Lo que debes saber

• El arranque anticipado de precandidaturas, incluso sin primarias ni alianzas definidas, evidencia una práctica recurrente: figuras que buscan primero posicionarse y luego conseguir respaldo partidario, mientras los propios partidos recurren a externos para sobrevivir políticamente.
• Casos en Quito, como los de Pabel Muñoz y Jorge Yunda, reflejan esta lógica, donde el “capital político” personal pesa más que la pertenencia orgánica, exponiendo debilidades en la estructura de los movimientos.
• Analistas advierten que esto revela una crisis profunda del sistema de partidos, con escaso control del CNE y proliferación de organizaciones “de alquiler”

El periodo para las primarias, en el marco de las seccionales 2026, aún no inicia. Tampoco ha empezado el lapso para el registro de alianzas electorales. Hay organizaciones políticas que todavía pugnan por no salir del registro. Pero, los precandidatos ya entraron en escena.

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Una vez más, la elección de autoridades locales se ha convertido en el escenario para lanzar nombres sin el respaldo claro de un partido, con el objetivo de incidir en el tablero electoral en busca de un auspicio. Este fenómeno, además, es de doble vía. Los propios partidos políticos, en busca de resultados que no los acerquen a la cancelación, recurren a figuras externas a sus bases.

El escenario de precandidatos en Quito

En Quito, por ejemplo, las encuestas ubican a dos figuras fuertes en la carrera por la Alcaldía. Una es el correísta Pabel Muñoz, quien, en caso de buscar la reelección, deberá hacerlo por un movimiento diferente, ya que sobre la Revolución Ciudadana pesa una suspensión del Contencioso Electoral.

El otro es el exalcalde Jorge Yunda. Fue asambleísta por la Revolución Ciudadana y llegó a la Alcaldía por Unión Ecuatoriana, del exfiscal y excandidato presidencial Washington Pesántez, aunque nunca fue adherente de esa organización.

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Ahora, Yunda ha confirmado su participación en las seccionales y espera el proceso de primarias de Centro Democrático, otro movimiento del cual tampoco ha sido adherente ni parte de sus bases, donde se supone deberían formarse los cuadros políticos.

En una entrevista publicada por EXPRESO el pasado 10 de abril, Yunda dijo algo clave: “Yo tengo mi propio capital político, con eso voy a la lid electoral”. Es decir, la exposición y el reconocimiento pesan al momento de poner en oferta un perfil para buscar partido.

No es el único caso. En Quito, el exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, también se declaró precandidato a la Alcaldía. Al ser consultado en una de sus ruedas de prensa sobre el auspicio que tendría, no supo responder.

La crisis de partidos políticos

Ambos casos son solo ejemplos de un problema más profundo de la democracia y del sistema de partidos en Ecuador. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Medardo Oleas, lo resume así: “Si aplicamos la Ley, solo los candidatos designados por las organizaciones políticas pueden ser presentados como candidatos. Aquí sucede a la inversa: yo quiero ser candidato y ya buscaré con cuál de las tantas organizaciones disponibles para venta o alquiler participo”.

Para Oleas, esto también evidencia un escaso control del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la realización de las primarias. “El concepto fundamental es que las candidaturas nazcan de las organizaciones porque cada una de ellas es la que está preparando los planes de trabajo”, agregó.

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Por su parte, el analista electoral Daniel González señaló que Ecuador no ha superado la crisis de partidos y movimientos políticos. “Tenemos cerca de 300 organizaciones políticas de diferentes circunscripciones y muchas de ellas son solo membrete. Se crean para negociar políticamente y tener espacios de prebendas o de alquiler”, manifestó.

Otro factor que incide en la búsqueda de figuras posicionadas de cara a las seccionales es el calendario electoral. El CNE decidió adelantar las votaciones para el 29 de noviembre, lo que también aceleró el tiempo para las primarias y la inscripción de candidaturas. En la práctica, las organizaciones políticas tienen menos margen para posicionar candidatos e, incluso después de inscritos, hacer campaña.

González planteó que es necesaria una reforma profunda al Código de la Democracia y, en ese escenario, la Asamblea Nacional es clave. Los últimos cambios a esa normativa ocurrieron en el actual periodo legislativo. Una de la promesas, tanto de ADN como de RC fue precisamente enfrentar este tipo de fenómenos. Solo la lista definitiva de candidatos probará si se cumplió o no ese objetivo.

Lo que debes saber

• Marketing: La gestión de Pinto es un síntoma de un Gobierno que prioriza el marketing digital y el branding en redes sobre una verdadera visión de Estado.
• Desconexión: Existe una grave desconexión entre la narrativa de TikTok y la realidad social, evidenciada en la crisis de salud frente a videos frívolos.

Si la vicepresidenta María José Pinto retiró de sus redes sociales dos videos que le generaron una ola de críticas y burlas crueles, es porque la realidad terminó imponiéndose a la comunicación política o Compol, el nuevo evangelio de los asesores de imagen y estrategas que han reemplazado a la política por el mercadeo y el branding en redes sociales. Aunque no es una víctima de todo esto, porque ya es una adulta que tiene capacidad para decir “yo no hago esto” y que se supone debe tener cierta estatura de estadista, Pinto es tan solo un síntoma y no la enfermedad.

La verdadera enfermedad es la nula o, en el mejor de los casos, la miope visión de estadistas que tienen quienes están al frente del Gobierno y de todos los organismos del Estado. Se trata de una enfermedad que tiene características de epidemia, porque afecta a casi todos los funcionarios responsables de los distintos poderes en el Ecuador.

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El error estratégico del Museo del Prado

Veamos: para comenzar, ¿a quién se le pudo ocurrir la terrible idea de presentar a Pinto en un video en el Museo del Prado, en Madrid, diciendo que fue a aprender un modelo de gestión para el próximo Museo Nacional, cuando su gestión en la salud, por la razón que fuere, ha sido un estrepitoso fracaso? Es obvio que los ‘compoleros’, es decir, los tecnólogos de la comunicación política o Compol que administran (sí, administran) a los funcionarios públicos, no son capaces de medir lo que la gente vive en el mundo real y piensan que todo se resuelve en un reel de TikTok o Instagram.

Pinto podría ser la persona más adecuada y capaz para montar un sistema de gestión para el Museo Nacional, pero, si está en medio de una tormenta por lo que ocurre en la salud pública, ¿a quién se le ocurrió darle el encargo de gestionar capacidades para el Museo Nacional? Quien haya tenido la idea, para comenzar, no tiene la más mínima capacidad de empatía con la sociedad ni siquiera con la propia Pinto: hacerle el encargo y luego producir un video con ella desde las elegantes y plácidas salas del que quizá es el mayor museo de arte del mundo parecería obra de un enemigo suyo.

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Falta de sentido común y delegación de funciones

Y todo se reduce, realmente, a un problema de falta de sentido común: si se tiene un patio desorganizado, sucio y con malos olores, no se le da el encargo de organizar la fiesta del condominio al responsable de tener todo nítido en el patio. Además, todo era muy sencillo: se podía haber enviado a la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para que hiciera esa tarea, ya que desde su despacho se han manejado con éxito las gestiones para el Museo Nacional.

Pinto, sin embargo, no queda exenta de responsabilidad por lo ocurrido: ¿por qué no se negó a hacer un comercial -porque eso era finalmente el video- en el que aparecía en el Prado aprendiendo cómo funciona ese museo? Para comenzar, debía haber dicho que ese fue un encargo de la Presidencia de la República -como en efecto ocurrió-, en lugar de salir ahí como una aparecida. Si hubiera dicho que el encargo provenía de la Presidencia, quizá no habría quedado tan mal parada.

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La desconexión con la crisis de salud

También es verdad que Pinto ya venía protagonizando algunos papelones que explican la reacción social frente al video en el Prado. Muy poco antes ya había publicado otro en el que aparecía columpiándose plácidamente, con los ojos cerrados y escuchando música de Pamela Cortés, precisamente el mismo día en que unos niños amazónicos habían muerto en un hospital de Cuenca por falta de atención adecuada. ¿Existe mejor y más potente forma de graficar a una persona desconectada de la realidad que escuchando música con audífonos y los ojos cerrados?

La indignación no solo fue por lo de los niños fallecidos ese día, sino por todo lo que venía arrastrándose en el campo de la salud, que le encargó el presidente Daniel Noboa. Un encargo que, con todo lo que se ha visto hasta hoy, resultó ser un acto de inmensa irresponsabilidad, porque para asumir esa tarea debió haberse designado a alguien empapado de la problemática de la salud pública. Irresponsabilidad, además, por haberle impuesto como encargado del viceministerio a alguien que había fracasado como secretario jurídico de Carondelet: Stalin Andino.

El límite de la comunicación digital

Ese video produjo, al igual que el del Museo del Prado, una ola de indignación y burlas, por lo que Pinto también terminó borrándolo de sus redes sociales. Lo increíble es, además, que con la experiencia del video del columpio haya publicado el del Museo del Prado, cuando también era lógico que desatara el mismo tipo de reacción.

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Que Pinto haya pecado de inocente o de poco sensible no es el problema de fondo. El verdadero problema es que el Gobierno del presidente Noboa se maneja con lógicas completamente apartadas de una visión estadista y se rige por lo que los asesores de imagen consideran más rentable desde el punto de vista comunicacional. Y ese recurso puede funcionar, pero solo hasta cierto punto: TikTok tiene un límite que se llama realidad.

Lo que debes saber

• Ciudadanos organizados han difundido manifiestos en defensa de la democracia y libertades, en abril 2026.
• Activistas y analistas alertan sobre autocensura y persecución en 2026, dicen que empezó en el correísmo.
• Señalan que crisis económica y temor frenan la participación ciudadana y la defensa de derechos en Ecuador.

Hace 13 años, Pamela Troya, entonces de 31 años (hoy tiene 44), logró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancione al pastor Nelson Zavala por sus expresiones discriminatorias en contra de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexo y queer (Lgbtiq+). En ese mismo año impulsó el matrimonio civil igualitario.

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Alejada de su cuenta en X (antes Twitter), desde hace unos meses, donde ha criticado tanto al correísmo como al gobierno de Daniel Noboa, Troya responde: "La mayor parte de la ciudadanía, incluyéndome, lucha por sobrevivir; muchos viven con un dólar diario. La situación económica ha empeorado, y el Gobierno, en medio de una crisis sanitaria, está despidiendo médicos".

En este contexto, Troya comprende que muchos ciudadanos no priorizan organizarse o reaccionar ante injusticias. “Implica un desgaste emocional y la factura es grande: no se consigue empleo porque persiguen”. Su última lucha fue contra la Liga Azul, en el CPCCS.

Se activan colectivos ciudadanos

Por otro lado, quienes integran Rumbo Plural, un colectivo que surgió en X el 8 de abril del 2026, eligieron un camino distinto. Agrupa a docentes universitarios, abogados, empresarios y políticos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas.  

“No somos un partido ni una plataforma electoral”, aclaran, y aseguran que una ciudadanía unida puede transformar el futuro del país.

La opinión de Karen Sichel, de Rumbo Plural

Karen Sichel, abogada y exasesora jurídica en la presidencia de Guillermo Lasso, se ha pronunciado con frecuencia en medios. Ha sido crítica de algunas políticas del Gobierno. Es parte de la plataforma.

Sobre el temor a represalias, que hace que muchos callen, Sichel admite que, como ciudadana, no es sencillo. Dice que cuando brinda una entrevista o publica una opinión en redes, piensa que puede haber consecuencias jurídicas.  

"Tenemos una Fiscalía que, lamentablemente, es una alfombra del poder. La Superintendencia de Compañías persigue a la prensa, la Contraloría vigila a los jueces; todas las instituciones del poder responden a intereses del Gobierno. Esto no es solo del correísmo ni del gobierno de Noboa; es un problema sistémico", afirma.

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Sichel admite: "Eso nos hace pensar dos veces qué decir y cómo. El mejor escenario es cuando solo hay campañas de trolls; el peor, la persecución penal. El miedo está presente, pero como ciudadanos tenemos deberes: no podemos dejar que la persecución nos silencie; si no hablamos, mañana podremos ser nosotros".

Ante fallas de partidos que no representan y del CPCCS o Asamblea, buscamos que la ciudadanía reaccione, independientemente de quien esté en el poder.Karen Sichel/ abogada

Antes el Colegio Mejía salía a las calles

Darwin Seraquive es abogado, docente universitario y exmiembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y exsecretario del CPCCS Transitorio. Cree que hay organizaciones como Yasunidos o el movimiento indígena y el de mujeres que se mantienen, pero en general el correísmo dividió la organización social.

Asimismo Seraquive apunta que no se ve una organización autónoma y espontánea de ciudadanos frente a hechos que vulneran derechos por temor. Incluso cree que hay temor al crimen organizado.

En otros tiempos —recuerda Darwin Serraquive— los estudiantes secundarios, del Mejía y Montúfar; y los de la Universidad Central “encendían la mecha, con sus protestas. Hoy están en redes sociales”.  

Además considera que si antes había “represión” o incluso se pedía la cabeza del rector, ahora “a la abogada (Alexandra) Villacís la inhabilitaron para que no presida la Judicatura”.

"Hoy la crítica es mal vista": Gonzalo Muñoz

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, se sumó a Rumbo Plural, desde su lanzamiento. Comenta que el colectivo "nace de una legítima preocupación ciudadana por el estado actual del país, que se debate en dos populismos: de izquierda y derecha. No es correcto".  

Buscan dar lugar a “una conversación profunda, elevando el debate público a niveles de racionalidad, por eso lo conformamos personas de todas las tendencias”.

El abogado ve “un ambiente persecutorio, en donde dar la opinión es mal visto, se confunde crítica con oposición”. Pero, le parece necesario juntarse entre ciudadanos con “probidad notoria”. Espera que la plataforma crezca, para fomentar el debate en todos los ámbitos, no solo el académico. Y para proponer reformas y proyectos de ley e incidir en política pública, en temas jurídicos, etc.

Otros manifiestos en defensa de la democracia en Ecuador

El jueves 16 de abril del 2026, en redes se difundieron manifiestos con firmas de cien profesores y activistas y otro titulado Unidos Por Ecuador, pidiendo respeto a la democracia. De este último se dijo que solo se trataba de una carta, no se identificó un vocero.

¿Sirve que los ciudadanos se activen?

Pamela Troya destaca que haya ciudadanos que se junten, pero esperaría que se tracen un objetivo más tangible. Sobre eso, Darwin Seraquive anota que en el país no hay cultura de respeto a la participación ciudadana y solo al llegar a un cargo público se logra influir.

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Para la institución se trata de un mantenimiento que se desprende de un ataque informático que se registró el fin de semana pasado. Mientras que para el periodismo, los activistas y la sociedad civil es un apagón a la transparencia en un momento crítico.

"Ataques" informáticos sin rostro ni detalles

El miércoles pasado, la Contraloría esbozó una suerte de respuesta ante un pedido de EXPRESO sobre los problemas que se registran para acceder a la información pública de las declaraciones juramentadas de bienes, es decir, los datos de los activos, pasivos y patrimonio de los funcionarios públicos a través de su página web.

"La Contraloría está trabajando en ese tema. Fueron tres secciones de nuestra página web que tuvieron ataques y se intentó vulnerar la seguridad: 1. Consultas de resoluciones, 2. Informes aprobados y 3. Declaraciones Patrimoniales Juradas. En el caso de los informes aprobados, ya se encuentra completamente habilitado, en las próximas horas se habilitarán las demás secciones", señaló la Contraloría.

La respuesta carecía de detalles importantes, por ello, este Diario remitió un pliego de preguntas que la institución de control aún no ha respondido:

Hasta el cierre de esta nota, la incertidumbre es la única respuesta. El país no sabe cuándo podrá volver a fiscalizar los informes de patrimonio de sus autoridades.

Coincidencias entre los ataques y denuncias públicas

La caída del sitio de consultas de declaraciones ocurre en medio de una ola de publicaciones provenientes de la sociedad civil que denuncian supuestas contrataciones de familiares del contralor Mauricio Torres dentro de la institución que preside.

El pasado 8 de abril, la CGE ya advertía sobre supuestas "campañas de desprestigio". En aquel comunicado oficial, la entidad sostuvo que la publicación de ciertos informes había activado estrategias para "atentar contra la honra y reputación" del Contralor y su entorno familiar.

“Se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Se ha puesto en conocimiento de las autoridades la participación de personas inescrupulosas”, reza el documento del 8 de abril.

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Días atrás, el Contralor se refirió al tema de la denuncia de presunto nepotismo. Aseguró que no ha contratado a sus familiares en la institución que preside.

"No tengo ningún parentesco con ninguno de los que se ha nombrado", dijo en La Defensa. Él mencionó que su esposa trabajó en la Contraloría, pero que ella renunció para que no haya problemas cuando él asumiera, y que ahora su cónyuge trabaja en el Consejo de la Judicatura; y el caso de su hermana como funcionaria de la Fiscalía.

"Tienen derecho. ¿Por ser mi familia no pueden trabajar ahí? ¿Nadie va a trabajar ahí? Deberíamos buscar un contralor que sea un empresario, que tenga mucho dinero para que la familia trabaje en sus empresas", dijo.

Lo cierto es que al final de la semana, el sistema sigue caído o como se lee en el sitio web: "Página en mantenimiento". Esto deja a la fiscalización social con las manos atadas. Actores de la sociedad civil exigen saber si se trata de una vulnerabilidad técnica real o de un muro digital para evitar el escrutinio.

Lo que debes saber

• Un operativo municipal en La Bahía terminó en agresiones contra agentes de control la tarde de este viernes 17 de abril.
• Según el Municipio, varios ciudadanos lanzaron objetos contundentes y atacaron físicamente a los uniformados mientras se retiraban productos por incumplir las ordenanzas.
• Las autoridades revisan videos del sistema C6 GYE para identificar a los responsables.

La tarde de este viernes 17 de abril se registró una agresión en el centro de Guayaquil, específicamente en el sector de La Bahía. En esa zona se realizaba un operativo de control del espacio público cuando varios ciudadanos atacaron a agentes municipales.

Según la empresa pública municipal SEGURA EP, a través de un comunicado, los hechos ocurrieron en la calle Chimborazo, mientras personal de control retiraba temporalmente productos a una persona que, aseguró, incumplía las ordenanzas vigentes.

Los agentes municipales fueron atacados con objetos contundentes y también sufrieron agresiones físicas durante el operativo.

De acuerdo con la entidad, entre los involucrados habría ciudadanos extranjeros. Además, se indicó que el ataque quedó registrado por el sistema de videovigilancia C6 GYE.

Municipio de Guayaquil busca identificar responsables

A través de las cámaras de seguridad del sistema C6 GYE, las autoridades municipales trabajan en la identificación de las personas responsables de la agresión.

El objetivo es iniciar las acciones legales correspondientes para lograr la detención de quienes participaron en los ataques contra los uniformados.

Las autoridades municipales aseguraron que mantendrán los operativos de control en La Bahía y otros sectores del centro de Guayaquil.

En el comunicado, la empresa pública reiteró su compromiso de mantener el orden público y hacer cumplir las ordenanzas municipales, respetando los derechos humanos.

“Exigimos total respeto para quienes cumplen la labor de resguardar la convivencia ciudadana”, señaló la institución.

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No se conoce el número de afectados

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas resultaron afectadas durante la agresión ni el número exacto de agentes municipales heridos.

La agresión ocurrió durante un operativo municipal en una de las zonas comerciales más concurridas de Guayaquil.

Las claves del caso

• El CPCCS sesiona este 17 de abril para ratificar el informe y agilizar la designación del nuevo vocal.
• Caicedo, Chiluiza y Echaiz superan objeciones basadas en videos de TikTok y copias simples sin validez.
• Los candidatos expondrán su plan de trabajo ante el Pleno tras la accidentada salida de Mario Godoy.

La comisión técnica recomendó la inadmisión de todas las impugnaciones presentadas contra los candidatos Mercedes Caicedo Aldaz, Paquita Chiluiza Jácome y Ramón Echaiz Lavayen, debido a que los denunciantes no presentaron los sustentos documentales certificados exigidos por la normativa vigente, basando sus quejas en enlaces de redes sociales y copias simples sin validez probatoria.

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Falta de pruebas frena las objeciones contra los postulantes

A pesar de que las objeciones cumplieron con los requisitos formales de presentación, el informe técnico fue tajante: ninguna impugnación contó con respaldo documental original o copias certificadas. Según el documento, los ciudadanos que intentaron frenar la candidatura de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia presentaron como "pruebas" únicamente números de procesos judiciales y enlaces a plataformas como TikTok, lo cual contraviene los principios de pertinencia, lealtad y veracidad del proceso.

Los candidatos más cuestionados en el proceso

La terna ha enfrentado resistencia por presunta falta de probidad notoria, entre otras objeciones, siendo los postulantes distribuidos de la siguiente manera según el número de recursos presentados:

Veedor alerta de una variación en el análisis de las impugnaciones

Sin embargo, el veedor ciudadano del proceso, Daniel Vergara Llerena, señaló en un informe que la mesa técnica no trató un memorando sobre una fe de erratas, pese a que fue alertado por uno de los integrantes.

Vergara también alertó de que se evidenció la aplicación de un criterio distinto para analizar una de las impugnaciones, valorando aspectos de fondo y no solo de forma, “lo que interpretarse como una variación en el tratamiento de los casos”.

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Sesión del Pleno del CPCCS para ratificar el informe

El Pleno del CPCCS tiene previsto sesionar hoy a las 17:15 para ratificar este informe. Una vez aprobado, el proceso entrará en su fase final donde los aspirantes deberán exponer sus planes de trabajo y líneas de gestión ante los consejeros. Esta designación surge tras la salida de Mario Godoy y la controversia en torno a Alexandra Villacís, cuya restricción para ejercer cargos públicos fue aclarada mediante un habeas data.

Lo que debes saber

• 28 postulantes (9 mujeres y 19 hombres) avanzan a la fase de méritos para Fiscal General este 17 de abril.
• La Comisión Ciudadana revisó 75 expedientes y aceptó una reconsideración tras el filtro inicial de admisibilidad.
• El informe pasa al Pleno del CPCCS para ratificación, mientras comisionados rechazan críticas de la veeduría.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado aprobó el informe de admisibilidad este 17 de abril de 2026. Tras resolver pedidos de reconsideración, 28 aspirantes están habilitados para la fase de méritos, mientras el proceso enfrenta duras críticas por parte de la veeduría ciudadana.

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Candidatos habilitados y la ratificación del CPCCS

El informe final de admisibilidad detalla que, tras revisar 75 expedientes, un total de 28 postulantes (9 mujeres y 19 hombres) superaron el filtro inicial. Aunque inicialmente solo 27 aspirantes fueron admitidos, la Comisión aceptó una de las 35 solicitudes de reconsideración presentadas, integrando a un nuevo candidato al proceso de selección del próximo Fiscal General del Estado.

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Este documento técnico ahora debe ser remitido al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para su ratificación oficial. Una vez aprobado por el Pleno, se declarará precluida la fase de admisibilidad y se dará inicio formal a la calificación de méritos, donde se evaluará la trayectoria profesional de cada candidato.

Polémica con la veeduría: "Quieren hacer un sainete"

Durante la sesión, el comisionado Santiago Arpi rechazó las denuncias realizadas por Guido Egas, nuevo coordinador de la veeduría ciudadana. Arpi calificó los cuestionamientos como "infundadas" y aseguró que quienes critican el certamen "ni siquiera han leído el reglamento".

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El comisionado señaló que existe un intento de deslegitimar el concurso, similar a lo ocurrido con el anterior coordinador, Hugo Arteaga. "El nuevo veedor nos ha felicitado porque no hemos puesto trabas. Ojalá en el nuevo cargo no nos vea como sus contrarios", manifestó Arpi, instando a mantener la transparencia en la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía.

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Un cruce de acusaciones se produjo entre Centeno y la exlegisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón. La primera sostuvo que la reforma fue iniciativa de la exasambleísta del correísmo en el periodo pasado.

Centeno escribió: “En este país lo más difícil no es enfrentarse a los malos, sino a los que se disfrazan de profesionales y terminan manipulando información para ganar likes”. La referencia fue a la abogada María Dolores Miño, por una publicación en la que señalaba a ADN como impulsor de la reforma.

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Garzón, por su parte, desestimó lo dicho por la asambleísta del oficialismo. “Valentina: el cargo exige rigurosidad, y el proyecto que citas, no es el que se ha criticado en las últimas horas. Ciberacoso y violencia digital no son lo mismo”, escribió.

El origen del conflicto

En las últimas horas se criticó en redes sociales un fragmento de la reforma. Dicho apartado señala que la violencia digital consiste en que una persona, a través de medios electrónicos o telemáticos —incluidos servicios, plataformas, aplicaciones y otros entornos digitales— persiga, intimide, humille, difame o amenace, directa o indirectamente, y que será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de 2 a 24 salarios básicos unificados.

En el documento que consta en el sistema de la Asamblea Nacional, en cambio, se habla de ciberacoso. En el texto se lee: “Se entenderá como violencia digital o ciberacoso aquellas acciones repetitivas o no en las que una persona, a través de medios electrónicos, digitales o virtuales, realice acciones de hostigamiento, persecución, acecho, intimidación, amenazas, humillación, difamación o cualquier forma de acoso hacia otra persona, afectando su integridad física, psíquica, emocional o su derecho a la intimidad y privacidad, dichas acciones serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Se agrega: “Si estas acciones provocan en la víctima alteraciones en su vida cotidiana, como cambios en sus rutinas, actividades, lugares de trabajo o estudio, o generan temor por su seguridad o la de su entorno familiar, la pena será de tres a cinco años”.

La explicación de Garzón fue que es necesario nombrar todos los tipos de violencia porque, de lo contrario, no existen. “También presenté una reforma para tipificar violencia vicaria y feminicidio porque las mujeres las sufrimos. Ninguna propuesta trabajada por mí se hizo en solitario o salió de alguna oficina. Ciberacoso es causa de suicidio, de violencia en las aulas universitarias, en los trabajos, etc.”.

Diferentes documentos pero una misma sanción

El punto de mayor controversia radica en que el artículo menciona la difamación y establece una pena privativa de libertad, lo que ha generado preocupación más allá de la autoría del proyecto de ley. EXPRESO se contactó con Garzón, quien explicó:

“El cometimiento del delito estaba en lo reiterativo. Si se suma el contexto machista, la Inteligencia Artificial (IA) y lo demás podía volverse reiterativo. Decimos que no es sancionatorio porque no nos estamos inventando una pena por fuera de lo que ya existe”.

También indicó que se especificó que no solo se sanciona, por ejemplo, la filtración de un contenido íntimo, sino el acoso en su conjunto, incluyendo mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales.

“Cuando lo estábamos estudiando, a mí me parecía que queda corto. Lo que hicimos fue que, en conjunto con la Secretaría de Mujeres de México, ver cómo estaba allá aterrizado ese tema. Y era bastante corto; solo generar un tipo penal con enfoque de género y ponerlo para que sirva como agravante”, explicó.

Con ello, según la exlegisladora, el delito por el cual se determina una pena no es únicamente el ciberacoso, sino que, “en el contexto de violencia puede pasar que un femicida o la familia del femicida acose a la familia de la víctima”.

Sobre el posible alcance a impedimentos para el cuestionamiento o críticas a funcionarias públicas, Garzón dijo que la reforma se circunscribe a una perspectiva de género y no se incluye la violencia digital y un paraguas tan amplio que pueda vulnerar la libertad de expresión. 

¿Qué pasará ahora?

El futuro de la reforma parece definido, al menos desde el lado de ADN en la Asamblea. Centeno señaló: “No es iniciativa de nuestra bancada y no llegará al Pleno con esa redacción. Lo que sí vamos a empujar son las reformas penales contra el narco, justo las que los mismos de siempre se dedican a bloquear”.

Lo que debes saber

• Cynthia Jacho defiende su integridad y denuncia bloqueos en el concurso de Fiscal General este 17 de abril.
• La presidenta de la Comisión rechaza acusaciones de Luis Molina sobre supuestas fallas en su postulación.
• Jacho y el CPCCS enfrentan demandas judiciales de Washington Andrade por manejo de expedientes fiscales.

Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, defendió este 17 de abril de 2026 la transparencia del proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado. Ante los cuestionamientos por su juventud y presuntas irregularidades denunciadas por sectores políticos, Jacho calificó las acusaciones de "incoherentes" y denunció un plan para obstaculizar el concurso público. La funcionaria aseguró que su gestión cuenta con el respaldo legal del CPCCS y representa la renovación generacional en la vida pública del Ecuador.

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Cynthia Jacho rechaza ataques contra el concurso para Fiscal General

Durante la sesión del pleno de este viernes, Cynthia Jacho calificó de "ilógico" que se pretenda invalidar su integridad utilizando como argumento su reciente incursión profesional. La comisionada enfatizó que estos señalamientos carecen de fondo y solo buscan sembrar dudas en la opinión pública para frenar el avance de la selección.

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"Resulta incoherente que se pretenda manchar mi nombre con un documento que ni siquiera he suscrito", afirmó la funcionaria, quien recordó que superó todos los filtros establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Denuncias de Luis Fernando Molina y presión judicial sobre el CPCCS

El proceso enfrenta fuertes tensiones políticas y legales que amenazan los tiempos de designación:

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Lo que debes saber

• Ecuador se encuentra en estado de conflicto armado interno oficialmente desde el 9 de enero de 2024.
• Según datos de InSight Crime, Ecuador figura como el tercer país más peligroso de la región. En 2025, el país registró un incremento del 31,2 % en los niveles de violencia.
• El presidente Daniel Noboa publicó un video el viernes 17 de abril de 2026 en el que abordó mejoras en la seguridad y la economía del país.

Apresuradas. Así califican expertos en seguridad las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta reducción de muertes violentas en Ecuador. Señalan que el análisis oficial carece de contexto y comparación técnica suficiente.

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El anuncio del Gobierno

El viernes 17 de abril de 2025, a las 07:02, el mandatario publicó un video en su cuenta personal de Facebook. Allí afirmó que las muertes violentas bajaron 14 % frente al primer trimestre de 2025 y agregó que marzo de 2026 registró una caída del 24 %.

Según sus declaraciones, los resultados responden a la aplicación de la tasa de seguridad, al estado de excepción y al toque de queda. También sostuvo que en las provincias fronterizas la violencia ha disminuido.

El mandatario afirmó que estas medidas permitieron actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas. Con ese argumento, sostuvo que “estamos recuperando es la confianza, la confianza en el país”.

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Cuestionamientos por falta de sustento técnico

Sin embargo, el experto en seguridad Andrés Williams considera que esas declaraciones carecen de credibilidad. Afirma que el mandatario recurre a un enfoque sensacionalista sobre las muertes violentas y sostiene un argumento sin sustento técnico.

“Es un tiempo tan corto”, insiste el analista. Advierte que ese lapso impide evaluar con rigor los resultados en materia de violencia.

El toque de queda rigió del 15 al 30 de marzo de 2024 en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. Además, desde el 1 de febrero de 2026, Ecuador aplica la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia.

Advertencias sobre evaluaciones prematuras

Con esa línea crítica, el experto en seguridad Jean Paul Pinto coincide en que aún no existen elementos suficientes para hablar de una mejora. Sostiene que resulta prematuro afirmar una reducción de la violencia cuando los datos corresponden a un periodo tan corto.

“Es muy pronto para decir esto”, advierte. Señala que no tiene sentido hablar de una baja si en el siguiente trimestre las cifras pueden duplicarse.

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El control territorial, la variable ausente

Con ellos coincide Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Advierte que el corto plazo impide medir con precisión los efectos de las medidas recientes.

El exjefe de Inteligencia sostiene que el análisis oficial se limita a cifras y deja de lado el control territorial. Plantea que la reducción de muertes no siempre refleja una mejora en la seguridad.

Explica que la violencia puede responder a dinámicas distintas entre organizaciones criminales. Señala que una baja en los homicidios puede evidenciar la consolidación de un grupo dominante en un territorio.

En ese escenario, la disminución de asesinatos no implica menor criminalidad. Más bien, puede indicar que una estructura delictiva controla la zona y regula la violencia.

Por ello, insiste en que el Estado debe evaluar quién ejerce el control real en los territorios. Considera que, sin ese enfoque, las estadísticas ofrecen una lectura incompleta del problema.

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Nuevas formas de medir la violencia

Por otro lado, Williams advierte que el análisis de la violencia ya no puede limitarse a las muertes registradas. Sostiene que el país debe incorporar variables como las desapariciones forzadas y los asesinatos múltiples para entender la magnitud real del fenómeno.

Explica que estas dinámicas reflejan nuevas formas de operación del crimen organizado. Señala que, sin esos indicadores, el diagnóstico queda incompleto y puede distorsionar la lectura de la seguridad.

Williams también cuestiona que una reducción de homicidios implique una mejora real. Afirma que la violencia puede desplazarse o cambiar de modalidad sin desaparecer.

Pinto enfatiza que los verdaderos resultados se medirán al cierre del año. Asegura que toda reducción debe ser sostenida en el tiempo para tener validez.

En ese contexto, insiste en que una caída temporal carece de utilidad para evaluar la seguridad. Reitera que, si las muertes se incrementan después, el balance anual terminará en los mismos niveles.

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La presidenta de la comisión, Diana Jácome, destacó que el documento es resultado de un proceso participativo que incluyó aportes de expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil. El objetivo central es reducir los tiempos de los procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Coherencia con la Constitución y derechos de la niñez

La mesa legislativa concluyó que la propuesta guarda coherencia con la Constitución de la República y con el ordenamiento jurídico vigente. Se constituye, además, en una herramienta necesaria para asegurar la tutela efectiva y oportuna de los derechos de la niñez, especialmente de aquellos que permanecen en instituciones de acogida.

El proyecto plantea reformas clave a los códigos orgánicos de la Niñez y Adolescencia, General de Procesos y de la Función Judicial. Estas modificaciones buscan eliminar barreras estructurales y procesales que actualmente retrasan los procesos de adopción, generando incertidumbre para las familias y prolongando la permanencia de menores en centros de acogida.

Principales reformas que introduce el proyecto

Entre los cambios más relevantes se destacan:

El proyecto también incorpora medidas de protección integral, como nuevas causales de privación de patria potestad en casos de vulneración grave de derechos. 

Medidas complementarias para garantizar derechos

El proyecto de Ley Orgánica de Agilización Judicial para la Adopción incorpora disposiciones adicionales que refuerzan la protección integral de la niñez. Entre ellas, se establece que el juez que ordenó medidas de protección será también competente para conocer la declaratoria de adoptabilidad, evitando duplicidad de procesos y garantizando mayor celeridad en las decisiones. 

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Otra medida relevante es la incorporación de políticas de inclusión para adolescentes que no fueron adoptados hasta cumplir los 18 años y deben abandonar instituciones de acogida. El proyecto dispone que el Estado otorgue becas y ayudas económicas, además de cuotas en el acceso a la educación superior, con el fin de garantizar oportunidades de desarrollo y reducir la vulnerabilidad social de este grupo.

Finalmente, la propuesta fija plazos máximos para cada etapa del proceso de adopción, como diez días para informes de consentimiento, dos meses para investigaciones policiales y técnicas, seis meses para reinserción familiar y dos meses para el emparentamiento. Además, se sanciona el incumplimiento de plazos por parte de servidores judiciales y administrativos, y se evita la repetición innecesaria de diligencias ya realizadas.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, enfrenta un proceso de remoción.
• La reestructuración de la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal de Guayaquil marcó el inicio formal del proceso de remoción.
• Aunque el trámite aún está en una etapa inicial, el COOTAD establece una serie de pasos obligatorios que incluyen la revisión de la denuncia, el derecho a la defensa y una votación final que requiere al menos 10 votos del Concejo.

La posible remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha generado expectativa política en la ciudad. Este jueves 17 de abril, durante una sesión del Concejo Cantonal, se aprobó la nueva integración de la Comisión de Mesa que deberá tramitar la denuncia planteada contra el alcalde.

La moción fue presentada por la concejala Emily Vera, quien explicó que la conformación original de la Comisión de Mesa incluía al propio alcalde, a la vicealcaldesa Tatiana Coronel y al concejal Terry Álvarez.

Para garantizar la pluralidad y evitar posibles conflictos de interés, se propuso que Arturo Escala y Ana Fuentes reemplacen al alcalde y a la alcaldesa subrogante dentro de la comisión.

¿Qué hace la Comisión de Mesa?

Una vez conformada, la Comisión de Mesa debe revisar la denuncia presentada y verificar que cumpla con todos los requisitos formales establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La comisión debe determinar si la denuncia está correctamente fundamentada y si se basa en alguna de las causales de remoción previstas en la ley.

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Si la denuncia cumple con los requisitos, se admite a trámite. Si existen errores formales, los denunciantes pueden subsanarlos antes de que sea archivada.

Derecho a la defensa y plazo para descargos

La concejala Ana Chóez explicó que, una vez admitida la denuncia, el siguiente paso es la notificación formal a la autoridad cuestionada.

Desde ese momento, se activa el derecho a la defensa del alcalde, quien puede presentar descargos, argumentos y pruebas en su favor.

El plazo aproximado para que la autoridad entregue sus descargos y documentos es de 10 días.

Posteriormente, si es necesario, se abre una etapa probatoria en la que se incorporan informes, documentos y otros elementos relevantes para sustentar o desvirtuar la denuncia.

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El informe de la comisión y la votación final

Después de analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes, la Comisión de Mesa debe elaborar un informe motivado.

Finalmente, el expediente pasa al Concejo Cantonal de Guayaquil, donde se convoca a una sesión específica para debatir el caso.

Para aprobar la remoción de un alcalde se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del Concejo. En el caso de Guayaquil, eso equivale a 10 votos.

¿Qué dice el COOTAD sobre la remoción?

El COOTAD establece que la remoción de alcaldes, vicealcaldes y concejales debe seguir un procedimiento reglado, con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

El proceso no implica una destitución automática ni inmediata. Primero debe existir una denuncia fundamentada, luego una revisión de la Comisión de Mesa y finalmente una votación del Concejo Cantonal.

Por ello, la conformación de la nueva Comisión de Mesa representa apenas el primer paso dentro de un trámite que aún debe pasar por varias etapas antes de una decisión definitiva.

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El procedimiento se concretó a través de un vuelo que partió desde Santiago, en el que fueron deportadas alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos. De ese grupo, un número reducido corresponde a ecuatorianos.

Según las autoridades chilenas, las expulsiones responden a dos causales: infracciones administrativas, como el ingreso irregular o la permanencia sin documentación, y decisiones judiciales vinculadas a delitos, entre ellos robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

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El vuelo para la expulsión

La agencia EFE reportó que el vuelo, que partió el jueves 16 de abril desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago, trasladó a 40 personas (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos). Tenía previsto hacer paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.

Desde el Ejecutivo chileno se ha señalado que este es el primer operativo de una política que busca intensificarse en el tiempo, con nuevos vuelos de deportación. 

La misma agencia EFE reportó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo: "Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses".

Aunque la medida ha generado atención en Ecuador, no se trata de una acción dirigida exclusivamente contra sus ciudadanos, sino de un proceso más amplio que abarca a migrantes de varios países en situación irregular o con antecedentes penales.

Kast y su primera visita a Ecuador

José Antonio Kast asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Sucedió al izquierdista Gabriel Boric. Antes de su posesión y ya con los resultados en Chile, el mandatario chileno llegó en visita oficial a Ecuador.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lo recibió en Carondelet el 23 de diciembre de 2025. La seguridad, la movilidad humana y el comercio marcaron la agenda del encuentro.

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“Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina”, señaló el jefe de Estado. También indicó que dichas mejoras se evidencian en tres ejes: seguridad, economía y obras.

¿Cuáles fueron las cifras que destacó Noboa?

Entre enero y marzo de 2026, las ventas a nivel nacional superaron los 63.200 millones de dólares, frente a los 57.700 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025. “Eso es un crecimiento del 9,4%, que es más actividad, más ingresos y más trabajo”, insistió.

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Otro punto en lo económico, según las cifras del Gobierno, tiene que ver con la inversión extranjera directa, que ya mostró una tendencia positiva. En ese marco, habló de los acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos.

Otra área a la que se refirió, aunque sin mencionar los proyectos concretos de su Gobierno, fue la infraestructura. Noboa señaló que 2026 será el año de la construcción y dijo que ese sector creció un 20%. Además, resaltó el crecimiento de las inmobiliarias, que llegó al 17,8%.

En ese punto abordó el tema de la vivienda, debido a las bajas tasas implementadas en la banca pública para la adquisición de inmuebles. “Este es el año de la construcción: la inversión ejecutada pasó de 42 millones de dólares a más de 533 millones de dólares”, señaló.

¿Cuáles fueron las cifras de seguridad?

El primer mandatario insistió en las cifras que ya fueron presentadas por el Bloque de Seguridad. Afirmó que las muertes violentas se redujeron en un 14% en comparación con el primer trimestre de 2025 y añadió que “marzo (2026) registró un 24% menos”.

“Este camino no lo hace un Gobierno solo. Se construye desde abajo, con su gente, con trabajo, con esfuerzo y con la convicción de que ustedes merecen lo que nunca antes les habían dado”, concluyó Noboa.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

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Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Lo que debes saber

• El sistema de pensiones del IESS enfrenta un déficit creciente y depende cada vez más del Estado y de sus reservas.
• El número de jubilados sube mientras los aportes avanzan lentamente.
• Sin reformas urgentes, el riesgo para las pensiones futuras aumenta.

El sistema de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa una presión financiera creciente que se arrastra desde hace más de una década. Hoy, los aportes de los afiliados ya no alcanzan para cubrir el pago anual de pensiones, obligando a depender cada vez más del Estado y de las reservas acumuladas.

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La situación se agrava porque la transferencia estatal tampoco cubre completamente el faltante. Esto ha empujado al sistema a retirar recursos del fondo de inversiones administrado por el Biess, reduciendo el colchón destinado a las pensiones futuras.

Cada año sin reformas amplía la brecha entre ingresos y gastos, reduciendo el margen para aplicar ajustes graduales y elevando el riesgo de medidas más severas en el futuro.

El gasto crece mucho más rápido que los ingresos

Las proyecciones señalan que en 2026 habrá 840.456 jubilados, casi 55.000 más que en 2025. Si se compara con 2016, cuando existían 403.668 pensionistas, la cifra prácticamente se duplicó.

Este aumento impacta directamente en el gasto anual: para 2026 se estima un desembolso de $7.552 millones, lo que implica un crecimiento de 130% frente a 2016 y de 9% respecto a 2025.

El problema central es que los aportes avanzan lentamente. Para 2026 se proyectan ingresos por $3.437 millones, apenas $111 millones más que el año anterior, mientras el gasto subirá $633 millones. La brecha actual entre ingresos y egresos alcanza $4.281 millones.

El punto de quiebre llegó hace más de diez años

El desequilibrio no es nuevo. El quiebre ocurrió en 2014, cuando por primera vez los aportes dejaron de cubrir las pensiones. Ese año se recaudaron $2.366 millones y se pagaron $2.469 millones en jubilaciones.

Desde entonces, el gasto ha crecido de forma sostenida y más acelerada que los ingresos, generando una dependencia estructural del financiamiento estatal.

El número de afiliados activos tampoco ha crecido como se esperaba. A marzo de 2026 se registraban 3.541.237 afiliados, una cifra similar a la de 2016. Incluso es menor que la de diciembre de 2024, cuando se contabilizaban 3.795.347.

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Mercado laboral estancado y alta informalidad

El estancamiento del empleo formal explica gran parte del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el empleo adecuado llegó a 37,1% en febrero de 2026, una variación mínima frente al año previo.

Además, el 51,8% de trabajadores está en la informalidad, sin RUC ni afiliación al seguro social. Esto reduce la base de aportantes y limita el crecimiento de ingresos del sistema.

A pesar de campañas para atraer afiliados jóvenes con aportes más bajos, el número total de asegurados no ha logrado despegar.

El Estado y las reservas sostienen el sistema

La ley establece que el Estado debe cubrir el 40% de las pensiones. Para 2026, el IESS solicitó $3.052 millones, pero el Presupuesto General solo contempla $2.807 millones dentro de un subsidio total de $3.271 millones.

Para cubrir la diferencia, el sistema recurrirá nuevamente a sus reservas: la desinversión prevista alcanza $1.407 millones.

Si las transferencias estatales resultan menores a lo previsto, el retiro de fondos podría ser aún mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sistema y reduciendo la capacidad del banco de invertir y generar rendimientos.

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Reformas pendientes y presión política

La necesidad de una reforma integral es ampliamente reconocida, pero las propuestas no se han concretado. En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, una comisión presentó un plan que proponía transiciones graduales sin afectar a jubilados actuales.

Sin embargo, el retraso en la implementación de cambios estructurales agranda el déficit año tras año y reduce la posibilidad de aplicar ajustes progresivos.

Mientras más se posterguen las reformas, mayor será la probabilidad de que las medidas futuras sean más drásticas.

Lo que debes saber 

• Despidos de personal sanitario generan alerta en varias provincias del país.
• Gremio médico advierte impacto en atención y aumento de listas de espera.
• Autoridades aseguran que el sistema sigue funcionando con normalidad.

La alerta sobre despidos en el sistema de salud se encendió en Ecuador tras las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, quien cuestionó la salida de profesionales en varias provincias. Según explicó, la preocupación surge luego de conocerse ceses en Imbabura y su posterior extensión a otros territorios. El tema se posiciona en la agenda pública por su posible impacto en la atención médica.

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Pasquel aseguró que esta situación no respondería a criterios técnicos, sino a intereses externos. “Pichincha ha dado una alerta nacional por este plan de despido de los trabajadores de la salud que responde a intereses diría yo de la banca internacional y no a necesidades de tipo técnico”, señaló. Sus declaraciones se producen en medio de incertidumbre entre profesionales del sector.

El dirigente detalló que el Colegio Médico de Pichincha activó alarmas tras conocer que en Imbabura fueron desvinculados 32 profesionales, entre ellos seis médicos. Este escenario, indicó, comenzó a replicarse en otras provincias, lo que elevó la preocupación sobre la estabilidad laboral en el sistema sanitario público.

Despidos en Pichincha y otras provincias generan preocupación

En el caso de Pichincha, Pasquel afirmó que hasta el momento se contabilizan alrededor de 162 profesionales desvinculados. Esta cifra incluye personal sanitario que cumplía funciones clave en distintos niveles de atención. La situación, según el gremio, podría afectar la operatividad de los servicios.

También se reportaron despidos en Portoviejo, lo que refuerza la idea de una medida que se estaría extendiendo a escala nacional. Aunque no se detallaron cifras exactas en este caso, el dirigente insistió en que la información proviene de reportes directos desde hospitales.

Uno de los casos mencionados fue el del hospital Enrique Garcés, donde se desvincularon 11 profesionales. De ese total, tres eran médicos con contratos ocasionales, lo que, según Pasquel, agrava la situación en el primer nivel de atención.

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Impacto en la atención médica y listas de espera

El presidente del Colegio Médico advirtió sobre las consecuencias directas en el sistema sanitario. “Si se despide a los médicos en el primer nivel de atención, la lista de espera va a ser muy grande en los hospitales de segundo y tercer nivel”, afirmó. Esta situación podría generar saturación en centros de mayor complejidad.

El señalamiento apunta a un posible efecto en cadena dentro del sistema de salud pública. La reducción de personal en atención primaria obligaría a los pacientes a acudir a hospitales más grandes, incrementando la demanda y los tiempos de espera.

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud Pública aseguró que los servicios continúan operando con normalidad. La institución sostuvo que la reorganización responde a una optimización de recursos tras detectar duplicidad de funciones.

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Gobierno defiende reorganización del sistema de salud

El Ministerio indicó que el proceso fue "técnico y planificado", con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud. Según su versión, las áreas de emergencia, consulta externa y cirugías programadas mantienen su funcionamiento habitual en todo el país.

Además, la cartera de Estado invitó a la ciudadanía a reportar irregularidades en la atención mediante la línea 171, opción 3. También exhortó a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación.

El contraste entre las denuncias del gremio médico y la postura oficial mantiene abierto el debate sobre el impacto real de estas medidas en el sistema sanitario ecuatoriano.

Lo que debes saber

• El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al IESS hacia el Secap.
• El proyecto se enmarca en el plan Compromiso por el Empleo, que contempla capacitaciones a jóvenes para que ingresen al mercado laboral.
• Harold Burbano, ministro de Trabajo, señaló que el presupuesto del IESS "jamás se tocará".

El Gobierno nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0,5 % de las contribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hacia el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap).

(Te puede interesar: IESS aporte 0,5%: ¿cómo impactará al SECAP y a quiénes afecta la medida?)

Según Harold Burbano, ministro de Trabajo, este mecanismo permitiría devolverle autonomía financiera a la institución y garantizar recursos estables para programas de formación.

La intención, explicó el funcionario, es que el Estado asuma un rol más activo en la preparación de la fuerza laboral, especialmente de los jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo.

El proyecto de ley se enmarca en el programa Compromiso por el Empleo, un plan del Gobierno con el que se prevé ofrecer capacitación gratuita y de corta duración a jóvenes.

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El Gobierno sostiene que el redireccionamiento de este porcentaje no afectará la sostenibilidad del sistema de seguridad social. “El presupuesto del IESS jamás se tocará”, aseguró Burbano el 31 de marzo en Cuenca. 

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Según el funcionario, la medida permitirá financiar la capacitación técnica sin depender exclusivamente del presupuesto general del Estado.

Lo que debes saber

• Más de 100 docentes, activistas y profesionales firman manifiesto en Ecuador.
• Denuncian vulneración de derechos, crisis en salud y control social.
• Alertan sobre criminalización de la protesta y persecución política.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, confirmó este 16 de abril en su cuenta de X que más de 100 docentes, activistas y profesionales suscribieron un manifiesto público en el que exigen al Gobierno de Daniel Noboa y a varias instituciones del Estado respeto a los derechos y libertades democráticas en Ecuador. El pronunciamiento también apunta al CNE, Tribunal Contencioso Electoral y Fiscalía General del Estado.

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El documento advierte sobre una “profunda preocupación por la deriva antidemocrática” que, según los firmantes, atraviesa el país. En el texto se sostiene que desde el Gobierno se han impulsado medidas orientadas al “control absoluto de la vida social”, lo que, afirman, afecta derechos fundamentales como la salud y la participación ciudadana.

“Alzamos nuestra voz ante el país y la comunidad internacional”, señala el manifiesto, en el que también se denuncia la falta de medicamentos, la postergación de consultas médicas y el represamiento de cirugías como evidencia de vulneración del derecho a la salud.

Denuncian vulneración de derechos y crisis en el sistema de salud

El documento describe un escenario en el que pacientes enfrentan retrasos de semanas o meses para recibir atención médica. Según los firmantes, esta situación ha provocado consecuencias graves, incluyendo muertes evitables en el sistema de salud pública.

“Hombres, mujeres, niños y ancianos se mueren en esta espera inhumana”, advierte el texto, que califica esta realidad como una “trampa mortal” para la población. También se cuestiona la capacidad del Gobierno para garantizar insumos médicos y el funcionamiento adecuado de hospitales.

El manifiesto sostiene que, frente a estas denuncias, las autoridades responden con acciones que buscan “amordazar toda forma de oposición” y restringir los espacios de participación ciudadana.

Acusan criminalización de la protesta y persecución a organizaciones

Otro de los puntos centrales del documento es la denuncia de un proceso sistemático de criminalización de la protesta social. Los firmantes aseguran que la expresión del descontento ha pasado a ser tratada como delito.

“La legítima expresión del descontento hoy es perseguida”, indica el texto, que añade que reclamar derechos se ha convertido en una actividad “riesgosa, sujeta a la represión y la estigmatización”.

Además, se alerta sobre el acoso a organizaciones sociales, políticas y dirigentes populares. Según el manifiesto, mediante intimidación y judicialización se busca desarticular estructuras históricas de resistencia a políticas gubernamentales.

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Cuestionan intentos de ilegalizar organizaciones políticas

El documento también hace referencia a intentos de ilegalización de organizaciones políticas opositoras. Se menciona el caso de Unidad Popular, cuyo proceso ante el CNE es calificado como “cuestionable”.

Para los firmantes, este tipo de acciones representan una amenaza directa a la diversidad política. “Es la pretensión de mutilar la discrepancia y establecer un régimen que elimine a las fuerzas de oposición”, advierte el texto.

En ese contexto, expresan su respaldo a la Corte Constitucional y exigen que se respete su independencia. También manifiestan solidaridad con organizaciones como Yasunidos, UNE y UGTE, que, según indican, enfrentan sanciones económicas.

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Firmantes: más de 100 docentes, activistas y profesionales

El manifiesto está respaldado por una amplia lista de firmantes provenientes de distintos sectores académicos, sociales y profesionales del país.

Entre los firmantes constan:

También se suman:

El listado completo incluye 104 firmantes que respaldan el pronunciamiento y sus demandas.

Llamado a defender la democracia y el disenso

El documento concluye con un llamado a respetar los principios democráticos y la diversidad de opiniones como base de la convivencia social. Los firmantes rechazan lo que consideran una tendencia hacia el autoritarismo.

“No hay democracia sin respeto a las opiniones de otros sectores”, señala el manifiesto. También advierte que concentrar el poder y limitar la participación ciudadana debilita la soberanía popular.

Finalmente, los suscriptores afirman que defienden una democracia “donde el disenso sea motivo de debate y no de represión”, y donde la ley proteja derechos en lugar de restringirlos.

Lo que debes saber

• Marketing: La gestión de Pinto es un síntoma de un Gobierno que prioriza el marketing digital y el branding en redes sobre una verdadera visión de Estado.
• Desconexión: Existe una grave desconexión entre la narrativa de TikTok y la realidad social, evidenciada en la crisis de salud frente a videos frívolos.

Si la vicepresidenta María José Pinto retiró de sus redes sociales dos videos que le generaron una ola de críticas y burlas crueles, es porque la realidad terminó imponiéndose a la comunicación política o Compol, el nuevo evangelio de los asesores de imagen y estrategas que han reemplazado a la política por el mercadeo y el branding en redes sociales. Aunque no es una víctima de todo esto, porque ya es una adulta que tiene capacidad para decir “yo no hago esto” y que se supone debe tener cierta estatura de estadista, Pinto es tan solo un síntoma y no la enfermedad.

La verdadera enfermedad es la nula o, en el mejor de los casos, la miope visión de estadistas que tienen quienes están al frente del Gobierno y de todos los organismos del Estado. Se trata de una enfermedad que tiene características de epidemia, porque afecta a casi todos los funcionarios responsables de los distintos poderes en el Ecuador.

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El error estratégico del Museo del Prado

Veamos: para comenzar, ¿a quién se le pudo ocurrir la terrible idea de presentar a Pinto en un video en el Museo del Prado, en Madrid, diciendo que fue a aprender un modelo de gestión para el próximo Museo Nacional, cuando su gestión en la salud, por la razón que fuere, ha sido un estrepitoso fracaso? Es obvio que los ‘compoleros’, es decir, los tecnólogos de la comunicación política o Compol que administran (sí, administran) a los funcionarios públicos, no son capaces de medir lo que la gente vive en el mundo real y piensan que todo se resuelve en un reel de TikTok o Instagram.

Pinto podría ser la persona más adecuada y capaz para montar un sistema de gestión para el Museo Nacional, pero, si está en medio de una tormenta por lo que ocurre en la salud pública, ¿a quién se le ocurrió darle el encargo de gestionar capacidades para el Museo Nacional? Quien haya tenido la idea, para comenzar, no tiene la más mínima capacidad de empatía con la sociedad ni siquiera con la propia Pinto: hacerle el encargo y luego producir un video con ella desde las elegantes y plácidas salas del que quizá es el mayor museo de arte del mundo parecería obra de un enemigo suyo.

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Falta de sentido común y delegación de funciones

Y todo se reduce, realmente, a un problema de falta de sentido común: si se tiene un patio desorganizado, sucio y con malos olores, no se le da el encargo de organizar la fiesta del condominio al responsable de tener todo nítido en el patio. Además, todo era muy sencillo: se podía haber enviado a la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para que hiciera esa tarea, ya que desde su despacho se han manejado con éxito las gestiones para el Museo Nacional.

Pinto, sin embargo, no queda exenta de responsabilidad por lo ocurrido: ¿por qué no se negó a hacer un comercial -porque eso era finalmente el video- en el que aparecía en el Prado aprendiendo cómo funciona ese museo? Para comenzar, debía haber dicho que ese fue un encargo de la Presidencia de la República -como en efecto ocurrió-, en lugar de salir ahí como una aparecida. Si hubiera dicho que el encargo provenía de la Presidencia, quizá no habría quedado tan mal parada.

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La desconexión con la crisis de salud

También es verdad que Pinto ya venía protagonizando algunos papelones que explican la reacción social frente al video en el Prado. Muy poco antes ya había publicado otro en el que aparecía columpiándose plácidamente, con los ojos cerrados y escuchando música de Pamela Cortés, precisamente el mismo día en que unos niños amazónicos habían muerto en un hospital de Cuenca por falta de atención adecuada. ¿Existe mejor y más potente forma de graficar a una persona desconectada de la realidad que escuchando música con audífonos y los ojos cerrados?

La indignación no solo fue por lo de los niños fallecidos ese día, sino por todo lo que venía arrastrándose en el campo de la salud, que le encargó el presidente Daniel Noboa. Un encargo que, con todo lo que se ha visto hasta hoy, resultó ser un acto de inmensa irresponsabilidad, porque para asumir esa tarea debió haberse designado a alguien empapado de la problemática de la salud pública. Irresponsabilidad, además, por haberle impuesto como encargado del viceministerio a alguien que había fracasado como secretario jurídico de Carondelet: Stalin Andino.

El límite de la comunicación digital

Ese video produjo, al igual que el del Museo del Prado, una ola de indignación y burlas, por lo que Pinto también terminó borrándolo de sus redes sociales. Lo increíble es, además, que con la experiencia del video del columpio haya publicado el del Museo del Prado, cuando también era lógico que desatara el mismo tipo de reacción.

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Que Pinto haya pecado de inocente o de poco sensible no es el problema de fondo. El verdadero problema es que el Gobierno del presidente Noboa se maneja con lógicas completamente apartadas de una visión estadista y se rige por lo que los asesores de imagen consideran más rentable desde el punto de vista comunicacional. Y ese recurso puede funcionar, pero solo hasta cierto punto: TikTok tiene un límite que se llama realidad.

Lo que debes saber

• Ciudadanos organizados han difundido manifiestos en defensa de la democracia y libertades, en abril 2026.
• Activistas y analistas alertan sobre autocensura y persecución en 2026, dicen que empezó en el correísmo.
• Señalan que crisis económica y temor frenan la participación ciudadana y la defensa de derechos en Ecuador.

Hace 13 años, Pamela Troya, entonces de 31 años (hoy tiene 44), logró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancione al pastor Nelson Zavala por sus expresiones discriminatorias en contra de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexo y queer (Lgbtiq+). En ese mismo año impulsó el matrimonio civil igualitario.

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¿Qué es Rumbo Plural en Ecuador? El movimiento ciudadano que advierte sobre crisis democrática

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Alejada de su cuenta en X (antes Twitter), desde hace unos meses, donde ha criticado tanto al correísmo como al gobierno de Daniel Noboa, Troya responde: "La mayor parte de la ciudadanía, incluyéndome, lucha por sobrevivir; muchos viven con un dólar diario. La situación económica ha empeorado, y el Gobierno, en medio de una crisis sanitaria, está despidiendo médicos".

En este contexto, Troya comprende que muchos ciudadanos no priorizan organizarse o reaccionar ante injusticias. “Implica un desgaste emocional y la factura es grande: no se consigue empleo porque persiguen”. Su última lucha fue contra la Liga Azul, en el CPCCS.

Se activan colectivos ciudadanos

Por otro lado, quienes integran Rumbo Plural, un colectivo que surgió en X el 8 de abril del 2026, eligieron un camino distinto. Agrupa a docentes universitarios, abogados, empresarios y políticos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas.  

“No somos un partido ni una plataforma electoral”, aclaran, y aseguran que una ciudadanía unida puede transformar el futuro del país.

La opinión de Karen Sichel, de Rumbo Plural

Karen Sichel, abogada y exasesora jurídica en la presidencia de Guillermo Lasso, se ha pronunciado con frecuencia en medios. Ha sido crítica de algunas políticas del Gobierno. Es parte de la plataforma.

Sobre el temor a represalias, que hace que muchos callen, Sichel admite que, como ciudadana, no es sencillo. Dice que cuando brinda una entrevista o publica una opinión en redes, piensa que puede haber consecuencias jurídicas.  

"Tenemos una Fiscalía que, lamentablemente, es una alfombra del poder. La Superintendencia de Compañías persigue a la prensa, la Contraloría vigila a los jueces; todas las instituciones del poder responden a intereses del Gobierno. Esto no es solo del correísmo ni del gobierno de Noboa; es un problema sistémico", afirma.

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Sichel admite: "Eso nos hace pensar dos veces qué decir y cómo. El mejor escenario es cuando solo hay campañas de trolls; el peor, la persecución penal. El miedo está presente, pero como ciudadanos tenemos deberes: no podemos dejar que la persecución nos silencie; si no hablamos, mañana podremos ser nosotros".

Ante fallas de partidos que no representan y del CPCCS o Asamblea, buscamos que la ciudadanía reaccione, independientemente de quien esté en el poder.Karen Sichel/ abogada

Antes el Colegio Mejía salía a las calles

Darwin Seraquive es abogado, docente universitario y exmiembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y exsecretario del CPCCS Transitorio. Cree que hay organizaciones como Yasunidos o el movimiento indígena y el de mujeres que se mantienen, pero en general el correísmo dividió la organización social.

Asimismo Seraquive apunta que no se ve una organización autónoma y espontánea de ciudadanos frente a hechos que vulneran derechos por temor. Incluso cree que hay temor al crimen organizado.

En otros tiempos —recuerda Darwin Serraquive— los estudiantes secundarios, del Mejía y Montúfar; y los de la Universidad Central “encendían la mecha, con sus protestas. Hoy están en redes sociales”.  

Además considera que si antes había “represión” o incluso se pedía la cabeza del rector, ahora “a la abogada (Alexandra) Villacís la inhabilitaron para que no presida la Judicatura”.

"Hoy la crítica es mal vista": Gonzalo Muñoz

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, se sumó a Rumbo Plural, desde su lanzamiento. Comenta que el colectivo "nace de una legítima preocupación ciudadana por el estado actual del país, que se debate en dos populismos: de izquierda y derecha. No es correcto".  

Buscan dar lugar a “una conversación profunda, elevando el debate público a niveles de racionalidad, por eso lo conformamos personas de todas las tendencias”.

El abogado ve “un ambiente persecutorio, en donde dar la opinión es mal visto, se confunde crítica con oposición”. Pero, le parece necesario juntarse entre ciudadanos con “probidad notoria”. Espera que la plataforma crezca, para fomentar el debate en todos los ámbitos, no solo el académico. Y para proponer reformas y proyectos de ley e incidir en política pública, en temas jurídicos, etc.

Otros manifiestos en defensa de la democracia en Ecuador

El jueves 16 de abril del 2026, en redes se difundieron manifiestos con firmas de cien profesores y activistas y otro titulado Unidos Por Ecuador, pidiendo respeto a la democracia. De este último se dijo que solo se trataba de una carta, no se identificó un vocero.

¿Sirve que los ciudadanos se activen?

Pamela Troya destaca que haya ciudadanos que se junten, pero esperaría que se tracen un objetivo más tangible. Sobre eso, Darwin Seraquive anota que en el país no hay cultura de respeto a la participación ciudadana y solo al llegar a un cargo público se logra influir.

Política

Correísmo apunta a presidenta de comisión para designación de nuevo fiscal: ¿de qué la acusa?

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Para la institución se trata de un mantenimiento que se desprende de un ataque informático que se registró el fin de semana pasado. Mientras que para el periodismo, los activistas y la sociedad civil es un apagón a la transparencia en un momento crítico.

"Ataques" informáticos sin rostro ni detalles

El miércoles pasado, la Contraloría esbozó una suerte de respuesta ante un pedido de EXPRESO sobre los problemas que se registran para acceder a la información pública de las declaraciones juramentadas de bienes, es decir, los datos de los activos, pasivos y patrimonio de los funcionarios públicos a través de su página web.

"La Contraloría está trabajando en ese tema. Fueron tres secciones de nuestra página web que tuvieron ataques y se intentó vulnerar la seguridad: 1. Consultas de resoluciones, 2. Informes aprobados y 3. Declaraciones Patrimoniales Juradas. En el caso de los informes aprobados, ya se encuentra completamente habilitado, en las próximas horas se habilitarán las demás secciones", señaló la Contraloría.

La respuesta carecía de detalles importantes, por ello, este Diario remitió un pliego de preguntas que la institución de control aún no ha respondido:

Hasta el cierre de esta nota, la incertidumbre es la única respuesta. El país no sabe cuándo podrá volver a fiscalizar los informes de patrimonio de sus autoridades.

Coincidencias entre los ataques y denuncias públicas

La caída del sitio de consultas de declaraciones ocurre en medio de una ola de publicaciones provenientes de la sociedad civil que denuncian supuestas contrataciones de familiares del contralor Mauricio Torres dentro de la institución que preside.

El pasado 8 de abril, la CGE ya advertía sobre supuestas "campañas de desprestigio". En aquel comunicado oficial, la entidad sostuvo que la publicación de ciertos informes había activado estrategias para "atentar contra la honra y reputación" del Contralor y su entorno familiar.

“Se han activado ataques mediáticos de desinformación y deshonra. Se ha puesto en conocimiento de las autoridades la participación de personas inescrupulosas”, reza el documento del 8 de abril.

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Días atrás, el Contralor se refirió al tema de la denuncia de presunto nepotismo. Aseguró que no ha contratado a sus familiares en la institución que preside.

"No tengo ningún parentesco con ninguno de los que se ha nombrado", dijo en La Defensa. Él mencionó que su esposa trabajó en la Contraloría, pero que ella renunció para que no haya problemas cuando él asumiera, y que ahora su cónyuge trabaja en el Consejo de la Judicatura; y el caso de su hermana como funcionaria de la Fiscalía.

"Tienen derecho. ¿Por ser mi familia no pueden trabajar ahí? ¿Nadie va a trabajar ahí? Deberíamos buscar un contralor que sea un empresario, que tenga mucho dinero para que la familia trabaje en sus empresas", dijo.

Lo cierto es que al final de la semana, el sistema sigue caído o como se lee en el sitio web: "Página en mantenimiento". Esto deja a la fiscalización social con las manos atadas. Actores de la sociedad civil exigen saber si se trata de una vulnerabilidad técnica real o de un muro digital para evitar el escrutinio.

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Un cruce de acusaciones se produjo entre Centeno y la exlegisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón. La primera sostuvo que la reforma fue iniciativa de la exasambleísta del correísmo en el periodo pasado.

Centeno escribió: “En este país lo más difícil no es enfrentarse a los malos, sino a los que se disfrazan de profesionales y terminan manipulando información para ganar likes”. La referencia fue a la abogada María Dolores Miño, por una publicación en la que señalaba a ADN como impulsor de la reforma.

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Garzón, por su parte, desestimó lo dicho por la asambleísta del oficialismo. “Valentina: el cargo exige rigurosidad, y el proyecto que citas, no es el que se ha criticado en las últimas horas. Ciberacoso y violencia digital no son lo mismo”, escribió.

El origen del conflicto

En las últimas horas se criticó en redes sociales un fragmento de la reforma. Dicho apartado señala que la violencia digital consiste en que una persona, a través de medios electrónicos o telemáticos —incluidos servicios, plataformas, aplicaciones y otros entornos digitales— persiga, intimide, humille, difame o amenace, directa o indirectamente, y que será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de 2 a 24 salarios básicos unificados.

En el documento que consta en el sistema de la Asamblea Nacional, en cambio, se habla de ciberacoso. En el texto se lee: “Se entenderá como violencia digital o ciberacoso aquellas acciones repetitivas o no en las que una persona, a través de medios electrónicos, digitales o virtuales, realice acciones de hostigamiento, persecución, acecho, intimidación, amenazas, humillación, difamación o cualquier forma de acoso hacia otra persona, afectando su integridad física, psíquica, emocional o su derecho a la intimidad y privacidad, dichas acciones serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Se agrega: “Si estas acciones provocan en la víctima alteraciones en su vida cotidiana, como cambios en sus rutinas, actividades, lugares de trabajo o estudio, o generan temor por su seguridad o la de su entorno familiar, la pena será de tres a cinco años”.

La explicación de Garzón fue que es necesario nombrar todos los tipos de violencia porque, de lo contrario, no existen. “También presenté una reforma para tipificar violencia vicaria y feminicidio porque las mujeres las sufrimos. Ninguna propuesta trabajada por mí se hizo en solitario o salió de alguna oficina. Ciberacoso es causa de suicidio, de violencia en las aulas universitarias, en los trabajos, etc.”.

Diferentes documentos pero una misma sanción

El punto de mayor controversia radica en que el artículo menciona la difamación y establece una pena privativa de libertad, lo que ha generado preocupación más allá de la autoría del proyecto de ley. EXPRESO se contactó con Garzón, quien explicó:

“El cometimiento del delito estaba en lo reiterativo. Si se suma el contexto machista, la Inteligencia Artificial (IA) y lo demás podía volverse reiterativo. Decimos que no es sancionatorio porque no nos estamos inventando una pena por fuera de lo que ya existe”.

También indicó que se especificó que no solo se sanciona, por ejemplo, la filtración de un contenido íntimo, sino el acoso en su conjunto, incluyendo mensajes de WhatsApp o publicaciones en redes sociales.

“Cuando lo estábamos estudiando, a mí me parecía que queda corto. Lo que hicimos fue que, en conjunto con la Secretaría de Mujeres de México, ver cómo estaba allá aterrizado ese tema. Y era bastante corto; solo generar un tipo penal con enfoque de género y ponerlo para que sirva como agravante”, explicó.

Con ello, según la exlegisladora, el delito por el cual se determina una pena no es únicamente el ciberacoso, sino que, “en el contexto de violencia puede pasar que un femicida o la familia del femicida acose a la familia de la víctima”.

Sobre el posible alcance a impedimentos para el cuestionamiento o críticas a funcionarias públicas, Garzón dijo que la reforma se circunscribe a una perspectiva de género y no se incluye la violencia digital y un paraguas tan amplio que pueda vulnerar la libertad de expresión. 

¿Qué pasará ahora?

El futuro de la reforma parece definido, al menos desde el lado de ADN en la Asamblea. Centeno señaló: “No es iniciativa de nuestra bancada y no llegará al Pleno con esa redacción. Lo que sí vamos a empujar son las reformas penales contra el narco, justo las que los mismos de siempre se dedican a bloquear”.

Lo que debes saber

• Ecuador se encuentra en estado de conflicto armado interno oficialmente desde el 9 de enero de 2024.
• Según datos de InSight Crime, Ecuador figura como el tercer país más peligroso de la región. En 2025, el país registró un incremento del 31,2 % en los niveles de violencia.
• El presidente Daniel Noboa publicó un video el viernes 17 de abril de 2026 en el que abordó mejoras en la seguridad y la economía del país.

Apresuradas. Así califican expertos en seguridad las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta reducción de muertes violentas en Ecuador. Señalan que el análisis oficial carece de contexto y comparación técnica suficiente.

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El anuncio del Gobierno

El viernes 17 de abril de 2025, a las 07:02, el mandatario publicó un video en su cuenta personal de Facebook. Allí afirmó que las muertes violentas bajaron 14 % frente al primer trimestre de 2025 y agregó que marzo de 2026 registró una caída del 24 %.

Según sus declaraciones, los resultados responden a la aplicación de la tasa de seguridad, al estado de excepción y al toque de queda. También sostuvo que en las provincias fronterizas la violencia ha disminuido.

El mandatario afirmó que estas medidas permitieron actuar a las fuerzas del orden y capturar cabecillas. Con ese argumento, sostuvo que “estamos recuperando es la confianza, la confianza en el país”.

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Cuestionamientos por falta de sustento técnico

Sin embargo, el experto en seguridad Andrés Williams considera que esas declaraciones carecen de credibilidad. Afirma que el mandatario recurre a un enfoque sensacionalista sobre las muertes violentas y sostiene un argumento sin sustento técnico.

“Es un tiempo tan corto”, insiste el analista. Advierte que ese lapso impide evaluar con rigor los resultados en materia de violencia.

El toque de queda rigió del 15 al 30 de marzo de 2024 en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. Además, desde el 1 de febrero de 2026, Ecuador aplica la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia.

Advertencias sobre evaluaciones prematuras

Con esa línea crítica, el experto en seguridad Jean Paul Pinto coincide en que aún no existen elementos suficientes para hablar de una mejora. Sostiene que resulta prematuro afirmar una reducción de la violencia cuando los datos corresponden a un periodo tan corto.

“Es muy pronto para decir esto”, advierte. Señala que no tiene sentido hablar de una baja si en el siguiente trimestre las cifras pueden duplicarse.

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El control territorial, la variable ausente

Con ellos coincide Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. Advierte que el corto plazo impide medir con precisión los efectos de las medidas recientes.

El exjefe de Inteligencia sostiene que el análisis oficial se limita a cifras y deja de lado el control territorial. Plantea que la reducción de muertes no siempre refleja una mejora en la seguridad.

Explica que la violencia puede responder a dinámicas distintas entre organizaciones criminales. Señala que una baja en los homicidios puede evidenciar la consolidación de un grupo dominante en un territorio.

En ese escenario, la disminución de asesinatos no implica menor criminalidad. Más bien, puede indicar que una estructura delictiva controla la zona y regula la violencia.

Por ello, insiste en que el Estado debe evaluar quién ejerce el control real en los territorios. Considera que, sin ese enfoque, las estadísticas ofrecen una lectura incompleta del problema.

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Nuevas formas de medir la violencia

Por otro lado, Williams advierte que el análisis de la violencia ya no puede limitarse a las muertes registradas. Sostiene que el país debe incorporar variables como las desapariciones forzadas y los asesinatos múltiples para entender la magnitud real del fenómeno.

Explica que estas dinámicas reflejan nuevas formas de operación del crimen organizado. Señala que, sin esos indicadores, el diagnóstico queda incompleto y puede distorsionar la lectura de la seguridad.

Williams también cuestiona que una reducción de homicidios implique una mejora real. Afirma que la violencia puede desplazarse o cambiar de modalidad sin desaparecer.

Pinto enfatiza que los verdaderos resultados se medirán al cierre del año. Asegura que toda reducción debe ser sostenida en el tiempo para tener validez.

En ese contexto, insiste en que una caída temporal carece de utilidad para evaluar la seguridad. Reitera que, si las muertes se incrementan después, el balance anual terminará en los mismos niveles.

Internacional

Kast reúne a su gabinete con encuestas a la baja y días antes de presentar su megareforma

Agencia EFE

El procedimiento se concretó a través de un vuelo que partió desde Santiago, en el que fueron deportadas alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, principalmente colombianos, bolivianos y ecuatorianos. De ese grupo, un número reducido corresponde a ecuatorianos.

Según las autoridades chilenas, las expulsiones responden a dos causales: infracciones administrativas, como el ingreso irregular o la permanencia sin documentación, y decisiones judiciales vinculadas a delitos, entre ellos robo, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

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El vuelo para la expulsión

La agencia EFE reportó que el vuelo, que partió el jueves 16 de abril desde el aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en Santiago, trasladó a 40 personas (17 bolivianos, cuatro ecuatorianos y 19 colombianos). Tenía previsto hacer paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.

Desde el Ejecutivo chileno se ha señalado que este es el primer operativo de una política que busca intensificarse en el tiempo, con nuevos vuelos de deportación. 

La misma agencia EFE reportó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo: "Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses".

Aunque la medida ha generado atención en Ecuador, no se trata de una acción dirigida exclusivamente contra sus ciudadanos, sino de un proceso más amplio que abarca a migrantes de varios países en situación irregular o con antecedentes penales.

Kast y su primera visita a Ecuador

José Antonio Kast asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Sucedió al izquierdista Gabriel Boric. Antes de su posesión y ya con los resultados en Chile, el mandatario chileno llegó en visita oficial a Ecuador.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa lo recibió en Carondelet el 23 de diciembre de 2025. La seguridad, la movilidad humana y el comercio marcaron la agenda del encuentro.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

Guayaquil

Cortes de luz en La Joya: ciudadanos contradicen a CNEL sobre reconexión del servicio

Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

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“Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina”, señaló el jefe de Estado. También indicó que dichas mejoras se evidencian en tres ejes: seguridad, economía y obras.

¿Cuáles fueron las cifras que destacó Noboa?

Entre enero y marzo de 2026, las ventas a nivel nacional superaron los 63.200 millones de dólares, frente a los 57.700 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025. “Eso es un crecimiento del 9,4%, que es más actividad, más ingresos y más trabajo”, insistió.

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Otro punto en lo económico, según las cifras del Gobierno, tiene que ver con la inversión extranjera directa, que ya mostró una tendencia positiva. En ese marco, habló de los acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Estados Unidos.

Otra área a la que se refirió, aunque sin mencionar los proyectos concretos de su Gobierno, fue la infraestructura. Noboa señaló que 2026 será el año de la construcción y dijo que ese sector creció un 20%. Además, resaltó el crecimiento de las inmobiliarias, que llegó al 17,8%.

En ese punto abordó el tema de la vivienda, debido a las bajas tasas implementadas en la banca pública para la adquisición de inmuebles. “Este es el año de la construcción: la inversión ejecutada pasó de 42 millones de dólares a más de 533 millones de dólares”, señaló.

¿Cuáles fueron las cifras de seguridad?

El primer mandatario insistió en las cifras que ya fueron presentadas por el Bloque de Seguridad. Afirmó que las muertes violentas se redujeron en un 14% en comparación con el primer trimestre de 2025 y añadió que “marzo (2026) registró un 24% menos”.

“Este camino no lo hace un Gobierno solo. Se construye desde abajo, con su gente, con trabajo, con esfuerzo y con la convicción de que ustedes merecen lo que nunca antes les habían dado”, concluyó Noboa.

Lo que debes saber

• El sistema de pensiones del IESS enfrenta un déficit creciente y depende cada vez más del Estado y de sus reservas.
• El número de jubilados sube mientras los aportes avanzan lentamente.
• Sin reformas urgentes, el riesgo para las pensiones futuras aumenta.

El sistema de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa una presión financiera creciente que se arrastra desde hace más de una década. Hoy, los aportes de los afiliados ya no alcanzan para cubrir el pago anual de pensiones, obligando a depender cada vez más del Estado y de las reservas acumuladas.

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La situación se agrava porque la transferencia estatal tampoco cubre completamente el faltante. Esto ha empujado al sistema a retirar recursos del fondo de inversiones administrado por el Biess, reduciendo el colchón destinado a las pensiones futuras.

Cada año sin reformas amplía la brecha entre ingresos y gastos, reduciendo el margen para aplicar ajustes graduales y elevando el riesgo de medidas más severas en el futuro.

El gasto crece mucho más rápido que los ingresos

Las proyecciones señalan que en 2026 habrá 840.456 jubilados, casi 55.000 más que en 2025. Si se compara con 2016, cuando existían 403.668 pensionistas, la cifra prácticamente se duplicó.

Este aumento impacta directamente en el gasto anual: para 2026 se estima un desembolso de $7.552 millones, lo que implica un crecimiento de 130% frente a 2016 y de 9% respecto a 2025.

El problema central es que los aportes avanzan lentamente. Para 2026 se proyectan ingresos por $3.437 millones, apenas $111 millones más que el año anterior, mientras el gasto subirá $633 millones. La brecha actual entre ingresos y egresos alcanza $4.281 millones.

El punto de quiebre llegó hace más de diez años

El desequilibrio no es nuevo. El quiebre ocurrió en 2014, cuando por primera vez los aportes dejaron de cubrir las pensiones. Ese año se recaudaron $2.366 millones y se pagaron $2.469 millones en jubilaciones.

Desde entonces, el gasto ha crecido de forma sostenida y más acelerada que los ingresos, generando una dependencia estructural del financiamiento estatal.

El número de afiliados activos tampoco ha crecido como se esperaba. A marzo de 2026 se registraban 3.541.237 afiliados, una cifra similar a la de 2016. Incluso es menor que la de diciembre de 2024, cuando se contabilizaban 3.795.347.

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Mercado laboral estancado y alta informalidad

El estancamiento del empleo formal explica gran parte del problema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el empleo adecuado llegó a 37,1% en febrero de 2026, una variación mínima frente al año previo.

Además, el 51,8% de trabajadores está en la informalidad, sin RUC ni afiliación al seguro social. Esto reduce la base de aportantes y limita el crecimiento de ingresos del sistema.

A pesar de campañas para atraer afiliados jóvenes con aportes más bajos, el número total de asegurados no ha logrado despegar.

El Estado y las reservas sostienen el sistema

La ley establece que el Estado debe cubrir el 40% de las pensiones. Para 2026, el IESS solicitó $3.052 millones, pero el Presupuesto General solo contempla $2.807 millones dentro de un subsidio total de $3.271 millones.

Para cubrir la diferencia, el sistema recurrirá nuevamente a sus reservas: la desinversión prevista alcanza $1.407 millones.

Si las transferencias estatales resultan menores a lo previsto, el retiro de fondos podría ser aún mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad del sistema y reduciendo la capacidad del banco de invertir y generar rendimientos.

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Reformas pendientes y presión política

La necesidad de una reforma integral es ampliamente reconocida, pero las propuestas no se han concretado. En 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, una comisión presentó un plan que proponía transiciones graduales sin afectar a jubilados actuales.

Sin embargo, el retraso en la implementación de cambios estructurales agranda el déficit año tras año y reduce la posibilidad de aplicar ajustes progresivos.

Mientras más se posterguen las reformas, mayor será la probabilidad de que las medidas futuras sean más drásticas.