“Necesitan un servidor obsecuente y sin criterio para que asuma ese aval del proceso cuestionado”, dijo Rosero en referencia al proceso en curso en el CPCCS. Sin embargo, el vocal no centró su defensa en ese señalamiento.

Política

Juicio a David Rosero: ADN no puede certificar que hubo reunión con postulante a la Fiscalía

Daniel Alejandro Romero Páez

Rosero y el cuestionamiento a las fotografías

Su intervención se enfocó en cuestionar la legitimidad de las pruebas en su contra y en señalar que no existe un nexo entre la supuesta reunión y un beneficio concreto para la postulante al cargo de fiscal general, Inés Romero.

Habló por más de dos horas ante el Pleno de la Asamblea. Inició su intervención con un llamado a los asambleístas: “El control político es legítimo; la arbitrariedad no”. Después, sostuvo que no se puede convertir en prueba una publicación hecha en redes sociales.

El centro de la acusación contra Rosero son unas imágenes que darían cuenta de un supuesto encuentro entre él y Romero. Por eso, el vocal centró sus reparos en que nunca se probó el origen de dichas imágenes.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Luego, el vocal del CPCCS argumentó que la acusación se sustentaba en un presunto conflicto de interés, pero que no existían pruebas de beneficios obtenidos por la postulante a la Fiscalía. Recordó que 21 aspirantes al cargo ya fueron descalificados y que Romero estaba entre ellos.

La referencia al juicio contra Inés Manzano

Otra parte central de su intervención fue la comparación con lo ocurrido en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano, que fue archivado por el Pleno de la Asamblea. Rosero pidió ser “medido con la misma vara”. 

Recordó que, en aquel proceso, se argumentó que las pruebas presentadas no tenían cadena de custodia y que los enlaces de noticias publicadas en medios de comunicación no constituían elementos probatorios.

En ese punto, insistió en que la imagen presentada como prueba en su contra no tenía un origen definido, pues no se había identificado la cámara o el dispositivo con el que fue tomada.

Al final, el vocal volvió a referirse al actual concurso para fiscal general. “¿Este accionar demostrará (la resolución en el Pleno) que el concurso del mayor personero de la justicia ecuatoriana estaba predestinado? ¿El concurso solamente fue un barniz del cual ha expuesto los intereses del poder?”, dijo Rosero.

Pasadas las 16:20, el Pleno inició el debate entre los asambleístas. Una vez concluida la discusión, se votará la censura y destitución del vocal. Para alcanzar ese objetivo, ADN necesita 77 votos.

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Lo que debes saber

• Gobierno evita apagones en Ecuador con autogeneración industrial.
• Hogares, hospitales y escuelas tendrán electricidad por plan ante déficit hídrico.
• Constructores alertan que restricciones eléctricas afectarían obras y empleo en Ecuador.

El sistema eléctrico ecuatoriano vuelve a enfrentar presiones por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y al déficit hídrico que afecta a varios países de la región. En este contexto, el Gobierno dispuso que industrias con capacidad de autogeneración se desconecten temporalmente de la red nacional para liberar energía destinada al consumo residencial y a servicios considerados prioritarios.

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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró en una entrevista radial a NotiMundo que la medida busca garantizar el abastecimiento eléctrico en hogares, hospitales y unidades educativas, y descartó la aplicación de cortes de energía para estos sectores. Según la funcionaria, las empresas utilizarán sus propios sistemas de generación durante un período previsto de tres días, permitiendo redistribuir la energía de la red pública.

De acuerdo con la autoridad, la estrategia forma parte de un plan de contingencia diseñado frente a la reducción de los recursos hídricos y contempla además el apoyo del parque termoeléctrico estatal y de las barcazas generadoras incorporadas al sistema.

Preocupación en sectores productivos

La decisión ha generado inquietud en algunos sectores económicos. El gremio Clúster Constructores Positivos expresó su preocupación por los efectos que las restricciones energéticas pueden tener en las plantas productoras de materiales para la construcción.

En una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, el sector advirtió que las interrupciones en la producción podrían provocar retrasos en obras, desabastecimiento de materiales y afectaciones al empleo. También manifestó preocupación por el incremento de las tarifas eléctricas industriales y su posible incidencia en los costos de construcción y en el precio final de las viviendas.

Los constructores solicitaron al Ejecutivo revisar las medidas adoptadas y abrir espacios de diálogo para encontrar alternativas que permitan reducir el impacto sobre la actividad productiva.

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Generación térmica y déficit hídrico

Como parte de la respuesta a la emergencia energética, el Gobierno informó sobre la incorporación de 16 generadores térmicos de la firma ATM, que aportarían alrededor de 30 megavatios adicionales al sistema nacional.

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La ministra también señaló que parte de la infraestructura de generación permanecía inactiva y mencionó investigaciones relacionadas con presuntos actos de sabotaje y malos manejos en equipos de generación eléctrica.

Mientras tanto, las autoridades sostienen que el déficit hídrico continúa afectando a varios países de la región, entre ellos Colombia y Brasil, lo que mantiene bajo presión los sistemas energéticos y obliga a adoptar medidas extraordinarias para sostener el suministro

El anuncio lo hizo el presidente de esa mesa legislativa, Cristian Benavides. Este 13 de octubre de 2026, el legislador se refirió al informe, en el que se detallan 95 casos de autoridades locales con alertas rojas y naranjas por el incremento injustificado de su patrimonio.

Política

Juicio a David Rosero: ADN no puede certificar que hubo reunión con postulante a la Fiscalía

Daniel Alejandro Romero Páez

Benavides insistió en que el sistema de semaforización utilizado para categorizar cada caso no implica una acusación. “La semaforización no significa una acusación. Hay confusión entre algunos legisladores. Lo único que hacemos es priorizar las alertas que permitan que las autoridades de control realicen exámenes especiales o investigaciones (en el caso de la Fiscalía)”, aseguró.

La sesión del Pleno en la que se tratará el informe está prevista para el próximo martes. La discusión de las conclusiones y recomendaciones ocurrirá en el marco de un proceso electoral en curso para la elección de autoridades locales.

¿Qué plantea el informe de la Comisión?

El anexo que incluye los nombres de las autoridades locales y sus respectivas jurisdicciones fue tratado como reservado. Sin embargo, durante la sesión en la que se aprobó el informe se conocieron algunos resultados:

Sobre este punto, Benavides señaló este 13 de octubre que los casos clasificados con alerta roja incluyen situaciones en las que ya existen investigaciones en la Fiscalía o exámenes en la Contraloría. También se tomó en cuenta la situación de las autoridades ante organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según el legislador, cierta información se mantendrá reservada. Entre ella estarían los bienes que poseen las autoridades y la existencia de investigaciones previas. Esto último busca evitar interferencias en las investigaciones que ya están en curso en la Fiscalía.

¿Qué se tomó en cuenta para ubicar cada caso?

Según el informe aprobado por la comisión, se consideraron tres elementos clave para ubicar cada expediente en una categoría. El primero fue la existencia de variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial de las autoridades. El segundo tomó en cuenta la existencia de investigaciones penales, mientras que el tercero correspondió a la condición de omisos en el sistema tributario ecuatoriano.

Política

Juicio político a David Rosero pasa al Pleno de la Asamblea Nacional

Daniel Alejandro Romero Páez

Pasadas las 10:30 de este 13 de octubre de 2026, se instaló la sesión 129 del Pleno de la Asamblea Nacional. El punto central del orden del día es el juicio político contra Rosero, acusado de incumplimiento de funciones por un presunto conflicto de interés, al supuestamente haber mantenido una reunión con la candidata a la Fiscalía General del Estado.

La solicitud es impulsada por el legislador independiente, pero aliado del oficialismo, Sergio Peña. La principal prueba de ese encuentro son unas imágenes atribuidas a la reunión que, según el legislador, habría ocurrido el 5 de junio de 2026, cuando ya estaba en marcha el concurso para designar al nuevo fiscal general.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

El asambleísta Luiggi García, integrante de la Comisión de Fiscalización y de la bancada de ADN, se pronunció sobre el caso. Este 13 de octubre fue consultado sobre si estaban en capacidad de confirmar que la reunión ocurrió.

García respondió: “No es un tema jurisdiccional. Tenemos otro estándar probatorio. Existe un conflicto de interés toda vez que hemos aducido que esta reunión se ha realizado”.

El legislador oficialista también manifestó: “No tenemos la autoridad de decir y dar la certeza de que se ha dado la reunión porque no somos Fiscalía. Corresponderá a Fiscalía determinar si se dio o no”.

García argumentó que, durante la sustanciación del proceso, Peña presentó dos pericias, una de ellas morfológica, para determinar la veracidad de las imágenes. En contraparte, según el legislador, Rosero no aportó elementos para confirmar que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

El argumento de García fue más allá. También reconoció que hubo especulaciones en torno a la fecha de la supuesta reunión. “En torno a la fecha hay un sinnúmero de especulaciones. Se habla de un carro y después de que no estaba el carro de él sino el back up del back up del back up del carro de él. La fecha planteada por el proponente ha sido probada mediante el GPS”, mencionó.

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Daniel Noboa y su lugar en el ranking de presidentes con más aprobación en América Latina

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El correísmo votará en abstención

La asambleísta de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Fiscalización, Ana Herrera, confirmó que su bancada votará en abstención. Según dijo, no se ha probado que la reunión se haya realizado.

“El juicio político no se llevó con transparencia. Segundo. Entendemos que no podemos ser cómplices de este movimiento de fichas que quiere hacer el Ejecutivo para acomodar las autoridades a su conveniencia”, mencionó.

Para el correísmo, el proceso de censura y destitución está relacionado con el concurso para designar al nuevo fiscal general. Según Herrera, el vocal del CPCCS ya no es funcional al oficialismo para ese propósito.

El caso llegará al Pleno después de que la Comisión de Fiscalización aprobara el informe en el que se recomienda el enjuiciamiento político. Cabe recordar que esa mesa legislativa está controlada por el oficialismo.

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La votación de ese informe da cuenta de las posiciones de las bancadas con mayor número de asambleístas en el Pleno. ADN votó a favor, mientras que los cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron.

¿De qué se acusa a Rosero?

El juicio político es impulsado por el asambleísta independiente y aliado del oficialismo Sergio Peña. Lo acusa de incumplimiento de funciones. El elemento central de la acusación tiene que ver con una supuesta reunión entre Rosero y la postulante al cargo de fiscal general del Estado, Inés Romero.

La prueba está relacionada con imágenes de dicho encuentro. Rosero ha argumentado que las fotos no tienen trazabilidad, metadatos ni una cadena de custodia. Sobre la fecha atribuida a la supuesta reunión, el consejero sostiene que cumplió una agenda en Guayaquil y que, al regresar a Quito, se trasladó a su casa en Imbabura.

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El informe aprobado por la Comisión atribuye al vocal el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Para ello, se tomó en cuenta el artículo 45, numeral 2, de la Ley Orgánica del CPCCS, referente a: "Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, el documento considera que la actuación del consejero Rosero Minda vulneró directamente la función general contemplada en el artículo 43, numeral 5, de la Ley Orgánica del CPCCS, en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia.

El oficialismo, que respalda la acusación, anunció que votará a favor de la censura y destitución. El asambleísta oficialista Luiggi García dijo el 12 de octubre de 2026 que cuentan con los 77 votos necesarios para destituir al consejero.

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Lo que debes saber

• Daniel Noboa subió al sexto lugar en América Latina, en octubre, por leve alza en aprobación.
• CB Global Data ubicó a Noboa sexto en la región tras encuesta realizada en Ecuador.
• Noboa alcanzó 47,5% de aprobación y quedó detrás de Sheinbaum, Bukele y Abinader.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ubicó en el sexto lugar del ranking de aprobación de mandatarios de América Latina elaborado por la consultora CB Global Data, con una valoración positiva del 47,5 %, según los resultados publicados este mes.

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La medición muestra que el mandatario ecuatoriano avanzó dos posiciones respecto a septiembre, cuando ocupó el octavo puesto con una aprobación de 47,4 %. El incremento fue de 0,1 puntos porcentuales, aunque suficiente para escalar dentro de la clasificación regional.

De acuerdo con la ficha técnica, la encuesta fue levantada entre el 5 y el 8 de octubre en Ecuador, con una muestra de 2.108 personas y un margen de error de 2,2 %.

Según el estudio, el 25,6 % de los consultados calificó la gestión presidencial como "muy buena", mientras que el 21,4 % la consideró "buena". En contraste, el porcentaje de desaprobación alcanzó el 46,9 %.

¿Quiénes lideran el ranking?

El listado regional es encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una aprobación del 69,3 %. Le siguen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 68,3 %, y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con 51,9 %.

Noboa aparece en el sexto puesto, por debajo de los líderes del ranking, pero por encima de otros gobernantes de la región, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Santiago Peña de Paraguay.

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INEC no publicó varias estadísticas previstas, entre ellas empleo y pobreza

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Contexto político

La publicación del ranking se produce en un contexto marcado por los desafíos de seguridad, economía y gobernabilidad que enfrentan varios países de la región. 

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En Ecuador, la administración de Daniel Noboa ha mantenido como ejes de gestión el combate al crimen organizado, la recuperación económica y el fortalecimiento de relaciones internacionales, temas que han ocupado buena parte de la agenda pública durante los últimos meses.

Con el 47,5 % de aprobación, Daniel Noboa logró ascender al sexto lugar entre 18 mandatarios evaluados en América Latina, consolidándose dentro del grupo de presidentes con mejor valoración ciudadana en la región durante octubre de 2026.

Este hecho se originó luego de que el catedrático español participara en una jornada de protesta social en contra de Daniel Noboa , en el marco de su visita a la Universidad de Cuenca, registrada el pasado 7 de octubre de 2026, cuando recorrió las obras de construcción del proyecto de residencia universitaria. 

Durante esa jornada, Rosano protagonizó momentos de tensión y confrontación con la Fuerza Pública y personal de la universidad, cuando intentó exhibir un afiche en contra de Noboa desde lo alto de las vallas de seguridad que impedían el paso de los manifestantes hacia la zona donde se encontraba el mandatario.

Cuenca

Universidad de Cuenca guarda hermetismo sobre exigencia del Gobierno de despedir a docente

Claudia Pazán

Autoridades piden sanciones 

Tras este hecho, el nombre del catedrático se volvió viral en medio de una fuerte campaña de desprestigio en redes sociales.

A esta campaña se sumaron los pronunciamientos de voceros del Gobierno, entre ellos, la solicitud de sanciones y la exigencia de separación de la universidad formuladas por la ministra de Educación, Gilda Alcívar. 

También se sumó la petición del asambleísta oficialista Xavier Ordóñez, quien exigió su deportación al amparo de la Ley de Movilidad Humana, al mencionar la causal de representar un riesgo para la seguridad pública o intervenir en la política interna.

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Ministra Gilda Alcívar pide destituir a docente universitario por protestas contra Noboa

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¿Quién es el catedrático?

Santiago Rosano es de origen español y es docente titular de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca desde hace 15 años.

En el ámbito profesional, posee un doctorado en Educación y una maestría en Investigación e Innovación en Contextos Educativos, ambos por la Universidad de Cantabria. 

Lo que debes saber 

• María José Pinto lidera a Ecuador en la FAO, este 12 de octubre, en Roma, para atraer inversiones.
• María José Pinto lidera a Ecuador en la FAO, este 12 de octubre, en Roma, para atraer inversiones.
• En el Foro Mundial de la Alimentación 2026, Ecuador busca alianzas y cooperación para el agro.

La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, encabeza la delegación ecuatoriana que participa en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia. La presencia ecuatoriana se desarrolla en un escenario que reúne a gobiernos, organismos internacionales, academia y sector privado para debatir propuestas relacionadas con los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria mundial.

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Durante la inauguración del encuentro, Pinto intervino en representación del país y expuso la importancia de vincular el crecimiento productivo con el desarrollo social. En su presentación destacó la oferta exportable ecuatoriana, conformada por productos como cacao, banano, camarón, atún, frutas y productos ganaderos, y señaló la necesidad de fortalecer la tecnología, la asistencia técnica y la innovación para mejorar la productividad del sector agroalimentario.

La agenda de la delegación incluyó además una reunión bilateral con Qu Dongyu, director general de la FAO, en medio de los esfuerzos de Ecuador por ampliar la cooperación internacional y generar oportunidades de inversión para el sector productivo.

Uno de los principales temas abordados por la vicepresidenta fue la relación entre la producción agrícola, pesquera y acuícola y los desafíos nutricionales del país. Pinto sostuvo que la discusión sobre la desnutrición crónica infantil no puede separarse de los sistemas alimentarios y de la capacidad de las familias para acceder a alimentos nutritivos y de calidad.

Conocimiento ancestral y seguridad alimentaria

La delegación ecuatoriana también participó en la apertura del Centro Mundial de Conocimiento sobre Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas (Global-Hub), una iniciativa impulsada por la FAO. En ese espacio se destacó el aporte de los conocimientos ancestrales a los sistemas alimentarios contemporáneos y se puso como ejemplo la historia de la cultura Mayo-Chinchipe, vinculada al cultivo de cacao en la Amazonía ecuatoriana hace más de 5.000 años.

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Asimismo, se resaltó el potencial de productos tradicionales como la quinua y el chocho andino, considerados parte de la riqueza alimentaria y cultural del país.

Las actividades de la representación ecuatoriana continuarán con la participación en espacios enfocados en inversiones agroalimentarias y cooperación regional. Entre los eventos previstos figura el Foro de Inversiones Mano de la Mano de la FAO, así como reuniones para intercambiar experiencias sobre políticas de seguridad alimentaria y reducción del hambre.

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La participación de Ecuador ocurre en el marco del Foro Mundial de la Alimentación, que se desarrolla del 8 al 16 de octubre en Roma bajo el lema "Innovar hoy para nutrir mañana", con el objetivo de promover sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos y sostenibles.

Uno de los notificados fue el exjuez de la Corte Nacional de Justicia Walter Samno Macías. En su cuenta de la red social X escribió: “entre gallos y medianoche acaban de notificar las resoluciones de las impugnaciones”.

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El postulante al cargo de fiscal anunció que revisaría la resolución y envió un mensaje a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. “Ya revisaremos los puntos y las comas que demoraron tanto en transcribir los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección”, señaló.

Sin embargo, su postura frente a los integrantes de esa comisión fue más allá. En el mismo mensaje, Macías dijo: “es lo que tenemos y nos corresponderá seguir dando clases de derecho a los desconocidos e impresentables”.

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¿Quiénes fueron descalificados?

La Comisión Ciudadana de Selección se pronunció sobre las impugnaciones ciudadanas presentadas contra los aspirantes al cargo. Macías, por ejemplo, enfrentó dos audiencias públicas en su contra. Al final, fue descalificado.

También fueron descalificadas dos postulantes que se encontraban entre las mejor puntuadas del proceso: Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, e Inés Romero.

En el caso de Camacho, la Comisión dio paso a una de las seis impugnaciones presentadas en su contra. En cuanto a Romero, la mesa admitió tres reparos. 

Con estas decisiones, se allanó el camino para el actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien ocupa momentáneamente el primer lugar de la lista.

Camacho, al igual que Macías, también anunció que apelaría la decisión de la Comisión. El pasado 8 de octubre, ella dijo: “Voy a apelar. Es mi derecho. Hay un reglamento que dice que puedes apelar. Entonces, si no estoy de acuerdo con algo voy a apelar”.

¿Qué viene ahora?

El concurso se encuentra en una etapa decisiva. Quienes fueron descalificados aún pueden recurrir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para apelar la decisión de la Comisión. Según el reglamento del concurso, el recurso se puede presentar hasta tres días después de la notificación de la resolución de la Comisión.

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Una vez presentada la apelación, el Pleno tendrá un plazo de dos días, contados desde su ingreso, para tomar una decisión. Esa instancia del CPCCS podría revertir lo resuelto por la Comisión Ciudadana de Selección.

La siguiente etapa del concurso, para quienes superen la fase actual, será la de oposición. En ella, los aspirantes tendrán que rendir una prueba oral y otra escrita. En total, ambas evaluaciones sumarán 50 puntos.

Lo que debes saber

• Andrés Drouet busca la Prefectura de Santa Elena con una propuesta enfocada en agro, agua y producción.
• El exdirector del MAG apuesta por alianzas con comunas para ganar respaldo en Santa Elena.
• ADN impulsa a Andrés Drouet, que enfrenta el reto de pasar de técnico a líder político.

La campaña para la Prefectura de Santa Elena suma un perfil distinto al de los tradicionales cuadros políticos. Andrés Enrique Drouet Candell, ingeniero agrónomo, docente universitario e investigador, se presenta como la carta de Acción Democrática Nacional (ADN) para disputar la provincia.

Su candidatura se apoya en una imagen de carácter técnico. Antes de lanzarse a la contienda electoral, Drouet ocupó la Dirección Distrital de Santa Elena del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), una posición desde la cual trabajó directamente con productores agrícolas y ganaderos de la provincia. Paralelamente, desarrolló una carrera académica en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), donde ejerció la docencia y participó en investigaciones sobre sostenibilidad agrícola.

Su formación incluye un doctorado (Ph.D.) en Ciencias Agrícolas por la Universidad Agraria de La Habana. Parte de su producción científica se ha enfocado en sistemas de producción de cultivos estratégicos para la Costa ecuatoriana, como el cacao y el arroz.

Un candidato centrado en la producción

La propuesta de Drouet gira alrededor de la consigna "Juntos sembraremos el progreso de Santa Elena", una frase que busca conectar con la identidad agrícola y pesquera de una provincia históricamente dependiente de sus actividades productivas.

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Entre sus principales ofertas de campaña figuran el fortalecimiento de los sectores agrícola, ganadero y pesquero artesanal. Durante sus recorridos ha planteado apoyo para asociaciones productivas y cooperativas pesqueras de localidades como Chanduy y Santa Rosa.

Otro de sus ejes es la coordinación entre la Prefectura y los municipios para acelerar la ejecución de obras públicas. La propuesta apunta a reducir conflictos políticos entre niveles de gobierno y facilitar proyectos de infraestructura.

Radiografía económica

La información pública disponible muestra que Drouet registra pagos del Impuesto a la Renta en los últimos años. Según registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), reportó valores de $1.434,62 en 2022; $1.263,58 en 2023; $2.226,91 en 2024; y $145,84 en 2025. En 2021 figura sin pago registrado.

Por otra parte, en la declaración patrimonial presentada ante la Contraloría General del Estado consta un patrimonio de $29.710, resultado de activos por $65.210 y pasivos por $35.500.

No aparecen registros de compañías vinculadas a su nombre en la Superintendencia de Compañías, de acuerdo con la información consultada para este perfil.

Un antecedente judicial

En los registros judiciales consta una acción de protección presentada contra Andrés Drouet cuando ejercía funciones dentro del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La demanda se relacionaba con un presunto daño a la propiedad y vulneración de derechos de una ciudadana. Sin embargo, la acción fue negada por la autoridad judicial, por lo que no derivó en una sentencia favorable para la accionante.

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La fortaleza del experto

Para la politóloga Andrea Endara, la principal carta de presentación del candidato es precisamente su experiencia técnica. El analista sostiene que Drouet posee un conocimiento profundo de los problemas estructurales de Santa Elena debido a su formación académica y a su paso por el Ministerio de Agricultura.

"Es un perfil sumamente técnico, ingeniero agrónomo, Ph.D. y exdirector del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Elena. Entiende los dolores estructurales de la provincia, especialmente en materia productiva e hídrica", explica Endara.

La gestión del agua es precisamente uno de los temas más sensibles para Santa Elena, una provincia que enfrenta recurrentes desafíos relacionados con abastecimiento, riego y productividad agrícola.

El reto de pasar de técnico a político

Pero las fortalezas también pueden transformarse en limitaciones. Según Endara, el principal desafío para Drouet será demostrar que posee la capacidad política necesaria para convertir el conocimiento técnico en gestión territorial efectiva.

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"Va a tener que demostrar que, además de conocer los problemas, tiene el talante político para sacar adelante los proyectos y las necesidades de la provincia", señala.

La observación cobra relevancia en un territorio donde las dinámicas electorales son más complejas que en otras provincias. Santa Elena combina voto urbano, comunidades rurales y más de 60 comunas ancestrales que conservan esquemas de autogobierno y liderazgos propios.

Para Alfredo Espinosa, experto electoral, uno de los mayores desafíos del candidato será abandonar un discurso limitado a su preparación profesional y conectar con los problemas cotidianos de los habitantes de Santa Elena.

“El desafío es ser político. Es salir un poco del encuadre exclusivamente técnico para ponerse la camiseta de ciudadano y de político también. Eso implica tener una mirada holística de los problemas de la provincia”, señala.

El experto advierte que la formación académica puede ofrecer herramientas para evaluar los problemas agrícolas o productivos, pero no reemplaza el conocimiento obtenido mediante la presencia territorial.

“No basta con conocer en los textos lo que puede suceder en un cantón, en una provincia o en una zona rural. Hay que ir un poco más allá, y eso lo da el trabajo, conocer el territorio y adentrarse en las dinámicas locales”, afirma.

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Según Espinosa, Drouet tendrá que demostrar que comprende las prioridades de cada cantón, parroquia y comuna, más allá de los diagnósticos elaborados desde el ámbito académico o administrativo.

“Puede ser que en su formación profesional exista un conocimiento importante, pero eso no necesariamente implica que un posible ejercicio de la gestión pública sea eficiente”, puntualiza.

¿Qué ocurre con la formación política?

El experto electoral también identifica una distancia entre la preparación técnica de Drouet y la experiencia necesaria para desenvolverse en una contienda electoral.

Espinosa sostiene que ADN no cuenta, en términos prácticos, con una estructura consolidada para formar nuevos dirigentes y que varios de sus cuadros políticos han surgido desde el Gobierno central.

“Primero, ADN no cuenta con una escuela de formación política de cuadros. Al menos no en términos prácticos. Me parece que el semillero, la principal fuente o el nicho donde empiezan a cultivarse estas figuras políticas es el Estado, no el partido”, afirma.

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Al analizar el perfil de Drouet, Espinosa considera que su experiencia combina conocimientos especializados y trabajo como funcionario, pero no evidencia todavía una trayectoria política consolidada. “En una ausencia de experticia política, él se ha venido formando no solo en la parte técnica, sino también como funcionario público en este Gobierno. Eso tiene pros y contras. El aspecto positivo es que esta formación técnica puede aportarle al Estado”, explica.

El especialista cuestiona, sin embargo, que las instituciones públicas puedan convertirse en espacios utilizados por una organización política para preparar candidatos. “El Gobierno central no tiene que ser la sucursal del partido político para crear cuadros”, sostiene Espinosa.

Las comunas, un actor clave

Para el experto, uno de los factores determinantes de la campaña será la relación que el candidato logre construir con las comunas. Las organizaciones comunales tienen una influencia significativa en el mapa político provincial y manejan agendas vinculadas a conectividad, servicios básicos, riego y acceso a recursos productivos.

En ese contexto, Drouet enfrenta el desafío de evitar ser percibido únicamente como un funcionario técnico proveniente de la estructura estatal.

La construcción de alianzas con presidentes comunales y liderazgos territoriales podría convertirse en un elemento decisivo para ampliar su respaldo más allá de los centros urbanos.

El peso de la marca ADN

La candidatura también llega respaldada por ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa. Para Endara, la vinculación con el oficialismo representa una ventaja importante porque aporta visibilidad, estructura organizativa y capacidad de difusión para un candidato cuya notoriedad pública era limitada fuera de los círculos técnicos y académicos.

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Sin embargo, el respaldo del movimiento gobernante también implica riesgos. La evaluación ciudadana sobre temas como empleo, seguridad o problemas coyunturales podría influir en la percepción de los candidatos identificados con el Gobierno nacional.

En ese escenario, Andrés Drouet encara una elección en la que deberá equilibrar dos dimensiones: la del especialista que conoce los problemas productivos de Santa Elena y la del político capaz de construir consensos en una provincia marcada por intereses territoriales diversos. 

El cuestionamiento al proceso de selección

El excandidato del correísmo busca dejar sin efecto las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la Comisión Ciudadana de Selección que desestimaron la objeción planteada contra el postulante Carlos Alarcón Argudo. En su demanda, el accionante sostiene que los funcionarios incurrieron en un juzgamiento anticipado de fondo al declarar la inadmisibilidad, apartándose de las garantías del debido proceso, la participación ciudadana y el principio de igualdad.

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Entrega de expedientes y límites a la información

Dentro de las medidas ordenadas para la la audiencia, la juez exigió al CPCCS y a la Comisión la remisión de los expedientes completos de las impugnaciones, las actas de las sesiones del Pleno y las certificaciones sobre el estado del concurso. Pero la magistrada negó las peticiones relativas a la entrega de datos de procesos judiciales externos y antecedentes personales de terceros, al considerar que existen canales públicos de consulta y normas de protección de la privacidad.

Conexión telemática y representación legal

En razón de que el demandante vive en el exterior, la jueza dispuso la asignación de un enlace telemático para garantizar su comparecencia puntual a la diligencia. La conexión será por la Plataforma Zoom a través de la la ID: No. 867 4829 9390.

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Sin embargo, uno de los expertos invitados a comparecer señaló que el 73 % de la propuesta presentaba similitudes con textos existentes, según el resultado de una herramienta digital de detección de plagio.

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Este 12 de octubre de 2026, la mesa legislativa se reunió para abordar, entre otros asuntos, las comparecencias de Paúl Guaranga y Christian Benítez, expertos en IA. Ambos fueron invitados para aportar a la discusión y a la elaboración del informe para primer debate de esta normativa.

Guaranga, docente de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Bolívar, consideró positiva la iniciativa, pero señaló que la regulación debe proteger la propiedad intelectual y brindar seguridad jurídica sin frenar la investigación universitaria, el desarrollo tecnológico ni la creación de empresas.

Propuso establecer obligaciones proporcionales al nivel de riesgo, la escala y el uso de cada sistema, de modo que los proyectos académicos no reciban el mismo tratamiento que las herramientas desarrolladas para su comercialización a gran escala.

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¿Qué se dijo sobre el uso de IA en el proyecto de ley?

Durante la comparecencia de Benítez se produjo un cuestionamiento a la Comisión de Educación. El experto se presentó como coordinador de Tecnología Superior del ISPADE.

Su intervención fue breve. Aseguró que enviaría por escrito sus observaciones, pues se trataba de un documento que contenía 75 comentarios. 

Antes de referirse a sus aportes, presentó una imagen en la que se leía: “Detector de plagio”. El análisis del texto de la ley mediante esta herramienta digital arrojó que el 73 % del documento presentaba similitudes con textos existentes.

“Crear un proyecto de ley en el que, por medio de rastreadores de IA, la Ley tenga un 73% de comparativa de que fue hecha con Inteligencia Artificial sí es un poquito preocupante”, dijo el experto durante su intervención.

También manifestó que el objetivo de la ley era generar una especie de protección frente a la IA, pero que el documento estaba hecho con esa herramienta.

El segundo intento de una ley que fue archivada

El pasado 15 de septiembre de 2026, el Pleno de la Asamblea decidió archivar un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que ya había sido tramitado en la misma comisión. La moción fue presentada por la presidenta de la mesa, Cecilia Baltazar, quien argumentó que se habían identificado falencias en la propuesta. La decisión se tomó con 88 votos a favor.

Tras la sesión de este lunes, una asambleísta correísta integrante de esa comisión recordó la decisión del Pleno. “Denuncié en el Pleno de la Asamblea que archivaron el proyecto de Ley de IA que llevaba dos años en trámite, para que la presidenta de la Comisión de Educación pueda presentar un proyecto con su nombre. Escuchen lo que nos vino a decir un experto: La ley de IA es hecha con IA”.

Durante la sesión, Baltazar no hizo mayor referencia al cuestionamiento del experto. Se limitó a recordar que el contenido de la propuesta estaba relacionado con la política pública impulsada por el Viceministerio de Desarrollo Tecnológico. Aseguró que era fundamental recoger aportes que permitieran contar con una propuesta basada en la garantía de derechos.

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¿Cuál es la posición de ADN?

Como antecedente, hay que tomar en cuenta que el oficialismo controla la Comisión de Fiscalización, en la que se aprobó el informe que recomienda al Pleno continuar con el juicio político contra Rosero.

Este 12 de octubre de 2026, el asambleísta oficialista e integrante de la Comisión de Fiscalización, Luiggi García, aseguró que su bancada votará por la censura y destitución. Además, afirmó que cuentan con los votos necesarios para ese objetivo.

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“Está claro en el informe el conflicto de intereses por la reunión de un consejero que debe ser el primero en ser independiente”, aseguró García. El legislador también dijo: “Los votos están. Son 77 votos los que necesitamos. No tenemos problemas en cuanto a eso”.

El correísmo se abstuvo en la Comisión

La bancada de la Revolución Ciudadana tiene cuatro representantes en la Comisión de Fiscalización. Estos se abstuvieron en la votación para aprobar el informe que recomendaba continuar con el juicio político.

Este 12 de octubre de 2026, la asambleísta correísta Mónica Alemán dijo que lo ocurrido en la mesa legislativa era una muestra de lo que podría pasar en el Pleno. Sin embargo, también señaló que la bancada mantendría una reunión para analizar el caso. “Mañana (13 de octubre de 2026) habrá la respectiva rueda de prensa para hablar de nuestra posición”, aseguró.

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Otras fuerzas políticas frente al juicio

Hasta la tarde de este 12 de octubre, no había posiciones en contra del enjuiciamiento al interior de la Asamblea. Más bien, quienes cuestionan el proceso optarían por la abstención. Ese es el caso del PSC.

El asambleísta Alfredo Serrano dijo que esa decisión responde a su desacuerdo con el “ajuste de cuentas” entre el oficialismo y Rosero. El legislador recordó que el vocal formaba parte de la mayoría del CPCCS que respondía al Gobierno.

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Asimismo, Serrano señaló que votar en contra del juicio significaría respaldar al consejero, quien, según el legislador, abandonó la representación de las organizaciones sociales para acercarse al actual régimen.

Hasta las 14:30 de este lunes, los asambleístas de Pachakutik no habían emitido un pronunciamiento sobre la posición que adoptarían. Sin embargo, los legisladores expulsados de esa organización podrían ser claves para alcanzar los 77 votos necesarios.

¿Qué dice el informe contra Rosero?

Según el informe de la Comisión de Fiscalización, se atribuye al vocal el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Para ello, se tomó en cuenta el artículo 45, numeral 2, de la Ley Orgánica del CPCCS, referente a: "Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, el documento considera que la actuación del consejero Rosero Minda vulneró directamente la función general contemplada en el artículo 43, numeral 5, de la Ley Orgánica del CPCCS, en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia.

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La cifra se conoció tras la salida de un nuevo vuelo de deportación el pasado 10 de octubre. La aeronave transportó a 56 personas con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia, en lo que constituye el décimo operativo aéreo de este tipo desde que Kast asumió la Presidencia en marzo de 2026.

De acuerdo con las autoridades chilenas, 45 de los pasajeros fueron expulsados mediante procedimientos administrativos y otros 11 por decisiones judiciales. Entre ellos figuraban 21 ciudadanos colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

Endurecimiento de la política migratoria

El incremento de las deportaciones forma parte de una estrategia más amplia anunciada por el Gobierno chileno para controlar la migración irregular. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que la frecuencia de estos vuelos es aproximadamente tres veces superior al promedio registrado durante la administración anterior.

En paralelo, el Congreso chileno debate un proyecto de ley promovido por el Ejecutivo que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país. La iniciativa forma parte de una agenda migratoria más restrictiva impulsada por Kast desde su llegada al poder.

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Entre las principales causas que motivan las expulsiones figuran el ingreso por pasos fronterizos no habilitados, además de casos relacionados con delitos como robo con intimidación, robos con violencia y tráfico de drogas.

A estas cifras se suman las denominadas salidas voluntarias. Entre enero y octubre de 2026, más de 10.345 extranjeros abandonaron Chile por decisión propia tras haber ingresado al país de manera irregular. La mayoría de estos casos corresponde a ciudadanos venezolanos.

Pese al aumento de las expulsiones, distintos reportes indican que más de 75.000 órdenes de deportación aún permanecen pendientes de ejecución en Chile. Cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Lo que debes saber

• La campaña electoral durará 14 días, del 12 al 26 de noviembre.
• Los candidatos priorizan temas como vialidad, seguridad, empleo y atención social.
• El calendario contempla 45 debates para aspirantes a prefecturas y alcaldías.

En apenas 14 días, los candidatos deberán convertir sus propuestas en votos. Con recorridos territoriales, redes sociales y mensajes centrados en las necesidades ciudadanas, tres precandidatos accedieron a conversar con EXPRESO sobre cómo preparan sus estrategias para una campaña electoral marcada por el tiempo limitado.

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Geraldine Weber, precandidata a la Prefectura del Guayas por Creando Oportunidades (CREO); Juan Cristóbal Lloret, aspirante a la Alcaldía de Cuenca por una coalición del Partido Socialista Ecuatoriano y Renovación; y Juan Zapata, precandidato a la Prefectura de Pichincha por Imparables, coinciden en que las plataformas digitales serán decisivas para ampliar su alcance. Sin embargo, cada uno apuesta por prioridades distintas: desde la vialidad y la producción hasta la seguridad, el empleo, la gestión de riesgos y la atención social.

Redes sociales y territorio, la apuesta común

Para Geraldine Weber, la combinación de medios de comunicación, plataformas digitales y encuentros ciudadanos será indispensable para compensar la imposibilidad de visitar todos los cantones durante la campaña. “Dos semanas es un tiempo muy corto para recorrer los 25 cantones del Guayas”, reconoce, por lo que está preparando videos explicativos y entrevistas para difundir su denominado plan VIDA.

La precandidata prevé organizar contenidos temáticos para presentar propuestas sobre carreteras, agua, producción agropecuaria y prevención de inundaciones. También plantea recoger preguntas de los ciudadanos y responderlas mediante videos, mientras se prepara para el debate, organizado por el Consejo Nacional Electoral, para profundizar en sus compromisos.

En esa misma línea, Juan Cristóbal Lloret apuesta por mantener el contacto directo con los habitantes de Cuenca y reforzarlo mediante las redes sociales. El precandidato sostiene que conocer y recorrer los barrios y las parroquias le ha permitido escuchar necesidades que han cambiado con el tiempo, especialmente en materia de seguridad y empleo.

Por su parte, Juan Zapata plantea combinar los recorridos por la provincia con herramientas digitales y conversaciones cara a cara. El aspirante admite que será imposible cubrir los ocho cantones y las 53 parroquias rurales de Pichincha en dos semanas, por lo que considera necesario utilizar “todas las herramientas posibles” para ampliar la difusión de sus propuestas.

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Sus planes

Más allá de la difusión de sus planes, los tres precandidatos esperan que sus mensajes lleguen a públicos distintos y se traduzcan en compromisos verificables. Weber prevé dedicar sus contenidos a agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes y emprendedores, además de promover destinos turísticos como Bucay, Engabao, Playas, Naranjal y Colimes, cuyas posibilidades de desarrollo vincula con mejores accesos y vías de conexión.

Lloret, en tanto, insiste en que no dedicará su campaña a responder ataques y asegura que las críticas recibidas no lo apartarán de su agenda. “La gente rechaza y repudia los ataques”, sostiene, al atribuir a ese rechazo parte del crecimiento que afirma haber registrado en las encuestas, aunque no precisa cuáles ni aporta cifras durante la entrevista.

Zapata busca que su propuesta también conecte con los jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y recreativas que contribuyan a prevenir el reclutamiento por parte del crimen organizado. Entre sus planteamientos constan la recuperación de espacios públicos, las escuelas deportivas y un proyecto de turismo territorial, además de una solución vial para el tránsito entre Quito y Rumiñahui.

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Las diferencias estarán en los mensajes

Aunque comparten la apuesta por la comunicación digital, Weber quiere convertir sus publicaciones en una vitrina de soluciones concretas para los sectores productivos y las comunidades rurales del Guayas. Entre sus primeras propuestas está identificar, durante los primeros 100 días de gestión, los tramos deteriorados de la red vial provincial y alcanzar una meta de 500 kilómetros de intervención.

Además, la precandidata busca posicionar el agua como una oportunidad para el desarrollo y no únicamente como una amenaza durante las inundaciones. Para ello, menciona la evaluación de los sistemas de riesgo, el mejoramiento del drenaje, la limpieza de cauces y la protección de las riberas, junto con acciones para fortalecer las cadenas productivas y conectar a los productores con los mercados.

En cambio, Lloret pretende que su campaña se diferencie por el énfasis en las demandas ciudadanas y el rechazo a la confrontación entre candidatos. “Nuestra única respuesta es frente a las demandas sociales, no hacia otros actores políticos”, afirma, al anticipar que evitará entrar en disputas con sus adversarios.

El aspirante a la Alcaldía de Cuenca también reconoce que la seguridad y el empleo figuran entre las principales preocupaciones que recoge en territorio. Aunque admite que no son competencias exclusivas del Municipio, propone coordinar acciones de seguridad y aprovechar la tecnología, mientras apuesta por sostener el dinamismo económico vinculado al turismo, la industria y la construcción.

Zapata, por su parte, busca centrar su mensaje en cuatro ejes de trabajo, que incluyen 32 programas y 22 proyectos. La vialidad tendrá un lugar prioritario en su propuesta, bajo la premisa de que las carreteras conectan la producción agrícola, el turismo, los emprendimientos y los servicios de seguridad.

A ese planteamiento suma la seguridad vial y la gestión de riesgos, áreas en las que invoca su experiencia previa en organismos de tránsito y comités de emergencia. También propone reforzar la atención social mediante una versión ampliada de Pichincha Humana, con énfasis en la violencia contra las mujeres, la salud mental, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los adolescentes.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para las 10:30 del martes 13 de octubre. La sesión tiene dos puntos en el orden del día. El segundo corresponde al juicio político contra Rosero.

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Sobre este proceso, el vocal del CPCCS dijo que es una “cortina de humo para tratar de acallar voces críticas al concurso de designación del fiscal”. 

Cabe recordar que el asambleísta independiente y aliado de ADN, Sergio Peña, lo acusa de incumplimiento de funciones por una supuesta reunión con una de las postulantes al cargo de fiscal general del Estado, Inés Maritza Romero.

¿Qué dijo Rosero sobre la ministra de Gobierno?

El vocal del CPCCS negó una vez más la supuesta reunión. Insistió en que, el día en que presuntamente ocurrió el encuentro, cumplía una agenda en Guayaquil y regresó a Quito para después desplazarse hasta su casa, en la provincia de Imbabura.

Al igual que durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, que sustanció el proceso y elaboró un informe con la recomendación de enjuiciamiento, Rosero sostuvo que las pruebas presentadas por Peña eran imágenes sin trazabilidad, metadatos ni cadena de custodia. Por ello, desestimó la acusación.

Durante una entrevista con Ecuavisa, el consejero del CPCCS apuntó directamente contra la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

“Señora ministra: ¿qué hace la señora Rosa Carmigniani Molina en los pasillos en los pasillos de la Asamblea? ¿Qué tiene que ver usted con este juicio político? ¿Acaso se está buscando votos para pretender destituirme?”, dijo Rosero.

A la par, el vocal negó haber tenido injerencia en el concurso. Recordó que el 80 % de los postulantes ya fue descalificado, entre ellos Inés Romero. Asimismo, criticó la actuación de la Comisión Ciudadana de Selección por no respaldarse en el equipo jurídico que el CPCCS puso a su disposición.

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¿Qué dice el informe de la comisión sobre Rosero?

El informe de la Comisión de Fiscalización, presidida por el también excorreísta y ahora aliado del Gobierno, Ferdinan Álvarez, plantea cinco conclusiones. Entre ellas constan las siguientes:

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Neira dijo que ATM es una de las mayores contratistas incumplidas del sector eléctrico. Recordó que el Estado pagó más de 70 millones de dólares por “motores descompuestos e incompatibles con la red del Ecuador”.

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“Su dolo ha ocasionado múltiples perjuicios al Estado, los mismos que van más allá de lo económico pues implican menos generación eléctrica”, dijo Neira en un video publicado en su perfil de la red social X.

¿Qué acciones están en curso contra ATM?

Neira detalló tres frentes legales desde los que se intenta recuperar la inversión del Estado ecuatoriano. “Todas las irregularidades en el contrato de ejecución de Celec con ATM están siendo expuestas en las instancias pertinentes”, dijo el funcionario. Luego, detalló las tres acciones:

Sobre este último punto, el secretario de la Administración Pública del Gobierno de Daniel Noboa señaló que se espera una resolución del laudo durante las próximas semanas.

Sin embargo, como lo ha documentado EXPRESO, hubo alertas relacionadas, entre otros aspectos, con la modalidad de contratación que se utilizó en Celec. 

Por ejemplo, el contrato se estructuró para desembolsar el 65 % de su valor contra la presentación de la factura y la lista de empaque de los equipos, sin esperar a que estuvieran instalados y operativos. Dos adendas modificaron los hitos de pago y permitieron que ATM cobrara el 80 % del contrato, mientras persistían los problemas técnicos.

Anuncio de la activación de generadores

“El Gobierno Nacional tomó la decisión de habilitar 16 generadores (de los 48 que se especificaba en el contrato) de un proyecto que debió entregar 90 megavatios y que dejaron abandonados”, dijo Neira.

Según el funcionario, los 16 generadores ya producen 30 megavatios. “Próximamente a 60 megavatios”, agregó.

Todo esto ocurre en medio del anuncio de la ampliación de las desconexiones eléctricas para el sector industrial. El Gobierno de Daniel Noboa dispuso la desconexión de determinadas industrias. 

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Desde el 22 de septiembre de 2026, las empresas de alto voltaje (AV1) y determinados usuarios industriales de medio voltaje estaban sujetos a un esquema de desconexión de 48 horas semanales, que se ampliará a 72 horas por semana a partir de este 12 de octubre.

Lo que debes saber:

• Alexandro Tonello busca la Prefectura de Pichincha en las próximas elecciones con el respaldo de Unidad Popular y el Partido Socialista.
• El candidato plantea fortalecer el riego, la producción agrícola y la comercialización para generar empleo e ingresos en Pichincha.
• Tras siete años como viceprefecto, Tonello habla de profundizar su gestión en riego; han avanzado a 22.000 de 80.000 hectáreas productivas.

Alexandro Tonello, ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Zamorano, estaba en el sector empresarial. Y cuando le hablaron de ingresar al mundo de la política dijo “ni loco”. Después, para el 2019, aceptó candidatizarse como viceprefecto junto a Paola Pabón. Y tras dos períodos, ahora va por la Prefectura de Pichincha. Es el candidato de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular.

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-¿Qué le hizo cambiar de idea sobre la política? ¿Cómo es que un zamorano quiere seguir en este mundo?

En efecto, soy ingeniero agrónomo, zamorano, especializado en riego, automatización, control de nutrición para plantas y en mecanización agrícola y procesos eficientes de producción; he estado 25 años en el sector privado. Tomé la decisión personal de buscar un camino en la política porque vi con mucha indignación la traición de (Lenín) Moreno, veníamos de un proceso de construcción de un país que me agradaba. Hubo un retroceso, por eso asumí y asumo el reto.

-Más allá de la situación de la Revolución Ciudadana, que fue impedida de participar en las elecciones seccionales, ¿usted es el candidato del correísmo?

Soy el candidato de la Revolución Ciudadana para Pichincha, formo parte de la Alianza Ciudadana, que nos ha dado espacio para poder estar en la papeleta.

-¿Qué opina de declaraciones de otros candidatos como Giovanna Ubidia, de ADN? Ella dice que “una prefectura no se hereda”.

No estoy heredando una prefectura, más bien estoy planteando una propuesta de evolución positiva, de mejora continua, de una gestión de un espacio que ha traído beneficios, trabajo, cuidado y derechos para la gente.

Nadie había soltado el agua desde la laguna hasta Malchinguí; tenían terror, no sabían cómo manejarlo.Alexandro Tonello, candidato a la Prefectura de Pichincha

Además de Pichincha Humana, los Centros Warmi, su eje es Pichincha Productiva. ¿Qué busca con eso?

Mi responsabilidad fue el eje productivo, económico e innovación, por siete años; hemos instalado una propuesta de política pública que parte de una entrega técnica y equitativa del agua, garantizando la posibilidad de producir todos los días y con eso agregar valor a la producción primaria, con el afán de que llegue más plata al territorio en donde se produjo, para que haya condiciones de vida dignas y efectivas.

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-Churuchumbi, candidato por Pachakutik, dice que él avanzaría en darles a las usuarias de los Warmi Pichincha la opción de tener en emprendimiento. Usted es el hijo de Bepi Tonello. ¿Qué dice al respecto?

Mi padre fue mi mayor motivación para entrar en este proyecto, con su trayectoria en economía popular y solidaria del país; es mi origen. Conozco sobre lo cooperativo, lo asociativa y comunitario, es el modelo para la provincia, hacer muchísimos salineritos en Pichincha, es un ejemplo no solo nacional, es modelo latinoamericano de desarrollo, de creación de oportunidades en los territorios incluso más adversos.

-¿Y qué aprendimos del Salinerito?

Salinas de Bolívar con las condiciones de clima y altura se volvió un polo de desarrollo y generación de empleo. Ya hemos desarrollado una propuesta de comercialización mediante ferias. Luego de la pandemia reunimos a 945 actores que decían sabemos producir, necesitamos oportunidades de comercialización y les abrimos espacios, con técnicos los acompañamos.

La Solución Bicentenario debe resolverse, convoca a sentarse con los municipios de Rumiñahui, Quito y ojalá con el Gobierno Central.Alexandro Tonello/ candidato a la Prefectura de Pichincha

-Un ejemplo de lo que buscan hacer.

Llevamos a la Asociación Agropecuaria Artesanal Nueva Esperanza (Asoane) al Salón del Chocolate de París y regresaron con premios por la gran calidad de su producto. Instalamos la frase “que migre el producto y no la persona”.

-¿Qué tan importante es el riesgo para Pichincha?

La Prefectura de Pichincha tiene la competencia de distribuir el agua para activar la producción, son 80 mil hectáreas de tierra productiva, hemos dado un paso importante para la provincia, al bajar la brecha en 22 mil ha en siete años. 

Desarrollé el método para poder hacer el trabajo más rápido, tenemos un equipo potente, la plana técnica para el riego, drenaje, administración y apoyo técnico, dejé un equipo altamente competente.

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-¿Usted conoce sobre este tema?

Cuando llegué a la Prefectura, el 14 de mayo del 2019 me sentí encerrado, el 20 salí al campo hasta el 19 de agosto. Recorrí el sistema de riego hasta Malchinguí y, entonces le dije a la prefecta Paola Pabón que necesitábamos hacer las pruebas para llevar el agua hasta las parcelas. 

Nadie se había atrevido a abrir el sistema hasta ese punto por temor a que fallara. Decidí llevar el agua primero al extremo más lejano y luego avanzar en sentido contrario. Así garantizamos el abastecimiento de Malchinguí, Tocachi y Olmedo.

En Cayambe y Pedro Moncayo, el riego sostiene la actividad florícola y los ingresos de miles de familias. También trabajamos en el sistema del río Pisque, fundamental para los agricultores y el abastecimiento de hortalizas de Quito. Sin embargo, aún queda mucho por hacer: de las 80.000 hectáreas que necesitan riego permanente en Mejía, apenas 22.000 están atendidas.

Lo que debes saber

• Más de la mitad de los electores aún no tendría definida su opción.
• Las candidaturas deberán ganar visibilidad en un periodo de campaña muy corto.
• El voto útil y los factores externos también pueden modificar el escenario electoral.

¿Serán los indecisos quienes terminen inclinando la balanza en las próximas elecciones seccionales? Con más de la mitad de los electores todavía sin una decisión, según la constante que observa el estratega de comunicación política Andrés Jaramillo, ese voto puede convertirse en el principal territorio de disputa entre los candidatos.

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Andrés Jaramillo sostiene que el porcentaje de indecisos supera el 50 %, una cifra que vuelve determinante a un electorado que todavía no encuentra una razón suficiente para escoger una opción. Añade que la importancia de este grupo radicaría en que no todos están desconectados de la política: algunos esperan conocer a los candidatos, comparar propuestas o simplemente encontrar una alternativa que les resulte convincente.

A esto se suma una particularidad de estos comicios: buena parte de los candidatos de oposición todavía no tiene certeza sobre su presencia definitiva en la papeleta. Jaramillo advierte que, mientras las candidaturas no estén ratificadas, existe una dificultad para hacer precampaña y darse a conocer frente a un electorado que todavía no identifica con claridad sus opciones.

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El reloj corre y las candidaturas aún no están listas

La definición de las listas prevista para el 9 de noviembre deja un margen especialmente estrecho hasta la votación del 29 de noviembre. En ese escenario, las organizaciones políticas tendrán apenas del 12 al 26 de noviembre para desplegar formalmente sus campañas y tratar de transformar desconocimiento en intención de voto.

Es por eso por lo que el tiempo será uno de los mayores obstáculos para quienes pretendan conquistar a los indecisos. Fernando Muñoz-Miño, historiador, sociólogo político y fundador de Cuadrante Sur, considera que las organizaciones tendrán que desplegar una estrategia simultánea y mucho más intensa, porque dos semanas no permitiría ejecutar una campaña tradicional dividida por etapas.

Pero la disputa tampoco se limitaría a convencer al elector de que un candidato es la mejor opción. Muñoz-Miño explica que en Ecuador también opera el llamado voto útil, mediante el cual una persona puede escoger a quien considera con mayores posibilidades de ganar, aunque no exista una identificación plena con su propuesta.

Ese comportamiento puede adquirir mayor fuerza en unas elecciones marcadas por la polarización entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, la Revolución Ciudadana. Según el historiador, un elector puede terminar votando no tanto por adhesión a un candidato, sino para impedir que otro llegue al poder, en una lógica de “voto en contra de alguien”.

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El voto útil también entra en juego

Para María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, el indeciso tampoco debe ser entendido como un elector desinformado. Es alguien que puede estar observando las alternativas y esperando identificar cuál se ajusta mejor a sus preferencias, su mentalidad o su tendencia política.

Por eso, la credibilidad y la cercanía serán dos atributos decisivos en la última etapa. Carvajal señala que el candidato que logre mostrar capacidad, cercanía e inclusión tendrá mayores posibilidades de conectar con quienes todavía no han tomado una decisión.

Los debates, entrevistas y apariciones públicas también pueden convertirse en momentos decisivos. Carvajal advierte que estos espacios pueden favorecer o perjudicar a un aspirante, porque el elector indeciso puede evaluar allí su capacidad de respuesta frente a temas concretos y observar cómo reacciona ante situaciones inesperadas.

Por otra parte, Jaramillo identifica al ministro del Interior, John Reimberg, como el principal activo electoral del oficialismo, en este momento, por el relato construido alrededor de la seguridad. Sin embargo, advierte que ese activo tendrá un verdadero peso solamente si las acciones comunicadas consiguen generar en el ciudadano una sensación concreta de seguridad al salir, regresar a casa o desarrollar sus actividades cotidianas.

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Una crisis externa puede mover el tablero

El escenario también podría cambiar por factores externos, como El Niño o una crisis energética. Lluvias, deslaves, derrumbes y apagones podrían evidenciar problemas de gestión y afectar la percepción ciudadana y la reputación del régimen.

Sin embargo, la pregunta final es cuándo decidirán los indecisos y cuánto tiempo tendrán los candidatos para convencerlos. Jaramillo sostiene que la tendencia regional muestra que la decisión se posterga cada vez más y que “mayormente deciden en la última semana”, mientras Carvajal advierte que algunos incluso podrían escoger su opción directamente en las urnas.

En unas elecciones sin segunda vuelta para alcaldes, ese comportamiento puede tener consecuencias decisivas. Muñoz-Miño considera que conquistar a este electorado exige una estrategia múltiple: propuestas concretas, microsegmentación del discurso y una apelación emocional que logre movilizar incluso a quienes han perdido confianza en la política.

Lo que debes saber

• Fajardo busca la Prefectura de Santa Elena respaldada por el correísmo tras 12 años fuera de comicios.
• Registra un patrimonio de $545.138,28 y declaró $0 de impuesto a la renta entre 2023 y 2025.
• Sectores productivos y turísticos señalan retos urgentes en agua potable, nutrición y vialidad.

Doce años después de su primera victoria electoral, la exlegisladora Vanessa Fajardo Mosquera vuelve a postularse en la provincia de Santa Elena, esta vez como candidata a la Prefectura por la Alianza Contigo, auspiciada por el correísmo. Su retorno al escenario de votación local se produce tras más de una década ocupando diversos puestos en el servicio público, un periodo en el que acumuló un patrimonio superior al medio millón de dólares y en medio de demandas urgentes del sector productivo y turístico peninsular.

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Trayectoria pública y formación de Vanessa Fajardo

Fajardo cuenta con un perfil multidisciplinario en gestión y administración pública. Es ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario, cuenta con una titulación en Formación de Formadores y ostenta un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales.

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En 2014, fue electa asambleísta de Santa Elena por la extinta Alianza PAIS junto a Noralma Zambrano y Daniel Cisneros. Aunque desde entonces no había vuelto a medirse en las urnas, su permanencia en el aparato estatal ha sido continua a través de diferentes dependencias:

Cifras de patrimonio y pagos tributarios en el SRI

El paso de la aspirante por diversas instituciones estatales representó ingresos económicos considerables reflejados en sus declaraciones oficiales.

Balance de bienes declarados ante Contraloría

En su última declaración patrimonial juramentada correspondiente a 2025, Vanessa Fajardo reportó las siguientes cifras:

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Pese al crecimiento de su patrimonio, los registros públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) revelan particularidades en su comportamiento fiscal:

Resistencias políticas y demandas de los sectores turísticos y productivos

La postulación de la candidata despierta cuestionamientos en la península. Según Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, el vínculo directo de Fajardo con el correísmo genera resistencia ciudadana, aunque puntualiza que cualquier aspirante deberá asumir problemas estructurales no resueltos.

"Creemos que el reto es crear productos y proyectos turísticos para que la provincia sea más turísticas y que se arregle de un vez por todas el problema del agua que en feriados siempre se va el agua", comenta Tenempaguay.

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Por su parte, el promotor turístico Douglas Dillon recuerda que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) faculta a la Prefectura como la entidad encargada de coordinar los ejes productivos de la península. No obstante, advierte que la provincia se sitúa entre las últimas de Ecuador en efectividad y eficiencia general, así como en indicadores de nutrición infantil.

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Dillon resalta que quien asuma la Prefectura deberá atender prioridades inaplazables:

"Nuestras vías de la costanera están en mal estado. Por ejemplo, el tramo de la cordillera Chongón-Colonche, aunque parte de esa jurisdicción corresponda al Ministerio de Obras Públicas", concluye Dillon.