Lo que debes saber

• Guillermo Lasso desmintió pactos recientes con Rafael Correa y aclaró que su único diálogo fue en mayo de 2021. 
• El movimiento CREO ratificó su rechazo al correísmo y afirmó que jamás ha pactado ni pactará con ese sector.

El expresidente de la República, Guillermo Lasso, y la directiva de su movimiento político CREO salieron al paso este viernes para desmentir  las aseveraciones del exmandatario Rafael Correa sobre presuntos pactos y negociaciones políticas entre ambas fuerzas.

A través de un pronunciamiento oficial, Lasso precisó la línea de tiempo de los acercamientos sostenidos con Correa. Señaló que cualquier intento de presentar un diálogo como un hecho reciente carece por completo de veracidad. El exjefe de Estado detalló que la conversación a la que alude el líder de Revolución Ciudadana tuvo lugar hace más de cinco años, en mayo de 2021, en momentos en que se desempeñaba como presidente electo.

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"Rafael Correa ha mencionado una conversación conmigo. Si se refiere a ella, ocurrió en mayo de 2021, cuando yo era presidente electo. Eso fue hace más de cinco años. Desde entonces no he conversado ni con Rafael Correa ni con Jaime Nebot. Cualquier intento de presentar esa conversación como reciente es simplemente falso", aseveró Lasso.

El expresidente fue enfático en cerrar la puerta a cualquier futuro contacto político con dichos sectores: "No tengo nada que conversar con ellos. La verdad tiene fechas. Y los hechos también", sentenció.

La versión de Rafael Correa: "Pactamos por el bien de la patria"

El cruce de declaraciones se originó luego de que el expresidente Rafael Correa afirmara públicamente haber mantenido diálogos con Guillermo Lasso y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (PSC), con la supuesta intención de conformar un frente de unidad política.

Durante sus declaraciones, Correa sostuvo: "Hablamos con Jaime Nebot y hablamos con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso estaba entusiasmadísimo de la unidad. Nebot es más experimentado", asegurando además que dicho acercamiento buscaba beneficiar los intereses del país.

CREO se pronuncia: "¡Pacto con el correísmo, jamás!"

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A la aclaración del expresidente Lasso se sumó un manifiesto oficial emitido por el movimiento CREO 21, titulado: "¡Pacto con el correísmo, jamás!", en el que la agrupación política rechaza rotundamente lo que califica como "el falso relato de un supuesto pacto".

En el documento, CREO argumenta que su trayectoria responde a la defensa de la institucionalidad y la democracia:

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El comunicado de CREO concluye reiterando la postura oficial de la tienda política: "Con el correísmo no hubo pacto. No lo hay. Y no lo habrá".

Lo que debes saber

• La reforma al COOTAD exige un ajuste financiero en la Prefectura de Pichincha desde junio.
• El proceso implica la supresión de 125 puestos de trabajo entre funcionarios, servidores y obreros.
• Se destinarán 4 millones de dólares para el pago inmediato de indemnizaciones y derechos laborales.

La Prefectura de Pichincha inició un proceso de reestructuración institucional que contempla la eliminación de cargos, tras la entrada en vigencia de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobadas por la Asamblea Nacional. La medida responde al cumplimiento de la Regla de Asignación Mínima Prioritaria, cuya evaluación arrancó el 1 de junio y obliga a realizar un ajuste financiero en la entidad provincial.

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Ajuste financiero y cambios en el COOTAD

La aplicación de las reformas normativas —impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la mayoría legislativa de ADN— exige que todos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales adopten nuevos parámetros financieros.

A pesar de que la Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra dichas reformas, el organismo no concedió la suspensión de sus efectos. Debido a esto, la normativa se mantiene vigente y es de cumplimiento obligatorio para los gobiernos locales.

Eliminación de direcciones y salidas de personal

Como parte de la reorganización de su estructura orgánica, la institución procederá a la eliminación y fusión de direcciones y coordinaciones, además de la supresión de partidas presupuestarias.

El plan de recorte comprende los siguientes rubros de personal:

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Fondos asignados para liquidaciones laborales

Para cumplir con las obligaciones legales derivadas de las desvinculaciones, se fijó un presupuesto de 4 millones de dólares destinados a cubrir derechos laborales y las prestaciones que corresponden según la ley.

Según lo estipulado para este proceso, los montos se cancelarán de manera inmediata a los trabajadores afectados, conforme a la normativa legal vigente.

Lo que debes saber

• Noboa descartó consultar cambios al Cpccs en elecciones seccionales de noviembre de 2026.
• El Presidente busca impulsar otros referéndums tras excluir la reforma al Cpccs.
• La propuesta para cambiar designaciones del Cpccs queda fuera del calendario electoral.

El presidente Daniel Noboa confirmó que no incluirá en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026 una consulta para reformar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una propuesta que buscaba retirar a ese organismo la facultad de designar autoridades de control y transferir esa competencia a la Asamblea Nacional.

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La decisión representa un cambio respecto a una de las reformas institucionales que había sido planteada dentro del debate político sobre el futuro del Cpccs, entidad que desde su creación ha estado en el centro de cuestionamientos relacionados con el mecanismo de designación de autoridades estatales.

Durante una entrevista radial, Noboa explicó que, aunque considera necesaria una modificación a las funciones del organismo, esa iniciativa no formará parte de la jornada electoral seccional de este año.

Gobierno prioriza otras propuestas para un eventual referéndum

En lugar de impulsar cambios al Cpccs en los próximos comicios, el mandatario señaló que le gustaría promover otras preguntas mediante un referéndum. Entre ellas mencionó la eliminación de la condición de grupo de atención prioritaria para las personas privadas de libertad (PPL), establecida en la Constitución de 2008.

Asimismo, reiteró su intención de plantear la aplicación de la castración química para personas condenadas por violación de menores de edad, una propuesta que ha generado debate en distintos sectores políticos y jurídicos del país.

Según Noboa, estas iniciativas responden a demandas ciudadanas relacionadas con seguridad y protección de la niñez. El presidente sostuvo además que varias de sus propuestas no han avanzado debido a lo que considera obstáculos provenientes de la oposición política y de la Corte Constitucional.

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La reforma al Cpccs queda fuera del calendario electoral

Con esta decisión, la reforma sobre las facultades del Cpccs queda fuera de la agenda de consultas vinculadas a las elecciones seccionales de noviembre. La propuesta apuntaba a modificar uno de los principales roles del organismo: la designación de autoridades de control del Estado.

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Pese a ello, el jefe de Estado aseguró que continuará impulsando cambios constitucionales y legales que considera prioritarios para su administración, aunque no precisó una fecha para la eventual presentación de nuevas iniciativas de consulta popular o referéndum.

La definición del Ejecutivo mantiene abierto el debate sobre el futuro del Cpccs y sobre los mecanismos de designación de autoridades de control, un tema que ha generado posiciones divididas dentro del sistema político ecuatoriano durante los últimos años

Lo que debes saber

• 31 de julio: Asamblea rechazó pedido de Liliana Durán para desclasificar expedientes electorales.
• Pleno negó en Quito debatir documentos de Fiscalía y TCE sobre organizaciones políticas.
• Con 79 votos en contra, la Asamblea mantuvo la agenda original de la sesión 112.

La asambleísta nacional Liliana Durán presentó una propuesta para incorporar un nuevo punto en la sesión 112 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el objetivo de debatir una resolución relacionada con la desclasificación parcial de información vinculada a expedientes fiscales y electorales.

La iniciativa planteaba conocer, para fines de fiscalización y control político, documentos relacionados con actuaciones de la Fiscalía General del Estado dentro de causas tramitadas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), incluyendo oficios, notificaciones, acciones de personal e informes que sustentaron determinados pedidos institucionales.

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Durán argumentó que la Asamblea debe ejercer sus facultades de fiscalización

Durante su intervención en el Pleno, la legisladora sostuvo que el Parlamento debe ejercer sus atribuciones constitucionales de fiscalización frente a actuaciones que, según afirmó, tuvieron efectos sobre la participación electoral de determinadas organizaciones políticas.

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Tras el debate, el presidente de la sesión dispuso la votación de la propuesta. El cambio del orden del día obtuvo 56 votos afirmativos, 79 negativos, cero votos en blanco y cuatro abstenciones, por lo que no consiguió los 77 votos requeridos para su aprobación.

El Pleno mantuvo la agenda original de la sesión

Al no prosperar la moción, la Asamblea Nacional continuó con los puntos previstos en la convocatoria, entre ellos el conocimiento y resolución del informe relacionado con la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz.

La normativa electoral contempla la suspensión o cancelación de organizaciones políticas por incumplimientos establecidos en la ley. Estos procedimientos son sustanciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que el Tribunal Contencioso Electoral conoce las impugnaciones y recursos que se presenten frente a esas decisiones.

Lo que debes saber

• La medida entró en vigor de forma inmediata.
• El ajuste se sustenta en un informe técnico de la ANT.
• Las declaraciones de 2025 volvieron a circular en redes sociales.

Los videos de declaraciones del ministro de Transporte y Tecnología, Roberto Luque, volvieron a viralizarse en la red social X tras el incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial. Usuarios difundieron sus intervenciones de septiembre de 2025 para señalar que el alza contradice el compromiso que entonces asumió públicamente.

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Así quedó el nuevo cuadro tarifario

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó el nuevo cuadro tarifario mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026. Con la medida, los nuevos valores entrarán en vigor el 1 de agosto, en las boleterías de las terminales terrestres del país, elevando, por ejemplo, el pasaje Guayaquil-Quito de $ 11,73 a $ 14,66 y el de Guayaquil-Cuenca de $ 9,20 a $ 11,50.

La resolución señala que el incremento responde a la aplicación del Factor de Ajuste Tarifario (FAT). Además, la Dirección de Estudios y Proyectos de la ANT concluyó que no existen diferencias técnicas en la estructura de costos entre las rutas interprovinciales e intraprovinciales, por lo que se dispuso un aumento uniforme del 25 %.

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La promesa de 2025 que volvió a circular

Las publicaciones que circulan en redes recuperan la cadena nacional del 12 de septiembre de 2025, cuando el Gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel. En esa intervención, Luque afirmó: "Ecuatorianos, el pasaje no subirá ni un solo centavo", pese a que el precio del galón del combustible aumentó de $ 1,80 a $ 2,80 esa misma noche.

En esa comparecencia también participaron la entonces ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, el entonces ministro de Agricultura, Danilo Palacios, y Harold Burbano, quien actualmente ocupa el Ministerio de Trabajo. El anuncio buscaba explicar las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo tras el retiro del subsidio al diésel.

Otro de los videos compartidos corresponde a una entrevista concedida por Luque a Teleamazonas después de ese anuncio. En esa ocasión, el ministro reiteró que "lo importante y el mensaje principal es que la tarifa del pasaje no va a subir", una declaración que volvió a ser difundida por usuarios luego de la entrada en vigor del nuevo esquema tarifario aprobado por la ANT.

Lo que debes saber

• José Merino Abad asume como vocal principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
• Su llegada se da por sucesión legal tras la renuncia irrevocable de Diana Atamaint.
• El CPCCS avaló el proceso basado en el informe jurídico y el orden de prelación.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) principalizó este 31 de julio de 2026 a José Merino Abad como vocal principal del Consejo Nacional Electoral (CNE). La decisión se tomó tras la renuncia irrevocable de la expresidenta del organismo, Diana Atamaint, quien ejercía el cargo desde 2018. El proceso se dio en el Pleno del CPCCS en Quito mediante una sucesión legal por orden de prelación.

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CPCCS avala la principalización de José Merino Abad en el CNE

El CPCCS procedió con la principalización de José Merino Abad tras conocer un informe jurídico oficial. En dicho documento se verificó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente competente para la resolución y que el ciudadano es a quien le corresponde asumir la dignidad, según el orden de prelación establecido en la normativa vigente.

Sucesión legal y continuidad institucional

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, sostuvo que la resolución respecto a José Merino Abad no constituye una nueva designación de un vocal, sino la sucesión legal de un vocal suplente. Asimismo, la autoridad señaló los objetivos clave de este paso institucional:

Salida de Diana Atamaint y perfil de José Merino Abad

José Merino Abad se principaliza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que Diana Atamaint, expresidenta del órgano electoral, presentara su renuncia irrevocable al cargo de vocal. Diana Atamaint permaneció de forma continua en el CNE desde 2018.

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Antecedentes y actuaciones del nuevo vocal

Dentro de su trayectoria y actuaciones en el marco del organismo electoral destacan los siguientes puntos:

Lo que debes saber

• Noboa respondió a Hurtado en Radio Platinum y negó persecución política en Ecuador.
• Presidente afirmó que combate redes criminales infiltradas en instituciones públicas del país.
• Presidente afirmó que combate redes criminales infiltradas en instituciones públicas del país.

El presidente Daniel Noboa rechazó las críticas que en las últimas semanas han surgido desde distintos sectores políticos sobre un supuesto deterioro de la democracia en Ecuador y aseguró que las acciones de su Gobierno están dirigidas a combatir estructuras criminales infiltradas en instituciones públicas, no a perseguir adversarios políticos.

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Durante una entrevista en Radio Platinum, el mandatario respondió a cuestionamientos formulados por actores políticos y figuras públicas, entre ellas el expresidente Osvaldo Hurtado, quien ha expresado preocupaciones sobre la situación institucional del país.

Noboa sostuvo que las acusaciones de autoritarismo forman parte de una narrativa impulsada por sectores opositores que, según dijo, han cambiado de eje de crítica ante los resultados obtenidos por el Gobierno en áreas como seguridad, economía y energía. “Ahora la última es que atacamos contra la democracia y en tres meses capaz salen con un nuevo cuento”, afirmó.

Gobierno niega persecución a opositores

En su intervención, el Presidente rechazó que las investigaciones y acciones emprendidas por el Estado contra funcionarios o actores políticos tengan motivaciones electorales. “Nosotros no seguimos a competidores. Nosotros les hemos ganado en las urnas una y otra vez”, señaló.

Noboa afirmó que el objetivo de su administración es combatir redes criminales que, según sostiene, se han infiltrado en distintos niveles del Estado y de los gobiernos locales.

El mandatario argumentó que algunas de estas estructuras abandonaron espacios dentro del Gobierno central tras los controles impulsados por su administración y posteriormente migraron hacia municipios, prefecturas y otras entidades seccionales.

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Críticas a medios y sectores económicos

El Presidente mencionó específicamente al sistema financiero y aseguró que varias entidades registran resultados positivos pese a que parte del debate público se enfoca en escenarios económicos adversos.

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Según Noboa, la reducción de tasas corporativas y una mayor disponibilidad de crédito han contribuido a mejorar las condiciones para la actividad económica. “Hay más crédito, se está ayudando a la gente y al mismo tiempo ellos están haciendo dinero”, manifestó.

Las declaraciones se producen en medio de un intercambio de posiciones entre el Gobierno y diversos dirigentes políticos sobre el manejo de la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la situación democrática del país.

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Mientras sectores críticos han advertido sobre posibles riesgos institucionales derivados de algunas decisiones del Ejecutivo, el Gobierno sostiene que las medidas adoptadas responden a la necesidad de enfrentar organizaciones criminales que, según sus autoridades, han logrado penetrar espacios del aparato estatal durante los últimos años.

Noboa insistió en que el combate a estas estructuras requiere tiempo y que los resultados no son inmediatos, aunque defendió que el país muestra avances respecto a la situación que encontró su administración al asumir el poder.

Lo que debes saber

• Noboa afirma que Ecuador evitará nuevas barcazas durante el estiaje por mayor generación eléctrica.
• Gobierno espera que grandes consumidores reduzcan hasta 700 MW de demanda antes de diciembre.
• Embalses operan en niveles altos en Ecuador, según Noboa, tras inversiones y mantenimiento.

El presidente Daniel Noboa aseguró que el Gobierno no prevé contratar nuevas barcazas de generación eléctrica para enfrentar el próximo estiaje y sostuvo que las inversiones realizadas en mantenimiento, transmisión y generación han fortalecido la capacidad del sistema energético nacional.

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Durante una entrevista concedida a Radio Platinum, el mandatario defendió la situación actual del sector eléctrico y señaló que los niveles de los principales embalses del país, junto con las obras ejecutadas en centrales hidroeléctricas, permiten afrontar con mejores condiciones los meses de menor disponibilidad hídrica.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintos análisis de expertos habían advertido sobre posibles riesgos de déficit energético durante la temporada de estiaje. 

Según recordó el entrevistador, estimaciones oficiales anteriores apuntaban a un déficit heredado de alrededor de 800 megavatios (MW) y a una brecha proyectada de entre 1.300 y 1.440 MW durante los meses de menor lluvia.

Noboa rechazó esos escenarios y afirmó que los trabajos realizados en la infraestructura eléctrica han permitido mejorar la disponibilidad de generación. "Hemos manejado bien los embalses y hemos hecho los mantenimientos adecuados", señaló.

Gobierno destaca condiciones de los embalses

El Presidente mencionó que los principales complejos hidroeléctricos mantienen niveles de operación favorables. Entre ellos citó a Mazar, Paute, Coca Codo Sinclair, Sopladora, Delsitanisagua, San Francisco y Daule Peripa.

Respecto a este último embalse, considerado el más grande del país, afirmó que su nivel actual permitiría incrementar su capacidad de generación desde los habituales 100 o 120 MW hasta aproximadamente 250 MW gracias a los trabajos de mantenimiento ejecutados.

Según Noboa, la combinación de mantenimiento preventivo y una gestión de los embalses permitió recuperar entre 500 y 600 MW frente a los "escenarios más pesimistas planteados para este año".

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Más generación privada y energía solar

El mandatario también destacó las medidas adoptadas para impulsar nuevas fuentes de generación eléctrica. Entre ellas mencionó la agilización de permisos para proyectos privados, acuerdos de suministro energético entre empresas y cambios regulatorios para facilitar inversiones en energía solar.

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En esa línea, señaló que empresas como Cox Energy tienen previsto ampliar su capacidad de generación en Ecuador con proyectos que superarían los 400 MW.

El Ejecutivo sostiene que estos desarrollos permitirán reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado y aumentar la disponibilidad de electricidad para hogares y sectores productivos.

Noboa descarta nuevas barcazas

Consultado sobre la posibilidad de contratar más generación flotante, el Presidente fue enfático en descartarla. "No, para nada", respondió.

Noboa argumentó que las actuales condiciones de generación hidroeléctrica hacen innecesaria esa alternativa y aseguró que las dos barcazas actualmente operativas permanecían apagadas debido a la disponibilidad de energía en el sistema.

Según explicó, centrales como Toachi Pilatón y el incremento de potencia en Daule Peripa permiten reemplazar una parte importante de la energía que en años anteriores requería respaldo térmico contratado mediante barcazas.

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Grandes consumidores deberán autogenerar

Otro de los temas abordados fue la obligación de autogeneración para grandes consumidores eléctricos. El Presidente ratificó que las empresas sujetas a esta disposición deberán cumplir con los compromisos establecidos para reducir la demanda sobre la red estatal.

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Indicó que, en caso de incumplimiento, podrían ser desconectadas del Sistema Nacional Interconectado para evitar afectaciones al suministro residencial.

De acuerdo con las estimaciones expuestas por Noboa, este segmento podría dejar de demandar entre 600 y 700 MW al sistema público, volumen que comparó con el aporte equivalente a varias barcazas de generación.

Posible apoyo energético desde Colombia

El Presidente también se refirió a la posibilidad de reactivar intercambios energéticos con Colombia una vez se normalicen las relaciones entre ambos gobiernos.

No obstante, señaló que la capacidad máxima de transmisión entre los dos países ronda los 380 MW y sostuvo que las mejoras implementadas dentro del sistema ecuatoriano ya compensan una parte significativa de ese potencial aporte.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca transmitir confianza sobre la capacidad del sistema eléctrico para enfrentar el estiaje, mientras continúa impulsando inversiones en generación hidroeléctrica, energía renovable y participación privada en el sector energético.

Lo que debes saber

• El CAL suspendió nueve días a una legisladora de Revolución Ciudadana por llamar "sinvergüenza" a Janina Rizzo.
• La parlamentaria presentó una acción de protección para evidenciar la aplicación de una "justicia selectiva".
• Denuncia una persecución sistemática del oficialismo contra los asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Ana María Raffo, asambleísta de Revolución Ciudadana, cuestiona la sanción de nueve días impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tras calificar como "sinvergüenza" a la legisladora de ADN, Janina Rizzo, durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria. La parlamentaria denuncia justicia selectiva, persecución a las oposiciones y un intento deliberado por amordazar el debate parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador, mientras aguarda la resolución de una acción de protección con medida cautelar.

La controversia por llamar "sinvergüenza" a una asambleísta de ADN

- El CAL la sancionó por haber llamado “sinvergüenza” a la asambleísta Janina Rizzo. ¿Considera desproporcionada dicha sanción?

La asambleísta Rizzo basa su queja en que, según la Real Academia Española (RAE), el adjetivo sinvergüenza equivale a acusar a una persona de actos delictivos. Es irónico, desproporcionado e ilegal porque la Asamblea es la institución más política, la más política del Estado ecuatoriano.

Política

¿Por qué suspendieron a la asambleísta Ana María Raffo? Detalles de la decisión del CAL

Richard Josue Jimenez Mora

- El cruce verbal nació tras una fallida comparecencia de agricultores a la Comisión de Soberanía Alimentaria. ¿Qué sucedió?

Varios productores viajaron para ser escuchados por la Comisión. Teníamos Pleno a las 16:30, pero a las 16:07 la asambleísta Rizzo, que preside la mesa, decidió suspender la sesión. Todos quedamos en shock y en ese momento expresé con firmeza que aún quedaba tiempo para escucharlos. Esa indignación de los productores me llevó a expresar que son unos sinvergüenzas. Pero sinvergüenza es no tener vergüenza. No tuvieron la vergüenza de dejar plantados a los productores.

- ¿La Comisión volvió a convocar a los agricultores?

Fueron convocados la semana pasada, en la reinstalación de la sesión, pero solo asistió uno. Luego se inventaron una nueva sesión para convocar a tres más. Ellos hacen lo que les conviene.

Acción de protección quiere evidenciar una justicia selectiva en la Asamblea

- Presentó una acción de protección con medida cautelar. Sin embargo, parece que primero cumplirá su sanción antes de que la justicia resuelva su recurso. ¿Qué hará en ese caso?

La acción de protección no fue presentada porque deseo que inmediatamente me restituyan, aunque es lo que debería suceder. El fin es demostrar que hay una justicia selectiva, que ellos (ADN) aplican el sistema sancionatorio como les conviene y de acuerdo con sus caprichos.

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- ¿Por qué?

Cuando se trató la queja en mi contra, el CAL también trató la queja contra Diana Jácome por haber dicho “aquí no se aceptan delincuentes”. Sin embargo, en su caso archivaron la queja porque no se había demostrado que la expresión haya constituido el uso de términos ofensivos, discriminatorios o que incite al odio, dirigidos de manera expresa al denunciante. Yo quería una simetría jurídica, pero resulta que a Jácome le archivaron la queja y a la asambleísta de Revolución Ciudadana la sancionaron por nueve días.

Sanciones al debate parlamentario y el posible cambio con las seccionales 2026

- ¿Se está sancionando el debate parlamentario?

Sin duda alguna. Creo que a estas alturas ya el debate parlamentario es entre ellos. Porque si hablamos de las oposiciones, ya existe un amordazamiento. Tienes que pensar una y otra vez qué vas a pronunciar porque no sabes en qué momento llega la persecución. Se está utilizando el sistema sancionatorio para amordazar, callar y perseguir.

Política

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Richard Josue Jimenez Mora

- Hay quienes dicen que el correísmo fue igual o peor cuando tenía mayoría legislativa. ¿Comparte esa justificación?

Me parece ridículo. Todo lo contrario. Sí hubo errores dentro de la Revolución, porque por supuesto que hubo errores; el problema es si se combaten esos errores.

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- Con la participación de varios asambleístas en las elecciones seccionales, ¿cree que el ambiente dentro de la Asamblea pueda cambiar?

Espero que los suplentes vengan con un mejor nivel de preparación, en lo político, académico y valores. Porque si desde mi bancada me solicitan hacer algo de lo que yo no estoy de acuerdo porque va en contra de mis valores, yo voy a tener la frontalidad de decir “no pienso hacer eso”.

Las claves que debes saber

• INEC reporta pobreza de 21,37% en 2025; margen de error cuestiona la caída anunciada por Noboa.
• Gobierno de Daniel Noboa destaca reducción 2024-2025; datos oficiales muestran amplio intervalo de confianza.
• Informe de pobreza del primer semestre de 2026 no se publica; crecen dudas sobre las cifras oficiales.

Daniel Noboa lleva un año jactándose, en casi cada entrevista que concede a sus cheerleaders (porque no da otras), de haber logrado una drástica reducción de la pobreza en el Ecuador: del 28 al 21 por ciento, dice. Del 27,99 al 21,37, para ser exactos, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. 

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Sin embargo, esa variación que parece importantísima y hablaría, en principio, de un éxito rotundo de las políticas sociales del gobierno, podría no ser más que una ilusión: el propio INEC anota, en el informe respectivo, que esos 6,62 puntos de diferencia entre un año y el siguiente son estadísticamente insignificantes porque se encuentran… ¡dentro de los márgenes de error de sus encuestas! 

Ecuador no tiene el índice de pobreza actualizado

¿Un margen de error de más de 6 puntos y medio? Pues sí. Para que todo sea perfecto (perfectamente sospechoso, en realidad) el siguiente informe semestral de medición de la pobreza, que debió aparecer por ley de la República el pasado 22 de julio, simplemente no ha sido publicado.

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¿Lo será? Ya eran bastante desconfiables los datos para que ahora, además, el gobierno decida guardárselos en un cajón.

Primero, lo más insólito: el inconcebible margen de error de las mediciones del INEC (“intervalo de confianza”, lo llaman los tecnócratas de ese organismo, especialistas en eufemismos cursis más que en otra cosa, al parecer). Estamos hablando de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENDEMU) que se publica cada mes (o debería publicarse, según la ley) de acuerdo con el calendario establecido por el Consejo Nacional de Estadísticas y Censos. 

Preside ese Consejo el ente rector de la planificación nacional, que por disposición de Daniel Noboa fue absorbido, en 2025, por la Secretaría General de la Administración Pública. En otras palabras: la persona a cargo de las estadísticas del país es José Julio Neira, el operador del gobierno para los trabajos sucios (que son los más).

Cada seis meses, es decir, de junio a diciembre, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC, además de la información sobre el mercado laboral, incluye los datos de pobreza y desigualdad. 

El “intervalo de confianza” (léase: margen de error) de esos datos varía de año en año pero ha ido creciendo de manera consistente hasta convertir la encuesta en una caricatura. 

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Casi daría lo mismo que calcularan la pobreza a ojo de buen cubero. Esto se debe a las deficiencias de la muestra con la que se realizan las encuestas. Se supone que esa muestra debería ser revisada y actualizada con cierta regularidad (lo óptimo sería hacerlo cada año) pero, en lugar de eso, el INEC ha dejado que el margen de error siga creciendo hasta volverse inmanejable.

La pobreza en el Ecuador

Veamos: en 2015, el índice de pobreza oficialmente establecido por el INEC fue de 23,28 por ciento. Esa cifra admitía las siguientes variables: un límite inferior de 22,33 por ciento y un límite superior de 24,22 por ciento. Es decir que el margen de error (“intervalo de confianza”, dicen los filáticos): era de 1,89 puntos. Lo normal. Bastante exacto, incluso. 

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En 2024, en cambio (año que sirve de referencia a Daniel Noboa para proclamar su éxito), el índice de pobreza establecido por el INEC fue, como se ha dicho, de 27,99 por ciento. Con un límite inferior de 22,18 y un límite superior de 33,81. Margen de error: ¡11.63 puntos! ¿Acaso puede servir para algo una estadística tan chapucera?

Y aquí viene lo peor: en 2025, año exitoso en la reducción de la pobreza según lleva siete meses proclamando Daniel Noboa ante el aplauso de los deleznables cheerleaders de sus propios medios, el índice oficial de la pobreza según el INEC fue de 21,37 por ciento. Pero el “intervalo de confianza” va desde un límite inferior de 17,22 a un límite superior de 25,52 (margen de error: 8,3). 

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¿Qué significa esto, en la práctica? Significa que, si bien el índice oficial es de 21,37 por ciento, la cifra real de la pobreza de 2025 puede ser cualquier número entre 17,22 y 25,52. Y como la cifra real de 2024 puede ser cualquier número comprendido entre 22,18 y 33,81, no hay que descartar que la pobreza, pese a las proclamas de Noboa y el entusiasmo de sus cheerleaders, se haya incrementado en lugar de reducido. 

O quizás se mantuvo en el mismo nivel. Son probabilidades perfectamente razonables dentro del delirante margen de error de las inservibles encuestas del INEC.

Ahora consideremos lo siguiente: ¿qué pudo haber ocurrido con las cifras de la pobreza del primer semestre de 2026 para que el gobierno haya decidido, violando la ley, no publicarlas? Es obvio que ni siquiera pudo servirse del margen de error para manipularlas, como hizo con las del segundo semestre del año anterior para vender un éxito discutible e incierto. 

De lo contrario, ya estaría el presidente en radio Centro proclamando una nueva reducción de la pobreza ante la complacencia de sus anfitriones. Ya tendríamos titulares de portada en el boletín oficial de El Universo. Ya estaría el tema en el centro del debate público previo a la campaña electoral. Pero no. Muy malas han de ser las cifras para que el gobierno haya decidido, simplemente, no publicarlas y cerrar la boca.

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Lo más preocupante es que nadie parece interesado en ocuparse de este tema. El único que ha denunciado esta omisión, hasta el momento, es la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) en su boletín oficial.

Su preocupación es comprensible, considerando que las estadísticas en general, y las estadísticas de la pobreza en particular, no son simples argumentos de campaña electoral, como parece entenderlo el gobierno, sino insumos fundamentales para la adopción de políticas públicas (cuando se las tiene). 

¿Cómo puede el gobierno de Daniel Noboa tomar decisiones fundamentales sobre la administración del bono de la pobreza, por ejemplo, o el manejo de ciertos subsidios, o el diseño de políticas de desarrollo rural, sin indicadores claros y confiables? La respuesta es fácil: no le importa.

Lo que debes saber

• Las próximas elecciones en Guayaquil se desarrollarán en un escenario de fragmentación política, donde ninguna fuerza parece conservar por sí sola la capacidad de ordenar el voto como ocurrió durante décadas.
  
• Cad una de las principales candidaturas enfrenta dificultades para consolidar una mayoría, ya sea por el desgaste político, la falta de estructura territorial o la dependencia de liderazgos ajenos.
  
• La elección definirá quién logra liderar una ciudad que ha perdido un eje político dominante y cuyo electorado se encuentra repartido entre varias fuerzas en competencia.

Durante más de treinta años, el socialcristianismo gobernaba. En 2023, el correísmo quebró esa hegemonía. Tres años después, ni el bloque que ganó ni el que perdió llegan enteros a las nuevas seccionales.

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La Revolución Ciudadana debió sustituir a Juan Pablo Molina por David Norero, cercano a Álvarez. El PSC conserva a Andrés Roche como candidatura propia, Mónica Luzárraga disputa el espacio de la izquierda, mientras que Cynthia Viteri aceptó representar a ADN.

El resultado es un sistema local en proceso de desalineamiento. La hipótesis es que Guayaquil ya no se organiza alrededor de dos bloques capaces de disciplinar el voto, sino de varias candidaturas que intentan recomponer mayorías con fragmentos del tablero anterior. Posiblemente ninguna fuerza parece conservar por sí sola la capacidad de ordenar la ciudad.

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El oficialismo se vuelve competitivo al incorporar a una exalcaldesa con alto conocimiento y trayectoria, considerando que esto reduce los costos de entrada de ADN en una plaza donde carecía de implantación histórica.

Las fortalezas y debilidades de los principales precandidatos 

Viteri parte, probablemente, con el mayor nivel del conocimiento. Pero conocimiento no equivale a adhesión. Debe trasladar hacia ADN un capital construido durante décadas dentro del socialcristianismo. Puede beneficiarse de la coordinación con el poder central, pero carga con tres desgastes: haber perdido en 2023, competir junto a un Gobierno sometido a evaluación por el solo hecho de estar en funciones y romper con la identidad partidaria que sostuvo su trayectoria. 

Con Viteri opera, además, una variable menos visible pero electoralmente relevante; la reducción de incertidumbre frente a candidaturas nuevas o con menor trayectoria ejecutiva. La hipótesis favorable es que conserva un piso amplio. La contraria, que ese capital no es completamente transferible.

Roche disputa otra dimensión. Busca recuperar el discurso de orden, gestión y autoridad de las administraciones de Febres-Cordero y Nebot, pero con una comunicación digital más rápida, confrontativa y capaz de instalar agenda, mejor que varias candidaturas del puerto principal. Ese activo modifica su perfil, pero puede producir una ilusión de competitividad si no se traduce en organización.

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El caso de Francesco Tabacchi (en el pasado) ofrece una imagen elocuente. Tuvo una campaña digital celebrada, instaló temas y parecía dominar parte de la conversación; aun así, no superó el 1% de los votos. El antecedente no permite equiparar candidaturas ni proyectar el mismo resultado sobre Roche. Pero demuestra que visibilidad, centralidad discursiva y rendimiento electoral pertenecen a niveles diferentes.

Una campaña opera en tres planos. El simbólico, donde se construyen temas y marcos interpretativos. El territorial, donde importan dirigentes, presencia física y capilaridad barrial. Y el electoral, donde se decide la movilización, la logística y el cuidado del voto. Roche debe hacer que su instalación temática descienda hacia esos niveles. Si permanece solo en el plano simbólico, puede ganar conversación sin construir mayoría.

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Luzárraga encabeza una alianza entre Unidad Popular, Pachakutik y Futuro. Es la candidatura ubicada con mayor claridad en una izquierda y centroizquierda no subordinadas a la Revolución Ciudadana. Esa posición le concede diferenciación, pero no garantiza cohesión.

Debe demostrar que la alianza expresa algo más que una suma de siglas y que existe espacio para una izquierda autónoma frente al correísmo.

Roche y Luzárraga son, probablemente, las candidaturas con mayor carga ideológica de la contienda. Esa densidad ideológica puede darles mayor coherencia narrativa y capacidad de fidelización, aunque también puede reducir su elasticidad electoral.

Norero enfrenta quizá el problema más complejo. Su candidatura parte menos de una construcción propia que de la necesidad de administrar y transferir el capital político de Aquiles Álvarez. Puede desarrollar autonomía, pero su condición inicial depende de un liderazgo 100 % ajeno.

El aquilismo tampoco parece homogéneo. Allí conviven quienes votaron por la alternancia frente al PSC, quienes se identificaron con la confrontación contra el Gobierno, quienes valoran y recuerdan la gestión municipal y quienes hoy se movilizan alrededor de la situación judicial de Álvarez (que también tiene varios matices). Norero deberá identificar qué une a esos electorados y cuánto de ese respaldo pertenece al proyecto o exclusivamente al líder.

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Guayaquil no ha dejado atrás al socialcristianismo, al correísmo, ni al aquilismo. Lo que ha perdido es un eje capaz de ordenar por sí solo a toda la ciudad.

La elección definirá quién logra liderar un Guayaquil que, por primera vez en décadas, parece no pertenecerle completamente a nadie.

Lo que debes saber

• Osvaldo Hurtado ratifica que ael Gobierno de Daniel Noboa es una "criptodictadura" y "protodictadura".
• El expresidente denuncia la concentración de poderes, falta de transparencia y presiones judiciales.
• Hurtado cuestiona el Plan Fénix, los gastos reservados y la supuesta compra de medios.

El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, ratificó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa es una “criptodictadura” durante su participación en el pódcast Politizados. Durante la entrevista, el exmandatario defendió su postura, respondió a los señalamientos de los asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y advirtió sobre un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo que, a su criterio, sigue un patrón similar al de otros regímenes autoritarios de la región.

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Osvaldo Hurtado define el concepto de "criptodictadura" y "protodictador"

Durante su intervención, Osvaldo Hurtado explicó que entiende por criptodictadura a un régimen en el que las instituciones democráticas permanecen de forma formal, pero, en la práctica, terminan subordinadas al presidente de la República.

En ese contexto, ratificó que Daniel Noboa opera como un "protodictador" y jefe de dicho sistema: un gobernante elegido mediante elecciones que conserva la Constitución y una aparente división de poderes, pero que ejerce el poder concentrando progresivamente las instituciones del Estado.

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“No exagero”, insistió el expresidente al defender los términos utilizados para describir la actual administración ecuatoriana.

Asimismo, sostuvo que la legitimidad democrática no depende únicamente del origen electoral, sino también del ejercicio del poder. Afirmó que el mandatario ha concentrado casi todos los poderes del Estado, con excepción de la Corte Constitucional. No obstante, recordó las críticas públicas del Ejecutivo contra dicho organismo, señalando que el presidente encabezó una manifestación y promovió una campaña de ataques contra los jueces constitucionales, actuaciones que calificó como impropias de una democracia consolidada.

Respuesta a los asambleístas del bancada oficialista ADN

Respecto a los pronunciamientos de los legisladores del movimiento ADN, Osvaldo Hurtado aseguró que dichos mensajes no fueron elaborados por los propios asambleístas, sino redactados directamente desde el Ejecutivo.

“Esas declaraciones fueron escritas en la Presidencia de la República”, sostuvo.

El exmandatario lanzó duras críticas contra la bancada oficialista, afirmando que varios de sus integrantes poseen “limitaciones intelectuales severas” e incapacidad para construir frases o sustentar ideas. Por ello, aclaró que no responderá directamente a los legisladores, sino que responsabiliza a Daniel Noboa, al ministro de Gobierno y a otras autoridades del Ejecutivo por lo que calificó como un ataque coordinado en su contra por ejercer su derecho a opinar.

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Principios democráticos y cuestionamientos a la independencia judicial

El expresidente señaló que el actual Gobierno no cumple con los principios fundamentales de una democracia, entre los que detalló:

Sobre la independencia judicial, manifestó que la Corte Nacional de Justicia ha atendido pedidos del Ejecutivo y cuestionó presuntos nombramientos diplomáticos otorgados a familiares de exautoridades para obtener respaldo político.

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En materia de transparencia, criticó que el presidente y sus ministros no hayan rendido cuentas sobre casos emblemáticos como Progen. Asimismo, señaló que no se puede hablar de elecciones plenamente libres mientras existan organizaciones políticas proscritas y otras, como Pachakutik, enfrenten procesos que podrían impedir su participación en futuros comicios.

“Me admira que un joven que estudió Ciencias Políticas en varias universidades de Estados Unidos se comporte como Correa, Chávez, Morales y Ortega”, comentó.

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Cuestionamientos a la estrategia de seguridad y al Plan Fénix

Al abordar la gestión en materia de seguridad, Osvaldo Hurtado cuestionó la estrategia del Ejecutivo y sostuvo que el denominado Plan Fénix nunca fue presentado públicamente y que, probablemente, jamás existió.

Comparativa de gestión y fiscalización

Presunta adquisición de medios de comunicación y ética pública

Osvaldo Hurtado instó a Daniel Noboa a pronunciarse sobre las versiones que señalan que, presuntamente, habría adquirido mediante testaferros medios de comunicación como diario El Universo, el portal La Posta y Radio Centro.

Indicó que si esa información es falsa, el presidente debe desmentirla públicamente para despejar dudas. Añadió que, más allá de una eventual prohibición constitucional, un jefe de Estado no debe controlar medios de comunicación por razones de ética pública, ya que resulta incompatible con el sistema democrático.

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Llamado a la ciudadanía y a la participación electoral

A pesar de sus críticas, el exmandatario enfatizó que en una sociedad democrática no debe prevalecer el miedo a expresar opiniones. Hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la confianza en las instituciones y a estructurar una alternativa política para los próximos comicios.

“Tengamos fe y busquemos una alternativa para las próximas elecciones presidenciales que permita derrotar a Noboa y a Correa. A los dos, porque no son presidentes democráticos”, concluyó.

Lo que debes saber

• El Pleno decidirá si el juicio político continúa o se archiva.La votación dependerá de las alianzas entre las bancadas.
• La votación dependerá de las alianzas
• Los expertos consideran poco probable un cambio de escenario.

La Asamblea Nacional definirá este viernes 31 de julio, desde las 11:00, el futuro del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano. La sesión presencial será dirigida por el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, en un escenario donde la discusión jurídica parece haber cedido espacio al cálculo político.

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Las cuentas no favorecen al correísmo

La bancada de la Revolución Ciudadana llega al Pleno con un panorama adverso. Para desestimar el informe de la Comisión de Fiscalización y evitar que el caso se archive deberá reunir 101 votos, una cifra que luce lejana frente a la actual composición de la Asamblea, mientras que al oficialismo le bastarán 77 respaldos para ratificar la recomendación de cerrar el proceso.

Ese umbral luce difícil para la principal bancada de oposición. Con aproximadamente 67 legisladores, el correísmo necesita sumar al menos diez votos adicionales de otras fuerzas políticas, un objetivo complejo por la actual correlación de fuerzas dentro de la Asamblea.

Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de las Américas y de la Universidad UTE, sostiene que el escenario es, sobre todo, una cuestión de matemáticas y negociación política. A su criterio, incluso con conversaciones entre bancadas, resulta poco probable que la Revolución Ciudadana consiga los respaldos suficientes para revertir la recomendación de la Comisión de Fiscalización.

La dificultad aumenta porque el oficialismo mantiene una posición consolidada alrededor del informe que concluyó que no existen méritos para el enjuiciamiento político. Si el Pleno acoge esa recomendación, bastará una mayoría simple de los legisladores presentes para archivar el proceso.

Para Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el desenlace dependerá mucho más de la capacidad de las bancadas para asegurar votos que de los argumentos expuestos durante la investigación. El abogado considera que, si el Gobierno conserva la mayoría que actualmente aparenta tener, Manzano será políticamente salvada.

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¿Puede repetirse el caso Mario Godoy?

La expectativa también se ha centrado en la posibilidad de una sorpresa similar a la ocurrida con el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en que las circunstancias son distintas y reducen significativamente esa posibilidad.

Alarcón recuerda que, en el caso de Godoy, la presión ejercida por la ciudadanía y el periodismo de investigación elevó el costo político de respaldarlo. En cambio, sostiene que censurar a una exministra cercana al Gobierno podría ser interpretado como una señal de debilidad del oficialismo en un contexto preelectoral.

López añade otro elemento de diferencia con ese antecedente. A su juicio, permitir que prospere el juicio político contra Manzano abriría la puerta para que otros exministros del actual Gobierno enfrenten escenarios similares, lo que haría más difícil que los aliados del Ejecutivo rompan la disciplina política.

Si la Revolución Ciudadana no alcanza los 101 votos (la mayoría absoluta), el juicio político quedará archivado y Manzano quedará liberada de responsabilidad política dentro de la Asamblea.

FE DE ERRORES

En la nota 'Inés Manzano: ¿cuántos votos necesita el correísmo para salvar el juicio político?' se han deslizado los siguientes errores:

Párrafo 3, línea 2:

Dice: «(...) aproximadamente 67 legisladores...»

Debe decir: «(...) aproximadamente 61 legisladores...»

Párrafo 10, línea 1 y 2:

Dice: «Si la Revolución Ciudadana no alcanza los 101 votos (la mayoría absoluta)...»

Dice: «(...) aproximadamente 67 legisladores...»

Debe decir: «Si la Revolución Ciudadana no alcanza los 101 votos (la mayoría calificada)...»

Lo que debes saber

• La Policía tiene orden de ubicar a Nicole Bermúdez antes de la audiencia del 2 de agosto.
• Dos penalistas explican qué ocurrirá si la testigo no comparece.

La renuncia de Nicole Bermúdez, denunciante del caso Triple A, abrió un nuevo frente de incertidumbre en el juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A pocos días de la siguiente audiencia, dos penalistas consultados por EXPRESO coinciden en que su comparecencia sigue siendo relevante, pero advierten que el proceso continuará incluso si la Policía Nacional no logra ubicarla.

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La búsqueda de la testigo

El Tribunal de Garantías Penales ordenó que Bermúdez sea localizada y trasladada mediante el uso de la fuerza pública para que rinda testimonio el próximo domingo 2 de agosto, luego de que no compareciera durante la etapa de práctica de pruebas. La disposición se emitió después de que la exfuncionaria renunciara a la Empresa Pública Municipal de Tránsito, Movilidad y Vigilancia Ciudadana de Samborondón (ATV), donde laboraba, y de que esa entidad notificara oficialmente que ya no forma parte de su personal.

Para el abogado penalista Gustavo Gaete, el escenario inmediato contempla que la Policía intente ubicar a la exfuncionaria con el apoyo de la fuerza pública, aunque ello no implica que el juicio quede suspendido si esa diligencia fracasa. Según explicó, el proceso seguirá su curso y el Tribunal deberá decidir qué valor otorga a la ausencia de una testigo que la defensa considera indispensable.

Gaete señaló que la defensa de Aquiles Álvarez insiste en escuchar a Bermúdez porque fue quien presentó la denuncia y posteriormente declaró ante la Fiscalía que había sido presionada para ampliar su versión. A su criterio, esa contradicción puede fortalecer el argumento de la defensa sobre una eventual falta de consistencia en la acusación, aunque aclaró que una sola prueba no define el desenlace del proceso, pues la sentencia dependerá de la valoración integral de todas las evidencias.

El penalista, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, expuso que existen dos caminos procesales posibles antes de la audiencia del 2 de agosto. El primero es que Bermúdez sea localizada y llevada al Tribunal para rendir su testimonio, mientras que el segundo es que no sea encontrada y los jueces deban analizar si corresponde prescindir de esa prueba para evitar prolongar indefinidamente el juicio.

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El peso que tendrá la decisión del Tribunal

Ocaña añadió que la imposibilidad de ubicar a la exfuncionaria sí tendría efectos para las partes procesales que solicitaron su comparecencia, porque dejarían de contar con un testimonio que consideran necesario para sustentar su estrategia. No obstante, recordó que la legislación procesal impide reemplazar el testimonio oral con versiones escritas rendidas durante la investigación, por lo que, de mantenerse la ausencia, el Tribunal deberá continuar con el juzgamiento utilizando las demás pruebas incorporadas al expediente.

Ambos juristas coinciden en que la ausencia de Bermúdez no provocará el colapso del caso Triple A, pero discrepan de quienes minimizan su importancia. Mientras Gaete sostiene que el Tribunal deberá ponderar si la falta de la denunciante afecta la solidez de la acusación, Ocaña considera que la justicia no puede permanecer indefinidamente a la espera de un testigo y que, de ser necesario, el juicio deberá avanzar con los elementos de convicción disponibles.

No obstante, ambos penalistas sostienen que la ausencia de Nicole Bermúdez también debería preocupar a la Fiscalía, al tratarse de la persona que presentó la denuncia que dio origen al caso. Gaete afirmó que, en condiciones normales, el denunciante suele ser el primer testigo de cargo en un juicio y que la institución acusadora debería tener interés en que aclare las contradicciones surgidas durante la investigación, mientras que Ocaña considera que su comparecencia permitiría despejar las dudas planteadas por la defensa sobre la consistencia de la acusación.

Para Gaete, la incomparecencia de Bermúdez también envía un mensaje que el Tribunal deberá interpretar al momento de valorar la prueba. El abogado sostiene que la ausencia de quien originó la denuncia y cuya declaración es considerada un testimonio principal puede ser entendida como la falta de un elemento de cargo relevante o, por el contrario, concluir que el resto de las pruebas son suficientes para sustentar una decisión, una valoración que quedará exclusivamente en manos de los jueces.

Lo que debes saber

• Cinco años después del fallo, mecheros petroleros siguen operando en la Amazonía ecuatoriana.
• Petroecuador reportó eliminación de 183 mecheros, pero la sentencia fija metas hasta 2030. 
• Comunidades de Sucumbíos y Orellana exigen cumplir el fallo por salud y ambiente.

El 29 de julio se cumplieron cinco años desde que un grupo de niñas y adolescentes de Sucumbíos y Orellana impulsó una acción judicial que terminó convirtiéndose en uno de los fallos ambientales más emblemáticos del Ecuador. 

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Aunque la sentencia ordenó la eliminación progresiva de los mecheros petroleros en la Amazonía, organizaciones sociales y ambientales sostienen que el cumplimiento sigue siendo parcial y que cientos de estas instalaciones continúan operando.

La decisión judicial fue emitida por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en enero de 2021. El tribunal determinó que la quema de gas en los mecheros vulneraba derechos relacionados con la salud, el ambiente sano y la naturaleza, y ordenó la eliminación progresiva de estas estructuras, priorizando aquellas ubicadas cerca de centros poblados.

¿Qué son los mecheros?

Los mecheros son instalaciones utilizadas por la industria petrolera para quemar el gas asociado a la extracción de crudo. En la Amazonía ecuatoriana se concentran principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde históricamente ha estado la mayor actividad hidrocarburífera del país.

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Según reportes, en la Amazonía existían 486 mecheros hasta 2023. La sentencia estableció que aquellos ubicados cerca de centros poblados debían eliminarse en un plazo de 18 meses, mientras que el retiro total deberá completarse hasta 2030.

Sin embargo, el avance del proceso ha sido motivo de controversia. Organizaciones de comunidades amazónicas, así como colectivos ambientales, han cuestionado los criterios utilizados por las autoridades para determinar qué mecheros están próximos a zonas habitadas. Según estas agrupaciones, la aplicación de parámetros restrictivos habría reducido significativamente el número de instalaciones consideradas prioritarias para su eliminación.

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¿Cuántos mecheros han sido eliminados?

De acuerdo con organizaciones internacionales, Petroecuador reportó en julio de 2026 la eliminación de 183 mecheros y anunció una inversión de $600 millones para continuar con el proceso. 

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La misma organización señaló que todavía permanecen en operación centenares de estructuras y que el cumplimiento integral de la sentencia sigue pendiente.

Los cuestionamientos también se centran en el impacto ambiental y sanitario. Las demandantes sostuvieron desde el inicio del proceso que la quema constante de gas afecta la calidad del aire, el acceso al agua y las condiciones de salud de las poblaciones cercanas a los campos petroleros. Estas preocupaciones fueron recogidas en la sentencia que dio paso a las medidas de reparación ordenadas por la justicia.

En 2024, organizaciones indicaron que Ecuador aún no había cumplido plenamente con la resolución judicial y advirtió sobre la permanencia de mecheros en áreas cercanas a comunidades amazónicas.

A cinco años de la sentencia, el debate continúa entre los avances reportados por las empresas operadoras. Mientras tanto, el plazo definitivo establecido por la justicia ecuatoriana para erradicar estas instalaciones se mantiene fijado para 2030

Política

Museo Nacional de Ecuador: por qué el diseño ganador del MuNa sigue en discusión

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Así responde el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado internacional del concurso del Museo Nacional del Ecuador (MUNA), a Roberto Luque, ministro de Transporte e Infraestructura. 

El 26 de julio de 2026, Luque publicó en El Universo una reflexión en torno a la polémica generada por la fase adicional incorporada por el Gobierno al proceso.

En su artículo, el ministro citó el caso del concurso para el Museo de Arquitectura y Diseño de Finlandia, donde los proyectos finalistas fueron expuestos al público, se organizaron talleres con usuarios y se recogieron aportes ciudadanos antes del fallo. 

Según sus organizadores, en inversiones públicas de gran escala la participación fortalece tanto la calidad del proyecto como su legitimidad social. No se sustituye la experticia, argumenta Luque, sino que se la complementa.

Participación ciudadana versus técnica

Zaera-Polo discrepa de esa interpretación. “La participación ciudadana jamás puede situarse por encima de la funcionalidad técnica, pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en el concurso del MUNA”, sostiene. 

Política

Lo mejor que puede ocurrir es que el Museo Nacional de Ecuador no se construya

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En su opinión, el problema no fue un conflicto entre ciudadanía y expertos, sino una intervención de la administración dentro del propio proceso. 

“Es una lástima que esos argumentos no se plantearan en el seno del jurado, donde el ministro actuaba como delegado técnico del presidente, en lugar de intentar alterar el orden de las propuestas sin una explicación técnica”, añade.

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El arquitecto sostiene que los miembros del jurado se negaron a aceptar imposiciones externas y que, ante ello, “la única salida fue dinamitar el proceso desde arriba”.

Sobre el proyecto ganador, dice Zaera Polo:

Pero lo más desolador, dice el arquitecto, no es siquiera ese jurado: son quienes accedieron a comparecer ante él. "Tres premios Pritzker —la distinción más alta que concede esta profesión— se prestaron al juego y fueron a postrarse a los pies de aquel tribunal comercial, tras haber sido descartados".

Sobre las torres que se construirán detrás del museo, el arquitecto dice: "No se trata de proteger al museo de las vistas desde las torres, sino de cerrar la vista al sur desde el parque de La Carolina con un objeto a la escala del parque, en vez de dejar que sean las torres comerciales de 25 a 35 plantas las que ocupen el centro de esa vista con el museo sirviéndoles de zócalo".

Lo que debes saber

• Osvaldo Hurtado calificó a legisladores de ADN como "analfabetos funcionales" al servicio del Gobierno.
• El expresidente afirmó que los ataques del oficialismo provienen del despacho en el Palacio de Carondelet.
• Cuestionó la proscripción de partidos antes de las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, calificó como "semi analfabetos" y "analfabetos funcionales" a los asambleístas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) durante una entrevista en el pódcast Politizados. Hurtado respondió este 30 de julio de 2026 a las críticas vertidas en su contra por denominar "criptodictadura" a la administración del mandatario Daniel Noboa, asegurando que los ataques de la bancada legislativa son coordinados directamente desde el Palacio de Carondelet en respuesta a sus opiniones sobre la democracia ecuatoriana.

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Osvaldo Hurtado califica de "analfabetos funcionales" a legisladores de ADN

Tras tildar de "criptodictadura" al régimen del presidente Daniel Noboa, el exmandatario ecuatoriano señaló que la dura reacción parlamentaria en su contra proviene directamente de la sede de Gobierno.

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"Muchos de los asambleístas del noboísmo tienen limitaciones intelectuales severas. Son incapaces de construir una frase con todos los ingredientes (sustantivo, verbo, predicado y complementos), de sustentar una idea. Son semi analfabetos, analfabetos funcionales. Es el Gobierno el que asumió eso", afirmó Osvaldo Hurtado en el pódcast Politizados.

Asimismo, Hurtado sostuvo que sus cuestionamientos no se dirigen a los legisladores oficialistas, sino a las altas autoridades del Ejecutivo que deberían responder por los ataques en su contra:

A criterio del expresidente, dichas autoridades deben "responsabilizarse de ese ataque coordinado a un expresidente que ejerce su derecho de expresar su opinión con la democracia ecuatoriana".

La versión completa de estas declaraciones se emitirá en la edición del pódcast Politizados de este viernes 31 de julio de 2026, a las 07:00.

Críticas al Gobierno de Daniel Noboa y señalamientos de autoritarismo

Las tensiones se incrementaron desde el 27 de julio de 2026, cuando en una entrevista para Teleamazonas, Osvaldo Hurtado acusó a la administración de Daniel Noboa de reproducir prácticas del expresidente Rafael Correa, concentrar poder y debilitar la institucionalidad del Estado.

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"¿Cómo es que se llama a un presidente que no respeta la división del poder, la independencia de la justicia, las elecciones libres y las libertades públicas? (...) Un criptodictador, un autoritario, un autócrata camino de convertirse en un dictador", aseveró el exmandatario.

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Cuestionamientos al proceso electoral

Hurtado cuestionó además la proscripción de organizaciones políticas de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026, comparando la coyuntura actual con gobiernos anteriores:

La respuesta de la bancada de ADN y de Andrés Guschmer

Las aseveraciones de Hurtado generaron un rechazo inmediato en la bancada oficialista de ADN. Entre las figuras que respondieron se encuentra el asambleísta y precandidato a la Prefectura del Guayas, Andrés Guschmer, quien tildó de "graves" e "infundadas" las palabras del exjefe de Estado.

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La dura respuesta de Andrés Guschmer a las críticas del expresidente Osvaldo Hurtado

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"Me he quedado sorprendido de cómo, con su experiencia, ha lanzado, sin prueba alguna, acusaciones y descalificaciones tan graves hacia el presidente Daniel Noboa. Sin duda puede discrepar con el Gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma", argumentó Guschmer.

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Según Nájera, ella habría solicitado a Cabrera que las autoridades de las juntas provinciales del CNE sean designadas con los mejores perfiles y que sean escogidos entre los miembros de cada junta provincial, "sin nombres establecidos de antemano, acuerdos o presiones". 

La consejera emitió ese mensaje para responder a unas declaraciones de Cabrera, quien dijo días atrás que la designación de los integrantes de esas juntas la hicieron los mismos vocales, quienes entregaron 25 nombres para esas dependencias. 

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Sin embargo, Nájera mencionó que "el debate no es sobre los vocales" e insistió en que si bien esos funcionarios son delegados por los miembros del organismo, "no les da derecho a definir quién preside la junta de esa provincia. Las provincias no son cuotas personales", agregó.

La consejera asegura que habría solicitado a Cabrera que esas autoridades en cada provincia sean designadas con los "perfiles más preparados para ejercerlas, por experiencia, capacidad, idoneidad, probidad y méritos de cada vocal, no sujeto al título de propiedad" de los integrantes del CNE. En ese sentido, admitió que aunque dio su voto al nuevo titular, fue "para un cambio".

Nájera denuncia un posible "reparto" en las juntas

La reacción de Nájera ocurre después de que el presidente Cabrera trató de desvirtuar un cuestionamiento anterior de la misma vocal en el inicio de semana, en donde ella denunció que el "reparto continúa" en el CNE, junto a un listado del número de provincias en las que cada integrante tendrá un delegado.

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Revocatoria de Daniel Noboa: ¿Por qué el CNE rechazó el segundo pedido y qué opciones quedan?

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"Tras bastidores se distribuyeron presidencias de Juntas Provinciales Electorales; mi nombre aparece entre ellas. No seré parte de esta práctica. Pedí al Presidente del CNE meritocracia; no fue acogido", indicó en ese entonces.

La denuncia trascendió una vez que el Pleno del CNE rechazó el pasado sábado las impugnaciones en contra de los vocales de las Juntas Provinciales Electorales de Los Ríos y Loja, una de las actividades previstas para avanzar en la organización de las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• Paulo Salas es el nuevo secretario del Municipio de Guayaquil tras la renuncia de Jaime Tejada
• Uno de los concejales señaló que el hecho de que la administración municipal haya tenido cuatro secretarios refleja que "algo no ha funcionado como debería".

El Municipio de Guayaquil ya tiene un nuevo secretario. Este jueves 30 de julio se confirmó la designación de Paulo Salas, quien asumirá oficialmente el cargo luego de la renuncia de Jaime Tejada.

La designación se concretó luego de que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, remitiera una terna para la elección del nuevo secretario municipal. Además de Salas, los postulantes fueron Allan Farfán y María Belén Guerrero.

Paulo Salas ya se desempeñaba como secretario encargado y ejercía funciones como asesor de la Secretaría Municipal, por lo que su nombramiento representa la continuidad de la gestión administrativa de esa dependencia.

¿Quién es Paulo Salas?

De acuerdo con su hoja de vida, Paulo Salas es abogado y posee una maestría en Derecho Penal Económico.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en instituciones públicas. Entre ellos, fue asesor 5 de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez).

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Asimismo, trabajó en la Contraloría General del Estado, donde desempeñó funciones como auditor. También registra experiencia como abogado litigante en materia penal y como analista jurídico.

Su perfil combina experiencia en el ámbito jurídico, de control gubernamental y de asesoría institucional.

Fue el concejal Arturo Escala quien mocionó su nombre y propuso su nombre al Cuerpo Edilicio. 

Designación tras la salida de Jaime Tejada

La designación de Paulo Salas ocurre después de la renuncia de Jaime Tejada al cargo de secretario del Municipio de Guayaquil, una decisión que abrió el proceso para la selección de su reemplazo.

Con esta elección, la administración municipal oficializa al funcionario que hasta ahora se encontraba al frente de la Secretaría de manera encargada.

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Ana Chóez: "Cuatro secretarios en una administración"

Durante la sesión, la concejala Ana Chóez, hoy independiente, señaló que el hecho de que la administración municipal haya tenido cuatro secretarios refleja que "algo no ha funcionado como debería". 

No obstante, destacó la decisión de presentar la hoja de vida del candidato y anunció su respaldo a la designación. "Valoro mucho que se haya puesto la hoja de vida y anuncio que votaré a favor", manifestó.

Las claves del caso

• El Pleno de la Judicatura suspendió tres meses sin sueldo a la exministra Ivonne Núñez.
• La sanción se debe a un error judicial al resolver un litigio contractual mediante una acción de protección.
• La Corte Constitucional determinó que la sentencia vició la garantía jurisdiccional de la norma.

El Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses sin derecho a remuneración a la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en su calidad de jueza de la Corte Provincial del Guayas, y al juez Francisco Morales Garcés. La medida fue resuelta durante la sesión extraordinaria del 29 de julio de 2026, tras determinarse que ambos magistrados cometieron un error judicial al desnaturalizar una acción de protección tramitada contra la empresa pública EP Correos del Ecuador en 2021.

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Sanción del Pleno del Consejo de la Judicatura a jueces del Guayas

La decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura impone una suspensión de 90 días para los juristas, tiempo en el cual no percibirán su sueldo. Los motivos clave del proceso administrativo incluyen:

Origen del caso: litigio entre Halcotransa y EP Correos del Ecuador

El proceso legal que originó la sanción administrativa se remonta al año 2021 y se desarrolló bajo las siguientes etapas:

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Fallo de la Corte Constitucional y postura de Jhoel Escudero

Ante la resolución ratificada por el tribunal provincial, EP Correos del Ecuador presentó una acción extraordinaria de protección que llegó a la Corte Constitucional. El presidente del organismo constitucional, Jhoel Escudero, analizó el recurso y dejó en evidencia la falla incurrida en la resolución:

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"La actuación de los jueces es inaceptable e incontestable. La actuación de los jueces es incontestable porque es evidente que las autoridades judiciales están obligadas a analizar, como primer deber, la procedencia de las pretensiones y rechazar la demanda por improcedente cuando estas no se corresponden con el objeto y finalidad de la acción de protección, y no lo hicieron", precisó el juez Jhoel Escudero en el texto del fallo.

La resolución del máximo órgano de control constitucional determinó la existencia de un error judicial por parte de Ivonne Núñez y Francisco Morales Garcés en la aplicación de las normas que rigen las acciones de protección.