Lo que debes saber

• El Gobierno identifica unos 2.000 millones de dólares en activos inmobiliarios del instituto.
• Las organizaciones sociales se oponen a la venta de bienes del IESS.
• Los manifestantes también cuestionan la falta de medicamentos y la atención médica.

Un plantón se realizó, este lunes 7 de septiembre de 2026, en los exteriores de la Caja del Seguro Social, en el centro de Quito, en rechazo a la posibilidad de que el Gobierno impulse la venta de bienes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La manifestación ocurrió unos días después de que el presidente Daniel Noboa señalara, durante una entrevista en Radio Centro, que el IESS posee alrededor de $ 2.000 millones en activos inmobiliarios que considera “ociosos”.

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Los bienes que el Gobierno busca convertir en liquidez

Según explicó Noboa, ese patrimonio está compuesto por edificios, terrenos y macrolotes que podrían convertirse en liquidez para sostener las operaciones del Instituto. Además, el mandatario aseguró que pidió al delegado del Ejecutivo ante el IESS impulsar la venta de esos bienes para fortalecer la capacidad financiera destinada a las prestaciones médicas y al cumplimiento de las obligaciones del sistema de pensiones.

Frente a esa posibilidad, Ramiro Beltrán, integrante de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, señaló que en el plantón participan trabajadores activos, jubilados y organizaciones agrupadas en el Frente Popular de Pichincha. A su criterio, la autonomía del IESS debe mantenerse y ningún Gobierno debe intervenir en los recursos ni en el patrimonio de la institución, que —según sostuvo— ha sido construido con el aporte de los trabajadores.

Rechazo a la venta del patrimonio

En ese contexto, Beltrán sostuvo que la eventual venta de propiedades constituye un paso hacia la privatización de la Seguridad Social. El dirigente cuestionó que esos bienes sean vendidos durante una época de crisis económica y advirtió que podrían ser comercializados a precios que, desde su perspectiva, no representarían su verdadero valor.

Asimismo, Beltrán afirmó que los bienes del IESS están vinculados a los seguros de salud y pensiones, por lo que su venta tendría consecuencias para los afiliados y jubilados. También planteó la necesidad de modificar el modelo de Seguridad Social mediante una propuesta que, según dijo, mantenga la autonomía y solidaridad del sistema y contemple la creación de un fondo de solidaridad para darle sostenibilidad durante las próximas décadas.

Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, aseguró que los afiliados, trabajadores y jubilados no permitirán que se intervenga en los recursos del IESS. Erazo sostuvo que esos fondos deben utilizarse para atender los problemas de salud, garantizar el pago de pensiones y mejorar la atención de los asegurados, especialmente de quienes padecen enfermedades catastróficas.

Además, Erazo cuestionó la actuación del Gobierno frente a la autonomía de la Seguridad Social y sostuvo que no le corresponde al Ejecutivo disponer la venta de los bienes del instituto. El dirigente anunció que las organizaciones sociales evalúan acciones legales, entre ellas una acción de protección o acudir ante la Corte Constitucional, aunque insistió en que la principal herramienta de defensa será la movilización de los afiliados y asegurados.

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Las consignas contra el Gobierno

A la par de los discursos, los manifestantes expresaron su rechazo al Gobierno mediante consignas como “que se larguen todos”, “no hay medicinas, vuelven los apagones, con Noboa y sus ladrones” y “abajo la privatización del IESS”. También corearon “el IESS es de los trabajadores”, “el IESS no se vende” y “el Seguro es de los trabajadores y no de los explotadores”.

En los carteles exhibidos durante el plantón también se cuestionó la intención de vender los bienes del instituto. Entre las frases se leía: “El IESS es de los afiliados, no del Gobierno”, “El IESS no se vende” y “Noboa, si quieres vender, vende tus empresas, no los bienes y recursos del IESS”; otro mensaje señalaba que el instituto pertenece a sus más de 3,5 millones de afiliados.

Finalmente, Erazo recordó que en 1995 las organizaciones sociales se movilizaron contra el intento de privatización del IESS durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Con ese antecedente, aseguró que los trabajadores, maestros, jubilados y pensionistas volverán a organizarse para defender la autonomía y el patrimonio de la Seguridad Social, mientras Beltrán llamó a fortalecer la unidad para impedir que los recursos del instituto sean destinados a otros fines.

Lo que debes saber

• La Comisión de Fiscalización resuelve este 7 de septiembre la actualización del caso Sucre.
• La mesa legislativa requirió 30 días de prórroga tras tramitar el juicio a Inés Manzano.
• El esquema investiga presunto lavado transnacional vinculado a Foglocons y Álex Saab.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional prevé aprobar este lunes 7 de septiembre de 2026 la actualización del informe sobre la investigación del caso Sucre-Foglocons. La sesión presencial y telemática fue convocada para las 19:00 por el titular de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (ADN), con el debate y resolución de este expediente como único punto en el orden del día, tras cumplirse el plazo adicional otorgado por el Pleno legislativo para cerrar la indagación sobre esta presunta trama transnacional de lavado de activos.

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Convocatoria de la Comisión de Fiscalización y prórroga legislativa

El tratamiento de este documento definitivo se concreta luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara, el pasado 12 de agosto de 2026, una extensión de 30 días adicionales para que la mesa parlamentaria concluyera las indagaciones.

La solicitud de prórroga fue presentada por la propia comisión debido a la carga procesal de las semanas previas. El calendario original del equipo legislativo se vio copado por la sustanciación del juicio político a Inés Manzano, exministra de Energía, relacionado con el fallido contrato para la adquisición y suministro de generación eléctrica con la empresa ATM.

La comparecencia de la Contraloría General del Estado

Durante la fase de comparecencias de esta fase complementaria, el pasado 26 de agosto de 2026, intervino la subcontralora de Auditoría, Gabriela Sulca.

En su exposición técnica ante los comisionados, Sulca puntualizó los siguientes aspectos:

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Origen e investigación del sistema Sucre y la empresa Foglocons

El expediente investiga una supuesta red de lavado de activos de alcance regional que operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), un mecanismo financiero ideado durante la administración de Rafael Correa.

El tratado constitutivo de dicho sistema comercial se suscribió formalmente el 16 de octubre de 2009 con la participación de:

El objetivo declarado del instrumento internacional era dinamizar y facilitar los pagos en las operaciones de intercambio comercial entre las naciones suscriptoras.

Las exportaciones ficticias hacia Venezuela

A escala local, las sospechas se concentraron en las operaciones de la firma Fondo Global de Construcción (Foglocons), vinculada a Álex Saab, señalado como pieza clave en la estructura de estas transacciones.

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Las inconsistencias detectadas en la indagación patrimonial y aduanera reflejan una profunda brecha económica:

Lo que debes saber

• Constar en el padrón electoral y portar cédula o pasaporte faculta el sufragio.
• El voto es obligatorio entre 18 y 65 años; la multa por no votar es de $48,20.
• Las elecciones seccionales y del CPCCS se adelantaron al 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) llevará a cabo las elecciones seccionales y del CPCCS el próximo 29 de noviembre de 2026 en todo el territorio de Ecuador. De acuerdo con la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia) la ciudadanía habilitada deberá cumplir con los requisitos legales para ejercer el sufragio obligatorio u optativo. La jornada electoral, inicialmente prevista para febrero de 2027, fue reprogramada de manera anticipada por el organismo electoral ante la alerta de un fuerte fenómeno de El Niño.

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Requisitos obligatorios para ejercer el derecho al voto

Para sufragar en los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el artículo 12 del Código de la Democracia determina que la calidad de elector se comprueba mediante la constancia del nombre del ciudadano en el registro electoral.

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La verificación formal se realizará en la junta receptora del voto correspondiente a través de los siguientes documentos:

La normativa electoral puntualiza que la falta de vigencia o caducidad de cualquiera de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio. Asimismo, es condición indispensable que el ciudadano se encuentre en pleno goce de sus derechos políticos y de participación.

Causales de suspensión de los derechos políticos

El artículo 14 de la ley electoral estipula las razones expresas por las cuales una persona pierde temporalmente el goce de sus derechos políticos o de participación:

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Obligatoriedad del sufragio y sanciones económicas

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Multa por no acudir a las urnas

Los electores obligados que no asistan a votar deberán cancelar una sanción económica equivalente al 10 % de un salario básico unificado. Para el periodo correspondiente a 2026, la sanción asciende a 48,20 dólares.

Modificación del calendario electoral para los comicios de 2026

Las elecciones seccionales y del CPCCS estaban planificadas originalmente para febrero de 2027. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar la convocatoria para el 29 de noviembre de 2026 debido a los informes técnicos y la presunta alerta originada por la presencia de un fuerte fenómeno de El Niño en el país.

Lo que debes saber

• Capacitación para miembros de mesa inició este 7 de septiembre rumbo a las elecciones 2027.
• Ciudadanos designados deberán asistir o enfrentar multas previstas en la ley electoral.
• Miembros de mesa aprenderán votación, escrutinio y manejo de material electoral.

Miles de ciudadanos designados para integrar las juntas receptoras del voto (JRV) comenzaron este lunes 7 de septiembre el proceso de capacitación previo a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) previstas para 2027. La preparación busca instruir a los miembros de mesa sobre las tareas que deberán desempeñar durante la jornada electoral.

La capacitación se desarrolla de manera presencial y tiene carácter obligatorio para todos los integrantes de las juntas receptoras del voto. De acuerdo con la normativa electoral vigente, quienes no asistan a esta actividad podrán ser sancionados con una multa equivalente al 10 % de un salario básico unificado.

Cuatro fases de la jornada electoral

Durante las jornadas de formación, los miembros de mesa recibirán instrucciones sobre los procedimientos que deberán cumplir el día de los comicios. Entre los temas abordados constan:  

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Además de los aspectos operativos, la capacitación incluye información sobre las obligaciones y responsabilidades que deben asumir los integrantes de las juntas, así como las disposiciones establecidas en la legislación electoral para el desempeño de sus funciones.

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Sanciones por incumplimiento

La normativa también contempla sanciones para quienes, pese a haber sido designados, no se presenten a integrar la junta receptora del voto el día de las elecciones. En esos casos, la multa equivale al 15 % de un salario básico unificado.

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La asistencia a las capacitaciones forma parte de las actividades preparatorias del proceso electoral de 2027, en el que los ecuatorianos elegirán autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Los ciudadanos convocados pueden consultar los puntos habilitados para la capacitación a través de los canales oficiales establecidos para este proceso.

Lo que debes saber

• Héctor Vanegas y Cortázar revela los secretos y el auge actual de la masonería ecuatoriana.
• La masonería en Ecuador creció de 220 a más de 1.600 miembros impulsada por redes sociales.
• Un recorrido exclusivo por el Palacio Masónico muestra los rituales y la vida de sus logias.

Es un atardecer cálido del primer día de septiembre en Guayaquil. El sol tiñe de rojo el cielo que se aprecia en uno de los últimos pisos del edificio La Previsora. Mientras, Héctor Vanegas y Cortázar se prepara para hablar de una organización que durante siglos ha estado rodeada de misterio. Tiene 61 años y lleva 26 como masón. Su traje azul a rayas está impecable. Solo le falta un elemento que, para él, parece inseparable de su identidad. “Espéreme, sin mi sombrero, no soy yo”, dice entre risas.

Antes de comenzar la entrevista ordena algunos objetos, revisa su atuendo y busca algo dentro de un impecable maletín. En su oficina, un atril dorado cargado de símbolos masónicos en alto relieve sostiene su laptop y una taza de café. El espacio es pequeño, pero la vista compensa cualquier estrechez: frente a las ventanas, Guayaquil se enciende poco a poco con los últimos reflejos del día.

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Entonces saca otro objeto. Del maletín extrae uno de los elementos que más aprecia de sus tres periodos como gran maestro de la masonería: su mandil. El que lleva esa tarde es azul, con detalles dorados y un sol en el centro. “Tómeme la foto con mi mandil, es mi identidad como masón”, pide, esta vez sin bromear.

El despacho parece contar su historia antes de que él la pronuncie. Hay espadas, martillos, escuadras, compases, figuras de caballeros templarios, calaveras, bustos y personajes históricos. También están Simón Bolívar, José de San Martín, El Mio Cid y una representación de la mesa redonda del rey Arturo. En las paredes cuelgan sus títulos y reconocimientos acumulados durante décadas.

El legado liberal de Eloy Alfaro en la masonería

Entre tantos objetos, uno se repite: Eloy Alfaro. El Viejo Luchador aparece en distintos rincones de la oficina, pero un enorme busto color bronce sobresale desde una esquina y observa el despacho desde lo alto. Para Vanegas, Alfaro representa parte de la tradición liberal con la que relaciona a la masonería ecuatoriana.

Habla de él con convicción y enlaza su figura con transformaciones del país, especialmente con la construcción de un Estado laico y las reformas impulsadas durante el liberalismo. En su relato, Alfaro no es solamente un personaje histórico. Es también una referencia permanente dentro de la masonería.

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El Gran Arquitecto y la apertura digital de la masonería ecuatoriana

Los objetos de la oficina abren la puerta a recuerdos más personales. El busto grande de Alfaro, cuenta, fue un regalo. La mesa redonda del rey Arturo la compró en Roma. Entre esa colección singular también aparece un curioso gallo de Barcelona, su querido club.

Vanegas sonríe mientras recuerda el origen de algunas piezas. Pero la conversación regresa pronto a una idea que repite con firmeza: “Si está buscando un roce social, esa no es la masonería”.

También insiste en la dimensión espiritual de la fraternidad. Los miembros pueden profesar religiones distintas, explica, pero deben compartir una creencia en un Ser Superior, al que llaman Gran Arquitecto del Universo. Dentro de los templos, sostiene, política y religión tienen prohibido convertirse en temas de discusión.

Captación en redes sociales y crecimiento de miembros

Pero hay algo que ha cambiado. Durante mucho tiempo, la masonería estuvo asociada al silencio y al hermetismo. Vanegas, en cambio, ha decidido utilizar las mismas herramientas que utiliza el resto del mundo para comunicarse: las redes sociales.

Ha invitado a través de TikTok e Instagram a hombres interesados en acercarse a la organización. “No podemos estar ajenos al progreso”, sostiene. Pero inmediatamente coloca un límite: “Una cosa es invitar y otra cosa es permitir que ingresen”.

Según sus propias cifras, desde 2020 la masonería ecuatoriana atraviesa lo que él llama un despertar. Asegura que entonces había unos 220 miembros y que ahora son más de 1.600. Habla también de un crecimiento de las logias y de los templos.

La entrevista termina cuando el cielo porteño ya ha perdido el rojo. Pero la noche apenas comienza.

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Dentro del “Palacio Masónico” en Guayaquil

Es martes, el día en que se reúne la logia de Vanegas. Él toma su bastón y, como quien todavía tiene algo que mostrar, propone a este equipo avanzar unas cuadras hasta Calixto Romero y Francisco de Paula Lavayen. Allí está el lugar que llama, simplemente, el “Palacio Masónico”.

Son las 18:37. Desde afuera, el edificio luce impecable. Blanco mate, iluminado en medio de la noche, tiene una arquitectura que recuerda a los antiguos templos griegos.

Adentro, un largo pasillo conduce hacia distintas oficinas. En una de ellas predomina el azul: sillones, alfombras, puertas, banderas y hasta un vitral que incorpora símbolos masónicos al escudo del Ecuador.

Al final del corredor hay una puerta. “Entren, conozcan a mis hermanos”, dice Vanegas. Dentro, cerca de una decena de hombres comparte una merienda. Hay alimentos fritos sobre la mesa y una conversación que parece suspendida apenas por unos segundos. Al ver los invitados, todos se levantan. “Pasen, por favor, son bienvenidos”, dice uno de ellos al estrechar su mano con una sonrisa.

Simbología y reliquias de la Gran Maestría

No hay solemnidad en ese primer encuentro. Hay anécdotas, bromas y camaradería. Vanegas improvisa entonces un recorrido. En las paredes aparecen retratos de quienes han ocupado la Gran Maestría de la masonería ecuatoriana. En otra, los rostros de presidentes del país.

Hay esculturas, bustos y objetos históricos. Entre ellos, una réplica del mandil que, según cuentan dentro de la institución, perteneció a Simón Bolívar.

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Cada habitación vuelve sobre los mismos símbolos que estaban en el despacho de Vanegas. Solo que aquí adquieren otra dimensión.

Un piso arriba conduce hacia un curioso “vestidor masón”, destinado a la preparación de ropa con sus túnicas, mandiles y trajes que se utilizan en distintas ceremonias. Y más adentro está el salón masón: un lugar azul, con un largo piso en cuadrículas blancas y negras, cual tablero de ajedrez.

Cada asiento lleva la escuadra y el compás. Sobre el techo, un cielo pintado con nubes parece impedir que la noche entre por completo.

Tres palabras destacan en los escalones que conducen hasta el lugar reservado para el Gran Maestro: “Belleza, Fuerza y Sabiduría”. “Vengan, conozcan el de más arriba”, invita Vanegas. Es el tercer piso. La escena se repite con una diferencia contundente: el rojo domina todo. Paredes, detalles y elementos del templo parecen replicar el espacio anterior bajo otra tonalidad. “Vea, así de bonitos son nuestros templos” dice, orgulloso.

¿Qué hacen los masones en sus reuniones a puerta cerrada?

Mientras el recorrido termina, los miembros continúan conversando. Uno de ellos es Jaime Andrés Veintimilla, ingeniero en comercio exterior de 36 años. Llegó en 2021 después de ver una convocatoria de Vanegas en Instagram. Para él, aquello fue algo más que una publicación: “Fue un llamado”.

Habla de sus compañeros como hermanos. Sus esposas, explica, son sus cuñadas; sus hijos, sus sobrinos. Resume aquello como una “hermandad filosófica”.

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A pocos metros está René Bautista. Tiene 43 años, es dominicano y lleva siete años como masón. Vive en Ecuador desde hace 14 y actualmente ocupa la dignidad de ‘venerable maestro’. Para él, la masonería también representa un antes y un después: “Te pule y saca cosas que tienes guardadas”. Habla de intelectualidad, conocimiento y evolución. Afirma que es “un despertar”.

Entonces ¿qué mismo ocurre cuando aquellos hombres se reúnen a puerta cerrada? Bautista piensa un par de segundos y revela: “Casi siempre se habla de la orden masónica, temas esotéricos, espirituales y asuntos que tienen que ver con nuestras agendas”. Pero hay algo que quiere aclarar: “Somos seres humanos, como todos”.

La merienda termina. Los hombres comienzan a prepararse para lo que viene. Están por alistarse para su ‘tenida’, como llaman a la sesión oficial que realizan dentro del templo.

Lo que debes saber

• El caso Progen expuso la negligencia estatal al contratar generadores inviables ante la crisis.
• Chats y declaraciones de Progen revelaron desvío de fondos públicos y motores no nuevos.
• La impunidad y el blindaje político frenan las sanciones por el millonario atraco eléctrico.

El caso Progen debió ser un escándalo desde que Roberto Luque y compañía los fueron a visitar a la Florida. Cualquier funcionario que valiera su sueldo en el Ministerio de Energía o en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) o cualquier miembro del Gobierno que alguna vez haya tenido el mínimo contacto con el mundo de la generación eléctrica habría tenido que pegar el grito al cielo en ese momento, porque Progen no se asemejaba en lo más mínimo a los integrantes del pequeño club de fabricantes de grupos electrógenos de gran capacidad en el mundo. Ninguno de ellos lo hizo, al menos no ante el público o las autoridades.

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Plazos inviables y exigencias técnicas para El Salitral y Quevedo

El Ecuador necesitaba decenas de generadores para producir 100 MW en la central El Salitral y 50 MW en Quevedo. Y el gobierno ecuatoriano los quería nuevos y entregados a finales de noviembre, más o menos cuatro meses después de la firma de los respectivos contratos. Esto a pesar de que casi todos los funcionarios de las grandes industrias del país, las cuales estaban desesperadas intentando no terminar panza arriba por culpa de los constantes apagones, eran conscientes de que no había equipos nuevos de gran capacidad en el mercado y de que cualquier orden iba a tomar mucho más que tres o cuatro mesecitos en ser despachada.

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Condiciones de pago y advertencias tardías de las autoridades

Aunque todo eso debió haber sido más que suficiente para que un ministro tuviera que patear la mesa y salir a denunciar lo que estaba aconteciendo ante el país, el mismo diseño de los contratos exigía un escándalo por sí solo. Se iba a pagar un 70% del valor por una lista de Excel. Eso jamás se había visto. Pero los ministros pasaron y se fueron y recién a fin de año una de ellos, Inés Manzano, reconoció que algo podía estar yendo mal.

No había que esperar a todas las revelaciones posteriores para saber que lo se estaba armando era un atraco. Pero al menos ahora podemos entender un poco mejor el nivel de la desidia de unos y de la audacia de otros.

Revelaciones de los chats: desvío de fondos de Celec y complicidad política

En las recientes declaraciones de los hermanos John y Wade Madding de Progen y en los chats del primero, CEO de la empresa, con Karla Saud Calero, intermediaria de ellos en el Ecuador, empiezan a aparecer los detalles del entramado y se muestra más claro el descaro con el que operaron los contratistas fallidos. “Sabían que no había motores nuevos”, declaró John Manning. El mismo que le advirtió a Saud en un mensaje que podía terminar preso si prometía generadores nuevos y no simplemente “hora cero”, para tratar de enmascarar tramposamente lo que todo hijo de vecina, si la vecina en cuestión es ingeniera eléctrica, ya podía saber.

Ante la pregunta de un abogado de Celec, que quiso confirmar si la única experiencia real del Progen había sido “solo un proyecto africano de cuatro generadores y el proyecto de Hunt Oil de tres generadores”, Wade Manning solo supo decir una palabra: “correcto”.

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Malversación de fondos públicos y falta de juicio político

¿Qué más se ha revelado? El mal uso del dinero público entregado por Celec para pagar tarjetas y ponerles sueldos a parientes, y el uso creativo del lenguaje y de las señas de John Manning para reírse una vez más del país: “Voy a tomar un descanso…”. No vale reproducirlo todo una vez más. ¿Para qué? ¿Para indignarnos? Tuvimos que habernos indignado en serio hace mucho tiempo atrás. No por un gesto malcriado, sino por una gestión ofensivamente negligente de unos y seguramente cómplice de otros.

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Pero es tan poca y tan débil la indignación del ecuatoriano en general que hoy lo único que tenemos en frente es la débil posibilidad, casi una tonta esperanza, de recuperar algo de la plata perdida afuera, y el avance de un proceso penal que incluye solo a un ministro de tres, justo el que no era de la camarilla presencial y también, entre otros, a dos asesores fugados de su predecesor.

La vergüenza, marca de una sociedad donde el poder tiene límites y se preserva con celo la confianza entre las personas, escasea en el país. Si algo se podía hacer para imponer la vergüenza y el pudor ante el accionar incompetente del sistema de justicia, era darnos un juicio político, pero ni eso pudieron hacer los oficialistas y los supuestos independientes. Andan muy ocupados en otras cosas. Quieren hacerse los justicieros, pero tan solo con los enemigos del Gobierno. Gran lucha anticorrupción esa, que se libra solo cuando es seguro y conveniente salir a pelear.

Lo que debes saber:

• Ecuador aprobó una docena de leyes de seguridad desde la llegada de Daniel Noboa en noviembre de 2023.
• La Corte Constitucional anuló dos normas impulsadas por el Gobierno por incumplir reglas legislativas.
• Expertos cuestionan si las nuevas leyes reducen la violencia o desplazan una política de seguridad de largo plazo.

En menos de tres años, del 2023 al 2026, Ecuador ha construido uno de los paquetes normativos de seguridad más amplios de su historia reciente. Leyes contra las mafias, reformas penitenciarias, nuevas normas de inteligencia, disposiciones para el apoyo militar a la Policía, regulaciones sobre armas y mecanismos para enfrentar economías criminales han sido aprobados.

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Eso en medio de una crisis de violencia que transformó la realidad del país. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿más leyes significan necesariamente más seguridad?

Desde la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia, en noviembre de 2023, la Asamblea Nacional ha aprobado una docena de leyes relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen organizado, dentro de una estrategia que busca contener la expansión de las bandas criminales, el narcotráfico y la violencia asociada al conflicto armado interno declarado por el Gobierno.

La más reciente fue la Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que establece el marco legal para la participación militar en tareas de seguridad interna cuando las capacidades policiales sean superadas. 

La norma busca reducir la dependencia de los estados de excepción, una herramienta utilizada de manera recurrente durante la crisis de seguridad.

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Los cuestionamientos a las leyes de seguridad

Sin embargo, la producción legislativa no ha estado exenta de cuestionamientos ni reveses judiciales. Dos de los proyectos emblemáticos impulsados por el Ejecutivo terminaron bajo la lupa de la Corte Constitucional.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea como proyecto económico urgente, buscaba establecer medidas para enfrentar el conflicto armado interno, fortalecer a las fuerzas de seguridad y regular mecanismos de apoyo estatal. 

Posteriormente, el presidente Noboa expidió su reglamento mediante el Decreto Ejecutivo N.º 54, el 15 de julio de 2025. 

Ese reglamento detallaba aspectos como el reconocimiento del conflicto armado interno, la identificación de grupos armados organizados, la conformación del denominado Bloque de Seguridad, los procedimientos para donaciones destinadas a policías y militares y los mecanismos de indulto para miembros de la fuerza pública.

Pero la Corte Constitucional determinó que la norma incluyó materias económicas, penales y de seguridad bajo un procedimiento legislativo reservado para asuntos económicos urgentes. En la sentencia 51-25-IN/25 declaró la inconstitucionalidad de la ley.

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Sobre la Ley de Integridad Pública

Un escenario similar ocurrió con la Ley de Integridad Pública. La Corte anuló la normativa al considerar que vulneró principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. La ley incorporaba reformas sobre contratación pública, evaluación de servidores, incremento de penas por prevaricato y modificaciones al régimen sancionatorio para adolescentes infractores.

Las decisiones judiciales reabrieron un debate sobre los límites jurídicos de la estrategia legislativa impulsada para enfrentar la violencia.

Para Gabriel Pérez, especialista en seguridad, muchas de las reformas surgen como respuesta a necesidades inmediatas derivadas de la crisis criminal que atraviesa el país. 

“La intervención es relevante en la medida en que surgen situaciones urgentes que requieren atención inmediata. Lamentablemente, la urgencia suele consumir gran parte de la energía, el tiempo y los esfuerzos en la gestión de la seguridad”, señala.

A su criterio, el principal desafío consiste en evitar que las respuestas coyunturales terminen desplazando la construcción de una política sostenida. 

“El verdadero desafío es que, frente a estas urgencias, también se debe trabajar en una solución más estratégica y de largo plazo”.

Otra de las apuestas legislativas del Gobierno ha sido fortalecer los sistemas de inteligencia. El coronel en servicio pasivo Marcelo Flores, con experiencia en inteligencia militar, considera que el concepto ha evolucionado significativamente en los últimos años.

“Cada institución tiene su sistema de búsqueda de información más que de espionaje. Inteligencia es un término que emplearon los militares, pero ahora todo el mundo busca inteligencia: emocional, artificial, de todo tipo”.

Según Flores, la naturaleza del combate contra organizaciones criminales exige una capacidad de análisis permanente. 

“La inteligencia trabaja en base a un ciclo constante. Está en guerra las 24 horas, los 365 días del año. Usted vive de lo que pase este minuto, este segundo. No se puede planificar para el próximo año”.

La afirmación refleja una realidad operativa: las estructuras criminales mutan rápidamente, diversifican actividades y aprovechan vacíos institucionales para adaptarse a los cambios normativos.

¿A la fuerza pública le faltan herramientas?

Para otros especialistas, el problema no radica necesariamente en la falta de herramientas jurídicas. Jean Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva, sostiene que Ecuador ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en la aprobación de leyes y en una estrategia basada en la militarización.

“El problema es que no pasa por las leyes. Hay demasiadas de ellas en Ecuador, demasiados convenios firmados en materia de seguridad”.

Pinto considera que el país mantiene una visión centrada en el endurecimiento de la respuesta estatal sin abordar los factores estructurales que alimentan el crecimiento de las organizaciones criminales. 

“No importa cuántas leyes saquemos y aprobemos, las estructuras criminales siguen más fuertes que nunca”, afirma.

Vemos un populismo de legalidad: lo que pide el pueblo se aprueba, sin analizar si tiene impacto o noJean Paúl Pinto/ experto en seguridad

Para el analista, los niveles de violencia reflejan que las organizaciones delictivas conservan capacidad de expansión, financiamiento y reclutamiento, pese a la ofensiva estatal desplegada desde 2024.

Además, cuestiona lo que denomina un “populismo legal”, donde la presión social por respuestas inmediatas puede impulsar reformas cuyo impacto real aún es incierto.

Lo que debes saber

• El CNE recortó la campaña de las seccionales 2026 a 15 días tras adelantar los comicios.
• Expertos advierten saturación ciudadana y mayor personalismo político por el poco tiempo.
• El corto plazo favorece a figuras conocidas y a partidos con estructuras y financiamiento.

En las seccionales de 2026 están en juego 5.742 dignidades. Más de 53.000 precandidatos se inscribieron y el proceso para definir la lista final aún está en marcha en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para todas las postulaciones que queden en firme habrá 15 días de campaña. ¿Son suficientes?

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Reducción a 15 días de campaña en las seccionales 2026

El CNE decidió adelantar las votaciones. Así, el periodo que se redujo a la mitad fue precisamente el de la campaña. En el calendario original, la misma iba a realizarse desde el 13 de enero hasta el 11 de febrero de 2027; es decir, 30 días. Ahora, la campaña se hará del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Hay otro dato relevante. El presidente del CNE, José Cabrera, anunció que la lista de candidatos estará el 9 de noviembre. Eso quiere decir que los candidatos tendrán certeza de su participación tres días antes del inicio de la campaña.

Retos del escenario electoral: saturación ciudadana y personalismo político

En este escenario, un analista político y un experto en temas electorales hablan de tres problemas que enfrentarán las organizaciones políticas y que, a su vez, determinarán quiénes serán los beneficiados y perjudicados del escenario electoral decidido por el CNE.

Política

53.534 inscripciones recibió el CNE para candidaturas a las seccionales. ¿qué viene ahora?

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El riesgo de saturación y fatiga del electorado

Daniel Crespo, analista y catedrático universitario, explicó que un primer reto y problema, a la vez, tiene que ver con el hartazgo que puede derivarse de que el ciudadano acuda en tan corto tiempo a un nuevo proceso electoral.

“Llega un momento en el que se llega a cierta saturación. Cuando se recorta el tiempo, esa sensación de que nuevamente somos llamados a las urnas se vuelve problemático. Se crea un esquema de saturación”, señaló Crespo.

Híperpersonalismo y el efecto de arrastre en las campañas

El segundo problema tiene que ver con una especie de desnaturalización de la campaña política. Esteban Ron, experto en temas electorales, indicó que esta ya no se basa en la suma de adhesiones a un plan de trabajo o proyecto, sino más bien en “el arrastre de un movimiento o de una figura como el presidente Daniel Noboa”. Así, la discusión política se vuelve híperpersonalista.

En ese escenario, la presentación de figuras conocidas, más allá de proyectos de ciudad o provincia, cobra relevancia. Este tercer elemento, más allá de ser solamente estrategia, puede ser también un problema porque, en casos como de ADN, depende de los números del Presidente de la República.

Apuesta por figuras consolidadas: ganadores y perdedores en los comicios

La muestra de que resulta más sencillo apostar por figuras conocidas está, según Crespo, en la definición de candidaturas como la de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil.

Política

Daniel Noboa frena su caída y recupera terreno en agrado y gestión en agosto, según CIEES

Daniel Alejandro Romero Páez

Días antes del anuncio del movimiento oficialista, Viteri dijo que buscaría nuevamente el cargo, pero con Centro Democrático. Al final, no solo se postuló por el oficialismo, sino que el mismo Noboa anunció que era una candidata propia porque ya estaba afiliada a ADN.

Para Ron, los principales beneficiarios del corto tiempo serán las organizaciones que tienen estructura y ya están movilizadas. A esto se sumará que tendrán más exposición quienes cuentan con el financiamiento para la campaña. “Las organizaciones que solo esperan el fondo de promoción van a ser las perjudicadas”, dijo.

Ecuador

Reforma a la Ley de Tránsito: cambios que los municipios deberán aplicar en 180 días

Edison Andrés García Yépez

El anuncio se produjo después de que en redes sociales circulara un video en el que los cuatro ciudadanos se burlaban de las reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,  aprobadas el jueves 3 de septiembre.

Las reformas establecen nuevas obligaciones para quienes realizan actividades de transporte de bienes y servicios a domicilio. Entre ellas está la creación de un Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinados a este tipo de servicio.

Esto deben hacer quienes trabajan en servicio a domicilio:

La burla de los ciudadanos extranjeros 

En el video que circuló en redes sociales, los extranjeros se refirieron a las nuevas disposiciones y aseguraron que, con pasaporte o sin él, "seguirán haciendo relajo". Uno de ellos incluso afirmó: "Si me deportan, regresaré y seguiré haciendo delivery".

Tras la difusión de esas declaraciones, el Ministerio del Interior informó sobre la deportación de los cuatro ciudadanos y publicó imágenes del procedimiento.

Reimberg utilizó el caso para insistir en que las normas deben ser cumplidas por todas las personas que se encuentren en Ecuador, independientemente de su nacionalidad.

Las nuevas disposiciones buscan regular a los conductores que realizan entregas a domicilio y establecer mecanismos de identificación tanto para quienes conducen las motocicletas como para los vehículos utilizados en esta actividad. El cumplimiento de estas reglas será parte de los controles correspondientes.

Contexto de motociclistas

El control a motociclistas, entre ellos los que hacen delivery, es competencia de municipios como el de Quito. Sin embargo, buena parte circula imprudentemente, rompiendo la Ley de Tránsito: se pasan los semáforos en rojo, serpentean entre los carros, van dos en una moto, sin casco. También quitan los silenciadores y provocan contaminación por ruido.

Ecuador

¿Por qué Ecuador no tiene universidades en el Ranking de Shanghái 2026?

Rubén Aroca Jácome. ESPECIAL PARA EXPRESO 

Según Édgar Isch López, director General Académico de la Universidad Central, existen alrededor de 8.000 cupos disponibles para este período académico.

La Universidad Central cuenta con 76 carreras distribuidas en cinco áreas del conocimiento: Artes; Ciencias Físicas y Matemáticas; Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias de la Salud Humana; y Ciencias de la Vida.

La oferta académica contempla las modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en línea. Las carreras se ofrecen en la matriz de Quito y en los campus de Cayambe y Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Cómo saber si obtuvieron un cupo en la Universidad Central y qué hacer?

Política

Universidad Central del Ecuador en Galápagos: ¿qué falta para que comiencen las primeras carreras?

Marco Rivera

El número de interesados en cupos en la UCE

Isch no precisó cuántas personas participaron en esta convocatoria; no es posible todavía conocer el dato. Sin embargo, en períodos anteriores, exrectores de la Universidad Central, como Fernando Sempértegui, han señalado que la institución puede recibir alrededor de 100.000 interesados o postulantes por semestre.

La Universidad Central informó, además, que una vez concluida la fase de aceptación de cupos analizará las plazas que permanezcan disponibles. Con base en ese balance, la institución podría convocar a una segunda y una tercera etapa de postulación para quienes no hayan obtenido un cupo en la primera asignación.

Lo que debes saber

• El TCE rechazó las apelaciones de Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán.
• Ambas consejeras quedan fuera de la papeleta y no irán por la reelección.
• La lista oficial y definitiva de candidaturas se publicará el 24 de septiembre.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar los recursos interpuestos por las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán frente a las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con este dictamen judicial, adoptado tras revisar las apelaciones sobre el incumplimiento de requisitos formales y legales exigidos para el proceso, se ratifica el rechazo a sus candidaturas para la reelección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), disponiendo la ejecución inmediata de los fallos y el archivo definitivo de ambas causas.

Política

Ramiro García queda fuera de la papeleta para el CPCCS: TCE ratifica el rechazo de su candidatura

Richard Josue Jimenez Mora

Razones del TCE para rechazar la reelección en el CPCCS

El tribunal analizó de forma individual los expedientes remitidos por ambas funcionarias para determinar el cumplimiento de la normativa electoral vigente.

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El caso de Nicole Bonifaz: falta de acreditación de trayectoria

En el trámite correspondiente a Nicole Bonifaz, el órgano jurisdiccional resolvió que no cumplió con las exigencias reglamentarias del proceso:

El caso de Piedad Cuarán: inconsistencia en el certificado de la UAFE

Al revisar la documentación remitida por Piedad Cuarán, el tribunal detectó un error sustancial en los archivos cargados:

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Fiscalización califica el juicio político contra David Rosero: estos son los siguientes pasos

Richard Josue Jimenez Mora

Archivo de causas y fechas clave del calendario electoral

Tras disponerse la ejecución de las sentencias y el archivo de las causas, ambas consejeras quedan definitivamente fuera de la papeleta electoral, perdiendo la opción de continuar por cuatro años más en el organismo.

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Ambas autoridades han ejercido una postura crítica frente a la administración de Andrés Fantoni en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, manifestando reparos públicos respecto al avance del concurso para la designación de fiscal general del Estado.

El cronograma del proceso electoral contempla el siguiente hito:

Quito

Esto es lo que se sabe de la estudiante ecuatoriana desaparecida en México hace 11 días

Sara Oñate

Bolívar se encontraba en la capital mexicana realizando una investigación relacionada con su doctorado en Historia cuando se reportó su desaparición. Desde entonces, familiares, amistades y organizaciones participaron en la difusión de información para intentar localizarla.

El anuncio del hermano de Kalindy Bolívar

Su hermano, Gabriel Bolívar, agradeció a través de Facebook a las personas que ayudaron a difundir la alerta. "Un millón de gracias a cada una y todas las personas que colaboraron con difundir la desaparición de mi hermana", escribió.

El familiar añadió que este domingo recibió la confirmación de que Kalindy había sido encontrada. "Un eterno agradecimiento", señaló.

La búsqueda también involucró a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Según información difundida por Somos el Medio en X, estaba previsto realizar acciones de búsqueda en la colonia Pedregal de Santo Domingo, debido a reportes de que la estudiante habría permanecido durante dos días en esa zona y en un centro de estudios.

Durante los días de búsqueda, amistades y personas cercanas colocaron fichas con su información y recorrieron la zona para preguntar a vecinas y vecinos si tenían datos que pudieran contribuir a localizarla.

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo es estudiante del Doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Peninsular.

La confirmación de su localización se produjo después de 11 días desde que se perdió contacto con ella. Hasta el momento, la familia no ha informado públicamente las circunstancias en las que fue encontrada ni ha precisado si requiere atención médica.

Sus familiares agradecieron nuevamente a quienes participaron en la búsqueda y ayudaron a difundir su información durante estos días.

Política

TCE admite a trámite recurso de Luisa González sobre su candidatura a la Prefectura de Manabí

Richard Josue Jimenez Mora

La acción fue presentada por Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y representante legal de la organización, junto con su abogado patrocinador.

El PSE interpuso el recurso contra la Resolución Nro. CNE-JPEI-0257-31-08-2026, adoptada por la Junta Provincial Electoral de Imbabura, mediante la cual se negó la calificación de los candidatos a vocales de la Junta Parroquial de Quiroga.

La causa ya consta en el sitio web del TCE con el número 259-2026-TCE. Tras el sorteo electrónico realizado el 5 de septiembre, la competencia fue asignada a la jueza Ivonne Coloma Peralta.

El recurso fue admitido a trámite con base en el artículo 221, numeral 1, de la Constitución; y en los artículos 70, numeral 2; 72, inciso tercero; 268, numeral 1; y 269, numeral 2, del Código de la Democracia.

El Pleno del TCE deberá resolver el caso en un plazo de dos días, contados desde la notificación del auto a través del servidor competente.

¿Qué dice el PSE sobre lo ocurrido en Quiroga?

Consultado por EXPRESO, Vallejo explicó que el PSE busca que se revise la decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura. "Es una acción de apelación a una resolución de la Junta Provincial de Imbabura negando la calificación de esa Junta Parroquial", señaló.

El dirigente agregó que la organización pide al máximo órgano de justicia electoral revisar nuevamente el domicilio de los candidatos a vocales, que está siendo cuestionado. 

"Estamos pidiendo al máximo órgano electoral que se revise nuevamente el domicilio de los candidatos a vocales a junta, que están siendo cuestionados, para que se pueda calificar la Junta Parroquial de Quiroga (Cotacachi)", afirmó.

Vallejo sostuvo que el recurso forma parte del acompañamiento del PSE a sus candidatos. "Estamos dedicados 24/7 a esto", dijo.

Política

Elecciones Quito: el video de Jorge Yunda que abrió un debate sobre la entrega de dinero

Rosero Mariela

Lo que debes saber

• El TCE ratificó el fallo del CNE y archivó la causa de Ramiro García Falconí.
• La inhabilidad se confirmó por haber ejercido como decano en la Universidad Central.
• La resolución judicial deja de forma definitiva al jurista fuera de la papeleta electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar el recurso subjetivo interpuesto por el jurista Ramiro García Falconí en contra de la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ratificando la descalificación definitiva de su postulación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Ecuador. La máxima instancia contenciosa electoral concluyó que la resolución administrativa no vulneró las garantías del debido proceso y confirmó que el postulante incurría en una inhabilidad legal expresa por haber ejercido funciones como decano universitario.

Política

TCE admite a trámite recurso de Luisa González sobre su candidatura a la Prefectura de Manabí

Richard Josue Jimenez Mora

El fallo del TCE y la confirmación de la inhabilidad

El Contencioso Electoral determinó que la decisión emitida previamente por el CNE no quebrantó los derechos fundamentales ni las garantías del debido proceso alegadas por la defensa de García Falconí.

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La resolución judicial ratificó que el abogado se encontraba incurso en una de las prohibiciones expresas para postular al CPCCS, debido a que desempeñó funciones como máxima autoridad académica en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

Con esta decisión, el tribunal no solo desestimó el reclamo, sino que ordenó formalmente el archivo de la causa, dejando al profesional sin opciones de figurar en la papeleta para los comicios del CPCCS.

Cronología del proceso de impugnación contra García Falconí

El proceso administrativo y contencioso electoral en contra de la postulación de Ramiro García se desarrolló a través de las siguientes etapas:

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Política

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Los argumentos de la objeción ciudadana

La impugnación admitida por la autoridad electoral se fundamentó en dos cuestionamientos principales:

Lo que debes saber

• TCE admitió a trámite el recurso subjetivo interpuesto por Luisa González por Manabí.
• Organismo negó la solicitud de audiencia de estrados para resolver en el Pleno.
• La postulación por Pachakutik fue rechazada previamente por la Junta Electoral y el CNE.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Luisa González en contra de la resolución que negó su postulación a la Prefectura de Manabí por el movimiento Pachakutik. La dirigente acudió a esta última instancia jurisdiccional tras recibir negativas consecutivas de la Junta Provincial Electoral de Manabí y del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el propósito de lograr su inclusión en la papeleta electoral definitiva.

Política

CNE dice que reglamento de PK no especifica invitados y TCE pide completar recurso a Luisa González

Daniel Alejandro Romero Páez

Trámite del recurso de Luisa González en el TCE

Tras completar la documentación requerida en su escrito, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió calificar y dar paso al trámite de la impugnación. Pese a esta admisión formal, la autoridad electoral desestimó parte de los requerimientos adicionales presentados por la defensa de la dirigente del correísmo.

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Entre las determinaciones procesales resueltas constan:

Antecedentes de la negativa de inscripción en Manabí

El origen de la controversia electoral se remonta a finales de agosto de 2026, cuando la Junta Provincial Electoral de Manabí resolvió inadmitir el registro del binomio provincial auspiciado por Pachakutik.

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Richard Josue Jimenez Mora

Las objeciones de ADN y CREO aceptadas por la autoridad electoral

La autoridad provincial acogió las impugnaciones formales ingresadas por los delegados de los movimientos políticos ADN y CREO, quienes fundamentaron que la postulante no cumplía con los requisitos legales para representar a dicha lista partidista.

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Los hechos que derivaron en la exclusión inicial del binomio provincial comprenden:

Política

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Richard Josue Jimenez Mora

En la grabación, Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito, se acerca a un joven que asegura conocer el significado de las siglas de Sahiro, el grupo musical que integró. Al escuchar que el participante tiene 22 años, Yunda responde con incredulidad: "Vos ni siquiera nacías".

El joven, identificado como Alexander, explica que las letras corresponden a los nombres de los integrantes del grupo: Saúl, Aníbal, Homero, Isabel, Rodrigo y Oswaldo. 

Yunda reacciona entre risas del público dice: "Uta, sí ha sabido este guambra. Borracho ha de ser. Chucha, toma, hermano". Luego pide un aplauso y saca de su billetera dos billetes de cinco dólares, que entrega al joven.

Yunda asegura que se trata de una activación de desparasitación y esterilización

El video generó cuestionamientos en redes sociales. El usuario @sugatito90 etiquetó al CNE y al TCE y preguntó si "está bien regalar dinero para conquistar votos incluso en precampaña electoral".

EXPRESO consultó a Yunda sobre el hecho. El candidato explicó que se trató de un evento privado en el que se realizó un concurso y que los $10 fueron un premio entregado por una empresa veterinaria, para incentivar la tenencia responsable y la desparasitación de mascotas.

Yunda sostuvo que la actividad no constituye proselitismo político porque no habla de su candidatura ni utiliza símbolos partidarios. "No puedo hacer proselitismo. Es activación de marcas privadas", señaló.

La opinión de Fausto Camacho

El experto electoral Fausto Camacho explicó que, en este caso, no habría una infracción electoral. 

Camacho señaló que una actividad no puede considerarse precampaña únicamente por la entrega de dinero. Para que exista proselitismo debe haber un llamado a votar por una organización política, un candidato o una candidatura determinada. 

En el video, según su análisis, no existe ese llamado a votar por Avanza, por Yunda o por Carla Cevallos, candidata a la Prefectura de Pichincha.

Camacho recordó que en las anteriores elecciones, una asambleísta de ADN regaló cocinas de inducción, que incluso eran bienes estatales. También que Álvaro Noboa, el padre del presidente de la República, Daniel Noboa, entregaba colchones, etc.

Lo que debes saber

• Fiscalización calificó con seis votos el juicio político al consejero David Rosero.
• El legislador Sergio Peña acusa a Rosero de reunirse con una aspirante a fiscal general.
• Se fijaron los plazos legales para la presentación y actuación de pruebas de cargo y descargo.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó, la noche de este sábado 5 de septiembre de 2026, la solicitud de juicio político contra David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La resolución se adoptó con seis votos a favor durante una sesión virtual, luego de determinarse mediante informe técnico-jurídico que el pedido cumple con los requisitos constitucionales y legales para su sustanciación, tras la admisión previa del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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Calificación de la solicitud contra el consejero del CPCCS

El proceso de fiscalización en contra de David Rosero fue impulsado por el asambleísta Sergio Peña, sustentado en un informe técnico-jurídico que acreditó el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.

Con esta votación, la mesa legislativa iniciará de inmediato el trámite formal regulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, enfatizó que la sustanciación se desarrollará con apego a los principios constitucionales, garantizando tanto el debido proceso y el derecho a la defensa de la autoridad interpelada como la intervención del legislador proponente.

Notificaciones y plazos procesales

Tras la aprobación de la solicitud, la mesa legislativa activó el cronograma de términos legales para las partes involucradas:

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Las causas del enjuiciamiento político

El antecedente directo de esta fase legislativa ocurrió el 4 de septiembre de 2026, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó formalmente el trámite, después de haberlo admitido el 31 de agosto.

La acusación principal contra el consejero del CPCCS radica en un presunto incumplimiento de funciones, atribuido a un encuentro reservado:

Lo que debes saber

• Daniel Noboa ordenó vender activos ociosos del IESS valorados en cerca de 2.000 millones de dólares.
• El proceso requiere actualizar el catastro de 1.400 bienes aproximadamente y sanear predios sin estatus legal.
• Expertos señalan que la decisión exige la aprobación colegiada del Consejo Directivo y es insuficiente para los problemas estrucutrales.

El 28 de agosto de 2026, en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó al titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordovez, iniciar la venta masiva de los denominados "activos ociosos" de la entidad. La medida busca generar liquidez para costear pensiones y salud a través de predios valorados en cerca de 2.000 millones de dólares; no obstante, el proceso afronta complejidades jurídicas, catastrales y de gobernanza que perfilan la iniciativa como una salida apenas parcial a la crisis estructural.

Política

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La orden del Ejecutivo y el plan para obtener liquidez en el IESS

El anuncio oficial plantea enajenar terrenos, edificios y otros inmuebles en desuso que mantiene el Seguro Social. Con estos recursos, el Gobierno apunta a inyectar liquidez directa para respaldar dos de las áreas más críticas del sistema:

Pese al anuncio, la ejecución técnica de la venta aún no se concreta. Este Diario solicitó el catastro detallado de las propiedades y una entrevista con Bernardo Cordovez para esclarecer el cronograma; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

En declaraciones radiales previas, Cordovez precisó que la primera fase consistirá en actualizar el registro nacional de aproximadamente 1.400 bienes institucionales, una labor para la cual aún no existe un plazo definido. Como paso previo, el 21 de agosto el funcionario encabezó un encuentro con los directores provinciales del IESS con miras a coordinar dicho levantamiento técnico.

El debate jurídico y legal sobre las facultades del Consejo Directivo

La disposición presidencial abrió de inmediato una discusión sobre las competencias institucionales para enajenar el patrimonio de los afiliados. Henry Llanes, representante del Frente por un Nuevo IESS, advirtió que la potestad de venta no recae de forma exclusiva en el delegado del Ejecutivo.

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De acuerdo con Llanes, cualquier decisión patrimonial exige un tratamiento colegiado y formal:

A estas limitaciones normativas se suma el entorno macroeconómico: en un escenario de desaceleración, encontrar compradores con la capacidad financiera necesaria representa una incógnita. Asimismo, Llanes cuestionó la administración estatal de estos fondos: “Los recursos del seguro social obligatorio no son del fisco... ¿Por qué el fisco interviene manejando recursos que no le pertenecen? Esos recursos son privados, de los trabajadores”.

Antecedentes y trabas legales: el estatus de los predios

Diego Salgado, exdirector general del IESS, calificó la desinversión de activos ociosos como una vía factible, aunque coincidió en que la medida requiere el aval del Consejo Directivo. A su vez, puntualizó que los montos recaudados no pueden destinarse al gasto corriente institucional, sino que deben reinvertirse con el fin de generar réditos financieros.

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Salgado recordó que un intento similar se gestionó durante la presidencia directiva de Alfredo Ortega, bajo la administración de Guillermo Lasso, cuando se aprobó un reglamento de venta y se fijaron avalúos preliminares:

Un déficit previsional que supera el valor de los inmuebles

El economista Augusto de la Torre, quien lideró la comisión técnica de reformas al sistema de pensiones en el periodo de Lasso, cuestionó la efectividad de la venta de activos frente a los problemas financieros de fondo. El experto recalcó que la crisis responde a un desbalance estructural de solvencia en los fondos de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

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De acuerdo con el análisis técnico expuesto por el especialista:

De la Torre advirtió sobre los riesgos de liquidar el patrimonio sin un marco legal correctivo: “Sin reforma, vender activos equivale a quemar activos. Porque estás simplemente vendiendo activos que no te solucionan el problema de fondo”, concluyó el economista al referirse a la necesidad de tramitar la propuesta de reforma integral que elaboró la comisión técnica.

Lo que debes saber

• La masonería ecuatoriana atraviesa una crisis interna marcada por disputas electorales, procesos judiciales y cuestionamientos sobre el ingreso y ascenso de sus miembros.
  
• Héctor Vanegas defiende su elección como Gran Maestro de la Gran Logia del Ecuador, mientras una decisión judicial le impide continuar su gestión.
  
• Miembros y exautoridades advierten que la orden enfrenta el desafío de recuperar el rigor intelectual, resolver sus divisiones y adaptarse a un mayor escrutinio público.

Una casona de dos pisos en Guayaquil, vigilada por estatuas y severos retratos de expresidentes, sirvió de escenario para un rito que Gustavo, estudiante de Derecho, presenció desde la más absoluta extrañeza. Llevado por un profesor de su facultad, el joven atestiguó lo que catalogó, bajo sus propios prejuicios, como un “bautizo”.

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Frente a él, un grupo de iniciados aguardaba ante hombres envueltos en “túnicas negras con insignias”, quienes ejecutaban una ceremonia incomprensible. “Era gente vestida bien raro”, relata. La velada culminó cuando a cada nuevo integrante se le asignó un mentor, quien juró velar por él y cuidarlo “si algo le faltase”. Así luce, a los ojos de un profano, un rito masónico en el siglo XXI.

Los masones siempre han estado ahí

Lejos del esoterismo, la masonería no es una secta, ni fue concebida en la oscuridad. Historiadores la retratan como la red de hombres libres que orquestó la Fragua de Vulcano y gestó la independencia de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820. Sus logias sirvieron como el tejido político e intelectual que años más tarde permitió a Eloy Alfaro, masón grado 33, consolidar la Revolución Liberal y forjar el Estado laico.

Ese nivel de influencia exigía una formación rigurosa. Dentro de la hermandad, el conocimiento se estructura en grados. En la base operan el aprendiz, el compañero y el maestro, niveles que demandan años de instrucción en filosofía e historia. Y en la cúpula, el Supremo Consejo administra los grados filosóficos hasta el 33. El ascenso, en teoría, no debe ser vertiginoso, sino el resultado de un lento perfeccionamiento moral.

Ese peso formativo exigía, históricamente, un hermetismo casi constitucional. El escritor Alfredo Pareja Diezcanseco cuenta que, al asesinar a Alfaro, la turba proclamó “abajo la masonería, arriba la religión”, un reflejo del prejuicio civil hacia una orden cimentada en el secreto.

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A nivel internacional, 14 presidentes de Estados Unidos, desde Washington hasta Roosevelt, gobernaron bajo estos preceptos. Pero contrario a quienes creen que la masonería da poder, es al revés: son los poderosos quienes eligen ser masones, y de ahí el peso e influencia que pueda tener la logia. Y estas se reparten por todo el mundo.

Sin embargo, a más de un siglo de la creación de la Gran Logia del Ecuador (1921), esa reserva se desdibuja. La hermandad sufre una crisis que desplazó el debate filosófico por pleitos electorales y disputas ventiladas en ministerios y cortes.

División interna y pleitos legales

Curiosamente, las pugnas se pueden (y deben) cruzarse con la función pública. Como la hermandad debe acatar la ley nacional, el Gobierno termina avalando sus decisiones. Este Diario accedió a un oficio de expulsión de un masón en 2019, oficializada mediante un documento firmado como “recibido” por el despacho de la entonces ministra del Interior, María Paula Romo. Hoy, según explican los miembros, un trámite de este tipo tendría que dirigirse a Nataly Morillo, ministra de Gobierno.

Para el investigador Víctor Gamboa, esto evidencia una falla de gobernanza. Para él hay una paradoja clara: una organización centenaria que predica la fraternidad y el acatamiento de la ley, hoy resulta incapaz de resolver sus conflictos sin el escrutinio de jueces civiles o campañas de desprestigio digital entre miembros.

Para la ‘vieja guardia’, esta banalización nace al flexibilizar los ingresos a la Orden. Un exmiembro de alto rango, quien pidió a este Diario la reserva de su nombre, resume que existe decadencia por la gestión del señor Héctor Vanegas y Cortázar, en el rol de Gran Maestro de la logia, algo que califica como un problema de “higiene moral”.

A juicio del entrevistado, la logia debió seguir como “una élite intelectual”, pero hoy admite a figuras sin instrucción y a políticos procesados. La fractura entre el rigor del pasado y la masificación actual parece, hoy por hoy, irreconciliable.

“La masonería está prostituida. Hoy se admite a figuras sin instrucción e incluso procesadas por la justicia”, afirma. Un ejemplo de esto fue confirmado a EXPRESO por otros miembros: Dalton Narváez, exalcalde de Durán, hoy sentenciado por peculado, llegó a ser inducido a la masonería cuando ya estaba notificado de sus delitos. Sin embargo, “oportunamente” se lo llegó a revocar.

La elección de Héctor Vanegas llega a la justicia

Héctor Vanegas defiende la legitimidad de su mandato asegurando que en los comicios del 17 de enero de 2026 fue elegido con el 99,20 % de los votos de la asamblea masónica, pero una orden judicial, impulsada por una logia detractora, le ha impedido continuar su gestión.

Para el Gran Maestro, ese fallo que anula dicha elección desnaturaliza una medida cautelar que ya había sido cumplida y supervisada. De hecho, subraya que el propio Ministerio de Gobierno avaló y registró su nombramiento el 2 de marzo de 2026, tras confirmar que el proceso estuvo en orden.

El conflicto ha escalado a los tribunales disciplinarios del país. Vanegas presentó una denuncia por prevaricato contra la jueza que emitió el fallo y solicitó formalmente su destitución ante el Consejo de la Judicatura (algo que ha difundido categóricamente en sus redes sociales).

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Argumenta que la magistrada actuó como “legisladora” al vulnerar la Ley Orgánica de Transparencia Social, norma que protege la autonomía administrativa de las organizaciones privadas y de creencias. “Si llegamos a estos extremos, mañana cualquier juez le dice al Papa que el obispo que él designó no lo va a aceptar”, pone como ejemplo Vanegas, cuestionando que el fallo judicial ordene entregar el control de la Gran Logia a ex Grandes Maestros, algunos de los cuales hoy están inactivos o incluso expulsados de la orden.

Esta paralización judicial, resalta, tiene un costo tangible y asfixiante. La inestabilidad administrativa y el desconocimiento temporal de la representación legal han congelado las obligaciones de la institución, según Vanegas: hoy se mantienen impagos los alquileres de varios templos a nivel nacional, los sueldos de los empleados de la Gran Logia y sus respectivos aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Pese a la crisis financiera y legal, Vanegas asegura que los trabajos masónicos continúan con normalidad a puerta cerrada y advierte a sus detractores: “Tú no vas a doblegar la voluntad de un masón. Ni la amenaza ni la intimidación van a doblegar nuestro espíritu”.

La democracia que no es perfecta

En medio del fuego cruzado, aparece la figura de Luis Almeida, ex Gran Maestro y actual Grado 33. Con tono conciliador, explica que el caos radica en la estructura misma del poder masónico. Mientras el Supremo Consejo funciona como una suerte de cúpula reservada, la Gran Logia opera como una democracia donde todos votan, “y la democracia tiene sus imperfecciones”, reconoce.

Aunque admite que han ingresado personas sin preparación a las que califica de “ignorantes de la orden”, Almeida evita la ruptura. Apela a la unidad y asegura que dentro de las logias guayaquileñas aún existe “una élite intelectual y jóvenes líderes muy bien preparados”.

Para Almeida, los roces nacen también de la incomprensión de su propósito fundamental por parte de los neófitos. La masonería exige un estudio teórico denso. Las herramientas que usan en sus rituales (escuadras, compases, plomadas y espadas) no esconden brujería ni conspiraciones, sino el profundo simbolismo de medir, construir, nivelar y rectificar la conducta humana en busca del progreso social.

El escrutinio público

Más allá del peso de su simbolismo, la orden mantiene deudas históricas estructurales, como la inclusión femenina. Aunque a nivel internacional ya existen logias mixtas en países como Inglaterra, en Ecuador los talleres simbólicos regulares siguen siendo de acceso exclusivo para hombres. Las bases locales todavía no logran implementar una reforma de equidad.

Guillermo Campaña, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, eleva el debate hacia la autocrítica. Aclara que el caos electoral radica en la propia naturaleza de la Gran Logia (grados simbólicos), muy distinta a la cúpula filosófica (grados del 4 al 33), que funciona con estricta reserva.

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Campaña recuerda que el hermetismo original se fracturó cuando el Estado los obligó a registrarse de forma jurídica para operar civilmente, abriendo la puerta a “intereses profanos” de quienes entraron buscando redituabilidad política. “Tenemos la institución masónica que nos merecemos”, sentencia. Para él, la solución exige frenar los “ascensos vertiginosos” y retomar el estudio riguroso.

Pese a la crisis, los expertos coinciden en la trascendencia de la hermandad. Las bases masónicas se atribuyen el Estado liberal, la educación laica y los derechos civiles que hoy rigen al país. Su influencia sigue latente, operando, según ellos, en el tejido social.

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Sin embargo, el desafío futuro de la Gran Logia del Ecuador se inclina hacia la depuración interna, o una inevitable división. Frente a la espectacularización de su Orden, deberá probar si su centenaria y hermética arquitectura moral resistirá el peso de los egos. Y si sobrevivirá a la crítica implacable del escrutinio público, irónicamente.

Lo que debes saber

• La polarización entre correísmo y anticorreísmo limita el espacio para nuevas opciones.
• Los partidos tienen estructuras débiles para construir nuevos liderazgos.
• El corto tiempo de campaña dificulta que una tercera vía gane reconocimiento.

A 12 semanas de las elecciones seccionales, a criterio de expertos en política, es difícil que en estos comicios surja una tercera vía y, aún más, una cuarta. La polarización entre correísmo y anticorreísmo, la debilidad de las organizaciones políticas y la falta de nuevos liderazgos con estructuras propias dejan poco margen para que una alternativa distinta se consolide. Este escenario proyecta una penumbra sobre el futuro democrático y participativo del país.

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Una política atrapada entre dos polos

La primera barrera estaría en la propia lógica con la que se desarrolla la política ecuatoriana. Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, explica que el país permanece atrapado en una dinámica binaria en la que la identidad pesa más que las propuestas. Es por eso por lo que, al sufragar, la idea es que “no importa quién sea el otro con tal de que sea anticorreísta y viceversa”.

Sin embargo, no basta con ubicarse fuera de esos dos bloques. Para que exista una alternativa real, debe haber una propuesta que logre conectar con quienes no se sienten representados por ninguno. Endara advierte que, hasta ahora, los llamados a frenar la polarización no se han traducido en planteamientos económicos, institucionales y culturales capaces de mostrar al elector qué ofrece ese camino distinto.

El analista político Andrés Obando pone el foco precisamente en ese segmento. La tercera vía, explica, tendría que mirar al votante moderado: aquel que no se identifica con los extremos y que prioriza el pragmatismo en la administración pública. Por su parte, considera que ese espacio existe, pero todavía no encuentra una figura que lo represente con claridad en estos comicios.

El problema, señala, es que algunos actores políticos que intentan ocuparlo llegan con antecedentes vinculados a uno de los dos lados. Para Obando, desprenderse electoralmente del correísmo o del anticorreísmo no convierte automáticamente a un candidato en una opción de centro. El “ser la tercera vía por oportunismo” es, en su opinión, una muestra de que el concepto puede ser utilizado sin que exista detrás una propuesta coherente.

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Partidos sin estructuras para nuevos liderazgos

Además, la ausencia de esa alternativa también tendría una explicación en la debilidad de los partidos. Endara expone que el sistema político ecuatoriano arrastra estructuras “sumamente débiles e inexistentes”. Los movimientos, en muchos casos, aparecen para competir en una elección, pero no logran funcionar como organizaciones permanentes capaces de representar a la ciudadanía y de construir cuadros.

Paolo Moncagatta, politólogo y decano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito, coincide en ese diagnóstico. Desde su punto de vista, el sistema de partidos ecuatoriano fue debilitado y desmantelado durante décadas. Por eso, cuando aparecen nuevas opciones, suelen depender más de una persona que de una estructura partidista.

Esa personalización, sin embargo, deja una dificultad adicional: los nuevos liderazgos no nacen necesariamente de procesos internos de formación política, subraya Moncagatta. Esto, porque dentro de las organizaciones políticas tampoco existe una competencia real que permita el desarrollo de distintas corrientes. “No hay la verdadera competencia, no hay elecciones internas que sean reales”, afirma el decano.

A la fragilidad partidista se suma también el tiempo. Caroline Ávila, analista política y catedrática, considera que el adelanto del proceso electoral redujo las posibilidades de que partidos y movimientos construyan vínculos con el electorado. Eso ha generado que no exista suficiente espacio para presentar proyectos, generar conversación, debatir y permitir que nuevos rostros ganaran reconocimiento.

Con una campaña corta, Ávila sostiene que una figura desconocida tendrá dificultades para instalarse frente a candidatos que ya cuentan con una identificación política previa. No obstante, el actual escenario político también ha generado que, entre quienes pretenden mostrarse como una opción distinta, prefieran ser cautos.

El peso de los liderazgos locales podría abrir espacios para candidaturas alejadas de la polarización nacional.Caroline Ávila, analista política y catedrática

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El costo de quedarse fuera de los extremos

Ávila advierte que los movimientos políticos pequeños y frágiles tienen menos capacidad para resistir presiones, mientras que incluso organizaciones más consolidadas pueden optar por guardar distancia. “Prefieren esperar, estar silbando bajito”, afirma.

Por eso, para los entrevistados, la discusión sobre una tercera o cuarta vía trasciende la cantidad de candidatos que aparezcan en una papeleta. Ávila sostiene que lo fundamental es que “esa diversidad de criterios esté manifestada en la conversación política”.

Para que ese espacio pueda consolidarse, Moncagatta enfatiza que las tiendas políticas tendrán que asumir una tarea que hasta ahora permanece pendiente: dejar de funcionar como vehículos electorales. Endara plantea que también debe existir voluntad para que esas estructuras representen realmente a la ciudadanía y para reformar el sistema de partidos.

Para ello, la académica considera necesario recuperar la participación ciudadana y generar espacios de conversación entre la política, la academia, el sector empresarial y la sociedad civil. Sin ese intercambio, advierte Endara, será difícil romper el círculo que mantiene al país entre dos polos.

Esto, según Obando, podría hacer que el autoritarismo se enraíce, ya que “los dos extremos tienden a tratar de controlar”. Frente a este escenario, considera que las tiendas políticas tienen hasta 2029 para formar un perfil presidencial moderado: “No puede caer en un momento en un correísmo y en otro momento en un anticorreísmo; tiene que ser un perfil técnico, que se presente como tal en un entorno polarizado”.

El espacio del centro podría quedar vacío, en estos comicios, si ningún candidato asume el costo de enfrentarse a la polarización.Andrés Obando, analista político

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Una democracia con menos opciones y más riesgos

La ausencia de una alternativa política más amplia no solo reduce las opciones electorales: también puede deteriorar la calidad de la democracia. Para el politólogo Paolo Moncagatta, si no aparecen nuevas corrientes, los ciudadanos quedan “limitados y obligados a votar por lo uno o lo anti”. El problema, advierte, también alcanza al debate público: “Es perjudicial para la calidad del debate público en general, para la calidad de la democracia”.

El riesgo es que el voto termine definido más por el rechazo que por la adhesión a un proyecto. La analista política Caroline Ávila plantea que, ante la falta de opciones, los electores ecuatorianos pueden verse forzados a escoger entre alternativas que no responden a sus expectativas, convirtiendo la elección en una decisión sobre el poder de turno y no sobre las propuestas para el país.

A esto se suma el riesgo de que los extremos ganen mayor espacio. El analista político Andrés Obando señala que las voces moderadas suelen ser silenciadas por temor a represalias, mientras los sectores más radicales ocupan el debate.

La politóloga Andrea Endara advierte que, sin cambios, la polarización puede mantenerse y profundizarse. El escenario hasta 2029, por tanto, no sería solo de menor diversidad electoral, sino de una democracia con menos opciones, menor deliberación y un electorado cada vez más obligado a escoger entre dos polos.