Lo que debes saber 

• Ricardo Patiño, asambleísta de la RC, exige explicaciones al IESS por fallas en climatización en área crítica del hospital Teodoro Maldonado, tras denuncias de pacientes.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, solicitó información oficial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, tras denuncias públicas de pacientes en Guayaquil.

Política

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El pedido fue ingresado el 13 de abril de 2026 mediante un requerimiento formal dirigido al presidente del Consejo Directivo del IESS,Bernardo Cordovez, con base en atribuciones constitucionales de fiscalización. La solicitud surge por reportes de temperaturas extremas dentro del área médica.

Según el documento, afiliados que reciben tratamiento de diálisis aseguran que deben soportar condiciones inadecuadas por fallas en el aire acondicionado, lo que compromete su salud y condiciones de atención en una unidad crítica.

Fallas en climatización del hospital Teodoro Maldonado bajo la lupa

En su pronunciamiento público, Patiño cuestionó la respuesta institucional frente a la situación denunciada por los pacientes. El asambleísta vinculó el problema con posibles deficiencias en la gestión del sistema hospitalario.

“Solicité información oficial al IESS sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado”, señaló el legislador en su declaración difundida.

Además, advirtió sobre medidas que, según denuncias, no solucionan el problema estructural: “Mientras se prometían soluciones, pacientes denuncian ventiladores industriales que no resuelven el calor y agravan su condición”.

Política

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Pacientes denuncian condiciones extremas en área de diálisis

El testimonio recogido en el pedido refleja preocupación por el impacto directo en personas con enfermedades crónicas. La diálisis requiere condiciones controladas, por lo que las altas temperaturas representan un riesgo adicional.

Patiño enfatizó la gravedad del contexto al señalar que no se trata solo de incomodidad, sino de un problema que puede afectar la vida de los pacientes.

“No se juega con la vida de quienes ya luchan por sobrevivir. La indiferencia también mata”, expresó el asambleísta, en una crítica directa a la gestión del sistema de salud en este caso.

Información solicitada al IESS sobre gestión y equipos

El requerimiento incluye detalles específicos sobre la administración y operación del hospital, con énfasis en el área afectada. Se busca establecer responsabilidades y verificar acciones ejecutadas.

Entre los principales pedidos de información constan:

Acciones correctivas y plazo de respuesta del IESS

El documento también exige conocer qué medidas ha adoptado el IESS frente a las denuncias públicas de los afiliados, especialmente en relación con el estado del servicio de salud.

Se solicita un informe de acciones administrativas y correctivas implementadas tras los reportes sobre el deterioro en la atención hospitalaria.

El plazo establecido para la entrega de la información es de diez días, tanto por vía electrónica como física, conforme a lo establecido en la normativa vigente de la Función Legislativa.

Lo que debes saber 

• Ecuador y Paraguay negocian un acuerdo de extradición clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación en seguridad y comercio.

Ecuador y Paraguay iniciarán negociaciones para firmar un convenio de extradición que permita capturar y trasladar a personas requeridas por la justicia entre ambos países, como parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado. El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld tras reunirse en Quito con su par Rubén Ramírez. El mecanismo buscará agilizar procesos judiciales y evitar que sospechosos evadan la ley cruzando fronteras. La medida se integrará a otros acuerdos de seguridad que se prevé concretar en los próximos meses.

El funcionamiento del convenio contemplaría reglas claras para solicitar y ejecutar extradiciones, en coordinación con autoridades judiciales y policiales de ambos países. Aunque aún está en fase de negociación, el objetivo es reducir tiempos y fortalecer la cooperación institucional. Este tipo de acuerdos permite que personas procesadas o sentenciadas sean entregadas al país que las requiere. Así, se refuerza la capacidad estatal frente a delitos de alcance transnacional.

Política

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La iniciativa surge en un contexto de creciente presión contra estructuras criminales en Ecuador, impulsada por el presidente Daniel Noboa. En esa línea, el Gobierno también pidió a Paraguay declarar como terroristas a grupos como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings. El planteamiento será evaluado por las autoridades paraguayas. “El canciller paraguayo comprometió sus mejores esfuerzos para dar seguimiento al tema en las instancias competentes”, indica la declaración conjunta.

Seguridad y crimen organizado: el eje de la negociación

El diálogo entre ambos países incluyó el análisis de amenazas compartidas como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Las cancillerías coincidieron en que estos problemas requieren respuestas coordinadas. Por ello, plantearon reforzar la cooperación entre instituciones de seguridad. Uno de los pasos será firmar un acuerdo entre los ministerios del Interior.

Este instrumento buscará mejorar el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos. La meta es aumentar la eficacia en la lucha contra redes criminales que operan en varios países. Además, se espera que la cooperación se traduzca en acciones concretas a corto plazo. El enfoque apunta a resultados operativos y no solo a compromisos políticos.

La visita del presidente paraguayo Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio, será clave para cerrar estos acuerdos. En ese encuentro se prevé la firma de varios instrumentos bilaterales. Entre ellos, el convenio de extradición y otros mecanismos de seguridad. “Tenemos ya unos acuerdos, unos compromisos, y también miramos de forma positiva algunos de los acuerdos que podrán ser finalmente suscritos en la visita del presidente Peña al Ecuador”, afirmó Sommerfeld.

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Comercio e inversión: una relación con potencial

Además del eje de seguridad, las autoridades revisaron el estado del intercambio comercial entre ambos países. Coincidieron en que la relación económica es aún limitada. Sin embargo, destacaron que existen oportunidades para ampliarla. La diversificación de productos aparece como una prioridad.

El objetivo es fortalecer cadenas productivas y generar mayor complementariedad entre las economías. También se busca facilitar la llegada de inversiones. Para ello, se planteó profundizar la cooperación técnica en sectores clave. El ámbito agropecuario fue uno de los puntos centrales de la conversación.

En ese contexto, ambos países consideran necesario actualizar acuerdos firmados en 2002 sobre cooperación agrícola, ganadera y pesquera. Esto permitiría adaptarlos a nuevas dinámicas productivas. El canciller Ramírez destacó el potencial de crecimiento. “La balanza comercial entre ambos países todavía es muy limitada”, señaló, aunque remarcó que hay “grandes oportunidades”.

Conectividad y próximos pasos en la relación bilateral

Otro de los temas abordados fue la conectividad aérea entre Ecuador y Paraguay. Las autoridades analizan un posible acuerdo de cielos abiertos. Este permitiría incrementar vuelos y facilitar el transporte de personas y mercancías. La medida es vista como clave para dinamizar el comercio y el turismo.

Ramírez explicó que aún se evalúan aspectos logísticos para concretar esta iniciativa. El objetivo es mejorar las condiciones para los negocios entre ambos países. Una mayor conectividad podría acelerar el intercambio económico. También facilitaría la integración regional.

Lo que debes saber

• Ecuador solicitó a Paraguay declarar a cinco grupos criminales como terroristas.
• Los grupos son: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killer y Latin King.
• Expertos señalan que la propuesta de Ecuador busca unir a ambos países con acciones contra grupos criminales.

Ecuador solicitó a Paraguay declarar como terroristas a cinco bandas delictivas luego de una reunión que mantuvieron los cancilleres de ambos países, Gabriela Sommerfeld y Rubén Ramírez, este martes 14 de abril en Quito.

(Te puede interesar: Petro amenaza con no vender energía a Ecuador y escala tensión con Noboa por aranceles y frontera)

En la declaración conjunta que suscribieron los diplomáticos, las autoridades ecuatorianas pidieron a Paraguay que declaren como grupos terroristas a:

La solicitud será analizada por las autoridades paraguayas, según la declaración firmada por Ramírez y Sommerfeld en Quito.

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Santiago Peña visitará a Daniel Noboa en julio

En la cita, los cancilleres abordaron temas referentes a la seguridad en la región, el tráfico de drogas, la lucha contra la delincuencia transnacional organizada.

La reunión también sirvió para avanzar en la planificación de la visita que realizará el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, prevista para julio.

En esa cita se espera firmar un Memorándum de Entendimiento entre Ministerios del Interior de ambos países.

(Lee también: Colombia rechaza acusaciones de inseguridad en Ecuador y responsabiliza a Perú)

Grupos criminales transnacionales

Los cinco grupos criminales ya han sido denominados como terroristas por parte del Gobierno de Ecuador desde enero del 2024, en que Noboa decretó el conflicto armado interno en el país.

Además, Los Choneros y Los Lobos han sido declarados como terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Expertos señalaron que esta propuesta a Paraguay surge en medio de una escalada de violencia que ha obligado a Ecuador a replantear su estrategia de seguridad, incluso en el plano internacional.

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Señalaron que llevar esa calificación a otros países implicaría buscar coherencia en la forma en que la región enfrenta estructuras criminales que ya no operan dentro de fronteras definidas.

En términos legales, esta declaración permitiría establecer mecanismos más duros de persecución, cooperación judicial y financiera, así como a sanciones más severas.

También puede facilitar procesos como la extradición o el congelamiento de activos vinculados a redes ilícitas.

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El documento sitúa este caso dentro de una serie de episodios que permiten ver el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador. Entre ellos, menciona el asalto a TC Televisión, que mostró cómo la violencia puede irrumpir incluso en transmisiones en vivo.  

También alude a la salida del caricaturista Bonil de El Universo, como un ejemplo de cómo los cambios de propiedad y las reconfiguraciones internas pueden incidir en los márgenes de la crítica.

El informe destaca un hecho grave: el asesinato de Robinson del Pezo. Las interrogantes aún abiertas sobre los responsables, advierte, refuerzan la impunidad como una forma de “pedagogía del miedo”.

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Los periodistas enfrentan precariedad laboral

A este escenario, Fundamedios suma la precarización laboral, que ha pasado de ser una consecuencia de la crisis a convertirse en uno de sus motores. El informe describe una realidad: salarios retrasados o insuficientes, pagos por pieza, esquemas de facturación sin relación de dependencia, ausencia de seguridad social, pluriempleo y sobrecarga de funciones.  

Todo ello ocurre en redacciones con equipos reducidos y bajo una presión constante por producir contenidos en múltiples formatos.

¿Son o no son medios de comunicación?

El informe también señala que una parte sustancial de la transformación del ecosistema mediático ecuatoriano ya no ocurre en las redacciones tradicionales, sino en "páginas, marcas digitales y cuentas que imitan el lenguaje del periodismo sin asumir sus estándares. Configuran un entorno opaco, con escasa trazabilidad sobre su propiedad, financiamiento y equipos editoriales".

Estas plataformas "mezclan dato, rumor, filtración, consigna, ataque reputacional y escándalo; y una circulación pensada para intoxicar la conversación pública más que informar".

La venta de La Posta y de Radio Centro

Asimismo, Fundamedios se refirió  compra de La Posta y Radio Centro, en 2025. Dijo que preocupa "la entrada directa de actores políticos en la propiedad mediática". Subraya que "existe un patrón de opacidad, que impide el  fácil y cercanía política suficiente para volver legítima la sospecha democrática".

Lo que debes saber 

• Mónica Palacios, asambleísta de la RC, exige la renuncia de Inés Manzano tras apagones en Ecuador y cuestiona a Daniel Noboa por promesas incumplidas sobre el suministro eléctrico.

La asambleísta Mónica Palacios exigió la renuncia de la ministra de Energía, Inés Manzano, tras los recientes apagones en Guayaquil, Samborondón y Daule. La legisladora responsabilizó directamente a la funcionaria por la crisis eléctrica y cuestionó su capacidad para garantizar el suministro. “Si no puede hacer ese trabajo, háganos un favor a todos los ecuatorianos y renuncie”, afirmó.

En su pronunciamiento, Palacios también señaló al presidente Daniel Noboa por lo que considera una falta de gestión en el sector energético. Recordó que el 9 de abril el mandatario aseguró que no habría apagones durante el mes, pese a ser un periodo de alta demanda eléctrica. Según dijo, ese ofrecimiento no se cumplió.

La asambleísta sostuvo que apenas dos días después de esas declaraciones, el 11 y 12 de abril, se registraron cortes de luz en varios sectores. “Eso quiere decir que la credibilidad del señor Daniel Noboa duró dos diítas”, expresó, al cuestionar la coherencia entre los anuncios oficiales y lo ocurrido en territorio.

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Apagones en Ecuador: críticas por promesas incumplidas

Palacios también criticó la respuesta de la ministra Manzano ante los reclamos ciudadanos. Indicó que la funcionaria aseguró que los apagones eran programados y atribuyó la molestia a problemas de comunicación. Para la legisladora, esto refleja una evasión de responsabilidades.

“¿Acaso no se da cuenta que culpar a otros es culparse a usted mismo?”, cuestionó, al insistir en que la ministra es la máxima autoridad del sector energético. En ese sentido, recalcó que su rol es garantizar energía continua y no justificar decisiones del Gobierno.

Además, mencionó que la ministra anunció cortes adicionales en domingos, entre las 05:00 y 08:00, por supuestos trabajos de mantenimiento. Según citó Palacios, Manzano argumentó que estas acciones son necesarias para reducir la carga en subestaciones eléctricas.

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Mantenimiento eléctrico y nuevas decisiones bajo cuestionamiento

La asambleísta también puso en duda la coherencia de estas medidas al señalar que, tras el rechazo ciudadano, se habría prohibido el mantenimiento de las empresas distribuidoras. A su criterio, esta decisión responde a cálculos políticos y no técnicos.

“¿Cómo va a prohibir los mantenimientos eléctricos tan necesarios en este momento?”, reclamó, advirtiendo que esto podría agravar la situación del sistema eléctrico nacional. Para Palacios, estas acciones evidencian improvisación.

Finalmente, la legisladora denunció presuntos contratos irregulares en el sector energético que habrían causado pérdidas millonarias. “Contratos fraudulentos… que le robaron a los ecuatorianos más de 175 millones de dólares”, afirmó, reforzando su pedido de salida de la ministra.

Lo que debes saber

• El caso GRANASA es un intento de toma empresarial desde el poder; el gobierno usa organismos de control, recursos judiciales y acciones administrativas para intervenir y eventualmente controlar GRANASA.
• El silencio de los gremios empresariales, la academia y parte del periodismo contrasta con la reacción que hubo en 2011 durante el caso de Diario El Universo. El país ha pasado de la resistencia pública al poder a una actitud marcada por temor, indiferencia o complicidad.

El caso GRANASA apunta a un presunto intento de intervención empresarial desde el poder en Ecuador, mediante acciones judiciales y administrativas para influir en la estructura accionaria de la empresa editora de EXPRESO y EXTRA. A diferencia de 2011 con Diario El Universo, hoy la reacción pública es limitada, evidenciando un cambio frente a posibles presiones a la libertad de expresión.

Mientras el gobierno ensaya y perfecciona, con GRANASA, un método de asalto para la toma de empresas malportadas, los gremios empresariales del país (¿atacados por el pánico?) guardan un silencio bastante parecido a la complicidad. Otro tanto se podría decir del periodismo, salvo que el periodismo es una especie en extinción: lo que queda en su lugar es un ejército de cheerleaders, trolls, medios comprados a vista de todo el mundo, cuentas de redes sociales que fingen ser medios pero hacen propaganda… Aun así, entre los pocos que subsisten de los que aún se puede esperar una cierta independencia, los hay que han dado poca importancia (cuando no ninguna) al acoso del gobierno a Diario EXPRESO: quizá vanamente confiados en que a ellos no le ocurrirá lo mismo; quizá dispuestos de antemano a ceder ante las demandas del poder, si no lo han hecho ya, entregando cabezas y deponiendo posiciones… A este paso no quedará voz alguna.

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Del respaldo a la prensa al silencio frente al poder

Este lunes, el periodista quiteño Fabricio Vela, director de Primera Plana, se preguntó qué había ocurrido con el país desde 2011 hasta acá. Ese año, recordaba él, acosado por el correísmo que lo quería quebrar cobrándole una indemnización de 80 millones de dólares (un juez bienmandado terminaría entregándole 40), diario El Universo publicó una portada en blanco para simbolizar el silencio al que quería someterle el gobierno. Todo el país (los empresarios, claro, pero también la academia, las organizaciones sociales y sobre todo el periodismo) cerraron filas en torno al diario. 

Hubo manifestaciones de gente con mordazas en la boca. Hoy el gobierno de Daniel Noboa no pretende quebrar EXPRESO sino directamente robárselo: quedarse con el 42 por ciento de acciones de la empresa y maniobrar en la junta de accionistas para controlar el Diario. Igual que El Universo hace 15 años, EXPRESO salió este domingo con una portada en blanco. El hecho fue noticia en unos medios sí y en otros no, mientras los gremios empresariales, la academia, las organizaciones sociales, cerraron ostensiblemente la aterrorizada boca.

La pregunta de Fabricio Vela, entonces, es pertinente: ¿qué ocurrió con este país que ha sido capaz de pasar en 15 años de la resistencia al autoritarismo a la más absoluta indolencia y el miedo?

Se puede decir que el caso de El Universo en 2011 era de una claridad meridiana que simplificaba las cosas: el diario había publicado un artículo (firmado por Emilio Palacio) que al poder no le gustó y éste, simplemente, quería hacer un escarmiento. El caso GRANASA, en cambio, contempla una campaña sostenida de desprestigio y consta de una serie de sinuosos y enrevesados capítulos con los que el gobierno ha logrado artificialmente complicar una estrategia que, sin embargo, está clarísima: se trata de introducirse de manera fraudulenta en la estructura accionarial de la empresa para manejarla.

Política

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La ruta jurídica para la toma de GRANASA

Desde mediados del año pasado las cosas se han precipitado en una sucesión de agresiones sin tregua: primero fue una acusación, con pruebas fraguadas, de fraude fiscal; luego, otra de lavado de activos, ambas desmentidas. El gobierno no cejó: dueño de un paquete minoritario de acciones de la empresa (el 2,65 por ciento, producto de la expropiación de los bienes de los hermanos Isaías, que lo tenían desde hacía muchos años) el gobierno quiso aprovechar esa circunstancia para exigir una serie de informaciones delicadas que podían ser usadas en contra de la empresa y que, por tanto, se le negó bajo el amparo de la ley. Ese pretexto le sirvió a la Superintendencia de Compañías, convertida en herramienta de persecución y control político al igual que todos los organismos de control bajo este gobierno, para intervenir GRANASA.

Luego inventaron un caso donde no lo había: el traspaso del 40 por ciento de las acciones a Ingrid Martínez. ¿Quién se las traspasó? La compañía Veranera. ¿De quién es Veranera? De Ingrid Martínez, que la creo para que le administre las acciones. ¿Dónde obtuvo ella esas acciones? Las heredó de su padre, el fundador de la empresa. 

Hace seis años (¡seis!) Ingrid Martínez puso en liquidación a Veranera e hizo que le transfirieran las acciones (sus acciones) a su nombre. Nada más claro. Sin embargo, luego de nombrar un liquidador que responde por sus propios intereses (o sea los del gobierno) la Superintendencia ha decidido que no encuentra “trazabilidad” en ese traspaso y ha ordenado revertirlo (ellos dice “reversarlo”, que significa vomitarlo), a pesar de que no tiene ninguna facultad para ello.

Justicia

Caso GRANASA: directivos son denunciados por presunta asociación ilícita

Richard Josue Jimenez Mora

En las páginas de este Diario encontrará el lector todos los detalles del enredo jurídico de los últimos días: la negativa de GRANASA de cumplir una orden ilegítima: la acción de protección con medida cautelar solicitada por el liquidador de Veranera (un tal Carlos Cadena Asencio, mano derecha del superintendente Luis Cabezas Klaere) para imponer su voluntad; la meteórica agilidad del juez Carlos López Vulgarín para complacerle… Hasta llegar a lo último: el recurso a la justicia penal con dos denuncias contra GRANASA presentadas por el interventor ante la Fiscalía: una por asociación para delinquir, con la que se acusa a los directivos de la empresa del delito de tratar de impedir que se la roben; otra por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, tipo penal que no se ajusta al caso porque la orden (literalmente: vomitar las acciones a Veranera) es ilegítima y el juez, en todo caso, un perfecto incompetente.

El precedente del “Exprópiese” y el temor empresarial

Más allá de todos estos detalles con los que el gobierno ha complicado artificiosamente el caso, hay dos hechos clarísimos. Primero, la persistencia del asedio: para GRANASA no ha habido un día de respiro desde mediados del año pasado. El segundo es la determinación con la que el gobierno ha acometido la toma de la empresa, pasando por encima todo principio consagrado en la Constitución y en la Ley de Compañías. La pretensión de despojar a una hija de las acciones que heredó de su padre, con el pretexto de que no existe “trazabilidad” en las transferencias entre ella y la empresa que constituyó para que se las administre, es un atentado tan grosero a la libertad de empresa que debería encender las alarmas de todos los gremios de la producción y el comercio. Es triste constatar que les da igual. Sin embargo, entre este gesto y el de un Hugo Chávez parado en medio de una plaza, señalando con el dedo un edificio y otro y ordenando su expropiación, no media sino un paso.

Justicia

¿Quién es el liquidador que denunció por asociación ilícita a los directivos de Granasa?

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La estrategia que está afinando el gobierno para quedarse con el control accionarial de GRANASA es el preámbulo de la política del “Exprópiese”. Lo que hoy se hace contra un medio de comunicación cuyo contenido no es del agrado del poder, mañana se hará contra una empresa cualquiera que no se alinee a sus caprichos. O, simplemente, que pertenezca al grupo económico equivocado, pues no hay que olvidar que el presidente y sus ministros representan a uno muy preciso y tienen clarísimo quiénes son sus competidores. De hecho, ¿no ha empezado ya esta política del acoso empresarial a imponer su orden? Fábricas de plástico, empresas de bienes muebles o de seguros que se quedan sin contratos que legítimamente les correspondía, adjudicaciones hechas al dedazo… ¿Cuántas cosas calla el empresariado nacional, paralizado del miedo? Mañana, cuando se metan en la estructura accionarial de sus compañías, será demasiado tarde.

Lo que debes saber 

• El presidente colombiano lanza una advertencia directa desde Ipiales y cuestiona decisiones del Gobierno ecuatoriano en plena crisis comercial. Sus palabras elevan la tensión y reavivan el debate sobre integración regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una advertencia directa durante su visita a Ipiales en medio del conflicto arancelario con Ecuador. El mandatario reaccionó a la decisión del Gobierno ecuatoriano de imponer un 100% de aranceles a productos colombianos y al anuncio de reforzar la frontera. En ese contexto, Petro cuestionó las medidas y el impacto en la relación bilateral. Sus declaraciones se dieron ante ciudadanos en una zona clave de frontera.

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“Así me recibe el pueblo de Ipiales. Que a Noboa no se le ocurra meterse aquí porque responderemos como el Jaguar, no es como esperarían es como no lo esperarían”, expresó el mandatario colombiano. La frase marcó el tono de su intervención, en la que insistió en una postura firme frente a las decisiones del Gobierno ecuatoriano. El mensaje se produce en un momento de alta tensión diplomática y comercial entre ambos países.

El jefe de Estado también apeló a la historia compartida entre naciones de la región. “Colombianos y venezolanos fuimos a ayudar a la libertad de Ecuador y formamos la Gran Colombia”, afirmó. Con ello, Petro buscó reforzar un discurso de integración regional frente a lo que considera una fragmentación impulsada por factores externos.

Petro habla de integración y cuestiona medidas de Noboa en la frontera

Durante su intervención, Petro planteó la necesidad de reconstruir la integración regional. “Nosotros queremos la Gran Colombia de nuevo sin restricción de flujos de ciudadanía y de flujo libre de capitales y mercancías, de riqueza”, sostuvo. El mandatario insistió en que la cooperación entre países vecinos podría fortalecer sus economías y su presencia global.

En ese marco, también apuntó contra actores externos y dinámicas que, según él, afectan la unidad regional. “Extranjeros mafiosos usan la separación y la división entre nuestros pueblos para impedir la unidad”, dijo. Petro agregó que esta fragmentación beneficia a otras potencias y debilita a los países sudamericanos.

El presidente colombiano enfatizó la importancia geopolítica de la región. “Somos los únicos pueblos de suramérica que accedemos a los dos océanos y somos el corazón del mundo. Juntos somos poderosos y otras potencias del mundo lo hacen y nos dividen desde afuera”, afirmó. Su discurso combinó elementos históricos, económicos y estratégicos.

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Críticas a la política fronteriza y advertencias sobre el impacto

Petro también criticó el manejo de las fronteras por parte de los Estados. “Cada vez que los estados abandonan sus pueblos en la frontera y la cierran, lo que hacen es que las mafias se tomen la frontera”, señaló. En su visión, las restricciones actuales podrían agravar problemas de seguridad en lugar de resolverlos.

En esa línea, cuestionó directamente las medidas adoptadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. “Con las medidas tomadas por Noboa lo que está haciendo es aumentar el poder de la mafia”, aseguró. Sus declaraciones se dan tras el endurecimiento de políticas comerciales y el anuncio de mayor control fronterizo.

El mandatario también reveló gestiones diplomáticas previas. “Se lo dije al presidente de EEUU y le pedí que intermediara entre nuestros países pero creo que se le olvidó”, indicó. Además, advirtió que otras acciones podrían “producir heridas irreversibles entre nuestros pueblos”, en referencia a la escalada del conflicto.

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Anuncio de mensaje oficial y tensión en aumento

Finalmente, Petro adelantó que ampliará su postura en un espacio oficial. “Ahora hablaré en contados minutos por el canal público”, anunció ante los asistentes. La declaración deja abierta la expectativa sobre nuevas definiciones en medio del conflicto bilateral.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Colombia y Ecuador por decisiones arancelarias y de seguridad. Las palabras del mandatario colombiano reflejan una escalada en el tono político y abren un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. La frontera norte se mantiene como punto clave de este escenario.

Lo que debes saber

• Luis Almeida analiza su posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, aunque aún no tiene casillero electoral.
• El exasambleísta sostiene que la detención del alcalde Aquiles Álvarez es un fuerte golpe político para la ciudad.
  
• Almeida respalda el trabajo periodístico de GRANASA ante nuevo hostigamiento judicial.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida no esconde sus intenciones de postularse a la Alcaldía de Guayaquil. Ante la crítica situación política de la ciudad, sostiene que es momento de que los “verdaderos políticos” tomen el mando. Sin embargo, reconoce que aún no define un casillero electoral. Aspira a que sea el Partido Social Cristiano (PSC), aunque asegura contar con el respaldo de movimientos sociales de la ciudad.

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Aquilés Álvarez y el golpe para Guayaquil

- Guayaquil cumplió dos meses con el alcalde Aquiles Álvarez con prisión preventiva. ¿Qué tan crítica es la situación de la ciudad?

Guayaquil no merece este maltrato, esa profanación de la casa consistorial (Palacio Municipal) que no la ha hecho ninguna dictadura militar.

- ¿Cree que existe un vacío de poder en la ciudad?

Nos han quitado un liderazgo en Guayaquil; de todas maneras, (Aquiles Álvarez) es nuestro alcalde, sea de cualquier partido que sea. Deberían de liberarse los jueces para que actúen. No he revisado el proceso, pero Guayaquil no merece un maltrato como tal.

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- Con Álvarez preso, identificado como el principal opositor del Gobierno de Daniel Noboa, ¿hay liderazgos que puedan tomar el lugar?

Sí los hay. Lo que pasa es que los directivos de los partidos no le han dado oportunidad a muchos hombres preparados que amamos a Guayaquil. Si los líderes no hacen más líderes, se quedan en el camino. Hay que ir hacia el progreso total de Guayaquil para que sea faro y luz de este Ecuador.

Almeida y su posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

- La lista de nombres que suenan para la Alcaldía aumenta con el pasar de los días. ¿Usted está interesado en ser alcalde de Guayaquil?

Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política local; en empresa privada y no empresa privada y, sobre todo, con un amor grandioso hacia los guayaquileños y ecuatorianos.

- ¿De qué depende concretar su intención?

Los líderes tienen que comprender que este es un momento de los verdaderos políticos. Esto es para políticos de verdad que comprendan que hay que sumar y no restar, que comprendan que hay que construir y no destruir, que comprendan que hay que avanzar hacia el progreso. Tenemos problemas como las vacunas y la falta de empleo en la ciudad.

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- ¿Partidos políticos ya le han ofrecido el casillero? ¿Puede ser el Partido Social Cristiano (PSC)?

Hay movimientos sociales que están planteando mi candidatura; hay grupos de partidos políticos extraños al PSC o de otras tendencias que me han dicho que yo debería ir. Sin embargo, depende de los líderes de los partidos. El PSC debería de considerarlo.

- ¿Se lo ha planteado al líder del PSC, Jaime Nebot?

Tengo excelente relación con él. Yo creo que habría que volver a la ciudad de Guayaquil, a esos grandes directores que tenía en el último tiempo; ahí funcionaba casi como un reloj suizo.

Seccionales 2026 y el riesgo de perder legitimidad

- ¿Cree que el cambio de fecha de las seccionales cambiará el escenario electoral? ¿Beneficia al oficialismo?

Parece que alguien ha planificado que cree que adelantando puede ganar la elección, como dicen algunos. Siempre hemos tenido lluvias en ese tiempo y nuestros hermanos campesinos y agricultores siempre han salido a votar, así es que no es nada del otro mundo. Y yo creo que el cálculo pudo haber sido por la cuestión económica.

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- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana y el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye quita legitimidad al proceso?

Nuestro pueblo dice que estos elementos que están planteándose son justamente para anular a los otros, anular la oposición; y los partidos únicos en extrema de izquierda y en extrema derecha son malos, basta con ver los ejemplos de Venezuela y Cuba. Todas estas acciones podrían quitarle legitimidad y el pueblo, muy inteligente, que no se deja convencer, que

Conflicto entre Daniel Noboa y Gustavo Petro

- Mientras, Ecuador enfrenta una crítica situación por la guerra arancelaria con Colombia. ¿El conflicto debió escalar tanto?

A Ecuador no le conviene esta pelea, ni a Colombia tampoco, y menos aún a nuestros agricultores. Existe una hermandad entre ambos países. Creo que este conflicto no debió escalar a esos niveles. Si yo hubiera sido jefe de Estado, le habría dicho al presidente Gustavo Petro: “Veámonos en la frontera. Usted controla allá y yo me encargo de acá”.

GRANASA y el riesgo para las libertades en Ecuador

- Fiscalía ha sido notificada para que investigue presuntos delitos de GRANASA, casa editora de EXPRESO y EXTRA. ¿Es un caso más de uso político de la justicia?

Este (GRANASA) es el último hito de de democracia y de medios libres en periódicos que quedan en Ecuador. Es un mal ejemplo que nos están dando, no solamente a los negocios nacionales, sino a los extranjeros. Por eso es que no viene inversión al Ecuador. Querer meter preso al principal dueño y heredero de este periódico sería una de las situaciones más horribles, como sucedió en Venezuela. Hay que evitarlo. 

- ¿Cuál es el riesgo?

La libertad de prensa está en totalmente en riesgo porque Diario EXPRESO siempre ha sido un periódico  vanguardista. Siempre ha sido crítico, positivo y constructivo.

Lo que debes saber

• José De La Gasca denuncia al veedor Guido Egas ante el CPCCS por cuestionar su ética y trayectoria.
• El candidato a fiscal general exige separar a Egas del proceso por acusaciones de favoritismo estatal.
• De La Gasca alega que el veedor vulnera la seguridad jurídica y difunde desinformación sobre el concurso.

José De La Gasca, exministro de Gobierno y postulante a Fiscal General del Estado, presentó una denuncia formal ante el CPCCS contra el veedor Guido Egas. El aspirante solicita la separación inmediata de Egas del proceso, tras acusarlo de emitir afirmaciones falsas que comprometen la transparencia del concurso y afectan su reputación profesional al tildarlo de "apadrinado".

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Cuestionamientos a la ética y trayectoria en el concurso

La controversia escaló este 14 de abril de 2026, cuando De La Gasca reaccionó a las declaraciones de Guido Egas, quien puso en duda sus credenciales éticas y experiencia por su pasado como funcionario en el gobierno de Daniel Noboa. Según el texto presentado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el veedor habría utilizado su cargo para implantar una narrativa de favoritismo indebido ante la opinión pública.

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El exministro sostiene que estas acciones no solo son ataques personales, sino que desacreditan la labor de la Comisión Ciudadana de Selección, la cual ya validó su etapa de admisibilidad bajo la normativa vigente.

Argumentos legales para la separación del veedor

Para José De La Gasca, la conducta de Egas vulnera el principio de seguridad jurídica y contraviene el Reglamento de Veedurías Ciudadanas. En su escrito, destaca los siguientes puntos críticos:

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El conflicto se originó apenas un día después de que Egas fuera nombrado coordinador de la veeduría, momento en el que empezó a cuestionar si un exembajador y ministro posee la independencia necesaria para dirigir la Fiscalía.

Lo que debes saber

• La Revolución Ciudadana denuncia posibles irregularidades en los certificados académicos presentados en el concurso para fiscal general. Según la bancada, una entidad no consta en registros oficiales y un acuerdo ministerial genera dudas sobre su autenticidad. El caso ya fue remitido a Fiscalía y podría escalar a investigaciones penales y controles institucionales.

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), denunció este 14 de abril presuntas irregularidades en los certificados académicos presentados por Cynthia Alexandra Jacho Tipán, quien preside la comisión del concurso para fiscal general del Estado. El legislador aseguró que recibió documentación que pone en duda la autenticidad de los respaldos académicos incluidos en su hoja de vida. El caso se produce en medio de un proceso clave para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía en Ecuador.

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Según explicó, como parte de sus facultades de fiscalización, solicitó al Ministerio de Trabajo verificar la legalidad de la entidad AINA Group. También pidió confirmar si el acuerdo ministerial que respalda la formación académica de Jacho es válido y corresponde a dicha organización. La respuesta oficial, indicó, evidenció inconsistencias que encendieron las alertas dentro de su bancada.

“El Ministerio de Trabajo certificó que AINA Group no se encuentra registrado en el ministerio”, afirmó Molina al detallar los resultados. El asambleísta añadió que el acuerdo ministerial citado en los documentos no coincide con la creación ni certificación de esa entidad.

RC pide investigación por certificados en concurso de fiscal general

Tras conocer esta información, la bancada trasladó el caso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con la presentación de documentación irregular. El proceso de selección queda así bajo un nuevo foco de escrutinio institucional.

Además, Molina solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial sobre el concurso. El pedido apunta a revisar cómo se validaron los documentos y si se cumplieron los controles establecidos por la ley. También cuestionó el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la verificación de requisitos.

En su pronunciamiento, el legislador advirtió que el proceso no debería acumular más cuestionamientos. “Este concurso no puede tener más irregularidades”, señaló, al insistir en la necesidad de acciones inmediatas. La presión política se concentra ahora en las autoridades encargadas de garantizar transparencia.

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Quién es Cynthia Jacho y cómo llegó al proceso

El nombre de Cynthia Jacho apareció en el proceso el 14 de enero, cuando fue seleccionada por sorteo para integrar la comisión. Su inclusión llamó la atención porque obtuvo la calificación más baja en la fase de méritos, con 17,5 sobre 50 puntos. A pesar de ello, terminó formando parte del equipo encargado de evaluar a los postulantes.

Uno de los factores que incidió en su puntaje fue su reciente incorporación al registro de títulos profesionales. Su título de abogada fue inscrito oficialmente a inicios de 2024, lo que refleja una trayectoria académica aún reciente. Este elemento fue considerado dentro de la evaluación del concurso.

En el plano profesional, su experiencia se ha desarrollado principalmente en un estudio jurídico privado. Allí trabajó como asistente legal durante más de dos años antes de asumir funciones como abogada junior. Su perfil laboral ha sido parte del debate en torno a su designación en la comisión.

Lo que debes saber

• Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera S.A., presentó una denuncia contra los directivos y accionistas de GRANASA. 
  
• El profesional, que representa a una inmobiliaria sentenciada, enfrenta denuncias de víctimas de estafa por intentar despojarlos de sus bienes.

Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la compañía Veranera S.A., tiene un rol protagónico en la trama judicial que envuelve a Gráficos Nacionales S.A. (Granasa).

El contador interpuso una denuncia penal por asociación ilícita ante la Fiscalía del Guayas. Su acción legal apunta a un presunto entramado delictivo diseñado para impedir que la compañía Veranera S.A., propiedad de Ingrid Martínez, obtenga el control del 40% del paquete accionario de la casa editorial. Es decir, acusa a Ingrid Martínez Leisker de asociarse delictivamente para perjudicarse a sí misma, pese a ser ella la accionista legítima de la empresa en liquidación.

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Sospechas de coordinación con cuentas "trolls"

La denuncia por asociación ilcíta primero se hizo pública viernes 9 de abril, diversas cuentas anónimas y redes de "trolls" en plataformas digitales anticiparon con precisión la presentación las accionesl liquidador. Esta filtración previa sugiere una estrategia de ataque planificada para desestabilizar a la casa editorial. Tras presentar la denuncia, el liquidador otorgó una entrevista al medio Altavoz, plataforma que se dedica a amplificar la narrativa gubernamental, lo que refuerza las dudas sobre la independencia de su actuación.

¿Quién es el liquidador?

Cadena Asencio es un experto en auditoría forense y cumplimiento tributario. Fue designado por la Superintendencia de Compañías en noviembre de 2025, y cuenta, según Cadena, con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y asegurador.

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Como liquidador, sus primeras designaciones son de 2018. Y actualmente ejerce el rol de liquidador de 13 compañías.

Actualmente, es accionista activo en tres firmas: S&C Asociados S.A., Integra Accounting & Consulting Services (Intacs) S.A.S. y Team Digital TDI S.A.S. Y mantiene una deuda con el IESS. 

Víctimas de estafa denuncian al liquidador

Carlos Cadena ejerce simultáneamente la representación de la Urbanizadora del Norte (Urnosa). Esta última compañía cuenta con una sentencia ejecutoriada de última instancia emitida por la Corte Nacional de Justicia por el delito de estafa, tras un perjuicio masivo calculado en 24 millones de dólares.

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El rol de Cadena en Urnosa no es puramente administrativo. Documentos judiciales de un procesos de amparo posesorio que está activo señalan que el liquidador impulsa desalojos contra las víctimas de la estafa inmobiliaria, según las víctimas. Estas señalan que son tildadas de "invasoras" pese a que estas poseen derechos sobre los predios. 

Los afectados denuncian un "efecto perturbador" en sus viviendas y acusan a Cadena de liderar actos de intimidación que incluyen amenazas con machetes y destrucción de cultivos. "Qué inaudito señor Juez, que el demandado Carlos Cadena Asencio, en representación de la compañía Urnosa que nos estafó 24 millones de dólares decretados en sentencia ejecutoriada, se atreve a tildarnos de invasores a los legítimos propietarios de los referidos terrenos". señala el denunciante. Este caso ahora está en trámite, en un juzgador Civil de Guayauil.

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El asambleísta del bloque correísta, Luis Fernando Molina, señaló que su bancada llevó adelante un proceso de fiscalización. En ese contexto, aseguró contar con pruebas sobre presuntas irregularidades en los certificados de capacitación de Jacho.

“Se nos había informado que los certificados que había presentado no tenían la validez ni la regularidad del caso”, dijo Molina. A partir de ello, indicó que solicitó información al Ministerio del Trabajo sobre el Centro de Capacitación Aina Group y la certificación a la que hace referencia.

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“Le solicitamos al Ministerio del Trabajo que certifique la existencia de este centro”. Molina señaló que la respuesta fue que no está registrado en esa cartera de Estado. “Adicional a eso, el acuerdo ministerial al que hace referencia no corresponde a Aina Group”.

El legislador agregó que las certificaciones no se emiten a través de acuerdos, sino de resoluciones. “Es un hecho grave. La presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente en el concurso de fiscal tiene documentos que no corresponden a la realidad”, mencionó Molina.

¿Qué busca el correísmo?

Molina señaló que Jacho debería renunciar. Además, aseguró que la información obtenida ya fue remitida a tres entidades: la Fiscalía General, la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sobre la Fiscalía, Molina indicó que debe abrirse una investigación por los documentos presentados por Jacho, lo que podría derivar en responsabilidades penales. 

También señaló que el CPCCS, de acuerdo con el reglamento, es responsable de la verificación de requisitos. “Si no verificaron, tienen un presunto delito de omisión”, concluyó Molina.

Las claves del caso

• El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil entra en una fase decisiva con la discusión en el Concejo Cantonal de la comisión que analizará la denuncia presentada contra Aquiles Álvarez.
• El proceso de remoción de autoridades en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) está regulado por el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
• La sesión será determinante y marcará el rumbo del proceso contra el alcalde de Guayaquil.

El Concejo Cantonal de Guayaquil tratará este jueves 16 de abril la conformación de la Comisión de Mesa, un paso clave dentro del proceso de remoción iniciado contra el alcalde Aquiles Álvarez tras una denuncia ciudadana.

La sesión del Concejo marcará el inicio formal del análisis del caso, luego de que el pasado 9 de abril la Secretaría remitiera a esta instancia una denuncia que cuestiona la gestión del alcalde.

El punto central del orden del día será la integración de la Comisión de Mesa, organismo que deberá calificar la denuncia y definir si el proceso continúa.

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Comisión de Mesa entra en el proceso de remoción

La conformación de esta comisión es un paso obligatorio dentro del procedimiento establecido en el artículo 336 del COOTAD.

Este organismo será el encargado de calificar la denuncia en un plazo de cinco días, determinando si cumple los requisitos para avanzar en el proceso.

Además, la normativa establece que:

¿Qué pasará tras la conformación de la comisión?

Una vez que la Comisión de Mesa califique la denuncia:

Tras recibir el informe lo que debería seguir es la convocatoria para una sesión extraordinaria y se tomará una resolución. 

La remoción solo procede con el voto de las dos terceras partes del Concejo, sin la participación del funcionario denunciado.

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A través de una carta dirigida al superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere; y al liquidador de Veranera S.A. en liquidación, Carlos Xavier Cadena Asensio, Martínez relata que desde diciembre de 2025 ha sido objeto de actuaciones que considera “ilegales e injustificadas”, orientadas —según afirma— a despojarla de acciones que le pertenecían legítimamente.

Ingrid Martínez, hija del fundador de GRANASA, Galo Martínez Merchán, detalla que en octubre de 2014 transfirió sus acciones a Veranera S.A. como parte de una reorganización patrimonial.  

Más tarde, hace seis años, el 6 de febrero de 2020, esas acciones fueron restituidas a su nombre y permanecieron registradas sin objeciones durante más de cinco años. Sin embargo, asegura que mediante un oficio emitido el 29 de diciembre de 2025,  No. SCVS-INC-DNASD-2025-00223595-O,  suscrito por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución, Ab. Paola Plaza Moreira, se dispuso el reverso de dicha transferencia.

Sin notificación previa, sin audiencia y sin garantizar mi derecho a la defensa, se dispuso revertir esa transferencia.Ingrid Martínez Leisker, hija del fundador de EXPRESO y EXTRA

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Esto les pregunta al Superintendente y al liquidador:

"Usted ha sostenido públicamente que Veranera S.A. mantiene obligaciones pendientes y que las acciones debían ser rematadas para cubrir dichas deudas. Si ello es cierto, la pregunta es simple y exige una respuesta clara: ¿cuál es el monto exacto de esa supuesta deuda y quién es su acreedor?", pregunta Ingrid Martínez Leisker.

La hija del fundador de EXPRESO y EXTRA solicita que esa información le sea entregada de forma oficial y documentada, y expresa su disposición a cancelar cualquier obligación legítima que pueda comprobarse.  

De no demostrarse la existencia y cuantía de la deuda, advierte, quedaría en evidencia que las actuaciones no respondieron al cobro de obligaciones, sino a un intento de apropiación indebida de acciones privadas, "en un contexto de abuso de poder".

Lo que debes saber

• Leonidas Iza acusa al Gobierno y CNE de cancelar movimientos Construye y Unidad Popular.
• El presidente de la Ecuarunari denuncia persecución y alza de combustibles; dice que fue convocado para el 6 de mayo.
• El dirigente indígena acompañó a Darío Iza en Fiscalía por investigación del paro 2025.

Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, acompañó este 14 de abril de 2026 a Darío Iza, dirigente del Pueblo Kitu Kara, quien fue llamado a rendir su versión en Fiscalía por el paro nacional de 2025. Luego de la comparecencia, el dirigente indígena criticó los procesos que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la cancelación de los movimientos políticos Construye y Unidad Popular y atribuyó la decisión al Gobierno de Daniel Noboa.

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"Como no quiere confrontar ni garantizar el derecho a la democracia, simplemente está cerrando movimientos o partidos políticos que vayan a ser contrapeso a su movimiento, ADN (Acción Democrática Nacional). Lo que quiere es ir a unas elecciones con ADN contra ADN. Prácticamente está dejando sin opciones al país", manifestó Iza a su salida de la Fiscalía.

Iza dice que lo convocaron

Según el titular de la Ecuarunari, el Gobierno "está utilizando el CNE y el TCE (Tribunal Contencioso Electoral)" para limitar a las organizaciones. 

En ese sentido, contó que él y otras personas del movimiento indígena han recibido llamados para afrontar un proceso similar. "Para el 6 de mayo nos han convocado por la campaña que hicimos por el Yasuní", agregó.

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Iza rechazó el aumento del precio en combustibles

En cuanto a la investigación del paro, Iza aseguró que, además del dirigente del pueblo Kitu Kara, "64 compañeros han sido perseguidos en el sistema financiero" en referencia a quienes han sufrido cierres de sus cuentas bancarias por indagaciones y "más de 200 perseguidos por la defensa de los territorios".

Rodeado por algunos seguidores, el dirigente criticó el incremento de los precios de los combustibles, un ajuste que también fue cuestionado el lunes antes por Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). 

"En el siguiente mes, seguramente, pasaremos los tres dólares, el responsable es Donald Trump y ¿quién es el seguidor? Daniel Noboa. Está generando crisis para los países y también para Ecuador", indicó antes de expresar su rechazo a ese "aumento que afecta a los sectores más empobrecidos".

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¿Acudirá a las manifestaciones del 1 de mayo?

Iza consideró que los transportistas "se dejaron engañar" al recibir la compensación por el retiro del subsidio del diésel y estima que ese valor se lo trasladará posteriormente a la ciudadanía.

Pese a las situación actual, el representante no confirmó si se sumará a la movilización del 1 de mayo, convocada por los trabajadores. "No hemos tenido agenda, pero hay la decisión de la Ecuarunari de articular con sindicatos, ambientalistas y todos los que sostenemos la economía", señaló.

Lo que debes saber

• El SECA pasa el último filtro legislativo con apoyo oficialista, mientras la Revolución Ciudadana marca distancia pese a haber respaldado el informe en comisión.
• El acuerdo abre el mercado coreano para exportaciones ecuatorianas, con beneficios inmediatos y plazos diferenciados por sectores.
• oficialismo destaca inversión y empleo, mientras el correísmo advierte riesgos de profundizar la economía primaria.

La Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur (SECA). La tarde de este 14 de abril de 2026, el Pleno trató el informe que determinó que el documento era “meritorio y pertinente para los intereses nacionales”.

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La aprobación ocurrió con 82 votos a favor, provenientes en su mayoría de la bancada oficialista ADN. Hubo 57 votos en contra de asambleístas del correísmo. 

Esto generó críticas y sorpresa, tomando en cuenta que los legisladores de la Revolución Ciudadana que integran la Comisión de Relaciones Internacionales —mesa que tramitó el acuerdo— votaron a favor del informe.

En el documento se recordó que el acuerdo comercial, según la Corte Constitucional, cumplía con el requisito de compatibilidad constitucional, lo que habilitó su aprobación legislativa. “El Acuerdo establece reglas claras y vinculantes que otorgan certidumbre jurídica a los operadores económicos de ambos países”, señala el informe.

El proceso para la vigencia del acuerdo no ha concluido. Según lo explicó la misma Jaramillo, es necesario que en Corea ocurra un proceso similar al que se realizó en Ecuador.

Durante la sesión también se escuchó en comisión general al embajador de Corea del Sur en Ecuador Jae Hyun Shim. Señaló: "Nuestras economías son altamente complementarias. Existen pocos sectores sensibles y conflictivos. En un 27% se incrementarían las exportaciones no petroleras a Corea". 

¿De qué trata el acuerdo?

Durante el debate, los legisladores del oficialismo centraron sus intervenciones en los beneficios que, a su criterio, traerá el acuerdo para el país. La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo (ADN), señaló que el 98% de los productos ecuatorianos ingresará con arancel 0, aunque la aplicación no será inmediata en todos los casos.

Entre los productos que se beneficiarán de forma inmediata está el camarón. Jaramillo explicó que actualmente enfrenta un arancel del 20%, pero con la vigencia del SECA esta carga se eliminará para los exportadores ecuatorianos.

En el caso del banano, la reducción del arancel será progresiva y se prevé que en un plazo de cinco años llegue a cero. En el sector automotriz también se contempla una disminución paulatina durante los 15 años posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo. Según el legislador oficialista Juan Reyes, esto permitirá la llegada de vehículos más baratos y con tecnología de punta.

La oposición del correísmo

En el Pleno, el encargado de exponer los argumentos en contra del SECA fue el asambleísta correísta Héctor Rodríguez. Entre sus planteamientos, señaló que están en juego dos visiones sobre el desarrollo del país: una vinculada a la dependencia de productos primarios y otra basada en el conocimiento. También sostuvo que no se trata de un acuerdo entre iguales, sino entre una economía industrial y otra primaria.

Mientras transcurría el debate, la bancada correísta emitió un comunicado titulado: “Ecuador frente a una encrucijada: desarrollo o dependencia”. 

En ese documento, la organización política indicó que durante décadas el país ha reproducido un patrón de dependencia: exporta productos básicos e importa bienes tecnológicos.

“Este esquema no solo limita el crecimiento, sino que profundiza la desigualdad, concentra la riqueza y debilita la soberanía productiva”, resaltó la bancada de la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa, presidente de Ecuador, impuso aranceles (tasa de seguridad) a importaciones de Colombia por falta de cooperación en seguridad fronteriza.
  
• Noboa declaró el conflicto armado interno, en Ecuador, el 9 de enero de 2024, mediante el Decreto 111.
• Guayaquil, Durán, cantones de Guayas; así como Los Ríos, El Oro y Manabí son los focos más críticos de crímenes en Ecuador.
  

El problema de seguridad en Ecuador no tendría su origen en Colombia, sino en las rutas del narcotráfico provenientes de Perú, según afirmaron la embajadora María Velasco Guerrero y el presidente Gustavo Petro. Ambos sostuvieron que los datos de violencia desmienten la narrativa de que el crimen se exporta desde territorio colombiano.

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Durante la reunión de gabinete colombiano en Ipiales, ciudad ubicada cerca de la frontera con Ecuador, Velasco indicó que las cifras de criminalidad están organizadas por zonas específicas del país. A partir de ese análisis, sostuvo que la violencia se concentra en determinadas provincias que tienen más cercanía con la frontera de Perú y no con la frontera norte con Colombia.

Petro rechaza que Colombia exporte violencia

En la misma línea, el presidente colombiano rechazó los señalamientos de que su país sea el principal exportador de violencia hacia Ecuador. Afirmó que los datos muestran una reducción de homicidios en el norte ecuatoriano, vinculada a la disminución de la violencia en el departamento colombiano de Nariño.

Petro argumentó que el incremento de la violencia en Ecuador responde a otras dinámicas del narcotráfico regional. En particular, señaló que la ruta de la cocaína desde Perú hacia los puertos ecuatorianos tiene un peso determinante en el aumento de los delitos.

Según el mandatario, esta situación evidencia que Noboa está responsabilizando a Colombia sin analizar otros factores clave. En ese sentido, insistió en que la problemática requiere una visión más amplia y coordinada a nivel regional.

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Provincias costeras y del sur registran más violencia

Por su parte, Velasco profundizó en las cifras y detalló que la provincia del Guayas concentra el mayor número de homicidios en los últimos años. Indicó que en 2023 se registraron más de 4.295 asesinatos, con un incremento sostenido en 2024 (3.925) y 2025 (5.605).

Asimismo, mencionó a provincias como Los Ríos, El Oro y Manabí, donde también se reportan altos niveles de violencia. Estas zonas, explicó, están ubicadas en el sur y la costa del país, lejos de la frontera norte con Colombia.

La embajadora colombiana detalló que en la provincia de Los Ríos se registraron 1.086 asesinatos en 2023, 985 en 2024 y 1.550 en 2025. En Manabí, las cifras fueron de 915 homicidios en 2023, 850 en 2024 y 1.355 en 2025, mientras que en El Oro se contabilizaron 756 en 2023, 690 en 2024 y 1.020 en 2025.

El norte no lidera los índices de criminalidad

Sin embargo, la funcionaria subrayó que las provincias del norte, como Esmeraldas y Pichincha, no lideran los índices más altos de criminalidad en el país. Aunque enfrentan problemas de seguridad, sus cifras se mantienen por debajo de otras provincias.

Como ejemplo, citó el caso de Pichincha, donde se registraron 591 homicidios en 2023, 550 en 2024 y 810 en 2025. En Esmeraldas, en cambio, las cifras fueron de 628 en 2023, 275 en 2024 y 405 en 2025.

La diplomática insistió en que estos datos cuestionan la narrativa de que la violencia proviene directamente desde Colombia. A su juicio, la narcodelincuencia que afecta a Ecuador estaría más vinculada a dinámicas asociadas a la frontera con Perú.

Lo que debes saber

• La judicialización penal del conflicto societario: A través de la Fiscalía se intenta forzar un cambio en la estructura accionaria de GRANASA S.A., lo cual pone a los directivos de Expreso y Extra frente a posibles penas de hasta tres años de cárcel por un presunto desacato.

La notificación del juez Carlos López Vulgarín a la Fiscalía General del Estado activa el brazo penal contra los accionistas de EXPRESO y EXTRA. El proceso, que podría durar hasta un año, se centra en un delito que conlleva penas de cárcel y surge en medio de cuestionamientos por el hostigamiento del gobierno a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), por la celeridad judicial y la falta de competencia del magistrado.

El conflicto por el control de GRANASA ha cruzado la frontera de lo administrativo para instalarse en el terreno de lo penal. Tras una serie de decisiones judiciales tomadas en cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido notificada el 13 de abril de 2026 para investigar un presunto desacato. ¿Qué significa realmente entrar en el radar de la Fiscalía bajo estas circunstancias?

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El delito: La llave de la prisión

La investigación se abre bajo la figura del Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

En términos sencillos, se acusa a los directivos de no registrar a la empresa Veranera S.A. propiedad de Ingrid Martínez, como dueña del 40 % de las acciones de la editorial. Al estar Veranera en liquidación, no sería Ingrid Martínez la que contralaría sus bienes sino el liquidador asignado por el Estado, si el plan lograra concretarse. 

Sin emabrgo, ante la negativa de la empresa, la Fiscalía se activó y el delito de desacato establece una pena de uno a tres años de prisión. Para que el delito se consume, la orden incumplida debe ser "legítima" y dictada por una autoridad con "facultades legales". 

Ambos puntos que la defensa de GRANASA cuestiona, pues un juez de flagrancia no tiene competencia en temas societarios. "Aquí no estamos ante un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, sino frente a la orden ilegítima de un juez incompetente", dijo Eduardo Carmigniani, abogado de la casa editorial. 

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La fase de investigación previa: El "limbo" legal

Al recibir la notificación del juez, la Fiscalía inicia la fase de investigación previa (Art. 580 del COIP). Esta es una etapa de recolección de pruebas donde el fiscal debe jugar un rol de "objetividad": buscar tanto lo que condena a los directivos como lo que los libera de responsabilidad.

¿Qué sucederá ahora? El fiscal asignado debe primero notificar a GRANASA y sus directivos ordenará diligencias: versiones de los directivos, peritajes a los libros de acciones y constantes requerimientos de información.

Debido a que la pena máxima es de tres años, la Fiscalía tiene un plazo de hasta un año para investigar. Durante este tiempo, el caso permanece abierto, generando una sombra de incertidumbre legal sobre la operación de los diarios.

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La celeridad del juez: Una anomalía en el sistema

Lo que hace este caso excepcional no es solo el fondo, sino la forma. Mientras el sistema judicial suele ser lento, en el caso GRANASA el reloj voló: el 13 de abril de 2026, entre la petición del liquidador de Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio y la notificación a la Fiscalía, solo pasaron tres horas.

Esta velocidad contrasta con el "silencio" del mismo juez ante el pedido de la defensa de la editorial para revocar las medidas, que ha solicitado desde el 2 de abril, alegando que son de cumplimiento imposible debido a acuerdos legales previos. 

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¿Qué sigue? Las investigaciones que exige GRANASA

Para Eduardo Carmigniani, defensa de la editorial, la Fiscalía no solo debe investigar el presunto "incumplimiento", sino poner la lupa sobre quienes impulsaron la medida. Estas son las dos vías que propone Carmigniani:

Esta figura legal (Art. 272 del COIP) sanciona a quien, con el fin de inducir a engaño a la justicia, oculta o altera información.

El argumento: El liquidador de Veranera ocultó deliberadamente al juez la existencia de un acuerdo transaccional previo sobre las acciones.

En Ecuador, el prevaricato ocurre cuando jueces fallan contra ley expresa, haciendo uso de facultades que no tienen o desfigurando los hechos.

Jurisdicción Exclusiva: Al existir un convenio transaccional cuya validez está sometida a un arbitraje, los jueces ordinarios pierden competencia sobre el fondo del asunto.

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Unidad Popular argumenta ilegalidad en plazo que frenaría su eliminación del registro

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“No existen las 175.000 desafiliaciones por las que pretenden eliminarnos”, afirmó Atarihuana. Según detalló, desde 2020 se han registrado 1.483 cartas de desafiliación, lo que representa apenas el 0,7 % de las afiliaciones.

Acompañado de otros dirigentes, Atarihuana cuestionó el proceso impulsado desde el organismo electoral y exigió a los vocales principales del CNE que “ratifiquen la vigencia” de la organización política y archiven el trámite.

“Unidad Popular vive y la lucha sigue. No se puede tapar el sol con un dedo”.Geovanni Atarihuana/ presidente Unidad Popular

El pronunciamiento ocurre luego de que, el 26 de marzo de 2026, el CNE determinara que la organización estaría incursa en la causal de cancelación prevista en el artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia, relacionada con la reducción del número de afiliados.

Otros argumentos que expone Unidad Popular

En el artículo 327, numeral 7, inciso final, del Código de la Democracia se precisa que la eliminación de un partido solo puede resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.

En ese contexto, Unidad Popular recordó que la convocatoria a elecciones seccionales está prevista para el 1 de agosto de 2026, por lo que el CNE tenía solo hasta el viernes 3 de abril, para actuar. "Están fuera de tiempo", repitió Atarihuana. "Archiven el proceso ordenado por Daniel Noboa", dijo.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, ha negado cualquier acusación al respecto. También ha descartado que su independencia para actuar en el organismo electoral se haya perdido luego de que su hermano, Kar Atamaint fue nombrado cónsul en Queens, Estados Unidos, sin tener ninguna experiencia diplomática anterior. Está en el cargo desde el 1 de diciembre del 2023. Noboa fue posesionado en noviembre de ese año.

Esto debes saber

• La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) investiga a varios agentes tras ser captados tomando camarón de un camión accidentado en la vía a la costa.
• La institución abrió una investigación luego de que fueron identificados a través del centro de monitoreo.
• Todavía no se conocen cuántos son los agentes involucrados. 

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que se identificara a agentes que habrían incurrido en un comportamiento inapropiado tras un siniestro vial.

El hecho ocurrió este martes 14 de abril en la vía a la costa, a la altura del kilómetro 13,5, donde un vehículo de carga que transportaba camarón sufrió un accidente. Tras el siniestro, los productos quedaron esparcidos sobre el canal divisor de la vía.

Según la institución, los uniformados fueron detectados tomando de manera indebida los productos, una acción que quedó registrada en el sistema de videovigilancia del centro de monitoreo de la ATM.

ATM identifica a agentes por conducta inapropiada

A través de un comunicado, la ATM confirmó que el caso ya fue trasladado a su departamento legal. “Se llevará adelante la investigación y se determinarán las acciones correspondientes”, indicó la entidad.

Además, la institución precisó que, de confirmarse los hechos, los agentes involucrados enfrentarán sanciones administrativas conforme a la normativa vigente.

En el mismo pronunciamiento, la ATM reiteró su compromiso con la ciudadanía y aseguró que no tolerará este tipo de conductas.

“La ATM reafirma su compromiso con la ciudadanía y deja claro que no tolerará bajo ninguna circunstancia este tipo de comportamientos”, concluyó el comunicado.

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50 agentes de la ATM sancionados en 30 días: ciudadanos denuncian malos procedimientos en Guayaquil

Diana Sotomayor

50 agentes de la ATM sancionados en 30 días

Este martes también se conoció que en estos últimos 30 días, la nueva administración de la ATM ha sancionado a 50 agentes por mal procedimiento, en medio de denuncias ciudadanas que siguen apuntando a abusos y desorden en las vías de Guayaquil.

La gestión encabezada por Edgar Lupera arranca con la depuración interna y control, según la entidad. Según datos oficiales, en el primer mes ya se aplicaron 50 sanciones a agentes que incumplieron protocolos durante operativos o controles en la calle.

Lo que debes saber 

• Ecuador y Paraguay negocian un acuerdo de extradición clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación en seguridad y comercio.

Ecuador y Paraguay iniciarán negociaciones para firmar un convenio de extradición que permita capturar y trasladar a personas requeridas por la justicia entre ambos países, como parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado. El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld tras reunirse en Quito con su par Rubén Ramírez. El mecanismo buscará agilizar procesos judiciales y evitar que sospechosos evadan la ley cruzando fronteras. La medida se integrará a otros acuerdos de seguridad que se prevé concretar en los próximos meses.

El funcionamiento del convenio contemplaría reglas claras para solicitar y ejecutar extradiciones, en coordinación con autoridades judiciales y policiales de ambos países. Aunque aún está en fase de negociación, el objetivo es reducir tiempos y fortalecer la cooperación institucional. Este tipo de acuerdos permite que personas procesadas o sentenciadas sean entregadas al país que las requiere. Así, se refuerza la capacidad estatal frente a delitos de alcance transnacional.

Política

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La iniciativa surge en un contexto de creciente presión contra estructuras criminales en Ecuador, impulsada por el presidente Daniel Noboa. En esa línea, el Gobierno también pidió a Paraguay declarar como terroristas a grupos como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers y Latin Kings. El planteamiento será evaluado por las autoridades paraguayas. “El canciller paraguayo comprometió sus mejores esfuerzos para dar seguimiento al tema en las instancias competentes”, indica la declaración conjunta.

Seguridad y crimen organizado: el eje de la negociación

El diálogo entre ambos países incluyó el análisis de amenazas compartidas como el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Las cancillerías coincidieron en que estos problemas requieren respuestas coordinadas. Por ello, plantearon reforzar la cooperación entre instituciones de seguridad. Uno de los pasos será firmar un acuerdo entre los ministerios del Interior.

Este instrumento buscará mejorar el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos. La meta es aumentar la eficacia en la lucha contra redes criminales que operan en varios países. Además, se espera que la cooperación se traduzca en acciones concretas a corto plazo. El enfoque apunta a resultados operativos y no solo a compromisos políticos.

La visita del presidente paraguayo Santiago Peña a Ecuador, prevista para julio, será clave para cerrar estos acuerdos. En ese encuentro se prevé la firma de varios instrumentos bilaterales. Entre ellos, el convenio de extradición y otros mecanismos de seguridad. “Tenemos ya unos acuerdos, unos compromisos, y también miramos de forma positiva algunos de los acuerdos que podrán ser finalmente suscritos en la visita del presidente Peña al Ecuador”, afirmó Sommerfeld.

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Comercio e inversión: una relación con potencial

Además del eje de seguridad, las autoridades revisaron el estado del intercambio comercial entre ambos países. Coincidieron en que la relación económica es aún limitada. Sin embargo, destacaron que existen oportunidades para ampliarla. La diversificación de productos aparece como una prioridad.

El objetivo es fortalecer cadenas productivas y generar mayor complementariedad entre las economías. También se busca facilitar la llegada de inversiones. Para ello, se planteó profundizar la cooperación técnica en sectores clave. El ámbito agropecuario fue uno de los puntos centrales de la conversación.

En ese contexto, ambos países consideran necesario actualizar acuerdos firmados en 2002 sobre cooperación agrícola, ganadera y pesquera. Esto permitiría adaptarlos a nuevas dinámicas productivas. El canciller Ramírez destacó el potencial de crecimiento. “La balanza comercial entre ambos países todavía es muy limitada”, señaló, aunque remarcó que hay “grandes oportunidades”.

Conectividad y próximos pasos en la relación bilateral

Otro de los temas abordados fue la conectividad aérea entre Ecuador y Paraguay. Las autoridades analizan un posible acuerdo de cielos abiertos. Este permitiría incrementar vuelos y facilitar el transporte de personas y mercancías. La medida es vista como clave para dinamizar el comercio y el turismo.

Ramírez explicó que aún se evalúan aspectos logísticos para concretar esta iniciativa. El objetivo es mejorar las condiciones para los negocios entre ambos países. Una mayor conectividad podría acelerar el intercambio económico. También facilitaría la integración regional.

Lo que debes saber

• Ecuador solicitó a Paraguay declarar a cinco grupos criminales como terroristas.
• Los grupos son: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killer y Latin King.
• Expertos señalan que la propuesta de Ecuador busca unir a ambos países con acciones contra grupos criminales.

Ecuador solicitó a Paraguay declarar como terroristas a cinco bandas delictivas luego de una reunión que mantuvieron los cancilleres de ambos países, Gabriela Sommerfeld y Rubén Ramírez, este martes 14 de abril en Quito.

(Te puede interesar: Petro amenaza con no vender energía a Ecuador y escala tensión con Noboa por aranceles y frontera)

En la declaración conjunta que suscribieron los diplomáticos, las autoridades ecuatorianas pidieron a Paraguay que declaren como grupos terroristas a:

La solicitud será analizada por las autoridades paraguayas, según la declaración firmada por Ramírez y Sommerfeld en Quito.

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Santiago Peña visitará a Daniel Noboa en julio

En la cita, los cancilleres abordaron temas referentes a la seguridad en la región, el tráfico de drogas, la lucha contra la delincuencia transnacional organizada.

La reunión también sirvió para avanzar en la planificación de la visita que realizará el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, prevista para julio.

En esa cita se espera firmar un Memorándum de Entendimiento entre Ministerios del Interior de ambos países.

(Lee también: Colombia rechaza acusaciones de inseguridad en Ecuador y responsabiliza a Perú)

Grupos criminales transnacionales

Los cinco grupos criminales ya han sido denominados como terroristas por parte del Gobierno de Ecuador desde enero del 2024, en que Noboa decretó el conflicto armado interno en el país.

Además, Los Choneros y Los Lobos han sido declarados como terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Expertos señalaron que esta propuesta a Paraguay surge en medio de una escalada de violencia que ha obligado a Ecuador a replantear su estrategia de seguridad, incluso en el plano internacional.

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Señalaron que llevar esa calificación a otros países implicaría buscar coherencia en la forma en que la región enfrenta estructuras criminales que ya no operan dentro de fronteras definidas.

En términos legales, esta declaración permitiría establecer mecanismos más duros de persecución, cooperación judicial y financiera, así como a sanciones más severas.

También puede facilitar procesos como la extradición o el congelamiento de activos vinculados a redes ilícitas.

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El documento sitúa este caso dentro de una serie de episodios que permiten ver el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Ecuador. Entre ellos, menciona el asalto a TC Televisión, que mostró cómo la violencia puede irrumpir incluso en transmisiones en vivo.  

También alude a la salida del caricaturista Bonil de El Universo, como un ejemplo de cómo los cambios de propiedad y las reconfiguraciones internas pueden incidir en los márgenes de la crítica.

El informe destaca un hecho grave: el asesinato de Robinson del Pezo. Las interrogantes aún abiertas sobre los responsables, advierte, refuerzan la impunidad como una forma de “pedagogía del miedo”.

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Los periodistas enfrentan precariedad laboral

A este escenario, Fundamedios suma la precarización laboral, que ha pasado de ser una consecuencia de la crisis a convertirse en uno de sus motores. El informe describe una realidad: salarios retrasados o insuficientes, pagos por pieza, esquemas de facturación sin relación de dependencia, ausencia de seguridad social, pluriempleo y sobrecarga de funciones.  

Todo ello ocurre en redacciones con equipos reducidos y bajo una presión constante por producir contenidos en múltiples formatos.

¿Son o no son medios de comunicación?

El informe también señala que una parte sustancial de la transformación del ecosistema mediático ecuatoriano ya no ocurre en las redacciones tradicionales, sino en "páginas, marcas digitales y cuentas que imitan el lenguaje del periodismo sin asumir sus estándares. Configuran un entorno opaco, con escasa trazabilidad sobre su propiedad, financiamiento y equipos editoriales".

Estas plataformas "mezclan dato, rumor, filtración, consigna, ataque reputacional y escándalo; y una circulación pensada para intoxicar la conversación pública más que informar".

La venta de La Posta y de Radio Centro

Asimismo, Fundamedios se refirió  compra de La Posta y Radio Centro, en 2025. Dijo que preocupa "la entrada directa de actores políticos en la propiedad mediática". Subraya que "existe un patrón de opacidad, que impide el  fácil y cercanía política suficiente para volver legítima la sospecha democrática".

Lo que debes saber 

• Mónica Palacios, asambleísta de la RC, exige la renuncia de Inés Manzano tras apagones en Ecuador y cuestiona a Daniel Noboa por promesas incumplidas sobre el suministro eléctrico.

La asambleísta Mónica Palacios exigió la renuncia de la ministra de Energía, Inés Manzano, tras los recientes apagones en Guayaquil, Samborondón y Daule. La legisladora responsabilizó directamente a la funcionaria por la crisis eléctrica y cuestionó su capacidad para garantizar el suministro. “Si no puede hacer ese trabajo, háganos un favor a todos los ecuatorianos y renuncie”, afirmó.

En su pronunciamiento, Palacios también señaló al presidente Daniel Noboa por lo que considera una falta de gestión en el sector energético. Recordó que el 9 de abril el mandatario aseguró que no habría apagones durante el mes, pese a ser un periodo de alta demanda eléctrica. Según dijo, ese ofrecimiento no se cumplió.

La asambleísta sostuvo que apenas dos días después de esas declaraciones, el 11 y 12 de abril, se registraron cortes de luz en varios sectores. “Eso quiere decir que la credibilidad del señor Daniel Noboa duró dos diítas”, expresó, al cuestionar la coherencia entre los anuncios oficiales y lo ocurrido en territorio.

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Apagones en Ecuador: críticas por promesas incumplidas

Palacios también criticó la respuesta de la ministra Manzano ante los reclamos ciudadanos. Indicó que la funcionaria aseguró que los apagones eran programados y atribuyó la molestia a problemas de comunicación. Para la legisladora, esto refleja una evasión de responsabilidades.

“¿Acaso no se da cuenta que culpar a otros es culparse a usted mismo?”, cuestionó, al insistir en que la ministra es la máxima autoridad del sector energético. En ese sentido, recalcó que su rol es garantizar energía continua y no justificar decisiones del Gobierno.

Además, mencionó que la ministra anunció cortes adicionales en domingos, entre las 05:00 y 08:00, por supuestos trabajos de mantenimiento. Según citó Palacios, Manzano argumentó que estas acciones son necesarias para reducir la carga en subestaciones eléctricas.

Política

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Mantenimiento eléctrico y nuevas decisiones bajo cuestionamiento

La asambleísta también puso en duda la coherencia de estas medidas al señalar que, tras el rechazo ciudadano, se habría prohibido el mantenimiento de las empresas distribuidoras. A su criterio, esta decisión responde a cálculos políticos y no técnicos.

“¿Cómo va a prohibir los mantenimientos eléctricos tan necesarios en este momento?”, reclamó, advirtiendo que esto podría agravar la situación del sistema eléctrico nacional. Para Palacios, estas acciones evidencian improvisación.

Finalmente, la legisladora denunció presuntos contratos irregulares en el sector energético que habrían causado pérdidas millonarias. “Contratos fraudulentos… que le robaron a los ecuatorianos más de 175 millones de dólares”, afirmó, reforzando su pedido de salida de la ministra.

Lo que debes saber

• El caso GRANASA es un intento de toma empresarial desde el poder; el gobierno usa organismos de control, recursos judiciales y acciones administrativas para intervenir y eventualmente controlar GRANASA.
• El silencio de los gremios empresariales, la academia y parte del periodismo contrasta con la reacción que hubo en 2011 durante el caso de Diario El Universo. El país ha pasado de la resistencia pública al poder a una actitud marcada por temor, indiferencia o complicidad.

El caso GRANASA apunta a un presunto intento de intervención empresarial desde el poder en Ecuador, mediante acciones judiciales y administrativas para influir en la estructura accionaria de la empresa editora de EXPRESO y EXTRA. A diferencia de 2011 con Diario El Universo, hoy la reacción pública es limitada, evidenciando un cambio frente a posibles presiones a la libertad de expresión.

Mientras el gobierno ensaya y perfecciona, con GRANASA, un método de asalto para la toma de empresas malportadas, los gremios empresariales del país (¿atacados por el pánico?) guardan un silencio bastante parecido a la complicidad. Otro tanto se podría decir del periodismo, salvo que el periodismo es una especie en extinción: lo que queda en su lugar es un ejército de cheerleaders, trolls, medios comprados a vista de todo el mundo, cuentas de redes sociales que fingen ser medios pero hacen propaganda… Aun así, entre los pocos que subsisten de los que aún se puede esperar una cierta independencia, los hay que han dado poca importancia (cuando no ninguna) al acoso del gobierno a Diario EXPRESO: quizá vanamente confiados en que a ellos no le ocurrirá lo mismo; quizá dispuestos de antemano a ceder ante las demandas del poder, si no lo han hecho ya, entregando cabezas y deponiendo posiciones… A este paso no quedará voz alguna.

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Del respaldo a la prensa al silencio frente al poder

Este lunes, el periodista quiteño Fabricio Vela, director de Primera Plana, se preguntó qué había ocurrido con el país desde 2011 hasta acá. Ese año, recordaba él, acosado por el correísmo que lo quería quebrar cobrándole una indemnización de 80 millones de dólares (un juez bienmandado terminaría entregándole 40), diario El Universo publicó una portada en blanco para simbolizar el silencio al que quería someterle el gobierno. Todo el país (los empresarios, claro, pero también la academia, las organizaciones sociales y sobre todo el periodismo) cerraron filas en torno al diario. 

Hubo manifestaciones de gente con mordazas en la boca. Hoy el gobierno de Daniel Noboa no pretende quebrar EXPRESO sino directamente robárselo: quedarse con el 42 por ciento de acciones de la empresa y maniobrar en la junta de accionistas para controlar el Diario. Igual que El Universo hace 15 años, EXPRESO salió este domingo con una portada en blanco. El hecho fue noticia en unos medios sí y en otros no, mientras los gremios empresariales, la academia, las organizaciones sociales, cerraron ostensiblemente la aterrorizada boca.

La pregunta de Fabricio Vela, entonces, es pertinente: ¿qué ocurrió con este país que ha sido capaz de pasar en 15 años de la resistencia al autoritarismo a la más absoluta indolencia y el miedo?

Se puede decir que el caso de El Universo en 2011 era de una claridad meridiana que simplificaba las cosas: el diario había publicado un artículo (firmado por Emilio Palacio) que al poder no le gustó y éste, simplemente, quería hacer un escarmiento. El caso GRANASA, en cambio, contempla una campaña sostenida de desprestigio y consta de una serie de sinuosos y enrevesados capítulos con los que el gobierno ha logrado artificialmente complicar una estrategia que, sin embargo, está clarísima: se trata de introducirse de manera fraudulenta en la estructura accionarial de la empresa para manejarla.

Política

Ingrid Martínez a Cabezas Klaere: "soy objeto de una persecusión sistemática de su parte"

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La ruta jurídica para la toma de GRANASA

Desde mediados del año pasado las cosas se han precipitado en una sucesión de agresiones sin tregua: primero fue una acusación, con pruebas fraguadas, de fraude fiscal; luego, otra de lavado de activos, ambas desmentidas. El gobierno no cejó: dueño de un paquete minoritario de acciones de la empresa (el 2,65 por ciento, producto de la expropiación de los bienes de los hermanos Isaías, que lo tenían desde hacía muchos años) el gobierno quiso aprovechar esa circunstancia para exigir una serie de informaciones delicadas que podían ser usadas en contra de la empresa y que, por tanto, se le negó bajo el amparo de la ley. Ese pretexto le sirvió a la Superintendencia de Compañías, convertida en herramienta de persecución y control político al igual que todos los organismos de control bajo este gobierno, para intervenir GRANASA.

Luego inventaron un caso donde no lo había: el traspaso del 40 por ciento de las acciones a Ingrid Martínez. ¿Quién se las traspasó? La compañía Veranera. ¿De quién es Veranera? De Ingrid Martínez, que la creo para que le administre las acciones. ¿Dónde obtuvo ella esas acciones? Las heredó de su padre, el fundador de la empresa. 

Hace seis años (¡seis!) Ingrid Martínez puso en liquidación a Veranera e hizo que le transfirieran las acciones (sus acciones) a su nombre. Nada más claro. Sin embargo, luego de nombrar un liquidador que responde por sus propios intereses (o sea los del gobierno) la Superintendencia ha decidido que no encuentra “trazabilidad” en ese traspaso y ha ordenado revertirlo (ellos dice “reversarlo”, que significa vomitarlo), a pesar de que no tiene ninguna facultad para ello.

Justicia

Caso GRANASA: directivos son denunciados por presunta asociación ilícita

Richard Josue Jimenez Mora

En las páginas de este Diario encontrará el lector todos los detalles del enredo jurídico de los últimos días: la negativa de GRANASA de cumplir una orden ilegítima: la acción de protección con medida cautelar solicitada por el liquidador de Veranera (un tal Carlos Cadena Asencio, mano derecha del superintendente Luis Cabezas Klaere) para imponer su voluntad; la meteórica agilidad del juez Carlos López Vulgarín para complacerle… Hasta llegar a lo último: el recurso a la justicia penal con dos denuncias contra GRANASA presentadas por el interventor ante la Fiscalía: una por asociación para delinquir, con la que se acusa a los directivos de la empresa del delito de tratar de impedir que se la roben; otra por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, tipo penal que no se ajusta al caso porque la orden (literalmente: vomitar las acciones a Veranera) es ilegítima y el juez, en todo caso, un perfecto incompetente.

El precedente del “Exprópiese” y el temor empresarial

Más allá de todos estos detalles con los que el gobierno ha complicado artificiosamente el caso, hay dos hechos clarísimos. Primero, la persistencia del asedio: para GRANASA no ha habido un día de respiro desde mediados del año pasado. El segundo es la determinación con la que el gobierno ha acometido la toma de la empresa, pasando por encima todo principio consagrado en la Constitución y en la Ley de Compañías. La pretensión de despojar a una hija de las acciones que heredó de su padre, con el pretexto de que no existe “trazabilidad” en las transferencias entre ella y la empresa que constituyó para que se las administre, es un atentado tan grosero a la libertad de empresa que debería encender las alarmas de todos los gremios de la producción y el comercio. Es triste constatar que les da igual. Sin embargo, entre este gesto y el de un Hugo Chávez parado en medio de una plaza, señalando con el dedo un edificio y otro y ordenando su expropiación, no media sino un paso.

Justicia

¿Quién es el liquidador que denunció por asociación ilícita a los directivos de Granasa?

Sara Ortiz

La estrategia que está afinando el gobierno para quedarse con el control accionarial de GRANASA es el preámbulo de la política del “Exprópiese”. Lo que hoy se hace contra un medio de comunicación cuyo contenido no es del agrado del poder, mañana se hará contra una empresa cualquiera que no se alinee a sus caprichos. O, simplemente, que pertenezca al grupo económico equivocado, pues no hay que olvidar que el presidente y sus ministros representan a uno muy preciso y tienen clarísimo quiénes son sus competidores. De hecho, ¿no ha empezado ya esta política del acoso empresarial a imponer su orden? Fábricas de plástico, empresas de bienes muebles o de seguros que se quedan sin contratos que legítimamente les correspondía, adjudicaciones hechas al dedazo… ¿Cuántas cosas calla el empresariado nacional, paralizado del miedo? Mañana, cuando se metan en la estructura accionarial de sus compañías, será demasiado tarde.

Economía y negocios

Gasolina más cara en Ecuador: el costo del transporte escolar se encarece

Lina Zambrano

La Conaie indicó que el incremento de 14 centavos impacta directamente en la vida diaria del país. Aseguró que “eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y, en general, el sostenimiento de la economía de las familias”.

La organización indígena volvió a señalar al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este escenario responde a decisiones del Gobierno de Daniel Noboa, alineadas con los condicionamientos del FMI, en el marco de la política de eliminación de subsidios, sin que existan medidas suficientes para equilibrar su impacto en el transporte popular ni en la producción campesina”.

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Cabe recordar que el último paro indígena, cuyo epicentro fue Imbabura y el norte de Pichincha, se originó por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque hubo paralizaciones en esas zonas por más de un mes, el Gobierno de Noboa mantuvo la medida.

Esta vez, la Conaie no anunció movilizaciones. Aun así, envió un mensaje: “Es urgente avanzar en acciones concretas que garanticen condiciones más justas, protejan al transporte popular, fortalezcan la producción campesina y permitan revisar el actual esquema de precios de los combustibles”.

La organización también manifestó que Ecuador no puede aceptar que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. “De no corregirse este rumbo, las consecuencias sociales serán cada vez más profundas”, concluyó la Conaie.

¿Por qué subió el precio de los combustibles?

En Ecuador rigen nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y diésel desde el 12 de abril de 2026. El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 308, que oficializa el esquema de estabilización de precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo en la economía local.

De acuerdo con la información oficial, estos son los precios de venta al público por galón que rigen en el país:

Lo que debes saber 

• Inés Manzano anunció dos nuevos cortes de luz en Daule por mantenimiento en la subestación Dos Cerritos.
• Las interrupciones se realizarán dos domingos, de 05:00 a 08:00, para reducir la carga del sistema.
• La ministra atribuyó los apagones a fallas en la distribución y cuestionó a CNEL por falta de comunicación.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó este martes 14 de abril de 2026 que se ejecutarán nuevos cortes de electricidad en Daule debido a trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos.

La funcionaria precisó que las interrupciones del servicio están previstas para dos domingos adicionales, en el horario de 05:00 a 08:00, como parte de labores técnicas consideradas necesarias para garantizar la estabilidad del sistema.

“Dos Cerritos debe ser intervenida dos veces más, en dos domingos, de cinco a ocho de la mañana. Son trabajos indispensables porque necesitamos reducir la carga en esa estación”, explicó durante una entrevista en el programa Un café con JJ.

Ecuador

CNEL explica causa de cortes de luz en Samborondón este 14 de abril

Valeria Alvear

Mantenimiento en subestaciones clave del sistema eléctrico

Manzano detalló que estas acciones forman parte de un plan de intervención en infraestructura eléctrica crítica, enfocado en mejorar la distribución del servicio, especialmente en zonas de alta demanda.

En ese contexto, indicó que al menos cuatro subestaciones están siendo intervenidas, entre ellas Dos Cerritos, que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo.

Economía y negocios

Calor extremo y consumo récord: ¿Por qué vuelven los cortes eléctricos en Ecuador?

Lisbeth Zumba

Cuestionamientos a CNEL por falta de comunicación

La ministra también se refirió a los recientes cortes de energía registrados en varias ciudades, principalmente de la Costa, y aseguró que estos no responden a problemas de generación, sino a fallas en la distribución.

En esa línea, cuestionó a CNEL por la falta de comunicación oportuna hacia los usuarios, en medio de una ola de calor que ha elevado la sensación térmica hasta los 40 grados centígrados en algunas zonas del país.

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Además, advirtió que las decisiones comerciales de Quito, como el aumento de aranceles, han generado desempleo en exportadores colombianos y hambre en zonas como Ipiales.

El 13 de abril, Petro anunció que el Ejército colombiano reforzará su presencia en la frontera con Ecuador, incluyendo zonas selváticas, para impedir el avance de estructuras mafiosas. “Se pone zona de ocupación de la frontera incluida la selva”, afirmó durante un consejo de ministros. El mandatario también criticó la lentitud del aparato militar y la compra de “cacharros viejos”, asegurando que él mismo tomó decisiones directas en materia de defensa.

El conflicto comercial y fronterizo entre Ecuador y Colombia

La tensión actual entre ambos países comenzó el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador impuso un arancel del 30 % a productos colombianos, justificando la medida en la falta de avances contra la inseguridad en la frontera. Colombia respondió con la misma acción y, semanas después, ambos gobiernos elevaron los aranceles al 50 %, configurando una guerra comercial.

El impacto ha sido directo en la población: Ecuador depende de medicamentos y alimentos procesados colombianos, que ahora llegan más caros, mientras Colombia elevó aranceles a exportaciones ecuatorianas como flores y pescado, con riesgo de caída de hasta el 75% en ventas externas.

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Noboa sobre Colombia: "no tengo gran esperanza de que Petro cambie"

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La tensión escaló aún más el 16 de marzo, cuando Petro denunció el hallazgo de una bomba en territorio colombiano, supuestamente vinculada a operaciones ecuatorianas. Tras una investigación conjunta, se concluyó que el artefacto habría impactado primero en Ecuador y luego cruzado a Colombia, por lo que ambos gobiernos decidieron cerrar el incidente por la vía diplomática.

En el plano comercial, el presidente colombiano anunció el 10 de abril que permitirá el ingreso de productos ecuatorianos considerados esenciales sin aranceles, buscando garantizar abastecimiento interno. Sin embargo, horas antes su ministra de Comercio confirmó que Colombia aplicará aranceles del 100 % a productos ecuatorianos, en reciprocidad a la medida de Quito que entrará en vigor el 1 de mayo.

Cruces en X

Los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa han trasladado parte de sus disputas a la red social X. Noboa defendió los aranceles como respuesta a la falta de cooperación militar de Colombia, mientras Petro insistió en que el artefacto hallado no correspondía a acciones de grupos ilegales.

Negociaciones con la CAN

El 10 de abril, la Comunidad Andina (CAN) emitió un comunicado en el que su secretario general, el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, informó haber contactado directamente a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador. El objetivo fue exhortarlos a retomar el diálogo de alto nivel frente a la escalada arancelaria que mantiene en tensión a ambos países.

Economía y negocios

CAN pide a Petro y Noboa retomar diálogo directo para salvar 57 años de integración

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Gutiérrez manifestó su “profunda preocupación” por las medidas comerciales adoptadas recientemente, advirtiendo que lejos de aportar soluciones, generan efectos negativos tanto para las economías nacionales como para el conjunto de la subregión andina.

El secretario general insistió en que las conversaciones deben realizarse mediante delegaciones encabezadas por autoridades con capacidad de decisión, de modo que se logren acuerdos concretos que permitan superar la crisis.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

Opinión

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

Política

Daniel Noboa, Petro y dos caprichos que solo afectan a sus pueblos

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Lo que debes saber

• El Gobierno cambia las reglas del Sercop con nuevas sanciones de hasta 360 días y más controles en compras públicas.
• El decreto también introduce contrataciones reservadas y obliga a justificar compras en el exterior.
• El Banco Central del Ecuador es incluido dentro de un régimen especial de contratación.

El sistema de contratación pública en Ecuador pasa a una nueva etapa tras la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 356, firmado por el presidente Daniel Noboa. Desde el 10 de abril, las reformas introducen cambios clave en la forma en que el Estado compra bienes y servicios, con un énfasis particular en controles, sanciones y procedimientos.

La actualización modifica varios artículos del reglamento del Sercop y redefine aspectos centrales del proceso de contratación.

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Uno de los ajustes iniciales se concentra en la definición de conceptos dentro del sistema, como el listado de catálogo de bienes. A esto se suma una reformulación de los procedimientos, que ahora deben responder de manera más clara a las necesidades específicas de cada entidad pública.

También se introducen cambios en el uso de los catálogos electrónicos, una herramienta clave para la adquisición de bienes y servicios. Con esta modificación, se busca ordenar los procesos de selección de proveedores y hacerlos más estructurados en la práctica.

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Banco Central del Ecuador, con régimen especial de contratación

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la inclusión del Banco Central del Ecuador dentro de un régimen especial de contratación. Esto le permite gestionar procesos vinculados a operaciones sensibles, como reservas o inversiones, bajo condiciones diferenciadas.

En estos casos, el decreto establece que ciertos procedimientos no serán de acceso público si existe riesgo para la gestión estatal, según el decreto. Sin embargo, se mantiene la exigencia de controles internos, lo que plantea un equilibrio entre confidencialidad y supervisión.

Aun en este contexto, la normativa obliga a que las resoluciones de contratación directa se publiquen en el portal oficial dentro de plazos definidos. Con esto, se busca dejar registro de las decisiones adoptadas, incluso en procesos que manejan información sensible.

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Sercop y las contrataciones en el extranjero

Otra de las modificaciones apunta a las contrataciones en el extranjero. A partir de ahora, las entidades deberán justificar técnicamente la necesidad de acudir a proveedores internacionales, lo que introduce un filtro adicional para este tipo de decisiones.

Reforma al Sercop: ¿cuáles son las sanciones?

El decreto también redefine el esquema sancionatorio dentro del Sercop, incorporando una clasificación más detallada de las infracciones. Este cambio busca que las penalizaciones sean proporcionales a la gravedad de cada incumplimiento.

Las sanciones se estructuran en tres niveles. Para la figura de Subasta Inversa Electrónica:

Para infracciones en procedimientos de régimen común y especial:

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Infracciones por mal uso del Portal de Contratación Pública:

Las suspensiones se pueden extender hasta los 360 días, en el caso de las infracciones muy graves; 270 días en las graves y 181 en las leves.

Además, se establece que antes de iniciar cualquier sanción debe existir un informe técnico que sustente la existencia de negligencia o incumplimiento. Este requisito introduce un paso previo obligatorio que refuerza la base técnica de las decisiones disciplinarias.