Lo que debes saber

• Jóvenes afrodescendientes denunciaron perfilamiento racial en operativos de Guayaquil y Quito ante la CIDH.
• Organizaciones llevaron casos a la CIDH en 2026 por presunto racismo en controles policiales.
• Fuerzas Armadas niegan criterios raciales y afirman que operativos se basan en inteligencia.

La mañana apenas comenzaba en la isla Trinitaria, uno de los sectores más poblados del sur de Guayaquil. Afuera de la sede de la Fundación Nia Kali, un grupo de adolescentes desayunaban antes de participar en una actividad comunitaria. Minutos después, según recuerdan quienes estuvieron allí, más de una veintena de policías en motocicletas rodearon el lugar.

Lo que ocurrió después forma parte de una serie de testimonios que hoy alimentan una discusión cada vez más visible dentro y fuera del Ecuador: si las políticas de seguridad implementadas para enfrentar la violencia criminal están derivando en prácticas de perfilamiento racial contra jóvenes afrodescendientes, o si se trata de intervenciones propias de una estrategia estatal desplegada en zonas consideradas de alto riesgo.

Las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La controversia alcanzó recientemente una dimensión internacional. Organizaciones de derechos humanos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntos casos de racismo estructural y perfilamiento racial en Ecuador, vinculados a operativos policiales y militares ejecutados durante los estados de excepción y el proceso de militarización impulsado para combatir al crimen organizado.

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Inés María Santos Caicedo, vicepresidenta de la Fundación Nia Kali y lideresa afroecuatoriana, asegura que la preocupación principal no es la presencia de controles de seguridad, sino los criterios que, según sostiene, suelen utilizarse durante ciertas intervenciones.

“Hay una situación de inseguridad y nadie la niega. Lo que cuestionamos es que muchos jóvenes sienten que por ser negros se convierten automáticamente en sospechosos”, explica.

La fundación trabaja con adolescentes y jóvenes en programas de liderazgo, arte, cultura y derechos humanos. Santos relata que varios de ellos han vivido controles que consideran desproporcionados.

Testimonios de adolescentes y jóvenes afrodescendientes

En uno de los casos, un adolescente fue separado del grupo durante una reunión comunitaria. Según el testimonio de la lideresa, el joven fue empujado contra una pared, sometido a una revisión corporal y golpeado, mientras otros uniformados impedían que adultos observaran el procedimiento. La situación se detuvo únicamente cuando miembros de la organización anunciaron que presentarían una denuncia ante organismos de derechos humanos.

Pero ese no fue el único episodio. Santos recuerda a otro estudiante que regresaba del colegio con uniforme. Mientras caminaba hacia su vivienda se encontró con un operativo policial. Según su relato, fue obligado a lanzarse al suelo, mientras los agentes lo acusaban de participar en un robo.

“Les decía que venía del colegio y que podían verificarlo. Aun así, lo golpearon antes de comprobar quién era”, asegura.

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El caso de Bryan durante un operativo policial y militar

Para efectos de protección, este reportaje identifica como Bryan a un joven afrodescendiente de 19 años que accedió a narrar una experiencia ocurrida durante un operativo conjunto entre policías y militares en el sur de Guayaquil en 2025.

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Bryan recuerda que regresaba de su trabajo cuando fue detenido junto a otros jóvenes. “Nos hicieron acostarnos boca abajo. Nos preguntaban de qué banda éramos. Yo les decía que trabajaba en una mecánica”.

Según su versión, recibió golpes en las piernas y la espalda antes de que los agentes revisaran sus documentos. “No encontraron nada y me dejaron ir. Nunca me explicaron por qué me detuvieron”.

No existe una sentencia judicial que determine responsabilidades en este caso. Sin embargo, organizaciones afroecuatorianas denuncian que experiencias similares aparecen repetidamente en diferentes sectores populares del país.

Organizaciones piden monitoreo internacional

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), junto con activistas y organizaciones como Mujeres de Asfalto, presentó información ante la CIDH durante su 196.º período de sesiones.

La audiencia incluyó testimonios relacionados con presuntos casos de perfilamiento racial, uso desproporcionado de la fuerza y afectaciones derivadas de la militarización de territorios afrodescendientes. Las organizaciones solicitaron mecanismos de monitoreo internacional y medidas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones.

Uno de los testimonios expuestos fue el de Jimmy Ocles, activista afroecuatoriano que denunció haber sido perseguido, golpeado y sometido por policías en Quito en 2021. Durante la audiencia afirmó que su caso refleja problemas de acceso a la justicia para las víctimas de discriminación racial.

Las Fuerzas Armadas rechazan que exista una política basada en criterios raciales

Oficiales activos de las Fuerzas Armadas, que solicitaron la reserva de su identidad, rechazan que exista una política institucional basada en criterios raciales.

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Uno de ellos menciona que los operativos se planifican con información de inteligencia relacionada con estructuras criminales y zonas de alta conflictividad.

“Casi todas las operaciones militares que realizamos son por información de inteligencia militar. Posiblemente alguna persona afro se vio afectada, pero no existe racismo durante las operaciones. Como le decía, nos manejamos con información de inteligencia”.

Otro oficial reconoce que en cualquier institución pueden existir actuaciones inadecuadas o excesos individuales, pero sostiene que esos casos deben investigarse de manera particular y no interpretarse automáticamente como evidencia de una política sistemática.

“No basta con la percepción, ni tampoco con la negación automática. Lo que corresponde es investigar cada denuncia y establecer responsabilidades cuando existan pruebas”, argumenta.

Así sepultó cualquier primaria en una Revolución Ciudadana que ya sorteaba nombres como el de Juan Pablo Molina. Esta lealtad de Rafael Correa hacia Álvarez (quizás por sí haber radicalizado su discurso contra el Gobierno, a diferencia de otros militantes, y haber sufrido por ello, o por simples cuotas políticas) podría anticipar una derrota inevitable para la RC.

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La caída del correísmo en Guayas

Principalmente, por lo mermado que está su capital político. En Guayas perdió el poder tras distanciarse de la exprefecta Aguiñaga, que poco abanderó sus obras con su partido. Y luego en el Consejo provincial (alcaldías correístas incluidas), que posicionó de forma unánime a Carlos Encalada, señalado de ser cuota del Gobierno. 

Haber ganado la Prefectura en 2023 de nada sirvió.

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Aquiles también quería emanciparse del correísmo

En la Alcaldía de Guayaquil ocurrió algo similar. Álvarez llegó apadrinado por Correa y rompió la hegemonía socialcristiana. Sin embargo, ya sentado en el sillón de Olmedo, buscó despegarse de esa sombra varias veces.

Cuando surgió el relato de la tinta mágica en 2025, Aquiles reconoció rápido la derrota y no se sumó al griterío del fraude. Eso le causó fricciones con la militancia correísta, pero se apaciguó por lo político. Los desacuerdos se hicieron públicos luego, cuando Correa se burló de Ramiro García, abogado de Álvarez en el caso Triple A.

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Pero la decisión que peor envejeció fue cambiar de vicealcaldesa a mitad de periodo. Tatiana Coronel asumió tras migrar de la RC a RETO, marcando la emancipación definitiva de Álvarez y sus coidearios (con Raúl Chávez presidiendo ese partido). Reemplazaron a Blanca López, de extrema fidelidad correísta, solo para asegurar el control total del Municipio ante una eventual sucesión forzada, hecho que se concretó con la detención del alcalde en febrero.

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Tatiana Coronel se volvió tibia

En la cúspide de las tensiones con el Ejecutivo, Coronel dijo en la subrogancia: “Prefiero morirme antes que tranzar con estos nefastos”. 

Sin embargo, entre rumores de pactos, silenció sus críticas a Daniel Noboa y su defensa férrea a Álvarez. Reaccionó dócil ante el allanamiento a Segura EP y, meses después, se enemistó con Fernando Cornejo, ex mano derecha del alcalde, quien también abandonó el barco ante la presión judicial.

No sostuvo el discurso de resistencia. Hizo cambios claves en el Municipio, alejando al círculo del alcalde electo, y se ausentó de las manifestaciones que exigen la libertad de quien hoy está recluido en la Cárcel del Encuentro.

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Álvarez sigue siendo alcalde, pero no está

Irónicamente, terminó siendo el correísmo el que cerró filas para sostenerlo en el poder ante los pedidos de revocatoria. “Ya era suficientemente injusto que estuviera preso como para además quitarle la Alcaldía”, alegó su defensa, y así no perdió el cargo.

El problema es que la voz de Aquiles desapareció del debate público. Aunque muchos sostengan, cual feligreses, que su espíritu permanece en la gestión, lo real es que su única línea de comunicación son sus abogados, con acceso también limitado para hablar con él.

Su presencia se ha reducido a letreros pidiendo su libertad en cada mitin, o pancartas en sesiones de Concejo que poco inciden en la realidad, casi irreversible, de su proceso judicial. Y si se pregunta al ciudadano de a pie por su alcalde, con el agregado de injusticia o no, reconocerá que ya lleva medio año sin estar.

Y allí radica el error del correísmo: renunciar a un candidato propio, capaz de elevar propuestas nuevas bajo el respaldo de sus bases (incluso sin ignorar lo ya logrado), o por una alianza ideológica, como sí hizo en Quito, para apostar por alguien que funja de emisario de un recluso. A la distancia poco se hace, aunque Correa sea necio en esa idea.

¿Proyecto ciudad, o protesta de libertad?

Porque los nombres que hoy se barajan dentro del ‘aquilismo’ desde ya declaran su intención de poner el clamor por la libertad de Álvarez a la par de un proyecto de ciudad. Equipararlos resta importancia a lo que le interesa al electorado, que (como lo ha expresado incluso en las páginas de este Diario) necesita un liderazgo enfocado, capaz de poner a Guayaquil por encima de cualquier disputa particular.

No debe ignorar el correísmo que ya hila derrotas consecutivas con esta maniobra de endoso (2023 y 2025). Hoy la apuesta es más frágil, al ser una seccional: sin partido propio, dependen de colores prestados de organizaciones que no comparten su historia ni su suerte. La bandera de Álvarez corre el riesgo de Lula con Haddad o Zelaya con Castro.

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Por eso, ninguna de las opciones que hoy suenan tiene un camino fácil al sillón de Olmedo, mucho menos si tendrá la cabeza ofuscada en la vulnerabilidad de su propia familia. Eso no es continuidad, es confrontación. Es la mayor advertencia sobre el poder personalista: el vínculo político con la gente no se hereda mediante endosos ni asesorías, se construye candidato por candidato. De lo contrario, que se atengan al fracaso.

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La suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo obligó al correísmo a acercarse a movimientos que antes atacó. El tablero electoral en Quito y Guayaquil es una muestra de la abierta disputa por conseguir alcaldías y prefecturas claves.

Los movimientos del tablero en tres zonas

En Pichincha, por ejemplo, las candidaturas de los correístas Pabel Muñoz para la Alcaldía y Alexandro Tonello a la Prefectura están auspiciada por la Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular (UP), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Todos.

Otro movimiento en las candidaturas que llamó la atención tiene que ver con la postulación de Luisa González a la Prefectura de Manabí. Para concretar su participación, tras la suspensión de Amigo, González busca el cargo de la mano de Pachakutik (PK).

El caso de Guayaquil es más complejo. Allí, la otrora alianza de movimientos de izquierda terminó por fragmentarse. La inscripción de la precandidatura de Fiorella Ycaza para la Alcaldía por el Partido Socialista Ecuatoriano abrió un cruce de acusaciones y reclamos con otra precandidata, Mónica Luzárraga. Hay que recordar que el PSE ya había anunciado que la apoyaría.

Luzárraga seguirá con la intención de concretar su candidatura y mantiene el auspicio de Unidad Popular y Pachakutik. En el ámbito provincial, la alianza UP y PK ya fue validada por el CNE.

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¿Qué hace la derecha?

La derecha también apunta a las alianzas. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano (PSC) registra una cercanía con movimientos como CREO. Hay que recordar que durante la presidencia de Guillermo Lasso, Esteban Torres (hoy ADN) era asambleísta del PSC y fue uno de los impulsores del juicio político en contra del ahora exmandatario.

La alianza se registra en el ámbito cantonal. En Nobol, el PSC y su aliado Madera de Guerrero se unieron con CREO. Lo mismo ocurrió en el cantón Isidro Ayora, con la diferencia de que allí no es parte Madera de Guerrero. En total, el PSC aparece en 85 alianzas, según el reporte del CNE.

Pero también hay quienes no le apuestan a las coaliciones o, al menos, lo hacen mínimamente. El movimiento oficialista ADN solo registra una alianza validada hasta el momento. Se trata de una unión con el Movimiento Autónomo Revolucionario (MAR). Desde esa coalición se prevé la candidatura a la Alcaldía de Salinas, en la provincia de Santa Elena.

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ADN también cuenta con un caso particular que tiene que ver con Guayaquil. El movimiento del presidente Daniel Noboa apostaba por Niels Olsen para ese cargo. A última hora decidió apoyar a la exalcaldesa Cynthia Viteri. 

El mismo presidente de la República anunció que Viteri ya estaba afiliada a ADN. Esto pese a que, en este mismo proceso, la exautoridad del Puerto Principal había anunciado días antes que sería auspiciada por Centro Democrático.

¿Qué ganan los movimientos con las alianzas?

Para el analista político Daniel Crespo, las alianzas deben estudiarse desde el real costo-beneficio. Del lado del correísmo, la apuesta es clara: no desaparecer de la papeleta electoral. Crespo considera que el uso de este tipo de mecanismos le permitiría mantener la vigencia de su capital político.

Pero, del otro lado, los movimientos que lo acogen podrían experimentar un revés respecto a sus alas más duras. Crespo mencionó al mismo Pachakutik, con el cual el correísmo ha mantenido más de una década de enfrentamientos directos. 

En ese escenario, según el analista, es más probable que PK pierda más votos de esos sectores que el correísmo de los suyos, ya que cuenta con un voto duro.

También hay otro elemento que debe tomarse en cuenta. Estas seccionales serán las primeras elecciones en las que se aplique la reforma aprobada por la Asamblea, con votos del correísmo y ADN, respecto a habilitar al CNE para la eliminación de organizaciones políticas que, en una sola elección, no alcancen un mínimo de dignidades o porcentaje de votación. Así, según Crespo, las alianzas generan una manera de sortear esa posibilidad.

La catedrática universitaria Caroline Ávila dice que para las organizaciones que deciden abrir espacio a la RC, la coyuntura excepcional y la existencia de un “adversario común” pueden servir como argumento para justificar acuerdos que en otras circunstancias habrían sido difíciles de explicar. Además, esto obliga a la RC a abrir sus fronteras.

También añadió que para el PSC y CREO el desafío parece distinto. “Necesitan reconstruir viabilidad electoral y, sobre todo, diferenciarse de ADN”, argumenta. Esto porque competir por convertirse en una alternativa desde la derecha resulta más complejo, ya que ADN ocupa buena parte de ese espacio.

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Decretos presidenciales 

La representación diplomática de Ecuador en Washington D.C. permanecía vacante tras la remoción de su anterior titular. Con la expedición del Decreto Ejecutivo 474, Luis Bakker Villacreses asume la titularidad de la delegación ecuatoriana en Norteamérica. El documento oficial detalla que el nombramiento se produce luego de recibir el beneplácito formal por parte del Gobierno estadounidense el pasado 11 de agosto de 2026.

Por su parte, el Decreto Ejecutivo 473 oficializa un relevo directo en la representación ante el país asiático. El exministro Luis Alberto Jaramillo Granja tomará el control de la embajada de Ecuador en Pekín, una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino otorgó la aprobación requerida a través de una nota verbal remitida el 13 de agosto.

Jaramillo, quien anteriormente formó parte del gabinete presidencial como titular de la cartera de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ingresa en reemplazo de María Soledad Córdova Montero. El instrumento oficial agradece a la funcionaria saliente por los servicios prestados desde enero de 2024 y dispone a la Cancillería la ejecución de su retorno.

Cambios previo a viaje oficial 

Los nombramientos se concretan en un periodo de revisión para la política exterior del Gobierno Nacional. El recambio en la representación ante China coincide con la confirmada visita de Estado que Daniel Noboa realizará al gigante asiático entre el 16 y el 23 de agosto de 2026, donde se prevén reuniones de alto nivel con el mandatario Xi Jinping para abordar el intercambio comercial y el estatus de la deuda.

En el caso de Estados Unidos, la legación bajo el mando de Bakker deberá mantener el seguimiento técnico a los acuerdos de cooperación en seguridad transnacional y avanzar en las fases de ratificación legislativa del Acuerdo de Comercio Recíproco.

Lo que debes saber

• Comisión admitió 1 de 5 impugnaciones contra Carlos Alarcón en concurso fiscal.
• Inés Romero lidera con 7 impugnaciones admitidas tras revisión del CPCCS.
• Daniella Camacho pasó de 10 impugnaciones registradas a 5 admitidas.

La fase de impugnaciones del concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado dejó un nuevo mapa entre los aspirantes observados. La Comisión Ciudadana de Selección resolvió admitir 38 impugnaciones contra 25 postulantes, mientras que otras 11 fueron inadmitidas por incumplir requisitos establecidos en la normativa vigente.

La decisión marca el paso previo a las audiencias públicas en las que los impugnantes y los candidatos observados deberán presentar sus argumentos y documentación de respaldo. Antes de ello, quienes consideren afectada su posición podrán apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

De la más impugnada a cinco objeciones admitidas: el caso de Daniella Camacho

Antes de la revisión de admisibilidad, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Lisette Camacho Herold, aparecía como la postulante con más impugnaciones registradas en todo el proceso: 10 observaciones ciudadanas presentadas en su contra.

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Sin embargo, tras el análisis de la Comisión Ciudadana, únicamente cinco de esas objeciones fueron calificadas y admitidas a trámite. Esto significa que la mitad de los cuestionamientos planteados inicialmente avanzará a la siguiente fase del concurso.

Camacho llegó a esta etapa como una de las favoritas del proceso, luego de ubicarse entre las mejores puntuadas en la fase de méritos y oposición.

Inés Romero pasa a liderar las impugnaciones admitidas

Aunque Daniella Camacho fue la candidata con más impugnaciones registradas inicialmente, la puntuación cambió tras la revisión de admisibilidad.

La postulante que ahora concentra el mayor número de impugnaciones admitidas es Inés Maritza Romero Estévez, con siete objeciones calificadas a trámite. Inicialmente había acumulado nueve impugnaciones ciudadanas, dos menos que Camacho, pero su número de observaciones admitidas terminó siendo el más alto entre todos los aspirantes observados.

Romero figura además entre las aspirantes con mejor desempeño en las etapas previas del concurso, lo que mantiene la atención sobre su participación dentro del proceso de selección.

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Carlos Alarcón reduce de cinco a una sola impugnación admitida

Uno de los casos más llamativos es el del fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón Argudo.

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Al cierre de la fase de recepción de impugnaciones, Alarcón aparecía entre los tres candidatos más observados, con cinco objeciones registradas. No obstante, tras el análisis de la Comisión Ciudadana, solo una fue admitida para su trámite.

El resultado lo convierte en el postulante con menor número de impugnaciones admitidas dentro del grupo de aspirantes que inicialmente concentró la mayor cantidad de cuestionamientos ciudadanos.

Así quedaron los principales postulantes observados

Entre los aspirantes que concentraron más impugnaciones durante el proceso, la relación entre objeciones registradas y admitidas quedó de la siguiente manera:

El proceso avanza hacia las audiencias públicas

Con la resolución de admisibilidad ya emitida, el concurso entrará en una nueva etapa en la que se analizará el contenido de cada impugnación. La Comisión Ciudadana convocará a audiencias públicas una vez que se resuelvan las eventuales apelaciones presentadas ante el CPCCS.

En esas diligencias se definirá si las objeciones tienen sustento suficiente para afectar la continuidad de los postulantes en la carrera por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Noboa renueva estado de excepción por 30 días en 10 provincias y tres cantones.
• Desde el 14 de agosto, militares y policías mantendrán operativos en zonas priorizadas.
• La medida suspende domicilio y correspondencia para reforzar acciones contra la violencia.

El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del país, medida que continuará vigente en varias de las zonas consideradas prioritarias dentro de la estrategia gubernamental de seguridad.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 472, suscrito este viernes 14 de agosto desde Guayaquil. 

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¿Qué medidas contempla la renovación?

El decreto establece la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia dentro de las jurisdicciones incluidas en la medida. 

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Esto permite que las fuerzas del orden ejecuten determinadas acciones de control e investigación bajo los parámetros previstos en el estado de excepción.

Según el documento, las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán desarrollarse respetando las limitaciones establecidas en la Constitución, la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

No habrá toque de queda

A diferencia de anteriores declaratorias de excepción aplicadas en el contexto de la crisis de seguridad, la nueva renovación no contempla la imposición de toque de queda, por lo que no habrá restricciones de movilidad para la población en los territorios alcanzados por la medida.

Lo que debes saber

• 61 postulantes superaron la etapa de verificación del CNE.
• 245 candidaturas fueron rechazadas y tres postulantes renunciaron.
• Cuatro consejeros actuales del CPCCS buscan continuar en el organismo.

El proceso de selección de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entra en una nueva etapa. De los 309 postulantes que presentaron su candidatura, 61 fueron admitidos para continuar en la contienda electoral que culminará en las urnas el 29 de noviembre de 2026.

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Postulantes

La Comisión Verificadora estableció que 38 de los admitidos son hombres y 22 son mujeres. A ellos se suma una postulante perteneciente al grupo de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. El informe Nro. 0318-CV-CNE-2026, fechado el 12 de agosto de 2026, señala que estos 61 postulantes cumplieron los requisitos y no incurrieron en inhabilidades.

En contraste, 245 postulaciones no superaron la etapa de verificación. Además, tres personas renunciaron a su postulación antes de que se resolviera la inscripción de candidaturas: Roberto Antonio Gilbert Febres-Cordero, Jean Paúl Landázuri Silva y Francisco Javier Condolo Lapo.

Entre los nombres que aparecen en la nómina de admitidos están cuatro de los actuales integrantes del CPCCS: Andrés Xavier Fantoni Baldeón, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto y Johnny Xavier Escobar Coronel. Fantoni actualmente preside el organismo; Enríquez es la vicepresidenta, y a Verdezoto y Escobar son consejeros.

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El Pleno aprobó el informe de la Comisión Verificadora

El informe Nro. 0318-CV-CNE-2026 fue conocido y aprobado en sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que estuvieron presentes únicamente Enrique Pita, Esthela Acero y José Cabrera. Los tres integrantes del Pleno votaron a favor del informe presentado por la Comisión Verificadora.

La comisión estuvo coordinada por Tatiana Gaviria y conformada además por Lenín Ortíz, David Cañas, Erika Yépez, Leslye Feijoó, Silvia Sánchez, Jeny Garzón, Jorge Quishpe, Erick Vélez y María Gabriela Herrera. Ellos fueron los responsables de la revisión de las postulaciones y de emitir el informe que determinó quiénes cumplieron con los requisitos para continuar en el proceso.

Lo que debes saber

• Jueza dictó prisión preventiva a Guido Perugachi por protestas de 2025 en Imbabura.
• Fiscalía acusa a Perugachi de paralizar servicios públicos durante movilizaciones.
• Organizaciones sociales rechazan la medida y piden esclarecer el proceso judicial.

La presidenta de una unidad judicial de Ibarra ordenó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación relacionada con las movilizaciones ocurridas entre septiembre y octubre de 2025 en la provincia de Imbabura.

La decisión fue adoptada por la jueza Raquel Maza, quien acogió el pedido formulado por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia correspondiente. El proceso se centra en una presunta paralización de servicios públicos atribuida a hechos registrados durante las jornadas de protesta que tuvieron lugar el año pasado.

Investigación se sustenta en el artículo 346 del COIP

La Fiscalía procesa al dirigente social con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que sanciona a quienes impidan, entorpezcan o paralicen la prestación de un servicio público. De acuerdo con la legislación vigente, este delito contempla penas de entre uno y tres años de prisión.

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La investigación se enfoca en los eventos ocurridos durante las movilizaciones que se desarrollaron en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025, una provincia que concentró parte de las protestas registradas durante ese periodo.

Reacciones desde organizaciones sociales

Tras conocerse la resolución judicial, la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su rechazo a la medida mediante un comunicado público. La organización cuestionó la decisión y sostuvo que esta carecería de independencia e imparcialidad.

Además, la UNE señaló que el proceso contra Perugachi evidenciaría una "supuesta criminalización de dirigentes sociales críticos al Gobierno del presidente Daniel Noboa". En su pronunciamiento, también convocó a distintos sectores sociales y populares a mantenerse vigilantes frente a lo que considera una política de carácter autoritario.

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Sin pronunciamiento del dirigente

Hasta la publicación de la nota, no existía alguna reacción oficial de Guido Perugachi respecto a la disposición judicial ni sobre los señalamientos formulados por la Fiscalía.

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La resolución se produce en medio de un debate sobre el tratamiento judicial de las protestas sociales y el alcance de las responsabilidades penales derivadas de movilizaciones que afectan la prestación de servicios públicos

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La salida de los legisladores ocurre mientras los partidos y movimientos políticos terminan de definir sus listas para alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Según el calendario electoral, el periodo de inscripción concluirá el próximo lunes 17 de agosto a las 18:00.

La legislación ecuatoriana obliga a las autoridades de elección popular a separarse de sus funciones cuando buscan postularse para una dignidad distinta a la que ejercen actualmente. Esta disposición está contemplada en el artículo 93 del Código de la Democracia.

ADN concentra la mayoría de renuncias

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) es la organización política con el mayor número de asambleístas principales que han dejado sus curules para competir en los próximos comicios. 

Entre ellos figuran el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien buscará la Alcaldía de Samborondón, y Andrés Guschmer, que aspira a la Prefectura del Guayas.

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Revolución Ciudadana y PSC también registran bajas

En la bancada de Revolución Ciudadana (RC) destacan las renuncias de: 

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) suma dos bajas en sus filas legislativas:

Renuncias también alcanzan a suplentes

La reconfiguración de la Asamblea no solo involucra a legisladores principales. Cinco suplentes también han presentado su renuncia para participar en el proceso electoral. Tres pertenecen a Revolución Ciudadana: César Delgado, Jean Íñiguez y Tanya Robles. A ellos se suman Neyda Donoso y Diego Tarupi, vinculados a ADN.

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Además, la asambleísta Lucía Pozo aspira a competir por la Prefectura del Carchi, aunque hasta ahora no ha formalizado su renuncia al Legislativo.

Asamblea entra en etapa de cambios

Las dimisiones reflejan el inicio de una etapa de movimientos políticos en la Asamblea Nacional, impulsada por las elecciones seccionales. El proceso no solo modifica la composición de las bancadas, sino que también abre la puerta al ingreso de alternos y suplentes en un momento clave para la actividad legislativa.

Con el cierre de inscripciones previsto para el 17 de agosto, se espera que en las próximas horas puedan concretarse nuevas renuncias de autoridades que buscan trasladar su carrera política desde el escenario nacional hacia los gobiernos locales y provinciales

Lo que debe saber

• La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, presentó su agenda legislativa para lo que resta del periodo y priorizó 34 proyectos de ley.
• Seguridad será el principal eje, con la Ley Antimafias y reformas al COIP entre las iniciativas destacadas.
• Desarrollo Humano y Modernización Institucional, así como Crecimiento Económico, completan las prioridades del Legislativo.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, delineó sus prioridades para lo que resta del primer ciclo del actual periodo legislativo. La nueva agenda legislativa prioriza 34 proyectos de ley y la seguridad será el principal eje de trabajo.

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En esa área se contemplan la Ley Antimafias, una iniciativa del oficialismo, así como las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Esto con el fin de consolidar un marco normativo que contribuya a enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad del Estado”, aseguró Mancheno.

El eje contempla las siguientes normativas:

Desarrollo Humano y Modernización Institucional

Según la agenda presentada, el objetivo de este eje es “impulsar condiciones que favorezcan el bienestar de la población y el desarrollo de sus capacidades”. Así, las leyes priorizadas en las diferentes comisiones serán:

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El eje sobre crecimiento económico

Esta vez, la agenda legislativa ubica al eje económico en el tercer lugar. Esto ocurre luego de que, durante el primer año de gestión de la Asamblea, el oficialismo concentrara la mayor cantidad de sus esfuerzos en el trámite de los proyectos económicos urgentes enviados desde el Ejecutivo.

En ese sentido, la agenda de Mancheno plantea la priorización de 10 proyectos de ley:

Lo que debes saber

• El proceso penal lleva cerca de seis años sin una decisión de primera instancia.
• La audiencia acumula más de 12 aplazamientos por distintas circunstancias.
• La próxima diligencia tendrá apoyo policial y una sala virtual para evitar nuevas suspensiones.

La sentencia que lleva meses sin llegar a los procesados del caso Pruebas COVID-19 ahora abre otro frente: el juez ponente Gandhy Cervantes enfrenta un sumario disciplinario. Así, el Consejo de la Judicatura de Pichincha inició de oficio el procedimiento por sus actuaciones dentro de una causa que acumula aplazamientos y que todavía no logra cerrar su etapa de juzgamiento.

Justicia

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Sumario contra el juez Gandhy Cervantes

De acuerdo con el comunicado difundido el 13 de agosto de 2026, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha abrió el sumario contra el juez Gandhy Cervantes, ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Quito. Además, la decisión se sustenta en el informe INF-DNTG-SNTPJO-2026-037, remitido por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, en el que se identificó una prolongación en la fase final del proceso judicial.

En ese contexto, el informe señala que el 14 de mayo de 2026 el Tribunal suspendió una diligencia para mantenerse en deliberación y anunció que comunicaría su decisión oral en los primeros días de junio. Sin embargo, posteriormente se convocaron nuevas fechas para el 2 de julio, 3 de julio y 26 de agosto, sin que hasta la fecha se haya emitido la resolución respectiva.

Precisamente, la lectura de la sentencia volvió a suspenderse el 3 de agosto, cuando el juez ponente Gandhy Cervantes no pudo asistir a la audiencia por un permiso médico. Luego, el 7 de agosto tampoco fue posible reinstalar la diligencia, debido a la inasistencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez y a una emergencia médica reportada por el abogado defensor Diego Córdova Raza.

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Un proceso con más de 12 aplazamientos

A esto se suma que el proceso penal, iniciado hace aproximadamente seis años, acumula más de 12 aplazamientos atribuidos a diferentes circunstancias, entre ellas problemas de salud de procesados y jueces, cambios de abogados y cruces con otras audiencias. Por ello, las reiteradas suspensiones han mantenido en espera la sentencia de primera instancia contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados.

Mientras tanto, el Tribunal de Juzgamiento fijó para el 26 de agosto de 2026, a las 17:00, una nueva fecha para la lectura de la sentencia en las instalaciones del Tribunal de Garantías Penales de Quito. Esta vez, la autoridad judicial dispuso apoyo policial y una sala virtual con el objetivo de evitar nuevos retrasos durante la diligencia.

No obstante, el sumario disciplinario no significa que el juez ya haya sido declarado responsable de una infracción. Según el Consejo de la Judicatura, el procedimiento permitirá determinar si existió o no una falta disciplinaria, con base en las actuaciones y pruebas que correspondan.

Lo que debes saber

• Congope nombra a Roberta Zambrano tras renuncia de Clemente Bravo por proceso electoral.
• Cambio de presidencia en el Congope ocurre este 14 de agosto y mantiene agenda provincial.
• Roberta Zambrano asume liderazgo de 23 prefecturas mientras avanza transición institucional.

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) informó que Roberta Zambrano asumió la presidencia de la entidad luego de la renuncia de Clemente Bravo, quien dejó el cargo con la intención de continuar su actividad política y participar en el próximo proceso electoral.

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Según la organización que agrupa a las 23 prefecturas del país, el relevo se efectuó conforme a los mecanismos internos establecidos para la sucesión de autoridades. Con este cambio, Zambrano pasa a liderar el organismo en medio de un escenario marcado por la proximidad de nuevas definiciones electorales.

La salida de Bravo ocurre mientras varias autoridades seccionales analizan su participación en los próximos comicios. Aunque el Congope no detalló los planes políticos del exdirigente, señaló que la renuncia responde a su decisión de continuar su trayectoria en el ámbito político y electoral.

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Cambio de liderazgo en el organismo provincial

Tras asumir la presidencia, Roberta Zambrano quedó al frente de la entidad que representa a los gobiernos provinciales del Ecuador y que articula acciones entre las prefecturas en temas de desarrollo territorial, gestión pública y coordinación institucional.

En el comunicado difundido por el organismo se indica que la transición se desarrolla con normalidad y que las actividades y proyectos impulsados por las prefecturas continuarán bajo la nueva administración.

El Congope mantiene su agenda institucional

La organización señaló además que seguirá trabajando junto a las 23 prefecturas del país en iniciativas relacionadas con el desarrollo de las provincias y la coordinación de acciones entre los gobiernos provinciales.

Con la salida de Bravo y la llegada de Zambrano a la presidencia, el Congope inicia una nueva etapa de gestión mientras el escenario político empieza a configurarse de cara a los próximos procesos electorales en Ecuador.

Lo que debes saber

• Comisión admitió 39 impugnaciones a 26 aspirantes a Fiscal General en Quito, este 14 de agosto.
• CPCCS resolverá apelaciones antes de audiencias públicas sobre postulantes observados.
• Inés Romero, Daniella Camacho y Walter Macías concentran varias impugnaciones en el concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para elegir a la próxima autoridad de la Fiscalía General del Estado admitió 39 impugnaciones presentadas contra 26 postulantes, mientras que otras 11 fueron inadmitidas por incumplir requisitos establecidos en la normativa vigente.

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La resolución fue anunciada este 14 de agosto de 2026 por la Comisión Ciudadana, que actualmente desarrolla una de las fases más sensibles del proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General.

De acuerdo con el reglamento del concurso, la decisión deberá ser notificada a las partes involucradas. En los casos de las impugnaciones que no fueron admitidas, los solicitantes contarán con tres días para presentar recursos de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Una vez que el Pleno resuelva las apelaciones, la Comisión Ciudadana convocará a audiencias públicas, espacio en el que los impugnantes y los candidatos cuestionados podrán exponer sus argumentos y presentar la documentación de respaldo correspondiente.

Inés Romero, Daniella Camacho y Walter Macías concentran varias impugnaciones

Entre los aspirantes que registran más observaciones consta Inés Maritza Romero Estévez, quien acumula varias impugnaciones presentadas por distintos ciudadanos, entre ellos 

También figura Daniella Lisette Camacho Herold, contra quien fueron admitidas impugnaciones promovidas por Fabiola Isabel Andrade España, Gary Sebastián Cedeño Rhea, Patricio Fernando Rosero Preciado, Luis Enrique Limones Montalván y Wilson Humberto Ortega Bravo.

Otro de los postulantes con más observaciones es Walter Samno Macías Fernández, quien enfrenta impugnaciones planteadas por Marcelo Israel Ortiz Moreano, Henry Paul García Sánchez y Pablo Andrés Lizarzaburu Castillo.

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Lista incluye a 26 postulantes

Las 38 impugnaciones admitidas están dirigidas contra 25 candidatos que participan en el concurso para dirigir la Fiscalía General del Estado.

En la nómina también constan postulantes como: 

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Próxima etapa: apelaciones y audiencias públicas

La admisión de impugnaciones no implica una descalificación automática de los candidatos. El siguiente paso será la revisión de eventuales apelaciones contra las solicitudes rechazadas y, posteriormente, la realización de audiencias públicas para analizar el contenido de cada observación.

En esa fase, la Comisión Ciudadana deberá valorar los argumentos y pruebas presentadas antes de emitir decisiones dentro del proceso de selección, que concluirá con la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Gobierno presenta en Ecuador política 2026-2035 para reducir mortalidad materna y neonatal.
• Vicepresidencia anuncia plan en 90 días con metas para salud materna y neonatal.
• OPS prioriza a Ecuador mientras impulsa acciones contra muertes evitables de madres y bebés.

El Gobierno Nacional presentó la Política Nacional para la Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal 2026-2035, una estrategia que busca disminuir las muertes evitables de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como de recién nacidos, mediante el fortalecimiento de los servicios de salud en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por la administración del presidente Daniel Noboa con el apoyo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), entidades que también participarán en su implementación.

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Atención prenatal, parto seguro y cuidados neonatales

Según la información difundida por agencias de Naciones Unidas en Ecuador, la política establece como prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, fortalecer la atención durante el embarazo, garantizar partos seguros y optimizar la atención del recién nacido, con un enfoque orientado a prevenir fallecimientos que pueden evitarse mediante una respuesta sanitaria oportuna.

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Entre los principales lineamientos consta el fortalecimiento del primer nivel de atención médica, ampliando el acceso a controles prenatales, atención especializada durante el parto y seguimiento tanto en el período posparto como neonatal. Además, se contempla la detección temprana de factores de riesgo y una respuesta más efectiva ante emergencias obstétricas y neonatales.

La estrategia también prevé acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y reforzar las capacidades técnicas del personal sanitario, con el objetivo de garantizar una atención integral, continua, segura e intercultural para mujeres y recién nacidos.

Ecuador, entre los países priorizados por la OPS

La OPS destacó que la puesta en marcha de esta política coincide con la incorporación de Ecuador al grupo de países priorizados dentro de una estrategia regional que busca acelerar la reducción de la mortalidad materna en las Américas.

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Durante la presentación, representantes de Unicef y Unfpa señalaron la importancia de fortalecer la atención durante el embarazo y los primeros años de vida, así como garantizar el acceso de mujeres y adolescentes a información, servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos modernos.

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Por su parte, la vicepresidenta María José Pinto informó que en un plazo de 90 días se prevé contar con un plan de implementación que establecerá metas, responsabilidades e indicadores para evaluar el cumplimiento de la política hasta 2035.

Lo que debes saber

• Asamblea debate reformas a viviendas tras sismos en Colombia y Venezuela, para reforzar la seguridad.
• Asambleístas proponen más controles a constructores durante la reforma de vivienda social en Ecuador.
• El segundo debate evaluará prevención de riesgos y mapas de amenaza para nuevas viviendas.

Los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela han llevado a la Asamblea Nacional a centrar parte del debate sobre vivienda social en la seguridad de las construcciones. 

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Aunque la reforma a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social ya se tramitaba antes de estos eventos, los daños observados en ambos países han impulsado propuestas para endurecer los controles técnicos y fortalecer la prevención de riesgos en Ecuador.

Durante el primer debate del proyecto, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de revisar los estándares de construcción aplicables a las viviendas destinadas a los sectores más vulnerables. 

La discusión surgió en un contexto marcado por la destrucción de miles de viviendas e infraestructura tras los sismos ocurridos en los países vecinos.

Más controles para constructores

Una de las propuestas planteadas en el Pleno apunta a reforzar la responsabilidad de los promotores inmobiliarios. El asambleísta independiente Pablo Jurado sostuvo que los desastres naturales ponen a prueba la calidad de las edificaciones y propuso que los constructores asuman compromisos más estrictos respecto a las condiciones técnicas de las obras.

La iniciativa busca que los proyectos de vivienda social no solo cumplan requisitos documentales, sino que incorporen mecanismos de control que permitan determinar responsabilidades en caso de fallas estructurales.

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Prevención de riesgos entra al debate legislativo

Otro de los ejes de discusión es la incorporación de herramientas de gestión del riesgo dentro de la planificación urbana. El vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, señaló que el informe para segundo debate deberá priorizar sistemas de prevención y una mayor coordinación con los municipios para disponer de mapas de riesgo actualizados.

Los planteamientos también incluyen revisar la ubicación de los proyectos de vivienda social. Algunos legisladores consideran que estos desarrollos no deberían concentrarse únicamente en zonas periféricas, sino integrarse a áreas urbanas con acceso a servicios y menores niveles de vulnerabilidad.

Ecuador tiene normas antisísmicas, pero persisten desafíos

El debate ocurre mientras expertos recuerdan que Ecuador ya cuenta con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que establece criterios de diseño sismorresistente. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo el cumplimiento efectivo de esos parámetros técnicos, especialmente en edificaciones informales.

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Representantes del sector de la construcción han advertido que una parte importante de las viviendas se levanta sin pasar por todos los procesos de control y supervisión requeridos, lo que podría aumentar la vulnerabilidad frente a futuros terremotos.

El proyecto de reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social continúa en trámite legislativo y deberá incorporar observaciones presentadas durante el primer debate antes de regresar al Pleno. 

¿Qué cambios plantea la reforma?

Esto debes saber

• Luisa González será la candidata de Pachakutik, lista 18, a la Prefectura de Manabí.
• Gabriel Giler reemplaza a Guido Mendoza y será candidato a viceprefecto.
• El cambio ocurre tras la suspensión de Amigo, lista 16, que era la plataforma prevista para la candidatura.

La carrera por la Prefectura de Manabí vuelve a dar un giro político. El Movimiento Plurinacional Pachakutik, lista 18, presentó este jueves 13 de agosto de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambios en sus precandidaturas para la Prefectura de Manabí.

La nueva fórmula está encabezada por la excandidata presidencial Luisa González, quien tendrá como compañero de fórmula a Gabriel Giler, médico y exasambleísta oriundo de Montecristi.

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El movimiento informó la modificación durante la tarde del jueves, en el tramo final del proceso correspondiente a la definición de candidaturas para las próximas elecciones seccionales.

Del movimiento Amigo a la lista 18

El cambio se produce luego de que el movimiento Amigo, lista 16, permaneciera suspendido por pedido de la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) conoció una investigación por presunto lavado de activos contra la agrupación política, que tenía previsto convertirse en la plataforma electoral de la Revolución Ciudadana para los comicios seccionales.

En las primarias, González había sido proclamada como precandidata a la Prefectura de Manabí por Amigo, junto al asambleísta de Chone, Guido Mendoza, como candidato a la Viceprefectura.

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Sin embargo, la suspensión de Amigo modificó el escenario y obligó a buscar una nueva vía electoral para la candidatura. Así, Pachakutik, lista 18, será ahora la organización que auspiciará la candidatura de González en Manabí, prestando sus colores y número de lista para la contienda.

De esta manera, González deja la fórmula que inicialmente conformaba con Mendoza y pasa a competir junto a Gabriel Giler, quien asumirá la candidatura a viceprefecto.

La inscripción todavía debe quedar en firme

Aunque el cambio de precandidatos ya fue presentado ante el CNE, González y Giler todavía deberán cumplir con el proceso formal de inscripción de sus candidaturas.

Posteriormente, sus postulaciones deberán atravesar las etapas de revisión e impugnación previstas en el calendario electoral. Una vez superados estos procedimientos, la candidatura quedará en firme para participar en la disputa por la Prefectura de Manabí.

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Ubidia explicó que la gente le pidió que se mantuviera desde el corazón campesino. Burbano dijo que respetan la democracia interna y lo que la militancia pide, y que solo invirtieron los roles. Esa frase, dicha sin asomo de ironía, retrata entero a nuestro sistema de partidos. La democracia interna se invoca en el mismo acto en que se la desconoce.

Y no cometieron ilegalidad alguna. Ese es el punto. En Ecuador la ley obliga a hacer primarias, pero no obliga a sostenerlas.

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El artículo 345 del Código de la Democracia dispone que las organizaciones contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral en una o en todas las etapas de su proceso interno. Sin embargo, ganar las primarias no garantiza que esos candidatos sean los que se inscriban oficialmente. Esto se da porque el reglamento permite reemplazar si un precandidato renuncia, llenando la vacante conforme a la normativa interna de cada organización.

El Guayas lo mostró entero. El 2 de julio, último día del plazo, el oficialismo nominó en primarias a Niels Olsen para la Alcaldía de Guayaquil y a Arianna Burgos para la de Samborondón. El 9 de julio, Cynthia Viteri se inscribía como precandidata a Guayaquil por Centro Democrático. 

Menos de una semana después, Viteri era la candidata oficialista a Guayaquil sin que mediara alianza alguna, Olsen quedaba desplazado a Samborondón y Burgos regresaba a su curul. Tres nominados movidos en fila por alguien que no estuvo en esa primaria. Olsen lo resumió mejor que cualquier analista: “el partido tomó una decisión distinta”.

Esa puerta tiene dirección exacta. Está en el tercer inciso del artículo 11.1 del Reglamento para la Democracia Interna. Si un precandidato fallece, renuncia o queda inhabilitado, y el órgano electoral del propio partido valida la causal, el reemplazo se hace conforme a su normativa interna. 

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La única exigencia que la norma le impone al reemplazante es aritmética, que conserve la paridad, la alternabilidad y la cuota de jóvenes. No se pide que haya competido, que haya obtenido un solo voto ni que la militancia sepa quién es. Todo eso puede volverse papel al día siguiente.

Otros partidos hicieron uso de esa ventana legal 

Convertir esto en una acusación contra un solo partido sería cómodo y falso. En 2023, la candidatura presidencial de Revolución Ciudadana era de Jorge Glas. Este declinó y nominó a Luisa González minutos después, a quien el movimiento confirmó luego. Mismo mecanismo, otra tienda.

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El Estado castiga con severidad que el trámite de primarias falle y permanece indiferente cuando el resultado se ignora.

SUMA no completó su democracia interna y se quedó sin candidatos propios. La Izquierda Democrática sobrevivió acudiendo a noventa y dos alianzas. Hubo 563 solicitudes de supervisión. Ninguna consecuencia, en cambio, para quien celebra una primaria impecable y luego inscribe a otra persona.

Y de ahí cuelgan casi todas las cosas que después nos indignan por separado, desde bancadas que miran hacia arriba antes de votar hasta legisladores que cambian de camiseta apenas se mueve el centro de poder, o acuerdos cerrados entre caudillos porque los partidos no tienen nada propio que negociar.

Nadie sensato propone eliminar esa cláusula. Un precandidato puede morir o retirarse por motivos legítimos. El problema es que la norma reguló la salida con detalle y dejó la entrada en blanco. Bastaría, por ejemplo, con que el acta de proclamación registre el orden de prelación y que, ante una vacante, suba automáticamente quien quedó detrás, de modo que la muerte o la inhabilidad activen ese ascenso con el informe del delegado del CNE, para que deje de ser un papel que apenas se toma en consideración.

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Si el reemplazo no exige trayectoria ni votos, al partido le sale más barato fichar una figura conocida y así el liderazgo no nace de la militancia, sino del reconocimiento público. Es justo lo contrario de lo que manda la ley, que obliga a las organizaciones nacionales a destinar al menos el 70 % del Fondo Partidario Permanente a formación, capacitación e investigación. Pagamos con dinero público la formación de liderazgos y luego permitimos que la candidatura se resuelva por fuera de ella.

Entonces la cuestión no es solo por qué las organizaciones atropellan sus primarias, sino para qué les exigimos celebrarlas si no les exigimos a los partidos y al sistema obedecerlas. El 29 de noviembre, casi catorce millones de ecuatorianos elegiremos entre opciones que ya eligió otro en julio, y que ese otro pudo cambiar hasta el 17 de agosto.

Lo que debes saber

• Geraldine Weber es precandidata a la Prefectura del Guayas por CREO.
• Su propuesta prioriza vialidad, seguridad, producción y prevención de inundaciones.
• Weber plantea una auditoría al asumir y promete no pactar con mafias ni corrupción.

Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO, asegura que llega a esta contienda con una visión centrada en recuperar la esperanza de los guayasenses y atender los problemas urgentes de la provincia. En entrevista con EXPRESO, expone los ejes en los que centrará su gestión si llega al gobierno provincial.

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- Usted fue asambleísta del Partido Social Cristiano, luego candidata por SUMA en 2025 y ahora busca la Prefectura con el movimiento CREO. ¿Cómo le explica al electorado estos cambios de organización política?

- Uno llega a una madurez política. Cada espacio es aprendizaje. Estoy muy agradecida con mis profesores, tanto el Partido Social Cristiano como SUMA, (pero) con CREO me identifico. Mantenemos una misma ideología: la defensa de la familia, de la vida, de la libertad, de la democracia y sobre todo estamos unidos para crear oportunidades. Aquí estamos un equipo preparado. He recorrido Guayas, conociendo los contextos de la gente. Queremos recobrar la esperanza y la autoestima de toda la provincia, que ha sido azotada por el abandono, por las inclemencias climáticas y sobre todo por la falta de voluntad.

- ¿Cómo se encuentra esa autoestima?

- Bueno, cuando tenemos una provincia que está olvidada... (Por eso) Nosotros como un eje principal estamos pensando en una campaña, primero, educativa para que la gente conozca la agricultura, la ganadería y la cultura de cada cantón y parroquia rural, y que así Guayas sea esa vitrina turística. Segundo, capacitación con programas de mejoramiento de ganado para que los productos sean competitivos.

- ¿Está afiliada actualmente a CREO o participa como candidata invitada?

- Participo como invitada.

- ¿Cuál es el diagnóstico de la provincia?

- El diagnóstico es que la provincia está totalmente abandonada. El primer día que lleguemos vamos a pedir una auditoría. Estuve en la parroquia rural Santa Rosa, que queda en el golfo, (y está) totalmente abandonada: no tiene agua en pleno siglo XXI, no tiene luz ni internet, los jóvenes estudian en una escuela solamente la primaria. ¿Qué les espera a esos niños? Nosotros no venimos a señalar los problemas, venimos a resolverlos. (Pero) Primero (debemos) anticiparnos a lo que es el fenómeno de El Niño, porque cuando llega todo se inunda, todo se pierde, todo se destruye.

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- ¿Tiene un plan para ello?

- Tenemos un plan. Tenemos un equipo que va a trabajar en todo lo que es la prevención, con maquinaria, en los muros de contención, en el desalojo de los sedimentos de los canales. Tenemos la articulación, no solamente con personal técnico en Ecuador, sino que estamos trabajando con aliados de empresas internacionales. En esa comuna, en particular, empezaremos con una campaña de concienciación, porque los niños juegan en canchas de arena donde defecan los cerdos. Esos olvidados tienen nombre, tienen apellido. Son parte de una sociedad que los tiene que reincorporar y eso es lo que hará una Prefectura humana y justa, que trabajará con el programa VIDA.

- ¿En qué se enfocará el programa VIDA?

- Lo primero es la vialidad; no es solo pavimento, sino que debajo de ello vaya la fibra óptica para que todas las comunas estén comunicadas; la ayuda va de la mano con la Policía para evitar atracos, violencia. Luego, tenemos la infraestructura para mejorar la ganadería y la pesca. También, el desarrollo productivo; estamos hablando de programas para la mejora genética de especies, semillas certificadas calidad y acompañamiento. Finalmente, la A de agua; todos los recursos hídricos tienen que estar con tecnología, con cuidado y protección; hay que cuidar también al río Guayas.

- El dragado es uno de los proyectos anunciados por los anteriores gobiernos provinciales. ¿Cómo usted lo va a llevar a la realidad?

- Vamos a preparar una mesa técnica. Aquí todo el mundo (lo) ha ofrecido y no hay que quedarnos en promesas. Hay que mirar que esta es una inversión importante, no es de una sola vez, es durante todo el año. Es un trabajo mancomunado, en coordinación con todas las provincias, las juntas parroquiales y los municipios.

Si no hay seguridad, no vamos a tener el plan de la vitrina turística de Guayas. No habrá planes de capacitación.Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO

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- Dentro de los 100 primeros días de trabajo, ¿en qué se va a enfocar?

- Lo primero va a ser el turismo y tiene que ir de la mano con la seguridad. También los entrenamientos para los jóvenes, el fútbol; y en los programas de capacitación para los agricultores, los ganaderos. Queremos que haya pequeños cuarteles donde la policía pueda llegar, pueda comer; donde los niños puedan tener desayunos gratuitos; espacios humanos. Yo creo que la Prefectura tiene que abrazar a la Policía, dignificarla. Si no hay seguridad, no vamos a tener el plan de la vitrina turística de la provincia de Guayas. Nosotros queremos crear el primer centro técnico para que los jóvenes puedan estudiar.

-¿Dónde lo harán?

-En Salitre.

-¿En qué tiempo lo construirían?

-Eso nos tomaría alrededor de unos seis meses. Yo soy una mujer estoica, a mí me gustan las cosas para ayer. Entonces, si es de trabajar doble tiempo, se trabajará doble tiempo; pero vamos a lograr lo que no han logrado en años.

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- ¿Cree que va a poder trabajar de la mano junto con el Gobierno central?

- Yo creo que sí. Siempre en la vida hay que saber hacer alianzas, hay que saber negociar, llegar a acuerdos. De eso se trata la vida, de eso se trata la política. La política es el arte de servir. Ya dijo alguna vez algún político famoso que si tenía que hablar con el diablo, hablaría, pero siempre y cuando no se tenga que entregar el alma.

- ¿Qué no entregaría usted?

- Yo dejaría todo en el territorio. (Pero) No haría pacto ni con las mafias, ni con la corrupción, ni con gente que esté en lavado.

Yo terminaría mi periodo, porque lo que yo pienso lo termino. Y siempre doy esa milla extra. Soy incansable y soy estoica.Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por el movimiento CREO

Lo que debes saber

• Fiorella Ycaza entra a la carrera por la Alcaldía de Guayaquil.
• Ycaza busca dar continuidad al proyecto político de Aquiles Álvarez.
• La candidatura surge mientras Álvarez enfrenta procesos judiciales

La competencia por la Alcaldía de Guayaquil suma una nueva protagonista. Fiorella Ycaza, empresaria y esposa del alcalde Aquiles Álvarez, da el salto al escenario electoral. Este jueves 13 de agosto del 2026 confirmó su inscripción como precandidata. 

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"Asumo este camino con esperanza, firmeza y la convicción de que nuestra ciudad merece seguir avanzando, creciendo y construyendo oportunidades para todos. Confío en la ley, en la democracia y, por encima de todo, en la fuerza de los guayaquileños", fue parte de lo que escribió Ycaza en su cuenta de X. 

Su escrito fue acompañado de una foto donde aparece firmando documentos que avalen su inscripción. Ella ya había dejado entrever días atrás la posibilidad de entrar en la disputa de la alcaldía en una entrevista con Xavier Lasso.

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Una candidatura que nace en medio de la crisis política

La irrupción de Fiorella Ycaza ocurre mientras Aquiles Álvarez atraviesa el período más complejo de su carrera política. El alcalde de Guayaquil fue condenado el pasado 3 de agosto a tres años de prisión en el denominado caso Grillete, relacionado con el incumplimiento de una medida judicial que le obligaba a portar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Además, continúa vinculado al caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos derivada del caso Triple A, proceso que sigue abierto en el sistema judicial ecuatoriano.

Este escenario ha obligado al círculo político cercano al alcalde a reorganizarse de cara a las elecciones seccionales y a buscar una figura capaz de mantener la conexión con el electorado que respaldó a Álvarez en 2023.

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El discurso de la resistencia

En los últimos días, Ycaza ha asumido un rol público más activo. En declaraciones difundidas por medios locales, habló sobre las consecuencias personales y familiares derivadas de los procesos judiciales contra su esposo, incluyendo el riesgo de perder bienes patrimoniales y la presión que ha enfrentado su entorno cercano.

Sus mensajes han girado alrededor de conceptos como resistencia, perseverancia y defensa de la gestión municipal. "Yo no voy a cansarme, no voy a bajar los brazos", expresó recientemente, una frase que rápidamente adquirió un tono político en momentos en que crecen las definiciones electorales en Guayaquil.

La disputa por el principal bastión político del país

La Alcaldía de Guayaquil se proyecta como una de las contiendas más relevantes de las elecciones seccionales. La ciudad concentra un peso político, económico y electoral determinante, por lo que la definición de candidaturas se ha convertido en una prioridad para las principales fuerzas políticas.

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La entrada de Fiorella Ycaza añade un nuevo elemento a esa competencia. Ella representa el componente más personal y simbólico del proyecto político municipal.

Con la figura del alcalde condicionada por los procesos judiciales y la imposibilidad de encabezar una nueva candidatura, Ycaza aparece como la dirigente llamada a ocupar ese espacio y defender la continuidad de una administración que mantiene influencia en la política local pese a los procesos que rodean a su principal líder.

Economía y negocios

Noboa lleva a China una agenda de pendientes que va más allá del camarón

Liz Briceño

Objetivos del viaje 

La movilización del jefe de Estado y su comitiva fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo 469. El documento gubernamental establece que las intervenciones en territorio extranjero tienen la finalidad técnica de fortalecer las relaciones económicas, promover la inyección de capitales hacia el mercado ecuatoriano y ampliar el acceso de productos nacionales.

La agenda internacional tiene como eje inmediato la reactivación económica del principal producto de exportación no petrolera del país. Las autoridades asiáticas mantienen suspendidas a catorce empresas camaroneras ecuatorianas por la detección de metabisulfito de sodio y del virus de la mancha blanca, una paralización que representa un impacto estimado de 45 millones de dólares para el sector nacional.

La estrategia de la cartera de Producción y Comercio Exterior no se limitará a la entrega de descargos técnicos. La delegación ecuatoriana buscará activar de forma oficial la comisión de comercio del Tratado de Libre Comercio (TLC), un órgano bilateral indispensable para procesar controversias sin llegar a instancias judiciales. Asimismo, el equipo gubernamental tramitará las habilitaciones sanitarias definitivas para el ingreso de quinua, aguacate, arándanos, piña y lácteos al mercado asiático.

Cartas de lectores

Los acuerdos comerciales, oportunidad de desarrollo

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La infraestructura energética y los contratos mineros

Las deficiencias operativas en la red eléctrica nacional y la administración de los recursos cupríferos configuran el segundo nudo crítico de la gira. El Estado ecuatoriano asumió la recepción formal de la central Coca Codo Sinclair el pasado 17 de abril de 2026, documento que incluye el hallazgo de más de 7.600 fisuras en sus distribuidores.

Bajo este panorama, el Gobierno negocia un contrato de operación y mantenimiento con la empresa asiática PowerChina por 46 millones de dólares anuales. Esta decisión administrativa proyecta atar al país a un convenio de 25 años (1.150 millones de dólares en total) con la matriz de la misma corporación Sinohydro, ejecutora de la obra original.

En paralelo, el Ejecutivo debe definir el estatus de los megaproyectos de capital chino: Cascabel y Mirador.

Ecuador

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Valeria Alvear

Ante un déficit eléctrico proyectado en 1.300 megavatios para el estiaje 2026-2027, el Ministerio de Energía exige que las operadoras mineras aporten su propia matriz de generación para no colapsar la red pública.

Dependencia financiera y deuda externa

El aspecto macroeconómico condiciona el margen de maniobra de la comitiva. La programación presupuestaria del año en curso proyecta la recepción de 764 millones de dólares provenientes de la banca china (Eximbank y Banco de Desarrollo de China), rubros atados directamente a proyectos de inversión estatal.

La delegación nacional arriba a Pekín con la exigencia comercial de levantar las sanciones al camarón, mientras sostiene una dependencia financiera de los próximos desembolsos extranjeros. Las condiciones finales de estas tasas de interés permanecen bajo reserva institucional, en un escenario donde China se consolida como el segundo mayor origen de las importaciones ecuatorianas.