Política

¿Por qué es clave la primera vicepresidencia de la Asamblea? ADN quiere a otro de los suyos ahí

Daniel Alejandro Romero Páez

Con 137 asambleístas registrados de un total de 151, el pleno instaló la sesión número 100 en horas de la tarde. Torres fue elegido con 84 votos a favor, 58 en contra y una abstención, superando la mayoría absoluta requerida (77 votos).

La designación se produjo dos días después de que Mishel Mancheno asumiera la presidencia del Parlamento, tras la renuncia de Niels Olsen, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia.

Política

La suplente de Niels Olsen se principaliza en la Asamblea: ella también es precandidata de ADN

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La candidatura de Torres fue presentada por Pablo Jurado, legislador electo por Construye y actualmente independiente, quien destacó su “sólida formación académica”, su “pensamiento estratégico” y su capacidad para proponer “soluciones legislativas viables”. También subrayó que representa a una nueva generación de políticos.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el primer vicepresidente subroga de forma inmediata a la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. Esta disposición cobra relevancia en el contexto actual: Mancheno se encuentra embarazada y, según la legisladora oficialista Inés Alarcón, prevé solicitar una licencia por maternidad próximamente.

Torres, de 36 años, fue nombrado jefe de bloque de ADN, el 19 de mayo. Su trayectoria en el Legislativo comenzó en 2018, cuando asumió como suplente de su padre, el exasambleísta Luis Fernando Torres. Aunque en ese momento recibió críticas por un supuesto relevo familiar, consolidó su carrera al ganar su propio escaño en 2021.

En mayo de 2023 fue elegido segundo vicepresidente de la Asamblea. También participó como ponente en el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso y ejerció como viceministro de Gobierno. En el ámbito partidista, dejó el Partido Social Cristiano para incorporarse a ADN.

Abogado por la Universidad San Francisco de Quito, cursó una maestría en la Queen Mary University de Londres. Su interés por la política se remonta a su etapa universitaria, cuando en 2011 fue elegido presidente del gobierno estudiantil. Proviene de una familia con trayectoria política en Ambato, donde varios de sus integrantes ocuparon cargos públicos, fueron alcaldes.

Torres agradeció a Daniel Noboa y a su bancada

“Agradezco a todos quienes participaron en esta decisión democrática, a mi bancada de ADN y a los independientes que se han sumado y que con su voz son importantes. Y a la oposición que no se sumó y quienes no han venido. En una democracia con separación de poderes, la Asamblea no está llamada a ser de obstrucción sino de construcción. Agradezco al presidente Daniel Noboa”.

¿Quién es Esteban Torres?

Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Estudió una maestría en la Queen Mary University, de London. En la USFQ confirmó su interés por la política, cuando en 2011, fue elegido presidente del gobierno estudiantil.

Desde niño ha escuchado hablar de política y no solo a su padre. Su tío bisabuelo fue José Arcadio Carrasco Miño, quien se desempeñó como senador, diputado y exalcalde de Ambato. Su abuelo también fue alcalde de esa urbe. También por el lado de su madre hay exalcaldes.

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A través de un pronunciamiento oficial, el abogado Leonardo Stagg detalló que Celso Sánchez, técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y actual procesado en la causa por presunto peculado, describió actuaciones que causaron perjuicio al Estado por parte de representantes de la contratista extranjera y de funcionarios de la empresa pública, sin incluir al exsecretario de Estado en su relato.

Cabe destacar que, según lo expuesto por Stagg, la versión del técnico ratifica que las decisiones sobre la celebración, ejecución, inspección y certificación de los acuerdos se tomaron exclusivamente por el personal de Celec EP. Esto se ampara en la autonomía administrativa que posee dicha entidad, lo que aleja la competencia directa del Ministerio de Energía en la adjudicación.

El jurista cuestionó la celeridad del Ministerio Público para procesar evidencia. Indicó que Sánchez entregó material probatorio —audios, correos, videos y dispositivos electrónicos— a la Fiscalía desde julio de 2025. "Esta información no habría sido procesada ni incorporada al expediente", precisó el abogado defensor.

Versión ampliada de los involucrados

Stagg subrayó que se mantiene a Gonçalves bajo prisión preventiva sin que exista un solo acto material que lo vincule con pagos, instrucciones o reuniones directas con la empresa Progen, exigiendo que la Fiscalía reencauce la investigación sin selectividad.

Estas declaraciones públicas se dan en el contexto de las diligencias judiciales de este miércoles. Celso Sánchez rindió la ampliación de su versión libre y voluntaria de manera telemática, bajo estricta reserva. En paralelo, Sánchez y Paúl Flores, solicitaron formalmente al juez de la causa una audiencia para revisar sus medidas cautelares, buscando sustituir la prisión preventiva por el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Lo que debes saber

• Ecuarunari denunció un operativo de desalojo en la comunidad ancestral kichwa Tzawata Ila Chukapi, en Napo.
• La organización responsabilizó a una empresa, a la Policía y al Gobierno por posibles afectaciones a las familias.
• El caso reabre el debate sobre los derechos colectivos y la protección de los territorios ancestrales en Ecuador.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) denunció este 10 de junio de 2026 un operativo policial de desalojo ejecutado en la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi, ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo. La organización calificó el hecho como una afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y exigió la suspensión inmediata de las acciones.

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A través de un comunicado público, la organización expresó su rechazo al procedimiento y sostuvo que la intervención pone en riesgo a las familias que habitan en el territorio. Según indicó, entre los afectados se encuentran niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos considerados vulnerables.

La postura de ECUARUNARI también fue dirigida a la comunidad internacional y a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. En el documento, la organización advirtió que el caso trasciende el ámbito local por las implicaciones que tendría sobre los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Comunidad ancestral denuncia afectaciones en territorio de Napo

“Denunciamos ante el país y la comunidad internacional este grave atropello que vulnera los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, poniendo en riesgo la integridad, la vida y la seguridad de familias enteras”, señaló Ecuarunari en el comunicado difundido este miércoles.

La organización recordó que la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi ha mantenido históricamente la defensa de su territorio frente a distintas amenazas. Según expuso, la zona ha sido objeto de interés por actividades extractivas y por proyectos vinculados a intereses económicos en los últimos años.

En ese contexto, el comunicado menciona que el territorio habría estado bajo presión de empresas interesadas en la ocupación de las tierras. ECUARUNARI aseguró que una empresa de monocultivo denominada Terraturismo impulsó acciones que derivaron en el proceso de desalojo denunciado.

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ECUARUNARI responsabiliza a empresa, Policía y Gobierno

“Responsabilizamos a la empresa Terraturismo, a la Policía Nacional del Ecuador y al Gobierno Nacional por cualquier afectación física, psicológica o material que sufran las familias de la comunidad”, manifestó la organización indígena.

Además de cuestionar el operativo, Ecuarunari sostuvo que cualquier perjuicio derivado de la intervención recaería sobre las instituciones y actores señalados en el comunicado. La organización insistió en que las familias habitan y protegen legítimamente el territorio ancestral.

La confederación también exigió que cesen de manera inmediata las acciones de desalojo. Según indicó, los derechos reconocidos en la Constitución de la República, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser respetados durante cualquier procedimiento relacionado con territorios indígenas.

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Llamado a organizaciones sociales y de derechos humanos

“Exigimos la inmediata suspensión de las acciones de desalojo y el respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas”, afirmó ECUARUNARI.

La organización realizó además un llamado a movimientos indígenas, colectivos sociales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía para que permanezcan vigilantes frente a la situación que enfrenta la comunidad de Napo.

En la parte final del comunicado, Ecuarunari reiteró su respaldo a la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi y defendió su derecho a permanecer en el territorio. “La defensa de los territorios ancestrales es la defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de los derechos de los pueblos”, concluyó la organización.

“Establece límites frente al uso de la calumnia y la violencia política como mecanismos para desacreditar o silenciar voces críticas”, destacó González.

Tras conocerse la decisión del organismo electoral, la concejala sostuvo que el fallo no debe ser motivo de celebración, sino una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que se desarrolla el debate político en el país.

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“No creo que sea un caso que nos deba alegrar a nadie. Estas cosas nunca deben repetirse. La política no tiene que usarse de esa manera”, señaló. Además, insistió en que la democracia se construye sobre el respeto a la diversidad de opiniones y el ejercicio legítimo de la fiscalización.

Según explicó, el caso se originó en un contexto en el que, a su criterio, se intentó desacreditar una labor de control político mediante expresiones que derivaron en una denuncia por violencia política de género. Añadió que la decisión fue ratificada no solo por el juez que conoció inicialmente la causa, sino también por cuatro magistrados del pleno del TCE.

Concejo Cantonal deberá aplicar la sentencia

Respecto a las implicaciones institucionales del fallo, González indicó que existe un procedimiento legal que deberá ser aplicado por el Concejo Cantonal una vez que se cumplan las formalidades correspondientes.

Explicó que el cuerpo edilicio deberá analizar los pasos a seguir en función de lo que establece la sentencia y la normativa vigente. Mientras tanto, reiteró que la responsabilidad de los concejales es mantener las labores de legislación y fiscalización para las que fueron elegidos.

“Acogeremos lo que la ley dictamina y se seguirá el proceso correspondiente dentro del seno del Concejo”, manifestó.

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Aún espera la notificación de la sentencia completa

La concejala señaló que hasta el momento no ha recibido la notificación oficial de la resolución íntegra del Tribunal Contencioso Electoral, por lo que aún desconoce los alcances finales de la decisión respecto a la apelación que presentó para solicitar disculpas públicas y una ampliación de las medidas de reparación.

Según relató, conoció la resolución a través de los medios de comunicación y sus abogados únicamente han sido informados sobre la decisión general adoptada por el pleno, pero todavía no cuentan con el texto completo de la sentencia.

“Cuando seamos notificados conoceremos todos los detalles y cualquier situación adicional que corresponda”, explicó.

Sobre las declaraciones del alcalde

Consultada sobre las declaraciones de Cristian Zamora, quien ha sostenido que continuará en funciones hasta el final de su mandato y que es víctima de persecución política, González prefirió mantener una posición institucional.

Afirmó que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, pero recordó que Ecuador es un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos están obligados a cumplir las disposiciones legales y judiciales.

“Nos ha tocado acogernos a lo que la ley dispone y a los recursos legales que tenemos para pedir justicia. Hay una sentencia en firme y tendremos que acoger lo que esta dispone”, sostuvo.

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Además, cuestionó los argumentos del alcalde en los que atribuye la resolución judicial a una supuesta persecución política.

“Durante la actual administración municipal, cualquier cuestionamiento o acción de fiscalización ha sido interpretada como una ofensiva política”, afirmó la edil. Agregó que no se puede seguir sosteniendo ese discurso “cuando las pruebas documentales hablan de una víctima. Y esa víctima he sido yo”.

Denuncia amenazas tras la ratificación del fallo

La concejala reveló que, tras conocerse la ratificación de la sentencia, recibió mensajes amenazantes contra su vida a través de Messenger.

“Me han dicho que van a atentar contra mi integridad, que me van a linchar, que ya estoy mucho tiempo viva”, relató.

Ante esta situación, González informó que solicitó resguardo policial y que contará con custodia mientras persista el riesgo.

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La sentencia, emitida el 28 de mayo a raíz de la denuncia por violencia política de género presentada por la concejal Diana González ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dispuso la suspensión de los derechos de participación política por seis meses, además de una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados (12.050 dólares) y medidas de reparación a favor de la denunciante.

La decisión fue ratificada el 9 de junio, tras la apelación presentada por la defensa de Zamora. Con cuatro votos a favor y uno salvado, el tribunal confirmó la sanción, lo que significa que el alcalde no podrá participar en las elecciones seccionales.

¿Cómo se originó el caso?

La denuncia fue presentada el 6 de marzo por González, quien argumentó haber sido víctima de una campaña sistemática de descrédito y agresiones públicas por parte del alcalde, en represalia por sus labores de fiscalización. El conflicto se intensificó luego de una entrevista concedida por la concejala el 15 de enero al medio digital Mundo Cuenca, donde se refirió a rumores sobre una funcionaria municipal embarazada.

Zamora reaccionó públicamente en redes sociales y entrevistas digitales, calificando las declaraciones como una “patraña” y asegurando que la edil pretendió “imputarle un aborto”. 

Según el expediente, el alcalde utilizó expresiones despectivas y estereotipos de género en transmisiones en vivo y entrevistas difundidas en Facebook y TikTok, lo que derivó en la tipificación de violencia política de género bajo el Código de la Democracia.

Las reacciones tras el fallo

Tras conocerse la ratificación de la sanción, Zamora ofreció declaraciones en vivo a través de sus redes sociales. “No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”, afirmó, señalando que acepta la decisión “en paz”, aunque no la comparte. 

El alcalde sostuvo que el caso no se trata de violencia política de género, sino de un “tema meramente electoral”, y denunció que se trata de un ataque a la democracia y a la libertad de los cuencanos de elegir.

Por su parte, la concejal González destacó que la sentencia marca un precedente para que la política no sea utilizada con amedrentamientos, ultrajes, humillaciones y calumnias. Desde la Dirección de Comunicación del Municipio de Cuenca se informó que se preparan declaraciones oficiales sobre el fallo.

Un nuevo escenario electoral en Azuay

La suspensión de Zamora abre un nuevo panorama en la contienda por la Alcaldía de Cuenca. El propio alcalde adelantó que en los próximos días dará a conocer a quién ofrecerá su respaldo político, con el objetivo de que “los proyectos de ciudad continúen”.

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Mientras tanto, varios perfiles comienzan a moverse dentro del marco de las elecciones seccionales de noviembre, tanto para la Alcaldía como para la Prefectura del Azuay.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa viaja a Estados Unidos por cuarta vez en 2026 durante cinco días.
• Decreto 418 oficializa el viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos del 11 al 15 de junio.
• Presidencia de Ecuador no detalla las actividades oficiales de Daniel Noboa en Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplirá un nuevo viaje internacional a Estados Unidos desde el 11 hasta el 15 de junio de 2026, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 418 suscrito este miércoles 10 de junio. El mandatario se ausentará del país durante cinco días para atender motivos de agenda oficial, consolidando a la nación norteamericana como uno de los destinos más recurrentes de su administración.

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Comitiva oficial y detalles de la agenda de Daniel Noboa

De acuerdo con el documento oficial firmado por el primer mandatario, la comitiva que acompañará la gestión estará integrada por ministros, secretarios y funcionarios de diversas entidades del Estado ecuatoriano.

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Detalles del Decreto Ejecutivo 418:

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un desglose pormenorizado sobre las reuniones o actividades específicas que el presidente Noboa liderará durante su permanencia en el extranjero.

Cuarto viaje presidencial a territorio estadounidense en 2026

Este nuevo desplazamiento a Estados Unidos representa la cuarta ocasión en la que el jefe de Estado visita dicho país en lo que va del año 2026. La gestión internacional del presidente Daniel Noboa ha mantenido una marcada continuidad en esta ruta, registrando salidas oficiales previas durante los meses de marzo, abril y mayo pasados. Asimismo, durante el año 2025, el territorio estadounidense se mantuvo como el punto geográfico más visitado por el Ejecutivo.

La acción judicial fue interpuesta este lunes 8 de junio de 2026, después de que una solicitud similar fuera rechazada previamente. La demanda está dirigida contra el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contra Juan López Vega, subdirector encargado del Centro de Procesamiento de Servicios Krome North.

Como parte del proceso, la defensa adjuntó diez documentos. La fiscal Natalie Díaz será la encargada de representar al Gobierno de Estados Unidos en este caso.

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La defensa alega violaciones al debido proceso

Los abogados de Serrano sostienen que durante su detención, ocurrida el 7 de agosto de 2025, se produjeron vulneraciones al debido proceso. Además, argumentan que el exfuncionario ha sido víctima de una persecución por parte de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.

En el marco de esta nueva demanda, las autoridades estadounidenses deberán responder a los argumentos presentados por la defensa.

No obstante, la detención de Serrano se originó por una infracción migratoria relacionada con haber permanecido en Estados Unidos más allá del plazo autorizado por su visa.

Política

Lasso sobre reunión entre Rafael Correa y Rodney Rengel: "El correísmo vuelve a quedar expuesto"

Richard Josue Jimenez Mora

El proceso migratorio continúa en curso

La acción presentada ante la Corte Federal se desarrolla de forma independiente al proceso migratorio que enfrenta el exministro.

En ese expediente, las autoridades estadounidenses ya rechazaron su solicitud de asilo. Sin embargo, la deportación permanece suspendida mientras se resuelve la apelación interpuesta por su defensa.

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Richard Josue Jimenez Mora

“Ante publicaciones que circulan en redes sociales sobre una presunta renuncia de la Presidenta del CNE, aclaramos que son falsas”, señaló el organismo electoral. Además, insistió en que la ciudadanía debe informarse a través de los canales oficiales.

Por su parte, Atamaint aseguró que continúa trabajando con normalidad de cara a las elecciones seccionales de 2026. Actualmente está en marcha el proceso electoral para los comicios previstos para el 29 de noviembre de este año.

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La versión sobre la supuesta renuncia surgió en perfiles de la red social X. Sin embargo, la información no pasó de publicaciones sin respaldo ni confirmación oficial. Tampoco se explicó cuál sería la razón detrás de una eventual salida de Atamaint, quien acumula más de siete años al frente del organismo electoral.

Además, hasta el momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha concluido el proceso de renovación parcial del CNE. Ese procedimiento contempla el reemplazo de dos de los actuales consejeros.

El avance del cronograma electoral

El CNE adelantó las votaciones al 29 de noviembre de 2026, cuando inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027. El organismo justificó la decisión por la posible incidencia del fenómeno de El Niño entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

A raíz de ese cambio, varias fechas clave del calendario electoral también fueron modificadas. El próximo 18 de junio comenzará el período para los procesos de democracia interna o elecciones primarias de las organizaciones políticas, etapa que se extenderá hasta el 2 de julio de 2026.

Por otro lado, la inscripción de candidaturas está prevista entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. La campaña electoral, en tanto, se desarrollará del 12 al 26 de noviembre, pocos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades locales.

Lo que debes saber

• Guillermo Lasso acusa al correísmo de fabricar narrativas falsas.
• Rafael Correa admite reunión virtual por Zoom con Rodney Rengel.
• Rengel testificó sobre reuniones de la Revolución Ciudadana en el extranjero.

El expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso acusó al movimiento Revolución Ciudadana de estructurar falsas narrativas políticas y judiciales, luego de que Rafael Correa admitiera haber mantenido una reunión virtual con el expolicía Rodney Rengel. Este último es un testigo clave dentro de la investigación por el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y estuvo involucrado en las filtraciones del caso León de Troya.

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Las acusaciones de Guillermo Lasso en redes sociales

A través de su cuenta oficial en la red social X, Guillermo Lasso cuestionó los vínculos entre la cúpula correísta y el expolicía. El exmandatario afirmó que el correísmo vuelve a quedar expuesto por fabricar narrativas falsas destinadas a la destrucción de reputaciones ajenas.

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De igual manera, Lasso sostuvo la hipótesis de que la relación entre Rafael Correa y Rodney Rengel tuvo como finalidad la filtración de información sesgada a creadores de opinión pública, a quienes calificó como narco periodistas financiados por intereses ocultos, aunque no presentó pruebas documentales para respaldar dicho argumento.

El testimonio sobre la Revolución Ciudadana en el caso Villavicencio

Por otro lado, los detalles de la comparecencia judicial de Rengel fueron expuestos públicamente por Amanda Villavicencio, hija del político asesinado. La diligencia bajo juramento reveló presuntos acuerdos y coordinaciones de alto nivel.

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Figuras políticas señaladas en la diligencia:

De acuerdo con lo expresado por la familia Villavicencio, Rengel describió la existencia de encuentros presenciales en Venezuela y sesiones digitales vía Zoom. El propósito de estas interacciones habría sido coordinar narrativas políticas y judiciales para validar la postura de Xavier Jordán, quien defiende que los procesos de la Fiscalía General del Estado corresponden a un montaje.

La respuesta de Rafael Correa y el caso Porsche

El expresidente Rafael Correa confirmó la existencia de la llamada virtual, alegando razones de asistencia social. "Alguna vez tuvimos la reunión vía Zoom porque nos pidió ayuda, que no tenía trabajo", declaró el líder político.

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Correa vinculó originalmente este acercamiento con el denominado caso Porsche, una investigación derivada de la localización de un automóvil de Industrial Molinera en las inmediaciones de la residencia de un sospechoso de atentado con explosivos en la Bahía de Guayaquil. No obstante, el exmandatario reconoció que durante las conversaciones Rengel abordó temas sensibles sobre los sicarios que ejecutaron el crimen de Villavicencio.

Lo que debe saber

• ADN consiguió aprobar su proyecto para sancionar el uso delictivo de uniformes. Sin embargo, una disposición relacionada con la destrucción de información confidencial provocó críticas.
• El Pleno aprobó una nueva ley impulsada por ADN que castiga con prisión a quienes utilicen de forma fraudulenta uniformes.
• La nueva ley quedó en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción. 

El oficialismo en la Asamblea logró que el Pleno aprobara su proyecto de Ley para Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes Institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los artículos de la normativa generó alertas y provocó un cruce entre ADN y la Revolución Ciudadana.

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La bancada oficialista alcanzó 87 votos para la aprobación del proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora oficialista Inés Alarcón. 

La ley plantea una respuesta penal diferenciada para la fabricación, almacenamiento, comercialización y circulación no autorizada de uniformes institucionales cuando se trate de indumentaria de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o entidades reguladas por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

En ese sentido, la normativa señala que “resulta necesario sustituir el tratamiento exclusivamente contravencional por una regulación penal diferenciada, proporcional y acorde a la gravedad de las conductas actualmente identificadas”.

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Entre las principales reformas incorporadas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica el delito de uso fraudulento de uniformes, insignias, distintivos y demás elementos de identificación institucional. 

Además, se establecen sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quienes utilicen de manera no autorizada uniformes o elementos de identificación de las instituciones de seguridad.

El artículo sobre la eliminación de información confidencial

La ley aprobada por la Asamblea, enfocada en el uso delictivo de uniformes policiales y militares, incluye un artículo relacionado con la Contraloría General del Estado. Durante el segundo debate, Pachakutik y la Revolución Ciudadana cuestionaron la incorporación de ese tema en el proyecto.

El correísta Gerardo Machado sostuvo en el Pleno que, aunque coincidía en la necesidad de combatir el uso delictivo de uniformes, debía denunciar que se incluyó “de contrabando” una reforma a la Ley de la Contraloría.

Advirtió que el artículo 20 permitiría la destrucción de documentos reservados o secretos bajo custodia de organismos de control, lo que, a su criterio, institucionaliza la impunidad y afecta la memoria institucional del Estado.

La asambleísta correísta Jahiren Noriega también se pronunció sobre el tema. Según dijo, ADN, en el último momento, “metieron un artículo para tapara su corrupción”. Agregó que “a través el artículo 20 están blindando su corrupción”.

¿Qué dice el artículo 20 de la ley aprobada?

“La Contraloría General del Estado, mediante resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional, dispondrá la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima”, se lee en la ley.

También se especifica que esa información estará relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales y que su eliminación deberá realizarse dentro del plazo máximo de 30 días calendario una vez concluidos y ejecutoriados, conforme al ordenamiento jurídico.

La disposición añade que “no podrá disponerse la eliminación o destrucción de información relacionada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal no prescritos”.

Tras la aprobación de la ley en la Asamblea, el proyecto pasará al Ejecutivo para que sea objetado o remitido directamente al Registro Oficial para su publicación. Solo después de cumplir ese último paso entrará en vigencia.

Las claves de caso

• Varios colectivos ciudadanos formalizaron una solicitud legal ante las autoridades electorales en Quito.
• El pedido de revocatoria se dirige simultáneamente contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
• La solicitud se fundamenta en el presunto incumplimiento del plan de trabajo presentado en las elecciones.

Varios colectivos ciudadanos liderados por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y Jorge Cáceres formalizaron este 9 de junio de 2026 el pedido de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. Los impulsores de la iniciativa acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

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Los motivos de la solicitud contra el binomio presidencial

Los peticionarios alegan que Daniel Noboa y María José Pinto han incumplido con el plan de trabajo que presentaron formalmente ante las autoridades del CNE durante las elecciones presidenciales de 2025.

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Con la entrega de esta documentación, se activa oficialmente el procedimiento de revocatoria estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Electoral y la Ley de Participación Ciudadana. El proceso inicia formalmente con una fase de revisión de requisitos de admisión por parte de la autoridad electoral.

Requisitos y plazos legales para la recolección de firmas

El CNE notificará al presidente Daniel Noboa para que, en un término de siete días, ejerza su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

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Si el pedido es admitido, se procederá de la siguiente manera:

¿Qué pasa si se aceptan las firmas contra el Gobierno?

En caso de que las firmas sean validadas, el CNE dispone de un plazo de 60 días para convocar al proceso electoral de revocatoria. La normativa legal determina que se requerirá más del 50% de los votos válidos a favor para destituir al mandatario. El pronunciamiento en las urnas es obligatorio y de inmediato cumplimiento.

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De acuerdo con el artículo 146 de la Constitución del Ecuador, ante la ausencia definitiva y simultánea del presidente y la vicepresidenta, la Presidencia de la República será ejercida temporalmente por el titular de la Asamblea Nacional, actualmente ejercida por Mishel Mancheno.

Lo que debes saber

• TCE admite apelación contra el alcalde de Cuenca Cristian Zamora por presunta infracción electoral.
• Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales acusan a Cristian Zamora de inducir el voto en 2023.
• TCE ratificó suspensión de derechos políticos de Cristian Zamora por violencia de género.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el exconsejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales Ordóñez dentro de la denuncia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una presunta infracción electoral grave relacionada con la inducción del voto en los comicios presidenciales.

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Detalles del nuevo proceso en el TCE

La presidenta del Contencioso Electoral, la jueza Ivonne Coloma, admitió a trámite la apelación y solicitó a la Secretaría del organismo certificar los nombres de los magistrados que conocerán el recurso en el Pleno. Dentro de esta disposición se dispuso excluir al juez Patricio Maldonado, debido a que fue el encargado de dictar la sentencia de primera instancia a favor del burgomaestre cuencano.

Las denuncias electorales contra Cristian Zamora

El origen de este caso se remonta a junio de 2025, cuando Guarderas y Morales denunciaron al funcionario por infringir el artículo 278 del Código de la Democracia, el cual prohíbe a los servidores públicos inducir el voto hacia una preferencia electoral.

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Suspensión de derechos políticos y reelección

Este dictamen se suma a otra crisis legal que afronta la autoridad local. A finales de mayo de 2026, el alcalde fue sancionado por violencia política de género tras una denuncia de la concejal Diana González. Aunque la defensa de Zamora presentó un recurso, este 9 de junio de 2026 el TCE ratificó la suspensión de sus derechos políticos por seis meses, una medida que imposibilita de forma directa su participación para una eventual reelección en las elecciones seccionales de 2026.

Lo que debe saber

• El movimiento Revolución Ciudadana está suspendido por una sentencia del TCE y eso obliga a que la organización busque otro partido de cara a las seccionales. 
• El alcalde de Quito Pabel Muñoz no ha confirmado aún que será la carta del correísmo para las seccionales.
• Sobre su posible contendor, Jorge Yunda, el Alcalde de Quito dijo que era la verdadera apuesta del oficialismo. 

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre el proceso de su movimiento político de cara a las elecciones seccionales de 2026. No confirmó que su candidatura esté definida, aunque aseguró que cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos.

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Muñoz señaló que desconoce cuál será el movimiento político que los cobijará para los próximos comicios, tomando en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a la Revolución Ciudadana en medio de una investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por el denominado caso Caja Chica.

Hasta el momento se habla de al menos dos opciones: los movimientos Amigo y RETO. Sin embargo, la dirigencia de la organización política no ha confirmado cuál será el vehículo electoral que los auspiciará. Su presidenta, Gabriela Rivadeneira, afirmó el pasado domingo que ya cuentan con un partido de alcance nacional.

Pero, en entrevista con Ecuavisa, Muñoz fue consultado sobre si consideraba que el verdadero candidato del oficialismo era Jorge Yunda. Ante esa pregunta, el alcalde de Quito respondió: “Que yo pueda ser el candidato que represente esa reelección perfecto. Pero que pueda haber otra compañera o compañero que lo pueda hacer también de acuerdo”.

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También se refirió a las pugnas internas que surgieron entre varias autoridades locales militantes de la Revolución Ciudadana y la expresidenta del movimiento, Luisa González, así como con el propio Correa.

El alcalde de Quito aseguró que no se siente aludido por las críticas que en algún momento lanzó Correa, cuando afirmó que prefería perder gobiernos locales antes que contar con personas tibias. Además, recordó que acumula 19 años de militancia en el correísmo.

Pabel Muñoz y su percepción sobre Yunda

Respecto a una eventual candidatura, el burgomaestre dijo que no tiene ansiedad ni necesidad de encontrar un contradictor político. Sin embargo, afirmó: “La candidatura de Jorge Yunda es la verdadera y oficial que tiene el Gobierno”.

Hasta el momento, distintas encuestas ubican a Muñoz y a Yunda como los principales perfiles para disputar la Alcaldía de Quito. Desde el oficialismo aún no existe una candidatura definida, aunque se mencionó como precandidatas a la excanciller Gabriela Sommerfeld y a Giovana Ubidia.

Lo que debes saber

• La oposición ecuatoriana actúa con cautela frente a ADN de cara a las seccionales de 2026.
• Unidad Popular busca alianzas de izquierda tras anular la cancelación de su registro.
• Revolución Ciudadana participará mediante otro partido nacional al estar suspendida.

Los partidos políticos de oposición en Ecuador llegan golpeados a las seccionales de 2026 por haber estado sujetos a suspensiones y posibles cancelaciones del registro electoral. Ante este escenario, extreman su precaución en la antesala del calendario electoral, a diferencia del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) que ya definió precandidatos y aprovecha un escenario favorable.

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El complejo escenario de la oposición en las seccionales

A diferencia del movimiento oficialista ADN, que ya presentó a sus precandidatos, la oposición ecuatoriana se ha movido con cautela en la antesala de las etapas claves del calendario para las elecciones seccionales de 2026.

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De hecho, las fuerzas opositoras con mayor presencia en el debate público han estado concentradas en asuntos ajenos a la contienda de noviembre próximo, e incluso algunas han tenido que luchar por mantener su permanencia en el registro electoral.

Unidad Popular y la búsqueda de un frente común

Ese fue el caso de Unidad Popular, que desde abril de 2026 enfrentó un proceso de cancelación de su registro dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a una supuesta disminución en el número de adherentes permanentes.

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Tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de anular esa cancelación, el dirigente de la organización, Geovanni Atarihuana, asegura que ahora el partido está enfocado en concretar alianzas que les permitan hacer frente al oficialismo en los próximos comicios seccionales.

Aunque señala que los acuerdos dependerán de la realidad política de cada territorio, Atarihuana adelanta que ese frente común podría estar integrado por los movimientos Pachakutik (PK), Futuro 20 (antes Democracia Sí) y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). No obstante, esas organizaciones todavía no han confirmado su participación.

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La suspensión de la Revolución Ciudadana

Por otro lado, la principal fuerza opositora al oficialismo, Revolución Ciudadana, también se prepara para las elecciones seccionales pese a encontrarse suspendida por una investigación por presunto lavado de activos, lo que le impide participar con casillero propio.

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Aunque no ha revelado mayores detalles, su presidenta, Gabriela Rivadeneira, confirmó que el correísmo ya cuenta con un partido político de alcance nacional que acogerá a sus prepostulantes para los procesos de democracia interna y auspiciará sus candidaturas locales.

Alianza de izquierdas podría fracasar

Sin embargo, Gustavo Isch, consultor político y exsecretario de Comunicación, considera que estos esfuerzos podrían no ser suficientes para enfrentar a un oficialismo que llega fortalecido, ante una oposición marcada por divisiones internas.

Si bien sostiene que lo ideal sería una oposición unificada, recuerda que intentos similares han fracasado en el pasado debido a la exclusión de ciertos sectores, como el correísmo, y al temor de otros actores políticos de enfrentar eventuales consecuencias en el ámbito penal o electoral.

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De hecho, aunque anunció la conformación de un frente común, Unidad Popular descartó cualquier alianza con la organización que acoja al correísmo. Sin embargo, dos de los partidos mencionados por Atarihuana (PK y PSE) respaldaron a Revolución Ciudadana durante la segunda vuelta presidencial de 2025.

Los independientes pueden ser pieza clave

El analista político Gisueppe Cabrera va más allá y sostiene que, con el correísmo suspendido, actualmente no existe una fuerza opositora con suficiente peso para ejercer un contrapeso. A su criterio, incluso una eventual alianza entre las demás organizaciones tendría una representatividad limitada.

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En ese contexto, considera más probable que surjan candidaturas opositoras o independientes del oficialismo con capacidad de disputar espacios a ADN en las principales capitales provinciales. Según Cabrera, esa posibilidad también explicaría la cautela con la que se manejan nombres y alianzas, con el fin de evitar procesos de inhabilitación como los registrados en Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo.

Las claves que debes saber

• Asamblea Nacional aprueba salida de Ecuador del sistema Sucre con 86 votos.
• Lucía Jaramillo impulsa moción para denunciar tratado Sucre, señala lavado de activos y exportaciones ficticias.
• Decisión será notificada al presidente Daniel Noboa; debate enfrentó oficialismo y correísmo en Quito.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 9 de junio de 2026 la denuncia del tratado del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), tras una moción presentada por la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN,oficialismo), Lucía Jaramillo, para que Ecuador abandone el acuerdo financiero que impulsaban en 2009 los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina (Alba).

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El Legislativo aprobó la propuesta con 86 votos a favor, de 140 asambleístas presentes. Luego de dar paso a esa resolución, se dispuso que la Secretaría General de la Asamblea notifique la decisión al presidente de la República, Daniel Noboa.

Durante su intervención, Jaramillo dijo que la Asamblea debía votar para “no permitir que se mantenga abierta una puerta que nunca debió abrirse, con un mecanismo que generó acciones irregulares que perjudicaron al país”. 

Jaramillo apuntó al correísmo

Manifestó que, aunque el Sucre se presentaba como una herramienta de integración, lo que el sistema habría permitido eran “exportaciones ficticias, empresas fantasmas, flujo de capitales, lavado de activos y el uso de recursos públicos de los cuales aún no existen respuestas claras”.

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La legisladora oficialista calificó al mecanismo como “un entramado más del correísmo”. Además, explicó que, en el informe efectuado en la Comisión de Relaciones Internacionales, que ella preside, se identificó que desde 2019, “el uso del sistema Sucre por parte de los operadores comerciales ha sido nula y que el país aportó con más de 2 millones de dólares al fondo de reserva del sistema, que fue puesto en un fideicomiso en un banco de Venezuela, es decir, tomó el control y aún el Banco Central del Ecuador no tiene respuestas sobre estos recursos”.

También habló de que la empresa de Álex Saab realizó exportaciones por más de 150 millones de dólares con ese sistema, pero reportó solo $200.000 de pagos a proveedores. 

“Evidentemente, estamos hablamos de un delito de lavado de activos en el cual usaron el Sucre”, añadió. Por ello solicitó que el documento pase a la mesa de Fiscalización para que realice un informe actual y detallado del mecanismo.

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Correísmo culpó a expresidentes

Luego de la votación, el legislador Xavier Ordóñez (ADN) se pronunció en la misma línea. Aseguró que el Sucre busca “desdolarizar” al país y criticó que se haya impulsado un mecanismo en donde se trataba de equiparar el dólar a monedas que catalogó como “débiles”, en referencia al peso cubano o al córdoba, de Nicaragua.

En el debate intervinieron ocho asambleístas, entre ellas, Bertha Vélez, de la Revolución Ciudadana (RC). La parlamentaria correísta señaló que la propuesta para dejar el Sucre era un tema político y no técnico, defendió al sistema y aseguró que el mecanismo no falló. Culpó a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de haberlo “abandonado”.

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Lo que debes saber

• El Pleno del Consejo de la Judicatura pidió la renuncia de todos sus directores provinciales, este martes 9 de junio.
  
• El Pleno también destituyó a una jueza en Quito y abrió investigaciones contra funcionarios en varias provincias.
  
• Otras investigaciones contra diez servidores y exfuncionarios judiciales fueron archivadas.

Este martes 9 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió pedir la renuncia de todos los directores provinciales de la institución a nivel nacional.

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La medida se adoptó durante una jornada en la que también se trataron otros temas disciplinarios. Aunque oficialmente se plantea como una evaluación de desempeño, esta disposición implica que cada dirección provincial queda bajo revisión directa de las autoridades.

Destitución de jueza por parte de la Judicatura

En la misma sesión, el Pleno destituyó a una jueza de Quito por negligencia en un caso de violencia intrafamiliar, al considerar que no valoró elementos clave dentro del proceso.

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Además, se ordenó iniciar procesos disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios en Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus cargos.

También se sancionó con el 50 % de un salario básico a una abogada en libre ejercicio por presentar un recurso sobre una supuesta sentencia que no existía.

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Mientras tanto, otras investigaciones contra diez servidores y exfuncionarios judiciales fueron archivadas al no encontrarse elementos suficientes para sancionar a los involucrados.

La sentencia nace de una denuncia presentada por la concejal Diana González por violencia política de género. Además, el burgomaestre deberá pagar una multa de 12.050 dólares.

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¿Qué dijo el alcalde Cristian Zamora?

En este marco, Zamora ofreció las primeras declaraciones a través de un en vivo en su cuenta de redes sociales. “En horas de la tarde fui informado de que la decisión era ratificatoria de la sanción. Aún no he sido notificado, pero así es la realidad. No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”, dijo.

Además, durante sus declaraciones sostuvo que este caso no se trata de violencia política de género sino de un “tema meramente electoral”. 

Sin embargo, dijo que acepta la decisión del TCE en paz y que estará junto a su familia, aunque no la comparte, y aseguró que “seguiré trabajando con todo el equipo hasta el último día de mi mandato”.

“Como iba a barrer en las urnas, tenían que separarme y hacerme a un lado y no tenían otra manera que la del día de hoy”, puntualizó, añadiendo que es un ataque a la democracia y a la libertad de los cuencanos de elegir libremente.

Zamora adelantó que en los próximos días dará a conocer sus decisiones políticas sobre a quien ofrecerá su apoyo para la Alcaldía de Cuenca e hizo un llamado a sus seguidores a traspasar su apoyo para que “los proyectos de ciudad continúen”.

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El mensaje de alcalde finalizó señalando que “sabía que esto iba a pasar, soy una víctima más”.

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La sentencia de primera instancia se conoció el pasado 28 de mayo de 2026 y tras más de una hora sustanciación de la apelación presentada por la defensa de Zamora el tribunal decidió ratificar la decisión del juez Joaquín Viteri: suspensión de la participación política por seis meses con cuatro votos a favor y uno salvado, así se dio lectura en la sesión que fue transmitida a través de la plataforma de YouTube.

Diana González, concejal de Cuenca, en diálogo con EXPRESO señaló que aún no ha sido notificada de forma oficial, pero que esta sería una reivindicación para las mujeres que se dedican a la política. “Esta es una ganancia de la democracia, no podemos seguir siendo amedrentadas por nuestro rol”, señaló.

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¿De qué se trata el caso en contra de Cristian Zamora

El caso se enmarca en la denuncia presentada por la concejal Diana González por violencia política de género. Ella aseguró que fue víctima de un proceso sistemático de ataques y desacreditaciones por ser mujer en el marco del desempeño de sus funciones como miembro de la comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal.

Se puntualizó que los ataques se venían arrastrando desde 2024 y que con el tiempo fue escalando el nivel de agresividad y violencia en contra de ella.

González aseguró que a través de las declaraciones de Zamora se buscaba desacreditar incluso su rol profesional al ser una educadora con trayectoria y experiencia en diferentes instituciones. "Llegó a decir que soy encubridora de abusadores de niños", señaló.

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Finalmente, la denuncia fue presentada el 6 de marzo de 2026 a raíz de una entrevista concedida por la concejala el 15 de enero de 2026 al medio digital “Mundo Cuenca”.

En ese espacio, González se refirió a rumores relacionados con una funcionaria municipal embarazada que habría perdido su gestación luego de un supuesto llamado de atención laboral. La edil sostuvo que conocía las versiones, pero aclaró que no existía una denuncia formal y afirmó: “mal haría en acusar a una persona sin pruebas”.

Posteriormente, Zamora reaccionó públicamente a través de redes sociales y entrevistas digitales. De acuerdo con el expediente, el alcalde publicó mensajes en la red social X calificando como “patraña” las declaraciones de la concejala y asegurando que ella pretendió “imputarle un aborto”.

Lo que usted debe saber

• La oposición argumenta que sin acuerdo en la Comisión de Fiscalización, el juicio político contra Inés Manzano debe llegar al Pleno.
• ADN se mantienen en que el caso está en Fiscalía y esa entidad debe encontrar a los culpables. 
• Mishel Mancheno también puede llevar el tratamiento del informe sobre el contrato de Progen ante el Pleno.

En la Asamblea, el caso Progen no está sentenciado desde lo legal pero depende de la voluntad política del oficialismo. El rumbo que tome ahora, tanto el juicio a Inés Manzano como el informe que salió de la Comisión de Transparencia, está en manos de la nueva presidenta, Mishel Mancheno.

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Tanto el informe como la interpelación a la exministra de Energía que se quedó sin resolución en la Comisión de Fiscalización podrían tratarse en el Pleno de la Asamblea.

Un recurso legal para retomar el juicio

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lo explicó así: “La arbitrariedad cometida en la comisión (juicio a Manzano) viola la Constitución. Además, la Ley de la Función Legislativa establece que ningún tema se queda en la comisión. Todo lo tiene que resolver el Pleno”.

En cuanto al juicio político, la Revolución Ciudadana también argumenta otro elemento legal. La integrante de la mesa, Ana Herrera, recordó que el plazo para que la comisión se pronunciara venció el domingo pasado y no hubo una resolución. Según la legisladora, corresponde que el tema avance al Pleno ya que no hubo un acuerdo al interior de la mesa.

Herrera sustentó esa postura en que el sábado pasado no hubo los votos necesarios para aprobar su moción de calificación del juicio político. De los 10 integrantes de la mesa presidida por Ferdinan Álvarez, cuatro votaron a favor -todos ellos asambleístas de Revolución Ciudadana- y el resto se abstuvo, incluido el aliado del oficialismo José Nango.

Con eso en cuenta, los legisladores correístas Blasco Luna y Lenín Barreto remitieron al entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, un pedido para que el proceso de enjuiciamiento político contra Inés Manzano sea tratado en el Pleno. 

El problema es que la solicitud fue presentada el lunes pasado, pero Olsen renunció al cargo durante la sesión 98. Así, la encargada de dar trámite a ese pedido es ahora la presidenta Mishel Mancheno.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

En el oficialismo han sido cautos respecto a este tema. Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización, ninguno de sus integrantes pertenecientes al bloque oficialista se ha pronunciado públicamente.

Lo único que hizo ADN, a nombre de la Comisión de Fiscalización, fue emitir un comunicado minutos después de que terminó la sesión del sábado. El principal argumento del oficialismo fue que el caso está en manos de la Fiscalía. También se señaló que “debe investigarse hasta las últimas consecuencias pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional”.

El único en hablar sobre el tema fue Andrés Castillo, el lunes pasado. Él dijo: “Han salido más elementos y se los ha llevado a la Fiscalía. Esa entidad los está conociendo y por supuesto que si se empieza a identificar que esos presuntos responsables tienen algo que ver que sean sancionados”.

Pero, para el asambleísta Serrano, argumentar que el caso ya está en la Fiscalía es bochornoso. Señaló que la vía judicial es diferente a la del control político y, en ese sentido, se trataría de una especie de renuncia de la Asamblea a ejercer su facultad fiscalizadora.

El legislador independiente El independiente Juan Gonzaga dijo que cuando se habla de que este tipo de asuntos no pueden quedar en la impunidad debe “generarse un abordaje desde todos quienes forman el Pleno de la Asamblea”.

Desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay manifestó que lo que ocurre tanto en la Comisión de Fiscalización como en la de Transparencia -donde se tramitó la fiscalización al contrato con Progen- es vergonzoso.

“La ley dice que si no se logran los votos en la comisión, el tema puede derivarse al Pleno. Ahí deberíamos tomar la decisión”, manifestó.

Sobre el informe de la Comisión de Transparencia

El caso del informe que se tramitó en la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, es aún más complejo. Dicho informe fue aprobado hace cinco meses, pero no ha llegado al Pleno. Tras cumplir un año al frente de la Asamblea, el expresidente Olsen señaló que el documento fue enviado a las autoridades competentes y no ofreció tramitarlo en el Pleno.

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Esa decisión ahora está en manos de Mancheno, quien hasta el momento no ha dado señales de apartarse de la postura que sostuvo Olsen.

Ese informe cobró relevancia después de que circulara un audio atribuido a la exministra Inés Manzano, en el que habla de una coordinación con Jácome para las comparecencias de autoridades de Celec en la Comisión de Fiscalización.

Así, un tema que incluso está normado por la Ley, ahora depende únicamente de la voluntad política de ADN.

Lo que debes saber

• Cinco demandas vinculadas a las expropiaciones fueron declaradas inadmisibles por la justicia.
• Los jueces cuestionan la vía legal utilizada por el Ministerio para obtener los predios.
• El tramo 1A requeriría la expropiación de 110 lotes en el sur de Guayaquil.

Actualmente, los propietarios de 22 lotes ubicados en la avenida Cacique Tomalá, en el Guasmo Sur de Guayaquil, enfrentan procesos judiciales impulsados por el ahora denominado Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT). Las demandas reposan en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

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El tramo que requiere 110 predios

Las acciones legales por pago por consignación, vinculadas a las expropiaciones necesarias para el proyecto vial Viaducto Sur, conocido también como Quinto Puente, fueron presentadas el 16 de marzo de 2026. Según David Stay, director distrital del MIT en Guayas, la ejecución del tramo 1A de esta obra contempla la expropiación de 110 lotes.

De acuerdo con los documentos de la licitación, el tramo 1A del proyecto se iniciará en la intersección de las avenidas Cacique Tomalá y José Sánchez Rubio, frente a los predios de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., compañías vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa Azín. En este mismo sector también se encuentra la escuela fiscal de educación básica Manuela de Santa Cruz y Espejo; el trazado continuará hasta conectar con la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

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Demandas que no superaron el filtro judicial

Sin embargo, las acciones impulsadas por el Ministerio han encontrado obstáculos en los tribunales. De las 22 demandas presentadas, dos fueron retiradas por la propia cartera de Estado, cinco fueron declaradas inadmisibles y las restantes permanecen en trámite o esperan su calificación.

En los expedientes revisados por EXPRESO, el Tribunal resolvió inadmitir las demandas interpuestas por el Ministerio. Los magistrados concluyeron que la entidad recurrió a una acción de pago por consignación cuando, de acuerdo con la normativa vigente, correspondía iniciar un proceso de expropiación.

Entre los ciudadanos que han sido denunciados por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología están: