"Para tratar con un tema transnacional (narcoterrorismo) se necesita una coalición de países. Uno de los países que más ha participado y más está haciendo para enfrentar esto es Ecuador. Por eso estamos aquí hoy", señaló Rubio en la declaración conjunta.

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En ese escenario, Rubio anunció varios acuerdos tras la reunión con el presidente Noboa. Uno de ellos fue la declaración de Los Tiguerones como grupo terrorista. Así, el país norteamericano suma otro grupo delictivo de Ecuador a esa lista. Antes ya fueron declarados de la misma manera Los Choneros y Los Lobos.

"Hemos tomado la decisión de nombrar a Los Tiguerones como otro grupo terrorista. Eso viene en sintonía con lo que hicimos anteriormente con Los Choneros y Los Lobos. No estamos hablando de criminales, sino de terroristas", aseguró Rubio.

En materia de seguridad, anunció que la administración Trump solicitará al Congreso de ese país $45 millones adicionales para la lucha conjunta. Esos recursos se sumarían a los $10 millones ya aprobados para el combate contra la minería ilegal.

Tras la reunión entre Rubio y Noboa, el funcionario estadounidense fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. El reconocimiento se entrega a ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que han logrado méritos excepcionales o prestado servicios relevantes al país.

La llegada de Rubio a Quito

El secretario de Estado de EE. UU. arribó a Quito pasadas las 10:30 de este miércoles. Desde el Aeropuerto Mariscal Sucre se trasladó al Palacio de Gobierno, en el centro de la capital. Fue recibido pasadas las 12:00.

Sobre su llegada a Ecuador, la Cancillería señaló: "El vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a su llegada al país, como parte del protocolo oficial dispuesto para su visita".

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También señaló que el encuentro con el presidente Daniel Noboa reafirmó "la voluntad de Ecuador y Estados Unidos de consolidar una relación estratégica, basada en objetivos compartidos en materia de seguridad, paz y desarrollo".

La gira de Rubio en Sudamérica

Marco Rubio llegó a Ecuador después de su paso por Colombia. En ese país se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella. Habló de una etapa dorada en las relaciones con ese país y aseguró que la misma "no tiene precedente". Allí también hubo conversaciones relacionadas con la lucha contra los grupos de delincuencia organizada y el narcoterrorismo.

Tras la corta visita a Ecuador, Rubio se trasladará a Perú. Según el Departamento de Estado de EE. UU., el funcionario estadounidense abordará la cooperación en la "lucha conjunta contra el narcoterrorismo", además de los beneficios de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países de la región.

Lo que debes saber

• Más de 30 legisladores del correísmo son investigados tras votar a favor de la Ley de Adopciones.
• La bancada había dispuesto la abstención; el desacuerdo derivó en denuncias disciplinarias.
• El régimen orgánico contempla desde amonestaciones escritas hasta la expulsión definitiva.

37 asambleístas de la Revolución Ciudadana enfrentan un proceso disciplinario interno tras votar a favor de la Ley de Adopciones, aprobada en el Pleno Legislativo el 28 de julio de 2026. Los parlamentarios respaldaron la normativa a pesar de que la organización política había resuelto votar en abstención, hecho que motivó la apertura de expedientes ante el Consejo de Disciplina y Ética del movimiento correísta.

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Proceso disciplinario a legisladores de la Revolución Ciudadana

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana había adoptado una postura institucional de abstención frente al proyecto normativo. No obstante, más de una treintena de parlamentarios optó por el voto afirmativo junto a la bancada oficialista, alcanzando un total de 118 votos favorables para la ratificación de la ley.

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Ante este escenario, la normativa interna de la organización clasifica las conductas y define las sanciones pertinentes según el nivel de afectación a las directrices partidistas.

Régimen Orgánico: Faltas leves y graves para los adherentes

De acuerdo con el Régimen Orgánico del movimiento, el incumplimiento de las decisiones adoptadas por la bancada legislativa o los órganos directivos constituye una transgresión que debe ser evaluada por la justicia interna.

Sanciones por faltas leves

El estatuto califica como falta leve el desacato a las resoluciones de los órganos directivos o a los acuerdos del bloque. Estas faltas conllevan:

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Sanciones por faltas graves

Por otro lado, manifestar públicamente posturas divergentes en menoscabo de los principios y resoluciones del movimiento se tipifica como infracción grave. En estos escenarios se contemplan las siguientes medidas:

Procedimiento ante el Consejo de Disciplina y Ética

El trámite reglamentario se desarrolla formalmente ante el Consejo de Disciplina y Ética, garantizando los principios del debido proceso interno:

Lo que debes saber

• Henry Llanes pide a Contraloría y Superintendencia auditar y fiscalizar la venta de bienes del IESS.
• Advierten que la Constitución prohíbe que el Estado intervenga en fondos de seguridad social.
• Cuestionan la legalidad del Consejo Directivo que enajenaría más de 1.400 bienes del IESS.

El representante del Frente por un Nuevo IESS, Henry Llanes, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Bancos activar procesos de control, supervisión y fiscalización ante el plan del presidente Daniel Noboa de vender más de 1.400 bienes inmuebles de la seguridad social en Ecuador. Advierte que la medida vulnera la Constitución al disponer de reservas y fondos que no pertenecen al fisco, mientras que expertos y legisladores dudan de la viabilidad de la iniciativa sin una reforma estructural integral.

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Las entidades llamadas a fiscalizar la venta de bienes del IESS

La petición busca frenar posibles vulneraciones al patrimonio previsional mediante el control técnico de los entes reguladores del Estado:

Llanes recordó que existe una disposición constitucional expresa que prohíbe la intervención estatal en los fondos y reservas de la seguridad social.

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"Si va a vender los bienes inmuebles, va a vender el patrimonio, va a menoscabar el patrimonio”, acotó el dirigente, tras señalar que el marco legal vigente determina que los recursos del seguro universal obligatorio no forman parte del fisco.

Dudas legales sobre el Consejo Directivo del Seguro Social

El pedido de auditoría también apunta a la legitimidad de las autoridades que estarían a cargo de ejecutar las transacciones patrimoniales del Seguro Social.

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Cuestionamientos a la designación de vocales

Llanes demandó revisar la integración del actual Consejo Directivo del IESS, presidido por Bernardo Cordovez, al advertir que el delegado de los asegurados, Jorge Moncayo Chica, fue posesionado en contravención de la normativa.

¿Un Consejo Directivo del IESS ilegalmente constituido es el que va a enajenar los bienes del Seguro Social? Eso decimos claramente en la comunicación al superintendenteHenry Llanes, representante del Frente por un Nuevo IESS

La propuesta económica del Gobierno y las alertas técnicas

Durante una entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la disposición emitida a Bernardo Cordovez para enajenar los activos improductivos de la entidad:

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No obstante, analistas consultados por EXPRESO coincidieron en que la comercialización de propiedades no resuelve la crisis por sí sola, pues se necesita una reforma integral para dotar de sostenibilidad al sistema.

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En la Asamblea Nacional, las diferentes bancadas reconocen que se requieren ajustes normativos, aunque discrepan sobre los tiempos de trámite y advierten que tramitar reformas bajo el control de la mayoría oficialista representaría un riesgo de quiebra para el Seguro Social.

Lo que debes saber:

• El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, arribó a Quito.
• Abordará temas clave de seguridad, narcoterrorismo y comercio con Daniel Noboa.
• La cita ocurre tras cuestionamientos por operaciones marítimas conjuntas.

El secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, llegó a Quito. 

Este 9 de septiembre de 2026 se reunirá con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El encuentro está previsto antes del medio día y habrá un pronunciamiento oficial en el Palacio de Carondelet.

Rubio llega a Ecuador como parte de una gira por Sudamérica. Antes estuvo en Colombia. Allí mantuvo un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella. 

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Habló de una etapa dorada en las relaciones con ese país y aseguró que la nueva etapa de cooperación “no tiene precedente”. También hubo conversaciones relacionadas con el tema seguridad y el trabajo conjunto frente a grupos narcodelictivos.

Pasadas las 11:00 se registró el arribo del secretario de Estado de Estados Unidos a la capital. A partir de allí inició su traslado para el encuentro en el Palacio de Gobierno. 

Debido a esa visita, un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado en el Centro Histórico de Quito. Había calles cerradas, sobre todo en los alrededores de la Plaza Grande.

¿Qué abordará Rubio en Ecuador?

La agenda en Ecuador incluirá el tratamiento de asuntos de seguridad y comercio. Según el Departamento de Estado, el funcionario estadounidense abordará la cooperación en la “lucha conjunta contra el narcoterrorismo”, además de los beneficios de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países de la región.

La llegada de Rubio a Ecuador ocurre en el marco de operaciones conjuntas entre ambos países para el ataque a grupos de delincuencia organizada en el país. Uno de los elementos es la actuación en altamar.

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El mismo Comando Sur de los EE.UU. ha informado sobre operaciones que han involucrado el hundimiento de barcos frente a la costa de Ecuador. El tema no ha escapad a la polémica ya que hay cuestionamientos por las labores de inteligencia alrededor de dichas operaciones.

Uno de los casos reportados a inicios de este año tiene que ver con la desaparición del pesquero Fiorella. Ocho tripulantes continúan desaparecidos y se presume que murieron en el mar. 

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Este es uno de los casos bajo la lupa en medio de una investigación del Washington Post, medio de comunicación estadounidense, que sostiene que las operaciones se desarrollaron bajo la figura de "acción encubierta", un mecanismo autorizado por la Presidencia de Estados Unidos que permite ejecutar operaciones secretas sin reconocer oficialmente la participación gubernamental.

Lo que debes saber

• El caso se origina en un presunto pedido de dinero realizado a nombre de la legisladora.
• Núñez afirma que no conoce al hombre señalado por ese hecho.
• La legisladora sostiene que actuó ante la Fiscalía tras conocer lo ocurrido.

La asambleísta y jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, reaccionó a la denuncia anunciada por Jhajaira Urresta, quien la señaló por un presunto caso de venta de cargos públicos. Núñez aseguró que se enteró recientemente de la acusación y cuestionó la credibilidad de su colega, al recordar una denuncia anterior presentada por Urresta contra la excandidata a la Presidencia de la República, Luisa González.

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Núñez cuestiona los señalamientos

En julio de 2025, la asambleísta Jhajaira Urresta denunció presuntos insultos y supuestos manejos irregulares de fondos dentro de la dirigencia de Revolución Ciudadana. Estos señalamientos se produjeron tras su salida del movimiento correísta.

Según Núñez, en aquel caso Urresta habría anunciado la presentación de pruebas que, a su criterio, nunca fueron entregadas. Por ello, la legisladora de Revolución Ciudadana puso en duda los señalamientos actuales y calificó de “show político” las acciones que, según dijo, buscan atacar a quienes realizan denuncias dentro del Legislativo.

Un hombre habría usado su nombre

No obstante, Núñez reconoció que existe una causa en la Fiscalía General del Estado relacionada con un hombre, cuya identidad no reveló, que habría utilizado su nombre para solicitar dinero. La asambleísta señaló que, ante esta situación, el 27 de julio también acudió ante el Ministerio Público para denunciar al involucrado.

La legisladora sostuvo que los hechos habrían ocurrido durante la etapa en la que fue candidata y señaló que no puede controlar las acciones de personas que se acercan durante una campaña. La política aseguró que no mantiene ningún vínculo con la persona señalada y que nunca ofreció un cargo público a cambio de dinero.

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El caso podría llegar al CAL

Ante la posibilidad de que el proceso llegue a Consejo de Administración Legislativa (CAL), sostuvo que allí podrá presentar las pruebas que, según indicó, demostrarían que actuó frente al uso indebido de su nombre. Asimismo, Núñez insistió en que la denuncia anunciada por Urresta responde a una intención política de confrontación.

Lo que debes saber

• TCE ratificó la decisión del CNE y dejó fuera de la papeleta electoral a David Rosero.
• El fallo determinó que Rosero ya cumplió dos periodos y agotó su opción de reelección.
• La sentencia se fundamenta en el artículo 114 de la Constitución de la República.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo interpuesto por David Rosero contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que descalificó su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con este fallo jurisdiccional, adoptado tras verificar que el postulante incurre en la inhabilidad constitucional de reelección consecutiva o no consecutiva para un mismo cargo de elección popular, Rosero queda definitivamente fuera de la papeleta electoral en Ecuador.

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TCE ratifica negativa del CNE a la candidatura de David Rosero

El organismo de justicia electoral desestimó la apelación de David Rosero, ratificando la postura inicial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras el análisis jurídico del caso, el Contencioso Electoral determinó que el exfuncionario vulnera el marco normativo sobre la permanencia de las autoridades de elección popular en un mismo puesto colegiado.

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Fundamento constitucional y legal del fallo

La resolución judicial se sustenta en la normativa electoral y constitucional vigente en el país:

Los periodos de David Rosero en el CPCCS

De acuerdo con el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral, el postulante ya agotó las oportunidades permitidas por la ley para ejercer la titularidad en el organismo:

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El Tribunal precisó que el propio Rosero admitió haber integrado el cuerpo colegiado durante dos periodos distintos derivados de las urnas. La sentencia concluyó que el mecanismo administrativo o normativo de acceso a la titularidad no anula la existencia de la inhabilidad, por lo que el ciudadano ya agotó su derecho a postularse para la misma dignidad.

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Juicio político en la Asamblea Nacional

La descalificación definitiva de David Rosero de las elecciones de noviembre de 2026 también coincide con el inicio de un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional.

El asambleísta Sergio Peña acusa a Rosero de incumplir con sus funciones a propósito de una supuesta reunión entre el consejero y Maritza Romero, postulante al concurso para fiscal general del Estado.

Lo que debes saber

• La denuncia involucra a Patricia Núñez y personas de su entorno de trabajo.
• Una mujer de Chimborazo habría acudido previamente a la Fiscalía.
• Urresta anunció que llevará el caso ante las instancias de control legislativo.

La asambleísta Jhajaira Urresta anunció la presentación de una denuncia contra Patricia Núñez, jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, por un presunto esquema de venta de cargos públicos que involucraría a la legisladora y a personas de su despacho. Según Urresta, una mujer de la provincia de Chimborazo habría sido estafada y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.

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Una denuncia que llega a Fiscalía

Durante una declaración ante medios de comunicación, Urresta sostuvo que la afectada habría señalado a Núñez y a integrantes de su círculo cercano de trabajo. La legisladora aseguró que, pese a conocer el caso, no se habrían otorgado las garantías necesarias para proteger a la denunciante ni para esclarecer los hechos.

Ante esta situación, Urresta indicó que realizará el trámite correspondiente dentro de la Asamblea Nacional para que la denuncia ciudadana sea canalizada por las instancias respectivas. Indicó que entregará la documentación ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posteriormente, los elementos y pruebas que correspondan podrían ser remitidos al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, dijo Urresta. La legisladora afirmó que será en esa instancia donde deberán analizarse los hechos y determinarse las responsabilidades que correspondan, si las hubiera.

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Las pruebas serán analizadas

Asimismo, Urresta sostuvo que la contundencia de las pruebas y los testimonios de las personas que aseguran haber sido afectadas serán puestos en conocimiento del Comité de Ética. A su criterio, el proceso debe permitir que se conozca la versión de los involucrados y que, de comprobarse irregularidades, se establezcan las consecuencias respectivas.

La asambleísta también cuestionó que la Función Legislativa pueda verse relacionada con posibles actos de corrupción. Según manifestó, este tipo de señalamientos adquiere mayor relevancia cuando involucra a una autoridad que llegó al cargo mediante elección popular.

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“Una medida disfrazada de eficiencia adoptada por el Consejo de la Judicatura puede terminar beneficiando al crimen organizado y al narcotráfico”, señaló la también presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea.

La Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito. 

La justificación para dicha resolución fue el fortalecimiento de la justicia especializada. La medida implica echar abajo el modelo que determinaba que este tipo de casos se tramiten en unidades creadas expresamente para atender su alta complejidad.

¿Qué pide Viviana Veloz?

En su pedido de información, Veloz detalla que existe normativa expresa que regula a los jueces y tribunales especializados para corrupción y crimen organizado. “El artículo 7 en concordancia con el artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que la competencia está determinada en la ley y excepcionalmente la Judicatura, previo estudio técnico, podrá modificarla no suprimirla”, dijo la asambleísta.

En ese sentido, la solicitud enviada al Consejo de la Judicatura tiene 33 pedidos. Entre ellos:

Según Veloz, “un país que desmantela su justicia especializada no está dando una batalla frontal contra la corrupción. Está debilitando una de las herramientas que necesita para enfrentarla”.

Como parte del pedido, la asambleísta recordó que la Ley de la Función Legislativa establece un plazo de 10 días para remitir la información. Citó el artículo 75 de dicha normativa, en el que también se señala que, en caso de que la información no sea entregada, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, “a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas según su temática”.

Lo que debes saber

• Ecuador cayó en lectura en PISA 2025; Educación anunció plan nacional este 9 de septiembre.
• Gilda Alcívar dijo en Ecuador que los resultados reflejan cerca de 10 años de formación.
• PISA 2025 detectó brechas en lectura, matemáticas y ciencias; Gobierno reforzará aprendizajes.

Ecuador registró un retroceso en las tres competencias evaluadas por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), según los resultados difundidos este 9 de septiembre. La prueba, aplicada a estudiantes de 15 años en 91 países, mostró que el país disminuyó su rendimiento respecto a la medición anterior.

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De acuerdo con los datos oficiales, Ecuador obtuvo 393 puntos en ciencias, 385 en comprensión lectora y 366 en matemáticas. Estos puntajes ubicaron al país en los puestos 70, 65 y 76 del ranking internacional, respectivamente.

La caída más pronunciada se produjo en comprensión lectora. El puntaje pasó de 409 unidades en 2017 a 385 en 2025, lo que representa una disminución de 24 puntos. En matemáticas, Ecuador descendió de 377 a 366 puntos, mientras que en ciencias pasó de 399 a 393.

Ministra atribuye resultados a un proceso de formación de varios años

Tras la publicación de los resultados, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló que las cifras reflejan procesos formativos acumulados durante aproximadamente una década y ponen en evidencia brechas persistentes en lectura, matemáticas y ciencias. La funcionaria sostuvo que los resultados permiten identificar las áreas donde se requiere una intervención prioritaria.

“Los resultados reflejan un proceso de formación de cerca de 10 años y muestran una realidad que no podemos ignorar”, manifestó la ministra a través de sus redes sociales.

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Gobierno anuncia Plan Nacional de Fortalecimiento de Aprendizajes

Como respuesta a los resultados, el Ministerio de Educación anunció la implementación de un Plan Nacional de Fortalecimiento de Aprendizajes, enfocado en un currículo por competencias en lectura, matemáticas y ciencias. 

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La iniciativa contempla evaluaciones periódicas para medir avances y acompañamiento focalizado a instituciones educativas y estudiantes que presentan mayores dificultades.

La ministra indicó que el objetivo es mejorar los aprendizajes en áreas consideradas fundamentales para el desarrollo académico de los estudiantes y para su desempeño en futuras evaluaciones.

Lectura y capacitación docente forman parte de la estrategia

El plan también contempla la ampliación de las políticas de fomento a la lectura. Según informó la cartera de Estado, durante 2026 se destinaron $500.000 para fortalecer ambientes de lectura y actualmente funcionan 14 ludobibliotecas en el país.

Otro de los componentes anunciados es el fortalecimiento de la formación continua de docentes. La autoridad educativa aseguró que se brindará acompañamiento pedagógico y herramientas para apoyar el trabajo en las aulas, con énfasis en el desarrollo de capacidades de comprensión, pensamiento crítico y resolución de problemas entre los estudiantes.

• Pese a que el CNE fijó el 12 de noviembre como inicio oficial de la campaña y la ley establece sanciones para quienes se adelanten, candidatos ya realizan actividades proselitistas.
• Existe poca información sobre sanciones efectivamente aplicadas y los límites legales de gasto electoral son cuestionables. 
• Mientras las normas no sean realistas y las autoridades no las hagan cumplir, las irregularidades electorales seguirán normalizándose.

Si después de revisar la ley vigente y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), alguien saca la cabeza por la ventana o posa su mirada en una pantalla, esa persona podría pensar que accidentalmente se metió en una página del país equivocado. Quizá, llegará a temer que alucinaba. Eso sería mejor que afrontar la triste realidad del Ecuador: el CNE ha puesto, por enésima vez, plazos, reglas y montos para la campaña los cuales nadie respeta.

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Según lo dispuesto por el pleno del Consejo, la campaña oficialmente comenzará el 12 de noviembre y, al menos según la letra de la ley (art. 278 del Código de la Democracia), quien sea que se adelante a esa fecha incurre en una infracción electoral grave, la cual puede ser sancionada de forma pecuniaria o, lo que sí que le dolería a cualquiera, castigada a través de la suspensión de los derechos de participación y hasta con la destitución. 

En ese mismo artículo también se clasifican como graves otras prácticas muy comunes como distribuir “donaciones, dádivas o regalos”, participar en la entrega de obras como candidatos o promover, en el ejercicio de un cargo público, el voto por una lista.

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Sin embargo, por más que el CNE lleve años regodeándose de acumular miles de “hallazgos”, muy poco se sabe de las sanciones que terminan implementándose después de la presentación de sus denuncias ante al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Por ahí salta a la memoria un caso del asambleísta Roberto Cuero por presunta precampaña, y otro del alcalde de la capital, Pabel Muñoz, por hacer proselitismo en el cargo.

Fuera de esos incidentes aislados, todos podemos ver cómo los políticos violan la ley con total impunidad y sin el más mínimo empacho. Unos ya llevan desde mucho antes del adelanto de las elecciones regalando racimos de plátano y colándose a los actos oficiales de la entrega de obras o de subsidios. 

Otros ya eran candidatos antes de siquiera ser calificados, y no solo se han dedicado a difundir sus ideas y planes, como el artículo 208 del Código permite, sino que van por los barrios y los campos pintando paredes, repartiendo camisetas y montando tarimazos, rodeados siempre de un séquito de asesores, no de su partido, sino de su campaña, pagados con plata, no del fondo partidario, sino vaya uno a saber de qué procedencia.

Y es que la plata también es un problema. Si bien el artículo 209 del Código especifica las fórmulas precisas con las que se debe calcular el gasto máximo de una campaña por fuera del fondo de promoción electoral que el CNE asigna, es evidente que la plata que se mueve desde ya por las calles y en las redes no corresponde a esa aritmética. 

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Por ejemplo, el numeral 5 del artículo antes mencionado establece lo siguiente sobre las elecciones a alcaldes: el gasto debe ser máximo “la cantidad que resulte de multiplicar el valor de cero coma cuarenta centavos de dólar por el número de ciudadanos que consten inscritos en el registro metropolitano o cantonal”.

De esa forma, en Guayaquil y Quito el límite es de poco más de 800.000 dólares, y en Cuenca de un poco menos de 180.000. Todos los que trabajan en política saben que es casi imposible pelear una campaña de la magnitud que naturalmente alcanzan las elecciones en esos cantones con montos tan bajos, y lo admiten con total libertad en privado. 

Pregúntenles, y sobre Quito y Guayaquil hablan de millones, al menos como un objetivo (es cierto que también se quejan de que la plata escasea, sea por la falta de interés o el exceso de temor). Sin justificar la manera en la que hoy se rompe la ley, es evidente que mientras esta no se reforme para volverla algo más realista, contemplando montos más cercanos a lo que realmente se gasta e incluyendo mecanismos para regular la contratación de la publicidad que circula en redes, nadie la va a obedecer.

Hasta mientras, debemos insistir en que al menos las normas del más básico pudor sean respetadas. No puede ser aceptable que un candidato, como es el caso del Dr. Jorge Yunda en Quito, pueda ponerse a regalar dinero de su propia billetera en un concurso de trivia -evidente acto de proselitismo- sin tener que esperar nada más que algunos trinos enardecidos y el comentario molesto de los analistas como producto de aquello.

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Si el candidato Yunda piensa que le basta con pretender aclarar por medio de un tuit que lo que entregó no fue un regalo sino el pago de una apuesta, a lo mejor tenga razón, pero tan solo porque el pueblo capitalino y el resto del país así se lo permite. Y si es así, no se extrañen de que vengan cosas peores. De hecho, viendo las recientes retiradas de algunos candidatos y las injustificables sanciones bancarias contra otros, podríamos decir que ya llegaron.

Coja su ticket y su vasito de cola, vecino, y siéntese, que al fondo hay sitio.

Lo que debes saber

• La venta de activos ociosos divide a las bancadas parlamentarias entre el rechazo y el respaldo.
• Legisladores exigen que el dinero obtenido beneficie a los afiliados y no al fisco.
• Bloques legislativos coinciden en la crisis del Seguro Social, pero discrepan en las salidas.

La propuesta de vender los activos ociosos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para dotar de liquidez a la entidad detonó discrepancias entre las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional, en Quito. Mientras legisladores independientes respaldan la enajenación condicionada a precios transparentes y exclusividad de recursos para los afiliados, bloques como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano rechazan la medida al considerarla inconstitucional e ineficiente frente a la deuda estatal, reabriendo la discusión sobre una reforma estructural al sistema.

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Posturas divididas ante la venta de "activos ociosos"

El planteamiento de comercializar inmuebles en desuso generó opiniones encontradas entre los asambleístas, marcando dos corrientes claras sobre la administración patrimonial del Seguro Social.

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Las vías planteadas para la reforma integral al IESS

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¿Por qué la UAFE congela cuentas a candidatos? Esto respondió José Julio Neira

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Un caso que trascendió fue el de Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), quien denunció el 1 de septiembre que las cuentas de sus empresas y de sus representantes legales habían sido congeladas.  

Días después, Jaime Estrada, precandidato a la Prefectura de Manabí, también denunció el bloqueo de sus cuentas. Ambos casos han alimentado el debate sobre qué implica una medida de este tipo y qué ocurre cuando una persona queda bajo investigación financiera.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, defendió este martes 8 de septiembre del 2026 las actuaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según explicó, el congelamiento de fondos responde a investigaciones por presunto lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

"Si tus fondos han sido congelados, es que existe una investigación", afirmó Neira. El funcionario sostuvo que no se trata de una persecución a personajes políticos, sino de investigaciones financieras que deben ser profundizadas por la Fiscalía.

Yaku Pérez habla de lo que implica el bloqueo o congelamiento de cuentas bancarias

Pero el abogado y excandidato presidencial Yaku Pérez cuestiona el uso de estas medidas.  

Pérez puso como ejemplo el caso de un ciudadano, a quien dijo conocer personalmente. Según su explicación, los movimientos de alrededor de 300.000 dólares registrados durante tres años fueron producto de ser parte del Banco del Barrio. 

El ciudadano tenía una tienda en la que se realizan cobros de servicios básicos, entre otras transacciones, por lo que, según Pérez, esos recursos no serían de su propiedad, sino que corresponderían a operaciones de la entidad bancaria.

El abogado también mencionó congelamiento de fondos a la Fundación Pueblo Indio, vinculada a las comunidades y seguidores de monseñor Leonidas Proaño, y a otras organizaciones cuyos fondos, según afirmó, habrían quedado inmovilizados.

"Hablar de presunciones es una gravísima arbitrariedad del sistema penal", sostuvo Pérez, quien considera que estas medidas pueden dejar a personas y organizaciones en una situación de indefensión.

El abogado aseguró que el congelamiento afecta incluso el pago de salarios, servicios básicos y obligaciones financieras. Según relató, algunas organizaciones han tenido que recurrir a créditos para cumplir con sus compromisos.

Pérez sostiene que una medida de esta naturaleza puede afectar derechos como el trabajo, la contratación y la asociación. También cuestionó que se pueda producir, a su juicio, una suerte de sanción anticipada antes de que exista una sentencia.

Universalmente, toda persona es inocente mientras no tenga sentencia ejecutoriada.Yaku Pérez/ abogado y político

Lo que debes saber

• Carlos Falquez Aguilar apeló ante el TCE la negativa del CNE a su postulación.
• El juez electoral Guillermo Ortega dio dos días al CNE para remitir el expediente.
• CREO objetó la inscripción alegando falta de firma de su representante legal.

El precandidato Carlos Falquez Aguilar presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para apelar la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó su candidatura a la Alcaldía de Machala para los comicios seccionales de noviembre de 2026. La causa recayó en el juez Guillermo Ortega, quien requirió al órgano electoral la entrega del expediente administrativo del proceso para resolver la causa en la sede contenciosa.

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Según consta en el expediente judicial, la causa ingresó formalmente a trámite para resolver la calificación de la postulación municipal:

Requerimientos judiciales al Consejo Nacional Electoral

Entre las primeras diligencias procesales, el magistrado Guillermo Ortega solicitó información detallada al CNE:

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El conflicto sobre la postulación se originó en la sede electoral desconcentrada de la provincia de El Oro tras el rechazo formal de la dirigencia nacional del movimiento político:

Lo que debes saber:

• La reforma electoral exige 5% de votos, 8% de alcaldías o concejales en 10% de cantones.
• Los partidos ecuatorianos se preparan para las seccionales del 29 de noviembre con cálculos para sobrevivir.
• PSE, Unidad Popular, ID, Centro Democrático e Imparables confían en superar la nueva barrera electoral.

Si antes los dirigentes de las organizaciones políticas ecuatorianas usaban una calculadora básica para medir sus posibilidades electorales, ahora necesitan una ‘científica’. La comparación es de Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Intenta graficar el escenario que enfrentan rumbo a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

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La reforma al Código de la Democracia eliminó las llamadas tarjetas amarillas. Para mantenerse deberán alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos, obtener el 8 % de las alcaldías o conseguir un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

El mapa de organizaciones políticas podría reducirse. Será una suerte de ‘autodepuración’ forzada del sistema, aunque está por verse si esta regla conseguirá disminuir la fragmentación electoral o simplemente dejará fuera a las más débiles.

Las cuentas de las organizaciones, rumbo a seccionales 2026

Gustavo Vallejo, del PSE, se declara optimista, basándose en datos. Se presentarán en 105 cantones y llevan listas completas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales, en 94. El dirigente reconoce que esperaba superar los 150 cantones, pero fue difícil.

“En términos de ingeniería electoral, esto es mucho más complejo”, sostiene Vallejo, quien ya dirigió las seccionales de 2023. Según sus cálculos, el PSE podría disputar unas 40 alcaldías y ganar de 19 a 20.

Entre los candidatos que menciona están Fabricio Tinajero, en Latacunga; Víctor Mieles, en Puerto Quito; y Dorian Jara, en Riobamba. En Quito, Guayaquil y Cuenca, la competencia será especialmente relevante para medir la capacidad de las organizaciones de alcanzar los porcentajes exigidos.

Vallejo cuenta que el PSE revisó sus posibilidades dos veces: primero, antes del acuerdo con Revolución Ciudadana (RC), y después de concretar la alianza. En ambos escenarios, afirma, los cálculos apuntan a que el partido podría superar la nueva barrera (reforma).

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Unidad Popular también enfrenta optimista el desafío. Su presidente, Geovanni Atarihuana, asegura que la organización participará en unos 160 cantones, con más de 6.000 postulantes. Reitera que “la cancha está inclinada”, pero sostiene que cuentan con un proyecto político, una estructura social y aspirantes con buenas posibilidades de ganar en distintos territorios.

Entre otros nombra a Mónica Luzuriaga, Yaku Pérez, Sebastián Cevallos, Liliana Silva y Pabel Muñoz, además de candidaturas en Loja y Quevedo. Para Atarihuana, el reto es aprovechar el descontento con el Gobierno.

Sin embargo, cuestiona que la depuración de las organizaciones se produzca como consecuencia de una regla electoral y no exclusivamente por decisión de los ciudadanos.

Es deseable una depuración, pero que el pueblo decida. La reforma es antidemocrática, desde el método de asignación de escaños hasta la dificultad para hacer alianzas.Geovanni Atarihuana/ presidente de Unidad Popular

Las dificultades que enfrentan otras organizaciones y sus números

La Izquierda Democrática (ID) llega al proceso con otra dificultad. Elvis Herrera explica que el partido no pudo presentar candidatos propios en provincias como Pichincha porque no contó con asistencia técnica para realizar la democracia interna. Afirma que la solicitaron dentro del plazo establecido, pero encontraron trabas durante el proceso.

Pese a ello, Herrera confía en conservar el casillero gracias a más de 92 alianzas que, asegura, la ID mantiene a escala nacional. “Calculamos que alcanzaremos los mínimos necesarios. Tenemos buenos candidatos en distintas alianzas”.

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Pero la pregunta es si una reducción del número de organizaciones significará realmente una mejora del sistema político. 

Herrera advierte que no todas las organizaciones cumplen la misma función. Algunas, sostiene, son partidos de alquiler o vehículos electorales. Pero una depuración también debería garantizar que lleguen a las instituciones organizaciones capaces de formular políticas públicas y administrar.

“¿Qué significa realmente depurar?”, se cuestiona. Arturo Moreno, dirigente de Pueblo Igualdad y Democracia (PID), organización inscrita en 2022, mira el proceso desde otra perspectiva. Al referirse a las disputas entre Revolución Ciudadana y ADN, recurre a una frase popular: 

“Cuando dos elefantes se pelean, el único que pierde es el pasto que pisan”.Arturo Moreno/ PID

Moreno dice que ambas fuerzas podrían terminar debilitándose mutuamente y cuestiona que la reforma haya sido diseñada para favorecer la concentración del sistema en unas pocas organizaciones. Confía, sin embargo, en que el PID superará la prueba. Incluso invita a EXPRESO a revisar sus resultados después de los comicios.

Centro Democrático tampoco se siente en riesgo. Eustorgio Salgado afirma que la organización ha trabajado en una reestructuración territorial y que no funciona únicamente como un vehículo electoral. Dice que competirán con candidatos propios y mediante alianzas. Y que de acuerdo con sus cálculos, cumplen las condiciones establecidas por la reforma.

Wilson Merino dirige Imparables, que recién obtuvo el número 79, en julio de 2025. Es el único inscrito en Pichincha en 12 años. 

“La democracia es lo que es, se mide en cada elección, con propuestas. Creemos que lograremos sobrevivir y prosperar. Daremos una sorpresa porque acompañamos al ciudadano (...) Las grandes fuerzas políticas quieren que haya bipartidismo”, analiza.

Imparables es un movimiento ciudadano. No tiene propietario. Con las propuestas, creemos que lograremos sobrevivir. Tenemos 648 candidatos. Daremos una sorpresa.Wilson Merino/ Imparables

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El caso Goleada: procesados sin blindaje judicial

Esta aclaración respondió a una consulta formal del juez Jairo García dentro del denominado 'caso Goleada', en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos. El magistrado solicitó al CNE verificar si alguno de los 17 imputados gozaba de fuero.

El organismo electoral confirmó que cuatro de los procesados —Fiorella Ycaza, Pedro Juan Hidalgo, Gastón Loy Correa y David Álvarez Kronfle— ingresaron solicitudes de inscripción para la Alcaldía y concejalías de Guayaquil. No obstante, el CNE ratificó que ninguno cuenta con inmunidad electoral, debido a que sus expedientes no han sido calificados en firme.

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La calificación en firme: el único camino para la inmunidad

El titular del organismo electoral, José Cabrera, explicó que el blindaje legal para los postulantes no opera de manera automática con el registro inicial. "Cuando ha sido calificada y está en firme, entonces sí tiene inmunidad. Mientras tanto no goza de ese derecho", precisó la autoridad.

La inscripción previa representa apenas el punto de partida de un trámite administrativo y legal. Antes de otorgar la protección fijada por la norma electoral, cada nómina debe superar distintas fases de fiscalización e impugnación:

"Todavía no tienen inmunidad porque la candidatura no está en firme", puntualizó Cabrera.

Impedimentos legales para ser candidato en Ecuador

A la par de los procedimientos administrativos, el marco legal ecuatoriano establece inhabilitaciones taxativas para quienes pretenden llegar a una papeleta. El numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia prohíbe expresamente la postulación de personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Esta restricción aplica con rigor frente a delitos graves como el lavado de activos, la asociación ilícita y la delincuencia organizada. En esos escenarios, la pérdida de los derechos políticos impide de forma definitiva la participación en la contienda.

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Lista definitiva y certezas a tres días de la campaña

Tras resolver la revisión de más de 53.000 solicitudes de inscripción ingresadas al sistema, el CNE prevé publicar el listado oficial de candidaturas calificadas en firme el próximo 9 de noviembre.

Con este anuncio, las organizaciones políticas y los aspirantes obtendrán certeza jurídica sobre su participación apenas tres días antes del arranque del periodo de proselitismo, fijado del 12 al 26 de noviembre.

Un proceso masivo en un calendario reajustado

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, concejales urbanos y rurales, 4.131 vocales de juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La jornada de votación en noviembre responde al reajuste preventivo aprobado por el pleno del CNE para mitigar posibles afectaciones en la logística vial por el fenómeno de El Niño.

Lo que debes saber

• Neira negó presiones a medios y afirmó que el Gobierno respeta la libertad de expresión.
• Gobierno asegura que la pauta oficial se asigna con estudios técnicos y de mercado.
• José Julio Neira respondió a denuncias sobre presuntas presiones a periodistas en Ecuador.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, aseguró que el Gobierno respeta la libertad de expresión y rechazó que existan presiones desde el Ejecutivo hacia medios de comunicación o periodistas.

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Durante una entrevista en el programa Primera Plana, Neira fue consultado sobre la posición del Gobierno respecto a la libertad de prensa y las recientes denuncias realizadas por periodistas en torno a posibles presiones o condicionamientos.

El funcionario sostuvo que la administración del presidente Daniel Noboa mantiene una postura de respeto hacia la libertad de expresión y afirmó que las críticas dirigidas al Gobierno son una muestra de que ese derecho se ejerce con normalidad en el país. “El presidente ha sido muy claro. Nosotros como Gobierno respetamos la libertad de expresión”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que los cuestionamientos al Ejecutivo son difundidos de manera permanente en distintos espacios de comunicación y destacó su participación en entrevistas con medios críticos.

Niega presiones desde el Ejecutivo

Durante el diálogo, Neira fue interrogado sobre una de las principales preocupaciones planteadas por sectores periodísticos: la posibilidad de que la pauta publicitaria estatal sea utilizada como mecanismo de presión sobre medios de comunicación.

Ante esa consulta, el secretario negó que exista algún tipo de condicionamiento desde el Ejecutivo relacionado con líneas editoriales o contenidos periodísticos. “Nosotros como Gobierno respetamos la libertad de expresión”, reiteró.

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Según explicó, las decisiones sobre inversión publicitaria responden a estudios técnicos, criterios de mercado y estrategias de difusión institucional.

Neira indicó que la distribución de pauta se sustenta en evaluaciones sobre alcance territorial, segmentación de audiencias y objetivos comunicacionales específicos. “Son estudios técnicos, son estudios que están sustentados por las decisiones que se toman”, manifestó.

El rol de los propietarios de medios

Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la estructura empresarial de los medios de comunicación y sostuvo que cada empresa periodística opera dentro de una dinámica económica propia.

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En ese contexto, señaló que los medios mantienen intereses comerciales relacionados con su sostenibilidad financiera, el pago de salarios y el cumplimiento de obligaciones empresariales.

“Cada canal de comunicación tiene un dueño, tiene un incentivo económico para tener mejores números comerciales”, afirmó.

Debate sobre libertad de prensa

Las afirmaciones de Neira se dan en un momento en que la libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio periodístico han vuelto a formar parte de la discusión.

Diversos sectores han planteado inquietudes sobre el papel del Estado frente a los medios y la transparencia en la asignación de recursos destinados a comunicación institucional.

Lo que debe saber

• Neira: compra de medicinas a India entró en fase final para abastecer hospitales en septiembre.
• Gobierno negocia con India sin intermediarios; esperan definir fecha de entrega de fármacos.
• Salud reporta abastecimiento de hasta 63%; buscan aumentar stock de medicamentos este mes.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, afirmó que la compra de medicamentos a India se encuentra en la etapa final de negociación y sostuvo que el abastecimiento en hospitales públicos aumentará progresivamente durante septiembre.

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La adquisición de medicamentos al Gobierno de India, anunciada meses atrás por el presidente Daniel Noboa como una de las medidas para enfrentar el desabastecimiento en la red pública, se encuentra en su fase final de contratación, según informó José Julio Neira, secretario de la Administración y Gabinete.

Durante una entrevista en el programa Primera Plana, el funcionario señaló que las negociaciones avanzan directamente entre ambos gobiernos y aseguró que una de las razones de la demora ha sido precisamente la decisión de realizar el proceso sin intermediarios.

"Estamos en la etapa final de realizar la compra hacia la India", afirmó Neira, quien indicó que mantiene reuniones con la Cancillería y representantes diplomáticos del país asiático para definir la firma del contrato y las fechas de entrega.

Según explicó, la intención es que los medicamentos sean enviados por vía aérea para acelerar su llegada a Ecuador una vez concluido el proceso.

Abastecimiento aún por debajo de los niveles esperados

Neira indicó que actualmente el abastecimiento promedio de medicinas en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) supera el 63 %, mientras que en la red del Ministerio de Salud Pública (MSP) se ubica alrededor del 55 %.

De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es incrementar esos porcentajes durante septiembre mediante nuevas adquisiciones y una mejor gestión de inventarios. "Estamos ejecutando la planificación del inventario de medicina para que esté disponible a los ecuatorianos", señaló.

Las cifras reflejan un desafío persistente para el sistema público de salud, que durante los últimos años ha enfrentado reclamos recurrentes de pacientes por falta de fármacos, insumos y demoras en la atención.

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Inspecciones a hospitales y proveedores

El secretario también detalló que el MSP, el IESS y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) desarrollan controles permanentes en hospitales y centros de salud del país.

Según señaló, se realizan más de 62 inspecciones semanales para verificar el abastecimiento de medicamentos y el cumplimiento de contratos relacionados con alimentación hospitalaria, lavandería e insumos médicos. El objetivo, indicó, es supervisar la calidad de los servicios y detectar posibles irregularidades en la ejecución de contratos públicos.

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La compra a India y la revisión técnica

Respecto al acuerdo con India, Neira explicó que funcionarios del Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y el Sercop realizaron una visita técnica al país asiático poco después del anuncio presidencial.

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Durante esa misión, los equipos revisaron documentación, visitaron laboratorios y recopilaron información para sustentar el proceso de adquisición entre Estados.

Según el funcionario, esos análisis han sido parte de los requisitos necesarios para avanzar hacia la contratación directa con el Gobierno indio.

Modernización y lucha contra la corrupción

Durante la entrevista, Neira vinculó los problemas históricos del sistema sanitario con la presencia de redes de corrupción en distintos niveles de la estructura pública.

Aseguró que uno de los principales objetivos de la administración es impulsar una modernización integral del sistema de salud mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar el control de inventarios, la disponibilidad de equipos médicos y la gestión de citas.

El funcionario sostuvo que la digitalización de procesos ayudaría a reducir espacios para irregularidades y facilitaría el seguimiento de recursos dentro de hospitales y centros médicos.

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También destacó avances en telemedicina dentro del IESS, una herramienta que, según dijo, busca agilizar la atención de pacientes y optimizar la capacidad operativa de los establecimientos de salud.

Aunque reconoció que persisten problemas estructurales, Neira aseguró que las acciones en marcha apuntan a fortalecer la capacidad de abastecimiento y mejorar la gestión de la red pública sanitaria.

Lo que debes saber

• Neira afirmó que la UAFE congela cuentas cuando detecta indicios de lavado de activos.
• Candidatos cuestionan congelamientos; Gobierno niega persecución política en plena campaña.
• Según Neira, jueces revisan cada congelamiento y evalúan el origen de los fondos.

El secretario de la Administración y Gabinete, José Julio Neira, aseguró que las recientes medidas de congelamiento de fondos aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) obedecen a investigaciones técnicas por presunto lavado de activos

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En una entrevista concedida al programa Primera Plana, Neira respondió a los cuestionamientos sobre la estrategia gubernamental para combatir las economías criminales y sostuvo que la actual administración ha golpeado las finanzas de las organizaciones delictivas con mayor intensidad que gobiernos anteriores.

El funcionario defendió el trabajo de la UAFE y señaló que el incremento de reportes sobre operaciones inusuales y la participación del organismo en procesos judiciales por lavado de activos forman parte de una ofensiva dirigida a afectar las estructuras financieras vinculadas tanto al crimen organizado como a delitos de corrupción. “Nos estamos enfocando en la economía criminal, en darle donde más le duele”, afirmó.

La defensa del congelamiento de fondos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el congelamiento de cuentas bancarias denunciado públicamente por algunos actores políticos, entre ellos el candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, y el precandidato a la Prefectura de Manabí, Jaime Estrada Medranda.

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Consultado sobre estos casos, Neira evitó referirse de manera específica a expedientes individuales, pero explicó que la inmovilización temporal de fondos es una medida administrativa prevista dentro de los mecanismos de inteligencia financiera.

Según indicó, esta decisión se adopta cuando existen indicios que justifican investigaciones por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito o actividades relacionadas con estructuras criminales. “Si tus fondos han sido congelados es porque existe una investigación y una sustentación técnica”, aseguró.

El funcionario insistió en que estas acciones no responden a motivaciones políticas, sino a procedimientos que posteriormente son revisados por instancias judiciales.

“No existe persecución a personajes políticos. Existen investigaciones de lavado de activos a personajes que utilizaron la política para encubrir sus actividades”, sostuvo.

Cuestionamientos por el contexto electoral

Las declaraciones de Neira surgen en medio de cuestionamientos de sectores políticos y sociales que consideran sospechoso que algunos congelamientos de cuentas se hayan conocido durante el actual proceso electoral.

Frente a esas críticas, el secretario afirmó que la herramienta de inmovilización de fondos no es reciente y recordó que los controles se fortalecieron tras la aprobación de reformas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos.

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También señaló que los casos conocidos públicamente representan solo una parte de las medidas ejecutadas por la UAFE y que fueron los propios involucrados quienes decidieron divulgar su situación. “Solo se hace énfasis en dos congelamientos porque ellos los hicieron públicos”, dijo.

Neira agregó que las personas afectadas tienen la posibilidad de presentar pruebas ante la justicia para demostrar el origen lícito de sus recursos.

Revisión judicial de las medidas

Durante la entrevista, el funcionario enfatizó que la UAFE no tiene la última palabra sobre las restricciones financieras impuestas. Explicó que cada congelamiento es sometido a control judicial y que los afectados pueden impugnar la medida dentro de plazos establecidos por la normativa vigente.

Según explicó, los jueces evalúan los elementos recopilados por los organismos de control y las evidencias presentadas por los investigados antes de resolver si la inmovilización de fondos se mantiene o queda sin efecto. “No es que la UAFE decide congelar fondos y esa es la última decisión. Esto va a ser revisado por un juez”, afirmó.

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Neira también destacó una reciente sentencia por lavado de activos contra 13 personas vinculadas a una estructura encabezada por alias Gerente, caso en el que la UAFE participó como acusador particular.

El funcionario consideró que este tipo de procesos reflejan un mayor involucramiento del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas y aseguró que la estrategia gubernamental apunta a debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y redes de corrupción.

Con un nuevo proceso electoral en el que se deberá elegir a la nueva autoridad de la Alcaldía, los temas transversales que impactan de forma directa en el estilo de vida de los cuencanos deberán ser atendidos de manera prioritaria y por encima de ofrecimientos populistas que no conduzcan a la ciudad hacia un crecimiento sustentable y sostenible.

Los expertos consultados han identificado a la movilidad, la expansión acelerada de la ciudad y su habitabilidad como los ejes transversales que deberán planificarse, debatirse y consolidarse como políticas públicas que establezcan reglas claras para garantizar un crecimiento efectivo, pensado en las personas y no únicamente en los negocios inmobiliarios. 

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EXPRESO ha publicado varios reportajes sobre el boom inmobiliario por el que atraviesa la ciudad y las barreras que este fenómeno genera en materia de accesibilidad y desplazamiento de la población hacia las periferias, una situación que afecta cada vez más a los sectores vulnerables de la ciudad.

El problema de la movilidad radica, entre otros factores, en la falta de una planificación que integre de manera efectiva los sistemas de transporte —tranvía, buses urbanos y bicicleta pública— y que, además, incentive su uso. La ciudad aún no puede garantizar desplazamientos seguros para todos los actores del espacio público. En el primer semestre de este año se han registrado 560 siniestros de tránsito, en los que mayoritariamente los vehículos privados y las motocicletas encabezan la lista de siniestralidad. Y, aun así, según los expertos, la ciudad sigue concibiéndose como un espacio en el que se otorgan prioridad y beneficios al vehículo privado por encima de las personas.

Otros asuntos que están en la palestra pública y sobre los que poco se ha hecho para su control y regulación son el desarrollo vertiginoso del turismo que ha experimentado la ciudad en los últimos cinco años y el cuidado del patrimonio. A decir de los expertos, su regulación y planificación son urgentes para evitar la depredación de los atractivos de la ciudad. El auge de nuevas formas de alojamiento, la falta de un observatorio de turismo que genere estadísticas reales para la toma de decisiones, el cambio de uso del suelo de bienes patrimoniales para explotarlos como meros atractivos turísticos y la falta de un plan de gestión del patrimonio son algunas de las alertas que deberán ser atendidas de manera prioritaria por quien gane la carrera electoral.

En este marco, los expertos aseguran que la próxima autoridad deberá centrar su trabajo en una planificación profunda de la ciudad y no en el ofrecimiento de obras que dan votos, aunque estas decisiones impliquen asumir el costo político de obtener menores niveles de popularidad. La apuesta, en definitiva, debería ser por una ciudad que se planifique para las personas y no por una administración que planifique pensando en las próximas elecciones.

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Una movilidad pensada para los autos

Cuenca mantiene un modelo de movilidad que privilegia al vehículo particular por encima de las personas. El crecimiento del parque automotor contrasta con la disminución del uso del transporte público, cuya demanda se mantiene cerca del 80 %. A esto se suma la falta de integración entre los sistemas de transporte y una infraestructura que aún no garantiza desplazamientos seguros para peatones y ciclistas.

Guilherme Chalhoub, consultor y docente universitario en Movilidad Sostenible, señala que el transporte público debe ser rápido, eficiente y confiable. El problema, advierte, no se resuelve solo con más calles, puentes o distribuidores, sino con una planificación que priorice a las personas y conecte los distintos sistemas de movilidad.

Integrar para dejar de moverse a media

La próxima administración deberá asumir la movilidad como una política de largo plazo y no como una suma de obras aisladas. Aunque algunas intervenciones pueden ejecutarse en un período, transformar el sistema requiere continuidad durante varias administraciones.

Una de las primeras acciones debe ser integrar realmente el transporte público, conectando buses y tranvía mediante un sistema interoperable y una integración tarifaria que permita hacer transbordos sin pagar nuevamente por cada recorrido.

La segunda prioridad debe ser mejorar la calidad del transporte público. La próxima autoridad debería incorporar como política permanente la accesibilidad universal para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con movilidad reducida.

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Una ciudad que se expande sin plan

El principal problema no es que Cuenca crezca, sino que lo está haciendo de manera descontrolada y sin suficiente planificación urbana. Pedro Jiménez, docente e investigador de la Universidad de Cuenca, explicó que crecer es parte natural del desarrollo de una ciudad, pero cuando ocurre sin planificación se convierte en expansión urbana.

Para el experto, Cuenca ha perdido en los últimos 25 años su tradición de planificación, lo que ha generado una “expansión hacia parroquias rurales que se han convertido en polos de crecimiento urbano, pero que todavía dependen fuertemente del centro de Cuenca”. Esta dependencia obliga a los habitantes de esas zonas a desplazarse hacia el centro para realizar actividades cotidianas, aumentando la presión sobre la movilidad.

Más centralidades para ordenar el crecimient

La próxima administración municipal deberá contar con una agenda firme de planificación urbana, pero no limitarse a elaborar nuevos planos. El reto será gestionar el territorio y aplicar efectivamente las herramientas de planificación.

La propuesta es avanzar hacia una Cuenca metropolitana y policéntrica, dejando atrás el modelo de una ciudad con un único centro que concentra las principales actividades. Para ello, parroquias como El Valle, Ricaurte, Baños, Sayausí y Tarqui deberán fortalecerse como nuevas centralidades, con servicios y equipamientos propios que reduzcan la dependencia del centro.

La próxima administración también deberá mejorar la gestión y regulación del suelo para evitar que el crecimiento urbano continúe extendiéndose de manera fragmentada.

El crecimiento que aleja a los cuencanos

Cada vez resulta más difícil para los cuencanos acceder y permanecer en la ciudad. El crecimiento inmobiliario y la expansión urbana no han resuelto el déficit habitacional; por el contrario, han encarecido el suelo y empujado a parte de la población hacia las periferias.

Jiménez cuestiona que la densificación y el crecimiento en altura se planteen como respuesta al crecimiento urbano sin preguntarse “¿para quién densificamos?”. A esto se suma la pérdida de la vida de barrio, provocada, entre otros factores, por la transformación de inmuebles residenciales en alojamientos turísticos. Este proceso debilita las relaciones sociales y expulsa a residentes de sectores tradicionales.

Priorizar el acceso a la vivienda y la permanencia

El cambio debe partir de la política habitacional, priorizando el acceso a la vivienda y la permanencia de la población en la ciudad, en lugar de apostar únicamente por la densificación y la construcción en altura. Para ello, será necesario regular la especulación del suelo, delimitar zonas de interés social e impulsar vivienda pública y accesible mediante mecanismos como el arrendamiento social.

También se requiere diversificar la economía y fortalecer actividades productivas que generen empleo, para reducir la dependencia del turismo y la construcción y evitar que el encarecimiento de la ciudad termine expulsando a sus habitantes. El objetivo debe ser construir una ciudad donde las personas puedan acceder a una vivienda, permanecer en ella y mantener sus vínculos comunitarios.

El auge turístico que exige planificación

Cuenca registra un crecimiento turístico sin una planificación integral. Freddy Espinoza, docente de la Universidad de Cuenca, señala que el desarrollo del sector se ha dado de manera espontánea, impulsado, entre otros factores, por la percepción de mayor seguridad frente a otras zonas del país. Sin embargo, el aumento de turistas no necesariamente se traduce en una mayor contribución económica para la ciudad.

La proliferación de plataformas como Airbnb ha ampliado la oferta de alojamiento, pero también plantea problemas de regulación, tributación y presión sobre los servicios públicos. A esto se suma la falta de un observatorio turístico que permita conocer cifras reales. La información permanece dispersa y, en buena parte, en manos de empresas privadas, lo que dificulta tomar decisiones con base en datos.

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Que el turismo crezca sin desbordar la ciudad

Entre las primeras medidas está el fortalecimiento de la institucionalidad turística. Espinoza propone superar el modelo actual de la Fundación Municipal de Turismo y avanzar hacia una entidad con mayores capacidades de gestión, regulación y coordinación. El turismo debe entenderse como un sistema que involucra movilidad, vivienda, servicios básicos, patrimonio, ambiente, seguridad, infraestructura y actividad económica.

También es fundamental crear un sistema permanente de información turística, con participación pública, privada y académica. A esto se suma la necesidad de actualizar las ordenanzas y establecer reglas claras para actividades como los alojamientos temporales, además de articular el turismo con la planificación urbana y ambiental.

El patrimonio en riesgo de quedarse sin habitantes

El patrimonio de Cuenca enfrenta un desafío que va más allá de la conservación de sus edificaciones históricas. Mónica Quezada, exdirectora regional del INPC, señala que el principal riesgo está en reducir el patrimonio a edificios y convertir el Centro Histórico en un espacio dedicado únicamente a actividades económicas y de ocio, mientras sus habitantes son desplazados.

Cuenca fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco no solo por su arquitectura, sino también por su trazado urbano, paisaje, historia y por la interacción entre las distintas culturas que dieron forma a la ciudad. El problema, explica, es que la gestión patrimonial todavía requiere una visión más integral que proteja no solo los inmuebles, sino también las expresiones y dinámicas propias de la ciudad.

Recuperar la vida del Centro Histórico

Una de las principales tareas de la próxima autoridad municipal debe ser crear y aplicar un modelo de gestión patrimonial integral y transversal que articule patrimonio, planificación urbana, vivienda, movilidad, turismo, cultura y desarrollo económico. La conservación no debería limitarse al control y la sanción, sino incorporar regulación, incentivos, asistencia técnica y recursos para la rehabilitación de inmuebles.

La administración debería incentivar la recuperación de edificaciones vacías o abandonadas para vivienda y promover alternativas accesibles. El objetivo es evitar la gentrificación y mantener el uso residencial del Centro Histórico, para que no termine convertido únicamente en un espacio comercial y turístico.

Lo que debes saber

• El olvido razonado es indispensable para sepultar resentimientos y alcanzar la reconciliación.
• Mario Ribadeneira demostró que el perdón pragmático fue la base de la paz entre Ecuador y Perú.
• La trayectoria de Ribadeneira unió el liderazgo empresarial, la gestión pública y la cultura.

El olvido es un fenómeno que aterroriza cuando se convierte en la semilla de las peores injusticias. El olvido de genocidios, de crímenes o de los valientes que se han resistido a los abusos de los autócratas es condición necesaria para que no se repitan los crímenes más horrendos. De ahí la importancia que para algunos tiene la historia. Pero olvidar también puede ser el camino para la reconciliación que, casi siempre, conduce a la felicidad.

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El testimonio de Mario Ribadeneira sobre el tratado de paz

Precisamente esa es la paradoja del concepto del olvido que descubrí de la mano de Mario Ribadeneira, luego de una entrevista que le hice como consecuencia de un desayuno en el que también participó su entrañable amigo Pablo Lucio Paredes. Durante el desayuno, a finales de 2023, Mario (para entonces ya había superado los 90 años) nos hizo un apasionante y detallado recuento de cómo se gestó y ejecutó el tratado de paz con el Perú, en el que él participó activamente como uno de sus inspiradores y como miembro de la mesa de integración, en 1998. Olvidar aquellos episodios y a aquellas personas que habían trabajado silenciosa e infatigablemente en el proceso nos pareció, a Pablo Lucio y a mí, una injusticia sin nombre. Por eso le dijimos que debería registrar todo lo que ahí había contado en una entrevista que me ofrecí a hacerle. La idea no le convenció porque no le gustaba tener protagonismo en temas en los que pensaba que había otros actores con mayor relevancia. Pocas semanas después recibí un mensaje por WhatsApp en el que me decía que aceptaba hacer la entrevista para que se registraran los hechos y no se olvidara a los personajes. Pablo Lucio había logrado convencerlo, sin duda.

El olvido como condición necesaria para la paz con el Perú

Pero mi descubrimiento sobre la paradoja del olvido como fuente del bien y del mal vino durante la entrevista que le hice en su oficina en Morisáenz, en 2024. De entre todas las cosas que durante la charla recordó y sobre las que reflexionó con lucidez y alegría de veinteañero, hubo una que dijo y que me conmovió y me sirvió para el título del librito en el que se publicó la entrevista: “El mejor destino de la paz es el olvido”.

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Superar la enemistad histórica entre Ecuador y Perú

Y es que durante la entrevista dijo que “no hay nada mejor que olvidar los resentimientos” y que “mi mayor victoria es que durante muchos años pensábamos que peruanos y ecuatorianos éramos enemigos”. Esa frase de Mario, para una persona que había crecido y se había educado con la idea de que los peruanos eran nuestros peores enemigos, obviamente tenía una potencia particular. Sobre todo por el hecho de que, a la luz del fin del conflicto, esa enemistad resultaba incluso ridícula. Pensar que repetíamos y nos repetían que el Perú era el Caín de América y que los peruanos eran nuestros peores enemigos resulta ahora una estupidez sin nombre. ¡Qué liberador se nos hace a los de mi generación haber olvidado esa supuesta enemistad y que ahora se nos revela como una inmensa estupidez!

Y esa fue la paradoja que me enseñó esa experiencia: del desayuno salí angustiado y convencido de que no se debía olvidar a los gestores del proceso de paz, pero en la entrevista entendí que olvidar también es un fenómeno imprescindible para llegar a la reconciliación y a la paz.

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Trayectoria pública y empresarial de Mario Ribadeneira

Mario Ribadeneira murió el jueves 3 de septiembre y con él se fue el ejemplo de un empresario muy exitoso, que tuvo la cada vez más rara y escasa virtud entre sus colegas de preocuparse por los temas públicos, por el desarrollo colectivo, por la salud de la democracia y por la importancia de vivir en una sociedad abierta y tolerante. Fue embajador en Washington durante el gobierno de León Febres-Cordero; ministro de Finanzas durante el de Sixto Durán-Ballén; dos veces presidente de la Cámara de Comercio de Quito y llegó a ser presidente internacional del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

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Consensos en Cusín y legado cultural en el Museo del Alabado

Como empresario le entusiasmaban mucho los emprendimientos agrícolas y tuvo dos iniciativas que hablan de cómo concebía el ejercicio de la ciudadanía: los encuentros de Cusín, donde se buscaban consensos políticos para el país, y el Museo del Alabado, en Quito, una verdadera joya del arte y la cultura precolombina, al que donó su colección de obras arqueológicas.

Fue precisamente en Cusín donde se logró, entre otras cosas, que Jaime Nebot dejara de lado la histórica y estridente tesis del Partido Social Cristiano (PSC) de la herida abierta en la frontera. Y ojo que en ese entonces, sin el visto bueno del PSC, nada podía hacerse en el país. Olvidar la tesis de la herida abierta y dejar que el país avanzara en las negociaciones habría sido, en ese entonces, inconcebible para el PSC, que aún era liderado por Febres-Cordero, si no hubiera sido por las gestiones de este empresario en Cusín.

El legado filosófico de la acción: no hay paz sin olvido

El sábado 5 de septiembre, durante la misa por su memoria, su hijo Felipe destacó la importancia del olvido en la reconciliación de los dos países vecinos y citó la entrevista que yo le hice a su papá en 2024. Al final de la misa me acerqué y le felicité por haber mencionado el tema del olvido.

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“Seguramente él no lo sabía, pero eso es Nietzsche puro”, me dijo.

Cuando fui a leer unas líneas del filósofo alemán sobre el tema, me di cuenta del inmenso valor que tiene una persona que construye pensamiento de alto valor a partir de la acción. Mario Ribadeneira fue un hombre de permanente acción, pero supo extraer de esa acción lecciones que deberían aprender sus compatriotas. No hay paz verdadera si no hay olvido, por ejemplo.

Ribadeneira jamás dejó de reflexionar sobre el Ecuador, de sentir dolor por su patria y de entusiasmarse con lo que él pensaba que podía hacer por ella. Empresarios así hay cada vez menos.