Pesimismo ante la inestabilidad

• Habitantes de la provincia perciben un abandono institucional frente a la ausencia de sus líderes electos.
• Gremios productivos temen que los cambios repentinos afecten la continuidad técnica y asfixien al agro.
• Expertos analizan cómo el escenario de comicios anticipados distrae la atención de las prioridades locales.

Qué difícil parece gobernar en el Guayas, y así lo siente su gente. Queda un año de administración para las autoridades electas, pero no están. Pasa en Durán, con un alcalde que sesiona por Zoom, empujado por la violencia intrínseca del cantón ferroviario.

No hay un líder cerca

Aquí, Anky Arce, quien ejerce en medicina, describe que abandono es la palabra apropiada. “Como sabrás, Durán tiene muchos problemas, respecto a la escasez de agua, lo peligroso que está el cantón; súmale el hecho de no tener un representante, es como que no hay nadie que resuelva”, manifiesta.

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez está preso. Su ausencia extendida ha motivado un pedido de remoción que sigue su curso, y apunta a que asuma la vicealcaldesa Tatiana Coronel de forma definitiva. Ella asegura que la planificación continúa, pero las constantes manifestaciones políticas, que se han instrumentalizado desde el Municipio, no son bien recibidas por algunos, como Francisco Orellana, quien reside en el suroeste de la ciudad.

“Tenemos puestos vacíos, que se intentaron llenar con promesas. Es una situación irreal y no antes vista. Espero que con las elecciones podamos elegir verdaderos líderes y no pantomimas y politiquería”, dice, apuntando a las votaciones seccionales adelantadas para el 29 de noviembre.

Ángel Jiménez, líder comunitario y administrador en el sector turístico hotelero de la urbe, también opina del caso : “Es lamentable para la Alcaldía, y para nosotros saber si caminamos con un horizonte o no. Más lamentable es que el Concejo le dé más largas al asunto, aprovechando que la mayoría es del partido de él. Claro que su situación penal es complicada, pero el Sillón de Olmedo no puede esperar”.

Y lo más reciente, la renuncia del binomio ganador en 2023 para la Prefectura. A elección unánime de todos los representantes de los GAD, se posesionó a Carlos Encalada como el viceprefecto que asumirá como titular en menos de un mes. Consenso entre autoridades, pero no es un líder escogido por voto popular.

El peso de la inestabilidad en el agro

Frente a esta coyuntura, José Luis García, representante de la Coordinación para el Comité de Defensa del Agricultor, refleja la incertidumbre productiva. Sobre el inminente relevo en la Prefectura del Guayas, García es cauto. Reconoce que Encalada es ganadero, pero advierte sobre su inexperiencia administrativa.

“Muchas personas del área privada fracasan en lo público. Lo lógico es que Encalada ratifique a los funcionarios que están”, señala. Para él, Marcela Aguiñaga dejó la “vara alta” y un vacío evidente. Su gestión sí llegó al verdadero agricultor con el censo agrícola y kits de fertilizantes.

Pero la preocupación de García trasciende el tema de la Prefectura. La inestabilidad local choca con las políticas económicas del Gobierno central, asfixiando al agro. “La principal preocupación es la inestabilidad que ha generado el Gobierno con los precios de sustentación”, afirma. A esto suma las altas tasas de interés por encima del 17 % y acuerdos comerciales que exponen a sectores agrícolas.

La inseguridad jurídica ha hecho que el agricultor deje hasta de sembrar para cuidar su negocio. No hay política seria y la inversión huyeJosé Luis García

El análisis desde la academia

La visión gremial encuentra eco en la academia. El vacío de poder, a un año de cerrar las gestiones seccionales, golpea la operatividad. Robert Friend, abogado y docente de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explica que el mayor riesgo es perder la normalidad operativa.

"La autonomía exige presencia institucional, coordinación y continuidad. Cuando una administración local se somete a procesos de remoción, quien termina asumiendo el costo (...) es la ciudadanía".Robert Friend

Estefanía Luzuriaga, docente investigadora de la Universidad Casa Grande, añade que esta situación agudiza la crisis institucional. Para la experta, el caos tiene un efecto distractor. “Centra la atención en un escándalo político que genera mayores distancias entre el ciudadano y sus gobernantes”, argumenta. Luzuriaga precisa que la pugna interna desgasta recursos y frena decisiones estratégicas. “La gente siente que problemáticas como servicios o inversión social quedan en segundo plano frente a los conflictos de las autoridades”, puntualiza.

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A la par, Manuel Balda, director de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, alerta del impacto severo en la gestión técnica. Cambiar autoridades a mitad de año dificulta ejecutar proyectos vigentes y entorpece la planificación para 2027. “Al ser un año electoral el próximo, el presupuesto se prorroga. Las autoridades que recién llegan harán la planificación al apuro. Tendrá un impacto doble, tanto para este año como para el próximo. Esta inestabilidad es bastante negativa para el funcionamiento ordinario”, analiza.

¿Mejorará el panorama en lo que resta del año? La academia es pesimista. El adelanto de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre contamina cualquier estabilización. Friend advierte que si la confrontación política y la campaña anticipada absorben a los gobiernos locales, la inestabilidad se agravará. “Ese escenario distrae a la administración de lo prioritario: cerrar obras, atender emergencias y ejecutar presupuestos”.

Balda concluye tajante: “No se retomará un curso de normalidad. Debido al complejo contexto electoral, los políticos están mucho más preocupados en sus estrategias y candidaturas que en la gestión pública pura. La inestabilidad en la provincia permanecerá y se agravará irremediablemente”

Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

Internacional

Israel y Líbano prorrogan la tregua, las conversaciones EEUU-Irán siguen estancadas

Agencia AFP

A pocos sorprenden las críticas y los comentarios despectivos vertidos por el mandatario estadounidense sobre el hijo menor del rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle. Pero parecía que entre ellos había una tregua. Hasta que el jueves 23 de abril de 2026, el duque de Sussex ofreció una conferencia de seguridad en Ucrania con palabras dedicadas a Trump y a su homólgo ruso, Vladímir Putin.

Trump responde a Enrique de Inglaterra

“Este es un momento para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, dijo Enrique.

Horas después, Trump reaccionó en la Casa Blanca con la vehemencia que lo caracteriza. “De una cosa estoy seguro: el príncipe Enrique no habla por el Reino Unido. Creo que yo represento más al Reino Unido que el príncipe Enrique. Pero aprecio su consejo”.

Antecedentes entre Trump y los duques de Sussex

La difícil relación entre Trump y el duque de Sussex no es nueva. El mandatario ya había emitido comentarios sobre Meghan Markle y sobre su situación migratoria en Estados Unidos.

Todo parece remontarse a 2023, cuando la Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense creada en 1973, cuestionara la legalidad de la concesión de la residencia al príncipe luego de que este admitiese haber consumido drogas en uno de los capítulos de su biografía En la sombra.

Dos años después, Trump descartó una posible deportación del príncipe, pese a cuestionamientos sobre su visado. “Ya tiene suficientes problemas con su mujer, es terrible”, alegó.

Entretenimiento

La estadía del Principe Harry en Estados Unidos está en peligro

Kristhel Benavides Lara

Meghan Markle Vs Trump

Meghan Markle también ha tenido diferencias públicas con el presidente. Antes de convertirse en miembro de la realeza británica (2018) lo calificó de "misógino" y "polémico".

Como era de esperarse el ahora presidente de Estados Unidos, en 2019, durante una visita a Londres, se refirió a ella como “antipática” y “desagradable”. 

“No soy fan de ella... Le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar”, aseguró luego sobre la exactriz, quien en 2018 y 2021 formara parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

Ecuador

Donald Trump se refiere a Meghan Markle como “horrible”

Redacción Expresiones

La visita de Carlos III a Estados Unidos

El cruce de declaraciones ocurre antes de la visita oficial de Carlos III y Camila a Estados Unidos, programada para el 27 de abril.

El encuentro incluye una reunión con Trump en la Casa Blanca y actividades en Washington, Nueva York y Virginia. La visita busca conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según lo previsto, no se contempla un encuentro entre el rey y su hijo durante esta gira, un tema que siempre despierta la atención mediática.

Lo que debes saber de este seguimiento

• Tampoco se muestran fechas de ingreso o salida de cargos, claves para detectar incrementos patrimoniales.
• El sistema sigue exigiendo datos personales para acceder a información que antes era pública y directa.
• Organizaciones de la sociedad civil exigen que se eliminen restricciones.

Aunque el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible tras los fallos registrados en días anteriores por un supuesto ataque informático, el acceso a la información pública no ha sido restituido en su totalidad y su titular, Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien asumió el cargo con un discurso de transparencia, no ha dado la cara a pedidos de entrevista de EXPRESO.

(Le puede interesar: Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque)

El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, es decir, información pública. Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió, pero a medias: retiró la marca de agua que hacía casi imposible leer los montos de los bienes y desbloqueó el desglose de las propiedades. 

Sin embargo, hasta la tarde de este 24 de abril se mantiene oculto el año al que corresponden las declaraciones y las fechas de ingreso y de salida del cargo que ocupó el servidor público. Esto era visible hasta hace unas semanas.

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Otro de los principales obstáculos es que los ciudadanos deben seguir ingresando información personal para acceder a los datos, un requisito que antes no existía en este sistema de consulta pública.

Sin fechas, no hay trazabilidad del patrimonio

La falta de estos datos impide realizar un seguimiento adecuado del patrimonio de los servidores públicos. El año de cada declaración es un elemento esencial para identificar variaciones en los bienes declarados a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si un funcionario inicia su gestión con un patrimonio de $ 200 mil y la concluye con $ 1,5 millones, ese incremento solo puede ser identificado como una alerta si se conoce con precisión cuándo fueron presentadas esas declaraciones.

Sin esa referencia temporal, el análisis se vuelve incompleto. La información pierde contexto y limita la posibilidad de detectar posibles irregularidades o incrementos injustificados.

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Un impacto directo en la transparencia

Estos vacíos generan una afectación directa a la transparencia, a la contraloría social, como lo definen organizaciones que promueven la fiscalización del poder público.

En la última década, se han registrado varios intentos por restringir el acceso a este tipo de información pública. La situación actual se suma a ese historial y vuelve a colocar en debate el alcance real del acceso ciudadano a los datos de los funcionarios, quienes sí deben estar en el foco del escrutinio ciudadano.

Las limitaciones no solo afectan a los ciudadanos en general, sino también al periodismo de investigación y a los activistas que realizan seguimiento al uso de recursos públicos.

Este escenario cobra mayor relevancia en contextos clave, como los procesos de selección de autoridades. Actualmente, por ejemplo, está en marcha la designación del Fiscal General del Estado, y en los próximos meses se desarrollarán procesos para elegir autoridades seccionales.

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Las claves del caso

• El retorno de Bianca Salame al Municipio ha generado reacciones en redes sociales, especialmente tras la difusión de un video en el que promociona un evento de ProAnimal fuera de la ciudad.
  
• La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó al Municipio un informe detallado sobre un evento de ProAnimal realizado en Samborondón.

La promoción de un evento por parte de la Dirección ProAnimal del Municipio de Guayaquil en Samborondón ha generado cuestionamientos políticos. La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.

La inquietud surge tras la difusión en redes sociales oficiales de una convocatoria para un acto en el km 2.5 de la vía Samborondón. Según la edil, esto genera “legítimas preocupaciones sobre el uso de recursos públicos municipales” y la planificación territorial.

Municipio de Guayaquil: cuestionan acto de ProAnimal fuera del cantón

En el documento enviado, Chóez señala que la promoción del evento se realizó bajo la identidad institucional del Municipio de Guayaquil, incluyendo el eslogan “#AsíSeHaceGuayaquil”.

La concejala solicita un informe detallado que incluya:

Guayaquil

Municipio de Guayaquil: cuestionan a Bianca Salame por evento de ProAnimal en Samborondón

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El cuestionamiento central gira en torno a si una entidad municipal puede desarrollar actividades fuera de su jurisdicción sin un sustento legal claro. La edil advierte que esto podría implicar una mala priorización de necesidades dentro de Guayaquil.

Hasta el momento, la alcaldesa Tatiana Coronel no ha emitido una respuesta pública sobre este requerimiento.

¿En qué consiste el evento?

El acto está previsto entre las 10:00 y 11:30 en el kilómetro 2.5 de la avenida Samborondón. En el video promocional se escucha: “Ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida. Yoga con gatos, porque a veces la calma llega con bigotes”.

FirmaEC está caído

• FirmaEC registra indisponibilidad para la rúbrica y validación de archivos.
• Mintel autoriza el uso de aplicaciones externas con certificados acreditados.
• El envío de los oficios debe realizarse manualmente mediante el sistema Quipux.

Los servicios de firmado y validación de documentos de la plataforma estatal FirmaEC registran una indisponibilidad temporal debido a ajustes técnicos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) confirmó la caída del sistema este viernes 24 de abril de 2026, lo que frena el flujo regular de la gestión documental pública a nivel nacional.

Política

Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado

Carlos Isaac Pino

Contingencia y uso del Quipux

La paralización de FirmaEC obliga a funcionarios y ciudadanos a buscar métodos alternativos para no detener las actividades institucionales. Según la cartera de Estado, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento del servicio, pero no se ha emitido un tiempo estimado para la normalización de la plataforma.

Ante la falla, el Mintel habilitó un procedimiento de contingencia amparado en el Acuerdo Ministerial 17-2020. 

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Correísmo denuncia negligencia en el Teodoro Maldonado

• Asambleísta denuncia daños por 28.4°C en cámara de frío del IESS.
• Fármacos para el cáncer y la diabetes habrían entrado en cuarentena.
• La legisladora exige una auditoría urgente a la Contraloría General.

La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, denunció públicamente una presunta negligencia administrativa en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, que, según publicó, habría provocado la pérdida de medicamentos oncológicos y biológicos.

Política

Comisión del concurso para fiscal general opera incompleta y bajo cuestionamientos

Rosero Mariela

Documentos publicados en X

Según la alerta emitida por la legisladora, el pasado 20 de abril de 2026 se habría registrado una ruptura en la cadena de frío de la cámara número uno de la casa de salud, elevando la temperatura a 28.4 grados centígrados. Esta situación, advierte Correa, expuso a cientos de fármacos vitales a su degradación y pérdida de eficacia terapéutica.

La denuncia legislativa hace eco de lo que detallan supuestos documentos internos del Teodoro Maldonado Carbo. Según el memorando IESS-HTMC-DT-2026-0847-M, fechado el 23 de abril, la administración del sanatorio ya sugiere que el Comité de Farmacoterapia evalúe la "estabilidad, seguridad y posible uso" o la inmovilización definitiva de los productos que perdieron la temperatura adecuada.

Asimismo, a través del oficio IESS-HTMC-GG-2026-2318-M, la gerencia general exige a las áreas de Mantenimiento y Farmacia un informe técnico que explique la causa raíz de la falla de la cámara de frío ocurrida el 20 de abril.

De acuerdo con el listado expuesto en la denuncia, los medicamentos que se encontraban almacenados en el área afectada son:

Pedido de fiscalización al IESS

Frente a la gravedad de la situación y la escasez generalizada en el sistema de salud pública, Correa catalogó el hecho como una "negligencia administrativa" que interrumpe tratamientos de vida o muerte.

La asambleísta confirmó que iniciará procesos formales de fiscalización desde el Legislativo y que solicitará de inmediato a la Contraloría General del Estado la apertura de un examen especial urgente para determinar las responsabilidades por la supuesta falta de mantenimiento de los equipos médicos.

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Sin embargo, el concurso avanza con vacíos en su propia estructura. Aún no se califica a quienes deben reemplazar a Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, quien renunció el 23 de febrero a su cargo como comisionada principal. 

El 4 de marzo se dispuso la principalización de Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés como delegado de la Corte Nacional de Justicia, pero su incorporación efectiva sigue pendiente.

Asimismo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, remitió el 19 de marzo los nombres de sus nuevos delegados —Eliana Jaramillo Loayza y Luis Flores García—, sin que hasta la fecha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya concluido su calificación.

El proceso también enfrenta cuestionamientos desde la veeduría ciudadana. Guido Egas, coordinador, denunció presuntas amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión y delegado de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue designado por sorteo para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

Renuncias de veedores

Las tensiones y los desacuerdos en torno a la transparencia del concurso para la selección del Fiscal han impactado directamente en la veeduría. 

El 2 de abril de 2026 renunciaron su coordinador, la subcoordinadora y siete integrantes adicionales. Días después también dimitió el secretario, Julio Aguilar, lo que profundiza la inestabilidad en uno de los mecanismos clave de control del concurso.

Contexto sobre candidatos

El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe. Analizó los perfiles de los 75 postulantes. 

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Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

La sesión se desarrolló la tarde del 23 de abril, luego de que los consejeros escucharan las propuestas de los tres postulantes: Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo. En su intervención, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional, con énfasis en blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Perfil académico y trayectoria judicial

Mercedes Caicedo Aldáz es una jurista con sólida formación en el ámbito penal y criminológico. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su experiencia profesional se respalda en años de ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

En la Función Judicial ha ocupado cargos de relevancia. Fue jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia y conjueza en la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. Ha emitido sentencias en los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

Un relevo marcado por la crisis institucional

La llegada de Caicedo a la presidencia de la Judicatura se da en medio de una crisis y cuestionamientos. Mario Godoy, designado inicialmente para el periodo 2025-2031, fue censurado y destituido tras denuncias de presunta injerencia en decisiones judiciales. El exjuez anticorrupción Carlos Serrano señaló presiones en el caso Euro2024, lo que derivó en un juicio político impulsado en la Asamblea Nacional.

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Durante ese proceso, Damián Larco asumió como presidente encargado, aunque la decisión generó polémica porque la vocal suplente Alexandra Villacís debía ocupar el cargo. Villacís enfrentó un impedimento administrativo para ejercer funciones públicas y, pese a una sentencia constitucional que ordenaba rectificar la información, finalmente renunció.

Por ahora el mayor reto de Caicedo será implementar las reformas propuestas y garantizar que la independencia judicial prevalezca frente a presiones políticas y casos de corrupción.

La sesión del CPCCS arrancó pasadas las 15:00. Fue convocada después de que el 22 de abril de 2026, los consejeros escucharan los planes de trabajo de los tres aspirantes. Ese día intervinieron Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo.

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En su exposición ese día, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional orientado a blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Durante el tratamiento del punto fue la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez la encargada de mocionar a Caicedo como vocal principal y a Ramón Echaiz como vocal suplente

Enríquez dijo ante el Pleno que los planes de ambos vocales ahora designados se complementaban. Además, sobre la nueva presidenta de la Judicatura, Enríquez señaló que contaba con una base sólida, tanto en conocimiento como experiencia, para asumir la vocalía principal.

Dos votos en contra

Sin embargo, la decisión no se tomó con el voto unánime del Pleno del CPCCS. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra. La segunda argumentó que había presentado reparos desde el inicio del proceso. 

Entre los cuestionamientos, Curán habló de que la unificación de los procesos no garantizó la separación correcta de las etapas. Además dijo que la Comisión Técnica se extralimitó en sus funciones y eso puede ser considerado un motivo de nulidad del proceso.

¿Quién es Mercedes Caicedo?

Caicedo Aldáz es una jurista con formación especializada en el ámbito penal y criminológico, respaldada por un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su perfil académico se complementa con su ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

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En el ámbito profesional, ha ocupado cargos clave dentro de la Función Judicial. Se ha desempeñado como jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia, así como conjueza en esa misma instancia, dentro de la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

¿Por qué se designó un nuevo vocal principal para la Judicatura?

Mario Godoy fue designado como vocal principal y presidente de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Sin embargo, enfrentó cuestionamientos por su presunta injerencia en decisiones judiciales, denunciadas por el exjuez anticorrupción Carlos Serrano.

Este último señaló a Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy, como la persona que lo presionó en el caso Euro2024, por el delito de lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El caso llegó hasta la Asamblea Nacional, donde el correísmo impulsó un juicio político. Al final, Godoy fue censurado y destituido. Durante ese proceso ya había solicitado licencia y, en una polémica sesión del Consejo de la Judicatura, esa instancia designó como presidente encargado a Damián Larco, exdirector del SRI del Gobierno de Daniel Noboa.

La decisión generó cuestionamientos porque a quien le correspondía asumir el cargo era Alexandra Villacís, vocal suplente designada y posesionada por la Asamblea. Cuando debía hacerlo, en el Ministerio del Trabajo apareció un impedimento para ejercer cargo público.

Villacís inició un proceso para demostrar que dicho impedimento no existía. Aunque hubo una sentencia constitucional que ordenaba al Ministerio rectificar esa información en su sistema, la cartera presidida por Harold Burbano no lo hizo. Finalmente, Villacís renunció al cargo de vocal suplente.

Política

CIP cuestiona criterios sobre intervenciones societarias en Ecuador

Flor Layedra Torres

El directivo e hijo del fundador de los medios, Galo Martínez Merchán, participó este viernes 24 de abril de 2026 en el panel Más allá de los tribunales: mecanismos complejos para asfixiar al periodismo, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

En ese espacio denunció una estrategia de presión que, a su juicio, se articula desde el poder central mediante actores institucionales y campañas digitales.

Galo Martínez Leisker anotó que las acusaciones son burdas y mal sustentadas. Primero se habló de un supuesto proceso de defraudación tributaria relacionado con los canillitas, basado en un cálculo erróneo: sumaban el valor de las facturas en lugar de restarlo, y sostenían que no se había declarado un ingreso que en realidad correspondía a pagos a GRANASA.

Después cambiaron el tipo penal a una acusación por presunto lavado de activos que permanece congelado en la Fiscalía. Cuando se piden pruebas, detalló, se responde que son documentos reservados. 

"No ocurre solo con nosotros, sino también con otros medios de comunicación, y al final no importa si es cierto o mentira, es un tema judicial".

Lo que enfrenta la prensa, GRANASA no baja la guardia

"Aquí ha sido el Gobierno central el que arma, a través de diversos personajes, en este caso el Director de la UAFE. Tienen mucho dinero para mantener medios digitales, a los que les dicen trolles y crean bulos contra la empresa", apuntó Galo Martínez Leisker.

Asimismo recordó que se acusó a GRANASA de defraudación tributaria en relación con los canillitas, a lo que han respondido de forma sistemática, en nuestras páginas, sin bajar la guardia”, sostuvo.

Galo Martínez Leisker enfatizó: "Hemos tenido una política de contestar todo en el periódico y no bajar la guardia porque creo que es importante transmitirle a la gente que estamos dispuestos a pelear".

Justicia

Luis Cabezas Klaere sobre el caso GRANASA: ¿qué es verdadero, falso y engañoso?

Richard Josue Jimenez Mora

"Me preguntaron si iba a regresar a Ecuador"

Martínez Leisker asegura que el caso evolucionó de una acusación por defraudación tributaria a una por presunto lavado de activos. “Cuando se produjo ese cambio de tipo penal, yo estaba en España. Algunos amigos me llamaron a preguntar si iba a regresar y les dije por supuesto. Tenía la oportunidad de rendir versión telemáticamente desde Guayaquil, donde vivo, y preferí ir a Quito y enfrentar a la Fiscal", relató.

También el presidente ejecutivo de GRANASA cuestionó la intervención de la Superintendencia de Compañías. “Se hicieron de acciones que pertenecían a mi hijo, equivalentes al 2,56%. Ese porcentaje les permite asistir a juntas y solicitar cierta información, pero no justificar requerimientos que corresponden a accionistas con al menos el 50%”, afirmó.

"A mi hermana le quisieron arrebatar sus acciones"

Ante la SIP, Galo Martínez Leisker recordó que a su hermana Ingrid le quisieron arrebatar acciones en la casa editorial que su padre fundó. 

"En una crisis de nervios le dijo a mi hijo, Gabriel Martinez, te vendo las acciones. Y desde el viernes 27 de marzo, el nuevo accionista es él, más capacitado para enfrentar procesos judiciales. Pero también es un desgaste porque los abogados cuestan. También dimos asistencia a los canillitas y a los distribuidores. Contratamos a Ernst & Young".

Sobre el rol de ciertos sectores ante casos que atentan también contra la libertad de empresa

Galo Martínez Leisker señaló, en el panel organizado por la SIP, que le parece bien buscar ayuda externa, como dijeron otros directivos de medios de comunicación. Pero, considera que los empresarios de cada país deberían valorar la importancia de una prensa independiente.

"Son grupos muy importantes y que se pueden hacer sentir en cualquier Gobierno".

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Roberto Aguilar

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A un año de la nueva Asamblea, el correísmo refirma su oposición total a iniciativas de ADN

Daniel Alejandro Romero Páez

La sesión del Pleno fue convocada de manera virtual, como ya es habitual durante los viernes en la actual Asamblea. 

El único punto en el orden del día, establecido por la presidenta encargada del Parlamento, Mishel Mancheno (ADN), es: “Conocer y resolver el oficio N.º 1322-SSPPMPPTCNJ-2026-CJ, de 27 de marzo de 2026, suscrito por Rosa Japón, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia”.

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Dicho oficio se refiere a la querella interpuesta por el coordinador de la bancada correísta, Juan Andrés González, en contra de Jácome.

En la acción presentada por González se lee: “La conducta atribuida configura la contravención de calumnia prevista en el artículo 182 del COIP, al haberse realizado una falsa imputación de delito en contra del querellante, mediante expresiones públicas que lo asocian con hechos delictivos y con una persona sentenciada penalmente, sin existir proceso, investigación ni sentencia en su contra”.

Jácome está consciente de que no existen los votos

La mañana de este 24 de abril, Jácome convocó a una rueda de prensa para referirse al levantamiento de su inmunidad. Puso énfasis en que la decisión debe tomarse con 101 votos del Pleno.

Un elemento clave es que ni ADN ni el correísmo cuentan con la mayoría calificada (101 votos), por lo que dar paso a este tipo de pedidos resulta inviable. 

Jácome dijo que estará presente en la sesión y recordó que “la norma establece que se necesitan 101 votos para levantar la inmunidad de cualquier legislador”.

Doble estándar en el tratamiento de los pedidos de la Corte de Justicia

Jácome señaló que el orden del día con el que se convoca a una sesión no le corresponde. Lo dijo en referencia a que, en su caso, la Presidencia de la Asamblea sí decidió convocar al Pleno para tratar el tema.

Juan González, por ejemplo, enfrentará una querella presentada por una asambleísta después de que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, decidiera no incluir ese punto en el orden del día. Con ello se cumplió el plazo otorgado para una respuesta y la Corte dio por entendida una decisión favorable para avanzar con el proceso judicial.

El correísmo reaccionó a esta decisión. El asambleísta Franklin Samaniego señaló que Olsen no entiende que es presidente de la Asamblea y no de un movimiento político. 

“Tener dos pedidos en las mismas condiciones y que a uno se le dé el tratamiento que corresponde y a otro no implica que pone por delante el odio que le hace daño al país”.

“Quito por el cambio. Doctor Alejandro Guevara, precandidato a la Alcaldía por la tercera vía”, escribió Gutiérrez en su perfil de la red social X. Allí, de forma indirecta, también arremetió contra otros precandidatos al mismo cargo.

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“Ni los unos ni los otros, que tienen o tuvieron glosas, grillete y antecedentes penales”, escribió el expresidente de la República. 

Dos de esos señalamientos tenían destinatarios definidos. Uno, sobre el grillete, apuntó a Jorge Yunda, quien enfrentó un proceso judicial por la compra de pruebas durante la pandemia del covid-19 y tuvo que portar un dispositivo de vigilancia electrónica. El otro, sobre las glosas, se dirigió al actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Hay que tomar en cuenta que ambos perfiles ocupan los primeros lugares en cuanto a preferencia de voto en las últimas encuestas. Yunda ya confirmó su participación, aunque sin una definición clara sobre el partido que lo auspiciará.

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Muñoz ha señalado que aspira a la reelección, pero la Revolución Ciudadana aún trabaja en la hoja de ruta para su participación, en medio de la suspensión del movimiento tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

¿Quién es Alejandro Guevara?

Lucio Gutiérrez definió a Guevara como un profesional brillante, joven y preparado. Además, lo calificó como el ‘outsider’ de las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. 

Guevara, tras la decisión del CNE de adelantar las votaciones —que inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027—, cuestionó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, sobre todo en lo relacionado con su explicación acerca de la diferencia entre elecciones y votaciones.

En un video difundido en redes sociales, Guevara anunció la presentación de un recurso ante la Corte Constitucional. También aseguró que la seguridad jurídica fue vulnerada tras la actualización del calendario electoral.

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La convocatoria no tiene una firma de responsabilidad de organizaciones sociales. Aun así, el llamado es a conformar la “Plataforma Unificada para la Revocatoria del Mandato al Binomio Noboa/Pinto”.

En redes sociales, uno de los impulsores del encuentro es el abogado Washington Andrade. En su cuenta en la red social X, difundió la convocatoria, en la que se establece incluso un orden del día para la reunión.

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Allí se detalla que el objetivo será la constitución de dicha plataforma y, posteriormente, la elección de las personas que formarán parte de su coordinación. Asimismo, se presentará una aplicación bajo el nombre Revoca EC.

¿La Conaie es parte del proceso?

EXPRESO se contactó con dirigentes de la Conaie para conocer su postura frente a la convocatoria y el anuncio sobre el uso de su sede. La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, señaló que no existe una resolución de las bases sobre el apoyo a la iniciativa.

“Lo último que se quedó fue ir a los territorios para consultar y resolver. No podemos tomar una decisión por encima de las bases. La casa de pueblos está abierta”, aseguró.

La dirigente también indicó que actualmente participan en el Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU. “Entiendo que la sede está facilitada”, dijo Castañeda ante la consulta sobre si la participación de la Conaie se limitaba a prestar sus instalaciones.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• Gobierno retrasa decreto del ministro de Salud por revisión de requisitos, dijo Morillo hoy.
  
  
• Nombramiento en Salud sigue pendiente por posibles conflictos de intereses del candidato.
  
  
• Morillo admite que la crisis del sistema de salud persiste mientras se evalúa ministro.
  
  

Los problemas estructurales del sistema sanitario, la influencia de mafias en hospitales públicos y los señalamientos al futuro titular de Salud marcaron la entrevista de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en Teleamazonas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reconoció que el sector de la salud continúa siendo uno de los puntos más críticos para el Ejecutivo, en medio de un proceso de transición en el Ministerio de Salud Pública que aún no se concreta por cuestionamientos y revisiones pendientes alrededor del médico internista Jaime Bernabé Eraso, propuesto para encabezar esa cartera de Estado.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, Morillo admitió que “hay cosas que no se están cumpliendo” y que la salud pública “sigue siendo un talón de Aquiles”, aunque insistió en que el Gobierno se encuentra en un proceso de corrección de errores heredados de administraciones anteriores.

“Cuando el presidente asumió el mandato tenía varias crisis: crisis en salud, en economía, en educación y en seguridad. Estamos combatiéndolas”, afirmó la ministra, al justificar las demoras y dificultades que enfrenta el Ejecutivo en distintos frentes. 

Según Morillo, el Gobierno sostiene una estrategia que inició en el plano macroeconómico y que ahora busca impactar en la microeconomía, con especial énfasis en la atracción de inversión y turismo para dinamizar el empleo.

En ese contexto, la titular de Gobierno defendió la gestión del presidente de la República, a quien describió como un mandatario que “no pacta ni pacifica con las mafias” y que mantiene un combate abierto contra el crimen organizado transnacional. 

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La demora en Salud

Uno de los puntos centrales giró en torno a la falta de un decreto ejecutivo para oficializar la designación de Jaime Bernabé Eraso como ministro de Salud. 

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Frente a las preguntas sobre las razones de esta dilación, Morillo explicó que el documento se emitirá “en los próximos días”, una vez que se cuente con “toda la información y todos los requisitos” necesarios.

La ministra respondió así a los cuestionamientos que han circulado en la opinión pública, entre ellos su paso de 27 días por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y observaciones de la Contraloría General del Estado, que habría advertido sobre la omisión de declarar su participación en empresas proveedoras del Estado.

“Se están revisando justamente todos los requisitos que tiene que cumplir el nuevo ministro”, aseguró Morillo, quien defendió el perfil profesional de Eraso, al calificarlo como “un doctor internista que tiene la credibilidad y las credenciales” para asumir una cartera que calificó como “muy complicada y muy difícil”.

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Corrupción y mafias en hospitales

En su intervención, la ministra de Gobierno también puso énfasis en la presencia de redes de corrupción dentro del sistema de salud pública, a las que atribuyó parte de las dificultades para garantizar un funcionamiento eficiente de hospitales y casas de salud.

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Morillo recordó un caso ocurrido un año atrás, cuando —según dijo— se removió a la cuñada de un narcotraficante alias Fito que se desempeñaba como gerente de un hospital en Manabí. “Imagínese, una cuñada de un narcotraficante era quien manejaba un hospital”, expresó, para ilustrar el nivel de infiltración de estructuras delictivas en instituciones públicas.

A su criterio, gobiernos anteriores permitieron que estas mafias se “enquistaran” en el sistema de salud, lo que hoy obliga al Ejecutivo a buscar “perfiles valientes” dispuestos a enfrentar estos grupos desde dentro de las instituciones.

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Dudas éticas y conflicto de intereses

Consultada sobre si es ético que el futuro ministro de Salud tenga vínculos con empresas proveedoras de servicios médicos, Morillo insistió en que esa es precisamente una de las razones por las que su posesión no se ha concretado. “Se está revisando que cumpla con todos los requisitos, que no exista ningún conflicto de intereses”, aseguró.

Según la ministra, solo cuando se descarte cualquier incompatibilidad, Bernabé podrá asumir formalmente el cargo y responder a las demandas de un sector marcado por carencias históricas y constantes denuncias de irregularidades.

Lo que debes saber

• ADN y el correísmo coincidieron en una votación puntual, pero la relación sigue marcada por el choque.
• A un año de gestión, RC endurece su postura y mantiene el rechazo a casi todas las iniciativas del oficialismo.
• Con control de la Asamblea, ADN avanza en su agenda sin depender del correísmo.

En la sesión del Pleno del miércoles pasado ocurrió algo inusual: ADN y el correísmo se pusieron de acuerdo para aprobar una ley. El hecho se concretó después de una semana de ataques entre bancadas, en la que ADN intentó posicionar la idea de que la Revolución Ciudadana (RC) se oponía a todo.

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Sin embargo, la votación sobre la ley de salud mental para menores de edad fue solo una excepción a lo que es una regla: la negativa de RC a respaldar cualquier iniciativa oficialista.

Un elemento a tomar en cuenta es que la Asamblea, por fuera de las iniciativas del Ejecutivo o de las leyes que interesan al Gobierno central, no ha tenido un papel protagónico. 

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Por ejemplo, no ha dado muestras de cumplir con su rol de contrapeso frente al resto de poderes del Estado, especialmente ante el propio Ejecutivo.

En el Legislativo, ADN controla desde lo administrativo hasta las comisiones claves. En menos de un mes, la actual Asamblea cumplirá su primer año en funciones y, desde la sesión inaugural, el oficialismo cercó a la Revolución Ciudadana en los espacios de decisión.

El correísmo se aferra a una oposición total

El correísmo optó por declararse oposición, y esa postura ha implicado, al menos en las últimas semanas, la negativa a apoyar leyes que parecerían no tener trasfondo político o que no implican un cambio sustancial en las relaciones de poder.

Por ejemplo, RC se opuso a la aprobación de la Ley de Educación Financiera. En la práctica, esta norma no implica más que la inclusión de ese tema en la malla curricular. Sin embargo, durante el segundo debate, las posiciones de asambleístas de RC generaron críticas tanto en el Pleno como fuera de él.

En redes sociales se cuestionó la postura de la legisladora Paola Cabezas sobre la capacitación en educación financiera para personas de escasos recursos, al señalar que, por sus condiciones, no tendrían dinero que administrar.

Un intervención reveladora

Pero otra intervención fue la que reveló el trasfondo de la negativa. El voto en contra respondía a una disposición interna del bloque. El asambleísta Alejandro Vanegas dijo en el Pleno que su conciencia y formación académica le indicaban que la norma era correcta. Pese a ello, votó en contra. ¿Por qué? “Mi obligación política me hace votar en conjunto con mi organización”, afirmó.

El correísmo también se opuso al acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. Héctor Rodríguez fue el encargado de exponer las razones en el Pleno. 

En síntesis, RC rechazó el acuerdo al considerar que no se trataba de una relación entre iguales, ya que Ecuador apostaba por la exportación de productos primarios y no de conocimiento como Corea.

ADN mostró atisbo de preocupación

Ambas votaciones motivaron una campaña desde ADN y desde el propio presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sobre la posición del correísmo. Los acusaron de oponerse a todo.

En la práctica, el oficialismo no ha requerido de los votos de la bancada opositora para aprobar sus iniciativas. Pero por primera vez mostraron preocupación por este tema.

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, respondió así a la consulta sobre por qué les preocupaba la postura del correísmo: “Eso no quita que están instaurando esta política incoherente en donde dicen una cosa en las comisiones y hacen otra en el Pleno”. 

La frase clave la pronunció segundos después, a propósito de la Ley de Educación Financiera: “Estamos aprobando con la mayoría y los votos justos”.

Revolución Ciudadana ofrece mantener su posición

A menos de un mes de que se cumpla el primer año del actual periodo legislativo, el correísmo reafirma su oposición no solo a ADN, sino a todo lo que provenga del oficialismo. 

El jefe del bloque de RC, Juan Andrés González, señaló: “¿Por qué nos oponemos? Nos oponemos a un Gobierno que permanentemente intenta engañar”. Con eso buscó aclarar que su postura no es contra la ciudadanía, sino contra el Gobierno.

También criticó la intención de ADN de someter a votación resoluciones cuyo objetivo, según dijo, es enaltecer las decisiones del Ejecutivo. Sobre la aparente contradicción, por ejemplo, entre lo votado por el correísmo en la mesa de Relaciones Internacionales y en el Pleno respecto al acuerdo con Corea del Sur, González sostuvo que en ocasiones los textos aprobados en comisión no son los mismos que llegan al Pleno. Es decir, no hay señales de un cambio en la estrategia de la oposición correísta.

Blasco Luna (RC) reafirmó esa postura. “Generan falsos positivos para decir que nosotros no votamos pensando en la gente. Nos oponemos al ejercicio de una legislación que no sintoniza con el pueblo”, dijo.

Por ahora se mantendrá una oposición sin matices y con un ADN que no se siente afectado.

Lo que debes saber

• El 22 de noviembre de 2023, Guillermo Lasso le entrega la competencia del proyecto al Municipio de Guayaquil.
• Daniel Noboa, mediante el decreto presidencial No. 29, deroga el traspaso de la competencia; un día después de asumir el cargo.
• Entre los terrenos que deben expropiar están los que pertenecen a la familia del presidente Noboa; el Gobierno no revela la cifra a pagar.

Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), dialogó con EXPRESO sobre los avances del Quinto Puente.

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- ¿Ahora que en mayo habrá nuevas autoridades en la Prefectura del Guayas, la asignación de los tramos 4 y 5 de las vías de acceso al Quinto Puente volverá a esa entidad?

- La respuesta es bastante rotunda dentro de la administración del ministro (Roberto) Luque: no. O sea, ya tuvieron la oportunidad de trabajar con nosotros dentro del convenio. Actualmente se está liquidando el proyecto. Dentro de esa liquidación vemos que el avance, de hecho, es mucho menor al que la prefecta (del Guayas, Marcela Aguiñaga) en su momento reportaba.

- ¿De cuánto?

- Un avance del 30 % básicamente. El Ministerio tiene capacidad de hacerlo y lo va a hacer. Todo lo que engloba el Quinto Puente no puede esperar a que una autoridad quiera hacerlo, se tiene que hacer.

- ¿Qué porcentaje debió haber estado ejecutado para la fecha?

- Para la fecha, 60 o 70 %. Ahorita deberíamos estar viendo puentes, deberíamos tener la vía avanzada en temas de poder declarar (de) utilidad pública ciertos predios; (en) las expropiaciones estamos bastante atrasados.

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- ¿Por qué expropiaron cuando estaban construyendo y no antes?

- Dentro del convenio, los tres primeros meses eran para expropiar.

- El ministro Luque dijo que en el primer semestre de 2026 iban a expropiar fuera de Guayaquil. ¿Se mantiene el cronograma?

- Estamos trabajando en dos tramos ahorita, como para acelerar el paso.

- ¿En qué tramos?

- El primero, el tramo 1A, corresponde a la (avenida) Cacique Tomalá. Y el segundo, el tramo 4 y el 5, (pero) una vez (que) se liquide con la Prefectura, (que) se llegue al acuerdo económico de los valores que ellos van a tener que devolver, porque ejecutaron mucho menos de lo que nosotros hemos devengado como Ministerio.

Cuando se les notificó el inicio de la terminación unilateral, y como tenían 15 días, avanzaron, en teoría, bastante.Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto tendrá que devolver la Prefectura?

- No podríamos dar un valor exacto hasta que no se firme el acta de liquidación.

- En el tramo 1A, las declaraciones de utilidad pública se hicieron a finales en diciembre de 2025, ¿por qué recién en 2025 y no en 2024?

El anuncio del proyecto se generó en el 2025, junto con ello viene la declaratoria de utilidad pública y comienzan las negociaciones. Todavía no podemos entrar a expropiar todos. Ya hemos tenido negociaciones con algunos y algunos han aceptado.

- ¿Cuántos?

- Unas cuatro carpetas de las muchas que hay.

- ¿Cuántas casas serían expropiadas?

- Hay un tema que sí quisiera señalar, que es una responsabilidad del Municipio de Guayaquil. Ellos deberían tener actualizados una serie de datos. Hay predios o solares que tienen una vivienda o una más chiquita al lado, entonces eso complica este tipo de procesos expropiatorios.

- ¿Y cuántos lotes serán expropiados?

- Entre lotes de vivienda y los que tienen actividad económica, aproximadamente 110.

- ¿A estas personas tienen planificado reubicarlas?

- Sí, se les está buscando una solución de vivienda, planteada por el viceministro de Vivienda, Daniel Elmir. Pretendemos darles un catálogo de opciones para financiar algún tipo de vivienda, con un descuento bastante especial.

Estamos haciendo las cosas bien, pero estamos ‘volando’. Ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos antes.Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto el Estado va a pagar por las expropiaciones de los terrenos de la familia del presidente Daniel Noboa, la Cartonera y Blasti?

- Hasta el momento no tengo la cifra exacta de cuál será el valor que se va a pagar.

- ¿Y por las camaroneras del Holding Sola & Sola?

- Son predios que tienen actividad económica. Estamos en la fase de negociación.

- ¿Qué tiempo tomará?

- Alrededor de 15 días aproximadamente o un poco más.

Las claves del caso

• La Silla Vacía, creada para fomentar la participación ciudadana en Guayaquil, enfrenta trabas administrativas que limitan su uso y generan críticas por falta de transparencia
• Trámites, filtros y demoras marcan el acceso a la Silla Vacía en el Concejo Cantonal, un mecanismo que ciudadanos y activistas consideran restringido en la práctica
• ¿Pero qué es la Silla Vacía? Es una herramienta constitucional que permite a los ciudadanos intervenir directamente en el debate de los gobiernos locales.

La Silla Vacía en el Municipio de Guayaquil, pensada para la participación ciudadana, presenta barreras como trámites y filtros que han impedido su uso efectivo desde su reactivación en 2025.

Aunque fue concebida como un mecanismo para que los ciudadanos participen en las sesiones del Concejo Cantonal, en la práctica sentarse en ella resulta complejo y desgastante.

No se trata de dinero, sino de trámites, autorizaciones y filtros impuestos por el propio Municipio. Para intervenir, los ciudadanos deben presentar oficios, justificar su pedido y esperar una aprobación que muchas veces llega tarde.

Aunque el Municipio asegura que reactivó este recurso a finales de 2025, desde entonces muy pocas personas han logrado ocuparla. Para activistas y representantes ciudadanos, la Silla Vacía sigue siendo solo un símbolo o un adorno, más que un mecanismo real de participación.

Caso de activista que no entró al Concejo

Un caso reciente ocurrió durante la sesión del 16 de abril, cuando César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, quiso expresar su postura frente al aumento de la tarifa de la Aerovía. Sin embargo, cuando intentó ingresar a la sesión, un guardia se lo impidió. “Yo cumplo órdenes”, le dijo el agente, mientras le explicaba que “solo los que están en la lista entran”.

El episodio dejó contrariado a Cárdenas. Asegura que presentó el oficio dos días antes, pero al no recibir confirmación decidió esperar fuera del Municipio, pero finalmente no ingresó.

“Las sesiones son públicas. Llegué a mi casa a las 17:00 y recibí el oficio con la aprobación cuando la tarifa ya había sido aprobada, ya era un hecho consumado. Violan su mismo reglamento”, sostiene Cárdenas, quien cuestionó, en un artículo reciente de este Diario, la gestión que hoy lidera Tatiana Coronel.

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Para él, esta situación refleja una de las principales deudas del Municipio en las últimas administraciones: la participación ciudadana.

En la respuesta municipal, suscrita por Jaime Tejada, secretario del Concejo, se señala que “se verifica que no se ha cumplido con los requisitos de rigor (...) entre estos, la exposición de motivos suficientes y acreditar la existencia de representatividad de alguna organización”.

Cárdenas lamenta que esta fue la segunda vez que no logra ingresar al Concejo para usar la Silla Vacía. Aun así, insiste en que este mecanismo debería ser ocupado y aprovechado por más ciudadanos.

La respuesta del Municipio a EXPRESO

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio para conocer, entre otros puntos, cuántas personas han ocupado la Silla Vacía y cuántos oficios se han presentado. Desde el área de Comunicación se indicó que la solicitud fue recibida y que “cuando tengamos la información se la remitiremos”.

Esta falta de información, sumada a lo ocurrido con César Cárdenas, no solo evidencia una deficiente transparencia en el Municipio, sino también las dificultades que enfrentan quienes buscan tomar la palabra y expresar su postura frente a las decisiones que se toman en la ciudad.

Esto ocurre, además, en sesiones donde sí se ha visto la presencia de ciudadanos con mensajes de respaldo al alcalde.

En la urbe, gremios, activistas y ciudadanos coinciden en que muchas personas desconocen este recurso. Pero quienes conocen casos como el de Cárdenas terminan resignándose a esperar cambios o, al menos, a que la administración de Aquiles Álvarez mejore la participación ciudadana, tanto dentro del Municipio como en las sesiones y asambleas.

Ciudadanos se expresan ante la Silla Vacía

Fernando Alburquerque, activista ciudadano, tiene una postura clara sobre lo que ha implicado este recurso. “Unos compañeros la han solicitado, pero es más fácil conversar afuera con los concejales que hacer uso de ella”, asevera.

Además, cuestiona la forma en que se presenta este mecanismo. “En la publicación de la concejal Shirley Aldás sobre la Silla Vacía hay un mensaje más profundo de lo que parece: una silla vacía alejada de la mesa no representa inclusión, sino distancia entre la ciudadanía y el poder. Es una metáfora clara de cómo, en la práctica, este mecanismo ha sido relegado a un rol periférico”, argumenta.

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Para Alburquerque, si la silla está lejos de la mesa, el mensaje es preocupante. “La ciudadanía sigue siendo espectadora, no protagonista. Y ese no fue el espíritu con el que se creó este mecanismo”, analiza.

Por su parte, Gelacio Mora, representante de la organización Tejido Social de Guayaquil, subraya la importancia de este mecanismo de participación ciudadana, pero lamenta que la Municipalidad no lo respete.

Mora recuerda el caso de Billy Navarrete, quien ocupó la Silla Vacía a finales de 2025. En aquella ocasión, el Cabildo sí acogió su intervención.

“Existe selectividad por parte de la autoridad municipal. Se nota en las sesiones la participación de adeptos al movimiento que administra la ciudad. Las propuestas de líderes barriales o representantes de organizaciones sociales no pueden ni deben estar condicionadas por creencias religiosas, mucho menos por ideologías políticas”, manifiesta.

La Silla Vacía no es un simple espacio simbólico dentro del Concejo. Más allá de si se la ha solicitado o no, lo fundamental es entender que su valor radica en la capacidad de las autoridades de saber escuchar.
Carolina Pincay, tecnóloga, lideresa y activista de la Martha de Roldós

De hecho, la última vez que se conoció públicamente el uso de la Silla Vacía fue a fines de 2025, cuando justamente la ocupó Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

En esa sesión, Navarrete intervino sobre la denominación de ‘Los Cuatro Niños de Las Malvinas’ para el espacio público del parque de la Coviem.

Ecuador, triste protagonista de la foto del año

• Agentes de ICE detuvieron a un padre de familia sin historial delictivo tras una audiencia legal.
• La gráfica expone la aplicación de aprehensiones a extranjeros dentro de juzgados estadounidenses.
• World Press Photo 2026 premió el registro documental entre más de 57 mil postulaciones globales.

La fotoperiodista estadounidense Carol Guzy documentó la separación familiar de un ciudadano de Ecuador en el interior del edificio federal Jacob K. Javits, ubicado en Estados Unidos. La imagen, registrada el 26 de agosto de 2025, captura el momento exacto en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retienen a Luis tras la culminación de una audiencia migratoria, mientras sus hijas se aferran a sus prendas de vestir para evitar el arresto.

Entretenimiento

La foto a un migrante ecuatoriano en Nueva York gana el premio de fotoperiodismo del año

Valeria Alvear

Política de separaciones internas

El registro documental fue galardonado como la 'Foto del Año' en el certamen World Press Photo 2026. Cocha, esposa del aprehendido, detalló que el migrante ecuatoriano carece de antecedentes penales y fungía como el único proveedor económico de su núcleo familiar, conformado por tres menores de 7, 13 y 15 años.

La gráfica evidencia la ejecución de detenciones migratorias en espacios públicos e instituciones gubernamentales, un procedimiento catalogado como "separaciones internas". Según los registros de la organización del certamen, esta política administrativa se aplica de forma indiscriminada a individuos que acuden a los tribunales de buena fe para resolver sus procesos legales.

"Entiendan que venimos aquí por una mejor oportunidad, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos", reclamó Cocha tras la intervención de la agencia federal. Por su parte, la fotoperiodista de la agencia ZUMA y el Miami Herald enfatizó que el reconocimiento pertenece a los retratados por exponer su vulnerabilidad ante las cámaras de la prensa.

Galardón mundial y exhibición documental

El concurso internacional evaluó 57.376 fotografías capturadas por 3.747 profesionales de 141 países. La serie ‘ICE Arrests at New York Court’, que incluye la imagen del ciudadano ecuatoriano, se impuso en la categoría de Historias de América del Norte y Central.

Entre los trabajos finalistas se ubicaron coberturas sobre la crisis de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y los procesos judiciales de las mujeres achi en tribunales guatemaltecos. La fotografía ganadora se exhibirá a partir del 24 de abril de 2026 en la exposición mundial que se inaugurará en Ámsterdam, Países Bajos.

Lo que debes saber

• Contención: El Gobierno Nacional prioriza la restricción de movilidad en nueve provincias para facilitar la identificación de objetivos militares y reducir los índices de muertes violentas en Quito y Pichincha.
  
  Control: La medida establece un régimen de vigilancia estricta donde la falta de salvoconductos para servicios municipales y las penas de hasta tres años de cárcel buscan garantizar un aislamiento total durante las madrugadas.

El Gobierno Nacional estableció un nuevo toque de queda que afecta directamente a la capital y a toda la provincia de Pichincha. Esta disposición busca limitar la movilidad nocturna en las zonas priorizadas por el incremento de muertes violentas y facilitar los operativos de las Fuerzas Armadas. 

Además de Pichincha, la medida incluye a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. El decreto también incorpora a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal dentro del mapa de control estatal.

Trámites y servicios

Toque de queda: Vuelos en la madrugada y los requisitos para viajar desde Ecuador

Carlos Isaac Pino

Traslados al aeropuerto y uso de salvoconductos

La normativa contempla flexibilidad para sectores estratégicos y traslados justificados hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Los viajeros con vuelos programados deben portar su pasaporte y el pase de abordar, ya sea físico o digital, para circular sin inconvenientes durante la madrugada. 

Pese a la existencia de salvoconductos para sectores clave como salud y seguridad, el Municipio de Quito advirtió posibles ajustes en la recolección de basura. Esto ocurre debido a la falta de permisos específicos para el personal nocturno de aseo, lo cual obliga a una reorganización de los turnos municipales.

Política

Daniel Noboa Azin endurece control carcelario: clasificación de presos y más poder al SNAI

Sara Ortiz

Cárcel para quienes incumplan la medida nocturna

El incumplimiento de la restricción horaria conlleva consecuencias legales severas bajo el marco del estado de excepción vigente. Los ciudadanos que circulen sin justificación en el horario prohibido se exponen a penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal. 

La Policía Nacional y los militares mantienen retenes en puntos estratégicos para asegurar que la prohibición se respete de forma estricta. El Ministerio del Interior enfatizó que la presencia de la fuerza pública en las calles busca desarticular grupos delictivos y reducir los delitos de oportunidad en las zonas intervenidas.

Ecuador

Exasambleísta Montgomery Sánchez resulta herido en ataque armado en Machala, El Oro

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Puntos clave sobre el toque de queda

Lo que debes saber de este seguimiento

• Tampoco se muestran fechas de ingreso o salida de cargos, claves para detectar incrementos patrimoniales.
• El sistema sigue exigiendo datos personales para acceder a información que antes era pública y directa.
• Organizaciones de la sociedad civil exigen que se eliminen restricciones.

Aunque el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible tras los fallos registrados en días anteriores por un supuesto ataque informático, el acceso a la información pública no ha sido restituido en su totalidad y su titular, Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien asumió el cargo con un discurso de transparencia, no ha dado la cara a pedidos de entrevista de EXPRESO.

(Le puede interesar: Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque)

El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, es decir, información pública. Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió, pero a medias: retiró la marca de agua que hacía casi imposible leer los montos de los bienes y desbloqueó el desglose de las propiedades. 

Sin embargo, hasta la tarde de este 24 de abril se mantiene oculto el año al que corresponden las declaraciones y las fechas de ingreso y de salida del cargo que ocupó el servidor público. Esto era visible hasta hace unas semanas.

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Otro de los principales obstáculos es que los ciudadanos deben seguir ingresando información personal para acceder a los datos, un requisito que antes no existía en este sistema de consulta pública.

Sin fechas, no hay trazabilidad del patrimonio

La falta de estos datos impide realizar un seguimiento adecuado del patrimonio de los servidores públicos. El año de cada declaración es un elemento esencial para identificar variaciones en los bienes declarados a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si un funcionario inicia su gestión con un patrimonio de $ 200 mil y la concluye con $ 1,5 millones, ese incremento solo puede ser identificado como una alerta si se conoce con precisión cuándo fueron presentadas esas declaraciones.

Sin esa referencia temporal, el análisis se vuelve incompleto. La información pierde contexto y limita la posibilidad de detectar posibles irregularidades o incrementos injustificados.

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Un impacto directo en la transparencia

Estos vacíos generan una afectación directa a la transparencia, a la contraloría social, como lo definen organizaciones que promueven la fiscalización del poder público.

En la última década, se han registrado varios intentos por restringir el acceso a este tipo de información pública. La situación actual se suma a ese historial y vuelve a colocar en debate el alcance real del acceso ciudadano a los datos de los funcionarios, quienes sí deben estar en el foco del escrutinio ciudadano.

Las limitaciones no solo afectan a los ciudadanos en general, sino también al periodismo de investigación y a los activistas que realizan seguimiento al uso de recursos públicos.

Este escenario cobra mayor relevancia en contextos clave, como los procesos de selección de autoridades. Actualmente, por ejemplo, está en marcha la designación del Fiscal General del Estado, y en los próximos meses se desarrollarán procesos para elegir autoridades seccionales.

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FirmaEC está caído

• FirmaEC registra indisponibilidad para la rúbrica y validación de archivos.
• Mintel autoriza el uso de aplicaciones externas con certificados acreditados.
• El envío de los oficios debe realizarse manualmente mediante el sistema Quipux.

Los servicios de firmado y validación de documentos de la plataforma estatal FirmaEC registran una indisponibilidad temporal debido a ajustes técnicos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) confirmó la caída del sistema este viernes 24 de abril de 2026, lo que frena el flujo regular de la gestión documental pública a nivel nacional.

Política

Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado

Carlos Isaac Pino

Contingencia y uso del Quipux

La paralización de FirmaEC obliga a funcionarios y ciudadanos a buscar métodos alternativos para no detener las actividades institucionales. Según la cartera de Estado, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento del servicio, pero no se ha emitido un tiempo estimado para la normalización de la plataforma.

Ante la falla, el Mintel habilitó un procedimiento de contingencia amparado en el Acuerdo Ministerial 17-2020. 

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Correísmo denuncia negligencia en el Teodoro Maldonado

• Asambleísta denuncia daños por 28.4°C en cámara de frío del IESS.
• Fármacos para el cáncer y la diabetes habrían entrado en cuarentena.
• La legisladora exige una auditoría urgente a la Contraloría General.

La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, denunció públicamente una presunta negligencia administrativa en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, que, según publicó, habría provocado la pérdida de medicamentos oncológicos y biológicos.

Política

Comisión del concurso para fiscal general opera incompleta y bajo cuestionamientos

Rosero Mariela

Documentos publicados en X

Según la alerta emitida por la legisladora, el pasado 20 de abril de 2026 se habría registrado una ruptura en la cadena de frío de la cámara número uno de la casa de salud, elevando la temperatura a 28.4 grados centígrados. Esta situación, advierte Correa, expuso a cientos de fármacos vitales a su degradación y pérdida de eficacia terapéutica.

La denuncia legislativa hace eco de lo que detallan supuestos documentos internos del Teodoro Maldonado Carbo. Según el memorando IESS-HTMC-DT-2026-0847-M, fechado el 23 de abril, la administración del sanatorio ya sugiere que el Comité de Farmacoterapia evalúe la "estabilidad, seguridad y posible uso" o la inmovilización definitiva de los productos que perdieron la temperatura adecuada.

Asimismo, a través del oficio IESS-HTMC-GG-2026-2318-M, la gerencia general exige a las áreas de Mantenimiento y Farmacia un informe técnico que explique la causa raíz de la falla de la cámara de frío ocurrida el 20 de abril.

De acuerdo con el listado expuesto en la denuncia, los medicamentos que se encontraban almacenados en el área afectada son:

Pedido de fiscalización al IESS

Frente a la gravedad de la situación y la escasez generalizada en el sistema de salud pública, Correa catalogó el hecho como una "negligencia administrativa" que interrumpe tratamientos de vida o muerte.

La asambleísta confirmó que iniciará procesos formales de fiscalización desde el Legislativo y que solicitará de inmediato a la Contraloría General del Estado la apertura de un examen especial urgente para determinar las responsabilidades por la supuesta falta de mantenimiento de los equipos médicos.

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Sin embargo, el concurso avanza con vacíos en su propia estructura. Aún no se califica a quienes deben reemplazar a Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, quien renunció el 23 de febrero a su cargo como comisionada principal. 

El 4 de marzo se dispuso la principalización de Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés como delegado de la Corte Nacional de Justicia, pero su incorporación efectiva sigue pendiente.

Asimismo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, remitió el 19 de marzo los nombres de sus nuevos delegados —Eliana Jaramillo Loayza y Luis Flores García—, sin que hasta la fecha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya concluido su calificación.

El proceso también enfrenta cuestionamientos desde la veeduría ciudadana. Guido Egas, coordinador, denunció presuntas amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión y delegado de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue designado por sorteo para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

Renuncias de veedores

Las tensiones y los desacuerdos en torno a la transparencia del concurso para la selección del Fiscal han impactado directamente en la veeduría. 

El 2 de abril de 2026 renunciaron su coordinador, la subcoordinadora y siete integrantes adicionales. Días después también dimitió el secretario, Julio Aguilar, lo que profundiza la inestabilidad en uno de los mecanismos clave de control del concurso.

Contexto sobre candidatos

El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe. Analizó los perfiles de los 75 postulantes. 

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La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

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La sesión se desarrolló la tarde del 23 de abril, luego de que los consejeros escucharan las propuestas de los tres postulantes: Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo. En su intervención, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional, con énfasis en blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Perfil académico y trayectoria judicial

Mercedes Caicedo Aldáz es una jurista con sólida formación en el ámbito penal y criminológico. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su experiencia profesional se respalda en años de ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

En la Función Judicial ha ocupado cargos de relevancia. Fue jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia y conjueza en la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. Ha emitido sentencias en los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

Un relevo marcado por la crisis institucional

La llegada de Caicedo a la presidencia de la Judicatura se da en medio de una crisis y cuestionamientos. Mario Godoy, designado inicialmente para el periodo 2025-2031, fue censurado y destituido tras denuncias de presunta injerencia en decisiones judiciales. El exjuez anticorrupción Carlos Serrano señaló presiones en el caso Euro2024, lo que derivó en un juicio político impulsado en la Asamblea Nacional.

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Durante ese proceso, Damián Larco asumió como presidente encargado, aunque la decisión generó polémica porque la vocal suplente Alexandra Villacís debía ocupar el cargo. Villacís enfrentó un impedimento administrativo para ejercer funciones públicas y, pese a una sentencia constitucional que ordenaba rectificar la información, finalmente renunció.

Por ahora el mayor reto de Caicedo será implementar las reformas propuestas y garantizar que la independencia judicial prevalezca frente a presiones políticas y casos de corrupción.

Lo que debes saber

• Candidatos a Fiscal General de Ecuador reportan patrimonio conjunto de 7 millones de dólares.
• El exministro José De La Gasca lidera la lista con una riqueza personal de 2.3 millones de dólares.
• Solo diez postulantes concentran los mayores pagos de impuesto a la renta en el periodo 2025.

Los 28 aspirantes a Fiscal General del Estado acumulan un patrimonio conjunto superior a los 7 millones de dólares. Según registros de la Contraloría General del Estado, la lista es liderada por el exministro de Gobierno José Javier De la Gasca, cuya riqueza individual supera los 2.3 millones de dólares, marcando una distancia considerable frente al resto de los postulantes.

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Los candidatos con mayor riqueza y su patrimonio

La revisión de la información patrimonial hecha por Diario EXPRESO revela que, más allá de la experiencia laboral, existe una notable bonanza económica entre los favoritos para suceder en el cargo. El análisis destaca que solo un candidato supera la barrera de los 2 millones de dólares.

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Pago de impuestos: ¿Quiénes contribuyen más al SRI?

La solvencia de los postulantes también se refleja en sus obligaciones tributarias. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cumplimiento del Impuesto a la Renta del periodo 2025 muestra cifras significativas en la parte alta de la tabla.

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Nuevamente, José De La Gasca lidera este rubro con más de 48 mil dólares cancelados. Le sigue Christian Kerlin Ayala Piedra, quien pagó 21,256 dólares, y la magistrada Daniella Camacho, con un pago de 8,358.48 dólares.

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Perfil académico y trayectoria judicial

Mercedes Caicedo Aldáz es una jurista con sólida formación en el ámbito penal y criminológico. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su experiencia profesional se respalda en años de ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

En la Función Judicial ha ocupado cargos de relevancia. Fue jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia y conjueza en la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. Ha emitido sentencias en los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

Un relevo marcado por la crisis institucional

La llegada de Caicedo a la presidencia de la Judicatura se da en medio de una crisis y cuestionamientos. Mario Godoy, designado inicialmente para el periodo 2025-2031, fue censurado y destituido tras denuncias de presunta injerencia en decisiones judiciales. El exjuez anticorrupción Carlos Serrano señaló presiones en el caso Euro2024, lo que derivó en un juicio político impulsado en la Asamblea Nacional.

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El ranking de los 10 candidatos a Fiscal General del Estado con los patrimonios más altos de 2026

Richard Josue Jimenez Mora

Durante ese proceso, Damián Larco asumió como presidente encargado, aunque la decisión generó polémica porque la vocal suplente Alexandra Villacís debía ocupar el cargo. Villacís enfrentó un impedimento administrativo para ejercer funciones públicas y, pese a una sentencia constitucional que ordenaba rectificar la información, finalmente renunció.

Por ahora el mayor reto de Caicedo será implementar las reformas propuestas y garantizar que la independencia judicial prevalezca frente a presiones políticas y casos de corrupción.

Lo que debes saber

• El burgomaestre de Guayaquil fue detenido en febrero de 2026.
• El alcalde de Guayaquil es investigado por la Fiscalía General del Estado.
• En abril, magistrados de Pichincha le levantaron la prisión preventiva en uno de los tres casos en el que la Fiscalía lo investiga.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel de El Encuentro, situada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. La decisión fue ratificada por el juez Leodán Coronel, de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito de la Corte de Justicia del Guayas.

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Defensa no logra revertir la medida

La diligencia judicial se desarrolló el jueves 23 de abril de 2026. Álvarez participó en la audiencia de manera virtual.

Aunque la defensa cuestionó la medida por una supuesta falta de análisis de riesgos y alegó que el político cumplió con las presentaciones periódicas ordenadas, sus argumentos fueron desestimados. En consecuencia, el magistrado negó la apelación a la prisión preventiva, impuesta por presunto incumplimiento del uso de grillete electrónico.

El burgomaestre permanece detenido desde la madrugada del 10 de febrero de 2026. Ese día, su vivienda, ubicada en una urbanización de Samborondón, fue allanada por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Caso Goleada y fallo en Pichincha

El alcalde de Guayaquil fue aprehendido en su domicilio durante el operativo denominado “Caso Goleada”. Esta investigación indaga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, aunque el 2 de abril la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la prisión preventiva en ese proceso.

Además, Álvarez enfrenta otra investigación conocida como el “Caso Triple A” por presunto tráfico de combustible. También es indagado por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

“Quito por el cambio. Doctor Alejandro Guevara, precandidato a la Alcaldía por la tercera vía”, escribió Gutiérrez en su perfil de la red social X. Allí, de forma indirecta, también arremetió contra otros precandidatos al mismo cargo.

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“Ni los unos ni los otros, que tienen o tuvieron glosas, grillete y antecedentes penales”, escribió el expresidente de la República. 

Dos de esos señalamientos tenían destinatarios definidos. Uno, sobre el grillete, apuntó a Jorge Yunda, quien enfrentó un proceso judicial por la compra de pruebas durante la pandemia del covid-19 y tuvo que portar un dispositivo de vigilancia electrónica. El otro, sobre las glosas, se dirigió al actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Hay que tomar en cuenta que ambos perfiles ocupan los primeros lugares en cuanto a preferencia de voto en las últimas encuestas. Yunda ya confirmó su participación, aunque sin una definición clara sobre el partido que lo auspiciará.

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Muñoz ha señalado que aspira a la reelección, pero la Revolución Ciudadana aún trabaja en la hoja de ruta para su participación, en medio de la suspensión del movimiento tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

¿Quién es Alejandro Guevara?

Lucio Gutiérrez definió a Guevara como un profesional brillante, joven y preparado. Además, lo calificó como el ‘outsider’ de las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. 

Guevara, tras la decisión del CNE de adelantar las votaciones —que inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027—, cuestionó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, sobre todo en lo relacionado con su explicación acerca de la diferencia entre elecciones y votaciones.

En un video difundido en redes sociales, Guevara anunció la presentación de un recurso ante la Corte Constitucional. También aseguró que la seguridad jurídica fue vulnerada tras la actualización del calendario electoral.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.