Lo que debes saber

• El correísmo sigue atrapado en el dilema de convertir la autoridad de una persona en una institución capaz de sobrevivirle.
• Desde 2017, el correísmo ha atravesado una década marcada por derrotas presidenciales y otras dificultades.
• el correísmo resolvió el problema de sobrevivir a la pérdida del Estado, pero todavía no termina de resolver sobrevivir después de Correa.

El correísmo ya no gobierna. No tendrá casillero electoral propio para las seccionales. Sus alianzas nacionales permanecen suspendidas a pocos meses de disputarse 11.262 dignidades. Y en Manabí, sus militantes organizaron una rifa para recaudar fondos y pagar una multa electoral de 18.000 dólares. El premio mayor era una motocicleta. También un cerdo.

La escena es llamativa porque retrata una transformación histórica. Durante una década, el correísmo gobernó el país, controló la Asamblea, dominó gran parte de la agenda pública y construyó la primera mayoría legislativa absoluta que conoció el Ecuador desde el retorno a la democracia. Hoy debe competir sin Estado, sin organización electoral propia y sin la capacidad institucional que alguna vez sostuvo su expansión.

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El 19 de junio, Gabriela Rivadeneira anunció la suspensión de la alianza nacional que Revolución Ciudadana preparaba para las elecciones seccionales, argumentando una nueva ofensiva contra una organización aliada. Nueve años después de abandonar Carondelet, el correísmo sigue atrapado en el dilema que acompaña a todo liderazgo carismático: convertir la autoridad de una persona en una institución capaz de sobrevivirle.

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Max Weber llamó a este proceso la rutinización del carisma. El peronismo debió aprender a existir después de Perón. El chavismo enfrenta el desafío de existir después de Chávez. El uribismo lleva más de una década intentando definir qué significa ser uribista sin Álvaro Uribe ocupando el centro del poder político colombiano.

La particularidad ecuatoriana radica en la forma en que nació el proyecto. De impronta plebeya y liderazgo personalista, Correa respondió desde sus orígenes a una lógica de populismo delegativo.

Durante los años de gobierno, aquella fórmula fue extraordinariamente eficaz. Los Enlaces Ciudadanos funcionaron simultáneamente como mecanismo de rendición de cuentas, construcción narrativa y reafirmación del vínculo plebiscitario entre liderazgo y ciudadanía.

De las derrotas presidenciales a la crisis de liderazgo político

El problema apareció cuando el poder desapareció. Desde 2017, el correísmo ha atravesado una década marcada por derrotas presidenciales, migraciones de plataforma electoral, dificultades para obtener reconocimiento jurídico propio y conflictos internos cada vez más visibles. Perdió la Presidencia con Andrés Arauz en 2021. Volvió a perder con Luisa González en 2023 y nuevamente en 2025. Ninguno de esos procesos produjo un relevo capaz de sustituir la centralidad política de Correa. Ningún caso ilustra mejor esa dificultad sucesoria que el de Marcela Aguiñaga.

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Durante años representó una de las figuras con mayor capacidad para encarnar una etapa posterior al liderazgo fundacional. Había sido ministra, asambleísta, dirigente nacional y posteriormente prefecta del Guayas. Precisamente por eso, su distanciamiento fracturó ese relato de unidad disciplinada.

Sin embargo, interpretar este proceso exclusivamente como una crisis de descomposición también sería un error analítico.

Si el correísmo dependiera únicamente del acceso al Estado, probablemente habría desaparecido hace años. No ocurrió.

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El voto duro del correísmo y su peso en las elecciones seccionales

En 2023 conquistó nueve Prefecturas, incluidas Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí. Ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, rompiendo en esta última ciudad tres décadas de hegemonía socialcristiana. Continúa siendo la principal fuerza opositora del país. Conserva un voto duro estable. Mantiene capacidad de movilización territorial y sigue llegando a segundas vueltas presidenciales.

La persistencia de esos resultados obliga a matizar cualquier diagnóstico simplista.

El correísmo contiene elementos de movimiento político. Ninguna organización sobrevive casi una década fuera del poder nacional.

También contiene elementos de franquicia política. Buena parte de sus conflictos recientes no han girado alrededor de desacuerdos ideológicos. Las abstenciones legislativas, las renuncias de asambleístas y las tensiones internas reflejan una organización donde el peso de las personas continúa siendo mayor que el de las corrientes doctrinarias. No porque los conflictos sean excepcionales (toda oposición relevante los experimenta), sino porque siguen resolviéndose bajo la sombra de una autoridad política cuya capacidad de arbitraje continúa siendo decisiva.

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Esa misma dependencia del liderazgo explica que el correísmo conserve también rasgos de nostalgia de Estado.

Este fin de semana, Revolución Ciudadana celebrará sus primarias para las elecciones seccionales. Escogerá candidatos, pero políticamente pondrá a prueba su capacidad para producir liderazgos con autoridad propia.

Nueve años después de abandonar el Gobierno Nacional, el correísmo resolvió el problema que destruye a muchas organizaciones latinoamericanas: sobrevivir a la pérdida del Estado.

Lo que todavía no termina de resolver es algo más complejo. Sobrevivir luego de Rafael Correa.

Los puntos claves de esta revisión

• Niels Olsen registra participación en cuatro empresas, entre ellas Hacienda La Danesa, una estancia de lujo y finca de cacao.
• Roberto Luque llegó al Gobierno desde el sector empresarial y mantuvo acciones en una consultora geosísmica hasta mayo de 2024, cuando las transfirió a su hermano.
• La consultora vinculada a Luque apareció en la polémica por el proyecto inmobiliario de Olón, impulsado por una empresa relacionada con Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi.

Esta historia se publica como un seguimiento al reportaje “Los bienes de quienes mueven los hilos del país”, en el que EXPRESO revisó las declaraciones patrimoniales de varias autoridades subordinadas o afines al presidente Daniel Noboa, y funcionarios de otros poderes del Estado.

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Entre los más cercanos a Noboa constan el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen; el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque; el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi; y el superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere.

Política

Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía

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La revisión de esos registros permitió identificar que Olsen, Luque y Neira figuran entre los funcionarios con mayores patrimonios dentro del círculo cercano al mandatario. Dos de ellos, Olsen y Luque, también mantienen o mantuvieron vínculos con compañías privadas que forman parte de sus entornos empresariales y familiares.

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Niels Olsen y las empresas detrás del patrimonio familiar

El expresidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, reportó un patrimonio de aproximadamente $ 1,8 millones en su declaración más reciente.

Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Olsen mantiene participación accionaria en cuatro empresas: Daneturismo S. A., Daneres S. A. S., Danelux S. A. S. y Olsen & Wright Travel Advisors S. A. S.

La principal de ellas es Daneturismo S. A., conocida comercialmente como Hacienda La Danesa, ubicada en la vía Naranjito-Bucay. En su portal institucional se presenta como una estancia de lujo y finca de cacao enfocada en el turismo de experiencias.

“Explora una finca regenerativa familiar en Ecuador con 250 hectáreas reforestadas. Gastronomía de la hacienda a la mesa, fauna, equitación y bienestar”, señala la descripción del establecimiento.

Los registros contables de 2025 muestran que la empresa reportó ingresos superiores a los $ 300.000 por concepto de hospedaje.

Otra de las compañías vinculadas a Olsen es Daneres S. A. S., constituida en 2022. Su actividad económica está relacionada con el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios en todas sus fases, así como con la venta y arrendamiento de bienes inmuebles.

También figura Danelux S. A. S., cuya actividad registrada corresponde a la intermediación en el comercio de productos diversos.

Política

Roberto Luque y sus declaraciones patrimoniales: alertan una posible omisión de la Contraloría

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Luque y la consultora que apareció en polémica de Olón

El ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, registró participación accionaria en dos empresas: Consultora Geosísmica Cia. Ltda. y Cimagro S. A.

Luque ha estado vinculado a la cartera de Transporte desde que Noboa llegó a la Presidencia al final de 2023 después de la muerte cruzada. Llegó a la función pública siendo empresario.

Los registros societarios muestran que mantuvo acciones en Consultora Geosísmica Cia. Ltda. hasta el 13 de mayo de 2024, cuando las transfirió a su hermano Andrés (esto coincidió con un escándalo que salpicó a esa empresa). Meses después, esas acciones pasaron a otro hermano, Ricardo Luque. Finalmente, a inicios de 2025, la totalidad de la participación accionaria fue adquirida por Rafael Armendáriz, según los documentos.

A finales de ese año, la compañía modificó su denominación social y pasó de llamarse Consultora Geosísmica Luque Cia. Ltda. a Consultora Geosísmica Cia. Ltda., de acuerdo con los registros.

Ecuador

El caso Olón: el silencio de las empresas siembra dudas

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La firma estuvo vinculada a uno de los episodios más escandalosos del actual gobierno: el proyecto inmobiliario que se pretendía desarrollar en una zona ecológicamente sensible de Olón, en Santa Elena.

La consultora habría emitido, en septiembre de 2023, un informe descriptivo de factibilidad, de nueve páginas, para el proyecto inmobiliario “ECHO”. El supuesto documento circuló en redes sociales. La iniciativa era impulsada por la compañía Vinazin S. A. S., cuyos principales accionistas eran Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, quien continúa vinculada a la compañía.

El proyecto no avanzó, luego de la presión social generada por la posible afectación al ecosistema de la zona. En su momento, EXPRESO buscó la versión de los involucrados, sin obtener respuesta.

Como parte del ejercicio fiscal 2024, la consultora reportó ingresos por aproximadamente $ 1,2 millones.

Ecuador

El conflicto de interés es la marca de Daniel Noboa

Roberto Aguilar

Una segunda empresa vinculada al entorno familiar

La otra compañía relacionada con Roberto Luque es Cimagro S. A., dedicada a actividades de asesoramiento empresarial y asistencia a compañías e instituciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia, control e información administrativa.

Los registros muestran que Andrés Luque Nuques, hermano del ministro, es actualmente el accionista de la empresa y registra allí su domicilio. Hasta 2022, Roberto Luque mantenía participación accionaria en esta firma.

Lo que debes saber:

• ONU 2027: seis candidatos, cuatro mujeres, compiten por suceder a Guterres en crisis del multilateralismo global.
• Ecuador no ha oficializado respaldo a nadie, ni a Espinosa, mientras crece campaña global por primera mujer secretaria general de la ONU.
• Elección ONU inicia en julio con vetos del Consejo de Seguridad y definición final entre noviembre y diciembre 2026.

Seis candidatos —cuatro mujeres— compiten por suceder al portugués António Guterres como secretario general de Naciones Unidas a partir de enero de 2027. La carrera se produce en un momento crítico para el sistema multilateral, marcado por tensión geopolítica y recortes económicos.

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María Fernanda Espinosa oficializa candidatura para liderar la ONU

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Sin embargo cada vez se oye más sobre una campaña para elegir a la primera mujer en el cargo. Global Women Leaders Voices for Change and Inclusion (GWL Voices), que agrupa a más de 70 exjefas de Estado y funcionarias de alto nivel, promueve la iniciativa #MadamSecretaryGeneral. 

“Necesitamos una secretaria general no solo por justicia, sino porque el sistema requiere algo distinto”, se lee en su plataforma web.

El debate se reabrió esta semana (la última de junio 2026), por el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, que se conmemora cada 24 de junio. Con ocho décadas de vida, la ONU nunca ha sido dirigida por una mujer. Nueve hombres han ocupado el cargo.

La opinión de internacionalistas en torno a cuán posible es que una mujer dirija la ONU

Pese a eso, especialistas advierten que la elección no responderá a una lógica de género. Ivonne Téllez, abogada experta en derecho internacional, dice que es un proceso “sumamente técnico y riguroso”, intervienen factores políticos y procedimientos formales estrictos.

Pero se mantiene la expectativa de que el próximo liderazgo venga del sur global. Santiago Carranco, decano de Relaciones Internacionales del IAEN, apunta que en la diplomacia internacional opera una suerte de derecho consuetudinario que favorece la rotación regional. 

“No está escrito, pero existe la idea de que le corresponde a América Latina. Y nunca ha habido una mujer en el cargo”, señala.

Pero, esa posibilidad podría diluirse por la falta de apoyos coordinados en la región. El nuevo presidente de Chile le quitó el respaldo a Michelle Bachelet y un tercer país, Antigua y Barbuda, nominó a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. 

“Cuando los países no alinean sus votos, se abre la puerta a que otros candidatos capitalicen ese espacio”, advierte Carranco. En ese escenario, el argentino Rafael Grossi o el senegalés Macky Sall podrían ganar terreno.

Las mujeres en la diplomacia, subrepresentadas

Más allá de la geopolítica, la discusión sobre un eventual liderazgo femenino también tiene un componente estructural. Téllez, docente de la PUCE, recuerda que la subrepresentación de las mujeres en la diplomacia responde a desigualdades más amplias. 

No se trata solo de acceder a estos cargos, sino de condiciones de partida desiguales históricas que limitan su participación en igualdad de condiciones, sostiene.

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Andrea Garcés, internacionalista y académica de la UDLA, coincide en que la posibilidad de una secretaria general es alta, tanto por la composición actual de candidaturas como por el clima en la comunidad internacional. 

Sin embargo, matiza: “No se trata de elegir a una mujer por ser mujer, sino de que sea la persona más capacitada. Y las candidatas tienen trayectorias sólidas en diplomacia y organismos multilaterales”.

Garcés cree que, en un contexto de crisis del multilateralismo, una presidenta podría aportar una mirada distinta. “Se requiere un cambio de enfoque. No es que una mujer vaya a transformar completamente la ONU, pero que introduzca luz en medio de la crisis del multilateralismo”, opina.

Sobre los perfiles, Andrea Garcés comenta que Espinosa destaca por su trayectoria multilateral: fue la primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de la ONU. 

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Bachelet podría tener la oposición de Estados Unidos o China por sus posturas en temas sensibles. En ese contexto, Espinosa aparece como una opción con menor nivel de controversia y amplio recorrido en diplomacia, cree Garcés.

Así se desarrollará el proceso de selección:

El proceso de elección, detallará, se desarrolla en dos fases. La primera en julio del 2026, con deliberaciones y votaciones en el Consejo de Seguridad, que son completamente secretas y donde los cinco miembros permanentes pueden ejercer su derecho a veto. 

La segunda, de agosto a octubre, son votaciones informales y se avanza hacia la definición. Finalmente, entre noviembre y diciembre, la Asamblea General confirma la designación y se hace el anuncio oficial.

Algunos datos de la elección de la ONU

Lo que debes saber

• Un mes después del anuncio de Daniel Noboa, la compra de medicinas desde India sigue sin avances públicos ni información oficial sobre su ejecución.
• Expertos cuestionan el hermetismo del proceso y advierten que la falta de transparencia genera dudas sobre plazos, costos y controles de calidad.
• Mientras persiste el desabastecimiento en hospitales, crece la preocupación por el impacto que un eventual retraso tendría en miles de pacientes.

Un mes después del anuncio presidencial, el acuerdo para importar medicamentos desde India sigue envuelto en el silencio. Lo que fue presentado por el Gobierno como una solución urgente para enfrentar el desabastecimiento en hospitales públicos, no registra avances públicos, cronogramas oficiales ni detalles concretos sobre las medicinas que llegarían al país.

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El 25 de mayo, tras el Informe a la Nación de Daniel Noboa, el Ejecutivo aseguró que estaba a pocas semanas de firmar un contrato estatal con India para adquirir entre 40 y 50 tipos de medicinas e insumos médicos sin intermediarios.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, incluso adelantó que el convenio podría concretarse en tres semanas y que los productos llegarían al país entre 30 y 60 días después de la firma. La promesa apuntaba a reducir costos, acelerar compras y beneficiar directamente a miles de pacientes, pero hasta ahora no existe información oficial sobre el avance de ese proceso.

¿Qué pasó con la compra de medicinas de India anunciada por el Gobierno?

EXPRESO solicitó información a la Dirección de Comunicación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AILSC), encargada de gestionar esta compra internacional, así como a su gerente, Stalin Andino, para conocer el estado actual del proceso. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta sobre los avances de la negociación, por lo que se decidió consultar a especialistas en la materia.

Para Luis Andrade, exsubdirector del Sercop, el principal problema no es que la compra aún no se haya concretado, sino la falta de información sobre su avance. “El anunciarlo no es comprar”, advirtió, al señalar que una adquisición internacional requiere cumplir una serie de pasos institucionales antes de que los medicamentos lleguen efectivamente a los pacientes.

Andrade considera que, transcurrido un mes desde el anuncio presidencial, el Gobierno debería transparentar el estado de la negociación. “Sí sería importante que se conozcan detalles sobre este tipo de contratación”, manifestó. A su criterio, la ciudadanía necesita saber si los precios son adecuados, qué controles de calidad tendrán los productos y cuándo se concretará su llegada al país.

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Especialistas cuestionan la falta de transparencia en el proceso

El experto también alertó sobre los riesgos de mantener el proceso bajo reserva. “Eso genera preocupación e incluso podría despertar suspicacia en la ciudadanía”. En ese sentido, insistió en que el Ejecutivo debe informar “en qué parte del proceso estamos, qué nos falta para alcanzar los objetivos y cuándo se materializan dichos objetivos”, señaló.

A diferencia de Andrade, que centró sus observaciones en la transparencia del proceso de contratación, Andrés Corral puso el foco en los desafíos operativos y sanitarios que vendrían después de la compra. El exsubsecretario de Salud advirtió que todavía no existe información pública sobre aspectos esenciales como los fármacos seleccionados, las empresas proveedoras, los precios acordados o los tiempos reales de entrega. “No hay absolutamente nada de información”, cuestionó.

Corral también alertó que la llegada de los medicamentos no garantiza por sí sola una solución al desabastecimiento. Según explicó, las medicinas deberán atravesar procesos de homologación, obtención de registros sanitarios, almacenamiento y distribución especializada. “No es únicamente la compra”, aclaró.

Retrasos podrían agravar el desabastecimiento de medicamentos

Otro punto que destacó el exfuncionario es el riesgo que enfrenta actualmente el sistema de salud si la compra se retrasa más de lo previsto. Recordó que con la creación de la nueva empresa pública, el Ministerio de Salud perdió capacidad directa para adquirir fármacos. Y advirtió que “si no llegan a tiempo los medicamentos de la compra a la India, la situación se va a seguir complicando”.

A su criterio, los pacientes con enfermedades renales, cáncer y otras patologías catastróficas son quienes podrían sufrir las consecuencias más graves de una demora prolongada.

Esteban Ortiz, experto en políticas de salud, señaló que una de las pocas certezas sobre la compra de medicinas a India es que la Comisión de Salud de la Asamblea prevé realizar una verificación técnica del proceso. “Entiendo yo, de buena fuente, que la Comisión de Salud de la Asamblea va a enviar un equipo técnico a revisar y a ver que las plantas farmacéuticas cumplan con todos los requisitos”, dijo.

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Comisión de Salud prevé revisión técnica de la compra internacional

A su criterio, más allá de las negociaciones previas, lo fundamental es que los medicamentos cumplan con los estándares regulatorios exigidos por Ecuador, antes de su distribución.

Sobre la creación de la nueva AILSC, Ortiz considera que la medida podría ser positiva en un contexto de crisis del sistema sanitario. “No creo que la vía tradicional haya dado buenos resultados”, comentó al cuestionar los mecanismos convencionales de contratación pública.

Añadió que la nueva entidad podría agilizar las adquisiciones y reducir costos gracias a compras a gran escala. “Creo que puede funcionar” y “puede ser una buena idea si se la maneja bien”, concluyó.

Lo que debes saber 

• El Municipio de Guayaquil anunció que mantendrá abiertas todas sus dependencias pese a la suspensión laboral decretada por Daniel Noboa.
• La medida marca una diferencia frente al feriado nacional dispuesto para este viernes.
• Conozca cómo funcionarán los trámites y servicios municipales durante la jornada.

El Municipio de Guayaquil informó que este viernes continuará atendiendo con normalidad en todas sus dependencias, pese a la suspensión de la jornada laboral decretada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para los sectores público y privado en todo el país.

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La decisión municipal fue comunicada horas después de que el Gobierno Nacional oficializara un día de descanso mediante el Decreto Ejecutivo 431. La medida presidencial se aplicará a escala nacional y responde a los resultados obtenidos por la selección ecuatoriana de fútbol.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Alcaldía aclaró que la prestación de servicios municipales no se verá afectada durante la jornada y que los ciudadanos podrán realizar sus trámites de forma habitual.

Atención municipal en Guayaquil seguirá con horarios habituales

La administración municipal precisó que la atención al público se desarrollará bajo el esquema regular previsto para un día laborable. Con ello, marcó una diferencia respecto a la disposición emitida por el Ejecutivo para el resto de instituciones públicas.

Además, la entidad buscó dar certeza a quienes tenían previsto acudir a oficinas municipales para realizar gestiones relacionadas con servicios, permisos o trámites administrativos.

Qué establece el decreto de Daniel Noboa

El Decreto Ejecutivo 431 fue firmado este 25 de junio por Daniel Noboa desde Estados Unidos. La normativa suspendió la jornada laboral para el sector público y privado durante este viernes en todo el territorio nacional.

Antes de la publicación oficial del documento, el mandatario ya había adelantado la decisión a través de sus canales de comunicación. El anuncio fue vinculado al desempeño alcanzado por el equipo de fútbol y su cuerpo técnico.

La disposición entró en vigencia de manera inmediata tras la firma presidencial. Además, ordenó a las instituciones públicas reorganizar su personal para garantizar la continuidad de los servicios considerados prioritarios.

Lo que debes saber 

• La CNA intervino tras conocer la separación de estudiantes del internado rotativo en el HCAM.
• El organismo asegura que no existen evidencias de faltas disciplinarias que justifiquen la medida.
• La entidad exige una revisión urgente para las autoridades competentes.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) pidió al Ministerio de Salud Pública revisar la separación de estudiantes del internado rotativo en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), en Quito. La solicitud fue dirigida al director nacional de Fortalecimiento Profesional y Carrera Sanitaria del MSP mediante un oficio fechado el 25 de junio de 2026.

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En el documento, la CNA recordó la vigencia del Acuerdo Interinstitucional MSP-CES-2024-001, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Educación Superior. Según el organismo, este acuerdo establece responsabilidades para la coordinación y seguimiento de los estudiantes que cumplen su internado rotativo.

La entidad señaló que recibió información sobre la separación de varios estudiantes del HCAM durante los últimos días. A partir de esos antecedentes, manifestó su preocupación por la medida y solicitó una intervención para atender el caso.

CNA cuestiona la separación de estudiantes del HCAM

La Comisión Nacional Anticorrupción indicó que la Dirección Nacional de Fortalecimiento Profesional y Carrera Sanitaria tiene competencias relacionadas con la coordinación asistencial docente dentro del sistema de salud. Por ello, consideró que corresponde analizar la situación reportada en el hospital quiteño.

En el oficio, la organización sostuvo que la medida aplicada contra los estudiantes debe ser revisada con prontitud. Además, afirmó que la permanencia de los jóvenes en el internado es un asunto que requiere una respuesta institucional inmediata.

“No existen razones para la exclusión de estos jóvenes del internado rotativo”, señaló la CNA en el documento remitido al funcionario del Ministerio de Salud.

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CNA afirma que no hay evidencias de faltas disciplinarias

Según expuso la CNA, la información recibida apunta a que no se han configurado faltas disciplinarias ni problemas de conducta que justifiquen una exclusión.

“Existen evidencias que demuestran la inexistencia de faltas disciplinarias o comportamientos inadecuados en sus actividades intrahospitalarias y académicas”, indicó la entidad.

El organismo también enfatizó que la autoridad competente tiene la obligación de actuar frente a lo ocurrido. En ese sentido, pidió corregir lo que calificó como una situación que afecta a los estudiantes involucrados y que debe ser resuelta a la brevedad.

¿Qué dice el acuerdo entre el MSP y el CES?

La CNA recordó que el acuerdo vigente entre el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Educación Superior establece mecanismos de coordinación para la formación práctica de estudiantes en establecimientos de salud. Entre sus objetivos figura la implementación y seguimiento de los programas de internado rotativo.

De acuerdo con el documento, la Dirección Nacional de Fortalecimiento Profesional y Carrera Sanitaria preside el Comité de Coordinación Asistencial Docente. Esa instancia tiene facultades para intervenir en situaciones que involucren a estudiantes dentro de las unidades asistenciales docentes.

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¿Hay feriado este viernes 25 de junio? Esto dijo Daniel Noboa

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Feriado no recuperable 

El documento, suscrito por el mandatario desde Estados Unidos, establece normativas directas sobre el carácter del día libre y la operatividad de los servicios estratégicos del país. Previo a la oficialización de la medida, el jefe de Estado anticipó la decisión a través de sus canales de comunicación, adjudicando la paralización al desempeño del plantel deportivo y el cuerpo técnico.

La disposición presidencial entró en vigencia de forma inmediata tras su firma, obligando a las autoridades de todas las instituciones públicas a reorganizar su contingente para evitar la paralización de las demandas prioritarias de la colectividad.

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Feriado en Ecuador 

El anticipo de esta disposición la dio el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X, y llega luego del desempeño del equipo y el cuerpo técnico, quienes revirtieron los malos resultados y los cuestionamientos ciudadanos recientes. La confirmación gubernamental de este día libre responde a la conmoción social y las celebraciones masivas que ya alteran la movilidad en diversas arterias viales del país.

Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia de la República no ha publicado el decreto oficial con las normativas técnicas de la paralización. Sin embargo, desde los grupos de chat de la Presidencia confirmaron que se está preparando el decreto. Este definirá si el feriado es recuperable o no.

Una vez que el documento sea despachado, se establecerán los lineamientos para la recuperación de la jornada, un proceso que administrativamente recae de forma obligatoria sobre los funcionarios públicos. Por su parte, el sector privado tendrá la facultad de acogerse a esta compensación mediante acuerdos internos entre empleadores y trabajadores, tal como estipula la ley en jornadas excepcionales.

Lo que debes saber

• Existen dudas entre el patrimonio declarado de Luis Alvarado Campi, propietario de Galamedios, y la compra de una radio y un portal digital financiada mediante préstamos y acuerdos confidenciales.
• El secretario de la Administración, José Neira, exige transparencia a medios como EXPRESO y Ecuavisa mientras no esclarece el origen del financiamiento de Galamedios.
• El Gobierno combina ataques contra medios independientes con el fortalecimiento de medios afines, en el contexto de la cobertura del caso Progen y la disputa por el control del relato público.

El secretario de la Administración, José Neira, salió esta semana en la plataforma de contenidos digitales Altavoz, anexa a la Secretaría de Inteligencia, para exigir que Diario EXPRESO y el canal de televisión Ecuavisa hagan públicas sus fuentes de ingresos. Y sugirió maledicencias con las que insidiosamente pretendió escandalizar a la opinión pública. 

Te invitamos a leer: Galamedios: correísmo pide a la 'Supercías' inspeccionar la empresa de Alvarado Campi

Mientras tanto, la empresa Galamedios, que montó el legislador oficialista Luis Alvarado Campi con el fin de comprar La Posta y Radio Centro para uso del gobierno, esconde su estructura financiera tras “acuerdos de confidencialidad” sobre los que el secretario Neira no se hace preguntas, lo cual no tiene nada de raro porque es obvio que él conoce perfectamente las respuestas: lo que debería hacer es transparentarlas.

Es curioso que los estados financieros de Galamedios correspondientes al ejercicio fiscal de 2025, recién presentados ante la Superintendencia de Compañías y revelados ayer por este Diario, no hayan levantado ninguna alarma en los organismos de control. La verdad es que deberían activarlas todas. Y deberían hacerlo porque lo de Alvarado Campi, dueño de la totalidad de acciones de esa empresa, es el caso de testaferrismo más descarado del que se tenga noticia reciente, encubierto por opacos procedimientos financieros.

La historia es conocida: un asambleísta alterno que registra, en su declaración de bienes ante Contraloría, haberes por 69 mil dólares (incluida su casa, que a esos precios no podría ser más que una mediagua) y, sin embargo, termina comprando dos medios de comunicación por un total de 2,6 millones. Ahora sabemos que, seis meses después de constituir su empresa (eso ocurrió el 2 de julio de 2025), con una capital de 50 mil dólares, equivalente a las tres cuartas partes de sus bienes (¿hipotecó la mediagua?), Galamedios presentó una estructura financiera respaldada por millones de dólares en obligaciones.

En la compra de Holdingvisión, propietaria del 80 por ciento de Radio Centro, y Levascan, dueña de la Posta, Galamedios invirtió 2,6 milllones de dólares. Y 2,57 millones es el total de sus pasivos. Es decir: su deuda es 51 veces mayor a su capital. ¿Qué financista en sus cabales considera a semejante muerto de hambre como sujeto de crédito? Sobre todo si se toma en cuenta que, de esos 2,57 milones en pasivos, 1,5 millones corresponden a préstamos sin interés. ¡Sin interés! ¿Préstamos de quién? 

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Fundamedios advierte deterioro del periodismo en Ecuador: presión legal, violencia y crisis laboral

Rosero Mariela

Imposible saberlo: los acuerdos están sujetos a confidencialidad estricta. Con respecto al millón restante, que ya fue pagado a La Posta y Radio Centro, tampoco hay manera de precisar su origen. Sólo sabemos que Galamedios registra ingresos por 505 mil dólares por concepto de asesorías a no se sabe quién ni en qué materia. 505 mil dólares de ingresos por asesorías el mismo año de su constitución. Asesorías, a pesar de que su razón social consiste en la producción, edición y venta de contenidos informativos.

Una ilegalidad tras otra; una opacidad sobre otra. El hombre que suscribe los balances de Galamedios entregados a la Superintendencia de Compañías es el representante legal de la empresa, Eduardo Guivernau Escobedo, persona de confianza del grupo Noboa y suegro de la legisladora oficialista y presidenta de la Asamblea Nacional Michelle Mancheno. Es decir: no hay aquí ni siquiera el mínimo escrúpulo por disimular. Esto es de frente.

Neira exige a EXPRESO y Ecuavisa, pero no a Galamedios

No disimula tampoco el secretario Neira. Exige a Diario EXPRESO y Ecuavisa revelar sus fuentes de financiamiento, como si los ingresos de ambos medios no fueran debidamente declarados ni estuvieran sujetos al control de las autoridades respectivas. Con semejantes cadáveres en su armario, Neira arremete contra ellos, acusándolos de recibir dinero sucio (no dice de quién, no dice cómo, no dice cuánto, no muestra prueba alguna, en resumen: no tiene nada que no sea su maledicencia) para crear lo que él llama “una narrativa” sobre el caso Progen. 

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Es obvio por qué: contra la versión oficial difundida por Neira, según la cual el caso Progen se resuelve en los niveles medios de las empresas eléctricas, EXPRESO y Ecuavisa, junto a un puñado de periodistas digitales, han demostrado la participación de los altos mandos del ministerio de Energía y la Presidencia de la República: Roberto Luque, Inés Manzano, Arturo Félix Wong… Y eso no lo pueden tolerar.

Lo del secretario Neira es guerra sucia. En el aparato de propaganda y desinformación que ha montado el gobierno de Daniel Noboa y que nada tiene que envidiar, por sus efectos en la conversación nacional, a aquel otro que funcionó durante los tiempos del correato, acanallar a los medios legítimos que practican periodismo independiente resulta tan importante como mantener pseudoperiodistas asalariados en medios comprados con opacos procedimientos financieros como los de Galamedios. Cuando ambas estrategias se juntan, como ha ocurrido esta semana, todo el entramado se desmorona por su clara, evidente, repugnante inmoralidad.

Lo que debes saber

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• Evento del 6 junio en Arenillas motiva denuncia contra Macas y Perero por proselitismo fuera de plazo
  
  
• Denunciante pide al TCE investigar actos en El Oro por posible infracción electoral rumbo a 2027
  
  

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia por presunta infracción electoral contra el alcalde de Machala, Darío Macas, en un caso que lo coloca bajo análisis judicial por supuestos actos de campaña anticipada en la provincia de El Oro.

La causa fue presentada el 15 de junio de 2026 e incluye también al médico Jesús Perero Luna, quien fue mencionado como posible aspirante a una dignidad local.

Origen del caso

La denuncia se sustena en un evento político realizado el 6 de junio en el cantón Arenillas, donde, según el denunciante, se habrían emitido mensajes con contenido proselitista fuera del período electoral autorizado.

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Durante ese acto, el alcalde de Machala pronunció declaraciones públicas vinculadas al futuro político de la provincia, mientras que Perero habría mencionado nombres de personas que podrían participar como candidatos en próximos comicios.

Estos hechos son objeto de análisis dentro del proceso, ya que la legislación electoral ecuatoriana prohíbe la realización de campaña o precampaña fuera de los plazos establecidos por la autoridad electoral.

Denunciante y contexto político

La acción fue impulsada por Gilberto Colón Preciado, ex candidato a la Prefectura de El Oro en las elecciones de 2023, quien ha manifestado su intención de volver a participar en la política provincial.

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El caso se enmarca en un escenario de alta competencia política en la provincia, donde ya se perfilan posibles actores de cara a los comicios seccionales de 2027.

Desde el entorno del alcalde Macas se han rechazado los señalamientos y se los ha interpretado como parte de una disputa política. Según esta versión, la denuncia tendría como objetivo debilitar la imagen de la autoridad municipal, quien llegó al cargo con el respaldo de la Revolución Ciudadana.

Con la admisión a trámite, el TCE inicia el análisis formal de la denuncia, lo que implica la revisión de pruebas, argumentos y eventuales descargos por parte de los señalados.

El proceso continuará con la sustanciación en la instancia electoral, donde se evaluará si los hechos denunciados constituyen una infracción al Código de la Democracia. En caso de confirmarse, podrían aplicarse sanciones que incluyen multas, suspensiones de derechos políticos o medidas administrativas.

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Un caso en fase preliminar

La causa se encuentra en una etapa inicial, en la que el órgano de justicia electoral deberá determinar si existieron o no actos de proselitismo anticipado y si estos vulneraron las normas que regulan la participación política en período no electoral.

El resultado del proceso podría tener implicaciones en el escenario político local, particularmente en un contexto en el que se empiezan a configurar posibles candidaturas para 2027, mientras el TCE avanza en la verificación de los hechos denunciados.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa se reunió en EE. UU. con Kristi Noem para fortalecer el programa Escudo de las Américas.
• Ecuador recibirá asistencia internacional para combatir el crimen organizado bajo el Decreto Ejecutivo 424.
• El encuentro en Nueva York el 25 de junio de 2026 priorizó la cooperación en seguridad nacional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició su agenda oficial en Nueva York, Estados Unidos, este jueves 25 de junio de 2026, manteniendo una reunión de alto nivel con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas. El encuentro estratégico se centró en la cooperación internacional en seguridad, el fortalecimiento de programas conjuntos y la implementación de mecanismos de apoyo militar y policial para neutralizar las amenazas de los grupos delictivos y combatir el crimen organizado en territorio ecuatoriano.

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Cooperación estratégica y el Escudo de las Américas

Durante la cita bilateral, las autoridades analizaron a fondo los planes de apoyo mutuo con aliados internacionales. El eje central de la conversación fue la evolución del programa Escudo de las Américas, una iniciativa clave para blindar las fronteras y optimizar el intercambio de inteligencia contra los delitos transnacionales.

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Daniel Noboa y Kristi Noem delinearon las prioridades operativas bajo el amparo de la legislación ecuatoriana reciente, asegurando que la asistencia técnica y los recursos internacionales se ejecuten de manera inmediata en las zonas más críticas de Ecuador.

Las facultades especiales del Decreto Ejecutivo 424

Un punto fundamental del diálogo fue la aplicación de las herramientas jurídicas dictadas por el Gobierno de Ecuador. Específicamente, se revisaron las ventajas operativas derivadas del Decreto Ejecutivo Nro. 424, suscrito el pasado 18 de junio de 2026.

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Este instrumento legal es la pieza jurídica que habilita y facilita la recepción de la asistencia internacional. Los puntos clave analizados sobre este decreto incluyen:

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Con estos acuerdos logrados en Estados Unidos, el Gobierno Nacional ratifica su política de apertura institucional y su postura de trabajar de la mano con la comunidad internacional para devolver la paz a la ciudadanía.

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El futuro del alcalde de Guayaquil

Este procedimiento administrativo se sustenta en los términos previstos en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La convocatoria oficial fue suscrita este jueves 25 de junio por Jaime Tejada Franco, secretario del cabildo. El documento que debatirá el pleno edilicio recoge las actuaciones ejecutadas durante los cinco días de sustanciación a cargo de la comisión designada. 

El avance de esta causa ocurre pese a que el denunciante, el abogado Hugo Córdova, ingresó previamente una solicitud de desistimiento.

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Frente a esta figura legal, la dependencia municipal determinó continuar el análisis jurídico amparándose en la aplicación supletoria del artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En consecuencia, el trámite se mantuvo hasta su etapa de conclusión para que los concejales fundamenten su voto y emitan un dictamen definitivo sobre el administrador cantonal.

Lo que debes saber

• Karla Arellano es la precandidata de Unidad Popular para la Alcaldía de Guayaquil en las seccionales de 2026.
• Juan Cervantes fue nominado como precandidato de la Lista 2 para la Prefectura del Guayas.
• Las primarias de los partidos políticos para las seccionales serán hasta el 18 de julio de 2026.

Unidad Popular nominó a Karla Arellano como su precandidata a la Alcaldía de Guayaquil para las seccionales de 2026. Arellano es parte de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y directora del partido en la provincia.

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Unidad Popular realizó sus primarias en Guayas

Arellano fue nominada a la Alcaldía durante el proceso de primarias de Unidad Popular en Guayas, realizado este 25 de junio de 2026. Alonso López, coordinador nacional del partido, señaló que Arellano representa una precandidatura que puede "cambiar el rumbo" de la ciudad.

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Arellano, por su lado, destacó durante el evento de primarias de Unidad Popular que el Municipio de Guayaquil "debe ser para el pueblo" y ser un actor que ayude a reducir la brecha de pobreza en la ciudad.

Juan Cervantes es el precandidato para la Prefectura

En las primarias del partido también se nominó a Juan Cervantes como precandidato a la Prefectura del Guayas. El también presidente del Frente Popular ya fue candidato al gobierno provincial en las elecciones seccionales de 2023, donde obtuvo menos del 2 % de la votación.

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"Hay que unir al pueblo para rescatar el gobierno provincial y ponerlo al servicio del pueblo guayasense para impulsar las obras", dijo Cervantes durante las primarias de Unidad Popular en Guayas.

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Los procesos de democracia interna para las seccionales de 2026 iniciaron el 18 de junio de 2026. Según el calendario electoral del CNE, las primarias de las organizaciones políticas serán hasta el 18 de julio de 2026. En ese mismo periodo será el registro de alianzas.

Política

La Comisión de Fiscalización decidirá futuro del juicio político contra Manzano en sesión virtual

Daniel Alejandro Romero Páez

Durante la sesión 103 de la Asamblea Nacional, realizada el 24 de junio de 2026, el debate evidenció una profunda división entre quienes defendieron la reforma como una medida técnica para garantizar la sostenibilidad del sistema y quienes la denunciaron como un retroceso en los derechos de los militares, especialmente de la tropa.

El asambleísta Enner Recalde, presidente de la comisión y Christopher Jaramillo (ADN) sostuvieron que el proyecto no responde a una coyuntura específica, sino a un mandato de la Corte Constitucional, contenido en una sentencia de octubre de 2016, que exige una normativa con sustento técnico y actuarial.

Los asambleístas del oficialismo señalaron que el proyecto tiene como objetivo garantizar la viabilidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) a largo plazo, con una proyección de 50 años, mediante estudios técnicos actualizados realizados entre 2020 y 2023.

¿Cuál fue la posición del correísmo?

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), como Ricardo Patiño, Patricia Núñez y Humberto Alvarado, centraron sus críticas en lo que consideran una "regresión de derechos".

Denunciaron que el tiempo requerido para la jubilación aumentaría de 20 a 25 o 26 años, afectando las expectativas de retiro de quienes ya forman parte de la carrera militar. 

También aseguraron que la base reguladora para la pensión se reduciría del 88 % al 85 % o incluso al 80 %, lo que implicaría trabajar más años para recibir una pensión menor.

Ecuador

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Entre otras reformas, la iniciativa incluye cambios en el gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), incorporando recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, con énfasis en la mejora de la gobernanza institucional, la profesionalización de la gestión técnica y un mayor control y transparencia en las inversiones y la administración de fondos.

Una vez que el texto regresó a la Comisión del Derecho al Trabajo, la mesa deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate. El oficialismo necesita 77 votos para aprobar la ley.

Política

Asamblea abrió dos frentes por caso Progen y todo queda en manos de Comisión de Fiscalización

Daniel Alejandro Romero Páez

El presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), convocó a los 10 asambleístas que integran la mesa para las 14:00, nuevamente de forma virtual. 

Cabe recordar que la última vez que esa comisión se reunió, a propósito de otra solicitud de juicio político contra la misma exfuncionaria, la sesión también se realizó de manera virtual. En esa ocasión, ADN se abstuvo y con ello bloqueó la moción para que el proceso fuera calificado.

Después de que la solicitud de juicio político relacionada con el caso Progen quedó sin una resolución en la Comisión de Fiscalización, tres asambleístas de la Revolución Ciudadana, entre ellos Mónica Palacios y Blasco Luna, presentaron un nuevo pedido.

¿Por qué el correísmo busca el juicio contra Manzano?

Esta vez lo hicieron por un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el contrato entre Celec y la empresa Austral Technical Management (ATM).

Sobre esa solicitud, la Unidad Técnica Legislativa remitió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) un informe en el que determinó que se cumplían los requisitos establecidos para continuar con el trámite.

Esto motivó el voto unánime de los integrantes del CAL para dar paso a la solicitud y remitirla a la Comisión de Fiscalización, con el fin de que continúe el procedimiento correspondiente. Cabe recordar que el CAL verifica únicamente los requisitos de forma del pedido.

La Comisión de Fiscalización tendrá la facultad de calificar la solicitud o archivarla. Sin embargo, si no existen los votos suficientes para ninguna de las dos opciones, el tema podría llegar al Pleno para una definición.

Este 25 de junio de 2026, el jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, se refirió tanto a este juicio político como al proceso de fiscalización sobre el caso Progen que fue aprobado por el Pleno la tarde del 24 de junio de 2026.

Sobre una eventual convocatoria al exministro de Energía Roberto Luque, Torres dijo: “Entiendo que el ministro Luque ha querido participar. Siempre ha estado dispuesto a participar”, indicó.

Además, respecto de la exministra Inés Manzano, el jefe de la bancada oficialista señaló: “Entiendo, por versiones del entorno de la exsecretaria Manzano, que también quiere participar y hablar en la Asamblea. Es decir, aquí no hay temor alguno”.

Lo que debes saber

• TCE archivó denuncia electoral contra Luisa González y Andrés Arauz por cuentas de 2023.
• Líderes de Revolución Ciudadana completaron el pago de multa de 18.000 dólares al CNE.
• Luisa González aspira a la Prefectura de Manabí pese a suspensión de su partido.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso el archivo de la denuncia electoral contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, tras verificar el cumplimiento de la sentencia dictada por la no presentación de las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.

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El detalle del pago de la multa al CNE

En su auto de sustanciación, el juez electoral Guillermo Ortega señaló que se constató que Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina Freire completaron el pago de la multa de 18.000 dólares impuesta en las cuentas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Según señaló el magistrado, en un memorando del 15 de junio de 2026, el ejecutor de coactivas del organismo electoral constató que los implicados depositaron el 5 de junio de 2026 los últimos 6.000 dólares de la sanción. Con ello, se certificó que se pagó la totalidad de la penalización económica y el juez Ortega dispuso que se archive la causa de forma definitiva.

Claves del cumplimiento de la sentencia:

Antecedentes de la infracción electoral 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la denuncia por la infracción electoral cometida al omitir los reportes financieros de la campaña presidencial de 2023. En primera instancia, el juez Ortega declaró culpables a González, Arauz y Molina.

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Por otro lado, la autoridad negó la acusación contra Santiago Díaz Asque por considerar que no era responsable del manejo económico. De forma paralela a este caso, Díaz Asque enfrentaba un proceso penal por violación a una menor de edad en el que terminó siendo sentenciado por la justicia ordinaria.

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El futuro político de Luisa González en la seccionales

El cumplimiento de la sentencia ocurre en el marco de la organización de las elecciones seccionales. La dirigente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció su intención de ser candidata a la Prefectura de Manabí en las seccionales de 2026. Este escenario político se desarrolla mientras su organización política permanece suspendida temporalmente debido al denominado caso Caja Chica.

Lo que debes saber

• El TCE declaró cumplida la sentencia de 2022 contra Jorge Yunda por infracción electoral en Quito.
• El juez Ángel Torres ratificó el pago de multa y la restitución de derechos de participación.
• Jorge Yunda queda habilitado para postularse como candidato a alcalde de Quito en noviembre de 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio por cumplida la totalidad de la sentencia dictada en 2022 contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por una infracción electoral. Con esta resolución, emitida este 24 de junio de 2026 por el juez Ángel Torres, el político recupera plenamente sus derechos de participación y queda legalmente habilitado para inscribir su candidatura a la Alcaldía de Quito en las próximas elecciones seccionales de Ecuador.

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Yunda denuncia cambio de lugar de votación a Guayaquil para los comicios seccionales

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Jorge Yunda y su posible postulación en las seccionales de 2026

La decisión judicial se suscita justo antes del inicio de la fase de inscripción de candidaturas y en medio de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas del país. Jorge Yunda ya ha manifestado públicamente su intención de postularse nuevamente para liderar el Municipio de Quito en los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026.

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El exalcalde ya había recuperado sus derechos políticos en septiembre de 2025, luego de que concluyeran los dos años de suspensión fijados por el organismo electoral. Sin embargo, este último dictamen del magistrado Torres cierra definitivamente el expediente al ratificar que se completaron todas las obligaciones legales impuestas en la segunda instancia.

Detalles de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral

El dictamen judicial abarca la ejecución de todas las medidas restrictivas y económicas que formaban parte del castigo original. A continuación, se detallan los componentes clave que el TCE revisó para declarar el cumplimiento íntegro de la sentencia:

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Lo que debe saber

• El CAL dio paso al cuarto pedido de juicio político presentado por el correísmo en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. 
• ADN quiere fiscalizar la ruta del dinero en el caso Progen con la información que llegó desde EE.UU.
• Ambos procesos se tramitarán en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en donde ADN tiene mayoría. 

En la Asamblea Nacional se abrieron dos frentes para indagar nuevamente el caso Progen. Cada uno está impulsado por las dos fuerzas políticas con mayor número de asambleístas. Sin embargo, todo dependerá de la decisión del oficialismo y sus aliados, que cuentan con los votos suficientes para inclinar cualquier resolución.

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"Una cosa es cacarear y otra tomar acción": Así defendió Torres la fiscalización en caso Progen

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con mayoría de ADN, dio paso a la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. 

El correísmo busca su interpelación al acusarla de incumplimiento de funciones derivado del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Austral Technical Management (ATM) para la provisión de generadores de energía.

“La decisión del CAL se adoptó tras conocer el informe técnico-jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos, por parte de la Unidad Técnica Legislativa”, informó la Asamblea Nacional en un comunicado.

La reunión de esa instancia de decisión del Legislativo tuvo lugar el 24 de junio de 2026. Además, la resolución se aprobó por unanimidad de los presentes. Integran el CAL cuatro asambleístas de ADN y tres de sus aliados: Carmen Tiupul (ex Pachakutik), Samuel Celleri (ex PSC) y Mónica Salazar (ex Revolución Ciudadana).

Tras esa decisión, el proceso pasa a la Comisión de Fiscalización, que deberá calificar o archivar la solicitud. Según el jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, está previsto que la mesa se reúna el 26 de junio de 2026.

La también oficialista Diana Jácome señaló este 25 de junio de 2026 que el proceso debe cumplir todos los requisitos y que el CAL dispone de tres días para remitir el expediente a la comisión. También mencionó que dicha mesa tiene un plazo de cinco días para avocar conocimiento y definir el futuro de la solicitud.

ADN apuesta por un nuevo proceso de fiscalización

Por su parte, el oficialismo impulsa un nuevo proceso para que la Comisión de Fiscalización indague sobre la ruta de los fondos entregados por Progen a personas naturales y jurídicas.

La mañana de este 25 de junio de 2026, Torres explicó que decidieron esperar contar con más información antes de iniciar la fiscalización.

“Esperar la cooperación internacional que se ha dado para descubrir las más de 700 transferencias que se hicieron desde las cuentas de Progen a muchos muchos beneficiarios, personas naturales, abogados que han recibido han recibido directamente cantidades impresionantes”, señaló Torres en una entrevista con Teleamazonas.

La resolución aprobada por el Pleno otorga 30 días a la Comisión de Fiscalización para presentar un informe sobre los hallazgos. Es decir, los dos procesos clave relacionados con el caso Progen se definirán en una mesa donde el oficialismo mantiene la mayoría.

Lo que debes saber

• El CNE recibirá hasta la tarde de este 25 de junio de 2026 las postulaciones al CPCCS.
• Los candidatos inscritos podrán ser impugnados por la ciudadanía por presunto incumplimiento de requisitos.
• La lista definitiva de candidatos al Consejo de Participación se conocerá en septiembre de 2026.

Este jueves 25 de junio de 2026 es el último día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibirá postulaciones para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El CNE ha habilitado facilidades para que las personas interesadas puedan presentar su candidatura.

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Horario y lugar para presentar postulación al CPCCS

De acuerdo con la convocatoria del CNE, las postulaciones para consejero del CPCCS se recibirán hasta las 18:00 de este 25 de junio de 2026. Las candidaturas deberán presentarse de forma física en la Secretaría General del CNE, en Quito; en las secretarías de las delegaciones provinciales; o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

Requisitos para postular a consejero de Participación

Prohibiciones para integrar el CPCCS

Candidatos podrán ser impugnados por la ciudadanía

Luego de la presentación de las postulaciones, el calendario electoral establece que entre el 29 y el 30 de junio se difundirá el listado de postulantes en la página web del CNE para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones por el incumplimiento de alguno de los requisitos o por estar inmersos en alguna de las prohibiciones establecidas.

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Lista final de candidatos se conocerá en septiembre

La comisión verificadora elaborará un informe con las pruebas de cargo y de descargo para resolver las impugnaciones. Posteriormente, el documento será remitido al Pleno del CNE para su conocimiento y resolución. La decisión del órgano electoral podrá ser impugnada por los postulantes que se consideren afectados. La lista definitiva de postulantes al CPCCS se publicará el 24 de septiembre de 2026.

La elección del nuevo CPCCS se realizará el 29 de noviembre de 2026, junto con la elección de nuevas autoridades locales. Los consejeros electos cumplirán el periodo 2027-2031 y asumirán los concursos que permanecen pendientes, como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Lo que debe saber

• El caso Progen se fiscalizará una vez más en la Asamblea después de una resolución impulsada por ADN.
• El jefe de la bancada oficialista Esteban Torres arremetió contra el correísmo por su posición en el Pleno frente a la indagación de la ruta del dinero entregado.
• Torres no descartó que el ministro Roberto Luque y la exministra Inés Manzano acudan a la Asamblea. 

El jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, defendió el nuevo proceso de fiscalización que iniciará la Asamblea a propósito del caso Progen. Aseguró que el ministro Roberto Luque y la exministra Inés Manzano se han mostrado dispuestos a asistir al Legislativo y arremetió contra el correísmo por su posición en el Pleno.

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Torres se refirió a la demora en este proceso de fiscalización. “Quisimos tener los datos. Esperar la cooperación internacional que se ha dado para descubrir las más de 700 transferencias que se hicieron desde las cuentas de Progen a muchos muchos beneficiarios, personas naturales, abogados que han recibido han recibido directamente cantidades impresionantes”, señaló.

La tarde del 24 de junio de 2026, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que la Comisión de Fiscalización indague sobre la ruta de los fondos entregados por Progen a personas naturales y jurídicas.

La decisión del oficialismo ocurrió después de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, presentara los resultados de las indagaciones realizadas en Estados Unidos.

Torres, en entrevista con Teleamazonas, fue consultado sobre si este proceso también se encaminará a señalar a las personas que autorizaron los pagos. 

En ese punto, el también primer vicepresidente de la Asamblea evitó referirse directamente a ministros del gobierno de Daniel Noboa. “Es que ahí están muchos responsables que todavía no se conocen, por ejemplo, ¿por qué los administradores de los contratos no están en el proceso penal? ¿Qué ha pasado con las empresas verificadoras? Que además se prestaron para este sainete para que le lleguen al Ecuador estos motores que no servían”, mencionó.

Sobre el ministro Luque, Torres dijo: “Entiendo que el ministro Luque ha querido participar. Siempre ha estado dispuesto a participar”, indicó.

Además, sobre la exministra Inés Manzano, el jefe de la bancada oficialista mencionó: “Entiendo, por versiones del entorno de la exsecretaria Manzano, que también quiere participar y hablar en la Asamblea. Es decir, aquí no hay temor alguno”.

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Un mensaje sobre la posición del correísmo

Durante el debate, el bloque de la Revolución Ciudadana centró sus críticas en que la Asamblea se concentre únicamente en la ruta del dinero y no en identificar a los responsables políticos del fallido contrato con Progen.

Según Torres, esa es una actitud que llama la atención. Dijo que el correísmo no ha presentado un solo documento ante la Fiscalía. “Una cosa es cacarear, una cosa es alzar la voz y otra muy distinta es tomar acción y hablar con documentos”, indicó.