Lo que debes saber

• El juicio político contra Inés Manzano incorpora nuevas pruebas sobre contratos de Celec EP.
• Los legisladores cuestionan presuntos acuerdos con Progen y ATM durante la crisis energética.
• La audiencia tuvo un cruce entre Mónica Palacios y Ferdinan Álvarez por las acusaciones de falta de atención de Inés Manzano durante el proceso.

Los asambleístas que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, incorporaron como segunda prueba documental el informe de minoría elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Los legisladores sostuvieron que ese documento complementa las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y respalda los cuestionamientos a la gestión de la exfuncionaria.

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Nuevas pruebas apuntan a los contratos de Celec EP

El legislador de la Revolución Ciudadana Blasco Luna afirmó que el informe de minoría recoge los intentos de la Comisión de Transparencia por convocar a los ministros involucrados para que explicaran las presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones. Sin embargo, aseguró que esas comparecencias no prosperaron por falta de voluntad política, lo que, a su criterio, limitó el alcance de ese proceso de fiscalización.

Luna también mencionó un audio atribuido al exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, difundido previamente por un medio de comunicación, en junio de 2026, en el que presuntamente se habría recomendado que la comparecencia ante la Comisión se desarrollara de manera "muy superficial". Según el legislador, ese contenido será incorporado como prueba audiovisual para sustentar la presunta interferencia en las labores de control político.

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios señaló que el informe de minoría transcribe la comparecencia de Calero, ante la Comisión de Transparencia. Afirmó que el exfuncionario se limitó a explicar aspectos técnicos de la crisis energética de 2024, pero no respondió las inquietudes relacionadas con los contratos de Progen y ATM, que motivaron su convocatoria.

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Un cruce por la atención de Manzano marca la audiencia

Durante la exposición de Palacios se produjo un intercambio con el titular de la Comisión de Fiscalización y asambleísta oficialista, Ferdinan Álvarez, luego de que la legisladora asegurara que la exministra parecía no prestar atención al desarrollo del juicio político e incluso afirmara que se habría quedado dormida durante la sesión virtual. La asambleísta cuestionó que la exfuncionaria utilizara audífonos y aseguró que no estaba siguiendo los argumentos presentados por los proponentes del proceso.

Álvarez rechazó esas afirmaciones y pidió a la legisladora ceñirse a las pruebas documentales incorporadas al expediente. El legislador sostuvo que observaba a la exministra conectada y despierta durante la sesión, descartó que existieran elementos para afirmar que estuviera dormida.

Tras la intervención del presidente de la Comisión, Palacios insistió en que el audio atribuido a Calero demostraría que Manzano conocía las dificultades del contrato con ATM. La legisladora sostuvo que ese elemento contradice la versión de la exministra sobre su desconocimiento de las irregularidades y reiteró que, por ese motivo, debe responder políticamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que debes saber

• Los legisladores atribuyen a Inés Manzano omisiones en la supervisión del contrato con ATM.
• La Contraloría identificó deficiencias técnicas, administrativas y ambientales en el proyecto.
• El juicio político continuará con el análisis de pruebas en la Comisión de Fiscalización.

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas. Los legisladores sostuvieron que las observaciones del organismo de control evidencian incumplimientos en la supervisión, el control y el seguimiento de la contratación.

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Cuestionamientos al control del contrato

El legislador del movimiento Revolución Ciudadana, Blasco Luna afirmó que la responsabilidad política de Manzano se configuró durante el tiempo en que ejerció como máxima autoridad del sector eléctrico, entre octubre de 2024 y abril de 2026. A su criterio, la exministra no activó mecanismos efectivos para prevenir las irregularidades pese a que ya existían alertas sobre la ejecución del contrato y el riesgo para los recursos públicos.

Luna también cuestionó que, según su interpretación, Manzano conocía el informe de la Contraloría desde julio de 2025 y no emprendió acciones inmediatas contra la empresa Austral Technical Management (ATM). Agregó que la falta de decisiones oportunas habría impedido ejecutar el cobro de garantías por alrededor de $ 23 millones y permitió que el contratista continuara con el proyecto pese a los incumplimientos.

Por su parte, el asambleísta Lenín Barreto citó el informe de la Contraloría para señalar presuntas falencias técnicas en la ejecución del contrato. Mencionó la ausencia de cronogramas adecuados, deficiencias en la planificación del personal, falta de planos y diagramas técnicos, así como un control insuficiente sobre los materiales requeridos para la obra.

Barreto también sostuvo que el examen especial identificó que el proyecto avanzó sin contar con todos los permisos de construcción y ambientales requeridos. Según expuso, las observaciones evidencian que no se atendieron oportunamente las advertencias relacionadas con la regularización ambiental y la mitigación de impactos durante la administración de Manzano.

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Generadores y supervisión bajo la lupa

En su intervención, la asambleísta Mónica Palacios aseguró que, según el informe de la Contraloría, los generadores ofertados por ATM eran de 2017, pese a que el proceso de contratación exigía equipos con una antigüedad máxima de cuatro años. Además, afirmó que la empresa no presentó las garantías del fabricante y cuestionó que parte de las verificaciones técnicas se realizara mediante videollamadas, en lugar de inspecciones físicas.

Palacios sostuvo que la responsabilidad política atribuida a la exministra no se relaciona con la firma del contrato, sino con la fase de ejecución, supervisión y control del proyecto. La legisladora afirmó que Manzano ya conocía las presuntas deficiencias técnicas y contractuales, pero, según la acusación, no adoptó las medidas necesarias para proteger los recursos públicos ni garantizar el cumplimiento del contrato.

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Conformación de la nueva alianza: "Despierta"

Luzárraga decidió separarse del PSE debido a que, en la provincia del Guayas, los socialistas comprometieron su apoyo al movimiento Amigo (agrupación que alberga al correísmo), según cuenta, a espaldas de ella. 

Esta nueva plataforma electoral, integrada por Unidad Popular, Pachakutik y Futuro 20, descartó previamente cualquier negociación con dicha agrupación.

El enojo del correísmo 

La reconfiguración administrativa de la candidatura generó reacciones inmediatas. El expresidente Rafael Correa calificó públicamente la alianza con Futuro 20 como una "inconsecuencia". Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, tildó a la abogada de "candidata chimbadora" y cuestionó la ruptura de los diálogos de las facciones de izquierda.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños", detalló Luzárraga en sus canales oficiales, ratificando su hoja de ruta electoral y rechazando los condicionamientos impuestos por agrupaciones externas para definir la papeleta cantonal.

Sindicalista del IESS provoca roce entre José Julio Neira y el asambleísta Adrián Castro

• José Julio Neira y Adrián Castro se enfrentaron por el caso de Rosa Argudo.
• El secretario Neira aclaró que el pago a la sindicalista responde a una sentencia judicial.
• El IESS deberá pagar un total de 47.915 dólares tras confirmarse el despido ineficaz.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y el asambleísta del movimiento ADN, Adrián Castro, protagonizaron este martes 14 de julio de 2026 un tenso roce en la red social X. La disputa digital ocurrió tras las denuncias de Castro sobre la sindicalista del IESS, Rosa Argudo, quien es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario aclaró al legislador oficialista que los montos económicos asignados a la exdirigente corresponden al cumplimiento obligatorio de una sentencia judicial y no a presuntas irregularidades administrativas.

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Disputa entre José Julio Neira y Adrián Castro 

El legislador Adrián Castro inició el cruce con una publicación en sus redes sociales, la cual posteriormente eliminó. En dicho mensaje, el asambleísta denunció públicamente que la sindicalista Rosa Argudo habría conseguido incluirse de forma irregular en un listado para recibir una bonificación por retiro voluntario.

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"¿Cómo alguien se retira voluntariamente cuando salió con despido y ya no es trabajadora? Solicitaremos explicaciones de manera urgente. El IESS no seguirá siendo el botín de esta gente", publicó Adrián Castro, adjuntando imágenes del documento que sustentaba su denuncia.

Horas más tarde, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respondió de manera directa a través de su cuenta oficial en la plataforma X. El funcionario gubernamental le recordó al asambleísta de ADN que el beneficio económico que recibirá Rosa Argudo es el resultado de un proceso judicial que la sindicalista ganó al IESS, descartando así cualquier tipo de anomalía en la gestión actual de la institución.

Los detalles judiciales del dictamen a favor de Rosa Argudo

El secretario José Julio Neira detalló que la sentencia de primera instancia declaró ineficaz el despido de Rosa Argudo, tras comprobarse su condición de dirigente sindical y su separación unilateral de la entidad. Debido a que la trabajadora manifestó su deseo de no continuar con la relación laboral, la justicia ordenó al IESS el desembolso de los siguientes valores:

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El titular de la Administración Pública añadió que la Corte Provincial rechazó en su momento la apelación presentada por el IESS, ratificando el fallo en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia tampoco casó la sentencia, argumentando que el pago se encontraba legalmente previsto y que no constituyó una decisión extra petita.

Advertencia de José Julio Neira al asambleísta de ADN

En el cierre de su mensaje, José Julio Neira envió una advertencia al legislador oficialista sobre la obligatoriedad de los fallos judiciales en Ecuador.

"Es importante aclarar que no existe ningún impedimento legal para que esta persona acceda a los beneficios de su jubilación. Como abogado, debes conocer que si no se acata la orden de un juez se puede incurrir en incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente", sentenció José Julio Neira.

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Reacción de Adrián Castro ante las aclaraciones del Ejecutivo

Al ser consultado por Diario EXPRESO sobre esta inusual fricción entre dos figuras vinculadas al oficialismo, el asambleísta Adrián Castro minimizó la confrontación. El legislador se limitó a señalar que la intervención del secretario de Estado sirvió para precisar que los fondos de Rosa Argudo pertenecen a su jubilación por retiro voluntario y no a un bono extraordinario.

Asimismo, Adrián Castro negó de forma categórica que el retiro de su publicación se debiera a reclamos o presiones por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. "Para nada, el Gobierno siempre estará en contra de las mafias que durante décadas hacían de las suyas", concluyó el representante de la bancada de ADN.

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El caso de Rosa Argudo en el IESS de Cuenca

Rosa Argudo se desempeñó como una influyente dirigente sindical del IESS en la provincia de Azuay. Su nombre tomó relevancia en la opinión pública nacional durante el año 2024, cuando la Fiscalía General del Estado inició investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.

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Este 15 de julio de 2026, en Quito, enfrentará una audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito. El caso está a cargo del juez Jairo Alejandro García Mosquera, de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Lo que debes saber 

• La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 00045-A y convocó a una audiencia pública.
• El Ministerio de Educación tendrá 15 días para responder.
• La UNE sostiene que la medida vulnera derechos laborales y de la niñez.

La Corte Constitucional admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la CONASEP y la UNEM contra el Acuerdo Ministerial 00045-A, que dispone actividades los sábados para docentes y estudiantes. Además, el máximo organismo de control constitucional convocó a una audiencia pública para continuar con el proceso.

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UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone actividades los sábados

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La demanda quedó registrada bajo el caso No. 120-26-IN. Con la admisión, la Corte otorgó 15 días al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que intervenga dentro del proceso y presente los argumentos con los que defenderá o impugnará la constitucionalidad del acuerdo ministerial.

En el comunicado difundido este 14 de julio, la UNE informó que la audiencia pública fue convocada para el 20 de julio, a las 11:00, y se desarrollará de forma telemática como parte del trámite constitucional.

Demanda contra el Acuerdo Ministerial 00045-A avanza en la Corte Constitucional

La organización sostuvo que la resolución judicial representa un avance dentro del proceso y destacó que el expediente podría recibir un tratamiento prioritario para acelerar su resolución. Según indicó, la admisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la causa, pero sí permite que el trámite continúe.

Como parte del comunicado, la UNE citó el contenido del numeral 23 del auto de admisión emitido por la Corte Constitucional: "Este tribunal sugiere que el caso sea puesto en conocimiento del Pleno para el adelanto del ordenador cronológico para la resolución de la causa".

La organización sindical reiteró que, a su criterio, el Acuerdo Ministerial 00045-A vulnera derechos laborales del magisterio y afecta el interés superior de niños y adolescentes al modificar la distribución de la jornada escolar y docente.

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Acuerdo para actividades escolares los sábados abre debate jurídico en Ecuador

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UNE sostiene que el acuerdo vulnera derechos laborales

En su pronunciamiento, la UNE argumentó que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establecen una jornada ordinaria de 40 horas semanales, distribuida de lunes a viernes, por lo que considera que el mecanismo previsto en el acuerdo representa un cambio regresivo para el sector educativo.

El comunicado también señala que la medida afectaría la conciliación entre la vida familiar y laboral de los docentes y que, desde la perspectiva del gremio, no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo.

Además, la organización informó que la comunidad educativa permanecerá atenta a las acciones que se desarrollen antes de la audiencia y anunció que convocará movilizaciones en torno al proceso judicial. En el documento afirmó: "La Corte Constitucional ha convocado a las partes procesales a audiencia pública para el lunes 20 de julio de 2026 a las 11:00 de forma telemática".

Lo que debes saber

• La acusación se basa en presuntas omisiones durante la ejecución de un contrato eléctrico emergente.
• La Contraloría habría identificado observaciones en la contratación y en los controles del proceso.
• La Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe para que el Pleno decida los siguientes pasos.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este martes el trámite del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano. La primera intervención estuvo a cargo de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, quien sustentó la acusación al señalar que la exfuncionaria habría incumplido sus deberes constitucionales de supervisión, control y protección de los recursos públicos durante la ejecución de un contrato emergente para generación eléctrica.

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Los cuestionamientos al contrato con ATM

Palacios sostuvo que el proceso se centra en las actuaciones y omisiones de Manzano cuando ya ejercía la rectoría del sector eléctrico. Según expuso, la exministra no habría adoptado medidas para frenar presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato suscrito entre Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM), pese a que existían alertas técnicas, jurídicas e institucionales sobre posibles incumplimientos.

Durante su exposición, la legisladora afirmó que uno de los principales cuestionamientos radica en los desembolsos realizados a favor de la contratista antes de que se verificara el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas. Indicó que, tras una modificación al esquema de pagos, Celec EP transfirió aproximadamente 71,4 millones de dólares mientras el proyecto acumulaba retrasos y persistían dudas sobre la capacidad técnica y financiera de la empresa.

La proponente del juicio también señaló que, bajo la administración de Manzano, el contrato recibió prórrogas que extendieron su ejecución más allá del plazo originalmente previsto para atender la emergencia eléctrica. A su criterio, esas decisiones permitieron que continuara la ejecución contractual sin que se reforzaran los mecanismos de supervisión, pese a las advertencias que ya circulaban sobre el proceso.

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El informe de la Contraloría como sustento

Como uno de los principales fundamentos de la acusación, Palacios citó el informe de examen especial aprobado por la Contraloría General del Estado, el 14 de julio de 2025. Según explicó, el organismo de control identificó deficiencias en la definición de la necesidad contractual, irregularidades en la selección de la contratista, falencias en las garantías técnicas y una supervisión insuficiente durante la ejecución del contrato.

La legisladora argumentó que el juicio político no busca establecer responsabilidades penales o administrativas, sino determinar si la exministra incumplió las funciones que le asignan la Constitución y la ley. En ese sentido, sostuvo que la máxima autoridad del sector tenía la obligación de corregir las irregularidades detectadas, proteger el patrimonio público y evitar que continuaran los desembolsos mientras persistían las observaciones sobre el contrato.

Con el inicio de la sustanciación, la Comisión de Fiscalización continuará recibiendo las pruebas y los argumentos de las partes involucradas en el proceso. Una vez concluida esta etapa, los integrantes de la mesa legislativa elaborarán un informe con una recomendación para el Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que resolverá si continúa el trámite del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La decisión llega después de que el Plan Fénix, la estrategia insignia con la que Noboa llegó al poder para enfrentar al crimen organizado, dejara de ser mencionado por el propio Gobierno y sus principales autoridades.

Una nueva hoja de ruta

El nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 9 de marzo de 2026 y, con el decreto presidencial, pasa a convertirse en la política pública que deberán aplicar las instituciones responsables de la seguridad.

Su implementación estará a cargo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar acciones dentro de sus respectivas competencias.

El decreto también deroga el Decreto Ejecutivo 1331 de 2021, mediante el cual se había declarado como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030.

¿Qué significa declararlo como política pública?

La declaratoria convierte al Plan Nacional de Seguridad Integral en la guía oficial que orientará la actuación del Estado en materia de seguridad durante el período 2025-2029.

El documento fija objetivos nacionales, identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y establece las líneas estratégicas que deberán ejecutar las entidades públicas involucradas.

Entre sus ejes están la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia, la cooperación internacional, la recuperación del control territorial, la gestión de riesgos y la ciberseguridad.

El Plan Fénix desapareció del discurso oficial

El Plan Fénix prácticamente desapareció del discurso del Gobierno.

En junio de 2025, EXPRESO publicó un análisis en el que evidenció que ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Defensa, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas hacían ya referencia a esa estrategia durante sus comparecencias públicas.

Consultados por este Diario, expertos en seguridad coincidían en que el Plan Fénix nunca pudo evaluarse porque sus objetivos y metas nunca fueron públicos.

El exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, señaló entonces que existían dudas incluso sobre su estructura real, mientras que la investigadora Carla Álvarez afirmaba que era imposible medir resultados de un plan cuyo contenido no se conocía.

Por su parte, Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, sostuvo que, independientemente del nivel de reserva del plan, sus objetivos debieron transparentarse para que la ciudadanía pudiera evaluar si estaba cumpliendo con reducir la criminalidad.

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La última defensa pública del Plan Fénix

La última vez que Noboa se refirió públicamente al Plan Fénix fue el 9 de abril de 2026, durante una entrevista en Radio Farra, en Portoviejo. En esa ocasión rechazó las críticas que señalaban que la estrategia había perdido vigencia y aseguró que no se trataba de un proyecto temporal. "El Plan Fénix no fue un plan de 15 minutos", afirmó, al sostener que su enfoque estaba basado en la resiliencia del Estado frente a las dinámicas del crimen organizado.

El mandatario explicó que, a su juicio, fenómenos como el narcotráfico y la minería ilegal responden a ciclos. "El Plan Fénix habla de la resiliencia del Estado frente a los ciclos criminales. Hay picos altos y caídas; el mismo tráfico de drogas es cíclico, lo mismo ocurre con la minería ilegal y el precio del oro", señaló.

Desde entonces, el Gobierno no volvió a hablar públicamente sobre el Plan Fénix.

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Una estrategia más amplia

A diferencia del Plan Fénix, cuyo contenido nunca fue difundido oficialmente, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral consta de 192 páginas y desarrolla un diagnóstico sobre las amenazas que enfrenta el país.

Entre ellas identifica al crimen organizado transnacional, las economías ilícitas, la corrupción, la minería ilegal, los ciberataques, la ciberdelincuencia y los riesgos asociados al conflicto armado interno.

El documento también incorpora capacidades estratégicas como la ciberdefensa, la protección de infraestructura crítica, la innovación tecnológica y la cooperación internacional como parte de la política de seguridad del Estado.

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En conflicto interno permanente

La decisión se adopta mientras el país continúa bajo la declaratoria de conflicto armado interno emitida en 2024 para enfrentar a las bandas criminales, a las que el Ejecutivo cataloga como organizaciones terroristas.

Pese a esa estrategia, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta registrada en el país, según datos del Ministerio del Interior citados por EFE.

Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Gobierno institucionaliza una nueva estrategia oficial de seguridad, con objetivos, amenazas y responsabilidades definidas en un documento público, dejando atrás el Plan Fénix, cuya estructura y contenidos nunca fueron divulgados oficialmente.

Lo que debes saber 

• Inés Manzano participó de manera virtual en la sesión de la Comisión de Fiscalización donde avanza el juicio político en su contra.
• Su comparecencia ocurrió mientras se desarrollaba la etapa de presentación de pruebas documentales.

La exministra de Energía, Inés Manzano, asistió este martes de manera virtual a la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde continúa el juicio político en su contra por el caso ATM. Su participación se produjo durante la etapa de reproducción de la prueba documental presentada dentro del proceso legislativo.

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La comparecencia telemática de la exfuncionaria ocurrió después de que existieran dudas sobre su presencia en la audiencia. Horas antes del inicio de la sesión no estaba confirmado si acudiría presencialmente, mediante videoconferencia o si únicamente actuarían sus abogados durante la diligencia.

La participación de Manzano se desarrolló mientras la Comisión continuó con la incorporación de documentos, audios y videos presentados por las partes, paso previo a la práctica de los testimonios contemplados dentro del juicio político.

Ferdinand Álvarez había anticipado que su presencia no era obligatoria

Antes del inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, explicó que la legislación vigente no obliga a la exministra a asistir físicamente al desarrollo del juicio político, debido a un vacío existente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

"No es obligatorio, lastimosamente. Si usted lee la ley, va a percatarse que existe un vacío al respecto. Lo que nosotros no podemos soslayar es evitar que ella se defienda. Ese ejercicio del derecho a la defensa está constitucionalmente garantizado", indicó.

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Álvarez también había señalado que una de las posibilidades era que Manzano siguiera la audiencia mediante plataformas digitales, alternativa que finalmente se concretó durante la sesión de este martes.

"Veamos qué pasa hoy día, si ella está conectada, si ella está presente, si están los abogados, si hay procuración judicial. No lo sé. Porque también se puede conectar a través del Zoom", concluyó.

Las claves que debes saber

• Judicatura advierte que acciones de protección podrían retrasar concurso de jueces CNJ en 2026.
• Mercedes Caicedo anunció que no hay cronograma fijo por posibles impugnaciones de postulantes.
• CJ busca firmas externas para pruebas de confianza y transparentar designación de magistrados.

El plazo para designar a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) podría variar. Así lo manifestó Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), respecto al tiempo que tomará el proceso de selección de los magistrados, el cual no tendría una fecha fija debido a las eventuales acciones de protección que, posiblemente, presentarían los postulantes que no estén de acuerdo con las eventuales resoluciones del concurso de magistrados.

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Según dijo la titular del organismo este 14 de julio de 2026, durante una entrevista con Teleamazonas, los jueces concluirán su período de funciones en enero y febrero de 2027, de allí que se ha planteado concluir el concurso en inicios del próximo año. 

La Judicatura ya aprobó el reglamento para avanzar en la designación de los magistrados y estableció un calendario. Sin embargo, el proceso se podría alargar porque "las acciones de protección paran los concursos en general e impiden que se pueda tener cronograma fijo. Esa es una posibilidad", anticipó.

La Corte Nacional de Justicia está conformada por 21 jueces, quienes están distribuidos en seis salas especializadas y se mantendrán durante nueve años en funciones. En años anteriores la Judicatura se propuso desarrollar el proceso, pero fracasó dos veces. 

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La prueba de confianza, el tema conflictivo

La última convocatoria se realizó en 2021 y "se cayó por un punto en particular que es la prueba de confianza, por eso requerí a la Corte que se pronuncie para dar garantías de cómo realizarla, que permita que a los postulantes no confiables se los excluya y continuar con los que sí cumplen los requisitos", explicó Caicedo.

Para evitar que ese inconveniente se repita, Caicedo aseguró que la Judicatura está "buscando a personas jurídicas (empresas) que no sean de papel, sino que sean firmas reconocidas, con renombre, que nadie pueda intervenir en esa prueba de confianza". 

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Aclaró que, si bien el Pleno del Consejo, integrado por la titular y los vocales Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y Damián Larco y Magaly Ruiz, es el involucrado en el proceso, junto a la Dirección General y a Talento Humano, "las empresas externas se encargarán de las que pruebas de confianza, brindarán el servicio y entregarán la información", de forma que esos test "no se realicen de forma empírica, que quien la haga, la realice con la experiencia que se necesita y que los resultados sean confiables", indicó.

Judicatura tiene otro concurso en la mira

La funcionaria contó que el Pleno analiza los recursos para llevar a cabo el proceso de selección, el cual tendrá ocho eta­pas: con­vo­ca­to­ria, pos­tu­la­ción, cali­fi­ca­ción de méri­tos, exa­men de con­fianza, prueba psi­co­ló­gica, fase de impug­na­ción ciu­da­dana, opo­si­ción y audien­cia pública.

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"Quizá se modificará el presupuesto (de 2026) para que existan los recursos para el concurso", agregó antes de anunciar que el organismo ha mantenido diálogos con el Ministerio de Finanzas para el presupuesto de 2027, con el fin de desarrollar también la designación de aproximadamente 800 vacantes de jueces a nivel nacional.

La presidenta ofreció transparentar el concurso. Aseguró que expondrá la información de los participantes "para que la ciudadanía sepa quién será ese futuro juez, para así tener legitimidad e idoneidad", resaltó.

Lo que debes saber

• La asambleísta Mónica Palacios aseguró que existe una persecución política en su contra tras presentar el juicio político contra Inés Manzano.
• La legisladora cuestionó una notificación realizada durante la sesión del Pleno y vinculó el hecho con el caso ATM.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, informó que fue notificada por una funcionaria judicial durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este 14 de julio. La legisladora aseguró que el hecho ocurrió después de presentar el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por el caso ATM, y sostuvo que se trata de una persecución política en su contra.

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Palacios afirmó que la notificación se produjo dentro del hemiciclo y cuestionó que una funcionaria perteneciente a otro poder del Estado ingresara al Pleno para realizar esa diligencia. Según dijo, el procedimiento no corresponde legalmente y responsabilizó al presidente de la Asamblea por haber permitido el ingreso.

"Por presentar el juicio político en contra de la señora Inés Manzano, en este momento ADN me está persiguiendo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional", indicó.

Mónica Palacios denuncia persecución política

Durante una rueda de prensa, la legisladora aseguró que el presidente del Legislativo actuó respondiendo a intereses del presidente Daniel Noboa y afirmó que la diligencia judicial forma parte de una estrategia para intimidarla por impulsar el proceso de fiscalización contra la exministra.

"El presidente de la Asamblea Nacional, respondiendo directamente a los intereses del señor Daniel Noboa, dejó que ingrese una funcionaria de otro poder del Estado, del poder judicial, para supuestamente citarme cuando eso legalmente no se puede hacer."

Palacios insistió en que las acciones emprendidas en su contra tienen un trasfondo político y las relacionó directamente con la investigación legislativa que impulsa alrededor de los contratos de generación eléctrica.

"Continúan persiguiéndome políticamente por develar la corrupción dentro del gobierno del señor Daniel Noboa", señaló. 

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Juicio político contra Inés Manzano continúa en la Comisión

Mientras la legisladora realizó estas declaraciones, la Comisión de Fiscalización avanzó con la etapa de reproducción de pruebas dentro del juicio político contra Inés Manzano. El presidente de la mesa, Ferdinand Álvarez, confirmó previamente que la presencia de la exministra durante esta fase del proceso no es obligatoria, debido a un vacío existente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Álvarez explicó que actualmente la Comisión recibe la prueba documental presentada por los interpelantes y posteriormente continuará con la práctica de los testimonios. También señaló que Manzano ya ejerció su derecho a la defensa mediante un escrito presentado junto con sus abogados y que incluso podría intervenir de forma virtual.

El titular de la Comisión estimó que, por la cantidad limitada de pruebas y testimonios incorporados al expediente, el informe sobre el juicio político podría quedar listo alrededor del 23 de julio, antes de ser remitido al Pleno para que continúe el trámite legislativo.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, destrabará concurso para Fiscal General

• El CPCCS reactivará esta semana el estancado concurso para elegir al nuevo fiscal general.
• Si los consejeros no mocionan el informe el miércoles, habrá sesión extraordinaria el jueves.
• Fantoni desestimó las críticas de la Misión de Observación al no estar registrada formalmente.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, confirmó a Diario EXPRESO que esta semana se destrabará el concurso para fiscal general del Estado en Ecuador. El proceso, que permanece estancado desde inicios de junio de 2026 por la falta de aprobación de un informe de méritos, se reactivará mediante una sesión ordinaria del Pleno este miércoles 15 de julio de 2026 o a través de una convocatoria extraordinaria el jueves 16 de julio de 2026.

Editoriales

Concurso para elegir al nuevo fiscal general sigue estancado en el Cpccs

Editorialistas Expreso

Las dos vías para reactivar el concurso de fiscal general

El proceso de selección se encuentra suspendido desde los primeros días de junio de 2026, luego de que el Pleno del CPCCS no alcanzara los consensos necesarios para aprobar el informe de calificación de méritos elaborado por la Comisión Ciudadana de Selección.

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Para superar este bloqueo, Andrés Fantoni ha diseñado una estrategia basada en dos escenarios legislativos consecutivos:

Sin inconvenientes internos en el Pleno

El titular del CPCCS enfatizó que el Pleno no tiene ningún impedimento normativo o técnico para volver a tratar el documento de evaluación. Asimismo, recordó que la inactividad de las últimas semanas no dependía exclusivamente de su presencia: "¿O sea que si yo me muero se muere el concurso de fiscal?".

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Con esta declaración, el funcionario insistió en que cualquier miembro del consejo directivo pudo haber tomado la iniciativa de retomar el proceso durante el periodo en que él no estuvo en funciones.

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Postura frente a la Misión Internacional de Observación

El titular del CPCCS también reaccionó ante los cuestionamientos de la Misión Internacional de Observación, delegación que advirtió sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso y recomendó repetirlo desde el inicio.

Al respecto, Andrés Fantoni restó validez legal a dichos señalamientos bajo el argumento de que este grupo no cumple con las formalidades requeridas en Ecuador:

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Descarte de presuntos cálculos políticos

Finalmente, la máxima autoridad del CPCCS rechazó de manera categórica que las demoras y bloqueos en el concurso para fiscal general del Estado respondan a intereses de actores externos o coyunturas electorales, en referencia a los próximos comicios de finales de año. "No hay cálculos políticos", dijo.

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El titular de la institución concluyó asegurando que las elecciones de noviembre de 2026 no tienen influencia sobre las decisiones del Pleno, y ratificó el compromiso de que el concurso siga el curso institucional que le corresponde.

Lo que se sabe

• Mónica Luzárraga anunció que no buscará la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el partido Socialista sino por otras agrupaciones
• Su decisión fue criticada por el exmandatario Rafael Correa y la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira
• La precandidata aseguró que el correísmo busca un bipartidismo donde solo gobiernen correísmo y ADN

La precandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Mónica Luzárraga, respondió a los cuestionamientos que le hizo, este martes 14 de julio de 2026, el expresidente de la República, Rafael Correa, luego de que ella anunció que ya no terciará por el partido Socialista para las elecciones seccionales.

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Luzárraga había anunciado que ya no iría con esa agrupación para la candidatura para las elecciones del próximo 29 de noviembre sino que seguiría con la denominada Mesa de Unidad, en la que participan los movimientos Unidad Popular, Pachakutik y Futuro 20.

Esto fue cuestionado por Correa quien, en su cuenta de la red social X, rechazó que la precandidata tenga el apoyo de "Futuro 20, antes Democracia Sí, partido del sinvergüenza y eterno perdedor Gustavo Larrea, alter ego de Lenin Moreno. ¡Cuánta inconsecuencia! Una lástima".

En mayo pasado, el exmandatario descartó a Luzárraga como posible candidata del correísmo para la Alcaldía porque dijo que no tendría el respaldo de las bases. A fines de junio, optaron por el asambleísta Juan Pablo Molina.

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"No deberían ser tan castigadores con una alianza local"

Luzárraga contestó a Correa en la misma red social y le preguntó: "¿Tanto miedo les causa el diálogo y la unidad con los distintos sectores del país?".

"Fue la Revolución Ciudadana y no Mónica Luzárraga, estimado presidente, quien votó con ADN (movimiento oficialista Acción Democrática Nacional) la reforma al Código de la Democracia, para fortalecer el bipartidismo en perjuicio de las organizaciones chicas. Creo que no deberían ser tan castigadores con una alianza local para defender la ciudad de los piratas que la tienen secuestrada", escribió la precandidata.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños y ecuatorianos. Y me ratifico en mi hoja de ruta por la Unidad. Esto no es un pacto de Tixán que fracasará. Se lo aseguro", agregó Luzárraga en referencia al acuerdo que Revolución Ciudadana y Pachakutik hicieron, en marzo del 2025, para respaldar la candidatura presidencial de Luisa González.

No es momento de resentimientos, es momento de unificar a todos los sectores desde la izquierda a la centro derecha, para defender Guayaquil". 
Mónica Luzárraga en respuesta a Rafael Correa

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Gabriela Rivadeneira llamó "chimbadora" a Mónica Luzárraga

Antes de las críticas de Correa, los cuestionamientos a la decisión de Luzárraga fueron de la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, quien la llamó "candidata chimbadora".

"Suena muy raro. Hace pocas semanas, Mónica había aceptado ser candidata dentro de la unidad en contra del Gobierno #TodosMenosADN. Ayer nos mandó un mensaje rompiendo la unidad y hoy también rompe su acuerdo con el PSE", comentó Rivadeneira, en la red social X.

La dirigente también lamentó que la precandidata se haya involucrado con Futuro 20. "En lugar de aceptar ser la concejala de la unidad, decidió ser la candidata chimbadora (muy mal asesorada). Deja en duda si esta decisión es en acuerdo con el Gobierno", añadió.

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En la misma red social, Luzárraga le respondió a Rivadeneira y aseguró que el correísmo se habría reunido con Gustavo Larrea, a sus espaldas, para proponerle que sea aspirante a concejal y no a alcaldesa.

Luzárraga acusó al correísmo de querer decidir "quién puede o no ser alcalde de la unidad. Todo el que no se someta a esa decisión será catalogada como chimbador".

Además, aseguró que el correísmo busca un bipartidismo en el que solo existan las candidaturas de ADN y Revolución Ciudadana. "Para eso reformamos con ellos el Código de la Democracia", añadió.

Finalmente, Luzárraga posteó una captura del chat que mantuvo con la dirigente correísta Sofía Espín, en la que mencionó su deseo de llegar a un acuerdo con el correísmo, algo que finalmente no se consiguió.

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El plan, aprobado previamente por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), establece la estrategia nacional de seguridad para los próximos años y señala que el Estado debe prepararse para responder no solo al crimen organizado y al terrorismo, sino también a las amenazas que se desarrollan en el ciberespacio.

El plan incorpora la ciberseguridad como un eje estratégico

El documento sostiene que el acelerado desarrollo tecnológico ha incrementado los riesgos para la seguridad nacional y que el ciberespacio se ha convertido en un nuevo ámbito donde pueden afectar la soberanía, la gobernabilidad y la infraestructura estratégica del país.

Así señala que el fortalecimiento de la ciberseguridad y la ciberdefensa forma parte de las capacidades que debe desarrollar el Estado para enfrentar amenazas actuales y futuras.

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La filtración de datos fue la principal incidencia registrada

Como parte del diagnóstico, incorpora las incidencias de ciberataques registradas entre 2024 y 2025. De acuerdo con esa información, las cifras son las siguientes:

La filtración de datos se incrementó hasta 174 casos, convirtiéndose en la amenaza dominante dentro de las incidencias registradas en el período analizado.

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¿Qué es la ciberdefensa?

El Gobierno define la ciberdefensa como la capacidad del Estado para ejecutar operaciones en el ciberespacio destinadas a defender, explorar, responder y proteger la infraestructura crítica y la información estratégica del país.

Añade que estas capacidades también deben garantizar el libre acceso al ciberespacio y apoyar las operaciones de seguridad y defensa en otros ámbitos.

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¿Qué entiende el Gobierno por ciberseguridad?

El documento de 200 páginas define la ciberseguridad como el conjunto de políticas, herramientas, tecnologías, procesos y prácticas orientadas a proteger los activos digitales, la información, las personas y la infraestructura crítica frente a amenazas en el entorno digital.

Asimismo, señala que la ciberdelincuencia comprende los delitos cometidos mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones.

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Inteligencia artificial y riesgos tecnológicos

El Plan también menciona que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial ofrecen oportunidades para distintos sectores, pero advierte que también pueden incrementar los riesgos relacionados con la ciberseguridad y la desinformación, por lo que considera necesario fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar esos desafíos.

Las acciones planteadas

Entre las líneas de acción previstas en el documento constan:

Ciencia y Tecnología

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El nuevo plan regirá hasta 2029

El presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, mediante un decreto ejecutivo que oficializa el documento aprobado el pasado 9 de marzo por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

El decreto deroga el anterior Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030 y dispone que su implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Según el Ejecutivo, el plan adopta un enfoque de seguridad multidimensional e integral, busca fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional y servirá como hoja de ruta para la prevención, protección, respuesta y recuperación ante las amenazas que enfrenta el país, en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno en 2024.

Lo que debes saber

• La Comisión de Educación de la Asaamblea Nacional revisó el avance del proyecto universitario en las islas Galápagos.
• Las autoridades confirmaron que el proceso sigue en marcha y definieron los próximos pasos antes del inicio de la oferta académica.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional fiscalizó este martes 14 de julio el proceso para la creación de la sede de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en la provincia de Galápagos. Durante la sesión, las autoridades universitarias y el Consejo de Educación Superior (CES) confirmaron que la sede ya fue aprobada y que el trámite se concentra ahora en la validación definitiva de las primeras carreras.

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La presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar Yaucaila, explicó que el seguimiento legislativo permitió acercar posiciones entre la Universidad Central y el CES, instituciones que inicialmente mantenían diferencias sobre el procedimiento para concretar el proyecto educativo en el archipiélago.

"Hoy por hoy se tenga ya la aprobación de la sede en Galápagos", afirmó Baltazar, al señalar que el siguiente paso consiste en garantizar que las carreras respondan a las necesidades de la provincia y puedan abrirse en el menor tiempo posible.

Universidad Central confirma que Turismo y Biología Marina serán las primeras carreras

El rector de la Universidad Central del Ecuador, Patricio Espinosa, calificó la jornada como un momento decisivo para la institución y recordó que el proyecto académico en Galápagos es resultado de varios años de trabajo conjunto con organismos nacionales e internacionales.

"Hoy sí debo reconocer que efectivamente es un día muy importante porque tenemos las buenas noticias ya finalmente para declarar las dos carreras", sostuvo el rector ante los legisladores.

Espinosa detalló que las dos primeras ofertas académicas serán Turismo y Biología Marina, programas que fueron diseñados específicamente para responder a la realidad económica, científica y ambiental del archipiélago.

"La aspiración es empezar la segunda semana de septiembre con el inicio de las carreras", manifestó el rector al indicar que los equipos docentes en Galápagos ya preparan la logística para la puesta en marcha del proyecto.

El rector también confirmó que el 30 de julio la Universidad Central realizará en Santa Cruz el acto oficial de apertura de la sede, acompañado de actividades académicas y la presentación formal de las carreras.

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Alianzas internacionales respaldarán la nueva sede en Galápagos

Durante su comparecencia, Espinosa explicó que la sede iniciará operaciones respaldada por convenios internacionales que la universidad mantiene desde hace varios años en materia de investigación científica.

El rector mencionó la cooperación con la Florida Atlantic University, cuyos estudiantes y profesores ya desarrollan intercambios académicos relacionados con biología marina y turismo. Además, anunció un acuerdo con la Universidad de Ankara, en Turquía, para fortalecer la investigación marina mediante un laboratorio flotante especializado.

"Galápagos es patrimonio de la humanidad... ahora vamos a docencia y vinculación", expresó Espinosa al destacar que la nueva sede permitirá ampliar el trabajo científico que la universidad ya desarrolla en las islas junto con instituciones extranjeras.

Por su parte, Leonardo Bravo, director de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Central, recordó que el CES aprobó oficialmente la sede el 29 de mayo de 2026 en el cantón Santa Cruz. Desde entonces, explicó, la universidad aceleró los trámites internos para aprobar las dos carreras que conformarán la primera oferta académica.

Según Bravo, la carrera de Turismo fue aprobada por el Consejo Universitario el 9 de junio, mientras que Biología Marina recibió el visto bueno el 16 de junio. Ambas fueron remitidas al CES el 30 de junio para iniciar el proceso de evaluación técnica.

CES fija plazos para aprobar las carreras en Galápagos

Leonardo Bravo informó que el 13 de julio la Universidad Central recibió las observaciones emitidas por el Consejo de Educación Superior sobre las dos carreras. Precisó que, desde el criterio institucional, la mayoría corresponden a aspectos de forma y podrán corregirse en pocos días para continuar con el trámite.

"Las observaciones en general más constituyen para nuestro punto de vista observaciones de forma", aseguró Bravo, quien añadió que los equipos técnicos de las facultades de Ciencias Agrícolas y Ciencias Biológicas ya trabajan en las correcciones para remitir nuevamente la documentación al CES.

Decanos aseguran que las observaciones no modifican el fondo de las carreras

El decano responsable de la carrera de Turismo, Jorge Borja, explicó que las observaciones realizadas por el CES no cuestionan el contenido académico del programa, sino aspectos específicos que pueden ajustarse sin modificar la estructura curricular.

"Son ocho observaciones que podríamos decir menores o de forma", indicó Borja al señalar que las recomendaciones se relacionan, entre otros puntos, con un mayor énfasis en el componente cultural y la incorporación de convenios institucionales ya existentes, como el firmado con la Cámara de Turismo de Galápagos.

El académico sostuvo que la propuesta fue elaborada con base en estudios de mercado, pertinencia territorial y necesidades del sector turístico de las islas. Añadió que la universidad espera remitir las correcciones en el menor tiempo posible para que el CES apruebe definitivamente la carrera.

Por su parte, el decano responsable de Biología Marina señaló que las observaciones también se concentran en los convenios que respaldarán la formación práctica de los estudiantes.

"Hemos recibido también de igual forma las observaciones fundamentalmente enfocadas a los convenios que nosotros tenemos y que estamos cerrando en este momento", manifestó al precisar que la universidad trabaja con la Fundación Charles Darwin, el Parque Nacional Galápagos y otras organizaciones científicas presentes en el archipiélago.

CES prevé acelerar el trámite una vez que la Universidad entregue las correcciones

En representación del Consejo de Educación Superior intervino Andrés Ricaurte, asesor de la Presidencia del CES, quien explicó que la Universidad Central dispone de 10 días término para subsanar las observaciones formuladas por el organismo.

"Las puertas del Consejo de Educación Superior están abiertas para brindar la asistencia técnica correspondiente", afirmó Ricaurte al indicar que el objetivo es que las carreras cumplan plenamente con el Reglamento de Régimen Académico antes de pasar a conocimiento del pleno del organismo.

Según detalló, una vez que la universidad entregue la documentación corregida, la Coordinación de Planificación Académica elaborará el informe técnico, posteriormente será revisado por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas y finalmente será sometido a votación del pleno del CES.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar, pidió que la Universidad Central utilice menos del plazo máximo previsto para corregir las observaciones y solicitó al CES un calendario tentativo que permita dar seguimiento al proceso.

"No podemos demorarnos en temas de forma", manifestó Baltazar, quien insistió en que la fiscalización continuará hasta verificar que las carreras sean aprobadas y puedan iniciar su proceso de admisión.

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La Comisión aclara cuándo iniciarán realmente las clases

Uno de los principales temas del debate fue la fecha de apertura de la sede. Aunque inicialmente se habló de septiembre, las autoridades aclararon que ese mes no comenzarán todavía las clases regulares.

Patricio Espinosa explicó que, una vez aprobadas las carreras por el CES, corresponderá al Viceministerio de Educación Superior abrir el proceso nacional de inscripciones para los aspirantes.

"Los estudiantes se inscribirán, serán seleccionados y una vez que son seleccionados podríamos comenzar el curso de nivelación en noviembre", precisó el rector.

Espinosa añadió que los estudiantes de nivelación aún no tienen la condición de universitarios, por lo que el inicio formal del primer ciclo académico está previsto para febrero de 2027, cuando arranquen las actividades regulares de la Universidad Central.

Tras esa explicación, Cecilia Baltazar dispuso convocar a una nueva sesión de fiscalización con el Consejo de Gobierno de Galápagos y el Viceministerio de Educación Superior para revisar tanto el financiamiento del proyecto como el cronograma del proceso de admisión.

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Asambleístas piden que la fiscalización continúe hasta que existan estudiantes

El asambleísta Alfredo Serrano calificó el proceso como un ejemplo de fiscalización legislativa y recordó que el seguimiento comenzó en noviembre de 2025 para destrabar la creación de la sede universitaria.

"La verdadera inauguración será el día que los estudiantes vayan a su primer día de clase", afirmó Serrano, quien pidió mantener activo el equipo técnico de la comisión para vigilar el cumplimiento de cada etapa del cronograma.

El legislador también consultó sobre los 1,2 millones de dólares comprometidos para el equipamiento de la sede. En respuesta, el rector Patricio Espinosa y la directora financiera de la Universidad Central explicaron que la institución decidió asignar recursos propios para garantizar el funcionamiento del campus, pese a que esos fondos aún no han sido transferidos por las autoridades de Galápagos.

La presidenta de la comisión anunció que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos será convocado para explicar el estado de esos recursos, mientras que el Viceministerio de Educación Superior deberá presentar el cronograma oficial de admisión para los futuros estudiantes.

Los asambleístas David Arias, John Polanco y Henry Bosques coincidieron en que la nueva sede representa una oportunidad para que cientos de jóvenes de Galápagos accedan a educación superior sin abandonar la provincia y respaldaron que la fiscalización continúe hasta verificar el inicio efectivo de las actividades académicas.

Lo que debes saber

• Ferdinand Álvarez aclaró si Inés Manzano debe asistir o no a la Comisión de Fiscalización durante el juicio político por el caso Progen y ATM.
• También reveló cómo avanzará el cronograma de pruebas y cuándo estaría listo el informe.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinand Álvarez, confirmó que la presencia de la exministra de Energía Inés Manzano en las sesiones del juicio político por el caso ATM no es obligatoria, debido a un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, recalcó que el derecho a la defensa de la exfuncionaria está garantizado durante todo el procedimiento.

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La aclaración surgió antes de que la Comisión iniciara la fase de reproducción de la prueba documental presentada por los legisladores interpelantes. Según explicó Álvarez, esta etapa antecede a la práctica de los testimonios, por lo que todavía no corresponde convocar a los testigos anunciados dentro del proceso.

"No es obligatorio, lastimosamente. Si usted lee la ley, va a percatarse que existe un vacío al respecto. Lo que nosotros no podemos soslayar es evitar que ella se defienda. Ese ejercicio del derecho a la defensa está constitucionalmente garantizado"Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización

Juicio político a Inés Manzano entra en la fase de pruebas

Álvarez explicó que durante esta jornada los proponentes del juicio político presentarán la totalidad de su prueba documental y que, si el tiempo lo permite, la defensa de Manzano también comenzará a reproducir los documentos, audios y videos que forman parte de su expediente.

"Veamos qué pasa hoy día, si ella está conectada, si ella está presente, si están los abogados, si hay procuración judicial. No lo sé. Porque también se puede conectar a través del Zoom"Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización

Añadió que en anteriores juicios políticos algunos funcionarios han seguido las audiencias mientras sus abogados ejercían la defensa técnica, por lo que esa posibilidad también existe dentro del actual procedimiento legislativo.

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Comisión espera incorporar nueva prueba al expediente

Álvarez informó que la Comisión aceptó incorporar una nueva prueba documental solicitada por los interpelantes. Se trata del expediente del Tribunal de Arbitraje relacionado con el caso, documentación que será requerida oficialmente para sumarla al análisis antes de elaborar el informe final.

El legislador manifestó que la cantidad de evidencia presentada hasta el momento no es extensa y que únicamente están previstos tres testimonios, razón por la cual considera que la etapa probatoria podría concluir en pocos días.

"Yo creo que sí, porque la abundancia de la prueba no es tanta y además de la prueba testimonial también son tres testimonios, así que no hay mucha tela ahí tampoco"Ferdinand Alvarez, presidente de la Comsión de Fiscalización

Según el cronograma planteado por la Comisión de Fiscalización, los testimonios comenzarían entre el miércoles y jueves. Después de esa fase, los legisladores iniciarán la elaboración del informe que será enviado al Pleno de la Asamblea Nacional para que continúe el trámite del juicio político.

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¿Cuándo estaría listo el informe del juicio político?

Álvarez estimó que, si el desarrollo de las pruebas no presenta retrasos, el informe podría quedar listo alrededor del 23 de julio. Posteriormente, cada bancada analizará el contenido antes de definir la postura que llevará al Pleno cuando se vote el futuro político de la exministra.

El presidente de la Comisión insistió en que la decisión se adoptará únicamente después de revisar toda la evidencia incorporada durante el proceso y escuchar los argumentos de ambas partes.

Los temas claves de esta historia

• Juan Carlos Aveiga vendió sus acciones en tres empresas del sector salud el mismo día en que fue designado ministro de Salud
• Tayana S. A. reportó ingresos por más de 6 millones de dólares en 2025 por servicios de imágenes, radiología e instrumentación
• La revisión de registros públicos también identificó transacciones comerciales entre Tayana S. A. y Esculapio S. A. (Clínica Alcívar), del grupo empresarial donde Aveiga trabajó

Juan Carlos Aveiga Parra asumió el Ministerio de Salud el 10 de julio de 2026, en reemplazo de Jaime Bernabé, quien permaneció dos meses al frente de esa cartera de Estado. Con su designación, se convirtió en el octavo ministro de Salud durante el gobierno de Daniel Noboa.

La llegada de Aveiga es un nuevo intento de Noboa por aplacar la crisis hospitalaria que se ha agravado en los últimos años en el país, debido a deficiencias en la infraestructura sanitaria, en la atención a los pacientes, así como a la falta de insumos médicos y medicamentos.

(Le puede interesar: Los ‘contratos gordos’ de citas médicas de CNT y ‘compañía’)

Antes de llegar al sector público, Aveiga desarrolló su carrera en el ámbito privado. Se desempeñó como director médico del Hospital Alcívar, de acuerdo con los registros societarios, y su nombramiento representa su primera experiencia en un cargo público.

Una revisión realizada por EXPRESO a registros societarios y financieros identificó que el mismo 10 de julio, día de su designación, Aveiga transfirió la totalidad de las acciones que mantenía en tres empresas vinculadas al sector de la salud: Tayana S. A., Empresalud S. A. e Interhospital S. A. Las tres compañías constan como activas.

Tayana: servicios de laboratorio, imágenes y farmacia

La empresa Tayana S. A., con domicilio en el barrio Centenario de Guayaquil, registra como actividad principal la prestación de servicios en clínicas de patología y diagnóstico realizados en laboratorios independientes. También desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos, servicios de cafetería e imágenes médicas, entre otras.

Los estados financieros reflejan ingresos por servicios de imágenes, radiología e instrumentación de 6,5 millones de dólares en 2025, frente a los 3,5 millones de dólares en 2024 (su principal cliente es Esculapio S. A. -una empresa relacionada-, representa el 95% de los ingresos). También se registran ventas de medicinas, cosméticos, implantes y productos de cafetería por 11 millones de dólares en 2025; y 10,1 millones en 2024.

El 10 de julio de 2026, Aveiga vendió su participación accionaria en esta empresa a Mafergon S. A., compañía cuyos accionistas son Eduardo Andrés Alcívar González y Maferholding EC S. A. (Mafergon LLC, en Estados Unidos), de acuerdo con los registros revisados.

El capital suscrito de Tayana asciende a 1,3 millones de dólares.

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Empresalud: actividades médicas y de diagnóstico

La segunda compañía en la que el actual ministro mantenía acciones era Empresalud S. A., domiciliada en la ciudadela Kennedy, en Guayaquil.

Su actividad económica registrada corresponde a actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento.

Los registros societarios muestran que Aveiga transfirió sus acciones a Joshep Gelo el 10 de julio de 2026, según los registros de la compañía.

Según los registros societarios, el capital suscrito de esta empresa es de 4.000 dólares. Por otro lado, la utilidad bruta de 2024 (el dato más reciente disponible a la lectura) se calculó en 133 mil dólares.

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Interhospital y su red hospitalaria

La tercera empresa es Interhospital S. A., ubicada en la Avenida del Bombero y vía a la Costa, en Guayaquil.

Su objeto social comprende actividades de hospitales especializados, tanto de corto como de largo plazo, incluyendo hospitales para enfermedades infecciosas, maternidad, centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, sanatorios especializados, así como establecimientos médicos en bases militares y centros penitenciarios, según consta en los registros consultados.

El 10 de julio, Aveiga también vendió sus acciones a Joshep Gelo. Interhospital registra 395 accionistas y un capital suscrito de 18 millones de dólares.

Las notas a sus estados financieros consolidados reflejan una utilidad antes del impuesto a la renta de 2,3 millones de dólares en 2025, frente a 828 mil dólares reportados en 2024.

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Relaciones comerciales entre compañías

La revisión documental también identificó transacciones comerciales entre empresas en las que Aveiga tuvo participación y otras relacionadas con su último lugar de trabajo.

Por ejemplo, los estados financieros de Tayana S. A. registran ingresos por 6,5 millones de dólares por servicios prestados a Esculapio S. A. (Clínica Alcívar) durante 2025. En 2024 esos ingresos fueron de 3,5 millones de dólares.

Además, los registros públicos muestran que Joshep Gelo, quien adquirió las acciones de Aveiga en Empresalud e Interhospital, mantiene participación en otras compañías dedicadas a la construcción y a la cría de larvas de camarón.

EXPRESO solicitó unos comentarios a Gelo, a través de los contactos telefónicos y correos electrónicos de una de las empresas donde tiene participación accionaria. No obstante, sigue pendiente una respueta.

Lo que debes saber

• La Contraloría confirmó que prepara un examen especial a la gestión de Diana Atamaint tras una solicitud del CNE. 
• Además, el contralor explicó cómo avanzan las auditorías en la Judicatura, el uso de inteligencia artificial para detectar incrementos patrimoniales y la colaboración con la Fiscalía en casos como Progen.

La Contraloría General del Estado confirmó que analiza el pedido del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar un examen especial a la administración encabezada por Diana Atamaint. El contralor Mauricio Torres Maldonado explicó que la auditoría dependerá del calendario electoral, aunque adelantó que el proceso podría comenzar en agosto.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, Torres señaló que la solicitud ya fue recibida por la institución y que actualmente se evalúa la planificación del examen. Explicó que, debido al período electoral, será necesario coordinar el cronograma para garantizar el acceso a la información sin afectar las actividades del organismo.

"En este caso específico podríamos arrancar en el mes de agosto"Maurcio Torres, Contralor General del Estado

El funcionario indicó que la Contraloría deberá contar con la autorización correspondiente para ejecutar el examen durante el proceso electoral. Añadió que el calendario será coordinado con el CNE, ya que buena parte de sus servidores se encuentra concentrada en la organización de las elecciones.

Auditorías a la Judicatura ya avanzan con varios exámenes en ejecución

Otro de los procesos que desarrolla la Contraloría corresponde al pedido realizado por el Consejo de la Judicatura, que solicitó revisar procesos administrativos y financieros ejecutados entre 2020 y 2026. Según Torres, la institución comenzó a atender el requerimiento hace aproximadamente dos meses.

El contralor explicó que el volumen de trabajo obligó a incorporar los exámenes de forma progresiva, debido a que se trata de auditorías no contempladas inicialmente dentro de la planificación anual. Sin embargo, aseguró que varios equipos ya trabajan en las primeras investigaciones.

"Son cerca de seis o siete exámenes; ya tenemos tres o cuatro en ejecución"Mauricio Torres, contralor General del Estado

Torres reconoció que la demanda de auditorías ha incrementado significativamente la carga operativa de la institución. No obstante, sostuvo que el esfuerzo de los auditores ha permitido ampliar la capacidad de control en diferentes entidades públicas.

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Contraloría utilizará inteligencia artificial para revisar declaraciones patrimoniales

El contralor también explicó cómo funcionará la revisión de las declaraciones patrimoniales juramentadas que deberán actualizar todos los servidores públicos entre el 15 de julio y el 15 de agosto. La información será procesada mediante herramientas tecnológicas desarrolladas por la institución.

"Tenemos un sistema donde se aplican modelos matemáticos y se trabaja con bases de datos, inclusive un poco de inteligencia artificial para determinar los crecimientos patrimoniales de los servidores públicos"Muaricio Torres, contralor General del Estado

El mecanismo también permite identificar diferencias patrimoniales y establecer un orden de prioridad para las auditorías. Cuando se detectan inconsistencias, la Contraloría emite indicios de responsabilidad penal que posteriormente son investigados por la Fiscalía.

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Contraloría mantiene apoyo a Fiscalía en casos como Progen y Trolebús

Durante la entrevista, Torres también se refirió al trabajo conjunto que mantiene la Contraloría con la Fiscalía General del Estado en investigaciones relacionadas con Progen, el Trolebús y otros casos derivados de auditorías realizadas por la institución.

Explicó que los equipos técnicos continúan rindiendo versiones y entregando documentación para respaldar las investigaciones penales, mientras la Contraloría sigue generando nuevos indicios de responsabilidad penal producto de los exámenes especiales.

Según Torres, la institución remite actualmente entre 20 y 40 indicios de responsabilidad penal cada mes, dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías. Añadió que la coordinación con la Fiscalía permite fortalecer las investigaciones mientras la Contraloría continúa ejecutando nuevos controles en distintas entidades públicas.

Lo que debes saber

• La Contraloría informó que más de la mitad de los exámenes patrimoniales realizados en gobiernos autónomos descentralizados terminaron con hallazgos penales.
• Además, reveló amenazas contra auditores e irregularidades detectadas en administraciones anteriores.

La Contraloría General del Estado mantiene bajo investigación a decenas de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El contralor Mauricio Torres Maldonado informó que, de 58 exámenes patrimoniales realizados desde 2024 en estas entidades, 32 concluyeron con indicios de responsabilidad penal, mientras otros procesos continúan en ejecución.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, el funcionario explicó que las auditorías buscan establecer si el patrimonio declarado por los servidores públicos guarda relación con sus ingresos. Cuando existen diferencias que no pueden justificarse, los expedientes son remitidos a la Fiscalía para que determine si existe un delito.

La Contraloría también confirmó que actualmente desarrolla 37 exámenes patrimoniales adicionales en distintos gobiernos locales. Torres anticipó que los resultados de esos procesos serán presentados en los próximos días, una vez concluyan las auditorías.

"De los 58 exámenes que se han hecho en los GAD, 32 tienen indicio de penal"Mauricio Torres, Contralor General del Estado

Amenazas a auditores durante investigaciones en municipios

El contralor aseguró que las investigaciones en gobiernos locales no solo han permitido detectar posibles irregularidades patrimoniales, sino que también han expuesto riesgos para los equipos de auditoría. Según relató, en un cantón de la provincia del Guayas los funcionarios de la Contraloría fueron amenazados mientras realizaban un examen especial.

Debido a esa situación, explicó que decidió asumir personalmente la supervisión del proceso para garantizar que la auditoría continúe hasta su conclusión. El examen terminó encontrando indicios de responsabilidad penal que fueron incorporados al expediente correspondiente.

"He tenido que avocar yo el conocimiento de este caso porque fueron amenazados los auditores"Mauricio Torres, Contralor General del Estado

Torres sostuvo que estos hechos evidencian la presión que enfrentan los equipos técnicos durante las investigaciones y afirmó que las amenazas no solo ocurren en la Costa, sino también en otras provincias del país.

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Costa concentra más casos por debilidad en los controles internos

Aunque la Sierra registra un mayor número de instituciones auditadas, el contralor explicó que la Costa concentra más procesos relacionados con gobiernos autónomos descentralizados. Atribuyó esa diferencia a la falta de mecanismos efectivos de control interno en varias entidades públicas.

Según dijo, mientras los ministerios cuentan con estructuras de control más consolidadas, algunas dependencias y empresas públicas locales presentan mayores debilidades administrativas, situación que facilita la aparición de irregularidades.

"En la Costa existe una mayor cantidad de casos por falta de controles en las propias instituciones".

La Contraloría aseguró que trabaja en fortalecer los mecanismos preventivos mediante programas de capacitación dirigidos a las entidades públicas para mejorar sus sistemas internos de control.

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Balance de gestión: más de 3.500 auditorías y 591 casos enviados a Fiscalía

Como parte del balance de sus primeros siete meses de gestión, Torres informó que desde el 28 de noviembre de 2025 la institución aprobó 3.592 informes de auditoría, de los cuales 2.808 corresponden a informes generales y 591 contienen indicios de responsabilidad penal.

Las auditorías abarcan gobiernos autónomos descentralizados, Policía Nacional, Función Judicial y otras entidades públicas, además de controles sobre declaraciones patrimoniales juramentadas de servidores del Estado.

"Desde que empezamos nuestra administración se han realizado cerca de 3.592 exámenes a varios procesos"Mauricio Torres, Contralor General del Estado

El contralor señaló que buena parte de los hallazgos surgieron al comparar la información declarada por los funcionarios con los movimientos detectados en cuentas bancarias, bienes y otros activos que no pudieron ser justificados.

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Contraloría denuncia presuntas irregularidades de administraciones anteriores

Durante la entrevista, Torres también reveló que la institución detectó presuntas irregularidades cometidas en anteriores administraciones de la propia Contraloría. Entre ellas mencionó el uso de un supuesto "recurso extraordinario de revisión", mecanismo que, según afirmó, no está contemplado en el Código Orgánico Administrativo (COA).

El funcionario aseguró que este procedimiento habría sido utilizado para desvanecer glosas millonarias, por lo que toda la documentación fue remitida a la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes.

"Ya presentamos a la Fiscalía esta situación del recurso extraordinario de revisión que se utilizó para desvanecer glosas millonarias"Mauricio Torres, Contralor General del Estado.

Además, indicó que la institución encontró documentos presuntamente falsificados y fórmulas que, según dijo, nunca fueron aprobadas por los equipos técnicos de auditoría para reducir valores observados en procesos de control. Esas actuaciones también forman parte de las denuncias entregadas al Ministerio Público.

Así avanzan las alianzas electorales de los partidos para las seccionales de 2026

• Los partidos políticos tienen hasta el 18 de julio para registrar sus alianzas ante el CNE.
• Unidad Popular, Avanza y el Partido Socialista ya estructuraron sus coaliciones en varias provincias.
• Organizaciones políticas denuncian trabas para el registro de alianzas electorales en algunas delegaciones provinciales del CNE.

Las organizaciones políticas de Ecuador avanzan con cautela y sortean trabas en la última semana del periodo para el registro de alianzas electorales de cara a los comicios seccionales de noviembre de 2026. De acuerdo con el calendario actualizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el plazo definitivo terminará el próximo 18 de julio, fecha límite para que los partidos definan a sus aliados estratégicos en el territorio nacional. Ante este escenario decisivo, agrupaciones como Unidad Popular y Avanza ya estructuraron sus acuerdos en provincias clave, mientras que otras fuerzas mantienen absoluta reserva.

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Incertidumbre y hermetismo en los partidos políticos

El hermetismo con el que estas organizaciones políticas llegan a esta semana decisiva responde principalmente al ambiente de incertidumbre que ha rodeado el proceso electoral. Los procesos sancionatorios o de cancelación contra algunos partidos políticos, así como las impugnaciones sorpresivas a los procesos de democracia interna, ayudaron a sembrar ese sentimiento entre los dirigentes, según explica el analista político Giuseppe Cabrera.

A pesar de la urgencia del calendario oficial, las siguientes agrupaciones han preferido reservar sus acuerdos o no respondieron a las consultas de EXPRESO:

El mapa de alianzas de Unidad Popular y Avanza

En contraste con la reserva de otras agrupaciones, Unidad Popular ya tiene definidas sus alianzas electorales. Su director, Geovanni Atarihuana, indicó que sus principales socios estratégicos serán Pachakutik, Futuro, Avanza y el Partido Socialista Ecuatoriano, distribuidos de la siguiente manera:

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Por su parte, el partido Avanza también consolidó su mapa territorial. Su presidente, Javier Orti, señaló que participarán junto a Unidad Popular, Centro Democrático, Sociedad Patriótica, CREO y diversos movimientos locales bajo la siguiente estructura:

Estrategia del correísmo y el Partido Socialista Ecuatoriano

En el caso del movimiento Amigo, que auspiciará las candidaturas del correísmo en las seccionales, las definiciones se han esbozado a través de vocerías de la Revolución Ciudadana. Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la agrupación correísta, indicó previamente que sumarán más aliados para los comicios. Una muestra de ello es el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano a la candidatura de Juan Cristóbal Lloret —prefecto de Azuay electo por la Revolución Ciudadana— para la Alcaldía de Cuenca.

Finalmente, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, reveló que sus acuerdos se encuentran prácticamente cerrados. Aunque evitó precisar la totalidad de los territorios, adelantó que las coaliciones formalizadas a nivel nacional incluyen a:

Trabas para el registro de alianzas electorales

En medio de la definición de alianzas electorales, varias organizaciones políticas, como Unidad Popular, Partido Social Cristiano y el Partido Socialista Ecuatoriano, han enfrentado trabas al momento de registrarlas en las delegaciones provinciales del CNE.

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Las tres organizaciones políticas señalan que el principal problema que enfrentan es que las delegaciones provinciales del CNE no están registrando las alianzas con organizaciones políticas que no hayan realizado su proceso de elecciones primarias.

El experto electoral Esteban Ron recuerda que la definición de alianzas también debió formar parte de los procesos de democracia interna para establecer cómo se seleccionarían los candidatos. Si los partidos no lo hicieron, no podrán registrar la alianza.

Lo que debes saber

• Plan 77 se retira de la contienda electoral en El Oro, por lo que no presentará candidatos para la Prefectura ni para la Alcaldía de Machala.
• La decisión deja sin efecto la precandidatura de Darío Macas, procesado por presunto enriquecimiento ilícito.

El movimiento provincial Plan 77 anunció que no participará en las próximas elecciones seccionales para la Prefectura de El Oro y la Alcaldía de Machala, una decisión que deja sin efecto la precandidatura del exalcalde de Machala, Darío Macas.

La organización política informó, a través de un comunicado, que resolvió no presentar candidatos para esas dignidades tras un proceso interno de "diálogo, evaluación y análisis estratégico" junto con su dirigencia y militancia. El movimiento agradeció el respaldo de sus simpatizantes y aseguró que continuará desarrollando actividades políticas en la provincia.

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Darío Macas arrastra al movimiento 

Con esta decisión, Darío Macas ya no buscará la Prefectura de El Oro bajo el auspicio de Plan 77. De igual forma, Luis Gaibor no participará como candidato a la Alcaldía de Machala por esa organización.

El anuncio ocurre pocos días después de que Macas fuera vinculado al denominado caso Muralla. La Fiscalía lo procesa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y un juez dispuso prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos. La investigación forma parte de una causa que indaga un supuesto incremento patrimonial no justificado.

Aunque el movimiento no relacionó expresamente su decisión con el proceso penal que enfrenta Macas, el retiro de las candidaturas se produce en medio de ese escenario judicial, que ha marcado el inicio del calendario electoral en El Oro.

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Proceso de inscripción de candidatos

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre un rechazo a la candidatura de Macas. La decisión conocida corresponde al desistimiento voluntario de Plan 77 de participar en esas dos dignidades, por lo que la organización no tendrá candidatos para la Prefectura de El Oro ni para la Alcaldía de Machala.