Lo que debes saber

• Brasil se prepara para elegir a su próximo presidente.
• Javier Milei ha intervenido en el escenario electoral brasileño.
• Expertos advierten una disputa por la hegemonía política en la región.

A ocho semanas de que Brasil acuda a las urnas para elegir a su próximo presidente, la campaña electoral ha estado marcada por las descalificaciones que el mandatario argentino Javier Milei ha dirigido contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque el Gobierno brasileño ha denunciado intentos de injerencia en el proceso electoral, este no sería un hecho aislado en la política regional.

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La no intervención, un principio internacional

En los últimos meses, otros mandatarios también han protagonizado episodios que reavivaron el debate sobre una posible injerencia en procesos electorales de países vecinos. Entre ellos figura el presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín, cuyas declaraciones sobre la política colombiana y la eliminación de la tasa de seguridad a productos de ese país, anunciada dos días antes de los comicios presidenciales, provocaron el rechazo de su homólogo, Gustavo Petro, y del candidato de izquierda, Iván Cepeda, quienes denunciaron una intromisión en la campaña electoral.

Para Johnny Roca, internacionalista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, las recientes actuaciones de presidentes en campañas electorales de otros países vulneran uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Recuerda que el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) prohíbe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos de otro Estado. Y que las resoluciones 2131 y 2625 de las Naciones Unidas también condenan estas prácticas.

Roca sostiene que los casos de Milei en Brasil y Noboa en Colombia tienen diferencias en la forma, pero comparten un mismo elemento: el involucramiento de un jefe de Estado en la política interna de otro país. A su juicio, la actuación del mandatario argentino es más directa, por su participación en actos de campaña.

Para los especialistas consultados, los recientes episodios de injerencia electoral no responden a hechos aislados, sino a una tendencia cada vez más visible en la región. Coinciden en que las intervenciones buscan favorecer a candidatos ideológicamente afines y fortalecer un bloque alineado con la derecha, en sintonía con la estrategia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La estrategia de EE. UU. es recuperar influencia en la región mediante gobiernos alineados ideológicamente.Ivonne Téllez, docente de la PUCE

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La disputa por la hegemonía regional

Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, considera que detrás de estas actuaciones existe una estrategia del gobierno estadounidense para recuperar su influencia en América Latina. Según la académica, ese objetivo ha propiciado una alineación de regímenes de derecha con los intereses de Washington, una postura que califica de “servilismo”, al considerar que responde sin hacer objeciones a esos lineamientos.

Juan Pino, politólogo colombiano y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, coincide en que el respaldo de mandatarios extranjeros a candidatos afines no es un fenómeno nuevo en América Latina. Lo que sí ha cambiado, desde su punto de vista, es que esas intervenciones ahora son mucho más explícitas, agresivas y frecuentes que en décadas anteriores.

Para el académico, esa evolución responde a un escenario internacional donde el principio de no intervención ha perdido fuerza política. A ello se suma una creciente polarización ideológica que lleva a los gobiernos a buscar que sus aliados también lleguen al poder, para facilitar acuerdos y fortalecer sus bloques políticos.

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Brasil, una pieza clave para Estados Unidos

Por otro lado, Pablo Játiva, experto en política internacional y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que Brasil y México constituyen “las dos joyas de la corona” para la estrategia de Estados Unidos en América Latina, debido a su peso político y económico. En ese contexto, explica que influir en el escenario electoral brasileño resulta clave para consolidar una mayor uniformidad ideológica en la región, aunque aclara que esa injerencia ahora se la ejerce a través de acciones dirigidas a influir en la opinión pública y en el voto ciudadano.

Pino subraya que Brasil es la principal potencia sudamericana y que un eventual cambio político modificaría el equilibrio ideológico de la región. Téllez recuerda que, además de integrar el G20, su influencia económica y diplomática lo vuelve un actor estratégico.

La intervención de un Estado en la política interna de otro contradice el derecho internacional.Johnny Roca, docente de la UCSG

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Riesgos para elecciones y cooperación regional

Juan Pino advierte que esta dinámica podría aumentar el cuestionamiento de los resultados electorales y profundizar la polarización política. Johnny Roca señala que este escenario se agravará porque las sanciones frente a estas injerencias siguen siendo limitadas. Por ello, Pablo Játiva prevé que la desconfianza entre Estados afectará la cooperación en seguridad, comercio e integración regional.

Ivonne Téllez advierte que la falta de respuestas firmes de los organismos regionales podría facilitar que estas prácticas se repitan con mayor frecuencia. Roca y Játiva añaden que, en un contexto de disputa por la hegemonía ideológica, los procesos electorales de los países que aún mantienen gobiernos de izquierda estarán bajo mayor atención.

Un cambio político en Brasil puede modificar el equilibrio ideológico que existe en toda Sudamérica.Juan Pino, catedrático de la Flacso

Lo que debes saber

• Osvaldo Hurtado calificó a Daniel Noboa de "criptodictador" por el control de poderes del Estado.
• EXPRESO se contactó son siete expresidentes para conocer si consideran al Gobierno de Noboa una "criptodictadura"
• El presidente Daniel Noboa y la bancada oficialista de ADN rechazaron tajantemente los señalamientos.

Las réplicas políticas continúan en Ecuador tras la afirmación del expresidente Osvaldo Hurtado, quien tildó al mandatario Daniel Noboa de “criptodictador”. Ante la polémica, EXPRESO consultó a siete exjefes de Estado para evaluar la calidad democrática del país; sin embargo, solo dos respondieron antes del cierre de esta edición, mientras que posturas previas en redes sociales y la respuesta oficial de la bancada ADN y del propio Noboa configuran el debate actual sobre el rumbo del Ejecutivo.

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La polémica frase de Osvaldo Hurtado sobre el Gobierno de Daniel Noboa

El debate político nacional se encendió cuando el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, afirmó textualmente: “Daniel Noboa es un criptodictador: un autócrata camino de convertirse en un dictador”.

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Hurtado fundamentó su postura argumentando que, de forma similar a lo ocurrido durante la gestión de Rafael Correa (a quien también considera un dictador), Daniel Noboa ejerce un control sobre los poderes del Estado, con la única excepción de la Corte Constitucional, órgano que según sostiene, Correa sí logró dominar en su mandato.

¿Qué dicen los expresidentes de Ecuador sobre la acusación de criptodictadura?

Ante estas severas declaraciones, EXPRESO buscó la postura de siete expresidentes ecuatorianos. De ellos, solo dos contestaron las consultas directas del Diario; los demás no contestaron llamadas, mensajes ni pudieron ser contactados través de sus equipos de trabajo hasta el cierre de esta nota.

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Las posturas de los exmandatarios frente al escenario político

Aunque no respondió directamente a la consulta de este medio, Rafael Correa (2007-2017) ha sido el único en tildar públicamente de "dictadura" al Gobierno de Daniel Noboa mediante redes sociales. Sus críticas se intensificaron tras la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

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Lucio Gutiérrez (2003-2005), por su lado, señaló que la ciudadanía enfrenta momentos de incertidumbre y miedo:

Asimismo, Rosalía Arteaga (1997), se distanció del criterio de Hurtado indicando que la situación del país aún no está definida:

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La respuesta del oficialismo y del presidente Daniel Noboa

Las aseveraciones de Osvaldo Hurtado provocaron una reacción inmediata desde la bancada oficialista de la Bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y el Ejecutivo.

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Para comprender el contexto del Gobierno actual y su relación con el tablero político, destacan los siguientes hitos:

Lo que debes saber

• El gobierno presiona al sistema judicial con allanamientos y sanciones a jueces honestos.
• Ministros intimidan a cortes y jueces mediante despliegues militares e interferencia política.
• El Consejo de la Judicatura busca designar 700 jueces afines bajo un régimen de emergencia.

El país no ha terminado de asimilar las implicaciones de la amenaza de John Reimberg a los jueces: “O se enderezan y se corrigen -dijo- o van a terminar presos”. Pronunciadas la semana pasada en radio Centro, donde los altos funcionarios del régimen pueden hacer ostentación de su despotismo sin consecuencia alguna porque a sus complacientes entrevistadores les parece de lo más normal, estas palabras preludiaban una arremetida contra la independencia del sistema judicial que se ha venido ejecutando de manera inflexible. A los allanamientos de tres jueces de la Corte Nacional (una demostración de fuerza más que un procedimiento fiscal eficaz con fines judiciales), se sumó casi enseguida la inminente sanción a tres jueces de la unidad anticorrupción (la élite del sistema) que fallaron en contra de los intereses del gobierno en uno de los casos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y dos días después, la destitución de la jueza de Cañar que declaró ilegal (porque lo era) la detención de cinco personas acusadas de agredir a la caravana presidencial el año pasado. Escarmientos para impartir disciplina en un contexto extraordinario: la emergencia que permitirá al Consejo de la Judicatura, presidido por una usurpadora, nombrar con régimen expedito a más de 700 jueces que se estrenarán en la carrera judicial sabiendo exactamente lo que se espera de ellos.

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Que un simple ministro de Policía (un tipo de chaleco de camuflaje y casco) se atribuya la facultad de disciplinar a los jueces de la Corte Nacional, servidores de un rango astronómicamente superior al suyo, es una muestra de las aberraciones de las que son capaces los funcionarios de aquello que el expresidente Osvaldo Hurtado llamó criptodictadura. Es imposible encontrar casos comparables en democracias reales. Para ello, habrá que rastrear más bien entre los regímenes nefastos del continente. Un Diosdado Cabello, por ejemplo, es equiparable al tipo de figura que intenta representar chapuceramente Reimberg.

Presión del gobierno sobre la Corte Constitucional y jueces

En su arremetida contra los jueces, el ministro del Interior sigue la penosa línea ya marcada por otros altos representantes de este gobierno: el expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la exministra de Gobierno Zaida Rovira, rodeados de soldados que empuñaban sus carabinas, lanzando advertencias contra la Corte Constitucional; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, igualmente en medio de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, amenazando a la jueza que declaró la desaparición forzada de los cuatro niños del barrio popular de Las Malvinas a quienes sus soldados secuestraron, torturaron y abandonaron a merced de sus asesinos en diciembre de 2024: una escena que recordaba la alocución de Pinochet tras el golpe de Estado. Sólo le faltaron las gafas a Loffredo.

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“O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”: lo dijo el ministro a propósito de los allanamientos a los jueces de la Corte Nacional en el marco de una supuesta investigación por cohecho. La frase es una declaración de principios sobre el tipo de jueces que requiere el gobierno. Porque ¿en qué consiste enderezarse y corregirse? Fue el penalista Pablo Encalada, en una entrevista concedida a Politizados (el podcast de análisis político de este Diario), quien señaló la disparatada paradoja: si un juez está torcido (condición previa necesaria para “enderezarse”), es decir, si recibe sobornos para dictar sus sentencias, que en eso consiste el cohecho, “ese ese juez tiene que ir preso -dice Encalada-, no le das chance de enderezarse”. Pero el gobierno no busca jueces probos sino jueces fieles.

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Es significativo el hecho de que precisamente aquellos a quienes está sometiendo a su acción disciplinaria (los tres allanados de la Corte Nacional más los tres procesados de la unidad judicial anticorrupción) son jueces con un altísimo nivel de reconocimiento de sus pares y de la comunidad jurídica en general. Los abogados más prestigiosos del país que se han pronunciado en estos días ponen las manos al fuego por la probidad notoria de esos jueces. Queda la sensación de que están siendo perseguidos precisamente por el delito de ser honestos y, por tanto, el régimen no los puede manipular.

Casos polémicos en la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura

Milton Velasco, Iván Larco y Patricio Secaira dictaron en diciembre de 2023 una sentencia de casación que no le gustó al gobierno. A la compañía China Railway, el ministerio de Educación le había suspendido unilateralmente un contrato firmado durante el correísmo para la construcción de escuelas del Milenio. La empresa demandó y el Tribunal de lo Contencioso Administrativa le concedió una indemnización por 67 millones. Apeló la decisión el ministerio y los tres jueces que conocieron la casación rebajaron en 8 millones el monto de la indemnización. Pero la mantuvieron. En esa sentencia se origina la investigación de cohecho que, al parecer, no ha conducido a nada en dos años, de lo contrario no saldrían con la ocurrencia de allanarles a estas alturas del partido. De lo que se sabe, en esos allanamientos no encontraron nada, y era obvio: esas diligencias se practican en los primeros días de la investigación o se renuncia a ellas. En este caso, ejecutaron los allanamientos no para obtener evidencias sino para mandar un mensaje político a los jueces. Con éxito: todos tomaron nota.

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Judicatura defiende suspensión de jueces que revocaron prisión de Aquiles Álvarez

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Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, jueces de la unidad anticorrupción, resolvieron otro recurso de apelación: el que presentaron Aquiles Álvarez y sus hermanos, entre otros procesados, contra la decisión de imponerles prisión preventiva en un caso de crimen organizado que la Fiscalía, aficionada a los logotipos y a los nombres comerciales, llamó caso Goleada. El tribunal aplicó el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal que manda evaluar la prisión preventiva en función de tres criterios: si la Fiscalía ha presentado los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito; si esos elementos de convicción apuntan claramente a la participación del procesado en el delito que se le imputa; si las medidas sustitutivas de la prisión preventiva son insuficientes para garantizar la presencia del acusado en el juicio, en otras palabras: si existe riesgo de fuga.

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Velasco, Uzcátegui y Chóez levantaron la prisión preventiva por no cumplir con el primer criterio: no había elementos de convicción sobre la existencia del delito, que en ese momento era delincuencia organizada. Y tenían razón: tanta, que la misma Fiscalía, después de esa sentencia, decidió cambiar el tipo penal por lavado de activos. Sin embargo, el fiscal Carlos Alarcón llevó el asunto a la Corte Nacional, donde se decidió que Velasco, Uzcátegui y Chóez se excedieron en sus atribuciones al meterse a analizar si la Fiscalía presentó los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito, es decir, justo lo que la ley les manda a hacer. Una decisión insólita. En consecuencia, el tribunal de la Corte Nacional determinó que los tres jueces de la Unidad Anticorrupción incurrieron en error inexcusable y el Consejo de la Judicatura los suspendió por 90 días hasta decidir su sanción definitiva, que no puede ser otra que la destitución.

Y aquí viene lo peor (es un decir: aquí todo es peor). Sucede que hubo un juez de la Corte Nacional, uno de tres, que no estuvo de acuerdo con esta resolución. Presentó un voto salvado en el que rechaza la calificación disciplinaria y concluye diciendo que “no existe error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia”. Se trata del juez Javier de la Cadena, que hoy sufre las consecuencias de su atrevimiento: el Consejo de la Judicatura lo removió de la Corte Nacional y lo mandó de vuelta a la Corte Provincial de Imbabura, que es de donde venía, contradiciendo sus mismos criterios de emergencia según los cuales los puestos vacantes de la Corte Nacional deberían llenarse con jueces ascendidos de las cortes provinciales, no al revés. Pero es claro que en el plan oficial de “enderezar” y “corregir” a los jueces, el Consejo de la Judicatura es un operador político oficioso. Por algo pusieron a Mercedes Caicedo a usurpar la presidencia de ese organismo, que le correspondía legalmente a Alexandra Villacís. En esa conspiración participaron el presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez; el del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni; el exministro de Trabajo, Harold Burbano, y los propios integrantes de la Judicatura, liderados por Fabián Fabara.

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Jueces temporales con un procedimiento expedito

Que Fabara se haya convertido en uno de los funcionarios encargados de “enderezar” y “corregir” a los jueces es un hecho que repugna a la conciencia de cualquier persona honesta. Cuando fue presidente de la Corte Provincial de Pichincha se le abrió un proceso disciplinario por negligencia manifiesta en un caso de violencia sexual, nada menos, con pedido de destitución inmediata que el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, abogado de narcotraficantes, dejó dormir en un cajón hasta que prescribió. Fabara mintió en su aplicación oficial para convertirse en vocal de la Judicatura: dijo bajo juramente que no tenía ningún proceso disciplinario abierto. Compañía ideal para una presidenta usurpadora de su cargo. Juntos se aprestan a nombrar más de 700 jueces temporales con un procedimiento especial y expedito. Jueces que vendrán enderezados y corregidos, sin duda, pero que en todo caso serán fácilmente removibles si resultaran con algún defecto de fábrica.

Lo que debes saber

• El Gobierno del presidente Daniel Noboa activó los gabinetes interinstitucionales en Quito.
• La iniciativa busca dar seguimiento a los proyectos sociales y optimizar la gestión pública.
• La cita fue liderada por María José Pinto y la ministra de Trabajo, Cynthia Gelibert.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa activó los nuevos gabinetes interinstitucionales en territorio mediante la sesión del Gabinete Interinstitucional de lo Social, desarrollada el 7 de agosto de 2026 en el sur de Quito. La jornada se realizó en el marco del período previo a las elecciones seccionales de noviembre de 2026, con el objetivo de articular la ejecución de políticas públicas y dar seguimiento prioritario a los principales proyectos sociales del Ejecutivo.

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Estrategia gubernamental y atención a la ciudadanía en el sur de Quito

Según informó la Secretaría de la Administración Pública, estos gabinetes en territorio representan una nueva modalidad de gestión enfocada en la ciudadanía y orientada a supervisar el avance de las obras y programas estatales.

La reunión del Gabinete Interinstitucional de lo Social contó con la presencia de altas autoridades del Ejecutivo:

De forma paralela a la sesión de trabajo, se desplegó una brigada de servicios que brindó atención social, comunitaria, educativa y de inclusión económica a cerca de 300 ciudadanos en el sector.

Creación y estructura de los gabinetes interinstitucionales del Ejecutivo

Esta dinámica responde a la disposición emitida el 16 de julio de 2026 por el presidente Daniel Noboa, cuando estableció una reestructuración en la coordinación del Ejecutivo. La medida dispuso la conformación de seis instancias especializadas para fortalecer la planificación técnica, la inversión y la acción conjunta entre ministerios.

Los seis gabinetes interinstitucionales creados

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Funciones y alcance normativo de las nuevas instancias

Cada uno de estos espacios cuenta con un presidente y un secretario responsables de coordinar las agendas de trabajo y vigilar el cumplimiento de los acuerdos. La normativa vigente faculta a los gabinetes para:

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La asambleísta oficialista Inés Alarcón marcó la pauta. En sus redes sociales publicó un video en el que responde a la iniciativa de al menos ocho asambleístas de la Revolución Ciudadana que, durante las dos últimas semanas, acudieron a centros de salud y hospitales públicos en un operativo al que denominaron “fiscalizador”. 

Una estrategia clara desde el correísmo

Básicamente, la estrategia de los legisladores correístas consiste en llegar a hospitales y centros de salud, convenientemente acompañados por un equipo de comunicación que graba las visitas, recoge sus declaraciones y toma imágenes sobre la falta de medicamentos y las deficiencias del sistema. Los videos son subidos a las redes sociales, casi siempre acompañados de la etiqueta #SOSSalud, y todos tienen un elemento en común: sus protagonistas se quejan de que no se les permitió ingresar a los establecimientos de salud, lo que consideran un impedimento para ejercer labores de fiscalización.

Ricardo Patiño, por ejemplo, denunció la presencia de perros vagabundos en la entrada del Hospital Monte Sinaí y una supuesta falta absoluta de medicamentos. Incluso entrevistó a un paciente que aseguró que debe llevar hasta sus propias sábanas. 

Por su parte, el asambleísta del Azuay, Roque Ordóñez, afirmó que había realizado “una nueva fiscalización” y que había constatado que la situación de la salud se ha agravado. “En las últimas horas, dos pacientes fallecieron por la falta de medicamentos, insumos médicos y equipos, como el tomógrafo, que permanece fuera de servicio”, dijo. Agregó, además, que el abastecimiento de medicinas cayó del 48 % al 40 %.

La reacción desde el oficialismo

Pero la respuesta de Alarcón no puede ser, en efecto, más torpe. Se trata de un video que, a todas luces, es propagandístico y está completamente alejado de la realidad. Alarcón comienza afirmando que la fiscalización no puede convertirse en un show político. 

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Y, en su afán por demostrar que a los correístas no se les permitió el ingreso porque no habían presentado la solicitud que ella considera necesaria para visitar los hospitales, aparece entregando un pedido formal para ingresar al hospital de Yaruquí, en el nororiente de Quito. “Tenemos que ser respetuosos, hay familias que sufren”, dice, como para marcar distancia con la conducta de sus colegas del correísmo, quienes intentan ingresar sin autorización.

En efecto, en todos los videos de los asambleístas correístas se los observa siendo impedidos de ingresar por la administración de los hospitales e, incluso, por la Policía. Pero lo más torpe del mensaje de Alarcón es su contenido, porque nadie podría creer las maravillas que ella pinta en su video. 

Se la ve solicitando información mediante formularios y permisos para luego afirmar que todo marcha de maravilla: las tareas de limpieza se cumplen perfectamente, las bodegas están repletas de medicamentos, nadie se queja de su escasez y los familiares de los pacientes hablan del excelente servicio médico que estos han recibido. Al final aparece diciendo que ha concluido el recorrido por el hospital de Yaruquí. “Por supuesto hay aspectos que hay que mejorar. Por eso he presentado un requerimiento de información, pero no para montar un show político sino para mejorar el servicio para ustedes”, afirma al cierre.

Lo que convierte la reacción de Alarcón en un recurso particularmente equivocado no es únicamente que el contenido del video no tenga conexión con la realidad, sino que parece estar concebido únicamente para deslegitimar el trabajo de sus colegas del correísmo. 

Es verdad que el correísmo lanzó esta campaña pensando en las próximas elecciones; también que se acuerda del drama de la salud únicamente cuando le resulta electoralmente conveniente y porque su intención es hacer oposición. Pero también es cierto que los legisladores tienen la obligación y la responsabilidad de fiscalizar la gestión del Ejecutivo.

Los asambleístas están en todo su derecho y, más aún, tienen la obligación de verificar que el Ejecutivo esté cumpliendo con sus responsabilidades. Y, como resulta evidente, en el sector de la salud no se han cumplido los ofrecimientos. Nadie puede negar que el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos y en el IESS es severo y persistente.

Existen cifras que reportan niveles de disponibilidad general de entre el 30 % y el 54 % en distintos momentos de 2025 y 2026. También se han registrado retrasos en compras anunciadas -incluidas las provenientes de la India-, deudas con personal externalizado, problemas de infraestructura y una limitada ejecución presupuestaria. Pacientes renales, oncológicos y trasplantados han protestado públicamente y denuncian consecuencias graves, entre ellas la interrupción de tratamientos. 

Esta situación no es un invento del correísmo, como parecería insinuar Alarcón. No hay duda de que el correísmo está recurriendo al tema de la salud para posicionarse de cara a las elecciones de noviembre y que la campaña iniciada por sus asambleístas no responde a un interés que haya demostrado durante el trabajo legislativo que despliegan en la Asamblea, donde este tema ha sido casi ignorado. Pero tampoco se puede negar, como lo ha hecho la asambleísta oficialista Inés Alarcón, que sus colegas del correísmo tienen el derecho y la responsabilidad de pedir cuentas al Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Juan Carlos Aveiga asumió como ministro de Salud Pública con el reto de resolver el desabastecimiento y luchar contra las mafias.
• El Ministerio del Interior mantendrá un trabajo coordinado para "hacer limpieza" de bandas en hospitales.
• Expertos señalan que evaluar el personal y estabilizar gerencias son claves para frenar irregularidades.

El octavo ministro de Salud Pública de Ecuador, Juan Carlos Aveiga, asumió el cargo en Quito con la promesa de resolver el desabastecimiento de medicamentos y erradicar las mafias del sistema sanitario estatal. La gestión del nuevo titular del Ministerio de Salud Pública se da en coordinación con el Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, para ejecutar intervenciones en las casas de salud. Sin embargo, analistas y gremios advierten que la remoción apresurada de funcionarios sin un modelo de gestión integral resulta insuficiente para erradicar la corrupción.

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Retos del Ministerio de Salud Pública y el abastecimiento de medicinas

El titular de la cartera de Estado, Juan Carlos Aveiga, llegó a la institución con las mismas propuestas de sus siete antecesores en la administración del presidente Daniel Noboa: combatir a las estructuras criminales e incrementar el estipendio de fármacos en los establecimientos de red pública.

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Respecto al abastecimiento, la adquisición de medicinas aguarda los resultados de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EO) y la rapidez con la que se gestione la compra de fármacos a la India, cuyo primer lote se prevé que llegue este año.

Intervención contra las mafias en hospitales públicos de Ecuador

La lucha contra la corrupción y los grupos delictivos en el sistema sanitario cuenta con la participación del ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario declaró públicamente que mantendrá un trabajo articulado con Juan Carlos Aveiga para "hacer limpieza" de las bandas criminales asentadas en los centros hospitalarios del país.

No obstante, especialistas consultados por este medio sostienen que la remoción de personal es solo una parte del trabajo integral que debe ejecutar el Gobierno Nacional para erradicar las mafias en la red hospitalaria.

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Propuestas de expertos para reestructurar el sistema sanitario

Especialistas en el área sanitaria coinciden en que se deben aplicar reformas profundas para evitar retrasos administrativos e irregularidades:

Hacia un modelo de salud preventivo y control en la contratación pública

Para el exministro Francisco Andino, la intervención debe ir acompañada de un modelo de salud eficiente. El especialista destacó que el debate no solo debe centrarse en la compra de medicinas, sino en la vigilancia epidemiológica y en cambiar la lógica asistencial hacia una visión preventiva.

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Asimismo, remarcó la necesidad de dar estabilidad a las gerencias de salud para que los cambios políticos en el Ministerio de Salud Pública no paralicen el funcionamiento del sistema.

Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana expuso que la contratación pública requiere acciones inmediatas para frenar la corrupción:

Lo que debes saber

• La vocería presidencial vuelve a estar en el centro del debate.
• El cargo también contempla una función de asesoría política.
• El Decreto 467 reorganiza las funciones internas de la Presidencia.

El presidente Daniel Noboa reorganizó la estructura de la Presidencia de la República, el 6 de agosto de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 467, que concentra en cinco secretarías generales la coordinación estratégica del Gobierno. Para Mateo Apolo, experto en Derecho Administrativo y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, la medida es parte de un proceso que se viene desarrollando desde 2025 y busca armonizar las estructuras creadas mediante decretos anteriores.

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Cinco secretarías para coordinar el Ejecutivo

En ese marco, Apolo explica que las nuevas secretarías no están concebidas para prestar servicios directamente a los ciudadanos, sino para fortalecer la coordinación interna del Ejecutivo. El especialista sostiene que el presidente sí tiene facultades constitucionales para reorganizar la estructura de la administración, siempre que se respeten las competencias establecidas en la ley.

Por su parte, el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, considera que el decreto no representa una transformación de fondo en las funciones de estas dependencias. Según Cucalón, varias de las atribuciones que ahora aparecen de manera expresa ya eran parte de las funciones tácitas de los secretarios generales de la Presidencia.

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La vocería que ya era parte del cargo

Una de las atribuciones que más atención ha generado es que la Secretaría General de Administración Pública tenga entre sus funciones la vocería de la Presidencia. Sin embargo, el exministro de Gobierno Henry Cucalón sostiene que esta no es una función nueva, pues históricamente el secretario de la Administración Pública era el portavoz natural del Palacio y también cumplía un papel de asesor político del presidente.

Según Cucalón, lo que cambió en los últimos gobiernos no fue necesariamente la naturaleza del cargo, sino la exposición pública de quienes lo ocuparon. El exministro recuerda que, mientras en administraciones anteriores los secretarios bajaban del Palacio y daban declaraciones a la prensa con frecuencia, en los gobiernos recientes algunos permanecieron prácticamente sin hablar públicamente.

Por eso, Cucalón considera que el decreto hace explícitas funciones que ya estaban asociadas al cargo. “No hay nada nuevo”, sostiene el exministro, quien interpreta la disposición como una formalización de atribuciones que antes operaban de manera tácita dentro de la Presidencia.

En cuanto a la asesoría política, Cucalón también considera que se trata de una función que ya estaba implícita en el cargo. Explica que los ministros son asesores políticos en sus respectivas áreas.

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La advertencia sobre el alcance de las funciones

Apolo también cuestiona la idea de presentar estas atribuciones como algo completamente novedoso. El jurista señala que las competencias ya existían y que el cambio está principalmente en la forma en que ahora se asignan y ordenan dentro de los órganos administrativos, por lo que, en sus palabras, parecería que se pretende “crear el agua tibia”.

Más allá de la reorganización formal, el abogado considera que el punto central será determinar qué tan eficaz resulta el nuevo esquema. Para Apolo, habrá que observar si la concentración de atribuciones en las cinco secretarías mejora la coordinación del Ejecutivo o si, por el contrario, termina generando duplicidad de funciones y una mayor concentración de poder.

Para el exministro, lo fundamental será que cada funcionario cumpla la ley y no sobrepase las atribuciones que le corresponden. En ese sentido, Apolo plantea que la evaluación no debe quedarse únicamente en el contenido del Decreto 467, sino trasladarse a su aplicación práctica.

Finalmente, Apolo explica que el Decreto 467 también unifica en una sola norma disposiciones que antes estaban repartidas en distintos decretos. Como ejemplo, menciona que atribuciones vinculadas con la planificación, que anteriormente estaban a cargo de Senplades, ahora forman parte de las competencias asignadas a la Secretaría General de Administración Pública.

Lo que debe saber

• Daniel Noboa se reunió por primera vez con el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, horas antes de la ceremonia de posesión presidencial.
• Ambos gobiernos acordaron fortalecer la relación bilateral y priorizar una agenda centrada en seguridad fronteriza, comercio y energía.
• Tras el encuentro, el canciller Roberto Kury anunció la creación de mesas técnicas para impulsar acuerdos.

Horas antes del acto de posesión presidencial, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo un encuentro con el nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella. Este viernes 7 de agosto de 2026, ambos dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación entre los dos países.

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“El presidente Daniel Noboa sostuvo una reunión bilateral con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad con esta nación hermana”, informó la Presidencia de la República del Ecuador.

Noboa arribó a Colombia la mañana de este 7 de agosto de 2026. Fue recibido con honores junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi. Tras su llegada, la primera actividad de su agenda fue precisamente la reunión bilateral con De la Espriella.

El mandatario ecuatoriano asistió acompañado por el canciller Roberto Kury. El encuentro incluyó una sesión fotográfica entre ambos presidentes y saludos con parte del gabinete del nuevo Gobierno colombiano.

En las imágenes difundidas por la Presidencia también se observó la presencia del secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Cabe recordar que Noboa emitió el Decreto Ejecutivo mediante el cual declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompaña en esta visita oficial, con fecha del 3 de agosto de 2026.

Canciller destaca una nueva etapa en la relación bilateral

Tras la reunión, el canciller Roberto Kury señaló que el encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Ecuador y Colombia.

“Sus líderes comparten la misma visión enfocada en el beneficio de los ciudadanos, fortalecer la economía y la seguridad en la frontera”, aseguró Kury.

El ministro también afirmó que "trabajarán muy bien de la mano del nuevo presidente electo". Según explicó, la reunión se centró en tres ejes prioritarios:

En ese contexto, Kury anunció la conformación de mesas técnicas para abordar cada uno de esos temas, con el objetivo de profundizar el diálogo bilateral y avanzar en acuerdos que beneficien a ambos países.

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Así que Jorge Cueva Ayala, candidato que había resultado de las primarias del PSE, sabía que lo más probable era que su nombre no estaría en la papeleta de los aspirantes a la alcaldía de Quito.

El médico ha sido servidor público con más de 30 años de trayectoria en instituciones estatales, incluido el Municipio de Quito. El viernes 7 de agosto del 2026 se pronunció respecto a la alianza de los socialistas con los correístas y sobre un compromiso incumplido.

En un video difundido en sus redes sociales, Jorge Cueva Ayala explicó que fue convocado por el Partido Socialista y elegido como precandidato a la Alcaldía. Señaló que, dentro del proceso de alianzas, se definió que debía dar un paso al costado para permitir la participación de Muñoz, bajo el argumento de fortalecer la unidad de los sectores de izquierda y progresistas.

¿Cueva renunció a su candidatura, pero Gustavo Vallejo no?

“Accedí y renuncié a mi candidatura”, afirmó. Según su versión, como parte de ese acuerdo, Gustavo Vallejo, presidente del PSE, debía renunciar a una candidatura a concejal rural para que él pudiera asumir esa postulación. Indicó que el compromiso fue suscrito por ambas partes y remitido al Consejo Electoral del partido.

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No obstante, aseguró que ese acuerdo no se cumplió. “Hasta ahora (ese Consejo Electoral del PSE) no se ha pronunciado y acabo de enterarme de que el candidato oficial es Gustavo, a pesar de que inicialmente iba a renunciar”, dijo.

Jorge Cueva Ayala cuestionó lo ocurrido. “Lamentablemente veo que no se cumplen los compromisos, no se cumple la palabra asumida. Eso es una decepción en lo que significa hacer política en Ecuador y en nuestra ciudad”, sostuvo.

También aclaró que no buscaba un cargo público. Señaló que incluso rechazó propuestas para asumir funciones administrativas como Secretario de Salud o Administrador Zonal. “No estoy buscando empleo. Quería representar a la ciudadanía en una contienda electoral”, sostuvo.

Aunque confirmó que da un paso atrás en esta candidatura, aseguró que mantiene su compromiso con la ciudadanía. “No necesito un cargo público para servir a esta ciudad. Mi vocación de servicio seguirá viva mientras tenga fuerzas”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar principios en la política. “El país no cambiará únicamente con nuevos nombres o discursos. El verdadero cambio comenzará cuando la honestidad vuelva a ser el valor más importante y la palabra empeñada tenga el mismo valor de una firma”, concluyó.

Gustavo Vallejo tiene otra versión: "el PSE decidió rechazar cualquier chantaje"

"Conocí a Jorge Cueva en una reunión con dirigentes barriales hace aproximadamente tres meses. Allí se me acerco y me dijo que había que impulsar una plataforma de unidad, compartimos espacios de coordinación política por tres o cuatro ocasiones", sostuvo Gustavo Vallejo, presidente de los socialistas.

Según el dirigente, luego de que Augusto Barrera desistió públicamente de la candidatura,"le propuse (a Jorge Cueva) que corra la primaria con el PSE para la alcaldía, con absoluto conocimiento de que estábamos trabajando un espacio de unidad, sabiendo que debería dar un paso al costado (él lo reconoce)".

Sin embargo, Vallejo admite que para que Cueva renuncie a la candidatura a la alcaldía, firmó carta compromiso con él, solicitando que la Comisión Electoral del PSE  acepte las renuncias de los dos y lo coloquen como candidato a concejal.

"Dicha comunicación fue conocida y tratada por la Comisión Electoral del PSE el 1 de agosto del 2026. La resolución por unanimidad fue rechazar cualquier tipo de chantaje al PSE y ratificar mi candidatura", sostuvo Vallejo y negó haber ofrecido cargos en el Municipio.

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Lo que debe saber

• Luisa González confirmó que inscribirá su candidatura a la Prefectura de Manabí la próxima semana.
• La precandidata mantiene en reserva el movimiento político que auspiciará su postulación.
  
  
• La líder del correísmo aseguró que uno de los partidos que la respaldaría fue amenazado

Luisa González reafirmó que buscará la Prefectura de Manabí en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026. Sin embargo, el movimiento político que auspiciará su candidatura todavía se mantendrá en reserva, según señaló la expresidenta de la Revolución Ciudadana.

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Este 7 de agosto de 2026, González fue entrevistada en el portal Ecuador en Directo. Allí se pronunció sobre los próximos pasos para concretar la inscripción de su candidatura. 

La exaspirante presidencial afirmó que cumplirá con ese trámite la próxima semana, aunque no especificó el día en que lo hará. Sobre ese tema, indicó que los detalles se conocerán próximamente.

“La inscribo la siguiente semana. Estamos definiendo el día. ¿Por qué movimiento? No lo voy a decir aún porque uno de los movimientos ya fue amenazado, el directivo del movimiento”, aseguró González.

González insiste en que existe una intención de inhabilitarla

La exdirigente de la Revolución Ciudadana habló de supuestos intentos de comprar a los líderes de los movimientos que podrían auspiciar su candidatura.

“Ya hasta intentaron comprarlo. Le han ofrecido lo que han podido. Pero es una personas con principios y valores. Pero también lo amenazaron”, dijo.

González también se refirió a la necesidad de alcanzar la unidad política.

“Pensando en esa unidad que tiene que ser desde el análisis profundo y desprendido de lo que estamos viviendo hoy proyectados a un futuro de esperanza”, señaló.

En la misma entrevista, González manifestó:

“Vemos que hay un secuestro de la democracia, hay una democracia simulada, ya lo denunciaba yo un tiempo atrás, donde quieren fingir que hay una participación democrática, que hay instituciones independientes, pero eso es totalmente simulado, falso. ¿Qué han hecho con las organizaciones políticas? Perseguirlas”.

¿Qué pasó con la Revolución Ciudadana?

Las principales figuras del correísmo han tenido que buscar auspicio en otros movimientos políticos después de que la lista de la Revolución Ciudadana fuera suspendida, tras una decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esa resolución se adoptó luego de que se admitiera a trámite una denuncia presentada por el fiscal Leonardo Alarcón.

Posteriormente, los correístas se acercaron al movimiento Amigo. Incluso, varios de sus dirigentes participaron en las elecciones primarias de esa organización política. 

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Sin embargo, ese movimiento también fue suspendido mediante el mismo mecanismo. Ante ese escenario, el correísmo optó por buscar otras organizaciones desde las cuales impulsar las candidaturas de sus principales figuras.

Lo que debes saber

• Gabriela Molina advierte sobre la desvinculación de más de 300 trabajadores operativos.
• El pedido exige aclarar el impacto en los programas sociales y en el personal de Manabí.
• La solicitud fue enviada a la ministra Zaida Rovira en medio de recortes ministeriales.

La asambleísta Gabriela Molina, del movimiento Revolución Ciudadana, solicitó información oficial a la ministra Zaida Rovira sobre presuntos despidos masivos que el Ministerio de Desarrollo Humano estaría planificando en Ecuador. La legisladora advirtió que la desvinculación de más de 300 trabajadores del área operativa afectaría la ejecución de diversos programas sociales en el país, especialmente en provincias como Manabí, en el marco de la reorganización estatal impulsada por el Gobierno nacional.

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Gabriela Molina exige respuestas al Ministerio de Desarrollo Humano por posible recorte de personal

La legisladora de Revolución Ciudadana, Gabriela Molina, remitió un oficio formal a la titular del Ministerio de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, para pedir explicaciones sobre una supuesta ola de recortes laborales en dicha entidad gubernamental.

"Se anuncian más de 300 despidos, en el área operativa del Ministerio de Desarrollo Humano. Sabemos que ese personal desarrolla programas sociales", publicó la asambleísta Molina en sus redes sociales.

Detalles del pedido de información enviado a Zaida Rovira

A través de su requerimiento público, la asambleísta busca transparente el alcance de la medida y determinar las consecuencias operativas dentro de la atención social del Estado.

Puntos clave de la solicitud legislativa:

El oficio fue dirigido a Zaida Rovira, en su calidad de ministra de Desarrollo Humano. Rovira además se alista para participar como candidata a concejal de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, bajo la bandera del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

El contexto estatal: reducción de ministerios en el Gobierno de Daniel Noboa

La alerta emitida por la función legislativa ocurre en medio de la política de reestructuración de la función ejecutiva liderada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Desde 2026, el Ejecutivo ha concretado varias etapas de reducción institucional.

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Cronología de la reestructuración del gabinete presidencial:

Según lo señalado por el Ejecutivo, la medida busca optimizar los procesos administrativos y evitar demoras en la ejecución de los proyectos gubernamentales.

Lo que debes saber

• Noboa designó a José Julio Neira como portavoz presidencial mediante decreto en Carondelet.
• Neira asumirá la vocería oficial del Ejecutivo para comunicar decisiones del Gobierno.
• La Presidencia redefine funciones y retoma una figura clave para informar al país.

El Gobierno designó a José Julio Neira como portavoz oficial del Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo 467, firmado por el presidente Daniel Noboa. 

La medida forma parte de una reorganización de la estructura de la Presidencia de la República y de la redefinición de competencias de las cinco secretarías generales que integran Carondelet.

Neira, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, asumirá la vocería oficial en los asuntos que le sean delegados por el mandatario.

La vocería vuelve a tener una figura definida

Con la nueva disposición, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete pasa a tener 24 atribuciones, entre ellas asesorar políticamente al presidente y ejercer las funciones de portavoz de la Presidencia.

Te invitamos a leer | Sindicalista del IESS provoca roce entre José Julio Neira y el asambleísta Adrián Castro: ¿Qué pasó?

La decisión marca el retorno de una figura específica encargada de transmitir información oficial del Ejecutivo. La última persona que desempeñó este rol fue Carolina Jaramillo, quien permaneció en funciones hasta noviembre de 2025 y mantenía ruedas de prensa periódicas en el Palacio de Carondelet para informar sobre las acciones del Gobierno y responder consultas de los medios.

Incertidumbre sobre el nuevo esquema de comunicación

Tras la salida de Jaramillo, la Presidencia dejó de realizar las ruedas de prensa semanales y no mantuvo una vocería oficial permanente. Durante ese período, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, apareció en algunos mensajes institucionales relacionados con temas de interés nacional.

Hasta el momento, no se ha informado cómo ejercerá Neira su nuevo papel como portavoz ni si la Presidencia retomará las ruedas de prensa regulares o implementará un mecanismo distinto de comunicación con los medios y la ciudadanía.

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Entre las principales atribuciones

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Con la nueva estructura, la Presidencia contará con cinco secretarías generales: la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete; la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; la Secretaría General Jurídica; la Secretaría General de Comunicación; y la Secretaría General de Integridad Pública.

Entre las principales funciones asignadas a la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete está coordinar el funcionamiento del Gabinete Presidencial, asesorar al primer mandatario y articular el trabajo entre la Presidencia, los ministerios y las demás instituciones del Ejecutivo.

Neira será el nuevo portavoz presidencial

Además de las funciones antes mencionadas, el presidente Daniel Noboa asignó al secretario de la Administración Pública la atribución de actuar como portavoz en los asuntos que disponga el primer mandatario. El decreto señala: “Ejercer funciones de portavoz de la Presidencia de la República en los asuntos que le disponga el Presidente de la República”.

Cabe recordar que, tras el inicio del segundo período de Daniel Noboa, el Gobierno Nacional ensayó la figura de una portavoz de Carondelet como enlace entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. La única persona que ocupó ese cargo fue Carolina Jaramillo.

Tras diversas críticas y desencuentros con los mismos medios de comunicación con los que se pretendía tender un puente, Jaramillo renunció y el Ejecutivo no designó a otra persona para ese cargo.

La facultad del secretario de la Administración Pública de actuar como portavoz, al menos según el Decreto Ejecutivo, no aparece como un cargo, sino únicamente como una de las atribuciones de esa dependencia de la Presidencia.

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En total, la Secretaría, que actualmente está presidida por José Julio Neira, tiene 24 atribuciones. Entre ellas consta también “ejercer las demás atribuciones que le asigne el presidente de la República”.

Otras atribuciones de José Julio Neira:

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El arribo de Noboa a Colombia está previsto para las 08:45 de este 7 de agosto de 2026. El pasado 3 de agosto, el mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 463, mediante el cual declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial al país vecino.

“La comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, contribuyan al desarrollo de las actividades previstas”, dice el documento oficial.

La Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, presidida por José Julio Neira, fue la entidad encargada de notificar a los ministerios y secretarías que formarían parte de la comitiva para la visita oficial a Colombia.

El Decreto Ejecutivo también indicó que “los viáticos y demás gastos que genere el desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva oficial y la de apoyo”.

La agenda de Noboa en Colombia

Tras su arribo, previsto para la mañana de este viernes, el mandatario ecuatoriano tiene planificadas dos actividades en Colombia:

Con este encuentro, ambos países abren un nuevo capítulo en sus relaciones bilaterales, tras la tensión entre el Gobierno de Noboa y el presidente saliente, Gustavo Petro. 

La relación se deterioró hasta la imposición de aranceles del 100 % a la importación de productos colombianos hacia Ecuador, una medida que el Gobierno ecuatoriano justificó por la falta de acciones frente a la inseguridad en la frontera común.

Lo que debes saber

• El experto señala que la democracia requiere controles y límites para evitar abusos de poder.
• Además, de que la academia y las organizaciones sociales tienen un rol clave en el debate público.
• El voto informado sería una herramienta para definir el rumbo del país.

Fernando Muñoz-Miño advierte que el deterioro democrático no responde únicamente a las decisiones de los gobiernos, sino también a una ciudadanía que ha cedido espacios de participación en medio del miedo y la inseguridad. En esta entrevista analiza los riesgos de la concentración del poder, el papel de la sociedad y las acciones que considera necesarias para preservar la democracia en Ecuador.

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- ¿Qué factores explican que, décadas después del retorno a la democracia, hoy Ecuador atraviese un proceso de deterioro democrático o de concentración del poder?

- Hay que considerar que la democracia no es un proceso al que se llega y se mantiene inalterado. La salud de la democracia depende de los gobiernos que la administran, pero principalmente de la sociedad. Entonces, tener por sentada la democracia implica, muchas veces, descuidar el hecho de que es algo que se tiene que alimentar y fortalecer. No solo es la pérdida del Estado de Derecho, del respeto a la Constitución, al debido proceso, los partidos, los movimientos sociales, la academia; también es que los ciudadanos de a pie hemos perdido ese lugar que nos corresponde y la responsabilidad de cuidar la democracia a pesar de la crisis económica, del contexto actual y de la acentuación, principalmente, del escenario de crimen organizado, lo que ha conducido a ceder los derechos fundamentales.

- ¿Por la inseguridad?

- Sí. Por lo menos en los últimos cuatro años se ha creado un escenario en el que el miedo condiciona a ceder ciertas cosas, por ejemplo aceptar los excesos de la fuerza pública y que caigan justos por pecadores, con tal de que se pueda frenar esto. Eso empieza a construir un nuevo sentido común, muy peligroso, porque los derechos humanos dejan de tener un lugar prioritario. El miedo mueve a los grupos humanos a adoptar posiciones más individualistas.

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- En muchos casos, los líderes con tendencias autoritarias llegan al poder mediante elecciones. ¿Hasta qué punto el voto representa un aval para la posterior concentración de poder?

- Muchas veces se justifica la acción de cualquier gobierno bajo el criterio de que fue elegido en urnas. Pero no es una carta blanca para que pueda actuar indiscriminadamente y sin ningún tipo de límites. La autoridad presidencial no es la autoridad máxima, es solo el representante de uno de los cinco poderes del Estado.

- ¿Cree que la sociedad ecuatoriana debería hacer una autocrítica sobre el tipo de liderazgo que ha respaldado en las urnas durante los últimos años?

- El mandante tiene que ser responsable con respecto a sus votaciones, al voto informado y saber que tiene una responsabilidad al decidir sobre el presente y el futuro del país. Siempre es necesaria una autocrítica, pero es difícil hacerla en el contexto en el que las organizaciones y las personas están en ‘modo sobrevivir’, como primera prioridad.

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- Frente a ello, ¿qué factores son claves para que la ciudadanía mantenga una actitud crítica y no normalice la concentración de poder, ni la pérdida de sus derechos y libertades?

- No basta, por ejemplo, con que sean contadas voces las que denuncien esto, sino que sean amplios conjuntos de personas con credibilidad; que las organizaciones civiles pongan esto por delante de la agenda pública. Hay que hacer diagnósticos claros, porque no basta con decir que el Gobierno es una dictadura. Necesitamos tener datos fuertes para que nuestras posiciones sean respaldadas y que ganen la credibilidad en el espacio de la opinión pública.

- ¿Qué papel debería asumir la academia?

- La academia tiene una responsabilidad sensible porque en lugar de trabajar únicamente hacia adentro, produciendo investigación y formando estudiantes, también tiene una función social hacia afuera. La universidad no puede entenderse de espaldas a la sociedad. Tiene una responsabilidad de responder a esto abriendo espacios de debate, poniendo a discutir a los diferentes actores, a diagnosticar lo que está pasando y determinar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para conservar la democracia.

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- ¿Qué le diría hoy a un ciudadano que siente que ya no tiene capacidad de incidir en el rumbo del país?

- El ciudadano tiene la capacidad de incidir. La más inmediata es con el voto. Que el voto no sea por el menos malo, sino que sea un voto que entienda el contexto en el que se está viviendo. También de la participación activa, que no es simplemente ir a la urna y votar, sino involucrarse en la discusión pública, ver los medios de comunicación, discutir con la familia y, sobre todo, organizarse entendiendo que la organización es el mejor escudo y la mejor herramienta que se tiene para poder incidir e influir en el presente y el futuro del país.

Lo que debes saber

• Los fiscales Carlos Alarcón y Ruth Amoroso emprendieron una gira mediática para defender la teoría de la Fiscalía sobre el caso Triple A.
  
  
• Los fiscales expusieran su versión del caso en medios afines al gobierno sin enfrentar ni una pregunta sobre los puntos débiles de la acusación

“Se quiere mediatizar”, protestó el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, a propósito de las intenciones que él atribuye a la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De Ecuador TV (canal del gobierno) a Teleamazonas (canal bajo amenaza directa del presidente de la República), pasando por el portal La Posta (medio de Alvarado Campi manejado por gente del Grupo Noboa), una gira mediática en toda regla se mandó el fiscal esta semana con el fin de denunciar los intentos de mediatización del caso Triple A. Contradictorio pero cierto. Mientras tanto, Ruth Amoroso, la fiscal del caso, emprendía su propio y simultáneo recorrido por los medios oficiosos del noboísmo, de los cheerleaders de Radio Centro a los cheerleaders de diario El Universo (medios literalmente vendidos), con el objeto de dejar sentadas sus teorías judiciales ahí donde nadie las pusiera en cuestión con preguntas incómodas. Y remataba: “Los casos se ganan en la audiencia”.

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No parecen muy consecuentes con sus propias palabras los fiscales. Al contrario: su agenda de medios de la semana que termina tuvo el evidente objetivo de ganar ante la opinión pública (a través de los medios) el caso que pareció derrumbárseles ante los jueces el domingo pasado, día de alegatos de clausura de las partes en la audiencia de juicio del caso Triple A. Las giras mediáticas de Ruth Amoroso y Carlos Alarcón parecieron arregladas para que ambos fiscales pudieran exponer sus teorías del caso como si se tratara de hechos incontrovertibles sin que nadie les cuestionara nada. Es decir: como si los argumentos de la defensa no existieran. Por ejemplo:

La denunciante que nunca apareció

1. Todos los entrevistadores les preguntaron sobre la ausencia en el juicio de Nicole Bermúdez, la exfuncionaria de la Agencia de Control Hidrocarburífero que presentó la denuncia inicial contra Aquiles Álvarez (la denuncia sobre la que se construyó todo el caso) pero desapareció del mapa y no compareció a declarar en el juicio. La respuesta de los fiscales fue idéntica: el testimonio de Bermúdez era irrelevante. Ni los periodistas de Ecuador TV o El Universo, ni los cheerleaders de La Posta o Radio Centro les recordaron que Bermúdez declaró, en la ampliación de su testimonio ante la propia Fiscalía, haber sido presionada por el coordinador jurídico del Ministerio de Energía, José Manuel de Oliveira; y que éste, a su vez, le dijo que actuaba por orden del entonces secretario de Integridad José Julio Neira, brazo derecho del presidente de la República. Más aún: Bermúdez había declarado que no sabía de dónde Neira y Oliveira sacaban las cifras de comercialización de combustibles que endilgaban a Aquiles Álvarez en la denuncia. Facilísimo para Carlos Alarcón y Ruth Amoroso posicionar su teoría del caso en la opinión pública si nadie les pregunta sobre este espinoso asunto, que podría convertir Triple A en un caso de conspiración política contra Aquiles Álvarez.

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Los peritajes que la Fiscalía omitió

2. Ambos fiscales se explayaron sobre el aporte de los peritos, cuyo criterio técnico, dijo Carlos Alarcón, es una demostración de que aquí no hay persecución política alguna. Nadie les preguntó sobre aquellos peritajes ordenados por la propia Fiscalía que contradicen su teoría del caso y que Ruth Amoroso prefirió ignorar, como si no existieran, en una demostración vergonzosa de deslealtad procesal.

El caso del Aveo y la resolución del SRI

3. Contaron por enésima vez la historia del Aveo que cargó una cantidad gasolina muy superior a sus capacidades, a sabiendas de que sus entrevistadores no estaban al tanto (porque no habían seguido ni remotamente el desarrollo de la audiencia de juicio) de la resolución del SRI que permitía a las estaciones de servicio proveer de gasolina a una empresa a través de una sola placa de uno de sus vehículos.

El interrogatorio que del que huyó la Fiscalía

4. Tampoco se molestó nadie en preguntar a los fiscales, especialmente a Ruth Amoroso, que es quien llevó el caso en tribunales, por qué eligió no interrogar al acusado, Aquiles Álvarez, luego de que él hiciera un alegato de más de dos horas durante las cuales explicó todos los aspectos técnicos del negocio. ¿No era la oportunidad de la Fiscalía de ponerlo contra las cuerdas y hacerlo caer en las contradicciones típicas de los culpables? A cinco medios de comunicación les pareció poco interesante.

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Estos son sólo algunos ejemplos de lo que dejaron escapar los entrevistadores que participaron en la gira de medios de los fiscales. Cinco medios visitaron Carlos Alarcón y Ruth Amoroso y ninguno de ellos encontró relevantes estos temas. ¿Coincidencia? ¿Acuerdo previo? Algunas de las declaraciones que dejaron pasar estos periodistas eran de las que exigen repregunta a gritos. Por ejemplo, cuando Carlos Alarcón aseguró en La Posta: “Aquí no hay ninguna persecución porque ningún fiscal se va a prestar a formularle cargos sin tener los suficientes elementos para a usted meterle preso”.

Esto de ver a los fiscales recorriendo los medios para promocionar sus casos y tratar de ganar en la opinión pública lo que han sido incapaces de demostrar en los tribunales es una distorsión de ciertas prácticas patentadas por Diana Salazar, inventora también de los nombres comerciales para los casos judiciales y, costumbre aún peor, de los logotipos: aberraciones aún más notorias cuando el fiscal a cargo actúa como un operador de las estrategias del poder político.

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Lo que debes saber

• La alianza entre Unidad Popular y la Revolución Ciudadana será focalizada, no nacional.
• Unidad Popular competirá con otros aliados en varias ciudades del país.
• El movimiento prevé participar con más de 6.000 candidatos en 160 cantones.

La alianza entre Unidad Popular y la Revolución Ciudadana finalmente se concretó, pero no tendrá el alcance nacional que muchos anticipaban. El acuerdo electoral solo se selló para Quito y la Prefectura de Pichincha, mientras que en el resto del país ambas organizaciones competirán por separado.

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Solo un acuerdo con la RC

El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, en diálogo con EXPRESO, descartó que existan acuerdos con el correísmo en otras ciudades o provincias del país. "Es básicamente eso", afirmó al ser consultado sobre las candidaturas conjuntas, precisando que no hay más alianzas con la RC fuera de esos dos cargos.

El dirigente explicó que la decisión responde a una "confluencia de fuerzas sociales y políticas" que busca presentar una alternativa para Quito y Pichincha. Sostuvo que el objetivo es atender problemas como la inseguridad, el desempleo y fortalecer servicios como la salud, además de enfrentar lo que calificó como un modelo autoritario del Gobierno de Daniel Noboa.

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Por qué no hubo más alianzas

Sobre la ausencia de acuerdos similares en otras jurisdicciones, Atarihuana señaló que el contexto político y los plazos electorales limitaron la posibilidad de ampliar la alianza. Agregó que la organización tuvo que estructurar sus candidaturas en un tiempo reducido, tras la ratificación de su participación en la papeleta.

Pese a ello, Unidad Popular sí mantiene alianzas con otras organizaciones políticas en diferentes territorios. En Guayaquil respalda una candidatura junto a Pachakutik, mientras que en Cuenca y Santo Domingo impulsa aspirantes propios dentro de otros acuerdos políticos, sin participación de la Revolución Ciudadana.

Atarihuana aseguró que Unidad Popular participará con más de 6.000 candidatos en 160 cantones y que espera disputar con opciones competitivas entre 10 y 12 prefecturas. Entre las provincias donde prevé mayor fortaleza mencionó Pichincha, Guayas, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y varias jurisdicciones de la Amazonía.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa recibió a su homólogo argentino, Javier Milei, en el Palacio de Carondelet este jueves 6 de agosto.
• Durante la visita oficial, ambos mandatarios suscribieron seis instrumentos de cooperación bilateral.
• Los presidentes firmaron compromisos en temas de extradición, ciberdefensa, sector automotriz, servicios aéreos, energía nuclear y pesca ilegal.

El presidente Daniel Noboa recibió a su homólogo argentino, Javier Milei, en el Palacio de Carondelet este jueves 6 de agosto, durante una visita oficial en la que ambos mandatarios suscribieron seis instrumentos de cooperación bilateral.

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Aunque inicialmente se habían anunciado cuatro áreas de trabajo —extradición, ciberdefensa, sector automotriz y servicios aéreos—, el encuentro amplió su alcance con compromisos adicionales en materia de energía nuclear para fines pacíficos y una declaración conjunta contra la pesca ilegal.

Acuerdo entre Ecuador y Argentina en temas de industria automotriz

Uno de los acuerdos con mayor impacto económico es el relacionado con la industria automotriz. El convenio establece nuevas condiciones para el intercambio de vehículos y componentes entre ambos países, con beneficios arancelarios, reglas de origen y límites de importación, como parte de una actualización del marco comercial vigente entre Ecuador y Argentina.

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En la práctica, el acuerdo permitirá que cada país pueda comercializar hasta 3.000 vehículos anuales con un arancel del 10 % durante una década, mientras que las autopartes tendrán acceso con tarifa cero.

El Gobierno señaló que esta medida ampliará la oferta para los consumidores ecuatorianos, aunque Argentina actualmente tiene una participación reducida en el mercado automotor nacional, dominado principalmente por vehículos provenientes de China.

Apertura a operaciones comerciales aéreas y mejoras en conectividad

Otro de los compromisos busca modificar la relación aérea entre ambos países. El Acuerdo de Servicios Aéreos plantea una mayor apertura para las operaciones comerciales y apunta a mejorar la conectividad para pasajeros, turismo y transporte de mercancías.

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Sin embargo, el documento firmado no establece nuevas rutas específicas ni define frecuencias, por lo que esos detalles dependerán de futuras negociaciones entre autoridades y aerolíneas.

Acuerdos en temas de seguridad entre Ecuador y Argentina

En materia de seguridad, Ecuador y Argentina acordaron fortalecer la cooperación frente a delitos que requieren coordinación internacional.

El nuevo Tratado de Extradición reemplazará el mecanismo que regía desde 1933 y pretende agilizar los procesos de entrega de personas requeridas por la justicia de ambos países, aunque deberá superar los procedimientos internos de aprobación antes de entrar en vigencia.

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La agenda también incluyó acuerdos en ciberdefensa y cooperación nuclear. En el primer caso, los ministerios de Defensa establecerán mecanismos de trabajo conjunto para enfrentar amenazas digitales.

El convenio energético está enfocado en investigación, capacitación y uso pacífico de tecnología nuclear, sin contemplar intercambio de electricidad ni proyectos de interconexión energética.

La firma de estos instrumentos ocurre mientras Ecuador mantiene una balanza comercial desfavorable con Argentina. Entre enero y mayo de 2026, el país exportó alrededor de USD 129,7 millones hacia ese mercado, pero realizó compras por USD 374,5 millones.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 467, mediante el cual reorganiza la estructura de la Presidencia de la República.
• La Presidencia queda estructurada en cinco secretarías generales: de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; Jurídica; de Comunicación; y de Integridad Pública.
• La organización interna de las secretarías podrá desarrollarse mediante subsecretarías, direcciones y otras unidades administrativas.

Este jueves 6 de agosto, el primer mandatario Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 467, mediante el cual reorganiza la estructura de la Presidencia de la República y establece nuevas disposiciones sobre las funciones de sus principales secretarías generales.

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El decreto establece que la Presidencia estará integrada por cinco secretarías generales: 

¿Qué funciones se asignaron a las secretarías?

Una de las principales funciones asignadas a la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete será coordinar el funcionamiento del Gabinete Presidencial, asesorar al mandatario y articular el trabajo entre la Presidencia, ministerios y otras instituciones del Ejecutivo.

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El documento también define las atribuciones de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que estará relacionada con la administración de la Presidencia, la representación legal y la gestión de bienes inmuebles del Estado, entre otras competencias.

En el ámbito jurídico, el decreto asigna a la Secretaría General Jurídica la responsabilidad de analizar y elaborar instrumentos legales como decretos ejecutivos, proyectos de ley y otros documentos normativos que sean requeridos por el presidente de la República.

La Secretaría General de Comunicación tendrá a su cargo la coordinación de la política comunicacional del Gobierno, así como la planificación de estrategias de comunicación, el monitoreo de información y la articulación con las entidades de la Función Ejecutiva.

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Mientras tanto, la Secretaría General de Integridad Pública estará enfocada en la coordinación de acciones relacionadas con transparencia, integridad y prevención de prácticas que afecten la gestión pública.

El primer mandatario podrá incorporar asesores presidenciales y consejeros de Gobierno

El decreto también contempla la posibilidad de que el primer mandatario incorpore asesores presidenciales y consejeros de Gobierno para atender asuntos específicos relacionados con la gestión del Ejecutivo " de conformidad con las necesidades administrativas e institucionales, y la disponibilidad presupuestaria correspondiente".

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Además, la normativa establece que la organización interna de las secretarías podrá desarrollarse mediante subsecretarías, direcciones y otras unidades administrativas necesarias para cumplir con sus competencias.

Asimismo, los titulares de las Subsecretarías Generales tendrán rangos de Viceministros de Estado.

Lo que debes saber

• El Cootad y la subsidiariedad cuestionan si las prefecturas duplican funciones municipales.
• Problemas de concesiones viales, brechas electorales y fallas de control afectan al Guayas.
• El debate analiza si las prefecturas descentralizan el poder o son un muro burocrático.

Nadie discute si un municipio debe existir. Su relación de cercanía con la vida cotidiana es demasiado visible. Recoge la basura, ordena el espacio público, administra mercados y regula el suelo. Sin embargo, las prefecturas cargan con unas dudas no resueltas: ¿Qué hacen que no podrían ejecutar los municipios, solos o coordinadamente?

Cootad y el principio de subsidiariedad en Ecuador

El Cootad distribuye competencias exclusivas, concurrentes y delegables entre los distintos niveles de gobierno. Esa arquitectura jurídica responde a un principio anterior al propio código, la subsidiariedad, según la cual, como sostuvo Pío XI en 1931, una instancia superior no debe asumir aquello que otra menor puede resolver adecuadamente.

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Coordinación territorial: el caso de la Prefectura del Guayas

La subsidiariedad no obliga a municipalizarlo todo. Cuencas, sistemas de riego o vías intercantonales pueden requerir coordinación superior. Cuando esa coordinación funciona, no responde a un diseño institucional predefinido, sino a convenios que se activan caso por caso, muchas veces a partir de una necesidad que nace en el nivel más local. En 2024, por ejemplo, la intervención de la RVE 4E0, en Daule, requirió un convenio entre el Ministerio de Transporte, la Prefectura del Guayas y el Municipio: cada entidad tenía una atribución diferente, pero la solución dependió de que las tres decidieran articularse. Algo parecido ocurrió en Mariscal Sucre, donde los presidentes de las juntas parroquiales (que suelen identificar las necesidades más próximas de la ruralidad, aunque dependen de otros niveles para ejecutarlas) impulsaron un acercamiento con el Municipio de Milagro y la Prefectura del Guayas para resolver el abastecimiento de agua. La demanda nació en la parroquia, la competencia correspondía al Municipio y el apoyo técnico involucraría a la Prefectura.

Infraestructura vial y concesiones en Guayas

Existe otra discusión sobre la capacidad efectiva del nivel provincial, que se hace visible precisamente cuando no hay un convenio activo que la sostenga. En Guayas, de casi 6.000 kilómetros de vías, 605 siguen concesionados desde 2000 a compañías del mismo grupo, mientras las vías rurales provinciales avanzan con una lentitud que contrasta con ciertas obras municipales.

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Peajes, vías alternas y gestión pública

El problema no es solo el peaje, sino la alternativa pública. Sin pretender equiparar dos sistemas viales profundamente distintos, el caso de EE.UU. permite ilustrar ese principio. La I-95 y la Florida’s Turnpike permiten elegir entre una vía gratuita y otra pagada. En Guayas hay rutas alternas, pero su deterioro vuelve nominal esa elección. La concesionada se usa porque la gratuita dejó de funcionar razonablemente.

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Representación electoral y ruralidad en la provincia

A este problema de capacidad se suma un eje distinto de crítica: uno de legitimidad electoral. Guayaquil concentra más de la mitad del padrón provincial, de modo que el territorio que decide quién gobierna la ruralidad del Guayas no siempre coincide con aquel donde se ejercen las competencias provinciales más visibles. Quienes dependen más directamente de la vialidad rural, el riego o el fomento productivo poseen, en conjunto, menor capacidad para definir a la autoridad.

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Regiones autónomas y la Constitución de 2008

Frente a este cruce de problemas de capacidad y de legitimidad, cabe preguntarse si alguna vez se intentó un rediseño institucional distinto. La Constitución de 2008, en su artículo 251, permitió crear regiones autónomas con autoridades electas y competencias supraprovinciales, pero el modelo nunca se concretó. Buscaba atender problemas compartidos y mejorar la coordinación territorial, aunque deja la duda de por qué crear otro nivel antes de establecer qué capacidades no podían ofrecer las estructuras existentes.

Fiscalización de Contraloría en la gestión provincial

Esa menor autonomía, frente al diseño que nunca se implementó, podría compensarse con mejor planificación y fiscalización, pero no cabe asumirlo. Contraloría ha detectado retrasos, prórrogas sin sustento y multas no cobradas. En Sucumbíos hubo sanciones omitidas por atrasos de 87 y 38 días. No son fallas exclusivamente provinciales, pero cuestionan que una mayor escala garantice mejores controles.

Descentralización y el futuro de las prefecturas

Cualquier rediseño institucional debe definir quién asumiría las vías intercantonales y el riego, y cómo evitaría ampliar las desigualdades territoriales. Suprimir una estructura intermedia no garantiza descentralizar, pues sin recursos ni capacidades locales podría recentralizar el poder. La cuestión, en el fondo, es si las prefecturas funcionan como puente entre cantones (coordinando, reduciendo brechas y gestionando eficazmente competencias supracantonales) o si se han vuelto el muro burocrático que el propio título de este artículo pone en duda