La jefa de la bancada correísta, Patricia Núñez, indicó: “No podemos permitir esta persecución que se está haciendo en contra de nuestros compañeros de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente en contra del alcalde Pabel Muñoz”.

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Núñez recordó que la Asamblea ha sido un espacio clave para impulsar procesos de fiscalización que apuntan a la administración de Muñoz. Señaló que lo que se tratará en el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) esta tarde ocurre luego de que, mediante varios cambios del orden del día en la Asamblea, se ha cuestionado la gestión del burgomaestre.

La jefa de la bancada dijo que, si quieren ganar, lo hagan en las urnas. Esto, en relación con que Muñoz es el candidato de la Revolución Ciudadana (ahora junto con AMIGO) para buscar la reelección en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026.

¿Por qué se habla de un posible impedimento para Muñoz?

Para la tarde de este 16 de julio de 2026 está prevista una sesión del TCE en la que se abordará una denuncia por un caso de presunta violencia política de género en contra del concejal Diego Garrido. En el proceso también se acusa al alcalde de Quito por la supuesta infracción.

El origen del conflicto está en que no se permitió a Albuja principalizarse como concejala de manera permanente, debido a que Garrido habría estado inhabilitado, según sostiene la denunciante.

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En este escenario, el correísmo analiza no solo la presentación de recursos en el país, sino también acudir a instancias internacionales, según afirmó la asambleísta Núñez.

Asimismo, el legislador Franklin Samaniego afirmó que, en caso de concretarse una inhabilitación de Muñoz, sería una muestra más de que se intenta “limpiar la papeleta electoral de quienes les estorban para cumplir con sus objetivos”.

“Existen los caminos. Podría haber un cambio, ya que solamente inscrita la candidatura no se puede renunciar a ella”, señaló Samaniego. Sin embargo, no adelantó cuál podría ser la alternativa del correísmo.

Antes de la instalación de la sesión del Pleno 108, el correísmo acompañó a Palacios en una rueda de prensa en la que denunció la supuesta amenaza. Señaló que recibió un mensaje a las 05:55 de este jueves 16 de julio, en el que se amenazaba con atentar contra su vida “por lengua larga”.

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El mensaje, según Palacios, fue más allá. “Me mandaron una fotografía donde estaban afuera de mi casa, no en Ecuador sino en Estados Unidos; donde vive mi familia y está mi hijo”, aseguró la parlamentaria del correísmo.

Palacios no detalló más sobre las posibles razones de la supuesta amenaza. Sin embargo, recordó que es una de las proponentes del juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano, proceso que actualmente se encuentra en etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo en la Comisión de Fiscalización.

“La señora Inés Manzano le tiene que dar la cara a todos los ecuatorianos”, aseguró Palacios. Acto seguido, la legisladora arremetió contra el Gobierno de Daniel Noboa. “No nos pueden amenazar de muerte”, indicó.

¿Por qué hay un juicio político en contra de Manzano?

La Comisión de Fiscalización lleva adelante el proceso de juicio político en contra de Inés Manzano, tras una solicitud presentada por el bloque correísta. Ese sector la acusa de incumplimiento de funciones por su supuesto rol en el contrato entre CELEC y la empresa Austral Technical Management durante la crisis energética de 2024.

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Para la tarde de este 16 de julio de 2026 está prevista una nueva sesión de la Comisión de Fiscalización para continuar con la presentación de pruebas de cargo y descargo.

Una vez que concluya esa etapa, la mesa legislativa deberá elaborar un informe en el que se sugiera o no el avance del juicio político. Después será el Pleno el que se pronuncie sobre el futuro de Inés Manzano, quien podría ser censurada si se alcanzan los 101 votos necesarios.

Lo que debes saber

• Correa dijo el 16 de julio que candidatos serán consensuados con Álvarez y Villacís.
• Correísmo evaluará candidaturas en Guayaquil y Esmeraldas pese a tener precandidatos.
• Aquiles Álvarez y Vicko Villacís enfrentan procesos judiciales mientras avanza el calendario electoral.

El expresidente Rafael Correa anunció que el movimiento Revolución Ciudadana (RC) no impulsará postulaciones en esas ciudades sin alcanzar consensos previos con los actuales alcaldes, Aquiles Álvarez y Vicko Villacís, pese a que la organización ya realizó elecciones primarias y cuenta con precandidatos definidos.

La declaración fue difundida este 16 de julio mediante un video publicado por Correa desde el extranjero. En el mensaje, el exmandatario sostuvo que cualquier candidatura respaldada por el correísmo para Guayaquil y Esmeraldas deberá surgir de acuerdos con los alcaldes en funciones y los sectores políticos que representan.

Correa plantea consensos pese a que ya existen precandidatos

El pronunciamiento llega cuando la Revolución Ciudadana ya había avanzado en la selección interna de sus aspirantes para los próximos comicios. 

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En Guayaquil fue escogido como precandidato el asambleísta por Guayas Juan Pablo Molina, dentro de la alianza electoral que el correísmo mantiene con el movimiento Amigo debido a la suspensión temporal impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La nueva postura abre interrogantes sobre el futuro de esas nominaciones y sobre la posibilidad de que las candidaturas finalmente respondan a acuerdos políticos más amplios que a los resultados de las primarias partidistas.

El contexto judicial de los alcaldes

La decisión anunciada por Correa se produce en un contexto complejo para ambos alcaldes, quienes enfrentan procesos judiciales que han marcado la agenda política nacional en los últimos meses.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sobre él pesan investigaciones en los casos Goleada, Triple A y Grillete. En una de esas causas, la Fiscalía indaga una presunta estructura relacionada con lavado de activos que habría operado a través de empresas vinculadas a su entorno familiar.

Por su parte, Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, fue detenido en junio de 2026 dentro del denominado caso Blindaje. La investigación se centra en un presunto desvío millonario de fondos que habría afectado a Petroecuador y por el cual también fueron procesados jueces y otros involucrados.

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Reacomodos en el tablero electoral

Las declaraciones de Correa ocurrieron poco después de que se conocieran movimientos en otras fuerzas políticas de cara a las elecciones seccionales. 

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Entre ellos destaca la decisión de Cynthia Viteri de convertirse en precandidata a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento oficialista ADN, un anuncio que reconfiguró el escenario electoral en la ciudad más poblada del país.

En ese contexto, el mensaje del líder correísta parece orientado a mantener abiertas las opciones de negociación política en dos ciudades consideradas estratégicas para cualquier organización que aspire a conservar o ampliar su influencia territorial.

Un escenario aún abierto

Aunque la Revolución Ciudadana ya cuenta con nombres definidos tras sus procesos internos, la posibilidad de alcanzar consensos con Aquiles Alvarez y Vicko Villacís plantea un escenario de redefiniciones antes de la inscripción definitiva de candidaturas.

Por ahora, el anuncio no implica cambios formales en las postulaciones ya aprobadas, pero evidencia que las decisiones electorales en Guayaquil y Esmeraldas podrían depender tanto de negociaciones políticas como del desarrollo de los procesos judiciales que enfrentan los actuales alcaldes

Lo que debes saber

• Roberto Gilbert declinó su candidatura al CPCCS antes de las elecciones de noviembre en Ecuador.
• La salida de Gilbert modifica la contienda para integrar el Consejo de Participación Ciudadana.
• El CPCCS continúa concursos para designar autoridades mientras cambia el escenario electoral.

El médico y exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Roberto Gilbert Febres Cordero, desistió de participar en las elecciones para integrar nuevamente ese organismo. 

La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido a las autoridades electorales, en el que informó que declina "de modo libre y voluntario" su postulación como candidato a consejero y expresó sus deseos de éxito para el proceso electoral.

En el documento, Gilbert solicitó que se tome nota de su decisión para los fines legales correspondientes, sin detallar los motivos que lo llevaron a abandonar la contienda.

La renuncia cambia el escenario del CPCCS

La declinación ocurre pocas semanas después de que Gilbert renunciara de forma irrevocable al cargo de consejero titular del CPCCS, puesto al que había llegado tras la destitución de Gonzalo Albán. En ese momento, el médico anunció públicamente que su intención era volver a postularse al organismo una vez formalizada su salida.

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Sin embargo, con el nuevo oficio, Gilbert deja sin efecto esa aspiración y sale de la carrera electoral antes de la definición de candidaturas.

Un cambio respecto a sus planes políticos

Durante los últimos meses, Gilbert había manifestado públicamente distintas posibilidades sobre su futuro político. A inicios de año dijo que no descartaba aspirar a la Alcaldía de Guayaquil, aunque posteriormente confirmó que buscaría permanecer en el CPCCS para un nuevo período.

Tras su renuncia al Consejo en junio, explicó que retomaría su actividad profesional como cirujano mientras preparaba una nueva candidatura al organismo de participación ciudadana. Esa intención, sin embargo, quedó descartada con la decisión comunicada este martes.

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El CPCCS mantiene procesos clave en marcha

La salida de Gilbert de la contienda se produce en un momento de alta actividad para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente, el organismo impulsa el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado, uno de los procesos de mayor relevancia institucional del país. 

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En las últimas semanas, el CPCCS también ha debido reorganizar su integración tras la renuncia de varios de sus miembros y adoptar medidas para garantizar la continuidad de los concursos de designación de autoridades.

El Consejo es el organismo encargado de desarrollar los concursos públicos para designar autoridades de control y de justicia, entre ellas el fiscal general, el defensor del Pueblo, los superintendentes y otros funcionarios establecidos en la Constitución.

En el oficio de declinación, Gilbert no expone las razones de su retiro ni hace referencia a cambios en sus aspiraciones políticas futuras.

Lo que debes saber

• Juan Carlos Aveiga asume el Ministerio de Salud en medio de una crisis que ocho ministros no han logrado resolver en casi tres años.
• Gremios médicos, enfermeras y trabajadores exigen perfiles técnicos, cambios en los mandos medios y soluciones urgentes al desabastecimiento, la falta de personal y los problemas en hospitales.

Ocho ministros en casi tres años no han logrado sacar al sistema de salud de la crisis. Con ese desafío, Juan Carlos Aveiga fue designado el 10 de julio como nuevo ministro de Salud. En su primera aparición pública agradeció la confianza del presidente Daniel Noboa y aseguró que fortalecerá el sistema con “determinación” y un “profundo sentido de servicio”, aunque no explicó cómo.

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Ante la falta de detalles sobre su hoja de ruta, EXPRESO solicitó una entrevista con el nuevo ministro, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Por ello, consultó a gremios y especialistas para conocer las expectativas sobre su gestión y los principales cuellos de botella que deberá atender con urgencia para enfrentar la crisis del sistema de salud.

Para el secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana, Geovanny Pazmiño, el cambio de ministro no será suficiente para resolver la crisis del sistema de salud si no se impulsa una reforma estructural. El galeno opinó: “Más allá de los nombres, consideramos que si no existe una política en salud adecuada y se sigue manejando este modelo de sistema de salud curativo y no preventivo, por más buena voluntad que exista, las cosas no van a cambiar”.

Reforma del sistema de salud y gestión técnica, las primeras exigencias

En esa línea, el dirigente sostuvo que la nueva administración debe abrir espacios de diálogo con los profesionales de la salud, gremios, sociedades científicas y la academia, para construir soluciones técnicas.

“Es indispensable conformar equipos con experiencia en administración pública, con modelos de gestión, tecnología e inteligencia artificial y herramientas que permitan encontrar las alertas sobre dónde están las dificultades para ejecutar las cosas”, manifestó.

Asimismo, Pazmiño indicó que la Federación Médica dará un tiempo prudencial para evaluar la gestión del nuevo ministro, aunque advirtió que los resultados dependerán del respaldo político, los recursos y la autonomía que tenga la cartera de Estado. “Por más talento humano que tenga, si no existe voluntad política, recursos y autonomía de gestión en salud, no va a pasar absolutamente nada”, concluyó.

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Mandos medios, desabastecimiento y gestión administrativa bajo la lupa

Para Nahin Manzo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud, el principal problema que deberá enfrentar el nuevo ministro está en los mandos medios que, según afirmó, permanecen en sus cargos pese a los cambios de gobierno y han impedido corregir las fallas estructurales del sistema sanitario.

Manzo también cuestionó la administración de los recursos públicos y puso como ejemplo el parque automotor de la institución. Relató que aunque decenas de vehículos permanecen inservibles desde hace años, se destinaron recursos para instalarles sistemas GPS.

“Esperemos que este nuevo ministro venga a resolver los problemas que tenemos en el sector salud, como la falta de medicina, la falta de personal, la falta de dispositivos médicos y la inseguridad dentro de los centros de salud y hospitales”, expresó.

Gremios piden fortalecer el primer nivel de atención y escuchar al sector

Finalmente, el dirigente sindical envió un mensaje al nuevo titular del Ministerio de Salud y le pidió priorizar cambios en la estructura administrativa, antes que nuevos nombramientos políticos. “De nada vale que usted tenga la buena voluntad y ponga gente con conocimiento, si los mandos medios van a seguir siendo exactamente los mismos”, analizó.

Para María de Lourdes Velasco, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros (FEDE), el nuevo ministro debe definir con claridad el modelo de atención que regirá el sistema de salud y establecer una hoja de ruta. Además, pidió que se aplique la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, vigente desde 2022, cuyos beneficios para el personal aún están pendientes.

Además, Velasco sostuvo que el nuevo ministro debe priorizar el fortalecimiento del primer nivel de atención, para evitar que los pacientes lleguen a los hospitales con enfermedades que pudieron prevenirse. “Si eso significa incrementar enfermeras y enfermeros y personal en general para abastecer de atención de calidad a la población, pues hagámoslo”.

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Hospitales, insumos y controles de calidad entre los desafíos del nuevo ministro

Para el presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua, Luis Silva, el nuevo ministro también deberá fortalecer el diálogo con los gremios médicos y garantizar que sus planteamientos sean escuchados. Además, cuestionó las políticas de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess), al considerar que aplican criterios desiguales entre los sectores público y privado.

“Nosotros no estamos en contra de ser evaluados, sino de que se haga una evaluación de acuerdo a nuestro medio. Unas políticas se aplican para el sector privado y otras muy diferentes para el sector público”, dijo. Asimismo, el dirigente advirtió que el Hospital General Docente Ambato, del Ministerio de Salud Pública, continúa enfrentando serias limitaciones para atender a los pacientes, debido a la falta de insumos y al deterioro de su equipamiento.

Las claves que debes saber

• Museo Nacional: jurado con vínculos a grupo ligado a familia Noboa; fallo se conocerá el 18 de julio.
• Asamblea aprobó el 7 de julio ley que amplía facultades del Ejecutivo sobre proyectos de vivienda.
• Reforma genera debate por posibles conflictos de interés en desarrollos urbanísticos vinculados al entorno presidencial.

Pocas cosas deslegitiman tanto un acto de gobierno como la existencia de un conflicto de interés. Sobre todo cuando existe la posibilidad de que quien toma una decisión pueda beneficiarse, directa o indirectamente, de sus efectos.

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Es lo que ocurre con el proceso del concurso que el gobierno de Daniel Noboa organizó luego de echar abajo el que había impulsado el Viceministerio de Cultura, alegando que no representaba los gustos de la mayoría y justificándose en la agresiva ola de protestas que se produjo en las redes sociales. 

Y también con la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aprobada casi en silencio por la Asamblea el pasado 7 de julio, que permite a la Presidencia de la República declarar Proyectos Estratégicos Nacionales de Construcción de Vivienda con efectos directos sobre la planificación territorial de los municipios.

Pero vayamos primero al concurso para el Museo Nacional, cuyo veredicto se hará público el sábado 18 de julio de 2026. Ahí existe un evidente conflicto de interés: la integración del nuevo jurado. 

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Este es el profesional que participará en el concurso

Los proyectos presentados luego del colapso del primer concurso serán juzgados, en un plazo insólitamente corto, por un tribunal de apenas tres personas, una de las cuales mantiene vínculos profesionales con empresas relacionadas con la familia presidencial: Christian Wiese.

Se trata de un arquitecto ecuatoriano de enorme prestigio que ha diseñado, al menos, tres edificaciones para un grupo vinculado históricamente a la familia del presidente Noboa: Massimus Guayaquil City Center, The Point y las torres del Swissôtel, también en Guayaquil.

Independientemente de sus capacidades profesionales, la trayectoria de Wiese está estrechamente ligada a ese grupo empresarial. Este hecho adquiere especial relevancia si se toma en cuenta que ni el Gobierno ni el grupo relacionado han desmentido hasta ahora las versiones según las cuales los terrenos ubicados detrás del futuro Museo Nacional formarían parte de un gran desarrollo inmobiliario en el que participaría ese grupo empresarial.

Los terrenos en donde se construirá el nuevo Museo Nacional de Ecuador están ubicados entre la av. Eloy Alfaro y República, en el sector La Carolina, norte de Quito.

Reforma se aprobó y aprovechó la polémica

Está el caso de la silenciosa aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, mientras toda la atención mediática estaba concentrada en la polémica por el proyecto ganador del Museo Nacional.

La reforma crea una figura inédita en la legislación ecuatoriana. Establece que el presidente de la República podrá declarar un Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. 

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Esa declaratoria produce efectos jurídicos concretos: obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a reconocerla dentro de su planificación territorial, fija plazos para la emisión de permisos, limita la posibilidad de imponer requisitos adicionales y concede beneficios tributarios a los proyectos que se desarrollen bajo esa modalidad. El Ejecutivo, en otras palabras, adquiere facultades que históricamente correspondían a los municipios.

¿Ley a la carta del presidente de turno?

El problema radica en que esas nuevas competencias coinciden con una circunstancia imposible de ignorar: la familia del presidente Daniel Noboa mantiene importantes intereses en el sector inmobiliario y en el desarrollo de proyectos urbanísticos.

La ley aprobada no establece ninguna obligación de inhibición, recusación o control independiente para el presidente de la República cuando deba declarar un Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Tampoco prevé mecanismos especiales de transparencia ni procedimientos que garanticen que esas decisiones se adopten completamente al margen de cualquier interés económico relacionado con el sector inmobiliario.

Ese vacío institucional debió haber preocupado incluso a quienes apoyaban la reforma, pero parece que nadie reparó en sus implicaciones. Incluso el correísmo cuestionó la pérdida de competencias de los municipios, pero no advirtió el problema de fondo. 

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No señaló, por ejemplo, que las leyes no deben redactarse pensando en el gobernante de turno, sino en cualquier futuro presidente. Si mañana quien ocupe Carondelet posee intereses directos o familiares en proyectos urbanísticos, la ley le entregará una herramienta extraordinariamente poderosa.

Esta reforma guarda relación con un hecho que, en apariencia, nada tiene que ver con el terreno donde se construirá el Museo Nacional, pero que eventualmente podría conectarse con él. 

El predio donde se levantará el museo y los terrenos ubicados en su parte posterior -donde, según versiones que no han sido desmentidas, se desarrollaría un proyecto inmobiliario en el que participaría el grupo relacionado a la familia presidencial- ya fueron declarados por el Municipio de Quito como una de las quince Unidades de Actuación Urbanística de la ciudad.

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En ese contexto, cabría la posibilidad de que el Gobierno, haciendo uso de las nuevas facultades que le concede la ley, declare esa zona como Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Si eso llegara a ocurrir, el desarrollo urbanístico adquiriría un régimen jurídico distinto, con una intervención mucho más limitada del Municipio de Quito y un papel mucho más decisivo del Ejecutivo. 

Esa posibilidad no demuestra que vaya a suceder, pero sí pone en evidencia por qué una ley de esta naturaleza debió incorporar salvaguardas mucho más estrictas frente a los conflictos de interés. Ese es, precisamente, el vacío institucional que la Asamblea dejó pasar.

Lo que debes saber

• El exlegislador quiere devolverle al Partido Social Cristiano su bastión en Guayaquil. ¿Cómo lo hará? ¿Qué ofrece? 
• Conversó con EXPRESO sobre su plan que, en líneas gruesas, apela al orgullo y gestiones pasadas. 

El candidato del Partido Social Cristiano (PSC) a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, aseguró que la ciudad atraviesa un deterioro en materia de obras, limpieza y seguridad, por lo que planteó retomar el modelo de gestión que, dijo, impulsaron las administraciones de Febres-Cordero y Nebot. En diálogo con EXPRESO, también cuestionó el manejo financiero del Municipio, defendió su gestión al frente de la ATM y criticó la politiquería.

¿Qué ofrece Andrés Roche que no hayan ofrecido las administraciones socialcristianas anteriores? ¿Qué propone de diferente?

Lo primero es preguntarnos cómo está hoy la ciudad. ¿Es la misma ciudad que hace ocho años entregó Jaime Nebot? Definitivamente no. Usted ve calles con huecos, una ciudad sucia, obra pública escasa, inexistente. Los proyectos que hoy se ejecutan son, en su mayoría, proyectos que dejamos nosotros. La regeneración urbana ya no existe y la que quedó no recibe mantenimiento. Esa es la ciudad que tenemos hoy. La pregunta es: ¿el guayaquileño tiene que resignarse a vivir con miedo? ¿Merece estos modelos fracasados de quienes no han hecho nada o de quienes, pudiendo hacerlo, lo hicieron mal? El guayaquileño quiere regresar a lo que le funcionaba. Luego de recuperar eso, entrar nuevamente en una dinámica de crecimiento sostenido, bienestar y progreso. Eso requiere una persona con firmeza y experiencia. En este momento, esas credenciales las tiene Andrés Roche.

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¿Pero cómo? En 2023 Guayaquil dijo que no quería más al PSC. ¿Cómo recuperar esa confianza?

Ese mensaje de la elección fallida de Cynthia Viteri es justamente lo que le estoy diciendo. Hubo un cambio de rumbo respecto al modelo de Jaime Nebot y también al de León Febres-Cordero. Por ejemplo, se dejó atrás el principio de destinar el 85% del presupuesto a obras y servicios y el 15% al gasto corriente. Cuando se produjo ese cambio, al ciudadano no le gustó. Entonces dijo: “Esto no me gusta y voy a probar con otro modelo de administración”. Llegó la administración correísta e hizo lo mismo: un modelo equivocado, que no apunta al ciudadano, sino a intereses políticos y a un manejo poco prudente de la priorización del gasto público. Ahí está el quiebre. Hoy el ciudadano quiere una propuesta segura para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil.

Muchos lo recuerdan por la ATM. Hoy la institución está envuelta en escándalos y cerca de 200 de sus 600 agentes han sido señalados por diferentes faltas. ¿Qué falló, Andrés?

La ATM la creé desde cero y, con todo respeto, ninguno de quienes me sucedieron ha hecho ni el 1% de lo que dejé.

En esta administración ya han pasado cuatro gerentes.

Es la misma tónica del Municipio de Guayaquil. Entregamos un sistema que comenzó a cambiar la transportación pública, cambiar buses destartalados o sobrepasados en su vida útil; sacamos esos buses y pasamos a nuevos; (pero) volvieron a reciclar chatarras... Me voy a quedar corto. Esto es como cuando en julio y octubre Nebot sacaba 300 y pico de obras que se iban a inaugurar en el año. ¿Dónde está eso ahora? Vaya vea la agenda municipal de julio, vea cómo se pegan como rémoras de actividades de otras entidades.

Hablando de la administración actual, usted ha cuestionado el gasto. ¿Cómo debería priorizarse?

Hay una gran mentira que se ha mantenido durante estos ocho años. Jaime Nebot tenía un presupuesto real de alrededor de 800 millones de dólares. Con esos recursos, mantenía la relación de 85% para obras y servicios y 15% para gasto corriente. En 2024 se habló de un presupuesto de 800 millones, pero el presupuesto ejecutado fue de aproximadamente 620 millones. En 2025 ocurre algo similar: el ejecutado ronda los 627 millones. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el resto? La influencia o la buena carta de crédito del Municipio de Guayaquil se ha perdido.

¿Cómo recuperarla?

Quien venga a ofrecer una larga lista de proyectos desde el primer día le estará vendiendo humo. Lo primero que hay que hacer es lo mismo que hizo León Febres-Cordero después del ‘bucaramato’: ordenar la casa. Sacar una serie de pipones, incluso algunos escondidos atrás en facturación, altos salarios que restan a lo esencial de servicios.

¿Eso existe actualmente en el Municipio?

Sí. Lo dijo el propio Jaime Nebot. Incluso en Segura EP hay alrededor de 2.000 policías metropolitanos. ¿Dónde están? ¿Los ve usted en las calles? ¿Se ha traducido eso en mayor seguridad para los barrios o para que el dueño de una tienda deje de ser víctima de extorsiones? ¿Dónde está el patrullaje? Además, el Municipio tiene alrededor de 500 camionetas. Parece un Municipio rodante.

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Si llega a la Alcaldía, ¿cómo sería la relación con el Gobierno? Hoy, por ejemplo, el Municipio mantiene conflictos con el Sercop.

La ciudadanía quiere que se deje de lado esta politiquería mezquina. Cuando el Sercop suspende todos los procesos de contratación de un Municipio, ¿a quién perjudica? Al guayaquileño. Voy más allá. Invito a juristas y constitucionalistas a debatir este tema. Si la Constitución establece que los organismos de control son independientes, ¿cómo es posible que el Gobierno Central controle la contratación pública de municipios y prefecturas? Eso no tiene lógica. Esa competencia debería estar en manos de organismos de control como la Contraloría o la Procuraduría. Guayaquil está gravemente enferma. Hoy hay tres escenarios: un médico con experiencia; alguien sin experiencia que nunca ha enfrentado una situación así; y quien ya tuvo la oportunidad y lo hizo mal. Ese es el escenario de Guayaquil. Cuando se habla de déficit fiscal, lo primero que hacen es frenar la obra pública. Por eso, cuando escucho al candidato de gobierno decir “vamos a aplicar el proyecto político del presidente en Guayaquil”, a mí me aterra. La ciudadanía tiene claro el tema y me resisto a creer que vayan a experimentar nuevamente. Se acabó el recreo de la inoperancia, recreo de la incompetencia. Tenemos que volver a un lugar seguro. 

CPCCS intentará destrabar el concurso para fiscal general entre tensiones internas

• El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, busca reactivar un proceso paralizado hace más de un mes.
• Tensiones y cruces de palabras entre consejeros evidencian la crisis interna en la institución.
• Expertos debaten si la solución idónea es rehacer el concurso o priorizar el debido proceso.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, convocó al Pleno a una sesión extraordinaria de carácter urgente para este 16 de julio de 2026 a las 11:00 en Quito, con el objetivo de destrabar el concurso para fiscal general del Estado, el cual se encuentra paralizado desde hace más de un mes. La convocatoria se oficializó tras el fracaso de una reciente sesión ordinaria, donde los consejeros no lograron tratar la reanudación del proceso ni conocer el informe final de calificación de méritos, que no obtuvo aprobación en su primera discusión.

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Tensiones internas en el CPCCS por la parálisis del concurso

Horas antes de la convocatoria, el titular del CPCCS, Andrés Fantoni, expresó a este Diario su profunda inconformidad con el resto de los consejeros debido a la falta de tratamiento de este nudo crítico durante el tiempo en que se ausentó de sus funciones. El funcionario cuestionó con dureza la inacción del cuerpo colegiado: “¿O sea que si yo me muero, se muere el concurso de fiscal general?”.

Esta molestia se transformó en un tenso cruce de declaraciones en la sesión ordinaria previa a la reunión clave de este 16 de julio.

El fuerte cruce entre Andrés Fantoni y Piedad Cuarán

Durante el debate, la consejera Piedad Cuarán y el presidente Andrés Fantoni protagonizaron una discusión motivada por la pasividad del Pleno en las últimas semanas. El conflicto se estructuró bajo los siguientes puntos de confrontación:

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¿Rehacer o continuar? El debate jurídico sobre la Fiscalía General

La parálisis del proceso de selección ha levantado serias dudas en la opinión pública y el sector académico sobre la viabilidad de la actual postulación.

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Los riesgos políticos de reiniciar el proceso de selección

Para Esteban Ron, constitucionalista y miembro de la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso, las pugnas internas del CPCCS deterioran la confianza y el prestigio del proceso de selección. Aunque la Misión de Observación Internacional (MOI) recomendó rehacer por completo el concurso, Ron considera que esta medida traería repercusiones políticas negativas:

“Rehacer el concurso en este momento y desde una perspectiva histórica vendría a ser catastrófico, porque se vería que hay una intención de que el fiscal Carlos Alarcón continúe”, señaló.

Adicionalmente, el experto recordó que existe la posibilidad latente de un referéndum orientado a retirar la atribución de designar autoridades al CPCCS. A criterio de Ron, esta consulta popular actúa como un "comodín" de los sectores políticos en caso de que los resultados de la designación del fiscal general del Estado no se alineen con los intereses de las fuerzas que influyen detrás de la institución.

El debido proceso como garantía de legitimidad

Por otro lado, Solimar Herrera, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), sostiene que la viabilidad del concurso debe resolverse bajo un análisis estrictamente técnico, sin descartar por completo la posibilidad de volver a foja cero si la situación lo amerita.

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Herrera enfatiza que para retomar la selección se deben blindar las garantías constitucionales:

Tercer día de juicio político a Inés Manzano

• Revolución Ciudadana imputa a Manzano por inacción ante un perjuicio millonario.
• Defensa probó que el pago de 53 millones a ATM se ordenó horas antes de su cargo.
• Se mostró un audio expone a la exministra pidiendo a Fabián Calero no ahondar en los contratos.

Inés Manzano, exministra de Energía, enfrenta la fase de evacuación probatoria de su juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el tercer día de proceso donde es acusada de omitir controles en el contrato de 89,9 millones de dólares con Austral Technical Management (ATM).

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Debate por la línea de tiempo del desembolso y la competencia legal

La diligencia, reinstalada este 15 de julio de 2026, confrontó la revelación de un audio sobre el manejo de la crisis energética y la defensa técnica que niega responsabilidades administrativas por acciones de terceros.

El debate jurídico se centró en la temporalidad de las acciones. La asambleísta Mónica Palacios (RC) argumentó que la exfuncionaria incumplió el artículo 233 de la Constitución al no salvaguardar los recursos del Estado. La imputación señala que Manzano no ordenó la suspensión inmediata de los pagos pendientes a ATM tras conocer los informes de la Contraloría General del Estado, los cuales detallaban irregularidades en los equipos provenientes de Líbano.

La defensa técnica, conformada por los juristas Rafael Oyarte e Ismael Quintana, estructuró su descargo en la imposibilidad de atribuir responsabilidad política por contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

"Manzano asumió su cargo a penas 14 horas después del pago"

Quintana precisó que el decreto ejecutivo 419, mediante el cual se encargó el ministerio a Manzano, se subió al sistema gubernamental MINCA el 9 de octubre de 2024 a las 18:42. En contraste, la orden de pago 322-314, que viabilizó la transferencia de casi 54 millones de dólares a ATM, fue emitida por la Unidad de Negocio Electro Guayas a las 04:39 de esa misma madrugada.

"Es un imposible jurídico imputarle una responsabilidad política a Manzano sobre un pago que se giró 14 horas antes de su designación", argumentó Quintana ante los comisionados.

Tras esta exposición, el legislador Luigi García mocionó solicitar de oficio a la Presidencia de la República y a CELEC las certificaciones de la fecha y hora exactas de ambos documentos. La moción fue aprobada con 10 votos a favor.

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Frecuencias incompatibles y el riesgo del arbitraje

La prueba documental presentada por los interpelantes expuso que 32 de los 48 motogeneradores entregados por ATM llegaron calibrados a 50 hercios (Hz), una frecuencia incompatible con el sistema eléctrico ecuatoriano, que opera a 60 Hz. Blasco Luna (RC) cuestionó que la exministra no dispusiera una revisión técnica independiente ni ejecutara la terminación unilateral del contrato frente a estas alertas técnicas.

Oyarte rebatió esta postura técnica indicando que una terminación unilateral habría contravenido la cláusula décimo novena del contrato, la cual obligaba a agotar fases de mediación.

Es decir, que suspender los pagos o terminar el vínculo jurídico de manera abrupta, según la defensa, habría desencadenado demandas millonarias contra el Estado ecuatoriano debido a las medidas cautelares dictadas en un arbitraje de emergencia.

El audio filtrado y la directriz oficialista

El punto de mayor fricción política ocurrió cuando Palacios reprodujo un archivo de audio atribuido a Manzano. En la grabación, la exfuncionaria instruye al entonces viceministro Fabián Calero sobre cómo afrontar las comparecencias en la Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome.

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"Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo (...) Dígame qué es lo que puede decir que no vaya a ahondar más en el problema", se escucha en la prueba audiovisual 7.18. 

Para los proponentes, este material confirma que la exautoridad conocía las fallas estructurales de los contratos y orquestó una estrategia para evadir el control legislativo.

La sesión de la comisión se reinstalará mañana 16 de julio, inmediatamente después de la sesión del pleno, para continuar con la valoración de los alegatos y estructurar el informe final.

Lo que debes saber

• La defensa de la exministra Inés Manzano sostiene que la contratista ATM perdió el arbitraje
• En la Asamblea se debate sobre el respaldo a una empresa que entregó generadores inoperativos e incompatibles con la red eléctrica del país.

La defensa de la exministra de Energía, Inés Manzano, anunció que la empresa contratista de origen uruguayo Austral Technical Management (ATM) perdió el arbitraje de medidas cautelares interpuesto contra la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). 

Con esta resolución, según los Rafael Oyarte e Ismael Quintana, quedan sin efecto los blindajes legales que impedían al Estado ecuatoriano declarar la terminación unilateral del contrato de 89,9 millones de dólares y ejecutar el cobro de las multas acumuladas, las cuales ascienden a 23 millones.

La noticia fue presentada por los abogados en el marco de las comparecencias del juicio político que enfrenta Manzano ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por ADN, el movimiento oficialista. El correísmo y sectores de la oposición impulsan este proceso fiscalizador acusando a la exministra de "incumplimiento de funciones" por los problemas en la ejecución del contrato con ATM a pesar de los evidentes retrasos de la planta termoeléctrica Esmeraldas III (de 91 megavatios de capacidad).

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Las irregularidades técnicas de fondo

El origen de la disputa jurídica se remonta al contrato de emergencia firmado el 9 de agosto de 2024, aunque su propuesta técnica-económica fue presentada al entonces ministro Roberto Luque en su despacho, en abril de 2024. El proyecto debía entrar en operación comercial en enero de 2025, pero auditorías técnicas de Celec y exámenes de la Contraloría General del Estado detectaron fallas severas:

Incompatibilidad eléctrica: De los 48 generadores entregados por ATM, 32 presentaban una calibración a 50 Hercios (Hz), frecuencia incompatible con la red nacional de Ecuador, la cual funciona a 60 Hz.

Equipos viejos: La Contraloría detectó que los motores entregados fueron fabricados entre 2016 y 2017, vulnerando la cláusula contractual que exigía maquinaria nueva con un año máximo de fabricación del 2020.

Desembolso millonario sin resultados: A pesar de que la termoeléctrica sigue sin generar energía comercial, modificaciones al contrato original (adendas) permitieron a Austral cobrar el 80% del valor total (alrededor de 71,4 millones de dólares sin pólizas de garantías).

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El escenario político y jurídico

Anteriormente, en agosto de 2025, un árbitro de emergencia de la Cámara de Comercio de Quito había concedido inicialmente medidas provisionales a favor de Austral, prohibiendo a la estatal Celec disolver el acuerdo de manera unilateral. No obstante, los abogados de Manzano aseguran que este escenario ha dado un giro definitivo, quitándole los privilegios a la contratista internacional.

Mientras el juicio de fondo por los perjuicios económicos continúa su marcha en los tribunales arbitrales, en la arena política la Comisión de Fiscalización analiza si recomienda o no al pleno de la Asamblea la censura de la exministra.

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Sigue el trámite por la búsqueda de la revocatoria

• El ente electoral negó las firmas por supuesta falta de pruebas sobre el incumplimiento del plan de gobierno.
• El ente electoral negó las firmas por supuesta falta de pruebas sobre el incumplimiento del plan de gobierno.
• El grupo convocará una rueda de prensa en Quito para detallar las acciones legales a interponer.

El colectivo ciudadano y político que impulsa la destitución del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto anunció este 15 de julio de 2026 la interposición de recursos legales, tras la decisión unánime del Consejo Nacional Electoral de negar los formatos para la recolección de firmas.

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Medidas de impugnación

La reacción surge horas después de que el pleno del organismo archivara la solicitud, fundamentándose en un informe jurídico que concluyó que los peticionarios no demostraron el incumplimiento del plan de trabajo del Ejecutivo. 

En respuesta, la plataforma, respaldada por la Ecuarunari y múltiples organizaciones sociales, emitió un comunicado oficial rechazando la resolución y cuestionando la transparencia de la autoridad electoral.

A través del documento oficial suscrito por los proponentes, entre ellos el activista Washington Andrade y Leonidas Iza, el colectivo denunció una "cancha inclinada en favor del poder de turno". La agrupación argumenta que durante la tramitación del proceso se vulneraron los principios de publicidad, alegando que el ente rector no les notificó las contestaciones contenidas en las 22 cajas de cartón presentadas por la defensa de los mandatarios.

Frente a la negativa, el frente social anticipó a la ciudadanía que las resoluciones adoptadas por los consejeros "no se encuentran en firme". Los peticionarios detallaron que un equipo técnico analiza jurídicamente los fundamentos emitidos para ejecutar los recursos administrativos en materia electoral correspondientes dentro del término legal.

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Para definir las siguientes etapas de este conflicto administrativo y político, las organizaciones sociales convocarán a una rueda de prensa en unidad. En dicho espacio especificarán los mecanismos jurídicos a ejecutar para intentar revertir el dictamen y continuar con la iniciativa popular.

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Para adoptar la decisión, el Pleno del organismo electoral conoció el informe de la Dirección Jurídica. En ese documento se estableció que la solicitud de revocatoria no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

“No se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley referente a la dignidad que ejerce la autoridad”, se estableció en el documento que fue sometido a votación en el Pleno del CNE.

Asimismo, el informe señaló que “el peticionario no ha determinado de manera clara y precisa las razones en las que se sustenta la solicitud de la revocatoria”.

La solicitud de revocatoria contra la vicepresidenta María José Pinto fue presentada por Jorge Elías Cáceres Echeverría. Con la decisión del CNE, el trámite quedó archivado y no avanzará a la etapa de recolección de firmas.

El pedido contra Noboa también quedó archivado

En la misma sesión de este 15 de julio de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral también resolvió el proceso de revocatoria planteado contra el presidente Daniel Noboa.

La iniciativa era impulsada por el activista político Washington Andrade y el presidente de la Ecuarunari (filial de la CONAIE en la Sierra), Leonidas Iza.

El informe concluyó lo mismo que en el caso de Pinto: “No se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución”. 

Además, determinó que no se demostraron de manera clara y precisa las razones en las que se sustentaba la solicitud de revocatoria.

Lo que debes saber

• La UNE llamó a una movilización nacional luego de que avanzara la demanda contra el Acuerdo Ministerial 0045-A. 
• El Ministerio de Educación deberá responder ante la Corte y el gremio anticipa nuevas acciones.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una movilización para el lunes 20 de julio, luego de que la Corte Constitucional admitiera a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, que dispone actividades los sábados para docentes y estudiantes. La concentración será en la Casa del Maestro, en Quito, desde donde los manifestantes marcharán hasta la Corte Constitucional.

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El anuncio lo realizó el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, quien aseguró que la protesta acompañará el desarrollo del proceso constitucional iniciado por el gremio. La convocatoria también está dirigida a estudiantes y profesionales de la educación, quienes rechazan la aplicación del acuerdo ministerial.

"Queremos convocar a los profesores, a estudiantes, a los profesionales de la educación, a una movilización para este lunes 20 de julio que se concentrará aquí en Quito en la Casa del Maestro y avanzaremos en una marcha hacia la Corte Constitucional".

Demanda contra el Acuerdo 0045-A entra en nueva etapa

La movilización se produce después de que la Corte Constitucional admitiera la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la UNE, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep) y la Unión Nacional de Educadores Municipales (Unem). Con esa decisión, el Ministerio de Educación dispone de 15 días para presentar sus argumentos dentro del proceso.

Quishpe recordó que la demanda busca que el máximo organismo constitucional deje sin efecto el acuerdo ministerial y sostuvo que ahora será el Ministerio de Educación el que deba justificar la medida adoptada.

"La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad al Acuerdo Ministerial 0045-A. Le da un plazo de 15 días al Ministerio de Educación para que se allane o para que impugne el pedido del magisterio y de los estudiantes".

El dirigente insistió en que la jornada laboral del magisterio ya está regulada por la normativa vigente y sostuvo que el acuerdo contradice esas disposiciones.

"La Constitución es clara. Los servidores públicos debemos trabajar de lunes a viernes, 40 horas semanales y ocho horas cada día".

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UNE cuestiona los objetivos del acuerdo ministerial

Durante su pronunciamiento, Quishpe afirmó que la medida no responde a necesidades pedagógicas ni académicas, sino a otras prioridades del Gobierno. Según dijo, el trabajo en sábados trasladaría nuevas responsabilidades a los docentes sin resolver los problemas estructurales del sistema educativo.

El dirigente aseguró que la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento escolar estaría detrás de la decisión del Ministerio de Educación y señaló que los planteles requieren mejores condiciones para enfrentar futuros desafíos.

"El Acuerdo Ministerial 0045-A no le interesa la salud, el bienestar ni el refuerzo académico. Lo que el Gobierno quiere es que, como no invierte en educación, los profesores vayamos a tener listos los planteles para enfrentar el Fenómeno del Niño o el proceso electoral".

Finalmente, Quishpe sostuvo que la organización defenderá su postura tanto en el proceso judicial como en las calles y afirmó que insistirá en mayores recursos para el sistema educativo.

"Lo que necesitan los jóvenes no es cargar más el peso a nuestros docentes ni a los estudiantes; es más inversión, más infraestructura, más calidad y más seguridad".

Lo que debes saber 

• La Universidad Amawtay Wasi cuestionó la decisión del CES de intervenirla tras un informe conocido en primer debate.
• La vicerrectora Cristina Benavides denunció falta de pruebas, descargos y garantías dentro del proceso.
• La institución defiende su autonomía universitaria y el derecho de los pueblos y nacionalidades a una educación propia.

La vicerrectora de la Universidad Amawtay Wasi, Cristina Benavides, cuestionó el proceso que llevó al Consejo de Educación Superior (CES) a avanzar con la intervención de la institución y aseguró que el informe analizado por el organismo carece de argumentos, pruebas y espacios para presentar descargos.

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El pronunciamiento ocurrió después de que el pleno del CES conociera en primer debate un informe elaborado a partir de una investigación que plantea la intervención de la universidad intercultural. Benavides señaló que las autoridades universitarias no fueron consultadas durante el proceso.

“Nosotros vemos con profunda preocupación lo que ha ocurrido con ese informe, sobre todo porque es un informe que carece pues de una argumentación, pruebas, descargos”, manifestó la vicerrectora de Amawtay Wasi.

Proceso ante el CES genera cuestionamientos de autoridades universitarias

Benavides afirmó que la universidad se encuentra en una situación de indefensión porque, según explicó, no tuvo la oportunidad de presentar su versión dentro del procedimiento. A su criterio, tampoco se garantizó el derecho a la defensa que correspondería ante una denuncia.

La autoridad universitaria también cuestionó los antecedentes del caso y señaló que existieron denuncias previas relacionadas con la institución. Según explicó, una de las supuestas denunciantes habría señalado públicamente que no presentó la acusación y que incluso acudió a la Fiscalía por una presunta usurpación de identidad.

De acuerdo con su versión, el CES ya había archivado una causa anterior, pero en las últimas semanas el organismo retomó el análisis de denuncias mientras la universidad enfrenta dificultades económicas por falta de financiamiento.

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Universidad defiende autonomía y educación intercultural

La vicerrectora sostuvo que la defensa de Amawtay Wasi se centra en tres aspectos: la autonomía universitaria, el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades a una educación propia y el cumplimiento del debido proceso.

Benavides señaló que la universidad representa un modelo educativo vinculado con los entornos culturales, lingüísticos y sociales de los pueblos y nacionalidades del país. Aseguró que la institución forma parte de la construcción de un Estado plurinacional.

“Estamos defendiendo esa autonomía universitaria en primer lugar, también estamos defendiendo a los sujetos colectivos de derechos que son los pueblos y nacionalidades”, afirmó.

La autoridad agregó que el caso de Amawtay Wasi puede marcar un precedente para otras instituciones de educación superior del país. “Si ahora somos nosotros, mañana puede ser cualquier universidad del país”, expresó.

El concurso para fiscal general se podría retomar en sesión extraordinaria del Pleno del CPCCS

• El CPCCS sesionará para destrabar el concurso para fiscal general del Estado.
• Fantoni y Cuarán protagonizaron reclamos por los retrasos en el proceso público.
• Se evaluará la fase de méritos y la reconformación de los equipos técnicos.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, convocó a una sesión extraordinaria del Pleno para este jueves 16 de julio de 2026, a las 11:00, con el objetivo de retomar el concurso para fiscal general del Estado, el cual lleva un mes estancado en Ecuador. La decisión se tomó luego de que en la sesión ordinaria previa no se mocionara formalmente el tratamiento del proceso público de selección, en medio de cruces verbales y cuestionamientos de gestión entre los consejeros de la institución.

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El orden del día de la sesión extraordinaria

El Pleno del CPCCS tiene previsto tratar cuatro puntos fundamentales para viabilizar el desarrollo del proceso de selección:

Andrés Fantoni aclaró que la convocatoria a esta cita extraordinaria se realizaría siempre y cuando ninguno de los consejeros mocionara el tratamiento del concurso en la sesión ordinaria celebrada este miércoles 15 de julio de 2026.

Cuestionamientos y disputas en el Pleno del CPCCS

Cruce de reclamos entre Fantoni y Cuarán

Aunque no existió ninguna moción formal en la sesión ordinaria, el debate sobre el concurso para fiscal general del Estado se tomó el Pleno debido a los reclamos mutuos entre el presidente Andrés Fantoni y la consejera Piedad Cuarán.

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Al inicio de la jornada, la consejera Piedad Cuarán cuestionó públicamente que no fuera el propio titular de la entidad quien incluyera el tema de manera directa en el orden del día, criticando además que el proceso registre retrasos y acumule dudas ciudadanas.

Por su parte, Andrés Fantoni increpó a la funcionaria por no asistir de forma presencial al Pleno, pese a que se encontraba laborando dentro de su oficina en el edificio institucional. De igual manera, le recordó que durante las semanas en las que él estuvo fuera del cargo, cualquiera de los consejeros pudo haber llevado el tema al debate del Pleno, pero ninguno lo hizo.

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Video expone retiro de delegado técnico

La tensión política se incrementó cuando el presidente del CPCCS proyectó un video que evidenciaba el accionar del delegado de la consejera Cuarán dentro del equipo técnico del concurso para fiscal general del Estado.

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En la grabación expuesta se observó cómo dicho delegado se retiraba de una sesión formal mientras se trataba un punto clave de la fase de méritos. Andrés Fantoni fustigó esa actitud y criticó la contradicción de que se presenten inconformidades en el Pleno mientras sus delegados abandonan las mesas de trabajo.

Finalmente, Piedad Cuarán argumentó que no sostiene ningún problema de índole personal con Fantoni y enfatizó que lo fundamental es no desviar la atención del problema central, el cual radica estrictamente en el retraso del concurso público.

Lo que debes saber

• Cynthia Viteri dejó Centro Democrático y buscará la Alcaldía de Guayaquil con ADN.
• La exalcaldesa aseguró que su decisión se tomó tras conversaciones con Daniel Noboa.
• El cambio político ocurre antes de que rinda versión en una investigación previa por presunto peculado.

Cynthia Viteri ya no irá por la Alcaldía de Guayaquil por Centro Democrático (CD), sino por el movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN). Esto lo comunicó el miércoles 15 de julio.

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Viteri cambia de organización política 

De acuerdo con declaraciones de la exalcaldesa de Guayaquil, la decisión la tomó tras conversaciones con el presidente de la República, Daniel Noboa. Señala que con él ha planteado trabajar de manera coordinada para impulsar obras y servicios en la ciudad.

El pasado jueves 9 de julio de 2026, Cynthia Viteri aceptó su precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático, lista 1. El acto se realizó en la sede provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayas.

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El cambio ocurre previo a una convocatoria de Fiscalía

Además, el cambio de organización política se da a pocos días de que Viteri deba rendir versión dentro de una investigación previa por el presunto delito de peculado en su contra. La exalcaldesa fue convocada por la Fiscalía para el próximo 17 de julio, según información difundida por medios digitales.

Tras la publicación de esa convocatoria, Viteri señaló que emprendería acciones legales contra los portales que difundieron la información. En un comunicado enviado a la prensa, la defensa de la exfuncionaria sostuvo que los medios Central News EC y La Data habrían incurrido en el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

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Viteri ocupó la Alcaldía de Guayaquil entre 2019 y 2023, periodo al que llegó con el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC). En las elecciones seccionales de 2023 intentó mantenerse en el cargo, pero perdió frente a Aquiles Álvarez, candidato de la Revolución Ciudadana.

La exalcaldesa de Guayaquil asimismo ha señalado que no existiría ningún acuerdo político entre Centro Democrático y el movimiento oficialista para definir su candidatura al Cabildo porteño.

Lo que debes saber

• Torres plantea una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
• Cuestiona que el aumento de penas sea suficiente contra el crimen organizado.
• La Ley Antimafias será uno de los ejes de la agenda legislativa.

El presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, afirmó que una de las prioridades del Legislativo será consolidar una agenda enfocada en la seguridad y la justicia. Aunque señaló que las agendas deben adaptarse a la coyuntura política, identificó como ejes centrales la Ley Antimafias, la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial.

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Seguridad y justicia marcan la agenda legislativa

En una entrevista con el programa digital ‘A primera hora’, el legislador explicó que la actualización de la agenda legislativa se construye junto con la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno. No obstante, aclaró que la dinámica de la Asamblea obliga a mantener flexibilidad para incorporar los temas que surjan durante el período legislativo.

Torres, quien integra la Comisión de Justicia, sostuvo que la reforma al COIP en trámite sí constituye un cambio integral y no una modificación parcial como las impulsadas en años anteriores. A su juicio, la normativa ha acumulado numerosas reformas aisladas que han terminado por restarle coherencia al sistema penal.

Asimismo, el legislador también cuestionó la idea de que el incremento de las penas sea la solución a la delincuencia y reconoció que esa estrategia no siempre produce los resultados esperados. Aunque admitió que en el pasado respaldó iniciativas para endurecer sanciones, advirtió que ese tipo de medidas tienen un efecto disuasivo solo en determinados casos y que, frente al crimen organizado, suelen resultar insuficientes.

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La mayoría legislativa como respaldo para las reformas

Para Torres, la Ley Antimafias debe convertirse en el eje articulador de la reforma penal, ya que está diseñada para enfrentar a organizaciones criminales y no únicamente a delincuentes individuales. En ese sentido, señaló que la propuesta incorpora herramientas para mejorar los procesos penales, actualizar los tipos delictivos y fortalecer mecanismos como el decomiso anticipado de bienes vinculados al crimen organizado.

El asambleísta destacó el decomiso anticipado como uno de los puntos más complejos de la reforma penal, al considerar que puede ser una herramienta clave para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales. Su argumento es que, frente a organizaciones criminales, no basta con aumentar penas, sino que se necesita impedir que los grupos delincuenciales oculten, transfieran o pongan a nombre de terceros los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.

El presidente encargado de la Asamblea sostuvo que la actual mayoría legislativa representa una oportunidad para aprobar una reforma técnica y coherente, sin recurrir a concesiones que terminen desfigurando el proyecto. "Lo que tiene que ser es una reforma que sirva", afirmó, al advertir que las negociaciones políticas suelen convertir este tipo de iniciativas en una "sábana de retazos" que pierde efectividad.

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La mañana de este 15 de julio de 2026, el organismo electoral se reunió para conocer el informe de la Dirección Jurídica, que sirvió de base para la resolución. 

El documento estableció que los peticionarios no cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

La iniciativa era impulsada por el activista político Washington Andrade y el presidente de la Ecuarunari (filial de la CONAIE en la Sierra), Leonidas Iza.

El informe señaló: “No se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución”. En ese sentido, el mismo documento concluyó que no se demostraron de manera clara y precisa las razones en las que se sustentaba la solicitud de revocatoria.

¿Qué dijeron los consejeros del CNE?

A la sesión, convocada de forma virtual para este 15 de julio, asistieron los cinco vocales principales. Todos votaron a favor de la recomendación del informe de negar y archivar el pedido.

La consejera Elena Nájera señaló que el derecho a revocar el mandato de una autoridad es un instrumento legítimo y amparado por la ley. Sin embargo, indicó que la interrupción del período de una autoridad electa requiere el cumplimiento de las exigencias constitucionales. “Es indispensable probar fuera de toda duda que las causales se han cumplido”, añadió. Para la vocal del CNE, aquello no ocurrió.

Por su parte, el presidente del organismo, José Cabrera, reiteró que los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana no se cumplieron. “No se ha demostrado el incumplimiento del plan de trabajo ni las funciones establecidas en la Constitución”, aseguró.

Lo que debe saber

• ECU 911 ratifica ante la Asamblea la existencia de una presunta "sala espejo" en el Municipio de Guayaquil, basándose en un informe de inteligencia.
• Juan Carlos Paladines asegura que el ECU 911 solo accede a las cámaras de videovigilancia bajo demanda.
• La comparecencia se enmarca en la investigación del caso Segura EP y el caso Porsche, que reavivaron el debate sobre el presunto uso irregular de recursos municipales.

El proceso de fiscalización sobre el uso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil continuó este 15 de julio de 2026 en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. El director del ECU 911, Juan Carlos Paladines, reveló que un informe de inteligencia determinó la existencia de una supuesta "sala espejo" en el Palacio Municipal del Puerto Principal.

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En etapa preelectoral, el oficialismo concentra su fiscalización en los GAD

Daniel Alejandro Romero Páez

En la comisión, presidida por la oficialista Inés Alarcón, compareció Paladines para explicar el rol del ECU 911 en la interoperabilidad de las cámaras de videovigilancia que existen en el país. Señaló que hay 21.500 en todo el territorio nacional y que se han emitido 52 resoluciones de interoperabilidad con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Paladines centró su exposición en una sola premisa: “El ECU 911 solo puede acceder a las cámaras de la interoperabilidad bajo demanda”. Con ello intentó explicar que esa entidad accede a estas únicamente cuando ocurre un evento, como un robo, un siniestro de tránsito o un fenómeno natural.

“No es que yo quiero tomar una cámara de Segura EP y tengo la visualización. Tiene acceso bajo demanda si hay una alerta o emergencia, robo, incendio o tránsito”, explicó. 

Añadió que la entidad que preside no maneja las cámaras de los municipios y que eso incluye, entre otras cosas, la tecnología y el manejo de la información que los GAD obtienen a través de ellas.

ECU 911 reafirma la existencia de una "sala espejo"

La correísta e integrante de la Comisión de Seguridad, Jahiren Noriega, cuestionó a Paladines. Recordó dos decretos ejecutivos expedidos por el presidente Daniel Noboa, uno de ellos relacionado con la designación del ECU 911 como ente rector de los sistemas de videovigilancia en el país.

Noriega consultó cuál era la base con la que el director del ECU 911 contaba para asegurar que en el Municipio de Guayaquil existía una "sala espejo". Paladines respondió: “Está basado por Inteligencia que hay una sala espejo puesta en el Municipio. No sé desde hace cuánto tiempo. Solo puedo asegurar que hay una sala espejo en el Municipio de Guayaquil”.

La legisladora cuestionó el accionar de Paladines al considerar que, por la responsabilidad de su cargo y debido a que conocía de la existencia de dicha sala, era necesaria la presentación de una denuncia ante la Fiscalía.

El director del ECU 911 también informó que la entidad que preside no emitió en ningún momento una alerta sobre un eventual uso indebido de las cámaras de videovigilancia. Aseguró que es imposible que el ECU 911 ejerza un control sobre todas las cámaras y sostuvo que únicamente se realizan evaluaciones aleatorias.

“Yo no puedo saber si una cámara, en determinado lugar, se hizo o no mal uso. Esos temas puntuales no los puedo saber. Hacemos auditoría aleatoria siempre y cuando se necesite”, manifestó Paladines.

Por su parte, la oficialista Inés Alarcón centró sus preguntas en la interoperabilidad y en la notificación para la instalación de la sala espejo. Consultó si se había solicitado información para su implementación. Tras la respuesta de Paladines, la legisladora que preside la mesa insistió en que dicha sala operaba sin notificación formal y sin interoperabilidad alguna.

¿Por qué se investiga el caso?

La fiscalización está vinculada al denominado caso Porsche. El tema volvió a la discusión pública después de la difusión de un audio atribuido a Rafael Correa. En ese material se escucharía al expresidente conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

El caso Porsche está relacionado con la presencia de un vehículo de esa marca en la Isla Trinitaria, perteneciente a Industrial Molinera, del Grupo Noboa. La llegada de ese vehículo llamó la atención porque estuvo en un sitio cercano a donde se encontraba el único procesado por el caso de la explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.

Johnny Escobar se estrena como consejero del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana

• Johnny Escobar se principaliza en el Pleno del CPCCS en reemplazo de Roberto Gilbert.
• El nuevo consejero priorizará la renovación del CNE y la designación del Fiscal General.
• El funcionario cuestionó la politización del organismo y anunció una revisión de los procesos.

Este miércoles 15 de julio de 2026, el economista Johnny Escobar Coronel se incorporó oficialmente al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Ecuador, como consejero principal. Escobar asumió de forma inmediata el cargo vacante dejado por Roberto Gilbert tras su renuncia, comprometiéndose a agilizar procesos claves de designación nacional como la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la elección del nuevo Fiscal General del Estado.

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Despolitizar el CPCCS y revisar el concurso para fiscal: esto ofreció el nuevo integrante del Pleno

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Prioridades de Johnny Escobar en el CPCCS

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Johnny Escobar señaló que su prioridad dentro del organismo de control es agilizar el despacho de las causas pendientes. Su objetivo principal es "evacuar los procesos que han causado expectativas en la ciudadanía".

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Designación de autoridades clave en Ecuador

Entre las tareas urgentes que deberá resolver el Pleno del CPCCS con la incorporación del nuevo consejero se encuentran:

Búsqueda de consensos y rechazo a la politización

El nuevo consejero hizo un llamado a la unidad de los integrantes de la institución para evitar divisiones internas. "No hemos venido dividir, ni hacer mayorías ni minorías, sino consensuar", enfatizó Escobar, prometiendo además transparencia y compromiso en su gestión.

Cabe recordar que Johnny Escobar fue posesionado previamente como consejero suplente por la Asamblea Nacional el pasado 7 de julio de 2026. Durante dicha intervención, cuestionó severamente la politización del CPCCS y anunció que ejecutará una revisión integral del estado de todos los procesos públicos en marcha.

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Trayectoria y perfil del nuevo consejero

Johnny Escobar Coronel cuenta con una formación multidisciplinaria y una amplia trayectoria en la administración pública.

Formación académica

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Experiencia profesional en el sector público

Antes de integrarse al Pleno del CPCCS, Escobar se desempeñó en diversos cargos estratégicos: