Lo que se sabe

• Desde la cuenta de la Fiscalía se compartió un video del actor Fernando Villarroel, quien parodió sobre la salud del alcalde Aquiles Álvarez
• El fiscal aseguró que la cuenta de la entidad, en la red social X, fue vulnerada para publicar ese contenido
• Julio César Cueva, abogado de Álvarez, dijo que "no es la primera vez" que la Fiscalía busca "estigmatizar a Aquiles"

El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, aseguró este miércoles 15 de julio de 2026 que la cuenta de Fiscalía, en la red social X, fue vulnerada para compartir un video del actor Fernando Villarroel sobre la salud del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Guayaquil

Salud de Aquiles Álvarez: ¿Quiénes se manifestaron afuera de la clínica en Guayaquil?

Juan Pablo Pérez Tomalá

"Se ingresaron a la cuenta de X, de la Fiscalía General del Estado, es decir, vulneraron todas las seguridades de la cuenta de X para retuitear una parodia que nosotros, como Fiscalía, una institución recta y seria, jamás retuiteamos y esta (publicación) tampoco se la realizó", sostuvo.

Alarcón, quien calificó al hecho de "inadmisible", indicó en radio Democracia: "Está puesta la denuncia, se están ubicando las IP (dirección digital de un dispositivo) desde donde empezaron a ingresar, porque empezaron a ingresar desde el día domingo y lunes (12 y 13 de julio) a la cuenta de Fiscalía".

No lo hicimos nosotros. Nos vulneraron y nos violaron la cuenta de X de la Fiscalía. Está puesta la denuncia".Fiscal general Carlos Alarcón

Guayaquil

"Aquí no somos burros" dice directora de turismo de Guayaquil tras crimen de quiteño

Juan Pablo Pérez Tomalá

"No es la primera vez", dice defensa del alcalde

La publicación desde la cuenta de Fiscalía, que fue borrada, generó una protesta de Julio César Cueva, abogado de Álvarez, quien el martes 14 presentó una queja a la institución, en la que pidió disculpas públicas, rectificación e investigación.

Cueva cuestionó la versión del fiscal, sobre el supuesto jaqueo, y aseguró a EXPRESO: "No es la primera vez que ellos (Fiscalía) están atrás, buscando estigmatizar a Aquiles".

El jurista recordó que, el pasado 9 de junio, el Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, llamó la atención sobre la publicación de fotos y videos de Álvarez en las audiencias.

"Esta prohibición ha sido igualmente dada a conocer respecto de las personas que comparecen de manera presencial a las diligencias judiciales, en atención a las normas que garantizan la correcta realización de las actuaciones jurisdiccionales y la protección de la información que se genera en el marco de estas", sostuvo el Tribunal.

El Tribunal pidió a la Fiscalía, en la audiencia del 8 de junio, que investigue la "grabación y difusión" de un video en el que se ve a Álvarez ingresando a la sala de audiencias de la Unidad Judicial Penal, de La Libertad, en Santa Elena.

Guayaquil

Aquiles Álvarez a secretario de Comisión municipal: "Lo que estás haciendo es traición"

Juan Pablo Pérez Tomalá

Fiscalización inició el trámite del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano

• La Comisión de Fiscalización evalúa el contrato eléctrico con Austral Technical Management.
• El correísmo denuncia un perjuicio de $23 millones por falta de cobro de garantías.
• La defensa de Manzano afirma que el informe de Contraloría no la menciona directamente.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la sustanciación del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM) para la generación eléctrica en Ecuador. El proceso legislativo arrancó de forma virtual el martes 14 de julio de 2026 bajo la conducción del presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez. Tras suspenderse por alcanzar el límite de tiempo legal, la práctica de las pruebas de cargo y descargo se reanudará este miércoles 15 de julio de 2026 a las 17:30.

Política

Inés Manzano asiste de forma virtual a su juicio político en la Comisión de Fiscalización

Marco Rivera

Suspensión y reinstalación de la sesión legislativa

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), convocó la primera sesión para la práctica de la prueba el 14 de julio de 2026 a las 15:00. Cuatro horas después, Álvarez suspendió la jornada al recordar que la mesa legislativa había llegado al límite de tiempo permitido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las normas que rigen a las comisiones de la Asamblea Nacional.

Te puede interesar | Juicio a Inés Manzano: asambleístas exponen fallas detectadas por Contraloría

De acuerdo con la agenda parlamentaria, la práctica de la prueba dentro de este proceso político se retomará este miércoles 15 de julio de 2026 a las 17:30. En esta nueva sesión está previsto continuar con la presentación de las pruebas de cargo y de descargo de los proponentes del juicio y de la exministra de Estado.

Durante la sesión inicial, la exministra de Energía, Inés Manzano, compareció de forma virtual pero no intervino directamente. El equipo de abogados acreditado para representarla asumió la tarea de responder las inquietudes de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, bancada proponente del proceso de fiscalización.

Los cargos de la Revolución Ciudadana por el contrato de ATM

Los legisladores del correísmo centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas.

Te puede interesar | Mónica Palacios denuncia notificación judicial durante la sesión de la Asamblea Nacional

Los argumentos principales de los interpelantes se estructuran bajo los siguientes puntos:

Los argumentos de la defensa de Inés Manzano

Por su parte, la defensa técnica de la exministra de Energía presentó sus alegatos enfocados en el debido proceso y el alcance del informe técnico de control.

Te puede interesar | Juicio político a Inés Manzano: oposición exige que la exministra se defienda personalmente

Los descargos jurídicos se fundamentaron en dos aspectos esenciales:

Justicia

Sinohydro: El fiscal Alarcón enterró su propio caso

Roberto Aguilar

El miércoles 15 de julio del 2026, en entrevista con Radio EXA, el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, señaló que, tras 31 días de audiencia, ha evacuado evidencias recabadas durante la investigación previa y la instrucción fiscal. “Hemos aportado todas las pruebas necesarias para que el tribunal determine responsabilidades”, afirmó.

Según dijo, la acusación incluye a 20 personas en calidad de autores y cómplices del presunto delito de cohecho. Excluyó a la nieta de Conto Patiño, Priscila Burneo.

Sobre Lenín Moreno, Alarcón indicó que, aunque no firmó contratos, tuvo un rol en los contactos iniciales con funcionarios chinos cuando era vicepresidente, en el contexto de la construcción de Coca Codo Sinclair. Aseguró que "hay pruebas, versiones y asistencias penales internacionales desde Panamá, cuentas en donde ingresó el dinero para que haya coima, cohecho entre funcionarios del Estado y particulares".

El fiscal Alarcón buscó dejar sobre la mesa que, en su opinión, existe "cohecho activo y pasivo". 

Así señaló que, "la Constitución en el artículo 233 establece que las personas que pueden ser o serán responsables de un delito en contra de la administración pública y en este caso, un cohecho, son empleados estatales; y en la parte final dice o terceras personas, es decir también pueden ser particulares los que actúan en estos delitos. El intraneus, el empleado público; y el extraneus, el particular que también participa en el entramado".

Economía y negocios

Asamblea Nacional de Ecuador fiscalizará contratos de Coca Codo Sinclair y El Chaco

Richard Josue Jimenez Mora

Esto dice Alarcón sobre las pruebas que ha presentado:

La Fiscalía sostiene que presentó al menos 29 peritajes técnicos, entre 20 y 30 testimonios y cerca de 90 documentos que describen el presunto entramado. También mencionó la trazabilidad de aproximadamente 74 millones de dólares que habrían transitado por distintas cuentas, con registros de depósitos, empresas vinculadas y movimientos financieros.

Parte de la evidencia proviene de asistencias penales internacionales solicitadas, entre otros países, a Panamá y Estados Unidos. Según el fiscal, estos elementos tienen valor probatorio dentro del proceso.

Alarcón dijo que los acusados enfrentan cargos como presuntos autores o cómplices de cohecho. La Fiscalía espera que el tribunal penal emita un fallo.

Sobre amenazas

Carlos Alarcón afirma que ha recibido amenazas directas a teléfonos personales, tanto de sus colaboradores del departamento jurídico como a su teléfono.

"Tengo los mensajes de teléfonos nacionales y extranjeros. Están puestas las denuncias y estamos estableciendo que justamente se terminó la audiencia Sinohydro y empiezan estos ataques con amedrantamientos y amenazas. A un fiscal provincial le llamaron a amenazar que por qué investiga un caso y primera vez, que se procesa a diferentes autoridades seccionales”.

Sobre los casos contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil

En paralelo, mencionó otros procesos en curso, como el caso Triple A —cuya audiencia de juicio se reinstalará el 18 y 19 de julio— y el caso Goleada, que se encuentra en etapa preparatoria de juicio.

También se refirió al exe que compartió la cuenta de la Fiscalía General del Estado de la "parodia" de Fernando Villarroel, candidato a concejal de ADN en contra del alcalde Aquiles Álvarez:

“Se ingresaron a la cuenta de X para retuitear una parodia. Está puesta la denuncia, se está ubicando las IP de dónde empezaron a ingresar porque empezaron a ingresar a la cuenta de X de la Fiscalía desde el domingo. Es inadmisible. Vamos a llegar a los responsables sean internos o externos”.

Lo que debes saber

• ATM negó este miércoles un allanamiento y aclaró que Fiscalía ejecuta diligencias por una investigación.
• La investigación surge por denuncias presentadas por la propia ATM, informó la entidad en Guayaquil.
• La ATM aseguró que colabora con la Fiscalía para esclarecer los hechos investigados.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) rechazó este miércoles 15 de julio las versiones que circulan sobre un supuesto allanamiento a sus instalaciones y aseguró que las actuaciones que se desarrollan corresponden a diligencias investigativas de la Fiscalía General del Estado.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la información sobre un presunto allanamiento es "incorrecta" y precisó que las acciones ejecutadas forman parte de una investigación impulsada por el Ministerio Público.

Fiscalía ejecuta diligencias por denuncias presentadas por la propia ATM

Según la ATM, las diligencias se realizan en el marco de denuncias que fueron presentadas e impulsadas por la propia entidad, con el propósito de esclarecer los hechos investigados y determinar las responsabilidades que correspondan.

Te invitamos a leer | ATM prohíbe a agentes motorizados detener vehículos por iniciativa propia

La institución indicó además que ha brindado las facilidades requeridas por las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación.

En el pronunciamiento, la ATM sostuvo que mantiene plena colaboración con la Fiscalía General del Estado y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento de los procesos institucionales.

Guayaquil

ATM intensificará los controles a motorizados: estas son las sanciones

Diana Sotomayor

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre el alcance de las diligencias mencionadas por la entidad ni ha emitido detalles adicionales sobre la investigación en curso. Tampoco se han revelado los hechos específicos que motivaron las denuncias presentadas por la ATM.

El comunicado fue difundido luego de que en distintos espacios circularan versiones sobre un supuesto allanamiento a las oficinas de la Autoridad de Tránsito y Movilidad, afirmación que la institución negó de manera oficial.

Las claves del caso

• Rosa Argudo recibirá $47.915 del IESS tras ganar un juicio laboral en Ecuador.
• La indemnización se pagará mientras enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito.
• Fiscalía procesará a Argudo y familiares por movimientos patrimoniales investigados.

La exsecretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Rosa Argudo, recibirá una indemnización de $47.915 tras ganar una acción judicial relacionada con su desvinculación laboral de la institución. 

La resolución ha generado debate público y político porque la exdirigente enfrenta paralelamente una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El monto corresponde a dos rubros:

El origen del conflicto laboral

La controversia se remonta a la salida de Argudo del IESS en 2024. La exdirigente presentó una acción por despido ineficaz argumentando que gozaba de fuero sindical, protección que limita la terminación unilateral de la relación laboral por parte del empleador. 

Te invitamos a leer | Rosa Argudo: las consecuencias que enfrentaría si es condenada por enriquecimiento ilícito

Una jueza de Azuay le dio la razón y ordenó la compensación económica correspondiente. Posteriormente, tanto la Corte Provincial como la Corte Nacional mantuvieron vigente la sentencia.

El caso volvió al ruedo esta semana después de que el asambleísta azuayo Adrián Castro cuestionara públicamente que Argudo constara entre los beneficiarios de procesos de jubilación y compensación económica, pese a encontrarse bajo investigación penal.

Desde el Gobierno, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respondió que el desembolso no obedece a una decisión administrativa discrecional, sino al cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada. Además, señaló que incumplir la orden podría derivar en responsabilidades para los funcionarios encargados de ejecutarla.

Política

Sindicalista del IESS provoca roce entre José Julio Neira y el asambleísta Adrián Castro: ¿Qué pasó?

Richard Josue Jimenez Mora

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La indemnización llega en un momento delicado para Argudo. La Fiscalía General del Estado impulsó la formulación de cargos en su contra y de otras siete personas vinculadas a su entorno familiar por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Entre los procesados figuran tres de sus hijos, un yerno y un sobrino, quienes también mantuvieron vínculos laborales con el IESS.

Te puede interesar | Fiscalía solicita formular cargos contra sindicalista del IESS por enriquecimiento ilícito

De acuerdo con la investigación fiscal, existen indicios de un incremento patrimonial que no habría podido justificarse con los ingresos reportados por la exdirigente sindical. 

Según informes, las auditorías de la Contraloría detectaron un presunto crecimiento patrimonial superior a $292.000, además de movimientos bancarios que superarían los $2 millones durante el período analizado.

La investigación tiene como antecedente denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca y con actividades económicas vinculadas al sindicato del IESS. Sin embargo, hasta el momento no existe una sentencia condenatoria y el proceso permanece en etapa judicial.

La situación de Rosa Argudo refleja la coexistencia de dos procesos distintos. Por un lado, la exdirigente consiguió una victoria en el ámbito laboral que derivó en una indemnización reconocida por los tribunales. 

Por otro, deberá enfrentar un proceso penal que podría definir si existió o no enriquecimiento ilícito durante los años en que ejerció funciones sindicales dentro del IESS. 

Lo que debes saber

• Correa y Nebot cruzan críticas en X por la Alcaldía de Guayaquil, a cuatro meses de las seccionales.
  
  
• Nebot cuestionó la gestión correísta en Guayaquil; Correa respondió recordando apoyo estatal al Municipio.
  
  
• Un video de 2007 reavivó la disputa entre Correa y Nebot en plena definición de candidaturas.

La cercanía de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026 ha vuelto a colocar en la escena política la histórica rivalidad entre el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. 

Ambos dirigentes protagonizaron el 14 de julio un intercambio de mensajes en redes sociales, en un contexto marcado por la definición de candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas.

Críticas de Nebot a la gestión correísta en Guayaquil

La controversia se originó tras una entrevista concedida por Nebot a Ecuavisa, en la que cuestionó la gestión del correísmo en la Alcaldía de Guayaquil, actualmente en manos de esa tendencia política luego de que Aquiles Alvarez derrotara al Partido Social Cristiano (PSC) en los comicios de 2023. 

Te invitamos a leer | Jaime Nebot admite un vacío de liderazgo en el PSC: "No ha existido una posta fuerte"

Según el exalcalde, la administración municipal incrementó el gasto y amplió la nómina de funcionarios durante los últimos años.

Nebot sostuvo que la Revolución Ciudadana no debería continuar al frente del Municipio y argumentó que la administración correísta elevó significativamente el número de empleados municipales. 

También aprovechó la entrevista para realizar observaciones a la gestión del presidente Daniel Noboa y admitir que la candidatura de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil fue una decisión equivocada del PSC.

La respuesta de Rafael Correa

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Rafael Correa, quien respondió a través de la red social X. El exmandatario calificó a Nebot como un “cadáver político” y defendió la relación que mantuvo su gobierno con la administración municipal socialcristiana durante los años en que ambos coincidieron en funciones públicas. 

Según Correa, el éxito de la gestión de Nebot estuvo respaldado por el incremento de las rentas transferidas desde el Gobierno Central al Municipio y por la aprobación de créditos y avales solicitados por la Alcaldía.

Política

Jaime Nebot sobre gestión de Daniel Noboa: "¿Qué ha hecho por Guayaquil? Nada"

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Un video de 2007 reabre el debate político

La réplica de Nebot llegó poco después mediante la difusión de un video grabado en 2007, cuando Correa iniciaba su primer mandato presidencial. En las imágenes, el entonces presidente agradece al alcalde guayaquileño por las obras realizadas en la ciudad y destaca su trabajo al frente del cabildo. 

Te puede interesar | Andrés Roche: quién es y cuáles son las polémicas que rodean al precandidato del PSC por Guayaquil

El exalcalde acompañó la publicación con un mensaje que apeló a la memoria política de sus seguidores y retomó una frase habitualmente utilizada por el correísmo para referirse a sus adversarios. 

La disputa ocurre mientras las principales fuerzas políticas afinan sus estrategias para las elecciones locales. El PSC ha impulsado la precandidatura de Andrés Roche con el objetivo de recuperar la Alcaldía de Guayaquil. 

Por su parte, la Revolución Ciudadana ha apostado por el asambleísta Juan Pablo Molina como su carta para mantener el control del Municipio.

El escenario electoral también está marcado por la situación judicial del actual alcalde, Aquiles Alvarez, quien enfrenta procesos penales y permanece privado de libertad, un hecho que ha obligado al correísmo a reorganizar su estrategia política de cara a los comicios.

Lo que debes saber

• Juan Cervantes propone auditar el dragado del río Guayas si gana la Prefectura en las elecciones seccionales.
• El precandidato plantea reducir 50 % los peajes para financiar obras y atender a agricultores del Guayas.
• Cervantes prioriza obras contra El Niño en Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía para prevenir inundaciones.

El profesor Juan Cervantes, precandidato a la Prefectura del Guayas por Unidad Popular, conversa con EXPRESO sobre las prioridades de su plan de gobierno y cómo buscaría financiar sus propuestas.

- ¿Por qué quiere llegar a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Las organizaciones sindicales y populares venimos luchando en defensa de derechos laborales y sociales. La salud está postrada, sin medicinas, equipamiento, quirófanos, insumos ni especialistas. Además, se está despidiendo a profesionales del sector. 

En el ámbito provincial, creemos que ha existido corrupción en la administración de la Prefectura. Recordamos el caso del dragado del río Guayas, cuestionado durante la administración de Carlos Luis Morales (+) y que continuó con las siguientes administraciones. 

También cuestionamos el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de vías que, según nuestra visión, no han cumplido con las obras comprometidas, mientras el equipo caminero de la Prefectura realiza trabajos que deberían ejecutar esas compañías.

Política

Elecciones Ecuador 2026: la derecha perdió a sus referentes y abrió el camino a inquilinos de paso

Pamela León Andriuoli

- ¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

La prioridad es ejecutar todas las obras necesarias para prevenir inundaciones. También debemos mejorar la conectividad provincial y resolver los problemas de tránsito entre Samborondón, Daule y Guayaquil mediante la ampliación de vías, la construcción de un nuevo puente hacia la parroquia Los Lojas y la ejecución de caminos vecinales y puentes. 

Además, debemos enfrentar la contaminación del río Guayas, causada por aguas servidas, desechos industriales y productos químicos utilizados en actividades agrícolas.

- En 2023 también buscó la Prefectura. ¿Por qué cree que ahora sí puede ganar?

En la campaña anterior advertimos sobre lo que, a nuestro criterio, ocurriría si ganaban quienes hoy administran la Prefectura. Señalamos que cuando se desvían recursos, no hay dinero para resolver los problemas de la provincia. 

Nuestra candidatura representa a quienes han defendido durante años los derechos de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes, y propone que los recursos del Guayas se destinen a obras y no a corrupción o negociados.

- Si usted gana la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

Lo primero será auditar y fiscalizar los contratos vigentes y, si es necesario, terminar los negociados con las concesionarias. También proponemos reducir el peaje en un 50%. 

Nuestra administración tendrá contraloría social. Queremos que la ciudadanía participe en la definición de las obras prioritarias y que las comunidades organizadas sean parte del proceso de ejecución.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los impulsaría?

Primero debemos recuperar los recursos que, según nuestra visión, el Gobierno ha reducido a prefecturas y municipios. Para ello impulsaremos acciones legales y movilizaciones para exigir la restitución de esos recursos y el pago puntual de las rentas que corresponden al Gobierno Provincial. 

Te invitamos a leer | Los partidos definen sus aliados para las seccionales 2026: así avanzan los acuerdos

Nuestra propuesta también contempla combinar recursos de la Prefectura con trabajo comunitario. Si una comunidad necesita construir un pozo, por ejemplo, la Prefectura aportará materiales y equipos, mientras los habitantes contribuirán con mano de obra organizada. 

Además, impulsaremos empleo local en las zonas rurales y evitaremos que grandes contratistas concentren la ejecución de obras sin respetar los derechos laborales.

-¿Cuál sería su plan para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño?

La prioridad será el dragado y potenciar los ríos y esteros para recuperar su capacidad hidráulica y evitar desbordamientos. Donde sea necesario construiremos muros de contención. 

También impulsaremos albarradas para almacenar agua durante el invierno y utilizarla en época seca mediante sistemas de riego que fortalezcan la producción agrícola.

Política

Reforma al Código de la Democracia desincentiva alianzas y fragmenta candidaturas locales

Rosero Mariela

-¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

Primero debemos auditar el contrato para conocer cuánto se ha invertido, qué obras debían ejecutarse y si realmente se cumplieron. Después convocaremos a especialistas para definir cuál es la mejor alternativa técnica para resolver de forma definitiva el problema de la sedimentación. 

Sigue leyendo | Daniel Noboa pierde apoyo, según encuesta: ¿golpeará a ADN en las seccionales de 2026?

No se trata únicamente de dragar, sino de entender el origen del problema en toda la cuenca del Guayas. También analizaremos el aprovechamiento del material extraído para proyectos de vivienda o rellenos, siempre que los estudios técnicos lo permitan.

-Si tuviera que establecer prioridades para los dos primeros años de gestión, ¿cuáles serían?

Las primeras acciones estarían enfocadas en los cantones más afectados por las inundaciones, como Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía. La prioridad sería el dragado de los ríos, porque consideramos que recuperar su cauce disminuiría significativamente el riesgo de desbordamientos.

Las claves que debes saber 

• Karla Saud, acusada en caso Progen, fue detenida el 9 de julio en Madrid y enfrenta pedido de extradición.
• Saud envió mensaje a ministros del caso Progen y anticipó revelaciones sobre contratos de USD 104 millones.
• El Gobierno de Daniel Noboa impulsa la extradición mientras crece la presión por posibles nuevos involucrados.

Con todo lo que Karla Saud sabe sobre la estafa de los generadores eléctricos, en la que aparece como personaje clave, bien podrían rodar varias cabezas del gobierno. Empezando por la del ministro que mantuvo con ella contactos previos al contrato de 104 millones de dólares para la compra de chatarra, el hoy devenido en museólogo y jurado internacional de concursos de arquitectura Roberto Luque. 

Te invitamos a leer| Karla Saud reaparece en un video y desafía al Gobierno tras su detención en España

Saud, lobista de Progen en el Ecuador a través de su empresa Astrobryxa, fue acusada de peculado por la Fiscalía, detenida el pasado 9 de julio por la Interpol en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y liberada poco después con medidas cautelares, mientras el gobierno del Ecuador tramita su extradición… O finge hacerlo.

Demasiado se apresuró el secretario general de la Administración y primo lejano suyo, José Julio Neira, a grabar un video en el que la hacía cargar con todo el peso de la culpa por la estafa de los generadores. 

Justicia

Progen en cinco claves: todo lo que debes saber del caso

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Saud vivía en la Florida, cerca de donde se crió Neira, con las ventajas que le confería su doble nacionalidad (ecuatoriano-estadounidense) y es probable que su primo confiara en que, allá, nunca la alcanzaría el brazo (no tan largo y más bien torpe) de la Fiscalía General del Estado. Pero terminó cayendo presa en España (son un misterio las razones de su viaje) y eso lo cambió todo.

¿Saud amenaza al Gobierno?

Ahora el Estado ecuatoriano se ve forzado (aunque fuera por aparentar) a iniciar un trámite de extradición que el bienmandado presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, puso en marcha este lunes. 

Mientras tanto, Saud, puesta en libertad condicional, graba un video que el gobierno nacional debió recibir como intimidatorio. El ministro del Interior, John Reimberg, había celebrado su captura y anunciado que las autoridades españolas le quitaron el pasaporte como señal de que tenía prohibido abandonar el país. 

Justicia

Defensa de Antonio Gonçalves pide a Celec certificar si el ministro tenía facultad para frenar pagos

Sara Ortiz

Pues bien: el video de Saud consiste en una toma fija de sus dos pasaportes, el ecuatoriano y el estadounidense (cerrados), dando a entender que están en su poder, mientras se escucha su voz en off. Un tanto pueril, el recurso: esos pasaportes podrían ser los de cualquiera. Si su intención era desmentir a Reimberg, no lo logró en absoluto.

¿Qué dijo Karla Saud Calero?

Mucho más contundentes fueron sus palabras: “Mi nombre”, dice en los 42 segundos que dura el video, “es Karla Julieta Saud Calero y este mensaje va dirigido para todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón. Quiero que sepan que me voy a defender en instancias internacionales por mi honor y el de mi familia, que lo han manchado con acusaciones falsas en mi contra y todo el pueblo ecuatoriano lo sabrá. Voy a llegar a instancias internacionales donde la justicia no es manipulable y les aseguro que no voy a ser un trofeo de su gobierno. Nos vemos pronto, Ecuador. Gracias”.

Política

ADN bloquea incorporación de nuevas pruebas en el juicio político contra Inés Manzano

Carlos Isaac Pino

Lo primero que llama la atención de este mensaje es el plural de su dedicatoria: a “todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón” (nombre eufemístico que usa la Fiscalía para designar el caso Progen sin tener que decir Progen). 

¿Todos los ministros involucrados? Por lo que respecta al fiscal Carlos Alarcón, solamente hay uno: Antonio Gonçalves, el único de los tres bajo cuyas administraciones ocurrieron los hechos (desde el diseño del contrato hasta los últimos pagos) que no pertenece al círculo cercano al presidente de la República. Todo apunta a que Karla Saud está vinculando a los otros dos, Roberto Luque e Inés Manzano.

Lo que podría contar la exlobista de Progen tiene el potencial de echar abajo toda la teoría del caso que el fiscal Carlos Alarcón elaboró a la medida para no incordiar a nadie en el gobierno. 

La información que podría aportar Karla Saud

Para empezar, podría revelar Karla Saud la naturaleza de sus contactos con Roberto Luque y con qué regularidad accedía a su despacho; cómo acordó los términos de los contratos (lesivos para los intereses del país) con los asesores inmediatos de Luque, José Manuel de Oliveira y Peter Dreher, hoy convenientemente fuera del país aunque no han sido vinculados al caso por la Fiscalía; qué documentación intercambiaba con ellos; cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se acordó, ya en los tiempos de Inés Manzano, seguir pagando a Progen aunque se supiera ya que sus generadores eran basura… Quizá Saud pueda aportar con chats, con audios, con documentos…

Así que el Ecuador entero puede ir haciendo sus apuestas: ¿se atreverá el gobierno de Daniel Noboa a extraditar a Saud, a sabiendas de lo que le puede costar? 

Justicia

Progen retira pedido judicial tras recibir de Celec informe sobre el rastreo de $104 millones

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los intentos fallidos del Gobierno para extraditar

El trámite entre los dos países es largo y engorroso, y no sería la primera vez que fracasara por omisiones del lado ecuatoriano. Al propio Negro Willy, líder de Los Tiguerones, que tenía tanto que declarar sobre la toma armada de TC Televisión, lo dejaron escapar cuando se tramitaba su extradición desde España por el simple hecho de no entregar a tiempo las garantías que exigían los jueces de ese país. 

Además, ¿qué juez medianamente sensato de una nación medianamente democrática entregaría un prisionero a las autoridades de un país incluido en la lista negra de la tortura, un país en cuyas cárceles los presos mueren como moscas por el hambre y la tuberculosis?

Lo que debes saber:

• Exministros piden transparencia en concurso del MuNa y revelan dudas sobre jurado en Ecuador.
• Zaera-Polo afirma que Ejecutivo cuestionó diseño ganador y sugirió cambiar resultados del concurso.
• Reservas patrimoniales siguen en riesgo en edificio en emergencia desde 2018 en Quito.

Tres exministros y una exviceministra coinciden en la necesidad de contar con un Museo Nacional (MuNa) y recuerdan que el edificio que alberga parte de las reservas mantiene una declaratoria de emergencia. Pero marcan distancia frente al proceso de selección del diseño y piden al Gobierno transparentar cómo se integró el jurado y cuáles fueron los parámetros para elegir al ganador.

Ecuador

Campo Baeza acusa al Gobierno de quebrantar el concurso del Museo Nacional del Ecuador

Alejandro Puga

En el programa Politizados de EXPRESO, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado, afirmó que durante el concurso, el Ejecutivo expresó su desacuerdo con la propuesta ganadora (Campo Baeza + Maoda). Además, dijo, delegados del Gobierno les sugirieron que otra propuesta (que no identificó) fuese ubicada en el segundo lugar.

Para Ana Rodríguez, exviceministra de Cultura, la conformación del jurado es un punto clave en un concurso de esta magnitud. Señala que debe explicarse cómo se seleccionó a sus integrantes y bajo qué criterios participaron representantes institucionales, delegados del presidente y la vicepresidenta. 

Luego, además, Romina Muñoz, extitular de Cultura, reemplazó a Hernán Crespo Bermejo (+). Ve necesario, puntualizó, que se publiquen de forma clara los procedimientos, las actas y la aplicación de los criterios de evaluación.

Aunque le parece que las bases técnicas del concurso fueron rigurosas en lo arquitectónico, no existió el mismo nivel de claridad en la definición del fallo. 

Por la trayectoria de los participantes y jurados, le resulta difícil sostener la tesis de que haya existido manipulación sin pruebas. Y mencionó, por ejemplo, a uno de ellos, el arquitecto ecuatoriano Luis ‘Tucho’ López. Lamenta la posición en que se deja al Colegio de Arquitectos de Pichincha.

¿Otros espacios podrían haber sido utilizados para albergar al Museo Nacional?

María Elena Machuca, exministra de Cultura, sostiene que existe la necesidad de un Museo Nacional y señala que ha sido una deuda histórica de más de 25 años. Recuerda que en su gestión se intentó aprovechar el edificio del Banco Central y, en otro momento, un espacio en el Centro de Arte Contemporáneo, sin resultados. 

Considera que existen varias alternativas viables, pero subraya que, en medio de la controversia, es indispensable aclarar aspectos como la participación de la exviceministra Romina Muñoz en el jurado.

Las reservas siguen en peligro, dicen exministros de Cultura

Julio Bueno, exministro, insistió en que lo más importante es cuidar las reservas, que están en peligro. 

“Hay cajas fuertes que pesan cuatro o cinco toneladas. Son tesoros, reserva colonial, pintura moderna, contemporánea y republicana... Hay desde el 2018 una emergencia nacional declarada. Por eso se pensó en llevarla a Unasur”. 

Ecuador

Antigua sede de la Unasur esquiva albergar el patrimonio cultural ecuatoriano

Agencia EFE

Bueno compartió fotografías de la estructura del edificio Aranjuez, que evidencian el deterioro, y un informe que concluye que hay que salvaguardar el patrimonio cultural y que los ocupantes del edificio debían salir del mismo.

Por su parte, Juan Fernando Velasco, exministro, comentó que le parece un error haber llevado la discusión al campo de lo estético. Cree que desde el Viceministerio de Cultura se debió, en una etapa previa, incluir a otros sectores. 

Le habría gustado, durante su administración, dice, contar con 100 millones de dólares para invertir en un nuevo edificio del Museo Nacional. Pero al no disponer de ese recurso, buscaron alternativas para trasladar las reservas, que tienen “un peso que no soporta cualquier edificación”. No comprende cómo luego de tantos años no se las haya puesto a salvo.

EXPRESO intentó hablar al respecto con asambleístas de la Comisión de Educación y Cultura, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible contactarlos.

Política

Museo Nacional (MuNa): Gobierno reabre concurso tras anunciar ganador y desata críticas

Rosero Mariela

La oferta de Noboa

El presidente Daniel Noboa ha reiterado su intención de invertir en un lugar para los “tesoros embodegados”. La obra costaría $ 100 millones.

Lo que debes saber

• La defensa sostuvo que la Contraloría no encontró responsabilidades contra Inés Manzano.
• Los abogados justificaron por qué podían representarla durante el juicio político.
• También cuestionaron la validez de parte de las pruebas presentadas por los acusadores.

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte defendió, este martes 14 de julio de 2026, la legitimidad de su intervención en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano al sostener que actúa como su representante directo y no como procurador. Explicó que la presencia de la exfuncionaria en la diligencia ratifica y legitima su actuación, por lo que pidió a la Comisión de Fiscalización respetar las normas aprobadas por la propia Asamblea Nacional.

Política

Juicio político a Inés Manzano: oposición exige que la exministra se defienda personalmente

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Juicio a Inés Manzano: Palacios y Álvarez chocan en plena audiencia

La defensa cuestiona las pruebas de cargo

El jurista también recordó que la Corte Constitucional ha establecido que, aunque el juicio político tiene un estándar distinto al de los procesos jurisdiccionales, debe garantizar derechos mínimos como la defensa, la producción de pruebas y la contradicción. En ese contexto, afirmó que esas garantías no pueden convertirse en herramientas de arbitrariedad contra la persona acusada.

Esto, porque la bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó que la defensa de Inés Manzano (Rafael Oyarte e Ismael Quintana) asumiera un rol protagónico durante el juicio político y sostuvo que la exministra debía ejercer personalmente su derecho a la defensa. Los legisladores argumentaron que, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el funcionario sometido a un juicio político debe comparecer directamente para responder por su gestión, mientras que los abogados únicamente pueden brindar asistencia técnica, sin sustituir la responsabilidad política del interpelado.

Durante la práctica de la prueba documental, Oyarte objetó que el informe de minoría de la Comisión de Fiscalización sea considerado como prueba de cargo. Argumentó que ese documento solo contiene apreciaciones de sus autores y fue elaborado por uno de los acusadores, por lo que, a su criterio, carece de valor probatorio para sustentar una responsabilidad política.

Respecto al informe de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con ATM, la defensa aseguró que el documento no menciona a Inés Manzano ni le atribuye observaciones, recomendaciones o responsabilidades. Añadió que las conclusiones del examen especial están dirigidas a otros funcionarios y que, de existir incumplimientos de la exministra, el organismo de control habría iniciado el correspondiente proceso de determinación de responsabilidades.

Política

Juicio a Inés Manzano: asambleístas exponen fallas detectadas por Contraloría

Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR: Las rebajas de pena vuelven al centro del debate: ¿qué está en juego?

Las acciones que, según la defensa, tomó Manzano

La defensa sostuvo además que Manzano asumió el Ministerio de Energía cuando el contrato con ATM ya había sido suscrito y se encontraba en ejecución. Según Quintana, una de sus primeras decisiones fue impulsar un examen especial de la Contraloría sobre esos procesos contractuales y posteriormente promover nuevas acciones de control, cambios de autoridades y denuncias ante la Fiscalía tras conocerse los hallazgos del organismo de control.

Sobre el arbitraje iniciado por la contratista, la defensa afirmó que la exministra no podía disponer la terminación unilateral del contrato debido a las medidas cautelares dictadas dentro de ese proceso. Agregó que el tribunal arbitral archivó la demanda presentada por ATM y levantó esas medidas, por lo que consideró que uno de los principales fundamentos de la acusación perdió sustento y que no existen elementos para atribuir a Manzano un incumplimiento de funciones.

Guayaquil

Mónica Luzárraga consolida candidatura por la alianza "Despierta", entre fricciones con el correísmo

Carlos Isaac Pino

Acuerdos territoriales y el quiebre de la tendencia

La ruptura administrativa responde a la decisión de la directiva provincial socialista de concretar alianzas en Guayas con el movimiento Amigo, facción afín a la estructura de la Revolución Ciudadana. Luzárraga rechazó esta medida operativa argumentando que las bases locales de su nueva plataforma, denominada 'Despierta. Unidad por Guayaquil y por la Patria', excluyeron previamente cualquier pacto con dichas agrupaciones.

El fraccionamiento del tablero electoral provocó la reacción inmediata de las autoridades correístas. El expresidente Rafael Correa cuestionó la integración de la precandidata con Futuro 20, partido liderado por Gustavo Larrea, calificando el acto como una "inconsecuencia".

Política

Mónica Luzárraga a Rafael Correa: "¿Tanto miedo les causa el diálogo y la unidad?"

Juan Pablo Pérez Tomalá

Bipartidismo y denuncias de monopolio

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, tildó a la aspirante de "chimbadora" e insinuó una supuesta injerencia del oficialismo en el quiebre de los diálogos de la tendencia.

Ante los cuestionamientos públicos, la aspirante argumentó que la tienda política de la Revolución Ciudadana busca fortalecer un bipartidismo junto al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), en referencia a las recientes reformas aprobadas al Código de la Democracia.

Luzárraga denunció que la dirigencia correísta intentó relegarla a una concejalía mediante negociaciones paralelas y condicionar la papeleta local. Como evidencia de la falta de consensos, la abogada expuso registros de conversaciones con la legisladora Sofía Espín, señalando que todo perfil que no se someta a las directrices de dicha estructura es catalogado de divisionista.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños y ecuatorianos", detalló en sus canales oficiales para ratificar su plan de trabajo cantonal.

Guayaquil

Barrio Centenario resiste al olvido: Así se conserva su patrimonio comunitario

Carlos Isaac Pino

María Belén Yúnez declina su precandidatura

En el documento, Yúnez solicitó a la directiva que se realicen los trámites legales y administrativos pertinentes ante los organismos electorales para registrar su baja y proceder con los reemplazos que estipula la ley.

A la par de la notificación formal, la política hizo público su retiro a través de su cuenta de Instagram. "Poner una pausa a este proyecto no es sencillo", escribió Yúnez, quien justificó su salida señalando que su compromiso con el cantón se mantiene intacto y que para servir a la comunidad "no hace falta un cargo".

Con esta renuncia, el tablero político de Samborondón sufre un remezón. El Partido Social Cristiano, que mantiene una hegemonía administrativa de más de tres décadas en la localidad, se queda sin su figura principal a meses de los comicios y frente a las precandidaturas ya oficializadas de Arianna Burgos (ADN) y María José Agusto (Centro Democrático).

Guayaquil

Carlos Encalada y Juan José Yúnez se reúnen en Samborondón: ¿De qué hablaron?

Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber

• La defensa de Inés Manzano abrió un debate en la Comisión de Fiscalización.
• Legisladores de la RC cuestionaron que los abogados de la exfuncionaria intervengan en el juicio político.
• Ferdinan Álvarez defendió la participación de la defensa técnica de la exministra.

La participación de la defensa técnica de Inés Manzano generó un nuevo enfrentamiento entre los asambleístas de los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) durante la audiencia de juicio político contra la exministra de Energía y Minas. La legisladora de oposición Ana Herrera cuestionó que sean los abogados de la exfuncionaria quienes expongan los argumentos de descargo, mientras la exfuncionaria sigue el proceso de forma virtual.

Política

Juicio político a Inés Manzano: Mónica Palacios y Ferdinan Álvarez chocan en la audiencia

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Elecciones seccionales 2026: las prefecturas con las disputas más reñidas

La defensa técnica abre una disputa en la Comisión

Herrera sostuvo que la responsabilidad política no puede ser delegada a una defensa técnica y pidió que sea la propia exministra quien responda ante la Comisión de Fiscalización. La asambleísta señaló que otros exfuncionarios sometidos a juicios políticos participaron personalmente en sus procesos, aunque estuvieron acompañados por abogados.

La legisladora citó el numeral uno del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y afirmó que la norma establece que el funcionario cuestionado debe presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión. Según Herrera, los abogados pueden asesorar a Manzano, pero no reemplazar su intervención en un proceso donde se analiza su responsabilidad política por las decisiones tomadas durante su gestión.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, rechazó el planteamiento y señaló que la discusión ya se había generado en anteriores juicios políticos. El legislador oficialista afirmó que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantizan el derecho a la defensa técnica dentro de estos procesos.

Política

Juicio a Inés Manzano: asambleístas exponen fallas detectadas por Contraloría

Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR: Prefectos rumbo a la reelección: continuidad o relevo en las provincias

Álvarez defiende la participación de los abogados

Aunque Álvarez pidió a Herrera identificar la norma que obliga a un funcionario cuestionado a ejercer su defensa de manera personal y no mediante abogados, su decisión se mantuvo. El presidente de la Comisión sostuvo que, al tratarse de un proceso de control político, la defensa puede actuar conforme a las garantías constitucionales y legales.

La asambleísta Mónica Palacios también cuestionó que los abogados intervengan en lugar de Manzano y preguntó si ellos son los funcionarios sometidos al juicio político. Álvarez cerró la discusión y dio paso a la defensa técnica de la exministra, mientras Manzano continúa conectada de manera virtual al proceso.

Lo que debes saber

• El juicio político contra Inés Manzano incorpora nuevas pruebas sobre contratos de Celec EP.
• Los legisladores cuestionan presuntos acuerdos con Progen y ATM durante la crisis energética.
• La audiencia tuvo un cruce entre Mónica Palacios y Ferdinan Álvarez por las acusaciones de falta de atención de Inés Manzano durante el proceso.

Los asambleístas que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, incorporaron como segunda prueba documental el informe de minoría elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Los legisladores sostuvieron que ese documento complementa las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y respalda los cuestionamientos a la gestión de la exfuncionaria.

Política

Juicio a Inés Manzano: asambleístas exponen fallas detectadas por Contraloría

Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR: Guido Mendoza lleva al CAL y a la Fiscalía su denuncia contra Jhajaira Urresta

Nuevas pruebas apuntan a los contratos de Celec EP

El legislador de la Revolución Ciudadana Blasco Luna afirmó que el informe de minoría recoge los intentos de la Comisión de Transparencia por convocar a los ministros involucrados para que explicaran las presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones. Sin embargo, aseguró que esas comparecencias no prosperaron por falta de voluntad política, lo que, a su criterio, limitó el alcance de ese proceso de fiscalización.

Luna también mencionó un audio atribuido al exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, difundido previamente por un medio de comunicación, en junio de 2026, en el que presuntamente se habría recomendado que la comparecencia ante la Comisión se desarrollara de manera "muy superficial". Según el legislador, ese contenido será incorporado como prueba audiovisual para sustentar la presunta interferencia en las labores de control político.

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios señaló que el informe de minoría transcribe la comparecencia de Calero, ante la Comisión de Transparencia. Afirmó que el exfuncionario se limitó a explicar aspectos técnicos de la crisis energética de 2024, pero no respondió las inquietudes relacionadas con los contratos de Progen y ATM, que motivaron su convocatoria.

Política

Comisión de Fiscalización inicia el juicio político contra Inés Manzano: estos son los señalamientos

Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: La dispersión de candidaturas volvería a marcar el escenario electoral

Un cruce por la atención de Manzano marca la audiencia

Durante la exposición de Palacios se produjo un intercambio con el titular de la Comisión de Fiscalización y asambleísta oficialista, Ferdinan Álvarez, luego de que la legisladora asegurara que la exministra parecía no prestar atención al desarrollo del juicio político e incluso afirmara que se habría quedado dormida durante la sesión virtual. La asambleísta cuestionó que la exfuncionaria utilizara audífonos y aseguró que no estaba siguiendo los argumentos presentados por los proponentes del proceso.

Álvarez rechazó esas afirmaciones y pidió a la legisladora ceñirse a las pruebas documentales incorporadas al expediente. El legislador sostuvo que observaba a la exministra conectada y despierta durante la sesión, descartó que existieran elementos para afirmar que estuviera dormida.

Tras la intervención del presidente de la Comisión, Palacios insistió en que el audio atribuido a Calero demostraría que Manzano conocía las dificultades del contrato con ATM. La legisladora sostuvo que ese elemento contradice la versión de la exministra sobre su desconocimiento de las irregularidades y reiteró que, por ese motivo, debe responder políticamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que debes saber

• Los legisladores atribuyen a Inés Manzano omisiones en la supervisión del contrato con ATM.
• La Contraloría identificó deficiencias técnicas, administrativas y ambientales en el proyecto.
• El juicio político continuará con el análisis de pruebas en la Comisión de Fiscalización.

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas. Los legisladores sostuvieron que las observaciones del organismo de control evidencian incumplimientos en la supervisión, el control y el seguimiento de la contratación.

Política

Comisión de Fiscalización inicia el juicio político contra Inés Manzano: estos son los señalamientos

Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR: Juan Carlos Aveiga deja el Hospital Alcívar y asume el Ministerio de Salud

Cuestionamientos al control del contrato

El legislador del movimiento Revolución Ciudadana, Blasco Luna afirmó que la responsabilidad política de Manzano se configuró durante el tiempo en que ejerció como máxima autoridad del sector eléctrico, entre octubre de 2024 y abril de 2026. A su criterio, la exministra no activó mecanismos efectivos para prevenir las irregularidades pese a que ya existían alertas sobre la ejecución del contrato y el riesgo para los recursos públicos.

Luna también cuestionó que, según su interpretación, Manzano conocía el informe de la Contraloría desde julio de 2025 y no emprendió acciones inmediatas contra la empresa Austral Technical Management (ATM). Agregó que la falta de decisiones oportunas habría impedido ejecutar el cobro de garantías por alrededor de $ 23 millones y permitió que el contratista continuara con el proyecto pese a los incumplimientos.

Por su parte, el asambleísta Lenín Barreto citó el informe de la Contraloría para señalar presuntas falencias técnicas en la ejecución del contrato. Mencionó la ausencia de cronogramas adecuados, deficiencias en la planificación del personal, falta de planos y diagramas técnicos, así como un control insuficiente sobre los materiales requeridos para la obra.

Barreto también sostuvo que el examen especial identificó que el proyecto avanzó sin contar con todos los permisos de construcción y ambientales requeridos. Según expuso, las observaciones evidencian que no se atendieron oportunamente las advertencias relacionadas con la regularización ambiental y la mitigación de impactos durante la administración de Manzano.

Política

Inés Manzano asiste de forma virtual a su juicio político en la Comisión de Fiscalización

Marco Rivera

LE SUGERIMOS LEER: Las rebajas de pena vuelven al centro del debate: ¿qué está en juego?

Generadores y supervisión bajo la lupa

En su intervención, la asambleísta Mónica Palacios aseguró que, según el informe de la Contraloría, los generadores ofertados por ATM eran de 2017, pese a que el proceso de contratación exigía equipos con una antigüedad máxima de cuatro años. Además, afirmó que la empresa no presentó las garantías del fabricante y cuestionó que parte de las verificaciones técnicas se realizara mediante videollamadas, en lugar de inspecciones físicas.

Palacios sostuvo que la responsabilidad política atribuida a la exministra no se relaciona con la firma del contrato, sino con la fase de ejecución, supervisión y control del proyecto. La legisladora afirmó que Manzano ya conocía las presuntas deficiencias técnicas y contractuales, pero, según la acusación, no adoptó las medidas necesarias para proteger los recursos públicos ni garantizar el cumplimiento del contrato.

Política

Mónica Luzárraga a Rafael Correa: "¿Tanto miedo les causa el diálogo y la unidad?"

Juan Pablo Pérez Tomalá

Conformación de la nueva alianza: "Despierta"

Luzárraga decidió separarse del PSE debido a que, en la provincia del Guayas, los socialistas comprometieron su apoyo al movimiento Amigo (agrupación que alberga al correísmo), según cuenta, a espaldas de ella. 

Esta nueva plataforma electoral, integrada por Unidad Popular, Pachakutik y Futuro 20, descartó previamente cualquier negociación con dicha agrupación.

El enojo del correísmo 

La reconfiguración administrativa de la candidatura generó reacciones inmediatas. El expresidente Rafael Correa calificó públicamente la alianza con Futuro 20 como una "inconsecuencia". Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, tildó a la abogada de "candidata chimbadora" y cuestionó la ruptura de los diálogos de las facciones de izquierda.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños", detalló Luzárraga en sus canales oficiales, ratificando su hoja de ruta electoral y rechazando los condicionamientos impuestos por agrupaciones externas para definir la papeleta cantonal.

Sindicalista del IESS provoca roce entre José Julio Neira y el asambleísta Adrián Castro

• José Julio Neira y Adrián Castro se enfrentaron por el caso de Rosa Argudo.
• El secretario Neira aclaró que el pago a la sindicalista responde a una sentencia judicial.
• El IESS deberá pagar un total de 47.915 dólares tras confirmarse el despido ineficaz.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y el asambleísta del movimiento ADN, Adrián Castro, protagonizaron este martes 14 de julio de 2026 un tenso roce en la red social X. La disputa digital ocurrió tras las denuncias de Castro sobre la sindicalista del IESS, Rosa Argudo, quien es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario aclaró al legislador oficialista que los montos económicos asignados a la exdirigente corresponden al cumplimiento obligatorio de una sentencia judicial y no a presuntas irregularidades administrativas.

Justicia

Rosa Argudo: las consecuencias que enfrentaría si es condenada por enriquecimiento ilícito

Flor Layedra Torres

Disputa entre José Julio Neira y Adrián Castro 

El legislador Adrián Castro inició el cruce con una publicación en sus redes sociales, la cual posteriormente eliminó. En dicho mensaje, el asambleísta denunció públicamente que la sindicalista Rosa Argudo habría conseguido incluirse de forma irregular en un listado para recibir una bonificación por retiro voluntario.

Te puede interesar | Progen retira pedido judicial tras recibir de Celec informe sobre el rastreo de $104 millones

"¿Cómo alguien se retira voluntariamente cuando salió con despido y ya no es trabajadora? Solicitaremos explicaciones de manera urgente. El IESS no seguirá siendo el botín de esta gente", publicó Adrián Castro, adjuntando imágenes del documento que sustentaba su denuncia.

Horas más tarde, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respondió de manera directa a través de su cuenta oficial en la plataforma X. El funcionario gubernamental le recordó al asambleísta de ADN que el beneficio económico que recibirá Rosa Argudo es el resultado de un proceso judicial que la sindicalista ganó al IESS, descartando así cualquier tipo de anomalía en la gestión actual de la institución.

Los detalles judiciales del dictamen a favor de Rosa Argudo

El secretario José Julio Neira detalló que la sentencia de primera instancia declaró ineficaz el despido de Rosa Argudo, tras comprobarse su condición de dirigente sindical y su separación unilateral de la entidad. Debido a que la trabajadora manifestó su deseo de no continuar con la relación laboral, la justicia ordenó al IESS el desembolso de los siguientes valores:

Te puede interesar | Roberto Luque amplía su versión por el caso Progen, pero guarda silencio sobre los puntos clave

El titular de la Administración Pública añadió que la Corte Provincial rechazó en su momento la apelación presentada por el IESS, ratificando el fallo en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia tampoco casó la sentencia, argumentando que el pago se encontraba legalmente previsto y que no constituyó una decisión extra petita.

Advertencia de José Julio Neira al asambleísta de ADN

En el cierre de su mensaje, José Julio Neira envió una advertencia al legislador oficialista sobre la obligatoriedad de los fallos judiciales en Ecuador.

"Es importante aclarar que no existe ningún impedimento legal para que esta persona acceda a los beneficios de su jubilación. Como abogado, debes conocer que si no se acata la orden de un juez se puede incurrir en incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente", sentenció José Julio Neira.

Te puede interesar | Comisión de Fiscalización inicia el juicio político contra Inés Manzano: estos son los señalamientos

Reacción de Adrián Castro ante las aclaraciones del Ejecutivo

Al ser consultado por Diario EXPRESO sobre esta inusual fricción entre dos figuras vinculadas al oficialismo, el asambleísta Adrián Castro minimizó la confrontación. El legislador se limitó a señalar que la intervención del secretario de Estado sirvió para precisar que los fondos de Rosa Argudo pertenecen a su jubilación por retiro voluntario y no a un bono extraordinario.

Asimismo, Adrián Castro negó de forma categórica que el retiro de su publicación se debiera a reclamos o presiones por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. "Para nada, el Gobierno siempre estará en contra de las mafias que durante décadas hacían de las suyas", concluyó el representante de la bancada de ADN.

Política

Frente Popular alerta “asalto” a vocalía del IESS y exige elección transparente

Marco Rivera

El caso de Rosa Argudo en el IESS de Cuenca

Rosa Argudo se desempeñó como una influyente dirigente sindical del IESS en la provincia de Azuay. Su nombre tomó relevancia en la opinión pública nacional durante el año 2024, cuando la Fiscalía General del Estado inició investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.

Te puede interesar | Los negocios de las tres prósperas empresas que Juan Carlos Aveiga dejó por el Ministerio de Salud

Este 15 de julio de 2026, en Quito, enfrentará una audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito. El caso está a cargo del juez Jairo Alejandro García Mosquera, de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Lo que debes saber 

• La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 00045-A y convocó a una audiencia pública.
• El Ministerio de Educación tendrá 15 días para responder.
• La UNE sostiene que la medida vulnera derechos laborales y de la niñez.

La Corte Constitucional admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la CONASEP y la UNEM contra el Acuerdo Ministerial 00045-A, que dispone actividades los sábados para docentes y estudiantes. Además, el máximo organismo de control constitucional convocó a una audiencia pública para continuar con el proceso.

Política

UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone actividades los sábados

Marco Rivera

La demanda quedó registrada bajo el caso No. 120-26-IN. Con la admisión, la Corte otorgó 15 días al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que intervenga dentro del proceso y presente los argumentos con los que defenderá o impugnará la constitucionalidad del acuerdo ministerial.

En el comunicado difundido este 14 de julio, la UNE informó que la audiencia pública fue convocada para el 20 de julio, a las 11:00, y se desarrollará de forma telemática como parte del trámite constitucional.

Demanda contra el Acuerdo Ministerial 00045-A avanza en la Corte Constitucional

La organización sostuvo que la resolución judicial representa un avance dentro del proceso y destacó que el expediente podría recibir un tratamiento prioritario para acelerar su resolución. Según indicó, la admisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la causa, pero sí permite que el trámite continúe.

Como parte del comunicado, la UNE citó el contenido del numeral 23 del auto de admisión emitido por la Corte Constitucional: "Este tribunal sugiere que el caso sea puesto en conocimiento del Pleno para el adelanto del ordenador cronológico para la resolución de la causa".

La organización sindical reiteró que, a su criterio, el Acuerdo Ministerial 00045-A vulnera derechos laborales del magisterio y afecta el interés superior de niños y adolescentes al modificar la distribución de la jornada escolar y docente.

Política

Acuerdo para actividades escolares los sábados abre debate jurídico en Ecuador

Marco Rivera

UNE sostiene que el acuerdo vulnera derechos laborales

En su pronunciamiento, la UNE argumentó que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establecen una jornada ordinaria de 40 horas semanales, distribuida de lunes a viernes, por lo que considera que el mecanismo previsto en el acuerdo representa un cambio regresivo para el sector educativo.

El comunicado también señala que la medida afectaría la conciliación entre la vida familiar y laboral de los docentes y que, desde la perspectiva del gremio, no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo.

Además, la organización informó que la comunidad educativa permanecerá atenta a las acciones que se desarrollen antes de la audiencia y anunció que convocará movilizaciones en torno al proceso judicial. En el documento afirmó: "La Corte Constitucional ha convocado a las partes procesales a audiencia pública para el lunes 20 de julio de 2026 a las 11:00 de forma telemática".

Lo que debes saber

• La acusación se basa en presuntas omisiones durante la ejecución de un contrato eléctrico emergente.
• La Contraloría habría identificado observaciones en la contratación y en los controles del proceso.
• La Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe para que el Pleno decida los siguientes pasos.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este martes el trámite del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano. La primera intervención estuvo a cargo de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, quien sustentó la acusación al señalar que la exfuncionaria habría incumplido sus deberes constitucionales de supervisión, control y protección de los recursos públicos durante la ejecución de un contrato emergente para generación eléctrica.

Política

Ferdinand Álvarez confirma que la presencia de Inés Manzano en la Comisión no es obligatoria

Marco Rivera

LE PODRÍA INTERESAR: Las rebajas de pena vuelven al centro del debate: ¿qué está en juego?

Los cuestionamientos al contrato con ATM

Palacios sostuvo que el proceso se centra en las actuaciones y omisiones de Manzano cuando ya ejercía la rectoría del sector eléctrico. Según expuso, la exministra no habría adoptado medidas para frenar presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato suscrito entre Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM), pese a que existían alertas técnicas, jurídicas e institucionales sobre posibles incumplimientos.

Durante su exposición, la legisladora afirmó que uno de los principales cuestionamientos radica en los desembolsos realizados a favor de la contratista antes de que se verificara el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas. Indicó que, tras una modificación al esquema de pagos, Celec EP transfirió aproximadamente 71,4 millones de dólares mientras el proyecto acumulaba retrasos y persistían dudas sobre la capacidad técnica y financiera de la empresa.

La proponente del juicio también señaló que, bajo la administración de Manzano, el contrato recibió prórrogas que extendieron su ejecución más allá del plazo originalmente previsto para atender la emergencia eléctrica. A su criterio, esas decisiones permitieron que continuara la ejecución contractual sin que se reforzaran los mecanismos de supervisión, pese a las advertencias que ya circulaban sobre el proceso.

Política

ADN bloquea incorporación de nuevas pruebas en el juicio político contra Inés Manzano

Carlos Isaac Pino

LE INVITAMOS A LEER: Partidos sin líderes propios: ¿por qué dependen cada vez más de figuras externas?

El informe de la Contraloría como sustento

Como uno de los principales fundamentos de la acusación, Palacios citó el informe de examen especial aprobado por la Contraloría General del Estado, el 14 de julio de 2025. Según explicó, el organismo de control identificó deficiencias en la definición de la necesidad contractual, irregularidades en la selección de la contratista, falencias en las garantías técnicas y una supervisión insuficiente durante la ejecución del contrato.

La legisladora argumentó que el juicio político no busca establecer responsabilidades penales o administrativas, sino determinar si la exministra incumplió las funciones que le asignan la Constitución y la ley. En ese sentido, sostuvo que la máxima autoridad del sector tenía la obligación de corregir las irregularidades detectadas, proteger el patrimonio público y evitar que continuaran los desembolsos mientras persistían las observaciones sobre el contrato.

Con el inicio de la sustanciación, la Comisión de Fiscalización continuará recibiendo las pruebas y los argumentos de las partes involucradas en el proceso. Una vez concluida esta etapa, los integrantes de la mesa legislativa elaborarán un informe con una recomendación para el Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que resolverá si continúa el trámite del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La decisión llega después de que el Plan Fénix, la estrategia insignia con la que Noboa llegó al poder para enfrentar al crimen organizado, dejara de ser mencionado por el propio Gobierno y sus principales autoridades.

Una nueva hoja de ruta

El nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 9 de marzo de 2026 y, con el decreto presidencial, pasa a convertirse en la política pública que deberán aplicar las instituciones responsables de la seguridad.

Su implementación estará a cargo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar acciones dentro de sus respectivas competencias.

El decreto también deroga el Decreto Ejecutivo 1331 de 2021, mediante el cual se había declarado como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030.

¿Qué significa declararlo como política pública?

La declaratoria convierte al Plan Nacional de Seguridad Integral en la guía oficial que orientará la actuación del Estado en materia de seguridad durante el período 2025-2029.

El documento fija objetivos nacionales, identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y establece las líneas estratégicas que deberán ejecutar las entidades públicas involucradas.

Entre sus ejes están la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia, la cooperación internacional, la recuperación del control territorial, la gestión de riesgos y la ciberseguridad.

El Plan Fénix desapareció del discurso oficial

El Plan Fénix prácticamente desapareció del discurso del Gobierno.

En junio de 2025, EXPRESO publicó un análisis en el que evidenció que ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Defensa, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas hacían ya referencia a esa estrategia durante sus comparecencias públicas.

Consultados por este Diario, expertos en seguridad coincidían en que el Plan Fénix nunca pudo evaluarse porque sus objetivos y metas nunca fueron públicos.

El exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, señaló entonces que existían dudas incluso sobre su estructura real, mientras que la investigadora Carla Álvarez afirmaba que era imposible medir resultados de un plan cuyo contenido no se conocía.

Por su parte, Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, sostuvo que, independientemente del nivel de reserva del plan, sus objetivos debieron transparentarse para que la ciudadanía pudiera evaluar si estaba cumpliendo con reducir la criminalidad.

Ciencia y Tecnología

Las filtraciones de datos crecieron en Ecuador, según el nuevo Plan Nacional de Seguridad

Giannella Espinoza

La última defensa pública del Plan Fénix

La última vez que Noboa se refirió públicamente al Plan Fénix fue el 9 de abril de 2026, durante una entrevista en Radio Farra, en Portoviejo. En esa ocasión rechazó las críticas que señalaban que la estrategia había perdido vigencia y aseguró que no se trataba de un proyecto temporal. "El Plan Fénix no fue un plan de 15 minutos", afirmó, al sostener que su enfoque estaba basado en la resiliencia del Estado frente a las dinámicas del crimen organizado.

El mandatario explicó que, a su juicio, fenómenos como el narcotráfico y la minería ilegal responden a ciclos. "El Plan Fénix habla de la resiliencia del Estado frente a los ciclos criminales. Hay picos altos y caídas; el mismo tráfico de drogas es cíclico, lo mismo ocurre con la minería ilegal y el precio del oro", señaló.

Desde entonces, el Gobierno no volvió a hablar públicamente sobre el Plan Fénix.

Ecuador

¿Qué contiene el Plan Nacional de Seguridad 2025 - 2029 de Ecuador revelado por Daniel Noboa?

Richard Josue Jimenez Mora

Una estrategia más amplia

A diferencia del Plan Fénix, cuyo contenido nunca fue difundido oficialmente, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral consta de 192 páginas y desarrolla un diagnóstico sobre las amenazas que enfrenta el país.

Entre ellas identifica al crimen organizado transnacional, las economías ilícitas, la corrupción, la minería ilegal, los ciberataques, la ciberdelincuencia y los riesgos asociados al conflicto armado interno.

El documento también incorpora capacidades estratégicas como la ciberdefensa, la protección de infraestructura crítica, la innovación tecnológica y la cooperación internacional como parte de la política de seguridad del Estado.

Ecuador

Manabí registra menos homicidios y delitos, según balance de Daniel Noboa

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

En conflicto interno permanente

La decisión se adopta mientras el país continúa bajo la declaratoria de conflicto armado interno emitida en 2024 para enfrentar a las bandas criminales, a las que el Ejecutivo cataloga como organizaciones terroristas.

Pese a esa estrategia, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta registrada en el país, según datos del Ministerio del Interior citados por EFE.

Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Gobierno institucionaliza una nueva estrategia oficial de seguridad, con objetivos, amenazas y responsabilidades definidas en un documento público, dejando atrás el Plan Fénix, cuya estructura y contenidos nunca fueron divulgados oficialmente.