Economía y negocios

Roberto Carmigniani:“Lo que corresponde es devolver lo que los importadores pagaron”

Liz Briceño

En una declaración a la prensa desde la ciudad de Cali, el representante de izquierda detalló que reciben alertas sobre el manejo de grandes cantidades de dinero en diferentes zonas del país con fines electorales. Frente a las acusaciones de financiamiento ilícito, el equipo oficialista designó al abogado Miguel Ángel del Río para liderar los procesos correspondientes ante las autoridades.

Cepeda justificó las acciones legales argumentando que su contrincante impulsa estrategias de difamación mediante inteligencia artificial en redes sociales. Debido al inicio de estos procesos, el candidato optó por no responder preguntas de los medios de comunicación durante su intervención. En el ámbito comunicacional, solicitó formalmente a las cadenas privadas RCN y Caracol, junto a la televisión pública RTVC, la organización de un debate. Para acelerar este encuentro, exigió a De la Espriella nombrar dos compromisarios encargados de fijar las reglas mínimas del evento en el marco democrático.

La exigencia de confrontar propuestas en televisión ocurre a pesar de que Cepeda se negó a debatir con los demás aspirantes durante el periodo de la primera vuelta. En la jornada del domingo pasado, De la Espriella lideró las votaciones tras alcanzar 10,3 millones de sufragios, mientras que el candidato del Pacto Histórico obtuvo 9,7 millones de votos.

Quito

La razón por la que los policías sentenciados no aceptaron el indulto, según Reimberg

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Reclamo por el equilibrio de funciones

A través de un comunicado emitido por su Comité Ejecutivo Nacional y sus 24 núcleos provinciales, el gremio judicial advirtió que estas actuaciones gubernamentales generan condiciones incompatibles con el ejercicio independiente e imparcial de la función jurisdiccional. La organización precisó que las diferencias respecto a resoluciones deben canalizarse a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico y no mediante la presión pública.

En el documento oficial, la AEMAJ exhortó a todas las autoridades y actores públicos a mantener la prudencia en sus pronunciamientos para fortalecer el diálogo institucional. Argumentan que las expresiones de altas autoridades inciden directamente tanto en la percepción ciudadana sobre la administración de justicia como en las condiciones en las que laboran los magistrados.

El gremio detalló que la independencia judicial no tiene como finalidad resguardar intereses individuales, sino asegurar que quienes administran justicia operen sometidos únicamente a la Constitución, libres de cualquier injerencia externa.

Para finalizar, la entidad notificó que se mantendrá vigilante para garantizar las normativas que protegen su autonomía frente a cualquier forma de presión.

Lo que usted debe saber

• Pleno debatirá informe que vincula el sistema de pagos regional con presuntas tramas de lavado de dinero y peculado.
• La empresa FOGLOCONS estaba relacionada con Álex Saab, quien ha sido señalado como testaferro de Nicolás Maduro.
• Entre las recomendaciones del informe está el que se investigue el financiamiento de la campaña de Alianza País en 2013.

El Pleno de la Asamblea resolverá sobre el informe del proceso de fiscalización al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), elaborado durante la presidencia de Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización.

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El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó a una sesión del Pleno para el lunes 8 de junio de 2026. En el orden del día constan dos puntos, luego de la entonación del Himno Nacional. El primero corresponde a “conocer y resolver respecto del informe del proceso de fiscalización caso SUCRE FOGLOCONS”.

El segundo punto previsto para la sesión es el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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¿De qué se trata el informe sobre SUCRE?

En 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea estaba presidida por el excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Desde esa mesa se inició una investigación sobre las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción (FOGLOCONS), relacionada con Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes eran investigados por la justicia de Estados Unidos.

Como antecedente, el 16 de octubre de 2009, los jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

El mecanismo regional buscaba facilitar el comercio entre los países firmantes. En ese momento, todos ellos formaban parte de un bloque regional alineado con lo que entonces se denominó el Socialismo del Siglo XXI.

En Ecuador se inició una investigación por el uso de dicho sistema. FOGLOCONS reportó exportaciones de materiales de construcción y viviendas prefabricadas desde Ecuador hacia Venezuela por cerca de 159,9 millones de dólares. Posteriormente, varias investigaciones contrastaron esos datos con registros de la Aduana del Ecuador.

Los documentos mostraron que los bienes que realmente salieron del país sumaban apenas unos 3 millones de dólares. El resto de la mercancía no existía o estaba sobrevalorada. La empresa fue investigada por la Fiscalía. Dentro de ese entramado, el sistema SUCRE fue mencionado como el mecanismo utilizado para movilizar el dinero.

En la fiscalización realizada en 2021, la comisión señala en su informe: “se encuentra identificado el mecanismo, la participación de los funcionarios públicos, así como de las personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, que ejercieron desde la creación del Sistema SUCRE, hasta el año 2018, acciones que merecen ser investigadas por la justicia penal ecuatoriana, venezolana y desde luego de Estados Unidos de América”.

En el documento también se lee: “más allá de que pudo haber significado una inspiración ideológica para enfrentar la fortaleza del dólar, moneda de curso legal ecuatoriana y de patrimonio económico financiero de Estados Unidos de América, fue utilizado para plasmar toda una estructura jerárquicamente organizada y una red delictiva, que como se evidencia en este reporte investigativo, fue el escenario propicio para el presunto cometimiento de varios delitos como es el peculado, lavado de dinero, entre otros”.

De acuerdo con el informe, existen actos que evidencian el abuso de fondos públicos, utilizados de forma contraria a la naturaleza propia de la Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad, desviándolos en beneficio de pocas empresas creadas exclusivamente para operar mediante este mecanismo.

Las recomendaciones del informe

Entre las recomendaciones consta remitir el informe a la Fiscalía. También se plantea que esa entidad determine las responsabilidades de quienes ejercieron el cargo de superintendente de Compañías entre 2010 y 2014, debido a que permitieron la creación de nuevas empresas sin sustento de ninguna naturaleza.

Asimismo, existe una recomendación relacionada con el ámbito electoral. El informe plantea que los hallazgos sean remitidos al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral, “a fin de que disponga la apertura de una investigación al aporte de campaña del año 2013, realizado por la ciudadana Micaela Lehrer Alarcón, al partido Alianza País”.

Según la Comisión de Fiscalización de esa época, presumiblemente dichos fondos provendrían de actividades ilícitas a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

Lo que debe saber

• Juicio político contra Inés Manzano se juega este 6 de junio de 2026: ADN tiene los votos para definir si avanza o se archiva.
• El correísmo solamente cuenta con cuatro de los 10 votos posibles en un mesa controlada por el oficialismo.
• La sesión arrancará con la polémica sobre la convocatoria ya que Ferdinan Álvarez decidió que la sesión sea virtual.

Para la tarde de este 6 de junio de 2026 está prevista la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se avocará conocimiento y se calificará la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. En esa mesa existen dos escenarios posibles, con desenlaces distintos para el planteamiento impulsado por el correísmo.

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La convocatoria fue realizada por el presidente de la comisión legislativa, Ferdinan Álvarez. La decisión no estuvo exenta de polémica, ya que la sesión se desarrollará de manera virtual y no presencial, como había solicitado el bloque de la Revolución Ciudadana.

¿Qué pasará en la comisión?

La mesa, presidida y controlada por ADN, conocerá la solicitud presentada por el correísmo en contra de Manzano a las 17:00 de este 6 de junio de 2026. A partir de allí se abren dos caminos. El primero es que la comisión califique el proceso e inicie su sustanciación.

Para ello será necesaria una argumentación y una moción que deberán ser sometidas a votación. ADN tiene cinco votos asegurados correspondientes a sus propios legisladores. A ellos suele sumarse uno más: el del exasambleísta de Pachakutik José Nango, considerado aliado del oficialismo.

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En la mesa actúan cuatro asambleístas del correísmo. Con ese escenario, el bloque de la Revolución Ciudadana no podría reunir por sí solo los votos necesarios para que el proceso avance. La decisión queda en manos de ADN.

El segundo escenario es que la comisión determine, tras su análisis, que no se cumplen los requisitos para calificar el juicio político y proponga su archivo. En ese caso, el trámite concluiría en esa instancia.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que el correísmo busca enjuiciar políticamente a la exministra Inés Manzano. En el primer intento, durante 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no dio paso a que la Unidad de Técnica Legislativa verificara el cumplimiento de los requisitos.

La queja del correísmo

Los cuatro legisladores que integran la Comisión de Fiscalización y pertenecen al bloque correísta emitieron un pronunciamiento la tarde del 5 de junio. 

En el documento señalan que “este no es un tema cualquiera, hablamos de la crisis energética que sumió al país en apagones, de contratos cuestionados y de denuncias sobre la adquisición de equipos que hoy son objeto de investigación pública”.

A ello sumaron que, más allá de lo legal, este es un asunto de ética, responsabilidad y respeto. “Un tema de esta magnitud debía debatirse de manera presencial y de cara al país”, se lee en el comunicado.

Lo que debe saber

• Yaku Pérez analiza la posibilidad de buscar la Alcaldía de Cuenca en las seccionales 2026. 
• Considera que es necesaria una tercera vía con movimientos y organizaciones sociales del centro a la izquierda.
• Cuestiona el momento político actual respecto a la situación de varios alcaldes del país y los procesos judiciales y electorales. 

Yaku Pérez, excandidato presidencial por Pachakutik reapareció en el escenario político. En diálogo con EXPRESO habla del alcance del acuerdo político con la Izquierda Democrática, la posibilidad de candidatizarse a la Alcaldía de Cuenca y la construcción de una tercera vía.

¿A qué responde su reaparición política?

He estado siempre en la lucha ecológica, en la defensa de los derechos de la naturaleza, del agua y en los tribunales de justicia. Creo que eso vio la Izquierda Democrática: que puede complementarse la justicia social con la justicia ecológica. Hubo la invitación a formar parte de este acuerdo nacional, en el que el objetivo es cimentar la construcción de la tercera vía a fin de dar alternativas reales, concretas y serias frente a un panorama opaco que vive el país.

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¿A dónde apunta este pacto con la ID?

El objetivo es sentar estas bases de la justicia ecológica y la justicia social, en un contexto en el que las desigualdades sociales se han profundizado. Hay cada vez menos ricos, pero más billonarios; además de más sectores que se encuentran en vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ya no es solamente en temas económicos y sociales, sino sobre todo ecológicos. En función de esto y de la inseguridad, la impunidad y la corrupción que se viven, es emergente la unificación no solamente de Somos Agua e ID, sino de otros sectores sociales y políticos que estén dentro del centro hacia la izquierda, capaces de construir una alternativa.

¿Por qué justamente empezar con la ID? Es un partido que, de alguna forma, no logra resolver sus problemas internos.

La ID ha tenido la generosidad, a través de Analía Ledesma, Marcos Dueñas y su directiva, de confiar en nuestro movimiento. Con todos sus problemas internos, tiene una imagen y una historia. Tuvo a un expresidente que pudo, después de gobernar, caminar por las calles. O sea, no hubo corrupción. Eso dice bastante. Los problemas existen en todos los sectores, pero el desafío es avanzar. Se avanzará en la diversidad.

Habló de ampliarse a organizaciones del centro hacia la izquierda. ¿De quiénes habla? Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano han hecho la misma propuesta.

Nos alegra que UP tuvo justicia y vuelve al escenario político. Es un movimiento que se identifica con los sectores populares. Pachakutik es un movimiento que tiene su trayectoria y, así como estos, hay más. Sobre todo, hay que apuntar a los sectores sociales y no precisamente solo a los trabajadores o solo a los indígenas, sino ampliar a los profesionales, artesanos, emprendedores y empresarios que sean honestos. No hay que ser excluyentes. Lo que sí vamos a ser es completamente excluyentes con aquellos que estén dentro de las economías criminales, y eso sí, para nada.

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¿Se incluye al correísmo?

El correísmo no está dentro de esta cosmovisión. El correísmo y el noboísmo han tenido la oportunidad de demostrar que son ecologistas y han sido extractivistas; (han tenido la oportunidad) de demostrar que son demócratas y han sido totalitarios.

Pero habló de UP y Pachakutik. ¿Hay acercamientos?

Se ha conversado en algunas provincias con ellos. Pero este acuerdo no necesariamente es para las elecciones de noviembre. Hay que construir un frente amplio para las elecciones venideras y las siguientes. Creo que es urgente la construcción de la tercera vía, donde se aglutine a todos los sectores desencantados con los partidos tradicionales que tuvieron la oportunidad y no supieron aprovecharla ni cambiar las estructuras del país.

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¿Piensa participar en las seccionales de 2026?

Es una posibilidad. Nos lo han propuesto. Pero estamos analizando y, sobre todo, la decisión no tiene que ser individual. Tiene que ser colectiva. Yo les he dicho en privado y en público: estaré en el espacio donde sea más útil para la construcción de la tercera vía. Si hay que ir a la cancha electoral para disputar la Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si no toca ser candidato y más bien apoyar con la banderita, o esperar para 2029 o más adelante, donde yo sea importante y pueda contribuir con mi condición, ahí estaré.

¿Buscaría la Alcaldía de Cuenca y no nuevamente la Prefectura del Azuay?

Creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca o, si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles. Contribuiremos a la construcción de esa tercera vía.

Hay alcaldes procesados no solo en lo judicial, sino también en la justicia electoral. ¿Cómo ve el escenario político actual?

Eso es muy preocupante. Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera. Y si las hay, perfecto, que se le siga, pero con una justicia completamente independiente.

"Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera"Yaku Pérez

¿Usted puede disputar la representación de la izquierda?

No se trata de disputar. Se trata de complementar. Ya hicimos un ejercicio interesante en el 2019 cuando ganamos la Prefectura con una agenda ecosocial y también le propusimos al país en el 2021 esa tercera vía. Nos fue bien. Podíamos haber sido el gobierno. El fraude lo impidió.

Lo que debes saber 

• La compra de medicinas a India promete aliviar el desabastecimiento en hospitales, pero expertos advierten que el verdadero reto será garantizar su calidad y bioequivalencia.
• Especialistas alertan sobre las limitaciones de Arcsa para verificar decenas de fármacos en pocas semanas y piden reforzar la farmacovigilancia.
• Conoce cuáles son los riesgos, los controles exigidos y por qué la seguridad de los pacientes está en el centro del debate.

La promesa de abastecer con rapidez los hospitales públicos abre una pregunta que hoy preocupa más que el origen de los medicamentos: ¿cómo garantizar que los fármacos que llegarán al Ecuador cumplan realmente con los estándares de calidad, bioequivalencia y seguridad exigidos para los pacientes?

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La interrogante cobra relevancia porque India, además de ser uno de los mayores productores farmacéuticos del mundo, ha enfrentado en los últimos años cuestionamientos internacionales por fallas de calidad detectadas en algunas de sus plantas de producción.

El debate tomó fuerza luego de que el presidente Daniel Noboa anunció, durante su Informe a la Nación del 24 de mayo, un acuerdo con India para adquirir medicinas destinadas al sistema público de salud. Aunque el mandatario aseguró que los productos deberán contar con certificaciones internacionales y aprobaciones de organismos como la FDA de Estados Unidos, especialistas consultados advierten que la discusión no termina en el papel.

Calidad de medicamentos importados bajo análisis

La verdadera prueba, sostienen, estará en la capacidad del Estado para verificar esas certificaciones, controlar la bioequivalencia de los fármacos y fortalecer la vigilancia sanitaria una vez que los medicamentos ingresen al país.

EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio de Salud Pública para conocer los mecanismos que se aplicarán para garantizar la calidad de estos medicamentos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido. También se gestionó una entrevista con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), pero la entidad indicó que no tenía autorización para pronunciarse sobre el tema sin la aprobación previa del Ministerio de Salud, por lo que no emitió declaraciones respecto a los controles previstos.

Camilo Salinas, exministro de Salud, aseguró que las medicinas fabricadas en India no son nuevas para el sistema sanitario ecuatoriano y recordó que el país las ha utilizado durante décadas. Como ejemplo mencionó las vacunas contra la covid-19 producidas en ese país, entre ellas las de AstraZeneca.

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Exministro destaca importancia de la farmacovigilancia

“El debate no es si vienen o no con calidad. Ya las hemos consumido y no hemos tenido inconvenientes”, aclaró.

Para el exfuncionario, la discusión debe enfocarse en los controles posteriores a la compra y no en el origen de los fármacos. Consideró necesario fortalecer la farmacovigilancia de Arcsa y del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) para verificar la bioequivalencia y seguridad de los productos.

“Lo importante es que lleguen con validación internacional y exista una fiscalización permanente”, sostuvo.

Distribución nacional será otro desafío sanitario

Salinas también advirtió que el reto no termina con la adquisición de medicamentos, sino con su distribución a escala nacional. Recordó que durante la pandemia la logística contó con apoyo privado para garantizar la llegada de las vacunas.

“La dificultad era la distribución. Hay que asegurar que las medicinas lleguen a tiempo a los pacientes”, manifestó.

Por su parte, Enrique Terán dijo que la calidad de los medicamentos no depende del país de origen, sino de las certificaciones que respalden su fabricación. Explicó que un registro sanitario local no basta para garantizar estándares adecuados y que deben existir avales de agencias de alta vigilancia sanitaria.

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Arcsa enfrenta retos para verificar productos

“Si el producto tiene aprobación de la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento, Arcsa puede homologar el registro con tranquilidad”, precisó.

No obstante, el especialista advirtió que Arcsa enfrenta limitaciones técnicas para verificar de forma independiente la calidad de los fármacos y que actualmente su trabajo se basa, en gran medida, en la revisión documental. Además, recordó que el Gobierno ha mencionado la compra de entre 40 y 50 fármacos, que deberían llegar en aproximadamente tres semanas.

“Si son 50 productos en tres semanas, deberían tener a medio personal de Arcsa sentado revisando esas carpetas”, afirmó.

Transparencia y trazabilidad en la compra de medicinas

Terán también alertó sobre los riesgos de incorporar intermediarios en las compras y cuestionó que aún no se conozca qué medicinas serán adquiridas, para qué enfermedades estarán destinadas y de qué laboratorios provendrán.

A su criterio, la solución pasa por fortalecer la trazabilidad y la gestión logística del sistema.

“Hay que informatizar la gestión del medicamento para conocer la necesidad, el aprovisionamiento y el uso real de los fármacos”, concluyó.

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Bioequivalencia será clave para evitar riesgos

Andrés Corral, exsubsecretario de Salud, manifestó que la garantía de calidad de los medicamentos importados dependerá del cumplimiento de exigencias regulatorias internacionales. A su criterio, Arcsa debe verificar certificados de Buenas Prácticas de Manufactura, registros sanitarios vigentes y estudios de bioequivalencia cuando estos sean necesarios.

“Se debe exigir que el medicamento tenga el mismo desempeño clínico que el producto de referencia”, indicó. “Es fundamental fortalecer el muestreo, los laboratorios de control de calidad y los mecanismos de farmacovigilancia”.

El exsubsecretario alertó que una de las principales preocupaciones es que dos medicamentos con el mismo principio activo no necesariamente produzcan los mismos resultados terapéuticos. Según explicó, esta situación podría afectar el tratamiento de enfermedades crónicas o generar otros problemas sanitarios.

“Las fallas terapéuticas, los eventos adversos y la resistencia antimicrobiana son riesgos que deben prevenirse con controles adecuados”, advirtió.

Lo que debes saber

• Las empresas intervenidas deben pagar los honorarios del interventor.
• Algunas intervenciones pueden extenderse durante años.
• Expertos cuestionan el control de la SuperCías sobre estos procesos.

Las intervenciones societarias en Ecuador no tienen un plazo definido. Aunque, según expertos consultados por EXPRESO, este procedimiento debería ejecutarse de forma puntual y en corto tiempo, en la práctica suele extenderse por meses o años, por lo que en ocasiones genera un impacto económico para las compañías.

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El costo de mantener una intervención

Uno de los casos recientes es el de Dulces, Pasteles y Tortas RADU S. A., conocida comercialmente como Adriana Pastelería y Panadería, intervenida desde julio de 2025. Iván Cruz, abogado de la firma, explica que la normativa obliga a la propia compañía a asumir los honorarios y gastos derivados de estos procesos de intervención, lo que puede profundizar su situación financiera al incorporar egresos no previstos.

En medio de ese escenario, la empresa también ha debido afrontar el pago del interventor, cuyos honorarios rondan los $3.000 mensuales. Sin embargo, parte de esos valores permanece todavía impaga, debido a los problemas de liquidez que atraviesa la compañía, que actualmente se encuentra en liquidación forzosa, con liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías, lo que no justifica mantener además un interventor.

Efraín Chávez, abogado especializado en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial, señala que los honorarios de un interventor en compañías pequeñas suelen fluctuar entre $600 y $1.200, valores que son fijados por la Superintendencia de Compañías. A su criterio, aunque estas cifras pueden parecer bajas, representan una carga significativa para negocios de menor tamaño que ya atraviesan dificultades financieras.

En cambio, en empresas medianas y grandes, el abogado Cruz indica que los montos pueden elevarse desde $1.500 hasta $5.000 mensuales. Además advierte que, en la práctica, no siempre existe una regulación oportuna por parte de la entidad de control, lo que abre paso a acuerdos directos entre el interventor y la compañía. Incluso, el incumplimiento de esos pagos (según la normativa) puede convertirse en una causal para iniciar un proceso de liquidación.

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¿Quién fija los honorarios de los interventores?

No obstante, Marco López, exsuperintendente de Compañías, aclara que un interventor no puede fijar unilateralmente sus honorarios, pues la norma establece que es la SuperCías la encargada de determinar esos valores, tomando en cuenta la capacidad de pago y el tamaño de la empresa intervenida.

Según explica López, si existe un acuerdo directo entre el interventor y la compañía, este debe ser ratificado por la entidad de control. Caso contrario, la firma incluso podría abstenerse de cancelar esos valores, ya que no existiría una resolución oficial que establezca el monto a pagar, lo que a su vez no constaría como causal de liquidación.

Llama la atención que una intervención dure demasiado tiempo. Lo usual es que estos procesos se mantengan el menor tiempo posible para no burocratizar la compañía.Marco López, exsuperintendente de Compañías

Cuestionamientos al control y la duración de los procesos

Por otro lado, Chávez considera que la SuperCías debería reforzar el control sobre la gestión de los interventores, ya que asegura que algunos permanecen durante años. Según afirma, en ciertos casos estos funcionarios se limitan a remitir informes periódicos, pese a que ya no existirían acciones concretas por ejecutar.

Como ejemplo, menciona el caso del interventor Washington Guerra, quien según el abogado permaneció cerca de ocho años al frente de una compañía en Quito, periodo durante el cual continuó percibiendo honorarios. Actualmente, agrega, figura como acreedor de la empresa en liquidación debido a valores pendientes por el pago de su sueldo.

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Más de 200 empresas permanecen intervenidas

De acuerdo con información de la SuperCías, al cierre de 2025 existían 208 empresas bajo intervención. De ese total, 83 correspondían a nuevos procesos iniciados. En ese mismo año, levantaron la medida únicamente a 77 casos.

La cifra prácticamente no ha variado en el primer trimestre de 2026. Hasta el 30 de marzo, la entidad reporta un total de 208 compañías intervenidas. De ellas, 32 ingresaron ese año y 33 han logrado salir del proceso.

Me llama la atención que en 2025 hubo solo 209 empresas intervenidas, cuando cada año más de 30.000 entran en disolución. El control societario no sería completo.Efraín Chávez, abogado, experto en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial

Alertas sobre incentivos para prolongar las intervenciones

Para Chávez, estos datos reflejarían que algunas intervenciones se prolongarían más de lo necesario, lo que terminará afectando a las empresas, especialmente cuando no existen resultados concretos por parte de los interventores. El abogado también cuestiona el control y los tiempos de respuesta de la SuperCías y asegura que la entidad puede tardar hasta cuatro meses en atender una petición.

Para el abogado societario Oswaldo Santos, que una intervención se prolongue más allá de lo necesario podría responder a “incentivos perversos”. A su criterio, algunos interventores tendrían interés en mantenerse en funciones para seguir percibiendo honorarios, lo que genera una mayor afectación económica para la empresa.

El jurista Cruz señala que, por costumbre, muchas intervenciones suelen extenderse más allá de seis meses en las empresas. No obstante, considera que la Superintendencia de Compañías debe reforzar el control sobre la gestión de los interventores que designa.

Las claves que debes saber

• Reimberg ordena defensa a policías sentenciados en Quito por abatir sospechoso.
• Policías reciben 17 años por extralimitación tras robo en El Bosque, norte de Quito.
• Impugnan sentencia 10 años después y respaldan a agentes en Quito.

Junto a Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la noche de este 5 de junio de 2026 que ordenó a los equipos jurídicos de esa cartera de Estado y de la Fuerza Pública que defiendan al sargento, Diego Trujillo, y al cabo, Leonardo Montalvo. Ambos agentes fueron sentenciados el pasado 1 de junio a 17 años y 4 meses de cárcel, por la supuesta extralimitación de la fuerza, durante un acto de servicio en Quito.

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¿Por qué sentenciaron a dos policías?

La sentencia fue emitida 10 años después del hecho. En 2016, los policías abatieron a un sospechoso que huía junto a un supuesto cómplice, luego de un intento de asalto a un local de motos en el sector de El Bosque, norte de la capital.

En ese entonces, ambos realizaban un patrullaje por esa zona, cuando fueron alertados por guardias de seguridad sobre el intento de robo. Luego de truncar el atraco, los sospechosos escaparon y, durante una persecución policial, hubo un cruce de balas. Uno de los agentes disparó y abatió a uno de los atacantes, mientras que el otro quedó herido.

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Según Reimberg, el fiscal y los jueces que conocieron este caso "prefirieron castigar a los agentes que combatieron al crimen organizado" con la sentencia, por lo que rechazó el fallo.

Además, dijo que puso a disposición de ambos uniformados la ayuda de los especialistas jurídicos de la Policía e Interior, para impugnar la sentencia. 

Reimberg ofrece respaldo a policías

"No van a intimidar al Estado (...) Defenderemos a nuestros policías cuando actúen en cumplimiento de su deber, dentro del marco de la ley y protección de la ciudadanía", manifestó.

La reacción del funcionario de Daniel Noboa se registra después de que la Policía anunció el pasado lunes que "la sentencia será impugnada" dentro del marco legal pertinente y expresó su apoyo a los uniformados.

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En su pronunciamiento, los gobiernos de la alianza rechazaron las protestas que ya cumplen un mes en Bolivia y las calificaron como "falsos bloqueos" provocados por "grupos desestabilizadores". Esto porque entre los manifestantes se encuentran los seguidores del expresidente, Evo Morales.

La iniciativa internacional expresó su apoyo al Gobierno de Paz y destacó que su Gobierno ha sido víctima de "los esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano".

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Según la alianza de seguridad hemisférica, las protestas en Bolivia se han financiado con "dinero ilícito del narcotráfico y el crimen transnacional", por eso considera que sus promotores "deberán rendir cuentas por sus actos". 

Las víctimas de las protestas en Bolivia

Lo mencionó en referencia a que, hasta este 5 de junio, 10 personas han perdido la vida, en el contexto de las protestas: siete porque los bloqueos impidieron que reciban atención médica oportuna y otros tres fallecieron durante los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes.

Finalmente, el Escudo de las Américas, conformado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, instó a que las personas, "que tengan reclamos legítimos", que dialoguen con el Gobierno de Paz y que "denuncien" a los que intentan arrebatarle el poder al primer mandatario boliviano.

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El debate sobre la modalidad de la sesión

La mesa legislativa encargada de avocar conocimiento sobre el expediente contra la exfuncionaria operará a distancia. De acuerdo con el Memorando Nro. AN-CFCP-2026-0202-M, fechado este 5 de junio, la sesión número 050 se desarrollará a las 17:00 a través de la plataforma Zoom.

La disposición administrativa motivó el rechazo inmediato de los legisladores del correísmo, quienes advirtieron una falta de transparencia en el manejo del caso. La queja del bloque radica en que la evaluación de un proceso derivado de la crisis energética y los contratos de emergencia requiere el rigor del escrutinio físico y público en las instalaciones del Parlamento, evitando así posibles blindajes a través de pantallas.

El documento de la convocatoria detalla como punto único la calificación del enjuiciamiento político contra la Abg. Inés María Manzano Díaz, en su calidad de exministra de Ambiente y Energía. La solicitud, que ingresó con el trámite Nro. 481733, fue presentada formalmente el 27 de mayo de 2026 por los legisladores Blasco Luna Arévalo y Lenin Barreto Zambrano.

El avance de este proceso legislativo se desarrolla en paralelo a las revelaciones sobre la presunta coordinación entre autoridades del Gobierno y miembros de la Asamblea Nacional para evadir el primer intento de interpelación por los egresos millonarios en los contratos con la firma extranjera.

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Ante este antecedente, la bancada proponente presiona para que la calificación del nuevo juicio no se tramite de forma telemática en un día no laborable.

Lo que debes saber 

• Las disculpas públicas constituyó un reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en su desaparición forzada y muerte, por disposición de la Corte Constitucional.
  
• El acto destacó que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas y que las Fuerzas Armadas incumplieron su deber de proteger sus derechos.
  
• El Gobierno mantiene su respaldo político al ministro de Defensa.

La ceremonia en la que el Estado ecuatoriano ofreció disculpas por su participación en la tortura y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas no fue un acto menor. En realidad, fue un hecho simbólicamente muy significativo, aunque no haya tenido una difusión más amplia en el aparato mediático del Gobierno ni esto signifique que se haya hecho, al menos por ahora, una reparación integral a las familias de las víctimas.

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Y si bien fue un gesto de extraordinaria importancia, también es cierto que el Gobierno de Daniel Noboa no ha actuado con responsabilidad política durante el año y medio transcurrido desde que los niños fueron cobardemente asesinados, pues el principal responsable político de lo ocurrido, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sigue en su cargo porque ni la Asamblea ni el presidente han sido capaces de entender el significado de la responsabilidad política de un funcionario frente a la sociedad.

La ceremonia se realizó el jueves 4 de junio en un lugar de gran visibilidad pública: el Hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. Es decir, en un lugar emblemático de la historia del país. Allí, por disposición de la Corte Constitucional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Salazar, leyó el texto previamente redactado por la Corte. Un texto de inmenso significado porque en él el Estado admitió que incumplió su obligación de proteger a las víctimas.

Este es el texto de disculpas ordena por la Corte

El texto dice: “Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente.

La noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE los privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad.

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El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Loffredo arrastra una mancha

La Corte también señaló que las disculpas ofrecidas previamente por el entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no cumplían adecuadamente la finalidad reparadora porque no reconocían la responsabilidad institucional del Estado y podían resultar revictimizantes.

La relevancia de lo que leyó el oficial no es poca cosa. Al menos hay cinco elementos implícitos de enorme significado:

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La importancia de lo ocurrido radica en que, aunque existen antecedentes de disculpas públicas del Estado por violaciones a los derechos humanos, esta ocasión responde a una disposición de la Corte Constitucional con características que la distinguen de otras. Lo excepcional es que la Corte Constitucional, el más alto tribunal del país, haya declarado directamente una desaparición forzada. Esto ocurre, además, en un contexto en el que cada vez aparecen más denuncias de desaparición de jóvenes.

El texto también es relevante porque atribuye la responsabilidad del hecho al Estado e impone una declaración específica que reconoce que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas. En la práctica, el acto no fue una disculpa genérica por una vulneración de derechos, sino un reconocimiento institucional de una de las violaciones más graves contempladas por el derecho internacional.

Otro elemento excepcional es que la Corte Constitucional no se limitó a ordenar un acto de disculpas. La sentencia estableció el contenido que debía leerse y dispuso que el acto se realice en el lugar determinado por los familiares de las víctimas.

También es importante destacar otros aspectos: que la Corte Constitucional declare una desaparición forzada, que identifique a agentes militares como responsables de la privación de libertad, que ordene disculpas públicas en nombre del Estado y que haya sido la propia Corte la que redactó el texto leído durante la ceremonia.

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La sentencia también llegó cargada de contenido político. El Gobierno de Daniel Noboa protegió siempre al principal responsable político de la tragedia, Gian Carlo Loffredo, y desde sus entrañas se orquestó una cruel campaña mediática en contra de la imagen de los cuatro niños y de sus familias. Se trató de posicionar la falsa y perversa idea de que las víctimas eran delincuentes.

Incluso, Loffredo amenazó a la jueza Tanya Loor con impulsar sanciones en su contra por haber aceptado el recurso de habeas corpus presentado por las familias de los cuatro niños.

Es por esto, y por muchas razones más, que lo ordenado por la Corte constituyó una suerte de bofetada institucional al Gobierno por la actitud que ha mantenido frente a este caso.

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La alerta se difundió en un comunicado, compartido el viernes 5 de junio de 2026. Mencionan, de forma específica, a los hospitales Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado Carbo y General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. 

El documento está suscrito por organizaciones como Fundación Equidad, Kimirina, Diálogo Diverso y Fundación Matices, entre otras.

En el texto, las organizaciones reconocen la valentía de los usuarios del IESS que han visibilizado sus casos ante las autoridades, así como el trabajo de la sociedad civil en el acompañamiento de esta problemática.

La preocupación de pacientes afectados

“Nos preocupa el silencio y la ausencia de una respuesta oficial por parte del IESS ante esta situación. El no acceso a la medicación antirretroviral pone en peligro la salud de las personas con VIH y afecta su entorno familiar, laboral, financiero y social. Cada día sin esta medicina representa una vulneración de derechos que no puede justificarse”.

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Las agrupaciones advierten que tienen testimonios de usuarios afectados y aseguran ser testigos directos de las consecuencias del desabastecimiento. Indican que, pese a gestiones conjuntas, no se ha logrado una solución efectiva, ni siquiera temporal.

Las propuestas: derivación a otros hospitales

Las organizaciones plantean alternativas como la derivación de pacientes a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que cuentan con capacidad para atender la emergencia.

Además, recuerdan que la mayoría de los antirretrovirales incluidos en los esquemas del IESS y del MSP no se comercializan en Ecuador.

El pedido al Ministerio de Salud

Las organizaciones subrayan que la Constitución del Ecuador, junto con los tratados internacionales de derechos humanos, garantiza el acceso a la salud y a derechos conexos, por lo que exigen una respuesta inmediata de las autoridades.

En esa línea, instan al Ministerio de Salud Pública, como ente rector, a coordinar acciones con el IESS para asegurar la entrega de los medicamentos. Recuerdan que la normativa vigente contempla mecanismos como el préstamo de fármacos o la derivación de pacientes a otras unidades de salud.

Lo que debe saber

• El excandidato presidencial confirmó que evalúa competir en las seccionales de 2026. La decisión se tomará este mes.
• El líder de Somos Agua señaló que su futuro político podría estar en la Alcaldía de Cuenca, aunque tampoco descarta asumir un rol fuera de las candidaturas.
• Su prioridad ahora es concretar un frente amplio que sea una tercera vía ante el correísmo y noboísmo. 

Las fichas en el tablero electoral de las seccionales de 2026 continúan ubicándose. El excandidato presidencial y ex prefecto del Azuay, Yaku Pérez, analiza una candidatura a la Alcaldía de Cuenca.

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En diálogo con EXPRESO, el activista y representante del movimiento Somos Agua aseguró que dicha candidatura podría surgir como parte del acuerdo que recientemente se concretó con el partido Izquierda Democrática (ID).

“Si hay que ir a la cancha electoral para disputar una Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si toca no ser candidato, sino apoyar con la banderita o esperar para el 2029 o más, donde yo sea importante, donde pueda contribuir con mi condición, ahí estaré”, señaló Yaku Pérez.

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Con esto, Pérez descartó participar nuevamente por la Prefectura del Azuay. Hay que recordar que en 2019 ganó esa dignidad, pero no concluyó su período porque se candidatizó a la Presidencia de la República en 2021 por Pachakutik.

“Sí ha habido esas propuestas (Prefectura del Azuay) y creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca; si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles, desde los tribunales de justicia. Seguiremos contribuyendo a la construcción de una tercera vía”, señaló el integrante del movimiento Somos Agua.

El pacto entre la ID y Somos Agua

El pasado 15 de mayo de 2026 se concretó una alianza entre las dos organizaciones políticas. Ese día, Analía Ledesma, presidenta saliente de la ID, indicó que la alianza tendrá una duración inicial de dos años, aunque podría renovarse.

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Según Pérez, el pacto ocurrió con la finalidad de unir propuestas relacionadas con la justicia social, pero también con la justicia ecológica. Para el excandidato presidencial, es importante construir una tercera vía por fuera de los dos movimientos hegemónicos actuales: ADN y Revolución Ciudadana.

La decisión, sin embargo, aún no está tomada. Pérez señaló que hasta finales de junio de 2026 adoptará una resolución. Además, aunque en principio el pacto entre la ID y Somos Agua respaldaría una eventual candidatura, eso no descarta la participación de otros movimientos e incluso de organizaciones sociales.

El calendario electoral

La decisión deberá definirse lo antes posible. Con el adelanto de las votaciones para noviembre de 2026, otros hitos clave del calendario electoral también se adelantaron.

Así, las elecciones primarias de las organizaciones políticas están previstas entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026.

Asimismo, según el cronograma modificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las inscripciones de candidatos deberán realizarse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

La medida forma parte de lo que el régimen denomina un proceso de "optimización institucional", con el que busca reducir estructuras administrativas, agilizar trámites y disminuir el gasto público. Aunque algunas de las modificaciones ya fueron anunciadas oficialmente, otras aún esperan la emisión de los decretos correspondientes.

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Los tres nuevos superministerios que crea el Gobierno

El principal cambio es la creación de tres grandes ministerios que absorberán competencias de varias carteras existentes.

El primero será el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que integrará al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción.

Según el Ejecutivo, esta unificación permitirá que agricultores, emprendedores y productores accedan de manera más directa a incentivos, financiamiento y programas estatales.

La cartera será dirigida por Sariha Moya, quien hasta ahora se desempeñaba como ministra de Economía y Finanzas.

El segundo será el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, resultado de la fusión entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Telecomunicaciones.

El objetivo, según el Gobierno, es coordinar mejor los proyectos de infraestructura física y digital. La entidad estará liderada por Roberto Luque.

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Ministerio de Trabajo absorberá nuevas competencias

La tercera fusión incorpora al Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

La nueva entidad se denominará Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

El Gobierno sostiene que esta estructura permitirá articular políticas relacionadas con empleo, inclusión social, atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario.

Además, la actual Secretaría de Pueblos y Nacionalidades pasará a convertirse en un Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades, manteniendo programas de financiamiento, asistencia técnica, legalización de comunas y gestión de recursos para comunidades.

La nueva ministra será Cynthia Gellibert, quien deja la Secretaría General de la Administración Pública.

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Cambios en la UAFE, Sercop e Integridad Pública

Paralelamente, Noboa realizó varios movimientos dentro de entidades consideradas estratégicas para el control estatal.

En la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue designada Ana Paula Patiño, quien reemplaza a José Julio Neira.

En el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) asumió la dirección Nataly Patricia Avilés Pastás.

Mientras tanto, la Secretaría General de Integridad Pública quedó bajo la dirección de Doménica Bajaña Kittyle, quien se desempeñaba como asesora de esa institución.

Los cambios coinciden con la salida de José Julio Neira de varias funciones que concentraba dentro del Gobierno.

José Julio Neira asume un nuevo rol en Carondelet

Tras dejar la UAFE, el Sercop y la Secretaría de Integridad Pública, José Julio Neira fue oficializado como Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

Desde esa posición será uno de los principales articuladores de la nueva estructura gubernamental impulsada por Noboa.

Fue precisamente Neira quien anunció que el Ejecutivo busca eliminar los 20 trámites más complejos para ciudadanos y empresas y avanzar hacia una digitalización total de los servicios públicos.

Nuevos cambios en el sector energético

La reorganización también alcanzó al sector energético.

A través de varios decretos ejecutivos, el presidente designó a Daniela Acevedo como su delegada en tres organismos clave:

En los tres casos reemplaza a José Julio Neira.

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¿Por qué Noboa vuelve a reducir el tamaño del Estado?

Esta es la segunda gran reducción institucional realizada por Daniel Noboa.

En julio de 2025 ya había disminuido el número de ministerios de 20 a 14 y reducido las secretarías de nueve a tres.

Ahora busca pasar de 14 a 10 ministerios.

El presidente sostiene que la medida permitirá mejorar la calidad del gasto público, reducir duplicidades y simplificar la relación entre ciudadanos y Estado.

La decisión también ocurre en medio de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno para reducir el déficit fiscal, dentro del programa financiero acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Esta reestructuración busca unificar bajo una sola dirección las políticas públicas de empleo, inclusión, desarrollo comunitario y el reconocimiento de los derechos colectivos. Asimismo, el Gobierno aclaró a las comunas y comunidades que esta fusión no afectará de ninguna manera las competencias establecidas en el Plan de Desarrollo Integral (PDI).

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Servicios y competencias garantizados para las comunidades

La transición institucional asegura la continuidad de los trámites y beneficios clave para las organizaciones sociales. Los servicios fundamentales que se mantendrán sin variaciones son:

Alianzas estratégicas: Se seguirán suscribiendo convenios con entidades estatales, el sector privado y organismos internacionales.

Respaldo oficial a la transición institucional

Los detalles de este proceso de unificación ministerial fueron ratificados a través de un comunicado oficial suscrito por Julia Angulo Girón, actual secretaria de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, quien aseguró una transición ordenada y sin interrupciones en la atención a los ciudadanos.

Lo que debes saber 

• Daniela Acevedo fue nombrada por Daniel Noboa en tres organismos clave del sector energético.
• Los decretos ejecutivos reemplazan a José Julio Neira en entidades vinculadas a electricidad e hidrocarburos.
• Conoce cuáles son los cargos y qué funciones cumplen dentro de la estructura estatal.

Daniela Magdalena Acevedo Montalvo fue designada por el presidente Daniel Noboa como su delegada en tres instancias clave del sector energético ecuatoriano. Las decisiones quedaron oficializadas este 5 de junio de 2026 mediante los decretos ejecutivos 401, 402 y 403, con los que además se removió de esas funciones a José Julio Neira Hanze.

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Los cambios se producen en organismos vinculados a la regulación eléctrica, el control hidrocarburífero y los procesos de licitación de la industria petrolera. Con estas designaciones, Acevedo concentrará representación directa del Ejecutivo en entidades que participan en la toma de decisiones sobre sectores estratégicos para el Estado.

En los tres decretos, Noboa dispuso agradecer a Neira por su gestión antes de nombrar a la nueva delegada. En uno de los documentos se señala: “Agradecer al señor José Julio Neira Hanze por los leales y valiosos servicios prestados durante el desempeño de sus funciones”.

Daniela Acevedo llega al directorio de ARCONEL

A través del Decreto Ejecutivo 401, el presidente designó a Daniela Acevedo como delegada permanente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). La medida reemplaza una ratificación previa emitida en mayo de 2025 a favor de José Julio Neira.

ARCONEL es la entidad encargada de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el alumbrado público general. Dentro de su estructura, el delegado presidencial forma parte del directorio responsable de decisiones estratégicas para el sector.

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Nueva representante ante la Agencia de Hidrocarburos

Ese mismo día, mediante el Decreto Ejecutivo 402, Noboa también nombró a Acevedo como delegada permanente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). La institución regula y supervisa las actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera en Ecuador.

La designación implica un relevo directo de José Julio Neira, quien ocupaba esa representación desde julio de 2025. Con ello, la funcionaria pasa a integrar otro de los organismos técnicos que forman parte de la estructura de control del sector energético.

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Designación en el Comité de Licitación Hidrocarburífera

La tercera función fue otorgada mediante el Decreto Ejecutivo 403. En este caso, Acevedo fue nombrada delegada del Presidente de la República ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), organismo encargado de conducir procesos licitatorios relacionados con exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.

El comité tiene un papel relevante dentro de la adjudicación de proyectos y contratos en la industria petrolera. Su integración incluye representación directa de la Presidencia de la República, además de otros actores vinculados al sector.

Lo que debes saber 

• Gremios de docentes y estudiantes anunciaron una demanda constitucional contra una reciente normativa educativa.
  
  Las organizaciones advierten posibles afectaciones a derechos laborales y estudiantiles, además de inconsistencias jurídicas.
  
  También preparan una movilización nacional que busca sumar a toda la comunidad educativa.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), la Unión Nacional de Educadores Municipales (UNEM) y la Confederación Nacional de Servidores Públicos de la Educación (CONASEP) anunciaron este 5 de junio una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A. Además, convocaron a una movilización nacional para expresar su rechazo a la medida.

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El pronunciamiento se realizó durante una rueda de prensa en Quito. Las organizaciones sostienen que la normativa emitida por el Ministerio de Educación afecta derechos de estudiantes y docentes, además de presentar inconsistencias en su aplicación.

Los dirigentes argumentan que la disposición modifica aspectos relacionados con el uso de los días de descanso y la organización de actividades complementarias dentro del sistema educativo. También señalan que existen dudas sobre la forma en que se ejecutará el acuerdo en los planteles.

Acuerdo Ministerial 0045-A genera cuestionamientos

Según los gremios, el acuerdo contraviene disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). A su criterio, la medida afecta espacios destinados al descanso, la convivencia familiar y las actividades recreativas de niños, niñas y adolescentes.

Las organizaciones también sostienen que la normativa presenta contradicciones entre sus artículos. Mientras una disposición plantea que las actividades complementarias son facultativas, otra establece condiciones que, según los dirigentes, las vuelven obligatorias.

En ese contexto, los representantes anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar que se revise la legalidad y constitucionalidad del acuerdo emitido por la cartera de Estado.

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FESE alerta sobre condiciones de aprendizaje

La presidenta nacional de la FESE, Dayana Basantes, afirmó que el debate no debería centrarse únicamente en el tiempo destinado a actividades educativas, sino en las condiciones que enfrentan diariamente los estudiantes.

“No sirve de nada incorporar currículos socioemocionales, educación financiera, innovación o deporte cuando los estudiantes enfrentan diariamente condiciones precarias. Se les prohíbe realizar actividades para recaudar fondos, las aulas se caen a pedazos y gran parte de las instituciones no cuenta con infraestructura tecnológica adecuada”.Dayana Basantes, presidenta nacional de la FESE

UNE cuestiona impacto en la carga laboral docente

Por su parte, el presidente nacional de la UNE, Andrés Quishpe, expresó preocupaciones respecto a las implicaciones que la medida tendría para los docentes y la organización de su tiempo de trabajo.

“Los docentes ya cumplen alrededor de 15 horas semanales adicionales sin remuneración según la estrategia ‘Tiempo para Ser Docente’ del Ministerio de Educación. A esto se suma una realidad innegable: llevamos 14 años con los salarios congelados. Ahora se pretende incrementar aún más la carga laboral sin pago extra”.Andrés Quishpe, presidente de la UNE

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Convocan a marcha nacional en defensa de la educación

Como parte de las acciones anunciadas, UNE, FESE, UNEM y CONASEP convocaron a una marcha nacional para el sábado 13 de junio. La movilización partirá a las 09:00 desde la Caja del IESS y avanzará hasta la Corte Constitucional.

Los organizadores hicieron un llamado a docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía a participar en la jornada. El objetivo, según señalaron, es expresar su posición frente al acuerdo ministerial y respaldar las acciones legales que impulsarán.

Lo que debe saber

• La iniciativa impulsada por Mishel Mancheno ya fue calificada por el CAL y comenzará su trámite legislativo.
• El proyecto busca sancionar a quienes formen parte de grupos de delincuencia organizada, incluso cuando los propios detenidos reconozcan su pertenencia.
• La mesa presidida por Inés Alarcón iniciará el análisis del proyecto el 8 de junio.

La denominada Ley Antimafias superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa instancia de la Asamblea Nacional remitió el proyecto de ley impulsado por el oficialismo a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para su trámite.

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La iniciativa fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), y fue tratada durante la sesión del CAL de este 5 de junio de 2026. 

La legisladora argumentó que el objetivo de la propuesta es dotar de una nueva herramienta jurídica al Bloque de Seguridad.

“Muchas veces vemos que le capturan al autor, la cabecilla o al jefe. ¿Pero qué pasa con todas las personas que sostienen a estas redes criminales: campanero, quienes prestan bienes inmuebles y empresas que ayudan a lavar dinero?”, preguntó Mancheno en una entrevista con Teleamazonas.

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Con esta ley, el oficialismo busca abarcar a toda la estructura criminal “para que no solo sea al cabecilla al que se cambia mientras el resto sigue operando”. Para ello, los cambios previstos se concentran en dos grandes ejes:

Uno de los delitos que se prevé incorporar está relacionado con la pertenencia a grupos de delincuencia organizada.

“Le pasa mucho al Bloque de Seguridad. Cuando detienen a un delincuente que pertenece a un grupo delincuencial ellos mismos lo dicen: yo soy un tiguerón; por favor envíame al pabellón de los tiguerones”.

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Según Mancheno, ese reconocimiento de pertenencia a una organización delictiva debe convertirse en un elemento adicional para determinar la sanción correspondiente. 

Frente al riesgo de que una acción dirigida contra toda una estructura criminal termine involucrando a personas que no forman parte de esos grupos y que podrían haber sido utilizadas por ellos, la legisladora sostuvo que cualquier acusación deberá sustentarse en una investigación rigurosa.

“También se está tipificando el reclutamiento de personas vulnerables. Ya se está tratando en la Asamblea una ley relacionada con los niños y adolescentes. Queremos aumentarle a aquellas personas que por pobreza, movilidad humana y otras circunstancias son susceptibles para ser reclutadas”, indicó la primera vicepresidenta del Legislativo.

Comisión iniciará el trámite

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional empezará el próximo lunes 8 de junio el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias.

El análisis de la iniciativa arrancará después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara el proyecto y lo remitiera a la mesa legislativa especializada. 

A partir de ese momento, la comisión abrirá una etapa de análisis y recepción de observaciones antes de elaborar el informe que posteriormente será conocido por el Pleno.

La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, anticipó que el organismo prevé recibir a autoridades del Gobierno, representantes de organismos internacionales, académicos y especialistas en seguridad. La intención es recopilar criterios técnicos y jurídicos que permitan evaluar el alcance de la propuesta.

Política

Fallo del TCE frena al CNE: ¿anulan eliminación de Unidad Popular?

Rosero Mariela

La decisión de apelar o no recae ahora en Enrique Pita, quien, ante la ausencia de Diana Atamaint, actúa como presidente subrogante del CNE. La titular del organismo permanecerá en Corea hasta el 8 de junio.

La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias. Pero indicó que este fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular, lista 2, cumple o no con los requisitos legales para su permanencia en el registro electoral.

Esto dice Enrique Pita:

EXPRESO consultó a Enrique Pita si el CNE apelará o no. Respondió: “No le puedo responder esa pregunta ahora; obviamente está en manos del equipo de asesores legales. Tenemos que tomar las decisiones que correspondan”.

¿Para cuándo se conocería la decisión? “En el transcurso del día (viernes 5) tenemos que evaluar lo que corresponde”, indicó.

Así ha actuado Pita

En cuanto a su actuación en el proceso de eliminación de Unidad Popular, Pita no ha participado en varias sesiones clave. 

Unidad Popular se mantiene a la expectativa, según Atarihuana

"Sería una vergüenza que el CNE apele, confirmaría que se trata de una persecución porque no tiene argumentos, no solo es nuestra opinión sino la de la presidenta del TCE", señaló Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular.

Consultado, el dirigente considera que hay que estar pendientes de la posición de Enrique Pita. "Él no ha estado en el proceso. Nos preguntamos si se sumará a la persecución. Nosotros seguiremos defendiéndonos, es una causa democrática".

Mediante el Decreto Ejecutivo 406, el primer mandatario nombró a Ana Paula Patiño como directora titular de la UAFE. En el mismo documento, se agradecieron los servicios de José Julio Neira, quien lideraba la entidad como encargado y que, desde este viernes, asumió formalmente la Secretaría General de la Administración Pública.

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Nuevas designaciones en el Sercop e Integridad Pública

Los cambios continuaron con el Decreto Ejecutivo 407, en el cual el Gobierno formalizó la salida de Neira de la dirección general encargada del Sercop para designar en su lugar a Nataly Patricia Avilés Pastás. Asimismo, a través del Decreto Ejecutivo 408, Neira dejó la conducción de la Secretaría General de Integridad Pública, espacio que ahora será ocupado por Doménica Andrea Bajaña Kittyle.

Política

José Julio Neira asume la Secretaría de la Administración Pública

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Ajustes en la estructura de los ministerios

Estas renovaciones se concretan un día después de que el propio Neira anunciara en rueda de prensa la creación de tres "superministerios". Esta medida, que resulta de la fusión de siete carteras de Estado, forma parte de una nueva reestructuración orientada a reducir el aparato estatal.

Este proceso de compactación administrativa no es el primero en la actual gestión. En julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ya ejecutó un ajuste en el Gabinete presidencial que redujo los ministerios de 20 a 14. Según el Ejecutivo, estas decisiones responden a un plan de eficiencia administrativa diseñado para simplificar la burocracia y agilizar los procesos en el sector público.