Lo que debes saber 

• La Asamblea Nacional convocó a una nueva sesión del Pleno con cuatro puntos en el orden del día.
• Los legisladores analizarán un veto presidencial, una reforma para el sector pesquero y una declaratoria conmemorativa.
• Conoce qué plantea cada iniciativa y por qué será debatida.

La Asamblea Nacional convocó a la sesión 107-AN-2025-2029 del Pleno para el martes 14 de julio de 2026, a las 10:00, en el Palacio Legislativo de Quito. La convocatoria fue suscrita por el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres Cobo, con base en el artículo 12, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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De acuerdo con el documento oficial, los asambleístas conocerán cuatro puntos en el orden del día. Además del Himno Nacional, el Pleno tratará un informe sobre la objeción parcial al proyecto de Ley de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una reforma para el sector acuícola y pesquero y una propuesta para declarar una fecha conmemorativa.

La convocatoria señala que la sesión se realizará en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en Quito. La agenda reúne proyectos que abarcan temas ambientales, productivos y de reconocimiento cívico.

Ley de Gobernanza del Espacio Marino-Costero vuelve al Pleno

El segundo punto del orden del día será conocer y resolver el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero.

Esta normativa busca establecer un marco legal para la gestión integral del espacio marino y costero del Ecuador, regular el uso sostenible del mar, fortalecer la protección de los ecosistemas y brindar seguridad jurídica a actividades como la pesca, el turismo, la investigación científica y los deportes acuáticos.

La comisión legislativa que analizó el veto recomendó allanarse a la mayoría de las observaciones planteadas por el Ejecutivo y ratificarse únicamente en uno de los artículos aprobados previamente por el Pleno, al considerar que los cambios propuestos son, en su mayoría, ajustes técnicos y de armonización normativa.

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Reforma para la acuicultura y la pesca será debatida por primera vez

Como tercer punto, el Pleno conocerá el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

La iniciativa busca actualizar la normativa vigente mediante una mejor caracterización de las actividades acuícolas y pesqueras, con el propósito de precisar conceptos y fortalecer el marco legal que regula a este sector productivo antes de continuar con su trámite legislativo.

Al tratarse de un primer debate, los legisladores podrán presentar observaciones y propuestas de modificación. Posteriormente, la comisión correspondiente deberá recoger esos aportes antes de elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.

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El Pleno también debatirá una fecha conmemorativa

El cuarto punto del orden del día propone declarar el 13 de julio de cada año como el "Día del Rotario Ecuatoriano". La iniciativa busca incorporar oficialmente esta conmemoración dentro del calendario nacional mediante una resolución del Pleno.

La convocatoria no detalla el contenido de la propuesta, aunque el debate permitirá a los legisladores exponer sus argumentos antes de decidir si aprueban o no la declaratoria.

Última semana para el registro de alianzas electorales para las seccionales 2026

• Organizaciones políticas tienen hasta el 18 de julio de 2026 para inscribir alianzas.
• Correísmo utilizará la plataforma del movimiento Amigo debido a la suspensión de su lista.
• El partido oficialista ADN resolvió competir en solitario en sus primeras elecciones locales.

Los partidos políticos de Ecuador iniciaron una semana clave en el cronograma hacia las elecciones seccionales de 2026. Hasta el 18 de julio de 2026, las organizaciones políticas tendrán la oportunidad de registrar formalmente sus alianzas electorales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con miras a los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026. Este proceso define el mapa de coaliciones de cara a la selección de alcaldes y prefectos.

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Las estrategias de los partidos políticos y el panorama de alianzas

Durante la fase de definición de precandidaturas para las elecciones seccionales de 2026, varias agrupaciones políticas revelaron sus acuerdos y estrategias de postulación.

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La Revolución Ciudadana (correísmo) participará en los comicios locales a través de la plataforma electoral del movimiento Amigo, una medida adoptada debido a la suspensión de su lista original. Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, aclaró que la organización cuenta con al menos tres partidos políticos aliados que acogerán formalmente sus cuadros de candidatos. Aunque la dirigente no detalló todos los nombres, en el cantón Cuenca el Partido Socialista auspició la precandidatura del actual prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien aspira a la Alcaldía de dicha ciudad.

Por su parte, Javier Orti, presidente del partido Avanza, confirmó que su organización optará por competir en solitario en ocho provincias de Ecuador. No obstante, detalló que han consolidado alianzas electorales en diversos cantones con casi todas las fuerzas políticas, con excepción del movimiento Amigo y el oficialismo.

Los acuerdos específicos del partido Avanza

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El oficialismo de ADN y la Izquierda Democrática ante las urnas

En contraste con las coaliciones, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) mantendrá una postura de independencia en las urnas. Antes del desarrollo de las elecciones primarias, la ministra de Gobierno y directora de la organización en Pichincha, Nataly Morillo, reveló que el oficialismo participará de forma individual, sin alianzas electorales, en lo que constituirá su primera contienda en elecciones seccionales.

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En la otra acera, partidos como la Izquierda Democrática han tomado el camino opuesto. La presidenta de la agrupación, Analía Ledesma, ratificó que han optado por establecer alianzas estratégicas a lo largo de todo el territorio nacional, aunque prefirió no desglosar las organizaciones involucradas en dichos pactos.

Calendario electoral y próximos hitos hacia las elecciones seccionales de 2026

El cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) establece fechas definitivas para la consolidación de las candidaturas que participarán en la jornada democrática de noviembre:

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José Cabrera pidió a Contraloría auditar la presidencia de Diana Atamaint en el CNE

• José Cabrera pidió a la Contraloría auditar los ocho años de gestión de Diana Atamaint.
• El nuevo presidente del CNE busca desvincular su administración de la anterior.
• El relevo de autoridades se dio por malestares internos con las organizaciones políticas.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado una auditoría integral a la gestión de ocho años de su antecesora y actual vocal, Diana Atamaint. La medida, revelada en una entrevista con EXPRESO tras asumir su cargo el 11 de junio de 2026 en Ecuador, busca garantizar la transparencia del organismo de cara a las próximas elecciones seccionales de 2026.

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El pedido de auditoría a la administración de Diana Atamaint

José Cabrera señaló a este Diario que su requerimiento tiene como objetivo técnico y político separar de forma clara el inicio de su gestión frente al CNE de las decisiones tomadas en el periodo previo.

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"Se ha hecho ya el pedido a Contraloría de que haga una auditoría de esa administración, de tal manera que mi administración vaya desde el día en que fui posesionado", afirmó la autoridad electoral.

El nuevo presidente del CNE aclaró de forma enfática que esta solicitud no responde a sospechas ni implica la existencia de irregularidades en el periodo de Diana Atamaint. Según sus declaraciones, se trata de una acción de respeto institucional y una vía de protección para el nuevo periodo administrativo: "Más bien es por un tema de respeto y también de cuidar mi administración. Lo que llevó la señora Atamaint como presidenta, que Contraloría haga su auditoría".

Las razones detrás del cambio de autoridades en el CNE

A pesar de descartar irregularidades previas, José Cabrera admitió de manera abierta que al interior del Pleno del organismo electoral existían tensiones e inconformidades acumuladas respecto a las decisiones de la administración anterior, factores que terminaron por impulsar la renovación de la Presidencia de la institución.

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Motivos del malestar en el Pleno

Entre las causas principales que motivaron la remoción de autoridades se encuentran las siguientes:

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Prioridades y metas de la nueva gestión electoral

El relevo en la cúpula electoral se concretó el pasado 11 de junio de 2026, fecha en la que concluyó la gestión de Diana Atamaint al frente del Consejo Nacional Electoral. Al asumir formalmente el cargo, el presidente del CNE, José Cabrera, fijó de inmediato los ejes que guiarán el rumbo de la entidad durante su mandato.

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Compromisos institucionales asumidos:

Lo que debes saber 

• El Colegio de Arquitectos de Pichincha respondió a los cuestionamientos sobre el concurso del nuevo Museo Nacional del Ecuador.
  
• Asegura que la selección de la propuesta ganadora fue decisión exclusiva del jurado.
• También sostiene que cumplió todas sus obligaciones técnicas y entregó la documentación a la entidad contratante.

Las críticas surgidas alrededor del concurso para el diseño del anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio del Museo Nacional del Ecuador motivaron un pronunciamiento del Colegio de Arquitectos del Ecuador – Provincia de Pichincha (CAE-P). La entidad explicó cuál fue su papel dentro del proceso y aclaró cómo se tomó la decisión sobre la propuesta ganadora.

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Según el comunicado, la convocatoria fue concebida para que distintos equipos profesionales presentaran sus proyectos y estos fueran evaluados por un jurado, de acuerdo con las bases y criterios técnicos establecidos previamente. 

Como parte de esa explicación, el organismo precisó que organizó, coordinó y acompañó técnicamente el desarrollo del concurso, velando por el cumplimiento de las bases y de cada una de las etapas previstas hasta la entrega de los productos correspondientes.

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El CAE-P informó que el jurado seleccionó como propuesta ganadora al equipo conformado por Campo Baeza (España) y MAODA (Ecuador), tras aplicar el procedimiento previsto en las bases de la convocatoria. En ese contexto, enfatizó que no tuvo participación en la decisión final.

"La selección de la propuesta ganadora correspondió al jurado, no al Colegio de Arquitectos del Ecuador – Provincia de Pichincha".

La institución también detalló la integración del jurado encargado de la evaluación. Estuvo conformado por los arquitectos Alejandro Zaera Polo, Eduardo McIntosh, Luis López y Diego Ordóñez Holguín; la magíster Romina Muñoz Prócel, quien asumió funciones tras el fallecimiento del arquitecto Hernán Crespo Bermejo; además del ingeniero Roberto Luque Nuques, delegado técnico del Presidente de la República, y la arquitecta Carla Arellano Granizo, delegada técnica de la Vicepresidencia.

Asimismo, indicó que, una vez concluida la fase de evaluación, entregó formalmente toda la documentación, informes, actas y demás productos contemplados en esta etapa a la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP, entidad contratante del proceso.

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Colegio de Arquitectos afirma que cumplió con sus obligaciones contractuales

En el comunicado, el colegio sostuvo que cumplió íntegramente las obligaciones establecidas en el contrato, las bases de la convocatoria y la normativa aplicable. Añadió que, con la entrega oficial de la documentación, concluyó la fase de organización y coordinación técnica que estuvo bajo su responsabilidad.

"La decisión de continuar con el proceso le corresponde a la entidad contratante, Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP, de conformidad con el contrato y la normativa aplicable".

La institución agregó que cualquier paso posterior relacionado con el concurso depende exclusivamente de la empresa pública contratante y no del Colegio de Arquitectos de Pichincha, al haber finalizado las funciones que le fueron encomendadas.

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Colegio de Arquitectos defiende la transparencia del proceso

En la parte final del pronunciamiento, el CAE-P reiteró su respaldo a los concursos públicos de arquitectura como mecanismo para seleccionar proyectos de interés público y fomentar la calidad técnica de las propuestas.

"Reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad y la promoción de los concursos públicos de arquitectura como mecanismos técnicos para la selección de propuestas de interés público."

Además, manifestó que respalda las decisiones adoptadas por el jurado y el trabajo desarrollado por los profesionales que participaron en el concurso. Finalmente, aseguró que continuará vigilando que la institucionalidad que sustentó este y futuros procesos sea respetada.

Lo que debes saber

• La Ley Antimafias no elimina la cooperación eficaz, pero el debate para reformarla ya comenzó.
• Penalistas discrepan sobre las rebajas de pena: unos las defienden y otros piden endurecer sus reglas.
• Los expertos coinciden en que la figura requiere mayores controles para evitar abusos e impunidad.

La reducción de penas por cooperación eficaz volvió al centro del debate político, aunque el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley Antimafias no plantea modificar ese beneficio previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La discusión resurgió tras los cuestionamientos a los efectos que ha tenido esa figura en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado.

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Un debate que no está en la ley

Uno de quienes impulsa el debate es el asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN), quien sostiene que personas condenadas por un mismo delito no deberían recibir sanciones distintas por colaborar con la justicia. A su criterio, el principio debe ser “a igual delito, igual sanción”, por lo que anticipó que buscará promover cambios para eliminar las reducciones de pena derivadas de la cooperación eficaz.

Las declaraciones reavivaron una discusión que divide a especialistas del sistema penal. Mientras unos consideran que el beneficio es una herramienta indispensable para desarticular organizaciones criminales, otros sostienen que ha terminado generando rebajas desproporcionadas para responsables de delitos graves.

¿Debe mantenerse la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave o es momento de revisar el alcance de las reducciones de pena? EXPRESO consultó a expertos en derecho penal para analizar los argumentos a favor y en contra de una figura que vuelve a estar bajo la lupa.

Si eliminan el incentivo de la reducción de pena, ¿qué motivación tendrá un integrante de un grupo criminal para colaborar con la justicia?Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha

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¿Eliminar o mantener el beneficio?

Para el penalista y exfiscal de Pichincha, Pablo Encalada, eliminar o restringir de forma drástica la reducción de penas sería un error porque la cooperación eficaz es una de las pocas herramientas que permite a la Fiscalía avanzar con rapidez en investigaciones complejas. A su juicio, sin un incentivo real, quienes integran organizaciones criminales difícilmente entregarían información que permita identificar a los líderes.

En esa misma línea, sostiene que la develación de los casos de corrupción y delincuencia organizada más relevantes del país han contado con cooperadores eficaces. Por ello, considera que sacrificar ese mecanismo en busca de sanciones idénticas para todos, implicaría renunciar, en muchos casos, a conocer la verdad de los hechos.

Sin embargo, Encalada reconoce que la aplicación de esta figura ha generado cuestionamientos. En su criterio, el problema no radica en la ley, sino en la forma en que la Fiscalía ha negociado los beneficios y en la obligación de los jueces de verificar que la información entregada haya sido realmente corroborada antes de conceder una reducción de pena.

Por su parte, Daniel Kuri, abogado penalista y docente de la Universidad del Río, reconoce que la cooperación eficaz cumple una función importante dentro del proceso penal, pero advierte que la legislación actual permite reducciones de pena que pueden resultar desproporcionadas. En su criterio, la acumulación de beneficios con otras figuras procesales ha contribuido a generar esa percepción de impunidad.

La reducción de pena debe ejecutarse solo cuando la colaboración permita condenar a los cabecillas y recuperar bienes ilícitos; su aplicación no debe ser laxa ni complaciente.Andrés Cevallos, abogado penalista

Como ejemplo menciona los casos en los que un procesado accede simultáneamente a la cooperación eficaz y al procedimiento abreviado, lo que reduce significativamente la condena prevista para delitos graves. Esa situación, sostiene, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre las consecuencias de cometer un delito.

Una visión similar tiene el abogado penalista Andrés Cevallos, quien sostiene que la cooperación eficaz se ha desnaturalizado y ha pasado de ser una herramienta excepcional a un mecanismo que compensa las deficiencias investigativas de la Fiscalía. Desde su perspectiva, las reducciones excesivas terminan afectando la proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción impuesta.

Además, advierte que beneficios demasiado amplios pueden incentivar declaraciones interesadas o incluso falsas para obtener una rebaja de pena. Aun así, considera que eliminar la cooperación eficaz tampoco sería conveniente, porque dificultaría romper el hermetismo de las organizaciones criminales y rastrear el origen de los bienes obtenidos ilícitamente.

En contraste, el abogado y director de Plataforma de DDHH, Javier Rojas, considera que la cooperación eficaz no ha cumplido el objetivo para el que fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según manifiesta, la figura legal no ha servido para desarticular organizaciones criminales, sino que ha sido utilizada principalmente en procesos con connotación política.

Desde esa óptica, sostiene también que la Fiscalía dispone de suficientes herramientas legales para investigar sin depender exclusivamente de las declaraciones de un procesado. Por ello, cree que la prioridad debería ser fortalecer la capacidad investigativa del Estado antes que mantener incentivos que, a su juicio, no han demostrado resultados efectivos.

La cooperación eficaz, hasta ahora, no ha servido para desarticular a las mafias, no se la utiliza para ese fin; el país necesita una política criminal con rumbo.Javier Rojas, abogado

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Más controles, no más beneficios

Frente a estos escenarios, el jurista Kuri propone conservar la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave en investigaciones de delincuencia organizada. No obstante, plantea impedir que sus beneficios puedan acumularse con otros mecanismos de reducción de penas, con el fin de preservar la proporcionalidad de las sanciones.

Por otra parte, Rojas sostiene que el debate no debería centrarse en eliminar la reducción de penas por cooperación eficaz durante el tratamiento de la Ley Antimafias en la comisión legislativa, sino en construir una política criminal integral que fortalezca la capacidad investigativa de la Fiscalía y evite que sea utilizada con fines de persecución política.

La figura de la cooperación eficaz debe conservarse y ser un incentivo para colaborar con la justicia, no un premio para quien también cometió un delito.
Daniel Kuri, abogado penalista

Encalada afirma que el problema no está en la norma, sino en su aplicación. Por ello, considera que la Fiscalía debe negociar con mayor prudencia los beneficios y que los jueces solo los concedan cuando la información del colaborador haya sido plenamente corroborada.

Asimismo, Cevallos plantea mantener la figura, pero con controles más estrictos. Entre sus propuestas consta que la reducción de pena solo se haga efectiva cuando la información proporcionada por el procesado conduzca a sentencias firmes contra los cabecillas y permita afectar el patrimonio de las estructuras criminales.

Lo que debes saber

• José Cabrera asegura que el CNE cumple el calendario para las elecciones seccionales de 2026 y garantiza un proceso imparcial.
• También explica el cambio de autoridades en el organismo y el pedido de una auditoría a la gestión de Diana Atamaint. 
• Además, advierte cómo el CNE se prepara para enfrentar posibles riesgos durante la jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral atravesó un cambio de autoridades en pleno desarrollo del proceso para los comicios seccionales 2026. La salida de Diana Atamaint se produjo luego de casi ocho años al frente del organismo. Ahora José Cabrera anuncia un cambio en la gestión.

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El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, finalmente se pronuncia sobre el cambio de autoridades en ese organismo. Recibió a EXPRESO en su nueva oficina, donde no ahondó en el trasfondo de la salida de Diana Atamaint, pero dejó entrever que había malestar al interior del Pleno. En medio de este cambio, la autoridad habla del cumplimiento de los hitos del calendario para las seccionales 2026 y de cómo garantizará que el CNE sea un árbitro imparcial, pese a los cuestionamientos de las mismas organizaciones políticas. También habló del pedido de una auditoría a la anterior administración. 

¿Cuál es hoy el mayor riesgo para las elecciones del 29 de noviembre? Se habla de posibles impactos climáticos desde finales de este año.

Estamos monitoreando las delegaciones provinciales conjuntamente con los organismos pertinentes para ver qué riesgos tenemos. Se ha dado la disposición de que cada mes se presente un informe. Hasta el momento no se encuentran mayores novedades. Vamos avanzando en el proceso electoral y ese riesgo tenemos que mitigarlo y ver opciones.

Ha dicho que el adelanto de las votaciones crea un colchón para repetir elecciones ante eventualidades. ¿En qué consiste ese plan B?

En mi caso particular, la decisión de pasar las elecciones al 29 de noviembre fue con referencia a lo que hemos pasado en otros procesos, en los que, por los diferentes reclamos a los que tienen derecho los candidatos y las organizaciones políticas, hemos estado al límite de no poder posesionar a los electos en la fecha que dice la Constitución. Acepté que sea en noviembre, de tal manera que, si se diera esta situación, nosotros podemos postergar la fecha en las provincias y cantones en los que haya problemas. Podemos postergar y pasar para diciembre, enero o febrero.

Organizaciones políticas han cuestionado las últimas reformas de la Asamblea para las alianzas. Dicen que las desincentivan. ¿Cuántas alianzas se han inscrito?

Las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea, en el 2025, son hechas por los asambleístas. Ellos vienen precisamente de organizaciones políticas. Nosotros tenemos que acatar las reformas. No tengo el dato final. Recordemos que hasta el sábado 18 de julio se pueden realizar las alianzas.

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¿Hay alguna actividad en la situación actual sobre la que temen o prevén que pueda haber algún tipo de retraso?

No. Al momento estamos trabajando de acuerdo con el calendario establecido. Cada uno de los hitos ha seguido completándose, a pesar de que hubo un cambio en la cabeza del CNE y se han tenido que realizar algunos cambios en el área administrativa.

Resta menos de un mes para la inscripción de candidaturas. ¿Qué garantías ofrece el CNE para que el proceso se desarrolle sin decisiones que puedan interpretarse como arbitrarias?

Tenemos que aplicar la ley, nada más. El rato que vengan los candidatos, cumplan los requisitos y no se encuentren en inhabilidades al momento de la inscripción, tienen derecho a inscribirse. Nosotros no podemos irnos más allá. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que tienen que venir de las elecciones internas. Son requisitos y también tenemos que revisar que no se encuentren en inhabilidades para la inscripción.

Hubo cuestionamientos sobre una supuesta cercanía entre el CNE y el Gobierno. Que la ‘cancha está inclinada’, dicen algunos movimientos. ¿Cómo evitar que el organismo sea visto como un árbitro con sesgo?

Nosotros hemos llevado varios procesos electorales y, al día siguiente, la satisfacción es que el pueblo está trabajando, produciendo y no en las calles reclamando. El pueblo debe estar tranquilo; la ciudadanía, tranquila de que cada voto será respetado.

Usted asume el cargo después de casi ocho años en los que Diana Atamaint estuvo como presidenta. ¿Cómo encontró al CNE?

En cuanto a la administración de la señora Diana Atamaint, se ha hecho ya el pedido a Contraloría de que haga una auditoría de esa administración, de tal manera que mi administración vaya desde el día en que fui posesionado.

¿Ese pedido nace de un trámite común de inicio de ciclo o encontró algo que cree que debe investigarse?

No. Más bien es por un tema de respeto y también de cuidar mi administración. Lo que llevó la señora Atamaint como presidenta, que Contraloría haga su auditoría.

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¿Qué dio paso a la conformación de esta nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral para que se pudiera cambiar de autoridades?

Había tenido anteriormente un pedido de las compañeras de que asumiera este reto duro, difícil y complicado en medio de un proceso electoral. Pero tenía que asumirlo con responsabilidad.

¿Por qué se sacó a Diana Atamaint de la Presidencia?

Eso ya no puedo responder. Incluso, en la votación, los tres consejeros restantes (sin Enrique Pita, que no estuvo) estuvieron de acuerdo con que yo asumiera la Presidencia.

¿No hay ningún trasfondo? ¿Un día simplemente se decidió que había que cambiar de autoridades?

Había ya algún malestar. Recordemos que hubo un problema con las organizaciones políticas. Se eliminaba algo de Unidad Popular y todas esas circunstancias. Además de que ya habían pasado casi ocho años y era necesario refrescar a las autoridades.

¿Puede garantizar que ningún actor político tendrá influencia durante el actual proceso electoral?

Más que solo hablar, se verá con los hechos; con los hechos de que mi posición es la de respetar la decisión de los ecuatorianos. Yo le puedo decir ‘no tengo ninguna cercanía’. Pero la ciudadanía verá, por los hechos, cómo se lleva esta administración.

¿Habrá cambios o se mantendrá el sistema informático que se ha venido utilizando en los últimos procesos electorales?

En los equipos informáticos se ha mejorado. Se han hecho adquisiciones: nuevas computadoras, licencias del software y, por el resto, revisar que el sistema no tenga ningún problema en cuanto a la parte de escrutinios y posterior también en la transmisión de resultados.

Lo que debes saber:

• CNE verifica requisitos formales; denuncia por $6 millones reabre debate sobre candidaturas frente a seccionales en Ecuador.
• Expertos y dirigentes políticos: partidos deben filtrar a candidatos; sistema débil permite aspirantes sin controles en primarias.
• Sin sentencia ejecutoriada, CNE debe calificar; dirigentes admiten que no filtran, solo buscan sobrevivir.

La denuncia de un supuesto enriquecimiento ilícito en contra de una autoridad local —que no podría justificar unos $ 6 millones en su patrimonio—, en medio de las primarias con miras a las elecciones seccionales, reabrió un debate: ¿es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de filtrar a los candidatos? ¿Cuál es su rol y cuál el de las organizaciones políticas?

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Para Fausto Camacho, experto electoral, el problema no es del CNE ni del Código de la Democracia, sino de la debilidad del sistema de partidos.

“Si hablamos del sistema de representación y del sistema judicial, ambos hacen agua”, sostiene. En su opinión casi no existen partidos con funcionamiento permanente. 

“Son dos o tres. ¿Cuántos tienen sede, página web, centros de formación o una vida orgánica activa? Son la excepción”, anota.

Camacho subraya que la falta de democracia interna es evidente: “No hay reuniones periódicas de organismos de base ni directivas provinciales activas o pronunciamientos políticos cuando no hay elecciones”. En ese contexto, las candidaturas no pasan por controles.

Nicanor Moscoso, exintegrante de la Función Electoral, señala que ninguna institución puede anticipar la conducta de una autoridad. “Las denuncias sin sentencia ejecutoriada no son suficientes. Pueden responder a disputas políticas, a campañas en redes sociales o incluso a ataques personales”.

"No tenemos capacidad de investigar patrimonios": Javier Orti

Javier Orti, presidente de Avanza —una de las organizaciones que en 2019 candidatizó al alcalde involucrado en el escándalo, junto a UP—, no recuerda cómo lo eligieron. 

“Era taxista, dirigente popular, se alejó del partido”. Admite que la selección de aspirantes responde más a la supervivencia que a filtros. “No tenemos la capacidad de investigar patrimonios ni acceso a datos de la UAFE; vemos que no tengan problemas legales”.

También critica la falta de incentivos para formar cuadros. “Se nos exige capacitación, pero nos deben el fondo partidario. Sabe que el transfuguismo agrava todo. “Cualquiera puede ser invitado”.

Si todos fuéramos como El Nacional, y solo participáramos con candidatos propios, nos vamos a la B; hay que traer refuerzos, para no desaparecer.Javier Orti/ presidente Avanza

El primer filtro es el partido: Pablo Játiva

Pablo Játiva, abogado y profesor de teoría política, resalta que, si se revisa el funcionamiento político en otros países, el primer filtro natural para garantizar la calidad de los candidatos es el partido.

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“En otros países los evalúan para ver si están preparados y si son honestos”, explica. En Ecuador, en cambio, ese filtro “está completamente destruido”. 

En los partidos no se analiza quién es un candidato valioso, por lo que —desde el punto de vista jurídico— la responsabilidad del CNE se limita a lo procesal: verificar requisitos formales y la ausencia de sentencias ejecutoriadas.

“Tenemos políticos sin preparación, personajes que surgen de TikTok, sin que se verifique si están capacitados o si buscan el cargo como un espacio para hacer negocios. Se financian campañas con la expectativa de obtener contratos después, y los partidos terminan siendo solo vehículos electorales”, comenta.

Játiva advierte, además, fallas en el control de las primarias. “Ni el Código de la Democracia ni el propio CNE ejercen un control real. Acá, las primarias son casi simbólicas; se levantan manos para candidaturas ya decididas”. 

Contrasta con lo que hacen en Uruguay, Chile o Estados Unidos, donde las primarias son competitivas y permiten evaluar trayectorias, intereses y capacidades.

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En Ecuador, en cambio, dice: “las primarias se reducen a constatar quórum, bajo la lógica del dueño del partido”. Para Pablo Játiva, esta práctica refleja una visión caudillista de la política, entendida como un espacio de poder o enriquecimiento, más que como un ámbito de servicio público.

Esto dice la Revolución Ciudadana sobre responsabilidad de partidos 

Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, sostiene que, tras episodios de “traiciones” y la aparición de candidatos con procesos judiciales —como el caso de Sergio Peña—, han adoptado correctivos. 

“Fortalecimos la comisión de ética. Nuestros propios militantes nos alertan a través de redes sociales”. Además, los directivos provinciales deben tener cuatro años de militancia y ellos asumen la enorme responsabilidad de depurar inicialmente listas de candidatos, explica.

¿Qué debe incorporar la selección que hacen los partidos?, según Carlos Rabascall

Carlos Rabascall, excandidato presidencial que se afilió a la Izquierda Democrática y hace poco dejó el partido, reflexiona: 

“La calidad de una democracia comienza mucho antes de la votación, cuando los partidos deciden quién merece representar a los ciudadanos. Esa selección debe incorporar debida diligencia, evaluación patrimonial, revisión tributaria y judicial, declaración de intereses y estándares éticos verificables", detalla. 

Además, Rabascall comenta que el CNE tiene una misión distinta: proteger la legalidad del proceso y la transparencia del financiamiento. "Tenemos un modelo anticorrupción del siglo XX para enfrentar redes criminales del siglo XXI”. 

Para él, Ecuador necesita abandonar la lógica reactiva y avanzar hacia una “república preventiva”. Implica construir una Arquitectura Nacional de Integridad basada en Inteligencia Pública: instituciones conectadas entre sí, auditorías preventivas, analítica de datos e inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo antes de que la corrupción se materialice.

"Corresponsabilidad entre partidos y CNE": Gabriela Guerrero

Gabriela Guerrero, coordinadora provincial de la ID en Guayas, que también se desafilió hace poco, anota que la responsabilidad de la selección es compartida entre CNE y partidos. 

“Este órgano cumple un rol formal: si un candidato no tiene una sentencia ejecutoriada, está obligado a calificarlo. Su falla está en la fiscalización del gasto electoral. El control es débil. Aunque existen techos de campaña, en los informes todo cuadra, mientras en territorio se observan campañas millonarias. El CNE audita papeles, no hay un cruce profundo de información con entidades como la UAFE o el SRI”.

Los partidos fallan en su rol ético: muchos operan como vehículos electorales para sobrevivir, tienen miedo de desaparecer, prefieren billeteras o perfiles populares.Gabriela Guerrero/ exmilitante de la ID

El CNE no contestó

El martes 7 de julio del 2026, EXPRESO envió un pedido de información al Consejo Nacional Electoral, al respecto. No hubo una respuesta hasta el cierre de la edición.

Lo que se sabe

• Romina Muñoz defendió el proceso con el que se escogió el diseño del nuevo Museo Nacional, que fue rechazado por el Gobierno
• Las críticas al proyecto ganador terminó con su salida del Viceministerio de Cultura
• Ella defendió su gestión y pidió que "asistan a los espacios"

La exviceministra de Cultura, Romina Muñoz, defendió este sábado 11 de julio de 2026 el proceso por el que se eligió el diseño del nuevo Museo Nacional de Ecuador, que luego fue rechazado por el propio Gobierno.

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Muñoz se expresó en la red social X, donde defendió su gestión. El pasado jueves 9, tras las críticas al diseño ganador, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, le pidió que renuncie, según contó a EXPRESO.

"Si se invierte recursos en cultura, hay quejas; si no se invierte, también. La cultura es lo que garantiza nuestro bienestar, promueve redes de trabajo y nos invita a pensarnos y soñar con un mejor futuro", escribió.

Detalló que "entre 2024 y 2025 se asignaron 225.000 dólares a través de líneas de fomento no reembolsables para la repotenciación de archivos, museos y bibliotecas de Tungurahua, Loja, Azuay, Guayas, Pastaza, Chimborazo, Imbabura y El Oro".

Romina Muñoz: "Asistan a los espacios"

Usuarios de X, como @PetitShisho, le cuestionaron a la exviceministra la falta de una "mejor comunicación, apertura con la ciudadanía, así como la rectificación del (diseño del) museo".

Muñoz respondió: "Hubo un recorrido con los jurados y un evento público de los estudios para explicar la propuesta. Por favor revisen las redes oficiales, asistan a los espacios. En la pantalla no se juega todo".

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, sostuvo el viernes 10 de julio: “El diseño propuesto para el Museo Nacional no es lo que Ecuador necesita, especialmente Quito”.

Por eso, Luque anunció que se "convocará a los finalistas del concurso para que presenten nuevamente sus propuestas". Y dijo: "Nosotros, junto a ustedes, elegiremos el diseño definitivo".

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Exviceministra niega parentezco con ganadores de concurso

Muñoz también aprovechó su interacción con los internautas para rechazar la versión de que mantendría relación de parentezco con integrantes del estudio Campo Baeza + Maoda, que ganó el concurso.

"No tengo parientes entre ninguno de los seleccionados", afirmó la exviceministra, quien recordó: "La selección responde a los criterios de un jurado conformado por 7 personas", incluido Luque.

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Lo que debes saber

• Juan Carlos Aveiga llegó al Ministerio de Salud tras desvincularse de empresas del sector privado. 
• Una revisión documental de EXPRESO muestra sus movimientos societarios, tributarios y patrimoniales antes de asumir el cargo. 
• Estos son los registros públicos consultados.

Juan Carlos Aveiga Parra fue posesionado el 10 de julio de 2026 como nuevo ministro de Salud Pública de Ecuador. Tras su designación, EXPRESO revisó los registros públicos de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría General del Estado y el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) para conocer los antecedentes patrimoniales, societarios, tributarios y judiciales del nuevo funcionario.

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Nuevo ministro de Salud vendió sus acciones antes de asumir el cargo

La revisión realizada por este Diario en la Superintendencia de Compañías muestra que Aveiga dejó de ejercer cargos administrativos en empresas privadas antes de asumir la cartera de Estado. Los registros reflejan que el 9 de julio de 2026 dejó de ser director técnico médico de Esculapio S.A.S. (Clínica Alcívar), empresa vinculada a la prestación de servicios de salud, cargo que desempeñó en distintos periodos desde 2017.

Los documentos societarios también evidencian que el 10 de julio, el mismo día en que fue posesionado como ministro, realizó tres transferencias de acciones:

Patrimonio de Juan Carlos Aveiga: lo que muestran los registros públicos

La revisión efectuada por EXPRESO en el portal del SRI evidencia que Aveiga registra declaraciones del Impuesto a la Renta bajo el régimen general desde 2019. Los valores reportados muestran una variación en el impuesto causado durante los últimos años, pasando de $13.156,31 en 2019 a $25.959,74 correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Para 2026 aparece un periodo fiscal en curso.

En el mismo sistema constan también los pagos realizados por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). La información corresponde a registros tributarios públicos disponibles para consulta ciudadana y no constituye, por sí sola, evidencia de incumplimientos o irregularidades tributarias.

La consulta realizada por este Diario en la declaración patrimonial juramentada de la Contraloría General del Estado, presentada por Aveiga al inicio de su gestión como ministro de Salud, registra un patrimonio de $174.651,80. El documento detalla activos por $206.154,86 y pasivos por $31.503,06, estos últimos correspondientes a una deuda de tarjeta de crédito.

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La declaración también consigna $62.237,62 en depósitos y ahorros en entidades financieras ecuatorianas, dos vehículos valorados en conjunto en $63.989 y un departamento ubicado en la provincia del Guayas, declarado con un valor de $79.928,24. Asimismo, el formulario señala que su última declaración del Impuesto a la Renta corresponde al ejercicio fiscal 2026.

En paralelo, EXPRESO revisó el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), donde hasta el cierre de esta publicación no se encontraron procesos judiciales registrados a nombre de Juan Carlos Aveiga Parra.

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Juan Carlos Aveiga deja el Hospital Alcívar y asume el Ministerio de Salud

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Experiencia profesional del nuevo ministro de Salud

Antes de llegar al Ministerio de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el sector privado. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno, su último cargo fue el de director médico del Hospital Alcívar, institución en la que también se desempeñó como coordinador general y jefe del servicio de Cirugía.

Aveiga es médico y cirujano graduado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en 2002. Posteriormente obtuvo la especialidad en Cirugía General en la misma universidad, una maestría en Gerencia Hospitalaria en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y un Grand Master en Obesidad y Cirugía Bariátrica por TECH Universidad Tecnológica de España, obtenido en 2024.

Según la información difundida por el Ejecutivo tras su posesión, la gestión del nuevo ministro estará enfocada en fortalecer el abastecimiento de medicamentos e insumos, consolidar el Sistema Nacional de Salud y mejorar la atención a los pacientes, objetivos que asumirá al frente de la cartera de Estado.

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura, CNT y Google renuevan alianza tecnológica por tres años.
• El proyecto Google Workspace Enterprise Plus garantizará ciberseguridad en la Función Judicial.
• La implementación busca impulsar una política de cero papel y agilizar trámites judiciales.

El Consejo de la Judicatura, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Google oficializaron en Ecuador la renovación del proyecto tecnológico Google Workspace Enterprise Plus. La firma de este convenio, según la Judicatura, asegura la continuidad operativa, el soporte técnico y estándares de ciberseguridad en las herramientas digitales de la Función Judicial durante los próximos tres años, impulsando la modernización del sistema de justicia.

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Beneficios del convenio tecnológico para la Función Judicial

Esta alianza garantiza el licenciamiento por suscripción de herramientas de ofimática para la institución, comentó la Judicatura a través de un comunicado. Con la ejecución de este proyecto, se asegura un entorno digital óptimo mediante los siguientes componentes:

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El acto oficial contó con la participación de las máximas autoridades de las instituciones involucradas, entre ellos Mercedes Caicedo Aldaz (presidenta de la Judicatura), el vocal Alfredo Cuadros Añazco y varios directores nacionales de la entidad.

Compromiso con la modernización de la justicia ecuatoriana

En su intervención, la presidenta Mercedes Caicedo Aldaz señaló que estas acciones responden directamente al eje de modernización tecnológica y digitalización establecido en el plan de trabajo institucional.

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"La tecnología no reemplaza al juez, no sustituye al secretario, no desplaza al servidor judicial. La tecnología debe permitir que trabajen con mayor seguridad, con mejores herramientas y con menos barreras operativas. Una institución que trabaja mejor por dentro, puede responder mejor hacia afuera", enfatizó.

Por su parte, los representantes de las empresas tecnológicas destacaron el impacto operativo y social que alcanzará esta cooperación interinstitucional.

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Lo que debes saber

• La Revolución Ciudadana reaccionó al cambio del titular de Salud dispuesto por Daniel Noboa. 
• La bancada cuestionó los constantes relevos en la cartera y advirtió que la crisis sanitaria continúa sin soluciones de fondo.

La bancada de Revolución Ciudadana (RC5) cuestionó la salida de Jaime Bernabé del Ministerio de Salud y el nombramiento de Juan Carlos Aveiga como nuevo titular de la cartera. A través de un comunicado difundido el viernes 10 de julio, la organización política sostuvo que el relevo ministerial no resolverá los problemas estructurales que enfrenta el sistema público de salud.

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Jaime Bernabé deja el Ministerio de Salud sin resolver el desabastecimiento de medicinas

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El pronunciamiento se conoció horas después de que el presidente Daniel Noboa oficializara el cambio mediante el Decreto Ejecutivo 446, con el que dio por terminadas las funciones de Bernabé, quien permaneció apenas dos meses al frente del Ministerio de Salud tras haber sido designado el 27 de abril de 2026.

Para la bancada correísta, la rotación de autoridades refleja problemas en la conducción del sector. En el documento afirmó que "la salud pública atraviesa una crisis que no admite más improvisación", al advertir que los cambios de ministros no han logrado atender las principales demandas del sistema sanitario.

Revolución Ciudadana critica los cambios en el Ministerio de Salud

La organización también señaló que los relevos en el gabinete evidencian falta de estabilidad en una de las carteras más sensibles del Estado. En ese sentido, sostuvo que "en menos de tres meses, el Gobierno ha cambiado nuevamente al ministro de Salud, evidenciando inestabilidad en la conducción de una cartera clave para millones de ecuatorianos".

Además, el comunicado sostiene que el problema trasciende el cambio de autoridades. La bancada aseguró que "los constantes relevos no resuelven el problema de fondo: la falta de planificación, recursos y gestión en el sistema de salud pública", por lo que insistió en la necesidad de adoptar medidas estructurales.

Como parte de sus observaciones, Revolución Ciudadana también hizo referencia a las denuncias ciudadanas relacionadas con la atención médica. En el texto manifestó que "mientras continúan las denuncias por desabastecimiento, retrasos en la atención y deterioro hospitalario, miles de pacientes y familias siguen enfrentando las consecuencias de una política pública insuficiente".

El cambio de ministro ocurre en medio de la crisis sanitaria

La salida de Jaime Bernabé fue oficializada por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 446. El documento derogó el Decreto Ejecutivo 369, con el que el funcionario había sido nombrado ministro de Salud el pasado 27 de abril de 2026.

Durante su corta gestión, Bernabé anunció un modelo territorial para fortalecer la atención en las provincias y coordinó reuniones con directores zonales para evaluar la situación de hospitales y centros de salud. Sin embargo, su administración coincidió con las persistentes denuncias por el desabastecimiento de medicamentos en la red pública.

Lo que debes saber

• La Comisión de Desarrollo Económico aprobó la fiscalización del laudo arbitral y el traspaso de la operación de la central Coca Codo Sinclair a Power China.
• Se investigará el diseño, contratación y colapso del dique permeable en el cantón El Chaco, ocurrido en mayo de 2026.
• La mesa legislativa unificó dos proyectos de ley orientados al desarrollo logístico y portuario de la provincia de Esmeraldas.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó de forma unánime el inicio de dos procesos de fiscalización sobre infraestructura estratégica en el país. Las investigaciones se centrarán en el laudo arbitral y el acuerdo transaccional de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, así como en las causas y responsabilidades detrás del colapso del dique permeable en el cantón El Chaco. Paralelamente, la mesa legislativa avocó conocimiento de una propuesta legal para el desarrollo portuario de Esmeraldas.

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Fiscalización a la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

Con ocho votos afirmativos, los legisladores resolvieron auditar el laudo arbitral emitido el 3 de abril de 2026 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

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Esta fiscalización abarca las actuaciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas del acuerdo transaccional suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y Sinohydro Corporation Limited. Dicho convenio derivó en el traspaso de la administración, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica a la firma Power China.

El asambleísta Carlos Dávila señaló que el control político busca anticiparse a los hechos para garantizar transparencia, verificar procedimientos y acompañar el análisis de la propuesta que se presentará a CELEC EP, con el fin de evitar fallas recurrentes en el sistema energético.

Acciones del proceso de control político

Para verificar el cumplimiento legal y la protección de los recursos estatales, la comisión ejecutará las siguientes medidas:

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Por otra parte, la mesa legislativa aprobó, también con ocho votos a favor, investigar los estudios, diseño, contratación, ejecución, supervisión y operación del dique permeable ubicado en el sector San Carlos, cantón El Chaco (Napo). La estructura, construida para mitigar la erosión regresiva del río Coca, colapsó el 21 de mayo de 2026.

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El legislador Sergio Peña explicó que la fiscalización busca esclarecer los motivos del fallo de la obra, determinar eventuales responsabilidades y evaluar las medidas tomadas para proteger la infraestructura estatal, que incluye el sistema nacional de transporte de petróleo.

Instituciones requeridas para el caso El Chaco

La comisión solicitará información y citará a exfuncionarios, contratistas, consultores y autoridades de las siguientes instituciones:

Normativa para el Puerto de Esmeraldas

Finalmente, la comisión avocó conocimiento del Proyecto de Ley para el Desarrollo Logístico, Productivo y Estratégico del Puerto de Esmeraldas y su Zona de Influencia, propuesto por el asambleísta Samuel Célleri y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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Los integrantes de la mesa especializada aprobaron la unificación de esta propuesta con el Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Logísticas Portuarias, con el objetivo de tramitar un solo cuerpo legal sobre la materia.

Lo que debes de saber

• Varios partidos postularon como precandidatos a figuras que nunca militaron en sus filas.
• Expertos advierten que esta práctica refleja la falta de formación de nuevos liderazgos políticos.
• El Código de la Democracia obliga a las organizaciones a invertir recursos en capacitación interna.

Las organizaciones políticas ya definieron a sus precandidatos para los comicios seccionales. No obstante, varias de sus principales apuestas electorales provienen de otras agrupaciones, o nunca han formado parte de sus filas políticas que hoy respaldan sus candidaturas.

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Las apuestas fuera de casa

Uno de esos casos es el del comediante Fernando Villarroel, invitado por el movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), para convertirse en su precandidato a concejal de Guayaquil. También está Jorge Yunda, quien pese a no haber militado en Avanza, volverá a competir por la Alcaldía de Quito bajo el auspicio de ese partido político.

La misma situación se observa con Cynthia Viteri, quien aceptó la precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático (CD), una organización distinta a aquella con la que desarrolló su trayectoria política. La exalcaldesa militó en el Partido Social Cristiano (PSC), colectividad con la que llegó a dirigir el Municipio porteño.

Otro caso es el de Carla Larrea. Tras la eliminación de Construye, en mayo de 2026, del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas, donde se desempeñó como vicepresidenta nacional, ahora fue escogida por el movimiento Creando Oportunidades (CREO) como su precandidata para la Alcaldía de Quito.

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La falta de cuadros propios

Los especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que la postulación de figuras ajenas a las organizaciones políticas evidencia una debilidad estructural del sistema de partidos. A su criterio, la práctica refleja el fracaso en la formación de cuadros propios, pese a que el Código de la Democracia establece obligaciones de capacitación interna y destina recursos públicos para ese fin.

Para el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, la incorporación de candidatos externos demuestra que los partidos y movimientos han dejado de cumplir su función de formar liderazgos. Sostiene que las organizaciones terminan convirtiéndose en vehículos electorales que priorizan la supervivencia política antes que la construcción de una militancia con identidad e ideología.

En esa línea, el analista político Andrés Obando señala que los partidos salen a buscar candidatos con reconocimiento público en lugar de promover a quienes han formado en sus propias filas. Para él, esa práctica contradice el propósito de las escuelas de formación política y plantea dudas sobre el uso efectivo de los recursos públicos destinados a fortalecer la democracia interna.

A eso, el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, Manuel Macías, agrega que esta dinámica responde a una crisis crónica y sostenida del sistema de partidos. A su juicio, las organizaciones funcionan como espacios que alquilan candidaturas, lo que impide profesionalizar la política y consolidar estructuras capaces de generar sus propios liderazgos.

Los partidos políticos salen a buscar candidatos en lugar de formar sus propios cuadros.Andrés Obando, analista político

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Los riesgos para la democracia interna

Los tres expertos también coinciden en que esta dinámica contradice el espíritu de los numerales 12 y 13 del artículo 331 del Código de la Democracia. Esa normativa obliga a las organizaciones políticas a desarrollar programas permanentes de formación y a destinar la mayor parte del Fondo Partidario Permanente a capacitación, investigación y fortalecimiento del liderazgo de sus afiliados, especialmente de mujeres y jóvenes.

A criterio de los especialistas, la principal función de un partido o movimiento político es formar liderazgos propios capaces de representar su ideología y asumir responsabilidades de gobierno. Cuando las candidaturas provienen de figuras externas, esa tarea queda relegada y las organizaciones pierden su razón de ser como escuelas de formación política.

Para Obando, contar con cuadros formados permite que las organizaciones mantengan una línea ideológica y presenten propuestas coherentes a la ciudadanía. Además, facilita que los futuros candidatos conozcan el funcionamiento de las instituciones públicas antes de asumir cargos de elección popular.

Para Alarcón, los cuadros propios no solo deben encabezar las candidaturas, sino también integrar los equipos de gobierno de las autoridades electas. De lo contrario, advierte, se incrementa el riesgo de conformar administraciones sin una estructura política sólida, con espacio para el pago de favores y eventuales actos de corrupción, una posibilidad que ve en varias de las candidaturas divulgadas.

Lo que debes saber

• Jaime Bernabé deja el Ministerio de Salud tras más de dos meses de gestión sin resolver la escasez de medicinas. 
• Exministros y expertos sostienen que el principal problema sigue siendo la gestión del abastecimiento. 
• Además, plantean fortalecer la industria farmacéutica nacional para enfrentar la crisis en los hospitales públicos.

Con casi dos meses de gestión, Jaime Bernabé deja el Ministerio de Salud Pública (MSP) con un problema profundo sin una solución clara a la vista: el desabastecimiento de medicinas. El 27 de abril de 2026, Bernabé fue posesionado como ministro de Salud Pública con el reto de enfrentar la crisis del sistema sanitario. Ahora es reemplazado por Juan Carlos Aveiga Parra, quien asume una de las carteras más complejas y críticas del gabinete con el mismo desafío.

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Para conocer el balance de estas primeras semanas de gestión de Bernabé, EXPRESO solicitó una entrevista al entonces ministro. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Ante ello, este Diario consultó a exministros y especialistas en salud pública, quienes analizaron los avances, las falencias y los desafíos que enfrenta la actual administración para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red pública.

Al ser consultado sobre la gestión del ministro Jaime Bernabé, el exsubsecretario de Salud Andrés Corral sostuvo que el desabastecimiento de fármacos e insumos responde a varios factores, aunque consideró que el principal problema es la gestión. “Es un problema multifactorial, pero hoy el principal cuello de botella es la gestión”, afirmó, al señalar que una adecuada planificación, contratación y seguimiento son claves para garantizar el abastecimiento.

Desabastecimiento de medicinas: la gestión sigue siendo el principal desafío

En cuanto a las compras internacionales de medicinas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la escasez, Corral explicó que estos procesos requieren tiempo antes de reflejarse en los hospitales. Indicó que las etapas de contratación, producción, transporte, controles sanitarios y distribución pueden extenderse entre tres y seis meses. “Si además se está implementando un nuevo modelo a través de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP), es esperable una curva de aprendizaje institucional que puede retrasar la ejecución si no existe una adecuada coordinación entre todos los actores”, indicó.

Asimismo, el exsubsecretario advirtió que la falta de medicamentos continúa afectando la atención de los pacientes y que cualquier cambio en el modelo de abastecimiento debe estar respaldado por una gestión técnica y transparente. “Cualquier transformación institucional debe ir acompañada de capacidades técnicas, reglas claras, sistemas de información robustos y mecanismos de rendición de cuentas. De lo contrario, existe el riesgo de que el cambio de modelo no se traduzca en una mejora perceptible para los pacientes”, concluyó.

Por su parte, Francisco Andino, exministro de Salud, sostuvo que el desabastecimiento de medicamentos no se resolverá con un relevo de autoridades, sino con decisiones que fortalezcan el sistema de salud. A su criterio, el problema va más allá de quién ocupe el Ministerio y requiere medidas de fondo. “No se trata de cambio de funcionario, como yo lo vengo diciendo”.

Exministros cuestionan compras en el exterior y piden fortalecer la industria nacional

Además, el exfuncionario explicó que recientemente participó en una visita a una planta de la industria farmacéutica ecuatoriana, ubicada en Durán, junto con otros exministros y expertos en fármacos. Tras ese recorrido, verificó que el país cuenta con capacidad para producir medicinas, por lo que cuestiona que se continúe buscando proveedores en el exterior. “Yo no sé por qué tenemos que ir a buscar medicamentos hacia fuera cuando nuestra industria los tiene”.

Andino agregó que varias empresas farmacéuticas ecuatorianas cumplen estándares internacionales de calidad y cuentan con certificaciones que respaldan su producción. En ese contexto, considera que la capacidad instalada del sector debería aprovecharse para abastecer al sistema público de salud. “Definitivamente, (existen farmacéuticas ecuatorianas) inclusive con muy buenas prácticas, calificaciones hasta FDA muchas de ellas”.

A su vez, Ximena Garzón, exministra de Salud, dijo que dos meses después de la llegada del nuevo ministro, aún no observa resultados frente a los problemas de abastecimiento en la red pública. Opinó que la gestión de cualquier autoridad debe medirse por sus resultados y expresó su preocupación por las denuncias sobre la falta de fármacos para pacientes con VIH. “La verdad es que no se han visto resultados. Yo pienso que la gestión que tenga cualquier funcionario implica resultados y no vemos resultados”, recalcó.

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La exfuncionaria también se refirió a la creación de la empresa pública para centralizar la compra de medicamentos y consideró que el cambio no estuvo acompañado de la reglamentación necesaria para su funcionamiento. “No se sabe cuál es el reglamento que va a gobernar esta empresa pública. Existen todavía estas zonas grises que aparentemente no se las tomó en cuenta”.

Finalmente, Garzón añadió que la falta de información oficial dificulta evaluar los avances de la actual administración. “No tenemos información oficial. Es importante que haya transparencia, que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo y cómo se está adelantando, pero nosotros en la academia no tenemos acceso a información actualizada”, lamentó.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección inició la facultad de verificación contra José de la Gasca tras una denuncia presentada durante la sesión del 10 de julio. 
• El postulante tendrá tres días para presentar sus descargos antes de que el organismo emita una resolución. 
• El procedimiento forma parte del concurso para designar al Fiscal General del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección resolvió iniciar la facultad de verificación contra José Javier de la Gasca López Domínguez, postulante al cargo de Fiscal General del Estado, durante la sesión administrativa 0049 realizada el viernes 10 de julio de 2026. La decisión se adoptó luego de conocer una denuncia presentada por el abogado Darwin Norberto Moreno Benalcázar.

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La sesión fue presidida por Cynthia Alexandra Jacho Tipán, quien explicó que la actuación se enmarca en los artículos 19 y 20 del reglamento del concurso, que permiten verificar información y documentos presentados por los postulantes cuando existan elementos que ameriten su revisión.

La denuncia sostiene que el expediente de José Javier de la Gasca López Domínguez no incluiría el formulario específico de declaración de conflicto de intereses exigido para el concurso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, además de señalar un presunto conflicto de intereses.

Comisión revisará denuncia presentada contra José de la Gasca

Durante la sesión, el secretario dio lectura al documento ingresado por Darwin Norberto Moreno Benalcázar el 9 de julio de 2026, así como a los anexos presentados como sustento de la petición. Entre ellos constan un informe pericial, documentos del CPCCS, un video de una sesión pública y el expediente del postulante.

De acuerdo con el resumen expuesto ante la Comisión, el denunciante afirma que en el expediente del postulante consta un formulario correspondiente a otro proceso administrativo y no el documento requerido para el concurso de Fiscal General. También solicita verificar un presunto conflicto de intereses con el exconsejero Roberto Gilbert Febres Cordero.

La presidenta Cynthia Jacho indicó que la Comisión debe responder de manera motivada a la petición presentada y garantizar el debido proceso previsto en el reglamento antes de emitir una decisión sobre el caso.

El ciudadano ha solicitado y ha ejercido su derecho de petición a esta Comisión Ciudadana de Selección. Por lo tanto, esta comisión ciudadana está facultada para poder dar una respuesta motivada a esta solicitud, petición, denuncia o queja.Cynthia  Jacho

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Postulante tendrá tres días para presentar sus descargos

Tras conocer la denuncia, la Comisión resolvió activar la facultad de verificación y dispuso que José de la Gasca sea notificado con la totalidad de la documentación presentada, incluidos los anexos y el formulario cuestionado.

La presidenta precisó que, conforme al artículo 20 del reglamento, el postulante contará con tres días, contados desde el día siguiente a la notificación, para presentar por escrito sus pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.

Concluido ese plazo, la Comisión Ciudadana de Selección deberá emitir una resolución motivada en una sesión pública. Esa decisión podrá ser apelada ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que resolverá en única y definitiva instancia.

El postulante deberá contestar por escrito a la imputación realizada con los respectivos documentos de descargo dentro del término de tres días contados desde el día siguiente a su notificación.Cynthia Jacho

Lo que debes saber

• CNE aprobó el límite máximo del gasto electoral para los comicios seccionales de noviembre de 2026.
• La resolución establece los topes de gasto para las candidaturas a prefecturas y viceprefecturas, alcaldías, concejalías urbanas y rurales, así como vocalías de juntas parroquiales rurales.
• Aunque el límite máximo del gasto electoral ya fue oficializado, el organismo no dio a conocer durante la sesión los montos específicos que corresponderán a cada jurisdicción.

La noche de este viernes 10 de julio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el límite máximo del gasto electoral para los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a realizarse en noviembre próximo.

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La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión ordinaria telemática del Pleno. La resolución establece los topes de gasto para las candidaturas a prefecturas y viceprefecturas, alcaldías, concejalías urbanas y rurales, así como vocalías de juntas parroquiales rurales.

El organismo explicó que los valores fueron determinados con base en lo dispuesto en el artículo 209 del Código de la Democracia y en el número de electores de cada jurisdicción.

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El CNE precisó que estos límites corresponden a los recursos propios que las organizaciones políticas podrán destinar a la campaña electoral, sin incluir la contratación de publicidad en medios de comunicación o vallas publicitarias.

En el caso de los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la legislación prohíbe recibir o utilizar financiamiento privado.

Los consejeros coincidieron en respaldar el informe técnico que sustentó el cálculo de los montos. Elena Nájera, Enrique Pita, Diana Atamaint y Esthela Acero votaron a favor de la propuesta.

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El presidente del CNE, José Cabrera, emitió su voto favorable, con lo que la resolución quedó aprobada por los cinco integrantes del Pleno.

Aunque el límite máximo del gasto electoral ya fue oficializado, el organismo no dio a conocer durante la sesión los montos específicos que corresponderán a cada localidad.

Esa información forma parte del informe técnico aprobado y servirá como referencia para las organizaciones políticas que participarán en los comicios seccionales de 2026.

Lo que debes saber

• El Gobierno reformó el Reglamento de la Ley del Deporte mediante el Decreto Ejecutivo 445. 
• La modificación redefine la licencia obligatoria para operar pronósticos deportivos en plataformas digitales y establece cuándo entra en vigencia el nuevo esquema.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, expidió el Decreto Ejecutivo 445, con el que reformó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación para modificar el régimen aplicable a los operadores de pronósticos deportivos en Ecuador. El cambio redefine el documento habilitante que deberán obtener quienes desarrollen esta actividad mediante plataformas digitales.

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La reforma sustituye el artículo 235 del reglamento vigente y dispone que el único título habilitante para la operación de pronósticos deportivos en el país será una licencia otorgada por el ente rector del deporte. La modificación se incorpora mediante una reforma puntual al Reglamento General de la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación.

El nuevo texto establece de manera expresa: "El único título habilitante para la operación de pronósticos deportivos en el territorio ecuatoriano es la licencia que otorgará el ente rector del deporte o quien haga sus veces", reemplazando la disposición anterior contenida en el reglamento.

Pronósticos deportivos en Ecuador: así cambia la licencia para operar

Además del cambio sobre el documento habilitante, el decreto precisa el alcance jurídico de esa licencia. Según la reforma, esta autorización será el instrumento mediante el cual las personas naturales o jurídicas podrán desarrollar actividades de pronósticos deportivos a través de plataformas digitales.

El texto incorporado al reglamento señala: "La licencia de operadores de pronósticos deportivos constituye la autorización administrativa y legal que se otorga a los solicitantes, sean personas naturales o jurídicas, para que puedan realizar actividades de pronósticos deportivos mediante plataformas digitales".

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En los considerandos del decreto se recuerda que la Constitución faculta al Presidente de la República para expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes. También se citan disposiciones constitucionales relacionadas con el derecho al deporte, la recreación y el uso del tiempo libre, así como normas de la Ley Orgánica del Deporte que regulan los pronósticos deportivos.

Decreto Ejecutivo 445 entra en vigencia tras su publicación

El documento también incluye una disposición derogatoria única, mediante la cual se eliminan todas las normas de igual o menor jerarquía que se contrapongan al contenido de esta reforma. Con ello, el nuevo texto prevalecerá sobre cualquier regulación incompatible.

Finalmente, la disposición final establece que el Decreto Ejecutivo 445 entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial. El documento fue suscrito por el presidente Daniel Noboa Azin en el Palacio Nacional, en Quito, el 10 de julio de 2026.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Daniel Noboa, a través del ministro Roberto Luque, decidió rechazar el diseño ganador para el Museo Nacional.
  
• El anuncio del ministro Luque expone una grave contradicción, ya que él mismo actuó como delegado presidencial dentro del jurado que seleccionó la obra.
• El Gobierno ha cedido ante la presión y las críticas de las redes sociales, lo que evidencia una gestión movida por la demagogia y el populismo.

La fachada del Museo Nacional será la que las redes sociales decidan. Palabras más, palabras menos, ese es el mensaje que el Gobierno, por intermedio del ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque (sí, el mismo de Progen), publicó ayer viernes 10 de julio en sus redes sociales.

De acuerdo con el texto difundido por Luque, el Gobierno ha decidido rechazar el proyecto ganador del concurso para el Museo Nacional, escogido por un jurado internacional integrado por siete miembros, entre ellos delegados del presidente y de la vicepresidenta de la República. En su mensaje anuncia, además, que la empresa pública encargada del proyecto convocará a los finalistas del concurso para que presenten nuevamente sus propuestas, de manera que “nosotros, junto a ustedes, elegiremos el diseño definitivo”. Finalmente, asegura que el Gobierno cumplirá su promesa de construir un Museo Nacional, “pero con empatía con la ciudad y sus necesidades”.

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Un mensaje con contradicciones

El mensaje, publicado en X a las 14:00, es quizá la manifestación más elocuente del profundo populismo y la demagogia que mueven al gobierno de Daniel Noboa. No pudo soportar la presión de las redes sociales, que se lanzaron rabiosamente contra el proyecto escogido por el jurado internacional, y decidió desconocer un veredicto que, se entiende, se había comprometido a respetar. Si las redes nos están desgastando demasiado, entonces no aceptemos el fallo y digamos que haremos lo que las masas quieren: ese parece haber sido el razonamiento en algún rincón de Carondelet.

El mensaje de Luque contiene varios aspectos llamativos. Afirma, por ejemplo, que la propuesta fue del Colegio de Arquitectos, cuando eso es absolutamente falso. El proyecto pertenece a un consorcio de arquitectos españoles y ecuatorianos y fue seleccionado por un jurado internacional de alto prestigio. Además, hay un detalle imposible de pasar por alto: Luque fue delegado del presidente Daniel Noboa en el jurado y conocía perfectamente todo el proceso. Si alguien es copartícipe de esa decisión, es precisamente el presidente de la República, representado por su delegado, así como la vicepresidenta, también representada en ese organismo con derecho a voto.

Luego anuncia que se convocará nuevamente a los finalistas para que presenten sus propuestas. ¿Aceptarán hacerlo después de que el Gobierno desconoció el resultado del concurso? Y aquí aparece la cereza del pastel: “... nosotros, junto a ustedes, elegiremos el diseño definitivo”. Si ese mensaje fue publicado en redes sociales y habla de “ustedes”, resulta inevitable concluir que se refiere precisamente a la opinión expresada en esas plataformas, la misma que terminó provocando que el Gobierno pidiera la renuncia de la viceministra de Cultura, Romina Muñoz.

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La incoherencia oficial

“Como ministro, respaldo plenamente esta decisión, porque comparto la convicción de que el proyecto debe responder al sentir de la ciudad y estar a la altura de lo que Quito y el país merecen”, escribió Luque. La pregunta es inevitable: ¿por qué no sostuvo esa posición antes, cuando participó directamente en el proceso de selección?

Si la salida de Muñoz había abierto una serie de interrogantes sobre el futuro del proyecto, el mensaje de Luque despeja cualquier duda: el Gobierno no respetará el veredicto del jurado. Eso deja otra certeza. Difícilmente habrá una autoridad internacional en arquitectura, urbanismo o museografía que acepte integrar un nuevo jurado. En el mejor de los casos, si la promesa de construir el museo llega a cumplirse, habrá un jurado de obedientes que primero deberán escuchar el sentir de las redes sociales. ¿Quién se atreverá a contradecir la opinión de X o Facebook sabiendo que, para este Gobierno, ese parece ser el criterio decisivo?

El anuncio de Luque (sí, el mismo ministro que se niega a entregar información que podría ayudar a encontrar a los responsables del caso Progen) confirma que el Gobierno ni siquiera en materia cultural es capaz de escapar de los cantos de sirena del populismo. Además, debería asumir las consecuencias jurídicas de su decisión y, si corresponde, indemnizar a los autores del proyecto ganador.

Lo que enseña la historia

La historia de la arquitectura demuestra que las obras más emblemáticas suelen ser también las más incomprendidas cuando nacen. Algunos de los edificios que hoy simbolizan a sus ciudades fueron, en su momento, objeto de burlas, campañas de rechazo e incluso de profundas crisis políticas. Lo que hoy se considera patrimonio universal, alguna vez fue visto como una amenaza para el paisaje, la identidad o el buen gusto.

Quizá el caso más paradigmático sea el del Centro Pompidou de París. En 1971, un jurado internacional presidido por Jean Prouvé e integrado por figuras de la talla de Oscar Niemeyer y Philip Johnson eligió, entre 681 propuestas de 49 países, el proyecto de dos arquitectos prácticamente desconocidos: Renzo Piano, que entonces tenía apenas 33 años, y Richard Rogers. La reacción fue feroz. Se dijo que el edificio parecía una refinería de petróleo, una fábrica instalada en el corazón de París y una agresión contra el patrimonio histórico. Durante la presentación del proyecto hubo abucheos e incluso se lanzaron tomates contra los ganadores. Sin embargo, el gobierno del presidente Georges Pompidou respetó el fallo del jurado y siguió adelante con la obra. Hoy el edificio es uno de los grandes íconos de la arquitectura contemporánea.

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Lo que se sabe

• Los funcionarios se encontraron en Samborondón este 10 de julio
• En la cita se buscó "fortalecer el trabajo conjunto", según el prefecto
• El alcalde dijo que se habló al menos de dos temas de interés local

El prefecto de Guayas, Carlos Encalada, y el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, tuvieron este viernes 10 de julio de 2026 su primer encuentro oficial luego de que el primero asumió el cargo tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.

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La visita del prefecto a este cantón de Guayas se dio en medio de una feria de servicios sociales que la institución que preside llevó a la cabecera cantonal, donde se atendió a más de 700 personas.

En imágenes difundidas por la entidad se vio a ambos funcionarios recorriendo juntos los estands. En una publicación, en su cuenta de la red social X, la Prefectura aseguró que la cita fue para "coordinar acciones en beneficio de la provincia".

Temas discutidos por el prefecto y el alcalde

Yúnez señaló que en la reunión con Encalada se discutió sobre cómo mejorar la productividad del sector arrocero de Samborondón y cómo anticiparse al impacto del fenómeno de El Niño.

En una entrevista concedida a EXPRESO, la semana pasada, Encalada aseguró que delegados de Yúnez habían participado en reuniones para planificar las acciones a ejecutar ante la llegada del fenómeno natural.

También mencionó que se analizaba el tema de que la Prefectura dé un seguro agrícola para ayudar a minimizar las pérdidas que pueda enfrentar el sector ante la presencia de El Niño.

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Lo que debes saber

• Juan Carlos Aveiga deja el Hospital Alcívar para asumir el Ministerio de Salud.
• Fue director médico y ocupó cargos de liderazgo durante casi una década.
• Antes de llegar al Gobierno, estuvo a cargo de la atención médica de Aquiles Álvarez.

El médico cirujano Juan Carlos Aveiga Parra fue designado como nuevo ministro de Salud Pública. Su nombramiento se produce luego de desempeñarse como director médico del Hospital Alcívar, una institución en la que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

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Formación y especialización

Aveiga es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en 2002, de acuerdo con datos del portal digiral de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Además, realizó su especialidad en cirugía general, en el mismo centro educativo, en 2013.

El médico también cuenta con estudios en Gerencia Hospitalaria, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Aveiga desarrolló su carrera en el Hospital Alcívar durante casi una década. En ese período ocupó los cargos de jefe de Cirugía, coordinador general y, finalmente, director médico de la institución.

Su práctica profesional se ha concentrado en la cirugía general y laparoscópica. Entre los procedimientos que realiza constan cirugía bariátrica, reparación laparoscópica de hernias, cirugía de páncreas, colecistectomía laparoscópica, apendicectomía laparoscópica, cirugía ginecológica laparoscópica —como cistectomías e histerectomías— y cirugía por puerto único o monopuerto.

Además de su trayectoria clínica y de gestión hospitalaria, Aveiga también ha incursionado en la escritura. Es autor de los libros Lo que mis ojos vieron: Crónicas de un médico en pandemia y Lo que mis ojos vieron: La segunda ola, en los que relata sus experiencias durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

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El último caso antes de llegar al Gobierno

Antes de incorporarse al sector público, Juan Carlos Aveiga estuvo a cargo de la atención médica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, según afirmaron sus abogados, Julio César Cueva y David Norero. El alcalde fue internado el miércoles 8 de julio de 2026, en el Hospital Alcívar, donde el Gobierno buscaba que fuera intervenido quirúrgicamente, y Aveiga lideró la atención durante su permanencia en esa casa de salud.

Cueva confirmó a EXPRESO que Juan Carlos Aveiga fue el médico que recomendó la intervención quirúrgica del alcalde Álvarez durante su hospitalización en el Hospital Alcívar. "Él fue quien insistió varias veces que se opere", afirmó

Antes de una eventual cirugía, la defensa de Álvarez solicitó la realización de exámenes complementarios para descartar otras afecciones, según ha sostenido previamente Cueva. De acuerdo con el abogado, el pedido se fundamentó en síntomas que el alcalde presentaba desde antes de su hospitalización, como una pérdida acelerada de peso, dolor muscular en el muslo derecho, hinchazón en los pies, adormecimiento de una pierna y un posible cuadro de hipertensión detectado en controles médicos previos; sin embargo, afirmó que esas evaluaciones no fueron practicadas y que el alcalde regresó posteriormente a la Cárcel del Encuentro.

El nombramiento de Aveiga marca el paso de un médico con experiencia en la gestión hospitalaria privada hacia la administración pública. Su antecesor fue el galeno Jaime Otton Bernabé Erazo, quien estuvo dos meses al frente de la entidad estatal.