Política

¿Contraloría destruirá información reservada? Esto dice la ley aprobada por la Asamblea

Daniel Alejandro Romero Páez

Pues bien, este ejemplo ficticio, que evidentemente resulta absurdo y hasta cómico porque parece sacado de una sátira, retrata a la perfección lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional. 

El miércoles 10 de junio, es decir, hace poquísimos días, durante la aprobación de una ley para sancionar el uso delictivo de uniformes de la Policía y las Fuerzas Armadas, el oficialismo incorporó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Pues para nada más y nada menos que autorizar a esa institución a eliminar documentos que contengan información clasificada, reservada o secreta.

Es decir, considerando que la Contraloría es ahora un organismo absolutamente cooptado por el Ejecutivo, la conclusión es muy clara: se ha hecho una trampa para permitir que el Gobierno borre cualquier rastro de un acto de corrupción. Basta con decir que determinado documento es reservado para que la Contraloría lo haga desaparecer.

Lo insólito, e incluso lo ilegal -no se puede incorporar en el segundo debate algo que no ha sido discutido en el primero-, de lo que hizo el oficialismo en la Asamblea es que la ley que se estaba aprobando tenía como objetivo sancionar el uso ilegal de uniformes e insignias institucionales. Sin embargo, se incorporó esta nueva competencia para la Contraloría. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?

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Lo que establece la disposición

La disposición establece que la Contraloría podrá ordenar la eliminación, destrucción o el borrado seguro de documentos físicos y digitales clasificados como confidenciales, reservados, secretos o secretísimos, una vez que los procesos, auditorías o exámenes especiales hayan concluido y estén ejecutoriados. La destrucción deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días y dejar constancia del procedimiento.

Se trata, pues, de una competencia que, claramente, tiene como propósito borrar aquello que resulte comprometedor para quienes hacen negocios desde el Estado. Entre la documentación que podría llegar a ser destruida, dependiendo de la clasificación que se le otorgue, figuran las declaraciones patrimoniales, las auditorías a altos funcionarios, los exámenes especiales sobre contratación pública y otros expedientes sensibles. 

El alcance del cambio introducido

En la práctica, además, esta disposición impedirá reconstruir hechos años después, realizar investigaciones periodísticas, sustentar investigaciones académicas y, sobre todo, abrir nuevas investigaciones judiciales si aparecen pruebas posteriores. Si los documentos desaparecen, esa posibilidad se reduce significativamente. ¿Y quiénes ganan? Los que cometieron actos que nadie quiere que se conozcan en el futuro.

Se podrían declarar reservados y luego destruir, por ejemplo, los términos de referencia con los que se contrató a Progen o con los que se iba a contratar a HealthBird, y en el futuro nadie podrá revisarlos. 

De hecho, el acuerdo con la empresa fantasma HealthBird, que se suponía iba a manejar el sistema de salud ecuatoriano, fue declarado reservado, lo que significa que, con la nueva normativa, podría ser destruido, algo que agradecerán los corruptos que estuvieron detrás de ese negocio.

Lo mismo podría ocurrir con los documentos relacionados con la compra de siete helicópteros, por más de 200 millones de dólares, en Italia para las Fuerzas Armadas, entre los que hay uno VIP con todas las comodidades posibles para la Presidencia de la República. 

Ese informe para la compra de los helicópteros perfectamente podría declararse reservado o secreto para que la Contraloría lo haga desaparecer y, cuando exista una Contraloría independiente, ya no esté disponible.

Aunque el texto establece que no podrán destruirse documentos relacionados con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes o responsabilidades no prescritas, lo cierto es que muchas investigaciones nacen precisamente años después de que una auditoría ha sido cerrada.

¿Cómo funcionaba el manejo de los documentos reservados antes de esta reforma?

La Ley Orgánica de la Contraloría no autorizaba la destrucción de información reservada. Claro que reglamentos internos de la Contraloría sí regulaban la valoración, conservación y eventual eliminación de documentos administrativos. 

Desde 2016 existe un reglamento que crea un Comité de Valoración, Conservación y Eliminación de Documentos y establece procedimientos archivísticos. Sin embargo, ese reglamento estaba pensado para la gestión documental -duplicados, documentos sin valor archivístico, plazos de conservación, etc.-, no para ordenar la destrucción obligatoria de expedientes clasificados de auditorías en un plazo fijo de 30 días.

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La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) establece un principio exactamente opuesto al que ahora se ha aprobado: obliga a las instituciones públicas a crear y mantener archivos y señala que las normas técnicas de archivo no pueden utilizarse para impedir el acceso a la información pública ni, “peor aún”, para justificar su destrucción. Además, dispone que los documentos originales permanezcan bajo custodia institucional hasta su transferencia al archivo correspondiente.

En otras palabras, bienvenidos al mundo donde no habrá rastros de negociados ni de actos de corrupción. Claro, siempre y cuando alguien pida a la Corte Constitucional que declare inconstitucional lo aprobado y esta así lo resuelva.

Reestructuración en la nómina de Prefectura

• Carlos Encalada delegó áreas estratégicas a extrabajadores del Estado y municipios.
• Analistas coinciden en que la nómina responde a un pacto para evadir bloqueos estatales.
• El prefecto no ha dado su versión a EXPRESO. 

Carlos Encalada Villacís asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026. Tras la salida de Marcela Aguiñaga, logró la unanimidad del Consejo Provincial presentándose como un perfil “apolítico” y sin historial en la función pública. Sin embargo, su cúpula administrativa dista de esa etiqueta.

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Nuevos rostros en la Prefectura, no tan nuevos en el sector público

Una revisión de EXPRESO a la nómina de directores y coordinadores del nuevo gobierno provincial revela que los cargos claves y el manejo de los recursos han sido entregados a una mezcla de cuadros provenientes del Ejecutivo central (del mandato de Daniel Noboa), del Municipio de Guayaquil y de antiguos funcionarios de la era de Jimmy Jairala.

La viceprefecta, Ana María Gallardo Cornejo, también tiene experiencia en el sector público: fue viceministra y coordinadora en el Ministerio de Producción (Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, 2018-2023).

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Los 'reciclados' de la administración de Jimmy Jairala (2009-2018)

Las áreas administrativas y legales marcan el regreso de figuras de pasadas administraciones provinciales. Víctor Zeballos Zevallos, actual director administrativo, manejó esta misma área (como encargado) en 2018, durante el mandato de Jairala.

Su contratación llama la atención por una omisión legal: no existen rastros de sus declaraciones juramentadas en el sistema de la Contraloría General del Estado, pese a que en octubre de 2024 asumió como coordinador financiero en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), según documentos oficiales.

A él se suma Alfredo Escobar Avilés, actual procurador síndico de la Prefectura. Escobar controló las compras públicas de la institución durante diez años (2009-2019), también bajo la administración de Jairala. Tras su salida, ocupó las gerencias de CNEL y CNT en el mandato de Guillermo Lasso.

Este Diario le consultó al exprefecto Jairala si tuvo algún tipo de contacto o influencia en el regreso de estos cuadros, a lo que respondió: “De la incorporación del abogado Escobar y el ingeniero Zevallos me enteré por los medios de comunicación. Puedo asegurarle que no tengo absolutamente ninguna relación con esa administración”.

El peso del oficialismo en el organigrama

El mayor peso del organigrama recae sobre exfuncionarios del actual Gobierno. La Coordinación General Administrativo-Financiera está en manos de Alejandro Peña Jácome, quien hasta este 2026 fue gerente comercial y de desarrollo en CNEL EP, además de tener pasado municipal en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad (Épico) y la Empresa de Vivienda (2019-2024).

Pero el perfil más llamativo en el manejo de recursos es el de Oscar Saab Adum, flamante director de Compras Públicas. Su hoja de vida refleja una vertiginosa rotación estatal: saltó por al menos siete cargos en tres años. Llega desde la subdirección del Hospital Los Ceibos. Solo en 2025 pasó por las direcciones administrativas de los hospitales Efrén Jurado y Francisco de Icaza, además del CNE Guayas. En 2024 fue director del Sercop (Zonal 8) y antes laboró en la Asamblea Nacional.

En áreas operativas, la Dirección de Gestión Ambiental recayó en Roberto Marcos Miranda, exdirector de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía; mientras que la Dirección de Talento Humano fue asumida por Yuliana Zambrano Macay, funcionaria del Ministerio del Trabajo durante cinco años (2019-2024).

La obra física y los proyectos provinciales quedaron encargados a perfiles ligados al Cabildo porteño. Pedro Varas Valdez es el nuevo coordinador general de Infraestructura, cargo al que llega tras operar hasta este 2026 como especialista y coordinador general en el Municipio de Guayaquil. De igual forma, María Piedad Palacios, directora de Proyectos y Cooperación Internacional, ocupó altos cargos en la Fundación Terminal Terrestre hasta este año.

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¿Pacto político o reclutamiento oportuno? 

Renovar un equipo de trabajo para un periodo tan corto de transición frente a la amenaza del fenómeno de El Niño evidencia, para los especialistas, una hoja de ruta que trasciende lo técnico y cuestiona las intenciones más allá de las declaraciones ‘apolíticas’.

Para la politóloga Andrea Endara, el “borrón y cuenta nueva” responde a la necesidad de Encalada de construir su propia imagen y distanciarse de la bandera política de la administración saliente.

Sobre la importación de cuadros del oficialismo, Endara lo interpreta como una maniobra táctica: “Puede generar ruido, pero es una estrategia para evitar ese choque que hemos visto que tiene el Gobierno Central con los seccionales que no le son afines. Al poner gente cercana, evitas fricciones que podrían dilatar los proyectos y obras del prefecto”.

Endara recalca que detrás del perfil apolítico hay intenciones claras. “Si no sabes algo, buscas a quien lo sepa. En ese sentido, se reciclan personajes. Lo importante, en un ambiente tan polarizado, es auditar si el performance de esos perfiles beneficia realmente a la provincia”.

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El politólogo Manuel Balda es más tajante y califica este nuevo organigrama como el reflejo directo de un pacto político. Considera que la repentina salida de Aguiñaga dejó un vacío de poder que obligatoriamente iba a ser capitalizado por el oficialismo (ADN) y sus aliados. “No me sorprende que haya gente del Gobierno. Una de las grandes carencias de ADN es que no tiene cuadros políticos por ningún lado, por lo que generalmente tiene que reciclar”, dice Balda.

Sobre la presencia de exfuncionarios de la era Jairala, el analista sostiene que responde a la necesidad de incorporar gente que ya conoce el engranaje de la Prefectura, sumado a la actual afinidad política que mantiene el exprefecto con el Ejecutivo.

Sigue pendiente la entrevista de Encalada con EXPRESO 

Para contrastar esta información y conocer el plan de trabajo de este año de gestión, EXPRESO ha solicitado una entrevista formal con Carlos Encalada desde que asumió como viceprefecto en abril. La petición no ha sido agendada. Para este artículo se volvió a insistir con el requerimiento, pero hasta el cierre de esta edición se sigue esperando una respuesta oficial.

Lo que debes saber

• La SuperCías removió al liquidador de Zofragua tras detectar múltiples observaciones en su gestión.
• La solicitud para cancelar la compañía fue presentada sin cumplir etapas clave de la liquidación.
• La resolución cuestiona la falta de respaldo documental sobre la situación patrimonial de la empresa.

Por más de cinco años, Carlos Xavier Cadena Asencio estuvo al frente de la liquidación de Zofragua S. A. El 3 de octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) concluyó que su gestión registró múltiples incumplimientos, por lo que fue removido del cargo mediante la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649.

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Una gestión bajo cuestionamientos

Como EXPRESO ha revelado en reportajes anteriores, la administración de Zofragua S. A. en liquidación estuvo rodeada de cuestionamientos. Entre ellos figura el manejo de una indemnización millonaria obtenida tras una demanda contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, un caso que fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el abogado Gastón Alarcón Obando.

Además, el organismo de control determinó que no se justificó documentalmente la situación patrimonial de la empresa ni varias operaciones reportadas durante la liquidación. La resolución también señala que la falta de sustento contable y de avances concretos en el proceso impedía verificar la razonabilidad de los estados financieros presentados por la compañía.

Pero no solo eso. Durante su gestión, la Superintendencia de Compañías identificó múltiples omisiones y deficiencias en el ejercicio de las funciones que la normativa asignada a un liquidador, observaciones que llevaron a César Alfredo Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, a disponer su remplazo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que motivaron esa decisión?

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Los motivos de la remoción

Según la resolución, el también contador público autorizado, que además posee un diploma superior en Gestión de Finanzas, incumplió el artículo 18 del Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras. Esa disposición establece tres etapas, cada una con un plazo de 60 días, y define las acciones que debe ejecutar el liquidador para avanzar en el proceso de liquidación de una empresa.

El cumplimiento de cada una de ellas no solo marca el avance del proceso de liquidación, sino que también condiciona el cobro de los honorarios del liquidador, que deben ser autorizados conforme se acrediten sus gestiones. En la primera etapa, Cadena Asencio tuvo que presentar el acta de entrega y recepción de libros sociales, el balance inicial y el informe y plan de trabajo del liquidador especificando cómo llevará la liquidación.

En la segunda, el parámetro a evaluar es el aviso a acreedores, gestiones para la realización de los activos y extinción del pasivo, de ser el caso. ´

Y para la última fase, el liquidador debió entregar su informe de gestión a la Junta General, el balance final, la distribución del haber social, de ser el caso, y solo allí vendría la cancelación.

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La solicitud de cancelación

Pero en 2021 Cadena Asencio pidió la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil alegando carencia de patrimonio. Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías, esa petición fue presentada sin que previamente se hubieran cumplido las actividades previstas en las distintas etapas del proceso de liquidación.

Según la resolución, Poveda observó que Cadena omitió obligaciones esenciales de su cargo, entre ellas suscribir el acta de entrega-recepción de bienes, libros y documentos de la compañía, presentar un plan de trabajo para la liquidación y remitir informes trimestrales sobre el avance del proceso.

Estas responsabilidades también están contempladas en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 387 de la Ley de Compañías y forman parte de los requisitos que debe cumplir todo liquidador antes de concluir el proceso liquidatorio.

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Patrimonio sin sustento y acreedores pendientes

Además, el organismo de control concluyó que la situación patrimonial de la empresa y varias operaciones efectuadas durante la liquidación carecían de respaldo documental suficiente. En ese sentido, la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 advirtió que Cadena “pretende acogerse a una presunta carencia de patrimonio sin poder justificar documentalmente la misma ante esta Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución”.

A ello se suma que, pese a reconocer la existencia de acreedores, el liquidador nunca informó a la Superintendencia de Compañías qué acciones adoptaría para gestionar los activos y pasivos de Zofragua S. A. Para la Intendencia Nacional de Compañías, esta omisión evidenciaba que no se estaban cumpliendo etapas esenciales del proceso liquidatorio.

Lo que debes saber 

• Policías que participaron en los operativos durante las movilizaciones de 2025 relataron ante la Asamblea ataques, incendios y agresiones sufridas en Otavalo. 
• Uno de los agentes debió ser evacuado en helicóptero tras resultar gravemente herido. 
• La Comisión de Seguridad recopila testimonios para su informe final.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional recibió este 12 de junio los testimonios de varios policías que participaron en los operativos desplegados durante las movilizaciones de septiembre de 2025 en la provincia de Imbabura. Los comparecientes describieron daños a infraestructura estatal, vehículos incendiados, agentes heridos y presuntos secuestros ocurridos durante las protestas registradas en Otavalo.

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La sesión forma parte del proceso de fiscalización que desarrolla la mesa legislativa para analizar los hechos de violencia ocurridos durante el paro nacional de 2025. Oficiales de distintos niveles relataron cómo evolucionaron las manifestaciones desde concentraciones masivas hasta enfrentamientos que obligaron a replegar a los uniformados hacia instalaciones policiales.

El comandante de la Subzona Imbabura durante esos acontecimientos, coronel Edison Rodríguez, aseguró que la provincia se convirtió en uno de los principales escenarios de conflictividad. “La provincia de Imbabura se consolidó como el principal foco de resistencia durante justamente el paro nacional convocado por la Conaie”, manifestó ante los legisladores.

Daños en Otavalo y vehículos incinerados

Según los testimonios entregados a la comisión, el 22 de septiembre de 2025 un grupo de manifestantes avanzó desde el sector de Peguche hacia el casco urbano de Otavalo. Los oficiales señalaron que las instalaciones policiales terminaron rodeadas mientras varios grupos ingresaron a predios institucionales causando daños materiales.

El jefe de la Policía Judicial de Imbabura, teniente coronel Jorge Vázquez, detalló que las afectaciones incluyeron destrucción de oficinas, pérdida de equipos y vehículos consumidos por el fuego. “Hubo la destrucción total por fuego de siete automotores oficiales asignados a la Policía Judicial”, afirmó durante su comparecencia.

Además de los bienes estatales, cuatro vehículos particulares pertenecientes a servidores policiales fueron incendiados. Los afectados indicaron que, hasta la fecha, las pérdidas económicas continúan sin ser recuperadas mientras las investigaciones penales siguen abiertas en la Fiscalía.

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Policías describen ataques durante las protestas

El teniente coronel Jorge Urreta, quien se desempeñaba como jefe subrogante del Distrito Valle del Amanecer, relató que las manifestaciones inicialmente fueron pacíficas, pero luego derivaron en agresiones contra uniformados y edificaciones públicas. Según su versión, los manifestantes utilizaron objetos contundentes, explosivos artesanales y bombas molotov.

Durante la comparecencia, el oficial sostuvo que los daños alcanzaron distintos espacios del cuartel policial. “La enardecida multitud empezó a agredir las instalaciones del cuartel de policía y fracturaron el cerramiento del cuartel en diferentes lugares”, declaró.

Los comparecientes insistieron en que las unidades desplegadas actuaron bajo protocolos de control del orden público y que el uso de agentes químicos respondió a la necesidad de contener los disturbios. También señalaron que personal policial y militar recibió atención médica tras resultar herido durante los enfrentamientos.

Política

Fiorella Icaza tras la incautación de su vivienda: "Mis hijos solo entienden que extrañan a su papá"

Marco Rivera

Agente fue evacuado por quemaduras

Uno de los testimonios más impactantes fue el del cabo primero Wilmer Mina, quien relató las lesiones sufridas mientras participaba en un operativo para habilitar vías bloqueadas y permitir el paso de un convoy de ayuda humanitaria.

El uniformado explicó que resultó alcanzado por un artefacto explosivo durante una emboscada ocurrida en el sector de San Rafael. “Sufrí quemaduras y lesiones en mis dos piernas a la altura de las rodillas”, contó ante los integrantes de la comisión.

Mina agregó que el traslado hasta una casa de salud tomó cerca de dos horas debido a los bloqueos existentes en las carreteras. Posteriormente fue evacuado por vía aérea hacia Quito para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Al cierre de la sesión, el asambleísta Gerardo Machado pidió que la comisión también escuche a personas afectadas por las movilizaciones y a familiares de quienes fallecieron durante las protestas. La presidenta de la mesa, Inés Alarcón, aseguró que el proceso busca recoger todas las versiones para elaborar un informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se detalló cuando serían invitados.

Lo que se debe saber 

• Fiorella Icaza se pronunció tras la incautación de la vivienda donde vive con sus hijos.
• La esposa de Aquiles Álvarez cuestionó la rapidez con la que se ejecutó la medida.
• Sus declaraciones se producen mientras continúa una diligencia clave dentro del caso Goleada.

La esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Fiorella Icaza, reaccionó este 12 de junio de 2026 a la incautación de la vivienda donde reside junto a sus hijos, una medida ejecutada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) en medio de una diligencia judicial relacionada con el caso Goleada.

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Marco Rivera

A través de un pronunciamiento público, Icaza centró su mensaje en las consecuencias que la decisión tiene sobre su familia. “Yo ya no sé cuántas veces más tendré que sentarme frente a mis hijos para intentar responder preguntas que ni yo misma sé cómo contestar”, expresó al describir la situación emocional que atraviesan sus hijos ante la ausencia de su padre.

La esposa del alcalde señaló que la incautación ocurrió mientras los abogados de Álvarez participaban en una audiencia judicial. Según relató, los menores continúan esperando el regreso de su padre y ahora enfrentan la incertidumbre de perder el espacio que consideran su hogar. “La casa donde todavía hablan de él en presente porque se resisten a aceptar su ausencia”, manifestó.

Incautación de la casa de Aquiles Álvarez

De acuerdo con la defensa de Álvarez, Inmobiliar inició la incautación de la vivienda apenas un día después de que un juez emitiera la orden correspondiente. El procedimiento se desarrolló mientras se receptaba el testimonio anticipado de un testigo protegido dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada.

La defensa también denunció que días antes había solicitado la individualización de los bienes objeto de la medida. Sin embargo, asegura que ese requerimiento seguía sin respuesta al momento en que se ejecutó la incautación, por lo que cuestionó la actuación de las autoridades involucradas en el proceso.

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En su mensaje, Icaza sostuvo que sus hijos no comprenden los aspectos legales que rodean el caso. “Mis hijos son niños, no entienden de expedientes, no entienden de oficios, no entienden de medidas cautelares ni de procesos judiciales, solo entienden que extrañan a su papá”, afirmó al referirse al impacto que la situación tiene en los menores.

Fiorella Icaza cuestiona la rapidez del procedimiento

La esposa del alcalde también expresó su preocupación por la velocidad con la que se ejecutó la medida. “Lo que más me duele es la velocidad con la que se actúa cuando se trata de hacer más daño”, indicó al señalar que, según su versión, habían transcurrido apenas horas desde la emisión del oficio de incautación.

Icaza afirmó que dentro de la vivienda habitan tres niños y una persona con discapacidad que depende de ese entorno familiar. En su pronunciamiento pidió que se considere el efecto humano de las decisiones judiciales sobre quienes, según sostuvo, no tienen participación en los hechos investigados.

“Detrás de cada expediente hay una familia, detrás de cada resolución hay seres humanos y detrás de cada decisión hay consecuencias que recaen sobre quienes no tienen ninguna responsabilidad en esta historia”, expresó al insistir en que las repercusiones de la medida trascienden el ámbito estrictamente legal.

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En la parte final de su declaración, Icaza aseguró sentirse agotada por las situaciones que ha debido enfrentar junto a su familia durante el proceso que involucra al alcalde de Guayaquil. Su mensaje estuvo enfocado en las consecuencias emocionales que, según dijo, afrontan sus hijos.

“Como madre realmente me siento agotada, agotada de ver cómo aparecen nuevas formas de golpear a esta familia”, señaló. La esposa de Álvarez sostuvo que los menores son quienes más sufren los efectos de la situación por la que atraviesan.

La incautación de la vivienda se produjo en paralelo a una audiencia del caso Goleada, investigación en la que se procesa una presunta estructura de delincuencia organizada. Mientras la defensa mantiene sus cuestionamientos al procedimiento, las declaraciones de Fiorella Icaza ponen el foco en el impacto que la medida tiene sobre su entorno familiar.

Lo que debes saber

• Una jueza negó el pedido de caución solicitado por el alcalde Aquiles Álvarez para poder defenderse en libertad
• Los casos Triple A y Goleada tienen irregularidades que podrían terminar en su nulidad procesal
• El oficialismo presidido por el presidente Daniel Noboa estaría detrás de la inhabilitación de actores políticos claves como Álvarez 

La situación jurídica y política del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se complica tras la negativa de una jueza a su defensa en libertad dentro del caso Triple A. En esta entrevista, se analiza la presunta vulneración del fuero de Corte Nacional, las irregularidades en las notificaciones fiscales, la polémica actuación del SNAI y el avance del proceso de remoción en el Concejo Cantonal, en medio de denuncias sobre un presunto uso del aparato estatal contra disidentes políticos en Ecuador. César Poveda, abogado miembro del equipo jurídico de Álvarez, explica la situación legal del alcalde y los próximos pasos a tomar.

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La situación de Aquiles Álvarez tras caución negada

- ¿Una jueza negó la posibilidad de que el alcalde Aquiles Álvarez se pueda defender en libertad. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar?

Dentro del sistema judicial existen algunas alternativas. Un pronunciamiento de primera instancia no agota todo el proceso. Lo que debe preocupar es cómo puede ser posible que la Función Judicial, la academia y la opinión pública no se pronuncien de que el juez natural del alcalde no puede ser un juez de Samborondón ni de primera instancia, sino la Corte Provincial. Nadie dice nada.

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- ¿Qué cree que hay detrás de que se procese a Álvarez por fuera de su fuero como alcalde de Guayaquil?

Todo lo que está alrededor de Aquiles Álvarez ha sido sumamente grotesco, aberrante. Es un drama que alcanza en este momento incluso a sus hijos, que fueron apuntados con láseres cuando se llevaron al alcalde y que ahora los despojaron de su casa.

Corte Nacional infunde miedo entre los jueces

- Ramiro García denunció que a pesar de que se cumplieron los requisitos, la jueza negó la caución. ¿Qué explica esta contradicción?

No nos olvidemos de los jueces del caso Goleada. La Corte Nacional los señala de error inexcusable por haber otorgado una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Lo único que hicieron es poner en la picota más alta las cabezas de estos jueces para que el resto observe qué es lo que les puede pasar si fallan en Derecho. Existe una intención de posicionar una política interna, no escrita, del miedo.

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Los errores de Fiscalía ponen en peligro la teoría de Triple A: las debilidades de la acusación

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Triple A: caso contra Álvarez debe declararse nulo

- La defensa del alcalde Álvarez también expuso que en Triple A se presentaron pruebas de una empresa que no está siendo procesada. ¿Cómo esto podría afectar la legalidad del proceso?

Por más de que las compañías tengan el mismo paquete accionarial, tienen representaciones legales distintas. Es un vicio de nulidad absoluto. El proceso se cae porque está mal notificado, porque se ha imputado a un tercero. En el proceso también apareció una funcionaria de la Contraloría que afirmó que la entidad no puede mandar informes técnicos, pero después la misma Fiscalía le pide a la Contraloría que ingrese un informe técnico al expediente. Este tipo de aberraciones son las que degeneran completamente el proceso por parte del Estado, fallando en todas sus aristas.

La mano del oficialismo en los casos contra Álvarez

- ¿El Estado está en contra de Aquiles Álvarez?

Sin lugar a dudas. Existe una coordinación general de torpezas o actuaciones que definitivamente dejan prever una incitación dolosa por parte de todos los actores que han venido en una embestida brutal contra Álvarez y su familia.

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- ¿Quién permite que todas estas ilegalidades sucedan?

Volvamos a los jueces del caso Goleada. Cuando se cuelga en una picota la cabeza de los jueces, se está intentando disciplinar la verdad. Ya lo vimos con el caso del exjuez Carlos Serrano. Tampoco nos podemos divorciar de lo que ocurre en Portoviejo, Esmeraldas y Cuenca.

- ¿Es el oficialismo?

Es el aparato estatal en su conjunto atacando directamente a los disidentes políticos, y dentro del aparato estatal se encuentra el oficialismo.

Proceso de remoción y "caretas"en la Alcaldía de Guayaquil

- Mientras, en el Concejo Cantonal de Guayaquil avanza el pedido de remoción de Aquiles Álvarez. En un pedido de información contestado a la concejal Ana Chóez, el SNAI indicó que Álvarez se negó a firmar la notificación. ¿A qué respondió esa actitud del alcalde?

¿Por qué existe un proceso de destitución? En el Cootad no existe la figura del abandono del cargo. Quieren equiparar, hacer extensiva esta actuación dada contra otros funcionarios, como también se lo ha hecho con exvicepresidentes. El SNAI ha dicho que Fiorella Icaza ha asistido cinco veces a ver al alcalde, pero solo ha tenido dos encuentros presenciales con el alcalde. Si el SNAI comete equivocaciones como estas, no me sorprendería que digan cualquier cosa en estos informes.

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- ¿El alcalde Álvarez fue o no debidamente notificado de su proceso de remoción en el Concejo Cantonal?

Esa parte debería preguntársela al señor concejal Arturo Escala. Debo entender que, siendo un profesional del Derecho, seguramente lo han de haber hecho de la manera perfecta. Sin embargo, el alcalde se encuentra en su plena potestad de establecer su firma o no dentro de este documento. A mí me genera más preocupación lo impulsado por distintas voces o actuaciones dentro del Municipio que en este momento se han develado. Las caretas se están cayendo.

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- ¿Caretas? ¿De quiénes?

La actuación del señor Magno Marriott deja mucho que desear. Recuerdo si él podía aplaudir al alcalde 24 horas al día, 7 días a la semana, lo hacía, era impresionante; pero tiene que actuar con el consentimiento de otros, de terceros. La pregunta es hasta cuándo esos terceros pretenderán golpear con guante ajeno en vez de hacerlo con guante propio.

Lo que debes saber 

• Una jueza de Quito declaró que se vulneró el derecho de acceso a la información pública dentro del concurso para Fiscal General.
• La resolución apunta al manejo de expedientes de los postulantes por parte del CPCCS.
• El fallo ordena medidas de transparencia y abre un nuevo capítulo en el proceso de designación.

La jueza de la Unidad Judicial de Trabajo de Quito declaró la vulneración del derecho de acceso a la información pública dentro del Concurso de Méritos y Oposición para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. La decisión se conoció tras la reanudación de una audiencia relacionada con el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Según informó la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal General, la magistrada concluyó que el CPCCS incumplió con la entrega oportuna de información requerida sobre los aspirantes. El pronunciamiento judicial se produjo luego de analizar la actuación de la entidad en la difusión de los expedientes de los postulantes.

La organización señaló que la jueza determinó que el organismo "violó el derecho de acceso a la información pública" al no publicar a tiempo la documentación correspondiente y entregarla de manera tardía. El fallo reconoce además que los documentos requeridos forman parte de información de carácter público dentro del proceso de selección.

Fallo judicial sobre el concurso de Fiscal General

Durante la audiencia, la resolución fue emitida de forma oral. De acuerdo con la Comisión Cívica, la jueza ratificó que la información solicitada debía estar disponible para la ciudadanía, en línea con los principios de transparencia que rigen los concursos para la designación de autoridades de control.

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Marco Rivera

Como parte de las medidas dispuestas, se ordenó que la decisión judicial sea publicada en la página web institucional del CPCCS. Con ello, la resolución deberá quedar a disposición de la ciudadanía como parte de las acciones de reparación derivadas de la vulneración declarada por la autoridad judicial.

La Comisión Cívica destacó que el pronunciamiento representa un precedente para el acceso a información relacionada con el proceso de selección de Fiscal General. En su comunicado afirmó que la decisión se adopta "en favor de la transparencia del Concurso de Fiscal General" y anunció que realizará seguimiento al cumplimiento íntegro de lo resuelto por la jueza.

Lo que debes saber

• Abogados de Aquiles Álvarez rechazan incautación ejecutada por Inmobiliar este viernes 12 de junio.
• Defensa critica que la medida afecte a la esposa e hijos del alcalde de Guayaquil.
• Inmueble fue asegurado mientras se realizaba una audiencia clave en el caso Goleada.

El equipo legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó con firmeza este viernes 12 de junio de 2026 ante la incautación de la casa del burgomaestre efectuada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), alertando sobre la afectación directa a su esposa Fiorella Icaza y sus hijos menores de edad.

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Abogados cuestionan proporcionalidad de la medida de Inmobiliar

David Norero, miembro de la defensa y exsecretario municipal, manifestó en su cuenta de X que la acción vulnera los derechos de tres niños y una persona con discapacidad que habitan el inmueble y que son ajenos a las controversias legales de los adultos. Norero enfatizó que hay límites que un Estado de Derecho jamás debería cruzar y recordó que la Constitución garantiza la presunción de inocencia de la autoridad guayaquileña.

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Por su parte, el jurista Julio César Cueva calificó de "paradoja absurda" ordenar la incautación junto con la prohibición de enajenar, argumentando que al tratarse de un bien raíz no existe riesgo de que desaparezca. Cueva sostuvo que la restricción de venta era una medida idónea, suficiente y proporcional para los fines del proceso penal, mientras que el desalojo se convierte en un castigo anticipado.

Ejecución en medio de audiencia del caso Goleada

La defensa técnica reportó que el operativo estatal se llevó a cabo de manera sorpresiva un día después de la emisión de la orden judicial. La incautación coincidió cronológicamente con la participación de los abogados en la audiencia del caso Goleada, diligencia donde se receptaba el testimonio anticipado de un testigo protegido dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada.

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Detalles clave sobre la situación del inmueble

Lo que debes saber

• Topic asegura que los ataques políticos se intensifican durante las campañas electorales.
• El excandidato afirma que existe temor a participar en política por posibles represalias.
• También cuestiona los resultados del Gobierno y la exclusión de ciertas candidaturas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el excandidato presidencial Jan Topic cuestionó los ataques que, según afirmó, suelen intensificarse durante las campañas electorales. El también virtual candidato a la Alcaldía de Durán advirtió que esta situación desalienta la aparición de nuevos liderazgos y reduce el interés de los ciudadanos por participar en política.

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Los ataques que aparecen en tiempos electorales

Para Jan Topic, el principal problema no es que determinadas candidaturas queden fuera de la contienda, sino el efecto que eso genera en la participación política. El excandidato presidencial aseguró que existe una estrategia para apartar a nuevos actores de la vida pública y advirtió que “por cada candidatura que tumban, 500 o 1.000 personas se desincentivan de querer ser candidatos”. Según dijo, los ataques en su contra responden a esa misma lógica.

Asimismo, Topic afirmó que las acusaciones que periódicamente surgen en su contra responden a una dinámica que se repite en cada proceso electoral. Según dijo, las campañas de desprestigio aparecen cuando se acercan las elecciones y desaparecen una vez concluidas, por lo que pidió a la ciudadanía observar ese patrón y cuestionar el origen de esos señalamientos.

“La gente anda aterrada de Carondelet”

Topic aseguró además que existe un ambiente de temor frente al poder central. “Hoy en día, la gente anda aterrada de Carondelet”.

Además, atribuyó a ese escenario la permanencia de los mismos actores en la política nacional. Según sostuvo, el temor a enfrentar procesos judiciales, cuestionamientos públicos o consecuencias personales desincentiva a muchos ciudadanos a postularse a cargos de elección popular, lo que limita la renovación de liderazgos.

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¿Para qué quieren las alcaldías?

Topic cuestionó también los motivos detrás de la supuesta exclusión de aspirantes políticos. Recordó que su candidatura presidencial fue anulada en 2024 y se preguntó: “¿Para qué tumban las candidaturas? ¿Para qué me tumbaron la candidatura presidencial en el 2024? ¿Para qué querían tanto ser presidente?”.

A su juicio, la pregunta de fondo es para qué se busca controlar espacios de poder si los resultados de gestión no muestran mejoras para la población. En ese contexto, comparó la situación actual del país con el último año del gobierno de Guillermo Lasso.

Topic afirmó que Ecuador registra más muertes violentas, un menor ingreso real por habitante y retrocesos en áreas como educación, salud y generación eléctrica. “Si para eso querían la Presidencia, ¿para qué quieren las alcaldías?”, cuestionó. El también virtual candidato por el Partido Social Cristiano (PSC) concluyó señalando que los ataques en su contra deben entenderse dentro de una disputa política que, según él, busca limitar la competencia electoral.

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Topic niega vínculo con supuesto espionaje

Respecto a las versiones que lo vinculan con una presunta red de espionaje político, Jan Topic aseguró que no existe evidencia que sustente esos señalamientos. Además, cuestionó los argumentos que relacionan el caso con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. “A Villavicencio lo matan en Quito. Las cámaras de Segura EP están en Guayaquil”, manifestó, al considerar que esa asociación carece de lógica.

El excandidato presidencial también rechazó las afirmaciones que sostienen que las cámaras estuvieron a disposición del expresidente Rafael Correa. Según explicó, el proyecto de videovigilancia fue implementado en 2022, varios años después de que concluyera el mandato del exgobernante. “Correa ha de ser presidente hasta 2017”, expresó durante su intervención.

Asimismo, defendió su postura frente al allanamiento realizado a Segura EP y sostuvo que la diligencia estuvo relacionada con el almacenamiento de información en la nube y no con una supuesta estructura de vigilancia política. Añadió que la ubicación de las cámaras es determinada por la Policía Nacional y no por proveedores privados ni por el Municipio. También afirmó que no tiene participación en el proyecto investigado, ya que fue ejecutado por una empresa de su padre (Telconet) y él se encuentra desvinculado del grupo empresarial desde 2023.

Lo que debes saber

• Reimberg vinculó las acusaciones con exautoridades de Segura EP.
• El señalamiento apunta a hechos que habrían ocurrido en 2024.
• El ministro sostiene que se desviaron recursos de su finalidad original.

El ministro del Interior, John Reimberg, denunció el viernes 12 de junio de 2026 que Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) habría sido utilizada como una “sala de espionaje”, en lugar de destinar sus recursos a tareas de seguridad ciudadana. A través de su cuenta personal de X, aseguró que en noviembre de 2024 se instaló una “sala espejo” en las oficinas del Municipio de Guayaquil.

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La denuncia sobre una “sala espejo”

Según el funcionario, la instalación de esta infraestructura se realizó con la anuencia del entonces presidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo. Además, vinculó el hecho al alcalde Aquiles Álvarez y al expresidente Rafael Correa, a quienes acusó de priorizar intereses políticos sobre la seguridad de la ciudad.

Reimberg sostuvo que la estructura habría tenido acceso privilegiado a los sistemas de videovigilancia mediante un enlace privado de datos instalado en 2024. Agregó que uno de los usuarios con perfil de administrador podía visualizar cámaras en tiempo real, manipular equipos, descargar grabaciones históricas e instalar software.

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Los señalamientos sobre uso político

Además, Reimberg aseguró que los accesos al sistema “fueron entregados a Franklin Asqui con perfil de administrador”, lo que le habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, manipular equipos de videovigilancia, descargar grabaciones históricas e instalar software. El ministro sostuvo que esta infraestructura, financiada con recursos públicos, habría sido utilizada para fines distintos a los de la seguridad ciudadana y acusó a los presuntos responsables de privilegiar intereses de control político sobre el bienestar de Guayaquil.

A la espera de una respuesta oficial

EXPRESO solicitó un pronunciamiento a Segura EP, a través del departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil, respecto a los señalamientos realizados por el ministro del Interior. Desde esa dependencia indicaron que revisarían el tema; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no remitieron una respuesta oficial.

Lo que debes saber

• Luisa González plantea que la Asamblea Nacional destituya al presidente Daniel Noboa.
• Inhabilitación de cuatro alcaldes clave activa la propuesta de grave crisis política.
• Líder del correísmo convoca a movilizaciones ciudadanas y voto de castigo contra ADN.

La dirigente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, propuso que la Asamblea Nacional de Ecuador evalúe la destitución del presidente Daniel Noboa, fundamentando su solicitud en la existencia de una presunta grave crisis política y conmoción interna provocada por el propio Gobierno. La exaspirante presidencial justificó la aplicación del mecanismo constitucional tras denunciar una sistemática persecución política contra alcaldes de oposición, a quienes se les han suspendido sus derechos políticos para sacarlos de la competencia electoral de cara a los comicios seccionales de noviembre de 2026.

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El Artículo 130 y la causal de crisis política

La propuesta del correísmo apunta directamente al numeral 2 del Artículo 130 de la Constitución de la República, una herramienta legal que faculta a la función legislativa a remover al primer mandatario. Según González, la actual administración ha sobrepasado los límites democráticos al concentrarse en inhabilitar a potenciales competidores electorales mediante procesos judiciales y electorales de dudosa legitimidad, mientras el resto del país padece índices alarmantes de violencia e inseguridad.

Los alcaldes inhabilitados por el Gobierno de Noboa

La denuncia de la Revolución Ciudadana se sostiene en la reciente ofensiva legal contra cuatro autoridades municipales de alta relevancia en el territorio nacional, quienes no forman parte del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

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Las autoridades afectadas por estos procesos de inhabilitación son:

De acuerdo con las declaraciones de González, estas ciudades representan bastiones geopolíticos estratégicos donde el presidente Daniel Noboa busca ganar control político, sabiendo que sus candidatos no tienen posibilidades reales frente a los alcaldes en funciones si estos se mantienen habilitados en la papeleta electoral.

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Convocatoria a movilizaciones y voto de castigo

El llamado del correísmo no se limita exclusivamente al control político dentro del parlamento, sino que extiende una convocatoria directa a la ciudadanía para activarse en las calles y ejercer resistencia popular contra el régimen. De igual forma, la dirigente enfatizó la importancia de consolidar un bloqueo en las urnas para las elecciones de noviembre de 2026, instando a la población a no otorgar un solo voto a la bancada oficialista de ADN ni a organizaciones políticas aliadas que respondan a la agenda de Carondelet.

Lo que debe saber

• El nuevo presidente del CNE, José Cabrera, dirigió su primera sesión y propuso un nuevo secretario general.
• De la terna presentada por el titular del organismo electoral, el Pleno votó a favor de Betty Báez.
• Diana Atamaint y Enrique Pita estuvieron presentes en la sesión que nuevamente se realizó de forma virtual. 

Con la presencia de los cinco vocales principales, José Cabrera dirigió su primera sesión al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE). El nuevo presidente concretó su primer cambio en el organismo, tras la renuncia de Santiago Vallejo como secretario general.

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La sesión nuevamente se realizó de forma virtual. Estuvieron presentes Diana Atamaint y Enrique Pita, expresidenta y exvicepresidente del organismo, respectivamente. Esta vez no hubo roces ni enfrentamientos directos entre los consejeros.

La renuncia de Santiago Vallejo

El 11 de junio de 2026, la nueva mayoría del organismo electoral, integrada por José Cabrera, Esthela Acero —ahora vicepresidenta— y la vocal Elena Nájera, reunió los votos necesarios para el cambio de autoridades. A esa mayoría se sumó con su voto Diana Atamaint, con lo que se concretó la resolución.

Ese mismo día, Vallejo remitió su renuncia irrevocable al cargo. Durante los últimos años había acompañado la gestión de Atamaint. Su dimisión fue conocida y aceptada por el Pleno. Todos los consejeros agradecieron su trabajo al frente de la Secretaría General.

Posteriormente, Cabrera mocionó tres nombres para ocupar el cargo: Betty Báez Villagómez, Edwin Malacatos y Andrea Soria. Finalmente, la vicepresidenta Esthela Acero presentó la moción para designar a Báez, quien fue elegida por unanimidad.

¿Qué pasó en el CNE?

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La mañana del 11 de junio de 2026 fue convocada una sesión extraordinaria con un solo punto en el orden del día: “Conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el Código de la Democracia, de quién ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del CNE”.

La sesión se produjo después de varias semanas de enfrentamientos entre los vocales y de la principalización de consejeros suplentes. El último conflicto estuvo relacionado con la no instalación de una sesión convocada por Atamaint, luego de que Cabrera y Nájera abandonaran la reunión antes de que fuera instalada.

Al día siguiente se desarrolló la sesión extraordinaria que derivó en el relevo de las principales autoridades del organismo electoral, después de más de siete años bajo la presidencia de Diana Atamaint.

Lo que debes saber

• La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denuncia el inicio de la incautación de su casa.
• El procedimiento se realiza pese a que días atrás la defensa solicitó la individualización de los bienes a incautar.
• En la casa que está siendo incautada residía la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, y sus hijos.

La defensa de Aquiles Álvarez alertó este 12 de junio de 2026 que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) inició la incautación de la casa del alcalde de Guayaquil, donde actualmente residen su esposa, Fiorella Icaza, y sus hijos.

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Jueza rechaza caución de Aquiles Álvarez y continúa en prisión en el caso Grillete

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Juez ordenó la incautación pese a pedido pendiente de la defensa de Álvarez

El proceso de incautación se realiza mientras la defensa del alcalde Álvarez se encuentra en una audiencia del caso Goleada, donde se recepta el testimonio anticipado de un testigo protegido en el marco de la investigación por presunta delincuencia organizada.

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La defensa de Álvarez denunció que la medida se ejecuta un día después de que un juez emitiera la orden. Sin embargo, acota, denuncia que se procedió con la incautación a pesar de que días atrás la defensa solicitó la individualización de los bienes objeto de la incautación y que dicho pedido aún no tiene respuesta.

Aquiles Álvarez seguirá en prisión tras decisión de jueza

La incautación de la casa de Aquiles Álvarez sucede un día después de que la jueza Karen Alarcón negara la solicitud de caución del alcalde para revocar su prisión preventiva. La defensa denunció que a pesar de que la magistrada reconoció que se cumplió todos los requisitos, resolvió negar el pedido.

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Ramiro García, abogado de Álvarez en los temas penales, comentó en su cuenta de X que la actuación de la jueza Alarcón se ajusta en la figura del prevaricato, contenido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador.

Lo que debes saber

• El primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, aseguró que existen personas y empresas que aún no son investigadas.
• El también jefe del bloque oficialista en la Asamblea Nacional pidió seguir la ruta del dinero que habría pasado de Estados Unidos a Suiza.
• Sobre el juicio político en contra de Inés Manzano, Torres señaló que eso ya tuvo una resolución en la Comisión de Fiscalización. 

La bancada legislativa de ADN busca ser parte del proceso judicial que se desarrolla por el caso Progen, denominado por la Fiscalía como caso Apagón. Este 12 de junio de 2026, el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, anunció que exigirá que se profundicen las investigaciones, pues considera que no todas las personas que podrían estar implicadas están siendo procesadas.

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“La propia bancada con los legisladores va a actuar dentro del proceso penal que se está llevando; sobre todo exigiendo investigaciones a empresas y a personas que no están siendo investigadas y que realmente nos preocupa que no lo estén”, señaló Torres en una entrevista con Radio Democracia.

El primer vicepresidente sostuvo que lo importante es determinar la ruta del dinero. Afirmó que parte de los recursos que inicialmente permanecieron en Estados Unidos fueron transferidos a otras jurisdicciones, y destacó específicamente el caso de Suiza.

Explicó que ese país europeo tiene la obligación legal, a través de convenios internacionales, de compartir información financiera de ciudadanos estadounidenses con las autoridades de Estados Unidos. 

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Según indicó, la clave estaría en que uno de los ecuatorianos implicados también posee nacionalidad estadounidense, lo que permitiría conocer qué ocurrió con esos recursos.

Respecto a las personas que, según su criterio, no están siendo investigadas, Torres aclaró que no se refería a ministros o exministros. Señaló que, aunque en todo proyecto público existen funcionarios designados para administrar los contratos, en este caso específico esas personas no están siendo investigadas ni vinculadas durante la fase de instrucción fiscal.

Sobre el juicio político a Inés Manzano

En la Asamblea continúa el debate sobre el futuro de la solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano. En la Comisión de Fiscalización no hubo los votos necesarios para calificar el pedido impulsado por el correísmo y, además, venció el plazo para que esa mesa legislativa se pronunciara.

Sobre este tema, Torres sostuvo que el asunto ya tuvo una resolución en la Comisión de Fiscalización. Luego aseguró que la agenda legislativa será definida por ADN y no por la oposición, en una clara referencia a la Revolución Ciudadana.

“La agenda de la Asamblea no la va a marcar la oposición; la marcará ADN, la mayoría, con las necesidades y las expectativas de los ecuatorianos. En este tema específico, nuestro interés es total y por eso la próxima semana, la propia bancada con los legisladores va a actuar dentro del proceso penal”, insistió Torres.

Lo que debes saber

• La CIDH exige a Ecuador investigar la muerte de la activista Monika Silva.
• Organismo internacional pide indagar nexo entre deceso y denuncias.
• Unión Europea y Embajada de Polonia exigen esclarecer el caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento oficial este 12 de junio de 2026 respecto al fallecimiento de la activista anticorrupción de origen polaco, Monika Silva. El organismo internacional exigió al Estado ecuatoriano iniciar una investigación inmediata para determinar si la muerte violenta o el deceso de la ciudadana extranjera guarda relación directa con las denuncias de corrupción que realizó públicamente contra funcionarios públicos en el país.

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Postura de la CIDH ante el Ministerio del Interior

La institución defensora de derechos humanos lamentó la muerte de Monika Silva, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 8 de junio de 2026 en su lugar de residencia. Mediante sus canales oficiales, la entidad requirió una indagación que sea pronta, exhaustiva e imparcial con el fin de esclarecer las causas reales del hecho.

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Esta solicitud civil confronta la versión preliminar del ministro del Interior, John Reimberg, quien adelantó de manera pública que el escenario del deceso se trataría presuntamente de un suicidio. La CIDH enfatizó la necesidad de agotar las hipótesis vinculadas a su labor de activismo y fiscalización pública antes de cerrar el caso de forma apresurada.

Reacciones de la comunidad internacional

El suceso generó conmoción dentro del cuerpo diplomático acreditado en la región andina. Diversas delegaciones extranjeras emitieron comunicados para presionar a las autoridades de justicia locales:

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El hallazgo en Santa Elena

El reporte policial detalla que la activista anticorrupción fue encontrada en el interior de su vivienda particular ubicada en la comuna Montañita, provincia de Santa Elena, durante la tarde del lunes 8 de junio de 2026. Hasta el momento, los exámenes forenses y las causas de muerte de Silva permanecen bajo condición de reserva general mientras continúan las diligencias técnicas de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa viaja a Estados Unidos este 12 de junio de 2026 para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad.
• El presidente de Ecuador se reunirá en la Casa Blanca con Stephen Miller para revisar la lucha anticrimen.
• Noboa expondrá en una entrevista internacional los resultados del Gobierno en la reducción de índices delictivos en el país.

El presidente de la República, Daniel Noboa, viajó a Estados Unidos este 12 de junio de 2026 junto a su comitiva oficial para cumplir una agenda de alto nivel. El mandatario mantendrá reuniones estratégicas en la Casa Blanca enfocadas en la cooperación bilateral en seguridad, el combate al crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional de Ecuador. Esta visita oficial busca consolidar alianzas con uno de los principales socios diplomáticos y comerciales del país.

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Reunión clave en la Casa Blanca con Stephen Miller

En la sede de Gobierno estadounidense, el presidente Daniel Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional. Durante esta sesión de trabajo, ambas autoridades revisarán de manera integral los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan en la región.

El diálogo estratégico abordará los siguientes puntos clave:

Para el Gobierno ecuatoriano, Estados Unidos se mantiene como un aliado indispensable en materia de comercio, inversión, relaciones diplomáticas y seguridad. El encuentro bilateral reafirma la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos entre ambas naciones.

Daniel Noboa concederá entrevista internacional

Como parte de las actividades planificadas en su agenda oficial, el jefe de Estado concederá una entrevista a la cadena TV Azteca. En este espacio televisivo de alcance internacional, Daniel Noboa expondrá las principales acciones implementadas para combatir el narcoterrorismo y la violencia criminal en los territorios más afectados del país.

Asimismo, el primer mandatario detallará los resultados alcanzados por Ecuador en la reducción de los índices delictivos. Noboa enfatizará la urgencia de consolidar bloques de apoyo internacional con países amigos para neutralizar de forma efectiva las amenazas globales que trascienden las fronteras.

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Durante la sesión de la noche del 11 de junio de 2026 surgieron cuestionamientos a la labor de la Comisión Ciudadana de Selección.

El informe, remitido por la Comisión Ciudadana de Selección, concluyó que el proceso de calificación de méritos se realizó bajo criterios de imparcialidad y transparencia. 

Además, se informó que, tras analizar las solicitudes de recalificación, hubo modificaciones en el sistema y se generaron nuevos reportes finales para los casos pertinentes.

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La principal recomendación de la Comisión al Pleno era aprobar el documento para que se pudiera continuar con las siguientes fases del concurso para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Las críticas en medio del Pleno

La consejera Nicole Bonifaz votó en contra de la moción de aprobación. Argumentó que no se aplicaron criterios uniformes para todos los postulantes. Se refirió a dos casos específicos cuyos puntajes aumentaron significativamente (5,5 y 5 puntos) tras la recalificación. 

La vocal exigió una explicación detallada sobre qué méritos se reconocieron en esos casos y por qué esos criterios no se aplicaron a otros aspirantes.

Por su parte, la vocal Piedad Cuarán aseguró que no hubo un correcto análisis de los resultados de la fase de méritos y recalificación. “El control paralelo de la Comisión Cívica, además de denuncias públicas determinan que el sistema de calificación ignora deliberadamente la formación académica y la experiencia profesional de ciertos perfiles”, indicó.

El consejero Roberto Gilbert se abstuvo y sugirió que los siete consejeros revisen personalmente las carpetas de los 28 postulantes —cuatro cada uno— para comprender los criterios de puntuación antes de emitir una decisión.

Fantoni defendió el informe

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, votó a favor del informe. Sostuvo que, de acuerdo con la Constitución, son las comisiones ciudadanas las encargadas de llevar adelante los concursos y que el Pleno debe limitarse a conocer los informes y permitir el avance de las siguientes etapas.

Al final, con tres votos a favor, dos en contra y la abstención de Gilbert, el informe de la Comisión Ciudadana de Selección no fue aprobado. En consecuencia, el proceso aún no avanza a la siguiente etapa.

Lo que debes saber

• Gremios advierten que la reforma judicial en Ecuador pone en riesgo la independencia interna.
• Cuestionan la falta de veedurías y el control absoluto en la selección y sanción de jueces.
• Legisladores y juristas alertan que el proyecto actual podría ser declarado inconstitucional.

Los abogados en libre ejercicio y organizaciones de la sociedad civil advierten, al menos, cinco problemas en el proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. El texto fue elaborado por la Comisión de Justicia, presidida por la oficialista Rosa Torres (ADN), y será ajustado antes de pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate.

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Los reparos a la propuesta se difundieron en varios pronunciamientos de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), que agrupa a los representantes de los Colegios de Abogados del país, así como del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) y del Centro Justicia y Género.

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Alertas por la independencia judicial en Ecuador

Los profesionales del Derecho alertan que el proyecto podría afectar la independencia judicial porque plantea que la selección de jueces y autoridades judiciales la realice un comité de cuatro académicos, cuyos integrantes serán designados por el Viceministerio de Educación Superior, una dependencia del Ejecutivo. “Al tener cuatro miembros, sin voto dirimente, existe alta probabilidad de empate y parálisis institucional”, dice el Observatorio dirigido por la constitucionalista María Dolores Miño.

Otro tema que cuestionan es la creación de un “director de Control Disciplinario”, quien iniciará sumarios administrativos contra jueces por un error inexcusable, sin la resolución de un magistrado, como ocurre actualmente.

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También se plantea aplicar pruebas de confianza y evaluación de operadores judiciales con el polígrafo, volumen de causas resueltas, entre otros.

Pero los puntos que han causado mayor preocupación se relacionan con la posible afectación al derecho a la defensa, por las sanciones que se sugieren contra los abogados en libre ejercicio, y por la escueta protección a jueces y fiscales.

Reforma no toca el problema de la falta de jueces

El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez Barrera, manifiesta que la propuesta “tiene buenas intenciones”. Sin embargo, considera que varios puntos de la reforma “entorpecen el tema y otros son medianamente apartados de la realidad”. Acepta que sí se debe sancionar a los abogados por temas disciplinarios, pero no por situaciones que la ley permite bajo el argumento de que se “dilatan los procesos”.

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Para el jurista, “ese no es el fondo del problema. Más importante es que no hay audiencias porque no existe el suficiente número de jueces o porque los magistrados tienen varios despachos y deben suspender audiencias para atender otras ya programadas. Más importante es controlar a la Judicatura, que hace cambios de jueces que tienen que ver con otra materia: de Niñez a Penal o viceversa, y no son compatibles. Eso provoca suspensión de audiencias o que lleguen a las diligencias con temor y causan retrasos”.

Gremio alerta de una metida de mano a la justicia

Annabell Guerrero Pita, directora del Centro Justicia y Género, señala que la propuesta “es preocupante porque se busca meter la mano a la justicia con ese comité académico, que está vinculado al Ejecutivo y no prevé la conformación de veedurías. Es prescindir del escrutinio público”.

A eso añade “el problema de centrar en una sola autoridad la potestad del control disciplinario. Es grave porque las sanciones deben ser debatidas, pero se prevé dar un control absoluto. Además, es muy ambiguo decir que se sancionará a los abogados que falten al respeto a un operador de justicia. Muchos hemos cuestionado a operadores de justicia, como lo hicimos contra Wilman Terán o a Mario Godoy. Dimos la cara en los medios, pero con esto, la impresión que tenemos es que se busca acallar esos cuestionamientos, amedrentar”.

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Según Yánez, “el mayor problema de la justicia es la corrupción, pero no se está atendiendo como se debe”. Cree que debería ser obligatorio que todos los miembros de la Función Judicial (desde secretarios a jueces) rindan informes a la Contraloría, UAFE, SRI “cada cierto tiempo, con eso se controlaría un poco”. No obstante, cuestiona que “no se vean soluciones para modernizar el sistema procesal, ni se hable nada de la independencia judicial, porque sin ella no hay justicia”.

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Reacciones en la Asamblea Nacional ante las críticas

EXPRESO buscó a la asambleísta Torres para conocer su punto de vista sobre los temas cuestionados de la reforma. No hubo respuesta.

Sin embargo, el legislador César Palacios, de la Revolución Ciudadana (RC) y miembro de la mesa de Justicia, asegura que la comisión está al tanto de los cuestionamientos y que insistirá en que “se invite a los grupos que se sientan amenazados” con la propuesta.

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Coincide en que la “principal preocupación es el mecanismo de designación de nuevos jueces, porque el comité propuesto tendría injerencia del Ejecutivo”. También mencionó el proceso para sancionar a jueces y abogados. “No se puede perseguir a quienes ejercen libremente”.

En caso de no tomarse los correctivos, Yánez y Guerrero observan que la reforma podría ser demandada como inconstitucional y hasta generar problemas en los procesos de administración de justicia.

Lo que debes saber 

• Organizaciones de derechos humanos y la Corte Nacional cuestionaron vacíos en la reforma sobre desaparición forzada.
• Asfadec propuso crear una dirección especializada dentro de la Fiscalía para investigar estos casos.
• Inred pidió eliminar tiempos de espera para denuncias y reconocer el derecho a la verdad de las familias.

La reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas recibió nuevas observaciones durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y delegados de la Corte Nacional de Justicia coincidieron en que el proyecto debe ampliarse para evitar vacíos legales y garantizar una respuesta más efectiva ante posibles casos de desaparición forzada.

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La discusión se produce tras la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, que ordenó incorporar mecanismos especiales para la búsqueda e investigación cuando existan indicios de participación estatal en una desaparición.

Durante la jornada, los comparecientes insistieron en que la incorporación de la figura de “presunta desaparición forzada” no puede limitarse a un cambio terminológico y debe ir acompañada de reformas estructurales que fortalezcan la búsqueda, la investigación y el acceso a la información.

Reforma a ley de desapariciones enfrenta observaciones jurídicas

Sofía Cando, asesora jurídica de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), respaldó el espíritu de la reforma, pero advirtió que la propuesta debe armonizarse con el resto de la normativa vigente para evitar problemas en su aplicación.

“La categoría de presunta desaparición forzada debe armonizarse con todo el contenido de la ley a fin de evitar contradicciones, vacíos normativos o dificultades en su aplicación práctica”, afirmó durante su intervención.

La representante de Asfadec sostuvo que la desaparición forzada no debe entenderse únicamente cuando intervienen directamente agentes estatales. Explicó que la legislación también debe contemplar situaciones en las que existan autorizaciones, apoyo, tolerancia u omisiones de autoridades públicas, tal como ocurre en el Código Orgánico Integral Penal y en los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, planteó que la reforma establezca qué autoridad tendrá la facultad de determinar inicialmente una presunta desaparición forzada, bajo qué criterios se activarán las rutas especializadas y cuáles serán las obligaciones concretas de las instituciones desde el primer momento de la denuncia.

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Asfadec propone crear dirección especializada en Fiscalía

Entre los planteamientos presentados por Asfadec consta la creación de una Dirección Nacional de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas y Extraviadas dentro de la Fiscalía General del Estado.

“Esta dirección debe contar con autonomía técnica, presupuesto propio, personal especializado, equipos interdisciplinarios y capacidad de coordinación nacional e internacional”, señaló Cando.

Según la organización, esta estructura permitiría enfrentar problemas recurrentes como la rotación de fiscales, la pérdida de continuidad en los casos, la dispersión institucional y las demoras en diligencias consideradas urgentes para localizar a las víctimas.

También pidieron fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como evitar prejuicios o presunciones de desaparición voluntaria que retrasen la activación de alertas y protocolos de búsqueda.

"Uno no puede ser juez y parte", advierte abogado de Asfadec

David Aróbere, coordinador de la Red de Abogados Voluntarios de Asfadec, expuso varios problemas que, a su criterio, persisten desde la aprobación de la ley vigente.

Uno de ellos es la falta de un registro único y confiable de personas desaparecidas en Ecuador. Según explicó, actualmente existen bases de datos dispersas entre distintas instituciones públicas que no coinciden entre sí.

“No podemos tener un solo registro oficial, lo cual evidentemente nos complica muchísimo tener conciencia de un registro verídico”, manifestó.

Aróbere también cuestionó la falta de especialización de fiscales y policías encargados de investigar desapariciones y señaló que muchas diligencias urgentes no se ejecutan oportunamente, lo que termina afectando la obtención de pruebas.

El abogado fue más allá al referirse a los casos de desaparición forzada y advirtió posibles conflictos en las investigaciones cuando los presuntos responsables pertenecen al propio Estado.

“Uno no puede ser juez y parte”, sostuvo, al proponer que organizaciones sociales participen en mecanismos de vigilancia y control de los procesos para garantizar transparencia cuando existan sospechas sobre la actuación de instituciones públicas.

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Corte Nacional alerta sobre problemas en definición de desaparición forzada

La Corte Nacional de Justicia también presentó observaciones técnicas al proyecto de reforma. El juez nacional Lauro Javier de la Cadena destacó la importancia del activismo de las organizaciones de familiares de desaparecidos y consideró que sus aportes deben ser incorporados en el debate legislativo.

“El Estado como tal es responsable de brindar una respuesta inmediata, una respuesta oficiosa y una respuesta exhaustiva ante la desaparición de una persona”, afirmó.

Por su parte, Diego Sebastián Campoverde, subcoordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional, recordó que la sentencia constitucional derivada del caso de los niños de Las Malvinas ordenó tres medidas específicas: presumir la desaparición forzada cuando existan indicios de participación estatal, impedir que las instituciones aleguen reserva para ocultar información y crear mecanismos de coordinación para la búsqueda.

Sin embargo, señaló que la propuesta aún presenta problemas conceptuales.

“La desaparición forzada no solamente es la causa de acciones de agentes del Estado, sino también de quienes participan con su aquiescencia o con su consentimiento”, explicó.

Asimismo, recomendó que la futura ley incorpore protocolos específicos para coordinar las actuaciones de todas las instituciones involucradas y que se incluya a organizaciones de la sociedad civil dentro de los mecanismos de seguimiento y veeduría.

Inred cuestiona figura de “presunta desaparición forzada”

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inred) también expuso una serie de observaciones durante la sesión. Andrea Toapanta, integrante del área jurídica de la organización, señaló que la denominación “presunta desaparición forzada” genera preocupaciones desde el enfoque internacional de derechos humanos.

“La normativa e instrumentos internacionales de derechos humanos no contempla esta denominación”, afirmó. La jurista explicó que la legislación internacional exige la activación inmediata de mecanismos de búsqueda cuando existan indicios de participación estatal, sin necesidad de crear categorías intermedias que puedan generar incertidumbre o retrasos.

Toapanta también insistió en la necesidad de fortalecer los registros estadísticos sobre desapariciones, incorporando variables relacionadas con edad, sexo, identidad de género, nacionalidad, origen étnico y circunstancias del hecho para identificar patrones de riesgo y mejorar las políticas públicas.

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Organizaciones exigen derecho a la verdad y búsqueda sin demoras

Diana Salomé León, coordinadora legal de Inred, presentó seis propuestas adicionales basadas en estándares internacionales de derechos humanos. La primera fue eliminar cualquier interpretación que permita exigir tiempos de espera antes de denunciar una desaparición.

“Las primeras horas son las más críticas para localizar a una persona con vida y cada hora perdida reduce exponencialmente esa posibilidad”, sostuvo. Además, pidió que la búsqueda de personas desaparecidas funcione de manera independiente de las investigaciones penales, para evitar que la paralización de un proceso judicial frene los esfuerzos para encontrar a la víctima.

La organización también propuso reconocer expresamente el derecho a la verdad como un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, garantizar la participación activa de los familiares en la construcción de hipótesis de búsqueda y establecer mecanismos públicos para medir la efectividad de la ley.

“Las familias no son destinatarias pasivas de información, son actores fundamentales en la búsqueda”, enfatizó León.

Al cierre de la sesión, la Comisión de Seguridad solicitó que todas las observaciones presentadas sean remitidas formalmente para ser analizadas en la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reforma.

Lo que debes saber

• Una denuncia pide investigar el destino de recursos entregados a Zofragua S.A.
• Cuatro personas son señaladas por presuntas irregularidades en el caso.
• La empresa fue cancelada pese a haber recibido millonarios desembolsos del Estado.

Formalizado. Ante la Fiscalía General del Estado fue presentada una ‘notitia criminis’ contra cuatro personas sospechosas de la presunta desaparición de recursos públicos que la empresa Zofragua S. A. recibió tras ganar un juicio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, cuando la compañía se encontraba en proceso de liquidación.

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Una denuncia

Según la denuncia, en esta presunta irregularidad habrían participado Carlos Cadena Asencio, liquidador de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías); Leónidas Plaza Verduga, ex procurador judicial de Zofragua; Daniel Falconí Heredia, exviceministro de Finanzas; y Luis Idrovo Murillo, intendente nacional de Compañías de la SuperCías. El abogado Gastón Alarcón Obando los señala por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado.

En total, el Estado habría desembolsado $16’857.433,51 a favor de Zofragua S. A., mediante dos pagos relacionados con el litigio mantenido con la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Sin embargo, según la denuncia, no existiría un registro claro sobre su destino final.

El primer desembolso ascendió a $4’793.769,42 y se realizó en 2019. El segundo, por $12’063.664,09, se concretó el 22 de diciembre de 2023, luego de que el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, suscribió un convenio de pago con Carlos Cadena Asencio para cancelar la obligación mediante un bono del Estado con plazo de seis años.

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¿Qué pasó con los recursos entregados a Zofragua?

El pago realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil se originó tras el fallo emitido por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con la ‘notitia criminis’, Zofragua operaba la zona franca del puerto de Guayaquil bajo un contrato de comodato desde 2001, pero en 2012 la entidad pública rescindió unilateralmente el acuerdo, lo que motivó a la empresa a presentar una demanda por daños y perjuicios. No obstante, pese a que la empresa en liquidación habría recibido estos recursos, Zofragua S. A. fue posteriormente cancelada por disposición del entonces intendente nacional de Compañías. La principal interrogante que plantea la denuncia es qué ocurrió con el dinero transferido a la compañía y quiénes habrían administrado esos fondos.

Una de las pistas sobre el destino del primer desembolso realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil consta en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. En ese documento, César Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, menciona “la suma de $ 4’793.769,42 (por concepto de indemnización a Zofragua S. A.), que según menciona el liquidador, fue cobrada por el procurador judicial Dr. Leónidas Plaza Verduga el 20 de junio de 2019”, por la defensa que ejerció su estudio jurídico.

Según la resolución, esta información fue proporcionada por el liquidador durante el proceso de revisión de la compañía. El documento no detalla el destino de los recursos ni registra su ingreso a las cuentas de Zofragua S. A.

De acuerdo con la resolución, el liquidador había indicado que la firma supuestamente mantenía una deuda con Leónidas Plaza Verduga por concepto de honorarios profesionales derivados de gastos judiciales acumulados durante más de seis años. El monto ascendía a $2’396.884,71 y, según lo expuesto por Cadena Asencio, los intereses por mora habrían elevado esa obligación a una cifra que “superaba con creces” el valor que la compañía tenía pendiente de cobrar.

Cadena Asencio habría reconocido esa obligación mediante la suscripción del Acta de Mediación No. 090102-2020-00099, dentro del juicio No. 09332-2019-08056, tramitado en la Unidad Judicial Civil Norte con sede en Guayaquil. Sin embargo, el denunciante sostiene que no existen facturas ni un contrato de honorarios que respalden esos valores y asegura que dicho pasivo tampoco constaba registrado en los estados financieros de la firma.

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Segundo desembolso

Respecto al segundo desembolso realizado por el Estado, Alarcón solicita que la Fiscalía determine cuál fue el destino de esos recursos. Su pedido se sustenta en que 13 meses después de la suscripción del acuerdo de pago, la SuperCías dispuso la cancelación definitiva de Zofragua S. A.

Mediante la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2025-00000984, el intendente nacional de Compañías, Luis Idrovo Murillo, ordenó la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil, junto con otras 15 compañías. La decisión se fundamentó en que la declaratoria de disolución de esas empresas había sido emitida al menos siete años antes, conforme a lo establecido en la Disposición General Segunda de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías.

Zofragua S. A. fue inscrita el 11 de diciembre de 2000 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Según la resolución de la SuperCías, la firma ocupaba el séptimo lugar en el listado de 15 empresas cuya cancelación fue ordenada.

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Los activos que desaparecieron de los balances

A las interrogantes sobre el destino de los recursos transferidos por el Estado se suma otra inconsistencia detectada en la documentación de Zofragua S. A.: la aparente desaparición de sus activos, pasivos y patrimonio. Según la resolución suscrita por César Poveda Valdivieso, el liquidador Carlos Cadena Asencio presentó en julio de 2023 un balance inicial, con corte al 28 de febrero de 2019, en el que todos esos rubros constaban en cero.

Sin embargo, los estados financieros correspondientes a 2010 reflejaban una realidad distinta. Para entonces, la compañía registraba activos por $3’563.152,46, pasivos por el mismo monto y un patrimonio de $42.125,90, una diferencia que el denunciante considera clave para determinar qué ocurrió con los bienes y obligaciones de la empresa antes de su cancelación

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Los involucrados no respondieron

EXPRESO solicitó una entrevista a Cadena Asencio, Plaza Verduga e Idrovo Murillo mediante correos electrónicos enviados a sus direcciones registradas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. Falconí indicó que su abogado, Andrés Salazar, atendería las consultas que no fueron resueltas hasta el cierre de la publicación.