Política

¿Hay feriado este viernes 25 de junio? Esto dijo Daniel Noboa

Carlos Isaac Pino

Feriado no recuperable 

El documento, suscrito por el mandatario desde Estados Unidos, establece normativas directas sobre el carácter del día libre y la operatividad de los servicios estratégicos del país. Previo a la oficialización de la medida, el jefe de Estado anticipó la decisión a través de sus canales de comunicación, adjudicando la paralización al desempeño del plantel deportivo y el cuerpo técnico.

La disposición presidencial entró en vigencia de forma inmediata tras su firma, obligando a las autoridades de todas las instituciones públicas a reorganizar su contingente para evitar la paralización de las demandas prioritarias de la colectividad.

Copa Mundial de Fútbol

Nilson Angulo y el gol que hizo estallar de orgullo a Quinindé: así celebraron el Ecuador - Alemania

Luis Cheme

Feriado en Ecuador 

El anticipo de esta disposición la dio el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X, y llega luego del desempeño del equipo y el cuerpo técnico, quienes revirtieron los malos resultados y los cuestionamientos ciudadanos recientes. La confirmación gubernamental de este día libre responde a la conmoción social y las celebraciones masivas que ya alteran la movilidad en diversas arterias viales del país.

Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia de la República no ha publicado el decreto oficial con las normativas técnicas de la paralización. Sin embargo, desde los grupos de chat de la Presidencia confirmaron que se está preparando el decreto. Este definirá si el feriado es recuperable o no.

Una vez que el documento sea despachado, se establecerán los lineamientos para la recuperación de la jornada, un proceso que administrativamente recae de forma obligatoria sobre los funcionarios públicos. Por su parte, el sector privado tendrá la facultad de acogerse a esta compensación mediante acuerdos internos entre empleadores y trabajadores, tal como estipula la ley en jornadas excepcionales.

Lo que debes saber

• Existen dudas entre el patrimonio declarado de Luis Alvarado Campi, propietario de Galamedios, y la compra de una radio y un portal digital financiada mediante préstamos y acuerdos confidenciales.
• El secretario de la Administración, José Neira, exige transparencia a medios como EXPRESO y Ecuavisa mientras no esclarece el origen del financiamiento de Galamedios.
• El Gobierno combina ataques contra medios independientes con el fortalecimiento de medios afines, en el contexto de la cobertura del caso Progen y la disputa por el control del relato público.

El secretario de la Administración, José Neira, salió esta semana en la plataforma de contenidos digitales Altavoz, anexa a la Secretaría de Inteligencia, para exigir que Diario EXPRESO y el canal de televisión Ecuavisa hagan públicas sus fuentes de ingresos. Y sugirió maledicencias con las que insidiosamente pretendió escandalizar a la opinión pública. 

Te invitamos a leer: Galamedios: correísmo pide a la 'Supercías' inspeccionar la empresa de Alvarado Campi

Mientras tanto, la empresa Galamedios, que montó el legislador oficialista Luis Alvarado Campi con el fin de comprar La Posta y Radio Centro para uso del gobierno, esconde su estructura financiera tras “acuerdos de confidencialidad” sobre los que el secretario Neira no se hace preguntas, lo cual no tiene nada de raro porque es obvio que él conoce perfectamente las respuestas: lo que debería hacer es transparentarlas.

Es curioso que los estados financieros de Galamedios correspondientes al ejercicio fiscal de 2025, recién presentados ante la Superintendencia de Compañías y revelados ayer por este Diario, no hayan levantado ninguna alarma en los organismos de control. La verdad es que deberían activarlas todas. Y deberían hacerlo porque lo de Alvarado Campi, dueño de la totalidad de acciones de esa empresa, es el caso de testaferrismo más descarado del que se tenga noticia reciente, encubierto por opacos procedimientos financieros.

La historia es conocida: un asambleísta alterno que registra, en su declaración de bienes ante Contraloría, haberes por 69 mil dólares (incluida su casa, que a esos precios no podría ser más que una mediagua) y, sin embargo, termina comprando dos medios de comunicación por un total de 2,6 millones. Ahora sabemos que, seis meses después de constituir su empresa (eso ocurrió el 2 de julio de 2025), con una capital de 50 mil dólares, equivalente a las tres cuartas partes de sus bienes (¿hipotecó la mediagua?), Galamedios presentó una estructura financiera respaldada por millones de dólares en obligaciones.

En la compra de Holdingvisión, propietaria del 80 por ciento de Radio Centro, y Levascan, dueña de la Posta, Galamedios invirtió 2,6 milllones de dólares. Y 2,57 millones es el total de sus pasivos. Es decir: su deuda es 51 veces mayor a su capital. ¿Qué financista en sus cabales considera a semejante muerto de hambre como sujeto de crédito? Sobre todo si se toma en cuenta que, de esos 2,57 milones en pasivos, 1,5 millones corresponden a préstamos sin interés. ¡Sin interés! ¿Préstamos de quién? 

Política

Fundamedios advierte deterioro del periodismo en Ecuador: presión legal, violencia y crisis laboral

Rosero Mariela

Imposible saberlo: los acuerdos están sujetos a confidencialidad estricta. Con respecto al millón restante, que ya fue pagado a La Posta y Radio Centro, tampoco hay manera de precisar su origen. Sólo sabemos que Galamedios registra ingresos por 505 mil dólares por concepto de asesorías a no se sabe quién ni en qué materia. 505 mil dólares de ingresos por asesorías el mismo año de su constitución. Asesorías, a pesar de que su razón social consiste en la producción, edición y venta de contenidos informativos.

Una ilegalidad tras otra; una opacidad sobre otra. El hombre que suscribe los balances de Galamedios entregados a la Superintendencia de Compañías es el representante legal de la empresa, Eduardo Guivernau Escobedo, persona de confianza del grupo Noboa y suegro de la legisladora oficialista y presidenta de la Asamblea Nacional Michelle Mancheno. Es decir: no hay aquí ni siquiera el mínimo escrúpulo por disimular. Esto es de frente.

Neira exige a EXPRESO y Ecuavisa, pero no a Galamedios

No disimula tampoco el secretario Neira. Exige a Diario EXPRESO y Ecuavisa revelar sus fuentes de financiamiento, como si los ingresos de ambos medios no fueran debidamente declarados ni estuvieran sujetos al control de las autoridades respectivas. Con semejantes cadáveres en su armario, Neira arremete contra ellos, acusándolos de recibir dinero sucio (no dice de quién, no dice cómo, no dice cuánto, no muestra prueba alguna, en resumen: no tiene nada que no sea su maledicencia) para crear lo que él llama “una narrativa” sobre el caso Progen. 

También te invitamos a leer: Alvarado Campi evita responder a periodista sobre la compra de Galamedios

Es obvio por qué: contra la versión oficial difundida por Neira, según la cual el caso Progen se resuelve en los niveles medios de las empresas eléctricas, EXPRESO y Ecuavisa, junto a un puñado de periodistas digitales, han demostrado la participación de los altos mandos del ministerio de Energía y la Presidencia de la República: Roberto Luque, Inés Manzano, Arturo Félix Wong… Y eso no lo pueden tolerar.

Lo del secretario Neira es guerra sucia. En el aparato de propaganda y desinformación que ha montado el gobierno de Daniel Noboa y que nada tiene que envidiar, por sus efectos en la conversación nacional, a aquel otro que funcionó durante los tiempos del correato, acanallar a los medios legítimos que practican periodismo independiente resulta tan importante como mantener pseudoperiodistas asalariados en medios comprados con opacos procedimientos financieros como los de Galamedios. Cuando ambas estrategias se juntan, como ha ocurrido esta semana, todo el entramado se desmorona por su clara, evidente, repugnante inmoralidad.

Lo que debes saber

• TCE admite denuncia el 24 jun contra Darío Macas en Ecuador por presunta campaña anticipada en Arenillas
  
  
• Evento del 6 junio en Arenillas motiva denuncia contra Macas y Perero por proselitismo fuera de plazo
  
  
• Denunciante pide al TCE investigar actos en El Oro por posible infracción electoral rumbo a 2027
  
  

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia por presunta infracción electoral contra el alcalde de Machala, Darío Macas, en un caso que lo coloca bajo análisis judicial por supuestos actos de campaña anticipada en la provincia de El Oro.

La causa fue presentada el 15 de junio de 2026 e incluye también al médico Jesús Perero Luna, quien fue mencionado como posible aspirante a una dignidad local.

Origen del caso

La denuncia se sustena en un evento político realizado el 6 de junio en el cantón Arenillas, donde, según el denunciante, se habrían emitido mensajes con contenido proselitista fuera del período electoral autorizado.

Te invitamos a leer | El TCE archiva denuncia contra Luisa González y Andrés Arauz a vísperas de las seccionales 2026

Durante ese acto, el alcalde de Machala pronunció declaraciones públicas vinculadas al futuro político de la provincia, mientras que Perero habría mencionado nombres de personas que podrían participar como candidatos en próximos comicios.

Estos hechos son objeto de análisis dentro del proceso, ya que la legislación electoral ecuatoriana prohíbe la realización de campaña o precampaña fuera de los plazos establecidos por la autoridad electoral.

Denunciante y contexto político

La acción fue impulsada por Gilberto Colón Preciado, ex candidato a la Prefectura de El Oro en las elecciones de 2023, quien ha manifestado su intención de volver a participar en la política provincial.

Te puede interesar | TCE declara cumplida sentencia de Jorge Yunda: ¿Podrá ser candidato en las seccionales de 2026?

El caso se enmarca en un escenario de alta competencia política en la provincia, donde ya se perfilan posibles actores de cara a los comicios seccionales de 2027.

Desde el entorno del alcalde Macas se han rechazado los señalamientos y se los ha interpretado como parte de una disputa política. Según esta versión, la denuncia tendría como objetivo debilitar la imagen de la autoridad municipal, quien llegó al cargo con el respaldo de la Revolución Ciudadana.

Con la admisión a trámite, el TCE inicia el análisis formal de la denuncia, lo que implica la revisión de pruebas, argumentos y eventuales descargos por parte de los señalados.

El proceso continuará con la sustanciación en la instancia electoral, donde se evaluará si los hechos denunciados constituyen una infracción al Código de la Democracia. En caso de confirmarse, podrían aplicarse sanciones que incluyen multas, suspensiones de derechos políticos o medidas administrativas.

Política

Último día para postularse al CPCCS 2027: horario, requisitos y prohibiciones para inscribirse

Richard Josue Jimenez Mora

Un caso en fase preliminar

La causa se encuentra en una etapa inicial, en la que el órgano de justicia electoral deberá determinar si existieron o no actos de proselitismo anticipado y si estos vulneraron las normas que regulan la participación política en período no electoral.

El resultado del proceso podría tener implicaciones en el escenario político local, particularmente en un contexto en el que se empiezan a configurar posibles candidaturas para 2027, mientras el TCE avanza en la verificación de los hechos denunciados.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa se reunió en EE. UU. con Kristi Noem para fortalecer el programa Escudo de las Américas.
• Ecuador recibirá asistencia internacional para combatir el crimen organizado bajo el Decreto Ejecutivo 424.
• El encuentro en Nueva York el 25 de junio de 2026 priorizó la cooperación en seguridad nacional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició su agenda oficial en Nueva York, Estados Unidos, este jueves 25 de junio de 2026, manteniendo una reunión de alto nivel con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas. El encuentro estratégico se centró en la cooperación internacional en seguridad, el fortalecimiento de programas conjuntos y la implementación de mecanismos de apoyo militar y policial para neutralizar las amenazas de los grupos delictivos y combatir el crimen organizado en territorio ecuatoriano.

Política

Secretaría Jurídica de la Presidencia entrega 14.532 folios al CNE y cuestiona pedido de revocatoria

Marco Rivera

Cooperación estratégica y el Escudo de las Américas

Durante la cita bilateral, las autoridades analizaron a fondo los planes de apoyo mutuo con aliados internacionales. El eje central de la conversación fue la evolución del programa Escudo de las Américas, una iniciativa clave para blindar las fronteras y optimizar el intercambio de inteligencia contra los delitos transnacionales.

Te puede interesar | Viaje de Daniel Noboa a Nueva York: agenda oficial y comitiva del presidente

Daniel Noboa y Kristi Noem delinearon las prioridades operativas bajo el amparo de la legislación ecuatoriana reciente, asegurando que la asistencia técnica y los recursos internacionales se ejecuten de manera inmediata en las zonas más críticas de Ecuador.

Las facultades especiales del Decreto Ejecutivo 424

Un punto fundamental del diálogo fue la aplicación de las herramientas jurídicas dictadas por el Gobierno de Ecuador. Específicamente, se revisaron las ventajas operativas derivadas del Decreto Ejecutivo Nro. 424, suscrito el pasado 18 de junio de 2026.

Te puede interesar | Primer año de Noboa: así evolucionó su relación con la Asamblea, la Corte y Estados Unidos

Este instrumento legal es la pieza jurídica que habilita y facilita la recepción de la asistencia internacional. Los puntos clave analizados sobre este decreto incluyen:

Política

Roberto Gilbert: Daniel Noboa tiene que rodearse de gente que tenga experiencia

Jonathan Palma

Con estos acuerdos logrados en Estados Unidos, el Gobierno Nacional ratifica su política de apertura institucional y su postura de trabajar de la mano con la comunidad internacional para devolver la paz a la ciudadanía.

Justicia

"No hubo garantías": defensa de Aquiles Álvarez cuestiona audiencia del caso Grillete

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El futuro del alcalde de Guayaquil

Este procedimiento administrativo se sustenta en los términos previstos en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La convocatoria oficial fue suscrita este jueves 25 de junio por Jaime Tejada Franco, secretario del cabildo. El documento que debatirá el pleno edilicio recoge las actuaciones ejecutadas durante los cinco días de sustanciación a cargo de la comisión designada. 

El avance de esta causa ocurre pese a que el denunciante, el abogado Hugo Córdova, ingresó previamente una solicitud de desistimiento.

Guayaquil

Ana Chóez también deja el PSC y descarta ir a la reelección en Guayaquil

Juan Ponce Merchán

Frente a esta figura legal, la dependencia municipal determinó continuar el análisis jurídico amparándose en la aplicación supletoria del artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En consecuencia, el trámite se mantuvo hasta su etapa de conclusión para que los concejales fundamenten su voto y emitan un dictamen definitivo sobre el administrador cantonal.

Lo que debes saber

• Karla Arellano es la precandidata de Unidad Popular para la Alcaldía de Guayaquil en las seccionales de 2026.
• Juan Cervantes fue nominado como precandidato de la Lista 2 para la Prefectura del Guayas.
• Las primarias de los partidos políticos para las seccionales serán hasta el 18 de julio de 2026.

Unidad Popular nominó a Karla Arellano como su precandidata a la Alcaldía de Guayaquil para las seccionales de 2026. Arellano es parte de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y directora del partido en la provincia.

Guayaquil

El PSC pierde dos figuras en Guayaquil: ¿Qué hay detrás de las salidas de Chóez y Acaiturri?

Richard Josue Jimenez Mora

Unidad Popular realizó sus primarias en Guayas

Arellano fue nominada a la Alcaldía durante el proceso de primarias de Unidad Popular en Guayas, realizado este 25 de junio de 2026. Alonso López, coordinador nacional del partido, señaló que Arellano representa una precandidatura que puede "cambiar el rumbo" de la ciudad.

Te puede interesar | Audiencia contra Aquiles Álvarez en el caso Grillete se suspende por retiro de su defensa

Arellano, por su lado, destacó durante el evento de primarias de Unidad Popular que el Municipio de Guayaquil "debe ser para el pueblo" y ser un actor que ayude a reducir la brecha de pobreza en la ciudad.

Juan Cervantes es el precandidato para la Prefectura

En las primarias del partido también se nominó a Juan Cervantes como precandidato a la Prefectura del Guayas. El también presidente del Frente Popular ya fue candidato al gobierno provincial en las elecciones seccionales de 2023, donde obtuvo menos del 2 % de la votación.

Quito

Reimberg arremete contra Municipio de Quito por cámaras y señala a funcionarios 'exSenain'

Daniel Alejandro Romero Páez

"Hay que unir al pueblo para rescatar el gobierno provincial y ponerlo al servicio del pueblo guayasense para impulsar las obras", dijo Cervantes durante las primarias de Unidad Popular en Guayas.

Te puede interesar | Concejo cantonal define futuro de Aquiles Álvarez en sesión extraordinaria este viernes 26 de junio

Los procesos de democracia interna para las seccionales de 2026 iniciaron el 18 de junio de 2026. Según el calendario electoral del CNE, las primarias de las organizaciones políticas serán hasta el 18 de julio de 2026. En ese mismo periodo será el registro de alianzas.

Política

La Comisión de Fiscalización decidirá futuro del juicio político contra Manzano en sesión virtual

Daniel Alejandro Romero Páez

Durante la sesión 103 de la Asamblea Nacional, realizada el 24 de junio de 2026, el debate evidenció una profunda división entre quienes defendieron la reforma como una medida técnica para garantizar la sostenibilidad del sistema y quienes la denunciaron como un retroceso en los derechos de los militares, especialmente de la tropa.

El asambleísta Enner Recalde, presidente de la comisión y Christopher Jaramillo (ADN) sostuvieron que el proyecto no responde a una coyuntura específica, sino a un mandato de la Corte Constitucional, contenido en una sentencia de octubre de 2016, que exige una normativa con sustento técnico y actuarial.

Los asambleístas del oficialismo señalaron que el proyecto tiene como objetivo garantizar la viabilidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) a largo plazo, con una proyección de 50 años, mediante estudios técnicos actualizados realizados entre 2020 y 2023.

¿Cuál fue la posición del correísmo?

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), como Ricardo Patiño, Patricia Núñez y Humberto Alvarado, centraron sus críticas en lo que consideran una "regresión de derechos".

Denunciaron que el tiempo requerido para la jubilación aumentaría de 20 a 25 o 26 años, afectando las expectativas de retiro de quienes ya forman parte de la carrera militar. 

También aseguraron que la base reguladora para la pensión se reduciría del 88 % al 85 % o incluso al 80 %, lo que implicaría trabajar más años para recibir una pensión menor.

Ecuador

¿Quién es Ángela Plúa, la alcaldesa de Jipijapa detenida por presunta delincuencia organizada?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Entre otras reformas, la iniciativa incluye cambios en el gobierno corporativo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), incorporando recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, con énfasis en la mejora de la gobernanza institucional, la profesionalización de la gestión técnica y un mayor control y transparencia en las inversiones y la administración de fondos.

Una vez que el texto regresó a la Comisión del Derecho al Trabajo, la mesa deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate. El oficialismo necesita 77 votos para aprobar la ley.

Política

Asamblea abrió dos frentes por caso Progen y todo queda en manos de Comisión de Fiscalización

Daniel Alejandro Romero Páez

El presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), convocó a los 10 asambleístas que integran la mesa para las 14:00, nuevamente de forma virtual. 

Cabe recordar que la última vez que esa comisión se reunió, a propósito de otra solicitud de juicio político contra la misma exfuncionaria, la sesión también se realizó de manera virtual. En esa ocasión, ADN se abstuvo y con ello bloqueó la moción para que el proceso fuera calificado.

Después de que la solicitud de juicio político relacionada con el caso Progen quedó sin una resolución en la Comisión de Fiscalización, tres asambleístas de la Revolución Ciudadana, entre ellos Mónica Palacios y Blasco Luna, presentaron un nuevo pedido.

¿Por qué el correísmo busca el juicio contra Manzano?

Esta vez lo hicieron por un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el contrato entre Celec y la empresa Austral Technical Management (ATM).

Sobre esa solicitud, la Unidad Técnica Legislativa remitió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) un informe en el que determinó que se cumplían los requisitos establecidos para continuar con el trámite.

Esto motivó el voto unánime de los integrantes del CAL para dar paso a la solicitud y remitirla a la Comisión de Fiscalización, con el fin de que continúe el procedimiento correspondiente. Cabe recordar que el CAL verifica únicamente los requisitos de forma del pedido.

La Comisión de Fiscalización tendrá la facultad de calificar la solicitud o archivarla. Sin embargo, si no existen los votos suficientes para ninguna de las dos opciones, el tema podría llegar al Pleno para una definición.

Este 25 de junio de 2026, el jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, se refirió tanto a este juicio político como al proceso de fiscalización sobre el caso Progen que fue aprobado por el Pleno la tarde del 24 de junio de 2026.

Sobre una eventual convocatoria al exministro de Energía Roberto Luque, Torres dijo: “Entiendo que el ministro Luque ha querido participar. Siempre ha estado dispuesto a participar”, indicó.

Además, respecto de la exministra Inés Manzano, el jefe de la bancada oficialista señaló: “Entiendo, por versiones del entorno de la exsecretaria Manzano, que también quiere participar y hablar en la Asamblea. Es decir, aquí no hay temor alguno”.

Lo que debes saber

• TCE archivó denuncia electoral contra Luisa González y Andrés Arauz por cuentas de 2023.
• Líderes de Revolución Ciudadana completaron el pago de multa de 18.000 dólares al CNE.
• Luisa González aspira a la Prefectura de Manabí pese a suspensión de su partido.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso el archivo de la denuncia electoral contra los dirigentes de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, tras verificar el cumplimiento de la sentencia dictada por la no presentación de las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.

Política

Elecciones seccionales 2026: las alianzas que comienzan a tomar forma en Ecuador

Richard Josue Jimenez Mora

El detalle del pago de la multa al CNE

En su auto de sustanciación, el juez electoral Guillermo Ortega señaló que se constató que Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina Freire completaron el pago de la multa de 18.000 dólares impuesta en las cuentas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Te puede interesar | TCE declara cumplida sentencia de Jorge Yunda: ¿Podrá ser candidato en las seccionales de 2026?

Según señaló el magistrado, en un memorando del 15 de junio de 2026, el ejecutor de coactivas del organismo electoral constató que los implicados depositaron el 5 de junio de 2026 los últimos 6.000 dólares de la sanción. Con ello, se certificó que se pagó la totalidad de la penalización económica y el juez Ortega dispuso que se archive la causa de forma definitiva.

Claves del cumplimiento de la sentencia:

Antecedentes de la infracción electoral 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la denuncia por la infracción electoral cometida al omitir los reportes financieros de la campaña presidencial de 2023. En primera instancia, el juez Ortega declaró culpables a González, Arauz y Molina.

Te puede interesar | Pincay sobre su situación ante seccionales: "Habrá candidatura que represente la continuidad"

Por otro lado, la autoridad negó la acusación contra Santiago Díaz Asque por considerar que no era responsable del manejo económico. De forma paralela a este caso, Díaz Asque enfrentaba un proceso penal por violación a una menor de edad en el que terminó siendo sentenciado por la justicia ordinaria.

Política

Daniel Noboa sobre pedido de revocatoria en Ecuador: "Nosotros hablamos de reelección"

Richard Josue Jimenez Mora

El futuro político de Luisa González en la seccionales

El cumplimiento de la sentencia ocurre en el marco de la organización de las elecciones seccionales. La dirigente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció su intención de ser candidata a la Prefectura de Manabí en las seccionales de 2026. Este escenario político se desarrolla mientras su organización política permanece suspendida temporalmente debido al denominado caso Caja Chica.

Lo que debes saber

• El TCE declaró cumplida la sentencia de 2022 contra Jorge Yunda por infracción electoral en Quito.
• El juez Ángel Torres ratificó el pago de multa y la restitución de derechos de participación.
• Jorge Yunda queda habilitado para postularse como candidato a alcalde de Quito en noviembre de 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio por cumplida la totalidad de la sentencia dictada en 2022 contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, por una infracción electoral. Con esta resolución, emitida este 24 de junio de 2026 por el juez Ángel Torres, el político recupera plenamente sus derechos de participación y queda legalmente habilitado para inscribir su candidatura a la Alcaldía de Quito en las próximas elecciones seccionales de Ecuador.

Política

Yunda denuncia cambio de lugar de votación a Guayaquil para los comicios seccionales

Nadia Larco Bravo

Jorge Yunda y su posible postulación en las seccionales de 2026

La decisión judicial se suscita justo antes del inicio de la fase de inscripción de candidaturas y en medio de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas del país. Jorge Yunda ya ha manifestado públicamente su intención de postularse nuevamente para liderar el Municipio de Quito en los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026.

Te puede interesar | Último día para postularse al CPCCS 2027: horario, requisitos y prohibiciones para inscribirse

El exalcalde ya había recuperado sus derechos políticos en septiembre de 2025, luego de que concluyeran los dos años de suspensión fijados por el organismo electoral. Sin embargo, este último dictamen del magistrado Torres cierra definitivamente el expediente al ratificar que se completaron todas las obligaciones legales impuestas en la segunda instancia.

Detalles de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral

El dictamen judicial abarca la ejecución de todas las medidas restrictivas y económicas que formaban parte del castigo original. A continuación, se detallan los componentes clave que el TCE revisó para declarar el cumplimiento íntegro de la sentencia:

Te puede interesar | Pincay sobre su situación ante seccionales: "Habrá candidatura que represente la continuidad"

Lo que debe saber

• El CAL dio paso al cuarto pedido de juicio político presentado por el correísmo en contra de la exministra de Energía Inés Manzano. 
• ADN quiere fiscalizar la ruta del dinero en el caso Progen con la información que llegó desde EE.UU.
• Ambos procesos se tramitarán en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en donde ADN tiene mayoría. 

En la Asamblea Nacional se abrieron dos frentes para indagar nuevamente el caso Progen. Cada uno está impulsado por las dos fuerzas políticas con mayor número de asambleístas. Sin embargo, todo dependerá de la decisión del oficialismo y sus aliados, que cuentan con los votos suficientes para inclinar cualquier resolución.

Política

"Una cosa es cacarear y otra tomar acción": Así defendió Torres la fiscalización en caso Progen

Daniel Alejandro Romero Páez

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con mayoría de ADN, dio paso a la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. 

El correísmo busca su interpelación al acusarla de incumplimiento de funciones derivado del contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Austral Technical Management (ATM) para la provisión de generadores de energía.

“La decisión del CAL se adoptó tras conocer el informe técnico-jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos, por parte de la Unidad Técnica Legislativa”, informó la Asamblea Nacional en un comunicado.

La reunión de esa instancia de decisión del Legislativo tuvo lugar el 24 de junio de 2026. Además, la resolución se aprobó por unanimidad de los presentes. Integran el CAL cuatro asambleístas de ADN y tres de sus aliados: Carmen Tiupul (ex Pachakutik), Samuel Celleri (ex PSC) y Mónica Salazar (ex Revolución Ciudadana).

Tras esa decisión, el proceso pasa a la Comisión de Fiscalización, que deberá calificar o archivar la solicitud. Según el jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, está previsto que la mesa se reúna el 26 de junio de 2026.

La también oficialista Diana Jácome señaló este 25 de junio de 2026 que el proceso debe cumplir todos los requisitos y que el CAL dispone de tres días para remitir el expediente a la comisión. También mencionó que dicha mesa tiene un plazo de cinco días para avocar conocimiento y definir el futuro de la solicitud.

ADN apuesta por un nuevo proceso de fiscalización

Por su parte, el oficialismo impulsa un nuevo proceso para que la Comisión de Fiscalización indague sobre la ruta de los fondos entregados por Progen a personas naturales y jurídicas.

La mañana de este 25 de junio de 2026, Torres explicó que decidieron esperar contar con más información antes de iniciar la fiscalización.

“Esperar la cooperación internacional que se ha dado para descubrir las más de 700 transferencias que se hicieron desde las cuentas de Progen a muchos muchos beneficiarios, personas naturales, abogados que han recibido han recibido directamente cantidades impresionantes”, señaló Torres en una entrevista con Teleamazonas.

La resolución aprobada por el Pleno otorga 30 días a la Comisión de Fiscalización para presentar un informe sobre los hallazgos. Es decir, los dos procesos clave relacionados con el caso Progen se definirán en una mesa donde el oficialismo mantiene la mayoría.

Lo que debes saber

• El CNE recibirá hasta la tarde de este 25 de junio de 2026 las postulaciones al CPCCS.
• Los candidatos inscritos podrán ser impugnados por la ciudadanía por presunto incumplimiento de requisitos.
• La lista definitiva de candidatos al Consejo de Participación se conocerá en septiembre de 2026.

Este jueves 25 de junio de 2026 es el último día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibirá postulaciones para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El CNE ha habilitado facilidades para que las personas interesadas puedan presentar su candidatura.

Política

CNE abre las postulaciones para el CPCCS 2027: fechas y requisitos esenciales que debes conocer

Richard Josue Jimenez Mora

Horario y lugar para presentar postulación al CPCCS

De acuerdo con la convocatoria del CNE, las postulaciones para consejero del CPCCS se recibirán hasta las 18:00 de este 25 de junio de 2026. Las candidaturas deberán presentarse de forma física en la Secretaría General del CNE, en Quito; en las secretarías de las delegaciones provinciales; o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

Requisitos para postular a consejero de Participación

Prohibiciones para integrar el CPCCS

Candidatos podrán ser impugnados por la ciudadanía

Luego de la presentación de las postulaciones, el calendario electoral establece que entre el 29 y el 30 de junio se difundirá el listado de postulantes en la página web del CNE para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones por el incumplimiento de alguno de los requisitos o por estar inmersos en alguna de las prohibiciones establecidas.

Política

Ramiro Rivera, candidato al Cpccs: propone "escrutinios transparentes" en el Consejo

Marco Rivera

Lista final de candidatos se conocerá en septiembre

La comisión verificadora elaborará un informe con las pruebas de cargo y de descargo para resolver las impugnaciones. Posteriormente, el documento será remitido al Pleno del CNE para su conocimiento y resolución. La decisión del órgano electoral podrá ser impugnada por los postulantes que se consideren afectados. La lista definitiva de postulantes al CPCCS se publicará el 24 de septiembre de 2026.

La elección del nuevo CPCCS se realizará el 29 de noviembre de 2026, junto con la elección de nuevas autoridades locales. Los consejeros electos cumplirán el periodo 2027-2031 y asumirán los concursos que permanecen pendientes, como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Lo que debe saber

• El caso Progen se fiscalizará una vez más en la Asamblea después de una resolución impulsada por ADN.
• El jefe de la bancada oficialista Esteban Torres arremetió contra el correísmo por su posición en el Pleno frente a la indagación de la ruta del dinero entregado.
• Torres no descartó que el ministro Roberto Luque y la exministra Inés Manzano acudan a la Asamblea. 

El jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, defendió el nuevo proceso de fiscalización que iniciará la Asamblea a propósito del caso Progen. Aseguró que el ministro Roberto Luque y la exministra Inés Manzano se han mostrado dispuestos a asistir al Legislativo y arremetió contra el correísmo por su posición en el Pleno.

Política

Caso Progen: Neira divulgó información confidencial, según abogados de CELEC

Redacción Expreso

Torres se refirió a la demora en este proceso de fiscalización. “Quisimos tener los datos. Esperar la cooperación internacional que se ha dado para descubrir las más de 700 transferencias que se hicieron desde las cuentas de Progen a muchos muchos beneficiarios, personas naturales, abogados que han recibido han recibido directamente cantidades impresionantes”, señaló.

La tarde del 24 de junio de 2026, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que la Comisión de Fiscalización indague sobre la ruta de los fondos entregados por Progen a personas naturales y jurídicas.

La decisión del oficialismo ocurrió después de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, presentara los resultados de las indagaciones realizadas en Estados Unidos.

Torres, en entrevista con Teleamazonas, fue consultado sobre si este proceso también se encaminará a señalar a las personas que autorizaron los pagos. 

En ese punto, el también primer vicepresidente de la Asamblea evitó referirse directamente a ministros del gobierno de Daniel Noboa. “Es que ahí están muchos responsables que todavía no se conocen, por ejemplo, ¿por qué los administradores de los contratos no están en el proceso penal? ¿Qué ha pasado con las empresas verificadoras? Que además se prestaron para este sainete para que le lleguen al Ecuador estos motores que no servían”, mencionó.

Sobre el ministro Luque, Torres dijo: “Entiendo que el ministro Luque ha querido participar. Siempre ha estado dispuesto a participar”, indicó.

Además, sobre la exministra Inés Manzano, el jefe de la bancada oficialista mencionó: “Entiendo, por versiones del entorno de la exsecretaria Manzano, que también quiere participar y hablar en la Asamblea. Es decir, aquí no hay temor alguno”.

Política

ADN impulsa otra investigación sobre Progen y evita atribuir responsabilidades a ministros

Daniel Alejandro Romero Páez

Un mensaje sobre la posición del correísmo

Durante el debate, el bloque de la Revolución Ciudadana centró sus críticas en que la Asamblea se concentre únicamente en la ruta del dinero y no en identificar a los responsables políticos del fallido contrato con Progen.

Según Torres, esa es una actitud que llama la atención. Dijo que el correísmo no ha presentado un solo documento ante la Fiscalía. “Una cosa es cacarear, una cosa es alzar la voz y otra muy distinta es tomar acción y hablar con documentos”, indicó.

Lo que debes saber

• Henry Llanes confirmó que buscará un espacio en el CPCCS y presentó sus principales propuestas.
• El aspirante se suma a otros nombres que han expresado públicamente su interés en el organismo.
• La carrera electoral empieza a tomar forma con nuevos postulantes y planteamientos.

Henry Llanes Suárez, exambleísta del Ecuador y presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, anunció que presentará su postulación para participar como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El aspirante informó que formalizará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral con el objetivo de intervenir en el próximo proceso de selección de integrantes del organismo.

Política

Alcaldesa de Jipijapa cae en Operación Digitador junto a 12 detenidos por red en tránsito

Marco Rivera

Según explicó, su candidatura estará enfocada en promover la participación ciudadana y la defensa de derechos relacionados con la seguridad social, la atención prioritaria en salud y los beneficios tributarios para las personas adultas mayores. Estos temas forman parte de los ejes que buscará impulsar dentro del CPCCS.

Candidaturas al Cpccs comienzan a tomar forma

La postulación de Llanes se suma a otros pronunciamientos realizados en las últimas horas por aspirantes interesados en integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso empieza a mostrar una mayor actividad a medida que se acercan las etapas electorales.

Uno de los nombres que también ha expresado públicamente su intención de llegar al organismo es Ramiro Rivera. El candidato cuestionó recientemente el funcionamiento del CPCCS y planteó la necesidad de fortalecer la transparencia dentro de la institución.

Rivera sostuvo que el organismo enfrenta problemas de credibilidad que han desmotivado la participación de ciudadanos con experiencia y trayectoria. Además, propuso impulsar procedimientos más transparentes en los procesos de selección y escrutinio.

Política

Cuenta de X de la Asamblea Nacional fue vulnerada: ¿qué se sabe del nuevo ataque?

Marco Rivera

Henry Llanes plantea fortalecer la organización social

En su pronunciamiento, Llanes aseguró que la organización ciudadana será determinante para enfrentar la situación que atraviesa el país. A su criterio, la participación colectiva constituye una herramienta para responder a los desafíos actuales.

“Sólo la férrea organización social le permitirá al país salir de ese enorme bache de crisis en el que se encuentra en la actualidad”, expresó el aspirante al CPCCS.

Llanes también destacó el papel de la política como un instrumento orientado al bienestar colectivo. En su mensaje incluyó una cita bíblica para respaldar su visión sobre el servicio público y la participación ciudadana.

Lo que debes saber 

• La captura de la alcaldesa de Jipijapa y otros 12 implicados revela una presunta red que operaba desde entidades de tránsito en Manabí. 
• La investigación apunta a millonarios perjuicios al Estado y movimientos financieros sin justificar.
• Los allanamientos alcanzaron instituciones públicas y domicilios en tres cantones.

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida durante la madrugada de este 25 de junio en el marco de la Operación Digitador, un caso por presunta delincuencia organizada que investiga una red dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito en Manabí. En el operativo también fueron aprehendidas otras 12 personas vinculadas al esquema.

Política

CAL aprueba juicio político contra la exministra Inés Manzano

Marco Rivera

Según indicó el ministro del Interior John Reimberg en su cuenta de X, la intervención fue ejecutada por la Policía Nacional tras una investigación iniciada en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada a través de la línea 1800 DELITO. Según las indagaciones, la estructura habría operado desde entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar y San Vicente, generando un perjuicio superior a los $5 millones para el Estado.

De acuerdo con los investigadores, funcionarios públicos y tramitadores externos habrían utilizado sus cargos para agilizar matrículas, revisiones técnicas vehiculares, licencias y traspasos sin cumplir los requisitos legales y técnicos establecidos.

Operación Digitador: así funcionaba la presunta red de corrupción

La organización presuntamente cobraba entre $100 y$150 por cada trámite irregular. Mientras tanto, los usuarios que acudían por las vías ordinarias enfrentaban retrasos y la recurrente respuesta de que “no hay sistema”, una frase que habría servido para justificar la paralización de los procesos regulares.

La Policía sostiene que la estructura estaba integrada por servidores vinculados a áreas estratégicas de movilidad y matriculación vehicular, así como por intermediarios encargados de captar usuarios interesados en acelerar trámites.

Además del supuesto cobro ilegal por servicios, la investigación detectó movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos reportados por la principal investigada. Los agentes identificaron más de $2,6 millones sin justificación aparente.

Quiénes fueron detenidos en el caso que involucra a la alcaldesa de Jipijapa

Entre los detenidos figura Ángela Plúa, señalada por las autoridades como la presunta líder de la estructura investigada. Junto a ella fueron aprehendidas personas que ocupaban funciones relacionadas con movilidad, matriculación y gestión de trámites vehiculares.

Los demás procesados identificados durante la operación son:

La operación permitió además recopilar documentación y equipos que ahora forman parte de la cadena de indicios dentro del proceso investigativo.

Política

Secretaría Jurídica de la Presidencia entrega 14.532 folios al CNE y cuestiona pedido de revocatoria

Marco Rivera

Allanamientos en entidades públicas de Manabí

Como parte de la Operación Digitador, la Policía Nacional ejecutó 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Trece de ellos se realizaron en domicilios y cinco en instituciones públicas relacionadas con servicios de tránsito.

Entre las entidades intervenidas constan el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, la Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa EP, la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa, el Centro de Revisión Municipal de Calceta y el centro de revisión técnica vehicular de San Vicente.

Los agentes también incautaron terminales móviles, iPad, CPU, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, chips telefónicos y dinero en efectivo, elementos que serán sometidos a pericias dentro de la investigación.

Lo que debes saber

• El Gobierno y el correísmo disputan el control político y el monopolio de la videovigilancia.
• Reimberg denunció nexos de ex-Senain en Quito e intervino Segura EP en Guayaquil por espionaje.
• La batalla por las cámaras busca tapar escándalos propios y exponer los del bando rival.

Tras el reciente episodio protagonizado por el ministro del Interior, John Reimberg, en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde denunció el uso político que el correísmo hacía de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil, subyace un proyecto de control político. Tener el monopolio de las cámaras de seguridad de las ciudades para utilizarlas como herramientas de espionaje es, actualmente, una de las formas más potentes de apalancamiento político.

Te puede interesar | Reimberg arremete contra Municipio de Quito por cámaras y señala a funcionarios 'exSenain'

Durante la audiencia en la Comisión de Seguridad, donde domina el partido de gobierno, Reimberg dejó en evidencia, aunque sin decirlo expresamente, que el Gobierno quiere tener el control de las cámaras no solo de Guayaquil -donde ya las tiene tras la intervención en Segura EP la noche del 15 de febrero de 2026-, sino también de Quito y de otras ciudades donde, según él, el correísmo las ha utilizado con fines de espionaje.

Política

¿Cómo funcionaba la supuesta red de espionaje de Segura EP? Lo que dice el Gobierno

Diana Sotomayor

Intervención del Gobierno en Segura EP y videovigilancia en Guayaquil

El ministro del Interior denunció cómo el Municipio de Guayaquil, bajo control del correísmo, instaló un sistema para que miembros de ese movimiento utilizaran la información que llega a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Reimberg, en su intento por legitimar la intervención del Gobierno en Segura EP -la entidad encargada del sistema de cámaras-, afirmó que desde entonces la capacidad de reacción ante los casos de delincuencia ha aumentado significativamente. Antes de la intervención, sostuvo, la administración municipal de Aquiles Álvarez se limitaba a observar cómo se consumaban los delitos sin ofrecer una respuesta efectiva. “Los resultados son contundentes: la efectividad alcanzó el 97,47 % frente al 29,70 % antes de la intervención”, aseguró.

Te puede interesar | Asamblea analizará el aumento patrimonial de alcaldes y prefectos tras reportes del 2023 a 2025

Sin embargo, lo de las cámaras de Guayaquil y los audios de los correístas fue apenas una parte de la actuación de Reimberg en la Comisión de Seguridad. El ministro afirmó que antiguos agentes de la Senain, durante el correísmo, están a cargo del sistema de videovigilancia del Municipio de Quito. Además, anunció que en poco tiempo revelará en qué otros cantones gobernados por el correísmo también se habría ejercido esa práctica.

Exfuncionarios de la Senain en el Municipio de Quito y Pabel Muñoz

Lo dicho por Reimberg fue replicado por medios y cuentas de redes sociales afines al Gobierno, algo particularmente significativo en esta administración, pues suelen actuar como antenas repetidoras de las intenciones de Carondelet. El diario El Universo se hizo eco de sus declaraciones y publicó una nota en la que afirma que cinco funcionarios de la antigua Senain trabajan actualmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito y en la Agencia Metropolitana de Tránsito, y que fueron contratados durante la administración del alcalde Pabel Muñoz.

Te puede interesar | Pabel Muñoz exige pruebas a Reimberg por vincular a Quito con el caso Segura EP

Según esa publicación, esos funcionarios son Carolina Andrade, actual secretaria de Seguridad Ciudadana y quien durante el correísmo fue una figura importante de los servicios de inteligencia de la Senain; Washington Martínez, teniente de Policía en servicio pasivo y actual director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito; Ernesto Anzieta, director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, a quien la nota describe como antiguo operador de Rommy Vallejo, exdirector de la Senain; Silvia Burgos Muela, funcionaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y exfuncionaria de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, que coordinaba acciones con la Senain; y, finalmente, Paul Andrés López Erazo, mayor de Policía en servicio pasivo, quien figura como servidor público en el Municipio de Rumiñahui y actualmente presta asesoría en la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Audios de Rafael Correa y la disputa por el monopolio de la seguridad

Para la audiencia de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Reimberg llevó un caso con el que buscó legitimar la aspiración del Gobierno de controlar los sistemas de videovigilancia: los audios en los que se escucha a Rafael Correa coordinar con miembros de su movimiento, incluidos prófugos involucrados en casos graves, como Ronny Aleaga, el uso político de las imágenes captadas por las cámaras.

Te puede interesar | ¿Por qué Daniel Noboa no cambia a los ministros que lo desgastan? Esto explicaría su decisión

Sin embargo, durante la sesión se hizo evidente la pugna entre el Gobierno y el correísmo por el monopolio del uso de esos sistemas. Ese movimiento político ha asestado dos golpes muy duros al Gobierno gracias a la información obtenida mediante la videovigilancia. El primero fue el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, cuyas imágenes permitieron establecer que fueron detenidos, torturados y posteriormente entregados a grupos delincuenciales por miembros de las Fuerzas Armadas. El segundo fue el denominado caso Porsche. En ese episodio, las cámaras siguieron el recorrido del autor del atentado terrorista ocurrido en el sector de la Bahía, quien, tras lanzar el explosivo, se dirigió hasta su vivienda en la Isla Trinitaria. Horas después apareció allí un vehículo de alta gama que posteriormente se comprobó -también gracias a las cámaras de Segura EP- que pertenecía a Industrial Molinera, empresa de la Corporación Noboa.

Guayaquil

Concejales de Guayaquil exigen transparentar operación de la 'sala espejo' en Segura EP

Carlos Isaac Pino

Estos dos episodios han causado un enorme daño político al Gobierno, y resulta fácil imaginar que este no quiere que un caso similar vuelva a repetirse.

Te puede interesar | Daniel Noboa sobre pedido de revocatoria en Ecuador: "Nosotros hablamos de reelección"

Quien gane esta batalla por el control de los sistemas de videovigilancia tendrá la capacidad de evitar que salgan a la luz escándalos que perjudiquen a su propio movimiento político o, en su defecto, de detectar aquellos que afecten a sus adversarios.

El gobierno de Daniel Noboa quiere tomar el control de las cámaras de videovigilancia que permanecen en manos de administraciones correístas -con excepción de Guayaquil- y para ello busca que se investiguen los audios de Correa. Los correístas, por su parte, no quieren perder lo que consideran una de sus principales fuentes de poder territorial: el acceso a esos sistemas de vigilancia. Por eso insisten en que se recuerde y se investigue el caso Porsche. Y, en ese punto, tienen razón.

Las claves que debes saber

• Asamblea fiscaliza compra de 60 trolebuses eléctricos de Quito, proceso cuestionado por límites constitucionales.
• Legislativo inicia controles a GAD: patrimonios de alcaldes 2023-2025 y manejo de cámaras en Guayaquil.
• Debate político: alcaldes aceptan auditorías, pero advierten que fiscalización debe ser técnica y con Contraloría.

La Asamblea Nacional concentra su labor en los procesos de fiscalización a los representantes de los gobiernos locales, una decisión que ha generado un amplio debate.

Te invitamos a leer| CAL aprueba juicio político contra la exministra Inés Manzano

Los controles comenzaron con el anuncio de fiscalizar el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos que adquirió el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para renovar las unidades obsoletas de la capital. 

La Constitución regula la fiscalización

La acción, impulsada en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialismo, provocó cuestionamientos en torno a la legalidad, ya que la Constitución limita, en el artículo 120, el alcance de la fiscalización parlamentaria.

Según la carta magna, una de las atribuciones de la Asamblea es “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Además, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) señala, en el art. 56, que “el Concejo Municipal es el órgano de fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal”.

Guayaquil

Concejales de Guayaquil exigen transparentar operación de la 'sala espejo' en Segura EP

Carlos Isaac Pino

Pese a las observaciones de constitucionalistas, autoridades y de los mismos legisladores, pero de oposición, la acción avanzó y ahora la Asamblea impulsa otros procesos.

Los procesos de fiscalización en curso

La fiscalización a los troles derivó la tarde del martes en la aprobación de una resolución del Pleno, en donde se recomendó al Concejo Metropolitano de Quito fiscalizar el proceso. También se dispuso remitir el informe a Contraloría y Fiscalía para que efectúen los trámites investigativos que consideren pertinentes.

Sin embargo, mientras concluía ese tema, el Legislativo inició otros controles a los GAD. Por una parte, la Comisión de Fiscalización ha convocado a varios funcionarios para que expliquen el manejo de las cámaras de vigilancia de Segura EP, la empresa del Municipio de Guayaquil. Un análisis que se originó por un audio atribuido al expresidente Rafael Correa, relacionado con el caso Porsche.

Política

Cuenta de X de la Asamblea Nacional fue vulnerada: ¿qué se sabe del nuevo ataque?

Marco Rivera

Mientras que la mesa de Gobiernos Autónomos Descentralizados se encargará de la fiscalización al incremento injustificado de los patrimonios que habrían reportado distintos alcaldes y prefectos del país en sus declaraciones patrimoniales, del período 2023-2025.

¿Qué opinan los alcaldes y prefectos?

Si bien se ha llegado a dudar de la legitimidad de esas actuaciones por las competencias del Parlamento y porque los controles se han aplicado a alcaldes de una línea política contraria al Gobierno y al bloque de ADN, los alcaldes y prefectos consultados por EXPRESO muestran predisposición para la fiscalización. 

Además, coinciden en que las actuaciones no les impedirán avanzar en la gestión y obras que ejecutan en sus territorios antes de concluir su mandato.

Premium

Galamedios compró La Posta y Radio Centro ofreciendo pagar a plazo $ 1,5 millones

Sara Ortiz

“Es una excelente oportunidad para demostrar que somos una administración de puertas abiertas, que goza de la confianza de su cantón y que siempre estará dispuesta a que el patrimonio de sus altas autoridades sea auditado”, dice Dennis Córdova, alcalde de Salinas.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, coincide: “Todo el poder público tiene que mostrar transparencia en la gestión. No tengo problema en que investiguen, pero que sea una fiscalización en el marco de transparentar. Si la Asamblea quiere fiscalizar, debería comenzar por los mismos asambleístas”.

Política

¿Quién reemplazará a Roberto Gilbert en el CPCCS? Asamblea no ha posesionado suplentes

Richard Josue Jimenez Mora

Pese al apoyo, funcionarios como Tibán y Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, sostienen que lo óptimo sería que el proceso sea técnico y que cuente con el acompañamiento de las entidades especializadas en esos análisis, como la Contraloría y el mismo Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Muñoz, en cambio, desconfía del Legislativo y habla de una campaña anticipada a las elecciones seccionales.

Política

CAL califica seis proyectos de ley y abre nuevos debates en educación, salud y trabajo

Marco Rivera

Lo que debes saber 

• Daniel Noboa respondió formalmente al pedido de revocatoria de mandato presentado ante el CNE.
• La Presidencia entregó más de 14.500 folios y cuestionó la validez de las pruebas presentadas por los promotores.
• Ahora el organismo electoral deberá decidir si admite o no el trámite.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, presentó este 24 de junio de 2026 su contestación al pedido de revocatoria de mandato planteado en su contra ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La respuesta fue entregada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia junto con documentación que busca respaldar las acciones ejecutadas durante su gestión.

Política

CAL aprueba juicio político contra la exministra Inés Manzano

Marco Rivera

La presentación de la defensa ocurre semanas después de que varios colectivos sociales formalizaran el proceso de revocatoria. Entre los impulsores figuran Washington Andrade, Leonidas Iza y Jorge Cáceres, quienes sostienen que el mandatario y la vicepresidenta María José Pinto incumplieron el plan de trabajo con el que fueron electos.

Según el comunicado oficial difundido por la Presidencia, la defensa incluyó más de 22 cajas y 14.532 folios elaborados por distintas instituciones del Estado. La documentación fue entregada por el secretario General Jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, en las inmediaciones del organismo electoral.

¿Qué argumentos presentó Noboa ante el CNE?

En el escrito remitido al CNE, la defensa del mandatario solicitó que el organismo electoral no admita el trámite de revocatoria. El documento sostiene que la solicitud no cumpliría con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para este tipo de procesos.

Además, la Presidencia cuestiona la estructura del pedido impulsado por los colectivos sociales. Según el comunicado, los argumentos presentados no permitirían identificar de manera clara los hechos concretos que sustentarían una eventual revocatoria de mandato.

La Secretaría Jurídica señaló que la petición se basa en indicadores generales, recortes de prensa, informes no individualizados y documentos que, según su interpretación, no formarían parte del expediente ni corresponderían al período presidencial 2025-2029.

Política

PSC responde tras salida de Jorge Acaiturri y descarta acuerdos políticos en Guayaquil

Marco Rivera

Gobierno cuestiona las pruebas del pedido de revocatoria

La defensa también sostiene que no existe una base objetiva, directa y verificable que permita demostrar un supuesto incumplimiento del Plan de Gobierno. En ese sentido, argumenta que la solicitud no establece con precisión qué compromiso, meta o plazo habría sido incumplido.

Otro de los cuestionamientos expuestos se refiere al presunto incumplimiento de funciones constitucionales y legales atribuidas al Presidente. El comunicado asegura que el pedido no determina qué norma, competencia o actuación concreta habría sido vulnerada durante la actual administración.

“No señala qué norma, competencia o actuación concreta sería atribuible al Presidente de la República”.

La respuesta institucional se conoció horas después de que Noboa se refiriera públicamente al proceso durante una actividad en Manabí. Allí, al ser consultado sobre la iniciativa, afirmó: “Mientras unos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección”.

Política

¿Quién reemplazará a Roberto Gilbert en el CPCCS? Asamblea no ha posesionado suplentes

Richard Josue Jimenez Mora

¿Qué sigue en el proceso de revocatoria de mandato?

El pedido de revocatoria fue formalizado ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 9 de junio de 2026. Ahora corresponde al organismo electoral revisar la documentación presentada por ambas partes y determinar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La contestación entregada por la Presidencia busca influir en esa fase inicial del proceso. El Gobierno sostiene que existen inconsistencias de forma y de fondo que impedirían la admisión del trámite planteado por los promotores.

Mientras el CNE analiza el expediente, el debate político en torno a la revocatoria suma un nuevo capítulo. De un lado están los colectivos que impulsan la medida; del otro, el Ejecutivo, que insiste en que el pedido carece de fundamentos suficientes para avanzar.

Justicia

Caso Progen: Byron Orozco denuncia información privilegiada y un esquema que empezó en Catamayo

Sara Ortiz

La defensa de CELEC EP presentó el 24 de junio del 2026, ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, una notificación de divulgación de información confidencial en el marco del caso que la eléctrica estatal sigue contra Progen Industries y otras empresas. En el documento, la firma Greenberg Traurig —que representa a CELEC— informa al tribunal que material amparado por una orden de protección y por el privilegio abogado-cliente fue divulgado de forma inadvertida.

Según el escrito, el 17 de junio uno de los tres miembros del Directorio de CELEC —el Secretario General de la Administración Pública, cargo que por Decreto Ejecutivo 409 ocupa José Julio Neira— publicó en su cuenta de X un video que mostraba el memorando confidencial, sin autorización ni conocimiento de los abogados. El documento precisa que el Directorio de la eléctrica lo integran el Presidente de la República, el Ministro de Energía y Ambiente y el propio Secretario General de la Administración Pública, y que el material difundido contenía un número de cuenta bancaria, montos de catorce transferencias desde la cuenta de Progen e identidades de dos receptores de fondos.

Política

ADN impulsa otra investigación sobre Progen y evita atribuir responsabilidades a ministros

Daniel Alejandro Romero Páez

La información fue borrada por Neira por reclamo de abogados

Neira publicó en su cuenta de X la información confidencial que luego despublicó por el reclamo de los abogados de CELEC. Esto lo hizo el 17 de junio en su cuenta personal y fue bajado casi inmediatamente y el video que lo contenía fue reemplazado por una versión corta sin el material confidencial.