“Todos nuestros procesos electorales se han desarrollado conforme a la Constitución, la ley y los procedimientos establecidos”, señaló la organización política.

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De acuerdo con el PSE, sus dirigentes no han sido notificados formalmente sobre la denuncia. Sin embargo, según información que han conocido a través de medios de comunicación, la denuncia estaría dirigida contra Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista; el secretario ejecutivo y otros dirigentes.

El proceso estaría relacionado con las candidaturas de la provincia del Guayas, incluida Guayaquil. El PSE recordó que todas ellas están debidamente calificadas.

La apuesta del PSE en Guayas

La decisión final del Partido Socialista Ecuatoriano en Guayas generó polémica. Aunque inicialmente optó por respaldar a Mónica Luzárraga junto a Pachakutik para la Alcaldía de Guayaquil, a último momento auspició la postulación de Fiorella Ycaza, la carta del correísmo y esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El PSE indicó que lo llamativo de la denuncia es “que se pretenda trasladar a la Fiscalía una controversia que, por su naturaleza electoral, cuenta con procedimientos, recursos y autoridades específicas dentro de la institucionalidad electoral ecuatoriana”.

Con esto, la organización política se refirió a los recursos que pueden presentarse ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que la controversia se resuelva en el mismo ámbito electoral. En ese escenario, el PSE aseguró que, una vez que conozca formalmente la denuncia, ejercerá todas las acciones de defensa que correspondan.

“El PSE no permitirá que la justicia sea utilizada como instrumento de persecución política ni que se pretenda generar confusión mediante denuncias cuya procedencia deberá ser determinada por las autoridades competentes”, se lee en el pronunciamiento del PSE.

Finalmente, la organización política señaló: “Mientras el país enfrenta graves problemas de salud, educación, desempleo, inseguridad, corrupción y desnutrición, consideramos indispensable que el debate público se concentre en las necesidades reales de la ciudadanía”.

El 21 de septiembre de 2026 se conoció la sentencia del juez Ángel Torres, quien llevaba adelante la denuncia presentada contra dirigentes de Pachakutik por la falta de subsanación del informe de cuentas de campaña del proceso electoral “Referéndum y Consulta Popular 2024”.

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“El suscrito juez, luego de efectuar el análisis integral del expediente electoral y de lo actuado en la audiencia oral única de prueba y alegatos, resuelve, en primera instancia, aceptar la denuncia interpuesta; y, en consecuencia, sancionar al responsable del manejo económico y a su representante legal por haber incumplido con la obligación”, dice la sentencia.

¿Cuál es la posición de Churuchumbi?

“Pese a que Pachakutik no ha recibido un solo dólar desde hace más de cuatro años, el Tribunal Contencioso Electoral tramitó una causa por, supuestamente, no haber entregado informes de las cuentas de campaña de la Consulta Popular en los tiempos establecidos”, se lee en el comunicado difundido por Churuchumbi en redes sociales.

También agregó que esa decisión "no será un obstáculo que silencie su voz, ni detenga el compromiso con su gente”. A la par, recordó que la sanción no implicó la suspensión de sus derechos políticos.

Al tratarse de una sentencia de primera instancia, Pachakutik tiene la posibilidad de apelar la decisión. En ese caso, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral conocería la causa y emitiría una resolución que sería de última instancia.

Durante la audiencia pública, la defensa de Churuchumbi argumentó que él no era el responsable del manejo económico. También sostuvo que sí respondió al TCE y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no había individualizado las responsabilidades. Con base en esos argumentos, pidió que se archive la causa.

El mandatario participó en el foro Leading in a Changing World, en el que explicó las acciones aplicadas por Ecuador para combatir las estructuras económicas que sostienen a los grupos delictivos. La información sobre el encuentro fue difundida por la Presidencia de la República.

Noboa destacó la persecución de quienes denominó “capos invisibles”: personas que presuntamente se encargan del lavado de activos, la movilización de recursos y el financiamiento de las organizaciones criminales.

“Cuando atacamos ese segundo nivel, cortamos el flujo de recursos. El dinero necesario para aterrorizar a nuestros barrios deja de circular y podemos incautarlo”, afirmó el mandatario.

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Noboa destacó la cooperación con Estados Unidos

Las declaraciones se produjeron en medio del fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Durante septiembre de 2026, fuerzas estadounidenses participaron en operaciones en el Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas que, según el Comando Sur de Estados Unidos, funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a lanchas utilizadas en el transporte de droga.

Las autoridades estadounidenses vincularon algunas de estas embarcaciones con Los Choneros. No obstante, familiares de varios tripulantes rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que los ocupantes se dedicaban a la pesca. Esta versión no ha sido comprobada de manera independiente.

El Gobierno ecuatoriano defendió algunas de las intervenciones y aseguró que fueron resultado de investigaciones conjuntas contra las redes logísticas del narcotráfico. Las operaciones, sin embargo, han generado cuestionamientos sobre su legalidad y el uso de la fuerza en aguas internacionales.

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Ecuador busca socios sin limitarse a afinidades ideológicas

Durante el conversatorio, Noboa reconoció que Estados Unidos es el principal socio de Ecuador en materia de seguridad, pero defendió la necesidad de conservar relaciones comerciales con distintos países.

El presidente sostuvo que las decisiones internacionales no pueden depender únicamente de afinidades ideológicas cuando están en juego el empleo, la producción y el bienestar de las familias ecuatorianas. Con este planteamiento, destacó la importancia de ampliar los mercados y atraer capital extranjero.

En el ámbito económico, Noboa presentó oportunidades de inversión en agricultura, producción de alimentos, energía, minería, construcción, servicios y turismo. También resaltó la capacidad productiva y exportadora del país.

El mandatario señaló que la agricultura tecnificada y la incorporación de inteligencia artificial podrían elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes y los pequeños productores. Su intervención se desarrolló como parte de las actividades previas a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Lo que debes saber

• CNE ajusta sistemas antes del 29 de noviembre para agilizar resultados electorales.
• Elecciones 2026 elegirán alcaldes, prefectos y consejeros del CPCCS en Ecuador.
• Simulacros del CNE buscan reducir demoras en el escrutinio y difusión de resultados.

A poco más de dos meses de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja en ajustes operativos y tecnológicos con el objetivo de acelerar la transmisión y publicación de resultados la noche de los comicios. El organismo busca reducir los tiempos de procesamiento de actas y evitar las demoras registradas en procesos electorales anteriores.

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La planificación forma parte de los preparativos para una jornada en la que los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según el calendario electoral, el CNE ha venido ejecutando varias fases de organización, entre ellas la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, pruebas técnicas de los sistemas informáticos y la coordinación con instituciones encargadas de la seguridad del proceso.

Mayor expectativa por los resultados

La entrega oportuna de resultados se ha convertido en uno de los principales desafíos para la autoridad electoral. En elecciones anteriores, la complejidad del escrutinio y la cantidad de dignidades sometidas a votación incidieron en la velocidad del procesamiento de actas, generando expectativa entre organizaciones políticas y ciudadanía.

Para los comicios seccionales, el CNE prevé utilizar herramientas tecnológicas que permitan optimizar el flujo de información desde los recintos electorales hacia los centros de procesamiento, con el propósito de ofrecer tendencias confiables en menor tiempo una vez cerradas las urnas.

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Comicios con miles de candidatos

Las elecciones seccionales concentrarán la participación de miles de aspirantes a cargos locales en todo el país. El proceso adquiere especial relevancia porque definirá la composición de los gobiernos autónomos descentralizados para los próximos años y servirá como una medición de fuerzas entre las principales organizaciones políticas nacionales y locales.

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Además de la disputa por alcaldías y prefecturas, la elección de los integrantes del CPCCS vuelve a generar atención debido al impacto que ese organismo tiene en la designación de autoridades de control del Estado.

Como parte del cronograma, el organismo electoral continuará realizando simulacros y verificaciones técnicas para comprobar el funcionamiento de los sistemas de transmisión de datos y del escrutinio. Estas evaluaciones buscan disminuir el margen de errores y garantizar que los resultados preliminares fluyan con mayor rapidez durante la jornada electoral

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En efecto, el presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista, formuló este razonamiento para explicar la falta de medicinas: si para una dolencia existen tres medicamentos (A, B y C) y el C está agotado, “hay ciertos doctores que le recetan la medicina C para fregar”. Luego aseguró que “ciertos malos doctores y ciertos malos funcionarios” saben qué medicamentos no hay y los prescriben deliberadamente “para presionar a que se compre esa medicina de ese laboratorio específico”, que supuestamente “lo ‘timbra’ al doctor para el negociado”.

El razonamiento de Noboa tiene un problema gigante: ¿qué proporción de las recetas tendría que ser deliberadamente fraudulenta para que esa práctica explique una parte significativa del desabastecimiento?

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No es correcto asumir que si el Gobierno dice que existe un 60% de abastecimiento, los médicos tendrían que ser responsables del 40% restante. Son magnitudes distintas. El porcentaje de abastecimiento mide disponibilidad de medicamentos; el porcentaje de médicos involucrados mediría personas.

La acusación presidencial necesita otra clase de pruebas: saber cuántos médicos estarían involucrados, cuántas recetas emitieron, qué medicamentos prescribieron, qué stock había cuando lo hicieron, qué alternativas terapéuticas tenían y, sobre todo, qué compras posteriores generaron esas recetas.

Porque si la tesis es que una red de médicos está provocando el desabastecimiento, el Gobierno debería poder demostrar la cadena completa: médico, receta, medicamento sin stock, conocimiento del faltante, compra posterior y laboratorio beneficiado. Mientras esa cadena no aparezca, lo que existe es una acusación de corrupción. Lo que no está demostrado es que esa corrupción explique el desabastecimiento.

Y aquí aparece una coincidencia que merece atención. Tres días después de las declaraciones de Noboa, la Policía y la Fiscalía realizaron once allanamientos en Quito, Guayaquil y Morona Santiago y detuvieron a ocho personas, siete de ellas médicos del Ministerio de Salud Pública y un funcionario del SNAI.

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La proximidad temporal es llamativa y, desde el punto de vista mediático, el operativo reforzó la imagen de que dentro del sistema de salud existen médicos corruptos. Pero hay una precisión fundamental: el operativo no estaba relacionado, según la información pública disponible, con la acusación de Noboa sobre médicos que direccionarían recetas y compras de fármacos.

La pregunta de fondo sigue intacta. Si el Gobierno sostiene que los médicos están detrás de una parte sustancial de la falta de medicinas, tiene que mostrar los números. ¿Cuántos son? ¿Cuántas recetas emitieron? ¿Qué medicamentos estaban agotados? ¿Cuántas veces los prescribieron pese a conocer el faltante? ¿Qué compras provocaron? ¿Qué laboratorios resultaron beneficiados?

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Porque una cosa es demostrar que hay corrupción en el sistema de salud y otra, mucho más ambiciosa, es demostrar que esa corrupción explica que falten medicinas.

Hay además un problema elemental en la explicación presidencial: confunde al médico que prescribe con quien administra el stock y con quien compra los medicamentos.

El propio diseño del sistema de medicamentos del Ministerio de Salud contempla que prescribir un fármaco y disponer de él son procesos diferentes. El médico prescribe según las necesidades clínicas del paciente; después la farmacia verifica la disponibilidad y registra la dispensación. Si no existe stock, el problema pasa a la cadena de abastecimiento y finalmente a los procesos de adquisición.

Dicho de otra manera: un médico puede recetar una medicina que la farmacia no tiene, sin haber provocado que la farmacia no lo tenga.

Y el propio sistema tecnológico del MSP contempla la posibilidad de que exista una diferencia entre lo prescrito y lo efectivamente dispensado. Que una receta no pueda ser atendida no es, por sí mismo, una anomalía creada por el médico: es precisamente una de las situaciones que el sistema de abastecimiento debe detectar y resolver.

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¿Dónde esta la responsabilidad del Estado?

La pregunta, entonces, cambia por completo. No es ‘¿por qué el médico recetó algo que no había?’, sino ‘¿por qué el Estado no tenía lo que sus propios médicos estaban prescribiendo?’.

Si el Gobierno afirma que los médicos conocen de antemano el stock y utilizan esa información para provocar compras, debería mostrar la trazabilidad: quién consultó qué inventario, cuándo lo hizo, qué alternativas tenía, qué receta emitió y qué proveedor terminó beneficiándose.

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Sin esa evidencia, la acusación da un salto gigantesco: convierte la consecuencia visible de un sistema de abastecimiento fallido en la supuesta causa del problema.

Una receta no fabrica medicamentos. Y un médico que encuentra una farmacia vacía no puede ser convertido en el responsable de haberla dejado vacía.

Y queda una pregunta adicional: si la explicación de la crisis son ahora los médicos que prescriben fármacos inexistentes, ¿cómo explica el Gobierno la enorme inestabilidad en la conducción del Ministerio encargado de resolver el desabastecimiento?

Lo que debe saber

• El exasambleísta, exministro y exconcejal intentará nuevamente llegar al cargo tras obtener el 11,44 % de los votos en 2023.
• Su trayectoria política, empresarial y sus registros tributarios marcan el perfil del candidato oficialista.
• Busca un nuevo cargo después de renunciar a la Asamblea Nacional tras poco más de un año en su curul.

Andrés Guschmer Tamariz volverá a intentar lo que no consiguió en 2023: llegar a la Prefectura del Guayas. Esta vez lo hará bajo la bandera de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista que, para sus primeras seccionales, apuesta por un candidato de perfil mediático y una corta trayectoria política.

Antes de llegar a la política, Guschmer construyó su carrera en la comunicación. Desde entonces, su hoja de vida ha transitado por los medios, el sector empresarial y distintos espacios de la función pública: fue concejal, ministro del Deporte y asambleísta por Guayas. En cada caso, sin embargo, su permanencia en el cargo terminó antes de que concluyera el respectivo ciclo político.

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Ahora, tras renunciar a la Asamblea Nacional, vuelve a poner su nombre en la papeleta para la Prefectura, un cargo que ya intentó alcanzar hace tres años y para el que obtuvo entonces el 11,44 % de los votos.

La trayectoria de Guschmer fuera de la política

La trayectoria de Guschmer no se limita a la política y la comunicación. También ha mantenido actividad empresarial. Según registros de la Superintendencia de Compañías, el candidato a prefecto del Guayas aparece como accionista de las empresas Once-Eleven S.A.S. (de la que también fue gerente general) y Agencorpsa S.A. (de la que fue gerente general y presidente).

Once-Eleven S.A.S., constituida en 2020, está registrada para actividades relacionadas con periodistas independientes, consorcios y agencias de noticias. También contempla la creación de programas completos para cadenas de televisión, desde la adquisición de sus componentes, según la información de la Superintendencia.

Agencorpsa S.A., constituida en 2011, tiene un giro distinto. En los registros públicos consta como una empresa dedicada a la comercialización, importación, exportación, fabricación e industrialización de bebidas no alcohólicas.

Su actividad profesional y empresarial también aparece reflejada en sus declaraciones tributarias. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en el período de cinco años analizado Guschmer ha declarado más de 5.000 dólares en impuesto a la renta como persona natural. El 2024 fue el año que registró el mayor pago.

El registro también muestra variaciones entre un año y otro. En 2023 el candidato de ADN declaró cero dólares de impuesto a la renta. En 2022 reportó un pago de 998,29 dólares. Y en 2025, de 2.040,83 dólares, según la información pública del SRI.

Su paso por la política

Su incursión política comenzó mientras todavía desarrollaba su carrera en los medios. En 2019 Guschmer trabajó como presentador de televisión para los medios públicos del Estado, según registros de la Contraloría General del Estado.

Ese mismo año dio el primer paso hacia la política electoral. Se postuló como candidato a concejal por la circunscripción urbana 3 de Guayaquil, bajo la lista de Cynthia Viteri, entonces aspirante a la Alcaldía por el Partido Social Cristiano (PSC).

Guschmer resultó electo, al igual que Viteri. Sin embargo, en 2022 renunció al cargo para buscar por primera vez la Prefectura del Guayas, como postulante del movimiento Renovación Total (RETO), antes de que Raúl Chávez asumiera la dirección.

El resultado fue distinto al obtenido en Guayaquil. Guschmer consiguió el 11,44 % de los votos en su primer intento por llegar a la Prefectura, por debajo de Marcela Aguiñaga, entonces candidata de la Revolución Ciudadana (RC), y Susana González, del Partido Social Cristiano.

Tras esa derrota, Guschmer volvió a la función pública. En 2023 atendió el llamado del recién electo presidente Daniel Noboa y asumió el Ministerio del Deporte.

Pero su paso por esa cartera de Estado también sería breve. En 2024 renunció al cargo para participar en otro proceso electoral, esta vez como aspirante a asambleísta por Guayas.

Auspiciado por ADN, en 2025 consiguió una curul para el actual período legislativo. Un año después, no obstante, volvió a dejar un cargo de elección popular. Renunció a la Asamblea Nacional para, junto con el movimiento oficialista, intentar por segunda ocasión alcanzar la Prefectura del Guayas.

¿Ese recorrido puede traducirse en una estructura electoral capaz de llevarlo a la Prefectura?

Para analistas consultados por EXPRESO, Guschmer tiene un perfil pragmático y de corta experiencia política, por lo que enfrenta el reto de apalancarse en el oficialismo y en los liderazgos territoriales de la provincia.

Desde una mirada externa a Guayas, el analista político Alfredo Espinosa opina que la elección de Guschmer como candidato, al igual que la de Viteri en Guayaquil, evidencia que el Gobierno es de “mesa corta” y que ADN recircula los cuadros con los que ya cuenta.

“El sector público se convierte en esta especie de semillero de potenciales cuadros políticos, un laboratorio de nuevos cuadros que se van creando entre caídas y levantadas”, comenta Espinosa. A su juicio, el mensaje que se envía es que “se puede hacer gestión en tanto y en cuanto haya subordinación (al Gobierno)”.

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Por otra parte, el analista político César Febres-Cordero pone el foco en el desafío territorial. Considera que Guschmer debe ser consciente de sus limitaciones de conocimiento fuera de Guayaquil y “entender sobre cómo apoyarse del voto de los candidatos cantonales y crecer a partir de eso”.

También señala que el antecedente de una campaña perdida para la Prefectura no necesariamente lo define. “El haber perdido antes no tiene por qué ser un lastre terrible: (Sixto) Durán-Ballén, (Rodrigo) Borja y (Abdalá) Bucaram llegaron a la Presidencia después de varios intentos fallidos”, compara.

La funcionaria explicó que el pedido fue presentado ante un juez de la ciudad de Quito y que, por el momento, se espera que se determine cuándo se desarrollará la diligencia.

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Rojas señaló que el proceso todavía se encuentra en investigación previa, por lo que detalles del mismo se encuentran bajo reserva. Por esta razón, evitó revelar a profundidad sobre los elementos de convicción que sustentan el pedido. “No les puedo dar más detalles, pero está tipificado el delito en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal”, manifestó la fiscal al ser consultada sobre el caso específico que motivó la investigación.

¿Qué sigue en el proceso?

Rojas explicó que, una vez presentada la solicitud de formulación de cargos, corresponde al juez señalar la fecha para la audiencia. El COIP establece un término de cinco días para que el magistrado convoque a la diligencia, aunque la fecha concreta también dependerá de la carga procesal.

La audiencia se desarrollaría en Quito. La fiscal explicó que determinados delitos, entre ellos el enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, concusión y determinados casos de delincuencia organizada, deben investigarse en esa ciudad.

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Por ahora, Fiscalía tampoco confirmó si solicitará medidas cautelares en contra de Zamora. Esto dentro del contexto del aununcio del mismo alcalde sobre un posible viaje al exterior por cuestiones de salud. 

Además, se evitó confirmar si existen otros funcionarios municipales de confianza de Zamora investigados dentro de este proceso. Indicó que, mientras la investigación permanezca en fase previa, no puede proporcionar esa información.

Fiscalía niega presiones

Durante la rueda de prensa, la fiscal fue consultada por las declaraciones de la concejal Mónica Pesántez, quien calificó el proceso como una persecución política. Rojas rechazó esa interpretación y sostuvo que la “Fiscalía actúa sobre la base de los elementos de convicción recopilados durante la investigación”. También descartó que existan presiones o injerencias políticas en el proceso.

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El siguiente paso será que el juez competente determine la fecha y hora de la audiencia. Si esta se convoca, la diligencia será pública y permitirá conocer los argumentos de Fiscalía para solicitar el inicio del proceso penal contra Zamora por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

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El organismo aceptó la denuncia presentada por José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra Guillermo Churuchumbi, representante legal de Pachakutik, y Carlos Gabriel Sánchez.

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Como resultado, el TCE impuso a Churuchumbi y Sánchez una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados, es decir, 12.050 dólares. Ese monto deberá ser depositado, por cada uno, en la cuenta de multas del CNE, de acuerdo con el artículo 299 del Código de la Democracia, en un plazo de 60 días contados desde la ejecutoria de la sentencia.

La denuncia fue presentada por el CNE después de determinar un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de información sobre las cuentas de la campaña en la que Pachakutik promovió el No.

El caso estuvo a cargo del juez Ángel Torres y la resolución corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que todavía están previstos los mecanismos de impugnación establecidos en la legislación electoral.

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EXPRESO buscó a Guillermo Churuchumbi para conocer su reacción y los pasos que adoptará Pachakutik. Hasta el cierre de esta nota no fue posible contactarlo.

Verónica Albuja, asesora de Pachakutik y miembro de su Tribunal de Ética, señaló que la organización acababa de recibir la notificación. “Es una noticia prácticamente de hace pocas horas. Espero puedan comprender que es importante para nosotros que primero podamos revisar la información”, indicó.

La resolución se produce en el marco del control que ejerce el CNE sobre la presentación y justificación de las cuentas relacionadas con las campañas electorales.

Inicialmente, los abogados de Churuchumbi repitieron que él no estuvo a cargo del manejo económico. También recordó sí respondió al TCE y que el CNE no había individualizado las responsabilidades. Por eso pidió que se archive la causa. Sánchez no fue notificado.

Lo que debes saber

• La denuncia fue publicada en X por Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en Guayaquil.
• La institución informó que recabará y verificará información.
• El caso fue remitido a las autoridades competentes.

El Ejército Ecuatoriano informó este 21 de septiembre que inició acciones para investigar la denuncia de un presunto abuso sexual ocurrido en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas, luego de que Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en Guayaquil, difundiera el caso. El hecho involucraría a personal militar encargado de funciones de seguridad y control en ese centro penitenciario.

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Ejército anuncia investigación

A través de su cuenta institucional, el Ejército indicó que tomó conocimiento de la denuncia pública y que realiza las acciones correspondientes dentro de su ámbito para recabar y verificar la información. Además, informó que presentó la denuncia ante las autoridades competentes para que se inicie la investigación respectiva.

La respuesta ocurre un día después de que Bastias denunciara, a través de su cuenta personal de X, un presunto abuso sexual contra mujeres privadas de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil. El representante del CDH acompañó su señalamiento con un video en el que se observa a un militar tocando los senos de una presunta interna y pidió la intervención de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las personas detenidas.

En su pronunciamiento, la institución militar aseguró que brindará toda la colaboración y las facilidades necesarias para esclarecer los hechos. Asimismo, afirmó que mantienen su "política de cero tolerancia frente a conductas del personal militar que contravengan la ley".

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Señalamientos sobre las guardias

La denuncia de Bastias también hacía referencia a supuestas situaciones que, según información que recibió, se repetirían durante las guardias militares en el centro femenino. El activista cuestionó, además, las condiciones de las internas y sostuvo que existían problemas relacionados con la alimentación y la falta de economato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó sobre las actividades previstas para este 21 de septiembre. El objetivo de la presencia de Ecuador en la ONU, según la Cancillería, es fortalecer la voz del país en la 81.ª Asamblea General de la ONU, “posicionando estratégicamente las prioridades de Ecuador en materia de seguridad, desarrollo, cooperación, comercio e inversión”.

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El primer mandatario arribó a Estados Unidos la noche del 18 de septiembre de 2026. “El presidente arribó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplir una agenda oficial con reuniones de alto nivel y encuentros que fortalecerán las inversiones de Ecuador”, informó ese día la Presidencia de la República.

Las actividades previstas para el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, en este inicio de semana son:

¿Qué hará Noboa en Estados Unidos?

El Decreto Ejecutivo 499 declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al presidente de la República a Estados Unidos. El viaje está contemplado hasta el 23 de septiembre de 2026.

El documento también detalla que la “participación del primer mandatario en la Semana de Alto Nivel del octogésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye un espacio estratégico para posicionar las prioridades del Estado ante la comunidad internacional”.

Noboa no solo cumplirá una agenda relacionada con la Asamblea General de la ONU. El pasado 18 de septiembre confirmó que mantendría reuniones con el Departamento de Estado y agencias internacionales durante los próximos cinco días.

¿Cuándo se prevé l intervención de Noboa en la ONU?

A partir de este 22 de septiembre están previstos los encuentros de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Aunque la Cancillería de Ecuador no se ha pronunciado sobre la intervención del presidente en el encuentro, la programación de la Asamblea señala que el próximo miércoles 23 de septiembre está prevista su participación en las sesiones plenarias del octogésimo primer periodo de sesiones.

Lo que debes saber

• Médicos rechazan ser culpados por falta de medicinas en hospitales y apuntan al sistema.
• Federación Médica pide soluciones ante escasez que afecta a pacientes en Ecuador.
• Gremio médico afirma que no compra ni distribuye fármacos en la red pública.

La discusión sobre el acceso a medicamentos en el sistema público de salud sumó un nuevo pronunciamiento este lunes 21 de septiembre. La Federación Médica Ecuatoriana difundió un mensaje público en el que rechazó que se responsabilice a los médicos por la escasez de medicinas en las instituciones sanitarias del país.

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En el documento, el gremio expresó su desacuerdo con versiones que atribuyen a los profesionales de la salud la prescripción de fármacos que no están disponibles en las farmacias hospitalarias. Según la organización, este tipo de afirmaciones desvirtúan la relación entre médicos y pacientes y trasladan el debate fuera de los problemas estructurales que enfrenta el sistema.

La Federación sostuvo que los médicos no participan en la compra de medicamentos, la administración de bodegas ni en los procesos de adquisición de insumos. Bajo esa premisa, argumentó que los profesionales prescriben tratamientos en función de criterios científicos, clínicos y éticos, independientemente de la disponibilidad posterior de los productos en los establecimientos de salud.

Debate por el acceso a medicamentos

El pronunciamiento surge en medio de una discusión recurrente sobre el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y la necesidad de que pacientes adquieran por cuenta propia tratamientos que no encuentran en las unidades médicas.

En ese contexto, la organización aseguró que el problema debe analizarse desde la gestión del sistema sanitario y no desde la actuación de los médicos que atienden a los pacientes. También señaló que la falta de medicinas afecta especialmente a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y familias que deben asumir gastos adicionales para continuar tratamientos.

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Llamado a evitar confrontaciones

La Federación Médica Ecuatoriana afirmó que tanto los pacientes como los profesionales de la salud enfrentan las consecuencias del desabastecimiento y pidió evitar confrontaciones entre ambos sectores.

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En su mensaje, el gremio hizo un llamado a las autoridades para priorizar soluciones relacionadas con el acceso oportuno a medicamentos y garantizar que los pacientes puedan recibir los tratamientos prescritos sin asumir costos extraordinarios.

La organización concluyó su pronunciamiento señalando que ningún paciente debería verse obligado a elegir entre comprar medicinas o cubrir otras necesidades básicas de su hogar, y que los médicos no deberían encontrarse en la situación de informar que un tratamiento no está disponible debido a problemas de abastecimiento.

Lo que debes saber

• Asamblea General de la ONU reúne a 130 líderes en Nueva York para debatir guerras e IA.
• Trump, Noboa y Zelenski intervienen desde el 22 de septiembre en la ONU.
• Más de 1.500 reuniones buscarán acuerdos sobre Ucrania y Medio Oriente.

La ciudad de Nueva York se convierte desde este martes 22 de septiembre en el principal escenario de la diplomacia internacional con el inicio de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, un encuentro que reunirá a 130 líderes de distintos países para abordar algunos de los temas más sensibles de la agenda global. Entre ellos destacan la guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y el avance de la inteligencia artificial.

Según información difundida por la ONU, la cita contará con la participación de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, además de ministros y representantes de organismos internacionales. Durante la semana están previstos al menos 166 eventos paralelos y 1.553 reuniones bilaterales entre delegaciones.

Ucrania, Medio Oriente e IA dominan la agenda

El debate general se desarrollará entre el 22 y el 28 de septiembre. Los primeros mandatarios en intervenir serán el presidente de Brasil, Lula da Silva; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el rey de Jordania, Abdalá II; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

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La reunión también contará con la presencia de figuras clave en los principales conflictos internacionales. Entre ellas figuran el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski; y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Uno de los aspectos que concentra atención es la situación de Medio Oriente y las implicaciones geopolíticas derivadas de las tensiones regionales. Asimismo, la guerra entre Rusia y Ucrania volverá a ocupar un lugar destacado en las discusiones multilaterales, en un contexto en el que persisten los desafíos para alcanzar una solución diplomática al conflicto.

Otro tema que gana espacio en la agenda internacional es la regulación de la inteligencia artificial. El rápido desarrollo de esta tecnología y sus posibles impactos en la seguridad, los derechos humanos y la economía global estarán entre los asuntos que analizarán los líderes durante la semana de sesiones.

Ecuador tendrá presencia en el principal foro diplomático mundial

estará representado por el presidente Daniel Noboa, quien llegó a Estados Unidos el 19 de septiembre. Además de participar en la Asamblea General, tiene previsto mantener reuniones de alto nivel y encuentros enfocados en inversiones y relaciones internacionales.

La presencia ecuatoriana se da en un escenario global marcado por conflictos armados, tensiones regionales y debates sobre tecnología, temas que dominarán gran parte de las intervenciones de los jefes de Estado y de Gobierno presentes en Nueva York.

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Richard Josue Jimenez Mora

Reuniones clave marcan la expectativa política

La agenda también contempla encuentros con potencial impacto político regional. Entre ellos destaca la reunión prevista entre Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, menos de un año después de la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en Nueva York.

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Por otra parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, participará mediante videoconferencia luego de que el Gobierno estadounidense le negara una visa para ingresar al país.

La ONU informó que están programadas 1.553 reuniones bilaterales entre delegaciones, además de los encuentros que sostendrá el secretario general, António Guterres, con líderes de distintas naciones.

Lo que debes saber

• Un giro rasante causó el impacto del patín contra rocas en el monte Ololokwe.
• Las siete personas a bordo murieron de forma instantánea tras precipitarse 1.196 pies.
• El helicóptero tenía mantenimiento al día y el piloto contaba con licencias vigentes.

Un mes después del siniestro aéreo en el monte Ololokwe (Kenia), el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Kenia determinó en su informe preliminar que el helicóptero Airbus EC130 B4 colisionó contra una saliente rocosa mientras efectuaba un sobrevuelo turístico a baja altura y un giro pronunciado cerca de la cumbre. El impacto provocó la caída al vacío de la nave, dejando sin vida de manera instantánea a sus siete ocupantes, entre ellos el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan.

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Hipótesis del siniestro en el monte Ololokwe

El informe preliminar de las autoridades de aviación de Kenia al que EXPRESO tuvo acceso reveló que la aeronave, con matrícula 5Y-GYM, operaba un vuelo panorámico con fines turísticos y fotográficos hacia la cumbre del monte Ololokwe, donde los seis pasajeros tenían previsto desayunar.

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Al aproximarse a la cima, el piloto ejecutó un sobrevuelo a baja altura en paralelo a la cara del acantilado. Durante una maniobra de ascenso sobre la cresta, inició un viraje de 180 grados a la izquierda en pleno descenso sobre la pendiente. En ese momento, el patín del tren de aterrizaje impactó contra una formación rocosa sobresaliente.

La colisión arrancó la estructura de aterrizaje y desató la caída incontrolada del fuselaje por el precipicio. Los restos se precipitaron aproximadamente 1.196 pies (unos 364 metros) hasta la base del acantilado, desintegrándose por la fuerza del impacto y un posterior incendio. Las autoridades catalogaron el suceso como no sobrevivible.

Factores técnicos, operativos y condiciones del vuelo

La evaluación técnica inicial descartó fallas mecánicas previas reportadas y confirmó que la operación se desarrollaba bajo condiciones meteorológicas visuales.

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Datos clave de la tripulación y de la aeronave

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Kenia precisó que las indagaciones continuarán abiertas para examinar a profundidad los factores operacionales y emitir recomendaciones definitivas de seguridad aeronáutica.

La investigación atrae la atención mundial

El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos indica en su informe preliminar que la investigación se llevó a cabo conforme a las Regulaciones de Aviación Civil de Kenia (2024) y al Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (OACI). Su único propósito es la prevención de futuros accidentes e incidentes, sin atribuir culpas ni responsabilidades legales, señala.

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Tras la notificación del accidente por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos (AAID) envió investigadores al lugar de los hechos en el Monte Ololokwe para realizar el examen inicial en el terreno y entrevistar a testigos. El suceso fue clasificado oficialmente como un "accidente".

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La coordinación internacional en la investigación

La audiencia, a cargo de la Comisión Ciudadana de Selección, arrancó a las 14:00, como estaba previsto. Esto ocurrió después de que, en la mañana, se realizaran las dos audiencias de impugnación en contra de otro postulante al cargo: el exjuez de la Corte Nacional de Justicia Walter Samno Macías.

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Una vez reinstalada la sesión, la presidenta de la Comisión, Cynthia Jacho, pidió que se constatara que el impugnante y el impugnado se encontraran en la sala. El fiscal encargado sí asistió. 

¿Qué pasó con la audiencia?

Ante la ausencia de Arboleda, se solicitó verificar si había llegado alguna justificación por escrito o si el impugnante había ingresado al edificio.

Tras la verificación, se determinó que no había referencias sobre las razones de su ausencia ni constancia de que hubiera llegado al CPCCS para dicha audiencia.

Alarcón pidió que se archivara la impugnación en su contra y que, con base en ello, se confirmara que avanzaba a la siguiente etapa del concurso para designar al nuevo fiscal general. También solicitó que se dejara constancia en actas de la inasistencia de su impugnante y de “la temeridad” con la que había actuado.

El caso cobra relevancia porque, de las 41 impugnaciones que fueron admitidas por la Comisión Ciudadana de Selección y posteriormente por el Pleno del CPCCS, solamente una prosperó en contra del actual titular del Ministerio Público.

Para el 22 de septiembre de 2026 están programadas otras tres audiencias de impugnación. Esta vez, en contra de Julia Maritza Villalta, Mauricio Javier Aguirre y Andrea Cazar Villacís.

Este 21 de septiembre de 2026. En una de ellas, el vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección, David Flores Brandt, intervino y lanzó una advertencia al impugnado.

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Impugnación por falta de probidad o idoneidad

La primera audiencia arrancó pasadas las 09:30 de este lunes. Macías debía enfrentar la impugnación de Henry Paúl García, quien lo acusó de falta de probidad o idoneidad para el cargo que busca ocupar. 

Su impugnación tuvo como base una denuncia contra el exjuez por un supuesto retraso injustificado en la emisión de una sentencia escrita.

El impugnante declaró que en el Consejo de la Judicatura se inició un proceso a partir de esa denuncia, con el objetivo de determinar la existencia de un retraso injustificado. Según explicó, la sentencia no había sido emitida durante un periodo de más de seis meses.

Sobre esto, Macías respondió que, si bien hubo un expediente en la Judicatura, este pasó al Pleno del organismo, que era el encargado de decidir su admisión a trámite. Eso no ocurrió al no existir los votos necesarios y el proceso terminó archivado.

Durante su respuesta, Macías también afirmó que, durante la gestión de Wilman Terán en la Judicatura, enfrentó persecución. Así, durante más de cuatro meses y medio del plazo señalado como el periodo en que se demoró la emisión de la sentencia, enfrentó un proceso de suspensión y remoción del cargo.

La referencia del Vicepresidente de la Comisión

Antes de finalizar la audiencia, el vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección hizo una pregunta a Macías relacionada con la razón a la que atribuía la demora en la emisión de la sentencia escrita.

Tras la respuesta del exjuez, el vicepresidente de la Comisión señaló: “Si bien es cierto la regla es 10 días para sentar una sentencia por escrito, 140 y pico de días para para poder resolver una causa en materia de tránsito es algo que esta comisión deberá analizar”.

La segunda impugnación

Antes del mediodía de este lunes, en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se instaló la segunda audiencia pública contra Macías. Fue impugnado por Pablo Lizarzaburu, quien también argumentó falta de probidad o idoneidad.

En este caso, se tomó como referencia el patrocinio de Macías en un caso de 2025. El argumento en su contra fue que intentó dilatar una audiencia en etapa de casación con el objetivo de que la causa prescribiera.

El impugnante dijo que, con ese objetivo, Macías pidió un diferimiento con el argumento de que recién había asumido la defensa. Lizarzaburu mencionó que la convocatoria a la audiencia se había realizado bajo la prevención de que no se admitirían pedidos de diferimiento basados en cambios en la defensa.

Al final, Macías sostuvo que no se presentó prueba alguna que permitiera una evaluación objetiva de la acusación.

En este caso también participó el vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección. Le preguntó a Macías qué consideraba que constituía un abuso del derecho. 

El exjuez respondió haciendo referencia a la necesidad de que existan tres elementos para configurar dicho abuso, con lo cual, según explicó, se podría determinar, por ejemplo, una posible sanción en caso de probarse dicho abuso.

Lo que debes saber

• Las brechas educativas no aparecen únicamente al momento de rendir una prueba.
• El ingreso a una carrera puede evidenciar diferencias en las capacidades de los estudiantes.
• La respuesta involucra al sistema educativo, las universidades y las familias.

El problema que hoy muestran las aulas de bachillerato podría no terminar al graduarse los estudiantes. Las dificultades para comprender textos, razonar, resolver problemas y argumentar, que muestra la edición 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), pueden convertirse en un desafío para las universidades y, posteriormente, para el desempeño profesional.

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Bachilleres llegan con brechas de aprendizaje

Adrián Bonilla, exsecretario nacional de Educación Superior, advierte que los resultados de PISA plantean para las universidades la posibilidad de recibir, en pocos años, estudiantes con un nivel académico elemental. Según explica, las dificultades aparecen en lectura, comprensión, matemáticas y pensamiento abstracto, capacidades indispensables para enfrentar una carrera.

Y es que el problema no se reduce a memorizar contenidos. Daniel Calderón, exministro de Educación, identifica riesgos en la capacidad de interpretar una lectura, articular ideas complejas y relacionar conocimientos de distintas áreas.

Por lo que el impacto comenzaría desde el ingreso a la educación superior. Bonilla señala que, si las evaluaciones de admisión fueran rigurosas, una parte de esos bachilleres tendría dificultades para acceder porque no contaría con las habilidades vitales.

No obstante, ese déficit se trasladaría directamente a las aulas universitarias. Calderón ejemplifica que un futuro profesional debe ser capaz de conectar saberes y comprender cómo diferentes disciplinas se relacionan entre sí para resolver situaciones de su campo.

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Las dificultades que ya observan las universidades

Mariana Rivera, experta en Educación de la Universidad Internacional del Ecuador, desde ya observa dificultades en los estudiantes que ingresan a las aulas universitarias. Entre ellas menciona problemas para desarrollar pensamiento crítico, comprender lo leído, comunicarse y trabajar en equipo con otras personas.

La experta también identifica debilidades en los niveles de análisis. Según señala, los jóvenes pueden quedarse en la descripción de una situación sin avanzar hacia la interpretación, la búsqueda de alternativas y la elaboración de conclusiones.

Además, los resultados en el área de las ciencias plantean otra dificultad. El exministro advierte que este bajo desempeño también revela problemas para argumentar utilizando fuentes y para determinar si la información empleada es verificable y confiable.

A esto, Roberto Passailaigue, exministro de Educación y canciller de la Universidad Ecotec, agrega que muchos de los jóvenes que ingresan al sistema de educación superior presentan deficiencias en lectura y escritura. Por ello, advierte que, sin una adecuada nivelación, podrían enfrentar dificultades para culminar sus estudios y convertirse en profesionales con una formación deficiente.

Por otro lado, recalca que el problema viene de años atrás y que las recientes evaluaciones vuelven a mostrar las dificultades en los aprendizajes fundamentales. A criterio de Passailaigue, llegar a la universidad sin competencias básicas condiciona el desempeño posterior en las carreras.

El docente universitario tiene ahora el reto de actualizarse y desarrollar nuevas competencias para acompañar a estudiantes que llegan con necesidades formativas.Mariana Rivera, experta en Educación de la Universidad Internacional del Ecuador

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El reto de nivelar sin bajar el rigor

Es por esto por lo que las universidades ahora deben asumir un esfuerzo adicional. Rivera señala que los docentes necesitan actualizar sus competencias y sus metodologías para acompañar a estudiantes que llegan con necesidades formativas diferentes.

Este escenario, además, abre un dilema para las instituciones. De acuerdo con Bonilla, los centros universitarios podrían rechazar a quienes no alcancen los estándares requeridos o admitirlos y enfrentar la presión social de reducir sus exigencias académicas.

Ese segundo camino tendría consecuencias sobre la formación profesional. El exsecretario nacional de Educación Superior sostiene que disminuir el rigor para incorporar estudiantes que no llegan preparados terminaría afectando la calidad de los profesionales que al final egresen del sistema.

Sin embargo, la respuesta universitaria no debería consistir en reducir las exigencias. Calderón sostiene que bajar el rigor académico comprometería el desarrollo humano y social de quienes cursan la educación superior, cuando el objetivo debería ser formar mejores profesionales e investigadores.

El Consejo Nacional de Educación debería convocarse para llegar a un acuerdo nacional que defina qué país queremos y qué tipo de ciudadano se debe formar.Roberto Passailaigue, exministro de Educación y canciller de la Universidad Ecotec

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Una respuesta que debe empezar antes de la universidad

Passailaigue sostiene que las universidades no deberían reducir su rigor académico para compensar las deficiencias con las que llegan los bachilleres. A su criterio, la educación superior debe mantener su papel de formar profesionales con competencias y valores, mientras la responsabilidad de corregir las falencias de aprendizaje corresponde al sistema educativo previo y al Estado.

Una alternativa es fortalecer la articulación entre bachillerato y universidad. Calderón plantea que ambos niveles se sienten a definir cuáles son las expectativas de aprendizaje y cómo enfrentar las brechas sin trasladar todo el problema al siguiente ciclo educativo.

Passailaigue plantea definir qué país quiere construir Ecuador y, a partir de ello, qué ciudadano y profesional necesita formar; lo que implicaría revisar la preparación del docente y la inversión educativa. A su juicio, así se evitaría que las deficiencias educativas terminen afectando la calidad y competitividad del país en la región.

Mientras tanto, Rivera señala que la UIDE ya aplica, desde 2023, cinco materias obligatorias para nivelar competencias, como comprensión lectora y pensamiento crítico, una experiencia que podría ser emulada por otras universidades.

Lo que debes saber

• Mónica Luzárraga Salazar es la candidata a la Alcaldía de Guayaquil por la alianza entre Pachakutik y Unidad Popular.
• En el SRI, reportó $0 de Impuesto a la Renta en 2023 y 2025, pagando $900,91 en 2024. Su última declaración en la Contraloría, presentada en marzo de 2025 tras un paso de 11 días por la Vicepresidencia de la República, refleja un patrimonio neto de $117.321.
• En la Superintendencia de Compañías figuró como presidenta de Confidens S.A.S. (asesoría jurídica) y gerente general de Agrohemp S.A.S. (cultivo de cáñamo, lino y venta de insumos naturistas), ambas empresas canceladas definitivamente en 2025.

Mónica Luzárraga Salazar se estrena en las contiendas democráticas auspiciada por dos partidos que nunca han palpado ni un retazo de gobernanza en Guayaquil: Unidad Popular y Pachakutik.

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Aunque el correísmo sea de izquierda, es una corriente distinta a estos partidos, con los que incluso ha tenido desencuentros a lo largo de los años, por lo que una eventual llegada de Luzárraga al sillón de Olmedo también significaría un hito para esta alianza, el dirigir una ciudad que por tres décadas se inclinó hacia la otra orilla política.

Su rostro cobró notoriedad al asumir la defensa legal de las familias de la avenida Cacique Tomalá, afectadas por las expropiaciones del proyecto Quinto Puente.

En ese escenario, denunció la falta de inscripción de utilidad pública y cuestionó el cambio del trazado original, señalando que la nueva ruta beneficia a terrenos vinculados a la familia del presidente Daniel Noboa y a grupos empresariales cercanos al Gobierno.

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Andrés Roche: la apuesta del PSC para retornar a la Alcaldía que perdieron tras 31 años

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La irrupción electoral de Luzárraga generó fisuras en la izquierda

Esta irrupción electoral generó fisuras inmediatas en la izquierda. Tras descartar al Partido Socialista, optó por la actual coalición, lo que desató críticas de figuras de la Revolución Ciudadana (RC) como Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira, quienes la tildaron de “chimbadora”.

En diálogo con EXPRESO, Luzárraga acusó a la RC de blindar un bipartidismo con el oficialismo (ADN) y defendió su estrategia: “No caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos”, sentenció.

En cuanto a sus propuestas, plantea priorizar el acceso a servicios básicos en sectores relegados como Socio Vivienda y Monte Sinaí, ejecutar una auditoría a los avalúos catastrales en las zonas aledañas al Quinto Puente, y fomentar la movilidad activa (ciclovías) por encima de la expansión del parque automotor. Además, descarta la urgencia de construir un nuevo aeropuerto en Taura.

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Cynthia Viteri y su regreso por la Alcaldía: 30 años de trayectoria política y un cambio de partido

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Estos son los registros públicos de Mónica Luzárraga

Los registros públicos delinean su perfil patrimonial y societario. En el SRI, reportó $0 de Impuesto a la Renta en 2023 y 2025, pagando $900,91 en 2024. Su última declaración en la Contraloría, presentada en marzo de 2025 tras un fugaz paso de 11 días como Directora de Asesoría Jurídica en la Vicepresidencia de la República (durante el periodo de Verónica Abad), refleja un patrimonio neto de $117.321.

Destacan un vehículo 2023, $32.172 en inversiones y un inventario de peluquería valorado en $30.000. En la Superintendencia de Compañías figuró como presidenta de Confidens S.A.S. (asesoría jurídica) y gerente general de Agrohemp S.A.S. (cultivo de cáñamo, lino y venta de insumos naturistas), ambas empresas canceladas definitivamente en 2025.

Política

Seccionales 2026: Guayaquil escogerá alcalde, pero también su distancia del Gobierno central

Pamela León Andriuoli

En el sistema judicial, como demandante registra dos juicios de alimentos y un trámite voluntario de curaduría especial para sus hijas previo a segundas nupcias. En su contra, enfrentó tres procesos de recusación interpuestos por litigantes cuando ejerció como jueza multicompetente en Samborondón, uno de ellos por presunta demora en despacho. Todos fueron archivados o declarados sin lugar. Registra, además, una impugnación de tránsito declarada en abandono.

Mónica Luzárraga: ¿a qué se enfrenta su candidatura?

Para la academia, su candidatura enfrenta barreras estructurales. Andrea Endara, politóloga de la Universidad Casa Grande, señala que su mayor reto es la visibilidad.

“Pachakutik es un partido que en Guayaquil causa recelo. Lo identifican con una izquierda indigenista que en el conservadurismo guayaquileño puede ser un problema”, explica, recordando las distancias sociales evidenciadas en las protestas de 2019.

Advierte que su figura corre el riesgo de diluirse en la extrema polarización entre el correísmo y el Gobierno. No obstante, Endara detecta oportunidades claras: “Es un rostro fresco que no le debe favores a la clase política tradicional. Tiene un discurso coherente con su práctica”.

Opinión

La grandeza del voto útil

Xavier Zavala Egas

Destaca que, al ser Guayaquil una urbe comercial, el nicho de Luzárraga debe apuntar a “apelar a ese votante desencantado de los dos polos, del correísmo y del noboísmo, que busca una alternativa real y transparente”.

"La Alcaldía no es el principio ni el final de su carrera"

El consultor Oswaldo Moreno considera que exigir encabezar la unidad limitó su punto de partida, pero valora su proyección a largo plazo por encima de la coyuntura.

“Promueve un liderazgo nuevo y alternativo. Este es el principio de la construcción de su proyecto de ciudad; tiene menos de 40 años y la Alcaldía no es el principio ni el final de su carrera”, sostiene.

Opinión

Temas pendientes para Guayaquil

Florencio Compte

Moreno explica que la izquierda local tiene fuerza probada -con históricos del 30 % al 40 % de votación en las últimas seccionales- pero advierte que quien lidera esa maquinaria es Rafael Correa.

Ante el aparato electoral de los socialcristianos, el Gobierno y la Revolución Ciudadana, el verdadero desafío de la exjueza “es construir una vertiente alternativa desde la izquierda”.

En una elección donde el pragmatismo administrativo pesa más que la doctrina ideológica pura, Moreno concluye: “No sé si le alcance ahora, pero cimenta un espacio”.

Lo que debes saber

• La Judicatura suprime juzgados anticorrupción pese al mandato expreso de la ley nacional.
• Traslados exprés de jueces anticorrupción elevan el riesgo y la falta de seguridad en Quito.
• La mayoría de ADN blinda a Mercedes Caicedo de la fiscalización legislativa en la Asamblea.

En el año 2020, la Asamblea Nacional aprobó una reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. En su artículo 230.1, el Legislativo dispuso lo siguiente: “en jurisdicción distrital de carácter nacional, con sede en la ciudad de Quito, habrá el número de juezas y jueces de garantías penales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”. Habrá... Luego, en el 230.2, los legisladores establecieron que “en la ciudad de Quito habrá el número de juzgadoras y juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura para que integren los Tribunales Especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”. Otra vez, habrá.

Justicia

Millonaria inversión en jueces anticorrupción queda en el aire en Ecuador

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La discrecionalidad del Consejo de la Judicatura

La ley no dice que el Consejo de la Judicatura podrá crear un juzgado anticorrupción. Tampoco sugiere que existan jueces penales especialmente capacitados a quienes les pueda tocar, de entre decenas de otros, un caso que trate sobre corrupción o crimen organizado. El primer Poder del Estado dio un mandato, sin excepciones, sin facultar al Consejo de la Judicatura o a su personera a anularlo. Sin embargo, precisamente eso es lo que hizo la doctora Mercedes Caicedo con la anuencia de sus compañeros vocales. Pero tal ha sido la indignación dentro del pequeño gran círculo rojo (y celeste, azul marino, gris ratón y carbón y de todos los colores en los que se enternan) de los abogados, que ella y al menos uno del resto han tenido que salir a justificarse alguito.

Caicedo y la supresión de la Unidad Anticorrupción

La doctora Caicedo, en una entrevista, haciendo uso del recurso favorito del debatiente ecuatoriano, la pedantería, salió a querer explicar la finura de la diferencia que según ella hay entre, por un lado, la eliminación y, por el otro, la supresión y fusión de una institución. Lo que trató decir, y no parece que haya convencido a muchos, es que no se ha dejado de tratar casos de corrupción y de crimen organizado en el país. No, lo que se ha hecho es dejar que un montón de otros jueces penales del Pichincha lo hagan. Todo normal. Nada de que preocuparse. Al final, todos son jueces penales, y la corrupción y el crimen organizado, dice, no son ramas del derecho. Otra vez las categorías.

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El correísmo pide a Contraloría auditar la supresión de las unidades anticorrupción

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Incumplimiento de la reforma judicial y eliminación de tribunales especializados

Pero eso no responde al cuestionamiento fundamental: la ley exige que exista un distrito especial, una unidad con un determinado número de jueces y sus tribunales, todos dedicados a unos temas específicos. La disposición del pleno del Consejo de la Judicatura elimina aquello. Lo suprime, si así prefiere que lo digamos. El resultado es el mismo, la diferencia con lo que demanda la ley es igual.

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Traslados exprés y riesgos de seguridad 

Después salió el doctor Fabián Fabara a decir que, si bien el Consejo aprobó esta maniobra, a ellos no se les consultó sobre lo otro que pasó. Y es que los hasta hace poco jueces anticorrupción y anti crimen organizado empezaron a ser desperdigados en una serie de traslados exprés hacia otros juzgados de la capital. Jueces que dirigieron y seguirán juzgando causas en extremo delicadas. Jueces que, según varios de ellos, nunca recibieron protección suficiente, ahora serán más difíciles de proteger desde distintos puntos y en edificios que no han sido adecuados para la implementación de los dispositivos de seguridad que sus funciones exigen.

¿Qué harán el doctor Fabara y sus compañeros? ¿Habrá bastado para ellos salir a lavarse las manos? ¿O actuarán como mayoría para cambiar el curso de las cosas?

Blindaje político en la Asamblea y el impacto internacional

Hablando de mayorías, devuelta en la Asamblea Nacional, la mayoría de ADN y amigos ya se movió para quitarle a la oposición correísta la oportunidad de fiscalizar a Mercedes Caicedo, quien ya había ignorado el llamado de la Comisión de Garantías, y le traspasó esa misión a la oficialista Comisión de Justicia. Algo parecido ya había pasado con Inés Manzano y el caso Progen. Ella, al final, no corrió con la suerte de Godoy. Veamos que pasa ahora.

Política

ADN arrebata al correísmo la fiscalización por supresión de unidades anticorrupción

Daniel Alejandro Romero Páez

Consecuencias diplomáticas y pérdida de fondos de donantes extranjeros

Y veamos que dicen, si algo, los países y organizaciones que donaron tiempo y dinero a la unidad especializada anticorrupción, que ya podemos decir que terminó corriendo con la proverbial suerte del dodo. A lo mejor ni nos enteremos, incluso si llegáramos a vernos afectados. Así de sutiles son los efectos de una reputación dañada. Para eso no hay Dircom, trol, comunicado ni videíto que te salve.

Lo que debes saber

• TCE negó el recurso de ADN contra la candidatura de Mónica Loza a la Prefectura de Chimborazo.
• El fallo determinó que el movimiento oficialista no objetó la postulación dentro del plazo legal.
• El juez Patricio Maldonado emitió voto salvado al considerar que Loza debió renunciar al cargo.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó un recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en contra de la candidatura de la prefecta de Chimborazo, Mónica Loza. La resolución ratifica la postulación de la funcionaria para los comicios seccionales de noviembre de 2026, luego de que el pleno jurisdiccional concluyera que la organización política no presentó su objeción dentro de los plazos legales previstos en la normativa electoral vigente.

Política

TCE admite a trámite el recurso de Jaime Estrada por candidatura a la Prefectura de Manabí

Richard Josue Jimenez Mora

Los argumentos del recurso presentado por ADN

El movimiento Acción Democrática Nacional, representado por Mishel Mancheno, secretaria ejecutiva de la organización y presidenta de la Asamblea Nacional, impugnó la inscripción al considerar que Mónica Loza ejercía funciones como prefecta subrogante sin haber renunciado formalmente para postularse.

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Mancheno sustentó la apelación en los siguientes puntos:

La resolución del Pleno del TCE y los plazos procesales

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral desestimó la pretensión de ADN tras advertir fallas en el procedimiento de reclamo. El organismo explicó que, si la tienda política detectaba una presunta prohibición o causal de inhabilidad, debió activar la objeción en primera instancia.

El tribunal fundamentó el archivo bajo las siguientes consideraciones procesales:

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¿El voto nulo del correísmo cambiará la disputa por la Prefectura de Manabí? El difícil escenario

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Alcance legal sobre las declaraciones de la candidata

El organismo jurisdiccional aclaró que su dictamen se limitó a la viabilidad procesal del recurso y no a la validez de fondo de los documentos ingresados.

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"El pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a la procedencia del mecanismo de impugnación activado por la recurrente y no comporta pronunciamiento alguno respecto de la veracidad, exactitud o suficiencia de las declaraciones efectuadas por la candidata dentro del procedimiento de inscripción", señala la sentencia.

Asimismo, el tribunal puntualizó que cualquier presunta inconsistencia o responsabilidad administrativa derivada de la documentación deberá tramitarse en la vía y ante la autoridad respectiva.

El voto salvado del juez electoral Patricio Maldonado

La sentencia no fue unánime. El juez electoral Patricio Maldonado emitió un voto salvado en el que planteó aceptar el recurso del movimiento ADN y dejar sin efecto la postulación.

Maldonado fundamentó su postura en:

Lo que debes saber

• El TCE tramita la apelación de Jaime Estrada contra la negativa del CNE a su candidatura.
• La Junta Electoral de Manabí rechazó la inscripción por un presunto error documental.
• Estrada representa la carta del correísmo tras la descalificación previa de Luisa González.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso subjetivo interpuesto por Jaime Estrada en contra de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que negó su inscripción como candidato a la Prefectura de Manabí. La decisión judicial se adoptó una vez que el recurrente aclaró y completó los requerimientos formales solicitados, lo que permitió dar paso a la causa y convocar formalmente al Pleno del TCE para resolver el litigio electoral sobre esta dignidad seccional.

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Jaime Estrada recurre al TCE por su candidatura a la Prefectura de Manabí: ¿qué sigue?

Richard Josue Jimenez Mora

El TCE convoca al Pleno tras completar requisitos del recurso

El proceso legal avanzó formalmente en la sede del organismo de justicia electoral en Ecuador. Luego de que se aclararan y completaran los aspectos observados en la documentación inicial, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso admitir a trámite la causa y convocó al Pleno del organismo para analizar y emitir un fallo definitivo respecto al recurso subjetivo contencioso electoral planteado contra el dictamen del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Estrada acudió a esta última instancia jurisdiccional después de que tanto la Junta Electoral de Manabí como el propio CNE rechazaran su postulación a la Prefectura de Manabí, argumentando la existencia de un supuesto error en los documentos ingresados durante el proceso de registro.

El camino de la postulación por el movimiento Sí Podemos

Frente a la negativa de los entes electorales, el aspirante sostuvo que cumplió con las fases correspondientes dentro de su estructura política:

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Carlos Falquez Aguilar queda fuera de la carrera por la Alcaldía de Machala por sentencia del TCE

Richard Josue Jimenez Mora

El escenario político del correísmo en Manabí

La participación de Jaime Estrada constituye la alternativa del sector afín al correísmo para buscar el sillón provincial. Su designación se concretó después de que la Junta Electoral de Manabí y el Consejo Nacional Electoral descalificaran y negaran la postulación que había sido presentada inicialmente por Luisa González.