Lo que debes saber

• 28 postulantes (9 mujeres y 19 hombres) avanzan a la fase de méritos para Fiscal General este 17 de abril.
• La Comisión Ciudadana revisó 75 expedientes y aceptó una reconsideración tras el filtro inicial de admisibilidad.
• El informe pasa al Pleno del CPCCS para ratificación, mientras comisionados rechazan críticas de la veeduría.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado aprobó el informe de admisibilidad este 17 de abril de 2026. Tras resolver pedidos de reconsideración, 28 aspirantes están habilitados para la fase de méritos, mientras el proceso enfrenta duras críticas por parte de la veeduría ciudadana.

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Candidatos habilitados y la ratificación del CPCCS

El informe final de admisibilidad detalla que, tras revisar 75 expedientes, un total de 28 postulantes (9 mujeres y 19 hombres) superaron el filtro inicial. Aunque inicialmente solo 27 aspirantes fueron admitidos, la Comisión aceptó una de las 35 solicitudes de reconsideración presentadas, integrando a un nuevo candidato al proceso de selección del próximo Fiscal General del Estado.

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Este documento técnico ahora debe ser remitido al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para su ratificación oficial. Una vez aprobado por el Pleno, se declarará precluida la fase de admisibilidad y se dará inicio formal a la calificación de méritos, donde se evaluará la trayectoria profesional de cada candidato.

Polémica con la veeduría: "Quieren hacer un sainete"

Durante la sesión, el comisionado Santiago Arpi rechazó las denuncias realizadas por Guido Egas, nuevo coordinador de la veeduría ciudadana. Arpi calificó los cuestionamientos como "infundadas" y aseguró que quienes critican el certamen "ni siquiera han leído el reglamento".

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El comisionado señaló que existe un intento de deslegitimar el concurso, similar a lo ocurrido con el anterior coordinador, Hugo Arteaga. "El nuevo veedor nos ha felicitado porque no hemos puesto trabas. Ojalá en el nuevo cargo no nos vea como sus contrarios", manifestó Arpi, instando a mantener la transparencia en la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía.

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Un cruce de acusaciones se produjo entre Centeno y la exlegisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón. La primera sostuvo que la reforma fue iniciativa de la exasambleísta del correísmo en el periodo pasado.

Centeno escribió: “En este país lo más difícil no es enfrentarse a los malos, sino a los que se disfrazan de profesionales y terminan manipulando información para ganar likes”. La referencia fue a la abogada María Dolores Miño, por una publicación en la que señalaba a ADN como impulsor de la reforma.

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Garzón, por su parte, desestimó lo dicho por la asambleísta del oficialismo. “Valentina: el cargo exige rigurosidad, y el proyecto que citas, no es el que se ha criticado en las últimas horas. Ciberacoso y violencia digital no son lo mismo”, escribió.

El origen del conflicto

En las últimas horas se criticó en redes sociales un fragmento de la reforma. Dicho apartado señala que la violencia digital consiste en que una persona, a través de medios electrónicos o telemáticos —incluidos servicios, plataformas, aplicaciones y otros entornos digitales— persiga, intimide, humille, difame o amenace, directa o indirectamente, y que será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de 2 a 24 salarios básicos unificados.

En el documento que consta en el sistema de la Asamblea Nacional, en cambio, se habla de ciberacoso. En el texto se lee: “Se entenderá como violencia digital o ciberacoso aquellas acciones repetitivas o no en las que una persona, a través de medios electrónicos, digitales o virtuales, realice acciones de hostigamiento, persecución, acecho, intimidación, amenazas, humillación, difamación o cualquier forma de acoso hacia otra persona, afectando su integridad física, psíquica, emocional o su derecho a la intimidad y privacidad, dichas acciones serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Se agrega: “Si estas acciones provocan en la víctima alteraciones en su vida cotidiana, como cambios en sus rutinas, actividades, lugares de trabajo o estudio, o generan temor por su seguridad o la de su entorno familiar, la pena será de tres a cinco años”.

La explicación de Garzón fue que es necesario nombrar todos los tipos de violencia porque, de lo contrario, no existen. “También presenté una reforma para tipificar violencia vicaria y feminicidio porque las mujeres las sufrimos. Ninguna propuesta trabajada por mí se hizo en solitario o salió de alguna oficina. Ciberacoso es causa de suicidio, de violencia en las aulas universitarias, en los trabajos, etc.”.

Diferentes documentos pero una misma sanción

El punto de mayor controversia radica en que el artículo menciona la difamación y establece una pena privativa de libertad, lo que ha generado preocupación más allá de la autoría del proyecto de ley. EXPRESO se contactó con Garzón, quien explicó:

“El cometimiento del delito estaba en lo reiterativo. Si se suma el contexto machista, la Inteligencia Artificial (IA) y lo demás podía volverse reiterativo. Decimos que no es sancionatorio porque no nos estamos inventando una pena por fuera de lo que ya existe”.

También indicó que se especificó que no solo se sanciona, por ejemplo, la filtración de un contenido íntimo, sino el acoso en su conjunto, incluyendo mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales.

“Cuando lo estábamos estudiando, a mí me parecía que queda corto. Lo que hicimos fue que, en conjunto con la Secretaría de Mujeres de México, ver cómo estaba allá aterrizado ese tema. Y era bastante corto; solo generar un tipo penal con enfoque de género y ponerlo para que sirva como agravante”, explicó.

Con ello, según la exlegisladora, el delito por el cual se determina una pena no es únicamente el ciberacoso, sino que, “en el contexto de violencia puede pasar que un femicida o la familia del femicida acose a la familia de la víctima”.

Sobre el posible alcance a impedimentos para el cuestionamiento o críticas a funcionarias públicas, Garzón dijo que la reforma se circunscribe a una perspectiva de género y no se incluye la violencia digital y un paraguas tan amplio que pueda vulnerar la libertad de expresión. 

¿Qué pasará ahora?

El futuro de la reforma parece definido, al menos desde el lado de ADN en la Asamblea. Centeno señaló: “No es iniciativa de nuestra bancada y no llegará al Pleno con esa redacción. Lo que sí vamos a empujar son las reformas penales contra el narco, justo las que los mismos de siempre se dedican a bloquear”.

Lo que debes saber

• Cynthia Jacho defiende su integridad y denuncia bloqueos en el concurso de Fiscal General este 17 de abril.
• La presidenta de la Comisión rechaza acusaciones de Luis Molina sobre supuestas fallas en su postulación.
• Jacho y el CPCCS enfrentan demandas judiciales de Washington Andrade por manejo de expedientes fiscales.

Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, defendió este 17 de abril de 2026 la transparencia del proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Ante los cuestionamientos por su juventud y presuntas irregularidades denunciadas por sectores políticos, Jacho calificó las acusaciones de "incoherentes" y denunció un plan para obstaculizar el concurso público. La funcionaria aseguró que su gestión cuenta con el respaldo legal del CPCCS y representa la renovación generacional en la vida pública del Ecuador.

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Cynthia Jacho rechaza ataques contra el concurso para Fiscal General

Durante la sesión del pleno de este viernes, Cynthia Jacho calificó de "ilógico" que se pretenda invalidar su integridad utilizando como argumento su reciente incursión profesional. La comisionada enfatizó que estos señalamientos carecen de fondo y solo buscan sembrar dudas en la opinión pública para frenar el avance de la selección.

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"Resulta incoherente que se pretenda manchar mi nombre con un documento que ni siquiera he suscrito", afirmó la funcionaria, quien recordó que superó todos los filtros establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Denuncias de Luis Fernando Molina y presión judicial sobre el CPCCS

El proceso enfrenta fuertes tensiones políticas y legales que amenazan los tiempos de designación:

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Lo que debes saber

• Ecuador se encuentra en estado de conflicto armado interno oficialmente desde el 9 de enero de 2024.
• Según datos de InSight Crime, Ecuador figura como el tercer país más peligroso de la región. En 2025, el país registró un incremento del 31,2 % en los niveles de violencia.
• El presidente Daniel Noboa publicó un video el viernes 17 de abril de 2026 en el que abordó mejoras en la seguridad y la economía del país.

Apresuradas. Así califican expertos en seguridad las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta reducción de muertes violentas en Ecuador. Señalan que el análisis oficial carece de contexto y comparación técnica suficiente.

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El anuncio del Gobierno

El viernes 17 de abril de 2025, a las 07:02, el mandatario publicó un video en su cuenta personal de Facebook. Allí afirmó que las muertes violentas bajaron 14 % frente al primer trimestre de 2025 y agregó que marzo de 2026 registró una caída del 24 %.

Según sus declaraciones, los resultados responden a la aplicación de la tasa de seguridad, al estado de excepción y al toque de queda. También sostuvo que en las provincias fronterizas la violencia ha disminuido.

El mandatario afirmó que estas medidas permitieron actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas. Con ese argumento, sostuvo que “estamos recuperando es la confianza, la confianza en el país”.

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Cuestionamientos por falta de sustento técnico

Sin embargo, el experto en seguridad Andrés Williams considera que esas declaraciones carecen de credibilidad. Afirma que el mandatario recurre a un enfoque sensacionalista sobre las muertes violentas y sostiene un argumento sin sustento técnico.

“Es un tiempo tan corto”, insiste el analista. Advierte que ese lapso impide evaluar con rigor los resultados en materia de violencia.

El toque de queda rigió del 15 al 30 de marzo de 2024 en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. Además, desde el 1 de febrero de 2026, Ecuador aplica la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia.

Advertencias sobre evaluaciones prematuras

Con esa línea crítica, el experto en seguridad Jean Paul Pinto coincide en que aún no existen elementos suficientes para hablar de una mejora. Sostiene que resulta prematuro afirmar una reducción de la violencia cuando los datos corresponden a un periodo tan corto.

“Es muy pronto para decir esto”, advierte. Señala que no tiene sentido hablar de una baja si en el siguiente trimestre las cifras pueden duplicarse.

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El control territorial, la variable ausente

Con ellos coincide Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Advierte que el corto plazo impide medir con precisión los efectos de las medidas recientes.

El exjefe de Inteligencia sostiene que el análisis oficial se limita a cifras y deja de lado el control territorial. Plantea que la reducción de muertes no siempre refleja una mejora en la seguridad.

Explica que la violencia puede responder a dinámicas distintas entre organizaciones criminales. Señala que una baja en los homicidios puede evidenciar la consolidación de un grupo dominante en un territorio.

En ese escenario, la disminución de asesinatos no implica menor criminalidad. Más bien, puede indicar que una estructura delictiva controla la zona y regula la violencia.

Por ello, insiste en que el Estado debe evaluar quién ejerce el control real en los territorios. Considera que, sin ese enfoque, las estadísticas ofrecen una lectura incompleta del problema.

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Nuevas formas de medir la violencia

Por otro lado, Williams advierte que el análisis de la violencia ya no puede limitarse a las muertes registradas. Sostiene que el país debe incorporar variables como las desapariciones forzadas y los asesinatos múltiples para entender la magnitud real del fenómeno.

Explica que estas dinámicas reflejan nuevas formas de operación del crimen organizado. Señala que, sin esos indicadores, el diagnóstico queda incompleto y puede distorsionar la lectura de la seguridad.

Williams también cuestiona que una reducción de homicidios implique una mejora real. Afirma que la violencia puede desplazarse o cambiar de modalidad sin desaparecer.

Pinto enfatiza que los verdaderos resultados se medirán al cierre del año. Asegura que toda reducción debe ser sostenida en el tiempo para tener validez.

En ese contexto, insiste en que una caída temporal carece de utilidad para evaluar la seguridad. Reitera que, si las muertes se incrementan después, el balance anual terminará en los mismos niveles.

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La presidenta de la comisión, Diana Jácome, destacó que el documento es resultado de un proceso participativo que incluyó aportes de expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil. El objetivo central es reducir los tiempos de los procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Coherencia con la Constitución y derechos de la niñez

La mesa legislativa concluyó que la propuesta guarda coherencia con la Constitución de la República y con el ordenamiento jurídico vigente. Se constituye, además, en una herramienta necesaria para asegurar la tutela efectiva y oportuna de los derechos de la niñez, especialmente de aquellos que permanecen en instituciones de acogida.

El proyecto plantea reformas clave a los códigos orgánicos de la Niñez y Adolescencia, General de Procesos y de la Función Judicial. Estas modificaciones buscan eliminar barreras estructurales y procesales que actualmente retrasan los procesos de adopción, generando incertidumbre para las familias y prolongando la permanencia de menores en centros de acogida.

Principales reformas que introduce el proyecto

Entre los cambios más relevantes se destacan:

El proyecto también incorpora medidas de protección integral, como nuevas causales de privación de patria potestad en casos de vulneración grave de derechos. 

Medidas complementarias para garantizar derechos

El proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción incorpora disposiciones adicionales que refuerzan la protección integral de la niñez. Entre ellas, se establece que el juez que ordenó medidas de protección será también competente para conocer la declaratoria de adoptabilidad, evitando duplicidad de procesos y garantizando mayor celeridad en las decisiones. 

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Otra medida relevante es la incorporación de políticas de inclusión para adolescentes que no fueron adoptados hasta cumplir los 18 años y deben abandonar instituciones de acogida. El proyecto dispone que el Estado otorgue becas y ayudas económicas, además de cuotas en el acceso a la educación superior, con el fin de garantizar oportunidades de desarrollo y reducir la vulnerabilidad social de este grupo.

Finalmente, la propuesta fija plazos máximos para cada etapa del proceso de adopción, como diez días para informes de consentimiento, dos meses para investigaciones policiales y técnicas, seis meses para reinserción familiar y dos meses para el emparentamiento. Además, se sanciona el incumplimiento de plazos por parte de servidores judiciales y administrativos, y se evita la repetición innecesaria de diligencias ya realizadas.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, enfrenta un proceso de remoción.
• La reestructuración de la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal de Guayaquil marcó el inicio formal del proceso de remoción.
• Aunque el trámite aún está en una etapa inicial, el COOTAD establece una serie de pasos obligatorios que incluyen la revisión de la denuncia, el derecho a la defensa y una votación final que requiere al menos 10 votos del Concejo.

La posible remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha generado expectativa política en la ciudad. Este jueves 17 de abril, durante una sesión del Concejo Cantonal, se aprobó la nueva integración de la Comisión de Mesa que deberá tramitar la denuncia planteada contra el alcalde.

La moción fue presentada por la concejala Emily Vera, quien explicó que la conformación original de la Comisión de Mesa incluía al propio alcalde, a la vicealcaldesa Tatiana Coronel y al concejal Terry Álvarez.

Para garantizar la pluralidad y evitar posibles conflictos de interés, se propuso que Arturo Escala y Ana Fuentes reemplacen al alcalde y a la alcaldesa subrogante dentro de la comisión.

¿Qué hace la Comisión de Mesa?

Una vez conformada, la Comisión de Mesa debe revisar la denuncia presentada y verificar que cumpla con todos los requisitos formales establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La comisión debe determinar si la denuncia está correctamente fundamentada y si se basa en alguna de las causales de remoción previstas en la ley.

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Si la denuncia cumple con los requisitos, se admite a trámite. Si existen errores formales, los denunciantes pueden subsanarlos antes de que sea archivada.

Derecho a la defensa y plazo para descargos

La concejala Ana Chóez explicó que, una vez admitida la denuncia, el siguiente paso es la notificación formal a la autoridad cuestionada.

Desde ese momento, se activa el derecho a la defensa del alcalde, quien puede presentar descargos, argumentos y pruebas en su favor.

El plazo aproximado para que la autoridad entregue sus descargos y documentos es de 10 días.

Posteriormente, si es necesario, se abre una etapa probatoria en la que se incorporan informes, documentos y otros elementos relevantes para sustentar o desvirtuar la denuncia.

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El informe de la comisión y la votación final

Después de analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes, la Comisión de Mesa debe elaborar un informe motivado.

Finalmente, el expediente pasa al Concejo Cantonal de Guayaquil, donde se convoca a una sesión específica para debatir el caso.

Para aprobar la remoción de un alcalde se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del Concejo. En el caso de Guayaquil, eso equivale a 10 votos.

¿Qué dice el COOTAD sobre la remoción?

El COOTAD establece que la remoción de alcaldes, vicealcaldes y concejales debe seguir un procedimiento reglado, con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

El proceso no implica una destitución automática ni inmediata. Primero debe existir una denuncia fundamentada, luego una revisión de la Comisión de Mesa y finalmente una votación del Concejo Cantonal.

Por ello, la conformación de la nueva Comisión de Mesa representa apenas el primer paso dentro de un trámite que aún debe pasar por varias etapas antes de una decisión definitiva.

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El procedimiento se concretó a través de un vuelo que partió desde Santiago, en el que fueron deportadas alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos. De ese grupo, un número reducido corresponde a ecuatorianos.

Según las autoridades chilenas, las expulsiones responden a dos causales: infracciones administrativas, como el ingreso irregular o la permanencia sin documentación, y decisiones judiciales vinculadas a delitos, entre ellos robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

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El vuelo para la expulsión

La agencia EFE reportó que el vuelo, que partió el jueves 16 de abril desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago, trasladó a 40 personas (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos). Tenía previsto hacer paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.

Desde el Ejecutivo chileno se ha señalado que este es el primer operativo de una política que busca intensificarse en el tiempo, con nuevos vuelos de deportación. 

La misma agencia EFE reportó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo: "Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses".

Aunque la medida ha generado atención en Ecuador, no se trata de una acción dirigida exclusivamente contra sus ciudadanos, sino de un proceso más amplio que abarca a migrantes de varios países en situación irregular o con antecedentes penales.

Kast y su primera visita a Ecuador

José Antonio Kast asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Sucedió al izquierdista Gabriel Boric. Antes de su posesión y ya con los resultados en Chile, el mandatario chileno llegó en visita oficial a Ecuador.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lo recibió en Carondelet el 23 de diciembre de 2025. La seguridad, la movilidad humana y el comercio marcaron la agenda del encuentro.

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“Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina”, señaló el jefe de Estado. También indicó que dichas mejoras se evidencian en tres ejes: seguridad, economía y obras.

¿Cuáles fueron las cifras que destacó Noboa?

Entre enero y marzo de 2026, las ventas a nivel nacional superaron los 63.200 millones de dólares, frente a los 57.700 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025. “Eso es un crecimiento del 9,4%, que es más actividad, más ingresos y más trabajo”, insistió.

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Otro punto en lo económico, según las cifras del Gobierno, tiene que ver con la inversión extranjera directa, que ya mostró una tendencia positiva. En ese marco, habló de los acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos.

Otra área a la que se refirió, aunque sin mencionar los proyectos concretos de su Gobierno, fue la infraestructura. Noboa señaló que 2026 será el año de la construcción y dijo que ese sector creció un 20%. Además, resaltó el crecimiento de las inmobiliarias, que llegó al 17,8%.

En ese punto abordó el tema de la vivienda, debido a las bajas tasas implementadas en la banca pública para la adquisición de inmuebles. “Este es el año de la construcción: la inversión ejecutada pasó de 42 millones de dólares a más de 533 millones de dólares”, señaló.

¿Cuáles fueron las cifras de seguridad?

El primer mandatario insistió en las cifras que ya fueron presentadas por el Bloque de Seguridad. Afirmó que las muertes violentas se redujeron en un 14% en comparación con el primer trimestre de 2025 y añadió que “marzo (2026) registró un 24% menos”.

“Este camino no lo hace un Gobierno solo. Se construye desde abajo, con su gente, con trabajo, con esfuerzo y con la convicción de que ustedes merecen lo que nunca antes les habían dado”, concluyó Noboa.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lina Zambrano

Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Lo que debes saber

• El sistema de pensiones del IESS enfrenta un déficit creciente y depende cada vez más del Estado y de sus reservas.
• El número de jubilados sube mientras los aportes avanzan lentamente.
• Sin reformas urgentes, el riesgo para las pensiones futuras aumenta.

El sistema de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa una presión financiera creciente que se arrastra desde hace más de una década. Hoy, los aportes de los afiliados ya no alcanzan para cubrir el pago anual de pensiones, obligando a depender cada vez más del Estado y de las reservas acumuladas.

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La situación se agrava porque la transferencia estatal tampoco cubre completamente el faltante. Esto ha empujado al sistema a retirar recursos del fondo de inversiones administrado por el Biess, reduciendo el colchón destinado a las pensiones futuras.

Cada año sin reformas amplía la brecha entre ingresos y gastos, reduciendo el margen para aplicar ajustes graduales y elevando el riesgo de medidas más severas en el futuro.

El gasto crece mucho más rápido que los ingresos

Las proyecciones señalan que en 2026 habrá 840.456 jubilados, casi 55.000 más que en 2025. Si se compara con 2016, cuando existían 403.668 pensionistas, la cifra prácticamente se duplicó.

Este aumento impacta directamente en el gasto anual: para 2026 se estima un desembolso de $7.552 millones, lo que implica un crecimiento de 130% frente a 2016 y de 9% respecto a 2025.

El problema central es que los aportes avanzan lentamente. Para 2026 se proyectan ingresos por $3.437 millones, apenas $111 millones más que el año anterior, mientras el gasto subirá $633 millones. La brecha actual entre ingresos y egresos alcanza $4.281 millones.

El punto de quiebre llegó hace más de diez años

El desequilibrio no es nuevo. El quiebre ocurrió en 2014, cuando por primera vez los aportes dejaron de cubrir las pensiones. Ese año se recaudaron $2.366 millones y se pagaron $2.469 millones en jubilaciones.

Desde entonces, el gasto ha crecido de forma sostenida y más acelerada que los ingresos, generando una dependencia estructural del financiamiento estatal.

El número de afiliados activos tampoco ha crecido como se esperaba. A marzo de 2026 se registraban 3.541.237 afiliados, una cifra similar a la de 2016. Incluso es menor que la de diciembre de 2024, cuando se contabilizaban 3.795.347.

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Mercado laboral estancado y alta informalidad

El estancamiento del empleo formal explica gran parte del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el empleo adecuado llegó a 37,1% en febrero de 2026, una variación mínima frente al año previo.

Además, el 51,8% de trabajadores está en la informalidad, sin RUC ni afiliación al seguro social. Esto reduce la base de aportantes y limita el crecimiento de ingresos del sistema.

A pesar de campañas para atraer afiliados jóvenes con aportes más bajos, el número total de asegurados no ha logrado despegar.

El Estado y las reservas sostienen el sistema

La ley establece que el Estado debe cubrir el 40% de las pensiones. Para 2026, el IESS solicitó $3.052 millones, pero el Presupuesto General solo contempla $2.807 millones dentro de un subsidio total de $3.271 millones.

Para cubrir la diferencia, el sistema recurrirá nuevamente a sus reservas: la desinversión prevista alcanza $1.407 millones.

Si las transferencias estatales resultan menores a lo previsto, el retiro de fondos podría ser aún mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sistema y reduciendo la capacidad del banco de invertir y generar rendimientos.

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Reformas pendientes y presión política

La necesidad de una reforma integral es ampliamente reconocida, pero las propuestas no se han concretado. En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, una comisión presentó un plan que proponía transiciones graduales sin afectar a jubilados actuales.

Sin embargo, el retraso en la implementación de cambios estructurales agranda el déficit año tras año y reduce la posibilidad de aplicar ajustes progresivos.

Mientras más se posterguen las reformas, mayor será la probabilidad de que las medidas futuras sean más drásticas.

Lo que debes saber 

• Despidos de personal sanitario generan alerta en varias provincias del país.
• Gremio médico advierte impacto en atención y aumento de listas de espera.
• Autoridades aseguran que el sistema sigue funcionando con normalidad.

La alerta sobre despidos en el sistema de salud se encendió en Ecuador tras las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, quien cuestionó la salida de profesionales en varias provincias. Según explicó, la preocupación surge luego de conocerse ceses en Imbabura y su posterior extensión a otros territorios. El tema se posiciona en la agenda pública por su posible impacto en la atención médica.

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Pasquel aseguró que esta situación no respondería a criterios técnicos, sino a intereses externos. “Pichincha ha dado una alerta nacional por este plan de despido de los trabajadores de la salud que responde a intereses diría yo de la banca internacional y no a necesidades de tipo técnico”, señaló. Sus declaraciones se producen en medio de incertidumbre entre profesionales del sector.

El dirigente detalló que el Colegio Médico de Pichincha activó alarmas tras conocer que en Imbabura fueron desvinculados 32 profesionales, entre ellos seis médicos. Este escenario, indicó, comenzó a replicarse en otras provincias, lo que elevó la preocupación sobre la estabilidad laboral en el sistema sanitario público.

Despidos en Pichincha y otras provincias generan preocupación

En el caso de Pichincha, Pasquel afirmó que hasta el momento se contabilizan alrededor de 162 profesionales desvinculados. Esta cifra incluye personal sanitario que cumplía funciones clave en distintos niveles de atención. La situación, según el gremio, podría afectar la operatividad de los servicios.

También se reportaron despidos en Portoviejo, lo que refuerza la idea de una medida que se estaría extendiendo a escala nacional. Aunque no se detallaron cifras exactas en este caso, el dirigente insistió en que la información proviene de reportes directos desde hospitales.

Uno de los casos mencionados fue el del hospital Enrique Garcés, donde se desvincularon 11 profesionales. De ese total, tres eran médicos con contratos ocasionales, lo que, según Pasquel, agrava la situación en el primer nivel de atención.

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Impacto en la atención médica y listas de espera

El presidente del Colegio Médico advirtió sobre las consecuencias directas en el sistema sanitario. “Si se despide a los médicos en el primer nivel de atención, la lista de espera va a ser muy grande en los hospitales de segundo y tercer nivel”, afirmó. Esta situación podría generar saturación en centros de mayor complejidad.

El señalamiento apunta a un posible efecto en cadena dentro del sistema de salud pública. La reducción de personal en atención primaria obligaría a los pacientes a acudir a hospitales más grandes, incrementando la demanda y los tiempos de espera.

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud Pública aseguró que los servicios continúan operando con normalidad. La institución sostuvo que la reorganización responde a una optimización de recursos tras detectar duplicidad de funciones.

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Gobierno defiende reorganización del sistema de salud

El Ministerio indicó que el proceso fue "técnico y planificado", con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud. Según su versión, las áreas de emergencia, consulta externa y cirugías programadas mantienen su funcionamiento habitual en todo el país.

Además, la cartera de Estado invitó a la ciudadanía a reportar irregularidades en la atención mediante la línea 171, opción 3. También exhortó a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación.

El contraste entre las denuncias del gremio médico y la postura oficial mantiene abierto el debate sobre el impacto real de estas medidas en el sistema sanitario ecuatoriano.

Lo que debes saber

• El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al IESS hacia el Secap.
• El proyecto se enmarca en el plan Compromiso por el Empleo, que contempla capacitaciones a jóvenes para que ingresen al mercado laboral.
• Harold Burbano, ministro de Trabajo, señaló que el presupuesto del IESS "jamás se tocará".

El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hacia el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap).

(Te puede interesar: IESS aporte 0,5%: ¿cómo impactará al SECAP y a quiénes afecta la medida?)

Según Harold Burbano, ministro de Trabajo, este mecanismo permitiría devolverle autonomía financiera a la institución y garantizar recursos estables para programas de formación.

La intención, explicó el funcionario, es que el Estado asuma un rol más activo en la preparación de la fuerza laboral, especialmente de los jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo.

El proyecto de ley se enmarca en el programa Compromiso por el Empleo, un plan del Gobierno con el que se prevé ofrecer capacitación gratuita y de corta duración a jóvenes.

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El Gobierno sostiene que el redireccionamiento de este porcentaje no afectará la sostenibilidad del sistema de seguridad social. “El presupuesto del IESS jamás se tocará”, aseguró Burbano el 31 de marzo en Cuenca. 

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Según el funcionario, la medida permitirá financiar la capacitación técnica sin depender exclusivamente del presupuesto general del Estado.

Lo que debes saber

• Más de 100 docentes, activistas y profesionales firman manifiesto en Ecuador.
• Denuncian vulneración de derechos, crisis en salud y control social.
• Alertan sobre criminalización de la protesta y persecución política.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, confirmó este 16 de abril en su cuenta de X que más de 100 docentes, activistas y profesionales suscribieron un manifiesto público en el que exigen al Gobierno de Daniel Noboa y a varias instituciones del Estado respeto a los derechos y libertades democráticas en Ecuador. El pronunciamiento también apunta al CNE, Tribunal Contencioso Electoral y Fiscalía General del Estado.

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El documento advierte sobre una “profunda preocupación por la deriva antidemocrática” que, según los firmantes, atraviesa el país. En el texto se sostiene que desde el Gobierno se han impulsado medidas orientadas al “control absoluto de la vida social”, lo que, afirman, afecta derechos fundamentales como la salud y la participación ciudadana.

“Alzamos nuestra voz ante el país y la comunidad internacional”, señala el manifiesto, en el que también se denuncia la falta de medicamentos, la postergación de consultas médicas y el represamiento de cirugías como evidencia de vulneración del derecho a la salud.

Denuncian vulneración de derechos y crisis en el sistema de salud

El documento describe un escenario en el que pacientes enfrentan retrasos de semanas o meses para recibir atención médica. Según los firmantes, esta situación ha provocado consecuencias graves, incluyendo muertes evitables en el sistema de salud pública.

“Hombres, mujeres, niños y ancianos se mueren en esta espera inhumana”, advierte el texto, que califica esta realidad como una “trampa mortal” para la población. También se cuestiona la capacidad del Gobierno para garantizar insumos médicos y el funcionamiento adecuado de hospitales.

El manifiesto sostiene que, frente a estas denuncias, las autoridades responden con acciones que buscan “amordazar toda forma de oposición” y restringir los espacios de participación ciudadana.

Acusan criminalización de la protesta y persecución a organizaciones

Otro de los puntos centrales del documento es la denuncia de un proceso sistemático de criminalización de la protesta social. Los firmantes aseguran que la expresión del descontento ha pasado a ser tratada como delito.

“La legítima expresión del descontento hoy es perseguida”, indica el texto, que añade que reclamar derechos se ha convertido en una actividad “riesgosa, sujeta a la represión y la estigmatización”.

Además, se alerta sobre el acoso a organizaciones sociales, políticas y dirigentes populares. Según el manifiesto, mediante intimidación y judicialización se busca desarticular estructuras históricas de resistencia a políticas gubernamentales.

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Cuestionan intentos de ilegalizar organizaciones políticas

El documento también hace referencia a intentos de ilegalización de organizaciones políticas opositoras. Se menciona el caso de Unidad Popular, cuyo proceso ante el CNE es calificado como “cuestionable”.

Para los firmantes, este tipo de acciones representan una amenaza directa a la diversidad política. “Es la pretensión de mutilar la discrepancia y establecer un régimen que elimine a las fuerzas de oposición”, advierte el texto.

En ese contexto, expresan su respaldo a la Corte Constitucional y exigen que se respete su independencia. También manifiestan solidaridad con organizaciones como Yasunidos, UNE y UGTE, que, según indican, enfrentan sanciones económicas.

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Firmantes: más de 100 docentes, activistas y profesionales

El manifiesto está respaldado por una amplia lista de firmantes provenientes de distintos sectores académicos, sociales y profesionales del país.

Entre los firmantes constan:

También se suman:

El listado completo incluye 104 firmantes que respaldan el pronunciamiento y sus demandas.

Llamado a defender la democracia y el disenso

El documento concluye con un llamado a respetar los principios democráticos y la diversidad de opiniones como base de la convivencia social. Los firmantes rechazan lo que consideran una tendencia hacia el autoritarismo.

“No hay democracia sin respeto a las opiniones de otros sectores”, señala el manifiesto. También advierte que concentrar el poder y limitar la participación ciudadana debilita la soberanía popular.

Finalmente, los suscriptores afirman que defienden una democracia “donde el disenso sea motivo de debate y no de represión”, y donde la ley proteja derechos en lugar de restringirlos.

Lo que debes saber

• Expansión: La empresa estadounidense tuvo una red de aliados locales —como Allenergies, Inycofyi y Astrobryxa— para ingresar y operar en el mercado eléctrico ecuatoriano, incluso antes de concretar contratos millonarios con el Estado.
  
• Vínculo: Parte de esa red incluye a Inderin S.A., una empresa sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2029.

Los aliados y representantes de Progen en Ecuador siguen apareciendo. A esta red de contactos se suma el nombre de Juan Pablo Burgos Marengo, representante del consorcio Prime Energy Group, que actualmente vende energía termoeléctrica al Estado a través de la central El Descanso II, en Azuay. 

En diciembre de 2024, la empresa pública Elecaustro suscribió un contrato por 18,5 millones de dólares con dicho consorcio para el alquiler de 20 megavatios.

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Prime Energy Group integra a dos compañías locales: Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. y la pyme Allenergies. Esta última es propiedad de Burgos Marengo y se dedica a la comercialización de maquinaria y suministros.

Pagos, subcontrataciones y obras sin resultados

Sobre Inycofyi, EXPRESO reveló que recibió al menos 3,5 millones de dólares de Progen entre febrero y marzo de 2025. Inycofyi alegó que Astrobryxa S.A. (otra aliada de Progen) la subcontrató para obras civiles y eléctricas en las centrales de Quevedo y Salitral, instalaciones que aún no aportan energía al país pese haberse desembolsado 104 millones de dólares.

Sin embargo, más de un año antes, Progen ya tenía contactos en Ecuador. Los documentos recientes muestran que Progen designó a sus primeros delegados en enero de 2024.

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Representación en Ecuador y vínculos empresariales

En una carta dirigida a Juan Pablo Burgos, el CEO de Progen, John Manning, le otorgó la representación para la venta de un generador móvil de 3.500 kw. Manning señaló que la experiencia de Allenergies e Inderin S.A. los convertía en el socio ideal para introducir su producto insignia en el mercado local. “Como representante autorizado de Progen en Ecuador, Allenergies & Inderin S.A. tendrá acceso a nuestra red de soporte integral, incluyendo experiencia técnica, programas de capacitación y asistencia logística”, escribió Manning, el 30 de enero.

¿Por qué la carta menciona a Inderin S.A.? Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Juan Pablo Burgos Marengo preside esta empresa, mientras que su padre, Jorge Eduardo Burgos Venegas, ocupa la gerencia general. Ambas compañías comparten el mismo giro de negocio, oficinas, contador e incluso un mismo correo electrónico.

Sanciones, demandas y restricciones legales

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A pesar de sus vínculos, Inderin S.A. enfrenta graves impedimentos legales. La firma está prohibida de participar en contrataciones públicas hasta 2029. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) declaró a la empresa como contratista incumplida tras la terminación unilateral del contrato Nro. HNA-CON-0082-23 en la Central Marcel Laniado de Wind.

La aseguradora Seguros Confianza S.A. demandó judicialmente a la empresa y a sus directivos para recuperar más de 634.000 dólares. Este monto corresponde a las pólizas que la aseguradora pagó a Celec tras los incumplimientos contractuales de Inderin. La Compañía ha señalado que no se trata de un caso cerrado, sino que el contrato está sometido a un proceso de mediación en la Procuraduría General.

Inderin S.A. también tiene otra sanción de la Sercop, emitida el septiembre de 2025, por una declaración errónea, pues la empresa aseguró ser productora nacional sin serlo. Por esa razón se ordenó la suspensión de 120 días en el Registro Único de Proveedores (RUP).

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Nuevos procesos y aumento de costos en generación eléctrica

Con estos bloqueos, la empresa que sí contrató con el estado es Allenergies. EXPRESO buscó a sus representantes para recoger su versión sobre la relación con Progen, la vinculación institucional entre Allenergies e Inderin y sobre su interés o no de licitar para el proyecto El Descanso III. No respondieron hasta la publicación de esta nota.

Este es un nuevo proceso de Elecaustro que tiene previsto ser adjudicado hasta el 30 de abril. La empresa alquilará 20 megavatios en energía termoeléctrica por 32,6 millones de dólares (un 76 % más costoso que El Descanso II). Por ahora, las empresas que presentaron sus contizaciones son Kawsus Cia LTDA y Conspeccime Cia.

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La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, señaló que sí habrá fiscalización y que esta incluirá pedidos de información, así como comparecencias de las autoridades de las entidades a cargo del sector eléctrico.

“Por supuesto que haremos fiscalización y estaremos expectantes desde la Asamblea y con nuestras comisiones para que esto llegue a buen puerto y se den los cambios respectivos”, manifestó Centeno, quien también preside la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo.

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Una referencia a la ministra Inés Manzano

Una declaración de Centeno dio pistas sobre la dirección que podría tomar este proceso. La legisladora recordó que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, dispuso la salida de funcionarios del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), así como de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

“Felicitamos que se cambie la plana mayor de CENACE y CNEL”, dijo Centeno, en referencia al anuncio realizado por la ministra el 14 de abril de 2026. 

Manzano ese día señaló: "Habrá una nueva plana mayor de CENACE y CNEL. Actuar sin criterio frente a la ciudadanía no es opción como lo sucedido hoy en la madrugada y el domingo al conectar las torres de Dos Cerritos".

En este contexto, ADN planteó fiscalizar a esos niveles técnicos. “Que quede claro. Este Gobierno del presidente Daniel Noboa es el que más ha invertido en los últimos años en generación eléctrica y demuestra que el problema no está en la generación, sino en la distribución”, añadió.

La posición del correísmo

La oposición en la Asamblea, en cambio, apunta directamente a la ministra Inés Manzano. La legisladora Viviana Veloz (RC) sostuvo que la funcionaria debería comparecer ante el Pleno, aunque consideró poco probable que esto ocurra.

“La ministra debe acudir al Pleno. Ahora, lo improbable es que venga porque ustedes saben que la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo”, afirmó.

Veloz también cuestionó que los procesos de control político terminen trasladándose a otras instancias sin resultados concretos. Según indicó, estos casos suelen derivarse a otras comisiones donde “lo guarden en un cajón y no pasa absolutamente nada”, en referencia a prácticas que, a su criterio, debilitan la fiscalización.

Lo que debes saber

• Washington Andrade demanda al CPCCS por falta de transparencia en el concurso de Fiscal General.
• Audiencia por acceso a información será el 29 de abril en Quito ante jueza Galarza Villmarín.
• Andrade exige copias de expedientes y disculpas públicas de Andrés Fantoni y Cynthia Jacho.

Washington Andrade, abogado inadmitido en el concurso para fiscal general del Estado, presentó una acción de acceso a la información contra Andrés Fantoni y Cynthia Jacho. El demandante denuncia una presunta falta de transparencia en la custodia de los expedientes de los candidatos que aspiran a dirigir la Fiscalía, tras no recibir las copias certificadas de las actas de entrega-recepción de los documentos.

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Audiencia de acceso a la información pública en Quito

La demanda, ingresada formalmente el 8 de abril de 2026, ha sido asignada a la jueza María de las Mercedes Galarza Villmarín. La magistrada, perteneciente a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, fijó la diligencia para el miércoles 29 de abril de 2026 a las 15:00.

El proceso se llevará a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se determinará si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) vulneró los derechos de Andrade al negar información sobre el concurso de méritos.

¿Por qué Andrés Fantoni negó el pedido de información?

Según el expediente, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, respondió al pedido de Andrade negando la entrega de los documentos. El funcionario argumentó que los expedientes de la Fiscalía se encuentran en fase de revisión y que la publicación de estos se realizará únicamente al finalizar dicha etapa.

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Por su parte, Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección, no habría emitido respuesta alguna al oficio remitido por el abogado. Andrade sostiene que esta opacidad es inaceptable en un concurso de relevancia nacional, donde la información no puede ser declarada reservada.

Política

Enmienda del CPCCS avanza y dejaría el problema de fondo

Mónica Jara Chérrez

Detalles de la demanda contra el CPCCS:

El jurista enfatizó que la transparencia es clave para evitar irregularidades en la selección del nuevo Fiscal General.

Política

Guayas es el epicentro de la pugna política por seccionales

Daniel Alejandro Romero Páez

En la Revolución Ciudadana se mencionan varios nombres. Uno de ellos es el de Alexandro Tonello, actual viceprefecto de la provincia, ya que Paola Pabón completará su segundo período, en mayo 2027.  

También circula el de la asambleísta Jahiren Noriega, aunque hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial de su equipo sobre una eventual candidatura.

El concejal de Quito, Adrián Ibarra, secretario de la RC en Pichincha, señaló que aún están levantando información, para "perfilar a los mejores candidatos". Adelantó que desde la próxima semana y hasta la primera semana de mayo, en la provincia habrá asambleas distritales, para tratar este tema y la reforma al estatuto.

Jorge Yunda sobre su dupla para correr por la Prefectura

La exconcejala de Quito Carla Cevallos ha intensificado su agenda territorial en parroquias de la provincia. El 8 de abril del 2026 participó en actividades en Yaruquí, parroquia rural de Pichincha. En sus redes sociales también informó sobre reuniones con líderes locales.  

Cevallos ya fue candidata a la Prefectura en 2023, en binomio con Jorge Yunda, quien recientemente confirmó su precandidatura a la Alcaldía de Quito.

Consultado por EXPRESO, Yunda señaló que mantiene conversaciones con Carla Cevallos. “Tiene experiencia política y, pese a su juventud, hemos trabajado juntos. Lo definiremos en los próximos días”, afirmó. El exalcalde indicó además que participará en los comicios con el movimiento Centro Democrático.

Por su parte, Cevallos sostuvo que su eventual participación está en fase de análisis. “Estamos en un proceso serio de diálogo y construcción junto a nuestro equipo. Participar en una elección no es una decisión ligera, sino un compromiso con la provincia”, indicó. Añadió que cualquier definición se tomará en función de “la oportunidad real de aportar al desarrollo de Pichincha”.

¿El oficialismo postulará a un ministro?

En el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, también se revisan nombres. Entre ellos  el del ministro de Trabajo, Harold Burbano, como posible aspirante a la Prefectura.

El domingo 12 de abril, Burbano participó en una actividad con dirigentes barriales en Conocoto junto a la ministra de Gobierno, Natali Morillo; Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino; y el concejal afín, Michael Aulestia. El encuentro fue difundido en sus redes sociales, como una evidente señal de búsqueda de posicionamiento político de cara a las seccionales.

Este medio consultó al Director de Comunicación del Ministerio, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta.

En la cuenta de Instagram del Ministerio de Gobierno, junto a las fotos, se leía: "En Conocoto se mantuvo un diálogo con los moradores para escuchar sus requerimientos y poder dar respuestas con acciones concretas".

Las redes sociales de Pinto 

• La funcionaria retiró un reel de sus redes sociales donde recorría el Museo del Prado.
• La agenda internacional contrasta con la delegación oficial que tiene sobre el Ministerio de Salud.
• Es la segunda vez en el mes que depura sus plataformas tras recibir cuestionamientos ciudadanos.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, retiró de sus plataformas digitales un video promocional sobre su reciente visita al Museo del Prado en Madrid, España. La acción digital se ejecutó horas después de que la publicación detonara una ola de cuestionamientos ciudadanos frente a la desconexión entre su agenda internacional y el deficiente sistema hospitalario que opera en Ecuador.

Política

Pacientes del Teodoro Maldonado sufren por calor extremo en área de diálisis

Carlos Isaac Pino

Un patrón en la estrategia digital

En noviembre de 2025, el Ejecutivo delegó a Pinto la conducción estratégica y temporal del Ministerio de Salud Pública (MSP). No obstante, mientras en sanatorios de Guayaquil los pacientes renales exigen climatización básica para no suspender sus tratamientos de diálisis, la funcionaria difundía un audiovisual documentando modelos de gestión cultural y evaluando tecnologías inmersivas 3D para el Museo Nacional.

El contraste entre la emergencia sanitaria local y la agenda europea —que incluyó reuniones académicas y citas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)— capitalizó el rechazo de los usuarios, forzando la eliminación del 'reel'.

Semanas atrás, Pinto también borró de sus cuentas oficiales un clip donde aparecía en un columpio con un fondo musical de la artista ecuatoriana Pamela Cortés. Ese material fue calificado en su momento como indolente ante el desabastecimiento de insumos médicos en los dispensarios del IESS y del MSP.

Hasta el cierre de esta publicación, la Vicepresidencia no ha emitido un pronunciamiento que justifique el retiro del material audiovisual. 

Guayaquil

Calor extremo en hospital Teodoro Maldonado Carbo: Ventiladores agravan la situación

Redacción Expreso

Lo que debes saber

• Candidata colombiana promete llamar a Noboa y pedir la eliminación de aranceles: la guerra comercial entra de lleno en campaña presidencial
• Paloma Valencia arremete contra Petro y ofrece alianza con Noboa para combatir el narcotráfico.
• El presidente Daniel Noboa ya había anunciado que dialogará con un futuro gobierno en Colombia.

La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia también marca la campaña hacia la Presidencia del vecino país. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ofreció que, en caso de ganar, la primera llamada será al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Economía y negocios

Empresarios de Ecuador piden subsidio temporal para mermar efectos de la tasa del 100 %

Lisbeth Zumba

Este 16 de abril de 2026 se difundió un video en la plataforma oficial del Centro Democrático en YouTube. Valencia, junto al expresidente colombiano Álvaro Uribe, estuvo en Ipiales, en la frontera sur de Colombia. Allí, la candidata presidencial arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

“Es inaceptable que el Gobierno (de Colombia), cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes, transportadores y a la economía de Nariño (…) Petro escogió a la delincuencia”, señaló Valencia ante un grupo de personas.

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También se refirió a Cepeda y dijo: “Iván Cepeda, que ha sido el papá de la paz total, aquí le hacen manifestaciones y yo me pregunto: ¿será que Nariño no está sufriendo lo del Cauca? ¿Será que aquí no están reclutando a los niños?”.

¿Qué dijo Valencia sobre el presidente Daniel Noboa?

La candidata presidencial también planteó propuestas en Nariño. Dijo que una de las medidas que tomará será la militarización de la vía Cali–Popayán–Pasto, con el objetivo de frenar la violencia.

Luego se refirió a Noboa: “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa. Le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo”, aseguró Valencia.

También señaló que, tras anunciar un trabajo conjunto, pedirá que Ecuador retire los aranceles impuestos en medio de la pugna entre ambos países. Aseguró que con ello se reactivará el comercio.

Además, ofreció que durante su mandato Colombia se sumaría al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Cabe recordar que Ecuador actualmente forma parte de esta iniciativa.

Un mensaje de ida y vuelta en medio de la campaña electoral

Las declaraciones de la candidata del Centro Democrático llegan semanas después de que el presidente Daniel Noboa decidió incrementar al 100 % el arancel para la importación de productos colombianos.

El 9 de abril de 2026, el mandatario ecuatoriano escribió en su cuenta de X: “Desde que tomamos esta medida (imposición de aranceles), en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.

Lo que debes saber

• Ecuador se encuentra en estado de conflicto armado interno oficialmente desde el 9 de enero de 2024.
• Según datos de InSight Crime, Ecuador figura como el tercer país más peligroso de la región. En 2025, el país registró un incremento del 31,2 % en los niveles de violencia.
• El presidente Daniel Noboa publicó un video el viernes 17 de abril de 2026 en el que abordó mejoras en la seguridad y la economía del país.

Apresuradas. Así califican expertos en seguridad las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta reducción de muertes violentas en Ecuador. Señalan que el análisis oficial carece de contexto y comparación técnica suficiente.

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El anuncio del Gobierno

El viernes 17 de abril de 2025, a las 07:02, el mandatario publicó un video en su cuenta personal de Facebook. Allí afirmó que las muertes violentas bajaron 14 % frente al primer trimestre de 2025 y agregó que marzo de 2026 registró una caída del 24 %.

Según sus declaraciones, los resultados responden a la aplicación de la tasa de seguridad, al estado de excepción y al toque de queda. También sostuvo que en las provincias fronterizas la violencia ha disminuido.

El mandatario afirmó que estas medidas permitieron actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas. Con ese argumento, sostuvo que “estamos recuperando es la confianza, la confianza en el país”.

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Cuestionamientos por falta de sustento técnico

Sin embargo, el experto en seguridad Andrés Williams considera que esas declaraciones carecen de credibilidad. Afirma que el mandatario recurre a un enfoque sensacionalista sobre las muertes violentas y sostiene un argumento sin sustento técnico.

“Es un tiempo tan corto”, insiste el analista. Advierte que ese lapso impide evaluar con rigor los resultados en materia de violencia.

El toque de queda rigió del 15 al 30 de marzo de 2024 en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. Además, desde el 1 de febrero de 2026, Ecuador aplica la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia.

Advertencias sobre evaluaciones prematuras

Con esa línea crítica, el experto en seguridad Jean Paul Pinto coincide en que aún no existen elementos suficientes para hablar de una mejora. Sostiene que resulta prematuro afirmar una reducción de la violencia cuando los datos corresponden a un periodo tan corto.

“Es muy pronto para decir esto”, advierte. Señala que no tiene sentido hablar de una baja si en el siguiente trimestre las cifras pueden duplicarse.

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El control territorial, la variable ausente

Con ellos coincide Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Advierte que el corto plazo impide medir con precisión los efectos de las medidas recientes.

El exjefe de Inteligencia sostiene que el análisis oficial se limita a cifras y deja de lado el control territorial. Plantea que la reducción de muertes no siempre refleja una mejora en la seguridad.

Explica que la violencia puede responder a dinámicas distintas entre organizaciones criminales. Señala que una baja en los homicidios puede evidenciar la consolidación de un grupo dominante en un territorio.

En ese escenario, la disminución de asesinatos no implica menor criminalidad. Más bien, puede indicar que una estructura delictiva controla la zona y regula la violencia.

Por ello, insiste en que el Estado debe evaluar quién ejerce el control real en los territorios. Considera que, sin ese enfoque, las estadísticas ofrecen una lectura incompleta del problema.

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Nuevas formas de medir la violencia

Por otro lado, Williams advierte que el análisis de la violencia ya no puede limitarse a las muertes registradas. Sostiene que el país debe incorporar variables como las desapariciones forzadas y los asesinatos múltiples para entender la magnitud real del fenómeno.

Explica que estas dinámicas reflejan nuevas formas de operación del crimen organizado. Señala que, sin esos indicadores, el diagnóstico queda incompleto y puede distorsionar la lectura de la seguridad.

Williams también cuestiona que una reducción de homicidios implique una mejora real. Afirma que la violencia puede desplazarse o cambiar de modalidad sin desaparecer.

Pinto enfatiza que los verdaderos resultados se medirán al cierre del año. Asegura que toda reducción debe ser sostenida en el tiempo para tener validez.

En ese contexto, insiste en que una caída temporal carece de utilidad para evaluar la seguridad. Reitera que, si las muertes se incrementan después, el balance anual terminará en los mismos niveles.

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Asamblea fiscalizará cortes de luz en Ecuador: ¿qué investigará?

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La presidenta de la comisión, Diana Jácome, destacó que el documento es resultado de un proceso participativo que incluyó aportes de expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil. El objetivo central es reducir los tiempos de los procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Coherencia con la Constitución y derechos de la niñez

La mesa legislativa concluyó que la propuesta guarda coherencia con la Constitución de la República y con el ordenamiento jurídico vigente. Se constituye, además, en una herramienta necesaria para asegurar la tutela efectiva y oportuna de los derechos de la niñez, especialmente de aquellos que permanecen en instituciones de acogida.

El proyecto plantea reformas clave a los códigos orgánicos de la Niñez y Adolescencia, General de Procesos y de la Función Judicial. Estas modificaciones buscan eliminar barreras estructurales y procesales que actualmente retrasan los procesos de adopción, generando incertidumbre para las familias y prolongando la permanencia de menores en centros de acogida.

Principales reformas que introduce el proyecto

Entre los cambios más relevantes se destacan:

El proyecto también incorpora medidas de protección integral, como nuevas causales de privación de patria potestad en casos de vulneración grave de derechos. 

Medidas complementarias para garantizar derechos

El proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción incorpora disposiciones adicionales que refuerzan la protección integral de la niñez. Entre ellas, se establece que el juez que ordenó medidas de protección será también competente para conocer la declaratoria de adoptabilidad, evitando duplicidad de procesos y garantizando mayor celeridad en las decisiones. 

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Otra medida relevante es la incorporación de políticas de inclusión para adolescentes que no fueron adoptados hasta cumplir los 18 años y deben abandonar instituciones de acogida. El proyecto dispone que el Estado otorgue becas y ayudas económicas, además de cuotas en el acceso a la educación superior, con el fin de garantizar oportunidades de desarrollo y reducir la vulnerabilidad social de este grupo.

Finalmente, la propuesta fija plazos máximos para cada etapa del proceso de adopción, como diez días para informes de consentimiento, dos meses para investigaciones policiales y técnicas, seis meses para reinserción familiar y dos meses para el emparentamiento. Además, se sanciona el incumplimiento de plazos por parte de servidores judiciales y administrativos, y se evita la repetición innecesaria de diligencias ya realizadas.

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“Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina”, señaló el jefe de Estado. También indicó que dichas mejoras se evidencian en tres ejes: seguridad, economía y obras.

¿Cuáles fueron las cifras que destacó Noboa?

Entre enero y marzo de 2026, las ventas a nivel nacional superaron los 63.200 millones de dólares, frente a los 57.700 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025. “Eso es un crecimiento del 9,4%, que es más actividad, más ingresos y más trabajo”, insistió.

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Otro punto en lo económico, según las cifras del Gobierno, tiene que ver con la inversión extranjera directa, que ya mostró una tendencia positiva. En ese marco, habló de los acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos.

Otra área a la que se refirió, aunque sin mencionar los proyectos concretos de su Gobierno, fue la infraestructura. Noboa señaló que 2026 será el año de la construcción y dijo que ese sector creció un 20%. Además, resaltó el crecimiento de las inmobiliarias, que llegó al 17,8%.

En ese punto abordó el tema de la vivienda, debido a las bajas tasas implementadas en la banca pública para la adquisición de inmuebles. “Este es el año de la construcción: la inversión ejecutada pasó de 42 millones de dólares a más de 533 millones de dólares”, señaló.

¿Cuáles fueron las cifras de seguridad?

El primer mandatario insistió en las cifras que ya fueron presentadas por el Bloque de Seguridad. Afirmó que las muertes violentas se redujeron en un 14% en comparación con el primer trimestre de 2025 y añadió que “marzo (2026) registró un 24% menos”.

“Este camino no lo hace un Gobierno solo. Se construye desde abajo, con su gente, con trabajo, con esfuerzo y con la convicción de que ustedes merecen lo que nunca antes les habían dado”, concluyó Noboa.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Lo que debes saber

• El sistema de pensiones del IESS enfrenta un déficit creciente y depende cada vez más del Estado y de sus reservas.
• El número de jubilados sube mientras los aportes avanzan lentamente.
• Sin reformas urgentes, el riesgo para las pensiones futuras aumenta.

El sistema de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa una presión financiera creciente que se arrastra desde hace más de una década. Hoy, los aportes de los afiliados ya no alcanzan para cubrir el pago anual de pensiones, obligando a depender cada vez más del Estado y de las reservas acumuladas.

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La situación se agrava porque la transferencia estatal tampoco cubre completamente el faltante. Esto ha empujado al sistema a retirar recursos del fondo de inversiones administrado por el Biess, reduciendo el colchón destinado a las pensiones futuras.

Cada año sin reformas amplía la brecha entre ingresos y gastos, reduciendo el margen para aplicar ajustes graduales y elevando el riesgo de medidas más severas en el futuro.

El gasto crece mucho más rápido que los ingresos

Las proyecciones señalan que en 2026 habrá 840.456 jubilados, casi 55.000 más que en 2025. Si se compara con 2016, cuando existían 403.668 pensionistas, la cifra prácticamente se duplicó.

Este aumento impacta directamente en el gasto anual: para 2026 se estima un desembolso de $7.552 millones, lo que implica un crecimiento de 130% frente a 2016 y de 9% respecto a 2025.

El problema central es que los aportes avanzan lentamente. Para 2026 se proyectan ingresos por $3.437 millones, apenas $111 millones más que el año anterior, mientras el gasto subirá $633 millones. La brecha actual entre ingresos y egresos alcanza $4.281 millones.

El punto de quiebre llegó hace más de diez años

El desequilibrio no es nuevo. El quiebre ocurrió en 2014, cuando por primera vez los aportes dejaron de cubrir las pensiones. Ese año se recaudaron $2.366 millones y se pagaron $2.469 millones en jubilaciones.

Desde entonces, el gasto ha crecido de forma sostenida y más acelerada que los ingresos, generando una dependencia estructural del financiamiento estatal.

El número de afiliados activos tampoco ha crecido como se esperaba. A marzo de 2026 se registraban 3.541.237 afiliados, una cifra similar a la de 2016. Incluso es menor que la de diciembre de 2024, cuando se contabilizaban 3.795.347.

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Mercado laboral estancado y alta informalidad

El estancamiento del empleo formal explica gran parte del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el empleo adecuado llegó a 37,1% en febrero de 2026, una variación mínima frente al año previo.

Además, el 51,8% de trabajadores está en la informalidad, sin RUC ni afiliación al seguro social. Esto reduce la base de aportantes y limita el crecimiento de ingresos del sistema.

A pesar de campañas para atraer afiliados jóvenes con aportes más bajos, el número total de asegurados no ha logrado despegar.

El Estado y las reservas sostienen el sistema

La ley establece que el Estado debe cubrir el 40% de las pensiones. Para 2026, el IESS solicitó $3.052 millones, pero el Presupuesto General solo contempla $2.807 millones dentro de un subsidio total de $3.271 millones.

Para cubrir la diferencia, el sistema recurrirá nuevamente a sus reservas: la desinversión prevista alcanza $1.407 millones.

Si las transferencias estatales resultan menores a lo previsto, el retiro de fondos podría ser aún mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sistema y reduciendo la capacidad del banco de invertir y generar rendimientos.

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Reformas pendientes y presión política

La necesidad de una reforma integral es ampliamente reconocida, pero las propuestas no se han concretado. En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, una comisión presentó un plan que proponía transiciones graduales sin afectar a jubilados actuales.

Sin embargo, el retraso en la implementación de cambios estructurales agranda el déficit año tras año y reduce la posibilidad de aplicar ajustes progresivos.

Mientras más se posterguen las reformas, mayor será la probabilidad de que las medidas futuras sean más drásticas.

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Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

Guayaquil

Apagones de más de 12 horas en Guayaquil, Daule y Samborondón: las razones que da CNEL

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Lo que debes saber

• Expansión: La empresa estadounidense tuvo una red de aliados locales —como Allenergies, Inycofyi y Astrobryxa— para ingresar y operar en el mercado eléctrico ecuatoriano, incluso antes de concretar contratos millonarios con el Estado.
  
• Vínculo: Parte de esa red incluye a Inderin S.A., una empresa sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado hasta 2029.

Los aliados y representantes de Progen en Ecuador siguen apareciendo. A esta red de contactos se suma el nombre de Juan Pablo Burgos Marengo, representante del consorcio Prime Energy Group, que actualmente vende energía termoeléctrica al Estado a través de la central El Descanso II, en Azuay. 

En diciembre de 2024, la empresa pública Elecaustro suscribió un contrato por 18,5 millones de dólares con dicho consorcio para el alquiler de 20 megavatios.

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Prime Energy Group integra a dos compañías locales: Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A. y la pyme Allenergies. Esta última es propiedad de Burgos Marengo y se dedica a la comercialización de maquinaria y suministros.

Pagos, subcontrataciones y obras sin resultados

Sobre Inycofyi, EXPRESO reveló que recibió al menos 3,5 millones de dólares de Progen entre febrero y marzo de 2025. Inycofyi alegó que Astrobryxa S.A. (otra aliada de Progen) la subcontrató para obras civiles y eléctricas en las centrales de Quevedo y Salitral, instalaciones que aún no aportan energía al país pese haberse desembolsado 104 millones de dólares.

Sin embargo, más de un año antes, Progen ya tenía contactos en Ecuador. Los documentos recientes muestran que Progen designó a sus primeros delegados en enero de 2024.

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Representación en Ecuador y vínculos empresariales

En una carta dirigida a Juan Pablo Burgos, el CEO de Progen, John Manning, le otorgó la representación para la venta de un generador móvil de 3.500 kw. Manning señaló que la experiencia de Allenergies e Inderin S.A. los convertía en el socio ideal para introducir su producto insignia en el mercado local. “Como representante autorizado de Progen en Ecuador, Allenergies & Inderin S.A. tendrá acceso a nuestra red de soporte integral, incluyendo experiencia técnica, programas de capacitación y asistencia logística”, escribió Manning, el 30 de enero.

¿Por qué la carta menciona a Inderin S.A.? Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Juan Pablo Burgos Marengo preside esta empresa, mientras que su padre, Jorge Eduardo Burgos Venegas, ocupa la gerencia general. Ambas compañías comparten el mismo giro de negocio, oficinas, contador e incluso un mismo correo electrónico.

Sanciones, demandas y restricciones legales

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A pesar de sus vínculos, Inderin S.A. enfrenta graves impedimentos legales. La firma está prohibida de participar en contrataciones públicas hasta 2029. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) declaró a la empresa como contratista incumplida tras la terminación unilateral del contrato Nro. HNA-CON-0082-23 en la Central Marcel Laniado de Wind.

La aseguradora Seguros Confianza S.A. demandó judicialmente a la empresa y a sus directivos para recuperar más de 634.000 dólares. Este monto corresponde a las pólizas que la aseguradora pagó a Celec tras los incumplimientos contractuales de Inderin. La Compañía ha señalado que no se trata de un caso cerrado, sino que el contrato está sometido a un proceso de mediación en la Procuraduría General.

Inderin S.A. también tiene otra sanción de la Sercop, emitida el septiembre de 2025, por una declaración errónea, pues la empresa aseguró ser productora nacional sin serlo. Por esa razón se ordenó la suspensión de 120 días en el Registro Único de Proveedores (RUP).

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Nuevos procesos y aumento de costos en generación eléctrica

Con estos bloqueos, la empresa que sí contrató con el estado es Allenergies. EXPRESO buscó a sus representantes para recoger su versión sobre la relación con Progen, la vinculación institucional entre Allenergies e Inderin y sobre su interés o no de licitar para el proyecto El Descanso III. No respondieron hasta la publicación de esta nota.

Este es un nuevo proceso de Elecaustro que tiene previsto ser adjudicado hasta el 30 de abril. La empresa alquilará 20 megavatios en energía termoeléctrica por 32,6 millones de dólares (un 76 % más costoso que El Descanso II). Por ahora, las empresas que presentaron sus contizaciones son Kawsus Cia LTDA y Conspeccime Cia.

Internacional

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El procedimiento se concretó a través de un vuelo que partió desde Santiago, en el que fueron deportadas alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos. De ese grupo, un número reducido corresponde a ecuatorianos.

Según las autoridades chilenas, las expulsiones responden a dos causales: infracciones administrativas, como el ingreso irregular o la permanencia sin documentación, y decisiones judiciales vinculadas a delitos, entre ellos robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

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El vuelo para la expulsión

La agencia EFE reportó que el vuelo, que partió el jueves 16 de abril desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago, trasladó a 40 personas (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos). Tenía previsto hacer paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.

Desde el Ejecutivo chileno se ha señalado que este es el primer operativo de una política que busca intensificarse en el tiempo, con nuevos vuelos de deportación. 

La misma agencia EFE reportó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo: "Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses".

Aunque la medida ha generado atención en Ecuador, no se trata de una acción dirigida exclusivamente contra sus ciudadanos, sino de un proceso más amplio que abarca a migrantes de varios países en situación irregular o con antecedentes penales.

Kast y su primera visita a Ecuador

José Antonio Kast asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Sucedió al izquierdista Gabriel Boric. Antes de su posesión y ya con los resultados en Chile, el mandatario chileno llegó en visita oficial a Ecuador.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lo recibió en Carondelet el 23 de diciembre de 2025. La seguridad, la movilidad humana y el comercio marcaron la agenda del encuentro.

Lo que debes saber

• El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al IESS hacia el Secap.
• El proyecto se enmarca en el plan Compromiso por el Empleo, que contempla capacitaciones a jóvenes para que ingresen al mercado laboral.
• Harold Burbano, ministro de Trabajo, señaló que el presupuesto del IESS "jamás se tocará".

El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hacia el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap).

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Según Harold Burbano, ministro de Trabajo, este mecanismo permitiría devolverle autonomía financiera a la institución y garantizar recursos estables para programas de formación.

La intención, explicó el funcionario, es que el Estado asuma un rol más activo en la preparación de la fuerza laboral, especialmente de los jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo.

El proyecto de ley se enmarca en el programa Compromiso por el Empleo, un plan del Gobierno con el que se prevé ofrecer capacitación gratuita y de corta duración a jóvenes.

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El Gobierno sostiene que el redireccionamiento de este porcentaje no afectará la sostenibilidad del sistema de seguridad social. “El presupuesto del IESS jamás se tocará”, aseguró Burbano el 31 de marzo en Cuenca. 

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Según el funcionario, la medida permitirá financiar la capacitación técnica sin depender exclusivamente del presupuesto general del Estado.

Las redes sociales de Pinto 

• La funcionaria retiró un reel de sus redes sociales donde recorría el Museo del Prado.
• La agenda internacional contrasta con la delegación oficial que tiene sobre el Ministerio de Salud.
• Es la segunda vez en el mes que depura sus plataformas tras recibir cuestionamientos ciudadanos.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, retiró de sus plataformas digitales un video promocional sobre su reciente visita al Museo del Prado en Madrid, España. La acción digital se ejecutó horas después de que la publicación detonara una ola de cuestionamientos ciudadanos frente a la desconexión entre su agenda internacional y el deficiente sistema hospitalario que opera en Ecuador.

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En noviembre de 2025, el Ejecutivo delegó a Pinto la conducción estratégica y temporal del Ministerio de Salud Pública (MSP). No obstante, mientras en sanatorios de Guayaquil los pacientes renales exigen climatización básica para no suspender sus tratamientos de diálisis, la funcionaria difundía un audiovisual documentando modelos de gestión cultural y evaluando tecnologías inmersivas 3D para el Museo Nacional.

El contraste entre la emergencia sanitaria local y la agenda europea —que incluyó reuniones académicas y citas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)— capitalizó el rechazo de los usuarios, forzando la eliminación del 'reel'.

Semanas atrás, Pinto también borró de sus cuentas oficiales un clip donde aparecía en un columpio con un fondo musical de la artista ecuatoriana Pamela Cortés. Ese material fue calificado en su momento como indolente ante el desabastecimiento de insumos médicos en los dispensarios del IESS y del MSP.

Hasta el cierre de esta publicación, la Vicepresidencia no ha emitido un pronunciamiento que justifique el retiro del material audiovisual. 

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