Sin embargo, uno de los expertos invitados a comparecer señaló que el 73 % de la propuesta presentaba similitudes con textos existentes, según el resultado de una herramienta digital de detección de plagio.

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Este 12 de octubre de 2026, la mesa legislativa se reunió para abordar, entre otros asuntos, las comparecencias de Paúl Guaranga y Christian Benítez, expertos en IA. Ambos fueron invitados para aportar a la discusión y a la elaboración del informe para primer debate de esta normativa.

Guaranga, docente de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Bolívar, consideró positiva la iniciativa, pero señaló que la regulación debe proteger la propiedad intelectual y brindar seguridad jurídica sin frenar la investigación universitaria, el desarrollo tecnológico ni la creación de empresas.

Propuso establecer obligaciones proporcionales al nivel de riesgo, la escala y el uso de cada sistema, de modo que los proyectos académicos no reciban el mismo tratamiento que las herramientas desarrolladas para su comercialización a gran escala.

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¿Qué se dijo sobre el uso de IA en el proyecto de ley?

Durante la comparecencia de Benítez se produjo un cuestionamiento a la Comisión de Educación. El experto se presentó como coordinador de Tecnología Superior del ISPADE.

Su intervención fue breve. Aseguró que enviaría por escrito sus observaciones, pues se trataba de un documento que contenía 75 comentarios. 

Antes de referirse a sus aportes, presentó una imagen en la que se leía: “Detector de plagio”. El análisis del texto de la ley mediante esta herramienta digital arrojó que el 73 % del documento presentaba similitudes con textos existentes.

“Crear un proyecto de ley en el que, por medio de rastreadores de IA, la Ley tenga un 73% de comparativa de que fue hecha con Inteligencia Artificial sí es un poquito preocupante”, dijo el experto durante su intervención.

También manifestó que el objetivo de la ley era generar una especie de protección frente a la IA, pero que el documento estaba hecho con esa herramienta.

El segundo intento de una ley que fue archivada

El pasado 15 de septiembre de 2026, el Pleno de la Asamblea decidió archivar un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que ya había sido tramitado en la misma comisión. La moción fue presentada por la presidenta de la mesa, Cecilia Baltazar, quien argumentó que se habían identificado falencias en la propuesta. La decisión se tomó con 88 votos a favor.

Tras la sesión de este lunes, una asambleísta correísta integrante de esa comisión recordó la decisión del Pleno. “Denuncié en el Pleno de la Asamblea que archivaron el proyecto de Ley de IA que llevaba dos años en trámite, para que la presidenta de la Comisión de Educación pueda presentar un proyecto con su nombre. Escuchen lo que nos vino a decir un experto: La ley de IA es hecha con IA”.

Durante la sesión, Baltazar no hizo mayor referencia al cuestionamiento del experto. Se limitó a recordar que el contenido de la propuesta estaba relacionado con la política pública impulsada por el Viceministerio de Desarrollo Tecnológico. Aseguró que era fundamental recoger aportes que permitieran contar con una propuesta basada en la garantía de derechos.

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¿Cuál es la posición de ADN?

Como antecedente, hay que tomar en cuenta que el oficialismo controla la Comisión de Fiscalización, en la que se aprobó el informe que recomienda al Pleno continuar con el juicio político contra Rosero.

Este 12 de octubre de 2026, el asambleísta oficialista e integrante de la Comisión de Fiscalización, Luiggi García, aseguró que su bancada votará por la censura y destitución. Además, afirmó que cuentan con los votos necesarios para ese objetivo.

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“Está claro en el informe el conflicto de intereses por la reunión de un consejero que debe ser el primero en ser independiente”, aseguró García. El legislador también dijo: “Los votos están. Son 77 votos los que necesitamos. No tenemos problemas en cuanto a eso”.

El correísmo se abstuvo en la Comisión

La bancada de la Revolución Ciudadana tiene cuatro representantes en la Comisión de Fiscalización. Estos se abstuvieron en la votación para aprobar el informe que recomendaba continuar con el juicio político.

Este 12 de octubre de 2026, la asambleísta correísta Mónica Alemán dijo que lo ocurrido en la mesa legislativa era una muestra de lo que podría pasar en el Pleno. Sin embargo, también señaló que la bancada mantendría una reunión para analizar el caso. “Mañana (13 de octubre de 2026) habrá la respectiva rueda de prensa para hablar de nuestra posición”, aseguró.

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Otras fuerzas políticas frente al juicio

Hasta la tarde de este 12 de octubre, no había posiciones en contra del enjuiciamiento al interior de la Asamblea. Más bien, quienes cuestionan el proceso optarían por la abstención. Ese es el caso del PSC.

El asambleísta Alfredo Serrano dijo que esa decisión responde a su desacuerdo con el “ajuste de cuentas” entre el oficialismo y Rosero. El legislador recordó que el vocal formaba parte de la mayoría del CPCCS que respondía al Gobierno.

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Asimismo, Serrano señaló que votar en contra del juicio significaría respaldar al consejero, quien, según el legislador, abandonó la representación de las organizaciones sociales para acercarse al actual régimen.

Hasta las 14:30 de este lunes, los asambleístas de Pachakutik no habían emitido un pronunciamiento sobre la posición que adoptarían. Sin embargo, los legisladores expulsados de esa organización podrían ser claves para alcanzar los 77 votos necesarios.

¿Qué dice el informe contra Rosero?

Según el informe de la Comisión de Fiscalización, se atribuye al vocal el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Para ello, se tomó en cuenta el artículo 45, numeral 2, de la Ley Orgánica del CPCCS, referente a: "Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, el documento considera que la actuación del consejero Rosero Minda vulneró directamente la función general contemplada en el artículo 43, numeral 5, de la Ley Orgánica del CPCCS, en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia.

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La cifra se conoció tras la salida de un nuevo vuelo de deportación el pasado 10 de octubre. La aeronave transportó a 56 personas con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia, en lo que constituye el décimo operativo aéreo de este tipo desde que Kast asumió la Presidencia en marzo de 2026.

De acuerdo con las autoridades chilenas, 45 de los pasajeros fueron expulsados mediante procedimientos administrativos y otros 11 por decisiones judiciales. Entre ellos figuraban 21 ciudadanos colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

Endurecimiento de la política migratoria

El incremento de las deportaciones forma parte de una estrategia más amplia anunciada por el Gobierno chileno para controlar la migración irregular. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que la frecuencia de estos vuelos es aproximadamente tres veces superior al promedio registrado durante la administración anterior.

En paralelo, el Congreso chileno debate un proyecto de ley promovido por el Ejecutivo que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. La iniciativa forma parte de una agenda migratoria más restrictiva impulsada por Kast desde su llegada al poder.

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Entre las principales causas que motivan las expulsiones figuran el ingreso por pasos fronterizos no habilitados, además de casos relacionados con delitos como robo con intimidación, robos con violencia y tráfico de drogas.

A estas cifras se suman las denominadas salidas voluntarias. Entre enero y octubre de 2026, más de 10.345 extranjeros abandonaron Chile por decisión propia tras haber ingresado al país de manera irregular. La mayoría de estos casos corresponde a ciudadanos venezolanos.

Pese al aumento de las expulsiones, distintos reportes indican que más de 75.000 órdenes de deportación aún permanecen pendientes de ejecución en Chile. Cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Lo que debes saber

• La campaña electoral durará 14 días, del 12 al 26 de noviembre.
• Los candidatos priorizan temas como vialidad, seguridad, empleo y atención social.
• El calendario contempla 45 debates para aspirantes a prefecturas y alcaldías.

En apenas 14 días, los candidatos deberán convertir sus propuestas en votos. Con recorridos territoriales, redes sociales y mensajes centrados en las necesidades ciudadanas, tres precandidatos accedieron a conversar con EXPRESO sobre cómo preparan sus estrategias para una campaña electoral marcada por el tiempo limitado.

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Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por Creando Oportunidades (CREO); Juan Cristóbal Lloret, aspirante a la Alcaldía de Cuenca por una coalición del Partido Socialista Ecuatoriano y Renovación; y Juan Zapata, precandidato a la Prefectura de Pichincha por Imparables, coinciden en que las plataformas digitales serán decisivas para ampliar su alcance. Sin embargo, cada uno apuesta por prioridades distintas: desde la vialidad y la producción hasta la seguridad, el empleo, la gestión de riesgos y la atención social.

Redes sociales y territorio, la apuesta común

Para Geraldine Weber, la combinación de medios de comunicación, plataformas digitales y encuentros ciudadanos será indispensable para compensar la imposibilidad de visitar todos los cantones durante la campaña. “Dos semanas es un tiempo muy corto para recorrer los 25 cantones del Guayas”, reconoce, por lo que está preparando videos explicativos y entrevistas para difundir su denominado plan VIDA.

La precandidata prevé organizar contenidos temáticos para presentar propuestas sobre carreteras, agua, producción agropecuaria y prevención de inundaciones. También plantea recoger preguntas de los ciudadanos y responderlas mediante videos, mientras se prepara para el debate, organizado por el Consejo Nacional Electoral, para profundizar en sus compromisos.

En esa misma línea, Juan Cristóbal Lloret apuesta por mantener el contacto directo con los habitantes de Cuenca y reforzarlo mediante las redes sociales. El precandidato sostiene que conocer y recorrer los barrios y las parroquias le ha permitido escuchar necesidades que han cambiado con el tiempo, especialmente en materia de seguridad y empleo.

Por su parte, Juan Zapata plantea combinar los recorridos por la provincia con herramientas digitales y conversaciones cara a cara. El aspirante admite que será imposible cubrir los ocho cantones y las 53 parroquias rurales de Pichincha en dos semanas, por lo que considera necesario utilizar “todas las herramientas posibles” para ampliar la difusión de sus propuestas.

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Sus planes

Más allá de la difusión de sus planes, los tres precandidatos esperan que sus mensajes lleguen a públicos distintos y se traduzcan en compromisos verificables. Weber prevé dedicar sus contenidos a agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes y emprendedores, además de promover destinos turísticos como Bucay, Engabao, Playas, Naranjal y Colimes, cuyas posibilidades de desarrollo vincula con mejores accesos y vías de conexión.

Lloret, en tanto, insiste en que no dedicará su campaña a responder ataques y asegura que las críticas recibidas no lo apartarán de su agenda. “La gente rechaza y repudia los ataques”, sostiene, al atribuir a ese rechazo parte del crecimiento que afirma haber registrado en las encuestas, aunque no precisa cuáles ni aporta cifras durante la entrevista.

Zapata busca que su propuesta también conecte con los jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y recreativas que contribuyan a prevenir el reclutamiento por parte del crimen organizado. Entre sus planteamientos constan la recuperación de espacios públicos, las escuelas deportivas y un proyecto de turismo territorial, además de una solución vial para el tránsito entre Quito y Rumiñahui.

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Las diferencias estarán en los mensajes

Aunque comparten la apuesta por la comunicación digital, Weber quiere convertir sus publicaciones en una vitrina de soluciones concretas para los sectores productivos y las comunidades rurales del Guayas. Entre sus primeras propuestas está identificar, durante los primeros 100 días de gestión, los tramos deteriorados de la red vial provincial y alcanzar una meta de 500 kilómetros de intervención.

Además, la precandidata busca posicionar el agua como una oportunidad para el desarrollo y no únicamente como una amenaza durante las inundaciones. Para ello, menciona la evaluación de los sistemas de riesgo, el mejoramiento del drenaje, la limpieza de cauces y la protección de las riberas, junto con acciones para fortalecer las cadenas productivas y conectar a los productores con los mercados.

En cambio, Lloret pretende que su campaña se diferencie por el énfasis en las demandas ciudadanas y el rechazo a la confrontación entre candidatos. “Nuestra única respuesta es frente a las demandas sociales, no hacia otros actores políticos”, afirma, al anticipar que evitará entrar en disputas con sus adversarios.

El aspirante a la Alcaldía de Cuenca también reconoce que la seguridad y el empleo figuran entre las principales preocupaciones que recoge en territorio. Aunque admite que no son competencias exclusivas del Municipio, propone coordinar acciones de seguridad y aprovechar la tecnología, mientras apuesta por sostener el dinamismo económico vinculado al turismo, la industria y la construcción.

Zapata, por su parte, busca centrar su mensaje en cuatro ejes de trabajo, que incluyen 32 programas y 22 proyectos. La vialidad tendrá un lugar prioritario en su propuesta, bajo la premisa de que las carreteras conectan la producción agrícola, el turismo, los emprendimientos y los servicios de seguridad.

A ese planteamiento suma la seguridad vial y la gestión de riesgos, áreas en las que invoca su experiencia previa en organismos de tránsito y comités de emergencia. También propone reforzar la atención social mediante una versión ampliada de Pichincha Humana, con énfasis en la violencia contra las mujeres, la salud mental, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los adolescentes.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para las 10:30 del martes 13 de octubre. La sesión tiene dos puntos en el orden del día. El segundo corresponde al juicio político contra Rosero.

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Sobre este proceso, el vocal del CPCCS dijo que es una “cortina de humo para tratar de acallar voces críticas al concurso de designación del fiscal”. 

Cabe recordar que el asambleísta independiente y aliado de ADN, Sergio Peña, lo acusa de incumplimiento de funciones por una supuesta reunión con una de las postulantes al cargo de fiscal general del Estado, Inés Maritza Romero.

¿Qué dijo Rosero sobre la ministra de Gobierno?

El vocal del CPCCS negó una vez más la supuesta reunión. Insistió en que, el día en que presuntamente ocurrió el encuentro, cumplía una agenda en Guayaquil y regresó a Quito para después desplazarse hasta su casa, en la provincia de Imbabura.

Al igual que durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, que sustanció el proceso y elaboró un informe con la recomendación de enjuiciamiento, Rosero sostuvo que las pruebas presentadas por Peña eran imágenes sin trazabilidad, metadatos ni cadena de custodia. Por ello, desestimó la acusación.

Durante una entrevista con Ecuavisa, el consejero del CPCCS apuntó directamente contra la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

“Señora ministra: ¿qué hace la señora Rosa Carmigniani Molina en los pasillos en los pasillos de la Asamblea? ¿Qué tiene que ver usted con este juicio político? ¿Acaso se está buscando votos para pretender destituirme?”, dijo Rosero.

A la par, el vocal negó haber tenido injerencia en el concurso. Recordó que el 80 % de los postulantes ya fue descalificado, entre ellos Inés Romero. Asimismo, criticó la actuación de la Comisión Ciudadana de Selección por no respaldarse en el equipo jurídico que el CPCCS puso a su disposición.

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¿Qué dice el informe de la comisión sobre Rosero?

El informe de la Comisión de Fiscalización, presidida por el también excorreísta y ahora aliado del Gobierno, Ferdinan Álvarez, plantea cinco conclusiones. Entre ellas constan las siguientes:

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Neira dijo que ATM es una de las mayores contratistas incumplidas del sector eléctrico. Recordó que el Estado pagó más de 70 millones de dólares por “motores descompuestos e incompatibles con la red del Ecuador”.

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“Su dolo ha ocasionado múltiples perjuicios al Estado, los mismos que van más allá de lo económico pues implican menos generación eléctrica”, dijo Neira en un video publicado en su perfil de la red social X.

¿Qué acciones están en curso contra ATM?

Neira detalló tres frentes legales desde los que se intenta recuperar la inversión del Estado ecuatoriano. “Todas las irregularidades en el contrato de ejecución de Celec con ATM están siendo expuestas en las instancias pertinentes”, dijo el funcionario. Luego, detalló las tres acciones:

Sobre este último punto, el secretario de la Administración Pública del Gobierno de Daniel Noboa señaló que se espera una resolución del laudo durante las próximas semanas.

Sin embargo, como lo ha documentado EXPRESO, hubo alertas relacionadas, entre otros aspectos, con la modalidad de contratación que se utilizó en Celec. 

Por ejemplo, el contrato se estructuró para desembolsar el 65 % de su valor contra la presentación de la factura y la lista de empaque de los equipos, sin esperar a que estuvieran instalados y operativos. Dos adendas modificaron los hitos de pago y permitieron que ATM cobrara el 80 % del contrato, mientras persistían los problemas técnicos.

Anuncio de la activación de generadores

“El Gobierno Nacional tomó la decisión de habilitar 16 generadores (de los 48 que se especificaba en el contrato) de un proyecto que debió entregar 90 megavatios y que dejaron abandonados”, dijo Neira.

Según el funcionario, los 16 generadores ya producen 30 megavatios. “Próximamente a 60 megavatios”, agregó.

Todo esto ocurre en medio del anuncio de la ampliación de las desconexiones eléctricas para el sector industrial. El Gobierno de Daniel Noboa dispuso la desconexión de determinadas industrias. 

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Desde el 22 de septiembre de 2026, las empresas de alto voltaje (AV1) y determinados usuarios industriales de medio voltaje estaban sujetos a un esquema de desconexión de 48 horas semanales, que se ampliará a 72 horas por semana a partir de este 12 de octubre.

Lo que debes saber:

• Alexandro Tonello busca la Prefectura de Pichincha en las próximas elecciones con el respaldo de Unidad Popular y el Partido Socialista.
• El candidato plantea fortalecer el riego, la producción agrícola y la comercialización para generar empleo e ingresos en Pichincha.
• Tras siete años como viceprefecto, Tonello habla de profundizar su gestión en riego; han avanzado a 22.000 de 80.000 hectáreas productivas.

Alexandro Tonello, ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Zamorano, estaba en el sector empresarial. Y cuando le hablaron de ingresar al mundo de la política dijo “ni loco”. Después, para el 2019, aceptó candidatizarse como viceprefecto junto a Paola Pabón. Y tras dos períodos, ahora va por la Prefectura de Pichincha. Es el candidato de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular.

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-¿Qué le hizo cambiar de idea sobre la política? ¿Cómo es que un zamorano quiere seguir en este mundo?

En efecto, soy ingeniero agrónomo, zamorano, especializado en riego, automatización, control de nutrición para plantas y en mecanización agrícola y procesos eficientes de producción; he estado 25 años en el sector privado. Tomé la decisión personal de buscar un camino en la política porque vi con mucha indignación la traición de (Lenín) Moreno, veníamos de un proceso de construcción de un país que me agradaba. Hubo un retroceso, por eso asumí y asumo el reto.

-Más allá de la situación de la Revolución Ciudadana, que fue impedida de participar en las elecciones seccionales, ¿usted es el candidato del correísmo?

Soy el candidato de la Revolución Ciudadana para Pichincha, formo parte de la Alianza Ciudadana, que nos ha dado espacio para poder estar en la papeleta.

-¿Qué opina de declaraciones de otros candidatos como Giovanna Ubidia, de ADN? Ella dice que “una prefectura no se hereda”.

No estoy heredando una prefectura, más bien estoy planteando una propuesta de evolución positiva, de mejora continua, de una gestión de un espacio que ha traído beneficios, trabajo, cuidado y derechos para la gente.

Nadie había soltado el agua desde la laguna hasta Malchinguí; tenían terror, no sabían cómo manejarlo.Alexandro Tonello, candidato a la Prefectura de Pichincha

Además de Pichincha Humana, los Centros Warmi, su eje es Pichincha Productiva. ¿Qué busca con eso?

Mi responsabilidad fue el eje productivo, económico e innovación, por siete años; hemos instalado una propuesta de política pública que parte de una entrega técnica y equitativa del agua, garantizando la posibilidad de producir todos los días y con eso agregar valor a la producción primaria, con el afán de que llegue más plata al territorio en donde se produjo, para que haya condiciones de vida dignas y efectivas.

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-Churuchumbi, candidato por Pachakutik, dice que él avanzaría en darles a las usuarias de los Warmi Pichincha la opción de tener en emprendimiento. Usted es el hijo de Bepi Tonello. ¿Qué dice al respecto?

Mi padre fue mi mayor motivación para entrar en este proyecto, con su trayectoria en economía popular y solidaria del país; es mi origen. Conozco sobre lo cooperativo, lo asociativa y comunitario, es el modelo para la provincia, hacer muchísimos salineritos en Pichincha, es un ejemplo no solo nacional, es modelo latinoamericano de desarrollo, de creación de oportunidades en los territorios incluso más adversos.

-¿Y qué aprendimos del Salinerito?

Salinas de Bolívar con las condiciones de clima y altura se volvió un polo de desarrollo y generación de empleo. Ya hemos desarrollado una propuesta de comercialización mediante ferias. Luego de la pandemia reunimos a 945 actores que decían sabemos producir, necesitamos oportunidades de comercialización y les abrimos espacios, con técnicos los acompañamos.

La Solución Bicentenario debe resolverse, convoca a sentarse con los municipios de Rumiñahui, Quito y ojalá con el Gobierno Central.Alexandro Tonello/ candidato a la Prefectura de Pichincha

-Un ejemplo de lo que buscan hacer.

Llevamos a la Asociación Agropecuaria Artesanal Nueva Esperanza (Asoane) al Salón del Chocolate de París y regresaron con premios por la gran calidad de su producto. Instalamos la frase “que migre el producto y no la persona”.

-¿Qué tan importante es el riesgo para Pichincha?

La Prefectura de Pichincha tiene la competencia de distribuir el agua para activar la producción, son 80 mil hectáreas de tierra productiva, hemos dado un paso importante para la provincia, al bajar la brecha en 22 mil ha en siete años. 

Desarrollé el método para poder hacer el trabajo más rápido, tenemos un equipo potente, la plana técnica para el riego, drenaje, administración y apoyo técnico, dejé un equipo altamente competente.

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-¿Usted conoce sobre este tema?

Cuando llegué a la Prefectura, el 14 de mayo del 2019 me sentí encerrado, el 20 salí al campo hasta el 19 de agosto. Recorrí el sistema de riego hasta Malchinguí y, entonces le dije a la prefecta Paola Pabón que necesitábamos hacer las pruebas para llevar el agua hasta las parcelas. 

Nadie se había atrevido a abrir el sistema hasta ese punto por temor a que fallara. Decidí llevar el agua primero al extremo más lejano y luego avanzar en sentido contrario. Así garantizamos el abastecimiento de Malchinguí, Tocachi y Olmedo.

En Cayambe y Pedro Moncayo, el riego sostiene la actividad florícola y los ingresos de miles de familias. También trabajamos en el sistema del río Pisque, fundamental para los agricultores y el abastecimiento de hortalizas de Quito. Sin embargo, aún queda mucho por hacer: de las 80.000 hectáreas que necesitan riego permanente en Mejía, apenas 22.000 están atendidas.

Lo que debes saber

• Más de la mitad de los electores aún no tendría definida su opción.
• Las candidaturas deberán ganar visibilidad en un periodo de campaña muy corto.
• El voto útil y los factores externos también pueden modificar el escenario electoral.

¿Serán los indecisos quienes terminen inclinando la balanza en las próximas elecciones seccionales? Con más de la mitad de los electores todavía sin una decisión, según la constante que observa el estratega de comunicación política Andrés Jaramillo, ese voto puede convertirse en el principal territorio de disputa entre los candidatos.

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Andrés Jaramillo sostiene que el porcentaje de indecisos supera el 50 %, una cifra que vuelve determinante a un electorado que todavía no encuentra una razón suficiente para escoger una opción. Añade que la importancia de este grupo radicaría en que no todos están desconectados de la política: algunos esperan conocer a los candidatos, comparar propuestas o simplemente encontrar una alternativa que les resulte convincente.

A esto se suma una particularidad de estos comicios: buena parte de los candidatos de oposición todavía no tiene certeza sobre su presencia definitiva en la papeleta. Jaramillo advierte que, mientras las candidaturas no estén ratificadas, existe una dificultad para hacer precampaña y darse a conocer frente a un electorado que todavía no identifica con claridad sus opciones.

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El reloj corre y las candidaturas aún no están listas

La definición de las listas prevista para el 9 de noviembre deja un margen especialmente estrecho hasta la votación del 29 de noviembre. En ese escenario, las organizaciones políticas tendrán apenas del 12 al 26 de noviembre para desplegar formalmente sus campañas y tratar de transformar desconocimiento en intención de voto.

Es por eso por lo que el tiempo será uno de los mayores obstáculos para quienes pretendan conquistar a los indecisos. Fernando Muñoz-Miño, historiador, sociólogo político y fundador de Cuadrante Sur, considera que las organizaciones tendrán que desplegar una estrategia simultánea y mucho más intensa, porque dos semanas no permitiría ejecutar una campaña tradicional dividida por etapas.

Pero la disputa tampoco se limitaría a convencer al elector de que un candidato es la mejor opción. Muñoz-Miño explica que en Ecuador también opera el llamado voto útil, mediante el cual una persona puede escoger a quien considera con mayores posibilidades de ganar, aunque no exista una identificación plena con su propuesta.

Ese comportamiento puede adquirir mayor fuerza en unas elecciones marcadas por la polarización entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, la Revolución Ciudadana. Según el historiador, un elector puede terminar votando no tanto por adhesión a un candidato, sino para impedir que otro llegue al poder, en una lógica de “voto en contra de alguien”.

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El voto útil también entra en juego

Para María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, el indeciso tampoco debe ser entendido como un elector desinformado. Es alguien que puede estar observando las alternativas y esperando identificar cuál se ajusta mejor a sus preferencias, su mentalidad o su tendencia política.

Por eso, la credibilidad y la cercanía serán dos atributos decisivos en la última etapa. Carvajal señala que el candidato que logre mostrar capacidad, cercanía e inclusión tendrá mayores posibilidades de conectar con quienes todavía no han tomado una decisión.

Los debates, entrevistas y apariciones públicas también pueden convertirse en momentos decisivos. Carvajal advierte que estos espacios pueden favorecer o perjudicar a un aspirante, porque el elector indeciso puede evaluar allí su capacidad de respuesta frente a temas concretos y observar cómo reacciona ante situaciones inesperadas.

Por otra parte, Jaramillo identifica al ministro del Interior, John Reimberg, como el principal activo electoral del oficialismo, en este momento, por el relato construido alrededor de la seguridad. Sin embargo, advierte que ese activo tendrá un verdadero peso solamente si las acciones comunicadas consiguen generar en el ciudadano una sensación concreta de seguridad al salir, regresar a casa o desarrollar sus actividades cotidianas.

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Una crisis externa puede mover el tablero

El escenario también podría cambiar por factores externos, como El Niño o una crisis energética. Lluvias, deslaves, derrumbes y apagones podrían evidenciar problemas de gestión y afectar la percepción ciudadana y la reputación del régimen.

Sin embargo, la pregunta final es cuándo decidirán los indecisos y cuánto tiempo tendrán los candidatos para convencerlos. Jaramillo sostiene que la tendencia regional muestra que la decisión se posterga cada vez más y que “mayormente deciden en la última semana”, mientras Carvajal advierte que algunos incluso podrían escoger su opción directamente en las urnas.

En unas elecciones sin segunda vuelta para alcaldes, ese comportamiento puede tener consecuencias decisivas. Muñoz-Miño considera que conquistar a este electorado exige una estrategia múltiple: propuestas concretas, microsegmentación del discurso y una apelación emocional que logre movilizar incluso a quienes han perdido confianza en la política.

Lo que debes saber

• Fajardo busca la Prefectura de Santa Elena respaldada por el correísmo tras 12 años fuera de comicios.
• Registra un patrimonio de $545.138,28 y declaró $0 de impuesto a la renta entre 2023 y 2025.
• Sectores productivos y turísticos señalan retos urgentes en agua potable, nutrición y vialidad.

Doce años después de su primera victoria electoral, la exlegisladora Vanessa Fajardo Mosquera vuelve a postularse en la provincia de Santa Elena, esta vez como candidata a la Prefectura por la Alianza Contigo, auspiciada por el correísmo. Su retorno al escenario de votación local se produce tras más de una década ocupando diversos puestos en el servicio público, un periodo en el que acumuló un patrimonio superior al medio millón de dólares y en medio de demandas urgentes del sector productivo y turístico peninsular.

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Trayectoria pública y formación de Vanessa Fajardo

Fajardo cuenta con un perfil multidisciplinario en gestión y administración pública. Es ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario, cuenta con una titulación en Formación de Formadores y ostenta un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales.

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En 2014, fue electa asambleísta de Santa Elena por la extinta Alianza PAIS junto a Noralma Zambrano y Daniel Cisneros. Aunque desde entonces no había vuelto a medirse en las urnas, su permanencia en el aparato estatal ha sido continua a través de diferentes dependencias:

Cifras de patrimonio y pagos tributarios en el SRI

El paso de la aspirante por diversas instituciones estatales representó ingresos económicos considerables reflejados en sus declaraciones oficiales.

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En su última declaración patrimonial juramentada correspondiente a 2025, Vanessa Fajardo reportó las siguientes cifras:

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Resistencias políticas y demandas de los sectores turísticos y productivos

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"Creemos que el reto es crear productos y proyectos turísticos para que la provincia sea más turísticas y que se arregle de un vez por todas el problema del agua que en feriados siempre se va el agua", comenta Tenempaguay.

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Por su parte, el promotor turístico Douglas Dillon recuerda que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) faculta a la Prefectura como la entidad encargada de coordinar los ejes productivos de la península. No obstante, advierte que la provincia se sitúa entre las últimas de Ecuador en efectividad y eficiencia general, así como en indicadores de nutrición infantil.

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Dillon resalta que quien asuma la Prefectura deberá atender prioridades inaplazables:

"Nuestras vías de la costanera están en mal estado. Por ejemplo, el tramo de la cordillera Chongón-Colonche, aunque parte de esa jurisdicción corresponda al Ministerio de Obras Públicas", concluye Dillon.

Zambrano es la candidata del oficialista ADN a la Alcaldía de Esmeraldas. Fue denunciada ante ese organismo por la presunta entrega de dádivas y regalos a ciudadanos. La causa fue presentada por Linder Maximiliano Altafuya Loor por una supuesta infracción electoral grave.

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Roberta Zambrano explica polémico video con presunta menor de edad; consejera pide sanción

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Aunque el juez Patricio Maldonado otorgó al denunciante un plazo de dos días para completar y aclarar su escrito, este no subsanó correctamente las observaciones formuladas. El juez electoral señaló tres motivos para archivar la causa:

El juez aclaró que el archivo responde únicamente a deficiencias procesales y no constituye un pronunciamiento de fondo sobre la veracidad o falsedad de la infracción denunciada.

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Daniel Noboa gastó 2,9 millones de dólares en propaganda política, según registros de Meta

Daniel Alejandro Romero Páez

Estas eran las posibles sanciones contra Zambrano

El Código de la Democracia sanciona expresamente la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos sin autorización de la autoridad electoral durante el período de campaña.

Las posibles sanciones incluyen:

Antes de que se presentara la denuncia ante el TCE, se difundió en plataformas digitales un video en el que se observa a Roberta Zambrano entregando obsequios a asistentes durante un acto público.

La controversia surgió porque en la grabación se escuchaba a la candidata pedirle a una ciudadana que se levantara el vestido para entregarle el presente. Esto generó cuestionamientos sobre si la persona involucrada era menor de edad.

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Ministra Gilda Alcívar pide destituir a docente universitario por protestas contra Noboa

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El pronunciamiento sindical frente al Gobierno

El documento publicado por el brazo sindical eleva la disputa administrativa a un conflicto multisectorial. La organización calificó la exigencia de la cartera de Estado como un acto de persecución y convocó a gremios, estudiantes y ciudadanía a sostener la movilización en las calles para exigir cambios en las políticas económicas y de seguridad de la actual administración nacional.

"Rechazamos la persecución contra los luchadores sociales y exigimos el respeto irrestricto a la libertad de expresión", señala el manifiesto oficial del gremio, en respuesta directa a la publicación de la ministra Alcívar. La funcionaria había demandado medidas disciplinarias contra el académico luego de los altercados registrados durante la incursión del bloque de seguridad presidencial en los predios universitarios.

El conflicto se originó tras el plantón de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) en rechazo a la visita del presidente Daniel Noboa, quien acudió a constatar los terrenos de una futura residencia estudiantil valorada en 3,56 millones de dólares. La protesta cuestionó el fuerte despliegue de policías y militares en el recinto, derivando en empujones y el retiro bajo resguardo de la comitiva oficial.

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Lejos de ceder ante la presión de la cartera de Estado, el FUT integró la situación del docente universitario a una plataforma de demandas estructurales. 

La organización sindical detalló que la protesta en las calles se mantendrá firme para reclamar por la salud pública gratuita, la generación de empleo formal, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) frente a posibles debilitamientos y la garantía de asignaciones para el sistema educativo.

Lo que debe saber

• Daniel Noboa gastó 2,9 millones de dólares en anuncios políticos en Meta entre agosto 2020 y octubre de 2026.
• La segmentación del público al cual se dirigen los anuncios tiene que ver mayoritariamente con jóvenes y adultos en edad de votar.
• Los datos se revelan tomando en cuenta únicamente las redes sociales Facebook e Instagram.

Para el presidente Daniel Noboa, la difusión de sus mensajes en redes sociales es importante. Al menos eso se desprende del gasto que representa para el Ejecutivo su presencia en las plataformas de Meta, que integra espacios digitales como Facebook e Instagram.

La Biblioteca de Anuncios de Meta reporta que, entre el 4 de agosto de 2020 y el 8 de octubre de 2026, Daniel Noboa gastó 2,9 millones de dólares en anuncios relacionados con “temas sociales, elecciones o política”.

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Solamente en los últimos siete días, según la misma biblioteca, Daniel Noboa Azín ha gastado 99.838 dólares en anuncios de esa temática. Uno de los que permanecen activos está relacionado con la conmemoración de la Independencia de Guayaquil.

Bajo el mensaje «Guayaquil siempre será nuestra casa», el anuncio muestra un video en el que se observa al presidente de la República en actividades relacionadas con los festejos en el Puerto Principal.

Al 11 de octubre de 2026, esa publicación registra un millón de impresiones en Meta. El importe gastado en ese anuncio oscila entre 1.500 y 2.000 dólares. Además, el público estimado es de un millón de usuarios de Facebook e Instagram.

El público al que quiere llegar Daniel Noboa

La Biblioteca de Anuncios de Meta también revela la segmentación realizada por el Ejecutivo para difundir sus mensajes. El alcance se concentra mayoritariamente en Ecuador (75%), aunque también hay interés en posicionarlos en Guayaquil, Cuenca y Quito, y, en menor proporción, en ciudades como Portoviejo y Manta.

Otro aspecto que llama la atención es la edad considerada para la segmentación de los anuncios. Según Meta, “los anunciantes seleccionan la edad mínima y máxima de las personas que quieren que vean sus anuncios para establecer un rango de edad”.

Así, el 100% del importe gastado se dirige a jóvenes de entre 18 y 29 años. Cabe considerar que este grupo etario tiene una incidencia importante en los procesos electorales. Además, el 84% de los anuncios —21 en total— se dirige a personas de entre 30 y 55 años.

En cuanto al género, los anuncios difundidos desde los perfiles de Daniel Noboa en ambas redes sociales no hacen distinción: el 100% de la inversión se destina a hombres y mujeres.

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CNE inició distribución de kits tecnológicos: ¿cómo se garantizará funcionamiento ante apagones?

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Hay que recordar que está en marcha la organización de un nuevo proceso electoral en Ecuador. El próximo 29 de noviembre, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Será el primer proceso electoral local en el que participe Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento del presidente Daniel Noboa. Sin alianzas y con candidatos propios, ADN enfrentará los comicios, cuya campaña electoral comenzará el 12 de noviembre de 2026.

Cada kit contiene los recursos tecnológicos necesarios para la transmisión de datos durante los comicios. Incluye una computadora portátil, un escáner, cables de poder y cables USB. Según el CNE, para este proceso electoral se distribuirán 2.339 kits en todo el país y en el exterior.

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El correísmo activa campaña de aportes voluntarios para las seccionales de 2026

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La institución señaló que la entrega de estos equipos busca garantizar las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo del proceso electoral, en cumplimiento del calendario establecido.

Las provincias que recibirán los kits

¿Cómo se garantizará el funcionamiento ante posibles apagones?

El Gobierno de Daniel Noboa ha dispuesto la desconexión de sectores industriales. Desde el 22 de septiembre de 2026, las empresas de alto voltaje (AV1) y determinados usuarios industriales de medio voltaje estaban sujetos a un esquema de desconexión de 48 horas semanales, que se ampliará a 72 horas por semana a partir del lunes 12 de octubre.

El CNE ha tomado en cuenta la situación energética del país. Así se desprende de las declaraciones del presidente del organismo, José Cabrera. 

El pasado 1 de octubre, el funcionario señaló que está previsto el arrendamiento de generadores eléctricos. A esta medida se sumaría la adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

"Hemos conversado con las diferentes empresas que producen energía eléctrica para que el día de las elecciones no tengamos inconvenientes. Sin embargo, también vamos tomando nuestras precauciones", aseguró ese día el titular del organismo electoral.

La concentración comenzó en las afueras de la Universidad Central del Ecuador la tarde del sábado, durante el segundo día del feriado nacional por la Independencia de Guayaquil. La convocatoria fue realizada por el denominado Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO).

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Tambores, carteles y banderas fueron parte de los elementos utilizados para protestar contra el Gobierno. Entre las consignas se escucharon: “fuera Noboa. Fuera”. También se exhibieron carteles con mensajes como: “Si el pueblo no tiene paz el gobierno tampoco”.

Pese al feriado, fue visible la presencia de estudiantes universitarios. Hubo representantes de la Universidad Central del Ecuador, así como de la Universidad Politécnica del Ecuador. Desde la Central, los manifestantes intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad.

La marcha recorrió varias calles, pero no llegó hasta la Plaza Grande, como estaba previsto. El recorrido pasó por vías como la Gran Colombia, cerca de la Asamblea Nacional, y luego continuó por la avenida 12 de Octubre. Durante la movilización se registraron varias acciones, como el cierre del paso a vehículos, consignas y canciones.

¿Qué ocurrió al finalizar la manifestación?

El periodista y director de La Barra Espaciadora, Diego Cazar Baquero, se pronunció en su cuenta de X sobre lo ocurrido durante la cobertura. “Gracias a quienes preguntaron sobre el episodio de hoy con la Policía Nacional en medio de la cobertura para la Barra Espaciadora de la marcha. Estoy bien. La agresión ocurrió”.

Cazar dijo que recibió empujones y golpes con escudos y toletes. “Llevaba identificación de prensa y lo dije en voz alta”, aseguró. El hecho quedó registrado en un video difundido por el medio digital Wambra Radio. 

En las imágenes se observa cómo Cazar es empujado por efectivos de la Policía mientras intenta dialogar con ellos. También se escucha a otras personas gritar que se trata de un periodista, sin que los uniformados atiendan esa advertencia.

La periodista de Telesur Elena Rodríguez también denunció una agresión. En su cuenta de X relató que su micrófono fue roto. “Rompieron el micrófono de Telesur”, dice Rodríguez mientras otro compañero grita que tiene identificación de prensa.

“Estoy harta de tener que narrar, una y otra vez, las agresiones policiales contra la prensa. Hoy, mientras intentaba documentar la violencia con la que los agentes golpeaban a jóvenes manifestantes, recibí por la espalda un toletazo en la cabeza”, informó Rodríguez.

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La postura del Gobierno de Noboa

El requerimiento de la cartera de Estado ocurre en medio de una ola de movilizaciones en la Sierra. La incursión del mandatario detonó un plantón de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), gremio que cuestionó el fuerte despliegue militar y policial dentro del recinto académico, advirtiendo una vulneración a la autonomía institucional frente al bloque de seguridad.

A través de sus plataformas digitales, Alcívar reaccionó a los altercados registrados durante el retiro de la caravana presidencial. "Espero que la Universidad de Cuenca tome las medidas disciplinarias respectivas y separe al señor que funge como docente", sentenció la ministra tras referirse a imágenes del catedrático en el piso durante los empujones. El pronunciamiento concluyó argumentando que el sistema superior "no puede seguir siendo espacio para gente que daña a nuestros jóvenes".

La protesta en los exteriores e interiores del recinto académico se enmarca en una jornada de movilizaciones liderada por gremios de la salud, sindicatos y la UNE en rechazo a la gestión económica del Ejecutivo, y replicada en otras ciudades del país. 

Los universitarios centraron su pliego de peticiones en la crisis de seguridad armada, la falta de asignaciones presupuestarias y las promesas incumplidas, opacando el recorrido oficial destinado a revisar los predios de una futura residencia estudiantil.

Hasta el cierre de esta edición, no hay un pronunciamiento oficial de los representantes de la Universidad de Cuenca, ni del docente señalado por el Gobierno. 

Lo que se sabe

• 95 autoridades bajo alerta: 41 con semáforo rojo y 54 con naranja.
• Recomendación de investigar: la comisión plantea remitir el informe a la Fiscalía y la Contraloría.
• Votación dividida: siete votos a favor y tres en contra del correísmo.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 9 de octubre de 2026 un informe de fiscalización sobre el patrimonio de 251 alcaldes y prefectos del país. El documento identificó 95 autoridades con posibles incrementos patrimoniales injustificados, equivalentes al 37,85 % de los casos analizados.

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Según los resultados, 41 funcionarios recibieron una alerta roja y otros 54 una alerta naranja. Ante estos hallazgos, la mesa legislativa recomendó que la información sea remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que determinen si existen elementos que ameriten investigaciones.

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Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que el informe utiliza un sistema de semaforización para facilitar el análisis de la documentación. El mecanismo busca que la ciudadanía y las autoridades puedan conocer la trazabilidad de la información relacionada con el patrimonio de los funcionarios.

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Correísmo pide reserva de los nombres de los funcionarios

La aprobación del documento se dio con siete votos a favor, correspondientes a ADN y sus aliados, y tres en contra del correísmo. Durante la sesión, la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó que los anexos con los nombres de los funcionarios no se hagan públicos hasta que el pleno de la Asamblea conozca el informe, con el argumento de evitar juicios anticipados.

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El asambleísta Xavier Lasso cuestionó que la reserva pueda levantarse tras la aprobación en comisión y señaló que el proceso ocurre en medio de la etapa electoral.

Posibles delitos bajo investigación

Además de las 95 autoridades con alertas, 90 funcionarios obtuvieron semáforo verde porque no se identificaron diferencias relevantes entre sus ingresos y su patrimonio, mientras que otros 66 no presentaron novedades. 

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La investigación legislativa se originó a partir de una publicación de prensa. Si el pleno acoge las recomendaciones, la información podría dar paso a indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos o testaferrismo. El informe, por sí solo, no constituye una declaración de culpabilidad.

La convocatoria fue realizada por el denominado Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO). Desde la tarde de este sábado, los participantes de la movilización llegaron a las afueras de la Universidad Central.

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Tambores, carteles y banderas fueron parte de los elementos utilizados para protestar contra el Gobierno. Entre las consignas se escucharon: “fuera Noboa. Fuera”. También se exhibieron carteles con mensajes como: “Si el pueblo no tiene paz el gobierno tampoco”.

La convocatoria utilizó una consigna general: “Batalla de Aura: Gobierno vs. Pueblo”. Con esa idea, los participantes pasaron de manifestarse en la acera a cerrar el paso a los vehículos en la avenida América, frente al ingreso al Teatro Universitario.

Desde allí avanzaron hacia el centro de la capital por la calle 10 de Agosto. El objetivo era llegar al Palacio de Gobierno, en la Plaza Grande. Sin embargo, su paso fue impedido a la altura del Banco Central del Ecuador. Los manifestantes regresaron hacia el norte, en dirección a la Asamblea Nacional.

Dos manifestaciones en medio del feriado

La marcha de este sábado se sumó a la realizada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) el jueves pasado. La tarde previa al inicio del feriado por la Independencia de Guayaquil, sindicatos y trabajadores también marcharon por un recorrido similar.

Ese día, el presidente del FUT, Edwin Bedoya, dijo que la movilización era una consecuencia de la falta de respuestas del Ejecutivo sobre temas como el incremento del presupuesto para educación y salud, así como el trato a los trabajadores.

Según informó el organismo, la interrupción se extenderá desde las 08:00 hasta las 17:00. Una vez concluida esta etapa, los servicios digitales se reanudarán y la ciudadanía podrá realizar sus trámites con normalidad.

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¿Qué procesos electorales están en curso?

El cierre del registro electoral corresponde a las elecciones de alcalde y concejales del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, así como a la elección de vocales de la Junta Parroquial Rural Miss Ecuador, ubicada en el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.

El CNE señaló que estas tareas forman parte de la preparación de los procesos electorales previstos en ambas localidades.

La suspensión afecta temporalmente a todos los servicios en línea de la institución durante el horario establecido. Por ello, los usuarios deberán esperar hasta que concluyan los trabajos para retomar sus trámites digitales.

El organismo electoral indicó que continúa con la ejecución de procesos técnicos y transparentes, como parte de sus responsabilidades en la organización de las elecciones en el país.

Durante las nueve horas de suspensión, los ciudadanos no podrán realizar los trámites disponibles en la plataforma digital del CNE, entre ellos consultar multas electorales, obtener o validar certificados de votación y solicitar certificados de apoliticismo y de empadronamiento.

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Un año más para liquidar UNA EP

La medida administrativa responde a una solicitud formal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y al informe presentado por la liquidadora Diana Karina Cumbajin. En el documento técnico se identificaron actividades pendientes y nudos críticos que imposibilitan ejecutar el cierre inmediato de la entidad estatal en los plazos previamente establecidos.

El cierre de la UNA EP es un proceso administrativo que acumula prórrogas consecutivas. La orden original de extinción se dictaminó a través del Decreto Ejecutivo 1062, emitido el 19 de mayo de 2020. Desde entonces, el Ejecutivo ha emitido decretos adicionales (incluyendo los números 108, 492, 778, 30 y 371) para extender las facultades de liquidación ante la incapacidad de sanear los activos y pasivos de la institución.

Cambio de rectoría ministerial

Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el liquidador asume la representación judicial y extrajudicial para ejecutar las operaciones empresariales pendientes. En caso de no materializar el cierre en los plazos fijados, la normativa advierte sobre responsabilidades personales y solidarias por omisión, negligencia o dolo en el desempeño de las funciones.

El Decreto 518 también oficializa en la normativa de liquidación el reciente cambio de competencias gubernamentales. Tras la fusión por absorción dispuesta en junio de 2026 mediante el Decreto 425, el documento presidencial sustituye la figura del extinto Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En consecuencia, el proceso de la UNA EP pasa a estar bajo la responsabilidad directa del recién conformado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad rectora que deberá recibir los activos remanentes una vez que se cubran todos los pasivos y culmine finalmente la liquidación.

La sesión comenzará a las 10:30. En el orden del día constan dos puntos, después de la entonación del Himno Nacional. El primero tiene que ver con la declaratoria de Loja como la ‘Capital del Café del Ecuador’. A continuación, se tratará el juicio político contra Rosero.

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Comisión de Fiscalización recomienda avanzar con el juicio político contra David Rosero

Rosero Mariela

En la sesión se abordará el informe de la Comisión de Fiscalización, encargada de sustanciar el proceso impulsado por el excorreísta y ahora aliado del oficialismo Sergio Peña. Cabe recordar que el documento no es vinculante, pero constituye un insumo para la decisión que podría adoptar el Pleno.

¿Qué dice el informe sobre el caso Rosero?

Peña impulsó la solicitud de juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones por parte del vocal del CPCCS. El eje de la acusación es una presunta reunión entre Rosero y una de las postulantes al cargo de fiscal general del Estado, Inés Romero.

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Tras las audiencias públicas de impugnación, Romero fue descalificada, aunque todavía tiene la posibilidad de apelar. Por tanto, la decisión de admitir o no ese recurso estará en manos del Pleno del CPCCS.

El informe de la comisión, presidida por el también excorreísta y ahora aliado del Gobierno Ferdinan Álvarez, plantea cinco conclusiones, entre las que constan las siguientes:

Con base en estas conclusiones, la Comisión de Fiscalización recomendó el enjuiciamiento político del funcionario. La resolución se adoptó con los votos de la mayoría oficialista en la comisión y de su aliado, el exintegrante de Pachakutik José Luis Nango.

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Juicio político David Rosero: vocal del CPCCS habla de imágenes manipuladas para su proceso

Daniel Alejandro Romero Páez

En el Pleno, la censura y destitución del vocal del CPCCS requieren el voto de la mayoría absoluta, es decir, 77 votos. Si ADN mantiene una postura similar a la asumida en la comisión, el oficialismo contaría con los votos necesarios para destituir a Rosero.