Lo que debes saber

• Diana Atamaint compareció de forma virtual ante el Tribunal Contencioso Electoral.
• Unidad Popular presentó una queja por supuestos incumplimientos durante su gestión en el CNE.
• Geovanni Atarihuana espera que el TCE determine responsabilidades y una eventual sanción.

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, no asistió de forma presencial a la audiencia convocada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y habría solicitado comparecer de manera virtual. La exfuncionaria, que dejó la Presidencia del organismo el 11 de junio de 2026 y renunció como vocal el 20 de julio de 2026, enfrenta una queja presentada por Unidad Popular.

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Atamaint compareció de forma virtual ante el TCE

La diligencia se desarrolló este lunes 27 de julio de 2026 dentro de la causa No. 086-2026-TCE, a cargo del juez Juan Patricio Maldonado Benítez. La acción fue presentada por el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, quien acusa a Atamaint de incumplir la normativa electoral.

Atarihuana criticó que la exfuncionaria no acudiera personalmente a la audiencia y sostuvo que ello refleja una falta de disposición para responder a los señalamientos. "No hay la voluntad de mirar a los ojos a sus acusadores. Estará vía Zoom y no sabemos en qué parte del mundo se encuentre", manifestó.

El dirigente anunció que su organización presentará las pruebas que, según dijo, demuestran que Atamaint suspendió una sesión del CNE pese a existir el quórum necesario. Afirmó que esa decisión impidió que el organismo resolviera un recurso relacionado con Unidad Popular y afectó el derecho de participación política de esa organización.

Según Atarihuana, el objetivo de la queja es que el TCE determine responsabilidades por el supuesto incumplimiento de las obligaciones legales de la entonces presidenta del CNE. Indicó que la sanción prevista para este tipo de proceso corresponde a una multa económica y expresó su expectativa de que el juez falle "en función de los méritos".

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Atarihuana cuestiona la gestión electoral de Atamaint

El director de Unidad Popular también cuestionó la gestión de Atamaint al frente del organismo electoral y aseguró que convirtió al CNE en "un operador político del Gobierno". A su criterio, durante su administración se vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad que deben regir la función electoral.

Asimismo, Atarihuana afirmó que Atamaint actuó como un "instrumento" del presidente Daniel Noboa para restringir la participación de organizaciones y candidaturas políticas. En ese contexto, mencionó los casos de Revolución Ciudadana, Amigo, Construye, el intento de cancelar la personería jurídica de Unidad Popular y los procesos contra autoridades seccionales.

Lo que debes saber

• Noboa abre opción de reelección en Ecuador si reformas requieren más de un período
  
  
• Presidente habló en Radio Sucre y condicionó candidatura a resultados de su gestión
  
  
• Noboa afirma que cambios económicos y políticos pueden tomar entre 8 y 10 años
  

El presidente Daniel Noboa no descartó buscar la reelección al finalizar su actual mandato, aunque aseguró que, por ahora, su prioridad es atender los principales problemas del país.

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La declaración fue realizada durante una entrevista en Radio Sucre, donde fue consultado sobre una eventual candidatura para un nuevo período presidencial.

"Sí, hay una posibilidad", respondió el mandatario, aunque inmediatamente aclaró que su atención está centrada en la gestión de gobierno.

Noboa dice que primero busca resolver los problemas del país

Durante la entrevista, el jefe de Estado señaló que una eventual decisión sobre una nueva candidatura dependerá de los avances que logre su administración en los próximos años.

"En este momento estamos pensando en resolver los problemas de los ecuatorianos. Si se los resuelve antes, capaz no necesito reelegirme. Si toma más tiempo, pues lo pensaremos", afirmó.

Las declaraciones constituyen una de las referencias más directas del mandatario sobre la posibilidad de buscar un nuevo mandato desde que asumió la Presidencia.

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El Presidente sostiene que las transformaciones requieren más de un período

Noboa también argumentó que los procesos de cambio institucional y económico suelen extenderse más allá de un solo período presidencial.

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"Usualmente estos procesos democráticos, de transformación y de transición política y económica toman más de un período. Toman entre ocho y diez años", manifestó.

Con esa afirmación, el mandatario dejó abierta la posibilidad de analizar una candidatura futura, aunque evitó confirmar una decisión definitiva.

Lo que debes saber 

• La Revolución Ciudadana denunció que se impidieron recorridos de control en establecimientos médicos y acusó al Gobierno de limitar la fiscalización.
• El pronunciamiento se produce días después de la visita de la asambleísta Jahiren Noriega al Centro de Salud de Yaruquí.
• El Ministerio de Salud sostiene que las inspecciones deben coordinarse para proteger la bioseguridad y la atención a pacientes.

La bancada de la Revolución Ciudadana aseguró este 26 de julio que el Gobierno estaría impidiendo la fiscalización en hospitales públicos y acusó al Ejecutivo de intentar ocultar la crisis del sistema sanitario. El pronunciamiento se dio mediante un comunicado difundido luego de que legisladores denunciaran restricciones para ingresar a establecimientos de salud durante recorridos de control político.

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En el documento, la bancada cuestionó que se impida el acceso a los centros médicos y afirmó que la crisis no puede ocultarse. "¿Creen que bloquear nuestro ingreso para fiscalizar los centros de salud convencerá a alguien de que el sistema de salud del Ecuador funciona?", señala el comunicado difundido por el bloque legislativo.

Los legisladores también sostuvieron que los principales problemas del sistema sanitario continúan siendo la falta de medicamentos, insumos y personal. "Lo que pone en riesgo la vida de los pacientes no es la fiscalización, sino la falta de medicamentos, insumos, personal y el abandono de los hospitales públicos", indica el pronunciamiento.

Fiscalización en Yaruquí: el antecedente que motivó la denuncia

La publicación de la Revolución Ciudadana ocurre días después de la visita realizada por la asambleísta Jahiren Noriega al Centro de Salud de Yaruquí, el pasado 20 de julio. La legisladora acudió para verificar el abastecimiento de medicinas, la contratación de personal y la situación de los servicios de limpieza y seguridad, tras recordar el anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa sobre una compra masiva de medicamentos provenientes de India.

Durante el recorrido, Noriega explicó el objetivo de la inspección. "Estamos aquí en el Centro de Salud de Yaruquí para realizar un proceso de fiscalización. Como ustedes saben, el presidente de la República en su informe anual de labores el 24 de mayo anunció que en 3 semanas habría una compra masiva de medicamentos a la India. Vamos a mirar cuál es el abastecimiento de medicinas, de insumos", manifestó.

Antes del ingreso al establecimiento también quedó registrada una conversación entre funcionarios en la que se advertía que la visita no sería atendida. "Que no nos van a recibir", comentó una persona, mientras otra respondió que la orden provenía de niveles superiores. Posteriormente, la legisladora y su equipo denunciaron dificultades para desarrollar la fiscalización.

Pacientes y trabajadores relataron problemas durante la visita

En el recorridovisualizado en un video publicado por la legisladora, varios usuarios manifestaron que debían comprar medicinas fuera del sistema público y asumir gastos adicionales para recibir atención médica. Otros pacientes señalaron que el establecimiento contaba con equipos, pero que aun así eran derivados a realizar procedimientos externos, lo que incrementaba sus costos de movilización.

También hubo cuestionamientos sobre la continuidad administrativa del centro de salud y la falta de personal. Una de las intervenciones recogidas durante la visita resumió el malestar de los habitantes del sector. "Todos los yaruquileños y los que vivimos aquí y alrededor nos damos cuenta de que la institución no está bien. El personal de salud, el personal de limpieza no está funcionando con normalidad", expresó una ciudadana.

Según los testimonios recopilados durante la fiscalización, la falta de pago al personal de limpieza estaría afectando el funcionamiento del establecimiento. Los ciudadanos aseguraron que esa situación repercute directamente en la calidad del servicio que reciben diariamente.

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El Ministerio de Salud respondió con un comunicado oficial

Tres días después de la visita, el 23 de julio, el Ministerio de Salud Pública difundió un comunicado en el que defendió los protocolos de bioseguridad y afirmó que la fiscalización es un derecho constitucional, pero que debe ejecutarse de forma coordinada para no afectar la atención médica.

La cartera de Estado explicó que las visitas no coordinadas pueden alterar el funcionamiento de hospitales y centros de salud, especialmente en áreas críticas como cuidados intensivos, quirófanos, neonatología y emergencias, cuyo acceso se encuentra restringido por razones de bioseguridad y confidencialidad de los pacientes.

Además, el Ministerio exhortó a que los procesos de fiscalización se canalicen mediante los mecanismos oficiales y con coordinación previa. Según la institución, ese procedimiento permite garantizar la continuidad de los servicios médicos mientras se desarrollan las actividades de control político.

Finalmente, la Revolución Ciudadana insistió en que continuará realizando recorridos de fiscalización en hospitales públicos y sostuvo que el Gobierno no debería temer inspecciones si considera que el sistema sanitario funciona con normalidad. El cruce de pronunciamientos mantiene abierto el debate sobre las condiciones de atención y el acceso de los legisladores a los establecimientos de salud.

Lo que debes saber

• Cueva rechazó los señalamientos de Daniel Noboa sobre el caso Triple A.
• Aseguró que la acusación carece de sustento procesal y probatorio.
• También cuestionó la actuación de la Fiscalía durante el proceso judicial.

El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, respondió a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre el caso Triple A. A través de su cuenta personal, sostuvo que la causa "no solo está caída, sino procesal y probatoriamente enterrada".

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Cueva cuestiona el pronunciamiento de Noboa

Cueva afirmó que la Fiscalía y los acusadores conocen el estado del proceso y cuestionó que el mandatario se haya pronunciado sobre el juicio. Según escribió, en su cuenta personal de X, "tan evidente es el naufragio de la acusación que ahora necesitan sacar al propio Presidente de la República a dar declaraciones, como si un pronunciamiento político pudiera darle oxígeno a un muerto jurídico".

El jurista también señaló que los procesos penales deben sustentarse en elementos probatorios y no en discursos públicos. "Los procesos penales se sostienen con prueba, no con micrófonos; con hechos, no con narrativa", manifestó en su publicación.

Además, criticó el trabajo de la Fiscalía dentro del caso Triple A y aseguró que el desarrollo del juicio ha evidenciado debilidades en la investigación. "Del embarazoso papel que ha hecho la Fiscalía en este caso será muy difícil volver. Cada día de juicio ha dejado más preguntas sobre la investigación que respuestas sobre el supuesto delito", escribió.

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Las declaraciones del presidente sobre el juicio

Las declaraciones de Cueva se producen después de que el presidente Daniel Noboa rechazara que el proceso contra Aquiles Álvarez tenga motivaciones políticas. En una entrevista, el lunes 27 de julio de 2026, con Radio Sucre, el mandatario calificó esa versión como un "manotazo de abogado" y afirmó que el alcalde "nunca pensó que le iba a caer la ley".

Durante ese diálogo, Noboa sostuvo que el proceso debe seguir su curso en las instancias judiciales y afirmó que, de comprobarse las acusaciones, el perjuicio económico para el Estado superaría los $ 60 millones. Sus declaraciones se dieron mientras continúa el juicio contra Álvarez, quien durante su testimonio cuestionó la no comparecencia de la denunciante original del caso, Nicole Dixiana Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en el juicio.

Lo que debes saber

• Roberto Luque aseguró que nunca respondió el mensaje del CEO de Progen.
• El ministro afirmó que ya no tenía competencias en el sector eléctrico.
• El pronunciamiento surge tras la difusión de un mensaje enviado por John Manning.

El ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, publicó un pronunciamiento en su cuenta personal de X sobre un reportaje que reveló un mensaje enviado por John B. Manning, CEO de Progen, en septiembre de 2024. El funcionario aseguró que la motivación del empresario para escribirle "solo la puede explicar el propio Sr. Manning" y afirmó que responde únicamente por sus propios actos.

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Luque defiende su actuación

A través de una publicación en su cuenta personal de X, Luque sostuvo que él no respondió al mensaje. "Lo que sí puedo afirmar es que ese mensaje no recibió respuesta de mi parte. Es decir, el Sr. Manning quedó en visto", escribió el ministro en la red social.

Luque también señaló que, cuando recibió la comunicación, ya no ejercía como ministro encargado de Energía. Según explicó, para septiembre de 2024, no tenía competencias sobre temas del sector eléctrico, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ni sobre el contrato con Progen.

"Para septiembre de 2024 yo ya NO era Ministro de Energía. No tenía competencia alguna sobre ningún tema en materia eléctrica, ni sobre CELEC, ni sobre ese contrato, que se firmó mucho después de mi salida", manifestó.

El ministro añadió que le resultó improcedente que el ejecutivo de Progen intentara contactarlo sobre ese asunto. "Francamente, ni entendía ni me parecía apropiado que me escribiera sobre ese o cualquier otro asunto", indicó.

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El contexto del mensaje de Manning

El reportaje de EXPRESO reveló que Manning envió el mensaje la noche del 25 de septiembre de 2024, tras una reunión virtual con técnicos de la Unidad de Negocios Termopichincha de Celec. En esa comunicación, el ejecutivo cuestionó los controles técnicos aplicados al proyecto Salitral y calificó las exigencias de nueva documentación como "interrupciones infundadas" que, según él, buscaban entorpecer la ejecución del contrato.

La investigación también recordó que Luque había dejado el Ministerio de Energía en junio de 2024, cuando asumió el cargo Antonio Gonçalves. Por ello, el mensaje fue enviado cuando el hoy ministro de Infraestructura y Tecnología ya no tenía funciones dentro de esa cartera de Estado.

Como parte del proceso de contrastación, EXPRESO buscó la versión de Luque antes de publicar el reportaje. El 23 de julio se envió un correo electrónico a su abogado, Aníbal Quinde, pero no hubo respuesta hasta la difusión de la investigación.

Lo que debes saber

• Noboa rechazó las acusaciones de autoritarismo y defendió la participación política en Ecuador.
• Daniel Noboa dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección en un próximo período presidencial.
• Noboa dijo que las transformaciones del país requieren más de un período de gobierno.

El presidente Daniel Noboa rechazó los señalamientos de sectores de oposición que lo califican de autoritario y sostuvo que en Ecuador existe plena participación política.

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En su intervención en Radio Sucre afirmó que actualmente operan más de 15 movimientos y partidos políticos nacionales, además de organizaciones provinciales, cantonales y locales.

El mandatario señaló que las investigaciones sobre posibles vínculos de organizaciones políticas con actividades ilícitas deben ser realizadas por organismos competentes como la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.

Daniel Noboa no descarta buscar otro mandato

Consultado sobre una eventual reelección, Noboa indicó que por ahora su prioridad es resolver los problemas del país.

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No obstante, reconoció que los procesos de transformación económica y política suelen requerir más de un período presidencial, por lo que dejó abierta la posibilidad de analizar una candidatura futura.

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"Pero usualmente, estos procesos, procesos democráticos y de transformación y de transición política y económica toman más de un periodo. Toman entre ocho a diez años", recalcó a Noboa.

Lo que debes saber 

• El presidente Daniel Noboa informó por primera vez avances sobre la compra de medicamentos a la India, anunciada hace casi dos meses.
• Aseguró que el proceso está en fase de homologación sanitaria y que habrá acuerdos similares con otros países.
• También afirmó que el gasto estatal en salud y la inversión privada del sector farmacéutico crecieron más del 20 %.

Tras dos meses del anuncio realizado por el presidente Daniel Noboa sobre una compra masiva de medicamentos a la India para enfrentar la escasez de fármacos en el sistema público de salud, el Gobierno informó por primera vez avances sobre el proceso de contratación y certificación de los insumos. Las declaraciones fueron realizadas este 27 de julio, durante una entrevista en Radio Sucre.

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Durante la entrevista, Noboa indicó que el proceso avanza junto con la autoridad regulatoria sanitaria y que los medicamentos deberán cumplir con los requisitos exigidos para su ingreso al mercado ecuatoriano.

"Con el tema de la India estamos en el proceso de homologación con el Arcsa. Ya se estableció una hoja de ruta con el Gobierno de la India. Vamos a tener compras de medicinas del Gobierno de la India y también cada una de estas medicinas va a tener la certificación de FDA".

El Presidente también sostuvo que el modelo que se aplica con la India será replicado con otros países que cuentan con una industria farmacéutica desarrollada. Según explicó, el objetivo es ampliar las opciones de abastecimiento mediante acuerdos entre gobiernos y reducir la dependencia de intermediarios en la importación de medicamentos.

"Ese mismo esquema que estamos trabajando con la India lo vamos a hacer también con otros países. Ya tenemos conversaciones con Colombia, Argentina y Costa Rica".

Gobierno apunta a diversificar proveedores

El mandatario afirmó que, además de los procesos con la India, el Gobierno trabaja en la homologación de medicamentos con certificaciones europeas para facilitar futuras adquisiciones internacionales. La intención, dijo, es ampliar el número de proveedores disponibles para el sistema público de salud.

Noboa también cuestionó el modelo tradicional de importación de medicamentos y aseguró que los acuerdos directos entre Estados modificarán el mercado de compras públicas.

"Muchos de los importadores de medicinas, esos que quieren quedarse agarrados a la teta y no soltar y cobrar unos precios de locos, ahora ya no tendrán el control, sino que serán estas conversaciones de gobierno a gobierno".

En la misma entrevista, el Presidente aseguró que el sector farmacéutico nacional también registra un incremento en sus inversiones. Según indicó, las empresas del país han ampliado su capacidad operativa y tecnológica como parte del crecimiento de la actividad vinculada a la salud.

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Noboa no habló del retraso en la llegada de las medicinas de India

El 24 de mayo, el Ejecutivo presentó esta adquisición como una estrategia para abastecer hospitales y centros de salud, especialmente en áreas críticas como oncología y tratamientos de diálisis. En ese momento, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que el proceso avanzaría con rapidez y que, tres semanas después del anuncio, los medicamentos ya estarían en el país.

Ese cronograma, sin embargo, no se cumplió. Durante la entrevista radial, Daniel Noboa no se refirió a las razones del retraso ni explicó por qué no se concretó la llegada de los medicamentos dentro del plazo inicialmente anunciado. En cambio, señaló que la compra aún atraviesa etapas técnicas y regulatorias, aunque aseguró que ya existe una hoja de ruta acordada con las autoridades de la India.

Noboa asegura crecimiento de la inversión privada

Por otro lado, el jefe de Estado afirmó que los principales laboratorios del Ecuador están incrementando sus inversiones y contratando más personal, mientras el Estado aumenta el gasto destinado a servicios de salud y pagos a prestadores privados.

"Los 10 laboratorios más grandes del Ecuador están invirtiendo, están contratando más personal, están invirtiendo en tecnología también".

Además, sostuvo que el incremento en el gasto público se refleja en la actividad económica del sector. Como ejemplo, mencionó que la facturación relacionada con salud supera el 20 % durante este año, impulsada por mayores pagos estatales a clínicas, derivaciones médicas y adquisición de servicios.

"El Estado está invirtiendo más, el Estado está pagando más, el Estado está comprando más... se puede ver un incremento de más del 20 %".

Lo que debes saber

• Noboa rechazó que el juicio contra Aquiles Álvarez responda a una persecución política.
• El presidente dijo que el caso combustibles habría causado pérdidas superiores a $60 millones.
• Aquiles Álvarez mantiene que el proceso judicial en su contra tiene motivaciones políticas.

El presidente Daniel Noboa se refirió al proceso judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y rechazó la versión de que el caso habría sido construido con motivaciones políticas. 

Durante una entrevista en Radio Sucre, el mandatario calificó esa postura como un "manotazo de abogado" y afirmó que Álvarez "nunca pensó que le iba a caer la ley".

Noboa sostiene que la justicia debe determinar las responsabilidades

El presidente aseguró que el proceso debe seguir su curso en las instancias judiciales y señaló que el alcalde habría creído que "podía hacer lo que le daba la gana" sin enfrentar consecuencias legales.

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Además, sostuvo que, de comprobarse las acusaciones que se investigan en el caso, el perjuicio económico para el Estado superaría los $60 millones.

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Las declaraciones de Noboa se producen mientras avanza el proceso judicial que involucra al alcalde de Guayaquil. Álvarez empezó su testimonio cuestionando la ausencia en el juicio de la denunciante original del caso Nicole Dixiana Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). "Entendemos que la han cuidado para que no venga", afirmó, antes de detallar cómo, según expuso, se estructuró la causa en su contra.

"En un momento era engreído de Lasso, de Nebot y de Correa al mismo tiempo. Entonces él creía que podía hacer lo que le daba la gana y nada le pasaba", sostuvo Noboa.

Aquiles Álvarez ha rechazado las acusaciones y sostiene que el caso responde a una persecución política. Esa postura forma parte de su estrategia de defensa y será el proceso judicial el que determine las responsabilidades correspondientes.

Lo que debes saber

• Noboa dijo que el Quinto Puente inició su ejecución en Guayaquil con una inversión superior a $1.500 millones.
• El Gobierno anunció obras en el Guasmo y Monte Sinaí para renovar espacios públicos en Guayaquil.
• Según Noboa, Jóvenes en Acción benefició a 55.000 jóvenes del área metropolitana de Guayaquil en dos años.

El presidente Daniel Noboa aseguró que su administración ejecuta varias obras y programas en Guayaquil, en respuesta a las críticas de sectores políticos que cuestionan la inversión estatal en la ciudad.

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Durante una entrevista en Radio Sucre, el mandatario señaló que el Quinto Puente ya inició su proceso de ejecución y afirmó que la inversión total superará los $1.500 millones.

Según Noboa, el proyecto estará acompañado por intervenciones urbanas en el sector del Guasmo, incluyendo parques lineales y la reestructuración de espacios públicos.

El presidente también mencionó la construcción del Parque Recreativo Monte Sinaí, para el cual indicó una inversión de $6,7 millones.

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Obra social en Guayaquil

En materia social, sostuvo que el programa Jóvenes en Acción ha beneficiado a más de 55.000 jóvenes en el área metropolitana de Guayaquil, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón. De acuerdo con el mandatario, la iniciativa ha representado una inversión cercana a USD 100 millones en los últimos dos años.

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"Escuchaba a unos antiguos políticos que quieren volver, que decían que este gobierno no ha hecho nada por Guayaquil. La obra que lo trataron de parar en los últimos 10 años por intereses oscuros, nosotros ya la estamos empezando", mencionó Noboa.

Gobierno atribuye reducción de violencia a estrategias de seguridad

Noboa afirmó además que las muertes violentas en el Distrito Metropolitano de Guayaquil se redujeron cerca del 30%. El mandatario relacionó esta disminución con una caída de delitos como las extorsiones y aseguró que la reducción de la criminalidad ha contribuido al crecimiento de la actividad económica en la provincia del Guayas.

Lo que se sabe

• Mónica Luzárraga tuvo un traspié con el correísmo, que la calificó de "chimbadora"
• Cuestiona al Gobierno de Daniel Noboa, pero dice que sentarse a conversar es "la relación madura y sensata que tiene que existir"
• Ofrece trabajar en lo social, fomentar el acceso a los servicios básicos en sectores "olvidados" y promover la movilidad activa

En su primera incursión en la política, la precandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Mónica Luzárraga, desistió de participar con el partido Socialista y optó por la alianza de Unidad Popular y Pachakutik, bajo el lema “Despierta, Guayaquil por la Patria”. 

Ofrece trabajar en lo social, para tener una ciudad “más justa y más humana”. Cuestiona el proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

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Mónica Luzárraga a Rafael Correa: "¿Tanto miedo les causa el diálogo y la unidad?"

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A mediados de julio, en la red social X, la precandidata a la Alcaldía de Guayaquil, le dijo al expresidente Rafael Correa, quien cuestionó su cercanía con el movimiento Futuro 20: “¿Tanto miedo les causa el diálogo y la unidad?”.

Mónica Luzárraga y su opinión de Daniel Noboa

Pregunta: Usted se ha presentado como la candidata de la unidad, pero hubo este choque con el correísmo y el reclamo de una parte de Pachakutik, que se opuso a su postulación. ¿Cómo sostener esta unidad cuando todavía ni empieza la campaña?

Respuesta: Alrededor de la construcción de una candidatura, como la que represento, hay más que movimientos y partidos políticos. Hay organizaciones sociales, de base, sindicatos, gremios, que han estado durante todo este tiempo buscando una exposición de representación, alejada del clivaje al que estamos acostumbrados.

Si gana, tendrá que trabajar con este Gobierno, del cual usted ha sido muy crítica. ¿Cómo lo manejará?

Hay que entender cuál es el rol que cumple cada uno en su espacio. El problema es que acá se ha transfigurado el rol de un presidente, que ha adoptado la posición de “enemigo de todos”.

¿Como alcaldesa se sentaría a conversar con Daniel Noboa o algún representante del gobierno?

Esa es la relación madura y sensata que tiene que existir entre todos los niveles de gobierno. Esto no es una disputa de egos, no es una posición personal. Esto no es si me gusta o no, si me hacen el favor o no. Las asignaciones de Guayaquil no pueden estar condicionadas al afecto o desafecto del presidente.

Aquí no hay que arrodillarse para que el presidente te mire con ojos de piedad y te entregue cosas (recursos). Hay procesos".
Mónica Luzárraga, precandidata a la Alcaldía de Guayaquil

'El Gobierno boicotea la autonomía del Municipio de Guayaquil'

La actual administración municipal reclama que el Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública) le baja procesos. En caso de que le pase lo mismo, ¿cuál sería su plan B?

Lo que está haciendo el Gobierno Nacional a la administración actual del Municipio de Guayaquil es un boicot frontal a su autonomía. Hay que ser estratégicos. Están los créditos que vienen del exterior. Con creatividad, inteligencia y estrategia, uno puede anticiparse a las prácticas mañosas que hoy tiene el Sercop.

¿Cómo manejaría la acción del Concejo para evitar un posible boicot?

La conformación de la lista de la unidad incluye la fortaleza de que sus representantes provienen de distintos sectores: académicos, empresariales, algunos militantes de base, otros dirigentes de los partidos y movimientos. Es una lista plural, respetuosa, que ha sido construida con equidad y sobre todo con ecuanimidad, privilegiando la estructura antes que el padrinazgo de alguien.

¿Cuál es el perfil de esos candidatos?

La mayor parte, excepto aquellos que están por menos de 25 años, son profesionales de distintas ramas. Lo que necesitamos es que quien sea alcalde o alcaldesa no entre en condición huérfana. 

Alrededor de ese Consejo cantonal hoy ya se están planteando reformas en la Asamblea Nacional (al Cootad). Ya hemos superado un primer debate en donde se plantea, por ejemplo, que ya no tengan la atribución de proponer ordenanzas. Imagínese ese absurdo. Enarbolaré la lucha contra (por) la inconstitucionalidad de esa reforma.

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¿Qué obras propone Mónica Luzárraga en Guayaquil?

¿Cuáles serán sus prioridades y las obras en los primeros 100 días?

Hay cosas que son urgentes, aunque no se puedan fotografiar. El acceso a los servicios básicos de sectores que están profundamente olvidados. Entre esos, Ciudad de Dios, Socio Vivienda, Monte Sinaí, las parroquias rurales. Conformación oportuna de Consejos barriales, reactivar la silla vacía, recuperación del espacio público para vivienda.

¿Cómo llevaría el turismo al centro para revivirlo?

Generando ahí espacios en donde realmente el guayaquileño pueda volver a confluir. Recuperar muchos de los edificios que hoy están abandonados. A una suerte de lo que hizo (el alcalde Zohran) Mamdani, en Nueva York.

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Obra en calle Panamá, de $1,2 millones, no cambia el guion urbano en Guayaquil

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¿Mantendría Segura EP?

Planteamos recuperarla con un proceso de conversaciones con el Gobierno Nacional.

Como representante de las personas que viven en la zona donde se hará el Quinto Puente, usted cuestionó el tema de la plusvalía. ¿Cómo llevaría este caso?

Iniciar una auditoría sobre cómo cambiaron los avalúos catastrales alrededor del proyecto. Tenemos claramente identificado cómo ocurrió en el gobierno (municipal) de Cynthia Viteri.

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Al gobierno le interesa hacer el aeropuerto en Taura, ¿cuál es su postura?

Taura no es Guayaquil. ¿Esta ciudad necesita urgentemente otro aeropuerto? ¿O hay cosas que son más urgentes hoy día en Guayaquil?

Guayaquil está entre las ciudades con mayor siniestralidad vial del país. ¿Cuáles serían sus acciones para empezar a cambiar eso?

Una de las principales formas de entender la siniestralidad y el problema que tenemos es que nos conducimos hacia una sola forma de transporte: el carro. (Tenemos) un sistema de transporte público que no genera realmente atención digna para el ciudadano que no posee un vehículo, pero también haber olvidado otras formas de movilidad como la bicicleta.

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Ciclovías en Guayaquil se siguen eliminando mientras aumenta la desprotección vial

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No vamos a decir: “Vamos a eliminar los carros”. Pero hay que entender cómo pueden convivir varias formas de movilidad, que además sean mucho más respetuosas con el de a pie.

Si crecemos con este parque automotor, que genera tanto caos y siniestros, en 10 años estaremos peor, más colapsados".
Mónica Luzárraga, precandidata a la Alcaldía de Guayaquil

¿Cómo llevará la relación con los alcaldes de los cantones vecinos?

Si no se trabaja articuladamente con estos cantones, las problemáticas de Guayaquil simplemente van a seguir escalando.

¿Cómo visualiza a Guayaquil cuando termine su probable administración?

Una ciudad más justa y más humana, que ceda a estas posturas polarizantes, que entienda que trabajando articuladamente y enfocándonos en una visión de ciudad, podemos salir del problema en el que nos encontramos hoy, sometidos a un autoritarismo que pretende tomar esta ciudad como botín.

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Lo que debes saber

• El Consejo Nacional Electoral permitió o no supervisó adecuadamente los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas durante la selección de precandidaturas.
  
• Hay una falta de transparencia en la publicación de alianzas y listas de candidatos, al considerar que el silencio de la mayoría de organizaciones y la ausencia de información oficial debilitan la confianza en el proceso electoral.
  
• La Función Electoral ha perdido su papel como garante de la integridad de las elecciones y hay que preservar la institucionalidad democrática frente a decisiones que favorecen al poder de turno.

El artículo 345 del Código de la Democracia reza: “Para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral, en una o en todas las etapas del proceso electoral. El Consejo nombrará veedores en los procesos en los que no participe”. 

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De toda la letra muerta que la ley contiene, esta es la que resulta más ofensiva, porque implica que todo lo que hemos visto ocurrir en estas semanas -precandidaturas que pasan de un cantón o de un partido a otro, líderes políticos admitiendo que son ellos o los directores provinciales los que arman las listas y la congregación de montones de alzamanos- ha tomado lugar frente a los ojos de los funcionarios del CNE y ha sido sacramentado por ellos. 

O bien eso, que hayan consentido con su “supervisión” y “asistencia” los supuestos procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, o bien simplemente no asistieron, lo que hubiera resultado en la misma cosa.

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Pero lo que ha venido ocurriendo después, habiendo fenecido los plazos para la celebración de las internas el 2 de julio y para el registro de las alianzas el 18, es todavía peor. Tanto periodistas como meros observadores han señalado que esta es una elección bastante inusual, dado que muchas organizaciones políticas, en vez de entregarse de lleno a las precampañas (de por sí ilegales) con sus precandidatos, guardan silencio sobre sus listas y esconden sus cartas hasta el último momento. 

Aunque muchos saben, por ejemplo, que el Partido Socialista es por ahora el nuevo albergue del correísmo, sus dirigentes se niegan a confirmar esa decisión, mientras que el Partido Social Cristiano evita anunciar quiénes serían los reemplazos de los precandidatos que renunciaron en Daule y Samborondón. 

El contraste con el movimiento oficialista ADN es claro. La lista morada, a diferencia de prácticamente la totalidad del resto de partidos y movimientos, es la única que ha lanzado comunicados o publicaciones en redes proclamando sus principales precandidaturas en todo el país y a todo color.

La responsabilidad de la Función Electoral 

Esta política del silencio, al igual que la farsa de las primarias, también es responsabilidad de la Función Electoral. ¿Por qué tanto miedo, si el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso electorales velan sobre el proceso? Además, ¿no deberían estar disponibles ya los nombres de las alianzas y precandidaturas debidamente ingresadas en el CNE? ¿Por qué no los conoce en detalle la prensa, como en anteriores períodos? Se podría decir que algo huele a podrido, pero esta vez no en Dinamarca, sino tan solo a un par de cuadras de la calle Noruega. Dicho de forma más directa: algo anda mal en nuestra democracia.

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Es extraño que esto sea así en un país en el que existen cinco funciones o poderes del Estado, uno de ellos enteramente dedicado al control de los procesos electorales. Aunque algunas personas relacionan esta inflación estructural con el intento de refundar el país en Montecristi, ya desde las épocas de Velasco Ibarra se hablaba de un organismo electoral independiente de las tres ramas tradicionales del poder público. 

En un país controlado por más de un siglo a través del fraude, la compra de votos y conciencias y el ruido de sables, la idea de erigir un institución que tuviese el mismo estatus que el gobierno, el parlamento y las cortes tenía mucho sentido. De ese esfuerzo por garantizar la independencia de la Función Electoral, con el tiempo nació la idea de que sus funcionarios se convierten en la autoridad suprema de la República durante las elecciones, algo así como una especia de tribunos sacrosantos.

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Pero ese poder, en vez de servir para proteger la sacralidad de los procesos electorales e infundir respeto por las normas en los políticos, más bien ha sido usado para sacramentar las decisiones del poder de turno. 

Recordemos, por ejemplo, como en el 2007 el Tribunal Supremo Electoral se prestó para destituir a 57 diputados gracias al voto, entre otros, de una vocal roldosista cuyo líder y hermano confesó que tranzó su apoyo a cambio de una amnistía que nunca llegó. O como, en esta misma elección, la fecha del sufragio se adelantó en una decisión sin ningún precedente y con muy poco sustento técnico (El Niño bien que puede llegar o no, y si lo hace podría asomarse en pleno noviembre, cosa que ya hizo en el pasado).

La marcha hacia estas elecciones empezó hace largo tiempo. Velemos por que no sean los últimos pasos de nuestro sistema, por más imperfecto que sea.

Lo que debes saber

• Ecuador llegará a las elecciones seccionales de 2026 con alcaldes procesados y partidos suspendidos en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos.
• El jurista André Santos sostiene que las acciones de control buscan evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
• Santos defiende la aplicación de medidas cautelares antes de una sentencia y asegura que existen herramientas legales para estos casos.

Ecuador llega a las elecciones seccionales de noviembre de 2026 con un ambiente atípico por el apresamiento o inhabilitación de alcaldes con posibilidades electorales y organizaciones políticas suspendidas. El jurista André Santos analiza en EXPRESO la posible judicialización de los comicios y defiende las acciones de las autoridades de control.

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- Alcaldes con posibilidades electorales presos y organizaciones políticas suspendidas a vísperas de las seccionales. ¿Son las elecciones más judicializadas que ha tenido Ecuador?

- Luego de que el Gobierno empezó a intervenir las cámaras de varios municipios, no solo el de Guayaquil, y se empezó a investigar las salas espejo y que los grupos de delincuencia organizada tienen acceso directo a ellas, el Gobierno emprendió una cacería total. Cuando se descubren indicios fuertes, porque no hay sentencia ejecutoriada, sino que son procesos penales en curso, se empieza a demostrar la penetración del crimen organizado. Este antecedente ha motivado que el Gobierno impulse medidas para evitar que candidatos vinculados al crimen organizado puedan tener la potestad de participar en una elección política.

- Las principales críticas son por la oportunidad con que se ha inhabilitado o suspendido políticos y partidos. ¿No se trata de procesos con dedicatoria, parcializados?

- En el caso de Aquiles Álvarez, por ejemplo, más allá de que la justicia aún no lo ha juzgado y no hay una sentencia, lo que es objetivo es que hay un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares. Ese caso inició en 2023 y es normal que un proceso penal evolucione. Además, una exposición pública naturalmente va a traer mayor enfoque en tus investigaciones, porque las autoridades de control están sujetas a juicio político y obedecen en cierta manera al vaivén de la opinión pública. Hay otros casos como el del alcalde de Esmeraldas y la de Jipijapa en los que se han encontrado graves indicios de vínculos con bandas de grupos criminales. De pronto parece algo hecho a conveniencia, pero a mí más me preocupa la penetración del crimen organizado en los municipios.

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Fiscal Carlos Alarcón dice que la suspensión de Amigo fue decisión del TCE, no de la Fiscalía

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- En el caso de Revolución Ciudadana y Amigo, la suspensión responde a un informe reservado de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. ¿Se debe aceptar que es suficiente un informe reservado para una medida así?

- Eso hay que preguntarle a los que aprobaron la ley. ¿Quiénes aprobaron el Código de la Democracia? Fue el correísmo. No es que el fiscal general y el Tribunal Contencioso Electoral se han inventado. Además, no hay que olvidar que es de público conocimiento que Revolución Ciudadana es un partido con vínculos al crimen en todos los niveles y que Amigo fue fundado con el dinero del reparto de los hospitales. No hay derecho electoral para el crimen organizado. Ellos no tienen derechos; el mal no tiene derechos.

-Expertos en materia electoral sostienen que la suspensión de las organizaciones debió ser luego de que se supere todo el proceso.

- Ese es un punto de vista con conveniencia. Es verdad que el artículo 374 del Código de la Democracia señala que el juez podrá sancionar a una organización política con hasta 24 meses de suspensión en los casos que incumplan ciertas actividades de capacitación e incumplan ciertas obligaciones. Sin embargo, esos numerales aplican cuando se trata de una denuncia ciudadana o del propio CNE. Pero el tercer numeral tiene una lógica distinta: la petición del fiscal general, cuando exista una investigación en curso de lavado de activos, cambia el artículo a una naturaleza cautelar. Es verdad que podría estar mejor redactado, pero dentro de una interpretación jurídica recta, esa disposición del numeral tres cambia todo el articulado.

Lo que están haciendo (en el Gobierno) es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley.André Santos, director de Firmes

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- ¿Y en dónde queda el principio y garantía constitucional de la inocencia? Incluso el ministro John Reimberg ha dicho que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”.

- El ministro es especialista en seguridad, no abogado. Creo que debió decir que no se ha hecho ningún descargo a las pruebas que apuntan a que estos señores han tenido una participación en delitos de corrupción y crimen organizado. Por lo otro, es obvio que son inocentes hasta una sentencia ejecutoriada. No se trata de sanciones definitivas. Cuando dictan prisión preventiva contra una persona, no están diciendo que ella ya es culpable; es una medida cautelar. Son actos previos y preventivos para evitar que se destruyan pruebas o, en el caso electoral, evitar que un partido político pueda participar.

- Sin embargo, la sensación es que se le está impidiendo al electorado votar libremente. ¿Eso puede garantizar legitimidad?

- Hay partidos políticos que no los han tocado. Está el Partido Social Cristiano (PSC), CREO, Pachakutik. Yo creo que lo que están haciendo es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley. Se le está haciendo a quienes han participado en actos graves de corrupción y cuyos miembros están involucrados en asesinatos selectivos, algo sumamente grave. Esa gente no tiene derecho a participar en las elecciones.

La suspensión de partidos no es un tema de gustos. En el deporte, si un atleta está dopado y se comprueba, es descalificado.André Santos, director de Firmes

Lo que debes saber

• La FOA sostiene que el TLC se firmó sin consulta a las comunidades.
• Las organizaciones anuncian acciones ante la Corte Constitucional y la CIDH.
• El gremio alerta sobre posibles impactos del acuerdo en los territorios y el agua.

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) ha expresado su rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá, suscrito este 24 de julio de 2026 en Ottawa. La organización sostiene que el acuerdo prioriza la protección de las inversiones extractivas por encima de los derechos de las comunidades, el agua y la naturaleza.

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Cuestionamientos al proceso de negociación

La firma del tratado se concretó un año y medio después del cierre de las negociaciones, alcanzado en enero de 2025. Por su parte, el Gobierno ha señalado que el acuerdo busca ampliar las oportunidades para la oferta exportable ecuatoriana y facilitar la importación de bienes en mejores condiciones.

En un pronunciamiento conjunto con otras organizaciones sociales y defensoras del agua, la FOA asegura que el proceso de negociación se realizó sin consulta ni socialización con las comunidades. Por su parte, su presidente, Lauro Sigcha, afirma que la organización solicitó durante más de dos meses información oficial sobre el contenido del tratado, pero que no obtuvo respuesta de las instituciones involucradas.

La FOA indica que, ante la falta de información, presentó una acción de acceso a la información pública que actualmente se tramita en una unidad judicial de Quito. Además, señala que las declaraciones de representantes del sector empresarial sobre el fortalecimiento de las inversiones canadienses, especialmente en minería, refuerzan sus preocupaciones respecto al alcance del capítulo de inversiones.

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Acciones legales y preocupaciones por la minería

En el comunicado, la organización afirma que dirigentes como Carlos Novillo, Hortencia Zhagui y Yaku Pérez han advertido que el tratado podría fortalecer la presencia de empresas mineras canadienses y aumentar la presión sobre páramos, fuentes de agua y territorios indígenas y campesinos. También cuestionan los mecanismos de arbitraje internacional, al considerar que podrían limitar la capacidad del Estado para proteger los derechos colectivos y el ambiente.

Las organizaciones anuncian que impulsarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con estas acciones buscan frenar la aplicación del tratado al considerar que vulnera derechos colectivos y podría profundizar los conflictos socioambientales relacionados con la actividad extractiva.

Lo que debes saber

• La atención presencial concluirá el lunes 27 de julio en Venezuela.
• Más de 1.500 ecuatorianos recibieron asistencia tras el sismo.
• Los servicios consulares continuarán por vías digitales y remotas.

La Cancillería de Ecuador concluirá el lunes 27 de julio la jornada de atención consular presencial para los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en Venezuela, tras un mes de asistencia desplegada luego del terremoto. La atención se realizará entre las 09:00 y las 13:00 en la Oficina de Intereses del Ecuador en la Embajada de Suiza, ubicada en el municipio Chacao, estado Miranda.

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Atención consular tras el terremoto

Tras el sismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores movilizó a funcionarios hacia las zonas más afectadas para brindar apoyo directo a los connacionales. El operativo se desarrolló en coordinación con organismos internacionales y buscó garantizar asistencia a los ecuatorianos que permanecían en territorio venezolano.

Como parte de la misión, la Cancillería informó, a través de su cuenta institucional de X, que más de 1.500 personas fueron atendidas tanto en terreno como en la sede consular. Además, se emitieron 600 pasaportes con prioridad para damnificados, adultos mayores, menores de edad y personas con discapacidad.

El balance también incluye el retorno de 36 ecuatorianos en cuatro vuelos humanitarios y la repatriación asistida de tres connacionales fallecidos. A estas acciones se sumó apoyo en trámites de legalizaciones, apostillas y protección de menores.

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El apoyo continuará por canales remotos

Aunque la misión humanitaria presencial finalizará, la Cancillería aseguró que la asistencia consular continuará desde los consulados de Ecuador en Bogotá y Panamá. La atención se mantendrá mediante canales digitales y remotos, con el objetivo de que los ecuatorianos en Venezuela continúen recibiendo acompañamiento y servicios consulares.

Lo que debes saber

• El CNE rechazó las impugnaciones contra vocales de las juntas electorales de Los Ríos y Loja.
• El Pleno ratificó las designaciones tras acoger los informes jurídicos.
• También actualizó la organización territorial electoral para los comicios de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó, el sábado 25 de julio, las impugnaciones presentadas contra vocales de las Juntas Provinciales Electorales de Los Ríos y Loja, en una sesión en la que también adoptó cambios para la organización de los comicios de noviembre de 2026. El Pleno aprobó la actualización de la organización territorial electoral para incorporar la nueva parroquia rural Mis Ecuador, en Shushufindi, y el nuevo cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas.

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Impugnaciones quedaron sin efecto

En el caso de Los Ríos, los consejeros negaron los recursos de impugnación presentados por Carlos Roberto Vergara Quinto y Javier Fernando García España contra la designación de Cecilia Susana Enríquez Carrera como vocal de la Junta Provincial Electoral. Los informes de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica concluyeron que la funcionaria no incurre en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en el reglamento para ejercer ese cargo, por lo que recomendaron mantener vigente la resolución.

El Pleno también rechazó la impugnación presentada contra Mari Isabel Montesinos Coloma, una de los vocales de la Junta Provincial Electoral de Loja, luego de acoger el informe jurídico elaborado para ese caso. Los consejeros coincidieron en que el recurso no presentó elementos suficientes para desvirtuar la legalidad de la designación ni acreditó el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa electoral.

Durante el debate, los consejeros señalaron que los informes jurídicos verificaron el cumplimiento de las condiciones previstas en el Reglamento de Integración, Funciones y Competencias para las Juntas Electorales Territoriales. La consejera Elena Nájera solicitó una corrección de forma para precisar que el cantón Buena Fe pertenece a la provincia de Los Ríos, observación que fue acogida antes de la votación.

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Cambios en la organización territorial

Asimismo, en otro punto del orden del día, el CNE aprobó la actualización de la organización territorial electoral para incorporar la nueva parroquia rural Mis Ecuador, creada en el cantón Shushufindi, y el nuevo cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas. El organismo señaló que estas modificaciones permitirán adecuar la planificación electoral a la nueva división político-administrativa antes de las elecciones de 2027.

Lo que debes saber

• Wilson Tenorio fue encargado nuevamente de la presidencia de la Federación Médica del Ecuador.
• Tras el Directorio Nacional en Riobamba, el gremio aprobó varias resoluciones sobre salud, empleo y formación médica.
• También dio un plazo para evaluar la gestión de la Empresa Pública de Abastecimientos.

Wilson Tenorio fue encargado nuevamente de la presidencia de la Federación Médica del Ecuador (FME), luego de que el Directorio Nacional del gremio se reuniera este 26 de julio de 2026 en Riobamba. Durante la jornada, delegados de los 24 colegios médicos provinciales aprobaron una serie de resoluciones enfocadas en el abastecimiento de medicamentos, el presupuesto para salud, la estabilidad laboral y la formación de nuevos especialistas.

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La reunión contó con la participación de representantes de distintas provincias del país, quienes también expresaron su respaldo al presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco. En conversación con EXPRESO, Tenorio explicó que el Directorio Nacional le volvió a confiar la conducción del gremio para ejecutar las decisiones adoptadas durante la sesión.

"El Directorio Médico Nacional me encargó de nuevo la Presidencia de la Federación Médica del Ecuador", afirmó Tenorio, quien actualmente es vicepresidente de la organización y asumirá nuevamente esa responsabilidad por decisión del máximo organismo del gremio.

La Federación Médica renueva su liderazgo

La actual dirigencia de la Federación Médica Ecuatoriana fue elegida durante la Asamblea Médica Nacional desarrollada el 7 de junio de 2025 en Guayaquil, donde el gremio definió a sus autoridades para el período 2025-2027. En esa elección, Santiago Carrasco Dueñas, representante de Pichincha, fue designado presidente, mientras que Wilson Tenorio, delegado del Guayas, asumió la vicepresidencia.

La Federación Médica Ecuatoriana reúne a alrededor de 60.000 médicos afiliados a través de los 24 colegios provinciales. Su dirigencia ha advertido en varias ocasiones sobre los desafíos que enfrenta el sistema sanitario, entre ellos la contratación del personal, la formación de especialistas y el financiamiento del sector.

Estas preocupaciones coinciden con los diagnósticos realizados por la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador (Afeme) e investigadores, quienes han alertado sobre una sobreoferta de médicos generales en el país y la limitada disponibilidad de plazas para cursar especialidades.

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Tregua para evaluar el abastecimiento de medicamentos

Uno de los principales acuerdos del Directorio Nacional fue conceder un plazo para evaluar el desempeño de la Empresa Pública de Abastecimientos, entidad encargada de centralizar las compras de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

La Federación Médica resolvió esperar los resultados de esa gestión antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre su funcionamiento. "Otorgar una tregua de 100 días para evaluar la gestión de la Empresa Pública de Abastecimientos", señaló Tenorio al explicar una de las resoluciones aprobadas.

Durante ese periodo, el gremio dará seguimiento a los avances que registre la empresa pública con el objetivo de verificar si mejora la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud y responde a una de las principales demandas de pacientes y profesionales.

Más posgrados y estabilidad para los médicos

Otra de las decisiones del Directorio apunta a ampliar la oferta de especializaciones médicas en universidades públicas. Para la Federación Médica, la cantidad de cupos sigue siendo insuficiente frente al número de profesionales que buscan continuar su formación.

Sobre ese tema, Tenorio explicó que el gremio solicitará acciones concretas al Estado. "Exortar a la creación de oportunidades de plazas de postgrados para los médicos jóvenes en universidades públicas", manifestó.

Además, el Directorio planteó la elaboración de un censo nacional que permita conocer cuántos médicos que trabajan para el Estado mantienen contratos temporales y cuántos cuentan con nombramientos permanentes, como insumo para futuras políticas laborales.

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Piden más recursos para salud y aplicar la Ley de Carrera Sanitaria

Entre las resoluciones también consta el pedido para incrementar la inversión pública destinada al sistema sanitario, una demanda que la Federación Médica considera necesaria para fortalecer la atención y enfrentar las necesidades del sector.

En ese sentido, Tenorio indicó que el Directorio acordó impulsar una propuesta concreta. "Solicitar al Gobierno Nacional el incremento del presupuesto de salud hasta superar el 4 % del PIB", expresó.

El dirigente añadió que el gremio promoverá un censo nacional del personal médico que mantiene relación de dependencia con el Estado para transparentar la situación laboral del sector. "Gestionar de manera inmediata un censo nacional de los médicos con relación de dependencia estatal para sincerar las cifras; más del 75 % se encuentran bajo la modalidad de solo contratos y exhortamos a buscar la estabilidad definitiva para los profesionales de la salud con nombramientos definitivos", sostuvo.

Finalmente, señaló que otra de las resoluciones aprobadas busca reactivar la aplicación de una normativa vigente que, según la Federación Médica, no ha sido implementada. "Impulsar las normativas para la aplicación inmediata de la Ley de Carrera Sanitaria, la cual se encuentra en letra muerta", concluyó Tenorio.

Lo que debes saber

• Los expertos creen que las seccionales ofrecen poco espacio para un verdadero outsider.
• El corto tiempo de campaña favorece a los candidatos que ya son conocidos.
• Más que discursos antisistema, los electores buscarían propuestas claras y capacidad de generar consensos.

La política suele abrirles la puerta a los conocidos. Pero, de vez en cuando, un nombre sin trayectoria partidista logra irrumpir en el escenario y alterar todos los cálculos electorales.

Ese fenómeno, conocido como el del outsider, ha marcado a las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. Sin embargo, para los comicios seccionales anticipados del 29 de noviembre de 2026, analistas advierten que el escenario es distinto y que las condiciones para que aparezca una figura de ese tipo son mucho más limitadas.

Quien se postule debe dejar de vender humo y presentar un plan claro que responda a las necesidades de la ciudadanía.Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas de la UCG

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¿Qué define a un outsider?

Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo, Héctor Yépez, un outsider es alguien que llega desde fuera del sistema político tradicional. Explica que suele presentarse como una figura antipolítica, condición que resulta atractiva cuando existe un fuerte rechazo ciudadano hacia la clase política.

Yépez sostiene que el atractivo de estos candidatos depende de conservar una imagen de alguien “distinto” al resto de actores políticos. Si esa percepción desaparece, dice, también se desvanece buena parte de su fortaleza electoral.

No obstante, para el analista político Giuseppe Cabrera, las elecciones seccionales presentan una lógica distinta a la de unos comicios nacionales. En su opinión, el primer elemento que podría favorecer a un outsider es la existencia de un electorado que habría quedado “huérfano” tras la inhabilitación o debilitamiento de varias organizaciones políticas.

Ese vacío, explica, podría ser aprovechado por una candidatura que logre presentarse como una alternativa diferente a los bloques tradicionales. Sin embargo, advierte que esa oportunidad, por sí sola, no garantiza competitividad.

Con él coincide el experto electoral Alfredo Espinosa, quien sostiene que los outsiders suelen surgir cuando confluyen varias condiciones. Entre ellos, menciona la desconfianza hacia los partidos, una crisis de representación, instituciones débiles y una alta fragmentación política como el terreno propicio para su aparición.

Añade que estos candidatos acostumbran construir narrativas antipolítica y antipartidos, además de presentarse como ajenos a las estructuras tradicionales. Sin embargo, advierte que esa falta de experiencia política no implica un mayor compromiso con la democracia o las instituciones.

Más que un discurso contra las élites, hoy un outsider necesita diferenciarse y ofrecer una propuesta que unifique a la gente.Giuseppe Cabrera, analista político

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Ser conocido, el principal requisito

Sin embargo, Cabrera sostiene que el outsider de estas elecciones seccionales no puede ser un completo desconocido. A diferencia de una elección presidencial, afirma que el corto calendario electoral y una campaña de apenas dos semanas obligan a que el aspirante ya tenga algún nivel de reconocimiento público, aunque nunca haya competido en las urnas.

Espinosa cree que, por ahora, en varias ciudades apenas empiezan a perfilarse aspirantes que intentan proyectar esa imagen. En el caso de Quito, menciona a Wilson Merino como un posible aspirante a ese espacio, aunque aclara que todavía no puede ser considerado un outsider en sentido estricto.

Es por esto por lo que, para el analista, la diferencia debe construirse desde la identidad propia y no únicamente desde el rechazo a otros candidatos. Considera que cada aspirante necesita explicar por qué representa algo distinto frente a quienes ya disputan las principales alcaldías y prefecturas.

A ese requisito suma un tercero: la capacidad económica y logística para la campaña. Cabrera recuerda que las tiendas políticas tienen estructuras débiles, por lo que un aspirante sin recursos propios tendría serias dificultades para movilizar equipos y hacerse visible.

No obstante, Espinosa añade que un verdadero outsider pierde parte de su esencia cuando establece alianzas abiertas con organizaciones tradicionales, incluido Acción Democrática Nacional (ADN) o la Revolución Ciudadana (RC). Según explica, esas asociaciones terminan diluyendo el relato de independencia que caracteriza a este tipo de candidaturas.

Para la coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, el principal problema es que el tiempo juega en contra de cualquier aspirante que pretenda irrumpir desde fuera del sistema. Considera que resultará muy difícil que una persona desconocida logre posicionarse como opción en apenas dos semanas de campaña.

Para que un outsider funcione debe ir contra el sistema, debe mantener siempre una imagen de distinto.Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la UEES

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Más propuestas y menos confrontación

La académica plantea que, más que buscar una figura antisistema, los aspirantes deberían concentrarse en construir una postura clara frente a los problemas de la gente. Agrega que esa posición debe ir acompañada de un plan comprensible, coherente y capaz de generar confianza en los electores.

Por otra parte, el analista Cabrera también considera que el discurso de enfrentar al “pueblo” contra las élites ya no tendría la misma eficacia que en procesos anteriores. A su juicio, las elecciones locales requieren ampliar consensos antes que profundizar divisiones.

Asimismo, Espinosa sostiene que el mayor riesgo consiste en caer en la polarización. A su juicio, si estos candidatos no interpretan adecuadamente el cansancio ciudadano frente a esa confrontación, difícilmente lograrán consolidarse como una alternativa real.

Endara concluye que la prioridad de estos comicios no pasa por encontrar un nuevo fenómeno electoral, sino por elegir autoridades que puedan trabajar de manera articulada y fortalecer una democracia que considera frágil. En su criterio, ese será el principal desafío para quienes busquen conquistar el voto ciudadano el próximo 29 de noviembre.

Los votantes podrían buscar una tercera opción, pero solo si esta logra salir de la polarización entre correísmo y anticorreísmo.Alfredo Espinosa, experto electoral

Lo que debes saber:

• Analistas advierten autocracia en Ecuador en 2026: Sotomayor y Viola señalan erosión institucional y dudas sobre elecciones libres.
• En Ecuador, 2026: decisiones sobre oposición y control estatal activan alertas de autocracia, según politólogos.
• Debate en Ecuador 2026: Pabón denuncia dictadura y Páez y Rivera lo niegan; analistas vinculan caso a ola global de autocratización.

Como si se tratara de una enfermedad que avanza silenciosamente, los indicios de autocracia ya no se ven como hechos aislados, sino como parte de un patrón en Ecuador y otros países, que inquieta a analistas.

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La politóloga y abogada Patricia Sotomayor, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), responde que el país no vive una democracia plena; identifica retrocesos en libertades como las de prensa y asociación. 

Aunque reconoce que tensiones institucionales han existido desde el retorno a la democracia en 1979, subraya que hoy surge un elemento especialmente preocupante: la proscripción política.

Para Sotomayor, este fenómeno -sumado a decisiones cuestionadas de organismos electorales y al contexto de elecciones anticipadas- plantea dudas sobre la equidad del proceso. Recuerda que no hay democracia sin elecciones libres, limpias y competitivas, un principio inseparable del pluralismo.

Opositores pueden aparecer en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría

Coincidiendo con ese diagnóstico, Carolina Viola, politóloga, cree que las últimas decisiones frente a la oposición acercan más a una lógica autocrática y alejan de una democracia plena. 

Lo que se ve, dice, es un régimen híbrido, con una tendencia que se ha acentuado: erosión progresiva de instituciones democráticas y fortalecimiento del Ejecutivo, que termina por copar otros espacios del Estado, debilitando los contrapesos y el equilibrio de poderes.

Para Viola, la eliminación de opositores políticos marca un antes y un después. Si bien hay quienes argumentan que esto ya lo hizo el correísmo -cuando también hubo erosión democrática-, en esos casos “la eliminación de partidos del registro electoral respondía a no cumplir con el mínimo de respaldo. Hoy se observa un ataque que no solo afecta a una organización, sino a cualquier actor con potencial electoral frente al Gobierno”.

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"En democracia, incluso el partido que más incomoda al poder tiene derecho a existir": Paola Pabón

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Según la politóloga, esto no solo afecta a la oposición. “Quienes alzan la voz o cuestionan decisiones empiezan a enfrentar acciones desde distintas instituciones del Estado. Aparecen en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría, etc.”, dice.

La visión de Andrés Páez, exasambleísta

Al plantearle la misma interrogante al exlegislador Andrés Páez -¿hay síntomas de autocracia en el país?-, sonríe. Dice que lo más curioso es que “quienes han instalado esa narrativa son los autores y cómplices de una de las más burdas dictaduras entronizadas en el continente, como fue la década saqueada; aparte de cometer todo tipo de abusos, se robaron millones”. 

Pregunta: “¿Qué autoridad moral pueden tener para sostener una cosa así quienes disolvieron el Congreso el 27 de noviembre del 2007?”. “Eso solo se había visto en las peores dictaduras; se inventaron el Congresillo, disminuyeron el número de jueces de la Corte Suprema de 31 a 21, le quitaron la condición y la dejaron como Corte Nacional; crearon una última instancia de nueve jueces manipulados por ellos e hicieron lo que les vino en gana hasta hoy; todavía el correísmo está insertado allá”.

Paola Pabón habla de una tiranía

Desde una orilla política diametralmente opuesta, la evaluación cambia por completo y se ve incluso como una “patología” del poder. Al preguntarle a Paola Pabón, figura de la Revolución Ciudadana y prefecta de Pichincha, si hay rasgos de autocracia en el país, responde sin matices: 

“En Ecuador vivimos una dictadura, el poder está concentrado en una sola persona y en su grupo económico y se ejerce con crueldad, sin respetar la Constitución ni las leyes, menos aún la voluntad popular. El tirano impone una política de miedo, persecución y terror. La tiranía ha emergido en el país mediante la instauración de la necropolítica y el discurso de guerra contra el crimen organizado”.

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Ramiro Rivera, exdiputado de la DP y defensor del presidente Daniel Noboa, no lo ve así. “Las autocracias implican una concentración absoluta del poder, sin división de funciones, representación legislativa, justicia independiente, libertad de expresión ni garantías constitucionales”. 

Como ejemplos menciona a Nicaragua, bajo Daniel Ortega; Cuba, con Miguel Díaz-Canel; así como Bielorrusia, Siria y teocracias.

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Para él, calificar a Ecuador como una autocracia es una tesis del correísmo “risible”. Reconoce que esta democracia “carece de partidos sólidos y está marcada por el caudillismo y prácticas prebendarias”. 

La suspensión de la RC y Amigo -cree Rivera- responde a la ingeniería autoritaria que dejó (Rafael) Correa; el artículo 374 del Código de la Democracia es claro: con la sola notificación del fiscal, el CNE o el TCE tienen la facultad de suspender a movimientos por 24 meses o imponer multas de 10 a cien salarios.

Comenta que “los correístas dejaron trampas que montaron para sus adversarios, en las que han caído atrapados”. Al recordarle que Inés Manzano casi no participó de su juicio político; Alexandra Villacís no se pudo posicionar en la Judicatura y sobre la intervención de GRANASA comenta: 

“Diría que hay ciertas decisiones o actitudes que constituyen actos desmedidos de un lado y otro”.

Un problema que atraviesa al mundo

Patricia Sotomayor, como politóloga, señala que la situación (avance de la autocracia) no es exclusiva de Ecuador ni de la región. El mundo atraviesa una tercera ola de autocratización, en contraste con la ola democratizadora de las décadas de 1970 y 1980, cuando muchos países pasaron de regímenes autoritarios a democráticos. ¿Otra pandemia sin vacuna?

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Ya no se producen golpes de Estado de tipo militar u oligárquico: Franklin Ramírez

El analista político Franklin Ramírez explica que se habla de una tercera ola de autocratización, que arranca incluso a inicios de este siglo y presenta picos de expansión en democracias aparentemente consolidadas como Estados Unidos, pero también en Hungría o Turquía. 

Este concepto, entendido como proceso -más que como autocracia a secas-, busca describir la erosión gradual de las condiciones democráticas en el ejercicio del poder político.

Se diferencian, subraya, de los viejos golpes de Estado de tipo militar u oligárquico en América Latina, donde la toma del poder era abrupta, protagonizada por militares, policías o élites -como por ejemplo lo de Allende en Chile-. 

Hoy el cuadro es distinto: se trata de figuras y líderes electos por el pueblo, con legitimidad de origen, que desde dentro del sistema y de manera progresiva van concentrando poder, debilitando los mecanismos de control institucional y de rendición de cuentas, y restringiendo libertades políticas como la movilización, la protesta, la libertad de expresión, la oposición y la participación.

“Es una erosión progresiva que opera desde dentro del sistema. A través de distintas formas, estos liderazgos concentran poder y presionan al adversario. Esta figura se aplica al caso ecuatoriano, es comparable a Bukele en El Salvador. La autocratización se vincula a la expansión de la violencia en territorios y a la securitización”.

"El escenario es de poder absoluto, propio de regímenes de partido único, en el que ciudadanía y organizaciones políticas no pueden impugnar".Franklin Ramírez, analista político

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Lo que debes saber

• El Plan Nacional de Seguridad de Daniel Noboa incluye medidas para fortalecer la inteligencia y supervisar a las ONG, lo que ha encendido alertas por un posible control a la protesta social. 
• Organizaciones indígenas, Human Rights Watch y expertos advierten riesgos para la democracia, mientras otros analistas defienden los controles como una herramienta contra el crimen organizado.

Después de casi tres años en el Gobierno, Daniel Noboa oficializó como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto 448.

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El documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 9 de marzo de este año, establece siete objetivos estratégicos destinados a fortalecer la capacidad del Estado frente a amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, los ciberataques y el terrorismo.

Sin embargo, el plan también incorpora entre los riesgos para la seguridad nacional al denominado “extremismo violento” y a la subversión, aspectos que han despertado preocupación entre organizaciones sociales, dirigentes indígenas y especialistas en derechos humanos.

Plan Nacional de Seguridad: qué plantea el Gobierno de Noboa

Según el documento, el extremismo violento es definido como un “fenómeno multidimensional (político, económico y social) vinculado con la adopción de ideologías extremistas, el empleo de la violencia e incluso de acciones terroristas”. Además, sostiene que este fenómeno es impulsado “por un radicalismo antisistema que cuestiona las instituciones y la democracia representativa”.

La hoja de ruta gubernamental contempla 17 estrategias en el objetivo 4 para enfrentar esas amenazas. Entre ellas destacan dos medidas que han generado debate: el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para la prevención y neutralización de fenómenos de radicalización de protestas sociales y el incremento de la supervisión sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y corporaciones que operan en el país.

Aunque el Ejecutivo plantea estas acciones como mecanismos para preservar la estabilidad democrática y fortalecer la institucionalidad estatal, diversos actores consideran que podrían derivar en restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de organización y la protesta social.

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Conaie cuestiona el plan y advierte riesgos para la democracia

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuestiona el alcance de estas disposiciones y sostiene que buscan restringir la participación ciudadana. A su criterio, el Gobierno pretende “limitar la libertad de organización” bajo el argumento de defender la democracia.

La dirigente añade que “no es posible hablar de fortalecimiento de la democracia cuando se limita el derecho a la protesta o la participación, como lo que ocurre ahora con las organizaciones políticas, cuando se niega el fondo partidario o los candidatos están detenidos. Se debe investigar, pero dentro del debido proceso y respetando el Estado de Derecho”.

Las preocupaciones también han sido expresadas por organismos internacionales de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechaza que las organizaciones de la sociedad civil sean consideradas un factor de desestabilización institucional.

Human Rights Watch alerta sobre posibles restricciones a las ONG

“Las organizaciones no gubernamentales no desestabilizamos la democracia. Muy por el contrario. Nuestro rol es hacer vigilancia a quienes están en el poder. No importa su color político. No hay democracias fuertes y sólidas sin organizaciones de la sociedad civil y periodistas que hagan escrutinio al gobierno”, señala.

Para algunos especialistas, categorizar a las organizaciones sociales como amenazas puede abrir espacios para prácticas de control político.

El experto en seguridad, Paúl Pinto considera que el contenido de ese objetivo representa un riesgo. Según explica, “el objetivo 4 es muy peligroso porque implica temas de control social, control a la oposición y de los que no están de acuerdo con el gobierno”.

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Expertos discrepan sobre el control a organizaciones sociales

El especialista cree que “se está atravesando una línea peligrosa. Ahora está por escrito en el plan que se va a justificar la persecución de los pueblos indígenas. Se ve un deseo de control y de tener controlado a cualquier grupo que sea opositor al gobierno”.

En la misma línea, Goebertus advierte sobre posibles consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. A su criterio, podría producirse “la estigmatización y que esta se traduzca en debilitamiento y cierre de varias organizaciones”.

Desde la Conaie también se sostiene que algunas disposiciones ya han tenido efectos en el ámbito organizativo. Castañeda afirma que las medidas contempladas en el plan han provocado una “persecución y hostigamiento permanente. Tanto es así que ya hay tantos defensores estigmatizados y judicializados; eso sí afecta a la democracia”, resalta.

Supervisión a ONG: ¿seguridad nacional o control político?

La dirigente recuerda que durante las protestas registradas entre septiembre y octubre de 2025 se aplicaron medidas que afectaron tanto a personas como a organizaciones, específicamente a través del congelamiento de cuentas vinculadas con agrupaciones sociales. Casos de este tipo fueron denunciados por organizaciones como Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt).

No obstante, también se considera que las medidas de supervisión deben analizarse en el contexto de la lucha contra las estructuras criminales.

Wilson Goyes, experto en seguridad y director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, sostiene que los mecanismos de control contribuirían a identificar redes que se camuflan para actividades ilícitas.

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Control a ONG divide a especialistas en seguridad

Según explica, este tipo de vigilancia permite “asfixiar a las estructuras de fachada” y a los mecanismos utilizados para movilizar recursos de origen ilegal.

El experto indica que algunas organizaciones aparentemente legales han sido utilizadas para financiar estructuras criminales y captar a ciudadanos. “De esta forma se reduce la cooptación de personas en zonas vulnerables, como las fronteras, en donde ciertas organizaciones con apariencia benéfica han sido usadas por el crimen, para la gobernanza criminal y para sustituir al Estado y reclutar a jóvenes, niños y adolescentes”, manifiesta.

Pinto discrepa y atribuye la inclusión de ONG y organizaciones sociales dentro de las amenazas contempladas por el plan a una visión predominantemente militar de la seguridad. A su criterio, ello responde “por el miedo de los militares, porque el plan fue elaborado por militares”.

Analistas cuestionan la elaboración del plan de seguridad

El analista también cuestiona la falta de participación de diversos sectores durante la elaboración del documento. “Debió hacerse con la sociedad civil, gremios, sector privado. No hubo acuerdos ni consensos y lo que tenemos es un plan militar, de defensa, no de seguridad, con puntos inquietantes contra la oposición”, concluye.

Lo que debes saber

• Abogados constitucionalistas asumen representación ilegal de ministros en juicios políticos, vulnerando la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
• Se confunden los estándares judiciales, imponiendo litigación oral donde prima la pérdida de confianza y la responsabilidad política.
• La Comisión de Fiscalización permite trampas procesales que diluyen la rendición de cuentas y debilitan la democracia ecuatoriana.

Buenísimos los abogados. De eso no hay duda. Ilustrados, articulados, hablan español, que es mucho más de lo que se puede decir del asambleísta promedio. “Llegamos y nos los comemos”, habrán pensado nomás de ver a los que tenían por delante: los correístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna no son, precisamente, unas lumbreras, ni mucho menos; ni muchísimo menos. Y sí: llegaron y se los comieron.

Se comieron a los interpelantes y se comieron, con estudiada arrogancia que no les cuesta representar porque es natural en ellos, a los testigos. Y se comieron, con técnicas de litigación adquiridas en los juzgados, el aparato de sus pruebas. Y se comieron, con trampas retóricas a veces rudimentarias que los otros no pudieron descifrar porque no tienen recursos verbales ni mentales para tanto, sus principales argumentos. Sólo las mesas y las sillas les faltó comerse a tan magníficos abogados. Ganaron por goleada. Si tan sólo fuera legal, habría sido una victoria edificante.

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Violaciones a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la Comisión de Fiscalización

Pero no es legal. Porque esto no era un juicio ordinario: era un proceso de control político, el de la exministra de Energía Inés Manzano, y aquí ni sus técnicas de litigación, ni sus criterios para interrogar, ni sus artificios retóricos ni su mera presencia tenía absolutamente nada que hacer. Rafael Oyarte e Ismael Quintana, abogados en representación de la exiministra, ganaron (lo cual no es gran mérito considerando el tamaño de sus adversarios y la catadura moral del árbitro) pero ¿a costa de qué? Pregunta pertinente porque tuvieron que pasarse por el forro la Ley Orgánica de la Función Legislativa, prestarse al juego oficialista de desvirtuar (otra vez) la naturaleza de la fiscalización parlamentaria y avanzar un paso más hacia la evaporación absoluta del concepto de responsabilidad política. Todo lo cual es un flaco favor a la democracia. Ellos ganan, el país pierde. Pero ¡oigan!, el país… ¿A quién le importa?

Llegaron Oyarte y Quintana a la mesa de Fiscalización para ejercer la defensa de Inés Manzano, exponer sus pruebas de descargo, contrainterrogar a los testigos y argumentar a su nombre mientras la exministra, conectada a la sesión desde una pantalla, no dijo esta boca es mía. Más que dar la cara, eso es tener una carota.

Ilegalidad en la delegación de abogados para ministros de Estado

¿Por qué todo esto es ilegal? Basta con leer el artículo 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (correspondiente al capítulo sobre el enjuiciamiento político de los funcionarios públicos). Dice ahí que el funcionario cuestionado, “en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentará o expondrá sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización”. Nótese: “El funcionario … presentará o expondrá sus pruebas”. No dice que el funcionario podrá delegar a su abogado, a otro funcionario o a su mamacita para que presente las pruebas a su nombre. A la luz del principio elemental según el cual en derecho público sólo se puede hacer lo que está escrito, debería bastar la lectura de este artículo para hacerse cargo de la situación. Pero hay otro que lo deja aún más claro: el artículo 90, correspondiente a la sección sobre el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República. Ese artículo, a diferencia del anterior, sí permite expresamente que el mandatario enjuiciado, “por sí o por interpuesta persona de uno o más delegados o procuradores … ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas”.

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Es evidente que el legislador quiso establecer una diferencia: el presidente sí puede enviar a sus abogados; los ministros, no. Cualquier interpretación que justifique lo contrario no pasa de ser una leguleyada artera, y Oyarte y Quintana lo saben perfectamente. Peor aún es el argumento por el que se inclina el presidente de la Comisión de Fiscalización, el oficialista Ferdinan Álvarez, conocido en el mundo del hampa como Tilín (no es broma ni figura literaria: Álvarez tuvo con el hampa el trato suficiente para merecer un alias). Piensa Tilín que la actuación de los abogados en representación de la ministra está legitimada por los precedentes: ya ocurrió en el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que se hizo representar por Stalin Raza. Según esto, basta violar la ley una vez para que resulte lícito seguirla violando indefinidamente. Un sinvergüenza, Tilín. Que no haya en el bloque de oposición un solo asambleísta capaz de echar abajo este argumento y que terminen todos plegando a semejante impudicia es una muestra de la decadencia intelectual y política en que ha caído la Asamblea. Decadencia que ha abierto un nuevo giro de negocios para abogados.

Distinción entre juicio penal y la responsabilidad política de los ministros

Hay una razón evidente para que los mandatarios puedan hacerse representar por sus abogados en los juicios políticos y los ministros no: la naturaleza de las acusaciones. Las causales establecidas en la Constitución para enjuiciar a un presidente en la Asamblea son todas delitos penales: concusión, cohecho, peculado, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio, delitos contra la seguridad del Estado... Para enjuiciar a un ministro, en cambio, basta con el genérico de “incumplimiento de funciones”. En otras palabras: la responsabilidad política de los ministros y otros funcionarios sujetos a juicio político no implica necesariamente la comisión de algún delito. A Inés Manzano, de hecho, no se le acusaba de ninguno. Ya podían Oyarte y Quintana desgañitarse para demostrar que la exministra no se benefició de dinero público como si de eso dependiera su inocencia: no era la sospecha de peculado la que justificaba el control político en su caso (ni en ningún otro).

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Por eso las técnicas de litigación que aplican los penalistas en los tribunales ordinarios, las escrupulosas formalidades de los interrogatorios, la cuidadosa calificación de pruebas y testigos propia del Derecho procesal no se compadecen en absoluto con el tipo de debates que requiere un juicio político, donde el tema en discusión y el concepto mismo de la culpa es muy distinto. Fue aberrante ver al bien mandado de Tilín calificando objeciones de la defensa por supuestas preguntas sugestivas, como si estuviera juzgando un caso de cohecho en la Corte Nacional. No menos chocante fue el interrogatorio al que los representantes de Inés Manzano sometieron a un periodista con el fin de demostrar que no manejaba las pericias suficientes para que su testimonio calificara como prueba.

El error procesal de aplicar el Derecho procesal penal en el Parlamento

Todas esas pericias de litigación que se pretende ahora imponer como modelos de procedimiento en los procesos de fiscalización parlamentaria están pensadas (y aquí viene lo más importante) para aplicarse a juicios cuyo estándar de convencimiento no sólo que nada tiene que ver con el que requiere el control político sino que es su opuesto absoluto. En un juicio penal, basta una duda razonable para que el juez esté obligado a ratificar la inocencia del acusado. En un juicio político, en cambio, es precisamente la duda razonable la que determina su culpa. Porque la duda, cuando de un funcionario se trata y es su responsabilidad política lo que se juzga, produce pérdida de confianza. Y un funcionario que ha perdido la confianza tiene que ser censurado de inmediato. Es este concepto de responsabilidad política el que se quiere diluir con las charlatanerías procesales de Razas, Oyartes y Quintanas.

La crisis energética y la gestión de Inés Manzano en el Ministerio de Energía

Vamos al caso de Inés Manzano. En su alegato final (el único en el que tomó la palabra aunque fuera para no admitir preguntas de los interpelantes, otra aberración que permitió el sinvergüenza de Tilín) dijo que fue llamada no “para crear una crisis sino para enfrentarla” (vaya perogrullada). Pues bien: ¿cómo la enfrentó? Ella asumió el Ministerio de Energía en plena crisis de los apagones y prometió una serie de soluciones para incorporar generación eléctrica hasta marzo de 2025. Entre esas soluciones se encontraban los proyectos Salitral y Quevedo, de Progen, que debían entrar en operación a más tardar el 5 de abril de ese año, según los cuadros que personalmente repartió a la prensa, y Esmeraldas III, de ATM, cuya “fecha tardía” de incorporación al sistema eléctrico era el 31 de marzo. La historia es conocida: los proyectos no sólo que no entraron en operación sino que no entrarán nunca porque fueron estafas gigantescas, de cientos de millones de dólares que se continuaron pagando aun cuando la estafa ya había sido descubierta, gracias a adendas introducidas en los contratos durante el ministerio de Inés Manzano. ¿No son motivos suficientes para retirarle la confianza? Lo son, por supuesto. Sin embargo, sus abogados pretenden que semejante inoperancia no tiene responsable político alguno. Lo cual es, por supuesto, un disparate. Otro.

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El declive de la democracia y la evasión de la fiscalización parlamentaria

En tiempos mejores de nuestra democracia, cuando el concepto de responsabilidad política existía y los constitucionalistas de televisión no se entrometían en los asuntos políticos con sus interpretaciones a la carta, funcionaba el mecanismo del fusible. Los ministros renunciaban para que el daño no llegara a la presidencia y asumían sus culpas. La idea de dar un paso al costado evitaba el control político. Ahora se aferran a sus cargos hasta que hay que echarlos, y cuando se van lo hacen aduciendo “razones personales”. Y se esconden tras un estudio jurídico para lavarse las manos. Es el estado terminal de la responsabilidad política. Y sin responsabilidad política, no hay democracia posible.