Lo que debes saber

• RC pide a Cancillería informes por presunto ataque de militares de EE. UU. a barco pesquero ecuatoriano.
• Pescadores del Don Maca habrían sido atacados en altamar y rescatados en El Salvador, según denuncia legislativa.
• Asamblea fiscaliza denuncias de ataques a barcos pesqueros ecuatorianos, tras nuevo caso alertado este el 9 de abril.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) por Manabí, Fernando Cedeño, María Gabriela Molina, Lenin Barreto, Guido Mendoza y Bertha Vélez, enviaron una solicitud de información a la canciller, Gabriela Sommerfeld, para que brinde detalles sobre "los hechos ocurridos con la embarcación pesquera 'Don Maca'", la cual zarpó del puerto de Manta el pasado 17 de marzo y fue atacada por militares de Estados Unidos, según han denunciado los pescadores ecuatorianos.

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Según el oficio enviado, los legisladores correístas señalan que la embarcación "fue declarada como desaparecida el 26" del mismo mes y sus tripulantes fueron rescatados por patrullas navales de El Salvador el 2 de abril. Sin embargo, los parlamentarios buscan fiscalizar los hechos denunciados por 20 pescadores ecuatorianos, quienes habrían sido "interceptados, atacados y detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos".

Cedeño anunció que envió el pedido de información este 9 de abril de 2026, en el mismo día en el que el abogado Jorge Chiriboga informó que existe otro caso de ataque a una embarcación pesquera ecuatoriana.

Chiriboga indicó que denunciará ante la Fiscalía el ataque con bombas al barco 'Negra Francisca' para solicitar "que se envíe documentación, a través de Cancillería, para establecer los motivos por los que fueron trasladados a El Salvador" los pescadores sobrevivientes.

Otro ataque con drones

El representante legal descartó que los ecuatorianos hayan naufragado y asegura que "son pescadores civiles, que no estaban armados y fueron atacados con drones de una nación extranjera tipo guerra. Estaban dentro de la embarcación, por tanto es un acto criminal", manifestó.

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De acuerdo con los relatos de los pescadores, el ataque provocó un una explosión que generó el incendio total de la embarcación. Posteriormente, ellos fueron recatados por un buque extranjero, que los mantuvo incomunicados y los trasladó a El Salvador. 

Por ese motivo, Chiriboga dijo que se busca establecer "a quién pertenece esa embarcación Atlantis, por qué estaban allí y por qué los transfirieron a la guardacosta salvadoreña sin darles ningún tipo de información".

Lo que debes saber

• Noboa descarta apagones en abril en Ecuador por mayor generación y menor uso de embalses.
  
  
• Gobierno afirma que Mazar no está crítico este abril, clave para el sistema Paute.
  
  
• Ejecutivo atribuye estabilidad eléctrica a nuevas termoeléctricas, eólica y Toachi-Pilatón.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país no enfrentará apagones durante abril, pese a las condiciones de sequía y al aumento de la demanda eléctrica. Lo dijo durante una entrevista en Radio Farra de Manabí, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

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Según el mandatario, el nivel del embalse de Mazar —clave para el sistema hidroeléctrico del complejo Paute— no se encuentra en niveles críticos, como se ha advertido desde distintos sectores. 

Noboa comparó las cifras actuales con registros históricos de los últimos diez años y sostuvo que el comportamiento del embalse es consistente con el de esta época del año.

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¿Qué ocurre con el sistema eléctrico?

El Presidente también atribuyó la estabilidad del sistema eléctrico a la incorporación de nueva capacidad de generación durante su administración. 

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Mencionó la culminación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el mantenimiento en Daule-Peripa y la entrada en operación de generación termoeléctrica en Esmeraldas y Quevedo, además de proyectos en desarrollo como Pascuales. A esto se suma, dijo, la generación eólica sostenida y el fortalecimiento de plantas como Termogas Machala.

De acuerdo con Noboa, estas acciones han permitido evitar un uso intensivo del agua almacenada en los embalses, a diferencia de años anteriores, y enfrentar periodos de hasta cuatro semanas de sequía antes del retorno de las lluvias, previsto para la segunda mitad de abril.

El mandatario señaló además que el país podrá cubrir la demanda máxima proyectada para este mes, estimada en hasta 5.600 megavatios, sin restricciones. Añadió que en mayo se prevé un escenario más estable.

Durante la entrevista, Noboa cuestionó a sectores de la oposición por sus advertencias sobre un posible racionamiento eléctrico, y defendió que la actual administración ha evitado un escenario de apagones. 

Lo que debes saber

• Contraloría ejecuta 59 acciones de control a municipios en Guayas, Pichincha y Azuay.
• Se analizan contrataciones, gastos y gestión administrativa que podrían generar sanciones civiles, administrativas o penales.
• Procesos avanzan mientras prefecturas opositoras definen candidaturas para elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Al menos seis procesos que han realizado los municipios y las alcaldías del Ecuador son objeto de análisis en las 59 acciones de control que ejecuta la Contraloría General del Estado en provincias como Guayas, Pichincha y Azuay.

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De acuerdo con un comunicado de la entidad de control, los procesos que se revisan son:

Tras dar inicio a los trámites y "luego de cumplirse el debido proceso", los hallazgos serán emitidos para que la ciudadanía conozca los resultados, informó la entidad de control el martes 8 de abril.

Las acciones de control, según detalló, son procedimientos de fiscalización a los recursos y bienes del Estado que podrían acarrear distintas responsabilidades, si el organismo detecta eventuales gestiones irregulares.

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Tres tipos de responsabilidades

En ese caso, existen tres tipos de responsabilidades que la entidad podría identificar:

De hallar indicios de responsabilidad penal, la Contraloría remite los informes a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones del caso. El funcionario o empresa señalados podrían enfrentar un proceso penal cuya sanción es la privación de libertad y la indemnización al Estado.

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La Contraloría aclara que si bien puede determinar ese tipo de responsabilidades, las personas naturales o jurídicas (empresas que sean contratistas del Estado) pueden presentar sus pruebas de descargo en las distintas fases del proceso.

Sin embargo, los plazos fijados para entregar los elementos y documentos que acrediten que el funcionario no es culpable varían hasta los tres meses, en función del tipo de responsabilidades halladas: 

Transcurrido ese tiempo, los auditores de Contraloría revisan y analizan la documentación y determinan si los señalamientos se confirman, desvanecen o caducan.

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Hasta el momento, Contraloría no ha detallado los procesos específicos que revisa. Solo señaló que las provincias que concentran las acciones de control son Guayas y Pichincha, con 12 cada una, seguidas de Azuay, con cinco procesos en desarrollo.

En las tres localidades, las prefecturas están dirigidas por autoridades contrarias al Gobierno: Marcela Aguiñaga, Paola Pabón y Juan Lloret, respectivamente.

Lo que debes saber

• Contraloría denuncia ataques mediáticos contra su titular Mauricio Torres y su familia, tras informes de control.
• Entidad ejecuta 59 acciones de control a alcaldes y prefectos antes de elecciones seccionales del 29 de noviembre.
• Pronunciamiento ocurre tras críticas por filtración de informes patrimoniales de jueces de la Corte Constitucional.

La Contraloría General del Estado informó la noche de este 8 de abril de 2026 que su máximo representante, Mauricio Torres, y su familia han recibido "ataques mediáticos", tras la difusión de diferentes informes de control que ha efectuado la institución a varias autoridades.

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"A partir de la emisión de recientes informes aprobados y exámenes en ejecución, se han activado campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular, de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar", señaló la entidad en un comunicado.

Según Contraloría, las campañas serían parte de "ataques mediáticos" que generan desinformación, cuyas agresiones ya fueron denunciadas ante las autoridades.

El organismo atribuye los ataques a "personas inescrupulosas", quienes habrían planificado "estrategias orientadas a desacreditar a la institución". Sin embargo, no mencionó nombres de los sospechosos ni detalles de las supuestas agresiones recibidas.

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59 acciones de control a municipios y prefecturas

La denuncia pública de la Contraloría se conoce al día siguiente en el que el organismo informó que desarrolla 59 acciones de control a las autoridades municipales y provinciales del país.

Los análisis comprenden la revisión de estas operaciones:

El organismo dio a conocer los procesos que ejecuta cuando distintos políticos y autoridades comienzan a definir si participarán o no en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Además, dichas acciones de control se anuncian en un contexto en el que la entidad de Torres ha sido cuestionada por la filtración de los informes de las declaraciones patrimoniales de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Terán.

Los exámenes han sido vistos por la opinión pública como un ataque a la Corte, una de las instituciones que ha frenado distintas leyes del Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Ciudadanos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas se unieron en este colectivo Rumbo Plural.
• No tienen aspiraciones políticas ni buscan cargos, solo abrir el debate sobre pérdida de institucionalidad y deterioro democrático, según dicen.
• La crisis del Ecuador no es solo económica ni de seguridad, por eso creen que hay que hablar sobre autoritarismo y pérdida de credibilidad de instituciones.

La noche del 8 de abril de 2026, abogados, académicos, políticos y empresarios difundieron en sus cuentas de X el mensaje de Rumbo Plural, una iniciativa que se presenta como un espacio ciudadano de deliberación democrática en Ecuador.

En sus videos y en su sitio web, impulsores de Rumbo Plural aclaran: “No somos un partido político ni una plataforma electoral. Somos ciudadanas y ciudadanos que decidimos que la sensatez no puede seguir siendo espectadora”.

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Según el pronunciamiento, Rumbo Plural busca “elevar la conversación nacional, no reproducir su ruido”, en un contexto que describen como marcado por la disputa entre “dos modelos de populismo autoritario” que, a su criterio, no representan una salida real para el país. 

En ese escenario, advierten sobre la pérdida de credibilidad institucional, la penetración de la corrupción y la criminalidad en el Estado, así como el deterioro de los servicios públicos y la menor participación ciudadana.

¿Cuál es el objetivo de Rumbo Plural?

Frente a este diagnóstico, la iniciativa Rumbo Plural plantea una pregunta: ¿una ciudadanía unida puede transformar el destino del país? Ellos responden que sí es posible. Consideran que Ecuador atraviesa una crisis que no solo es económica ni de seguridad. Y presentaron una agenda de trabajo basada en cinco ejes prioritarios:

¿Cuáles son los integrantes de Rumbo Plural?

Entre otros, esta plataforma está conformada por Julio César Cueva, Rodrigo Gómez de la Torre, Verónica Arias, Karen Sichel, Jorge Peñafiel, Pablo Encalada Hidalgo, Jairón Merchán, Gabriela Panchana, Diego Ordóñez,María Josefa Coronel, Gonzalo Muñoz, etc.

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¿De qué línea son los miembros?

Liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas. Afirman que no les une una ideología común, sino "acuerdos mínimos irrenunciables sobre democracia, institucionalidad y ética pública".

En su sitio web, los integrantes afirmaron que no son voceros de ningún gobierno, candidatura ni sector económico y que tampoco son un espacio de activismo reactivo.

Adelantaron que: "Quien asume un cargo público o candidatura se excusa automáticamente. Sin excepciones".

Lo que debes saber

• RC pide al TCE revocar suspensión de nueve meses por el caso Caja Chica, anuncia el abogado Gabriel Rivera este 8 de abril.
• Informe de la UAFE excluiría a la Revolución Ciudadana del manejo ilícito de fondos, según defensa presentada al TCE.
• Suspensión del movimiento correísta impide participar en seccionales del 29 de noviembre, mientras sigue investigación de Fiscalía.

El abogado del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriel Rivera, anunció este 8 de abril de 2026 que ingresó una solicitud en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que el juez Joaquín Viteri revoque la suspensión por nueve meses, como lo dispuso tras conocer que la organización correísta era investigada por la Fiscalía en el caso Caja Chica. 

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Rivera señaló que la petición se presentó una vez que recibió dos documentos: uno de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otro de la Fiscalía, respecto a la investigación del movimiento.

Según el defensor de la organización correísta el informe de la UAFE "excluye de cualquier responsabilidad de manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana, lista 5", por ese motivo, envió ese documento al Ministerio Público para solicitar que la Fiscalía deje sin efecto el oficio que remitió en marzo al TCE para que suspenda al movimiento. 

Fiscalía habría contestado a la RC

"El fiscal nos ha contestado ayer (martes) que Fiscalía no envió ese documento al TCE. Lo hace mediante impulso fiscal y, en realidad, el fiscal general no miente porque él no lo mandó y es la única persona que lo podía hacer, atento a lo que dispone el Código de la Democracia", explicó en referencia a la supuesta respuesta que habría recibido de Carlos Alarcón.

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Con base en esos documentos, Rivera acudió al TCE para pedir que el organismo deje sin efecto la suspensión temporal, como lo ordenó el juez Viteri el pasado 6 de marzo, cuya decisión inhabilitó al movimiento para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

"Hemos solicitado la revocatoria de la medida impuesta, toda vez que la propia Fiscalía ha dicho que no la solicitado. Esperamos que en las próximas horas se reivindique", manifestó Rivera, a la vez que tildó a la suspensión como una "medida arbitraria".

La petición del fiscal, según el TCE

Aunque Viteri afirmó contar con los documentos, el auto de admisión de la causa contra la Revolución Ciudadana en el TCE señala que la denuncia contra el movimiento fue "presentada por Carlos Leonardo Alarcón, Fiscal General del Estado (e), que se encuentra suscrita por su delegada, Judith Bonilla, la cual se sustenta en un procedimiento de carácter reservado".

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La indagación que originó el proceso contra la RC se deriva de la investigación de Fiscalía por el presunto financiamiento ilícito desde Venezuela a la campaña de la excandidata correísta, Luisa González.

Tras la notificación del Ministerio Público, Viteri dispuso que Fiscalía informe cada 30 días sobre el estado de la investigación.

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La remoción de Aquiles Álvarez

• La Secretaría del Concejo tiene dos días término para remitir la queja a la Comisión de Mesa
• La destitución oficial demanda el voto conforme de las dos terceras partes del Concejo.
• De ser removido, Álvarez podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en tres días.

La gobernabilidad en Guayaquil entra en una fase de definiciones legales y plazos perentorios. Tras la denuncia ciudadana presentada este 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, en la que exige la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, el procedimiento administrativo local queda supeditado estrictamente a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

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Álvarez, quien permanece recluido en la Cárcel de El Encuentro desde febrero de 2026, enfrenta este pedido formal de salida fundamentado en la ausencia de su cargo. Si bien la concejala socialcristiana, Ana Chóez,  ha confirmado que presentará nuevos argumentos el próximo 13 de abril para sumar a la causa de remoción, el ingreso formal del escrito inicial marca el inicio del reloj legal para el Cabildo.

El rol de la Comisión de Mesa y la calificación

El artículo 336 del Cootad es claro sobre la ruta administrativa. La denuncia ciudadana, tras ingresar con firma de responsabilidad reconocida, reposa en la Secretaría del órgano legislativo (el Concejo Cantonal). Esta dependencia tiene un término de dos días para remitir la documentación a la Comisión de Mesa del Municipio.

Una vez recibido el expediente, dicha comisión cuenta con cinco días término para calificar la denuncia. Al ser Álvarez la autoridad denunciada, la norma exige que no pueda participar ni integrar esta mesa de revisión, debiendo el legislativo convocar a otro miembro del Concejo para reemplazarlo y garantizar imparcialidad en la calificación.

En sí, durante los 10 días de prueba que ordena la ley, la defensa ciudadana (en este caso, impulsada por Ana Chóez y el denunciante original) no tendrá que demostrar peculado o desvío de fondos, sino que deberá certificar legalmente que Aquiles Álvarez está imposibilitado de ejercer sus funciones (debido a su reclusión en la Cárcel de El  Encuentro) y que ha incurrido en inasistencias al Concejo.

Culminada la etapa probatoria, la Comisión tiene un plazo de cinco días adicionales para emitir un informe final vinculante, el cual será entregado y expuesto ante el pleno del legislativo local.

La votación decisiva en el Concejo Cantonal

Con el informe en mano, se convocará a una sesión donde las partes expondrán sus alegatos finales. La remoción del burgomaestre requiere una mayoría calificada, es decir, el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo Cantonal.

La normativa electoral y el Cootad otorgan a la autoridad removida un término de tres días, luego de ser notificada con la resolución, para solicitar que el expediente se eleve a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo nacional se limitará a verificar exclusivamente el cumplimiento de formalidades y debido proceso, pero su fallo será de última instancia.

A continuación, el cronograma procesal que marca la ruta del Cabildo porteño:

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El último episodio ocurrió la noche del martes 7 de abril, cuando la Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta a Colombia tras los comentarios que Petro hizo sobre la situación jurídica de Jorge Glas, a quien calificó, una vez más, de preso político cuando, en realidad, está cumpliendo condenas sentenciadas por la Corte Nacional de Justicia por casos de corrupción. 

La Cancillería expresó “su más enérgica protesta” ante las “reiteradas declaraciones” del mandatario colombiano, Gustavo Petro, “quien hoy ha pretendido calificar nuevamente como ‘preso político’ a un ciudadano ecuatoriano”. 

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La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, también llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, con lo que las relaciones entre ambos países han llegado a su punto más bajo desde cuando el gobierno colombiano de Álvaro Uribe bombardeó el campamento del guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 2008.

El conflicto, cuya solución parece cada día más lejana, significa no solo que Ecuador pueda entrar en una nueva etapa de apagones, sino que muchos ciudadanos de ambos países ahora tienen que pagar más por los productos importados en ambos lados de la frontera.

El conflicto por Jorge Glas

El más reciente desencuentro entre ambos mandatarios empezó con una publicación del presidente de Colombia en X, la noche del lunes 6 de abril, en la que volvió a mencionar que ha pedido la liberación de Jorge Glas, a quien considera un preso político y a quien le otorgó, de forma irregular y casi clandestina, la nacionalidad colombiana. Noboa reaccionó al día siguiente y aseguró que las declaraciones de Petro constituyen “un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional”. Petro volvió a pronunciarse, insistiendo en que Glas es un preso político y, además, un ciudadano colombiano. Con eso terminó el cruce de mensajes en redes sociales, pero la situación derivó en la nota de protesta ecuatoriana.

Estos cruces entre Petro y Noboa ocurren mientras Ecuador y Colombia mantienen una guerra arancelaria desde enero de 2026. En realidad, el deterioro de la relación entre ambos presidentes comenzó y se mantiene por razones, en la práctica, delirantes, propias de dos personas que tienen una concepción diametralmente distinta sobre el Estado, pero que -tomando en cuenta los problemas que han creado- no se justifica: no son adversarios políticos que compiten por un electorado.

El origen del desencuentro

Todo esto comenzó el 24 de mayo de 2025, el día de la posesión de Noboa, cuando Petro, en calidad de invitado, se comportó como un patán de barrio: luego de saludar con el presidente que se posesionaba y que era su anfitrión, hizo unas declaraciones desafiantes. Dijo que el exvicepresidente Jorge Glas era un preso político cuando, en realidad, había sido condenado por la justicia ecuatoriana por graves casos de corrupción. Con esa declaración, Petro estaba afirmando que en Ecuador había un gobierno que mantenía presos de conciencia. “Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también; el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia. Creo que Glas es un preso político”, dijo Petro, luego de haber afirmado que había asistido al acto de posesión para que se liberara a “todos los presos políticos”.

En esa ocasión, el gobierno ecuatoriano no respondió con una nota de protesta, como debió haberlo hecho, y aguantó en silencio la ofensa. Las inoportunas declaraciones de Petro habían tenido un antecedente: cuando en el primer mandato de Noboa se ordenó la invasión de la Embajada de México, donde Glas se encontraba refugiado luego de haber huido de la justicia, Colombia fue uno de los países más duros con Ecuador, y Petro criticó directamente a Noboa por haberlo hecho.

La situación subió radicalmente de tono cuando, en enero de 2026, Daniel Noboa dijo que el gobierno de Petro no estaba cumpliendo con sus tareas de seguridad en la frontera y que, por ese motivo, la droga entra en grandes cantidades a Ecuador. A propósito de ese tema, Noboa impuso un arancel del 50 % a los productos colombianos. Sobre la base del principio de reciprocidad, Colombia también elevó los aranceles al mismo porcentaje.

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Luego, Noboa no quiso quedarse atrás y ordenó a su ministra de Energía, Inés Manzano, que incrementara en un 900 % el costo de transporte del crudo del sur de Colombia por el oleoducto ecuatoriano. ¿La consecuencia? Petro ordenó que no se despache más energía eléctrica a Ecuador, lo que significa 450 megavatios en los momentos de mayor necesidad en el lado ecuatoriano. ¿El resultado? La energía que se produce en Ecuador no es suficiente para lo que se consume y, por eso, ya comenzaron los apagones que, en el léxico del gobierno, son “cortes focalizados”.

Se trata, en definitiva, de dos mandatarios actuando más por sus vanidades e ideologías que por los intereses de sus pueblos.

¿Buscará González la Prefectura?

• La exfuncionaria publicó un clip en las instalaciones provinciales con la frase "Volvemos".
• El tablero político se agita a siete meses de los comicios adelantados para el 29 de noviembre, y con la renuncia de Marcela Aguiñaga al cargo y a la reelección.
• Su participación previa en las urnas fue para la Asamblea Nacional bajo el movimiento Suma

La exprefecta Susana González insinúa su candidatura para retomar la Prefectura del Guayas mediante la publicación de un clip grabado en el despacho principal de la entidad. El movimiento ocurre a siete meses de las elecciones seccionales adelantadas del 29 de noviembre de 2026 y tras la declinación pública de Marcela Aguiñaga a buscar la reelección.

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A través de sus redes sociales, González difundió este 8 de abril un video donde aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de la consigna "Volvemos!!! Amén o no amén". Esta publicación marca el primer movimiento de campaña no oficial orientado a la administración provincial, cargo que asumió por sucesión en 2020 tras el deceso de Carlos Luis Morales.

El eventual retorno a la papeleta plantea interrogantes sobre la estructura política que avalará su postulación. Aunque su periodo en la prefectura estuvo auspiciado por el Partido Social Cristiano (PSC), su participación electoral más reciente se ejecutó bajo el movimiento SUMA, organización con la que buscó una curul legislativa de la mano de Jan Topic en los comicios de 2025, aunque este último fue descalificado y reemplazado por un perfil afín.

Fricciones con la administración saliente

La reaparición de González en la órbita provincial se registra a casi un año de las disputas administrativas y públicas por la terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas. En mayo de 2025, la gestión de Aguiñaga canceló la obra —adjudicada durante el periodo de González al consorcio Dragando por Guayas— argumentando incumplimientos técnicos y multas acumuladas que superaron los 2,3 millones de dólares.

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Tras la paralización de la obra, González calificó el retiro de la contratista como una "función barata" y defendió los trabajos de mitigación de inundaciones ejecutados en su periodo. En respuesta, Aguiñaga atribuyó la situación a deficiencias de planificación iniciales y cuestionó la capacidad técnica de su antecesora para el manejo integral de la cuenca hídrica.

Lo que debes saber

• Alertas ignoradas por la Comisión Nacional Anticorrupción desde 2024 vuelven a poner en la mira contratos energéticos en Ecuador. 
• Empresas cuestionadas, obras con fallas y millonarios compromisos generan dudas.
• Las denuncias apuntan a un patrón de decisiones que sigue impactando recursos públicos.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), denunció que las irregularidades en contratos del sector eléctrico en Ecuador fueron advertidas públicamente desde octubre de 2024, pero no han recibido respuesta efectiva de las autoridades. Según afirmó en una entrevista en Ecuavisa este 8 de abril, los indicios de corrupción ya eran preocupantes en ese momento.

El vocero recordó que el 20 de octubre de 2024 la CNA alertó al país sobre inconsistencias en la contratación de empresas como Progen y Austral. “No solo ya era preocupante en ese entonces, sino que teníamos indicios de que los asuntos marchaban por el camino de la irregularidad”, afirmó Rodas.

A pesar de esas advertencias tempranas, el dirigente cuestionó la falta de reacción institucional. “Exigíamos que las autoridades de manera pública respondan a varios cuestionamientos”, señaló, enfatizando que no hubo acciones oportunas frente a las denuncias.

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Irregularidades en contratos eléctricos de Ecuador generan indignación

Rodas aseguró que existe indignación frente a lo que calificó como un manejo opaco de sectores estratégicos. “El manejo del área de energía eléctrica y producción petrolera ha sido de manera opaca, por decirlo menos”, sostuvo.

El coordinador de la CNA también criticó la inacción de los organismos de control. Según dijo, estas entidades “siguen durmiendo el sueño de los justos” pese a la gravedad de los hechos denunciados.

Además, cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado, señalando que no ha respondido con la misma rapidez que en otros casos. “En modo alguno”, respondió al ser consultado sobre si ha habido celeridad en las investigaciones.

Rodas reveló que en julio de 2025 la CNA envió una carta solicitando acciones urgentes. “Pidiendo que fiscalía actúe a la brevedad”, explicó, pero aseguró que hasta ahora no existe una respuesta concreta.

Caso Austral y Progen: denuncian entramado de corrupción

El dirigente advirtió que no se trata de casos aislados, sino de una estructura más amplia. “No encontrar uno o dos causantes de la crisis, es decir, los chivos expiatorios”, dijo, insistiendo en la necesidad de investigar todo el entramado.

En el caso de Austral, Rodas lo calificó como “patético”, al señalar que una empresa con capital mínimo obtuvo contratos millonarios. “Con un capital de $250, una empresa fantasma uruguaya recibió la posibilidad de esta contratación”, denunció.

También afirmó que los equipos entregados no eran nuevos. “Recorrieron el mundo buscando las chatarras para entregarnos como material novísimo”, expresó, cuestionando la calidad de los motores termoeléctricos.

A esto se suma el caso Progen y otros contratos en el sector energético, que, según Rodas, evidencian un patrón de irregularidades y falta de control estatal.

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Coca Codo Sinclair y Sinohydro: cuestionan recepción de obra

Rodas también se refirió a la central Coca Codo Sinclair y a la empresa Sinohydro, cuestionando la intención de entregar una obra con fallas estructurales. “Nos pretenden entregar una obra que tiene un deterioro en el tiempo”, afirmó. El coordinador indicó que la hidroeléctrica presenta “miles de fisuras que no han sido reparadas”, lo que, a su criterio, invalida técnicamente la obra y evidencia incumplimientos contractuales.

Además, criticó posibles acuerdos económicos con la empresa. “Nos van a entregar la obra, la vamos a recibir, y el país todavía debe hacer los pagos correspondientes”, advirtió. Para Rodas, este tipo de decisiones reflejan un patrón preocupante en la gestión pública. “Hay una matriz de comportamiento que significa que la obra pública no es sujeta de control elemental”, señaló.

Denuncian doble estándar y crisis institucional en Ecuador

El dirigente también cuestionó lo que considera un doble estándar en decisiones económicas del Estado. “Doble estándar total”, afirmó al comparar distintos casos de arbitraje y sanciones. Según explicó, estas acciones responden a intereses económicos. “Comportamiento sinuoso en función de los intereses a quienes representan quienes ejercen el poder”, sostuvo.

Rodas advirtió que el país atraviesa una crisis institucional profunda. “Vivimos un momento de una tragedia institucional”, expresó, señalando que el manejo de recursos públicos agrava la situación social. Finalmente, destacó que la CNA continuará denunciando estos hechos. “Lo hace con voluntad cívica”, dijo, recogiendo —según afirmó— la indignación de la ciudadanía frente a la corrupción.

Lo que debes saber

• Policías ingresan sin orden a sede de Cedocut en Quito, denuncia su presidente Edwin Bedoya, el 8 de abril.
• Cedocut califica el operativo policial como amedrentamiento previo a plantón sindical convocado para este miércoles.
• Sindicatos denuncian violación a la libertad sindical y alertan a la OIT en medio de protestas laborales.

Edwin Bedoya, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) denunció este 8 de abril de 2026 que un grupo de policías ingresó "sin ninguna orden" a las oficinas de la sede de la organización, ubicada en Quito, en una operación que calificó como un "acto de amedrentamiento" y "hostigamiento estatal contra la dirigencia sindical".

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A través de un comunicado firmado por el dirigente, el gremio señaló que una vez que las cámaras de seguridad del edificio identificaron a los uniformados, los agentes "procedieron a interrogar sobre el paradero de Edwin Bedoya".

El ingreso de los policías se habría producido a las 10:30, según el registro de las videocámaras. Allí se observa que dos policías estaban detenidos en uno de los pasillos del edificio, cuando faltaban casi cinco horas para que se inicie el plantón que fue convocado este miércoles por la Cedocut y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) en los exteriores del Ministerio de Trabajo, en el norte de la capital.  

Según Bedoya, la "intrusión policial en locales sindicales sin orden judicial es una violación directa a la libertad sindical" y recordó que el Gobierno debe respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues el Ecuador es signatario de esos acuerdos.

Gremio habla de "escalada contra sindicatos"

Para el dirigente de los sindicatos, la operación policial "constituye una práctica de persecución política", que viola la Constitución y la Convención de Derechos Humanos, por lo que alertó a las confederaciones sindicales de las Américas e Internacional (CSA y CSI, respectivamente) "sobre esta escalada que contraviene las libertades del movimiento obrero".

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La organización mencionó que el operativo se realizó cuando existe un estado de excepción vigente en el país, sin embargo, indicó que "no permitiremos que el miedo sea política de Estado" y responsabilizó al "Gobierno y al Ministerio del Interior por la integridad de Bedoya" y de otros miembros de la organización sindical.

Desde la Policía Nacional se informó que el ingreso de los agentes no se realizó como parte de algún operativo o investigación. Según la entidad, los uniformados acudieron a las oficinas para contactar con los dirigentes y coordinar la presencia policial que debía darse en el plantón de esta tarde.

Trabajadores cuestionan al Gobierno

La denuncia pública de la Cedocut se registra en un contexto en el que los gremios han criticado las políticas del régimen hacia los trabajadores, como el acuerdo que modifica la jornada laboral, cuya resolución fue demandada por supuesta inconstitucionalidad en la Corte Constitucional.

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El ajuste de la jornada laboral, las últimas leyes, así como la disposición del Servicio de Rentas Internas para cobrar IVA a ciertos productos, han sido cuestionados y serán los temas que tienen previsto rechazar en la próxima movilización del 1 de mayo, por el Día Internacional del Trabajador.

Las claves del caso

• Asamblea analiza fiscalizar a ministros y al CPCCS por incumplir fallo judicial a favor de Alexandra Villacís.
  
• Bancadas de oposición denuncian bloqueos del oficialismo para frenar procesos de control político.
• Jueza ordenó al Ministerio de Trabajo habilitar a Villacís, pero instituciones ignoran el dictamen.

La Asamblea Nacional de Ecuador pone la lupa sobre el Ministerio de Trabajo, el CPCCS y el Consejo de la Judicatura tras el incumplimiento de una sentencia judicial que frenó el ascenso de Villacís a la presidencia de la Judicatura. Pese a su renuncia, legisladores de diversas bancadas advierten que las responsabilidades políticas y penales siguen vigentes, mientras el oficialismo es señalado como el principal freno a la fiscalización.

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Incumplimiento de funciones: ¿quiénes están en la mira?

El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila aceptó una acción de habeas data planteada por Villacís. La magistrada ordenó al Ministerio del Trabajo corregir el registro de impedimento en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas. Asimismo, dispuso que el CPCCS se abstuviera de realizar acciones que vulneraran los derechos de la afectada. No obstante, las instituciones no han ejecutado los correctivos.

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La omisión institucional tras el fallo de la jueza Pila ha unificado criterios en la oposición legislativa. Representantes de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) coinciden en el incumplimiento de funciones de tres autoridades:

Este Diario intentó contactar a asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La fiscalización: ¿una "utopía" en el actual Legislativo?

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Blasco Luna asegura que no hay duda sobre las responsabilidades políticas. "Vemos un claro incumplimiento de no haber entregado ni haber permitido que se pueda cumplir el fallo del juez. Es necesario que la Asamblea lleve adelante un proceso de fiscalización", comentó.

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Para Luna, el control político debe centrarse en la omisión del Ministerio del Trabajo y en el CPCCS, por haber dado continuidad al proceso de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para designar a un nuevo vocal y suplente, ignorando la situación jurídica de Villacís.

Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay (Pachakutik) coincide en señalar a Burbano y Fantoni. No obstante, recalca que, aunque la Asamblea debería actuar con independencia y oportunidad, el oficialismo representa el principal obstáculo.

"Lamentablemente, en la Asamblea no se puede llevar adelante ningún proceso de fiscalización porque están protegiendo a su circulo y no se ha permitido avanzar nada, como (los casos de) Progen, ATM y otros. La fiscalización es una utopía aquí porque no hay condiciones por el control absoluto del oficialismo", dice la asambleísta.

En esa misma línea, Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano, sostiene que los juicios políticos difícilmente superarán los filtros controlados por el Gobierno.

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"El gran problema que tenemos en la Asamblea es que si se presenta un juicio político ni siquiera le dan paso en el CAL (Consejo de Administración Legislativa), que no tiene facultades para tirar abajo un juicio político, pero ellos han inaugurado un mecanismo jurídico inexistente: no calificar y ahí queda el juicio", comentó y acota que otros puntos críticos con la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea, donde el ADN tiene mayoría.

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Consecuencias penales vs. políticas

Además del ministro de Trabajo y el titular del CPCCS, el exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que el Parlamento debe exigir respuestas a Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura, por el desacato del fallo judicial. Peñafiel advierte que el control político corre por una vía paralela a la responsabilidad penal derivada del caso.

Finalmente, el constitucionalista Gonzalo Muñoz aclara que un eventual juicio político no interfiere con las investigaciones penales o procesos ordinarios que se desprendan de la situación de Villacís, pues poseen naturalezas jurídicas distintas.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores de siete autoridades, pero rechazó el del extitular de la Judicatura, Mario Godoy, tras detectar graves fallas en su gestión.
• La decisión se da luego de su censura en juicio político y en medio de cuestionamientos por presuntas presiones en la justicia.

La Asamblea Nacional aprobó los informes de labores 2025 de siete autoridades de entidades del Estado. Además, en la sesión del 8 de abril de 2026, el Pleno acogió la recomendación de la Comisión de Justicia de no aprobar el informe presentado por el expresidente de la Judicatura, Mario Godoy.

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La sesión transcurrió entre las exposiciones de los asambleístas del oficialismo, quienes se refirieron a lo resuelto en sus mesas sobre los informes anuales del procurador general, defensor público, fiscal general, Función de Transparencia, contralor, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del expresidente de la Judicatura.

No hubo mayor debate. Tras la intervención de cada representante de las distintas comisiones, la presidenta encargada, Mishel Mancheno, y luego el titular de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), cerraban la discusión y daban paso a la votación.

El informe sobre la gestión de Godoy

Mario Godoy presentó su informe en la Asamblea el 15 de enero de 2026, apenas 10 días después de comparecer en el Pleno por su vinculación en una denuncia sobre presunta injerencia en decisiones judiciales.

El caso tenía relación con el exjuez anticorrupción Carlos Serrano, quien habló de presiones en el caso Euro 2024 por parte de Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy.

El caso escaló en la Asamblea hasta derivar en el juicio político con el que se censuró y destituyó a Godoy. A partir de esa decisión, el Legislativo tomó una definición sobre su gestión al frente de la Judicatura.

En el informe aprobado en la Comisión de Justicia se señalaron serias deficiencias en la gestión de Godoy. Por ejemplo, se indicó que no había respondido de forma objetiva a las interrogantes planteadas por la mesa.

También se incluyeron observaciones por la falta de priorización en los temas urgentes del sistema judicial y por falencias en la gestión. Por ejemplo, una causa podía tardar más de siete años en llegar a una resolución.

El oficialista Keevin Gallardo fue el encargado de presentar el informe ante el Pleno del Legislativo. “¿Saben cuánto demora una tramitación y cuánto le cuesta a un ecuatoriano presentar una demanda ante las cortes contenciosas administrativas, desde el inicio de la presentación hasta una resolución judicial? Entre 7,5 y 7,7 años”, dijo el legislador.

Al final, con 139 votos a favor —entre ellos del oficialismo y de la Revolución Ciudadana—, se aprobó la moción para no dar paso al informe presentado por Godoy sobre su gestión en la Judicatura.

La no aprobación del informe de labores podría acarrear una causal para el inicio de un juicio político. Sin embargo, dado que Godoy ya atravesó ese proceso y fue censurado, la comisión incluyó únicamente recomendaciones dirigidas a la Judicatura.

• Jorge Yunda tiene 60 años, fue alcalde de la capital entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021, durante dos años y cuatro meses.  
• Yunda, dueño de radios como Canela, enfrentó un proceso judicial por la supuesta compra de pruebas para detectar COVID-19. Esos cuestionamientos hicieron que no complete su período.
• En septiembre del 2025 fue absuelto de los cargos en su contra, según resalta. Por eso dice que quiere completar el proyecto que tenía para la ciudad.

El exburgomaestre de Quito, Jorge Yunda, otra vez está en la carrera por la Alcaldía porque según dice, "su proyecto de ciudad quedó trunco", tras gobernar entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. En ese marco, como precandidato, confirma que ha mantenido diálogos con Centro Democrático para terciar por esa organización.

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En entrevista con EXPRESO, Yunda señaló: “(Centro Democrático) es una agrupación política en la cual no se me ha exigido nada. Cuando hay condiciones o favores que pagar, sufre la ciudad. Tienen dirigentes que piensan en la ciudad y me han dado la libertad y así estamos conversando para ver cómo cumplimos con la ley para poder ser candidato de esa agrupación”.

Entonces, ¿es un hecho que Yunda iría con la camiseta de Centro Democrático? Respondió: "Hemos hablado pero depende de una serie de procesos, que comienzan con las primarias y con todo eso, voy a correr las primarias y espero salir siempre avante con esa decisión”.

Yunda asegura tener "capital político propio", por lo que llegará otra vez a la papeleta, sin ser militante de una agrupación. Negó tener un diálogo al respecto con el presidente Daniel Noboa, para correr por ADN, pese a que no se muestra crítico con su Gobierno.

La carrera política de Yunda

En febrero del 2017, con la popularidad que ganó como radiodifusor y como expresidente del club deportivo El Nacional, llegó a la Asamblea Nacional, con el auspicio del correísmo.    

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Entonces también actuó como un diplomático al referirse a la división entre correístas y quienes defendían a Lenín Moreno. Dijo que se sentía como hijo de padres divorciados.

Dejó esa curul y ganó la alcaldía con el respaldo del movimiento del exfiscal General del Estado, Washington Pesántez, Unión Ecuatoriana. No hizo carrera en ese movimiento.  

También en las pasadas elecciones buscó la reelección, para eso contó con el casillero de Pachakutik. Logró que cuatro de los ediles que promovió llegaran al Concejo Metropolitano: Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña, Joselyn Mayorga y Juan Báez. Aunque ellos se alinearon a la Revolución Ciudadana, de Pabel Muñoz. Jorge Yunda comentó que no siguieron su línea.

Lo que debes saber

• Ecuador y Colombia enfrentan tensión diplomática tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Jorge Glas. 
  
• La canciller Gabriela Sommerfeld presentó una nota de protesta por injerencia en asuntos internos. 
• El Gobierno ecuatoriano prioriza seguridad fronteriza y narcotráfico mientras el diálogo bilateral queda suspendido.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó este 8 de abril una tensión diplomática con Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso de Jorge Glas. La funcionaria explicó que el Gobierno ecuatoriano envió una nota de protesta formal. El pronunciamiento se dio durante una entrevista en Radio Centro, donde detalló la postura oficial. El eje central del conflicto gira entre soberanía, seguridad y respeto institucional.

Sommerfeld enfatizó que la relación bilateral sigue siendo relevante, pero condicionada por temas críticos. “Colombia es un país vecino, es una relación vecinal importante”, afirmó, aunque dejó claro que existen prioridades urgentes. La canciller recalcó que Ecuador no dejará de expresar sus intereses. Entre ellos, destacó la crisis de seguridad vinculada al narcotráfico en la frontera norte.

El Gobierno ecuatoriano sostiene que el incremento de violencia está directamente ligado a dinámicas provenientes de territorio colombiano. “Tenemos una alta tasa de muertes violentas a causa del narcotráfico”, señaló. Según explicó, el uso de puertos ecuatorianos por redes criminales intensifica el problema. Esta situación ha convertido la seguridad en el principal punto de diálogo bilateral.

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Seguridad Ecuador Colombia: eje de la tensión bilateral

La canciller indicó que Ecuador exige mayor control fronterizo y reducción de cultivos ilícitos en Colombia. Argumentó que existe una correlación entre el aumento de cultivos y la violencia en Ecuador. “Desde el año 2020 son directamente proporcionales”, aseguró. Citó datos de organismos internacionales y estadísticas nacionales para respaldar esta relación.

A pesar de la tensión, Sommerfeld reconoció avances en el diálogo entre ambos países. Se han desarrollado reuniones en Quito y encuentros virtuales entre autoridades. Incluso, se había planificado una nueva agenda de mesas técnicas en seguridad, energía y comercio. Sin embargo, estas conversaciones fueron suspendidas recientemente.

El detonante inmediato fue la declaración de Petro sobre Jorge Glas, a quien calificó como “preso político”. Ecuador reaccionó con firmeza. “El Ecuador está en la obligación de defender su soberanía y su dignidad”, afirmó la canciller. Subrayó que el caso Glas corresponde exclusivamente al sistema judicial ecuatoriano.

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Nota de protesta a Petro: Ecuador defiende su soberanía

La Cancillería ecuatoriana rechazó lo que considera una injerencia en asuntos internos. Sommerfeld fue enfática al señalar que Colombia no debe pronunciarse sobre decisiones judiciales ecuatorianas. “No es un tema político”, insistió sobre el caso Glas. Además, cuestionó que se busque involucrar a organismos internacionales.

Ecuador también pidió que cesen las referencias públicas de Petro sobre el país. La canciller indicó que estas declaraciones desvían la atención de los problemas reales. “Concentremos los esfuerzos en lo que realmente es de interés común”, dijo. Reiteró que la seguridad debe ser la prioridad compartida.

En paralelo, el Gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajadora en Colombia. Esta medida busca reforzar la protesta diplomática. Sommerfeld calificó las declaraciones como una provocación. “Evidentemente aquí hay una provocación”, afirmó durante la entrevista.

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Relación con Estados Unidos y estrategia regional de seguridad

En medio de la tensión con Colombia, Ecuador fortalece su relación con Estados Unidos. La canciller destacó beneficios en comercio, seguridad y cooperación internacional. Señaló que el incremento de exportaciones ha generado empleo. Además, resaltó acuerdos que buscan mejorar capacidades institucionales.

Sommerfeld explicó que Ecuador forma parte de una estrategia regional contra el narcotráfico. “Se ha armado un escudo de las Américas”, indicó. Esta coalición incluye cooperación en inteligencia, justicia y control financiero. También involucra a otros actores como Reino Unido y la Unión Europea.

La canciller sostuvo que el país enfrenta un conflicto contra el crimen organizado transnacional. Por ello, considera clave el apoyo internacional. “No es ayuda, es fortalecimiento institucional”, aclaró. El objetivo es mejorar la capacidad del Estado frente a amenazas complejas.

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Comunidad Andina y desafíos regionales de seguridad

En el ámbito regional, Sommerfeld destacó el rol de la Comunidad Andina. Recordó que en 2024 se estableció un plan de acción conjunto tras la declaración de conflicto interno en Ecuador. Este incluye 14 objetivos vinculantes en temas como narcotráfico y control fronterizo. Sin embargo, advirtió que la implementación sigue siendo un reto.

“La voluntad política es clave”, señaló la canciller. Explicó que los acuerdos existen, pero requieren ejecución efectiva. La falta de avances en seguridad está frenando otros procesos de integración. Entre ellos, comercio y conectividad regional.

Finalmente, Sommerfeld aseguró que Ecuador mantendrá su postura firme pero abierta al diálogo. Reiteró que el país está dispuesto a cooperar con cualquier gobierno en la región. “Esperamos trabajar con quien sea el mandatario”, dijo. La condición, insistió, será enfrentar juntos las amenazas comunes.

Lo que debes de saber

• El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció la renuncia presentada por Alexandra Villacía, exvocal del Consejo de la Judicatura. 
  
• La mayoría de vocales, salvo una, votó a favor de la moción de conocer la renuncia y notificarla a otras instituciones del Estado. 
• Alexandra Villacís renunció a su cargo tras varios intentos de ejercerlo, incluso de un fallo judicial que levantó el supuesto impedimento para ejercer cargo público. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó hoy, 8 de abril del 2026, para conocer, entre otros puntos del orden del día, la renuncia presentada por Alexandra Villacís, exvocal suplente del Consejo de la Judicatura. El presidente Andrés Fantoni elevó a moción el proyecto de resolución en el que se conoce la renuncia de Villacís y se notifica esta al Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional y demás instituciones. 

Te invitamos a leer: ¿Qué hay tras la renuncia de Alexandra Villacís en la Judicatura? Voces alertan crisis institucional

La moción fue aprobada con el voto favorable de Fantoni y de los vocales Nicole Bonifaz, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, David Rosero y Johanna Verdezoto. La consejera Piedad Cuarán fue el único voto en contra. 

Argumentó que la decisión de Villacís responde a una vulneración del principio de seguridad jurídica en el país, pese a que su renuncia es un derecho suyo. También ratificó su desacuerdo en la unificación del proceso de selección del vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura con la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

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La decisión de Villacís de renunciar al cargo

La exvocal Alexandra Villacís presentó este 7 de abril del 2026 su renuncia tras meses de intentar asumir el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y de presidenta del mismo organismo. Tras la destitución y censura de Mario Godoy como titular de dicho organismo por parte de la Asamblea Nacional, Villacís, en calidad de suplente de Godoy, debía asumir el cargo y por ende la Presidencia. No obstante, una supuesta inhabilidad para ejercer cargo público por una presunta deuda tributaria le impidió asumir su espacio en el Consejo.

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Villacís presentó un recurso constitucional de habeas data, el cual fue concedido por la jueza Viviana Pila. Este ordenaba al Ministerio del Trabajo levantar el impedimento legal que obstaculizaba el ejercicio del cargo de Villacís. Sin embargo, el ministro Harold Burbano se negó a cumplir el fallo de autoridad competente aduciendo falta de claridad y que la sentencia es inejecutable. 

Tras varios días de espera y de inobservancias por parte del Ministerio de Trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Nacional de Justicia, la ahora exvocal decidió renunciar al cargo. 

El argumento de Villacís que justifica su renuncia

En un comunicado, la exconsejera Villacís resumió su pelea legal por asumir el cargo en la Judicatura y concluyó que "las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito". En una entrevista con el programa radial Primera Plana, Villacís precisó que si bien renuncia al cargo eso no quiere decir que desista de su pelea legal. No descarta llevar su caso a instancias internacionales.

Lo qué debes saber

• El CNE anunció el inicio del proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye. 
• El calendario electoral fue aprobado con el adelanto de las votaciones para el 29 de noviembre. 

El partido político Unidad Popular (UP) denunció un presunto “escenario dictatorial” que estaría orquestado por el Gobierno Nacional con miras al proceso electoral del próximo 29 de noviembre.

Dirigentes azuayos de UP simularon lo que sería una papeleta de votación para la elección de alcaldes, prefectos, concejales y presidentes parroquiales bajo el contexto de pretención de suspender a diferentes organizaciones políticas del Concejo Nacional Electoral y el adelanto del día de las votaciones.

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Hay que recordar que el CNE aprobó la cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye, el pasado 26 de marzo de 2026, enmarcado en la supuesta reducción del número de adherentes permanentes. Ambas organizaciones disponen de 10 días -desde la aprobación del informe en el CNE- para mostrar sus pruebas de descargo y evitar lo dispuesto.

¿Qué dicen los dirigentes azuayos?

Luis Valarezo, dirigente de UP en Azuay, afirmó que la organización política observa “una clara violación al derecho de los ecuatorianos a elegir y ser elegidos”, al considerar que existirían restricciones que limitarían la participación de distintas fuerzas políticas.

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El dirigente criticó al movimiento oficialista y señaló que existiría “temor de enfrentarse en las urnas a las fuerzas de izquierda” tras los reveces que sufrieron en contiendas electorales como las dos consultas populares impulsadas por el presidente Daniel Noboa. “Estamos viviendo un escenario dictatorial. El Gobierno pretende desaparecer organizaciones políticas, no solo Unidad Popular, y también persigue a los alcaldes y los luchadores sociales”, dijo Valarezo.

¿Unidad Popular participará en las elecciones?

Sobre la situación jurídica de Unidad Popular, el dirigente recordó que en 2020 el CNE aprobó la fusión entre el Movimiento Popular Democrático (MPD) y Unidad Popular (UP) reconociendo más de 200.000 afiliados a escala nacional. “Hoy pretenden desconocerlas sin un sustento”, dijo Valarezo.

Sebastián Cevallos, subdirector de UP en Azuay, descartó que su organización política o cualquier otra sea candelada -en el marco de lo que será la convocatoria a elecciones - por lo que establece el artículo 327 del Código de la Democracia sobre el plazo de 120 días previos a una convocatoria electoral para acciones de suspensión o cancelación de partidos políticos.

Según el calendario electoral, aprobado por el pleno del CNE, establece que el 1 de agosto próximo será la convocatoria a elecciones, lo que establece que el organismo tuvo hasta el 3 de abril para cancelar a cualquier organización política.

En este marco, el dirigente aprovechó para enviar un mensaje a la presidenta del CNE “ya no va a poder eliminar a ninguna organización política y nos veremos el 29 de noviembre señora Atamaint” y advirtió que existiría la intención (del presidente Daniel Noboa) de atacar a los movimientos políticos locales de Cuenca . “En Cuenca, con la democracia no se juega”, dijo.

Lo que debes saber

• Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una posible injerencia estatal en Ecuador tras la anulación de la directiva de la FENOCIN. Denuncian irregularidades, falta de garantías legales y advierten un preocupante retroceso democrático que podría afectar la libertad de asociación en el país.

Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre presunta injerencia estatal en Ecuador tras la denuncia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (FENOCIN), por la anulación del registro de su nueva directiva nacional. El hecho, según el comunicado, estaría vinculado a decisiones administrativas que afectarían la legalidad del proceso interno de la organización. La situación ha encendido alarmas por su impacto en derechos fundamentales. La preocupación apunta directamente a la libertad de asociación y al debido proceso.

El pronunciamiento advierte que la directiva fue presuntamente elegida conforme a las normas internas de la organización, lo que genera cuestionamientos sobre la validez de la intervención estatal. Desde esta perspectiva, la medida podría representar un precedente negativo para otras organizaciones sociales en el país. La denuncia también subraya riesgos en la seguridad jurídica de los actores colectivos. Esto se suma a un contexto que ya genera inquietud entre defensores de derechos humanos.

Además, el comunicado sostiene que cualquier decisión administrativa que afecte derechos debe cumplir con principios básicos como legalidad, motivación y proporcionalidad. Sin embargo, según lo denunciado públicamente, estas garantías no habrían sido respetadas en este caso. La falta de cumplimiento de estos estándares es considerada especialmente alarmante. El escenario abre un debate sobre el respeto a normas constitucionales en Ecuador.

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Injerencia estatal en Ecuador y cuestionamientos legales

Las organizaciones firmantes remarcan que el derecho a la defensa también habría sido vulnerado en el proceso. Este aspecto es clave en cualquier procedimiento administrativo que tenga consecuencias sobre derechos colectivos. La ausencia de garantías refuerza la percepción de irregularidades en la decisión. La situación ha generado una reacción inmediata en el ámbito de derechos humanos.

En esa línea, Gina Romero, relatora de la ONU, advirtió que Ecuador “sigue avanzando en una deriva autoritaria que debe detenerse”. La declaración también enfatiza que “es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”. Estas afirmaciones reflejan la gravedad con la que se percibe el caso en el entorno internacional. La alerta incluye posibles restricciones indebidas al espacio cívico.

El señalamiento no solo se centra en el caso puntual, sino en un patrón que podría afectar la participación social. Las organizaciones advierten que este tipo de decisiones pueden limitar la acción de colectivos y movimientos. El impacto trasciende a una sola institución y se proyecta sobre el sistema democrático. La preocupación crece ante posibles nuevas medidas similares.

Retroceso democrático y alertas sobre derechos humanos

El comunicado también insiste en que el principio de legalidad debe ser respetado en todas las decisiones administrativas. Esto implica que cualquier resolución debe estar debidamente fundamentada y justificada. La proporcionalidad es otro elemento clave que, según lo denunciado, no se habría cumplido. Estas condiciones son esenciales para garantizar un proceso justo.

Asimismo, se recalca la necesidad de respetar el derecho a la defensa en todo momento. La ausencia de este principio debilita la legitimidad de cualquier acción estatal. Las organizaciones consideran que esto agrava la situación denunciada. El caso se convierte así en un punto crítico para evaluar el estado de derecho en el país.

Frente a este escenario, se ha hecho un llamado urgente a revisar la decisión de manera transparente. Las organizaciones piden que se garantice el respeto pleno a las normas constitucionales. También exigen alinearse con estándares internacionales de derechos humanos. La revisión es vista como una medida necesaria para restablecer la confianza institucional.

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Llamado urgente y acciones internacionales

El pronunciamiento finaliza con un respaldo a las acciones legales anunciadas por la organización afectada. También se reconoce su derecho a acudir a instancias internacionales si fuera necesario. Este paso podría escalar el caso a organismos de supervisión global. La comunidad internacional se mantiene atenta al desarrollo de los hechos.

Además, se reafirma el derecho a la movilización pacífica como una herramienta legítima de defensa. Las organizaciones consideran que este tipo de acciones forman parte del ejercicio democrático. La situación actual podría motivar nuevas expresiones sociales. El conflicto, por ahora, sigue en evolución.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa plantea abrir Ecuador a una posible cooperación militar con EE.UU., aclarando que no se trataría de una invasión sino de un apoyo.
  
• El mandatario aseguró que Washington está dispuesto a colaborar sin imponer condiciones a la alianza.
  
• Aunque destacó una reducción del 38% en homicidios en zonas fronterizas, Noboa advirtió que la amenaza persiste

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó en una entrevista en Bloomberg que recibiría con agrado la presencia de tropas estadounidenses en el país para enfrentar la crisis de seguridad, siempre que estas se alineen con las directrices de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

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“No se trata de una invasión, no es un intruso que viene a nuestro país. Es colaboración internacional contra el crimen”, señaló Noboa en una entrevista con Annmarie Hordern de Bloomberg.

El mandatario aseguró que Washington ha mostrado disposición para cooperar en materia de seguridad. “Están dispuestos a colaborar. No se trata de seguir órdenes, se trata de colaborar”, enfatizó.

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La colaboración podría concretarse en el 2026

Consultado sobre si esta cooperación podría concretarse en 2026, Noboa respondió que lo considera posible y necesario. “Creo que podría suceder este año. Sería importante”, dijo.

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El presidente destacó además que, según cifras oficiales, los homicidios en zonas fronterizas se han reducido en un 38%, lo que ha generado una “sensación general de paz” en el país. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe seguir presionando para eliminar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

La vocera de la Casa Blanca explicó que los países convocados al Escudo de las Américas son considerados los “aliados más fuertes y afines” de Estados Unidos. Esta coalición promoverá la libertad, seguridad y prosperidad regional. Ecuador, específicamente, colaborará en planes para frenar el avance de pandillas, cárteles criminales y el flujo de inmigración ilegal masiva.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

Guayaquil

¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

Freddy Josue Andrade Andrade

Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

Guayaquil

Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

Diana Sotomayor

Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• Noboa descarta apagones en abril en Ecuador por mayor generación y menor uso de embalses.
  
  
• Gobierno afirma que Mazar no está crítico este abril, clave para el sistema Paute.
  
  
• Ejecutivo atribuye estabilidad eléctrica a nuevas termoeléctricas, eólica y Toachi-Pilatón.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país no enfrentará apagones durante abril, pese a las condiciones de sequía y al aumento de la demanda eléctrica. Lo dijo durante una entrevista en Radio Farra de Manabí, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

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Según el mandatario, el nivel del embalse de Mazar —clave para el sistema hidroeléctrico del complejo Paute— no se encuentra en niveles críticos, como se ha advertido desde distintos sectores. 

Noboa comparó las cifras actuales con registros históricos de los últimos diez años y sostuvo que el comportamiento del embalse es consistente con el de esta época del año.

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¿Qué ocurre con el sistema eléctrico?

El Presidente también atribuyó la estabilidad del sistema eléctrico a la incorporación de nueva capacidad de generación durante su administración. 

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Mencionó la culminación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el mantenimiento en Daule-Peripa y la entrada en operación de generación termoeléctrica en Esmeraldas y Quevedo, además de proyectos en desarrollo como Pascuales. A esto se suma, dijo, la generación eólica sostenida y el fortalecimiento de plantas como Termogas Machala.

De acuerdo con Noboa, estas acciones han permitido evitar un uso intensivo del agua almacenada en los embalses, a diferencia de años anteriores, y enfrentar periodos de hasta cuatro semanas de sequía antes del retorno de las lluvias, previsto para la segunda mitad de abril.

El mandatario señaló además que el país podrá cubrir la demanda máxima proyectada para este mes, estimada en hasta 5.600 megavatios, sin restricciones. Añadió que en mayo se prevé un escenario más estable.

Durante la entrevista, Noboa cuestionó a sectores de la oposición por sus advertencias sobre un posible racionamiento eléctrico, y defendió que la actual administración ha evitado un escenario de apagones. 

Lo que debes saber

• Contraloría ejecuta 59 acciones de control a municipios en Guayas, Pichincha y Azuay.
• Se analizan contrataciones, gastos y gestión administrativa que podrían generar sanciones civiles, administrativas o penales.
• Procesos avanzan mientras prefecturas opositoras definen candidaturas para elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Al menos seis procesos que han realizado los municipios y las alcaldías del Ecuador son objeto de análisis en las 59 acciones de control que ejecuta la Contraloría General del Estado en provincias como Guayas, Pichincha y Azuay.

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De acuerdo con un comunicado de la entidad de control, los procesos que se revisan son:

Tras dar inicio a los trámites y "luego de cumplirse el debido proceso", los hallazgos serán emitidos para que la ciudadanía conozca los resultados, informó la entidad de control el martes 8 de abril.

Las acciones de control, según detalló, son procedimientos de fiscalización a los recursos y bienes del Estado que podrían acarrear distintas responsabilidades, si el organismo detecta eventuales gestiones irregulares.

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Tres tipos de responsabilidades

En ese caso, existen tres tipos de responsabilidades que la entidad podría identificar:

De hallar indicios de responsabilidad penal, la Contraloría remite los informes a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones del caso. El funcionario o empresa señalados podrían enfrentar un proceso penal cuya sanción es la privación de libertad y la indemnización al Estado.

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La Contraloría aclara que si bien puede determinar ese tipo de responsabilidades, las personas naturales o jurídicas (empresas que sean contratistas del Estado) pueden presentar sus pruebas de descargo en las distintas fases del proceso.

Sin embargo, los plazos fijados para entregar los elementos y documentos que acrediten que el funcionario no es culpable varían hasta los tres meses, en función del tipo de responsabilidades halladas: 

Transcurrido ese tiempo, los auditores de Contraloría revisan y analizan la documentación y determinan si los señalamientos se confirman, desvanecen o caducan.

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Hasta el momento, Contraloría no ha detallado los procesos específicos que revisa. Solo señaló que las provincias que concentran las acciones de control son Guayas y Pichincha, con 12 cada una, seguidas de Azuay, con cinco procesos en desarrollo.

En las tres localidades, las prefecturas están dirigidas por autoridades contrarias al Gobierno: Marcela Aguiñaga, Paola Pabón y Juan Lloret, respectivamente.

Lo que debes saber

• Contraloría denuncia ataques mediáticos contra su titular Mauricio Torres y su familia, tras informes de control.
• Entidad ejecuta 59 acciones de control a alcaldes y prefectos antes de elecciones seccionales del 29 de noviembre.
• Pronunciamiento ocurre tras críticas por filtración de informes patrimoniales de jueces de la Corte Constitucional.

La Contraloría General del Estado informó la noche de este 8 de abril de 2026 que su máximo representante, Mauricio Torres, y su familia han recibido "ataques mediáticos", tras la difusión de diferentes informes de control que ha efectuado la institución a varias autoridades.

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"A partir de la emisión de recientes informes aprobados y exámenes en ejecución, se han activado campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular, de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar", señaló la entidad en un comunicado.

Según Contraloría, las campañas serían parte de "ataques mediáticos" que generan desinformación, cuyas agresiones ya fueron denunciadas ante las autoridades.

El organismo atribuye los ataques a "personas inescrupulosas", quienes habrían planificado "estrategias orientadas a desacreditar a la institución". Sin embargo, no mencionó nombres de los sospechosos ni detalles de las supuestas agresiones recibidas.

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59 acciones de control a municipios y prefecturas

La denuncia pública de la Contraloría se conoce al día siguiente en el que el organismo informó que desarrolla 59 acciones de control a las autoridades municipales y provinciales del país.

Los análisis comprenden la revisión de estas operaciones:

El organismo dio a conocer los procesos que ejecuta cuando distintos políticos y autoridades comienzan a definir si participarán o no en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Además, dichas acciones de control se anuncian en un contexto en el que la entidad de Torres ha sido cuestionada por la filtración de los informes de las declaraciones patrimoniales de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Terán.

Los exámenes han sido vistos por la opinión pública como un ataque a la Corte, una de las instituciones que ha frenado distintas leyes del Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Ciudadanos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas se unieron en este colectivo Rumbo Plural.
• No tienen aspiraciones políticas ni buscan cargos, solo abrir el debate sobre pérdida de institucionalidad y deterioro democrático, según dicen.
• La crisis del Ecuador no es solo económica ni de seguridad, por eso creen que hay que hablar sobre autoritarismo y pérdida de credibilidad de instituciones.

La noche del 8 de abril de 2026, abogados, académicos, políticos y empresarios difundieron en sus cuentas de X el mensaje de Rumbo Plural, una iniciativa que se presenta como un espacio ciudadano de deliberación democrática en Ecuador.

En sus videos y en su sitio web, impulsores de Rumbo Plural aclaran: “No somos un partido político ni una plataforma electoral. Somos ciudadanas y ciudadanos que decidimos que la sensatez no puede seguir siendo espectadora”.

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Según el pronunciamiento, Rumbo Plural busca “elevar la conversación nacional, no reproducir su ruido”, en un contexto que describen como marcado por la disputa entre “dos modelos de populismo autoritario” que, a su criterio, no representan una salida real para el país. 

En ese escenario, advierten sobre la pérdida de credibilidad institucional, la penetración de la corrupción y la criminalidad en el Estado, así como el deterioro de los servicios públicos y la menor participación ciudadana.

¿Cuál es el objetivo de Rumbo Plural?

Frente a este diagnóstico, la iniciativa Rumbo Plural plantea una pregunta: ¿una ciudadanía unida puede transformar el destino del país? Ellos responden que sí es posible. Consideran que Ecuador atraviesa una crisis que no solo es económica ni de seguridad. Y presentaron una agenda de trabajo basada en cinco ejes prioritarios:

¿Cuáles son los integrantes de Rumbo Plural?

Entre otros, esta plataforma está conformada por Julio César Cueva, Rodrigo Gómez de la Torre, Verónica Arias, Karen Sichel, Jorge Peñafiel, Pablo Encalada Hidalgo, Jairón Merchán, Gabriela Panchana, Diego Ordóñez,María Josefa Coronel, Gonzalo Muñoz, etc.

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¿De qué línea son los miembros?

Liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas. Afirman que no les une una ideología común, sino "acuerdos mínimos irrenunciables sobre democracia, institucionalidad y ética pública".

En su sitio web, los integrantes afirmaron que no son voceros de ningún gobierno, candidatura ni sector económico y que tampoco son un espacio de activismo reactivo.

Adelantaron que: "Quien asume un cargo público o candidatura se excusa automáticamente. Sin excepciones".

Lo que debes saber

• RC pide al TCE revocar suspensión de nueve meses por el caso Caja Chica, anuncia el abogado Gabriel Rivera este 8 de abril.
• Informe de la UAFE excluiría a la Revolución Ciudadana del manejo ilícito de fondos, según defensa presentada al TCE.
• Suspensión del movimiento correísta impide participar en seccionales del 29 de noviembre, mientras sigue investigación de Fiscalía.

El abogado del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriel Rivera, anunció este 8 de abril de 2026 que ingresó una solicitud en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que el juez Joaquín Viteri revoque la suspensión por nueve meses, como lo dispuso tras conocer que la organización correísta era investigada por la Fiscalía en el caso Caja Chica. 

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Rivera señaló que la petición se presentó una vez que recibió dos documentos: uno de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otro de la Fiscalía, respecto a la investigación del movimiento.

Según el defensor de la organización correísta el informe de la UAFE "excluye de cualquier responsabilidad de manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana, lista 5", por ese motivo, envió ese documento al Ministerio Público para solicitar que la Fiscalía deje sin efecto el oficio que remitió en marzo al TCE para que suspenda al movimiento. 

Fiscalía habría contestado a la RC

"El fiscal nos ha contestado ayer (martes) que Fiscalía no envió ese documento al TCE. Lo hace mediante impulso fiscal y, en realidad, el fiscal general no miente porque él no lo mandó y es la única persona que lo podía hacer, atento a lo que dispone el Código de la Democracia", explicó en referencia a la supuesta respuesta que habría recibido de Carlos Alarcón.

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Con base en esos documentos, Rivera acudió al TCE para pedir que el organismo deje sin efecto la suspensión temporal, como lo ordenó el juez Viteri el pasado 6 de marzo, cuya decisión inhabilitó al movimiento para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

"Hemos solicitado la revocatoria de la medida impuesta, toda vez que la propia Fiscalía ha dicho que no la solicitado. Esperamos que en las próximas horas se reivindique", manifestó Rivera, a la vez que tildó a la suspensión como una "medida arbitraria".

La petición del fiscal, según el TCE

Aunque Viteri afirmó contar con los documentos, el auto de admisión de la causa contra la Revolución Ciudadana en el TCE señala que la denuncia contra el movimiento fue "presentada por Carlos Leonardo Alarcón, Fiscal General del Estado (e), que se encuentra suscrita por su delegada, Judith Bonilla, la cual se sustenta en un procedimiento de carácter reservado".

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La indagación que originó el proceso contra la RC se deriva de la investigación de Fiscalía por el presunto financiamiento ilícito desde Venezuela a la campaña de la excandidata correísta, Luisa González.

Tras la notificación del Ministerio Público, Viteri dispuso que Fiscalía informe cada 30 días sobre el estado de la investigación.

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Lo que debes saber

• Contraloría guarda reserva: La entidad de control anunció acciones que aún están bajo reserva y sobre las cuales se tendrán que emitir los respectivo informes. 

La Contraloría anunció acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La entidad informó que en Pichincha y Guayas se concentra el mayor número de estos procesos.

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En un comunicado, la Contraloría señaló: “Actualmente se ejecutan 59 acciones de control en los GAD provinciales, municipales y entidades relacionadas del país”. De ese total de acciones, 12 corresponden a Pichincha y 12 a Guayas.

La entidad no detalló las acciones específicas que se ejecutan en cada GAD. Sin embargo, precisó que las indagaciones, en términos generales, abarcan operaciones administrativas y financieras; procesos de contratación de bienes, obras y servicios; así como gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

Además, el órgano de control indicó que también están bajo revisión la gestión del talento humano, las consultorías y la actualización de catastros. Esto ocurre en medio del proceso electoral en curso, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre de 2026 para elegir, entre otras autoridades, a prefectos y alcaldes.

Otras provincias en las que se ejecutan acciones

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.

Una Contraloría en el ojo del huracán

Según el ente de control, una vez que se aprueben los informes generales, “luego de cumplirse el debido proceso, serán públicas para la consulta de la ciudadanía”.

El ente de control informó sobre las acciones en los GAD en medio de la polémica por su actuación respecto a informes relacionados con jueces de la Corte Constitucional. 

La semana pasada, la entidad intentó deslindarse de la filtración de los informes sobre el análisis de las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Terán.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

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Ecuador llama a consultas al embajador Arturo Félix Wong por los dichos de Petro

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El último episodio ocurrió la noche del martes 7 de abril, cuando la Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta a Colombia tras los comentarios que Petro hizo sobre la situación jurídica de Jorge Glas, a quien calificó, una vez más, de preso político cuando, en realidad, está cumpliendo condenas sentenciadas por la Corte Nacional de Justicia por casos de corrupción. 

La Cancillería expresó “su más enérgica protesta” ante las “reiteradas declaraciones” del mandatario colombiano, Gustavo Petro, “quien hoy ha pretendido calificar nuevamente como ‘preso político’ a un ciudadano ecuatoriano”. 

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La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, también llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, con lo que las relaciones entre ambos países han llegado a su punto más bajo desde cuando el gobierno colombiano de Álvaro Uribe bombardeó el campamento del guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en 2008.

El conflicto, cuya solución parece cada día más lejana, significa no solo que Ecuador pueda entrar en una nueva etapa de apagones, sino que muchos ciudadanos de ambos países ahora tienen que pagar más por los productos importados en ambos lados de la frontera.

El conflicto por Jorge Glas

El más reciente desencuentro entre ambos mandatarios empezó con una publicación del presidente de Colombia en X, la noche del lunes 6 de abril, en la que volvió a mencionar que ha pedido la liberación de Jorge Glas, a quien considera un preso político y a quien le otorgó, de forma irregular y casi clandestina, la nacionalidad colombiana. Noboa reaccionó al día siguiente y aseguró que las declaraciones de Petro constituyen “un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional”. Petro volvió a pronunciarse, insistiendo en que Glas es un preso político y, además, un ciudadano colombiano. Con eso terminó el cruce de mensajes en redes sociales, pero la situación derivó en la nota de protesta ecuatoriana.

Estos cruces entre Petro y Noboa ocurren mientras Ecuador y Colombia mantienen una guerra arancelaria desde enero de 2026. En realidad, el deterioro de la relación entre ambos presidentes comenzó y se mantiene por razones, en la práctica, delirantes, propias de dos personas que tienen una concepción diametralmente distinta sobre el Estado, pero que -tomando en cuenta los problemas que han creado- no se justifica: no son adversarios políticos que compiten por un electorado.

El origen del desencuentro

Todo esto comenzó el 24 de mayo de 2025, el día de la posesión de Noboa, cuando Petro, en calidad de invitado, se comportó como un patán de barrio: luego de saludar con el presidente que se posesionaba y que era su anfitrión, hizo unas declaraciones desafiantes. Dijo que el exvicepresidente Jorge Glas era un preso político cuando, en realidad, había sido condenado por la justicia ecuatoriana por graves casos de corrupción. Con esa declaración, Petro estaba afirmando que en Ecuador había un gobierno que mantenía presos de conciencia. “Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también; el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia. Creo que Glas es un preso político”, dijo Petro, luego de haber afirmado que había asistido al acto de posesión para que se liberara a “todos los presos políticos”.

En esa ocasión, el gobierno ecuatoriano no respondió con una nota de protesta, como debió haberlo hecho, y aguantó en silencio la ofensa. Las inoportunas declaraciones de Petro habían tenido un antecedente: cuando en el primer mandato de Noboa se ordenó la invasión de la Embajada de México, donde Glas se encontraba refugiado luego de haber huido de la justicia, Colombia fue uno de los países más duros con Ecuador, y Petro criticó directamente a Noboa por haberlo hecho.

La situación subió radicalmente de tono cuando, en enero de 2026, Daniel Noboa dijo que el gobierno de Petro no estaba cumpliendo con sus tareas de seguridad en la frontera y que, por ese motivo, la droga entra en grandes cantidades a Ecuador. A propósito de ese tema, Noboa impuso un arancel del 50 % a los productos colombianos. Sobre la base del principio de reciprocidad, Colombia también elevó los aranceles al mismo porcentaje.

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Luego, Noboa no quiso quedarse atrás y ordenó a su ministra de Energía, Inés Manzano, que incrementara en un 900 % el costo de transporte del crudo del sur de Colombia por el oleoducto ecuatoriano. ¿La consecuencia? Petro ordenó que no se despache más energía eléctrica a Ecuador, lo que significa 450 megavatios en los momentos de mayor necesidad en el lado ecuatoriano. ¿El resultado? La energía que se produce en Ecuador no es suficiente para lo que se consume y, por eso, ya comenzaron los apagones que, en el léxico del gobierno, son “cortes focalizados”.

Se trata, en definitiva, de dos mandatarios actuando más por sus vanidades e ideologías que por los intereses de sus pueblos.

Lo que debes saber

• El cambio de domicilio electoral se podrá realizar solo del 8 al 17 de abril de 2026.
• El trámite es gratuito y permite votar en un recinto cercano a la residencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará los cambios de domicilio electoral desde este 8 de abril de 2026. El plazo se extenderá hasta el 17 del mismo mes para quienes deseen sufragar cerca de su residencia en los comicios seccionales de noviembre próximo.

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“Del 8 al 17 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrollará la Campaña de Cambios de Domicilio Electoral, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto cerca de su lugar de residencia en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027”, señaló la entidad en un comunicado.

¿Qué es el domicilio electoral?

En cada elección, el CNE habilita recintos electorales para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Estos se ubican en distintos puntos de los cantones. Con base en la dirección registrada del votante, se asigna una Junta Receptora del Voto a la que deberá acudir.

Si el domicilio electoral ha cambiado, existe la posibilidad de actualizarlo mediante un trámite que puede realizarse de forma presencial o virtual. “El trámite es gratuito y puede realizarse de forma presencial en las delegaciones provinciales electorales y brigadas móviles a escala nacional, presentando la cédula de identidad”, informó el CNE.

Cabe recordar que, como parte de la organización de los comicios, el organismo despliega brigadas en puntos de alta concurrencia en distintas ciudades para facilitar el trámite. Estas estarán habilitadas hasta el 17 de abril de 2026.

Sobre el trámite virtual

“También está habilitado en línea a través del portal www.cne.gob.ec

y del aplicativo móvil ‘Cambio de Domicilio CNE’. En el exterior, el proceso se realiza de manera virtual o en las oficinas consulares”, señaló el organismo electoral.

El proceso digital se realiza en la página oficial del CNE y contempla los siguientes pasos:

El CNE recordó: “este trámite estará disponible únicamente del 8 al 17 de abril de 2026. De no realizarlo en este periodo, la ciudadanía deberá sufragar en su recinto electoral habitual”.

La remoción de Aquiles Álvarez

• La Secretaría del Concejo tiene dos días término para remitir la queja a la Comisión de Mesa
• La destitución oficial demanda el voto conforme de las dos terceras partes del Concejo.
• De ser removido, Álvarez podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en tres días.

La gobernabilidad en Guayaquil entra en una fase de definiciones legales y plazos perentorios. Tras la denuncia ciudadana presentada este 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, en la que exige la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, el procedimiento administrativo local queda supeditado estrictamente a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

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Denuncia presentada y próxima a ampliar

Álvarez, quien permanece recluido en la Cárcel de El Encuentro desde febrero de 2026, enfrenta este pedido formal de salida fundamentado en la ausencia de su cargo. Si bien la concejala socialcristiana, Ana Chóez,  ha confirmado que presentará nuevos argumentos el próximo 13 de abril para sumar a la causa de remoción, el ingreso formal del escrito inicial marca el inicio del reloj legal para el Cabildo.

El rol de la Comisión de Mesa y la calificación

El artículo 336 del Cootad es claro sobre la ruta administrativa. La denuncia ciudadana, tras ingresar con firma de responsabilidad reconocida, reposa en la Secretaría del órgano legislativo (el Concejo Cantonal). Esta dependencia tiene un término de dos días para remitir la documentación a la Comisión de Mesa del Municipio.

Una vez recibido el expediente, dicha comisión cuenta con cinco días término para calificar la denuncia. Al ser Álvarez la autoridad denunciada, la norma exige que no pueda participar ni integrar esta mesa de revisión, debiendo el legislativo convocar a otro miembro del Concejo para reemplazarlo y garantizar imparcialidad en la calificación.

En sí, durante los 10 días de prueba que ordena la ley, la defensa ciudadana (en este caso, impulsada por Ana Chóez y el denunciante original) no tendrá que demostrar peculado o desvío de fondos, sino que deberá certificar legalmente que Aquiles Álvarez está imposibilitado de ejercer sus funciones (debido a su reclusión en la Cárcel de El  Encuentro) y que ha incurrido en inasistencias al Concejo.

Culminada la etapa probatoria, la Comisión tiene un plazo de cinco días adicionales para emitir un informe final vinculante, el cual será entregado y expuesto ante el pleno del legislativo local.

La votación decisiva en el Concejo Cantonal

Con el informe en mano, se convocará a una sesión donde las partes expondrán sus alegatos finales. La remoción del burgomaestre requiere una mayoría calificada, es decir, el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo Cantonal.

La normativa electoral y el Cootad otorgan a la autoridad removida un término de tres días, luego de ser notificada con la resolución, para solicitar que el expediente se eleve a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo nacional se limitará a verificar exclusivamente el cumplimiento de formalidades y debido proceso, pero su fallo será de última instancia.

A continuación, el cronograma procesal que marca la ruta del Cabildo porteño: