Lo que debes saber

• Aprobación de Daniel Noboa alcanza el 47,7% en abril tras superar crisis por subsidios y derrota electoral.
• Comunicaliza: Eliminación de subsidios al diésel redujo apoyo a Noboa del 54% al 42% antes de su mejora.
• El 46,7% de ecuatorianos respalda adelantar las elecciones seccionales a noviembre de 2026, según encuesta.

La más reciente encuesta de Comunicaliza, publicada este 22 de abril de 2026, revela que la aprobación del presidente Daniel Noboa se sitúa en el 47,7%. Tras enfrentar momentos críticos por la eliminación del subsidio al diésel y los resultados de la consulta popular de 2025, la imagen del mandatario muestra una tendencia de mejora desde febrero de este año.

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Impacto de los subsidios y la consulta popular en la imagen presidencial

El estudio, basado en 4.126 entrevistas realizadas a nivel nacional, identifica hitos que marcaron el descenso en la popularidad de Daniel Noboa. La decisión de eliminar el subsidio al diésel provocó una caída inmediata de 12 puntos en su valoración, pasando del 54% al 42%.

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Posteriormente, la derrota electoral de 2025, donde el Ejecutivo no logró el respaldo en las cuatro preguntas planteadas, llevó al mandatario a sus niveles más altos de rechazo. No obstante, la medición actual confirma una recuperación progresiva hacia el 47,7% de valoración positiva, frente a un 45,3% de calificación negativa.

CNE y las preferencias para las elecciones seccionales

Respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026, la ciudadanía se muestra dividida:

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En cuanto a la intención de voto para alcaldías, el correísmo lidera las preferencias con un 26,3%, seguido por el movimiento oficialista ADN con un 19,2%. Sin embargo, la indecisión sigue siendo el factor determinante con un 30%.

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La encuesta también detalla las prioridades de la población, donde la crisis de seguridad se mantiene como el eje central de preocupación:

Aguiñaga da inicio a la transición

• La transición administrativa con Carlos Encalada inicia este 23 de abril para asegurar obras.
• La funcionaria evitará pronunciarse sobre las críticas del exmandatario respecto a la terna.
• El plan incluye infraestructura en El Empalme y financiamiento con organismos internacionales.

Marcela Aguiñaga confirmó el inicio de una transición administrativa bajo un esquema de orden técnico tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto del Guayas. El proceso de traspaso de mando comenzará formalmente este jueves 23 de abril de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y financiamiento multilateral que actualmente ejecuta la institución

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La hoja de ruta técnica para la provincia

Ante la consulta de EXPRESO sobre el cronograma de salida, Aguiñaga detalló que la hoja de ruta para la nueva autoridad ya está trazada. El plan prioriza la preparación para el periodo invernal y la operatividad de la maquinaria pesada en verano. Entre las obras críticas se encuentran la infraestructura vial de Zapata, en el cantón El Empalme, y el Centro de Innovación Agropecuaria, proyecto gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La transición contempla que cada director de área presente el estado de los proyectos en marcha y las decisiones urgentes que deben tomarse. "Esta institución no solamente tiene grandes obras de infraestructura en construcción, sino también obras de financiamiento con organismos multilaterales", señaló la funcionaria, subrayando la necesidad de adquirir ayuda humanitaria y puentes Bailey para enfrentar posibles eventos climáticos.

Postura política y futuro personal

Respecto a los cuestionamientos emitidos por Rafael Correa sobre la conformación de la terna para la Viceprefectura, Aguiñaga descartó entrar en confrontación directa. "Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías. Respecto del señor Correa no tengo nada que decir", afirmó, remitiéndose a sus declaraciones previas difundidas en redes sociales.

La funcionaria dejará el cargo de forma definitiva el 15 de mayo de 2026 para enfocarse en la recuperación de la salud de su esposo y dedicar tiempo a su familia. Sobre su permanencia en el escenario público, mencionó un proceso de "reinvención" personal con proyectos que anunciará próximamente, haciendo un llamado a reducir la polarización política en el país.

Lo que debes saber

• Federación Médica Ecuatoriana inicia protestas en Quito por crisis del sistema de salud y falta de insumos.
• Médicos y pacientes protestaron realizaron un plantón frente al Hospital Pablo Arturo Suárez.
• Gremio denuncia despidos del MSP, cierre de quirófanos y más de 1.000 pacientes sin atención.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Santiago Carrasco, el coordinador del Área de Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, Juan Barriga y personal de esa casa de salud encabezaron una protesta junto a los pacientes la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 en los exteriores del centro hospitalario, ubicado en el norte de Quito, para reclamar por la falta de condiciones para brindar atención médica, una situación que se agravó por los despidos que ejecutó recientemente el Ministerio de Salud Pública (MSP).

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Barriga dijo que el plantón se realiza "porque no tenemos lo necesario para trabajar, hay pacientes de emergencia en lista de espera, la salud se está manejando sin seriedad, hay muchos políticos y no políticas de salud para mejorar la salud. Es el colmo, ya hemos tocado piso. Se cierran los quirófanos, no hay personal ni material para trabajar y piensan que los médicos no queremos trabajar, estamos en desacuerdo de cómo se maneja la salud".

El especialista aseguró que esta es la primera de otras protestas que se realizarán en otras casas de salud en el país. "Es el principio de una lucha gremial de salud a nivel nacional" para que el Gobierno adopte medidas que solucionen la crisis, aseguró. 

"Estamos indignados, ya no damos más. El ministro nombrado (Jaime Bernabé) debería estar acá y dar la cara a lo que está pasando en el sector de salud. Vemos pacientes aquí, de trauma que necesitan inmediata atención médica y el doctor no puede", añadió Carrasco.

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Médicos denuncian cirugías represadas

Según Barriga, en el Hospital Pablo Suárez existen más de 1.000 pacientes de traumatología, pero que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente porque los médicos fueron despedidos. "Tenemos pacientes de emergencias en lista de espera y lo más grave es que han comprado las cosas, son fracturados que están esperando porque no las podemos programar. Suspenden (las operaciones) porque no hay personal auxiliar, anestesiólogos, no hay enfermeras", explicó.

El directivo también aseguró que esa falta de personal ha provocado que, de las 75 camas del servicio de cirugía, solo funcionen 28. "El resto están vacías porque no hay personal, no dan quirófano y se dan el lujo de transferirlos a otro lado. Ayer ya se complicó, se agravó", manifestó al contar que en ese hospital han desvinculado a 10 médicos y a una persona de área administrativa.

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Dirigente da cifras de los despidos

Carrasco cuestionó el argumento del Gobierno respecto a que la supresión de los cargos se efectuaron para optimizar el presupuesto en el sector de la salud. "Es una locura decir que hay duplicidad, ¿cuál duplicidad si no hay enfermeras, si no hay médicos?" y contó que conoce que, hasta este miércoles, 160 integrantes del personal de salud han sido despedidos y que el objetivo sería desvincular a más de 900 hasta fines de abril.

Entre los participantes de la protesta también estaba el doctor Bolívar Santillán, médico desvinculado del hospital Baca Ortiz, quien aseguró que la grave situación no es solo del Pablo Arturo Suárez, sino de todos los hospitales a nivel nacional.

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"En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz no hay sueros para iniciar la quimioterapia a los pacientes con cáncer. La gerente también cerró, sin informe técnico, el área de Neumología y la convirtió en otra área. Con la salud de los niños no se puede jugar, basta de improvisaciones y exigimos el reintegro del personal cesado", resaltó.

La protesta de este miércoles se efectúa después de que la Federación dijo que se manifestará por la "crisis profunda de la salud pública, ver tanta muerte y enfermedad". Carrasco dijo que lo que se busca es que el Gobierno escuche a los especialistas, que designe a personas especializadas, que enfrenten la falta de gestión y la corrupción.

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Esto en referencia a que Daniel Noboa designó a Jaime Bernabé como nuevo ministro de Salud, una persona que tenía impedimento para ejercer cargos públicos en el Ministerio de Trabajo y que sería parte de una red empresarial, por lo que tendría conflictos de intereses. 

Política

Acceso restringido a bienes de funcionarios genera alertas de opacidad para la libertad de prensa

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El ente de control, durante la semana pasada, reabrió su portal web, pero con una novedad: los ciudadanos que buscan revisar el patrimonio, los cargos públicos u otros datos de un funcionario deben ingresar previamente información personal, un requisito que antes no existía para este tipo de consultas.

Pero esa no fue la única novedad. El portal ahora no expone información que antes era pública: no consta el año de la declaración ni datos como la fecha de ingreso o de salida del funcionario en una institución pública.

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Tampoco se detalla el desglose de bienes. Antes, el sistema permitía conocer con precisión el número de terrenos, casas o parqueaderos que poseía un funcionario, así como los años en que fueron adquiridos. Esa información ya no aparece: los datos se muestran de forma general.

¿Cuál es la posición de ADN en la Asamblea?

Un dato relevante es que la Asamblea tiene la capacidad de fiscalizar y una de las entidades sobre las cuales puede ejercer dicha facultad es, precisamente, la Contraloría. De hecho, el contralor general es una de las autoridades que puede ser sometida a juicio político por el Legislativo.

Sin embargo, para ADN no hay nada que se pueda hacer. Al menos eso se desprende de la posición de dos de sus asambleístas. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome (ADN), señaló que el cambio en la modalidad de consulta es una pregunta que se debería hacer a la Contraloría.

“Ese es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado. Creo que es importante que se lo pregunten a la autoridad correspondiente”, dijo Diana Jácome en una rueda de prensa este 22 de abril de 2026.

Sin embargo, fue el legislador Andrés Castillo quien aclaró la posición de ADN respecto al tema. Al ser consultado sobre el mismo asunto, señaló: “¿Yo le puedo preguntar algo sobre cómo maneja usted su medio. ¿Yo tengo soluciones sobre lo que usted maneja?”.

EXPRESO, en medio de una pregunta sobre el tema, recordó que una de las facultades de la Asamblea es precisamente la fiscalización. A esto, Castillo respondió: “Bueno. Lo que el señor contralor general del Estado decida es decisión de él”.

El correísmo pedirá la comparecencia del contralor

El correísta e integrante de la Comisión de Transparencia, Blasco Luna, también se refirió al tema. Dijo que la decisión marca un retroceso. “La información debe ser pública y transparente”, aseguró Luna.

Añadió que el acceso a esa información era importante, entre otras cosas, para saber en qué condiciones llegaba un personero público y en qué condiciones se iba del cargo ejercido. 

En ese sentido, Luna aseguró que pedirá que se trate el caso en la comisión de la cual es parte y solicitará, de forma escrita, la comparecencia del contralor Mauricio Torres.

Lo que debes saber

• Designación unánime: El Consejo Provincial eligió a Carlos Encalada como viceprefecto; el 14 de mayo asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
  
• Perfil técnico: Con trayectoria en el sector agroindustrial y gremial, Encalada se define como "apolítico" y centrará su gestión en vialidad, productividad y gestión de riesgos.
  
• Transición en marcha: El proceso administrativo inicia este 23 de abril, priorizando la presencia en territorio y el trabajo conjunto con las juntas parroquiales del sector rural.

El Consejo Provincial del Guayas designó a Carlos Encalada Villacís como nuevo viceprefecto este 22 de abril. La autoridad obtuvo el respaldo unánime de los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales durante la sesión extraordinaria, mecanismo ejecutado para solventar la ausencia de autoridades tras la salida del exviceprefecto Carlos Serrano.

La actual titular, Marcela Aguiñaga, notificó que la transición administrativa iniciará este jueves 23 de abril. Encalada, quien registra más de dos décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, tomará las riendas definitivas de la Prefectura a partir del 14 de mayo, fecha en que se cristaliza la renuncia de Aguiñaga al organismo provincial.

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Primeras palabras de Encalada

En su primera intervención oficial desde el auditorio del Gobierno Provincial, Encalada delineó las áreas de intervención inmediata. El funcionario entrante detalló que su planificación se enfocará en el sostenimiento de las vías y la ejecución de proyectos en territorio. "La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos; hay alertas de niños y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", explicó.

Ante la consulta de EXPRESO sobre su presunta afinidad con el Gobierno Nacional y un eventual blindaje de asesoría estatal, Encalada tomó distancia de los bloques partidistas y justificó su presencia en el recinto. "Soy apolítico, vengo de una línea aparte, del gremio, del trabajo y a eso nos dictamos. Agradezco a Marcela Aguiñaga por haberme considerado en la terna", respondió.

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El funcionario agregó que el desarrollo de sus funciones demandará presencia en el campo para identificar los requerimientos del sector rural junto a los presidentes de las juntas parroquiales. Sobre el procedimiento normativo para conformar su propio equipo de trabajo, específicamente la terna para elegir a su respectivo reemplazo en la Viceprefectura una vez que asuma el despacho principal, indicó que el análisis del listado "tomará su tiempo".

Perfil del próximo prefecto del Guayas 

Encalada fundamenta su hoja de vida en la gestión privada y representación sectorial. Cuenta con el título en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad EARTH de Costa Rica.

En el ámbito corporativo, ejerce como Gerente de Producción en Surgesa S.A., entidad responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico. En materia gremial, lideró la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2026. Además, registra participación en la actual directiva del Club Sport Emelec.

Lo que debes saber

• Posible asilo: Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González solicite asilo en México, ante lo que califican como una persecución política tras su salida a Uruguay.
  
• Proceso judicial: La excandidata es investigada por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso ‘Caja Chica’, que incluyó allanamientos en enero de 2026.
  
• Contexto partidista: Mientras González cumple agenda internacional, la dirigencia de la Revolución Ciudadana confirma que el asambleísta Raúl Chávez ya se encuentra en México.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, no descartó que la excandidata presidencial Luisa González esté solicitando asilo político a México. Así lo manifestó durante una intervención en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Frente al hemiciclo de La Rotonda, donde se erige el monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, Rivadeneira señaló que la política actualmente se encuentra en Uruguay. Además, subrayó que González cumple funciones como secretaria de Relaciones Internacionales, en el marco de una agenda delegada por su organización.

Aunque evitó profundizar en el tema al señalar que “ella en su momento sabrá decir”, Rivadeneira insistió en que la excandidata ha sido objeto de persecución política. En esa línea, reiteró que cualquier decisión sobre un eventual asilo corresponde exclusivamente a la propia González.

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Investigación de la Fiscalía

Luisa González es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este proceso ha sido denominado como el caso ‘Caja Chica’.

En ese contexto, la vivienda de la exaspirante presidencial en Quito fue allanada el 28 de enero de 2026. En el mismo operativo, también fueron intervenidos los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

En diversas declaraciones, Luisa González ha sostenido que la investigación que ejecuta la Fiscalía responde a una persecución política. En ese contexto, ha insistido en que el proceso carece de sustento y tiene motivaciones ajenas al ámbito judicial.

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Chávez en México

Por su parte, Gabriela Rivadeneira informó que el asambleísta Raúl Chávez se encuentra actualmente en México. Según indicó, su permanencia en ese país responde a circunstancias vinculadas al escenario político actual.

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Los alcaldes y delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales y parroquiales de la provincia emitieron su voto público sobre la terna enviada por el despacho ejecutivo. El listado estaba conformado por Otton Lara, Gustavo Heinert y Carlos Encalada.

Los tres perfiles están vinculados al sector agroproductivo. Sin embargo, previo a la instalación de la sesión, la postulación de Encalada ya se perfilaba en los cabildeos políticos como la principal opción legislativa para suceder a Serrano.

Asi se eligió al futuro prefecto

El mecanismo de designación responde a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Al registrarse la ausencia definitiva del prefecto y viceprefecto, y restando menos de un año para culminar el periodo de gestión ordinario, la ley prohíbe convocar a un nuevo proceso de elecciones populares.

En su lugar, el marco legal determina que el Consejo Provincial asume la competencia de elegir al reemplazo de una terna presentada por el Ejecutivo provincial. El funcionario que resultó electo en la sesión de hoy ocupará formalmente la Viceprefectura y, una vez que se haga efectiva la salida de Aguiñaga el 14 de mayo, será quien asuma la titularidad de la Prefectura, garantizando la operatividad de la entidad y la firma de contratos hasta el cierre del periodo en 2027.

Lo que debes saber

• "Vaciamiento" patrimonial: La gestión de Carlos Cadena Asencio se caracteriza por un patrón donde empresas con activos millonarios (como los $ 4,79 millones en Zofragua o los $ 490 mil en Piacelo) terminan con balances en cero o repartos de fondos sin justificación técnica.
• Apoyo: A pesar de enfrentar denuncias por abuso de confianza y de haber sido removido por la Superintendencia de Compañías por incumplimientos graves (como operar sin planes de trabajo ni notificar a socios), ha logrado mantenerse como liquidador de varias compañías como Veranera S.A. 

Una resolución de la Superintendencia de Compañías revela, con detalle, las irregularidades en el manejo de Zofragua S.A., mientras tenía como liquidador a Carlos Cadena Asencio y donde casi 5 millones de dólares se esfumaron antes de que la empresa fuera cancelada con "patrimonio cero".

La actuación de Cadena Asencio, un contador de profesión, queda descrita, con detalle, en la resolución SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. Según la entidad de control, Cadena Asencio recibió en 2019 la gestión para la liquidación de Zofragua S.A., una empresa que logró ganar una sentencia por $ $4.793.769,42 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

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Sin embargo, el dinero nunca llegó a las cuentas de la compañía para pagar a sus acreedores. El liquidador Cadena Asencio informó que el monto fue cobrado directamente por un procurador judicial, pero no presentó ni un solo registro contable o soporte documental del ingreso. Por el contrario, el liquidador firmó un acta de mediación reconociendo una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin presentar una justificación técnica y sin factura, por lo que dejó a la empresa en la quiebra absoluta.

El 11 de julio de 2023, Cadena Asencio empleó una maniobra contable que borró millones de Zofragua S.A. de un plumazo. Presentó un balance con saldos en cero (activos, pasivos y patrimonio) justificando que había eliminado activos y pasivos por más de $ 3,6 millones simplemente por 'no tener evidencia' de ellos. Sin embargo, no entregó ni un solo documento que explicara cómo desaparecieron esos millones que la empresa había reportado oficialmente hasta 2010.

Al final del proceso, el liquidador solicitó la cancelación de la compañía alegando que el patrimonio era de cero dólares, dejando en la indefensión a los accionistas, entre estos la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

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En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador, porque entre otras anomalías, había trabajado cinco años en la compañía sin un plan de trabajo, sin ejecutar publicaciones de llamamiento a acreedores, sin presentar documentos, etc.

Un operador en casos de alto impacto

La figura de Cadena Asencio ya no es nueva. Su nombre saltó al radar al ser nombrado liquidador de Veranera S.A., la pieza clave en la disputa por las acciones de GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), y tras presentar una denuncia por asociación ilícita en contra de los directivos de GRANASA, a los que acusa de asociarse para perjudicarse a sí mismos.

Pero su historial como "liquidador de confianza" se extiende a otros nombres sensibles:

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Cadena ha logrado mantenerse como liquidador para diversos procesos, a pesar de la acumulación de denuncias penales. Una denuncia de marzo de 2022 es por un presunto abuso de confianza y malversación de fondos de una compañía que estaba intervenida: Piacelo S.A. 

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La denuncia revela que Cadena, en su rol de liquidador, habría convocado a una "junta extraordinaria" el 23 de noviembre de 2020 a las 08:00, sin notificar legalmente a uno de los dos socios. En esta reunión, descrita como una "junta fantasma", Cadena y otro accionista dispusieron de $ 490.896,33 provenientes de la venta de un inmueble y que se encontraban en una cuenta. Acordaron repartir el dinero sin informar ni entregar un solo dólar al segundo accionista, que además, tenía derecho al 50 % de los fondos.

Carlos Cadena Asencio también es representante de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Los documentos judiciales de un proceso de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito, señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares declarados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos".

El silencio del implicado

Esta redacción solicitó, vía correo electrónico, una versión a Carlos Cadena Asencio para contrastar los hallazgos de la Superintendencia y sus antecedentes judiciales por abuso de confianza. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta. La pregunta que queda en el aire para los organismos de control es simple: ¿Quién supervisa a los liquidadores?

Lo que debes saber 

• La Asamblea exige respuestas por la emergencia sanitaria en Taisha.
• Fiscalización detectó fallas graves, escasez y abandono hospitalario.
• Muertes infantiles aumentan presión sobre el sistema de salud.

La asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional del Ecuador, solicitó información al Ministerio de Salud Pública por la crisis sanitaria en Taisha. El pedido se formalizó este 22 de abril tras una fiscalización al hospital local. La comisión busca esclarecer las condiciones que afectan a la población infantil. El caso ocurre en medio de denuncias por falta de atención médica y desabastecimiento.

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El requerimiento institucional apunta a obtener datos verificables sobre acciones, recursos y medidas adoptadas por el Estado. La solicitud incluye información sobre el hospital de Macas, la comunidad de Wampuik y otras zonas cercanas. La Asamblea advierte que la situación impacta directamente en la salud de niñas, niños y adolescentes. Además, se exige una respuesta oportuna ante una problemática considerada urgente.

La comisión legislativa anunció que dará seguimiento estricto al proceso de fiscalización iniciado días atrás. Según el comunicado, no se permitirá la ausencia de respuestas frente a una crisis que demanda atención inmediata. El pronunciamiento surge tras varias denuncias ciudadanas. También se vincula con recientes fallecimientos infantiles en la zona amazónica.

Fiscalización en Taisha revela fallas críticas en hospital

El 18 de abril, Viviana Veloz recorrió el hospital de Taisha para verificar denuncias sobre deficiencias en la atención. La inspección se produjo luego de la muerte de tres menores, presuntamente por falta de medicamentos. Durante la visita, se constató escasez de insumos médicos y ausencia de personal suficiente. La legisladora también evaluó posibles causas relacionadas con enfermedades infecciosas.

El diagnóstico preliminar evidenció problemas estructurales graves dentro del establecimiento de salud. Se identificaron fallas en servicios básicos, infraestructura deteriorada y condiciones sanitarias inadecuadas. Estas deficiencias afectan directamente la calidad de atención a pacientes. El informe técnico será parte del proceso formal de fiscalización en curso.

Velóz describió escenarios críticos en áreas clave del hospital, incluyendo espacios sin condiciones mínimas de higiene. “Ustedes pueden visualizar cómo se encuentra este lavabo… recolectan el agua en un recipiente”, señaló durante el recorrido. La legisladora expuso que el estado de las instalaciones compromete la seguridad sanitaria. “No son para ningún ser humano”, agregó sobre las condiciones observadas.

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Durante la inspección, se verificó que el hospital no cuenta con insumos básicos como alcohol ni gel desinfectante. El abastecimiento de medicamentos se encuentra por debajo del 50%, según la comisión. Además, una ambulancia permanece fuera de servicio, limitando el traslado de pacientes. Estas condiciones reducen la capacidad de respuesta ante emergencias médicas.

En el área de lavandería, el hospital carece de maquinaria desde hace aproximadamente cuatro años. Esta carencia afecta procesos esenciales de limpieza hospitalaria. La situación incrementa los riesgos de infecciones tanto para pacientes como para el personal. La comisión considera que estas fallas deben resolverse de manera inmediata.

Velóz cuestionó la falta de inversión estatal en el sistema de salud de la zona. “Sí tiene plata el gobierno para enviar a la vicepresidenta a recorrer hospitales a otro país”, manifestó. La legisladora criticó la priorización de modelos internacionales frente a necesidades locales urgentes. Aseguró que en Taisha no se cubren ni los servicios básicos.

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Muerte de bebé en Cuenca profundiza alerta en Taisha

La crisis sanitaria se agrava con la reciente muerte de una bebé de tres meses trasladada desde la Amazonía. La menor, identificada como Atsawai Mishel Shunta Mayak, falleció el 6 de abril en Cuenca. Había sido llevada en estado crítico tras presentar síntomas prolongados. Su deceso ocurrió en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vicente Corral Moscoso.

Según información comunitaria, la niña fue evacuada desde una zona rural hacia Macas y luego a Cuenca. El traslado se realizó debido a la gravedad de su condición. Sin embargo, no logró sobrevivir tras 24 horas de atención especializada. El caso evidencia las limitaciones del sistema de salud en territorios alejados.

La menor pertenecía a una comunidad ubicada a varias horas del centro de salud más cercano. Las dificultades de acceso y la falta de atención oportuna agravan el panorama sanitario. Este fallecimiento se suma a otros reportados recientemente en la zona. La situación mantiene en alerta a autoridades y comunidades indígenas.

Política

"Noboa apoya el narcotráfico en Colombia": Gustavo Petro acusa al presidente de Ecuador

Richard Josue Jimenez Mora

Petro cuestionó que se le acuse de haber sostenido encuentros con el narcotraficante durante su visita a Manta en mayo de 2025. “¿Entonces cómo así que es mi socio? Porque fui a Manta con permiso del Senado para asistir a la posesión de Noboa, y allí hay testigos de mi escolta y civiles”, afirmó.

El presidente denunció que estas versiones buscan “destruir su popularidad en Colombia” y favorecer a la extrema derecha en las próximas elecciones. Según Petro, la narrativa se origina en Miami y es replicada por el gobierno ecuatoriano.

En cuanto a sus avances contra el narcotráfico, el presidente colombiano señaló un supuesto sabotaje por parte de Ecuador en las negociaciones "Grupos de narcos de los mismos grupos con que negociamos, pero en Ecuador, ya han sido charlados por extraños ajenos a ese grupo para que dividan lo que hicimos nosotros y lo acaben... Otro sabotaje".

La investigación abierta en Ecuador

El 18 de abril, Daniel Noboa confirmó que las autoridades ecuatorianas iniciaron una investigación para esclarecer las actividades de Petro durante su estancia en Manta. Las sospechas surgieron tras versiones que sugerían un posible encuentro con alias Fito.

La controversia creció tras especulaciones sobre una supuesta cita entre Petro y el líder de Los Choneros. Aunque la Casa de Nariño y la Cancillería colombiana negaron rotundamente cualquier vínculo, la inquietud persiste en el debate político regional.

Noboa declaró a la revista Semana que algunos miembros de la Revolución Ciudadana, movimiento político con el que Petro habría tenido reuniones, tendrían nexos con Fito. Sin embargo, reconoció que no existe prueba directa de un encuentro cara a cara. Por su parte, el abogado de Fito, Alexei Schacht, negó cualquier contacto entre su defendido y el presidente colombiano.

Tensiones diplomáticas y acusaciones cruzadas

Petro acusó al gobierno ecuatoriano de mantener una “enemistad contra Colombia” y de utilizar medidas como los aranceles para golpear la economía colombiana. “A mí no me allanan una finca y encuentran coca como al presidente de Ecuador o en barcos de banano”, dijo, en referencia a escándalos recientes en el país vecino.

Política

Demanda de Gustavo Petro contra Daniel Noboa: ¿qué implica y cómo sería el proceso?

Marco Rivera

El mandatario colombiano defendió los avances de su administración en la reducción de cultivos ilícitos, destacando que la frontera con Ecuador es la zona donde más se han reducido las hectáreas de coca. Además, negó que la violencia en Ecuador provenga de Colombia, señalando que gran parte de la cocaína que circula en ese país proviene del Perú.

De cara a las elecciones en Colombia

La polémica se produce en un momento clave para Colombia, con elecciones presidenciales en el horizonte. Petro sostiene que la narrativa impulsada desde Ecuador busca influir en el electorado colombiano y favorecer a sectores de derecha.

Por su parte, Noboa ha intentado marcar distancia, asegurando que respetará la decisión de los colombianos y trabajará con quien resulte electo. Sin embargo, sus declaraciones sobre la visita de Petro a Manta y las supuestas conexiones con grupos criminales han profundizado las tensiones diplomáticas.

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional (CC) aprobó, el 7 de febrero de 2024, el acceso a la muerte digna, tras la demanda de Paola Roldán.
• Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia en el país; desde 2024, solo una ha sido aprobada. Además, se registran tres pedidos de información.
• En la sesión No. 080-AN-2025-2029, del 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional realizó el primer debate del informe del proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia '.

Aunque para algunas voces de la sociedad civil la despenalización de la eutanasia en Ecuador deja “un sabor amargo”, consideran que su aplicación debería darse únicamente cuando se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. En paralelo, la Asamblea Nacional avanza en la depuración de la normativa que dará forma a la futura Ley Orgánica de la Eutanasia.

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Eutanasia en Ecuador: ¿Paciente, médico o Estado? El peso de decidir sobre el dolor

Flor Layedra Torres

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Cuestionamientos al origen de la ley

En esa misma línea, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de la Fundación Familia Ecuador, cuestionó el origen del proceso y fue enfática en su rechazo a la normativa. A su criterio, “esta ley no debería existir”, pues considera que responde a una sentencia que, según dijo, se originó a partir de un caso particular y no de una realidad general del país.

Con esa postura coincide Diego Jimbo, médico y fundador de la organización sin fines de lucro Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas. El especialista señala que cada año en Ecuador se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer y que, en la mayoría de las situaciones, los pacientes no quieren morir, sino detener el sufrimiento de la enfermedad.

La eutanasia evidencia que todos hemos fallado. ¿Cómo hablar de ella con tanta ligereza en un país donde ni siquiera se garantizan medicamentos básicos? Tengo 14 años en cuidados paliativos y la mayoría de pacientes no quiere morir, sino dejar de sufrir. Con esta ley, el Estado podría reducir costos al dejar de atender ciertos casos.Diego Jimbo, fundador de Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas

Una historia personal que marca el debate

Por su parte, Edwin Gavilanes relata su propia experiencia como paciente oncológico para dimensionar el debate. Él es director general de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y presidente ejecutivo de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas.

Cuenta que en 2023 fue diagnosticado con un cáncer avanzado y, en medio del dolor, aceptó ser inducido al coma, convencido de que no podía seguir resistiendo. Sin embargo, recuerda que no quería morir, sino encontrar una forma de aliviar el sufrimiento que su cuerpo ya no soportaba.

En ese proceso, una conversación previa al procedimiento con su hijo Ariel (quien también enfrenta una enfermedad grave) marcó el punto de quiebre. “Papá, hasta el día de hoy sigo luchando”, rememora Gavilanes que le dijo su hijo; una frase que, según afirma, se convirtió en el impulso para aferrarse a la vida y que, 20 días después, lo llevó a despertar. Desde entonces, sostiene que su experiencia evidencia que, incluso en escenarios límite, el deseo de vivir puede prevalecer cuando existe acompañamiento y propósito.

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Déficit en cuidados paliativos

Además, añade Jimbo, es indispensable que el Estado garantice la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, vigente desde marzo de 2025. El especialista afirma que de cada 100 pacientes que requieren este tipo de atención, apenas el 3,5 % la recibe, principalmente en centros privados, mientras que en el sistema público el acceso es aún más limitado o prácticamente inexistente para la mayoría, lo que evidencia una brecha crítica en la atención integral del dolor y el acompañamiento al final de la vida.

En esa línea, María Cecilia Villafuerte asevera que el país no ha fortalecido los cuidados paliativos, pese a su relevancia. Dice que la normativa resulta insuficiente y que persisten fallas estructurales en el sistema de salud, especialmente por la falta de medicamentos y de atención oportuna, lo que limita las alternativas reales para pacientes con enfermedades graves, advierte.

Lo que estamos viendo es falta de coherencia jurídica y legislativa. Los asambleístas terminan siguiendo agendas impuestas, en lugar de asumir una postura firme en la defensa de derechos fundamentales. Se ha desviado la atención hacia debates secundarios, cuando lo urgente es garantizar atención en salud, medicamentos y cuidados paliativos.Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador

La vida como prioridad del Estado

En ese contexto, Gavilanes insiste en que el Estado debe priorizar la defensa de la vida mediante el acceso efectivo a tratamientos, acompañamiento integral y condiciones dignas de atención para los pacientes.

A esta postura se suma Jimbo, quien menciona que casos como el de Noelia Castillo, de España, evidencian riesgos cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, como la pobreza, el abandono familiar y problemas de salud mental; elementos que, según explica, pueden empujar a una persona a considerar la eutanasia no como una elección libre, sino como una salida ante la falta de soporte adecuado.

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Coincidencias en condiciones para su aplicación

Aunque mantienen posturas críticas frente al proceso, los tres entrevistados por EXPRESO coinciden en que la eutanasia solo debería contemplarse como una opción extrema, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos sanitarios disponibles. Para ellos, el foco debe estar en garantizar previamente condiciones dignas de atención, acceso a tratamientos y acompañamiento integral, antes de abrir paso a una decisión de este tipo.

Jimbo detalla que la normativa debería establecer requisitos técnicos estrictos. Señala que el paciente debe haber sido atendido por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos durante un periodo de al menos tres meses y contar con un médico tratante especialista en su enfermedad.

Asimismo, señala que debe verificarse un adecuado manejo del dolor y de cuidados paliativos antes de considerar esta opción. E incluir la sedación paliativa como alternativa para aliviar el sufrimiento sin acortar la vida.

Antes de tomar decisiones de esta magnitud, el Estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a tratamientos, cuidados paliativos y un sistema de salud oportuno y humano. No se puede hablar de eutanasia sin asegurar primero condiciones dignas de atención médica. Nosotros luchamos por la vida de nuestros hijos.Edwin Gavilanes, fundador de la organización Ariel Chicho Gavilanes

Dudas sobre la efectividad de los controles

Villafuerte advierte que, aunque se impongan restricciones, estas podrían diluirse con el tiempo. “No sirve de nada poner muchos candados, si después se eliminan”. Y cuestiona que se releguen temas urgentes, como el acceso a fármacos, la atención médica oportuna y los cuidados paliativos.

Lo que debes saber

• La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte prepara el informe para el segundo debate del proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia’.
• La eutanasia fue despenalizada, en Ecuador, desde febrero de 2024.
• Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia y tres solicitudes de información.

¿El paciente, el médico, el sistema jurídico o sanitario? En Ecuador se elaboran los preceptos para legalizar la eutanasia, en medio de la interrogante sobre quién debe determinar cuándo el dolor es insoportable.

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El paciente y el límite del dolor

Para Carlos Centeno, director del Servicio de Medicina paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, el punto de partida es claro: quien expresa ese límite es el propio paciente. Sin embargo, matiza que ese “no puedo más” no solo se reduce al dolor físico, sino que engloba un sufrimiento más amplio, que puede incluir factores emocionales, sociales o incluso existenciales.

Sin embargo, la médica cirujana laparoscópica y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Gabriela Pico, señala que solo quien atraviesa esa situación puede dimensionar lo que implica tomar una decisión de ese tipo. Por ello, sostiene que la última palabra debe recaer en el paciente, aunque subraya que los médicos están obligados a ofrecer alternativas, pues la eutanasia no es la única salida.

Con ella concuerda Centeno. Además, afirma que la respuesta médica debe centrarse en aliviarlo mediante cuidados paliativos, pues -según su experiencia- la mayoría de estos cuadros pueden ser abordados para hacerlos más llevaderos, incluso en etapas avanzadas.

El legislador no debe guiarse solo por tendencias globales. Si bien existen escenarios complejos, también la medicina ha avanzado y ofrece cuidados paliativos.Francisco Andino, exministro de Salud y neurólogo

Decisión individual bajo condiciones

Desde otra perspectiva, el exministro de Salud y neurólogo, Francisco Andino, plantea que, en caso de contemplarse una decisión sobre la eutanasia, esta debería recaer exclusivamente en el paciente. No obstante, advierte que esa determinación solo sería válida si la persona se encuentra en plenas condiciones cognitivas y emocionales, libre de presiones externas, como intereses económicos de familiares, herencias, influencias del entorno o fallas del sistema de Salud que puedan inducir la decisión.

Aunque los médicos difieren en sus posturas, coinciden en un punto crítico: las falencias del sistema de salud. Centeno advierte que la falta de cuidados paliativos adecuados puede agravar el sufrimiento de los pacientes, mientras que Andino reconoce que estos servicios siguen siendo limitados, lo que condiciona las opciones reales al final de la vida.

Para Andino, el debate no debe centrarse únicamente en habilitar o no la eutanasia, sino en fortalecer las condiciones del sistema de salud para acompañar al paciente hasta el final de la vida, sin adelantar la muerte como solución. Asimismo, advierte que el enfoque de una ley que normalice la eutanasia podría reflejar, a su criterio, un debilitamiento del rol del Estado en garantizar una atención adecuada.

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¿Eutanasia o respuesta fácil?

En ese contexto, Centeno advierte que la eutanasia puede convertirse en una salida simplificada frente a un problema estructural. Sostiene que Ecuador debe equipararse con la región fortaleciendo los cuidados paliativos, mediante acceso a fármacos, formación médica y ciudadana, investigación y equipos interdisciplinarios.

En el debate sobre cómo expresar la voluntad, el penalista y docente de la Universidad de Guayaquil, Juan Vizueta sostiene que, aunque la decisión parte de la autonomía del paciente, el criterio determinante sobre si el dolor es insufrible recae en la medicina. A su juicio, es el informe médico -basado en la lex artis- el que debe establecer si existe una enfermedad incurable, irreversible y sin expectativa de mejora que justifique considerar la eutanasia.

En ese sentido, advierte que no basta la voluntad del paciente. Dice que la decisión debe sustentarse en condiciones clínicas objetivas, para evitar que responda a percepciones o estados emocionales transitorios.

La medicina paliativa es clave en enfermedades terminales, pero no la única opción; también existen alternativas y decisiones personales orientadas al bienestar del paciente.Gabriela Pico, médica cirujana laparoscópica y docente de la UCSG

La voluntad anticipada en discusión

Por su parte, la penalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Tanya Torres, plantea que las personas podrían dejar constancia anticipada de su decisión, incluso a través de la cédula, como ocurre con la donación de órganos. A su criterio, este mecanismo permitiría respetar el consentimiento informado del paciente, evitando que la decisión recaiga en familiares cuando la persona ya no pueda expresarse por sí misma.

En contraste, Andino se opone a normalizar estas decisiones con un registro previo. Considera que incluirla -como la donación de órganos- equivale a una autorización general para morir y desnaturaliza su carácter excepcional.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia en el país; desde 2024, solo una ha sido aprobada. Además, se registran tres pedidos de información.

En Ecuador hay profesionales en cuidados paliativos comprometidos con impulsar cambios; ya se ha formado a una médica y una psicóloga, y otra está en capacitación.Carlos Centeno, director del Servicio de Medicina paliativa, Clínica Universidad de Navarra

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Intervenciones viales y asistencia territorial

Durante sus últimas semanas de gestión, la entidad provincial reportó el avance de proyectos de infraestructura en zonas de influencia agrícola. Se ejecutó la habilitación de 8,1 kilómetros de carpeta asfáltica en la vía Casas Viejas, y se notificó un 85 % de avance en la ruta Lorenzo de Garaicoa–Simón Bolívar, cuya intervención representa una asignación de 6 millones de dólares. También se destinaron insumos agroecológicos para agricultores de Santa Lucía y Daule.

En el eje de servicios, el despacho mantuvo la operatividad del programa Agua Segura, con la reciente dotación de tanques de almacenamiento en sectores vulnerables de Balzar, como parte de una planificación que abarca 20.000 unidades en la provincia.

A esto se sumaron operativos médicos visuales en el sur de Guayaquil y la instalación de atención integral y un comedor provincial en la cooperativa Una Sola Fuerza, en el cantón Durán.

Competencias y el futuro de la cuenca hídrica

En el plano institucional, la acción de mayor envergadura antes de la transición fue la inscripción formal de la mancomunidad para el rescate de la cuenca del río Guayas (MANC-072-2026-CNC). El organismo agrupa a siete provincias y cuenta con una cooperación técnica de 450.000 dólares financiados por la CAF.

Sin embargo, desde el sector técnico y urbanístico advierten que la inestabilidad administrativa provocada por las renuncias de Aguiñaga y del exviceprefecto Carlos Serrano amenaza la ejecución operativa del acuerdo.

La viabilidad de este plan interprovincial y el avance de los contratos vigentes recaerán exclusivamente sobre la nueva autoridad que logre los votos necesarios en el bloque del Consejo Provincial este miércoles.

Cambios en el portal de la CGE

• La plataforma exige registrar datos personales del ciudadano para habilitar la búsqueda de patrimonios.
• Los documentos ya no detallan la cantidad de inmuebles ni las fechas de ingreso de los servidores.
• Organizaciones civiles alertan que los cambios bloquean la fiscalización y violan acuerdos previos.

Desde el lunes 20 de abril, activistas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas experimentaron las modificaciones al acceso a las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos que implementó la Contraloría en su portal web. Esto ha generado preocupación en entidades que vigilan la transparencia pública.

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Germán Rodas Chaves, de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que “todo esto deja una seria preocupación, porque es una manera de no transparentar información e impedir la contraloría social”.

Rodas Chaves señala que los cambios afectan a activistas y periodistas de investigación, por ejemplo.

En la misma línea, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advierte que los cambios podrían contradecir compromisos internacionales. “Dentro de la carta de intención del año 2020 del Fondo Monetario Internacional se pidió al Estado ecuatoriano que se garantice un acceso fácil, libre, inmediato a las declaraciones patrimoniales juradas”, señaló.

En un comunicado reciente de la entidad se enfatiza que los cambios afectan al derecho ciudadano al acceso a la información pública.

Fundamedios también se pronunció al respecto: Se alerta que esta medida plantea preocupaciones sobre posibles restricciones al acceso a la información, especialmente en un contexto preelectoral donde la transparencia es clave para el control ciudadano.

El portal de consulta de declaraciones juramentadas de bienes de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible el 20 de abril, luego de permanecer varios días fuera de servicio. La entidad atribuyó la caída a un supuesto “ataque” informático y a trabajos de mantenimiento.

Durante ese periodo, no fue posible acceder a la información patrimonial de los funcionarios públicos, una herramienta clave para el control social.

Con la reactivación del sistema, el acceso se restableció, pero bajo nuevas condiciones y con cambios en la información disponible.

Nuevas condiciones para consultar

Uno de los principales cambios es que ahora los ciudadanos deben ingresar información personal para poder revisar los datos de funcionarios. Antes, la consulta era directa y sin requisitos previos.

Esta nueva exigencia marca una diferencia en el acceso a información pública que, por su naturaleza, está destinada a la fiscalización ciudadana.

Menos detalle en las declaraciones

El contenido de las declaraciones también fue modificado. Los documentos ya no incluyen datos como el año de la declaración, ni las fechas de ingreso o salida de los funcionarios en instituciones públicas.

Además, desapareció el desglose detallado de bienes. Anteriormente, el sistema permitía identificar con precisión cuántos inmuebles poseía un funcionario —casas, terrenos o parqueaderos— y los años en que fueron adquiridos. Ahora, esa información se presenta de forma general.

Un ejemplo es la declaración del ministro de Salud, Jaime Bernabé, en la que se reporta un patrimonio de 1,7 millones de dólares. Dentro de ese monto, se indica que 1,3 millones corresponden a bienes inmuebles, pero no se especifica el número ni el tipo de propiedades.

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Este Diario solicitó una entrevista con un vocero del CGE para conocer los criterios de estos cambios. Siguen pendientes una respuesta de la institución, así como un pedido de información para conocer detalles de los supuestos ataques informáticos, ya que la entidad no ha indicado el tipo de incidente, los correctivos, si denunció el hecho ante la Fiscalía, etc.

Lo que debes saber

• El veedor Guido Egas denunció amenazas por parte del representante del Ejecutivo en la Comisión del concurso para fiscal general.
• Egas responsabiliza al Gobierno del presidente Daniel Noboa por su seguridad por cuestionamientos a José De La Gasca.
• La Comisión Ciudadana de Selección inició este 21 de abril de 2026 la fase de calificación de méritos del concurso.

Guido Egas, coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado, denunció este 21 de abril de 2026 amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso y representante de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue sorteado para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

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Veedor denuncia amenazas de representante de Noboa

A través de sus redes sociales, Egas denunció que Flores Brandt lo habría amenazado después de la sesión de la Comisión Ciudadana de Selección en que se sorteó los expedientes de los 28 postulantes a fiscal general del Estado admitidos. "De forma amenazante me dijo 'una cosa es aquí y otra es afuera'", comentó el veedor ciudadano.

Egas también señaló que frente a esta amenaza "responsabilizo al gobierno del presidente Daniel Noboa mi seguridad y la de los veedores ciudadanos". Recordó, además, que "pueden tener el poder, pero es efímero. Demuestren su imparcialidad y califiquen con objetividad".

Sospechas en sorteo de los expedientes de De La Gasca y Alarcón

El coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, también cuestionó que los expedientes del exministro José De La Gasca y del actual fiscal general del Estado (s), Carlos Alarcón, hayan recaído sobre el representante del Ejecutivo en la Comisión Ciudadana de Selección.

"El comisionado del Gobierno, (David) Flores , luego de los reclamos por sorteo que de "casualidad" le dio la calificación de méritos a los postulantes De La Gasca y Alarcón, me amenazó. No me van a callar, es todo un gran fraude este concurso", comentó el veedor Egas.

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Los expedientes que revisará el representante del Ejecutivo

Durante el sorteo de los expedientes de los postulantes para fiscal general del Estado para la calificación de méritos, la plataforma tecnológica utilizada por la Comisión Ciudadana de Selección sorteó a David Flores Brandt los siguientes expedientes:

Lo que debes saber

• Daniel Noboa nombró a Jaime Bernabé como ministro de Salud tras siete cambios en la cartera desde noviembre de 2023.
• Bernabé asumió el cargo el 20 de abril tras levantar impedimento por deuda con el IESS en Ministerio del Trabajo.
• Registros muestran vínculos empresariales del ministro con empresas de salud privada, clave en debate sobre conflicto de intereses.

En la figura del nuevo ministro de Salud, Jaime Ottón Bernabé Erazo, se resumen todos los vicios característicos de los nombramientos noboístas: evaporación en tiempo récord de impedimento para ejercer cargo público; conflicto de intereses (marca de fábrica del gobierno desde el día uno); escasa y poco edificante experiencia en el sector público; abundantes vínculos de negocios con el sector privado en el área que le toca administrar… 

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¿Quién es Jaime Bernabé?

Jaime Bernabé es el séptimo ministro de Salud de Daniel Noboa (contando con María José Pinto, que en realidad no debiera contarse porque es la nada absoluta) y bien podría decirse de él que es el ministro noboísta químicamente puro. En otras palabras: un peligro.

Siete ministros de Salud desde el 23 de noviembre de 2023 arrojan un promedio de poco más de cuatro meses y medio por ministro, cifra que habla por sí sola sobre la eficiencia del gobierno (o la falta de ella) a la hora de atacar uno de los problemas fundamentales del país. 

El hecho es que si Jaime Bernabé llegara, como ministro, a igualar ese promedio (los cuatro meses y medio) rompería su récord personal con creces. Hasta este 21 de abril de 2026, el único cargo directivo que ha ocupado en el sector público este intensivista graduado en la Universidad de Guayaquil es el de director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cargo en el que duró la fantástica suma de 27 días: del 2 al 29 de abril de 2024.

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La trampa descubierta de Bernabé

¿Por qué tan poco tiempo? Hay que decirlo con todas sus letras: por tramposo. Resulta que, pasadas tres semanas de su nombramiento, se descubrió que Jaime Bernabé había mentido en su declaración patrimonial ante Contraloría: él era accionista de una empresa proveedora de servicios médicos que tenía entre sus clientes al propio IESS (Medec Incorporated S.A., con sede en Panamá) y decidió no incluir ese dato en su declaración juramentada. 

Alguien lo averiguó, el directorio se autoconvocó en sesión extraordinaria y lo destituyeron por unanimidad, como correspondía. La pregunta es: ahora que ha sido nombrado ministro de Salud, ¿ha desaparecido ese claro conflicto de intereses?

No sólo que no ha desaparecido sino que se ha multiplicado. Verdad es que Medec Incorporated ya no figura a su nombre (no figura hoy, hay que decirlo, pero hasta el lunes a la medianoche aparecía en su historial, otra cosa es que la Superintendencia de Compañías lo haya borrado). 

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El historial empresarial del nuevo ministro

Sin embargo, sí aparece el nuevo ministro Bernabé como accionista en Interhospital, Interserad S.A., SEMESA-Servicios Médicos S.A., International Laboratories Services Interlab S.A. y Empresalud S.A., todas ellas activas, a las que hay que añadir cuatro empresas más cuya inscripción ha sido cancelada o se encuentran en disolución, más otras cuatro de las que fue apoderado o accionista (sin contar con Medec).

Todo lo cual traza el perfil no de un salubrista interesado en la salud pública, como se podría esperar del nuevo ministro de un país cuyo sistema de salud se encuentra colapsado entre la ineficiencia y las mafias, sino de un hombre de negocios acostumbrado a lucrar del sistema de salud sea cual sea su situación concreta.

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He ahí la persona a la que el presidente Daniel Noboa ha decidido entregar el Ministerio de Salud luego del fiasco de la vicepresidenta María José Pinto, que se hizo cargo de la cartera con la absurda propuesta de hacer primero un diagnóstico del sector (como si el sector no estuviera diagnosticado hasta el hartazgo) y, cinco meses después, no sólo que no lo había concluido sino que aseguraba que era inconcluible de alguna extraña manera. 

La polémica por el impedimento de Bernabé

Todo lo cual indica, sin mucho espacio para la duda, que el gobierno prioriza el negocio de la salud por sobre la solución de los problemas de la salud. De lo contrario habría elegido a un salubrista sin intereses en el sector privado y con vasta experiencia en el sector público.

Otra historia es la del impedimento para ocupar cargo público que el Ministerio del Trabajo registraba, según lo comprobó el noticiero de Ecuavisa, hasta las 15:30 del lunes 20 de abril. A esa hora, Jaime Bernabé aparecía como deudor del IESS. 

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Media hora después, a las 16:00, tenía todas su cuentas en orden y el impedimento había desaparecido. Un arreglo que habla con suficiente elocuencia de la inmoralidad absoluta de un ministro ruin: Harold Burbano mintió descaradamente cuando impedía que Alexandra Villacís ocupara el cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura, que legítimamente le correspondía, argumentando un impedimento que debía superarse mediante un largo, larguísimo, interminable trámite que podía durar meses. 

Ahora acaba de demostrar que basta media hora para arreglar la situación cuando la orden viene de arriba.

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En otras palabras: el trámite para eliminar un impedimento para ocupar cargo público es interminable cuando el impedimento se lo inventó el ministro pero es inmediato cuando el impedimento es real. 

La pregunta es qué recibe Harold Burbano a cambio de tan buenos y leales servicios.

La pregunta, ahora, es qué cabe esperar de Jaime Bernabé como ministro de Salud en circunstancias en que el sistema de salud colapsa entre la ineficiencia, la corrupción y las mafias que lo parasitan. 

El panorama es tan desolador que la respuesta más optimista, considerando sus antecedentes, es que ojalá no sobrepase los cuatro meses y medio de duración promedio de los ministros de esa cartera.

Lo que debes saber

• CPCCS admite a 28 postulantes para Fiscal General; desde este 21 de abril de 2026 inicia la calificación de méritos.
• Comisión evalúa formación y experiencia sobre 50 puntos según el reglamento de designación.
• Candidatos tendrán tres días para solicitar recalificación tras la revisión de sus expedientes.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) admitió a 28 postulantes para el concurso de selección del nuevo Fiscal General del Estado. Este 21 de abril de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección comenzó formalmente la etapa de calificación de méritos, donde se evaluará la trayectoria, formación académica y experiencia profesional de los aspirantes sobre un puntaje máximo de 50 puntos.

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Así se evaluarán los méritos de los aspirantes a la Fiscalía

La fase de calificación de méritos es un paso determinante según el Reglamento de Designación de la primera autoridad de la Fiscalía. Los comisionados cuentan con un plazo de diez días para revisar los expedientes y dos días adicionales para entregar el informe motivado. Es importante destacar que los evaluadores solo tomarán en cuenta los documentos entregados durante la postulación original; no se aceptará documentación extemporánea.

Para garantizar la idoneidad del futuro Fiscal, la evaluación se centra en áreas críticas del sistema de justicia:

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Puntajes y metodología de la Comisión Ciudadana

El cuadro de valoración se organiza en secciones que incluyen formación académica, capacitación específica, experiencia laboral y otros méritos (como publicaciones de libros o artículos indexados). Cada comisionado calificará un expediente sorteado y firmará un reporte individual de responsabilidad.

Detalles clave del proceso de calificación:

Recursos de recalificación para los postulantes

Aquellos candidatos que no estén conformes con su puntaje pueden solicitar una recalificación en un término de tres días tras la notificación. Las solicitudes deben presentarse físicamente en la Secretaría del CPCCS, delegaciones provinciales o consulados. El reglamento es estricto: el peticionario debe motivar su reclamo basándose en los documentos ya presentados, pues está prohibido adjuntar nueva evidencia en esta instancia.

Lo que se sabe

• El alcalde Aquiles Álvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026, por investigaciones del caso Goleada, y está en la cárcel del Encuentro
• Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, ha participado en protestas y actos para exigir su libertad. Se la ha mencionado como posible precandidata
• Analista menciona que, si llega a ser candidata a la Alcaldía de Guayaquil, se podría configurar como "campaña anticipada"

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, promocionó en un video la reinauguración de Guayarte, que se realizó el 17 de abril de 2026. El material fue publicado en su cuenta de la red social Instagram.

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El video también fue compartido por la cuenta Aquiles Aquí Está, que tiene entre sus seguidores a la concejala y exvicealcaldesa, Blanca López, y a entidades como las terminales terrestres de la ciudad.

Participación "como esposa y ciudadana"

"Desde el inicio de su gestión siempre tuvo claros sus objetivos: reconstruir Guayarte y hoy es una realidad", dice Ycaza sobre Álvarez, quien estuvo presente en el discurso de los concejales y animadores del evento, que reunió a unas 300 personas en la renovada plazoleta.

El promocional, que no ha sido publicado por las cuentas oficiales de la Alcaldía, tiene un nivel de edición idéntico al de los videos que se postean en los perfiles municipales. 

"Debería separarse a la familia, a los funcionarios, de este rol protagónico, de estas apariciones que al final usan recursos públicos, porque es una promoción con recursos públicos", afirma el analista político César Febres-Cordero.

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¿Posible campaña anticipada para las elecciones seccionales?

David Norero, quien fue secretario municipal hasta febrero del 2026, mencionó al mes siguiente a Ycaza como posible precandidata para las elecciones seccionales de próximo 29 de noviembre.

Ella respondió el 12 de abril, a una consulta de EXPRESO: "Eso le corresponde a mi esposo. Todos sabemos que él va a estar libre para poder liderar el tema".

"Si es que la señora Ycaza está contemplando ser candidata, y llegara a ser candidata, esto podría ser una forma de campaña anticipada, lo cual ya configuraría algo digamos más grave. Y sería, no un precedente peligroso porque eso lo vemos en todas las elecciones, pero sí el refuerzo de una mala costumbre", afirmó Febres-Cordero.

Es un problema que se repite con el caso de Lavinia Valbonesi, la esposa del presidente (Daniel Noboa), y que se ha dado en muchos niveles del Estado: que si no se le pone un encargo específico, con reglas específicas, al cónyuge del alcalde o del presidente, se empiezan a desdibujar las líneas que separan lo familiar de lo público".César Febres-Cordero, analista político

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Roles que pierden claridad entre lo público y privado

Ubicar a figuras cercanas al poder, en este caso familiar, es la "estrategia de comunicación particular" de la Alcaldía, según lo considera la docente de comunicación política, Estefanía Luzuriaga Uribe.

"Me parece que lo que está detrás de eso es justamente tratar de generar soft power (poder blando) a partir de la comunicación de ella y de alguna manera conectar con algunos segmentos del electorado guayasense a partir de este tipo de discursos", explicó la experta.

"Si ella está participando de una comunicación que se centra principalmente en el resultado de una gestión o de una obra pública, eso puede generar confusión para la ciudadanía y también puede entrar en estos límites entre lo público, lo institucional y lo personal", añadió la también investigadora de la Universidad Casa Grande.

En la publicación, usuarios como María Luisa Gallegos le dicen a Ycaza: "Fiorella, coja la Alcaldía usted". "Futura alcaldesa de Guayaquil", añadió la usuaria ro_ci_o__

En medio de recorridos de obras y promociones de posibles candidaturas, la división entre público y privado se mantiene aún confusa, mientras se acerca la elección del próximo alcalde... o alcaldesa.

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Próximo referéndum

• El máximo tribunal certificó que el Ejecutivo cumplió los requisitos previos.
• El plebiscito busca que el Parlamento asuma el nombramiento de entes de control.
• Si la propuesta se aprueba en las urnas, los concursos actuales quedarán desiertos.

La Corte Constitucional (CC) emitió este 21 de abril de 2026, un dictamen favorable que autoriza al presidente de la República, Daniel Noboa, a continuar con el procedimiento legal para convocar a un plebiscito nacional. 

El objetivo central de la enmienda es retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la potestad de designar a las autoridades de control estatal y transferir dicha competencia técnica a la Asamblea Nacional.

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Consecuencias administrativas y traslado de competencias

La resolución judicial certifica el cumplimiento de las medidas contenidas en el dictamen previo (9-25-RC/26A). Con este aval, el Ejecutivo tiene la vía libre legal para expedir el decreto correspondiente que oficialice la consulta popular, cuyo desarrollo en las urnas coincidirá con los comicios seccionales programados para el 29 de noviembre.

El cambio de jurisdicción en las designaciones plantea un reordenamiento inmediato del poder público. La modificación normativa obligará a los bloques legislativos a asumir el costo político y la responsabilidad directa frente a los nombramientos de figuras clave como el contralor o la fiscal general.

Una vez que la enmienda reciba luz verde en las urnas, el Gobierno central estará obligado a remitir los proyectos de ley secundarios para viabilizar su ejecución a partir de diciembre.

Lo que debes saber

• La UNE denuncia que el Gobierno aplica designaciones sin concursos en el sistema educativo.
• Advierte posibles violaciones legales y desacato a fallos constitucionales.
• El gremio exige transparencia y respeto a la carrera docente.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa y a su movimiento ADN por la asignación temporal de cargos directivos en la educación pública de Ecuador. El pronunciamiento, emitido el 21 de abril de 2026 en Quito, señala que estas designaciones se realizan mediante el Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2026-00022-A. Según la organización, la medida vulnera normas legales vigentes. Además, advierte que el mecanismo permitiría intervenir en la estructura educativa sin concursos de mérito.

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El comunicado sostiene que el Ministerio de Educación delegó a autoridades zonales y distritales la facultad de nombrar directivos. Esto incluiría rectores, vicerrectores, directores, subdirectores e inspectores en instituciones fiscales. La UNE afirma que estos cargos deben asignarse mediante procesos transparentes. También recalca que la normativa exige igualdad de oportunidades en la carrera docente.

En ese contexto, el gremio cita el contenido del acuerdo para sustentar su denuncia. “asignación temporal de funciones directivas de las instituciones educativas fiscales de sus respectivas jurisdicciones”, indica el texto oficial. La organización asegura que este mecanismo reemplaza concursos formales. A su juicio, esto abre la puerta a designaciones discrecionales.

Denuncia de irregularidades en designaciones docentes en Ecuador

La UNE sostiene que la decisión contradice la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Señala que los artículos 108 y 109 establecen concursos de méritos y oposición para estos cargos. Además, recuerda que los encargos temporales solo proceden en casos específicos. Entre ellos, renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento del titular.

El gremio también advierte que el reglamento general de la LOEI estaría siendo incumplido. En particular, el artículo 259 establece condiciones para las asignaciones temporales. Sin embargo, la UNE afirma que estas disposiciones no se estarían respetando. Denuncia que las designaciones se realizan sin los procesos previos requeridos.

En ese punto, el comunicado recoge otra cita textual clave del reglamento. “podrá asignar a un docente el ejercicio de funciones directivas mediante oficio (…) previo a la conformación de la terna y análisis correspondiente”. La UNE asegura que este procedimiento no se cumple. Afirma que las designaciones se hacen sin ternas y con personal externo.

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UNE advierte incumplimiento de sentencias constitucionales

La organización también vincula estas acciones con un presunto desacato a fallos judiciales. Señala que el acuerdo se aplica en un contexto de incumplimiento de la Sentencia 136-23-IS/25. Esta resolución de la Corte Constitucional se emitió el 13 de noviembre de 2025. Según la UNE, el fallo exigía corregir irregularidades en concursos docentes.

El gremio sostiene que el Ministerio de Educación ya había sido observado por declarar desiertos procesos de selección. Esto, según el comunicado, impedía garantizar el acceso transparente a cargos directivos. La Corte habría considerado estas prácticas como obstáculos al cumplimiento del fallo. Para la UNE, la situación actual profundiza ese problema.

Además, la organización interpreta estas decisiones como parte de una estrategia política. Afirma que existe una concentración de poder en distintas funciones del Estado. Menciona organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Según el gremio, ahora esta influencia se extendería al sistema educativo.

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Críticas por posible politización del sistema educativo

El comunicado advierte que la política aplicada afectaría la calidad educativa. Señala que se debilita la profesionalización docente al reemplazar concursos por designaciones directas. También alerta sobre riesgos para la autonomía institucional. La UNE considera que esto limita la independencia de las instituciones educativas.

En ese sentido, el gremio cuestiona que los planteles puedan convertirse en espacios de subordinación política. Defiende que deben ser entornos de pensamiento crítico y libertad pedagógica. Además, insiste en la necesidad de garantizar procesos transparentes. Para la organización, el respeto a la ley es clave para la estabilidad del sistema.

Finalmente, la UNE exige cambios inmediatos en la política aplicada. Solicita que se respete la LOEI y se retomen los concursos de méritos y oposición. También pide el cumplimiento de la sentencia constitucional vigente. Asimismo, demanda el fin de cualquier forma de control político en la educación pública.

Aguiñaga da inicio a la transición

• La transición administrativa con Carlos Encalada inicia este 23 de abril para asegurar obras.
• La funcionaria evitará pronunciarse sobre las críticas del exmandatario respecto a la terna.
• El plan incluye infraestructura en El Empalme y financiamiento con organismos internacionales.

Marcela Aguiñaga confirmó el inicio de una transición administrativa bajo un esquema de orden técnico tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto del Guayas. El proceso de traspaso de mando comenzará formalmente este jueves 23 de abril de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y financiamiento multilateral que actualmente ejecuta la institución

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La hoja de ruta técnica para la provincia

Ante la consulta de EXPRESO sobre el cronograma de salida, Aguiñaga detalló que la hoja de ruta para la nueva autoridad ya está trazada. El plan prioriza la preparación para el periodo invernal y la operatividad de la maquinaria pesada en verano. Entre las obras críticas se encuentran la infraestructura vial de Zapata, en el cantón El Empalme, y el Centro de Innovación Agropecuaria, proyecto gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La transición contempla que cada director de área presente el estado de los proyectos en marcha y las decisiones urgentes que deben tomarse. "Esta institución no solamente tiene grandes obras de infraestructura en construcción, sino también obras de financiamiento con organismos multilaterales", señaló la funcionaria, subrayando la necesidad de adquirir ayuda humanitaria y puentes Bailey para enfrentar posibles eventos climáticos.

Postura política y futuro personal

Respecto a los cuestionamientos emitidos por Rafael Correa sobre la conformación de la terna para la Viceprefectura, Aguiñaga descartó entrar en confrontación directa. "Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías. Respecto del señor Correa no tengo nada que decir", afirmó, remitiéndose a sus declaraciones previas difundidas en redes sociales.

La funcionaria dejará el cargo de forma definitiva el 15 de mayo de 2026 para enfocarse en la recuperación de la salud de su esposo y dedicar tiempo a su familia. Sobre su permanencia en el escenario público, mencionó un proceso de "reinvención" personal con proyectos que anunciará próximamente, haciendo un llamado a reducir la polarización política en el país.

Lo que debes saber

• Federación Médica Ecuatoriana inicia protestas en Quito por crisis del sistema de salud y falta de insumos.
• Médicos y pacientes protestaron realizaron un plantón frente al Hospital Pablo Arturo Suárez.
• Gremio denuncia despidos del MSP, cierre de quirófanos y más de 1.000 pacientes sin atención.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Santiago Carrasco, el coordinador del Área de Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, Juan Barriga y personal de esa casa de salud encabezaron una protesta junto a los pacientes la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 en los exteriores del centro hospitalario, ubicado en el norte de Quito, para reclamar por la falta de condiciones para brindar atención médica, una situación que se agravó por los despidos que ejecutó recientemente el Ministerio de Salud Pública (MSP).

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Barriga dijo que el plantón se realiza "porque no tenemos lo necesario para trabajar, hay pacientes de emergencia en lista de espera, la salud se está manejando sin seriedad, hay muchos políticos y no políticas de salud para mejorar la salud. Es el colmo, ya hemos tocado piso. Se cierran los quirófanos, no hay personal ni material para trabajar y piensan que los médicos no queremos trabajar, estamos en desacuerdo de cómo se maneja la salud".

El especialista aseguró que esta es la primera de otras protestas que se realizarán en otras casas de salud en el país. "Es el principio de una lucha gremial de salud a nivel nacional" para que el Gobierno adopte medidas que solucionen la crisis, aseguró. 

"Estamos indignados, ya no damos más. El ministro nombrado (Jaime Bernabé) debería estar acá y dar la cara a lo que está pasando en el sector de salud. Vemos pacientes aquí, de trauma que necesitan inmediata atención médica y el doctor no puede", añadió Carrasco.

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Médicos denuncian cirugías represadas

Según Barriga, en el Hospital Pablo Suárez existen más de 1.000 pacientes de traumatología, pero que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente porque los médicos fueron despedidos. "Tenemos pacientes de emergencias en lista de espera y lo más grave es que han comprado las cosas, son fracturados que están esperando porque no las podemos programar. Suspenden (las operaciones) porque no hay personal auxiliar, anestesiólogos, no hay enfermeras", explicó.

El directivo también aseguró que esa falta de personal ha provocado que, de las 75 camas del servicio de cirugía, solo funcionen 28. "El resto están vacías porque no hay personal, no dan quirófano y se dan el lujo de transferirlos a otro lado. Ayer ya se complicó, se agravó", manifestó al contar que en ese hospital han desvinculado a 10 médicos y a una persona de área administrativa.

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Dirigente da cifras de los despidos

Carrasco cuestionó el argumento del Gobierno respecto a que la supresión de los cargos se efectuaron para optimizar el presupuesto en el sector de la salud. "Es una locura decir que hay duplicidad, ¿cuál duplicidad si no hay enfermeras, si no hay médicos?" y contó que conoce que, hasta este miércoles, 160 integrantes del personal de salud han sido despedidos y que el objetivo sería desvincular a más de 900 hasta fines de abril.

Entre los participantes de la protesta también estaba el doctor Bolívar Santillán, médico desvinculado del hospital Baca Ortiz, quien aseguró que la grave situación no es solo del Pablo Arturo Suárez, sino de todos los hospitales a nivel nacional.

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"En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz no hay sueros para iniciar la quimioterapia a los pacientes con cáncer. La gerente también cerró, sin informe técnico, el área de Neumología y la convirtió en otra área. Con la salud de los niños no se puede jugar, basta de improvisaciones y exigimos el reintegro del personal cesado", resaltó.

La protesta de este miércoles se efectúa después de que la Federación dijo que se manifestará por la "crisis profunda de la salud pública, ver tanta muerte y enfermedad". Carrasco dijo que lo que se busca es que el Gobierno escuche a los especialistas, que designe a personas especializadas, que enfrenten la falta de gestión y la corrupción.

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Esto en referencia a que Daniel Noboa designó a Jaime Bernabé como nuevo ministro de Salud, una persona que tenía impedimento para ejercer cargos públicos en el Ministerio de Trabajo y que sería parte de una red empresarial, por lo que tendría conflictos de intereses. 

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Acceso restringido a bienes de funcionarios genera alertas de opacidad para la libertad de prensa

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El ente de control, durante la semana pasada, reabrió su portal web, pero con una novedad: los ciudadanos que buscan revisar el patrimonio, los cargos públicos u otros datos de un funcionario deben ingresar previamente información personal, un requisito que antes no existía para este tipo de consultas.

Pero esa no fue la única novedad. El portal ahora no expone información que antes era pública: no consta el año de la declaración ni datos como la fecha de ingreso o de salida del funcionario en una institución pública.

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Tampoco se detalla el desglose de bienes. Antes, el sistema permitía conocer con precisión el número de terrenos, casas o parqueaderos que poseía un funcionario, así como los años en que fueron adquiridos. Esa información ya no aparece: los datos se muestran de forma general.

¿Cuál es la posición de ADN en la Asamblea?

Un dato relevante es que la Asamblea tiene la capacidad de fiscalizar y una de las entidades sobre las cuales puede ejercer dicha facultad es, precisamente, la Contraloría. De hecho, el contralor general es una de las autoridades que puede ser sometida a juicio político por el Legislativo.

Sin embargo, para ADN no hay nada que se pueda hacer. Al menos eso se desprende de la posición de dos de sus asambleístas. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome (ADN), señaló que el cambio en la modalidad de consulta es una pregunta que se debería hacer a la Contraloría.

“Ese es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado. Creo que es importante que se lo pregunten a la autoridad correspondiente”, dijo Diana Jácome en una rueda de prensa este 22 de abril de 2026.

Sin embargo, fue el legislador Andrés Castillo quien aclaró la posición de ADN respecto al tema. Al ser consultado sobre el mismo asunto, señaló: “¿Yo le puedo preguntar algo sobre cómo maneja usted su medio. ¿Yo tengo soluciones sobre lo que usted maneja?”.

EXPRESO, en medio de una pregunta sobre el tema, recordó que una de las facultades de la Asamblea es precisamente la fiscalización. A esto, Castillo respondió: “Bueno. Lo que el señor contralor general del Estado decida es decisión de él”.

El correísmo pedirá la comparecencia del contralor

El correísta e integrante de la Comisión de Transparencia, Blasco Luna, también se refirió al tema. Dijo que la decisión marca un retroceso. “La información debe ser pública y transparente”, aseguró Luna.

Añadió que el acceso a esa información era importante, entre otras cosas, para saber en qué condiciones llegaba un personero público y en qué condiciones se iba del cargo ejercido. 

En ese sentido, Luna aseguró que pedirá que se trate el caso en la comisión de la cual es parte y solicitará, de forma escrita, la comparecencia del contralor Mauricio Torres.

Lo que debes saber

• Designación unánime: El Consejo Provincial eligió a Carlos Encalada como viceprefecto; el 14 de mayo asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
  
• Perfil técnico: Con trayectoria en el sector agroindustrial y gremial, Encalada se define como "apolítico" y centrará su gestión en vialidad, productividad y gestión de riesgos.
  
• Transición en marcha: El proceso administrativo inicia este 23 de abril, priorizando la presencia en territorio y el trabajo conjunto con las juntas parroquiales del sector rural.

El Consejo Provincial del Guayas designó a Carlos Encalada Villacís como nuevo viceprefecto este 22 de abril. La autoridad obtuvo el respaldo unánime de los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales durante la sesión extraordinaria, mecanismo ejecutado para solventar la ausencia de autoridades tras la salida del exviceprefecto Carlos Serrano.

La actual titular, Marcela Aguiñaga, notificó que la transición administrativa iniciará este jueves 23 de abril. Encalada, quien registra más de dos décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, tomará las riendas definitivas de la Prefectura a partir del 14 de mayo, fecha en que se cristaliza la renuncia de Aguiñaga al organismo provincial.

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Primeras palabras de Encalada

En su primera intervención oficial desde el auditorio del Gobierno Provincial, Encalada delineó las áreas de intervención inmediata. El funcionario entrante detalló que su planificación se enfocará en el sostenimiento de las vías y la ejecución de proyectos en territorio. "La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos; hay alertas de niños y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", explicó.

Ante la consulta de EXPRESO sobre su presunta afinidad con el Gobierno Nacional y un eventual blindaje de asesoría estatal, Encalada tomó distancia de los bloques partidistas y justificó su presencia en el recinto. "Soy apolítico, vengo de una línea aparte, del gremio, del trabajo y a eso nos dictamos. Agradezco a Marcela Aguiñaga por haberme considerado en la terna", respondió.

Guayaquil

Los últimos cartuchos de Marcela Aguiñaga antes de salir de la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

El funcionario agregó que el desarrollo de sus funciones demandará presencia en el campo para identificar los requerimientos del sector rural junto a los presidentes de las juntas parroquiales. Sobre el procedimiento normativo para conformar su propio equipo de trabajo, específicamente la terna para elegir a su respectivo reemplazo en la Viceprefectura una vez que asuma el despacho principal, indicó que el análisis del listado "tomará su tiempo".

Perfil del próximo prefecto del Guayas 

Encalada fundamenta su hoja de vida en la gestión privada y representación sectorial. Cuenta con el título en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad EARTH de Costa Rica.

En el ámbito corporativo, ejerce como Gerente de Producción en Surgesa S.A., entidad responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico. En materia gremial, lideró la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2026. Además, registra participación en la actual directiva del Club Sport Emelec.

Lo que debes saber

• Posible asilo: Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González solicite asilo en México, ante lo que califican como una persecución política tras su salida a Uruguay.
  
• Proceso judicial: La excandidata es investigada por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso ‘Caja Chica’, que incluyó allanamientos en enero de 2026.
  
• Contexto partidista: Mientras González cumple agenda internacional, la dirigencia de la Revolución Ciudadana confirma que el asambleísta Raúl Chávez ya se encuentra en México.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, no descartó que la excandidata presidencial Luisa González esté solicitando asilo político a México. Así lo manifestó durante una intervención en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Frente al hemiciclo de La Rotonda, donde se erige el monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, Rivadeneira señaló que la política actualmente se encuentra en Uruguay. Además, subrayó que González cumple funciones como secretaria de Relaciones Internacionales, en el marco de una agenda delegada por su organización.

Aunque evitó profundizar en el tema al señalar que “ella en su momento sabrá decir”, Rivadeneira insistió en que la excandidata ha sido objeto de persecución política. En esa línea, reiteró que cualquier decisión sobre un eventual asilo corresponde exclusivamente a la propia González.

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Investigación de la Fiscalía

Luisa González es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este proceso ha sido denominado como el caso ‘Caja Chica’.

En ese contexto, la vivienda de la exaspirante presidencial en Quito fue allanada el 28 de enero de 2026. En el mismo operativo, también fueron intervenidos los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

En diversas declaraciones, Luisa González ha sostenido que la investigación que ejecuta la Fiscalía responde a una persecución política. En ese contexto, ha insistido en que el proceso carece de sustento y tiene motivaciones ajenas al ámbito judicial.

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Chávez en México

Por su parte, Gabriela Rivadeneira informó que el asambleísta Raúl Chávez se encuentra actualmente en México. Según indicó, su permanencia en ese país responde a circunstancias vinculadas al escenario político actual.

Lo que debes saber

• Nataly Morillo confirma que Daniel Noboa pidió la salida de Inés Manzano para oxigenar el gabinete.
• El Gobierno anunciará al nuevo ministro de Energía y Ambiente el 30 de abril tras el cambio de ciclo.
• Salud: Morillo defiende a Jaime Bernabé y aclara que su posesión depende de verificar inhabilidades.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reveló que la salida de Inés Manzano de los ministerios de Ambiente y Energía responde a una necesidad de "oxigenar" la gestión estatal. Según la funcionaria, la decisión fue tomada directamente por el presidente Daniel Noboa, marcando el fin de un ciclo administrativo para Manzano. Morillo confirmó que el reemplazo oficial será anunciado el 30 de abril de 2026, cumpliendo con el cronograma adelantado por el mandatario en redes sociales.

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Noboa releva a Inés Manzano en medio de cuestionamientos por apagones

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Nuevos cambios en el Gabinete de Daniel Noboa

Durante una entrevista en Teleamazonas, la ministra Nataly Morillo enfatizó que en la administración pública existen etapas y que la salida de Manzano busca renovar las carteras estratégicas de Energía y Ambiente. La funcionaria ratificó que el Gobierno Nacional mantiene el control de la transición y que el 30 de abril se conocerán los nombres de los nuevos titulares.

La salida de Inés Manzano también se anunció en medio de los nuevos cuestionamientos al Ministerio de Energía por los apagones repentinos registrados en diferentes zonas de Ecuador. Asimismo, Manzano saldrá del ministerio bajo los cuestionamientos por la fallida contratación de generación eléctrica con Progen y ATM.

Inhabilidad de Jaime Bernabé en el Ministerio de Salud

Respecto a la polémica designación de Jaime Bernabé Erazo como ministro de Salud, quien registraba una deuda con el IESS, Morillo aclaró la situación legal del nombramiento. La ministra hizo una distinción técnica fundamental: "hay que diferenciar entre designación y posesión".

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Morillo defendió la elección asegurando que el nuevo ministro conoce la situación operativa a nivel nacional y restó importancia a las críticas, calificándolas como una situación de "palo porque bogas, palo porque no bogas".

Lo que debes saber

• Daniel Noboa nombró a Jaime Bernabé como ministro de Salud tras siete cambios en la cartera desde noviembre de 2023.
• Bernabé asumió el cargo el 20 de abril tras levantar impedimento por deuda con el IESS en Ministerio del Trabajo.
• Registros muestran vínculos empresariales del ministro con empresas de salud privada, clave en debate sobre conflicto de intereses.

En la figura del nuevo ministro de Salud, Jaime Ottón Bernabé Erazo, se resumen todos los vicios característicos de los nombramientos noboístas: evaporación en tiempo récord de impedimento para ejercer cargo público; conflicto de intereses (marca de fábrica del gobierno desde el día uno); escasa y poco edificante experiencia en el sector público; abundantes vínculos de negocios con el sector privado en el área que le toca administrar… 

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¿Quién es Jaime Bernabé?

Jaime Bernabé es el séptimo ministro de Salud de Daniel Noboa (contando con María José Pinto, que en realidad no debiera contarse porque es la nada absoluta) y bien podría decirse de él que es el ministro noboísta químicamente puro. En otras palabras: un peligro.

Siete ministros de Salud desde el 23 de noviembre de 2023 arrojan un promedio de poco más de cuatro meses y medio por ministro, cifra que habla por sí sola sobre la eficiencia del gobierno (o la falta de ella) a la hora de atacar uno de los problemas fundamentales del país. 

El hecho es que si Jaime Bernabé llegara, como ministro, a igualar ese promedio (los cuatro meses y medio) rompería su récord personal con creces. Hasta este 21 de abril de 2026, el único cargo directivo que ha ocupado en el sector público este intensivista graduado en la Universidad de Guayaquil es el de director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cargo en el que duró la fantástica suma de 27 días: del 2 al 29 de abril de 2024.

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La trampa descubierta de Bernabé

¿Por qué tan poco tiempo? Hay que decirlo con todas sus letras: por tramposo. Resulta que, pasadas tres semanas de su nombramiento, se descubrió que Jaime Bernabé había mentido en su declaración patrimonial ante Contraloría: él era accionista de una empresa proveedora de servicios médicos que tenía entre sus clientes al propio IESS (Medec Incorporated S.A., con sede en Panamá) y decidió no incluir ese dato en su declaración juramentada. 

Alguien lo averiguó, el directorio se autoconvocó en sesión extraordinaria y lo destituyeron por unanimidad, como correspondía. La pregunta es: ahora que ha sido nombrado ministro de Salud, ¿ha desaparecido ese claro conflicto de intereses?

No sólo que no ha desaparecido sino que se ha multiplicado. Verdad es que Medec Incorporated ya no figura a su nombre (no figura hoy, hay que decirlo, pero hasta el lunes a la medianoche aparecía en su historial, otra cosa es que la Superintendencia de Compañías lo haya borrado). 

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El historial empresarial del nuevo ministro

Sin embargo, sí aparece el nuevo ministro Bernabé como accionista en Interhospital, Interserad S.A., SEMESA-Servicios Médicos S.A., International Laboratories Services Interlab S.A. y Empresalud S.A., todas ellas activas, a las que hay que añadir cuatro empresas más cuya inscripción ha sido cancelada o se encuentran en disolución, más otras cuatro de las que fue apoderado o accionista (sin contar con Medec).

Todo lo cual traza el perfil no de un salubrista interesado en la salud pública, como se podría esperar del nuevo ministro de un país cuyo sistema de salud se encuentra colapsado entre la ineficiencia y las mafias, sino de un hombre de negocios acostumbrado a lucrar del sistema de salud sea cual sea su situación concreta.

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He ahí la persona a la que el presidente Daniel Noboa ha decidido entregar el Ministerio de Salud luego del fiasco de la vicepresidenta María José Pinto, que se hizo cargo de la cartera con la absurda propuesta de hacer primero un diagnóstico del sector (como si el sector no estuviera diagnosticado hasta el hartazgo) y, cinco meses después, no sólo que no lo había concluido sino que aseguraba que era inconcluible de alguna extraña manera. 

La polémica por el impedimento de Bernabé

Todo lo cual indica, sin mucho espacio para la duda, que el gobierno prioriza el negocio de la salud por sobre la solución de los problemas de la salud. De lo contrario habría elegido a un salubrista sin intereses en el sector privado y con vasta experiencia en el sector público.

Otra historia es la del impedimento para ocupar cargo público que el Ministerio del Trabajo registraba, según lo comprobó el noticiero de Ecuavisa, hasta las 15:30 del lunes 20 de abril. A esa hora, Jaime Bernabé aparecía como deudor del IESS. 

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Media hora después, a las 16:00, tenía todas su cuentas en orden y el impedimento había desaparecido. Un arreglo que habla con suficiente elocuencia de la inmoralidad absoluta de un ministro ruin: Harold Burbano mintió descaradamente cuando impedía que Alexandra Villacís ocupara el cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura, que legítimamente le correspondía, argumentando un impedimento que debía superarse mediante un largo, larguísimo, interminable trámite que podía durar meses. 

Ahora acaba de demostrar que basta media hora para arreglar la situación cuando la orden viene de arriba.

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En otras palabras: el trámite para eliminar un impedimento para ocupar cargo público es interminable cuando el impedimento se lo inventó el ministro pero es inmediato cuando el impedimento es real. 

La pregunta es qué recibe Harold Burbano a cambio de tan buenos y leales servicios.

La pregunta, ahora, es qué cabe esperar de Jaime Bernabé como ministro de Salud en circunstancias en que el sistema de salud colapsa entre la ineficiencia, la corrupción y las mafias que lo parasitan. 

El panorama es tan desolador que la respuesta más optimista, considerando sus antecedentes, es que ojalá no sobrepase los cuatro meses y medio de duración promedio de los ministros de esa cartera.

Lo que debes saber

• "Vaciamiento" patrimonial: La gestión de Carlos Cadena Asencio se caracteriza por un patrón donde empresas con activos millonarios (como los $ 4,79 millones en Zofragua o los $ 490 mil en Piacelo) terminan con balances en cero o repartos de fondos sin justificación técnica.
• Apoyo: A pesar de enfrentar denuncias por abuso de confianza y de haber sido removido por la Superintendencia de Compañías por incumplimientos graves (como operar sin planes de trabajo ni notificar a socios), ha logrado mantenerse como liquidador de varias compañías como Veranera S.A. 

Una resolución de la Superintendencia de Compañías revela, con detalle, las irregularidades en el manejo de Zofragua S.A., mientras tenía como liquidador a Carlos Cadena Asencio y donde casi 5 millones de dólares se esfumaron antes de que la empresa fuera cancelada con "patrimonio cero".

La actuación de Cadena Asencio, un contador de profesión, queda descrita, con detalle, en la resolución SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. Según la entidad de control, Cadena Asencio recibió en 2019 la gestión para la liquidación de Zofragua S.A., una empresa que logró ganar una sentencia por $ $4.793.769,42 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

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Sin embargo, el dinero nunca llegó a las cuentas de la compañía para pagar a sus acreedores. El liquidador Cadena Asencio informó que el monto fue cobrado directamente por un procurador judicial, pero no presentó ni un solo registro contable o soporte documental del ingreso. Por el contrario, el liquidador firmó un acta de mediación reconociendo una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin presentar una justificación técnica y sin factura, por lo que dejó a la empresa en la quiebra absoluta.

El 11 de julio de 2023, Cadena Asencio empleó una maniobra contable que borró millones de Zofragua S.A. de un plumazo. Presentó un balance con saldos en cero (activos, pasivos y patrimonio) justificando que había eliminado activos y pasivos por más de $ 3,6 millones simplemente por 'no tener evidencia' de ellos. Sin embargo, no entregó ni un solo documento que explicara cómo desaparecieron esos millones que la empresa había reportado oficialmente hasta 2010.

Al final del proceso, el liquidador solicitó la cancelación de la compañía alegando que el patrimonio era de cero dólares, dejando en la indefensión a los accionistas, entre estos la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

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En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador, porque entre otras anomalías, había trabajado cinco años en la compañía sin un plan de trabajo, sin ejecutar publicaciones de llamamiento a acreedores, sin presentar documentos, etc.

Un operador en casos de alto impacto

La figura de Cadena Asencio ya no es nueva. Su nombre saltó al radar al ser nombrado liquidador de Veranera S.A., la pieza clave en la disputa por las acciones de GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), y tras presentar una denuncia por asociación ilícita en contra de los directivos de GRANASA, a los que acusa de asociarse para perjudicarse a sí mismos.

Pero su historial como "liquidador de confianza" se extiende a otros nombres sensibles:

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Las denuncias contra Carlos Cadena

Cadena ha logrado mantenerse como liquidador para diversos procesos, a pesar de la acumulación de denuncias penales. Una denuncia de marzo de 2022 es por un presunto abuso de confianza y malversación de fondos de una compañía que estaba intervenida: Piacelo S.A. 

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La denuncia revela que Cadena, en su rol de liquidador, habría convocado a una "junta extraordinaria" el 23 de noviembre de 2020 a las 08:00, sin notificar legalmente a uno de los dos socios. En esta reunión, descrita como una "junta fantasma", Cadena y otro accionista dispusieron de $ 490.896,33 provenientes de la venta de un inmueble y que se encontraban en una cuenta. Acordaron repartir el dinero sin informar ni entregar un solo dólar al segundo accionista, que además, tenía derecho al 50 % de los fondos.

Carlos Cadena Asencio también es representante de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Valeria Alvear

Los documentos judiciales de un proceso de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito, señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares declarados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos".

El silencio del implicado

Esta redacción solicitó, vía correo electrónico, una versión a Carlos Cadena Asencio para contrastar los hallazgos de la Superintendencia y sus antecedentes judiciales por abuso de confianza. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta. La pregunta que queda en el aire para los organismos de control es simple: ¿Quién supervisa a los liquidadores?

Lo que debes saber

• El veedor Guido Egas denunció amenazas por parte del representante del Ejecutivo en la Comisión del concurso para fiscal general.
• Egas responsabiliza al Gobierno del presidente Daniel Noboa por su seguridad por cuestionamientos a José De La Gasca.
• La Comisión Ciudadana de Selección inició este 21 de abril de 2026 la fase de calificación de méritos del concurso.

Guido Egas, coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado, denunció este 21 de abril de 2026 amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso y representante de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue sorteado para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

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Concurso para Fiscal General: estos son los 28 postulantes que pasan a calificación de méritos

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Veedor denuncia amenazas de representante de Noboa

A través de sus redes sociales, Egas denunció que Flores Brandt lo habría amenazado después de la sesión de la Comisión Ciudadana de Selección en que se sorteó los expedientes de los 28 postulantes a fiscal general del Estado admitidos. "De forma amenazante me dijo 'una cosa es aquí y otra es afuera'", comentó el veedor ciudadano.

Egas también señaló que frente a esta amenaza "responsabilizo al gobierno del presidente Daniel Noboa mi seguridad y la de los veedores ciudadanos". Recordó, además, que "pueden tener el poder, pero es efímero. Demuestren su imparcialidad y califiquen con objetividad".

Sospechas en sorteo de los expedientes de De La Gasca y Alarcón

El coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, también cuestionó que los expedientes del exministro José De La Gasca y del actual fiscal general del Estado (s), Carlos Alarcón, hayan recaído sobre el representante del Ejecutivo en la Comisión Ciudadana de Selección.

"El comisionado del Gobierno, (David) Flores , luego de los reclamos por sorteo que de "casualidad" le dio la calificación de méritos a los postulantes De La Gasca y Alarcón, me amenazó. No me van a callar, es todo un gran fraude este concurso", comentó el veedor Egas.

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Concurso Fiscal General 2026: Así quedó el sorteo de los expedientes de los 28 postulantes

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Los expedientes que revisará el representante del Ejecutivo

Durante el sorteo de los expedientes de los postulantes para fiscal general del Estado para la calificación de méritos, la plataforma tecnológica utilizada por la Comisión Ciudadana de Selección sorteó a David Flores Brandt los siguientes expedientes:

Guayaquil

Los últimos cartuchos de Marcela Aguiñaga antes de salir de la Prefectura del Guayas

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Los alcaldes y delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales y parroquiales de la provincia emitieron su voto público sobre la terna enviada por el despacho ejecutivo. El listado estaba conformado por Otton Lara, Gustavo Heinert y Carlos Encalada.

Los tres perfiles están vinculados al sector agroproductivo. Sin embargo, previo a la instalación de la sesión, la postulación de Encalada ya se perfilaba en los cabildeos políticos como la principal opción legislativa para suceder a Serrano.

Asi se eligió al futuro prefecto

El mecanismo de designación responde a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Al registrarse la ausencia definitiva del prefecto y viceprefecto, y restando menos de un año para culminar el periodo de gestión ordinario, la ley prohíbe convocar a un nuevo proceso de elecciones populares.

En su lugar, el marco legal determina que el Consejo Provincial asume la competencia de elegir al reemplazo de una terna presentada por el Ejecutivo provincial. El funcionario que resultó electo en la sesión de hoy ocupará formalmente la Viceprefectura y, una vez que se haga efectiva la salida de Aguiñaga el 14 de mayo, será quien asuma la titularidad de la Prefectura, garantizando la operatividad de la entidad y la firma de contratos hasta el cierre del periodo en 2027.