Las claves que debes saber

• Plataforma de Leonidas Iza apeló al TCE el 23 de julio por revocatoria contra Daniel Noboa.
  
• Impugnación busca revertir la negativa del CNE a entregar formularios para recolectar firmas.
• Si el TCE rechaza el recurso, el grupo acudirá a la Corte Constitucional con acción de protección.

La organización dice que agotará las opciones. El abogado Washington Andrade, integrante de la Plataforma Ciudadana para la Revocatoria, presentó una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que negaba la entrega de los formularios para iniciar con el proceso que busca revocar el mandato al presidente Daniel Noboa por el supuesto incumplimiento de su plan de trabajo.

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Andrade dijo que interpuso ese recurso la tarde del 23 de julio de 2026, antes de que concluya el plazo previsto en la ley. "Presentamos el recurso subjetivo electoral para que el TCE, en sus diferentes instancias, sea el que decida. Vamos a reforzar la fundamentación de la solicitud", manifestó.

El representante de la organización, en la que también participa Leonidas Iza, dirigente de la Ecuarunari, criticó la decisión del CNE y defendió la acción emprendida contra del Ejecutivo. 

"Propusimos la revocatoria con todos los requisitos jurídicos, incluso con fundamentación, sin embargo, como es un tema subjetivo, los consejeros dicen que no se ha justificado el planteamiento, ese incumplimiento lo vivimos todos los días", agregó.

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El jurista sostiene que esa negativa se debe a que el plan de trabajo que entregó Noboa, junto a su binomio, la vicepresidenta María José Pinto, "se presentó de manera tramposa, con el claro propósito de que no sea medible ni objeto de control social. El CNE le termina premiando cuando dice que no se ha demostrado el incumplimiento. Esto es lo que el TCE tiene que desentrañar".

La organización descartó una supuesta desestabilización, como el régimen ha calificado a la iniciativa. Además, reconoció que desconfía del Tribunal. Esto porque el organismo suspendió al movimiento político Amigo, decisión que le impide participar en las próximas elecciones. 

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Sin embargo, indicó que recurrirá a todas las instancias legales. "Aunque hemos visto que el TCE también está coopado, proscribiendo organizaciones políticas, nosotros debemos cumplir con los pasos jurídicos", indicó.

Finalmente, Andrade adelantó que si el TCE no acoge su impugnación, la plataforma llegará a la Corte Constitucional (CC). "Recurriremos con una acción de protección", aseguró.

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El CPCCS se reunió en sesión extraordinaria y de manera virtual. El presidente del organismo, Andrés Fantoni, fue el encargado de presentar la moción para aprobar la convocatoria.

Fantoni señaló que el CPCCS debe garantizar reglas claras. “Le corresponde a los ecuatorianos participar y ejercer el control social”, afirmó. La convocatoria establece: “Se convoca a la ciudadanía y organizaciones sociales a presentar sus objeciones respecto a los postulantes”.

Las impugnaciones podrán presentarse cinco días después de la publicación oficial de la convocatoria. Estas se recibirán tanto en la matriz del CPCCS, en Quito, como en las delegaciones provinciales de la entidad.

Las causales para presentar una impugnación contra alguno de los postulantes están relacionadas con el incumplimiento de requisitos, la falta de probidad, estar incurso en inhabilidades, haber omitido información o haber falsificado documentos.

¿Cómo se votó en el Pleno?

La sesión, que comenzó pasadas las 13:00 de este 24 de julio, se instaló con la presencia de cinco de los siete vocales del organismo. David Rosero y Piedad Cuarán remitieron sus excusas por no asistir.

La resolución planteada por Fantoni recibió el respaldo de los cinco consejeros presentes. La consejera Nicole Bonifaz dijo que su voto no contradice las observaciones que ha formulado anteriormente sobre los cuestionamientos al proceso para designar al nuevo fiscal general.

José De La Gasca no impugnó su descalificación

Antes de aprobar la convocatoria, el Pleno conoció los memorandos relacionados con la verificación de una eventual impugnación presentada por el exministro de Gobierno de Daniel Noboa contra la descalificación resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección.

Tras constatar que en el sistema Quipux, en el correo institucional y tampoco de manera física se recibió dicha impugnación, el Pleno decidió avanzar a la siguiente etapa del concurso para designar a la nueva autoridad del Ministerio Público.

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Consejo consultivo de organizaciones políticas fue escenario de denuncias por precampaña oficialista

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Cabe recordar que, tras su descalificación, De La Gasca arremetió contra Fantoni. Sostuvo que el presidente del CPCCS habría estado involucrado en su salida del proceso mediante supuestas infracciones inventadas.

Dijo: "Llené el formulario que estaba disponible en la web. Más allá de la supuesta falta, simplemente no me quieren ahí".

En respuesta a esas afirmaciones, Fantoni señaló: “Si a usted dizque le cometen una ilegalidad y usted está seguro de que tiene la razón, debe tener, pues, los insumos necesarios para contrarrestar la supuesta resolución equívoca, como dice él, que le están haciendo al postulante".

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Presidente Noboa delega el mando de la Armada a Pablo Pazmiño

Durante el acto protocolario, Noboa argumentó que las nuevas generaciones de oficiales navales deberán asumir el control frente a las amenazas internas contemporáneas. "Como presidente, me siento orgulloso de comandar a nuestras Fuerzas Armadas, y defenderé siempre su dignidad de quienes sólo buscan sembrar el caos y la violencia", manifestó el mandatario.

El discurso oficial también sirvió de plataforma para oficializar el traspaso de mando administrativo en la institución militar. Noboa delegó la responsabilidad operativa de esta rama al almirante Pablo Pazmiño, quien asumió el cargo de Comandante General de la Armada Nacional en mayo pasado.

La intervención gubernamental vinculó políticamente las operaciones de seguridad actuales con el legado del teniente de fragata Rafael Morán Valverde, quien comandó el cañonero BAE Abdón Calderón durante la guerra peruano-ecuatoriana de 1941. 

Este evento conmemorativo evoca el enfrentamiento bélico suscitado el 25 de julio de aquel año en el Golfo de Guayaquil, cuando la embarcación ecuatoriana intercambió fuego durante 21 minutos con el destructor peruano Almirante Villar.

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El documento concluye que no existió un nexo causal entre las funciones de la exministra y la suscripción del contrato entre Celec y la empresa uruguaya Austral Technical Management.

El oficialista Luiggi García fue el encargado de mocionar la aprobación del informe, cuyo contenido se conocía desde el 23 de julio de 2026. 

Entre los argumentos para respaldar la recomendación, García se refirió a la temporalidad entre el momento en que Manzano asumió el cargo y uno de los desembolsos efectuados en el marco del contrato fallido.

Con ello, el legislador insistió en una de las conclusiones del documento, que establece: “mediante la prueba de oficio que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16:39 del 9 de octubre de 2024. Según el informe borrador, eso fue horas antes de que el encargo ministerial de Manzano se registrara en el Sistema Minka, lo cual ocurrió a las 18:42”.

La oficialista Ana Belén Tapia arremetió contra los asambleístas del correísmo, proponentes del juicio político. Señaló que la solicitud no fue presentada de forma adecuada y que hicieron un show del proceso. Añadió que no existieron pruebas que permitieran a la comisión adoptar una decisión distinta.

¿Cuál fue la reacción del correísmo?

La asambleísta Ana Herrera expresó su oposición a la aprobación del informe. Dijo: “La exministra Manzano, designada directamente por el presidente de la República, asumió el cargo con la responsabilidad de supervisar los contratos de emergencia eléctrica. Bajo su dirección, en febrero de 2025 se suscribió la segunda adenda para modificar y agilizar los pagos”.

Herrera también señaló: “lo que se pretende hacer es proteger políticamente a una exministra que, cuando tenía la responsabilidad de ejercer la rectoría del sector eléctrico, prefirió guardar silencio”.

Al final, los asambleístas que votaron a favor de recomendar el archivo fueron:

¿Qué pasará ahora?

Tras la aprobación del informe, el documento pasará al Pleno de la Asamblea. Sin embargo, su contenido no es vinculante. Es decir, el Pleno del Legislativo no está obligado a archivar el proceso. Aun así, ADN cuenta con mayoría, un factor que podría determinar el futuro del juicio político contra Manzano.

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Bravo afirmó: “Entramos al calor de una precampaña electoral. Se me ataca por un error cometido en mi declaración patrimonial que, por cierto, ya presentamos la rectificación”, aseguró la autoridad seccional. 

En el video, Bravo aparece con el logo de Clemente Prefecto y los colores morado y blanco, característicos de ADN.

Bravo no profundiza en las explicaciones sobre el error que menciona. Aseguró que cuenta con un certificado emitido en abril de 2026 en el que se especifica que no existe un solo indicio de responsabilidad penal en su contra.

“He trabajado toda mi vida. Mis estudios, para ser ingeniero civil tuve que trabajar de día y estudiar de noche. Mis estudios, y lo digo sin ningún tipo de vanidad, para sacar mi título de abogado, trabajar de día y estudiar de noche”, menciona en su video.

Luego, Bravo recurrió a una referencia religiosa para explicar su situación. “Dios pone reyes y él saca reyes. Estaremos donde Dios y el pueblo nos necesite”, mencionó el actual prefecto. Con esas palabras intentó zanjar las dudas respecto a su patrimonio.

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¿Qué llama la atención del patrimonio del prefecto?

Con base en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado, existe una diferencia importante entre los montos declarados en 2019 y 2023, cuando inició cada uno de sus periodos como prefecto. 

En 2019 registró un patrimonio de 530.384,74 dólares y, en 2023, esa cifra se incrementó a 5.768.451,59 dólares.

La última declaración patrimonial de Clemente Bravo registrada en el sistema de la Contraloría General del Estado corresponde a 2025. Allí consta un patrimonio de 1.312.049,79 dólares, lo que representa una disminución significativa respecto de la declaración presentada en 2023.

En su video, Bravo sostiene que ha sido comerciante toda su vida. “Hermanos orenses. La mayoría de ustedes conoce que, desde muchísimos años atrás, he sido comerciante. Les hablo desde el amor y respeto a muchísimos ciudadanos que han depositado la confianza en mí”, aseguró.

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El consejo consultivo entre el CNE y las organizaciones políticas fue el espacio en el que se aclaró la situación de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Fue la consejera Elena Nájera quien puso el tema sobre la mesa de discusión.

La vocal consultó a Juan Carlos González, director nacional de Organizaciones Políticas del CNE: ¿Qué pasa con los candidatos que participaron en primarias con Amigo? ¿Los van a soltar? ¿Los van a retener?

El funcionario del CNE explicó que, en el momento en que se elimina el formulario, los precandidatos terminan su relación con Amigo. Así, según González, los cuadros del correísmo podrían ser candidatos por otra organización política.

La duda sobre la situación de esos postulantes estaba relacionada con la imposibilidad de renunciar a sus precandidaturas ante el mismo movimiento, debido a que fue suspendido. Sobre este punto, González señaló: “El momento que se declaró la nulidad del formulario ya no está en el sistema dentro de esa organización política”.

Esto significa que, con la suspensión de Amigo y al solicitar la nulidad del formulario por parte de los precandidatos, se abre la posibilidad de participar por otra organización. 

“Técnicamente, cuando ya está en una organización pero quieren incluirlo en otra como precandidato se bloquea automáticamente por persona no tanto por organización”, dijo González.Así, la clave del proceso será solicitar la eliminación de los formularios para postular por otro movimiento de cara a las elecciones seccionales de 2026.

¿Qué pasó con el movimiento Amigo?

Ocho días atrás, el 17 de julio de 2026, se conoció una resolución del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Maldonado, sobre la suspensión provisional de Amigo. 

La decisión se basó en una denuncia presentada por el fiscal Leonardo Alarcón tras el inicio de una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos.

Lo que debes saber

• Ana Chóez, concejala de Guayaquil nacida en el Guasmo Sur, destaca por su firme servicio social.
• Su formación en Ciencias Políticas impulsó su paso por el PSC y la asesoría en la Asamblea.
• Promueve el liderazgo femenino, la transparencia en el Municipio y el desarrollo del distrito uno.

Esta historia forma parte de "Ellas para Ellas: Mujeres que mueven Guayaquil", el especial de EXPRESO por los 491 años de Guayaquil, que reúne a mujeres cuyas ideas, liderazgo y trabajo transforman la ciudad desde distintos ámbitos. En esta entrega, conocemos la trayectoria de Ana Chóez, concejal de Guayaquil que pretende inspirar a más mujeres guayaquileñas que quieran dar el paso a la política.

Ana Chóez , concejala de Guayaquil, se define a través de una impronta de fortaleza, valentía y una arraigada postura crítica ante la vida. Nacida y criada en el Guasmo Sur, uno de los sectores populares más representativos y complejos de Guayaquil, Chóez creció bajo el amparo y la guía de su madre soltera y sus abuelos. De ellos recibió una herencia inestimable: la convicción de que la sumisión no es una opción. Esta firmeza, moldeada por las vivencias cotidianas del barrio, se complementó con una fe católica que orientó su accionar hacia la empatía, la honestidad y el trabajo comunitario. Su abuelo Simón, un comerciante que vendía escobas y laboraba sin descanso de sol a sol, se convirtió en su mayor referente de sacrificio y constancia, inculcándole que el esfuerzo propio es la base de cualquier logro.

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Vocación social y militancia política

Su vocación por el servicio social despertó de manera temprana. A los 13 años ya participaba en iniciativas comunitarias dentro de su entorno, canalizando su energía a través de colectivos religiosos y juveniles como la agrupación “Comparte Ecuador”. Esta temprana inmersión en la realidad social de la urbe le permitió constatar de primera mano las profundas inequidades que persisten en la urbe porteña, despertando en ella una certeza inamovible: para generar transformaciones a gran escala, la labor social debía trascender a la esfera política e institucional. Con esa meta clara, se vinculó al Partido Social Cristiano mediante el proyecto “Jóvenes Líderes de Guayaquil”, iniciando un camino de militancia activa desde las bases.

A diferencia de quienes acceden a la política por privilegios de cuna o herencias económicas, Chóez comprendió que su principal herramienta de validación en un entorno adverso para las mujeres jóvenes era la preparación académica. Así, gracias a su excelencia estudiantil en la escuela y el colegio, obtuvo una beca completa para cursar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Esta formación técnica e intelectual le otorgó las credenciales necesarias para ser escuchada y respetada, incluso señala que fue lo que le permitió incursionar en lo público, en un inicio, con el Partido Social Cristiano (PSC), organización política de la que recién se distanció.

El salto al servicio público

Su pericia técnica la llevó posteriormente a desempeñarse como asesora en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde participó en las reformas al Código de la Democracia, una experiencia que consolidó su comprensión sobre el andamiaje legal e institucional del país. u paso por Europa, gracias a una beca internacional en España en 2016, expandió su perspectiva sobre el diseño de proyectos macro, consolidando la idea de que la administración pública debe modernizarse con soluciones técnicas e innovadoras que rompan definitivamente con el viejo asistencialismo.

El trabajo por el liderazgo femenino

Para Ana Chóez, ocupar una concejalía representa la oportunidad de democratizar el poder público y de fiscalizar el uso de los recursos de la ciudad bajo criterios de estricta transparencia. Firme defensora de las cuotas de género y de juventud contempladas en las normativas electorales, reconoce que estas herramientas legales son indispensables para romper los techos de cristal y abrir paso a liderazgos provenientes de la militancia de base y de los sectores marginados de la representación política tradicional.

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Hoy en día, su visión del liderazgo femenino se traduce en una política de cercanía y de pragmatismo orientado a la acción inmediata. Chóez concibe el rol del funcionario público no como un espacio de beneficio personal o de cálculo político, sino como una entrega absoluta al bienestar común. Su objetivo prioritario se centra en que el Municipio y el Estado asuman su rol de facilitadores de oportunidades mediante servicios de salud, saneamiento y educación de calidad, garantizando que el origen de un ciudadano no determine su destino. Para la concejal del distrito uno, liderar siendo mujer es sinónimo de fuerza, solidez y capacidad ejecutiva inquebrantable para transformar realidades.

Lo que debes saber 

• La izquierda ecuatoriana no ha sido un bloque homogéneo, sino un conjunto de corrientes con orígenes, bases sociales y proyectos políticos distintos.
  
• Las principales diferencias entre el correísmo, Pachakutik y las organizaciones tradicionales de izquierda surgieron por sus visiones contrapuestas sobre el modelo económico, el extractivismo y la representación política.
  
• Como resultado, la izquierda llega nuevamente a un proceso electoral fragmentada, con presencia territorial y capacidad de movilización, pero sin una articulación que le permita actuar como un solo bloque.

El principal adversario histórico de la izquierda ecuatoriana nunca fue la derecha. Fue otra izquierda.

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En Ecuador ha habido un partido socialista desde 1926 y un partido comunista desde 1931, un movimiento indígena capaz de derribar presidentes, una corriente insurgente urbana en los ochenta y un gobierno de una década que se llamó a sí mismo Socialismo del Siglo XXI. ¿Existe realmente una izquierda en este país, o solo una sucesión de proyectos que se llamaron de izquierda sin lograr nunca sumarse entre sí?

Han existido al menos tres tipos de izquierda. 

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Conviene, sin embargo, no confundir esa historia de desencuentros con una ausencia lisa y llana. Decir que en Ecuador ‘no hay izquierda’ es tan impreciso como decir que está unificada. Lo que hay es una izquierda atomizada, repartida en organizaciones que siguen vivas.

En términos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, esas corrientes nunca respondieron al mismo clivaje social. Unas se organizaron alrededor del conflicto capital-trabajo, mientras otras surgieron desde identidades territoriales y étnicas que obedecían a una lógica distinta.

Durante el siglo XX coexistieron distintas tradiciones de izquierda: la socialista (PSE), la comunista (PCE), la maoísta (MPD, hoy Unidad Popular) y la insurgente (¡Alfaro Vive, Carajo!, luego incorporada a la política legal).

Y cuando la izquierda finalmente llegó a Carondelet, en 2007, no lo hizo de la mano de ninguno de estos partidos. Llegó con un ‘outsider’ tecnocrático, Rafael Correa, que construyó su proyecto en buena medida marginando a esa tradición partidaria centenaria.

La izquierda ecuatoriana en la actualidad

La única fuerza de izquierda que hoy conserva arraigo territorial sostenido es Pachakutik. Su base no es la clase obrera, sino las comunidades indígenas y campesinas, lo que demuestra que la izquierda con mayor capacidad de movilización terminó siendo la más distante de la tradición de izquierda clásica.

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Pero que Pachakutik haya sobrevivido tampoco resolvió el problema central. Más bien hizo visible que cada izquierda nació para representar un clivaje social distinto.

El proyecto de Rafael Correa financió la expansión del Estado mediante la renta petrolera y minera, mientras Pachakutik construía su identidad política sobre la defensa de los territorios donde esa explotación ocurría.

Esa contradicción se expresó en conflictos como el Yasuní-ITT y la expansión de la megaminería. El correísmo y Pachakutik se distanciaron porque el modelo económico del primero chocaba materialmente contra la base social del segundo.

Ese distanciamiento no explica por sí solo la imposibilidad de unir a las izquierdas. Más bien, vuelve visible un problema mucho más antiguo. Desde el FADI hasta el acuerdo entre Pachakutik y Revolución Ciudadana en 2025, los distintos intentos de unidad han tropezado con el obstáculo de reunir corrientes que, aunque compartan una identidad de izquierda, nacieron para representar distinciones, incluso contradictorias.

En ese contexto, la unión de las izquierdas se volvió todavía más compleja. El correísmo no solo mantuvo profundas diferencias con Pachakutik alrededor del extractivismo; también gobernó enfrentado a organizaciones históricas de la izquierda como el MPD, la UNE y otros sectores sindicales que habían formado parte de esa tradición política.

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Para unos, representó un proyecto de capitalismo de Estado; para otros, una izquierda que terminó reproduciendo prácticas que antes cuestionaba. Así, la corriente que durante años concentró el mayor caudal electoral de la izquierda nunca terminó de ser reconocida como el eje articulador del resto.

De hecho, la única ocasión en que pudo hablarse de una izquierda relativamente unificada en Ecuador fue, paradójicamente, en oposición al correísmo. En 2012, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por más de catorce organizaciones, postuló a Alberto Acosta, fundador de la hoy suspendida RC y luego uno de sus principales críticos. La convergencia de esas fuerzas no se construyó alrededor del correísmo, sino alrededor de su ruptura con él.

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No sorprende, entonces, que las seccionales encuentren a la izquierda en su peor momento de dispersión. Es, otra vez, la fotografía de una izquierda que existe, que compite y que incluso conserva fuerza en distintos territorios, pero que llega a cada cita electoral como un archipiélago y no como un bloque.

Las claves que debes saber

• PSC pierde candidaturas clave en Samborondón y Daule tras renuncias sin explicación en plena campaña.
• Andrés Roche vincula las salidas a presuntas presiones de organismos estatales durante el proceso electoral.
• Renuncias benefician a rivales del oficialismo y reavivan dudas sobre la transparencia de las elecciones seccionales.

¿Qué origina la ola de renuncias de los candidatos socialcristianos para estas elecciones seccionales? La semana pasada, sin dar mayores explicaciones, Belén Yúnez depuso su candidatura a la Alcaldía de Samborondón, a pesar de tenerla prácticamente ganada. Este miércoles 22 de julio de 2026, la exasambleísta Zolanda Plúas, esposa del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y aspirante a primera concejal por ese cantón, renunció también a sus pretensiones electorales dejando un vacío difícil de llenar en la lista socialcristiana.  

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Ayer, el propio candidato a alcalde de Daule, Oswaldo Pantaleón, se retiró de la contienda. A estos casos, el candidato a alcalde de Guayaquil, Andrés Roche, añade uno más: el de Jan Topic, que debería estar ocupando su lugar pero se abstuvo de participar: “Una serie de hechos -describió Roche en un video que publicó ayer en sus redes sociales- que por su coincidencia con época electoral generan graves inquietudes”. 

No necesita decir más: nadie duda de que la mano del gobierno se esconde tras esta deserciones.

El impacto para el PSC

Lo de Samborondón fue un golpe irreparable para el PSC. “Un terremoto”, dijeron los principales cuadros del partido. Con Belén Yúnez, el socialcristianismo aspiraba a prolongar por cuatro años más su control político sobre el cantón, que se extiende ya por tres decenios. Ella es hermana de Juan José Yúnez, el actual alcalde que se encuentra por terminar su segundo mandato. 

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Ambos son hijos de José Miguel, que gobernó la ciudad durante cinco períodos consecutivos desde 1996. Sin embargo, a los pocos días de conocida la postulación de Niels Olsen para ese mismo cargo en representación del oficialismo, Belén Yúlez presentó inexplicablemente su renuncia a la candidatura. ¿Coincidencia?

El caso es rarísimo: Yúnez se había sometido a demasiados pasos para la selección, calificación e inscripción de su candidatura, con la dedicación y el empeño que tal procedimiento exige y los compromisos que acarrea ante la estructura de su partido, como para que un buen día decida, simplemente, “poner una pausa”. Así, sin más. 

Lo dijo en la carta que dirigió al Tribunal Provincial Electoral del Guayas para anunciar su voluntad de deponer su candidatura: había pasado por lo más difícil del proceso, estaba a punto de participar en las elecciones y ganarlas pero, de pronto, decidió “poner una pausa”. Que no había sido una decisión sencilla, dijo. 

Las excusas de los candidatos del PSC

En realidad, se trata de una decisión no ya difícil sino inverosímil. En cuanto a Plúas y Pantaleón, de Daule, más de lo mismo: ambos se limitan a pretextar “motivos de índole personal” (“estrictamente personal”, dice Plúas, apostando vanamente por el énfasis), como si las consecuencias de su decisión lo fueran. Explicaciones que nada explican.

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“¿Qué está sucediendo?”, se pregunta Andrés Roche en su video, transmitiendo la sensación de que conoce la respuesta. “¿No merecen ustedes explicaciones claras cuando coinciden injerencias, investigaciones reservadas, operativos o actuaciones institucionales que terminan eliminando o absorbiendo candidaturas y afectando el normal desarrollo del proceso electoral? 

Las instituciones del Estado no deben ni pueden ser utilizadas para resolver un problema de votos, eliminando otras candidaturas”. Una curiosidad: cuando publicó ese video eran las 6 de la mañana del jueves, Pantaleón no había anunciado todavía su renuncia a la candidatura para la alcaldía de Daule pero Roche se adelantaba ya al desenlace y hablaba de “la situación que está enfrentando”.

Las presiones del Gobierno

¿Qué situación es esa? Está clarísimo: presiones de las instituciones del Estado. No es difícil adivinar cuáles: el SRI y los organismos de control.

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“Casi todos los saben, muchos lo comentan pero pocos se atreven a decirlo en voz alta”, empieza diciendo Roche, que tampoco se atreve. Estamos ante el uso sistemático de los organismos del Estado que se encuentran bajo el férreo (e ilegítimo) control del Ejecutivo, para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o… Absorberlos, como dice Roche. 

¿No es precisamente una absorción lo que acaba de ocurrir en la provincia de El Oro? Clemente Bravo, prefecto aspirante a la reelección por el movimiento provincial Sur, ha sido cooptado por ADN, ha cambiado de camiseta de la noche a la mañana y este miércoles estaba inaugurando obras (obras de su propia prefectura) de la mano del presidente de la República, que se llevaba la mitad del crédito.

Se suponía que las reformas que permiten el reemplazo de candidatos estaban pensadas para situaciones extraordinarias. Pero con el uso electoral de los organismos de control que está haciendo este gobierno, se han convertido en la clave de una estrategia para tumbar candidaturas. 

Ahora se hacen primarias para dar paso a un auténtico juego de las sillas en el que los participantes salen eliminados “por estrictas razones personales”. Aquí ni siquiera hay quien se atreva a denunciar la manipulación de la que fue víctima. 

El gobierno ha encontrado la fórmula para sacar provecho de la feria de rabos de paja que son las elecciones y los partidos no parecen tener antídoto contra eso. Es el control electoral en la república de los truhanes.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Soberanía y Seguridad recibió aportes de la Policía Nacional, la Procuraduría y el sector bananero para fortalecer el proyecto.
• Entre las propuestas destacan ampliar los plazos de flagrancia, reformar el delito de terrorismo y reforzar la lucha contra las economías ilícitas.

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral retomó este 23 de julio el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformadora a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocida como Ley Antimafias. En la sesión participaron la Policía Nacional, la Procuraduría General del Estado y representantes del sector exportador, quienes presentaron observaciones para reforzar el texto antes de la elaboración del informe.

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El primer bloque de aportes estuvo a cargo de la Policía Nacional, que presentó un paquete de 45 reformas a distintos cuerpos legales. La institución sostuvo que la propuesta legislativa actualmente modifica 14 artículos, pero consideró necesario ampliar su alcance para enfrentar de forma más efectiva las estructuras criminales que operan en el país.

"Es necesario combatir al crimen organizado y, sobre todo, quitarles su herramienta: el poder económico. Hacia eso va destinada la orientación que tenemos como Policía Nacional", afirmó el director de la Academia de Ciencias Policiales, coronel Santa María, al cerrar su exposición ante los legisladores.

Policía propone ampliar la flagrancia y reformar el delito de terrorismo

Uno de los principales planteamientos fue modificar el plazo de flagrancia. La Policía explicó que las actuales 24 horas resultan insuficientes para recopilar pruebas en investigaciones complejas, especialmente en casos con múltiples víctimas, por lo que planteó extender ese tiempo al menos a 36 horas, tomando como referencia estándares internacionales.

"Es necesario cambiar esto. No depende de la Policía, depende de todo el sistema estructural del Estado", señaló el oficial, al recordar un caso ocurrido en Nueva Prosperina, donde cuatro sospechosos fueron liberados tras vencer el plazo legal sin que la investigación pudiera completarse.

La institución también propuso actualizar el delito de terrorismo para adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Argumentó que actualmente las organizaciones criminales utilizan explosivos para generar miedo y controlar territorios con fines económicos, por lo que consideran necesario incorporar ese fenómeno dentro de la legislación vigente.

"El concepto tiene que evolucionar y justamente lo hemos actualizado a la realidad ecuatoriana", sostuvo el expositor, quien además planteó fortalecer las normas sobre allanamientos, precursores químicos, robo de hidrocarburos y designación de jueces especializados en crimen organizado.

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Durante la exposición, la Policía advirtió que el crimen organizado tendría un impacto económico equivalente a miles de millones de dólares cada año. Según los datos presentados, el narcotráfico, el robo de combustibles, las perforaciones a poliductos y el uso creciente de explosivos reflejan el fortalecimiento financiero de las organizaciones delictivas.

El oficial también pidió respaldo jurídico para los agentes que actúan bajo la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, aunque aclaró que ese respaldo debe ir acompañado de sanciones más severas para policías o militares que participen en actividades ilícitas.

"Así como pedimos respaldo, también pedimos sanciones más severas a los policías y militares que se vean inmersos en delitos de narcotráfico, minería ilegal, robo de combustibles y demás", enfatizó durante la comparecencia.

Procuraduría plantea ajustes a la extinción de dominio

La Procuraduría General del Estado respaldó el proyecto de ley, aunque presentó observaciones puntuales relacionadas con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El organismo propuso restringir los criterios para entregar temporalmente bienes incautados a entidades privadas sin fines de lucro.

El delegado Abelardo Albornoz explicó que la redacción actual es demasiado amplia y recomendó limitar esos bienes únicamente a organizaciones cuya finalidad esté vinculada con áreas como educación, salud, deporte o vivienda, garantizando así un verdadero beneficio social.

"Esta definición es muy amplia a nuestro criterio y debería restringirse a entidades con una finalidad social específica", señaló el representante de la Procuraduría.

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Sector bananero pide corresponsabilidad en la cadena logística

La Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador también respaldó la Ley Antimafias, aunque solicitó que las investigaciones por contaminación de carga alcancen a todos los actores de la cadena logística y no únicamente a los exportadores.

José Antonio Hidalgo explicó que el banano representa cerca del 66 % de las exportaciones ecuatorianas y que siete de cada diez contenedores que salen del país corresponden a este producto, por lo que el sector enfrenta constantemente casos relacionados con narcotráfico.

"Una ley antimafia fortalecida tiene que ir hasta el último eslabón de investigación de todas las estructuras criminales, no al primero", manifestó Hidalgo ante la comisión.

Los exportadores propusieron incorporar la trazabilidad obligatoria de toda la cadena logística, proteger el debido proceso para trabajadores investigados, aplicar medidas cautelares proporcionales y fortalecer la corresponsabilidad de los puertos en el control de la carga contaminada.

Al finalizar la sesión, la presidenta de la comisión señaló que las observaciones recibidas servirán para fortalecer el informe del proyecto de Ley Antimafias, cuya discusión continúa en territorio con el objetivo de robustecer las herramientas legales contra el crimen organizado.

Lo que debes saber

• La sesión solemne por los 491 años de fundación reunió a autoridades y homenajeó a figuras destacadas de distintos ámbitos.
• Esteban Torres resaltó el papel histórico de la ciudad y llamó a impulsar su desarrollo.
• Además, se entregaron reconocimientos a empresarios, educadores, deportistas, médicos, periodistas e instituciones.

La Asamblea Nacional realizó este miércoles una sesión solemne por los 491 años de fundación de Guayaquil, desarrollada en la Universidad Ecotec. Durante el acto, el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, encabezó la ceremonia en la que se exaltó la historia de la ciudad y se entregaron reconocimientos a instituciones y ciudadanos destacados por sus aportes al país.

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En su discurso, Torres afirmó : "El mayor homenaje que podemos rendir a Guayaquil no consiste únicamente en recordar su historia fundacional y su gesta libertaria, sino en asumir el compromiso de construir las condiciones para que continúe liderando el desarrollo nacional", sostuvo el presidente encargado de la Asamblea.

Esteban Torres destacó la historia y el papel de Guayaquil

Durante su intervención, el legislador recordó las palabras del escritor Juan Montalvo, quien calificó a los guayaquileños como un "pueblo de valientes", y señaló que la ciudad ha sabido reinventarse a lo largo de casi cinco siglos. También recordó que Guayaquil fue la primera ciudad en contar con un reglamento constitucional tras la independencia de 1820.

Torres aseguró que la ciudad continúa siendo uno de los principales ejes productivos del Ecuador gracias a su puerto, su sector empresarial y la capacidad de sus ciudadanos para superar crisis y desafíos.

"Hoy, esa misma capacidad para superar desafíos debe inspirarnos a seguir construyendo un Ecuador más seguro y competitivo", expresó.

El presidente encargado también vinculó ese proceso con la visión del Gobierno de Daniel Noboa y sostuvo que el crecimiento del país debe construirse "mirando hacia adelante, con valentía y con orgullo de nuestra historia".

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Asamblea entregó reconocimientos a ciudadanos e instituciones de Guayaquil

Durante la ceremonia, el Legislativo otorgó acuerdos y condecoraciones a instituciones y personalidades por sus aportes en educación, salud, deporte, cultura, periodismo, empresa, acción social y servicio comunitario.

Entre los principales reconocimientos constaron:

Los homenajeados agradecieron las distinciones

En representación de los condecorados, la doctora María Leticia Ortega de Moral dedicó buena parte de su intervención a recordar la figura de Matilde Hidalgo de Procel, resaltando su legado como la primera mujer médica del Ecuador, la primera en ejercer el voto femenino y pionera en la participación política del país.

"Quiero solicitarle al Congreso Nacional tomar en consideración que en el claustro legislativo pueda estar pintado el rostro de la Dra. Matilde Hidalgo de Procel para que la educación en el país sea la columna vertebral de nuestro querido Ecuador", manifestó.

Posteriormente intervino el periodista deportivo Gerardo España, quien habló en representación de todos los homenajeados y agradeció el reconocimiento recibido durante la ceremonia.

"Recibir esta distinción en nombre de quienes hoy somos homenajeados constituye un inmenso privilegio y honor, pero sobre todo una enorme responsabilidad", expresó.

España destacó que detrás de cada reconocimiento existen historias de maestros, médicos, empresarios, deportistas, periodistas e instituciones que han aportado durante décadas al desarrollo de Guayaquil. Además, afirmó que la ciudad continúa distinguiéndose por valorar el esfuerzo y el trabajo de sus habitantes.

"Guayaquil no se define únicamente por sus calles, su río o su puerto; se define por el carácter de sus ciudadanos", señaló durante su intervención.

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La ceremonia concluyó con una presentación cultural

La sesión solemne finalizó con la participación del coro infantil de la Unidad Educativa Lemas, cuyos integrantes interpretaron canciones dedicadas a Guayaquil como parte del cierre de la conmemoración por los 491 años de fundación de la ciudad.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto que regula las técnicas de reproducción humana asistida.
• El texto incorpora cambios sobre bioética, filiación, sanciones y supervisión. El documento pasará ahora al Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte aprobó este jueves 23 de julio el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, con seis votos a favor, cuatro abstenciones y ningún voto en contra. La propuesta continuará ahora su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que fracasara un pedido de reconsideración de la votación.

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La sesión 157, realizada de forma presencial en el campus Guayaquil de la Universidad Ecotec y presidida por el asambleísta Juan José Reyes Vázquez, se centró exclusivamente en el análisis del articulado del proyecto, que responde a un mandato emitido por la Corte Constitucional para dotar al país de una normativa sobre reproducción humana asistida.

Antes del debate, la asesora de la comisión, Sofía Añazgo, explicó que el informe fue fortalecido respecto al primer debate y ahora contiene 78 artículos, además de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y una disposición final. Según indicó, el objetivo es establecer reglas para estas técnicas bajo parámetros de seguridad jurídica, bioética y protección de derechos.

¿Qué cambios incorpora el proyecto de ley sobre reproducción humana asistida?

Añazgo señaló que el proyecto regula a quienes intervienen en estos procedimientos: solicitantes, donantes, personal de salud y personas nacidas mediante reproducción humana asistida. También precisó que podrán acceder únicamente personas mayores de edad, ecuatorianas o extranjeras con residencia permanente, previo consentimiento libre e informado.

"Lo que busca es regular las prácticas, técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, todo esto bajo estándares de calidad, de bioética y de vigilancia sanitaria con respeto a la autonomía de la voluntad, la dignidad humana e igualmente el proyecto de vida de las personas y familias", explicó la asesora técnica.

La funcionaria detalló que se mantiene la autorización para tres técnicas: inseminación artificial, fecundación in vitro y fecundación in vitro con microinyección espermática. Además, permanecen prohibidas la gestación por sustitución, la reproducción asistida post mortem y la clonación con fines reproductivos, mientras que cualquier nueva técnica deberá contar con autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional.

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Derechos, donantes y nuevas sanciones previstas en la propuesta

Entre las modificaciones incorporadas para el segundo debate consta el derecho de las personas nacidas mediante estas técnicas a conocer información médica y características fenotípicas del donante, sin revelar su identidad. Asimismo, se estableció que los donantes no podrán reclamar derechos de filiación sobre los niños concebidos mediante estos procedimientos.

El informe también crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Consejo Consultivo de Reproducción Humana Asistida, instancias que tendrán funciones de trazabilidad, supervisión y asesoría técnica para la formulación de políticas públicas en esta materia.

Añazgo agregó que el régimen sancionador fue reforzado con infracciones leves, graves y muy graves para establecimientos y personal de salud, contemplando desde amonestaciones hasta multas, suspensión de actividades, revocatoria de permisos y clausura de establecimientos.

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Observaciones sobre financiamiento y acceso al sistema público

Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana Blacio Carrión, sostuvo que el proyecto fortalece la seguridad jurídica de quienes recurren a estos procedimientos y protege los derechos de niñas y niños nacidos mediante reproducción asistida. Además, recordó que la propuesta fue unificada con un proyecto relacionado con salud sexual integral.

"Este proyecto de ley establece un marco jurídico para garantizar que quienes decidan acceder a estos procedimientos puedan hacerlo con seguridad y con pleno respeto a sus derechos", manifestó Blacio antes de presentar la moción para aprobar el informe.

En contraste, la asambleísta Victoria Desintonio respaldó el avance de la iniciativa, pero planteó varias observaciones. Advirtió que el texto no establece cómo se garantizará el acceso a estos tratamientos dentro del sistema público de salud, cuestionó la ausencia de financiamiento específico y pidió fortalecer las sanciones relacionadas con la prohibición de la gestación subrogada.

La legisladora también alertó sobre el riesgo de que los procedimientos queden limitados a clínicas privadas si no se desarrollan mecanismos claros para su implementación en hospitales públicos y cuestionó que las multas previstas puedan resultar insuficientes frente a una industria con alta rentabilidad.

Antes de cerrar la sesión, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, aclaró que el objetivo del proyecto no es crear un nuevo derecho, sino cumplir el mandato de la Corte Constitucional para regular estas técnicas.

"Este proyecto de ley no es para garantizar un derecho de reproducción humana asistida... es para regular las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida", puntualizó.

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En el apartado sobre recomendaciones, el documento que se pondría a debate en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda: “Al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz”.

El argumento para esa recomendación es que no se logró probar la “existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República”.

El informe borrador indica que existe “una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”.

¿Qué significa que no hubo un nexo causal?

Según el documento, los proponentes del juicio político -Blasco Luna, Mónica Palacios y Lenín Barreto- no lograron demostrar un nexo directo entre las competencias legales de la exministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el Contrato Emergente No. CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002.

El contrato al que se hace referencia tiene que ver con la entrega de los generadores de energía por parte de las empresa uruguaya Austral Technical Management, durante la crisis eléctrica que en 2024 provocó hasta 14 horas diarias de cortes de luz.

Otra de las conclusiones tiene que ver con que quedó acreditado “mediante la prueba de oficio que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16h39 del 9 de octubre de 2024.Según el informe borrador, eso fue horas antes de que el encargo ministerial de Manzano se registrara en el Sistema Minka, lo cual ocurrió a las 18:42.

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¿Qué pasará ahora?

ADN maneja la mayoría en la Comisión de Fiscalización. Eso le permitiría aprobar el informe. Sin embargo, el documento no es vinculante. Esa instancia conocerá el informe pero dependerá del Pleno del  Legislativo el que proceso continúe o se archive. 

Lo que debes saber

• La Comisión de la Niñez recibió los criterios técnicos del Ministerio del Interior sobre las reformas al régimen de adolescentes infractores.
• La cartera advirtió riesgos constitucionales en la ampliación de plazos y pidió reforzar la prevención del reclutamiento y la justicia juvenil especializada.

La Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional recibió este 23 de julio de 2026 los criterios técnicos del Ministerio del Interior sobre el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que modifica las reglas para juzgar a adolescentes en conflicto con la ley. La comparecencia formó parte de la elaboración del primer informe legislativo.

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La primera en intervenir fue Paola Fernanda Escobar Garzón, subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio del Interior y secretaria del Comité para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (COPRUNA). Durante su exposición afirmó: "La participación de adolescentes en infracciones graves y su utilización por grupos delictivos organizados constituye una problemática real y de alta preocupación pública". Sin embargo, precisó que cualquier modificación legal debe observar "el principio de especialidad, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la mínima intervención penal y la finalidad socioeducativa del sistema".

Ministerio del Interior cuestiona ampliar plazos para adolescentes infractores

Uno de los principales puntos analizados fue la propuesta de ampliar de 90 a 180 días el internamiento preventivo para adolescentes infractores. La funcionaria sostuvo que esa modificación podría generar conflictos con la Constitución y con los tratados internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Escobar también observó la propuesta de extender los tiempos de investigación previa y de prescripción de la acción penal. Explicó que si bien existen procesos complejos relacionados con grupos de delincuencia organizada, aumentar automáticamente los plazos podría afectar garantías constitucionales y generar inseguridad jurídica dentro del sistema especializado de justicia juvenil.

Reclutamiento de menores y justicia especializada marcaron el debate

Durante la sesión, el asambleísta Ricardo Patiño consultó sobre la información que posee el Estado respecto al reclutamiento de niños y adolescentes por bandas criminales. En respuesta, la subsecretaria reconoció que Ecuador todavía no dispone de una base de datos única que permita medir el fenómeno de forma integral.

"En nuestro país, lamentablemente, no tenemos un dato integrado específicamente sobre reclutamiento", respondió Escobar. Añadió que el COPRUNA trabaja en consolidar información proveniente de distintas instituciones para construir indicadores, mapas de riesgo y mecanismos de alerta temprana.

La funcionaria explicó que la estrategia nacional contra el reclutamiento identifica factores de riesgo individuales, familiares, escolares y comunitarios, siguiendo el modelo socioecológico de Naciones Unidas. Además, señaló que el comité ya definió un índice de vulnerabilidad que permite priorizar los cantones donde el Estado concentra acciones preventivas frente al crimen organizado.

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Ministerio del Interior pide fortalecer capacidades antes que endurecer penas

En el intercambio con los legisladores, la asambleísta Paola Cabezas planteó que el problema no se limita a endurecer las sanciones, sino a fortalecer las capacidades del Estado para investigar, prevenir el reclutamiento y rehabilitar a adolescentes en conflicto con la ley.

Escobar coincidió con ese enfoque y explicó que las reformas penales, por sí solas, no resolverán el problema. "Ninguna acción aislada ha funcionado en ningún país del mundo frente a un fenómeno tan complejo", manifestó. Agregó que el COPRUNA impulsa una propuesta para reformar 13 cuerpos normativos con el objetivo de fortalecer la prevención del reclutamiento infantil.

La subsecretaria también reveló que actualmente existen dificultades operativas para investigar delitos cometidos por adolescentes vinculados al crimen organizado, debido a que los tiempos procesales resultan insuficientes para la Policía Nacional y la DINAPEN. No obstante, insistió en que cualquier ajuste debe respetar el marco constitucional y la justicia especializada para adolescentes.

Subsecretaría de Rehabilitación Social respalda observaciones al proyecto de ley

Tras la intervención de Escobar, la comisión recibió a Eleonora Salazar Bravo, subsecretaria de Rehabilitación Social y Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores, quien respaldó los criterios expuestos previamente por el Ministerio del Interior y explicó que el nuevo viceministerio trabaja en la implementación de una política pública diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley.

La funcionaria recordó que el Viceministerio de Rehabilitación Social fue creado hace aproximadamente un mes y que ya desarrolla modelos específicos de atención para adolescentes infractores, separados del sistema penitenciario de adultos. Según indicó, la política pública aprobada en diciembre de 2025 fija metas relacionadas con nuevos modelos de gestión, atención y rehabilitación.

"Se está trabajando sobre la marcha en este momento, teniendo consideración de que no lo hacemos solos, lo hacemos también con la articulación y la cooperación internacional", señaló Salazar al responder inquietudes de los legisladores sobre las nuevas competencias asumidas por la cartera de Estado.

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Durante su análisis del proyecto, la subsecretaria coincidió en que la propuesta de ampliar el internamiento preventivo y modificar los plazos procesales debe revisarse con mayor rigurosidad para evitar vulneraciones a los principios que rigen la justicia juvenil.

Salazar explicó que extender el internamiento preventivo de 90 a 180 días obligaría también a revisar la capacidad instalada de los Centros para Adolescentes Infractores (CAI), la disponibilidad de espacios diferenciados, equipos técnicos especializados y recursos suficientes para garantizar una atención integral.

"El internamiento preventivo constituye una medida cautelar de carácter excepcional y de aplicación restrictiva", enfatizó. Agregó que ampliar ese plazo "podría afectar el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, así como los principios del interés superior del adolescente, mínima intervención y celeridad procesal".

La funcionaria sostuvo además que las modificaciones sobre prescripción y caducidad deben analizarse considerando las sentencias de la Corte Constitucional y los estándares internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. A su criterio, mantener la normativa vigente ofrece mayores garantías mientras se fortalecen las capacidades institucionales.

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Asambleístas debatieron regulación de abogados y fortalecimiento de la justicia juvenil

Durante el debate, el asambleísta Alejandro Vanegas consultó sobre posibles mecanismos para evitar malas prácticas de abogados que intervienen en procesos de adolescentes vinculados con estructuras criminales y que, según afirmó, buscan provocar la caducidad o prescripción de las causas.

En respuesta, Salazar respaldó la propuesta presentada por el COPRUNA para que quienes ejerzan la defensa de adolescentes infractores cuenten con una certificación especializada registrada ante el Consejo de la Judicatura. "Estos deben ser regulados y capacitados para que su gestión y su defensa sea acorde a la lealtad procesal", manifestó.

Escobar también había explicado previamente que el comité impulsa esa certificación debido a que han identificado defensas privadas que, mediante estrategias procesales, retrasan investigaciones relacionadas con adolescentes utilizados por organizaciones criminales.

Concluidas ambas comparecencias, la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, Viviana Veloz, agradeció los aportes presentados por las dos subsecretarias y señaló que los criterios técnicos servirán para la elaboración del primer informe sobre el proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.

Los movimientos que participarán en las elecciones seccionales de 2026 pidieron controles y definiciones claras sobre lo que se considerará campaña anticipada.

Política

Vocal del CNE cuestiona al TCE por Amigo: "Una sentencia debe determinar participación en delito"

Daniel Alejandro Romero Páez

Este 23 de julio de 2026, en la Delegación Provincial de Pichincha del CNE, se instaló el consejo consultivo. Uno de los puntos del orden del día fue el control de la precampaña y la fiscalización que realiza el organismo electoral.

El director de Fiscalización, Romel Salas, explicó que la precampaña abarca todo acto proselitista realizado antes de la convocatoria oficial. Señaló que el CNE ejerce el control mediante el monitoreo de vías públicas, como vallas y murales, así como de los medios de comunicación, para verificar la propaganda que se difunde.

También enfatizó que el uso de redes sociales con fines electorales debe ser reportado como gasto. Para este proceso, el CNE aplicará por primera vez un monitoreo específico de redes sociales con base en la sentencia 111-2023 del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), especialmente para las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los cuestionamientos de las organizaciones políticas

Representantes de varias organizaciones políticas denunciaron que funcionarios públicos estarían realizando campaña anticipada bajo la figura de actividades de "gestión".

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Noboa sobre Amigo y RC: "Es como que cuatro ladrones se bajaron de un carro y se subieron a otro"

Daniel Alejandro Romero Páez

Geovanny Atarihuana, de Unidad Popular, dijo: “El CNE debe jugar un papel de fiscalización también en el uso de fondos públicos por parte del gobierno central y eventualmente los gobiernos locales”.

Añadió que hay asambleístas del partido de gobierno que están haciendo promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores y utilizando el color de ADN.

Las organizaciones también pidieron al CNE emitir directrices para los medios de comunicación que permitan identificar cuándo un funcionario actúa en ejercicio de su cargo y cuándo realiza proselitismo político prohibido.

Intermitencias en el sistema

Desde el movimiento CREO también se plantearon alertas sobre el funcionamiento del sistema del CNE para la inscripción de candidaturas. La militante de esa organización, Ana Belén Cordero, señaló que se registraron caídas en la plataforma.

“El sistema presenta muchas intermitencias y es pone en riesgo no solo la participación política sino de os candidatos. Les ruego tener en cuenta esta consideración”, dijo la también exasambleísta.

Lo que debe saber

• La consejera Elena Nájera cuestiona que el CNE deba acatar de forma automática las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral.
• Enrique Pita responde a las críticas de Nájera y defiende que el organismo electoral está obligado a actuar dentro del marco legal.
• El caso reabre el debate sobre las garantías del debido proceso y el impacto de las decisiones del TCE en el desarrollo de las elecciones.

El primer consejo consultivo entre las organizaciones políticas que participarán en las seccionales de 2026 y el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue el escenario para una crítica al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a propósito de la suspensión de movimientos políticos.

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Fiscal Carlos Alarcón dice que la suspensión de Amigo fue decisión del TCE, no de la Fiscalía

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La consejera Elena Nájera dijo que debería abrirse un debate sobre si el CNE debe cumplir “a raja tabla” las decisiones del órgano jurisdiccional de la Función Electoral.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pondera que, cuando las decisiones de un órgano que tiene que revertirse de garantista, todo juez debe garantizar las garantías y vemos que, por el contrario, son ellos los que las están afectando”, dijo Nájera.

Con ello se refirió a que existe un “poder tan omnímodo, tan omnipresente como el TCE que determina un acto irregular que es la violación flagrante del derecho a ser inocente hasta que una sentencia determine lo contrario”.

La intervención de Nájera ocurrió durante el tratamiento del punto relacionado con la cancelación de movimientos políticos. El coordinador de Participación Política del CNE, Marco Peña, expuso que la decisión sobre el movimiento Amigo —que albergaría las candidaturas de la Revolución Ciudadana— se tomó con base en una resolución del TCE.

También intervinieron representantes de organizaciones políticas, como Gustavo Larrea (Futuro) y Geovanny Atarihuana (Unidad Popular), quienes cuestionaron que este tipo de suspensiones se produzcan en medio del desarrollo de un proceso electoral.

En ese contexto, Nájera insistió en que el CNE no votó por el auto de admisión que suspendió a Amigo. “La sentencia es la que debe señalar si, con base en las garantías básicas del debido proceso se ha determinado que esta organización política tuvo o no que ver con un delito”, dijo la vocal.

“Sí me quedo preocupada. Y lo he dicho públicamente: en el Tribunal Contencioso no confío. Además con el agravante de que las personas que lo integran no vienen del proceso de ser jueces con una carrera judicial”, agregó.

Choque directo con Pita

El ahora consejero del CNE y antes vicepresidente del organismo, Enrique Pita, cuestionó lo dicho por Nájera. “No puedo dejar de plantear la inquietud que me da la ligereza, las antojadizas muchas veces propias de personas que están buscando promover imágenes personales cuando afirma, sueltos de huesos, que el CNE estaría por encima del TCE y no hacer caso”.

Según Pita, lo que corresponde es trabajar dentro del marco legal que regula a ambas instituciones. También dijo que no es posible ir más allá de lo planteado por el TCE únicamente con una votación del Pleno del CNE.

Lo que debes saber

• El fiscal aseguró que la Fiscalía no pidió suspender al movimiento Amigo.
• La investigación se originó tras una denuncia por presunto lavado de activos.
• Alarcón negó que exista persecución política o injerencia del Gobierno en su actuación.

El fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, en una entrevista con el portal digital ‘Impacto Informativo’ defendió la actuación de la Fiscalía en el proceso que derivó en la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16. Aseguró que la institución no solicitó la medida, sino que cumplió con la obligación legal de informar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos.

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CNE suspende al movimiento Amigo por orden del TCE y correístas protestan en Quito

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Las declaraciones se producen después de que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutara la suspensión provisional de Amigo, en cumplimiento de una orden del TCE. La medida, adoptada tras una denuncia reservada presentada por la Fiscalía, mantendrá suspendido el registro permanente de la organización política durante nueve meses, según dispuso el juez Patricio Maldonado.

Alarcón explicó que la investigación se inició luego de que una denuncia ingresara a la Fiscalía a través del sistema 1-800-DELITO. Según indicó, esa información fue plasmada en un parte policial que llegó a la Unidad Antilavado de Activos como noticia criminis, dando paso a una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos que involucraría a directivos del movimiento.

El fiscal encargado sostuvo que el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia obliga al fiscal general del Estado a informar al TCE cuando una organización política es investigada por presunto lavado de activos. "Si no hacía conocer este hecho al Tribunal Contencioso Electoral, habría incurrido en una omisión", señaló.

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La suspensión, según Alarcón, fue decisión del TCE

Alarcón insistió en que la Fiscalía no pidió la suspensión del movimiento Amigo. Explicó que la resolución fue adoptada por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes, a su criterio, son los únicos facultados para analizar la información remitida y decidir si corresponde o no aplicar la medida prevista en la legislación electoral.

También rechazó los cuestionamientos sobre el momento en que se notificó al TCE, pocos días antes del cierre del plazo para la inscripción de alianzas y precandidaturas para las elecciones seccionales de noviembre. Según dijo, la Fiscalía actuó de forma inmediata tras conocer la denuncia y no podía esperar otro momento para cumplir con la obligación establecida en la ley.

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Rechaza acusaciones de persecución política

Frente a las críticas del correísmo, que sostiene que existe un patrón similar al aplicado anteriormente contra la Revolución Ciudadana, Alarcón negó que exista una persecución política. Afirmó que la actuación de la Fiscalía depende exclusivamente de la existencia de una denuncia y de una investigación previa, no de la organización política involucrada.

El fiscal encargado también rechazó los señalamientos de que actuaría en coordinación con el Gobierno de Daniel Noboa. Sostuvo que nunca ha mantenido conversaciones con el presidente ni con dirigentes de Acción Democrática Nacional (ADN) y aseguró que las coincidencias en eventos públicos no implican una relación política. 

Lo que debes saber

• Conoce a Emily Vera y su trayectoria política como concejal en funciones de Guayaquil.
• De la dirigencia estudiantil y la Senescyt a su elección en el Municipio de Guayaquil.
• Emily Vera impulsa proyectos sociales y el liderazgo femenino desde las comunidades.

Esta historia forma parte de "Ellas para Ellas: Mujeres que mueven Guayaquil", el especial de EXPRESO por los 491 años de Guayaquil, que reúne a mujeres cuyas ideas, liderazgo y trabajo transforman la ciudad desde distintos ámbitos. En esta entrega, conocemos la trayectoria de Emily Vera, concejal de Guayaquil que impulsa liderazgos femeninos de los barrios, generando cambios sociales que duren en el tiempo.

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El destino la encontró joven. Emily Vera, concejal de Guayaquil, despertó su interés por la política en las aulas y no en las calles. Como hija de una madre que recibía el Bono de Desarrollo Humano, accedió a una beca universitaria gubernamental durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, una oportunidad que le cambiaría la vida.

Su agradecimiento y la convicción de que desde la universidad los conocimientos deben devolverse a las comunidades despertaron su interés por ampliar las oportunidades que ella misma había recibido como joven guayaquileña. Incluso llegó a liderar un frente nacional de estudiantes y becarios para defender la política pública de becas estudiantiles.

Aunque los prejuicios de género nunca faltaron en su camino, Vera resalta que su carácter siempre fue su mayor fortaleza para responder a cualquier intento de deslegitimar su lucha estudiantil, reivindicando los derechos de las mujeres y de los estudiantes, y promoviendo la paridad en su actividad como dirigente estudiantil.

De la dirigencia estudiantil al Municipio de Guayaquil

Esa llama encendida no se quedó en las aulas, sino que trascendió al ámbito público. Inició, en 2015, como servidora pública en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), entidad que posteriormente llegó a dirigir. En 2019 integró una papeleta como concejal suplente del Municipio de Guayaquil y, en 2021, como asambleísta alterna por Guayas. En 2023 fue electa concejal de la urbe porteña.

El liderazgo femenino en cada uno de los cargos que ocupó y ocupa ha sido fundamental, comenta, y lo relaciona con lo que sucede en un hogar. Para Vera, así como una mujer es un pilar importante en una familia, también lo es para la comunidad y la función pública, especialmente al momento de dirigir el rumbo de la ciudad.

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En ese sentido, señala que quiere plasmar su legado donde todo comenzó: en la comunidad. Cuenta que, como concejal de la ciudad e integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo, impulsó la iniciativa Niños y Niñas Agentes de Cambio, dedicada a llevar talleres socioeducativos a las comunidades de Guayaquil para generar oportunidades como las que ella recibió cuando era más joven.

De hecho, en uno de los resultados de esos talleres, el Corredor Cultural La 12, en Mapasingue, Vera recibió a EXPRESO. La concejal comenta que la iniciativa contó con el apoyo de facilitadoras, en su mayoría mujeres. Más de un año después de su implementación, Vera señala que la comunidad se apropió del proyecto y que ahora los murales, los campeonatos y las demás actividades son organizados y mantenidos por los propios vecinos.

El secreto para enfrentar el miedo y la visión a futuro

Al mirar el camino recorrido y los retos que aún continúan, Vera reflexiona y afirma que, cuando comenzó, le habría gustado no prestar tanta atención a las voces que le decían que no lograría nada de lo que ha construido. Aunque también reconoce que precisamente escuchar a la gente fue la clave para enfrentar los momentos de miedo en su trayectoria política en la ciudad.

Vera también es consciente de que su camino no es solitario, sino una senda para más mujeres que, como ella, tienen interés en lo social y en el servicio público. A ellas les aconseja prepararse técnicamente y desprenderse de la idea de que la política solo se hace desde las tarimas. El secreto, dice, está en involucrarse con la comunidad y comprender sus problemas.

Aún con mucho por hacer, pero satisfecha con el camino recorrido, la concejal Emily Vera hace hincapié en que el liderazgo femenino en la política y desde las comunidades es sinónimo de valentía, especialmente cuando las mujeres enfrentan un doble desafío en la sociedad ecuatoriana. También recuerda que los logros de las mujeres no son individuales, sino el resultado de una lucha colectiva.

Lo que debes saber

• El CAL sancionó a Ana María Raffo con nueve días sin sueldo tras queja de Janina Rizzo.
• Se señala que Raffo profirió expresiones ofensivas en la Comisión de Soberanía Alimentaria.
• Raffo denuncia falta de debido proceso y califica la medida como una represalia política.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió suspender por nueve días, sin remuneración, a la asambleísta Ana María Raffo, del bloque de la Revolución Ciudadana. La sanción se notificó el 22 de julio de 2026 en Quito, luego de que la legisladora Janina Rizzo, de la bancada de ADN, presentara una queja administrativa por una presunta ofensa verbal emitida en su contra durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

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Sanción contra la asambleísta Ana María Raffo

La resolución, notificada el 22 de julio de 2026, señala que la asambleísta Ana María Raffo incurrió en una falta administrativa grave al violar la normativa interna del parlamento.

Los fundamentos legales normativos aplicados por el CAL para sancionar a la legisladora de la Revolución Ciudadana contemplan:

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Los motivos de la queja planteada por Janina Rizzo

Ana María Raffo fue sancionada, específicamente, por haber proferido "una expresión verbal ofensiva, directa e individualizada" contra la asambleísta Janina Rizzo durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de la cual Rizzo forma parte y preside.

En su denuncia, Janina Rizzo argumentó los siguientes puntos:

Descargos y postura de Ana María Raffo ante el CAL

Por su parte, la asambleísta Ana María Raffo sostiene que la decisión adoptada por el CAL constituye una represalia. Según explicó la legisladora, el origen de la disputa se remonta al 10 de junio de 2026, fecha en que la Comisión de Soberanía Alimentaria terminó de forma abrupta una sesión y dejó plantados a agricultores que esperaban ser escuchados por la mesa legislativa.

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Cuestionamientos al procedimiento y falta de pruebas

Respecto a la denuncia presentada por la legisladora de ADN, Ana María Raffo expuso las siguientes irregularidades y reclamos:

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En una entrevista con Radio Centro, Noboa fue consultado sobre la suspensión de Amigo. A ese espacio acudió acompañado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Este último habló sobre los hallazgos de la Fiscalía para denunciar a esa organización política ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Neira manifestó que se trata de los mismos personajes involucrados en una investigación previa por presunto lavado de activos relacionada con el movimiento anterior. “El fiscal hizo declaraciones públicas en las que lo único que hizo fue actualizar al TCE esa información”, agregó.

El secretario de la Administración Pública también aseguró que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recopilará la información que le solicite la Fiscalía para sustentar su investigación. Dijo que esa indagación está relacionada con el origen del financiamiento de campaña.

¿Qué dijo Noboa sobre Amigo?

El presidente de la República también se pronunció sobre el tema. Tomó como referencia lo dicho por la Revolución Ciudadana respecto a que tanto en Nicaragua como en Ecuador se impide la participación política de la oposición.

“Ahora, la gente que defiende a Ortega en Nicaragua, está diciendo que acá pasa la mismo. Es como que cuatro ladrones se subieron a un carro. Se bajaron del carro y se subieron a otro. No dejaron de ser ladrones, ni cometer crímenes. Solo cambiaron de vehículo”, señaló Noboa sobre la situación del correísmo.

Además, llevó el tema más allá. Al margen de las competencias de la Función Ejecutiva, Noboa dijo que la Revolución Ciudadana puede participar por cualquier otro movimiento. Añadió que para ello es necesario que busquen una organización que no se haya prestado para lavado de activos y que haya cumplido con el proceso de elecciones primarias.