Política

El oficialismo puso sus firmas de apoyo para enjuiciar políticamente al vocal del CPCCS David Rosero

Daniel Alejandro Romero Páez

El asambleísta independiente y aliado de ADN Sergio Peña impulsa el juicio político. Acusa a Rosero de incumplimiento de funciones. El caso se originó por una denuncia sobre una supuesta reunión entre el consejero y la postulante al cargo de fiscal general, Inés Romero.

Después de presentada la solicitud, el CAL decidió que esta cumplía con los requisitos para avanzar a la siguiente etapa. Así, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Álvarez (ADN), convocó a una sesión virtual para las 19:00 del 5 de septiembre de 2026.

El único punto del orden del día es: “Conocimiento y calificación, de ser procedente, la solicitud de enjuiciamiento político en contra de David Rosero, en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana presentada por el asambleísta Sergio Peña”.

En esa mesa legislativa opera una mayoría de seis votos controlada por ADN. Es decir, el proceso requiere del apoyo del oficialismo para avanzar a la siguiente etapa. En esa comisión solamente actúan cuatro asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Un dato importante es que Peña aseguró que la solicitud que presentó superó las 50 firmas de respaldo. Allí se contaron los apoyos de otros independientes, pero, sobre todo, de asambleístas de ADN.

¿Cuál es la acusación contra Rosero?

Peña ha dicho que la denuncia llegó a su despacho vía correo electrónico. “Me han llegado como denuncia un correo con videos y fotografías del evento que tendrán que ser determinadas dentro del proceso”, aseguró.

También reveló que la reunión de Rosero con la postulante al cargo de fiscal general, Inés Romero, habría ocurrido en un departamento en Cumbayá, en el noreste de Quito, y se habría extendido por cerca de dos horas.

Política

El CPCCS da paso a tres impugnaciones contra aspirantes a la Fiscalía y ya suman 41

Daniel Alejandro Romero Páez

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del nuevo fiscal general. El proceso se encuentra en la etapa de audiencias públicas, luego de la presentación de impugnaciones ciudadanas contra los postulantes.

En el marco de dichas impugnaciones, el pasado 27 de julio se viralizaron imágenes que daban cuenta de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, una de las aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Según esas denuncias, las imágenes salieron de una cámara de seguridad. En ellas, supuestamente, se observa al consejero junto a la postulante en el mismo lugar. Con base en esto, Peña inició su investigación.

Política

CNE dice que reglamento de PK no especifica invitados y TCE pide completar recurso a Luisa González

Daniel Alejandro Romero Páez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la denuncia ante el TCE luego de determinar que hubo un incumplimiento en la presentación de información sobre las cuentas de la campaña en la que la organización política impulsó el No.

Según los abogados del organismo electoral, no hubo la subsanación solicitada a la información remitida. En total, fueron 12 los reparos presentados por el CNE y, de ellos, PK habría respondido sobre dos.

Entre las pruebas presentadas por el CNE constaron las resoluciones relacionadas con el inicio del proceso electoral, el formulario para la participación de PK en la campaña y una respuesta de Guillermo Churuchumbi en la que, según el organismo electoral, no se presentaron documentos de respaldo sobre el manejo de las cuentas.

La acusación del CNE fue presentada contra Churuchumbi, en su calidad de representante legal de PK, y también contra Carlos Sánchez, encargado del manejo económico de la organización política.

¿Qué planteó la defensa de Pachakutik?

Sobre la situación de Churuchumbi, la defensa centró su posición en que él no era el encargado del manejo económico. También argumentó que sí respondió al TCE y que el CNE no había individualizado las responsabilidades. Con base en ello, pidió que se archive la causa.

En el caso de Sánchez, la defensa dijo que no fue notificado en debida forma. Esto, debido a que las comunicaciones fueron enviadas a una dirección en la que no vivía el implicado. Además, para la fecha en que la documentación llegó a PK, él ya no trabajaba allí.

¿Qué viene ahora?

Tras la audiencia pública, que tuvo lugar en Quito, el juez Ángel Torres deberá emitir una sentencia. Sin embargo, esta será de primera instancia. Es decir, los integrantes de Pachakutik podrán apelar la decisión para que sea el Pleno del organismo de justicia electoral el encargado de resolver el caso.

Política

¿La alianza de movimientos de izquierda sobrevivirá a las seccionales 2026? Esta es su apuesta

Daniel Alejandro Romero Páez

El CNE solicitó que se sancione a PK con base en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia. Allí se especifica que:

“Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de su representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley”.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa y José Raúl Mulino lideran una reunión bilateral oficial en Guayaquil.
• Ecuador y Panamá prevén negociar un Acuerdo de Alcance Parcial para impulsar el comercio.
• El diálogo incluye seguridad e incorporar a Ecuador al régimen de países amigos panameño.

El presidente Daniel Noboa y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, se reunieron este viernes 4 de septiembre de 2026 en Guayaquil, durante una visita oficial orientada a estrechar las relaciones diplomáticas. El mandatario panameño arribó por la mañana al Puerto Principal, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Roberto Kury, con el propósito de concretar avances en materia comercial, migratoria y de seguridad bilateral mediante el diálogo directo entre ambas delegaciones estatales.

Política

Daniel Noboa frena su caída y recupera terreno en agrado y gestión en agosto, según CIEES

Daniel Alejandro Romero Páez

Encuentro bilateral entre Daniel Noboa y José Raúl Mulino en Guayaquil

La Cancillería de Ecuador indicó que esta visita oficial permitirá afianzar los vínculos de amistad y cooperación entre ambas naciones, además de profundizar el diálogo político y avanzar en el desarrollo de una agenda bilateral de interés común.

En el marco de la agenda diplomática, el canciller ecuatoriano Roberto Kury también mantuvo una sesión de trabajo con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha.

Los ejes clave de la agenda entre Ecuador y Panamá

Durante la jornada de trabajo en territorio ecuatoriano, las autoridades de ambos países establecieron compromisos concretos para potenciar el intercambio económico y la protección ciudadana:

Política

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber

• Se tomarán acciones sobre más agencias de tránsito presuntamente ligadas a bandas en los próximos días.
• Entre el 50 % y el 60 % de municipios tendrían un manejo irresponsable, sostiene el ministro del Interior.
• Nueva reforma legal otorga 180 días a la ANT para emitir informes técnicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este 4 de septiembre de 2026 que el Gobierno tomará acciones en más agencias de tránsito municipales vinculadas con grupos criminales en Ecuador. La advertencia surge tras la aprobación en la Asamblea Nacional de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales facultan la suspensión de competencias a los municipios que incurran en fallas o nexos delictivos que comprometan la seguridad vial del país.

Política

Pleno aprobó reformas a Ley de Tránsito que permite suspensión de competencias con informe de ANT

Daniel Alejandro Romero Páez

La intervención de agencias de tránsito de Ecuador

En entrevista con Teleamazonas, el ministro John Reimberg calificó de positiva la reforma legal que faculta intervenir las entidades locales de movilidad, al asegurar que varias de ellas operan bajo la influencia de bandas delictivas.

“Antes, las agencias de tránsito servían para informar dónde se realizaban los operativos, lo que ocasionaba que tuviéramos menos impacto en las operaciones. Desde que se hicieron cambios, hemos tenido mejores resultados”, afirmó el titular de la cartera de Estado.

Asimismo, Reimberg enfatizó en la necesidad de que la Policía Nacional participe activamente en el control vial y adelantó nuevas acciones institucionales:

La reforma a la Ley de Tránsito y el rol de la ANT

La Asamblea Nacional aprobó el jueves 3 de septiembre de 2026, en segundo y definitivo debate, el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Ecuador

Reforma a la Ley de Tránsito: cambios que los municipios deberán aplicar en 180 días

Edison Andrés García Yépez

El nuevo marco legal establece el mecanismo de control administrativo:

Depuración policial y reclusión en la Cárcel del Encuentro

En cuanto al control interno de la Policía Nacional, el ministro señaló que esta institución lidera la depuración de sus filas. Indicó que los uniformados judicializados son derivados a la Cárcel del Encuentro, donde ya permanecen más de doce miembros de la fuerza vinculados al crimen organizado.

Justicia

Caso alias Pipo: la nueva maniobra judicial que podría retrasar su extradición

Agencia EFE

Casos de extradición y cuestionamientos carcelarios

Frente a las denuncias de presuntos malos tratos presentadas por la familia del exministro José Serrano, Reimberg calificó estas acusaciones como narrativas promovidas por un "grupo de socios", entre quienes mencionó a:

Reimberg argumentó que estos señalamientos buscan frenar el traslado de alias Pipo a la Cárcel del Encuentro.

Respecto a Daniel Salcedo, confirmó que aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde registra procesos por lavado de dinero y narcotráfico. Además, precisó que entre cuatro y cinco personas enfrentarán procesos de extradición similares, incluyendo a alias Gerente y su entorno familiar.

Operativos marítimos contra el narcotráfico

Sobre el reciente hundimiento de una embarcación efectuado por autoridades de Estados Unidos, el ministro detalló que la maniobra responde a labores previas de inteligencia. Subrayó que estas naves nodriza abastecen con logística a embarcaciones menores que transportan cargamentos de droga con destino a puertos mexicanos y al mercado estadounidense.

Lo que debes saber

• Johana Núñez enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito.
• Fiscalía pidió prisión preventiva durante la audiencia.
• Revolución Ciudadana calificó el proceso como persecución política.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) reaccionó a la formulación de cargos contra la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. A través de una publicación en X, la organización sostuvo que la funcionaria “denunció públicamente que intentaban intimidarla” y que ahora “pretenden doblegarla desde la justicia”.

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RC cuestiona el proceso contra Núñez

Asimismo, la agrupación política calificó el proceso como un nuevo episodio de lo que considera una persecución contra sus dirigentes y autoridades. “¡Basta de utilizar las instituciones para perseguir a quienes no se arrodillan!”, señaló RC en el mensaje difundido este 3 de septiembre.

En el comunicado adjunto, Revolución Ciudadana expresó su respaldo a Núñez y afirmó que existe una campaña de intimidación dirigida contra ella, su familia y sus colaboradores. Según la organización, la prefecta ya había advertido semanas atrás que buscaban “amedrentarla” y que no permitiría que el miedo condicionara sus decisiones.

Por otra parte, el movimiento cuestionó que la Fiscalía haya formulado cargos y solicitado prisión preventiva cuando el proceso penal recién comienza. En su pronunciamiento, RC recalcó que “no existe sentencia alguna” y defendió los derechos de la funcionaria dentro de la investigación.

Política

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Fiscalía sostiene que existen indicios patrimoniales

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que cuenta con elementos de convicción relacionados con las declaraciones patrimoniales de Núñez. De acuerdo con el Ministerio Público, esos documentos permitirían identificar indicios de una variación en el patrimonio de la prefecta durante el período en que ha ejercido el cargo.

Frente a la solicitud de prisión preventiva, la organización política aseguró que la coincidencia con otros dirigentes opositores que actualmente están encarcelados resulta “demasiado grave para ignorarla”. En la publicación sostuvieron que "hoy pretenden doblegarla desde la justicia".

La medida cautelar, no obstante, todavía no ha sido concedida, debido a que la jueza suspendió la audiencia y se encuentra deliberando sobre los pedidos planteados durante la diligencia. La tienda política manifestó que acompañará a Núñez durante el proceso.

La prefecta llegó a la institución provincial en 2019 mediante la alianza Unidad 20-100 y, cuatro años después, obtuvo la reelección con el respaldo de RC y Construir bajo la coalición Somos Todos.

Lo que debes saber

• El abastecimiento de medicinas subió al 55 % y la meta es cerrar agosto en 60 %.
• El 80 % de los problemas hospitalarios responde a fallas de gestión de directivos.
• Casos irregulares identificados serán remitidos a la Fiscalía General del Estado.

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, evaluó la situación sanitaria del país tras cumplir más de dos meses en funciones y señaló que el abastecimiento de medicinas en Ecuador subió del 50 % al 55 %, con la meta de alcanzar el 60 % al cierre de agosto. La autoridad denunció en entrevista con Teleamazonas que el 80 % de las deficiencias en los hospitales públicos responde a graves problemas de gestión administrativa, trabas contractuales que retenían fármacos en bodegas y perfiles inadecuados en las gerencias, por lo que anunció cambios de personal y derivaciones a la Fiscalía.

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Problemas de gestión y cambios en las gerencias hospitalarias

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, enfatizó que gran parte de las deficiencias en las casas de salud se debe a fallas de administración local. “No puedo decir que estamos perfectos, pero también encuentras gestiones adecuadas en otros lugares, donde hacen compras, sacan de donde sea y realizan su propia gestión”, sostuvo.

Para ilustrar estas deficiencias, la autoridad expuso casos concretos detectados en la red pública:

Frente a este escenario, Aveiga puntualizó: “Hay un sinnúmero de aristas para no normalizar las cosas. El 80 % de las cosas que tenemos son por falta de gestión”. Por ello, confirmó la remoción de directivos: “A las personas que no están funcionando las hemos cambiado”.

Nuevos perfiles para la administración de salud

El funcionario cuestionó que existan personas del área de bienes raíces administrando salud o abogados a cargo del control médico.

“Cada uno debe ocupar su lugar. Estamos buscando a los mejores perfiles. En las gerencias hospitalarias debe haber personas involucradas con el sistema de salud, como médicos o enfermeras con conocimiento de administración”, recalcó.

Política

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Estado del abastecimiento de medicamentos y trabas contractuales

Al asumir el cargo hace más de dos meses, el ministro encontró un abastecimiento de medicinas por debajo del 50 %, índice que actualmente se ubica en el 55 %, con la proyección de cerrar agosto en el 60 %. Según Aveiga, el desabastecimiento histórico respondía, entre otros factores, a un manejo contractual deficiente con los proveedores.

“Había empresas que tenían el 80 % de sus productos en su bodega y no los entregaban porque el contrato decía que debían entregar al 100 %”, explicó. Al destrabar estos acuerdos, el inventario central creció sustancialmente: “No estoy diciendo que estemos en un abastecimiento óptimo. Hoy mi bodega está al 200 %. He tenido que parar las entregas, solamente destrabando contratos. Había gente interesada en que el paciente no tenga su medicación”.

Rastreo digital con CNT y control de dispersión

Pese al volumen en bodega, Aveiga reconoció que se desconoce con exactitud cómo se ejecuta la dispersión y entrega en cada establecimiento, lo que obliga a consultas individuales. Para solucionar este nudo crítico, se gestiona una plataforma tecnológica con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La autoridad garantizó que este desarrollo no repetirá lo ocurrido en el caso HealthBird y adelantó que la empresa involucrada se ubica entre las tres principales del mundo en sistemas sanitarios.

Ecuador

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Negociaciones internacionales y compras de fármacos en India

Respecto a la adquisición de fármacos en el exterior, el titular del MSP detalló que el país sostiene dos procesos de negociación con India, remarcando que los tiempos dependen de dicho Estado. “Si fuera por mí, Ecuador ya hubiera tenido la medicación cuando el presidente lo dijo. Nosotros dependemos de sus tiempos (India). Hemos hecho todo lo humanamente posible, a través de Cancillería, para acelerar el proceso”, afirmó.

La estructura de provisión de medicamentos del ministerio se distribuye de la siguiente manera:

Aveiga aclaró que las adquisiciones en India continúan en marcha, ya que aún no concluye la transferencia de recursos a la Empresa Pública de Salud (AIL EP), trámite previsto para mediados de septiembre. “No se depende de la India. Es una compra importante, pero no estoy sentado esperando”, añadió.

Denuncias ante Fiscalía y articulación interinstitucional

El ministro confirmó que existen casos irregulares identificados que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, trámite que será ejecutado por las dependencias correspondientes del sector público.

Asimismo, subrayó que la gestión sanitaria no puede recaer en una sola cartera de Estado, por lo que mantiene coordinación técnica con:

“Es un trabajo interinstitucional para el sector de Salud Pública”, precisó Aveiga, al tiempo de puntualizar que la Empresa Pública de Salud asumirá las compras especializadas para que el Ministerio de Salud Pública se enfoque de manera exclusiva en el diseño y rectoría de la política pública de salud.

Según Noboa, una muestra de que existe la posibilidad de obtener información es el nerviosismo que muestran varios actores políticos. “Se lo puede ver en el nerviosismo de algunas figuras políticas ahora como salen. Ni siquiera se los acusa pero ya dan la justificación de cómo no son ellos”, manifestó el presidente de la República.

Justicia

¿Quién maneja las cuentas de José Serrano? Esta es la teoría de la hija de Fernando Villavicencio

Edison Andrés García Yépez

La noche del viernes 28 de agosto de 2026, Noboa anunció en su cuenta de la red social X que José Serrano sería deportado a Ecuador. “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”, escribió Noboa en X.

Al día siguiente, también fue el encargado de mostrar las fotografías del ingreso de Serrano a la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena. En las imágenes se mostraba a Serrano con el traje naranja y sin cabello.

La pregunta sobre la situación de Serrano surgió a raíz de denuncias sobre supuestos malos tratos. Desde la cuenta de X del exministro se emitió un pronunciamiento el pasado 1 de septiembre de 2026, en el que se señaló que no ha recibido un trato compatible con la dignidad de un ser humano. “No tengo acceso al agua potable. No me entregan papel higiénico, jabón, pasta dental ni toalla. Me obligan a comer en aproximadamente 60 segundos. Me insultan, me dicen que no soy nadie y que soy una basura”.

Serrano guarda prisión preventiva en el marco del proceso legal por el magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía lo señala como uno de los autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023.

En ese escenario, las hijas de Villavicencio se pronunciaron sobre el manejo de la cuenta de X de Serrano. Esto ocurrió después de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) aclarara que está prohibido que los internos ingresen, tengan o utilicen teléfonos celulares.

A partir de esa explicación surgió otro cuestionamiento: ¿quién tiene actualmente acceso a las cuentas de redes sociales de Serrano?

La respuesta fue planteada por Tamia Villavicencio, hija del fallecido excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Ella aseguró en X que las cuentas del exfuncionario son manejadas por sus hijas mientras él permanece privado de libertad.

¿Qué dijo Noboa sobre el exministro?

“Hay criminales que no quieren caer solos; que quieren contar verdades, historias, abusos. Y van a hacer lo posible para tratar de virar la tortilla y decir que nosotros somos los abusivos”, dijo Noboa.

En ese sentido, aseguró que lo que trata de hacer es poner orden en el país. No se refirió específicamente a las denuncias de supuestos malos tratos en contra de Serrano. Agregó que también se trata de “tener memoria”, en relación con cómo en el país se perseguía, abusaba y se “dio carta blanca al narcotráfico”.

El primer mandatario fue entrevistado en Radio i99. Allí fue consultado sobre su visión respecto al trabajo que podría generarse con las autoridades locales luego de las seccionales de 2026. 

Política

Elecciones 2026: Los debates de ahora protegen al candidato de las preguntas que importan

Pamela León Andriuoli

Hay que recordar que el próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales e integrantes de las juntas parroquiales. Será la primera vez que ADN, el movimiento de Daniel Noboa, participe en este tipo de comicios.

“Los números están muy bien. Son las primeras seccionales. En una primera participación, según encuestas, vamos a tener muy buenos resultados. Es una señal de la fortaleza del proyecto político”, aseguró.

Sobre el trabajo coordinado con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Noboa dijo que, después de las elecciones de 2023, el mayor beneficiario del presupuesto que se asigna a los GAD fue la Revolución Ciudadana, a través de las ciudades y prefecturas que administra.

“La RC manejaba más de 5.000 millones de dólares al año. Se dedicaron a volverlo refugio de su militancia. Como ya no estaban en el Gobierno migraron hacia los municipios y por eso estaban en contra con la Ley que se exigía el 70% de obra y 30% para gasto corriente”, dijo el primer mandatario.

Política

TCE niega recurso y ratifica impedimento para inscripción de Anabel Hermosa en Otavalo

Flor Layedra Torres

Noboa habla de una presunta vinculación con grupos delictivos

El primer mandatario fue más allá en sus señalamientos y habló de la entrega de agencias municipales a grupos de delincuencia organizada.

“En algunos municipios y prefecturas le entregaban agencias enteras a los GDO. Si tienes una empresa de agua que se la das a Los Choneros, una empresa de Tránsito que se la das a Los Lobos, los Bomberos a los Chone Killers; el Registro de la Propiedad, ya sabemos eso -mejor no les digo quién estaba ahí metido pero hoy está en la Cárcel El Encuentro-; todo eso hace una gestión deficiente”, dijo el primer mandatario. 

Actualmente, el proceso de calificación de las candidaturas está en marcha por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). En ese sentido, postulaciones como las de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil o Andrés Guschmer para la Prefectura del Guayas están en firme.

Según el organismo electoral, la lista definitiva de candidatos se conocerá el próximo 9 de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• La designación del nuevo fiscal general en Ecuador se posterga para finales de diciembre de 2026.
• La Fiscalía General del Estado cumplirá casi dos años sin una autoridad titular designada.
• Analistas advierten que las demoras responden a intereses políticos y procesos electorales en curso.

La Fiscalía General del Estado se encamina a cumplir dos años sin una autoridad titular en Ecuador, luego de que la Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma del concurso y postergó la designación del nuevo fiscal general del Estado para finales de diciembre de 2026. La dilatación responde a demoras administrativas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sumadas a posibles recursos legales, en un contexto marcado por advertencias de analistas sobre intereses políticos y la cercanía de nuevos comicios.

Justicia

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Las postergaciones en el cronograma de designación

El proceso a cargo de la Comisión Ciudadana de Selección ha modificado sus fechas tentativas de culminación en reiteradas ocasiones:

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A pesar de este nuevo cronograma, los propios comisionados advirtieron que no existen garantías de cumplimiento debido a imprevistos administrativos o la interposición de recursos legales. En particular, señalaron que la demora más reciente ocurrió porque el Pleno del CPCCS tardó casi un mes en conocer el informe final de calificación de méritos.

Factores de riesgo e impacto institucional

La falta de titularidad data desde abril de 2025, fecha en la que concluía formalmente el período de Diana Salazar, quien presentó su renuncia al cargo un mes después. Actualmente, la institución se encuentra bajo la gestión de Carlos Alarcón, quien ejerce como titular encargado y además participa como postulante en el concurso.

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Advertencias sobre intereses políticos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, alertó que la prolongación del proceso genera riesgos evidentes en la operatividad institucional:

“Los riesgos son tener una autoridad al servicio del poder para mantenerse el mayor tiempo posible o para gestionar su nombramiento definitivo”.Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo

El directivo sostuvo que, más allá de la negligencia o la incompetencia administrativa, tras estas demoras operan intereses de distintos sectores políticos.

La postura oficial del CPCCS y el escenario electoral

Frente a las críticas, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que todas las gestiones respetan el debido proceso. Fantoni contrastó este proceso con el concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE) —el cual registra más de cuatro años de retraso en su renovación parcial por consultas reglamentarias— y afirmó que el marco normativo actual es claro:

“Podemos garantizar a la ciudadanía un resultado dentro de los tiempos establecidos”.Andrés Fantoni, presidente del CPCCS

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Por su parte, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEK, sostuvo que la falta de celeridad responde a varios factores del contexto nacional:

Lo que debes saber 

• El debate entre León Febres-Cordero y Rodrigo Borja de 1984 estuvo marcado por la confrontación, pero también por el contenido, frente a los actuales, donde predominan el espectáculo, los insultos y los memes.
• La obligación de debatir solo alcanza a los cantones con más de 100.000 electores. Algunos encuentros pueden realizarse apenas 72 horas antes de las elecciones.
• Ecuador multiplicó los debates sin garantizar que los electores reciban información suficiente para decidir su voto.

“Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada”, le decía León Febres-Cordero a Rodrigo Borja una noche de abril de 1984, en uno de los debates más recordados de la política ecuatoriana. Esa misma noche le lanzó a Borja 132 insultos y recibió 95 de vuelta. Los contó Vistazo en su edición 399: comunista, oligarca, socialista solapado. El vocabulario de la Guerra Fría como munición de campaña.

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Dos horas. Siete canales y cuatrocientas radios. El país entero oyendo lo mismo. Los dos llegaron a la Presidencia: Febres-Cordero ese año y Borja en 1988. El debate de 1984 prueba que la agresividad y el contenido no son necesariamente excluyentes. Aquella pelea tenía esqueleto.

Cuarenta y dos años después conservamos el ruido y perdimos el esqueleto. Antes había pelea con contenido y hoy no hay ni una cosa ni la otra. Hay protocolo.

Editoriales

Elecciones seccionales 2026: el poco tiempo que tendrán los electores para conocer candidatos

Editorialistas Expreso

Lo que vino después parece una historia nacional del desvío. En 2021, Juan Fernando Velasco cerró recitando ‘Yo nací aquí’. Giovanny Andrade dedicó su minuto final al cumpleaños de su esposa y después culpó de su desempeño a un café en el que, dijo, lo drogaron.

Dos años después, Bolívar Armijos pidió tantas veces que le repitieran la pregunta que fue meme antes de acabar. En 2025, la competencia se mudó al vestuario. Víctor Araus llegó con casaca de húsar, Juan Iván Cueva con máscara de Anonymous y un “yo también estoy arrecho de todo esto”. La inteligencia artificial fue mencionada por tantos y explicada por ninguno que en redes terminó siendo la ganadora.

Dos meses después, tuvimos el careo entre Daniel Noboa y Luisa González. Él la llamó Rana René y le ofreció una beca de economía para después del 13 de abril. Ella le decía “majadero”.

Culpar a los candidatos sería cómodo. Habermas llamó “esfera pública” al espacio donde los asuntos comunes pueden someterse a discusión racional. Un debate electoral debería hacer eso: obligar a propuestas y candidatos a pasar por la contradicción. El diseño ecuatoriano reduce esa contradicción y termina produciendo transmisión sin verdadero escrutinio.

Hoy esa deliberación ocurre en dos escenarios: el debate que organiza el CNE, con moderador, cronómetro y reglamento; y el debate público que continúa en redes, donde el moderador es el algoritmo. El primero dura unas horas; el segundo puede durar días. Y precisamente porque uno alimenta al otro, importa qué produce el debate oficial antes de entregárselo al algoritmo.

Política

Más de 66.000 ciudadanos integrarán las Juntas Receptoras del Voto en Guayas

Flor Layedra Torres

¿Dónde está el problema de los debates actuales?

El problema está en tres decisiones: quién controla la pregunta, a qué territorios alcanza y cuándo llega al elector.

En los 45 debates de noviembre, dos de los cuatro ejes se llenan con preguntas de los propios candidatos. Media entrevista queda en manos del entrevistado. El examinado ayuda a redactar el examen y después nos sorprendemos de que nadie pregunte de dónde saldrá la plata.

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El artículo 202.2 del Código de la Democracia solo obliga a debatir donde hay más de cien mil electores. Solo 24 de más de 220 cantones cumplen con ese requisito. Los casi doscientos que quedan fuera son los pequeños, donde la prensa local apenas respira, la alcaldía puede ser el mayor empleador y el clientelismo tiene menos testigos.

El calendario remata la faena. La lista definitiva de candidatos sale el 9 de noviembre y los debates se estiran hasta el 26. El último careo puede caer a 72 horas del voto.

Nada de esto vuelve inútil el instrumento. El debate puede romper la ventaja del conocimiento previo y poner frente a millones a candidaturas que hasta entonces apenas existían fuera de la papeleta.

Antes del debate de 2023, Noboa no llegaba al 5 % de intención de voto y salió de ahí convertido en una opción. Si el debate puede alterar quién entra en la conversación electoral, su diseño y, sobre todo, el momento en que ocurre, son parte de las condiciones para un voto informado.

Ecuador multiplicó los debates, pero no necesariamente multiplicó la deliberación. Tenemos más escenarios, más reglas y más transmisión, pero un diseño que todavía protege al candidato de las preguntas que realmente importan.

Política

CIDH pide trato igualitario y garantías judiciales para las elecciones seccionales 2026 en Ecuador

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Arreglarlo no exige una reforma constitucional, sino dejar de diseñar el debate para cumplir y empezar a diseñarlo para someter a escrutinio. Eso supone revisar el umbral de obligatoriedad, quién pregunta, cuándo se debate y lograr que evadir una pregunta cueste más que un meme.

Ahora vienen 45 debates, media entrevista escrita por los entrevistados, nueve de cada diez cantones sin una sola pregunta y todo apretado en los quince días de campaña que quedaron al adelantar los comicios 75 días por el fenómeno de El Niño.

Ahora, quien necesita que le repitan la pregunta son los 13 millones de electores que el 29 de noviembre marcarán una papeleta sin que el sistema que obligó a debatir haya conseguido explicarles qué están decidiendo.

Lo que se sabe

• El encuentro de ambos presidentes se dará este 4 de septiembre
• Temas migratorios y de comercio están en la agenda bilateral
• Panamá incorporó a Ecuador a la lista de países amigos

El presidente de la República, Daniel Noboa, recibirá este viernes 4 de septiembre de 2026 a su homólogo panameño, José Raúl Mulino. La cita se dará en Guayaquil.

Política

El presidente de Panamá llegará este viernes a Guayaquil a un encuentro con Daniel Noboa

Richard Josue Jimenez Mora

La agenda del mandatario centroamericano durará un día en la ciudad. Estará acompañado de sus ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y de Comercio, Julio Moltó, así como el miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Vallarino.

Acuerdos de comercio y migración

Uno de los documentos que los gobernantes suscribirán es el Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá, que fija los términos de referencia para negociar un convenio comercial bilateral.

Se prevé que los cancilleres firmen un Acuerdo interinstitucional de intercambio de información migratoria. Además, habrá una declaración conjunta para informar sobre los avances que han conseguido ambos gobiernos.

Panamá incluyó, el 31 de agosto anterior, a Ecuador en su lista de países amigos, lo que facilita el acceso de nuestro países en temas migratorios, laborales y de inversión para la nación centroamericana.

Política

Daniel Noboa se reunirá con el presidente de Panamá para tratar comercio y seguridad

Agencia EFE

Los puntos claves

• El CNE aplicará el conteo rápido para las elecciones de alcaldes y prefectos. Las primeras tendencias podrán conocerse poco después del cierre de las urnas.
  
• El mecanismo utilizará una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto.
  
• 
  Los datos del conteo rápido serán preliminares y no determinarán oficialmente a los ganadores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un conteo rápido para las elecciones de alcaldes y prefectos que se realizarán el próximo 29 de noviembre. El mecanismo, según ha dicho el organismo electoral, permitirá conocer tendencias preliminares de la votación una vez que cierren las urnas.

La decisión fue confirmada este 2 de septiembre por el presidente del CNE, José Cabrera, quien señaló que el conteo rápido ya está contemplado dentro de la planificación operativa de los comicios.

“No es ningún riesgo, tenemos profesionales que sabemos y lo hemos hecho ya en otros procesos. Dentro del plano operativo está contemplado el conteo rápido”, afirmó Cabrera desde la Delegación Electoral de Pichincha.

El mecanismo se aplicará mediante una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Con esa información, el organismo electoral podrá establecer una primera tendencia sobre los resultados de las elecciones de alcaldes y prefectos.

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¿Cómo funcionará el conteo rápido?

Después del cierre de las urnas, según lo previsto, las Juntas Receptoras del Voto realizarán el conteo de los votos y elaborarán las actas correspondientes.

Para el conteo rápido, el CNE utilizará únicamente las actas de las juntas que hayan sido seleccionadas previamente como parte de la muestra. Los datos serán procesados para obtener una estimación estadística de la tendencia electoral.

¿En qué provincias y cantones se hará?

Este punto todavía está pendiente. El Pleno del CNE deberá definir en los próximos días qué provincias y cantones serán incluidos en la muestra del conteo rápido.

Cabrera señaló que inicialmente se analiza su aplicación en las principales jurisdicciones, aunque no descartó que el mecanismo pueda extenderse a todas las provincias y cantones, si así lo decide el Pleno.

Por ahora, lo confirmado por el organismo electoral es que el conteo rápido estará dirigido a las elecciones de alcaldes y prefectos.

¿Cuándo se conocerán las primeras tendencias?

El CNE prevé que las primeras tendencias puedan conocerse poco después del cierre de las urnas, el 29 de noviembre.

Sin embargo, el organismo todavía no ha establecido una hora específica para la publicación de estos datos. Esto dependerá de la velocidad con la que termine el conteo en las juntas seleccionadas, la transmisión de las actas y su procesamiento.

Los primeros datos que se presenten serán, por tanto, preliminares.

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¿El conteo rápido determinará quién ganó?

No. El CNE ha señalado que los datos del conteo rápido serán preliminares y no sustituirán el escrutinio formal, que es el que determina legalmente a los ganadores.

La diferencia es que el conteo rápido se realizará sobre una muestra de actas, mientras que el escrutinio oficial contempla el procesamiento de las actas electorales de las Juntas Receptoras del Voto.

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¿Qué falta por definir?

Aunque el organismo ya confirmó la aplicación del conteo rápido, todavía debe establecer varios detalles operativos. Entre ellos:

Estos detalles serán definidos por el organismo electoral antes de la jornada del 29 de noviembre de 2026.

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¿Qué debe tener en cuenta el elector?

Por eso, aunque una tendencia pueda mostrar una ventaja clara de un candidato, la confirmación de los resultados dependerá del escrutinio oficial.

Lo que debes saber

• La Asamblea fiscalizará los patrimonios de alcaldes y prefectos.
• La Comisión aprobó una hoja de ruta para revisar posibles incrementos injustificados.
• La sesión fue declarada reservada por información remitida por la Contraloría.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional conoció, el 3 de septiembre, la hoja de ruta para fiscalizar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. El proceso fue dispuesto por el Pleno de la Asamblea, el 23 de junio.

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Fiscalización abarcará a alcaldes y prefectos

De acuerdo con la planificación expuesta por el asesor jurídico de la Comisión, Diego Flores, el proceso contempla varias etapas para determinar qué autoridades habrían registrado incrementos patrimoniales que no podrían ser justificados con sus ingresos. La fiscalización abarcará a los 224 alcaldes y 23 prefectos, con información que será solicitada y contrastada con entidades como la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y registradores de la propiedad.

La hoja de ruta establece como primer paso, las comparecencias de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías (SuperCías). El siguiente paso será el pedido de información complementaria a las instituciones involucradas: al SRI, CGE, SuperCías y Unidad de Análisis Financiero y Económico. Según el cronograma, estas actividades se ejecutarían el 3 de septiembre.

Posteriormente, el equipo técnico cruzará y constatará los datos, con información que ya ha recopilado la Comisión de Seguridad y con la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para identificar a los gobiernos autónomos descentralizados cuyos patrimonios presenten incrementos que requieran una revisión. Esto se realizará el 7 de septiembre.

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Comisión prevé un sistema de alertas

Además, la Comisión prevé elaborar un análisis técnico-jurídico y una matriz para organizar los casos identificados, que incluiría un sistema de alertas en rojo, amarillo y verde. Esta actividad está prevista para el 9 de septiembre.

Por otro lado, el asesor jurídico señaló que las fechas planteadas en la hoja de ruta son tentativas y podrán ser modificadas por decisión de los miembros de la Comisión. La planificación contempla elaborar un informe borrador hasta el 15 de septiembre.

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Sesión fue declarada reservada

Sin embargo, antes de avanzar con la comparecencia de la Contraloría, la Comisión resolvió declarar reservada la sesión debido a que la información remitida por esa entidad fue calificada como reservada. La decisión se sustentó en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 38 del Reglamento de las comisiones, que permiten declarar la reserva con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

La moción fue presentada por el asambleísta Milton Aguas, quien sostuvo que la reserva permitiría a los legisladores revisar la información y formular sus preguntas sobre el proceso de fiscalización. Xavier Lasso cuestionó la medida y planteó dudas sobre si el caso correspondía a una situación de seguridad nacional, además de solicitar conocer si la información disponible había sido entregada a todos los gobiernos autónomos involucrados.

Finalmente, la declaratoria de reserva fue aprobada con seis votos a favor, tres en contra y un voto en blanco, sin abstenciones. Votaron a favor Cristian Benavides, Jennifer Guillén, Milton Aguas, Samuel Celleri, Walter López y Carlos Vargas; en contra lo hicieron Sandra Figueroa, Patricia Núñez y Xavier Lasso, mientras que Camila Encalada votó en blanco.

Tras la decisión, se suspendió la transmisión pública de la sesión y se dispuso que únicamente los miembros de la Comisión tengan acceso a la información reservada, previa solicitud a la Secretaría y bajo mecanismos de control. También se estableció la suscripción de acuerdos de confidencialidad y se advirtió que el incumplimiento de las obligaciones de reserva podría generar las medidas legales correspondientes.

A la sesión asistió Gabriela Cecilia Sulca Córdova, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado. La funcionaria explicaría, durante la reunión reservada, la información recabada por la entidad y las razones para mantenerla bajo reserva.

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Durante la sesión del Pleno de este 3 de septiembre, el Legislativo trató en segundo debate el proyecto normativo. El oficialismo destacó tres cambios: la posibilidad de suspender las competencias a los municipios, la regulación de los servicios de delivery y la modernización de la gestión del tránsito.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto de ley, reiteró que el primer eje tenía como finalidad combatir al crimen organizado. Esto, debido a que existían casos en los que grupos criminales habían permeado esos niveles de gobierno en temas como la emisión de matrículas y la revisión vehicular.

En este punto, la ley aprobada contempla que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realice una evaluación con la finalidad de emitir informes que serían remitidos al Consejo Nacional de Competencias. Esta última instancia podría decidir la suspensión de esa competencia.

El tema sobre el control a los servicios de delivery captó gran parte de las intervenciones. En esta materia, Centeno explicó que se creará un registro nacional. Además, quienes presten el servicio deberán cumplir con requisitos como un casco homologado y un chaleco reflectivo en el que conste el número de placa de la motocicleta.

Finalmente, en la modernización de la gestión, los radares para el control de la velocidad podrán instalarse siempre y cuando se haga bajo la modalidad de contratación de servicios. Esto, debido a que la modalidad actual permitía que los proveedores del servicio accedieran a un porcentaje de las multas cobradas.

En este ámbito también se incluyó la creación de un sistema único de peajes. Esto, según la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, implicaría que con un mismo tag se pueda pasar por todos los peajes del país.

Correísmo cuestionó lo que considera una propuesta centralista

Más allá de las coincidencias en temas puntuales como los mismos servicios de delivery y los fotorradares, el correísmo cuestionó lo que consideró el tema de fondo de la propuesta. 

Diego Salas, asambleísta de Revolución Ciudadana, dijo que todos los temas mencionados buscan responder a demandas ciudadanas, pero, al final del día, “eran un cortina de humo” para lo que consideró un proyecto centralista.

La principal crítica tenía que ver con retirarle la competencia en matriculación a los GAD tipo C y también con que, en los cantones fronterizos, la gestión de esta competencia sea traspasada a la Policía Nacional.

¿Qué se excluyó de las reformas?

Centeno pidió que las reformas se votaran en dos bloques. El primero, en el que se encontraba la mayor parte de la ley, fue aprobado con 87 votos a favor. Así, el proyecto impulsado por el oficialismo avanzó al veto o sanción del presidente de la República.

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En el segundo bloque, la asambleísta oficialista colocó la disposición reformatoria sexta. Allí, según el proyecto de ley, se establecía que el conductor que, mediante motocicleta, preste el servicio de transporte de bienes y/o servicios a domicilio sin encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinado a dicho servicio sería sancionado con una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado y la reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir.

No hubo votos a favor para que pasara dicha disposición.

Los puntos claves

• Blanca López aseguró que las trabas que enfrenta Guayaquil responden a una agenda política y electoral. Cuestionó que cerca del 90 % de los procesos municipales estén paralizados.
• La concejal sostuvo que una administración municipal que no sea afín al oficialismo podría enfrentar las mismas trabas.

Las trabas que enfrenta el Municipio de Guayaquil por la suspensión de procesos de contratación ya llegaron al terreno político. Durante la sesión de Concejo Cantonal de este 3 de septiembre, la concejal Blanca López aseguró que lo que ocurre en la ciudad no responde a una falta de capacidad para ejecutar obras, sino a decisiones administrativas que, según ella, siguen un “libreto político y electoral”.

Sus declaraciones se dan un día después de que el Municipio denunciara que cerca de $ 56 millones en procesos de contratación permanecen suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La administración municipal sostiene que la situación afecta más del 90 % de sus procesos y golpea áreas como obras públicas, salud, movilidad, saneamiento y programas sociales.

López denuncia un trasfondo electoral

La concejal puso el tema sobre la mesa en medio de la cercanía de las elecciones seccionales. Dijo que ha visto a candidatos cercanos al oficialismo asegurar que, si llegan a la Alcaldía de Guayaquil, no tendrán trabas ni enfrentamientos con el Gobierno y que las asignaciones presupuestarias llegarán a tiempo.

“Con eso quieren prometerle a la gente que habrá más afinidad con el Gobierno”, sostuvo. Para López, el mensaje que queda es otro: que una administración municipal que no sea afín al oficialismo podría enfrentar las mismas dificultades que atraviesa actualmente el Cabildo.

“El mensaje está clarísimo: cualquier administración que no sea parte de las filas del movimiento del oficialismo va a vivir las mismas trabas que está enfrentando el Municipio de Guayaquil”, afirmó.

La concejal cuestionó que la gestión de una ciudad dependa de la relación política que mantenga con el Gobierno Nacional. “No es cuestión de pedir favores, sino de lo que dice y establece la Constitución”, señaló.

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“Estamos empezando a normalizar el abuso”

López cuestionó además que este tipo de situaciones puedan terminar viéndose como normales en la relación entre el Gobierno central y los gobiernos locales. “Estamos empezando a normalizar el abuso político y electoral. Y ahora también el abuso frente a las administraciones locales”, dijo.

La concejal también cuestionó la contradicción entre el pedido del Gobierno a los municipios para que aceleren sus procesos y la cantidad de contrataciones que, según el Municipio, permanecen suspendidas.

“El Gobierno exige a municipios y prefecturas que trabajen más y con celeridad en los procesos sobre todo por la alerta de la llegada de El Niño, pero la realidad es que aquí el 90 % están paralizados. ¿Entonces qué mismo pasa?”, cuestionó.

Para López, el problema ya no puede ser visto únicamente como una discusión sobre obras. “Todo está paralizado y no solo obras viales, sino sociales, de educación y salud. Esto debería alarmarnos a todos”, afirmó.

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El Niño, otro punto de preocupación

La concejal también relacionó las suspensiones con la alerta por el fenómeno de El Niño. Recordó que el propio Gobierno ha pedido a los municipios acelerar los trabajos de prevención ante las posibles consecuencias del evento climático.

Sin embargo, sostuvo que mientras públicamente se exige avanzar, existen procesos municipales que permanecen detenidos.

“Lo que hoy sucede en Guayaquil no es coincidencia, es sistemático”, afirmó.

El Municipio ha señalado que entre los procesos suspendidos está la adquisición de combustible para movilizar maquinaria y realizar trabajos como la limpieza de zanjas. También informó sobre procesos de obras públicas que permanecen detenidos.

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“El enemigo de un gobierno no somos nosotros”

López terminó su intervención con un llamado al Gobierno Nacional y cuestionó que el enfrentamiento entre instituciones termine afectando a los ciudadanos. “El Gobierno Nacional se está equivocando. El enemigo de un gobierno no somos nosotros , no somos los guayaquileños. Es la inseguridad, la falta de medicina en los hospitales públicos, solo por citar unos casos”, sostuvo.

Sus declaraciones se suman a las expresadas este mismo 3 de septiembre por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien durante la sesión de Concejo y en sus redes sociales cuestionó la suspensión de los procesos municipales.

Coronel aseguró que recibe diariamente reclamos por obras y servicios que no avanzan y afirmó que “el Sercop no nos permite avanzar”. También pidió que, una vez cumplidos los requisitos, los procesos puedan continuar.

La alcaldesa subrogante resumió su posición al señalar que detrás de los $ 56 millones no hay solo trámites: “hay calles, pacientes, niños, familias, comerciantes y barrios que esperan”.

Los puntos claves

• Tatiana Coronel aseguró que recibe a diario reclamos por obras paralizadas y servicios que no funcionan. Cuestionó que la ciudad tenga maquinaria, pero no pueda movilizarla por la falta de combustible.
• La alcaldesa subrogante pidió al Gobierno demostrar que “no tienen nada contra Guayaquil” y dejar avanzar los procesos.
• La alerta roja por El Niño aumenta la presión sobre las obras de prevención y saneamiento en Guayaquil.

Tatiana Coronel expresó este 3 de septiembre su preocupación por los procesos de contratación del Municipio de Guayaquil que permanecen suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La alcaldesa subrogante aseguró que detrás de los cerca de $ 56 millones en procesos detenidos hay obras y servicios que la ciudad necesita y que los ciudadanos reclaman.

“Detrás de los $ 56 millones no hay papeles, hay calles, pacientes, niños, familias, comerciantes y barrios que esperan”, señaló Coronel en sus cuentas oficiales.

Durante la sesión de Concejo de este jueves, Coronel también se refirió al tema y aseguró que recibe a diario mensajes de ciudadanos que preguntan por obras y servicios que no avanzan.

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Coronel: “El Sercop no nos permite avanzar”

“Me preocupa lo que está pasando porque a diario me escriben y me dicen que las obras están paralizadas, que hay juntas en los puentes, que han baches, obras inconclusas. Me dicen que por qué no hago nada. Me preguntan por qué la Terminal Terrestre no tiene aire. Y bueno, esta es la razón: el Sercop no nos permite avanzar”, afirmó.

La declaración ocurre un día después de que el Municipio denunciara que durante 2026 se han suspendido el 90 % de los procesos por aproximadamente $ 56 millones. La concejala Emily Vera señaló que más de $ 40 millones fueron suspendidos en febrero y que posteriormente, en julio pasado, se sumaron otros $ 16 millones.

Según el Municipio, la situación afecta simultáneamente áreas como salud, obra pública, movilidad, saneamiento, parques y programas sociales.

Medicinas y programas sociales, entre los procesos afectados

En salud, según indicó la entidad, las suspensiones afectan la compra de medicamentos e insumos. Vera aseguró que esto representa una afectación para unos 200.000 pacientes.

En el área social, el Municipio también advierte dificultades para mantener servicios dirigidos a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Coronel destacó además los 16 centros de tareas y nivelación que funcionan como parte de los programas municipales. Sostuvo que mantener a un niño estudiando, atender a un paciente a tiempo o acompañar a una persona con discapacidad también forma parte de la prevención de la violencia.

Obras y combustible también están detenidos

La obra pública es otro de los frentes señalados por el Municipio. Existen procesos detenidos para mantenimiento vial, repavimentación, repotenciaciones, cubiertas y espacios públicos.

Coronel mencionó un proceso para trabajos en la avenida Rodrigo Bonín que supera los $ 4 millones.

El director de Obras Públicas, Carlos Vásquez, informó además que las cuadrillas municipales enfrentan dificultades para movilizar maquinaria debido a la suspensión del proceso para la adquisición de combustible.

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Esta situación también fue cuestionada por la concejala Emily Vera durante la sesión de Concejo. “Es la primera vez que el Gobierno impide que Guayaquil contrate combustible para poder contratar maquinaria y limpiar canales, zanjas..., en plena alerta por la llegada de El Niño”, afirmó. Vera sostuvo que el Municipio presentó su planificación, pero que en febrero se suspendieron procesos por $ 40 millones y en julio se sumaron otros $ 17 millones. “Esto no se trata de un bloqueo administrativo, se trata de la gente”, señaló, antes de hacer un llamado al Gobierno central: “No jueguen con la salud ni con el bienestar del guayaquileño. No jueguen al cálculo electoral por sobre el bienestar de las familias guayaquileñas. Más que hostigamiento personal, lo que nos está pasando es algo perverso”, sentenció. 

EMAPAG reporta 18 procesos suspendidos

La situación también alcanza a EMAPAG-EP. Su presidenta, Isabel Tamariz, informó que la empresa mantiene aproximadamente 18 procesos suspendidos por más de $ 3 millones, con un promedio de cinco meses de paralización.

Los procesos corresponden a recursos destinados a obras de agua y saneamiento.

El escenario ocurre mientras Ecuador permanece en alerta roja por el fenómeno El Niño. El Municipio sostiene que las suspensiones reducen su capacidad para ejecutar obras preventivas y atender a los sectores más vulnerables ante posibles inundaciones.

La alcaldesa subrogante también se refirió al impacto económico de los eventos municipales. En sus cuentas oficiales indicó que las fiestas julianas de 2025 recibieron 33.849 visitantes y generaron $ 6,7 millones en movimiento económico. “Cuando se suspende un proceso para un evento, el impacto llega al emprendedor, al artista, al comerciante, al restaurante, al hotel y a todos quienes viven de una ciudad activa”, sostuvo.

“Demuestren que no tienen nada contra Guayaquil”

Coronel defendió la actuación de la Alcaldía y aseguró que la administración está cumpliendo con los procedimientos establecidos.

“Como Alcaldía estamos haciendo nuestra parte: planificamos, revisamos y cumplimos los procedimientos. Estamos dispuestos a subsanar lo que corresponda”, sostuvo.

Durante la sesión de Concejo, la alcaldesa subrogante hizo un llamado a quienes intervienen en los procesos. “Llamo a la humanidad y a que demuestren que realmente quieren a esta ciudad”, manifestó. También pidió que se demuestre que “no tienen nada contra Guayaquil” y que se permita que los procesos avancen.

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“Dejen pasar a la coyuntura. Nosotros somos pasajeros”, agregó.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó que la inscripción de Hermosa no se completó dentro del plazo establecido.
• La candidatura enfrentó un inconveniente relacionado con la paridad de género.
• El Tribunal descartó que hubiera una falla técnica y rechazó reabrir el proceso electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la Alianza Política “Juntos por la Transformación”, Listas 70-17, y Mónica Anabel Hermosa Acosta, y ratificó la resolución de la Junta Provincial Electoral de Imbabura que impidió su inscripción para la Alcaldía de Otavalo. La decisión consta en la sentencia de la Causa Nro. 155-2026-TCE, dictada el 30 de agosto de 2026.

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La inscripción quedó inconclusa

Según el fallo, Hermosa ingresó como reemplazo de Nelson Enrique Velásquez Males, quien había sido proclamado inicialmente como precandidato a la Alcaldía de Otavalo por el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. Sin embargo, aunque el TCE reconoce que la sustitución permitió que Hermosa adquiriera la calidad de precandidata, aclara que ese registro no significaba que la solicitud de inscripción hubiera sido formalmente concluida.

La sentencia establece que la información de Hermosa fue ingresada en el Sistema Informático de Inscripción de Candidaturas, pero la postulación de Otavalo permaneció en estado “impresión formulario”. A diferencia de otras candidaturas de la misma alianza, que constaban como “finalizada la inscripción”, esta solicitud no llegó a completarse antes de las 18:00 del 17 de agosto de 2026, fecha límite para esa etapa.

Además, el TCE determinó que la dificultad no se originó en una falla técnica de la plataforma, sino en el incumplimiento de la regla de paridad de género. Al intentar completar el formulario correspondiente a Otavalo, el sistema emitió el mensaje de que la alianza “no cumple con la validación de porcentaje de listas encabezadas por mujeres”, debido a que no alcanzaba el 50 % exigido para las candidaturas a alcaldías a escala provincial.

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El Tribunal descartó una falla administrativa

Frente a ello, las demandante sostuvieron que la situación podía solucionarse con el procesamiento de la renuncia de Silvia Consuelo Terán Santacruz, precandidata a la Alcaldía de Urcuquí, pues su reemplazo habría modificado la conformación provincial de las candidaturas encabezadas por mujeres. No obstante, el Tribunal concluyó que no existía sustento jurídico para admitir una inscripción condicionada a que se tramitara posteriormente la renuncia de otra candidatura, ni para reabrir una etapa electoral cuyo plazo ya había concluido.

Asimismo, las demandantes atribuyeron a la administración electoral una supuesta falta de diligencia por no haber procesado oportunamente la renuncia de Terán Santacruz. El TCE descartó esa acusación y señaló que la renuncia fue presentada el 16 de agosto y reiterada el 17 de agosto a las 15:18, mientras que la Junta realizó las actuaciones correspondientes y emitió su resolución el 19 de agosto, por lo que no se configuró la alegada inacción administrativa.

Finalmente, el Tribunal enfatizó que las etapas del proceso electoral están sujetas al principio de preclusión y que sus plazos son fijos e improrrogables, por lo que el principio pro-participación no permite crear excepciones a las reglas establecidas. En consecuencia, al no haberse finalizado la inscripción dentro del plazo y al no cumplirse la exigencia de paridad provincial, el TCE negó el recurso y mantuvo la decisión que dejó fuera de la contienda a Hermosa, quien iba por la reelección.

EXPRESO intentó obtener la reacción de la actual alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, sobre la decisión del TCE y su exclusión de la contienda electoral. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Los puntos claves

• Gisella Bayona anunció este 2 de septiembre que deja el ejercicio periodístico, pero no ha revelado cuál será su siguiente paso profesional.
• La periodista tampoco ha aclarado si su salida del periodismo será definitiva o temporal.
• Fundamedios alertó sobre una campaña digital contra Bayona: entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esa narrativa.
  
• Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y afirmaciones sin sustento dentro de las publicaciones difundidas contra Bayona.

La despedida de Gisella Bayona del periodismo deja ahora otra pregunta: ¿qué viene después? La periodista anunció el pasado 2 de septiembre que se aleja del ejercicio periodístico, tras varios días en los que su nombre y el de su esposo, José Roberto Alvear, quedaron en medio de una campaña de señalamientos en redes sociales.

La polémica comenzó luego de unas declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien habló el 28 de agosto, durante una entrevista radial, de una comunicadora que sería proveedora del sistema de salud y cuya pareja tendría vínculos con las llamadas “mafias eléctricas”. Aunque no mencionó nombres, horas después varias cuentas identificaron a Bayona y a su esposo como los aludidos.

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Después vinieron publicaciones, acusaciones y documentos que, según verificó Lupa Media, incluían información manipulada, datos sacados de contexto y afirmaciones que no pudieron ser comprobadas.

En medio de ese escenario, Bayona decidió despedirse públicamente del periodismo.

“Hoy elijo a mi familia”

La comunicadora anunció su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. Dijo que se alejaba para proteger a su familia.

“Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia”, expresó.

Bayona también rechazó las acusaciones que circularon en su contra y negó mantener negocios con el sistema de salud pública. Sobre su esposo, sostuvo que los procesos judiciales mencionados durante la polémica concluyeron a su favor y que él fue víctima y denunciante en un caso relacionado con un exsocio.

Pero su mensaje dejó una duda: ¿qué pasará ahora con Gisella Bayona?

La salida que no es como la de TC Televisión

Esta no es la primera vez que Bayona deja un espacio en los medios. En enero de 2026 salió de TC Televisión, como parte de una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de varios talentos del canal.

Pero entonces no dejó el periodismo. Después de su salida de la televisora, Bayona continuó activa en redes sociales, donde siguió publicando contenidos y opiniones sobre la coyuntura nacional.

Esta vez, en cambio, fue ella quien anunció que se aparta del ejercicio periodístico. Hasta ahora, Bayona no ha dado más detalles sobre lo que viene después de esta decisión.

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Más de 1.300 publicaciones en cuatro días

El anuncio llegó después de varios días de una intensa campaña en redes sociales.

Fundamedios alertó sobre lo que calificó como una campaña digital contra la periodista y pidió a la Fiscalía investigar el origen de los contenidos y determinar si existió coordinación entre las cuentas que difundieron los señalamientos.

Según el análisis de Lupa Media citado por la organización, entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esta narrativa.

El monitoreo identificó alrededor de 907 usuarios, más de 76.000 interacciones y una audiencia potencial superior a los 2 millones de personas.

Además, Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y otras afirmaciones que no pudieron ser demostradas.

Fundamedios pidió también que las autoridades eviten declaraciones que puedan terminar identificando o estigmatizando a periodistas y que, posteriormente, deriven en campañas de desprestigio.

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¿Qué viene ahora?

Por ahora, Gisella Bayona no ha precisado si su despedida del periodismo es definitiva o si se trata de una decisión tomada en medio de la situación que atravesó durante los últimos días.

Lo último que dejó claro fue la razón de su decisión. “Hoy elijo a mi familia”, dijo. 

Lo que debes saber

• José Raúl Mulino visita Guayaquil para una cita oficial con Daniel Noboa.
• La agenda abordará comercio bilateral, inversiones y lucha contra el crimen organizado.
• Panamá es valorado como un centro estratégico financiero y logístico para la región.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribará este viernes 4 de septiembre de 2026 a la ciudad de Guayaquil para sostener una reunión oficial con el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. El encuentro bilateral se llevará a cabo con el objetivo de fortalecer la cooperación interestatal y revisar prioridades compartidas en materia económica y de seguridad regional frente a las amenazas del narcotráfico y las bandas delictivas transnacionales.

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Daniel Noboa se reunirá con el presidente de Panamá para tratar comercio y seguridad

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Los ejes estratégicos de la agenda bilateral entre Ecuador y Panamá

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, informó previamente los temas prioritarios que tratarán ambos jefes de Estado durante la jornada de trabajo en territorio ecuatoriano.

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La agenda oficial se concentrará en tres ámbitos fundamentales:

El rol de Panamá como polo logístico y comercial

En declaraciones concedidas a radio Centro Digital, el canciller ecuatoriano Roberto Kury remarcó que las dos naciones preservan una “relación histórica” y enfatizó el momento favorable de los nexos diplomáticos, al calificar que existe una “excelente relación” con el Gobierno encabezado por José Raúl Mulino.

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Asimismo, la autoridad de la diplomacia ecuatoriana subrayó la posición geográfica y económica del país centroamericano al definirlo como un punto clave financiero y logístico, aprovechado por múltiples compañías internacionales para “distribuir o entrar a Latinoamérica”.

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Antecedentes diplomáticos del encuentro presidencial

La cita en el puerto principal da continuidad a los acercamientos de alto nivel desarrollados previamente por las administraciones de ambos países:

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional debatirá este 3 de septiembre las reformas a la Ley de Tránsito, que plantean regular por primera vez el servicio de delivery en motocicletas.
• La propuesta establece requisitos para los repartidores, crea un registro nacional y fija nuevas obligaciones para conductores extranjeros.
• Los municipios deberán aprobar ordenanzas en sintonía con las nuevas especificaciones de las reformas. 

Este 3 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional definirá el futuro de las reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Uno de sus puntos centrales es la regulación del transporte de bienes a domicilio o ‘delivery’.

El proyecto de ley que se tratará en la sesión 121 del Pleno de la Asamblea define este tipo de transporte como aquel que tiene como objetivo el traslado especializado de alimentos, productos, artículos de consumo y otros bienes de pequeño tamaño y de lícita comercialización, realizado mediante motocicletas homologadas a cambio de una contraprestación económica.

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La normativa plantea reconocerlo como un subtipo del transporte comercial de carga ligera. Así, por primera vez, este tipo de transporte sería regulado y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) será la encargada de emitir el reglamento para viabilizar la ley en este aspecto.

¿Qué requisitos se plantean?

En las reformas a la Ley de Tránsito también se especifica que deberá crearse un registro nacional de quienes presten este servicio. Este estará administrado por la ANT y será necesaria una coordinación con los municipios del país.

La inscripción en este registro será obligatoria para todos los repartidores, independientemente de su modalidad de contratación, vínculo laboral o intermediación mediante plataformas digitales. Para la implementación del registro, la ley plantea un plazo de tres años.

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IVONNE MANTILLA

¿Qué pasa con los conductores extranjeros?

La propuesta también habla de la regulación de los conductores que no son ecuatorianos. La reforma exige que los repartidores extranjeros porten obligatoriamente su pasaporte junto con la visa o el sello de ingreso vigente que certifique su estancia legal en el país.

Asimismo, si la categoría migratoria está vencida, el conductor perderá la facultad de conducir y el vehículo será retenido en caso de cometer una infracción.

Disposición para los municipios

Una vez que la ANT emita la normativa nacional secundaria, para lo cual tiene un plazo de 360 días, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos tendrán un plazo de 90 días para expedir sus ordenanzas complementarias locales.

Además, en ese mismo periodo, los municipios deberán desarrollar sistemas de denuncias ciudadanas en línea para facilitar el control de los repartidores.

El informe para el segundo y definitivo debate fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidenta, Valentina Centeno (ADN), dijo esta mañana en una entrevista con Teleamazonas que es importante el registro para tener identificados a quienes se dedican a esta actividad.

“Esto debe ser alimentado en conjunto con los distintos municipios”, manifestó. También dijo que, ante la posibilidad de clonar chalecos y cascos, el registro también implica una identificación digital.