Lo que debes saber

• Leonidas Iza acusa al Gobierno y CNE de cancelar movimientos Construye y Unidad Popular.
• El presidente de la Ecuarunari denuncia persecución y alza de combustibles; dice que fue convocado para el 6 de mayo.
• El dirigente indígena acompañó a Darío Iza en Fiscalía por investigación del paro 2025.

Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, acompañó este 14 de abril de 2026 a Darío Iza, dirigente del Pueblo Kitu Kara, quien fue llamado a rendir su versión en Fiscalía por el paro nacional de 2025. Luego de la comparecencia, el dirigente indígena criticó los procesos que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la cancelación de los movimientos políticos Construye y Unidad Popular y atribuyó la decisión al Gobierno de Daniel Noboa.

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"Como no quiere confrontar ni garantizar el derecho a la democracia, simplemente está cerrando movimientos o partidos políticos que vayan a ser contrapeso a su movimiento, ADN (Acción Democrática Nacional). Lo que quiere es ir a unas elecciones con ADN contra ADN. Prácticamente está dejando sin opciones al país", manifestó Iza a su salida de la Fiscalía.

Iza dice que lo convocaron

Según el titular de la Ecuarunari, el Gobierno "está utilizando el CNE y el TCE (Tribunal Contencioso Electoral)" para limitar a las organizaciones. 

En ese sentido, contó que él y otras personas del movimiento indígena han recibido llamados para afrontar un proceso similar. "Para el 6 de mayo nos han convocado por la campaña que hicimos por el Yasuní", agregó.

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Iza rechazó el aumento del precio en combustibles

En cuanto a la investigación del paro, Iza aseguró que, además del dirigente del pueblo Kitu Kara, "64 compañeros han sido perseguidos en el sistema financiero" en referencia a quienes han sufrido cierres de sus cuentas bancarias por indagaciones y "más de 200 perseguidos por la defensa de los territorios".

Rodeado por algunos seguidores, el dirigente criticó el incremento de los precios de los combustibles, un ajuste que también fue cuestionado el lunes antes por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). 

"En el siguiente mes, seguramente, pasaremos los tres dólares, el responsable es Donald Trump y ¿quién es el seguidor? Daniel Noboa. Está generando crisis para los países y también para Ecuador", indicó antes de expresar su rechazo a ese "aumento que afecta a los sectores más empobrecidos".

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¿Acudirá a las manifestaciones del 1 de mayo?

Iza consideró que los transportistas "se dejaron engañar" al recibir la compensación por el retiro del subsidio del diésel y estima que ese valor se lo trasladará posteriormente a la ciudadanía.

Pese a las situación actual, el representante no confirmó si se sumará a la movilización del 1 de mayo, convocada por los trabajadores. "No hemos tenido agenda, pero hay la decisión de la Ecuarunari de articular con sindicatos, ambientalistas y todos los que sostenemos la economía", señaló.

Lo que debes saber

• El SECA pasa el último filtro legislativo con apoyo oficialista, mientras la Revolución Ciudadana marca distancia pese a haber respaldado el informe en comisión.
• El acuerdo abre el mercado coreano para exportaciones ecuatorianas, con beneficios inmediatos y plazos diferenciados por sectores.
• oficialismo destaca inversión y empleo, mientras el correísmo advierte riesgos de profundizar la economía primaria.

La Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur (SECA). La tarde de este 14 de abril de 2026, el Pleno trató el informe que determinó que el documento era “meritorio y pertinente para los intereses nacionales”.

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La aprobación ocurrió con 82 votos a favor, provenientes en su mayoría de la bancada oficialista ADN. Hubo 57 votos en contra de asambleístas del correísmo. 

Esto generó críticas y sorpresa, tomando en cuenta que los legisladores de la Revolución Ciudadana que integran la Comisión de Relaciones Internacionales —mesa que tramitó el acuerdo— votaron a favor del informe.

En el documento se recordó que el acuerdo comercial, según la Corte Constitucional, cumplía con el requisito de compatibilidad constitucional, lo que habilitó su aprobación legislativa. “El Acuerdo establece reglas claras y vinculantes que otorgan certidumbre jurídica a los operadores económicos de ambos países”, señala el informe.

El proceso para la vigencia del acuerdo no ha concluido. Según lo explicó la misma Jaramillo, es necesario que en Corea ocurra un proceso similar al que se realizó en Ecuador.

Durante la sesión también se escuchó en comisión general al embajador de Corea del Sur en Ecuador Jae Hyun Shim. Señaló: "Nuestras economías son altamente complementarias. Existen pocos sectores sensibles y conflictivos. En un 27% se incrementarían las exportaciones no petroleras a Corea". 

¿De qué trata el acuerdo?

Durante el debate, los legisladores del oficialismo centraron sus intervenciones en los beneficios que, a su criterio, traerá el acuerdo para el país. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo (ADN), señaló que el 98% de los productos ecuatorianos ingresará con arancel 0, aunque la aplicación no será inmediata en todos los casos.

Entre los productos que se beneficiarán de forma inmediata está el camarón. Jaramillo explicó que actualmente enfrenta un arancel del 20%, pero con la vigencia del SECA esta carga se eliminará para los exportadores ecuatorianos.

En el caso del banano, la reducción del arancel será progresiva y se prevé que en un plazo de cinco años llegue a cero. En el sector automotriz también se contempla una disminución paulatina durante los 15 años posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo. Según el legislador oficialista Juan Reyes, esto permitirá la llegada de vehículos más baratos y con tecnología de punta.

La oposición del correísmo

En el Pleno, el encargado de exponer los argumentos en contra del SECA fue el asambleísta correísta Héctor Rodríguez. Entre sus planteamientos, señaló que están en juego dos visiones sobre el desarrollo del país: una vinculada a la dependencia de productos primarios y otra basada en el conocimiento. También sostuvo que no se trata de un acuerdo entre iguales, sino entre una economía industrial y otra primaria.

Mientras transcurría el debate, la bancada correísta emitió un comunicado titulado: “Ecuador frente a una encrucijada: desarrollo o dependencia”. 

En ese documento, la organización política indicó que durante décadas el país ha reproducido un patrón de dependencia: exporta productos básicos e importa bienes tecnológicos.

“Este esquema no solo limita el crecimiento, sino que profundiza la desigualdad, concentra la riqueza y debilita la soberanía productiva”, resaltó la bancada de la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa, presidente de Ecuador, impuso aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia por falta de cooperación en seguridad fronteriza.
  
• Noboa declaró el conflicto armado interno, en Ecuador, el 9 de enero de 2024, mediante el Decreto 111.
• Guayaquil, Durán, cantones de Guayas; así como Los Ríos, El Oro y Manabí son los focos más críticos de crímenes en Ecuador.
  

El problema de seguridad en Ecuador no tendría su origen en Colombia, sino en las rutas del narcotráfico provenientes de Perú, según afirmaron la embajadora María Velasco Guerrero y el presidente Gustavo Petro. Ambos sostuvieron que los datos de violencia desmienten la narrativa de que el crimen se exporta desde territorio colombiano.

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Durante la reunión de gabinete colombiano en Ipiales, ciudad ubicada cerca de la frontera con Ecuador, Velasco indicó que las cifras de criminalidad están organizadas por zonas específicas del país. A partir de ese análisis, sostuvo que la violencia se concentra en determinadas provincias que tienen más cercanía con la frontera de Perú y no con la frontera norte con Colombia.

Petro rechaza que Colombia exporte violencia

En la misma línea, el presidente colombiano rechazó los señalamientos de que su país sea el principal exportador de violencia hacia Ecuador. Afirmó que los datos muestran una reducción de homicidios en el norte ecuatoriano, vinculada a la disminución de la violencia en el departamento colombiano de Nariño.

Petro argumentó que el incremento de la violencia en Ecuador responde a otras dinámicas del narcotráfico regional. En particular, señaló que la ruta de la cocaína desde Perú hacia los puertos ecuatorianos tiene un peso determinante en el aumento de los delitos.

Según el mandatario, esta situación evidencia que Noboa está responsabilizando a Colombia sin analizar otros factores clave. En ese sentido, insistió en que la problemática requiere una visión más amplia y coordinada a nivel regional.

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Provincias costeras y del sur registran más violencia

Por su parte, Velasco profundizó en las cifras y detalló que la provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios en los últimos años. Indicó que en 2023 se registraron más de 4.295 asesinatos, con un incremento sostenido en 2024 (3.925) y 2025 (5.605).

Asimismo, mencionó a provincias como Los Ríos, El Oro y Manabí, donde también se reportan altos niveles de violencia. Estas zonas, explicó, están ubicadas en el sur y la costa del país, lejos de la frontera norte con Colombia.

La embajadora colombiana detalló que en la provincia de Los Ríos se registraron 1.086 asesinatos en 2023, 985 en 2024 y 1.550 en 2025. En Manabí, las cifras fueron de 915 homicidios en 2023, 850 en 2024 y 1.355 en 2025, mientras que en El Oro se contabilizaron 756 en 2023, 690 en 2024 y 1.020 en 2025.

El norte no lidera los índices de criminalidad

Sin embargo, la funcionaria subrayó que las provincias del norte, como Esmeraldas y Pichincha, no lideran los índices más altos de criminalidad en el país. Aunque enfrentan problemas de seguridad, sus cifras se mantienen por debajo de otras provincias.

Como ejemplo, citó el caso de Pichincha, donde se registraron 591 homicidios en 2023, 550 en 2024 y 810 en 2025. En Esmeraldas, en cambio, las cifras fueron de 628 en 2023, 275 en 2024 y 405 en 2025.

La diplomática insistió en que estos datos cuestionan la narrativa de que la violencia proviene directamente desde Colombia. A su juicio, la narcodelincuencia que afecta a Ecuador estaría más vinculada a dinámicas asociadas a la frontera con Perú.

Lo que debes saber

• La judicialización penal del conflicto societario: A través de la Fiscalía se intenta forzar un cambio en la estructura accionaria de GRANASA S.A., lo cual pone a los directivos de Expreso y Extra frente a posibles penas de hasta tres años de cárcel por un presunto desacato.

La notificación del juez Carlos López Vulgarín a la Fiscalía General del Estado activa el brazo penal contra los accionistas de EXPRESO y EXTRA. El proceso, que podría durar hasta un año, se centra en un delito que conlleva penas de cárcel y surge en medio de cuestionamientos por el hostigamiento del gobierno a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), por la celeridad judicial y la falta de competencia del magistrado.

El conflicto por el control de GRANASA ha cruzado la frontera de lo administrativo para instalarse en el terreno de lo penal. Tras una serie de decisiones judiciales tomadas en cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido notificada el 13 de abril de 2026 para investigar un presunto desacato. ¿Qué significa realmente entrar en el radar de la Fiscalía bajo estas circunstancias?

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El delito: La llave de la prisión

La investigación se abre bajo la figura del Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

En términos sencillos, se acusa a los directivos de no registrar a la empresa Veranera S.A. propiedad de Ingrid Martínez, como dueña del 40 % de las acciones de la editorial. Al estar Veranera en liquidación, no sería Ingrid Martínez la que contralaría sus bienes sino el liquidador asignado por el Estado, si el plan lograra concretarse. 

Sin emabrgo, ante la negativa de la empresa, la Fiscalía se activó y el delito de desacato establece una pena de uno a tres años de prisión. Para que el delito se consume, la orden incumplida debe ser "legítima" y dictada por una autoridad con "facultades legales". 

Ambos puntos que la defensa de GRANASA cuestiona, pues un juez de flagrancia no tiene competencia en temas societarios. "Aquí no estamos ante un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, sino frente a la orden ilegítima de un juez incompetente", dijo Eduardo Carmigniani, abogado de la casa editorial. 

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La fase de investigación previa: El "limbo" legal

Al recibir la notificación del juez, la Fiscalía inicia la fase de investigación previa (Art. 580 del COIP). Esta es una etapa de recolección de pruebas donde el fiscal debe jugar un rol de "objetividad": buscar tanto lo que condena a los directivos como lo que los libera de responsabilidad.

¿Qué sucederá ahora? El fiscal asignado debe primero notificar a GRANASA y sus directivos ordenará diligencias: versiones de los directivos, peritajes a los libros de acciones y constantes requerimientos de información.

Debido a que la pena máxima es de tres años, la Fiscalía tiene un plazo de hasta un año para investigar. Durante este tiempo, el caso permanece abierto, generando una sombra de incertidumbre legal sobre la operación de los diarios.

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La celeridad del juez: Una anomalía en el sistema

Lo que hace este caso excepcional no es solo el fondo, sino la forma. Mientras el sistema judicial suele ser lento, en el caso GRANASA el reloj voló: el 13 de abril de 2026, entre la petición del liquidador de Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio y la notificación a la Fiscalía, solo pasaron tres horas.

Esta velocidad contrasta con el "silencio" del mismo juez ante el pedido de la defensa de la editorial para revocar las medidas, que ha solicitado desde el 2 de abril, alegando que son de cumplimiento imposible debido a acuerdos legales previos. 

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¿Qué sigue? Las investigaciones que exige GRANASA

Para Eduardo Carmigniani, defensa de la editorial, la Fiscalía no solo debe investigar el presunto "incumplimiento", sino poner la lupa sobre quienes impulsaron la medida. Estas son las dos vías que propone Carmigniani:

Esta figura legal (Art. 272 del COIP) sanciona a quien, con el fin de inducir a engaño a la justicia, oculta o altera información.

El argumento: El liquidador de Veranera ocultó deliberadamente al juez la existencia de un acuerdo transaccional previo sobre las acciones.

En Ecuador, el prevaricato ocurre cuando jueces fallan contra ley expresa, haciendo uso de facultades que no tienen o desfigurando los hechos.

Jurisdicción Exclusiva: Al existir un convenio transaccional cuya validez está sometida a un arbitraje, los jueces ordinarios pierden competencia sobre el fondo del asunto.

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Unidad Popular argumenta ilegalidad en plazo que frenaría su eliminación del registro

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“No existen las 175.000 desafiliaciones por las que pretenden eliminarnos”, afirmó Atarihuana. Según detalló, desde 2020 se han registrado 1.483 cartas de desafiliación, lo que representa apenas el 0,7 % de las afiliaciones.

Acompañado de otros dirigentes, Atarihuana cuestionó el proceso impulsado desde el organismo electoral y exigió a los vocales principales del CNE que “ratifiquen la vigencia” de la organización política y archiven el trámite.

“Unidad Popular vive y la lucha sigue. No se puede tapar el sol con un dedo”.Geovanni Atarihuana/ presidente Unidad Popular

El pronunciamiento ocurre luego de que, el 26 de marzo de 2026, el CNE determinara que la organización estaría incursa en la causal de cancelación prevista en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia, relacionada con la reducción del número de afiliados.

Otros argumentos que expone Unidad Popular

En el artículo 327, numeral 7, inciso final, del Código de la Democracia se precisa que la eliminación de un partido solo puede resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.

En ese contexto, Unidad Popular recordó que la convocatoria a elecciones seccionales está prevista para el 1 de agosto de 2026, por lo que el CNE tenía solo hasta el viernes 3 de abril, para actuar. "Están fuera de tiempo", repitió Atarihuana. "Archiven el proceso ordenado por Daniel Noboa", dijo.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, ha negado cualquier acusación al respecto. También ha descartado que su independencia para actuar en el organismo electoral se haya perdido luego de que su hermano, Kar Atamaint fue nombrado cónsul en Queens, Estados Unidos, sin tener ninguna experiencia diplomática anterior. Está en el cargo desde el 1 de diciembre del 2023. Noboa fue posesionado en noviembre de ese año.

Esto debes saber

• La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) investiga a varios agentes tras ser captados tomando camarón de un camión accidentado en la vía a la costa.
• La institución abrió una investigación luego de que fueron identificados a través del centro de monitoreo.
• Todavía no se conocen cuántos son los agentes involucrados. 

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que se identificara a agentes que habrían incurrido en un comportamiento inapropiado tras un siniestro vial.

El hecho ocurrió este martes 14 de abril en la vía a la costa, a la altura del kilómetro 13,5, donde un vehículo de carga que transportaba camarón sufrió un accidente. Tras el siniestro, los productos quedaron esparcidos sobre el canal divisor de la vía.

Según la institución, los uniformados fueron detectados tomando de manera indebida los productos, una acción que quedó registrada en el sistema de videovigilancia del centro de monitoreo de la ATM.

ATM identifica a agentes por conducta inapropiada

A través de un comunicado, la ATM confirmó que el caso ya fue trasladado a su departamento legal. “Se llevará adelante la investigación y se determinarán las acciones correspondientes”, indicó la entidad.

Además, la institución precisó que, de confirmarse los hechos, los agentes involucrados enfrentarán sanciones administrativas conforme a la normativa vigente.

En el mismo pronunciamiento, la ATM reiteró su compromiso con la ciudadanía y aseguró que no tolerará este tipo de conductas.

“La ATM reafirma su compromiso con la ciudadanía y deja claro que no tolerará bajo ninguna circunstancia este tipo de comportamientos”, concluyó el comunicado.

Guayaquil

50 agentes de la ATM sancionados en 30 días: ciudadanos denuncian malos procedimientos en Guayaquil

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50 agentes de la ATM sancionados en 30 días

Este martes también se conoció que en estos últimos 30 días, la nueva administración de la ATM ha sancionado a 50 agentes por mal procedimiento, en medio de denuncias ciudadanas que siguen apuntando a abusos y desorden en las vías de Guayaquil.

La gestión encabezada por Edgar Lupera arranca con la depuración interna y control, según la entidad. Según datos oficiales, en el primer mes ya se aplicaron 50 sanciones a agentes que incumplieron protocolos durante operativos o controles en la calle.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia el 21 de enero de 2026, entrando en vigor el 1 de febrero de 2026 inicialmente con un 30%.
• La medida fue justificada por falta de cooperación en seguridad fronteriza.
• La tasa escaló al 50% en marzo y al 100% subirá desde el 1 de mayo de 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras declaraciones este martes 14 de abril de 2026 sobre la relación bilateral con Ecuador y la política comercial vigente, durante una reunión de gabinete en Ipiales, ciudad fronteriza con el país vecino. Sus palabras estuvieron dirigidas al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos.

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Cruces por falta de diálogo entre Bogotá y Quito

Petro fue enfático al asegurar que no suministrará energía eléctrica a Ecuador mientras se mantengan medidas arancelarias que considera perjudiciales. Según el jefe de Estado colombiano, la relación debe replantearse sobre la base de beneficios mutuos para ambos pueblos.

El mandatario colombiano acusó a Noboa de evitar el diálogo directo entre ambos gobiernos. Recordó un encuentro previo en Panamá donde, según su versión, el presidente ecuatoriano no aceptó discutir temas de interés común.

En su intervención, Petro insistió en que las decisiones deben beneficiar a los dos pueblos y no responder a intereses unilaterales. Recalcó que la integración regional debe primar sobre las diferencias coyunturales.

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Críticas al cierre comercial y sus efectos en el contrabando

Uno de los puntos más polémicos fue la situación en la frontera colombo-ecuatoriana. Gustavo Petro advirtió que las decisiones del Gobierno ecuatoriano podrían estar facilitando el avance de estructuras criminales en esa zona.

En ese contexto, cuestionó la falta de infraestructura vial hacia Esmeraldas, señalando que el temor al narcotráfico ha frenado proyectos clave. Para el presidente colombiano, esta visión desconoce las dinámicas reales del tráfico de drogas a nivel global.

Advertencias por seguridad en la frontera binacional

El presidente colombiano también criticó el cierre o restricción del comercio fronterizo como estrategia de control. A su juicio, estas medidas terminan incentivando el contrabando y fortaleciendo economías ilegales.

Como ejemplo, recordó la experiencia de la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí, dijo, el cierre permitió la expansión de grupos criminales hasta que se reactivó el comercio formal.

Petro defendió la integración económica como mecanismo para debilitar a las mafias. Argumentó que el aumento del comercio genera empleo, actividad empresarial y reduce la dependencia de economías ilícitas.

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Ajustes económicos y nuevos mercados

En materia comercial, el mandatario mencionó la implementación de subsidios internos para fortalecer la producción nacional frente a restricciones externas. Además, señaló que “no hay aranceles del 100 % (a productos ecuatorianos), no somos tan brutos”, afirmó, al tiempo que defendió una política de apertura selectiva en la que bienes necesarios para Colombia puedan ingresar con arancel cero.

Asimismo, Petro propuso redirigir los flujos comerciales afectados por la crisis bilateral hacia otros mercados regionales. En particular, mencionó a Venezuela como un destino clave para las exportaciones colombianas que no puedan ingresar a Ecuador debido a las restricciones arancelarias.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la articulación con la Comunidad Andina no será suspendida. “Ese es el poder de este pueblo, unido y no dividido”, afirmó, al tiempo que advirtió que supuestos intereses extranjeros buscarían fracturar la relación entre Ecuador y Colombia: “quieren dividirnos y que nos matemos, y no vamos a caer en esa trampa”.

Además, Petro volvió a denunciar que el expresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue nacionalizado como ciudadano colombiano, en septiembre de 2025, está detenido en condiciones que calificó como inhumanas. Este caso, afirmó, será un punto central en la agenda bilateral y en sus reclamos diplomáticos.

Con esto, se ratificó que el exjefe de campaña, Santiago Díaz, quien además enfrenta un proceso por el delito de abuso sexual contra una menor, quedó fuera de la denuncia.

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El juez Guillermo Ortega resolvió dar por atendido el recurso horizontal de aclaración interpuesto por Estefanía Elizabeth Molina Freire, Luisa Magdalena González Alcívar y Andrés David Aráuz Galarza, respecto de la sentencia dictada el 7 de abril de 2026. 

Aunque la decisión no modifica la sentencia, sí aclara los puntos solicitados por los militantes de la Revolución Ciudadana y, con esto, se abre la posibilidad de apelar para que sea el Pleno del TCE el que se pronuncie.

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El pasado 7 de abril, el juez Ortega emitió su sentencia tras la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. 

En ella se impuso una sanción pecuniaria de 40 salarios básicos unificados (18.000 dólares) en contra de la responsable de las finanzas de la organización política, así como del binomio González-Arauz, en calidad de responsables solidarios.

La situación de Santiago Díaz Asque

Díaz Asque, quien enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual contra una menor, también fue denunciado por la presidenta del CNE en su calidad de jefe de campaña en el proceso electoral de 2023.En su sentencia, el juez Guillermo Ortega descartó dicha denuncia. 

El documento señala: “negar la denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del CNE, respecto del señor Joseph Santiago Díaz Asque, en calidad de jefe de campaña, al no haberse configurado su responsabilidad conforme al marco normativo aplicable a la fecha de los hechos”.

Cabe recordar que Díaz Asque ha sido uno de los llamados por la Fiscalía en el denominado caso Caja Chica, en el cual se investiga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo.

Las alertas sobre su situación jurídica se encendieron después de verificarse que, entre otras cosas, permanecía en un centro de salud de Conocoto. 

Un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó múltiples irregularidades en la atención médica brindada.

El documento del Ministerio de Salud fue elaborado después de que Ecuavisa revelara que Díaz salía de la Cárcel 4 y pasaba largas jornadas en el centro médico, donde su cuñado era director.

Lo que debes saber

• El nuevo decreto que reforma la contratación pública en Ecuador no solo cambia procedimientos: también redistribuye el poder de control. 
• El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ahora tiene más herramientas para vigilar, sancionar y actuar.
• El sistema apuesta por mayor trazabilidad digital y sanciones más severas. Las reformas colocan a instituciones públicas, proveedores y funcionarios bajo una lupa más estricta.

El Decreto Ejecutivo 356 emitido por Daniel Noboa introduce cambios clave en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con un enfoque en fortalecer el control del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Uno de los puntos centrales de la reforma es que las instituciones del Estado que ejecutan procesos de contratación estarán bajo mayor supervisión, incluyendo ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y empresas públicas. 

Este nuevo esquema busca mejorar la eficiencia del sistema y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones.

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Nuevas reglas del Sercop en Ecuador: sanciones y controles explicados

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El decreto establece que el Sercop tendrá un rol más activo, especialmente antes de la adjudicación de contratos, lo que implica una vigilancia más constante en las etapas iniciales de los procesos.

Además, se eliminan restricciones que anteriormente limitaban la intervención del organismo una vez cumplidos ciertos plazos. Con esto, el Sercop amplía su capacidad de acción y control sobre posibles irregularidades.

Cambios en procedimientos y definiciones

Otro ajuste relevante está en la redefinición de conceptos dentro del sistema, como el catálogo de bienes y servicios. La reforma también exige que los procedimientos de contratación respondan de manera más clara a las necesidades específicas de cada entidad pública.

Este cambio apunta a una gestión más técnica y menos generalista en la contratación estatal.

Régimen especial para el Banco Central

El decreto también contempla un régimen especial para el Banco Central del Ecuador. Bajo esta normativa, ciertos procesos considerados estratégicos -como auditorías o transporte de valores- podrán manejarse con criterios de reserva o confidencialidad.

Política

Decreto del Sercop: claves para entender qué cambia en contrataciones públicas

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Aunque esta medida busca garantizar la seguridad en operaciones sensibles, también ha abierto el debate sobre los niveles de transparencia en el uso de recursos públicos.

En la práctica, la reforma implica un sistema con mayor control institucional y menor margen para decisiones discrecionales. Esto podría traducirse en procesos más estandarizados, pero también en mayores exigencias para las entidades contratantes.

Lo que debes saber 

• Inés Manzano anunció dos nuevos cortes de luz en Daule por mantenimiento en la subestación Dos Cerritos.
• Las interrupciones se realizarán dos domingos, de 05:00 a 08:00, para reducir la carga del sistema.
• La ministra atribuyó los apagones a fallas en la distribución y cuestionó a CNEL por falta de comunicación.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó este martes 14 de abril de 2026 que se ejecutarán nuevos cortes de electricidad en Daule debido a trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

La funcionaria precisó que las interrupciones del servicio están previstas para dos domingos adicionales, en el horario de 05:00 a 08:00, como parte de labores técnicas consideradas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.

“Dos Cerritos debe ser intervenida dos veces más, en dos domingos, de cinco a ocho de la mañana. Son trabajos indispensables porque necesitamos reducir la carga en esa estación”, explicó durante una entrevista en el programa Un café con JJ.

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Mantenimiento en subestaciones clave del sistema eléctrico

Manzano detalló que estas acciones forman parte de un plan de intervención en infraestructura eléctrica crítica, enfocado en mejorar la distribución del servicio, especialmente en zonas de alta demanda.

En ese contexto, indicó que al menos cuatro subestaciones están siendo intervenidas, entre ellas Dos Cerritos, que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo.

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Cuestionamientos a CNEL por falta de comunicación

La ministra también se refirió a los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades, principalmente de la Costa, y aseguró que estos no responden a problemas de generación, sino a fallas en la distribución.

En esa línea, cuestionó a CNEL por la falta de comunicación oportuna hacia los usuarios, en medio de una ola de calor que ha elevado la sensación térmica hasta los 40 grados centígrados en algunas zonas del país.

Lo que debes saber

• Las denuncias de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, avanzan tras un nuevo pedido de concejalas del PSC que exigen activar el proceso conforme al COOTAD.
• Ana Chóez y Cinthia García solicitaron información sobre el estado del trámite y la integración de la Comisión de Mesa, clave para definir el futuro político del alcalde.

Las denuncias de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, avanzan en el Concejo Cantonal, luego de una nueva solicitud presentada por concejalas del Partido Social Cristiano (PSC).

Las ediles Ana Chóez y Cinthia García solicitaron a la Secretaría de la Comisión de Mesa información clave sobre el estado actual del proceso, en apego al artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

El documento, dirigido al secretario de la Comisión, Magno Marriott Barreto, incluye cinco requerimientos que buscan transparentar el avance del trámite y garantizar su legalidad.

Esto piden las concejalas del PSC

Entre los principales puntos, las concejalas solicitan:

Guayaquil

Contraloría inicia verificación por subrogación de Aquiles Álvarez

Juan Ponce Merchán

En el documento, las concejalas advierten que la falta de impulso procesal o una integración incompleta de la Comisión de Mesa podría derivar en responsabilidades administrativas.

Además, alertan que estas omisiones podrían afectar la validez de las decisiones futuras dentro del proceso de remoción.

“Es necesario garantizar que el procedimiento se sustancie sin dilaciones indebidas y conforme a la normativa vigente”, señalaron.

El avance de este caso mantiene la atención política en Guayaquil, en medio de cuestionamientos y tensiones dentro del Municipio. Hasta ahora se conoce de al menos tres denuncias.

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Además, advirtió que las decisiones comerciales de Quito, como el aumento de aranceles, han generado desempleo en exportadores colombianos y hambre en zonas como Ipiales.

El 13 de abril, Petro anunció que el Ejército colombiano reforzará su presencia en la frontera con Ecuador, incluyendo zonas selváticas, para impedir el avance de estructuras mafiosas. “Se pone zona de ocupación de la frontera incluida la selva”, afirmó durante un consejo de ministros. El mandatario también criticó la lentitud del aparato militar y la compra de “cacharros viejos”, asegurando que él mismo tomó decisiones directas en materia de defensa.

El conflicto comercial y fronterizo entre Ecuador y Colombia

La tensión actual entre ambos países comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador impuso un arancel del 30 % a productos colombianos, justificando la medida en la falta de avances contra la inseguridad en la frontera. Colombia respondió con la misma acción y, semanas después, ambos gobiernos elevaron los aranceles al 50 %, configurando una guerra comercial.

El impacto ha sido directo en la población: Ecuador depende de medicamentos y alimentos procesados colombianos, que ahora llegan más caros, mientras Colombia elevó aranceles a exportaciones ecuatorianas como flores y pescado, con riesgo de caída de hasta el 75% en ventas externas.

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La tensión escaló aún más el 16 de marzo, cuando Petro denunció el hallazgo de una bomba en territorio colombiano, supuestamente vinculada a operaciones ecuatorianas. Tras una investigación conjunta, se concluyó que el artefacto habría impactado primero en Ecuador y luego cruzado a Colombia, por lo que ambos gobiernos decidieron cerrar el incidente por la vía diplomática.

En el plano comercial, el presidente colombiano anunció el 10 de abril que permitirá el ingreso de productos ecuatorianos considerados esenciales sin aranceles, buscando garantizar abastecimiento interno. Sin embargo, horas antes su ministra de Comercio confirmó que Colombia aplicará aranceles del 100 % a productos ecuatorianos, en reciprocidad a la medida de Quito que entrará en vigor el 1 de mayo.

Cruces en X

Los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa han trasladado parte de sus disputas a la red social X. Noboa defendió los aranceles como respuesta a la falta de cooperación militar de Colombia, mientras Petro insistió en que el artefacto hallado no correspondía a acciones de grupos ilegales.

Negociaciones con la CAN

El 10 de abril, la Comunidad Andina (CAN) emitió un comunicado en el que su secretario general, el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, informó haber contactado directamente a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador. El objetivo fue exhortarlos a retomar el diálogo de alto nivel frente a la escalada arancelaria que mantiene en tensión a ambos países.

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Gutiérrez manifestó su “profunda preocupación” por las medidas comerciales adoptadas recientemente, advirtiendo que lejos de aportar soluciones, generan efectos negativos tanto para las economías nacionales como para el conjunto de la subregión andina.

El secretario general insistió en que las conversaciones deben realizarse mediante delegaciones encabezadas por autoridades con capacidad de decisión, de modo que se logren acuerdos concretos que permitan superar la crisis.

Lo que debes saber

• El Pleno votará el informe del tratado comercial que abriría el mercado coreano a exportaciones ecuatorianas clave como cacao, camarón y banano.
• El informe pasó por unanimidad en comisión y se perfila como el paso legislativo importante antes de la vigencia del tratado.
• Gobierno apuesta por atraer inversiones y ampliar mercados tras el visto bueno a acuerdos comerciales, incluido el de Emiratos Árabes Unidos.

La Asamblea Nacional tratará este 14 de abril de 2026 el informe sobre el acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, señaló: “Hoy abriremos la puerta a uno de los mercados más importantes del mundo”.

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La sesión del Pleno está prevista para las 10:00 y será presencial. El primer punto del orden del día, después del Himno Nacional, es conocer y resolver el informe sobre el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur.

¿Qué pasó en la Comisión de Relaciones Internacionales?

Dicho informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Internacionales. Contó incluso con los votos de los legisladores del correísmo. 

Ese día, la presidenta de la mesa, Lucía Jaramillo (ADN), señaló que el convenio "traerá más producción para agricultores, mientras ellos nos ofrecerán tecnología, permitirá que pequeño agricultor pueda competir en mejores condiciones y que los productos se den a conocer en el mundo, no solo países hermanos como Colombia y Perú, generará más empleos".

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Desde el correísmo, la legisladora Noemí Cabrera pidió realizar evaluaciones periódicas anuales sobre el cumplimiento de los acuerdos. Además, planteó que se exhorte la conformación de mesas técnicas para subsanar las medidas fitosanitarias del Gobierno coreano.

Con la postura del correísmo en esa comisión, se prevé que existan los votos necesarios para la aprobación en el Pleno, lo que representaría el último paso en el ámbito legislativo dentro del trámite del acuerdo comercial.

En este contexto, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, señaló en su cuenta de X este martes: “Nuestro cacao, camarón, banano y más de 7 mil productos ecuatorianos entrarán con arancel 0% a Corea del Sur”.

La posición del presidente Daniel Noboa

El primer mandatario también se refirió al acuerdo en una entrevista radial del 13 de abril de 2026. Allí, Noboa fue consultado sobre su reacción respecto a la decisión de la Corte Constitucional sobre el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.

“También me sorprendí. Fue un momento de iluminación de la Corte dar paso a este tratado con Emiratos Árabes. Ahora vendría próximamente el de Corea y eso va a facilitar inversiones de ese país en el Ecuador. Somos economías muy compatibles y esperemos que eso pueda salir lo antes posible”, señaló el primer mandatario.

Lo que debes saber

• Noboa impulsa enmienda que quita al CPCCS designaciones tras aval de la Corte Constitucional.
• Referéndum se votaría el 29 de noviembre en Ecuador, junto a seccionales; si se aprueba, la ejecución arrancaría en diciembre.
• Expertos advierten que el CPCCS seguirá activo y la Asamblea asumirá el costo político de las designaciones.

La propuesta de enmienda del presidente Daniel Noboa, que plantea quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la facultad de designar a las distintas autoridades de control, ha logrado superar el análisis de la Corte Constitucional (CC) y es vista como una oportunidad para acabar con las polémicas designaciones, pugnas políticas y constantes prórrogas de funcionarios.

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El trámite avanza. El Ejecutivo envió las correcciones que solicitó la Corte, pero las remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para esa entidad sea quien realice la notificación sobre los ajustes a la CC.

Se estima que el referéndum para votar por la propuesta coincidirá con las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre y, en el caso de que sea aprobada, el trámite para su ejecución iniciaría en diciembre.

Consejo que se resiste a su eliminación

Sin embargo, más allá de los plazos y la expectativa que ha generado el eventual cambio en el proceso de designación, se observa que el proyecto no pondrá fin a un organismo controversial, ya que el Consejo seguirá vivo.

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“Estoy de acuerdo con que se reste la función de designación de autoridades al CPCCS, que esto pase a la Asamblea Nacional, termina transparentando los respaldos políticos al momento de llegar al liderazgo de una autoridad de control. Esperaríamos que haya una constituyente para reformar la estructura del Estado y prescindir del mismo (Consejo).

 Sin embargo, si este es un parche temporal y la institución se quedó allí -con el gasto que representa y con los recursos que se le asignan-, que al menos potencie el cumplimiento de su actividad de control social durante el tiempo que se mantenga”, dice Gonzalo Albán, exvocal del organismo.

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Noboa podía plantear eliminación

La constitucionalista Gabriela León opina que la solución definitiva debía haberla planteado el mismo presidente para eliminarlo. Cree que no lo hizo por temor al resultado, pero destaca que la enmienda logrará que el Consejo ya no genere interés. 

“Seguramente dejará de ser un foco de atención porque ya no tendrá los procesos de designaciones. Perderá su atractivo como un botín político del poder de turno porque le quedaría las funciones de promoción de participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción, pero ninguna de esas las ha hecho. 

Eliminarlo podría ser la solución, pero no se puede hacer vía enmienda. La solución, si el presidente la quiere hacer, es la reforma parcial, pero a él no le gusta porque primero tiene que pasar por la Asamblea y luego por el referéndum. Como el último lo perdió estrepitosamente, entonces no quiere arriesgarse a lo mismo”, indica.

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El analista y constitucionalista, André Santos, sostiene que “lo lógico habría sido eliminarlo, pero la Corte ha puesto obstáculos para entorpecer los procesos de cambios efectivos en el país. El presidente tenía una propuesta más drástica: que la Asamblea tenga toda la potestad para elegir de manera directa, pero la CC dijo que se deben mantener los procesos de designación, por eso la propuesta se queda a medias, porque la Corte lo impide”.

Pese al cambio limitado que generaría la eventual modificación, en caso de ser aprobada, los expertos miran posibles ventajas en la decisión de quitarle al CPCCS dicha facultad. 

“Igual habrá un proceso de postulación y selección. Pero, ¿en qué va a beneficiar? Si bien no es la mejor de las enmiendas, en el momento en el que la Asamblea elija y, en caso de que esa persona resulte ser un pésimo fiscal o un pésimo contralor, un corrupto o acusado por corrupción, después, quien asume el costo político va a ser la Asamblea, los partidos que lo apoyaron. Habrá una responsabilidad porque actualmente no hay un culpable, ya que (los elegidos) ganaron un concurso de oposición, nadie es culpable, a excepción de él mismo”, opina Santos.

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Albán, en cambio, mira una oportunidad. “Hay una tarea importante que el CPCCS no ha explotado: la organización de la sociedad civil como tal, crear asambleas ciudadanas, veedurías, observatorios. A veces se piensa que es algo mínimo, pero es una estrategia interesante para la reconstrucción del tejido social y la lucha contra la inseguridad”.

Aunque los virtuales escenarios permitirían hallar responsables ante las posibles fallas de los funcionarios designados y el CPCCS lograría dar un giro, León duda que el mecanismo ayude a resolver los problemas causados por las designaciones. 

La pelea cambiará de escenario

“¿Será la solución definitiva? Difícilmente, solo se volverá a lo que se establecía antes de esta Constitución. No es un tema de diseño constitucional sino de prácticas de cómo se entiende el ejercicio del poder y de la función pública, porque quienes se pelean hoy en el Consejo, pelearán mañana en la Asamblea”, concluye.

Los concursos de selección

Lo que debes saber

• Luis Almeida evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en 2026 ante vacío de poder actual.
• El exasambleísta busca respaldo político y afirma que movimientos sociales impulsan su candidatura.
• Almeida suena para el sillón de Olmedo junto a otras cinco personas más.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida revela, en entrevista con Diario EXPRESO, que evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aunque el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), organización política que lo respaldó durante varios años, no está definido, asegura que su eventual candidatura responde al pedido de movimientos sociales.

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Luis Almeida quiere "servir" a Guayaquil

De acuerdo con Almeida, su trayectoria y preparación académica lo ubican como uno de los "verdaderos políticos" que pueden asumir las riendas de Guayaquil, en especial tras el vacío de poder que ha dejado la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez por los casos judiciales en su contra y la inexperiencia política de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

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"Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política de la ciudad; en empresa privada y no empresa privada; y, sobre todo, con un amor grandioso hacia el pueblo guayaquileño y ecuatoriano", comentó, e indicó que es el momento de "escoger a los mejores, de la gente que ame realmente a su pueblo, de la gente que sienta a este Guayaquil profundo (...)".

La relación con el PSC y Jaime Nebot

Aunque tiene la intención de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil, el exasambleísta Luis Almeida confiesa que aún no tiene un partido político que lo cobije. "Hay movimientos sociales que están planteando, grupos de partidos políticos extraños al Partido Social Cristiano y de otras tendencias, que me han dicho que yo debería ir", señaló.

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Al ser consultado sobre si el PSC, organización política que lo cobijó por varios años, lo respaldará, Luis Almeida indicó que eso depende únicamente de los líderes políticos, aunque considera que el partido "debería considerarlo". Incluso afirmó que mantiene una "excelente relación" con el líder socialcristiano Jaime Nebot, pero que aún no han conversado sobre un eventual apoyo a su candidatura a la Alcaldía.

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Los nombres que suenan para la Alcaldía

La carrera por el sillón de Olmedo empieza a tomar forma con figuras del actual Gobierno y exfuncionarios que ya realizan actividades proselitistas en redes sociales. Almeida se suma a un escenario donde la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y el ascenso de la vicealcaldesa Tatiana Coronel han acelerado los tiempos electorales.

Algunos nombres que suenan para la Alcaldía de Guayaquil son:

Lo que debes saber

• El Gobierno cambia las reglas del Sercop con nuevas sanciones de hasta 360 días y más controles en compras públicas.
• El decreto también introduce contrataciones reservadas y obliga a justificar compras en el exterior.
• El Banco Central del Ecuador es incluido dentro de un régimen especial de contratación.

El sistema de contratación pública en Ecuador pasa a una nueva etapa tras la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 356, firmado por el presidente Daniel Noboa. Desde el 10 de abril, las reformas introducen cambios clave en la forma en que el Estado compra bienes y servicios, con un énfasis particular en controles, sanciones y procedimientos.

La actualización modifica varios artículos del reglamento del Sercop y redefine aspectos centrales del proceso de contratación.

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Uno de los ajustes iniciales se concentra en la definición de conceptos dentro del sistema, como el listado de catálogo de bienes. A esto se suma una reformulación de los procedimientos, que ahora deben responder de manera más clara a las necesidades específicas de cada entidad pública.

También se introducen cambios en el uso de los catálogos electrónicos, una herramienta clave para la adquisición de bienes y servicios. Con esta modificación, se busca ordenar los procesos de selección de proveedores y hacerlos más estructurados en la práctica.

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Banco Central del Ecuador, con régimen especial de contratación

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la inclusión del Banco Central del Ecuador dentro de un régimen especial de contratación. Esto le permite gestionar procesos vinculados a operaciones sensibles, como reservas o inversiones, bajo condiciones diferenciadas.

En estos casos, el decreto establece que ciertos procedimientos no serán de acceso público si existe riesgo para la gestión estatal, según el decreto. Sin embargo, se mantiene la exigencia de controles internos, lo que plantea un equilibrio entre confidencialidad y supervisión.

Aun en este contexto, la normativa obliga a que las resoluciones de contratación directa se publiquen en el portal oficial dentro de plazos definidos. Con esto, se busca dejar registro de las decisiones adoptadas, incluso en procesos que manejan información sensible.

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Sercop y las contrataciones en el extranjero

Otra de las modificaciones apunta a las contrataciones en el extranjero. A partir de ahora, las entidades deberán justificar técnicamente la necesidad de acudir a proveedores internacionales, lo que introduce un filtro adicional para este tipo de decisiones.

Reforma al Sercop: ¿cuáles son las sanciones?

El decreto también redefine el esquema sancionatorio dentro del Sercop, incorporando una clasificación más detallada de las infracciones. Este cambio busca que las penalizaciones sean proporcionales a la gravedad de cada incumplimiento.

Las sanciones se estructuran en tres niveles. Para la figura de Subasta Inversa Electrónica:

Para infracciones en procedimientos de régimen común y especial:

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Infracciones por mal uso del Portal de Contratación Pública:

Las suspensiones se pueden extender hasta los 360 días, en el caso de las infracciones muy graves; 270 días en las graves y 181 en las leves.

Además, se establece que antes de iniciar cualquier sanción debe existir un informe técnico que sustente la existencia de negligencia o incumplimiento. Este requisito introduce un paso previo obligatorio que refuerza la base técnica de las decisiones disciplinarias.

Lo que debes saber

• El nuevo decreto del SERCOP cambia reglas clave en contrataciones públicas, introduce sanciones más claras y redefine el régimen especial. Aquí las claves.

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 356 en Ecuador, que reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La norma introduce cambios en el rol del SERCOP, en los procedimientos especiales y en el control de sanciones. El objetivo declarado es mejorar la eficiencia del sistema y ajustar reglas en sectores estratégicos. Estas modificaciones ya rigen tras su publicación en el Registro Oficial.

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Entre los cambios más relevantes está la redefinición del “régimen especial”, que ahora incluye contrataciones vinculadas a banca central, política monetaria y estabilidad financiera. Esto implica nuevas reglas para adquisiciones del Banco Central del Ecuador. También se incorporan criterios de proporcionalidad en sanciones y nuevos procedimientos para compras en el extranjero.

El decreto también ajusta artículos clave para reforzar el control institucional y la trazabilidad de los procesos. Se incluyen obligaciones de publicación en portales oficiales y mecanismos para validar información en tiempo real. Además, se introducen cambios en la contratación internacional, con normas específicas sobre transparencia.

Qué cambia en el régimen especial del SERCOP

Uno de los ejes principales es la modificación del artículo 2, que redefine el alcance del régimen especial. Este ahora abarca actividades necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema monetario y financiero. Incluye desde operaciones de liquidez hasta inversiones y gestión de reservas internacionales.

El artículo 4 detalla nuevas áreas bajo este régimen, como la contratación de servicios financieros especializados. También se contemplan adquisiciones para seguridad de valores, servicios tecnológicos y logística vinculada al manejo monetario. Estas actividades estarán sujetas a regulaciones específicas, distintas al régimen común.

El decreto señala que el Banco Central podrá determinar procesos específicos para estas contrataciones. Sin embargo, se mantiene la obligación de publicar información relevante en el Portal de Compras Públicas. Esto busca equilibrar flexibilidad operativa con transparencia.

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Nuevas reglas para contrataciones internacionales

El artículo 152 establece normas para contratar con organismos internacionales. Estas adquisiciones se regirán por acuerdos y tratados internacionales, con prioridad sobre la normativa nacional. Esto abre la puerta a procesos más ágiles en cooperación internacional.

Además, el artículo 154 obliga a publicar en el portal institucional y en el portal de compras públicas. Las entidades deberán detallar necesidades, plazos y condiciones para proveedores internacionales. Si no se reciben propuestas, el Banco Central podrá justificar la adjudicación directa.

También se prioriza la participación de proveedores que aporten valor agregado al país. El decreto señala que esto debe evaluarse en términos de transferencia de conocimiento o inversión. Se busca así fortalecer capacidades locales a través de contratación externa.

Ajustes en sanciones y control del sistema

El decreto introduce cambios en los artículos 432 y 433 sobre sanciones administrativas. Se elimina la frase “en su primera notificación” y se redefinen criterios para la pérdida de competencia del SERCOP. También se aclaran responsabilidades por negligencia en pronunciamientos.

Una de las citas clave del documento señala: “Previo informe motivado del órgano competente, la máxima autoridad del Sercop… declarará la suspensión o destitución”. Esto refuerza la cadena de responsabilidad dentro del sistema. La norma busca evitar vacíos en la aplicación de sanciones.

Además, se incorpora una nueva sección sobre clases de sanciones. Estas se clasifican en leves, graves y muy graves, con rangos económicos y tiempos de suspensión definidos. También se incluyen sanciones por reincidencia y faltas en subastas inversas electrónicas.

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Claves rápidas del decreto del Sercop

Contexto y objetivo de la reforma

El decreto se sustenta en artículos de la Constitución y leyes económicas vigentes. También responde a la necesidad de adaptar el sistema a nuevas dinámicas financieras. Según el texto, se busca garantizar eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

Entre los considerandos se destaca que el sistema debe “preservar la integridad del erario público”. Además, se enfatiza la importancia de evitar prácticas inadecuadas en contratación. Esto se traduce en controles más estrictos y reglas más claras.

Lo que debes saber

• El presidente Gustavo Petro anuncia el refuerzo militar en la frontera con Ecuador, incluida la selva, para frenar a la mafia. Admite fallas en el equipamiento del Ejército y cuestiona la compra de “cacharros viejos”.
  La decisión ocurre tras el arancel del 100% impuesto por Ecuador por temas de seguridad.

El presidente de Gustavo Petro anunció que el Ejército colombiano reforzará su presencia en la frontera con Ecuador, incluyendo zonas selváticas, con el objetivo de impedir el avance de estructuras mafiosas en la región. “Se pone zona de ocupación de la frontera incluida la selva”, afirmó el mandatario este 13 de abril durante un consejo de ministros. El pronunciamiento se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la zona limítrofe. Además, coincide con recientes decisiones del Gobierno ecuatoriano en materia comercial y de control fronterizo.

Durante su intervención, Petro también lanzó críticas al funcionamiento del aparato militar. “El ejército de Colombia que se demora porque compra cacharros viejos”, dijo al cuestionar procesos de adquisición. El presidente sostuvo que ya ha tomado decisiones directas en esta área. “Me pongo al frente, de eso, el ministro de defensa”, añadió.

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Petro anuncia control territorial y cuestiona al Ejército colombiano

Petro insistió en la necesidad de fortalecer el control territorial en zonas estratégicas. La referencia a una “zona de ocupación” apunta a un despliegue más firme del Estado. Esto incluiría áreas donde operan redes vinculadas al narcotráfico. La frontera norte de Ecuador es una de las regiones más sensibles.

El presidente también cuestionó la falta de implementación de tecnología clave. “Yo pedí aquí un radar de alta generación y la aeronáutica civil no hizo caso”, afirmó. Según explicó, esto buscaba detectar vuelos ilegales asociados al narcotráfico. La crítica se dirigió a entidades que no habrían respondido a tiempo.

En contraste, aseguró que ahora cuentan con mejores herramientas tecnológicas. “En Gorgona tenemos ya el radar… más inteligente, más moderno”, señaló. Indicó que su operación no se limita a la isla, sino que responde a otra lógica estratégica. “Y es pura matemática de alto nivel”, concluyó.

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Colombia aplica medidas mixtas: abre importaciones clave y eleva aranceles a Ecuador

El presidente de Gustavo Petro anunció el 10 de abril que su gobierno permitirá el ingreso de productos ecuatorianos considerados esenciales sin aplicar aranceles. A través de su cuenta en X, señaló que esta medida busca facilitar el abastecimiento en Colombia.

El pronunciamiento se dio pocas horas después de que la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmara que el país aplicará aranceles del 100% a productos provenientes de Ecuador. Esta decisión responde como una acción recíproca tras el anuncio ecuatoriano de imponer la misma tasa desde el 1 de mayo.

Los puntos claves del caso

• La audiencia de apelación de Raúl Chávez en el caso Goleada no se instaló este 13 de abril debido a la recusación presentada contra el tribunal.
  
• El asambleísta señaló que la recusación a los jueces provocó la suspensión de la diligencia prevista para esta tarde.
• Chávez calificó la situación como “una alarma para todos los ecuatorianos” y cuestionó el uso político de la justicia.

El asambleísta Raúl Chávez se pronunció la noche de este 13 de abril a través de un video en el que informó que su audiencia de apelación a la prisión preventiva, dentro del denominado caso Goleada, fue suspendida debido a la recusación presentada contra los jueces del tribunal que debía conocer la causa.

Según explicó, la diligencia estaba prevista para las 14:30 de este lunes, pero no pudo instalarse debido a la acción legal que recae sobre los magistrados, lo que abrió un nuevo episodio de incertidumbre dentro del proceso.

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“Represivamente han recusado a estos jueces del tribunal”, señaló Chávez, al afirmar que la medida habría sido impulsada por la Fiscalía General del Estado y otros actores jurídicos, lo que derivó en la suspensión de la audiencia.

El legislador advirtió además que esta recusación podría provocar el cambio de los tres jueces que integraban el tribunal, a quienes calificó como funcionarios que “han sido respaldados por abogados y colegios de jueces” por su actuación en el proceso.

“Ellos dijeron claramente que no existía ningún indicio que pueda justificar algún tipo de delito y que por eso se levantaba la prisión preventiva”, añadió en su pronunciamiento.

Chávez consideró que lo ocurrido constituye “una alarma para todos los ecuatorianos” y cuestionó que la política pueda interferir en el sistema judicial. “No puede ser posible que la política sea utilizada como un juego de ajedrez”, afirmó, al señalar que la Constitución y las leyes deben garantizar decisiones imparciales.

Proceso judicial sigue en medio de decisiones sobre el tribunal

El pasado 10 de abril, la Fiscalía General del Estado presentó una demanda de recusación contra los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que revocaron la prisión preventiva de cinco procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez.

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La Fiscalía argumentó que los magistrados habrían incurrido en un “exceso de funciones” al realizar una valoración de fondo sobre la existencia del delito durante la apelación de medidas cautelares, lo que —según su criterio— comprometería su imparcialidad.

El proceso se enmarca en el denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos vinculada al presunto desvío de diésel subsidiado y el uso de empresas para blanqueo de capitales.

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En paralelo, el proceso ha generado un entramado judicial complejo, con denuncias por presunto error inexcusable y prevaricato contra los jueces, además de incidentes procesales que han retrasado la definición de la apelación.

Lo que debes saber

• José De La Gasca rechaza nexos con Daniel Noboa y ratifica su candidatura a fiscal general ante críticas.
• De La Gasca defiende 20 años de experiencia penal y desmiente falta de requisitos tras objeción de veeduría.
• El exministro exige renuncia del veedor Guido Egas por presunto sesgo político y errores en el proceso.

El exministro de Gobierno y actual aspirante a la Fiscalía General del Estado, José De La Gasca, responde a las acusaciones del nuevo coordinador de la veeduría ciudadana del concurso, Guido Egas. En declaraciones para EXPRESO, De La Gasca niega ser un apadrinado del presidente Daniel Noboa y ratifica contar con la experiencia y formación necesaria para ser el próximo fiscal general.

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La postura de Guido Egas sobre De La Gasca

Tras ser electo como nuevo coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas cuestionó la postulación de De La Gasca en el concurso. Según el veedor, el exministro no cuenta con la experiencia exigida por el reglamento ni tiene credenciales éticas por haber sido embajador y secretario de Estado del presidente Daniel Noboa. Egas incluso lo invitó a renunciar al concurso por "ética".

De La Gasca defiende su trayectoria y experiencia

Sin embargo, De La Gasca señala a este Diario que Egas "pierde toda seriedad el criterio de un 'veedor' cuando empieza por señalarme como 'apadrinado del gobierno'". El exministro, además, defendió su trayectoria, señalando que su paso por el sector público "no es sinónimo de padrinazgo alguno" y que su "sesgada insinuación más dice de él que de mí".

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Respecto a la supuesta falta de experiencia y preparación, De La Gasca respondió con su perfil profesional:

"He cumplido con todos los requisitos legales y no estoy inmerso en inhabilidad o prohibición alguna. Eso fácilmente constatable y así lo ha declarado la Comisión Ciudadana del concurso", acota.

De La Gasca y su independencia de Noboa

Por otro lado, respecto a su supuesta falta de independencia política, el exministro sostiene que no ejerce cargo público alguno desde julio de 2025 ni tiene conflicto de interés alguno que le impidan postularse para el concurso para fiscal general del Estado.

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Un mensaje directo a la veeduría del concurso

Finalmente, De La Gasca envía un mensaje al nuevo coordinador de la veeduría del concurso para fiscal: "Al señor Egas le digo, que revise los documentos con mayor prolijidad, pues ni siquiera soy el postulante 168 como él afirma. Así de confundido está. El rol de veedor ciudadano debe ejercerse con responsabilidad, decoro e independencia. No con agenda o sesgos políticos. Por eso, le devuelvo al señor Egas la invitación a que renuncie, por ética".

Lo que debes saber

• Daniel Noboa, presidente de Ecuador, impuso aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia por falta de cooperación en seguridad fronteriza.
  
• Noboa declaró el conflicto armado interno, en Ecuador, el 9 de enero de 2024, mediante el Decreto 111.
• Guayaquil, Durán, cantones de Guayas; así como Los Ríos, El Oro y Manabí son los focos más críticos de crímenes en Ecuador.
  

El problema de seguridad en Ecuador no tendría su origen en Colombia, sino en las rutas del narcotráfico provenientes de Perú, según afirmaron la embajadora María Velasco Guerrero y el presidente Gustavo Petro. Ambos sostuvieron que los datos de violencia desmienten la narrativa de que el crimen se exporta desde territorio colombiano.

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Durante la reunión de gabinete colombiano en Ipiales, ciudad ubicada cerca de la frontera con Ecuador, Velasco indicó que las cifras de criminalidad están organizadas por zonas específicas del país. A partir de ese análisis, sostuvo que la violencia se concentra en determinadas provincias que tienen más cercanía con la frontera de Perú y no con la frontera norte con Colombia.

Petro rechaza que Colombia exporte violencia

En la misma línea, el presidente colombiano rechazó los señalamientos de que su país sea el principal exportador de violencia hacia Ecuador. Afirmó que los datos muestran una reducción de homicidios en el norte ecuatoriano, vinculada a la disminución de la violencia en el departamento colombiano de Nariño.

Petro argumentó que el incremento de la violencia en Ecuador responde a otras dinámicas del narcotráfico regional. En particular, señaló que la ruta de la cocaína desde Perú hacia los puertos ecuatorianos tiene un peso determinante en el aumento de los delitos.

Según el mandatario, esta situación evidencia que Noboa está responsabilizando a Colombia sin analizar otros factores clave. En ese sentido, insistió en que la problemática requiere una visión más amplia y coordinada a nivel regional.

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Provincias costeras y del sur registran más violencia

Por su parte, Velasco profundizó en las cifras y detalló que la provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios en los últimos años. Indicó que en 2023 se registraron más de 4.295 asesinatos, con un incremento sostenido en 2024 (3.925) y 2025 (5.605).

Asimismo, mencionó a provincias como Los Ríos, El Oro y Manabí, donde también se reportan altos niveles de violencia. Estas zonas, explicó, están ubicadas en el sur y la costa del país, lejos de la frontera norte con Colombia.

La embajadora colombiana detalló que en la provincia de Los Ríos se registraron 1.086 asesinatos en 2023, 985 en 2024 y 1.550 en 2025. En Manabí, las cifras fueron de 915 homicidios en 2023, 850 en 2024 y 1.355 en 2025, mientras que en El Oro se contabilizaron 756 en 2023, 690 en 2024 y 1.020 en 2025.

El norte no lidera los índices de criminalidad

Sin embargo, la funcionaria subrayó que las provincias del norte, como Esmeraldas y Pichincha, no lideran los índices más altos de criminalidad en el país. Aunque enfrentan problemas de seguridad, sus cifras se mantienen por debajo de otras provincias.

Como ejemplo, citó el caso de Pichincha, donde se registraron 591 homicidios en 2023, 550 en 2024 y 810 en 2025. En Esmeraldas, en cambio, las cifras fueron de 628 en 2023, 275 en 2024 y 405 en 2025.

La diplomática insistió en que estos datos cuestionan la narrativa de que la violencia proviene directamente desde Colombia. A su juicio, la narcodelincuencia que afecta a Ecuador estaría más vinculada a dinámicas asociadas a la frontera con Perú.

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“No existen las 175.000 desafiliaciones por las que pretenden eliminarnos”, afirmó Atarihuana. Según detalló, desde 2020 se han registrado 1.483 cartas de desafiliación, lo que representa apenas el 0,7 % de las afiliaciones.

Acompañado de otros dirigentes, Atarihuana cuestionó el proceso impulsado desde el organismo electoral y exigió a los vocales principales del CNE que “ratifiquen la vigencia” de la organización política y archiven el trámite.

“Unidad Popular vive y la lucha sigue. No se puede tapar el sol con un dedo”.Geovanni Atarihuana/ presidente Unidad Popular

El pronunciamiento ocurre luego de que, el 26 de marzo de 2026, el CNE determinara que la organización estaría incursa en la causal de cancelación prevista en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia, relacionada con la reducción del número de afiliados.

Otros argumentos que expone Unidad Popular

En el artículo 327, numeral 7, inciso final, del Código de la Democracia se precisa que la eliminación de un partido solo puede resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.

En ese contexto, Unidad Popular recordó que la convocatoria a elecciones seccionales está prevista para el 1 de agosto de 2026, por lo que el CNE tenía solo hasta el viernes 3 de abril, para actuar. "Están fuera de tiempo", repitió Atarihuana. "Archiven el proceso ordenado por Daniel Noboa", dijo.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, ha negado cualquier acusación al respecto. También ha descartado que su independencia para actuar en el organismo electoral se haya perdido luego de que su hermano, Kar Atamaint fue nombrado cónsul en Queens, Estados Unidos, sin tener ninguna experiencia diplomática anterior. Está en el cargo desde el 1 de diciembre del 2023. Noboa fue posesionado en noviembre de ese año.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia el 21 de enero de 2026, entrando en vigor el 1 de febrero de 2026 inicialmente con un 30%.
• La medida fue justificada por falta de cooperación en seguridad fronteriza.
• La tasa escaló al 50% en marzo y al 100% subirá desde el 1 de mayo de 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras declaraciones este martes 14 de abril de 2026 sobre la relación bilateral con Ecuador y la política comercial vigente, durante una reunión de gabinete en Ipiales, ciudad fronteriza con el país vecino. Sus palabras estuvieron dirigidas al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de crecientes tensiones entre ambos gobiernos.

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Cruces por falta de diálogo entre Bogotá y Quito

Petro fue enfático al asegurar que no suministrará energía eléctrica a Ecuador mientras se mantengan medidas arancelarias que considera perjudiciales. Según el jefe de Estado colombiano, la relación debe replantearse sobre la base de beneficios mutuos para ambos pueblos.

El mandatario colombiano acusó a Noboa de evitar el diálogo directo entre ambos gobiernos. Recordó un encuentro previo en Panamá donde, según su versión, el presidente ecuatoriano no aceptó discutir temas de interés común.

En su intervención, Petro insistió en que las decisiones deben beneficiar a los dos pueblos y no responder a intereses unilaterales. Recalcó que la integración regional debe primar sobre las diferencias coyunturales.

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Críticas al cierre comercial y sus efectos en el contrabando

Uno de los puntos más polémicos fue la situación en la frontera colombo-ecuatoriana. Gustavo Petro advirtió que las decisiones del Gobierno ecuatoriano podrían estar facilitando el avance de estructuras criminales en esa zona.

En ese contexto, cuestionó la falta de infraestructura vial hacia Esmeraldas, señalando que el temor al narcotráfico ha frenado proyectos clave. Para el presidente colombiano, esta visión desconoce las dinámicas reales del tráfico de drogas a nivel global.

Advertencias por seguridad en la frontera binacional

El presidente colombiano también criticó el cierre o restricción del comercio fronterizo como estrategia de control. A su juicio, estas medidas terminan incentivando el contrabando y fortaleciendo economías ilegales.

Como ejemplo, recordó la experiencia de la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí, dijo, el cierre permitió la expansión de grupos criminales hasta que se reactivó el comercio formal.

Petro defendió la integración económica como mecanismo para debilitar a las mafias. Argumentó que el aumento del comercio genera empleo, actividad empresarial y reduce la dependencia de economías ilícitas.

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Ajustes económicos y nuevos mercados

En materia comercial, el mandatario mencionó la implementación de subsidios internos para fortalecer la producción nacional frente a restricciones externas. Además, señaló que “no hay aranceles del 100 % (a productos ecuatorianos), no somos tan brutos”, afirmó, al tiempo que defendió una política de apertura selectiva en la que bienes necesarios para Colombia puedan ingresar con arancel cero.

Asimismo, Petro propuso redirigir los flujos comerciales afectados por la crisis bilateral hacia otros mercados regionales. En particular, mencionó a Venezuela como un destino clave para las exportaciones colombianas que no puedan ingresar a Ecuador debido a las restricciones arancelarias.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la articulación con la Comunidad Andina no será suspendida. “Ese es el poder de este pueblo, unido y no dividido”, afirmó, al tiempo que advirtió que supuestos intereses extranjeros buscarían fracturar la relación entre Ecuador y Colombia: “quieren dividirnos y que nos matemos, y no vamos a caer en esa trampa”.

Además, Petro volvió a denunciar que el expresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue nacionalizado como ciudadano colombiano, en septiembre de 2025, está detenido en condiciones que calificó como inhumanas. Este caso, afirmó, será un punto central en la agenda bilateral y en sus reclamos diplomáticos.

Con esto, se ratificó que el exjefe de campaña, Santiago Díaz, quien además enfrenta un proceso por el delito de abuso sexual contra una menor, quedó fuera de la denuncia.

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El juez Guillermo Ortega resolvió dar por atendido el recurso horizontal de aclaración interpuesto por Estefanía Elizabeth Molina Freire, Luisa Magdalena González Alcívar y Andrés David Aráuz Galarza, respecto de la sentencia dictada el 7 de abril de 2026. 

Aunque la decisión no modifica la sentencia, sí aclara los puntos solicitados por los militantes de la Revolución Ciudadana y, con esto, se abre la posibilidad de apelar para que sea el Pleno del TCE el que se pronuncie.

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El pasado 7 de abril, el juez Ortega emitió su sentencia tras la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. 

En ella se impuso una sanción pecuniaria de 40 salarios básicos unificados (18.000 dólares) en contra de la responsable de las finanzas de la organización política, así como del binomio González-Arauz, en calidad de responsables solidarios.

La situación de Santiago Díaz Asque

Díaz Asque, quien enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual contra una menor, también fue denunciado por la presidenta del CNE en su calidad de jefe de campaña en el proceso electoral de 2023.En su sentencia, el juez Guillermo Ortega descartó dicha denuncia. 

El documento señala: “negar la denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del CNE, respecto del señor Joseph Santiago Díaz Asque, en calidad de jefe de campaña, al no haberse configurado su responsabilidad conforme al marco normativo aplicable a la fecha de los hechos”.

Cabe recordar que Díaz Asque ha sido uno de los llamados por la Fiscalía en el denominado caso Caja Chica, en el cual se investiga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo.

Las alertas sobre su situación jurídica se encendieron después de verificarse que, entre otras cosas, permanecía en un centro de salud de Conocoto. 

Un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó múltiples irregularidades en la atención médica brindada.

El documento del Ministerio de Salud fue elaborado después de que Ecuavisa revelara que Díaz salía de la Cárcel 4 y pasaba largas jornadas en el centro médico, donde su cuñado era director.

Lo que debes saber 

• Inés Manzano anunció dos nuevos cortes de luz en Daule por mantenimiento en la subestación Dos Cerritos.
• Las interrupciones se realizarán dos domingos, de 05:00 a 08:00, para reducir la carga del sistema.
• La ministra atribuyó los apagones a fallas en la distribución y cuestionó a CNEL por falta de comunicación.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó este martes 14 de abril de 2026 que se ejecutarán nuevos cortes de electricidad en Daule debido a trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

La funcionaria precisó que las interrupciones del servicio están previstas para dos domingos adicionales, en el horario de 05:00 a 08:00, como parte de labores técnicas consideradas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.

“Dos Cerritos debe ser intervenida dos veces más, en dos domingos, de cinco a ocho de la mañana. Son trabajos indispensables porque necesitamos reducir la carga en esa estación”, explicó durante una entrevista en el programa Un café con JJ.

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Manzano detalló que estas acciones forman parte de un plan de intervención en infraestructura eléctrica crítica, enfocado en mejorar la distribución del servicio, especialmente en zonas de alta demanda.

En ese contexto, indicó que al menos cuatro subestaciones están siendo intervenidas, entre ellas Dos Cerritos, que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo.

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Cuestionamientos a CNEL por falta de comunicación

La ministra también se refirió a los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades, principalmente de la Costa, y aseguró que estos no responden a problemas de generación, sino a fallas en la distribución.

En esa línea, cuestionó a CNEL por la falta de comunicación oportuna hacia los usuarios, en medio de una ola de calor que ha elevado la sensación térmica hasta los 40 grados centígrados en algunas zonas del país.

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La Conaie indicó que el incremento de 14 centavos impacta directamente en la vida diaria del país. Aseguró que “eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y, en general, el sostenimiento de la economía de las familias”.

La organización indígena volvió a señalar al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este escenario responde a decisiones del Gobierno de Daniel Noboa, alineadas con los condicionamientos del FMI, en el marco de la política de eliminación de subsidios, sin que existan medidas suficientes para equilibrar su impacto en el transporte popular ni en la producción campesina”.

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Cabe recordar que el último paro indígena, cuyo epicentro fue Imbabura y el norte de Pichincha, se originó por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque hubo paralizaciones en esas zonas por más de un mes, el Gobierno de Noboa mantuvo la medida.

Esta vez, la Conaie no anunció movilizaciones. Aun así, envió un mensaje: “Es urgente avanzar en acciones concretas que garanticen condiciones más justas, protejan al transporte popular, fortalezcan la producción campesina y permitan revisar el actual esquema de precios de los combustibles”.

La organización también manifestó que Ecuador no puede aceptar que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. “De no corregirse este rumbo, las consecuencias sociales serán cada vez más profundas”, concluyó la Conaie.

¿Por qué subió el precio de los combustibles?

En Ecuador rigen nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y diésel desde el 12 de abril de 2026. El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 308, que oficializa el esquema de estabilización de precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo en la economía local.

De acuerdo con la información oficial, estos son los precios de venta al público por galón que rigen en el país:

Lo que debes saber

• Nuevo coordinador de veeduría cuestiona idoneidad de José De la Gasca para Fiscal General.
• Guido Egas denuncia que De la Gasca incumple los 10 años de experiencia legal obligatoria.
• Veeduría señala falta de ética por vínculos directos del candidato con el Gobierno de Noboa.

Guido Egas, recién electo coordinador de la veeduría ciudadana, denunció que el postulante y exministro José De la Gasca carece de la experiencia legal mínima y de la independencia ética necesaria para liderar la Fiscalía General del Estado. Egas instó a los candidatos vinculados al gobierno de Daniel Noboa a dar un paso al costado para garantizar la transparencia del proceso liderado por el CPCCS.

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Tras la salida de siete integrantes clave, incluyendo a la anterior directiva, la veeduría ciudadana del concurso para Fiscal General se reorganizó este 13 de abril de 2026. Guido Egas, con experiencia previa en el concurso de la Contraloría en 2023, asumió la coordinación con un discurso frontal contra las irregularidades detectadas en la fase de admisibilidad.

Los reparos contra José De la Gasca: ¿Falta de experiencia?

La crítica principal de la nueva veeduría se centra en José De la Gasca, exministro de Gobierno y figura cercana al oficialismo. Según Egas, la postulación de De la Gasca vulnera el principio de independencia de poderes.

"Por ética deberían dar un paso al costado", sostuvo Egas, subrayando que uno de los requisitos fundamentales es la ausencia de afinidad con los poderes del Estado. Además de los cuestionamientos éticos, el coordinador señaló falencias técnicas en el expediente del exministro:

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Actualmente, José De la Gasca es uno de los 27 postulantes admitidos por la Comisión Ciudadana de Selección. No obstante, el proceso sigue bajo la lupa mientras el CPCCS tramita un pedido de reconsideración de uno de los postulantes no admitidos.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Las claves de esta historia

• El patrimonio de Marcela Aguiñaga cae de $378 mil a $311 mil entre 2023 y 2025, por aumento de deudas.
• Los activos declarados por Carlos Serrano no han variado en sus años de gestión, según documentos.
• Las renuncias de Aguiñaga y Serrano se anunciaron en año preelectoral.
  

Una revisión a los activos y pasivos de las máximas autoridades del Guayas evidencia el estado de sus finanzas en el ocaso de sus funciones. El patrimonio de Marcela Aguiñaga ha experimentado una fluctuación a la baja debido a la incorporación de obligaciones bancarias y la adquisición de un vehículo de más de $ 50 mil en 2024. Por otro lado, la situación de Carlos Serrano se caracteriza por la inmovilidad de sus activos declarados: su cuenta bancaria reporta $10 mil desde el inicio de su gestión, según los documentos.

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Esta revisión se realiza a pocos días de los anuncios de renuncia de Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano a la Prefectura y Viceprefectura del Guayas, en ese mismo orden. Aguiñaga anunció que el 14 de abril dejaría su cargo por asuntos personales. Serrano dijo, en una carta, que buscará nuevos desafíos políticos.

La evolución del patrimonio de las autoridades

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La gestión financiera de Aguiñaga, se caracteriza por una tendencia a la baja en su patrimonio. Aguiñaga inició su periodo en mayo de 2023 con un patrimonio neto de $ 378 mil (aunque en otro documento fechado en ese año hay otra cifra). En 2024, esta cifra se situó en $ 369 mil. Y, en el reporte más reciente, de 2025, registró un total de $ 311 mil. 

Entre 2023 y 2025, los pasivos escalaron de $ 98 mil a $ 204 mil, por concepto deudas de tarjeta de crédito, préstamo hipotecarios, préstamo personal y otros.

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"La diferencia se produce porque en la primera (declaración) no se registró información completa. En la actualización se incorpora una cuenta por cobrar, pero también se incluyen deudas que no estaban declaradas, como un préstamo hipotecario y un préstamo personal vigentes. Al registrar correctamente tanto los activos como los pasivos, queda claro que las obligaciones superan ese valor incorporado, por lo que el patrimonio disminuye", explica Aguiñaga, ante una consulta de EXPRESO sobre la diferencia que ha existido en más de un documento registrado en un mismo año.

En los registros de la cuenta de activos también hubo movimientos, sobre todo en bienes inmuebles.

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De acuerdo con los documentos públicos, la cuenta Bienes Muebles (vehículos, menaje de casa, equipo de oficina, obras de arte y joyas) ha experimentado una fluctuación.

"Se explica principalmente por la incorporación de bienes muebles, en particular la adquisición de un vehículo en el 2024, debidamente declarado, que fue financiado y actualmente se encuentra en proceso de pago. Adicionalmente, hay ajustes en la valoración de otros bienes muebles, como menaje y artículos personales, que también inciden en el total de activos. Es importante aclarar que este movimiento también se refleja en un incremento del pasivo, debido a la deuda vigente por el crédito del vehículo", precisa Aguiñaga.

Por otro lado, la política ha mantenido activos constantes bajo la figura de Cuentas por Cobrar, que han oscilado entre los $ 60 mil y $ 80 mil, según los registros oficiales.

Aguiñaga también refiere que "existen ingresos por arrendamiento de un bien inmueble, debidamente declarados".

Carlos Serrano, el viceprefecto del Guayas

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Serrano comenzó en mayo de 2023 con un patrimonio de $ 332 mil. Un año después, el monto se redujo a $ 310 mil, luego pasó a $ 333 mil. Mientras que en la declaración más reciente, que data del 2025, su patrimonio se recuperó y se situó en $ 350 mil.

Un hallazgo singular que se identificó en la revisión de datos es que sus activos declarados no han variado en los años de gestión.

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En las declaraciones de Carlos Serrano se evidencia una reducción de pasivos: las deudas bajaron de un pico de $ 136 mil en 2023 a $ 106 mil en 2025.

Este Diario solicitó una entrevista a Serrano, a través de la gestora de Logística y Comunicación de la Viceprefectura, Glenda Figueroa Morán, quien comentó que la información de las declaraciones patrimoniales es correcta y de carácter público. Ante la insistencia de una entrevista con el funcionario, ella pidió las preguntas por adelantado, algo que condiciona y predispone el curso del posible diálogo.

Lo que debes saber

• El Gobierno cambia las reglas del Sercop con nuevas sanciones de hasta 360 días y más controles en compras públicas.
• El decreto también introduce contrataciones reservadas y obliga a justificar compras en el exterior.
• El Banco Central del Ecuador es incluido dentro de un régimen especial de contratación.

El sistema de contratación pública en Ecuador pasa a una nueva etapa tras la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 356, firmado por el presidente Daniel Noboa. Desde el 10 de abril, las reformas introducen cambios clave en la forma en que el Estado compra bienes y servicios, con un énfasis particular en controles, sanciones y procedimientos.

La actualización modifica varios artículos del reglamento del Sercop y redefine aspectos centrales del proceso de contratación.

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Uno de los ajustes iniciales se concentra en la definición de conceptos dentro del sistema, como el listado de catálogo de bienes. A esto se suma una reformulación de los procedimientos, que ahora deben responder de manera más clara a las necesidades específicas de cada entidad pública.

También se introducen cambios en el uso de los catálogos electrónicos, una herramienta clave para la adquisición de bienes y servicios. Con esta modificación, se busca ordenar los procesos de selección de proveedores y hacerlos más estructurados en la práctica.

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Uno de los puntos más relevantes del decreto es la inclusión del Banco Central del Ecuador dentro de un régimen especial de contratación. Esto le permite gestionar procesos vinculados a operaciones sensibles, como reservas o inversiones, bajo condiciones diferenciadas.

En estos casos, el decreto establece que ciertos procedimientos no serán de acceso público si existe riesgo para la gestión estatal, según el decreto. Sin embargo, se mantiene la exigencia de controles internos, lo que plantea un equilibrio entre confidencialidad y supervisión.

Aun en este contexto, la normativa obliga a que las resoluciones de contratación directa se publiquen en el portal oficial dentro de plazos definidos. Con esto, se busca dejar registro de las decisiones adoptadas, incluso en procesos que manejan información sensible.

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Sercop y las contrataciones en el extranjero

Otra de las modificaciones apunta a las contrataciones en el extranjero. A partir de ahora, las entidades deberán justificar técnicamente la necesidad de acudir a proveedores internacionales, lo que introduce un filtro adicional para este tipo de decisiones.

Reforma al Sercop: ¿cuáles son las sanciones?

El decreto también redefine el esquema sancionatorio dentro del Sercop, incorporando una clasificación más detallada de las infracciones. Este cambio busca que las penalizaciones sean proporcionales a la gravedad de cada incumplimiento.

Las sanciones se estructuran en tres niveles. Para la figura de Subasta Inversa Electrónica:

Para infracciones en procedimientos de régimen común y especial:

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Infracciones por mal uso del Portal de Contratación Pública:

Las suspensiones se pueden extender hasta los 360 días, en el caso de las infracciones muy graves; 270 días en las graves y 181 en las leves.

Además, se establece que antes de iniciar cualquier sanción debe existir un informe técnico que sustente la existencia de negligencia o incumplimiento. Este requisito introduce un paso previo obligatorio que refuerza la base técnica de las decisiones disciplinarias.