• Las reformas impulsadas por el presidente Nayib Bukele ya rigen en El Salvador y contemplan prisión perpetua para menores condenados por homicidio, violación o vínculos con pandillas, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022.
• Aunque el oficialismo defiende la medida como constitucional, organismos internacionales advierten que la cadena perpetua para menores vulnera principios de reinserción y proporcionalidad en la justicia juvenil.

El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entró en vigencia este domingo 26 de abril, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales.

Estas reformas penales, cuyo decreto legislativo fue publicado el 27 de marzo pasado en el Diario Oficial, fueron avaladas tras la ratificación de un cambio constitucional que impone la prisión perpetua para delitos de homicidio - incluido el feminicidio -, violación y pertenencia a las pandillas, considerados grupos terroristas.

Las enmiendas imponen la cadena perpetua a los menores juzgados y condenados por estos delitos, y crea los "juzgados de lo criminal" que se encargarán de procesar estos casos - a excepción de los relacionados con el terrorismo - así como un proceso especial para su trámite.

Las reformas también establecen que los condenados en estos casos no tendrán los beneficios de la "libertad condicional, ni la libertad condicional anticipada", y que "únicamente aplicará la revisión de la pena perpetua y en caso de ser procedente el régimen de libertad controlada".

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Entre las justificaciones dadas por el Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Idas (NI), está que la cadena perpetua "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".

Sin embargo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) apuntan que es contrario a dichos estándares.

Organismos se pronuncian

La CIDH analizó que "la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena".

Mientras que la directora de la División de las América de la organización HRW, Juanita Goebertus, dijo el pasado 27 de marzo que, según lo aprobado, la prisión perpetua podría ser revisada tras 25 años de pena, lo que "contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción".

Las reformas para permitir la pena perpetua en el país se aprobaron en el marco de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Lo que debes saber

• La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 7 de abril en Perú. 
• ,Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %.

Un primer sondeo de opinión sobre las preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de abril en Perú indicó este domingo 26 de abril que la derechista Keiko Fujimori mantiene un empate técnico con el izquierdista Roberto Sánchez y es superada ligeramente por el ultraderechista Rafael López Aliaga.

La encuesta, elaborada por la empresa privada Ipsos, señaló que el liderato que obtuvo Fujimori en los comicios generales del pasado 12 de abril decae al momento de enfrentarse con los otros dos candidatos que tienen opciones a disputar con ella la jefatura de Estado peruana para el período 2026-2031.

Cuando se ha contado el 95,88 % de los votos de las elecciones generales, Fujimori (Fuerza Popular) recibe el 17,06 %; seguida por Sánchez (Juntos por el Perú), con el 12,04 %; y López Aliaga (Renovación Popular), con el 11,89 %.

El conteo oficial deberá acabar en los próximos días, cuando se resuelvan unas 3.800 actas de votación aún pendientes de revisión por el jurado electoral.

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La encuesta de Ipsos señaló que Fujimori y Sánchez aparecen empatados hacia una eventual segunda vuelta, con un 38 % de las preferencias actuales, mientras que un 17 % indica que piensa votar en blanco o anular su voto, y un 7 % no precisa su preferencia.

"El electorado va tomando posición"

En el caso de un enfrentamiento con López Aliaga, un 34 % de los votantes señala que apoyaría al líder ultraderechista, y un 31 % a Fujimori, mientras que un 27 % señala que no votaría o anularía su voto, y un 8 % no precisa su elección.

"Las fechas son muy importantes. El electorado va tomando posición, lo hemos visto durante toda la primera vuelta. En este caso, se ve una división clarísima y una polarización entre Fujimori y Sánchez", comentó al respecto, el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli.

El experto añadió que, en el caso de López Aliaga, al parecer ha logrado disminuir el rechazo hacia su candidatura en un sector de la población, pero remarcó que "va a ser interesante ver el accionar de cada uno de los candidatos para conquistar a la gran mayoría de ciudadanos que no han votado por ellos".

Según su ficha técnica, Ipsos realizó la encuesta a 1.208 personas el 23 y 24 de abril últimos en los 24 departamentos de país y el trabajo técnico tiene un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

Reacciones internacionales

• Javier Milei atribuyó el atentado a la retórica de agrupaciones políticas de izquierda.
• Mandatarios de Brasil y México enviaron mensajes de respaldo al presidente estadounidense.
• La Unión Europea rechazó la vulneración de un espacio destinado a la información.

Tras el operativo de evacuación ejecutado por el Servicio Secreto en el hotel Washington Hilton la noche del 25 de abril de 2026, la comunidad internacional emitió una serie de pronunciamientos diplomáticos para condenar el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.

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La reacción más frontal en la región provino de la Oficina del Presidente de la República Argentina. A través de un documento oficial, Javier Milei repudió el que calificó como el cuarto intento de asesinato desde el retorno de Trump al Ejecutivo. El mandatario argentino no se limitó a la solidaridad, sino que adjudicó responsabilidades ideológicas: "Condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

En una línea estrictamente institucional, el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su solidaridad con la pareja presidencial y los asistentes al evento en Washington. El Ejecutivo brasileño repudió el ataque armado, argumentando formalmente que la violencia política representa una afrenta directa a los valores democráticos que deben ser protegidos.

Delcy Rodríguez, de las primeras en expresarse

Bajo este mismo tono diplomático, desde Caracas, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la agresión, sentenciando que la violencia no es una opción para los defensores de la paz. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un breve pronunciamiento confirmando su alivio por la integridad de su homólogo estadounidense y recalcando el rechazo a la vía violenta.

En el continente europeo, la condena se centró en la protección de los principios democráticos y la libertad de información. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, advirtió que no permitirán que el fanatismo condicione los lugares de debate libre.

La cúpula de la Unión Europea también se pronunció. António Costa, presidente del Consejo Europeo, calificó los eventos de inquietantes, mientras que Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, enfatizó la gravedad de vulnerar el evento periodístico: "Un evento destinado a honrar a una prensa libre nunca debería convertirse en un escenario de miedo".

A estas posturas se sumaron el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes catalogaron el ataque armado de inaceptable. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, envió un mensaje de respaldo a la familia presidencial.

Israel también lo condena 

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó conmoción por la vulneración del cerco de seguridad en Washington D.C. El líder israelí extendió deseos de recuperación para el oficial de policía que recibió impactos en su chaleco antibalas y reconoció la acción de las agencias de seguridad para salvaguardar la vida del mandatario.

Minutos después de emitida la decisión, Atarihuana se pronunció en su cuenta de la red social X. Él escribió: “Sin argumentos, fuera de tiempo, violando todos los procedimientos, la ley y la constitución con solo dos votos: Diana Atamaint y José Merino, incondicionales de Daniel Noboa, resolvieron cancelar el registro de Unidad Popular”.

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¿Qué hará Unidad Popular?

Por ahora, el movimiento político considera que la resolución es nula por el fondo y la forma. Con ese argumento, Atarihuana aseguró que recurrirán a organismos nacionales e internacionales para que se trate el caso.

“Esto recién empieza, acudiremos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Corte Constitucional y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Continuaremos defendiendo nuestro derecho de participación en todos los escenarios”, aseguró Atarihuana.

Además, se planifican más acciones. El movimiento Unidad Popular tiene previsto pronunciarse formalmente el 27 de abril de 2026, con el objetivo de anunciar tanto las acciones legales como las de movilización.

¿Qué decidió el CNE sobre Unidad Popular?

En una sesión marcada por enfrentamientos y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, el Pleno se ratificó en la sanción para Unidad Popular por no contar con el número mínimo de adherentes y afiliados, según lo determina el Código de la Democracia.

El cuerpo colegiado tomó la decisión con base en el informe remitido por dos áreas técnicas del CNE, en el que se argumentó que el movimiento incurrió en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

Las claves del caso 

• El sospechoso viajó desde California y cruzó el cerco de seguridad con dos armas de fuego.
• El presidente estadounidense confirmó el hallazgo de un manifiesto con sesgo religioso.
• El fiscal Todd Blanche detalló que el atacante no coopera con el interrogatorio federal.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluye que el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gabinete eran el objetivo probable del tiroteo registrado el 25 de abril de 2026. El sospechoso, Cole Tomas Allen, vulneró el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton y, según información oficial, operó bajo motivaciones religiosas radicales.

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Manifiesto y motivaciones según el Ejecutivo

Tras ser evacuado por los agentes del Servicio Secreto de la cena anual de corresponsales, el jefe de Estado ejecutó una intervención telefónica en la cadena Fox News la mañana de este 26 de abril para detallar los primeros hallazgos de las autoridades. El mandatario confirmó la incautación de un documento redactado por el atacante.

Trump describió al detenido como un "individuo problemático" y un "lobo solitario", atribuyendo el accionar armado a un evidente trasfondo extremista. “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, señaló el presidente sobre el documento que ya se encuentra en cadena de custodia.

Asimismo, el Ejecutivo descartó que el incidente afecte la operatividad de su política exterior, enfatizando que el evento no disuadirá las resoluciones sobre el conflicto en Irán, desligando inicialmente este intento de asesinato de factores geopolíticos internacionales.

El trayecto del agresor y la vulneración del cerco

La operatividad del ataque también ha sido documentada. El hombre de 31 años logró romper el anillo de seguridad por unos pocos metros antes de ser interceptado por las fuerzas del orden. El altercado derivó en un intercambio de disparos que dejó a un oficial impactado en su chaleco antibalas. Según precisó el fiscal general interino, Todd Blanche, la revisión de los dispositivos electrónicos del detenido evidencia una planificación dirigida contra los funcionarios de la actual administración.

La reconstrucción de la ruta técnica indica que Allen viajó en tren desde Los Ángeles hacia Chicago, para luego trasladarse a la capital estadounidense, donde se registró como huésped del hotel uno o dos días antes del evento. El sospechoso portaba armas blancas y dos armas de fuego que fueron adquiridas legalmente en los últimos dos años.

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Allen se encuentra detenido tras una evaluación médica y no colabora activamente con la justicia. Será presentado ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia este lunes 27 de abril. La Fiscalía formulará los siguientes cargos:

En paralelo al proceso judicial en Washington, agentes del FBI ejecutaron un allanamiento en una propiedad de dos pisos en Torrance, un suburbio al suroeste de Los Ángeles, jurisdicción de donde es originario el procesado, con el fin de recabar mayores indicios sobre la planificación del atentado.

En una sesión marcada por enfrentamientos y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, el Pleno se ratificó en la sanción para Unidad Popular por no contar con el número mínimo de adherentes y afiliados, según lo determina el Código de la Democracia.

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El cuerpo colegiado tomó la decisión con base en el informe remitido por dos áreas técnicas del CNE, en el que se argumentó que el movimiento incurrió en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

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La polémica por la recusación

La sesión del organismo empezó con el tratamiento de dos recusaciones en contra de la presidenta del organismo y del vocal suplente José Merino. Estas fueron presentadas por Unidad Popular horas antes de la instalación de la sesión.

Pese a la advertencia de la consejera Elena Nájera sobre una posible nulidad de la sesión por no haber tratado antes las recusaciones, Atamaint instaló la reunión y se leyó un informe jurídico con el que se desestimaron ambos pedidos. Así, la sesión continuó para conocer el informe sobre la cancelación.

Atamaint inclinó la balanza

Sin el vicepresidente del organismo —quien argumentó fallas en la conectividad— y con la presencia del vocal Merino, quien generalmente vota con Atamaint, la aprobación del informe que recomendaba la cancelación tenía solamente dos votos a favor.

Primero, Nájera votó en contra y pidió el archivo. Después reconsideró y votó en abstención. El consejero José Cabrera también se abstuvo. Con el empate, se abrió la puerta para el voto dirimente de Atamaint, que terminó por inclinar la balanza.

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, respondió a una denuncia ciudadana sobre el colapso por comercio informal en el centro de la ciudad. Su frase “No somos un mercado” encendió el debate en redes sociales.

Una denuncia ciudadana en redes sociales sobre el comercio informal en el centro de Guayaquil provocó la reacción de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien defendió los operativos municipales y pidió mantener el orden en la ciudad.

El reclamo se difundió en la red social X, donde un usuario alertó que las calles 6 de Marzo, entre Sucre y Colón, se encuentran “totalmente colapsadas por vendedores informales”, lo que generó decenas de reacciones.

Alcaldía de Guayaquil responde denuncia

Ante la denuncia, Coronel aseguró que el caso fue atendido y reconoció el contexto social detrás del incremento del comercio informal.

“Sabemos la necesidad de salir adelante del guayaquileño y a semanas de empezar clases, estas situaciones incrementan. Pero necesitamos orden”, expresó.

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Además, fue enfática al señalar: “No somos un mercado".

También agradeció la intervención de los agentes de Segura EP en el control de la zona.

Más denuncias en Guayaquil

La respuesta de la funcionaria generó más comentarios ciudadanos. Uno de ellos alertó sobre una situación similar en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad de Guayaquil.

Según el usuario, la vía de acceso está ocupada por carretillas y mesas instaladas en plena calle, reduciendo el paso peatonal y vehicular. “Cada vez más pequeño el paso, ayúdenos”, escribió.

Coronel respondió citando a la cuenta institucional correspondiente y pidió reforzar los controles:

“Señores, los operativos deben ser diarios y frecuentes”, indicó en su mensaje.

Un problema recurrente en Guayaquil

El comercio informal sigue siendo uno de los principales desafíos en Guayaquil, especialmente en zonas de alta concurrencia. Aunque las autoridades realizan operativos constantes, ciudadanos insisten en que el control debe ser sostenido para evitar la ocupación irregular del espacio público.

Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

Lo que debes saber

• En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó los comicios para el 14 de febrero de 2027.
• Un mes después, el órgano electoral modificó la fecha; la adelantó para el 29 de noviembre de 2026.
• Las tiendas políticas han tenido que apresurar sus procesos internos y buscar figuras para los comicios.

El adelanto de los comicios seccionales ha acelerado a las organizaciones políticas del país. En un inicio, las elecciones estaban previstas para febrero de 2027, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha a noviembre de 2026.

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Carrera por candidaturas

Con ello, la agenda electoral se trastocó. La entrega del registro electoral a las organizaciones políticas será el 3 de mayo de 2026, mientras que del 18 de junio al 18 de julio, los políticos podrán inscribir alianzas y del 2 al 17 de agosto, deberán postular a sus candidatos.

En este contexto, varios líderes políticos buscan, dentro y fuera de sus filas, figuras con las que aspiran a ganar espacios en los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, expertos en política advierten que el adelanto electoral y el énfasis en candidaturas podrían distraerlos de otras acciones igualmente relevantes.

Planes, en segundo plano

En ese escenario, las organizaciones políticas estarían relegando la construcción de planes de gobierno para ciudades, provincias o parroquias, indica Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Eso, pese a que constituye el eje de cualquier gestión local.

Es por eso por lo que “los planes de trabajo terminan siendo meras formalidades y no propuestas elaboradas con base en la realidad”, advierte la politóloga. A su criterio, el problema no es solo coyuntural, sino estructural, pues responde a la fragilidad interna de los partidos y a la ausencia de procesos sostenidos de planificación.

No priorizarán propuestas para mejorar ciudades, provincias o parroquias; la campaña girará en torno a disputas políticas más que a soluciones concretas.Tatiana Quinga, politóloga

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Lo local define lo nacional

Esa omisión, coinciden los entrevistados, tiene un impacto mayor porque lo nacional se construye desde lo local. “Históricamente el país ha configurado su modelo de nación desde las agendas locales”, sostiene el experto político y electoral Alfredo Espinosa, por lo que descuidar esa planificación debilita no solo a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también a la proyección de una agenda país.

A ello se suma la falta de fiscalización interna de las organizaciones políticas hacia las autoridades que buscarán la reelección. “No se está evaluando si han cumplido o no sus planes de trabajo ni si merecen nuevamente el respaldo”, señala la consultora María Fernanda Carvajal, quien advierte que ese vacío también impide consolidar liderazgos y candidaturas con base en resultados.

En paralelo, la premura electoral dificulta afianzar proyectos políticos de largo plazo y sostener candidaturas con una visión de permanencia en el poder. Para César Montúfar, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la construcción de liderazgos y proyectos locales requiere tiempo y articulación social, elementos que se diluyen en procesos apresurados y debilitan la representación.

La inmediatez electoral, en algunos casos, diluirá los planes de trabajo; varios candidatos presentarán propuestas sin una agenda local a cuatro años.Alfredo Espinosa, analista electoral

Un electorado con menos información

Con este panorama, los expertos en política consideran que el electorado llegará a las urnas con menos herramientas para decidir. Eso, porque la escasa discusión programática y la limitada información disponible reducen la posibilidad de un voto informado.

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Campañas sin propuestas

En ese contexto, la campaña tenderá a centrarse en lo inmediato y en lo emocional. “Se priorizarán contenidos superficiales en redes sociales antes que propuestas concretas”, advierte Carvajal, lo que podría derivar en decisiones basadas más en percepciones que en planes de gobierno.

Por ello, sostiene Montúfar, este escenario se traducirá en propuestas poco técnicas. Sin una construcción previa, dice, los documentos que se presenten ante el CNE no orientarán una gestión pública efectiva.

Lo que debes saber

• El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento sobre el uso de la silla vacía, pero evitó conceder una entrevista. Fue solicitada el martes 21 y aún no la asigna. 
• Tampoco aclaró el caso de César Cárdenas, quien no pudo intervenir en una sesión del Concejo y denunció que tampoco pudo ingresar. 
• La institución que lidera Tatiana Coronel sostiene que la silla vacía funciona con normalidad. 

El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento oficial tras la publicación de un artículo sobre el uso de la Silla Vacía. Sin embargo, no confirmó ni atendió la solicitud de entrevista planteada por este medio.

El pedido de entrevista fue realizado el martes 21 de abril de 2026, previo a la publicación del artículo, que salió el viernes 24. No obstante, en lugar de una vocería directa, el área de Comunicación remitió a esta Redacción un documento la tarde del sábado 25 de abril.

En el texto, de dos páginas y firmado por la Dirección de Comunicación, la entidad expone el marco legal que regula este mecanismo de participación ciudadana. 

El Municipio indica que cuenta con la “Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Guayaquil”, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Municipal No. 6 del 10 de agosto de 2023 y que se encuentra vigente en su portal institucional.

Según el documento, en esta normativa se establecen “de manera clara los requisitos, procedimientos y condiciones” para acceder a la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal. 

Municipio de Guayaquil defiende requisitos 

La institución que hoy la lidera Tatiana Coronel, tras la detención de Aquiles Álvarez, también cuestiona el contenido del reportaje publicado por EXPRESO, señalando que incluye “interpretaciones subjetivas” y “juicios de valor”.

Entre las frases citadas están:

El Municipio afirma que estas expresiones “no se sustentan en evidencia verificable y generan una percepción equivocada”.

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Finalmente, el Municipio reitera su “compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana”, asegurando que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Sin respuesta sobre el caso César Cárdenas

Pese a la extensión del documento, el Municipio no se pronunció sobre el caso de César Cárdenas, quien solicitó el uso de la silla vacía y no pudo intervenir en la sesión del Concejo.

Tampoco respondió a la denuncia de que su pedido fue contestado después de finalizada la sesión en la que pretendía participar, donde se debatía el aumento de la tarifa de la Aerovía. Finalmente, la tasa pasó de 74 a 76 centavos. 

Este punto fue uno de los ejes principales del reportaje publicado por este Diario.

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El documento concluye reiterando que la institución mantiene su compromiso con la participación ciudadana.

El Cabildo asegura que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Pero, hasta el cierre de esta edición, EXPRESO no ha recibido respuesta para concretar la entrevista solicitada.

Así ha rotado la dirección de Comunicación

En el contexto de la gestión de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante de Guayaquil, iniciada en febrero de 2026 tras la detención de Aquiles Álvarez, el área de Comunicación ha registrado cambios en su liderazgo.

Actualmente, el cargo lo ocupa Xavier Morán Quinde. Antes de su designación, la función fue ejercida por Pablo Ramírez Aristizábal. Previamente, la dirección estuvo a cargo de Cristian Moscoso, quien también ha desempeñado funciones en otras áreas de comunicación dentro de la administración municipal.

El exburgomaestre dijo que ha recibido la invitación de organizaciones políticas y colectivos sociales.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Este 25 de abril de 2026, la posibilidad de que Barrera integre la lista de aspirantes a la Alcaldía de la capital se difundió con fuerza en redes sociales. 

EXPRESO se comunicó con él y esta fue su respuesta: “En este momento, más que nombres, creo que debemos lograr la mayor unidad posible y un plan de trabajo para la ciudad. Esa me parece la prioridad ahora”.

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Es decir, por un lado confirmó que ha recibido propuestas de postularse por tercera ocasión, pero no aseguró que se trate de una decisión tomada. 

Barrera llegó a la Alcaldía de Quito de la mano del entonces movimiento correísta Alianza PAIS. Estuvo en el cargo entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Rafael Correa.

No logró la reelección. Perdió las seccionales frente a Mauricio Rodas y se convirtió en el primer alcalde en no reelegirse tras la gestión de Paco Moncayo. Durante su administración se iniciaron los estudios para la construcción del Metro.

¿Qué dice el Partido Socialista Ecuatoriano?

EXPRESO también contactó al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Él fue más directo sobre la aspiración de la organización. Ante la consulta sobre si Barrera será el candidato del PSE, Vallejo respondió:

“Desde hace varios meses venimos conversando de la necesidad de conformar un frente amplio que, bajo un programa claro para la ciudad y la provincia, pueda articularse en el campo electoral; propusimos al Dr. Barrera para la alcaldía y a la Dra. Verónica Silva para la prefectura, seguimos conversando con organizaciones sociales y políticas para concretar la iniciativa del frente amplio y las candidaturas en mención”.

Una carrera contra el tiempo

El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las votaciones de las seccionales. En un inicio, la fecha prevista para el sufragio era el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, con base en un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos, el organismo resolvió adelantar la jornada al 29 de noviembre de 2026.

Con esa decisión, la mayoría de fechas del calendario electoral se modificaron. Las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Asimismo, las candidaturas deberán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

Lo que debes saber

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán.
• La suspensión de la misión diplomática de EE. UU. a Pakistán marca un nuevo giro en la tensión con Irán, mientras el canciller iraní, Abás Araqchí, abandona Islamabad tras calificar su visita como “fructífera”.
• En medio de un escenario de alta tensión, Donald Trump descartó nuevas negociaciones indirectas con Irán y afirmó que su país “tiene todas las cartas”, cerrando la puerta a viajes diplomáticos sin resultados claros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 25 de abril la cancelación del viaje de sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

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"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump al citado medio.

Posteriormente, en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump anotó: "Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

Trump volvió a abordar este asunto ante los periodistas en una improvisada rueda de prensa antes de subir al avión presidencial, ocasión en la que reiteró que su equipo no perderá el tiempo en "un documento que no era lo suficientemente bueno".

Decisión coincide con salida de ministro

La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

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Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para este sábado.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó a través de redes sociales que presentó a Pakistán "un marco viable" para poner fin de forma definitiva a la guerra con Estados Unidos e Israel, y aseguró que su visita al país mediador ha resultado "muy fructífera".

“No sé qué es lo que pretendía el Gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México aún. Sí tengo pensado ir en vista con los partidos de izquierda”, aseguró.

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Las declaraciones las ofreció a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Desde el viernes 24 de abril de 2026, militantes de la Revolución Ciudadana hicieron una convocatoria para recibirla.

¿Por qué habló de asilo en México?

Durante la última semana se extendió la versión de que la dirigente política había solicitado asilo en ese país. Allí se encuentran otros altos perfiles del correísmo. Incluso, antes de su designación como nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira permaneció varios años en el país norteamericano.

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Sin embargo, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien encendió la polémica con declaraciones del 23 de abril en una entrevista radial. 

“No tiene nada. Pero, por lo que he podido leer un poco, lo que tiene es miedo de regresar y es pasa, normalmente, con la gente que tiene rabo de paja”, dijo en Radio Sucre ante la pregunta sobre el supuesto pedido de asilo.

Este 25 de abril, González afirmó: “En ningún momento he pedido asilo a ningún país del mundo. Juntos vamos a trabajar para levantar este país”, señaló la también expresidenta del movimiento correísta.

Sobre las declaraciones de Reimberg, González dijo que se anticipan a lo que se podría haber encontrado en sus dispositivos electrónicos. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía, allanó la vivienda de la excandidata presidencial en el marco de la investigación del denominado caso Caja Chica.

“Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, que usan los allanamientos para sembrar pruebas. No le debo nada”, aseguró la dirigente política.

La convocatoria fue hecha para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la organización indígena en Quito. Uno de los promotores fue el abogado y activista político Washington Andrade. Él se encargó de difundir la invitación, pero esa misma acción desencadenó una pugna con dirigentes de la Conaie.

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El conflicto por la sede

Tras la difusión de la invitación, Andrade hizo un nuevo anuncio. “Marlon Vargas (presidente de la CONAIE) reculó en la autorización de facilitar el auditorio de la Conaie para la realización de la auto convocatoria a asamblea ciudadana y el lanzamiento de la app Revoca EC”.

Para Andrade, los motivos para ese cambio de opinión tendrían que ver con presiones desde el Gobierno de Daniel Noboa, aunque el mismo abogado aseguró no conocer las razones de la decisión.

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Según un oficio expuesto en redes sociales, la decisión de no facilitar la sede de la Conaie estaría relacionada con que el lugar no cumple con las condiciones para el desarrollo de la agenda.

La respuesta de la Conaie

Después de la publicación hecha por Andrade, uno de los dirigentes de la Conaie reaccionó. Se trató del encargado de comunicación de la organización indígena, Simón Velasco. 

Él escribió: “Anda perdido abogado Andrade: 4 horas debatiendo en último Consejo Ampliado con presidentes de nuestras organizaciones y decidimos regresar a los territorios. Avance en la agenda de revocatoria pero no se tome el nombre de la CONAIE”.

Ahora, la convocatoria fue hecha para el mismo día, pero a las 17:00, en la sede de la Fenocín en Quito. En un video difundido por Andrade aparece el dirigente de esa organización campesina e indígena, Guido Perugachi. Él allí dice: “Nosotros no tenemos miedo”.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo fue designada el 24 de abril para estabilizar la justicia en Ecuador.
• El CPCCS nombró a Caicedo tras meses de interinidad institucional.
• Consejo de la Judicatura requiere $200 millones para depuración y modernización judicial.

El Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como nuevo vocal principal del Consejo de la Judicatura.

Por norma, esa designación implica asumir de inmediato la presidencia del órgano.

Vocal designado vs. acefalía institucional: la resolución pone fin a semanas de conducción encargada.

¿Qué cambia en la Judicatura desde ahora?

El organismo vuelve a contar con una autoridad titular en su máxima instancia.

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Esto habilita decisiones administrativas y disciplinarias que estaban pendientes durante la interinidad.

Continuidad formal vs. cambios reales: la estabilidad llega en lo institucional, no necesariamente en lo estructural.

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¿En qué contexto se produce la designación?

La Judicatura atravesó una etapa de vacancia tras la salida de su anterior presidente.

Durante ese lapso, el organismo fue dirigido de forma temporal mientras avanzaba el proceso de selección.

Normalización del cargo vs. crisis de fondo: el relevo se da en un ambiente de alta desconfianza ciudadana.

¿Quién asume la presidencia del Consejo de la Judicatura?

El nuevo vocal principal proviene de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia.

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Su perfil combina experiencia judicial y una propuesta orientada a reformas internas.

Trayectoria técnica vs. presión política: el desafío es sostener independencia en un entorno fragmentado.

¿Hubo consenso en el CPCCS?

La designación no contó con unanimidad en el Pleno del CPCCS.

Algunos consejeros expresaron reparos sobre el proceso y votaron en contra.

Mayoría suficiente vs. cuestionamientos persistentes: la decisión es legal, pero no exenta de críticas.

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¿Qué papel juega el vocal suplente?

Junto al vocal principal se designó a un suplente para completar el periodo.

Este rol cobra relevancia ante eventuales ausencias temporales o definitivas.

Titular vs. suplente: una dupla que busca evitar nuevas vacancias en la Judicatura.

¿Cuáles son los retos inmediatos del nuevo presidente?

La Judicatura enfrenta atrasos procesales, déficit presupuestario y cuestionamientos internos.

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También persisten denuncias de corrupción y presiones del crimen organizado sobre jueces.

Cambio de nombre vs. transformación institucional: el reto es pasar del relevo al resultado.

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¿Este nombramiento marca un punto de quiebre?

La designación representa un cierre administrativo del proceso de reemplazo.

Sin embargo, no garantiza por sí sola una reforma profunda del sistema judicial.

Estabilidad en el cargo vs. estabilidad del sistema: el verdadero impacto aún está por verse.

Este 25 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe en el que se señala que solo hubo 11.134 firmas válidas.

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Regulación del cannabis avanza al CNE: qué revisará y qué falta para su aprobación

Daniel Alejandro Romero Páez

El Pleno del organismo aprobó, con cinco votos, el informe en el que se establece que la propuesta no cumple con el mínimo del 0,25% de firmas del padrón electoral como respaldo. En total, el proponente debía contar con poco más de 34.000 firmas válidas para que la propuesta regrese a la Asamblea Nacional.

Con base en la Constitución y el Código de la Democracia, quienes proponen una iniciativa normativa desde la ciudadanía podrán solventar la falta de rúbricas en un plazo de 90 días, en caso de optar por continuar con el trámite.

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La vocal Elena Nájera, quien votó a favor de la aprobación del informe, señaló en el Pleno que, en el caso del proyecto de ley, se requieren 34.136 firmas. “El área técnica indica que, del total de 2.158 formularios presentados, 2.113 fueron considerados válidos”.

¿De qué se trata la Ley sobre el Uso del Cannabis?

El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

En la Asamblea se conformó una comisión para tramitar la iniciativa. Con 142 votos, el Pleno aprobó el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto. Con ello, la propuesta avanzó al CNE. Para que regrese al Legislativo, se deberá cumplir con el número de firmas requerido.

Lo que debes saber

• La confrontación entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga se intensifica tras acusaciones de presiones y fraude político en la Prefectura del Guayas, en medio de la designación del nuevo viceprefecto.
• Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente!".

La tensión entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga continúa escalando en medio de la crisis política en la Prefectura del Guayas. El exmandatario volvió a pronunciarse públicamente y acusó a la prefecta de mentir sobre su salida del cargo.

El conflicto se reactivó luego de que Aguiñaga asegurara en una entrevista en Radio Pichincha que su decisión fue personal y sin presiones externas. 

“No ha existido ningún tipo de presión; son decisiones particulares”, afirmó, defendiendo su postura sobre la situación institucional.

Sin embargo, Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente! Seguramente por eso también renunció el viceprefecto”, escribió, cuestionando la versión de su exministra de Ambiente.

Además, lamentó que, según su criterio, Aguiñaga no haya enfrentado la situación con el respaldo del movimiento.

El exmandatario fue más allá y aseguró que la prefecta está afectando su legado político. “Cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Una lástima”, agregó.

Gobierno de Daniel Noboa niega injerencia

En paralelo, el Gobierno de Daniel Noboa también se pronunció sobre el cambio en la Viceprefectura del Guayas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó cualquier tipo de intervención del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada.

Durante una entrevista, Morillo criticó la postura del correísmo. “Cada ladrón juzga por su condición”.

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Desde el movimiento político, la presidenta Gabriela Rivadeneira calificó lo ocurrido como un atentado democrático. Según su versión, la Prefectura habría sido entregada bajo presiones.

Recientemente, la madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la designación de Carlos Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

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Manzano señaló: “Como se lo he dicho al presidente, porque esto fue una decisión que tomé hace más de mes y medio, que me senté con él en su despacho y le dije que necesitaba retomar mi vida familiar”.

En ese punto, la aún ministra de Estado se refirió a su hija. “Yo a mi hija me debo sobre todo”, dijo. Con ello añadió una razón más a su decisión de dejar uno de los ministerios más sensibles que, entre sus retos, tuvo enfrentar la crisis energética de 2024 y que fue señalado por contratos fallidos con Progen y ATM.

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Sobre la transición en el ministerio

Respecto al eventual cambio de autoridad, Manzano señaló que tiene “todos los informes habidos y por haber”. A esto añadió que su aspiración es que la persona que llegue tenga éxito. 

“Es decir, que todo lo que abonamos en el camino él lo coseche. Es ser patriota: dejar todo listo para que la otra persona solo coja las riendas”, aseguró.

Según Manzano, el desarrollo del Ecuador depende del Ministerio de Ambiente y Energía. Aunque, un dato relevante es que la salida de Manzano se registra en medio de los cuestionamientos por nuevos apagones. 

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre su salida?

Inés Manzano ha sido uno de los perfiles más cercanos al presidente Daniel Noboa. Asumió el Ministerio de Energía, antes de su fusión con el de Ambiente, durante la crisis energética de 2024 y reemplazó a Antonio Gonçalves.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo el 24 de abril de 2026 que la decisión sobre la salida de Manzano responde a la necesidad de “oxigenar” la gestión estatal. 

Según la funcionaria, la decisión fue tomada directamente por el presidente Daniel Noboa. Hasta el momento, se conoce que el reemplazo de Manzano sería anunciado a finales de abril. La aún ministra también ha confirmado que no ocupará un nuevo cargo público.

Lo que debes saber

• La justicia argentina ratificó el decomiso de bienes por unos 480 millones de dólares en la causa “Vialidad”.
  
• La medida alcanza más de 100 propiedades vinculadas a la exmandataria, su entorno y otros condenados.
  
• El decomiso puede aplicarse incluso a bienes transferidos a terceros si se determina su origen ilícito.

La justicia argentina dio un nuevo paso en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que la expresidenta Cristina Fernández cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario.

La decisión judicial respalda una medida previamente dispuesta a finales de 2025, mediante la cual se ordenó la incautación de activos por un valor cercano a los 685.000 millones de pesos —equivalentes a unos 480 millones de dólares—, cifra que, según los tribunales, representa el daño económico ocasionado al Estado argentino.

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¿Qué implican los decomisos de la expresidenta?

Pero, ¿qué implica realmente este decomiso? En términos prácticos, se trata de un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes que habrían sido adquiridos como resultado de actos de corrupción. No es una sanción adicional, sino una medida orientada a restituir recursos públicos que, de acuerdo con la sentencia, fueron desviados.

El fallo establece que la medida alcanza a más de un centenar de bienes, entre ellas propiedades vinculadas tanto a la exmandataria como a su entorno familiar ya otros condenados en el caso, como el empresario Lázaro Báez. En una primera fase, la justicia avanzará sobre un grupo inicial de inmuebles relacionados directamente con Fernández y sus allegados, mientras que el resto corresponde a estructuras empresariales y activos asociados a la trama investigada.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el decomiso no se limita únicamente a los bienes que están actualmente a nombre de los condenados. Los jueces determinarán que también puede aplicarse sobre activos que hayan sido transferidos a terceros, incluso en casos de herencia, bajo el argumento de que el origen ilícito no desaparece con el cambio de titularidad.

Las defensas intentaron frenar esta medida, cuestionando los criterios utilizados para identificar los bienes alcanzados. Sin embargo, el tribunal demostró que los argumentos no eran suficientes para invalidar el decomiso, especialmente tomando en cuenta que la causa ya cuenta con una sentencia firme desde 2025.

No obstante, el fallo no fue unánime. Uno de los magistrados planteó reservas respecto a ciertos bienes heredados por los hijos de la exmandataria, señalando que algunos planteamientos de la defensa no habrían sido analizados con la profundidad necesaria. Aun así, esta posición no alteró el resultado final de la decisión.

La causa “Vialidad”, que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, marcó un punto de inflexión en la política y la justicia argentina. La condena, que incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue ratificada por la Corte Suprema en 2025, lo que permitió avanzar no solo en la ejecución de la pena, sino también en las medidas económicas derivadas del caso.

Política

Inmunidad de Jácome se tratará en el Pleno y RC denuncia trato distinto en casos similares

Daniel Alejandro Romero Páez

La decisión se adoptó el viernes 24 de abril de 2026, durante la sesión 088, con la presencia de 131 de los 151 legisladores. El pedido se originó en el oficio 1322, remitido el 27 de marzo por el juez Marco Torres, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que solicitó autorización para iniciar un proceso penal.

La querella fue presentada por el asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien se encuentra en España. El legislador sostiene que, durante la sesión plenaria del 5 de febrero —transmitida públicamente—, Jácome los calumnió.

Esto dijo Jácome, por lo que se la acusó:

Según la denuncia, la legisladora habría sugerido que integrantes de esa bancada “usen una buena pijama” y busquen un lugar en la denominada “Cárcel del Encuentro”, en alusión a personas vinculadas a investigaciones judiciales. 

González interpretó esas declaraciones como una insinuación de que habría allanamientos y privaciones de libertad. La acusación fue por presunta calumnia.

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"Usen una buena pijama": la referencia por la que RC quiere sanción a Jácome

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La reacción de Diana Jácome

Tras la votación, Jácome defendió su posición y calificó el proceso como infundado. “El archivo de mi queja administrativa confirmó lo que siempre sostuve: no había fundamento alguno. Hoy, el Pleno rechazó levantar mi inmunidad frente a una propuesta impulsada por un asambleísta sin gestión ni respaldo”, afirmó. 

Además, Jácome añadió que se trató de “una maniobra política fallida” y aseguró que continuará en funciones “sin distracciones”.

Los reclamos de la Revolución Ciudadana, por el caso de Mónica Palacios

Desde la bancada correísta se ha denunciado un trato desigual en casos similares. El viernes 24 de abril también venció el plazo para que se trate sobre el levantamiento de la inmunidad de la legisladora Mónica Palacios, quien fue acusada ante la Corte Nacional de Justicia por presunta calumnia en contra de Mishel Mancheno, de ADN.

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Pugna entre Mónica Palacios y Mishel Mancheno salta del Pleno a lo judicial

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Como antecedente, recordaron que el 5 de marzo el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión 075, en la que debía debatirse el pedido de levantamiento de inmunidad contra el propio González, solicitado por un juez de la Corte Nacional. 

El plazo legal venció el 7 de marzo sin que el Pleno adoptara una resolución. 

Ese proceso se originó en declaraciones de González, el 10 de diciembre de 2025, en las que denunció la existenci a de un “gobierno terrorista” y afirmó que la Fiscalía General del Estado estaba “secuestrada por la Función Ejecutiva”. 

Una semana después, la legisladora oficialista Naila Quintana presentó una querella por presunta calumnia.

En medio de ese contexto, González ha buscado respaldo internacional. A finales de marzo se reunió en España con diputados, entre ellos Enrique Santiago, quien expresó críticas a la situación institucional de Ecuador y cuestionó las acciones contra la Revolución Ciudadana.

En una sesión marcada por enfrentamientos y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, el Pleno se ratificó en la sanción para Unidad Popular por no contar con el número mínimo de adherentes y afiliados, según lo determina el Código de la Democracia.

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CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

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El cuerpo colegiado tomó la decisión con base en el informe remitido por dos áreas técnicas del CNE, en el que se argumentó que el movimiento incurrió en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

En la normativa se señala que será causal de cancelación haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50 % del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

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La polémica por la recusación

La sesión del organismo empezó con el tratamiento de dos recusaciones en contra de la presidenta del organismo y del vocal suplente José Merino. Estas fueron presentadas por Unidad Popular horas antes de la instalación de la sesión.

Pese a la advertencia de la consejera Elena Nájera sobre una posible nulidad de la sesión por no haber tratado antes las recusaciones, Atamaint instaló la reunión y se leyó un informe jurídico con el que se desestimaron ambos pedidos. Así, la sesión continuó para conocer el informe sobre la cancelación.

Atamaint inclinó la balanza

Sin el vicepresidente del organismo —quien argumentó fallas en la conectividad— y con la presencia del vocal Merino, quien generalmente vota con Atamaint, la aprobación del informe que recomendaba la cancelación tenía solamente dos votos a favor.

Primero, Nájera votó en contra y pidió el archivo. Después reconsideró y votó en abstención. El consejero José Cabrera también se abstuvo. Con el empate, se abrió la puerta para el voto dirimente de Atamaint, que terminó por inclinar la balanza.

Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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Daniel Noboa Azin endurece control carcelario: clasificación de presos y más poder al SNAI

Sara Ortiz

En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

Lo que debes saber

• En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó los comicios para el 14 de febrero de 2027.
• Un mes después, el órgano electoral modificó la fecha; la adelantó para el 29 de noviembre de 2026.
• Las tiendas políticas han tenido que apresurar sus procesos internos y buscar figuras para los comicios.

El adelanto de los comicios seccionales ha acelerado a las organizaciones políticas del país. En un inicio, las elecciones estaban previstas para febrero de 2027, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha a noviembre de 2026.

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¿Las seccionales podrían volver a cambiar de fecha? El impacto de las demandas en la Corte

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Carrera por candidaturas

Con ello, la agenda electoral se trastocó. La entrega del registro electoral a las organizaciones políticas será el 3 de mayo de 2026, mientras que del 18 de junio al 18 de julio, los políticos podrán inscribir alianzas y del 2 al 17 de agosto, deberán postular a sus candidatos.

En este contexto, varios líderes políticos buscan, dentro y fuera de sus filas, figuras con las que aspiran a ganar espacios en los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, expertos en política advierten que el adelanto electoral y el énfasis en candidaturas podrían distraerlos de otras acciones igualmente relevantes.

Planes, en segundo plano

En ese escenario, las organizaciones políticas estarían relegando la construcción de planes de gobierno para ciudades, provincias o parroquias, indica Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Eso, pese a que constituye el eje de cualquier gestión local.

Es por eso por lo que “los planes de trabajo terminan siendo meras formalidades y no propuestas elaboradas con base en la realidad”, advierte la politóloga. A su criterio, el problema no es solo coyuntural, sino estructural, pues responde a la fragilidad interna de los partidos y a la ausencia de procesos sostenidos de planificación.

No priorizarán propuestas para mejorar ciudades, provincias o parroquias; la campaña girará en torno a disputas políticas más que a soluciones concretas.Tatiana Quinga, politóloga

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Lo local define lo nacional

Esa omisión, coinciden los entrevistados, tiene un impacto mayor porque lo nacional se construye desde lo local. “Históricamente el país ha configurado su modelo de nación desde las agendas locales”, sostiene el experto político y electoral Alfredo Espinosa, por lo que descuidar esa planificación debilita no solo a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también a la proyección de una agenda país.

A ello se suma la falta de fiscalización interna de las organizaciones políticas hacia las autoridades que buscarán la reelección. “No se está evaluando si han cumplido o no sus planes de trabajo ni si merecen nuevamente el respaldo”, señala la consultora María Fernanda Carvajal, quien advierte que ese vacío también impide consolidar liderazgos y candidaturas con base en resultados.

En paralelo, la premura electoral dificulta afianzar proyectos políticos de largo plazo y sostener candidaturas con una visión de permanencia en el poder. Para César Montúfar, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la construcción de liderazgos y proyectos locales requiere tiempo y articulación social, elementos que se diluyen en procesos apresurados y debilitan la representación.

La inmediatez electoral, en algunos casos, diluirá los planes de trabajo; varios candidatos presentarán propuestas sin una agenda local a cuatro años.Alfredo Espinosa, analista electoral

Un electorado con menos información

Con este panorama, los expertos en política consideran que el electorado llegará a las urnas con menos herramientas para decidir. Eso, porque la escasa discusión programática y la limitada información disponible reducen la posibilidad de un voto informado.

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Campañas sin propuestas

En ese contexto, la campaña tenderá a centrarse en lo inmediato y en lo emocional. “Se priorizarán contenidos superficiales en redes sociales antes que propuestas concretas”, advierte Carvajal, lo que podría derivar en decisiones basadas más en percepciones que en planes de gobierno.

Por ello, sostiene Montúfar, este escenario se traducirá en propuestas poco técnicas. Sin una construcción previa, dice, los documentos que se presenten ante el CNE no orientarán una gestión pública efectiva.

El exburgomaestre dijo que ha recibido la invitación de organizaciones políticas y colectivos sociales.

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Luisa González en su regreso a Ecuador: "No he pedido asilo a ningún país del mundo"

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 25 de abril de 2026, la posibilidad de que Barrera integre la lista de aspirantes a la Alcaldía de la capital se difundió con fuerza en redes sociales. 

EXPRESO se comunicó con él y esta fue su respuesta: “En este momento, más que nombres, creo que debemos lograr la mayor unidad posible y un plan de trabajo para la ciudad. Esa me parece la prioridad ahora”.

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Es decir, por un lado confirmó que ha recibido propuestas de postularse por tercera ocasión, pero no aseguró que se trate de una decisión tomada. 

Barrera llegó a la Alcaldía de Quito de la mano del entonces movimiento correísta Alianza PAIS. Estuvo en el cargo entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Rafael Correa.

No logró la reelección. Perdió las seccionales frente a Mauricio Rodas y se convirtió en el primer alcalde en no reelegirse tras la gestión de Paco Moncayo. Durante su administración se iniciaron los estudios para la construcción del Metro.

¿Qué dice el Partido Socialista Ecuatoriano?

EXPRESO también contactó al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Él fue más directo sobre la aspiración de la organización. Ante la consulta sobre si Barrera será el candidato del PSE, Vallejo respondió:

“Desde hace varios meses venimos conversando de la necesidad de conformar un frente amplio que, bajo un programa claro para la ciudad y la provincia, pueda articularse en el campo electoral; propusimos al Dr. Barrera para la alcaldía y a la Dra. Verónica Silva para la prefectura, seguimos conversando con organizaciones sociales y políticas para concretar la iniciativa del frente amplio y las candidaturas en mención”.

Una carrera contra el tiempo

El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las votaciones de las seccionales. En un inicio, la fecha prevista para el sufragio era el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, con base en un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos, el organismo resolvió adelantar la jornada al 29 de noviembre de 2026.

Con esa decisión, la mayoría de fechas del calendario electoral se modificaron. Las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Asimismo, las candidaturas deberán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

“No sé qué es lo que pretendía el Gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México aún. Sí tengo pensado ir en vista con los partidos de izquierda”, aseguró.

Política

Luisa González niega haber pedido asilo político y anuncia retorno a Ecuador

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Las declaraciones las ofreció a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Desde el viernes 24 de abril de 2026, militantes de la Revolución Ciudadana hicieron una convocatoria para recibirla.

¿Por qué habló de asilo en México?

Durante la última semana se extendió la versión de que la dirigente política había solicitado asilo en ese país. Allí se encuentran otros altos perfiles del correísmo. Incluso, antes de su designación como nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira permaneció varios años en el país norteamericano.

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Sin embargo, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien encendió la polémica con declaraciones del 23 de abril en una entrevista radial. 

“No tiene nada. Pero, por lo que he podido leer un poco, lo que tiene es miedo de regresar y es pasa, normalmente, con la gente que tiene rabo de paja”, dijo en Radio Sucre ante la pregunta sobre el supuesto pedido de asilo.

Este 25 de abril, González afirmó: “En ningún momento he pedido asilo a ningún país del mundo. Juntos vamos a trabajar para levantar este país”, señaló la también expresidenta del movimiento correísta.

Sobre las declaraciones de Reimberg, González dijo que se anticipan a lo que se podría haber encontrado en sus dispositivos electrónicos. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía, allanó la vivienda de la excandidata presidencial en el marco de la investigación del denominado caso Caja Chica.

“Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, que usan los allanamientos para sembrar pruebas. No le debo nada”, aseguró la dirigente política.

Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

La convocatoria fue hecha para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la organización indígena en Quito. Uno de los promotores fue el abogado y activista político Washington Andrade. Él se encargó de difundir la invitación, pero esa misma acción desencadenó una pugna con dirigentes de la Conaie.

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El conflicto por la sede

Tras la difusión de la invitación, Andrade hizo un nuevo anuncio. “Marlon Vargas (presidente de la CONAIE) reculó en la autorización de facilitar el auditorio de la Conaie para la realización de la auto convocatoria a asamblea ciudadana y el lanzamiento de la app Revoca EC”.

Para Andrade, los motivos para ese cambio de opinión tendrían que ver con presiones desde el Gobierno de Daniel Noboa, aunque el mismo abogado aseguró no conocer las razones de la decisión.

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Según un oficio expuesto en redes sociales, la decisión de no facilitar la sede de la Conaie estaría relacionada con que el lugar no cumple con las condiciones para el desarrollo de la agenda.

La respuesta de la Conaie

Después de la publicación hecha por Andrade, uno de los dirigentes de la Conaie reaccionó. Se trató del encargado de comunicación de la organización indígena, Simón Velasco. 

Él escribió: “Anda perdido abogado Andrade: 4 horas debatiendo en último Consejo Ampliado con presidentes de nuestras organizaciones y decidimos regresar a los territorios. Avance en la agenda de revocatoria pero no se tome el nombre de la CONAIE”.

Ahora, la convocatoria fue hecha para el mismo día, pero a las 17:00, en la sede de la Fenocín en Quito. En un video difundido por Andrade aparece el dirigente de esa organización campesina e indígena, Guido Perugachi. Él allí dice: “Nosotros no tenemos miedo”.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• La confrontación entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga se intensifica tras acusaciones de presiones y fraude político en la Prefectura del Guayas, en medio de la designación del nuevo viceprefecto.
• Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente!".

La tensión entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga continúa escalando en medio de la crisis política en la Prefectura del Guayas. El exmandatario volvió a pronunciarse públicamente y acusó a la prefecta de mentir sobre su salida del cargo.

El conflicto se reactivó luego de que Aguiñaga asegurara en una entrevista en Radio Pichincha que su decisión fue personal y sin presiones externas. 

“No ha existido ningún tipo de presión; son decisiones particulares”, afirmó, defendiendo su postura sobre la situación institucional.

Sin embargo, Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente! Seguramente por eso también renunció el viceprefecto”, escribió, cuestionando la versión de su exministra de Ambiente.

Además, lamentó que, según su criterio, Aguiñaga no haya enfrentado la situación con el respaldo del movimiento.

El exmandatario fue más allá y aseguró que la prefecta está afectando su legado político. “Cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Una lástima”, agregó.

Gobierno de Daniel Noboa niega injerencia

En paralelo, el Gobierno de Daniel Noboa también se pronunció sobre el cambio en la Viceprefectura del Guayas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó cualquier tipo de intervención del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada.

Durante una entrevista, Morillo criticó la postura del correísmo. “Cada ladrón juzga por su condición”.

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Desde el movimiento político, la presidenta Gabriela Rivadeneira calificó lo ocurrido como un atentado democrático. Según su versión, la Prefectura habría sido entregada bajo presiones.

Recientemente, la madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la designación de Carlos Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

“No sé qué es lo que pretendía el Gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México aún. Sí tengo pensado ir en vista con los partidos de izquierda”, aseguró.

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Luisa González niega haber pedido asilo político y anuncia retorno a Ecuador

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Las declaraciones las ofreció a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Desde el viernes 24 de abril de 2026, militantes de la Revolución Ciudadana hicieron una convocatoria para recibirla.

¿Por qué habló de asilo en México?

Durante la última semana se extendió la versión de que la dirigente política había solicitado asilo en ese país. Allí se encuentran otros altos perfiles del correísmo. Incluso, antes de su designación como nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira permaneció varios años en el país norteamericano.

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Sin embargo, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien encendió la polémica con declaraciones del 23 de abril en una entrevista radial. 

“No tiene nada. Pero, por lo que he podido leer un poco, lo que tiene es miedo de regresar y es pasa, normalmente, con la gente que tiene rabo de paja”, dijo en Radio Sucre ante la pregunta sobre el supuesto pedido de asilo.

Este 25 de abril, González afirmó: “En ningún momento he pedido asilo a ningún país del mundo. Juntos vamos a trabajar para levantar este país”, señaló la también expresidenta del movimiento correísta.

Sobre las declaraciones de Reimberg, González dijo que se anticipan a lo que se podría haber encontrado en sus dispositivos electrónicos. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía, allanó la vivienda de la excandidata presidencial en el marco de la investigación del denominado caso Caja Chica.

“Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, que usan los allanamientos para sembrar pruebas. No le debo nada”, aseguró la dirigente política.

Lo que debes saber

• El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento sobre el uso de la silla vacía, pero evitó conceder una entrevista. Fue solicitada el martes 21 y aún no la asigna. 
• Tampoco aclaró el caso de César Cárdenas, quien no pudo intervenir en una sesión del Concejo y denunció que tampoco pudo ingresar. 
• La institución que lidera Tatiana Coronel sostiene que la silla vacía funciona con normalidad. 

El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento oficial tras la publicación de un artículo sobre el uso de la Silla Vacía. Sin embargo, no confirmó ni atendió la solicitud de entrevista planteada por este medio.

El pedido de entrevista fue realizado el martes 21 de abril de 2026, previo a la publicación del artículo, que salió el viernes 24. No obstante, en lugar de una vocería directa, el área de Comunicación remitió a esta Redacción un documento la tarde del sábado 25 de abril.

En el texto, de dos páginas y firmado por la Dirección de Comunicación, la entidad expone el marco legal que regula este mecanismo de participación ciudadana. 

El Municipio indica que cuenta con la “Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Guayaquil”, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Municipal No. 6 del 10 de agosto de 2023 y que se encuentra vigente en su portal institucional.

Según el documento, en esta normativa se establecen “de manera clara los requisitos, procedimientos y condiciones” para acceder a la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal. 

Municipio de Guayaquil defiende requisitos 

La institución que hoy la lidera Tatiana Coronel, tras la detención de Aquiles Álvarez, también cuestiona el contenido del reportaje publicado por EXPRESO, señalando que incluye “interpretaciones subjetivas” y “juicios de valor”.

Entre las frases citadas están:

El Municipio afirma que estas expresiones “no se sustentan en evidencia verificable y generan una percepción equivocada”.

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Finalmente, el Municipio reitera su “compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana”, asegurando que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Sin respuesta sobre el caso César Cárdenas

Pese a la extensión del documento, el Municipio no se pronunció sobre el caso de César Cárdenas, quien solicitó el uso de la silla vacía y no pudo intervenir en la sesión del Concejo.

Tampoco respondió a la denuncia de que su pedido fue contestado después de finalizada la sesión en la que pretendía participar, donde se debatía el aumento de la tarifa de la Aerovía. Finalmente, la tasa pasó de 74 a 76 centavos. 

Este punto fue uno de los ejes principales del reportaje publicado por este Diario.

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El documento concluye reiterando que la institución mantiene su compromiso con la participación ciudadana.

El Cabildo asegura que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Pero, hasta el cierre de esta edición, EXPRESO no ha recibido respuesta para concretar la entrevista solicitada.

Así ha rotado la dirección de Comunicación

En el contexto de la gestión de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante de Guayaquil, iniciada en febrero de 2026 tras la detención de Aquiles Álvarez, el área de Comunicación ha registrado cambios en su liderazgo.

Actualmente, el cargo lo ocupa Xavier Morán Quinde. Antes de su designación, la función fue ejercida por Pablo Ramírez Aristizábal. Previamente, la dirección estuvo a cargo de Cristian Moscoso, quien también ha desempeñado funciones en otras áreas de comunicación dentro de la administración municipal.