Lo que debes saber

• John Reimberg confirmó que Ecuador no tendrá nuevo toque de queda.
• El Gobierno descartó renovar el estado de excepción este 1 de junio.
• Una nueva estrategia buscará combatir al crimen organizado sin restricciones.

El Gobierno descartó la posibilidad de aplicar un nuevo estado de excepción o extender las restricciones de movilidad que estuvieron vigentes en varias provincias del país como parte de las acciones contra el crimen organizado.

La declaración fue realizada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que la nueva fase de la estrategia de seguridad se ejecutará sin recurrir a medidas extraordinarias como el toque de queda.

Reimberg anuncia nuevo plan contra el crimen organizado

Las declaraciones se dieron este 1 de junio durante una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, luego de la presentación del proyecto de Ley Antimafias.

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Según explicó el funcionario, el Ejecutivo ya cuenta con un nuevo plan de seguridad diseñado para enfrentar a las estructuras criminales y este será presentado oficialmente durante una reunión prevista en Manabí con autoridades vinculadas al área de seguridad.

No se renovará el estado de excepción

Reimberg señaló que el Gobierno no tiene previsto renovar el estado de excepción que estuvo vigente en nueve provincias ni imponer nuevas restricciones de circulación para la ciudadanía.

La decisión marca un cambio respecto a los últimos meses, cuando el Ejecutivo aplicó estados de excepción y toques de queda en distintas zonas del país como parte de la respuesta frente al incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

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Las autoridades aseguran que continuarán los operativos

Aunque las restricciones finalizaron, el Ministerio del Interior sostiene que las operaciones de seguridad continuarán en todo el territorio nacional.

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En ocasiones anteriores, Reimberg ya había señalado que las fuerzas de seguridad cuentan con herramientas operativas y legales para intervenir contra organizaciones criminales sin necesidad de mantener de forma permanente medidas como el toque de queda.

La decisión se produce en un contexto en el que Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia asociados al narcotráfico, las economías ilegales y las disputas entre organizaciones criminales.

Durante los últimos meses, el Gobierno ha recurrido de manera recurrente a estados de excepción, despliegues militares y restricciones de movilidad en provincias consideradas estratégicas para las operaciones del crimen organizado.

Lo que debes saber

• Una corte de Florida permitió a José Serrano corregir su recurso judicial.
• El exfuncionario continúa detenido en un centro migratorio de Miami.
• La decisión no define su libertad, pero mantiene abierto el proceso.

El proceso judicial con el que el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, busca recuperar su libertad en Estados Unidos sigue en marcha. La Corte del Distrito Sur de Florida le permitió reformular su estrategia legal y mantener activo el litigio con el que cuestiona su detención migratoria.

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El político ecuatoriano permanece recluido en el centro de detención migratoria Krome, en Miami. Fue arrestado el 7 de agosto de 2025 por presuntamente haber excedido el tiempo de permanencia autorizado por su visa de turismo.

La causa enfrenta a Serrano con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el proceso, el exfuncionario presentó un recurso de hábeas corpus y una solicitud de medida cautelar urgente para impugnar la legalidad de su detención.

La Corte permite corregir el recurso

Sin embargo, la decisión emitida por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein no resuelve todavía el fondo del caso. Lo que hace es autorizar a Serrano a presentar una versión corregida de su petición de hábeas corpus para subsanar observaciones procesales identificadas previamente por la Corte.

En una etapa anterior, la magistratura había recomendado desestimar tanto el recurso como la solicitud de orden de restricción temporal por cuestiones de jurisdicción. Frente a ello, Serrano presentó objeciones, que posteriormente retiró para concentrarse en una nueva formulación de su demanda.

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Se reactiva el trámite judicial

La resolución dictada el lunes 1 de junio dejó sin efecto ese informe y recomendación previos, reactivando el trámite judicial. Además, autorizó la presentación de la petición enmendada.

Como consecuencia, la solicitud de orden de restricción temporal quedó sin efecto, pues estaba sustentada en la petición original que será reemplazada. La Corte fijó hasta el lunes 8 de junio de 2026 para que Serrano presente formalmente su nuevo recurso, tras lo cual las autoridades tendrán 14 días para responder.

La causa que enfrenta en Ecuador

Mientras tanto, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación contra Serrano por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Dentro de ese proceso, el exfuncionario enfrenta una orden de prisión preventiva.

Lo que debes saber

• Asamblea Nacional reactivó el grupo de mujeres tras superar una suspensión dictada por Niels Olsen en 2025.
• Correísmo y ADN chocaron por la presidencia del bloque parlamentario entre Paola Cabezas y Jhajaira Urresta.
• Tensión legislativa revivió cruces del pasado por violencia política de género y fiscalización de femicidios en Ecuador.

El grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Nacional se instaló formalmente este 1 de junio de 2026, tras superar una suspensión de casi un año ordenada en agosto de 2025 por el presidente del Legislativo, Niels Olsen. La reactivación de este espacio clave para la agenda de género estuvo marcada por fuertes enfrentamientos políticos entre las bancadas de ADN y la Revolución Ciudadana. Jhajaira Urresta fue designada presidenta y Keevin Gallardo (ADN) secretario del grupo.

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Disputa por la presidencia y acusaciones de neutralidad

El intento de consenso para elegir a las autoridades de la mesa evidenció la polarización entre el oficialismo y la oposición. La bancada del correísmo propuso a Paola Cabezas para presidir el grupo enfocado en la legislación de género. Sin embargo, los legisladores de ADN rechazaron la postulación argumentando que la asambleísta no mantiene una postura neutral para dirigir el espacio.

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Ante el bloqueo, la legisladora Lucía Pozo (ADN) impulsó el respaldo para que Jhajaira Urresta, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, asumiera la conducción del grupo parlamentario, dividiendo los criterios dentro de las tendencias de izquierda y el oficialismo. Luego, Keevin Gallardo, de ADN, fue designado secretario del grupo parlamentario.

Reclamos por suspensiones y deudas de fiscalización

La sesión inaugural escaló rápidamente en intensidad verbal. Las asambleístas de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán y Ana Herrera, fustigaron el retraso de las actividades legislativas y criticaron que el grupo de mujeres perdiera un año de gestión debido a las decisiones administrativas de la directiva. Según las legisladoras, tuvo que ocurrir un escenario de violencia política de género contra Paola Cabezas para que la administración de la Asamblea decidiera reactivar la mesa.

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Por su parte, Ana Belén Tapia, legisladora de ADN, defendió la gestión oficialista y aseguró que la reinstalación de la mesa legislativa respondió estrictamente al cumplimiento del procedimiento parlamentario por parte de Niels Olsen, descartando que se deba a presiones o coyunturas particulares de la oposición.

Además de la pugna por la directiva, el correísmo encarceló el debate al cuestionar el rol de Diana Jácome, integrante de este grupo y presidenta de la Comisión de Transparencia. La oposición reclamó que su mesa técnica no ha dado seguimiento al caso del femicidio de María Belén Bernal, una disposición que había sido previamente resuelta y aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional.

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Las fricciones vividas en la instalación del grupo parlamentario arrastran antecedentes directos de mediados de mayo de 2025. En ese periodo, un fuerte cruce de palabras entre el presidente Niels Olsen y la legisladora Paola Cabezas encendió las alarmas sobre el trato político en la institución.

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Lo que debes saber 

• La UNE cuestiona el nuevo acuerdo del Ministerio de Educación que permite actividades institucionales los sábados.
• El gremio asegura que la medida afecta derechos laborales y aumenta la carga de trabajo docente.
• Además, anunció acciones legales y movilizaciones para exigir la derogación de la normativa.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió la derogación inmediata del Acuerdo MinEduc-MinEduc-2026-00045-A, emitido por el Ministerio de Educación el 27 de mayo de 2026, al considerar que la disposición abre la puerta a la realización de actividades institucionales los sábados y vulnera derechos laborales del personal docente y administrativo.

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Según el gremio, la normativa establece lineamientos para el desarrollo de actividades complementarias institucionales dentro del cronograma escolar y dispone que estas puedan ejecutarse durante los fines de semana en instituciones fiscales de los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía a partir del año lectivo 2026-2027.

En un comunicado difundido este 1 de junio, la organización sostuvo que la medida representa una ampliación de la jornada laboral y cuestionó los mecanismos planteados para compensar el tiempo trabajado fuera del horario ordinario.

UNE cuestiona legalidad de actividades escolares los sábados

La UNE argumentó que el artículo 192 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece una jornada semanal de 40 horas para los docentes, distribuida de lunes a viernes, sin exceder ocho horas diarias.

Además, señaló que cualquier actividad adicional debe ser reconocida mediante el pago de horas extraordinarias o suplementarias, conforme a la normativa vigente.

"Alertamos que no existe norma jurídica que permita compensar el trabajo realizado los sábados mediante ‘días recompensables’, como establece el artículo 5 del mencionado acuerdo".Unión Nacional de Educadores 

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Docentes alertan sobre sobrecarga laboral y desgaste profesional

La organización también vinculó la medida con un proceso de acumulación de responsabilidades que, según afirma, ha afectado progresivamente las condiciones laborales del magisterio durante los últimos años.

El gremio sostuvo que la incorporación de múltiples actividades complementarias ha reducido el tiempo destinado a contenidos fundamentales dentro de las aulas y ahora busca trasladar parte de esas obligaciones hacia los fines de semana.

“Diversas investigaciones nacionales e internacionales han demostrado la creciente incidencia del estrés laboral y del síndrome de burnout en el magisterio”, señaló la organización.

UNE anuncia acciones legales y movilizaciones

La UNE también afirmó que los establecimientos educativos no cuentan con capacitación suficiente ni con los recursos necesarios para implementar las actividades complementarias previstas en el acuerdo ministerial.

De acuerdo con el comunicado, estas tareas deberían integrarse dentro de la jornada pedagógica ordinaria y no convertirse en una carga adicional para los trabajadores del sistema educativo.

"Nos declaramos en asamblea permanente y convocamos al magisterio nacional a participar en las acciones jurídicas y de movilización que emprenderemos en defensa de nuestros derechos y de la educación pública".Unión Nacional de Educadores

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Según la legisladora oficialista, la propuesta busca acompañar el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. 

“Se trata de una herramienta jurídica adicional para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que operan con mayor capacidad, recursos y redes cada vez más amplias”, afirmó.

Mancheno, en la entrega del proyecto al presidente del Legislativo, Niels Olsen, sostuvo que la dinámica del delito ha cambiado en Ecuador. “El crimen ya no actúa como un hecho aislado ni con un autor visible; ahora opera como una estructura que controla territorios, extorsiona, recluta, ocupa espacios, utiliza bienes inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo”, explicó.

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La legisladora reiteró que no se trata de hechos aislados cuando:

Entonces, según Mancheno, para el Estado no es un hecho aislado, sino un problema estructural, y no puede reducirse únicamente a la aprehensión de los delincuentes.

Sobre el sistema judicial, Mancheno dijo:

Mancheno también cuestionó la eficacia del sistema judicial. Indicó que en 2024 más de la mitad de los detenidos no permaneció en prisión, mientras que en 2025 uno de cada tres aprehendidos recibió medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva.

Esto le cuesta al Estado cuidar bienes incautados al crimen:

A ello se suma, dijo la oficialista, el costo de administrar los bienes incautados al crimen organizado. Actualmente, el Estado destina cerca de 2,2 millones de dólares a seguridad, custodia y seguros de estos activos. “Los ecuatorianos estamos pagando por mantener bajo resguardo bienes que estuvieron al servicio del delito”, señaló.

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El proyecto de Ley Antimafias, concluyó, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estas estructuras y evitar que el crimen siga afectando tanto la vida de la población como los recursos públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el proyecto de Ley Antimafias ha sido trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de “atacar de manera directa las estructuras del crimen organizado”. Según explicó, la propuesta busca facilitar la detención de quienes forman parte de estas redes y limitar el uso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en este tipo de casos.

Reimberg también se refirió al destino de los bienes incautados al crimen organizado. “Esos bienes deben ser de los ecuatorianos”, afirmó. Cuestionó que, tras cumplir sus condenas, algunos sentenciados reclamen la devolución de estos activos.

Las limitaciones del COIP

En el proyecto de Ley Antimafias se señala que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda la delincuencia organizada desde una perspectiva centrada en la autoría y las posiciones de mando. 

Sin embargo, no tipifica de manera autónoma ni con la precisión necesaria la pertenencia funcional o la membresía dentro de una organización criminal, lo que deja espacios de impunidad para quienes, sin ejercer liderazgo, sostienen operativamente estas redes.

Asimismo, el COIP no contempla tipos penales específicos que sancionen el reclutamiento de personas para organizaciones criminales ni la provisión de infraestructura física o logística destinada a su funcionamiento. Estas omisiones, según el proyecto, limitan la capacidad del Estado para intervenir en las fases clave de sostenimiento de las economías ilícitas.

Lo que debes saber

• El regreso de Lenín Moreno desafía a un sistema judicial ecuatoriano influenciado por el poder.
• Se analizan tres hipótesis: pactos políticos, el fin de su retiro o la defensa de su legado.
• Su figura reactiva la polarización correísmo-anticorreísmo que beneficia a Daniel Noboa.

El retorno de Lenín Boltaire Moreno Garcés al país no fue como el de otros políticos. No hubo, como con Velasco Ibarra, manifestaciones con pancartas que rezasen “todo el poder a Moreno”; ni bajó del cielo, como Bucaram, para ser abrazado por las masas congregadas en plena 29 y Oriente. No regresa tampoco como Arosemena Monroy, todavía con media vida por delante.

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El Ecuador que lo recibe tampoco es el país que admitió de vuelta a esos políticos, en épocas de incertidumbre, con regímenes recién caídos o ad portas de una elección presidencial que todos sabían sería duramente disputada entre varios candidatos competitivos.

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Lo que sí es parecido es su sistema judicial, que siempre ha sido susceptible a las influencias del poder político, usando sus sentencias como monedas de cambio para sacar o volver a meter al país a cualquiera, por más que hoy podría decirse que este ha tocado fondo en su nadir absoluto. Y Moreno retorna, precisamente, para plantar la cara ante esa justicia ecuatoriana.

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Pero, ¿qué gana con hacerlo? Un hombre que llevaba años cómodamente en el exilio, sin pedir colectas ni promover a algún movimiento político o delfín, ¿qué necesidad tiene de ponerse bajo la jurisdicción de nuestras cortes? Si su miedo es perder el caso, siempre podría jugar la carta de Mahuad, de Correa y de tantos otros ante una decisión adversa y decir lo evidente: que el sistema judicial ecuatoriano está corrompido. Podría añadirle el argumento de que con los brotes de tuberculosis en las cárceles, su infraestructura deteriorada y el historial de violencia dentro de ellas, su vida correría peligro. Si bien es cierto que su edad y condición de salud probablemente le ayudaría a conseguir una prisión domiciliaria en el hipotético caso de una condena, nada es seguro en este país en el que cada vez vemos más límites ser cruzados. Además, cualquiera preferiría seguir afuera y a sus anchas.

Tres hipótesis, aunque a estas alturas meras elucubraciones, podrían explicar esa actitud. Vale la pena explorarlas y medirlas contra el avance de los hechos.

Primera hipótesis: Moreno llegó a hundir a otros

La primera hipótesis es la siguiente: podría ser que Moreno haya regresado para salvar a unos a cambio de tratar de hundir a otros. No es difícil imaginarse a quién le beneficiaría un arreglo de ese tipo, sobre todo si vemos las páginas de otro diario (no digo leemos, porque la nueva gente a cargo se ha encargado de dejar bien claro con fotos y caricaturas quienes son los principales objetivos del poder en el caso) o si nos topamos con las publicaciones de los troles gobiernistas. Moreno, por más retirado que pueda estar de la política electoral, sabe que el poder del exiliado está en el entorno que lo auspicia y protege y, aunque poco tiene que temer afuera del país, no es un ermitaño que haya cortado todavía todo sus lazos con el país a nivel personal.

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Segunda hipótesis: Moreno busca una candidatura

La segunda, gira en torno a la idea, por más descabellada que pueda sonar, de que el hombre quiera interrumpir su retiro. Sí, Lenín Moreno ya va por los 73 años de edad. Si se lanzase a la alcaldía de la capital, como sugirió un tuitero, o a la presidencia, terminaría sus períodos siendo más viejo de lo que fue Sixto Durán Ballén cuando dejó Carondelet, pero, viendo hacia otros países, sería más joven aún que Biden, Trump o Balaguer.

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Sin duda hemos visto cosas tanto o más raras en el Ecuador. Además, la imagen de Moreno se ha suavizado un poco con los años, síntoma de un país de memoria corta y con una debilidad por los políticos con sentido del humor (Lenín es quizá el último exponente de la sal quiteña en la palestra pública). Pero no es necesario que el expresidente vaya tan lejos. Moreno como portaestandarte del anticorreísmo, estando cerca (pero no tanto) de algún candidato sin él mismo serlo, podría ser un valioso agente activo para mantener viva la polarización correísmo-anticorreísmo de la que tanto se ha servido el presidente Daniel Noboa para cerrarle el paso a cualquier alternativa de centro o derecha.

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Tercera hipótesis: Moreno y la defensa de su legado

Por supuesto, no podemos descartar algo que para muchos en esta sociedad podría ser todavía más increíble: que Moreno haya regresado no para defender su patrimonio o libertad, difíciles de alcanzar afuera del país, ni a sus allegados en el caso, sino para defender su legado. La vanidad ya ha lanzado a muchos hombres detrás de costosas aventuras. Si no lo creen, pregúntenle a quien ahora quiere ser, en sus palabras, el mejor expresidente del país o a esos incansables que se candidatizan y concursan para siempre perder, tan solo por no dejar de sentir el calor de las cámaras

Lo que debes saber

• El MSP desvinculó especialistas y técnicos durante su proceso de reestructuración nacional.
• Gremios alertan posibles efectos en la gestión de salud tras los ceses de personal.
• El Gobierno asegura que hospitales y centros de salud mantienen atención normal en Ecuador.

La reestructuración impulsada en el Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó a generar preocupación entre gremios médicos y trabajadores del sector tras la notificación de ceses de funciones a profesionales vinculados a distintas áreas especializadas de la institución.

Las desvinculaciones se registraron principalmente en dependencias del Viceministerio de Atención Integral en Salud, donde varios funcionarios recibieron notificaciones de cese durante los últimos días.

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¿Qué especialidades y áreas quedaron afectadas?

Entre los perfiles afectados constan especialistas relacionados con infraestructura sanitaria, equipamiento médico, control farmacológico, toxicología y atención primaria de salud.

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La situación generó inquietud debido a que varias de estas áreas cumplen funciones de planificación, supervisión y soporte técnico dentro de la red pública de salud, especialmente en temas relacionados con abastecimiento, vigilancia y gestión de servicios.

Frente a las críticas, el Ministerio de Salud sostuvo que la atención médica en hospitales y centros de salud continúa operando con normalidad en todo el país.

La entidad explicó que los cambios responden a un proceso de reorganización institucional y optimización de recursos, luego de identificar duplicidad de funciones dentro de algunas dependencias administrativas. Según el MSP, servicios como emergencias, consulta externa y cirugías programadas no han sido suspendidos.

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La reestructuración forma parte de un cambio nacional

Los ceses se producen en medio de una transformación más amplia de la estructura sanitaria del país. En febrero de 2026, el Gobierno dispuso eliminar las coordinaciones zonales y direcciones distritales para retornar a un modelo basado en direcciones provinciales.

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La medida reorganizó la administración del sistema de salud en 24 direcciones provinciales y más de un centenar de oficinas técnicas distribuidas en el territorio nacional. Según las autoridades, el objetivo es agilizar procesos y fortalecer la gestión local.

Hasta el momento no se ha informado públicamente el número total de funcionarios desvinculados ni el impacto que los cambios podrían tener en áreas específicas del sistema sanitario.

Los puntos claves

• La Comisión de Mesa prevé reunirse la tarde de este 1 de junio para resolver la apertura formal del periodo de pruebas dentro del proceso de remoción de Aquiles Álvarez.
• Los 10 días hábiles de la fase probatoria aún no han comenzado, ya que primero debe emitirse una resolución y notificarse oficialmente a las partes.
• Arturo Escala afirmó que el debido proceso y el derecho a la defensa están garantizados durante todas las etapas del procedimiento. 

El proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, todavía no entra en su etapa de pruebas, pese a que el procedimiento ya se encamina hacia esa fase dentro del Concejo cantonal, según ha dado a conocer el presidente de la Comisión de Mesa, Arturo Escala.

A decir de Escala, el inicio del periodo probatorio no es automático y depende de un paso previo obligatorio: la emisión de una resolución formal y su posterior notificación a las partes involucradas.

Solo cuando esa notificación se concrete comenzará a correr el plazo de diez días hábiles establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según Escala, este punto define el arranque real del proceso.

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“Cuando se abre el término de prueba, todo corre desde que se notifica”, ha señalado el concejal, al insistir en que hasta ese momento el procedimiento no puede considerarse activo en esa fase.

En ese contexto, la Comisión tiene previsto reunirse este lunes 1 de junio por la tarde para analizar la documentación del expediente y definir la resolución que permitirá habilitar la etapa probatoria. Escala ha recalcado que existe consenso entre los integrantes del organismo para continuar el trámite conforme a la normativa vigente.

El concejal también ha sido enfático en que el proceso se desarrolla bajo garantías legales. “El debido proceso está garantizado”, ha reiterado, al defender la actuación de la Comisión frente a observaciones externas.

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Notificación en el centro del debate

En paralelo al avance administrativo del caso, persisten cuestionamientos sobre la notificación realizada al alcalde mientras se encontraba privado de libertad.

De acuerdo con información del SNAI, el pasado 14 de mayo de 2026, en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, Aquiles Álvarez habría sido notificado dentro del centro de privación de libertad, pero se negó a firmar el documento.

Según el organismo, que respondió a un pedido de información realizado por la concejala Ana Chóez sobre cómo se efectuó la notificación al alcalde dentro del proceso de remoción, el procedimiento se ejecutó con acceso completo para el funcionario encargado de la diligencia y sin restricciones para la defensa técnica del alcalde. También se indicó que no hubo impedimentos para la comunicación con sus abogados ni con su entorno familiar.

El SNAI además respondió a consultas sobre el protocolo aplicado en este tipo de notificaciones, asegurando que se respetaron las garantías del debido proceso.

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Pedido de veeduría ciudadana

En medio del escenario político y administrativo, la concejala Ana Chóez planteó la posibilidad de conformar una veeduría ciudadana que supervise el desarrollo del proceso de remoción.

Su propuesta busca reforzar la transparencia del trámite y acompañar la evolución de un caso que se mantiene bajo alta atención pública en Guayaquil.

La edil hizo cinco consultas al SNAI:

Lo que debes saber

• José Nango es denunciado por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral
• Juez Ángel Torres fijó para julio la audiencia oral única de pruebas y alegatos.
• La sanción puede ser desde una multa económica hasta la suspensión de los derechos de participación.

El Tribunal Contencioso Electoral admitió la denuncia contra el asambleísta José Nango por presunta violencia política de género. La acusación formal fue formulada por Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano, tras declaraciones públicas del legislador que presuntamente menoscaban y desacreditan el rol de las mujeres en la fiscalización y la participación pública. El juez de la causa ya determinó la fecha para la audiencia única de pruebas.

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El origen de la demanda contra José Nango

La abogada Mónica Jaramillo sustentó la acción jurídica en una entrevista donde el legislador de Pastaza afirmó que ella "vive de chismes y cuentos". De acuerdo con la denunciante, estas expresiones configuran un ataque que busca deslegitimar el derecho de las mujeres a opinar sobre asuntos de interés público.

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El juez electoral Ángel Torres asumió el caso tras el sorteo de ley. Como primera medida, el magistrado admitió a trámite la denuncia y convocó oficialmente a las partes involucradas a la audiencia oral única de pruebas y alegatos, fijada para el 22 de julio de 2026.

¿Cuáles son las sanciones por violencia política de género?

La legislación ecuatoriana califica este acto como una infracción electoral muy grave dentro de la Ley Electoral. Las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 279 de dicho cuerpo legal incluyen penalizaciones severas para las autoridades o ciudadanos responsables:

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Lo que debes saber:

• Iván Cepeda vence en Nariño y Putumayo con más del 68% de votos.
• Daniel Noboa eliminó aranceles a Colombia a tres días de comicios.
• Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

A pesar de la activa participación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la recta final de la campaña presidencial colombiana a favor de Abelardo de la Espriella, los resultados electorales en los departamentos que limitan con Ecuador muestran un panorama de rechazo a dicha estrategia.

En Nariño y Putumayo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, obtuvo victorias contundentes, superando ampliamente a De la Espriella. Esto, pese a que el candidato de extrema derecha ganó en el resultado final con un 43,74 por ciento de los votos.

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En el departamento de Nariño, Cepeda arrasó con 472.845 votos (68,54 %), mientras que De la Espriella solo alcanzó el 21,47 % (148.120 votos).

Una tendencia similar se registró en Putumayo, donde el candidato de izquierda obtuvo el 71,36 % (94.416 votos) frente a un reducido 18,96 % (25.087 votos) de su contendiente.

El fallido efecto del "acuerdo" arancelario

A solo tres días de los comicios, el presidente Noboa anunció desde su cuenta de X que, tras alcanzar un acuerdo con Abelardo de la Espriella, dispuso eliminar la "tasa de seguridad" aplicada a los productos colombianos a partir del 1 de junio.

Dicha tasa, que Noboa justificó por la supuesta falta de voluntad del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen en la frontera, había escalado del 30 % al 100 % en pocos meses.

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De la Espriella calificó el fin de estos aranceles como una "gran noticia para el suroccidente colombiano" y para ambos países, prometiendo un "frente común contra los narcoterroristas". Además, lo usó con un logro político de su campaña.

Sin embargo, el electorado de estas zonas fronterizas parece haber sintonizado más con la postura del Ejecutivo colombiano.

El presidente Gustavo Petro sostuvo que la medida de Noboa fue un "error" que afectó la economía del sur del país y que su eliminación no fue una gestión política, sino el cumplimiento de una orden de la Comunidad Andina (CAN).

Rechazo a la "injerencia electoral"

La Cancillería de Colombia calificó las acciones de Noboa como una "deliberada injerencia en el proceso electoral" y una vulneración al principio de no intervención y a la soberanía nacional.

Por su parte, Iván Cepeda acusó directamente al mandatario ecuatoriano de intervenir en los comicios colombianos en coordinación con De la Espriella.

Pese a los resultados en la frontera, Daniel Noboa felicitó este domingo a De la Espriella por su desempeño nacional y le deseó éxitos en la segunda vuelta, afirmando que "ser mal perdedor es algo contagioso", en alusión a las críticas de Rafael Correa y el sector petrista.

El duelo definitivo por la presidencia se llevará a cabo el próximo 21 de junio, con un suroccidente colombiano que, por ahora, ha dejado claro su respaldo a Iván Cepeda.

Esto debes saber

• El TCE redujo de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación de Javier Pincay.
• La defensa sostiene que la sanción ya fue cumplida porque la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023.
• La decisión acerca al alcalde de Portoviejo a una eventual participación en las elecciones de noviembre de 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió reducir de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra, tras aplicar el principio constitucional de favorabilidad.

La decisión consta en una resolución emitida el 29 de mayo por el juez electoral Joaquín Viteri Llanga, en la que se dispone modular la sanción impuesta al burgomaestre conforme a lo establecido en el vigente artículo 279 del Código de la Democracia. En el documento se determina que la suspensión de los derechos de participación de Pincay será de seis meses.

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La sanción se remonta a 2023, cuando el Tribunal Contencioso Electoral determinó que Javier Pincay incurrió en una infracción electoral grave al no asistir al debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña para las elecciones seccionales. Como consecuencia, el organismo dispuso la suspensión de sus derechos de participación política, una decisión que posteriormente generó diversos recursos y acciones legales por parte de su defensa.

La resolución del TCE

En el fallo, el juez Viteri aclara que la reducción de la sanción no implica determinar automáticamente su cumplimiento. “La sanción de suspensión de los derechos de participación continúa vigente hasta que el infractor remita la documentación que sustente su ejecución, lo cual será comunicado a las autoridades competentes”, señala la resolución.

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Con esta decisión, la sanción queda considerablemente disminuida respecto a la establecida inicialmente, modificando el escenario político del alcalde de cara a futuros procesos electorales.

Lo que dice la defensa de Pincay

Según explicó su defensa, a través del abogado Roosvelt Cedeño, el período de suspensión ya habría sido cumplido, tomando en cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023. Por ello, consideran que corresponde la restitución de los derechos políticos del alcalde.

La defensa de Pincay sostiene además que mantener restricciones una vez vencido el plazo determinado por la nueva resolución podría representar una afectación a derechos constitucionales relacionados con la participación democrática. 

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La resolución del organismo electoral acerca nuevamente al alcalde portovejense a la posibilidad de intervenir en el proceso electoral previsto para noviembre de 2026, aunque aún restan trámites para formalizar la restitución de sus derechos.

El fallo marca un nuevo capítulo dentro de un caso que ha mantenido en expectativa al escenario político de Portoviejo y de Manabí durante los últimos años, debido a las implicaciones que tiene para el futuro político de una de las principales autoridades electas de la provincia.

Lo que debes saber

• Las muertes de presos en la Cárcel del Encuentro reavivan las alertas por tuberculosis y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios de Ecuador. 
• Expertos advierten que la falta de diagnóstico oportuno y tratamientos continuos puede agravar los contagios. 
• Mientras las autoridades descartan un brote, familiares denuncian una crisis sanitaria dentro de los pabellones.

Las recientes muertes de personas privadas de la libertad en la cárcel del Encuentro bajo la sospecha de tuberculosis y las denuncias de las condiciones precarias en que viven dentro del penal ha levantado la preocupación de sus familiares por desconocer la real situación de salud de sus seres queridos.

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Para el doctor Alberto Piubello, médico italiano con 35 años de experiencia en salud pública, especialista en tuberculosis y tuberculosis multidrogorresistente, asesor médico de la Fundación Damien y experto del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, estas preocupaciones tienen sustento cuando coinciden hacinamiento, ventilación deficiente, diagnóstico tardío y acceso limitado a servicios de salud. Según explica, en muchos sistemas penitenciarios la transmisión de la enfermedad ya suele haberse extendido ampliamente cuando aparecen los primeros casos detectados.

En abril de 2025 ya se registraban falencias. Ese mes, el día 22, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) realizó una visita en la Penitenciaría, gracias a una disposición judicial emitida a partir de una medida cautelar presentada por la institución.

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En su informe de aquella inspección, el CDH destacó que el pabellón 7 albergaba a 531 presos “con diagnóstico confirmado de tuberculosis”, quienes “no recibieron tratamiento médico adecuado durante los últimos tres meses”. También reportó que en las alas 3 y 4 del pabellón “se evidenció la presencia de heces de roedores o murciélagos”.

En el pabellón 8, en algunas alas, “cada celda está ocupada por un promedio de 9 personas, a pesar de contar solo con 3 camas disponibles”.

El informe también revela que según el personal médico del Ministerio de Salud presente en el policlínico, uniformados de las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en la cárcel “no permitían el ingreso de los médicos para suministrar medicamentos” desde hace más de cuatro meses.

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Hacinamiento, falta de medicamentos y obstáculos para la atención médica

Piubello considera que este tipo de escenarios dificulta el control de la enfermedad. Explica que uno de los principales desafíos es el diagnóstico tardío, pues en muchos sistemas penitenciarios no existen tamizajes sistemáticos al ingreso de los internos, además de que suele ser limitado el acceso a radiografías de tórax, pruebas moleculares rápidas y otros exámenes especializados. A ello se suman los constantes traslados de personas privadas de libertad, que pueden dificultar tanto el diagnóstico como la continuidad de los tratamientos.

En febrero de 2026, el CDH realizó una nueva visita a esa cárcel, igualmente permitida a partir de un fallo judicial. Allí se constató el funcionamiento de un nuevo policlínico con cierto abastecimiento de medicamentos, en donde se atendía a 10 reos en camillas.

En el pabellón 7 se evidenció una situación de hacinamiento. Además, conocieron que en el establecimiento había una mala distribución de raciones alimenticias, pues algunos internos no recibían las mismas porciones y a otros no se las daban.

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Nuevo policlínico, pero persisten denuncias sobre la atención sanitaria

Al final de ese recorrido se valoró positivamente que con la habilitación de dicho policlínico, mejoró la atención en salud a los internos. Pero según Navarrete, varios presos señalaron que la dotación de medicinas no era constante.

Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, asegura que en los pabellones aún existen malas condiciones: colchones sucios, tarrinas y fundas con restos de comida, así como una escasa o nula ventilación.

El doctor Piubello advierte que la interrupción de los tratamientos prolonga el periodo de contagio y favorece la aparición de formas resistentes de tuberculosis, consideradas entre los mayores desafíos para los sistemas de salud. Añade que para contener eficazmente un brote son indispensables un diagnóstico temprano, tratamiento continuo, disponibilidad garantizada de medicamentos y seguimiento permanente de los pacientes, especialmente durante los traslados.

Expertos alertan sobre el riesgo de tuberculosis resistente

En la rendición de cuentas del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) concerniente al año 2025, efectuada en abril de 2026, se informó que en cuanto a salud, más de 10.769 presos recibieron atención integral y además se inauguró el policlínico intramuros en Guayas.

Previamente, en febrero de 2026, en una rueda de prensa realizada en Quito, el Ministerio de Salud informó que 2.649 reos padecen tuberculosis y se indicó que permanentemente se aplican tamizajes y tratamientos.

En mayo de este año, los fallecimientos de al menos tres presos en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, quienes tuvieron complicaciones en su estado de salud, generaron nuevamente preocupación por la situación sanitaria en los centros de reclusión por los casos de tuberculosis.

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Casos de tuberculosis en cárceles mantienen la preocupación sanitaria

El SNAI, en un comunicado emitido el jueves 28 de mayo, indicó que en ese establecimiento “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis”. También aseguró que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se realizan acciones permanentes de vigilancia sanitaria y seguimiento clínico en las cárceles.

Piubello recuerda que las cárceles no son espacios aislados. El flujo constante de internos, funcionarios, personal médico, visitas y personas que recuperan su libertad hace que la tuberculosis no controlada pueda convertirse también en un problema para la comunidad.

Por ello advierte que los brotes en prisión pueden contribuir significativamente a la transmisión de la enfermedad fuera de las cárceles y favorecer la permanencia de cepas resistentes.

Lo que debes saber

• Unidad Popular entregó 206.000 afiliaciones certificadas en más de 7.000 fojas al TCE.
• Militantes piden audiencia a jueza Ivonne Coloma por presuntas ilegalidades de Diana Atamaint.
• Unidad Popular exige al TCE anular la cancelación de su partido político en Ecuador.

El partido político Unidad Popular presentó formalmente una solicitud de nulidad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para frenar la cancelación de su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas de Ecuador. El director del partido, Geovanni Atarihuana, entregó el registro certificado de 206.000 afiliados distribuidos en más de 7.000 fojas para demostrar que la militancia se mantiene activa y vigente. Los dirigentes aseguran que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no posee sustento legal ni pruebas técnicas sobre una supuesta disminución de miembros, señalando además que el organismo actuó fuera del plazo de 120 días establecido por la ley.

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Las pruebas de afiliación entregadas al TCE

Los representantes de la organización política enfatizaron que el volumen de militantes presentados cumple con creces los requisitos de ley. Según los voceros, las firmas en mención pasaron previamente por filtros rigurosos de control antes de ser validadas de forma oficial.

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Argumentos de la defensa de Unidad Popular:

"No tienen la prueba respecto al número y la disminución de afiliados. Actuaron fuera del tiempo legal establecido de 120 días", sostiene el equipo jurídico de la organización.

Exigen audiencia de estrados a Ivonne Coloma

La directiva del partido solicitó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, Ivonne Coloma, la apertura de un espacio de comparecencia oral. El objetivo de la defensa es exponer detalladamente las presuntas infracciones cometidas durante el proceso administrativo de cancelación.

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El equipo legal argumenta que se vulneró el derecho constitucional a la defensa y acusa de aparentes ilegalidades a la titular del CNE y a dos consejeros suplentes. Con esta acción buscan que el pleno de magistrados ordene la permanencia definitiva de la agrupación dentro de la papeleta electoral.

Lo que debes saber

• El IESS destinó $7 millones para adquirir medicamentos de alta especialidad destinados a enfermedades catastróficas y raras.
• La compra incluye 1.942 unidades de fármacos biológicos para patologías como esclerosis múltiple, Crohn y psoriasis.
• Además, 87 unidades médicas recibirán medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que destinó $7 millones para la adquisición de medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades catastróficas y raras. La medida busca fortalecer la atención de los afiliados y garantizar la continuidad de terapias de alta complejidad en la red hospitalaria de la institución.

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De acuerdo con la entidad, la inversión permitió la compra de tres tipos de medicamentos especializados que serán utilizados en tratamientos de patologías consideradas de alto costo y que requieren abastecimiento permanente para evitar interrupciones en la atención médica.

Según el boletín oficial, parte de estos recursos se destinó a la adquisición de 1.942 unidades de medicamentos biológicos, considerados esenciales para pacientes que enfrentan enfermedades de difícil manejo clínico.

Medicamentos para esclerosis múltiple, Crohn y psoriasis

Los fármacos adquiridos están destinados al tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn y la psoriasis moderada a grave. Estas patologías requieren tratamientos continuos y seguimiento especializado debido a su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

El IESS indicó que estos medicamentos serán distribuidos en hospitales de tercer nivel de la institución, donde se concentran los servicios de atención para enfermedades complejas y de alta especialidad.

La entidad señaló además que el abastecimiento permitirá mantener una cobertura continua y un stock asegurado para los próximos 12 meses, con el objetivo de evitar desabastecimientos en las unidades médicas que atienden estos casos.

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Abastecimiento llegará a 87 unidades médicas

Como parte de la estrategia institucional, el IESS también informó sobre un proceso de optimización y recuperación de entregas relacionadas con órdenes de compra pendientes.

El IESS prevé abastecer a 87 unidades médicas con seis tipos de medicamentos de alta rotación utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Entre las patologías que serán atendidas con estos insumos constan la diabetes y la hipertensión, dos de las enfermedades con mayor demanda de medicamentos dentro del sistema público de salud.

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Mientras llegan medicamentos, pacientes esperan tratamientos pendientes

Sin embargo, el anuncio sobre nuevas adquisiciones de medicamentos contrasta con la situación que enfrentan algunos pacientes que aún esperan la entrega de tratamientos ordenados por la justicia. Uno de esos casos es el de Manuel Castillo, de 55 años, quien padece amiloidosis hereditaria, una enfermedad rara, progresiva y potencialmente mortal.

Castillo obtuvo una acción de protección el 27 de enero de 2025 que obligó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a entregarle el medicamento prescrito en un plazo de tres meses. No obstante, hasta el 31 de mayo de 2026, la disposición judicial no se ha cumplido y la adquisición del fármaco continúa pendiente, según denuncia su familia.

Mientras el IESS informa sobre inversiones millonarias para fortalecer el abastecimiento de medicamentos, los familiares de Castillo aseguran que permanecen en la incertidumbre. Afirman que han recibido información contradictoria sobre la compra del tratamiento y sostienen que, más de un año después del fallo judicial, el paciente sigue sin recibir el medicamento que necesita para frenar el avance de la enfermedad.

Lo que debes saber

• Asamblea definirá comisión para informe de Daniel Noboa.
• El Informe a la Nación se realizó el 24 de mayo de 2026.
• La cantonización de Borbón pasará por su primer debate.

La Asamblea Nacional de Ecuador definirá la comisión especializada encargada de evaluar el Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, presentado el pasado 24 de mayo de 2026. Según la convocatoria oficial, el Legislativo de Ecuador se instalará en sesión este 2 de junio de 2026 a las 11:00, ubicando este trámite como el último punto del orden del día.

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El primer mandatario expuso sus líneas de gestión anual ante el Pleno sin la presencia de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuyos asambleístas abandonaron la sala por discrepancias políticas con el Ejecutivo. El análisis técnico y político de este documento determinará el avance de los compromisos gubernamentales en el periodo fiscal correspondiente.

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Proyectos de ley y cantonización en la agenda legislativa

Además del control político al informe presidencial, los parlamentarios debatirán proyectos normativos que impactan directamente a la organización territorial y al sector cultural del país.

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Primer debate para la creación del cantón Borbón

El Pleno de la Asamblea Nacional abrirá el primer debate del proyecto de ley que busca la creación del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas. El origen de este proyecto responde al mandato de una consulta popular efectuada en 2025, donde la ciudadanía de dicha localidad votó a favor de su autonomía administrativa.

Ley de la Industria Audiovisual a votación

La jornada legislativa incluirá el conocimiento y resolución del informe para segundo debate de la Ley Orgánica de la Industria Audiovisual. La Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), recomendó formalmente el archivo del proyecto de ley, decisión que deberá ser ratificada o rechazada por la mayoría de los legisladores.

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Puntos clave del orden del día en la Asamblea Nacional

Lo que debes saber

• Un total de 43.300 colombianos se registraron para sufragar en Ecuador a través de 29 mesas distribuidas en seis consulados; Quito es la ciudad con mayor peso electoral al registrar 19.600 votantes.
  
• Los residentes en el exterior destacan que el ejercicio del voto representa un compromiso ciudadano y un nexo directo con el futuro de sus familias en Colombia.

Un total de 43.300 colombianos habilitados para votar en Ecuador asisten este domingo a las urnas con el fin de elegir al nuevo presidente de su país. El proceso electoral transcurre en 29 mesas de votación distribuidas en seis consulados a escala nacional, bajo la supervisión de las autoridades diplomáticas.

La cónsul general de Colombia, Paula Andrea Perdomo, ratificó el despliegue logístico en las sedes de Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja, Santo Domingo, Quito y Guayaquil. La mayor concentración de electores se registra en la capital ecuatoriana, donde 19.600 personas constan en el padrón electoral y acuden a la embajada para consignar su voto.

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Los sufragantes destacan la relevancia de formar parte de las decisiones democráticas a pesar de la distancia geográfica. Para Darío Rodríguez, quien reside desde hace 28 años en Ecuador, esta jornada representa una oportunidad para el progreso de su nación de origen. El ciudadano manifestó su expectativa de que Colombia tome un rumbo positivo a partir de estos comicios.

Por su parte, Érika Nuñez, residente en territorio ecuatoriano desde hace 12 años, calificó al sufragio como un compromiso ciudadano. "Uno puede estar lejos, pero siempre está conectado y al tanto de lo que pasa".

El vínculo con las familias de origen

El interés por la situación política y social de Colombia se fundamenta también en los lazos familiares que los votantes mantienen en su patria. Catalina Vargas, quien vive hace 16 años en Ecuador, enfatizó que la participación desde el exterior es vital debido a que los resultados afectan de manera directa a sus familias. "Es importante votar aunque estemos fuera del país, porque nos interesa lo que esté pasando y porque tenemos parientes allá".

La afluencia de votantes a la delegación diplomática en Quito es continua. Los ciudadanos ingresan de forma ordenada a las instalaciones con la presentación de su documento de identidad original para efectuar el proceso.

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Logística y cierre de las mesas

Los recintos electorales atienden al público desde el lunes 25 de mayo. El personal de los consulados gestiona las filas de acceso con el propósito de agilitar el flujo de personas y evitar aglomeraciones en los exteriores de los edificios.

Una vez finalizado el tiempo de votación, los jurados de mesa realizarán el conteo oficial de los sufragios. Los datos se remitirán de forma inmediata a la central de Bogotá para el cómputo global que determinará al próximo mandatario.

Lo que debes saber

• La justicia española analiza este lunes la extradición de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, considerado líder de Los Lobos y requerido por Ecuador para cumplir una condena de 16 años de prisión.
• El procesado también enfrenta un pedido de entrega de Estados Unidos por un presunto intento de tráfico de cinco toneladas de cocaína.
• Durante el proceso, 'Pipo' volvió a lanzar acusaciones contra el presidente Daniel Noboa por el crimen de Fernando Villavicencio, aunque sin presentar pruebas.

La Audiencia Nacional española estudia este lunes 1 de junio en una vista la petición de extradición del presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alías 'Pipo', reclamado en su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios, hechos por los que la Fiscalía no se opone a la entrega.

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Además de la reclamación de Ecuador, 'Pipo' tiene pendiente que se resuelva la petición de entrega que hizo recientemente Estados Unidos, que le atribuye un presunto intento de introducir en ese país cinco toneladas de cocaína.

Wilmer Chavarría, considerado el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, fue capturado en noviembre del 2025 en Málaga (sur de España), a donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer, se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Alias ‘Pipo’ también es requerido por Estados Unidos

Desde entonces espera en la cárcel de Zuera, en Zaragoza (noreste), a que se resuelva la petición de extradición formulada por Ecuador, a la que en suma ahora la de los Estados Unidos.

El pasado 25 de febrero, en una comparecencia en Zaragoza a petición de la Fiscalía ecuatoriana en el marco de su petición de extradición, 'Pipo' acusó al presidente Daniel Noboa de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar con drogas, aunque no aportó pruebas.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

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Las acusaciones sin pruebas que reiterará en la audiencia

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, Chavarría reiterará esas acusaciones en la vista del lunes.

La petición de extradición de Ecuador corresponde al asalto, en la mañana del 3 de julio de 2010, a una sucursal bancaria, de la que se sustrajeron 38.000 dólares.

Los empleados del banco se encontraban en el interior, cuando escucharon golpes en la puerta exterior y uno de los guardias de seguridad preguntó quién llamaba. Una voz respondió: "el sargento Chicaizan, supervisor de guardias".

El asalto bancario que derivó en una condena de 16 años

El guardia de seguridad abrió y en ese momento irrumpieron tres hombres con armas de fuego, entre ellos Wilmer Chavarría, y tras amenazar a los empleados con las armas cogieron el dinero y huyeron.

En ese trayecto resultaron heridos algunos transeúntes y cuando el vehículo de los asaltantes fue embestido por un patrullero policial se produjo un tiroteo con dos muertos y otros dos heridos, uno de los cuales falleció con posterioridad. Tras el enfrentamiento la Policía detuvo a los partícipes en el asalto, entre ellos, Wilmer Chavarría.

'Pipo' fue condenado por estos hechos a 25 años de prisión, pena que se redujo en una instancia superior a 16 años.

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Fiscalía española considera viable la extradición

La Fiscalía considera que se dan los requisitos legales para acceder a la extradición y señala que el delito de robo con muerte está castigado en Ecuador con una pena de 16 a 25 años de prisión, y en España el robo violento en establecimiento público con empleo de armas puede llegar a los 20 años de prisión.

La Fiscalía observa que si bien no consta el momento en que el reclamado quebrantó su condena, aun cuando fuera el mismo día en que comenzó a ejecutarse la misma, el 21 de junio de 2012, la pena no prescribiría hasta el 20 de junio de 2028, y la pena por la que fue condenado no prescribiría en España hasta pasados 25 años, lo que se cumpliría en 2037.

Lo que debes saber

• Javier Pincay interpone recurso en el TCE tras rechazo del CNE.
• Ivonne Coloma tramita apelación y exige aclarar el recurso.
• CNE defiende vigencia de la suspensión de derechos políticos.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ratificó la suspensión de sus derechos políticos y rechazó la impugnación a la actualización del padrón electoral.

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El TCE analiza la apelación de Javier Pincay

El expediente detalla que el primer personero municipal interpuso la acción jurídica el 27 de mayo de 2026. El trámite se asignó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, la jueza Ivonne Coloma.

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La magistrada dictaminó un plazo de dos días para que el burgomaestre aclare y complete los fundamentos de su comparecencia de forma precisa.

De igual manera, el Consejo Nacional Electoral dispone del mismo tiempo para remitir el expediente íntegro, complementado con los informes técnicos y jurídicos que sustentaron la negativa inicial al funcionario.

La postura del CNE sobre el registro electoral

La pugna legal sumó un capítulo determinante el 25 de mayo de 2026, fecha en la que el pleno del CNE rechazó el reclamo del alcalde y validó la vigencia de la sanción en la base de datos electoral.

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La actualización del padrón se ejecutó de forma oficial el pasado 20 de mayo de 2026, en cumplimiento directo de las disposiciones emitidas por el TCE y el Ministerio del Trabajo. Dicho dictamen ratifica que la penalización impuesta en el año 2023 se mantiene pendiente de ejecución.

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Argumentos de la defensa técnica de Pincay

Por su parte, la defensa de Pincay sostiene lineamientos contrarios a la ejecución del organismo electoral:

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"No hay argumento que implique que por un juez el CNE ejecute algo que es evidentemente irracional. La sanción es de dos años y en sus registros estuvo suspendido dos años", señaló Cedeño.

Lo que debes saber 

• La Asamblea analiza una ley que regularía por primera vez los sistemas de videovigilancia en Ecuador. 
• El proyecto define quién puede acceder a las grabaciones y cómo se protegerán los datos personales. 
• También plantea la creación de un sistema nacional coordinado entre entidades públicas y privadas.

La Asamblea Nacional comenzó el tratamiento de un proyecto que podría cambiar la forma en que funcionan las cámaras de seguridad en Ecuador. La iniciativa plantea crear una normativa específica para regular los sistemas de videovigilancia públicos y privados, un ámbito que actualmente no cuenta con una legislación integral.

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El proyecto fue conocido por la Comisión de Seguridad Integral tras su calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La propuesta busca establecer reglas sobre instalación, monitoreo, intercambio de información y protección de datos relacionados con las grabaciones.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, señaló:

“Los proyectos de ley relacionados con la seguridad nacional deben ser tratados con la seriedad y responsabilidad que demandan”, manifestó la legisladora.Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral

¿Qué propone la nueva ley de videovigilancia?

Uno de los cambios más importantes es la creación de un Sistema Nacional de Videovigilancia que conecte a las instituciones públicas y a los operadores privados bajo una misma estructura de coordinación.

La propuesta establece que el Ministerio del Interior sea el ente rector de este sistema, mientras que el ECU 911 asumiría las tareas técnicas y operativas relacionadas con el monitoreo y la interoperabilidad.

Según el proyecto, también formarían parte del sistema:

¿Quién podrá acceder a las grabaciones?

Uno de los aspectos centrales del proyecto es definir cuándo las imágenes podrán ser compartidas o entregadas a las autoridades.

La iniciativa plantea que el acceso a las grabaciones solo sea posible en circunstancias determinadas por la ley, con mecanismos que permitan registrar cada consulta realizada.

Entre los casos contemplados están:

La propuesta señala que cada acceso deberá quedar documentado para garantizar trazabilidad y control sobre el uso de la información.

Protección de datos y privacidad

El proyecto incorpora disposiciones para evitar el uso indebido de imágenes captadas por cámaras de vigilancia y reforzar la protección de los derechos ciudadanos.

Para ello se incluyen principios como:

Estos criterios buscan establecer límites sobre la recopilación y almacenamiento de imágenes, especialmente cuando involucren información personal de los ciudadanos.

Las leyes que también serían modificadas

La iniciativa no se limita a crear nuevas reglas para las cámaras de seguridad. El texto propone reformas a varias normas vigentes para articular un sistema nacional de videovigilancia.

Entre ellas figuran:

Con estos cambios, la Asamblea busca abrir el debate sobre un modelo de videovigilancia que combine herramientas de seguridad con garantías para la privacidad y el manejo responsable de la información.

Lo que debes saber 

El presidente Daniel Noboa asignó una nueva responsabilidad a la vicepresidenta María José Pinto González Artigas. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 396, suscrito el 28 de mayo de 2026, la segunda mandataria fue designada como delegada permanente del Presidente de la República ante el Comité Nacional de la Primera Infancia.

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La decisión se oficializó un mes después de que Pinto dejara el Ministerio de Salud Pública, cartera que dirigió desde noviembre de 2025. Durante su paso por la institución asumió la tarea de evaluar el estado del sistema sanitario y acelerar los mecanismos de compra de medicamentos e insumos para la red pública.

El nuevo encargo la ubica nuevamente en un ámbito en el que ya venía trabajando desde el inicio del actual Gobierno. En decretos previos, el Ejecutivo le había delegado la articulación de políticas relacionadas con primera infancia y desnutrición crónica infantil, competencias que ahora se fortalecen con su participación directa en el organismo nacional encargado de coordinar estas acciones.

Comité Nacional de la Primera Infancia: las funciones que asumirá Pinto

De acuerdo con el decreto, María José Pinto actuará como representante permanente del Presidente dentro del Comité Nacional de la Primera Infancia, una instancia creada por la Ley Orgánica de Primera Infancia para coordinar políticas públicas dirigidas a niños y niñas en sus primeros años de vida.

La normativa establece que este comité tiene entre sus atribuciones aprobar el Plan Nacional de Primera Infancia, evaluar anualmente su implementación, definir estándares para los prestadores de servicios y revisar los avances de los programas orientados a este grupo poblacional.

En los considerandos del documento, el Gobierno señala que la medida busca garantizar la implementación efectiva de las políticas públicas vinculadas a la primera infancia mediante una coordinación interinstitucional de alto nivel.

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Pinto llegó al Ministerio de Salud después de la salida de Jimmy Martin, quien posteriormente pasó a desempeñar funciones de asesoría dentro de la Vicepresidencia de la República. Al asumir el cargo, la funcionaria anunció que elaboraría un diagnóstico integral del sistema sanitario para identificar problemas estructurales y plantear correctivos.

Entre las prioridades de su gestión figuraban la revisión del abastecimiento de medicamentos, la situación financiera de la red pública y los procesos de adquisición de insumos médicos. La entonces ministra planteó que los resultados de esa evaluación estarían listos en un plazo aproximado de tres meses.

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Sin embargo, meses después de su posesión, el presidente Daniel Noboa resolvió poner fin a su gestión al frente del Ministerio de Salud, en medio de cuestionamientos por la situación hospitalaria y por las persistentes dificultades para garantizar el suministro de medicinas en distintos establecimientos públicos del país.

Lo que debes saber

• Una corte de Florida permitió a José Serrano corregir su recurso judicial.
• El exfuncionario continúa detenido en un centro migratorio de Miami.
• La decisión no define su libertad, pero mantiene abierto el proceso.

El proceso judicial con el que el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, busca recuperar su libertad en Estados Unidos sigue en marcha. La Corte del Distrito Sur de Florida le permitió reformular su estrategia legal y mantener activo el litigio con el que cuestiona su detención migratoria.

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El político ecuatoriano permanece recluido en el centro de detención migratoria Krome, en Miami. Fue arrestado el 7 de agosto de 2025 por presuntamente haber excedido el tiempo de permanencia autorizado por su visa de turismo.

La causa enfrenta a Serrano con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el proceso, el exfuncionario presentó un recurso de hábeas corpus y una solicitud de medida cautelar urgente para impugnar la legalidad de su detención.

La Corte permite corregir el recurso

Sin embargo, la decisión emitida por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein no resuelve todavía el fondo del caso. Lo que hace es autorizar a Serrano a presentar una versión corregida de su petición de hábeas corpus para subsanar observaciones procesales identificadas previamente por la Corte.

En una etapa anterior, la magistratura había recomendado desestimar tanto el recurso como la solicitud de orden de restricción temporal por cuestiones de jurisdicción. Frente a ello, Serrano presentó objeciones, que posteriormente retiró para concentrarse en una nueva formulación de su demanda.

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Se reactiva el trámite judicial

La resolución dictada el lunes 1 de junio dejó sin efecto ese informe y recomendación previos, reactivando el trámite judicial. Además, autorizó la presentación de la petición enmendada.

Como consecuencia, la solicitud de orden de restricción temporal quedó sin efecto, pues estaba sustentada en la petición original que será reemplazada. La Corte fijó hasta el lunes 8 de junio de 2026 para que Serrano presente formalmente su nuevo recurso, tras lo cual las autoridades tendrán 14 días para responder.

La causa que enfrenta en Ecuador

Mientras tanto, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación contra Serrano por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Dentro de ese proceso, el exfuncionario enfrenta una orden de prisión preventiva.

Lo que debes saber

• Asamblea Nacional reactivó el grupo de mujeres tras superar una suspensión dictada por Niels Olsen en 2025.
• Correísmo y ADN chocaron por la presidencia del bloque parlamentario entre Paola Cabezas y Jhajaira Urresta.
• Tensión legislativa revivió cruces del pasado por violencia política de género y fiscalización de femicidios en Ecuador.

El grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Nacional se instaló formalmente este 1 de junio de 2026, tras superar una suspensión de casi un año ordenada en agosto de 2025 por el presidente del Legislativo, Niels Olsen. La reactivación de este espacio clave para la agenda de género estuvo marcada por fuertes enfrentamientos políticos entre las bancadas de ADN y la Revolución Ciudadana. Jhajaira Urresta fue designada presidenta y Keevin Gallardo (ADN) secretario del grupo.

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Disputa por la presidencia y acusaciones de neutralidad

El intento de consenso para elegir a las autoridades de la mesa evidenció la polarización entre el oficialismo y la oposición. La bancada del correísmo propuso a Paola Cabezas para presidir el grupo enfocado en la legislación de género. Sin embargo, los legisladores de ADN rechazaron la postulación argumentando que la asambleísta no mantiene una postura neutral para dirigir el espacio.

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Ante el bloqueo, la legisladora Lucía Pozo (ADN) impulsó el respaldo para que Jhajaira Urresta, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, asumiera la conducción del grupo parlamentario, dividiendo los criterios dentro de las tendencias de izquierda y el oficialismo. Luego, Keevin Gallardo, de ADN, fue designado secretario del grupo parlamentario.

Reclamos por suspensiones y deudas de fiscalización

La sesión inaugural escaló rápidamente en intensidad verbal. Las asambleístas de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán y Ana Herrera, fustigaron el retraso de las actividades legislativas y criticaron que el grupo de mujeres perdiera un año de gestión debido a las decisiones administrativas de la directiva. Según las legisladoras, tuvo que ocurrir un escenario de violencia política de género contra Paola Cabezas para que la administración de la Asamblea decidiera reactivar la mesa.

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Por su parte, Ana Belén Tapia, legisladora de ADN, defendió la gestión oficialista y aseguró que la reinstalación de la mesa legislativa respondió estrictamente al cumplimiento del procedimiento parlamentario por parte de Niels Olsen, descartando que se deba a presiones o coyunturas particulares de la oposición.

Además de la pugna por la directiva, el correísmo encarceló el debate al cuestionar el rol de Diana Jácome, integrante de este grupo y presidenta de la Comisión de Transparencia. La oposición reclamó que su mesa técnica no ha dado seguimiento al caso del femicidio de María Belén Bernal, una disposición que había sido previamente resuelta y aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional.

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El antecedente del conflicto entre Olsen y Cabezas

Las fricciones vividas en la instalación del grupo parlamentario arrastran antecedentes directos de mediados de mayo de 2025. En ese periodo, un fuerte cruce de palabras entre el presidente Niels Olsen y la legisladora Paola Cabezas encendió las alarmas sobre el trato político en la institución.

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Lo que debes saber 

• La UNE cuestiona el nuevo acuerdo del Ministerio de Educación que permite actividades institucionales los sábados.
• El gremio asegura que la medida afecta derechos laborales y aumenta la carga de trabajo docente.
• Además, anunció acciones legales y movilizaciones para exigir la derogación de la normativa.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió la derogación inmediata del Acuerdo MinEduc-MinEduc-2026-00045-A, emitido por el Ministerio de Educación el 27 de mayo de 2026, al considerar que la disposición abre la puerta a la realización de actividades institucionales los sábados y vulnera derechos laborales del personal docente y administrativo.

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Según el gremio, la normativa establece lineamientos para el desarrollo de actividades complementarias institucionales dentro del cronograma escolar y dispone que estas puedan ejecutarse durante los fines de semana en instituciones fiscales de los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía a partir del año lectivo 2026-2027.

En un comunicado difundido este 1 de junio, la organización sostuvo que la medida representa una ampliación de la jornada laboral y cuestionó los mecanismos planteados para compensar el tiempo trabajado fuera del horario ordinario.

UNE cuestiona legalidad de actividades escolares los sábados

La UNE argumentó que el artículo 192 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece una jornada semanal de 40 horas para los docentes, distribuida de lunes a viernes, sin exceder ocho horas diarias.

Además, señaló que cualquier actividad adicional debe ser reconocida mediante el pago de horas extraordinarias o suplementarias, conforme a la normativa vigente.

"Alertamos que no existe norma jurídica que permita compensar el trabajo realizado los sábados mediante ‘días recompensables’, como establece el artículo 5 del mencionado acuerdo".Unión Nacional de Educadores 

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La organización también vinculó la medida con un proceso de acumulación de responsabilidades que, según afirma, ha afectado progresivamente las condiciones laborales del magisterio durante los últimos años.

El gremio sostuvo que la incorporación de múltiples actividades complementarias ha reducido el tiempo destinado a contenidos fundamentales dentro de las aulas y ahora busca trasladar parte de esas obligaciones hacia los fines de semana.

“Diversas investigaciones nacionales e internacionales han demostrado la creciente incidencia del estrés laboral y del síndrome de burnout en el magisterio”, señaló la organización.

UNE anuncia acciones legales y movilizaciones

La UNE también afirmó que los establecimientos educativos no cuentan con capacitación suficiente ni con los recursos necesarios para implementar las actividades complementarias previstas en el acuerdo ministerial.

De acuerdo con el comunicado, estas tareas deberían integrarse dentro de la jornada pedagógica ordinaria y no convertirse en una carga adicional para los trabajadores del sistema educativo.

"Nos declaramos en asamblea permanente y convocamos al magisterio nacional a participar en las acciones jurídicas y de movilización que emprenderemos en defensa de nuestros derechos y de la educación pública".Unión Nacional de Educadores

Política

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Según la legisladora oficialista, la propuesta busca acompañar el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. 

“Se trata de una herramienta jurídica adicional para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que operan con mayor capacidad, recursos y redes cada vez más amplias”, afirmó.

Mancheno, en la entrega del proyecto al presidente del Legislativo, Niels Olsen, sostuvo que la dinámica del delito ha cambiado en Ecuador. “El crimen ya no actúa como un hecho aislado ni con un autor visible; ahora opera como una estructura que controla territorios, extorsiona, recluta, ocupa espacios, utiliza bienes inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo”, explicó.

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La legisladora reiteró que no se trata de hechos aislados cuando:

Entonces, según Mancheno, para el Estado no es un hecho aislado, sino un problema estructural, y no puede reducirse únicamente a la aprehensión de los delincuentes.

Sobre el sistema judicial, Mancheno dijo:

Mancheno también cuestionó la eficacia del sistema judicial. Indicó que en 2024 más de la mitad de los detenidos no permaneció en prisión, mientras que en 2025 uno de cada tres aprehendidos recibió medidas sustitutivas en lugar de prisión preventiva.

Esto le cuesta al Estado cuidar bienes incautados al crimen:

A ello se suma, dijo la oficialista, el costo de administrar los bienes incautados al crimen organizado. Actualmente, el Estado destina cerca de 2,2 millones de dólares a seguridad, custodia y seguros de estos activos. “Los ecuatorianos estamos pagando por mantener bajo resguardo bienes que estuvieron al servicio del delito”, señaló.

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El proyecto de Ley Antimafias, concluyó, busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estas estructuras y evitar que el crimen siga afectando tanto la vida de la población como los recursos públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el proyecto de Ley Antimafias ha sido trabajado de forma conjunta con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de “atacar de manera directa las estructuras del crimen organizado”. Según explicó, la propuesta busca facilitar la detención de quienes forman parte de estas redes y limitar el uso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en este tipo de casos.

Reimberg también se refirió al destino de los bienes incautados al crimen organizado. “Esos bienes deben ser de los ecuatorianos”, afirmó. Cuestionó que, tras cumplir sus condenas, algunos sentenciados reclamen la devolución de estos activos.

Las limitaciones del COIP

En el proyecto de Ley Antimafias se señala que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) aborda la delincuencia organizada desde una perspectiva centrada en la autoría y las posiciones de mando. 

Sin embargo, no tipifica de manera autónoma ni con la precisión necesaria la pertenencia funcional o la membresía dentro de una organización criminal, lo que deja espacios de impunidad para quienes, sin ejercer liderazgo, sostienen operativamente estas redes.

Asimismo, el COIP no contempla tipos penales específicos que sancionen el reclutamiento de personas para organizaciones criminales ni la provisión de infraestructura física o logística destinada a su funcionamiento. Estas omisiones, según el proyecto, limitan la capacidad del Estado para intervenir en las fases clave de sostenimiento de las economías ilícitas.

Lo que debes saber

• El regreso de Lenín Moreno desafía a un sistema judicial ecuatoriano influenciado por el poder.
• Se analizan tres hipótesis: pactos políticos, el fin de su retiro o la defensa de su legado.
• Su figura reactiva la polarización correísmo-anticorreísmo que beneficia a Daniel Noboa.

El retorno de Lenín Boltaire Moreno Garcés al país no fue como el de otros políticos. No hubo, como con Velasco Ibarra, manifestaciones con pancartas que rezasen “todo el poder a Moreno”; ni bajó del cielo, como Bucaram, para ser abrazado por las masas congregadas en plena 29 y Oriente. No regresa tampoco como Arosemena Monroy, todavía con media vida por delante.

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El Ecuador que lo recibe tampoco es el país que admitió de vuelta a esos políticos, en épocas de incertidumbre, con regímenes recién caídos o ad portas de una elección presidencial que todos sabían sería duramente disputada entre varios candidatos competitivos.

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Lo que sí es parecido es su sistema judicial, que siempre ha sido susceptible a las influencias del poder político, usando sus sentencias como monedas de cambio para sacar o volver a meter al país a cualquiera, por más que hoy podría decirse que este ha tocado fondo en su nadir absoluto. Y Moreno retorna, precisamente, para plantar la cara ante esa justicia ecuatoriana.

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Pero, ¿qué gana con hacerlo? Un hombre que llevaba años cómodamente en el exilio, sin pedir colectas ni promover a algún movimiento político o delfín, ¿qué necesidad tiene de ponerse bajo la jurisdicción de nuestras cortes? Si su miedo es perder el caso, siempre podría jugar la carta de Mahuad, de Correa y de tantos otros ante una decisión adversa y decir lo evidente: que el sistema judicial ecuatoriano está corrompido. Podría añadirle el argumento de que con los brotes de tuberculosis en las cárceles, su infraestructura deteriorada y el historial de violencia dentro de ellas, su vida correría peligro. Si bien es cierto que su edad y condición de salud probablemente le ayudaría a conseguir una prisión domiciliaria en el hipotético caso de una condena, nada es seguro en este país en el que cada vez vemos más límites ser cruzados. Además, cualquiera preferiría seguir afuera y a sus anchas.

Tres hipótesis, aunque a estas alturas meras elucubraciones, podrían explicar esa actitud. Vale la pena explorarlas y medirlas contra el avance de los hechos.

Primera hipótesis: Moreno llegó a hundir a otros

La primera hipótesis es la siguiente: podría ser que Moreno haya regresado para salvar a unos a cambio de tratar de hundir a otros. No es difícil imaginarse a quién le beneficiaría un arreglo de ese tipo, sobre todo si vemos las páginas de otro diario (no digo leemos, porque la nueva gente a cargo se ha encargado de dejar bien claro con fotos y caricaturas quienes son los principales objetivos del poder en el caso) o si nos topamos con las publicaciones de los troles gobiernistas. Moreno, por más retirado que pueda estar de la política electoral, sabe que el poder del exiliado está en el entorno que lo auspicia y protege y, aunque poco tiene que temer afuera del país, no es un ermitaño que haya cortado todavía todo sus lazos con el país a nivel personal.

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Segunda hipótesis: Moreno busca una candidatura

La segunda, gira en torno a la idea, por más descabellada que pueda sonar, de que el hombre quiera interrumpir su retiro. Sí, Lenín Moreno ya va por los 73 años de edad. Si se lanzase a la alcaldía de la capital, como sugirió un tuitero, o a la presidencia, terminaría sus períodos siendo más viejo de lo que fue Sixto Durán Ballén cuando dejó Carondelet, pero, viendo hacia otros países, sería más joven aún que Biden, Trump o Balaguer.

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Sin duda hemos visto cosas tanto o más raras en el Ecuador. Además, la imagen de Moreno se ha suavizado un poco con los años, síntoma de un país de memoria corta y con una debilidad por los políticos con sentido del humor (Lenín es quizá el último exponente de la sal quiteña en la palestra pública). Pero no es necesario que el expresidente vaya tan lejos. Moreno como portaestandarte del anticorreísmo, estando cerca (pero no tanto) de algún candidato sin él mismo serlo, podría ser un valioso agente activo para mantener viva la polarización correísmo-anticorreísmo de la que tanto se ha servido el presidente Daniel Noboa para cerrarle el paso a cualquier alternativa de centro o derecha.

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Tercera hipótesis: Moreno y la defensa de su legado

Por supuesto, no podemos descartar algo que para muchos en esta sociedad podría ser todavía más increíble: que Moreno haya regresado no para defender su patrimonio o libertad, difíciles de alcanzar afuera del país, ni a sus allegados en el caso, sino para defender su legado. La vanidad ya ha lanzado a muchos hombres detrás de costosas aventuras. Si no lo creen, pregúntenle a quien ahora quiere ser, en sus palabras, el mejor expresidente del país o a esos incansables que se candidatizan y concursan para siempre perder, tan solo por no dejar de sentir el calor de las cámaras

Lo que debes saber

• Javier Pincay interpone recurso en el TCE tras rechazo del CNE.
• Ivonne Coloma tramita apelación y exige aclarar el recurso.
• CNE defiende vigencia de la suspensión de derechos políticos.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ratificó la suspensión de sus derechos políticos y rechazó la impugnación a la actualización del padrón electoral.

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El TCE analiza la apelación de Javier Pincay

El expediente detalla que el primer personero municipal interpuso la acción jurídica el 27 de mayo de 2026. El trámite se asignó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, la jueza Ivonne Coloma.

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La magistrada dictaminó un plazo de dos días para que el burgomaestre aclare y complete los fundamentos de su comparecencia de forma precisa.

De igual manera, el Consejo Nacional Electoral dispone del mismo tiempo para remitir el expediente íntegro, complementado con los informes técnicos y jurídicos que sustentaron la negativa inicial al funcionario.

La postura del CNE sobre el registro electoral

La pugna legal sumó un capítulo determinante el 25 de mayo de 2026, fecha en la que el pleno del CNE rechazó el reclamo del alcalde y validó la vigencia de la sanción en la base de datos electoral.

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La actualización del padrón se ejecutó de forma oficial el pasado 20 de mayo de 2026, en cumplimiento directo de las disposiciones emitidas por el TCE y el Ministerio del Trabajo. Dicho dictamen ratifica que la penalización impuesta en el año 2023 se mantiene pendiente de ejecución.

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Argumentos de la defensa técnica de Pincay

Por su parte, la defensa de Pincay sostiene lineamientos contrarios a la ejecución del organismo electoral:

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"No hay argumento que implique que por un juez el CNE ejecute algo que es evidentemente irracional. La sanción es de dos años y en sus registros estuvo suspendido dos años", señaló Cedeño.

Despidos en el Municipio 

• El Cabildo concretó la salida de al menos dos servidores operativos implicados en la red de mensajería interna.
• La autoridad mantiene una postura a la defensiva y se proyecta nuevas separaciones en su equipo.
• Raúl Chávez y el cuerpo de concejales evitan pronunciarse.
  

Tatiana Coronel, alcaldesa encargada de Guayaquil, efectivizó la desvinculación de al menos dos funcionarios municipales implicados en la articulación de un ataque digital para desestabilizar su gestión, según confirmó el Municipio a este Diario.

La medida administrativa se ejecuta horas después de que la autoridad expusiera la filtración de un grupo de mensajería donde trabajadores del Cabildo exigían el retorno del titular Aquiles Álvarez.

Guayaquil

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Origen de la polémica

La advertencia de tomar medidas drásticas por parte de la subrogación se materializó en la nómina. La administración separó a los primeros colaboradores identificados en el chat grupal "Municipalidad de Guayaquil", espacio donde supuestos contratistas direccionaban narrativas políticas. 

En las imágenes divulgadas, un contacto identificado como "Karen (com) Municipio Campaña" exhorta a otros miembros a citar un tuit que vincula a Coronel con la intervención a Segura EP. La instrucción exigía posicionar el mensaje de que "esos pactos van a llevar a Guayaquil de mal en peor" y solicitar de manera coordinada el retorno de Aquiles Álvarez al sillón de Olmedo.

Ante la evidencia, Coronel ejecutó una advertencia pública mediante sus canales oficiales, señalando una fragmentación en el aparato de comunicación de la entidad.

"Qué bajeza. Uno de este chat los vendió. Sé que cobran para hablar mal de mí. Sé quién les paga y sé las razones. Los voy a denunciar", detalló la funcionaria.

¿Hay más despidos? 

La postura de Coronel frente al boicot se mantiene a la defensiva, y otras fuentes relacionadas al Cabildo comentaron a EXPRESO que no se deben descartar la notificación de nuevas desvinculaciones por orden de Coronel, contra quienes hayan utilizado tiempo y recursos institucionales en campañas de desprestigio interno.

Pese a la gravedad de la crisis de gobernanza y las remociones en curso, el cuerpo edilicio del Puerto Principal todavía no emite pronunciamiento alguno sobre alguna fiscalización sobre los fondos o agencias implicadas en lo denunciado por la alcaldesa Coronel. Mucho menos en su defensa.

Raúl Chávez, presidente del partido RETO y figura política central de la administración de Álvarez, también guarda silencio frente a la fractura institucional que atraviesa el Cabildo.

Esto debes saber

• El TCE redujo de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación de Javier Pincay.
• La defensa sostiene que la sanción ya fue cumplida porque la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023.
• La decisión acerca al alcalde de Portoviejo a una eventual participación en las elecciones de noviembre de 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió reducir de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra, tras aplicar el principio constitucional de favorabilidad.

La decisión consta en una resolución emitida el 29 de mayo por el juez electoral Joaquín Viteri Llanga, en la que se dispone modular la sanción impuesta al burgomaestre conforme a lo establecido en el vigente artículo 279 del Código de la Democracia. En el documento se determina que la suspensión de los derechos de participación de Pincay será de seis meses.

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La sanción se remonta a 2023, cuando el Tribunal Contencioso Electoral determinó que Javier Pincay incurrió en una infracción electoral grave al no asistir al debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña para las elecciones seccionales. Como consecuencia, el organismo dispuso la suspensión de sus derechos de participación política, una decisión que posteriormente generó diversos recursos y acciones legales por parte de su defensa.

La resolución del TCE

En el fallo, el juez Viteri aclara que la reducción de la sanción no implica determinar automáticamente su cumplimiento. “La sanción de suspensión de los derechos de participación continúa vigente hasta que el infractor remita la documentación que sustente su ejecución, lo cual será comunicado a las autoridades competentes”, señala la resolución.

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Con esta decisión, la sanción queda considerablemente disminuida respecto a la establecida inicialmente, modificando el escenario político del alcalde de cara a futuros procesos electorales.

Lo que dice la defensa de Pincay

Según explicó su defensa, a través del abogado Roosvelt Cedeño, el período de suspensión ya habría sido cumplido, tomando en cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023. Por ello, consideran que corresponde la restitución de los derechos políticos del alcalde.

La defensa de Pincay sostiene además que mantener restricciones una vez vencido el plazo determinado por la nueva resolución podría representar una afectación a derechos constitucionales relacionados con la participación democrática. 

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La resolución del organismo electoral acerca nuevamente al alcalde portovejense a la posibilidad de intervenir en el proceso electoral previsto para noviembre de 2026, aunque aún restan trámites para formalizar la restitución de sus derechos.

El fallo marca un nuevo capítulo dentro de un caso que ha mantenido en expectativa al escenario político de Portoviejo y de Manabí durante los últimos años, debido a las implicaciones que tiene para el futuro político de una de las principales autoridades electas de la provincia.

Las claves que debes conocer

• Quito elegirá alcalde el 29 noviembre de 2026 con candidaturas en definición por calendario del CNE.
• Jorge Yunda confirma candidatura; Pabel Muñoz busca reelección en Quito para mantener liderazgo municipal.
• Augusto Barrera se retira y crece lista de aspirantes en Quito con indecisos rumbo a elecciones 2026.

A menos de seis meses de las elecciones para la Alcaldía de Quito, previstas para el 29 de noviembre de 2026, el escenario político para alcanzar el Municipio capitalino comienza a definirse con precandidatos confirmados, nombres en evaluación y otros que han decidido retirarse de la contienda electoral.

(Te invitamos a leer| Augusto Barrera declina candidatura a la Alcaldía de Quito y explica las razones)

¿Cuándo son las elecciones del alcalde de Quito?

Los quiteños acudirán a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir alcalde, en un proceso adelantado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la fecha inicial era el 14 de febrero de 2027. 

El cambio de la fecha de los comicios seccionales se adoptó en marzo pasado, debido a la alerta climática por el fenómeno de El Niño.

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¿Quiénes son los precandidatos confirmados?

Antes ya ocupó el cargo de alcalde de Quito, entre 2019 y 2021. Confirmó su precandidatura el pasado 6 de abril. Ante los medios ha asegurado que busca alcanzar nuevamente el máximo cargo en el Municipio, con el objetivo de retomar un proyecto político que, según él, quedó inconcluso tras su salida.

El exconsejero de Participación Ciudadana busca gobernar Quito. El exvocal oficializó su intención de dirigir la capital en marzo pasado, aunque no ha precisado cuál es la organización política que lo auspiciará.

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Aspirantes a la Alcaldía firmes y nombres en carrera

El actual alcalde ha expresado su intención de buscar la reelección en los comicios de noviembre de 2026. 

Es concejal de Quito vinculado al movimiento Imparables, aparece como uno de los actores que se mueve como precandidato.

Es una de las figuras políticas que aún no confirma su participación, pero realiza recorridos territoriales en la ciudad. 

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Nombres medidos en encuestas

Un sondeo de abril de 2026 incluyó a varias figuras que podrían entrar en la contienda:

Estos nombres forman parte del grupo de posibles precandidatos evaluados por intención de voto en Quito. 

¿Quién ya no será candidato?

El exalcalde de Quito anunció el 28 de mayo que declina su candidatura. Argumentó que la ciudad enfrenta problemas de seguridad, movilidad y fragmentación política, y que el momento exige unidad antes que competencia electoral. 

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Lo que debes saber

• Unidad Popular entregó 206.000 afiliaciones certificadas en más de 7.000 fojas al TCE.
• Militantes piden audiencia a jueza Ivonne Coloma por presuntas ilegalidades de Diana Atamaint.
• Unidad Popular exige al TCE anular la cancelación de su partido político en Ecuador.

El partido político Unidad Popular presentó formalmente una solicitud de nulidad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para frenar la cancelación de su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas de Ecuador. El director del partido, Geovanni Atarihuana, entregó el registro certificado de 206.000 afiliados distribuidos en más de 7.000 fojas para demostrar que la militancia se mantiene activa y vigente. Los dirigentes aseguran que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no posee sustento legal ni pruebas técnicas sobre una supuesta disminución de miembros, señalando además que el organismo actuó fuera del plazo de 120 días establecido por la ley.

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Las pruebas de afiliación entregadas al TCE

Los representantes de la organización política enfatizaron que el volumen de militantes presentados cumple con creces los requisitos de ley. Según los voceros, las firmas en mención pasaron previamente por filtros rigurosos de control antes de ser validadas de forma oficial.

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Argumentos de la defensa de Unidad Popular:

"No tienen la prueba respecto al número y la disminución de afiliados. Actuaron fuera del tiempo legal establecido de 120 días", sostiene el equipo jurídico de la organización.

Exigen audiencia de estrados a Ivonne Coloma

La directiva del partido solicitó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, Ivonne Coloma, la apertura de un espacio de comparecencia oral. El objetivo de la defensa es exponer detalladamente las presuntas infracciones cometidas durante el proceso administrativo de cancelación.

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El equipo legal argumenta que se vulneró el derecho constitucional a la defensa y acusa de aparentes ilegalidades a la titular del CNE y a dos consejeros suplentes. Con esta acción buscan que el pleno de magistrados ordene la permanencia definitiva de la agrupación dentro de la papeleta electoral.