La acción judicial fue interpuesta este lunes 8 de junio de 2026, después de que una solicitud similar fuera rechazada previamente. La demanda está dirigida contra el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contra Juan López Vega, subdirector encargado del Centro de Procesamiento de Servicios Krome North.

Como parte del proceso, la defensa adjuntó diez documentos. La fiscal Natalie Díaz será la encargada de representar al Gobierno de Estados Unidos en este caso.

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La defensa alega violaciones al debido proceso

Los abogados de Serrano sostienen que durante su detención, ocurrida el 7 de agosto de 2025, se produjeron vulneraciones al debido proceso. Además, argumentan que el exfuncionario ha sido víctima de una persecución por parte de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.

En el marco de esta nueva demanda, las autoridades estadounidenses deberán responder a los argumentos presentados por la defensa.

No obstante, la detención de Serrano se originó por una infracción migratoria relacionada con haber permanecido en Estados Unidos más allá del plazo autorizado por su visa.

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El proceso migratorio continúa en curso

La acción presentada ante la Corte Federal se desarrolla de forma independiente al proceso migratorio que enfrenta el exministro.

En ese expediente, las autoridades estadounidenses ya rechazaron su solicitud de asilo. Sin embargo, la deportación permanece suspendida mientras se resuelve la apelación interpuesta por su defensa.

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“Ante publicaciones que circulan en redes sociales sobre una presunta renuncia de la Presidenta del CNE, aclaramos que son falsas”, señaló el organismo electoral. Además, insistió en que la ciudadanía debe informarse a través de los canales oficiales.

Por su parte, Atamaint aseguró que continúa trabajando con normalidad de cara a las elecciones seccionales de 2026. Actualmente está en marcha el proceso electoral para los comicios previstos para el 29 de noviembre de este año.

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La versión sobre la supuesta renuncia surgió en perfiles de la red social X. Sin embargo, la información no pasó de publicaciones sin respaldo ni confirmación oficial. Tampoco se explicó cuál sería la razón detrás de una eventual salida de Atamaint, quien acumula más de siete años al frente del organismo electoral.

Además, hasta el momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha concluido el proceso de renovación parcial del CNE. Ese procedimiento contempla el reemplazo de dos de los actuales consejeros.

El avance del cronograma electoral

El CNE adelantó las votaciones al 29 de noviembre de 2026, cuando inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027. El organismo justificó la decisión por la posible incidencia del fenómeno de El Niño entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

A raíz de ese cambio, varias fechas clave del calendario electoral también fueron modificadas. El próximo 18 de junio comenzará el período para los procesos de democracia interna o elecciones primarias de las organizaciones políticas, etapa que se extenderá hasta el 2 de julio de 2026.

Por otro lado, la inscripción de candidaturas está prevista entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. La campaña electoral, en tanto, se desarrollará del 12 al 26 de noviembre, pocos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades locales.

Lo que debes saber

• Guillermo Lasso acusa al correísmo de fabricar narrativas falsas.
• Rafael Correa admite reunión virtual por Zoom con Rodney Rengel.
• Rengel testificó sobre reuniones de la Revolución Ciudadana en el extranjero.

El expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso acusó al movimiento Revolución Ciudadana de estructurar falsas narrativas políticas y judiciales, luego de que Rafael Correa admitiera haber mantenido una reunión virtual con el expolicía Rodney Rengel. Este último es un testigo clave dentro de la investigación por el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y estuvo involucrado en las filtraciones del caso León de Troya.

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Las acusaciones de Guillermo Lasso en redes sociales

A través de su cuenta oficial en la red social X, Guillermo Lasso cuestionó los vínculos entre la cúpula correísta y el expolicía. El exmandatario afirmó que el correísmo vuelve a quedar expuesto por fabricar narrativas falsas destinadas a la destrucción de reputaciones ajenas.

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De igual manera, Lasso sostuvo la hipótesis de que la relación entre Rafael Correa y Rodney Rengel tuvo como finalidad la filtración de información sesgada a creadores de opinión pública, a quienes calificó como narco periodistas financiados por intereses ocultos, aunque no presentó pruebas documentales para respaldar dicho argumento.

El testimonio sobre la Revolución Ciudadana en el caso Villavicencio

Por otro lado, los detalles de la comparecencia judicial de Rengel fueron expuestos públicamente por Amanda Villavicencio, hija del político asesinado. La diligencia bajo juramento reveló presuntos acuerdos y coordinaciones de alto nivel.

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Figuras políticas señaladas en la diligencia:

De acuerdo con lo expresado por la familia Villavicencio, Rengel describió la existencia de encuentros presenciales en Venezuela y sesiones digitales vía Zoom. El propósito de estas interacciones habría sido coordinar narrativas políticas y judiciales para validar la postura de Xavier Jordán, quien defiende que los procesos de la Fiscalía General del Estado corresponden a un montaje.

La respuesta de Rafael Correa y el caso Porsche

El expresidente Rafael Correa confirmó la existencia de la llamada virtual, alegando razones de asistencia social. "Alguna vez tuvimos la reunión vía Zoom porque nos pidió ayuda, que no tenía trabajo", declaró el líder político.

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Correa vinculó originalmente este acercamiento con el denominado caso Porsche, una investigación derivada de la localización de un automóvil de Industrial Molinera en las inmediaciones de la residencia de un sospechoso de atentado con explosivos en la Bahía de Guayaquil. No obstante, el exmandatario reconoció que durante las conversaciones Rengel abordó temas sensibles sobre los sicarios que ejecutaron el crimen de Villavicencio.

Lo que debe saber

• ADN consiguió aprobar su proyecto para sancionar el uso delictivo de uniformes. Sin embargo, una disposición relacionada con la destrucción de información confidencial provocó críticas.
• El Pleno aprobó una nueva ley impulsada por ADN que castiga con prisión a quienes utilicen de forma fraudulenta uniformes.
• La nueva ley quedó en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción. 

El oficialismo en la Asamblea logró que el Pleno aprobara su proyecto de Ley para Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes Institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, uno de los artículos de la normativa generó alertas y provocó un cruce entre ADN y la Revolución Ciudadana.

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La bancada oficialista alcanzó 87 votos para la aprobación del proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora oficialista Inés Alarcón. 

La ley plantea una respuesta penal diferenciada para la fabricación, almacenamiento, comercialización y circulación no autorizada de uniformes institucionales cuando se trate de indumentaria de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o entidades reguladas por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

En ese sentido, la normativa señala que “resulta necesario sustituir el tratamiento exclusivamente contravencional por una regulación penal diferenciada, proporcional y acorde a la gravedad de las conductas actualmente identificadas”.

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Entre las principales reformas incorporadas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica el delito de uso fraudulento de uniformes, insignias, distintivos y demás elementos de identificación institucional. 

Además, se establecen sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quienes utilicen de manera no autorizada uniformes o elementos de identificación de las instituciones de seguridad.

El artículo sobre la eliminación de información confidencial

La ley aprobada por la Asamblea, enfocada en el uso delictivo de uniformes policiales y militares, incluye un artículo relacionado con la Contraloría General del Estado. Durante el segundo debate, Pachakutik y la Revolución Ciudadana cuestionaron la incorporación de ese tema en el proyecto.

El correísta Gerardo Machado sostuvo en el Pleno que, aunque coincidía en la necesidad de combatir el uso delictivo de uniformes, debía denunciar que se incluyó “de contrabando” una reforma a la Ley de la Contraloría.

Advirtió que el artículo 20 permitiría la destrucción de documentos reservados o secretos bajo custodia de organismos de control, lo que, a su criterio, institucionaliza la impunidad y afecta la memoria institucional del Estado.

La asambleísta correísta Jahiren Noriega también se pronunció sobre el tema. Según dijo, ADN, en el último momento, “metieron un artículo para tapara su corrupción”. Agregó que “a través el artículo 20 están blindando su corrupción”.

¿Qué dice el artículo 20 de la ley aprobada?

“La Contraloría General del Estado, mediante resolución debidamente motivada y observando estrictas medidas de seguridad institucional, dispondrá la eliminación, destrucción o borrado seguro de documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada como reservada, secreta o secretísima”, se lee en la ley.

También se especifica que esa información estará relacionada con procesos, actuaciones, exámenes especiales, auditorías o expedientes institucionales y que su eliminación deberá realizarse dentro del plazo máximo de 30 días calendario una vez concluidos y ejecutoriados, conforme al ordenamiento jurídico.

La disposición añade que “no podrá disponerse la eliminación o destrucción de información relacionada con procesos judiciales pendientes, investigaciones penales vigentes, responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal no prescritos”.

Tras la aprobación de la ley en la Asamblea, el proyecto pasará al Ejecutivo para que sea objetado o remitido directamente al Registro Oficial para su publicación. Solo después de cumplir ese último paso entrará en vigencia.

Las claves de caso

• Varios colectivos ciudadanos formalizaron una solicitud legal ante las autoridades electorales en Quito.
• El pedido de revocatoria se dirige simultáneamente contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
• La solicitud se fundamenta en el presunto incumplimiento del plan de trabajo presentado en las elecciones.

Varios colectivos ciudadanos liderados por el abogado Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y Jorge Cáceres formalizaron este 9 de junio de 2026 el pedido de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. Los impulsores de la iniciativa acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

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Los motivos de la solicitud contra el binomio presidencial

Los peticionarios alegan que Daniel Noboa y María José Pinto han incumplido con el plan de trabajo que presentaron formalmente ante las autoridades del CNE durante las elecciones presidenciales de 2025.

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Con la entrega de esta documentación, se activa oficialmente el procedimiento de revocatoria estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Electoral y la Ley de Participación Ciudadana. El proceso inicia formalmente con una fase de revisión de requisitos de admisión por parte de la autoridad electoral.

Requisitos y plazos legales para la recolección de firmas

El CNE notificará al presidente Daniel Noboa para que, en un término de siete días, ejerza su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

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Si el pedido es admitido, se procederá de la siguiente manera:

¿Qué pasa si se aceptan las firmas contra el Gobierno?

En caso de que las firmas sean validadas, el CNE dispone de un plazo de 60 días para convocar al proceso electoral de revocatoria. La normativa legal determina que se requerirá más del 50% de los votos válidos a favor para destituir al mandatario. El pronunciamiento en las urnas es obligatorio y de inmediato cumplimiento.

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De acuerdo con el artículo 146 de la Constitución del Ecuador, ante la ausencia definitiva y simultánea del presidente y la vicepresidenta, la Presidencia de la República será ejercida temporalmente por el titular de la Asamblea Nacional, actualmente ejercida por Mishel Mancheno.

Lo que debes saber

• TCE admite apelación contra el alcalde de Cuenca Cristian Zamora por presunta infracción electoral.
• Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales acusan a Cristian Zamora de inducir el voto en 2023.
• TCE ratificó suspensión de derechos políticos de Cristian Zamora por violencia de género.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el exconsejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales Ordóñez dentro de la denuncia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una presunta infracción electoral grave relacionada con la inducción del voto en los comicios presidenciales.

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Detalles del nuevo proceso en el TCE

La presidenta del Contencioso Electoral, la jueza Ivonne Coloma, admitió a trámite la apelación y solicitó a la Secretaría del organismo certificar los nombres de los magistrados que conocerán el recurso en el Pleno. Dentro de esta disposición se dispuso excluir al juez Patricio Maldonado, debido a que fue el encargado de dictar la sentencia de primera instancia a favor del burgomaestre cuencano.

Las denuncias electorales contra Cristian Zamora

El origen de este caso se remonta a junio de 2025, cuando Guarderas y Morales denunciaron al funcionario por infringir el artículo 278 del Código de la Democracia, el cual prohíbe a los servidores públicos inducir el voto hacia una preferencia electoral.

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Resoluciones de la primera instancia:

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Suspensión de derechos políticos y reelección

Este dictamen se suma a otra crisis legal que afronta la autoridad local. A finales de mayo de 2026, el alcalde fue sancionado por violencia política de género tras una denuncia de la concejal Diana González. Aunque la defensa de Zamora presentó un recurso, este 9 de junio de 2026 el TCE ratificó la suspensión de sus derechos políticos por seis meses, una medida que imposibilita de forma directa su participación para una eventual reelección en las elecciones seccionales de 2026.

Lo que debe saber

• El movimiento Revolución Ciudadana está suspendido por una sentencia del TCE y eso obliga a que la organización busque otro partido de cara a las seccionales. 
• El alcalde de Quito Pabel Muñoz no ha confirmado aún que será la carta del correísmo para las seccionales.
• Sobre su posible contendor, Jorge Yunda, el Alcalde de Quito dijo que era la verdadera apuesta del oficialismo. 

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció sobre el proceso de su movimiento político de cara a las elecciones seccionales de 2026. No confirmó que su candidatura esté definida, aunque aseguró que cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos.

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Muñoz señaló que desconoce cuál será el movimiento político que los cobijará para los próximos comicios, tomando en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a la Revolución Ciudadana en medio de una investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por el denominado caso Caja Chica.

Hasta el momento se habla de al menos dos opciones: los movimientos Amigo y RETO. Sin embargo, la dirigencia de la organización política no ha confirmado cuál será el vehículo electoral que los auspiciará. Su presidenta, Gabriela Rivadeneira, afirmó el pasado domingo que ya cuentan con un partido de alcance nacional.

Pero, en entrevista con Ecuavisa, Muñoz fue consultado sobre si consideraba que el verdadero candidato del oficialismo era Jorge Yunda. Ante esa pregunta, el alcalde de Quito respondió: “Que yo pueda ser el candidato que represente esa reelección perfecto. Pero que pueda haber otra compañera o compañero que lo pueda hacer también de acuerdo”.

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También se refirió a las pugnas internas que surgieron entre varias autoridades locales militantes de la Revolución Ciudadana y la expresidenta del movimiento, Luisa González, así como con el propio Correa.

El alcalde de Quito aseguró que no se siente aludido por las críticas que en algún momento lanzó Correa, cuando afirmó que prefería perder gobiernos locales antes que contar con personas tibias. Además, recordó que acumula 19 años de militancia en el correísmo.

Pabel Muñoz y su percepción sobre Yunda

Respecto a una eventual candidatura, el burgomaestre dijo que no tiene ansiedad ni necesidad de encontrar un contradictor político. Sin embargo, afirmó: “La candidatura de Jorge Yunda es la verdadera y oficial que tiene el Gobierno”.

Hasta el momento, distintas encuestas ubican a Muñoz y a Yunda como los principales perfiles para disputar la Alcaldía de Quito. Desde el oficialismo aún no existe una candidatura definida, aunque se mencionó como precandidatas a la excanciller Gabriela Sommerfeld y a Giovana Ubidia.

Lo que debes saber

• La oposición ecuatoriana actúa con cautela frente a ADN de cara a las seccionales de 2026.
• Unidad Popular busca alianzas de izquierda tras anular la cancelación de su registro.
• Revolución Ciudadana participará mediante otro partido nacional al estar suspendida.

Los partidos políticos de oposición en Ecuador llegan golpeados a las seccionales de 2026 por haber estado sujetos a suspensiones y posibles cancelaciones del registro electoral. Ante este escenario, extreman su precaución en la antesala del calendario electoral, a diferencia del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) que ya definió precandidatos y aprovecha un escenario favorable.

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El complejo escenario de la oposición en las seccionales

A diferencia del movimiento oficialista ADN, que ya presentó a sus precandidatos, la oposición ecuatoriana se ha movido con cautela en la antesala de las etapas claves del calendario para las elecciones seccionales de 2026.

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De hecho, las fuerzas opositoras con mayor presencia en el debate público han estado concentradas en asuntos ajenos a la contienda de noviembre próximo, e incluso algunas han tenido que luchar por mantener su permanencia en el registro electoral.

Unidad Popular y la búsqueda de un frente común

Ese fue el caso de Unidad Popular, que desde abril de 2026 enfrentó un proceso de cancelación de su registro dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a una supuesta disminución en el número de adherentes permanentes.

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Tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de anular esa cancelación, el dirigente de la organización, Geovanni Atarihuana, asegura que ahora el partido está enfocado en concretar alianzas que les permitan hacer frente al oficialismo en los próximos comicios seccionales.

Aunque señala que los acuerdos dependerán de la realidad política de cada territorio, Atarihuana adelanta que ese frente común podría estar integrado por los movimientos Pachakutik (PK), Futuro 20 (antes Democracia Sí) y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). No obstante, esas organizaciones todavía no han confirmado su participación.

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La suspensión de la Revolución Ciudadana

Por otro lado, la principal fuerza opositora al oficialismo, Revolución Ciudadana, también se prepara para las elecciones seccionales pese a encontrarse suspendida por una investigación por presunto lavado de activos, lo que le impide participar con casillero propio.

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Aunque no ha revelado mayores detalles, su presidenta, Gabriela Rivadeneira, confirmó que el correísmo ya cuenta con un partido político de alcance nacional que acogerá a sus prepostulantes para los procesos de democracia interna y auspiciará sus candidaturas locales.

Alianza de izquierdas podría fracasar

Sin embargo, Gustavo Isch, consultor político y exsecretario de Comunicación, considera que estos esfuerzos podrían no ser suficientes para enfrentar a un oficialismo que llega fortalecido, ante una oposición marcada por divisiones internas.

Si bien sostiene que lo ideal sería una oposición unificada, recuerda que intentos similares han fracasado en el pasado debido a la exclusión de ciertos sectores, como el correísmo, y al temor de otros actores políticos de enfrentar eventuales consecuencias en el ámbito penal o electoral.

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De hecho, aunque anunció la conformación de un frente común, Unidad Popular descartó cualquier alianza con la organización que acoja al correísmo. Sin embargo, dos de los partidos mencionados por Atarihuana (PK y PSE) respaldaron a Revolución Ciudadana durante la segunda vuelta presidencial de 2025.

Los independientes pueden ser pieza clave

El analista político Gisueppe Cabrera va más allá y sostiene que, con el correísmo suspendido, actualmente no existe una fuerza opositora con suficiente peso para ejercer un contrapeso. A su criterio, incluso una eventual alianza entre las demás organizaciones tendría una representatividad limitada.

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En ese contexto, considera más probable que surjan candidaturas opositoras o independientes del oficialismo con capacidad de disputar espacios a ADN en las principales capitales provinciales. Según Cabrera, esa posibilidad también explicaría la cautela con la que se manejan nombres y alianzas, con el fin de evitar procesos de inhabilitación como los registrados en Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo.

Las claves que debes saber

• Asamblea Nacional aprueba salida de Ecuador del sistema Sucre con 86 votos.
• Lucía Jaramillo impulsa moción para denunciar tratado Sucre, señala lavado de activos y exportaciones ficticias.
• Decisión será notificada al presidente Daniel Noboa; debate enfrentó oficialismo y correísmo en Quito.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 9 de junio de 2026 la denuncia del tratado del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), tras una moción presentada por la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN,oficialismo), Lucía Jaramillo, para que Ecuador abandone el acuerdo financiero que impulsaban en 2009 los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Latina (Alba).

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El Legislativo aprobó la propuesta con 86 votos a favor, de 140 asambleístas presentes. Luego de dar paso a esa resolución, se dispuso que la Secretaría General de la Asamblea notifique la decisión al presidente de la República, Daniel Noboa.

Durante su intervención, Jaramillo dijo que la Asamblea debía votar para “no permitir que se mantenga abierta una puerta que nunca debió abrirse, con un mecanismo que generó acciones irregulares que perjudicaron al país”. 

Jaramillo apuntó al correísmo

Manifestó que, aunque el Sucre se presentaba como una herramienta de integración, lo que el sistema habría permitido eran “exportaciones ficticias, empresas fantasmas, flujo de capitales, lavado de activos y el uso de recursos públicos de los cuales aún no existen respuestas claras”.

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La legisladora oficialista calificó al mecanismo como “un entramado más del correísmo”. Además, explicó que, en el informe efectuado en la Comisión de Relaciones Internacionales, que ella preside, se identificó que desde 2019, “el uso del sistema Sucre por parte de los operadores comerciales ha sido nula y que el país aportó con más de 2 millones de dólares al fondo de reserva del sistema, que fue puesto en un fideicomiso en un banco de Venezuela, es decir, tomó el control y aún el Banco Central del Ecuador no tiene respuestas sobre estos recursos”.

También habló de que la empresa de Álex Saab realizó exportaciones por más de 150 millones de dólares con ese sistema, pero reportó solo $200.000 de pagos a proveedores. 

“Evidentemente, estamos hablamos de un delito de lavado de activos en el cual usaron el Sucre”, añadió. Por ello solicitó que el documento pase a la mesa de Fiscalización para que realice un informe actual y detallado del mecanismo.

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Correísmo culpó a expresidentes

Luego de la votación, el legislador Xavier Ordóñez (ADN) se pronunció en la misma línea. Aseguró que el Sucre busca “desdolarizar” al país y criticó que se haya impulsado un mecanismo en donde se trataba de equiparar el dólar a monedas que catalogó como “débiles”, en referencia al peso cubano o al córdoba, de Nicaragua.

En el debate intervinieron ocho asambleístas, entre ellas, Bertha Vélez, de la Revolución Ciudadana (RC). La parlamentaria correísta señaló que la propuesta para dejar el Sucre era un tema político y no técnico, defendió al sistema y aseguró que el mecanismo no falló. Culpó a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso de haberlo “abandonado”.

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Lo que debes saber

• El Pleno del Consejo de la Judicatura pidió la renuncia de todos sus directores provinciales, este martes 9 de junio.
  
• El Pleno también destituyó a una jueza en Quito y abrió investigaciones contra funcionarios en varias provincias.
  
• Otras investigaciones contra diez servidores y exfuncionarios judiciales fueron archivadas.

Este martes 9 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió pedir la renuncia de todos los directores provinciales de la institución a nivel nacional.

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La medida se adoptó durante una jornada en la que también se trataron otros temas disciplinarios. Aunque oficialmente se plantea como una evaluación de desempeño, esta disposición implica que cada dirección provincial queda bajo revisión directa de las autoridades.

Destitución de jueza por parte de la Judicatura

En la misma sesión, el Pleno destituyó a una jueza de Quito por negligencia en un caso de violencia intrafamiliar, al considerar que no valoró elementos clave dentro del proceso.

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Además, se ordenó iniciar procesos disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios en Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo, por posibles irregularidades en el ejercicio de sus cargos.

También se sancionó con el 50 % de un salario básico a una abogada en libre ejercicio por presentar un recurso sobre una supuesta sentencia que no existía.

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Mientras tanto, otras investigaciones contra diez servidores y exfuncionarios judiciales fueron archivadas al no encontrarse elementos suficientes para sancionar a los involucrados.

La sentencia nace de una denuncia presentada por la concejal Diana González por violencia política de género. Además, el burgomaestre deberá pagar una multa de 12.050 dólares.

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¿Qué dijo el alcalde Cristian Zamora?

En este marco, Zamora ofreció las primeras declaraciones a través de un en vivo en su cuenta de redes sociales. “En horas de la tarde fui informado de que la decisión era ratificatoria de la sanción. Aún no he sido notificado, pero así es la realidad. No podré ser candidato a la reelección de Cuenca”, dijo.

Además, durante sus declaraciones sostuvo que este caso no se trata de violencia política de género sino de un “tema meramente electoral”. 

Sin embargo, dijo que acepta la decisión del TCE en paz y que estará junto a su familia, aunque no la comparte, y aseguró que “seguiré trabajando con todo el equipo hasta el último día de mi mandato”.

“Como iba a barrer en las urnas, tenían que separarme y hacerme a un lado y no tenían otra manera que la del día de hoy”, puntualizó, añadiendo que es un ataque a la democracia y a la libertad de los cuencanos de elegir libremente.

Zamora adelantó que en los próximos días dará a conocer sus decisiones políticas sobre a quien ofrecerá su apoyo para la Alcaldía de Cuenca e hizo un llamado a sus seguidores a traspasar su apoyo para que “los proyectos de ciudad continúen”.

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El mensaje de alcalde finalizó señalando que “sabía que esto iba a pasar, soy una víctima más”.

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La sentencia de primera instancia se conoció el pasado 28 de mayo de 2026 y tras más de una hora sustanciación de la apelación presentada por la defensa de Zamora el tribunal decidió ratificar la decisión del juez Joaquín Viteri: suspensión de la participación política por seis meses con cuatro votos a favor y uno salvado, así se dio lectura en la sesión que fue transmitida a través de la plataforma de YouTube.

Diana González, concejal de Cuenca, en diálogo con EXPRESO señaló que aún no ha sido notificada de forma oficial, pero que esta sería una reivindicación para las mujeres que se dedican a la política. “Esta es una ganancia de la democracia, no podemos seguir siendo amedrentadas por nuestro rol”, señaló.

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¿De qué se trata el caso en contra de Cristian Zamora

El caso se enmarca en la denuncia presentada por la concejal Diana González por violencia política de género. Ella aseguró que fue víctima de un proceso sistemático de ataques y desacreditaciones por ser mujer en el marco del desempeño de sus funciones como miembro de la comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal.

Se puntualizó que los ataques se venían arrastrando desde 2024 y que con el tiempo fue escalando el nivel de agresividad y violencia en contra de ella.

González aseguró que a través de las declaraciones de Zamora se buscaba desacreditar incluso su rol profesional al ser una educadora con trayectoria y experiencia en diferentes instituciones. "Llegó a decir que soy encubridora de abusadores de niños", señaló.

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Finalmente, la denuncia fue presentada el 6 de marzo de 2026 a raíz de una entrevista concedida por la concejala el 15 de enero de 2026 al medio digital “Mundo Cuenca”.

En ese espacio, González se refirió a rumores relacionados con una funcionaria municipal embarazada que habría perdido su gestación luego de un supuesto llamado de atención laboral. La edil sostuvo que conocía las versiones, pero aclaró que no existía una denuncia formal y afirmó: “mal haría en acusar a una persona sin pruebas”.

Posteriormente, Zamora reaccionó públicamente a través de redes sociales y entrevistas digitales. De acuerdo con el expediente, el alcalde publicó mensajes en la red social X calificando como “patraña” las declaraciones de la concejala y asegurando que ella pretendió “imputarle un aborto”.

Lo que usted debe saber

• La oposición argumenta que sin acuerdo en la Comisión de Fiscalización, el juicio político contra Inés Manzano debe llegar al Pleno.
• ADN se mantienen en que el caso está en Fiscalía y esa entidad debe encontrar a los culpables. 
• Mishel Mancheno también puede llevar el tratamiento del informe sobre el contrato de Progen ante el Pleno.

En la Asamblea, el caso Progen no está sentenciado desde lo legal pero depende de la voluntad política del oficialismo. El rumbo que tome ahora, tanto el juicio a Inés Manzano como el informe que salió de la Comisión de Transparencia, está en manos de la nueva presidenta, Mishel Mancheno.

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Tanto el informe como la interpelación a la exministra de Energía que se quedó sin resolución en la Comisión de Fiscalización podrían tratarse en el Pleno de la Asamblea.

Un recurso legal para retomar el juicio

El legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lo explicó así: “La arbitrariedad cometida en la comisión (juicio a Manzano) viola la Constitución. Además, la Ley de la Función Legislativa establece que ningún tema se queda en la comisión. Todo lo tiene que resolver el Pleno”.

En cuanto al juicio político, la Revolución Ciudadana también argumenta otro elemento legal. La integrante de la mesa, Ana Herrera, recordó que el plazo para que la comisión se pronunciara venció el domingo pasado y no hubo una resolución. Según la legisladora, corresponde que el tema avance al Pleno ya que no hubo un acuerdo al interior de la mesa.

Herrera sustentó esa postura en que el sábado pasado no hubo los votos necesarios para aprobar su moción de calificación del juicio político. De los 10 integrantes de la mesa presidida por Ferdinan Álvarez, cuatro votaron a favor -todos ellos asambleístas de Revolución Ciudadana- y el resto se abstuvo, incluido el aliado del oficialismo José Nango.

Con eso en cuenta, los legisladores correístas Blasco Luna y Lenín Barreto remitieron al entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, un pedido para que el proceso de enjuiciamiento político contra Inés Manzano sea tratado en el Pleno. 

El problema es que la solicitud fue presentada el lunes pasado, pero Olsen renunció al cargo durante la sesión 98. Así, la encargada de dar trámite a ese pedido es ahora la presidenta Mishel Mancheno.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

En el oficialismo han sido cautos respecto a este tema. Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización, ninguno de sus integrantes pertenecientes al bloque oficialista se ha pronunciado públicamente.

Lo único que hizo ADN, a nombre de la Comisión de Fiscalización, fue emitir un comunicado minutos después de que terminó la sesión del sábado. El principal argumento del oficialismo fue que el caso está en manos de la Fiscalía. También se señaló que “debe investigarse hasta las últimas consecuencias pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional”.

El único en hablar sobre el tema fue Andrés Castillo, el lunes pasado. Él dijo: “Han salido más elementos y se los ha llevado a la Fiscalía. Esa entidad los está conociendo y por supuesto que si se empieza a identificar que esos presuntos responsables tienen algo que ver que sean sancionados”.

Pero, para el asambleísta Serrano, argumentar que el caso ya está en la Fiscalía es bochornoso. Señaló que la vía judicial es diferente a la del control político y, en ese sentido, se trataría de una especie de renuncia de la Asamblea a ejercer su facultad fiscalizadora.

El legislador independiente El independiente Juan Gonzaga dijo que cuando se habla de que este tipo de asuntos no pueden quedar en la impunidad debe “generarse un abordaje desde todos quienes forman el Pleno de la Asamblea”.

Desde Pachakutik, la asambleísta Mariana Yumbay manifestó que lo que ocurre tanto en la Comisión de Fiscalización como en la de Transparencia -donde se tramitó la fiscalización al contrato con Progen- es vergonzoso.

“La ley dice que si no se logran los votos en la comisión, el tema puede derivarse al Pleno. Ahí deberíamos tomar la decisión”, manifestó.

Sobre el informe de la Comisión de Transparencia

El caso del informe que se tramitó en la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, es aún más complejo. Dicho informe fue aprobado hace cinco meses, pero no ha llegado al Pleno. Tras cumplir un año al frente de la Asamblea, el expresidente Olsen señaló que el documento fue enviado a las autoridades competentes y no ofreció tramitarlo en el Pleno.

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Esa decisión ahora está en manos de Mancheno, quien hasta el momento no ha dado señales de apartarse de la postura que sostuvo Olsen.

Ese informe cobró relevancia después de que circulara un audio atribuido a la exministra Inés Manzano, en el que habla de una coordinación con Jácome para las comparecencias de autoridades de Celec en la Comisión de Fiscalización.

Así, un tema que incluso está normado por la Ley, ahora depende únicamente de la voluntad política de ADN.

Lo que debes saber

• Cinco demandas vinculadas a las expropiaciones fueron declaradas inadmisibles por la justicia.
• Los jueces cuestionan la vía legal utilizada por el Ministerio para obtener los predios.
• El tramo 1A requeriría la expropiación de 110 lotes en el sur de Guayaquil.

Actualmente, los propietarios de 22 lotes ubicados en la avenida Cacique Tomalá, en el Guasmo Sur de Guayaquil, enfrentan procesos judiciales impulsados por el ahora denominado Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT). Las demandas reposan en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

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El tramo que requiere 110 predios

Las acciones legales por pago por consignación, vinculadas a las expropiaciones necesarias para el proyecto vial Viaducto Sur, conocido también como Quinto Puente, fueron presentadas el 16 de marzo de 2026. Según David Stay, director distrital del MIT en Guayas, la ejecución del tramo 1A de esta obra contempla la expropiación de 110 lotes.

De acuerdo con los documentos de la licitación, el tramo 1A del proyecto se iniciará en la intersección de las avenidas Cacique Tomalá y José Sánchez Rubio, frente a los predios de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., compañías vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa Azín. En este mismo sector también se encuentra la escuela fiscal de educación básica Manuela de Santa Cruz y Espejo; el trazado continuará hasta conectar con la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

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Demandas que no superaron el filtro judicial

Sin embargo, las acciones impulsadas por el Ministerio han encontrado obstáculos en los tribunales. De las 22 demandas presentadas, dos fueron retiradas por la propia cartera de Estado, cinco fueron declaradas inadmisibles y las restantes permanecen en trámite o esperan su calificación.

En los expedientes revisados por EXPRESO, el Tribunal resolvió inadmitir las demandas interpuestas por el Ministerio. Los magistrados concluyeron que la entidad recurrió a una acción de pago por consignación cuando, de acuerdo con la normativa vigente, correspondía iniciar un proceso de expropiación.

Entre los ciudadanos que han sido denunciados por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología están:

Los puntos claves

• El prefecto del Guayas, Carlos Encalada, anunció la revisión de la ampliación por 30 años de las concesiones viales aprobadas en la administración anterior.
• La medida cuestionada extiende los contratos de Conorte y Concegua hasta el año 2054 y ha generado observaciones del Gobierno Central, que pidió una auditoría a la Contraloría.
• La administración anterior sostuvo que la decisión se adoptó para cubrir un proceso de compensación financiera.

El prefecto del Guayas, Carlos Encalada, aseguró la tarde de este 9 de junio que su administración revisa la ampliación por 30 años de los contratos de concesión vial otorgados a las empresas Conorte S.A. y Concegua S.A., una medida aprobada durante la gestión de la ex prefecta Marcela Aguiñaga.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Encalada señaló que la prioridad de su administración será defender los intereses de la provincia y evaluar cuidadosamente las condiciones de estos acuerdos.

“No estamos de acuerdo con un contrato de ampliación de 30 años. Lo estamos revisando con nuestro equipo técnico y legal, claramente, todas las letras pequeñas de este contrato”, manifestó.

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El prefecto añadió que la actual administración trabaja de forma coordinada con todas las autoridades, sin distinciones políticas. “Realmente, nosotros trabajamos con todas las autoridades de turno. Estamos solo con la bandera de Guayas”, expresó.

Asimismo, enfatizó que cualquier decisión se tomará pensando en el beneficio de la provincia. “La idea va a ser siempre trabajar por el bien del Guayas”, concluyó.

La decisión adoptada durante la administración de Marcela Aguiñaga

Las declaraciones de Encalada se producen semanas después de que Marcela Aguiñaga dejara la Prefectura del Guayas, el pasado 14 de mayo.

Durante su gestión, la Prefectura aprobó la ampliación por 30 años de las concesiones viales administradas por Conorte S.A. y Concegua S.A., lo que extendió la vigencia de ambos contratos hasta el año 2054.

La medida provocó cuestionamientos por parte del Gobierno Central, que solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría para verificar la legalidad de la decisión.

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Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), la modificación contractual habría sido ejecutada sin el conocimiento previo de esa cartera de Estado y representaría un cambio sustancial en las condiciones originales de explotación de las vías concesionadas.

La defensa de la administración anterior

La administración de Aguiñaga defendió la ampliación argumentando que se trató de una medida necesaria para cumplir con un proceso de Restablecimiento Económico Financiero (REEF 7).

De acuerdo con la Prefectura, existía una deuda acumulada de 516 millones de dólares con las concesionarias, distribuida en 323 millones para Conorte y 193 millones para Concegua.

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Las autoridades provinciales sostuvieron que existían tres mecanismos para compensar ese monto: aumentar los peajes, realizar un pago directo desde el presupuesto provincial o extender el plazo de concesión. Finalmente, se optó por la tercera alternativa.

Además, la entidad aseguró que la renegociación incluyó compromisos de inversión por 111 millones de dólares para obras de ampliación vial y la restitución del cobro del 4 % de los ingresos mensuales de las concesionarias para labores de fiscalización.

Frente a este escenario, EXPRESO solicitó una entrevista al prefecto para profundizar en la revisión anunciada por su administración, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Entre las interrogantes que permanecen abiertas figuran los alcances de la revisión técnica y legal de los contratos, los plazos previstos para concluir ese análisis y la posibilidad de que la Prefectura evalúe renegociar o revertir la ampliación de las concesiones si determina que no favorece los intereses de la provincia. 

También queda por conocerse la posición de la nueva administración frente al pedido de auditoría impulsado por el Gobierno ante la Contraloría General del Estado, si ya existen acercamientos con el organismo de control para conocer el estado del examen solicitado y qué medidas adoptaría la Prefectura en caso de que se detecten irregularidades en el proceso que extendió las concesiones hasta 2054.

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El correísmo no está dispuesto a dejar de lado la fiscalización del caso Progen. Tres días después de que la Comisión de Fiscalización no calificara la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía Inés Manzano, Revolución Ciudadana intentó llevar al Pleno el debate sobre la actuación de la Fiscalía en la investigación que lleva adelante.

En la propuesta de cambio del orden del día, Molina planteaba primero que la Fiscalía entregue a la Asamblea los videos que integrantes del equipo técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) habrían entregado a esa institución.

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“No son parte de la investigación por tanto no tienen el carácter de reservado pero son indispensables para que acá continuemos con el proceso de fiscalización y la determinación de responsabilidades políticas”, señaló Molina.

El segundo punto de la propuesta consistía en convocar al fiscal Leonardo Alarcón para que comparezca ante el Pleno de la Asamblea. “El pedido era para que le informe al país las razones por las que no han sido incluidos estos elementos a la investigación del caso Apagón”, concluyó Molina.

¿Cómo se bloqueó el pedido?

El mecanismo para dejar fuera los pedidos de cambio del orden del día se ha repetido en varias ocasiones. Ante una convocatoria al Pleno realizada por la Presidencia de la Asamblea, el oficialismo presenta al menos tres solicitudes de modificación del orden del día para ocupar las posibilidades de cambio permitidas por la normativa.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cada sesión del Pleno se podrán aceptar hasta tres pedidos de modificación del orden del día. Para su tratamiento se tomará en cuenta la hora en que fueron presentados.

Este 9 de junio de 2026, los tres pedidos que se tomaron en cuenta fueron los de Andrés Castillo, Adrián Castro y Andrés Guschmer. Ninguno de ellos tenía un efecto legislativo inmediato. El más destacado fue el de Castillo, quien planteó que el Ministerio del Interior informe sobre los resultados obtenidos durante el último toque de queda.

Los propios legisladores correístas ya habían denunciado anteriormente este mecanismo por considerar que impide que sus solicitudes de cambio del orden del día lleguen a ser tratadas en el Pleno.

El pasado 4 de junio de 2026, la asambleísta correísta Liliana Durán señaló que presentó una solicitud de modificación del orden del día para debatir una resolución que permitiera desclasificar documentos de la Fiscalía relacionados con el caso Caja Chica.

Según Durán, su pedido enfrentó obstáculos administrativos que retrasaron la hora de presentación. Ese día, su moción tampoco fue tratada debido a que existían previamente tres solicitudes ingresadas por legisladores del oficialismo.

Lo que debes saber

• Trasladan a Daniel Salcedo el 9 de junio a Santa Elena, desde la Cárcel 4 de Quito, sin explicar motivos
  
  
• Daniel Salcedo, procesado por caso Villavicencio, cambia de prisión en Ecuador en medio de su situación judicial
  
  
• Reubican a Salcedo en la Cárcel del Encuentro tras pasar por La Roca y Riobamba dentro del sistema penitenciario
  
  

Daniel Salcedo Bonilla fue trasladado este martes 9 de junio de 2026 a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. 

El interno cumple sentencias por varios casos de corrupción relacionados con la pandemia de covid-19 y, de forma paralela, enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. 

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Salcedo estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito

Antes de este traslado, Salcedo permanecía en la Cárcel 4, en Quito. Su permanencia en ese centro es parte de una serie de reubicaciones que ha tenido desde que ingresó al sistema penitenciario.

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A lo largo de su reclusión, Salcedo ha sido movilizado entre diferentes centros carcelarios del Ecuador. Entre ellos constan la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, así como el centro penitenciario de Riobamba.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos específicos de esta nueva reubicación hacia la Cárcel del Encuentro. El traslado ocurre mientras su situación judicial continúa en desarrollo y bajo atención pública.

En ese centro penitenciario, Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron blanco de un presunto intento de asesinato por parte de otros internos en junio de 2025. Después de ese incidente, Salcedo fue trasladado a una cárcel ubicada en Quito.

Actualmente, Salcedo acumula condenas que superan los 30 años de prisión por delitos como lavado de activos, peculado, fraude procesal, delincuencia organizada e ingreso de objetos prohibidos a un centro penitenciario.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana actualizó el cronograma para elegir al nuevo Fiscal General de Ecuador
• El examen escrito y oral del concurso para Fiscal General del Estado están previstos desde septiembre de 2026.
• El CPCCS prevé designar al nuevo Fiscal General del Estado para octubre de 2026.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General de Ecuador oficializó la actualización del cronograma del proceso para el año 2026. Esta reforma establece los plazos técnicos para las etapas de impugnación ciudadana, control social y las evaluaciones teóricas y prácticas de los postulantes, definiendo la ruta crítica para la renovación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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El siguiente paso en el concurso

El proceso entra en una etapa clave con el escrutinio público. Según el documento aprobado por la comisión, la convocatoria al llamamiento a escrutinio público está prevista entre el 11 y el 15 de junio de 2026. Posterior a esto, los ciudadanos que detecten inhabilidades o incumplimientos en los aspirantes podrán presentar formalmente sus objeciones.

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Las impugnaciones ciudadanas deberán entregarse entre el 16 y el 22 de junio de 2026, las cuales serán tramitadas y resueltas por la comisión especializada entre el 25 de junio y el 1 de julio del mismo año. En caso de desacuerdos con las resoluciones, los postulantes podrán presentar recursos de apelación entre el 7 y el 9 de julio, cuyas audiencias públicas se desarrollarán del 27 al 29 de julio de 2026.

Fechas clave de la prueba escita y oral

La fase de oposición determinará las calificaciones definitivas de los participantes a través de evaluaciones técnicas. El examen escrito está fijado para el 16 de septiembre de 2026, día en el que los docentes encargados calificarán los resultados de forma inmediata. Quienes soliciten recalificaciones de la prueba teórica podrán hacerlo del 18 al 22 de septiembre.

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Por otro lado, la prueba oral se ejecutará el 17 de octubre de 2026, bajo una metodología de simulación de audiencias judiciales. El informe global consolidado con los puntajes finales se remitirá al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre el 20 y 21 de octubre para proceder con la selección definitiva.

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Cronograma detallado para la designación del Fiscal General

A continuación, se detallan los hitos principales del calendario actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección:

Política

La suplente de Niels Olsen se principaliza en la Asamblea: ella también es precandidata de ADN

Richard Josue Jimenez Mora

La convocatoria fue realizada para la tarde del 10 de junio de 2026. En la sesión constan únicamente dos puntos en el orden del día. El primero es la entonación del Himno Nacional y el segundo, la designación del primer vicepresidente de la Asamblea.

¿Por qué se escoge a un primer vicepresidente?

Tras la renuncia de Niels Olsen a su cargo como asambleísta, Mishel Mancheno asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional. Con ello, la primera vicepresidencia quedó vacante y el Pleno deberá designar a otro legislador para ocupar ese puesto.

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Cabe recordar que una situación similar ocurrió durante el período legislativo anterior, cuando Henry Kronfle dejó la Asamblea para buscar la Presidencia de la República. Entonces, la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (RC), asumió la titularidad del Legislativo. En su reemplazo, el Pleno designó al socialcristiano Otto Vera como primer vicepresidente.

El nuevo vicepresidente deberá ser hombre. El principio de paridad establece que, al existir una presidenta de la Asamblea y una segunda vicepresidenta, cargo que ocupa Carmen Tiupul, la primera vicepresidencia debe recaer en un hombre.

Un puesto clave en el contexto actual

La primera vicepresidencia cobra especial relevancia debido a que Mancheno está embarazada. Eventualmente, ello implicaría una ausencia temporal por licencia de maternidad. En ese escenario, el primer vicepresidente asumiría la dirección de la Asamblea Nacional.

¿Quién asumirá la primera vicepresidencia?

ADN tiene en la mira a uno de sus legisladores para ocupar el cargo. Según se ha podido conocer hasta el momento, la disputa estaría entre el nuevo jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, y el presidente de la Comisión de Salud, Juan Reyes.

Sin embargo, dentro de la Asamblea ya se menciona con fuerza el nombre de Torres para asumir la primera vicepresidencia. Además, el asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, señaló que su organización política no cuenta con los votos ni el respaldo necesarios para disputar ese cargo.

Lo que debes saber

• Arianna Burgos asume como asambleísta nacional tras la renuncia de Niels Olsen en Ecuador.
• Niels Olsen dejó la Asamblea Nacional para una posible candidatura en las elecciones seccionales de 2026.
• ADN presenta ministros y asambleístas como precandidatos para los comicios de noviembre.

Arianna Burgos Carrera asumió de forma oficial la curul de Niels Olsen en la Asamblea Nacional este 9 de junio de 2026, luego de que el exlegislador presentara su renuncia irrevocable. Este movimiento político responde a las posibles postulaciones internas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) de cara a las próximas elecciones seccionales de noviembre.

Política

Niels Olsen renunció a la Asamblea Nacional en medio del proceso hacia las seccionales de 2026

Daniel Alejandro Romero Páez

Arianna Burgos también es precandidata de ADN

La exdirectora del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) formalizó su ingreso a la función legislativa. Burgos Carrera legislará en reemplazo de Olsen, quien dimitió tanto a su escaño como a la presidencia del Parlamento ecuatoriano. A través de sus canales oficiales, la nueva legisladora ratificó su alineación con el proyecto político del Gobierno actual.

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A través de su cuenta de X, Burgos anunció su incorporación a la Asamblea Nacional. "Hoy asumo un nuevo reto al principalizarme como asambleísta nacional. Los espacios cambian, pero no la vocación de servicio. Desde la Asamblea seguiré trabajando por el Nuevo Ecuador que lidera el presidente Daniel Noboa y que los ecuatorianos decidieron construir. Seguimos", publicó.

Sin embargo, Burgos Carrera es la precandidata oficial de ADN para la Alcaldía de Samborondón, lo que podría generar una nueva vacancia en este espacio legislativo durante los próximos meses debido al inicio de la campaña electoral, en caso de confirmarse su candidatura.

Las precandidaturas de ADN salen del Gobierno y de la Asamblea

La salida de Olsen coincide con las proyecciones electorales del oficialismo, donde se perfila como opción para la Alcaldía de Guayaquil o la Prefectura del Guayas. Esta reestructuración responde a una estrategia nacional que involucra a múltiples funcionarios públicos de la actual administración central.

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A continuación, se detallan los funcionarios y legisladores de ADN que participan como precandidatos: