Lo que debes saber

• El CNE registró 4.066 indicios de campaña anticipada antes del inicio oficial del proceso.
• Las evidencias serán cargadas al gasto electoral de candidatos para detectar posibles excesos.
• El TCE ya tramita denuncias por presunta promoción electoral anticipada en varias ciudades.

A menos de dos meses de las elecciones seccionales adelantadas de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha identificado más de 4.000 evidencias de presunta campaña anticipada atribuibles a candidatos ya calificados. Los hallazgos serán incorporados al gasto electoral de cada aspirante y podrían derivar en denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si se superan los límites permitidos por la ley.

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El proceso electoral para escoger autoridades locales ya enfrenta cuestionamientos antes del inicio formal de la campaña. Según informó el CNE, hasta el 15 de octubre se habían acumulado 4.066 evidencias relacionadas con posibles actos de promoción electoral anticipada, pese a que el periodo oficial de campaña comenzará recién el 12 de noviembre y concluirá el 26 del mismo mes.

Las evidencias fueron recopiladas por las delegaciones electorales provinciales mediante labores de fiscalización y a partir de denuncias ciudadanas. De acuerdo con el organismo electoral, las observaciones incluyen actividades de promoción detectadas en espacios públicos, medios de comunicación y publicidad exterior.

El presidente del CNE, José Cabrera, señaló en una entrevista que los equipos de control también vigilan posibles casos de utilización de recursos públicos para favorecer candidaturas. El funcionario explicó que toda la información recabada será cuantificada económicamente e imputada al gasto electoral de los candidatos involucrados.

Los hallazgos podrían terminar en el Tribunal Contencioso Electoral

La normativa vigente establece que, una vez concluido el proceso electoral, el organismo deberá verificar si los gastos atribuidos a cada postulante superan los montos autorizados. De ser así, los casos serán remitidos al Tribunal Contencioso Electoral, instancia encargada de determinar posibles infracciones electorales.

Mientras tanto, el control sobre la propaganda en redes sociales continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades electorales. Según explicó José Cabrera, aunque algunas plataformas permiten acceder a datos sobre inversión publicitaria, la legislación actual no contempla mecanismos específicos para monitorear contenidos difundidos en redes sociales de forma general.

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Denuncias avanzan en el TCE

Paralelamente, varias denuncias por presunta campaña anticipada ya se encuentran en conocimiento del TCE. Entre ellas figura una presentada contra Alberto Pantoja Guzmán, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

También permanece pendiente una resolución sobre las denuncias contra el candidato a la Alcaldía de Quito, Jorge Yunda, y la aspirante a la Prefectura de Pichincha, Carla Cevallos. La acusación sostiene que ambos habrían aprovechado eventos públicos para posicionar su imagen y difundir mensajes políticos antes del inicio oficial de la campaña.

Lo que debes saber

• Veeduría pide anular el concurso a fiscal general por irregularidades y cese de funciones.
• El Pleno del CPCCS no responde a los oficios ni fija fecha para recibir a los veedores.
• Advierten con presentar una acción de protección si no hay atención el 21 de octubre.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mantiene en el limbo el pedido de nulidad total del concurso para fiscal general del Estado, presentado el 7 de octubre de 2026 en Quito por la veeduría ciudadana. Pese a las alertas sobre presuntas irregularidades y el término de funciones de la Comisión Ciudadana de Selección, los comisionados no han recibido respuesta ni espacio en el orden del día, por lo que su titular, Guido Egas, advirtió que acudirán a instancias judiciales si la omisión persiste.

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Falta de respuesta del CPCCS al pedido de nulidad

El 7 de octubre de 2026, la veeduría ciudadana liderada por Guido Egas ingresó formalmente varios oficios ante el organismo para exigir la nulidad total del proceso de selección. Los reclamos presentados se fundamentan en dos ejes principales:

Transcurrida una semana desde el ingreso de los documentos, Egas confirmó a EXPRESO que no existe contestación formal por parte del Pleno del CPCCS ni se ha dado trámite a la solicitud para ser recibidos en una sesión oficial del organismo.

Posibles acciones legales ante la falta de atención

Frente al silencio administrativo, los integrantes de la veeduría establecieron un plazo de espera antes de activar mecanismos judiciales.

Veeduría esperará hasta próxima sesión del Pleno

Egas señaló que aguardarán hasta la próxima sesión ordinaria del Pleno del CPCCS, prevista para el miércoles 21 de octubre de 2026. Si para esa fecha continúa la falta de respuesta institucional, el equipo veedor tomará medidas de carácter legal.

En concreto, el titular de la veeduría indicó que no descartan la presentación de una acción de protección, con la finalidad de que sus pedidos sean tramitados formalmente y se revise la continuidad del concurso para fiscal general del Estado.

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El estado actual del concurso para fiscal general del Estado

Actualmente, el proceso se encuentra bajo la conducción del fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, y avanza en la fase de resolución de reclamos administrativos.

La situación del certamen se resume en las siguientes cifras y etapas:

Lo que debes saber

• Blanca López renunció al Concejo de Guayaquil por motivos personales. Entre lágrimas, explicó que necesita cuidar de los suyos.
• Tatiana Coronel calificó su salida como una “baja tremenda” en el Concejo y destacó su trayectoria política.

Blanca López anunció su renuncia al Concejo Municipal de Guayaquil este jueves 15 de octubre. La decisión fue comunicada durante una sesión celebrada en el salón municipal, donde la concejala se mostró visiblemente emocionada al explicar las razones de su salida y recibió palabras de respaldo de sus compañeros.

Guayaquil

Blanca López renuncia a su cargo de concejal de Guayaquil

Juan Ponce Merchán

La funcionaria explicó que su renuncia responde a motivos personales y que ha llegado el momento de priorizar el cuidado de su familia. Durante su intervención, con la voz entrecortada y los ojos llorosos, reconoció que no fue una decisión sencilla.

“Créanme que no ha sido una decisión fácil, porque cuando asumes una responsabilidad política entiendes que ese espacio le pertenece a la gente que te acompañó”, expresó López ante los concejales.

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La edil también quiso dejar claro el motivo de su salida y dirigió su mensaje a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

“Quiero dejar en claro a la ciudad, medios, que mi renuncia responde a motivos de carácter personal. Es momento de cuidar de los míos”, manifestó.

Sus palabras estuvieron acompañadas de aplausos de los concejales presentes en la sesión, quienes le dedicaron mensajes de reconocimiento tras conocer su decisión de dejar el cargo.

Tatiana Coronel califica la salida de Blanca López como una “baja tremenda”

Uno de los mensajes más destacados fue el de Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, quien expresó su reconocimiento a López y lamentó su salida del Concejo.

“Es una baja tremenda”, afirmó Coronel al referirse a la renuncia de su compañera.

En su intervención, recordó que Blanca López asumió la Vicealcaldía cuando tenía 23 años y destacó el significado de esa experiencia para las mujeres y los jóvenes interesados en participar en la política.

“Fue vicealcaldesa con 23 años, que lo recordemos siempre. Con apenas 23 años lo asumió y demostró a los jóvenes como ella y mujeres que sí se puede”, señaló Coronel.

La alcaldesa subrogante también resaltó el trabajo compartido con López y mencionó las causas ambientales y culturales que, según dijo, la vio defender de cerca durante su trayectoria.

“Desde el fondo de mi corazón te admiro, respeto mucho y expreso mi agradecimiento por el tiempo compartido, trabajo realizado”, manifestó.

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Coronel sostuvo que la decisión de López y sus motivos personales son respetables. Además, destacó que la concejala permaneció trabajando hasta el último día de sus funciones.

“Esta es una pausa, tienes los motivos más que entendibles, respetables, y ha sido muy valiente al estar aquí trabajando hasta el último día”, expresó.

Al finalizar su mensaje, le deseó éxitos en los caminos que decida emprender y dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar juntas en el futuro.

“De mi parte, éxitos, y si la vida nos vuelve a cruzar, será un honor volver a trabajar contigo”, concluyó.

Finalmente, Tatiana Coronel pidió a los concejales que la acompañen a un espacio del Municipio de Guayaquil para entregarle una placa a Blanca López.

La mañana de este 15 de octubre de 2026, el Pleno de la Asamblea desarrolla la sesión 130. Dos puntos estaban previstos en el orden del día: la declaratoria del Día de la Literatura y el primer debate de la Ley de Infancia Segura.

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Antes de la instalación de la sesión, se conocieron cuatro pedidos de cambio del orden del día. Por normativa, se toman en cuenta los tres primeros que se ingresan tras la convocatoria a la sesión.

Así, los tres cambios considerados fueron planteados por asambleístas del oficialismo: Luiggi García, Nathaly Farinango y Milton Aguas. El primero propuso que se revise, contraste y analice la información generada por las entidades públicas sobre la planificación y construcción del proyecto Quitopía.

La propuesta generó enfrentamientos en el Pleno de la Asamblea. El bloque correísta reclamó que esa no era una competencia del Legislativo. Por su parte, García defendió su planteamiento al señalar que se debía revisar el uso de los fondos públicos, ya que la obra, inaugurada en Quito, sufrió afectaciones por las lluvias un día después de su apertura.

Al final, la moción para modificar el orden del día obtuvo el voto favorable de 83 asambleístas. Con ello, se dio paso a su tratamiento en el Pleno, que deberá pronunciarse sobre el desarrollo de este nuevo proceso de fiscalización a un gobierno autónomo descentralizado.

Los otros dos cambios aprobados estuvieron relacionados con el conocimiento de los programas Jóvenes de Ecuador y Mujeres que Transforman, así como del crédito 7x7 dirigido a los sectores agropecuarios del país, impulsados por el Gobierno Nacional.

El cuarto pedido de cambio del orden del día fue presentado por la correísta Eliana Correa y no se incluyó. Tampoco se abordó la situación energética del país. La propuesta de la legisladora buscaba tratar el levantamiento de información sobre la contratación de Dedalus para la gestión del sistema de salud.

¿Qué dicen las fuerzas políticas sobre los apagones?

Aunque el tema no se abordó este jueves en el Pleno de la Asamblea, algunos legisladores se pronunciaron sobre los apagones. Uno de ellos fue el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano.

El legislador calificó de grave que, luego de tres años en el poder, el actual Gobierno no haya logrado cumplir su ofrecimiento de resolver la crisis energética en nueve meses. “La Asamblea apoyó la ley no más apagones y luego se hicieron otras reformas para poner en vigencia la posibilidad de contra con un parque térmico o hidroeléctrico apropiado para el país”, recordó Serrano.

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Por su parte, la legisladora de Pachakutik Mariana Yumbay señaló que, debido a la situación actual, los cortes de energía tenderán a ser permanentes. “Me parece una irresponsabilidad cuando han tenido suficiente tiempo para resolver ese problema”, aseguró.

El asambleísta independiente, pero aliado del oficialismo, Sergio Peña, sostuvo que las leyes no resolverán el problema. “La aprobamos (Ley no más apagones) porque había vacíos para permitir que los privados también puedan entrar a participar que la anteriro ley prohibía”.

Peña también señaló que el problema de Ecuador es que hizo una sola apuesta. Con ello se refirió al énfasis que se puso en la generación hidroeléctrica.

¿Qué ocurrió?

• Blanca López renunció al Concejo Municipal de Guayaquil este jueves 15 de octubre. 
• Entre lágrimas, explicó que su decisión responde a motivos personales y afirmó que es momento de cuidar de su familia. 

Blanca López renunció al Concejo Municipal de Guayaquil este jueves 15 de octubre. La decisión tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes le dedicaron palabras de agradecimiento durante la sesión celebrada en el salón municipal.

Guayaquil

Blanca López renuncia a su cargo de concejal de Guayaquil

Juan Ponce Merchán

La concejala se mostró visiblemente emocionada durante su intervención. Con lágrimas en los ojos, explicó que su salida responde a motivos de carácter personal y que, por ahora, considera necesario dedicar tiempo a su entorno familiar.

“Créanme que no ha sido una decisión fácil, porque cuando asume una responsabilidad política entiende que ese espacio le pertenece a la gente que acompañó”, expresó López ante los presentes.

Blanca López explica por qué renuncia al Concejo de Guayaquil

En su declaración, López quiso dejar en claro que su decisión no responde a otros motivos políticos, sino a una situación personal.

“Quiero dejar en claro a la ciudad, a los medios, que mi renuncia responde a motivos de carácter personal. Es momento de cuidar de los míos”, manifestó mientras lloraba.

Sus palabras estuvieron acompañadas por aplausos de los concejales, quienes intervinieron para reconocer su paso por el Municipio de Guayaquil.

Concejales despiden a Blanca López tras su renuncia

Durante la sesión, varios ediles tomaron la palabra para expresar sus comentarios sobre la salida de López. Los mensajes se produjeron incluso entre concejales que han mantenido diferencias políticas con ella.

Las intervenciones incluyeron a integrantes de la Revolución Ciudadana, bloque al que pertenecía López, así como del Partido Social Cristiano (PSC). Pese a las diferencias que han marcado la relación entre algunos miembros del Concejo, los ediles se sumaron a las palabras de despedida.

Alfredo Bautista, por su parte, afirmó que el Concejo estaba “de luto” ante la renuncia de López.

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Una renuncia que sorprende

La noticia generó sorpresa entre los asistentes, que esperaban una jornada habitual de trabajo. Sin embargo, el orden del día de la sesión fue modificado en medio de la novedad de la renuncia.

La intervención de López estuvo marcada por la emoción y los agradecimientos de sus compañeros, en una jornada que terminó centrada en su salida del Concejo Municipal.

La concejala sostuvo que asumir una responsabilidad política implica representar a las personas que respaldaron ese proceso, pero señaló que ahora necesita priorizar a su familia.

Lo que se sabe

• Blanca López renunció a la concejalía este 15 de octubre
• Ocurre a un mes y medio de las elecciones seccionales
• Alberto Cajamarca pasó de la televisión a la política por el correísmo

Con la renuncia de la concejala y exvicealcaldesa, Blanca López, presentada este jueves 15 de octubre de 2026, el Concejo cantonal de Guayaquil se alista para posesionar a su reemplazo: Alberto Cajamarca.

Guayaquil

Blanca López renuncia a su cargo de concejal de Guayaquil

Juan Ponce Merchán

López presentó su dimisión al cargo durante la sesión del Concejo, que se realizó en el Salón de la Ciudad. En el oficio presentado no se indicaron los motivos para su salida, que ocurre a un mes y medio de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

¿Quién reemplazará a Blanca López en la Alcaldía?

Según determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) López deberá ser reemplazada por Cajamarca, quien es su concejal suplente.

La titularización no se dio durante la sesión de este jueves, por lo que se prevé que se realice en una próxima reunión del Concejo.

Cajamarca fue electo el 5 de febrero de 2023, auspiciado por el movimiento Revolución Ciudadana, del que también es su director del Distrito 1.

Durante su gestión se ha sumado a las voces de apoyo al alcalde Aquiles Álvarez, detenido en febrero anterior y recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. 

Además, ha cuestionado la asignación de recursos públicos de la Prefectura del Guayas y ha participado en espacios de diálogo con la comunidad migrante.

Recientemente ha estado en eventos de respaldo a la candidatura de Fiorella Ycaza, esposa de Álvarez, para la Alcaldía. Él es uno de los aspirantes a la reelección.

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Trayectoria de Alberto Cajamarca en la televisión ecuatoriana

Antes de llegar a la política, Cajamarca estuvo en la televisión nacional. Interpretó a Sebastian en la serie "Solteros sin compromiso", que luego se transmitió por Internet.

Pero también actuó en el teatro. Es sobrino del recordado artista Antonio Cajamarca Mendoza, también conocido como el Maestro Lechuga, del programa radial La escuelita cómica, de la década de 1960.

En agosto del 2025, Cajamarca enfrentó un episodio de inseguridad cuando su hija y otras dos personas fueron secuestradas en el sector de Kennedy Norte, y fueron liberadas por la Policía Nacional luego de tres horas.

"Es indescriptible lo vivido, como también no alcanzan las gracias a quienes se solidarizaron con sus mensajes de aliento, mi familia, amigos, mis compañeros de la Revolución Ciudadana, la inmediata acción de Segura EP y el alcalde Aquiles Álvarez, quienes coordinaron acciones", escribió entonces el concejal.

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La mañana del 15 de octubre de 2026, el presidente del CNE, José Cabrera, aseguró que resta tan solo el 1 % de las candidaturas por definirse. “Están 14 provincias cerrada definitivamente la calificación de candidaturas”, dijo Cabrera. A esto se suma que seis provincias registran un avance del 99 %.

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¿Cuándo se conocerá el listado definitivo?

El CNE tenía previsto el 9 de noviembre como fecha límite para contar con el listado definitivo de candidatos. Sin embargo, el presidente del organismo anunció este jueves que se prevé terminar la calificación de las postulaciones durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Una vez concluido ese proceso, el organismo electoral publicará en su página web y en su aplicación móvil los listados de los candidatos que ya hayan sido calificados.

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Indagaciones por campaña anticipada

Hay que recordar que el próximo 12 de noviembre de 2026 arrancará formalmente la campaña electoral. Sin embargo, el proselitismo político comenzó meses atrás, sobre todo en las redes sociales.

Ante los actos de campaña anticipada, el titular del CNE recordó que el organismo cuenta con un equipo de fiscalización que se encarga de realizar recorridos y monitorear los medios de comunicación.

Cabrera no precisó el número de denuncias cuyas investigaciones están en curso, pues estas se tramitan en el TCE. Sin embargo, aclaró que el organismo electoral ha recopilado 4.066 indicios que podrían ser presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral para sustanciar procesos.

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Estos elementos se tomarían en cuenta para la imputación al gasto electoral. Cabe recordar que las organizaciones políticas tienen un límite de gasto establecido para cada dignidad y que, en caso de superarlo, podrían enfrentar sanciones.

Lo que debes saber

• El IESS destinó $2 millones al hospital de Cuenca entre agosto y septiembre.
• El Hospital José Carrasco Arteaga reforzó medicinas para cáncer y enfermedades crónicas.
• La compra incluye insumos y equipos para garantizar cirugías y tratamientos especializados.

El Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), recibió una inversión superior a los $2 millones destinada a la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para fortalecer la atención de pacientes en la ciudad de Cuenca.

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La adquisición se realizó entre agosto y septiembre de 2026 y alcanzó los $2.050.784,88. Los recursos fueron dirigidos al abastecimiento de tratamientos para personas con cáncer, enfermedades crónicas y otras condiciones que demandan seguimiento médico especializado.

Entre los medicamentos incorporados constan fármacos utilizados en tratamientos oncológicos y autoinmunes

Compra incluye equipos e insumos para cirugías

La inversión no se limitó a medicamentos. El paquete contempla además prótesis de rodilla, sistemas de estabilización de columna, dispositivos para procedimientos de gastroenterología, equipos de infusión y transfusión, reactivos de laboratorio e insumos quirúrgicos.

Según la información publicada por el IESS, estos recursos permitirán sostener procedimientos diagnósticos, intervenciones quirúrgicas y tratamientos de alta complejidad que se realizan en esta casa de salud.

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Abastecimiento para pacientes especializados

El Hospital José Carrasco Arteaga es uno de los principales centros de referencia del sur del país para la atención de pacientes afiliados al seguro social. La incorporación de nuevos medicamentos e insumos busca mantener la disponibilidad de tratamientos y evitar interrupciones en la atención de usuarios que dependen de terapias continuas.

La compra se produce en un escenario de permanente demanda de medicamentos especializados, especialmente en áreas como oncología, hematología y atención de enfermedades crónicas, donde la continuidad de los tratamientos es un factor clave para los pacientes.

Afirmó que, en última instancia, el Pleno del organismo electoral será el encargado de decidir ante las emergencias que puedan reportarse por las lluvias.

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Cabrera explicó que sus declaraciones sobre posibles suspensiones de la jornada y aplazamientos de las votaciones surgieron a partir de una pregunta puntual. 

Aclaró que no se refería a todo el proceso electoral, sino a casos específicos. Además, ratificó que la fecha del 29 de noviembre de 2026 se mantiene para los comicios seccionales.

“Estamos monitoreando los recintos electorales. El Pleno del CNE tomará la decisión de que, si en un recinto o sector, no se pueda realizar el proceso electoral -amparados en lo que nos faculta la ley- podría tomarse una decisión”, dijo Cabrera.

En ese sentido, el titular del CNE insistió en que las elecciones se mantienen para el 29 de noviembre. “Si existiera algún inconveniente el Pleno del CNE tomará las decisiones que deba hacerlo”, señaló el funcionario.

La ministra de Gobierno contradijo la posibilidad de aplazar las elecciones

El pasado 8 de octubre de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que el Ejecutivo garantizaría el desarrollo de los comicios, incluso mediante el traslado de las votaciones a otros recintos en caso de emergencias en los lugares inicialmente designados.

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“Garantizamos que todos van a poder tener este derecho de sufragar. Lo que nosotros realizaremos y se está analizando es que, en el caso de que exista alguna junta que no pueda abrir, poder revisar a dónde se puede desplazar ese recinto”, explicó la ministra de Gobierno.

Esta mañana, Cabrera insistió en que corresponde al Pleno del CNE tomar una decisión con base en la ley, que contempla situaciones de fuerza mayor. También recordó que el Código de la Democracia prevé esa posibilidad.

¿Qué hace el CNE ante posibles afectaciones por el clima?

Cabrera aseguró que existe un monitoreo permanente de los recintos electorales, aunque evitó precisar cuántas zonas podrían resultar afectadas. 

Explicó que las condiciones climáticas pueden cambiar e incidir en la organización de los comicios incluso la noche anterior a las votaciones.

El presidente del CNE también indicó que se realizan reuniones semanales con otras entidades del Estado para evaluar las condiciones climáticas. A estas medidas se suma la disponibilidad de alrededor de 2.500 recintos electorales de contingencia.

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Lo que debes saber

• La plataforma unificará historias clínicas, citas e inventarios de insumos en más de 1.700 establecimientos de salud en Ecuador.
• El despliegue tecnológico tomará siete años en total, con una fase inicial de tres años para la conexión progresiva de centros y telesalud.
• El sistema funcionará sobre la infraestructura de Google Cloud bajo un modelo de ciberseguridad "Zero Trust" para resguardar los datos de los pacientes.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Ministerio de Salud Pública iniciaron la planificación operativa para implementar la plataforma Dedalus en Ecuador. El proyecto, coordinado en una mesa técnica junto a Google Cloud, fue anunciado para integrar historias clínicas y optimizar la gestión hospitalaria en más de 1.700 establecimientos de salud de la red pública en un plazo de siete años.

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Alcance técnico y herramientas del nuevo sistema clínico

La implementación busca centralizar el flujo de datos médicos para facilitar la derivación y el seguimiento de los usuarios en los distintos niveles de atención médica.

Las principales funciones operativas que integrará la plataforma comprenden:

Diego Cárdenas, director de Ventas y Marketing de Dedalus para la región, explicó que la digitalización de citas e inventarios tiene como fin principal fortalecer la trazabilidad y optimizar el uso de los recursos en los centros asistenciales.

Infraestructura en la nube y esquema de ciberseguridad

El soporte técnico y almacenamiento del sistema operará sobre los servidores de Google Cloud. Walter Granthon, delegado de la compañía, puntualizó que la plataforma sanitaria correrá sobre la misma arquitectura global que sostiene plataformas como Android, YouTube y Gmail.

Granthon detallado que esta base garantiza operatividad continua 24/7 y la incorporación de un protocolo de ciberseguridad Zero Trust (Confianza Cero), enfocado en salvaguardar la privacidad, confidencialidad e integridad de la información clínica registrada.

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Cronograma de despliegue en la red pública

El gerente general de CNT, Ronald Spina, señaló que la ejecución se fundamenta en el contrato suscrito con la cartera de Salud y en el acuerdo tecnológico con los proveedores privados. Vincenzo Giannattasio, CEO de Dedalus Italia y Latinoamérica, remarcó la experiencia internacional de la firma en procesos similares de modernización sanitaria.

El cronograma oficial del proyecto se dividirá en dos etapas principales:

Firma de acuerdo comercial y detalles de proceso

El 29 de septiembre de 2026, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) suscribió un acuerdo comercial con la empresa italiana Dedalus para poner en marcha la digitalización de la salud pública en Ecuador.

El proyecto busca modernizar la red asistencial del país mediante la articulación tecnológica de los centros de atención médica a nivel nacional.

La iniciativa contempla las siguientes metas operativas y de cobertura:

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Estructura contractual y condiciones de pago

El proceso contractual y el flujo de los recursos económicos están centralizados en la empresa pública de telecomunicaciones:

La mañana de este jueves, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la captura de cuatro cabecillas, quienes serían los presuntos responsables del asesinato de 19 personas, incluidos 11 militares en Alto Punino y tres policías en La Joya de los Sachas.

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Sobre este operativo, Noboa señaló: “En junio de 2025 cayó alias El Gerente. Hoy, el Bloque de Seguridad capturó a otros miembros de Comandos de la Frontera, el grupo que emboscó y asesinó a 11 de nuestros militares en Alto Punino y a 3 policías en La Joya de los Sachas”.

A ese pronunciamiento, el presidente agregó: “Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias”.

¿Qué ocurrió en el operativo?

El ministro del Interior habló de un año y medio de investigación para ejecutar la intervención. El operativo fue coordinado con la Fiscalía General del Estado y permitió identificar la “estructura criminal, su cadena de mando y las redes logísticas que permitieron ejecutar y financiar sus actividades delictivas”.

Reimberg aseguró que durante la operación se realizaron 14 allanamientos simultáneos en Orellana, Sucumbíos y Guayas. En los procedimientos participaron 122 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

Entre los detenidos están:

¿Qué ocurrió en Alto Punino?

El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada en el sector de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, entre las provincias de Orellana y Napo. Los uniformados pertenecían a la Brigada de Selva N.º 19 Napo y participaban en un operativo contra la minería ilegal.

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Abaten a 5 presuntos terroristas de Los Lobos en Orellana

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Según la información difundida por el Ejército, la operación movilizó a cuatro equipos de combate, integrados por unos 80 militares armados y equipados. Uno de esos equipos fue atacado con explosivos, granadas y fusiles por el grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, vinculado a disidencias de las FARC. Además de los 11 militares fallecidos, otro uniformado resultó herido y un integrante del grupo armado murió durante el enfrentamiento.

Lo que se sabe

• María del Carmen Aquino busca la reelección tras convertirse en la primera alcaldesa de Santa Elena
• Dirigentes destacan la obra pública aunque advierten sobre retrasos en época de lluvias
• Próxima administración debe trabajar en atraer el turismo, piden desde las comunas

María del Carmen Aquino Merchán, de 38 años, se convirtió en la primera alcaldesa de Santa Elena, capital de la provincia del mismo nombre. En las elecciones del próximo 29 de noviembre de 2026 busca la reelección.

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Aplicar un plan de regeneración urbana, mejorar el sistema de alcantarillado y los espacios en los balnearios estuvieron entre sus principales proyectos.

Sin embargo, su gestión también ha estado marcada por denuncias de autorización de proyectos inmobiliarios que no cumplirían las ordenanzas municipales. Incluso, fue mencionada por la activista Monika Silva, asesinada el pasado 8 de junio.

El empresario y promotor turístico, Douglas Dillon, destaca que se haya trabajado en mejorar los parques, el asfaltado y el mantenimiento del malecón en sectores como la parroquia Ballenita.

Él asegura que una obra importante ha sido el sistema de drenaje pluvial en la zona centro este de la parroquia, aunque expresa preocupación porque los trabajos continúan pese a que ya empezó la época de lluvias.

EXPRESO también ha recogido las necesidades de barrios como Costa Sur, donde sus habitantes deben reparar los daños viales con sus propios recursos ante la falta de obra pública.

Williams Gonzabay, presidente de la Federación de Comunas de la Provincia de Santa Elena, también resalta la implementación del alcantarillado pluvial en zonas rurales, aunque menciona que falta avanzar en el drenaje sanitario.

Él considera que la próxima administración debe trabajar en atraer la inversión para fomentar el turismo. Además, cree que es clave que se trabaje entre los distintos niveles de gobierno para que las obras se realicen de manera coordinada en todos los sectores.

¿Quién es María del Carmen Aquino?

Aquino se inició como docente de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, en 2013. Un año después se convirtió en concejala, según la información registrada en la Contraloría General del Estado.

En 2021 representó a su provincia en la Asamblea Nacional, por el Partido Social Cristiano (PSC), pero se declaró independiente y se unió a la alianza de los movimientos Revolución Ciudadana, Reto y Peninsular, para convertirse en la primera alcaldesa de Santa Elena, en 2023.

En los registros del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Aquino mantiene los siguientes títulos:

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¿Cuáles son los activos y pasivos de la alcaldesa de Santa Elena?

En su última declaración ante la Contraloría, correspondiente al 2026, Aquino declaró activos por $72.285,06, que incluyen bienes muebles por $55.990 e inmuebles por 3.155 dólares.

Además, declaró pasivos por $13.143,26, correspondientes a deudas contraídas. Esto deja un patrimonio de 59.141,80 dólares.

En los años que ha sido alcaldesa, su patrimonio aumentó de 12.880 dólares, en 2023; a $41.061,72, en 2024; y $50.700,26, en 2025, según los datos de Contraloría.

Aquino declaró $4.930,93 por Impuesto a la Renta (IR) y $284,15 por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en 2023; $6.795,66 (IR) y $119,29 (ISD), en 2024; y $6.698,16 (IR) y $820,68 (ISD), en 2025, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Administración bajo denuncias ambientales

La administración de Aquino ha sido señalada por colectivos y activistas ambientales por supuestas irregularidades en la construcción de proyectos privados en las zonas de las playas, entre otros temas.

Ante la justicia se llevó el caso de la construcción del proyecto REVA San José S.A.S., en la playa de San José. Se cuestionaba si la Alcaldía había incumplido la ordenanza que limita la altura de las edificaciones en la Costa Norte y busca preservar la biodiversidad, el ordenamiento territorial y el desarrollo turístico sustentable, según recogió Bitácora Ambiental.

En Punta Blanca se cuestionaba también la autorización para construir el edificio Mar Blanco, de seis pisos, en una zona donde las normativas permitirían levantar solamente edificaciones de hasta un piso alto.

Mientras, la activista Monika Silva denunciaba en su cuenta de la red social X que había retrasos en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Montañita, y señalaba a Aquino y administraciones pasadas.

Silva también alertó sobre la presencia de personas armadas en el Municipio de Santa Elena y de un presunto tráfico de influencias, aunque estas denuncias se quedaron sin seguimiento tras el crimen de la activista, registrado en junio anterior.

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Lo que debes saber

• La Asamblea censuró a David Rosero, abriendo paso a Andrés Mendoza Paladines en el CPCCS.
• El recambio ocurre en pleno desarrollo del concurso para designar al nuevo fiscal general.
• Analistas y exconsejeros debaten si la nueva incorporación alterará la mayoría oficialista.

La censura y destitución de David Rosero por parte de la Asamblea Nacional forzó una nueva reconfiguración en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La salida del funcionario acelera la llegada de Andrés Mendoza Paladines por orden de prelación, en un momento clave marcado por la sustanciación de concursos determinantes como la designación del fiscal general del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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La inestabilidad interna y las bajas del CPCCS desde 2023

Desde su posesión en 2023, la actual administración del organismo ha experimentado sucesivas bajas y reestructuraciones por vías parlamentarias, judiciales y electorales:

El impacto de la llegada de Andrés Mendoza Paladines al Pleno

La salida de Rosero abrió el debate sobre los posibles efectos que tendrá el ingreso de Andrés Mendoza Paladines, siguiente en la lista de hombres según el orden de prelación, en el manejo institucional del organismo.

La destitución de Rosero es irrelevante

Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el relevo de Rosero resulta irrelevante. Alarcón señala que el exconsejero fue servil al poder antes de ser apartado de su despacho y tras dejar la Fiscalía General del Estado en manos del Gobierno. Asimismo, recalca que la dinámica interna no variará porque el Ejecutivo mantiene el control de la mayoría, cuyos integrantes buscan la reelección, y concluye que las resoluciones de fondo sobre la elección del fiscal ya están adoptadas.

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Transparencia frente al diseño institucional

Por su parte, el exconsejero destituido Gonzalo Albán dio un voto de confianza a Mendoza Paladines, a quien califica como un perfil valioso que aportará criterios de transparencia y servirá de puente de retroalimentación con el gremio periodístico, sin alterar la correlación de votos. Albán argumenta que el inconveniente de fondo responde al diseño institucional: sostiene que el principio de participación ciudadana para designar autoridades ha resultado un completo fracaso en la práctica, a pesar de su atractivo teórico.

La recomposición de las mayorías y el concurso para fiscal general

La activista social y excandidata al CPCCS, Pamela Troya, coincide en que el arribo de Mendoza no cambiará la correlación general de fuerzas dentro de la entidad.

De acuerdo con Troya, la dinámica de votos atravesó distintas etapas:

Para Troya, la conclusión radica en que dicha mayoría opera articulada con la agenda del Gobierno (pasando de la denominada Liga Azul a una Liga Morada) con el propósito de retener el control sobre la designación de autoridades prioritarias, en particular la del nuevo fiscal general.

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Entre mafias, desabastecimiento y los limitados cupos de especializaciones, Noboa soltó: "Según todos los rankings mundiales, el Ecuador está bastante bien ubicado en lo que es servicio de salud pública". Añadió que están "limpiando todo lo que no se atrevieron a limpiar" en los últimos cuatro o cinco años, de los cuales él lleva casi tres en el poder.

¿Existen 'rankings' de la salud pública? 

¿Cuáles son esos rankings? O mejor: ¿por qué el país estaría "bien ubicado"? Noboa no los citó, pero entre los principales índices que elaboran revistas internacionales y organismos mundiales de la salud, la afirmación no cuadra.

El ranking en el que Ecuador aparece mejor posicionado es el Health Care Index 2026 de Numbeo, donde ocupa el sexto lugar con 78 puntos redondeados (el puntaje exacto es 77,70), la misma cifra que Finlandia y Tailandia.

Sin embargo, se trata de un índice basado en las percepciones aportadas por los usuarios del portal. Numbeo no es un organismo de salud ni un ente de estadística: elabora su índice mediante encuestas a los usuarios de su plataforma, considerando respuestas de los últimos cinco años, un número mínimo de encuestados por país y un filtro para descartar respuestas sospechosas.

La fórmula evalúa, sobre todo, la experiencia del usuario: rapidez, accesibilidad, costo y calidad percibida del servicio, sin incorporar tasas de mortalidad, resultados clínicos ni registros de abastecimiento de medicinas.

Por otra parte, aparecen las contradicciones en otras listas de similar índole. En su edición 2025, el Health Care Index de la revista CEOWORLD, que compara a 110 países, ubica a Ecuador en el puesto 72.

Asimismo, el informe de seguimiento de la cobertura universal de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, publicado en diciembre de 2025, asigna a Ecuador un índice de cobertura de servicios de 78 sobre 100 con datos de 2023. 

Este indicador depende de organismos multilaterales y de datos oficiales de cada país, y se calcula a partir de 14 indicadores trazadores, entre ellos la cobertura de servicios materno-infantiles, el control de enfermedades infecciosas y no transmisibles, y la capacidad y acceso a los servicios. Aunque esta cifra supera el promedio mundial de 71, queda por debajo de las de Colombia (82), Brasil (84), Chile (84) y Costa Rica (84), según la tabla de anexos del mismo documento.

La realidad local

Las métricas locales tampoco ayudan: a inicios de año se reportaba que, desde 2023, Ecuador registra 1,8 camas por cada 1 000 habitantes (frente a un promedio mundial de 2,7) y que la red pública cuenta con 17,2 médicos y 14,7 enfermeras por cada 10 000 habitantes, cuando la OMS recomienda al menos 23 de cada uno.

En julio, Juan Carlos Aveiga asumió como el octavo ministro de Salud Pública de la línea de Daniel Noboa, entre la promesa de resolver el desabastecimiento y erradicar las mafias. 

En septiembre, Aveiga atribuyó parte de la escasez a pacientes crónicos que venderían la medicación entregada por los hospitales públicos; sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes rechazó esa afirmación el 5 de septiembre y exigió transparentar los procesos de abastecimiento.

El 29 de septiembre, pacientes renales protestaron en Quito por la situación de las clínicas de diálisis, después de que DaVita (que opera 28 centros en el país) informara el 14 de septiembre que transferiría al MSP la atención de sus 3 850 pacientes debido a la deuda acumulada. Pese a ello, los reclamos siguen multiplicándose en forma de denuncias en redes sociales.

El presidente Noboa destacó que, para afrontar varios de estos problemas, se está incorporando el sistema Dedalus a través de CNT; no obstante, existen diversas aristas en el problema integral de la salud que un software no podrá cubrir.

El recurso de apelar a decir "según todos los rankings" levanta la interrogante sobre cuáles son los indicadores en los que se está basando el Ejecutivo para medir la efectividad de su gestión. 

Mientras tanto, se sigue a la espera de la compra de medicamentos a la India y de la incorporación de sistemas que permitan al ciudadano acceder a un servicio digno.

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La tarde del 13 de octubre de 2026, ADN logró los votos necesarios para la censura y destitución de David Rosero. El independiente, pero aliado del oficialismo, Sergio Peña lo acusó de mantener un conflicto de intereses por una supuesta reunión entre el ahora exvocal del CPCCS y la aspirante al cargo de fiscal general, Inés Romero.

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Al final, ADN y sus aliados sumaron 84 votos a favor de la censura de Rosero. El correísmo, como lo había anticipado antes de la sesión del Pleno, se abstuvo en la votación. Solo hubo cuatro votos en contra de la moción de censura y destitución.

Con esa decisión, Rosero no solo dejará el cargo de consejero del CPCCS, sino que tampoco podrá ejercer un cargo público durante dos años. Lo particular de este caso es que el ahora exvocal ya había sido destituido anteriormente del mismo cargo.

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La primera vez que Rosero fue destituido

En enero de 2023, los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos de sus cargos. La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional tras el seguimiento al cumplimiento de una de sus sentencias.

El organismo consideró que el CPCCS no había cumplido la disposición de nombrar a un titular para el Consejo de la Judicatura, pese a las órdenes emitidas por la Corte. Esto ocurrió en medio de las disputas en la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado.

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¿Quién reemplazará a Rosero?

El 7 de julio de 2026, la Asamblea Nacional posesionó a tres vocales suplentes de la lista de hombres para el CPCCS. Esto ocurrió luego de que Roberto Gilbert renunciara al cargo y el banco de suplentes se quedara sin consejeros disponibles.

Con base en la votación alcanzada en 2023, el Legislativo posesionó a los siguientes vocales suplentes:

Escobar asumió la vocalía que dejó Gilbert y desde julio actúa en el Pleno del CPCCS. El siguiente en la lista de hombres es Andrés Mendoza, quien sería el consejero llamado a principalizarse en el organismo de la Función de Transparencia y Control Social.

Lo que debes saber

• Promesa presidencial: Daniel Noboa aseguró que los hogares no tendrían cortes de luz durante las semanas más críticas del estiaje.
  
• Falta de agua: La reducción de las reservas hídricas limita la generación hidroeléctrica y presiona al sistema eléctrico.
  
• Restricciones industriales: Desde el 12 de octubre, las desconexiones programadas para ciertas industrias aumentaron de 48 a 72 horas semanales.

La promesa presidencial y los reportes de usuarios sobre fallas en el servicio eléctrico han abierto una pregunta en Ecuador: ¿por qué hay interrupciones si el Gobierno aseguró que las familias no se quedarían sin luz?

El 5 de octubre de 2026, el presidente Daniel Noboa afirmó que ningún hogar sufriría cortes durante las semanas más críticas del estiaje. Sin embargo, en los días siguientes se reportaron interrupciones del suministro en distintas ciudades, mientras el Ejecutivo amplió las desconexiones programadas para determinadas industrias.

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¿Qué prometió Daniel Noboa sobre los cortes de luz en Ecuador?

Durante una entrevista radial el lunes 5 de octubre, Noboa descartó que los hogares afrontaran nuevos apagones, pese a que el país atravesaba uno de los periodos más complejos del estiaje.

“Ninguna familia va a tener cortes de luz”, sostuvo el mandatario, quien atribuyó la capacidad de mantener el suministro a la generación de varias centrales hidroeléctricas, las dos barcazas contratadas y el aporte de proyectos privados.

El presidente también destacó la generación de Toachi Pilatón, Daule-Peripa y Baba, como parte de los recursos disponibles para responder a la demanda eléctrica.

La declaración se produjo en medio de las preocupaciones por el descenso de los niveles de agua en los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas del país.

¿Por qué hay interrupciones eléctricas en Ecuador?

Uno de los factores que presionan al sistema es la disminución de las reservas hídricas. Ecuador depende de manera importante de la generación hidroeléctrica, por lo que la reducción de los caudales puede limitar la producción de electricidad.

El Gobierno ha señalado que las condiciones hidrológicas requieren medidas preventivas para preservar el suministro. Sin embargo, la explicación relacionada con el estiaje no permite atribuir automáticamente cada interrupción reportada a la falta de agua en los embalses.

Las fallas en redes de distribución, los problemas técnicos y otras contingencias también pueden provocar suspensiones localizadas. Para establecer la causa de cada caso se necesita información de la empresa eléctrica responsable y de las autoridades del sector.

La situación de los embalses hidroeléctricos

La presión sobre las reservas de agua se hizo evidente en octubre. Tal como publicó EXPRESO el pasado 13 de octubre, la central hidroeléctrica Mazar permanecía fuera de operación desde el día anterior, como parte de las medidas para recuperar agua en su embalse.

El nivel registrado a las 19:00 del 13 de octubre era de 2.125,48 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 10,48 metros por encima de la cota crítica. La situación también mantenía la atención sobre el embalse que abastece a la central Molino.

La disponibilidad de agua es relevante porque condiciona la capacidad de generación hidroeléctrica en un periodo de alta demanda.

¿Qué medidas tomó el Gobierno para evitar apagones?

Una de las decisiones anunciadas por el Ejecutivo fue ampliar las desconexiones eléctricas para determinados consumidores industriales de alto y mediano voltaje.

Desde el lunes 12 de octubre, las desconexiones programadas para ciertos segmentos industriales pasaron de 48 a 72 horas semanales. La medida busca reducir la demanda y preservar la energía disponible para los hogares.

La disposición se aplicó a empresas de alto voltaje y a determinados usuarios industriales de media tensión, en respuesta a las condiciones hidrológicas de las principales centrales hidroeléctricas.

El Ministerio de Ambiente y Energía sostuvo que la decisión pretende mantener la estabilidad del sistema y priorizar el abastecimiento residencial.

¿Los cortes industriales significan que habrá apagones en las casas?

No necesariamente; las desconexiones industriales son una medida dirigida a determinados consumidores, mientras que los racionamientos residenciales implicarían suspensiones programadas para hogares.

El Gobierno ha defendido las restricciones industriales como una forma de reducir la presión sobre el sistema eléctrico sin trasladar los cortes a las viviendas. No obstante, esa política no descarta que puedan producirse interrupciones puntuales por problemas técnicos o contingencias en la distribución.

Por eso, cuando se reporta que un sector se quedó sin electricidad, es importante conocer si se trató de una desconexión programada, una avería o una medida de administración de la demanda.

Cortes de luz en Ecuador: ciudades donde se reportaron fallas el 13 y 14 de octubre

Entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, usuarios reportaron interrupciones eléctricas en Quito, Guayaquil, Babahoyo, Durán, Daule, Samborondón, Latacunga, Pujilí, Ambato y Loja.

Ante los reclamos en redes sociales, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) indicó que sus equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio “a la brevedad posible”. La empresa lamentó los inconvenientes, aunque no detalló las causas de las desconexiones mencionadas.

Sin una explicación técnica para cada incidente, no es posible concluir que todos los reportes respondan a una misma causa ni que correspondan a un plan nacional de racionamiento.

¿Qué puede pasar con el suministro eléctrico en Ecuador?

La continuidad del servicio dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas, la capacidad de generación de otras fuentes y el comportamiento de la demanda.

El Gobierno también anunció trabajos de mantenimiento e inversión en las redes de transmisión y distribución para este sábado 17 de octubre, como parte de las medidas preventivas ante los meses más intensos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, aún no ha precisado si estas labores implicarán cortes de luz en los hogares ecuatorianos ni si se publicará un cronograma con los sectores y horarios afectados.

La nueva fiscalización se enfocará en el “ejercicio de las atribuciones administrativas, de vigilancia, evaluación y disciplina” del Consejo de la Judicatura. 

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También indagará sobre los mecanismos institucionales destinados a garantizar la independencia interna y externa de los jueces en las tres provincias.

Hay que recordar que la Comisión de Garantías Constitucionales está bajo el control del correísmo. La decisión de iniciar la fiscalización se tomó por unanimidad. Entre las acciones previstas está convocar a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y a los vocales del organismo.

La resolución señala que “el objeto será examinar en las tres provincias la existencia, suficiencia y la aplicación efectiva de mecanismos destinados a prevenir posibles interferencias, presiones o injerencias indebidas”.

Además, la resolución establece un plazo para que el Consejo de la Judicatura remita la información solicitada sobre las tres provincias. Entre los requerimientos consta el detalle de los procedimientos disciplinarios iniciados contra los jueces.

Un segundo intento por fiscalizar a la Judicatura

La Comisión de Garantías Constitucionales ya intentó fiscalizar al Consejo de la Judicatura, pero entonces el proceso se centró en la decisión de suprimir la Unidad Especializada Anticorrupción. Sin embargo, el oficialismo asumió el control de esa fiscalización mediante una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea.

Dicha resolución determinó que el caso debía pasar a la Comisión de Justicia, donde ADN tiene mayoría. Finalmente, esa instancia eximió de responsabilidades al Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, y elaboró un informe a partir de una respuesta escrita del organismo. El documento está pendiente de tratamiento en el Pleno.

Denuncias sobre impedimentos para el abogado de Aquiles Álvarez

La sesión en la que se definió el proceso de fiscalización comenzó con una polémica. Julio César Cueva, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue invitado a la comisión. Sin embargo, la Escolta Legislativa puso reparos a su ingreso porque “aún no estaba autorizado”.

El policía que integra la Escolta Legislativa explicó que existe un procedimiento de control y que la autorización de ingreso no había llegado hasta el momento en que se produjo el incidente.

Finalmente, Cueva asistió a la sesión de la comisión y expuso presuntas irregularidades en el caso de su defendido. Sostuvo que la independencia judicial no existía y se refirió a los audios atribuidos a jueces del caso Grillete, que circularon semanas atrás.

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Entre sus cuestionamientos señaló que las causas relacionadas con Álvarez han tenido resoluciones en tiempo récord. Afirmó que, en uno de los procesos, la formulación de cargos se produjo en menos de siete días.

Sobre los audios, Cueva aseguró que los hechos mencionados en las grabaciones pueden contrastarse con lo ocurrido durante la resolución del caso. 

Se refirió a una conversación difundida por el medio La Defensa, supuestamente entre jueces del tribunal que conoció la apelación del alcalde Aquiles Álvarez. A criterio del abogado, el audio revelaría presuntas anomalías, la redacción externa de fallos judiciales y la participación simultánea de una jueza en dos diligencias.

Finalmente, Cueva reveló que no ha presentado quejas administrativas ante el Consejo de la Judicatura porque considera que serían archivadas. Además, anunció que presentará una denuncia penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.

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Los puntos claves

• Las multas electorales no desaparecen automáticamente después de las elecciones y pueden acumularse cuando existen nuevos incumplimientos.
• Las sanciones que permanecen impagas durante un año pueden ser remitidas por el CNE a un procedimiento de cobro coactivo.
• Los ciudadanos con multas pendientes pueden enfrentar restricciones para obtener determinados certificados electorales y solicitar cambios de domicilio electoral.
• Mantener multas con el CNE no impide automáticamente ejercer el derecho al voto en futuros procesos electorales.

No acudir a votar, faltar a una capacitación electoral o incumplir la designación como miembro de una junta receptora del voto puede representar más que una sanción económica. En Ecuador, las multas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) permanecen registradas mientras no sean canceladas y pueden generar consecuencias para los ciudadanos que mantienen obligaciones pendientes.

Aunque muchas personas consideran que estas sanciones pierden vigencia una vez concluido un proceso electoral, lo cierto es que las deudas no desaparecen automáticamente con la convocatoria a nuevas elecciones. Por el contrario, pueden acumularse si el ciudadano vuelve a incumplir alguna de sus obligaciones.

Pero ¿qué ocurre si una persona decide no pagar? Las consecuencias van desde dificultades para obtener determinados documentos hasta la posibilidad de enfrentar un procedimiento de cobro coactivo.

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¿Qué pasa si no paga las multas?

Una de las principales consecuencias de mantener multas pendientes con el CNE es la imposibilidad de obtener determinados certificados que emite el organismo electoral.

De acuerdo con la información oficial del CNE, los ciudadanos deben encontrarse al día en sus obligaciones para solicitar certificados de votación, apoliticismo, empadronamiento y no adeudar.

Estos documentos pueden ser requeridos en determinados procedimientos administrativos, por lo que una deuda electoral podría convertirse en un inconveniente al momento de realizar un trámite.

Además, mantener multas pendientes puede afectar la solicitud de cambio de domicilio electoral, pues el CNE establece como requisito no registrar obligaciones económicas sin cancelar.

Sin embargo, esto no significa que todas las gestiones públicas o privadas queden automáticamente bloqueadas. Las restricciones dependen del tipo de trámite y de los documentos exigidos.

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¿Puede enfrentar un cobro coactivo?

Sí. Esta es una de las consecuencias más importantes de dejar una multa electoral sin pagar.

Según el CNE, cuando una sanción económica permanece impaga durante un año desde su generación, la obligación es remitida a la Unidad de Coactivas, conforme a lo establecido en el artículo 299 del Código de la Democracia.

El cobro coactivo es un procedimiento administrativo mediante el cual una institución pública puede exigir el pago de obligaciones pendientes utilizando los mecanismos previstos en la legislación.

Esto significa que una multa electoral no necesariamente queda limitada a una deuda registrada en el sistema del CNE, sino que puede derivar en acciones legales de recuperación de los valores adeudados.

No obstante, es importante precisar que tener una multa pendiente no implica que el ciudadano se encuentre automáticamente sometido a un procedimiento coactivo.

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¿Cuánto debe pagar por las multas electorales?

Los valores dependen del tipo de incumplimiento y se calculan como un porcentaje del salario básico unificado (SBU) correspondiente.

Para 2026, tomando como referencia un salario básico de 482 dólares, las sanciones son las siguientes:

Estas sanciones pueden acumularse cuando una persona registra varios incumplimientos. Por ejemplo, un ciudadano designado como miembro de mesa que no asiste a la capacitación, no integra la junta y tampoco vota puede recibir multas por cada una de esas infracciones.

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¿Puede votar si tiene multas pendientes?

Sí. Mantener deudas con el Consejo Nacional Electoral no significa perder automáticamente el derecho al voto.

Los ciudadanos que registren multas de procesos electorales anteriores pueden acudir a sufragar en nuevas elecciones, siempre que se encuentren habilitados en el registro electoral.

Sin embargo, esto no elimina las obligaciones económicas acumuladas. Las multas continuarán pendientes hasta que sean canceladas o se resuelva favorablemente una justificación o exoneración, según corresponda.

¿Cómo consultar y pagar las multas?

El CNE dispone de canales digitales para que los ciudadanos conozcan si mantienen obligaciones pendientes y puedan realizar los pagos correspondientes.

La consulta puede efectuarse a través del portal oficial del organismo electoral, en el que se encuentran habilitados los servicios relacionados con las sanciones económicas.

Además, desde septiembre de 2026, el CNE habilitó el pago de multas en línea mediante tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard.

Los ciudadanos también pueden utilizar los canales autorizados del Banco del Pacífico y los puntos de recaudación de la Red Facilito.

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El organismo electoral ha aclarado que sus delegaciones provinciales no reciben directamente el pago de multas, aunque los ciudadanos pueden acudir a ellas para solicitar información sobre sus obligaciones.

Quienes consideren que fueron sancionados incorrectamente o tengan una justificación válida por no haber cumplido con sus responsabilidades electorales pueden consultar el procedimiento correspondiente ante el CNE. 

Lo que debes saber

• Anuncian solicitud de juicio político contra Andrés Fantoni, presidente del CPCCS.
• Legisladora exige procesar a los siete consejeros del CPCCS y no solo a David Rosero.
• Denuncian bloqueo previo en el CAL a tres pedidos de fiscalización presentados en 2026.

La asambleísta del correísmo Viviana Veloz anunció la presentación de una solicitud de juicio político contra Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y candidato a la reelección en las elecciones de noviembre de 2026. La intervención se produjo en medio del debate sobre el juicio político a David Rosero, donde la parlamentaria cuestionó las pruebas aportadas y exigió que el control político se extienda a todos los integrantes del organismo colegiado por demoras en designaciones clave.

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Cuestionamientos al informe contra David Rosero en la Asamblea Nacional

Durante la sesión legislativa, la asambleísta criticó la estructura del documento remitido por la Comisión de Fiscalización para el enjuiciamiento político de David Rosero, señalando deficiencias de fondo y de forma en el expediente:

Exigencia de fiscalización para todos los consejeros del CPCCS

La parlamentaria enfatizó que el proceso no debe limitarse a un solo vocal, sino alcanzar a la totalidad de las autoridades de la institución.

Retrasos en concursos y designación de autoridades

Afirmó que los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben responder políticamente por el deterioro institucional y por trabas deliberadas en concursos públicos determinantes:

Antecedentes y el anuncio contra Andrés Fantoni

La legisladora recordó que el bloqueo a las fiscalizaciones del organismo ha sido sistemático y detalló las solicitudes previas ingresadas que no prosperaron en el Consejo de Administración Legislativa (CAL):

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De acuerdo con su intervención, estos tres pedidos fueron archivados o bloqueados por la mayoría oficialista del CAL debido a la afinidad de los consejeros con las directrices de Carondelet.

Ante este escenario, anticipó la acción legislativa que pondrá en la mira a la máxima autoridad del organismo: "Vamos a ver qué pasa con la solicitud que va a presentar Luis Fernando Molina en contra del presidente de esta institución, del señor Andrés Fantoni, y ojalá lo califiquen y ojalá acá también den los votos para censurarlo y para destituirlo".

Lo que debes saber

• El alumbrado público representaría cerca del 6 % del consumo eléctrico, según datos de 2025 citados por un experto.
• La falta de iluminación puede elevar los riesgos de accidentes y delincuencia.
• Las fallas de mantenimiento también provocan desperdicio de electricidad.

En varios sectores de Guayaquil se han reportado cortes de alumbrado público durante la madrugada, en medio de nuevas alertas por interrupciones del servicio eléctrico y la preocupación por posibles apagones generalizados. La posibilidad de reducir la iluminación de calles y avenidas para aliviar la demanda energética abre un debate entre el ahorro que podría conseguirse y los riesgos para la seguridad ciudadana y la movilidad.

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El ahorro sería limitado

El alumbrado público representaría alrededor del 6 % del consumo nacional de electricidad, según las estadísticas de 2025 citadas por Ricardo Buitrón, especialista hidroeléctrico. Con una demanda de referencia de 4.400 megavatios (MW), este rubro equivale a unos 260 MW, una proporción que podría aliviar parcialmente la presión sobre el sistema, pero no resolver por sí sola un eventual déficit de generación.

El especialista Alejandro Jaya advierte que reducir ese consumo no es tan sencillo como apagar las luminarias desde un centro de control. En buena parte de las calles y barrios, las lámparas están conectadas a las mismas redes de baja tensión que abastecen a las viviendas, por lo que desconectarlas también podría dejar sin electricidad a sectores residenciales.

Esta condición técnica también es señalada por Erick Benites, ingeniero y experto en electricidad, quien explica que en numerosas zonas el alumbrado público comparte los circuitos secundarios con las casas. Por ello, un corte destinado aparentemente a reducir la iluminación nocturna puede terminar afectando el suministro de todo un sector, en lugar de limitarse a las luminarias.

Jaya precisa que existen urbanizaciones con circuitos independientes para el alumbrado, pero esa configuración no es generalizada en el país. Separar las conexiones permitiría un manejo más específico de las luminarias, aunque implicaría costos adicionales de infraestructura que dificultan su implementación a gran escala.

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Seguridad frente al ahorro energético

Benites considera que cualquier medida de ahorro debe contrastarse con sus consecuencias para la seguridad y la movilidad. La falta de iluminación en calles y carreteras aumenta los riesgos de accidentes, dificulta la identificación de baches y señales viales y puede favorecer situaciones de delincuencia.

El alumbrado público, además, no se limita a iluminar calles y parques, sino que también abastece sistemas de semaforización, señales de tránsito y determinados equipos de videovigilancia, indica el experto Ricardo Buitrón. Además, advierte que una reducción generalizada podría comprometer servicios esenciales, especialmente en zonas de alta circulación vehicular y en puntos considerados peligrosos.

Por esa razón, Buitrón sostiene que una eventual restricción no debería aplicarse de manera unilateral ni uniforme en todo Ecuador. La decisión tendría que considerar las condiciones de cada territorio y las observaciones de municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales, debido a sus responsabilidades en materia de seguridad y movilidad.

El ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que apagar las luminarias de las calles no sería la primera alternativa que recomendaría. A su juicio, el riesgo de incrementar la inseguridad hace necesario buscar otras fuentes de ahorro, como reducir el consumo innecesario en edificios, rótulos y establecimientos que mantienen encendida la iluminación sin requerirla.

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Las luminarias también generan pérdidas

El exsubgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), Miguel Rendón, apunta a otro problema: la falta de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público. Explica que existen lámparas que permanecen encendidas durante todo el día por fallas en las fotocélulas, dispositivos que regulan su funcionamiento según la luz ambiental.

Corregir esas fallas permitiría reducir consumos que no cumplen una función útil y mejorar la eficiencia del sistema. Rendón también recomienda revisar las instalaciones eléctricas domiciliarias, porque los conductores deteriorados, las conexiones defectuosas y los cortocircuitos pueden ocasionar pérdidas de energía.

Por otro lado, la modernización de las luminarias constituye otra alternativa para disminuir la demanda sin sacrificar la iluminación de los espacios públicos. Jaya señala que reemplazar equipos antiguos, como los de vapor de sodio, por tecnología LED puede generar ahorros importantes y considera necesario acelerar los proyectos de renovación.

Benites también destaca la importancia de ampliar el cambio tecnológico en las instalaciones existentes, además de incorporar sistemas más eficientes en los nuevos proyectos eléctricos. Aunque la sustitución requiere inversión, esta permite reducir el consumo de manera sostenida sin depender de cortes que afecten a las viviendas o dejen calles a oscuras.

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¿Dónde conviene ahorrar?

Buitrón plantea que los hogares pueden contribuir mediante medidas voluntarias de eficiencia energética, sin comprometer sus necesidades básicas. Si se consiguiera reducir en un 10 % el consumo residencial, estimado por el experto en unos 1.400 MW de demanda, el ahorro alcanzaría aproximadamente 140 MW.

Entre las acciones recomendadas están apagar las luces que no se utilizan, moderar el uso del aire acondicionado y evitar mantener encendidos equipos eléctricos innecesariamente. A estas medidas se deben sumar la revisión de las instalaciones domésticas y la adopción de prácticas de eficiencia en industrias, comercios e instituciones públicas.