Lo que debes saber

• CNE revisa desde el 16 de junio una solicitud presentada por Jorge Yunda.
• El trámite de Jorge Yunda se analiza durante la actualización del Registro Electoral.
• El 2 de julio, el CNE publicará el padrón electoral para las elecciones de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que continúa el proceso de actualización y depuración del Registro Electoral que será utilizado en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027.

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Según un comunicado emitido este 19 de junio, la entidad recordó que el padrón electoral se construye con información remitida periódicamente por el Registro Civil y otras instituciones públicas, las cuales reportan novedades relacionadas con cambios de domicilio, defunciones, inhabilitaciones y otros movimientos que pueden afectar la conformación del listado de electores.

La actualización del registro se desarrolla conforme al calendario electoral aprobado para los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026. 

Entre abril y mayo se ejecutaron varias etapas del proceso, incluidas las solicitudes de cambio de domicilio electoral, observaciones presentadas por organizaciones políticas y reclamos administrativos realizados por ciudadanos.

De acuerdo con el cronograma, este 19 de junio corresponde el último corte de información remitida por el Registro Civil. Posteriormente, hasta el 24 de junio, el organismo electoral procesará las solicitudes relacionadas con el Registro Electoral Pasivo, que agrupa a ciudadanos temporalmente impedidos de ejercer el derecho al voto por causas establecidas en la normativa vigente.

Política

Jan Topic rechaza participar en las elecciones seccionales para el Guayas

Carlos Isaac Pino

Revisión de reclamo ciudadano

En el mismo comunicado, el CNE señaló que sus áreas técnicas revisan una solicitud presentada el pasado 16 de junio por el ciudadano Jorge Homero Yunda Machado.

La entidad no detalló el contenido del trámite, pero indicó que será analizado conforme a las atribuciones y procedimientos establecidos en la legislación electoral.

Política

Elecciones Ecuador 2026: Revolución Ciudadana acusa “persecución” y retrasa anuncio de alianzas

Rosero Mariela

Registro definitivo se aprobará en julio

El organismo prevé que el 2 de julio de 2026 el Pleno del CNE apruebe y publique el Registro Electoral definitivo, documento que servirá como base para la organización de las elecciones seccionales y del CPCCS.

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La actualización del padrón constituye una de las fases clave del proceso electoral, ya que determina el universo de ciudadanos habilitados para votar y la distribución de electores en las distintas jurisdicciones del país.

“Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo”, afirmó Gilbert, en referencia al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. El exconsejero sostuvo que una de las razones de su salida es su actividad profesional en la medicina. “Soy cirujano activo. Peleo contra la muerte todos los días”, expresó, al señalar que su trabajo en el quirófano demanda gran parte de su tiempo.

Gilbert defendió además su trayectoria profesional y aseguró que fue formado para servir “a cambio de nada”. En el mismo encuentro descartó una eventual candidatura a la Alcaldía de Guayaquil. Según dijo, ejercer ese cargo implicaría tomar decisiones que afectarían a personas cercanas. “Tendría que meter preso a la mitad de mis amigos y pelearme con la otra mitad”, comentó.

Política

CPCCS: Roberto Gilbert presenta renuncia irrevocable tras polémica en sesión virtual

Rosero Mariela

En el CPCCS “no se habló de salud”

El exconsejero también cuestionó las prioridades del CPCCS durante su permanencia en el organismo. Aseguró que una de las razones de su renuncia fue la falta de debate sobre temas relacionados con la salud. “Me retiro porque en ningún orden del día se habló de la salud”, manifestó. Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer no vidente que vende caramelos en el Metro de Quito para subsistir y señaló que existen problemas sociales que, a su criterio, requieren mayor atención por parte de las instituciones públicas.

Sobre el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado, Gilbert defendió el avance del proceso y rechazó las críticas sobre una supuesta paralización. Sostuvo que nueve veedores supervisan el concurso y afirmó que aproximadamente el 50 % del proceso ya se encuentra completado. Además, indicó que durante la última sesión intentó revisar cuatro expedientes relacionados con la selección de candidatos.

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¿Qué ocurrió con José De La Gasca?

La renuncia ocurre en medio de cuestionamientos generados por una sesión virtual del CPCCS realizada la semana pasada, en la que Gilbert se abstuvo de votar sobre un informe relacionado con el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado. Su abstención impidió que el documento fuera aprobado y contribuyó a mantener abierto el debate sobre el avance del proceso.

Gilbert también se refirió a los comentarios realizados por el exministro de Gobierno y aspirante a fiscal general, José de la Gasca. El médico señaló que “sabe más de política” que De la Gasca en referencia a las reacciones surgidas tras la difusión de una reunión en la que ambos participaron y que generó cuestionamientos sobre la independencia del concurso.

El ahora exconsejero adelantó que retomará de lleno sus actividades médicas y sociales. Indicó que dedicará más tiempo a la Fundación Gilbert, organización que brinda atención a miembros de las Fuerzas Armadas. “Lo voy a devolver a una entidad que lo necesita, a los militares”, señaló. Según explicó, actualmente alrededor de 30 integrantes del Ejército reciben apoyo a través de esta iniciativa.

Jan Topic no será candidato en Durán

• Topic nació en Guayaquil antes de la cantonización de Durán, inhabilitando su postulación natal
• El empresario reside y sufraga actualmente en Samborondón, bloqueando la vía por residencia
• Descartó buscar cualquier otra alcaldía municipal o la Prefectura del Guayas en estos comicios

El empresario Jan Topic descartó este 19 de junio de 2026 su participación como candidato a la Alcaldía de Durán y a cualquier otra administración municipal o la Prefectura del Guayas en las próximas elecciones seccionales. La decisión responde a impedimentos constitucionales y electorales vinculados directamente con su registro de nacimiento y su actual jurisdicción de sufragio.

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Sus mejores deseos para Durán, pero él no va

Topic explicó que la ley exige oficializar candidaturas territoriales mediante el origen natal o la residencia comprobada, parámetros que él no cumple para la jurisdicción ferroviaria.

El excandidato presidencial nació en Guayaquil en 1983, tres años antes de que Durán fuera elevada a la categoría de cantón, lo que inscribe su origen jurídico en la capital guayasense. Asimismo, el empresario mantiene su domicilio y ejerce su derecho al voto en el cantón Samborondón, clausurando la segunda vía administrativa para formalizar una candidatura.

A pesar de confirmar su ausencia definitiva en la papeleta territorial, Topic calificó a Durán como uno de los cantones con mayores problemas estructurales a nivel nacional, aunque enfatizó que posee un alto potencial económico directamente relacionado con la inminente ejecución del Quinto Puente.

En su intervención, el empresario estableció una comparativa operativa con otras ciudades vecinas. Topic aseguró que cabildos aledaños como Yaguachi, Milagro, Salitre, Daule y Guayaquil evidencian mejores condiciones administrativas frente a la crisis que atraviesa el territorio durandeño bajo sus recientes administraciones.

"Los problemas de Durán son fácilmente resueltos. Necesita un alcalde con visión, un alcalde valiente, un alcalde no corrupto", detalló el empresario en su pronunciamiento público, en el cual instó a los electores a fiscalizar sus decisiones en noviembre para evitar lo que catalogó como cuatro años perdidos en gestión pública.

Política

Elecciones Ecuador 2026: Revolución Ciudadana acusa “persecución” y retrasa anuncio de alianzas

Rosero Mariela

Yunda calificó este movimiento como un hecho “misterioso y doloso” que carece de justificación técnica. En su cuenta de X, compartió una captura del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se evidencia el cambio y cuestionó directamente a las autoridades.

Alerta por presunto bloqueo político

Yunda, quien busca postularse nuevamente para la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, sospecha que esta alteración del padrón electoral responde a motivaciones políticas. Considera que el traslado de su lugar de votación constituye una maniobra para impedir su participación en la contienda.

“Dejen que el pueblo elija democráticamente”, reclamó con firmeza, al tiempo que cuestionó la transparencia del proceso. El político ironizó sobre la organización electoral y sugirió que, con estas irregularidades, “de una vez publiquen el ganador o ganadora”.

Exigencia de transparencia democrática

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el reclamo de Yunda. El exalcalde defendió la legitimidad de las urnas y advirtió que cualquier intento de manipulación del padrón electoral afecta directamente la confianza ciudadana en la democracia. “Las elecciones son la esencia de la democracia”, enfatizó en sus declaraciones.

Las claves que debes saber

• Elecciones 2026: 231 organizaciones competirán en Ecuador; alta fragmentación reduce competencia real.
• CNE registra 2,83 millones de afiliados, pero partidos no logran votos significativos en elecciones.
• Exceso de candidaturas fragmenta el voto y favorece a estructuras políticas tradicionales en Ecuador

En noviembre de 2026, los ecuatorianos irán a las urnas como siempre, con más candidatos de los que nadie puede recordar y menos competencia real de la que parece. Esta vez, 231 organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se disputarán las elecciones seccionales. Doscientas treinta y una. 

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El número suena a vitalidad democrática, a ciudadanía organizada, a pluralismo. Pero Ecuador no tiene más democracia porque tenga más partidos. Tiene más ruido.

Los números no mienten, aunque sí pueden engañar. Según el CNE, 2,83 millones de ecuatorianos figuran formalmente como militantes o adherentes de alguna organización política. Casi tres millones de personas con carné, con registro, con filiación. 

Y aun así, buena parte de esas organizaciones llegan a las elecciones y desaparecen sin pena ni gloria, incapaces de convencer ni a sus propios miembros de marcar su nombre en la papeleta. La membresía existe en el papel. Los votos, no tanto.

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El bajo rendimiento de los candidatos en Ecuador

En 2021, de los 16 candidatos que compitieron por la Presidencia de Ecuador, siete no alcanzaron ni el 1% de los votos válidos. Estaban en la papeleta, pero no en la disputa real.

Ahí está la clave del problema, en la brecha entre fragmentación nominal y competencia efectiva. Una cosa es contar cuántos candidatos aparecen en la papeleta. Otra, muy distinta, es medir cuántos de ellos realmente se reparten los votos de manera significativa. 

El Índice de Número Efectivo de Candidatos (NEC) hace precisamente eso: pondera a cada candidato según su peso electoral real, y el resultado suele ser mucho más modesto que el número bruto de participantes.

El efecto de una gran cantidad de candidatos

Entre 2004 y 2023, el número de candidatos por provincia casi se duplicó con un pico en 2019, cuando algunos territorios superaron los veinte postulantes, pero la competencia real apenas se movió. El NEC, el índice que mide cuántos candidatos verdaderamente se disputan los votos, pasó de dos a cuatro en ese mismo período, frente a los veinte candidatos que llegó a haber, por ejemplo, en Santa Elena.

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Lo que este fenómeno revela tiene consecuencias directas sobre la calidad de la democracia. Cuando el voto se pulveriza entre docenas de candidatos sin peso real, quienes tienen estructura y recursos (los actores consolidados, las maquinarias territoriales, los apellidos conocidos) salen favorecidos. 

La proliferación de candidaturas pequeñas no democratiza la competencia, la distorsiona. Fragmenta el voto opositor, diluye las alternativas y, paradójicamente, puede terminar beneficiando a los mismos de siempre.

CNE aplicó cambios que no tocaron el problema

El CNE ha intentado poner algo de orden. En abril de 2026, publicó en el Registro Oficial una reforma al reglamento de calificación de candidaturas que endurece los requisitos de pertenencia territorial: quien quiera postularse deberá demostrar, mediante declaración juramentada ante notario, que ha vivido de forma ininterrumpida en la circunscripción durante los dos años previos a su inscripción. 

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Son medidas que regulan quién entra en las listas y cómo se componen. Pero no tocan el fondo del problema: no reducen cuántas organizaciones pueden presentarse. El sistema premia la presencia, no la representación.

Con 231 organizaciones en carrera para noviembre, el ecosistema político ecuatoriano se prepara para otra temporada de ruido ensordecedor y competencia efectiva escasa. Doce reformas al Código de la Democracia, cuatro presidentes en 16 años y el resultado es este: más ruido, misma democracia.

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En una transmisión la noche del 18 de junio de 2026, advirtió que “lo que está en juego es el derecho de miles de ecuatorianos a ser elegidos y de millones a elegir”, en un proceso en el que se disputarán 11.262 dignidades, entre alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales.

Rivadeneira hizo analogía con el Mundial

Rivadeneira sostuvo que el oficialismo pretende competir en condiciones desiguales: “(El presidente Daniel) Noboa quiere jugar solo, con la cancha inclinada, con árbitro comprado y el equipo contrario sancionado y sin VAR”, dijo, en una analogía futbolística. 

La presidenta de la RC aseguró que su movimiento ha “resistido años de judicialización y proscripción” y que se mantiene como “la principal fuerza política”, por lo que confirmó que trabajan en alianzas nacionales y provinciales.

Se cuidan de anunciar a los aliados

Asimismo, Rivadeneira explicó que, aunque el 18 de junio se abrió el periodo de inscripción de alianzas, han decidido postergar su anuncio ante lo que calificó como una “nueva ofensiva” contra sus posibles socios. La organización requiere un casillero electoral para poder participar.

En la mañana, en sus redes sociales, la dirigente anunció que a las 19:00 daría a conocer los nombres de sus aliados.

Desde marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por nueve meses a la Revolución Ciudadana, lo que impide a sus militantes participar con casillero propio en las elecciones seccionales de noviembre. Esto luego de la denuncia del Fiscal General del Estado por el caso Caja Chica.

“Que nadie se equivoque: continuamos con procesos de democracia interna, primarias y construcción de alianzas”, afirmó, mientras indicó que las directivas provinciales tienen instrucciones de garantizar su presencia en las papeletas en todo el país.

“No vamos a renunciar a defender el derecho a elegir y ser elegidos. No renunciaremos a defender la democracia”, insistió, y llamó a “decir basta a la persecución política y a la utilización de las instituciones para favorecer a quienes gobiernan”.

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Paralización del concurso para fiscal reabre críticas al CPCCS

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La dimisión fue dirigida a Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, organismo ante el que se posesionó en octubre de 2025, hace más de siete meses.

La salida de Gilbert se produce una semana después de la sesión virtual en la que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debía aprobar el informe de calificación de méritos de 28 aspirantes dentro del concurso para la designación del fiscal general del Estado.

¿Qué pasó en la sesión del CPCCS del 11 de junio?

Durante esa reunión, el consejero Roberto Gilbert planteó al presidente del organismo, Andrés Fantoni, la posibilidad de retomar el proceso de forma presencial, al manifestar su desacuerdo con que la evaluación recaiga en “nueve ciudadanos de distintas especialidades, que decidirán quién será el fiscal y nosotros debemos decir amén”. 

Así, sugirió que cuando Fantoni regrese de sus vacaciones, se reúnan en Quito, y cada uno revise cuatro carpetas. “Tenemos derecho a saber por qué le pusieron a Pepito, Juanito o Marianito x puntos”.

La imagen de José De La Gasca

En medio de la sesión del 11 de junio se produjo un hecho, cuyo extracto en video fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa que, en el mismo espacio en el que se encontraba Gilbert, aparece detrás de él, José De La Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, quien ha rechazado su calificación.

Consultado por EXPRESO, Roberto Gilbert se limitó a responder: “Por el momento no estoy dando entrevistas”. Hasta esta tarde no se ha definido quién lo reemplazará en el seno del CPCCS. Entre los consejeros suplentes figuran Johnny Escobar, Andrés Mendoza, Roger Vallejo, Santiago Becdach, Patricio Espinosa, David Zúñiga, José Antonio Núñez y Juan Javier Dávalos.

Lo que debes saber

• Noboa decreta el 18 de junio cooperación internacional en Ecuador para reforzar acciones contra el crimen organizado
  
  
• Gobierno autoriza coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía y países aliados en operativos del conflicto interno
  
  
• Decreto 424 permite apoyo externo en Ecuador para enfrentar amenazas a la seguridad y soberanía nacional
  
  

El Gobierno de Ecuador oficializó un cambio en su estrategia frente al crimen organizado al habilitar la cooperación internacional en el marco del conflicto armado interno, una medida que amplía el alcance de las operaciones de seguridad en el país.

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El anuncio consta en un comunicado fechado el 18 de junio de 2026, donde se detalla la emisión del Decreto Ejecutivo N.º 424, mediante el cual el presidente Daniel Noboa reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional y dispone nuevas acciones para enfrentarlo.

Según el documento, el Ejecutivo considera que el contexto actual está marcado por “circunstancias fácticas complejas” que afectan la soberanía, el orden público y la seguridad ciudadana, lo que justifica la adopción de medidas extraordinarias dentro del marco legal vigente.

Cooperación internacional como eje operativo

Uno de los elementos centrales del decreto es la decisión de incorporar cooperación internacional para reforzar las acciones contra las estructuras criminales. 

El texto señala que el Estado recibirá apoyo externo para “fortalecer las acciones de neutralización” de las amenazas que sostienen el conflicto interno.

En la práctica, esto implica la posibilidad de que actores internacionales participen en tareas vinculadas a seguridad, lo que marca un giro hacia una estrategia más abierta a asistencia extranjera en un escenario de violencia persistente.

Coordinación entre fuerzas locales y actores externos

El comunicado indica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajarán de manera coordinada con los países cooperantes en la ejecución de operativos. Estas acciones estarán orientadas a recuperar y garantizar la soberanía, así como a enfrentar a las estructuras criminales identificadas como amenazas.

La coordinación “en todos los niveles” sugiere una integración operativa amplia, aunque el documento no detalla el alcance específico de la participación extranjera ni los mecanismos de control.

Política

Noboa decreta nuevas reglas del conflicto armado interno y habilita indultos a fuerzas de seguridad

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Contexto de seguridad y alcance del decreto

El reconocimiento del conflicto armado interno no es nuevo, pero el decreto actual introduce ajustes en la estrategia estatal, especialmente en la apertura a apoyo internacional. 

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Esta decisión se produce en medio de una crisis de seguridad caracterizada por el accionar de organizaciones criminales y el incremento de hechos violentos en distintas zonas del país.

Con esta disposición, Ecuador entra en una nueva fase en la gestión del conflicto interno, en la que el factor internacional adquiere mayor relevancia. El impacto de la medida dependerá de su implementación operativa y del marco de control que se establezca sobre las acciones conjuntas.

Lo que debes saber

• Noboa decreta el 18 de junio nuevas reglas del conflicto armado interno en Ecuador para combatir crimen organizado
  
• Decreto permite a Noboa otorgar indultos a policías y militares que actúen en operativos de seguridad
  
• Gobierno autoriza participación de personal extranjero con inmunidad en operaciones dentro del conflicto interno
  

El presidente Daniel Noboa emitió este 18 de junio de 2026 un nuevo decreto ejecutivo que redefine el marco del denominado conflicto armado interno en Ecuador, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia criminal y la presión política por resultados en seguridad. 

La normativa introduce cambios sensibles, entre ellos mecanismos de protección jurídica para agentes estatales y la posibilidad de incorporar cooperación extranjera bajo condiciones de inmunidad.

El Decreto Ejecutivo 424 sustituye al esquema anterior vigente hasta esta fecha y establece nuevas disposiciones que regirán las operaciones del Estado contra organizaciones que el Gobierno cataloga como amenazas a la seguridad nacional.

Blindaje legal para fuerzas del orden

Uno de los puntos más relevantes —y potencialmente controversiales— es la facultad que se atribuye el Ejecutivo para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso personal civil involucrado en operativos de seguridad.

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Este tipo de medidas apunta a brindar respaldo político y jurídico a quienes actúan en la primera línea de combate contra el crimen organizado, en momentos en que los operativos han sido cuestionados por presuntos excesos o violaciones a derechos humanos.

El decreto además exhorta a la Asamblea Nacional a conceder amnistías en favor de uniformados y civiles que hayan participado en acciones “en defensa del Estado”, lo que evidencia una estrategia más amplia para consolidar protección institucional a quienes intervienen en el conflicto.

Participación extranjera con inmunidad

Otro elemento clave es la incorporación explícita de la cooperación internacional en tareas de seguridad. El documento establece que personal extranjero de países aliados podrá participar en operaciones dentro del conflicto armado interno y que estos efectivos gozarán de inmunidad, de acuerdo con los tratados internacionales aplicables.

La medida sugiere una eventual profundización de la asistencia externa en materia de seguridad, en un escenario donde el Estado ha reconocido limitaciones para enfrentar por sí solo a organizaciones criminales altamente estructuradas.

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Continuidad de una política de seguridad intensiva

El nuevo decreto no representa el inicio del conflicto armado interno, sino su reformulación. Con este instrumento, el Gobierno busca ajustar la estrategia vigente y fortalecer las operaciones contra grupos criminales, en un contexto en el que el país ha experimentado altos niveles de violencia durante los últimos años.

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La decisión se enmarca en una política de seguridad caracterizada por la utilización recurrente de estados de excepción y la militarización de territorios considerados críticos. 

Con la entrada en vigor de estas nuevas reglas, Ecuador se adentra en una fase distinta de su política de seguridad interna. El impacto real de las medidas dependerá no solo de su aplicación en el terreno, sino también del control político, judicial y social que se ejerza sobre ellas.

Desmentido 1: El fraude tributario y el lavado de activos

El 17 de septiembre de 2025, Neira publicó en su cuenta de X un video titulado: "Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos". En esa publicación afirmó que existía un supuesto esquema para introducir más de cinco millones de dólares al sistema financiero a través de vendedores de periódicos.

Aunque no mencionó expresamente a GRANASA, ese mismo día el Servicio de Rentas Internas notificó a la compañía para una inspección en sus oficinas. Neira también vinculó públicamente estos hechos con presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

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Sin embargo, ha transcurrido casi un año desde aquellas declaraciones y hasta la fecha no existe una sola prueba que demuestre que EXPRESO o GRANASA cometieron lavado de activos o defraudación tributaria. Lo que sí existe es un informe de la firma internacional Ernst & Young que certifica que no se identificaron variaciones significativas entre los datos analizados de GRANASA luego de comparar los montos totales realizados según los estados de cuentas bancarios y la información registrada en el libro de bancos de la empresa. De la misma manera, concluyó que hay correspondencia entre la facturación y cobros a 31 distribuidores.

Desmentido 2: El caso Porsche y una supuesta conspiración que Neira no ha demostrado

Neira también ha intentado involucrar a EXPRESO en una supuesta trama de conspiración relacionada con el denominado caso Porsche.

El funcionario ha afirmado que EXPRESO es un aliado de Rafael Correa -el mismo expresidente durante cuyo Gobierno se persiguió, insultó e intentó quebrar a este medio con multas- para construir narrativas mentirosas y ha intentado involucrar al medio en un supuesto complot. Sin embargo, no ha presentado una sola prueba que demuestre coordinación alguna entre EXPRESO y organizaciones políticas o personas relacionadas con esa causa.

Los hechos muestran la verdad. EXPRESO publicó las denuncias que dieron origen al caso Porsche, que un principal sospechoso de poner bombas en Guayaquil, Iván Ballesteros Chila, fue sobreseído tras su detención en flagrancia. Y que tras su arresto llegó a su casa un vehículo de Industrial Molinera, empresa vinculada a Grupo Noboa. En esa cobertura, este Diario también recogió la versión del abogado Fernando Yávar, del Grupo Noboa, quien tuvo espacio para exponer sus argumentos y responder a los cuestionamientos.

Si esto es una conspiración como dice Neira, ¿el abogado Yávar también está incluido en ella?

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Desmentido 3: La falsa teoría de una alianza entre Expreso, Astrobryxa y Xavier Jordán

La última de sus falsas afirmaciones sostiene que EXPRESO actuaría como aliado de Astrobryxa, en el caso Progen, y que existiría una conexión con Xavier Jordán a través de un estudio jurídico.

La acusación carece de sustento. El funcionario no ha mostrado documentos, comunicaciones o cualquier otro elemento que permita demostrar la existencia de esa supuesta relación.

La teoría incluso contradice hechos conocidos públicamente. Xavier Jordán demandó a EXPRESO por publicaciones periodísticas del medio y exigió una indemnización de cinco millones de dólares. Mientras otro medio ahora aliado al Gobierno transó con Jordán, este Diario se defendió ante la justicia y la acción fue archivada.

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Tres acusaciones, una constante

Las tres afirmaciones difundidas por José Julio Neira tienen un elemento en común: son falsas por la ausencia de pruebas y coherencia. El secretario acusó a EXPRESO y a GRANASA de lavado de activos y defraudación tributaria sin que exista una prueba judicial. Intentó vincular al medio con una supuesta conspiración política en el caso Porsche sin aportar evidencias. Además, afirmó que el periódico mantiene alianzas con empresas y personas investigadas sin presentar documentación que respalde esa versión.

Hasta ahora, todos los señalamientos del secretario de la Administración Pública permanecen en el terreno de las especulaciones, fantasías, bulos y mentiras.

Justicia

Nuevos detalles del caso de Nathaly Mafla: identifican a joven que tuvo su celular tras desaparición

Daniela Moina

El caso deja interrogantes sobre las responsabilidades de las universidades y el alcance de los organismos del sistema de educación superior. ¿Qué papel tiene el Consejo de Educación Superior (CES)? ¿Activó algún mecanismo para esclarecer lo ocurrido dentro del campus?

Consultado por EXPRESO, el CES respondió que, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es el organismo público encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, así como de su relación con la Función Ejecutiva y la sociedad. 

Sin embargo, precisó que la determinación de las circunstancias de una desaparición o fallecimiento, así como la investigación de posibles delitos, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.

¿Qué dijo el Consejo de Educación Superior sobre el rol de la EPN?

Asimismo, el CES apeló a la autonomía universitaria. Las actuaciones vinculadas con la seguridad interna, la administración de los campus, la custodia de instalaciones, la revisión de sistemas de videovigilancia y las investigaciones internas recaen, en primera instancia, en las propias autoridades universitarias, en el marco de la autonomía responsable reconocida por la LOES.

En caso de que existan presuntas infracciones administrativas cometidas por estudiantes, docentes o investigadores, el artículo 207 de esa normativa establece que corresponde a la institución de educación superior —en este caso, la Politécnica Nacional— llevar adelante los procesos sancionadores conforme a su normativa interna.

“El CES no tiene atribuciones legales para dirigir investigaciones penales ni para determinar responsabilidades sobre hechos específicos ocurridos dentro de una institución”, insistió el organismo, que dijo que tampoco puede sustituir las competencias de las autoridades universitarias ni de los órganos de investigación del Estado.

Persisten, sin embargo, preguntas clave. ¿Los estudiantes que tenían el teléfono de Mafla alertaron a tiempo a las autoridades para revisar las cámaras de seguridad? ¿Se pudo reconstruir su salida del campus, aparentemente sin cartera, como sugieren algunas imágenes? ¿El CES ha solicitado información a la EPN?

El Consejo señala que, si bien puede monitorear el cumplimiento de aspectos académicos y jurídicos de las universidades, esa facultad no implica investigar hechos concretos ni pronunciarse sobre eventuales responsabilidades en casos que competen a otras autoridades.

Sobre denuncias por presencia de estudiantes universitarios alcoholizados

El caso también reaviva preocupaciones sobre seguridad en los entornos universitarios. Ante denuncias de la Agencia Metropolitana de Control y de la Policía sobre consumo de alcohol y conductas de riesgo en los alrededores de centros como la Universidad Central, la PUCE o la propia EPN, el CES subraya que el control del orden público y la seguridad ciudadana son competencia de las autoridades respectivas.

A las universidades, añade, les corresponde garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y adoptar medidas que promuevan el bienestar, la integridad y la convivencia de su comunidad, de acuerdo con la ley y su normativa interna.

Sin embargo, la edil aseguró que no tomará una decisión sobre su futuro político hasta que el proceso judicial quede completamente cerrado.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves 18 de junio de 2026 durante una entrevista en el programa Contacto Directo.

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González descarta una decisión inmediata

Consultada sobre la posibilidad de postular a la Alcaldía de Cuenca con el respaldo del movimiento ADN, la concejala negó que exista una definición al respecto.

"No, no es así", respondió.

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TCE resolverá el recurso de ampliación de la sentencia contra Cristian Zamora

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Aunque reconoció haber recibido acercamientos desde distintos sectores, insistió en que todavía no es momento de tomar una decisión.

"Yo he dicho con muchísima claridad que he tenido propuestas de diferentes candidaturas y que no iba a tomar ninguna decisión hasta que este proceso se cierre", afirmó.

Evita pronunciarse sobre motivaciones políticas del fallo

Durante la entrevista, González también fue consultada sobre las críticas de quienes consideran que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral contra Zamora pudo haber tenido motivaciones políticas y que, incluso, habría servido para impedir una eventual reelección del alcalde cuencano.

La concejala evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y sostuvo que su actuación se limitó a presentar una denuncia por las agresiones que, según dijo, recibió de manera reiterada.

"Yo no podría responder a esa pregunta. Yo lo único que hice es presentar una denuncia ante la serie de agresiones recibidas", señaló.

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La denuncia se originó tras una transmisión de enero de 2026

La edil recordó que la última agresión que motivó la acción ante el TCE ocurrió el 25 de enero de 2026, después de una transmisión realizada por Zamora a través de canales institucionales del Municipio de Cuenca.

"La última el 25 de enero del 2026, después de un en vivo brutal que el señor alcalde, bueno, este rato alcalde suspendido, se permite realizar dentro de los canales del municipio", manifestó.

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Según explicó, tras ese episodio decidió acudir al Tribunal Contencioso Electoral.

"Yo decido poner la denuncia y ahí es cuando se pone firme en el Contencioso Electoral y nos dan ya fecha para una audiencia", indicó.

Asegura que el caso no se reduce al término "fulana"

González rechazó las interpretaciones que reducen el proceso al uso de una sola expresión y sostuvo que el fallo responde a una serie de hechos ocurridos desde 2024.

"Se ha querido darle una narrativa al ciudadano ecuatoriano de que es solamente por el término 'fulana', lo cual no es así", afirmó.

La concejala sostuvo que las expresiones utilizadas por Zamora formaron parte de una conducta reiterada que afectó su honra y reputación.

"¿Por qué se constituye en un caso de violencia de género? Porque la violencia de género no únicamente hace caso a los epítetos descalificantes con relación al género, sino también hace caso a la violencia sistemática que va en desmedro de la honra, en este caso de una mujer", concluyó.

Horas antes, la funcionaria había señalado que no tomaría posesión hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificara oficialmente al Concejo Cantonal. Sin embargo, la ausencia de Zamora en su despacho y la confirmación del Ministerio de Trabajo sobre sus impedimentos legales aceleraron el proceso de transición.

Con la subrogación de Peñaloza, el Concejo Cantonal deberá definir quién ocupará la Vicealcaldía durante los seis meses de suspensión de Zamora. El secretario del Concejo, Vicente Astudillo, confirmó que aún no existe notificación oficial del TCE, lo que retrasa la designación.

Cristian Zamora y la sanción del TCE

El 9 de junio, el TCE ratificó la sentencia que suspendió los derechos políticos de Zamora por seis meses, impidiéndole ejercer funciones públicas. La sanción responde a una denuncia de violencia política de género presentada por la concejal Diana González, tras declaraciones del alcalde en su contra.

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Ministerio de Trabajo emite prohibición en contra del alcalde Cristian Zamora

Claudia Pazán

El Ministerio de Trabajo registró en su plataforma que Zamora “sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos”, lo que reforzó la decisión de apartarlo temporalmente de la Alcaldía. Aunque el TCE admitió un recurso de ampliación presentado por Zamora, la medida se mantiene vigente y el alcalde no acudió a su puesto el 17 de junio, dejando el camino abierto para la subrogación.

Perfil y trayectoria de Marisol Peñaloza

Peñaloza, licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Infantil, ha sido concejala de Cuenca desde 2019 y reelegida en 2023 bajo la alianza Democracia Sí-Pachakutik. Su gestión se ha caracterizado por impulsar proyectos en sectores rurales y mantener un discurso conciliador.

En contraste con Zamora, quien calificó la sanción como una “jugarreta política”, Peñaloza llamó a la unidad y al trabajo conjunto en beneficio del cantón. Su postura busca reducir la tensión política y garantizar la continuidad administrativa en un momento de incertidumbre institucional.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa realizó al menos 14 viajes a EE. UU. entre 2023 y 2026.
• Expertos destacan cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
• Analistas cuestionan la falta de información sobre objetivos y resultados de algunas giras.

Los viajes del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos se han convertido en uno de los rasgos más visibles y debatidos de su política exterior. 

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Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario ha mantenido una intensa agenda internacional con un marcado enfoque hacia ese país.

Entre reuniones oficiales, encuentros sobre seguridad, eventos multilaterales e incluso desplazamientos de carácter personal, Noboa ha visitado territorio estadounidense al menos 14 veces entre 2023 y 2026, según un recuento de Ecuador Chequea basado en decretos ejecutivos y registros oficiales.

La frecuencia de estas visitas ha generado cuestionamientos sobre sus objetivos, costos y resultados. Mientras el Gobierno sostiene que la relación con Washington es estratégica para enfrentar la crisis de seguridad y atraer inversiones, expertos consultados coinciden en que el debate ya no se centra en la cantidad de viajes, sino en los beneficios concretos que estos han generado para el país.

La cercanía con Estados Unidos se ha consolidado como uno de los pilares de la política exterior de la administración Noboa. Solo en 2026, el mandatario ha viajado a ese país en al menos cuatro ocasiones, de acuerdo con información oficial.

En varios casos, los decretos presidenciales justifican los desplazamientos por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, aunque sin detallar con precisión las agendas desarrolladas ni los resultados alcanzados. 

La estrategia responde a una visión más amplia de cooperación en seguridad, comercio e inversión. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y uno de los aliados más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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La crítica: avances, pero con poca claridad

Para Esteban Santos, docente universitario y experto en relaciones internacionales, el problema no radica en la frecuencia de los viajes, sino en la falta de claridad sobre sus objetivos y resultados.

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A su criterio, toda gira presidencial debe responder a una agenda definida y ser comunicada oportunamente a la ciudadanía. Para Santos, las dudas aumentaron después de la consulta popular de 2025, cuando Noboa realizó una visita a Estados Unidos cuya agenda no fue difundida de manera detallada.

“Las reuniones de alto nivel no se organizan de un día para otro. Son procesos que toman tiempo y requieren preparación. El problema ha sido la comunicación”, afirma.

Pese a sus cuestionamientos, el analista reconoce avances en la relación bilateral. Entre ellos destaca las visitas a Ecuador de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, además de la ampliación de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Los beneficios que destacan los expertos en seguridad

Por su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, sostiene que los constantes viajes del presidente forman parte de una estrategia destinada a consolidar a Estados Unidos como socio estratégico de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Pazmiño considera que algunos resultados ya son visibles. Entre ellos menciona el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, el acceso a tecnología especializada, programas de capacitación para las fuerzas de seguridad, el intercambio de información y la presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio ecuatoriano.

“Los primeros pasos que ha dado el Gobierno son correctos. Hay mucho por avanzar, pero la cooperación ha aumentado”, asegura.

¿Son suficientes los acuerdos internacionales?

Una posición intermedia plantea el politólogo y analista Mauricio Aguirre. Si bien considera que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado, advierte que “ningún apoyo externo puede sustituir el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano”.

Para Aguirre, la efectividad de cualquier alianza internacional dependerá de la existencia de una estrategia nacional clara, sostenible y capaz de traducir la cooperación externa en resultados concretos para la ciudadanía.

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El balance de los viajes presidenciales

Los registros públicos muestran que Noboa ha realizado al menos 33 viajes internacionales y ha permanecido fuera del país alrededor de 152 días desde que asumió la Presidencia. Estados Unidos concentra la mayor parte de esos desplazamientos.

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La primera salida internacional registrada de Daniel Noboa a bordo del avión presidencial Falcon 7X ocurrió entre el 6 y el 7 de diciembre de 2023, cuando viajó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Más allá del número de visitas, la discusión se concentra en determinar si la estrecha relación con Washington ha logrado traducirse en mejoras tangibles para Ecuador en áreas como seguridad, cooperación internacional, inversión y fortalecimiento institucional. 

Lo que debes saber

• La SuperCías trabaja en una reforma que aún no ha sido presentada oficialmente.
• Juristas y empresarios coinciden en que la confidencialidad debe ser protegida.
• Expertos piden que se incluyan en las reformas más controles y cambios en los requisitos de capital social.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) trabaja en un proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Entre los cambios mencionados estaría el fortalecimiento del acceso a la información societaria para los accionistas, independientemente del porcentaje de participación que mantengan.

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Acceso a la información, bajo la lupa

En una entrevista con Carlos Vera, el superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, señaló que reformas anteriores dejaron pendiente una mayor precisión sobre el alcance del derecho de información de los socios. No obstante, la propuesta ha sido recibida con cautela por especialistas en Derecho Societario.

Si bien consideran positivo reforzar los mecanismos de protección para los accionistas minoritarios, advierten que cualquier cambio debe partir de un análisis de las herramientas ya existentes y de los riesgos que implica ampliar el acceso a información sensible de las compañías.

La jurista Gabriela Santamaría señala que la reforma de 2020 ya incorpora procedimientos administrativos y judiciales para que los accionistas minoritarios (aquellos con menos del 5% del capital social) puedan solicitar información y recurrir a la SuperCías cuando sus requerimientos no sean atendidos.

La transparencia es necesaria, pero no puede significar exponer información estratégica que termine beneficiando a la competencia o al crimen organizado.Tito Quintero, asesor jurídico de Acorbanec

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Visualizan riesgos

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, considera que el derecho de los accionistas a acceder a información societaria no debe traducirse en un acceso irrestricto a todos los datos internos de una empresa. A su juicio, las compañías manejan información sensible de carácter comercial, contractual, tributario, laboral y estratégico, además de datos de clientes, proveedores y planes de negocio, cuya divulgación o uso indebido podría afectar su competitividad y seguridad jurídica.

Para el abogado Oswaldo Santos, la iniciativa podría fortalecer la posición de los accionistas minoritarios frente a posibles abusos de las mayorías. Sin embargo, advierte que el acceso a la información también puede ser utilizado como una herramienta de presión en conflictos internos o negociaciones entre socios, por lo que plantea que la normativa establezca responsabilidades para quienes ejerzan ese derecho de manera abusiva.

Por su parte, Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), sostiene que la transparencia debe ir acompañada de mecanismos que protejan la información estratégica de las empresas. En su opinión, la reforma debería diferenciar entre la información societaria necesaria para ejercer los derechos de los accionistas y aquella de carácter operativo o comercial, cuya divulgación podría afectar su competitividad.

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Las salvaguardas que plantean los expertos

Por eso los especialistas coinciden en que una eventual ampliación del acceso a la información para los accionistas minoritarios debe ir acompañada de mecanismos que eviten usos indebidos. La abogada Santamaría sostiene que la normativa debería establecer con mayor claridad los fines para los cuales puede solicitarse información y fortalecer los procedimientos de supervisión cuando existan indicios de abuso o conflictos entre socios.

Asimismo, Santos y Quintero consideran que las reformas a la normativa deberían incorporar responsabilidades legales para los accionistas que ejerzan este derecho con fines ajenos a la fiscalización de la firma. A su criterio, quienes pidan información para presionar a otros socios, obstaculizar la gestión o causar perjuicios a la empresa deberían asumir las consecuencias jurídicas y responder por los daños ocasionados.

Ambos coinciden en que una mayor apertura informativa debe ir acompañada de salvaguardas que protejan los datos estratégicos de las compañías. Por ello, plantean mecanismos como acuerdos de confidencialidad, restricciones sobre el uso de información sensible y sanciones para quienes divulguen o utilicen esos datos de manera indebida.

En esa línea, Salamea sostiene que cualquier reforma debería definir con precisión qué información debe ser entregada obligatoriamente a los accionistas, en qué plazos y a través de qué mecanismos. También cree necesario establecer criterios claros para determinar qué información puede mantenerse bajo reserva, cómo debe justificarse una negativa de acceso y cuáles serían las sanciones aplicables cuando un accionista utilice los datos para perjudicar a la empresa o comprometer su competitividad.

La ley permite que compañías de alto impacto económico nazcan con capitales irrisorios. Esa es una distorsión que debe corregirse en una eventual reforma.Gabriela Santamaría, abogada, especialista en Derecho Societario

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Otras reformas que piden incorporar

Por otra parte, los especialistas consultados consideran que una eventual reforma a la Ley de Compañías debería abordar otros aspectos estructurales del régimen empresarial. Entre ellos, Santos opina que es pertinente evaluar la efectividad de mecanismos como la intervención de compañías y redefinir aquellas atribuciones de control que generan mayores cargas administrativas que beneficios para el sector empresarial.

En cambio, Quintero y Salamea concuerdan en la necesidad de reforzar los controles sobre la constitución y operación de las compañías. Quintero propone una mayor coordinación entre la Superintendencia, el sistema financiero y otras entidades de control, para prevenir el uso de empresas con fines ilícitos o el lavado de activos.

Santamaría también plantea que la reforma incluya una revisión de los requisitos de capital social para ciertas actividades. Considera que compañías de sectores como la minería, el petróleo o la exportación no deben crearse con apenas $200, sino con montos acordes a la magnitud de sus operaciones.

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Lo que debes saber

• El Legislativo analizó una propuesta enfocada en una condición de alta prevalencia en Ecuador.
• El texto busca reforzar la prevención y el tratamiento desde el sistema de salud.
• Datos oficiales alertan sobre el impacto en adultos y menores de edad.

El Pleno de la Asamblea Nacional avanzó en el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad en Ecuador. La iniciativa plantea abordar esta condición como un problema prioritario de salud pública con acciones de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento integral y seguimiento especializado.

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El debate se desarrolló ante el incremento de casos de sobrepeso en la población ecuatoriana. El objetivo es establecer una respuesta estatal más estructurada y sostenida.

El asambleísta Juan José Reyes, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, expuso cifras sobre la magnitud del problema. Señaló que cerca del 65 % de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad según la Ensanut 2018. Además, citó a la Organización Mundial de la Salud, que la reconoce como enfermedad crónica compleja. La condición se asocia a enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares.

El proyecto define la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible, multifactorial y recurrente. También establece la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública como ente rector de políticas en esta materia. Este deberá coordinar acciones interinstitucionales, generar estadísticas y monitorear resultados.

La propuesta busca ordenar la respuesta institucional frente a esta problemática.

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Prevención y enfoque en niños y adolescentes

La iniciativa incorpora estrategias de educación alimentaria y promoción de actividad física. También incluye medidas para reducir el sedentarismo y detectar factores de riesgo a tiempo. El enfoque prioriza a niñas, niños y adolescentes como población vulnerable. Las políticas buscan intervenir desde etapas tempranas de la vida.

Según datos de la Ensanut 2018, el 35 % de menores entre 5 y 11 años presenta sobrepeso u obesidad. Este dato fue uno de los puntos más mencionados durante el debate legislativo. Asambleístas insistieron en fortalecer la prevención en entornos escolares y familiares. También se planteó mejorar la información disponible para la ciudadanía.

Debate legislativo y observaciones al proyecto

Durante la discusión, varios legisladores pidieron un enfoque integral y libre de estigmas. Se resaltó la necesidad de basarse en evidencia científica para el diseño de políticas públicas. También se pidió mayor articulación entre salud, educación, deporte y producción. El objetivo es enfrentar el problema desde distintos frentes del Estado.

Algunos asambleístas propusieron ajustes en prevención, etiquetado nutricional y sostenibilidad de la norma. También solicitaron mecanismos claros de implementación y seguimiento de las políticas. El proyecto continuará su trámite legislativo con posibles cambios antes de su siguiente debate. La discusión se mantiene abierta en la comisión correspondiente.

Lo que debes saber

• El cabecilla conocido como Sampayo y tres policías fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en Santa Elena.
• El caso está vinculado al presunto tráfico de armas de uso militar en Machala, El Oro.
• Las autoridades aseguran que enfrentarán cargos con penas de hasta 22 años de cárcel.

Cristopher Mejía, alias Sampayo, junto a tres policías, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Los detenidos fueron movilizados tras un operativo ejecutado en Machala, provincia de El Oro. Según las investigaciones, estarían vinculados a una red dedicada al tráfico de armamento. El caso se mantiene en etapa de instrucción fiscal por delitos relacionados con armas militares.

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El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó (a través de una publicación en X) el envío de los implicados al centro penitenciario de máxima seguridad. “Los policías que traicionen al país terminarán en esta cárcel pagando por sus actos delincuentes. No hay impunidad para nadie. No lo vamos a permitir”, señaló la autoridad. El pronunciamiento se dio tras la captura y traslado de los cuatro procesados.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Sampayo sería cabecilla de la estructura criminal Sao Box. Los tres policías habrían facilitado su traslado en una patrulla en Machala. Durante el operativo se habría detectado la intención de abastecerse de armas de largo alcance. Ese armamento presuntamente sería usado contra la banda rival Los Lobos.

Proceso judicial y prisión preventiva en Ecuador

Un juez ordenó prisión preventiva para los cuatro implicados tras la audiencia correspondiente. También se dispuso una instrucción fiscal de 30 días para la recolección de pruebas. Los procesados enfrentan cargos por tenencia y porte de armas de uso exclusivo militar. El caso sigue bajo investigación de las autoridades judiciales.

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) endurecieron las sanciones para este delito. Las penas actuales oscilan entre 19 y 22 años de privación de libertad. Las autoridades buscan frenar el acceso ilegal a armamento de alto poder. El proceso se mantiene como uno de los más sensibles en materia de seguridad.

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Las claves que debes saber

• Gobierno afirma identificar beneficiarios del caso Progen; video surge tras reserva judicial en Florida.
• Celec respalda confidencialidad del litigio en EE. UU.; limita acceso público a ruta de $105 millones.
• Investigación apunta a transferencias y posibles beneficiarios; Fiscalía y defensa alertan falta de evidencias públicas.

Aunque José Julio Neira apareció el miércoles 17 de junio de 2026 en un video anunciando que el Gobierno ya identificó a los beneficiarios del fraude de Progen, lo cierto es que si se consideran tanto el contenido del mensaje como el momento en que fue difundido, la conclusión es inevitable: se trata de un nuevo intento por proteger a los verdaderos responsables. Un intento que, además, transmite una evidente sensación de urgencia.

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¿Por qué? Porque resulta evidente que el propósito del video es, como se dice coloquialmente, adelantarse a la jugada. Es decir, presentar la ruta del dinero como un asunto ya resuelto, sobre el cual no habría nada más que investigar, salvo las diligencias que, según Neira, realiza el Gobierno con la colaboración de las autoridades de Estados Unidos.

Si se sigue esa lógica, la investigación de la Fiscalía carecería de sentido. Neira ya sabe quiénes se llevaron el dinero. 

¿Investigar la posible participación de los ministros Roberto Luque e Inés Manzano? ¿Para qué? ¿Examinar la actuación de los administradores del contrato que autorizaron los pagos a Progen o la de los asesores del Ministerio de Energía que diseñaron un modelo contractual mediante el cual se entregó por adelantado el 70 % de los recursos sin exigir garantías suficientes? Tampoco. Ya se sabe quiénes fueron los beneficiarios y, aparentemente, ellos serían los únicos involucrados.

Ese parece ser el mensaje del video de casi cinco minutos que Neira Hanze publicó en redes sociales y que, casi de inmediato, fue replicado (cómo no) por el diario oficial El Universo.

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Pero el contenido del video solo puede entenderse a la luz del momento en que apareció. Fue publicado apenas un día después de que el juez de Florida, en Estados Unidos, que conoce la demanda de Celec contra Progen, declaró confidenciales los documentos que forman parte del litigio.

¿Por qué tomó esa decisión? Porque Celec, la empresa pública que demanda a Progen, se sumó al pedido de esa compañía y de Astrobyxa para que toda la documentación permanezca bajo reserva. La consecuencia es evidente: la trazabilidad de la ruta del dinero quedará fuera del escrutinio público.

Así, el secretario de la Administración Pública aparece precisamente cuando en Ecuador estalla la polémica porque Celec, que debería defender los intereses del Estado como parte perjudicada, respalda el pedido de confidencialidad formulado por quienes son señalados de haberse apropiado de los 105 millones de dólares entregados a cambio de motores completamente inservibles, aunque impecablemente pintados antes de salir de Estados Unidos.

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Resulta, por decir lo menos, llamativo que Neira haya aparecido con una lista de supuestos beneficiarios justo cuando el país debate que esa confidencialidad impedirá conocer el recorrido del dinero. El mensaje parece claro: no hay motivo para la controversia porque el caso ya está resuelto. Sin embargo, esa versión deja una pregunta fundamental.

Riesgo por conocer la información del caso Progen

¿Cómo se explica que durante todo el video Neira no haya mencionado una sola vez a quienes diseñaron el esquema contractual que hizo posible la operación? Sin ese modelo de contratación, el desembolso anticipado de los recursos jamás habría ocurrido.

Mientras tanto, la defensa de Antonio Gonçalves, el único exministro de Energía procesado por la Fiscalía y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, ya expresó su preocupación por la decisión adoptada en Florida.

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“No sabemos si se van a destruir o no los documentos”, declaró a EXPRESO Juan Pablo Ortiz, abogado de Gonçalves. Aunque reconoce que no conoce el contenido de la providencia porque su cliente no es parte del litigio en Estados Unidos, sospecha que el objetivo es impedir que se conozca de manera transparente cuál fue el destino final del dinero. 

Precisamente ese era uno de los aspectos cuya investigación había solicitado Gonçalves, incluso mediante un pedido dirigido al FBI. A juicio de su defensa, la decisión del juez podría afectar seriamente esa posibilidad.

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¿A quiénes mencionó Neira?

Entre los nombres mencionados por Neira figura José Luis Hidalgo Fernández. Según el funcionario, el abogado habría facilitado el traspaso de bienes dentro de la estructura investigada y formaría parte del estudio jurídico que patrocina a personas procesadas por delincuencia organizada, entre ellas el prófugo Xavier Jordán.

También mencionó a Karla Saud Calero, quien, de acuerdo con su versión, habría destinado más de 162.000 dólares provenientes de esos recursos a gastos personales, razón por la cual fue identificada como una de las beneficiarias finales de la estructura.

El tercer señalado fue José Walter Manrique Suárez. Según la investigación presentada por Neira, Manrique recibió fondos que posteriormente distribuyó entre diez beneficiarios, entre empresas y personas naturales, además de destinarlos a consumos personales.

Neira aseguró que estos movimientos financieros se realizaron a través de cuentas en los bancos Pichincha y del Austro. Todo esto horas después de saberse que Celec quiere que lo que se ventile en la Florida quede bajo reserva.

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Lo llamativo es que hizo todas estas afirmaciones sin exhibir un solo documento que respaldara las supuestas transacciones ni explicar la metodología utilizada para llegar a esas conclusiones. Más aún, el relato deja la impresión de que Progen habría sido simplemente utilizada por terceros para apropiarse del dinero, como si la empresa no tuviera responsabilidad alguna y fuera, en realidad, otra víctima del fraude.

Finalmente, Neira sugirió que esta estructura delictiva mantendría vínculos con dos de los pocos medios independientes que quedan en el país: Diario EXPRESO y Ecuavisa. Cómo no.

Lo que debe saber

• El audio atribuido a Rafael Correa motivó una resolución para que en la Asamblea se fiscalice el uso de cámaras de Segura EP.
• El correísmo argumentó que la fiscalización sobre el caso Porsche fue legítima y votó a favor de la indagación propuesta por el oficialismo.
• La mesa de Seguridad de a Asamblea se encargará de la fiscalización y la elaboración de un informe.

El oficialismo y el correísmo pusieron los votos para que en la Asamblea Nacional se inicie un proceso de fiscalización al uso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil. Este 17 de junio de 2026, el Pleno dio paso a una moción planteada por el legislador de ADN, Andrés Castillo.

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Dicha fiscalización está relacionada con el denominado caso Porsche. En las últimas dos semanas, ese caso volvió a la discusión pública por la difusión de un audio atribuido al expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa.

En el audio se escucharía a Correa conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

Fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien denunció que un Porsche Cayenne de Industrial Molinera acudió a la vivienda de la única persona que en su momento fue procesada por una explosión en la Bahía de Guayaquil. Para ello se tomó como evidencia un video captado por las cámaras de la empresa pública de seguridad del Puerto Principal.

El caso llegó a la Asamblea a raíz de una denuncia presentada por el entonces jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González. De hecho, el alcalde de Guayaquil compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, luego de la denuncia formulada por González.

La teoría de la Revolución Ciudadana apuntaba a un supuesto autoatentado y exigía explicaciones al Gobierno sobre la presencia de ese vehículo, perteneciente al grupo Noboa.

ADN quiere concentrarse en el uso de las cámaras

Ahora, el oficialismo busca profundizar en el caso, pero desde otra perspectiva. El legislador Andrés Castillo planteó que podría configurarse una concurrencia de delitos, entre ellos peculado. 

Esto debido al presunto uso de recursos públicos para asuntos privados. Según el audio en el que hablaría Correa, se habría planteado utilizar las cámaras de seguridad para ese tipo de fines.

La discusión en el Pleno

El debate giró en torno a la presunta vulneración de los protocolos de seguridad y al uso de este sistema de videovigilancia para fines de “espionaje político”. Castillo, proponente de la moción, denunció la existencia de audios en los que se planificaba intervenir las cámaras de seguridad para espiar a ciudadanos y difundir esa información en medios públicos.

Sostuvo que se utilizaron recursos del Estado, incluidos asesores jurídicos de la Asamblea Nacional, para fines particulares y actos presuntamente delictivos.

Juan González (RC), quien aparentemente es una de las personas que aparecen en los audios, calificó la denuncia del Gobierno como una táctica de un "gobierno acorralado" para desviar la atención del denominado "caso Porsche". 

Explicó que su solicitud de videos a Segura EP fue un acto legítimo de fiscalización relacionado con una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil en septiembre de 2025.

¿Qué dice la resolución?

La fiscalización estará a cargo de la Comisión de Seguridad, donde ADN tiene mayoría. El objetivo será conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Asimismo, la comisión podrá requerir información, documentación e informes técnicos, así como disponer la comparecencia de autoridades y servidores públicos.

Para la presentación de un informe, la Comisión de Seguridad tendrá un plazo de 60 días.

“Vamos también a fiscalizar qué se hizo con la plata que ya entregó Petroecuador para que cada uno de ustedes tenga alcantarillado. Si no se lo ha hecho, nosotros lo vamos a hacer. Va a ser obra del Gobierno Nacional”, expresó Noboa ante cientos de asistentes, en una intervención que generó reacciones inmediatas debido a la controversia que rodea al millonario convenio firmado en noviembre de 2024.

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Aunque el presidente no mencionó directamente al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, sus declaraciones se producen en medio del debate generado alrededor de la administración de esos recursos y de la reciente situación judicial que involucra al burgomaestre, quien se encuentra detenido. Hace dos meses, Petroecuador incluso advirtió sobre la posibilidad de terminar unilateralmente el convenio por observaciones relacionadas con los mecanismos de ejecución y la rendición de cuentas de los fondos transferidos.

En respuesta a esos cuestionamientos, Villacís había informado que el Municipio presentó toda la documentación requerida para justificar el avance de los proyectos y atender las observaciones formuladas por la empresa estatal. Sin embargo, hasta el momento Petroecuador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el resultado de esa revisión, mientras persiste la expectativa ciudadana respecto al destino de los $ 47,5 millones comprometidos para obras consideradas prioritarias.

Agenda presidencial incluyó inversiones y anuncios para la provincia

La visita de Daniel Noboa a Esmeraldas comenzó con una reunión con el gobernador Juan Jaramillo y la prefecta Roberta Zambrano, quienes acompañaron la agenda de trabajo desarrollada en varios puntos de la provincia. El Ejecutivo señaló que la jornada estuvo enfocada en fortalecer proyectos estratégicos y coordinar acciones para mejorar la infraestructura y los servicios básicos.

En Muisne, el presidente destacó que el Gobierno Nacional ha destinado más de $ 8,3 millones para la ejecución de 38 proyectos en Esmeraldas. Entre las principales intervenciones mencionó el mejoramiento del sistema de agua potable del cantón, una obra que registra un avance del 80 % y supera los $ 5 millones de inversión.

Durante el acto, Noboa anunció además la reconstrucción del templo San José de Muisne con una inversión de $ 164.000 y confirmó que en octubre será entregado el nuevo puente del sector Francisco, infraestructura que beneficiará a más de 15.000 habitantes. Asimismo, informó sobre la adquisición de maquinaria caminera por $ 1,6 millones y la destinación de cerca de $ 3 millones para espacios comunitarios y recreativos.

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La agenda presidencial concluyó con una feria y brigada social en la explanada de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, donde distintas instituciones entregaron títulos de propiedad, ayudas humanitarias, bonos, créditos productivos y apoyo a los sectores agrícola, pesquero y cocotero. Según cifras oficiales, las acciones desarrolladas durante la visita representan beneficios e inversiones cercanas a los $ 25 millones para la provincia, mientras el Gobierno ratificó su intención de intervenir directamente en proyectos considerados prioritarios para la capital esmeraldeña.