Copa Mundial de Fútbol

Daniel Noboa fue testigo de la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil

Richard Josue Jimenez Mora

El pasado 10 de junio de 2026, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 418. En él se declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompañaría al mandatario en su viaje oficial a Estados Unidos. Con ello se anunció un nuevo periplo internacional del jefe de Estado.

La agenda presidencial fue motivo de controversia durante el último fin de semana. Del viaje de Noboa, hasta antes de su aparición en el partido de la selección ecuatoriana, no se conocían mayores detalles. 

De hecho, fue después de que apareciera en la transmisión cuando la Cancillería publicó la agenda prevista para este lunes 15 de junio de 2026.

Sin especificar horarios ni lugares, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que estaban previstos dos encuentros. El primero con Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La segunda reunión del día estaba programada con Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, la entidad no aclaró el alcance de los encuentros ni los temas específicos que serían abordados.

El partido Ecuador-Costa de Marfil

Tras la aparición de Noboa, una de las preguntas que surgió fue quién era la mujer que apareció junto al mandatario ecuatoriano en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia. En redes sociales se originó un cruce de opiniones respecto a quién era. Así, usuarios de la red social X se pronunciaron en el sentido de que se trataría de María Soledad Peña Plaza.

Según el perfil de Instagram de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, ella era hasta el pasado 15 de mayo la encargada de Negocios A. I. de Ecuador en ese país. 

En la publicación más reciente de esa representación diplomática se informa sobre una reunión con la congresista Carol Miller, presidenta del Caucus de Amistad con Ecuador.

También se registró un encuentro con el congresista Carlos Giménez, miembro de los comités de Seguridad Nacional y de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. A ambos políticos estadounidenses, Peña les entregó una camiseta de Ecuador.

Entre los temas tratados, según la publicación de la Embajada ecuatoriana, estuvieron la relación bilateral entre ambos países y la cooperación en materia de seguridad.

Bajo ese contexto, Gabriela Rivadeneira, presidenta nacional de la organización política, afirmó la noche del 14 de junio que el candidato al que apoyarán para la Alcaldía de Guayaquil es Aquiles Álvarez. El actual funcionario se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones por los casos Goleada y Triple A.

"Vamos a ver el desenlace de esto", señaló Rivadeneira, quien además cuestionó la estrategia del oficialismo al asegurar que Acción Democrática Nacional (ADN) tuvo que recurrir a la figura de Niels Olsen para intentar mitigar los errores del Gobierno en Guayaquil.

Política

CNE entrega credenciales a los vocales electos de Shuar Pastaza

Flor Layedra Torres

Nuevas precandidaturas en el escenario local

El anuncio de la dirigente nacional se dio luego de que el asambleísta Alejandro Vanegas hiciera pública su intención de participar en las elecciones primarias de la Revolución Ciudadana como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, una postulación impulsada por diversos colectivos ciudadanos afines a dicha tendencia política.

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El calendario del CNE y la situación del partido

De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos para la elección de sus precandidatos comenzarán este 18 de junio.

La Revolución Ciudadana prevé utilizar esa misma fecha para realizar la presentación oficial de la organización política que prestará su nombre, número y casillero electoral para la participación del correísmo en los comicios seccionales. Esto debido a que la RC se encuentra suspendida por nueve meses desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga a varios de sus dirigentes por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el caso Caja Chica.

Definición de cuadros para las seccionales

El próximo jueves 18 de junio también se proyecta la difusión de los nombres de los precandidatos para las diferentes alcaldías y prefecturas del país. Rivadeneira adelantó que la organización mantendrá la expectativa durante las próximas jornadas, asegurando a su militancia que se revelarán nuevos detalles sobre las postulaciones.

Lo que debes saber

• Shuar Pastaza culminó su primer proceso electoral local.
• ADN obtuvo la mayoría de vocalías en la junta parroquial.
• Las nuevas autoridades ya están habilitadas para asumir funciones.

Las autoridades electas de la parroquia rural Shuar Pastaza recibieron este 15 de junio sus credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso que formaliza los resultados de los comicios realizados el pasado 17 de mayo. La ceremonia fue organizada por la Delegación Provincial Electoral de Pastaza, tras concluir el proceso que marcó la primera elección local en esta jurisdicción amazónica.

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ADN gana las primeras elecciones locales en la parroquia Shuar Pastaza

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Primeras autoridades para la nueva parroquia amazónica

La entrega de credenciales se concretó un mes después de una jornada electoral inédita para la parroquia, en la que participaron organizaciones políticas nacionales y movimientos locales. En esos comicios, la lista del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) obtuvo la mayoría de vocalías, consolidando una presencia política que ya se había reflejado durante el proceso electoral previo.

Según los resultados proclamados por el organismo electoral, los vocales principales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza serán Claudio Rolando Jimpikit Chumpi, Margoth Kaniras Yankur, Yamanua Soila Tiwi Sharian, Patricio Naekes Sake Chuindia y Freddy Adolfo Chamico Kajekai. Junto a ellos también fueron acreditados sus respectivos vocales suplentes para el período de funciones correspondiente.

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Un proceso derivado de la creación de Shuar Pastaza

Este proceso electoral se desarrolló tras la creación de la parroquia rural Shuar Pastaza, oficializada, en junio de 2025, mediante la Ordenanza Municipal Nro. 071-GADMCPZ-2025, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Pastaza.

A partir de esa disposición, el Consejo Nacional Electoral convocó a la elección de los vocales de la junta parroquial. Para la jornada electoral fueron habilitados 1.962 ciudadanos empadronados en esta nueva jurisdicción amazónica.

Con la entrega de credenciales, las nuevas autoridades quedan habilitadas para asumir formalmente sus cargos y ejercer las competencias de gobierno local en la parroquia.

Lo que debes saber

• Unidad Popular realizará sus primarias entre el 25 de junio y el 2 de julio.
• Guayaquil y varios cantones participarán en jornadas presenciales y virtuales.
• El movimiento descarta una alianza electoral con Revolución Ciudadana.

Tras superar los obstáculos que pusieron en riesgo su participación electoral, Unidad Popular (UP) avanza en la organización de sus elecciones primarias para escoger a sus candidatos para los comicios seccionales previstos para el 29 de noviembre de 2026. La organización política prevé desarrollar este proceso entre el 25 de junio y el 2 de julio mediante modalidades presenciales y virtuales.

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Filtros para definir candidaturas

Alonso López, coordinador nacional de Unidad Popular y presidente de su comisión electoral, explicó que la organización venía trabajando desde hace meses en la identificación de posibles postulantes. Según indicó, el movimiento aplicó un proceso de revisión de antecedentes para evitar que sus listas sean integradas por personas con cuestionamientos legales o situaciones que puedan afectar su imagen política.

Para ello, los aspirantes debieron entregar sus números de cédula, con los cuales se verificó que no mantengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) ni con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, se revisó que no registren procesos judiciales en las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado.

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Cronograma de las primarias en Guayas

Según López, ya se conformaron las comisiones electorales provinciales que estarán a cargo de conducir las primarias en todo el país. En Guayas, el proceso arrancará con Guayaquil y los cantones más cercanos, mientras que las jurisdicciones más alejadas participarán mediante sesiones virtuales.

En Guayaquil y en cantones cercanos, como Yaguachi y Nobol, las elecciones primarias de Unidad Popular están previstas para el 25 de junio. En cambio, los delegados de jurisdicciones más alejadas, entre ellas El Empalme y Colimes, participarán en las jornadas mediante videoconferencia, el 27 y 28 de junio; el proceso culminará el 2 de julio.

La organización prevé combinar modalidades presenciales y virtuales para facilitar la participación de sus militantes en toda la provincia. Según sus dirigentes, esta metodología busca superar las dificultades de movilización que enfrentan los cantones más distantes.

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Los nombres que se perfilan para Guayaquil y Guayas

Las votaciones estarán a cargo de colegios electorales integrados por delegados designados conforme a la normativa vigente. En el caso de Guayas, donde UP registra alrededor de 34.000 afiliados, cerca de 180 delegados tendrán la responsabilidad de escoger a los candidatos que representarán al movimiento en las elecciones seccionales.

Entre los nombres que se perfilan para las primarias consta el de Carla Arellano para la Alcaldía de Guayaquil. Para la Prefectura del Guayas, la organización prevé impulsar la candidatura de Juan Cervantes, actual presidente provincial del Frente Popular, aunque la definición oficial dependerá de los resultados internos.

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Alianzas, un tema para después de las primarias

López indicó que una vez concluidas las primarias se abrirá la etapa para analizar posibles alianzas electorales con otras organizaciones. No obstante, aclaró que, por el momento, Unidad Popular concentra sus esfuerzos en culminar su proceso interno y en estructurar sus candidaturas en todos los cantones de la provincia.

Además, López aseguró que Unidad Popular no tiene previsto entablar conversaciones con Revolución Ciudadana para una eventual alianza electoral. Según indicó, la organización priorizará acuerdos con sectores que compartan su visión política y programática.

En ese contexto, mencionó que podrían analizar acercamientos con Pachakutik, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Sin embargo, aclaró que cualquier negociación se evaluará una vez concluidas las elecciones primarias y definidas las candidaturas de cada organización política.

Lo que debe saber

• En medio de las seccionales 2026, la Asamblea retomará una sesión en la que los únicos puntos tienen que ver con gestión de los GAD.
• Sobre Cuenca se tratará la situación de los trabajadores denominados 'hormiguitas chua'. 
• El cobro de tasas municipales en planillas de servicios será otro de los puntos que analizará el Pleno.

Esta semana, la Asamblea Nacional tiene previstas dos sesiones. Una de ellas estará dedicada exclusivamente a analizar la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El 17 de junio de 2026, el Pleno retomará la discusión sobre el cobro de tasas municipales, la situación de los trabajadores del Municipio de Cuenca y los informes de la Contraloría relacionados con gobiernos locales.

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Se trata de la reinstalación de la sesión 78 del Pleno. La nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, convocó a los legisladores para las 11:00 del próximo 17 de junio de 2026, de manera presencial.

¿Qué peso tendrán las decisiones?

Los tres puntos del orden del día están relacionados con resoluciones. El primero se refiere al conocimiento y resolución sobre el cobro de tasas municipales a través de las planillas de servicios básicos en distintos GAD.

El objetivo de este punto es analizar la metodología de cálculo, el impacto económico en la ciudadanía y “su compatibilidad con los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad”.

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El segundo punto se refiere al análisis de la situación laboral de los trabajadores conocidos como ‘hormiguitas chua’ en Cuenca. El tratamiento de este tema surgió, según se señaló en el Pleno de la Asamblea, a partir de denuncias sobre una supuesta precarización laboral y tercerización.

Finalmente, el Pleno se dedicará a analizar y resolver sobre los informes emitidos por la Contraloría General del Estado que determinan indicios de responsabilidad penal en los GAD. La convocatoria señala que, a partir de este punto, se buscarán “acciones para garantizar la transparencia y la probidad en la gestión pública”.

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Un orden del día en medio de las seccionales

El tratamiento de estos temas coincide con el desarrollo del proceso electoral para las elecciones seccionales de 2026. En agosto de ese año se definirán formalmente las candidaturas de los distintos movimientos políticos.

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Al interior de la Asamblea, varios legisladores ya contemplan una eventual postulación. El propio Niels Olsen, expresidente de la Asamblea, renunció a su cargo luego de ser anunciado como precandidato por ADN.

Dentro del mismo movimiento oficialista también se han mencionado otros nombres vinculados a la Asamblea: Eckener Recalde (Prefectura de Pichincha), Andrés Guschmer (Alcaldía de Guayaquil) y Arianna Burgos (Alcaldía de Samborondón), entre otros.

Las claves del caso

• Audios difundidos en junio de 2026 reactivan el caso Porsche y la disputa entre Noboa y Correa.
• La Fiscalía mantiene una investigación por presunta asociación ilícita relacionada con el caso Porsche.
• El caso surgió en 2025 tras hallar un Porsche vinculado al Grupo Noboa en Isla Trinitaria.

El caso Porsche, que denunció en su momento el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tomado varias vueltas en estos últimos días, sobre todo por la publicación de un audio en el que se escucharía al expresidente Rafael Correa conversar con el exoficial de la Policía Nacional, Rodney Rengel, sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

Diario EXPRESO realiza un repaso sobre el seguimiento a este caso de interés público, que incluyó la publicación de versiones de los denunciantes y comparecencias públicas en la Asamblea Nacional, así como del abogado de Industrial Molinera, Fernando Yávar, a quien se buscó y concedió una entrevista a este medio para recoger la versión de la empresa señalada.

El origen: la explosión y la presencia del vehículo

El 3 de junio de 2025, una explosión en la Bahía de Guayaquil activó un operativo policial que derivó en la detención de Iván Ballesteros como principal sospechoso.

La polémica escaló cuando se conoció que el vehículo Porsche que acudió horas después hasta la vivienda del sospechoso estaba registrado a nombre de Industrial Molinera, empresa vinculada al Grupo Noboa, lo que trasladó las miradas al presidente Daniel Noboa y su entorno.

La versión del Grupo Noboa

Ante las sospechas, el abogado de la empresa, Fernando Yávar, sostuvo en una conversación con EXPRESO que el vehículo fue prestado a una empleada por una emergencia médica familiar.

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Según su versión, la mujer se dirigía a un hospital, pero cambió de ruta tras recibir información de que su vivienda estaba siendo allanada por la Policía, razón por la cual apareció en la Isla Trinitaria.

La defensa insistió en que se trató de una coincidencia y negó cualquier vínculo entre el automóvil y el atentado.

Las primeras reacciones políticas

La explicación no frenó las críticas. Desde el Municipio de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez cuestionó la situación y pidió esclarecer los hechos. “¿Cómo no vamos a alzar la voz después del video del Porsche?”, dijo en un enlace radial.

En la Asamblea, la bancada de la Revolución Ciudadana, encabezada por Juan Andrés González, intensificó los cuestionamientos: afirmó que no existirían registros médicos en la fecha señalada.

Planteó incluso la hipótesis de un posible “autoatentado”. En ese contexto, González llegó a calificar el caso como un posible “Watergate criollo”.

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La intervención de la Fiscalía

El 20 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por presunta asociación ilícita, proceso que se mantiene en reserva.

La falta de información oficial alimentó la confrontación política, con la oposición denunciando un supuesto silencio gubernamental y el oficialismo que evitaba ampliar su versión.

El caso entra en el escenario electoral

A finales de 2025, el caso Porsche se posicionó también en el contexto de la consulta popular, en medio del inicio de la campaña electoral.

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Los sectores de oposición insistían en que persistían interrogantes sin respuesta, desde el oficialismo se sostenía que la explicación presentada por la empresa era suficiente y que existía una utilización política del caso.

2026: reactivación y cruce de versiones

En junio de 2026, el presidente Daniel Noboa reactivó públicamente el tema. Argumentó que el caso forma parte de intentos por afectar su nombre y el de su familia.

En paralelo, Rafael Correa reconoció haber mantenido una reunión con el exteniente Rodney Rengel para tratar aspectos relacionados con la investigación del caso, lo que añadió un nuevo elemento en el proceso.

La acusación sin fundamentos de José Julio Neira

En este contexto y tras publicaciones sistemáticas de troles aliados al Gobierno, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, vuelve a difundir en la red social X el mismo audio atribuido a una conversación entre Rafael Correa, el asambleísta Juan Andrés González y el exteniente Rodney Rengel. Con la novedad que ahora hace mención a Diario EXPRESO, sin ninguna prueba.

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Lo que debes saber

• El pleno del CNE removió a Diana Atamaint de la presidencia tras años de cuestionamientos.
• La salida pacífica de Atamaint sugiere un cambio alineado con el poder de turno.
• El CNE opera con consejeros prorrogados y en desapego a los plazos constitucionales.

El jueves 11 de junio de 2026, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) retiró de la presidencia a Diana Atamaint y de la vicepresidencia a Enrique Pita, quienes llevaban en esos cargo desde noviembre de 2018, cuando el actual consejo fue designado por el CPCCS Transitorio de Julio César Trujillo.

Política

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Si bien es cierto que Atamaint enfrentaba una serie de cuestionamientos por las decisiones que el CNE había tomado en los últimos meses bajo su presidencia -entre ellas adelantar, en sus palabras, las votaciones pero no las elecciones seccionales, además de haber eliminado del registro electoral a los movimientos Construye y Unidad Popular (que finalmente logró regresar)-, su defenestración terminó siendo menos dramática de lo esperado.

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Después de haber tratado de salvarse el día miércoles evitando el ingreso de la vocal Esthela Acero a la sesión de ese día, intentona que terminó en un griterío, Atamaint participó el día siguiente con total resignación de una sesión virtual y luego de otra, esta vez presencial, en la que se designó a su reemplazo, José Cabrera, incluso llegando a votar a favor de él. Luego, Atamaint reafirmó esa postura serena en un mensaje que publicó en sus redes: “El CNE toma una nueva conducción institucional, como mujer demócrata que soy comparto esa decisión”.

Análisis político de la función electoral en Ecuador

Quienes esperan que este cambio en el CNE se convierta en la inauguración de la independencia en la función electoral deberían notar que la parsimonia de Atamaint y la rapidez de su salida son señales de que el poder de turno no está preocupado por este cambio. Si no, ya tuviéramos, como en otras ocasiones, al ministerio de Trabajo inhabilitando al señor Cabrera (como le pasó a la doctora Alexandra Villacís en el Consejo de la Judicatura), a la Policía tomándose el edificio (como ocurrió con el Consejo de Participación en su momento) y a la mayoría oficialista tramitando de apuro un juicio político (pensemos en Fausto Murillo y Gonzalo Albán), para lo cual no les costaría inventarse algún argumento con el que sostener que aún no estamos dentro de un periodo electoral.

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Es preciso entender que Atamaint, más que una singular operadora del régimen, es una política calculadora que, como parte de distintas mayorías en el pleno del CNE, ha sabido encajar bien con el poder, sea que este se encuentre en Carondelet, en Mocolí o en el exilio. De otra forma no se puede explicar la capacidad de ella y de sus colegas para mantenerse en el cargo por tanto tiempo, mientras que consejeros de participación y de la judicatura, jueces y autoridades de control a veces no han durado más que unos meses.

Prórroga de funciones y la Constitución de la República

Lo peor es que tal longevidad ha sido en desapego a la norma escrita. Según la Constitución de la República en su artículo 218, el CNE se tuvo que haber renovado parcialmente dos veces, una en noviembre de 2021 y otra tres años después, en 2024. Desde esa última fecha, Atamaint y los consejeros prorrogados han presidido ya sobre dos procesos electorales y van por el tercero.

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Ella sigue ahí, acompañada de los mismos consejeros que han la apoyado en decisiones pasadas, o que por lo menos se han ausentado convenientemente en momentos clave. Por ejemplo, Cabrera y Acero, hoy al frente del CNE, votaron a favor del adelanto de los comicios seccionales, no solo atreviéndose a jugar a la meteorología, sino que también a la suerte, tomando en cuenta que el fenómeno de El Niño empieza y termina cuando le place, y ya lo hecho antes en pleno noviembre. No es de extrañarse que el mismo día en que la mayoría del CNE tomó esa decisión, el director del Inhami, Bolívar Erazo, anunciara su renuncia.

Cabrera también ayudó con su voto de abstención a la cancelación tanto de Unidad Popular como de Construye, aunque cabe recalcar que en el primer caso se abstuvo de la misma forma la opositora más consistente a Atamaint, Elena Nájera.

El futuro del Consejo Nacional Electoral y la participación ciudadana

Si su esperanza es tener un Consejo Nacional Electoral en el que los votos de sus miembros no dependan de un telefonazo o de la designación de algún pariente, la mejor apuesta de las fuerzas democráticas debería ser triple. Primero, intentar enviar un mensaje a la clase política castigando con el voto a los consejeros de Participación Ciudadana que quieran buscar la reelección, por haberse demorado tanto en la renovación del CNE. Segundo, promover el rechazo, al menos por esta ocasión, a borrar por enmienda los poderes de selección del Consejo de Participación (lo que encima, de ser aprobado, tendría el efecto de regalarle por lo menos un año más en el cargo a Atamaint y compañía). Tercero, lanzar candidaturas ciudadanas que se comprometan a entregarnos un CNE realmente independiente.

La triste realidad es que el país no está listo para eso.

Las claves que debes saber

• Caso Sinohydro: tras 18 días, Fiscalía no presenta pruebas claras de cohecho en juicio contra 21 procesados.
• Peritaje financiero detecta pagos a exfuncionarios y entorno de Lenín Moreno; defensa cuestiona origen y destino.
• Audiencia en Ecuador revela fallas probatorias; Fiscalía busca sostener acusación por contratos Coca Codo Sinclair.

Dieciocho días después de iniciada la audiencia de juicio, el caso Sinohydro empieza vagamente a tomar forma. No precisamente la que quería la Fiscalía en un principio, pero esa es otra historia. Una vez que los medios del gobierno han proclamado a Lenín Moreno, el acusado principal de este proceso, como una suerte de héroe nacional a quien el Ecuador debería levantar un monumento en lugar de llevar a juicio, el interés político del caso ha decaído y el trabajo de la Fiscalía parece concentrarse en salvar los muebles. 

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Para ello bastaría con hallar, entre los 21 procesados, dos o tres a los que pueda endilgarse con cierta verosimilitud el delito del que con evidente desproporción se acusa a todos: cohecho.

Han transcurrido más de dos semanas de tediosa y estéril acumulación de peritajes y testimonios requeridos por el fiscal Carlos Alarcón en el orden supuestamente estratégico que ha querido darles: policías llamados para leer la prensa, testigos que nada han presenciado, peritos que presentan como pruebas periciales toneladas de copias simples que no calificarían como pruebas documentales… 

Y en todo ello, ni una sola evidencia de cohecho, delito que exige la participación de un funcionario público que reciba dinero a cambio de servicios relacionados con su cargo. Prevalecía la incómoda sensación de que la única estrategia del fiscal consistía en quemar tiempo.

Las comparecencias en la audiencia de juicio

Hasta que por fin, a partir de la jornada 16, se produjeron las comparecencia que esperaban todos: la de las policías Gabriela Morales y Ana Luisa Pérez, peritas contables que analizaron los movimientos financieros de todas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

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Esto incluye, principalmente, las de Recorsa, la empresa de Conto Patiño contratada por Sinohydro para labores de representación y lobby, con sus filiales en Quito y Panamá, así como las personales de todos los procesados y las de las empresas de Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto, y su esposa María Auxiliadora Patiño: Ina Investment, Ginepri, Espíritu Santo…

Cobros y viajes 

Fue en esta pericia donde empezaron a aparecer pagos sobre los que existen razones fundadas para sospechar y que los abogados defensores deberán justificar de manera convincente: los exgerentes de la empresa Coca Codo Sinclair, Luciano Cepeda y Henry Galarza, cobraron 200 mil dólares poco más y menos cada uno; el fallecido ex subsecretario de Electricidad Julio César Gordón, a través de su empresa View Valley, y el asesor de Lenín Moreno cuando vicepresidente, Carlos Almeida, recibieron sumas mucho más gruesas: 3,1 millones el primero; 2,9 millones el segundo; también Edwin, hermano de Lenín, recibió más de 200 mil dólares, cien mil de ellos en 14 cheques que cobró de manera inusual, por decir lo menos: costeando viajes a Panamá a amigos y parientes para que se den un paseo, hagan compras y, de paso, ya que van a estar allá, se den un saltito por el Balboa Bank. 

Los pagos para Edwin Moreno salieron de las cuenta de Ina Investment y Ginepri, empresas de Xavier Macías.

Transferencias a familiares de Moreno

Por lo general, los cheques o transferencias para los funcionarios se originan en Recorsa; aquellos dirigidos a los familiares de Lenín Moreno (su esposa, su hija, sus hermanos, su suegra…) proceden de las cuentas de Macías. 

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Los beneficios de Moreno y su familia, según la Fiscalía, bordean el millón de dólares. Aquí se incluyen, entre otras cosas, los famosos muebles comprados en Ginebra, una vajilla de Sukasa y el departamento de Alicante, que constituye probablemente el mayor fracaso del fiscal hasta el momento: llamó a declarar, vía telemática desde España, al expropietario y vendedor de ese inmueble, Emilio Torres Copado, y éste lo trató con una displicencia que Carlos Alarcón, desprovisto de los más básicos recursos verbales, no supo administrar. El departamento, dijo, es de Macías, no de Moreno.

Volviendo al peritaje contable, ninguno de los procesados sacó mejor provecho de él que Eduardo Carmigniani, abogado contratado para brindar servicios profesionales a Recorsa y a quien Fiscalía acusó, al inicio de esta audiencia de juicio, de distribuir sobornos. 

En el contrainterrogatorio a la perito Gabriela Morales, el abogado de Carmigniani pudo demostrar, primero, que un presunto pago de un millón de dólares procedente de Recorsa y que la Fiscalía atribuía a su cliente, estaba transferido a una cuenta bancaria que no era suya. 

Y aun más importante: emplazó a la perito, ante los intentos de Carlos Alarcón por evitarlo, a que expusiera una ampliación de su informe en la que se establecía que, de las cuentas de Carmigniani, no se había originado ningún pago a ninguna de las personas vinculadas con el caso (los otros 20 procesados y 18 más que integraron la lista original de Fiscalía). Lo cual derrumba la acusación de cohecho en su contra.

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Con respecto al resto de implicados, tampoco mostraron las peritos un rastro de dinero que conduzca hacia funcionarios públicos. En resumen, se puede decir que el caso está siendo víctima de sus propias exageraciones. 

Para empezar, el pecado original de tratar los 76,1 millones de dólares que Sinohydro pagó a Recorsa por sus trabajos de lobby y representación (el 4 por ciento del total del contrato entre el Estado ecuatoriano y la compañía china para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair) como si fueran producto de un soborno. 

La Fiscalía lo sigue repitiendo hasta el día de hoy (acaba de publicar una infografía en la que da esa cifra como el monto del cohecho) cuando sabe perfectamente que la inmensa mayoría de esa plata no fue a parar a las manos de ningún funcionario público.

En lugar de concentrarse en demostrar el cohecho donde lo podría encontrar, la Fiscalía persiste en confundir los términos de ese delito, haciendo pasar por tal el cobro de beneficios de los hermanos Patiño, por ejemplo, aunque ningún funcionario público aparezca en la ruta del dinero. 

O se obstina en demostrar lo que sus peritos contables llaman “ausencia de hecho generador o económico” en un negocio de 1.500 dólares (la venta de 100 agendas a Recorsa por parte de Rocío González, la esposa de Lenín Moreno) o en la compra de una vajilla. 

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Los nombres en los documentos

Esas y otras transacciones están debidamente documentadas con facturas, contratos o actas de entrega-recepción, con el único problema de que esos documentos no están a nombre Recorsa, o de Ginepri, o de la empresa que haya emitido el pago, sino de Conto Patiño o de Xavier Macías. Una irregularidad contable, seguramente, pero ¿cohecho?

El caso Sinohydro sufre de elefantiasis y delirios de grandeza. Como si la fiscal Diana Salazar, que fue quien lo diseñó, hubiera querido repetir la experiencia del caso Sobornos, con un expresidente en el banquillo y una treintena de comparsas, aunque para ello tuviera que involucrar a decenas de personas por el simple hecho de llevar un apellido: esa fue, al final, la única lógica que prevaleció en la exclusión de una lista interminable de personas que también recibieron una fracción de esos 76,1 millones de dólares. 

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El fiscal Carlos Alarcón, por supuesto, carece de la inteligencia necesaria para admitir que el único futuro del proceso es tirar todo ese lastre y concentrarse en los pocos casos en los que la trazabilidad del dinero le conduce a un funcionario público: ahí está el cohecho, el resto es teatro. Y un abuso procesal que debería ser penado.

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Sinohydro: en quinto día se presentaron facturas con pagos a exgerente de Coca Codo Sinclair

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Lo que debes saber

• Expertos cuestionan la preparación y el control sobre quienes administran las liquidaciones empresariales.
• Juristas alertan sobre decisiones que podrían favorecer intereses particulares dentro de ciertas liquidaciones.
• La SuperCías no transparenta cuántas empresas acumulan años en liquidación.

La ausencia de evaluaciones periódicas y de capacitación continua para los liquidadores es una de las principales falencias identificadas por especialistas en materia societaria. A ello, se suma que numerosos procesos de liquidación empresarial se extienden durante años sin que existan mecanismos efectivos de seguimiento.

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Designaciones bajo cuestionamiento

En algunos casos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) ha decidido remover a estos profesionales de sus funciones. Sin embargo, la entidad evita revelar cuántas compañías han registrado este patrón o la frecuencia con la que se adoptan estas medidas.

Para Efraín Chávez, abogado y especialista en Derecho Societario y Liquidaciones Empresariales, el liquidador no es un simple administrador temporal. Al asumir la custodia, gestión y distribución de los activos de una compañía en proceso de cierre, su labor demanda elevados niveles de integridad y conocimiento técnico, requisitos que, según advierte, no siempre están presentes en quienes ejercen esta función.

Según el jurista, uno de los principales problemas del sistema radica en que muchos liquidadores son designados de oficio sin que necesariamente acrediten experiencia en áreas como contabilidad, finanzas, derecho laboral o gestión de procesos de cierre empresarial. A su criterio, estas competencias son indispensables para administrar adecuadamente los activos y pasivos de una compañía en liquidación.

El especialista sostiene que las debilidades no se limitan a la designación de estos profesionales. También cuestiona el nivel de supervisión que ejerce la autoridad societaria, al considerar que los controles suelen enfocarse en aspectos formales y no en la revisión permanente del manejo de recursos, la justificación de gastos o el cumplimiento de las obligaciones asignadas al liquidador.

Como ejemplo, menciona el caso de Galo Olmedo Díaz Gómez, exliquidador designado por la Superintendencia de Compañías, cuya actuación fue posteriormente objeto de denuncias e investigaciones. Chávez Mora señala que, pese a los cuestionamientos planteados, la autoridad societaria se limitó a retirarlo del listado de profesionales elegibles para futuras designaciones, sin asumir responsabilidad institucional sobre su gestión.

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Irregularidades

La principal irregularidad, según Chávez, se produjo cuando la SuperCías reemplazó al primer liquidador de Agrosolutions Cía. Ltda. una vez concluida la etapa de convocatoria a acreedores. Pese a ello, sostiene que Galo Olmedo Díaz Gómez abrió un nuevo proceso de convocatoria, lo que habría permitido incorporar acreencias que no formaban parte del procedimiento original.

El jurista también cuestiona que, durante menos de un año al frente de la liquidación, el funcionario se haya pagado cerca de $ 20.000 por concepto de honorarios. A su juicio, esos desembolsos resultan llamativos porque las remuneraciones de los liquidadores están reguladas por el Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras.

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Honorarios y plazos en debate

Según declaraciones de Luis Cabezas Klaere, superintendente de Compañías, en una entrevista con Carlos Vera (EXPRESO sigue esperando una entrevista con el funcionario), la remuneración de los liquidadores se determinaría en función del tamaño de la empresa, la complejidad del proceso, el balance inicial y el tiempo estimado para concluir la liquidación. Sin embargo, la normativa fija un parámetro específico para ese cálculo.

El reglamento establece tres fases de liquidación, cada una con una duración de 60 días, y fija honorarios que oscilan entre uno y siete salarios básicos unificados. Esos valores deben pagarse proporcionalmente al concluir cada etapa. El monto se determina en función del valor de los activos totales de la compañía, según una tabla que contempla empresas con patrimonios que van desde cero hasta un millón de dólares.

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Procesos que se extienden por años

Pero en la práctica, numerosos procesos de liquidación se extienden por más de un año, superando los plazos previstos en la norma. A ello se suma que algunos liquidadores administran de forma simultánea varias compañías.

Para Marco López, exsuperintendente de Compañías, que un liquidador tenga a su cargo más de una empresa no constituye, por sí mismo, una irregularidad; sin embargo, advierte que no resulta razonable que un mismo profesional administre simultáneamente varios procesos complejos, ya que la liquidación exige dedicación, conocimiento técnico y, en ciertos casos, el apoyo de equipos especializados.

Para Jeaneth Torres, experta en Economía y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el problema surge cuando no se respeta el cronograma establecido para la liquidación y los informes de avance no se presentan oportunamente. Eso, indica, prolonga los procesos que deberían resolverse en plazos definidos, lo que dificulta el control efectivo por parte de la SuperCías.

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Cuestionamientos a la supervisión

Chávez sostiene que estas demoras también evidencian falencias en la supervisión de la autoridad societaria. Como ejemplo menciona el caso de Fumioro, firma domiciliada en Machala que acumula cerca de cuatro años en proceso de liquidación y ha pasado por la administración de tres liquidadores sin que el procedimiento haya concluido.

El abogado agrega que no se trata de un hecho aislado. Cita también al almacén Comego, compañía que permanece en liquidación cerca de dos años. “Ese es el modus operandi: no respetan los reglamentos. Abren plazos adicionales para incorporar nuevos acreedores que termina favoreciendo a intereses particulares; la pregunta es qué se negocia detrás de esas decisiones que perjudican a los acreedores”.

La SuperCías guardó silencio frente al pedido de EXPRESO sobre cuántas empresas siguen en liquidación y cuánto tiempo acumulan en ese proceso.

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Déficit de recursos y control

Para López, muchas de las deficiencias atribuidas a los procesos de liquidación no pueden analizarse sin considerar las limitaciones que enfrenta la SuperCías. Sostiene que la entidad carece de personal, tecnología y programas de capacitación, pese a que, al año, recauda cientos de millones de dólares por concepto de aportes del sector societario.

Según explica, gran parte de esos recursos se transfieren al Estado, pero solo una fracción retorna a la institución, lo que restringe su capacidad operativa y dificulta fortalecer los mecanismos de supervisión. El superintendente, Cabezas-Klare, expuso que las contribuciones generan $ 250 millones, pero el Estado le ha asignado $ 20 millones.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa asistió por sorpresa al debut de Ecuador en el Mundial 2026.
• El mandatario apareció durante la transmisión del partido contra Costa de Marfil.
• La actividad no constaba en la agenda oficial de la Presidencia.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sorprendió este 14 de junio de 2026 al asistir al debut de la selección de Ecuador frente a Costa de Marfil en el Mundial 2026. El primer mandatario apareció públicamente en los graderíos del estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos, donde fue testigo de la derrota 1-0 de la Tricolor en su estreno mundialista. Con este viaje, Noboa se sumó a la lista de jefes de Estado que acompañan a sus selecciones en la máxima cita del fútbol.

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Un viaje fuera de la agenda oficial de la Presidencia

La asistencia del presidente Daniel Noboa al compromiso deportivo de la Tri no estaba contemplada en la agenda oficial que comparte diariamente la Presidencia de la República con los medios de comunicación. Los reportes previos del Gobierno detallaban únicamente actividades de carácter político y diplomático en territorio norteamericano.

Actividades planificadas en Estados Unidos

Los dos únicos compromisos que fueron difundidos por el equipo de comunicación de Carondelet para esta jornada correspondían a:

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Cuarta visita oficial a Estados Unidos en 2026

El jefe de Estado ecuatoriano inició esta nueva visita oficial a Estados Unidos el pasado 11 de junio de 2026. Según la información oficial, su retorno al país está previsto para este 15 de junio de 2026. Este desplazamiento internacional se convierte en la cuarta visita que realiza el mandatario al país norteamericano en lo que va del presente año.

Lo que debes saber

• La UNE presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo que permite actividades escolares los sábados en planteles fiscales.
• Mientras el gremio advierte una afectación a la jornada laboral docente, expertos consultados sostienen que la medida contempla mecanismos de compensación.
• El debate ahora podría trasladarse a la Corte Constitucional, que tendría la última palabra sobre la normativa.

El 27 de mayo de 2026, el Ministerio de Educación expidió el Acuerdo Ministerial 0045-A, que permite la realización de actividades complementarias institucionales los sábados en planteles fiscales. Desde su emisión, la medida ha generado cuestionamientos sobre su alcance jurídico y sobre las eventuales acciones que podrían impulsarse para frenar o revertir su aplicación.

Política

UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone actividades los sábados

Marco Rivera

La controversia por el acuerdo ministerial también se trasladó a las calles. El día de ayer, la Unión Nacional de Educadores (UNE) protagonizó una movilización hacia la Corte Constitucional para expresar su rechazo a la normativa y presentar una demanda de inconstitucionalidad. La marcha congregó a cientos de docentes y estuvo liderada por el presidente nacional del gremio, Andrés Quishpe.

Durante la jornada, Quishpe cuestionó la legalidad de la medida y advirtió sobre sus posibles efectos en el sistema educativo. El dirigente sostuvo que el acuerdo es “improvisado e inconstitucional” y aseguró que vulnera derechos de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

Ministerio de Educación no respondió los cuestionamientos

Por otro lado, se solicitó una respuesta al Ministerio de Educación para aclarar estas diferencias. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota periodística, la institución no respondió los requerimientos de información.

Gabriela Menéndez adelantó que la UNE acudirá a la Corte Constitucional para impugnar el acuerdo ministerial, al considerar que vulnera la jornada laboral docente establecida en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). La dirigente señaló que los maestros ya cumplen una carga horaria de 40 horas semanales, por lo que la organización buscará la derogatoria de la medida, “porque ya el magisterio ecuatoriano tiene su jornada laboral, que es de 40 horas semanales, como todo servidor público y como todo trabajador”.

La presidenta de la UNE Guayas advirtió que trasladar actividades institucionales a los sábados supone una carga adicional para los docentes, independientemente de los mecanismos de compensación planteados por el Ministerio. A su criterio, la medida altera la organización laboral prevista en la LOEI y desconoce que la jornada docente ya se encuentra regulada.

UNE cuestiona carácter obligatorio de las actividades

Menéndez también rechazó la explicación ofrecida por las autoridades educativas sobre el carácter voluntario de estas actividades. Afirmó que el texto del acuerdo establece obligaciones para docentes y estudiantes, pese a que públicamente se habló de una participación opcional. 

"La ministra de Educación salió diciendo que era opcional, pero el acuerdo no dice opcional. El acuerdo dice obligatorio".Gabriela Menendez, presidenta de la UNE Guayas.

Por su parte, Nicole Matamoros, exjefa de Asesoría Jurídica del Distrito 09D16, sostuvo que el Acuerdo Ministerial 0045-A no crea nuevas obligaciones laborales para los docentes, sino que establece lineamientos para organizar actividades complementarias dentro del sistema educativo. A su criterio, el principal aspecto que podría fortalecerse es una mayor precisión sobre cómo estas jornadas se integran a la carga horaria ya vigente. “Considero que en el área legal debería ampliarse un poco más el artículo 1, para que se manifieste que esto no va a afectar las 40 horas ya establecidas para los docentes”.

La abogada indicó que la norma contempla mecanismos para evitar una extensión de la jornada laboral, ya que las actividades deberán estar incluidas en una planificación oficial y contar con compensación. Además, recordó que varias de las temáticas contempladas en el acuerdo ya se desarrollan en determinados planteles durante los fines de semana, aunque sin un reconocimiento formal.

Política

Jhon Reimberg vuelve a cuestionar a un juez: ¿qué pasó en el caso contra Los Lobos?

Marco Rivera

Expertos defienden la legalidad del Acuerdo 0045-A

“Este acuerdo manifiesta en su artículo 5 que va a existir una compensación de esta jornada laboral. O sea que no es inconstitucional, dado que no es que por obligación van a asistir y no van a tener una compensación por ello”, dijo.

Respecto a una eventual demanda de inconstitucionalidad, Matamoros consideró que existen pocas posibilidades de que prospere, debido a que no identifica una vulneración de derechos ni contradicciones evidentes con la normativa vigente.

No obstante, indicó que, si una acción es admitida, tanto el Ministerio de Educación como la UNE deberán sustentar sus argumentos ante la justicia constitucional. 

"No existen elementos jurídicos para que la Corte declare inconstitucional la parcialidad o la totalidad del Acuerdo Ministerial 0045-A"Nicole Matamoros, exjefa de asesoría jurídica del distrito de Educación 09D16 

Desafíos para aplicar actividades escolares los sábados

Yadira Blakman, exsubsecretaria de Educación de la Zona 8, consideró que los objetivos planteados en el Acuerdo Ministerial 0045-A son valiosos para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

No obstante, considera que su implementación podría realizarse mediante una mejor organización de los espacios educativos ya existentes, evitando alterar las dinámicas familiares y los tiempos de descanso de la comunidad educativa. 

"Lo más importante es garantizar una organización institucional que permita cumplir estos objetivos sin afectar el tiempo de descanso de estudiantes y docentes"Yadira Blakman, exsubsecretaria de Educación de la Zona 8

Desde una perspectiva pedagógica, Blakman advirtió que las jornadas de los sábados podrían generar dificultades logísticas en distintos territorios del país. Factores como la movilidad, las condiciones climáticas, las responsabilidades familiares y las particularidades de cada comunidad podrían influir en la participación efectiva de los diferentes actores de la comunidad educativa. “Uno de los principales desafíos será garantizar la asistencia de estudiantes, docentes y personal administrativo en contextos muy diversos a nivel nacional”.

Para la exfuncionaria, la efectividad de estas actividades deberá medirse por sus resultados concretos en el desarrollo estudiantil y no únicamente por el cumplimiento administrativo. Además, advirtió que la diferencia entre presentar estas jornadas como una alternativa y posteriormente establecerlas como una obligación puede generar confusión dentro de la comunidad educativa.

Lo que debes saber

• La decisión de un juez de otorgar medidas cautelares a cuatro procesados vinculados a Los Lobos generó una nueva reacción del ministro Jhon Reimberg.
• El caso involucra una investigación de 15 meses que terminó con 11 detenidos por presunta delincuencia organizada.
• Las declaraciones del funcionario reavivan el debate sobre el papel de la justicia frente al crimen organizado en Ecuador.

La actuación de un juez en un caso relacionado con presuntos integrantes de Los Lobos volvió a encender el debate sobre las decisiones judiciales frente al crimen organizado en Ecuador. Este 14 de junio de 2026, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, cuestionó públicamente una resolución que permitió que cuatro de once procesados recibieran medidas cautelares en lugar de prisión preventiva.

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La polémica surge después de una investigación que se extendió durante 15 meses y que permitió a la Policía Nacional desarticular una estructura criminal vinculada al grupo delincuencial organizado Los Lobos. Como resultado del operativo, once personas fueron detenidas y posteriormente procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, resolvió dictar medidas cautelares para cuatro de los procesados, mientras que los siete restantes recibieron prisión preventiva.

Caso Los Lobos: los procesados que recibieron medidas cautelares

Uno de los beneficiados fue Juan Carlos Mancilla Montes, alias "Guareña", señalado dentro de la investigación como uno de los principales integrantes de la organización. Según la información difundida por el Ministerio del Interior, su defensa presentó certificados médicos relacionados con supuestas enfermedades de tuberculosis y VIH.

Sin embargo, dentro del expediente también constaría un certificado emitido por un médico del Centro de Salud de Chimbacalle que señala que el procesado se encuentra en buen estado de salud. La validez de los documentos presentados durante la audiencia habría sido cuestionada.

Otra de las personas favorecidas con medidas cautelares fue Marcia Nelly Pomatoca Cuenca, identificada en la investigación como presunta testaferra de la organización. Los informes investigativos la vincularían con el manejo de aproximadamente dos millones de dólares en depósitos y transferencias bancarias.

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Las otras beneficiarias y la reacción de Jhon Reimberg

La resolución judicial también alcanzó a María Valeria Torres Ávila, quien, de acuerdo con la investigación, habría coordinado actividades dentro de la estructura criminal junto a otro procesado que sí recibió prisión preventiva.

Asimismo, Neydily Julitza Briones Rivas obtuvo medidas cautelares debido a su estado de gestación. Mientras tanto, el resto de los procesados continuará enfrentando el proceso penal bajo prisión preventiva.

La decisión judicial provocó una reacción inmediata del ministro del Interior. A través de un pronunciamiento público, Reimberg expresó su desacuerdo con lo resuelto durante la audiencia y cuestionó el impacto que este tipo de decisiones generan en la lucha contra las organizaciones criminales.

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En su mensaje, el funcionario afirmó: "Otra vez la justicia haciendo de las suyas", al referirse al resultado de la audiencia desarrollada tras el operativo ejecutado por la Policía Nacional.

También señaló: "La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo el Ecuador seguirá viendo cómo complejas investigaciones contra el crimen organizado terminan debilitadas por decisiones judiciales que generan indignación y desconfianza ciudadana?"

El ministro añadió además una crítica al trabajo articulado entre instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada. "No puede haber una Policía que arriesga su vida para capturar delincuentes y una justicia que, una vez más, envía señales equivocadas al país", manifestó.

Las claves que debes conocer

• TCE convoca a sesión para analizar recurso de alcalde de Cuenca Cristian Zamora.
• El Pleno revisa ampliación sobre suspensión de Zamora por violencia política denunciada por concejala.
• Zamora busca aclarar fallo que lo inhabilita; Concejo posesionaría alcaldesa subrogante.

La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, convocó este lunes 15 de junio de 2026 a la sesión extraordinaria del organismo, para tratar el recurso de ampliación que presentó el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, respecto a la sentencia de suspensión dictada en su contra por una denuncia de violencia política de género.

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De acuerdo con la convocatoria, el Pleno que analizará ese recurso estará integrado por los jueces electorales Coloma, Ángel Torres, Guillermo Ortega, Juan Maldonado y Richard González. La sesión se desarrollará desde las 16:00 de forma virtual.

El recurso de ampliación presentado por Zamora busca aclarar parte de la sentencia que fue aprobada por la mayoría del Pleno el pasado 9 de junio de 2026 en una sesión reservada. En ese fallo se ratificó la sanción de suspensión de los derechos políticos del alcalde y se le ordenó pagar una multa de 12.050 dólares, en el proceso iniciado por la concejala Diana González por violencia política de género.

La edil acudió al TCE al considerar que, desde 2024, había sido víctima de un proceso sistemático de ataques y desacreditaciones por ser mujer en el marco del desempeño de sus funciones como miembro de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal de Cuenca. Además, sostuvo que las declaraciones del alcalde Zamora la habían desacreditado como profesional.

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¿Qué es el recurso de ampliación?

Según el artículo 274 del Código de la Democracia, el recurso de aclaración o ampliación "se podrá solicitar en todos los casos cuando sus resoluciones, autos o sentencias generen dudas o no hubieren resuelto alguno de los puntos sometidos a su juzgamiento". Sin embargo, la misma norma precisa que la acción "no es un mecanismo para modificar la sentencia".

Zamora ya había adelantado el pasado 11 de junio que interpondrá esa acción, tras afirmar que la suspensión de su derecho a la participación política respondería a un tema político, el cual tenía como fin inhabilitarlo y evitar que se candidatice para la reelección de la Alcaldía de Cuenca.

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Una vez que el TCE resuelve el recurso y notifique a las partes, el Concejo Cantonal de Cuenca deberá establecer el proceso para posesionar a Marisol Peñaloza como la alcaldesa subrogante, explicó en ese entonces Zamora.

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Lo que debes saber

• Partidos definen candidaturas en Ecuador en democracia interna del 18 de junio al 3 de julio.
• Organizaciones políticas sufren trabas logísticas por cambios en el calendario del CNE.
• Revolución Ciudadana y Construye quedan fuera de las próximas elecciones seccionales.

A mediados de junio inicia otro hito del calendario electoral de las elecciones seccionales de noviembre de 2026: los procesos de democracia interna de los partidos políticos para definir sus candidaturas a juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas del Ecuador.

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Plazos del CNE para definir candidaturas en Ecuador

De acuerdo con el nuevo calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los procesos de democracia interna arrancan el 18 de junio de 2026 y culminan el 3 de julio de 2026. En esta fase, los partidos presentan precandidaturas y desarrollan procesos internos a escala nacional para escoger a sus candidatos definitivos para las elecciones seccionales.

Días atrás, EXPRESO contó que, con la actualización del calendario electoral debido a una supuesta alerta climática, algunas organizaciones políticas enfrentan complicaciones logísticas y operativas para la realización de sus procesos de democracia interna.

Partidos preparan sus primarias pese a problemas

Organizaciones como Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Avanza, Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano, Pachakutik y Futuro han definido fechas o plazos para realizar sus procesos de democracia interna, pese a las complicaciones.

Revolución Ciudadana y Construye no competirán

Dos organizaciones políticas que estarán ausentes de las elecciones seccionales son los movimientos Revolución Ciudadana y Construye. El correísmo estará ausente debido a la suspensión ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Construye, por otro lado, fue cancelado por orden del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una supuesta disminución de sus adherentes permanentes.

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¿Unidad Popular estará en las seccionales 2026? Dirigente dice que cancelación quedó sin efecto

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Aunque Unidad Popular también estuvo en proceso de cancelación, el partido logró anular la medida en el Tribunal Contencioso Electoral luego de que se determinara que existieron irregularidades en el proceso. El partido ahora se organiza para alcanzar a realizar su proceso de democracia interna a nivel nacional.

Lo que debes saber 

• El Consejo de la Judicatura enfrenta un déficit de personal en varias dependencias judiciales del país.
• Un informe técnico proyecta la necesidad de ocupar 278 cargos entre vacantes actuales y futuras jubilaciones.
• Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Loja concentran el mayor impacto previsto.

El Consejo de la Judicatura informó que actualmente existen 210 vacantes de jueces en distintas unidades judiciales del país. El dato fue presentado durante la sesión extraordinaria N.° 076-2026, realizada el 12 de junio, donde el Pleno conoció un informe técnico sobre la situación del personal jurisdiccional y los desafíos para garantizar la continuidad del servicio de justicia.

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Conaie exige investigación por muertes en comunidades shuar de Sucumbíos

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El documento también advierte que el Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026 podría generar otras 68 plazas disponibles en los próximos meses. De concretarse ese escenario, la necesidad de cobertura ascendería a 278 cargos en todo el sistema judicial, una cifra que refleja la presión existente sobre la estructura de administración de justicia.

La evaluación técnica expuesta ante el Pleno señala que la institución trabaja en mecanismos para cubrir los puestos vacantes y evitar afectaciones en la atención de causas. La revisión incluye aspectos operativos, presupuestarios y de planificación relacionados con la designación de nuevos jueces a escala nacional.

Concursos públicos para cubrir vacantes de jueces

Frente a la falta de personal judicial, el Consejo de la Judicatura impulsa la ejecución de nuevos concursos públicos para seleccionar jueces. Para ello, la entidad fortalece el área de Talento Humano y gestiona recursos financieros destinados a sostener los futuros procesos de selección.

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UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone actividades los sábados

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La planificación contempla la elaboración de mecanismos técnicos y normativos que permitan desarrollar los concursos en los próximos meses. El objetivo es contar con herramientas que faciliten la incorporación de nuevos operadores de justicia en las dependencias donde existe mayor necesidad de personal.

Mientras se concretan esos procesos, la institución mantiene una estrategia temporal para evitar que las vacantes afecten el funcionamiento de las unidades judiciales. Entre las medidas aplicadas constan subrogaciones, encargos y redistribuciones de funcionarios hacia dependencias con mayor carga procesal.

Jubilaciones impactarán a cuatro provincias

El informe técnico identifica a Guayas, Pichincha, Manabí y Loja como las provincias que registrarían el mayor impacto por las futuras desvinculaciones derivadas de jubilaciones. Estas jurisdicciones concentran parte importante de las plazas que podrían quedar disponibles durante 2026.

En la misma sesión, el Pleno resolvió prorrogar los nombramientos temporales de Gabriel Villacís Navarrete y Fabricio Menéndez Macías, jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo, en la provincia de Manabí. La extensión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que las autoridades determinen lo contrario.

Lo que debes saber:

• Quito abre sala del MuNa; Gobierno impulsa museo de $100 millones para patrimonio. Dicen que impulsará turismo, no es tan simple, corrige economista de la cultura.
• Noboa propone nuevo Museo Nacional para 1,2 millones de bienes; construcción iniciaría en 2027. 
• Expertos alertan: institucionalidad está debilitada, eliminaron el Ministerio de Cultura, hay recortes y obstáculos por la reforma al Cootad.

Una línea de tiempo que arranca en 1839, durante la presidencia de Vicente Rocafuerte, y llega hasta 2024, bajo el mandato de Daniel Noboa, destaca en la sala informativa e inmersiva. El espacio se abrió el 18 de mayo de 2026, en las avenidas Eloy Alfaro y República, en Quito. En ese terreno se proyecta la construcción del nuevo Museo Nacional.

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Museo Nacional del Ecuador abre experiencia inmersiva sobre su futura construcción

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La cronología repasa los intentos del Ecuador por contar con un espacio adecuado para su patrimonio, hasta la decisión del actual Gobierno de impulsar la conceptualización de un edificio que garantice condiciones óptimas de conservación y una mayor conexión con la ciudadanía, según se lee.

Noboa, desde la campaña electoral hasta su investidura en mayo de 2025, ha insistido en que saldará una deuda histórica mediante este proyecto, destinado a exhibir “tesoros embodegados”.

La iniciativa se presenta como una obra emblemática, orientada a resguardar más de 1,2 millones de bienes patrimoniales y a reforzar la identidad y la memoria histórica del país, según ha reiterado desde el viceministerio de Cultura, dirigido por Romina Muñoz. La inversión es de $ 100 millones.

El martes 9 de junio del 2026, EXPRESO solicitó una entrevista con Muñoz y el jueves, Cultura pidió se envíen los temas a consultar, que hasta el cierre de la edición no han respondido. El miércoles, al visitar la sala de exhibición, el equipo de este Diario encontró en el lugar con la viceministra.

Al oír que se consultó si los bienes que se encuentran, por ejemplo, en el Museo del Banco Central de Manta pasarían a este nuevo espacio, intervino.

Así dijo que el país ya cuenta con una red de museos estatales y espacios culturales gestionados por Gobierno central y municipios. En ese sistema —que incluye 18 museos, tres sitios arqueológicos, 10 archivos y 13 bibliotecas— se ha impulsado un proceso de fortalecimiento institucional.

El nuevo Museo Nacional (MuNa), explicó, no busca centralizar colecciones ni trasladar piezas de otras provincias. Por el contrario, afirmó que apuntan a descentralizar la gestión del patrimonio, con acciones como el fortalecimiento de reservas en Bahía. 

La colección nacional, dispersa en distintas zonas del país, se mantendrá así. Se prevé retomar una política de adquisición de piezas, principalmente desde colecciones privadas.

La idea de contar con un nuevo espacio para el MuNa ronda en la cabeza de Muñoz desde antes del Gobierno de Noboa. Dirigió el museo, cuya base está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), pero reposa en dos espacios más. Y en el 2023 fue separada de su cargo por criticar esa situación.

La opinión de Alexandra Kennedy, historiadora y curadora

Aunque en el sector cultural hay consenso sobre la necesidad de un nuevo MuNa, surgen reparos sobre el momento y enfoque. 

Alexandra Kennedy, historiadora del arte y curadora, sostiene que la infraestructura actual está agotada, pero advierte que el contexto político es poco propicio para establecer políticas culturales de largo alcance, en medio de la pérdida del Ministerio de Cultura, los recortes y la reforma al Cootad, que afecta a municipios.

Además, Kennedy plantea que el desafío no es solo construir un edificio, sino redefinir su narrativa. Un museo nacional —detalla— debe ir más allá de la exhibición y volverse un espacio de debate sobre temas urgentes como la Amazonía, el extractivismo, el género y las desigualdades sociales. 

“No debería ser una vitrina de objetos de arte, sino un lugar para que a través de esas imágenes se confronten realidades”.

Kennedy subraya que esa narrativa se construye de forma integral —entre curaduría, museología y museografía— y exige criterios claros sobre qué se muestra, cómo y para qué. Insiste en que debe ser un espacio inclusivo, crítico y permanente, no limitado a lo estético ni a acciones educativas ocasionales.

Lo que dice Romina Muñoz

En una entrevista con Ecuador TV, Muñoz adelantó que:

La opinión de Manuel Kigman

Para Manuel Kigman, profesor y gestor cultural, el nuevo museo “es un proyecto necesario” por la magnitud de las colecciones prehispánicas, coloniales y modernas. Pero pide mayor articulación con el sector cultural y no concentrar la inversión en una sola infraestructura. 

Cuestiona la desigualdad: “el presupuesto de la CCE para museos es de 14 mil dólares”, frente a un proyecto que rondaría los 100 millones. Mientras se impulsa una gran obra, “el resto de actores culturales no tiene lo suficiente”.

Ve una contradicción entre levantar ese museo y “dinamitar” procesos en los municipios de Quito o Cuenca. Recuerda el rol de la Fundación Teatro Sucre, el Festival del Jazz o de Música Sacra. ¿Qué historia se contará en el museo? ¿La de movimientos sociales, como el indígena, sin una aproximación folclorizante?

¿Puede dinamizar el turismo como el museo de Bilbao?

El economista de la cultura Pablo Cardoso sostiene que cuestionar un Museo Nacional “solo lo haría un loco”; pero el problema es el contexto: “la política cultural del Gobierno parece haberse reducido a esta obra”, en medio de recortes, debilitamiento institucional y la reforma al Cootad. 

Cardoso teme un “efecto monumento” sin una política integral. Si bien reconoce que este tipo de infraestructuras pueden dinamizar el turismo —como el Guggenheim de Bilbao—, aclara que no es tan simple: los retornos dependen de factores como seguridad, políticas públicas y articulación urbana. 

Cuestiona la falta de coordinación con el Municipio de Quito y advierte que, sin una estrategia sistémica, el museo podría convertirse en “una isla”. Subraya que no basta la inversión inicial: se requieren recursos sostenidos para operación, programación y mediación. 

Ecuador

Romina Muñoz: "La cultura hace las ciudades más seguras" frente al crimen organizado

Agencia EFE

“Los museos no se sostienen por taquilla”, afirma, y recalca que la inversión cultural es tan necesaria como la de salud o educación, especialmente en un país con bajo consumo cultural.

Lo que debes saber

• Cuatro alcaldes ecuatorianos enfrentan procesos que comprometen su participación electoral de 2026.
• Aquiles Álvarez y Vicko Villacís cumplen prisión preventiva por casos de corrupción y lavado.
• El TCE suspendió derechos políticos de Cristian Zamora y Javier Pincay de cara a los comicios.

Cuatro alcaldes de Ecuador de las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca y Portoviejo se encuentran bajo procesos judiciales y electorales que ponen en riesgo su participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Analistas locales denuncian una presunta estrategia de judicialización de la política impulsada por el oficialismo para debilitar a los sectores de la oposición de cara a los comicios, afectando la independencia de poderes, el Estado de derecho y la libertad de voto de la ciudadanía.

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Las suspensiones del Tribunal Contencioso Electoral

En la justicia electoral, las sanciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han dejado formalmente fuera de la contienda de noviembre de 2026 a los principales personeros de Cuenca y Portoviejo.

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La entidad ratificó la suspensión de derechos políticos de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, tras determinarse una responsabilidad por violencia política de género. En un escenario similar, el tribunal confirmó la pérdida de derechos políticos de Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, inhabilitando su postulación para los próximos comicios seccionales.

Justicia

Abogado de Aquiles Álvarez tras caución negada: "Se intenta posicionar el miedo en los jueces"

Richard Josue Jimenez Mora

Analistas denuncian judicialización de la política ecuatoriana

Para el analista político y experto electoral Alfredo Espinosa, la simultaneidad de estos dictámenes evidencia una estrategia de judicialización de las elecciones diseñada para que los partidos de oposición queden fuera de la papeleta o lleguen debilitados. Espinosa sostiene que el único beneficiado es el oficialismo, que utiliza la estructura estatal para estructurar un escenario electoral ventajoso. Este Diario buscó un pronunciamiento de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la edición.

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Por su parte, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, coincide en que la persecución a organizaciones políticas inició previamente con eventos como la inhabilitación de la Revolución Ciudadana y la remoción de Marcela Aguiñaga en la Prefectura del Guayas. Alarcón enfatizó en la necesidad de resguardar el pluralismo y el derecho ciudadano a votar libremente, mientras que Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestionó la falta de independencia de poderes y urgió a la justicia a enfocarse en casos críticos de relevancia nacional como el proceso de generación eléctrica fallida con la empresa Progen.

Las claves que debes saber

• Reimberg cambia su dictamen en 48 horas: de suicidio a investigación por muerte de Monika Silva, en Montañita, tras presión internacional.
• UE y Consulado polaco intervienen esta semana en Ecuador; exigen peritaje externo por dudas en investigación oficial.
• Caso reabre por inconsistencias y falta de evidencias iniciales; autoridades incluyen expertos internacionales por exigencias externas.

El dictamen de John Reimberg sobre la muerte de la activista anticorrupción Monika Silva Koniuszek cambió radicalmente en menos de 48 horas. El martes, bastó un puñado de “elementos necesarios” (ni autopsia, ni levantamiento de evidencias, ni recolección de testimonios, ni interrogatorios… Apenas un palo y una cuerda) para que el ministro del Interior y fiscal de facto de la nación diera el caso por resuelto: suicidio. El jueves, sin embargo, se echó para atrás: lo que dos días antes no presentaba misterio se convirtió de pronto, sin mediar explicación alguna, en una investigación abierta cuyo esclarecimiento exigía la incorporación de peritos internacionales. ¿Qué ocurrió en esas 48 horas que lo cambió todo?

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¿Qué cambió la versión de Reimberg?

Algo muy simple: se publicó un comunicado de la Unión Europea. Ocurre que la víctima era ciudadana polaca y hay países que se toman esas cosas en serio. Acostumbradas a mirar para otro lado cuando niños ecuatorianos son maltratados en cárceles extranjeras, o cuando pescadores del país son bombardeados en alta mar, las autoridades del gobierno nacional no consideraron ese pequeño detalle. 

Así que probablemente hubo jalón de orejas. Porque cuando el ministro del Interior habla de suicidio y la Unión Europea pide una investigación “rápida, exhaustiva, independiente y transparente”; cuando el cónsul de Polonia, con sede en Lima, se traslada hasta Montañita para verificar el proceso… 

Bueno, el mensaje implícito es muy claro: “no te creemos”.

Por lo demás, esto es algo que tenía que ocurrir tarde o temprano con un ministro que ha hecho del prevaricato la mejor herramienta para marcar líneas de investigación (o de falta de ella) y dictar instrucciones a los funcionarios judiciales. 

En un país en el que se acaba de perpetrar un golpe de Estado en el Consejo de la Judicatura bajo la coordinación de funcionarios del Ejecutivo (el SRI, el Ministerio de Trabajo) y la participación de otros poderes del Estado (El Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la Corte Nacional de Justicia), todo con el objeto de controlar el órgano disciplinario de jueces y fiscales, es claro que el dictamen anticipado del ministro del Interior es, prácticamente, una orden. 

Los criterios adelantados de Reimberg y la justicia

Si él dice, por ejemplo (siempre antes de que concluyan las investigaciones) que el incendio de 35 embarcaciones en el puerto de Manta no tiene relación alguna con el crimen organizado, ¿dónde está el fiscal que se atreva a contradecirlo?

Ecuador

Caso Monika Silva: su madre arribó a Santa Elena junto a una delegación de Polonia

Joffre Lino

… O cuando dice que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es un “criminal”. Así lo llama, sistemáticamente (siguiendo en esto al presidente de la República): “criminal”. Y lo trata como si tuviera sentencia ejecutoriada, sin importarle que el proceso judicial en su contra no haya hecho otra cosa que caerse a pedacitos desde que arrancó; sin considerar siquiera que, así fuera declarado culpable el alcalde de Guayaquil al término de este juicio, no merecería otro calificativo que el de infractor (delincuente, a lo sumo, y esto con reservas). Pero no: “criminal”, sentencia el ministro, como si estuviera hablando de un sicario, y es un mensaje explícito dirigido a jueces y fiscales.

… O cuando arremete contra los jueces que toman decisiones que a él no le gustan (dictar unas medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por ejemplo), los exhibe y empapela, los acusa de favorecer a los delincuentes y moviliza en su contra el aparato disciplinario del Consejo de la Judicatura sin preocuparse por averiguar las circunstancias que rodearon el hecho…

¿No es también un mensaje directo sobre el tipo de resoluciones que espera de los jueces? Luego resulta que la Policía no hizo sus deberes o el fiscal de turno no presentó el pedido correspondiente pero él ni corrige ni se disculpa: lo importante aquí es dejar sentada una pedagogía.

¿Qué pretende el ministro John Reimberg cuando adelanta criterio y da por resueltos los casos que no han empezado a investigarse siquiera? No es esta una operación inocente ni mucho menos: es un acto de encubrimiento. 

Justicia

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El caso del millón de dólares en efectivo en Quito

A la corporación Elite Corp, en cuyas oficinas del edificio World Trade Center, en el corazón financiero de la capital, se encontró un millón de dólares en efectivo metidos en una caja fuerte, se apresuró el ministro a librar de toda sospecha y exculpar de cualquier posible irregularidad, incluso tributaria, antes de que la Fiscalía tuviera tiempo de decir ni pío: “Los nuevos mineros tienden a tener estas cantidades en efectivo en varios lugares”, justificó absurdamente. 

La catarata de preguntas que provoca semejante afirmación le tiene sin cuidado: ¿por qué guardan tanta plata en efectivo? ¿De dónde proviene? ¿Para qué lo emplean? ¿Están siendo extorsionados? ¿Están extorsionando? ¿Pagan sobornos? ¿Trafican en el mercado negro? Nada de eso. 

El ministro tenía resuelto el caso desde el minuto uno: “es una persona -dijo refiriéndose al propietario de ese millón en efectivo cuando no habían transcurrido ni seis horas de su hallazgo- que no tiene una vinculación hasta ahora que usted lo pueda ver con alguien o algo que pueda llamar la atención”. Porque, claro, un millón de dólares en efectivo no llaman la atención de nadie. No la de John Reimberg. ¿A quién encubre?

El agravante de la versión de Reimberg sobre Silva

Lo de Monika Silva es más de lo mismo, con un terrible agravante: en esta ocasión se trata de la muerte de una líder de su comunidad. Y, para empeorar las cosas, cada indicio recogido no por la Policía, que plegó de inmediato a la versión oficial dictaminada por Reimberg, sino por el periodismo independiente y los vecinos, contradice la historia del suicidio hasta volverla inverosímil. 

La olla de comida cocinándose a fuego lento que dejó la víctima; sus hijas abandonadas en la escuela; la tarea de lavar la ropa a medio hacer; las llaves de la casa prendidas en la cerradura por el lado de afuera; el corte de luz en el barrio a la hora del deceso; los mismos datos arrojados por la autopsia, incluyendo un golpe en la cabeza propinado antes de la muerte… 

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Y, para coronarlo todo, la intolerable mentira del ministro del Interior: la inexistente nota suicida, supuesto mensaje de despedida a su pareja. “Palabras bonitas”, tuvo la desvergüenza de decir. Con ellas completaba el perfil suicida que se había propuesto falsificar. Averiguadas las cosas, el mensaje decía: “Que tengas un buen día, amor”.

El objetivo evidente: dar el caso por resuelto y omitir las investigaciones. Que la Policía actuó según esas instrucciones lo evidencia el hecho de que, en el levantamiento de la escena, no se preocuparon por recoger su computadora, en la que reposan todas sus investigaciones, los casos de corrupción que venía documentando, las denuncias que presentó ante Fiscalía sobre las amenazas de muerte recibidas, los correos con esas amenazas o con información sobre ellas proporcionada por terceros… 

Tampoco les interesó, a los policías a cargo de la diligencia, conservar el teléfono celular de la víctima: se lo quisieron entregar al novio, que no daba crédito a lo que veían sus ojos. Ese teléfono, les dijo, es una evidencia y debería estar en cadena de custodia. ¿Lo está?

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Investigación por presión internacional

No estuvo de más que la Unión Europea, primero, y la embajada de Polonia, en un comunicado posterior, recordaran al Estado ecuatoriano su obligación de aplicar al caso de Monika Silva los protocolos internacionalmente reconocidos para la investigación de casos de muerte de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas sociales. Especialmente cuando había, como en este caso, amenazas documentadas de por medio. 

Monika Silva llevaba meses recibiendo amenazas de muerte; algunas de esas amenazas fueron públicas, como las proferidas por el asambleísta Otto Vera, esa especie de Pablo Muentes de la provincia de Santa Elena, involucrado en los principales casos de tráfico de tierras que ella documentó de manera exhaustiva; así lo denunció ante la Fiscalía y otros organismos del Estado; era, además, víctima del acoso judicial de funcionarios gubernamentales en relación con sus denuncias de nepotismo contra la hoy ministra de Trabajo Cynthia Gellibert o el contralor Mauricio Torres, o por sus investigaciones que relacionaban a la compañía Noboa Trading y otras empresas bananeras con el narcotráfico… 

Todos esos personajes que la amenazaban y la acosaban debieran ser los primeros investigados en este caso. Y es precisamente esa investigación la que el ministro del Interior trata de evitar a toda costa mediante la historia del suicidio.

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Lo de John Reimberg ante la muerte de Monika Silva es el ejemplo más descarado de falsificación de un caso policial fraguado desde el Estado que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El montaje que coordinó esta semana y, aparentemente (ojalá), se vio frustrado gracias a la intervención de la Unión Europea, es una forma de encubrimiento que pone en duda todos sus proclamados esfuerzos por luchar contra el crimen organizado. Está claro que al menos no es en Santa Elena, lugar de residencia del presidente de la República, donde tienen lugar esos esfuerzos.

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Lo que debes saber

• La CONAIE pidió una investigación inmediata por las muertes registradas en las comunidades shuar de Taruka y Etsa, en Sucumbíos.
• La organización cuestiona las circunstancias de un operativo reportado en la zona y solicita que se determinen responsabilidades.
• Además, alertó sobre la situación de las comunidades amazónicas y pidió evitar su estigmatización.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) expresó este 13 de junio su preocupación por los hechos ocurridos el 12 de junio de 2026 en las comunidades shuar Taruka y Etsa, ubicadas en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. La organización se pronunció tras la muerte de tres personas durante un operativo reportado en la zona amazónica.

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En su comunicado, la CONAIE lamentó el fallecimiento de Antonio Sharup, Edgar Sharup y Rolando Chumpi. Además, manifestó su solidaridad con las familias afectadas, las personas heridas y los habitantes de ambas comunidades, que atraviesan momentos de duelo e incertidumbre tras lo sucedido.

La organización señaló que la información recogida en territorio apunta a que los hechos ocurrieron durante un operativo militar de gran magnitud. Según los testimonios recopilados por dirigentes y comuneros, en el sector se habrían realizado sobrevuelos de helicópteros y despliegues de personal armado.

Investigación por operativo militar en Taruka y Etsa

La CONAIE indicó que las comunidades también reportaron la presencia de municiones, cartuchos y otros elementos materiales que, a su criterio, deben ser incorporados a las investigaciones. Estos indicios, sostuvo la organización, podrían aportar elementos para esclarecer las circunstancias de los hechos registrados en Sucumbíos.

Además, la CONAIE planteó que la investigación deberá determinar si durante el operativo se respetaron los protocolos relacionados con el uso progresivo y proporcional de la fuerza, así como establecer eventuales responsabilidades derivadas de los acontecimientos reportados por las comunidades.

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CONAIE pide evitar la estigmatización de pueblos amazónicos

El pronunciamiento también incluyó un llamado a evitar la estigmatización y criminalización de las comunidades indígenas amazónicas. La organización recordó que, en el contexto del conflicto armado interno y de las acciones estatales contra actividades ilícitas, la protección de los derechos colectivos debe mantenerse como una obligación del Estado.

“El Estado tiene la obligación de combatir la violencia y el crimen organizado, pero también de garantizar los derechos y la protección de las poblaciones que habitan los territorios amazónicos”, afirmó la CONAIE en el documento difundido este sábado.

La organización agregó que los hechos ocurridos en Taruka y Etsa reflejan problemáticas estructurales que persisten en la Amazonía ecuatoriana. Entre ellas mencionó la falta de empleo, oportunidades para los jóvenes e inversión pública, factores que, según indicó, continúan afectando a las comunidades de la región.

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“Solo el esclarecimiento de los hechos y una atención integral a las necesidades históricas de los territorios permitirán evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse”, señaló la organización al cierre de su pronunciamiento.

Finalmente, la CONAIE ratificó su compromiso con la paz, la verdad y la justicia, mientras insistió en la necesidad de que las autoridades esclarezcan las circunstancias que rodearon las muertes registradas en las comunidades shuar de Taruka y Etsa.

Lo que debes saber 

• La UNE llevó a la Corte Constitucional una demanda contra el Acuerdo Ministerial 0045-A.
• Andrés Quishpe cuestiona la obligatoriedad de actividades los sábados para estudiantes y docentes.
• El gremio pide suspender una de las disposiciones mientras avanza el análisis constitucional.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el Acuerdo Ministerial 0045-A del Ministerio de Educación. La acción busca dejar sin efecto la normativa que permite la realización de actividades complementarias los sábados en los planteles fiscales y que, según el gremio, afecta derechos de estudiantes y docentes.

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La movilización nacional de la UNE tuvo como destino la sede de la Corte Constitucional. Durante la jornada, Quishpe sostuvo que el contenido del acuerdo contradice las declaraciones de las autoridades educativas y aseguró que el documento establece obligaciones que van más allá de actividades voluntarias dentro del sistema educativo.

“La ministra de Educación miente porque el acuerdo es muy claro”, afirmó Quishpe. Según explicó, el cuestionamiento central se enfoca en la interpretación de los artículos del acuerdo, especialmente en la aplicación de actividades durante los fines de semana dentro de las instituciones educativas fiscales.

Demanda contra el Acuerdo Ministerial 0045-A

El dirigente señaló que la UNE identificó disposiciones que considerarían obligatoria la participación de estudiantes y profesores en actividades programadas los sábados. También indicó que varias de esas tareas ya forman parte de la planificación que los docentes desarrollan durante la semana lectiva.

“Lo más preocupante es que varias de esas actividades extracurriculares o complementarias los profesores las realizamos ya entre semana”, manifestó. A criterio del gremio, la medida no representa un cambio orientado a fortalecer el aprendizaje dentro de las aulas.

Quishpe además denunció que, coincidiendo con la primera movilización nacional contra la medida, algunas instituciones educativas habrían convocado actividades internas. “Hoy mismo, para evitar que los profesores asistan a esta primera marcha, convocaron a mingas en varios planteles educativos”, aseguró.

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UNE cuestiona impacto en estudiantes y docentes

Durante su intervención, el presidente de la UNE argumentó que el acuerdo podría afectar la organización familiar y académica de miles de estudiantes. Según explicó, los fines de semana suelen ser utilizados para procesos de preparación universitaria, desplazamientos familiares y otras actividades fuera de la jornada escolar.

“Estamos solicitando incluso que se suspenda de manera inmediata el artículo 2, ya que atenta al propio interés superior del niño y la niña”, sostuvo Quishpe. La organización considera que la aplicación de esa disposición tendría efectos directos sobre la planificación de estudiantes de bachillerato y de sus familias.

El dirigente también mencionó que muchos docentes utilizan los fines de semana para continuar estudios de posgrado o trasladarse a otras ciudades para reunirse con sus familiares. Desde la perspectiva del gremio, la medida modifica dinámicas ya establecidas dentro de la comunidad educativa.

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Acusan intento de precarización laboral

La UNE sostiene que el acuerdo ministerial responde a una lógica distinta a la mejora de la calidad educativa. Quishpe afirmó que el magisterio ha mantenido una postura activa frente a varios temas impulsados por el Gobierno y que la nueva normativa debe analizarse dentro de ese contexto.

“Es un acuerdo ministerial improvisado, inconstitucional y que lo que busca es ir legalizando todo lo que significa la precarización laboral que tiene conceptualizada el gobierno de Daniel Noboa”, expresó el dirigente durante la presentación de la demanda.

La Corte Constitucional deberá revisar ahora el recurso planteado por la organización sindical, que además solicita medidas inmediatas sobre la disposición cuestionada mientras se analiza el fondo de la acción presentada por el gremio docente.