Este 21 de septiembre de 2026. En una de ellas, el vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección, David Flores Brandt, intervino y lanzó una advertencia al impugnado.

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Impugnación por falta de probidad o idoneidad

La primera audiencia arrancó pasadas las 09:30 de este lunes. Macías debía enfrentar la impugnación de Henry Paúl García, quien lo acusó de falta de probidad o idoneidad para el cargo que busca ocupar. 

Su impugnación tuvo como base una denuncia contra el exjuez por un supuesto retraso injustificado en la emisión de una sentencia escrita.

El impugnante declaró que en el Consejo de la Judicatura se inició un proceso a partir de esa denuncia, con el objetivo de determinar la existencia de un retraso injustificado. Según explicó, la sentencia no había sido emitida durante un periodo de más de seis meses.

Sobre esto, Macías respondió que, si bien hubo un expediente en la Judicatura, este pasó al Pleno del organismo, que era el encargado de decidir su admisión a trámite. Eso no ocurrió al no existir los votos necesarios y el proceso terminó archivado.

Durante su respuesta, Macías también afirmó que, durante la gestión de Wilman Terán en la Judicatura, enfrentó persecución. Así, durante más de cuatro meses y medio del plazo señalado como el periodo en que se demoró la emisión de la sentencia, enfrentó un proceso de suspensión y remoción del cargo.

La referencia del Vicepresidente de la Comisión

Antes de finalizar la audiencia, el vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección hizo una pregunta a Macías relacionada con la razón a la que atribuía la demora en la emisión de la sentencia escrita.

Tras la respuesta del exjuez, el vicepresidente de la Comisión señaló: “Si bien es cierto la regla es 10 días para sentar una sentencia por escrito, 140 y pico de días para para poder resolver una causa en materia de tránsito es algo que esta comisión deberá analizar”.

La segunda impugnación

Antes del mediodía de este lunes, en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se instaló la segunda audiencia pública contra Macías. Fue impugnado por Pablo Lizarzaburu, quien también argumentó falta de probidad o idoneidad.

En este caso, se tomó como referencia el patrocinio de Macías en un caso de 2025. El argumento en su contra fue que intentó dilatar una audiencia en etapa de casación con el objetivo de que la causa prescribiera.

El impugnante dijo que, con ese objetivo, Macías pidió un diferimiento con el argumento de que recién había asumido la defensa. Lizarzaburu mencionó que la convocatoria a la audiencia se había realizado bajo la prevención de que no se admitirían pedidos de diferimiento basados en cambios en la defensa.

Al final, Macías sostuvo que no se presentó prueba alguna que permitiera una evaluación objetiva de la acusación.

En este caso también participó el vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección. Le preguntó a Macías qué consideraba que constituía un abuso del derecho. 

El exjuez respondió haciendo referencia a la necesidad de que existan tres elementos para configurar dicho abuso, con lo cual, según explicó, se podría determinar, por ejemplo, una posible sanción en caso de probarse dicho abuso.

Lo que debes saber

• Las brechas educativas no aparecen únicamente al momento de rendir una prueba.
• El ingreso a una carrera puede evidenciar diferencias en las capacidades de los estudiantes.
• La respuesta involucra al sistema educativo, las universidades y las familias.

El problema que hoy muestran las aulas de bachillerato podría no terminar al graduarse los estudiantes. Las dificultades para comprender textos, razonar, resolver problemas y argumentar, que muestra la edición 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), pueden convertirse en un desafío para las universidades y, posteriormente, para el desempeño profesional.

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Bachilleres llegan con brechas de aprendizaje

Adrián Bonilla, exsecretario nacional de Educación Superior, advierte que los resultados de PISA plantean para las universidades la posibilidad de recibir, en pocos años, estudiantes con un nivel académico elemental. Según explica, las dificultades aparecen en lectura, comprensión, matemáticas y pensamiento abstracto, capacidades indispensables para enfrentar una carrera.

Y es que el problema no se reduce a memorizar contenidos. Daniel Calderón, exministro de Educación, identifica riesgos en la capacidad de interpretar una lectura, articular ideas complejas y relacionar conocimientos de distintas áreas.

Por lo que el impacto comenzaría desde el ingreso a la educación superior. Bonilla señala que, si las evaluaciones de admisión fueran rigurosas, una parte de esos bachilleres tendría dificultades para acceder porque no contaría con las habilidades vitales.

No obstante, ese déficit se trasladaría directamente a las aulas universitarias. Calderón ejemplifica que un futuro profesional debe ser capaz de conectar saberes y comprender cómo diferentes disciplinas se relacionan entre sí para resolver situaciones de su campo.

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Las dificultades que ya observan las universidades

Mariana Rivera, experta en Educación de la Universidad Internacional del Ecuador, desde ya observa dificultades en los estudiantes que ingresan a las aulas universitarias. Entre ellas menciona problemas para desarrollar pensamiento crítico, comprender lo leído, comunicarse y trabajar en equipo con otras personas.

La experta también identifica debilidades en los niveles de análisis. Según señala, los jóvenes pueden quedarse en la descripción de una situación sin avanzar hacia la interpretación, la búsqueda de alternativas y la elaboración de conclusiones.

Además, los resultados en el área de las ciencias plantean otra dificultad. El exministro advierte que este bajo desempeño también revela problemas para argumentar utilizando fuentes y para determinar si la información empleada es verificable y confiable.

A esto, Roberto Passailaigue, exministro de Educación y canciller de la Universidad Ecotec, agrega que muchos de los jóvenes que ingresan al sistema de educación superior presentan deficiencias en lectura y escritura. Por ello, advierte que, sin una adecuada nivelación, podrían enfrentar dificultades para culminar sus estudios y convertirse en profesionales con una formación deficiente.

Por otro lado, recalca que el problema viene de años atrás y que las recientes evaluaciones vuelven a mostrar las dificultades en los aprendizajes fundamentales. A criterio de Passailaigue, llegar a la universidad sin competencias básicas condiciona el desempeño posterior en las carreras.

El docente universitario tiene ahora el reto de actualizarse y desarrollar nuevas competencias para acompañar a estudiantes que llegan con necesidades formativas.Mariana Rivera, experta en Educación de la Universidad Internacional del Ecuador

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El reto de nivelar sin bajar el rigor

Es por esto por lo que las universidades ahora deben asumir un esfuerzo adicional. Rivera señala que los docentes necesitan actualizar sus competencias y sus metodologías para acompañar a estudiantes que llegan con necesidades formativas diferentes.

Este escenario, además, abre un dilema para las instituciones. De acuerdo con Bonilla, los centros universitarios podrían rechazar a quienes no alcancen los estándares requeridos o admitirlos y enfrentar la presión social de reducir sus exigencias académicas.

Ese segundo camino tendría consecuencias sobre la formación profesional. El exsecretario nacional de Educación Superior sostiene que disminuir el rigor para incorporar estudiantes que no llegan preparados terminaría afectando la calidad de los profesionales que al final egresen del sistema.

Sin embargo, la respuesta universitaria no debería consistir en reducir las exigencias. Calderón sostiene que bajar el rigor académico comprometería el desarrollo humano y social de quienes cursan la educación superior, cuando el objetivo debería ser formar mejores profesionales e investigadores.

El Consejo Nacional de Educación debería convocarse para llegar a un acuerdo nacional que defina qué país queremos y qué tipo de ciudadano se debe formar.Roberto Passailaigue, exministro de Educación y canciller de la Universidad Ecotec

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Una respuesta que debe empezar antes de la universidad

Passailaigue sostiene que las universidades no deberían reducir su rigor académico para compensar las deficiencias con las que llegan los bachilleres. A su criterio, la educación superior debe mantener su papel de formar profesionales con competencias y valores, mientras la responsabilidad de corregir las falencias de aprendizaje corresponde al sistema educativo previo y al Estado.

Una alternativa es fortalecer la articulación entre bachillerato y universidad. Calderón plantea que ambos niveles se sienten a definir cuáles son las expectativas de aprendizaje y cómo enfrentar las brechas sin trasladar todo el problema al siguiente ciclo educativo.

Passailaigue plantea definir qué país quiere construir Ecuador y, a partir de ello, qué ciudadano y profesional necesita formar; lo que implicaría revisar la preparación del docente y la inversión educativa. A su juicio, así se evitaría que las deficiencias educativas terminen afectando la calidad y competitividad del país en la región.

Mientras tanto, Rivera señala que la UIDE ya aplica, desde 2023, cinco materias obligatorias para nivelar competencias, como comprensión lectora y pensamiento crítico, una experiencia que podría ser emulada por otras universidades.

Lo que debes saber

• Mónica Luzárraga Salazar es la candidata a la Alcaldía de Guayaquil por la alianza entre Pachakutik y Unidad Popular.
• En el SRI, reportó $0 de Impuesto a la Renta en 2023 y 2025, pagando $900,91 en 2024. Su última declaración en la Contraloría, presentada en marzo de 2025 tras un paso de 11 días por la Vicepresidencia de la República, refleja un patrimonio neto de $117.321.
• En la Superintendencia de Compañías figuró como presidenta de Confidens S.A.S. (asesoría jurídica) y gerente general de Agrohemp S.A.S. (cultivo de cáñamo, lino y venta de insumos naturistas), ambas empresas canceladas definitivamente en 2025.

Mónica Luzárraga Salazar se estrena en las contiendas democráticas auspiciada por dos partidos que nunca han palpado ni un retazo de gobernanza en Guayaquil: Unidad Popular y Pachakutik.

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Aunque el correísmo sea de izquierda, es una corriente distinta a estos partidos, con los que incluso ha tenido desencuentros a lo largo de los años, por lo que una eventual llegada de Luzárraga al sillón de Olmedo también significaría un hito para esta alianza, el dirigir una ciudad que por tres décadas se inclinó hacia la otra orilla política.

Su rostro cobró notoriedad al asumir la defensa legal de las familias de la avenida Cacique Tomalá, afectadas por las expropiaciones del proyecto Quinto Puente.

En ese escenario, denunció la falta de inscripción de utilidad pública y cuestionó el cambio del trazado original, señalando que la nueva ruta beneficia a terrenos vinculados a la familia del presidente Daniel Noboa y a grupos empresariales cercanos al Gobierno.

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La irrupción electoral de Luzárraga generó fisuras en la izquierda

Esta irrupción electoral generó fisuras inmediatas en la izquierda. Tras descartar al Partido Socialista, optó por la actual coalición, lo que desató críticas de figuras de la Revolución Ciudadana (RC) como Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira, quienes la tildaron de “chimbadora”.

En diálogo con EXPRESO, Luzárraga acusó a la RC de blindar un bipartidismo con el oficialismo (ADN) y defendió su estrategia: “No caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos”, sentenció.

En cuanto a sus propuestas, plantea priorizar el acceso a servicios básicos en sectores relegados como Socio Vivienda y Monte Sinaí, ejecutar una auditoría a los avalúos catastrales en las zonas aledañas al Quinto Puente, y fomentar la movilidad activa (ciclovías) por encima de la expansión del parque automotor. Además, descarta la urgencia de construir un nuevo aeropuerto en Taura.

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Estos son los registros públicos de Mónica Luzárraga

Los registros públicos delinean su perfil patrimonial y societario. En el SRI, reportó $0 de Impuesto a la Renta en 2023 y 2025, pagando $900,91 en 2024. Su última declaración en la Contraloría, presentada en marzo de 2025 tras un fugaz paso de 11 días como Directora de Asesoría Jurídica en la Vicepresidencia de la República (durante el periodo de Verónica Abad), refleja un patrimonio neto de $117.321.

Destacan un vehículo 2023, $32.172 en inversiones y un inventario de peluquería valorado en $30.000. En la Superintendencia de Compañías figuró como presidenta de Confidens S.A.S. (asesoría jurídica) y gerente general de Agrohemp S.A.S. (cultivo de cáñamo, lino y venta de insumos naturistas), ambas empresas canceladas definitivamente en 2025.

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Seccionales 2026: Guayaquil escogerá alcalde, pero también su distancia del Gobierno central

Pamela León Andriuoli

En el sistema judicial, como demandante registra dos juicios de alimentos y un trámite voluntario de curaduría especial para sus hijas previo a segundas nupcias. En su contra, enfrentó tres procesos de recusación interpuestos por litigantes cuando ejerció como jueza multicompetente en Samborondón, uno de ellos por presunta demora en despacho. Todos fueron archivados o declarados sin lugar. Registra, además, una impugnación de tránsito declarada en abandono.

Mónica Luzárraga: ¿a qué se enfrenta su candidatura?

Para la academia, su candidatura enfrenta barreras estructurales. Andrea Endara, politóloga de la Universidad Casa Grande, señala que su mayor reto es la visibilidad.

“Pachakutik es un partido que en Guayaquil causa recelo. Lo identifican con una izquierda indigenista que en el conservadurismo guayaquileño puede ser un problema”, explica, recordando las distancias sociales evidenciadas en las protestas de 2019.

Advierte que su figura corre el riesgo de diluirse en la extrema polarización entre el correísmo y el Gobierno. No obstante, Endara detecta oportunidades claras: “Es un rostro fresco que no le debe favores a la clase política tradicional. Tiene un discurso coherente con su práctica”.

Opinión

La grandeza del voto útil

Xavier Zavala Egas

Destaca que, al ser Guayaquil una urbe comercial, el nicho de Luzárraga debe apuntar a “apelar a ese votante desencantado de los dos polos, del correísmo y del noboísmo, que busca una alternativa real y transparente”.

"La Alcaldía no es el principio ni el final de su carrera"

El consultor Oswaldo Moreno considera que exigir encabezar la unidad limitó su punto de partida, pero valora su proyección a largo plazo por encima de la coyuntura.

“Promueve un liderazgo nuevo y alternativo. Este es el principio de la construcción de su proyecto de ciudad; tiene menos de 40 años y la Alcaldía no es el principio ni el final de su carrera”, sostiene.

Opinión

Temas pendientes para Guayaquil

Florencio Compte

Moreno explica que la izquierda local tiene fuerza probada -con históricos del 30 % al 40 % de votación en las últimas seccionales- pero advierte que quien lidera esa maquinaria es Rafael Correa.

Ante el aparato electoral de los socialcristianos, el Gobierno y la Revolución Ciudadana, el verdadero desafío de la exjueza “es construir una vertiente alternativa desde la izquierda”.

En una elección donde el pragmatismo administrativo pesa más que la doctrina ideológica pura, Moreno concluye: “No sé si le alcance ahora, pero cimenta un espacio”.

Lo que debes saber

• La Judicatura suprime juzgados anticorrupción pese al mandato expreso de la ley nacional.
• Traslados exprés de jueces anticorrupción elevan el riesgo y la falta de seguridad en Quito.
• La mayoría de ADN blinda a Mercedes Caicedo de la fiscalización legislativa en la Asamblea.

En el año 2020, la Asamblea Nacional aprobó una reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. En su artículo 230.1, el Legislativo dispuso lo siguiente: “en jurisdicción distrital de carácter nacional, con sede en la ciudad de Quito, habrá el número de juezas y jueces de garantías penales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”. Habrá... Luego, en el 230.2, los legisladores establecieron que “en la ciudad de Quito habrá el número de juzgadoras y juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura para que integren los Tribunales Especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado”. Otra vez, habrá.

Justicia

Millonaria inversión en jueces anticorrupción queda en el aire en Ecuador

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La discrecionalidad del Consejo de la Judicatura

La ley no dice que el Consejo de la Judicatura podrá crear un juzgado anticorrupción. Tampoco sugiere que existan jueces penales especialmente capacitados a quienes les pueda tocar, de entre decenas de otros, un caso que trate sobre corrupción o crimen organizado. El primer Poder del Estado dio un mandato, sin excepciones, sin facultar al Consejo de la Judicatura o a su personera a anularlo. Sin embargo, precisamente eso es lo que hizo la doctora Mercedes Caicedo con la anuencia de sus compañeros vocales. Pero tal ha sido la indignación dentro del pequeño gran círculo rojo (y celeste, azul marino, gris ratón y carbón y de todos los colores en los que se enternan) de los abogados, que ella y al menos uno del resto han tenido que salir a justificarse alguito.

Caicedo y la supresión de la Unidad Anticorrupción

La doctora Caicedo, en una entrevista, haciendo uso del recurso favorito del debatiente ecuatoriano, la pedantería, salió a querer explicar la finura de la diferencia que según ella hay entre, por un lado, la eliminación y, por el otro, la supresión y fusión de una institución. Lo que trató decir, y no parece que haya convencido a muchos, es que no se ha dejado de tratar casos de corrupción y de crimen organizado en el país. No, lo que se ha hecho es dejar que un montón de otros jueces penales del Pichincha lo hagan. Todo normal. Nada de que preocuparse. Al final, todos son jueces penales, y la corrupción y el crimen organizado, dice, no son ramas del derecho. Otra vez las categorías.

Política

El correísmo pide a Contraloría auditar la supresión de las unidades anticorrupción

Richard Josue Jimenez Mora

Incumplimiento de la reforma judicial y eliminación de tribunales especializados

Pero eso no responde al cuestionamiento fundamental: la ley exige que exista un distrito especial, una unidad con un determinado número de jueces y sus tribunales, todos dedicados a unos temas específicos. La disposición del pleno del Consejo de la Judicatura elimina aquello. Lo suprime, si así prefiere que lo digamos. El resultado es el mismo, la diferencia con lo que demanda la ley es igual.

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Traslados exprés y riesgos de seguridad 

Después salió el doctor Fabián Fabara a decir que, si bien el Consejo aprobó esta maniobra, a ellos no se les consultó sobre lo otro que pasó. Y es que los hasta hace poco jueces anticorrupción y anti crimen organizado empezaron a ser desperdigados en una serie de traslados exprés hacia otros juzgados de la capital. Jueces que dirigieron y seguirán juzgando causas en extremo delicadas. Jueces que, según varios de ellos, nunca recibieron protección suficiente, ahora serán más difíciles de proteger desde distintos puntos y en edificios que no han sido adecuados para la implementación de los dispositivos de seguridad que sus funciones exigen.

¿Qué harán el doctor Fabara y sus compañeros? ¿Habrá bastado para ellos salir a lavarse las manos? ¿O actuarán como mayoría para cambiar el curso de las cosas?

Blindaje político en la Asamblea y el impacto internacional

Hablando de mayorías, devuelta en la Asamblea Nacional, la mayoría de ADN y amigos ya se movió para quitarle a la oposición correísta la oportunidad de fiscalizar a Mercedes Caicedo, quien ya había ignorado el llamado de la Comisión de Garantías, y le traspasó esa misión a la oficialista Comisión de Justicia. Algo parecido ya había pasado con Inés Manzano y el caso Progen. Ella, al final, no corrió con la suerte de Godoy. Veamos que pasa ahora.

Política

ADN arrebata al correísmo la fiscalización por supresión de unidades anticorrupción

Daniel Alejandro Romero Páez

Consecuencias diplomáticas y pérdida de fondos de donantes extranjeros

Y veamos que dicen, si algo, los países y organizaciones que donaron tiempo y dinero a la unidad especializada anticorrupción, que ya podemos decir que terminó corriendo con la proverbial suerte del dodo. A lo mejor ni nos enteremos, incluso si llegáramos a vernos afectados. Así de sutiles son los efectos de una reputación dañada. Para eso no hay Dircom, trol, comunicado ni videíto que te salve.

Lo que debes saber

• TCE negó el recurso de ADN contra la candidatura de Mónica Loza a la Prefectura de Chimborazo.
• El fallo determinó que el movimiento oficialista no objetó la postulación dentro del plazo legal.
• El juez Patricio Maldonado emitió voto salvado al considerar que Loza debió renunciar al cargo.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó un recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en contra de la candidatura de la prefecta de Chimborazo, Mónica Loza. La resolución ratifica la postulación de la funcionaria para los comicios seccionales de noviembre de 2026, luego de que el pleno jurisdiccional concluyera que la organización política no presentó su objeción dentro de los plazos legales previstos en la normativa electoral vigente.

Política

TCE admite a trámite el recurso de Jaime Estrada por candidatura a la Prefectura de Manabí

Richard Josue Jimenez Mora

Los argumentos del recurso presentado por ADN

El movimiento Acción Democrática Nacional, representado por Mishel Mancheno, secretaria ejecutiva de la organización y presidenta de la Asamblea Nacional, impugnó la inscripción al considerar que Mónica Loza ejercía funciones como prefecta subrogante sin haber renunciado formalmente para postularse.

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Mancheno sustentó la apelación en los siguientes puntos:

La resolución del Pleno del TCE y los plazos procesales

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral desestimó la pretensión de ADN tras advertir fallas en el procedimiento de reclamo. El organismo explicó que, si la tienda política detectaba una presunta prohibición o causal de inhabilidad, debió activar la objeción en primera instancia.

El tribunal fundamentó el archivo bajo las siguientes consideraciones procesales:

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Alcance legal sobre las declaraciones de la candidata

El organismo jurisdiccional aclaró que su dictamen se limitó a la viabilidad procesal del recurso y no a la validez de fondo de los documentos ingresados.

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"El pronunciamiento se circunscribe exclusivamente a la procedencia del mecanismo de impugnación activado por la recurrente y no comporta pronunciamiento alguno respecto de la veracidad, exactitud o suficiencia de las declaraciones efectuadas por la candidata dentro del procedimiento de inscripción", señala la sentencia.

Asimismo, el tribunal puntualizó que cualquier presunta inconsistencia o responsabilidad administrativa derivada de la documentación deberá tramitarse en la vía y ante la autoridad respectiva.

El voto salvado del juez electoral Patricio Maldonado

La sentencia no fue unánime. El juez electoral Patricio Maldonado emitió un voto salvado en el que planteó aceptar el recurso del movimiento ADN y dejar sin efecto la postulación.

Maldonado fundamentó su postura en:

Lo que debes saber

• El TCE tramita la apelación de Jaime Estrada contra la negativa del CNE a su candidatura.
• La Junta Electoral de Manabí rechazó la inscripción por un presunto error documental.
• Estrada representa la carta del correísmo tras la descalificación previa de Luisa González.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso subjetivo interpuesto por Jaime Estrada en contra de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que negó su inscripción como candidato a la Prefectura de Manabí. La decisión judicial se adoptó una vez que el recurrente aclaró y completó los requerimientos formales solicitados, lo que permitió dar paso a la causa y convocar formalmente al Pleno del TCE para resolver el litigio electoral sobre esta dignidad seccional.

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El TCE convoca al Pleno tras completar requisitos del recurso

El proceso legal avanzó formalmente en la sede del organismo de justicia electoral en Ecuador. Luego de que se aclararan y completaran los aspectos observados en la documentación inicial, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso admitir a trámite la causa y convocó al Pleno del organismo para analizar y emitir un fallo definitivo respecto al recurso subjetivo contencioso electoral planteado contra el dictamen del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Estrada acudió a esta última instancia jurisdiccional después de que tanto la Junta Electoral de Manabí como el propio CNE rechazaran su postulación a la Prefectura de Manabí, argumentando la existencia de un supuesto error en los documentos ingresados durante el proceso de registro.

El camino de la postulación por el movimiento Sí Podemos

Frente a la negativa de los entes electorales, el aspirante sostuvo que cumplió con las fases correspondientes dentro de su estructura política:

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El escenario político del correísmo en Manabí

La participación de Jaime Estrada constituye la alternativa del sector afín al correísmo para buscar el sillón provincial. Su designación se concretó después de que la Junta Electoral de Manabí y el Consejo Nacional Electoral descalificaran y negaran la postulación que había sido presentada inicialmente por Luisa González.

Lo que debes saber

• La comisión pidió 10 días adicionales.
• El plazo de 90 días está por vencer.
• Se revisará información patrimonial y financiera.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional solicitará una ampliación de 10 días para concluir la fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos de Ecuador. La petición será conocida por el Pleno en el tercer punto de la sesión No. 125-AN-2025-2029, convocada para el martes 22 de septiembre de 2026, a las 10:06.

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Un plazo que llega a su fin

La solicitud consta en la Resolución No. 0011-CGAD-2025-2027, remitida por Cristian Andrés Benavides Fuentes, presidente de la Comisión, a la Presidencia de la Asamblea Nacional. El legislador argumenta que el plazo de 90 días establecido para elaborar, aprobar y presentar el informe final está próximo a vencer.

El proceso de fiscalización fue dispuesto mediante la Resolución RL-2025-2029-095, aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026. La investigación contempla el examen, análisis contable y contraste de la información patrimonial y financiera de las autoridades seccionales incluidas en el proceso.

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Cruce de información financiera

Según el documento, durante la sustanciación, varias entidades públicas solicitaron prórrogas justificadas para entregar la información contable y técnica requerida. La Comisión sostiene que la consolidación de los expedientes demanda tiempo adicional, debido al volumen de documentación correspondiente a las autoridades investigadas.

Benavides señala que extender el plazo permitirá garantizar el debido proceso, la rigurosidad técnica del análisis documental y la veracidad de las conclusiones que serán elevadas al Pleno. La fiscalización contempla el cruce de información con entidades, como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y los registradores de la propiedad.

Lo que debes saber

• Fernando Bastias denunció un presunto abuso en la cárcel de mujeres de Guayaquil.
• La acusación está acompañada de un video difundido en redes sociales.
• SNAI y Defensa no respondieron a la consulta de EXPRESO.

Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en Guayaquil, denunció un presunto abuso sexual contra mujeres privadas de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil, que atribuye a militares encargados de la custodia. La acusación fue acompañada por un video publicado en sus redes sociales, en el que se observa a un militar tocando los senos de una presunta interna.

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Denuncia sobre las guardias militares

“Recibo información fidedigna que los militares en la cárcel de mujeres de Guayaquil están abusando sexualmente de las mujeres privadas de libertad”, señaló Bastias en su publicación. El representante del CDH cuestionó la falta de respuesta de las instituciones encargadas de vigilar las condiciones de las personas detenidas y pidió que se adopten acciones frente a la denuncia.

Bastias compartió un mensaje donde se denuncia que los hechos se atribuyen a una de las guardias militares de la tarde, iniciada a la 13:00; "mire, eso fue en la guardia de ahorita de tarde, entró a la 1PM y sucede en todas las guardias". La denuncia añade que las internas enfrentan dificultades por la falta de economato y alimentación.

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Instituciones fueron consultadas

Bastias también sostuvo que, de acuerdo con estándares internacionales, las mujeres privadas de libertad deben ser custodiadas por agentes mujeres. En ese contexto, mencionó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y ONU Mujeres para llamar la atención sobre lo que considera una situación que requiere intervención institucional.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento al SNAI y al Ministerio de Defensa, a través de sus equipos de comunicación. Hasta la publicación de esta nota, ninguna de las dos instituciones ha respondido sobre la denuncia difundida por Bastias.

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La presencia militar en las cárceles

La presencia permanente de militares en las cárceles ecuatorianas se inició el 9 de enero de 2024, después de que el presidente Daniel Noboa suscribiera el Decreto Ejecutivo 111 y declarara la existencia de un conflicto armado interno. La disposición ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para recuperar el control de los centros de privación de libertad, entonces afectados por el dominio de organizaciones criminales.

En julio de 2026, Noboa formalizó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que ratifica la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios. La permanencia de los militares está prevista de forma temporal hasta 2027, mientras el sistema enfrenta problemas de hacinamiento y la influencia de estructuras criminales que han operado desde las prisiones.

Lo que debes saber

• Carlos Alarcón encara este lunes la única objeción admitida en su contra para liderar la Fiscalía.
• La Comisión Ciudadana sustanciará objeciones contra Walter Macías antes del turno de Alarcón.
• El proceso de impugnaciones ciudadanas inició el 14 de septiembre y finalizará el 2 de octubre.

El fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, comparecerá este lunes 21 de septiembre de 2026 ante la Comisión Ciudadana de Selección para afrontar la única audiencia de impugnación ciudadana admitida a trámite en su contra. La diligencia se desarrollará en el marco del proceso para designar a la máxima autoridad titular de la Fiscalía General del Estado, en una jornada donde también se resolverán objeciones pendientes presentadas contra el exjuez Walter Macías.

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Cronograma de comparecencias de este lunes 21 de septiembre

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general reanudará este lunes las audiencias públicas correspondientes a dos de los aspirantes que buscan encabezar la institución:

Avance del concurso público y postulantes con objeciones tramitadas

Las sesiones de descargo y sustentación ciudadana arrancaron oficialmente el pasado lunes 14 de septiembre de 2026. La fase completa de impugnaciones está programada para concluir el próximo 2 de octubre de 2026.

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Estado de las objeciones sustanciadas hasta el momento

Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana promueve el voto nulo tras la inhabilitación de sus cuadros en Manabí.
• La meta de repetir las elecciones exige superar a todos los votos válidos juntos en la provincia.
• Analistas advierten que la estrategia es inviable y podría favorecer al oficialismo local.

La dirigencia de Revolución Ciudadana, encabezada por Gabriela Rivadeneira, anunció que promoverá activamente el voto nulo en las elecciones para la Prefectura de Manabí. La decisión surge tras la inhabilitación de dos candidaturas del movimiento en dicha provincia, con el objetivo de lograr que los sufragios nulos superen a la totalidad de votos válidos de los demás candidatos y forzar la repetición de los comicios, una meta que analistas electorales y políticos consideran técnica y matemáticamente inviable.

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La estrategia de Revolución Ciudadana frente a la Prefectura de Manabí

Tras quedarse sin cartas electorales para competir por la Prefectura de Manabí, la presidenta de Revolución Ciudadana (organización política que se encuentra suspendida), Gabriela Rivadeneira, oficializó la postura del movimiento durante una rueda de prensa en Guayaquil: “Nuestra opción es el voto nulo. La campaña será por el nulo”. En dicha comparecencia, la dirigente presentó la lista de postulaciones respaldadas por el correísmo a través de diversas agrupaciones y alianzas en el país.

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El objetivo central de la organización es alcanzar una victoria del sufragio nulo que obligue a convocar nuevamente a elecciones provinciales. No obstante, la fundamentación discursiva del correísmo dista del marco técnico-jurídico aplicable.

Diferencias jurídicas en el proceso electoral

El experto electoral Esteban Ron sostiene que el movimiento recurre a una narrativa de victimización al denunciar una supuesta “cancelación” de sus fichas y trámites. De acuerdo con el especialista, las figuras legales aplicadas corresponden a causales normativas específicas:

Bajo este escenario, Ron califica la convocatoria como un acto de resignación al no contar con representantes en la papeleta electoral. Si bien recalca que el sufragio nulo es una opción formal y legítima dentro del sistema, apunta que difícilmente representa una práctica democrática constructiva, pues denota contrariedad por el revés reglamentario. Asimismo, prevé un impacto marginal en las urnas debido a que la ciudadanía suele inclinarse por figuras y proyectos individuales antes que por opciones de protesta sin representación.

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El reto matemático y el antecedente del Código de la Democracia

La viabilidad matemática del plan genera fuertes reparos entre especialistas políticos. El analista Giuseppe Cabrera califica el escenario como prácticamente imposible de concretar a nivel provincial. De acuerdo con el analista, ganar con el voto nulo implica obtener más votos que la suma de todos los candidatos inscritos (superando el 50 % más uno), un fenómeno que únicamente registra un antecedente en la historia electoral ecuatoriana.

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La normativa vigente contempla esta posibilidad en el artículo 147 del Código de la Democracia, el cual establece como causal expresa para repetir una elección que los votos nulos superen a la sumatoria de votos de todos los candidatos a una misma dignidad.

El comportamiento del voto nulo en Manabí

El registro histórico de Manabí evidencia una amplia distancia frente al umbral exigido por la ley para declarar la nulidad de un proceso:

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Factores territoriales y el riesgo político para el correísmo

La investigadora académica Caroline Ávila señala que la militancia afín a Revolución Ciudadana afronta una encrucijada compleja en la provincia. Ávila precisa que las campañas por el voto nulo han sido efectivas únicamente en jurisdicciones reducidas, donde el descontento local puede concentrarse con mayor facilidad.

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Casos de estudio en elecciones anteriores

Ávila advierte que a mayor tamaño de la circunscripción electoral resulta exponencialmente más difícil incidir en el resultado global. En este marco, Cabrera resalta el costo político que puede pagar la organización: dispersar a sus votantes en Manabí podría terminar facilitando el triunfo de la lista que encabece los sondeos, permitiendo que el oficialismo o fuerzas opositoras rompan más de diez años de hegemonía correísta en la prefectura.

Lo que debes saber:

• PISA 2025 mostró bajas competencias en lectura, matemáticas y ciencias entre estudiantes de 15 años en Ecuador.
• Expertos, exministra, exfuncionarios de Ineval y profesoras de EPN y Espol plantean nivelación, tutorías y formación docente para recuperar aprendizajes.
• La ministra de Educación anunció un plan de fortalecimiento, a través de su cuenta de X. No ha brindado detalles.

Ecuador sacó bajas calificaciones en PISA 2025. No sorprende, pero preocupa. Se ubicó por debajo del promedio de los 12 países latinoamericanos que participan de la prueba, impulsada desde el 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y ahora: ¿qué hacer?

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La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar, reaccionó con un anuncio en X: “Pondremos en marcha un Plan Nacional de Fortalecimiento de Aprendizajes, con un currículo por competencias en lectura, matemática y ciencias. Evaluaremos periódicamente los avances y daremos acompañamiento focalizado a las instituciones y estudiantes que más lo necesitan”.

Sin dar detalles, Alcívar señaló también que fortalecerán la formación del docente, el acompañamiento pedagógico y herramientas.

Ecuador ya tenía un diagnóstico nacional similar, con los resultados del SER Estudiante 2023-2024, en los que la mayoría de evaluados no alcanzó los niveles mínimos de competencia curriculares. 

Así lo señala José Alberto Flores, exviceministro de Educación y excoordinador general técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).

El experto afirma que es necesario revisar el ecosistema de evaluaciones, por ejemplo el informe del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), de la Unesco, que se presentará en diciembre. Lamentó que el Ineval no haya liberado los resultados de SER Estudiante 2024-2025 en abril, como estaba previsto.

En 2023-2024 se evidenció una recuperación de los aprendizajes tras la pandemia, pero —reflexiona— esta no pudo sostenerse en el grupo que fue evaluado en PISA 2025.

¿Se puede ‘salvar’ a esta generación? Flores responde que sí. Considera que habría que activar un plan de recuperación de aprendizajes que involucre a las familias y a los gobiernos autónomos descentralizados, con énfasis en comprensión lectora, razonamiento matemático y competencia científica.

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“Es un desafío ya detectado, para lo que se recomiendan programas de nivelación, que no se improvise”. Pone como ejemplo a El Salvador, que en un laboratorio de innovación y aceleración ha puesto a prueba planes de este tipo, introduciendo también la tecnología. Dice que primero hubo un piloto y así el país dejó de estar a la cola, como pasó en PISA 2022.

Flores menciona el convenio de El Salvador con Elon Musk, magnate tecnológico, para poner en marcha un programa educativo con uso de Inteligencia Artificial (IA), que ofrece tutorías adaptadas al currículo, pero al ritmo y necesidad del alumno.

Ecuador tiene el diagnóstico, no al médico: Harvey Sánchez

Harvey Sánchez, quien dirigió el Ineval y es consejero de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la Unesco, no es optimista respecto de la forma en que reaccionará el Gobierno. No ve una intención clara de hacer algo para remediar la situación. 

“No se garantiza el presupuesto, no hay acciones concretas en términos de atención, solo ambigüedad y ambivalencia, se degradó al Ministerio (en relación a la fusión con Cultura y Educación)”.

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Aunque reconoce que PISA es demasiado famosa como para pasar desapercibida, recuerda que en el país también faltan medicinas y hay altos índices de homicidios, entre otros problemas.

”No es una sorpresa, es una tragedia social. Ecuador tiene el diagnóstico, no busca al médico”, dice. Señala, además que:

Esto significa que, aunque estén en el mismo año escolar —por ejemplo, primero de bachillerato—, un estudiante en situación desfavorecida ha aprendido como si estuviera en octavo.

”Seguramente, ellos no irán a la universidad. Están alrededor de tres o cuatro años atrás en aprendizajes y tendrán que competir con los más ricos”.

Pruebas como PISA no hablan solamente del grado evaluado (estudiantes de 15 años). Los resultados representan los síntomas de todo el sistema.Harvey Sánchez, exdirector de Ineval

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¿Cuáles son las causas de las bajas notas en PISA?

Nela Pastuizaca, subdecana de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Espol, cree que, para diseñar un programa de remediación a mediano y largo plazo, hay que analizar las causas del problema. 

En su opinión, existen múltiples aristas, entre ellas la pobreza, que puede ser multidimensional; las deficiencias de infraestructura; falta de profesores y de un ambiente seguro.

En tecnología también existe una brecha, incluso si se accede a ella, no se la usa correctamente. Considera que el Estado debe cumplir su rol y garantizar los recursos, la capacitación y un ambiente seguro.

Pastuizaca pone sobre la mesa otro elemento: se requiere una formación adecuada para transmitir conocimientos. Participó en un programa destinado a enseñar didáctica de las matemáticas y a abordar problemas complejos, como las fracciones. Sin embargo, durante el proceso descubrieron que algunos profesores no comprendían el tema, por lo que no podían avanzar hacia la didáctica.

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Hacer una brigada de nivelación sería útil: docente EPN

La matemática y docente de la Escuela Politécnica Nacional, Pi. Salazar, responde: “yo me apunto, si organizan un programa así. Sería bueno hacer una brigada”, al preguntarle si sería útil desarrollar a escala nacional una iniciativa similar a la que podría emprender una familia para nivelar a un hijo con bajo rendimiento. 

Se le comentó que en la alcaldía de Paco Moncayo se abrió un centro de recuperación pedagógica, centro de recuperación pedagógica al que acudían, después de clases, estudiantes de planteles del Centro, cuyas madres eran vendedoras informales. 

No cree que el aprendizaje tenga una ventana que se cierre para siempre: no es que, si un estudiante no aprende fracciones a los 8 años, ya no podrá hacerlo nunca. Ve viable que los estudiantes puedan acudir, por ejemplo, en las vacaciones escolares, a clases de refuerzo “para llenar cualquier vacío y que puedan estar listos para el nuevo aprendizaje”.

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¿Si no se llenan esos “vacíos de aprendizaje”, la generación con bajas calificaciones en las evaluaciones, no llegará a la universidad o quizá desertará? 

Cuenta, “en la EPN tengo alumnos de primer semestre que no saben sumar fracciones. Los vacíos los arrastramos. Pedagógicamente sí es posible llenarlos”. En la Politécnica, según cuenta, tienen un nuevo modelo de aprendizaje, a partir de una consultoría para mejorar el nivel de retención, para que los alumnos no se vayan en los primeros semestres.

“El estudio refleja los vacíos del colegio y ahora el sistema de nivelación se reformó para suplir esta demanda”. Hacer una brigada de profesores universitarios para nivelar a los escolares y colegiales cree que sería útil. 

“En cualquier ámbito se necesita aprender matemáticas, estudien lo que estudien. De hecho, el nivel del currículo ecuatoriano es muy alto, llega a cálculo. Por lo que necesitamos dar ayudas para que se cumpla, incluso a los docentes”.

Que la educación sea prioridad siempre: Monserrat Creamer

La exministra de Educación, Monserrat Creamer, lamenta que los debates sobre educación se produzcan solamente cuando “hay estos resultados. Dicen la educación es el camino. Detectan corrupción y piden abrir un curso de valores; igual si aumentan los siniestros de tránsito, una clase de educación vial”, apunta. 

Asimismo, la exministra señala que existe desarticulación entre las facultades de Educación y sistema escolar, hace falta ser veedores para que el sector tenga financiamiento y políticas públicas con continuidad, centradas en los docentes.

Sobre la posibilidad de nivelar masivamente, Creamer comenta que en varias países hay un modelo de tutoría por pares, también con universitarios,como parte de sus prácticas o proyectos de investigación o tutorías entre docentes de grados mayores a menores. Recuerda que la Fundación Crisfe aplicó una evaluación a 10 mil chicos de sus colegios. 

“Los resultados fueron como los de PISA y pusieron en marcha un programa intensivo de nivelación. Tras ocho meses, sus indicadores subieron a un nivel impresionante, hace falta presupuesto”.

Los países participantes 

Noventa y un países participaron en PISA; 97 puntos en matemática y 76, en lectura, separan a Ecuador del promedio de la OCDE.

Lo que debes saber

• Jueces y fiscales accederán a videos y audios del ECU 911 en un plazo máximo de 24 horas.
• El convenio busca blindar las investigaciones penales y asegurar la cadena de custodia.
• El sistema integrará grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional en Ecuador para agilizar el acceso directo a la evidencia digital de emergencias. Mediante la articulación de la plataforma tecnológica del ECU 911 con el sistema de la Función Judicial, los operadores de justicia podrán tramitar requerimientos periciales y procesales de forma oportuna, reduciendo los tiempos de entrega de material audiovisual y garantizando la cadena de custodia en las investigaciones penales.

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Acceso directo a registros de videovigilancia y audio para operadores de justicia

La articulación entre las tres entidades se concretó mediante la integración del Sistema Automatizado para la Entrega de Información a la Función Judicial (SIF-FJ / SAEI-FJ) a la plataforma técnica del ECU 911.

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Con este mecanismo, los operadores de justicia dispondrán de una vía directa para requerir y recibir material probatorio clave recopilado durante la atención de emergencias.

Objetivos estratégicos del convenio interinstitucional

La implementación de esta herramienta persigue cuatro fines centrales:

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Entrega de grabaciones en un plazo límite de 24 horas

El director general del ECU 911, Juan Carlos Paladines, precisó que la plataforma proporcionará la evidencia digital a los despachos judiciales en un tiempo máximo de 24 horas. Asimismo, puntualizó que el mecanismo abarcará las grabaciones captadas por cámaras pertenecientes a entidades públicas y privadas que interoperan con la central de emergencias.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, explicó que los jueces y fiscales obtendrán registros de audio y videovigilancia bajo un estricto respeto y resguardo de las garantías del debido proceso.

A su turno, el fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, manifestó que esta innovación tecnológica permitirá acelerar el despacho de las causas, otorgar blindaje a los expedientes investigativos frente a cualquier interferencia y dotar de transparencia a los procesos penales.

Autoridades que participaron en la suscripción del acuerdo

La formalización del instrumento legal contó con la intervención de las máximas autoridades de las instituciones involucradas:

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En calidad de testigos de honor acudieron el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, junto a los vocales del Consejo de la Judicatura: Damián Larco, Magaly Ruiz Cajas y Fabián Fabara.

Lo que debes saber

• Noboa llegó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU y reuniones de alto nivel.
• La agenda oficial prioriza la atracción de inversiones y la lucha contra el crimen organizado.
• El retorno del mandatario a Ecuador está previsto para el 23 de septiembre de 2026.

El presidente de la República, Daniel Noboa, arribó la noche del 18 de septiembre de 2026 a Estados Unidos para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El mandatario ecuatoriano viajó con el propósito de cumplir una agenda de trabajo enfocada en citas bilaterales de alto nivel, gestionar atracción de inversiones para el país y posicionar la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional.

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La agenda oficial de Daniel Noboa en Nueva York

La Presidencia de la República informó sobre el arribo del jefe de Estado a la sede del organismo internacional, donde prevé "cumplir una agenda oficial con reuniones de alto nivel y encuentros que fortalecerán las inversiones de Ecuador".

Durante una reciente entrevista radial, Noboa adelantó parte de las actividades que mantendrá durante su permanencia en territorio estadounidense:

Prioridades del Gobierno ecuatoriano bajo el Decreto 499

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 499, la delegación de Ecuador intervendrá en el período de sesiones con dos objetivos estratégicos:

El mismo documento oficial señala que el retorno del presidente Noboa a Ecuador está programado para el 23 de septiembre de 2026. Hasta el momento, los canales oficiales no han confirmado la fecha ni la hora exacta en la que el mandatario tomará la palabra ante el pleno de la Asamblea General de la ONU.

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Calendario y ejes del 81.º período de sesiones de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comunicó que el debate general correspondiente al 81.º período de sesiones se desarrollará en las siguientes fechas:

El tema central propuesto para las deliberaciones de los líderes mundiales durante esta edición es "restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos".

Lo que debes saber

• Xavier Zavala Egas deja el decanato y la cátedra formal luego de 40 años de trayectoria.
• El abogado cuestiona la supresión de las unidades anticorrucpión decidida por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Zavala Egas analiza el uso de las investigaciones previas reservadas para suspender a partidos políticos.

El jurista y académico Xavier Zavala Egas culmina su trayectoria de más de cuatro décadas en la docencia y 12 años como decano universitario en Ecuador. El catedrático evalúa con EXPRESO los desafíos del Derecho Penal, cuestiona las decisiones del Consejo de la Judicatura sobre las unidades anticorrupción, analiza las trabas institucionales en la designación del nuevo fiscal general del Estado y advierte sobre el riesgo de la judicialización electoral frente a las seccionales 2026.

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Xavier Zavala Egas deja la cátedra universitaria

- ¿Qué lo motivó a cerrar su ciclo como decano universitario?

Tres períodos, que suman un total de 12 años como decano, creo que son suficientes para dejar una huella. Anotando que mis dos primeros períodos surgen del voto de profesores, estudiantes y trabajadores, y en los que fui lista única. En este último periodo, con nuevo formato legal, fui designado directamente por el rector y se podría volver incómodo si solo se ve como una relación laboral, en la que uno manda y el otro obedece. Reducirlo solo a eso es cuestión de la altura desde la que se observa. La jubilación también es el reconocimiento de que las instituciones necesitan oxígeno. Además de que ya no tengo edad para leer otro reglamento interno con la ilusión de que alguien lo cumpla.

- Tiene una destacada trayectoria como jurista y académico. ¿Cuál considera que es su principal legado?

Hablar del propio legado es una forma de vanidad. Si algo quedó, luego de 40 años de cátedra, espero que sean generaciones de abogados que entendieron que el Derecho Penal es un límite al poder punitivo del Estado y no su arma favorita; que la presunción de inocencia es la última trinchera del ciudadano común frente al poder. Si algunos de mis alumnos hoy incomodan a algún poderoso con un buen argumento, ese es mi legado. Lo demás son placas y diplomas que, en su mayoría, pasan cantando.

Si algunos de mis alumnos hoy incomodan a algún poderoso con un buen argumento, ese es mi legado. Lo demás son placas y diplomas. Xavier Zavala Egas, jurista y académico

El nuevo rol y proyectos de Zavala Egas

- ¿Qué considera que se debe mejorar o desarrollar a partir de su aporte académico a lo largo de los años?

Dejar de enseñar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como si fuera un catecismo que se memoriza. Con la frecuencia con que la Asamblea Nacional lo reforma, memorizarlo es tan útil como aprenderse el pronóstico del clima. Hay que insistir en la dogmática, en la teoría del delito y en la clínica jurídico-penal; formar criterio ético frente al populismo punitivo, que es la enfermedad más contagiosa de nuestra época y, lamentablemente, no tiene vacuna.

- ¿Con el cierre de este ciclo también termina su presencia en la academia? ¿Qué rol asumirá ahora?

Dejo el decanato y la cátedra formal, pero no pienso concederle a nadie el placer de mi silencio. Seguiré escribiendo, polemizando y dedicado a sacar adelante el proyecto Zavala Baquerizo Academia. La academia es una forma de comprender el mundo con sospecha metódica y sin sesgos; eso no se va con la renuncia. No perdamos de vista que la academia como tal es una entelequia, una idea abstracta, formada por criterios y manifestaciones científicas, sin sesgo, objetivas y neutras. Pero esta idea aterriza, por lo general, en universidades y gremios con estructuras politizadas o en silencio cómplice. Entonces, si el regente es un interesado o un timorato, no habrá academia o esta será parcializada.

Dejo el decanato y la cátedra formal, pero no pienso concederle a nadie el placer de mi silencio. Seguiré escribiendo, polemizando y dedicado a sacar adelante el proyecto Zavala Baquerizo Academia.Xavier Zavala Egas, jurista y académico

El error de suprimir las unidades anticorrupción

- El Consejo de la Judicatura suprimió las unidades anticorrupción. ¿Esto representa una victoria para el crimen organizado y el delito de cuello blanco?

La Judicatura habla de optimizar recursos, que es como curar la fiebre vendiendo el termómetro. Cierto que la unidad tenía problemas serios, incluidos jueces procesados, pero hay que arreglar la casa, no demolerla. Hay, además, un problema jurídico de fondo: redistribuir competencias especializadas mediante una resolución administrativa se parece demasiado a reformar el Código Orgánico de la Función Judicial sin pasar por la Asamblea. Y hacerlo en plena emergencia judicial por falta de jueces es de reír. La especialización no es un lujo: es una necesidad.

El concurso para fiscal general no goza de legitmidad

- El concurso para fiscal general del Estado avanza con las impugnaciones ciudadanas, pero ya acumula cuatro meses de retraso. ¿Existen las garantías de una autoridad legítima?

La legitimidad se construye con un proceso limpio, oportuno y creíble. Tienen casi dos años sin fiscal titular, una comisión de selección que ha perdido comisionados como quien pierde el pelo, impugnaciones cuya documentación no estuvo disponible a tiempo y un cronograma que se sigue estirando. Un organismo que no logra sostener su propia comisión difícilmente puede otorgar legitimidad a quien designe. El Consejo de Participación Ciudadana es la institución que prometió despolitizar las designaciones y terminó siendo la ventanilla donde se politizan todas. Mientras no se lo elimine, seguiremos eligiendo autoridades con el mismo método y sorprendiéndonos de obtener los mismos resultados.

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El peligro de la judicialización de las elecciones

- Hay partidos suspendidos y potenciales candidatos inhabilitados en las seccionales de 2026. ¿Debería existir una mayor reacción ciudadana ante la judicialización de las elecciones?

Debe existir una reacción, y debería empezar por quienes no tienen simpatía alguna por los partidos afectados. Es inaudito que una investigación previa, reservada y sin sentencia, baste para sacar del tablero electoral a organizaciones enteras, y menos a horas de que venza un plazo. Lo que hoy se aplaude contra el adversario, mañana se usará en contra de otros adversarios; y quienes hoy celebran descubrirán tarde que el precedente sirve contra todos. El tema de fondo es que cuando los jueces deciden quién puede competir, los votantes pasamos a ser espectadores de una elección ya resuelta en un escritorio, y ya sabemos de quién.

Lo que debes saber

• Ecuador registra tres toques de queda en 2026.
• Expertos advierten que el crimen puede desplazarse a otros horarios y territorios.
• La estrategia requiere acciones que vayan más allá de las restricciones nocturnas.

El toque de queda puede vaciar las calles durante unas horas, pero el crimen organizado no necesariamente se queda quieto. En 2026, el Gobierno ha recurrido tres veces a esta herramienta y, según especialistas consultados por EXPRESO, el problema es que la violencia termina desplazándose en el territorio y en el tiempo.

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El aviso previo no frena al crimen

Dos de estas medidas fueron anunciadas con 13 días de anticipación, mientras que la que entró en vigencia este jueves fue comunicada seis días antes. Para los expertos, la diferencia en el tiempo de aviso no cambia el problema de fondo: las organizaciones criminales ya conocen la herramienta y pueden adaptar su operación.

Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, considera que la repetición de estados de excepción y toques de queda no está generando un resultado positivo frente al crimen organizado. A su juicio, la principal consecuencia es la migración de las actividades delictivas hacia otros espacios, especialmente desde la Costa hacia ciudades de la Sierra.

Pazmiño menciona a Quito y Cuenca como ejemplos de territorios que han comenzado a registrar niveles de violencia que antes no eran habituales. A su juicio, esto evidencia que la táctica está trasladando el problema en lugar de resolverlo.

Esto porque una intervención en determinados barrios puede contener la actividad criminal mientras permanece la presencia estatal. Sin embargo, cuando concluye el estado de excepción y disminuyen los operativos, las estructuras delictivas pueden retomar sus actividades. Es el análisis que hace Lorena Piedra, experta en seguridad y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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Los homicidios cambian de horario

El problema tampoco se limitaría al territorio, según Renato Rivera, especialista en Economía del Crimen Organizado y Seguridad Internacional e investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Para él, los homicidios intencionales también pueden desplazarse hacia otros horarios y días cuando existe una restricción nocturna.

El especialista dice que los toques de queda pueden producir una reducción inmediata de los homicidios, pero no necesariamente es una disminución sostenida. La violencia puede contenerse durante algunos días y luego aumentar cuando termina la medida o trasladarse hacia otro momento.

Ese comportamiento también aparece en los registros de homicidios por horario que cita el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 1.091 homicidios entre las 18:00 y las 20:59, frente a 876 registrados entre las 00:00 y las 05:59, el periodo que suele quedar directamente afectado por el toque de queda.

Para Rivera, esto muestra que restringir una franja horaria no significa necesariamente intervenir sobre las causas que producen la violencia. La medida puede generar contención durante el periodo establecido, sostiene, pero los enfrentamientos entre grupos, las venganzas y los procesos de fragmentación continúan.

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Las bandas se adaptan a la medida

Por su parte, Piedra considera, además, que las organizaciones criminales ya están familiarizadas con esta herramienta. Al tratarse de una medida reiterada, advierte que los grupos delictivos pueden contar con procedimientos de emergencia que les permiten reaccionar, desplazarse y posteriormente regresar a sus zonas de operación.

Pazmiño agrega que el problema se ha vuelto más complejo por el crecimiento de las estructuras delictivas. Según cifras que atribuye a declaraciones del Gobierno, las organizaciones pasaron de 22 identificadas en 2024 a entre 48 y 50 actualmente, mientras que los integrantes habrían aumentado de unos 28.000 a 80.000 aproximadamente.

El exdirector de Inteligencia Militar también menciona un incremento de los denominados santuarios criminales, de 12 en 2024 a unos 187 actualmente, además de un aumento de los llamados microcarteles. Para Pazmiño, estos datos evidencian que la amenaza no se ha reducido pese a la utilización reiterada de estados de excepción y toques de queda.

La diferencia entre una operación exitosa y una estrategia efectiva es otro de los puntos que plantea Pazmiño. Un operativo que permite decomisar droga, armas o detener a integrantes de una estructura representa un éxito táctico; mientras que recuperar permanentemente un territorio es, a su criterio, un resultado estratégico.

Para conseguir esa recuperación, propone mantener presencia estatal constante en los sectores afectados, con unidades que permanezcan allí durante todo el año. La intención sería convertir esos sitios en territorios adversos para las organizaciones criminales.

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La respuesta debe ir tras el dinero

Rivera plantea una respuesta que vaya más allá de los integrantes visibles de las organizaciones. Considera necesario investigar a los intermediarios y beneficiarios finales, rastrear el lavado de activos, las empresas utilizadas para ocultar recursos y los posibles vínculos que permiten sostener económicamente a las estructuras criminales.

La prevención también es parte de esa respuesta, mediante políticas para evitar el reclutamiento forzado y recuperar la confianza ciudadana en la Policía. Piedra agrega que el debate debe superar la inmediatez y convertirse en una estrategia estatal coordinada.

No obstante, los expertos no plantean eliminar de manera automática el toque de queda. Piedra, por ejemplo, considera que sigue siendo una herramienta útil para zonas con niveles extremos de violencia, como Machala, Pasaje y sectores de Los Ríos. A juicio de los entrevistados, el régimen necesita recuperar los territorios y usar inteligencia policial y militar.

Todo ocurrió en un solo día. El jueves pasado, en cuestión de horas, la bancada oficialista en la Asamblea cambió de opinión respecto a este tema. 

Política

ADN arrebata al correísmo la fiscalización por supresión de unidades anticorrupción

Daniel Alejandro Romero Páez

En la mañana, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), aseguró que no veía motivos para iniciar una fiscalización. En la tarde, uno de sus coidearios, Xavier Ordóñez, planteó la necesidad de hacerlo y ella puso su voto para que una comisión controlada por ADN se hiciera cargo.

Loa antecedentes para tomar el control

Pero otro hecho marcó la jornada. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, aprobó el inicio de la fiscalización sobre la resolución de la Judicatura. También, la asambleísta Viviana Veloz ya había solicitado información.

Antes de estos hechos, el oficialismo no se había pronunciado sobre la resolución de la Judicatura. Sin embargo, la jugada política para hacerse con el proceso de fiscalización empezó la mañana del 16 de septiembre.

Ese día, Xavier Ordóñez ingresó un pedido de cambio del orden del día para que se tratara la resolución de la Judicatura en el Pleno y se definiera que la fiscalización la realizara la Comisión de Justicia, de mayoría oficialista.

Y otro hecho se suma a la pugna por dicha fiscalización. Garantías Constitucionales ya había convocado a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, para la sesión del jueves pasado. Al final, ella se excusó y no asistió.

Con todos esos antecedentes, la disputa se trasladó al Pleno. Ordóñez reclamó la fiscalización para la mesa presidida por su coidearia Rosa Torres. Argumentó que “es el Pleno el que debe determinar el cauce institucional de una fiscalización”.

Fiscalización en comisión oficialista 

A eso le sumó que la Ley de la Función Legislativa determina que la Comisión de Justicia debe conocer los asuntos e iniciativas en el ámbito jurisdiccional en todas sus materias.

La respuesta vino desde la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Verónica Íñiguez. Ella citó el artículo 26 de la misma ley, en el que se señala que “cuando una comisión prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades sobre el mismo asunto”.

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Al final, la mayoría controlada por ADN se impuso y ahora la comisión presidida por Rosa Torres (ADN) llevará adelante la fiscalización. 

Sobre esto, la misma Íñiguez recordó que no era la primera vez que ADN recurría al mismo mecanismo. Habló, por ejemplo, de cómo ADN trasladó la fiscalización de Progen a la mesa de Transparencia después de iniciado un proceso en la misma mesa de Garantías Constitucionales.

Desde el Partido Social Cristiano, la crítica fue a la vulneración a las facultades de la Asamblea. El legislador Alfredo Serrano dijo que una resolución no podía modificar un tema que fue normado por ley.

Hay un elemento adicional que da pistas sobre la voluntad del oficialismo para fiscalizar el tema. El Gobierno de Daniel Noboa fue clave en la operación que determinó la llegada de Mercedes Caicedo a la Judicatura.

El entonces ministro del Trabajo y hoy candidato a la Alcaldía de Quito, Harold Burbano, fue quien defendió el mantenimiento de la prohibición de ejercer un cargo público en contra de la entonces vocal suplente Alexandra Villacís, quien debía asumir la presidencia de la Judicatura ante la ausencia de Mario Godoy.

Esto pese a que hubo una sentencia que ordenaba levantar dicha prohibición. Mientras la inhabilidad estuvo vigente, el CPCCS avanzó en la designación de Caicedo como nueva titular de la Judicatura.

Por ahora, el correísmo ha ofrecido continuar con la fiscalización, aunque sin claridad de cómo lo hará. Ayer, Viviana Veloz (RC) dijo: “Con (el tema de) Godoy hicieron lo mismo. Lo enviaron a la Comisión de Justicia bajo el supuesto de una fiscalización. El resultado real llegó con el juicio político y su destitución, porque de aquella supuesta fiscalización, hasta hoy, (no hay) ni informe ni resultados”.

Lo que debes saber

• La audiencia contra el postulante Walter Macías fue suspendida por un problema médico del impugnante.
• Macías pidió desechar el trámite al alegar que la reprogramación no consta en el reglamento.
• La Comisión Ciudadana analiza reprogramar la diligencia antes del cierre del plazo fijado para el 2 de octubre.

La audiencia de impugnación ciudadana contra el exjuez y postulante al cargo de fiscal general del Estado, Walter Macías, fue suspendida este 18 de septiembre de 2026 ante la Comisión Ciudadana de Selección. La diligencia, prevista para las 14:00, no pudo instalarse debido a que el impugnante, Marcelo Israel Ortiz Moriano, presentó una justificación médica por una atención odontológica imprevista, lo que abrió un debate reglamentario sobre la postergación del proceso dentro del concurso público.

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Reprogramación de la audiencia y argumentos de las partes

El ciudadano Marcelo Israel Ortiz Moriano remitió un oficio formal a la Comisión Ciudadana de Selección para solicitar el diferimiento del trámite convocado para la tarde de este 18 de septiembre.

En el documento, Ortiz Moriano expuso los siguientes motivos:

La postura de Walter Macías frente al reglamento

Por su parte, el candidato y exjuez Walter Macías rechazó el pedido y solicitó que se deseche la impugnación de forma definitiva. Macías argumentó que:

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La resolución de la Comisión Ciudadana de Selección

Pese al reclamo del postulante, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió admitir la justificación médica y dar paso a la nueva fecha, fundamentando su decisión en los siguientes criterios institucionales:

Plazos y definición del nuevo calendario

La mesa técnica propuso inicialmente el martes 29 de septiembre de 2026 para evacuar la diligencia; no obstante, Walter Macías señaló que no podía confirmar su comparecencia en ese día debido a que debía coordinar su disponibilidad con estudios jurídicos.

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Ante esto, los integrantes de la comisión acordaron coordinar una nueva fecha definitiva, considerando los tiempos límite del proceso:

Lo que debes saber

• Comité de Ética inicia trámite contra Patricia Núñez por supuesta venta de puestos.
• La denuncia fue presentada por Jhajaira Urresta tras calificar el trámite en el CAL.
• Núñez rechazó las acusaciones y afirmó que denunció ante Fiscalía el uso de su nombre.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional avocó conocimiento de la denuncia interpuesta por la asambleísta Jhajaira Urresta contra la jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, por un presunto esquema de cobros y venta de cargos públicos. El proceso formal inició en el Legislativo luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitiera la solicitud a trámite el 14 de septiembre de 2026, tras constatar el cumplimiento de los requisitos legales requeridos para la investigación disciplinaria.

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Patricia Núñez enfrenta una denuncia por presunta venta de cargos públicos

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Trámite en el Comité de Ética de la Asamblea

Durante la sesión legislativa se conoció la resolución del CAL con fecha 14 de septiembre de 2026. En dicho documento se verificó el cumplimiento estricto de los requisitos normados por la Ley de la Función Legislativa y se dispuso el envío íntegro de la documentación al ente disciplinario para la apertura del expediente.

El titular de la mesa legislativa, Johnny Lavayen (ADN), ordenó la notificación oficial a las partes procesales a fin de que presenten sus pruebas de cargo y de descargo.

Medidas procesales dispuestas por el Comité

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Patricia Núñez responde a denuncia de Jhajaira Urresta

Flor Layedra Torres

Los señalamientos contra la jefa de bancada de la Revolución Ciudadana

El 9 de septiembre de 2026, la asambleísta Jhajaira Urresta anunció formalmente la denuncia contra Patricia Núñez, acusándola de un presunto esquema de venta de cargos públicos, señalamiento que también involucra a colaboradores de su despacho.

Urresta señaló que la presunta víctima identificó a Núñez y a personas de su equipo directo. Asimismo, la legisladora sostuvo que, pese a tener conocimiento previo del hecho, no se brindaron las protecciones pertinentes para salvaguardar a la persona denunciante ni para avanzar en el esclarecimiento de los sucesos denunciados.

Descargos de Patricia Núñez y acciones ante la Fiscalía

Frente a las acusaciones, la asambleísta Patricia Núñez cuestionó la veracidad de la denuncia y recordó que Urresta impulsó previamente un proceso en contra de la excandidata presidencial Luisa González.

Por otra parte, Núñez detalló las acciones legales que tomó por cuenta propia:

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Cronología de hechos expuesta por la legisladora

Esta mañana, Noboa estuvo en la provincia de El Oro. Desde ahí ofreció una entrevista a un medio local. Anunció que, tras su paso por la provincia costera, regresaría a Quito. Dijo que recibiría la visita de un “personaje especial”.

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No adelantó detalles sobre ese encuentro, pero dijo que “ya lo verán en las fotos”. Así, luego de ese acto, el primer mandatario tiene previsto desplazarse a Estados Unidos para iniciar la agenda del nuevo periplo internacional.

¿Qué hará Noboa en Estados Unidos?

El Decreto Ejecutivo 499 declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al Presidente de la República a Estados Unidos. El viaje está contemplado entre el 18 y el 23 de septiembre de 2026.

El documento también detalla que la “participación del primer mandatario en la Semana de Alto Nivel del octogésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye un espacio estratégico para posicionar las prioridades del Estado ante la comunidad internacional”.

Según el decreto, la intención de Ecuador en este aspecto es posicionar los temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Noboa no solo cumplirá una agenda relacionada con la Asamblea General de la ONU. Esta mañana confirmó que mantendría reuniones con el Departamento de Estado y agencias internacionales durante los próximos cinco días.

Hasta el momento no se ha difundido la agenda oficial del presidente de la República en Estados Unidos. Lo que sí se conoce es que, a partir del 22 de septiembre, está previsto el encuentro de alto nivel, que contará con la participación de diferentes jefes de Estado.

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Se trata del principal foro político de la ONU, donde los 193 Estados miembros fijan posiciones, negocian resoluciones y abordan los principales problemas internacionales.

La sesión 2026-2027 tiene como lema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”. Está presidida por el diplomático bangladesí Khalilur Rahman.

Lo que debes saber

• Milton Aguas y Karolina Dueñas presidirán la comisión ocasional legislativa de El Niño.
• La mesa parlamentaria tendrá un plazo de 12 meses para fiscalizar y emitir su informe.
• El equipo priorizará el trabajo territorial y la prevención del riesgo de desastres.

La Comisión Especializada Ocasional para el monitoreo del fenómeno de El Niño y la gestión del riesgo de desastres de la Asamblea Nacional eligió por unanimidad, durante su primera sesión de trabajo, a los legisladores Milton Aguas (ADN) como presidente y Karolina Dueñas (ADN) como vicepresidenta.

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Designación de autoridades y estructura legislativa

Tras avocar conocimiento de su conformación formal, los integrantes de esta mesa parlamentaria votaron de manera unánime para definir a su directiva. La instancia tendrá un plazo de 12 meses para desarrollar sus labores de control político, monitoreo y fiscalización antes de entregar el informe definitivo ante el Pleno legislativo.

Miembros de la mesa parlamentaria

La mesa especializada está conformada por siete asambleístas:

Prioridades territoriales y gestión de riesgos

Al asumir la dirección, Milton Aguas señaló la urgencia de trabajar coordinadamente con un enfoque territorial ante el impacto del evento climático. También insistió en el fortalecimiento de las capacidades operativas de prevención y respuesta estatal, comprometiéndose a articular esfuerzos entre la mesa legislativa y las entidades técnicas encargadas de la gestión de riesgos en Ecuador.

Por su parte, Karolina Dueñas destacó la necesidad de que la comisión cuente con asambleístas vinculados a las zonas más vulnerables. Como representante de la provincia de Esmeraldas, ratificó su compromiso con las comunidades que precisan atención y mitigación oportuna ante eventos climáticos severos.

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Convocatoria y agenda de fiscalización

El organismo legislativo sesionará formalmente la próxima semana para dar inicio a su cronograma de trabajo.

Ejes de la agenda de trabajo