Lo que debes saber

• Arturo Félix Wong reanudó sus funciones diplomaticas como embajador de Ecuador en Colombia.
• Su regreso coincide con la visita oficial de Daniel Noboa a la posesión de Abelardo De La Espriella.
• El funcionario calificó como un capítulo superado la tensión generada por el gobierno de Gustavo Petro.

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, reanudó oficialmente sus funciones en Bogotá tras haber sido llamado a consultas por el gobierno del presidente Daniel Noboa en abril de 2026. El retorno del funcionario se concretó en el marco de los preparativos para la visita oficial de la delegación ecuatoriana a la posesión presidencial del mandatario electo Abelardo De La Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026.

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Reanudación de la agenda diplomática de Ecuador en Colombia

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, confirmó a EXPRESO la reanudación de sus funciones en la sede diplomática de Bogotá. El funcionario precisó que su retorno a territorio colombiano coincide directamente con la preparación del viaje oficial del presidente Daniel Noboa.

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"Es un día tan importante para Colombia y para la región", comentó Arturo Félix Wong respecto a la transmisión de mando en el país vecino.

Antecedentes de la tensión entre el Gobierno de Ecuador y Gustavo Petro

El funcionario había regresado a Ecuador en abril de 2026 debido a un llamado a consultas emitido por la administración de Daniel Noboa. Esta medida respondió a un periodo de tensión bilateral provocado por las declaraciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como "preso político".

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Continuidad de la atención consular

A pesar del distanciamiento a nivel político y del tiempo en que el embajador permaneció fuera de Bogotá, la atención a la comunidad no se detuvo:

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Decreto Ejecutivo 463: la comitiva oficial de Daniel Noboa

El Gobierno ratificó la presencia de Ecuador en los actos de cambio de mando en la nación vecina mediante instrumentos legales oficiales.

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Detalles del viaje presidencial a Colombia

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó su viaje a Colombia mediante el Decreto Ejecutivo 463.
• La comitiva oficial ecuatoriana asistirá a la transmisión de mando que se realizará en Cali.
• Ecuador proyecta una nueva etapa de cooperación en seguridad con la nueva administración.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este 3 de agosto de 2026 su viaje a Colombia para asistir a la transmisión de mando en la que Abelardo De La Espriella asumirá la presidencia de ese país en sucesión de Gustavo Petro. Mediante el Decreto Ejecutivo 463, el primer mandatario ecuatoriano declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante la jornada del 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali, evento que marcará una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad.

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Detalles del Decreto Ejecutivo 463 y la comitiva ecuatoriana

A través del Decreto Ejecutivo 463, el jefe de Estado formalizó los aspectos logísticos e institucionales que regirán la visita oficial. La comitiva del Gobierno de Ecuador acompañará al mandatario durante las actividades programadas para la ceremonia internacional.

Integración del equipo y financiamiento del viaje

La delegación oficial estará conformada por las siguientes representaciones del Ejecutivo:

El texto normativo aclara que las identidades específicas de los acompañantes no se detallaron en el documento. Asimismo, Daniel Noboa dispuso que los viáticos y los gastos derivados del desplazamiento se financiarán con cargo al presupuesto institucional de cada entidad participante.

Cambio de sede para la transmisión de mando en Colombia

La posesión oficial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 7 de agosto de 2026. A diferencia de la tradición política colombiana, que suele concentrar la ceremonia en Bogotá, el evento de cambio de mando presidencial se desarrollará en Cali.

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El Gobierno de Ecuador ha señalado que la llegada del nuevo mandatario representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre ambas naciones, con especial énfasis en el desarrollo de políticas e iniciativas regionales orientadas a la cooperación en seguridad.

Lo que debes saber

• Aspirantes y autoridades, incluido el presidente Daniel Noboa, intensifican actividades de proselitistas.
• Organizaciones políticas y exautoridades electorales reclaman al organismo una actuación más firme.
• Advierten que la falta de fiscalización puede responder a una débil voluntad institucional y a posibles vínculos de interés con los partidos políticos.

Aunque la campaña electoral para las elecciones seccionales está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la disputa por captar el apoyo ciudadano ya comenzó. Los aspirantes a las 222 alcaldías, 23 prefecturas y más de 1.300 concejalías intensifican su presencia en redes sociales, recorridos barriales y actividades públicas para posicionar sus candidaturas.

La actividad proselitista también alcanza al Gobierno. En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha promocionado proyectos que podrían ser impulsados por candidatos respaldados por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

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Los actos de campaña anticipada

Este escenario ha provocado reclamos de organizaciones políticas, que advierten sobre posibles actos de campaña anticipada y el uso de recursos públicos con fines electorales. Durante el primer consejo consultivo convocado por el CNE, el pasado 23 de julio, representantes de los partidos expresaron sus preocupaciones por las actividades de precampaña.

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, solicitó que el organismo vigile tanto estas acciones como la utilización de recursos estatales por parte de autoridades en funciones. Allí sostuvo, “hay asambleístas del partido de Gobierno que hacen promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores”.

Además, los delegados políticos pidieron que el CNE establezca controles más claros y emita directrices para diferenciar las actividades inherentes a un cargo público de aquellas que constituyen promoción electoral anticipada.

El CNE formalizó la convocatoria a elecciones el fin de semana y abrió el proceso de inscripción de candidaturas. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las denuncias de la precampaña.

Luis Verdesoto, exvocal del organismo electoral, cuestiona ese silencio. “Debe intervenir y llamar, desde la fuerza moral y política que le corresponde, para advertir sobre las contravenciones que se cometen. Es la principal autoridad durante el período electoral. Tiene la obligación de hacerlo, al margen de las sanciones que están previstas. Debe hacer cumplir el reglamento”.

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El rol del Tribunal Supremo Electoral

Para el exvocal, ciertas actuaciones ya constituyen una intervención electoral previa al período oficial de campaña. “Si hay un presidente que dice que va a hacer un estadio para favorecer a su candidata a alcaldesa de Quito, es obvio que está interviniendo en las elecciones. Está interviniendo antes, en la precampaña. Y la precampaña tiene que llevar al CNE a sancionar ese ejercicio, que no es solamente económico, sino que también, fundamentalmente, debe implicar una sanción política, una sanción moral; debe ser una voz fuerte que establezca que todo debe funcionar dentro de la regla”, reclama.

Las críticas también provienen de exautoridades electorales. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), actual CNE, considera que el organismo no ha desarrollado reglas suficientes. El Consejo “no ha regulado adecuadamente, y eso produce una permanente violación de las normas y la falta de un control adecuado. Debieron haber previsto con anticipación dictar reglamentos para la competencia, qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero no lo hicieron y por eso existe un desorden total en las actividades”.

La observadora electoral de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Ariel Merino, explica que la falta de acción institucional favorece la repetición de estos conflictos en cada proceso electoral.

“Existió una reforma al Código de la Democracia, pero, por los constantes procesos electorales, esto se ha convertido en una dificultad. El problema no es la falta de normativa; el desafío es que se requiere voluntad política para hacer cumplir las leyes”, afirma.

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Falta de voluntad institucional

Verdesoto sostiene que detrás de la falta de controles existe un problema de voluntad institucional y de relaciones políticas entre los organismos electorales y los partidos. A su juicio, el CNE “es una fuente de muchos favores. Y cuando se dejan pasar temas de los partidos políticos, lo que se logra es que te guarden un favor, acumulando un pro bono, guardando una posibilidad de recibir prebendas subterráneas, como cargos o un control flexible”.

Ese sería el motivo por el que el organismo reduce la intensidad de la fiscalización o, en ciertos casos, evita ejercer controles efectivos sobre las organizaciones políticas, observa. “Allí hay un interés, una mezcla del hambre con la necesidad: el partido incumple las normas y el Consejo las tolera. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Los ciudadanos”, concluye.

Lo que debes saber

• Ramiro García sostuvo que la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en 2025.
• Pero ese artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y no podía aplicarse a hechos ocurridos entre 2020 y 2024.
• La Fiscalía no ejerció su derecho a la réplica durante la audiencia, por lo que el planteamiento quedó sin rebatir.

La Fiscalía sufrió el domingo 2 de agosto, por la noche un terrible sopapo dentro de proceso por el caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Un sopapo, o golpe, del que no pudo recuperarse. La historia es, más o menos, así: después de casi once horas de alegatos el domingo 2 de agosto, cuando la audiencia de presentación de alegatos estaba por terminar y apenas quedaban unos veinte minutos para que concluyera la exposición de las partes, la defensa del alcalde lanzó un argumento que dejó al equipo de la Fiscalía sin capacidad de reacción porque ni siquiera pidieron el derecho a la réplica. En términos boxísticos, quedaron groguis; es decir, como dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al referirse a la palabra grogui, “aturdidos y atontados”.

Quien propinó ese golpe fue Ramiro García: el abogado se había guardado ese alegato durante todo el proceso, no lo había adelantado en ninguna audiencia y, según pudo conocer EXPRESO, ni siquiera los demás equipos que integran la defensa de Álvarez sabían que iba a utilizarlo. Es más, ni siquiera los auxiliares de García. Fue un as bajo la manga reservado para el final del proceso.

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La tesis que expuso fue, al mismo tiempo, sencilla y de enorme alcance. Según García, la Fiscalía terminó construyendo toda su acusación sobre una reforma al artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal que ya no forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano porque fue incorporada mediante la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en septiembre de 2025.

Una explicación sencilla

El razonamiento de García merece ser explicado con cuidado. Los hechos investigados en el caso Triple A ocurrieron entre 2020 y 2024. Ese dato es determinante porque durante todo ese período estuvo vigente una determinada versión del artículo 265 del COIP. Además, el tribunal especializado en corrupción, que es el que conoce este proceso, tiene competencia para juzgar únicamente el delito previsto en ese artículo, mas no el contemplado en el artículo 264.

¿Qué decía el artículo 265 vigente durante esos años? Sancionaba a la persona que, en provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o en el mar territorial, almacenara, transportara, envasara, comercializara o distribuyera derivados de hidrocarburos sin la debida autorización.

Esa era la norma que regía cuando, según la acusación, ocurrieron los hechos. Sin embargo, en junio de 2025 la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. Esa ley modificó la redacción del artículo 265. Y aquí, según García, se produjo el cambio decisivo.

Con la reforma, el artículo dejó de describir un delito centrado en la comercialización o distribución sin autorización y pasó a reproducir las conductas previstas en el artículo 264. Es decir, el núcleo del tipo penal cambió. Desde entonces, el artículo ya no se concentraba únicamente en la comercialización ilegal de combustibles, sino en los casos en que combustibles adquiridos legalmente eran desviados hacia segmentos distintos de aquellos para los cuales estaban autorizados.

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Precisamente ese supuesto -el desvío de combustibles hacia segmentos distintos de los autorizados- es el eje de toda la acusación presentada por la Fiscalía y por la acusación particular durante este proceso.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional 

Pero ahí apareció el golpe de Ramiro García. El abogado recordó que esa reforma nunca sobrevivió al control constitucional. En septiembre de 2025 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y, con ella, todas las reformas al COIP que esa ley contenía, incluida la nueva redacción del artículo 265.

No solo eso. La propia sentencia estableció que esas reformas no podían aplicarse retroactivamente.

Según la defensa, esa decisión tiene una consecuencia jurídica inevitable: la versión reformada del artículo 265 nunca pudo servir para juzgar hechos ocurridos entre 2020 y 2024, tanto porque fue expulsada del ordenamiento jurídico como porque la Corte prohibió expresamente darle efectos retroactivos.

En otras palabras, sostuvo García, la Fiscalía estructuró su acusación utilizando un tipo penal cuya redacción fue incorporada en 2025, posteriormente declarada inconstitucional y que, además, jamás pudo aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

La consecuencia, según la defensa, no es que el delito de comercialización ilegal de combustibles haya desaparecido del COIP. Ese delito sigue existiendo. Lo que sostiene García es algo distinto: que la Fiscalía acusó a Aquiles Álvarez utilizando una versión del artículo 265 que nunca fue jurídicamente aplicable al período investigado y que, por tanto, el tipo penal sobre el cual edificó su teoría del caso no podía sustentar la acusación.

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Fiscalía prefirió guardar silencio

Fue ese razonamiento el que quedó flotando en la sala cuando terminó la audiencia. Y fue también el argumento frente al cual la Fiscalía, al menos esa noche, prefirió guardar silencio y renunciar incluso al derecho de responder.

García no descarta, es más está convencido, de que el proyecto de reforma al artículo 265 del COIP incluida en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional había sido concebido pensando en el caso de Aquiles Álvarez que para entonces ya estaba siendo investigado. Es decir que, según él, cuando se redactó la reforma en Carondelet ya se estaba pensando en cómo acorralar a Álvarez.

Todo esto no significa que Alvarez ya salió airoso del caso. Es muy posible que los operadores de Carondelet estén ahora mismo moviendo todos los resortes posibles para asegurarse que los jueces desestimen lo dicho por García.

Lo que debes saber

• La intervención societaria debería buscar corregir irregularidades, no convertirse en una medida permanente.
• Aunque la Ley de Compañías exige que sea temporal, no establece un plazo máximo para su duración.
• Expertos advierten que una intervención prolongada puede afectar la inversión, la confianza y la continuidad de una empresa.

¿Cuándo una intervención deja de ser un mecanismo para salvar una empresa y comienza a poner en riesgo su continuidad? Esa es la pregunta que plantean abogados y exautoridades consultados por EXPRESO, quienes advierten que prolongar la medida sin una justificación técnica clara puede desnaturalizar una herramienta concebida para corregir irregularidades, no para extender indefinidamente el control sobre una compañía.

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Un vacío sobre la duración de las intervenciones

Aunque la Ley de Compañías establece que la intervención societaria debe mantenerse únicamente el tiempo necesario para superar las irregularidades que la originaron, no fija un plazo máximo. Para Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, esa ausencia responde a que cada caso tiene una complejidad distinta, pero también deja abierta la discusión sobre cuándo una medida deja de ser temporal.

Ese vacío es uno de los puntos que cuestiona Marco López, exsuperintendente de Compañías. A su criterio, una vez que la empresa subsana las observaciones, la intervención debería levantarse, pues mantenerla sin un horizonte claro desnaturaliza una herramienta creada para corregir problemas y no para prolongar el control sobre una empresa.

La carga laboral de un interventor influye en el tiempo de una intervención. No es lo mismo que una persona se dedique a una sola compañía que tenga asignadas cinco o diez.Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados

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Los efectos de una intervención prolongada

Y es que según los especialistas, la incertidumbre puede afectar el funcionamiento de la compañía, incluso cuando continúa operando. La permanencia de un interventor, explican, influye en la confianza de los inversionistas, proveedores, acreedores, clientes y trabajadores, además de retrasar decisiones estratégicas para el negocio.

Para Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma jurídica Fexlaw, el problema aparece cuando la intervención pierde su carácter excepcional. A su juicio, mantenerla más allá del tiempo necesario puede deteriorar el valor de la empresa, retrasar proyectos de inversión, afectar su reputación frente al mercado y comprometer su capacidad para operar con normalidad.

La intervención societaria debe ser una medida excepcional, correctiva y temporal, no un mecanismo sancionador ni una vía automática hacia la liquidación de una empresa.Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano

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¿Cuándo puede mantenerse la intervención?

No obstante, ¿qué ocurre si la empresa sostiene que ya corrigió las irregularidades, pero la intervención continúa? Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dice que la Superintendencia de Compañías debe contar con una justificación técnica y jurídica para mantener la medida, ya que una liquidación solo puede ser dispuesta mediante una resolución motivada de la autoridad y no por decisión del interventor.

Para Quintero, la motivación de la resolución constituye una garantía para las empresas intervenidas. La autoridad, señala, debe explicar con fundamentos técnicos y jurídicos por qué las observaciones no se consideran subsanadas y por qué la intervención debe seguir, pues de lo contrario la medida podría ser cuestionada por carecer de sustento suficiente.

Por esto López considera que el interventor debe convertirse en un facilitador para que la empresa recupere la normalidad. A su criterio, el funcionario no debería actuar como un actor que conduzca inevitablemente a la liquidación de la compañía.

El fin de la intervención de la SuperCías es vigilar, pero obviamente no significa ser una unidad de castigo o una entidad que entorpezca la economía de la empresa.Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte

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No todas las intervenciones tienen el mismo origen

Por otro lado, las intervenciones pueden tener un origen económico o jurídico. Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados, argumenta que las primeras suelen estar relacionadas con pérdidas, falta de liquidez o dificultades financieras; mientras que las segundas obedecen a incumplimientos societarios, como la vulneración de estatutos, la omisión de información o el incumplimiento de obligaciones legales.

Sin embargo, esa diferencia no implica un tratamiento distinto al momento de determinar que una empresa sea o no liquidada. Es ese escenario el que preocupa a Ramírez.

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La intervención no debe convertirse en una liquidación

A juicio del exsuperintendente de Compañías, esas diferencias no son menores. Sostiene que una empresa que genera empleo y cumple con su actividad no debería terminar encaminada hacia una liquidación por incumplimientos de carácter formal, como la falta de entrega de información a la Superintendencia, sino recibir las facilidades necesarias para corregir esas observaciones.

López explica que el desenlace de una intervención debería depender de la disposición de la empresa para subsanar las irregularidades que dieron origen al proceso. Si el incumplimiento consiste, por ejemplo, en no presentar estados financieros, afirma que el rol del interventor es trabajar junto con la administración para poner la documentación al día y permitir que la compañía siga operando, no conducirla a su desaparición.

Para González, esa diferencia resulta relevante porque las observaciones de carácter jurídico suelen ser subsanables. Para el académico, la intervención debe servir precisamente para corregir esos incumplimientos y permitir que la empresa continúe operando, no para convertir un tecnicismo en una causal que termine derivando en su desaparición.

A pesar de ello, Guillén explica que la normativa no deja a las empresas sin mecanismos de defensa. Según la especialista, las decisiones de la Superintendencia pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de Compañías y, de ser necesario, a través de acciones en la justicia ordinaria, donde se revisará si la actuación de la autoridad se ajustó a Derecho.

• El CAL calificó 11 proyectos de ley y dispuso su envío a las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para que inicien su trámite.
• Entre las iniciativas constan dos reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de propuestas relacionadas con contratación pública, empleo, cultura, bioeconomía, investigación agropecuaria y derechos de las personas autistas.

Este lunes 3 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó 11 proyectos de ley y dispuso su envío a las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para que inicien su trámite.

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Entre las iniciativas constan reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de propuestas relacionadas con contratación pública, empleo, cultura, bioeconomía, investigación agropecuaria y derechos de las personas autistas.

Dos proyectos de reformas al COIP serán tratados en mesa legislativa

Tres de las iniciativas fueron remitidas a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Se trata del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP, presentado por la asambleísta Sara Cabrera; el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP respecto al delito de extorsión, impulsado por la legisladora Arianna Burgos.

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También el Proyecto de Ley Reformatoria a varias leyes para garantizar el uso social y comunitario de infraestructura educativa en desuso, propuesto por Carmen Tiupul.

El CAL también remitió a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales un proyecto orientado a promover la bioeconomía y el biocomercio a partir de la biodiversidad, iniciativa presentada por la legisladora Camila León.

En paralelo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa analizará una propuesta de Janina Rizzo que plantea reformas a varias leyes para fortalecer la sostenibilidad de los emprendimientos.

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Otra de las iniciativas será revisada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Se trata del proyecto de la legisladora Karolina Dueñas que propone cambios a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la generación de empleo y desarrollo económico territorial.

La Comisión de Soberanía Alimentaria evaluará una reforma a la ley que rige al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), presentada por el asambleísta Juan Pablo Molina.

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Reformas para fortalecer la participación cultural, empleo joven y derechos de personas autistas

La distribución de proyectos también incluye una reforma, presentada por la legisladora María Cristina Acuña, para fortalecer la participación cultural, que será tratada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

El asambleísta José Nango presentó dos iniciativas:

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Además, el CAL calificó el proyecto denominado Ley Paula, presentado por la asambleísta Ana Belén Yela. La propuesta busca asegurar la universalidad de la atención, la protección y el aseguramiento de los derechos de las personas autistas durante todo su ciclo de vida.

Con la calificación del CAL, los 11 proyectos inician formalmente su trámite legislativo en las respectivas comisiones especializadas permanentes.

En esa etapa se recibirán observaciones, se elaborarán informes y, posteriormente, las iniciativas pasarán al Pleno de la Asamblea Nacional para su debate y eventual aprobación.

Lo que debes saber

• Este lunes 3 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de prisión dentro del denominado caso Grillete, por incumplir una medida judicial sobre el uso del grillete electrónico.
• Horas después de conocerse el dictamen, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X.
• "A quienes hoy sienten tristeza o preocupación, les pido que no pierdan la esperanza", dijo Coronel.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de prisión dentro del denominado caso Grillete, por el incumplimiento de una medida judicial relacionada al uso de un grillete electrónico. La decisión fue adoptada este lunes 3 de agosto por un tribunal de Durán.

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El primer personero municipal guayaquileño también es procesado por los casos Triple A y Goleada, por los que mantiene prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Tatiana Coronel: "No pierdan la esperanza"

Horas después de conocerse el dictamen, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X.

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"A quienes hoy sienten tristeza o preocupación, les pido que no pierdan la esperanza. Guayaquil es mucho más grande que cualquier circunstancia. Es una ciudad construida por mujeres y hombres valientes que nunca han permitido que las dificultades definan su destino", escribió la funcionaria.

Y agregó: "Guayaquil ha vencido antes. Guayaquil volverá a salir adelante. Y mientras exista un solo ciudadano dispuesto a luchar por esta ciudad, siempre habrá razones para creer en un mañana mejor. Con la frente en alto".

Sin embargo, el pronunciamiento de Coronel no incluyó una mención específica a Aquiles Álvarez ni a su condena.

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil no se ha pronunciado sobre la situación jurídica del alcalde Álvarez.

Lo que debes saber

• Este lunes 3 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado a tres años de prisión por el caso Grillete, relacionado al imcumplimiento de una medida judicial.
• El fallo no implica de manera automática que Álvarez deba dejar el cargo de alcalde de Guayaquil, ya que aún existen procedimientos y recursos previstos en la legislación ecuatoriana.
• El alcalde también enfrenta procesos en los casos Triple A y Goleada, por los que permanece con prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

La sentencia de tres años de prisión impuesta este lunes 3 de agosto al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del caso Grillete, abrió interrogantes sobre su continuidad al frente del Municipio. Sin embargo, el fallo no implica de manera automática que deba dejar el cargo, ya que aún existen procedimientos y recursos previstos en la legislación ecuatoriana.

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Álvarez fue declarado culpable por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, proceso que se originó tras no acatar las condiciones relacionadas con el uso del grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar en otra causa judicial.

El alcalde también enfrenta procesos en los casos Triple A y Goleada, por los que permanece con prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

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Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), una condena penal no conlleva por sí sola la pérdida inmediata del cargo de una autoridad de elección popular.

Para que un alcalde sea removido o cese en sus funciones deben configurarse las causales y procedimientos establecidos en esa normativa o existir una decisión judicial que produzca la pérdida de sus derechos de participación.

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¿Qué establece el Cootad?

El artículo 333 del Cootad establece las causales por las que una autoridad de elección popular puede ser removida:

La remoción no es automática y debe tramitarse mediante un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y culmina con una resolución del Concejo municipal.

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Concejo Cantonal de Guayaquil negó un pedido de remoción en contra de Aquiles Álvarez en junio

De hecho, el Concejo Cantonal de Guayaquil ya conoció un proceso de remoción contra Álvarez relacionado con su ausencia del cargo mientras permanecía privado de libertad.

El 26 de junio de 2026, la mayoría de los concejales resolvió no removerlo, al considerar que existía una subrogación legal de funciones a cargo de la vicealcaldesa Tatiana Coronel y que no se configuraba la causal invocada

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Mientras Álvarez continúa en prisión preventiva, la administración municipal permanece bajo la subrogación prevista en el Cootad. Esa figura permite que la vicealcaldesa ejerza las funciones ejecutivas del Municipio durante la ausencia temporal del titular, sin que ello suponga la vacancia definitiva de la Alcaldía.

La condena en el caso Grillete no significa que Aquiles Álvarez deje automáticamente la Alcaldía de Guayaquil. Su permanencia en el cargo dependerá de la evolución de los procesos judiciales, de si la sentencia queda ejecutoriada con los efectos que determine la ley y de cualquier eventual actuación que corresponda a las autoridades competentes conforme al marco jurídico vigente.

Lo que debes saber

• El concejal Iván Abril anunció que declinó su precandidatura a la Alcaldía de Cuenca por el Movimiento Amigo Lista 16, organización que acogía la postulación de Revolución Ciudadana, para las elecciones seccionales.
• La decisión fue comunicada mediante una carta pública en la que aseguró que responde a la búsqueda de la "unidad de Cuenca y la defensa de la democracia".
• El concejal indicó que optó por dar un paso al costado para contribuir a la consolidación de un frente común.

Este lunes 3 de agosto, el concejal Iván Abril anunció que declinó su precandidatura a la Alcaldía de Cuenca por el Movimiento Amigo Lista 16, organización que acogía la postulación de Revolución Ciudadana (RC), para las elecciones seccionales de noviembre.

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La decisión fue comunicada mediante una carta pública en la que aseguró que responde a la búsqueda de la "unidad de Cuenca y la defensa de la democracia".

En el documento, Abril sostuvo que el país atraviesa una "crítica situación" y afirma que las fuerzas de izquierda, centroizquierda y progresistas tienen la responsabilidad de actuar "con desprendimiento y madurez política".

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El concejal indicó que optó por dar un paso al costado para contribuir a la consolidación de un frente común.

Iván Abril: "No vivimos en democracia"

Abril también recordó que tanto Revolución Ciudadana como el movimiento Amigo fueron impedidos de participar en las elecciones locales debido a la suspensión dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

"Esto con el único afán de evitar contendores por parte del gobierno de Daniel Noboa. No vivimos en democracia", expuso el concejal.

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Además, reiteró que su decisión busca priorizar "el bienestar de los cuencanos por encima de cualquier aspiración personal" y fortalecer un bloque político que enfrente lo que calificó como un "modelo de abandono, centralismo y neoliberalismo" del Gobierno central.

El concejal señaló que continuará trabajando "desde las bases" para impulsar sus planteamientos en Cuenca y la provincia del Azuay.

Abril no mencionó un eventual respaldo a otro aspirante en las elecciones de noviembre próximo.

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La Corte ya marcó el primer límite

En realidad, esta no es una discusión nueva. El 10 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa presentó una reforma parcial a la Constitución para incorporar la castración química; sin embargo, el 4 de septiembre de ese mismo año, la Corte Constitucional rechazó esa vía al concluir que el Gobierno no demostró que las medidas fueran idóneas para prevenir la violencia sexual.

De hecho, el dictamen de la Corte fue más allá de un pronunciamiento sobre el procedimiento. Los jueces señalaron que el Ejecutivo no aportó evidencia científica suficiente para demostrar que la reducción de la libido disminuye la reincidencia y, además, observaron que la propuesta no explicaba aspectos esenciales sobre la forma en que se aplicaría el tratamiento.

En esa línea, el abogado penalista Andrés Cevallos sostiene que cualquier nueva iniciativa deberá responder precisamente a esos vacíos. Según explica, mientras el Ejecutivo no determine si la castración química constituye una pena o una medida de seguridad, y no presente evidencia técnica sobre su efectividad, volverá a enfrentar los mismos cuestionamientos constitucionales.

Además, Cevallos advierte que esa diferencia no es meramente conceptual. Si se configura como una pena, deberá respetar principios de culpabilidad y proporcionalidad; en cambio, si se plantea como una medida de seguridad, exigirá una evaluación periódica sobre la peligrosidad del condenado y no bastará únicamente con la existencia de una sentencia ejecutoriada.

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Un debate más allá del tratamiento hormonal

Por otra parte, Antonio Gagliardo, exministro fiscal distrital del Guayas y Galápagos y experto en Ciencias Penales y Criminológicas, considera que incluso el nombre de la propuesta induce a confusión. Aclara que la denominada castración química no implica una intervención quirúrgica, sino la administración periódica de fármacos que reducen temporalmente la libido y cuyos efectos desaparecen cuando el tratamiento deja de aplicarse.

Sin embargo, Gagliardo señala que la discusión no puede limitarse al efecto de los medicamentos. A su juicio, todavía no está claro cómo se garantizaría su aplicación obligatoria.

Además, para Gagliardo, la propuesta también enfrenta un problema de ejecución, pues requeriría que el Estado financie medicamentos de aplicación periódica sin que exista claridad sobre su costo o duración. El exfiscal cuestiona que se plantee ese gasto cuando el sistema público registra constantes problemas de abastecimiento de fármacos y las cárceles presentan deficiencias incluso para garantizar una alimentación adecuada a los internos.

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Las alternativas que plantean los juristas

Cevallos también cuestiona la premisa sobre la que se sustenta la propuesta. El penalista explica que no todas las agresiones sexuales obedecen a un impulso o deseo sexual, sino que en muchos casos responden a dinámicas de violencia, dominación o ejercicio de poder sobre la víctima. Por ello, advierte que reducir la discusión a un tratamiento hormonal puede generar la falsa expectativa de que la castración química resolverá un problema cuya raíz es mucho más compleja.

Desde esa perspectiva, Cevallos considera que la respuesta frente a los delitos sexuales debe ir más allá de un tratamiento hormonal. El penalista plantea complementar cualquier reforma con otras políticas públicas, entre ellas la implementación de cárceles o centros especializados para personas condenadas por delitos sexuales, con programas orientados a su rehabilitación y a reducir el riesgo de reincidencia.

Por su parte, Gagliardo considera que una herramienta más útil sería la creación de un registro de violadores que impida a los sentenciados trabajar en escuelas o en espacios donde tengan contacto con niños y adolescentes. A su criterio, esa medida contribuiría a reducir los riesgos de nuevas agresiones, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado.

Lo que debes saber

• Nelson Erazo analiza retirar su candidatura a la Prefectura de Pichincha por una alianza de izquierda.
• El objetivo principal de Unidad Popular es frenar a las candidaturas afines al Gobierno de Daniel Noboa.
• Las precandidaturas de Nelson Erazo y Cristina Cachaguay fueron presentadas a finales de junio de 2026.

El precandidato de Unidad Popular para la Prefectura de Pichincha, Nelson Erazo, puso en duda su participación en las elecciones seccionales de 2026 al señalar que está dispuesto a deponer su postulación. El dirigente del Frente Popular busca facilitar la conformación de una candidatura de unidad entre organizaciones de izquierda para enfrentar a las opciones impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa en la contienda electoral.

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Nelson Erazo propone un frente de izquierda para las elecciones seccionales de 2026

El dirigente social enfatizó en declaraciones para Ecuador Chequea que el principal interés de su organización política es articular un frente democrático y progresista para defender la institucionalidad de la capital y la provincia, por encima de las pretensiones personales o partidistas.

"Si tenemos que deponer la candidatura, tendremos que hacerlo", afirmó Nelson Erazo, destacando la urgencia de concretar consensos electorales estratégicos.

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Asimismo, la dirigencia sostiene que la prioridad política del sector es evitar el avance del oficialismo en las distintas dignidades de la provincia:

Estado del proceso electoral e inscripción de candidaturas en Pichincha

Actualmente, el calendario administrado por los organismos electorales se encuentra en la etapa de inscripción de candidaturas. Pese al llamado a la convergencia, el periodo formal para la consolidación de alianzas ya ha finalizado.

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Antecedentes y previsiones de alianzas políticas

A finales de junio de 2026, la organización política presentó a Nelson Erazo para la Prefectura de Pichincha y a Cristina Cachaguay para la Alcaldía de Quito. Ambos cuentan con trayectoria en sindicatos y gremios vinculados a la tendencia.

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Hasta mediados de julio de 2026, Unidad Popular contemplaba diálogos y previsiones de acuerdos con:

Las claves que debes saber

• Daniel Noboa activó el Plan de Protección de Quito este 3 de agosto por la creciente inseguridad.
• Quito suma 2.000 policías y 2.000 militares en zonas críticas, transporte y colegios.
• El plan incluye 100 motocicletas y 20 drones tras homicidios y desapariciones en la capital.

El presidente Daniel Noboa anunció este 3 de agosto de 2026 que se activó el Plan de Protección de Quito ante los problemas de inseguridad registrados la ciudad, con casos de personas sin vida y varios reportes de desapariciones que han conmocionado a la urbe.

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El primer mandatario dispuso que se refuerce la vigilancia de la ciudad con 4.000 policías y militares más. La Fuerza Pública estará desplegada en los ingresos a la ciudad, en los sistemas de transporte de la urbe, planteles educativos, así como "en los puntos más críticos y emblemáticos" de la capital, indicó.

"Hoy ponemos en marcha el plan de protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más se necesiten: en el ingreso y salida de los trabajos, de los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios", manifestó en un video en sus redes sociales.

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Además de los uniformados, el Gobierno ordenó el despliegue de 100  motocicletas y 20 drones.

El nuevo plan se activó días después de que una persona apareció decapitada en un puente del norte de la ciudad y de múltiples casos de ciudadanos desaparecidos.

Lo que debes saber

• Inscripción de candidaturas: Del 2 al 17 de agosto de 2026 se formalizan las candidaturas.
• Elecciones seccionales: Las votaciones para alcaldes y prefectos serán el 29 de noviembre.
• Miembros de mesa: El sorteo de las Juntas Receptoras del Voto se realiza el 2 de septiembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la ejecución del calendario electoral para las elecciones seccionales 2026 en Ecuador, proceso en el cual la ciudadanía elegirá a los nuevos alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales el próximo 29 de noviembre de 2026. Del 2 al 17 de agosto se cumple la fase de inscripción de candidaturas, dando paso a las siguientes etapas operativas que incluyen el sorteo y la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

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Calendario de las elecciones seccionales 2026 en Ecuador

El cronograma establecido para los comicios locales del país agota fases determinantes de cara a la jornada de votación del mes de noviembre.

Fechas clave del proceso electoral

¿Cómo consultar si fuiste seleccionado para una Junta Receptora del Voto?

Las personas seleccionadas para el conteo de votos y recepción de sufragios pueden verificar su designación mediante el portal oficial del CNE, en la sección habilitada para la "Consulta tu lugar de votación".

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Requisitos y pasos para la verificación en la web del CNE

Al validar los datos, el sistema reflejará la provincia, cantón, parroquia y circunscripción donde consta el ciudadano en el padrón electoral. Adicionalmente, el sistema mostrará una notificación en caso de haber sido seleccionado como miembro de una Junta Receptora del Voto, información que también será notificada por correo electrónico o de forma física.

Lo que debes saber

• ADN cambia fichas: Giovanna Ubidia va por la Prefectura y Harold Burbano por la Alcaldía de Quito.
• Estrategia oficialista: El movimiento ajustó perfiles tras escuchar la labor del Seguro Campesino.
• Calendario CNE: La inscripción de candidaturas estará abierta del 2 al 17 de agosto de 2026.

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, cambió sus fichas electorales en Pichincha a última hora. Inscribió a Harold Burbano como candidato a la Alcaldía de Quito y a Giovanna Ubidia para la Prefectura de Pichincha al inicio del plazo del calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), que rige del 2 al 17 de agosto de 2026. Esta decisión modificó a última hora lo resuelto en las elecciones primarias de la organización política con miras a los comicios seccionales de noviembre.

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Estrategia electoral de ADN modifica precandidaturas en Pichincha

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) resolvió un cambio de última hora en sus fichas electorales para las dignidades de Quito y Pichincha. La organización política del presidente Daniel Noboa definió que Giovanna Ubidia compita por la Prefectura de Pichincha, mientras que Harold Burbano participe por la Alcaldía de Quito.

A pesar de que en las elecciones primarias internas se había resuelto una distribución inversa (Ubidia para la capital y Burbano para la provincia), este ajuste responde a una estrategia electoral orientada a los comicios seccionales de noviembre de 2026, según informaron los propios precandidatos.

Razones del cambio de fichas en el oficialismo

Luego de formalizar la inscripción de su candidatura, Giovanna Ubidia explicó que la directiva de ADN escuchó a las bases militantes. Se determinó conveniente que continúe con el trabajo desplegado en los sectores rurales, labor que impulsó previamente desde la dirección del Seguro Social Campesino, cargo que ejerció hasta antes de asumir su postulación.

Por su parte, Harold Burbano ratificó que el movimiento aplicó un giro estratégico. Indicó que su propuesta para el municipio capitalino se centrará en ejes prioritarios:

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Asimismo, Burbano resaltó la trayectoria de Ubidia y el alcance de su gestión territorial en las parroquias rurales pichinchanas.

Cronograma electoral y proceso de validación en el CNE

El movimiento oficialista ADN figuró entre las primeras organizaciones políticas en concretar el trámite de inscripción.

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Fases del proceso de inscripción de candidatos

Lo que debes saber

• Un video viral revivió el fallido acuerdo entre Lasso, Nebot y Correa en la Asamblea de 2021.
• Las negociaciones a puerta cerrada y sin consulta a las bases marcan la política ecuatoriana.
• La falta de transparencia en alianzas legislativas termina favoreciendo el retorno del correísmo.

La semana pasada, se viralizó en redes el extracto de una entrevista que le hace Orlando Pérez, comunicador militante del correísmo, a su líder Rafael Correa, en el cual el expresidente se refiere al pacto que tuvo con Guillermo Lasso y Jaime Nebot para repartirse los puestos directivos de la Asamblea Nacional y cogobernar, el cual resultó nonato. Como si el tema fuera algún secreto, usuarios y portales digitales saltaron con señas de asombro e indignación, cuando ese acuerdo era de conocimiento público antes de que la Asamblea del 2021 si quiera se instalase.

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De la ruptura del Partido Social Cristiano a las alianzas con Pachakutik y la ID

Esa reacción original, la furia del anticorreísmo que se sintió traicionado, fue una de las razones detrás de la decisión de Guillermo Lasso de recular y terminar pactando con la Izquierda Democrática y Pachakutik. Detrás de Lasso y su nueva alianza se fue César Rohón, quien luego sería su ministro de Transporte y Obras Públicas, alegando que el acuerdo de Nebot con Correa se había hecho a espaldas de él y de gran parte del Partido Social Cristiano. Cualesquiera que hayan sido las reales motivaciones detrás de su salida (él mismo confesó que había sido precandidato de La 6 a la presidencia del Legislativo), Rohón tuvo razón en lo que dijo: el pacto tripartito que nunca fue era inaceptable porque se había fraguado en las sombras.

Sin embargo, lo mismo se puede decir del acuerdo que terminó honrando Lasso con un Pachakutik y una Izquierda Democrática que llegaron a la Asamblea con bloques muchos más grandes de los que pensaban obtener (y, por tanto, menos fáciles de manejar de lo esperado) gracias al sorpresivo desempeño de Yaku Pérez y Xavier Hervas, sus respectivos candidatos para las presidenciales.

Negociaciones a puerta cerrada: cómo se hace la política en Ecuador

En ninguno de los dos casos se designaron interlocutores públicamente ni se le consultó a la militancia o a toda la dirigencia si estaban de acuerdo con un pacto. Todo se dio, como en una canción chichera o una novela lúbrica, entre llamadas telefónicas y encuentros en hoteles.

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Y es que así se hace política en el Ecuador. ¿Quién sabe cómo se definieron las listas de las organizaciones políticas? ¿Y con quién se discutieron las alianzas, tanto las formales y como las tapiñadas? Por ejemplo, cuando el movimiento Amigo le prestó su lista a la Revolución Ciudadana, como quizá termine haciendo el Partido Socialista, ¿qué pidieron sus dirigentes a cambio de eso? ¿Debemos pensar que los animó el puro altruismo? Y esta adhesión de Cynthia Viteri con ADN, ¿en qué puntos de acuerdo se basa? ¿Hay alguna línea roja que las partes no están dispuestas a cruzar?

Por supuesto, todos han dado algún remedo de respuesta cuando les ha tocado. La dirigencia de Amigo salió a decir que ellos le abrieron sus puertas a todo el mundo y que, como no fuera nada extraño, un montón de correístas entraron por ahí y pasaron su evaluación. Cynthia Viteri, por su lado, habla de ayudar a los pobres y desposeídos y promete entregarles a ellos obras junto al presidente Daniel Noboa, haciendo uso de ese lenguaje pseudofilantrópico que tanto gusta a los políticos porque significa nada y, por ende, sirve para todo.

Pactos de gobierno y la trinca política de la gobernabilidad

El verdadero horror no está en pactar con Correa. Nuestro actual presidente lo hizo y pasó varias de sus primeras leyes con la ayuda de la Revolución Ciudadana y del socialcristianismo. Lo inaceptable es pactar con quien sea sobre los destinos de todo un país y tratarlo como un acuerdo entre privados o un negocio cualquiera.

Para colmo, toda esta teatralidad del rechazo a trabajar con los correístas termina siempre irónicamente en un retorno hacia ellos.

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Cuando Lasso huyó de Correa, lo hizo para caer en brazos de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea para muchos de ingrata recordación, cuya gestión resultó en que rápidamente el oficialismo perdiera el control de la mayoría en el Pleno y luego de su propia bancada. Después vino Virgilio Saquicela, que antes había sido parte de las listas de CREO, y con él la muerte cruzada y una oportunidad para el correísmo.

Ahora que Noboa dice caminar solo, o al menos sin ninguna alianza formal pública, lo hace usando a un montón de excorreístas como operadores, asambleístas y candidatos.

El problema, quién lo hubiera dicho, parece estar en las costumbres de los ecuatorianos y sus ganas de volver todo una trinca.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa lidera la estrategia del movimiento ADN para las próximas elecciones seccionales.
• Las precandidatas Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia realizan proselitismo activo en territorio.
• Vacíos legales del CNE permiten la precampaña anticipada sin posibilidad de sanción o control.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se ha vuelto un pieza clave en la promoción de sus precandidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), vinculándolos de forma anticipada con futuras obras clave mediante recorridos territoriales y eventos partidistas previo a las elecciones seccionales. Expertos advierten que, si bien estas actividades configuran un acto de proselitismo en el sector público, los vacíos del Código de la Democracia impiden imponer sanciones por gasto o campaña anticipada.

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La estrategia electoral de ADN en las seccionales

El estreno del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en unas elecciones seccionales tiene un protagonista clave: el presidente de la República y líder de la organización política, Daniel Noboa.

Más allá de sus reiteradas referencias a las elecciones, desde el 23 de julio de 2026 Noboa ha empezado a hablar de algunos de sus precandidatos e incluso a asociarlos con potenciales obras en ciudades clave que se realizarían junto a ellos.

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Para Quito, Noboa dijo tener un preacuerdo con una candidata a la Alcaldía para construir el nuevo estadio Atahualpa junto con quienes construyeron el estadio Santiago Bernabéu, en España. Incluso habló de la ampliación del Metro de Quito.

En Guayaquil, por otro lado, Noboa fue más cauto y se limitó a defender la elección de Cynthia Viteri, exalcaldesa socialcristiana de la ciudad, como la apuesta de ADN para ganar el Sillón de Olmedo en las próximas elecciones seccionales.

Precandidatas Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia en territorio

Sin embargo, las acciones de ADN no terminan ahí. En Guayaquil y Quito, las precandidatas de ADN, Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia (luego de inscrita como candidata para la Prefectura de Pichincha), respectivamente, ya se mueven en territorio como si estuvieran en campaña electoral.

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En el caso de Ubidia, desde la confirmación de su precandidatura, en sus redes sociales intercala sus actividades como directora del Seguro Social Campesino con su rol como militante de ADN. En ellas muestra recorridos, brigadas y diálogos en varios sectores de la capital.

Viteri, por su parte, recorre Guayaquil junto al asambleísta Andrés Guschmer, candidato a prefecto del Guayas, y a Zaida Rovira, exministra de Desarrollo Humano. Incluso participó en un evento partidista de ADN en el que también estuvo el gobernador de la provincia, José Arévalo.

Vacíos legales del CNE y el claroscuro sobre la campaña anticipada

Aunque, para los expertos electorales consultados por EXPRESO, todas estas actividades están visiblemente asociadas con una precampaña del oficialismo, aclaran que la propia ley presenta vacíos o zonas grises que las permiten, aunque ello sea considerado reñido con la ética pública.

Este Diario intentó comunicarse, vía correo institucional, con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para consultarles sobre las medidas que están tomando para controlar los actos de campaña anticipada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Precampaña, un concepto debatido en la norma electoral

Esteban Ron, experto electoral y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, sostiene que el principal problema radica en los términos y los plazos que establece la propia norma.

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Aunque la ley sí sanciona la campaña anticipada, aclara, esta solo es considerada si es cometida por un candidato. “Es un claroscuro de la ley porque ahora son precandidatos hasta la inscripción”, comenta, y señala que ni siquiera en ese escenario podría imponerse una sanción.

Según explica, una persona adquiere la calidad de candidato no únicamente con la inscripción (que inició este 2 de agosto de 2026), sino “ya cuando es aceptada la candidatura por el CNE, una vez pasadas las impugnaciones”. Durante ese tiempo, “pueden hacer esta especie de campaña y no habrá sanción o imputabilidad al gasto electoral”.

Campaña anticipada debería frenar por "ética pública"

No obstante, el estratega y docente de Comunicación cuestiona ese claroscuro de la ley y recuerda que se trata de un espacio que, a su juicio, está siendo aprovechado por el Gobierno Nacional en beneficio de sus fichas para las elecciones seccionales de noviembre.

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“Jurídicamente la ley brinda un espacio para que realicen actividades proselitistas. No es ético, pero este Gobierno ha dejado señales claras de que hacer lo correcto no está en su lógica de Gobierno”, acota.

Lo que debes saber

• ADN cambió sus precandidaturas para Quito y Pichincha a solicitud de la militancia.
• Giovanna Ubidia irá a la Prefectura para consolidar el trabajo con juntas parroquiales.
• Harold Burbano asumió la candidatura a la Alcaldía de Quito enfocado en movilidad y seguridad.

El movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN) inscribió este 2 de agosto de 2026 a sus candidatos para la provincia de Pichincha, introduciendo un cambio de última hora en sus cuadros electorales. Pese a que se preveía la postulación de la exdirectora del Seguro Social Campesino, Giovanna Ubidia, a la Alcaldía de Quito y del exministro Harold Burbano a la Prefectura de Pichincha, la organización invirtió sus roles: Ubidia disputará el gobierno provincial y Burbano la administración municipal capitalina.

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Reestructuración de candidaturas en el movimiento ADN

El movimiento político ADN concretó la inscripción oficial de sus perfiles para las dignidades de la provincia de Pichincha este 2 de agosto de 2026. Aunque la planificación inicial contemplaba la postulación de Giovanna Ubidia para la Alcaldía de Quito y del exministro Harold Burbano para la Prefectura de Pichincha, la directiva resolvió intercambiar sus postulaciones al momento del registro.

De esta forma, la nómina oficial quedó estructurada de la siguiente manera:

Motivos del cambio de roles en las postulaciones de Pichincha

Giovanna Ubidia justificó la modificación de última hora señalando que la decisión respondió a un pedido directo de las bases del partido para continuar el trabajo territorial en el sector rural.

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"La gente lo pidió. (Pidió) que Giovanna Ubidia se mantenga desde el corazón campesino, con su gente, trabajando y escuchando desde el territorio", afirmó la exdirectora del Seguro Social Campesino.

Por su parte, el exministro Harold Burbano explicó que dentro de ADN se resolvió invertir los papeles para dar continuidad al proceso territorial que Ubidia articuló previamente con las juntas parroquiales rurales de Pichincha.

Ejes de trabajo para la Alcaldía de Quito

Tras asumir la candidatura a la Alcaldía de Quito, Harold Burbano definió los principales pilares que guiarán su propuesta de gestión municipal:

Lo que debes saber

• Harold Burbano será inscrito por ADN para la Alcaldía de Quito.
• Giovanna Ubidia pasó de perfilarse para Quito a la Prefectura de Pichincha.
• Las inscripciones de candidaturas estarán abiertas hasta el 17 de agosto.

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció, este domingo 2 de agosto de 2026, a Harold Burbano como su precandidato a la Alcaldía de Quito. La decisión supone un cambio frente a la proyección inicial, que lo ubicaba como la carta de la organización para la Prefectura de Pichincha.

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Reacomodo de candidaturas

El movimiento también modificó la postulación de Giovanna Ubidia, quien era perfilada como precandidata a la Alcaldía de Quito. Con el inicio del proceso de inscripciones, ahora figura como la precandidata de ADN para la Prefectura de Pichincha.

A través de su cuenta en X, ADN confirmó la inscripción de Burbano con un mensaje dirigido a los electores de la capital. "¡Una sola lucha por Quito! Con entusiasmo, hoy inscribimos la candidatura de Harold Burbano a la Alcaldía de Quito. Juntos trabajaremos para resolver los problemas de la ciudad con decisión, compromiso y unidad, porque Quito merece más", publicó la organización.

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Empieza el proceso de inscripciones

Este 2 de agosto comenzó el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales. Los postulantes a prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales podrán registrarse hasta las 18:00 del 17 de agosto, conforme al calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el inicio de esta etapa del calendario electoral, los partidos y movimientos políticos empiezan a oficializar a sus candidatos para los gobiernos seccionales. En el caso de ADN, el reordenamiento de Burbano y Ubidia redefine la estrategia con la que buscará disputar dos de los cargos de mayor relevancia en Pichincha.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa se reunirá con el ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos.
• La cita busca fortalecer la cooperación bilateral en innovación y transformación digital.
• Los países abordarán alianzas estratégicas en infraestructura, energía y seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantendrá una reunión de alto nivel este lunes en Quito con Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto. La cita oficial, informada este 2 de agosto de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, busca fortalecer la cooperación bilateral e impulsar nuevas oportunidades en materia de innovación y transformación digital con la participación de altas autoridades nacionales.

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Reunión estratégica entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos

Durante la visita oficial a territorio ecuatoriano, el representante emiratí mantendrá encuentros de trabajo dirigidos a profundizar la asociación estratégica entre ambas naciones.

Además del encuentro con el presidente Daniel Noboa, la agenda diplomática incluye sesiones de trabajo con:

"Ecuador se prepara para un encuentro de alto nivel que fortalecerá la cooperación bilateral y abrirá nuevas oportunidades en materia de innovación", indicó la Cancillería a través de sus canales oficiales, sin precisar aún los horarios de las distintas reuniones programadas.

Sectores clave para la cooperación bilateral e inversión

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que Ecuador y Emiratos Árabes Unidos buscan consolidar una agenda de desarrollo con visión de futuro enfocada en áreas estratégicas.

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Lo que debes saber

• No habrá inscripciones presenciales.
• El trámite será exclusivamente virtual.
• El plazo vence a las 18:00 del 17 de agosto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 se realizará únicamente de forma virtual. El organismo precisó que no se receptarán postulaciones de manera presencial durante este proceso.

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Inscripción solo por el sistema del CNE

Las organizaciones políticas y alianzas habilitadas deberán registrar sus listas a través del Sistema Informático del CNE. El período de inscripción permanecerá abierto hasta las 18:00 del 17 de agosto, conforme al calendario electoral.

El acceso a la plataforma estará restringido exclusivamente para las organizaciones políticas autorizadas. Con este mecanismo, el CNE señala que centralizará el registro de candidaturas mediante su sistema digital.

Para inscribir una candidatura será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente. Entre ellos constan ser mayor de edad, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en inhabilidades o prohibiciones legales.

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Acompañamiento y validación

Aunque el trámite no será presencial, el CNE indica que habilitará mesas de acompañamiento técnico en la sede matriz y en las 24 delegaciones provinciales electorales. Estos espacios servirán para brindar asistencia a las organizaciones políticas durante el proceso de inscripción.

La autoridad electoral recordó que una candidatura se considerará oficialmente inscrita solo cuando la resolución de calificación quede en firme. Además, no deberán existir recursos administrativos ni jurisdiccionales pendientes para que la inscripción tenga validez.