Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extradición, que regula el extraditar a ecuatorianos bajo condiciones específicas.
• La nueva Ley de Extradición pasará al Ejecutivo para que la sancione o vete de forma parcial, total o por inconstitucionalidad.
• El artículo 35 establece que el Presidente de la República podrá negar el traslado de una persona por razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado. 

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Extradición. La normativa, que ahora pasa al Ejecutivo para su sanción u objeción, modifica las reglas para dar paso a este proceso y, según el oficialismo, se ajusta a lo aprobado en la consulta popular impulsada por Daniel Noboa durante su primer mandato.

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La encargada de presentar el informe para segundo debate fue Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. 

Recordó que, antes de la aprobación de la pregunta sobre extradición en la consulta popular, existía un impedimento constitucional para extraditar a ecuatorianos requeridos por otros países. En ese contexto, mencionó el caso del excabecilla de Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito.

“Deja atrás una normativa obsoleta y ambigua”, aseguró. También afirmó que el proyecto de ley está a la altura del nuevo enemigo común: el crimen organizado. Torres agregó que la normativa respeta los estándares internacionales.

Los cuestionamientos del correísmo

El bloque de la Revolución Ciudadana anunció que votaría a favor de la aprobación de la normativa. Aun así, el debate estuvo marcado por los enfrentamientos entre bancadas.

El legislador oficialista Adrián Castro recordó que el correísmo tuvo entre sus asambleístas a Patricia Núñez, quien apareció en un video agradeciendo los aportes de Leonardo Cortázar, llamado a juicio por delincuencia organizada, para la campaña política.

Por su parte, el legislador César Palacios cuestionó el artículo 35 de la ley aprobada. Sostuvo que esa disposición otorga la última palabra al Ejecutivo dentro del proceso de extradición.

La normativa establece que la sentencia de la presidenta o el presidente de la Corte Nacional de Justicia, o del respectivo tribunal que declare procedente la extradición, no será vinculante para el presidente de la República. Este podrá, de manera directa o a través del ente rector en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, negar la entrega de la persona requerida en ejercicio de la soberanía nacional.

Los puntos clave de la ley

Lo que debes saber

• Guido Mendoza presentó una queja en el CAL y un acto urgente en la Fiscalía contra Jhajaira Urresta por sus declaraciones públicas.
• El legislador sostiene que las acusaciones afectaron su honra, provocaron amenazas y comprometieron la seguridad de su familia.
• Entre las diligencias solicitadas consta la preservación y peritaje de los videos difundidos en redes sociales.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Guido Andrés Mendoza Andrade, presentó una queja administrativa ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado contra la legisladora Jhajaira Urresta. La asambleísta ahora actúa como independiente, aunque llegó a la Asamblea Nacional con la bandera de la Revolución Ciudadana.

Los documentos, fechados el 7 de julio de 2026, sostienen que Urresta emitió expresiones que, según Mendoza, constituyen acusaciones falsas en su contra. El legislador afirma que esas declaraciones afectaron su honra, su imagen pública y pusieron en riesgo su seguridad.

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Señala declaraciones en un programa digital

La queja administrativa indica que los hechos ocurrieron el 1 de julio durante una entrevista en el programa digital MarginalesEC. Según el escrito, Urresta expresó su solidaridad con el asambleísta Carlos Vargas y relacionó los hechos de violencia registrados en Salitre con los mismos actores que, dijo, estarían vinculados con Mendoza.

El documento también recoge que la legisladora se refirió al asambleísta manabita como un "gatillero". Además, señaló que debía ser investigado por la muerte de Brigitte García, exalcaldesa de San Vicente, caso que continúa bajo investigación.

De acuerdo con la denuncia, uno de los conductores del programa preguntó de forma directa si las expresiones estaban dirigidas a Guido Mendoza. La transcripción incorporada al expediente señala que Urresta respondió afirmativamente y añadió que él era "un desgraciado asesino en toda su expresión".

Mendoza sostiene que esas afirmaciones le atribuyen públicamente la comisión del delito de asesinato. En su escrito asegura que no existe un proceso judicial, una sentencia ni elementos de convicción que lo vinculen con ese caso.

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Pide sanción en la Asamblea

En la queja dirigida al presidente encargado de la Asamblea Nacional, Luis Esteban Torres Cobo, el legislador solicita que se determine una presunta falta grave o muy grave atribuible a Urresta. El pedido se fundamenta en disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El asambleísta argumenta que las declaraciones exceden el ejercicio de la fiscalización y del debate político. También sostiene que se trata de imputaciones de carácter penal realizadas sin respaldo judicial ante una audiencia masiva.

Solicita diligencias a la Fiscalía

De manera paralela, Mendoza presentó un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado. En ese documento solicita varias diligencias para preservar el contenido difundido en redes sociales.

Entre los pedidos consta una pericia técnica sobre los videos publicados para fijar, extraer y transcribir su contenido. También solicita que se registren la fecha de publicación, el número de visualizaciones, los "me gusta", los comentarios y las respuestas generadas por las publicaciones.

El legislador recuerda que Urresta mantiene fuero de Corte Nacional de Justicia por su condición de asambleísta. Por ello, pide que la Fiscalía gestione la autorización judicial correspondiente para practicar esas diligencias.

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Asegura que ha recibido amenazas

Tras presentar ambas acciones, Mendoza difundió un pronunciamiento en su cuenta de X. En esa publicación afirmó que Urresta "cree que puede difamar, acusar sin pruebas y poner en peligro mi vida en un medio de comunicación digital".

El legislador también sostuvo que la asambleísta "debe ser sancionada porque su irresponsabilidad ha generado amenazas contra mi vida y ha afectado a mi entorno familiar". Hasta el momento, Jhajaira Urresta no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada en su contra.

Lo que debes saber

• La misión internacional emitirá un informe sobre el concurso para Fiscal General.
• El documento recogerá observaciones y recomendaciones sobre el proceso.
• Entre los reparos constan retrasos, el perfil del cargo y la selección de la comisión.

La Misión Internacional de Observación del concurso para la designación del Fiscal General del Estado incorporará en su informe final las inconsistencias identificadas durante el proceso de selección. Así lo afirmó Jaime Arellano, integrante de la misión, durante una entrevista con el medio digital Primera Plana.

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Observaciones al desarrollo del concurso

Arellano, quien es secretario de la Misión Internacional de Observación, explicó que el documento recogerá las observaciones realizadas por la misión a lo largo de las distintas etapas del concurso. Añadió que el informe contendrá recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia y la institucionalidad en futuros procesos de designación de autoridades.

Entre los aspectos analizados constan las controversias surgidas durante la recalificación de méritos y las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esas diferencias impidieron que el Pleno aprobara el informe final de méritos y mantienen suspendido el avance del concurso.

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Tres reparos al proceso de selección

Arellano también señaló que una de las principales observaciones de la misión es la ausencia de un perfil técnico para el cargo de fiscal general y la falta de un espacio para que los postulantes expongan públicamente sus estrategias de persecución penal. A su criterio, la ciudadanía debía conocer cómo cada candidato plantea combatir la corrupción y cuáles son sus propuestas para dirigir la Fiscalía General del Estado.

El integrante de la misión también cuestionó la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección al considerar que algunos de sus miembros no contaban con la experiencia necesaria en justicia penal para escoger a la próxima autoridad. Además, advirtió sobre el incumplimiento de los plazos del concurso y señaló que esa preocupación coincide con los estándares planteados por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, que promueve procesos de designación transparentes y con garantías de independencia.

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El integrante de la misión sostuvo que el documento evaluará si el proceso cumplió con estándares de transparencia, independencia e igualdad de condiciones para los postulantes. Agregó que el informe final será presentado una vez concluya el monitoreo de todas las fases del concurso.

El proceso para designar al nuevo Fiscal General permanece estancado mientras el CPCCS no resuelva la aprobación del informe de méritos. Hasta que ello ocurra, el cronograma no podrá avanzar hacia las siguientes etapas de selección.

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional posesionó a tres vocales suplentes del CPCCS. Uno de ellos reemplazará a Roberto Gilbert.
• El CPCCS tendrá un nuevo consejero y se espera una reconfiguración en ese organismo que se maneja con una mayoría que tiene a Andrés Fantoni como cabeza.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tendrá un nuevo integrante. Este 7 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a tres vocales suplentes y uno de ellos asumirá la vocalía que quedó vacante tras la renuncia del exconsejero Roberto Gilbert.

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En la sesión 106 del Pleno, el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, tomó el juramento a: 

De acuerdo con el orden de prelación establecido por la votación alcanzada en 2023, Escobar deberá ser principalizado en el Pleno del CPCCS.

¿Por qué renunció Roberto Gilbert?

Roberto Gilbert renunció a su cargo en el CPCCS. El pasado 19 de junio, el exconsejero se refirió a su salida durante una rueda de prensa. “Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo”, afirmó Gilbert, en referencia al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.

Gilbert justificó su renuncia al señalar que se retiraba “porque en ningún orden del día se habló de la salud”. Su salida también coincidió con los cuestionamientos generados por la aparición del exministro José De La Gasca detrás de él durante una sesión virtual del CPCCS. 

El hecho provocó polémica porque el Consejo de Participación lleva adelante el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Con la salida de Gilbert, el CPCCS se quedó sin vocales suplentes de la lista de hombres. Por ello, el organismo funciona actualmente con seis de sus siete vocales principales. Además, en el oficio remitido por el CPCCS para la posesión de los nuevos suplentes se especifica que Óscar Ayerve mantiene una prohibición para ejercer un cargo público.

Con este cambio, el Pleno del CPCCS podría reconfigurarse una vez más. Actualmente, Andrés Fantoni, presidente del organismo, lidera una mayoría conformada junto con la vicepresidenta, Jazmín Enríquez, y los consejeros David Rosero y Johanna Verdezoto.

Lo que debes saber:

• Hasta el 18 de julio, partidos en Ecuador podrán registrar alianzas para alcaldías en Quito y Guayaquil.
• Reforma electoral 2025 desincentiva alianzas y eleva riesgo de desaparición de partidos pequeños, dicen dirigentes.
• Algunos dirigentes señalan que apostarán por alianzas con organizaciones grandes para sobrevivir, aunque saben que hay riesgos, por ejemplo los socialistas y Futuro.

Hasta el sábado 18 de julio del 2026, las organizaciones políticas podrán registrar sus alianzas. En la carrera por la alcaldía, Quito suma una docena de precandidatos, mientras Guayaquil tiene nueve. Eso anticipa una papeleta abultada, pese a que menos de cinco son figuras conocidas o del semillero. Dirigentes coinciden en que la reforma a la Ley Electoral desincentiva procesos de unidad.

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Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano, sostiene que no pondrán en riesgo la existencia de una organización centenaria. “En términos pragmáticos estamos obligados a hacer alianzas. El riesgo de ir solos es mayor bajo las nuevas condiciones”, apunta.

A su juicio, el mapa político lo dominan dos fuerzas hegemónicas: la Revolución Ciudadana (RC) y ADN, y una tercera con base relevante, Pachakutik (PK). 

Para estas tres, explica, la lógica es distinta; pero para el resto, las alianzas son casi obligatorias para sobrevivir con las nuevas reglas tras la reforma al Código de la Democracia, que aprobaron correístas y ADN, el movimiento de Daniel Noboa.

Vallejo detalla que cumplir los requisitos legales (como alcanzar el 5% de la votación nacional, obtener 19 alcaldías o 25 concejales) resulta más riesgoso en solitario. Admite que las alianzas exigen un cálculo muy fino. Ellos no han dejado de hablar con la RC.

Habrá pactos tipo fanesca, dice la ID

Otra es la mirada de la Izquierda Democrática. Su vocero, Elvis Herrera, cree que en la práctica, las alianzas pueden ser poco convenientes para su supervivencia. 

“Los votos y las autoridades se fraccionan entre las organizaciones. Si necesito 18 alcaldías para sostenerme y voy en alianza con dos partidos, en realidad tendría que alcanzar 36, para que cada uno sume 18”, explica. Pese a ello, prevé pactos “tipo fanesca”, más pragmáticos que ideológicos.

Para Eustorgio Tandazo, de Centro Democrático, antes debería hacerse una revisión del sistema de organizaciones políticas. “Hay casos como SUMA o la Izquierda Democrática, que a última hora no pueden participar porque no cumplen la normativa, no están al día o no realizan las tareas que les corresponden”.

Política

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Insiste en que el problema no es solo la cantidad de candidaturas, sino la necesidad de impulsar una reforma integral que fortalezca (y no reduzca) el sistema. Cuestiona la obligatoriedad de incluir jóvenes en las listas, lo que, en algunos casos, “termina llevando a candidaturas de (aspirantes de) 26 años sin experiencia para una alcaldía”.

Por su parte, Gustavo Larrea, del movimiento Futuro, prevé que en Quito la papeleta será menos extensa que en procesos anteriores. Dice que la reforma legal limita las alianzas, aunque no las vuelve inviables. “Intentaremos concretar acuerdos en todo Ecuador”.

Más allá de las restricciones normativas, dice, es necesario construir “acuerdos amplios” que eviten la dispersión del voto. “En Los Ríos hemos avanzado en alianzas y dialogamos en Azuay para concretar un acuerdo amplio para alcaldías y prefecturas. También trabajamos en Guayas y Pichincha”.

La opinión del analista Santiago Cahuasquí

Para el analista político Santiago Cahuasquí, la reforma de 2025 al artículo 327 del Código de la Democracia eliminó los incentivos de alianzas. 

Al dividir la representación obtenida entre las organizaciones aliadas, para efectos de cancelación de una organización política, “no solo se desincentivan sino que pueden poner en serio riesgo la supervivencia de partidos”. 

En consecuencia, es más probable que prefieran competir solas, lo que deriva en una fragmentación, ya existente en el nivel subnacional, dice Cahuasquí.

"Mientras a nivel nacional hay polarización estructural de la representación política, a nivel subnacional tenemos una fragmentación de la representación".

El PSC busca alianzas para "proyectos ganadores"

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Alfredo Serrano, líder del Partido Social Cristiano, repite que “la reforma desestimuló las alianzas”. En este contexto, ¿solo funciona aliarse a ‘grandes’? “Estamos buscando alianzas para proyectos ganadores, pero eso de ‘grandes’ es relativo. (El partido de) Noboa es grande, pero no necesariamente tiene buenos candidatos. Y el correísmo también enfrentará dificultades (no tiene casillero propio)”, apunta.

Para Serrano, en lo local el peso recaerá en las candidaturas más que en las estructuras partidarias. En ese contexto, considera que las alianzas pueden ser más viables en candidaturas como alcaldías, mientras que el cálculo electoral (que se mide por la votación de concejalías y no de alcaldías) introduce distorsiones.

ADN no va con alianzas

El presidente Daniel Noboa ha dicho que su movimiento, ADN, correrá solo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

El Municipio de Cuenca vive cambios internos: la salida de personal cercano al alcalde suspendido y las reuniones de Marisol Peñaloza con funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa abren interrogantes. ¿Cómo queda su relación con Cristian Zamora?

Siempre habrá respeto y cordialidad para el doctor Zamora respecto a la política que él venía ejecutando, pero en este momento mi responsabilidad es asumir esta misión. Mi forma de trabajar siempre ha sido mediante la coordinación y el diálogo con todos los actores. Al doctor Zamora le envío un abrazo y toda mi consideración. Esta es una subrogación temporal y haré todo lo que esté en mis manos de manera adecuada, correcta y coordinada. Sobre la salida de personal de su confianza, las únicas personas que fueron desvinculadas son dos (asesores), que al inicio de mi gestión no estaban presentes. El resto ha presentado su renuncia por cuenta propia y eso se respeta. No tengo una cifra exacta de cuántas personas se han ido.

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La inseguridad es un aspecto que preocupa a la ciudad. En este tema, ¿cuáles serán sus prioridades y cómo se articulará el trabajo?

La seguridad debe ser la bandera de todos los cuencanos, azuayos y ecuatorianos. Me reuní con el gobernador, concejales y asambleístas para buscar soluciones conjuntas. Una de ellas es impulsar la ordenanza de dos personas en moto que no ha podido superar el primer debate desde hace dos años. Para esto, cada martes mantenemos talleres con las entidades competentes y hoy tendremos los informes estadísticos, jurídicos y técnicos para construir una propuesta actualizada de esa ordenanza. El plan de seguridad también lo revisaremos. He solicitado al director del Consejo de Seguridad Ciudadana un informe sobre el plan vigente, que tiene validez hasta el 2030. No significa que no exista un plan, sino que debemos revisarlo porque las realidades han cambiado.

Hay cuestionamientos desde el Gobierno sobre el uso de la Tasa de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasará con este presupuesto que supera los 7 millones de dólares?

Somos respetuosos de la política pública del cantón. La tasa de seguridad ciudadana responde a lo que la ciudadanía prioriza en las asambleas parroquiales. Allí nos solicitan cámaras, alarmas comunitarias, botones de pánico y capacitaciones. Por eso destinamos recursos a esos proyectos. Lo que ha existido es una falta de coordinación que debemos corregir. El Municipio y el Consejo de Seguridad Ciudadana deben coordinar con el ECU 911 para evitar duplicar esfuerzos y ofrecer mejores resultados. Estoy segura de que trabajando en conjunto podremos brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

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Está en marcha el proyecto de la nueva terminal sur, pero la zona está afectada por el colapso vial que representa el ingreso sur de Cuenca. ¿Este tema está dentro de sus prioridades?

Hemos escuchado denuncias y reclamos de la ciudadanía y en esta línea nos hemos reunido con técnicos de la entidad competente y dispuse a todo nuestro equipo del Municipio de Cuenca a ser articulador y ejecutar acciones en conjunto en beneficio de la gente. La siguiente semana tengo una reunión con moradores, quienes solicitaron un espacio porque sienten que les falta información y todavía tienen dudas. Es un legítimo derecho. Me reuniré con ellos. Y también están las puertas abiertas con los ministros encargados y los delegados del Estado para coordinar acciones conjuntas sobre el acceso sur. Tenemos las puertas abiertas para buscar soluciones y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Espero que haya buenos resultados y también que la ciudadanía entienda el proceso.

La semana pasada se anunció un posible acuerdo con el Estado para la operación de los hospitales municipales. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio?

Los hospitales municipales seguirán siendo de la ciudad. Hay que entender que el Hospital Municipal del Niño y la Mujer -el primero que se construyó en administraciones anteriores- funciona con un convenio que nos da la potestad para desarrollar más hospitales. Debemos ser muy respetuosos con el ente competente que debe firmar la autorización correspondiente. Pensar en que ellos (Ministerio de Salud Pública) los administren es imposible. Solo se trata de una autorización que debe otorgar el ministerio y para esto son las gestiones que realizamos. Los hospitales son del cantón Cuenca y cuentan con un modelo de gestión propio y han venido dando la atención necesaria para sus usuarios.

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¿Cómo interpreta el interés actual del Gobierno en los hospitales municipales, cuando antes fueron criticados?

Existieron recomendaciones por parte de las autoridades provinciales, especialmente de los asambleístas, quienes ejercen labores de fiscalización. Ellos señalaron que debía cumplirse con las recomendaciones de Contraloría y que el Ministerio de Salud Pública era quien debía emitir la certificación. Sin embargo, contamos con documentos del propio Ministerio que indican que, con base en el convenio preexistente, también se puede avanzar en la operación de los otros. Seremos respetuosos de las recomendaciones, las revisaremos, analizaremos y, si es necesario, las acogeremos; caso contrario, seguiremos con los procesos respectivos.

¿Cuáles serán las ordenanzas que tendrán prioridad en estos seis meses que durará su gestión?

La agenda legislativa contempla acelerar los procesos pendientes para sacar las ordenanzas de dos personas en moto, inquilinato, biodiversidad, patentes, mercados y otras más. Cada jueves tenemos sesiones del Concejo Cantonal y, si es necesario realizar dos sesiones por semana, lo haremos.

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¿Cómo enfocará el desarrollo turístico mientras usted esté al frente de la ciudad?

Las obras, proyectos y actividades deberán continuar. Cuenca no puede detenerse. La reactivación económica es importante, pero debe hacerse de manera organizada. También nos preocupa la reducción presupuestaria derivada de la reforma al Cootad. Por eso hemos decidido que el Municipio ya no financiará conciertos internacionales. Son eventos importantes, pero esos recursos deben destinarse a obras. Más bien invitamos a la empresa privada a asumir ese tipo de eventos. El Municipio brindará todo el apoyo necesario. No significa que desaparezcan los conciertos internacionales, sino que deberán contar con financiamiento privado. Además, trabajaremos junto a empresarios, medios de comunicación, cámaras de turismo y otros actores para construir una hoja de ruta que fortalezca la reactivación económica y un turismo más organizado.

Lo que debes saber

• La desaparición de ocho menores de una casa hogar en Quito abrió un debate sobre el funcionamiento del sistema de protección infantil en Ecuador. 
• Expertos analizan las responsabilidades del Estado, las fallas institucionales y los desafíos para evitar nuevos casos.

La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en el suroriente de Quito, volvió a centrar la atención sobre el funcionamiento de las casas de acogida en Ecuador. El caso abrió un debate sobre las garantías de seguridad que ofrece el sistema de protección infantil cuando los niños quedan bajo tutela del Estado.

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Más allá de la investigación por la desaparición de los menores, especialistas sostienen que el episodio evidenció la necesidad de revisar cómo operan los centros de acogida administrados o supervisados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). La discusión no solo apunta a las medidas de seguridad, sino también al seguimiento permanente y a la protección integral que requieren niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Quienes conocen el funcionamiento del sistema coinciden en que la protección no puede reducirse a proporcionar alimentación, alojamiento o restringir las salidas de los menores. La responsabilidad estatal también implica garantizar su bienestar físico y emocional, verificar el cumplimiento de los protocolos y generar entornos seguros que disminuyan el riesgo de nuevas fugas.

¿Qué responsabilidades tiene el Estado en las casas de acogida?

El exministro del MIES, Esteban Bernal, señaló que, una vez que un niño ingresa al sistema de acogida, el Estado asume la tutela legal y, por tanto, también la obligación de protegerlo de forma permanente. A su criterio, la seguridad de los menores no puede desligarse del rol que cumple la institución encargada de supervisar estos espacios.

"El Ministerio debe garantizar su cuidado y seguridad", dijo Bernal

Bernal considera que las principales dificultades no se originan en el modelo de administración de las casas de acogida. En cambio, identifica problemas en la articulación entre las distintas instituciones que intervienen en los procesos de protección de la niñez, especialmente por la demora en las decisiones judiciales relacionadas con la reunificación familiar o las adopciones.

"El modelo de gestión creo que no es el criticable… Lo que creo que no funciona alrededor de esto es la parte interinstitucional".

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El acompañamiento emocional, un desafío pendiente

La psicóloga Paola Cercado sostiene que prevenir nuevas desapariciones exige ir más allá del fortalecimiento de controles físicos o de vigilancia. En su análisis, los niños que permanecen en casas de acogida necesitan construir vínculos de confianza con los profesionales que los acompañan diariamente para sentirse protegidos y escuchados.

"La prevención no puede basarse exclusivamente en medidas de seguridad física… Es necesario fortalecer espacios de escucha activa y el acompañamiento emocional permanente", señaló Cercado.

La especialista advierte que concentrar los esfuerzos únicamente en cubrir necesidades materiales resulta insuficiente frente a las experiencias de abandono, violencia o desprotección que muchos menores han vivido antes de ingresar a estos centros. Desde su perspectiva, el bienestar emocional debe ocupar un lugar prioritario dentro del sistema de protección.

"El MIES debería por un momento ser humano, por un momento dar lo que realmente un niño necesita. Y no es solo lo material", indicó Cercado.

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Investigación y coordinación para esclarecer los hechos

El exdirector y exfundador de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), Kléber Carrión, también considera que el Estado mantiene una responsabilidad directa sobre la integridad de los menores que permanecen bajo medidas de protección. Al convertirse en su custodio, afirma, las instituciones deben responder por su seguridad en todo momento.

"El Estado, al final del día, termina siendo el custodio de estas personas e incumple esta función de ser un custodio adecuado", señaló Carrión.

Carrión sostiene que las investigaciones deberán establecer si la salida de los niños ocurrió por decisión propia o si existió la participación de terceros. Además, considera indispensable que las entidades competentes trabajen de manera coordinada para reconstruir lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

"Con los que han sido encontrados debería estar ya cursando una investigación para determinar si hubo o no hubo evasión", indicó Carrión.

Lo que debes saber

• Álex León, Sandra Figueroa y Pablo Ayala se perfilan como candidatos a la Alcaldía de Durán para las elecciones seccionales de noviembre del 2026.
• El actual alcalde, Luis Chonillo, no ha confirmado si buscará la reelección.
• Las organizaciones políticas siguen definiendo sus candidatos para la Alcaldía de Durán.

A menos de cinco meses de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, el panorama político en Durán comienza a tomar forma, aunque las candidaturas aún no están oficialmente inscritas.

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Las organizaciones políticas se encuentran en la etapa de definición de sus postulantes, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con el cronograma del proceso electoral.

Durán se ha convertido en uno de los cantones que concentra mayor expectativa de cara a las próximas elecciones seccionales, debido al interés por conocer quiénes buscarán llegar a la Alcaldía.

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Elecciones 2026: ¿quiénes irán por la Alcaldía de Durán?

Uno de los nombres que más sonó durante los últimos meses fue el del empresario y excandidato presidencial Jan Topic. Sin embargo, el propio político descartó públicamente que vaya a postularse a la Alcaldía de Durán o a cualquier otra dignidad en las elecciones seccionales de este año, poniendo fin a las especulaciones sobre una eventual candidatura.

Con Jan Topic fuera de la contienda, el interés se enfoca en los posibles aspirantes de las principales fuerzas políticas que buscarán la Alcaldía de Durán. Por ahora, el actual alcalde, Luis Chonillo, no ha confirmado si buscará la reelección.

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Uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Alex León, quien se perfila como el candidato a la Alcaldía de Durán por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Actualmente se desempeña como director cantonal de esa organización política.

Otra figura política que se perfila para llegar a liderar el Municipio de Durán es la asambleísta por Guayas, Sandra Figueroa, perteneciente a la Revolución Ciudadana (RC).

Si bien continúa con sus actividades como legisladora, en sus redes sociales difunde con frecuencia visitas a diferentes sectores de Durán, donde comparte mensajes sobre la situación del cantón y encuentros con moradores.

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Durán Limpio insiste en retomar la recolección y niega que el diálogo se agotó

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Pablo Ayala es concejal desde hace ocho años y fundador del movimiento Durán en Marcha. Es otro de los precandidatos a la Alcaldía del cantón.

Aunque se siguen barajando nombres en partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC), las organizaciones políticas aún tienen tiempo para definir a sus candidatos.

Lo que debes saber

• La detención del alcalde de Machala, Darío Macas, abrió interrogantes sobre quién asumiría la administración municipal si es suspendido o destituido. 
• Esto es lo que establece la ley y el contexto del caso que investiga la Fiscalía.

La detención del alcalde de Machala, Darío Macas, por un presunto caso de enriquecimiento ilícito abrió una de las principales interrogantes entre la ciudadanía: ¿quién quedaría al frente del Municipio si la autoridad es suspendida o destituida durante el proceso judicial? La legislación ecuatoriana establece un mecanismo para garantizar la continuidad de la administración municipal.

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En ese escenario, la actual vicealcaldesa de Machala, Jenny Machuca, asumiría la Alcaldía de forma temporal si se dispone la suspensión del alcalde, o completaría el período 2023-2027 en caso de una ausencia definitiva, como una eventual destitución. Así lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) sobre la sucesión de autoridades municipales.

¿Por qué fue detenido Darío Macas?

La detención fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien informó que el operativo fue ejecutado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En su publicación en redes sociales, el ministro difundió una fotografía en la que aparece Darío Macas bajo custodia policial y acompañó el mensaje con la frase: "Cero impunidad".

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una suspensión o destitución del alcalde de Machala. Cualquier decisión respecto a su permanencia en funciones dependerá del desarrollo del proceso judicial y de las resoluciones que adopten las instancias competentes.

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UAFE detalla los hallazgos financieros del caso

Horas después del operativo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) difundió un comunicado en el que explicó los principales hallazgos del análisis financiero realizado junto con la Fiscalía y la Policía Nacional. Según la entidad, se identificó una presunta estructura económica criminal vinculada con Darío Macas.

El informe señala un incremento del 74 % en los ingresos del investigado desde 2020 y precisa que "el 87% de los depósitos registrados en sus cuentas correspondieron a operaciones realizadas en efectivo", muchas de ellas seguidas de retiros efectuados el mismo día o al siguiente, lo que, según la UAFE, habría reducido la trazabilidad de los recursos.

El comunicado también menciona la posible utilización de empresas de los sectores camaronero y de la construcción, además de relaciones transaccionales con contratistas municipales. La UAFE informó que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) tras identificar indicios compatibles con las tres fases del presunto lavado de activos y concluyó que "no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad".

Lo que debes saber

• Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ejecuta la Fiscalía General del Estado.
• Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares registrado entre 2019 y 2025.
• El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone penas de entre tres y diez años de prisión por enriquecimiento ilícito, según el valor del patrimonio cuya procedencia no pueda ser justificada.

Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ejecuta la Fiscalía General del Estado.

(Te puede interesar: UAFE revela los indicios financieros que vinculan a Darío Macas con una presunta trama de corrupción)

En el operativo también se detuvo a la esposa del alcalde y a otra persona. La investigación formal fue iniciada hace un mes por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares registrado entre 2019 y 2025. La investigación se originó a partir de un informe vinculante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Justicia

¿Qué sigue en el caso de Darío Macas tras su detención por presunto enriquecimiento ilícito?

Edison Andrés García Yépez

Detención de Darío Macas: ¿Cuáles son las penas por enriquecimiento ilícito en Ecuador?

Si durante el proceso judicial se determina la responsabilidad penal de Macas por el delito de enriquecimiento ilícito, las sanciones dependerán del monto del incremento patrimonial injustificado establecido por la justicia.

El artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone penas de entre tres y diez años de prisión, de acuerdo con el valor del patrimonio cuya procedencia no pueda ser justificada.

La norma establece que, cuando el incremento patrimonial supera los 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena prevista es de siete a diez años de prisión.

Justicia

Darío Macas, alcalde de Machala, es detenido por presunto enriquecimiento ilícito

Richard Josue Jimenez Mora

Si el incremento es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos, la sanción es de cinco a siete años, mientras que, si llega hasta los 200 salarios básicos, la pena va de tres a cinco años.

El mismo artículo precisa que el enriquecimiento ilícito no solo comprende el aumento de dinero, bienes o propiedades, sino también la cancelación de deudas u otras obligaciones.

Detención de Darío Macas: ¿cuáles son los señalamientos de la UAFE?

La UAFE dijo haber hallado un incremento del 74 % en los ingresos del alcalde desde 2020, que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas analizadas fueron realizados en efectivo y que muchos de esos recursos eran retirados el mismo día o al siguiente.

Política

TCE admite denuncia contra alcalde de Machala por presunta campaña anticipada

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Además, indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción, así como relaciones transaccionales con personas vinculadas a contratistas municipales.

La entidad sostuvo que esos elementos permitieron identificar una presunta estructura económica criminal y señaló que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos, por lo que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), documento que forma parte de los elementos que serán analizados durante el proceso.

Lo que debes saber

• Este lunes 6 de julio, el alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido en una investigación por presunto enriquecimiento ilicito.
• El funcionario, su esposa y otra persona fueron aprehendidos en Machala durante un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional.
• Según la Fiscalía, las autoridades investigan un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares entre 2019 y 2025.

La detención del alcalde de Machala, Darío Macas, marca el inicio de una nueva etapa en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa la Fiscalía General del Estado.

(Te puede interesar: ¿Por qué fue detenido Darío Macas? Las claves del operativo contra el alcalde de Machala)

El funcionario, su esposa y otra persona fueron aprehendidos este lunes 6 de julio durante un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional, un mes después de que la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas iniciara la investigación formal.

Según la Fiscalía, las autoridades investigan un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente seis millones de dólares entre 2019 y 2025.

Política

UAFE revela los indicios financieros que vinculan a Darío Macas con una presunta trama de corrupción

Marco Rivera

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la causa se originó a partir de un informe vinculante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó movimientos económicos considerados sospechosos.

Detención de Darío Macas: ¿qué señalamientos hace la UAFE?

La UAFE difundió un comunicado en el que expuso los principales hallazgos financieros obtenidos durante el análisis. La entidad informó que identificó una presunta estructura económica criminal vinculada a Macas, así como un incremento del 74 % en sus ingresos desde 2020, poco después de asumir la Alcaldía de Machala.

El organismo también señaló que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas del investigado correspondieron a operaciones en efectivo y que, en muchos casos, esos recursos eran retirados el mismo día o al siguiente, una dinámica que, según la entidad, reducía la trazabilidad del dinero.

Política

TCE admite denuncia contra alcalde de Machala por presunta campaña anticipada

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Además, indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción para canalizar recursos, así como relaciones transaccionales con actores vinculados a contratistas municipales.

La UAFE informó que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos y remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), documento que servirá como parte de los elementos analizados dentro de la investigación penal.

Política

La disputa por la Prefectura de El Oro: precandidatos y movimientos para 2026

Valeria Alvear

Macas y las otras personas detenidas se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Lo que debes saber

• La asambleísta Liliana Durán presentó un requerimiento de información al IESS para conocer cómo se administran los fondos de reserva. 
• El pedido incluye 20 puntos sobre inversiones, auditorías, rendimientos y posibles riesgos que afectan estos recursos.

La asambleísta Liliana Durán, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), solicitó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) información detallada sobre la administración, disponibilidad y manejo de los fondos de reserva. El requerimiento fue enviado el 30 de junio de 2026 al director general subrogante del IESS, Jorge Antonio Villarroel Chalán, en el marco de las atribuciones de fiscalización de la Asamblea Nacional.

Política

UAFE revela los indicios financieros que vinculan a Darío Macas con una presunta trama de corrupción

Marco Rivera

En el oficio, la legisladora sostiene que el pedido responde a las inquietudes surgidas en los últimos meses sobre la administración de estos recursos. Según el documento, reportajes periodísticos, pronunciamientos de organizaciones de jubilados y especialistas han planteado dudas sobre la disponibilidad y utilización de los fondos de reserva que administra el IESS.

Durán argumenta que los fondos de la seguridad social pertenecen a los afiliados y jubilados, por lo que considera necesario contar con información oficial que permita verificar el estado actual de esos recursos, las inversiones realizadas y las medidas adoptadas para proteger el patrimonio de millones de asegurados.

Fondos de reserva del IESS: las 20 preguntas que plantea la Asamblea

En el documento, la asambleísta solicita que el IESS remita información técnica, financiera y documental relacionada con la administración de los fondos de reserva. Entre los principales requerimientos constan:

La Asamblea busca verificar el destino de los recursos

Como antecedente, el oficio señala que los recursos administrados por el IESS están sujetos a principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Además, recuerda que la Constitución establece que los fondos y reservas de la seguridad social son distintos de los recursos del Estado y deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines.

La legisladora también cita disposiciones constitucionales y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para sustentar la solicitud. En ese contexto, sostiene que la Asamblea Nacional tiene la facultad de fiscalizar el manejo de recursos públicos y de requerir información a las instituciones del Estado.

"Resulta indispensable conocer información oficial, documentada y verificable que permita determinar el estado actual de los fondos de reserva administrados por el IESS".Liliana Durán, asambleísta de la RC

Finalmente, el requerimiento establece que toda la información deberá entregarse en formato digital y de manera íntegra, acompañada de expedientes, informes técnicos, memorandos, resoluciones y demás documentos que respalden la respuesta a cada uno de los puntos solicitados.

Pacientes renales consiguen un "logro histórico"

• Pacientes renales lograron asignación de fondos tras protestar en la Gobernación del Guayas.
• El Gobierno pagará a 58 clínicas privadas para reactivar tratamientos suspendidos por deudas.
• La Coordinación Zonal 8 habilitará de inmediato los códigos de derivación médica externa.

Más de 240 pacientes del Hospital Abel Gilbert de Guayaquil consiguieron la asignación de recursos estatales para ser derivados a 58 clínicas privadas, luego de ejecutar un plantón pacífico en las instalaciones de la Gobernación del Guayas este lunes 6 de julio.

Buenavida

Cáncer de próstata: cinco señales que pueden aparecer y cuándo consultar al médico

Redacción Semana

El reclamo de no morir esperando 

La medida responde al reclamo sostenido por la agrupación Lucha Renal Ecuador durante más de dos años de escasez y falta de atención.

Según el boletín compartido por la agrupación, la transferencia de los fondos adeudados deberá ejecutarse entre el 6 y 7 de julio, trámite administrativo que obligará a los centros médicos externos a habilitar de forma inmediata los códigos de derivación gestionados por la Coordinación Zonal de Salud Nro. 8. Este mecanismo busca descongestionar el sistema público y asegurar la continuidad de los tratamientos de diálisis urgentes para la supervivencia de los afectados.

"Teníamos peleando más de dos años por estos códigos de derivación y hoy se ha logrado un hito tan simbólico para nuestra agrupación", declararon los representantes de Lucha Renal Ecuador a las afueras de la dependencia gubernamental.

Política

Compra de medicinas de India: un mes después del anuncio de Noboa no hay avances públicos

Marco Rivera

El acuerdo administrativo establecido entre los manifestantes y las autoridades provinciales contempla las siguientes resoluciones operativas:

Lo que debes saber 

• La UAFE publicó un comunicado en el que detalla los principales hallazgos financieros detectados en la investigación contra el alcalde de Machala, Darío Macas. 
• El informe menciona operaciones consideradas de alto riesgo y fue remitido a la Fiscalía como parte del proceso.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) difundió este 6 de julio un comunicado en el que expone los principales hallazgos financieros detectados durante la investigación que involucra al alcalde de Machala, Darío Macas. Según la entidad, el análisis permitió identificar una presunta estructura económica criminal relacionada con el manejo irregular de recursos.

Política

Manifestantes exigen al CNE avanzar con la revocatoria de Noboa y Pinto

Flor Layedra Torres

De acuerdo con la UAFE, el análisis financiero identificó varios indicadores considerados de alto riesgo. Entre ellos figura un incremento del 74 % en los ingresos del investigado a partir de 2020, poco después del inicio de su gestión como alcalde, además de movimientos financieros que forman parte de la investigación.

El organismo también informó que "se logró identificar una estructura económica criminal vinculada al alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra", tras un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

Hallazgos financieros del caso Darío Macas

El comunicado señala que el 87 % de los depósitos registrados en las cuentas del investigado correspondieron a operaciones realizadas en efectivo. Según la UAFE, muchos de esos movimientos fueron seguidos de retiros efectuados el mismo día o al día siguiente, una dinámica que habría reducido la trazabilidad de los recursos.

Además, la entidad indicó que detectó la posible utilización de compañías de los sectores camaronero y de la construcción con vehículos para canalizar recursos que actualmente son objeto del análisis de las autoridades.

La investigación también identificó relaciones transaccionales con diversos actores vinculados a contratistas municipales. De acuerdo con la UAFE, esas interacciones permitieron establecer la existencia de una estructura articulada para el movimiento de recursos.

Política

Reforma legislativa busca agilizar los procesos de adopción en Ecuador

Marco Rivera

Detención del alcalde de Machala ocurrió durante un operativo

La difusión del comunicado se produjo horas después de que el alcalde de Machala, Darío Macas, fuera detenido durante un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. En el procedimiento también fueron detenidas otras dos personas.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el operativo mediante sus redes sociales y compartió una fotografía en la que se observa al alcalde bajo custodia policial. Junto a la publicación escribió la frase: "Cero impunidad".

Finalmente, la UAFE informó que determinó el cumplimiento de las tres fases del presunto lavado de activos, por lo que remitió a la Fiscalía el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). En el comunicado concluye que "la UAFE reafirma que no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad".

Política

Asamblea definirá nuevo delegado a comisión que lleva adelante concurso para fiscal

Daniel Alejandro Romero Páez

“Del 9 al 13 de julio de 2026, los postulantes a candidatas y candidatos para la elección del CPCCS, que hayan sido notificados con denuncias en su contra, podrán ejercer su derecho a la contradicción mediante la presentación de sus pruebas de descargo”, informó el CNE.

El organismo precisó que la documentación deberá presentarse de forma física en la matriz del CNE, en Quito, en las 24 delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

¿Cuántos aspirantes al CPCCS fueron denunciados?

El Consejo Nacional Electoral recibió 286 denuncias en contra de 214 postulantes al CPCCS. Los señalamientos están relacionados con el presunto incumplimiento de requisitos, prohibiciones o inhabilidades previstas para participar en el proceso.

Las denuncias se distribuyen de la siguiente manera:

Una vez concluido el plazo para presentar las pruebas de descargo, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2026, la Comisión Verificadora analizará las denuncias y la documentación entregada por los postulantes. Con esa información elaborará un informe de verificación que será remitido al Pleno del CNE.

Este proceso electoral se desarrolla de forma paralela a la organización de las elecciones seccionales de 2026, previstas para el 29 de noviembre. En esa misma jornada también se elegirá a los siete vocales principales que integrarán el CPCCS.

Te invitamos a leer| Venezuela supera los 3.300 muertos y sepulta 150 cuerpos sin identificar tras los terremotos

La Cartera de Estado informó que los connacionales que viven en ese país pueden registrarse a través de un formulario virtual para actualizar sus datos personas con el fin de "facilitar la gestión de la asistencia".

Los migrantes que deseen obtener atención de las autoridades nacionales tienen que brindar su nombre, número de cédula, teléfono de contacto personal, así como la ciudad en la que reside, detallar si se encuentra en un albergue o situación de vulnerabilidad e, incluso, si desea retornar al país.

El Gobierno difundió la plataforma para la inscripción mientras coordina el retorno de los ecuatorianos que hayan decidido abandonar el territorio golpeado por los devastadores sismos que, hasta este lunes 6 de julio de 2026, dejaban más de 3.342 fallecidos.

Internacional

Rescatistas internacionales se retiran de la zona del terremoto en Venezuela

Agencia EFE

36 ecuatorianos han retornado desde Venezuela

El fin de semana, los restos de una familia que perdió la vida en los terremotos y era originaria de Portoviejo, provincia de Manabí, fueron entregados a sus parientes.

Junto a las víctimas, otros 18 ecuatorianos volvieron al país. Hasta la fecha ascienden a 36 los connacionales que han retornado luego de los terremotos, de ellos, seis son originarios de Guayas y 30 de Cotopaxi.

Además del formulario en línea, la entidad estatal reiteró que los números de emergencia en Venezuela continúan habilitados: 

Internacional

Llegan a Ecuador los restos de tres ecuatorianos fallecidos en el terremoto de Venezuela

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La decisión se tomará en la sesión convocada por el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, para el martes 7 de julio de 2026.

Política

El CPCCS, entre el cura que cobraba en oro a malabares por la Judicatura, avanza a su renovación

Pamela León Andriuoli

La sesión presencial comenzará a las 10:00. Tras el Himno Nacional, el Pleno tratará tres puntos. El primero será la posesión de tres vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En un oficio enviado a la Asamblea, el CPCCS informó sobre la renuncia del ahora exconsejero Roberto Gilbert. Con su salida, el organismo se quedó sin vocales suplentes para cubrir esa vacante.

Como segundo punto, el Legislativo conocerá otro oficio remitido por el CPCCS, relacionado con la integración de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para elegir al nuevo fiscal general.

El documento incluye la resolución mediante la cual “se acepta la renuncia de Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto, al cargo de comisionada principal de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso público de méritos y oposición para la designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General”.

Política

El CPCCS se alista para una nueva reconfiguración: Asamblea posesionará suplentes

Daniel Alejandro Romero Páez

A partir de esa renuncia, el CPCCS solicitó a la Función Legislativa que designe un nuevo representante para completar la comisión. Según el organismo, la finalidad es “iniciar las acciones legales y administrativas correspondientes y garantizar la correcta integración de la Comisión”.

¿Por qué renunció la delegada de la Asamblea?

En la carta enviada a la Asamblea Nacional, Ramírez explicó que su salida responde exclusivamente a motivos personales.

“Esta decisión responde a motivos estrictamente personales que me impiden continuar desempeñando tan alta responsabilidad con la dedicación que el cargo exige”, aseguró.

También añadió: “Dejo constancia de que la labor realizada se ha orientado al cumplimiento riguroso de los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, reafirmando así la importancia de consolidar procesos públicos confiables”.

¿Qué pasa con el concurso para Fiscal?

La renuncia se produce mientras el concurso para designar al nuevo fiscal general enfrenta problemas.

El pasado 1 de julio de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó la suspensión de los plazos y términos del proceso debido a que el CPCCS aún no aprueba el informe definitivo sobre las recalificaciones de méritos solicitadas por 28 postulantes.

La falta de ese pronunciamiento ha impedido que el concurso avance desde el 9 de junio y ha generado nuevas tensiones entre la Comisión Ciudadana de Selección y el CPCCS, organismo responsable de llevar adelante el proceso de designación.

Lo que debe saber

• Tras la renuncia de Roberto Gilbert al Consejo de Participación Ciudadana, el organismo se quedó sin suplentes. 
• El presidente encargad del Legislativo Esteban Torres convocó al Pleno para cumplir con la habilitación de los suplentes.  
• Las fuerzas en el CPCCS podrían afianzarse o cambiar, una vez que actúe el nuevo consejero como principal. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) volverá a reconfigurarse. La Asamblea Nacional posesionará a tres vocales suplentes el martes 7 de julio de 2026, tras la renuncia de Roberto Gilbert a su cargo como consejero.

Política

Rostros conocidos y actuales consejeros buscarán la reelección en el CPCCS en noviembre de 2026

Richard Josue Jimenez Mora

El presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, convocó a una sesión presencial del Pleno para las 10:00. El orden del día contempla tres puntos, dos de ellos relacionados con el CPCCS. El primero corresponde a la posesión de los vocales suplentes.

Roberto Gilbert renunció a su cargo en el CPCCS. El pasado 19 de junio, el exconsejero se refirió a su salida durante una rueda de prensa. “Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo”, afirmó Gilbert, en referencia al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.

Gilbert justificó su renuncia al señalar que se retiraba “porque en ningún orden del día se habló de la salud”.

Su salida se produjo después de los cuestionamientos por la aparición de José De La Gasca detrás de él durante una sesión virtual del CPCCS. El hecho generó polémica porque el Consejo de Participación lleva adelante el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

La Asamblea deberá posesionar a los suplentes de la lista de hombres, de acuerdo con los resultados de las elecciones de 2023. Según el orden de prelación, los siguientes en la nómina son Jhonny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo.

Óscar Ayerve mantiene impedimento

En el oficio enviado por el CPCCS a la Asamblea se establece que Óscar Ayerve, quien figuraba en la lista de prelación después del actual consejero David Rosero, mantiene un impedimento para ejercer un cargo público.

Con base en ello, el Consejo de Participación solicitó que se posesione a los nuevos vocales suplentes para completar el funcionamiento del Pleno del organismo, integrado por siete consejeros: tres hombres, tres mujeres y un representante de los pueblos y nacionalidades.

Con este cambio, el Pleno del CPCCS podría reconfigurarse una vez más. Actualmente, Andrés Fantoni, presidente del organismo, encabeza una mayoría. Junto a él votan la vicepresidenta, Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto.

La configuración de fuerzas dentro del organismo es clave, ya que están en marcha los procesos para la designación de autoridades como la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Prefiero esta respuesta

Ecuador

Homicidios bajan en Ecuador, pero la violencia se desplaza a otras zonas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El decreto fue firmado en Guayaquil el 5 de julio de 2026. En el documento se dispone: “Agradecer al señor Francisco Xavier Minuche Verdaguer por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones como Gobernador de la provincia de El Oro”.

Además, el decreto establece que Jenner Javier Franco Barriga asumirá el cargo. Con esta decisión quedó derogado el Decreto Ejecutivo 323, del 5 de marzo de 2026, mediante el cual el presidente Noboa nombró a Francisco Xavier Minuche como gobernador de la provincia.

Francisco Minuche dejó una carta

Tras su salida de la Gobernación de El Oro, Minuche hizo pública una carta de despedida. En la red social Instagram, el exfuncionario agradeció la confianza del presidente Daniel Noboa y se refirió a su paso por el cargo.

“Ha sido un alto honor servir al Ecuador y a los orenses durante estos cuatro meses de gestión, en un período especialmente complejo para la provincia, caracterizado por importantes desafíos en materia de seguridad, atención de emergencias, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio”, escribió.

También agregó: “Durante este tiempo actué con absoluta lealtad al Gobierno Nacional, trabajando de manera permanente junto a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones del Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados, sector productivo y ciudadanía, convencido de que el servicio público exige cercanía, firmeza, transparencia y resultados”.

¿Quién es el nuevo gobernador?

Jenner Javier Franco Barriga es abogado de los Tribunales de la República y registra un título en docencia e investigación.

Se desempeñó como director provincial de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en El Oro, cargo que ocupaba hasta su nombramiento como gobernador.

Política

Yadira Bayas enfrenta otra polémica por la entrega de dádivas en la antesala de la campaña

Daniel Alejandro Romero Páez

El caso de Zaida Rovira

Por supuesto, eso no quiere decir que esas elecciones internas de mentirita hayan estado exentas de sorpresas. Vaya y pregúntele, por ejemplo, a la ministra saliente (quién sabe por cuánto tiempo) Zaida Rovira, que estaba lista para ser nominada para la Prefectura del Guayas, pero que terminó siendo designada como precandidata a una concejalía en Guayaquil.

Esa designación de Rovira, y su reemplazo para la prefectura por Andrés Guschmer, quien antes aspiraba a ser candidato a alcalde de Guayaquil, se presta al análisis. Es difícil pensar en que Rovira simplemente haya caído en desgracia. Es bien sabido que el presidente Noboa la considera una pieza clave de sus campañas y que ella cuenta con importantes aliados en el Gobierno como la ministra Cynthia Gellibert o el exministro y ahora precandidato en Pichincha, Harold Burbano. 

Por ende, es más fácil pensar que Noboa la quiere de candidata en Guayaquil porque prefiere arriesgarse a perder la prefectura que la alcaldía, donde están en juego lucrativos proyectos como el Quinto Puente y el nuevo aeropuerto. 

Además, Rovira sentada en el Concejo Cantonal puede convertirse tanto en un ojo seco con el que controlar a cualquier figura emergente dentro de su propio partido como en un comodín fácil de remover y traer de vuelta a la baraja. 

Política

La dispersión de candidaturas volvería a marcar el escenario electoral

Flor Layedra Torres

En cambio, si Noboa quisiera sacarla de la prefectura para llevarla a otro cargo, la vergüenza sería mayor. 

La carta del Partido Social Cristiano

Otra nominación llamativa fue la del doctor Juan Carlos González para la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano. González, médico de profesión, viene siendo director de Salud del Municipio de Guayaquil desde el comienzo de la administración de Aquiles Álvarez. Algunos pegarán el grito de “¡pacto, pacto!” al cielo, pero se equivocarán diciendo que esto es evidencia del supuesto acuerdo entre Rafael Correa y Jaime Nebot para controlar al país. 

Más allá de que sea cierto que Correa y Nebot mantienen líneas de comunicación abiertas, la relación más relevante en este caso es la de Álvarez con Nebot. 

Cuando el actual alcalde recibió el cargo de manos de Cynthia Viteri (más sobre ella después), se encontró con un municipio patas arriba y en el descalabro financiero. Ante esas circunstancias, Álvarez, un admirador confeso de Nebot y de León Febres-Cordero, acudió a la vieja guardia socialcristiana para pedir ayuda. Mocolí escuchó sus plegarias y asintió.

Por otro lado, el PSC prefirió lanzar para la Alcaldía de Guayaquil a Andrés Roche, cuyas credenciales socialcristianas son incuestionables. ¿Por qué él y no Jorge Acaiturri, quien a raíz de su decepción preelectoral abandonó el partido? Hay diversas teorías, pero una en particular se alinea con la estrategia de Nebot en años recientes: Roche, como antes Topić en otra escala, sí está dispuesto a tirarse su propia campaña al hombro. El socialcristianismo, después de todo, ha perdido a muchos patrocinadores.

También perdió a una exalcaldesa que parece que de todas formas volverá a la papeleta: Cynthia Viteri. Ella va auspiciada por Centro Democrático, fundado por Jimmy Jairala, quien hoy se muestra alineado al Gobierno. Eso, sumado a sus declaraciones previas a favor de Daniel Noboa y a los lazos de su esposo con la comunicación oficialista, invita a pensar que ella será, como otros políticos alrededor del país, el plan B de Noboa.

El espectro para la izquierda

Para la izquierda la situación es aun más incierta. El correísmo, refugiado en el movimiento Amigo, anunció al asambleísta Juan Pablo Molina para alcalde y a la exlegisladora Sofía Espín para prefecta. En una etapa en la que todavía no es seguro si el movimiento Reto, adoptado por el aquilismo, podrá superar los problemas que ha tenido en constituir a su directiva nacional y celebrar sus primarias de forma aplazada, no podemos descartar que en una alianza posterior las figuras cambien y veamos otras caras. Tampoco podemos excluir la posibilidad de que, con alguna maniobra desde adentro o desde afuera, los precandidatos cambien antes de la inscripción de las candidaturas en agosto, momento en que se vuelven irrenunciables.

Otras figuras que emergen desde la izquierda cuya suerte podría cambiar son los precandidatos de la Unidad Popular y el Partido Socialista, que junto a Pachakutik firmaron una alianza para las seccionales de Guayaquil y Guayas. Ellos auspician a Juan Cervantes y a William Brito para la provincia, mientras que sus cartas para la capital provincial son Karla Arellano y Mónica Luzárraga, respectivamente.

Seguramente, las semanas que vienen irán esclareciendo el panorama. Pero no nos confiemos. En el espíritu de Diana Atamaint, mejor compremos paraguas.