Paco Moncayo gobernó dos periodos seguidos entre 2000 y 2009; Augusto Barrera llegó en 2009 con el 43 % y Mauricio Rodas ganó en 2014 con el 58 %. En 2019 eso se rompió. Jorge Yunda ganó con el 21,4 % entre 18 candidatos. En 2023 Pabel Muñoz lo hizo con el 25,2 % entre 12 aspirantes.

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Una hipótesis para explicar esa dispersión es que desapareció lo que antes ordenaba el voto. El periodista Fabricio Vela dice que no hay un partido fuerte que represente de manera sólida al quiteño. Recuerda que la Democracia Popular de Rodrigo Paz y Jamil Mahuad, y después la Izquierda Democrática de Moncayo, no solo ganaban elecciones, sino legitimidad. Es posible que estos partidos lograran codificar una idea de ciudad y disciplinaran el voto alrededor de la capital.

Con los partidos se fueron las voces. Vela reconoce nombres como el de Moncayo, César Montúfar, Luisa Maldonado, Roque Sevilla. Lo llamativo no es que esos nombres hayan salido de escena, sino que detrás de ellos quedó un desierto. El politólogo Gustavo Isch lo resume desde el poder afirmando que después de Moncayo, ningún alcalde ha podido recuperar la autoridad.

Los temas que preocupan

Ese vacío dejó espacio para clivajes que no son propiamente quiteños. Vela sostiene que el eje correísmo-anticorreísmo sigue siendo uno de los grandes ordenadores del voto. Ese eje está lejos de apagarse, sobre todo si la coyuntura judicial lo reactiva. La socióloga Alondra Enríquez explica que pese a que en redes sociales hay descontento con el Gobierno central por hospitales, salud y seguridad, los sectores anticorreístas celebran el avance judicial contra el correísmo, a propósito de la deportación de José Serrano y su reclusión en la Cárcel del Encuentro, mientras avanza el caso Magnicidio FV.

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Y el correísmo llega a esta elección tensionado también por dentro. En noviembre de 2025, Rafael Correa escribió que se opondría públicamente a “cualquier candidato tibio y con innobles contemporizaciones”, en alusión a la intención de Muñoz de buscar la reelección. Meses después, el alcalde aseguró contar con su respaldo. Ahora, con la Revolución Ciudadana suspendida, Muñoz compite auspiciado por Unidad Popular, un partido históricamente enfrentado con Correa.

Si los partidos no ordenan y los ejes se definen lejos de la ciudad, el votante busca otra brújula. De ahí nace la conducta que Isch llama pragmatismo ante el colapso. El votante se pregunta qué le resuelve el candidato. Y tiene de donde escoger. Los homicidios en el DMQ subieron de 248 en 2024 a 264 en 2025, y la violencia vinculada al crimen organizado pasó de 179 a 204 muertes. El pasaje subirá de 35 a 40 centavos desde enero.

Pichincha está entre las ocho provincias bajo estado de excepción desde el 15 de septiembre. Unos colapsos dependen del Municipio y otros del Estado central, pero todos se votarán el 29 de noviembre.

Los candidatos para Quito

Con eso en mente, la papeleta se entiende mejor preguntando qué voto disputa cada uno. Muñoz defiende, principalmente, el voto correísta duro. En 2019, con Luisa Maldonado como candidata de Fuerza Compromiso Social, ese electorado marcó el 18,4 %, con su mayor peso en el sur y en Calderón.

Yunda disputa ese mismo territorio desde lo personalista. En 2019 obtuvo el 27,6 % en la circunscripción sur y apenas el 16 % en el norte. Harold Burbano compite por el voto oficialista y por la estructura territorial que dejó su paso por el área social. Merino va por la clase media urbana del norte y de los valles, hoy huérfana. Es el electorado que en 2019 llevó a César Montúfar al 24,3 % en el norte, frente al 10,8 % en el sur, y que en 2023 se repartió entre Pedro Freile y Andrés Páez.

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Así, el voto contrario a Muñoz queda repartido entre al menos tres candidaturas que buscan ser su principal retador. La elección puede volver a producir un alcalde con una legitimidad electoral muy reducida porque la oposición al incumbente está fragmentada.

Esa minoría de votos de los últimos años también condiciona el escenario en el que se gobierna después, considerando que esa debilidad de origen tiene consecuencias que la ciudad ya conoce. La primera es que la autoridad se vuelve frágil. Yunda fue removido por el Concejo en 2021, y el interinato de Santiago Guarderas terminó administrando el aluvión de La Gasca, con 28 muertos.

Sin proyecto de ciudad

La segunda tiene que ver con la continuidad, y el metro lo ejemplifica. La primera piedra se puso en marzo de 2013 con Barrera y la operación comercial arrancó el 1 de diciembre de 2023, cinco alcaldes después. Pasaron exactamente 129 meses entre ese primer hito y el viaje inaugural con pasajeros.

El 29 de noviembre se define si alguna de estas candidaturas empieza a reconstruir un proyecto de ciudad con nombre propio, o si Quito vuelve a elegir a un administrador de su propia orfandad.

Lo que debes saber

• Geraldine Weber busca la Prefectura del Guayas con CREO.
• Antes militó en el Partido Social Cristiano.
• También tiene experiencia empresarial y legislativa.

En estos comicios seccionales, el movimiento Creando Oportunidades (CREO) apuesta por una figura política ajena a sus filas para disputar la Prefectura del Guayas. Geraldine Weber Moreno es una empresaria que incursionó en la política ecuatoriana de la mano del Partido Social Cristiano (PSC) en 2019, cuando fue candidata a concejal alterna urbana de Guayaquil, en la fórmula encabezada por Luis Almeida Morán.

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Entre empresas y la política

Antes de dar el salto a la política, Weber estuvo al frente de Kouber S.A., una empresa que se dedicó a la organización y gestión de competencias deportivas, tanto al aire libre como bajo techo, con participación de deportistas profesionales y aficionados.

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías), ejerció como gerenta general de la firma entre enero de 2005 y septiembre de 2011.

Weber también figuró como accionista de la compañía. Actualmente, la empresa consta como cancelada en los registros digitales de la SuperCías.

Entre marzo de 2015 y junio de 2021, Geraldine Weber fue presidenta de Servicios Digitales Lanubetv S.A., compañía dedicada a servicios de transmisión de datos y acceso a internet mediante infraestructura satelital. Actualmente, la política continúa como accionista de esa empresa y de la firma DRAE S.A.

Durante el período en que presidió Servicios Digitales Lanubetv S.A., Weber decidió incursionar en la política local. Su primera participación electoral ocurrió en los comicios seccionales de 2019, cuando dio el salto a la función pública como aspirante a concejal alterna de Guayaquil.

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Su paso por el Legislativo

Según los datos disponibles en el portal de la Contraloría General del Estado (CGE), ese año declaró un patrimonio de $63.478. Entre sus bienes constaban dos automóviles (de 2008 y 2019), valorados en $2.850 y $29.998 respectivamente, además de $30.000 en equipos de oficina.

Sin embargo, su paso por el Concejo de Guayaquil fue breve. En septiembre de 2020, Weber renunció a su cargo para participar en las elecciones generales de 2021, como candidata a la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas, en representación del Partido Social Cristiano.

El 9 de mayo de 2023, Weber se distanció del PSC por sus desacuerdos con la alianza legislativa con UNES y con la votación para continuar la tramitación del juicio político contra el entonces presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, Esteban Torres, quien en ese momento era coordinador de la bancada, afirmó que la legisladora había sido expulsada; mientras ella dijo que no estaba afiliada al partido, sino que tenía la condición de adherente.

Al ingresar al Legislativo, Geraldine Weber declaró ante la Contraloría un patrimonio de $60.846, además de acciones y participaciones valoradas en $1.198. Al concluir su período en la Asamblea, registró un patrimonio de $63.899 y mantuvo las mismas acciones y participaciones, mientras sus dos vehículos fueron valorados en $3.000 y $28.000 respectivamente.

La política no registró bienes inmuebles a su nombre al cierre de su gestión como asambleísta. En cambio, declaró una deuda de $3.500 correspondiente al consumo de una tarjeta de crédito.

En cuanto a su información tributaria, los registros digitales del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran variaciones en los valores pagados por concepto de Impuesto a la Renta causado y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) durante los períodos revisados. En 2019, la empresaria no registró pagos por ninguno de estos dos rubros.

Para 2021, la contribuyente registró un desembolso de $414,46, correspondiente al Impuesto a la Renta causado. Un año después, ese monto ascendió a $5.942,35, mientras que por ISD reportó $367,23.

En 2023, el Impuesto a la Renta causado se ubicó en $2.155,84, mientras que el valor cancelado por ISD fue de $65,21. Por otro lado, en el SRI su Registro Único de Contribuyentes (RUC) se encuentra suspendido desde el 30 de abril de 2018.

En las elecciones generales de 2025, Geraldine Weber intentó regresar a la Asamblea Nacional, esa vez como candidata del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA). Sin embargo, no logró obtener una curul.

En abril de este año, Weber registró por primera vez un título académico en el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), donde consta con nacionalidad estadounidense. Se trata de una licenciatura en Pedagogía de la Religión, de la Universidad Técnica Particular de Loja.

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El reto de llegar al Guayas rural

La candidatura de Weber por CREO respondería, según el analista político Giuseppe Cabrera, a la dificultad del movimiento para construir nuevos cuadros y a la continuidad de figuras vinculadas a antiguas lealtades políticas.

Para él, la tienda política no tiene una base territorial consolidada, y Weber tampoco posee un nivel de conocimiento público suficiente para sostener una candidatura competitiva.

Cabrera explica que Geraldine Weber tampoco goza de una base rural consolidada, factor que considera relevante en una elección local. A su criterio, su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito urbano y su trabajo al frente de empresas y de la Fundación Rescate por la Paz no han alcanzado un reconocimiento masivo que le permita generar una identidad electoral amplia.

María Fernanda Carvajal, consultora en Comunicación Política, coincide en que el perfil de Weber todavía requiere mayor difusión, pese a su experiencia como legisladora y su paso por distintas tiendas políticas. Además, opina que debe explicar con mayor claridad sus propuestas y demostrar que estas corresponden a las competencias de la Prefectura del Guayas.

Carvajal añade que el desafío para Weber será acercarse a los sectores rurales, especialmente a los cantones con actividad agrícola, y plantear objetivos concretos, alcanzables y respaldados por recursos. Así como definir a su equipo de trabajo.

Lo que debes saber

• Noboa acusó a algunos médicos de recetar medicamentos que no están disponibles pese a existir otras opciones.
• El gremio advierte sobre altos niveles de agotamiento entre los profesionales de la salud.
• La inseguridad también afecta a los médicos, especialmente en zonas rurales.

El dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco Dueñas, cuestiona los señalamientos del Gobierno contra los médicos y advierte sobre el impacto que tienen en un gremio que enfrenta, además, desabastecimiento, inseguridad y falta de especialistas. En entrevista con EXPRESO, analiza la situación del sistema público de salud, las acusaciones de las autoridades y la falta de diálogo con el sector.

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- El presidente Daniel Noboa afirmó que algunos médicos recetan deliberadamente medicinas que no están disponibles. Desde el punto de vista médico, ¿es realmente posible sustituir un medicamento por otro simplemente porque ambos están indicados para una misma enfermedad?

- No, realmente es una exageración. Puede haber el medicamento A, B, C y puede que cualquiera de estos no sea necesariamente para el paciente por su patología. Entonces, si le manda otra medicina no es para fregar. Por supuesto, no le podemos pedir mucho a él porque ignora absolutamente todo sobre Medicina; pero un paciente, por ejemplo, hipertenso que ya tiene diabetes, retinopatía diabética, nefropatía diabética, vasculopatía diabética, etcétera, no requiere del fármaco A, B, C, sino incluso D, F, G. Por supuesto, (el presidente) no tiene por qué saber (del tema), pero sí los asesores.

- ¿La responsabilidad la tendría el ministro de Salud?

- Sí, claro, pero el ministro de Salud (Juan Carlos Aveiga) se permite decir cosas que realmente hieren la sensibilidad humana desde todo punto de vista. (Por ejemplo) Decir que un paciente de diálisis, con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, cuya medicación es supremamente costosa, va a vender esa medicación y hacer negocio con su enfermedad. No puede haber una persona que pretenda terminar su vida, sabiendo que, si no toma esa medicación, se va a morir.

- ¿Ustedes han podido conversar sobre esto con el Ministerio y pedir que presenten pruebas que sustenten esas afirmaciones?

- No nos reciben los ministros, la vicepresidenta, el presidente, ni quien sea. Esta gente es sorda, ciega y muda, no hay cómo hablar con ellos, no hay diálogo. Les decimos que aquí hay enfermeras, médicos, odontólogos y todos los profesionales de la salud que pueden dar ideas y aconsejar sobre la problemática, porque son expertos epidemiólogos, clínicos y cirujanos, pero tampoco entienden, tampoco oyen, tampoco ven, tampoco hablan. Entonces, se hace muy difícil el asunto.

El presidente no tiene otro tipo de vocabulario. Además, es ofensivo con una práctica tan noble como la medicina.Santiago Carrasco, Dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana

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- Si un medicamento figura como agotado en el sistema, ¿el médico igual puede asignarlo para que el paciente lo pida en la farmacia del centro de salud?

- No. Además, si usted empieza a recetar para que los pacientes compren afuera, son capaces de liquidarle. Los pacientes se quejan, y con toda la razón, porque dicen: ‘¿Qué mismo? ¿No hay nada aquí con qué tratarnos?’. Ojalá el ministro o el presidente estuviera ahí al frente para que les diga: ‘Ustedes vienen a fregar’, pero no es así. Los que damos la cara somos los médicos y el personal de salud. No existen los medicamentos, no están aprovisionando y, si existen, probablemente no sean los necesarios de acuerdo con la prevalencia e incidencia de enfermedades de cada sector.

- Después de las declaraciones del presidente se conocieron allanamientos a galenos que supuestamente habrían otorgado permisos médicos a presos, pero luego salieron libres. ¿Cómo evalúa este proceder?

- (El ministro del Interior, John) Reimberg debería repensar lo que está haciendo. No sé si se disculpará, ojalá que por lo menos se disculpe. Está atacando a la clase médica y a los profesionales de la salud, y eso es realmente contradictorio.

- ¿Por qué atacarlos?

- No estoy seguro, parece que no quieren aceptar la mala gestión y la corrupción. Se las dijimos desde el inicio. Puede haber médicos, políticos, periodistas corruptos, de todo puede haber, pero no puede meter a todos en el mismo parte. Ya los ha señalado como culpables de haber hecho un acto ilícito, ser parte de las mafias. Debieron decir que van a hacer una investigación y ver quiénes están involucrados, pero venir a decir que todos los médicos somos parte de mafias... Vea, señor Reimberg, usted está más perdido que no sé qué cosa en este mundo.

En la ruralidad han matado médicos. Tenemos pánico, no solo miedo; imagínese lo que significa eso para el país.Santiago Carrasco, Dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana

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- Anteriormente, el Gobierno había señalado problemas en bodegas, compras y antiguas administraciones. Ahora el discurso también apunta a los médicos. ¿Cómo ve este cambio de la narrativa?

- Siempre va a estar el tema de la mala gestión de esta gente que está mandando en el país. No están preparados para gobernar un país como el que tenemos. Además, no han logrado, y creo que no van a lograr, erradicar la corrupción porque no están haciendo un trabajo absolutamente claro.

- ¿Qué consecuencias puede haber para un profesional de la salud que su nombre sea asociado públicamente con malas prácticas?

- Hicimos un estudio de ‘burnout’ (síndrome del trabajador quemado) a nivel latinoamericano. Ecuador fue el primer país, en la parte de salud, médicos y personal sanitario, con el índice más alto de ‘burnout’ y el índice más alto de suicidio. Estamos en una situación bastante compleja que no están entendiendo. No es el tema de ir a atacar a los médicos ni al personal de salud. Hay miedo, en la ruralidad han matado médicos rurales. Tenemos pánico, no solo miedo; imagínese lo que significa. Nosotros estamos preparados para salvar vidas, no para ninguna otra cosa.

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Del Parlamento al control disciplinario

Tras la notificación, el delegado recorrió las oficinas de la institución junto al vocal Damián Larco para constatar los procesos operativos y evaluar las necesidades del servicio.

La incorporación del jurista ocurre semanas después de su paso como asambleísta suplente.  

Cabe destacar que este constituye el segundo procedimiento de Falconí con el organismo disciplinario. En julio de 2025, conformó la terna remitida por el Ejecutivo para la renovación estructural de la institución. Sin embargo, el jurista dimitió de dicho mecanismo de selección al registrar un conflicto de intereses por su condición legislativa vigente en ese periodo.

En el ámbito del libre ejercicio, documentos de la Función Judicial establecen que el funcionario integró la representación legal del presidente Daniel Noboa para diversas causas tramitadas ante la Corte Nacional de Justicia y dependencias de primer nivel.

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Cuatro años después de esta historia, el 2 de septiembre del 2026, la Corte Constitucional concluyó que la actuación vulneró sus derechos a la intimidad, la integridad psicológica, la protección integral y a una vida libre de violencia en el ámbito educativo.

Los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2022, en la Unidad Educativa Fiscomisional San José. Según la sentencia, alrededor de las 08:30, Daniela estaba en clases, cuando la inspectora Nelly Bayas le retiró el teléfono. El dispositivo no tenía contraseña.

Esto hicieron la inspectora y la vicerrectora con el celular de su alumna:

La inspectora regresó al aula junto con la entonces vicerrectora, Mery Jara. Según los testimonios recogidos en el proceso, ambas se dirigieron a los estudiantes mientras mostraban fotografías y videos del teléfono de Daniela y cuestionaban su forma de vestir y las imágenes que había publicado.

La adolescente relató ante la Corte que permaneció sentada, llorando, mientras las autoridades hablaban sobre ella. También recordó que la vicerrectora mostró uno de sus videos al curso y que las docentes revisaban el contenido de su teléfono desde el escritorio de los profesores.

El colegio sostuvo que la madre conocía la prohibición del uso de celulares establecida en el Código de Convivencia. El caso, sin embargo, no se reducía a la advertencia de que se retiraría el dispositivo como medida disciplinaria. 

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La Corte analizó el acceso a su contenido y la posterior exposición de material personal frente a los colegiales.

Daniela contó que después de lo ocurrido no quería volver al colegio y que fue blanco de burlas y estigmatización. Sus padres afirmaron además que tuvo que recibir acompañamiento psicológico.

¿Se vulneró el derecho a la privacidad de la estudiante al mostrar fotos de su celular?

El 2 de septiembre de 2026, la Corte Constitucional resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección 3156-22-EP. La sentencia fue difundida el 21 de septiembre del 2026. 

El tribunal declaró que la unidad educativa y las dos autoridades vulneraron los derechos constitucionales de la adolescente. 

La Corte también señaló que las medidas disciplinarias en los centros educativos deben respetar la intimidad de niños, niñas y adolescentes y evitar formas de violencia basadas en estereotipos de género.

Como reparación, ordenó que, si Daniela está de acuerdo, la inspectora y la exvicerrectora le presenten disculpas. También dispuso capacitar a la planta docente en violencia de género, estereotipos e intimidad digital, en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

Además, estableció una compensación de 3.000 dólares para la familia.

Ordenó al Ministerio de Educación emitir, en el plazo de un mes desde la notificación, una directriz para que los procesos disciplinarios en las instituciones educativas incorporen la protección de la intimidad de niñas, niños y adolescentes y la prevención de la violencia de género.

Lo que debes saber

• Sergio Peña presentó cuatro fotografías como parte de la acusación contra David Rosero.
• Rosero respondió con pasajes, registros de movilidad y rastreo satelital.
• La autenticidad de las imágenes y las rutas del vehículo deberán ser contrastadas.

La evacuación de pruebas documentales en el juicio político contra el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), David Rosero Minda, tuvo como uno de sus principales elementos cuatro fotografías presentadas por el asambleísta Sergio Peña para sustentar la supuesta reunión del funcionario con la postulante al concurso para Fiscal General del Estado, Inés Romero. Rosero negó el encuentro y presentó pasajes aéreos, registros de movilidad y rastreo satelital para sostener que, a la hora señalada, se encontraba en ruta hacia Ibarra.

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Documentos en la acusación

Peña incorporó además la cédula catastral de un inmueble en Cumbayá, cuya propietaria consta como Romero, aunque aclaró que el documento por sí solo no demuestra que el encuentro haya ocurrido. También presentó información relacionada con el concurso y las actuaciones del Pleno del CPCCS.

Sobre las cuatro fotografías, el asambleísta explicó que fueron difundidas públicamente en redes sociales y atribuidas a un encuentro entre Rosero y Romero. Las imágenes mostraron a un hombre en una sala y a otras personas dentro del inmueble, por lo que el asambleísta planteó que su contenido deberá ser contrastado mediante las pericias correspondientes. La reunión se habría dado a las 19:00

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Rosero presenta su versión

Frente a la acusación, Rosero negó categóricamente haber mantenido una reunión con Romero y afirmó que el 4 y 5 de junio de 2026 cumplía una agenda oficial en Guayaquil. Para respaldarlo, presentó autorizaciones institucionales, invitaciones, pasajes aéreos y documentos relacionados con sus desplazamientos.

Según los pasajes de Avianca expuestos por el consejero, Rosero viajó a Guayaquil, el 4 de junio, y retornó a Quito, el 5 de junio a las 15:40. Añadió que el rastreo satelital del vehículo institucional registra que a las 17:59 se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre, desde donde inició el traslado hacia Ibarra.

El consejero Rosero señaló que el vehículo pasó por Guayllabamba (Pichincha) y que a las 19:00 estaba en Tabacundo, mientras que alrededor de las 20:22 llegó a Ibarra, cantón de Imbabura, donde reside. Según su defensa, estos registros contradicen la versión de que habría estado cerca de las 19:00 en el inmueble de Cumbayá (Pichincha) señalado en la denuncia.

Rosero también cuestionó que se le atribuya capacidad directa para favorecer a una postulante en el concurso de Fiscal General, pues sostuvo que los vocales del CPCCS no revisan carpetas ni asignan calificaciones. Rosero explicó que esas funciones corresponden a la Comisión Ciudadana de Selección, mientras el Pleno establece las reglas del proceso y vigila su transparencia.

Como parte de su defensa, Rosero presentó la denuncia de Romero por una presunta suplantación de identidad relacionada con las fotografías difundidas en redes sociales. Según explicó, la postulante negó haberse reunido con él y solicitó que se investigue el origen y la autenticidad de las imágenes.

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La denuncia por las fotografías

No obstante, Peña insistió en que el punto central de la controversia es determinar si la reunión ocurrió y señaló que la autenticidad de las fotografías deberá establecerse mediante los peritajes incorporados al proceso. El asambleísta cuestionó que Rosero Minda no haya solicitado desde el inicio una pericia para determinar si las imágenes fueron manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial y sostuvo que ese mecanismo también estaba a disposición de la defensa.

Además, el legislador puso en duda que el rastreo del vehículo institucional presentado por Rosero permita establecer por sí solo dónde se encontraba el consejero, pues, según dijo, el automóvil pudo haberse movilizado sin el funcionario, ya que no hay un video que certifique que él estaba dentro del automotor.

Asimismo, el denunciante señaló que existirían registros que ubicarían al vehículo institucional a unos 500 metros del domicilio relacionado con Romero y planteó que deberán esclarecerse las rutas, horarios y circunstancias del traslado para determinar si esos elementos tienen relación con la supuesta reunión.

¿Dónde ocurrió la descalificación? 

La descalificación ocurrió en el cantón El Pan y se trata del aspirante respaldado por el Partido Social Cristiano (PSC Lista 6). Así, quedaron en firme cinco candidaturas a la Alcaldía de esta pequeña localidad.

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Según información de la Delegación Provincial del Azuay del Consejo Nacional Electoral quedaron calificadas las candidaturas de las alianzas: Sembrando Oportunidades, Democracia en Marcha y En Equidad.

También quedaron en firme las candidaturas del movimiento Acción Democrática Nacional y del movimiento Participa.

La descalificación del PSC se da por el incumplimiento del requisito de porcentaje de jóvenes en la lista. Esta es una obligación establecida en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que todas las organizaciones políticas deben cumplir: El 50 % de los encabezamientos deberá corresponder a mujeres y las listas deberán incorporar al menos un 25 % de jóvenes de entre 18 y 29 años.

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Para el 9 de noviembre de 2026, según el calendario electoral, el CNE deberá contar con la lista oficial de todos los candidatos que serán parte de este proceso para autoridades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En la provincia de Azuay están confirmadas 86 candidaturas para las alcaldías de los 15 cantones. Y el próximo 29 de noviembre serán 621.956 las personas que deberán presentarse para ejercer su derecho al voto en 272 recintos.

Lo que debes saber

• La supresión de la Unidad Anticorrupción de la Judicatura se enfrenta a dos vías de impugnación.
• La Comisión de Justicia de la Asamblea inició una fiscalización marcada por el escepticismo.
• Jueces y legisladores acudieron a la Corte Constitucional para anular la polémica resolución.

Han transcurrido 18 días desde que el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió la supresión de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Ahora, el futuro de esa resolución se juega desde dos frentes y a ritmos distintos.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició este 24 de septiembre de 2026 el proceso de fiscalización encargado por el Pleno. Además, la demanda por incumplimiento de sentencia presentada por dos jueces de la extinta unidad deberá seguir su trámite en la Corte Constitucional.

Mientras esto ocurre, la reubicación de los jueces, los cambios de tribunal en causas como el caso Goleada y las observaciones de uno de los vocales de la Judicatura han marcado el impacto de la decisión.

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Disputa política en la Asamblea Nacional por la fiscalización

Uno de los espacios en los que se generó debate por la resolución fue la Asamblea Nacional. La bancada de la Revolución Ciudadana puso el tema en la agenda al iniciar el proceso de fiscalización en una de las comisiones legislativas que maneja.

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En respuesta, el oficialismo echó mano de su mayoría en el Pleno para arrebatarle la fiscalización y encargársela a la Comisión de Justicia, en la que tiene mayoría. Justamente, ese proceso arrancó ayer, sin comparecencias y con el análisis de la información que sería necesaria para continuar con la indagación.

Tanto el oficialismo como el correísmo expusieron lo que, a su criterio, era necesario para avanzar. Se acordó solicitar el acta de la sesión extraordinaria en la que la Judicatura tomó la decisión, los informes técnicos, jurídicos y administrativos, además del resto de documentos citados en la resolución de la Judicatura.

Pedidos de comparecencias y postura del oficialismo

Por su parte, el correísmo ya solicitó que se convoque a los vocales de la Judicatura, directores de la entidad, al fiscal Carlos Alarcón, al presidente de la Corte Nacional de Justicia y, por ahora, a tres expertos en Derecho.

Desde el oficialismo, el legislador Marco Olmedo dijo que era importante conocer las causales que llevaron al Consejo de la Judicatura a modificar la estructura de la especialidad en este tipo de delitos.

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Críticas y escepticismo sobre el rol de la Comisión de Justicia

Sin embargo, a la interna de la Asamblea no hay mayor expectativa sobre dicho proceso. El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo: “No va a pasar nada ahí. Hay que recordar que en su momento se hizo un proceso de fiscalización a Mario Godoy (expresidente de la Judicatura) y más rápido fue el juicio político que el informe de la Comisión de Justicia”.

Desde la oposición correísta también hubo voces que cuestionaron a la Comisión de Justicia. La correísta Viviana Veloz señaló en su cuenta de X, un día antes de la sesión, que “en lugar de convocar directamente a la presidenta del Consejo de la Judicatura para que explique la eliminación de la justicia especializada, se convocó para analizar la información necesaria después de una semana”.

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A la par del escenario en la Asamblea, el martes pasado se conoció que los jueces Renán Andrade y Karol Zambrano, de la extinta Unidad Anticorrupción, acudieron a la Corte Constitucional para frenar su traspaso a otras dependencias judiciales.

A través de una acción de incumplimiento de la sentencia 9-22-IN/22, los magistrados buscan detener la reestructuración impulsada por el Consejo de la Judicatura. Según la demanda, la decisión del organismo incurre en varias violaciones legales directas. En primer lugar, la Judicatura fijó en la nueva norma una lista de delitos que los juzgados deben tramitar, una atribución que le corresponde solo a la Asamblea por reserva de ley.

Competencias de la Judicatura y riesgo de inconstitucionalidad

Este último punto es el centro del debate, sobre todo en la Asamblea. La unidad especializada está regulada en la ley. En ese sentido, la discusión parte de si la Judicatura tenía o no competencia para suprimirla mediante una resolución.

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Según Serrano, lo obvio sería que el proceso de fiscalización termine en una sugerencia de juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Pero es la decisión de la Corte la que podría echar abajo la resolución.

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Demanda de inconstitucionalidad del correísmo por las unidades anticorrupción ya tiene jueza

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En ese escenario, Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Constitucional, considera que la fiscalización en la Asamblea podría no tener consecuencia alguna. “Seguramente terminará con un informe que no establezca responsabilidad política”.

La determinación de la responsabilidad política podría derivar en un juicio que se resuelva en el Pleno. Sin embargo, Serrano y Muñoz coinciden en que ese no sería un escenario posible. El experto manifestó que lo que sí podría tener una incidencia es la presentación de una demanda de inconstitucionalidad.

La misma asambleísta Viviana Veloz anunció que acudiría a la Corte para presentar ese recurso. La jueza Alejandra Cárdenas fue sorteada para tramitar la demanda del correísmo.

Lo que debes saber

• Galamedios fue disuelta a un año de constituirse y tras vender sus acciones.
• La firma traspasó su participación en Levascan y Holdingvision a una sociedad panameña.
• En la Asamblea Nacional recalcan que la disolución no detiene la fiscalización del caso.

La empresa Galamedios, vinculada al asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi, fue disuelta en Ecuador a solo un año de su constitución en julio de 2025. El trámite legal inició a inicios de septiembre de 2026 ante la Superintendencia de Compañías, meses después de que la firma vendiera la totalidad de su paquete accionario en medios de comunicación como Levascan (La Posta) y Holdingvision (Radio Centro) a una sociedad constituida en Panamá.

Política

Galamedios fue investigada, pero los resultados son de carácter reservado, dice Superintendencia

Richard Josue Jimenez Mora

El trámite de disolución y la situación jurídica de Galamedios

De acuerdo con los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías, la compañía ha cesado sus operaciones societarias habituales y atraviesa los siguientes pasos legales:

Venta previa de acciones a una firma extranjera

Antes de tramitar su cierre definitivo en los registros mercantiles, Galamedios desinvirtió sus participaciones comerciales en reconocidas empresas de comunicación locales. Estas transacciones se ejecutaron de forma escalonada:

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Galamedios compró La Posta y Radio Centro ofreciendo pagar a plazo $ 1,5 millones

Sara Ortiz

¿Qué se sabe de Boglia Media S.A.?

Las acciones de ambas empresas pasaron a manos de Boglia Media S.A., una sociedad extranjera de origen panameño. Según la plataforma de la Superintendencia de Compañías, dicha persona jurídica no cuenta con presencia registrada en territorio ecuatoriano.

Fiscalización en la Asamblea Nacional y control societario

La legisladora Nuria Butiñá, de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien ha liderado las indagaciones sobre este entramado corporativo en el Parlamento, advirtió que el trámite mercantil no frena las indagaciones:

"Cancelar una compañía no cancela la fiscalización, ni las responsabilidades, tienen la obligación de rendir cuentas al país", publicó Butiñá en sus redes sociales.

Política

Galamedios: correísmo pide a la 'Supercías' inspeccionar la empresa de Alvarado Campi

Richard Josue Jimenez Mora

Por su parte, este 24 de septiembre de 2026, el superintendente de Compañías encargado, Luis Idrovo, compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales del Legislativo para explicar las actuaciones de la entidad técnica de control.

Durante su intervención, Idrovo confirmó que el organismo concluyó formalmente una acción de control institucional sobre Galamedios, aunque especificó que los resultados son reservados. Asimismo, aclaró que la condición y vinculación de Luis Alvarado Campi como asambleísta alterno no influyen ni tienen injerencia en las auditorías e inspecciones que ejecuta el organismo regulador.

Quito

Crisis en el Hospital Pablo Arturo Suárez: emergencias traumatológicas en lista de espera

Rosero Mariela

Ante esta situación, este jueves 24 de septiembre del 2026, decidieron grabar testimonios desde sus habitaciones y difundirlos para pedir una respuesta al Ministerio de Salud.

Bryan Montero lleva nueve días hospitalizado después de sufrir un siniestro de tránsito en motocicleta. Tiene una lesión en la rodilla izquierda que requiere una intervención quirúrgica. 

“Sigo a la espera de una transferencia porque el hospital está totalmente desabastecido de insumos para la intervención de mi rodilla”, cuenta.

Su madre también aparece en el video. Asegura que la familia ha comprado incluso medicamentos básicos. 

“Hemos tenido que comprar hasta el paracetamol. Le parece alarmante la situación que vive la salud”, relata. Y añade: “El hospital lamentablemente no cuenta con instrumental y asumimos por amor a mi hijo. Como otros familiares de pacientes, estamos adquiriendo deudas, asumiendo lo que el Estado debería asumir. Es una situación alarmante”.

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Crisis de salud en Ecuador: el diagnóstico se repite, pero las soluciones no llegan

Rosero Mariela

La espera de dos ciudadanos, en busca de cirugías

Otro paciente, que se identifica como Larinson Morillo, asegura que lleva 32 días hospitalizado debido a una lesión en la pierna derecha. “No me han dado transferencia, los doctores me ayudan mucho. No hay el material para operarme”, afirma.

Rosana Josefina Castillo, en tanto, relata que lleva 19 días en el hospital tras sufrir una caída que le provocó fracturas en el tobillo y el peroné. “Espero por una transferencia que no llega. En el hospital no hay insumos para mi cirugía. Tengo todo este tiempo aquí esperando”, afirma.

Los tres pacientes aparecen en sus habitaciones, mientras permanecen a la espera de una solución. Sus testimonios vuelven a poner el foco sobre las dificultades que enfrenta el área de Traumatología de este hospital.

No es la primera denuncia de este tipo. En abril del 2026, personal del área de Traumatología alertó sobre una lista de espera de más de 1.000 pacientes. En esa ocasión, la Federación Médica Ecuatoriana también participó en un plantón para reclamar por la situación.

Lo que debes saber

• El TCE dispuso levantar la suspensión de derechos políticos a Ivonne Núñez.
• La exministra del Trabajo cumplió la sanción de tres meses impuesta por el tribunal.
• El juez ordenó notificar inmediatamente la resolución al CNE y al Ministerio del Trabajo.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso el levantamiento inmediato de la suspensión de los derechos políticos de la exministra del Trabajo, Ivonne Núñez, mediante un auto de sustanciación emitido por el juez Patricio Maldonado. La decisión judicial se adoptó tras constatar que la exfuncionaria completó el período de sanción de tres meses que le fue impuesto en marzo de 2026, por lo que el magistrado ordenó oficiar a las entidades competentes para restablecer sus prerrogativas de participación ciudadana.

Política

TCE sanciona a exministra Ivonne Núñez con la suspensión de sus derechos políticos

Marco Rivera

Cumplimiento de la sanción electoral

A través de un auto de sustanciación, el juez Patricio Maldonado determinó que el plazo punitivo fijado para la exsecretaria de Estado llegó a su término. La medida original constaba en la sentencia dictada el 4 de marzo de 2026.

El magistrado precisó el cronograma de ejecución de la medida:

Notificación al CNE y al Ministerio del Trabajo

En consecuencia con la resolución adoptada, Maldonado dispuso coordinar acciones con las instituciones administrativas y electorales correspondientes.

Por ello, el juez ordenó que se oficie tanto al Consejo Nacional Electoral (CNE) como al Ministerio del Trabajo para que procedan de forma inmediata con el levantamiento formal de la inhabilitación que pesaba sobre Núñez.

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Mónica Loza sigue en carrera por la Prefectura de Chimborazo: TCE niega recurso electoral de ADN

Richard Josue Jimenez Mora

El origen de la denuncia contra Ivonne Núñez

La sanción contra Ivonne Núñez se remonta a marzo de 2026 y derivó de una acción legal impulsada desde el ámbito seccional de Chimborazo.

Lo que debes saber

• Superintendencia de Compañías reveló que ejecutó y concluyó una acción de control a Glamedios.
• Resultados del proceso fiscalizador se mantienen bajo reserva legal societaria.
• El ente de control señala que es irrelevante que Luis Alvarado Campi sea asambleísta alterno de ADN.

El superintendente de Compañías subrogante, Luis Idrovo Murillo, reveló que la entidad de control ya ejecutó y concluyó un proceso de control e inspección a Galamedios S.A.S., empresa vinculada al asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi, aunque precisó que los resultados se mantienen bajo estricta reserva legal. Lo reveló durante una comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

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José Julio Neira busca la paja en el ojo ajeno y mira a otro lado cuando se trata de Galamedios

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El informe sobre Galamedios es reservado

Durante su intervención en la mesa legislativa, Idrovo confirmó la culminación de las indagaciones administrativas sobre Galamedios, pero advirtió limitaciones jurídicas para ventilar su contenido:

"Me permito decirle que la Superintendencia de Compañías sí inició un proceso de control a Glamedios y concluyó, cuyos resultados no puedo decir en esta sesión. Esta sesión está siendo grabada y la Ley de Compañías establece que toda la información, conclusiones y proceso de control tienen carácter reservado. Para contestar a sus preguntas tendría que violar la ley", indicó el superintendente subrogante al contestar interrogantes de la asambleísta Nuria Butiñá, del correísmo.

Asimismo, Idrovo descartó desatenciones a los pedidos de información formulados desde el Legislativo:

Historial societario y constitución de la empresa

El superintendente subrogante, por otro lado, indicó que solo puede brindar a la mesa legislativa la información que ya consta en el portal público del ente de control. Estos son:

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Cuestionamientos legislativos al origen de los fondos y perfil PEP

Por su parte, la asambleísta Butiñá cuestionó la falta de inspecciones preventivas e in situ por parte de la Superintendencia de Compañías, señalando que las autoridades debieron levantar alertas inmediatas de oficio respecto al origen de los recursos utilizados por la empresa.

Inconsistencias en activos y compras de medios de comunicación

La legisladora detalló que existen operaciones que debieron encender los filtros preventivos del sistema societario y del ente antilavado:

Postura jurídica sobre capacidad civil y apalancamiento

El superintendente de Compañías subrogante, por su lado, defendió la legalidad de los mecanismos corporativos y la capacidad contractual de los administradores y socios:

Lo que debes saber

• Noboa se reunió con Guterres en Nueva York para coordinar acciones contra el narcotráfico global.
• Ecuador propuso ante la ONU rastrear fondos ilícitos para frenar redes criminales transnacionales.
• Durante la Asamblea de la ONU, Noboa pidió más cooperación por el avance de las mafias.

El presidente de Daniel Noboa mantuvo una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en la que abordó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a las redes criminales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas que operan a escala global. La cita se desarrolló en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York.

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Según la información oficial, ambos funcionarios analizaron los desafíos que representa el avance del crimen organizado transnacional y la necesidad de articular mecanismos de respuesta entre los países. 

Durante la conversación, el mandatario ecuatoriano insistió en que fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal superan las fronteras nacionales y requieren acciones coordinadas de alcance internacional.

Ecuador plantea mayor cooperación contra las economías ilícitas

Horas antes de reunirse con Guterres, Noboa intervino ante la Asamblea General y propuso la creación de mecanismos internacionales para rastrear y congelar flujos financieros ilícitos utilizados por organizaciones criminales. También planteó reforzar los sistemas de intercambio de información entre Estados para combatir estas estructuras.

Durante su discurso, el presidente sostuvo que el combate al crimen organizado no puede ser asumido por un solo país debido al carácter transnacional de estas actividades. En ese contexto, señaló que las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales se extienden por varios continentes y se apoyan en redes financieras internacionales.

Además, el mandatario propuso que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad dentro del proceso de modernización impulsado por el organismo multilateral.

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Reuniones bilaterales durante la agenda en Nueva York

La reunión con António Guterres formó parte de una agenda diplomática que incluyó encuentros con representantes de distintos sectores. Entre ellos estuvo Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P., con quien dialogó sobre el desarrollo de los mercados financieros ecuatorianos y las posibilidades de atraer inversión.

Asimismo, el presidente ecuatoriano se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a quien presentó oportunidades de cooperación e inversión en Ecuador.

Lo que debes saber

• Ocho provincias cuentan con candidaturas en firme para los comicios de 2026.
• La lista definitiva y oficial de postulantes se conocerá el 9 de noviembre de 2026.
• El cronograma electoral fija las votaciones generales para el domingo 29 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la calificación de postulaciones para las elecciones seccionales de 2026. Con corte al 23 de septiembre de 2026, la autoridad electoral confirmó que ocho provincias del país cuentan con sus candidaturas en firme, lo que certifica que no existen recursos pendientes de resolución en dichas jurisdicciones territoriales de cara a la jornada de votación general.

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Provincias con candidaturas en firme

El organismo electoral precisó las jurisdicciones donde las listas alcanzaron la condición jurídica de firmeza tras superar la fase de objeciones e impugnaciones:

De acuerdo con el CNE, que una postulación esté en firme significa que ha superado todas las instancias legales y ya no pesan recursos administrativos ni judiciales pendientes de resolución.

El calendario electoral y la lista definitiva

El calendario electoral establece que el Consejo Nacional Electoral publicará la lista oficial y definitiva de todas las candidaturas el 9 de noviembre de 2026, a pocos días del sufragio.

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Fechas clave del cronograma electoral 2026

Lo que debes saber

• Más de 30 detenidos en Guayas, Los Ríos y El Oro por vínculos con el CJNG, tras 8 meses de investigación.
• Noboa anunció hoy la operación contra una red narco que enviaba droga desde Ecuador hacia EE. UU. y Europa.
• Un presunto cabecilla fue capturado en Isla Mocolí, sector que vuelve al foco por casos de crimen organizado.

La madrugada de este 24 de septiembre, un amplio operativo policial desarrollado en varias provincias del país dejó más de 30 detenidos por presuntos vínculos con una organización de narcotráfico que mantenía conexiones directas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. La intervención fue ejecutada por la Policía Nacional con apoyo de agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y personal del Comando Sur de Estados Unidos, según información del ministro del Interior, John Reimberg

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Horas después de la operación, el presidente Daniel Noboa destacó el resultado a través de su cuenta de X y lo relacionó con el mensaje que había expuesto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la necesidad de cooperación internacional para enfrentar al crimen transnacional.

"Ayer, ante la ONU, hablé de una realidad: ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras. Y hoy, bajo la dirección de la Policía Nacional y con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, desarticulamos una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y detuvimos a más de 30 personas", señaló el mandatario.

Investigación apuntó a una red de tráfico internacional de drogas

De acuerdo con los datos revelados por las autoridades, la investigación se extendió durante aproximadamente ocho meses y permitió identificar una estructura criminal dedicada al acopio, intermediación, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga procedente de Colombia.

Las pesquisas determinaron que los cargamentos ingresaban a Ecuador para posteriormente ser enviados por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala hacia mercados de Estados Unidos, Europa y países de Centroamérica. Las autoridades sostienen que la organización contaba con una red logística y financiera encargada de coordinar distintas etapas del tráfico internacional de estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, con la participación de más de 320 policías y alrededor de 50 efectivos del Comando Sur estadounidense.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la estructura investigada operaría de forma independiente y que no tendría vínculos con bandas criminales ecuatorianas, manteniendo contacto directo con el CJNG.

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Captura en Isla Mocolí vuelve a poner foco en exclusivo sector

Uno de los principales objetivos del operativo fue localizado en Isla Mocolí, una zona residencial de alta plusvalía ubicada en Samborondón. Según la información oficial, en una urbanización privada del sector fue detenido un presunto cabecilla criminal.

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Entre los antecedentes más recientes figura el ataque armado ocurrido en enero de 2026 dentro de la urbanización Mocolí Golf Club, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas alias Marino, a quien las autoridades identificaron como presunto cabecilla del grupo criminal Los Lagartos. Ese caso derivó en posteriores allanamientos e investigaciones sobre presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.

Asimismo, la isla ha sido escenario de diligencias judiciales relacionadas con casos de alcance nacional, incluidas investigaciones por presunta delincuencia organizada y corrupción.

Golpe económico a la organización

Las autoridades informaron que, como parte de las acciones desarrolladas durante este año contra esta estructura, se ha generado una afectación económica estimada en 322 millones de dólares, producto de decomisos y operativos vinculados a la investigación.

Hasta el momento no se ha difundido la identidad de todos los detenidos ni el detalle completo de las evidencias incautadas durante los allanamientos. 

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Usando el habitual mandil blanco, el scrub o casaca médica, el doctor recorre junto con su compañera de fórmula, la expresentadora de televisión, exdiputada, exviceprefecta y exconcejala de Guayaquil Luzmilla Nicolalde, varios cantones de la provincia. Juntos esperan superar el 25,6 % que alcanzó en los anteriores comicios Susana González, entonces carta del PSC a la Prefectura, quien logró el segundo lugar por encima de Andrés Guschmer, entonces candidatos de RETO y ahora aspirante por el oficialismo.

¿Quién es Juan Carlos González Alcívar?

Más allá del nombre, ¿quién es Juan Carlos González Alcívar? El aspirante registra dos títulos en el sistema de consultas de títulos universitarios. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (registrado en 2007) y máster en Emergencias Médicas por la Universidad de Guayaquil (registrado en el 2016).

Registra un considerable tributo por impuesto a la renta entre 2019 y 2025, según el portal del Servicio de Rentas Internas, siendo el 2024 el año que más tributó, con un poco más de 17.000 dólares, y el 2021, en el que menos tributó, con un poco más de 5.000 dólares.

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En su última declaración juramentada de bienes de fin de gestión como director general de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, registra activos por más de 546.000 dólares, sobre todo en bienes inmuebles, y pasivos por un poco más de 89.000 dólares, por deudas contraídas.

Es actualmente accionista en la empresa Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. y no registra denuncias en su contra en el sistema de la Función Judicial.

Pero ser médico, bombero voluntario y arrastrar todo este pasado y presente, ¿le alcanzará a González para devolverle al PSC el puesto que ostentó durante largo tiempo, perdió y recuperó para volverlo a perder? El consultor político Rafael Silva considera que, con González, el socialcristianismo en Guayas está buscando una forma de superar una crisis de renovación.

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“Desde mi punto de vista, existe un solo aspecto positivo en la apuesta que hace el partido por González: el hecho de que esa un ‘outsider’ en la política. Estamos hablando de un médico y exbombero que proyecta una especie de empatía y cuidado a la ciudadanía. Esos aspectos son bastante rentables en un escenario político en el que la salud pública y la credibilidad en los políticos tradicionales está bastante deteriorada”, analiza.

Sería un desafío para González alcanzar o superar el mismo ritmo de Marcela Aguiñaga en cuanto a obras e infraestructura, que llegaron a un 82 % de ejecución presupuestaria.Rafael Silva, consultor político. 

Sin embargo, no todo es positivo. A criterio de Silva, la postulación de González enfrenta algunos aspectos negativos o desafíos, como el mismo peso que le genera el partido que lo patrocina.

“Esto se vuelve más complejo considerando que este es el debut de González en política. Arranca con indicadores muy bajos de conocimiento frente a sus contendores. Y en un contexto de elecciones anticipadas, es clave ser popular o muy conocido, porque no hay tiempo para hacer una campaña de conocimiento”, comenta Silva.

A eso suma el reto clave de demostrar que, como médico, tiene las credenciales para administrar una Prefectura con competencias en ruralidad, agricultura, gestión productiva, medio ambiente y vialidad.

El también consultor político Pablo Jaramillo ubica, así mismo, su lupa en las credenciales y conocimiento sobre la administración pública que podría tener el médico para liderar una provincia como Guayas.

“Si bien su trayectoria como médico y su desempeño en la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil son respetables, liderar la Prefectura del Guayas demanda un exhaustivo conocimiento de la función pública, así como el manejo de competencias técnicas como vialidad, riego, drenaje y fomento a la productividad”, recalca. “El prefecto debe tener una clara comprensión de la amplia gama de problemáticas territoriales, que evidentemente sobrepasan el ámbito urbano de Guayaquil”.

Sorprende que una organización como el PSC apueste por una figura con nula experiencia política y una trayectoria limitada a la salud pública cantonal.Pablo Jaramillo, consultor político.

Frente a este escenario, Jaramillo considera que esta candidatura parece responder a una estrategia política. ¿Cuál? “Presentar un candidato no confrontativo que evite dividir la votación a sus adversarios directos, principalmente a Andrés Guschmer, quien fue concejal precisamente del Partido Social Cristiano. Queda sobre la mesa la pregunta de si este partido histórico renunció de entrada a pelear por la Prefectura o si simplemente se quedó sin cuadros con peso provincial”.

Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud Pública y la CNT usaron la figura de Régimen Especial para adjudicar de forma directa un contrato de $240,26 millones de dólares.
• MPS y CNT mantienen bajo reserva los detalles y la figura legal con la que participará la firma multinacional Dedalus Group.
• Al tratarse de una empresa extranjera no domiciliada en Ecuador y mantenerse el acuerdo en secreto, se desconoce si la participación de Dedalus se dará mediante subcontratación, alianza o giro del negocio.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) optó por la modalidad de Régimen Especial para la adjudicación directa de un contrato interadministrativo con la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La elección de esta vía de contratación resulta clave para comprender cómo el proyecto llega a manos de Dedalus Group. Según los pocos datos que el Gobierno ha entregado, Dedalus aportará el software especializado de gestión hospitalaria, el cual abarca la historia clínica electrónica, el sistema RIS/PACS, el agendamiento y la farmacia.

Dinero público, pero sin transparencia

“Estamos trabajando en una transformación tecnológica del sistema público de salud, que permita conectar progresivamente los establecimientos del Ministerio y mejorar la forma en la que atendemos a los pacientes”, afirmó Ronald Spina, gerente de CNT, en un video promocional sobre el contrato.

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El objetivo, según los documentos de la contratación, es la provisión de un servicio integral que incluye la implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud, junto con la infraestructura tecnológica y la conectividad requeridas para la red pública.

El proceso contractual abarca un periodo de ejecución de más de siete años (2.649 días exactos) y contempla una inversión total de 240,26 millones de dólares sin impuestos. La transferencia de recursos se efectuará mediante pagos trimestrales contra la entrega y verificación formal de los servicios prestados en cada etapa.

En todo este proceso, el Gobierno decidió contar con el apoyo de Dedalus, pero se desconoce la figura de contratación utilizada. ¿Es un aliado estratégico, una subcontratación o se aplica el giro específico del negocio?

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“Para cada vía hay mecanismos claros que señala la contratación pública. Por ejemplo, si Dedalus entra por subcontratación, la ley permite subcontratar solo un porcentaje del monto total. Si es giro específico del negocio y el proyecto dura más de seis meses, la ley manda a que la empresa se nacionalice”, explica Luis Alberto Andrade Polanco, docente universitario y experto en contratación pública.

La regla general de la Ley de Contratación Pública establece que un contratista no puede subcontratar la totalidad del contrato. Para elegir un subcontratista o un socio estratégico, la empresa pública contratada (en este caso CNT EP) debe contar con la capacidad técnica e infraestructura para ejecutar el objeto contractual por sí misma y justificar el componente tecnológico de valor agregado que aportan terceros como Dedalus.

Sin embargo, esa información permanece oculta. CNT determinó que, al igual que ocurrió con HealthBird, mantendrá el acuerdo con Dedalus bajo reserva. “La falta de transparencia impide conocer los detalles del acuerdo y analizar si se cumplen principios de contratación pública como el mejor valor por dinero, la concurrencia y la participación justa con criterios de calidad y eficiencia”, señala Andrade.

El contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la CNT asigna el volumen financiero principal a la Plataforma Integrada de Información en Salud. Con una inversión de $140,4 millones, este componente representa el 58,44 % del presupuesto global de la adjudicación.

Su ejecución abarca el licenciamiento, despliegue y soporte de la historia clínica electrónica, el sistema de agendamiento, la gestión de farmacia, los laboratorios y el almacenamiento de imágenes médicas para toda la red hospitalaria estatal.

¿Este es el rubro que estará a cargo de Dedalus? Ninguna de las instituciones ha entregado información detallada sobre el empleo de estos recursos públicos. Por ahora, solo la Comisión Nacional Anticorrupción busca acceder a los detalles a través de una demanda de habeas data.

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Empresa sin oficinas en Ecuador

Uno de los puntos en común entre Dedalus y Progen o ATM, por ejemplo, es que las entidades públicas han elegido contratar empresas extranjeras que no se han domiciliado: no tienen oficinas, patrimonio ni operaciones comerciales en el país.

En los ya famosos casos de las contrataciones energéticas, esto ha influido en que el Estado no pueda recuperar el dinero entregado por servicios no cumplidos. Con Dedalus se desconocen las condiciones de contratación.

Lo que debes saber

• Correa convoca al voto nulo para anular y repetir las elecciones a la Prefectura de Manabí.
• El TCE ratificó la descalificación definitiva de la candidatura de Jaime Estrada por el correísmo.
• La estrategia se ampara en el artículo 147 del Código de la Democracia sobre nulidad electoral.

El expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, oficializó el llamado al voto nulo para la Prefectura de Manabí en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. La postura surge tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de ratificar la descalificación definitiva del candidato correísta Jaime Estrada, al rechazar su recurso subjetivo contra lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Con esta medida, la organización política busca forzar la repetición de los comicios provinciales mediante los mecanismos legales vigentes.

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El llamado de Rafael Correa a las urnas en Manabí

El líder del movimiento político manifestó públicamente su postura frente a la resolución de los organismos electorales y convocó a los votantes de la provincia a anular la papeleta para la dignidad seccional:

Como era de esperarse, los delincuentes del TCE negaron la participación de Jaime Estrada a la Prefectura de Manabí. Manabí de mis quimeras: tú todavía puedes vencer a esta dictadura. Si votas nulo para prefecto, tendrán que anularse las elecciones para Prefectura. En tus manos está responderle a este gobierno criminal.Rafael Correa, expresidente de Ecuador

La base legal invocada por la Revolución Ciudadana

De acuerdo con las declaraciones del expresidente, el objetivo de promover el sufragio nulo es activar causales legales que dejen sin efecto el proceso en la jurisdicción provincial:

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Las razones del TCE para dejar fuera a Jaime Estrada

El exasambleísta Jaime Estrada Medranda quedó fuera de la contienda de manera concluyente luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó el recurso subjetivo interpuesto contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral determinó los siguientes elementos sobre el proceso de postulación:

La petición, emitida el 21 de septiembre de 2026, fue realizada por la fiscal provincial, Ximena Rojas quien solicitó que el juez de la causa autorice la detención del alcalde suspendido luego de que este no se presentara a dos convocatorias previas para rendir su versión dentro de la investigación.

En la solicitud, además, se plantea el “peligro de fuga” por parte del investigado. En el documento se justifica esta presunción señalando que “en redes sociales se puede advertir que el señor Cristian Eduardo Zamora Matute ha anunciado que saldrá del país, aduciendo que por su enfermedad buscaría tratamientos especializados fuera del país”.

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Hay que recordar que la Fiscalía Provincial del Azuay solicitó fijar hora y fecha para una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra de Zamora. Esta solicitud fue emitida el pasado 17 de septiembre de 2026.

Cristian Zamora fuera del país

Sin embargo, Zamora, a través de sus redes sociales, informó que se encuentra fuera del país desde el 19 de septiembre por cuestiones de salud. En una transmisión en vivo reseñó que viajó a México en compañía de su madre para someterse a un tratamiento médico.

Zamora, durante la transmisión, se refirió a la solicitud hecha por Rojas y dijo estar sorprendido de que se convoque a una audiencia de formulación de cargos cuando no había sido convocado para rendir su versión. Insistió en querer acercarse a mostrar los documentos que respaldan su defensa.

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Además, detalló que el organismo auditó acreditaciones por un total de 7'608.795,94 dólares y que, de ese monto, identificó 82.398,15 dólares (correspondientes a 22 transacciones) que inicialmente no encontraron justificativo.

Según su explicación, este último valor representa el 1,08 % del total examinado, mientras que el 98,92 % restante estaría justificado. “Jamás dijo que es un enriquecimiento ilícito”, afirmó Zamora al referirse al informe de Contraloría.

Lo que debe saber

• Sofía Almeida denunció que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) frenó su candidatura al CPCCS mediante un cambio de criterio jurídico en solo 24 horas.
• La postulante señaló que el organismo electoral desestimó primero impugnaciones de terceros el 21 de septiembre de 2026, pero al día siguiente admitió un recurso similar presentado por la hermana de la denunciante previa.
• Almeida calificó la resolución como una arbitrariedad dirigida contra su postulación y confirmó que recurrirá a instancias legales, constitucionales e internacionales para exigir el respeto a sus derechos políticos.

La aspirante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, denunció que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) incurrió en una arbitrariedad al revocar su postulación. La candidata cuestionó que los jueces electorales modificaran su postura jurídica en apenas 24 horas frente a la legitimidad de terceros para objetar postulaciones, vulnerando la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso dentro del calendario electoral nacional.

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El cambio de criterio del tribunal electoral en 24 horas

La reacción de Almeida se fundamenta en un giro procesal adoptado por el pleno del tribunal frente a impugnaciones contra resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con la cronología expuesta por la postulante, el organismo emitió dos criterios contrapuestos en días consecutivos:

Las causas impulsadas por las hermanas Avendaño Revelo

Almeida remarcó que la objeción que derivó en la anulación de su calificación fue tramitada por Paola Cristina Avendaño Revelo, hermana directa de quien presentó el recurso desestimado la víspera.

Para la aspirante, este escenario evidencia un tratamiento diferenciado y un uso deliberado del sistema procesal para perjudicar su participación en las urnas. Asimismo, rechazó que el tribunal utilizara interpretaciones subjetivas sobre el requisito de probidad notoria para justificar la decisión.

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CNE descarta sanciones contra vocales de Manabí por presunta reunión con un candidato de ADN

Richard Josue Jimenez Mora

Las acciones legales anunciadas por la postulante

Frente a la decisión del tribunal electoral, la candidata ratificó que no cesará en sus reclamos jurídicos y detalló la hoja de ruta que seguirá:

Almeida concluyó que su reclamo busca transparentar las reglas del juego democrático e insistió en que se apliquen criterios claros y coherentes para todos los postulantes al organismo de control.

La descalificación de Almeida por falta de probidad

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la inscripción de Sofía Almeida Fuentes como candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La decisión se adoptó de forma unánime al aceptar el recurso interpuesto por Paola Cristina Avendaño Revelo, tras determinar que la exconsejera incumplió el requisito legal de probidad notoria debido a su destitución previa por parte de la Corte Constitucional del Ecuador.