Lo que debes saber

• Carlos Xavier Cadena Asencio enfrenta denuncias penales por parte de propietarios de las empresas donde él ha intervenido.
• En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador.
• A pesar de eso, Carlos Xavier Cadena Asencio ahora es el liquidador de la empresa Veranera S.A.

La administración de Carlos Cadena Asencio, contador de profesión, ha perjudicado a tres compañías. El mismo Cadena ahora figura como liquidador de la empresa Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez Leisker.

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Denuncias penales y antecedentes del contador

Sin embargo, ¿quién es Carlos Cadena Asencio? Él es un contador que enfrenta varias denuncias penales interpuestas por los propietarios de las empresas que ha intervenido. Entre los casos consta el de Zofragua S.A.

La resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros detalla presuntas irregularidades en la gestión de Zofragua S.A. El documento señala que, en 2019, Carlos Cadena Asencio asumió la administración del proceso de liquidación de la empresa.

Millonarios fondos sin respaldo contable

En ese período, $ 4.793.769,42 habrían desaparecido antes de que la compañía fuera cancelada con “patrimonio cero”. Ese dinero provino de una sentencia favorable que Zofragua S.A. obtuvo en un litigio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Sin embargo, los fondos no ingresaron a las cuentas de la empresa para pagar a sus acreedores. El liquidador Carlos Cadena Asencio afirmó que un procurador judicial cobró el monto de forma directa, pero no presentó registros contables ni respaldos documentales del ingreso.

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Liquidación y balance con patrimonio cero

Además, el liquidador firmó un acta de mediación en la que reconoció una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin sustento técnico ni factura. Esta decisión dejó a la empresa en estado de quiebra total.

Al final del proceso, Carlos Cadena Asencio presentó un balance con activos, pasivos y patrimonio en cero en Zofragua S.A. El informe eliminó más de $ 3,6 millones bajo el argumento de falta de evidencia, sin respaldo documental que justifique la desaparición de valores reportados hasta 2010, y con ello solicitó la cancelación de la compañía por “patrimonio cero”, lo que dejó en indefensión a accionistas, como la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

Otras denuncias

En 2022, Cadena Asencio enfrentó una nueva denuncia por presunto abuso de confianza y malversación de fondos en la compañía Piacelo S.A. El caso se originó durante la intervención de esa empresa.

La denuncia señala que el contador habría convocado, el 23 de noviembre de 2020, una “junta extraordinaria” sin notificar a uno de los socios. En esa reunión, calificada como “junta fantasma”, se habrían dispuesto $ 490.896,33 de la venta de un inmueble y acordado su reparto, sin entregar el 50 % correspondiente al segundo accionista.

La tercera empresa que ha sido perjudicada por Carlos Cadena Asencio es a Urbanizadora del Norte (Urnosa). Él tiene una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Rol actual en Veranera S.A. y disputa por GRANASA

Ahora, él se desempeña como liquidador de Veranera S.A., designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025. Su rol lo ubica como pieza clave en la disputa por las acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.

El liquidador presentó una denuncia penal por asociación ilícita contra directivos y accionistas de GRANASA ante la Fiscalía del Guayas. La acción legal se centra en un presunto entramado delictivo, según su planteamiento.

Ese supuesto esquema buscaría impedir que Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez Leisker, obtenga el control del 40 % del paquete accionario de GRANASA. Con este planteamiento, el denunciante sostiene que Ingrid Martínez Leisker habría actuado en una asociación ilícita contra su propio interés, pese a figurar como accionista legítima de la empresa en liquidación.

Lo que debes saber

• Ministra Nataly Morillo pidió a municipios planificar recolección de basura durante toque de queda del 3 al 18 de mayo.
• Toque de queda regirá en Ecuador de 23:00 a 05:00; solo personal de salud podrá circular.
• Gobierno descarta salvoconductos y corredores para priorizar seguridad tras baja de 24% en muertes violentas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo este 23 de abril de 2026 que los municipios del Ecuador deberán planificar los horarios de recolección de basura durante el nuevo toque de queda. La restricción regirá del 3 hasta el 18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 de la madrugada.

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"Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no saben hacer una planificación, pueden trabajar hasta las 11 de la noche y a las 5:00 pueden ya empezar a salir", manifestó Morillo en una entrevista en Radio Centro Ecuador.

La funcionaria de Daniel Noboa también adelantó que no habrá exoneraciones para personas ni se establecerán corredores como lo han solicitado los exportadores y propietarios de negocios. En ese sentido, señaló que el viernes 23 de abril se reunirá "para explicar a detalle con las cámaras de la producción por qué no se entregarán los salvoconductos, así no funciona", indicó.

Según Morillo, los únicos profesionales que podrán circular, pese a la restricción son los trabajadores de la salud. Según explicó, la radicalidad de la medida obedece a que si se emiten salvoconductos y corredores "estamos desviando la atención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pedimos comprensión, el Bloque de Seguridad estará enfocado y esperamos mejores resultados" que el toque de queda de marzo, añadió.

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Gobierno cree que toque de queda sí funciona

Morillo defendió el toque de queda, pese a los cuestionamientos de los sectores productivos. Aseguró que Noboa decidió su implementación ante la reducción del 24% de las muertes violentas solo en marzo, cuando se aplicó la medida. Por ello, consideran que es una disposición efectiva ante la inseguridad.

El toque de queda anunciado por el Gobierno regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde funcionará el mismo horario de restricción nocturna.

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Municipios deberán resolver pasajes, dice Morillo

Otro de los temas que abordó la ministra es la compensación que el Gobierno ha entregado al sector del transporte por el ajuste del subsidio al diésel. Mencionó que hasta el momento 57 mil transportistas a escala nacional han recibido ese pago y descartó que el régimen tenga previsto ampliar el plazo para brindar esa ayuda.

Para Morillo, después de ese período, los transportistas deben hablar con los gobiernos locales para establecer mecanismos frente al planteamiento del aumento de los pasajes.  

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La funcionaria considera que los municipios deben planificar ante el pedido de los transportistas. "Tuvieron siete meses para generar una hoja de ruta, los Gobiernos Autónomos tienen esta competencia". Además, señaló que el régimen ha transferido 1.193 millones a los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales.

Lo que debes saber

• Asamblea aprobó un informe que cuestiona la descentralización del tránsito y abre la puerta a que el Gobierno central recupere competencias.
• Documento advierte sobre redes criminales y plantea reformas legales urgentes, aunque aún no hay proyectos en marcha.
• Las recomendaciones incluyen reformas legales polémicas, pero su aplicación sigue en el limbo político.

El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en el tránsito. Aunque el documento no es vinculante, sí establece claves que, en la práctica, abonan a la idea de la reversión de competencias hacia el Gobierno central.

Con 79 votos, provenientes de la mayoría que controla ADN, se avaló el documento en el cual se establece que la entrega de competencias en tránsito a los GAD es un factor de riesgo. 

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El documento lo dice así: “De forma general y de la información analizada se puede concluir que el problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza multicausal donde la falta de reporte por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), seguimiento a los mismos y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores permitieron la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito”.

La crítica a la entrega de competencias

Pero, más allá de señalar la existencia de redes criminales en la gestión del tránsito, la Comisión de Fiscalización llegó a la conclusión de que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

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Según la comisión, esto ocurre porque, al fragmentar la base de datos nacional en los nodos de acceso, se multiplicaron las posibilidades de ataque. 

“No se trata de un ataque externo (hacking), sino de una vulnerabilidad interna facilitada por la estructura de poder local”, señala el informe.

Un camino para la reversión de competencias

Más allá de los hallazgos, las claves del documento están en las recomendaciones. Es ahí donde se plantean reformas polémicas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).

Aunque el oficialismo fue cauto y no ahondó en dichas recomendaciones durante el debate realizado en el Pleno la tarde del 22 de abril de 2026, el documento plantea dos reformas urgentes.

La primera, relacionada con la Ley de Tránsito, sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. “Bajo esta reforma, el proceso del sistema de matriculación y la administración de la base de datos vehicular volverían a ser competencia exclusiva del Gobierno Central a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”.

Asimismo, la propuesta plantea que la reforma disponga de manera expresa que sean de competencia exclusiva del Gobierno central, a través de la ANT, funciones como: la emisión final de la matrícula vehicular; la validación del registro; la administración de la base de datos nacional; la gestión de usuarios y accesos al sistema; y la implementación de mecanismos de control, auditoría y bloqueo del sistema.

“Se recomienda que la reforma legal no solo centralice la gestión de las matrículas en la ANT, sino que establezca la ‘recuperación automática de competencias’ por parte del Gobierno central cuando se detecten indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD”, dice el informe.

Sobre los cambios al COOTAD

Aquí se plantea lo que podría ser la clave central del contenido del informe. La Comisión de Fiscalización propuso la creación de la figura excepcional de “reversión de competencias por seguridad nacional”.

Consiste en un mecanismo legal, urgente e inmediato, con el que el Gobierno central asumiría definitivamente una competencia delegada cuando se detecten indicios de infiltración criminal.

¿Qué pasará ahora?

Las sugerencias constan en el informe aprobado por el Pleno. Por ahora, permanecen en el limbo. El aliado de ADN y ex Pachakutik José Luis Nango planteó, en la resolución que aprobó el Pleno, que sean los asambleístas, conforme a su facultad de legislar, quienes presenten las reformas planteadas. Hasta el momento, eso no ha ocurrido y en ADN no se ha impulsado la transformación de esas propuestas en un proyecto de ley.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa cesó al embajador en Estados Unidos el 22 de abril mediante decreto presidencial
  
  
• Gobierno termina funciones del embajador en Washington en medio de ajustes de política exterior
  
  
• Cambio diplomático ocurre cuando Ecuador prioriza cooperación en seguridad con Estados Unidos
  
  

El presidente Daniel Noboa dispuso el cese de funciones de Pablo Agustín Zambrano Albuja como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador en los Estados Unidos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 367, suscrito el 22 de abril de 2026.

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La decisión deja sin efecto la designación realizada en marzo de 2025, cuando Zambrano Albuja fue nombrado para encabezar la misión diplomática ecuatoriana en Washington. El decreto señala la terminación de sus funciones y agradece los servicios prestados durante su gestión, sin detallar los motivos del relevo.

El documento también deroga el decreto ejecutivo mediante el cual se formalizó su nombramiento y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución de la medida.

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Una embajada clave en medio de la crisis de seguridad

La salida de Zambrano se produce en un momento en que la representación ecuatoriana en Estados Unidos tiene particular relevancia por la cooperación bilateral en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y asistencia internacional.

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Washington es considerado uno de los destinos diplomáticos más estratégicos para Ecuador, especialmente en el contexto del conflicto armado interno y del fortalecimiento de alianzas frente al crimen organizado transnacional.

Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería no ha informado quién asumirá de forma temporal o definitiva la embajada de Ecuador en Estados Unidos, ni si el relevo responde a una reestructuración más amplia de la política exterior del Gobierno.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado ajustes en su política internacional con énfasis en seguridad y cooperación multilateral. En ese marco, los cambios en altos cargos diplomáticos son observados como señales de reposicionamiento del Gobierno en escenarios clave.

Lo que debes saber

• Opacidad: La gestión de Carlos Cadena Asencio como liquidador está marcada por inconsistencias contables, falta de registro de ingresos millonarios y dudas sobre la verdadera estructura accionaria, en un contexto donde la Superintendencia de Compañías no corrigió ni investigó posibles anomalías.
  
• Pago: El Estado ecuatoriano canceló más de 12 millones de dólares mediante bonos de deuda a favor de Zofragua, pero el proceso se dio en medio de cuestionamientos sobre transparencia, trazabilidad de los fondos y pérdida de los recursos.

Un rastro de opacidad y millones de dólares sin reportar a la Superintendencia de Compañías rodea la gestión de Carlos Xavier Cadena Asencio en el proceso de liquidación de la compañía Zofragua S.A.

Para entender el caso, hay que retroceder. En 2001, Zofragua recibió en comodato 32 hectáreas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil por un plazo de 50 años. Pero ese contrato se canceló de forma inesperada el 23 de marzo de 2012. A partir de ahí comenzó el conflicto: la empresa demandó por daños y perjuicios y, en 2014, la Superintendencia de Compañías la declaró en liquidación por no entregar información financiera.

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Nombramiento y primeras inconsistencias

En 2019, la Superintendencia designó a Cadena Asencio como liquidador. Desde el arranque, su gestión mostró fisuras, que terminaron con su remoción del cargo en octubre de 2024.

La estructura accionaria era un enredo. Desde 2017 existía una disputa por la verdadera accionista mayoritaria: por un lado, Stock & Fund Managers Overseas INC., creada en Panamá; por otro, Stock & Fund Managers Overseas S.A., constituida en 2011 en Costa Rica.

Cuando Cadena Asencio asumió el control, no estaba claro quién era el accionista mayoritario, mientras que los accionistas minoritarios eran la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la Cámara de Pesquería, de la Pequeña Industria, entre otros.

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En medio de este litigio, la empresa original denunció ante la Superintendencia irregularidades, una posible suplantación y errores en el registro societario. Sin embargo, la entidad no corrigió ni revirtió las decisiones, tampoco presentó una denuncia por fraude o suplantación.

Un juicio millonario… y dinero que no aparece

En paralelo, Cadena Asencio, junto con el abogado Leonidas Plaza Verduga, impulsó el juicio civil 09801-2012-0565 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

El proceso terminó con un fallo favorable para Zofragua. Y el 1 de junio de 2019 llegó el primer pago: 4,79 millones de dólares.

Pero aquí aparece una de las primeras alertas serias: ese dinero no fue registrado en los libros contables de la compañía. Así lo señala la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías.

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La sentencia millonaria y el pago con bonos del Estado

El 11 de mayo de 2023, el Estado ecuatoriano reconoció una obligación derivada de la sentencia judicial y ordenó el pago de 12,06 millones de dólares.

Dos meses después, el 11 de julio de 2023, el liquidador remitió a la Superintendencia información desactualizada e incompleta. Entregó un “balance inicial” cortado a febrero de 2019, sin firmas y con valores en cero en activos, pasivos y patrimonio. Esto ocurrió pese a que ya existía una sentencia favorable y un monto millonario por cobrar. Aun así, esos valores no fueron reportados oportunamente.

Entre mayo y septiembre de 2023, Cadena solicitó a un juez que ordenara al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos públicos para el pago de la empresa que él liquidaba. Finalmente, el pago se concretó el 22 de diciembre de 2023, mediante una dación en pago con bonos del Estado.

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Estos bonos, de deuda interna, fueron depositados en una cuenta del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central. Tenían un plazo de seis años (con vencimiento en marzo de 2029) y una tasa de interés del 7,37 % anual. El convenio fue firmado por el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí Heredia, y por el liquidador, Carlos Cadena Asencio.

Intento de cierre y más irregularidades

Otro hecho llamativo es que Cadena Asencio solicitó, a través del abogado Xavier Estrada Perlaza, la cancelación de Zofragua S.A. por haber transcurrido siete años desde su disolución.

Esto ocurrió pese a que la empresa mantenía observaciones pendientes como la falta de contabilidad clara, una ausencia de trazabilidad de los recursos, la pérdida de recursos y el no registro de pagos millonarios. Además, durante su administración, se perdió el rastro del primer pago de 4,7 millones de dólares realizado por la Autoridad Portuaria.

Un documento que sí presentó fue un acuerdo de mediación donde Cadena Asencio reconocía que el abogado Leonidas Efraín Plaza Verduga debía cobrar 2,39 millones de dólares por servicios legales, sin adjuntar mayores respaldos documentales.

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Sin versión del liquidador

EXPRESO solicitó la versión de Carlos Xavier Cadena Asencio sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, dio una rueda de prensa en el Hemiciclo La Rotonda, Malecón 2000. 
• Este 23 de abril, la concejala Ana Chóez solicitó a la alcaldesa Tatiana Coronel un informe detallado sobre la autorización y condiciones de uso de este espacio público.
• Espera determinar si hubo un uso indebido de bienes públicos.

La rueda de prensa de Gabriela Rivadeneira en el Malecón 2000 ha desatado reacciones en el Concejo de Guayaquil. La concejala socialcristiana Ana Chóez pidió explicaciones formales sobre el uso de este espacio público para actividades político-partidistas.

En un documento fechado el 23 de abril, Chóez solicitó a la alcaldesa Tatiana Coronel que entregue información “de manera inmediata y documentada” sobre la autorización del evento.

“La eventual utilización de este tipo de espacios para fines político-partidistas podría configurar un uso indebido de bienes públicos”, advierte la edil en su comunicación.

Concejala cuestiona uso del Malecón 2000 

Entre los puntos requeridos por Chóez están:

Presencia de concejales de la Revolución Ciudadana

En la rueda de prensa de Rivadeneira participaron figuras políticas como Emily Vera y Blanca López, representantes de la Revolución Ciudadana en el Concejo.

López, además, fue vicealcaldesa durante los dos primeros años de la administración de Aquiles Álvarez, quien actualmente enfrenta procesos judiciales.

El pedido de Chóez abre un nuevo debate sobre la utilización de espacios emblemáticos de Guayaquil.

Gabriela Rivadeneira es la presidenta de la Revolución Ciudadana y ofreció la rueda de prensa en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

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Accidente en vía a la costa: bus y tanquero dejan 3 muertos en Guayaquil

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Hasta el momento, ni la Fundación Malecón 2000 ni el Municipio se han referido a este caso.

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Nuria Butiñá: no hubo votos para la destitución, pero su caso aún no está cerrado

Rosero Mariela

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 22 de abril de 2026. Mientras participaba en la sesión del pleno número 87, de forma virtual, en su transmisión apareció brevemente un hombre con el torso desnudo.

El episodio generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron un incidente similar previo y cuestionaron la reiteración de este tipo de situaciones.

Como suele ocurrir, incluso legisladores de otras bancadas aprovecharon el momento para burlarse. Uno de ellos fue Andrés Castillo, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien bromeó en redes con el hecho y publicó una captura de pantalla con el hombre sin camisa.

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Butiñá niega el cobro de diezmos y pedirá nueva valoración a Comité de Ética

Daniel Alejandro Romero Páez

Otro capítulo parecido, con la transmisión de Butiñá

El 19 de diciembre del 2025, en la sesión 057, mientras los demás legisladores participaban del debate, en la ventana de Nuria Butiñá apareció un joven recostado, revisando el celular.

Entonces, inclusive un usuario de X (antes Twitter), que suele identificarse con el correísmo, Daniel Salcán, la criticó. Dijo que en la ventana de la asambleísta se conectó su hijo y comentó que apareció como si estuviera en la playa. 

En su exe lamentó que la Revolución Ciudadana decida escoger a esos cuadros por sobre otros más preparados.

Otro caso polémico de Butiñá

En 2025, la vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, buscó que el Pleno destituya a Butiñá. Alegó que un exasesor de la correísta denunció que ella supuestamente le pedía parte de su sueldo, alteró declaraciones juramentadas y que lo hostigaba permanentemente.

El 2 de octubre no hubo los votos para que el Pleno la dejara sin curul. Semanas antes en redes sociales se difundieron audios en los que supuestamente la legisladora maltrataba a sus colaboradores. Ella lo negó.

Te invitamos a leer: CNE aprueba un fondo de promoción electoral de más de $13 millones para las seccionales

El monto asciende a $ 13,4 millones, recursos que serán destinados a financiar la difusión de campañas políticas en distintos medios de comunicación.

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El presupuesto cubrirá publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas y plataformas digitales, espacios que los candidatos podrán utilizar para posicionar sus propuestas de cara a la elección de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante la sesión, los consejeros del CNE recordaron que estos recursos no se entregan directamente a los partidos o candidatos. En su lugar, el sistema contempla un mecanismo de asignación controlada que busca garantizar la transparencia en el uso del dinero público.

¿Cómo funciona el fondo?

El modelo de financiamiento electoral establece varias etapas: 

Además, la distribución de los recursos responde a porcentajes establecidos en el Código de la Democracia. Para prefectos, alcaldes y concejales rurales se asigna el 7,5 % del fondo; para concejales distritales, el 3,75 %; y para vocales de juntas parroquiales, el 3,2 %.

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La campaña electoral se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, periodo en el que las organizaciones políticas podrán hacer uso de este fondo para difundir sus propuestas. 

Con este esquema, el CNE busca regular el acceso a la promoción electoral y evitar el uso indebido de recursos durante el proceso democrático.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que se sabe

• Carlos Encalada es el nuevo viceprefecto de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano
• Él será prefecto desde el 14 de mayo, cuando se haga efectiva la salida de la prefecta Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada
• Su elección generó rechazo de la Revolución Ciudadana y de su líder, el expresidente Rafael Correa

Este jueves 23 de abril de 2026 empezará la transición administrativa del nuevo viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada Villacís, quien fue electo un día antes como reemplazo de Carlos Serrano Bonilla.

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Carlos Encalada asume la Viceprefectura del Guayas: su perfil y primeras palabras en el cargo

Carlos Isaac Pino

Encalada será prefecto desde el 14 de mayo, cuando sustituya a Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada al cargo, argumentando problemas familiares.

¿Qué retos tendrá Carlos Encalada en Guayas?

"La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos: hay alertas del fenómeno de El Niño y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", dijo el nuevo funcionario tras la posesión.

Uno de los temas a resolver será el de encontrar a su propio reemplazo cuando sea prefecto. El viceprefecto dijo a EXPRESO que "tomará su tiempo" escoger la terna.

Él completará el periodo de Aguiñaga, que concluirá el 14 de mayo de 2027. El próximo 29 de noviembre serán las elecciones seccionales, que incluye a las prefecturas.

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Quinto Puente, concesiones y mancomunidad de Guayas

Uno de los proyectos que ha liderado Aguiñaga ha sido la recuperación de la cuenca del río Guayas, a través de una mancomunidad con Cañar, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

En enero del 2026, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) entregó una asistencia técnica no reembolsable, de 450.000 dólares, a la mancomunidad.

Desde antes de su renuncia anticipada, la aún prefecta tuvo polémicas con el Gobierno de Daniel Noboa, por la construcción del Quinto Puente y la prórroga, por 30 años, a la concesiones viales en la provincia.

Encalada tendrá que gestionar obras en la provincia, tales como vías, puentes, muros, albarradas y sistemas de drenaje en zonas vulnerables, tomando en cuenta que se prevé el fenómeno de El Niño en 2026.

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Proyectos sociales en la Prefectura del Guayas

Uno de los proyectos del Gobierno provincial es el sistema “Cuidado del Guayas – Cuidando Vidas”, que promueve la redistribución del trabajo no remunerado de cuidado, principalmente realizado por mujeres.

Encalada presidió la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (2022-2026) y fue gerente de Producción en Surgesa S.A., responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico.

Lo que se sabe

• En el registro electoral pasivo se incluye a los ciudadanos que no han votado en cuatro elecciones consecutivas y, en ese periodo, no hayan realizado trámites en el CNE
• El trámite se realiza, de manera virtual o presencial, hasta el 24 de junio
• Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre de 2026

Cuando un ciudadano no sufraga en cuatro elecciones consecutivas y, durante ese tiempo, no realiza trámites en el Consejo Nacional Electoral (CNE), es incluido en el registro electoral pasivo.

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El CNE informó, el 2 de abril de 2026, que se había incluido a 1’302.535 ciudadanos en ese listado para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Esos comicios, previstos para 2027, se adelantaron para el próximo 29 de noviembre de 2026.

Cómo se realiza el trámite del registro electoral pasivo

El CNE informó, en una publicación en su cuenta de la red social X, que quienes estén en este registro se pueden habilitar para votar, hasta el próximo 24 de junio.

Debe realizar los siguientes pasos:

Está previsto que el padrón electoral se publique el próximo 2 de julio.

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Dónde realizar el trámite presencial

Puede acudir a las delegaciones provinciales del CNE, que se encuentran en este listado. Si está fuera del país, vaya a uno de los consulados que están en este sitio web.

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En el documento se argumenta que la apelación no procede debido a que el auto impugnado, dictado el 16 de abril de 2026, fue emitido en fase de ejecución de una sentencia ya ejecutoriada, por lo que corresponde continuar con su cumplimiento.

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La notificación de esta decisión fue emitida por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien además dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo informen en un plazo de dos días, de manera documentada, las acciones realizadas para registrar la vigencia de la sanción impuesta al burgomaestre, en el marco de sus competencias.

La sanción se remonta a 2023, cuando el TCE determinó una infracción electoral grave al no presentarse al debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, lo que derivó en la suspensión de sus derechos de participación política.

La respuesta de Pincay

Tras conocerse el fallo, el burgomaestre Javier Pincay Salvatierra se pronunció mediante una publicación en la red social Facebook, donde expresó:

“Queridos hermanos portovejenses: ante la reciente decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, queremos informarles que nuestro equipo jurídico se encuentra analizando de manera responsable el alcance de esta resolución y definirá los pasos legales a seguir”.

En el mismo mensaje agregó: “Vuelvo a hacer un llamado a la calma y agradezco las muestras de cariño y la confianza de los portovejenses, en este momento que debemos afrontar con serenidad y unidad”, y concluyó señalando: “Ratifico mi compromiso firme de seguir trabajando con más fuerza y con profundo amor por Portoviejo, priorizando siempre el bienestar de nuestra gente”.

En medio de esta situación, el nombre de Javier Pincay aparece como uno de los precandidatos para buscar la reelección y no se descarta que sea patrocinado por el partido político Avanza, con el que llegó a la concejalía y posteriormente a la alcaldía de Portoviejo.

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En cuanto al requisito de pertenencia, los candidatos a dignidades deben haber residido en la jurisdicción en donde buscan convertirse en representantes, de forma ininterrumpida los dos años previos a la inscripción.

Ante un notario deben registrar cuánto tiempo han vivido en la jurisdicción, en una declaración juramentada. Además, los candidatos tienen que constar en el registro electoral de los más recientes comicios.

Antes de la reforma al Código de la Democracia, el candidato debía haber nacido o vivido los dos últimos años previos a la inscripción, constar en el registro electoral  y otro requisito era haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral.  

Sobre la paridad

En Ecuador, la paridad no es opcional, es un requisito obligatorio, garantizado por la Constitución. En la más reciente reforma, el Consejo Nacional Electoral acordó frente a las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026:

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¿Qué ha ocurrido en otras elecciones con aspirantes?

En octubre del 2022, Inty Gronnenberg no pudo inscribirse como candidato a la Alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática porque no constaba en el registro electoral y no votó en las más recientes elecciones.

Asimismo, en 2022, el Tribunal Contencioso Electoral no inscribió la candidatura para concejala de Quito de Carina Vance, exministra de Salud. Eso debido a que la correísta no permaneció en la capital dos años, de forma ininterrumpida antes de los comicios. Ella alegó una causa de fuerza mayor: la pandemia provocada por la COVID-19.

Nota: se actualizó el texto colocando que al hablar de reforma anterior se refería a la del Código de la Democracia, de junio del 2025.

Lo que debes saber

• Contralor Mauricio Torres restringe acceso a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos en Ecuador.
• Periodistas y ciudadanos deben entregar datos personales para consultar patrimonios, pese a fallo de la Corte Constitucional.
• Cambios limitan transparencia: se ocultan bienes, valores reales y posibles cuentas en el exterior.

Si algún funcionario público -léase presidente, asambleísta, ministro, viceministro, director de inteligencia o juez- se siente incómodo porque un periodista o ciudadano quiere ver si ha incrementado su patrimonio de forma anómala, ahora tiene un aliado incondicional: Mauricio Torres.

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Sí, el contralor decidió que quien quiera saber si un funcionario ha incrementado sospechosamente su patrimonio durante el ejercicio de su cargo se sienta vigilado, expuesto y, también, amenazado.

¿Con qué fin? Sencillo: la idea es que tenga miedo. Y aunque Torres ha dado marcha atrás en algunos puntos luego del escándalo que provocó su decisión, los funcionarios públicos que no quieren exponer su patrimonio siguen pudiendo confiar en él. 

El poder ubicará a quién mira sus declaraciones

Con el formulario que se exige ahora al periodista u observador ciudadano que quiera acceder a la declaración patrimonial, se podrá tener la dirección IP, es decir, la identidad del dispositivo desde el que hizo la consulta. Así, se podría tener su ubicación física.

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Torres también decidió que, en la declaración patrimonial, el funcionario no tenga que poner ni la ubicación geográfica de los bienes inmuebles que posee ni si tiene o no cuentas bancarias en el exterior, como, por ejemplo, en un paraíso fiscal.

Cambios en las declaraciones patrimoniales

Durante una entrevista con Lenin Artieda, en Ecuavisa, Marcelo Espinel, subdirector de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, lo puso en blanco y negro de esta forma: hay tres cambios en el sistema. 

Entre esos cambios dispuestos por el agencioso de Torres, está que tampoco se puede conocer si un funcionario público tiene dinero en otro país y, por ende, dónde lo tiene. Si lo tiene en paraísos fiscales, por ejemplo, puede estar tranquilo.

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Si bien, a última hora, el contralor dio marcha atrás con el tema del sello de agua que estaba vigente, el valiente que decida pedir la declaración patrimonial -por ejemplo, del nuevo ministro de Energía- tiene que estar dispuesto a que se sepa exactamente dónde está o, al menos, de qué computador o dispositivo hizo el pedido. 

Y ojo: de esta manera no solo se vulnera el derecho a la información pública, sino también la protección de datos de los ciudadanos que quieren hacer escrutinio a los funcionarios.

Entonces, si un periodista quiere saber si los carros de altísima gama que el presidente Daniel Noboa ha exhibido últimamente en sus paseos por Olón -es decir, un Porsche, un Bentley y un ostentoso Mercedes-Benz- están en su declaración patrimonial, tiene que estar dispuesto a que su nombre y su ubicación sean conocidos por quienes controlan el poder.

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¿Quién se va a atrever, bajo esas circunstancias, a acceder a la declaración patrimonial del presidente? Lo mismo podría decirse de otros funcionarios, como el presidente del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, a quien la última vez que alguien metió sus narices en su declaración patrimonial se le descubrió más de un millón de dólares acumulados desde que está en el cargo. 

En estas condiciones, ¿alguien se va a atrever a buscar la declaración patrimonial del jefe de la inteligencia política, Michele Sensi-Contugi, por ejemplo?

Torres ignora fallo de la Corte Constitucional

El mismo Marcelo Espinel puso otro ejemplo sobre la importancia del libre acceso a esa información durante la entrevista en Ecuavisa: el del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán (ahora preso), que, cuando su casa fue allanada, dejó ver que tenía lujos que no guardaban ninguna relación con lo que decía su declaración patrimonial: que su casa valía 40 mil dólares.

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Pero quizá una de las cosas más escandalosas de la decisión de Torres es que, el 25 de abril de 2024, la Corte Constitucional ordenó a los organismos del Estado no poner ningún formulario para acceder a información de relevancia pública. La decisión de ese tribunal salió a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que varios organismos de la sociedad civil presentaron contra la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que daba 90 días de plazo para que las instituciones del Estado coloquen un formulario para que los interesados en información pública lo llenen.

El juez ponente de esa sentencia fue Enrique Herrería Bonnet, actual secretario jurídico de Carondelet. “Toda información debe encontrarse disponible en sus canales de información sin necesidad de un requisito previo”, decía la sentencia. 

Pues bien, el contralor Mauricio Torres se limpió con esa sentencia para proteger a sus amigos, los funcionarios a los que no les conviene que alguien indague si han sido honestos o no.

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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) remarcó que persisten prácticas de acoso, relegamiento, ocultamiento de información y trato discriminatorio contra medios y periodistas en función de su línea editorial. 

Además, la organización sostuvo que el gobierno central, varios gobiernos locales y distintas instancias del Estado han contribuido, por acción u omisión, a profundizar la vulnerabilidad en la que trabajan los periodistas.

Se hacen pasar por medios y periodistas

En un comunicado difundido este miércoles 22 de abril de 2026, Fundamedios alertó que esta situación se agrava por el uso masivo de campañas de desinformación, difamación y hostigamiento dirigidas contra periodistas, medios y organizaciones independientes. 

Según la organización, "se trata de operaciones orientadas a erosionar reputaciones, contaminar el debate público y debilitar a quienes ejercen vigilancia democrática".

En el comunicado se precisa que estas campañas suelen ser amplificadas por actores que se presentan como comunicadores, influencers o incluso periodistas de investigación. Su actuación responde a intereses ajenos a los estándares del periodismo y a prácticas que, señala, deben ser objeto de escrutinio público e institucional.

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La precarización del trabajo

Fundamedios también pide poner atención a la precariedad laboral del sector. Indicó que la inestabilidad, los bajos ingresos y la falta de protección social, especialmente en provincias, reflejan el debilitamiento económico de los medios y agravan las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Ecuador.

Fundamedios difundió sus líneas rojas

Según la organización, no respaldarán a personas o portales que, bajo el argumento de la libertad de expresión o el ejercicio periodístico:

Las claves del caso

• La Asamblea Nacional votará este viernes 24 de abril si levanta la inmunidad a la asambleísta Diana Jácome.
• Jácome enfrenta una denuncia por calumnia de Juan Andrés González (RC) tras polémicas declaraciones en el Pleno.
• Se requieren 101 votos para procesar a la legisladora, pero la mayoría oficialista impediría alcanzar la cifra.

La Asamblea Nacional de Ecuador sesionará este viernes 24 de abril de 2026 para definir el futuro legal de la asambleísta de ADN, Diana Jácome. El Pleno votará el posible levantamiento de la inmunidad parlamentaria tras una denuncia por calumnia presentada por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González. El proceso requiere una mayoría calificada, mientras el oficialismo busca blindar a su integrante ante la Corte Nacional de Justicia.

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Los detalles de la Sesión 88 del Pleno

La convocatoria oficial, liderada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, establece como único punto del orden del día el tratamiento del pedido de la Corte Nacional de Justicia. La solicitud, remitida originalmente el 30 de marzo por la secretaria Rosa Japón Lozano, llega al Pleno casi un mes después de su recepción.

Para que la justicia pueda procesar penalmente a la legisladora, el organismo requiere:

El origen del conflicto entre ADN y la Revolución Ciudadana

La disputa legal nació de declaraciones cruzadas en el Legislativo. Juan Andrés González fundamenta su denuncia en frases de Jácome donde sugería a la bancada correísta "usar una buena pijama", interpretado como una alusión a futuros allanamientos.

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Por su parte, la asambleísta oficialista ha calificado al denunciante como un "parásito del Estado", señalando presuntas irregularidades en el cobro de viáticos de residencia mientras se encontraba en una gira por España.

Lo que debes saber

• Chiluiza, Echaiz y Caicedo expusieron sus planes ante el CPCCS este 22 de abril para presidir la Judicatura.
• El Pleno del CPCCS elegirá al nuevo presidente de la Judicatura y su suplente hasta el viernes 24 de abril.
• Los nuevos vocales priorizarán la independencia judicial, lucha anticorrupción y modernización tecnológica del sistema.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió las propuestas de trabajo de los postulantes a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo detallaron sus ejes de gestión para el periodo 2026, enfocándose en la independencia judicial, la modernización tecnológica y la lucha contra la corrupción. Tras las audiencias, el organismo cuenta con un plazo de dos días para designar a los nuevos vocales principal y suplente que liderarán la Función Judicial. La designación podría ser el viernes 24 de abril de 2026.

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Los ejes de trabajo de los candidatos a la Judicatura

Durante la audiencia pública iniciada al mediodía de este miércoles 22 de abril de 2026, los tres candidatos presentaron sus estrategias para transformar el sistema de justicia.

¿Cuándo será la designación del nuevo presidente?

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó que, según el artículo 29 del reglamento vigente, el Pleno tiene un margen de 48 horas para emitir una resolución motivada.

Los consejeros evaluarán la calidad y sustento de los planes presentados, así como el criterio de especialidad de cada perfil. Se prevé que la designación oficial se realice el viernes 24 de abril de 2026. Una vez elegidos, los nombres serán remitidos a la Asamblea Nacional para la posesión formal de los cargos.

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Detalles clave del proceso de selección:

Este 22 de abril de 2026, con 79 votos a favor, se aprobó el informe redactado por la Comisión de Fiscalización. Esa mesa legislativa está bajo control de ADN y, en el documento, hay dos recomendaciones polémicas sobre las cuales ahora los legisladores podrán presentar iniciativas para un proyecto de ley reformatorio.

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Las polémicas reformas que incluyó el informe

En relación con la normativa sobre el tránsito, el informe sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

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En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Si bien el informe recoge estas recomendaciones, no se especificó la delegación de dichas modificaciones legales a alguna de las comisiones de la Asamblea. 

En ese contexto, el aliado de ADN y ex Pachakutik, José Luis Nango, presentó una moción de resolución en la que se establece que las iniciativas de reformas quedarán en manos de los asambleístas.

El documento aprobado en el Pleno señala: “Disponer a la Secretaría General la difusión del contenido de la presente resolución e informe a las y señores asambleístas, a fin de que, de considerarlo pertinente, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, acojan y presenten las respectivas iniciativas legislativas que viabilicen las recomendaciones específicas respecto a las reformas normativas necesarias y urgentes”.

¿Qué pasó en el Pleno?

Durante el debate sobre el informe, los integrantes de la Comisión de Fiscalización que pertenecen a ADN defendieron su contenido. La vicepresidenta de esa mesa, Ana Belén Tapia, dijo que la fiscalización no solo evidenciaba irregularidades administrativas, sino también una amenaza a la seguridad nacional.

Asimismo, Nango insistió en que uno de los factores que incidió en la actual realidad sobre la gestión del tránsito por parte de los GAD es el modelo descentralizado, que otorgó la facultad a municipios sin una capacidad real para cumplir con esa competencia.

Recordó la intervención del Ejecutivo en las agencias municipales de Durán y Manta. Respecto a la primera, señaló que, pese a tener capacidad para la revisión de 60 automotores diarios, se registraba una atención de hasta 300 al día, lo cual no evidenciaba una gestión eficiente, sino más bien irregular en el otorgamiento de permisos.

Desde el correísmo, el asambleísta Xavier Lasso puso reparos al informe de la Comisión de Fiscalización. “Este informe tiene un tufillo politiquero”, señaló, en referencia a que, desde su perspectiva, el documento se enmarcaba en los intentos del oficialismo por perseguir a los GAD y al modelo descentralizado.

“El informe no aborda a profundidad los problemas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), intervenida el 30 de enero como parte de la operación Jaque”, recordó Lasso. También agregó que el Gobierno no mantiene el control en las cárceles y, aun así, pretende hacerse cargo del tránsito.

Lo que debes saber

• El conflicto con GRANASA se remonta a mediados de 2025, tras acusaciones de presunto fraude tributario y lavado de activos basadas.
• Posteriormente, la SuperCías alegó falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre Veranera e Ingrid Martínez.
• El 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos López Vulgarin por presunto prevaricato en una acción de protección. 

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) publicó, en su cuenta institucional de X, un comunicado en el que expresa su preocupación frente a los criterios expuesto por la Superintendencia de Compañías en relación con los procesos de intervención societaria. Esta postura del gremio se da en el contexto de la intervención estatal en la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). La casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA permanece intervenida desde el 18 de febrero de 2026. 

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Origen de la intervención y designación de interventora

La medida se ejecutó tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dirigida por Luis Cabezas-Klaere.

La intervención se adoptó debido a que la empresa no entregó información solicitada por Inmobiliar. Además, GRANASA ha denunciado un intento de control estatal sobre el 40 % de sus acciones mediante un liquidador designado por la Superintendencia de Compañías.

En ese contexto, el 21 de abril, en Guayaquil, GRANASA denunció al juez Carlos Cristóbal López Vulgarín por presunto prevaricato en una acción de protección. La empresa sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional.

Advertencias sobre interpretación de la ley

Frente a estos hechos, la CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

El gremio también advirtió que “una intervención no puede convertirse en un mecanismo para redefinir estructuras accionarias ni para incidir en el control de las compañías”. Añadió que hacerlo “no solo vulnera la finalidad de la Ley de Compañías, sino que compromete la imparcialidad institucional y abre la puerta a posibles desviaciones de poder”.

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Pedido de apego a la Constitución y la ley

En esa línea, la CIP subrayó que el sector productivo advierte con claridad que “la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada son fundamentales para el desarrollo del Ecuador”. Además, María-Paz Jervis, presidenta ejecutiva del gremio, afirmó que “siempre bajo principios, defendemos la libertad de expresión, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada como pilares de la democracia”.

Ante este escenario, la Cámara de Industrias y Producción pidió que “la autoridad de control se ajuste estrictamente a la Constitución y a la ley”. Sostuvo que de esa forma se garantizará un entorno de certeza, neutralidad y respeto a la iniciativa privada.

Lo que debes saber

• La inseguridad en Guayaquil empuja a barrios a instalar rejas, pero hay casos en los que los trámites municipales siguen siendo un obstáculo para concretarlas.
  
• Ordenanza está vigente desde enero de 2024, y regula la Ocupación del Espacio o Vía Pública mediante la Instalación de Elementos de Seguridad, que ha permitido intervenir en 6.872 predios, agrupados en 488 elementos de seguridad.

Guayaquil enfrenta una creciente ola delictiva que ha llevado a barrios y ciudadelas a buscar medidas propias de seguridad, como la instalación de puertas, portones y rejas. Sin embargo, este proceso depende de la aprobación del Municipio, lo que ha generado retrasos y dificultades para los ciudadanos.

De acuerdo con datos oficiales, la Ordenanza que regula la ocupación del espacio público ha permitido intervenir en 6.872 predios, agrupados en 488 elementos de seguridad. Esta normativa establece los requisitos para que comunidades puedan cerrar accesos y reforzar su protección.

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No obstante, el propio Municipio de Guayaquil reconoce que existen trabas en el proceso. Uno de los principales problemas ocurre al momento de ingresar la solicitud, cuando los formularios no se completan correctamente, lo que frena el avance del trámite.

Problemas en el trámite municipal

El Municipio identificó dos puntos críticos que afectan la agilidad del proceso. El primero está relacionado con errores en la documentación inicial. 

En estos casos, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas municipales ubicadas en las calles República de Guayaquil y Pichincha, donde reciben asesoría.

El segundo obstáculo surge cuando se requiere corregir documentos. Actualmente, 19 trámites están detenidos, en su mayoría porque los solicitantes no están al día en el pago del impuesto predial, un requisito indispensable para avanzar.

Trámite en línea desde 2025

Desde el 1 de octubre de 2025, el proceso se realiza completamente en línea a través del portal municipal. En la sección “Servicios en línea” se habilitan tres opciones: pago de tasa, solicitud de permiso y seguimiento.

La entidad precisó que la plataforma digital funciona con normalidad y que cuenta con monitoreo de la "Dirección de Tecnologías de la Información; sin embargo, los requisitos deben ser completados en su totalidad por los usuarios".

Lo que debes saber

• Ministra Nataly Morillo pidió a municipios planificar recolección de basura durante toque de queda del 3 al 18 de mayo.
• Toque de queda regirá en Ecuador de 23:00 a 05:00; solo personal de salud podrá circular.
• Gobierno descarta salvoconductos y corredores para priorizar seguridad tras baja de 24% en muertes violentas.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo este 23 de abril de 2026 que los municipios del Ecuador deberán planificar los horarios de recolección de basura durante el nuevo toque de queda. La restricción regirá del 3 hasta el 18 de mayo, desde las 23:00 hasta las 05:00 de la madrugada.

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"Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no saben hacer una planificación, pueden trabajar hasta las 11 de la noche y a las 5:00 pueden ya empezar a salir", manifestó Morillo en una entrevista en Radio Centro Ecuador.

La funcionaria de Daniel Noboa también adelantó que no habrá exoneraciones para personas ni se establecerán corredores como lo han solicitado los exportadores y propietarios de negocios. En ese sentido, señaló que el viernes 23 de abril se reunirá "para explicar a detalle con las cámaras de la producción por qué no se entregarán los salvoconductos, así no funciona", indicó.

Según Morillo, los únicos profesionales que podrán circular, pese a la restricción son los trabajadores de la salud. Según explicó, la radicalidad de la medida obedece a que si se emiten salvoconductos y corredores "estamos desviando la atención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pedimos comprensión, el Bloque de Seguridad estará enfocado y esperamos mejores resultados" que el toque de queda de marzo, añadió.

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Morillo defendió el toque de queda, pese a los cuestionamientos de los sectores productivos. Aseguró que Noboa decidió su implementación ante la reducción del 24% de las muertes violentas solo en marzo, cuando se aplicó la medida. Por ello, consideran que es una disposición efectiva ante la inseguridad.

El toque de queda anunciado por el Gobierno regirá en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde funcionará el mismo horario de restricción nocturna.

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Otro de los temas que abordó la ministra es la compensación que el Gobierno ha entregado al sector del transporte por el ajuste del subsidio al diésel. Mencionó que hasta el momento 57 mil transportistas a escala nacional han recibido ese pago y descartó que el régimen tenga previsto ampliar el plazo para brindar esa ayuda.

Para Morillo, después de ese período, los transportistas deben hablar con los gobiernos locales para establecer mecanismos frente al planteamiento del aumento de los pasajes.  

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La funcionaria considera que los municipios deben planificar ante el pedido de los transportistas. "Tuvieron siete meses para generar una hoja de ruta, los Gobiernos Autónomos tienen esta competencia". Además, señaló que el régimen ha transferido 1.193 millones a los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales.

Lo que debes saber

• Asamblea aprobó un informe que cuestiona la descentralización del tránsito y abre la puerta a que el Gobierno central recupere competencias.
• Documento advierte sobre redes criminales y plantea reformas legales urgentes, aunque aún no hay proyectos en marcha.
• Las recomendaciones incluyen reformas legales polémicas, pero su aplicación sigue en el limbo político.

El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en el tránsito. Aunque el documento no es vinculante, sí establece claves que, en la práctica, abonan a la idea de la reversión de competencias hacia el Gobierno central.

Con 79 votos, provenientes de la mayoría que controla ADN, se avaló el documento en el cual se establece que la entrega de competencias en tránsito a los GAD es un factor de riesgo. 

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El documento lo dice así: “De forma general y de la información analizada se puede concluir que el problema de las matrículas ilegales no es un fallo informático aislado, sino una falla de gobernanza multicausal donde la falta de reporte por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), seguimiento a los mismos y el vacío en la rectoría estratégica de años anteriores permitieron la consolidación de redes criminales en el sistema de tránsito”.

La crítica a la entrega de competencias

Pero, más allá de señalar la existencia de redes criminales en la gestión del tránsito, la Comisión de Fiscalización llegó a la conclusión de que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

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Según la comisión, esto ocurre porque, al fragmentar la base de datos nacional en los nodos de acceso, se multiplicaron las posibilidades de ataque. 

“No se trata de un ataque externo (hacking), sino de una vulnerabilidad interna facilitada por la estructura de poder local”, señala el informe.

Un camino para la reversión de competencias

Más allá de los hallazgos, las claves del documento están en las recomendaciones. Es ahí donde se plantean reformas polémicas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).

Aunque el oficialismo fue cauto y no ahondó en dichas recomendaciones durante el debate realizado en el Pleno la tarde del 22 de abril de 2026, el documento plantea dos reformas urgentes.

La primera, relacionada con la Ley de Tránsito, sugiere centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular. “Bajo esta reforma, el proceso del sistema de matriculación y la administración de la base de datos vehicular volverían a ser competencia exclusiva del Gobierno Central a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)”.

Asimismo, la propuesta plantea que la reforma disponga de manera expresa que sean de competencia exclusiva del Gobierno central, a través de la ANT, funciones como: la emisión final de la matrícula vehicular; la validación del registro; la administración de la base de datos nacional; la gestión de usuarios y accesos al sistema; y la implementación de mecanismos de control, auditoría y bloqueo del sistema.

“Se recomienda que la reforma legal no solo centralice la gestión de las matrículas en la ANT, sino que establezca la ‘recuperación automática de competencias’ por parte del Gobierno central cuando se detecten indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD”, dice el informe.

Sobre los cambios al COOTAD

Aquí se plantea lo que podría ser la clave central del contenido del informe. La Comisión de Fiscalización propuso la creación de la figura excepcional de “reversión de competencias por seguridad nacional”.

Consiste en un mecanismo legal, urgente e inmediato, con el que el Gobierno central asumiría definitivamente una competencia delegada cuando se detecten indicios de infiltración criminal.

¿Qué pasará ahora?

Las sugerencias constan en el informe aprobado por el Pleno. Por ahora, permanecen en el limbo. El aliado de ADN y ex Pachakutik José Luis Nango planteó, en la resolución que aprobó el Pleno, que sean los asambleístas, conforme a su facultad de legislar, quienes presenten las reformas planteadas. Hasta el momento, eso no ha ocurrido y en ADN no se ha impulsado la transformación de esas propuestas en un proyecto de ley.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa cesó al embajador en Estados Unidos el 22 de abril mediante decreto presidencial
  
  
• Gobierno termina funciones del embajador en Washington en medio de ajustes de política exterior
  
  
• Cambio diplomático ocurre cuando Ecuador prioriza cooperación en seguridad con Estados Unidos
  
  

El presidente Daniel Noboa dispuso el cese de funciones de Pablo Agustín Zambrano Albuja como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador en los Estados Unidos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 367, suscrito el 22 de abril de 2026.

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La decisión deja sin efecto la designación realizada en marzo de 2025, cuando Zambrano Albuja fue nombrado para encabezar la misión diplomática ecuatoriana en Washington. El decreto señala la terminación de sus funciones y agradece los servicios prestados durante su gestión, sin detallar los motivos del relevo.

El documento también deroga el decreto ejecutivo mediante el cual se formalizó su nombramiento y encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución de la medida.

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Pablo Zambrano Albuja es el nuevo embajador de Ecuador en Estados Unidos

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Una embajada clave en medio de la crisis de seguridad

La salida de Zambrano se produce en un momento en que la representación ecuatoriana en Estados Unidos tiene particular relevancia por la cooperación bilateral en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y asistencia internacional.

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Washington es considerado uno de los destinos diplomáticos más estratégicos para Ecuador, especialmente en el contexto del conflicto armado interno y del fortalecimiento de alianzas frente al crimen organizado transnacional.

Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería no ha informado quién asumirá de forma temporal o definitiva la embajada de Ecuador en Estados Unidos, ni si el relevo responde a una reestructuración más amplia de la política exterior del Gobierno.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado ajustes en su política internacional con énfasis en seguridad y cooperación multilateral. En ese marco, los cambios en altos cargos diplomáticos son observados como señales de reposicionamiento del Gobierno en escenarios clave.

Lo que debes saber

• Opacidad: La gestión de Carlos Cadena Asencio como liquidador está marcada por inconsistencias contables, falta de registro de ingresos millonarios y dudas sobre la verdadera estructura accionaria, en un contexto donde la Superintendencia de Compañías no corrigió ni investigó posibles anomalías.
  
• Pago: El Estado ecuatoriano canceló más de 12 millones de dólares mediante bonos de deuda a favor de Zofragua, pero el proceso se dio en medio de cuestionamientos sobre transparencia, trazabilidad de los fondos y pérdida de los recursos.

Un rastro de opacidad y millones de dólares sin reportar a la Superintendencia de Compañías rodea la gestión de Carlos Xavier Cadena Asencio en el proceso de liquidación de la compañía Zofragua S.A.

Para entender el caso, hay que retroceder. En 2001, Zofragua recibió en comodato 32 hectáreas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil por un plazo de 50 años. Pero ese contrato se canceló de forma inesperada el 23 de marzo de 2012. A partir de ahí comenzó el conflicto: la empresa demandó por daños y perjuicios y, en 2014, la Superintendencia de Compañías la declaró en liquidación por no entregar información financiera.

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Nombramiento y primeras inconsistencias

En 2019, la Superintendencia designó a Cadena Asencio como liquidador. Desde el arranque, su gestión mostró fisuras, que terminaron con su remoción del cargo en octubre de 2024.

La estructura accionaria era un enredo. Desde 2017 existía una disputa por la verdadera accionista mayoritaria: por un lado, Stock & Fund Managers Overseas INC., creada en Panamá; por otro, Stock & Fund Managers Overseas S.A., constituida en 2011 en Costa Rica.

Cuando Cadena Asencio asumió el control, no estaba claro quién era el accionista mayoritario, mientras que los accionistas minoritarios eran la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de la Construcción de Guayaquil, la Cámara de Pesquería, de la Pequeña Industria, entre otros.

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En medio de este litigio, la empresa original denunció ante la Superintendencia irregularidades, una posible suplantación y errores en el registro societario. Sin embargo, la entidad no corrigió ni revirtió las decisiones, tampoco presentó una denuncia por fraude o suplantación.

Un juicio millonario… y dinero que no aparece

En paralelo, Cadena Asencio, junto con el abogado Leonidas Plaza Verduga, impulsó el juicio civil 09801-2012-0565 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

El proceso terminó con un fallo favorable para Zofragua. Y el 1 de junio de 2019 llegó el primer pago: 4,79 millones de dólares.

Pero aquí aparece una de las primeras alertas serias: ese dinero no fue registrado en los libros contables de la compañía. Así lo señala la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías.

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La sentencia millonaria y el pago con bonos del Estado

El 11 de mayo de 2023, el Estado ecuatoriano reconoció una obligación derivada de la sentencia judicial y ordenó el pago de 12,06 millones de dólares.

Dos meses después, el 11 de julio de 2023, el liquidador remitió a la Superintendencia información desactualizada e incompleta. Entregó un “balance inicial” cortado a febrero de 2019, sin firmas y con valores en cero en activos, pasivos y patrimonio. Esto ocurrió pese a que ya existía una sentencia favorable y un monto millonario por cobrar. Aun así, esos valores no fueron reportados oportunamente.

Entre mayo y septiembre de 2023, Cadena solicitó a un juez que ordenara al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos públicos para el pago de la empresa que él liquidaba. Finalmente, el pago se concretó el 22 de diciembre de 2023, mediante una dación en pago con bonos del Estado.

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Estos bonos, de deuda interna, fueron depositados en una cuenta del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central. Tenían un plazo de seis años (con vencimiento en marzo de 2029) y una tasa de interés del 7,37 % anual. El convenio fue firmado por el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí Heredia, y por el liquidador, Carlos Cadena Asencio.

Intento de cierre y más irregularidades

Otro hecho llamativo es que Cadena Asencio solicitó, a través del abogado Xavier Estrada Perlaza, la cancelación de Zofragua S.A. por haber transcurrido siete años desde su disolución.

Esto ocurrió pese a que la empresa mantenía observaciones pendientes como la falta de contabilidad clara, una ausencia de trazabilidad de los recursos, la pérdida de recursos y el no registro de pagos millonarios. Además, durante su administración, se perdió el rastro del primer pago de 4,7 millones de dólares realizado por la Autoridad Portuaria.

Un documento que sí presentó fue un acuerdo de mediación donde Cadena Asencio reconocía que el abogado Leonidas Efraín Plaza Verduga debía cobrar 2,39 millones de dólares por servicios legales, sin adjuntar mayores respaldos documentales.

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EXPRESO solicitó la versión de Carlos Xavier Cadena Asencio sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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El hecho ocurrió la mañana del miércoles 22 de abril de 2026. Mientras participaba en la sesión del pleno número 87, de forma virtual, en su transmisión apareció brevemente un hombre con el torso desnudo.

El episodio generó reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron un incidente similar previo y cuestionaron la reiteración de este tipo de situaciones.

Como suele ocurrir, incluso legisladores de otras bancadas aprovecharon el momento para burlarse. Uno de ellos fue Andrés Castillo, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien bromeó en redes con el hecho y publicó una captura de pantalla con el hombre sin camisa.

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Otro capítulo parecido, con la transmisión de Butiñá

El 19 de diciembre del 2025, en la sesión 057, mientras los demás legisladores participaban del debate, en la ventana de Nuria Butiñá apareció un joven recostado, revisando el celular.

Entonces, inclusive un usuario de X (antes Twitter), que suele identificarse con el correísmo, Daniel Salcán, la criticó. Dijo que en la ventana de la asambleísta se conectó su hijo y comentó que apareció como si estuviera en la playa. 

En su exe lamentó que la Revolución Ciudadana decida escoger a esos cuadros por sobre otros más preparados.

Otro caso polémico de Butiñá

En 2025, la vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, buscó que el Pleno destituya a Butiñá. Alegó que un exasesor de la correísta denunció que ella supuestamente le pedía parte de su sueldo, alteró declaraciones juramentadas y que lo hostigaba permanentemente.

El 2 de octubre no hubo los votos para que el Pleno la dejara sin curul. Semanas antes en redes sociales se difundieron audios en los que supuestamente la legisladora maltrataba a sus colaboradores. Ella lo negó.

Lo que debes saber

• "Vaciamiento" patrimonial: La gestión de Carlos Cadena Asencio se caracteriza por un patrón donde empresas con activos millonarios (como los $ 4,79 millones en Zofragua o los $ 490 mil en Piacelo) terminan con balances en cero o repartos de fondos sin justificación técnica.
• Apoyo: A pesar de enfrentar denuncias por abuso de confianza y de haber sido removido por la Superintendencia de Compañías por incumplimientos graves (como operar sin planes de trabajo ni notificar a socios), ha logrado mantenerse como liquidador de varias compañías como Veranera S.A. 

Una resolución de la Superintendencia de Compañías revela, con detalle, las irregularidades en el manejo de Zofragua S.A., mientras tenía como liquidador a Carlos Cadena Asencio y donde casi 5 millones de dólares se esfumaron antes de que la empresa fuera cancelada con "patrimonio cero".

La actuación de Cadena Asencio, un contador de profesión, queda descrita, con detalle, en la resolución SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. Según la entidad de control, Cadena Asencio recibió en 2019 la gestión para la liquidación de Zofragua S.A., una empresa que logró ganar una sentencia por $ $4.793.769,42 contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

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Sin embargo, el dinero nunca llegó a las cuentas de la compañía para pagar a sus acreedores. El liquidador Cadena Asencio informó que el monto fue cobrado directamente por un procurador judicial, pero no presentó ni un solo registro contable o soporte documental del ingreso. Por el contrario, el liquidador firmó un acta de mediación reconociendo una deuda de $ 2,39 millones a favor del abogado sin presentar una justificación técnica y sin factura, por lo que dejó a la empresa en la quiebra absoluta.

El 11 de julio de 2023, Cadena Asencio empleó una maniobra contable que borró millones de Zofragua S.A. de un plumazo. Presentó un balance con saldos en cero (activos, pasivos y patrimonio) justificando que había eliminado activos y pasivos por más de $ 3,6 millones simplemente por 'no tener evidencia' de ellos. Sin embargo, no entregó ni un solo documento que explicara cómo desaparecieron esos millones que la empresa había reportado oficialmente hasta 2010.

Al final del proceso, el liquidador solicitó la cancelación de la compañía alegando que el patrimonio era de cero dólares, dejando en la indefensión a los accionistas, entre estos la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de la Construcción.

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En octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías removió a Cadena Asencio del cargo de liquidador, porque entre otras anomalías, había trabajado cinco años en la compañía sin un plan de trabajo, sin ejecutar publicaciones de llamamiento a acreedores, sin presentar documentos, etc.

Un operador en casos de alto impacto

La figura de Cadena Asencio ya no es nueva. Su nombre saltó al radar al ser nombrado liquidador de Veranera S.A., la pieza clave en la disputa por las acciones de GRANASA (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), y tras presentar una denuncia por asociación ilícita en contra de los directivos de GRANASA, a los que acusa de asociarse para perjudicarse a sí mismos.

Pero su historial como "liquidador de confianza" se extiende a otros nombres sensibles:

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Cadena ha logrado mantenerse como liquidador para diversos procesos, a pesar de la acumulación de denuncias penales. Una denuncia de marzo de 2022 es por un presunto abuso de confianza y malversación de fondos de una compañía que estaba intervenida: Piacelo S.A. 

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La denuncia revela que Cadena, en su rol de liquidador, habría convocado a una "junta extraordinaria" el 23 de noviembre de 2020 a las 08:00, sin notificar legalmente a uno de los dos socios. En esta reunión, descrita como una "junta fantasma", Cadena y otro accionista dispusieron de $ 490.896,33 provenientes de la venta de un inmueble y que se encontraban en una cuenta. Acordaron repartir el dinero sin informar ni entregar un solo dólar al segundo accionista, que además, tenía derecho al 50 % de los fondos.

Carlos Cadena Asencio también es representante de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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Los documentos judiciales de un proceso de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios.

Los afectados acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito, señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares declarados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos".

El silencio del implicado

Esta redacción solicitó, vía correo electrónico, una versión a Carlos Cadena Asencio para contrastar los hallazgos de la Superintendencia y sus antecedentes judiciales por abuso de confianza. Hasta el cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta. La pregunta que queda en el aire para los organismos de control es simple: ¿Quién supervisa a los liquidadores?

Correa arremete contra Aguiñaga 

• Correa denuncia que el nuevo viceprefecto responde a la administración nacional.
• El líder político amenaza con separar a las autoridades correístas que apoyaron la terna.
• Se atribuye la renuncia a presuntas intimidaciones por contratos viales de la entidad.

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, emitió un ultimátum político y administrativo tras la designación unánime de Carlos Encalada como nuevo viceprefecto del Guayas. El exmandatario rechazó el procedimiento ejecutado en el Consejo Provincial y calificó el proceso de transición como una cesión institucional de la administración local hacia el Ejecutivo central.

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Acusaciones de presión y cesión institucional

Las declaraciones surgen horas después de que Marcela Aguiñaga, en el auditorio provincial, descartara responder a los cuestionamientos previos del líder de la Revolución Ciudadana (RC5). A través de sus plataformas digitales, Correa argumentó que la renuncia y posterior cabildeo de la funcionaria saliente responderían a presiones contractuales por la concesión de la red vial a Conorte y Concegua hasta 2054, marcando una ruptura pública en la cúpula de la organización política.

Correa expuso una teoría que vincula la renuncia de la actual prefecta con un presunto escenario de coacción ejecutado desde el Gobierno Nacional. Según el exmandatario, el mecanismo de presión se centraría en auditorías o acciones legales derivadas de la concesión vial otorgada a la compañía Hidalgo & Hidalgo.

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No obstante, Correa desestimó este argumento, recordando que dicha concesión fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Bajo esta premisa, catalogó el traspaso de mando como un acto injustificable, afirmando que la Prefectura fue entregada a la administración de Daniel Noboa. En su pronunciamiento, definió a Carlos Encalada como un "alfil" del oficialismo y calificó la transición como un fraude que perjudica a la provincia.

Ultimátum a los consejeros provinciales

El conflicto trasciende la figura de Aguiñaga y abarca al bloque de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales afines a la Revolución Ciudadana. Dado que el Consejo Provincial respaldó de forma unánime la candidatura de Encalada —incluyendo los votos de las autoridades de la RC5—, Correa lanzó una advertencia directa sobre el futuro partidista de los delegados.

El exmandatario exigió la expulsión inmediata de cualquier autoridad de su bancada que haya avalado la designación con su voto, argumentando que no se permitirá la permanencia de perfiles que cedan ante presiones del poder central. "Ni un solo voto a los que se prestaron a este atraco. Seremos menos, pero seremos más", sentenció a través de su cuenta de X, anticipando una depuración en las filas de la organización territorial en Guayas.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que debes saber

• Designación unánime: El Consejo Provincial eligió a Carlos Encalada como viceprefecto; el 14 de mayo asumirá la Prefectura del Guayas tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
  
• Perfil técnico: Con trayectoria en el sector agroindustrial y gremial, Encalada se define como "apolítico" y centrará su gestión en vialidad, productividad y gestión de riesgos.
  
• Transición en marcha: El proceso administrativo inicia este 23 de abril, priorizando la presencia en territorio y el trabajo conjunto con las juntas parroquiales del sector rural.

El Consejo Provincial del Guayas designó a Carlos Encalada Villacís como nuevo viceprefecto este 22 de abril. La autoridad obtuvo el respaldo unánime de los alcaldes y representantes de las juntas parroquiales durante la sesión extraordinaria, mecanismo ejecutado para solventar la ausencia de autoridades tras la salida del exviceprefecto Carlos Serrano.

La actual titular, Marcela Aguiñaga, notificó que la transición administrativa iniciará este jueves 23 de abril. Encalada, quien registra más de dos décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, tomará las riendas definitivas de la Prefectura a partir del 14 de mayo, fecha en que se cristaliza la renuncia de Aguiñaga al organismo provincial.

Lea también| EN VIVO: Carlos Encalada es elegido como nuevo viceprefecto del Guayas

Primeras palabras de Encalada

En su primera intervención oficial desde el auditorio del Gobierno Provincial, Encalada delineó las áreas de intervención inmediata. El funcionario entrante detalló que su planificación se enfocará en el sostenimiento de las vías y la ejecución de proyectos en territorio. "La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos; hay alertas de niños y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", explicó.

Ante la consulta de EXPRESO sobre su presunta afinidad con el Gobierno Nacional y un eventual blindaje de asesoría estatal, Encalada tomó distancia de los bloques partidistas y justificó su presencia en el recinto. "Soy apolítico, vengo de una línea aparte, del gremio, del trabajo y a eso nos dictamos. Agradezco a Marcela Aguiñaga por haberme considerado en la terna", respondió.

Guayaquil

Los últimos cartuchos de Marcela Aguiñaga antes de salir de la Prefectura del Guayas

Carlos Isaac Pino

El funcionario agregó que el desarrollo de sus funciones demandará presencia en el campo para identificar los requerimientos del sector rural junto a los presidentes de las juntas parroquiales. Sobre el procedimiento normativo para conformar su propio equipo de trabajo, específicamente la terna para elegir a su respectivo reemplazo en la Viceprefectura una vez que asuma el despacho principal, indicó que el análisis del listado "tomará su tiempo".

Perfil del próximo prefecto del Guayas 

Encalada fundamenta su hoja de vida en la gestión privada y representación sectorial. Cuenta con el título en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad EARTH de Costa Rica.

En el ámbito corporativo, ejerce como Gerente de Producción en Surgesa S.A., entidad responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico. En materia gremial, lideró la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos en el periodo 2022-2026. Además, registra participación en la actual directiva del Club Sport Emelec.

Lo que debes saber

• Posible asilo: Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González solicite asilo en México, ante lo que califican como una persecución política tras su salida a Uruguay.
  
• Proceso judicial: La excandidata es investigada por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso ‘Caja Chica’, que incluyó allanamientos en enero de 2026.
  
• Contexto partidista: Mientras González cumple agenda internacional, la dirigencia de la Revolución Ciudadana confirma que el asambleísta Raúl Chávez ya se encuentra en México.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, no descartó que la excandidata presidencial Luisa González esté solicitando asilo político a México. Así lo manifestó durante una intervención en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Frente al hemiciclo de La Rotonda, donde se erige el monumento a Simón Bolívar y José de San Martín, Rivadeneira señaló que la política actualmente se encuentra en Uruguay. Además, subrayó que González cumple funciones como secretaria de Relaciones Internacionales, en el marco de una agenda delegada por su organización.

Aunque evitó profundizar en el tema al señalar que “ella en su momento sabrá decir”, Rivadeneira insistió en que la excandidata ha sido objeto de persecución política. En esa línea, reiteró que cualquier decisión sobre un eventual asilo corresponde exclusivamente a la propia González.

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Investigación de la Fiscalía

Luisa González es investigada por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en un caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este proceso ha sido denominado como el caso ‘Caja Chica’.

En ese contexto, la vivienda de la exaspirante presidencial en Quito fue allanada el 28 de enero de 2026. En el mismo operativo, también fueron intervenidos los domicilios de los políticos Andrés Arauz y Patricio Chávez.

En diversas declaraciones, Luisa González ha sostenido que la investigación que ejecuta la Fiscalía responde a una persecución política. En ese contexto, ha insistido en que el proceso carece de sustento y tiene motivaciones ajenas al ámbito judicial.

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Chávez en México

Por su parte, Gabriela Rivadeneira informó que el asambleísta Raúl Chávez se encuentra actualmente en México. Según indicó, su permanencia en ese país responde a circunstancias vinculadas al escenario político actual.