Lo que debes saber

• El Pleno de la Asamblea Nacional designó a sus nuevas autoridades de secretaría.
• Jorge Enrique López Terán fue electo con 88 votos a favor como secretario general.
• Laura Vanessa Flores Arias asumió el cargo de prosecretaria del Parlamento.

El Pleno de la Asamblea Nacional eligió este 1 de septiembre de 2026 al abogado Jorge Enrique López Terán como nuevo secretario general del Parlamento ecuatoriano y a Laura Vanessa Flores Arias como prosecretaria. La designación se concretó mediante una votación parlamentaria tras la moción presentada por el asambleísta Pablo Jurado, cubriendo la vacante originada por la renuncia del anterior titular del cargo administrativo.

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Elección de autoridades en el Parlamento ecuatoriano

Con 88 votos a favor y 55 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió la moción planteada por el legislador Pablo Jurado para renovar los cargos de la mesa legislativa administrativa.

Con esta decisión, Jorge Enrique López Terán asumirá las funciones en reemplazo de Giovanny Bravo, funcionario que desempeñaba el puesto desde mayo de 2025 y que presentó su renuncia formal en junio de 2026. Junto a López Terán, se designó a Laura Vanessa Flores Arias en la prosecretaría del órgano legislativo.

Perfil profesional y trayectoria de Jorge Enrique López Terán

López Terán es abogado de profesión y cuenta con una amplia experiencia en el sector público, habiendo desempeñado funciones tanto en el ámbito parlamentario como en diversas carteras de Estado y en el gobierno municipal de la capital.

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Cargos desempeñados en el sector público

Principales funciones del secretario general en la Asamblea Nacional

El secretario general de la Asamblea Nacional es responsable de la gestión jurídica, operativa y documental del Legislativo. Entre sus principales atribuciones se encuentran:

Lo que debes saber

• Contraloría detectó responsabilidades en el Censo 2022 tras diez auditorías realizadas desde 2023 en Ecuador.
• Mauricio Torres informó que hallazgos en procesos del Censo 2022 derivaron en responsabilidades administrativas y civiles.
• Auditorías al Censo 2022 siguen en 2026 para determinar irregularidades en contrataciones, talento humano y logística.

Las inconsistencias detectadas en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022 continúan bajo análisis de los organismos de control. El contralor general del Estado, Mauricio Torres, aseguró que la entidad ha ejecutado una serie de exámenes especiales que han permitido identificar observaciones y posibles responsabilidades relacionadas con la ejecución de este proceso estadístico nacional.

Durante una entrevista, Torres explicó que desde 2023 la Contraloría ha realizado diez exámenes de control a distintos componentes vinculados con el censo desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las auditorías han abarcado áreas como comunicación, contratación de bienes y servicios y gestión del talento humano.

Diez auditorías ejecutadas desde 2023

Según el titular de la Contraloría, los procesos de control no se han limitado a una sola área, sino que han revisado diversos aspectos operativos y administrativos relacionados con la planificación y ejecución del censo.

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Torres señaló que actualmente se desarrolla una revisión específica sobre la legalidad de los procedimientos vinculados al transporte del personal que participó en el levantamiento de información censal.

El funcionario indicó que los exámenes efectuados hasta ahora han permitido establecer observaciones que derivaron en responsabilidades administrativas y civiles, aunque no detalló el número de funcionarios involucrados ni el alcance económico de los hallazgos.

Preocupación por el impacto de las cifras censales

Las declaraciones surgen en medio del debate generado por las inconsistencias identificadas en los datos del Censo 2022 y por las posibles consecuencias que estas podrían haber tenido en decisiones estatales adoptadas con base en esas estadísticas.

Las cifras censales constituyen un insumo clave para la definición de políticas públicas, la asignación de recursos a gobiernos locales y la planificación de programas estatales, por lo que cualquier diferencia o error en la información puede tener repercusiones en distintos ámbitos de la gestión pública.

Aunque Torres no precisó si las auditorías determinaron una incidencia directa de las inconsistencias en decisiones gubernamentales, sostuvo que el trabajo de la Contraloría se concentra en verificar el cumplimiento de la normativa, los procedimientos administrativos y el uso de recursos públicos.

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Más controles en organismos del Estado

Durante la entrevista, el contralor también hizo referencia a exámenes realizados en otras instituciones, entre ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE). Indicó que algunas investigaciones derivaron en la identificación de indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su análisis.

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Como ejemplo mencionó observaciones relacionadas con procesos de voto electrónico, sobre los cuales se detectaron problemas que motivaron acciones de control por parte del organismo.

Torres enfatizó que la labor de la Contraloría consiste en realizar evaluaciones técnicas y determinar posibles responsabilidades cuando se detectan irregularidades en la gestión pública.

Lo que debes saber

• La deportación de José Serrano no alteraría el resultado de las próximas elecciones seccionales.
• Analistas señalan que la polarización entre correísmo y anticorreísmo ya está consolidada.
• Factores como la gestión gubernamental y otros casos judiciales incidirán más en el voto.

La deportación de José Serrano y su traslado a la Cárcel del Encuentro en Ecuador, tras años de proyectar una imagen de intocabilidad por su rol en el gobierno de Rafael Correa, tendrán un impacto electoral limitado en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026. Analistas y exlegisladores coinciden en que este acontecimiento político no otorgará una ventaja decisiva a los candidatos del oficialismo, debido a que las prioridades ciudadanas se centran en la economía del día a día y a que el clivaje político se encuentra fuertemente polarizado a tres meses de los comicios.

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El peso simbólico del retorno y las prioridades de los votantes

Para el exasambleísta Andrés Páez, la relevancia política del retorno de José Serrano radica en que durante años el exministro proyectó una imagen de ser intocable, pese a los señalamientos en su contra y a su papel protagónico durante el correísmo.

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Sin embargo, Páez sostiene que su reclusión en la Cárcel del Encuentro no representará una ventaja significativa para los postulantes del oficialismo en las elecciones seccionales:

"El grueso de la gente está en otra cosa, está viviendo con lo del día a día, está buscando parar la olla".Andrés Páez, exasambleísta

El voto anticorreísta y los electores indecisos

El retorno del exfuncionario podría funcionar únicamente como un elemento de validación para quienes ya simpatizan con el régimen:

Según Páez, "el voto anticorreísta es sólido. Está consolidado. El voto anticorreísta tiene una consigna muy clara y contundente, pero no necesariamente contagia a otros estamentos de la sociedad".

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Polarización política y neutralización del correísmo

Por su parte, el consultor político y exsecretario de Comunicación Gustavo Isch coincide en que el suceso tendrá una incidencia marginal en las urnas. A su criterio, la expulsión del exministro no altera de forma sustancial la división política nacional.

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"Los niveles de polarización están tan establecidos que difícilmente va a cambiar algún porcentaje o algún sector de la ciudadanía, bien sea a favor o en contra", explicó Isch. Además, puntualizó que las acciones orientadas a neutralizar al movimiento del expresidente Rafael Correa no se traducen de manera automática en un cambio en la intención de voto.

Factores clave que incidirán en las elecciones seccionales

El exlegislador Héctor Muñoz remarcó que la deportación no definirá los resultados por sí sola, en particular porque ocurre con tres meses de anticipación a la jornada de votación. No obstante, identificó variables que sí podrían alterar el tablero político:

El episodio refuerza posturas previas en el electorado, pero no cuenta con la fuerza suficiente para reconfigurar por sí solo el escenario electoral ecuatoriano.

Lo que se sabe

• El alcalde de Guayaquil fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión
• Su defensa asegura que apelará la sentencia
• Aquiles Álvarez ya había sido sentenciado por el caso Grillete

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado el pasado sábado 29 de agosto de 2026 a seis años y ocho meses de prisión, por el supuesto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, como parte del caso denominado Triple A.

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Los integrantes del Tribunal de Garantías Penales consideraron que Álvarez, y otros procesados, conformaron una estructura empresarial con la que se desvió combustible subsidiado hacia segmentos que no tenían acceso a ese beneficio estatal. Ocurrió entre 2020 y 2024.

También se dispuso la clausura definitiva y disolución de seis empresas: Copepasa, Corpalub, Ternape, Welcourt, Intudiesel y Arzayudi.

Los jueces aseguraron que Álvarez mantuvo control sobre compañías clave dentro de la estructura investigada y que existían elementos que permitían atribuirle responsabilidad como autor directo de este delito.

Sentencia de Triple A será apelada

El siguiente paso que aplicará la defensa del alcalde es apelar la sentencia, cuando sea notificada de manera escrita, según explicó este lunes 31 de agosto su abogado Julio César Cueva.

"Creería que los jueces no tuvieron claro el caso", afirmó Cueva, quien cuestionó que los jueces determinaran un perjuicio de 61 millones de dólares, relativos a 22 millones de galones de combustible.

Cueva afirmó que, una vez recibida la resolución escrita del Tribunal, evaluará la presentación de recursos de aclaración, ampliación y apelación.

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Lo que se sabe

• José Serrano está en la cárcel del Encuentro tras su deportación de Estados Unidos
• Fiscalía asegura que planificó el seguimiento y vigilancia del excandidato presidencial Fernando Villavicencio
• El crimen se cometió hace tres años en Quito

Tras ser deportado desde Estados Unidos, la noche del pasado viernes 28 de agosto de 2026, el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado está detenido en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

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Él está acusado por Fiscalía de ser el artífice del plan de seguimiento y vigilancia al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, que terminó con su asesinato, en Quito, hace tres años.

Serrano, según la fiscal Ana Hidalgo, aprovechó sus contactos en la Policía Nacional y en las agencias de inteligencia para trazar la rutina diaria del candidato y exasambleísta.

Otros posibles autores intelectuales del crimen, según Fiscalía, son: el exasambleísta Ronny Aleaga, el empresario Xavier Jordán, y Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción.

¿Qué vincula a José Serrano al crimen de Fernando Villavicencio?

Salcedo dijo que conectó a Serrano con miembros de la banda criminal Los Lobos para que tengan acceso a la rutina y los movimientos de Villavicencio, y así ejecuten el crimen.

Un exteniente de la Policía Nacional aseguró que recibió órdenes de Salcedo para seguir al entonces candidato. "No hay dispositivos, no hay pericias, no hay cadena de custodia. Solo relatos construidos para sostener un libreto político", afirmó Serrano en una carta pública, emitida en septiembre del 2025.

Eduardo León, abogado defensor de Serrano, aseguró el pasado 12 de agosto que no existirían evidencias de las supuestas conversaciones directas entre Serrano y Jordán, lo que debilitaría la tesis de Fiscalía sobre una supuesta coordinación para el crimen.

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Los puntos claves

• La Fiscalía investiga a José Serrano, deportado de Estados Unidos, como presunto autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio y solicitó que sea llamado a juicio.
• Además del caso Villavicencio, Serrano ha sido mencionado en denuncias e investigaciones por presunto secuestro, tentativa de asesinato, difusión de información reservada, tráfico de influencias y cohecho.
• Estos expedientes no se encuentran en la misma etapa procesal, por lo que su eventual avance dependerá de la situación de cada investigación y de las decisiones de las autoridades.
• La defensa de Serrano cuestiona los testimonios de cuatro personas sentenciadas que fueron incorporados al caso y sostiene que sus versiones no tienen respaldo material.

Tras casi cinco años fuera de Ecuador y luego de ser deportado desde Estados Unidos, el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quedó bajo custodia de la justicia ecuatoriana.

Serrano arribó al país la noche del viernes 28 de agosto de 2026 y, durante la madrugada del sábado 29, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Actualmente permanece en una celda individual, según confirmó este 31 de agosto el ministro del Interior, John Reimberg.

Pero su ingreso a prisión no significa que todos los señalamientos acumulados durante los últimos años vayan a convertirse automáticamente en procesos penales. La situación judicial del exfuncionario es más compleja: existe un caso en el que tiene una orden de prisión preventiva vigente y, además, una serie de denuncias e investigaciones que han tenido diferentes recorridos.

El proceso que mantiene vigente la orden de prisión preventiva es el caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato del excandidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

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Tenía vigente una orden de prisión preventiva  

En el caso Magnicidio FV, la Fiscalía investiga a Serrano por su presunta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio. De acuerdo con la acusación fiscal, habría intervenido en el financiamiento, planificación y ejecución del crimen, además de utilizar contactos dentro de la Policía para obtener información sobre los movimientos, rutinas y círculo de seguridad del excandidato presidencial.

La Fiscalía lo procesa como presunto autor mediato del asesinato. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal Ana Hidalgo solicitó que Serrano sea llamado a juicio.

Serrano tenía vigente una orden de prisión preventiva dentro de esta causa. Por ello, tras su llegada a Ecuador luego de ser deportado desde Estados Unidos, fue trasladado a un centro penitenciario.

El proceso continúa en la etapa que corresponde y serán los jueces quienes determinen las siguientes actuaciones. La investigación y las acusaciones fiscales no constituyen una condena. Serrano mantiene su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine su responsabilidad penal.

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Los otros expedientes de Serrano

El caso Villavicencio no es el único que ha involucrado al exfuncionario. A lo largo de los últimos años se han presentado denuncias y se han abierto investigaciones por distintos hechos.

Uno de ellos se remonta a 2019, cuando Oswaldo Rivadeneira, exasesor del despacho de José Serrano en el Ministerio del Interior, señaló a Serrano por un supuesto cobro de diezmos a funcionarios del Ministerio del Interior.

En 2023, el exasambleísta Fernando Balda presentó una denuncia relacionada con el supuesto secuestro ocurrido en Colombia en 2012. Ese mismo año, el abogado Luigi García presentó otra denuncia por una presunta tentativa de asesinato.

A estos casos se suma una investigación previa abierta por la Fiscalía en 2024 por la presunta difusión de información reservada y una denuncia presentada por Jorge Pinto, entonces exasambleísta de CREO y dirigente de Construye, por supuesto tráfico de influencias y cohecho.

Estos casos no se encuentran en la misma etapa procesal. Su situación dependerá del estado de cada expediente y de las decisiones que adopten la Fiscalía y la justicia.

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El regreso de Serrano también genera reacciones políticas

El regreso de Serrano también reactivó el debate sobre su paso por el gobierno de Rafael Correa y sobre las políticas de seguridad aplicadas durante esa etapa.

José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, vinculó la situación de Serrano con decisiones tomadas durante el correísmo y cuestionó la denominada política de "pacificación" aplicada frente a grupos como las pandillas.

El Gobierno de Daniel Noboa sostiene que esas políticas contribuyeron a generar condiciones para el fortalecimiento posterior de estructuras criminales. El correísmo, como ha publicado EXPRESO, ha rechazado esa interpretación y ha negado que exista una relación entre aquellas decisiones y la actual crisis de seguridad.

Reimberg también se refirió a los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de Serrano con carteles y hechos de corrupción. El funcionario señaló que el exministro deberá comparecer ante la justicia ecuatoriana.

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La defensa niega el vínculo con el crimen

La familia de José Serrano cuestionó la acusación de la Fiscalía dentro del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio y aseguró que no existe una prueba que vincule directamente al exministro con el crimen.

Uno de los cuestionamientos apunta a los testimonios utilizados en la investigación. La defensa señala que cuatro personas sentenciadas por otros delitos han declarado en el proceso y que sus versiones no tendrían respaldo en pruebas materiales. También cuestiona los beneficios que algunos de estos testigos habrían recibido por colaborar con la investigación.

La familia sostiene, además, que no existen chats, llamadas, correos electrónicos, grabaciones u otros registros que relacionen a Serrano con las personas involucradas en el asesinato. También cuestiona la supuesta relación entre el exministro y Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”.

Con esos argumentos, la defensa pidió que la decisión judicial se tome a partir de las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas peritajes, registros telefónicos, documentos y testimonios. El pronunciamiento corresponde a la posición de la defensa frente a la acusación fiscal.

Lo que debes saber

• Las reglas de control cambian según la legislación de cada país.
• Revisar las cuentas de un mandatario permite detectar posibles cambios injustificados en su patrimonio
• Las normas de transparencia buscan prevenir que los intereses privados influyan en las decisiones públicas.

Un presidente puede llegar al poder con millones, con una empresa familiar o con un patrimonio modesto; sin embargo, la pregunta no es cuánto tiene al asumir el cargo, sino qué ocurre con sus bienes mientras gobierna. En Latinoamérica existen distintas fórmulas para seguir ese rastro —desde declaraciones patrimoniales y controles de organismos públicos hasta fideicomisos ciegos—, aunque no todos los países de la región ofrecen a sus ciudadanos el mismo nivel de acceso para conocer cómo evoluciona la situación económica de sus mandatarios.

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¿Qué se revisa?

En términos generales, los mandatarios deben informar sobre su patrimonio al asumir el cargo, durante la gestión y al finalizarla, aunque los momentos y alcances varían según cada legislación. Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica que una auditoría implica contrastar activos, pasivos, ingresos, participaciones empresariales y posibles conflictos de interés. Además, revisar cómo cambia la situación económica del mandatario desde que asume hasta que deja el cargo.

No obstante, declarar el patrimonio no significa necesariamente que este haya sido auditado. Téllez señala que el proceso, en varios de los países de la región, tiene varios niveles: la declaración y su publicidad, la verificación formal por parte de los organismos de control y, cuando corresponde, las investigaciones y sanciones derivadas de posibles irregularidades.

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Modelos regionales

La experta en Derecho Internacional expone que Colombia es uno de los países que destaca por el acceso ciudadano a esta información, mediante el ‘Aplicativo por la Integridad Pública’, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Allí se registran bienes y rentas, conflictos de interés e información tributaria de los funcionarios obligados, y la ciudadanía, los medios de comunicación y los organismos de control pueden realizar consultas.

Argentina también mantiene un esquema de amplia publicidad a través de la Oficina Anticorrupción, que permite consultar las declaraciones juradas patrimoniales integrales y pública, en formatos abiertos, correspondientes a funcionarios del Poder Ejecutivo. Brasil, en cambio, utiliza el sistema electrónico de información patrimonial y de conflictos de intereses de la Contraloría General de la Unión, conocido como e-Patri, mediante el cual los funcionarios federales presentan sus declaraciones.

Chile incorpora un mecanismo adicional para prevenir conflictos entre los intereses económicos de sus autoridades y las decisiones que toman desde el poder. La Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, establece que quienes posean determinados activos financieros por encima de 25.000 Unidades de Fomento —una unidad de valor que se reajusta con la inflación— deben someterlos a un mandato especial de administración, conocido como fideicomiso ciego, o enajenarlos, según corresponda; así, la autoridad mantiene la propiedad, pero pierde la administración y la capacidad de intervenir en esas inversiones.

Ese modelo ha sido utilizado en varios casos presidenciales como el de Sebastián Piñera y, más recientemente, José Antonio Kast, quien solicitó estructurar un fideicomiso ciego antes de asumir la Presidencia. Eso, debido a que su patrimonio incluía diversas inversiones.

Para Téllez, la existencia de más mecanismos de control fortalece la democracia, siempre que los organismos encargados de aplicarlos mantengan independencia frente al Ejecutivo. A su juicio, no se trata de limitar a quien llega al poder, sino de establecer condiciones que permitan verificar durante el mandato con qué patrimonio ingresa un presidente, cómo evoluciona y si sus intereses económicos pueden incidir en sus decisiones.

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El caso ecuatoriano

En Ecuador, la Contraloría General del Estado recibe y examina las declaraciones patrimoniales juradas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. Estas deben presentarse al iniciar y finalizar la gestión, así como con la periodicidad que establece la ley.

Sin embargo, el acceso a las declaraciones patrimoniales del presidente Daniel Noboa en el portal digital de la entidad ha sido bloqueado y restringido al público. Esto ocurre pese a que el artículo 231 de la Constitución establece que las servidoras y servidores públicos, sin excepción, deben presentar una declaración patrimonial que incluya activos y pasivos.

En este contexto, expresa la académica, la restricción del acceso público a la información patrimonial en Ecuador opaca la transparencia y reduce la capacidad de la ciudadanía para ejercer control sobre quienes gobiernan. Téllez advierte que la transparencia no demuestra por sí sola la honestidad de un funcionario, pero la opacidad impide comprobarla y dificulta determinar si el ejercicio del poder está siendo utilizado para un interés público o para un eventual beneficio privado.

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El Pleno aprobó informe sobre Progen que liberó de responsabilidad política a ministros de Noboa

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El Pleno, luego de ocho meses en los que se revelaron nuevos elementos, decidió aprobar el informe de la Comisión de Transparencia, en el que se liberó de responsabilidades políticas a los ministros del presidente Daniel Noboa.

El argumento de dicho informe fue que la Contraloría ya había emitido responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad de varios funcionarios involucrados en la firma del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Progen para la entrega de generadores de energía que jamás funcionaron.

Con eso, la posibilidad de que se derive un juicio político en contra de los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano se terminó.

Hay que tomar en cuenta que, por este caso, ninguno de los ministros de Noboa ha pisado la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, justificó la decisión bajo el argumento de que convocó a quienes estuvieron relacionados con la firma del contrato.

Un informe sin actualización

Pero ese documento ni siquiera tomó en cuenta todo lo dicho por Fabián Calero, exgerente de Celec, luego de su comparecencia en la Asamblea, cuando aún era funcionario del Gobierno de Daniel Noboa.

El correísta Franklin Samaniego dijo que el informe solo determinaba dos cosas: no había responsables políticos y señalaba únicamente a mandos medios. “Emite un informe para hacer lo que normalmente realiza (ADN): impunidad total en el tema político”, manifestó.

Además, recordó que, en lo que tiene que ver con Roberto Luque, el plazo para enjuiciarlo políticamente por este caso terminó. Esto porque un proceso de estas características exige que la exautoridad haya salido del cargo máximo un año atrás.

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Reformas al Código de la Niñez se definirán en el Pleno: estos son los cambios que se incluyeron

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El oficialismo defiende lo actuado

Desde el oficialismo, la asambleísta Valentina Centeno dio por concluido el proceso. Y, respecto a la responsabilidad de los ministros, ella dijo que eso ya fue algo resuelto en el juicio político archivado en el Pleno de la Asamblea, el cual buscaba la censura de Inés Manzano.

“Sobre responsabilidades políticas eso se ha manejado en la Comisión de Fiscalización. Ha llevado varios juicios políticos”, dijo. Y recordó que, a propósito del proceso contra Manzano, se abrió la posibilidad de presentar las pruebas.

Centeno recordó el proceso sobre la ruta del dinero. Esta indagación fue propuesta por el mismo oficialismo. Pero no ha logrado aprobarse el informe porque no cuentan con la información necesaria.

Lo cierto es que ahí tampoco hay señales de que se establezcan responsabilidades más allá de los mandos medios. El informe de este proceso debía aprobarse el 28 de agosto. La sesión para ese fin fue suspendida ante la falta de información.

La asambleísta Ana Herrera (RC) comentó que el documento que se pretendía aprobar tampoco señalaba responsables políticos. “La fiscalización de la ruta del dinero si se podrían desprender responsabilidades el problema es que tampoco hay voluntad política para hacerlo. El viernes se convocó a sesión de la comisión para aprobar el informe, que entre otras cosas, dice que los ministros no tienen responsabilidad alguna”, reveló. 

Lo que debes saber

• La designación del nuevo Fiscal General del Estado se prevé entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026.
• La Comisión Ciudadana fijó el trámite de 41 impugnaciones entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre.
• El cronograma actualizado incluye pruebas de oposición, aunque advierten de posibles recursos judiciales.

Ecuador contaría con un nuevo Fiscal General del Estado en Navidad. La Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma del concurso público para designar al nuevo titular de la Fiscalía, estableciendo que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realice la designación definitiva entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026, tras concluir las audiencias de impugnación ciudadana y las pruebas de la etapa de oposición.

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El calendario reformulado detalla los hitos restantes que deberán cumplirse antes de la resolución final del proceso:

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Motivos de los retrasos y observaciones reglamentarias

Los comisionados recordaron que el avance del proceso experimentó una paralización debido a que el Pleno del CPCCS no conoció oportunamente el informe final de calificaciones de méritos.

A esta situación se suma que el Pleno todavía no ha resuelto la antinomia jurídica existente entre el reglamento general de las comisiones y la normativa específica que rige el concurso de selección del Fiscal.

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Riesgo de incidentes judiciales

Respecto a las 41 impugnaciones pendientes, la Comisión ratificó que el reglamento exige celebrar una audiencia pública individual por cada objeción ciudadana.

No obstante, los integrantes de la mesa técnica advirtieron de que las fechas planteadas son de carácter estimativo, dado el riesgo latente de que se interpongan recursos constitucionales o acciones de protección que puedan dilatar nuevamente los plazos previstos.

Lo que debes saber

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano asegurar condiciones de pluralismo e igualdad para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
• El adelanto de los comicios por posibles efectos del fenómeno de El Niño redujo los plazos para elecciones internas y registro de candidaturas.
• La CIDH da seguimiento a las decisiones jurisdiccionales y administrativas que afectan la personería de movimientos políticos, así como a las amenazas contra jueces electorales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado ecuatoriano garantizar una participación política plural e igualitaria de cara a las elecciones seccionales de 2026. El organismo internacional instó a asegurar que toda resolución judicial o administrativa que incida en la contienda cuente con las debidas garantías, motivación jurídica y acceso a recursos efectivos, tras los cambios en el calendario electoral y la suspensión temporal de varias organizaciones políticas.

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Adelanto del calendario electoral y fallo constitucional

Las elecciones de 2026 definirán prefecturas, viceprefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Aunque la votación estaba programada originalmente para febrero de 2027, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó la fecha el 27 de marzo de 2026 debido a un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre el fenómeno de El Niño.

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Esta modificación recortó los tiempos de precampaña e inscripción, derivando en reclamos de agrupaciones políticas. No obstante, el 11 de agosto de 2026, la Corte Constitucional de Ecuador inadmitió siete acciones públicas de inconstitucionalidad por considerar que los cargos formulados carecían de claridad, certeza, pertinencia y especificidad. Al no existir un pronunciamiento de fondo por razones de forma, la fecha del 29 de noviembre se mantuvo en firme.

Suspensiones y trámites sobre organizaciones políticas

El organismo regional detalló las medidas dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el CNE que han alterado el panorama electoral:

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Seguridad de los jueces electorales y garantías del debido proceso

El Estado reportó que el magistrado a cargo de la causa Nro. 029-2026-TCE recibió amenazas de muerte, hecho que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.

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Al respecto, la CIDH condenó todo acto de intimidación contra operadores de justicia e insistió en la independencia judicial y electoral:

"Las actuaciones con efectos sobre la contienda electoral, incluidas las suspensiones dispuestas en sede jurisdiccional, los procedimientos sancionatorios y las cancelaciones de personería jurídica, deben adoptarse con estricto apego a las garantías del debido proceso, a la debida motivación y al acceso a un recurso judicial efectivo".Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por su parte, el TCE sostuvo que la suspensión de agrupaciones se ejecuta a requerimiento fiscal en investigaciones por presunto lavado de activos y no por oportunidad política, mientras que el CNE afirmó haber actuado dentro del marco constitucional.

Lo que debes saber

• Consejeras y aspirantes al CPCCS acuden al TCE tras ser descalificadas por el CNE.
• Los recursos de Nicole Bonifaz e Ibeth Estupiñán deben completarse en dos días.
• El TCE admitió el trámite de Piedad Cuarán y ratificó la inhabilidad de Óscar Ayerve.

Las consejeras en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, junto con la exconsejera Ibeth Estupiñán, acudieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para impugnar mediante recursos subjetivos su descalificación como candidatas de cara a las elecciones de noviembre de 2026. Los reclamos fueron presentados en la sede del tribunal para revertir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr su inscripción formal en la contienda electoral.

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El trámite de las apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral

Los recursos contenciosos electorales ingresados por las actuales consejeras y postulantes fueron distribuidos para su revisión y análisis procesal:

Inhabilidad ratificada para Óscar Ayerve

En la misma instancia jurisdiccional, el TCE resolvió rechazar el recurso subjetivo interpuesto por Óscar Ayerve en contra de su exclusión del proceso. El tribunal ratificó la decisión administrativa tras constatar que el postulante registra un impedimento legal para ejercer cargos públicos, condición que lo inhabilita de manera definitiva para participar en los comicios.

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El escenario de las candidaturas al CPCCS para noviembre de 2026

A mediados de agosto de 2026, la Comisión Verificadora concluyó la etapa de revisión con las siguientes cifras dentro del proceso de selección:

Frente a este filtro, varios de los postulantes que resultaron descalificados continúan acudiendo al Tribunal Contencioso Electoral con la finalidad de dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el CNE y conseguir la inscripción oficial para los comicios del CPCCS de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• Ley Antimafias plantea hasta 13 años de cárcel para abogados que colaboren con bandas.
• Abogados condenados por crimen organizado podrían ser inhabilitados para ejercer en Ecuador.
• La Asamblea debate reformas para sancionar redes de apoyo al crimen organizado.

La Asamblea Nacional tramita el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y que incluye nuevas sanciones dirigidas a abogados y profesionales vinculados, de manera deliberada, a las operaciones de estructuras delictivas.

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El proyecto, impulsado dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), propone que los abogados que sean condenados por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito o por colaborar con grupos criminales puedan ser inhabilitados para ejercer su profesión una vez exista una sentencia ejecutoriada.

Además, la propuesta establece penas de hasta 13 años de prisión para quienes, bajo la figura de asesoría profesional, sobrepasen los límites de la defensa técnica y contribuyan de forma consciente a los fines ilícitos de una organización criminal. Para que se configure esta conducta, deberá demostrarse que el profesional conocía la finalidad delictiva del grupo y que sus conocimientos aportaban de manera concreta y relevante a sus actividades.

Diferencia entre defensa legal y colaboración criminal

Uno de los puntos que ha generado debate es la delimitación entre el legítimo ejercicio de la defensa jurídica y una eventual participación en actividades criminales. El texto señala que no se considerará colaboración con organizaciones delictivas la prestación lícita de servicios profesionales ni el ejercicio del derecho a la defensa.

Las reformas también alcanzan a otros profesionales que presten asesoramiento técnico, contable, financiero o tecnológico a grupos criminales, siempre que exista evidencia de una participación consciente y orientada a fortalecer la estructura delictiva.

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Proyecto aún no está vigente

La Ley Antimafias todavía debe completar su trámite legislativo. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe para primer debate con ocho votos favorables y dos abstenciones, lo que permitió que la iniciativa llegue al Pleno de la Asamblea.

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La propuesta forma parte de un paquete de reformas que busca identificar y sancionar distintos niveles de participación dentro de las organizaciones criminales, no solo a sus cabecillas o a quienes ejecutan directamente delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones o narcotráfico.

De aprobarse en los debates legislativos restantes, las nuevas disposiciones se sumarían a otras medidas orientadas a afectar las finanzas, bienes y redes de apoyo logístico de las bandas criminales que operan en el país.

El pasado 18 de agosto de 2026, la tenencia compartida, la licencia por maternidad y la imprescriptibilidad de las boletas de apremio por pensiones alimenticias fueron algunos de los temas que recibieron más observaciones.

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Respecto a la tenencia compartida, el oficialista Andrés Castillo dijo que debe ser regulada con extrema rigurosidad para que el menor no quede atrapado en medio de conflictos familiares ni se decida únicamente por factores económicos o desafectos de los padres.

Asimismo, el socialcristiano Alfredo Serrano sugirió incorporar formalmente legislación comparada de España o Suecia para detallar, mediante un articulado claro y extenso, cómo debe funcionar en la práctica.

Mientras que Veloz defendió que el foco de la tenencia compartida sea colocar a los niños en el centro de las decisiones judiciales, evitando que queden en medio de disputas, y enfatizó la necesidad de contar con jueces probos para su aplicación.

¿Qué se cambió para el segundo debate?

Uno de los cambios tiene que ver con las reglas para determinar la tenencia. Se tomaron en cuenta sentencias de la Corte Constitucional. Así, se elimina cualquier preferencia por razón de sexo y se establece una valoración individual de cada caso, considerando la opinión del niño, niña o adolescente, los vínculos afectivos, la idoneidad, la estabilidad y las condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la tenencia compartida no será automática y requerirá coordinación parental y garantía de estabilidad, mientras que, en casos de violencia, el agresor no podrá ejercerla.

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Además, la propuesta fortalece la protección durante el embarazo, parto, posparto y lactancia. En ese sentido, amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tanto en el sector público como en el privado.

Finalmente, se define la violencia digital. También se amplía la protección de la integridad personal y se prohíbe la difusión de material relacionado con abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como el grooming con fines de explotación, reclutamiento, trata y tráfico.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para las 11:00 del martes 1 de septiembre de 2026. Allí se prevé la votación definitiva para dar o no paso a las reformas.

Lo que debes saber

• Solo cuatro firmas estaban registradas ante el CNE al 20 de agosto para encuestas.
• Candidatos y consultores buscan sondeos reservados para anticipar el voto electoral.
• Encuestas alimentan disputas entre campañas y guerras digitales durante elecciones.

“¿Tienes números?” Esa pregunta la escuchan analistas y periodistas, al igual que los ciudadanos más o menos pendientes de la política, con cada vez más frecuencia mediante se van acercando las fechas del sufragio en cada período electoral.

La gente busca a quienes manejan números, y no solo los resultados de las encuestas difundidas por las campañas y circuladas por la prensa, sino también los datos que los equipos de los candidatos guardan celosamente como información confidencial para su propio análisis.

Empresarios, dirigentes gremiales y consultores se mueven por chats buscando la información más cercana a la realidad, la de verdad, estableciendo implícitamente que lo que llega a los ojos del público es normalmente mera propaganda, instrumentos de engaño para desmoralizar al rival o disputar el voto estratégico de quien busca elegir al que sí puede llegar, sobre todo para evitar que gane el cuco, el mal mayor, la opción que no puede aceptar.

Las razones detrás de la desconfianza en las encuestas

Y en verdad, hay muchas razones para desconfiar, muy aparte de las equivocaciones de los pronósticos, las cuales pueden ser muchas veces errores honestos derivados de la volatilidad del votante y la dificultad a la hora de encontrar una metodología adecuada.

No se trata simplemente de decir que no le atinaron. Se trata de reconocer que muchos encuestadores actúan como adláteres de las organizaciones políticas, operando al margen de la normativa vigente, mientras que varios políticos fingen ser encuestadores y gozan de esparcir números fabricados por ellos mismos.

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Solo cuatro encuestadores registrados ante el CNE

Observemos primero la lista de encuestadores aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Con fecha del 20 de agosto, solo cuatro personas naturales o jurídicas se han registrado para participar en este proceso.

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Uno de ellos, René Marcel Ramírez Rhor, hace opinión política desde sus redes, pero al menos aclara que él no hace encuestas en sí, sino “pronósticos electorales” construidos en base a la “actividad digital en las redes sociales y los motores de búsqueda de internet” (sic). Las otras tres son Minca Consultoría, Clima Social y Conestacomu (Numma).

Por tanto, la mayoría de las mediciones que hemos visto hasta ahora no corresponden a firmas que cuenten con la debida autorización ni que se sujeten al reglamento vigente, el cual las obliga a presentar sus productos y declarar el material y los métodos usados para realizarlos.

Un reglamento que rara vez se aplica

Lo peor es que ese mismo reglamento reza en su artículo 10 lo siguiente: “Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con encuestas y pronósticos electorales, y que no se hayan inscrito y registrado previamente en el Consejo Nacional Electoral para ejercer dicha actividad, serán denunciadas ante el Tribunal Contencioso Electoral; para lo cual, la Dirección Nacional de Estadística remitirá a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, un informe técnico sobre la presunta infracción adjuntando la documentación habilitante”.

Es decir, es parte del trabajo del muy cuestionado CNE el denunciar la actividad que vemos desarrollarse impunemente en las redes.

Ese mismo CNE que en días recientes ha caído bajo la mira de la opinión pública debido a los escándalos relacionados con el proceder de un exfuncionario de la Delegación de Manabí, captado conversando amistosamente con un candidato oficialista, como también por las declaraciones furtivas de la vocal Esthela Acero (“¿a quién le damos Guayas?”).

El papel de las encuestadoras en la disputa política

Pero incluso cuando las encuestadoras actúan bajo el amparo de la legalidad, su proceder es sospechoso.

Hay encuestadoras de la corte y hay encuestadores mimados por los comunicadores de tal o cual tendencia, así no le atinen nunca a una sola elección.

Hay también encuestadoras de trayectoria cuyos trabajos aparecen convenientemente en la fecha precisa para hacer contrapeso a los números que usan los rivales, quizá sin su anuencia.

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Encuestas enfrentadas y guerra digital

Pasó el 19 de mayo, cuando CIEES publicó una medición que mostraba bien abajo al presidente Noboa, poco después de las ocho de la mañana. Menos de dos horas después, Comunicaliza mostraba a Noboa decenas de puntos más arriba (o menos abajo).

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Poco antes, el 20 de abril, el CIEES mostraba datos parecidos, y un par de días después Comunicaliza le salía al alcance. Nada tuvieron que haber hecho mal para que de eso se agarren gobiernistas y opositores y se fueran a la guerra digital, como lo hicieron, con esos números en la mano.

De esa manera, información bien recogida, hasta el trabajo mejor hecho, pierde su función y se convierte en una herramienta de los politiqueros y no de los votantes.

Lo que debe saber

• El correísmo afronta las elecciones seccionales de noviembre de 2026 sin un partido propio y deberá competir dividido entre varias organizaciones políticas.
• Expertos advierten que esta dispersión representa un desafío comunicacional inédito para la tendencia.
• El correísmo tendrá que explicar a sus votantes los distintos casilleros, números y colores que identifican a sus candidatos en cada provincia.

Como sucedió en 2021, cuando la tendencia tuvo que competir en las elecciones presidenciales a través de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), el correísmo llega a un nuevo proceso electoral sin una organización política propia que lo cobije.

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A diferencia de 2021, la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana (propio) y Amigo (que iba a acoger a los candidatos del correísmo) obligó a que la tendencia participe en los próximos comicios seccionales de noviembre de 2026 de manera fraccionada, a través de diferentes partidos políticos.

En ciudades como Quito, el correísmo estará en la papeleta electoral bajo las banderas y colores de Unidad Popular, el Partido Socialista y el movimiento local Todos. En otras zonas, como Manabí, también estará presente, pero bajo la bandera de Pachakutik.

Si bien llegar a un proceso electoral sin un partido propio no es nuevo para el correísmo, la académica y experta en Comunicación Caroline Ávila señala que las condiciones particulares de esta elección plantean un reto mayor, debido a la multiplicidad de partidos que cobijarán a la tendencia.

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El reto para el correísmo

Ávila señala que incluso escenarios como el de 2021 facilitaban la identificación de los candidatos de la tendencia, al estar bajo una única lista en alianza. Ahora, en cambio, el análisis deberá hacerse según la provincia, algo que “exigirá una enorme pedagogía política” por parte del correísmo.

Una salida, comenta, es que el principal referente de la tendencia, el expresidente Rafael Correa, y sus voceros hagan un llamado al voto orgánico, además de establecer una estrategia que busque generar elementos de identidad con sus candidatos mediante distintivos como camisetas, pulseras, entre otros.

El estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo coincide. Sostiene que el reto comunicacional del correísmo es titánico, pues necesita informar a la militancia de cada provincia del país cuál será el casillero, número y colores que deberá identificar para votar por sus candidatos en las seccionales.

Además de la búsqueda del voto duro correísta, Jaramillo señala que, en este escenario, el uso de las redes sociales será determinante. “Serán claves para poder llegar, segmentar y amplificar la información, pero también las redes sociales amplificarán la desinformación y el ruido electoral”, acota.

¿Qué dice el correísmo?

Este Diario intentó comunicarse con voceros del movimiento Revolución Ciudadana para conocer cómo enfrentarán el reto de comunicar a su militancia quiénes son sus candidatos en las diferentes provincias para las próximas seccionales, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sin embargo, semanas atrás, el propio Rafael Correa adelantó que la virtualidad será clave. En uno de sus espacios digitales, avisó a su militancia sobre la necesidad de descargar la aplicación móvil RC5, pues a través de ella se publicarían las listas de candidatos del correísmo en todo el país.

Política

Fiscalización a la ruta del dinero de Progen se estancó en comisión oficialista: ¿qué pasó?

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 30 de agosto de 2026, el Legislativo trató el informe elaborado por la mesa presidida por la oficialista Diana Jácome. Lo hizo después de ocho meses de su aprobación. La sesión fue virtual y participaron apenas cinco asambleístas. De ellos, dos fueron de ADN, uno independiente y dos más del correísmo.

La conclusión más relevante de dicho informe fue que “no se desprendían actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política”.

Las otras dos conclusiones hacen referencia a que la Contraloría ya determinó responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal, mientras que la Fiscalía lleva adelante una investigación sobre el tema. Todo esto está relacionado con los contratos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) para la adquisición de generadores de energía.

¿Qué ocurrió durante el debate?

Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, defendió el trabajo de su mesa. No ahondó en el caso y el perjuicio que significó la contratación, pero insistió en que el Gobierno de Daniel Noboa fue el encargado de iniciar las acciones para buscar a los responsables.

Para justificar la no comparecencia de exministros de Energía como Roberto Luque e Inés Manzano, dijo que fueron convocadas las personas que tenían responsabilidad directa en la firma de contratos. Recordó la asistencia de Fabián Calero, en ese entonces gerente de Celec.

Desde el correísmo se tachó de superficial el informe. Guido Mendoza, integrante de la Comisión de Transparencia, recordó que, en medio de la investigación de la Fiscalía, se conoció un audio atribuido a Manzano en el que se acordaba la comparecencia de los representantes de Celec y se mencionaba a la presidenta de la mesa, Diana Jácome.

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Mendoza también planteó que se someta a votación el informe de minoría que habían elaborado los correístas que integran la comisión. En él se sugería que los exministros de Energía comparezcan en la Asamblea. Al ser aprobado el informe de mayoría, dicho documento no llegó a ser tratado.

Por su parte, el independiente y aliado del oficialismo Sergio Peña quiso centrar la discusión en que la ley les da más poder a los mandos medios que a los propios ministros. Esto, porque les da autonomía a las empresas como Celec.

Al final, el oficialismo logró la aprobación del informe con 80 votos a favor. También hubo 63 votos en contra que vinieron, sobre todo, del correísmo. También se registraron tres abstenciones. 

Así, la Asamblea cerró la fiscalización del caso Progen, aunque aún resta otra indagación en la Comisión de Fiscalización sobre la ruta del dinero. Dicho proceso se encuentra estancado ante la falta de información.

Política

CNE ratifica bloqueo de postulación de Luisa González por Pachakutik a la Prefectura de Manabí

Carlos Isaac Pino

Aunque a la dirigencia le resta presentar un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como última instancia, expertas coinciden en que la estrategia de buscar cobijo en el brazo político del movimiento indígena respondió a una urgencia de supervivencia que desatendió la rigidez legal de sus estatutos.

Un error de arquitectura estatutaria

Para la consultora política Grace Jiménez, el intento de postular a González por PK constituyó "una apuesta de alto riesgo y probablemente un error de arquitectura política". Según la analista, aunque parecía una salida pragmática, el correísmo ignoró las tensiones históricas y las normas propias del movimiento indígena

"La Junta Electoral de Manabí determinó que no se cumplía el requisito de dos años como miembros activos. Al entrar a un partido ajeno quedaron sometidos a sus reglas. En el TCE no solo bastará demostrar la figura de invitada, sino que el proceso se apegó estrictamente al reglamento interno de Pachakutik", advierte Jiménez, recordando además los reparos públicos que figuras históricas de la Conaie expresaron frente al acuerdo.

Una postura similar sostiene Andrea Endara, politóloga y docente de la Universidad Casa Grande. A su criterio, más que un acierto estratégico, Pachakutik fue "la única opción disponible ante la proscripción de su personería jurídica", pero con el vehículo electoral menos compatible.

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"Pachakutik es sumamente celoso de sus procesos internos y sus estatutos no se acomodan con facilidad a postulaciones externas. La delegación provincial confirmó que González no constaba como afiliada ni adherente, exponiendo la fragilidad de la postulación", explica.

El dilema en el bastión y los tiempos del relevo

Con el calendario electoral avanzando y la etapa de inscripción de candidaturas cerrándose, el margen de maniobra de la RC en Manabí se reduce drásticamente si el tribunal desecha la apelación.

Endara señala que Manabí responde a una dinámica personalista y territorial, lo que obligaría a la cúpula correísta a actuar con rapidez: "Tendrían que activar un cuadro local reconocido o una figura con apellido de peso en la provincia. Adicionalmente, el correísmo reforzará la narrativa de persecución política y bloqueo electoral para cohesionar a su base y justificar la falta de casillero propio".

No obstante, Jiménez recalca que Manabí no es una plaza cualquiera: "Ha sido el bastión del correísmo durante los últimos años. La organización no puede darse el lujo de abandonar esa prefectura ni de improvisar un reemplazo sin estructura".

¿Identidad partidista o dispersión del voto?

A escala nacional, la falta de una sola bandera ha fragmentado la presencia correísta en alianzas disímiles, desde Pachakutik hasta el Partido Socialista, lo que —según Jiménez— ya genera confusión en el electorado. Sin embargo, en Manabí el comportamiento electoral guarda sus particularidades.

Endara descarta una dispersión masiva del voto duro manabita, recordando antecedentes donde la organización compitió bajo membretes prestados como Fuerza Compromiso Social o Centro Democrático. "El voto en Manabí está vinculado a Rafael Correa antes que al número de casillero. El candidato que reciba el respaldo explícito de Correa y González en propaganda y territorio mantendrá el caudal. El único riesgo real es que la resolución del TCE demore tanto que el postulante definitivo pierda tiempo valioso de campaña y visibilidad", concluye.

Lo que debe saber

• José Serrano ya está en Ecuador y permanece detenido en la cárcel de El Encuentro por el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio.
• Su llegada abre un nuevo escenario judicial y político, mientras la Fiscalía sostiene que tuvo un papel clave en la planificación del crimen.
• El correísmo, pese a acusarlo de traidor, se movilizó en su defensa y habla de persecución política.

El traslado y detención del exministro del correísmo José Serrano provocó un cisma político y judicial. El Gobierno de Daniel Noboa lo presentó como una victoria y el correísmo, aunque a regañadientes, optó por la defensa de Serrano.

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Fue el mismo Noboa quien anunció la llegada. Una foto del exministro custodiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marcó el fin de su proceso migratorio en EE.UU.

El mismo país norteamericano, mediante su subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, explicó la decisión. “Hoy Homeland Security deportó a Serrano, quien era buscado por Interpol y enfrentaba cargos en Ecuador por corrupción y vínculos con cárteles”.

Noboa señaló en una publicación de X: “José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”. La última frase marcó la dimensión política del tema.

¿Cómo reaccionó el correísmo?

El correísmo, pese a poner a Serrano en su lista de traidores, se movilizó en redes sociales para cuestionar la decisión. Rafael Correa dijo: “Independientemente de lo que piense de Serrano, esta «acusación» es ridícula. Lo que queda claro es que los gringos tratan de ayudar a levantar la imagen de Noboa”.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, dijo que cuando se amenaza desde Carondelet y luego de ello lo ejecuta un juez, no se está hablando de justicia. “Estamos hablando de persecución política”, escribió en X.

Los mensajes del Gobierno de Noboa

Del lado del Gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que Serrano se creía intocable y aun así terminó en El Encuentro.

Asimismo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señaló que “Uno de los personajes más siniestros de la década saqueada estará en la cárcel de El Encuentro, junto a Jorge Glas y otros delincuentes peligrosos”.

Finalmente, Serrano ingresó a la cárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. El mismo Noboa exhibió en redes sociales este 29 de agosto de 2026 las imágenes del exministro de Correa rapado y con el traje naranja asignado a los detenidos.

Llegó allí con base en la orden de prisión preventiva que pesa en su contra por el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía lo acusa de ser uno de los autores intelectuales del crimen y lo ubica como una pieza clave en la planificación del hecho ocurrido en agosto de 2023.

Un nuevo capítulo en lo judicial

Así, el proceso judicial se abre a un nuevo capítulo en el que Serrano deberá enfrentar el proceso en Ecuador. Sobre su detención, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, señaló que todo parecía irreal. “El ministro del Interior de Correa, el tenebroso José Serrano, al fin donde corresponde. No hay crimen perfecto”, aseguró.

Hay que tomar en cuenta que el delito de asesinato no se encuentra entre las excepciones de aquellos hechos que pueden ser juzgados o motivo de sentencia en ausencia del procesado. Por ello, la presencia de José Serrano en el país cambia el proceso judicial, que aún está en la etapa de llamamiento a juicio.

Para la Fiscalía, el rol de Serrano es importante porque habría sido quien volvió ejecutable el crimen. En la exposición de los elementos en contra del también expresidente de la Asamblea, la fiscal a cargo aseguró que Serrano tenía contactos en unidades especiales de la Policía Nacional y de inteligencia, con conocimientos técnicos sobre temas de seguridad y la identificación de vulnerabilidades de la víctima, así como los puntos críticos de exposición política del candidato.

En el país también hay otros procesos en los que ha sido nombrado. Por ejemplo, el exasambleísta Fernando Balda lo denunció por una presunta participación en el secuestro ocurrido en Colombia en 2012. En esa época, Serrano era ministro del Interior.

Otro proceso iniciado en contra de José Serrano tiene que ver con la difusión de información reservada. La indagación se abrió de oficio y está relacionada con el asesinato del fiscal César Suárez.

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Un pedido de la defensa de Serrano

Ayer, tras el ingreso a El Encuentro, la defensa de Serrano hizo pedidos con el objetivo de “evitar que se presente un deterioro en el estado de salud”. Su abogado, Eduardo León Micheli, solicitó al Servicios Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) que se permita el ingreso de medicamentos prescritos, entre ellos la levotiroxina para el hipotiroidismo primario.

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La sesión convocada para la noche del 28 de agosto de 2026 duró menos de media hora. La mayor parte del tiempo fue dedicada a la constatación del cuórum, posibles pedidos de cambio del orden del día y puntualizaciones.

Fue la asambleísta oficialista Fabiola Sanmartín quien propuso que se suspendiera la sesión, teniendo en cuenta que, con base en la matriz que guía el proceso, existía una falta de información que permitiera elaborar un informe completo para el Pleno de la Asamblea.

“Para cumplir con la resolución considero necesario que se realice un exhorto para la entrega de información y así contar con un informe completo”, sugirió Sanmartín. Aunque recordó que el documento que salga de la mesa legislativa no es vinculante para el Pleno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, pidió que se constatara si algún tipo de información había llegado. Solamente la Superintendencia de Compañías había remitido un documento. Antes también habían recibido, con carácter de confidencial, los documentos remitidos por la Contraloría.

“Con base en la suspensión de los plazos, cumplimiento de los mismos y al no tener toda la información por parte de las instituciones de control ve pertinente la petición”, dijo Álvarez. Así, el proceso queda en pausa, a la espera de que se remita más información a la Asamblea.

¿De qué se trataba el proceso sobre Progen?

El pasado 24 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea aprobó el inicio de un nuevo proceso de fiscalización relacionado con el contrato firmado entre Celec EP y la empresa Progen para la entrega de generadores de energía.

La acción ocurrió semanas después de que el ahora secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, apareciera en un video en el que, con información del proceso que se ventila en Estados Unidos, hablara de la ruta del dinero del caso Progen.

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Antes de la aprobación de esa resolución, representantes de la bancada oficialista también acudieron a la Fiscalía General para pedir la vinculación de otros nombres en el caso que lleva adelante esa entidad. Allí tampoco se incluyó a ministros del Gobierno de Daniel Noboa.

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Su arribo se registró en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. La Secretaría General de Comunicación (Segcom) compartió las imágenes en las que se observa a Serrano bajar de la aeronave en la que fue trasladado.

En el aeropuerto fue escoltado por personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. Llegó con el mismo traje blanco con el que salió de Estados Unidos.

El personal de la Policía fue el encargado de poner en su conocimiento el procedimiento que se llevaría a cabo. En las imágenes se observa a uno de los uniformados hablar con el exministro.

Para movilizarlo de la zona de aterrizaje, le colocaron un chaleco antibalas y un casco. Así fue llevado al interior de la terminal aérea para, posteriormente, ser trasladado a la cárcel de El Encuentro, ubicada en Santa Elena.

Hasta las 09:30 de este 29 de agosto de 2026 no había imágenes sobre la llegada a la cárcel ubicada en Santa Elena. El ministro del Interior John Reimberg solamente había republicado el anuncio del presidente Daniel Noboa con el mensaje: "Que quede claro: Nada queda impune. Serrano, jugaste en contra del Ecuador y hoy lo pagas".

Noboa anunció el traslado

La situación de José Serrano se conoció por el propio presidente de la República, Daniel Noboa. En una publicación en la red social X, el mandatario escribió: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro", publicó Noboa.

En la misma plataforma, el jefe de Estado añadió una advertencia política directa al expresidente de la República: "Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”.

Hay que recordar que Serrano es uno de los señalados por Fiscalía como autor mediato del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien fue candidato presidencial.

Además de Serrano, la Fiscalía General requirió la localización internacional y detención del exasambleísta Ronny Aleaga, ubicado en Venezuela; Xavier Jordán, radicado en Estados Unidos; y Wilmer Chavarría, alias Pipo, identificado como cabecilla de Los Lobos y localizado en España.