Lo que debes saber

• Jaime Nebot Saadi fue alcalde de Guayaquil por 18 años, desde el año 2000 hasta 2019.
• El Partido Social Cristiano (PSC) administró Guayaquil por 31 años; su última figura en el Sillón de Olmedo fue Cynthia Viteri.
• El PSC perdió la Alcaldía del puerto principal en 2023, tras la derrota de Viteri, quien buscaba la reelección; ganó Aquiles Álvarez, quien fue candidato de la Revolución Ciudadana y RETO.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, convocó a políticos de diversas corrientes en el Centro de Convenciones de la ciudad, en el norte porteño. En ese escenario presentó su conferencia titulada ‘Un Ecuador para todos. Visión ciudadana, no partidista’.

A la cita fueron empresarios de Guayaquil y la provincia, líderes gremiales y representantes barriales. También, miembros de su organización política en la ciudad, como de otras tiendas políticas. 

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Previo al inicio del evento, en el salón se repetía a viva voz que se trataba de “un encuentro ciudadano sin afiliaciones políticas”. Entre los asistentes estuvo el cardenal Luis Cabrera, a quien Nebot le expresó que “vamos a asegurar que Dios siga bendiciendo y ayudando a los ecuatorianos, pero el trabajo que nos toca a nosotros no lo va a hacer nadie, sino el pueblo ecuatoriano”.

Voces previas y respaldos

Antes de la aparición en escena del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, una pantalla gigante proyectó varios videos introductorios. En uno de ellos apareció Jan Topic, excandidato presidencial que ha manifestado su interés por la Alcaldía de Durán.

También se dio lectura a una carta de Otto Sonnenholzner, mientras que en otro audiovisual se difundieron declaraciones de Patricio Alarcón, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Todos coincidieron en la necesidad de construir un nuevo Ecuador y en visibilizar los problemas que afectan a la ciudadanía.

“He venido a cumplir con mi deber”

Durante su intervención, Nebot aclaró que su participación no responde a intereses personales. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo.

El exburgomaestre afirmó que su presencia obedece a un compromiso con el país. “He venido simplemente a cumplir con mi deber”, enfatizó.

Ese deber, explicó, implica pensar más allá de lo individual y enfocarse en el bienestar colectivo. “Es preocuparse siempre por el presente y el futuro de los demás”.

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Seguridad y temor ciudadano

Su intervención también se centró en la seguridad y aunque reconoció los esfuerzos estatales, advirtió que estos aún son insuficientes frente a la magnitud del problema. Expresó que la ciudadanía “tiene miedo del secuestro que se ha industrializado y tiene miedo la vacuna, que ya es un problema gigante”.

El exfuncionario alertó que cinco ciudades ecuatorianas, incluida Guayaquil, figuran entre las más peligrosas del mundo. Por lo que manifiestó que “hay mucho por hacer todavía”, insistió al describir el escenario de violencia.

Según el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el temor ciudadano no se limita al narcotráfico. Aseguró que este miedo se extiende a delitos como asesinato, femicidio, violación y secuestro.

Frente a este escenario, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, planteó endurecer las penas y eliminar medidas sustitutivas para delitos graves. Además, propuso sancionar a jueces y fiscales que liberen delincuentes en contra de la ley, equiparando sus castigos a los de los infractores e inhabilitándolos de por vida para ejercer la función pública.

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Apagón en medio del discurso

Durante su intervención, el exburgomaestre también provechó para referirse a los apagones eléctricos. En medio de su discurso, el salón quedó a oscuras y solo se observaban los celulares alzados que registraban la escena.

El corte duró menos de un minuto y fue seguido por el encendido de un generador. “Esto es un boicot, esto es peor que el boicot; este es el día a día”, expresó Nebot, mientras pedía al público “no se me emocionen” ante los chiflidos.

Llamado a reformas estructurales

En materia de seguridad, insistió en que la Policía requiere respaldo integral del Estado. “La Policía sola no puede, pero sin Policía tampoco hay seguridad”, afirmó al demandar inversión en tecnología, logística y apoyo moral.

Asimismo, abordó las crisis en educación y salud y planteó la necesidad de soluciones estructurales. “Todo tiene solución”, sostuvo, al exhortar a los ciudadanos a asumir su rol en la defensa de la democracia.

Consignas al cierre

Al cierre del evento, simpatizantes corearon consignas a su favor. “Nebot, amigo, Guayaquil está contigo”, “Nebot, amigo, Guayaquil quiere que regreses” y “Nebot presidente” fueron algunas de las frases que se escucharon en el recinto.

Las claves del caso

• TCE ratificó hoy en Ecuador la suspensión de Revolución Ciudadana por presunto financiamiento irregular.
  
• Correísmo queda sin opción electoral tras fallo del Tribunal Contencioso Electoral este abril.
  
• Investigación por caso Caja Chica motivó suspensión de RC, ligada a campaña presidencial 2023.
  
  

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente de Ecuador Rafael Correa, medida adoptada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con recursos que, aparentemente, provendrían de Venezuela.

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El pasado miércoles 8 de abril, la RC solicitó a un juez electoral que levantara la suspensión, al argumentar que el fiscal general no había presentado el pedido en los términos que inicialmente se indicaron.

“¡Sinvergüenzas! No existe ley para lo que están haciendo; además, atenta contra todo principio democrático y hasta contra el sentido común”, escribió Correa (2007-2017) en un mensaje publicado en X. 

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¿Qué ocurre con el caso Caja Chica?

El exmandatario reaccionó así a la resolución que señala que, al no haberse modificado las condiciones que motivaron la sanción, “corresponde mantener su vigencia” en los términos establecidos el pasado 6 de marzo.

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Ese día, el juez del TCE Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la suspensión provisional del movimiento, al señalar que se encontraba bajo investigación por el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, dentro del caso conocido como ‘Caja Chica’.

Sin embargo, el abogado de la RC, Gabriel Rivera, aseguró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un informe que “excluye de cualquier responsabilidad por manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana”. Por ello, solicitaron a Alarcón que deje sin efecto el oficio enviado al TCE en el que se pedía la suspensión.

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Suspensión de nueve meses para la RC

La suspensión por nueve meses ya ponía en duda la participación de la RC como movimiento político en los comicios seccionales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027. 

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No obstante, hace dos semanas el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre, con el fin de evitar posibles afectaciones por un eventual Fenómeno de El Niño, lo que dejó sin margen a los correístas para postular candidaturas bajo su organización política.

Ante ese escenario, Correa llamó a sus potenciales candidatos a cargos locales a desafiliarse de la RC para evitar impedimentos en su participación electoral. 

Posteriormente, ayer viernes 11 de abril, el movimiento informó que inició un proceso nacional de reestructuración basado en su normativa interna y en el fortalecimiento territorial.

En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Rafael Correa y a otros dirigentes de la RC, bajo la presunción de que “ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, acusación que el correísmo ha calificado como una “persecución”.

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Los invitados de Nebot llegaron con antelación al evento. La mayoría lucía vestimenta semiformal.

El exalcalde apareció en el escenario a las 11:45, en medio de aplausos del público. Apenas ingresó, los asistentes se pusieron de pie en señal de respaldo.

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Nebot y su crítica al actual Guayaquil

Durante su intervención, Nebot se apartó del atril y dirigió la mirada hacia la pantalla ubicada a sus espaldas. En ella se proyectaron imágenes de obras como la limpieza del Estero Salado, la construcción de 2.000 parques, puentes y espacios recreativos.

En medio del silencio, Nebot afirmó que “un silencio elocuente es mejor que cualquier interpretación”. Sus invitados respondieron con aplausos.

Iniciativa de un nuevo aeropuerto

Nebot se refirió a la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, una obra que plantea ejecutar el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Sobre ello, señaló que “el Gobierno nacional tiene pleno derecho de construir un aeropuerto en Taura, con su plata o con la que consiga el concesionario”.

No obstante, advirtió que el proyecto presenta un problema de ubicación. “Taura queda en el cantón Naranjal, entonces el aeropuerto de Guayaquil se queda en Guayaquil y los recursos que genera deben permanecer en la ciudad”, expresó, en medio de aplausos de sus invitados.

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Recuperar Guayaquil

Por otra parte, el exalcalde manifestó que “los guayaquileños de corazón, de nacimiento, tenemos la obligación y el derecho irrenunciable de hacer que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil”. La frase marcó un llamado a recuperar la identidad y el rumbo de la ciudad.

Sostuvo que, en el pasado, Naciones Unidas declaró a Guayaquil como paradigma del progreso y ejemplo de gobernabilidad. Con ello, reforzó la idea de retomar estándares de desarrollo alcanzados en años anteriores.

Nebot evocó una ciudad segura, limpia, ordenada, altiva y solidaria, que —según dijo— pasó de ser “la Calcuta de América” a generar sana envidia en otras urbes del país y del exterior. Recordó que ese proceso se sostuvo en una ciudadanía con alta autoestima y orgullosa de su libertad política y económica.

Añadió que Guayaquil demostró que podía garantizar bienestar y dignidad para su gente. También aseguró que ese ejemplo evidenció que otras ciudades del Ecuador, sin excepción, pueden alcanzar los mismos resultados.

Finalmente, afirmó que esa “aurora gloriosa” no tolerará retrocesos. Con ello, hizo un llamado a mantener la memoria y la responsabilidad de quienes viven en la ciudad.

Lo que debes saber

• El hombre habría apuñalado al menos a tres personas. 
• Ocurrió en la estación Grand Central del metro. El agresor portaba un machete.
• Los agentes abrieron fuego luego de que el agresor ignoró las órdenes de soltar el arma. 

La policía de Nueva York mató este sábado 11 de abril a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

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El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

La policía continúa las investigaciones

El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

Lo que debes saber

• La opinión pública reacciona a la alerta de GRANASA sobre una estrategia jurídica y política, operada a través de la Fiscalía y un liquidador, para transferir el 40 % de sus acciones al Estado sin que exista una notificación legal a los involucrados.
• Juristas y periodistas respaldan a EXPRESO y EXTRA por posible impacto en libertad de expresión y democracia.
• GRANASA advierte presión política mediante Fiscalía; hasta este sábado 11 de abril no hubo notificaciones oficiales.

La eventual denuncia que habría presentado Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado, en contra de los directivos de Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, ha causado reacciones en la opinión pública, debido al posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la firma ecuatoriana.

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En redes sociales, juristas, activistas y periodistas expresaron su respaldo a GRANASA y han alertado sobre la afectación de la eventual acción legal en contra del derecho a la libertad de expresión y la democracia. 

El abogado Julio César Cueva dijo que "apoyar la libertad de expresión no es opcional en una democracia, es un deber. Por eso mantengo mi suscripción a @Expresoec y aliento a todos los libre pensadores y ciudadanos de bien a hacer lo mismo o a suscribirse.Una prensa libre es pilar esencial de un Estado libre. Hoy más que nunca, es momento de respaldar todas las libertades", escribió en la red social X.

Una opinión similar la manifestó el jurista y exasambleísta, Jorge Peñafiel, quien en sus redes sociales exhibió un mensaje de respaldo: "La presión y el acoso a la prensa independiente. Solidaridad con el diario".

En la misma línea, el abogado y expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, lamentó que el Ministerio Público sea usado en contra de la prensa. "Para variar el Gobierno usa a la Fiscalía de bolsillo para perseguir a las voces críticas. Solidaridad con @Expresoec", indicó.

El periodista Jean Cano, en cambio, cuestionó la arremetida del Gobierno contra las empresas y trabajadores de los medios de comunicación.

"Estas batallas serían más difíciles para los funcionarios que pretendan destacar de forma equivocada (incluso delincuencial) en un régimen con mayor fuerza gremial de las empresas y trabajadores de la prensa. Es necesario repensar, revivir o reconstruir esos espacios", escribió.

Las organizaciones de la sociedad civil también difundieron la alerta. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, publicó el comunicado de GRANASA.

Mientras que el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador (ODJ) expuso el pronunciamiento y en su mensaje indicó que "la alerta sobre la presentación de una nueva denuncia penal en contra de sus directivos se suma a la cadena de actos de hostigamiento y amedrentamiento hacia la empresa por parte de las autoridades".

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GRANASA denuncia intento por tomarse sus acciones

Las reacciones se producen en un momento en el que GRANASA ha expuesto ante la opinión pública la eventual denuncia que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación. 

Hasta la mañana de este 11 de abril de 2026, ninguno de los directivos mencionados en una plataforma digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales. El virtual documento que trascendió en redes sociales tampoco estaba disponible en Fiscalía.

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De acuerdo con el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.

Lo que debes saber

• Perú vota este domingo 12 en unas elecciones marcadas por la incertidumbre, la fragmentación y el hartazgo ciudadano tras años de crisis política.
• Con 35 candidatos y ninguno superando el 14 % en intención de voto, el país enfrenta un escenario impredecible donde millones decidirán a última hora.
• La inseguridad domina el debate, impulsando propuestas polémicas.

Perú, un país sumido en la volatilidad e inestabilidad política al llevar ocho presidentes desde 2016, celebra este domingo 12 de abril sus nuevas elecciones generales sin un horizonte claro que le permita ver la salida a esta espiral de crisis y con una gran incertidumbre sobre los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta.

Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas para escoger entre 35 candidatos presidenciales, un récord absoluto en su historia electoral que lleva a una gran fragmentación del voto, al punto de que ningún candidato supera el 14 % en la intención de voto, según las últimas encuestas realizadas.

Márgenes ajustados

Con márgenes tan ajustados, nada está dicho en una votación donde un importante sector de electores decidirá el sentido de su voto en el último minuto, abrumado por una extensa papeleta que incluye cinco elecciones simultáneas: presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.

El auge de la criminalidad es la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones, de modo que la campaña electoral ha girado sobre medidas contrarias a los derechos humanos como salirse del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte y "jueces sin rostro" (encubiertos).

Cuarto intento de Fujimori

En su cuarta candidatura presidencial, tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), promete "orden" como tuvo Perú con su padre, que fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

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"Ninguno convence": el voto joven y decisivo en las presidenciales de Perú

Agencia AFP

En los últimos días ha tenido un ascenso fulgurante el exalcalde de Lima (1990-1995) Ricardo Belmont (Obras), un empresario de 80 años, que exhibe un pensamiento que mezcla lo conservador con lo social, y que ha conectado con un electorado desencantado, en un fenómeno similar al del izquierdista Pedro Castillo en 2021.

También está acaparando parte del voto protesta el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), una figura de la televisión peruana que ha imitado a políticos durante más de tres décadas y que ahora ha dado el salto a la arena política con un proyecto de derecha, lo que le ha llevado a ser comparado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Asimismo, lucha por alcanzar la segunda vuelta el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato y líder del partido ultraderechista Renovación Popular, conocido popularmente como 'Porky', un profeso católico miembro del Opus Dei y admirador del presidente estadounidense, Donald Trump.

El alfil de Pedro Castillo

Desde la izquierda emerge Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), exministro de Castillo, al que promete liberar de su condena por su intento de golpe de Estado para retomar su proyecto político, con el que sigue identificada una considerable parte de los peruanos que considera que las élites políticas y económicas no le dejaron gobernar.

Asimismo, todavía está abierta la herida que generaron los más de 50 muertos que dejó la represión a las protestas sucedidas tras el encarcelamiento de Castillo y el ascenso al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025), quien se congració con las fuerzas dominantes en el Legislativo, a lo que sus rivales denominan el "pacto mafioso".

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¿Por qué Perú tuvo 8 presidentes en 10 años? El origen de la crisis política

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Nace un nuevo Senado

Después de estas elecciones, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, creado por el actual Legislativo en contra de lo votado en un referéndum en 2018, donde el 'No' a tener dos cámaras ganó con un 90,5 % de votos válidos.

Así, Perú también escogerá 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino.

El nuevo Senado no podrá ser disuelto por el presidente, por lo que los analistas anticipan que de estas elecciones saldrá un presidente débil frente a un Parlamento con mucho poder, lo que posiblemente alargue la inestabilidad y la sucesión de presidentes. 

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Por unanimidad, los diez integrantes de la mesa legislativa, entre ellos los oficialistas de Acción Democrática Nacional (ADN) y los correístas de la Revolución Ciudadana (RC), votaron a favor de la moción que presentó Xavier Ordóñez en la que se planteaba aprobar el informe.

Durante la sesión, la presidente de la Comisión, Lucía Jaramillo destacó que los asambleístas opositores hayan decidido apoyar la aprobación del informe del acuerdo, lo que permitirá que la "pitahaya, palmito, entre otros productos ecuatorianos, se dejen conocer en las perchas de Corea del Sur, país que tiene poder adquisitivo muy elevado".

Según Jaramillo, el convenio "traerá más producción para agricultores, mientras ellos nos ofrecerán tecnología, permitirá que pequeño agricultor pueda competir en mejores condiciones y que los productos se den a conocer en el mundo, no solo países hermanos como Colombia y Perú, generará más empleos".

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Ahora el informe será remitido al presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien convocará a la sesión del Pleno, en donde los legisladores deberán decidir si ratifican el informe.

El deterioro de la infraestructura obliga a los usuarios a emplear cartones y cuadernos para abanicarse en medio de sus sesiones médicas.

Guayaquil

Asesinan a jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil

Valeria Alvear

Infraestructura hospitalaria en crisis

Un usuario denunciaba con su celular en mano que la maquinaria de diálisis necesita operar a una temperatura inalcanzable ante los daños reportados.

"No vale el aire acondicionado, los caballeros tienen que sacarse hasta los zapatos por el calor. Esto es inhumano", relató uno de los pacientes en el área afectada. En su intervención, el usuario alertó a las autoridades del IESS sobre personas fallecidas por complicaciones de hipertensión derivadas de este sofocón y exigió respuestas a la cúpula del seguro social.

Contraste con el discurso oficial

La queja ciudadana se hace pública en paralelo a las gestiones administrativas del Ejecutivo, que se manejan desde un enfoque hermético. La vicepresidenta María José Pinto lideró una mesa técnica interinstitucional para dar seguimiento al Decreto Ejecutivo 318, el cual dispone la intervención temporal de esta casa de salud.

Sin embargo, el comunicado gubernamental no detalla plazos ni acciones inmediatas para resolver el colapso del área de diálisis o la reparación de los equipos. El boletín oficial se limitó a informar que se busca garantizar la continuidad de los servicios y la transparencia, a través del trabajo coordinado con ministerios como Interior y Defensa.

Mientras las autoridades anuncian la elaboración de informes periódicos para monitorear los avances de la intervención, en las camillas del Teodoro Maldonado Carbo el reclamo apunta a la vulneración de los derechos constitucionales. Las goteras agudizan el malestar de los afiliados, quienes denuncian que los techos falsos están a punto de ceder durante las precipitaciones.

"Estamos cansados de ir a la gerencia y tener que venir con la misma cara, que ya está listo el presupuesto. Hasta de Quito han venido a hacer inspecciones y esto sigue igual", sentenció el denunciante.

Lo que debes saber

• Carlos Serrano renunció como viceprefecto del Guayas y lo confirmó con un video en redes sociales con imágenes de su gestión.
  
• Aseguró que su salida responde a coherencia con el binomio junto a Marcela Aguiñaga, quien dejará el cargo en mayo 14 del 2026.
  
• Carlos Serrano dejó abierta la puerta a nuevos proyectos políticos y públicos, afirmando que continuará trabajando por la gente.

Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto del Guayas, anunció su renuncia al cargo el pasado 10 de abril, en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados en la administración provincial. Aunque la noticia se conoció durante la mañana, fue en horas de la tarde cuando el funcionario la oficializó mediante un video publicado en su cuenta de X.

El material audiovisual estuvo acompañado de imágenes de su gestión, recorridos en territorio y momentos compartidos con ciudadanos de la provincia, así como con la prefecta Marcela Aguiñaga. En este contexto, Serrano transmitió un mensaje de despedida en el que destacó la coherencia como uno de los pilares de su decisión.

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Marcela Aguiñaga envía mensaje a Carlos Serrano tras su renuncia a la Prefectura del Guayas

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El mensaje de Carlos Serrano tras su renuncia

“Llegué como parte de un binomio junto a Marcela Aguiñaga… Si llegamos como binomio, nos retiramos con la misma unidad”, expresó, al explicar que su salida responde también a la decisión previamente anunciada por la prefecta, quien dejará el cargo el próximo 14 de mayo.

En su mensaje, Serrano señaló que su paso por la institución concluye con la sensación de haber cumplido con sus responsabilidades. Indicó que durante su gestión se priorizó el trabajo en territorio y la supervisión de proyectos en sectores donde, según dijo, antes no se tenía presencia constante.

Asimismo, mencionó que varias iniciativas quedan encaminadas, entre ellas programas vinculados al desarrollo social y productivo de la provincia. Según afirmó, estos proyectos deben mantenerse en el tiempo al haber sido concebidos con enfoque ciudadano.

Uno de los puntos más relevantes de su intervención fue la referencia a su futuro. Serrano dejó abierta la posibilidad de continuar en la vida pública: "Mi camino continúa. Tengo planos en mi vida personal y en la vida política y pública", manifestó, sugiriendo que su salida no implica un retiro definitivo del escenario político.

¿Quién es Carlos Serrano?

Carlos Serrano, de 49 años, cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado. Antes de asumir la Viceprefectura, fue concejal de Samborondón durante dos períodos consecutivos, entre 2009 y 2019, representando principalmente a zonas rurales.

Durante ese tiempo, se promovieron iniciativas orientadas al desarrollo agrícola, ganadero y al fortalecimiento del emprendimiento local.

Su rol como viceprefecto lo posicionó como el segundo al mando dentro de la administración provincial, participando en la ejecución y seguimiento de proyectos en distintos cantones del Guayas.

Prefectura se queda sin sus referentes

La renuncia de Serrano se da en paralelo a la salida anunciada de Marcela Aguiñaga, lo que ha generado un escenario de incertidumbre institucional en la Prefectura. Ambas decisiones han intensificado la atención ciudadana y política sobre el futuro de la administración provincial.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién asumirá las funciones que quedan vacantes tras estas dimisiones, ni cómo se desarrollará el proceso de transición en la entidad.

Este contexto plantea desafíos para la continuidad de obras y programas en marcha, en una provincia donde la estabilidad institucional es clave para sostener la ejecución de proyectos públicos.

Lo que debes saber

• El ciudadano reacciona cuando las políticas afectan su vida cotidiana. El aumento del IVA en ciertos productos podría generar desgaste al Gobierno, dice Simon.
• Las opiniones están divididas en torno al caso Aquiles Álvarez: unos creen que es culpable y otros que hay venganza y no justicia.
• Sectores de la academia e intelectuales ven el riesgo del autoritarismo, es importante evitar el silencio.

Farith Simon es profesor de la USFQ y suele opinar sobre temas relacionados con justicia y política en Ecuador. En una entrevista advierte que en el país hay un creciente distanciamiento entre ciudadanía y política, marcado por la urgencia de sobrevivir y la pérdida de confianza en la democracia.

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Los periodistas y los analistas estamos pendientes de la coyuntura. ¿Será que el ciudadano común se enteró de que el CNE pasó las elecciones de febrero para noviembre?

Desde hace algunos años hay desgaste de la política a nivel social, se observa una distancia entre política y vida cotidiana. La obvia prioridad es la sobrevivencia y la seguridad. La gente mira la política en tanto afecta su interés concreto, económico o personal.

¿En qué está pensando el ecuatoriano ahora?

En tener algo que llevar a su mesa, en no ser asaltado, violado, asesinado o extorsionado. La política como acción de toma del poder está distante de las personas. Hace mucho tiempo, la gente no está defendiendo la democracia como un valor en sí mismo, como algo muy valioso.

¿Por qué ya no hay movimientos tipo los forajidos?

Porque el ciudadano no encuentra en esta democracia la respuesta a sus necesidades. En abstracto no hay defensa. Años atrás hemos tenido reacciones concretas movidas por políticos. Una vez se dijo que el movimiento de los forajidos era espontáneo, normalmente se mueve por la misma política. Sin partidos fuertes y organizados y con problemas económicos, violencia y más es complejo.

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Suele decirse que la gente 'protesta' a través de las redes.

Las redes pusieron en evidencia los radicalismos, versiones moderadas no generan likes o seguidores. No creo que las redes desmovilizaran, pero generan la falsa sensación de movilización. Aunque, hay relatos recientes como los de la Primavera Árabe, sobre cómo las redes fueron factores de movilización.

¿Por qué las marchas tienen poca concurrencia?

Hay desgaste de muchas organizaciones. En el último levantamiento indígena se focalizó, se hizo totalmente territorial. Tiene que ver con los resultados, sino se consigue lo que se espera o quien acude se siente usado, deja de movilizarse.

Que cambie de signo político el autoritario no lo hace mejor. El poder que crece sin límites encuentra una barrera.Farith Simon/ catedrático universitario

¿Decir que quienes protestan son terroristas juega en contra de la movilización ciudadana?

Hay desprestigio provocado desde el poder. El relato es que no son movilizaciones ciudadanas sino instrumentos de alguien. Pero no solo eso desmoviliza, esto eso, la descalificación y la necesidad de enfocarse en cómo sobrevivir.

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Si bien quizás, el ciudadano no está pendiente del CNE, ¿qué pensará del encarcelamiento del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

Hay quienes efectivamente creen que pudo haber cometido un delito. El tema es pareciera que no se hace justicia sino venganza, o lo que está pasando contra la Corte Constitucional. Hay como la idea de que el Estado persigue y no que hace justicia.

El presidente Daniel Noboa, en algunas entrevistas, se ha referido a un “alcalde criminal”. ¿Pesa?

Todos esos discursos de presión, con el toque de queda y Aquiles son propaganda política, racionalmente no se sostienen con estadísticas. Creo que la gente tal vez no se compra totalmente el discurso, pero si hay sectores en los que pega la idea.

¿El aumento del IVA podría sí es un tema que incide en la vida cotidiana?

Hay un sector que se indigna en abstracto por autoritarismo, por violar el principio de legalidad en materia tributaria. Y en concreto, el efecto en la vida cotidiana de sectores populares, no de clase media, posiblemente generará resistencia e indignación.  

Aunque se justifique con instrumentos de comunicación, hay un acumulado. Hemos visto en otros momentos de la historia que el error y la rectificación desgastan.

¿En qué sectores se empieza a hablar del riesgo del autoritarismo?

Sectores intelectuales, la clase media empieza a ver, a tener conciencia de que vivimos un período de autoritarismo y que el nivel de control, de poder, que busca Noboa es peligroso y que el fin no justifica medios.

Las alertas en Ecuador

En el país, decisiones de gran impacto se registran. En medio de la urgencia por subsistir, los analistas creen que se ha normalizado la vulneración de derechos e inclusive la falta de control social. Entre otros:

¿Quién es Farith Simon?

Doctor en Nuevas Tendencias del Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue decano del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, de donde es profesor.

Partidos no representan posiciones claras. Los comicios son espacios para individuos, no para ideas políticas, hoy.Farith Simon/ catedrático 

Lo que debes saber

• Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de Celec ante la justicia de EE. UU. por caso Progen.
• Legisladores denuncian que informes de fiscalización sobre Progen de 2025 siguen sin tratarse en el Pleno.
• Oposición señala a ministros del Gobierno como responsables de irregularidades en proyectos eléctricos.

La intención de la subcontratista Astrobryxa de declarar confidencial la información sobre la demanda de Celec en EE. UU. genera alarmas en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo asegura que su labor de fiscalización terminó, la oposición denuncia bloqueos y opacidad en un proceso que involucra recursos públicos y presuntas irregularidades de ministros.

Justicia

Caso Progen: Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de CELEC en Estados Unidos

Richard Josue Jimenez Mora

El silencio de la Comisión de Transparencia ante la confidencialidad

EXPRESO intentó contactar a los integrantes de la Comisión de Transparencia, mesa que fiscalizó el caso Progen en 2025, para obtener comentarios sobre posibles acciones. Sin embargo, solo tres de los diez legisladores respondieron a los requerimientos enviados por mensajes y correos.

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Desde la bancada oficialista de ADN, el asambleísta Jorge Chamba sostiene que el Legislativo ya cumplió con su responsabilidad a través del proceso de fiscalización previo. “Nosotros como miembros de la comisión ya nos pronunciamos sobre este tema. Será la justicia que debería actuar en función de los procesos en marcha”, afirmó.

Informes de fiscalización: Entre mayorías y responsabilidades políticas

En contraste, la legisladora Germania Romero, del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la legitimidad de las actuaciones anteriores: “no se puede llamar fiscalización a un proceso que, ADN y principalmente la presidenta de la comisión Diana Jácome ha llevado de manera oculta del pueblo ecuatoriano”.

Respecto a la opacidad de la demanda de Celec en el exterior y el reciente pedido de confidencialidad de Astrobryxa, Romero considera que el tema debe ser de interés para la comisión. No obstante, advierte que cualquier iniciativa legislativa sería bloqueada inmediatamente por el oficialismo.

Justicia

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Por su parte, los asambleístas Blasco Luna y Guido Andrés Mendoza recordaron que el informe de fiscalización aprobado en diciembre de 2025, junto con su respectivo informe de minoría, aún no ha sido conocido por el Pleno de la Asamblea.

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El informe de mayoría, impulsado por el oficialismo, incorporó exámenes especiales de la Contraloría e investigaciones de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, no determinó responsabilidades políticas en la fallida contratación de Progen.

En contraposición, el informe de minoría detalló presuntas irregularidades cometidas por autoridades del Gobierno Nacional en el proceso de contratación para proyectos de generación eléctrica. A diferencia de la tesis oficialista, este documento señaló como posibles responsables políticos a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Antonio Goncalves, exministro de Energía; e Inés Manzano, actual ministra de Ambiente y Energía.

La justicia de EE. UU. como única fuente de claridad

Para Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), el desinterés del oficialismo profundiza la opacidad que ha rodeado al caso desde sus inicios. Sobre la posible reserva de la demanda en EE. UU., Ramírez sostiene que es imperativo que Ecuador, a través del Ejecutivo o la Asamblea Nacional, exija transparencia para permitir el ejercicio de la contraloría social.

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Finalmente, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que la ciudadanía está obteniendo más información a través de la justicia estadounidense que de las propias autoridades locales. “Quizá por ello algunos están buscando que esto sea confidencial. Es un tema nacional y que involucrar recursos públicos. Aunque esto está en otra jurisdicción, muy bien el gobierno puede argumentar que esto se maneje de forma totalmente transparente”, concluyó.

Lo que deberías saber

• La decisión de Daniel Noboa de extender el feriado del 1 de mayo busca reducir presión social y contener marchas sindicales en varias ciudades, según expertos.
• Medidas del Gobierno responden a objetivos políticos, electorales y fiscales: analistas advierten contradicciones y riesgo de incertidumbre.
• El IVA en alimentos será uno de los reclamos en la marcha del Día del Trabajador.

El presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones antipopulares como aplicar el IVA a ciertos productos alimenticios, una medida que generó molestias por un posible impacto en la canasta básica. Sin embargo, como respuesta, hizo anuncios que generaron simpatía al extender el feriado del 1 de mayo y ampliar el plazo para entregar la compensación a los transportistas por el alza del diésel.

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Han sido medidas con las dos caras de la moneda: populares e impopulares. Parecerían contradictorias o que buscarían paliar las críticas, pero más bien, según expertos, responden a tres objetivos: político, electoral y fiscal.

Compensaciones y feriado contra protestas

El analista político, Matías Abad, dice que las decisiones recientes del Gobierno son reactivas y apuntan a evitar posibles manifestaciones de sectores sociales. 

“Responden a una administración de las tensiones, más que por una estrategia económica coherente. Por un lado, vemos que extiende las compensaciones, feriado, disminución del IVA al sector turístico que, se entienden, buscan contener ciertos conflictos inmediatos, diluir las posibles marchas y salida a las calles por el 1 de mayo. En general, tratan de reducir la presión social y pretenden evitar la apertura de nuevos frentes de conflicto. Por otro lado, hace ajustes del IVA y aumenta los aranceles con Colombia, lo que podría generar especulación o trasladar el costo al consumidor final. Son medidas reactivas desde lo político porque no hay una línea económica clara”.

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Preocupación por las elecciones

Según Gabriela Guerrero, politóloga y máster en comunicación política, el objetivo de esas medidas tiene, además, un matiz electoral. “Intenta desactivar las amenazas de paralizaciones por parte de gremios. Al Gobierno le interesa hacerlo porque estamos entrando a elecciones y no le conviene manifestaciones ni alzas de precios”. 

También observa que, en el caso de las decisiones frente a Colombia, existe una respuesta alineada a su socio: Estados Unidos. “Tiene que ver con las elecciones futuras que habrá allá. Si bien Ecuador no es un país trascendental en torno a esas votaciones, sí es un aliado estratégico de Estados Unidos y podría ser un mecanismo de presión hacia el otro lado. Podría ser una estrategia conjunta de los gobiernos aliados de los EE. UU.”, opina.

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Cuidar la imagen fiscal

El consultor político Rafael Silva sostiene que otro de los objetivos sería proyectar una buena imagen para obtener mejores condiciones en el mercado internacional. 

“Mantener la capacidad de pago, mostrarse cooperante al implementar el IVA, mientras que, las medidas en un contexto doméstico, responden a un tema estratégico, es una especie de bálsamo para controlar la inconformidad y cubrir así las acciones impopulares”, acota.

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¿Las decisiones de Noboa funcionarán?

No obstante, considera que el Gobierno tendría que ajustar el argumento para sostenerlas. Silva recuerda que el incremento del IVA, del 12 al 15 % obtuvo cierto respaldo porque se lo justificó como una decisión para brindar mayor seguridad en el 2024. “Ahora esta narrativa está desgastada”, indica.

Guerrero coincide: “Ecuador ha sido un país que ha vivido de medidas públicas populistas. Podrán durar si están justificadas y si el Gobierno logra comunicar bien esa política. Le tendrá que durar para estas elecciones y hasta que resistan los gremios”, menciona.

Abad, por su parte, ve un riesgo en estas decisiones. “En ese afán de estabilizar a corto plazo, más bien empieza a incrementar la incertidumbre y eso genera mensajes contradictorios a los mercados internacionales y de financiamiento”.

Manifestaciones se organizan, pese a feriado

La decisión de ampliar el plazo del feriado por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, no alteró la organización de las marchas convocadas por las centrales sindicales del país. 

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, ratificó que las movilizaciones se realizarán en las distintas ciudades el 1 de mayo. 

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“No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemora la lucha por las 8 horas de trabajo”, expresó. Otras organizaciones, como la UNE, confirmaron que se sumarán a esta marcha para rechazar el cobro del IVA en ciertos alimentos, el ajuste de la jornada laboral, así como la aprobación de las leyes Minera y la reforma al Cootad, que han sido cuestionadas.

Contexto

Las medidas coinciden en un escenario político que mezcla la organización de las elecciones y distintos procesos contra autoridades locales.

Lo que debes saber

• Ecuador y Colombia están al borde de una guerra comercial. Los aranceles del 100 % amenazan con romper 60 años de relación.
• Ambos países imponen aranceles del 100 %, aunque Colombia hará excepciones. El comercio bilateral ya pierde más de $800 millones.
• Gustavo Petro amenaza con salir de la Comunidad Andina y acercarse a otros bloques como Mercosur.

Más de 60 años de relación comercial entre Ecuador y Colombia están por ‘caer a un abismo’. La pugna arancelaria no ha hecho más que escalar y el pasado jueves alcanzó un nuevo pico con el anuncio del presidente Daniel Noboa de elevar los aranceles al 100 % a los productos colombianos, lo que generó que el país vecino adopte una medida similar, al incrementar su tasa del 30 % al 100 %, aunque solo sea a ciertos productos ecuatorianos. Esto, “ante el agotamiento de todos los esfuerzos diplomáticos”. 

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Colombia sube aranceles al 100 % a productos ecuatorianos en represalia por medida de Noboa

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Tras el anuncio, este 10 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la medida en una nueva resolución, en la que establece que el cobro de la tasa del 100 % comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de mayo de 2026. Colombia, por su parte, no ha anunciado fechas, a la espera de trámites aduaneros internos. Sin embargo,  Gustavo Petro, presidente de Colombia, adelantó que la medida no se aplicará en la "producción ecuatoriana que es necesaria para Colombia". Esta ingresaría con 0 % de arancel.   

El presidente Noboa, a través de su cuenta de X, ha justificado el nuevo incremento (la tasa arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50 % desde marzo de este año) ante la falta de un acuerdo con el gobierno de Petro para fortalecer los controles en la frontera. “Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo.

No obstante, esta política no solo amenaza con aniquilar definitivamente el comercio bilateral, sino también con sacudir los cimientos de la integración regional, tras la advertencia de Colombia de retirarse de la Comunidad Andina (CAN).

Una amenaza a la integración regional

El primer gesto del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue calificar el alza como “una monstruosidad”, una decisión que, añadió, representa el final del Pacto Andino para su país y en ese sentido adelantó su decisión de abandonar la Comunidad Andina (CAN) en favor de otros bloques regionales, como Mercosur. Según Petro, la imposición de estas barreras económicas rompe los principios de integración que sostienen el bloque. “Nada hacemos ya allí”, dijo el presidente tras conocer el endurecimiento de esta restricción comercial que, en casi tres meses de vigencia, según datos de la Cámara Colombo Ecuatoriana, ha generado un perjuicio económico bilateral de más de $ 800 millones.

Desde el sector empresarial ecuatoriano, pese a la afectación millonaria que esto implica, las reacciones se mantienen con cautela ante un Gobierno que ha decidido no dar marcha atrás en esta política, a la que atribuye resultados positivos: desde que se tomó esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 %, dijo Noboa, y, por primera vez en la historia, el país logra tener un superávit comercial con Colombia, sin matizar que ese resultado es producto de un desplome de las ventas y no de una extraordinaria productividad.

Tras la medida, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) señaló, a través de un comunicado en redes, que mantiene su preocupación por la seguridad nacional y reiteró su “firme postura de cara a los efectos que esta medida tendrá sobre el ya disminuido comercio entre ambas naciones y la sostenibilidad de la Comunidad Andina”. Además, llamó a un diálogo urgente como el único mecanismo de solución.

Economía y negocios

Aranceles a Colombia: una guerra comercial irracional

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Arancel del 100 %, "una medida absurda y desproporcionada"

Una reacción más firme vino desde Colombia. Oliva Diazgranados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, calificó la medida como “absurda y desproporcionada”, y aseguró que solo tiene como fin terminar de aniquilar lo que queda del comercio bilateral.

Diazgranados vincula el tema con factores políticos. El anuncio, recuerda, llega tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político”. Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como una injerencia en asuntos internos.

“Estamos de acuerdo en que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa puede estar tomando represalias por temas que son políticos”.

Ecuador compra anualmente cerca de $ 1.900 millones en productos colombianos y vende a ese país cerca de $ 900 millones. Una tasa del 100 %, dijo Freddy Cevallos Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), hará que el comercio entre ambas naciones se deteriore.

Se espera que productos como medicinas, carros y artículos de aseo y cosméticos que llegan de Colombia se vuelvan “comercialmente inviables”, que Colombia oficialice un arancel similar y que, por ende, se deje de exportar e importar, porque con precios tan elevados nadie va a comprar.

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Intercambio comercial

Comercio. Más de 2.800 empresas colombianas se afectan con la política arancelaria, frente a un grupo de 902 empresas ecuatorianas que envían sus productos hacia ese mercado. El año pasado, el intercambio alcanzó los $ 2.481 millones.

Balanza. Según gremio colombianos, en dos meses de pugna, las exportaciones colombianas cayeron un 21 %, mientras que la importación de productos ecuatorianos creció un 20 %, invirtiendo una tendencia en la balanza.

Lo que debe saber

• Ante la ola de especulaciones que vinculaban su salida con posibles investigaciones de la Fiscalía, Marcela Aguiñaga optó por una respuesta visual: una foto con su esposo hospitalizado.

Marcela Aguiñaga sacudió el panorama político de Ecuador al presentar su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas. Tras semanas de rumores sobre las razones de su salida, la funcionaria eligió sus redes sociales para enviar un mensaje que muestra el cuidado de su familia como la razón para abandonar la vida pública.

Una fotografía para enfrentar las especulaciones

Ante las teorías que vinculan su salida con investigaciones judiciales, Aguiñaga difundió una imagen a través de su cuenta de Instagram para ratificar su postura. En la fotografía aparece su mano junto a la de su esposo, Mauricio Guim, quien lleva un brazalete de identificación hospitalaria. Con este registro visual, la líder política busca demostrar que su retiro responde a una crisis médica de su pareja y no a un intento de evasión frente a las presiones del Gobierno Central o la Fiscalía General del Estado.

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El debate sobre posibles procesos legales

A pesar del mensaje emotivo, sectores de oposición y analistas locales mantienen dudas sobre el momento exacto de la dimisión. Los detractores de su administración, que incluyen a Rafael Correa, señalan que la salida podría ser una maniobra estratégica para enfrentar futuros procesos de fiscalización sin la exposición mediática que conlleva el cargo. 

Aunque todavía no existe una notificación de instrucción fiscal que relacione su renuncia con una causa penal específica, el clima de tensión en Guayaquil persiste debido a las auditorías que organismos de control realizaron a su gestión en meses pasados.

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Susana González perfila su candidatura a la Prefectura del Guayas con un video desde el despacho

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Transición de mando en la provincia

La salida de la funcionaria activa de inmediato los mecanismos de sucesión previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Mientras la provincia cambia de mando, el debate en plataformas digitales permanece dividido entre la solidaridad por la situación de salud de Guim y la exigencia de transparencia sobre los motivos políticos de este paso al costado.

Lo que debe saber

• Denuncia: GRANASA alerta sobre una estrategia jurídica y política, operada a través de la Fiscalía y un liquidador, para transferir el 40 % de sus acciones al Estado sin que exista una notificación legal a los involucrados.

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre un posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la empresa. La advertencia surge tras la difusión en redes sociales de una supuesta denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado.

La compañía calificó este hecho como un "nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento" que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación. Hasta el momento, ninguno de los directivos mencionados en la publicación digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales.

Antecedentes de intervención y presión estatal

Esta nueva alerta se suma a la compleja situación legal que atraviesa la empresa, la cual permanece bajo intervención de la Superintendencia de Compañías. Según los directivos, las presiones políticas no son recientes, pues anteriormente enfrentaron "falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos", además de lo que califican como una "ilegal intervención" administrativa.

El entorno de conflicto escaló tras la filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). El ente recaudador difundió datos sobre una presunta defraudación tributaria, acción que la defensa de la empresa interpreta como parte de una estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica.

Justicia

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El rol de la empresa Veranera

La supuesta denuncia que originó la alerta proviene del liquidador de la empresa Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio. Según el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.

Ecuador

Carmigniani en CNN: “Intentan tomarse los medios por la vía de la propiedad”

Flor Layedra Torres

Defensa de la libertad editorial

GRANASA enfatizó que mantendrá su postura frente a lo que considera un atropello a la propiedad privada y a la libertad de prensa en Ecuador. La compañía hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen el proceso, al considerar que la independencia de sus medios está en riesgo ante la pretensión estatal de tomar el control accionario.

Lo que debes saber

• Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano llegaron juntos a la Prefectura del Guayas, tras ganar las elecciones en 2023, con el apoyo de la Revolución Ciudadana. 
• Marcela Aguiñaga anunciaron sus renuncias a sus cargos. Aguiñaga indicó que por motivos familiares y Serrano tendría otros proyectos políticos. 
  
• Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el futuro de la institución y quiénes quedarán al frente de la prefectura del Guayas desde el 15 de mayo. 

Este viernes 10 de abril se confirma un nuevo movimiento en la Prefectura del Guayas. Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto, anunció su renuncia al cargo, generando nuevas reacciones en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados.

Horas después de conocerse la decisión, el propio Serrano hizo pública su dimisión a través de su cuenta en la red social X , donde expuso los motivos de su salida. En su mensaje, el funcionario oficializó su decisión de apartarse de la Prefectura, en un contexto en el que ya se preveían ajustes en la estructura institucional.

Ecuador

La prefecta Marcela Aguiñaga anuncia nueva carretera en Playas con controversial video

Freddy Josue Andrade Andrade

"¡Guayas, mi respeto y gratitud! Ustedes ya me conocen… nos volveremos a ver", dijo Serrano en su cuenta de X.

La reacción no se hizo esperar. La prefecta Marcela Aguiñaga también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la renuncia de quien era su segundo al mando. 

En un mensaje cargado de tono personal, la autoridad provincial expresó su postura frente a la decisión de Serrano, dejando ver una mezcla de reconocimiento y reflexión sobre el momento que atraviesa la institución.

Dudas e incertidumbre en la Prefectura del Guayas

Aunque no se han detallado públicamente todos los factores detrás de la renuncia, el hecho se produce en un momento clave para la Prefectura del Guayas. Cabe recordar que Aguiñaga ya había anunciado días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, tras comunicar su decisión de no continuar en funciones.

Este doble movimiento, la salida anticipada de la prefecta y la renuncia del viceprefecto, ha intensificado la percepción de inestabilidad en la administración provincial, generando interrogantes sobre la continuidad de proyectos y la transición de mando.

Guayaquil

Remoción de Aquiles Álvarez: Concejal señala que pedido de destitución fue enviado desde el Gobierno

Freddy Josue Andrade Andrade

Por ahora, no se han anunciado oficialmente los pasos a seguir dentro de la estructura de la Prefectura, ni quién asumirá las funciones que quedarán vacantes tras estas decisiones.

La situación mantiene la atención de la ciudadanía y del ámbito político, en un contexto donde la estabilidad institucional resulta clave para la ejecución de obras y programas en la provincia del Guayas.

El reclamo para destituir al alcalde Aquiles Álvarez reposa en la Comisión de Mesa. Casualmente, López milita en la misma tienda política que hoy tiene -y asumiría por sucesión- el poder de Guayaquil si prospera el proceso legal.

Ecuador

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Carlos Isaac Pino

Entrevista con el abogado David López

— Usted es de Gualaceo, reside en Quito, tiene un cargo público en Conagopare. Y con esa agenda, usted vino el miércoles a presentar una denuncia a las 10:00 para iniciar el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez. ¿Usted pidió permiso para venir acá y cómo financió este viaje?

— Efectivamente, yo financié el viaje con mis propios medios económicos, pedí permiso también a la institución, licencia sin sueldo. Yo soy de Gualaceo, resido en la ciudad de Quito, sin embargo, soy ciudadano del Ecuador. Si tenemos estricto apego a la norma, el artículo 336 del Cootad dice: cualquier persona podrá presentar la denuncia con la cual se inicia el proceso de remoción.

— Usted también es militante de RETO y la autoridad vinculada a ese movimiento, la alcaldesa subrogante, asumiría igual el cargo si prospera la remoción. Considerando que la Alcaldía seguiría en manos de su mismo partido, ¿cuál es el objetivo de esta acción legal?

— Soy un militante de RETO, soy fundador del movimiento y creo que lidero la mayoría de la Asamblea Nacional del movimiento, que es el máximo órgano del mismo. Como movimiento se tiene que asumir una responsabilidad de la situación que vive la Alcaldía de Guayaquil. El alcalde Álvarez se encuentra privado de la libertad ya dos meses y esta situación genera inseguridad jurídica total, interrumpe obras y afecta a la administración de la ciudad. No importa si la vicealcaldesa es de la misma línea del señor Álvarez, del señor Chávez o si yo no la comparto; no importa, se tiene que cumplir la ley.

La sombra del Gobierno y los cálculos políticos

— Pero usted tiene cierto historial de oposición con Raúl Chávez dentro de RETO. ¿Está prestando su nombre para ser instrumento legal para que venga otro partido, como el Partido Social Cristiano, o el mismo Gobierno de turno?

— Yo no tengo ningún cálculo político, de hecho le confirmo: yo no seré candidato a absolutamente nada en estas elecciones seccionales, prefiero mantenerme luchando por los gobiernos parroquiales. Mucha gente dice que yo soy parte del Gobierno y quiero dejar bien claro que el Conagopare es una entidad que tiene autonomía propia, financiera y jurídica. Lo estoy haciendo como fundador del movimiento RETO, movimiento del cual el alcalde que se encuentra privado de libertad es militante. No podemos dejar que Guayaquil esté con total inseguridad jurídica y que no pueda cumplir sus competencias constitucionales.

— Entonces usted marca una línea contraria a lo que el Gobierno está haciendo, algo de lo que también se queja la cúpula actual de RETO...

— Le comento un ejemplo. Nosotros, como Conagopare, nos opusimos de forma legítima en un principio a la ley económica del 70-30 que presentó el Gobierno. Mostramos legalmente que era imposible su cumplimiento para los gobiernos parroquiales; lo hicimos de frente, dialogamos y al fin y al cabo se nos terminó excluyendo de esta ley. Estábamos en contra del Gobierno en ese asunto, claro, porque en muchas cosas estamos en contra. Y lo mismo pasó con el tema de Aquiles y Raúl: en un principio tratamos de dialogar, de proponer que se nos tome en cuenta para las candidaturas dentro de la alianza que hicieron con la Revolución Ciudadana, pero no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron es tratar al movimiento como si fuera una empresa privada donde es el gerente el que designa a los miembros de las sucursales y punto.

El conflicto interno en RETO y la vía legal

— ¿Por qué usted dice que no hay un rostro visible en Guayaquil cuando prácticamente el liderazgo institucional está hoy en manos de la vicealcaldesa, que es de su propio movimiento RETO?

— Esa es una opinión subjetiva. Si vamos al objetivo, la ley dice claramente que si la máxima autoridad se ausenta por más de tres días hábiles sin justificación, es una causal de remoción. Le corresponde a Tatiana Coronel asumir la Alcaldía hasta que se termine el periodo. Eso dice la ley. Ella pertenece a una línea del movimiento totalmente contraria a la que yo lidero y está bien, pero se cumple la ley.

— Hace una semana, el TCE había archivado una causa con la que usted intentó desconocer la elección de Raúl Chávez. Y una semana después usted viene a Guayaquil a pedir la remoción de Álvarez, que es mano derecha de Chávez. ¿Por qué esto no es una revancha personal?

— Primero, voy a dejar claro que existió un auto de archivo. Son tres causas en el Tribunal Contencioso Electoral. La causa de la Directiva Nacional tuvo un auto de archivo porque el juez dice que yo no presenté la aclaración. Yo sí presenté la aclaración por correo electrónico y fuimos donde un notario para desmaterializar la documentación. Apelamos y nos aceptaron. No existe ninguna forma de revancha. Lo que sí existe son aspiraciones. Ellos han actuado de forma unitaria, como si el señor Chávez fuera el único dueño del movimiento.

— ¿Cuántas personas dentro de RETO están en desacuerdo con la presidencia de Chávez y el liderazgo de Álvarez?

— La Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del movimiento, tiene alrededor de 120 personas. Más o menos 72 personas con las que yo he conversado, están totalmente en contra de esto y no nos dejaron conectarnos el 14 de marzo a la asamblea.

— ¿Por qué cuando Aquiles Álvarez estaba libre no se lo escuchó a usted cuestionar públicamente ni sus alianzas, ni la gestión?

— Le pido que revise un poco mis redes sociales, sobre todo en TikTok, estoy como ‘Joven David’, y no he criticado solamente al alcalde Álvarez. He hecho muchas críticas al Gobierno, al correísmo, a la Revolución Ciudadana; al alcalde Aquiles hasta lo defendí cuando pedía la garantía soberana para dotar de agua a Monte Sinaí.

— El proceso del Cootad ahora va a exigir etapas de prueba. ¿Usted va a venir de forma presencial o va a mandar algún apoderado a hacer este trabajo a Guayaquil?

— Si me llama el Concejo yo iré de forma presencial, igual pidiendo licencia sin sueldo, acudiré a exponer.

— Se vienen las elecciones en noviembre del 2026. Está en un partido donde no están tomando en cuenta su voz. ¿Por qué usted no da un paso al costado de ese partido o tiene conversaciones con otros?

— La Asamblea Nacional (de RETO) fue impugnada y el trámite está en el TCE. Si el TCE toma una decisión favorable a la línea que yo represento, nos mantenemos en el partido. Y obviamente si es que el Tribunal le da la razón al señor Chávez, yo daría un paso al costado.

Economía y negocios

Colombia sube aranceles al 100 % a productos ecuatorianos en represalia por medida de Noboa

Liz Briceño

Algo parecido, guardando las dimensiones, ocurrió en Ecuador cuando se decidió aumentar los aranceles a los productos colombianos al 100%. Una decisión que no traerá ningún beneficio a los ecuatorianos que verán como se encarecen muchos de los productos que consumen y que, mucho menos, producirá lo que para quien tomó la decisión era la prioridad: que el gobierno colombiano de Gustavo Petro refuerce la seguridad en la frontera por donde entra la mayor parte de la droga que se exporta por los puertos ecuatorianos. No hay duda de que, en efecto, esa falta de control ha contribuido a que la inseguridad se haya disparado abismalmente en el Ecuador, sobre todo en las zonas cercanas a las puertos por donde se exporta la droga. 

Sin embargo el aumento desorbitado de los aranceles decretado por el gobierno de Daniel Noboa no hará, ni en sueños, que el presidente Gustavo Petro de Colombia monte algún operativo para detener el flujo de droga. E igual como pasó en Irán, donde el régimen de los lunáticos y misóginos ayatolas se atornilló en el poder tras la declaratoria de guerra de Trump, el anuncio del Ecuador lo único que hará es que el gobierno de Colombia se obstine y se niegue a colaborar. Si en lugar de subir los aranceles al 30%, primero, y luego al 100%, se hubiera actuado con inteligencia y lógica y no según los delirios del gobernante, era mucho más probable que el Ecuador hubiera logrado un mecanismo diplomático idóneo para mejorar las cosas: por ejemplo Noboa pudo haber recurrido a sus buenas relaciones con el gobierno de los EE. UU. para que presione a Colombia.

Economía y negocios

Senae oficializa el arancel del 100 % para las importaciones colombianas

Lisbeth Zumba

¿El fin de la Comunidad Andina?

Ahora, ante el delirante anuncio ecuatoriano, el presidente Petro salió a decir que su país, ante esto que significa el fin de la comunidad andina, buscará mejores acuerdos comerciales con el Merco Sur y los países caribeños. “Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza”, dijo Petro el jueves por la noche en X. Esa noticia, no es nada buena para el Ecuador. El economista Alberto Acosta Burneo ya lo dijo en X: “SI Colombia sale de la CAN, el golpe es directo para Ecuador. Perderemos un mercado de más de 50 millones de consumidores, accesible para nuestra manufactura. Y esas exportaciones manufactureras NO se pueden redirigir fácilmente a mercados más exigentes”. Según un análisis suyo, por cada 1% de aumento del comercio el PIB crece en un 0,5% del PIB y por cada punto de incremento en aranceles, el PIB cae en un 0,7%.

La decisión de Ecuador, por más entendible que sea su indignación por la falta de control en la frontera y por las impertinencias del díscolo de Petro sobre el ex vicepresidente Jorge Glas, al que llama preso político, es una tonta tontería. Además, el argumento de que tras el aumento de aranceles ha bajado la criminalidad en la frontera en un 33% aparece más como una falacia y un silogismo. Si esa relación fuera cierta, la solución a la inseguridad sería no solo poner los aranceles al 100% sino al 200%.

Lo de los aranceles impuestos a los productos colombianos también puede acarrear, si eso no pasó ya, el cierre definitivo a la posibilidad de que Colombia vuelva a vender energía eléctrica para los momentos de crisis en Ecuador. Como lo que le ocurrió a Trump, le puede suceder lo mismo a Daniel Noboa: las consecuencias a una decisión suya son contrarias a lo que supuestamente buscaba.

Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana inicia reestructuración nacional el 10 de abril para renovar directivas rumbo a 2026.
  
  
• RC designa responsables provinciales y del exterior para ejecutar asambleas y conferencias ideológicas.
  
  
• Proceso interno durará un mes y busca reorganizar estructura política en todo el país.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) puso en marcha un proceso de reestructuración interna a escala nacional, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la Convención Nacional 2026. La decisión fue comunicada a la militancia mediante un documento fechado el viernes 10 de abril de 2026.

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Según el comunicado, la reestructuración se regirá por el Reglamento de Reestructuración Nacional aprobado por el Buró Nacional el pasado 7 de abril y será ejecutada por los burós políticos provinciales en todo el territorio ecuatoriano, así como en las circunscripciones del exterior.

El proceso tendrá una duración de un mes y concluirá con la elección de nuevas directivas provinciales, que asumirán la conducción política del movimiento en cada jurisdicción.

Quito

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Mariela Rosero Ch.

Conferencias ideológicas y asambleas territoriales

Como parte de esta etapa, Revolución Ciudadana dará inicio a un ciclo de conferencias ideológicas, basado en seis ejes definidos en la Convención Nacional. Estos lineamientos orientarán el debate interno en asambleas cantonales y provinciales, que estarán a cargo de los burós políticos provinciales.

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La conducción del proceso recaerá en los directores responsables de la reestructuración interna, junto con un delegado nacional, con el objetivo de garantizar la participación de la militancia y la construcción de consensos. 

Según el documento, el objetivo es elaborar planes de acción política territorial a nivel cantonal y provincial, además de conformar nuevas directivas con legitimidad interna.

Responsables por provincias

El comunicado detalla a los responsables designados para liderar el proceso de reestructuración en cada provincia. 

A ellos se suman Noemí Cabrera en El Oro; Sandra Ocampo en Santo Domingo; Omar Mosquera en Carchi; Paul Trujillo en Imbabura; Christian González en Pichincha; Ramiro Vela en Cotopaxi; Óscar Paredes en Tungurahua; Nelson Granizo en Chimborazo; Mireya Pazmiño en Bolívar; Andrés Lara en Cañar; Roque Ordóñez en Azuay; Verónica Íñiguez en Loja; Comps Córdova en Sucumbíos; Nadia Zurita en Napo; Milton Tapia en Orellana; Cristian Pacheco en Morona Santiago; y Leonardo Maldonado en Zamora Chinchipe.

Circunscripciones del exterior

La reestructuración también alcanza a las circunscripciones internacionales del movimiento. Para Europa, Asia y Oceanía fue designada Narciza Soria; para Estados Unidos y Canadá, Jorge Miranda; y para América Latina y el Caribe, Eliana Correa.

En la parte final del comunicado, Revolución Ciudadana señala que el proceso busca fortalecer la organización interna y reafirma su planteamiento político más allá del calendario electoral. 

Lo que debes saber

• Dos nuevos pedidos de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se suman a una solicitud previa y ponen en marcha el proceso para evaluar su posible destitución.
• Los denunciantes alegan que, tras vencer su licencia sin sueldo el 26 de marzo, el funcionario no justificó su ausencia, lo que configuraría abandono del cargo según el Cootad.
• La Comisión de Mesa deberá calificar el trámite en cinco días y, de avanzar, el Concejo Cantonal tendrá la decisión final sobre la remoción de Aquiles Álvarez de la Alcaldía de Guayaquil.

Este viernes 10 de abril se conoció la presentación de dos pedidos de remoción del cargo contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro mientras es investigado por los casos Goleada y Triple A.

Los ciudadanos Oscar Velarde y Hugo Córdova presentaron las solicitudes ante el Municipio de Guayaquil. En los documentos, ellos argumentan que la licencia sin sueldo de Álvarez venció el 26 de marzo del 2026, y que no ha pedido una extensión de esa figura.

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Pero el miércoles 8 de abril, el abogado David Mateo López Banegas ya había ingresado al Municipio de Guayaquil un pedido de remoción del cargo contra Aquiles Álvarez, exponiendo también que la licencia sin sueldo del funcionario expiró el 26 de marzo.

López señaló en el documento que al no existir pedidos de vacaciones o de extensión de la licencia sin sueldo, se configuró una situación de abandono que amerita un control inmediato.

López es militantes del movimiento RETO, que es presidido actualmente por el asambleísta Raúl Chávez y por la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel.

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Los denunciantes señalaron que la causal para la remoción del cargo de Aquiles Álvarez está fundamentada en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La norma estipula como causal de remoción del ejecutivo "ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

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Tras la denuncia de López, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada, en memorando SMG-AAA-2026-3976, notificó a Tatiana Coronel sobre la recepción de la solicitud en la que se pide determinar la causal de la remoción.

En el documento, el secretario del Concejo señaló que el expediente ya fue enviado a Magno Marriott Barreto, secretario de la Comisión de Mesa. Dicha dependencia cuenta con un plazo máximo de cinco días para revisar y pronunciarse sobre la solicitud.

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Si el trámite es aceptado, se notificará a las partes y se abrirá una fase obligatoria de diez días para la presentación de pruebas, en la que la defensa técnica de Álvarez o la parte denunciante —ya sea de forma directa o mediante un representante legal— deberán sustentar o refutar la supuesta inasistencia.

Luego, la comisión elaborará un informe en un lapso adicional de cinco días, que será remitido al pleno del Concejo Cantonal, instancia que tiene la facultad exclusiva de decidir la destitución del alcalde con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

Las claves del caso

• TCE ratificó hoy en Ecuador la suspensión de Revolución Ciudadana por presunto financiamiento irregular.
  
• Correísmo queda sin opción electoral tras fallo del Tribunal Contencioso Electoral este abril.
  
• Investigación por caso Caja Chica motivó suspensión de RC, ligada a campaña presidencial 2023.
  
  

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente de Ecuador Rafael Correa, medida adoptada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con recursos que, aparentemente, provendrían de Venezuela.

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El pasado miércoles 8 de abril, la RC solicitó a un juez electoral que levantara la suspensión, al argumentar que el fiscal general no había presentado el pedido en los términos que inicialmente se indicaron.

“¡Sinvergüenzas! No existe ley para lo que están haciendo; además, atenta contra todo principio democrático y hasta contra el sentido común”, escribió Correa (2007-2017) en un mensaje publicado en X. 

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¿Qué ocurre con el caso Caja Chica?

El exmandatario reaccionó así a la resolución que señala que, al no haberse modificado las condiciones que motivaron la sanción, “corresponde mantener su vigencia” en los términos establecidos el pasado 6 de marzo.

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Ese día, el juez del TCE Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la suspensión provisional del movimiento, al señalar que se encontraba bajo investigación por el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, dentro del caso conocido como ‘Caja Chica’.

Sin embargo, el abogado de la RC, Gabriel Rivera, aseguró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un informe que “excluye de cualquier responsabilidad por manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana”. Por ello, solicitaron a Alarcón que deje sin efecto el oficio enviado al TCE en el que se pedía la suspensión.

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Suspensión de nueve meses para la RC

La suspensión por nueve meses ya ponía en duda la participación de la RC como movimiento político en los comicios seccionales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027. 

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No obstante, hace dos semanas el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre, con el fin de evitar posibles afectaciones por un eventual Fenómeno de El Niño, lo que dejó sin margen a los correístas para postular candidaturas bajo su organización política.

Ante ese escenario, Correa llamó a sus potenciales candidatos a cargos locales a desafiliarse de la RC para evitar impedimentos en su participación electoral. 

Posteriormente, ayer viernes 11 de abril, el movimiento informó que inició un proceso nacional de reestructuración basado en su normativa interna y en el fortalecimiento territorial.

En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Rafael Correa y a otros dirigentes de la RC, bajo la presunción de que “ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, acusación que el correísmo ha calificado como una “persecución”.

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Los invitados de Nebot llegaron con antelación al evento. La mayoría lucía vestimenta semiformal.

El exalcalde apareció en el escenario a las 11:45, en medio de aplausos del público. Apenas ingresó, los asistentes se pusieron de pie en señal de respaldo.

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Nebot y su crítica al actual Guayaquil

Durante su intervención, Nebot se apartó del atril y dirigió la mirada hacia la pantalla ubicada a sus espaldas. En ella se proyectaron imágenes de obras como la limpieza del Estero Salado, la construcción de 2.000 parques, puentes y espacios recreativos.

En medio del silencio, Nebot afirmó que “un silencio elocuente es mejor que cualquier interpretación”. Sus invitados respondieron con aplausos.

Iniciativa de un nuevo aeropuerto

Nebot se refirió a la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, una obra que plantea ejecutar el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Sobre ello, señaló que “el Gobierno nacional tiene pleno derecho de construir un aeropuerto en Taura, con su plata o con la que consiga el concesionario”.

No obstante, advirtió que el proyecto presenta un problema de ubicación. “Taura queda en el cantón Naranjal, entonces el aeropuerto de Guayaquil se queda en Guayaquil y los recursos que genera deben permanecer en la ciudad”, expresó, en medio de aplausos de sus invitados.

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Recuperar Guayaquil

Por otra parte, el exalcalde manifestó que “los guayaquileños de corazón, de nacimiento, tenemos la obligación y el derecho irrenunciable de hacer que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil”. La frase marcó un llamado a recuperar la identidad y el rumbo de la ciudad.

Sostuvo que, en el pasado, Naciones Unidas declaró a Guayaquil como paradigma del progreso y ejemplo de gobernabilidad. Con ello, reforzó la idea de retomar estándares de desarrollo alcanzados en años anteriores.

Nebot evocó una ciudad segura, limpia, ordenada, altiva y solidaria, que —según dijo— pasó de ser “la Calcuta de América” a generar sana envidia en otras urbes del país y del exterior. Recordó que ese proceso se sostuvo en una ciudadanía con alta autoestima y orgullosa de su libertad política y económica.

Añadió que Guayaquil demostró que podía garantizar bienestar y dignidad para su gente. También aseguró que ese ejemplo evidenció que otras ciudades del Ecuador, sin excepción, pueden alcanzar los mismos resultados.

Finalmente, afirmó que esa “aurora gloriosa” no tolerará retrocesos. Con ello, hizo un llamado a mantener la memoria y la responsabilidad de quienes viven en la ciudad.

Lo que debes saber

• La opinión pública reacciona a la alerta de GRANASA sobre una estrategia jurídica y política, operada a través de la Fiscalía y un liquidador, para transferir el 40 % de sus acciones al Estado sin que exista una notificación legal a los involucrados.
• Juristas y periodistas respaldan a EXPRESO y EXTRA por posible impacto en libertad de expresión y democracia.
• GRANASA advierte presión política mediante Fiscalía; hasta este sábado 11 de abril no hubo notificaciones oficiales.

La eventual denuncia que habría presentado Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado, en contra de los directivos de Gráficos Nacionales (GRANASA), empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, ha causado reacciones en la opinión pública, debido al posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la firma ecuatoriana.

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En redes sociales, juristas, activistas y periodistas expresaron su respaldo a GRANASA y han alertado sobre la afectación de la eventual acción legal en contra del derecho a la libertad de expresión y la democracia. 

El abogado Julio César Cueva dijo que "apoyar la libertad de expresión no es opcional en una democracia, es un deber. Por eso mantengo mi suscripción a @Expresoec y aliento a todos los libre pensadores y ciudadanos de bien a hacer lo mismo o a suscribirse.Una prensa libre es pilar esencial de un Estado libre. Hoy más que nunca, es momento de respaldar todas las libertades", escribió en la red social X.

Una opinión similar la manifestó el jurista y exasambleísta, Jorge Peñafiel, quien en sus redes sociales exhibió un mensaje de respaldo: "La presión y el acoso a la prensa independiente. Solidaridad con el diario".

En la misma línea, el abogado y expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, lamentó que el Ministerio Público sea usado en contra de la prensa. "Para variar el Gobierno usa a la Fiscalía de bolsillo para perseguir a las voces críticas. Solidaridad con @Expresoec", indicó.

El periodista Jean Cano, en cambio, cuestionó la arremetida del Gobierno contra las empresas y trabajadores de los medios de comunicación.

"Estas batallas serían más difíciles para los funcionarios que pretendan destacar de forma equivocada (incluso delincuencial) en un régimen con mayor fuerza gremial de las empresas y trabajadores de la prensa. Es necesario repensar, revivir o reconstruir esos espacios", escribió.

Las organizaciones de la sociedad civil también difundieron la alerta. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, publicó el comunicado de GRANASA.

Mientras que el Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador (ODJ) expuso el pronunciamiento y en su mensaje indicó que "la alerta sobre la presentación de una nueva denuncia penal en contra de sus directivos se suma a la cadena de actos de hostigamiento y amedrentamiento hacia la empresa por parte de las autoridades".

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Las reacciones se producen en un momento en el que GRANASA ha expuesto ante la opinión pública la eventual denuncia que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación. 

Hasta la mañana de este 11 de abril de 2026, ninguno de los directivos mencionados en una plataforma digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales. El virtual documento que trascendió en redes sociales tampoco estaba disponible en Fiscalía.

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De acuerdo con el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.

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Por unanimidad, los diez integrantes de la mesa legislativa, entre ellos los oficialistas de Acción Democrática Nacional (ADN) y los correístas de la Revolución Ciudadana (RC), votaron a favor de la moción que presentó Xavier Ordóñez en la que se planteaba aprobar el informe.

Durante la sesión, la presidente de la Comisión, Lucía Jaramillo destacó que los asambleístas opositores hayan decidido apoyar la aprobación del informe del acuerdo, lo que permitirá que la "pitahaya, palmito, entre otros productos ecuatorianos, se dejen conocer en las perchas de Corea del Sur, país que tiene poder adquisitivo muy elevado".

Según Jaramillo, el convenio "traerá más producción para agricultores, mientras ellos nos ofrecerán tecnología, permitirá que pequeño agricultor pueda competir en mejores condiciones y que los productos se den a conocer en el mundo, no solo países hermanos como Colombia y Perú, generará más empleos".

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Ahora el informe será remitido al presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien convocará a la sesión del Pleno, en donde los legisladores deberán decidir si ratifican el informe.

El deterioro de la infraestructura obliga a los usuarios a emplear cartones y cuadernos para abanicarse en medio de sus sesiones médicas.

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Un usuario denunciaba con su celular en mano que la maquinaria de diálisis necesita operar a una temperatura inalcanzable ante los daños reportados.

"No vale el aire acondicionado, los caballeros tienen que sacarse hasta los zapatos por el calor. Esto es inhumano", relató uno de los pacientes en el área afectada. En su intervención, el usuario alertó a las autoridades del IESS sobre personas fallecidas por complicaciones de hipertensión derivadas de este sofocón y exigió respuestas a la cúpula del seguro social.

Contraste con el discurso oficial

La queja ciudadana se hace pública en paralelo a las gestiones administrativas del Ejecutivo, que se manejan desde un enfoque hermético. La vicepresidenta María José Pinto lideró una mesa técnica interinstitucional para dar seguimiento al Decreto Ejecutivo 318, el cual dispone la intervención temporal de esta casa de salud.

Sin embargo, el comunicado gubernamental no detalla plazos ni acciones inmediatas para resolver el colapso del área de diálisis o la reparación de los equipos. El boletín oficial se limitó a informar que se busca garantizar la continuidad de los servicios y la transparencia, a través del trabajo coordinado con ministerios como Interior y Defensa.

Mientras las autoridades anuncian la elaboración de informes periódicos para monitorear los avances de la intervención, en las camillas del Teodoro Maldonado Carbo el reclamo apunta a la vulneración de los derechos constitucionales. Las goteras agudizan el malestar de los afiliados, quienes denuncian que los techos falsos están a punto de ceder durante las precipitaciones.

"Estamos cansados de ir a la gerencia y tener que venir con la misma cara, que ya está listo el presupuesto. Hasta de Quito han venido a hacer inspecciones y esto sigue igual", sentenció el denunciante.

Lo que debes saber

• Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano llegaron juntos a la Prefectura del Guayas, tras ganar las elecciones en 2023, con el apoyo de la Revolución Ciudadana. 
• Marcela Aguiñaga anunciaron sus renuncias a sus cargos. Aguiñaga indicó que por motivos familiares y Serrano tendría otros proyectos políticos. 
  
• Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el futuro de la institución y quiénes quedarán al frente de la prefectura del Guayas desde el 15 de mayo. 

Este viernes 10 de abril se confirma un nuevo movimiento en la Prefectura del Guayas. Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto, anunció su renuncia al cargo, generando nuevas reacciones en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados.

Horas después de conocerse la decisión, el propio Serrano hizo pública su dimisión a través de su cuenta en la red social X , donde expuso los motivos de su salida. En su mensaje, el funcionario oficializó su decisión de apartarse de la Prefectura, en un contexto en el que ya se preveían ajustes en la estructura institucional.

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"¡Guayas, mi respeto y gratitud! Ustedes ya me conocen… nos volveremos a ver", dijo Serrano en su cuenta de X.

La reacción no se hizo esperar. La prefecta Marcela Aguiñaga también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la renuncia de quien era su segundo al mando. 

En un mensaje cargado de tono personal, la autoridad provincial expresó su postura frente a la decisión de Serrano, dejando ver una mezcla de reconocimiento y reflexión sobre el momento que atraviesa la institución.

Dudas e incertidumbre en la Prefectura del Guayas

Aunque no se han detallado públicamente todos los factores detrás de la renuncia, el hecho se produce en un momento clave para la Prefectura del Guayas. Cabe recordar que Aguiñaga ya había anunciado días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, tras comunicar su decisión de no continuar en funciones.

Este doble movimiento, la salida anticipada de la prefecta y la renuncia del viceprefecto, ha intensificado la percepción de inestabilidad en la administración provincial, generando interrogantes sobre la continuidad de proyectos y la transición de mando.

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Por ahora, no se han anunciado oficialmente los pasos a seguir dentro de la estructura de la Prefectura, ni quién asumirá las funciones que quedarán vacantes tras estas decisiones.

La situación mantiene la atención de la ciudadanía y del ámbito político, en un contexto donde la estabilidad institucional resulta clave para la ejecución de obras y programas en la provincia del Guayas.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó el contexto en el que se producen ambas decisiones. En sus publicaciones, sugiere que las salidas no respondan únicamente a decisiones personales, sino que habrían sido provocadas por presiones externas.

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Correa afirmó que tanto Aguiñaga como Serrano habrían sido obligados a dejar sus funciones, en medio de un escenario político que, según su criterio, afecta la estabilidad institucional en la provincia del Guayas.

"Amenazaron con persecución a Marcela Aguiñaga y a Carlos Serrano. Si renunciaba solo Marcela, asumía Carlos, y Noboa quiere apoderarse de la Prefectura", dijo Correa en su cuenta de X. 

En sus mensajes, el exjefe de Estado también expresó críticas hacia el manejo de la coyuntura política, insinuando que existirían intereses detrás de estos cambios en la administración provincial. Aunque no detalló responsables específicos, dejó entrever que se trataría de una estrategia que trasciende lo administrativo.

"Lo peor es que están equivocados: creen que con sus renuncias pararán la persecución. Noboa es un enfermo, y los seguirá persiguiendo. Se consolida la dictadura", escribió el exmandatario en su red social. 

Las declaraciones han generado reacciones en el ámbito político, en un momento en el que la Prefectura del Guayas enfrenta un proceso de transición que no estaba previsto en el calendario regular.

Prefectura del Guayas sin autoridades electas

La prefecta Marcela Aguiñaga anunció días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, argumentando motivos personales y descartando su participación en un proceso de reelección.

Su salida abriría la puerta para que el viceprefecto Carlos Serrano asumiera la titularidad de la Prefectura, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

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Sin embargo, este escenario cambió la mañana de este viernes 10 de abril, cuando Serrano presentó su renuncia al cargo, generando nuevos interrogantes sobre la continuidad administrativa en la provincia.

La renuncia simultánea —aunque en distintos momentos— de las principales autoridades de la Prefectura del Guayas ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la institución y la ejecución de proyectos en curso.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los pasos a seguir tras la salida de ambas autoridades, ni quién asumirá la conducción del organismo provincial en el corto plazo.

Lo que debe saber

• Ante la ola de especulaciones que vinculaban su salida con posibles investigaciones de la Fiscalía, Marcela Aguiñaga optó por una respuesta visual: una foto con su esposo hospitalizado.

Marcela Aguiñaga sacudió el panorama político de Ecuador al presentar su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas. Tras semanas de rumores sobre las razones de su salida, la funcionaria eligió sus redes sociales para enviar un mensaje que muestra el cuidado de su familia como la razón para abandonar la vida pública.

Una fotografía para enfrentar las especulaciones

Ante las teorías que vinculan su salida con investigaciones judiciales, Aguiñaga difundió una imagen a través de su cuenta de Instagram para ratificar su postura. En la fotografía aparece su mano junto a la de su esposo, Mauricio Guim, quien lleva un brazalete de identificación hospitalaria. Con este registro visual, la líder política busca demostrar que su retiro responde a una crisis médica de su pareja y no a un intento de evasión frente a las presiones del Gobierno Central o la Fiscalía General del Estado.

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El debate sobre posibles procesos legales

A pesar del mensaje emotivo, sectores de oposición y analistas locales mantienen dudas sobre el momento exacto de la dimisión. Los detractores de su administración, que incluyen a Rafael Correa, señalan que la salida podría ser una maniobra estratégica para enfrentar futuros procesos de fiscalización sin la exposición mediática que conlleva el cargo. 

Aunque todavía no existe una notificación de instrucción fiscal que relacione su renuncia con una causa penal específica, el clima de tensión en Guayaquil persiste debido a las auditorías que organismos de control realizaron a su gestión en meses pasados.

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Transición de mando en la provincia

La salida de la funcionaria activa de inmediato los mecanismos de sucesión previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Mientras la provincia cambia de mando, el debate en plataformas digitales permanece dividido entre la solidaridad por la situación de salud de Guim y la exigencia de transparencia sobre los motivos políticos de este paso al costado.