Lo que debes saber 

• Inés Manzano negó haber participado en la contratación de Progen.
• La exministra aseguró que los contratos existían antes de su llegada al Ministerio de Energía.
• Además, afirmó que colaborará con la Fiscalía y respaldó acciones judiciales internacionales contra la empresa.

La exministra de Energía, Inés Manzano, difundió este 10 de junio de 2026 un pronunciamiento público en el que rechazó cualquier participación en la contratación de la empresa Progen, en medio de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía. Además, informó que presentó un escrito ante el Fiscal General del Estado para ratificar su disposición de colaborar con el proceso.

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En el documento, Manzano sostuvo que los contratos con la empresa investigada fueron suscritos antes de su llegada al Ministerio de Energía. “Cuando llegué al Ministerio de Energía, octubre 9 del 2024, los contratos con PROGEN ya existían. No los negocié, no los adjudiqué y no fui parte de las decisiones que hoy investiga la Fiscalía”.

La exfuncionaria también se refirió a los desembolsos efectuados por la unidad de Termopichincha de CELEC durante su administración. Indicó que esos pagos respondían a compromisos contractuales previamente adquiridos y que no correspondieron a decisiones adoptadas por ella.

Inés Manzano asegura que impulsó acciones contra Progen

Manzano afirmó que, una vez detectados los incumplimientos atribuidos a la empresa, respaldó medidas de control e iniciativas judiciales para proteger los intereses del Estado. Según señaló, las actuaciones realizadas desde el Ministerio estuvieron orientadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

“Respaldé investigaciones, y apoyé acciones judiciales internacionales contra Progen, incluyendo acciones bajo la Ley RICO (...) en los Estados Unidos”.

La exministra aseguró además que las comunicaciones y chats que han sido difundidos públicamente "reflejan actividades propias de su gestión y seguimiento institucional". En su versión, esos intercambios muestran acciones encaminadas a supervisar contratos heredados y a exigir resultados frente a los problemas detectados.

Escrito presentado ante la Fiscalía

Como parte de su pronunciamiento, Manzano informó que presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado para reiterar su voluntad de colaborar con las investigaciones. El documento fue ingresado este 10 de junio y consta dentro de una causa que se tramita en la Unidad de Fuero de Corte Nacional.

“No tengo nada que esconder y estoy a disposición de la Fiscalía”.

En el escrito remitido al fiscal subrogante Leonardo Alarcón Argudo, la exfuncionaria manifestó que se encuentra fuera de la función pública, pero mantiene su disposición de entregar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación.

“Compareceré las veces que sean necesarias, entregaré toda la información que se requiera y esté a mi alcance”, sostuvo.

La exministra insiste en desvincularse de la contratación

La exfuncionaria concluyó señalando que colaborará plenamente con las autoridades para que se determinen las responsabilidades correspondientes. Su pronunciamiento surge mientras continúan las investigaciones relacionadas con los contratos suscritos con la empresa PROGEN y los cuestionamientos sobre su ejecución.

“No participé en la contratación de Progen, apoyé acciones bajo la Ley RICO en los Estados Unidos y compareceré ante la Fiscalía las veces que sea necesario”, concluyó

Lo que debes saber 

• Colectivos feministas, estudiantes y madres de familia marcharon en Quito para exigir justicia por Nathaly Mafla y Mónica Silva.
• La movilización avanzó hasta la Escuela Politécnica Nacional, donde se realizó un plantón y un homenaje en memoria de ambas mujeres.
• Las participantes rechazaron la violencia de género, denunciaron intentos de bloquear la marcha y reiteraron la consigna: “Vivas nos queremos”.

Varias organizaciones feministas, estudiantes y madres de familia se convocaron desde la tarde de este miércoles 10 de junio de 2026 en el parque El Ejido, centro - norte de Quito, para realizar una marcha en conmemoración de la joven universitaria, Nathaly Mafla, y de la activista, Mónika Silva, quienes fueron halladas sin vida en la capital y en Santa Elena, respectivamente.

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Las personas llegaron al parque, ubicado entre las avenidas Patria y Amazonas, y tenían previsto reunirse para emprender una movilización hacia la sede de la Escuela Politécnica Nacional (UPN), universidad en donde fue vista por última vez.

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Las participantes llevaron tambores, banderas y carteles con consignas contra la violencia hacia la mujer, el machismo y bajo la consigna: “Vivas nos queremos”.

En el tramo entre las avenidas Patria y 6 de Diciembre, un grupo de motorizados de la Policía Nacional intentó bloquear la marcha. Ante el impedimento, las participantes avanzaron hacia la universidad y se congregaron en uno de los accesos de ese centro de educación superior para reclamar en un plantón.

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En ese punto de la universidad, los reclamos dieron paso al levantamiento de un altar en memoria de Mafla y Silva, en donde los asistentes encendieron velas.

Lo que debes saber

• El legislador de ADN, Esteban Torres, fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional este miércoles 10 de junio.
• Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la principal atribución del primer vicepresidente de la Asamblea es subrogar de forma inmediata al titular del Parlamento en caso de ausencia temporal o definitiva.
• Se prevé que la actual presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se acoja a una licencia por maternidad, por lo que Torres estará al frente del Parlamento durante ese período.

Esteban Torres, legislador perteneciente al oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional este miércoles 10 de junio.

(Te puede interesar: Esteban Torres fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea tras la salida de Niels Olsen)

La designación de Esteban Torres como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional lo ubica en una posición clave dentro del funcionamiento del Legislativo, no solo como figura de respaldo.

¿Cuál será la función de Esteban Torres en la Asamblea?

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su principal atribución es subrogar de forma inmediata a la titular del Parlamento en caso de ausencia temporal o definitiva.

Esto implica asumir la conducción de las sesiones del pleno, ordenar los debates, someter a votación los proyectos y garantizar el desarrollo de la agenda legislativa.

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La designación ocurre en medio de la previsión de que la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, solicite una licencia por maternidad, según la legisladora Inés Alarcón.

De concretarse, Torres pasaría a dirigir el Legislativo durante ese periodo, con control sobre el ritmo de las sesiones y la tramitación de leyes.

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Su llegada al cargo también responde a un reacomodo tras la salida de Niels Olsen de la Presidencia, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia. Torres fue electo con 84 votos, superando la mayoría absoluta.

Con experiencia previa como segundo vicepresidente de la Asamblea en el 2023, jefe de bloque de ADN y viceministro de Gobierno, Torres asume ahora una función operativa y política a la vez.

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La crisis se refleja en concursos congelados y autoridades prorrogadas en sus cargos. La renovación de vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la elección del Defensor del Pueblo son procesos que debieron concluir hace años, pero siguen sin resolverse.

CNE, TCE y Defensoría del Pueblo sin nuevos titulares

El concurso para renovar parcialmente al CNE se detuvo en la fase de oposición, dejando a los cinco vocales actuales (Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita, Elena Nájera y Esthela Acero) prorrogados desde 2018. 

En el caso del TCE, la renovación debía realizarse en 2022 y 2025, pero los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres, Joaquín Viteri, Patricio Maldonado y Gustavo Ortega continúan en funciones sin que se haya convocado un nuevo proceso.

La Defensoría del Pueblo también permanece sin titular desde 2021, cuando Fredy Carrión fue detenido y sentenciado por abuso sexual. Desde entonces, César Córdova ocupa el cargo de manera provisional, sin que se haya convocado al concurso correspondiente.

Ocho años sin renovación en Copisa, CNI y otros procesos

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) debía renovarse en 2018, pero desde 2014 no se han designado nuevas autoridades. Pese a renuncias y fallecimientos de sus integrantes, el CPCCS apenas ha titularizado a dos representantes en abril de 2026, dejando vacantes sin cubrir.

Los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) también acumulan retrasos: desde 2017 no se eligen a sus 25 representantes de la sociedad civil. En 2022 se intentó conformar la comisión ciudadana para el proceso, pero no hubo postulaciones suficientes. El Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras, creado por ley en 2018, tampoco tiene autoridades designadas.

Otros procesos, como la elección del superintendente de Ordenamiento Territorial, también están pendientes. El periodo de Pablo Iglesias terminó en marzo de 2025, pero el CPCCS no ha convocado al concurso ni elaborado un nuevo reglamento.

Fiscal General, un proceso que avanza lento

El caso del concurso para la elección del nuevo Fiscal General ha avanzado con tropiezos. Tras la salida de Diana Salazar en abril de 2025, Carlos Alarcón asumió como encargado, pero el proceso para designar a un titular definitivo se ha extendido más de lo previsto.

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La Comisión Ciudadana de Selección oficializó la actualización del cronograma del concurso el pasado 9 de junio, estableciendo nuevos plazos técnicos. Entre el 11 y el 15 de junio se realizará la convocatoria oficial, y del 16 al 22 de junio los ciudadanos podrán presentar impugnaciones contra los aspirantes. 

La fase de oposición determinará las calificaciones definitivas de los postulantes. El examen escrito está fijado para el 16 de septiembre. Finalmente, el informe consolidado con los puntajes será remitido al Pleno del CPCCS el 20 y 21 de octubre, y la designación oficial del nuevo Fiscal General está prevista para el 22 y 23 de octubre si es que no surgen nuevos retrasos.

Una institución en crisis

La falta de avances ha empujado al CPCCS a uno de sus peores momentos. Con seis concursos estancados y autoridades prorrogadas, la institución enfrenta críticas por su ineficacia y por el costo que representa para el Estado.

Aunque el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, propuso un diagnóstico y contrató un equipo técnico externo, las resoluciones no se han cumplido y los procesos siguen sin avanzar. La incertidumbre sobre la designación de autoridades de control pone en duda la capacidad del CPCCS para cumplir con su rol constitucional.

Lo que debes saber

• Los prestadores externos de salud advierten que ha pasado más de un mes sin que se concrete una reunión prometida por el IESS y el MSP.
• Denuncian objeciones de hasta el 90% en auditorías y una deuda que supera los$1.500 millones.
• Mientras tanto, analizan realizar protestas nacionales y alertan posibles afectaciones para más de 4 millones de afiliados.

Los prestadores externos de salud de segundo nivel que atienden a afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) analizan la posibilidad de realizar protestas a nivel nacional ante la falta de respuestas sobre una reunión tripartita con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la seguridad social. Según el sector, ha transcurrido más de un mes desde que solicitaron el encuentro sin que exista una fecha definida.

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La preocupación se centra en los problemas generados por los códigos de validación y la aplicación de la normativa 140, una regulación que, según los prestadores, ha provocado retrasos en auditorías, facturación y pagos por servicios médicos ya brindados. La situación mantiene en incertidumbre a clínicas y hospitales que prestan atención a millones de usuarios del sistema.

En un boletín difundido este martes, los representantes de los prestadores hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se concrete la reunión ofrecida entre el MSP, el IESS y el sector privado. El encuentro debía realizarse semanas atrás, pero hasta ahora no existe una convocatoria oficial.

Los prestadores sostienen que la normativa 140, implementada por el Ministerio de Salud Pública a mediados de 2023, ha generado obstáculos en los procesos de revisión de planillas y facturación correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, afectando el flujo de recursos para las entidades que brindan atención médica.

Más de 4 millones de afiliados afectados

La organización advierte que el problema no se limita al aspecto financiero. Según explica, las restricciones actuales en los códigos de validación están dificultando las derivaciones hacia consultas especializadas y otros servicios médicos de mayor complejidad.

"La rigidez actual en los códigos de validación está frenando las derivaciones para consultas de especialidades avanzadas", indica el boletín difundido por los prestadores.

Como consecuencia, afirman que más de 4 millones de afiliados y jubilados a escala nacional enfrentan mayores tiempos de espera para acceder a consultas y procedimientos médicos, lo que podría afectar la continuidad de tratamientos considerados críticos.

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Prestadores denuncian objeciones de hasta el 90%

Otro de los reclamos se relaciona con los procesos de auditoría y pago. Los prestadores aseguran que las planillas presentadas por servicios ya otorgados están siendo observadas con niveles de objeción que alcanzan el 90%.

"Las planillas presentadas por los servicios ya brindados a los pacientes durante los años 2023, 2024 y 2025 están siendo devueltas con objeciones de hasta el 90%", señala el comunicado.

El sector reconoce que el IESS ha realizado desembolsos superiores a los 600 millones de dólares. Sin embargo, sostiene que las dificultades derivadas de las auditorías mantienen una situación financiera compleja y que la deuda acumulada con los prestadores externos supera actualmente los 1.500 millones de dólares.

Advertencia de movilizaciones si no hay respuestas

Frente a este escenario, los prestadores analizan acciones de presión que podrían incluir movilizaciones y protestas en distintas ciudades del país. La decisión dependerá de las respuestas que reciban en los próximos días por parte de las autoridades del MSP y del IESS.

"Los prestadores de segundo nivel reiteran su total disposición al diálogo, pero enfatizan que el tiempo se ha agotado", advierte el documento.

Mientras esperan una convocatoria oficial, el sector insiste en que la reunión tripartita es necesaria para resolver las glosas, destrabar los procesos de auditoría y garantizar la continuidad de la atención médica para millones de afiliados y jubilados del sistema de seguridad social.

Política

Esteban Torres fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea tras la salida de Niels Olsen

Rosero Mariela

La designación se produjo apenas dos días después de que Mishel Mancheno asumiera la presidencia del Parlamento, tras la renuncia de Niels Olsen, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia.

La candidatura de Torres fue presentada por Pablo Jurado, legislador independiente, quien destacó su formación académica y su capacidad estratégica. Con esta elección, la directiva del Legislativo quedó reconfigurada, consolidando la presencia de Acción Democrática Nacional (ADN) en los espacios de poder.

La trayectoria política de Esteban Torres

Desde 2018 hasta mayo de 2023, Torres fue parte de la Asamblea Nacional. Se principalizó como asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) cuando su padre, Luis Fernando Torres, dejó su curul para postularse a la Alcaldía de Ambato. Entre 2018 y 2021 integró la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

En las elecciones de 2021 fue elegido asambleísta por Tungurahua. Ese mismo año formó parte de la Comisión de Enmiendas Constitucionales y fue delegado en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. También asumió como coordinador del bloque PSC y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. 

Entre julio de 2022 y mayo de 2023 fue primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En mayo de 2023 alcanzó la segunda vicepresidencia de la Asamblea con 100 votos a favor, pero su gestión duró apenas dos días debido al decreto de muerte cruzada firmado por Guillermo Lasso. Posteriormente, en diciembre de 2023, fue designado viceministro de Gobierno por Mónica Palencia, ministra del presidente Daniel Noboa.

En septiembre del 2024, Torres renunció a su cargo como viceministro de Gobierno para candidatizarse a la Asamblea Nacional por el movimiento ADN en las elecciones de 2025, donde fue elegido nuevamente para ocupar una curul en la Asamblea Nacional para el período 2025 – 2029. 

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Además de su labor legislativa, Torres es abogado graduado en la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en la Queen Mary University de Londres. Ha desempeñado funciones en varias comisiones parlamentarias y se especializa en litigio y arbitraje comercial internacional.

El rol estratégico del primer vicepresidente

El artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el primer vicepresidente subroga de forma inmediata a la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. Este rol cobra relevancia en el contexto actual ya que, según la legisladora oficialista Inés Alarcón, Mancheno prevé solicitar licencia por maternidad próximamente.

Torres subrayó en su discurso que la Asamblea, al compartir fuerza política con el Ejecutivo, debe ser un espacio de construcción y no de obstrucción. Agradeció a su bancada de ADN, a los independientes que apoyaron su candidatura y al presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• Alcaldes ecuatorianos en riesgo de reelección por procesos legales ante comicios de noviembre 2026.
• Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue el primer alcalde bajo una indagación fiscal.
• TCE ratifica suspensión de derechos políticos de alcaldes de Cuenca y Portoviejo impidiendo postulación.

Cuatro alcaldes de Ecuador ven comprometida su participación en las elecciones seccionales de noviembre de 2026 debido a dictámenes de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Los funcionarios judiciales y electorales investigan a los titulares de las alcaldías de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Esmeraldas, lo que altera el panorama político local a pocos meses de las votaciones generales.

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Aquiles Álvarez enfrenta procesos penales por los casos Triple A y Goelada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece recluido en la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, tras dictarse órdenes de prisión preventiva en su contra. La Fiscalía General del Estado inició las indagaciones en 2024 a raíz de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) por supuesto comercio irregular de combustibles mediante la empresa Copedesa S.A., proceso denominado caso Triple A.

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Posteriormente, en febrero de 2026, el Ministerio Público derivó una segunda investigación llamada caso Goelada, tipificada bajo el cargo de lavado de activos. Aunque una de las medidas de prisión fue revocada por la justicia penal, Álvarez se mantiene privado de su libertad debido a otras resoluciones vigentes dentro de la misma causa, lo que impide el ejercicio normal de sus funciones de cara a los comicios de noviembre de 2026. Friorella Icaza y Gioconda Henríquez, esposa y madre de Álvarez, también fueron vinculada a este caso.

Vicko Villacís es investigado en Esmeraldas bajo el caso Blindaje

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue detenido a inicios de junio de 2026 durante múltiples allanamientos coordinados por la Policía Nacional y la Fiscalía. La intervención responde al caso Blindaje, una causa penal por presunto lavado de activos originada por un reporte previo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

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El Ministerio del Interior de Ecuador confirmó que la estructura delictiva presuntamente realizaba transacciones financieras millonarias irregulares con firmas de transporte de valores.

El juez de la causa dictó prisión preventiva para Villacís y otras siete personas implicadas. A pesar de los señalamientos de la Fiscalía sobre retiros de efectivo sin justificación técnica, la defensa legal del burgomaestre esmeraldeño niega de forma rotunda cualquier vínculo con redes delictivas.

TCE ratifica suspensión de derechos políticos para Zamora y Pincay

La justicia electoral también inhabilitó a autoridades municipales en funciones. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la suspensión de derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras una denuncia de violencia política de género presentada por una concejala. La sentencia definitiva de segunda instancia impone una sanción de seis meses, lo que deja al funcionario fuera de la carrera electoral de noviembre de 2026.

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Una situación similar afronta el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. El juez del TCE, Joaquín Viteri, ratificó la pérdida de sus derechos políticos derivada de una resolución emitida originalmente en 2023. La sanción no se había ejecutado debido a una acción de protección constitucional interpuesta en Manabí, pero el tribunal electoral dejó en firme la medida este año.

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Con 137 asambleístas registrados de un total de 151, el pleno instaló la sesión número 100 en horas, antes de las 17:00. Torres fue elegido con 84 votos a favor, 58 en contra y una abstención, superando la mayoría absoluta requerida (77 votos).

La designación se produjo dos días después de que Mishel Mancheno asumiera la presidencia del Parlamento, tras la renuncia de Niels Olsen, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia.

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La candidatura de Torres fue presentada por Pablo Jurado, legislador electo por Construye y actualmente independiente, quien destacó su “sólida formación académica”, su “pensamiento estratégico” y su capacidad para proponer “soluciones legislativas viables”. También subrayó que representa a una nueva generación de políticos.

El papel del primer vicepresidente del Legislativo

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el primer vicepresidente subroga de forma inmediata a la Presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva. 

Esta disposición cobra relevancia en el contexto actual: Mancheno se encuentra embarazada y, según la legisladora oficialista Inés Alarcón, prevé solicitar una licencia por maternidad próximamente.

Algo de la trayectoria de Esteban Torres

Torres, de 36 años, fue nombrado jefe de bloque de ADN, el 19 de mayo del 2026. Su trayectoria en el Legislativo comenzó en 2018, cuando asumió como suplente de su padre, el exasambleísta Luis Fernando Torres. Aunque en ese momento recibió críticas por un supuesto relevo familiar, consolidó su carrera al ganar su propio escaño en 2021.

Torres agradeció a Daniel Noboa y a su bancada

“Agradezco a todos quienes participaron en esta decisión democrática, a mi bancada de ADN y a los independientes que se han sumado y que con su voz son importantes. Y a la oposición que no se sumó y quienes no han venido". 

Además, Torres dijo que en una democracia con separación de poderes, cuando el Ejecutivo es de la misma fuerza que la Asamblea, ésta no está llamada a ser de obstrucción sino de construcción. Al final de su discurso también agradeció al presidente Daniel Noboa.

¿Quién es Esteban Torres?

Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Estudió una maestría en la Queen Mary University, de London. En la USFQ confirmó su interés por la política, cuando en 2011, fue elegido presidente del gobierno estudiantil.

Desde niño ha escuchado hablar de política y no solo a su padre. Su tío bisabuelo fue José Arcadio Carrasco Miño, quien se desempeñó como senador, diputado y exalcalde de Ambato. Su abuelo también fue alcalde de esa urbe. También por el lado de su madre hay exalcaldes.

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A través de un pronunciamiento oficial, el abogado Leonardo Stagg detalló que Celso Sánchez, técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y actual procesado en la causa por presunto peculado, describió actuaciones que causaron perjuicio al Estado por parte de representantes de la contratista extranjera y de funcionarios de la empresa pública, sin incluir al exsecretario de Estado en su relato.

Cabe destacar que, según lo expuesto por Stagg, la versión del técnico ratifica que las decisiones sobre la celebración, ejecución, inspección y certificación de los acuerdos se tomaron exclusivamente por el personal de Celec EP. Esto se ampara en la autonomía administrativa que posee dicha entidad, lo que aleja la competencia directa del Ministerio de Energía en la adjudicación.

El jurista cuestionó la celeridad del Ministerio Público para procesar evidencia. Indicó que Sánchez entregó material probatorio —audios, correos, videos y dispositivos electrónicos— a la Fiscalía desde julio de 2025. "Esta información no habría sido procesada ni incorporada al expediente", precisó el abogado defensor.

Versión ampliada de los involucrados

Stagg subrayó que se mantiene a Gonçalves bajo prisión preventiva sin que exista un solo acto material que lo vincule con pagos, instrucciones o reuniones directas con la empresa Progen, exigiendo que la Fiscalía reencauce la investigación sin selectividad.

Estas declaraciones públicas se dan en el contexto de las diligencias judiciales de este miércoles. Celso Sánchez rindió la ampliación de su versión libre y voluntaria de manera telemática, bajo estricta reserva. En paralelo, Sánchez y Paúl Flores, solicitaron formalmente al juez de la causa una audiencia para revisar sus medidas cautelares, buscando sustituir la prisión preventiva por el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Lo que debes saber

• Ecuarunari denunció un operativo de desalojo en la comunidad ancestral kichwa Tzawata Ila Chukapi, en Napo.
• La organización responsabilizó a una empresa, a la Policía y al Gobierno por posibles afectaciones a las familias.
• El caso reabre el debate sobre los derechos colectivos y la protección de los territorios ancestrales en Ecuador.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) denunció este 10 de junio de 2026 un operativo policial de desalojo ejecutado en la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi, ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo. La organización calificó el hecho como una afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y exigió la suspensión inmediata de las acciones.

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A través de un comunicado público, la organización expresó su rechazo al procedimiento y sostuvo que la intervención pone en riesgo a las familias que habitan en el territorio. Según indicó, entre los afectados se encuentran niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos considerados vulnerables.

La postura de ECUARUNARI también fue dirigida a la comunidad internacional y a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. En el documento, la organización advirtió que el caso trasciende el ámbito local por las implicaciones que tendría sobre los derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Comunidad ancestral denuncia afectaciones en territorio de Napo

“Denunciamos ante el país y la comunidad internacional este grave atropello que vulnera los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, poniendo en riesgo la integridad, la vida y la seguridad de familias enteras”, señaló Ecuarunari en el comunicado difundido este miércoles.

La organización recordó que la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi ha mantenido históricamente la defensa de su territorio frente a distintas amenazas. Según expuso, la zona ha sido objeto de interés por actividades extractivas y por proyectos vinculados a intereses económicos en los últimos años.

En ese contexto, el comunicado menciona que el territorio habría estado bajo presión de empresas interesadas en la ocupación de las tierras. ECUARUNARI aseguró que una empresa de monocultivo denominada Terraturismo impulsó acciones que derivaron en el proceso de desalojo denunciado.

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ECUARUNARI responsabiliza a empresa, Policía y Gobierno

“Responsabilizamos a la empresa Terraturismo, a la Policía Nacional del Ecuador y al Gobierno Nacional por cualquier afectación física, psicológica o material que sufran las familias de la comunidad”, manifestó la organización indígena.

Además de cuestionar el operativo, Ecuarunari sostuvo que cualquier perjuicio derivado de la intervención recaería sobre las instituciones y actores señalados en el comunicado. La organización insistió en que las familias habitan y protegen legítimamente el territorio ancestral.

La confederación también exigió que cesen de manera inmediata las acciones de desalojo. Según indicó, los derechos reconocidos en la Constitución de la República, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser respetados durante cualquier procedimiento relacionado con territorios indígenas.

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“Exigimos la inmediata suspensión de las acciones de desalojo y el respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas”, afirmó ECUARUNARI.

La organización realizó además un llamado a movimientos indígenas, colectivos sociales, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía para que permanezcan vigilantes frente a la situación que enfrenta la comunidad de Napo.

En la parte final del comunicado, Ecuarunari reiteró su respaldo a la Comunidad Ancestral Kichwa Tzawata Ila Chukapi y defendió su derecho a permanecer en el territorio. “La defensa de los territorios ancestrales es la defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de los derechos de los pueblos”, concluyó la organización.

“Establece límites frente al uso de la calumnia y la violencia política como mecanismos para desacreditar o silenciar voces críticas”, destacó González.

Tras conocerse la decisión del organismo electoral, la concejala sostuvo que el fallo no debe ser motivo de celebración, sino una oportunidad para reflexionar sobre la forma en que se desarrolla el debate político en el país.

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“No creo que sea un caso que nos deba alegrar a nadie. Estas cosas nunca deben repetirse. La política no tiene que usarse de esa manera”, señaló. Además, insistió en que la democracia se construye sobre el respeto a la diversidad de opiniones y el ejercicio legítimo de la fiscalización.

Según explicó, el caso se originó en un contexto en el que, a su criterio, se intentó desacreditar una labor de control político mediante expresiones que derivaron en una denuncia por violencia política de género. Añadió que la decisión fue ratificada no solo por el juez que conoció inicialmente la causa, sino también por cuatro magistrados del pleno del TCE.

Concejo Cantonal deberá aplicar la sentencia

Respecto a las implicaciones institucionales del fallo, González indicó que existe un procedimiento legal que deberá ser aplicado por el Concejo Cantonal una vez que se cumplan las formalidades correspondientes.

Explicó que el cuerpo edilicio deberá analizar los pasos a seguir en función de lo que establece la sentencia y la normativa vigente. Mientras tanto, reiteró que la responsabilidad de los concejales es mantener las labores de legislación y fiscalización para las que fueron elegidos.

“Acogeremos lo que la ley dictamina y se seguirá el proceso correspondiente dentro del seno del Concejo”, manifestó.

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Aún espera la notificación de la sentencia completa

La concejala señaló que hasta el momento no ha recibido la notificación oficial de la resolución íntegra del Tribunal Contencioso Electoral, por lo que aún desconoce los alcances finales de la decisión respecto a la apelación que presentó para solicitar disculpas públicas y una ampliación de las medidas de reparación.

Según relató, conoció la resolución a través de los medios de comunicación y sus abogados únicamente han sido informados sobre la decisión general adoptada por el pleno, pero todavía no cuentan con el texto completo de la sentencia.

“Cuando seamos notificados conoceremos todos los detalles y cualquier situación adicional que corresponda”, explicó.

Sobre las declaraciones del alcalde

Consultada sobre las declaraciones de Cristian Zamora, quien ha sostenido que continuará en funciones hasta el final de su mandato y que es víctima de persecución política, González prefirió mantener una posición institucional.

Afirmó que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, pero recordó que Ecuador es un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos están obligados a cumplir las disposiciones legales y judiciales.

“Nos ha tocado acogernos a lo que la ley dispone y a los recursos legales que tenemos para pedir justicia. Hay una sentencia en firme y tendremos que acoger lo que esta dispone”, sostuvo.

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Además, cuestionó los argumentos del alcalde en los que atribuye la resolución judicial a una supuesta persecución política.

“Durante la actual administración municipal, cualquier cuestionamiento o acción de fiscalización ha sido interpretada como una ofensiva política”, afirmó la edil. Agregó que no se puede seguir sosteniendo ese discurso “cuando las pruebas documentales hablan de una víctima. Y esa víctima he sido yo”.

Denuncia amenazas tras la ratificación del fallo

La concejala reveló que, tras conocerse la ratificación de la sentencia, recibió mensajes amenazantes contra su vida a través de Messenger.

“Me han dicho que van a atentar contra mi integridad, que me van a linchar, que ya estoy mucho tiempo viva”, relató.

Ante esta situación, González informó que solicitó resguardo policial y que contará con custodia mientras persista el riesgo.

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La sentencia, emitida el 28 de mayo a raíz de la denuncia por violencia política de género presentada por la concejal Diana González ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dispuso la suspensión de los derechos de participación política por seis meses, además de una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados (12.050 dólares) y medidas de reparación a favor de la denunciante.

La decisión fue ratificada el 9 de junio, tras la apelación presentada por la defensa de Zamora. Con cuatro votos a favor y uno salvado, el tribunal confirmó la sanción, lo que significa que el alcalde no podrá participar en las elecciones seccionales.

¿Cómo se originó el caso?

La denuncia fue presentada el 6 de marzo por González, quien argumentó haber sido víctima de una campaña sistemática de descrédito y agresiones públicas por parte del alcalde, en represalia por sus labores de fiscalización. El conflicto se intensificó luego de una entrevista concedida por la concejala el 15 de enero al medio digital Mundo Cuenca, donde se refirió a rumores sobre una funcionaria municipal embarazada.

Zamora reaccionó públicamente en redes sociales y entrevistas digitales, calificando las declaraciones como una “patraña” y asegurando que la edil pretendió “imputarle un aborto”. 

Según el expediente, el alcalde utilizó expresiones despectivas y estereotipos de género en transmisiones en vivo y entrevistas difundidas en Facebook y TikTok, lo que derivó en la tipificación de violencia política de género bajo el Código de la Democracia.

Las reacciones tras el fallo

Tras conocerse la ratificación de la sanción, Zamora ofreció declaraciones en vivo a través de sus redes sociales. “No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”, afirmó, señalando que acepta la decisión “en paz”, aunque no la comparte. 

El alcalde sostuvo que el caso no se trata de violencia política de género, sino de un “tema meramente electoral”, y denunció que se trata de un ataque a la democracia y a la libertad de los cuencanos de elegir.

Por su parte, la concejal González destacó que la sentencia marca un precedente para que la política no sea utilizada con amedrentamientos, ultrajes, humillaciones y calumnias. Desde la Dirección de Comunicación del Municipio de Cuenca se informó que se preparan declaraciones oficiales sobre el fallo.

Un nuevo escenario electoral en Azuay

La suspensión de Zamora abre un nuevo panorama en la contienda por la Alcaldía de Cuenca. El propio alcalde adelantó que en los próximos días dará a conocer a quién ofrecerá su respaldo político, con el objetivo de que “los proyectos de ciudad continúen”.

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Mientras tanto, varios perfiles comienzan a moverse dentro del marco de las elecciones seccionales de noviembre, tanto para la Alcaldía como para la Prefectura del Azuay.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa viaja a Estados Unidos por cuarta vez en 2026 durante cinco días.
• Decreto 418 oficializa el viaje de Daniel Noboa a Estados Unidos del 11 al 15 de junio.
• Presidencia de Ecuador no detalla las actividades oficiales de Daniel Noboa en Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplirá un nuevo viaje internacional a Estados Unidos desde el 11 hasta el 15 de junio de 2026, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 418 suscrito este miércoles 10 de junio. El mandatario se ausentará del país durante cinco días para atender motivos de agenda oficial, consolidando a la nación norteamericana como uno de los destinos más recurrentes de su administración.

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Comitiva oficial y detalles de la agenda de Daniel Noboa

De acuerdo con el documento oficial firmado por el primer mandatario, la comitiva que acompañará la gestión estará integrada por ministros, secretarios y funcionarios de diversas entidades del Estado ecuatoriano.

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Detalles del Decreto Ejecutivo 418:

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un desglose pormenorizado sobre las reuniones o actividades específicas que el presidente Noboa liderará durante su permanencia en el extranjero.

Cuarto viaje presidencial a territorio estadounidense en 2026

Este nuevo desplazamiento a Estados Unidos representa la cuarta ocasión en la que el jefe de Estado visita dicho país en lo que va del año 2026. La gestión internacional del presidente Daniel Noboa ha mantenido una marcada continuidad en esta ruta, registrando salidas oficiales previas durante los meses de marzo, abril y mayo pasados. Asimismo, durante el año 2025, el territorio estadounidense se mantuvo como el punto geográfico más visitado por el Ejecutivo.

La acción judicial fue interpuesta este lunes 8 de junio de 2026, después de que una solicitud similar fuera rechazada previamente. La demanda está dirigida contra el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contra Juan López Vega, subdirector encargado del Centro de Procesamiento de Servicios Krome North.

Como parte del proceso, la defensa adjuntó diez documentos. La fiscal Natalie Díaz será la encargada de representar al Gobierno de Estados Unidos en este caso.

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La defensa alega violaciones al debido proceso

Los abogados de Serrano sostienen que durante su detención, ocurrida el 7 de agosto de 2025, se produjeron vulneraciones al debido proceso. Además, argumentan que el exfuncionario ha sido víctima de una persecución por parte de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.

En el marco de esta nueva demanda, las autoridades estadounidenses deberán responder a los argumentos presentados por la defensa.

No obstante, la detención de Serrano se originó por una infracción migratoria relacionada con haber permanecido en Estados Unidos más allá del plazo autorizado por su visa.

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El proceso migratorio continúa en curso

La acción presentada ante la Corte Federal se desarrolla de forma independiente al proceso migratorio que enfrenta el exministro.

En ese expediente, las autoridades estadounidenses ya rechazaron su solicitud de asilo. Sin embargo, la deportación permanece suspendida mientras se resuelve la apelación interpuesta por su defensa.

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“Ante publicaciones que circulan en redes sociales sobre una presunta renuncia de la Presidenta del CNE, aclaramos que son falsas”, señaló el organismo electoral. Además, insistió en que la ciudadanía debe informarse a través de los canales oficiales.

Por su parte, Atamaint aseguró que continúa trabajando con normalidad de cara a las elecciones seccionales de 2026. Actualmente está en marcha el proceso electoral para los comicios previstos para el 29 de noviembre de este año.

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La versión sobre la supuesta renuncia surgió en perfiles de la red social X. Sin embargo, la información no pasó de publicaciones sin respaldo ni confirmación oficial. Tampoco se explicó cuál sería la razón detrás de una eventual salida de Atamaint, quien acumula más de siete años al frente del organismo electoral.

Además, hasta el momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha concluido el proceso de renovación parcial del CNE. Ese procedimiento contempla el reemplazo de dos de los actuales consejeros.

El avance del cronograma electoral

El CNE adelantó las votaciones al 29 de noviembre de 2026, cuando inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027. El organismo justificó la decisión por la posible incidencia del fenómeno de El Niño entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

A raíz de ese cambio, varias fechas clave del calendario electoral también fueron modificadas. El próximo 18 de junio comenzará el período para los procesos de democracia interna o elecciones primarias de las organizaciones políticas, etapa que se extenderá hasta el 2 de julio de 2026.

Por otro lado, la inscripción de candidaturas está prevista entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. La campaña electoral, en tanto, se desarrollará del 12 al 26 de noviembre, pocos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades locales.

Lo que debes saber

• Guillermo Lasso acusa al correísmo de fabricar narrativas falsas.
• Rafael Correa admite reunión virtual por Zoom con Rodney Rengel.
• Rengel testificó sobre reuniones de la Revolución Ciudadana en el extranjero.

El expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso acusó al movimiento Revolución Ciudadana de estructurar falsas narrativas políticas y judiciales, luego de que Rafael Correa admitiera haber mantenido una reunión virtual con el expolicía Rodney Rengel. Este último es un testigo clave dentro de la investigación por el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y estuvo involucrado en las filtraciones del caso León de Troya.

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Las acusaciones de Guillermo Lasso en redes sociales

A través de su cuenta oficial en la red social X, Guillermo Lasso cuestionó los vínculos entre la cúpula correísta y el expolicía. El exmandatario afirmó que el correísmo vuelve a quedar expuesto por fabricar narrativas falsas destinadas a la destrucción de reputaciones ajenas.

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De igual manera, Lasso sostuvo la hipótesis de que la relación entre Rafael Correa y Rodney Rengel tuvo como finalidad la filtración de información sesgada a creadores de opinión pública, a quienes calificó como narco periodistas financiados por intereses ocultos, aunque no presentó pruebas documentales para respaldar dicho argumento.

El testimonio sobre la Revolución Ciudadana en el caso Villavicencio

Por otro lado, los detalles de la comparecencia judicial de Rengel fueron expuestos públicamente por Amanda Villavicencio, hija del político asesinado. La diligencia bajo juramento reveló presuntos acuerdos y coordinaciones de alto nivel.

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Figuras políticas señaladas en la diligencia:

De acuerdo con lo expresado por la familia Villavicencio, Rengel describió la existencia de encuentros presenciales en Venezuela y sesiones digitales vía Zoom. El propósito de estas interacciones habría sido coordinar narrativas políticas y judiciales para validar la postura de Xavier Jordán, quien defiende que los procesos de la Fiscalía General del Estado corresponden a un montaje.

La respuesta de Rafael Correa y el caso Porsche

El expresidente Rafael Correa confirmó la existencia de la llamada virtual, alegando razones de asistencia social. "Alguna vez tuvimos la reunión vía Zoom porque nos pidió ayuda, que no tenía trabajo", declaró el líder político.

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Correa vinculó originalmente este acercamiento con el denominado caso Porsche, una investigación derivada de la localización de un automóvil de Industrial Molinera en las inmediaciones de la residencia de un sospechoso de atentado con explosivos en la Bahía de Guayaquil. No obstante, el exmandatario reconoció que durante las conversaciones Rengel abordó temas sensibles sobre los sicarios que ejecutaron el crimen de Villavicencio.

Lo que debe saber

• ADN consiguió aprobar su proyecto para sancionar el uso delictivo de uniformes. Sin embargo, una disposición relacionada con la destrucción de información confidencial provocó críticas.
• El Pleno aprobó una nueva ley impulsada por ADN que castiga con prisión a quienes utilicen de forma fraudulenta uniformes.
• La nueva ley quedó en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción. 

El oficialismo en la Asamblea logró que el Pleno aprobara su proyecto de Ley para Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes Institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los artículos de la normativa generó alertas y provocó un cruce entre ADN y la Revolución Ciudadana.

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La bancada oficialista alcanzó 87 votos para la aprobación del proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora oficialista Inés Alarcón. 

La ley plantea una respuesta penal diferenciada para la fabricación, almacenamiento, comercialización y circulación no autorizada de uniformes institucionales cuando se trate de indumentaria de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o entidades reguladas por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

En ese sentido, la normativa señala que “resulta necesario sustituir el tratamiento exclusivamente contravencional por una regulación penal diferenciada, proporcional y acorde a la gravedad de las conductas actualmente identificadas”.

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Entre las principales reformas incorporadas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica el delito de uso fraudulento de uniformes, insignias, distintivos y demás elementos de identificación institucional. 

Además, se establecen sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quienes utilicen de manera no autorizada uniformes o elementos de identificación de las instituciones de seguridad.

El artículo sobre la eliminación de información confidencial

La ley aprobada por la Asamblea, enfocada en el uso delictivo de uniformes policiales y militares, incluye un artículo relacionado con la Contraloría General del Estado. Durante el segundo debate, Pachakutik y la Revolución Ciudadana cuestionaron la incorporación de ese tema en el proyecto.

El correísta Gerardo Machado sostuvo en el Pleno que, aunque coincidía en la necesidad de combatir el uso delictivo de uniformes, debía denunciar que se incluyó “de contrabando” una reforma a la Ley de la Contraloría.

Advirtió que el artículo 20 permitiría la destrucción de documentos reservados o secretos bajo custodia de organismos de control, lo que, a su criterio, institucionaliza la impunidad y afecta la memoria institucional del Estado.

La asambleísta correísta Jahiren Noriega también se pronunció sobre el tema. Según dijo, ADN, en el último momento, “metieron un artículo para tapara su corrupción”. Agregó que “a través el artículo 20 están blindando su corrupción”.

¿Qué dice el artículo 20 de la ley aprobada?

“La Contraloría General del Estado, mediante resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional, dispondrá la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima”, se lee en la ley.

También se especifica que esa información estará relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales y que su eliminación deberá realizarse dentro del plazo máximo de 30 días calendario una vez concluidos y ejecutoriados, conforme al ordenamiento jurídico.

La disposición añade que “no podrá disponerse la eliminación o destrucción de información relacionada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal no prescritos”.

Tras la aprobación de la ley en la Asamblea, el proyecto pasará al Ejecutivo para que sea objetado o remitido directamente al Registro Oficial para su publicación. Solo después de cumplir ese último paso entrará en vigencia.

Las claves de caso

• Varios colectivos ciudadanos formalizaron una solicitud legal ante las autoridades electorales en Quito.
• El pedido de revocatoria se dirige simultáneamente contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
• La solicitud se fundamenta en el presunto incumplimiento del plan de trabajo presentado en las elecciones.

Varios colectivos ciudadanos liderados por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y Jorge Cáceres formalizaron este 9 de junio de 2026 el pedido de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. Los impulsores de la iniciativa acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

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Los motivos de la solicitud contra el binomio presidencial

Los peticionarios alegan que Daniel Noboa y María José Pinto han incumplido con el plan de trabajo que presentaron formalmente ante las autoridades del CNE durante las elecciones presidenciales de 2025.

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Con la entrega de esta documentación, se activa oficialmente el procedimiento de revocatoria estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Electoral y la Ley de Participación Ciudadana. El proceso inicia formalmente con una fase de revisión de requisitos de admisión por parte de la autoridad electoral.

Requisitos y plazos legales para la recolección de firmas

El CNE notificará al presidente Daniel Noboa para que, en un término de siete días, ejerza su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

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Si el pedido es admitido, se procederá de la siguiente manera:

¿Qué pasa si se aceptan las firmas contra el Gobierno?

En caso de que las firmas sean validadas, el CNE dispone de un plazo de 60 días para convocar al proceso electoral de revocatoria. La normativa legal determina que se requerirá más del 50% de los votos válidos a favor para destituir al mandatario. El pronunciamiento en las urnas es obligatorio y de inmediato cumplimiento.

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De acuerdo con el artículo 146 de la Constitución del Ecuador, ante la ausencia definitiva y simultánea del presidente y la vicepresidenta, la Presidencia de la República será ejercida temporalmente por el titular de la Asamblea Nacional, actualmente ejercida por Mishel Mancheno.

Lo que debes saber

• TCE admite apelación contra el alcalde de Cuenca Cristian Zamora por presunta infracción electoral.
• Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales acusan a Cristian Zamora de inducir el voto en 2023.
• TCE ratificó suspensión de derechos políticos de Cristian Zamora por violencia de género.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el exconsejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales Ordóñez dentro de la denuncia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una presunta infracción electoral grave relacionada con la inducción del voto en los comicios presidenciales.

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La presidenta del Contencioso Electoral, la jueza Ivonne Coloma, admitió a trámite la apelación y solicitó a la Secretaría del organismo certificar los nombres de los magistrados que conocerán el recurso en el Pleno. Dentro de esta disposición se dispuso excluir al juez Patricio Maldonado, debido a que fue el encargado de dictar la sentencia de primera instancia a favor del burgomaestre cuencano.

Las denuncias electorales contra Cristian Zamora

El origen de este caso se remonta a junio de 2025, cuando Guarderas y Morales denunciaron al funcionario por infringir el artículo 278 del Código de la Democracia, el cual prohíbe a los servidores públicos inducir el voto hacia una preferencia electoral.

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Resoluciones de la primera instancia:

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Suspensión de derechos políticos y reelección

Este dictamen se suma a otra crisis legal que afronta la autoridad local. A finales de mayo de 2026, el alcalde fue sancionado por violencia política de género tras una denuncia de la concejal Diana González. Aunque la defensa de Zamora presentó un recurso, este 9 de junio de 2026 el TCE ratificó la suspensión de sus derechos políticos por seis meses, una medida que imposibilita de forma directa su participación para una eventual reelección en las elecciones seccionales de 2026.

Lo que debe saber

• El movimiento Revolución Ciudadana está suspendido por una sentencia del TCE y eso obliga a que la organización busque otro partido de cara a las seccionales. 
• El alcalde de Quito Pabel Muñoz no ha confirmado aún que será la carta del correísmo para las seccionales.
• Sobre su posible contendor, Jorge Yunda, el Alcalde de Quito dijo que era la verdadera apuesta del oficialismo. 

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre el proceso de su movimiento político de cara a las elecciones seccionales de 2026. No confirmó que su candidatura esté definida, aunque aseguró que cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos.

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Muñoz señaló que desconoce cuál será el movimiento político que los cobijará para los próximos comicios, tomando en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a la Revolución Ciudadana en medio de una investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por el denominado caso Caja Chica.

Hasta el momento se habla de al menos dos opciones: los movimientos Amigo y RETO. Sin embargo, la dirigencia de la organización política no ha confirmado cuál será el vehículo electoral que los auspiciará. Su presidenta, Gabriela Rivadeneira, afirmó el pasado domingo que ya cuentan con un partido de alcance nacional.

Pero, en entrevista con Ecuavisa, Muñoz fue consultado sobre si consideraba que el verdadero candidato del oficialismo era Jorge Yunda. Ante esa pregunta, el alcalde de Quito respondió: “Que yo pueda ser el candidato que represente esa reelección perfecto. Pero que pueda haber otra compañera o compañero que lo pueda hacer también de acuerdo”.

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También se refirió a las pugnas internas que surgieron entre varias autoridades locales militantes de la Revolución Ciudadana y la expresidenta del movimiento, Luisa González, así como con el propio Correa.

El alcalde de Quito aseguró que no se siente aludido por las críticas que en algún momento lanzó Correa, cuando afirmó que prefería perder gobiernos locales antes que contar con personas tibias. Además, recordó que acumula 19 años de militancia en el correísmo.

Pabel Muñoz y su percepción sobre Yunda

Respecto a una eventual candidatura, el burgomaestre dijo que no tiene ansiedad ni necesidad de encontrar un contradictor político. Sin embargo, afirmó: “La candidatura de Jorge Yunda es la verdadera y oficial que tiene el Gobierno”.

Hasta el momento, distintas encuestas ubican a Muñoz y a Yunda como los principales perfiles para disputar la Alcaldía de Quito. Desde el oficialismo aún no existe una candidatura definida, aunque se mencionó como precandidatas a la excanciller Gabriela Sommerfeld y a Giovana Ubidia.