Política

La podadora electoral: así se fue despejando el camino de ADN hacia Guayaquil

Jonathan Palma

Uno de los cambios que movió el tablero político en Guayas fue el anuncio de que la exalcaldesa ya no correría por Centro Democrático, sino por el oficialismo. Eso significó dejar de lado al expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien era considerado como el perfil para ese cargo.

“Es una buena candidata, en contacto con necesidades de la gente y lejos de la discusión de los políticos”, afirmó Noboa en una entrevista con Radio Centro. Añadió que, con base en las encuestas actuales, es la más opcionada para ganar la Alcaldía.

En esa entrevista también le recordaron sus afirmaciones respecto a que ADN no participaría en alianzas, sino que presentaría figuras propias. En ese punto, Noboa reveló que Cynthia Viteri es un cuadro propio porque está afiliada a ADN.

Coordinación con el Gobierno

El presidente de la República reafirmó que Guayaquil será el epicentro de su disputa en las elecciones seccionales de 2026. Dijo que ese cantón ha sido el principal problema en materia de seguridad e hizo referencia a la empresa municipal Segura EP.

En ese escenario, señaló que necesita una coordinación y un trabajo conjunto entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central. También afirmó que hay grupos que se oponen a la candidatura de Viteri porque eso implicará que no tengan contratos con el Municipio. Habló de temas como la basura, el agua y el puente alterno norte.

Al final, el primer mandatario aseguró que existe un proyecto conjunto entre su Gobierno y Viteri para Guayaquil.

El concurso para fiscal general del Estado podría definirse en las elecciones seccionales de 2026

• El concurso para fiscal general podría concluir con un Pleno del CPCCS integrado por consejeros suplentes.
• La Comisión Ciudadana de Selección calcula un plazo de tres meses y medio para culminar el concurso.
• La designación coincidiría con el inicio de la campaña para las elecciones de noviembre de 2026.

El concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado podría resolverse entre octubre y noviembre de 2026, en pleno desarrollo de las elecciones generales y bajo la gestión de un Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) integrado por consejeros suplentes. Tras la aprobación del informe de méritos, la Comisión Ciudadana de Selección debe fijar un nuevo cronograma para ejecutar las fases de escrutinio público y oposición, en un contexto marcado por la solicitud de licencia de los consejeros titulares que buscarán la reelección.

Justicia

La designación del nuevo fiscal general podría definirse durante la campaña de las seccionales

Richard Josue Jimenez Mora

Nuevos plazos para el concurso a fiscal general del Estado

Una vez que el Pleno del CPCCS conoció el informe final de calificación de méritos —aprobado con más de un mes de retraso—, dispuso a la Comisión Ciudadana de Selección actualizar el cronograma del concurso. El ajuste definirá las fechas de las dos etapas pendientes del proceso de selección.

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Durante una sesión de trabajo de la Comisión, su presidenta, Cynthia Jacho, explicó la estimación de tiempos según el reglamento vigente:

Aunque el plazo normativo suma tres meses y medio, la Comisión advirtió que situaciones no previstas podrían generar nuevas demoras. Bajo estas proyecciones, Ecuador contaría con una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado entre octubre y noviembre.

Un Pleno del CPCCS integrado por suplentes

El desenlace del concurso coincide con la coyuntura electoral. Todos los consejeros titulares en funciones aspiran a la reelección y, según la normativa electoral, deberán solicitar licencia para participar en la campaña que iniciará a mediados de noviembre.

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Esta condición obligará a que la etapa decisiva del concurso sea asumida por consejeros suplentes.

Política

CPCCS: concurso para elegir fiscal general seguirá; hubo reclamos por no uso del apoyo técnico

Rosero Mariela

Análisis y posturas sobre el avance del proceso

El analista político Giuseppe Cabrera señala que esta transición añade complejidad a la selección del fiscal y a otros procesos pendientes en el CPCCS, lo que podría ocasionar un nuevo estancamiento.

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Cabrera analiza los posibles escenarios del proceso:

La respuesta de las autoridades del CPCCS

Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, calificó estas lecturas como apresuradas en declaraciones para EXPRESO. Fantoni aclaró que aún no existe un cronograma oficial con la fecha de finalización del concurso.

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“Una vez que la Comisión presente el cronograma oficial, se podrá conocer con mayor certeza los tiempos y las implicaciones correspondientes”, enfatizó Fantoni, evitando pronunciarse sobre el rol que asumirán los consejeros suplentes en la fase final.

Lo que debes saber:

• MuNa: ‘Estratos Vivos’ fue escogida, decanos de Arquitectura y un vicerrector académico opinan al respecto.
• Decanos recuerdan que se trata de un anteproyecto y esperan que el estudio japonés, asociado a los arquitectos ecuatorianos, escuchen críticas.
• Decano señala que este proyecto, pese a cuestionamientos, fue ubicado en el tercer lugar del concurso original, del Colegio de Arquitectos.

En la última fase, incorporada por el Gobierno, del concurso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) se impuso ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, integrado por arquitectos ecuatorianos y también por el estudio japonés Sejima and Nishizawa and Associates, fundado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del Premio Pritzker.

Editoriales

La prioridad es preservar el legado

Editorialistas Expreso

Ese resultado, sin embargo, no ha cerrado el debate. En círculos culturales y académicos persisten cuestionamientos sobre el proceso, que en su etapa inicial fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. 

El antecedente ocurrió el 6 de julio, cuando se reconoció como ganador a Campo Baeza más Maoda. En la ceremonia participaron ministras como la de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar; así como la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

EXPRESO recabó criterios en la academia a partir de lo señalado por el arquitecto español Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado original. En el pódcast ‘Politizados’ explicó que el SANAA fue descartado por problemas estructurales que comprometían su viabilidad.

¿Qué pasa con el proyecto de SANAA?

Según detalló, las columnas propuestas no tenían continuidad con la estructura inferior del edificio. 

Además, el diseño contemplaba fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas de uso público, elementos que, a su juicio, incrementaban el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial.

Política

Jurado original del nuevo Museo Nacional del Ecuador advierte riesgos del diseño ganador

Flor Layedra Torres

Sobre una cirugía no se opina en redes, tampoco se debería opinar sobre una decisión técnica de arquitectos

Desde la academia, Mauricio González, decano de Arquitectura de la Universidad Central, señala que este proceso obliga a una revisión interna. Considera que ni el Gobierno ni el gremio convocaron a las universidades, cuando -dice- debieron ser un actor clave en la discusión técnica. A su criterio, la academia debe repensar su papel como fuente de análisis y asesoramiento.

Para González, el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos fue bien llevado, pero el siguiente no. “Fue como si en redes sociales se juzgara sobre una operación de corazón abierto. La arquitectura debe ser juzgada por técnicos”.

No obstante, el decano manifestó que al ser la arquitectura un producto cultural, es subjetiva y susceptible a la crítica abierta y generalizada, que puede llegar incluso al escarnio público. 

Más aún en realidades como la actual, debido a la fuerza de las redes sociales, opinó. “Por eso es importante defender y reforzar el papel del concurso y de los jurados expertos que validan a la arquitectura dentro del campo al que se pertenece, y con ello el papel de los edificios para la sociedad”.

En la misma línea, Ricardo Sandoya Lara, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, identifica dos problemas. 

El primero, la escasa vinculación con la sociedad en el diseño del proyecto. Sostiene que los procesos de esta escala deberían incorporar a la comunidad desde las bases del concurso y no limitarse a una relación entre promotor e instituciones.

El segundo problema, la débil valoración del rol profesional del arquitecto, en un contexto donde la normativa vigente resulta desactualizada, dice.

Sandoya plantea la necesidad de tener una legislación para que proyectos emblemáticos se desarrollen mediante concursos públicos regulados, como ocurre en otros países.

El arquitecto Florencio Compte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las observaciones de Zaera-Polo deben ser tomadas en cuenta, dada su trayectoria en la arquitectura contemporánea. 

Le parece que el tema de fondo fue la falta de seriedad, ya que no se respetó lo que determinó el jurado inicial. El jurado de la última fase tuvo 48 horas para evaluar a los finalistas.

Este medio contactó a decanos de la UTE, PUCE y Uisek, pero no estuvieron disponibles.

El papel de Pamela Cortés

Pamela Cortés, viceministra de Cultura, no ha estado activa en el proceso de selección. Ese lugar lo tomó Roberto Luque, ministro de Infraestructura.

Política

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Rosero Mariela

Lo que debes saber

• Daniel Noboa rechazó el proyecto ganador del Museo Nacional tras la presión en redes sociales.
• El jurado del concurso del Museo Nacional cuestiona cambios al proceso decidido por el Gobierno.
• La polémica por el Museo Nacional reabre el debate sobre redes sociales y decisiones públicas en Ecuador.

Cuando acepté la invitación para formar parte del jurado del concurso internacional para el nuevo Museo Nacional del Ecuador, creí que iba a Quito a juzgar arquitectura. 

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No sabía que acabaría siendo testigo (y personaje) de algo más grande: la demostración empírica, en tiempo real, de cómo un gobierno populista digital devora a sus propias instituciones cuando el algoritmo se lo pide.

Tras un proceso impecable gestionado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha a través de varios días de entrevistas y deliberaciones, el jurado, compuesto por varios arquitectos de oficio, locales y extranjeros, gestores de cultura y patrimonio, y representantes del poder político (el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto figuraban como miembros del jurado y participaron a través de sus delegados), otorgó el primer premio a Ecos del Sol, del estudio de Alberto Campo Baeza con la firma quiteña MAODA. 

Un paralelepípedo de hormigón blanco con vacíos cubiertos de pan de oro que había sido objetados por los representantes políticos durante las deliberaciones.

La reacción en redes sociales

El anuncio público se hizo el 6 de julio y, en cuestión de horas, el timeline dictó sentencia: “otra plataforma financiera”, en referencia al edificio construido durante el gobierno de Correa en Quito, que los representantes políticos veían como el ancestro del proyecto ganador, y que creo que es la razón de la vigorosa oposición que hicieron durante el proceso (aunque arquitectónicamente tiene poco que ver). 

Una petición en Change.org reunió miles de firmas pidiendo “reevaluar” la propuesta. Las redes confirmaban la intuición populista del presidente.

La defensa técnica del Museo Nacional

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, que es quien mejor conoce el archivo del museo y ha estado implicada en el proceso y en las deliberaciones, hizo lo que debe hacer una servidora pública de alto calibre: dar la cara. 

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Explicó que un museo nacional no es una escultura sino una máquina de conservar memoria (1,2 millones de bienes patrimoniales, reservas técnicas, conservación preventiva, salas flexibles iluminadas naturalmente) y que las redes juzgaban una imagen sin entender la función. 

Con una enorme valentía en estos tiempos de políticas populistas e identitarias, explicó también que pretender que un solo edificio “represente la identidad ecuatoriana” es la trampa perfecta, porque esa identidad es plural o no es. Precisamente lo que más me gusta de la propuesta ganadora es su distancia con el proyecto identitario que pretende representar al pueblo.

Política

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Flor Layedra Torres

Fue cesada inmediatamente, y tras ella salieron Carla Freire y Carlos Montalvo, responsables de las colecciones del museo, quienes fueron cruciales en ayudarnos a entender las necesidades programáticas. Profesionales de los que cualquier institución del mundo estaría orgullosa.

El pronunciamiento del ministro Luque

El 10 de julio, el ministro Luque (miembro del jurado del concurso en representación del presidente Noboa) publicó en X su proclama. Empezaba con un vocativo de balcón: “¡Ecuatorianos!” (me recordó inmediatamente al Generalísimo Franco, que empezaba sus discursos clamando “¡Españoles!”). 

Anunciaba que la empresa pública encargada del proyecto rechazaba la propuesta ganadora, y que se convocaría a los finalistas a volver a presentarse y que el diseño definitivo se elegiría “junto a la ciudadanía”, porque el proyecto debía responder “al sentir de la ciudad”. 

La falacia central del comunicado de Luque es presentar el conflicto como un dilema entre expertos y democracia, que es por otra parte típico de las administraciones populistas. No hay mayor enemigo de los expertos que el populismo.

El "público fantasma" y la infocracia

Hace poco más de un siglo que Walter Lippmann escribió The Phantom Public, donde afirmaba que el público soberano de la teoría democrática es un fantasma y los ciudadanos viven de imágenes mentales, de estereotipos. 

El episodio del MuNa demuestra la teoría de Lippmann con un nuevo público fantasma: los Ecuatorianos de Luque son un pueblo sintético, un agregado fabricado por métricas, sesgado por quien habita cada plataforma, amplificado por lo que conviene al algoritmo, y disuelto a las setenta y dos horas sin dejar responsables. Byung-Chul Han lo llama infocracia: la esfera pública sustituida por tormentas de indignación que no argumentan, sino que descargan. Las jaurías digitales.

El rechazo a Ecos del Sol

El Ejecutivo ecuatoriano rechazó Ecos del Sol por simple. Un político de pro y sus seguidores necesitan arquitectura rara: torsiones, curvas, voladizos imposibles, la firma reconocible del ‘star system’, el sueño de un efecto Bilbao propio, pero sin el temple necesario. Pero ese tren pasó hace años. Hasta Xi Jinping (que encargó más arquitectura-espectáculo que nadie) decretó en 2014 el fin de la fiesta: “no más arquitectura rara”, dijo, y en 2016 China lo convirtió en norma. 

Los premios Pritzker de la última década también han ido a la sobriedad, la reutilización, el nunca demoler. Pero Ecuador no construirá el primer ícono de su contemporaneidad sino el último dinosaurio del ‘star system’. Tenía en las manos la oportunidad de producir el primer gran museo de la nueva austeridad latinoamericana.

El simbolismo arquitectónico de la propuesta

El proyecto propone un prisma de hormigón blanco (heredero del brutalismo quiteño de Milton Barragán y Wappenstein, esa modernidad propia que la ciudad parece empeñada en olvidar) con oquedades embellecidas con pan de oro. 

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Pero los memes no ven que el emblema del Museo Nacional es el Sol de La Tolita, la máscara áurea de una cultura que trabajó el oro, el cobre y el platino siglos antes de que Europa supiera fundirlo. 

El pan de oro es también el interior de la Compañía de Jesús, cumbre del barroco colonial quiteño. Tres momentos de la historia del lugar (la orfebrería ancestral, el barroco de la colonia, el hormigón moderno) sintetizados no en un discurso o en una geometría, sino en la materia misma del edificio. Campo Baeza no pronunció la demagogia identitaria que el momento exigía. La construyó.

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Un llamado al presidente Daniel Noboa

Señor Noboa, dese la vuelta. Aún está a tiempo. Pídale a la viceministra y a su equipo que vuelvan para continuar el excelente trabajo que han estado haciendo y continuar el proyecto elegido. 

Son los únicos que pueden llevar a cabo este proyecto. Deje de fiarse del pueblo sintético de las redes y sus identidades y empiece a escuchar a quienes tienen el valor de confrontarle con argumentos. O este proyecto no será su legado sino su mausoleo.

Las claves que debes saber

• Correísmo critica a Ortega en 2026, tras denunciar exclusión electoral contra sus movimientos en Ecuador.
• Comunicado rechaza prohibir opositores en Nicaragua mientras crece disputa electoral con Daniel Noboa.
• Acciones de Ortega en 2021 se comparan con medidas que afectan al correísmo en Ecuador.

Únicamente cuando fueron víctimas del autoritarismo de Daniel Noboa se decidieron a condenar el autoritarismo de sus amigos y aliados ideológicos. Eso es lo que ha ocurrido con el correísmo. 

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El 21 de julio de 2026, la directiva de la Revolución Ciudadana publicó un comunicado en contra del anuncio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en su país. Pero hay un detalle imposible de ignorar: solo lo hicieron cuando Noboa está a punto de dejarlos fuera de los procesos electorales mediante leguleyadas y el control de los organismos electorales.

Ya sacó del registro electoral a la Revolución Ciudadana por un tema de cuentas supuestamente mal llevadas y al movimiento Amigo en el que iban a correr los correístas para las elecciones venideras, alegando que existe un documento reservado de Fiscalía sobre lavado de activos.

La hipocresía del correísmo

Resulta evidente que el comunicado de los correístas llega únicamente cuando ellos mismos se convirtieron en víctimas, pese a que Ortega gobierna desde hace casi veinte años, junto con su esposa Rosario Murillo, como un dictador cualquiera y de la peor especie.

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“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua, manifestadas por su copresidente Daniel Ortega, de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, dice el comunicado. 

Y añade una frase que expone la hipocresía del correísmo: “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”, dice el comunicado.

Hipocresía, populismo y oportunismo en estado puro. Desde 2018, el régimen de Ortega ha utilizado las estrategias más perversas para sacar del sistema electoral a sus adversarios -como hoy hace Daniel Noboa, según denuncian sus críticos- y el correísmo jamás dijo esta boca es mía.

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Y termina el comunicado con esta oración: “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

Ortega atacó años atrás la democracia y la RC calló

El operativo antidemocrático de Ortega alcanzó su punto más alto en 2021 cuando, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, arrestó a siete aspirantes, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. 

Además, como controlaba la justicia, canceló la personería jurídica de varios partidos opositores, entre ellos Ciudadanos por la Libertad (CxL), la principal plataforma electoral de la oposición nicaragüense.

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Es decir, una fórmula parecida a la que hoy aplica Daniel Noboa contra la Revolución Ciudadana: ya suspendió ese partido político y recientemente hizo lo mismo con el movimiento Amigo, donde iban a inscribirse los candidatos del correísmo.

En Nicaragua, la mayoría de los precandidatos fueron acusados con base en la llamada Ley 1055, bajo cargos como “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” o delitos relacionados con financiamiento extranjero. Esas acusaciones sirvieron para detenerlos e impedir legalmente la inscripción de sus candidaturas.

Así llegó Ortega a las elecciones de noviembre de 2021: sin rivales competitivos. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea concluyeron que las detenciones, las inhabilitaciones y la cancelación de partidos habían eliminado la competencia electoral y restado legitimidad al proceso.

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Así Correa defendió a Ortega

¿Y qué dijeron los correístas? ¿Qué dijo Rafael Correa? Nada, absolutamente nada. Cuando comenzaron las detenciones de precandidatos, en junio de 2021, Correa cuestionó lo que calificó como una “doble moral” de la comunidad internacional y sostuvo que Nicaragua era víctima de una campaña de desestabilización. 

No condenó los arrestos. Tampoco hizo la menor crítica a Ortega por haber eliminado de la competencia electoral a sus principales rivales mediante detenciones, inhabilitaciones y la cancelación de partidos.

Mientras la OEA, la CIDH, la Unión Europea y la ONU denunciaban que las elecciones de noviembre de 2021 carecían de competencia real, ni Correa ni los dirigentes del correísmo se sumaron a esas críticas. Más aún, en entrevistas posteriores evitó romper políticamente con Ortega.

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Criticó las sanciones internacionales e insistió en que existía una narrativa internacional sesgada contra los gobiernos de izquierda.

Exfuncionarios correístas se codeaban con Ortega

Quizá una de las máximas expresiones de esa hipocresía ocurrió en enero de 2022, cuando la excanciller correísta María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en una celebración del sandinismo, en momentos en que las condenas internacionales al autoritarismo de Ortega ocupaban los titulares del mundo. 

La acompañó el también correísta Ricardo Patiño, exministro de Defensa. Ambos habían salido del gobierno de Lenín Moreno tras la ruptura entre el presidente y Rafael Correa. Durante esa visita, Espinosa pronunció un discurso que se hizo célebre por las elogiosas palabras dedicadas a Rosario Murillo, esposa de Ortega y figura clave del sistema autoritario nicaragüense.

El parecido entre el régimen de Ortega y Noboa

Hay muchos parecidos, aunque también diferencias, entre lo que Ortega hizo durante la última década en Nicaragua y lo que hoy ocurre en Ecuador. 

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El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) identifica cuatro rasgos del régimen nicaragüense: exclusión de organizaciones políticas, procesos penales contra figuras opositoras, uso del sistema judicial para apartar a potenciales rivales y eliminación progresiva de la competencia electoral.

¿Coincidencias con el caso ecuatoriano? Quizá el correísmo tenga algo que decir.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 450 para ordenar protección especial al ministro del Interior, John Reimberg, y a su familia.
  
• La medida dispone que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asuman su resguardo de forma inmediata.
• El documento justifica la decisión por las funciones del ministro en la lucha contra la delincuencia organizada.

El presidente Daniel Noboa Azin dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 450, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas otorguen protección al ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, así como a su cónyuge y familiares. La medida fue emitida este 22 de julio de 2026 y entró en vigencia desde su suscripción.

Política

Comisión de Justicia analiza cambios a la Escuela Judicial y surgen alertas por la reforma

Marco Rivera

La decisión se sustenta en las atribuciones constitucionales del jefe de Estado para dirigir la administración pública y ejercer la máxima autoridad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El decreto también recuerda que Reimberg fue ratificado como ministro del Interior mediante el Decreto Ejecutivo 11 del 27 de mayo de 2025.

El documento argumenta que las funciones del titular del Ministerio del Interior implican responsabilidades directas en materia de seguridad pública, orden interno y combate a la delincuencia organizada. Por ello, el Gobierno considera necesario reforzar su seguridad personal y la de su círculo familiar.

¿Qué dispone el Decreto Ejecutivo 450 sobre la seguridad del ministro del Interior?

El artículo único del decreto establece de forma expresa que ambas instituciones del Estado deberán encargarse del resguardo del funcionario. La disposición no fija un plazo determinado para la protección ni detalla el tipo de operativo que se implementará.

El decreto fue firmado por el presidente Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil el 22 de julio de 2026 y establece que su aplicación es inmediata, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Política

Comisión de Biodiversidad analiza reforma al mercado de carbono y alertan vacíos en la ley

Marco Rivera

Aunque el documento no menciona amenazas específicas contra el ministro, sí justifica la medida por la naturaleza de sus funciones dentro de la estrategia estatal de seguridad. Reimberg tiene a su cargo la coordinación de acciones relacionadas con el orden interno y el combate a las estructuras criminales.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Justicia recibió observaciones técnicas al proyecto que reforma la Escuela de la Función Judicial.
• El constitucionalista Andrés Martínez advirtió posibles riesgos de inconstitucionalidad y cuestionó nuevos requisitos para ingresar a la carrera judicial.
  
• La mesa legislativa anunció que incorporará los aportes al análisis previo al segundo debate.

La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continuó este miércoles 22 de julio el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Durante la sesión 108, el organismo escuchó los aportes del constitucionalista Andrés Martínez, profesor titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, sobre el eje que plantea transformar la Escuela de la Función Judicial.

Política

Comisión de Biodiversidad analiza reforma al mercado de carbono y alertan vacíos en la ley

Marco Rivera

La presidenta de la comisión, Rosa Torres Cadena, informó que el primer punto del orden del día, previsto para conocer la propuesta del asambleísta Mario Zambrano Vera sobre delitos de violencia digital, no pudo desarrollarse debido a que el legislador justificó su ausencia por compromisos inherentes a sus funciones legislativas.

En su exposición, Martínez centró sus observaciones en la propuesta de reforma a la Escuela de la Función Judicial. A su criterio, el proyecto modifica el rol de esa institución y podría invadir competencias de las universidades al convertirla en un espacio de formación académica, cuando su función debería ser complementar la preparación práctica de jueces, fiscales y defensores públicos.

Reforma a la Escuela Judicial genera observaciones técnicas

El experto sostuvo que uno de los principales problemas del texto es la incorporación de requisitos que no constan en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial para acceder a la carrera judicial. "No se podría colocar un requisito de ingreso que no consta en la norma. Imagínense, se estaría poniendo un requisito de ingreso que no consta en la norma, lo cual acarrearía una inconstitucionalidad", advirtió durante su comparecencia.

Martínez también cuestionó la posibilidad de exigir una maestría impartida por la propia Escuela Judicial como condición para ingresar a la Función Judicial. Explicó que esa disposición podría crear un monopolio académico y limitar el acceso a quienes aspiren a desempeñarse como jueces, fiscales o defensores públicos.

Además, alertó que la propuesta incrementaría la estructura administrativa del Estado al requerir más personal y recursos sin identificar una fuente de financiamiento. "Toda norma que crea una obligación financiada con recursos públicos debe establecer la fuente de financiamiento correspondiente", recordó al citar el artículo 287 de la Constitución.

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Experto propone fortalecer la capacitación sin reemplazar a las universidades

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al perfil de quien dirigiría la Escuela de la Función Judicial. Martínez consideró que esa autoridad debe contar con experiencia académica y en gestión universitaria para garantizar una adecuada formación de los operadores de justicia y coordinar programas especializados.

El académico planteó que la Escuela Judicial establezca convenios con universidades para aprovechar docentes especializados y desarrollar procesos de capacitación continua, en lugar de asumir toda la formación. También criticó que el proyecto incluya aspectos que, según dijo, deberían regularse mediante reglamentos y no incorporarse directamente en la ley.

Tras la intervención, el asambleísta Solmedo consultó cómo integrar a la academia con la Escuela Judicial y qué perfil debería tener su director. Martínez respondió que ambas instituciones deben trabajar de manera complementaria y reiteró que el responsable de la escuela debería acreditar experiencia en dirección académica.

Lo que debes saber

• La Comisión de Biodiversidad recibió a una especialista en mecanismos climáticos para analizar la reforma al Código Orgánico del Ambiente.
• La comparecencia advirtió vacíos jurídicos, pidió fortalecer las salvaguardas y ampliar los instrumentos de financiamiento ambiental.

La Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional analizó este miércoles 22 de julio el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente sobre cambio climático, con la comparecencia de Lilian Jara, presidenta ejecutiva de Servicios Ambientales Rainforest Ecuador, quien expuso observaciones técnicas sobre la regulación del mercado de carbono.

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Durante la sesión ordinaria No. 105-CPBRN-2026, presidida por la asambleísta Ana León, Jara sostuvo que la propuesta legislativa representa un avance, aunque advirtió que el texto concentra su contenido únicamente en el mercado de carbono y deja fuera otros mecanismos internacionales de financiamiento climático.

"La ley limita mucho el tema al mercado de carbono. Recordemos que este es uno de los instrumentos de financiamiento climático", afirmó la especialista, quien insistió en que la normativa debería incorporar también créditos de biodiversidad, fondos de conservación, restauración ambiental, bonos verdes y otros esquemas que ya funcionan en diferentes países.

Mercado de carbono: ¿qué aclaró la especialista sobre la reforma?

Durante su exposición, Jara explicó que uno de los principales problemas del debate ha sido la confusión sobre el funcionamiento del mercado de carbono. Precisó que este mecanismo no implica la venta de bosques ni la privatización de recursos naturales, sino el reconocimiento económico a proyectos que demuestren reducciones verificables de emisiones contaminantes.

"El mercado de carbono no vende bosques, no privatiza el agua, no transfiere la biodiversidad y no transfiere los derechos sobre la naturaleza", enfatizó durante su comparecencia ante los legisladores.

Según la especialista, el Ecuador posee un alto potencial para captar inversión internacional gracias a sus bosques, manglares y ecosistemas naturales. Incluso estimó que el país podría generar alrededor de 2.000 millones de dólares anuales mediante proyectos de compensación de emisiones si cuenta con un marco jurídico sólido y competitivo.

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Asambleísta cuestionó salvaguardas para comunidades y derechos colectivos

Durante el debate, el asambleísta Samaniego expresó su preocupación por la protección de los derechos colectivos dentro de la futura normativa y consultó cómo evitar que el mercado de carbono genere procesos de mercantilización o afectaciones a pueblos y nacionalidades.

El legislador planteó que la ley debe garantizar la supremacía constitucional, la distribución justa de beneficios, la consulta previa y la prohibición expresa de transferir derechos sobre la naturaleza o los servicios ambientales. También preguntó cómo incorporar criterios de equidad de género dentro del articulado.

Como respuesta, Jara sostuvo que los proyectos internacionales de carbono ya exigen salvaguardas sociales y ambientales antes de ser certificados, aunque consideró indispensable que esas garantías también queden expresamente incorporadas en la legislación ecuatoriana. "Todos los proyectos de mercado de carbono tienen que tener salvaguardas", señaló.

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Experta propone ampliar la reforma y reforzar los artículos

La presidenta ejecutiva de Servicios Ambientales Rainforest Ecuador también cuestionó la falta de definiciones jurídicas dentro del proyecto, especialmente sobre mercado regulado, mercado voluntario y mecanismos de cooperación internacional, lo que —dijo— podría generar interpretaciones erróneas durante su aplicación.

"Esta reforma debería globalizar todos estos instrumentos que permitan al Ecuador no solamente traer inversión por el mercado de carbono, sino también por biodiversidad, conservación y energías renovables", manifestó.

Al finalizar la comparecencia, Jara ofreció remitir observaciones técnicas a la Comisión para fortalecer el articulado antes del debate legislativo. Tras concluir las intervenciones, la presidenta Ana León cerró el debate y clausuró la sesión al no existir más puntos dentro del orden del día.

Lo que debes saber

• La vocal suplente del CNE, María Cristina Kronfle, informó que, de forma "personal y momentánea", decidió no facturar al organismo por las cuatro sesiones del Pleno a las que fue convocada y en las que participó.
• Kronfle señaló que la medida "se limita exclusivamente al cobro de valores" y que no supone renunciar a su dignidad como consejera.
• Kronfle recordó que, tras la renuncia de Diana Atamaint y la principalización de José Merino, actualmente le corresponde ocupar la primera suplencia del organismo.

Este miércoles 22 de julio, la vocal suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), María Cristina Kronfle, informó que, de forma "personal y momentánea", decidió no facturar al organismo por las cuatro sesiones del Pleno a las que fue convocada y en las que participó.

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"He decidido, de manera personal y momentánea, no facturar al Consejo Nacional Electoral por las cuatro sesiones del Pleno a las que fui convocada, en las que participé y trabajé", escribió en su cuenta de X.

No obstante, Kronfle enfatizó que la medida "se limita exclusivamente al cobro de valores" y que, "bajo ningún concepto", supone renunciar a su dignidad como consejera, perder su lugar en el orden de prelación o quedar impedida de principalizarse cuando corresponda.

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Kronfle señala que le corresponde ocupar la primera suplencia del CNE

Kronfle recordó que, tras la renuncia de Diana Atamaint y la principalización de José Merino, actualmente le corresponde ocupar la primera suplencia del organismo.

Sin embargo, aseguró que, pese a las versiones sobre eventuales conversaciones del presidente del CNE, José Cabrera, con los consejeros suplentes, ella no ha sido contactada.

"Conmigo no ha conversado bajo ningún concepto: ni formal ni informalmente, ni personalmente ni a través de los canales institucionales", sostuvo.

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Richard Josue Jimenez Mora

Agregó que desconoce con qué otros suplentes se habrían mantenido esos acercamientos y dejó constancia pública de que no ha sido incluida en ellos.

"Mi silencio respecto del cobro de dietas tampoco puede confundirse con ausencia, desinterés o renuncia a las responsabilidades para las cuales fui designada", manifestó.

Sostuvo que su decisión no puede ser utilizada como argumento para restringir su acceso institucional o desconocer el lugar que, según afirma, le corresponde dentro del CNE.

Lo que debes saber

• Juez del TCE niega recusación planteada por directivo del movimiento Amigo.
• Francisco David Loor figura como dirigente en dos organizaciones políticas simultáneamente.
• El movimiento Amigo afronta investigación por lavado de activos y sanción del CNE.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó este 22 de julio de 2026 la recusación presentada en su contra por el movimiento Amigo. La decisión judicial se tomó tras constatar que el dirigente, Francisco David Loor Pisco, incurre en un conflicto de legitimación electoral al figurar de forma simultánea como directivo en otra organización política de Manabí, lo que invalida legalmente la acción presentada ante el organismo.

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Conflicto de legitimación electoral invalida la recusación del juez Patricio Maldonado

En su auto de sustanciación, el magistrado Patricio Maldonado requirió una certificación oficial al Consejo Nacional Electoral (CNE) para comprobar la representación legal de Francisco David Loor Pisco.

El informe del CNE determinó que el dirigente no solo constaba como directivo del movimiento Amigo, sino también del movimiento Sí Podemos (lista 72) de la provincia de Manabí.

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La cronología de los registros en el CNE

De acuerdo con el juez del TCE, esta doble directiva genera una falta de personería jurídica que invalida su representación legal. En el auto, Patricio Maldonado argumentó:

"Este juzgador precisa que la inconformidad afecta de manera directa e inexcusable a la legitimación en el proceso o personería del compareciente, puesto que no puede ejercer simultáneamente un puesto directivo en dos organizaciones políticas, existiendo un orden de prelación en la del 2023 o un su defecto las dos se anulan, realizando un símil en lo que corresponde a la inscripción de candidaturas; sin que aquello sea materia de resolución en la presente causa".

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Al evaluar dicha irregularidad, el TCE resolvió negar la recusación planteada, considerando que el vicio de origen "torna defectuosa la validez de la manifestación de voluntad vertida en el escrito de recusación, imposibilitando la verificación del presupuesto procesal de personería para activar un incidente (...)".

Movimiento Amigo enfrenta suspensiones e investigaciones judiciales

La decisión sobre la recusación al juez Patricio Maldonado ocurre en medio de un complejo panorama jurídico y administrativo para la agrupación política.

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Problemas legales del movimiento Amigo

Lo que debes saber

• El CNE tendría dos nuevos vocales entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.
• La renovación parcial del CNE permanece pendiente desde hace más de cinco años.
• Un sorteo público determinará a los consejeros salientes, respetando la paridad de género.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador contaría con dos nuevos vocales principales entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. Esto ocurre tras la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de actualizar el cronograma del concurso de renovación parcial —estancado durante más de cinco años— e iniciar la conformación del equipo docente para la elaboración de pruebas. Los vocales salientes serán determinados mediante un sorteo público que respetará el criterio de paridad de género.

Política

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Fechas clave del nuevo cronograma del concurso del CNE

Para completar el proceso de selección y designar a los integrantes del organismo electoral, la Comisión Ciudadana de Selección fijó las siguientes etapas operativas:

Antecedentes y cuestionamientos al proceso de selección

El concurso para la primera renovación parcial del CNE sufrió su retraso más reciente en diciembre de 2025. En esa fecha, el Pleno del CPCCS decidió retrotraer la fase del examen escrito debido a posibles riesgos de filtración de las preguntas elaboradas por el primer equipo de catedráticos.

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Presidente del CPCCS cuestiona a misión internacional: "Hay cosas sin pies ni cabeza"

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A pesar de que la Comisión Ciudadana de Selección abrió una nueva convocatoria para conformar al cuerpo docente encargado del examen escrito y de los casos hipotéticos, el proceso ha enfrentado observaciones. El equipo técnico, integrado por los delegados de los siete consejeros del Pleno del CPCCS, ha presentado cuestionamientos a las actuaciones del cuerpo colegiado.

Política

Misión de Observación plantea que concurso para fiscal regrese hasta la elaboración del reglamento

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 22 de julio de 2026, el titular del CPCCS fue consultado sobre los resultados preliminares de la misión, que estuvo de paso por Ecuador a inicios de julio de 2026. Su primera reacción fue cuestionar el origen de la MIO.

“Más que la Misión, para nosotros es importante cada observación. Tenemos una veeduría oficial. La Misión ni siquiera está acreditada en el Ecuador. No ha sido reconocida”, argumentó el titular del Consejo de Participación.

Cabe recordar que el pasado 8 de julio de 2026, la MIO presentó los resultados de su informe preliminar, elaborado tras el seguimiento al concurso. 

Entre sus conclusiones señaló que la reglamentación del proceso es aprobada para cada concurso por el CPCCS. “Esto facilita que la regulación se diseñe al servicio de intereses ajenos a la calidad de la selección”, indicó el informe.

La misión también estableció que la selección del titular de la Fiscalía General es una labor técnica compleja que requiere conocimiento y/o experiencia sobre el sistema de justicia penal. A partir de esa premisa, cuestionó los perfiles seleccionados para integrar la Comisión Ciudadana de Selección.

Política

"¿A quién beneficia que fiscal encargado se quede? Hágase esa pregunta", dice observador de misión

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En materia de transparencia, motivación, rendición de cuentas y participación ciudadana, la MIO sostuvo que persisten deficiencias en la disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia de la información pública.

“Ni pies ni cabeza”, dice Fantoni

Sobre los hallazgos de la misión, Fantoni dijo que “hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza”. También señaló que el informe de la MIO utilizó información que fue publicada en el portal web institucional.

“No le quita la observancia (el no estar acreditada). Hay otras cosas que son importantes acoger”, dijo Fantoni. Sin embargo, no profundizó en los aspectos sobre los cuales el CPCCS ha tomado nota para la continuación del concurso.

Cabe recordar que Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la MIO, informó sobre la intención de mantener una reunión con las autoridades del CPCCS, así como con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. Sin embargo, nunca hubo una respuesta de ninguna de las dos partes.

En entrevista con EXPRESO, Arellano indicó: “Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con lo que pudieron habernos planteado las autoridades”.

Lo que debes saber

• Compra de medicinas a India sigue pendiente tras dos meses del anuncio en Ecuador.
• Hospitales públicos mantienen desabastecimiento por retrasos en importación de fármacos

A casi dos meses del anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa sobre una compra masiva de medicamentos a la India para enfrentar la escasez de fármacos en el sistema público de salud, el proceso aún no muestra resultados concretos y las autoridades no han informado oficialmente sobre avances en la contratación o llegada de los insumos.

La adquisición fue presentada el pasado 24 de mayo como una de las estrategias para abastecer hospitales y centros de salud, especialmente en áreas críticas como oncología y tratamientos de diálisis. 

En ese momento, el Gobierno aseguró que se trataba de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con el objetivo de agilizar la respuesta a la crisis de abastecimiento.

Promesas de resultados rápidos no se han cumplido

Cuando se anunció la iniciativa, la entonces ministra de Gobierno, Nataly Morillo, afirmó que los resultados podrían verse en un plazo máximo de tres semanas. También señaló que existían acercamientos previos con proveedores de la India y que el contrato estaba próximo a concretarse.

Carlos Guerra, doctor en Farmacología, señala que si bien Ecuador no es un país de innovación farmacéutica (no desarrolla nuevas moléculas), la industria nacional ha mejorado. "De los cerca de 420 laboratorios existentes, al menos unos 20 cumplen con buenos estándares".

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Mientras la compra sigue pendiente, médicos y pacientes continúan reportando dificultades para acceder a determinados tratamientos dentro de la red pública de salud.

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El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, advirtió que el desabastecimiento de medicamentos e insumos continúa afectando a hospitales y centros de salud públicos del país. 

El dirigente aseguró que la falta de fármacos esenciales sigue siendo el principal problema del sistema sanitario y afirmó que será el mayor desafío que deberá enfrentar el nuevo ministro de Salud.

En la misma línea, Francisco Andino, exministro de Salud, señaló que la falta de resultados responde a problemas estructurales que persisten en el sistema de compras públicas. 

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“Sigue el gran desabastecimiento que hay, que existe, que igual con el Decreto 393, que tenía que ver con la empresa pública de contratación de bienes y servicios, eso también lleva normativas que no se pueden escapar a la Ley de Contratación Pública, como el giro de negocio y una serie de cosas más”, indicó.

Andino añadió que las dificultades no se limitan a los procedimientos administrativos. “En todo caso, creo que por ahí las cosas no están funcionando, toda vez que inclusive no fluyen los recursos económicos como deberían fluir”, señaló.

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Germán Rodas, coordinador de la organización, dijo que acudieron al Ministerio Público para pedir que Fiscalía convoque a ambos funcionarios de Daniel Noboa para formularles cargos por el "gran asalto al país" que causaron los contratos que suscribió la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen, durante la emergencia energética.

Rodas criticó, además, que la Fiscalía haya permitido que Luque guarde silencio cuando acudió a rendir su versión la semana pasada.

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"Es un absurdo jurídico porque se acogen al derecho al silencio las personas que hayan sido involucrados de manera directa por la Fiscalía. Lo que están logrando es que el ministro guarde silencio precisamente para no informar cómo han ocurrido los acontecimientos de la contratación de Progen. Es absurdo porque un funcionario público está obligado a dar información de su quehacer en el cargo", recalcó.

¿Fiscalía protege a Luque?

El representante de la organización de la sociedad civil demandó acciones por parte de la entidad en contra de Luque y Manzano, debido a que ambos estuvieron al frente de la contratación de las plantas termoeléctricas y lo anunciaron públicamente.

"No puede haber silencios ni omisiones por parte la Fiscalía, en el sentido de no llamarles a los ministros que todos conocemos, nos mandaban información desde Estados Unidos diciéndonos que las maquinarias de Progen eran formidables; o que, en el caso de la ministra Manzano hizo cinco de los seis pagos que correspondían", añadió.

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Para Rodas, el hecho de que la Fiscalía haya permitido que Luque no hable "se puede interpretar como una forma de proteger al ministro. Más grave todavía es el hecho de que protege los datos que él podría y está obligado a entregar sobre el manejo del contrato de Progen", insistió.

Asamblea escuchó a Manzano por el caso Progen

El pronunciamiento de la Comisión se registra mientras otras entidades ejecutan procesos políticos y judiciales por el caso Progen.

Ayer, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional escuchó la intervención de Manzano en el juicio político que el Parlamento inició en contra de la exfuncionaria. Sin embargo, la mesa dirigida por el oficialismo no permitió que los legisladores del correísmo (oposición) cuestionaran a la exfuncionaria.

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Además, la Corte Nacional de Justicia debe decidir si acoge la apelación y cambia o no las medidas cautelares, como lo solicitaron 13 procesados por el caso Progen.

El 21 de julio de 2026, Passailaigue comunicó públicamente su desvinculación de la organización política. En su pronunciamiento no detalló los motivos de la decisión, aunque aseguró que continuará enfocada en iniciativas relacionadas con la formación de liderazgos, la generación de alianzas y el impulso de proyectos orientados a ampliar oportunidades para los ecuatorianos, ahora desde el ámbito privado.

Además de su actividad parlamentaria, desempeñó funciones dentro de la estructura del PSC. Estuvo al frente del Centro de Formación Política, desde donde impulsó la capacitación de más de 2.000 jóvenes interesados en participar en la vida pública. También coordinó los temas vinculados con la participación de las mujeres dentro del partido. Antes de su incursión legislativa, en 2005, fue directora de Turismo de la Prefectura del Guayas.

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Su gestión legislativa y las leyes que impulsó

Durante su paso por la Asamblea Nacional, Passailaigue integró la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, donde participó en el debate y elaboración de varias iniciativas legales.

Entre sus principales actuaciones figura la ponencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), con las que se buscó fortalecer la autonomía universitaria y devolver a los estudiantes la posibilidad de elegir libremente su carrera.

También respaldó proyectos como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables y la Ley de Equidad Salarial entre Mujeres y Hombres.

Su trabajo legislativo incluyó además la promoción de políticas orientadas a prevenir la violencia, especialmente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, como parte de la comisión ocasional de niñez y adolescencia.

Passailaigue llegó por primera vez a la Asamblea en las elecciones de 2017, en representación de Guayas. Tras la aplicación de la denominada muerte cruzada por parte del entonces presidente Guillermo Lasso, volvió a obtener un escaño en las elecciones extraordinarias de 2023. 

En 2024 presentó su renuncia al cargo para integrar el binomio presidencial del PSC junto a Henry Kronfle, candidatura que obtuvo 73.500 votos, equivalentes al 0,72 % de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025.

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Del deporte y la televisión a la política

Antes de consolidar su carrera política, Dallyana Passailaigue, de 45 años, desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos. Es ingeniera comercial y también ha participado como atleta y piloto de motociclismo en competencias nacionales.

Su carrera profesional incluyó una etapa en los medios de comunicación. Formó parte del programa deportivo Copa, de RTS, y posteriormente integró Ecuavisa, donde fue presentadora de Así Somos. Más adelante viajó a Madrid para estudiar interpretación en la escuela de Jorge Eines y continuó su formación en Italia, especializándose en Comedia del Arte.

Tras regresar al país, volvió a Ecuavisa para incorporarse a Televistazo, donde estuvo a cargo de la presentación de noticias deportivas.

Passailaigue es hija de Roberto Passailaigue, exministro de Educación, y cursó estudios en mercadeo en Excelsior College, formación que complementó antes de iniciar su actividad en la administración pública y, posteriormente, en la política.

Internacional

Nicaragua inicia reformas para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones

Valeria Alvear

“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua manifestadas por su copresidente Daniel Ortega de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, se lee en el pronunciamiento del movimiento político.

En ese sentido, para la Revolución Ciudadana, lo que ocurre en Nicaragua tiene rasgos de una dictadura. En el mismo escrito se señala: “Impedir elecciones o proscribir adversarios tiene un nombre: dictadura”.

Según la organización política identificada con la izquierda, las elecciones transparentes son la esencia de la democracia. “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”.

En ese punto, el correísmo aprovechó para comparar la situación de Nicaragua con lo que, desde su perspectiva, ocurre en Ecuador. “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

¿Qué pasa en Nicaragua?

Daniel Ortega, durante el acto por el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado el 19 de julio de 2026, dijo que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones" que permitan a la oposición llegar al Gobierno.

Tras esas declaraciones, el trámite de las reformas legales comenzó en el Parlamento, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde ese espacio se anunció un trabajo conjunto con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para "garantizar las bases jurídicas" de las reformas.

El correísmo, cercano a Ortega

El comunicado rompe con la historia de cercanía entre el régimen de Ortega y la Revolución Ciudadana. A propósito de las declaraciones de Ortega, en redes sociales en Ecuador se recordó el momento en que la actual presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, participó en el aniversario de la Revolución Sandinista en 2014.

En ese acto, Rivadeneira dijo: “para que esa antorcha de libertad, comandante Daniel, siga encendida, para nuestros hijos y futuras generaciones”.

Política

Ecuador reafirma su intención de salir del SUCRE: Noboa emitió decreto con la denuncia del tratado

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Más allá de esas declaraciones, el entonces gobierno de Rafael Correa mantuvo una estrecha relación con Nicaragua. Por ejemplo, el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), impulsado por los gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI, tenía entre sus países suscriptores a Nicaragua.

Lo que debes saber

• Diana Atamaint renunció de forma irrevocable a su cargo de consejera del CNE.
• El CPCCS conoció la dimisión, la cual no detalló los motivos de su salida.
• Su decisión se da tras ser removida de la presidencia y por cuestionamientos a su gestión.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció este 22 de julio de 2026 la renuncia irrevocable de Diana Atamaint a su cargo como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE). La dimisión fue presentada por escrito el pasado 19 de julio de 2026 ante el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tras la decisión de una nueva mayoría electoral que la removió de la presidencia del CNE para designar a José Cabrera.

Política

Diana Atamaint renunció a su cargo como vocal del Consejo Nacional Electoral

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Cómo se confirmó la renuncia de Diana Atamaint al CNE?

El pleno del CPCCS conoció de manera oficial la decisión de la exautoridad. La carta de renuncia, remitida directamente a Andrés Fantoni, no especificó las razones personales o políticas que motivaron su dimisión, poniendo fin a un periodo de más de siete años en el organismo electoral.

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Durante la sesión, la salida de la funcionaria generó reacciones inmediatas en el pleno. El consejero David Rosero calificó su desempeño institucional señalando que: "El paso de Atamaint por el CNE fue de más pena que gloria".

Añadió además que este hecho debería motivar una reflexión profunda sobre el rol de las autoridades en la democracia ecuatoriana, debido a los diversos cuestionamientos que enfrentó en el tramo final de su administración.

¿Cuáles fueron los antecedentes y el contexto de su salida?

La salida de Diana Atamaint responde a una serie de reconfiguraciones políticas y decisiones administrativas dentro del órgano electoral:

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Lo que debe saber

• La Revolución Ciudadana no oficializará aún ningún nombre sin el aval de Aquiles Álvarez, pese al respaldo público del alcalde a David Norero.
• El alcalde de Guayaquil cumple prisión preventiva tras los casos judiciales iniciados en su contra.
• El correísmo aún analiza las opciones en Guayaquil y Esmeraldas de cara a las elecciones de noviembre de 2026. 

El correísmo aún no ha definido su postura sobre el impulso de una candidatura para la Alcaldía de Guayaquil. Esto, pese a que el alcalde Aquiles Álvarez respalda a su abogado, David Norero, para buscar esa dignidad en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Política

Sin Amigo, el correísmo tiene dos alternativas pero ninguna certeza: esto prepara su dirigencia

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Mediante un video difundido en redes sociales, el expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, aseguró que la Revolución Ciudadana no tomará una decisión definitiva sobre las candidaturas en Guayaquil y Esmeraldas sin antes dialogar y alcanzar un consenso con los actuales alcaldes de ambas ciudades.

Cabe recordar que tanto Álvarez como Vicko Villacís enfrentan distintos procesos legales y ambos cumplen prisión preventiva. Esta situación impidió que participaran en los procesos de democracia interna, requisito indispensable para una posterior inscripción de candidatura.

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En medio de este escenario, el abogado del alcalde de Guayaquil, David Norero, anunció que cuenta con el respaldo de Álvarez para buscar la Alcaldía de Guayaquil. 

Sin embargo, esa postulación aún es analizada por la Revolución Ciudadana antes de definir si contará con el apoyo oficial del movimiento.

¿Qué dice RC sobre la precandidatura de Norero?

En una entrevista con Diario EXPRESO, la secretaria ejecutiva de Revolución Ciudadana, Melissa Zambrano, reafirmó que en Guayaquil buscarán el aval de Álvarez para definir la candidatura. “En Guayaquil, como lo ha dicho el presidente Rafael Correa, seguimos respaldando a Aquiles Álvarez y la decisión que tomemos debe tener su aval”, mencionó.

Al ser consultada sobre la posible postulación de Norero, la secretaria ejecutiva del movimiento correísta señaló: “Aún no, no tenemos la garantía de poder decir que él va. Sabemos que está dentro de los elegibles también. Nosotros tuvimos una precandidatura con Juan Pablo Molina. No va a haber una resolución oficial antes del tiempo que determinemos para anunciarlo. Todo va a ser con el aval del actual alcalde; quien debería estar ostentando el cargo en la reelección es Aquiles Álvarez”.

Los puntos claves de este artículo

• En menos de dos años, cinco episodios políticos y judiciales reconfiguraron el tablero electoral de Guayaquil y redujeron el número de actores con opciones de disputar la Alcaldía.
• La salida de potenciales candidatos, las investigaciones contra Aquiles Álvarez, la suspensión de movimientos políticos y la renuncia de Marcela Aguiñaga modificaron el escenario previo a las elecciones seccionales.
• Mientras la ciudad era escenario de esos episodios, ADN ajustó su estrategia y terminó apostando por Cynthia Viteri -exalcaldesa que enfrenta investigaciones por presunta corrupción-, para intentar conquistar uno de los principales bastiones electorales del país.

En los últimos dos años han ocurrido varios hechos que si se los ve de forma dispersa parecerían que han sido casuales, propios de un ecosistema político improvisado o desconectado. Sin embargo, las implicaciones de cada episodio han tenido un efecto directo o indirecto en los intereses del poder de turno si se los mira en conjunto.

De tal forma, varios de los eventos se han convertido en una suerte de maniobra estratégica para allanar el camino de Daniel Noboa, a través de los colores de ADN y de su carta política al gobierno local más importante de la provincia del Guayas.

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Primer episodio: Andrea González, de candidata a embajadora

Tras el fallido gobierno de Guillermo Lasso en 2023, la elección de Daniel Noboa como presidente de la República y poco más de un año de su primer mandato, corría la campaña para las elecciones generales de 2025 y entre los candidatos de ese proceso emerge la figura de Andrea González Nader.

La guayaquileña, activista ambiental y empresaria interesó a una parte del electorado por su imagen fresca y un discurso frontal contra el narcotráfico y la corrupción, bajo los colores del Partido Sociedad Patriótica. Era su segunda experiencia como candidata. En 2023 fue el binomio de Fernando Villavicencio (+).

En dichas elecciones, González quedó en el cuarto puesto de dieciséis postulantes, con 275.376 votos, detrás de Noboa, Luisa González y Leonidas Iza. Las dos campañas electorales, sus declaraciones críticas a obras de la administración de Aquiles Álvarez, como el paso elevado en la avenida del Bombero, hicieron familiar su rostro para los guayaquileños. Tanto fue así que la misma Andrea González consideró abiertamente buscar la Alcaldía de Guayaquil.

"Hemos sido claros desde el inicio. Tenemos el anhelo de transformar Guayaquil en una ciudad sostenible, dinámica, vibrante y para todos (…). Estamos en conversaciones con sectores políticos, sociales y económicos porque creemos que es el momento de un relevo generacional", dijo la ambientalista a Ecuavisa en julio de 2025.

No obstante, seis meses después, González sorprendió al aceptar el encargo de Daniel Noboa como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Reino de Bélgica.

Esa se podría decir fue primera baja de quienes aspiraban llegar a la Alcaldía de Guayaquil.

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Segundo episodio: el encarcelamiento de Aquiles Álvarez

La versión más caótica de la relación política entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene sus inicios en 2023. El 9 de octubre de ese año, Álvarez criticó que Noboa, entonces candidato a la Presidencia, no asistiera a la sesión solemne de la ciudad y que realizara un acto proselitista cerca del evento del cabildo.

Al año siguiente, la Fiscalía inició las investigaciones por un presunto desvío y comercialización ilegal de combustibles subsidiados, por parte de empresas relacionadas con Álvarez, que posteriormente se conocería como caso Triple A, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH).

El 9 de abril de 2025, la Fiscalía formuló cargos en contra de Álvarez y pidió la vinculación de 10 personas más. La defensa del alcalde había logrado sortear los pedidos de prisión preventiva del Ministerio Público en esa y otras instancias hasta el 10 de febrero de 2026. Ese día, la Policía lo detiene en el allanamiento de su casa. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel del Encuentro. Álvarez también enfrenta otra investigación, denominada caso Goleada, que se deriva de Triple A.

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Mientras el alcalde ha enfrentado esas investigaciones, el Concejo Cantonal atendió un pedido de remoción del cargo, que no prosperó porque, se argumentó, su ausencia estaba justificada por estar detenido.

En la cancha electoral, Álvarez también ha realizado un movimiento que busca mantener en vigencia su mano sobre la ciudad: ante la evidente imposibilidad de correr por la reelección escogió a uno de sus abogados para que busque la alcaldía: David Norero. Así lo dijo el letrado tras haber conversado con el alcalde encarcelado.

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Tercer episodio: la RC y Amigo, suspendidos por nueve meses

Dos organizaciones políticas también han sido parte de los episodios de esta historia de poder. Los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) fueron suspendidos de la vida política por nueve meses.

Las suspensiones se derivan de los fallos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras recibir la denuncia de la Fiscalía en torno a casos de presunto lavado de activos.

La RC fue sancionada por el denominado caso Caja Chica el 6 de marzo de 2026; y, Amigo, el 17 de julio pasado. La organización correísta había definido la participación de sus cuadros bajo los colores de la lista 16, como el vehículo electoral para sortear la primera sanción.

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Cuarto episodio: la renuncia sorpresiva de Marcela Aguiñaga

La renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura del Guayas tiene también un peso político importante en el tablero político, ya que la abogada que surgió de las filas correístas se había posicionado como una opción para buscar la reelección, otra dignidad local o nacional.

El 14 de mayo, Aguiñaga presentó su renuncia de forma oficial y presidió un acto de rendición de cuentas de su gestión. Días atrás, ella había indicado que tomaba la decisión de dejar ese cargo público para dedicarse al cuidado de su esposo.

En el acto de rendición de cuentas, ella indicó: “No vengo solo a rendir cuentas (…). Es un acto con sabor a despedida, pero es solo un hasta pronto”.

En la administración de Aguiñaga como prefecta del Guayas se vivieron altas y bajas en su relación con el Ejecutivo. El 22 de julio de 2024, Noboa y Aguiñaga participaron de un acto oficial. El Gobierno central entregó una garantía soberana por 50 millones de dólares, para programas de riego, vías y vivienda en Guayas.

Se fotografiaron. Ambos, sonrientes, sostuvieron una orquídea morada en una tarima.

Sin embargo, la falta de cumplimiento de compromisos generó fricciones. "En 2025 debían entregarnos 50 millones de dólares, pero recibimos cero. Recién en febrero de 2026 acreditaron 10 millones para pago de planillas”, dijo Aguiñaga a inicios de este año. También ha sido notoria su posición frente a la situación que atraviesa el alcalde Aquiles Álvarez.

Quinto episodio: la curiosa elección de Cynthia Viteri

Se cierra el círculo. El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) movió sus fichas en el proceso de perfilar a la mejor carta que convenza al electorado guayaquileño: Niels Olsen, hombre de confianza de Noboa, quien se había desempeñado como presidente de la Asamblea Nacional, renunció a ese cargo para ponerse la camiseta de futuro candidato.

El exministro de Turismo de Guillermo Lasso y Daniel Noboa usó sus redes sociales para promocionar su precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil. “Guayaquil es la ciudad donde nací, donde crecí, donde están creciendo mis hijos”, dijo en un video el empresario, que está empadronado en Samborondón.

Sin embargo, el 16 de julio, ADN cambió de opinión: la futura candidata a la Alcaldía de Guayaquil será Cynthia Viteri, política que hizo su carrera en la vida pública de la mano del socialcristianismo. Fue alcaldesa de Guayaquil del 2019 al 2023. Buscó la reelección, pero perdió frente a Aquiles Álvarez.

La elección de Viteri fue sorpresiva y generó suspicacias porque previo al anuncio de ADN ocurrieron dos cosas. 

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La sorpresiva selección de Viteri reconfigura el tablero político local. Se trata de uno de los movimientos más arriesgados del oficialismo para captar el Municipio de Guayaquil, teniendo en cuenta que Viteri, como alcaldesa, hizo de su administración un proyecto personalísimo, distante al de sus antecesores y marcado por denuncias de corrupción.

Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa ratifica diseño de Sanaa para Museo Nacional tras dos concursos en Quito.
• Exjurado cuestiona el proyecto por riesgos técnicos, costos y conservación del patrimonio cultural.
• Polémica crece por presuntas irregularidades, conflictos de interés y cambio del ganador original.

Pudieron ahorrarse plata, tiempo y bochorno: finalmente, al cabo de un escándalo y dos concursos (uno legítimo, con un jurado internacional de primer nivel que deliberó durante más de un mes; otro de juguete, con una apresurada reunión de amigos que no tuvieron inconveniente en prestarse para la manipulación y sacar un veredicto en poco más de un día), el proyecto arquitectónico elegido para convertirse en la sede del nuevo Museo Nacional del Ecuador fue exactamente el mismo que el gobierno de Daniel Noboa había designado a dedo desde el principio. 

(Te invitamos a leer| Jurado original del nuevo Museo Nacional del Ecuador advierte riesgos del diseño ganador)

¿Alguien podía creer que ocurriría de otra forma? Se trata de “Estratos vivos”, diseño del estudio japonés Sanaa, de la arquitecta Kazuyo Sejima, con sus socios ecuatorianos A0, de Ana María Durán Calisto, entre otros. 

Es el proyecto que, durante el primer concurso, el verdadero, el gobierno quiso imponer como segundo premio con la evidente intención de reemplazar con él al que resultara ganador. El jurado no admitió las presiones y premió al que consideró mejor. Lo demás es historia.

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Martin Pallares

¿Por qué el jurado inicial no escogió al nuevo ganador?

El español Alejandro Zaera Polo, miembro de ese primer jurado de calificación (arquitecto por la Politécnica de Madrid, postgraduado en Harvard, exdecano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Princeton…), ha explicado con argumentos técnicos que no han sido rebatidos por nadie hasta la fecha las razones por las cuales el proyecto de Sanaa, elegido no por nadie más sino por el gobierno, era uno de los peores del concurso. 

Si le dieron una mención, explicó en el podcast Politizados, de este Diario, fue para manejar las presiones políticas.

Salas poco o nada flexibles, más bien pequeñas y delimitadas por grandes ventanales de vidrio curvo, que prácticamente no ofrecen ninguna posibilidad de juego museográfico; sobre ellas, una secuencia de terrazas que hará de las filtraciones un problema permanente; un acceso constante del público desde el exterior a todos los niveles, incompatible con las exigencias de seguridad de los tesoros que ahí se guardan; archivos y reserva instalados en el subsuelo, en una zona (la de la vieja laguna de Iñaquito) conocida por su altísimo nivel freático, es decir, la profundidad a la que se encuentra la parte superior del acuífero subterráneo, el punto donde la tierra está completamente saturada de agua. En otras palabras: espacios inundables. 

Política

Museo Nacional: reforma a la ley de uso de suelo aviva el conflicto de interés en torno al proyecto

Martin Pallares

Sin contar con el permanente riesgo sísmico de Quito, que se cuenta entre los más altos del mundo. Por eso, una de las consideraciones del primer jurado fue que el subsuelo era el lugar más irresponsable para situar la reserva del museo.

Eso es el proyecto ganador por voluntad del gobierno: un proyecto irresponsable. Peor aún: un anteproyecto. Ahora viene un concurso público para adjudicar la construcción, etapa en la que se descubrirá que los desafíos del diseño de Kazuyo Sejima obligarán a ajustar los presupuestos (los cien millones de dólares ya asignados serán insuficientes, según Zaera Polo) o introducir variaciones para abaratar el diseño y que terminarán convirtiéndolo en un esperpento.

Luque evade plan inmobiliario y el conflicto de interés

Roberto Luque, el ministro a cargo de este nuevo proyecto casi tan caro como Progen, no responde a ninguna de estas críticas. Le basta con el argumento de la supuesta voluntad popular, que no es otra cosa que la razón populista. 

Política

Museo Nacional: el presidente Noboa no quería que ganara el proyecto de Campo Baeza

Martin Pallares

El museo, dice, debe ser un punto de encuentro en el que los ciudadanos se reconozcan y con el que se identifiquen. Como si el extraordinario patrimonio histórico y cultura que se va a exhibir ahí no tuviera el suficiente poder de convocatoria y la suficiente capacidad de generar identidad y encuentro.

Por lo demás, el ministro no sabe ni contesta. No se ha enterado, así dice, de ningún proyecto inmobiliario en las inmediaciones, aunque hasta la exviceministra de Cultura habló de las cinco torres en el terreno adyacente y el propio Alberto Campo Baeza, arquitecto del proyecto que ganó el primer concurso y fue desconocido por voluntad del gobierno, las incluyó en sus planos tridimensionales. 

Tampoco sabe nada Roberto Luque sobre los conflictos de interés de los miembros del jurado de juguete que nombraron para el simulacro de concurso con el que se completó el proyecto. 

Política

Museo Nacional: exministros preguntan sobre el jurado de concurso y alertan sobre reservas en riesgo

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Que el Grupo Nobis, para quien trabaja uno de ellos, el arquitecto Christian Wiese, a cargo del desarrollo inmobiliario de otro de los lotes circundantes, no es del presidente sino de la tía, explica, y cuesta creer que está hablando en serio. 

El Gobierno olvida el significado del Museo Nacional

¿Y en cuanto a los líos jurídicos que provocará el hecho de haberle quitado el primer premio a su legítimo ganador? “Ese es un problema del Colegio de Arquitectos”, se lava las manos el ministro de Progen. 

Porque proclamaron al ganador sin consultar con la empresa pública a cargo del proyecto. O sea que el jurado internacional que tomó su decisión estaba ahí de adorno: al final era la empresa pública la que tenía la última palabra.

El caso es que no habrá en el Ecuador un auténtico museo nacional digno de ese nombre mientras dure el gobierno de Daniel Noboa. 

Opinión

Un museo light marca Progen

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Y no lo habrá porque la burocracia a cargo, esa argolla de especuladores enchufados que tuvieron la audacia de desprenderse de los especialistas (la viceministra de Cultura Romina Muñoz y su equipo técnico, incluido el director del Museo), esos funcionarios como el ministro de Progen, gente sin densidad intelectual ni profundidad espiritual para comprender lo que aquí está en juego, no son ni remotamente capaces de entender la dimensión del patrimonio cultural e histórico de la nación en aquello que tiene de intangible, si es que acaso la palabra “nación” les dice algo.

Para ellos nomás existe el gobierno como oportunidad de hacer negocios. Lo mejor que puede pasar en esas circunstancias es que el Museo Nacional no se construya.