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Según Sulca, el avance de dichos exámenes será progresivo, debido a la capacidad operativa de la Contraloría. Hasta el momento han sido emitidas ocho órdenes de ejecución de exámenes.

Según Sulca, tres tienen que ver con trabajadores de CELEC y cinco con el contrato de la Central Catamayo, en donde también actuó la empresa Progen. Los 41 restantes se realizarán de forma paulatina, conforme a la capacidad operativa del ente de control, según explicó la subcontralora.

¿Hay patrimonios de ministros investigados?

Tras ese anuncio, la correísta Ana Herrera, integrante de la Comisión de Fiscalización, preguntó si entre los patrimonios investigados se encuentran aquellos relacionados con ministros de Estado. Hay que recordar que, en la Asamblea, el correísmo ha intentado, en al menos tres ocasiones, enjuiciar políticamente a la exministra de Energía Inés Manzano.

Política

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La respuesta de la subcontralora fue: “Nuestros exámenes se concentraron en las empresas públicas. Existen funcionarios relacionados con la diferente estructura jerárquica de las empresas públicas”.

Ante la evasiva, Herrera insistió en la consulta. Sulca solamente dijo que la información remitida a la comisión incluía datos al respecto. “La información fue remitida a la Comisión y podrán tener acceso al detalle de las personas que están inmersas en las diferentes acciones de control”.

En ese punto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dijo que la información fue enviada con carácter confidencial. Ofreció remitirla al resto de asambleístas bajo esa misma condición.

¿Qué investiga la Comisión de Fiscalización?

El Pleno de la Asamblea, mediante resolución, remitió a la Comisión de Fiscalización un seguimiento al caso Progen, pero enfocado en la ruta del dinero del contrato con el que se adquirieron generadores de energía que nunca funcionaron en plena crisis energética de 2024.

El oficialismo en la Asamblea impulsó el tema luego de que el actual secretario de la Administración Pública, José Juli Neira, presentara información que se conoció por el proceso legal que sigue su curso en Estados Unidos.

Sin embargo, la mesa está contra el tiempo. Este mismo 26 de agosto de 2026, el propio Álvarez recordó que el plazo para la aprobación del informe vencerá el 28 de agosto de 2026. En ese sentido, señaló que han recibido información confidencial de la misma Contraloría y que también la recibirán del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Lo que debes saber

• Daniel Noboa amplía funciones de Inty Grønneberg en cinco países europeos.
• Desde Suecia, Inty Grønneberg representará a Ecuador en cuatro países nórdicos más.
• Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca dieron su beneplácito al embajador ecuatoriano.

El Gobierno de Ecuador amplió las funciones diplomáticas de Inty Grønneberg, actual embajador en Suecia, quien también representará al país ante Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, según un decreto firmado por el presidente Daniel Noboa el 26 de agosto.

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Con esta decisión, Grønneberg asumirá la representación diplomática ecuatoriana ante cinco naciones del norte de Europa, labor que ejercerá de manera concurrente desde Estocolmo, ciudad donde se encuentra acreditado desde septiembre de 2025.

La disposición presidencial le otorga el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, además de las funciones que ya desempeña en Suecia. Según consta en los considerandos del decreto, estos países otorgaron durante este año el respectivo beneplácito para que Grønneberg asuma la representación diplomática ecuatoriana.

Un embajador con perfil ambiental

Inty Grønneberg es conocido principalmente por su trayectoria vinculada al activismo ambiental y a proyectos relacionados con innovación y sostenibilidad. En el ámbito académico cuenta con un doctorado en Ecosistemas de Innovación por la Dyson School of Design Engineering del Imperial College London.

Su incorporación al servicio diplomático ocurrió en septiembre de 2025, cuando fue designado embajador de Ecuador en Suecia por el presidente Noboa.

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Un episodio que generó atención

La designación también vuelve a poner en escena a Grønneberg tras un episodio ocurrido en mayo de 2026. En ese momento, el Ejecutivo emitió un decreto para cesarlo de sus funciones diplomáticas; sin embargo, la decisión fue revertida pocas horas después mediante una nueva disposición presidencial, permitiéndole continuar al frente de la misión ecuatoriana en Suecia.

Con la nueva designación, el Gobierno opta por concentrar la representación diplomática de Ecuador en varios países nórdicos bajo una misma embajada, una práctica utilizada con frecuencia en la política exterior ecuatoriana para atender naciones donde no existe una sede diplomática residente propia.

Lo que debes saber

• CNE indaga reunión entre el delegado electoral de Manabí y candidato de ADN.
• El hecho ocurrió antes de negar la candidatura de Luisa González a la Prefectura.
• Pleno del organismo electoral prevé aplicar medidas preventivas a nivel nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga, a través de su Dirección de Talento Humano, al director de la Delegación Electoral de Manabí, Roberto Pinargote, tras difundirse un video de un presunto encuentro con Marco Zambrano, candidato del movimiento oficialista ADN a la Prefectura de Manabí. La indagación se confirmó este 26 de agosto de 2026 por el titular del organismo, José Cabrera, luego del malestar generado en vísperas de la descalificación de la candidatura de Luisa González en dicha provincia.

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El presidente del CNE, José Cabrera, confirmó que remitió el caso a la Dirección de Talento Humano tras el reclamo presentado en el Pleno por la consejera Elena Nájera, quien cuestionó al vocal José Merino por la reunión entre el funcionario electoral y el aspirante de ADN. Dicha sesión plenaria fue retirada con posterioridad de las redes sociales oficiales de la entidad.

“La Dirección de Talento Humano está analizando toda la situación y tomará las medidas correspondientes”, manifestó Cabrera, quien añadió que el Pleno del CNE adoptará resoluciones adicionales: “sin perjuicio de lo que determine esa Dirección, tomaremos medidas preventivas por la tranquilidad del país”.

Respecto a los descargos del funcionario provincial, Cabrera señaló:

Polémica y descalificación de la candidatura de Luisa González

La difusión del material audiovisual coincidió con la resolución de la Junta Provincial Electoral de Manabí que dejó fuera de la contienda a Luisa González, aspirante a la Prefectura por Pachakutik. Ante el hecho, González cuestionó públicamente la independencia de la función electoral y puso en duda la transparencia de los comicios seccionales de 2026.

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Argumentos de la Junta Provincial Electoral

La exclusión de la candidatura se fundamentó en los siguientes puntos:

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Esta vez no asistió el contralor Mauricio Torres. Envió un oficio en el que justificó su ausencia debido a una agenda fuera del país. En su lugar actuó Sulca, quien explicó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización la información disponible a partir de los requerimientos realizados por la mesa.

No hubo nueva información respecto al caso SUCRE-Foglocons. Hay que recordar que la base para revivir el caso en la Asamblea fue un informe de la misma Comisión de Fiscalización elaborado en 2021. En esa época, Fernando Villavicencio era el presidente de la mesa.

El último informe de Contraloría data de 2015, según explicó la asambleísta del correísmo Ana Cecilia Herrera. Teniendo esto en cuenta, consultó a la subcontralora si era posible emprender alguna nueva acción desde la Contraloría.

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Sulca señaló que la Contraloría, para atender lo solicitado en 2021, trabajó en 2022. De esa verificación se determinó que la facultad de control había caducado. También hizo referencia al seguimiento realizado al informe de 2015 sobre sus recomendaciones.

La funcionaria reseñó que, desde 2017, la actividad del SUCRE decreció hasta que, un año después, estaba extinta. Con esto y otros elementos, la Contraloría dio por cumplidas las sugerencias de dicho informe, en el que se habló, por ejemplo, de una distorsión en los precios de productos exportados.

En ese escenario, Ana Herrera cuestionó el alcance de la información. Esto, porque el objetivo del trabajo de fiscalización es actualizar lo presentado en 2021. Sin embargo, durante la sesión no hubo más intervenciones, ni siquiera de los asambleístas de ADN que impulsan el tema. Así, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, cerró el encuentro.

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¿Qué era el SUCRE?

El sistema fue impulsado durante el gobierno de Rafael Correa. El tratado constitutivo se firmó el 16 de octubre de 2009 entre los entonces jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Su objetivo era facilitar el comercio entre los países firmantes.

En Ecuador se inició una investigación por el uso de dicho sistema. Foglocons reportó exportaciones de materiales de construcción y viviendas prefabricadas desde Ecuador hacia Venezuela por cerca de 159,9 millones de dólares. Posteriormente, varias investigaciones contrastaron esos datos con registros de la Aduana del Ecuador.

Los documentos mostraron que los bienes que realmente salieron del país sumaban apenas unos 3 millones de dólares. El resto de la mercancía no existía o estaba sobrevalorada. Una figura clave en este caso era la de Álex Saab.

Lo que debes saber

• Luis Fernando Molina pidió al CNE el video completo de una sesión sobre Manabí.
• Asambleísta exige actas y transcripciones por presunta injerencia en el CNE.
• CNE tiene 10 días para entregar registros de la sesión cuestionada.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, solicitó formalmente al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, la entrega del video completo, las transcripciones y las actas de una sesión del organismo electoral en la que se discutieron temas relacionados con la Junta Provincial Electoral de Manabí. El pedido surge tras denuncias sobre una supuesta restricción al acceso público del registro audiovisual de esa reunión.

La controversia se originó luego de que en redes sociales se cuestionara la disponibilidad de la grabación de una sesión del Pleno del CNE en la que se abordaron asuntos relacionados con la designación de autoridades electorales en Manabí.

Según Molina, durante esa reunión se habrían planteado señalamientos sobre una presunta injerencia del consejero José Merino en la designación de la Dirección Provincial Electoral de esa provincia.

A través de un pronunciamiento público, el legislador sostuvo que solicitó información oficial al CNE para verificar el contenido íntegro de la sesión y las actuaciones registradas por el organismo electoral. “Si no hay nada que ocultar, ¿por qué restringir el acceso a la información? La transparencia no es una concesión del CNE: es un derecho ciudadano”, manifestó Molina.

Solicitud formal dirigida al presidente del CNE

En un oficio remitido a José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral, el asambleísta requirió la entrega de una copia íntegra, certificada y sin ediciones del registro audiovisual de la Sesión Ordinaria No. 068-PLE-CNE-2026, realizada el 22 de agosto de 2026.

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Además, pidió que la institución informe si dicho material se encuentra actualmente publicado en alguna plataforma oficial o si estuvo disponible previamente y luego fue retirado.

El requerimiento también incluye la entrega de:

De acuerdo con el documento, el pedido se fundamenta en las facultades de fiscalización que tienen los legisladores y en normas relacionadas con el acceso a la información pública.

Debate por la designación electoral en Manabí

En el oficio, Molina sostiene que durante la sesión se produjo un intercambio entre la consejera Elena Nájera y el consejero José Merino acerca de la conformación de la Junta Provincial Electoral de Manabí y de la persona que ejercería la presidencia de ese organismo.

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Según el legislador, esos debates tienen relevancia pública debido a que se desarrollaron dentro de una sesión oficial del máximo órgano colegiado electoral y guardan relación con la organización de la administración electoral en la provincia.

La solicitud se produce en momentos en que varios actores políticos han planteado cuestionamientos sobre las decisiones administrativas del organismo electoral de cara a futuros procesos electorales.

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Plazo de diez días para responder

El asambleísta pidió que la documentación sea remitida en un plazo de diez días, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La información deberá enviarse tanto por vía electrónica, a través de los correos institucionales de la Asamblea Nacional, como por la vía física mediante el sistema de gestión documental del Palacio Legislativo.

Lo que debes saber

• Mishele Mancheno dijo que la Asamblea no bloquea el caso Fiorella.
• Caso Fiorella: el Pleno debatirá informe sobre ocho pescadores desaparecidos.
• The Washington Post vinculó ataques a pesqueros con una presunta operación encubierta.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, rechazó este 26 de agosto en Quito que exista un bloqueo legislativo respecto a la investigación sobre la desaparición de los tripulantes del barco pesquero Fiorella, un caso que cobró relevancia internacional tras publicaciones periodísticas que vinculan los hechos con una presunta operación encubierta de inteligencia estadounidense.

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Durante una conversación con EXPRESO en el aeropuerto de Quito, Mancheno aseguró que el Legislativo no ha frenado ninguna investigación. "Nosotros no hemos bloqueado ni esa ni ninguna fiscalización", afirmó al referirse a las críticas surgidas por la falta de pronunciamientos institucionales sobre un caso que involucra la desaparición de ocho pescadores ecuatorianos desde enero de 2026.

Según explicó, la Comisión de Seguridad de la Asamblea, presidida por la legisladora Inés Alarcón, mantiene un proceso de fiscalización abierto desde abril. La mesa legislativa ya habría recopilado comparecencias e información relacionada con los hechos y trabaja en la elaboración de un informe que deberá ser discutido posteriormente por el Pleno.

El caso Fiorella y las revelaciones de The Washington Post

La controversia tomó una nueva dimensión luego de que The Washington Post publicara una investigación que sostiene que varias operaciones marítimas ocurridas en aguas ecuatorianas durante 2026 habrían sido ejecutadas bajo la figura de una "acción encubierta", un mecanismo utilizado por Estados Unidos para desarrollar operaciones secretas sin reconocer públicamente su participación.

Entre los episodios mencionados figura la desaparición del pesquero Fiorella, registrada el 20 de enero de 2026. Ocho tripulantes continúan desaparecidos y se presume que fallecieron en alta mar.

La investigación periodística también relaciona los ataques sufridos por las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, cuyos sobrevivientes aseguraron haber sido atacados mediante drones y posteriormente interceptados por hombres armados que hablaban inglés cerca de Galápagos.

Otro de los elementos analizados por el medio estadounidense fue la presencia de una aeronave identificada como FENIX 701, que habría despegado desde El Salvador y sobrevolado sectores donde posteriormente ocurrieron los incidentes denunciados por pescadores ecuatorianos. Registros de vuelo, imágenes satelitales y testimonios fueron utilizados para reconstruir esa ruta aérea.

La Asamblea espera los resultados de la Fiscalía

Consultada sobre la ausencia de respuestas oficiales del Gobierno frente a las revelaciones internacionales, Mancheno insistió en que la Asamblea debe respetar las investigaciones que actualmente están en manos de la Fiscalía General del Estado.

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"Tenemos que respetar el proceso que tienen las autoridades competentes, como la Fiscalía, para poder ver qué pasa", manifestó. La presidenta del Legislativo sostuvo que la única información oficial en curso es la investigación penal y que será necesario esperar sus resultados antes de avanzar hacia nuevas conclusiones políticas.

Posteriormente añadió que la situación genera preocupación y malestar entre los ecuatorianos. "Por supuesto, nos va a doler a todos como ecuatorianos y como ciudadanos, lógico, pero nosotros, como digo, tenemos que respetar el proceso que tiene la Fiscalía para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí estoy segura yo es que eso ya está en curso, entonces veamos qué avanza".

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El silencio del Gobierno bajo cuestionamiento

Mientras la Asamblea espera los resultados judiciales, las revelaciones han abierto cuestionamientos sobre la respuesta del Ejecutivo. Hasta ahora, el Gobierno no ha ofrecido una explicación detallada sobre las denuncias planteadas por el medio estadounidense.

Expertos consultados previamente por EXPRESO señalaron que la falta de información oficial ha alimentado interrogantes sobre el alcance de una eventual participación extranjera en operaciones de seguridad desarrolladas en territorio ecuatoriano. También han pedido que las autoridades aclaren los mecanismos de cooperación con Estados Unidos y expliquen si existió alguna coordinación relacionada con los incidentes denunciados por los pescadores.

Peña dijo que la investigación que ahora motiva la solicitud de juicio político comenzó un mes atrás. “Tenemos elementos presuntivos de que puede existir un incumplimiento de funciones”, señaló el legislador.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

“No tiene mucho sentido que se reúna una persona que tiene que ver con la vocalía del proceso y una participante”, aseguró Peña. El asambleísta insistió en que aún no se está juzgando nada y que el proceso que impulsa busca que el consejero del CPCCS presente sus descargos.

¿Por qué se habla de incumplimiento de funciones?

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del nuevo fiscal general. El proceso se encuentra en la etapa de audiencias públicas, luego de la presentación de impugnaciones ciudadanas contra los postulantes.

En el marco de dichas impugnaciones, el pasado 27 de julio se viralizaron imágenes que daban cuenta de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, una de las aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Según esas denuncias, las imágenes salieron de una cámara de seguridad. En ellas, supuestamente, se observa al consejero junto a la postulante en el mismo lugar. Con base en esto, Peña inició su investigación.

“Quisiera entenderlo (motivos de la reunión). Porque no tiene mucho sentido que se reúnan; no en un lugar oficial o a plena luz del día o con los demás consejeros por alguna impugnación o algo que se quiera hacer dentro del concurso”, manifestó el legislador.

A eso, Peña agregó: “Por ahora esa reunión es por fuera de la ley, por debajo de la mesa y se tiene que investigar”.

Un juicio en medio del proceso electoral

Al actual CPCCS le queda menos de un año en funciones. En noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos vocales. En ese proceso, Rosero busca una vez más la reelección al cargo.

En caso de que el juicio político prospere y derive en una destitución y censura, el actual vocal del CPCCS no podría ejercer un cargo público durante dos años. Sin embargo, el proceso en la Asamblea recién inicia y Peña ha anunciado que hablará de las pruebas con las que cuenta el 27 de agosto de 2026.

Lo que debes saber

• Sergio Peña pidió juicio político a David Rosero en la Asamblea
• Rosero es señalado por una supuesta reunión con Inés Romero, candidata a Fiscal General.
• Inés Romero negó el encuentro y denunció en Fiscalía el origen de las imágenes.

El proceso para la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía General vuelve al centro de la polémica. Esta vez, la controversia alcanzó a uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado del concurso, luego de que en la Asamblea Nacional se impulsara un pedido de juicio político en su contra.

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El legislador Sergio Peña presentó la solicitud contra el consejero David Rosero por un supuesto incumplimiento de funciones. La acción se sustenta en una denuncia difundida en redes sociales sobre una presunta reunión entre Rosero e Inés Romero, jueza de Pichincha y aspirante al cargo de Fiscal General del Estado.

Según explicó Peña, el encuentro debería ser investigado para determinar si existió algún tipo de actuación irregular dentro del proceso de selección. “Por ahora esa reunión es por fuera de la ley, por debajo de la mesa y se tiene que investigar”, manifestó el asambleísta al referirse a las imágenes que motivan la denuncia.

Fotografías difundidas en redes generaron la polémica

La controversia se originó el pasado 27 de julio, fecha en que comenzó la recepción de impugnaciones ciudadanas dentro del concurso para Fiscal General. Ese mismo día, varias cuentas en redes sociales difundieron fotografías captadas por una cámara de seguridad en las que supuestamente aparecerían David Rosero e Inés Romero.

No obstante, la publicación señala que ninguno de los hechos relacionados con esas imágenes consta en las siete impugnaciones que fueron admitidas formalmente contra la candidata.

Política

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Un concurso marcado por controversias

La actual polémica no es el primer episodio que salpica el proceso de designación del Fiscal General. De acuerdo con antecedentes recogidos durante el concurso, el 11 de junio se registró otro hecho que generó cuestionamientos.

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Durante una sesión virtual del Pleno del CPCCS en la que se analizaba la calificación de méritos de los postulantes, las cámaras mostraron al entonces aspirante José de la Gasca caminando detrás del consejero Roberto Gilbert mientras este intervenía.

Aunque Gilbert aseguró posteriormente que ese episodio no motivó su salida del organismo, presentó su renuncia una semana después. Por su parte, De la Gasca también quedó fuera del concurso tras una revisión de su expediente.

Lo que debes saber:

• Las elecciones seccionales de noviembre de 2026 evidencian la falta de formación de organizaciones; no logran cumplir cuotas de mujeres y jóvenes.
• Dirigentes cuestionan las reglas de paridad y juventud por las dificultades para armar listas territoriales. Los forman, pero no son conocidos para elecciones tan seguidas.
• Analistas señalan que una mujer joven puede cumplir simultáneamente las cuotas de género y edad.

Como si se tratara de un ejercicio de cálculo, las organizaciones políticas tuvieron que cuadrar sus listas de candidatos para las elecciones seccionales de noviembre del 2026, alternando mujeres y hombres e incluyendo 25 % de menores de 29 años para cumplir con las reglas de paridad y participación juvenil.

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Javier Orti, presidente de Avanza, cuestiona la aplicación de esta norma, en medio de la crisis de los partidos. “La realidad de Quito no es la de San Miguel de los Bancos o la de Carchi. No hay suficientes lideresas en la proporción que señala la ley en todas las localidades. Y menos jóvenes”.

La normativa electoral establece que el 50 % de listas pluripersonales debe estar encabezada por mujeres. Los binomios deben integrarse alternando hombre y mujer. 

Además, en cada lista para comicios pluripersonales que inscriba una organización política, al menos el 25 % debe estar compuesto por jóvenes de entre 18 y 29 años.

Para Orti, estas disposiciones ponen en evidencia las dificultades que todavía tienen los partidos para construir estructuras de militancia y formar nuevos cuadros políticos. 

“En el país todo lo hacemos al revés. Estas normas que buscan promover la paridad de género y la inclusión de jóvenes podrían ponerse en práctica cuando haya un sistema de partidos, con recursos, que garantice el trabajo con la militancia”.

El dirigente cuenta lo que pasa en la práctica: “No incluyo a mi organización política, nos esforzamos, pero he visto que en la práctica se coloca en los cantones más débiles a mujeres y jóvenes. Es una ley hipócrita, una norma ilógica e irreal”.

¿El hombre mayor de 29 años queda fuera?

Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), plantea una dificultad: la combinación de las cuotas de género y edad puede reducir considerablemente el espacio disponible para hombres mayores de 29 años. 

“En esta elección hay un problema: 50 % de mujeres y 25 % de jóvenes son el 75 %. ¿Solo queda el 25 % para los mayores de 29 años?”.

Serrano considera que la dificultad aumenta cuando las organizaciones forman alianzas cantonales. “En un solo cantón usted hace una alianza y tiene problemas. El hombre mayor de 29 años queda proscrito”.

Asegura que las reglas en las condiciones de los partidos han generado dificultades en el proceso de inscripción. 

Según explica, si una candidatura o lista se cae en un cantón, puede afectar la conformación de las listas de la provincia cuando los requisitos deben calcularse de manera conjunta.

Serrano recuerda un caso de Guayas, donde, según su versión, una candidatura no pudo inscribirse a tiempo y terminó afectando la planificación electoral provincial. “No es tan fácil. Yo no puedo controlar desde Quito qué hará el cantón Oña, en Azuay. Si se le cae un candidato, se cae toda la lista”.

A las dificultades para encontrar mujeres dispuestas a participar en política, añade ahora la necesidad de incorporar jóvenes en las listas. Para Serrano, ambas exigencias suponen un desafío adicional para organizaciones que deben negociar candidaturas en alianzas territoriales.

En el centro de formación política, dirigido por D. Passailaigue, capacitamos a 1.300 jóvenes. Pero necesitamos ganar elecciones para no desaparecer. Alfredo Serrano/ presidente del PSC

En la papeletas pueden ir mujeres jóvenes

Pero el analista político Santiago Cahuasquí rebate esas afirmaciones. Él sostiene que la regla no significa que el 50 % de los puestos sea exclusivamente para mujeres y otro 25 % solo para jóvenes. 

“El 25 % de candidaturas debe corresponder a jóvenes, que pueden ser hombres o mujeres. Una mujer joven puede cumplir con ambos criterios. No estamos ante un 75 % de cupos que excluya a los hombres mayores de 29 años”.

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Lo que pasa en la RC5

Gissela Garzón, exlegisladora de la RC, opina que la norma es necesaria. 

“Por lo de Dominique Serrano (asambleísta de ADN, de 19 años, criticado por dibujar en medio de una sesión de Fiscalización sobre Progen) se puso en debate si eran suficientemente probos para asumir (una curul). El reto es cómo formar a esos cuadros en el manejo de lo público. Las herramientas no están a la vuelta de la esquina”.

Y menciona la responsabilidad de hacer vida de partido, “lo que en su momento tuvo Alianza PAIS, lo que permite que ahora existan cuotas de jóvenes en espacios de representación. Me principalicé en la curul a los 29”. Asimismo, recalca que las mujeres no están para llenar listas.

Integré Juventudes PAIS. La formación se estancó por traición de Moreno. Luisa González encaminó otro proceso, en stand by. Roque Ordóñez tiene otro.Gissela Garzón/ exlegisladora

Así reducen en lugar de ampliar la participación de mujeres

Francisca Morejón conoce la historia de la lucha por la participación política de mujeres. Recuerda que al empujar la Ley de Cuotas había quienes opinaban que se cree un partido de mujeres y listo. 

"La decadencia del sistema permite artificios legales, que reducen en lugar de ampliar la participación política”. Le preocupa que a la papeleta lleguen candidatas que carezcan de representación y mantengan el statu quo.

Un problema es que se exija participar, para evitar la extinción. Por eso ponen a candidatas que no nos representan.Paquita Morejón/ feminista

Quito

Pabel Muñoz enfrenta una denuncia electoral ante el TCE por presunta interferencia

Rosero Mariela

El 21 de julio de 2026, el Concejo Metropolitano de Quito, encabezado por el alcalde, resolvió "expresar el más enérgico rechazo político e institucional de ese cuerpo colegiado a toda forma de proscripción política o exclusión injustificada de organizaciones políticas".

Lo hizo en referencia a lo ocurrido con la Revolución CIudadana y lo que se intentó hacer con Unidad Popular. Y a la suspensión de Amigo, que albergaría a la RC.

La jueza Coloma advirtió que se configura la causal de incompetencia del órgano jurisdiccional prevista en el numeral 1 del artículo 245.4 del referido cuerpo legal, en concordancia con el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral.

Esto argumentó la mujer que denunció al alcalde Muñoz ante el TCE

La denunciante dijo que Muñoz interfirió en la Función Electoral. Recordó que en la resolución del Concejo se dijo que esa la proscripción a partidos "constituye una restricción al pluralismo, la participación política y las opciones entre las cuales el pueblo tiene derecho a elegir; derechos que deben ser protegidos con mayor firmeza durante el calendario electoral en el que actualmente nos encontramos".

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"Podríamos apoyar a otro candidato": Luisa González habla de escenarios alternativos

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Además, en el texto de la resolución No. CDMQ-056-2026 se decidió  recordar al Tribunal Contencioso Electoral que la democracia se fortalece con más voces y participación, no eliminando organizaciones ni restringiendo opciones políticas; y que debe garantizarse que sea el pueblo ecuatoriano, mediante su voto libre y soberano, quien decida entre todas las alternativas quiénes deben representarlo. 

Así como exhortar a todas las Funciones del Estado, órganos e instituciones públicas a cumplir y hacer cumplir los principios democráticos, respetar la independencia de funciones, el pluralismo político, la participación ciudadana, el debido proceso y la soberanía popular; y a abstenerse de adoptar decisiones que puedan convertirse en instrumentos de persecución o proscripción política. 

Y disponer a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito que notifique la presente Resolución, para su conocimiento y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a las máximas autoridades de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, etc.

Lo que debes saber 

• En más de dos años y medio de mandato, Daniel Noboa acumula una treintena de viajes oficiales y personales al exterior.
• Las críticas no deberían convertirse en un rechazo generalizado a las actividades internacionales del Gobierno. Ecuador necesita mantener relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos y China.
• La exigencia central es conocer con precisión los gastos, participantes y actividades de cada viaje para evitar que intereses privados interfieran con lo público.

En más de dos años y medio de mandato, el presidente Daniel Noboa acumula una treintena de viajes, tanto oficiales como personales, al exterior, en los que ha pasado más de 160 días acumulados fuera del país. Algunos han causado considerable controversia, por la tenue distinción entre sus visitas de Estado y sus actividades privadas. 

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Un ejemplo reciente se dio en junio, cuando el presidente fue captado de forma espontánea por las cámaras en el partido entre Ecuador y Costa de Marfil durante el reciente Mundial de la FIFA, en medio de lo que se suponía era un viaje oficial centrado en el fortalecimiento de la cooperación con los Estados Unidos.

La falta de transparencia por parte del Gobierno, con agendas bastante escuetas o publicadas a última hora y comitivas de viaje que no son conocidas en detalle, hace difícil el trabajo del brazo de comunicación del equipo presidencial y acrecienta la desconfianza del público sobre la naturaleza de los traslados del presidente Noboa. 

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Estas críticas, por supuesto, no son nuevas. Sus antecesores fueron blanco de ataques parecidos: a Correa se le endilgaba el ir a buscar premios y condecoraciones en el extranjero y a Lasso se le increpaba por la misma falta de detalles que a Noboa a la hora de explicar los motivos detrás de sus salidas del país.

La preocupación de los críticos es justa: un viaje al extranjero le cuesta dinero al erario público y distrae la atención de los funcionarios del Gobierno, a veces en momentos críticos para el país. Noboa fue duramente reprochado por no suspender un viaje a los Estados Unidos en septiembre de 2024, mientras los apagones regresaban al país.

Sin embargo, cualquier crítica que se haga debe cuidar el no generar un rechazo de tajo contra las actividades que un gobierno como el nuestro necesita realizar en el extranjero a través de sus funcionarios de más alto nivel. Nuestra relación con socios estratégicos en lo comercial y en seguridad, como lo son los Estados Unidos y China, es de esencial importancia, y debe reconocerse que los tres últimos gobiernos lo han entendido de esa manera. 

Presidentes que, a veces demagógicamente, han criticado la compra de aviones presidenciales (Noboa prometió su venta, pero dio marcha atrás) o el manejo de la deuda con China no han permitido que ese discurso se convierta en un giro hacia adentro o en un rompimiento de relaciones con China.

Esta relación con China incluso ha sobrevivido a las vicisitudes de los últimos años en los que Trump ha intentado alejar a los países de la región del gigante asiático, lo cual nos ha ganado sendas felicitaciones de la diplomacia china, sin valernos reprimenda alguna de los norteamericanos.

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Valeria Alvear

No deja de ser sumamente importante el exigir al Gobierno actual y a sus sucesores que transparenten sus actividades. No tanto sus logros, porque estos pueden tomar años, pasar por varias rondas de negocios y sobrellevar altos y bajos como los que han enfrentado nuestros camaroneros (solo se han levantado 8 de 14 restricciones recientemente impuestas por China), pero definitivamente sí hay que conocer los gastos y la participación de cada funcionario e invitado en detalle. No vaya a ser que lo privado invada lo público en su detrimento.

También es importante que las actividades presidenciales dejen de ser espectacularizadas. Fue bochornoso el intento de hacer ver la presencia del presidente Noboa en los funerales papales de Francisco, sentado en un orden alfabético en francés según el protocolo, como un logro. Lo mismo con las fotos de Noboa en su visita a Mar-a-Lago y al Capitolio, cuando hasta Petro se ha entrevistado con Trump y todavía él no.

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¿Qué nos queda, entonces? Ahora que el presidente Noboa regresa de una gira acortada por la tragedia, no hace falta entregarnos a la histeria y a la denuncia de todo viaje o al rechazo de toda actividad realizada en este último. Aquí lo esperan con ánimos caldeados los políticos que ya están en plena precampaña y también los que se quedan afuera, encima con la sospecha de que eso les ocurre gracias a la presión del oficialismo.

La prensa y la ciudadanía deben poner la lupa y exigir una mejor gestión, sin dejar de reconocer lo positivo. Y el Gobierno, por el bien de todos, debe aprender a escuchar.

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Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mocionó la aprobación del texto, no sin antes exponer ante el hemiciclo la importancia de su contenido. “El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el terrorismo, la minería ilegal, no son fenómenos que puedan enfrentarse únicamente mediante medidas extraordinarias. El Estado necesita también herramientas dentro de un régimen ordinario”, dijo la legisladora.

La legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, reflexionó que no es indiferente a la situación que vive el país y que es evidente que la fuerza pública necesita apoyo, “bajo las condiciones estrictas que dicta la Constitución”. “Las Fuerzas Armadas pueden y deben cumplir un rol complementario y subsidiario (a la Policía)... La discusión de fondo es bajo qué reglas van a intervenir. Quién controla esa fuerza y qué pasa si se producen abusos. Ahí radica nuestra diferencia”.

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Pese a los reparos de la bancada correísta, el oficialismo y sus aliados lograron los votos necesarios para aprobar el texto íntegro.

Elección de la cuarto vocal del CAL

Antes de este debate, el Pleno eligió al cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa dignidad recayó en la legisladora oficialista Katherine Pacheco, quien reemplazó a Steven Ordóñez, exasambleísta aliado de Acción Democrática Nacional, tras renunciar a su puesto para participar en las elecciones seccionales como candidato a la Prefectura de El Oro.

Fecha para el debate de la Ley Antimafias

La Asamblea Nacional debatirá este 27 de agosto del 2026, a las 10:00, el proyecto llamado Ley Antimafias. Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado. 

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La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, convocó a la sesión 118 para el primer debate de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

El proyecto llegó al pleno después de que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad aprobara el informe con ocho votos, el lunes 24 de agosto.

Lo que debes saber

• Asamblea designa a Katherine Pacheco (ADN) como cuarta vocal del CAL.
• Con 84 votos, Pacheco ingresa al CAL, órgano clave de la Asamblea Nacional.
• ADN suma representación en el CAL, que califica leyes y tramita juicios políticos.

La legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Katherine Pacheco Machuca, fue designada este martes 25 de agosto de 2026 como cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), uno de los principales órganos de decisión dentro de la Asamblea Nacional. La resolución se adoptó durante la sesión N.º 117 del Pleno, realizada en Quito.

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La moción para su designación fue presentada por el legislador independiente Edwin Jarrín. Tras el debate correspondiente, la propuesta recibió 84 votos a favor, mientras que 61 legisladores votaron en contra y se registraron dos abstenciones.

Con la aprobación del Pleno, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, tomó el juramento y posesionó oficialmente a Pacheco como integrante del Consejo de Administración Legislativa. La asambleísta representa a la provincia de El Oro y forma parte de la bancada oficialista de ADN.

Un cargo clave dentro de la Asamblea Nacional

La incorporación de Pacheco ocurre en un órgano que tiene un papel determinante en la gestión legislativa. El CAL es considerado la máxima instancia administrativa de la Asamblea Nacional y está conformado por la Presidencia del Legislativo, dos vicepresidencias y cuatro vocalías.

Entre sus atribuciones se encuentran la planificación y coordinación de la agenda parlamentaria, la calificación de proyectos de ley y la definición de su prioridad para el tratamiento en el Pleno y las comisiones especializadas.

Además, este organismo aprueba el presupuesto institucional, emite reglamentos internos y coordina el trabajo de las distintas comisiones legislativas. También tiene la facultad de adoptar decisiones administrativas y aplicar determinadas sanciones a los asambleístas, salvo aquellas que son competencia exclusiva del Pleno.

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El rol del CAL en juicios políticos y procesos legislativos

Otra de las funciones relevantes del Consejo de Administración Legislativa es revisar y admitir a trámite los pedidos de juicio político contra autoridades del Estado. Asimismo, analiza solicitudes relacionadas con indultos y amnistías, y determina si sus sesiones se desarrollarán de manera pública o reservada.

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El organismo también interviene en mecanismos de participación ciudadana vinculados a proyectos de ley, puede principalizar temporalmente a asambleístas suplentes por ausencia judicial de los titulares y devolver iniciativas legislativas cuando no cumplen los requisitos establecidos en la Constitución y la normativa vigente.

La designación de Pacheco fortalece la presencia de ADN dentro de la estructura administrativa de la Asamblea, en un momento en que el Legislativo mantiene en agenda varias reformas clave y proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Elena Nájera denunció cambios en Guayas por el nombramiento de la Junta Electoral.
• La consejera cuestiona la designación porque reemplazó a un funcionario con experiencia electoral.
• El CNE enfrenta cuestionamientos en Guayas mientras avanza el proceso electoral 2027.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elena Nájera, cuestionó públicamente la reciente designación de la Presidencia de la Junta Provincial Electoral del Guayas y advirtió que la decisión genera dudas sobre la transparencia del proceso electoral de cara a los próximos comicios.

Durante una entrevista a NotiMundo, Nájera señaló que inicialmente había sido designado como presidente de la Junta Provincial Electoral a Daniel Veintimilla, a quien describió como una persona con conocimiento y experiencia en materia electoral. Sin embargo, aseguró que posteriormente fue removido del cargo tras una nueva votación dentro del organismo.

Según relató, la consejera Esthela Acero propuso una nueva candidata para presidir la junta electoral provincial. Nájera afirmó que, de acuerdo con la hoja de vida revisada por ella, la profesional tendría formación como diseñadora de interiores.

Nájera cuestiona el cambio de autoridades

La consejera sostuvo que el relevo se concretó con los votos de Esthela Acero, José Cabrera Pita y, además del respaldo de el consejero Enrique Merino que impulsó la nueva designación.

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A criterio de Nájera, el cambio dejó de lado a un funcionario que ya había sido designado presidente y que contaba con experiencia dentro de los procesos electorales.

“Le quitan la presidencia al señor Veintimilla y ponen a esta señora, cuya profesión es diseñadora de interiores”, manifestó durante la entrevista.

La funcionaria insistió en que la decisión merece explicaciones debido a la relevancia que tiene la Junta Provincial Electoral del Guayas en la organización y supervisión de los procesos electorales.

Debate sobre la transparencia electoral

Durante la conversación, Nájera reconoció que este tipo de decisiones puede generar cuestionamientos sobre la independencia de la autoridad electoral y la confianza ciudadana en el desarrollo de los comicios.

Consultada sobre una posible injerencia política en la designación, evitó formular acusaciones directas, aunque reiteró que sus observaciones se basan en la información que consta en la hoja de vida de la funcionaria designada.

“Yo estoy diciendo lo que dice la hoja de vida de la señora”, respondió cuando fue interrogada sobre posibles vínculos políticos detrás del nombramiento.

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Denuncia ataques en redes sociales

La consejera también aseguró que, tras sus declaraciones y cuestionamientos internos, ha sido objeto de campañas de descrédito en redes sociales.

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Nájera afirmó que se han difundido versiones que la vinculan con sectores políticos, algo que rechazó de manera categórica. “Yo sí tengo un nombre que defender, yo sí tengo un prestigio que defender”, expresó.

Según la funcionaria, sus actuaciones dentro del organismo han estado sujetas al cumplimiento de la normativa electoral y a lo que considera una defensa de la institucionalidad del CNE.

La conformación y dirección de las juntas provinciales es una etapa clave para la administración de las elecciones, pues estos organismos son responsables de ejecutar decisiones administrativas y operativas en cada jurisdicción.

Esto debes saber

• Jaime Estrada fue inscrito como candidato a la Prefectura de Manabí por el Movimiento Si Podemos
• Luisa González y Gabriel Giler no fueron calificados inicialmente por la Junta Provincial Electoral.
• Estrada fue electo asambleísta por Manabí bajo una alianza vinculada al correísmo y Sí Podemos.

Jaime Estrada Medranda, actual asambleísta por la provincia de Manabí, fue inscrito como candidato a la Prefectura de Manabí, por el Movimiento Si Podemos. Su nombre se perfila como el candidato que apoyará el correísmo ante la negativa que enfrenta Luisa González

Estrada había aparecido inicialmente como uno de los posibles acompañantes de fórmula de González. Sin embargo, finalmente la excandidata presidencial fue inscrita junto a Gabriel Giler como candidatos a la Prefectura y Viceprefectura, respectivamente.

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Estrada y sus vínculos políticos con el correísmo

La presencia de Jaime Estrada en esta contienda no sería un hecho aislado. Estrada actualmente se desempeña como asambleísta y fue electo bajo la bandera del correísmo y en alianza con el movimiento Sí Podemos.

Además, los Estrada han mantenido vínculos políticos con sectores del correísmo en las últimas elecciones. En la última elección para la Alcaldía de Manta (2023), participaron en alianza con el movimiento Sí Podemos, dentro de un escenario electoral que contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana. En esa ocasión Estrada Medranda fue derrotado por el extinto Agustín Intriago Quijano.

En ese contexto, que el correísmo pueda respaldar ahora la candidatura de Jaime Estrada ante la negación inicial de la candidatura de Luisa González no sería necesariamente un escenario nuevo, considerando los antecedentes de cooperación política y electoral entre estos sectores.

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La candidatura de Luisa González enfrenta nuevos obstáculos

Su incorporación a Pachakutik también generó cuestionamientos internos y un debate sobre el cumplimiento de las normas establecidas por la propia organización política.

Tras su inscripción, ADN y la alianza ABC presentaron objeciones contra la fórmula González-Giler. La Junta Provincial Electoral resolvió negar su calificación al considerar que ambos candidatos no acreditaban ser afiliados o adherentes permanentes de Pachakutik durante al menos dos años, requisito contemplado en la normativa interna del movimiento.

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La resolución no implica, por ahora, que González quede definitivamente fuera de la contienda electoral, ya que la decisión puede ser recurrida ante las instancias electorales correspondientes.

Además, la Junta Provincial Electoral otorgó a Pachakutik un plazo de 48 horas para subsanar o reemplazar las candidaturas a prefecto y viceprefecto, lo que abrió la posibilidad de presentar una nueva fórmula.

Una doble candidatura en Manabí

Los Estrada tendrían así una doble candidatura en Manabí. Jaime Estrada Bonilla, padre de Jaime Estrada Medranda, buscará nuevamente la Alcaldía de Manta bajo la bandera del movimiento Sí Podemos.

Estrada Bonilla fue alcalde de Manta durante el periodo 2009-2014 y, posteriormente, buscó la reelección en las elecciones de 2013 por Alianza PAIS. En esa contienda disputó nuevamente la Alcaldía de Manta y fue derrotado por Jorge Zambrano.

Ahora, mientras el padre apunta nuevamente al Municipio de Manta, su hijo, Jaime Estrada Medranda, buscaría la Prefectura de Manabí. De concretarse ambas candidaturas, los Estrada tendrían presencia electoral en dos de los principales cargos de elección popular de la provincia, configurando una estrategia política familiar de cara a los próximos comicios.

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La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, convocó a la sesión 118 para el primer debate de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

El proyecto llegó al pleno después de que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad aprobara el informe con ocho votos, el lunes 24 de agosto.

Uno de los cambios más relevantes modifica el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la delincuencia organizada. 

Colaboradores externos en la Ley Antimafia

El proyecto también incorpora la figura del colaborador externo. Se trata de personas que, sin formar parte de la estructura criminal, aporten asesoría técnica, financiera, contable o tecnológica, proporcionen información o recursos y conozcan que su contribución favorece las actividades ilícitas del grupo. 

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En estos casos, la pena será de 10 a 13 años, frente al máximo actual de siete.

Además, la sanción aumentará de 26 a 30 años cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, lavado de activos o tráfico ilícito de armas.

Preocupación del correísmo sobre Ley Antimafia

Sin embargo, la propuesta también genera cuestionamientos. El legislador correísta Blasco Luna advirtió que el artículo 266, sobre sustracción o apoderamiento de hidrocarburos y combustibles, podría abrir la puerta a un uso político de la norma.

Así, ctó como ejemplo la detención del alcalde de Guayaquil por una investigación relacionada con el presunto desvío de combustibles y sostuvo que, aunque las sanciones deben aplicarse a quienes cometan delitos, la reforma no debe convertirse en un instrumento para perseguir a adversarios políticos.

Los datos claves de esta historia

• Más de 800 trabajadores fueron desvinculados tras la absorción de Producción y Agricultura por parte de Economía y Finanzas..
• Funcionarios separados continúan asistiendo a sus puestos, pero ya no pueden firmar documentos ni ejecutar trámites oficialmente.
  
• El personal de control en territorio se redujo, como se ha registrado con los inspectores de pesca.

El proceso de reestructuración estatal ha sumido al otrora Viceministerio de Acuacultura y Pesca (parte del Ministerio de Agricultura) en un desorden administrativo, según fuentes que trabajaban en esa entidad hasta hace pocos días. Una de ellas pidió a EXPRESO que se mantenga su identidad bajo reserva ya que sigue colaborando.

La fuente, cuyo trabajo es técnico, dice que la absorción del Ministerio de Producción y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se ejecutó de manera abrupta, dejando a la institución en un estado de desorden. Añadió que esta transición ha estado marcada por la falta de directrices claras por parte de las autoridades.

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El impacto en el talento humano ha sido notorio, registrándose el despido de más de 800 funcionarios pertenecientes a las áreas de gasto corriente y proyectos de inversión el pasado 21 de julio pasado. 

Cuenta que el personal desvinculado, incluyendo a empleados con nombramiento, bajo el código de trabajo o pertenecientes a grupos vulnerables, fue retirado del sistema de seguridad social (IESS).

Esto ocurría a pocos días de que Juan Carlos Vega oficializara su renuncia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). El sábado 1 de agosto presentó un oficio con fecha del 31 de julio. Ahora, el exfuncionario es precandidato para la Alcaldía de Cuenca por el movimiento oficialista.

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La notificación oficial de la terminación de contratos

"Esta cartera de Estado al ser una entidad absorbida, tiene que transferir sus competencias, funciones, derechos, obligaciones y recursos a la entidad absorbente, extinguiéndose como persona jurídica; por ello debe proceder con la terminación unilateral de los contratos de servicios ocasionales tanto de gasto corriente como de gasto de inversión; notificación que además de ampararse en la fusión por absorción dispuesta Sr. Presidente Constitucional de la República", se lee en un informe técnico al que este Diario tuvo acceso.

Esta medida ha dejado sin empleo a personas con condiciones médicas graves, como lupus, o con familiares dependientes en situaciones de salud críticas.

Ante la falta de personal contratado, la operatividad diaria de las oficinas se ha reducido. Para citar un ejemplo, un área donde había doce empleados hasta hace unos días ahora laboran cuatro. También se menciona el caso de los inspectores de pesca en áreas de desembarque de productos del mar: el número de técnicos no supera la veintena, según la fuente. 

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Los proyectos de inversión

Entre los programas y proyectos del Plan Anual de Inversiones MAGP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) 2026 se encuentran los siguientes proyectos de inversión:

A la par, cuentan, muchos funcionarios continúan asistiendo a sus puestos de trabajo de manera informal y bajo presión, pero se encuentran de manos atadas debido a que no pueden firmar documentos oficiales ni tramitar algún expediente, ya que aquello podría acarrearles alguna sanción.

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Una mirada al interior de la institución

La fuente relata que algunos compañeros le contaron que recién el jueves pasado les solicitaron presentar sus documentos con fecha de ingreso correspondiente a ese mismo día. Según explica, esto significaría que no recibirían el pago por los días ya trabajados. A esto se suma que, dentro de la misma oficina, ya habrían ingresado nuevos trabajadores, a quienes se les solicitaron los documentos antes que al personal que ya laboraba allí.

Este Diario solicitó unos comentarios al Ministerio de Economía para obtener respuestas sobre lo que sucede con la fusión y la atención al usuario. Sigue pendiente una respuesta.

Lo que debes saber

• Asamblea debate apoyo militar sin estado de excepción por inseguridad.
• El proyecto permite a FF. AA. apoyar a la Policía cuando su capacidad sea insuficiente.
• La Comisión de Seguridad aprobó la reforma con siete votos antes del debate final.

La Asamblea Nacional debate este 25 de agosto el proyecto de ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, una reforma que permitirá la participación militar en operaciones de seguridad interna sin necesidad de que el Ejecutivo declare previamente un estado de excepción.

La propuesta desarrolla la reforma al artículo 158 de la Constitución, aprobada por los ecuatorianos en el referéndum del 21 de abril de 2024, cuando la mayoría respaldó que los militares apoyen a la Policía en la lucha contra el crimen organizado y en situaciones críticas dentro del sistema penitenciario.

El informe para segundo debate fue aprobado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea con siete votos a favor, antes de pasar al Pleno para su discusión definitiva.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto busca establecer un procedimiento legal para que las Fuerzas Armadas intervengan de forma complementaria cuando la capacidad operativa de la Policía resulte insuficiente para enfrentar determinados delitos o amenazas a la seguridad interna.

La normativa aclara que esta participación no sustituirá las funciones policiales ni modificará la naturaleza de ambas instituciones. La actuación militar deberá ser complementaria y subsidiaria.

Además, incorpora principios como:

¿Cómo se activará el apoyo militar?

El texto establece una ruta formal para autorizar la actuación de las Fuerzas Armadas. El proceso comenzará con una solicitud motivada del comandante general de la Policía Nacional, quien deberá justificar que las capacidades policiales han sido superadas.

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La petición deberá especificar el territorio donde se requiere la intervención, el tiempo de duración y los delitos o circunstancias que justifican la medida. 

Posteriormente, el presidente de la República solicitará un informe técnico al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para analizar la pertinencia del despliegue. Con esos insumos, el jefe de Estado podrá emitir el decreto que autorice la intervención militar.

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¿Cuánto tiempo durará la intervención?

La propuesta establece que el apoyo militar podrá mantenerse hasta por 180 días, con la posibilidad de una única renovación de 30 días adicionales, siempre que persistan las condiciones que motivaron la medida.

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Durante el debate legislativo han surgido observaciones desde distintos sectores políticos. Algunas voces advierten sobre el riesgo de que una herramienta concebida como excepcional termine utilizándose de manera recurrente.

Entre las preocupaciones planteadas figuran los mecanismos de control, la rendición de cuentas, la fiscalización de las operaciones y el respeto a los derechos humanos durante las intervenciones militares en tareas de seguridad interna.

Los impulsores de la reforma sostienen que la ley busca llenar el vacío normativo dejado tras la consulta popular de 2024, definiendo límites, procedimientos y responsabilidades para la actuación militar en apoyo a la Policía.

Lo que debes saber

• Manabí: Luisa González apeló ante el CNE tras objeción a su candidatura seccional 2027.
• Luisa González afirma que Pachakutik permite candidatos invitados en Manabí para las elecciones 2027.
• La candidatura de Luisa González enfrenta objeciones por reglas internas; el caso podría llegar al TCE.

La precandidata a la Prefectura de Manabí, Luisa González, rechazó las objeciones presentadas contra su postulación y aseguró que estas se basan en interpretaciones erróneas de la normativa interna de Pachakutik y del Código de la Democracia.

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Durante una entrevista en el programa Primera Plana, González argumentó que la observación formulada por la Junta Provincial Electoral de Manabí toma como referencia un reglamento que, según dijo, corresponde a procesos electorales distintos y no a las elecciones seccionales previstas para 2027.

Según explicó, Pachakutik aprobó una resolución el 23 de junio de 2026 para regular la selección de candidaturas a prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales. En ese documento, aseguró, se establece que hasta el 20 % de las candidaturas en cada jurisdicción puede corresponder a personas invitadas, simpatizantes o no adherentes permanentes del movimiento.

“Podrá auspiciar candidaturas de personas invitadas, simpatizantes o no adherentes permanentes. El porcentaje de candidatos invitados no podrá superar el veinte por ciento del total de candidaturas que se presenten en cada jurisdicción”, citó González al referirse al contenido del reglamento.

La exaspirante presidencial sostuvo que ese instrumento normativo es el que debe aplicarse al proceso actual y cuestionó que la Junta Provincial Electoral lo haya pasado por alto al momento de analizar las impugnaciones.

Debate sobre quién puede presentar las objeciones

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la legitimidad de quienes presentaron las objeciones. González afirmó que el artículo 101 del Código de la Democracia establece que únicamente los representantes legales o procuradores de las organizaciones políticas, y de las alianzas cuando corresponda, están facultados para presentar objeciones a las candidaturas en esta etapa del proceso electoral.

En ese contexto, cuestionó la participación de Michelle Mancheno, secretaria nacional de Acción Democrática Nacional (ADN), al considerar que dicho cargo no tiene atribuciones para ejercer la representación legal de la organización.

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Según argumentó, el estatuto interno de ADN asigna a la Secretaría Nacional funciones relacionadas con la custodia de actas, certificación de documentos y labores administrativas, mientras que la representación política, legal, judicial y extrajudicial corresponde al presidente nacional del movimiento.

La dirigente correísta señaló además que el propio informe de la Junta Provincial Electoral habría advertido sobre la falta de legitimación para actuar de una de las personas que presentó la objeción.

Cuestionamientos a la revisión de la democracia interna

Las impugnaciones también apuntan al proceso de democracia interna desarrollado por Pachakutik para definir sus candidaturas.

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Frente a ello, González sostuvo que ese procedimiento ya fue revisado y validado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que no podría ser cuestionado nuevamente durante la fase de calificación de candidaturas.

La política invocó el principio de preclusión, según el cual las etapas ya concluidas de un proceso no pueden reabrirse una vez que han sido aprobadas por la autoridad competente. “La democracia interna ya fue revisada y validada por el mismo Consejo Nacional Electoral”, manifestó.

Anuncia apelaciones y no descarta un plan alternativo

González indicó que ya presentó recursos ante el CNE contra la decisión que afecta su postulación y adelantó que, de ser necesario, acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La dirigente aseguró que continuará defendiendo su derecho a participar en las elecciones, argumentando que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa electoral y por el reglamento interno de Pachakutik.

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No obstante, reconoció que su organización analiza escenarios alternativos en caso de que su candidatura no llegue a ser calificada de manera definitiva.

Entre las opciones mencionó la posibilidad de respaldar a otro aspirante a la Prefectura de Manabí, incluso de una organización distinta. Consultada sobre un eventual apoyo a Jaime Estrada Medranda, señaló que se trata de una alternativa que aún no ha sido evaluada formalmente.

Críticas a la Junta Provincial Electoral de Manabí

En la parte final de la entrevista, González fue más allá de la defensa de su candidatura y lanzó cuestionamientos contra la Junta Provincial Electoral de Manabí.

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La precandidata sostuvo que el organismo habría ignorado documentos que favorecen su postulación y aceptado objeciones que, a su juicio, fueron presentadas sin cumplir los requisitos legales.

Además, sugirió la existencia de intereses políticos detrás de las decisiones adoptadas en el proceso y advirtió que este tipo de actuaciones afectan la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

“Esto que ha ocurrido con Luisa González no es simplemente el caso de Manabí. Vemos una Junta Provincial Electoral que no actúa en derecho”, afirmó.

Lo que debes saber

• Las propuestas locales todavía tienen poca presencia en el escenario preelectoral.
• El rechazo político puede influir en la decisión de los electores.
• La falta de claridad sobre los planes podría afectar la futura gestión municipal y provincial.

A poco más de tres meses de la jornada electoral, los precandidatos ya buscan conectar con los ciudadanos, tanto en la esfera virtual como en la física, con la mira puesta en conquistar el voto. Expertos advierten del riesgo de que los discursos apelen a lo visceral y terminen desplazando el debate sobre las necesidades y propuestas que marcarán la elección.

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Andrés Lozano, director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, sostiene que esperar un voto completamente racional no es realista, porque la política tiene un componente emocional inevitable. Sin embargo, considera que esto no debería estar solo relacionado con el rechazo a un candidato, sino también con la expectativa que genera una propuesta para una localidad.

No obstante, en esta etapa preelectoral, según Lozano, están ausentes las propuestas que permitan conocer qué visión tienen los precandidatos para las ciudades y provincias que buscan gobernar. Por ello, uno de los principales riesgos del proceso es que las elecciones locales terminen convertidas en una suerte de plebiscito sobre la política nacional.

"La (elevada) cantidad de candidatos dificultará contrastar las propuestas y hará que la información disponible en redes termine condicionada por el alcance que tengan".Santiago González, docente de la Universidad de Guayaquil

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El mensaje político apela a las emociones

María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, plantea que en el escenario preelectoral hay un predominio de la emoción sobre el contenido programático. Carvajal estima que actualmente los mensajes de los aspirantes podrían estar compuestos en un 80% por elementos emocionales y en un 20% por propuestas, además de identificar una creciente confrontación entre candidatos.

Según la catedrática, esa dinámica construye escenarios de tensión, incertidumbre, inseguridad y miedo, que pueden resultar más efectivos para captar atención que una explicación detallada de un plan de gobierno. A su criterio, los actores políticos conocen qué mensajes generan respuesta en la ciudadanía y recurren a ellos porque tienen mayor capacidad para conectar con el público.

Pero la apelación emocional no se limitaría solo al discurso. Carvajal advierte que una dádiva o un momento de cercanía (como bingos, rifas, jornadas deportivas o comidas) no puede sustituir la ejecución de proyectos capaces de atender los problemas de una comunidad.

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El voto puede quedar atrapado en el rechazo

Para Santiago González, politólogo y docente de la Universidad de Guayaquil, la emoción seguirá teniendo una ventaja porque permite establecer una conexión inmediata con el electorado, mientras que un discurso excesivamente técnico resulta distante. El problema, dice, aparece cuando esa conexión lleva al elector a votar en contra de sus propios intereses y necesidades, en lugar de valorar lo que cada postulante propone.

González identifica, además, un electorado que ya se mueve por posiciones de rechazo o respaldo hacia ciertos sectores políticos, aunque también observa segmentos más volátiles y, en especial entre los jóvenes, una demanda creciente de explicaciones claras. Ellos, según el docente, no necesariamente leen planes de gobierno extensos, pero sí consumen contenidos digitales y preguntan qué propone un candidato y cómo lo ejecutará.

"Los medios podrían ayudar a cambiar esta dinámica si contrastan lo que ofrece cada candidato y explican qué hará, en qué tiempo y cómo ejecutará sus propuestas".María Fernanda Carvajal, consultora en comunicación política

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El riesgo puede llegar a las alcaldías

El riesgo, según Lozano, trasciende la campaña y puede trasladarse a la gestión pública. Advierte que si los electores no llevan la discusión hacia las necesidades concretas de cada localidad, el resultado podría ser tener “alcaldías desconectadas” de los requerimientos de su gente, sin un norte claro durante los cuatro años de administración.

Carvajal alerta del riesgo de que las expectativas generadas en campaña no respondan a las necesidades reales. Además de que un voto dominado por las emociones llevaría a no priorizar lo que cada candidato afirma que hará, subraya González.