Lo que debes saber

• Luisa González plantea que la Asamblea Nacional destituya al presidente Daniel Noboa.
• Inhabilitación de cuatro alcaldes clave activa la propuesta de grave crisis política.
• Líder del correísmo convoca a movilizaciones ciudadanas y voto de castigo contra ADN.

La dirigente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, propuso que la Asamblea Nacional de Ecuador evalúe la destitución del presidente Daniel Noboa, fundamentando su solicitud en la existencia de una presunta grave crisis política y conmoción interna provocada por el propio Gobierno. La exaspirante presidencial justificó la aplicación del mecanismo constitucional tras denunciar una sistemática persecución política contra alcaldes de oposición, a quienes se les han suspendido sus derechos políticos para sacarlos de la competencia electoral de cara a los comicios seccionales de noviembre de 2026.

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El Artículo 130 y la causal de crisis política

La propuesta del correísmo apunta directamente al numeral 2 del Artículo 130 de la Constitución de la República, una herramienta legal que faculta a la función legislativa a remover al primer mandatario. Según González, la actual administración ha sobrepasado los límites democráticos al concentrarse en inhabilitar a potenciales competidores electorales mediante procesos judiciales y electorales de dudosa legitimidad, mientras el resto del país padece índices alarmantes de violencia e inseguridad.

Los alcaldes inhabilitados por el Gobierno de Noboa

La denuncia de la Revolución Ciudadana se sostiene en la reciente ofensiva legal contra cuatro autoridades municipales de alta relevancia en el territorio nacional, quienes no forman parte del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

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Las autoridades afectadas por estos procesos de inhabilitación son:

De acuerdo con las declaraciones de González, estas ciudades representan bastiones geopolíticos estratégicos donde el presidente Daniel Noboa busca ganar control político, sabiendo que sus candidatos no tienen posibilidades reales frente a los alcaldes en funciones si estos se mantienen habilitados en la papeleta electoral.

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Convocatoria a movilizaciones y voto de castigo

El llamado del correísmo no se limita exclusivamente al control político dentro del parlamento, sino que extiende una convocatoria directa a la ciudadanía para activarse en las calles y ejercer resistencia popular contra el régimen. De igual forma, la dirigente enfatizó la importancia de consolidar un bloqueo en las urnas para las elecciones de noviembre de 2026, instando a la población a no otorgar un solo voto a la bancada oficialista de ADN ni a organizaciones políticas aliadas que respondan a la agenda de Carondelet.

Lo que debe saber

• El nuevo presidente del CNE, José Cabrera, dirigió su primera sesión y propuso un nuevo secretario general.
• De la terna presentada por el titular del organismo electoral, el Pleno votó a favor de Betty Báez.
• Diana Atamaint y Enrique Pita estuvieron presentes en la sesión que nuevamente se realizó de forma virtual. 

Con la presencia de los cinco vocales principales, José Cabrera dirigió su primera sesión al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE). El nuevo presidente concretó su primer cambio en el organismo, tras la renuncia de Santiago Vallejo como secretario general.

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La sesión nuevamente se realizó de forma virtual. Estuvieron presentes Diana Atamaint y Enrique Pita, expresidenta y exvicepresidente del organismo, respectivamente. Esta vez no hubo roces ni enfrentamientos directos entre los consejeros.

La renuncia de Santiago Vallejo

El 11 de junio de 2026, la nueva mayoría del organismo electoral, integrada por José Cabrera, Esthela Acero —ahora vicepresidenta— y la vocal Elena Nájera, reunió los votos necesarios para el cambio de autoridades. A esa mayoría se sumó con su voto Diana Atamaint, con lo que se concretó la resolución.

Ese mismo día, Vallejo remitió su renuncia irrevocable al cargo. Durante los últimos años había acompañado la gestión de Atamaint. Su dimisión fue conocida y aceptada por el Pleno. Todos los consejeros agradecieron su trabajo al frente de la Secretaría General.

Posteriormente, Cabrera mocionó tres nombres para ocupar el cargo: Betty Báez Villagómez, Edwin Malacatos y Andrea Soria. Finalmente, la vicepresidenta Esthela Acero presentó la moción para designar a Báez, quien fue elegida por unanimidad.

¿Qué pasó en el CNE?

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La mañana del 11 de junio de 2026 fue convocada una sesión extraordinaria con un solo punto en el orden del día: “Conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el Código de la Democracia, de quién ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del CNE”.

La sesión se produjo después de varias semanas de enfrentamientos entre los vocales y de la principalización de consejeros suplentes. El último conflicto estuvo relacionado con la no instalación de una sesión convocada por Atamaint, luego de que Cabrera y Nájera abandonaran la reunión antes de que fuera instalada.

Al día siguiente se desarrolló la sesión extraordinaria que derivó en el relevo de las principales autoridades del organismo electoral, después de más de siete años bajo la presidencia de Diana Atamaint.

Lo que debes saber

• La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denuncia el inicio de la incautación de su casa.
• El procedimiento se realiza pese a que días atrás la defensa solicitó la individualización de los bienes a incautar.
• En la casa que está siendo incautada residía la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, y sus hijos.

La defensa de Aquiles Álvarez alertó este 12 de junio de 2026 que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) inició la incautación de la casa del alcalde de Guayaquil, donde actualmente residen su esposa, Fiorella Icaza, y sus hijos.

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Juez ordenó la incautación pese a pedido pendiente de la defensa de Álvarez

El proceso de incautación se realiza mientras la defensa del alcalde Álvarez se encuentra en una audiencia del caso Goleada, donde se recepta el testimonio anticipado de un testigo protegido en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada.

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La defensa de Álvarez denunció que la medida se ejecuta un día después de que un juez emitiera la orden. Sin embargo, acota, denuncia que se procedió con la incautación a pesar de que días atrás la defensa solicitó la individualización de los bienes objeto de la incautación y que dicho pedido aún no tiene respuesta.

Aquiles Álvarez seguirá en prisión tras decisión de jueza

La incautación de la casa de Aquiles Álvarez sucede un día después de que la jueza Karen Alarcón negara la solicitud de caución del alcalde para revocar su prisión preventiva. La defensa denunció que a pesar de que la magistrada reconoció que se cumplió todos los requisitos, resolvió negar el pedido.

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Ramiro García, abogado de Álvarez en los temas penales, comentó en su cuenta de X que la actuación de la jueza Alarcón se ajusta en la figura del prevaricato, contenido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador.

Lo que debes saber

• El primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, aseguró que existen personas y empresas que aún no son investigadas.
• El también jefe del bloque oficialista en la Asamblea Nacional pidió seguir la ruta del dinero que habría pasado de Estados Unidos a Suiza.
• Sobre el juicio político en contra de Inés Manzano, Torres señaló que eso ya tuvo una resolución en la Comisión de Fiscalización. 

La bancada legislativa de ADN busca ser parte del proceso judicial que se desarrolla por el caso Progen, denominado por la Fiscalía como caso Apagón. Este 12 de junio de 2026, el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, anunció que exigirá que se profundicen las investigaciones, pues considera que no todas las personas que podrían estar implicadas están siendo procesadas.

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“La propia bancada con los legisladores va a actuar dentro del proceso penal que se está llevando; sobre todo exigiendo investigaciones a empresas y a personas que no están siendo investigadas y que realmente nos preocupa que no lo estén”, señaló Torres en una entrevista con Radio Democracia.

El primer vicepresidente sostuvo que lo importante es determinar la ruta del dinero. Afirmó que parte de los recursos que inicialmente permanecieron en Estados Unidos fueron transferidos a otras jurisdicciones, y destacó específicamente el caso de Suiza.

Explicó que ese país europeo tiene la obligación legal, a través de convenios internacionales, de compartir información financiera de ciudadanos estadounidenses con las autoridades de Estados Unidos. 

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Según indicó, la clave estaría en que uno de los ecuatorianos implicados también posee nacionalidad estadounidense, lo que permitiría conocer qué ocurrió con esos recursos.

Respecto a las personas que, según su criterio, no están siendo investigadas, Torres aclaró que no se refería a ministros o exministros. Señaló que, aunque en todo proyecto público existen funcionarios designados para administrar los contratos, en este caso específico esas personas no están siendo investigadas ni vinculadas durante la fase de instrucción fiscal.

Sobre el juicio político a Inés Manzano

En la Asamblea continúa el debate sobre el futuro de la solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano. En la Comisión de Fiscalización no hubo los votos necesarios para calificar el pedido impulsado por el correísmo y, además, venció el plazo para que esa mesa legislativa se pronunciara.

Sobre este tema, Torres sostuvo que el asunto ya tuvo una resolución en la Comisión de Fiscalización. Luego aseguró que la agenda legislativa será definida por ADN y no por la oposición, en una clara referencia a la Revolución Ciudadana.

“La agenda de la Asamblea no la va a marcar la oposición; la marcará ADN, la mayoría, con las necesidades y las expectativas de los ecuatorianos. En este tema específico, nuestro interés es total y por eso la próxima semana, la propia bancada con los legisladores va a actuar dentro del proceso penal”, insistió Torres.

Lo que debes saber

• La CIDH exige a Ecuador investigar la muerte de la activista Monika Silva.
• Organismo internacional pide indagar nexo entre deceso y denuncias.
• Unión Europea y Embajada de Polonia exigen esclarecer el caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento oficial este 12 de junio de 2026 respecto al fallecimiento de la activista anticorrupción de origen polaco, Monika Silva. El organismo internacional exigió al Estado ecuatoriano iniciar una investigación inmediata para determinar si la muerte violenta o el deceso de la ciudadana extranjera guarda relación directa con las denuncias de corrupción que realizó públicamente contra funcionarios públicos en el país.

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Postura de la CIDH ante el Ministerio del Interior

La institución defensora de derechos humanos lamentó la muerte de Monika Silva, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 8 de junio de 2026 en su lugar de residencia. Mediante sus canales oficiales, la entidad requirió una indagación que sea pronta, exhaustiva e imparcial con el fin de esclarecer las causas reales del hecho.

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Esta solicitud civil confronta la versión preliminar del ministro del Interior, John Reimberg, quien adelantó de manera pública que el escenario del deceso se trataría presuntamente de un suicidio. La CIDH enfatizó la necesidad de agotar las hipótesis vinculadas a su labor de activismo y fiscalización pública antes de cerrar el caso de forma apresurada.

Reacciones de la comunidad internacional

El suceso generó conmoción dentro del cuerpo diplomático acreditado en la región andina. Diversas delegaciones extranjeras emitieron comunicados para presionar a las autoridades de justicia locales:

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El hallazgo en Santa Elena

El reporte policial detalla que la activista anticorrupción fue encontrada en el interior de su vivienda particular ubicada en la comuna Montañita, provincia de Santa Elena, durante la tarde del lunes 8 de junio de 2026. Hasta el momento, los exámenes forenses y las causas de muerte de Silva permanecen bajo condición de reserva general mientras continúan las diligencias técnicas de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa viaja a Estados Unidos este 12 de junio de 2026 para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad.
• El presidente de Ecuador se reunirá en la Casa Blanca con Stephen Miller para revisar la lucha anticrimen.
• Noboa expondrá en una entrevista internacional los resultados del Gobierno en la reducción de índices delictivos en el país.

El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó a Estados Unidos este 12 de junio de 2026 junto a su comitiva oficial para cumplir una agenda de alto nivel. El mandatario mantendrá reuniones estratégicas en la Casa Blanca enfocadas en la cooperación bilateral en seguridad, el combate al crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional de Ecuador. Esta visita oficial busca consolidar alianzas con uno de los principales socios diplomáticos y comerciales del país.

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Reunión clave en la Casa Blanca con Stephen Miller

En la sede de Gobierno estadounidense, el presidente Daniel Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional. Durante esta sesión de trabajo, ambas autoridades revisarán de manera integral los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan en la región.

El diálogo estratégico abordará los siguientes puntos clave:

Para el Gobierno ecuatoriano, Estados Unidos se mantiene como un aliado indispensable en materia de comercio, inversión, relaciones diplomáticas y seguridad. El encuentro bilateral reafirma la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos entre ambas naciones.

Daniel Noboa concederá entrevista internacional

Como parte de las actividades planificadas en su agenda oficial, el jefe de Estado concederá una entrevista a la cadena TV Azteca. En este espacio televisivo de alcance internacional, Daniel Noboa expondrá las principales acciones implementadas para combatir el narcoterrorismo y la violencia criminal en los territorios más afectados del país.

Asimismo, el primer mandatario detallará los resultados alcanzados por Ecuador en la reducción de los índices delictivos. Noboa enfatizará la urgencia de consolidar bloques de apoyo internacional con países amigos para neutralizar de forma efectiva las amenazas globales que trascienden las fronteras.

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Durante la sesión de la noche del 11 de junio de 2026 surgieron cuestionamientos a la labor de la Comisión Ciudadana de Selección.

El informe, remitido por la Comisión Ciudadana de Selección, concluyó que el proceso de calificación de méritos se realizó bajo criterios de imparcialidad y transparencia. 

Además, se informó que, tras analizar las solicitudes de recalificación, hubo modificaciones en el sistema y se generaron nuevos reportes finales para los casos pertinentes.

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La principal recomendación de la Comisión al Pleno era aprobar el documento para que se pudiera continuar con las siguientes fases del concurso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Las críticas en medio del Pleno

La consejera Nicole Bonifaz votó en contra de la moción de aprobación. Argumentó que no se aplicaron criterios uniformes para todos los postulantes. Se refirió a dos casos específicos cuyos puntajes aumentaron significativamente (5,5 y 5 puntos) tras la recalificación. 

La vocal exigió una explicación detallada sobre qué méritos se reconocieron en esos casos y por qué esos criterios no se aplicaron a otros aspirantes.

Por su parte, la vocal Piedad Cuarán aseguró que no hubo un correcto análisis de los resultados de la fase de méritos y recalificación. “El control paralelo de la Comisión Cívica, además de denuncias públicas determinan que el sistema de calificación ignora deliberadamente la formación académica y la experiencia profesional de ciertos perfiles”, indicó.

El consejero Roberto Gilbert se abstuvo y sugirió que los siete consejeros revisen personalmente las carpetas de los 28 postulantes —cuatro cada uno— para comprender los criterios de puntuación antes de emitir una decisión.

Fantoni defendió el informe

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, votó a favor del informe. Sostuvo que, de acuerdo con la Constitución, son las comisiones ciudadanas las encargadas de llevar adelante los concursos y que el Pleno debe limitarse a conocer los informes y permitir el avance de las siguientes etapas.

Al final, con tres votos a favor, dos en contra y la abstención de Gilbert, el informe de la Comisión Ciudadana de Selección no fue aprobado. En consecuencia, el proceso aún no avanza a la siguiente etapa.

Lo que debes saber

• Gremios advierten que la reforma judicial en Ecuador pone en riesgo la independencia interna.
• Cuestionan la falta de veedurías y el control absoluto en la selección y sanción de jueces.
• Legisladores y juristas alertan que el proyecto actual podría ser declarado inconstitucional.

Los abogados en libre ejercicio y organizaciones de la sociedad civil advierten, al menos, cinco problemas en el proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. El texto fue elaborado por la Comisión de Justicia, presidida por la oficialista Rosa Torres (ADN), y será ajustado antes de pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate.

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Los reparos a la propuesta se difundieron en varios pronunciamientos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), que agrupa a los representantes de los Colegios de Abogados del país, así como del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) y del Centro Justicia y Género.

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Alertas por la independencia judicial en Ecuador

Los profesionales del Derecho alertan que el proyecto podría afectar la independencia judicial porque plantea que la selección de jueces y autoridades judiciales la realice un comité de cuatro académicos, cuyos integrantes serán designados por el Viceministerio de Educación Superior, una dependencia del Ejecutivo. “Al tener cuatro miembros, sin voto dirimente, existe alta probabilidad de empate y parálisis institucional”, dice el Observatorio dirigido por la constitucionalista María Dolores Miño.

Otro tema que cuestionan es la creación de un “director de Control Disciplinario”, quien iniciará sumarios administrativos contra jueces por un error inexcusable, sin la resolución de un magistrado, como ocurre actualmente.

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También se plantea aplicar pruebas de confianza y evaluación de operadores judiciales con el polígrafo, volumen de causas resueltas, entre otros.

Pero los puntos que han causado mayor preocupación se relacionan con la posible afectación al derecho a la defensa, por las sanciones que se sugieren contra los abogados en libre ejercicio, y por la escueta protección a jueces y fiscales.

Reforma no toca el problema de la falta de jueces

El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez Barrera, manifiesta que la propuesta “tiene buenas intenciones”. Sin embargo, considera que varios puntos de la reforma “entorpecen el tema y otros son medianamente apartados de la realidad”. Acepta que sí se debe sancionar a los abogados por temas disciplinarios, pero no por situaciones que la ley permite bajo el argumento de que se “dilatan los procesos”.

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Para el jurista, “ese no es el fondo del problema. Más importante es que no hay audiencias porque no existe el suficiente número de jueces o porque los magistrados tienen varios despachos y deben suspender audiencias para atender otras ya programadas. Más importante es controlar a la Judicatura, que hace cambios de jueces que tienen que ver con otra materia: de Niñez a Penal o viceversa, y no son compatibles. Eso provoca suspensión de audiencias o que lleguen a las diligencias con temor y causan retrasos”.

Gremio alerta de una metida de mano a la justicia

Annabell Guerrero Pita, directora del Centro Justicia y Género, señala que la propuesta “es preocupante porque se busca meter la mano a la justicia con ese comité académico, que está vinculado al Ejecutivo y no prevé la conformación de veedurías. Es prescindir del escrutinio público”.

A eso añade “el problema de centrar en una sola autoridad la potestad del control disciplinario. Es grave porque las sanciones deben ser debatidas, pero se prevé dar un control absoluto. Además, es muy ambiguo decir que se sancionará a los abogados que falten al respeto a un operador de justicia. Muchos hemos cuestionado a operadores de justicia, como lo hicimos contra Wilman Terán o a Mario Godoy. Dimos la cara en los medios, pero con esto, la impresión que tenemos es que se busca acallar esos cuestionamientos, amedrentar”.

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Según Yánez, “el mayor problema de la justicia es la corrupción, pero no se está atendiendo como se debe”. Cree que debería ser obligatorio que todos los miembros de la Función Judicial (desde secretarios a jueces) rindan informes a la Contraloría, UAFE, SRI “cada cierto tiempo, con eso se controlaría un poco”. No obstante, cuestiona que “no se vean soluciones para modernizar el sistema procesal, ni se hable nada de la independencia judicial, porque sin ella no hay justicia”.

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EXPRESO buscó a la asambleísta Torres para conocer su punto de vista sobre los temas cuestionados de la reforma. No hubo respuesta.

Sin embargo, el legislador César Palacios, de la Revolución Ciudadana (RC) y miembro de la mesa de Justicia, asegura que la comisión está al tanto de los cuestionamientos y que insistirá en que “se invite a los grupos que se sientan amenazados” con la propuesta.

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Coincide en que la “principal preocupación es el mecanismo de designación de nuevos jueces, porque el comité propuesto tendría injerencia del Ejecutivo”. También mencionó el proceso para sancionar a jueces y abogados. “No se puede perseguir a quienes ejercen libremente”.

En caso de no tomarse los correctivos, Yánez y Guerrero observan que la reforma podría ser demandada como inconstitucional y hasta generar problemas en los procesos de administración de justicia.

Lo que debes saber 

• Organizaciones de derechos humanos y la Corte Nacional cuestionaron vacíos en la reforma sobre desaparición forzada.
• Asfadec propuso crear una dirección especializada dentro de la Fiscalía para investigar estos casos.
• Inred pidió eliminar tiempos de espera para denuncias y reconocer el derecho a la verdad de las familias.

La reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas recibió nuevas observaciones durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y delegados de la Corte Nacional de Justicia coincidieron en que el proyecto debe ampliarse para evitar vacíos legales y garantizar una respuesta más efectiva ante posibles casos de desaparición forzada.

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La discusión se produce tras la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, que ordenó incorporar mecanismos especiales para la búsqueda e investigación cuando existan indicios de participación estatal en una desaparición.

Durante la jornada, los comparecientes insistieron en que la incorporación de la figura de “presunta desaparición forzada” no puede limitarse a un cambio terminológico y debe ir acompañada de reformas estructurales que fortalezcan la búsqueda, la investigación y el acceso a la información.

Reforma a ley de desapariciones enfrenta observaciones jurídicas

Sofía Cando, asesora jurídica de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), respaldó el espíritu de la reforma, pero advirtió que la propuesta debe armonizarse con el resto de la normativa vigente para evitar problemas en su aplicación.

“La categoría de presunta desaparición forzada debe armonizarse con todo el contenido de la ley a fin de evitar contradicciones, vacíos normativos o dificultades en su aplicación práctica”, afirmó durante su intervención.

La representante de Asfadec sostuvo que la desaparición forzada no debe entenderse únicamente cuando intervienen directamente agentes estatales. Explicó que la legislación también debe contemplar situaciones en las que existan autorizaciones, apoyo, tolerancia u omisiones de autoridades públicas, tal como ocurre en el Código Orgánico Integral Penal y en los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, planteó que la reforma establezca qué autoridad tendrá la facultad de determinar inicialmente una presunta desaparición forzada, bajo qué criterios se activarán las rutas especializadas y cuáles serán las obligaciones concretas de las instituciones desde el primer momento de la denuncia.

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Asfadec propone crear dirección especializada en Fiscalía

Entre los planteamientos presentados por Asfadec consta la creación de una Dirección Nacional de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas y Extraviadas dentro de la Fiscalía General del Estado.

“Esta dirección debe contar con autonomía técnica, presupuesto propio, personal especializado, equipos interdisciplinarios y capacidad de coordinación nacional e internacional”, señaló Cando.

Según la organización, esta estructura permitiría enfrentar problemas recurrentes como la rotación de fiscales, la pérdida de continuidad en los casos, la dispersión institucional y las demoras en diligencias consideradas urgentes para localizar a las víctimas.

También pidieron fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como evitar prejuicios o presunciones de desaparición voluntaria que retrasen la activación de alertas y protocolos de búsqueda.

"Uno no puede ser juez y parte", advierte abogado de Asfadec

David Aróbere, coordinador de la Red de Abogados Voluntarios de Asfadec, expuso varios problemas que, a su criterio, persisten desde la aprobación de la ley vigente.

Uno de ellos es la falta de un registro único y confiable de personas desaparecidas en Ecuador. Según explicó, actualmente existen bases de datos dispersas entre distintas instituciones públicas que no coinciden entre sí.

“No podemos tener un solo registro oficial, lo cual evidentemente nos complica muchísimo tener conciencia de un registro verídico”, manifestó.

Aróbere también cuestionó la falta de especialización de fiscales y policías encargados de investigar desapariciones y señaló que muchas diligencias urgentes no se ejecutan oportunamente, lo que termina afectando la obtención de pruebas.

El abogado fue más allá al referirse a los casos de desaparición forzada y advirtió posibles conflictos en las investigaciones cuando los presuntos responsables pertenecen al propio Estado.

“Uno no puede ser juez y parte”, sostuvo, al proponer que organizaciones sociales participen en mecanismos de vigilancia y control de los procesos para garantizar transparencia cuando existan sospechas sobre la actuación de instituciones públicas.

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Corte Nacional alerta sobre problemas en definición de desaparición forzada

La Corte Nacional de Justicia también presentó observaciones técnicas al proyecto de reforma. El juez nacional Lauro Javier de la Cadena destacó la importancia del activismo de las organizaciones de familiares de desaparecidos y consideró que sus aportes deben ser incorporados en el debate legislativo.

“El Estado como tal es responsable de brindar una respuesta inmediata, una respuesta oficiosa y una respuesta exhaustiva ante la desaparición de una persona”, afirmó.

Por su parte, Diego Sebastián Campoverde, subcoordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional, recordó que la sentencia constitucional derivada del caso de los niños de Las Malvinas ordenó tres medidas específicas: presumir la desaparición forzada cuando existan indicios de participación estatal, impedir que las instituciones aleguen reserva para ocultar información y crear mecanismos de coordinación para la búsqueda.

Sin embargo, señaló que la propuesta aún presenta problemas conceptuales.

“La desaparición forzada no solamente es la causa de acciones de agentes del Estado, sino también de quienes participan con su aquiescencia o con su consentimiento”, explicó.

Asimismo, recomendó que la futura ley incorpore protocolos específicos para coordinar las actuaciones de todas las instituciones involucradas y que se incluya a organizaciones de la sociedad civil dentro de los mecanismos de seguimiento y veeduría.

Inred cuestiona figura de “presunta desaparición forzada”

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inred) también expuso una serie de observaciones durante la sesión. Andrea Toapanta, integrante del área jurídica de la organización, señaló que la denominación “presunta desaparición forzada” genera preocupaciones desde el enfoque internacional de derechos humanos.

“La normativa e instrumentos internacionales de derechos humanos no contempla esta denominación”, afirmó. La jurista explicó que la legislación internacional exige la activación inmediata de mecanismos de búsqueda cuando existan indicios de participación estatal, sin necesidad de crear categorías intermedias que puedan generar incertidumbre o retrasos.

Toapanta también insistió en la necesidad de fortalecer los registros estadísticos sobre desapariciones, incorporando variables relacionadas con edad, sexo, identidad de género, nacionalidad, origen étnico y circunstancias del hecho para identificar patrones de riesgo y mejorar las políticas públicas.

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Organizaciones exigen derecho a la verdad y búsqueda sin demoras

Diana Salomé León, coordinadora legal de Inred, presentó seis propuestas adicionales basadas en estándares internacionales de derechos humanos. La primera fue eliminar cualquier interpretación que permita exigir tiempos de espera antes de denunciar una desaparición.

“Las primeras horas son las más críticas para localizar a una persona con vida y cada hora perdida reduce exponencialmente esa posibilidad”, sostuvo. Además, pidió que la búsqueda de personas desaparecidas funcione de manera independiente de las investigaciones penales, para evitar que la paralización de un proceso judicial frene los esfuerzos para encontrar a la víctima.

La organización también propuso reconocer expresamente el derecho a la verdad como un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, garantizar la participación activa de los familiares en la construcción de hipótesis de búsqueda y establecer mecanismos públicos para medir la efectividad de la ley.

“Las familias no son destinatarias pasivas de información, son actores fundamentales en la búsqueda”, enfatizó León.

Al cierre de la sesión, la Comisión de Seguridad solicitó que todas las observaciones presentadas sean remitidas formalmente para ser analizadas en la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reforma.

Lo que debes saber

• Una denuncia pide investigar el destino de recursos entregados a Zofragua S.A.
• Cuatro personas son señaladas por presuntas irregularidades en el caso.
• La empresa fue cancelada pese a haber recibido millonarios desembolsos del Estado.

Formalizado. Ante la Fiscalía General del Estado fue presentada una ‘notitia criminis’ contra cuatro personas sospechosas de la presunta desaparición de recursos públicos que la empresa Zofragua S. A. recibió tras ganar un juicio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, cuando la compañía se encontraba en proceso de liquidación.

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Una denuncia

Según la denuncia, en esta presunta irregularidad habrían participado Carlos Cadena Asencio, liquidador de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías); Leónidas Plaza Verduga, ex procurador judicial de Zofragua; Daniel Falconí Heredia, exviceministro de Finanzas; y Luis Idrovo Murillo, intendente nacional de Compañías de la SuperCías. El abogado Gastón Alarcón Obando los señala por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado.

En total, el Estado habría desembolsado $16’857.433,51 a favor de Zofragua S. A., mediante dos pagos relacionados con el litigio mantenido con la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Sin embargo, según la denuncia, no existiría un registro claro sobre su destino final.

El primer desembolso ascendió a $4’793.769,42 y se realizó en 2019. El segundo, por $12’063.664,09, se concretó el 22 de diciembre de 2023, luego de que el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, suscribió un convenio de pago con Carlos Cadena Asencio para cancelar la obligación mediante un bono del Estado con plazo de seis años.

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¿Qué pasó con los recursos entregados a Zofragua?

El pago realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil se originó tras el fallo emitido por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con la ‘notitia criminis’, Zofragua operaba la zona franca del puerto de Guayaquil bajo un contrato de comodato desde 2001, pero en 2012 la entidad pública rescindió unilateralmente el acuerdo, lo que motivó a la empresa a presentar una demanda por daños y perjuicios. No obstante, pese a que la empresa en liquidación habría recibido estos recursos, Zofragua S. A. fue posteriormente cancelada por disposición del entonces intendente nacional de Compañías. La principal interrogante que plantea la denuncia es qué ocurrió con el dinero transferido a la compañía y quiénes habrían administrado esos fondos.

Una de las pistas sobre el destino del primer desembolso realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil consta en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. En ese documento, César Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, menciona “la suma de $ 4’793.769,42 (por concepto de indemnización a Zofragua S. A.), que según menciona el liquidador, fue cobrada por el procurador judicial Dr. Leónidas Plaza Verduga el 20 de junio de 2019”, por la defensa que ejerció su estudio jurídico.

Según la resolución, esta información fue proporcionada por el liquidador durante el proceso de revisión de la compañía. El documento no detalla el destino de los recursos ni registra su ingreso a las cuentas de Zofragua S. A.

De acuerdo con la resolución, el liquidador había indicado que la firma supuestamente mantenía una deuda con Leónidas Plaza Verduga por concepto de honorarios profesionales derivados de gastos judiciales acumulados durante más de seis años. El monto ascendía a $2’396.884,71 y, según lo expuesto por Cadena Asencio, los intereses por mora habrían elevado esa obligación a una cifra que “superaba con creces” el valor que la compañía tenía pendiente de cobrar.

Cadena Asencio habría reconocido esa obligación mediante la suscripción del Acta de Mediación No. 090102-2020-00099, dentro del juicio No. 09332-2019-08056, tramitado en la Unidad Judicial Civil Norte con sede en Guayaquil. Sin embargo, el denunciante sostiene que no existen facturas ni un contrato de honorarios que respalden esos valores y asegura que dicho pasivo tampoco constaba registrado en los estados financieros de la firma.

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Segundo desembolso

Respecto al segundo desembolso realizado por el Estado, Alarcón solicita que la Fiscalía determine cuál fue el destino de esos recursos. Su pedido se sustenta en que 13 meses después de la suscripción del acuerdo de pago, la SuperCías dispuso la cancelación definitiva de Zofragua S. A.

Mediante la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2025-00000984, el intendente nacional de Compañías, Luis Idrovo Murillo, ordenó la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil, junto con otras 15 compañías. La decisión se fundamentó en que la declaratoria de disolución de esas empresas había sido emitida al menos siete años antes, conforme a lo establecido en la Disposición General Segunda de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías.

Zofragua S. A. fue inscrita el 11 de diciembre de 2000 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Según la resolución de la SuperCías, la firma ocupaba el séptimo lugar en el listado de 15 empresas cuya cancelación fue ordenada.

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Los activos que desaparecieron de los balances

A las interrogantes sobre el destino de los recursos transferidos por el Estado se suma otra inconsistencia detectada en la documentación de Zofragua S. A.: la aparente desaparición de sus activos, pasivos y patrimonio. Según la resolución suscrita por César Poveda Valdivieso, el liquidador Carlos Cadena Asencio presentó en julio de 2023 un balance inicial, con corte al 28 de febrero de 2019, en el que todos esos rubros constaban en cero.

Sin embargo, los estados financieros correspondientes a 2010 reflejaban una realidad distinta. Para entonces, la compañía registraba activos por $3’563.152,46, pasivos por el mismo monto y un patrimonio de $42.125,90, una diferencia que el denunciante considera clave para determinar qué ocurrió con los bienes y obligaciones de la empresa antes de su cancelación

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Los involucrados no respondieron

EXPRESO solicitó una entrevista a Cadena Asencio, Plaza Verduga e Idrovo Murillo mediante correos electrónicos enviados a sus direcciones registradas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. Falconí indicó que su abogado, Andrés Salazar, atendería las consultas que no fueron resueltas hasta el cierre de la publicación.

Lo que debes saber 

• La escalada de la violencia en Ecuador ha transformado el escenario político, desplazando el tradicional eje izquierda-derecha por uno centrado en la seguridad y el miedo como principal preocupación ciudadana.
  
• El aumento de homicidios y el impacto de la delincuencia en más de la mitad de los hogares han llevado a que los votantes prioricen las propuestas de orden y seguridad por encima de las diferencias ideológicas tradicionales.
  
• Como resultado, candidatos de distintas corrientes políticas han convergido en discursos y propuestas securitarias, reflejando una reconfiguración del debate público marcada por la crisis de violencia.

En febrero de 2022, dos cadáveres aparecieron colgados de una cuerda en el puente peatonal de Durán. En los cuatro meses anteriores, ese corredor entre Guayaquil y su ciudad satélite había registrado cinco decapitaciones. Ese episodio era el anuncio de que en cuatro años Ecuador se convertiría en uno de los países más violentos de América Latina y experimentaría, en paralelo, una mutación política igual de profunda: el desplazamiento del eje izquierda-derecha por uno nuevo, más primitivo y estructurado en torno al miedo.

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La ciencia política comparada tiene un nombre para lo que vive Ecuador y distintos países de América Latina: democracias securitistas. Son regímenes en el que las elecciones se celebran, pero el miedo contrae el debate público hasta reducirlo a una sola dimensión: la seguridad como condición de todo lo demás.

En 2021, Ecuador registró 2.440 muertes violentas, con una tasa de 13,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía Nacional. Cuatro años después, esa cifra llegó a 9.216 según el Ministerio del Interior, con una tasa de 50,01 de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), convirtiendo al 2025 en el año más violento de su historia. 

La tasa se multiplicó por 3,6 en menos de un lustro. El dato más íntimo de esa catástrofe lo entrega una encuesta de Click Report de enero de este año: el 51,88% de los hogares ecuatorianos tuvo una víctima de delincuencia en los últimos doce meses.

En el momento en que la violencia alcanza esa densidad y permea la experiencia cotidiana de más de la mitad de los hogares, las categorías programáticas que históricamente estructuraban la competencia electoral pierden poder predictivo. En contextos de inseguridad extrema, el votante no abandona sus preferencias sobre economía o redistribución, pero las jerarquiza de otro modo.

Es ahí donde el eje izquierda-derecha se fractura porque deja de ser el organizador principal de la decisión electoral. Un votante histórico de izquierda puede cruzar hacia un candidato de derecha dura si lo percibe como más creíble en seguridad, y viceversa. Es decir, el clivaje ya no es solo ideológico clásico, es securitario.

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El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado a las puertas de un coliseo escolar en Quito. Era candidato presidencial. Faltaban once días para las elecciones. El contrato por su vida superó los 200.000 dólares, según un testigo protegido por la Fiscalía. Ese crimen fue el momento en que Ecuador cruzó un umbral sin retorno. No porque el crimen organizado haya tomado el Estado, sino porque demostró que el monopolio de la violencia (fundamento weberiano del Estado moderno) es, en Ecuador, un monopolio en disputa.

Lo que se propuso contra la inseguridad en el 2025

Las propuestas electorales de 2025 son el documento más elocuente de esa reconfiguración. Daniel Noboa apostó por la continuidad del Bloque de Seguridad y el eje con Washington en crimen organizado. Luisa González, desde Revolución Ciudadana, históricamente de izquierda, propuso restablecer el Ministerio de Seguridad, depurar las fuerzas del orden e implementar inteligencia para identificar patrones delictivos. La diferencia es de énfasis institucional, no de dirección.

El securitismo no eligió bando, los obligó a ambos a elegirlo a él. Entre los candidatos menores, el termómetro subió más: cadena perpetua, pena de muerte, muro fronterizo con Colombia. Propuestas jurídicamente inviables cuyo atractivo no reside en su factibilidad sino en su valor expresivo frente al colapso institucional.

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Hay una paradoja en el centro de este proceso: el crimen organizado, al expandir su violencia, produjo efectos políticos que ningún actor conservador habría logrado solo. Desplazó el debate hacia el terreno donde el discurso del orden tiene ventaja comparativa y podría haber debilitado las posiciones que defendían garantías procesales.

El eje izquierda-derecha no ha desaparecido. Persiste en los debates sobre economía y redistribución, y ambos polos tienen tradiciones programáticas distintas frente a la violencia. La izquierda históricamente ha apostado por enfoques estructurales (desigualdad, prevención, reforma institucional); la derecha, por respuestas punitivas (militarización, mano dura, cero tolerancia). Esa distinción existe en los documentos, en la retórica, en la memoria partidaria.

Sin embargo, en un contexto de crisis extrema, la urgencia del miedo produce una convergencia forzada hacia el centro securitario que aplana esas diferencias en la práctica electoral. González y Noboa tenían visiones distintas sobre seguridad, pero ambos competían como garantes del orden, no como representantes de dos modelos distintos de sociedad.

El miedo no es ausencia de ideología, es ideología en su forma más primitiva.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa creó una nueva estructura para coordinar empleo, capacitación y emprendimiento.
• Jóvenes y personas vulnerables estarán entre los grupos priorizados por la estrategia.
• El INEC administrará una plataforma que recopilará información sobre demanda laboral y resultados.

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el 10 de junio de 2026 en Guayaquil el Decreto Ejecutivo 419, mediante el cual creó el Sistema Nacional de Empleabilidad, Emprendimiento y Futuro del Trabajo. La iniciativa busca coordinar políticas públicas relacionadas con capacitación, inserción laboral y desarrollo productivo en un contexto marcado por los desafíos del mercado de trabajo en Ecuador.

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La medida surge mientras el país enfrenta retos vinculados al desempleo, subempleo y la necesidad de adaptar las competencias de los trabajadores a los cambios tecnológicos y productivos. El decreto sostiene que la transformación de la economía exige fortalecer el talento humano y mejorar la conexión entre formación y oportunidades laborales.

La nueva estructura tendrá alcance nacional y reunirá a varias instituciones públicas para coordinar programas que actualmente operan de forma independiente. El objetivo es generar una ruta de atención que permita a los ciudadanos acceder a servicios vinculados al empleo o al emprendimiento de manera articulada.

¿Qué es el Sistema Nacional de Empleabilidad?

El núcleo de la iniciativa está contenido en el artículo primero del decreto. Allí se establece que el sistema funcionará "como un mecanismo de articulación y coordinación interinstitucional, sin personalidad jurídica propia, integrado por entidades, políticas, programas, servicios e instrumentos técnicos orientados a fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo de capacidades".

A diferencia de otros programas específicos, esta herramienta no crea una nueva entidad estatal. Su función será coordinar acciones entre organismos que ya tienen competencias relacionadas con empleo, educación, capacitación y desarrollo humano.

El sistema estará integrado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el ente rector de desarrollo humano. El Ministerio del Trabajo asumirá la rectoría y supervisión de la estrategia.

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Jóvenes y mujeres estarán entre los grupos priorizados

Aunque el decreto establece que los servicios serán de acceso universal, también determina que existirán criterios de priorización para determinados sectores de la población. Entre ellos figuran mujeres, adolescentes y jóvenes que se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

La estrategia se organizará a través de dos grandes ejes. El primero será el Ciclo de Empleabilidad, enfocado en fortalecer capacidades, capacitación, certificación y acceso al mercado laboral. El segundo será el Ciclo de Emprendimiento o Autoempleo, orientado al desarrollo de iniciativas productivas.

Cada persona podrá recorrer distintas etapas dentro del sistema, desde el registro inicial hasta la verificación de resultados. Las entidades involucradas deberán realizar seguimiento para determinar si los usuarios lograron conseguir empleo, mejorar sus ingresos o consolidar un emprendimiento.

Comité definirá metas, indicadores y prioridades

Entre sus atribuciones constan la aprobación de lineamientos operativos, la definición de criterios de acceso, la fijación de metas y la elaboración del plan de implementación. También tendrá la facultad de coordinar acciones con otras instituciones públicas y actores privados.

El comité podrá además evaluar periódicamente los resultados alcanzados y emitir recomendaciones para ajustar programas relacionados con empleo, capacitación o emprendimiento cuando sea necesario.

El INEC administrará una nueva plataforma laboral

Otro de los componentes centrales del decreto es la creación del Sistema de Información de Empleabilidad, Emprendimiento y Futuro del Trabajo (SIEEFT), que estará bajo la administración del INEC. Esta herramienta concentrará información relacionada con empleo, capacitación y necesidades del mercado laboral.

La disposición señala que el sistema servirá para "integrar y sistematizar información de demanda laboral, perfiles ocupacionales requeridos por el sector empleador, necesidades de formación de talento y oferta de servicios del Sistema".

Con esos datos, las instituciones participantes podrán identificar sectores con mayor demanda de trabajadores, analizar tendencias productivas y orientar de mejor manera las decisiones sobre capacitación y desarrollo de habilidades. Además, se generarán reportes para evaluar el impacto de las políticas implementadas.

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La implementación será progresiva

Aunque el decreto ya está vigente desde su firma, la aplicación de todos sus componentes no será inmediata. El propio documento establece que el despliegue dependerá de la disponibilidad presupuestaria, la capacidad operativa de las instituciones participantes y el desarrollo de herramientas tecnológicas necesarias para su funcionamiento.

La normativa también aclara que la creación del sistema no implica automáticamente la entrega de bonos, becas, subsidios o incentivos económicos para los usuarios. Cualquier beneficio estará sujeto a la normativa vigente y a la disponibilidad de recursos estatales.

Como parte de las disposiciones transitorias, las entidades que integrarán el comité tendrán un plazo de 15 días para designar a sus delegados permanentes y alternos. Posteriormente, el organismo deberá instalarse en un máximo de 30 días tras la publicación del decreto en el Registro Oficial.

Lo que debe saber

• La salida de Diana Atamaint del CNE no fue una decisión repentina. Las diferencias con sus aliados crecieron durante los últimos meses.
• Las decisiones sobre la cancelación de Unidad Popular y el manejo de las convocatorias al Pleno aparecen como signos de la fractura.
• Mientras una nueva mayoría tomó el control del CNE, expertos plantean distintas lecturas sobre el cambio.

Diana Atamaint fue reemplazada en el cargo de presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) después de que dos de los consejeros que durante siete años sostuvieron su mayoría aportaran los votos para removerla. Pero hay dos elementos que marcaron un quiebre en el Pleno: el manejo de las sesiones del Pleno y la pugna entre fuerzas políticas por manejar el órgano electoral, según lo analizan dos expertos en temas electorales.

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Atamaint perdió la mayoría meses atrás

Para Esteban Ron, la presidencia de Atamaint ya era inestable debido a los cuestionamientos por las deficiencias en la aplicación de las normativas. “Si tenía una mayoría con (Enrique) Pita y José Cabrera, esta ya venía siendo itinerante desde hace algún tiempo”.

Sobre este punto, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, para la cancelación del movimiento Unidad Popular, los votos determinantes fueron los de los suplentes José Merino y Mónica Noriega. Pita se ausentó de las sesiones clave sobre esa organización y Cabrera nunca se mostró abiertamente a favor de dicha decisión.

Otro elemento importante fue lo ocurrido durante el último mes, precisamente en el manejo de las sesiones para adoptar decisiones. Ese tema quedó en evidencia la tarde del miércoles pasado, cuando Atamaint intentó instalar una sesión, pero no pudo hacerlo porque Cabrera y Elena Nájera abandonaron la reunión.

El antecedente para la remoción

El conflicto se originó por la participación de Esthela Acero. La consejera cuenta con un permiso por maternidad que le otorga horarios específicos durante el día para la lactancia. Nájera, durante la sesión del miércoles, acusó a Atamaint de utilizar esa circunstancia para convocar en un horario en el que Acero no podía asistir y, de esa manera, dar paso a la participación de Merino.

De hecho, el cruce entre Atamaint y Cabrera se produjo porque la entonces presidenta del organismo buscó instalar la sesión antes de conocer los pedidos de participación de Acero. En la práctica, proceder de esa forma garantizaba la presencia de Merino.

“Nájera venía evidenciando el no cumplimiento de la normativa y a esto se sumó el haber perdido la mayoría utilizando al vocal Merino como comodín para jugar con las convocatorias”, dijo Esteban Ron.

Por otra parte, el experto en temas electorales Alfredo Espinoza planteó una explicación distinta sobre lo ocurrido. Recordó las declaraciones del máximo líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, quien sostuvo que parecería existir una estrategia para sacar de la contienda a quienes cuentan con respaldo electoral.

Indicó que los consejeros del CNE cuentan con apoyos de diferentes partidos políticos. En ese sentido, explicó que Atamaint ya no respondía a caudillos políticos como Nebot o el propio Rafael Correa, y que la reacción podría ser un intento de esas fuerzas políticas por recuperar influencia dentro del organismo electoral.

Así ocurrió la remoción y reemplazo

Ayer, la nueva mayoría encabezada por Cabrera reemplazó a Atamaint sin una argumentación extensa. La decisión se sustentó en las facultades que otorgan la Constitución, el Código de la Democracia y el Código Orgánico Administrativo para designar y remover a sus autoridades.

Acero, al presentar la moción para designar a Cabrera, entregó algunas pistas sobre las motivaciones. “Presidir el órgano electoral exige suficiencia ética, capacidad, experiencia y vocación de servicio”. También señaló que el CNE está obligado a ejercer sus funciones observando el cumplimiento de los principios normativos.

Al final, Cabrera ofreció que sus actuaciones estarán guiadas por la integridad y la eficiencia. “El Ecuador demanda instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía y capaces de responder por la actuaciones que realice este órgano”, mencionó.

Lo que debes saber

• Mónica Palacios reaccionó a la salida de Diana Atamaint de la presidencia del CNE.
• La asambleísta de la Revolución Ciudadana acusó al Gobierno de interferir en el proceso electoral.
• También cuestionó sanciones contra organizaciones políticas y autoridades locales.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, reaccionó a la designación de José Cabrera como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que Diana Atamaint dejara la presidencia del organismo. Durante un pronunciamiento público, la legisladora vinculó este cambio con la situación política y electoral que atraviesa el país.

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Palacios sostuvo que la gestión de Atamaint estuvo alineada con los intereses del Gobierno y cuestionó las decisiones adoptadas por el organismo electoral en los últimos meses. Según afirmó, varias de esas acciones han afectado a sectores políticos que mantienen una posición crítica frente al Ejecutivo.

“La artífice de la dictadura que se está consolidando en el Ecuador bajo el régimen de Daniel Noboa. Después de haber cumplido su misión de suspender organizaciones políticas y a los principales opositores de Daniel Noboa para las próximas elecciones, se va del CNE”, manifestó la asambleísta.

Mónica Palacios cuestiona al Gobierno tras cambios en el CNE

Durante su intervención, la legisladora aseguró que existe una estrategia para reducir la participación de fuerzas políticas opositoras en los próximos comicios seccionales. En ese contexto, mencionó a varias instituciones del Estado que, a su criterio, han intervenido en procesos que afectan a actores políticos contrarios al Gobierno.

Palacios señaló que organismos judiciales y electorales han tomado decisiones que, según dijo, han repercutido en la participación de determinados movimientos y autoridades locales. Además, sostuvo que estas medidas buscan limitar la competencia electoral.

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“Ahora está buscando desesperadamente que solamente los candidatos de ADN estén en la papeleta de estas elecciones seccionales. Se ha utilizado a autoridades e instituciones afines al Gobierno de Daniel Noboa, como la Fiscalía General del Estado, las cortes de nuestro país, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral”, afirmó.

La legisladora también aseguró que varios dirigentes y autoridades han sido afectados por decisiones institucionales. En su pronunciamiento mencionó casos que, según indicó, reflejan un escenario de persecución política contra sectores opositores.

Revolución Ciudadana denuncia exclusión electoral

Entre los temas abordados por Palacios estuvo la situación de la Revolución Ciudadana. La asambleísta cuestionó la sanción impuesta al movimiento político y aseguró que la medida busca impedir su participación en la contienda electoral.

Según expuso, la organización ha mantenido una postura de oposición frente al Gobierno y considera que la sanción responde a razones políticas. La legisladora sostuvo que esta decisión altera las condiciones de competencia de cara a futuras elecciones.

“Se suspendió de forma ilegal al mayor movimiento político de este país, al único movimiento político que ha sido una oposición democrática a Daniel Noboa. La Revolución Ciudadana fue sancionada por nueve meses para que no sea parte de la contienda electoral”, expresó.

Palacios también se refirió al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y cuestionó las sanciones que, según dijo, se han aplicado contra autoridades que mantienen discrepancias con el Gobierno. En su criterio, estas acciones forman parte de un patrón de medidas dirigidas contra figuras políticas opositoras.

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Críticas a Daniel Noboa por la situación del país

En la parte final de su intervención, la asambleísta dirigió sus críticas al presidente Daniel Noboa y sostuvo que la ciudadanía mantiene reclamos pendientes en áreas como salud y seguridad. Además, afirmó que el Gobierno no ha logrado responder a las principales necesidades de la población.

Palacios señaló que existen preocupaciones relacionadas con el abastecimiento de medicamentos y los niveles de violencia que enfrenta el país. También aseguró que la confianza ciudadana hacia el Ejecutivo se ha deteriorado durante los últimos meses.

“Ni aunque solamente esté su partido político en las próximas papeletas, ningún ecuatoriano va a volver a votar por usted o por su partido político. Los ecuatorianos seguimos esperando las medicinas en los hospitales y seguimos esperando que haya paz en las calles”, declaró.

Lo que debes saber

• Ecuador sumó 10 drogas sintéticas al control sanitario por riesgo de sobredosis y adicción.
• Seis opioides sintéticos fueron fiscalizados el 10 de junio por alerta de salud pública.
• El país creó 24 comités provinciales para prevenir el consumo de drogas emergentes.

El sistema de salud ecuatoriano amplió el listado de sustancias sujetas a fiscalización con la incorporación de 10 nuevos compuestos asociados a riesgos de adicción, intoxicaciones graves y sobredosis.

La decisión fue adoptada el 10 de junio de 2026 por el Comité Interinstitucional de Drogas como respuesta al crecimiento de sustancias sintéticas de alta potencia que han comenzado a generar preocupación en distintos sistemas de salud a escala internacional.

Opioides sintéticos concentran la mayoría de nuevas sustancias

De las 10 sustancias incorporadas al control sanitario, seis corresponden a opioides sintéticos relacionados con los llamados nitacenos, compuestos caracterizados por una potencia significativamente superior a la de otros opioides conocidos.

Según especialistas, estas sustancias pueden provocar sobredosis incluso en cantidades reducidas debido a su elevada capacidad de afectar el sistema nervioso central y comprometer la respiración.

Nuevos compuestos preocupan por su potencial de abuso

La actualización incluye sustancias como el N-pirrolidino isotonitaceno y la etonitacepina, identificadas en mercados internacionales por su potencial de dependencia y abuso.

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También fueron incorporados el cannabinoide sintético MDMB-FUBINACA, asociado a efectos impredecibles sobre el sistema nervioso, y el carisoprodol, un relajante muscular que puede generar dependencia cuando es utilizado de forma inadecuada.

Además, las autoridades añadieron un precursor químico empleado en la fabricación de drogas ilícitas, ampliando el enfoque de control hacia los procesos de producción y no únicamente al consumo.

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Control sanitario busca anticiparse a nuevas tendencias

La inclusión de estas sustancias permite activar mecanismos de regulación, vigilancia epidemiológica y monitoreo sanitario para detectar posibles brotes de consumo y reducir riesgos para la población.

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La medida se produce en un contexto de alertas internacionales sobre la expansión de los opioides sintéticos, considerados entre las drogas más peligrosas por su capacidad de causar paro respiratorio y muerte.

Como parte de esta estrategia, también se aprobó la creación de 24 comités provinciales destinados a fortalecer la prevención del consumo de drogas y coordinar acciones territoriales.

A diferencia de las drogas tradicionales, las sustancias sintéticas pueden modificarse químicamente con rapidez para generar nuevas variantes que dificultan los controles.

Política

Diana Atamaint deja la presidencia del CNE; José Cabrera asume el cargo

Daniel Alejandro Romero Páez

La antesala de la remoción de Atamaint se evidenció durante la sesión del Pleno del 10 de junio de 2026. Por primera vez en siete años, Cabrera mostró una diferencia que parecía irreconciliable con la entonces presidenta del organismo.

Atamaint y Cabrera fueron cercanos y aliados desde el inicio del actual periodo del CNE. Por ejemplo, cuando en el Pleno aún participaba el exvocal Luis Verdesoto —quien renunció a su cargo en 2021—, la mayoría estaba conformada por Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera. Enrique Pita y Verdesoto se identificaban como la minoría.

En el último tramo de la gestión de Atamaint, el escenario cambió, al punto de que los vocales suplentes cobraron relevancia. Sin embargo, la mayoría aún se sostenía con Cabrera y Pita de su lado. Esthela Acero, siempre con un perfil bajo, se mantuvo junto a ese bloque. Así, la única consejera que aparecía como opositora era Elena Nájera.

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El cambio de autoridades

Ahora, los votos de Nájera y Acero fueron determinantes para la designación de Cabrera como presidente. Fue la propia Acero quien mocionó la designación del ahora titular del CNE.

Un elemento importante es que Nájera no solo fue crítica de la gestión de Atamaint, sino también de la mayoría que la respaldaba. Así, durante las últimas elecciones generales denunció que las delegaciones provinciales estaban repartidas entre los integrantes de ese bloque.

La incógnita gira en torno a Enrique Pita. Hasta las 13:30 de este 11 de junio, el exvicepresidente del CNE no se había pronunciado. Además, estuvo ausente en la sesión de esta mañana, por lo que no existe una señal clara sobre cuál será su posición frente a la nueva mayoría.

Por ahora, Cabrera ha ofrecido una gestión transparente y eficiente. En medio del proceso electoral en curso, la mayoría que se configure en el CNE será determinante para garantizar la legitimidad de los comicios de 2026.

Lo que debes saber

• Finalización de funciones: Diana Atamaint concluye un periodo de ocho años al frente del CNE, dejando el cargo en pleno desarrollo del proceso para las elecciones seccionales de 2026. 
  
• Nuevo liderazgo: El pleno del organismo designó al consejero José Cabrera como el nuevo presidente de la institución para liderar los próximos comicios de noviembre.
  
• Gestión bajo escrutinio: La administración saliente estuvo marcada por procesos de fiscalización, tensiones con partidos políticos y la organización de elecciones anticipadas.

Este jueves 11 de junio de 2026, Diana Atamaint dejó el cargo como titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de ocho años de gestión. Este relevo institucional se produce en pleno desarrollo del proceso para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Tras su salida, el pleno del CNE asignó a José Cabrera como el nuevo presidente del organismo electoral.

A lo largo de su mandato, la administración de Atamaint estuvo marcada por una intensa actividad democrática y constantes controversias políticas. Bajo su dirección se organizaron procesos clave como las Elecciones Seccionales y del CPCCS (2019 y 2023), las Elecciones Generales (2021), las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas (2023), el referéndum y consulta popular de 2024, y los comicios presidenciales junto al referéndum constitucional de 2025

Política

¿Por qué removieron a Diana Atamaint de la presidencia del CNE? Las claves del cambio

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De las aulas y el activismo Shuar a la conducción del poder electoral

El ascenso de Atamaint a la palestra pública comenzó mucho antes de su llegada al poder electoral. Oriunda de Morona Santiago y actualmente de 54 años, hizo historia en 2006 al ser elegida diputada nacional por el movimiento Pachakutik, convirtiéndose en la primera mujer de la nacionalidad Shuar en acceder al Congreso. 

Posteriormente, durante el Gobierno de Rafael Correa, se desempeñó brevemente como Subsecretaria de la Amazonía en el Ministerio de Agricultura, cargo al que renunció para postularse con éxito como asambleísta en el periodo 2009-2013.

Su perfil combina la academia y la gestión pública: es ingeniera comercial por la Universidad de Cuenca, posee una maestría en Gestión del Desarrollo Social por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con experiencia en docencia universitaria.

Con este bagaje, en noviembre de 2018, el pleno del CNE la eligió como presidenta definitiva de la institución, acompañada por Enrique Pita en la vicepresidencia. La nueva directiva asumió de forma inmediata el reto de organizar las complejas elecciones seccionales y de consejeros del CPCCS de marzo de 2019.

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Juicio político en 2019: el primer gran desafío a su gestión

El debut de Atamaint no estuvo exento de turbulencias. Con apenas un año en el cargo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó en diciembre de 2019 un pedido de juicio político en su contra por presunto incumplimiento de funciones. 

La censura, impulsada por los entonces asambleístas del movimiento CREO, Jeannine Cruz y Fernando Flores, se fundamentó en la supuesta emisión de sentencias sin motivación en la delegación electoral de Los Ríos y la falta de atención al derecho de petición en el caso Yasuní.

Asimismo, los interpelantes la acusaron de no actuar oportunamente ante las denuncias presentadas por los propios consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto sobre supuestos actos de corrupción cometidos por un funcionario del organismo. A pesar de la presión política, en enero de 2020 la Comisión de Fiscalización archivó la causa al no alcanzar los votos necesarios para llevar el caso al Pleno de la Asamblea Nacional.

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Tensiones diplomáticas y observadores bajo la lupa en las presidenciales de 2021

Superado el fantasma del juicio político, la gestión de Atamaint enfrentó un riguroso escrutinio durante las elecciones generales de febrero de 2021. Días antes de los comicios, el vicepresidente Enrique Pita solicitó formalmente revocar la acreditación de los observadores internacionales españoles Juan Carlos Monedero y Manu Pineda.

Ambos ciudadanos habían publicado mensajes en la red social Twitter (ahora X) respaldando abiertamente al binomio del movimiento Revolución Ciudadana (Andrés Arauz y Carlos Rabascall) y alertando sobre supuestos planes oficiales para suspender los comicios.

Aunque Atamaint expresó públicamente su preocupación por el quiebre de los principios de imparcialidad y neutralidad que rigen la observación electoral, la revocatoria formal no llegó a concretarse antes de la jornada del 7 de febrero debido a los tiempos de los informes técnicos.

Finalmente, los delegados extranjeros permanecieron en el país bajo la figura de acompañamiento técnico, pero bajo una fuerte vigilancia mediática.

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Cuestionamientos de la Revolución Ciudadana en los comicios presidenciales

Las tensiones con los sectores políticos registraron un nuevo episodio durante el proceso de elecciones presidenciales, donde se disputaba la primera magistratura entre Luisa González y Daniel Noboa. En esa jornada, la gestión del organismo electoral fue cuestionada por integrantes del movimiento Revolución Ciudadana.

Frente a los señalamientos del expresidente Rafael Correa, quien afirmó que se habría configurado un perjuicio electoral mediante la supuesta alteración química de las papeletas de votación, Diana Atamaint rechazó públicamente dicha tesis.

Durante el acto de apertura de las urnas, la funcionaria aseguró que el material electoral se elaboró bajo estrictos protocolos de seguridad y control, los cuales contaron con la fiscalización de los delegados de las propias organizaciones políticas, incluida la agrupación interpelante.

Defensa de la imparcialidad y balance final ante las elecciones de 2026

En el tramo final de su mandato, Atamaint defendió con firmeza la independencia de la institución frente a acusaciones que la señalaban como supuesta operadora política del Ejecutivo. 

Las críticas se avivaron por la designación de un familiar suyo en el servicio exterior; sin embargo, la funcionaria aclaró que su hermano accedió a un puesto consular por méritos académicos propios y no por favores políticos.

Asimismo, defendió los avances técnicos alcanzados en el CNE, destacando la eliminación de los históricos "apagones informáticos" y la agilidad en la entrega de resultados oficiales aceptados por las organizaciones políticas. 

Respecto a la depuración del registro partidario, la presidenta saliente dejó en marcha los procesos de descargo para agrupaciones como Unidad Popular y Construye, dejando un mapa electoral de 14 organizaciones nacionales habilitadas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

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Diana Atamaint deja la presidencia del CNE; José Cabrera asume el cargo

Daniel Alejandro Romero Páez

El cierre de un ciclo y el reto inmediato de José Cabrera

La salida de Diana Atamaint concluye un periodo de ocho años al frente del Consejo Nacional Electoral. Tras convertirse en la primera mujer de la nacionalidad Shuar en presidir el organismo rector del sufragio en Ecuador, su administración finaliza tras coordinar los procesos electorales de la última década. 

A partir de este relevo, la dirección asumida por José Cabrera tiene la responsabilidad de organizar las elecciones seccionales programadas para noviembre de 2026, en un entorno político que requiere la aplicación de las normativas vigentes y la imparcialidad de la institución.

Lo que debes saber

• Atamaint hizo un balance de los logros alcanzados durante su gestión en el CNE.
• La exfuncionaria resaltó la organización de más de 20 procesos electorales en el país.
• También envió un mensaje de respaldo a la institucionalidad democrática del país.

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, publicó el jueves 11 de junio de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que se despide de la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y respalda la nueva conducción institucional. La publicación ocurre un día después de que el Pleno del organismo electoral resolviera un cambio en la presidencia y designara al consejero José Cabrera como nuevo titular de la entidad.

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Balance de una gestión electoral

En la carta titulada “A mi país”, Atamaint agradece la oportunidad de haber liderado el organismo y destaca que durante su gestión se organizaron más de 20 procesos electorales nacionales y locales. Según señala, esos comicios permitieron la elección de más de 20.000 autoridades, “resultado de la voluntad popular y la transparencia”.

La exfuncionaria también hace un balance de su paso por el CNE. Sostiene que uno de sus principales objetivos fue acercar la institución a la ciudadanía, promover una mayor participación política de mujeres y jóvenes, fortalecer los vínculos con las organizaciones políticas y consolidar la cooperación internacional alrededor de los procesos electorales ecuatorianos.

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Un agradecimiento al cierre de su etapa

En su mensaje, Atamaint afirma que el trabajo realizado “ha sido reconocido por las misiones de observación internacional” y atribuye los resultados alcanzados al esfuerzo conjunto de funcionarias, actores políticos y ciudadanos. Además, reconoce que aún existen desafíos para el sistema democrático y señala que el país requerirá fortaleza y voluntad para continuar fortaleciendo las instituciones electorales.

La expresidenta del CNE concluye con un mensaje de gratitud dirigido a su familia, equipo de trabajo, organizaciones políticas, ciudadanía y funcionarios electorales. Aunque deja la presidencia del organismo electoral, asegura que seguirá defendiendo la democracia desde cualquier espacio en el que se encuentre. Su pronunciamiento se produce en medio de la transición de mando en el organismo electoral, que desde ahora estará encabezado por José Cabrera.

Lo que debes saber

• José Cabrera asume la presidencia del CNE en reemplazo de Diana Atamaint.
• El nuevo titular del CNE fue designado este 11 de junio de 2026 en Ecuador.
• Cabrera es ingeniero informático y tiene amplia experiencia electoral y pública.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó este 11 de junio de 2026 al consejero José Cabrera como nuevo presidente del organismo electoral de Ecuador. Con esta decisión, la institución finaliza el periodo de cerca de ocho años de Diana Atamaint al frente de la entidad pública, marcando un cambio clave en la directiva para los próximos procesos democráticos del país.

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Trayectoria de José Cabrera en el sector público y electoral

El nuevo presidente del CNE cuenta con una trayectoria estructurada dentro de la función electoral y estatal:

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En el sector privado, Cabrera se ha desempeñado como consultor-auditor y empresario enfocado en el desarrollo de software financiero.

José Cabrera promete liderar la institución

Tras ser designado nuevo presidente del CNE, José Cabrera sostuvo que su administración trabajará en conjunto con los funcionarios electorales y que las elecciones seccionales se desarrollarán con normalidad y transparencia. Cabrera también hizo hincapié en que su presidencia no dará órdenes "que sean incorrectas o ilegales".

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Cambio en el CNE sucede en el marco de las seccionales de 2026

El cambio de mando en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sucede en medio del desarrollo del calendario electoral de las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

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Según el calendario, el 18 de junio de 2026 iniciará la etapa de democracia interna para que las organizaciones políticas elijan a sus candidatos para las seccionales. Asimismo, en este periodo se registrarán las alianzas electorales.

Tras varios meses de sesiones virtuales, el Pleno volvió a reunirse de forma presencial. La sesión se realizó en el auditorio del CNE y contó con la convocatoria de los cinco vocales principales del organismo.

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Diana Atamaint deja la presidencia del CNE; José Cabrera asume el cargo

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El único punto del orden del día fue conocer y resolver quién ejercerá la representación administrativa, legal y extrajudicial de la institución. La consejera Esthela Acero fue la encargada de mocionar a José Cabrera como nuevo presidente del CNE.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 11:00 de este jueves. Se desarrolló con la presencia de Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera. Enrique Pita no asistió. En su lugar actuó el vocal suplente José Merino.

Durante la primera sesión de la mañana, Merino cuestionó el cambio de autoridades. “No puedo guardar silencio cuando se pretende alterar la conducción institucional de este organismo en medio de un proceso electoral ya convocado. Los ecuatorianos tienen derecho a preguntarse por qué algunos han decidido abrir una crisis institucional”, señaló.

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El paso de Atamaint por la presidencia del CNE

Diana Atamaint fue posesionada como vocal del CNE en noviembre de 2018. Ese mismo año fue designada presidenta del organismo. Durante su gestión estuvo al frente de procesos electorales clave, como las elecciones generales de 2021, en las que Guillermo Lasso pasó a la segunda vuelta con un margen mínimo sobre Yaku Pérez.

También organizó las elecciones anticipadas de 2023, convocadas tras la declaratoria de muerte cruzada realizada por el entonces presidente Guillermo Lasso.

Su administración también estuvo marcada por decisiones polémicas. La más reciente estuvo relacionada con la cancelación del movimiento Unidad Popular. En ese proceso fue determinante la participación de consejeros suplentes. A partir de ese caso se evidenció el mecanismo utilizado por Atamaint para principalizar al consejero José Merino durante el permiso por lactancia de la vocal Esthela Acero.

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En la resolución que dispuso la cancelación de Unidad Popular fueron decisivos los votos de los suplentes. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal Contencioso Electoral.

Las claves de la salida de Diana Atamaint de la presidencia del CNE