Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa enfrenta desgaste por casos Progen, derechos humanos y seguridad sin cambios en ministros.
• Falta de relevo ministerial concentra responsabilidades en el presidente ante crisis y escándalos recientes.
• Encuestas reflejan caída de aprobación en Quito y Guayaquil por corrupción e inseguridad en 2026. 

Si el presidente Daniel Noboa aplicara la teoría de los ministros fusibles, quizá a estas alturas su gobierno no estaría sufriendo el desgaste que le han generado los más recientes casos de corrupción y de violación de derechos humanos.

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La idea de los ‘ministros fusibles’ proviene de la lógica política de los sistemas presidenciales y parlamentarios, según la cual los ministros sirven como una primera línea de responsabilidad política para proteger al jefe de gobierno del desgaste directo causado por errores, escándalos o fracasos de gestión. 

La metáfora viene del fusible eléctrico: cuando hay una sobrecarga, el fusible se quema para evitar que se dañe todo el sistema. En política, el ministro asume el costo político de una crisis para evitar que el daño llegue al presidente o al primer ministro.

Pues bien, Noboa ha cargado prácticamente él solo con el desgaste provocado por varios temas escandalosos que dominan la conversación nacional porque no ha hecho lo que haría cualquier gobernante medianamente inteligente o hábil: pedir la renuncia al ministro donde se produce la sobrecarga.

Política

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Quienes entienden algo de ciencia política saben que existe un principio de delegación política según el cual el presidente delega funciones en sus ministros. Como son los ministros quienes ejecutan las políticas públicas, se espera que respondan por los errores de ejecución antes de que la responsabilidad alcance al mandatario. 

Por eso, los gobiernos en los que existe alguna señal de inteligencia y perspicacia política suelen reemplazar ministros para transmitir la idea de que se han identificado responsables y de que se están tomando correctivos. El cambio de ministros actúa como una válvula de escape frente al descontento de la sociedad.

El costo que asume Noboa por sus ministros

Eso es precisamente lo que Noboa no ha comprendido y, por ello, ha terminado quemándose con escándalos de corrupción como los de Progen y HealthBird, o con casos de violación de derechos humanos como el de los niños de Las Malvinas o el asesinato de la activista Monika Silva. 

Política

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Incluso en situaciones como la de las presiones contra periodistas como Hernán Higuera, quien ha investigado el caso Progen, ocurre lo mismo: si se comprueba que su esposa fue despedida del sector público y que su hijo, médico interno, fue separado de su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, las cabezas de los responsables de esas decisiones deberían haber rodado.

El caso Progen es un ejemplo de este fenómeno. La permanencia en el cargo de Roberto Luque y su posterior confirmación como superministro con mayores facultades lo único que ha conseguido es que la sociedad empiece a sospechar, quizá sin razón alguna, que el presidente no solo oculta y protege a los responsables del robo, sino que está involucrado. ‘Si lo mantiene con tanta obstinación y lo protege tanto es porque él está metido en el negocio’, es el razonamiento que se cruza por la mente de muchos ciudadanos.

Sin que Luque haya sido necesariamente quien se quedó con el dinero de la estafa, Noboa pudo haberle pedido la renuncia para que explicara su actuación y nombrar a otro ministro para que, con el cambio, al menos pareciera que existe una intención de rectificación o un interés genuino en esclarecer el tema. Pero Noboa lo ha mantenido pese a todos los señalamientos que se le han hecho, y el caso Progen se ha convertido en un emblema de la corrupción del gobierno.

Opinión

¿A quién quiere proteger Reimberg?

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Con Inés Manzano, ahora exministra de Energía, ocurrió algo similar. Aunque finalmente salió del cargo, se mantuvo en él durante un tiempo prolongado y todo el aparato estatal, incluida la Asamblea Nacional, que funciona como un apéndice del Ejecutivo, la protegió.

Con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ocurre lo mismo. El trágico caso de los niños de Las Malvinas nunca tuvo un responsable político porque el gobierno hizo todo lo posible por protegerlo y mantenerlo en el cargo. 

Noboa movilizó a la Asamblea para impedir su juicio político y jamás le pidió la renuncia, algo que probablemente habría sido recibido por la sociedad como un gesto de empatía con las víctimas.

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Y ahora ocurre algo parecido con el asesinato de la activista Monika Silva. El ministro del Interior, John Reimberg, intentó posicionar (mintiendo deliberadamente) la idea de que se trató de un suicidio, cuando la lógica y, más tarde, la autopsia apuntaron a un asesinato.

El impacto en la popularidad de Noboa

¿Qué piensa la sociedad cuando un ministro como Reimberg permanece en el cargo a pesar de lo que ha dicho? Sencillo: que el presidente está protegiendo a alguien. Y eso afecta la imagen presidencial.

Todos estos casos y otros más han minado la popularidad del presidente. Si los utilizara como fusibles, la situación podría ser diferente. Según la más reciente encuesta de la firma CIEES, en Quito la aprobación cayó del 39% al 32%, mientras que en Guayaquil el descenso fue aún más drástico, al pasar del 46% al 29%.

Política

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Según la encuestadora, el principal problema que afecta la popularidad del gobierno es la percepción de inseguridad que, si bien ha disminuido recientemente, sigue siendo la causa más importante de su impopularidad.

Es decir, los recientes escándalos de corrupción le han costado mucho políticamente. ¿Por qué no aplica entonces la lógica del fusible?

Ahora bien, también es cierto que, según se sabe, a Noboa le cuesta mucho encontrar ministros para hacer cambios, pues es muy poca la gente calificada y honesta que acepta ocupar esos cargos.

Política

Daniel Noboa reaparece en video estilo Bukele y olvida los resultados sobre seguridad

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Lo que debes saber:

• 20.800 personas necesitan diálisis en Ecuador, según el Frente Nacional de Pacientes Renales.
• Kevin Valdez, su dirigente nacional, recuerda que acceder a ese tratamiento es cuestión de vida o muerte para ellos.
• Hace siete años había desabastecimiento de insumos, de productos de $2 o 3, pero ahora a varios pacientes les recortan horas o días de diálisis.

El 21 de mayo del 2026, Kevin Valdez, vocero del Frente Nacional de Pacientes Renales, acudió a un evento al Hospital Baca Ortiz porque sabía que estaría el ministro de Salud, Jaime Bernabé. En un video se observa que se presenta y le pide una cita y él lo evita y le deja con alguien de seguridad.

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- ¿Qué edad tiene y desde hace cuándo vive con enfermedad renal?

- Tengo 32 años. El diagnóstico lo recibí hace siete años, en el dispensario de La Mariscal del IESS, me dijeron que necesitaba diálisis de emergencia. Busqué una opinión particular y así con dieta extricta recién empecé con ese tratamiento el 13 de marzo del 2023. 

Tuve una preparación previa, mi cuadro renal es hereditario, mi hermana mayor, de 34 años, desde los 12 ha vivido con la enfermedad.

- ¿Qué implica tener que someterse a diálisis?

- Algunos de nosotros tenemos que llevar en los brazos una fístula, que une una vena y una arteria para soportar punciones. Yo ingresé consciente al IESS, para esa operación, la mayoría lo hace inconsciente, por emergencia. 

A otros compañeros les colocan un cateter, un aparato invasivo directo al corazón y se despiertan en diálisis.

- ¿Cuál es la frecuencia con la que requieren someterse a las diálisis?

- Depende del diagnóstico individual. La recomendación suele ser tres veces a la semana y cada terapia dura tres horas y 45 minutos; en mi caso acudo los lunes, miércoles y viernes, de 06:00 a 10:00. Pasamos conectados a una máquina que filtra nuestra sangre. 

Hay dos tipos de terapia sustitutiva, hemodiálisis, a través de la sangre; se filtra y extrae los líquidos que están en exceso en el cuerpo, como el sodio, potasio, fósforo; y diálisis peritoneal, por la que conectan al ombligo un aparato, en las noches, por 10 a 12 horas. Solo el 6 % se hace este último tipo.

Las clínicas privadas no nos sueltan, saben que no les pagan de inmediato, pero luego cobran con intereses.Kevin Valdez/ vocero de pacientes renales

- ¿Por qué en sus intervenciones públicas, como representante de los pacientes renales, usted enfatiza en que no acceder a diálisis pone en riesgo sus vidas?

- Algunos compañeros tienen un diagnóstico sobre otro. Así, enfermedad renal crónica, más presión arterial, diabetes o insuficiencia cardiaca. 

No acceder a una diálisis es fatal porque nuestros riñones no funcionan, no orinamos, no podemos eliminar los líquidos que consumimos; el cuerpo se contamina pues lo que ingerimos se convierte en toxinas. Y se produce un derrame cerebral o un paro cardiaco.

- ¿Han fallecido integrantes de la Federación de Pacientes Renales?

- Según el Estado, en Ecuador no hay muertes por falta de diálisis sino por derrame cerebral o paro cardiaco. Pero lo que lleva a eso es la falta de diálisis. 

Podríamos pasar una semana hinchados, como no se puedes miccionar, los líquidos se acumulan, hay un daño en los pulmones, la muerte puede ser tortuosa y triste, con falta aire.

- ¿Qué tan grave es?

- Por eso empezamos esta lucha. Los pacientes renales no tenemos tiempo. No desmerecemos otras luchas, por la educación o la seguridad. Luego del decreto 393 se mencionó que en 15 días se abastecería a hospitales; se habló de 60 días de transición. 

Nos preocupa, denunciamos y alertamos porque solo nosotros sabemos lo que es vivir con una enfermedad crónica. Solo deberíamos preocuparnos por cuidar la dieta y el estado físico y no por si mañana será posible acceder a la diálisis.

- ¿Por qué decidió involucrarse en el activismo?

- Hace dos años y medio empezamos con el Frente, hemos estado en plantones y marchas, nos ha reprimido la Policía, pese a nuestra condición. 

Me surgió la convicción de luchar por esta causa, por mis compañeros, hasta que el último tenga los insumos completos, también por quienes en tres o más años dependerán de diálisis, por quienes esperan por un trasplante y por quienes perdieron la batalla. En el país somos 20.800 personas que requerimos diálisis.

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- Hay quienes dicen que el desabastecimiento no es de hoy sino de toda la vida.

- Hace siete u ocho años había desabastecimiento de insumos, pero era mínimo, debíamos adquirir medicamentos que costaban $ 2 o 3. 

Pero es en estos últimos años que las clínicas empezaron a hablar de suspender los tratamientos. Nos dicen que el Estado no les paga. Nos enteramos de que cobran $ 1.456 mensuales por paciente. Pero a algunos compañeros les suspenden una sesión al mes o en lugar de cuatro les dan dos horas de diálisis.

El Estado solo cubre al 12 % de pacientes, el 88 % va a clínicas privadas. Deben garantizarnos el tratamiento completo.Kevin Valdez/ vocero del Frente de Pacientes Renales

¿Jaime Bernabé no los recibió?

El Frente Nacional de Pacientes Renales, que reúne a más de 20 mil personas, ha buscado una reunión con el ministro de Salud, Jaime Bernabé; también con Juán José Reyes, presidente de la Comisión legislativa a cargo de este sector, pero ninguno ha aceptado escucharlos.

¿Quién es Kevin Valdez?

Es profesor de Idiomas, con maestría en Educación. Pero no ha podido ejercer su profesión por su ocndición de salud. Trabaja en el área administrativa de un museo. Tiene 32 años. Desde los 7 años conoció cómo es la vida de un paciente renal, ya que su hermana mayor fue diagnosticada. 

Lo que debes saber

• El concurso para fiscal general está paralizado por falta de consenso interno y votos en el Pleno.
• Analistas señalan que el retraso beneficia la continuidad del fiscal encargado del Gobierno.
• Candidatos debaten entre corregir errores del reglamento o denunciar direccionamiento.

El concurso para fiscal general del Estado camina hacia su segunda semana de paralización luego de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no pudo ponerse de acuerdo para aprobar el informe final de la etapa de calificación de méritos.

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La paralización, además de complicar el cumplimiento de los plazos establecidos, empieza a generar dudas sobre las razones detrás del estancamiento del proceso y, en especial, sobre quién se estaría beneficiando con el retraso en la designación del nuevo fiscal general, pese a que debió haberse designado a una nueva autoridad en abril de 2025.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso para Fiscal General del Estado, bosqueja algunos de los hechos que explicarían qué habría detrás de la paralización del proceso para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público.

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Uno de ellos está vinculado con lo más evidente: no hay los votos. Según Espinel, esto ya se observó en la sesión del 11 de junio, cuando la mayoría consolidada se fracturó por la sorpresiva abstención del consejero Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, además de los votos en contra de Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán.

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Este escenario se complica aún más, acota, por la incertidumbre sobre cuál será la postura del consejero que reemplace a Gilbert, quien renunció al CPCCS en medio de los cuestionamientos por aparecer, durante una sesión del Pleno, junto a José De La Gasca, postulante y exministro de Gobierno de Daniel Noboa.

La mayoría del CPCCS tambalea

Este Diario intentó contactar a Andrés Fantoni y Jazmín Enríquez, presidente y vicepresidenta del CPCCS respectivamente, para consultar cómo la entidad prevé dar continuidad al concurso para fiscal general. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. No obstante, la consejera Nicole Bonifaz señala que dicha incertidumbre empieza a sentirse al interior del Pleno del Consejo.

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Bonifaz confirma que la paralización del proceso responde al creciente descontento al interior del Pleno del CPCCS. “Somos tres los consejeros que no estamos de acuerdo. No sé la posición de (David) Rosero”, comenta la consejera y sostiene que “ahora que se fue Roberto Gilbert habría que ver qué piensa su suplente, pero al menos por mi lado no he cambiado de posición con respecto a este concurso”.

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Por otro lado, Espinel no descarta que el nuevo ritmo del concurso para fiscal general del Estado esté vinculado con la posible convocatoria a un referéndum para que la función de designación de autoridades pase a manos de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría parlamentaria y control sobre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones especializadas permanentes.

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Sea cual sea la explicación, Espinel sostiene que el principal beneficiario de la paralización del concurso para fiscal general del Estado es el Gobierno del presidente Daniel Noboa, por la continuidad del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en dicho puesto. En especial, porque Alarcón ha sido una pieza clave en casos como Triple A, Goleada y otros que han sido de interés directo del oficialismo.

Posturas de los candidatos a fiscal general de Ecuador

Por otro lado, entre los aspirantes existen posturas divididas. Mientras que Daniella Camacho y Alejandro Montecé dicen estar de acuerdo con la paralización del concurso, siempre y cuando sea para subsanar errores o garantizar la independencia del proceso, José De La Gasca insinúa un direccionamiento del concurso para fiscal general.

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Camacho, además, considera que la paralización no beneficia a nadie, pero sí afecta a la institucionalidad del Estado por no contar con una autoridad titular. Asimismo, dice que más allá de cualquier desacuerdo al interior del CPCCS, existe un reglamento con lineamientos y mecanismos para garantizar el respeto de la normativa.

Montecé, por su parte, acota que la intervención del Pleno del Consejo es indispensable ante una Comisión Ciudadana de Selección que “rompe el reglamento”, como dice que quedó demostrado con el tratamiento de la calificación de méritos. Sin embargo, aclara que la paralización debe ser justa y permitir la corrección de los errores.

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De La Gasca denuncia presunto direccionamiento

A diferencia de Camacho y Montecé, el exministro De La Gasca cuestiona el desarrollo del concurso e insinúa que la paralización responde a un direccionamiento del proceso. “¿Paralización o más bien que no ‘avance’ hacia donde lo quieren llevar?”, se pregunta. Y hace hincapié en que es preocupante la falta de transparencia y que incluso el proceso ha perdido credibilidad por un trabajo “amañado” y “torcido” de la Comisión Ciudadana de Selección.

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¿Quién es el funcionario de Daniel Noboa con mayor patrimonio? Declaró más que el Presidente

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Sin embargo, solo constan sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024. Como consta en el reportaje 'Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía', EXPRESO no encontró registros de 2025 ni de 2026 en la plataforma de la Contraloría General del Estado. 

"Los funcionarios de nivel jerárquico superior —por ejemplo los ministros— deben presentar esta declaración de forma anual".

Así lo explica Guido Escobar, PhD en Hacienda Pública, experto en temas de la Contraloría y docente universitario. Precisa que esta obligación está establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas y en su reglamento.

¿Puede justificarse la no presentación de la declaración juramentada en 2025 y 2026?

Escobar responde: " No es posible que no aparezcan en la plataforma; es una omisión del Contralor (Mauricio Torres) y de la Contraloría, habría un nivel de desigualdad o discriminación con otros funcionarios como él. ¿Por qué los unos publicitan sus declaraciones y los otros no? La ley tiene dos principios es obligatoria y es general para todos".

Sobre los efectos jurídicos, recuerda que el artículo 231 de la Constitución establece que la falta de presentación de la declaración al término de las funciones, o la existencia de inconsistencias no justificadas entre declaraciones, hará presumir enriquecimiento ilícito.

Además, Escobar señala que "el Contralor tienen que darnos respuesta, es el primer responsable constitucionalmente, es el director de orquesta, el responsable de todo el manejo del sistema de control interno del país, tanto más si son funcionarios de ese rango".

¿Cuál es el efecto jurídico de la no presentación de declaraciones en un funcionario de ese nivel?

El artículo 4 de la ley establece que no presentar la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión implica la anulación inmediata del nombramiento o contrato, el cese de funciones del servidor y la remoción del responsable de talento humano que lo posesionó sin cumplir este requisito. Además, la presentación tardía de la declaración no subsana el incumplimiento.

En su reporte más reciente, el patrimonio de Luque asciende a 149.000 dólares. Registra trece cuentas bancarias con fondos que suman 39.000 dólares. Estos datos constan en el reportaje sobre los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y su equipo.

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El miércoles 24 de junio de 2026 deberá ampliar su versión sobre el caso Progen, según determinó la Fiscalía.

El comunicado de prensa de Contraloría en agosto del 2025:

La Contraloría recordó que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos entró en vigencia el 29 de julio de 2025.

Y señaló que reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

Por lo que, detalló, "los servidores públicos del Ecuador que se desempeñan en cargos de nivel jerárquico superior y son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado (CGE), entre el 1 y 31 de agosto de 2025, con la siguiente información". Con estos datos:

¿Quiénes se consideran PEP?

Lo que debes saber

• Especialistas sostienen que la eventual salida de Serrano de custodia no implica una deportación automática.
• Una protección otorgada por la justicia estadounidense sigue siendo clave en su caso.
• En Ecuador, el exministro mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La posible salida de José Serrano, exministro del Interior del Gobierno de Rafael Correa, del centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos), ha abierto interrogantes sobre su situación migratoria y la posibilidad de que sea enviado a Ecuador. Sin embargo, especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que su eventual excarcelación no implica automáticamente una deportación.

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¿Qué se sabe de la situación de Serrano?

El abogado, especialista en Política Internacional y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, Pablo Játiva señala que todavía no existe una confirmación oficial sobre el estatus actual del exfuncionario. Por ello, advirtió que cualquier análisis debe realizarse con cautela, ya que incluso podría tratarse de un traslado a otro centro de detención o de una liberación bajo fianza.

Según Játiva, la principal barrera para una eventual deportación es la protección otorgada a Serrano bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). El académico explicó que esa medida fue concedida por una jueza estadounidense al considerar que existirían riesgos para su integridad si fuera retornado a Ecuador.

La jueza de asuntos migratorios de Miami, Romy Lerner, concedió el 13 de mayo de 2026 al exfuncionario correísta una protección al amparo de la Convención contra la Tortura (CAT) de 1984, una medida que impide su deportación a Ecuador mientras se mantenga vigentes las condiciones que la motivaron. En el país, Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, en el que es investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

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El alcance de la Convención contra la Tortura

Por su parte, Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que el caso debe analizarse desde varias aristas jurídicas que se desarrollan de manera paralela. A su criterio, aunque en Ecuador existe una orden de prisión preventiva contra Serrano, la protección derivada de la Convención contra la Tortura complejiza cualquier proceso de devolución.

Téllez explica que el principio de no devolución, contemplado en el artículo 3 de la Convención, impide enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar riesgos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Agrega que, de mantenerse vigente esa protección, la deportación quedaría frenada independientemente de otros argumentos relacionados con seguridad o antecedentes judiciales.

Según los académicos, la protección otorgada a Serrano bajo la Convención contra la Tortura también debe analizarse en el contexto de la crisis penitenciaria que ha atravesado Ecuador en los últimos años. Los especialistas sostienen que los antecedentes de violencia carcelaria, las denuncias sobre condiciones de reclusión y la situación de figuras políticas privadas de libertad (el exvicepresidente Jorge Glas y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez) habrían sido elementos considerados por la justicia estadounidense para evaluar los riesgos que enfrentaría el exfuncionario en caso de ser enviado al país.

Játiva expresa que la orden de prisión preventiva vigente en Ecuador no obliga a Estados Unidos a entregar al exfuncionario. Según expresa, la protección internacional otorgada a Serrano se sustenta en que el Estado ecuatoriano no habría podido garantizar plenamente su seguridad e integridad dentro del sistema penitenciario.

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La protección internacional que lo blinda

Por su parte, Téllez señala que la negativa al asilo no elimina automáticamente los efectos de la protección otorgada bajo la Convención contra la Tortura. La experta afirma que ambas figuras tienen alcances distintos y que la segunda puede mantenerse vigente aun cuando la primera haya sido rechazada.

Además, explica la académica que, si Estados Unidos decidiera deportar a Serrano a Ecuador y este fuera encarcelado en prisiones del país, y en un año su estado físico se viera totalmente deteriorado, eventualmente se abriría una ventana de responsabilidad internacional para Estados Unidos a la luz de la Convención, por haber incumplido la normativa al no poder garantizar su retorno en condiciones adecuadas. Esto podría derivar en un litigio internacional, subraya Téllez.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre las condiciones en las que Serrano habría dejado de figurar en localizador de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, los especialistas consultados consideran que, mientras permanezca vigente la protección internacional concedida en Estados Unidos, una deportación a Ecuador no sería un escenario inmediato.

Lo que debes saber:

• De la Espriella lidera preconteo en Colombia por estrecho margen de 0,96%.
• El resultado definitivo del escrutinio tardará entre tres días y dos semanas.
• Iván Cepeda aclaró que aceptará el resultado cuando concluya el escrutinio.

Luego de una histórica participación que superó los 26,3 millones de sufragantes (equivalente al 63,6% del censo electoral), el preconteo inicial en Colombia otorgó el liderazgo a Abelardo de la Espriella por una reducida ventaja de 250.820 votos por encima de Iván Cepeda, marcando una brecha de apenas 0,96 puntos porcentuales.

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Debido a la mínima distancia entre ambos candidatos, Cepeda manifestó de forma pública que, si bien admite la tendencia observada, estos datos "aún no son oficiales ni vinculantes". 

El candidato de izquierda aclaró de manera enfática que su proyecto político aceptará el veredicto definitivo una vez que culmine el proceso de consolidación formal derivado del escrutinio. 

Asimismo, el mandatario colombiano Gustavo Petro remarcó en sus plataformas digitales que los encargados de dictaminar al ganador definitivo son los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo con la facultad jurídica para oficializar los resultados tras la revisión obligatoria de las actas.

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Preconteo frente a escrutinio: ¿cuál es la diferencia?

Según puntualiza la Registraduría Nacional, el preconteo desarrollado durante la misma jornada de los comicios posee únicamente un carácter informativo y carece de validez legal. 

En contraste, el escrutinio constituye la verificación y cómputo oficial de los votos, un procedimiento dotado de plenos efectos legales que posee la capacidad de modificar los resultados preliminares al enmendar fallos de digitación, resolver impugnaciones presentadas y constatar posibles discrepancias dentro de los documentos electorales.

Esta labor se ejecuta de manera progresiva. En primera instancia, se llevan a cabo las verificaciones en los ámbitos distritales y municipales, seguidas por las fases departamentales, concluyendo con la centralización nacional efectuada por el CNE. 

En estas tareas participan comisiones escrutadoras conformadas por jueces, notarios y registradores, quienes cuentan con el respaldo de delegados del CNE, entes de control y los apoderados de las candidaturas presidenciales.

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¿Cuánto tardará el escrutinio en finalizar?

De acuerdo con lo expuesto por los organismos electorales, la normativa no contempla un límite de tiempo inflexible para certificar la designación de un mandatario electo. 

La extensión de este proceso depende directamente del flujo total de la votación y, sobre todo, del número de reclamaciones o tachas que ingresen los veedores y juristas de las campañas respecto a supuestas fallas en las mesas receptoras de voto (tales como errores en el llenado de formularios o incongruencias en las cifras de votantes).

Como un antecedente cercano, en la primera vuelta de las presidenciales celebrada el pasado 31 de mayo, los comités técnicos procesaron la información con celeridad: las labores arrancaron a las 8:00 de la noche del domingo y la centralización nacional terminó el 2 de junio, difundiéndose el balance oficial apenas tres días posteriores al sufragio.

Al respecto, Altus Baquero, magistrado del CNE, detalló al medio SEMANA que, dado que se trata de un escenario electoral simplificado donde únicamente se miden dos binomios y la opción del voto en blanco, el mecanismo tendría que concretarse "muy rápido". 

Tomando en cuenta los antecedentes del país en comicios de gran envergadura, el lapso global para el dictamen definitivo suele demorar entre un mínimo de tres días y un tope de dos semanas.

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¿Qué tanto pueden cambiar las cifras?

A pesar de que el escrutinio goza de la potestad legal para alterar los valores emanados del preconteo, los históricos recopilados por las autoridades y la Misión de Observación Electoral (MOE) en los procesos presidenciales demuestran que los ajustes suelen ser mínimos.

Las alteraciones drásticas, como el caso de los más de 500.000 sufragios recuperados por el Pacto Histórico en las elecciones de Congreso de 2022, responden a mecánicas legislativas de alta complejidad y no se evidencian usualmente en las elecciones presidenciales. 

Por ahora, la ciudadanía colombiana se mantiene atenta a la resolución oficial y firme de las delegaciones para conocer los resultados definitivos.

Lo que debes saber

• La muerte de Monika Silva llegó hasta Naciones Unidas.
• La relatora Andrea Bolaños lanzó una serie de exigencias al Estado ecuatoriano y alertó sobre riesgos para activistas.
• ¿Qué pidió la ONU y por qué considera que el caso tiene una gravedad especial?

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, pidió al Estado ecuatoriano reforzar las garantías de protección para activistas tras el asesinato de la defensora polaca Monika Martyna Koniuszek, conocida públicamente como Monika Silva. La activista fue hallada sin vida en Montañita, provincia de Santa Elena, un caso que continúa bajo investigación.

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Desde el 8 de junio, Bolaños afirmó que ha seguido de cerca la información relacionada con el fallecimiento de la defensora. La relatora señaló que los elementos conocidos hasta ahora generan preocupación debido a que, según información forense, las circunstancias de la muerte no coincidirían con la hipótesis de un suicidio.

“Dado que las autoridades forenses indican que las circunstancias no concuerdan con un suicidio, este suceso adquiere una gravedad particular”, expresó la relatora de la ONU al referirse al caso de Monika Koniuszek. La funcionaria advirtió que la situación merece un análisis profundo por las implicaciones que podría tener para la seguridad de quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.

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La representante de Naciones Unidas sostuvo que la muerte de la activista no puede ser vista únicamente como un hecho aislado. Según indicó, distintos reportes reflejan un contexto adverso para personas que realizan trabajo de defensa de derechos en Ecuador.

“Lejos de ser un caso aislado, diversos informes señalan que otras personas defensoras de derechos humanos están sufriendo hostilidad por parte del Estado”, manifestó Bolaños. La relatora vinculó esta preocupación con la necesidad de fortalecer las garantías de protección para quienes desarrollan este tipo de actividades.

Además, recordó que la situación podría afectar compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos fundamentales. Entre ellos mencionó disposiciones relacionadas con la protección de la vida, la libertad de expresión y el derecho de asociación pacífica.

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Entre las acciones planteadas, Bolaños instó a las autoridades a garantizar que las personas defensoras puedan desarrollar su trabajo sin restricciones indebidas. También solicitó medidas para evitar amenazas, actos de violencia e intimidación contra este sector.

“Garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos”, señaló la relatora dentro de su pronunciamiento. Asimismo, pidió el cese de cualquier práctica de persecución, criminalización o vigilancia dirigida contra activistas y organizaciones sociales.

La funcionaria también exhortó a reforzar los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para brindar respaldo efectivo a quienes enfrentan riesgos por su labor. En paralelo, reclamó que las violaciones contra defensores sean investigadas y sancionadas para evitar escenarios de impunidad.

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ONU insiste en esclarecer la muerte de la activista

Uno de los principales pedidos de la relatora se centra en el esclarecimiento del caso de Monika Silva. Bolaños demandó una actuación diligente de las autoridades para determinar responsabilidades y garantizar transparencia durante todo el proceso.

“Lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso de la Sra. Monika Koniuszek”, enfatizó la representante de Naciones Unidas. El llamado busca que las circunstancias de la muerte sean esclarecidas con base en evidencia técnica y sin interferencias.

La relatora concluyó su pronunciamiento destacando el papel que cumplen quienes defienden derechos humanos en distintos países. “Las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana”, afirmó al insistir en la necesidad de brindarles protección efectiva.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa cumplirá una nueva agenda de trabajo en Estados Unidos el 25 de junio de 2026.
• El mandatario ecuatoriano mantendrá reuniones estratégicas en Nueva York con diplomáticos, migrantes e inversionistas.
• Este viaje representa la segunda visita oficial de Daniel Noboa a territorio estadounidense en menos de un mes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplirá una nueva agenda de trabajo en Estados Unidos a partir del próximo 25 de junio de 2026. Esta visita oficial a la ciudad de Nueva York marca el segundo viaje del mandatario al país norteamericano en menos de un mes, un desplazamiento estratégico que coincide con el desarrollo del Mundial 2026 y la participación de la selección ecuatoriana en la cita deportiva.

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Noboa emprenderá su segundo viaje a Estados Unidos en tres semanas: ¿Con quién se reunirá?

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Reuniones diplomáticas y comerciales en Nueva York

A pesar de que el decreto ejecutivo correspondiente aún no ha sido oficializado, la Cancillería de Ecuador difundió los compromisos previamente coordinados que el primer mandatario solventará en territorio estadounidense. La planificación oficial arranca el 25 de junio de 2026 con una sesión diplomática de alto nivel orientada a la seguridad regional.

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Posteriormente, las actividades presidenciales se extenderán hasta el 26 de junio de 2026, enfocándose en el diálogo con la comunidad residente en el exterior y la atracción de capitales para el desarrollo nacional.

Detalle de la agenda presidencial

Segundo viaje a Estados Unidos en menos de un mes

Este viaje se suma a la reciente actividad internacional del mandatario. A mediados de junio de 2026, entre los días 11 y 15, el primer mandatario cumplió una jornada laboral en el país norteamericano que contempló una visita al Pentágono y una reunión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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Durante esa misma permanencia en el norte, Daniel Noboa asistió al partido inaugural de Ecuador en el Mundial 2026, evento disputado de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Si bien su presencia en el encuentro deportivo no constaba en las rutas iniciales de la Cancillería, el presidente fue captado por la transmisión oficial del compromiso.

Los puntos claves de este reportaje

• Cinco autoridades subordinadas o alineadas al Ejecutivo reportan montos de hasta $1,8 millones.
• Los activos de los hombres de confianza del Ejecutivo van desde un salto de un millón de dólares en acciones empresariales hasta $200 mil en semovientes (ganado) y fondos en Estados Unidos.
• Para acceder a los informes patrimoniales de servidores públicos se han sorteado limitaciones que la Contraloría ha implementado en los últimos dos meses. Aún se exige al ciudadano que llene un formulario con datos personales y continúa inhabilitada la opción de descarga de los documentos.

El poder económico de quienes manejan los hilos políticos del país deja rastros en los papeles oficiales, aunque el acceso a ellos se intente convertir en un laberinto. Una reciente revisión patrimonial de Diario EXPRESO a trece altas autoridades del país expone las cifras que los hombres de confianza del presidente Daniel Noboa han entregado a la Contraloría General del Estado.

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Las autoridades bajo escrutinio:

Cinco de estos personajes son subordinados del presidente Noboa: Neira, Luque, Olsen, Sensi-Contugi y Cabezas-Klaere. El dato más llamativo de este análisis financiero no se queda en el despacho presidencial, ya que el exasambleísta oficialista Niels Olsen registra un patrimonio superior al del propio primer mandatario.

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Mientras el presidente Daniel Noboa declara un patrimonio que asciende a $1,6 millones (una casa de $1,5 millones en Santa Elena, acciones por $101 mil y $16 mil en tres cuentas bancarias, sin deudas ni vehículos a su nombre), su exministro y hombre fuerte en la Asamblea Nacional reportó un patrimonio de $1,8 millones, en las declaraciones disponibles de 2025.

El salto millonario del hombre de confianza

Niels Olsen, quien presentó su renuncia a la Presidencia de la Asamblea Nacional este 8 de junio de 2026, acumula específicamente un patrimonio de $1'835.291,87, según su reporte de 2025. En su lista de activos constan nueve cuentas bancarias que suman un total de $87 mil, una casa en Guayas adquirida en 2008 por $135 mil, y un departamento en la misma provincia registrado en 2023 por $460 mil.

El exlegislador, cuya familia se ha dedicado tradicionalmente al agroturismo, reporta además una camioneta de año 2023 comprada por $45 mil y un menaje de casa valorado en $90 mil. El crecimiento de su patrimonio ocurrió entre su paso como ministro de Turismo en el gobierno de Guillermo Lasso y su llegada a la Asamblea Nacional. En ese periodo experimentó un salto de aproximadamente un $1 millón reflejado en acciones de empresas.

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Cuentas por cobrar y el rastro del dinero en el exterior

El segundo funcionario con el patrimonio más alto entre los subordinados del entorno presidencial es el superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere. El funcionario reportó un patrimonio total de $915.085,56. Dentro de los rubros más importantes de su balance constan cuentas por cobrar que superan los $300 mil.

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En el puesto tres de esta lista consta José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y quien previamente estuvo al frente de doce funciones por encargo de Noboa, incluyendo la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Él registra un patrimonio de $461 mil en su reporte de 2026.

Neira ingresó al servicio público en 2023 como subsecretario general de Acción Estratégica con $447 mil. Entre sus activos actuales destacan cinco cuentas bancarias (cuatro de ellas localizadas en Estados Unidos) con un total de $46 mil, inversiones por $160 mil y $200 mil en semovientes (ganado), sin registrar casas ni vehículos a su nombre.

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Ministra de Gobierno presenta denuncia en Fiscalía: "Correa estaría liderando red de espionaje"

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La denuncia apunta directamente al máximo líder de Revolución Ciudadana. El caso cobró relevancia luego de que, en las últimas semanas, se difundiera un audio en el que supuestamente conversa con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela relacionada con el denominado caso Porsche y el uso de recursos de Segura EP.

“Vengo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General para que se proceda a realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto cometimiento de delitos que se estarían realizando dentro del sistema de Segura EP y que, lamentablemente, ha sido un sistema mal utilizado, sobre el cual los guayaquileños han puesto de su dinero para que pueda prevenir delitos”, señaló Morillo.

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¿Por qué se menciona a Rafael Correa?

Según la ministra de Gobierno, existen indicios de que las cámaras de videovigilancia de Segura EP habrían sido utilizadas con fines políticos. En ese contexto, aseguró que detrás de las operaciones denunciadas existiría una presunta red de espionaje.

Morillo sostuvo que dicha estructura “estaría siendo liderada por Rafael Correa”. Además, mencionó la participación de otras personas que habrían estado vinculadas con el seguimiento de información obtenida a través del sistema municipal.

Entre los señalados figura el asambleísta de Revolución Ciudadana y exjefe de la bancada correísta Juan Andrés González, cuyo nombre también ha sido mencionado en relación con el audio difundido recientemente.

¿Qué es el caso Porsche?

El denominado caso Porsche surgió a partir de una denuncia impulsada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La alerta se originó tras la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria.

De acuerdo con la información expuesta por las autoridades municipales, el vehículo llegó a un sector donde se encontraba la vivienda del único procesado por una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.

¿Qué delitos se investigarán?

La ministra Morillo indicó que la Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales derivadas del uso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Entre los posibles delitos que mencionó están:

¿Cuál fue la reacción del correísmo?

Correa utilizó su cuenta en la red social X para responder a los señalamientos realizados por funcionarios del Gobierno. Sobre Morillo, publicó: “Ministra: Fuera de sus evidentes troles, mire lo que les contesta la gente. Están perdidos. Sirvenguenzas”.

Además, el exmandatario respondió al ministro del Interior, John Reimberg, quien había señalado: “Salas espejo, espionaje, uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad al servicio de intereses particulares, en lugar de la seguridad de los guayaquileños”.

Frente a esas declaraciones, Correa escribió en su cuenta de X: “¿Sala espejo? ¿Espionaje? ¿Uso discrecional de recursos y logística del Estado? ¡Increíble! ¿Por qué mejor no resuelven el Caso Porsche? Y en manos de este pelotudo está la seguridad ciudadana”.

Lo que debes saber

• El proceso por el caso Villavicencio continúa en Ecuador bajo investigación fiscal.
• La defensa cuestiona decisiones y acciones en el desarrollo del caso.
• Serrano sigue vinculado a la causa con medidas cautelares vigentes.

Ante la presunta salida del exministro del Interior, José Serrano, de la custodia migratoria en Estados Unidos, la defensa de las hijas de Fernando Villavicencio ha expresado su preocupación por los efectos que esto podría tener en el proceso judicial en Ecuador. El abogado Patricio Rosero advirtió que el caso atraviesa un momento sensible dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial.

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Vinculación con orden de prisión preventiva en Ecuador

Serrano enfrenta en Ecuador una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, tras haber sido procesado como presunto autor intelectual del asesinato del político. Sin embargo, la preocupación de Rosero se origina en el cambio de situación del exministro, quien previamente se encontraba retenido en el centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos), donde permanecía bajo un proceso migratorio paralelo.

Rosero señaló, a un medio de comunicación, que la situación es “indignante”, al considerar que no se habrían ejecutado acciones concretas por parte del Estado para impulsar una apelación que debió realizarse oportunamente. A su criterio, estas omisiones habrían tenido impacto en decisiones recientes dentro del proceso judicial.

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Cuestionamientos sobre influencia en el proceso judicial

El jurista también sostuvo que una carta atribuida a Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, habría influido en la tramitación de un recurso de habeas corpus. En ese sentido, afirmó que el caso se desarrolla en un entorno complejo y con posibles influencias externas.

En paralelo, registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos indicarían que Serrano habría dejado de figurar bajo custodia migratoria. Esta situación ha sido interpretada como una posible salida del centro de detención de Krome, donde permanecía desde agosto de 2025, aunque no existe confirmación oficial.

La defensa de las hijas de Villavicencio también relaciona este escenario con la audiencia de apelación a la prisión preventiva realizada el 18 de junio de 2026. En esa diligencia, el tribunal habría solicitado el expediente físico del caso para su revisión.

Lo que debes saber

• El ICE ya no registra a José Serrano bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
• El cambio aparece en medio de un proceso de fianza aún sin confirmación oficial.
• En Ecuador, sigue vigente una orden de prisión preventiva en su contra por el caso Villavicencio.

José Serrano, exministro del Interior, habría dejado de figurar bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según información del localizador de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El exfuncionario se encontraba detenido en el centro de detención de Krome, en Miami.

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Posible salida tras resolución de fianza

El sistema de localización ya no registra coincidencias con sus datos personales —incluidos nombres y fecha de nacimiento—, lo que sugiere una posible salida del centro de detención. Esta eventual liberación habría ocurrido tras una resolución asociada al pedido de fianza dentro del proceso migratorio que enfrenta en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial del pago ni de la ejecución formal de la medida. EXPRESO intentó comunicarse con Verónica Serrano, hija del exfuncionario, para conocer su versión sobre la presunta libertad de su padre y el estatus en el que se encontraría en territorio estadounidense, pero no obtuvo respuesta.

Recurso de habeas corpus en Florida

El 8 de junio de 2026, el exministro del Interior, José Serrano, presentó un nuevo recurso de habeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, con el objetivo de recuperar su libertad y salir del Centro de Procesamiento Krome. La acción judicial fue ingresada luego de que una solicitud similar fuera rechazada previamente por la justicia estadounidense.

La demanda fue dirigida contra el director interino del ICE, así como contra el subdirector del Centro de Procesamiento de Servicios Krome North. Como parte del expediente, la defensa del exfuncionario adjuntó 10 documentos de sustento.

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Defensa alega vulneraciones al debido proceso

Los abogados de Serrano han sostenido que, durante su detención, el 7 de agosto de 2025, se habrían producido vulneraciones al debido proceso. Además, han expresado que el exministro habría sido objeto de una persecución política tanto por parte de autoridades de Ecuador como de Estados Unidos, planteamientos que ahora deberán ser respondidos por la parte estatal dentro del litigio.

No obstante, la detención se originó en una infracción migratoria, relacionada con el supuesto exceso del tiempo autorizado de permanencia en territorio estadounidense tras el vencimiento de su visa. Este elemento ha sido el eje del procedimiento administrativo que derivó en su arresto y posterior permanencia en custodia.

Investigación en Ecuador por caso Villavicencio

Mientras tanto, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación contra Serrano por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En ese proceso, el exfuncionario enfrenta una orden de prisión preventiva dictada dentro de la causa.

Las claves que debes saber

• Transportistas piden al Gobierno fijar tarifas por alza de combustibles en Ecuador.
• Sector con 230.000 transportistas alerta crisis y exige política tarifaria para frenar pérdidas logísticas.
• Gremios convocan reunión ante falta de medidas; evalúan acciones por caída de fletes y competencia desleal

Fernando Ortiz, representante de los transportistas pesados del país, solicitó este 22 de junio de 2026 que el Gobierno defina un esquema tarifario para el sector. Según el dirigente, la medida permitirá a los agremiados enfrentar la crisis que atraviesan por el aumento de los precios de los combustibles.

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"Es hora de que el Estado establezca una metodología para el cálculo de costos del transporte, un piso tarifario. No hemos pedido compensaciones", dijo Ortiz junto a los dirigentes de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte Pesado y Logística, la Asociación Andina de Transportistas Internacionales de Carretera, la Corporación de Operadoras de Transporte Pesado, entre otras.

Ortiz aseguró que el sector de carga vive "una asfixia económica que afecta a las actividades productivas y compromete a la cadena logística del territorio nacional". Según el dirigente, la falta de una regulación ha provocado un "abuso de la mayoría de generadores de carga, que se niega a establecer tarifas justas para el sector, ha generado una competencia desordenada y desleal, basada en la reducción indiscriminada de los fletes".

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Transportistas se reunirán para tomar medidas

El dirigente del sector, que aglutina a unos 230. 000 transportistas del país, criticó que el Gobierno no haya diseñado el mecanismo, pese a las alertas que habrían manifestado a las autoridades. Por ello, demandó una política pública, así como "medidas estructurales y sostenibles" que brinden estabilidad a los conductores.

El vocero manifestó que los transportistas no han efectuado paralizaciones. Sin embargo, indicó que han convocado a las bases de los gremios del transporte pesado a una reunión en la ciudad de Santo Domingo, en donde se "decidirán las medidas por la falta de una regulación tarifaria".

Transportistas rechazan fusión de ministerios

A la par de un esquema tributario, el dirigente rechazó que el régimen haya fusionado el Ministerio de Transporte con otras carteras de Estado en el nuevo Ministerio de Infraestructura y Tecnología. 

"Representa un debilitamiento. El transporte no es un componente secundario, sino un eje estratégico de la economía, suministros, logística interna y comercio exterior; aportamos con el 5,5% del PIB, generamos miles de empleos. Es una pérdida de jerarquía del sector, porque compite por presupuesto y decisiones dentro del área técnica", observó. 

En la misma línea, comentó que la medida del Gobierno en la frontera norte afectó a los transportistas de Carchi. Los agremiados habrían reportado entre 15 y 20 millones de dólares en pérdidas  y despidos de conductores por la tasa a las importaciones de Colombia.

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Lo que debe saber

• El alcalde de Portoviejo aún agotar todas las instancias para lograr su participación en las seccionales 2026.
• Javier Pincay anunció que habrá una candidatura que continuaría su proyecto, en caso de no participar.
• La autoridad local enfrenta un proceso ante el TCE derivado de su inasistencia al debate obligatorio en 2023.

El alcalde de Portoviejo Javier Pincay anunció que, en caso de que su situación jurídico-electoral no se resuelva antes de las elecciones seccionales de 2026, impulsará una candidatura que dé continuidad a su proyecto político. “Si las circunstancias jurídicas actuales se mantienen este proyecto debe continuar”, señaló.

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Pincay apareció en un video difundido en redes sociales en el que se pronuncia sobre su situación de cara a las próximas seccionales. Cabe recordar que, según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la inscripción de candidaturas está prevista entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

“Como es de conocimiento público, un juez del TCE mantiene un proceso que impide, hasta el momento, nuestra participación en las próximas elecciones. Nuestro equipo legal continúa agotando todas las instancias jurídicas electorales que la ley permite”, manifestó Pincay.

¿Promoverá otra candidatura?

El anuncio de Pincay se relaciona con una estrategia en caso de que persista la prohibición impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En ese escenario, el alcalde de Portoviejo aseguró que existirá una candidatura alineada con el proyecto de ciudad que ha impulsado durante su administración.

“Para tranquilidad de todos los portovejenses quiero anunciarles que habrá una candidatura que represente estos principios, que defienda los avances alcanzados y que garanticen la continuidad de este proyecto”, aseguró.

¿Qué pasó con Pincay?

La situación jurídica del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, continúa marcada por decisiones contradictorias dentro del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a pocos meses del inicio del proceso para las elecciones seccionales de 2027.

El origen del caso se remonta a 2023, cuando el entonces candidato a la Alcaldía de Portoviejo fue sancionado por no asistir a un debate electoral obligatorio organizado durante la campaña para los comicios seccionales. 

La infracción fue considerada grave por la justicia electoral y derivó en una suspensión de sus derechos de participación política.

Durante 2026, el caso volvió a cobrar relevancia. En abril, el TCE ratificó que la sanción seguía vigente y rechazó los argumentos de la defensa de Pincay, que sostenía que la medida ya había sido cumplida por el transcurso del tiempo. El organismo electoral señaló que la suspensión aún estaba pendiente de ejecución y mantuvo la restricción sobre sus derechos políticos.

El escenario cambió a finales de mayo, cuando el TCE emitió una nueva resolución mediante la cual redujo la sanción de dos años a seis meses, aplicando el principio de favorabilidad tras las reformas incorporadas al Código de la Democracia. 

La decisión fue interpretada por la defensa del alcalde como un reconocimiento de que la sanción ya habría sido cumplida, pues la sentencia original quedó ejecutoriada en 2023.

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Paralelamente, Pincay intentó revertir una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ratificó la suspensión de sus derechos políticos y actualizó el registro electoral en función de esa medida. Para ello presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE. 

La causa fue archivada después de que el alcalde no completara ni aclarara los requisitos exigidos por la jueza Ivonne Coloma dentro del plazo legal establecido. Con ello, la resolución del CNE quedó en firme.

Los puntos claves

• El Gobierno denunció ante la Fiscalía una presunta red de espionaje que habría operado utilizando recursos de Segura EP.
• Según el ministro John Reimberg, la estructura habría funcionado mediante "salas espejo", espionaje y el uso discrecional de recursos públicos.
• La Fiscalía investigará posibles delitos como peculado, uso indebido de información pública e intimidación, mientras la Asamblea abrió un proceso de fiscalización sobre Segura EP.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó este 22 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue una presunta red de espionaje que, según el Ejecutivo, habría operado utilizando recursos del sistema de videovigilancia de Segura EP, la empresa municipal encargada de la seguridad y monitoreo en Guayaquil.

La denuncia surgió luego de que en las últimas semanas se difundiera un audio atribuido al expresidente Rafael Correa y al exoficial de Policía Rodney Rengel, relacionado con una supuesta investigación paralela sobre el atentado con explosivos ocurrido en La Bahía de Guayaquil en 2025. A partir de ese caso, el Gobierno sostiene que herramientas destinadas a la seguridad ciudadana pudieron haber sido utilizadas para otros fines.

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Espionaje y "salas espejo"

Según la versión expuesta por el Ejecutivo, la presunta estructura habría aprovechado capacidades tecnológicas y operativas de Segura EP para obtener información, realizar seguimientos y desarrollar investigaciones ajenas a las funciones para las que fue creado el sistema.

Las acusaciones fueron reforzadas por el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que existían "salas espejo", actividades de espionaje y un uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad para atender intereses particulares en lugar de fortalecer la seguridad de los guayaquileños.

Además, el funcionario sostuvo que los recursos públicos destinados a proteger a la ciudadanía no pueden ser utilizados para alimentar conspiraciones ni convertirse en herramientas de poder político.

El audio que detonó el caso

Las sospechas del Gobierno se apoyan, entre otros elementos, en un audio atribuido a Rafael Correa y Rodney Rengel. Según el oficialismo, en esa conversación se hace referencia a una investigación desarrollada al margen de las pesquisas oficiales sobre el atentado registrado en La Bahía.

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Los delitos bajo investigación

Morillo señaló que la Fiscalía deberá establecer si existieron delitos como peculado, uso indebido de información pública e intimidación, además de cualquier otra infracción que pueda surgir durante las investigaciones.

La ministra también afirmó que la presunta red estaría integrada por varias personas vinculadas al correísmo y sostuvo que Rafael Correa sería quien la lideraba. El exmandatario, por su parte, rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de una nueva persecución política.

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Segura EP en la Asamblea

El caso también llegó a la Asamblea Nacional. La Comisión de Seguridad inició un proceso de fiscalización para analizar posibles vulneraciones a los protocolos de acceso y manejo de los sistemas de videovigilancia de Segura EP.

La mesa legislativa anunció que convocará a distintos actores relacionados con el caso y tendrá varios meses para elaborar un informe sobre sus hallazgos. 

Lo que se debe saber

• Abelardo de la Espriella gana presidenciales en Colombia y reconfigura el mapa político andino.
• Triunfo conservador en Colombia promete operaciones militares conjuntas en la frontera con Ecuador.
• La agenda proinversión del nuevo presidente colombiano dinamizará el comercio bilateral con Quito.

La victoria del abogado y empresario colombiano Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial marca un giro político de gran relevancia para la región andina y abre un nuevo escenario en las relaciones entre Colombia y Ecuador. 

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Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional, De la Espriella se impuso al candidato de izquierda Iván Cepeda por un estrecho margen, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Un nuevo mapa político regional

El triunfo del dirigente conservador consolida la tendencia hacia gobiernos de centroderecha y derecha en varios países latinoamericanos. 

Analistas internacionales consideran que la llegada de De la Espriella al poder fortalece un bloque regional integrado por mandatarios como el ecuatoriano Daniel Noboa y el argentino Javier Milei, que han hecho de la seguridad, el control migratorio y la promoción de la inversión privada algunas de sus principales banderas.

La reacción del Gobierno ecuatoriano fue inmediata. El presidente Daniel Noboa felicitó públicamente al mandatario electo colombiano y expresó su disposición para trabajar de manera coordinada en asuntos de interés común.

La seguridad, principal punto de coincidencia

Para Ecuador, el principal efecto de este cambio político podría sentirse en materia de seguridad. Ambos países comparten una frontera de casi 600 kilómetros afectada por el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados vinculados al crimen organizado.

Política

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Génesis Parrales

Durante la campaña, De la Espriella prometió endurecer la lucha contra las organizaciones criminales, reforzar las capacidades militares y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. Estas propuestas coinciden con la estrategia impulsada por el Gobierno de Noboa para enfrentar la violencia ligada al narcotráfico.

Un eventual alineamiento entre Quito y Bogotá podría facilitar operaciones conjuntas en la frontera norte, el intercambio de inteligencia y una coordinación más estrecha frente a las redes transnacionales que operan en ambos territorios.

Los desafíos del nuevo mandatario

Pese al triunfo electoral, De la Espriella asumirá el poder en un contexto complejo. La estrecha diferencia obtenida en las urnas refleja una sociedad profundamente dividida y una oposición que conserva una importante capacidad de movilización política.

Además, el nuevo presidente deberá gobernar con un Congreso fragmentado, donde necesitará construir acuerdos para sacar adelante sus principales reformas en seguridad, economía y administración pública.

Una oportunidad para Ecuador

Más allá de los desafíos internos que enfrentará el próximo Gobierno colombiano, su llegada al poder supone un cambio de rumbo respecto a la administración de Gustavo Petro y podría redefinir los equilibrios políticos en la región andina.

Para Ecuador, la elección de De la Espriella abre la posibilidad de una relación más cercana con Bogotá en asuntos clave como la lucha contra el crimen organizado, la integración económica y la coordinación diplomática. El alcance real de ese acercamiento dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para convertir las coincidencias políticas en acuerdos concretos durante los próximos años.

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La organización indígena pidió que ambos mandatarios se pronuncien, tomando en cuenta que el plazo para presentar una respuesta vence el 22 de junio de 2026.

“Daniel Noboa y María José Pinto deben pronunciarse frente a la notificación enviada sobre la solicitud de revocatoria de mandato”, indicó la organización presidida por Leonidas Iza.

El pasado 9 de junio de 2026, colectivos sociales, entre ellos la Ecuarunari, formalizaron la solicitud de revocatoria del mandato. Ese día acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

“Los sectores sociales permanecerán vigilantes ante este proceso. La ciudadanía merece transparencia, respeto y respuestas claras”, manifestó la organización indígena en un comunicado difundido este 22 de junio.

El plazo al que se refiere la Ecuarunari está relacionado con el tiempo que tienen las autoridades cuestionadas para ejercer su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

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Solo en caso de que esta sea admitida, los promotores podrán iniciar la recolección de firmas de respaldo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para impulsar la revocatoria de un presidente de la República se requiere el apoyo de al menos el 15 % de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.

Otro de los impulsores de la iniciativa, el abogado Washington Andrade, señaló que este plazo permite que Noboa presente una respuesta, se allane o se oponga a la solicitud de revocatoria. También hizo un llamado para que organizaciones como la UNE, la Fenocín y el Frente Popular se sumen a la iniciativa.

Diferencias entre la Conaie y la Ecuarunari

Dentro de la Conaie, la Ecuarunari ha sido la única organización que ha impulsado la revocatoria. Esa diferencia quedó en evidencia cuando la Confederación retiró el préstamo de su sede para el encuentro de las organizaciones que promueven la iniciativa.

Dirigentes de la Conaie, como Simón Velasco, responsable del área de comunicación, aclararon en esa ocasión que las bases habían decidido no formar parte del proceso y se desmarcaron de la revocatoria impulsada en contra del presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• HCAM separó a internos de Medicina tras iniciar el período 2026-2027 y aún no explica las razones.
• Trabajadores del HCAM exigen transparencia sobre la salida de estudiantes de la Central y la PUCE.
• La polémica surge tras denuncias de Hernán Higuera sobre la pérdida de una plaza de internado.

La Asociación de Trabajadores de la Salud del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) manifestó su preocupación por la desvinculación de estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador del Internado Rotativo correspondiente al período mayo de 2026 – abril de 2027, pese a que los alumnos ya habían iniciado su proceso formativo en esa casa de salud.

A través de un pronunciamiento público, el gremio señaló que la decisión afecta un componente clave del modelo docente-asistencial del hospital, ya que los internos rotativos participan en la formación práctica de futuros profesionales y forman parte de la dinámica académica y asistencial que ha caracterizado al HCAM durante años.

Cuestionamientos por la falta de explicaciones

La organización indicó que hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública los fundamentos técnicos, académicos o administrativos que motivaron la separación de los estudiantes. 

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Además, observó que la medida se adoptó una vez iniciado el período de internado, lo que genera incertidumbre sobre sus efectos en la planificación académica y en el funcionamiento de la institución.

Según el pronunciamiento, cualquier decisión que altere procesos previamente establecidos debe estar sustentada en criterios objetivos, transparentes y verificables, respetando principios como la seguridad jurídica, el debido proceso y la buena administración pública.

La Asociación también advirtió sobre la necesidad de esclarecer cómo se garantizará la continuidad de la formación de los estudiantes afectados y cuáles serán las acciones para evitar impactos en la comunidad hospitalaria.

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Pedido de transparencia a las autoridades

El gremio exhortó a las autoridades competentes a informar de forma clara las razones que originaron la medida y las acciones adoptadas para atender la situación. 

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Asimismo, planteó la importancia de preservar el carácter docente del HCAM y su papel como centro de referencia para la formación de profesionales de la salud.

En su comunicado, la Asociación reafirmó su respaldo a una formación médica de calidad y a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo institucional. 

También expresó su expectativa de que las autoridades esclarezcan los hechos y adopten medidas que permitan evitar situaciones similares en el futuro.

La controversia surge en medio de las denuncias de Hernán Higuera, quien afirma que, tras sus publicaciones sobre el caso Progen, su esposa fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió una plaza de internado médico en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.

Lo que debes saber

• Roberto Kury encabezará la delegación ecuatoriana ante la OEA.
• Ecuador participará en reuniones y sesiones clave del foro hemisférico.
• La agenda incluirá seguridad regional y fortalecimiento de relaciones bilaterales.

Ecuador participará en el quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se realizará del 22 al 24 de junio de 2026 en Ciudad de Panamá. La delegación oficial estará encabezada por el canciller Roberto Kury, quien desarrollará una agenda orientada a posicionar los intereses estratégicos del país.

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Agenda en el principal foro hemisférico

El encuentro político y diplomático hemisférico se llevará a cabo bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”. La Asamblea General es considerada el órgano supremo de la OEA y uno de los principales espacios de concertación política de la región.

Como parte de sus actividades, Kury participará en representación del presidente Daniel Noboa en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno convocada por el bicentenario del Congreso Anfictiónico. Asimismo, asistirá a las sesiones plenarias de la Asamblea General de la organización.

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Seguridad y relaciones bilaterales

El canciller también participará en la ceremonia de adhesión de Paraguay al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas que afectan la seguridad en el continente.

De manera paralela, el ministro mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de la región para fortalecer las relaciones comerciales y políticas del Ecuador. Con esta participación, el Gobierno señala que busca ratificar el liderazgo del país dentro del sistema interamericano.

Lo que debes saber

• Comisión de Seguridad inició el proceso por presunto uso irregular de recursos municipales.
• Un audio vincularía del expresidente Rafael Correa con una investigación paralela del caso Porsche, en Guayaquil.
• El legislador Andrés Castillo confirmó que las convocatorias a los actores arrancan este martes 23 de junio de 2026.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional avocó conocimiento este lunes 22 de junio de 2026 del proceso de fiscalización a Segura EP, la empresa pública del Municipio de Guayaquil encargada de la videovigilancia y seguridad ciudadana. La investigación, dispuesta por el Pleno Legislativo, busca esclarecer presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en el caso Porsche, un entramado que salpica al entorno del gobierno tras un atentado con explosivos ocurrido en 2025.

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Comparecencias iniciarán de inmediato

El asambleísta de ADN y vicepresidente de la mesa legislativa, Andrés Castillo, lideró la sesión ordinaria y confirmó el cronograma de actividades. El legislador anunció de forma oficial que las comparecencias en la Asamblea Nacional iniciarán este martes 23 de junio de 2026. Aunque Castillo evitó precisar los nombres de los primeros funcionarios que comparecerán ante la comisión, enfatizó de manera categórica que "se convocarán a todos los actores involucrados" en las operaciones de la entidad de control.

El origen de la investigación y el audio de Rafael Correa

La decisión del Pleno de iniciar este control político se originó a partir de una filtración de un material sonoro. En dicha grabación se escucha un audio de Rafael Correa y Rodney Rengel, exoficial de la Policía Nacional, donde conversan extensamente sobre una supuesta investigación paralela del atentado en la Bahía de Guayaquil.

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De acuerdo con las indagaciones preliminares, el correísmo habría coordinado estas acciones mediante el presunto uso de recursos de Segura EP, corporación que en ese momento se encontraba bajo el liderazgo de Fernando Cornejo.

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