Política

Inmunidad de Jácome se tratará en el Pleno y RC denuncia trato distinto en casos similares

Daniel Alejandro Romero Páez

La decisión se adoptó el viernes 24 de abril de 2026, durante la sesión 088, con la presencia de 131 de los 151 legisladores. El pedido se originó en el oficio 1322, remitido el 27 de marzo por el juez Marco Torres, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que solicitó autorización para iniciar un proceso penal.

La querella fue presentada por el asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien se encuentra en España. El legislador sostiene que, durante la sesión plenaria del 5 de febrero —transmitida públicamente—, Jácome los calumnió.

Esto dijo Jácome, por lo que se la acusó:

Según la denuncia, la legisladora habría sugerido que integrantes de esa bancada “usen una buena pijama” y busquen un lugar en la denominada “Cárcel del Encuentro”, en alusión a personas vinculadas a investigaciones judiciales. 

González interpretó esas declaraciones como una insinuación de que habría allanamientos y privaciones de libertad. La acusación fue por presunta calumnia.

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"Usen una buena pijama": la referencia por la que RC quiere sanción a Jácome

Daniel Alejandro Romero Páez

La reacción de Diana Jácome

Tras la votación, Jácome defendió su posición y calificó el proceso como infundado. “El archivo de mi queja administrativa confirmó lo que siempre sostuve: no había fundamento alguno. Hoy, el Pleno rechazó levantar mi inmunidad frente a una propuesta impulsada por un asambleísta sin gestión ni respaldo”, afirmó. 

Además, Jácome añadió que se trató de “una maniobra política fallida” y aseguró que continuará en funciones “sin distracciones”.

Los reclamos de la Revolución Ciudadana, por el caso de Mónica Palacios

Desde la bancada correísta se ha denunciado un trato desigual en casos similares. El viernes 24 de abril también venció el plazo para que se trate sobre el levantamiento de la inmunidad de la legisladora Mónica Palacios, quien fue acusada ante la Corte Nacional de Justicia por presunta calumnia en contra de Mishel Mancheno, de ADN.

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Pugna entre Mónica Palacios y Mishel Mancheno salta del Pleno a lo judicial

Daniel Alejandro Romero Páez

Como antecedente, recordaron que el 5 de marzo el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión 075, en la que debía debatirse el pedido de levantamiento de inmunidad contra el propio González, solicitado por un juez de la Corte Nacional. 

El plazo legal venció el 7 de marzo sin que el Pleno adoptara una resolución. 

Ese proceso se originó en declaraciones de González, el 10 de diciembre de 2025, en las que denunció la existenci a de un “gobierno terrorista” y afirmó que la Fiscalía General del Estado estaba “secuestrada por la Función Ejecutiva”. 

Una semana después, la legisladora oficialista Naila Quintana presentó una querella por presunta calumnia.

En medio de ese contexto, González ha buscado respaldo internacional. A finales de marzo se reunió en España con diputados, entre ellos Enrique Santiago, quien expresó críticas a la situación institucional de Ecuador y cuestionó las acciones contra la Revolución Ciudadana.

¿Qué ocurrió con este caso?

• La difusión de un evento de yoga con gatos por parte de Bianca Salame, funcionaria de ProAnimal, generó críticas por falta de claridad, especialmente por desarrollarse en Samborondón.
• La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.
• El Municipio de Guayaquil hoy reacciona y aclara que su participación se limita a una feria de adopción y que se trata solo de una invitación externa dentro de un convenio intermunicipal.

El evento de yoga con gatos en Samborondón ha generado una ola de reacciones ciudadanas, cuestionamientos de una concejal y un pronunciamiento oficial del Municipio de Guayaquil, actualmente liderado por Tatiana Coronel.

A través de una respuesta enviada a EXPRESO, la Dirección de Comunicación del Municipio aseguró que la participación de la Dirección ProAnimal se limita a una feria de adopción de gatos, con el objetivo de que los animales encuentren un hogar.

Guayaquil

Municipio de Guayaquil: cuestionan a Bianca Salame por evento de ProAnimal en Samborondón

Juan Ponce Merchán

“La actividad responde a una invitación cursada por los organizadores a través del Municipio de Samborondón”, detalló la entidad, aclarando que ProAnimal no forma parte de la organización del evento.

Además, el Municipio enfatizó que durante el evento no se brindarán servicios veterinarios ni se realizarán aportes económicos.

La participación institucional, según el comunicado, se enmarca en un convenio de cooperación entre los cantones Guayaquil y Samborondón, suscrito el 4 de septiembre de 2025.

Evento de yoga con gatos genera polémica y respuesta del Municipio

Sin embargo, la controversia surge por el mensaje original difundido en redes sociales de ProAnimal, en el que la funcionaria Bianca Salame invitaba a la ciudadanía a asistir al evento con el mensaje: “ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida”, indicando como ubicación el kilómetro 2.5 de la vía Samborondón.

Guayaquil

Concejala pide cuentas por evento de ProAnimal fuera de Guayaquil

Juan Ponce Merchán

En dicha publicación no se precisó que se trataba de una invitación externa, ni se mencionó el convenio entre municipios, ni tampoco se aclaró la ausencia de aportes económicos o servicios por parte de ProAnimal.

Esta omisión ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de ciudadanos y actores políticos, quienes cuestionan la claridad y transparencia en la comunicación institucional.

Finalmente, el Municipio reiteró que “la Dirección ProAnimal mantiene su compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, buscando cerrar el debate generado en redes sociales.

Rol de Bianca Salame en el Municipio de Guayaquil

Bianca Salame confirmó recientemente su retorno a la ProAnimal. La funcionaria, que se desempeñó como coordinadora de Denuncias y Rescates desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026, se reincorporó a la estructura municipal durante la última quincena bajo la figura administrativa de "Especialista".

Las claves del caso

• La ruta marítima hacia Tortuga Bay, en Galápagos, permanece suspendida desde hace un mes, por decisión de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea). 
• Operadores turísticos y familias vinculadas a esta actividad cuestionan la medida, aseguran que la ruta no es peligrosa y sostienen que los accidentes registrados obedecieron a fallas humanas y falta de control de las autoridades. 
  

Tras la publicación de un artículo de EXPRESO, en torno a la suspensión de la ruta Tortuga Bay, ¿cuál es la situación en Galápagos frente a esta suspensión?

La suspensión vino de parte de Dirnea, del contralmirante Ramiro Armijos. En 20 años de servicio en la ruta se han dado dos accidentes, por lo cual la ruta no es peligrosa. Unas 50 personas están afectadas en el trabajo, además del turismo. Vengo recogiendo firmas porque los médicos también están preocupados. Tuvimos dos accidentes; el primero no fue por oleaje ni mal tiempo, fue porque se fue el mando, el capitán se quedó sin gobierno.

¿O sea, fue por un error humano?

Bueno sí, sería por un error humano, vamos a ser sinceros porque, por ejemplo, si se quedó sin gobierno tenía que tener otra alternativa, un mando mecánico. Claro que fue falla humana porque, si hubiera tenido una buena ancla y cabo, hubiera tirado ancla y cabo y no se iba la embarcación.

¿Ese hecho dejó muertos?

No, ahí salieron todos ilesos.

¿El segundo es el que desencadena esta situación?

Si hubiera un control de parte de la autoridad, antes de salir: tiene ancla, cabo, boya, chaleco, todo ese factor de parte de la Marina, que tiene parte aquí, no solo el armador... El segundo accidente fue porque había neblina, lluvia, y ese fue un caso fortuito (...) Ahora, están tomando la lancha Angy, que fue en septiembre de 2022, que se quedó sin gasolina. Esa ruta era Isabela-Santa Cruz, entonces me imagino que el contralmirante no está mirando esas fallas. Hubo tres fallecidos. Está confundiendo, diciendo que la ruta es peligrosa, y no es cierto. Ahí mismo, en la lancha Angy, tiene que ver responsabilidades las autoridades y el armador de la embarcación. Ahora, como ya pasó otro accidente, quieren lavarse las manos porque el contralmirante dijo: “Cierren la ruta porque es peligrosa”, y no es así..

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¿Cuándo dice “lavarse las manos”, a quién se refiere?

A las autoridades.

¿Con esta situación que consideran injusta, han formalizado el pedido, han ido a la Marina, han alzado la voz?

Ya hemos esperado reuniones cuando decidieron cerrar. Estábamos afuera esperando noticias cuando salieron con un informe técnico que iba a enviar Inocar, que ya lo tenemos, porque dicen que por salvaguardar las vidas se cierra, que el lugar está falto de un estudio técnico y que la ruta es peligrosa, y no es así. Les decía: por lo menos fueron a darse una vuelta; nada. Hay días en que sí se pone agitado, es bravo para entrar; hay días en que sí se pone agitado el mar, pero eso pasa en toda la costa, no solo en Tortuga Bay, es general, es normal. Por eso le digo que lo que hacen es lavarse las manos, decir: “Cierren eso”, y ellos piensan que el mundo les va a decir que están trabajando, y no es así. Está afectando demasiado al sector turístico.

¿Cuánto tiempo lleva el cierre?

Un mes (...) El servicio que se daba era 10 de ida y 10 de venida por persona. En este caso, no era la mejor opción cerrar, sino hacer una mesa técnica, un protocolo de seguridad y de control que mejore para que no vuelvan a pasar esas situaciones.

Guayaquil

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Juan Ponce Merchán

Se dijo que no tenían chalecos salvavidas.

Exacto, el control de las autoridades debe ser perenne hasta que las embarcaciones ya dejen de movilizarse.

¿Puede cuantificar el golpe al sector turístico?

Ha habido reportajes sobre insolación y accidentes en Playa Brava. No había embarcaciones como antes. Hoy en día hay mucha gente de tercera edad, embarazadas y niños que no están llegando a sus lugares, a Tortuga Bay; se están quedando en el hotel porque no tienen otra opción. Se están quedando en la piscina. Playa Escondida y otros sitios son peores que Tortuga Bay y siguen abiertos. En Playa Escondida hubo un accidente con muerte el año pasado. Es mucho más difícil entrar cuando el mar está agitado. En Isabela, Los Túneles es mucho más agitado. No sé de dónde se cogieron para cerrar. Por eso digo que se están lavando las manos.

¿Por el último accidente hubo pérdidas humanas?

Exacto, un compañero nuestro falleció, pero por infarto, no por ahogamiento...

¿Y ahora se han agrupado alguna asociación o grupo?

No, pero queremos formar una porque nos recomiendan tener vida jurídica.

Lo que debes saber

• Periodistas analizan reformas al COIP que buscan penalizar expresiones digitales calificadas como difamación.
• Fenape definirá postura sobre proyectos aún no calificados por el CAL, según su presidenta Susana Piedra.
• Expertos alertan riesgos para la libertad de expresión y recuerdan que la vía penal está prohibida para sancionar opiniones.

Los representantes de los periodistas se reunirán este 25 de abril de 2026 para analizar, entre otros temas, las recientes propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyos textos buscarían penalizar las expresiones en plataformas digitales que sean consideradas como “difamación”.

Te invitamos a leer| RC y ADN van contra la libre expresión con proyectos para penalizar la opinión

La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), Susana Piedra, dijo que esos proyectos y otros temas críticos que enfrentan los comunicadores ecuatorianos serán abordados en la asamblea ordinaria que desarrollará el gremio en Quito.

Piedra señaló que en el encuentro de la organización, que reúne a 23 colegios provinciales de periodistas, se definirá una postura, pues considera que aún hay tiempo para actuar, ya que ambas propuestas todavía no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La Fenape fue una de las organizaciones que rechazó el anterior intento del oficialismo por penalizar las expresiones críticas, como lo planteó en enero pasado la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León.

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¿Por qué intentan sancionar las expresiones?

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), dice que llama la atención que el oficialismo insista en tratar de sancionar las opiniones, pese a que la sociedad civil ya rechazó la anterior pretensión de León. Considera que ahora intenta emplear una propuesta del correísmo para penalizar los criterios que no le favorecen. 

“La bancada ADN recicla una idea de RC en un sentido prácticamente idéntico; parecería que ya no es error ni desconocimiento, sino un intento de, como sea, criminalizar la crítica ciudadana en el entorno digital”, observa. 

Política

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Para Francisco Rocha, analista político y exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la propuesta evidenciaría que el Gobierno “intenta cerrar un círculo” que comenzó con la restricción que impuso la Contraloría para conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. 

“Hay un afán de opacidad. Se está pensando que, a través de la legislación, pueden prohibir, como lo hacen los totalitarios. No están claros en el concepto de democracia, porque son los abusos los que hay que juzgar, no la vida diaria”, opina.

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Alertas por convenciones internacionales

Miño recuerda que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para el Ecuador y “prohíben categóricamente que se use la vía penal como medio para sancionar expresiones”. 

La constitucionalista cree que, si se busca debatir los límites a la expresión en el entorno digital, “todos los involucrados debemos ser escuchados, para que no se vuelva un intento de imponer censura y mordaza a la crítica legítima en democracia”.

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Pesimismo ante la inestabilidad

• Habitantes de la provincia perciben un abandono institucional frente a la ausencia de sus líderes electos.
• Gremios productivos temen que los cambios repentinos afecten la continuidad técnica y asfixien al agro.
• Expertos analizan cómo el escenario de comicios anticipados distrae la atención de las prioridades locales.

Qué difícil parece gobernar en el Guayas, y así lo siente su gente. Queda un año de administración para las autoridades electas, pero no están. Pasa en Durán, con un alcalde que sesiona por Zoom, empujado por la violencia intrínseca del cantón ferroviario.

No hay un líder cerca

Aquí, Anky Arce, quien ejerce en medicina, describe que abandono es la palabra apropiada. “Como sabrás, Durán tiene muchos problemas, respecto a la escasez de agua, lo peligroso que está el cantón; súmale el hecho de no tener un representante, es como que no hay nadie que resuelva”, manifiesta.

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez está preso. Su ausencia extendida ha motivado un pedido de remoción que sigue su curso, y apunta a que asuma la vicealcaldesa Tatiana Coronel de forma definitiva. Ella asegura que la planificación continúa, pero las constantes manifestaciones políticas, que se han instrumentalizado desde el Municipio, no son bien recibidas por algunos, como Francisco Orellana, quien reside en el suroeste de la ciudad.

“Tenemos puestos vacíos, que se intentaron llenar con promesas. Es una situación irreal y no antes vista. Espero que con las elecciones podamos elegir verdaderos líderes y no pantomimas y politiquería”, dice, apuntando a las votaciones seccionales adelantadas para el 29 de noviembre.

Ángel Jiménez, líder comunitario y administrador en el sector turístico hotelero de la urbe, también opina del caso : “Es lamentable para la Alcaldía, y para nosotros saber si caminamos con un horizonte o no. Más lamentable es que el Concejo le dé más largas al asunto, aprovechando que la mayoría es del partido de él. Claro que su situación penal es complicada, pero el Sillón de Olmedo no puede esperar”.

Y lo más reciente, la renuncia del binomio ganador en 2023 para la Prefectura. A elección unánime de todos los representantes de los GAD, se posesionó a Carlos Encalada como el viceprefecto que asumirá como titular en menos de un mes. Consenso entre autoridades, pero no es un líder escogido por voto popular.

El peso de la inestabilidad en el agro

Frente a esta coyuntura, José Luis García, representante de la Coordinación para el Comité de Defensa del Agricultor, refleja la incertidumbre productiva. Sobre el inminente relevo en la Prefectura del Guayas, García es cauto. Reconoce que Encalada es ganadero, pero advierte sobre su inexperiencia administrativa.

“Muchas personas del área privada fracasan en lo público. Lo lógico es que Encalada ratifique a los funcionarios que están”, señala. Para él, Marcela Aguiñaga dejó la “vara alta” y un vacío evidente. Su gestión sí llegó al verdadero agricultor con el censo agrícola y kits de fertilizantes.

Pero la preocupación de García trasciende el tema de la Prefectura. La inestabilidad local choca con las políticas económicas del Gobierno central, asfixiando al agro. “La principal preocupación es la inestabilidad que ha generado el Gobierno con los precios de sustentación”, afirma. A esto suma las altas tasas de interés por encima del 17 % y acuerdos comerciales que exponen a sectores agrícolas.

La inseguridad jurídica ha hecho que el agricultor deje hasta de sembrar para cuidar su negocio. No hay política seria y la inversión huyeJosé Luis García

El análisis desde la academia

La visión gremial encuentra eco en la academia. El vacío de poder, a un año de cerrar las gestiones seccionales, golpea la operatividad. Robert Friend, abogado y docente de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explica que el mayor riesgo es perder la normalidad operativa.

"La autonomía exige presencia institucional, coordinación y continuidad. Cuando una administración local se somete a procesos de remoción, quien termina asumiendo el costo (...) es la ciudadanía".Robert Friend

Estefanía Luzuriaga, docente investigadora de la Universidad Casa Grande, añade que esta situación agudiza la crisis institucional. Para la experta, el caos tiene un efecto distractor. “Centra la atención en un escándalo político que genera mayores distancias entre el ciudadano y sus gobernantes”, argumenta. Luzuriaga precisa que la pugna interna desgasta recursos y frena decisiones estratégicas. “La gente siente que problemáticas como servicios o inversión social quedan en segundo plano frente a los conflictos de las autoridades”, puntualiza.

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A la par, Manuel Balda, director de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, alerta del impacto severo en la gestión técnica. Cambiar autoridades a mitad de año dificulta ejecutar proyectos vigentes y entorpece la planificación para 2027. “Al ser un año electoral el próximo, el presupuesto se prorroga. Las autoridades que recién llegan harán la planificación al apuro. Tendrá un impacto doble, tanto para este año como para el próximo. Esta inestabilidad es bastante negativa para el funcionamiento ordinario”, analiza.

¿Mejorará el panorama en lo que resta del año? La academia es pesimista. El adelanto de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre contamina cualquier estabilización. Friend advierte que si la confrontación política y la campaña anticipada absorben a los gobiernos locales, la inestabilidad se agravará. “Ese escenario distrae a la administración de lo prioritario: cerrar obras, atender emergencias y ejecutar presupuestos”.

Balda concluye tajante: “No se retomará un curso de normalidad. Debido al complejo contexto electoral, los políticos están mucho más preocupados en sus estrategias y candidaturas que en la gestión pública pura. La inestabilidad en la provincia permanecerá y se agravará irremediablemente”

Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

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A pocos sorprenden las críticas y los comentarios despectivos vertidos por el mandatario estadounidense sobre el hijo menor del rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle. Pero parecía que entre ellos había una tregua. Hasta que el jueves 23 de abril de 2026, el duque de Sussex ofreció una conferencia de seguridad en Ucrania con palabras dedicadas a Trump y a su homólgo ruso, Vladímir Putin.

Trump responde a Enrique de Inglaterra

“Este es un momento para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, dijo Enrique.

Horas después, Trump reaccionó en la Casa Blanca con la vehemencia que lo caracteriza. “De una cosa estoy seguro: el príncipe Enrique no habla por el Reino Unido. Creo que yo represento más al Reino Unido que el príncipe Enrique. Pero aprecio su consejo”.

Antecedentes entre Trump y los duques de Sussex

La difícil relación entre Trump y el duque de Sussex no es nueva. El mandatario ya había emitido comentarios sobre Meghan Markle y sobre su situación migratoria en Estados Unidos.

Todo parece remontarse a 2023, cuando la Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense creada en 1973, cuestionara la legalidad de la concesión de la residencia al príncipe luego de que este admitiese haber consumido drogas en uno de los capítulos de su biografía En la sombra.

Dos años después, Trump descartó una posible deportación del príncipe, pese a cuestionamientos sobre su visado. “Ya tiene suficientes problemas con su mujer, es terrible”, alegó.

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Meghan Markle Vs Trump

Meghan Markle también ha tenido diferencias públicas con el presidente. Antes de convertirse en miembro de la realeza británica (2018) lo calificó de "misógino" y "polémico".

Como era de esperarse el ahora presidente de Estados Unidos, en 2019, durante una visita a Londres, se refirió a ella como “antipática” y “desagradable”. 

“No soy fan de ella... Le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar”, aseguró luego sobre la exactriz, quien en 2018 y 2021 formara parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

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Redacción Expresiones

La visita de Carlos III a Estados Unidos

El cruce de declaraciones ocurre antes de la visita oficial de Carlos III y Camila a Estados Unidos, programada para el 27 de abril.

El encuentro incluye una reunión con Trump en la Casa Blanca y actividades en Washington, Nueva York y Virginia. La visita busca conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según lo previsto, no se contempla un encuentro entre el rey y su hijo durante esta gira, un tema que siempre despierta la atención mediática.

Lo que debes saber de este seguimiento

• Tampoco se muestran fechas de ingreso o salida de cargos, claves para detectar incrementos patrimoniales.
• El sistema sigue exigiendo datos personales para acceder a información que antes era pública y directa.
• Organizaciones de la sociedad civil exigen que se eliminen restricciones.

Aunque el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible tras los fallos registrados en días anteriores por un supuesto ataque informático, el acceso a la información pública no ha sido restituido en su totalidad y su titular, Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien asumió el cargo con un discurso de transparencia, no ha dado la cara a pedidos de entrevista de EXPRESO.

(Le puede interesar: Apagón en la Contraloría: tres días sin acceso a bienes de los funcionarios bajo excusa de ataque)

El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, es decir, información pública. Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió, pero a medias: retiró la marca de agua que hacía casi imposible leer los montos de los bienes y desbloqueó el desglose de las propiedades. 

Sin embargo, hasta la tarde de este 24 de abril se mantiene oculto el año al que corresponden las declaraciones y las fechas de ingreso y de salida del cargo que ocupó el servidor público. Esto era visible hasta hace unas semanas.

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Otro de los principales obstáculos es que los ciudadanos deben seguir ingresando información personal para acceder a los datos, un requisito que antes no existía en este sistema de consulta pública.

Sin fechas, no hay trazabilidad del patrimonio

La falta de estos datos impide realizar un seguimiento adecuado del patrimonio de los servidores públicos. El año de cada declaración es un elemento esencial para identificar variaciones en los bienes declarados a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si un funcionario inicia su gestión con un patrimonio de $ 200 mil y la concluye con $ 1,5 millones, ese incremento solo puede ser identificado como una alerta si se conoce con precisión cuándo fueron presentadas esas declaraciones.

Sin esa referencia temporal, el análisis se vuelve incompleto. La información pierde contexto y limita la posibilidad de detectar posibles irregularidades o incrementos injustificados.

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Un impacto directo en la transparencia

Estos vacíos generan una afectación directa a la transparencia, a la contraloría social, como lo definen organizaciones que promueven la fiscalización del poder público.

En la última década, se han registrado varios intentos por restringir el acceso a este tipo de información pública. La situación actual se suma a ese historial y vuelve a colocar en debate el alcance real del acceso ciudadano a los datos de los funcionarios, quienes sí deben estar en el foco del escrutinio ciudadano.

Las limitaciones no solo afectan a los ciudadanos en general, sino también al periodismo de investigación y a los activistas que realizan seguimiento al uso de recursos públicos.

Este escenario cobra mayor relevancia en contextos clave, como los procesos de selección de autoridades. Actualmente, por ejemplo, está en marcha la designación del Fiscal General del Estado, y en los próximos meses se desarrollarán procesos para elegir autoridades seccionales.

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Las claves del caso

• El retorno de Bianca Salame al Municipio ha generado reacciones en redes sociales, especialmente tras la difusión de un video en el que promociona un evento de ProAnimal fuera de la ciudad.
  
• La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó al Municipio un informe detallado sobre un evento de ProAnimal realizado en Samborondón.

La promoción de un evento por parte de la Dirección ProAnimal del Municipio de Guayaquil en Samborondón ha generado cuestionamientos políticos. La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.

La inquietud surge tras la difusión en redes sociales oficiales de una convocatoria para un acto en el km 2.5 de la vía Samborondón. Según la edil, esto genera “legítimas preocupaciones sobre el uso de recursos públicos municipales” y la planificación territorial.

Municipio de Guayaquil: cuestionan acto de ProAnimal fuera del cantón

En el documento enviado, Chóez señala que la promoción del evento se realizó bajo la identidad institucional del Municipio de Guayaquil, incluyendo el eslogan “#AsíSeHaceGuayaquil”.

La concejala solicita un informe detallado que incluya:

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Municipio de Guayaquil: cuestionan a Bianca Salame por evento de ProAnimal en Samborondón

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El cuestionamiento central gira en torno a si una entidad municipal puede desarrollar actividades fuera de su jurisdicción sin un sustento legal claro. La edil advierte que esto podría implicar una mala priorización de necesidades dentro de Guayaquil.

Hasta el momento, la alcaldesa Tatiana Coronel no ha emitido una respuesta pública sobre este requerimiento.

¿En qué consiste el evento?

El acto está previsto entre las 10:00 y 11:30 en el kilómetro 2.5 de la avenida Samborondón. En el video promocional se escucha: “Ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida. Yoga con gatos, porque a veces la calma llega con bigotes”.

FirmaEC está caído

• FirmaEC registra indisponibilidad para la rúbrica y validación de archivos.
• Mintel autoriza el uso de aplicaciones externas con certificados acreditados.
• El envío de los oficios debe realizarse manualmente mediante el sistema Quipux.

Los servicios de firmado y validación de documentos de la plataforma estatal FirmaEC registran una indisponibilidad temporal debido a ajustes técnicos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) confirmó la caída del sistema este viernes 24 de abril de 2026, lo que frena el flujo regular de la gestión documental pública a nivel nacional.

Política

Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado

Carlos Isaac Pino

Contingencia y uso del Quipux

La paralización de FirmaEC obliga a funcionarios y ciudadanos a buscar métodos alternativos para no detener las actividades institucionales. Según la cartera de Estado, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento del servicio, pero no se ha emitido un tiempo estimado para la normalización de la plataforma.

Ante la falla, el Mintel habilitó un procedimiento de contingencia amparado en el Acuerdo Ministerial 17-2020. 

Política

"Se están revisando requisitos": Morillo sobre la posesión de Bernabé al ministerio de Salud

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Correísmo denuncia negligencia en el Teodoro Maldonado

• Asambleísta denuncia daños por 28.4°C en cámara de frío del IESS.
• Fármacos para el cáncer y la diabetes habrían entrado en cuarentena.
• La legisladora exige una auditoría urgente a la Contraloría General.

La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, denunció públicamente una presunta negligencia administrativa en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, que, según publicó, habría provocado la pérdida de medicamentos oncológicos y biológicos.

Política

Comisión del concurso para fiscal general opera incompleta y bajo cuestionamientos

Rosero Mariela

Documentos publicados en X

Según la alerta emitida por la legisladora, el pasado 20 de abril de 2026 se habría registrado una ruptura en la cadena de frío de la cámara número uno de la casa de salud, elevando la temperatura a 28.4 grados centígrados. Esta situación, advierte Correa, expuso a cientos de fármacos vitales a su degradación y pérdida de eficacia terapéutica.

La denuncia legislativa hace eco de lo que detallan supuestos documentos internos del Teodoro Maldonado Carbo. Según el memorando IESS-HTMC-DT-2026-0847-M, fechado el 23 de abril, la administración del sanatorio ya sugiere que el Comité de Farmacoterapia evalúe la "estabilidad, seguridad y posible uso" o la inmovilización definitiva de los productos que perdieron la temperatura adecuada.

Asimismo, a través del oficio IESS-HTMC-GG-2026-2318-M, la gerencia general exige a las áreas de Mantenimiento y Farmacia un informe técnico que explique la causa raíz de la falla de la cámara de frío ocurrida el 20 de abril.

De acuerdo con el listado expuesto en la denuncia, los medicamentos que se encontraban almacenados en el área afectada son:

Pedido de fiscalización al IESS

Frente a la gravedad de la situación y la escasez generalizada en el sistema de salud pública, Correa catalogó el hecho como una "negligencia administrativa" que interrumpe tratamientos de vida o muerte.

La asambleísta confirmó que iniciará procesos formales de fiscalización desde el Legislativo y que solicitará de inmediato a la Contraloría General del Estado la apertura de un examen especial urgente para determinar las responsabilidades por la supuesta falta de mantenimiento de los equipos médicos.

Política

Pacientes del Teodoro Maldonado sufren por calor extremo en área de diálisis

Carlos Isaac Pino

Justicia

El ranking de los 10 candidatos a Fiscal General del Estado con los patrimonios más altos de 2026

Richard Josue Jimenez Mora

Sin embargo, el concurso avanza con vacíos en su propia estructura. Aún no se califica a quienes deben reemplazar a Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, quien renunció el 23 de febrero a su cargo como comisionada principal. 

El 4 de marzo se dispuso la principalización de Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés como delegado de la Corte Nacional de Justicia, pero su incorporación efectiva sigue pendiente.

Asimismo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, remitió el 19 de marzo los nombres de sus nuevos delegados —Eliana Jaramillo Loayza y Luis Flores García—, sin que hasta la fecha el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) haya concluido su calificación.

El proceso también enfrenta cuestionamientos desde la veeduría ciudadana. Guido Egas, coordinador, denunció presuntas amenazas por parte de David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión y delegado de la Función Ejecutiva. Flores Brandt, además, fue designado por sorteo para calificar los méritos del exministro y postulante José De La Gasca.

Renuncias de veedores

Las tensiones y los desacuerdos en torno a la transparencia del concurso para la selección del Fiscal han impactado directamente en la veeduría. 

El 2 de abril de 2026 renunciaron su coordinador, la subcoordinadora y siete integrantes adicionales. Días después también dimitió el secretario, Julio Aguilar, lo que profundiza la inestabilidad en uno de los mecanismos clave de control del concurso.

Contexto sobre candidatos

El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que dirige la abogada María Dolores Miño, presentó un informe. Analizó los perfiles de los 75 postulantes. 

Justicia

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Richard Josue Jimenez Mora

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

La sesión se desarrolló la tarde del 23 de abril, luego de que los consejeros escucharan las propuestas de los tres postulantes: Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo. En su intervención, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional, con énfasis en blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Perfil académico y trayectoria judicial

Mercedes Caicedo Aldáz es una jurista con sólida formación en el ámbito penal y criminológico. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su experiencia profesional se respalda en años de ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

En la Función Judicial ha ocupado cargos de relevancia. Fue jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia y conjueza en la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. Ha emitido sentencias en los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

Un relevo marcado por la crisis institucional

La llegada de Caicedo a la presidencia de la Judicatura se da en medio de una crisis y cuestionamientos. Mario Godoy, designado inicialmente para el periodo 2025-2031, fue censurado y destituido tras denuncias de presunta injerencia en decisiones judiciales. El exjuez anticorrupción Carlos Serrano señaló presiones en el caso Euro2024, lo que derivó en un juicio político impulsado en la Asamblea Nacional.

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Richard Josue Jimenez Mora

Durante ese proceso, Damián Larco asumió como presidente encargado, aunque la decisión generó polémica porque la vocal suplente Alexandra Villacís debía ocupar el cargo. Villacís enfrentó un impedimento administrativo para ejercer funciones públicas y, pese a una sentencia constitucional que ordenaba rectificar la información, finalmente renunció.

Por ahora el mayor reto de Caicedo será implementar las reformas propuestas y garantizar que la independencia judicial prevalezca frente a presiones políticas y casos de corrupción.

La sesión del CPCCS arrancó pasadas las 15:00. Fue convocada después de que el 22 de abril de 2026, los consejeros escucharan los planes de trabajo de los tres aspirantes. Ese día intervinieron Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo.

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Richard Josue Jimenez Mora

En su exposición ese día, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional orientado a blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Durante el tratamiento del punto fue la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez la encargada de mocionar a Caicedo como vocal principal y a Ramón Echaiz como vocal suplente

Enríquez dijo ante el Pleno que los planes de ambos vocales ahora designados se complementaban. Además, sobre la nueva presidenta de la Judicatura, Enríquez señaló que contaba con una base sólida, tanto en conocimiento como experiencia, para asumir la vocalía principal.

Dos votos en contra

Sin embargo, la decisión no se tomó con el voto unánime del Pleno del CPCCS. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra. La segunda argumentó que había presentado reparos desde el inicio del proceso. 

Entre los cuestionamientos, Curán habló de que la unificación de los procesos no garantizó la separación correcta de las etapas. Además dijo que la Comisión Técnica se extralimitó en sus funciones y eso puede ser considerado un motivo de nulidad del proceso.

¿Quién es Mercedes Caicedo?

Caicedo Aldáz es una jurista con formación especializada en el ámbito penal y criminológico, respaldada por un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su perfil académico se complementa con su ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

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En el ámbito profesional, ha ocupado cargos clave dentro de la Función Judicial. Se ha desempeñado como jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia, así como conjueza en esa misma instancia, dentro de la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

¿Por qué se designó un nuevo vocal principal para la Judicatura?

Mario Godoy fue designado como vocal principal y presidente de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Sin embargo, enfrentó cuestionamientos por su presunta injerencia en decisiones judiciales, denunciadas por el exjuez anticorrupción Carlos Serrano.

Este último señaló a Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy, como la persona que lo presionó en el caso Euro2024, por el delito de lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El caso llegó hasta la Asamblea Nacional, donde el correísmo impulsó un juicio político. Al final, Godoy fue censurado y destituido. Durante ese proceso ya había solicitado licencia y, en una polémica sesión del Consejo de la Judicatura, esa instancia designó como presidente encargado a Damián Larco, exdirector del SRI del Gobierno de Daniel Noboa.

La decisión generó cuestionamientos porque a quien le correspondía asumir el cargo era Alexandra Villacís, vocal suplente designada y posesionada por la Asamblea. Cuando debía hacerlo, en el Ministerio del Trabajo apareció un impedimento para ejercer cargo público.

Villacís inició un proceso para demostrar que dicho impedimento no existía. Aunque hubo una sentencia constitucional que ordenaba al Ministerio rectificar esa información en su sistema, la cartera presidida por Harold Burbano no lo hizo. Finalmente, Villacís renunció al cargo de vocal suplente.

Política

CIP cuestiona criterios sobre intervenciones societarias en Ecuador

Flor Layedra Torres

El directivo e hijo del fundador de los medios, Galo Martínez Merchán, participó este viernes 24 de abril de 2026 en el panel Más allá de los tribunales: mecanismos complejos para asfixiar al periodismo, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

En ese espacio denunció una estrategia de presión que, a su juicio, se articula desde el poder central mediante actores institucionales y campañas digitales.

Galo Martínez Leisker anotó que las acusaciones son burdas y mal sustentadas. Primero se habló de un supuesto proceso de defraudación tributaria relacionado con los canillitas, basado en un cálculo erróneo: sumaban el valor de las facturas en lugar de restarlo, y sostenían que no se había declarado un ingreso que en realidad correspondía a pagos a GRANASA.

Después cambiaron el tipo penal a una acusación por presunto lavado de activos que permanece congelado en la Fiscalía. Cuando se piden pruebas, detalló, se responde que son documentos reservados. 

"No ocurre solo con nosotros, sino también con otros medios de comunicación, y al final no importa si es cierto o mentira, es un tema judicial".

Lo que enfrenta la prensa, GRANASA no baja la guardia

"Aquí ha sido el Gobierno central el que arma, a través de diversos personajes, en este caso el Director de la UAFE. Tienen mucho dinero para mantener medios digitales, a los que les dicen trolles y crean bulos contra la empresa", apuntó Galo Martínez Leisker.

Asimismo recordó que se acusó a GRANASA de defraudación tributaria en relación con los canillitas, a lo que han respondido de forma sistemática, en nuestras páginas, sin bajar la guardia”, sostuvo.

Galo Martínez Leisker enfatizó: "Hemos tenido una política de contestar todo en el periódico y no bajar la guardia porque creo que es importante transmitirle a la gente que estamos dispuestos a pelear".

Justicia

Luis Cabezas Klaere sobre el caso GRANASA: ¿qué es verdadero, falso y engañoso?

Richard Josue Jimenez Mora

"Me preguntaron si iba a regresar a Ecuador"

Martínez Leisker asegura que el caso evolucionó de una acusación por defraudación tributaria a una por presunto lavado de activos. “Cuando se produjo ese cambio de tipo penal, yo estaba en España. Algunos amigos me llamaron a preguntar si iba a regresar y les dije por supuesto. Tenía la oportunidad de rendir versión telemáticamente desde Guayaquil, donde vivo, y preferí ir a Quito y enfrentar a la Fiscal", relató.

También el presidente ejecutivo de GRANASA cuestionó la intervención de la Superintendencia de Compañías. “Se hicieron de acciones que pertenecían a mi hijo, equivalentes al 2,56%. Ese porcentaje les permite asistir a juntas y solicitar cierta información, pero no justificar requerimientos que corresponden a accionistas con al menos el 50%”, afirmó.

"A mi hermana le quisieron arrebatar sus acciones"

Ante la SIP, Galo Martínez Leisker recordó que a su hermana Ingrid le quisieron arrebatar acciones en la casa editorial que su padre fundó. 

"En una crisis de nervios le dijo a mi hijo, Gabriel Martinez, te vendo las acciones. Y desde el viernes 27 de marzo, el nuevo accionista es él, más capacitado para enfrentar procesos judiciales. Pero también es un desgaste porque los abogados cuestan. También dimos asistencia a los canillitas y a los distribuidores. Contratamos a Ernst & Young".

Sobre el rol de ciertos sectores ante casos que atentan también contra la libertad de empresa

Galo Martínez Leisker señaló, en el panel organizado por la SIP, que le parece bien buscar ayuda externa, como dijeron otros directivos de medios de comunicación. Pero, considera que los empresarios de cada país deberían valorar la importancia de una prensa independiente.

"Son grupos muy importantes y que se pueden hacer sentir en cualquier Gobierno".

Política

Caso GRANASA: el sector empresarial sigue callado

Roberto Aguilar

Política

A un año de la nueva Asamblea, el correísmo refirma su oposición total a iniciativas de ADN

Daniel Alejandro Romero Páez

La sesión del Pleno fue convocada de manera virtual, como ya es habitual durante los viernes en la actual Asamblea. 

El único punto en el orden del día, establecido por la presidenta encargada del Parlamento, Mishel Mancheno (ADN), es: “Conocer y resolver el oficio N.º 1322-SSPPMPPTCNJ-2026-CJ, de 27 de marzo de 2026, suscrito por Rosa Japón, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia”.

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Dicho oficio se refiere a la querella interpuesta por el coordinador de la bancada correísta, Juan Andrés González, en contra de Jácome.

En la acción presentada por González se lee: “La conducta atribuida configura la contravención de calumnia prevista en el artículo 182 del COIP, al haberse realizado una falsa imputación de delito en contra del querellante, mediante expresiones públicas que lo asocian con hechos delictivos y con una persona sentenciada penalmente, sin existir proceso, investigación ni sentencia en su contra”.

Jácome está consciente de que no existen los votos

La mañana de este 24 de abril, Jácome convocó a una rueda de prensa para referirse al levantamiento de su inmunidad. Puso énfasis en que la decisión debe tomarse con 101 votos del Pleno.

Un elemento clave es que ni ADN ni el correísmo cuentan con la mayoría calificada (101 votos), por lo que dar paso a este tipo de pedidos resulta inviable. 

Jácome dijo que estará presente en la sesión y recordó que “la norma establece que se necesitan 101 votos para levantar la inmunidad de cualquier legislador”.

Doble estándar en el tratamiento de los pedidos de la Corte de Justicia

Jácome señaló que el orden del día con el que se convoca a una sesión no le corresponde. Lo dijo en referencia a que, en su caso, la Presidencia de la Asamblea sí decidió convocar al Pleno para tratar el tema.

Juan González, por ejemplo, enfrentará una querella presentada por una asambleísta después de que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, decidiera no incluir ese punto en el orden del día. Con ello se cumplió el plazo otorgado para una respuesta y la Corte dio por entendida una decisión favorable para avanzar con el proceso judicial.

El correísmo reaccionó a esta decisión. El asambleísta Franklin Samaniego señaló que Olsen no entiende que es presidente de la Asamblea y no de un movimiento político. 

“Tener dos pedidos en las mismas condiciones y que a uno se le dé el tratamiento que corresponde y a otro no implica que pone por delante el odio que le hace daño al país”.

“Quito por el cambio. Doctor Alejandro Guevara, precandidato a la Alcaldía por la tercera vía”, escribió Gutiérrez en su perfil de la red social X. Allí, de forma indirecta, también arremetió contra otros precandidatos al mismo cargo.

Política

Fondo electoral en Ecuador: así se repartirán los $ 13,4 millones

SARA OÑATE

“Ni los unos ni los otros, que tienen o tuvieron glosas, grillete y antecedentes penales”, escribió el expresidente de la República. 

Dos de esos señalamientos tenían destinatarios definidos. Uno, sobre el grillete, apuntó a Jorge Yunda, quien enfrentó un proceso judicial por la compra de pruebas durante la pandemia del covid-19 y tuvo que portar un dispositivo de vigilancia electrónica. El otro, sobre las glosas, se dirigió al actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Hay que tomar en cuenta que ambos perfiles ocupan los primeros lugares en cuanto a preferencia de voto en las últimas encuestas. Yunda ya confirmó su participación, aunque sin una definición clara sobre el partido que lo auspiciará.

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Muñoz ha señalado que aspira a la reelección, pero la Revolución Ciudadana aún trabaja en la hoja de ruta para su participación, en medio de la suspensión del movimiento tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

¿Quién es Alejandro Guevara?

Lucio Gutiérrez definió a Guevara como un profesional brillante, joven y preparado. Además, lo calificó como el ‘outsider’ de las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. 

Guevara, tras la decisión del CNE de adelantar las votaciones —que inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027—, cuestionó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, sobre todo en lo relacionado con su explicación acerca de la diferencia entre elecciones y votaciones.

En un video difundido en redes sociales, Guevara anunció la presentación de un recurso ante la Corte Constitucional. También aseguró que la seguridad jurídica fue vulnerada tras la actualización del calendario electoral.

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La convocatoria no tiene una firma de responsabilidad de organizaciones sociales. Aun así, el llamado es a conformar la “Plataforma Unificada para la Revocatoria del Mandato al Binomio Noboa/Pinto”.

En redes sociales, uno de los impulsores del encuentro es el abogado Washington Andrade. En su cuenta en la red social X, difundió la convocatoria, en la que se establece incluso un orden del día para la reunión.

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Allí se detalla que el objetivo será la constitución de dicha plataforma y, posteriormente, la elección de las personas que formarán parte de su coordinación. Asimismo, se presentará una aplicación bajo el nombre Revoca EC.

¿La Conaie es parte del proceso?

EXPRESO se contactó con dirigentes de la Conaie para conocer su postura frente a la convocatoria y el anuncio sobre el uso de su sede. La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, señaló que no existe una resolución de las bases sobre el apoyo a la iniciativa.

“Lo último que se quedó fue ir a los territorios para consultar y resolver. No podemos tomar una decisión por encima de las bases. La casa de pueblos está abierta”, aseguró.

La dirigente también indicó que actualmente participan en el Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU. “Entiendo que la sede está facilitada”, dijo Castañeda ante la consulta sobre si la participación de la Conaie se limitaba a prestar sus instalaciones.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• Gobierno retrasa decreto del ministro de Salud por revisión de requisitos, dijo Morillo hoy.
  
  
• Nombramiento en Salud sigue pendiente por posibles conflictos de intereses del candidato.
  
  
• Morillo admite que la crisis del sistema de salud persiste mientras se evalúa ministro.
  
  

Los problemas estructurales del sistema sanitario, la influencia de mafias en hospitales públicos y los señalamientos al futuro titular de Salud marcaron la entrevista de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en Teleamazonas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reconoció que el sector de la salud continúa siendo uno de los puntos más críticos para el Ejecutivo, en medio de un proceso de transición en el Ministerio de Salud Pública que aún no se concreta por cuestionamientos y revisiones pendientes alrededor del médico internista Jaime Bernabé Eraso, propuesto para encabezar esa cartera de Estado.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, Morillo admitió que “hay cosas que no se están cumpliendo” y que la salud pública “sigue siendo un talón de Aquiles”, aunque insistió en que el Gobierno se encuentra en un proceso de corrección de errores heredados de administraciones anteriores.

“Cuando el presidente asumió el mandato tenía varias crisis: crisis en salud, en economía, en educación y en seguridad. Estamos combatiéndolas”, afirmó la ministra, al justificar las demoras y dificultades que enfrenta el Ejecutivo en distintos frentes. 

Según Morillo, el Gobierno sostiene una estrategia que inició en el plano macroeconómico y que ahora busca impactar en la microeconomía, con especial énfasis en la atracción de inversión y turismo para dinamizar el empleo.

En ese contexto, la titular de Gobierno defendió la gestión del presidente de la República, a quien describió como un mandatario que “no pacta ni pacifica con las mafias” y que mantiene un combate abierto contra el crimen organizado transnacional. 

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La demora en Salud

Uno de los puntos centrales giró en torno a la falta de un decreto ejecutivo para oficializar la designación de Jaime Bernabé Eraso como ministro de Salud. 

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Frente a las preguntas sobre las razones de esta dilación, Morillo explicó que el documento se emitirá “en los próximos días”, una vez que se cuente con “toda la información y todos los requisitos” necesarios.

La ministra respondió así a los cuestionamientos que han circulado en la opinión pública, entre ellos su paso de 27 días por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y observaciones de la Contraloría General del Estado, que habría advertido sobre la omisión de declarar su participación en empresas proveedoras del Estado.

“Se están revisando justamente todos los requisitos que tiene que cumplir el nuevo ministro”, aseguró Morillo, quien defendió el perfil profesional de Eraso, al calificarlo como “un doctor internista que tiene la credibilidad y las credenciales” para asumir una cartera que calificó como “muy complicada y muy difícil”.

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Corrupción y mafias en hospitales

En su intervención, la ministra de Gobierno también puso énfasis en la presencia de redes de corrupción dentro del sistema de salud pública, a las que atribuyó parte de las dificultades para garantizar un funcionamiento eficiente de hospitales y casas de salud.

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Morillo recordó un caso ocurrido un año atrás, cuando —según dijo— se removió a la cuñada de un narcotraficante alias Fito que se desempeñaba como gerente de un hospital en Manabí. “Imagínese, una cuñada de un narcotraficante era quien manejaba un hospital”, expresó, para ilustrar el nivel de infiltración de estructuras delictivas en instituciones públicas.

A su criterio, gobiernos anteriores permitieron que estas mafias se “enquistaran” en el sistema de salud, lo que hoy obliga al Ejecutivo a buscar “perfiles valientes” dispuestos a enfrentar estos grupos desde dentro de las instituciones.

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Dudas éticas y conflicto de intereses

Consultada sobre si es ético que el futuro ministro de Salud tenga vínculos con empresas proveedoras de servicios médicos, Morillo insistió en que esa es precisamente una de las razones por las que su posesión no se ha concretado. “Se está revisando que cumpla con todos los requisitos, que no exista ningún conflicto de intereses”, aseguró.

Según la ministra, solo cuando se descarte cualquier incompatibilidad, Bernabé podrá asumir formalmente el cargo y responder a las demandas de un sector marcado por carencias históricas y constantes denuncias de irregularidades.

Lo que debes saber

• ADN y el correísmo coincidieron en una votación puntual, pero la relación sigue marcada por el choque.
• A un año de gestión, RC endurece su postura y mantiene el rechazo a casi todas las iniciativas del oficialismo.
• Con control de la Asamblea, ADN avanza en su agenda sin depender del correísmo.

En la sesión del Pleno del miércoles pasado ocurrió algo inusual: ADN y el correísmo se pusieron de acuerdo para aprobar una ley. El hecho se concretó después de una semana de ataques entre bancadas, en la que ADN intentó posicionar la idea de que la Revolución Ciudadana (RC) se oponía a todo.

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Sin embargo, la votación sobre la ley de salud mental para menores de edad fue solo una excepción a lo que es una regla: la negativa de RC a respaldar cualquier iniciativa oficialista.

Un elemento a tomar en cuenta es que la Asamblea, por fuera de las iniciativas del Ejecutivo o de las leyes que interesan al Gobierno central, no ha tenido un papel protagónico. 

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Por ejemplo, no ha dado muestras de cumplir con su rol de contrapeso frente al resto de poderes del Estado, especialmente ante el propio Ejecutivo.

En el Legislativo, ADN controla desde lo administrativo hasta las comisiones claves. En menos de un mes, la actual Asamblea cumplirá su primer año en funciones y, desde la sesión inaugural, el oficialismo cercó a la Revolución Ciudadana en los espacios de decisión.

El correísmo se aferra a una oposición total

El correísmo optó por declararse oposición, y esa postura ha implicado, al menos en las últimas semanas, la negativa a apoyar leyes que parecerían no tener trasfondo político o que no implican un cambio sustancial en las relaciones de poder.

Por ejemplo, RC se opuso a la aprobación de la Ley de Educación Financiera. En la práctica, esta norma no implica más que la inclusión de ese tema en la malla curricular. Sin embargo, durante el segundo debate, las posiciones de asambleístas de RC generaron críticas tanto en el Pleno como fuera de él.

En redes sociales se cuestionó la postura de la legisladora Paola Cabezas sobre la capacitación en educación financiera para personas de escasos recursos, al señalar que, por sus condiciones, no tendrían dinero que administrar.

Un intervención reveladora

Pero otra intervención fue la que reveló el trasfondo de la negativa. El voto en contra respondía a una disposición interna del bloque. El asambleísta Alejandro Vanegas dijo en el Pleno que su conciencia y formación académica le indicaban que la norma era correcta. Pese a ello, votó en contra. ¿Por qué? “Mi obligación política me hace votar en conjunto con mi organización”, afirmó.

El correísmo también se opuso al acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. Héctor Rodríguez fue el encargado de exponer las razones en el Pleno. 

En síntesis, RC rechazó el acuerdo al considerar que no se trataba de una relación entre iguales, ya que Ecuador apostaba por la exportación de productos primarios y no de conocimiento como Corea.

ADN mostró atisbo de preocupación

Ambas votaciones motivaron una campaña desde ADN y desde el propio presidente de la Asamblea, Niels Olsen, sobre la posición del correísmo. Los acusaron de oponerse a todo.

En la práctica, el oficialismo no ha requerido de los votos de la bancada opositora para aprobar sus iniciativas. Pero por primera vez mostraron preocupación por este tema.

La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, respondió así a la consulta sobre por qué les preocupaba la postura del correísmo: “Eso no quita que están instaurando esta política incoherente en donde dicen una cosa en las comisiones y hacen otra en el Pleno”. 

La frase clave la pronunció segundos después, a propósito de la Ley de Educación Financiera: “Estamos aprobando con la mayoría y los votos justos”.

Revolución Ciudadana ofrece mantener su posición

A menos de un mes de que se cumpla el primer año del actual periodo legislativo, el correísmo reafirma su oposición no solo a ADN, sino a todo lo que provenga del oficialismo. 

El jefe del bloque de RC, Juan Andrés González, señaló: “¿Por qué nos oponemos? Nos oponemos a un Gobierno que permanentemente intenta engañar”. Con eso buscó aclarar que su postura no es contra la ciudadanía, sino contra el Gobierno.

También criticó la intención de ADN de someter a votación resoluciones cuyo objetivo, según dijo, es enaltecer las decisiones del Ejecutivo. Sobre la aparente contradicción, por ejemplo, entre lo votado por el correísmo en la mesa de Relaciones Internacionales y en el Pleno respecto al acuerdo con Corea del Sur, González sostuvo que en ocasiones los textos aprobados en comisión no son los mismos que llegan al Pleno. Es decir, no hay señales de un cambio en la estrategia de la oposición correísta.

Blasco Luna (RC) reafirmó esa postura. “Generan falsos positivos para decir que nosotros no votamos pensando en la gente. Nos oponemos al ejercicio de una legislación que no sintoniza con el pueblo”, dijo.

Por ahora se mantendrá una oposición sin matices y con un ADN que no se siente afectado.

Lo que debes saber

• Periodistas analizan reformas al COIP que buscan penalizar expresiones digitales calificadas como difamación.
• Fenape definirá postura sobre proyectos aún no calificados por el CAL, según su presidenta Susana Piedra.
• Expertos alertan riesgos para la libertad de expresión y recuerdan que la vía penal está prohibida para sancionar opiniones.

Los representantes de los periodistas se reunirán este 25 de abril de 2026 para analizar, entre otros temas, las recientes propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyos textos buscarían penalizar las expresiones en plataformas digitales que sean consideradas como “difamación”.

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La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), Susana Piedra, dijo que esos proyectos y otros temas críticos que enfrentan los comunicadores ecuatorianos serán abordados en la asamblea ordinaria que desarrollará el gremio en Quito.

Piedra señaló que en el encuentro de la organización, que reúne a 23 colegios provinciales de periodistas, se definirá una postura, pues considera que aún hay tiempo para actuar, ya que ambas propuestas todavía no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La Fenape fue una de las organizaciones que rechazó el anterior intento del oficialismo por penalizar las expresiones críticas, como lo planteó en enero pasado la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León.

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Daniel Alejandro Romero Páez

¿Por qué intentan sancionar las expresiones?

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), dice que llama la atención que el oficialismo insista en tratar de sancionar las opiniones, pese a que la sociedad civil ya rechazó la anterior pretensión de León. Considera que ahora intenta emplear una propuesta del correísmo para penalizar los criterios que no le favorecen. 

“La bancada ADN recicla una idea de RC en un sentido prácticamente idéntico; parecería que ya no es error ni desconocimiento, sino un intento de, como sea, criminalizar la crítica ciudadana en el entorno digital”, observa. 

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Para Francisco Rocha, analista político y exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la propuesta evidenciaría que el Gobierno “intenta cerrar un círculo” que comenzó con la restricción que impuso la Contraloría para conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. 

“Hay un afán de opacidad. Se está pensando que, a través de la legislación, pueden prohibir, como lo hacen los totalitarios. No están claros en el concepto de democracia, porque son los abusos los que hay que juzgar, no la vida diaria”, opina.

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Alertas por convenciones internacionales

Miño recuerda que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para el Ecuador y “prohíben categóricamente que se use la vía penal como medio para sancionar expresiones”. 

La constitucionalista cree que, si se busca debatir los límites a la expresión en el entorno digital, “todos los involucrados debemos ser escuchados, para que no se vuelva un intento de imponer censura y mordaza a la crítica legítima en democracia”.

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Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

Lo que debes saber de este seguimiento

• Tampoco se muestran fechas de ingreso o salida de cargos, claves para detectar incrementos patrimoniales.
• El sistema sigue exigiendo datos personales para acceder a información que antes era pública y directa.
• Organizaciones de la sociedad civil exigen que se eliminen restricciones.

Aunque el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible tras los fallos registrados en días anteriores por un supuesto ataque informático, el acceso a la información pública no ha sido restituido en su totalidad y su titular, Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien asumió el cargo con un discurso de transparencia, no ha dado la cara a pedidos de entrevista de EXPRESO.

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El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, es decir, información pública. Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió, pero a medias: retiró la marca de agua que hacía casi imposible leer los montos de los bienes y desbloqueó el desglose de las propiedades. 

Sin embargo, hasta la tarde de este 24 de abril se mantiene oculto el año al que corresponden las declaraciones y las fechas de ingreso y de salida del cargo que ocupó el servidor público. Esto era visible hasta hace unas semanas.

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Otro de los principales obstáculos es que los ciudadanos deben seguir ingresando información personal para acceder a los datos, un requisito que antes no existía en este sistema de consulta pública.

Sin fechas, no hay trazabilidad del patrimonio

La falta de estos datos impide realizar un seguimiento adecuado del patrimonio de los servidores públicos. El año de cada declaración es un elemento esencial para identificar variaciones en los bienes declarados a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si un funcionario inicia su gestión con un patrimonio de $ 200 mil y la concluye con $ 1,5 millones, ese incremento solo puede ser identificado como una alerta si se conoce con precisión cuándo fueron presentadas esas declaraciones.

Sin esa referencia temporal, el análisis se vuelve incompleto. La información pierde contexto y limita la posibilidad de detectar posibles irregularidades o incrementos injustificados.

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Un impacto directo en la transparencia

Estos vacíos generan una afectación directa a la transparencia, a la contraloría social, como lo definen organizaciones que promueven la fiscalización del poder público.

En la última década, se han registrado varios intentos por restringir el acceso a este tipo de información pública. La situación actual se suma a ese historial y vuelve a colocar en debate el alcance real del acceso ciudadano a los datos de los funcionarios, quienes sí deben estar en el foco del escrutinio ciudadano.

Las limitaciones no solo afectan a los ciudadanos en general, sino también al periodismo de investigación y a los activistas que realizan seguimiento al uso de recursos públicos.

Este escenario cobra mayor relevancia en contextos clave, como los procesos de selección de autoridades. Actualmente, por ejemplo, está en marcha la designación del Fiscal General del Estado, y en los próximos meses se desarrollarán procesos para elegir autoridades seccionales.

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FirmaEC está caído

• FirmaEC registra indisponibilidad para la rúbrica y validación de archivos.
• Mintel autoriza el uso de aplicaciones externas con certificados acreditados.
• El envío de los oficios debe realizarse manualmente mediante el sistema Quipux.

Los servicios de firmado y validación de documentos de la plataforma estatal FirmaEC registran una indisponibilidad temporal debido a ajustes técnicos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) confirmó la caída del sistema este viernes 24 de abril de 2026, lo que frena el flujo regular de la gestión documental pública a nivel nacional.

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Asambleísta de RC denuncia pérdida de medicinas para el cáncer en el Teodoro Maldonado

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Contingencia y uso del Quipux

La paralización de FirmaEC obliga a funcionarios y ciudadanos a buscar métodos alternativos para no detener las actividades institucionales. Según la cartera de Estado, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento del servicio, pero no se ha emitido un tiempo estimado para la normalización de la plataforma.

Ante la falla, el Mintel habilitó un procedimiento de contingencia amparado en el Acuerdo Ministerial 17-2020. 

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Correísmo denuncia negligencia en el Teodoro Maldonado

• Asambleísta denuncia daños por 28.4°C en cámara de frío del IESS.
• Fármacos para el cáncer y la diabetes habrían entrado en cuarentena.
• La legisladora exige una auditoría urgente a la Contraloría General.

La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, denunció públicamente una presunta negligencia administrativa en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, que, según publicó, habría provocado la pérdida de medicamentos oncológicos y biológicos.

Política

Comisión del concurso para fiscal general opera incompleta y bajo cuestionamientos

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Documentos publicados en X

Según la alerta emitida por la legisladora, el pasado 20 de abril de 2026 se habría registrado una ruptura en la cadena de frío de la cámara número uno de la casa de salud, elevando la temperatura a 28.4 grados centígrados. Esta situación, advierte Correa, expuso a cientos de fármacos vitales a su degradación y pérdida de eficacia terapéutica.

La denuncia legislativa hace eco de lo que detallan supuestos documentos internos del Teodoro Maldonado Carbo. Según el memorando IESS-HTMC-DT-2026-0847-M, fechado el 23 de abril, la administración del sanatorio ya sugiere que el Comité de Farmacoterapia evalúe la "estabilidad, seguridad y posible uso" o la inmovilización definitiva de los productos que perdieron la temperatura adecuada.

Asimismo, a través del oficio IESS-HTMC-GG-2026-2318-M, la gerencia general exige a las áreas de Mantenimiento y Farmacia un informe técnico que explique la causa raíz de la falla de la cámara de frío ocurrida el 20 de abril.

De acuerdo con el listado expuesto en la denuncia, los medicamentos que se encontraban almacenados en el área afectada son:

Pedido de fiscalización al IESS

Frente a la gravedad de la situación y la escasez generalizada en el sistema de salud pública, Correa catalogó el hecho como una "negligencia administrativa" que interrumpe tratamientos de vida o muerte.

La asambleísta confirmó que iniciará procesos formales de fiscalización desde el Legislativo y que solicitará de inmediato a la Contraloría General del Estado la apertura de un examen especial urgente para determinar las responsabilidades por la supuesta falta de mantenimiento de los equipos médicos.

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La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

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La sesión se desarrolló la tarde del 23 de abril, luego de que los consejeros escucharan las propuestas de los tres postulantes: Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo. En su intervención, Caicedo planteó un sistema integral de reforma institucional, con énfasis en blindar la independencia judicial y erradicar la corrupción estructural. Su propuesta incluye una reingeniería con estándares internacionales y la transformación digital de la gestión judicial.

Perfil académico y trayectoria judicial

Mercedes Caicedo Aldáz es una jurista con sólida formación en el ámbito penal y criminológico. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y dos maestrías vinculadas al derecho penal y la cultura jurídica. Su experiencia profesional se respalda en años de ejercicio como abogada de los tribunales de la República, con especialización en materia penal.

En la Función Judicial ha ocupado cargos de relevancia. Fue jueza nacional encargada en la Corte Nacional de Justicia y conjueza en la sala especializada en delitos penales, corrupción y crimen organizado. Ha emitido sentencias en los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí. 

A nivel provincial, ejerció como jueza de Garantías Penales en Bolívar y como integrante de un tribunal en Los Ríos. Además, lideró el capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos.

Un relevo marcado por la crisis institucional

La llegada de Caicedo a la presidencia de la Judicatura se da en medio de una crisis y cuestionamientos. Mario Godoy, designado inicialmente para el periodo 2025-2031, fue censurado y destituido tras denuncias de presunta injerencia en decisiones judiciales. El exjuez anticorrupción Carlos Serrano señaló presiones en el caso Euro2024, lo que derivó en un juicio político impulsado en la Asamblea Nacional.

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Durante ese proceso, Damián Larco asumió como presidente encargado, aunque la decisión generó polémica porque la vocal suplente Alexandra Villacís debía ocupar el cargo. Villacís enfrentó un impedimento administrativo para ejercer funciones públicas y, pese a una sentencia constitucional que ordenaba rectificar la información, finalmente renunció.

Por ahora el mayor reto de Caicedo será implementar las reformas propuestas y garantizar que la independencia judicial prevalezca frente a presiones políticas y casos de corrupción.

“Quito por el cambio. Doctor Alejandro Guevara, precandidato a la Alcaldía por la tercera vía”, escribió Gutiérrez en su perfil de la red social X. Allí, de forma indirecta, también arremetió contra otros precandidatos al mismo cargo.

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“Ni los unos ni los otros, que tienen o tuvieron glosas, grillete y antecedentes penales”, escribió el expresidente de la República. 

Dos de esos señalamientos tenían destinatarios definidos. Uno, sobre el grillete, apuntó a Jorge Yunda, quien enfrentó un proceso judicial por la compra de pruebas durante la pandemia del covid-19 y tuvo que portar un dispositivo de vigilancia electrónica. El otro, sobre las glosas, se dirigió al actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz.

Hay que tomar en cuenta que ambos perfiles ocupan los primeros lugares en cuanto a preferencia de voto en las últimas encuestas. Yunda ya confirmó su participación, aunque sin una definición clara sobre el partido que lo auspiciará.

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Muñoz ha señalado que aspira a la reelección, pero la Revolución Ciudadana aún trabaja en la hoja de ruta para su participación, en medio de la suspensión del movimiento tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.

¿Quién es Alejandro Guevara?

Lucio Gutiérrez definió a Guevara como un profesional brillante, joven y preparado. Además, lo calificó como el ‘outsider’ de las próximas elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. 

Guevara, tras la decisión del CNE de adelantar las votaciones —que inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027—, cuestionó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, sobre todo en lo relacionado con su explicación acerca de la diferencia entre elecciones y votaciones.

En un video difundido en redes sociales, Guevara anunció la presentación de un recurso ante la Corte Constitucional. También aseguró que la seguridad jurídica fue vulnerada tras la actualización del calendario electoral.

Lo que debes saber

• El burgomaestre de Guayaquil fue detenido en febrero de 2026.
• El alcalde de Guayaquil es investigado por la Fiscalía General del Estado.
• En abril, magistrados de Pichincha le levantaron la prisión preventiva en uno de los tres casos en el que la Fiscalía lo investiga.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel de El Encuentro, situada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. La decisión fue ratificada por el juez Leodán Coronel, de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito de la Corte de Justicia del Guayas.

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Defensa no logra revertir la medida

La diligencia judicial se desarrolló el jueves 23 de abril de 2026. Álvarez participó en la audiencia de manera virtual.

Aunque la defensa cuestionó la medida por una supuesta falta de análisis de riesgos y alegó que el político cumplió con las presentaciones periódicas ordenadas, sus argumentos fueron desestimados. En consecuencia, el magistrado negó la apelación a la prisión preventiva, impuesta por presunto incumplimiento del uso de grillete electrónico.

El burgomaestre permanece detenido desde la madrugada del 10 de febrero de 2026. Ese día, su vivienda, ubicada en una urbanización de Samborondón, fue allanada por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Caso Goleada y fallo en Pichincha

El alcalde de Guayaquil fue aprehendido en su domicilio durante el operativo denominado “Caso Goleada”. Esta investigación indaga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, aunque el 2 de abril la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la prisión preventiva en ese proceso.

Además, Álvarez enfrenta otra investigación conocida como el “Caso Triple A” por presunto tráfico de combustible. También es indagado por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Lo que debes saber

• Candidatos a Fiscal General de Ecuador reportan patrimonio conjunto de 7 millones de dólares.
• El exministro José De La Gasca lidera la lista con una riqueza personal de 2.3 millones de dólares.
• Solo diez postulantes concentran los mayores pagos de impuesto a la renta en el periodo 2025.

Los 28 aspirantes a Fiscal General del Estado acumulan un patrimonio conjunto superior a los 7 millones de dólares. Según registros de la Contraloría General del Estado, la lista es liderada por el exministro de Gobierno José Javier De la Gasca, cuya riqueza individual supera los 2.3 millones de dólares, marcando una distancia considerable frente al resto de los postulantes.

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Los candidatos con mayor riqueza y su patrimonio

La revisión de la información patrimonial hecha por Diario EXPRESO revela que, más allá de la experiencia laboral, existe una notable bonanza económica entre los favoritos para suceder en el cargo. El análisis destaca que solo un candidato supera la barrera de los 2 millones de dólares.

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Pago de impuestos: ¿Quiénes contribuyen más al SRI?

La solvencia de los postulantes también se refleja en sus obligaciones tributarias. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cumplimiento del Impuesto a la Renta del periodo 2025 muestra cifras significativas en la parte alta de la tabla.

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Nuevamente, José De La Gasca lidera este rubro con más de 48 mil dólares cancelados. Le sigue Christian Kerlin Ayala Piedra, quien pagó 21,256 dólares, y la magistrada Daniella Camacho, con un pago de 8,358.48 dólares.

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CIP cuestiona criterios sobre intervenciones societarias en Ecuador

Flor Layedra Torres

El directivo e hijo del fundador de los medios, Galo Martínez Merchán, participó este viernes 24 de abril de 2026 en el panel Más allá de los tribunales: mecanismos complejos para asfixiar al periodismo, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

En ese espacio denunció una estrategia de presión que, a su juicio, se articula desde el poder central mediante actores institucionales y campañas digitales.

Galo Martínez Leisker anotó que las acusaciones son burdas y mal sustentadas. Primero se habló de un supuesto proceso de defraudación tributaria relacionado con los canillitas, basado en un cálculo erróneo: sumaban el valor de las facturas en lugar de restarlo, y sostenían que no se había declarado un ingreso que en realidad correspondía a pagos a GRANASA.

Después cambiaron el tipo penal a una acusación por presunto lavado de activos que permanece congelado en la Fiscalía. Cuando se piden pruebas, detalló, se responde que son documentos reservados. 

"No ocurre solo con nosotros, sino también con otros medios de comunicación, y al final no importa si es cierto o mentira, es un tema judicial".

Lo que enfrenta la prensa, GRANASA no baja la guardia

"Aquí ha sido el Gobierno central el que arma, a través de diversos personajes, en este caso el Director de la UAFE. Tienen mucho dinero para mantener medios digitales, a los que les dicen trolles y crean bulos contra la empresa", apuntó Galo Martínez Leisker.

Asimismo recordó que se acusó a GRANASA de defraudación tributaria en relación con los canillitas, a lo que han respondido de forma sistemática, en nuestras páginas, sin bajar la guardia”, sostuvo.

Galo Martínez Leisker enfatizó: "Hemos tenido una política de contestar todo en el periódico y no bajar la guardia porque creo que es importante transmitirle a la gente que estamos dispuestos a pelear".

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"Me preguntaron si iba a regresar a Ecuador"

Martínez Leisker asegura que el caso evolucionó de una acusación por defraudación tributaria a una por presunto lavado de activos. “Cuando se produjo ese cambio de tipo penal, yo estaba en España. Algunos amigos me llamaron a preguntar si iba a regresar y les dije por supuesto. Tenía la oportunidad de rendir versión telemáticamente desde Guayaquil, donde vivo, y preferí ir a Quito y enfrentar a la Fiscal", relató.

También el presidente ejecutivo de GRANASA cuestionó la intervención de la Superintendencia de Compañías. “Se hicieron de acciones que pertenecían a mi hijo, equivalentes al 2,56%. Ese porcentaje les permite asistir a juntas y solicitar cierta información, pero no justificar requerimientos que corresponden a accionistas con al menos el 50%”, afirmó.

"A mi hermana le quisieron arrebatar sus acciones"

Ante la SIP, Galo Martínez Leisker recordó que a su hermana Ingrid le quisieron arrebatar acciones en la casa editorial que su padre fundó. 

"En una crisis de nervios le dijo a mi hijo, Gabriel Martinez, te vendo las acciones. Y desde el viernes 27 de marzo, el nuevo accionista es él, más capacitado para enfrentar procesos judiciales. Pero también es un desgaste porque los abogados cuestan. También dimos asistencia a los canillitas y a los distribuidores. Contratamos a Ernst & Young".

Sobre el rol de ciertos sectores ante casos que atentan también contra la libertad de empresa

Galo Martínez Leisker señaló, en el panel organizado por la SIP, que le parece bien buscar ayuda externa, como dijeron otros directivos de medios de comunicación. Pero, considera que los empresarios de cada país deberían valorar la importancia de una prensa independiente.

"Son grupos muy importantes y que se pueden hacer sentir en cualquier Gobierno".

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