los siete días de la semana.

Hablemos de su perfil. Usted es educador y periodista. ¿Por qué cree que es el adecuado para el cargo y por qué lo mantendría un año después?

- Los resultados lo demuestran. Hemos tenido un incremento de producción histórico y superado metas importantes. En cuanto a mi perfil, entiendo que están muy interesados o nerviosos por los títulos. He realizado diplomados en compras y contratación pública, pero sobre todo tengo convicción, responsabilidad, honestidad y humanidad.

¿Y el conocimiento veterinario no debería entrar ahí también?

¿Te parece que es necesario? Tengo un equipo de conocimiento que es "top" en conocimiento técnico veterinario. Efectivamente no tengo un título de veterinario y no necesito tenerlo haciendo la gestión que estoy haciendo.

En 2025 se reportó un inicio de gestión con un alto número de eutanasias. ¿Cómo cerraron esas cifras?

- Ese registro es marginal y lo quisieron hacer grande desde algunos sectores para publicidad. La eutanasia es un servicio médico que busca evitar sufrimientos; se ha demonizado porque la utilizan para control poblacional, pero nosotros nunca lo hacemos así. Es la última opción. 

(Nota de la Redacción: El funcionario ofreció entregar la cifra exacta durante la entrevista, pero el reporte estadístico remitido posteriormente omitió esta categoría ).

El portal de Segura EP que transparentaba los casos de maltrato está inhabilitado. ¿Por qué se dio de baja esa plataforma?

Registramos cada atención en la página de la LOTAIP, por transparencia. Internamente trabajamos con la plataforma Salesforce, donde se registra todo constantemente y se comparte mensualmente con Segura EP. (Pero la plataforma sigue inhabilitada)

¿Y cuántas denuncias han presentado en Fiscalía por maltrato?

- Eso no lo registramos nosotros, no lo tenemos que registrar (denuncias a Fiscalía). Lo que manejamos son cifras de atención: en 2025 tuvimos 9.135 requerimientos totales, de los cuales 1.782 fueron casos estrictamente de maltrato animal. En el primer trimestre de 2026, registramos 569 atenciones por esa misma causa. Rescatamos 1.116 animales en 2025 y sumamos 387 entre enero y marzo de este año.

Hablemos de contratación pública. Se observa que la mayoría de sus procesos han salido por ínfima cuantía y no por concursos abiertos. ¿A qué responde esta fragmentación?

- El año pasado, en la mitad del año, invertimos 214.775 dólares. Tuvimos 12 ínfimas cuantías adjudicadas y dos subastas inversas electrónicas. En el sector de fármacos es a veces complicado acumular varios elementos en un solo proceso porque no hay suficientes proveedores que participen. Por transparencia y por los valores, la mayoría han ido por ínfima cuantía. Para 2026, proyectamos una inversión de más de 2 millones de dólares gracias a un incremento del techo presupuestario.

Incendio del edificio Multicomercio

En el incendio de Multicomercio se cuestionó la demora en la atención. Incluso hay un pedido de examen especial en Contraloría. ¿Qué pasó con el protocolo?

- Nosotros no somos primera línea; Bomberos de Guayaquil establece los lineamientos. No podíamos ingresar a una zona prohibida, pero nos movilizamos y atendimos en cuanto se nos permitió. No creo que haya habido un error o desfase por parte de ellos.

El Municipio ejecuta actualmente desratizaciones masivas. ¿Cómo evitan daños colaterales en perros y gatos?

Trabajamos en campañas de concientización y en mesas técnicas con las direcciones de Salud y Ambiente para verificar que se cumplan los estándares y no se afecte a la fauna urbana.

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Cuestionamientos hacia Bianca Salame

Bianca Salame actúa como su vocera técnica. ¿Por qué esa decisión y qué pasó con su supuesta desvinculación?

- Ella ha sido un enlace importante con activistas y conoce el área desde hace 20 años. Hubo una reestructuración del equipo y hoy nos apoya en el área de educación y contenido. No hubo una desvinculación, fue una reubicación de su cargo.

Sobre el evento de 'yoga con gatos' en Samborondón donde se cobraba 35 dólares. ¿El Municipio percibió ingresos?

- Absolutamente nada. Fue un evento privado al que fuimos invitados para una jornada de adopción. Llevamos ocho gatitos rescatados de Guayaquil para ampliar el universo de adoptantes.

Llevan casi tres años de gestión y no hay una nueva ordenanza. ¿Por qué no hay mesas técnicas?

- Las puertas están abiertas. Tenemos lista una reforma que será socializada en mayo. Además, trabajamos en una ordenanza sustitutiva completa para diciembre de este año, donde queremos fortalecer las sanciones y considerar temas como las colonias felinas.

Problemas de gestión

¿Qué sucede con la máquina de rayos X y la sede que iban a abrir en Guayarte?

- La máquina la tenemos, pero faltan adecuaciones de seguridad en la sala; esperamos tenerla lista este año. En Guayarte esperamos tener los espacios habilitados entre junio y julio para dar atención médica y tener una gatera de adopciones.

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¿Hubo intervención en las denuncias de maltrato en las camaroneras de la Isla Puná?

Estuve personalmente ahí con el equipo y dejamos un aviso de inspección. Los representantes legales se comprometieron a trabajar de la mano. Acudimos con brigadas de esterilización y médicos para los jornaleros.

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¿Qué le gustaría haber ejecutado mejor en este año de liderazgo?

- Todo es perfectible. La problemática de fauna urbana en Guayaquil es enorme y pretender solucionar todo no solo sería una utopía, sino algo irreal. No podemos vender humo. Queremos fortalecer la comunicación y la corresponsabilidad ciudadana.

- ¿Teme que el futuro político del alcalde interrumpa su planificación?

No. Hay una planificación bien marcada. La presencia de un líder como Aquiles Álvarez siempre será necesaria, pero no interrumpe la gestión para la que él nos puso y la que nos confió. Todas las direcciones vienen trabajando de la misma manera.

Dos movimientos con estrategias distintas

La posición de ambos movimientos es distinta. Por un lado, UP ha anunciado tres vías legales para evitar salir del registro permanente de organizaciones políticas. Su dirigente, Geovanni Atarihuana, señaló que acudirán al TCE, a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Por otro lado, Construye se pronunció recientemente, aunque sin definir una estrategia legal para enfrentar su cancelación. En un comunicado, la organización señaló: “Construye no responde a intereses económicos ni a estructuras oligárquicas. Su oferta: conocimiento del Estado, de la política pública y convicción democrática”. También cuestionó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y al presidente de la República, Daniel Noboa.

Atarihuana informó que la notificación sobre la cancelación llegó formalmente la noche del lunes pasado. Con ello, presentarán un último recurso ante el CNE para intentar que se corrija la resolución. Luego acudirán al TCE con una apelación. Mientras tanto, la organización política continuará con su preparación para los comicios seccionales del 29 noviembre próximo.

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Así, el futuro de ambas organizaciones políticas se juega en dos tiempos: uno relacionado con su intención de participar en las seccionales y otro respecto a su permanencia en el registro permanente del CNE, lo cual podría definirse incluso después de las elecciones.

Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que, por ahora, ninguna de las dos organizaciones está fuera del registro permanente. “Hasta que no quede ejecutoriada la resolución del CNE, mantienen la facultad legal para participar en elecciones”, aclaró.

Todo en manos del TCE

Los expertos en Derecho Electoral Daniel González y Mónica Bolaños coinciden con esa interpretación. Para González, el recurso ante el TCE no tomaría tanto tiempo como para extenderse más allá de las primarias y la inscripción de candidaturas, previstas entre el 2 y el 17 de agosto próximo.

Por su parte, Bolaños explicó que en caso de que exista una sentencia definitiva en el TCE, la participación de ambas organizaciones sería posible si esta ocurre antes del inicio de las primarias. 

“Siempre está presente el principio de preclusión de cada una de las etapas (del calendario electoral), precisamente para que no se afecten las siguientes. Podría ser que si el TCE emite sentencia posterior y favorable para los movimientos previo a que se inicie la democracia interna, podrían participar”.

El esceneario si el TCE falla en contra

El segundo escenario se activa en caso de que el TCE ratifique la decisión del CNE. Para Oleas, esto significaría la cancelación definitiva. Añadió que la Corte Constitucional podría revertir esa decisión si declara la inconstitucionalidad de la medida, aunque ese proceso podría tomar años.

Sobre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, Bolaños indicó que es un recurso viable, incluida la CIDH. “Pero eso no permitiría su participación en las próximas elecciones”, especificó.

En esa línea, Atarihuana adelantó que la próxima semana presentarán un pedido de medidas cautelares. “Tenemos lista ya la presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares, porque hay una evidente violación de los derechos de participación política”, declaró.

Pero el camino que deben recorrer lo harán en medio de sus reparos frente al CNE y al TCE. En su comunicado, Construye señaló que esos organismos “actúan de forma arbitraria y aplican las normas con parámetros diametralmente opuestos según quién sea la organización controlada”. Y agregó que la permanencia de Diana Atamaint como presidenta del CNE en este punto ya es insostenible.

UP aseveró que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Atarihuana expresó que aspiran a que el TCE, en esta ocasión, actúe teniendo en cuenta lo que establece el Código de la Democracia.

Lo que debes saber

• Seis ministros de Noboa recorrieron hospitales, sin resolver desabastecimiento de medicinas ni fallas del sistema público.
• Informe del MSP 2026 advierte: solo 10 % de medicamentos tiene financiamiento; 90 % carece de recursos.
• Pacientes y médicos alertan sobre falta de insumos y atención en hospitales; ministro Jaime Erazo enfrenta presión por soluciones inmediatas.

El 1 de junio de 2021, una semana después de asumir el cargo, el entonces vicepresidente de la República y médico Alfredo Borrero inició un recorrido por hospitales públicos. Tras visitar el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, declaró: “He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital. No es justo que la gente compre medicamentos”.

Política

Vicepresidenta Pinto llama la atención a directora de salud por supuesta desatención

Marco Rivera

Los seis ministros de Salud del gobierno de Daniel Noboa han repetido ese ejercicio. En los últimos meses, algunos de ellos (como Edgar Lama, Jimmy Martin y María José Pinto) han atribuido la falta de medicinas a presuntas irregularidades, como un supuesto ocultamiento de insumos.

Ya no más diagnósticos, apliquen el tratamiento, le piden a Jaime Bernabé Erazo

Actores del sector creen que ya no hacen falta diagnósticos sino decisiones. Verónica Chávez preside el colectivo Reacciona Ecuador, creado en 2021 e integrado por profesionales de la salud. 

Cita el informe técnico IT-DPI-026-014 de la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado por la transición institucional derivada de los decretos 70 y 108, para la desconcentración territorial y la centralización de compras públicas en salud.

¿Solo el 10 % de medicinas están financiadas?

En el documento se advierte que apenas existe financiamiento para el 10 % de los medicamentos, dispositivos médicos y pagos a servicios externalizados. El 90 % restante carece de respaldo presupuestario.

Política

Médicos y pacientes protestan en Hospital Pablo A. Suárez de Quito por crisis de salud

Mónica Jara Chérrez

Lo que sufren pacientes renales, incluso los niños en el Baca Ortiz

A las cifras se suman los testimonios. Kevin Valdez, del Frente de Pacientes Renales, asegura que llevan un año y 10 meses recibiendo diálisis de forma irregular, pese a que el tratamiento debe realizarse tres veces por semana. Alertó sobre la situación del Hospital de Niños Baca Ortiz: “Está en juego la vida de al menos 40 niños”, dice, al exigir respuestas al nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo.

Según Chávez, el abastecimiento promedio real en hospitales y centros de salud alcanza apenas el 54 %. En algunos casos es crítico: el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano (en Santo Domingo), el de Monte Sinaí (Guayaquil) y el Luis G. Dávila (Carchi), registran 19 %, cuando el mínimo debería rondar el 85 %.

Esto ocurre en hospitales de Quito

En Pichincha, los odontólogos no cuentan siquiera con guantes para atender. Y otros médicos alertan que en hospitales como el Espejo, de Quito, no hay fundas para recolectar desechos antibióticos ni sedantes. En el de Calderón se están quedando solo con el 30 % de camas y no hay personal de limpieza. 

En el Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para operaciones traumatológicas. Pero no se trata solo de no poder atender a fracturados, sino a pacientes con traumatismo craneal, aclaran.

Lo que debería hacer Jaime Bernabé Erazo;

Por eso, José Ruales, exministro de Salud, opina que la crisis se ha producido por falta de capacidad, conocimiento e interés para hacer las cosas. Recuerda que, incluso tras la pandemia, el desabastecimiento no alcanzó niveles tan bajos. “Se llegó a un 62 %”. ¿Qué hacer?

Para Ruales, salir de la crisis de salud requiere voluntad política, ya que ha escuchado a economistas señalar que el FMI dice que el sistema de salud es “muy generoso” y quieren mantenerlo con “esos bonos electorales de los mil días”. 

Sostiene que el ministro debe asumir un rol activo en la defensa del sistema y exigir los recursos necesarios. El presupuesto financiado bordea los $2.600 millones, 600 millones menos de lo ejecutado en el 2023.

También cree que se debe cambiar al equipo que acompaña al ministro. “Siguen como viceministros Stalin Andino, abogado; Wendy Gavica, a cargo de la compra y administración de medicinas, que ha fracasado; hay un ingeniero y abogados”. Recuerda que siete universidades ofrecen maestrías en Administración Hospitalaria y Gerencia de Servicios de Salud y cuatro que forman salubristas.

Consulta y medicinas requiren pacientes en Ecuador

Daniel Rodríguez, especialista en administración en salud, anota que Erazo debe exigir financiamiento, el cual ha disminuido; y que este debe ser entregado oportunamente, no al final del año. 

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Ecuador suma fármacos al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; evaluaron eficacia y costo

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Solo así garantizará lo operativo y que las unidades de salud den prestaciones efectivas: “Si soy diabético, accedo a consulta, pero también a la receta, a las pastillas para la hipertensión. De lo contrario, es una prestación fallida”.

Además, Rodríguez plantea que Erazo debe volver a articular los subsistemas de salud, para que el IESS, Isspol e Issfa vuelvan a trabajar juntos.

El Ministerio de Salud no contesta

Desde hace alrededor de un año, el Ministerio de Salud no contesta solicitudes de entrevista ni pedidos de información de EXPRESO. También se solicitó entrevista con Jaime Bernabé Erazo, como con los demás funcionarios que estuvieron a cargo de la cartera.

Lo que debes saber

• Archivan extradición de Naím Massuh tras asilo en Colombia; CNJ Ecuador cierra trámite.
• Detenido en enero 2025 en Colombia y liberado en octubre tras otorgársele estatus de refugiado.
• El caso se suma a fallas de extradición de Tiguerones, Gjika y Luque; trámites oficiales sin avances.

El archivo del trámite de extradición de Naím Massuh, una de las figuras clave de la mafia ecuatoriana, sella un nuevo caso de impunidad en la reciente historia de la supuesta lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. 

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Verdad es que a Marco Rodríguez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no le quedaba alternativa: una vez que Colombia decidió conceder asilo a Massuh, no cabía esperar extradición alguna. 

Lo cierto es que, con éste, suman al menos cuatro los casos de presuntos mafiosos detenidos en el extranjero cuya extradición se ve frustrada o retrasada por razones difíciles de entender, algunos de los cuales son profundamente sospechosos.

Las extradiciones que el Gobierno ha dejado pasar

Para empezar está el Negro Willy, máximo cabecilla de los Tiguerones, a quien la justicia de España, país en el que fue detenido, puso en libertad cuando el gobierno ecuatoriano dejó caducar los plazos para la entrega de requisitos y garantías que exigía su proceso de extradición. 

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Ya puede el ministro del Interior, John Reimberg, rabiar todo lo que quiera: lo cierto es que el Negro Willy se le escapó por su propia (y sospechosa) negligencia. 

A este caso se suma el del narcotraficante albanés Dritan Gjika, detenido en Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2025 y cuyo proceso de extradición se mantiene desde entonces en desesperante inmovilidad. 

Por no hablar de Hernán Luque, implicado con Massuh en el caso Encuentro: guarda prisión domiciliaria en Argentina desde febrero de 2024, cuando la justicia de ese país concedió su extradición. Ni siquiera Diana Salazar, la fiscal general que lo procesó y hoy ocupa el cargo de embajadora en Buenos Aires, ha sabido, o podido, o querido acelerar el trámite que ya lleva estancado casi dos años y medio.

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La polémica decisión de Petro

A Massuh, que tenía y sigue teniendo difusión roja de Interpol, lo detuvo la Policía colombiana, con fines de extradición, el 23 enero de 2025. Qué tramites efectivos hicieron el gobierno y la justicia del Ecuador durante los siguientes nueve meses para acelerar esa extradición ya concedida, es un misterio. 

O quizá no: es harto probable que no hayan hecho absolutamente nada; de otra manera no se explica que el 30 de octubre el fiscal general de Colombia cancelara la orden de captura por habérsele concedido el estatus de refugiado y lo pusiera en libertad. 

¿Wong no se enteró del trámite de Massuh?

¿Así de fácil es burlar a la justicia ecuatoriana? ¿No se enteró Arturo Félix Wong, insólito embajador del Ecuador en Colombia, de lo que estaba ocurriendo o sí se enteró y no movió un dedo?

Lo de Colombia es inaudito: una cosa es que el gobierno de Gustavo Petro pretenda asilar a Jorge Glas, que al fin y al cabo es un político de su misma tendencia y fue vicepresidente de la República; que reclame persecución política en su contra y grite ‘lawfare’ a los cuatro vientos.

Las diferencias entre Massuh y el caso de Glas

Eso, aunque sepamos que Glas está preso por corrupto, es perfectamente predecible y hasta se puede entender: tiene su explicación política. Pero… ¿Massuh? ¿En serio Colombia encontró justificaciones para conceder el estatus de refugiado a uno de los nombres clave de la mafia ecuatoriana, un sujeto sin el menor peso político y conocido exclusivamente por sus relaciones con el crimen organizado? ¿Y qué justificaciones son esas?

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La Corte Nacional quiso saberlas y dirigió una consulta a las autoridades colombianas. Según reportó Ecuavisa, la Cancillería colombiana respondió que esa información es confidencial. No cabe imaginar peor respuesta (o mejor, según se mire) cuando de Massuh se trata: lo que está diciendo el gobierno de Colombia es que sus relaciones con este mafioso son secretas. 

Una extraordinaria manera de autorretratarse que pone en duda todo lo que el delirante señor Petro ha dicho y hecho a favor de ese otro delincuente al que concedió la nacionalidad colombiana en un desesperado intento por ayudarlo (Jorge Glas) y que lleva a preguntarse de veras qué diantres hizo durante sus dos días de encerrona en Manta (aunque algo ya sabemos gracias al reportaje de Código Vidrio, Vistazo y Primicias, y no habla muy bien del presidente colombiano).

Massuh, la narcopiscina y Norero

Massuh (hay que decirlo antes de que Petro confunda los papeles) no tiene otra fama en Ecuador que aquella que le reportan sus vínculos con el crimen organizado. 

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Parece que al señor Petro esos vínculos le gustan: no sorprende a nadie. Pieza central del Caso Encuentro, en el que aparece como presunto operador clave o nexo principal de la estructura de corrupción en el sector eléctrico, especialmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Massuh se hizo famoso por ser el presunto autor (léase: fotógrafo) de la foto más importante de la década (Petro haría bien en enterarse): aquella de los tetones de la narcopiscina. 

Más claro: si Massuh no está entre los tetones (que podría estarlo, con sobra de merecimientos anatómicos) es porque estaba tomando la foto. El hecho es que participó de la misma fiesta.

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El angelito al que Gustavo Petro concedió refugio era el intermediario entre empresarios y funcionarios para obtener contratos o beneficios económicos indebidos y supuestamente influir en nombramientos. Lo delatan cientos de horas de grabaciones de audio y video hechas por él mismo en su propia casa. 

Además, su nombre aparece una y otra vez en los chats del caso Metástasis, en relación con los también mafiosos Leandro Norero y Xavier Jordán. Un perfil ni remotamente aproximado al que la República de Colombia exige para otorgar el estatus de refugiado, a saber: persecución por motivos de raza, nacionalidad, ideología, religión, etc.; haber abandonado el propio país por encontrarse en peligro de vida (lo cual no equivale a ser prófugo de la justicia); ser víctima de persecución política, etc.

Todo lo cual es una burla al derecho internacional perpetrada por un gobierno, el de Petro, que demasiados intereses parece tener con las mafias que operan en Ecuador. 

Sin embargo, han pasado seis meses desde la concesión de asilo a un prisionero cuya extradición estaba autorizada y la cancillería de Daniel Noboa no ha movido un dedo. Como no lo movió tampoco durante los nueve meses previos en los que dejó enfriar el trámite de su devolución al Ecuador. Uno los ve coincidir en asuntos tan sensibles y se preguntan por qué diablos se pelean.

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Lo que debes saber

• El martes 28 de abril de 2026, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron diversas agencias de CNEL.
• El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.
• Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que operaba por más de 11 años.

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

Esto evidencia una politización de las investigaciones en un contexto estrictamente electoral.Julio César Cueva, penalista

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.

Lo que debes saber

• El toque de queda estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.
• La medida rige para las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas​, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También para los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar).
• Quienes sí podrán movilizarse durante el toque de queda son trabajadores de servicios de salud pública y privada, fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Este martes 28 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso un nuevo toque de queda en varias zonas del país. Como lo había adelantado días atrás el primer mandatario, la medida estará vigente entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00.

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Toque de queda en Ecuador: ¿a qué provincia aplica?

El toque de queda entre las 23:00 y 05:00 también aplica a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), La Troncal (Cañar)

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Toque de queda en Ecuador: ¿quiénes podrán circular?

La restricción limita la circulación de personas en determinados horarios, pero contempla excepciones para garantizar actividades esenciales y servicios estratégicos.

Durante el horario establecido, la norma prohíbe el tránsito de ciudadanos que no estén dentro de los grupos autorizados. Esto implica que quienes incumplan la medida pueden ser sancionados por las autoridades de control, en operativos que se ejecutan de forma conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas.

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Entre los sectores que sí pueden movilizarse se encuentran:

Toque de queda en Ecuador: Estos servicios esenciales continuarán operando

El régimen de excepcionalidad durante el toque de queda establece que toda persona que circule en el horario restringido puede ser verificada por las autoridades.

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Sin embargo, estos controles no deben aplicarse de forma automática, sino considerando las particularidades de cada caso, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Es decir, se debe evaluar si existe una necesidad real o una situación de emergencia que justifique el desplazamiento.

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Además, la normativa señala que Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito deben coordinar acciones para garantizar que, dentro de estas excepciones, continúen operando servicios esenciales como: 

Por otro lado, las personas que no formen parte de estos grupos deben permanecer en sus domicilios durante el horario restringido. Actividades recreativas, reuniones sociales o desplazamientos sin justificación no están permitidos bajo esta disposición.

Red operaba a nivel nacional y bajo presión interna

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas del país. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

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“Esto va a ser a nivel nacional”, afirmó, al señalar que los detenidos forman parte de una red más amplia aún en investigación.

Facturas alteradas: el esquema bajo investigación

Según las autoridades, el mecanismo consistía en manipular valores de planillas eléctricas mediante:

Beneficios dirigidos a determinados usuarios

“Esto está beneficiando a uno y perjudicando a otro”, sostuvo Reimberg, en referencia a reclamos ciudadanos por cobros irregulares.

Patrimonios sin justificar y más detenenciones

El funcionario confirmó que cerca de 50 personas han sido detenidas y que se analizan posibles inconsistencias entre sus ingresos y bienes.

“Hay patrimonio que no puede ser justificado”, indicó, en relación con funcionarios vinculados a lecturas eléctricas y procesos de facturación.

El operativo cuenta con peritos que revisan sistemas informáticos y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Noboa habla de una red de más de 11 años

El presidente Daniel Noboa aseguró que la presunta red de corrupción en CNEL habría operado durante más de una década.

Según el mandatario, el esquema incluía el cambio de facturas a cambio de coimas y el uso de reclamos para evadir pagos, con supuestos vínculos dentro de Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL).

“Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada”, afirmó.

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Proyectos manipulados y pérdidas millonarias

Noboa también señaló que la red no solo alteraba facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios.

El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

El presidente encabezó los allanamientos junto a ministros y autoridades del área de seguridad e integridad pública.

Lo que debes saber

• Allanamientos a CNEL apuntan a desarticular red de corrupción que operó 11 años.
• El operativo se realizó en varias oficinas de CNEL.
• A las 11:00, allanaron las oficinas de CNEL, en el norte de Guayaquil.

A las 12:20, cuatro funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que laboran en oficinas de la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional. En el operativo también participó personal de la Fiscalía General del Estado.

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Allanamiento en oficinas del norte de Guayaquil

Según información proporcionada por trabajadores de CNEL que conversaron con EXPRESO, las instalaciones fueron allanadas alrededor de las 11:00. Agentes de la Policía y de la Fiscalía ingresaron por una puerta secundaria, ubicada en el pasaje 1, entre las calles René Idrovo Rosales y doctor Luis Mendoza Moreira.

Según funcionarios de CNEL, los uniformados se dirigieron al segundo piso del edificio, donde opera el área de Recursos Humanos. Mientras se ejecutaba el allanamiento, la atención a la ciudadanía continuó con normalidad.

Retención de funcionarios y traslado a Flagrancia

Pasado el mediodía, cuatro funcionarios de CNEL que laboraban en esas oficinas fueron retenidos por los agentes. El fiscal a cargo del operativo evitó pronunciarse sobre los hallazgos o los motivos de las detenciones.

Varios trabajadores de CNEL señalaron que la intervención los tomó por sorpresa, aunque evitaron revelar los nombres de sus compañeros. Los retenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia ubicada en la Unidad de Vigilancia Comunitaria – Centro (ex Cuartel Modelo), del Puerto Principal.

Gobierno señala red de corrupción en CNEL

De acuerdo con declaraciones del Gobierno, este allanamiento forma parte de una serie de operativos ejecutados en otras dependencias de CNEL. Según lo publicado en la red social X por el presidente Daniel Noboa, en la entidad habría operado una red de corrupción durante más de 11 años.

El mandatario aseguró que esta estructura “usaba reclamos para evadir pagos y contaba con apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio”. Además, afirmó que se manipularon proyectos eléctricos y se provocaron fallas que afectaron directamente a la ciudadanía, con un perjuicio estimado de al menos $ 300 millones.

Lo que se sabe

• Daniel Noboa encabezó el allanamiento a las oficinas de CNEL por las investigaciones de una posible red de corrupción
• Durante más de una década habría funcionado un sistema que manipulaba las facturas a cambio de coimas
• "Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente", aseguró el mandatario

El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró este martes 28 de abril de 2026 que en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) funcionaba una red de corrupción por más de once años.

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"Cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio", aseguró el mandatario en una publicación en su cuenta de la red social X.

Noboa afirmó: "Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario". Sin embargo, no dio más detalles de quiénes integrarían la red y si hay detenidos por este caso.

Lo dijo luego de que encabezó allanamientos a oficinas de CNEL, en la mañana de este martes.

Red en CNEL habría manipulado proyectos eléctricos

"Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares", sostuvo Noboa.

El gobernante estuvo acompañado, en el allanamiento, de ministros como John Reimberg (Interior), Inés Manzano (Ambiente y Energía) y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira.

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Política

¿El PSC recuperará Guayaquil en las seccionales? Esto dijo Jaime Nebot sobre las candidaturas

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La referencia fue a los cuestionamientos recibidos respecto a lo que varios sectores consideraron como críticas más bien moderadas. “Alguien me dijo el otro día: ¿por qué no atacaste duramente al gobierno?”, recordó Nebot este 28 de abril de 2026 en una entrevista con Ecuavisa.

El propio presidente Daniel Noboa también se refirió a la postura de Nebot frente a su Gobierno. En una entrevista radial del pasado 13 de abril, dijo que si el exalcalde señalaba que todo estaba bien, no podía plantear que tiene una alternativa mejor.

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“Yo pensé que dentro de las múltiples críticas, Nebot en su conferencia iba a decir que estamos pésimos”, aseguró Noboa. Entonces añadió: “Si decía que estábamos bien, él no podía decir que tiene una alternativa mejor”.

En ese escenario, Nebot aseguró que nunca ha insultado y consideró que no es que no sepa hacerlo, sino que más bien no es eso lo que le interesa a la gente. “Fui muy crítico porque señalé errores de acción y de omisión en muchísimas cosas pero, al mismo tiempo, di las soluciones y eso es lo que hay que hacer cuando uno quiere hacer una oposición seria”.

Sobre la gestión del Gobierno

Nebot cuestionó la situación actual de Petroecuador. Recordó que su producción disminuyó y puso como ejemplo la gestión de una empresa similar en Colombia. Aseguró que, de volverla así de eficiente, se lograrían 6.000 millones de dólares adicionales.

Además, fue crítico con cifras como las del riesgo país, que continuamente son presentadas por el Gobierno Nacional. “Se habla mucho de la reserva monetaria, del riesgo país. Pregunto: si eso no está respaldado en cientos de miles de economías micro prósperas ¿de qué sirve? Son números y necesita una empresa privada y una administración pública fuerte, seria, en crecimiento continuo, libre de trabas que invierta mucho y gaste poco”.

Nebot habló de perfiles, pero sin nombres de candidatos

El líder del PSC se refirió a las elecciones seccionales, pero no profundizó en las candidaturas ni en los perfiles que baraja su partido para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

Nebot fue consultado sobre si el PSC tenía listo el candidato para la Alcaldía de Guayaquil. Entre los perfiles que se han barajado aparecen nombres como el del exasambleísta Jorge Acaiturri, el exministro de Gobierno Henry Cucalón y el también exlegislador Vicente Taiano.Sin embargo, evitó adelantar posibles candidaturas. 

“Se va a quedar con la curiosidad porque no tengo ningún candidato. Los candidatos, hombre o mujeres que sean, serán los que deban representar esa corriente capaz de servir y volver a ser a esta ciudad como lo que es: un aurora que no admite ocaso”, señaló Nebot.

Lo que debes saber

• Este martes 28 de abril, personal de la Policía y Fiscalía allanaron en forma simultánea varias agencias de CNEL. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de estas acciones.
• Las autoridades investigan una estructura que habría operado por años alterando facturación eléctrica y afectando a usuarios en todo el país.
• Según el Gobierno, una funcionaria, correspondiente al área de servicio al cliente "acreditó 5.2 millones de dólares", solo en el año 2025.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional realizaron allanamientos simultáneos en varias agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en diversas provincias del país, al mediodía de este martes 28 de abril. Las acciones se realizaron tras denuncias sobre una red de corrupción que alteraba planillas a cambio de coimas.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en estas acciones. Junto a varios ministros de Estado, recorrió la agencia de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) La Garzota, en el norte de Guayaquil.

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Los allanamientos surgieron tras denuncias de una estructura con alcance nacional que, presuntamente, manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a ciertos usuarios y perjudicar a otros, dejando pérdidas millonarias al Estado.

Noboa manifestó en su cuenta de X que el perjuicio al Estado ecuatoriano por esta supuesta red de corrupción es de al menos 300 millones de dólares.

"Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL para sostener el negocio", publicó el primer mandatario en X.

Allanamientos a CNEL: Funcionarios de niveles inferiores con patrimonios millonarios

Los allanamientos, ejecutados en agencias de CNEL de provincias como Guayas, Azuay y Santa Elena, dejaron a 50 personas detenidas para investigaciones.

"Hay una red, hay una mafia que está manejando y manipulando los temas de facturación de las diferentes oficinas de CNEL, donde se estarían beneficiando en grandes cantidades", manifestó el ministro del Interior, John Reimberg, tras la diligencia.

El funcionario manifestó que existen funcionarios, de niveles inferiores y con sueldos mínimos, que presentan patrimonios superiores a los tres millones de dólares sin poder justificar su origen.

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Reimberg también atribuyó a esta presunta red de corrupción los imprevistos cortes de energía eléctrica que han sufrido varias localidades de Ecuador en las últimas semanas.

"Estos cortes que han habido no son cortes que prevé el Estado, que el Estado ha dispuesto que se realice, sino es parte de quienes están acá queriendo atacar al Gobierno nacional y a la gestión que se está haciendo", expresó John Reimberg.

Allanamientos a CNEL: Funcionaria habría alterado planillas por 5,2 millones de dólares

José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), indicó en su cuenta de X que en CNEL se identificaron "dos patrones de comportamientos ilícitos".

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Asimismo, el funcionario señaló que se identificaron movimientos financieros inusuales realizados por funcionarios de CNEL. La UAFE reportó esas acciones a la Fiscalía.