Desde esta tarde, la Comisión de Fiscalización inició una nueva jornada para la actuación de las pruebas de cargo y descargo. El asambleísta independiente, pero aliado de ADN, Sergio Peña, presentó la solicitud de enjuiciamiento con la acusación de incumplimiento de funciones.

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Peña argumentó que su pedido se sustentó en fotos y videos sobre una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, quien aspira a ocupar la titularidad de la Fiscalía y aún participa en el concurso que lleva adelante el CPCCS.

Rosero dijo este martes que acudió para dar la cara y calificó el proceso como injusto. “Venimos a desenmascarar todas las mentiras acerca de este infundado proceso”, aseguró el vocal del Consejo de Participación.

Su argumento fue que, el día en el que se le atribuye la reunión, según Rosero, se encontraba en Guayaquil. “Estuve con agenda laboral completa en Guayaquil. Niego absolutamente alguna reunión con postulantes durante todo el concurso”, aseguró.

Rosero fue más allá y dijo que las imágenes que se presentaron a propósito de la denuncia sobre dicha reunión fueron generadas con Inteligencia Artificial. “Tienen que ser señaladas (las imágenes) toda vez que bajo ningún concepto, una supuesta prueba que no ha sido generada en su origen en trazabilidad y metadata, servir para pretender afectarme como consejero del CPCCS”, manifestó antes del inicio de la sesión.

¿Qué ha dicho Inés Romero?

Este tema también se trató durante una de las audiencias públicas de impugnación que enfrentó la postulante a la Fiscalía. Ella también negó la reunión: “Niego categóricamente haber mantenido durante este concurso una reunión que se me atribuye con David Rosero, consejero del CPCCS; ni con ninguno de los consejeros”.

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Romero también argumentó que el 5 de junio de 2026 se encontraba en otro lugar. “Cuando esas publicaciones salieron en redes sociales acudí a la Fiscalía y denuncié la suplantación de identidad. Pedí que se investigue la difusión en redes. Una fotografía no acredita una pericia”, dijo Romero.

Al final de la actuación de las pruebas, la Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe con la recomendación de enjuiciar o archivar el proceso en contra de Rosero. Al final, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que defina el futuro del vocal.

Lo que debes saber

• Los funcionarios y políticos tienen un umbral de protección distinto frente a la crítica, porque sus actuaciones forman parte del debate público y están sujetas a un mayor escrutinio ciudadano.

La Corte Constitucional reforzó la libertad de expresión y el escrutinio ciudadano sobre funcionarios públicos, políticos y asuntos de interés colectivo. El organismo estableció que quienes ejercen funciones públicas deben soportar un mayor margen de crítica y que el derecho penal solo puede restringir expresiones de interés público de forma excepcional, con una justificación estricta.

La decisión consta en la sentencia 3062-23-EP/26, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional el 3 de septiembre de 2026. El fallo aceptó una acción extraordinaria de protección presentada por Rolando Javier Paladines Astudillo, quien había recibido una condena penal por expresiones difundidas en Facebook contra Clemente Bravo, entonces prefecto de El Oro y candidato a la reelección.

Los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio

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La Corte recordó los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. Las personas que ejercen funciones públicas o intervienen en asuntos de interés público se someten a un escrutinio más exigente porque sus actuaciones forman parte del debate público.

Por esa razón, el margen de tolerancia frente a las críticas debe ser mayor que el exigible a un particular. El fallo recoge los criterios de los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Canese vs. Paraguay, que establecen un umbral diferente de protección para funcionarios, políticos y personas cuyas actividades tienen relevancia pública.

Esto supone una protección reforzada para la crítica relacionada con el ejercicio del poder. La ayuda memoria de la Corte señala que la libertad de expresión adquiere especial importancia cuando permite fiscalizar el ejercicio del poder, participar en el debate público y expresar posiciones sobre autoridades, candidatos y asuntos de interés colectivo.

El derecho penal no puede convertirse en una respuesta automática

La sentencia también establece límites al uso del derecho penal frente a expresiones públicas. La Corte recoge el estándar interamericano según el cual la persecución penal constituye la medida más restrictiva frente a la libertad de expresión. Por eso, su utilización debe quedar reservada para situaciones en las que resulte estrictamente necesaria para proteger bienes jurídicos fundamentales. La existencia de una norma penal, por sí sola, no basta para justificar una condena cuando están involucradas expresiones que pueden tener protección constitucional.

Antes de imponer una sanción, los jueces deben determinar si las expresiones constituyen un discurso protegido. Si consideran necesaria una restricción, deben justificar que cumple tres condiciones: que esté prevista por ley, que persiga una finalidad legítima y que resulte necesaria en una sociedad democrática, con un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La Corte cuestionó el análisis de los jueces

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En el caso concreto, la Corte Constitucional concluyó que los jueces que conocieron el proceso penal omitieron analizar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos aplicables a la libertad de expresión.

Las autoridades judiciales realizaron un análisis formal de la contravención, pero no determinaron si las expresiones constituían un discurso protegido ni, en caso contrario, si el daño alegado justificaba superar ese nivel de protección. Para la Corte, esta omisión vulneró la garantía de motivación, en conexión con los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión.

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Paladines había recibido una condena de 15 días de privación de libertad, una multa, reparación integral, disculpas públicas y la orden de retirar los videos de la red social.

La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección y dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia. Además, ordenó retrotraer el proceso hasta el momento posterior a la convocatoria a la audiencia oral y pública de conciliación y juzgamiento, para que una nueva conformación judicial resuelva el caso con base en los estándares fijados en el fallo.

Un precedente para periodistas, medios y ciudadanía

La decisión también reafirma la importancia de la libertad de expresión para el control ciudadano del poder. Ese principio alcanza a periodistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos que participan en el debate público.

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La protección, sin embargo, no es absoluta. La Corte mantiene la posibilidad de establecer responsabilidades posteriores para proteger derechos o la reputación de otras personas, pero exige que cualquier limitación resulte excepcional, necesaria y proporcional.

Lo que debes saber

• El Pleno aprobó las reformas con los votos de ADN y aliados, mientras el correísmo se abstuvo. 
• La norma eleva las penas y tipifica el reclutamiento de menores por estructuras criminales.
• La reforma establece penas de 22 a 26 años para quienes recluten, utilicen o vinculen a niñas, niños y adolescentes con organizaciones delictivas o grupos armados.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayoría controlada por ADN puso los votos, mientras el correísmo se abstuvo.

Este 29 de septiembre de 2026, el Legislativo abordó en segundo debate la normativa que, en su parte medular, tipifica el delito de reclutamiento de menores e incrementa las penas por este acto delictivo.

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¿Qué pasó en el Pleno?

ADN y el correísmo volvieron a chocar en el Pleno. El oficialismo señaló al gobierno de Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos, por la situación actual. Una intervención tras otra, los legisladores del oficialismo recordaron el denominado proceso de pacificación de pandillas como los Latin King y Ñetas.

Inés Alarcón (ADN) dijo que el correísmo entregó territorios a los grupos delictivos. También señaló como un problema el cierre de las escuelas rurales para cambiarlas por las del Milenio. Esto, según la legisladora, incidió en la deserción escolar y en problemas para el acceso a la educación de los niños.

El correísmo mostró su oposición al proyecto de ley bajo el argumento de que no se abordaba el origen del problema. Asambleístas como Paola Cabezas indicaron que hay leyes que terminan siendo un “saludo a la bandera” porque no hay financiamiento ni política pública para respaldarlas.

¿Cuál era el reparo del correísmo?

Fue la legisladora Mireya Pazmiño (RC) quien anunció durante el debate en el Pleno que su bancada se abstendría. Aseguró que ese voto lo emitirían a la par de “emplazar al Gobierno a frenar el desmantelamiento de la inversión social y exigir que la seguridad empiece por la educación, el arte el deporte y el pan en la mesa de las familias populares”.

En un comunicado, la bancada correísta también cuestionó que, en los Centros de Adolescentes Infractores, “el modelo especializado de custodia con inspectores educadores cambie por una lógica de seguridad penitenciaria”.

Al final, el Pleno aprobó la normativa con 88 votos del oficialismo y sus aliados. El correísmo se abstuvo. Así, el proyecto de ley, que fue presentado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, pasa al Ejecutivo para su objeción o sanción.

¿Qué plantea la ley?

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Minutos antes, Kevin Valdez, dirigente del Frente de Pacientes Renales del Ecuador, tomó el megáfono para referirse a unas declaraciones al ministro Juan Carlos Aveiga. “El ministro de Salud Pública dice que vendemos la medicina. Negado, es falso. ¿Qué medicina podemos vender?”, dijo Valdez ante los manifestantes. Después, el grupo repitió: “Somos pacientes, no delincuentes”.

"A veces la medicación gratuita aparece fuera de hospitales. Hemos identificado personas que dentro del sistema venden la medicación y hay gente, con mucha pena lo digo, recibe su receta para medicación crónica por seis meses y vende cuatro", dijo Aveiga, en Teleamazonas.

En sus cánticos y proclamas también dijeron que no quieren museos ni estadios ni Dedalus.

No pudieron congregarse en la Plaza Grande

El Frente de Pacientes Renales había convocado el plantón con la intención de llegar hasta la Plaza Grande y hacer escuchar sus reclamos frente al Palacio de Carondelet. Su objetivo era pedir la intervención del presidente Daniel Noboa ante los problemas que, según denuncian, atraviesa la atención de los pacientes que dependen de las unidades de diálisis.

Sin embargo, los manifestantes no pudieron instalarse en la Plaza Grande debido a la realización de un evento de Jóvenes en Acción, un programa gubernamental dirigido a jóvenes. Ante esa situación, los pacientes y sus familiares se trasladaron hasta San Francisco, donde continuaron con sus consignas: “Únete, pueblo, únete a luchar”, “Por la salud y la dignidad” y “Queremos vivir, diálisis es vida”.

La preocupación está relacionada con la continuidad de los tratamientos. Según los datos expuestos por los pacientes, alrededor de 20.800 personas reciben diálisis en Ecuador. Una persona con insuficiencia renal que depende de este tratamiento requiere, habitualmente, tres sesiones semanales, de unas cuatro horas cada una.

Los pacientes sostienen que algunos centros han tenido dificultades para garantizar el suministro de insumos y que en determinados casos se han reducido las horas de tratamiento. La situación está relacionada con la deuda que el Estado mantiene con las empresas y centros que prestan el servicio.

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El lunes 28 de septiembre, DaVita, una empresa estadounidense que opera 28 centros de diálisis en Ecuador, anunció que alcanzó un acuerdo con el presidente Daniel Noboa. El anuncio se produjo después de una reunión entre representantes de la empresa y el mandatario.

El 14 de septiembre, DaVita había informado de un proceso para transferir al Ministerio de Salud Pública la atención de sus 3.850 pacientes debido a la deuda acumulada. El nuevo acuerdo dejó en suspenso esa transferencia. Otros centros de diálisis reclaman ahora condiciones similares.

Otras dializadoras piden el mismo trato

Luis Serrano, nefrólogo y director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, considera que la solución debe alcanzar a todos los prestadores. “El acuerdo debe ser con todos los centros de diálisis, con los locales, no solo con los internacionales como DaVita”, señala.

Serrano explica que existen otros operadores internacionales, entre ellos Nipro, de Japón, y Baxter, de Estados Unidos, además de centros nacionales. Según su testimonio, el Estado todavía mantiene pagos pendientes durante 25 meses.

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El especialista señala que el viernes el Ministerio de Salud Pública pagó una factura correspondiente a agosto de 2023, pero sostiene que todavía existe una deuda acumulada que dificulta la operación de los centros. En su caso, además, asegura que mantiene pendientes las liquidaciones de antiguos trabajadores y que las dificultades financieras provocadas por la falta de pagos hicieron que el número de pacientes atendidos pasara de 350 a 37.

Lo que debes saber

• El feriado de octubre tendrá tres días de descanso.
• El Gobierno aplicará una tarifa reducida para servicios turísticos.
• La medida busca incentivar el turismo durante el asueto.

El feriado de octubre llegará este año con un alivio para el bolsillo de quienes decidan viajar, comer fuera o realizar actividades turísticas. El presidente Daniel Noboa dispuso que el IVA baje del 15 % al 8 % durante los tres días del próximo feriado nacional.

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Tres días con IVA reducido

La reducción estará vigente el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 513. La medida alcanza a los servicios turísticos contemplados en la Ley de Turismo, como alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico, entretenimiento y otras actividades relacionadas.

Con esta decisión, el Gobierno indica que busca incentivar el turismo interno y dinamizar la actividad económica durante uno de los feriados nacionales del año. El decreto también plantea que la medida contribuya a fortalecer al sector turístico y promover la formalización de las actividades que se desarrollan durante estos días.

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Un feriado de tres días

El feriado comenzará el viernes 9 de octubre y se enlazará con el sábado y domingo, por lo que los ecuatorianos tendrán tres días consecutivos de descanso. El retorno a las actividades habituales está previsto para el lunes 12 de octubre.

Durante estos tres días, los establecimientos y prestadores de servicios turísticos deberán aplicar la tarifa reducida del IVA en las actividades contempladas por el decreto. La medida convierte al feriado de octubre en una oportunidad para que los viajeros encuentren una menor carga tributaria en determinados servicios turísticos.

En el documento se agradecen los servicios del ahora exembajador Galo Andrés Yépez “por los valiosos servicios prestados”. También se dan por terminadas sus funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador ante el Gobierno de la República del Perú.

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En su lugar, la representación de Ecuador la asumirá Roberto Izurieta. El cambio ocurre en un nuevo momento de las relaciones entre ambos países.

El pasado 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú tras unas elecciones reñidas que se definieron por un margen estrecho entre ella y el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez.

Noboa asistió a la posesión de la mandataria peruana. En su momento, la Secretaría General de Comunicación caracterizó ese viaje como una posibilidad para “fortalecer las relaciones bilaterales en la nueva etapa democrática que iniciará la nación peruana”.

¿Quién es Roberto Izurieta?

Izurieta cuenta con una trayectoria ligada a la comunicación política, la docencia y la diplomacia. Es economista de la Universidad Católica de Quito y tiene maestrías en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Campañas Electorales.

Fue asesor de comunicación del expresidente Jamil Mahuad y durante más de 20 años colaboró como analista y comentarista político de CNN en Español. También fue catedrático de The George Washington University y asesor de campañas de varios presidentes latinoamericanos.

En diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso lo designó embajador de Ecuador en Chile. Luego, en noviembre de 2023, Daniel Noboa lo nombró secretario de Comunicación, cargo que dejó en 2024 para asumir una función ante el BID.

Los retos que le esperan

La última visita de un mandatario de Perú al país se registró en diciembre de 2025. En ese entonces, José Jerí visitó el Palacio de Carondelet en el marco del Gabinete Binacional y la seguridad fue uno de los temas centrales de la reunión.

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La coordinación con el nuevo Gobierno peruano en asuntos como el control fronterizo será uno de los temas urgentes. En ese mismo ámbito, como parte del último Gabinete Binacional, se habló de una mayor integración entre ambos países.

Una de las propuestas fue la implementación de tecnología para la vigilancia de las fronteras. Además, se abordó la lucha contra la minería ilegal.

Lo que debes saber

• El Consejo de la Judicatura dispuso que las judicaturas penales y anticorrupción de Quito dejen de recibir nuevas causas de garantías jurisdiccionales.
• Los nuevos recursos constitucionales que ingresen en Pichincha pasarán a sorteo exclusivo entre dependencias de materias Civil, Laboral y de Familia.
• La medida responde a la alta carga procesal y a la escasez de magistrados en el sistema de justicia, tras la reestructuración aplicada en septiembre de 2026.

Las dependencias judiciales penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito dejarán de recibir nuevas garantías jurisdiccionales. La resolución, adoptada el 28 de septiembre de 2026 por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) en sesión ordinaria, ordena que estos despachos concentren su labor de forma exclusiva en causas de materia penal, derivando los futuros recursos constitucionales hacia dependencias de otros ámbitos judiciales para optimizar el despacho de causas en Pichincha.

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Judicaturas penales excluidas de nuevas garantías en Pichincha

La disposición del organismo administrativo judicial determina que los jueces especializados no admitan a trámite nuevos recursos de índole constitucional, buscando que no se dispersen las funciones asignadas a las salas penales de la capital.

Despachos judiciales que aplican la disposición

Acciones constitucionales derivadas a otras materias

Las dependencias señaladas ya no conocerán nuevos ingresos de los siguientes procesos:

Nuevo esquema de sorteo y causas en trámite

El Consejo de la Judicatura precisó el mecanismo de transición para evitar la paralización de los expedientes que ya están en curso dentro de la provincia.

Los procesos que ya se encuentran bajo conocimiento de los jueces penales especializados continuarán bajo su responsabilidad legal hasta que alcancen una resolución definitiva. Por otro lado, las nuevas demandas constitucionales que se ingresen a partir de esta disposición se distribuirán mediante sorteo entre los juzgados y unidades de:

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Esta disposición se formaliza después de que, a inicios de septiembre de 2026, la Judicatura eliminó las unidades anticorrupción independientes para trasladar sus competencias directamente a las judicaturas penales ordinarias de Quito.

Pese a que el modelo inicial buscaba concentrar los delitos de alta complejidad en despachos exclusivos, la administración justificó el cambio por motivos operativos:

Lo que debes saber

• Gobierno evalúa extender toque de queda en 4 provincias por seguridad.
• Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro esperan decisión tras balance de operativos.
• Estado de excepción sigue vigente; una renovación permitiría mantener restricciones.

A pocas horas de que concluya el toque de queda que rige en cuatro provincias del país, el Gobierno analiza si la medida debe mantenerse como parte de la estrategia de seguridad aplicada contra el crimen organizado. 

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La decisión cobra relevancia debido a que la restricción de movilidad fue presentada como una de las herramientas para facilitar operativos policiales y militares en zonas consideradas críticas por la violencia.

Actualmente, el toque de queda está vigente en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, entre las 00:00 y las 05:00, y fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 498. La medida forma parte de un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa debido a una situación calificada como grave conmoción interna.

La primera opción: extender la restricción mediante una nueva disposición

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, confirmó que la continuidad del toque de queda está siendo evaluada por el Bloque de Seguridad, que analiza los resultados obtenidos desde la entrada en vigencia de la medida. Según la funcionaria, la decisión se tomará tras revisar indicadores relacionados con homicidios, detenciones y acciones contra estructuras criminales.

Si el Ejecutivo concluye que las condiciones de seguridad aún justifican restricciones extraordinarias, podría emitir una nueva disposición que prolongue el toque de queda en las provincias donde actualmente se aplica. Para ello, la administración deberá fundamentar la necesidad de mantener la suspensión temporal de la libertad de tránsito.

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El estado de excepción sigue vigente

Aunque el toque de queda finaliza el 30 de septiembre, el estado de excepción tiene una duración mayor. El Decreto Ejecutivo 498 establece una vigencia de 60 días para la declaratoria en ocho provincias y tres cantones del país. Esto significa que varias medidas extraordinarias de seguridad continúan activas incluso si la restricción nocturna concluye en la fecha prevista.

Entre esas facultades constan la participación coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos de control, así como la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en las jurisdicciones incluidas dentro de la declaratoria.

La posibilidad de una renovación

La normativa ecuatoriana contempla además la posibilidad de renovar un estado de excepción cuando persisten las circunstancias que motivaron su emisión. La Constitución permite una extensión adicional de hasta 30 días si el Ejecutivo justifica la continuidad de la amenaza o la conmoción interna.

En un escenario de escalada de violencia o de nuevas amenazas identificadas por los organismos de inteligencia, el Gobierno podría recurrir a esta herramienta para sostener parte de las medidas extraordinarias actualmente vigentes.

Los resultados que pesan en la evaluación

La discusión sobre una posible extensión ocurre mientras las autoridades destacan resultados obtenidos durante la aplicación del toque de queda. Según cifras difundidas por el Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor de la medida se registraron miles de aprehensiones, incluidas centenas de personas detenidas por incumplir la restricción de movilidad.

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Además, el Gobierno sostiene que la reducción de la circulación durante la madrugada ha permitido desarrollar operaciones focalizadas contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, la continuidad o no del toque de queda dependerá de la evaluación final que realice el Ejecutivo sobre el impacto de la medida y de la evolución de los indicadores de seguridad en las provincias.

El proyecto reconoce el derecho a la protección digital y faculta al Estado para realizar el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que contengan contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.

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El texto señala: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a desarrollarse y ejercer sus derechos en entornos digitales seguros, libres de violencia, explotación y otras formas de vulneración de sus derechos”.

Cuidado en los entornos digitales

La normativa también plantea el deber de cuidado y supervisión en los entornos digitales. “Los progenitores o representantes legales de las niñas, niños y adolescentes tienen el deber de orientar, acompañar y supervisar, de acuerdo con su grado de desarrollo y madurez, el uso de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes sociales, videojuegos y demás entornos digitales”, establece la ley.

El objetivo es proteger el desarrollo integral de los menores y prevenir situaciones de riesgo, violencia, explotación, reclutamiento, uso o utilización en actividades delictivas. La propuesta también contempla medidas ante el incumplimiento de este deber.

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“Cuando el incumplimiento de este deber genere una amenaza o vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se adoptarán las medidas de protección previstas en este Código (de la Niñez)”, se indica.

Hay que tomar en cuenta que el Código de la Niñez considera medidas de protección aquellas destinadas a detener una amenaza, restituir un derecho vulnerado y garantizar su respeto permanente.

Especifica un nuevo delito y aumenta penas

La normativa define el reclutamiento de menores por parte de las bandas delictivas como la “captación o vinculación a estructuras criminales con fines de instrumentalización”.

En ese sentido, el texto establece que el reclutamiento o utilización de menores por fuerzas armadas regulares, irregulares o grupos armados pasaría a sancionarse con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, frente a los 10 a 13 años vigentes.

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También se sancionaría con pena de 22 a 26 años de cárcel a quien reclute, use o utilice menores de forma individual o como parte de una organización de delincuencia organizada o grupos armados para cometer delitos.

Lo que debes saber

• Superintendencia oculta informe sobre la polémica compra de medios ligada a Galamedios.
• La reserva legal de Galamedios vulnera la LOTAIP al carecer de resolución y motivación.
• El uso indebido del estatus reservado se consolida como artilugio para ocultar información.

Cuando un organismo de control del Estado declara en reserva o califica como reservado un informe es porque la autoridad no quiere que esa información sea pública. En otras palabras, lo reservado es lo que quiere que se mantenga oculto o, como se dice morocho, escondido. Esto es lo que la Superintendencia de Compañías ha hecho con el informe que dice haber elaborado sobre Galamedios, la empresa del asambleísta suplente del Gobierno que hizo la más que tránsfuga compra de La Posta y Radio Centro.

En efecto, el superintendente de Compañías subrogante, Luis Idrovo Murillo, reveló ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que la entidad ya ejecutó y concluyó un proceso de control e inspección a Galamedios. Sin embargo, dijo que los resultados se mantienen bajo estricta reserva legal. La Superintendencia de Compañías investigó a Galamedios. La investigación terminó. El informe existe. Pero los ciudadanos no pueden conocer qué encontró la entidad porque, según su superintendente subrogante, sus resultados son “reservados”.

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Marco legal y requisitos constitucionales vulnerados

Y aquí comienza el problema. No porque se trate de un asambleísta de medio pelo, cuyo patrimonio declarado no le alcanza ni para comprar una media agua, sino porque la declaratoria de reserva en este caso es evidentemente tramposa y no se ajusta a los requisitos legales y constitucionales. En efecto, la ley permite reservar determinada información pública. Sin embargo, la reserva no se declara por decreto verbal de un funcionario, por más bonito que este se considere, ni nace simplemente de pronunciar la palabra “reservado”, como parece haber ocurrido en este caso.

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Incumplimientos de la LOTAIP y la Constitución

Para comenzar, hay que decir que la Constitución es clara y contundente. El artículo 18 establece que no existe reserva de información sino en los casos expresamente establecidos en la ley. Y la LOTAIP exige, además, que la clasificación como reservada se haga mediante una resolución motivada. Esa resolución debe identificar la norma que permite la reserva, el interés público que se busca proteger, el daño concreto que produciría divulgar la información, las razones de proporcionalidad y el período durante el cual permanecerá reservada. Hasta aquí, nada calza y resulta evidente que Idrovo se pasó la ley por el forro.

Hay más. La LOTAIP establece que, si no se cumple el procedimiento legal de clasificación, la reserva carece de validez. También dispone que la resolución sea remitida a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional, cosa que no ha ocurrido, al menos según la información pública disponible.

Otra cosa: tampoco existe constancia pública de la resolución de la Superintendencia que declaró reservado el informe de Galamedios. Nada se sabe de esa resolución: ni cuándo fue expedida, ni quién la firmó, ni qué norma invocó la Superintendencia. ¿Qué parte del informe está protegida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Fue incorporada al índice de información reservada? ¿Fue remitida a la Defensoría y a la Asamblea? Nada de esto se sabe. Sin embargo, en la Asamblea se dio por sentado que nadie puede conocer el informe elaborado sobre Galamedios.

Las operaciones financieras de Galamedios y Boglia Media

Y en este caso el tema no es cualquier cosa, porque Galamedios no es una compañía cualquiera: fue creada en 2025, adquirió por 2,6 millones de dólares las participaciones relacionadas con La Posta y Radio Centro y registró millonarias obligaciones financieras. Y ahora resulta que Galamedios transfirió esos activos a Boglia Media, una sociedad panameña, poco antes de entrar en disolución.

La lógica, la ley y la ética pública dicen que la transparencia no consiste en que el Estado diga que investigó. Consiste en que explique qué puede mantener legítimamente oculto y por qué.

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Si existe una resolución de reserva, Idrovo debió mostrarla, y eso no lo hizo. Si cumple la LOTAIP, como debería, Idrovo debió explicar su fundamento. Porque una investigación sobre una empresa que compró medios de comunicación por millones de dólares no puede terminar administrativamente en una frase: “el informe es reservado”. Eso, en realidad, fue un insulto a la inteligencia y a la ética.

Idrovo ignoró, evidentemente de forma deliberada, que la reserva de un documento necesita una ley que la justifique, una resolución y una motivación. Y, sobre todo, necesita poder ser comprobada.

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Falta de registro y antecedentes de ocultamiento estatal

Pero aún hay algo más que hace pensar que esta reserva es chueca. La LOTAIP obliga a las instituciones a mantener un índice de información reservada, que debe señalar el número de resolución, la fecha de clasificación y el período de vigencia. Es decir, la Superintendencia debería tener su resolución sobre Galamedios en ese índice o lista.

Y esto tampoco ocurre. En realidad, Galamedios no aparece en el índice de información reservada de la Superintendencia de Compañías, según la información pública revisada.

Idrovo no parece saber, o finge no saber, algo que jurídicamente es para principiantes: la reserva no se presume. Si la Superintendencia afirma que el informe de Galamedios es reservado, debe poder mostrar el fundamento legal y el acto administrativo que produjo esa clasificación. Hasta ahora, eso no ha ocurrido públicamente.

El patrón de reserva en casos de interés público

Lo de “reservado”, evidentemente, se ha convertido en un artilugio utilizado por el Gobierno para esconder información. Ocurrió en este caso con Galamedios, como también ocurrió con el fiasco de HealthBird, donde tampoco se quiso entregar a la opinión pública la información sobre el contrato con esa supuesta proveedora de servicios de salud. Y ocurrió con el informe del caso Caja Chica, también reservado, con el que el Tribunal Contencioso Electoral dejó fuera de las elecciones a la Revolución Ciudadana.

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Si se quiere ocultar algo, siempre lo más eficaz será declararlo reservado. Aún más cuando se lo hace ignorando la ley.

Los datos clave de esta historia

• Un terreno de 55 hectáreas, avaluado en $22 millones, iba a venderse por unos $5 millones en el caso Proinco, pero un juez de Mejía suspendió en agosto de 2026 el proceso de compra y venta. Son más de 1.000 inversionistas que esperan recuperar más de $60 millones.
  
  
• En Homes Ecuador, 46 familias siguen sin una solución en proyecto habitacional de vía a la Costa, en Guayaquil. Han pasado seis liquidadores desde 2019.
  
• En Vidcae, el actual liquidador, Patricio Salazar, maneja 72 liquidaciones simultáneamente, y no contesta a acreedores, según fuentes.

Después de la publicación de la investigación ‘La argolla del control’, varias personas llegaron a EXPRESO, tanto a sus oficinas de Guayaquil como de Quito, para contar las anomalías que registran los procesos de liquidación que atraviesan las empresas con las que tienen algún tipo de relación, ya sea porque son compañías familiares o son parte de la lista de acreedores.

Este Diario recogió sus testimonios y recibió los documentos que sostienen sus afirmaciones. Ellos cuestionan que las gestiones de los liquidadores, personas delegadas por la Superintendencia de Compañías, en lugar de cerrar las empresas de forma ordenada y pagar las deudas, se han convertido en trámites largos, inciertos y, en varios casos, administraciones que guardan silencio ante sus consultas.

La falta de información y de acciones para sanear las deudas, aseguraron los ciudadanos, mantiene con incertidumbre a familias, adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad.

Política

Entre 10 y 80 empresas por operador: así se reparten liquidaciones en la ‘Super’ de Compañías

Redacción Expreso

En los testimonios se repite el problema y las figuras de los liquidadores en diferentes empresas. En distintos expedientes se cruzan los nombres de Carlos Cadena, Patricio Salazar o Ashley Delgado, quienes han llegado a manejar decenas de liquidaciones a la vez o a representar al mismo tiempo a empresas que tienen cuentas pendientes entre sí.

Este es un seguimiento de las tres entregas pasadas que revelaron la concentración de cargos que, según los testimonios y expertos en temas societarios, genera opacidad y prolonga las acciones de pago ante la carga de trabajo humanamente imposible de gestionar. Así también lo señalaron fuentes y denunciantes, que pidieron relatar sus casos sin una mayor exposición por posibles represalias.

HOMES ECUADOR S.A.

Milton Espinosa, un jubilado con discapacidad, pagó $42.000 en diciembre de 2014 por un departamento en el proyecto Costa Plaza en Puerto Azul, en Guayaquil.

La vivienda debía entregarse en febrero de 2015, pero no le dieron el inmueble ni le devolvieron el dinero.

Así lo relató un familiar del adulto mayor, quien pidió que se guardara bajo reserva su identidad. Él se contactó con este Diario y contó que pese a ganar una decisión arbitral firme en mayo de 2026, sigue sin cobrar, al igual que otras 45 familias.

“Vendieron dos veces los apartamentos, todo con venia de liquidadores. Los actuales dueños que sí viven en el conjunto lo conocen. Además que ya perdieron su plata, les pedían más plata sobre un proyecto en ruinas”, manifestó la fuente, quien cuestiona el silencio y falta de acciones de las diferentes administraciones de la ‘Super’ en torno a la opacidad con que se han manejado las cuentas de Homes Ecuador y de otras empresas relacionadas.

Homes Ecuador fue disuelta el 8 de marzo de 2019 y desde entonces la administración de la firma ha pasado por las manos de seis liquidadores, quienes no han podido dar solución a los perjudicados.

Según la fuente, la información con la que cuentan corresponde a un archivo de Excel del año 2018 que el entonces liquidador Carlos Cadena les envió en 2021 (esta persona estuvo al frente de esa liquidación entre 2020 y 2022).

Cadena es una de las 21 personas identificadas en la concentración de liquidaciones de empresas. Simultáneamente registraba 40 encargos, según los datos oficiales con corte al 9 de junio pasado.

Política

Fallas que llevaron a la salida del liquidador de Zofragua

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Política

Caso Zofragua: denuncia por la desaparición de fondos públicos

Flor Layedra Torres

En el documento entregado a acreedores, que revisó este Diario, se detalla que Homes debía $384.000 a Landrex y $1.422 dólares a Moatowers, mientras que la empresa vinculada Motorgold le debía a Homes Ecuador $1’643.504. Todas estas compañías pertenecen a los accionistas.

“Desde otra liquidación, (vemos) en cambio, que el aparato jurídico sí fue activado contra directivos de la compañía que edita EXPRESO (la ‘Super’ nombró a Cadena liquidador de Veranera S. A., que pretende controlar el 40% del paquete accionario de Granasa, y en medio de una disputa abierta por esas acciones Granasa fue intervenida en 2026). Cadena debe explicar por qué no desplegó frente a Motorgold ni accionistas de compañías vinculadas la misma capacidad jurídica”, comentó la fuente.

Ninguno de los seis liquidadores que pasaron por Homes Ecuador demandó ni intentó cobrar los 1,64 millones de dólares que debía Motorgold, sostuvieron los afectados.

Política

Liquidadores sin control: las fallas de la SuperCías

Flor Layedra Torres

Por el contrario, agregaron, el 28 de agosto de 2020 fueron enviados correos con copia a la liquidadora Paola Vélez exigiendo a los compradores pagar entre un 10% y un 18% más de dinero bajo supuestas amenazas de sanciones (presiones). Además, indicaron que en su momento cinco de los seis liquidadores representaron al mismo tiempo a la empresa deudora y a la acreedora Landrex.

Este Diario solicitó una entrevista a la administración de esas firmas, pero sigue pendiente la respuesta.

Política

Los testimonios que destapan los riesgos detrás de la concentración de liquidaciones de empresas

Redacción Expreso

Más de mil afectados

El caso del Grupo Proinco (que agrupa a tres empresas) abarca a más de 1.000 inversionistas, a quienes se les debe más de $60’000.000 desde el año 2016.

Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y herederos, como Pedro Galindo, el presidente del comité de acreedores formado el 7 de julio de 2025, cuya madre falleció sin recuperar sus $80.000.

Un informe pericial de la Fiscalía confirmó que existían $98’000.000 en activos para saldar las deudas.

Los denunciantes relatan que entre mayo y junio de 2025, la entonces intendenta regional Verónica Rodríguez reemplazó del cargo al liquidador Ángel Mayorga (quien, según las fuentes, sí informaba a los acreedores del avance del proceso) por Roberth Torres.

Torres es parte del grupo de liquidadores beneficiados con 34 encargos al 9 de junio pasado. Según los acreedores, en 2025 él tenía previsto vender un bien que podía respaldar parte de la deuda: un terreno de 55 hectáreas (dos lotes) en el cantón Mejía, avaluado en $22’000.000 en 2016, pero que se pretendía vender en unos $5’000.000.

No obstante, en agosto de 2026, el juez Henry Leiva, del cantón Mejía, ordenó la suspensión del proceso de la compra y venta del bien, “a fin de prevenir un daño grave e irreversible a los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, vida digna y propiedad de las personas adultas mayores y acreedores del proceso de liquidación de Maktradecorp S.A.”.

Política

El laberinto de las liquidaciones que salpica a la Vicepresidenta y a un negocio millonario de lotes

Redacción Expreso

El caso VIDCAE S.A.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas constituyó la empresa Vidcae S.A. para construir un proyecto de viviendas, a través del cual se vendieron terrenos a más de 500 arquitectos. Tiempo después, los directivos del gremio pasaron la mayoría de las acciones a la propia Vidcae S.A.

Dicha firma entró en liquidación en 2015 por incumplimientos en la presentación de balances y desde entonces han pasado siete liquidadores. Actualmente, el proceso está en manos del liquidador Patricio Salazar, quien maneja 72 liquidaciones al mismo tiempo, según la investigación de EXPRESO.

Arquitectos que confiaron sus ahorros en el proyecto aseguraron que Salazar se ha negado a registrar como acreedores a 240 compradores que entregaron sus carpetas con la documentación completa.

Patricia Sánchez es una de las más de 500 personas que afirman haber sido afectadas y que sostienen no haber sido escuchadas por la ‘Super’. “Yo creo que debe actuar la Fiscalía. El paquete accionario debe regresar al CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas) y es el CAE el que debe liquidar el proyecto”, planteó Sánchez, quien entregó 8.600 dólares hace 25 años.

En la investigación ‘La argolla del control’ se envió un pedido de entrevista a Salazar. No ha contestado el correo electrónico.

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La huella de los conflictos que dejó Luis Cabezas-Klaere en su paso por la gerencia del BIESS

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Dos años en liquidación

Entre las historias que se documentaron en esta entrega consta la de una empresa cuya actividad está relacionada con varias industrias y que tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, en medio de un conflicto entre accionistas, entró en un proceso de disolución que data del 2024.

EXPRESO conoció que esta compañía ha tenido más de un liquidador en ese tiempo. Ashley Delgado Aguilar es la más reciente, desde mediados de 2025. La liquidadora, abogada de 24 años de edad, ha recibido 20 nombramientos similares entre 2025 y 2026 (al 9 de junio pasado tenía 15 encargos de ese tipo).

La llegada de la liquidadora significó para el principal accionista y su familia, el inicio de una pesadilla ante las supuestas acciones de la administradora para evitar que el negocio retome su actividad, como el cambio de cerraduras, lo que ha supuesto la acumulación de deudas bancarias, de servicios básicos, pago a proveedores, reveló una fuente cercana a la empresa.

Lo que se sabe

• Diana Ramírez asumió el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano en lugar de Cynthia Gellibert Mora
• La nueva secretaria de Estado se desempeñaba como viceministra de Servicio Público
• Tendrá funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios

Diana Ramírez Villacís es la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano desde este lunes 28 de septiembre de 2026. Reemplaza a Cynthia Gellibert Mora, quien ahora preside el Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Política

Diana Ramírez Villacís asume el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Ramírez se desempeñaba como viceministra de Servicio Público. Durante más de dos décadas en el sector público, también ha sido secretaria nacional de Planificación y ha dirigido el Plan Nacional de Desarrollo.

"En el sector privado, y como consultora independiente, ha asesorado en proyectos de economía circular, alianzas público-privadas y fortalecimiento de fundaciones de índole social", indicó la cartera de Estado.

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Los retos de implementación de la nueva ley laboral en Ecuador

Vanessa López

Desafíos y proyectos del Ministerio del Trabajo

Reducir la brecha de desempleo, flexibilizar la contratación para incentivar la productividad y combatir la informalidad laboral están entre los objetivos planteados por esta Secretaría de Estado.

Mitigar la alta informalidad es uno de los desafíos, en vista de que más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) trabaja en el sector informal, lo que limita el acceso a la seguridad social y a salarios regulados.

Plan Sectorial de Trabajo hasta 2029

El ministerio tiene tres metas institucionales prioritarias:

También se espera que con las reformas a la Ley de Servicio Público, las pasantías y prácticas preprofesionales se validen como experiencia laboral y así fomentar la inserción laboral de los más jóvenes.

Esta cartera de Estado también mantiene los proyectos "Compromiso por el Empleo" y "Ruta de la Empleabilidad", cuyo objetivo es fortalecer el perfil profesional de jóvenes (18-26 años), mujeres y adultos mayores (45-64 años).

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¿Hay restricciones de ingresos para quienes solicitan el subsidio Yapa pa' tu casa?

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Lo que debes saber

• El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si aprueba la declaratoria del 15 de noviembre de cada año como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".
• La iniciativa, impulsada mediante un pedido oficial del asambleísta Adrián Castro Piedra, busca rendir homenaje permanente a las personas afectadas por la delincuencia organizada y a los servidores públicos caídos en cumplimiento de su deber.
• La sesión ha sido convocada para el jueves 1 de octubre a las 11:00 en el Palacio Legislativo.

El Pleno de la Asamblea Nacional alista la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado dentro de su agenda legislativa institucional.

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Por disposición de la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se convocó formalmente a los legisladores a la Sesión N° 128-AN-2025-2029, prevista para este jueves 1 de octubre, a las 11:00, en el Palacio Legislativo.

Entre los puntos centrales del orden del día destaca el debate y resolución en torno a la declaratoria oficial de una nueva fecha cívica nacional.

Política

Comité por reclutamiento de menores avanza a nueva etapa: mesas llevarán modelo a provincias

Daniel Alejandro Romero Páez

La iniciativa responde directamente a una solicitud formal presentada por el asambleísta Adrián Castro, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mediante el memorando N° AN-CPAE-2026-0232-M, dirigido a la máxima autoridad del Legislativo.

¿Cuándo se conmemorará el Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado?

La propuesta legislativa establece que cada 15 de noviembre sea instituido oficialmente como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".

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Según el documento suscrito por Castro, esta conmemoración busca rendir homenaje permanente a todas las personas afectadas, de manera directa e indirecta, por el accionar de los grupos de delincuencia organizada en el país.

Asimismo, el reconocimiento especial está dirigido a honrar la memoria "de los servidores públicos, entre ellos fiscales, jueces, policías y militares, que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber frente al crimen organizado".

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 28 de septiembre una serie de cambios en su Gabinete ministerial mediante la emisión de decretos ejecutivos.
• Los ajustes incluyeron la designación de Bernardo Cordovez Cereceda en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y de Cynthia Gellibert Mora como representante del Gobierno ante el Consejo Directivo del IESS.
• Asimismo, Diana Paulina Ramírez Villacís asumió la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano, mientras que Roberto Izurieta fue nombrado embajador en Perú.

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó una serie de modificaciones y relevos dentro de su equipo de colaboradores este lunes 28 de septiembre.

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Uno de los principales movimientos se originó tras la renuncia de Sariha Moya al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Mediante el Decreto Ejecutivo 509, el primer mandatario designó a Bernardo Cordovez Cereceda como nuevo titular de esta cartera de Estado, dejando vacante la presidencia del Consejo Directivo del IESS que venía ocupando.

Política

Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Para sucederlo en la seguridad social, el Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo 511 nombrando a Cynthia Gellibert Mora como nueva delegada del Gobierno ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Diana Ramírez Villacís, nueva ministra de Trabajo

Como consecuencia directa del movimiento de Gellibert, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano pasó a ser liderado por Diana Paulina Ramírez Villacís, quien fue designada oficialmente a través del Decreto Ejecutivo 510.

Política

Diana Ramírez Villacís asume el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Adicionalmente, los cambios dictados por la administración central incluyeron el ámbito diplomático con la expedición del Decreto Ejecutivo 512.

En ese documento, el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta, fue nombrado oficialmente como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en la República del Perú.

Lo que se sabe

• El Gobierno estadounidense no reveló las identidades de los sancionados, pero sí la causa: actos de corrupción
• Viajar a Estados Unidos es uno de los impedimentos tras la medida
• En otros tres países de la región también se aplicó esta sanción

La revocatoria de visas estadounidenses, anunciada por el Gobierno de Donald Trump en este lunes 28 de septiembre de 2026, alcanza a dos ciudadanos ecuatorianos, cuyas identidades no fueron reveladas.

Política

EE. UU. revoca visas a dos ecuatorianos y no revela quiénes son

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Estados Unidos indicó que la decisión alcanza a sus familiares directos, aunque no indicó tampoco si se trata de funcionarios públicos, empresarios o particulares.

Con la medida se busca restringir el acceso a visas estadounidenses a personas extranjeras que participen en actividades de corrupción o tengan nexos con el narcotráfico, según el régimen norteamericano.

¿Qué implica la revocatoria de visa estadounidense?

La cancelación del documento incluye algunas prohibiciones para las personas sancionadas:

"Una visa puede ser revocada si una persona es arrestada, condenada por un delito, actúa de manera que no corresponde con el tipo de visa que posee, permanece en los Estados Unidos más tiempo del permitido, o si se determina que representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional, entre otras razones", indica el régimen estadounidense.

Además de los dos ecuatorianos, la revocatoria alcanzó a magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario, de Bolivia; el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta, de Colombia; además de un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, en Perú.

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En la carta, Andrade señala que su renuncia es irrevocable y responde a “razones personales” y a su decisión de “asumir nuevos desafíos”. 

A este Diario, Carolina Andrade le confirmó que su próximo reto estará vinculado con la seguridad ambiental en la Amazonía: “Iré a un organismo regional, para trabajar sobre crimen organizado ambiental en la Amazonía”.

Andrade llegó a la Secretaría en mayo de 2023, al inicio de la administración de Muñoz. En su despedida, destacó el trabajo realizado durante ese periodo y agradeció al alcalde por la confianza depositada en ella y en su equipo.

Entre los instrumentos que mencionó están el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027 y el Plan de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 2025-2033, además de otros programas y proyectos de la dependencia.

La denuncia sobre supuesta sala espejo, antecedente

Su salida se produce, en un momento de tensión entre el Gobierno nacional y el Municipio de Quito por el manejo de los sistemas de videovigilancia de la capital.

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Municipio de Quito rechaza acusaciones sobre presunto espionaje con cámaras de videovigilancia

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El 10 de agosto, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la Policía había tomado el control del centro de cámaras de Quito y sostuvo que existían “cinco o seis” salas espejo conectadas al sistema municipal. Según el ministro, estas conexiones podían permitir que terceros conocieran los movimientos de los operativos de seguridad.

Carolina Andrade rechazó entonces esa versión y aseguró que no existía una sala paralela. También explicó que el centro de monitoreo municipal funcionaba en el mismo edificio del ECU-911.

Andrade es máster en Ciencia Política, con mención en Asuntos Públicos por la Universidad Panteón-Sorbona de París y especialista en Servicios de Inteligencia. Permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre para completar la transición y entregar el informe de gestión. Hasta ahora, el Municipio no ha anunciado quién la reemplazará.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Cynthia Gellibert Mora y nombró a Diana Paulina Ramírez Villacís.
• El cambio ocurrió el 28 de septiembre en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
• Diana Paulina Ramírez Villacís asume tras la reorganización de esa cartera estatal.

El presidente de la República, Daniel Noboa, realizó un nuevo ajuste en su gabinete ministerial al dar por terminadas las funciones de Cynthia Gellibert Mora como ministra de Trabajo y Desarrollo Humano y nombrar en su reemplazo a Diana Paulina Ramírez Villacís. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 510, suscrito el 28 de septiembre de 2026.

En el documento, el mandatario agradece los servicios prestados por Gellibert durante su gestión y oficializa el relevo en una de las carteras responsables de las políticas laborales y de desarrollo humano del país.

Cambio en un ministerio recientemente reestructurado

La salida de Gellibert se produce meses después de que asumiera el cargo. Según el decreto, fue designada ministra mediante el Decreto Ejecutivo 410, emitido el 5 de junio de 2026.

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Posteriormente, el Gobierno impulsó una reestructuración institucional que incluyó la fusión por absorción del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades dentro del entonces Ministerio del Trabajo. Como resultado de ese proceso, la entidad pasó a denominarse Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La designación de una nueva ministra ocurre en medio de esa reorganización administrativa, que amplió las competencias de la cartera y concentró funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios.

Diana Ramírez asume la cartera

Con la expedición del nuevo decreto, Diana Paulina Ramírez Villacís se convierte en la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano. El documento no detalla las razones del relevo ni establece cambios adicionales dentro de la institución.

La disposición también deroga el Decreto Ejecutivo 410, mediante el cual había sido nombrada Gellibert, y deja sin efecto cualquier norma de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en el nuevo instrumento legal.

Política

Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Nuevo movimiento en el gabinete de Noboa

Durante las últimas horas, el Gobierno ha realizado modificaciones en el Directorio Ejecutivo del IESS y en el Ministerio Productivo y Económico. 

Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Bernardo Cordovez del IESS el 28 de septiembre y nombró a Cynthia Gellibert.
• Cynthia Gellibert asumirá la representación del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS.
• El cambio ocurre mientras el IESS enfrenta debates sobre finanzas y gestión de recursos.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, dispuso un nuevo cambio en la representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A través del Decreto Ejecutivo 511, firmado este 28 de septiembre de 2026, el mandatario removió a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda del Consejo Directivo de la entidad y designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora como su reemplazo.

La decisión se produce menos de un año después de que Cordovez fuera nombrado en el cargo mediante el Decreto Ejecutivo 234, expedido el 26 de noviembre de 2025. En el nuevo decreto, el Ejecutivo agradece los servicios prestados por el exfuncionario y da por terminadas sus funciones como representante del Gobierno ante el máximo organismo de dirección del IESS.

Nueva representante del Ejecutivo en el IESS

La designación de Cynthia Gellibert Mora se concretó luego de que la Superintendencia de Bancos emitiera una resolución en la que calificó su habilidad legal para ejercer el cargo de vocal en representación de la Función Ejecutiva dentro del Consejo Directivo del IESS.

Te invitamos a leer | Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

El decreto presidencial señala que la designación se realiza en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la Ley de Seguridad Social otorgan al Presidente de la República para nombrar al representante del Ejecutivo ante el organismo.

De acuerdo con la normativa vigente, el delegado de la Función Ejecutiva también ejerce la presidencia del Consejo Directivo del IESS, instancia encargada de adoptar decisiones sobre la gestión administrativa y financiera de la seguridad social ecuatoriana.

Disponen nueva evaluación de seguridad

El decreto también ordena a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgo para determinar si Gellibert requiere protección especial en el ejercicio de sus nuevas funciones. Según el documento, en caso de identificarse amenazas o riesgos, deberán adoptarse medidas de seguridad acordes al nivel de exposición establecido.

La disposición deja sin efecto un decreto anterior que otorgaba medidas de protección a Gellibert y establece que cualquier esquema de seguridad deberá sustentarse en una nueva evaluación técnica elaborada por la Casa Militar Presidencial.

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"No podemos controlar las tormentas": frase con la que Sariha Moya se despidió del Gobierno

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Cambio ocurre en medio de debates sobre el futuro del IESS

La modificación aparece en momentos que rescatan su sostenibilidad financiera, la administración de sus recursos y el manejo de sus activos. En las últimas semanas, la institución ha estado en el centro de la atención por propuestas relacionadas con la gestión de bienes y mecanismos para fortalecer sus finanzas.

El CPCCS se conforma por siete vocales. De ellos, tres salen de la lista de hombres, otros tres de la lista de mujeres y el séptimo representa a los Pueblos y Nacionalidades y a los ecuatorianos en el exterior.

Política

Esta es la lista definitiva de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana: los 65 nombres

Richard Josue Jimenez Mora

Tras la publicación de la lista, la única candidata en carrera por esa vocalía es Martha Susana Toapanta Cuascota. En el actual escenario, podría convertirse en la virtual ganadora de esa dignidad.

Desde la creación del CPCCS con la Constitución de 2008 y el posterior cambio en la elección de los integrantes del organismo mediante votación popular, después de la Consulta Popular de 2018, un hecho así no había ocurrido. 

Por ello, se anticipa la posibilidad de que exista un vacío legal, por ejemplo, respecto de quién debería ocupar el cargo en caso de ausencia, censura o destitución.

De acuerdo con el registro del CNE, para las elecciones de 2026 se postularon 40 candidatos por los Pueblos y Nacionalidades. Al final, solamente una de esas candidaturas pasó el filtro del proceso que está a cargo del CNE.

¿Quién es Martha Toapanta?

Según el expediente publicado en la página web del CNE, Toapanta es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Informática. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador.

Entre los certificados presentados como parte del proceso consta uno de Greenland Environmental Consulting, en el que se hace referencia a que Toapanta es parte del pueblo Kayambi.

También hay referencias a que fue concejala del cantón Pedro Moncayo entre 2009 y 2018. Además, fue directora del Ministerio de Inclusión entre 2021 y 2022.

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CNE incumple plazo para publicar el listado final de postulaciones al Consejo de Participación

Richard Josue Jimenez Mora

Sobre la lista de candidatos

La tarde de este 28 de septiembre de 2026, el CNE decidió publicar el listado de candidatos al organismo de participación ciudadana. Hay 65 aspirantes en carrera por ocupar una de las siete vocalías. Este era uno de los hitos del calendario electoral de cara a las votaciones que se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

Los postulantes no podrán hacer campaña. Para la difusión de sus propuestas y perfiles, el CNE determinará los espacios destinados para ese fin. Hay que recordar que los candidatos tampoco pueden ser auspiciados por una organización política.

Política

Hospital Pablo Arturo Suárez: pacientes esperan semanas por cirugías y transferencias

Rosero Mariela

Los médicos piden que se reconozcan y paguen, con los recargos correspondientes, las horas suplementarias, extraordinarias o nocturnas trabajadas por encima de ese límite desde la entrada en vigor de la norma. 

También solicitan que el MSP expida la normativa técnica sobre las jornadas y establezca mecanismos para registrar y controlar las horas efectivamente trabajadas.

¿Qué dice la Ley de Carrera Sanitaria?

El artículo 18 de la LOCS, vigente desde el 1 de septiembre de 2023, establece una jornada especial para el personal de salud que realiza trabajos peligrosos, está expuesto a ambientes de alto riesgo de contaminación o cumple turnos rotativos en fines de semana y feriados. 

Los accionantes sostienen que, pese a la vigencia de la ley, existen profesionales que trabajan hasta 160 horas al mes. Según su reclamo, el propio MSP reconoció esta situación en la respuesta a una petición previa.

Este artículo debería beneficiar a quienes forman parte de la carrera sanitaria y realizan trabajos peligrosos, laboran en ambientes de alto riesgo de contaminación o cumplen turnos rotativos que incluyen fines de semana y feriados.  

El Reglamento General de la LOCS, expedido mediante el Decreto Ejecutivo 159 en septiembre de 2025, estableció además un plazo de 90 días para que la Autoridad Sanitaria Nacional emitiera la normativa técnica sobre jornadas. Ese plazo venció el 28 de diciembre de 2025.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, acompañó a los representantes de unos 300 médicos del Guayas y señaló que otros 400 profesionales prevén sumarse al reclamo. La legisladora también anunció gestiones en la Asamblea sobre la formación de especialistas, las becas y la brecha de personal sanitario.

Política

Pacientes renales piden al Gobierno garantizar la diálisis tras la advertencia de transnacional

Rosero Mariela

"Como médica, no puedo quedarme callada frente a estas injusticias. Regresé a los 18 años al país y veo con preocupación la situación de médicos rurales, posgradistas, especialistas. En el ministerio hay un gran número de especialistas bajo la figura de médico general, talento formado afuera, con contratos de médicos generales".

Los médicos sostienen que la obligación reclamada es clara, expresa y exigible, por lo que corresponde a la Corte determinar si existe un incumplimiento de la normativa vigente.