Lo que debes saber

• Salvación de la personería: Tras el fallo de la jueza del TCE, Ivonne Coloma, el movimiento Unidad Popular logró revertir la resolución del CNE que ordenaba su cancelación y salida del registro electoral.
  
• No al bloque correísta: El director nacional de UP, Geovanni Atarihuana, descartó de forma tajante una alianza electoral con la Revolución Ciudadana de cara a los comicios de noviembre.
  
• Estrategia en territorio: La organización política prevé participar en cerca de 200 cantones mediante acuerdos programáticos con Pachakutik, el Partido Socialista y la ID.

El movimiento Unidad Popular (UP) cerró definitivamente la puerta a una posible alianza electoral con la Revolución Ciudadana (RC) para los comicios seccionales de noviembre de 2026. 

Este pronunciamiento llega inmediatamente después de que la justicia electoral dejara sin efecto la cancelación de la personería jurídica de UP, devolviéndole el aire político a la organización de izquierda. 

Geovanni Atarihuana, director nacional del partido, fue tajante al señalar que el correísmo jamás ha formado parte de su estrategia en territorio, desmarcando así el futuro de su agrupación de la lista 5, la cual permanece suspendida por una investigación de la Fiscalía sobre presuntos aportes ilícitos en la campaña de 2023.

"La RC no está en nuestro proyecto electoral. Cuando ellos fueron suspendidos expresamos nuestra solidaridad porque no creemos que sea correcta la proscripción de una organización política, pero en lo electoral no está en nuestros planes", manifestó Atarihuana durante una rueda de prensa efectuada este jueves 4 de junio de 2026.

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Un fallo judicial que reactiva las bases de UP

La postura del partido se fijó tras conocerse el dictamen de Ivonne Coloma, presidenta y jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La magistrada dejó sin efecto las resoluciones previas del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordenaban extinguir a Unidad Popular del registro de organizaciones políticas. 

Al celebrar este fallo de primera instancia que les devuelve la vida jurídica, la dirigencia de UP anunció que concentrará de inmediato sus esfuerzos en consolidar un bloque con sectores del centro y de la izquierda orgánica, dejando de lado cualquier acercamiento con el correísmo.

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Bajo este nuevo panorama, la organización política proyecta una participación agresiva a escala nacional, con candidaturas planificadas para cerca de 200 cantones del país. Para cumplir este objetivo, Atarihuana adelantó que iniciarán diálogos y mesas de concertación con agrupaciones afines como el movimiento indígena Pachakutik, el Partido Socialista Ecuatoriano, la Izquierda Democrática, Avanza y la plataforma Futuro 20.

El llamado al CNE y la incertidumbre del correísmo

Finalmente, la cúpula de Unidad Popular hizo un llamado público a las autoridades del CNE para que desistan de interponer nuevos recursos legales de apelación, permitiendo así que el expediente de cancelación quede archivado de forma definitiva en los archivos del TCE y puedan enfocarse por completo en la campaña. 

Por su parte, la Revolución Ciudadana afronta un escenario complejo: debido a la suspensión que pesa sobre sus siglas tradicionales, la dirigencia correísta mantiene bajo estricta reserva el nombre de la plataforma o partido político alternativo que alquilará o utilizará como vehículo electoral para inscribir a sus cuadros de cara a las seccionales de noviembre.

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Ordóñez ha sido la cara más visible del intento de fiscalización al Municipio de Quito en medio del proceso electoral para las seccionales de 2026. 

Encabezó la investigación sobre la compra de trolebuses eléctricos durante la administración del correísta Pabel Muñoz y ahora ha centrado sus esfuerzos en el Metro de Quito.

Este jueves expuso el oficio remitido a la Contraloría General del Estado, con fecha 2 de junio de 2026, en el que solicita un “examen especial inmediato de la etapa preparatoria y precontractual, previo a que la empresa Metro de Quito firme un contrato de mantenimiento”.

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El documento especifica: “en atención a la relevancia económica, estratégica y operativa del procedimiento de contratación denominado ‘Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Infraestructura, Superestructura, Electromecánicos y Telecomunicaciones de la Primera Línea del Metro de Quito’, impulsado por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, me permito acudir ante usted con la finalidad de solicitar que, dentro del ámbito de competencias de la Contraloría, se disponga la práctica de un examen especial”.

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Según Ordóñez, el monto referencial del contrato asciende a 73.948.651,50 dólares. De acuerdo con lo señalado por el legislador en el oficio remitido al ente de control, se trata de una contratación pública de alta relevancia económica e institucional.

“La pertinencia de un examen especial sobre dichas fases se justifica, además, en la necesidad de verificar de manera técnica y especializada la observancia de principios constitucionales y legales que rigen la contratación pública, particularmente aquellos relacionados con legalidad, transparencia, publicidad”, se señala en el documento.

Finalmente, el asambleísta de ADN manifestó: “Seguro, si todo esta bien, ni la empresa pública ni el consorcio adjudicado tendrán inconveniente”.

¿Qué ocurrió en el Concejo?

• La frase de la concejala Ana Chóez sobre que los procesos públicos no se realizan "en la oscuridad" provocó una inmediata reacción en la sesión del Concejo de Guayaquil. 
• La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, rechazó cualquier insinuación de falta de transparencia y pidió evitar mensajes que puedan afectar la percepción ciudadana sobre el trabajo municipal.

La sesión del Concejo de Guayaquil en la que se abordaron temas relacionados con el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez estuvo marcada por un fuerte intercambio entre la concejala Ana Chóez y la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

La discusión se produjo después de un acalorado debate sobre pedidos de información y acciones de fiscalización entre Chóez y el concejal Arturo Escala. La controversia surgió cuando la concejala cerró su intervención con una frase que generó reacciones inmediatas entre los miembros del Concejo.

"Los procesos públicos no se desarrollan en la oscuridad, es todo lo que yo les digo", expresó Chóez ante la mesa edilicia.

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Tras esas declaraciones, la concejala Emily Vera tomó la palabra y señaló que la expresión utilizada por Chóez "genera suspicacias" respecto al trabajo del Concejo.

Alcaldesa de Guayaquil rechaza insinuaciones sobre falta de transparencia

Posteriormente intervino la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien cuestionó tanto el tono del debate como el mensaje transmitido por la concejala.

"Los gritos están de más en la mesa del Concejo", manifestó Coronel al inicio de su intervención.

La funcionaria reconoció que Chóez ha presentado solicitudes de información y aseguró que siempre se le ha permitido intervenir y recibir respuestas. Sin embargo, rechazó la referencia a que las decisiones se estarían tomando "en la oscuridad".

"Concejal Ana Chóez, terminar su frase diciendo que se hacen las cosas en la oscuridad, ¿en qué situación nos deja a la mesa? También póngase en el lugar de quienes conforman esta mesa y se sienten ofendidos por esto", señaló.

Además, Coronel advirtió que ese tipo de afirmaciones puede afectar la percepción ciudadana sobre el trabajo del Concejo.

"No podemos actuar en oscuridad. La ciudadanía lo percibe como que están actuando en oscuridad. No es bueno sembrar esto. No actuemos con malicia porque la gente se da cuenta", agregó.

La concejala Chóez, por su parte, respondió a las observaciones de la alcaldesa y defendió su derecho a ejercer labores de control político.

"Si me están indicando que no puedo ejercer mis facultades de fiscalización, eso es actuar con poca transparencia", afirmó Chóez ante los presentes.

Mientras se desarrollaba el intercambio verbal, en el Palacio Municipal se escucharon abucheos y expresiones de desaprobación.

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La tensión aumentó aún más cuando, según se escuchó durante la sesión, una persona lanzó la frase "afuera nos vemos", lo que motivó una nueva intervención de Coronel.

Llamado al orden en el Concejo de Guayaquil

Ante el ambiente de confrontación, la alcaldesa subrogante hizo un llamado a mantener el respeto durante el desarrollo de la sesión.

"Nada de agresividad", pidió Coronel, mientras intentaba restablecer el orden en la sala.

Los puntos claves

• La concejal de Guayaquil, Emily Vera, exigió al Estado “respuestas y acciones” y pidió que el caso de los jóvenes asesinados no quede como una estadística más.
• El 3 de junio fueron hallados ocho cuerpos en la vía Babahoyo–Jujan, lo que abrió la sospecha de que corresponderían a los desaparecidos. La identidad de algunos ha sido ya confirmada.
• Las familias permanecen en los exteriores del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil a la espera de la identificación oficial de las víctimas.

La conmoción por la desaparición y posterior hallazgo de ocho cuerpos en Guayas mantiene en vilo a las familias, que este 4 de junio continúan afuera del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil a la espera de la confirmación oficial de la identidad de todas las víctimas.

Los allegados de los jóvenes desaparecidos el 31 de mayo llegaron desde temprano con la esperanza de obtener respuestas sobre el proceso forense, luego de que los cuerpos fueran hallados en la vía Babahoyo–Jujan, el pasado 3 de junio.

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La incertidumbre se ha mantenido durante toda la jornada. Hasta la publicación de esta nota, no había información concluyente sobre la identificación de todos los cuerpos, lo que ha incrementado el malestar y la angustia de los familiares. “Nos dijeron que esto es un procedimiento que se tiene que seguir… ni siquiera viene el fiscal y nos dice este es el proceso”, reclamó uno de los familiares.

“No podemos convertirlos en una estadística más”

En este contexto, la concejal de Guayaquil, Emily Vera, se pronunció durante la sesión del Concejo Cantonal con un mensaje que hizo énfasis en los niveles de violencia que experimenta el país. .

“Expreso mi profunda consternación por los 8 jóvenes ecuatorianos asesinados. Esto no debe convertirse en una noticia más. Los chicos no pueden convertirse en una estadística más. No podemos normalizar el horror ni permitir que la violencia se vuelva costumbre”, señaló.

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Reimberg sobre los desaparecidos de Daule: "Esperemos los resultados de la investigación"

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“El Estado no puede ser indolente”

Vera también cuestionó la respuesta institucional frente a la crisis de seguridad y el acompañamiento a las familias.

“El país espera sensibilidad, firmeza y resultados. El Gobierno no puede ser indolente frente al dolor de estas familias. Hoy más que nunca necesitamos respuestas y acciones, no shows ni discursos. Necesitamos justicia”, agregó.

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Familias siguen a la espera de identificación

En los exteriores del laboratorio forense, los familiares continúan a la espera de la identificación oficial de los cuerpos. Algunos han solicitado poder verlos para reconocer rasgos particulares como tatuajes, cicatrices o prendas de vestir, pero esa opción aún no ha sido autorizada.

Reimberg se pronuncia sobre el caso: “Esperemos los resultados de la investigación”

Mientras las familias esperan la identificación de los cuerpos hallados en la vía Babahoyo–Jujan, el ministro del Interior, John Reimberg, pidió cautela sobre el caso de los ocho jóvenes desaparecidos en Daule y evitó adelantar conclusiones.

Durante una entrevista radial, el funcionario señaló que la información recabada por los equipos investigativos continúa siendo analizada y que aún no existen resultados definitivos. “Esperemos los resultados de la investigación”, manifestó. Además, indicó que Criminalística revisa todos los indicios encontrados y aseguró que, por ahora, no se puede atribuir a los jóvenes ninguna vinculación con grupos delictivos.

Reimberg también confirmó que una de las líneas investigativas apunta a que el caso se originó por un tema relacionado con la venta de una motocicleta. Sin embargo, insistió en que las circunstancias en las que los jóvenes fueron llevados hasta la zona donde se encontraron los cuerpos forman parte de las indagaciones que siguen en curso.

Lo que debes saber

• Durante la sesión de este 4 de junio, el presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala, y la concejala Ana Chóez protagonizaron un fuerte intercambio de criterios sobre la fiscalización, el acceso a la información y las garantías del procedimiento.
  
• Gritos, aplausos y acusaciones cruzadas marcaron la sesión del Concejo de Guayaquil.

La remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a generar tensión en el Concejo Cantonal. Durante la sesión de este 4 de junio, los concejales Arturo Escala, de Revolución Ciudadana, y Ana Chóez, del Partido Social Cristiano, protagonizaron un fuerte intercambio de criterios sobre el avance del procedimiento.

Escala, quien preside la Comisión de Mesa encargada de tramitar el pedido de remoción, defendió la actuación del organismo y aseguró que se está garantizando el debido proceso.

"La comisión actúa en derecho y garantiza el cumplimiento de la Constitución y el debido proceso", afirmó durante su intervención.

El concejal sostuvo que existe una confusión sobre las facultades de fiscalización del Concejo Cantonal y recordó que, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el control político se ejerce sobre el Ejecutivo cantonal y no entre los propios concejales.

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Además, señaló que el alcalde ha sido debidamente citado dentro del proceso y que no se encuentra en estado de indefensión. También adelantó que rechazará escritos presentados por terceros al considerar que no forman parte formal del procedimiento.

"No puede pedir información": Escala y Chóez chocan en el Concejo 

Las declaraciones de Escala provocaron la respuesta de la concejala Ana Chóez, quien defendió el derecho de los ediles a solicitar información y expresar preocupaciones sobre un tema que calificó como de interés público.

"La fiscalización no puede convertirse en una actividad selectiva o lo que le gusta o no le gusta. Los concejales tenemos el derecho de vigilar la correcta actuación de temas de interés público", indicó la edil, al calificar el caso del alcalde como público. 

Chóez aclaró que solicitar información no significa interferir en las decisiones de la Comisión de Mesa. Según ella, existe una diferencia entre intentar influir en el resultado del proceso y ejercer las facultades de vigilancia y control que corresponden a los concejales.

Asimismo, cuestionó la interpretación planteada por Escala y aseguró que impedir el análisis de actuaciones con repercusión pública implicaría restringir las atribuciones fiscalizadoras del Concejo.

Gritos, aplausos y respaldo al alcalde Aquiles Álvarez

El intercambio se produjo en el Palacio Municipal de Guayaquil, en medio de aplausos, gritos y manifestaciones de apoyo al alcalde. Durante la sesión también estuvo presente la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel.

Algunos funcionarios municipales, entre ellos Emilene Aguayo, mostraron fotografías de Aquiles Álvarez frente a las cámaras que transmitían la sesión en vivo.

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Como parte de sus observaciones, Chóez propuso la conformación de una veeduría ciudadana para fortalecer la transparencia del procedimiento de remoción.

Tras la intervención de la concejala socialcristiana, Escala solicitó ejercer su derecho a la réplica. En su respuesta reiteró que el trámite es público y que el contenido del informe será conocido por todos cuando concluya la fase correspondiente.

"No puede usted, concejala Chóez, pedir información de algo que todavía se está desarrollando dentro del procedimiento", expresó.

Lo que debe saber

• El audio atribuido a Inés Manzano provocó un cierre de filas en ADN. Diana Jácome rechazó las acusaciones sobre el caso Progen y recibió el respaldo público de varios legisladores oficialistas.
• Legisladores de ADN salieron en defensa de Diana Jácome tras la difusión del audio del caso Progen. El apoyo cobra relevancia porque el correísmo busca llevar el caso al Comité de Ética.
• Mientras ADN respalda a Diana Jácome por las revelaciones del caso Progen, la atención se traslada al juicio político contra Inés Manzano.

El audio atribuido a la exministra de Ambiente Inés Manzano causó un remezón en la Asamblea. En medio del revuelo, varios legisladores de ADN cerraron filas alrededor de su compañera Diana Jácome, sin referirse a la supuesta coordinación de comparecencias en el caso Progen.

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Audio atribuido a Manzano sacudió a ADN y abrió dos frentes para el oficialismo

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La asambleísta oficialista y exasesora del presidente Daniel Noboa durante su primer período respondió a los cuestionamientos sobre su rol en el proceso de fiscalización de los contratos de CELEC con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), el 3 de junio de 2026.

Para defenderse, primero argumentó que ha sido víctima de violencia por ser una mujer en la política. Después acusó al correísmo de ejercer esa violencia y, finalmente, se refirió al audio en el que es mencionada.

Su bancada reprodujo en redes sociales un video con esas declaraciones bajo el lema: “Tres hechos concretos desmontan la narrativa que intentan posicionar”.

Para ADN, el hecho de que no exista un solo audio o mensaje de Diana Jácome; que la fiscalización haya estado enfocada en los contratos y no en un juicio político; y que en las sesiones en las que comparecieron representantes de CELEC participaron legisladores correístas constituyen pruebas suficientes de que el proceso de fiscalización que encabezaron fue serio.

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Tras sus descargos en rueda de prensa, Jácome no aceptó preguntas. Sus compañeros de bancada compartieron el video publicado para expresarle su respaldo. Algunos le dedicaron extensos mensajes, mientras que otros se limitaron a unas breves palabras.

Las reacciones de ADN en defensa de Jácome

En la rueda de prensa realizada el 3 de junio de 2026 no estuvo presente el nuevo jefe de la bancada, Esteban Torres. Sin embargo, utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse. Compartió el video difundido por la bancada y escribió únicamente: “clarísimo”.

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Juicio político a Inés Manzano: cuáles son las acusaciones y qué viene ahora

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La legisladora Diana Blacio señaló: “Creo en la importancia de escuchar todas las voces con la misma apertura con la que se cuestiona. Aquí los hechos desde una postura clara, firme y de frente. Porque la ciudadanía merece la verdad siempre”.

Otro asambleísta que mostró su apoyo fue Andrés Castillo. Él escribió: “Estamos contigo, comadre Diana Jácome. Sin decaer”. Tampoco estuvo en la rueda de prensa que ofreció Jácome, aunque sí participó en la sesión del Pleno del día anterior.

La asambleísta Lorena Rosado también se pronunció: “Siguen los intentos de desestabilizar, pero respondemos con trabajo y resultados”. La legisladora, sin referirse directamente al tema, agregó que seguirán firmes del lado de los ecuatorianos.

Juan José Reyes, presidente de la Comisión de Salud, también expresó su respaldo. Escribió: “Mi respaldo total a mi colega y amiga. Frente a las especulaciones mal intencionadas, los hechos demuestran claridad: no existen pruebas que demuestren las acusaciones”.

¿Por qué es importante el apoyo de su bancada?

El correísmo anunció que llevará el caso de Diana Jácome, a quien acusa de bloquear la fiscalización, ante el Comité de Ética de la Asamblea. Sin embargo, el oficialismo tiene mayoría en esa instancia. Lo mismo ocurre en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en caso de que se presente algún tipo de queja.

Por ahora, las expectativas están puestas en el avance del proceso de juicio político contra Manzano. Está previsto que, hasta este fin de semana, la Comisión de Fiscalización defina si la solicitud avanza a la etapa de sustanciación o si es archivada en esa mesa legislativa.

Lo que debes saber

• Daniella Camacho lidera el concurso para Fiscal General tras la fase de méritos.
• El CPCCS abre impugnaciones ciudadanas antes de las pruebas finales del concurso.
• Carlos Alarcón e Inés Romero siguen en carrera por la Fiscalía General.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, encabeza el concurso para la designación del próximo Fiscal General del Estado luego de obtener 48 puntos sobre 50 en la fase de méritos. La calificación fue aprobada por la Comisión Ciudadana de Selección, que concluyó esta etapa del proceso de evaluación.

Detrás de Camacho se ubicaron la jueza de Pichincha Inés Romero, con 47,25 puntos, y el fiscal subrogante Carlos Alarcón, con 46,5 puntos. En los siguientes puestos aparecen Walter Macías y Salomón Montecé, ambos con 46 puntos.

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Concurso para fiscal general de Ecuador: Comisión aprueba informe final de méritos y recalificación

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Comisión aprobó informe de calificaciones

La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de méritos con ocho votos favorables, cerrando así una de las fases clave del concurso. El documento será remitido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que deberá continuar con las siguientes etapas del proceso.

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La evaluación consideró aspectos relacionados con la trayectoria profesional, formación académica y experiencia de los postulantes. Ninguno de los aspirantes alcanzó el puntaje perfecto de 50 unidades.

Concurso entra en etapa de impugnación ciudadana

Tras la aprobación de los resultados, el proceso avanzará hacia la fase de impugnación ciudadana. Durante cinco días, ciudadanos y organizaciones podrán presentar objeciones contra los candidatos por presuntos incumplimientos de requisitos, falta de probidad, inhabilidades o posibles inconsistencias documentales.

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Una vez superada esa etapa, los aspirantes deberán rendir pruebas escritas y orales, además de resolver casos prácticos. Estas evaluaciones completarán los 100 puntos contemplados en el concurso.

El concurso aún no tiene una fecha definida para la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. El postulante que obtenga la mayor puntuación al finalizar todas las fases será quien asuma el cargo para el próximo período.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot califica de "escenario terrible" la prisión de Aquiles Álvarez en Guayaquil.
• El líder del PSC no habla de una persecución política contra el alcalde de Guayaquil.
• Álvarez permanece bajo prisión preventiva desde febrero de 2026 por supuestos delitos.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, calificó como un "escenario terrible" la situación actual de la ciudad debido a la detención y prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra recluido desde febrero de 2026. Aunque Nebot evitó catalogar el proceso judicial como una persecución política impulsada por el Gobierno Nacional, aseguró que el cantón se encuentra paralizado y a la deriva tras la captura de la autoridad municipal.

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De las obras a los juicios: así cambió la pelea entre Quito y Guayaquil con Noboa y Álvarez

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El escenario político y judicial de Guayaquil según Jaime Nebot

Durante una entrevista con EXPRESO, el exalcalde de la urbe porteña marcó una distancia clara entre las disputas partidistas y el desarrollo legal del caso. Jaime Nebot sostuvo que es necesario diferenciar el ámbito judicial del político, delegando la responsabilidad absoluta de la resolución de los casos a los jueces competentes de la causa.

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"El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo que es un escenario terrible. Aquí en la ciudad está la deriva, está parada", comentó Nebot respecto a las tesis de persecución.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) enfatizó su preocupación por el estancamiento administrativo que sufre la ciudad costera, dejando de lado los roces personales y electorales. Se debe recordar que Aquiles Álvarez llegó al sillón de Olmedo en 2023 auspiciado por la Revolución Ciudadana (RC), desplazando de la administración local a Cynthia Viteri.

Las causas judiciales que enfrenta el alcalde Aquiles Álvarez

La gestión del actual personero municipal estuvo marcada por recurrentes confrontaciones públicas con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debido a presuntas trabas fiscales y económicas para la ejecución de obras públicas en la urbe. Estas tensiones judiciales escalaron hasta la vinculación del funcionario en múltiples expedientes de la Fiscalía General del Estado.

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El burgomaestre enfrenta actualmente tres frentes penales prioritarios:

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Actualmente, el funcionario cumple la medida de prisión preventiva en la cárcel del Encuentro, un centro penitenciario de máxima seguridad. La situación en dicha infraestructura penal ha encendido alertas públicas debido a denuncias sobre un brote de tuberculosis que habría provocado el deceso de varias personas privadas de la libertad.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot critica estado de Guayaquil tras dejar Alcaldía en 2019.
• Nebot deslinda al PSC de derrota electoral de Cynthia Viteri en 2023.
• Aquiles Álvarez ganó Alcaldía de Guayaquil y enfrenta procesos judiciales.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, sostiene en una entrevista con Diario EXPRESO que, tras su salida del Municipio en 2019, el trabajo realizado por él y por su antecesor, León Febres-Cordero, fue descuidado y que ahora la ciudad se encuentra sin autoestima y sin rumbo.

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Exalcalde Jaime Nebot analiza el presente de Guayaquil: "Una ciudad sin rumbo, sin metas"

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La postura de Jaime Nebot sobre Cynthia Viteri

Al ser consultado sobre por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no pudo continuar con su legado y el de Febres-Cordero, Nebot se limitó a señalar que "lo que se construye en una era, se puede destruir en una hora".

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Aunque dice que prefiere no calificar la gestión de sus sucesores, Nebot sí es enfático al señalar que la realidad es crítica. "La realidad es muy distinta de lo que yo dejé en todo sentido. Esta es una ciudad sin rumbo, una ciudad sin metas, una ciudad con servicios colapsados (...)".

En ese sentido, hace hincapié en que no le podrán quitar su legado y que "si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o de quien lo empeoró".

PSC no tiene la culpa de haber perdido Guayaquil

Por otro lado, al ser consultado sobre cuál es el mea culpa que ha hecho el Partido Social Cristiano tras haber perdido la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas en 2023, Nebot sostiene que ese resultado fue responsabilidad de los administradores y no del PSC, porque el partido no administra ninguna institución pública.

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Jaime Nebot alerta de una estrategia para ganar elecciones "descalificando a los que tienen votos"

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La derrota de Viteri y llegada de Aquiles Álvarez

Cynthia Viteri fue una figura muy cercana al Partido Social Cristiano durante más de 20 años y ocupó diferentes cargos públicos. En 2019 fue la carta del PSC para dar continuidad a la administración municipal tras la salida de Nebot y la imposibilidad de que este se reeligiera debido a la reforma constitucional que limitó la reelección a un período adicional.

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Aunque ganó esa elección, cuatro años después, en 2023, su gestión fue cuestionada y perdió la Alcaldía de Guayaquil frente a Aquiles Álvarez, entonces respaldado por la Revolución Ciudadana. Actualmente, Álvarez permanece privado de libertad sin una sentencia condenatoria ejecutoriada, en el marco de distintos procesos judiciales.

Datos clave de la administración de Guayaquil

"La realidad es muy distinta de lo que yo dejé en todo sentido. Esta es una ciudad sin rumbo, una ciudad sin metas, una ciudad con servicios colapsados", sostiene Jaime Nebot.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot sostiene que la ciudad de Guayaquil perdió rumbo tras su salida del municipio, en 2019.
  
• El exalcalde señala que la prisión preventiva de Aquiles Álvarez es un golpe político para el Puerto Principal.
• Nebot cuestiona que la justicia sea utilizada para fines electorales tras detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, analiza con EXPRESO la crisis del municipio que dejó en 2019, la gestión de Aquiles Álvarez y el futuro político de la ciudad ante las próximas seccionales de noviembre de 2026. En una entrevista exclusiva, el exlíder municipal rompe el silencio para evaluar la pérdida de rumbo institucional, el impacto de la judicialización de la política en el Puerto Principal y el estado de los grandes proyectos de movilidad e infraestructura como la Aerovía y el nuevo aeropuerto.

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Jaime Nebot habla de recuperar la autoestima de Guayaquil y revela su futuro político

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Jaime Nebot después de la Alcaldía de Guayaquil

- Desde que salió de la Alcaldía sus apariciones han sido puntuales. ¿Por qué se ha mantenido al margen?

Porque cuando uno es funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas permanentemente. Soy de las personas que creen que uno tiene que hablar cuando tiene algo que decir, y es lo que he hecho.

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- ¿Pero con conferencias y entrevistas basta para incentivar el cambio del que usted habla en sus intervenciones?

No, pero una situación como la actual, donde el cambio es indispensable y no simplemente necesario para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil, me obliga a una frecuencia mayor dentro de este plano. Estamos para ayudar a resolver problemas, no para crearlos.

Crisis municipal y la pérdida de la identidad guayaquileña

- En su más reciente aparición pública usted destacó la huella que las administraciones de León Febres-Cordero y la suya dejaron en la ciudad. ¿Por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no lo pudo sostener?

En esa misma conferencia terminé con una frase: lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. No estoy para calificar a las personas que me han sucedido, sino para calificar la realidad. Y la realidad es muy distinta de lo que yo dejé. Esta es una ciudad sin rumbo, sin metas. A eso hay que volver, porque el mayor de los bienes que tiene un ciudadano es su autoestima, y ha desaparecido.

Si ganamos (la Alcaldía de Guayaquil) y quien resulte electo no cumple, nosotros mismos impulsaremos la revocatoria de mandato.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- ¿En qué momento desapareció esa autoestima?

Cuando se van deteriorando las cosas.

- ¿Quién es responsable? En 2023, el proyecto del PSC no fue ratificado por los guayaquileños y eligió a Aquiles Álvarez como alcalde.

El pueblo pensó que algo no estaba bien. El legado no me lo pueden quitar, porque es lo que yo hice. Si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o lo empeoró.

El rol del Partido Social Cristiano y la situación de Aquiles Álvarez

- ¿Cuál es el mea culpa que hace el PSC tras perder su bastión, Guayaquil, en 2023?

Uno hace mea culpas cuando tiene la culpa de lo que pasa. El que tiene la culpa o el mérito es el que administra o quiere administrar. Y el partido no administra.

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- Tal vez otras figuras, como Doménica Tabacchi, habrían podido ser una mejor opción...

Lo que pasó, pasó. Y lo que no pasó, no va a pasar. El pasado se acabó y sirve para enmendar errores o rescatar aciertos.

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- ¿Qué opina de la administración de Aquiles Álvarez? Permanece preso sin tener una sentencia condenatoria.

Separemos lo judicial de lo político-representativo. La justicia tendrá que resolver, ojalá dentro de la ley, lo justo. ¿Cómo no va a afectar a una ciudad que el alcalde esté preso? La ciudad está a la deriva y eso afecta y mancha el orgullo de ser guayaquileño.

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- ¿Es un perseguido político?

El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo es que es un escenario terrible. La ciudad de Guayaquil está a la deriva. La ciudad que yo dejé, comparada con esta, es otra ciudad.

- No es el único caso. Este 3 de junio de 2026 fue detenido el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por un supuesto caso de lavado de activos a pocos meses de las elecciones...

Ahora esa parece ser una patente para tratar de ganar elecciones: descalificar a los que tienen los votos. No conozco el fondo, pero parece, porque es algo que sucede en Guayaquil, Cuenca, Portoviejo... Y eso está mal. Los votos se ganan cumpliendo, con seriedad.

Perfil del próximo alcalde y desafíos de movilidad para Guayaquil

- Con las seccionales cerca, ¿cuál es el perfil de alcalde que necesita Guayaquil para no estar a la deriva?

Debe tener conocimiento de los problemas y sus soluciones, para quién se solucionan los problemas. Pero, sobre todo, el administrador tiene que saber que un alcalde no es un simple hacedor de obras, sino alguien que representa a una comunidad y defiende lo que la gente quiere.

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- Sin embargo, hay situaciones como la del alcalde Álvarez, que ha denunciado que precisamente por defender los intereses de Guayaquil ha sido víctima de persecución por parte del Gobierno.

Yo me enfrenté a Rafael Correa públicamente, sin insultar, pero con tesis muy claras y contrarias a las que sostenía el presidente, y no me pasó nada. La verdad no ofende. Y si ofende, es problema del ofendido.

El Gobierno de Daniel Noboa y cualquier presidente puede hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- El próximo alcalde deberá asumir viejos retos de la ciudad como la movilidad. ¿Cómo mejorarla, sin caer en situaciones como la Aerovía?

La Aerovía se hizo porque había que hacer una vía paralela aérea al puente de la Unidad Nacional. ¿Por qué se ha quedado solo para el turismo? Porque no hay un sistema de alimentación en Durán, porque no les ha dado la gana de hacerlo, y porque se ha permitido que el exceso de buses y de tráileres continúe.

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- ¿El río puede ser otra opción para la movilidad?

Hay que recuperarlo turísticamente, pero el transporte acuático para personas no es rentable por velocidad, por costo y, sobre todo, porque es una sola vía. Se tendría que dejar a la gente en varias estaciones a lo largo del malecón para que se bajen y luego tomen nuevos transportes. No es una solución integral ni válida, aunque sea bonita.

Crisis de seguridad y el futuro del aeropuerto de Daular

- La seguridad es otro reto. ¿Cómo trabajar con el Gobierno sin llegar a los extremos de la intervención, como sucede con Segura EP, o no contar con apoyo, como ha denunciado el alcalde Aquiles Álvarez?

¿Cuando fui alcalde hubo ese conflicto? No, porque había un alcalde que hacía respetar la autonomía, pero era consciente de que había que aportar para tener una política de seguridad. No desprecio ningún esfuerzo, pero el tema no está acabado. Guayaquil está entre las ciudades más peligrosas del mundo. Hay esfuerzo, sí; hay una solución, no.

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- La posible construcción de un aeropuerto en Taura por parte del Gobierno es otro de los temas con los que el próximo alcalde deberá convivir. ¿El fideicomiso para el aeropuerto en Daular corre peligro?

El Gobierno de Daniel Noboa y de cualquier presidente tiene facultad para hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil. Pero no puede coger la plata de Guayaquil para hacerlo en Naranjal. Al fideicomiso no le pasará nada porque no lo puede tocar, salvo que viole la ley penal.

Su llegada al cargo se produjo en medio de cuestionamientos por un conflicto de intereses, señalado por políticos y organizaciones de la sociedad civil, ya que su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales (+), tenía relación con Hispana de Seguros y Reaseguros S. A., empresa que prestaba servicios al Biess.

El abogado de 50 años ha estado vinculado al estudio jurídico Cabezas & Cabezas-Klaere, donde trabajaba su padre y tenía acciones junto con su hermano Felipe. En la actualidad, sus acciones ahora las tiene su hijo Luis Alberto Cabezas-Klaere Ayala.

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EXPRESO intentó sostener una entrevista con Cabezas-Klaere, pero este no aceptó. “Cualquier respuesta a la entrevista sin duda será manipulada o sacada de contexto”, argumentó.

Desde este miércoles 3 de junio de 2026, este Diario publica varios episodios de los pasos del abogado escogido por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar cargos claves en la sociedad ecuatoriana.

A las preocupaciones pasadas de organizaciones de la sociedad civil se suman otras alertas, como lo hizo la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa (editora de EXPRESO).

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Al momento de la posesión de Cabezas-Klaere, el Biess mantenía una póliza de seguro de desgravamen prorrogada con Hispana de Seguros, para los préstamos hipotecarios. Esta situación se originó porque se suspendió el concurso para elegir a las empresas que ofrecerían ese aseguramiento y por acciones legales para culminar ese proceso, en 2022.

Este Diario solicitó una entrevista a dicha compañía, a través de un correo electrónico. Como respuesta, se indicó que sus políticas “no permiten entrevistas presenciales ni en vivo”.

En términos económicos, el Biess pagaba a Hispana de Seguros aproximadamente $60 millones al año por ese servicio.

En la actualidad, tres empresas, entre esas Hispana, ofrecen el seguro de desgravamen. A finales de 2024, la administración de Cabezas-Klaere en el Biess impulsó un concurso para escoger a las aseguradoras. Los afiliados y jubilados que tenían un préstamo tenían que escoger a una de las tres empresas, cuya tarifa es la misma. Quien no hacía la elección, automáticamente mantenía la cobertura con la compañía que venía ofreciendo el producto (Hispana), informó el Biess en ese año.

Sobre las acusaciones de conflicto de intereses, medios periodísticos han señalado que, tras su llegada a la gerencia del Biess, el nombre del padre de Cabezas-Klaere “desapareció” de los registros de la Superintendencia como directivo de la aseguradora.

EXPRESO tuvo acceso a una captura de pantalla del documento digital que data del 6 de febrero de entonces, donde se lee el nombre de esa persona y la leyenda “Miembro del Directorio-Presidente”. En una revisión al portal de la ‘Super’, del 19 de marzo de 2026, un equipo de este Diario no halló información en el apartado de Administradores Anteriores: “No se ha encontrado información para mostrar”. Sin embargo, en los registros de la aseguradora sí consta el nombre de Luis Alberto Cabezas Parrales como miembro del directorio.

En un episodio reciente, se volvió a denunciar cambios en los registros societarios. El 5 de marzo pasado, Raúl Chávez publicó un tuit dedicado a Cabezas-Klaere: “A partir del 15 de mayo del 2025, cuando esté posesionado como nuevo asambleísta de la república del Ecuador, voy a pedirle que sustente por qué han manipulado información del portal del sistema de consultas de la ‘Super’ de Compañías (...). Todo para proteger a los que entregaron el campo Sacha a dedo”.

Yo pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio.

Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

En torno a los vínculos del funcionario, dirigentes de la sociedad civil, como Henry Llanes, del Frente Nacional por un Nuevo IESS, solicitaron a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos un examen especial y un análisis al nombramiento de Cabezas-Klaere como gerente del Biess, en ese mismo orden.

La denuncia argumentaba que su designación contravenía el artículo 10 (numerales 4 y 6) de la Ley del Biess, que prohíbe ser directivo a quienes tengan vinculación con el sistema de seguros privados o representen intereses de terceros en dichas compañías.

“Pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio. El estudio jurídico asesoraba a Hispana y el padre de Cabezas-Klaere era presidente de Hispana de Seguros”, remarcó Llanes, quien dijo no haber recibido respuesta de la Contraloría.

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Este Diario preguntó a esa institución sobre ese pedido. También solicitó el documento del análisis. Ante lo cual, la entidad dijo que realizó una verificación preliminar en 2024, constatando que “la designación del funcionario se realizó conforme a la normativa y a la ley, por lo que no se identificaron irregularidades”. Sigue pendiente la entrega de la documentación.

La gestión de Cabezas-Klaere en el Biess finalizó en octubre de 2024, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Las claves que debes saber

• Audio de Ecuavisa del 25/07/2025 revela a Inés Manzano coordinando con Celec para bloquear fiscalización del caso Progen en Ecuador.
• Conversación implica a Manzano y Diana Jácome en estrategia en Asamblea para evitar control del correísmo sobre Progen.
• Fiscalía habría excluido audio y pruebas clave y mantiene peculado pese a indicios de delincuencia organizada en Progen.

El audio que sacó al aire Ecuavisa, en el que se escucha a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, coordinando con Fabián Calero, de Celec, es la prueba de algo que ya se olía en el caso Progen: ahí hubo mucho más que peculado; huele a delincuencia organizada. Y en un eventual caso de delincuencia organizada, la investigación debería extenderse a muchos más actores que participaron en el robo al erario público de Ecuador y en el intento, evidentemente coordinado entre varios, de encubrirlo.

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Lo que hizo el audio fue poner en evidencia que el Gobierno diseñó y ejecutó un operativo político para bloquear la fiscalización en la Asamblea. 

Y, al menos en ese operativo, estuvieron involucradas dos figuras de alto perfil en la administración de Daniel Noboa: Inés Manzano y Diana Jácome. La primera, como ministra de Energía, y la segunda, que ya salió a negarlo todo, como presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea.

Las supuestas instrucciones del audio de Manzano

De acuerdo con el audio, el 25 de julio de 2025 la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, dio instrucciones a Fabián Calero, quien actuaba como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En esas instrucciones le decía que se había acordado dentro del Gobierno que el caso Progen iba a ser conocido por la comisión presidida por Jácome, como estrategia para evitar que otras comisiones, donde había mayoría del correísmo, se apoderaran de la fiscalización y evitar así el primer intento de interpelación política por los casos Progen y ATM.

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El contenido de la supuesta conversación es contundente. Manzano no solo le cuenta a Calero que existe un acuerdo con Jácome para impedir que el correísmo se tome el tema, sino que le pide (y esto quizá es lo más grave) que diga únicamente aquello que no complique más a los responsables de la trama.

“Lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a las comparecencias porque otra comisión, donde está la mayoría de Revolución Ciudadana, también lo estaba pidiendo, y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: ‘prefiero llamarlo yo’”, le dice Manzano a Calero en la primera parte. 

Manzano habría instruido qué responder en Comisión

Luego le comunica que será él quien acudirá a la audiencia y le sugiere que las preguntas que le harán ya están acordadas. “Entonces, es por eso que tendría que ir y las preguntas ya se imaginan lo que van a ser”.

Por último, le ordena lo más delicado: que no diga nada que pueda comprometer a los protagonistas de la trama. “Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo y que tiene el tema de la... eh... No sé si hay una... eh... Mejor dígame qué puede decir que no vaya a ahondar más en el problema”, le dice Manzano a Calero.

Según ese medio, el audio estaba en manos de la Fiscalía, pero no había sido incorporado al expediente del caso.

La instrucción de Manzano se cumplió en la Comisión

Como resultado de estas directrices, la primera comparecencia en la comisión de Jácome se realizó sin la presencia de los ministros encargados, es decir, Manzano y Roberto Luque, quienes delegaron las respuestas al entonces viceministro Calero. El proceso derivó en un informe final sin establecimiento de responsabilidades políticas.

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La aparición de este material pone en evidencia que hay muchos actores que han actuado de forma concertada y coordinada para cometer el delito y encubrirlo. No solo están las instrucciones de Manzano a Calero en el audio, sino también la actuación de la Fiscalía. 

Audios y videos fueron entregados a Fiscalía

Tanto ese audio como otros documentos y videos (por ejemplo, el de los técnicos que denunciaban desde un hotel en Estados Unidos que se estaban comprando equipos que no servían), que son fundamentales para identificar a los responsables de la estafa, han sido deliberadamente excluidos del expediente por el fiscal Carlos Alarcón.

Es decir, todo apunta a que incluso Alarcón y otros funcionarios de la Fiscalía podrían ser parte de un plan concertado entre varios actores para encubrir el delito. Eso sin mencionar la no vinculación en el juicio de dos exministros claves en esta historia: la propia Manzano y Roberto Luque, así como de los dos administradores de los contratos.

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Y lo de la Fiscalía no termina ahí. Tampoco ha incluido en el proceso el contrato que Progen firmó para la planta de generación de Catamayo, donde se perfeccionó el modelo del negociado.

¿Y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)? Ese organismo tampoco hizo su trabajo pese a que, se conoce, allí existía información sobre el desfalco.

Hasta ahora, la Fiscalía ha estado presentando el caso como un delito de peculado. Pero, tal como están las cosas, aquí hay una acción concertada, lo que apunta a un posible delito de delincuencia organizada.

Diferencias entre peculado y delincuencia organizada

De acuerdo con el sistema penal ecuatoriano, en el peculado hay una o varias personas que se benefician del robo de recursos públicos. En el delito de delincuencia organizada, en cambio, se requiere la participación coordinada de varias personas y puede involucrar a funcionarios, políticos y empresarios particulares.

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Las penas también son diferentes. El delito de peculado está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En cambio, para la delincuencia organizada, la pena varía según el rol que tenga la persona dentro de la organización: los dirigentes, financistas o quienes ejerzan mando enfrentan penas de 10 a 13 años de prisión, mientras que los integrantes o colaboradores pueden recibir entre 7 y 10 años.

Según penalistas consultados, en este caso podrían coexistir ambos delitos. Sin embargo, la Fiscalía no ha querido hablar de delincuencia organizada.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa designó a Emilia María Reece Holguín como su nueva delegada permanente ante el directorio de la empresa pública Servicios Postales del Ecuador (SPE EP).
• Reece reemplaza en el cargo a María Daniela Conde Cajas.
• Reece es hija de la exasambleísta Marcela Holguín, quien pasó del correísmo a filas del oficialismo.

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Emilia María Reece Holguín como su nueva delegada permanente ante el directorio de la empresa pública Servicios Postales del Ecuador (SPE EP), mediante el Decreto Ejecutivo 397 firmado este miércoles 3 de junio.

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Con esta decisión, el Ejecutivo realizó un relevo en la representación dentro de la entidad estatal, al dar por terminadas las funciones de María Daniela Conde Cajas, quien también ha ocupado otros puestos dentro del Gobierno, como viceministra de Hidrocarburos y gerente subrogante de Petroecuador.

La nueva delegada pasará a integrar el Directorio de la empresa pública, creada en 2021 como parte del proceso de liquidación de la Empresa Pública Correos del Ecuador, cuyo cierre se ha extendido. La compañía se mantiene en funcionamiento mientras se completa esa transición institucional.

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¿Quién es Emilia Reece Holguín?

Emilia Reece Holguín ha ocupado cargos en la Presidencia de la República y también se desempeñó como delegada presidencial en Ferrocarriles del Ecuador. Además, ha tenido participación política como directora del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en la provincia de Pichincha.

Su nombramiento también ha generado atención por su vínculo familiar, ya que es hija de la exasambleísta Marcela Holguín, quien tras su paso por el correísmo se integró al actual Gobierno como gerenta de Medios Públicos.

Lo que debes saber 

• Educación defendió las actividades complementarias de los sábados y aseguró que los docentes recibirán días de descanso compensatorio. 
• La UNE prepara una demanda de inconstitucionalidad y anuncia movilizaciones, el Gobierno insiste en que no se trata de clases regulares para estudiantes.
• La polémica crece por las diferencias entre el contenido del acuerdo y las declaraciones oficiales.

Luego de que la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciara una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo que regula actividades complementarias los sábados, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que defendió la medida y aclaró que los docentes recibirán días de descanso compensatorio por el tiempo laborado.

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La cartera de Estado señaló que las actividades institucionales contempladas en el acuerdo deberán ser previamente planificadas y autorizadas. Además, precisó que estas jornadas podrán desarrollarse en sábados específicos del año escolar y que los maestros tendrán derecho a una compensación equivalente por el tiempo trabajado.

Ministerio asegura que no habrá clases regulares los sábados

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la UNE fue la supuesta ampliación de la jornada laboral docente. Frente a ello, el Ministerio enfatizó que las actividades complementarias "no constituyen, en ningún caso, una jornada regular de clases los sábados para los estudiantes".

Según el comunicado, la medida busca regular actividades extraordinarias que ya se realizan en determinados momentos del calendario escolar y que estarán enfocadas en iniciativas académicas, culturales, deportivas y formativas.

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Gobierno destaca compensación para los docentes

La institución sostuvo que, por primera vez, los docentes que participen en este tipo de actividades accederán a un mecanismo formal de compensación mediante días de descanso. El Gobierno considera que esta decisión representa un reconocimiento al trabajo adicional que realizan los maestros fuera de sus funciones habituales.

De acuerdo con los lineamientos anunciados, los días de descanso compensatorio podrán ser utilizados entre Navidad y Año Nuevo o al finalizar el período anual de vacaciones docentes, en fechas donde no existan actividades académicas para los estudiantes.

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Actividades incluirán deporte, cultura y refuerzo académico

El pronunciamiento se produce horas después de que la presidenta de la UNE Guayas, Gabriela Menéndez, anunciara que el gremio presentará una demanda de inconstitucionalidad una vez que el acuerdo sea publicado en el Registro Oficial. La dirigente también adelantó movilizaciones para exigir la derogatoria de la medida.

Además, Menéndez cuestionó las declaraciones de la ministra de Educación, quien habría señalado que la participación en estas actividades sería opcional. Según la representante gremial, el contenido del acuerdo establece que las actividades son de carácter obligatorio, por lo que considera que existe una contradicción entre lo manifestado públicamente por las autoridades y el texto de la normativa.

Lo que debes saber

• Expertos nacionales e internacionales expusieron posiciones opuestas sobre la reproducción asistida durante un foro en la Asamblea Nacional.
• Mientras unos defendieron estas técnicas como un derecho reproductivo, otros alertaron sobre riesgos médicos y éticos. 
• El debate se produce en medio del análisis de una nueva ley para regular estos procedimientos en Ecuador.

La discusión sobre la reproducción asistida en Ecuador sumó nuevos argumentos este miércoles 3 de junio durante un foro organizado por la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional. Especialistas nacionales e internacionales analizaron los beneficios, riesgos y desafíos que deberá considerar el proyecto de ley que busca regular estos procedimientos en el país.

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Ministerios piden salvaguardas en proyecto de reproducción asistida en la Asamblea

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El encuentro reunió a médicos, investigadores y expertos en bioética en momentos en que la Asamblea tramita una normativa específica sobre técnicas de reproducción humana asistida. Las intervenciones evidenciaron posturas distintas sobre el alcance de estos tratamientos y sus efectos a largo plazo.

Mientras algunos expositores defendieron estas técnicas como una respuesta médica frente a la infertilidad, otros advirtieron sobre aspectos relacionados con la salud de los niños nacidos mediante estos procedimientos, las tasas reales de éxito y los desafíos éticos que enfrentan varios países.

Reproducción asistida: las advertencias planteadas por expertos internacionales

Uno de los criterios más críticos fue expuesto por Francisco Güell, experto en bioética y epigenética del desarrollo de la Universidad de Navarra, quien señaló que Ecuador tiene la oportunidad de aprender de las experiencias acumuladas en otras legislaciones.

“Ecuador tiene una oportunidad de oro para hacer una legislación que recoja todo lo que se ha ido aprendiendo y todo lo que han ido experimentando otros países”, afirmó durante su intervención ante los asistentes.

El investigador explicó que la evidencia científica internacional recomienda la transferencia de un solo embrión para reducir riesgos en madres y recién nacidos. Sin embargo, sostuvo que en Latinoamérica más de la mitad de los procedimientos continúan realizándose con la transferencia de más de un embrión.

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Reproducción humana asistida: ¿qué argumentos frenan su aprobación en la Asamblea?

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Fertilidad asistida: los argumentos a favor de su regulación

La posición favorable a estas técnicas fue defendida por Pablo Valencia, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva y director del Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana.

Valencia recordó que la Organización Mundial de la Salud reconoce la infertilidad como una enfermedad del aparato reproductor y destacó que la fecundación in vitro acumula décadas de investigación y aplicación clínica en distintos países.

“Hoy, 47 años después del nacimiento de Louise Brown, más de 10 millones de niños han nacido gracias a las técnicas de reproducción asistida en el mundo”, señaló el especialista durante el foro.

El médico presentó cifras de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida que muestran un crecimiento sostenido de estos tratamientos. Según indicó, Ecuador reportó cerca de 15.000 ciclos de reproducción asistida y alrededor de 4.200 nacimientos entre 2012 y 2024.

Además, destacó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 sobre la fecundación in vitro en Costa Rica, la cual reconoció los derechos reproductivos y el derecho a formar una familia de las personas afectadas por infertilidad.

Qué ofrece actualmente el sistema público para tratar la infertilidad

Desde la experiencia estatal, María Fernanda Morales, ginecóloga obstetra del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, expuso las limitaciones y avances existentes dentro de la red pública de salud.

La especialista explicó que ese hospital trabaja desde 1990 en tratamientos de infertilidad de baja complejidad y actualmente ofrece exámenes hormonales, ecografías especializadas, histerosalpingografías y seguimiento reproductivo para las pacientes.

Morales señaló que durante 2025 la institución atendió a 391 mujeres con problemas de fertilidad y ejecutó más de 3.200 procedimientos relacionados con diagnóstico y tratamiento.

“Tenemos todavía grandes brechas como contar con otros medicamentos y laboratorios que tengan mayor tecnología para poder pasar a otros sistemas un poco más avanzados”, manifestó.

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Ley de procreación: ¿protección de derechos o riesgo para los involucrados?

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Medicina reproductiva restaurativa propone otra alternativa

Una visión diferente fue presentada por José Antonio Arrastoa, investigador en endocrinología reproductiva y profesor titular de la Universidad de Los Andes de Chile.

El especialista defendió el modelo de medicina reproductiva restaurativa, una estrategia que prioriza la identificación y tratamiento de las causas que originan la infertilidad antes de recurrir a procedimientos de reproducción asistida.

Según explicó, este enfoque busca recuperar la salud reproductiva de hombres y mujeres mediante diagnósticos más profundos, corrección de alteraciones hormonales y tratamiento de patologías que pueden impedir la concepción.

“No descuidemos el diagnóstico, no descuidemos la fisiología porque podemos equivocarnos y a la larga hacer un daño a los pacientes”, advirtió durante la presentación de varios casos clínicos.

El debate continuará en la Asamblea Nacional mientras avanza el análisis del proyecto de ley. Los criterios expuestos durante el foro reflejan la complejidad de una discusión que involucra ciencia, derechos reproductivos, salud pública y bioética.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección para designar al nuevo fiscal general del Estado aprobó el informe final de méritos y recalificación.
• La decisión se adoptó luego de resolver los 22 pedidos de recalificación presentados por los postulantes.
• Tras este trámite, se abrirá la fase de impugnación ciudadana.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso para designar al nuevo fiscal general del Estado avanzó a una nueva fase tras aprobar el informe final de méritos y recalificación.

La decisión se adoptó luego de resolver los 22 pedidos de recalificación presentados por los postulantes.

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Los resultados de la recalificación de méritos serán difundidos una vez que la Comisión notifique oficialmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Posteriormente, el informe correspondiente a esta fase será remitido al Pleno del CPCCS, que deberá conocer y dar paso a las siguientes etapas del concurso. Este procedimiento forma parte del cronograma establecido para la selección de la nueva autoridad.

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Concurso para Fiscal General: así avanzan las pruebas y la recalificación de candidatos

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Selección del nuevo fiscal general de Ecuador: Avance a fase de impugnaciones ciudadanas

Tras este trámite, se abrirá la fase de impugnación ciudadana. En este periodo, cualquier persona podrá presentar objeciones fundamentadas contra los postulantes que siguen en el proceso.

La normativa establece que la ciudadanía contará con un plazo de cinco días para presentar estas impugnaciones. En total, son 28 los aspirantes que podrán ser objeto de observaciones en esta etapa.

Lo que debes saber 

• Mónica Palacios pidió que Fabián Calero e Inés Manzano comparezcan ante la Comisión de Garantías Constitucionales.
• La solicitud surge tras la difusión de audios y chats vinculados al Caso Progen revelados por Ecuavisa.
• La legisladora cuestiona posibles coordinaciones en comparecencias legislativas y exige aclaraciones públicas.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana por Estados Unidos y Canadá, Mónica Palacios, solicitó este 3 de junio que el exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, sea convocado a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. El pedido surge tras la difusión de audios y chats revelados por Ecuavisa sobre el denominado Caso Progen.

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CAL da paso al juicio político contra la exministra Inés Manzano

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La legisladora formalizó su requerimiento mediante un memorando dirigido al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime David Estrada Medranda. En el documento también solicita que comparezca la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La petición se produce luego de que el medio de comunicación difundiera una grabación en la que, según el documento remitido por Palacios, se escucharía a Manzano referirse a una supuesta estrategia para manejar comparecencias legislativas y evitar que avanzara un juicio político relacionado con los contratos eléctricos investigados.

Audios del Caso Progen motivan pedido de comparecencia

En su pronunciamiento público, Palacios sostuvo que Calero debe acudir a la Asamblea para aclarar el contenido de las comunicaciones reveladas y explicar su relación con los hechos expuestos en los audios y mensajes.

“Calero debe explicar sus comunicaciones con Inés Manzano y aclarar si existió coordinación con la asambleísta Diana Jácome para las comparecencias del Caso Progen, tal como se evidencia en los chats revelados anoche por Ecuavisa”.Mónica Palacios, asambleísta de la RC.

De acuerdo con el memorando, la información difundida señala que el audio habría sido enviado a un chat de Fabián Calero y posteriormente entregado a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el documento agrega que presuntamente ese material no constaría dentro del expediente respectivo.

La asambleísta argumentó que la comparecencia permitiría despejar dudas sobre el contenido de los audios y establecer si existieron acciones destinadas a influir en los procesos de fiscalización desarrollados en la Asamblea Nacional.

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Mónica Palacios cuestiona fiscalización del Caso Progen

Palacios también lanzó cuestionamientos sobre la actuación de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Diana Jácome, que llevó adelante el proceso de fiscalización relacionado con los contratos eléctricos y la compra de generadores.

"Estos audios y mensajes muestran la estrategia para encubrir el caso, realizando comparecencias previamente acordadas con los propios involucrados, sin hacer una verdadera fiscalización".Moónica Palacios, asambleísta de la RC.

En sus declaraciones, la asambleísta recordó que durante una de las sesiones de esa mesa legislativa se habría impedido la presentación de documentación bajo el argumento de inconvenientes técnicos. A su criterio, esos antecedentes deben ser esclarecidos por las autoridades involucradas.

El memorando enviado a la Comisión de Garantías Constitucionales sostiene que, de comprobarse los hechos mencionados en los audios, podría configurarse una afectación al ejercicio de las facultades de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional.

Asamblea deberá analizar solicitud de convocatoria

La legisladora también reaccionó a los pronunciamientos realizados por Diana Jácome tras la difusión de los audios. Según Palacios, las respuestas de la asambleísta oficialista forman parte de una estrategia para desviar la atención sobre el contenido de las revelaciones.

"Hoy, la asambleísta Jácome arremetió con insultos, amenazas y falsa victimización. Sus declaraciones confirman el cinismo de ADN frente a este escándalo y su interés por proteger a los involucrados".Mónica Palacios, asambleísta de la RC.

Finalmente, Palacios insistió en que el Caso Progen requiere explicaciones públicas por parte de quienes aparecen mencionados en los audios y mensajes divulgados. La solicitud de comparecencia deberá ser conocida y evaluada por la Comisión de Garantías Constitucionales para determinar si se convoca o no a los exfuncionarios señalados.

Lo que debe saber

• El audio atribuido a la exministra Inés Manzano reabrió las dudas sobre la fiscalización del caso Progen en la Asamblea
• La oposición sostiene que la grabación evidenciaría coordinaciones para manejar las comparecencias y ahora busca determinar responsabilidades políticas.
• Además del juicio político contra Inés Manzano, plantean llevar a Diana Jácome ante el Comité de Ética.

Tras la revelación del audio atribuido a la exministra de Energía Inés Manzano en el caso Progen, la oposición en la Asamblea centrará sus esfuerzos en dos vías: el juicio político contra la exfuncionaria de confianza del presidente Daniel Noboa y una denuncia ante el Comité de Ética del Legislativo por la supuesta actuación de la asambleísta Diana Jácome.

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Diana Jácome sobre audio en caso Progen: “No revela nada. Es audio de terceros”

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Lo dicho en el audio causó revuelo ayer en la Asamblea Nacional. En la grabación difundida por Ecuavisa se habla de una supuesta coordinación entre Manzano y la presidenta de la Comisión de Transparencia para las comparecencias relacionadas con el caso Progen.

Una de esas comparecencias ocurrió el 2 de julio de 2025. Asistió a esa mesa legislativa Fabián Calero. Para entonces, ya se había iniciado un proceso de fiscalización a los contratos entre Celec y las empresas Progen y ATM para la entrega de generadores de energía.

Los generadores entregados nunca funcionaron y, tras el inicio de un proceso judicial en Estados Unidos en contra de Progen, la propia Celec reconoció que los equipos entregados eran usados y, en algunos casos, repintados.

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El caso tiene relevancia en la Asamblea porque fue la Comisión de Transparencia la que asumió la fiscalización, con el aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), sobre las irregularidades en dichas contrataciones.

Jácome envió un oficio al CAL ante el inicio de otro proceso de fiscalización en la Comisión de Garantías Constitucionales, liderada y controlada por el correísmo. 

Al final, luego de seis meses de investigación, el informe de la mesa de Jácome no determinó responsables políticos, lo que cerró el paso, por ejemplo, a recomendaciones de enjuiciamiento político a ministros de Estado.

Ese informe fue aprobado en diciembre de 2025. Desde entonces nunca ha llegado al Pleno de la Asamblea. El propio Niels Olsen, presidente del Legislativo, dijo que se trataría en caso de ser necesario. Agregó que el mismo había sido remitido a las autoridades.

El juicio político contra Manzano

Con esos antecedentes, el correísmo ahora ve en el juicio político contra Inés Manzano la posibilidad de que se determinen responsabilidades políticas. El asambleísta Blasco Luna (RC) dijo que Manzano es el hilo conductor del caso. 

A ello agregó que el hecho de que la comisión no haya convocado a ministros como Manzano o Roberto Luque constituye un elemento adicional para impulsar la interpelación.

La posibilidad del Comité de Ética

“El audio salpica a legisladores de ADN que operaron para evitar la fiscalización”, insistió Luna, y con ello anticipó que también irán tras Diana Jácome. “Como bancada pediremos el inicio de un proceso a la Comité de Ética porque se involucra a legisladores que recibían disposiciones para no permitir la fiscalización”, aseguró.

A la posición del correísmo se sumó la fracción de Pachakutik que no pactó con el Gobierno Nacional. Mariana Yumbay dijo que lo revelado en el audio es una constatación de la sobreprotección del oficialismo a los ministros del actual régimen. “No es solo el audio sino cómo, en la Asamblea, se utilizan las comisiones para cometer esas irregularidades”.

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Sara Ortiz

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), la posición es de cuestionamiento al informe elaborado por la comisión. El legislador Otto Vera señaló que hubo deficiencias en el documento y por eso no votaron a favor. Sostuvo que una de las vías para retomar su análisis es que sea tratado en el Pleno.

Sobre el caso de Jácome, Vera fue más cauto. Dijo que un paso fundamental para cualquier proceso contra la legisladora en la Asamblea dependerá de la verificación del audio. También acusó a Fabián Calero de haberle mentido a la comisión, porque durante su comparecencia nunca se refirió a la conversación que ahora es de dominio público.

Jácome optó por le discurso y evadir las preguntas

En este escenario, Jácome optó por el ataque directo a la Revolución Ciudadana y por no responder las inquietudes de la prensa. Ayer convocó a una rueda de prensa en la que su principal argumento fue que no existía un audio, texto o mensaje atribuido a ella.

La rueda de prensa la ofreció sin toda su bancada. Estuvo acompañada por varios legisladores oficialistas que cerraron filas a su alrededor, aunque sin la presencia del nuevo jefe del bloque, Esteban Torres.

Jácome estructuró su defensa en tres puntos. 

El primero fue que el proceso de fiscalización llegó a su comisión porque así se había determinado durante el período legislativo anterior, presidido por Viviana Veloz.

El segundo fue que no existe ninguna conversación atribuida a ella que la involucre directamente. “¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, argumentó la presidenta de la Comisión de Transparencia. También aseveró que se trata de un audio de terceros y que las autoridades deberán corroborar su validez.

Posteriormente, la asambleísta aseguró que durante el proceso de fiscalización se permitió la participación de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Y acusó directamente a esa bancada de quererla fuera de la Asamblea porque, según afirmó, les resulta incómoda.

Así, los pedidos de fiscalización de la oposición vuelven a quedar en manos de ADN. El oficialismo controla tanto la Comisión de Fiscalización, en la que se tramitará el pedido de juicio político contra Manzano, como el Comité de Ética, al que podría llegar la queja contra Jácome por el audio.

Esta vez, el pedido en contra de Manzano al menos superó el filtro del CAL. Está previsto que hasta este fin de semana la Comisión de Fiscalización avoque conocimiento del proceso. Allí, ADN tiene seis votos fijos.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot denuncia uso de procesos judiciales como estrategia electoral.
• Detienen al alcalde de Esmeraldas por presunto lavado de activos.
• Operativo Blindado detecta transferencias de 7 millones de dólares.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reaccionó en entrevista con EXPRESO este 3 de junio de 2026 a la detención de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, por un caso de presunto lavado de activos. Nebot alertó sobre una posible estrategia electoral de fondo.

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La alerta de Jaime Nebot sobre el uso de la justicia

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) señaló que los recientes procesos judiciales contra alcaldes en Ecuador parecen una patente para tratar de ganar elecciones. Durante una entrevista con este medio, Nebot fundamentó su postura argumentando que es una situación recurrente en ciudades como Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. El exfuncionario enfatizó que los votos se ganan cumpliendo con seriedad y no mediante la descalificación judicial de figuras con respaldo popular.

Detalles del operativo "Blindado" en Esmeraldas

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la detención de Vicko Villacís ocurrió el 3 de junio de 2026 tras un año de investigaciones de la Policía Nacional y la UAFE. Las autoridades identificaron un esquema de dispersión de recursos que incluye retiros en efectivo y transporte de valores por más de 900 mil dólares a través de la compañía Reypezpacific S.A., de la cual el alcalde es el principal accionista.

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El futuro político de Guayaquil y el PSC

En la entrevista completa que se publicará este 4 de junio de 2026, Jaime Nebot también analizó la detención de Aquiles Álvarez y la situación administrativa de la urbe porteña. El líder del PSC abordó de forma frontal los retos para recuperar la Alcaldía de Guayaquil y las prioridades actuales para el desarrollo económico del Puerto Principal.

Las claves que debes saber

• Paola Pabón presenta demanda en la Corte Constitucional, en Quito, contra el reglamento Cootad por afectar autonomía de los GAD.
• El reglamento se emitió en el Decreto 392 de Noboa, donde fija 70% a obra pública y 30% al gasto de los GAD.
• Reglamento frenaría pagos y obras GAD y contratistas; Pabón pide medida cautelar a la Corte.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, llegó este 3 de junio de 2026 a la Corte Constitucional (CC), en Quito, para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del reglamento del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) porque, según dijo, la normativa "busca violar la autonomía financiera de los gobiernos locales, afectar la contratación y obra pública, e incluso, genera inseguridad jurídica en los contratistas privados".

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El reglamento fue emitido el pasado 22 de mayo por el presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 392. Con esa norma, el Ejecutivo busca que se aplique la reforma al Cootad, la cual dispone que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) destinen el 70% de sus presupuestos a la obra pública y el 30% al gasto corriente (sueldos y operaciones).

Reglamento incidiría en la ejecución de obras

Sin embargo, la prefecta asegura que el reglamento incidirá en el desarrollo de los proyectos de los gobiernos provinciales y juntas parroquiales, debido a que podría generar un escenario en el que los GAD planifiquen, adjudiquen las obras, pero no logren efectuar los desembolsos. "Afecta directamente la contratación y el pago de las obras, es decir afecta a los contratistas y esto puede ralentizar la obra pública", mencionó.

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Para la funcionaria, el reglamento "perfecciona una regla fiscal tramposa que tiene como objetivo disminuir los recursos a los GAD. Tiene afectación en la obra pública, en la vida de la gente, y atenta contra la misma reforma".

Pabón pide que CC dicte medidas cautelares

Anteriormente, Pabón, así como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentaron otras demandas de inconstitucionalidad, pero contra la reforma al Cootad. Aunque las acciones fueron admitidas, los magistrados aún no resuelven si la norma se contrapone a la Carta Magna.

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Al respecto, Pabón instó a los jueces constitucionales para que dicten la medida cautelar solicitada en la demanda contra dicha reforma, con el fin de evitar que también se aplique el reglamento. "Hago un llamado a que la Corte actúe, que emita las medidas cautelares, sino van a comenzar los recortes. El tratamiento (de la demanda) tomará mucho tiempo y vamos a tener menos recursos", señaló.

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