Quito

“Duele profundamente”: exrector Édgar Samaniego dice que la universidad va de un escándalo a otro

Rosero Mariela

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador (FAPUC) expresó su preocupación por lo que considera una interferencia del HCU en el proceso electoral. 

El domingo 19 de julio del 2026, Jittomy Díaz, dirigente del gremio, señaló en entrevista con EXPRESO que el 13 de julio participaron de la sesión, para advertir sobre los riesgos de esta decisión. Según indicó, el órgano no tendría competencia para suspender o alterar el calendario electoral.

Díaz sostuvo que la mayoría del HCU —integrada por decanos y otros representantes— resolvió aplazar los comicios pese a conocer un informe del procurador de la universidad que, asegura, establece que ese organismo carece de atribuciones para suspender, prorrogar o intervenir en el proceso electoral.

Listas no calificadas en la U. Central acudieron a la justicia

La decisión se habría justificado por la existencia de cuatro acciones de protección presentadas por dos listas no calificadas, actualmente en trámite judicial. Eso mientras otras 111 candidaturas cumplieron con requisitos y fueron calificadas.

Sin embargo, la dirigente subrayó que la sola presentación de estos recursos no implica una orden judicial de suspensión ni habilita al Honorable Consejo Universitario (HCU) a tomar esa medida.

La Federación de Asociaciones de Profesores defendió que el Consejo Electoral de la universidad es la instancia competente para organizar, calificar y garantizar el desarrollo de las elecciones, así como para resolver en primera instancia las impugnaciones. 

En ese sentido, advirtió que cualquier intervención externa vulnera la institucionalidad, el derecho a la participación y el principio de cogobierno.

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Rosero Mariela

El gremio docente calificó la decisión como una extralimitación de funciones y sostuvo que sus efectos son “antidemocráticos”, al afectar a las listas que cumplieron los requisitos y fueron inscritas en las 21 facultades de la institución.

Finalmente, la Federación reiteró su rechazo a la medida y anunció que mantendrá una vigilancia activa del proceso. “Sin cogobierno no hay democracia universitaria”, señaló, al tiempo que recordó el derecho de docentes, trabajadores y estudiantes a elegir a sus representantes sin interferencias.

¿Cuál es la importancia del HCU en la Central?

El Consejo Electoral de la Universidad Central ratificó la nueva fecha

Fabián Herrera, secretario general y del Consejo Electoral, en un comunicado, reprodujo la decisión del HCU: 

“Disponer que el Pleno del Consejo Electoral, bajo expresa protesta institucional”, acoge la fecha de la jornada electoral, fijándola para el 23 de julio, con el “único propósito de preservar la legalidad, transparencia y seguridad jurídica, integridad y continuidad del proceso”.

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El orden del día contempla dos puntos, además del Himno Nacional. El primero es “conocer y resolver respecto del análisis del informe de labores presentado por el presidente de la República Daniel Noboa el 24 de mayo de 2026”.

El segundo punto será el conocimiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad de la Policía Nacional.

¿Qué resolvió la Comisión de Régimen Económico?

La mesa, presidida por la oficialista Nathaly Farinango, aprobó un informe tras analizar lo expuesto por el presidente de la República en su informe a la Nación. La primera conclusión señala que el documento “presenta una estructura metodológica sólida, sustentada en mecanismos de seguimiento, evaluación y análisis de resultados vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”.

El análisis también establece que “los resultados reportados muestran avances importantes en la mayoría de los objetivos evaluados, particularmente en materia social, económica, fiscal, seguridad, energética, ambiental e institucional”.

Asimismo, entre las recomendaciones consta “continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las metas del Plan Nacional de Desarrollo”. 

La comisión también sugirió mantener el enfoque territorial y continuar con “la utilización de herramientas de análisis territorial que permitan identificar brechas provinciales, cantonales y parroquiales”.

El correísmo se opuso a la aprobación del informe

Los integrantes del bloque de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Régimen Económico votaron en contra de la aprobación del informe. Como resultado, presentaron un informe de minoría para que sea considerado por el Pleno.

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En ese documento se concluye que, del análisis efectuado, “el Informe Anual de Labores presentado por el Presidente de la República no demuestra, de manera suficiente y verificable, el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo”.

También se sostiene que “el informe aprobado por la mayoría de la Comisión no constituye un ejercicio integral de control político, pues reproduce, en gran medida, la información presentada por el Ejecutivo”.

Lo que debes saber

• 'Estratos Vivos' ganó el concurso y será el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.
• Más de 50.000 ecuatorianos votaron para elegir el diseño del nuevo museo en Quito.
• Un jurado técnico y la votación ciudadana definieron al proyecto ganador del MUNA.

La propuesta arquitectónica 'Estratos Vivos', liderada por el equipo SANAA-A0-CPA-JHS, fue seleccionada como la ganadora del concurso para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MUNA), tras obtener 81,7 puntos en la evaluación final.

¿Cómo se definió al proyecto ganador?

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien explicó que el resultado se definió mediante un sistema de calificación compuesto por un 85 % correspondiente a la evaluación del jurado técnico y un 15 % derivado de la votación ciudadana.

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Según la información difundida por el funcionario, 50.681 ecuatorianos participaron en la consulta pública para respaldar su propuesta favorita entre los proyectos finalistas. En el proceso concursaron 10 estudios de arquitectura, de los cuales tres llegaron a la fase final.

Luque agradeció la participación de los ciudadanos y de los equipos de arquitectos que formaron parte del concurso, y destacó el nivel técnico de las propuestas presentadas durante el proceso de selección.

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Roberto Luque impulsa votación para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional

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¿Qué sigue para el nuevo Museo Nacional del Ecuador?

Con la elección del diseño ganador, el proyecto entra ahora en una nueva etapa enfocada en el desarrollo del futuro Museo Nacional del Ecuador. De acuerdo con el ministro, la intención es que la obra se convierta en un referente cultural y arquitectónico para Quito y el país.

Lo que debe saber

• El CNE registra 468 alianzas electorales, pero solo 18 han sido calificadas; las otras 449 siguen en proceso de validación para las elecciones seccionales de 2026.
• Las primeras alianzas aprobadas corresponden a provincias como Cañar, Los Ríos, Manabí y Pichincha, mientras que una coalición fue rechazada en Chimborazo.
• El movimiento Amigo no aparece entre las alianzas validadas, en medio de la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.

El plazo para registrar alianzas electorales terminó. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), un total de 468 coaliciones fueron presentadas para su proceso de validación.

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El organismo electoral informó que, del total de alianzas registradas, 18 ya fueron validadas y calificadas por las delegaciones provinciales donde fueron presentadas. Esto se debe a que cada una debe ser aprobada mediante una resolución.

¿Qué alianzas fueron validadas?

La distribución de las alianzas calificadas por provincia es la siguiente:

Además, una alianza presentada en Chimborazo fue rechazada. Las 449 restantes continúan en proceso de validación. Esto ocurre un día después de que venciera el plazo para cumplir con este requisito ante el organismo electoral y buscar la aprobación de las coaliciones.

Entre las alianzas ya validadas constan las conformadas por el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica en Cañar; Unidad Popular y PID, también en esa provincia; y Unidad Popular y Avanza en Pichincha.

El reglamento para la conformación de alianzas establece que el “Pleno del CNE emitirá la resolución que corresponda respecto a las alianzas electorales de ámbito nacional, con base al informe técnico de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y Dirección Nacional de Organizaciones Políticas”.

Asimismo, dispone que el director provincial electoral emitirá la resolución correspondiente a las alianzas electorales de su jurisdicción, “con base al informe técnico de la Dirección o área de Organizaciones Políticas de la respectiva provincia”.

Amigo no consta entre las alianzas validadas

En los primeros datos presentados por el CNE tras el cierre del plazo no aparece el movimiento Amigo, que acogía al correísmo, dentro del listado de alianzas calificadas. Pero aún resta saber cuántas más serán validadas. 

Política

David Norero es el candidato de Aquiles Álvarez para la Alcaldía de Guayaquil

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Cabe recordar que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, suspendió al movimiento Amigo por nueve meses tras aceptar una denuncia presentada por el fiscal general, Leonardo Alarcón.

Política

Elecciones seccionales 2026: las prefecturas con las disputas más reñidas

Flor Layedra Torres

El sábado 18 de julio del 2026, la exasambleísta Gissela Garzón denunció que Harold Burbano, candidato a la Prefectura de Pichincha, participó en actividades en Machachi “como si aún fuera autoridad”. 

En un mensaje difundido en la red social X, también solicitó la actuación del Consejo Nacional Electoral: “¿Hay alguien por ahí?”, escribió. Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre.

En redes sociales, Burbano —exministro de Inclusión Económica y Social y exministro de Trabajo— aparece en recorridos por Machachi, vestido con indumentaria tradicional: sombrero, poncho rojo y zamarro. En uno de los videos afirma que le gusta visitar esa zona. Su candidatura busca suceder a la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Burbano ha sido objeto de críticas por su gestión en el programa Jóvenes en Acción y por su actuación en el proceso relacionado con la designación en el Consejo de la Judicatura de Alexandra Villacís. En sus redes sociales se lo observa junto a la actual ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en Machachi.

Según el calendario electoral, la campaña será entre el 12 y 26 de noviembre. Burbano dejó su cargo pero en sus redes sociales, hace tres días, compartió un video en el que aparece en un evento del programa Jóvenes Acción Pichincha. 

"Acompañando estos eventos del Programa Jóvenes en Acción Pichicha. Es un programa que tuve la posibilidad de diseñar desde sus inicios, que ha generado oportunidades. El Gobierno Nacional trabaja siempre por ustedes".

Esto ha hecho la candidata a la alcaldía de Quito por ADN:

Por su parte, Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino y candidata a la Alcaldía de Quito por ADN, también ha difundido videos de recorridos en territorio. 

En uno de ellos, grabado en una parada de buses en la Mitad del Mundo, afirma que en el sector “han estado nueve años sin luminarias” y sostiene que “recursos hay, pero se gastan mal”.

En otro video, Ubidia aparece en el mercado de San Roque, donde asegura que inicialmente le impidieron el ingreso. 

“Cuando se tiene que servir, nadie tiene que impedir”, dice en el video, en el que se la ve interactuando con comerciantes. En la publicación se afirma que en la zona no se habían realizado intervenciones en los últimos 10 años y se observa que llevó brigadas de salud y afiliación al Seguro Social Campesino.

Política

Giovanna Ubidia será la candidata de ADN para la Alcaldía de Quito en las elecciones de 2026

Rosero Mariela

Política

Revalorice su terreno: Compre un museo

Roberto Aguilar

La consulta corresponde a una nueva fase incorporada. Eso pese a que el pasado 6 de julio, el Gobierno, en presencia de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, proclamó ganador al estudio de los arquitectos Campo Baeza y Maoda. 

El concurso fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha, contratado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La decisión fue cuestionada en redes sociales, lo que llevó a replantear el proceso.

Antes del mediodía, el ministro Roberto Luque explicó que las autoridades se encontraban en la fase de desencriptación de la plataforma, procesamiento de los votos ciudadanos y cálculo del resultado final, que combinará esta votación con la calificación del jurado.

“En breve podremos anunciar al ganador y seguir construyendo este gran proyecto”, señaló el ministro.

Algunas opiniones de arquitectos al respecto:

Sergio Bermeo, docente de la Facultad de Arquitectura, opinó en su cuenta de X que: "La propuesta del Museo de Quito sigue dando de qué hablar. Entre críticas, opiniones divididas y el anuncio de un nuevo concurso, el proyecto ha puesto sobre la mesa una pregunta importante: ¿qué arquitectura merece la ciudad?".

Además un grupo de 22 arquitectos, algunos de ellos docentes universitarios, escribieron una carta pública. En ella señalan que "Como profesionales no cuestionamos la facultad del Estado para gestionar la obra pública, sino que exigimos coherencia institucional". 

Política

De los escenarios al Gobierno: lo que se espera de Pamela Cortés en el Ministerio de Cultura

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En su misiva, los arquitectos además dijeron que la anulación de los resultados sin una motivación sustentada, al decidir que las reglas previamente establecidas carecen de valor vinculante, envía un mensaje equívoco a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Entre otros firmantes constan: Jaime Andrade Heyman, Marcelo Bravo Espinoza, Ramiro Jácome Lovato, Diego Hurtado, Gabriela Mejía, Lucía Miño, Alfonso Ortiz Crespo, Hernán Orbea, Diana Samaniego, entre otros.

Sociedad

IESS: ¿Por qué miles de pacientes esperan más de 90 días por una cirugía?

Redacción Expreso

El viernes 17 de julio del 2026, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, acudió al hospital con el objetivo de realizar un proceso de fiscalización, según explicó, ante las denuncias recibidas. 

Sin embargo, afirmó que no se le permitió el ingreso. “No pudimos ingresar, de forma ilegal no nos dejaron entrar. Usamos el sistema de salud pública y sabemos lo desastroso que es llegar y que no haya ni una gasa. Vamos a convocar a una mesa de trabajo; esperamos que las autoridades asistan”, declaró.

En la jornada también participaron dirigentes locales, entre ellos Roberto Frank Vargas, presidente de la Junta Parroquial de Yaruquí. Representantes barriales señalaron que, hace aproximadamente un mes, el hospital no contaba con guardias de seguridad y que los propios vecinos se organizaron para vigilar las instalaciones. También mencionaron problemas con el servicio de limpieza.

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Colegio de Médicos de Pichincha: "El Gobierno apenas abastece 200 medicamentos del cuadro básico"

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¿Qué dijo Jahiren Noriega?

Noriega sostuvo, en un video difundido en sus redes sociales, que fue objeto de acoso. Aseguró que en el lugar había presencia de policías y funcionarios del Gobierno. 

“Es un acoso permanente a nuestro trabajo de fiscalización y a los pacientes, médicos y enfermeras para que no digan lo que pasa en este centro de salud. Es un contingente que debería estar para cuidarnos y no para amedrentar”, afirmó.

Esto respondió el Ministerio de Salud ante cuestionamientos a la atención en Yaruquí:

Como respuesta, el Ministerio de Salud Pública publicó el sábado 18 de julio un video en sus cuentas oficiales con testimonios de usuarios que agradecen la atención recibida. En el material, Herminia Jordan señala que el plantón le impedía el ingreso al hospital, mientras que Manuel Tutacha asegura que su familia ha sido atendida sin inconvenientes.

En el mismo video, la médica María Fagundez explica que se trata de un hospital básico de segundo nivel de atención, con servicios en las cuatro especialidades principales —ginecología, cirugía, pediatría y medicina interna—, además de emergencia las 24 horas, farmacia, rayos X, hospitalización y quirófano. “Se mantiene y se mantendrá como hospital básico”, asegura.

Otra legisladora de la RC se pronunció sobre Hospital de Yaruquí

Por su parte, la también legisladora de la Revolución Ciudadana Eliana Correa rechazó, en un comunicado, lo que calificó como “agresión e intento de coacción” contra Noriega. 

“Es inadmisible que se pretenda violentar el ejercicio de funciones legislativas y de fiscalización mediante amenazas y actos de intimidación”, señaló. Recordó que el artículo 120, numeral 9, de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional a fiscalizar los actos de las funciones del Estado y de los órganos del poder público.

Lo que debes saber

• ADN reconfiguró sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2026 y concentró su estrategia en Guayas, la provincia que considera clave.
• Los cambios de figuras como Niels Olsen y Zaida Rovira, junto con la incertidumbre sobre los rivales tras la suspensión de AMIGO, revelan cómo el oficialismo busca consolidar su mapa político.

Los últimos cambios en el tablero electoral de Guayas evidencian algo: para ADN, esa provincia es el epicentro de la disputa. Aunque los precandidatos ya están definidos y a la espera de concretar su inscripción, las apuestas del oficialismo reflejan cuáles son las provincias y los cantones que considera estratégicos para delinear el próximo mapa político del país.

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Hay tres elementos que permiten entender la estrategia de ADN para las elecciones seccionales: su primera participación en este tipo de comicios, el interés por cantones y provincias clave para su proyecto político y la disputa abierta con autoridades de la oposición.

El debut en las elecciones seccionales

La experta en comunicación política Caroline Ávila explica que, en ese escenario, ADN intentará mostrar que cualquier triunfo representará un avance, ya que en las elecciones anteriores el movimiento no existía.

“En los espacios en los que se puede avanzar un centímetro más, seguro lo van a considerar como parte de la victoria. ADN parte de cero a algo; lo que consiga lo encuadrará como un avance y tratarán de pintar de morado el mapa electoral”, menciona Ávila.

La muestra de su debut en este tipo de elecciones está directamente relacionada con los cuadros escogidos. ADN optó por exintegrantes del Gabinete ministerial y de la Asamblea. 

En provincias como Guayas, Azuay o Pichincha no tiene perfiles propios vinculados a liderazgos locales o con procesos políticos consolidados en todos esos territorios.

Sobre los territorios clave

El segundo elemento, relacionado con los cantones y provincias estratégicos, se explica por la decisión de postular a algunas de las figuras más representativas del oficialismo para cargos seccionales.

Niels Olsen llegó a la Presidencia de la Asamblea y todavía tenía un año más en el cargo. Primero fue anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas y luego para la Alcaldía de Guayaquil. 

Sin embargo, en un giro inesperado, ADN alcanzó un acuerdo con la exalcaldesa Cynthia Viteri. Olsen terminó como candidato del oficialismo para la Alcaldía de Samborondón.

Pero esa no fue la única sorpresa. Otra figura de peso en el Gabinete de Daniel Noboa, Zaida Rovira, aceptó su precandidatura para una concejalía en Guayaquil. Inicialmente, ella figuraba como precandidata para la Prefectura del Guayas.

De esta manera, Guayas se convirtió en la única provincia en la que ADN modificó los perfiles que había anunciado previamente. Para el analista electoral Esteban Ron, la estrategia del movimiento muestra mayor visibilidad en dos provincias: Guayas y Pichincha.

El aparente menor interés por otros territorios, según Ron, responde a que en las últimas elecciones generales, en las que triunfó Daniel Noboa, quedó en evidencia un voto duro de ADN. Como ejemplo menciona las provincias ubicadas en la Sierra centro.

La relación del Ejecutivo con los GAD

Finalmente, respecto a la relación Ejecutivo-GAD, el Gobierno ha optado por dos mecanismos de acercamiento a los gobiernos autónomos, tomando en cuenta que no cuenta con cuadros propios en las administraciones locales actuales.

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El primero ha sido el enfrentamiento directo con alcaldes de la oposición. El caso de Aquiles Álvarez refleja la tensión política entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno.

El segundo mecanismo ha sido incorporar a autoridades locales a su órbita política. Ávila sostiene que el Ejecutivo ha sido hábil para “capturar la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)”. Ese gremio está presidido por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien, en debates como el de la ley urgente sobre el gasto de los GAD, fue una de las principales defensoras de la normativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

La experta concluye que al Gobierno central no le interesa tener alcaldes críticos. A su juicio, esa lógica explica la tensión con Aquiles Álvarez y también con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Este último perdió sus derechos políticos tras una denuncia por violencia política de género en el TCE.

A ese escenario se suma un elemento que podría incidir en la estrategia de ADN. Tras la suspensión del movimiento AMIGO por parte del Tribunal Contencioso Electoral, aún está por definirse quiénes serán realmente sus principales adversarios políticos en los territorios donde el oficialismo aspira a imponerse. 

Uno de esos escenarios es Quito en done, según Ávila, ADN apuesta a candidatos cercanos no necesariamente la propia.

Lo que debes saber

• Judicatura inició el concurso para jueces de la Corte Nacional con un reglamento cuestionado por gremios de abogados.
• Abogados piden cambios al reglamento para evitar filtraciones y fortalecer la transparencia del concurso judicial.
• La Corte Nacional opera con 10 de 21 jueces; el concurso busca completar el tribunal hasta 2027.

El concurso de selección para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está en marcha. El trámite comenzó en el Consejo de la Judicatura (CJ), una vez que el organismo presidido por Mercedes Caicedo aprobó el reglamento para definir los requisitos y procedimientos de calificación de los postulantes.

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El proceso enfrenta grandes desafíos. El primero es lograr la confianza en un concurso que se ha truncado en los últimos cinco años, con dos procesos fallidos en 2023 y 2024, una situación que ha dejado al máximo Tribunal incompleto. 

La CNJ cuenta actualmente con solo 10 jueces, de los 21 con los que debería funcionar y en 2027 concluirá el período de otros seis, motivo que ha servido al CJ para justificar el inicio del trámite.

Si bien se reconoce la necesidad de completar el máximo Tribunal, los profesionales de la Función Judicial han realizado distintas observaciones a la normativa. 

Los juristas consideran que el proceso debe garantizar reglas que impidan la metida de la mano en la justicia y que permita seleccionar a los mejores cuadros para recuperar el prestigio de un organismo que ha sufrido el descrédito porque algunos de sus miembros fueron procesados y sentenciados.

La defensa del reglamento por parte de la Judicatura

Caicedo ha defendido el reglamento. Dice que incorporó un pronunciamiento que pidió a la CNJ sobre las pruebas de confianza y las recomendaciones que dio la Contraloría. 

Estima designar a los jueces nacionales hasta el primer trimestre de 2027, aunque reconoce que el concurso se podría alargar por eventuales acciones legales de los postulantes.

Los abogados proponen mayor participación de la academia

Más allá de los plazos, gremios de los abogados mencionan los puntos de la norma que les genera preocupación y hablan sobre las posibles correcciones que se podrían aplicar.

El presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez Barrera, considera que “lo inteligente sería que la Judicatura busque el acompañamiento de la academia nacional” para desarrollar este concurso, así como el otro proceso de emergencia con el que busca nombrar a los magistrados de la justicia ordinaria.

“Deberían entregarle a la academia la toma de los exámenes, la calificación de los méritos, ella tiene experticia. Luego, en la parte final intervendría el CJ para la decisión final. La academia tiene un prestigio importante y garantiza que vayan los mejores. Podría haber errores, pero serán menos que los que comete la Judicatura y nos garantiza, al menos, un 80% de transparencia. Pueden haber ciertas injusticias, pero no tantas como las actuales, en donde todo el mundo desconfía”, acota.

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Cuestionamientos por la valoración de méritos y las pruebas

Además de la falta de transparencia, a los abogados les preocupan otros temas. Una es la puntuación que se entregará por la experiencia en docencia y la falta de mecanismos para blindar el acceso a las pruebas.

“Miramos que se da una sobrevaloración al tema de los posgrados y en el concurso se trata de elegir magistrados, no catedráticos universitarios. La diferencia podría afectar el ejercicio de la magistratura y generar una deficiencia que afectaría a la calidad de administración de justicia. Se debe valorar la formación, los méritos y la trayectoria. También vemos que no se evita que se filtren las pruebas teóricas y prácticas. Esto ya sucedió antes e impide la participación igualitaria de los postulantes”, señala Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de Azuay.

La probidad, uno de los filtros que respaldan el proceso

Aunque existen estos cuestionamientos, en Pichincha consideran que el proceso es necesario y que el reglamento sí reúne las condiciones porque incorpora requisitos para revisar la probidad.

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“Se deben valorar elementos de probidad económica y política. No queremos que se infiltren personas que, aunque tengan capacidad profesional, estén vinculadas al crimen. Se espera que se haga un análisis minucioso, que se abran las cuentas, que se revise la información de UAFE y SRI para verificar que el patrimonio del postulante o su entorno obedezca a una vida limpia. Son filtros fundamentales de este concurso”, sostiene Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que el CJ repita los errores pasados. “En lugar de actuar de manera acelerada y atolondrada, debía convocar a quienes en ocasiones anteriores han presentado observaciones para que el proceso tenga un lado más ciudadano. Eso no ha pasado y con la emergencia en el sector justicia, hay un riesgo grande de que vuelva a pasar lo mismo de otros procesos: que no tengamos interés de los abogados en participar o que por las reglas, este proceso se caiga. Esperemos que se convoque al concurso y que se encamine una salida para la justicia”, indica.

Acababan de echar abajo el concurso original y desconocer al triunfador legítimo. Hoy el nuevo ganador habrá sido ya anunciado al término de un proceso en el que las autoridades violaron las reglas, se pasaron por el forro los acuerdos, echaron por el caño la credibilidad del país y subordinaron los criterios técnicos de concepción y diseño de museos a los intereses inmobiliarios de grupos afines al gobierno. 

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Pero quizá lo más irritante de todo está en esas palabras: “los escuchamos”. Porque con ellas pretenden convertir a los ciudadanos en cómplices de sus negocios. Demasiados meses lleva ya medio país exigiendo la renuncia de Roberto Luque, porque lo considera un ladrón, para que salga él ahora a declararse sensible ante el supuesto clamor popular que pedía cambiar el proyecto ganador porque lo encontraba feo. 

Claro que en este gobierno ha habido abusos peores (abusos que han costado vidas) pero ninguno ha sido tan descarado como este. 

1. La farsa del clamor popular

Es mentira que el gobierno de Daniel Noboa decidiera echar abajo el concurso dirigido por su propia viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para contener la ola de descontento ciudadano. 

En primer lugar, porque la tal ola no era para tanto: fueron apenas dos días de debates centrados en X (la más elitista de las redes sociales) y circunscritos, en un 60 por ciento, a los usuarios de la capital. 

Si algo de masivo tuvo el rechazo al contenedor minimalista del arquitecto español Alberto Campo Baeza, se debió a la participación de los propios trolls del oficialismo. Claro que hubo críticas de fondo que apuntaban, sobre todo, a la integración del edificio en el paisaje y su permeabilidad con el espacio público. 

Con respecto a esto último, el propio jurado internacional propuso reformas que el arquitecto se comprometió a ejecutar (así lo estipulaban las bases). 

El hecho es que el gobierno ni siquiera dio tiempo para que las críticas de fondo se debatieran y las distintas posturas se decantaran: desconoció el concurso de un plumazo, que era lo que quería hacer desde un principio según se desprende del testimonio que Alejandro Zaera Polo, uno de los miembros del jurado, rindió esta semana en el podcast Politizados, de este Diario.

Por Zaera Polo sabemos que el gobierno se opuso desde el primer momento al proyecto ganador y quiso imponer un segundo premio a su gusto que le sirviera para reemplazarlo con cualquier pretexto. Las presiones sobre los miembros del jurado (del que formaba parte como delegado de la presidencia el mismo Roberto Luque, aunque no asistió a las deliberaciones) hacían predecible este desenlace. 

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La reacción adversa de algunas ciudadanos (algo completamente normal en cualquier concurso de arquitectura: no hay proyecto que guste a todo el mundo) fueron el pretexto que el gobierno buscaba. 

2. Buscar culpables y cortar cabezas

La intervención del ministro de Progen empieza, para sorpresa de nadie, con una mentira descarada. Interrogado por un grupo de periodistas que lo sorprendieron en un acto público al que asistió en su calidad de ministro de Infraestructura, dijo que el Colegio de Arquitectos (entidad a cargo de organizar y garantizar los estándares de todos los concursos de arquitectura que se realizan en el país) había incumplido con ciertas cláusulas del contrato que tenía con la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo. No dijo qué cláusulas eran esas ni lo habría podido decir, porque era una patraña. Una patraña que despachó con la suficiente hostilidad como para evitar repreguntas. Así que la culpa era del Colegio de Arquitectos, cuyo trabajo en realidad fue impecable y se ajustó escrupulosamente a las leyes y reglamentos, según han reconocido todos los implicados en el concurso.

Lo siguiente fue cortar cabezas: Romina Muñoz, la única funcionaria del régimen comprometida con el proyecto de un museo nacional que lo fuera de verdad, fue obligada a renunciar. Tras ella salió su equipo técnico, incluido el mismo director del museo y los encargados del mantenimiento de la reserva. En lugar de Muñoz el gobierno nombró viceministra a Pamela Cortez, que no sabe nada de museos pero canta muy bonito (si acaso). Se espera de ella que se embarque en el proyecto tal como lo han dejado, sin que se meta a defender los conceptos fundamentales de la museografía por la sencilla razón de que no los tiene. Con este golpe de timón el gobierno está siendo bastante específico sobre la manera como espera conducir el proyecto del Museo Nacional. 

3. La farsa del nuevo concurso

No hace falta ni decir que el nuevo concurso organizado por para reemplazar al anterior (luego de estafar a Campo Baeza y birlarle el premio de 450 mil dólares que legítimamente había ganado) fue nada más que un simulacro. Se organizó sobre la marcha, sin reglas claras, y con un jurado comprometido con los intereses inmobiliarios que se encuentran en juego en los alrededores de lo que será el museo: Christian Wiese, arquitecto del grupo Nobis; Lu Junliang, relacionado con la constructora Uribe Schwarzkopf, que ha copado los alrededores del parque La Carolina con sus megaproyectos; y Mathieu de Genot, un decorador de interiores de quien aseguran muchos arquitectos que sigue los lineamientos de Carla Arellano, la delegada de la vicepresidencia en el anterior concurso, otra operadora de Uribe Schwarzkopf en el gobierno…

Se supone que ellos hicieron su trabajo en apenas dos días, tiempo a todas luces insuficiente para comparar la decena de proyectos y verificar si cumplen con los requisitos técnicos que demanda este tipo de proyectos. El cuadro se completó con una propuesta populista que al parecer gustó a todo el mundo: completar la calificación con el voto popular. 

Se abrió para ello una página Web en la que se presentaron los tres proyectos seleccionados por el jurado. Lo que debió ser un proyecto de arquitectura se convirtió así en un concurso de renders.

Por supuesto que el público interesado participó a ciegas: ¿qué características tienen las salas de exhibición de estos proyectos arquitectónicos? ¿Son lo suficientemente flexibles para ensayar distintas museografías? ¿Cómo es la iluminación? ¿Dónde está instalada la reserva? ¿En el subsuelo de esta zona inundable de la ciudad? 

En lugar de esa información clave, se ofreció a los ciudadanos metalenguaje vacío de significado y se le pidió que decidiera su voto con frases del tipo “Un paisaje arquitectónico donde la historia del Ecuador se descubre a través de un recorrido que conecta territorio, patrimonio y ciudad”; o bien “Un nuevo ícono para Quito, donde la ciudad, la naturaleza y el patrimonio se encuentran en un mismo recorrido”; o “Inspirado en las capas del territorio y en las tradiciones ancestrales, el proyecto combina arquitectura, paisaje y espacio público en una experiencia continua”, lo que sea que eso signifique. En fin: nada. Basura publicitaria. Al ministro de Progen le encanta la basura.

4. El negocio sobre el patrimonio

La razón de fondo de esta intervención del gobierno en el concurso es del dominio público: el negocio inmobiliario. No por otra causa pusieron el jurado que pusieron. Ocurre que el solar que albergará al Museo Nacional, en la esquina de las avenidas República y Eloy Alfaro (en algún momento el gobierno amagó con la idea de que “el terreno definitivo se anunciará una vez cerrada la consulta”, lo cual era un absurdo porque ponía a los arquitectos a diseñar para un lugar cualquiera), ese solar de diez mil metros cuadrados es apenas un minúsculo apéndice comparado con el terreno 14 veces más grande abierto a la especulación y los negocios inmobiliarios que se encuentra detrás y que abarca desde las inmediaciones de la Flacso hasta la parcela del antiguo zoológico militar.

En el terreno adyacente al del Museo, cuyos propietarios se ocultan bajo el título de “Fideicomiso inmobiliario La Pradera”, se han proyectado ya las cinco torres de más de 20 pisos de las que habló Romina Muñoz y que el arquitecto Campo Baeza incluyó en sus planos. Su idea era incorporar paisajísticamente esas torres pero darles la espalda, para preservar el uso exclusivamente patrimonial del edificio del Museo. Esto es lo que no gustó al gobierno. Por eso, las tres propuestas seleccionadas plantean lo contrario: la integración funcional del enorme complejo inmobiliario con un museo de mucho menor escala, que terminaría convertido en una suerte de centro de entretenimiento. Al fin y al cabo, estamos hablando de una inversión de 400 millones de dólares (el museo sólo cuesta 100) que demanda el control absoluto de todos los detalles.

¿De quién es el negocio? Habrá que preguntarle al arquitecto Jacobo Herdoíza, operador urbano de Uribe Shwarzkopf, que es quien más se ha jugado por la eliminación del proyecto de Campo Baeza y la defensa del simulacro de concurso que se inventó el gobierno para sustituirlo.

Lo que debes saber

• David Norero se perfila para la Alcaldía de Guayaquil con respaldo del entorno de Aquiles Álvarez.
• El exsecretario municipal gana protagonismo rumbo a las elecciones seccionales de 2027 en Guayaquil.
• La posible candidatura de David Norero reconfigura el escenario político en Guayaquil.

David Norero, abogado y exsecretario del Municipio de Guayaquil, emerge como uno de los nombres que se perfilan para disputar la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones seccionales. 

De acuerdo con información difundida por el equipo legal de Álvarez, Norero sería el precandidato impulsado por el alcalde Aquiles para sucederlo al frente del Cabildo.

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del movimiento político de Álvarez sobre la postulación, el nombre de Norero comenzó a tomar fuerza.

David Norero, un hombre cercano a Aquiles Álvarez

Norero se desempeñó como secretario del Municipio de Guayaquil y ha sido considerado uno de los colaboradores más cercanos de Aquiles Álvarez durante su administración. 

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Como abogado, participó en distintos procesos jurídicos y administrativos vinculados con la gestión municipal, lo que le permitió consolidarse como una figura de confianza dentro del equipo del alcalde.

Su eventual candidatura representaría una apuesta por dar continuidad al proyecto político que llevó a Álvarez a la Alcaldía, en un escenario en el que el actual burgomaestre enfrenta procesos judiciales relacionados con el denominado caso Triple A, Goleada y Grillete.

La carrera por la Alcaldía de Guayaquil comienza a definirse

La posible postulación de Norero se suma a un proceso de reconfiguración política en Guayaquil, donde las distintas organizaciones comienzan a definir sus cartas para una elección que marcará el futuro de la administración de la ciudad.

En las últimas semanas también han surgido nombres vinculados al Partido Social Cristiano (PSC), movimiento que busca recuperar el Municipio tras perder el control de la ciudad en las elecciones de 2023.

Guayaquil

Aquiles Álvarez mantiene la alcaldía de Guayaquil y se archiva el trámite de remoción

Carlos Isaac Pino

En el ámbito político, David Norero participó como candidato a la Vicepresidencia de la República en las elecciones generales de 2021, integrando el binomio presidencial de Lucio Gutiérrez por el Partido Sociedad Patriótica. 

En esa contienda electoral, la fórmula alcanzó el 1,78 % de la votación nacional. Dentro del Municipio de Guayaquil, Norero también ejerció funciones como coordinador jurídico del Cabildo. 

Política

Registro de alianzas electorales vence hoy; RC dice que logró coaliciones en todo el país

Daniel Alejandro Romero Páez

En la resolución adoptada por el juez electoral Juan Patricio Maldonado se dispone oficiar al CNE para que, en el ámbito de sus competencias, tome razón de la medida y adopte las actuaciones administrativas necesarias para su ejecución.

Para ese fin, la resolución del TCE concede un plazo de tres días para hacer efectiva la suspensión de la organización política. 

Cabe recordar que el organismo electoral es el encargado del registro permanente de organizaciones políticas. En ese listado, por ejemplo, Revolución Ciudadana consta actualmente como movimiento suspendido.

Además, el CNE está obligado a informar al TCE sobre el cumplimiento de la resolución adoptada.

¿Qué pasó con el movimiento AMIGO?

El juez Juan Patricio Maldonado admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón. La acción se sustenta en un procedimiento catalogado como reservado.

La resolución del TCE señala: “de lo analizado se dispone como medida la suspensión provisional por el plazo de nueve (9) meses de la organización política Movimiento AMIGO en el registro permanente de organizaciones políticas”.

Quito

Pabel Muñoz califica de “terrorífico abismo” la suspensión del movimiento Amigo por parte del TCE

IVONNE MANTILLA

Sobre el rol del CNE, el excandidato presidencial del correísmo Andrés Arauz escribió en su cuenta de X: “Ahora le corresponde a los cinco consejeros del CNE decidir administrativamente si excluyen a AMIGO luego de que ya venció el plazo para excluir a organizaciones políticas”.

Dos causas para levantar la medida

En la decisión del TCE se establecen las circunstancias bajo las cuales podría levantarse la suspensión del movimiento AMIGO:

Política

Rivadeneira: suspensión de Amigo “no es un caso aislado” y apunta a persecución política

Rosero Mariela

Aun así, el Pleno del CNE es el encargado de validar las alianzas. Para ello, se requerirá un informe que será sometido a votación. Una vez que esa instancia avale la coalición, esta será reconocida como válida.

El reglamento para la conformación de alianzas establece que el “Pleno del CNE emitirá la resolución que corresponda respecto a las alianzas electorales de ámbito nacional, con base al informe técnico de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y Dirección Nacional de Organizaciones Políticas”.

De igual manera, el director provincial electoral emitirá la resolución respecto a las alianzas electorales de su jurisdicción, “con base al informe técnico de la Dirección o área de Organizaciones Políticas de la respectiva provincia”.

El pasado 10 de julio de 2026, en una entrevista con Diario EXPRESO, el presidente del CNE, José Cabrera, señaló que aún no contaba con el dato consolidado de las alianzas registradas, ya que el plazo vencía este 18 de julio.

Vence un plazo en medio de la suspensión de AMIGO

La expectativa en torno a la consolidación de alianzas aumentó tras la situación del movimiento Revolución Ciudadana. Esa organización fue suspendida por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a raíz de un pedido de la Fiscalía General.

Ante ese escenario, el correísmo buscó alternativas para presentar a sus candidatos. Una de ellas fue el movimiento AMIGO, por el que participarían figuras como el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la excandidata presidencial Luisa González.

Política

El TCE suspende a Amigo, partido que albergó a la Revolución Ciudadana, por investigación fiscal

Rosero Mariela

El TCE también dispuso la suspensión provisional de AMIGO. El argumento fue, nuevamente, un pedido de la Fiscalía General. En ese contexto, la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, afirmó el 17 de julio de 2026 que lograron alianzas con otros movimientos, las cuales ya habían sido registradas ante el CNE.

En una entrevista con Outsiders, la dirigente calificó la medida como “insólita” y aseguró que Revolución Ciudadana mantendrá sus alianzas. “Ya registramos las alianzas", dijo, y agregó que han buscado acuerdos con diversas organizaciones políticas en todo el Ecuador.

Lo que debes saber

• Renán Borbúa explica sus propuestas para llegar a la Prefectura del Guayas.
• El precandidato del PSP aborda obras, dragado e inundaciones en la provincia.
• Borbúa responde sobre sus compromisos de gestión y permanencia en el cargo.

Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), expuso a EXPRESO sus principales propuestas, prioridades y financiamiento para gobernar la provincia.

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- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas en este momento?

- En Pedro Carbo, Salitre, Balzar y en Durán, la gente que siembra arroz y los ganaderos dijeron “Nosotros apoyamos a Renán para prefecto” y (eso lo) escuchó el expresidente Lucio Gutiérrez (fundador de la organización política); (además) recibió unas cartas de apoyo y me dijo “¿Por qué no te animas? Vamos por la Prefectura”. Consulté primero con mi familia, como uno hace normalmente, porque (para) lanzarse a una candidatura hay que pensarlo mucho.

- ¿Por qué?

- Por los riesgos que se viven al momento. Tenemos que ser claros, (ahora) no es lo mismo que en anteriores campañas.

- ¿Qué riesgos?

- Los riesgos que viven todos, principalmente aquí en Guayas. El tema de las bandas, secuestros, extorsiones o ‘vacunas’. Debemos ser claros. Quien no lo mencione u oculte eso, creo que no vive aquí en Ecuador ni en Guayas. También hay mafias políticas.

- El Partido Sociedad Patriótica nunca ha ganado la Prefectura del Guayas. ¿Por qué cree que esta vez podría ser diferente?

- Es verdad que no hemos ganado, porque (antes) no había sido el momento. Hoy estamos mejor preparados, (tenemos) más experiencia. Obviamente que no solo depende de mí, sino de toda la gente que se sigue sumando y (que) siente que yo soy el candidato que puede solucionar los grandes y graves problemas.

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- ¿Cuáles son los graves problemas de Guayas?

- El primer gran problema que tiene Guayas es el de reconocer (que) todo el territorio, no solo Guayaquil, tiene grandes problemas.

- ¿Cómo cuáles?

- Apoyar desinteresada y decididamente al Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia. Yo sí voy a coordinar acciones con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todos andamos con miedo, no solo en el tema de la delincuencia. Es miedo a todo: a no poder salir adelante, a no poder poner un negocio, a no traer los alimentos desde los diferentes cantones. Tenemos que asegurar las vías.

- ¿Tienen un proyecto?

- Nosotros tenemos un proyecto viable y lo vamos a presentar. Cada cantón se responsabilizará de (crear) un centro de reacción inmediata de seguridad. Allí estarán los policías municipales. Estamos malgastando el dinero, pagando solo para que vayan a los mercados, tal vez a extorsionar o a meter palo a los pobres que quieren ganarse la vida. También tienen que ayudar en el tema de seguridad, obviamente que capacitándoles.

- ¿Cuánto dinero se destinará para esta capacitación y creación de esos centros?

- El 25% del presupuesto de la Prefectura. De ahí veré si necesito dar más al tema de seguridad. Mi objetivo es reducir al mínimo la inseguridad.

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La dispersión de candidaturas volvería a marcar el escenario electoral

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- ¿Cuál sería el mínimo?

- Reducir entre un 60 y 80%.

- ¿En qué tiempo lo logrará?

- Desde el primer día ejecutaré mi plan. Empezaré por los cantones y parroquias más alejados. También mejoraré las vías, principalmente las rurales, para que (los productores) se sientan seguros de transportar sus productos hacia Guayaquil.

- ¿Cuánto va a destinar del presupuesto para las vías?

- Esta es la segunda prioridad y se destinará el 25% de los recursos.

Si yo doy el ejemplo de que no robo, nadie va a robar. La transparencia empieza por el prefecto.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

- ¿Ya tiene planificado cómo hacer para evitar las grandes inundaciones características de las épocas invernales?

- Estoy incluyendo eso en mi plan de trabajo que estoy elaborando y que debo presentar en agosto, al momento de inscribir la candidatura. Estoy trabajando con expertos en proyectos.

- El dragado del río Guayas ha sido una de las principales promesas de las últimas administraciones. ¿Qué haría diferente para que los resultados sean efectivos?

- Pediremos a las universidades públicas y privadas que revisen los proyectos que ya existen, mejorándolos. Para ello se destinarán 30, 60 días, no más. Al cuarto o quinto mes iniciaría el proceso (en el portal de compras públicas).

- ¿Cómo garantizará que los contratos de obra pública sean transparentes?

- Llamaré a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Producción y también a la clase obrera. Es decir, pueden venir y participar dentro del grupo que vamos a hacer el análisis. Vamos a tener a nuestros propios veedores y el principal veedor seré yo. Voy a estar también en territorio. Si doy el ejemplo de que yo no robo, nadie va a robar. Estoy dispuesto a dar ese ejemplo.

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- En el último período, la provincia tuvo una prefecta que dejó el cargo antes de concluir su mandato. ¿Qué garantías ofrece de que si resulta electo permanecerá los cuatro años?

- Así me ofrezcan y me digan: ‘Dé un pasito para que venga a ser asambleísta’, (diré que) no. Si a mí me eligen para (ser) prefecto de Guayas, yo tengo que terminar ese periodo; pero si quieren, de alguna manera, sabotear mi trabajo, no lo van a poder hacer.

- ¿Por qué?

- Porque voy a hacer bien las cosas. Si usted hace bien las cosas, apegadas a la ley, esa gente no podrá, ni rebuscando, encontrarle algo. Yo no soy corrupto.

- ¿De dónde buscará los recursos?

- Mi equipo de trabajo está analizando, en países principalmente europeos, créditos no reembolsables. También trataremos de que los países árabes puedan invertir en obra social en la provincia o presentarles proyectos viables y transparentes. Y mantendré una buena relación con el Gobierno, con bastante diálogo.

No podemos seguir permitiendo que las mafias les quiten a los productores guayasenses lo poco que ganan.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

Política

El TCE suspende a Amigo, partido que albergó a la Revolución Ciudadana, por investigación fiscal

Rosero Mariela

Sobre las 21:00 del 17 de julio del 2026, Pabón difundió un video en el que opinó: “En Ecuador vivimos una tiranía. No les bastó con sacar a la Revolución Ciudadana de la papeleta electoral; después tomaron el movimiento RETO, alternativa para nuestra participación política. Encarcelaron a alcaldes como Aquiles Álvarez y persiguieron a Cristiana Zamora”, afirmó.

Pabón recordó que, ante ese escenario, la RC buscó al movimiento Amigo para presentar sus candidaturas, pero —dijo— también fue suspendido el viernes 17 de julio de 2026. 

“Con esta decisión, la principal fuerza de oposición vuelve a quedarse sin la posibilidad de presentar candidatos a prefecturas, alcaldías, concejos municipales y juntas parroquiales”, sostuvo.

Política

Rivadeneira: suspensión de Amigo “no es un caso aislado” y apunta a persecución política

Rosero Mariela

Pabón añadió que la medida trasciende a una organización política. “No hablamos solo de un partido y sus dirigentes. Son millones de personas a quienes se les limita la opción de elegir a sus representantes”, dijo.

El llamado a la comunidad internacional, universidades y más de la prefecta de Pichincha

La prefecta aseguró que, si el Gobierno decide qué fuerzas pueden competir, se afecta la democracia y la libre elección. Señaló que el tema no debe entenderse como un conflicto interno de la RC, sino como un asunto de participación política de candidatos, militantes y electores.

“En democracia, incluso el partido que más incomoda al poder tiene derecho a existir, organizarse y presentar candidaturas. A los adversarios se les derrota en las urnas, no se les elimina de la competencia mediante recursos jurídicos”, afirmó.

Pabón advirtió que el cierre de vías democráticas incrementa la confrontación y la desconfianza en las instituciones. Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional, universidades, periodistas y organizaciones de la sociedad civil a no normalizar la situación y a exigir garantías para la participación política.

“Hoy se deja fuera a una organización política, pero se debilita el derecho de todos a decidir libremente. Las consecuencias no recaen solo en la RC, sino en el país”, concluyó.  

Lo que debes saber

• La protesta evidenció diferencias dentro de Pachakutik en Guayas.
• El acuerdo electoral incluye candidaturas en varios cantones de la provincia.
• La alianza fue firmada por las dirigencias nacionales de ambas organizaciones.

La abogada Mónica Luzárraga oficializó el pasado 14 de julio de 2026 su precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil mediante la coalición política conformada por Unidad Popular (UP) y Pachakutik (PK). Sin embargo, cuando ambas organizaciones avanzaban en el acuerdo, un grupo de dirigentes de Pachakutik en Guayas convocó a un plantón para expresar su rechazo a la alianza.

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El rechazo de un sector de Pachakutik

El plantón se realizó la mañana del viernes 17 de julio en los exteriores de la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE). La convocatoria fue suscrita por Clever Borja Marca, coordinador provincial de Pachakutik en Guayas, y Máximo Pinto Vera, coordinador cantonal de Pachakutik en Guayaquil, quienes expresaron su preocupación por los procesos internos del movimiento y exhortaron al organismo electoral a pronunciarse sobre los trámites pendientes.

Durante la protesta, uno de los dirigentes aseguró que las bases no respaldaban la candidatura de Mónica Luzárraga. "Los adherentes de Pachakutik determinamos no ir con la compañera (Luzárraga) y vamos a establecer los diálogos para que podamos ir en otra alianza o, si no, vamos solos", manifestó.

La alianza ya fue firmada por las dirigencias nacionales

Sin embargo, la alianza electoral fue suscrita formalmente el jueves 16 de julio por las dirigencias nacionales de Unidad Popular y Pachakutik. El acuerdo político fue denominado "Despierta, Unidad por la Patria" y contempla candidaturas conjuntas para la Prefectura y Viceprefectura del Guayas, la Alcaldía y concejalías de Guayaquil, así como alcaldías y concejalías en Santa Lucía, Isidro Ayora y Naranjito.

Desde la cuenta oficial de Facebook de Unidad Popular de Guayas, a las 18:58 del 17 de julio de 2026, se difundieron los documentos de la alianza junto con un mensaje de respaldo a la candidatura. La publicación señala: "¡Vamos a la victoria con Mónica Luzárraga!", y destaca que ambas organizaciones “unimos fuerzas para conformar la alianza electoral “Despierta, Unidad por la Patria”, con la que participaremos en las Elecciones Seccionales de 2026”.

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Luzárraga descarta una ruptura del acuerdo

Consultada por EXPRESO, Luzárraga afirmó que la alianza no está en riesgo pese a las manifestaciones registradas en Guayaquil. Explicó que el acuerdo fue firmado por los representantes legales de ambas organizaciones, Giovanni Atarihuana por Unidad Popular y Guillermo Churuchumbi por Pachakutik, conforme lo establece el reglamento electoral.

La aspirante a la Alcaldía de Guayaquil sostuvo que el plantón fue impulsado por personas que, según dijo, no aceptaron los espacios asignados dentro de las listas y condicionaron su participación política. Añadió que quienes encabezaron la protesta no son precandidatos formalmente, debido a que Pachakutik no concluyó el procedimiento de elecciones primarias, y subrayó que Unidad Popular cedió varios espacios para facilitar la integración de militantes del movimiento indígena.

La dirigencia de UP descarta una ruptura de la alianza

Luzárraga indicó, además, que la alianza será presentada ante el Consejo Nacional Electoral dentro del plazo previsto en el calendario electoral. Precisó que la normativa establece que estos acuerdos debían ser informados oficialmente hasta el sábado 18 de julio de 2026.

El director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, aseguró que la alianza con Pachakutik se mantiene firme y destacó que representa una opción competitiva para las elecciones seccionales. "La unidad es un hecho y una alternativa muy potente para el electorado guayaquileño. UP y PK ya firmamos el acuerdo, pero este va más allá: incluye y moviliza a amplios sectores sociales que se siguen sumando", afirmó.

EXPRESO intentó obtener una versión de Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik y uno de los firmantes del acuerdo, para conocer su posición frente al rechazo expresado por un sector de la dirigencia provincial. No obstante, hasta el cierre de esta edición no respondió los requerimientos del Diario.

Política

El TCE suspende a Amigo, partido que albergó a la Revolución Ciudadana, por investigación fiscal

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“Habíamos advertido que, cualquiera que fuera el vehículo que anunciemos, se pondría en la mira de suspensión, persecución y hostigamiento. No es un caso aislado; es un copia y pega, salvo que a ellos les han notificado que forman parte de un proceso de investigación”, dijo la noche del viernes 17 de julio de 2026.

En entrevista con Outsiders, la directiva calificó la medida como “insólita” y aseguró que la RC continuará con sus alianzas. 

“Ya registramos las alianzas", dijo y anotó que ellos han buscado alianzas diversas en todo el Ecuador, lo que ha llamado planes A, B y hasta la Z. Criticó: "Se van a quedar absolutamente solos", comentó y reiteró que su consigna es "todos menos ADN". Las alianzas ya están registradas, pero ya se verá qué ocurre hasta la inscripción de candidaturas, la fecha límite es el 17 de agosto.

¿Cómo queda el movimiento Amigo?

Rivadeneira recordó que la directiva de Amigo cambió en diciembre de 2025 y que no ha manejado fondos de campaña. La Fiscalía General del Estado le acusa de lavado de activos. Añadió que el movimiento cuenta con un equipo de abogados para emprender acciones en defensa del debido proceso.

También señaló que, a su criterio, la suspensión previa de la RC no fue legal. “La ilegalidad la seguirán cometiendo contra toda organización política”, dijo. Agregó que, semanas atrás, un grupo de asambleístas del movimiento acudió a Washington, ante la OEA, donde —según indicó— se expresó preocupación por la situación de la democracia ecuatoriana.

Las claves que debes saber

• Washington Martínez presentó recurso al CNE este 17 de julio tras negativa a formularios para revocar a Noboa.
• La Plataforma Ciudadana, vinculada a Leonidas Iza, prevé apelar ante el TCE si el CNE rechaza el recurso.
• Experto señala fallas legales en la solicitud y afirma que la revocatoria puede volver a presentarse.

El abogado Washington Andrade, uno de los integrantes de la denominada Plataforma Ciudadana para la revocatoria del mandato contra de Daniel Noboa, anunció la tarde de este 17 de julio de 2026 que presentó el recurso de corrección ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que el organismo se negó a entregar los formularios para iniciar el proceso en contra del presidente de Ecuador.

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Martínez dijo que entregó esa documentación, como lo decidió esa agrupación que reúne a la Ecuarunari, dirigida por Leonidas Iza, y a otras organizaciones sociales. 

"Dentro del término legal y dando cumplimiento a lo resuelto por la Plataforma Ciudadana para la revocatoria del mandato a Noboa y Pinto, hemos presentado sendos recursos horizontales, a las negativas a conceder los formularios para recolección de firmas para la revocatoria", indicó el jurista en sus redes sociales.

Política

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A la par, el representante de la plataforma indicó que tiene previsto acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), después de que el CNE resuelva el recurso interpuesto hoy.

El recurso de corrección llegó dos días después de que el Pleno del CNE resolvió oponerse a entregar los formularios para revocar el mandato a Noboa, tras conocer el informe de la Dirección Jurídica, donde se señala que los peticionarios no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

¿Qué opciones tiene Leonidas Iza tras la negativa del CNE?

Pablo Játiva, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica las opciones que podrían analizar Iza y los demás promotores de la revocatoria, frente a la negativa del CNE.

Según el especialista, "pueden plantear un recurso de apelación ante el TCE, es el único que podría revisar esa decisión del CNE". Sin embargo, observa que el Contencioso leerá la resolución del Consejo Electoral y, "efectivamente, va a ver que no hay un incumplimiento específico".

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Lo afirma porque sostiene que la solicitud de revocatoria de mandato "estaba mal planteada, había errores de fondo que resultaron evidentes para el CNE. Uno de esos, el más evidente, es que no se especifica cuál es el incumplimiento del Gobierno", acota.

El también asesor jurídico asegura que revisó la revocatoria que presentó esa Plataforma y pudo notar que "es super general, cuando la Constitución y el Código de la Democracia obligan al proponente a especificar las vulneraciones del Gobierno en cuanto a su plan de trabajo. Es muy general", insiste.

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"Si se analiza, se ve que el fundamento contiene recortes de prensa, opiniones de activistas políticos y no se llega a demostrar cuál propuesta específicamente se está incumpliendo", agrega.

No obstante, otra posibilidad -detalla el docente- es volver a presentar nuevamente la solicitud para tratar de remover a Noboa de la Presidencia. 

"No hay límite al número de propuestas de revocatoria que los activistas y grupos políticos puedan plantear. Esta la hicieron mal, pero puede haber una lógica de prueba-error para plantear una correcta en uno o dos meses", opina.

Játiva añade que el único límite para solicitar la revocatoria del mandato es el tiempo. "Solo se puede proponer después del primer año de gobierno y antes del último, no dice cuántas veces. Pueden darse varios intentos", finaliza.

Ecuador

TCE suspende a la Revolución Ciudadana por 9 meses tras denuncia de Fiscalía

Edison Andrés García Yépez

La medida, adoptada en el marco del artículo 374 del Código de la Democracia, podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses. Durante ese periodo, la suspensión podrá levantarse de forma inmediata —de oficio o a petición de parte— si se verifican determinadas condiciones.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía ante el TCE

El 16 de julio de 2026, la Secretaría General del TCE recibió el oficio Nro. FGE-DSP-2026-007019-O, suscrito por el fiscal general del Estado (e), Carlos Leonardo Alarcón Argudo. 

En ese documento se informó sobre la existencia de la investigación previa Nro. 170101826072291 en contra del movimiento Amigo y sus directivos, por el presunto delito de lavado de activos.

Un día después, el 17 de julio, la causa fue registrada con el número 110-2026-TCE y, tras el sorteo electrónico, la competencia recayó en el juez Juan Patricio Maldonado Benítez. Ese mismo día, el despacho recibió el expediente correspondiente.

En su análisis, el TCE señala que la solicitud de la Fiscalía se sustenta en la presunta vinculación de la organización política con el delito investigado, lo que activa la aplicación de medidas previstas en el Código de la Democracia. Y que podrá levantarse cuando se verifique, entre otras, las siguientes circunstancias: 

La RC se queda sin su vehículo electoral

El Movimiento Amigo es la organización política que albergó a la Revolución Ciudadana, luego de que se quedara sin su casillero electoral. En ese caso, también el Fiscal General del Estado intervino ante el TCE.

El 6 de marzo del 2026, la Fiscalía informó al Contencioso Electoral sobre la existencia de la investigación previa que se desarrolla por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y que, supuestamente, involucraría a la RC. El caso fue denominado como Caja Chica por el Ministerio Público.

EXPRESO se comunicó con directivos y líderes de la Revolución Ciudadana y señalaron que en el transcurso de la noche emitirán un pronunciamiento. 

Las claves que debes saber

• Judicatura declara emergencia por déficit de 735 jueces y agiliza nombramientos temporales por 33 días.
• Provincias definirán vacantes y perfiles; luego se prevén concursos para jueces titulares en Ecuador.
• Proceso genera alertas por posible influencia política y del crimen organizado en designación de jueces.

El Consejo de la Judicatura (CJ) ha declarado una emergencia para el aparato de justicia porque, según su argumento, en el Ecuador existe un déficit de 735 jueces, lo que ha provocado retrasos en la tramitación de causas y dificultades para garantizar el acceso a la justicia. 

Te invitamos a leer| Consejo de la Judicatura declara en emergencia al sistema judicial por déficit de 735 jueces

La medida permite acelerar la designación de jueces temporales, mientras se organizan concursos para nombrar jueces titulares. Esta posibilidad ya está prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. La emergencia busca justificar su utilización de manera masiva.

Este es el plan de la Judicatura

De acuerdo con la resolución, las direcciones provinciales deberán determinar cuántos jueces hacen falta en cada jurisdicción, elaborar los perfiles requeridos y establecer las prioridades de cobertura.

Antes de realizar nuevas designaciones, el Consejo podrá trasladar jueces desde dependencias con menor carga procesal hacia aquellas donde existe mayor congestión. Aunque la medida se basa en nombramientos temporales, el objetivo declarado es que posteriormente se convoque a concursos públicos para proveer las vacantes de manera permanente. Esta emergencia no deberá durar, en principio, más de 33 días.

Política

Consejo de la Judicatura: concurso de jueces para la Corte Nacional podría extenderse

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La sombra de Godoy

El anuncio despierta temores porque resulta imposible no relacionar esta emergencia con la que tenía previsto declarar Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien llegó al cargo con el respaldo del Gobierno y terminó saliendo en medio de escándalos por sus aparentes vínculos con mafias. 

Aquella declaratoria fue percibida por un amplio sector de la sociedad como un intento del Ejecutivo de controlar la administración de justicia. 

Finalmente, la iniciativa de Godoy quedó frustrada cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley que la Asamblea había aprobado para permitirle reorganizar el sistema judicial con facultades extraordinarias.

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La desconfianza está latente

También existen circunstancias actuales que hacen que esta nueva declaratoria genere incertidumbre sobre una eventual instrumentalización política. Por ejemplo, que la actual presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, haya accedido al cargo tras la destitución de la anterior presidenta, un cambio que solo fue posible gracias al respaldo del Gobierno. 

¿Existen garantías de que Caicedo no lidere una reestructuración de la Función Judicial cuyo verdadero objetivo sea poner el aparato judicial al servicio del Ejecutivo? Esa es una de las principales interrogantes. Pero hay otra, igualmente inquietante, relacionada con el contexto en que se desarrollará el proceso: el estado de violencia que vive buena parte del país por la acción de los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Supone un riesgo enorme escoger a más de 700 jueces en un país donde, en algunas provincias, no se mueve una hoja sin la autorización de las mafias. Más aún cuando, al menos hasta ahora, no se conoce ninguna medida específica destinada a blindar el proceso frente a la influencia del narcotráfico y del crimen organizado.

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Sin embargo, pese a esos riesgos, la medida parece necesaria. Al menos esa es la opinión de la abogada María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, entrevistada en el programa ‘Politizados’, de EXPRESO. 

Según ella, el proceso solo tendrá legitimidad si se desarrolla con criterios técnicos, absoluta transparencia y vigilancia ciudadana e internacional. 

Coronel hizo además una precisión jurídica importante: aclaró que el Consejo de la Judicatura no ha declarado un estado de emergencia de la Función Judicial, sino que ha reconocido una situación de emergencia para justificar la adopción de medidas extraordinarias destinadas al nombramiento temporal de jueces, una figura ya prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial.

La resolución dispone inicialmente que las direcciones provinciales de Talento Humano identifiquen las necesidades de cada jurisdicción, elaboren los perfiles, certifiquen la disponibilidad presupuestaria y coordinen con el Ministerio de Finanzas el financiamiento de los nombramientos. 

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los riesgos que se podrían generar

Sin embargo, hasta ahora no se conoce ningún mecanismo destinado a impedir que esas direcciones de Talento Humano sean influenciadas, por las buenas o por las malas, ya sea por el Gobierno o por los grupos de delincuencia organizada. También insistió en que el proceso incorpore veedurías nacionales e internacionales que permitan auditar los nombramientos.

Pese a ello, reconoció que el contexto político mantiene abiertos los riesgos de interferencia. Admitió que el origen de la actual presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, y la actuación del poder político generan desconfianza ciudadana. “Siempre el poder es peligroso”, afirmó.

Coronel añadió que el principal riesgo ya no proviene únicamente de la influencia política, sino también de la penetración del crimen organizado. 

Justicia

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Advirtió que las organizaciones delictivas podrían intentar aprovechar el proceso para colocar personas afines dentro de la Función Judicial, aunque recordó que la infiltración de estas estructuras ya existe en distintos ámbitos del Estado y de la sociedad.

Otro aspecto que destacó fue la necesidad de que la medida sea realmente temporal y que el Consejo convoque, cuanto antes, concursos públicos de méritos y oposición para llenar definitivamente las vacantes judiciales.