Lo que debes saber 

• Jaime Tejada Franco presentó su renuncia irrevocable como secretario del Concejo Municipal de Guayaquil por motivos de salud.
• El documento será conocido en la sesión del Concejo del jueves 23 de julio.

Jaime Tejada Franco presentó su renuncia irrevocable al cargo de secretario del Concejo Municipal de Guayaquil. La noticia se conoció este lunes 20 de julio de 2026 y, según confirmaron fuentes municipales a EXPRESO, el documento será tratado durante la sesión ordinaria del Concejo Cantonal prevista para el jueves 23 de julio en el Salón de la Ciudad.

La carta fue dirigida a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, y tiene fecha del 20 de julio. En ella, Tejada argumenta que su decisión responde a motivos de salud.

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"Presento mi renuncia formal, con carácter irrevocable, a las funciones de secretario del Concejo Municipal por motivos de salud", señala el documento.

En la misiva también indica que desempeñó esas funciones desde el 20 de febrero de 2026 hasta este 20 de julio, fecha en la que oficializó su salida.

Agradecimiento y continuidad en otra función

En el documento, Jaime Tejada Franco expresa su agradecimiento por la confianza recibida para ejercer el cargo.

"Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir tan altas responsabilidades", escribió.

Sin embargo, aclara que su decisión no implica un alejamiento definitivo de la administración municipal.

El exsecretario manifestó su disposición de continuar aportando desde la Secretaría General, poniendo al servicio de la institución su preparación académica, trayectoria profesional, experiencia en la gestión pública, criterio jurídico y compromiso con los objetivos institucionales.

El Concejo conocerá la renuncia

De acuerdo con la información obtenida por EXPRESO, la renuncia será conocida por el Concejo Municipal durante la sesión convocada para el jueves 23 de julio de 2026, que se desarrollará en el Salón de la Ciudad.

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil no ha informado quién asumirá las funciones de la Secretaría del Concejo una vez que el organismo conozca oficialmente la renuncia.

Funciones y responsabilidades de Secretaría

Entre las responsabilidades figuran: 

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Para la tarde de este 20 de julio de 2026 está prevista una sesión del Pleno en la que, entre otros temas, se conocería la renuncia de quien también presidió el organismo durante más de siete años. 

El siguiente paso será principalizar al vocal suplente de acuerdo con el orden de prelación. En este caso, quien deberá asumir la vocalía que dejará vacante Atamaint será José Merino.

¿Quién es José Merino?

El hasta ahora vocal suplente no es nuevo en el CNE. Ya ha integrado el Pleno en varias ocasiones, principalmente durante las ausencias de la consejera y actual vicepresidenta del organismo, Esthela Acero. Su paso por esa instancia de decisión tampoco ha estado exento de cuestionamientos.

El rol de Merino fue determinante en resoluciones como la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. No solo aportó su voto, sino que también justificó la decisión, pese a que, al momento de adoptarla, ya había vencido el plazo que el Código de la Democracia otorgaba al CNE para aplicar ese tipo de sanciones.

El nombre de Merino cobró notoriedad en noviembre de 2024 cuando, junto con las también vocales suplentes Cristina Kronfle y Mónica Noriega, solicitó su principalización al considerar que el período de los consejeros titulares había concluido. Incluso acudieron a la sede del CNE con la intención de asumir sus funciones, pero se les impidió el ingreso.

Merino ha sido considerado un consejero cercano a Atamaint y ha mantenido una disputa abierta con la vocal Elena Nájera. Durante una sesión del Pleno, esta última llegó a afirmar que no abandonaría el organismo porque eso permitiría la principalización de Merino.

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Las fuerzas al interior del CNE

Como ocurre en los órganos colegiados, el CNE funciona sobre la base de las mayorías que logra consolidar su presidente. Actualmente, José Cabrera cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Esthela Acero y de la vocal Elena Nájera.

Tras asumir la presidencia y durante sus primeras intervenciones públicas, Cabrera anunció que había dialogado con todos los consejeros principales y también con el vocal suplente José Merino. Aseguró que su objetivo era mantener la armonía al interior del organismo electoral.

Verónica Silva renuncia a precandidatura para la Prefectura de Pichincha por el Partido Socialista

• Verónica Silva renunció para facilitar alianzas del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
• La dimisión busca construir una unidad política frente al movimiento oficialista ADN.
• El escenario electoral cambia tras la suspensión del movimiento Amigo por parte del TCE.

Verónica Silva, excandidata a la Vicepresidencia, renunció formalmente a su precandidatura para la Prefectura de Pichincha el sábado 18 de julio de 2026, con el objetivo de facilitar alianzas estratétegicas del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) para enfrentar al movimiento oficialista ADN en las elecciones seccionales de 2026. En una entrevista para el programa A Primera Hora, Silva declinó referirse a un posible pacto con el correísmo, argumentando que se debe esperar la configuración final de los frentes electorales de cara a los comicios de noviembre.

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Razones de la renuncia de Verónica Silva al PSE

La decisión de dar un paso al costado responde a una estrategia de convergencia política. Verónica Silva detalló que espera que su salida de la contienda electoral permita la construcción de "unidades" que hagan frente al oficialismo.

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"Si la renuncia de mi candidatura, ponerla a disposición, permite las más amplias unidades para deponer al autócrata que tenemos en Carondelet, pues bienvenido sea", comentó la política.

El posible reemplazo de Verónica Silva para Pichincha

Al ser consultada sobre si su renuncia responde a una posible alianza con el correísmo, Silva prefirió no mencionar a un posible reemplazo e indicó que habrá que esperar a que se terminen de configurar las alianzas electorales para los comicios de noviembre de 2026.

Asimismo, la ex-precandidata prefirió no adelantar si más cuadros del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) renunciarán para dar paso a otros candidatos. Sin embargo, enfatizó que esos movimientos serán para "poner al país como primer objetivo".

El panorama de las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador

El tablero electoral en Ecuador volvió a moverse el viernes 17 de julio de 2026. Esto ocurrió luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolviera suspender por nueve meses al movimiento Amigo, organización política que acogía las candidaturas del correísmo.

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La postura de la Revolución Ciudadana

A pesar de que la suspensión de Amigo generó dudas sobre la participación de la tendencia de izquierda en las elecciones seccionales de 2026, la dirigencia descartó su ausencia.

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Lo que debes saber

• Romina Muñoz acusa a Gilda Alcívar de bloquear proyectos culturales en Ecuador
  
  
• La exviceministra cuestionó presupuestos para museos, festivales y fondos de cultura
  
  
• Las declaraciones surgen tras la elección del nuevo diseño del Museo Nacional

La exviceministra de Cultura Romina Muñoz cuestionó la gestión de Gilda Alcívar y la acusó de frenar presupuestos, convenios y proyectos. Sus declaraciones surgieron tras la elección del diseño del Museo Nacional del Ecuador.

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Romina Muñoz volvió a pronunciarse sobre su salida del Viceministerio de Cultura. En una publicación de Facebook, la exfuncionaria presentó una lista de señalamientos contra Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura, a quien responsabilizó de bloquear procesos vinculados con museos, fondos, festivales y programas internacionales.

El mensaje apareció después de que el Gobierno anunciara a Estratos vivos, del equipo SANAA + A0-CPA-JHS, como el diseño ganador para el nuevo Museo Nacional del Ecuador. La propuesta obtuvo 81,7 puntos, tras combinar el 85 % de la calificación del jurado y el 15 % de la votación ciudadana. En el proceso participaron 50.681 personas, según los resultados difundidos el domingo 19 de julio. 

“Hoy celebra la votación ‘popular’ de un proyecto que jamás defendió”, escribió Muñoz al referirse a Alcívar. También aseguró que la ministra retrasó durante nueve meses el proceso administrativo para la construcción del museo y se opuso a destinar recursos para seguridad, limpieza y seguros de los bienes culturales.

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Romina Muñoz cuestiona el manejo del presupuesto cultural

La exviceministra afirmó que Alcívar retiró el presupuesto asignado a la Feria Internacional del Libro de Quito, lo que habría obligado al Viceministerio a redistribuir recursos previstos para otros proyectos. También sostuvo que intentó frenar la participación de Ecuador como país invitado de honor en las ferias del libro de Lima y Panamá.

Sus señalamientos alcanzaron al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Según Muñoz, se impidió que este mecanismo recibiera un millón de dólares gestionado con el Banco de Desarrollo y recursos procedentes de otras carteras de Estado. Además, aseguró que se obstaculizaron los incentivos tributarios que, de acuerdo con sus cifras, movilizaban $ 15 millones anuales de inversión privada para el sector cultural.

Muñoz también mencionó la reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, la participación ecuatoriana en MICSUR Paraguay 2026, la continuidad de las ludobibliotecas y los trámites del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. De acuerdo con su versión, varios de estos procesos quedaron detenidos o fueron trasladados a dependencias sin capacidad para atenderlos.

"Que el Museo Nacional se construya. Que se haga porque lo necesitamos"Romina Muñoz

Los señalamientos relacionados con los museos

La exfuncionaria aseguró que en diciembre de 2025 no se firmó la continuidad del proyecto destinado a intervenir el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el Museo Nahim Isaías y el Museo de Ibarra. También afirmó que Alcívar acudió al MAAC, tuvo un trato inadecuado con el personal y tocó obras expuestas.

Otro reclamo se relacionó con los manuales de puestos para la red de museos estatales. Muñoz explicó que esos documentos fueron aprobados durante su administración, pero no se habrían aplicado por falta de respaldo del área administrativa.

La publicación también recoge cuestionamientos por las becas gestionadas con el Ministerio de Cultura de Brasil, el convenio con la CAF para el Plan Nacional de Lectura, la formación de mediadores y la organización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Las afirmaciones corresponden a la versión de Romina Muñoz. Su publicación no adjunta documentos que permitan comprobar cada señalamiento y, hasta el cierre de esta nota, no se conocía una respuesta pública de Gilda Alcívar sobre las acusaciones.

Muñoz pide autonomía para las instituciones culturales

Pese a sus críticas, Muñoz respaldó la construcción del nuevo museo. “Que el Museo Nacional se construya. Que se haga porque lo necesitamos”, expresó. También propuso crear un Servicio de Gestión Cultural que permita financiar y administrar museos, archivos, bibliotecas, orquestas, teatros, compañías de danza e institutos adscritos.

La exviceministra sostuvo que la fusión de Cultura con Educación y Deporte agravó problemas administrativos que existían desde antes. A su criterio, las instituciones culturales necesitan autonomía técnica y financiera dentro de la estructura estatal.

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Muñoz cerró su mensaje deseando éxito a Pamela Cortés, quien asumió el Viceministerio de Cultura y Patrimonio el 16 de julio. “Ojalá respete el trabajo de la nueva Viceministra entrante, quien tiene un compromiso integro por la cultura, y a quien le deseo éxito en sus funciones”, escribió.

Romina Muñoz dejó el cargo el 9 de julio, después de que Alcívar solicitara su renuncia. Su salida ocurrió durante la controversia por el primer diseño elegido para el Museo Nacional, denominado Ecos del Sol, resultado que después fue descartado por el Gobierno.

Política

José Cabrera pidió a Contraloría auditar la presidencia de Diana Atamaint en el CNE

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Atamaint estuvo al frente del organismo electoral durante más de siete años. Llegó al cargo en 2019, luego de la evaluación realizada por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio al anterior CNE. Ese organismo también estuvo a cargo del concurso para la selección de las actuales autoridades electorales.

Una vez posesionadas las nuevas autoridades, Atamaint logró una mayoría que le permitió asumir la presidencia y a Enrique Pita ser designado como vicepresidente. 

Meses después, el Pleno se dividió entre una mayoría encabezada por la entonces presidenta y una minoría integrada por Pita y el entonces consejero Luis Verdesoto.

¿Cuáles fueron las razones de su salida?

Hasta el momento, Atamaint no se ha pronunciado sobre las razones de su renuncia. EXPRESO pudo confirmar la información con personal de su despacho. Desde esa dependencia también se indicó que no está previsto un pronunciamiento público tras su salida.

El pasado 11 de junio de 2026, una nueva mayoría en el CNE decidió cambiar las autoridades del organismo. Así, José Cabrera asumió la presidencia con los votos de la ahora vicepresidenta, Esthela Acero; de la vocal Elena Nájera; y de la propia Diana Atamaint.

Desde esa reconfiguración del Pleno del CNE, Atamaint no se había pronunciado sobre su salida de la presidencia. Sí participó en las sesiones virtuales encabezadas por el nuevo titular del organismo.

Con su renuncia, el Pleno del CNE deberá conocer y resolver su dimisión, además de principalizar a uno de los vocales suplentes. 

¿Quién asumirá el cargo?

En el orden de prelación, el cargo lo ocuparía José Merino, quien fue cercano a Atamaint y tuvo un papel clave en las sesiones en las que se decidió, por ejemplo, la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye.

Lo que debe saber

• Esteban Torres reafirmó los ejes de la agenda que fueron delineados por expresidente del Legislativo, Niels Olsen.
• El oficialismo pone todo su interés en sacar adelante la denominada Ley Antimafias que se tramita en la Comisión de Seguridad.
• La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano cuestionan la falta de independencia respecto al Ejecutivo.

La agenda legislativa con las prioridades que dejó Niels Olsen no se modificará. El cambio de autoridades en el Legislativo, producto de las posibles salidas de varios asambleístas para participar en las elecciones seccionales de 2026, no alterará el camino que el oficialismo ya tenía trazado en la Asamblea Nacional.

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Olsen será candidato a la Alcaldía de Samborondón. Dejó la Asamblea el pasado 8 de junio, días después de cumplir su primer año al frente del Parlamento. El 14 de mayo de 2026 delineó tres reformas como ejes para el segundo año de ADN al frente del Legislativo.

Esas reformas se centran en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de la Función Judicial y una iniciativa para legislar en favor de los emprendedores. 

Sin embargo, ahora la Asamblea está presidida por Esteban Torres, en calidad de presidente encargado. Él fue designado primer vicepresidente después de que Mishel Mancheno (ADN) asumió la Presidencia y dejó vacante ese cargo. Actualmente, Torres dirige el Parlamento debido a la licencia por maternidad de Mancheno.

¿Qué dice Torres sobre una nueva agenda?

Sobre las reformas planteadas, el pasado 15 de julio Torres dijo que una de las prioridades del Legislativo será consolidar una agenda enfocada en la seguridad y la justicia. 

Reconoció que las agendas deben adaptarse a la coyuntura política e insistió en los temas ya planteados por el expresidente: la Ley Antimafias, la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial.

Para Torres, la Ley Antimafias debe convertirse en el eje articulador de la reforma penal, ya que está diseñada para enfrentar a organizaciones criminales y no únicamente a delincuentes individuales.

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También señaló que la propuesta incorpora herramientas para mejorar los procesos penales, actualizar los tipos delictivos y fortalecer mecanismos como el decomiso anticipado de bienes vinculados al crimen organizado.

El asambleísta de ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, confirmó que no habrá cambios en las prioridades, pese al relevo de autoridades. “No (habrá cambios). En principio, nosotros vamos a trabajar el tema de seguridad. Ahí se trabaja en la Comisión de Justicia y Seguridad tres proyecto de ley importantes: reforma a la Ley de Función Judicial. Reformas al COIP y la Ley Antimafias”.

Aun así, Castillo dejó la puerta abierta a posibles cambios una vez que Mancheno se reintegre como presidenta titular del Legislativo.

¿Hubo acuerdo para la vicepresidencia de Torres?

La posibilidad de modificaciones también fue expuesta por la legisladora ex-Pachakutik Cecilia Baltazar. Ella reveló que, como parte del apoyo brindado a Torres para asumir la primera vicepresidencia, se acordó realizar ajustes. “Nuestro planteamiento, incluso para poder apoyar que Torres esté liderando la Asamblea junto con Mancheno fue que pueda hacer ajustes de lo planteado en un inicio”, dijo la asambleísta.

Baltazar argumentó que los cambios eran necesarios porque existen temas pendientes en áreas como educación, salud y desarrollo económico. “Estamos esperando los ajustes de las propuestas que puedan permitir un replanteamiento con el que se puedan acelerar esos proyectos”, añadió.

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La oposición tiene sus cuestionamientos

Entre la oposición también hay críticas a la continuidad de las mismas prioridades. El correísta Franklin Samaniego señaló que los cambios en la agenda deben responder a las necesidades de la ciudadanía. “La agenda (actualmente) responde a las prioridades del Gobierno y la Asamblea ha terminado por ser una ventanilla de Carondelet”, indicó.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que algo cambie en la Asamblea con las nuevas autoridades. “Fueron claros al posesionarse en el cargo. Dijeron que nada va a cambiar y que habrá continuidad”, recordó.

Serrano insistió en que la agenda parlamentaria no responde necesariamente al oficialismo de la Asamblea. “Esa agenda no es de Torres, Mancheno u Olsen. Es del Gobierno”, manifestó.

Por ahora, las prioridades están definidas. Sin embargo, en los próximos días podría concretarse la salida de varios asambleístas interesados en participar en las elecciones seccionales de 2026. 

Esos cambios, e incluso los resultados de los comicios, podrían incidir en la correlación de fuerzas políticas al interior del Parlamento. La primera disputa podría producirse por la vacante que dejaría Steven Ordóñez en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en caso de concretarse su salida del Legislativo. 

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La mañana de este 20 de julio de 2026, la dirigente prefirió no revelar las alianzas alcanzadas ni la estrategia con la que afrontarán los comicios. “Hemos logrado construir alianzas con algunas organizaciones políticas a nivel nacional”, señaló.

Rivadeneira indicó que esas coaliciones no se concretaron únicamente con movimientos afines a su tendencia. En entrevista con Teleamazonas, sostuvo que “es el momento de elegir entre la democracia y la dictadura”. Añadió que también es el momento de la unidad.

Sobre las candidaturas anunciadas con Amigo

La dirigente manifestó que, a su criterio, existe una intención de frenar las candidaturas y no únicamente de suspender a organizaciones políticas. “Nuestros cuadros políticos, los más representativos, van a estar en papeleta”, señaló.

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Explicó que la estrategia de Revolución Ciudadana se centra en las alianzas que concretó con otras organizaciones políticas, las cuales, según dijo, se cerraron en las últimas horas. 

Cabe recordar que el plazo para registrar alianzas venció el 18 de julio, un día después de que se conociera la suspensión del movimiento Amigo.

Al ser consultada sobre los movimientos con los que Revolución Ciudadana alcanzó acuerdos, Rivadeneira respondió: “La verdad me da miedo decirlo. Decíamos hace un momento que no queremos anunciar a Amigo porque, cuando se enterara el Gobierno que sería ese movimiento lo iba a sancionar”.

¿Qué pasó con el movimiento Amigo?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso, el 17 de julio de 2026, la suspensión provisional por nueve meses del Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) del registro permanente de organizaciones políticas.

El 16 de julio de 2026, la Secretaría General del TCE recibió el oficio Nro. FGE-DSP-2026-007019-O, suscrito por el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón Argudo.

En ese documento se informó sobre la existencia de la investigación previa Nro. 170101826072291 en contra del movimiento Amigo y de sus directivos por el presunto delito de lavado de activos.

Lo que debes saber

• Casos de Alondra Santiago, Jan Topić y Aquiles Álvarez centran el análisis político.
• El texto plantea cuál es el límite del poder y la institucionalidad en Ecuador.
• Columna cuestiona el uso de informes reservados contra opositores en el Gobierno de Daniel Noboa.

Soy un pésimo enemigo para tener”. Así se definió el presidente de la República Daniel Noboa y no le cabe duda a nadie que en eso no ha mentido. 

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Todos quienes han entrado en su definición de enemigo, todos quienes le han sido estorbo, se han enfrentado a medidas durísimas aplicadas a través de todos los medios disponibles para el líder de una republiqueta. 

Se han congelado las cuentas de activistas, se ha judicializado de la forma más grosera primero a su anterior vicepresidenta y luego a su principal rival dentro del país, en ambos casos procesando también a miembros de sus familias, se ha sancionado a los jueces que no se han alineado con el Gobierno en estos casos políticos, se ha acosado de forma mediática a través de organismos de control supuestamente autónomos a la prensa, se ha dejado sin trabajo a periodistas o a sus parientes y –para concluir de alguna manera esta lista para nada exhaustiva– se ha sacado del camino a potenciales contrincantes por medio de informes reservados.

El uso de informes reservados

Eso último, la instrumentalización del secreto para sacramentar la más obvia persecución, es bastante revelador. Lo usaron contra Alondra Santiago para justificar su expulsión del país, contra Jan Topić para sacarlo de las elecciones presidenciales pasadas, contra Aquiles Álvarez para moverlo a la cárcel del Encuentro y ahora también contra el movimiento Amigo, la organización política de la que se quiso valer el correísmo para eludir la suspensión de su propia lista. 

En todos los casos el secreto ha sido la medida de última instancia a la cual recurre el oficialismo no para fingir que no persigue, pues por la intensidad y direccionamiento de sus acciones ya lo deja en evidencia, sino porque se ve forzado a llegar a ese punto cuando se le agotan las ideas. 

Cuando ya no hay otra prueba que inventarse o cuando el apuro hace muy difícil construir un argumento medianamente bien hecho, salta el informe o la sustanciación reservada.

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Las críticas al secretismo

Aunque este secretismo salva al Gobierno de tener que pasar la vergüenza de inventarse cualquier cosa, es difícil no percibir esto como algo todavía más ridículo. 

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Uno puede imaginarse a unos Torquemadas del Dolarazo diciéndonos entre guiños que sí, Santiago era una amenaza para el Estado, pero que justo ahora no nos pueden decir para quién espiaba o con qué grupo andaba; que sí, que no hay duda para las autoridades tributarias de que Topić simuló una venta de acciones, pero no van a explicarnos cómo lo descubrieron; que sí, a Álvarez lo quieren matar, pero no hay sospechoso ni móvil, solo una especulación de que lo propios correístas –que se esfuerzan por sacarlo– lo asesinarían para echarle el muerto al Gobierno.

Ahora el oficioso inquisidor criollo, entre que mira al juez electoral y se voltea a vernos de reojo, alza la voz, diciendo: “Usía, el Santo Oficio le presenta los resultados de nuestra investigación, que ha encontrado evidencias de gravísimos delito cometidos por parte de estos amigos de lo ajeno, estos elementos correizantes, que se insertan entre nosotros y pretenden, qué horror, competir contra los ministros y agentes de Nuestro Señor en las elecciones, pero solo lo puede leer usted, usted y nadie más, ni yo mismo lo he leído”. Listo, el correísmo queda otra vez al borde de la virtual proscripción.

¿Cuál es el límite?

Una vez más, y ya hay que cuestionarnos cuántas veces nos quedan, debemos preguntarnos: ¿Cuál es el límite? La ley no lo es porque no existe. 

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No es una cosa que alguna vez hayamos respetado de forma consistente en el Ecuador. Pero debe haber algún instinto de autopreservación presente en el interior de nuestro ser animal, en la parte del cerebelo que gobierna las mociones elementales del ‘Homo Aequatorialis’, entre la compulsión de negarlo todo y la del alza, alza que te han visto.

Cuando acaben con los correístas –si es que acaban con ellos, porque no hay alguien más interesado en que siempre haya un correísta que el anticorreísta profesional– ¿hay alguna razón para creer que de repente los oficialistas descubrirán los valores de la convivencia democrática y el pluralismo o que permitirán que la justicia alcance a alguno de los integrantes del círculo íntimo del número uno?

Si no lo creemos, si es que pensamos que nos gobierna un grupo dedicado a perseguir a sus enemigos y protegerse a sí mismo, y que este preside sobre los destinos del país sin casi ningún límite a su poder, ¿qué nombre debemos darle? No es una pregunta fácil de responder si creemos que el uso de las palabras tiene consecuencias. Por ahora nos podemos contentar con un apéndice a esa palabra, el adjetivo “ridículo”.

Lo que debes saber

• La ley permite que una autoridad deje su cargo para postularse a otra dignidad.
• Especialistas advierten que esta práctica afecta la continuidad institucional y la representación.
• Los expertos proponen reformas electorales y un mayor control ciudadano para reducir este fenómeno.

En Ecuador se ha vuelto recurrente que las autoridades elegidas por voto popular no concluyan el periodo para el que fueron designadas. Hasta el 17 de agosto, quienes aspiren a un cargo en los gobiernos autónomos descentralizados deberán inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y varios asambleístas que apenas cumplieron un año en funciones dejarán sus curules para buscar nuevamente el respaldo ciudadano en otra dignidad.

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El derecho a postularse frente al compromiso con los electores

Esta práctica no se limita a la Asamblea Nacional. También se ha repetido en los concejos municipales, donde algunos ediles dejan sus funciones apenas se abre el proceso de inscripciones para iniciar una nueva campaña política con el objetivo de obtener un nuevo cargo de elección popular.

Aunque la legislación ecuatoriana no impide que una autoridad de elección popular deje el cargo para postularse a otra dignidad, tres especialistas, consultados por EXPRESO, coinciden en que esta práctica genera efectos negativos sobre la calidad de la democracia. Su principal cuestionamiento no está dirigido al derecho de participar nuevamente en los comicios electorales, sino a las consecuencias institucionales que deja esa decisión.

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, sostiene que cualquier autoridad conserva el derecho de buscar una nueva candidatura, pero advierte que también existe un compromiso de representación adquirido con los electores. A su criterio, los ciudadanos entregan el voto para que un funcionario ejerza el cargo durante el tiempo para el que fue escogido, por lo que abandonar anticipadamente el puesto debilita la rendición de cuentas.

Esto, debido a que, explica Quinga, ese escenario limita la posibilidad de que la ciudadanía evalúe de manera completa el desempeño de sus autoridades. Además, en un sistema de partidos frágil como el ecuatoriano, dice, esta dinámica debilita la representación política y favorece que los intereses partidistas o personales se impongan sobre el compromiso asumido con los electores.

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Los efectos de dejar un cargo antes de concluir el mandato

Para Eduardo Sánchez, abogado y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el problema tiene un origen estructural en el sistema electoral y en la ausencia de cuadros políticos consolidados dentro de las organizaciones. Según explica, ellos recurren constantemente a los funcionarios que ya tienen visibilidad para cubrir nuevas candidaturas, lo que mantiene al país en una campaña casi permanente.

El académico considera que esa lógica afecta la continuidad de las políticas públicas y de la gestión estatal. A su juicio, cuando un funcionario deja el cargo antes de concluir el periodo para el que fue elegido, la ciudadanía no solo pierde la posibilidad de evaluar una administración completa, sino que se rompe el compromiso asumido en las urnas.

Desde la comunicación política, María Fernanda Carvajal afirma que quienes abandonan tempranamente sus funciones proyectan una imagen desfavorable ante los ciudadanos. En su opinión, muchos electores terminan percibiendo que el cargo fue utilizado únicamente como una plataforma para alcanzar otra posición de mayor interés político.

Carvajal añade que esa práctica también deja proyectos inconclusos, tanto en la Asamblea Nacional como en los gobiernos autónomos descentralizados. Señala que iniciativas legislativas, procesos de fiscalización y otras propuestas pierden continuidad cuando sus impulsores dejan las funciones antes de terminarlas.

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Cuando los reemplazos también tienen un costo

Otro efecto, según Sánchez, recae sobre los alternos que deben asumir las funciones de quienes renuncian. El docente señala que estos suplentes, en muchos casos, no participan activamente en el trabajo diario de las instituciones y deben comenzar prácticamente desde cero cuando se principalizan.

Carvajal coincide con esa preocupación y afirma que el relevo también representa un costo para el Estado. Explica que los nuevos titulares requieren tiempo para familiarizarse con los procesos internos, aprender la dinámica institucional y retomar las iniciativas que quedaron pendientes, lo que implica un gasto adicional de recursos públicos.

Por otro lado, Quinga diferencia el impacto entre la salida de un legislador y la de un ministro de Estado. Explica que, aunque la labor parlamentaria suele extenderse durante varios años y puede continuar con otros actores, la renuncia de una autoridad del Ejecutivo suele paralizar proyectos, cronogramas y procesos administrativos que dependen directamente de esa cartera.

Por lo que, a criterio de la politóloga, el golpe institucional es mayor cuando un ministro abandona el cargo para iniciar una campaña. Esto ocurre porque los planes de ejecución y las decisiones estratégicas del Ejecutivo tienen plazos inmediatos y requieren continuidad para cumplir sus objetivos.

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Las reformas que plantean los especialistas

Sobre las posibles soluciones, Sánchez plantea revisar el calendario electoral para evitar que el país permanezca en campañas constantes. Su propuesta consiste en concentrar las elecciones en una sola jornada, de modo que las autoridades puedan cumplir íntegramente sus periodos antes de aspirar a otra dignidad.

Carvajal considera que también deberían impulsarse reformas legales que limiten esta práctica o establezcan sanciones para quienes abandonen reiteradamente el cargo antes de concluir el mandato. Sin embargo, reconoce que resulta difícil esperar esos cambios desde la clase política porque serían los propios beneficiarios del sistema quienes tendrían que aprobarlos. Por ello, la consultora sostiene que la iniciativa debería surgir desde la ciudadanía organizada.

El puesto para el que fueron elegidos no debería servir como catapulta política.María Fernanda Carvajal, consultora política

Quito

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Rosero Mariela

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador (FAPUC) expresó su preocupación por lo que considera una interferencia del HCU en el proceso electoral. 

El domingo 19 de julio del 2026, Jittomy Díaz, dirigente del gremio, señaló en entrevista con EXPRESO que el 13 de julio participaron de la sesión, para advertir sobre los riesgos de esta decisión. Según indicó, el órgano no tendría competencia para suspender o alterar el calendario electoral.

Díaz sostuvo que la mayoría del HCU —integrada por decanos y otros representantes— resolvió aplazar los comicios pese a conocer un informe del procurador de la universidad que, asegura, establece que ese organismo carece de atribuciones para suspender, prorrogar o intervenir en el proceso electoral.

Listas no calificadas en la U. Central acudieron a la justicia

La decisión se habría justificado por la existencia de cuatro acciones de protección presentadas por dos listas no calificadas, actualmente en trámite judicial. Eso mientras otras 111 candidaturas cumplieron con requisitos y fueron calificadas.

Sin embargo, la dirigente subrayó que la sola presentación de estos recursos no implica una orden judicial de suspensión ni habilita al Honorable Consejo Universitario (HCU) a tomar esa medida.

La Federación de Asociaciones de Profesores defendió que el Consejo Electoral de la universidad es la instancia competente para organizar, calificar y garantizar el desarrollo de las elecciones, así como para resolver en primera instancia las impugnaciones. 

En ese sentido, advirtió que cualquier intervención externa vulnera la institucionalidad, el derecho a la participación y el principio de cogobierno.

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El gremio docente calificó la decisión como una extralimitación de funciones y sostuvo que sus efectos son “antidemocráticos”, al afectar a las listas que cumplieron los requisitos y fueron inscritas en las 21 facultades de la institución.

Finalmente, la Federación reiteró su rechazo a la medida y anunció que mantendrá una vigilancia activa del proceso. “Sin cogobierno no hay democracia universitaria”, señaló, al tiempo que recordó el derecho de docentes, trabajadores y estudiantes a elegir a sus representantes sin interferencias.

¿Cuál es la importancia del HCU en la Central?

El Consejo Electoral de la Universidad Central ratificó la nueva fecha

Fabián Herrera, secretario general y del Consejo Electoral, en un comunicado, reprodujo la decisión del HCU: 

“Disponer que el Pleno del Consejo Electoral, bajo expresa protesta institucional”, acoge la fecha de la jornada electoral, fijándola para el 23 de julio, con el “único propósito de preservar la legalidad, transparencia y seguridad jurídica, integridad y continuidad del proceso”.

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El orden del día contempla dos puntos, además del Himno Nacional. El primero es “conocer y resolver respecto del análisis del informe de labores presentado por el presidente de la República Daniel Noboa el 24 de mayo de 2026”.

El segundo punto será el conocimiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad de la Policía Nacional.

¿Qué resolvió la Comisión de Régimen Económico?

La mesa, presidida por la oficialista Nathaly Farinango, aprobó un informe tras analizar lo expuesto por el presidente de la República en su informe a la Nación. La primera conclusión señala que el documento “presenta una estructura metodológica sólida, sustentada en mecanismos de seguimiento, evaluación y análisis de resultados vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”.

El análisis también establece que “los resultados reportados muestran avances importantes en la mayoría de los objetivos evaluados, particularmente en materia social, económica, fiscal, seguridad, energética, ambiental e institucional”.

Asimismo, entre las recomendaciones consta “continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las metas del Plan Nacional de Desarrollo”. 

La comisión también sugirió mantener el enfoque territorial y continuar con “la utilización de herramientas de análisis territorial que permitan identificar brechas provinciales, cantonales y parroquiales”.

El correísmo se opuso a la aprobación del informe

Los integrantes del bloque de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Régimen Económico votaron en contra de la aprobación del informe. Como resultado, presentaron un informe de minoría para que sea considerado por el Pleno.

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En ese documento se concluye que, del análisis efectuado, “el Informe Anual de Labores presentado por el Presidente de la República no demuestra, de manera suficiente y verificable, el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo”.

También se sostiene que “el informe aprobado por la mayoría de la Comisión no constituye un ejercicio integral de control político, pues reproduce, en gran medida, la información presentada por el Ejecutivo”.

Lo que debes saber

• 'Estratos Vivos' ganó el concurso y será el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.
• Más de 50.000 ecuatorianos votaron para elegir el diseño del nuevo museo en Quito.
• Un jurado técnico y la votación ciudadana definieron al proyecto ganador del MUNA.

La propuesta arquitectónica 'Estratos Vivos', liderada por el equipo SANAA-A0-CPA-JHS, fue seleccionada como la ganadora del concurso para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MUNA), tras obtener 81,7 puntos en la evaluación final.

¿Cómo se definió al proyecto ganador?

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien explicó que el resultado se definió mediante un sistema de calificación compuesto por un 85 % correspondiente a la evaluación del jurado técnico y un 15 % derivado de la votación ciudadana.

Te invitamos a leer | Museo Nacional del Ecuador: Gobierno cierra votación ciudadana y recalcula resultado final

Según la información difundida por el funcionario, 50.681 ecuatorianos participaron en la consulta pública para respaldar su propuesta favorita entre los proyectos finalistas. En el proceso concursaron 10 estudios de arquitectura, de los cuales tres llegaron a la fase final.

Luque agradeció la participación de los ciudadanos y de los equipos de arquitectos que formaron parte del concurso, y destacó el nivel técnico de las propuestas presentadas durante el proceso de selección.

Ecuador

Roberto Luque impulsa votación para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional

Flor Layedra Torres

¿Qué sigue para el nuevo Museo Nacional del Ecuador?

Con la elección del diseño ganador, el proyecto entra ahora en una nueva etapa enfocada en el desarrollo del futuro Museo Nacional del Ecuador. De acuerdo con el ministro, la intención es que la obra se convierta en un referente cultural y arquitectónico para Quito y el país.

Lo que debe saber

• El CNE registra 468 alianzas electorales, pero solo 18 han sido calificadas; las otras 449 siguen en proceso de validación para las elecciones seccionales de 2026.
• Las primeras alianzas aprobadas corresponden a provincias como Cañar, Los Ríos, Manabí y Pichincha, mientras que una coalición fue rechazada en Chimborazo.
• El movimiento Amigo no aparece entre las alianzas validadas, en medio de la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.

El plazo para registrar alianzas electorales terminó. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), un total de 468 coaliciones fueron presentadas para su proceso de validación.

Política

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El organismo electoral informó que, del total de alianzas registradas, 18 ya fueron validadas y calificadas por las delegaciones provinciales donde fueron presentadas. Esto se debe a que cada una debe ser aprobada mediante una resolución.

¿Qué alianzas fueron validadas?

La distribución de las alianzas calificadas por provincia es la siguiente:

Además, una alianza presentada en Chimborazo fue rechazada. Las 449 restantes continúan en proceso de validación. Esto ocurre un día después de que venciera el plazo para cumplir con este requisito ante el organismo electoral y buscar la aprobación de las coaliciones.

Entre las alianzas ya validadas constan las conformadas por el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica en Cañar; Unidad Popular y PID, también en esa provincia; y Unidad Popular y Avanza en Pichincha.

El reglamento para la conformación de alianzas establece que el “Pleno del CNE emitirá la resolución que corresponda respecto a las alianzas electorales de ámbito nacional, con base al informe técnico de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y Dirección Nacional de Organizaciones Políticas”.

Asimismo, dispone que el director provincial electoral emitirá la resolución correspondiente a las alianzas electorales de su jurisdicción, “con base al informe técnico de la Dirección o área de Organizaciones Políticas de la respectiva provincia”.

Amigo no consta entre las alianzas validadas

En los primeros datos presentados por el CNE tras el cierre del plazo no aparece el movimiento Amigo, que acogía al correísmo, dentro del listado de alianzas calificadas. Pero aún resta saber cuántas más serán validadas. 

Política

David Norero es el candidato de Aquiles Álvarez para la Alcaldía de Guayaquil

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Cabe recordar que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, suspendió al movimiento Amigo por nueve meses tras aceptar una denuncia presentada por el fiscal general, Leonardo Alarcón.

Política

Elecciones seccionales 2026: las prefecturas con las disputas más reñidas

Flor Layedra Torres

El sábado 18 de julio del 2026, la exasambleísta Gissela Garzón denunció que Harold Burbano, candidato a la Prefectura de Pichincha, participó en actividades en Machachi “como si aún fuera autoridad”. 

En un mensaje difundido en la red social X, también solicitó la actuación del Consejo Nacional Electoral: “¿Hay alguien por ahí?”, escribió. Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre.

En redes sociales, Burbano —exministro de Inclusión Económica y Social y exministro de Trabajo— aparece en recorridos por Machachi, vestido con indumentaria tradicional: sombrero, poncho rojo y zamarro. En uno de los videos afirma que le gusta visitar esa zona. Su candidatura busca suceder a la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Burbano ha sido objeto de críticas por su gestión en el programa Jóvenes en Acción y por su actuación en el proceso relacionado con la designación en el Consejo de la Judicatura de Alexandra Villacís. En sus redes sociales se lo observa junto a la actual ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en Machachi.

Según el calendario electoral, la campaña será entre el 12 y 26 de noviembre. Burbano dejó su cargo pero en sus redes sociales, hace tres días, compartió un video en el que aparece en un evento del programa Jóvenes Acción Pichincha. 

"Acompañando estos eventos del Programa Jóvenes en Acción Pichicha. Es un programa que tuve la posibilidad de diseñar desde sus inicios, que ha generado oportunidades. El Gobierno Nacional trabaja siempre por ustedes".

Esto ha hecho la candidata a la alcaldía de Quito por ADN:

Por su parte, Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino y candidata a la Alcaldía de Quito por ADN, también ha difundido videos de recorridos en territorio. 

En uno de ellos, grabado en una parada de buses en la Mitad del Mundo, afirma que en el sector “han estado nueve años sin luminarias” y sostiene que “recursos hay, pero se gastan mal”.

En otro video, Ubidia aparece en el mercado de San Roque, donde asegura que inicialmente le impidieron el ingreso. 

“Cuando se tiene que servir, nadie tiene que impedir”, dice en el video, en el que se la ve interactuando con comerciantes. En la publicación se afirma que en la zona no se habían realizado intervenciones en los últimos 10 años y se observa que llevó brigadas de salud y afiliación al Seguro Social Campesino.

Política

Giovanna Ubidia será la candidata de ADN para la Alcaldía de Quito en las elecciones de 2026

Rosero Mariela

Política

Revalorice su terreno: Compre un museo

Roberto Aguilar

La consulta corresponde a una nueva fase incorporada. Eso pese a que el pasado 6 de julio, el Gobierno, en presencia de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, proclamó ganador al estudio de los arquitectos Campo Baeza y Maoda. 

El concurso fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha, contratado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La decisión fue cuestionada en redes sociales, lo que llevó a replantear el proceso.

Antes del mediodía, el ministro Roberto Luque explicó que las autoridades se encontraban en la fase de desencriptación de la plataforma, procesamiento de los votos ciudadanos y cálculo del resultado final, que combinará esta votación con la calificación del jurado.

“En breve podremos anunciar al ganador y seguir construyendo este gran proyecto”, señaló el ministro.

Algunas opiniones de arquitectos al respecto:

Sergio Bermeo, docente de la Facultad de Arquitectura, opinó en su cuenta de X que: "La propuesta del Museo de Quito sigue dando de qué hablar. Entre críticas, opiniones divididas y el anuncio de un nuevo concurso, el proyecto ha puesto sobre la mesa una pregunta importante: ¿qué arquitectura merece la ciudad?".

Además un grupo de 22 arquitectos, algunos de ellos docentes universitarios, escribieron una carta pública. En ella señalan que "Como profesionales no cuestionamos la facultad del Estado para gestionar la obra pública, sino que exigimos coherencia institucional". 

Política

De los escenarios al Gobierno: lo que se espera de Pamela Cortés en el Ministerio de Cultura

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En su misiva, los arquitectos además dijeron que la anulación de los resultados sin una motivación sustentada, al decidir que las reglas previamente establecidas carecen de valor vinculante, envía un mensaje equívoco a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Entre otros firmantes constan: Jaime Andrade Heyman, Marcelo Bravo Espinoza, Ramiro Jácome Lovato, Diego Hurtado, Gabriela Mejía, Lucía Miño, Alfonso Ortiz Crespo, Hernán Orbea, Diana Samaniego, entre otros.

Sociedad

IESS: ¿Por qué miles de pacientes esperan más de 90 días por una cirugía?

Redacción Expreso

El viernes 17 de julio del 2026, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, acudió al hospital con el objetivo de realizar un proceso de fiscalización, según explicó, ante las denuncias recibidas. 

Sin embargo, afirmó que no se le permitió el ingreso. “No pudimos ingresar, de forma ilegal no nos dejaron entrar. Usamos el sistema de salud pública y sabemos lo desastroso que es llegar y que no haya ni una gasa. Vamos a convocar a una mesa de trabajo; esperamos que las autoridades asistan”, declaró.

En la jornada también participaron dirigentes locales, entre ellos Roberto Frank Vargas, presidente de la Junta Parroquial de Yaruquí. Representantes barriales señalaron que, hace aproximadamente un mes, el hospital no contaba con guardias de seguridad y que los propios vecinos se organizaron para vigilar las instalaciones. También mencionaron problemas con el servicio de limpieza.

Ecuador

Colegio de Médicos de Pichincha: "El Gobierno apenas abastece 200 medicamentos del cuadro básico"

Marco Rivera

¿Qué dijo Jahiren Noriega?

Noriega sostuvo, en un video difundido en sus redes sociales, que fue objeto de acoso. Aseguró que en el lugar había presencia de policías y funcionarios del Gobierno. 

“Es un acoso permanente a nuestro trabajo de fiscalización y a los pacientes, médicos y enfermeras para que no digan lo que pasa en este centro de salud. Es un contingente que debería estar para cuidarnos y no para amedrentar”, afirmó.

Esto respondió el Ministerio de Salud ante cuestionamientos a la atención en Yaruquí:

Como respuesta, el Ministerio de Salud Pública publicó el sábado 18 de julio un video en sus cuentas oficiales con testimonios de usuarios que agradecen la atención recibida. En el material, Herminia Jordan señala que el plantón le impedía el ingreso al hospital, mientras que Manuel Tutacha asegura que su familia ha sido atendida sin inconvenientes.

En el mismo video, la médica María Fagundez explica que se trata de un hospital básico de segundo nivel de atención, con servicios en las cuatro especialidades principales —ginecología, cirugía, pediatría y medicina interna—, además de emergencia las 24 horas, farmacia, rayos X, hospitalización y quirófano. “Se mantiene y se mantendrá como hospital básico”, asegura.

Otra legisladora de la RC se pronunció sobre Hospital de Yaruquí

Por su parte, la también legisladora de la Revolución Ciudadana Eliana Correa rechazó, en un comunicado, lo que calificó como “agresión e intento de coacción” contra Noriega. 

“Es inadmisible que se pretenda violentar el ejercicio de funciones legislativas y de fiscalización mediante amenazas y actos de intimidación”, señaló. Recordó que el artículo 120, numeral 9, de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional a fiscalizar los actos de las funciones del Estado y de los órganos del poder público.

Lo que debes saber

• ADN reconfiguró sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2026 y concentró su estrategia en Guayas, la provincia que considera clave.
• Los cambios de figuras como Niels Olsen y Zaida Rovira, junto con la incertidumbre sobre los rivales tras la suspensión de AMIGO, revelan cómo el oficialismo busca consolidar su mapa político.

Los últimos cambios en el tablero electoral de Guayas evidencian algo: para ADN, esa provincia es el epicentro de la disputa. Aunque los precandidatos ya están definidos y a la espera de concretar su inscripción, las apuestas del oficialismo reflejan cuáles son las provincias y los cantones que considera estratégicos para delinear el próximo mapa político del país.

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Hay tres elementos que permiten entender la estrategia de ADN para las elecciones seccionales: su primera participación en este tipo de comicios, el interés por cantones y provincias clave para su proyecto político y la disputa abierta con autoridades de la oposición.

El debut en las elecciones seccionales

La experta en comunicación política Caroline Ávila explica que, en ese escenario, ADN intentará mostrar que cualquier triunfo representará un avance, ya que en las elecciones anteriores el movimiento no existía.

“En los espacios en los que se puede avanzar un centímetro más, seguro lo van a considerar como parte de la victoria. ADN parte de cero a algo; lo que consiga lo encuadrará como un avance y tratarán de pintar de morado el mapa electoral”, menciona Ávila.

La muestra de su debut en este tipo de elecciones está directamente relacionada con los cuadros escogidos. ADN optó por exintegrantes del Gabinete ministerial y de la Asamblea. 

En provincias como Guayas, Azuay o Pichincha no tiene perfiles propios vinculados a liderazgos locales o con procesos políticos consolidados en todos esos territorios.

Sobre los territorios clave

El segundo elemento, relacionado con los cantones y provincias estratégicos, se explica por la decisión de postular a algunas de las figuras más representativas del oficialismo para cargos seccionales.

Niels Olsen llegó a la Presidencia de la Asamblea y todavía tenía un año más en el cargo. Primero fue anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas y luego para la Alcaldía de Guayaquil. 

Sin embargo, en un giro inesperado, ADN alcanzó un acuerdo con la exalcaldesa Cynthia Viteri. Olsen terminó como candidato del oficialismo para la Alcaldía de Samborondón.

Pero esa no fue la única sorpresa. Otra figura de peso en el Gabinete de Daniel Noboa, Zaida Rovira, aceptó su precandidatura para una concejalía en Guayaquil. Inicialmente, ella figuraba como precandidata para la Prefectura del Guayas.

De esta manera, Guayas se convirtió en la única provincia en la que ADN modificó los perfiles que había anunciado previamente. Para el analista electoral Esteban Ron, la estrategia del movimiento muestra mayor visibilidad en dos provincias: Guayas y Pichincha.

El aparente menor interés por otros territorios, según Ron, responde a que en las últimas elecciones generales, en las que triunfó Daniel Noboa, quedó en evidencia un voto duro de ADN. Como ejemplo menciona las provincias ubicadas en la Sierra centro.

La relación del Ejecutivo con los GAD

Finalmente, respecto a la relación Ejecutivo-GAD, el Gobierno ha optado por dos mecanismos de acercamiento a los gobiernos autónomos, tomando en cuenta que no cuenta con cuadros propios en las administraciones locales actuales.

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El primero ha sido el enfrentamiento directo con alcaldes de la oposición. El caso de Aquiles Álvarez refleja la tensión política entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno.

El segundo mecanismo ha sido incorporar a autoridades locales a su órbita política. Ávila sostiene que el Ejecutivo ha sido hábil para “capturar la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)”. Ese gremio está presidido por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien, en debates como el de la ley urgente sobre el gasto de los GAD, fue una de las principales defensoras de la normativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

La experta concluye que al Gobierno central no le interesa tener alcaldes críticos. A su juicio, esa lógica explica la tensión con Aquiles Álvarez y también con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Este último perdió sus derechos políticos tras una denuncia por violencia política de género en el TCE.

A ese escenario se suma un elemento que podría incidir en la estrategia de ADN. Tras la suspensión del movimiento AMIGO por parte del Tribunal Contencioso Electoral, aún está por definirse quiénes serán realmente sus principales adversarios políticos en los territorios donde el oficialismo aspira a imponerse. 

Uno de esos escenarios es Quito en done, según Ávila, ADN apuesta a candidatos cercanos no necesariamente la propia.

Lo que debes saber

• Judicatura inició el concurso para jueces de la Corte Nacional con un reglamento cuestionado por gremios de abogados.
• Abogados piden cambios al reglamento para evitar filtraciones y fortalecer la transparencia del concurso judicial.
• La Corte Nacional opera con 10 de 21 jueces; el concurso busca completar el tribunal hasta 2027.

El concurso de selección para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está en marcha. El trámite comenzó en el Consejo de la Judicatura (CJ), una vez que el organismo presidido por Mercedes Caicedo aprobó el reglamento para definir los requisitos y procedimientos de calificación de los postulantes.

Te invitamos a leer | Consejo de la Judicatura declara en emergencia al sistema judicial por déficit de 735 jueces

El proceso enfrenta grandes desafíos. El primero es lograr la confianza en un concurso que se ha truncado en los últimos cinco años, con dos procesos fallidos en 2023 y 2024, una situación que ha dejado al máximo Tribunal incompleto. 

La CNJ cuenta actualmente con solo 10 jueces, de los 21 con los que debería funcionar y en 2027 concluirá el período de otros seis, motivo que ha servido al CJ para justificar el inicio del trámite.

Si bien se reconoce la necesidad de completar el máximo Tribunal, los profesionales de la Función Judicial han realizado distintas observaciones a la normativa. 

Los juristas consideran que el proceso debe garantizar reglas que impidan la metida de la mano en la justicia y que permita seleccionar a los mejores cuadros para recuperar el prestigio de un organismo que ha sufrido el descrédito porque algunos de sus miembros fueron procesados y sentenciados.

La defensa del reglamento por parte de la Judicatura

Caicedo ha defendido el reglamento. Dice que incorporó un pronunciamiento que pidió a la CNJ sobre las pruebas de confianza y las recomendaciones que dio la Contraloría. 

Estima designar a los jueces nacionales hasta el primer trimestre de 2027, aunque reconoce que el concurso se podría alargar por eventuales acciones legales de los postulantes.

Los abogados proponen mayor participación de la academia

Más allá de los plazos, gremios de los abogados mencionan los puntos de la norma que les genera preocupación y hablan sobre las posibles correcciones que se podrían aplicar.

El presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez Barrera, considera que “lo inteligente sería que la Judicatura busque el acompañamiento de la academia nacional” para desarrollar este concurso, así como el otro proceso de emergencia con el que busca nombrar a los magistrados de la justicia ordinaria.

“Deberían entregarle a la academia la toma de los exámenes, la calificación de los méritos, ella tiene experticia. Luego, en la parte final intervendría el CJ para la decisión final. La academia tiene un prestigio importante y garantiza que vayan los mejores. Podría haber errores, pero serán menos que los que comete la Judicatura y nos garantiza, al menos, un 80% de transparencia. Pueden haber ciertas injusticias, pero no tantas como las actuales, en donde todo el mundo desconfía”, acota.

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Cuestionamientos por la valoración de méritos y las pruebas

Además de la falta de transparencia, a los abogados les preocupan otros temas. Una es la puntuación que se entregará por la experiencia en docencia y la falta de mecanismos para blindar el acceso a las pruebas.

“Miramos que se da una sobrevaloración al tema de los posgrados y en el concurso se trata de elegir magistrados, no catedráticos universitarios. La diferencia podría afectar el ejercicio de la magistratura y generar una deficiencia que afectaría a la calidad de administración de justicia. Se debe valorar la formación, los méritos y la trayectoria. También vemos que no se evita que se filtren las pruebas teóricas y prácticas. Esto ya sucedió antes e impide la participación igualitaria de los postulantes”, señala Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de Azuay.

La probidad, uno de los filtros que respaldan el proceso

Aunque existen estos cuestionamientos, en Pichincha consideran que el proceso es necesario y que el reglamento sí reúne las condiciones porque incorpora requisitos para revisar la probidad.

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“Se deben valorar elementos de probidad económica y política. No queremos que se infiltren personas que, aunque tengan capacidad profesional, estén vinculadas al crimen. Se espera que se haga un análisis minucioso, que se abran las cuentas, que se revise la información de UAFE y SRI para verificar que el patrimonio del postulante o su entorno obedezca a una vida limpia. Son filtros fundamentales de este concurso”, sostiene Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que el CJ repita los errores pasados. “En lugar de actuar de manera acelerada y atolondrada, debía convocar a quienes en ocasiones anteriores han presentado observaciones para que el proceso tenga un lado más ciudadano. Eso no ha pasado y con la emergencia en el sector justicia, hay un riesgo grande de que vuelva a pasar lo mismo de otros procesos: que no tengamos interés de los abogados en participar o que por las reglas, este proceso se caiga. Esperemos que se convoque al concurso y que se encamine una salida para la justicia”, indica.

Acababan de echar abajo el concurso original y desconocer al triunfador legítimo. Hoy el nuevo ganador habrá sido ya anunciado al término de un proceso en el que las autoridades violaron las reglas, se pasaron por el forro los acuerdos, echaron por el caño la credibilidad del país y subordinaron los criterios técnicos de concepción y diseño de museos a los intereses inmobiliarios de grupos afines al gobierno. 

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Pero quizá lo más irritante de todo está en esas palabras: “los escuchamos”. Porque con ellas pretenden convertir a los ciudadanos en cómplices de sus negocios. Demasiados meses lleva ya medio país exigiendo la renuncia de Roberto Luque, porque lo considera un ladrón, para que salga él ahora a declararse sensible ante el supuesto clamor popular que pedía cambiar el proyecto ganador porque lo encontraba feo. 

Claro que en este gobierno ha habido abusos peores (abusos que han costado vidas) pero ninguno ha sido tan descarado como este. 

1. La farsa del clamor popular

Es mentira que el gobierno de Daniel Noboa decidiera echar abajo el concurso dirigido por su propia viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para contener la ola de descontento ciudadano. 

En primer lugar, porque la tal ola no era para tanto: fueron apenas dos días de debates centrados en X (la más elitista de las redes sociales) y circunscritos, en un 60 por ciento, a los usuarios de la capital. 

Si algo de masivo tuvo el rechazo al contenedor minimalista del arquitecto español Alberto Campo Baeza, se debió a la participación de los propios trolls del oficialismo. Claro que hubo críticas de fondo que apuntaban, sobre todo, a la integración del edificio en el paisaje y su permeabilidad con el espacio público. 

Con respecto a esto último, el propio jurado internacional propuso reformas que el arquitecto se comprometió a ejecutar (así lo estipulaban las bases). 

El hecho es que el gobierno ni siquiera dio tiempo para que las críticas de fondo se debatieran y las distintas posturas se decantaran: desconoció el concurso de un plumazo, que era lo que quería hacer desde un principio según se desprende del testimonio que Alejandro Zaera Polo, uno de los miembros del jurado, rindió esta semana en el podcast Politizados, de este Diario.

Por Zaera Polo sabemos que el gobierno se opuso desde el primer momento al proyecto ganador y quiso imponer un segundo premio a su gusto que le sirviera para reemplazarlo con cualquier pretexto. Las presiones sobre los miembros del jurado (del que formaba parte como delegado de la presidencia el mismo Roberto Luque, aunque no asistió a las deliberaciones) hacían predecible este desenlace. 

Ecuador

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La reacción adversa de algunas ciudadanos (algo completamente normal en cualquier concurso de arquitectura: no hay proyecto que guste a todo el mundo) fueron el pretexto que el gobierno buscaba. 

2. Buscar culpables y cortar cabezas

La intervención del ministro de Progen empieza, para sorpresa de nadie, con una mentira descarada. Interrogado por un grupo de periodistas que lo sorprendieron en un acto público al que asistió en su calidad de ministro de Infraestructura, dijo que el Colegio de Arquitectos (entidad a cargo de organizar y garantizar los estándares de todos los concursos de arquitectura que se realizan en el país) había incumplido con ciertas cláusulas del contrato que tenía con la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo. No dijo qué cláusulas eran esas ni lo habría podido decir, porque era una patraña. Una patraña que despachó con la suficiente hostilidad como para evitar repreguntas. Así que la culpa era del Colegio de Arquitectos, cuyo trabajo en realidad fue impecable y se ajustó escrupulosamente a las leyes y reglamentos, según han reconocido todos los implicados en el concurso.

Lo siguiente fue cortar cabezas: Romina Muñoz, la única funcionaria del régimen comprometida con el proyecto de un museo nacional que lo fuera de verdad, fue obligada a renunciar. Tras ella salió su equipo técnico, incluido el mismo director del museo y los encargados del mantenimiento de la reserva. En lugar de Muñoz el gobierno nombró viceministra a Pamela Cortez, que no sabe nada de museos pero canta muy bonito (si acaso). Se espera de ella que se embarque en el proyecto tal como lo han dejado, sin que se meta a defender los conceptos fundamentales de la museografía por la sencilla razón de que no los tiene. Con este golpe de timón el gobierno está siendo bastante específico sobre la manera como espera conducir el proyecto del Museo Nacional. 

3. La farsa del nuevo concurso

No hace falta ni decir que el nuevo concurso organizado por para reemplazar al anterior (luego de estafar a Campo Baeza y birlarle el premio de 450 mil dólares que legítimamente había ganado) fue nada más que un simulacro. Se organizó sobre la marcha, sin reglas claras, y con un jurado comprometido con los intereses inmobiliarios que se encuentran en juego en los alrededores de lo que será el museo: Christian Wiese, arquitecto del grupo Nobis; Lu Junliang, relacionado con la constructora Uribe Schwarzkopf, que ha copado los alrededores del parque La Carolina con sus megaproyectos; y Mathieu de Genot, un decorador de interiores de quien aseguran muchos arquitectos que sigue los lineamientos de Carla Arellano, la delegada de la vicepresidencia en el anterior concurso, otra operadora de Uribe Schwarzkopf en el gobierno…

Se supone que ellos hicieron su trabajo en apenas dos días, tiempo a todas luces insuficiente para comparar la decena de proyectos y verificar si cumplen con los requisitos técnicos que demanda este tipo de proyectos. El cuadro se completó con una propuesta populista que al parecer gustó a todo el mundo: completar la calificación con el voto popular. 

Se abrió para ello una página Web en la que se presentaron los tres proyectos seleccionados por el jurado. Lo que debió ser un proyecto de arquitectura se convirtió así en un concurso de renders.

Por supuesto que el público interesado participó a ciegas: ¿qué características tienen las salas de exhibición de estos proyectos arquitectónicos? ¿Son lo suficientemente flexibles para ensayar distintas museografías? ¿Cómo es la iluminación? ¿Dónde está instalada la reserva? ¿En el subsuelo de esta zona inundable de la ciudad? 

En lugar de esa información clave, se ofreció a los ciudadanos metalenguaje vacío de significado y se le pidió que decidiera su voto con frases del tipo “Un paisaje arquitectónico donde la historia del Ecuador se descubre a través de un recorrido que conecta territorio, patrimonio y ciudad”; o bien “Un nuevo ícono para Quito, donde la ciudad, la naturaleza y el patrimonio se encuentran en un mismo recorrido”; o “Inspirado en las capas del territorio y en las tradiciones ancestrales, el proyecto combina arquitectura, paisaje y espacio público en una experiencia continua”, lo que sea que eso signifique. En fin: nada. Basura publicitaria. Al ministro de Progen le encanta la basura.

4. El negocio sobre el patrimonio

La razón de fondo de esta intervención del gobierno en el concurso es del dominio público: el negocio inmobiliario. No por otra causa pusieron el jurado que pusieron. Ocurre que el solar que albergará al Museo Nacional, en la esquina de las avenidas República y Eloy Alfaro (en algún momento el gobierno amagó con la idea de que “el terreno definitivo se anunciará una vez cerrada la consulta”, lo cual era un absurdo porque ponía a los arquitectos a diseñar para un lugar cualquiera), ese solar de diez mil metros cuadrados es apenas un minúsculo apéndice comparado con el terreno 14 veces más grande abierto a la especulación y los negocios inmobiliarios que se encuentra detrás y que abarca desde las inmediaciones de la Flacso hasta la parcela del antiguo zoológico militar.

En el terreno adyacente al del Museo, cuyos propietarios se ocultan bajo el título de “Fideicomiso inmobiliario La Pradera”, se han proyectado ya las cinco torres de más de 20 pisos de las que habló Romina Muñoz y que el arquitecto Campo Baeza incluyó en sus planos. Su idea era incorporar paisajísticamente esas torres pero darles la espalda, para preservar el uso exclusivamente patrimonial del edificio del Museo. Esto es lo que no gustó al gobierno. Por eso, las tres propuestas seleccionadas plantean lo contrario: la integración funcional del enorme complejo inmobiliario con un museo de mucho menor escala, que terminaría convertido en una suerte de centro de entretenimiento. Al fin y al cabo, estamos hablando de una inversión de 400 millones de dólares (el museo sólo cuesta 100) que demanda el control absoluto de todos los detalles.

¿De quién es el negocio? Habrá que preguntarle al arquitecto Jacobo Herdoíza, operador urbano de Uribe Shwarzkopf, que es quien más se ha jugado por la eliminación del proyecto de Campo Baeza y la defensa del simulacro de concurso que se inventó el gobierno para sustituirlo.

Lo que debes saber

• David Norero se perfila para la Alcaldía de Guayaquil con respaldo del entorno de Aquiles Álvarez.
• El exsecretario municipal gana protagonismo rumbo a las elecciones seccionales de 2027 en Guayaquil.
• La posible candidatura de David Norero reconfigura el escenario político en Guayaquil.

David Norero, abogado y exsecretario del Municipio de Guayaquil, emerge como uno de los nombres que se perfilan para disputar la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones seccionales. 

De acuerdo con información difundida por el equipo legal de Álvarez, Norero sería el precandidato impulsado por el alcalde Aquiles para sucederlo al frente del Cabildo.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del movimiento político de Álvarez sobre la postulación, el nombre de Norero comenzó a tomar fuerza.

David Norero, un hombre cercano a Aquiles Álvarez

Norero se desempeñó como secretario del Municipio de Guayaquil y ha sido considerado uno de los colaboradores más cercanos de Aquiles Álvarez durante su administración. 

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Como abogado, participó en distintos procesos jurídicos y administrativos vinculados con la gestión municipal, lo que le permitió consolidarse como una figura de confianza dentro del equipo del alcalde.

Su eventual candidatura representaría una apuesta por dar continuidad al proyecto político que llevó a Álvarez a la Alcaldía, en un escenario en el que el actual burgomaestre enfrenta procesos judiciales relacionados con el denominado caso Triple A, Goleada y Grillete.

La carrera por la Alcaldía de Guayaquil comienza a definirse

La posible postulación de Norero se suma a un proceso de reconfiguración política en Guayaquil, donde las distintas organizaciones comienzan a definir sus cartas para una elección que marcará el futuro de la administración de la ciudad.

En las últimas semanas también han surgido nombres vinculados al Partido Social Cristiano (PSC), movimiento que busca recuperar el Municipio tras perder el control de la ciudad en las elecciones de 2023.

Guayaquil

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Carlos Isaac Pino

En el ámbito político, David Norero participó como candidato a la Vicepresidencia de la República en las elecciones generales de 2021, integrando el binomio presidencial de Lucio Gutiérrez por el Partido Sociedad Patriótica. 

En esa contienda electoral, la fórmula alcanzó el 1,78 % de la votación nacional. Dentro del Municipio de Guayaquil, Norero también ejerció funciones como coordinador jurídico del Cabildo.