Lo que debes saber

• Paulo Salas es el nuevo secretario del Municipio de Guayaquil tras la renuncia de Jaime Tejada
• Uno de los concejales señaló que el hecho de que la administración municipal haya tenido cuatro secretarios refleja que "algo no ha funcionado como debería".

El Municipio de Guayaquil ya tiene un nuevo secretario. Este jueves 30 de julio se confirmó la designación de Paulo Salas, quien asumirá oficialmente el cargo luego de la renuncia de Jaime Tejada.

La designación se concretó luego de que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, remitiera una terna para la elección del nuevo secretario municipal. Además de Salas, los postulantes fueron Allan Farfán y María Belén Guerrero.

Paulo Salas ya se desempeñaba como secretario encargado y ejercía funciones como asesor de la Secretaría Municipal, por lo que su nombramiento representa la continuidad de la gestión administrativa de esa dependencia.

¿Quién es Paulo Salas?

De acuerdo con su hoja de vida, Paulo Salas es abogado y posee una maestría en Derecho Penal Económico.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en instituciones públicas. Entre ellos, fue asesor 5 de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez).

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Asimismo, trabajó en la Contraloría General del Estado, donde desempeñó funciones como auditor. También registra experiencia como abogado litigante en materia penal y como analista jurídico.

Su perfil combina experiencia en el ámbito jurídico, de control gubernamental y de asesoría institucional.

Fue el concejal Arturo Escala quien mocionó su nombre y propuso su nombre al Cuerpo Edilicio. 

Designación tras la salida de Jaime Tejada

La designación de Paulo Salas ocurre después de la renuncia de Jaime Tejada al cargo de secretario del Municipio de Guayaquil, una decisión que abrió el proceso para la selección de su reemplazo.

Con esta elección, la administración municipal oficializa al funcionario que hasta ahora se encontraba al frente de la Secretaría de manera encargada.

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Ana Chóez: "Cuatro secretarios en una administración"

Durante la sesión, la concejala Ana Chóez, hoy independiente, señaló que el hecho de que la administración municipal haya tenido cuatro secretarios refleja que "algo no ha funcionado como debería". 

No obstante, destacó la decisión de presentar la hoja de vida del candidato y anunció su respaldo a la designación. "Valoro mucho que se haya puesto la hoja de vida y anuncio que votaré a favor", manifestó.

Las claves del caso

• El Pleno de la Judicatura suspendió tres meses sin sueldo a la exministra Ivonne Núñez.
• La sanción se debe a un error judicial al resolver un litigio contractual mediante una acción de protección.
• La Corte Constitucional determinó que la sentencia vició la garantía jurisdiccional de la norma.

El Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses sin derecho a remuneración a la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en su calidad de jueza de la Corte Provincial del Guayas, y al juez Francisco Morales Garcés. La medida fue resuelta durante la sesión extraordinaria del 29 de julio de 2026, tras determinarse que ambos magistrados cometieron un error judicial al desnaturalizar una acción de protección tramitada contra la empresa pública EP Correos del Ecuador en 2021.

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Sanción del Pleno del Consejo de la Judicatura a jueces del Guayas

La decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura impone una suspensión de 90 días para los juristas, tiempo en el cual no percibirán su sueldo. Los motivos clave del proceso administrativo incluyen:

Origen del caso: litigio entre Halcotransa y EP Correos del Ecuador

El proceso legal que originó la sanción administrativa se remonta al año 2021 y se desarrolló bajo las siguientes etapas:

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Fallo de la Corte Constitucional y postura de Jhoel Escudero

Ante la resolución ratificada por el tribunal provincial, EP Correos del Ecuador presentó una acción extraordinaria de protección que llegó a la Corte Constitucional. El presidente del organismo constitucional, Jhoel Escudero, analizó el recurso y dejó en evidencia la falla incurrida en la resolución:

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"La actuación de los jueces es inaceptable e incontestable. La actuación de los jueces es incontestable porque es evidente que las autoridades judiciales están obligadas a analizar, como primer deber, la procedencia de las pretensiones y rechazar la demanda por improcedente cuando estas no se corresponden con el objeto y finalidad de la acción de protección, y no lo hicieron", precisó el juez Jhoel Escudero en el texto del fallo.

La resolución del máximo órgano de control constitucional determinó la existencia de un error judicial por parte de Ivonne Núñez y Francisco Morales Garcés en la aplicación de las normas que rigen las acciones de protección.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa confirmó su participación en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
• La investidura del nuevo mandatario colombiano será el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.
• El cambio de mando abre oportunidades de cooperación bilateral, enfocadas en la seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que asistirá a la ceremonia de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026. El anuncio lo realizó durante una entrevista radial, donde ratificó su presencia en representación del Estado ecuatoriano. Este encuentro oficial genera expectativas por una nueva etapa de cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad y combate al crimen organizado, áreas clave de trabajo conjunto en la región fronteriza.

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El presidente Daniel Noboa ratificó que asistirá a la investidura presidencial para representar formalmente al Estado ecuatoriano. Durante una entrevista radial transmitida por Radio Sucre, el jefe de Estado señaló que acudiría al acto oficial aunque en ese momento no se conocía la locación definitiva de la ceremonia.

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia se dio tras triunfar en la segunda vuelta electoral frente a Iván Cepeda, candidato afín a la línea política del mandatario saliente, Gustavo Petro.

Oportunidades de cooperación bilateral y seguridad en la frontera

El jefe de Estado ecuatoriano destacó que la elección del nuevo mandatario colombiano abre la puerta a fortalecer el trabajo conjunto en distintos sectores estratégicos.

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Ejes de la agenda bilateral entre Ecuador y Colombia

Uno de los pilares del discurso de campaña de Abelardo De La Espriella se centró en el combate frontal a la inseguridad y al crimen transnacional.

Cambio de sede: Cali albergará la investidura de Abelardo De La Espriella

Tradicionalmente, los actos de cambio de mando en el país vecino se realizan en Bogotá; sin embargo, Abelardo De La Espriella solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

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Detalles de la ceremonia de posesión

Las claves del caso 

• Tras la suspensión de AMIGO, RC busca en julio una vía electoral con el Partido Socialista.
  
  
• Gustavo Vallejo no descarta una alianza para candidaturas correístas en las seccionales 2026.
  
  
• El Partido Socialista analiza si auspicia candidatos de RC para mantenerlos en la papeleta.
  

La suspensión del movimiento AMIGO, que iba a servir como plataforma electoral para los candidatos de Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, abrió una nueva incógnita en el escenario político: ¿puede el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) convertirse en el nuevo vehículo electoral del correísmo? 

Diversas declaraciones de dirigentes de ambas organizaciones muestran que esa posibilidad está sobre la mesa, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

La crisis comenzó tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender por nueve meses al movimiento AMIGO, medida que fue posteriormente acatada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La organización era clave para la estrategia del correísmo, que ya había perdido la posibilidad de participar con su propia estructura política luego de la suspensión de Revolución Ciudadana dentro del denominado caso Caja Chica.

El Partido Socialista deja abierta la puerta

En medio de este escenario, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, confirmó que existen conversaciones con dirigentes de Revolución Ciudadana y que la posibilidad de una alianza no está descartada. 

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Según explicó, la decisión deberá ser tomada por los organismos internos del partido y por sus estructuras provinciales antes del inicio formal de las inscripciones de candidaturas.

Vallejo reveló que ha mantenido diálogos con actores de distintas organizaciones de izquierda, entre ellos Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana; Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik; y Giovanni Atarihuana, de Unidad Popular. El dirigente insistió en que cualquier acuerdo deberá contar con el respaldo de la militancia y del Consejo Nacional del PSE.

Además, señaló que en varias provincias ya existen conversaciones avanzadas con el correísmo y que el partido mantiene abierta la posibilidad de auspiciar algunas candidaturas.

El correísmo busca alternativas para mantenerse en la papeleta

La suspensión de AMIGO obligó a Revolución Ciudadana a replantear su estrategia electoral cuando faltan pocas semanas para la inscripción oficial de candidaturas. 

Dirigentes correístas han reconocido que el Partido Socialista aparece como una de las alternativas más viables para mantener presencia en las elecciones seccionales.

El asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, afirmó que la suspensión de AMIGO pone en riesgo la hoja de ruta que había sido diseñada para postular a varias figuras vinculadas al correísmo, entre ellas autoridades locales que buscan la reelección. Según el legislador, ya existen conversaciones con organizaciones como el Partido Socialista para garantizar la participación de esos candidatos.

El expresidente Rafael Correa también ha mencionado públicamente al PSE como una organización que ha dado espacio a candidaturas relacionadas con su movimiento en distintas provincias. Sin embargo, ha expresado preocupación por un eventual proceso que pudiera afectar también a los socialistas.

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El factor electoral favorece un eventual acuerdo

Más allá de las afinidades ideológicas, existe un elemento práctico que convierte al Partido Socialista en una opción atractiva para Revolución Ciudadana: la normativa electoral permite que los precandidatos que participaron en procesos internos de AMIGO puedan ser inscritos posteriormente por otra organización política, siempre que se cumplan los procedimientos técnicos establecidos por el CNE.

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El director nacional de Organizaciones Políticas del CNE, Juan Carlos González, explicó que una vez eliminados los formularios de inscripción registrados bajo AMIGO, los aspirantes quedan habilitados para postularse con otra organización. Ese mecanismo abre la puerta para que los candidatos correístas migren a estructuras políticas ya habilitadas.

No obstante, el proceso implica negociaciones internas, ya que en muchos casos las organizaciones que podrían auspiciar estas candidaturas ya realizaron sus propias elecciones primarias y tienen listas previamente definidas.

Una alianza posible, pero no definida

Aunque el Partido Socialista aparece actualmente como el aliado más visible para parte de las candidaturas correístas, la decisión aún depende de resoluciones internas y de acuerdos territoriales que continúan en negociación.

En ese contexto, el Partido Socialista se ha convertido en uno de los actores más observados del tablero político ecuatoriano. Su decisión podría resultar determinante para que una parte importante de los candidatos vinculados a Revolución Ciudadana logre mantenerse en la contienda electoral de noviembre.

Lo que debes saber

• Horas antes de asumir la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori mantuvo una reunión con amigos cercanos. Entre los invitados estuvo el expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad.
• Keiko Fujimori dejó de lado el protocolo del evento para dedicarle unas palabras de reconocimiento por la firma de la paz entre ambos países, hecho ocurrido el 26 de octubre de 1998.
• "Hombre valiente, expresidente del Ecuador, que se atrevió a firmar la paz con mi padre y hoy Perú y Ecuador viven momentos maravillosos", manifestó Keiko Fujimori a Mahuad.

Horas antes de asumir la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori recibió a amigos y personas de su entorno más cercano en una reunión. Entre los invitados estuvo el expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad.

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Durante las palabras de agradecimiento, Fujimori dejó de lado el protocolo del evento para destacar la presencia de Mahuad y dedicarle unas palabras de reconocimiento por la firma de la paz entre ambos países, un hecho ocurrido el 26 de octubre de 1998.

El acuerdo de paz fue suscrito por Mahuad y Alberto Fujimori, quien entonces ejercía la Presidencia de Perú y era el padre de la actual mandataria. El exmandatario peruano falleció en el año 2024.

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"Hombre valiente, expresidente del Ecuador, que se atrevió a firmar la paz con mi padre y hoy Perú y Ecuador viven momentos maravillosos", manifestó Keiko Fujimori a Mahuad.

En ese momento, Mahuad se levantó de su silla para saludar y agradecer los aplausos de los participantes de la reunión. "Es un gusto tenerlo nuevamente en el Perú", le dijo Fujimori.

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Y siguió: "Al presidente Mahuad, él me decía: 'Keiko, nos conocemos desde hace tantos años; dime Jamil'. Y como yo fui formada por la Cancillería, le respondía: 'No, presidente. Siempre le voy a decir presidente Mahuad hasta el día en que yo me convierta en presidenta'. Mañana le diré: 'Bienvenido, Jamil'".

Keiko Fujimori también agradeció al expresidente de Chile, Eduardo Frei

Uno de los invitados al evento fue el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien gobernó el país sudamericano entre 1994 y 2000.

Keiko Fujimori lo describió como "un gran amigo del Perú" y como un político de "gran trayectoria".

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"Él también jugó un rol fundamental en lo que fue la firma de la paz entre Perú y Ecuador", señaló la mandataria.

Lo que debes saber

• Asamblea suspendió el debate el 29 de julio por desacuerdos sobre familia y reproducción asistida.
• ADN, RC y PSC discrepan en Quito sobre acceso y financiamiento de tratamientos.
• La ley busca regular fecundación in vitro, pero faltan consensos para su aprobación.

El proyecto de Ley Orgánica que Regula las Técnicas y Procedimientos de Reproducción Humana Asistida no logró avanzar en su segundo debate dentro de la Asamblea Nacional. 

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Tras más de una hora de intervenciones y posiciones encontradas entre legisladores de distintas bancadas, la Presidencia encargada del Legislativo decidió suspender la discusión para profundizar el análisis de varios puntos que continúan generando controversia.

La iniciativa busca establecer por primera vez un marco jurídico integral para regular procedimientos como la inseminación artificial y la fecundación in vitro en Ecuador, además de definir derechos y obligaciones para pacientes, donantes, centros especializados y niños concebidos mediante estas técnicas. 

El proyecto surge a partir de un mandato de la Corte Constitucional, derivado del caso Satya, que ordenó al Estado desarrollar una normativa específica en esta materia.

Esteban Torres suspendió el debate ante la falta de consensos

La suspensión de la sesión fue anunciada por el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres (ADN), quien argumentó que el tema requiere una discusión más amplia debido a las diferencias expresadas por legisladores de varias bancadas políticas. 

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Según señaló, durante el debate se evidenciaron observaciones y objeciones de conciencia en torno a aspectos considerados sensibles dentro de la propuesta legal.

La decisión implica que el proyecto deberá volver a discutirse en una futura sesión antes de que pueda continuar su trámite legislativo.

El acceso a los tratamientos divide a las bancadas

Uno de los principales puntos de discusión fue el acceso a los tratamientos de reproducción asistida y el rol que debería asumir el Estado.

Durante el debate, legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) manifestaron preocupaciones respecto a que la propuesta no contemple de manera expresa la prestación de estos servicios dentro del sistema público de salud. A criterio de este sector, la regulación podría beneficiar principalmente a quienes tienen capacidad económica para acceder a clínicas privadas.

El debate giró alrededor de una interrogante central: si la ley debe enfocarse únicamente en regular los procedimientos médicos y la seguridad jurídica de los involucrados o si también debe establecer mecanismos para garantizar un acceso más amplio a estos tratamientos.

La definición de familia generó otro foco de confrontación

Las diferencias también surgieron en torno a disposiciones que reconocen a la familia en sus diversas formas de constitución.

Según lo discutido en el Pleno, los artículos relacionados con las personas solicitantes de los tratamientos incluyen referencias al acceso de distintos tipos de familias a las técnicas de reproducción asistida. 

Ese planteamiento fue cuestionado por representantes del Partido Social Cristiano (PSC), quienes expresaron reparos sobre el alcance de esas disposiciones y su relación con el concepto tradicional de familia.

Este tema se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas presentes en el debate.

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Juan José Reyes defendió el proyecto elaborado por la Comisión de Salud

El informe para segundo debate fue presentado por Juan José Reyes (ADN), presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

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Durante su intervención, Reyes recordó que la propuesta responde a una disposición de la Corte Constitucional y destacó que la normativa busca garantizar los derechos de las personas que recurran a estos tratamientos, así como de los niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida. 

Además, señaló que el texto incorpora mecanismos para evitar vacíos legales en materia de filiación y reconocimiento de derechos.

El legislador también explicó que el proyecto incluye restricciones para evitar el denominado "turismo reproductivo", limitando el acceso a determinados procedimientos a personas con residencia establecida en

Bioética, embriones y donación de gametos también estuvieron bajo análisis

La propuesta contiene una serie de disposiciones relacionadas con principios bioéticos y el manejo de material genético. Entre ellas constan:

Asimismo, el proyecto contempla la creación de mecanismos de control para los centros autorizados a realizar estos procedimientos y establece requisitos médicos y psicológicos para quienes deseen donar óvulos o espermatozoides.

Durante el proceso legislativo, especialistas también plantearon observaciones relacionadas con aspectos científicos, médicos y legales de estas técnicas, lo que ha contribuido a mantener abierto el debate sobre el alcance de la regulación.

La propuesta prohíbe la gestación por sustitución

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la prohibición de la gestación por sustitución o vientre subrogado. La iniciativa también restringe la reproducción post mortem, la clonación con fines reproductivos y cualquier forma de comercialización de material genético humano. 

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Estas disposiciones fueron incorporadas como parte de las garantías y límites previstos en la futura normativa.

El texto que llegó al Pleno es resultado de la unificación de tres propuestas legislativas distintas: una presentada por el defensor del Pueblo, César Córdova; otra impulsada por la legisladora de ADN, Fabiola Sanmartín; y una tercera promovida por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Ana Herrera.

La Comisión de Salud consolidó esas iniciativas en un informe de 78 artículos que ahora deberá volver a discutirse en la Asamblea.

La Presidencia de Ecuador destacó que este tratado “fortalecerá la cooperación judicial y permitirá combatir la impunidad”. Peña, por su parte, subrayó: “Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados”.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad marcada por la guerra entre organizaciones criminales que disputan rutas del narcotráfico, además de delitos como minería ilegal, secuestro y extorsión. En 2025, el país registró 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un homicidio cada hora, según datos de Insight Crime.

Cooperación regional y nuevos liderazgos

Durante la reunión, Noboa y Peña resaltaron la oportunidad de fortalecer la cooperación latinoamericana bajo una “nueva generación de mandatarios” que asumen la responsabilidad de trabajar juntos. Noboa afirmó: “Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse para ofrecer progreso, seguridad, paz y justicia a nuestros pueblos”.

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Además del pacto de extradición, se firmaron acuerdos en materia de seguridad ciudadana, defensa, cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público. Peña explicó que las delegaciones abordaron una agenda regional que incluye la coordinación de esfuerzos contra las bandas criminales.

Un vínculo que busca ampliarse

La visita de Peña ocurre semanas después del encuentro que mantuvo con Noboa en Paraguay durante la Cumbre del Mercosur, donde ambos gobiernos abordaron temas de integración, cooperación y seguridad.

Además, en abril de este año, durante la visita a Quito del canciller paraguayo Rubén Ramírez, Ecuador planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y planteó a Paraguay analizar la catalogación de organizaciones criminales ecuatorianas como grupos terroristas.

Lo que debes saber:

• Israel Celi alerta, a propósito de Congreso de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas, sobre presión política en la justicia en Ecuador.
• 18% confía en el sistema judicial en Ecuador, advierte Israel Celi por falta de independencia.
• Caso Aquiles Álvarez refleja uso de justicia contra rivales políticos, dice Israel Celi.

Desde el miércoles 29 y hasta el 30 de julio del 2026 se desarrolla el I Congreso de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas, titulado Independencia Judicial y Constitucionalismo en América Latina. En la primera jornada se abordaron temas como el autoritarismo, los desafíos emergentes a la independencia judicial en Ecuador desde una perspectiva de derechos humanos y el contexto de la crisis democrática.

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Para la segunda jornada estaba previsto el análisis del nuevo constitucionalismo latinoamericano, con énfasis en sus avances y retrocesos. El presidente del gremio, Israel Celi, lidera el encuentro.

- ¿Qué tan pertinente es hablar de independencia judicial en Ecuador y la región en este momento?

- Es pertinente. Varios países de América Latina atraviesan crisis profundas en materia de independencia judicial; uno de los casos más llamativos es Ecuador, que en los últimos años ha descendido en los rankings sobre esta materia.

- ¿A qué se debe?

- Existen varios factores que inciden en eso. Entre los más relevantes destacan el impacto del crimen organizado, la presión del poder político sobre jueces y un tercer elemento: el debilitamiento institucional del sistema judicial.

- ¿Cómo va la región y Ecuador?

- Podríamos mencionar países claramente autoritarios como El Salvador, Nicaragua o Venezuela. Pero el caso ecuatoriano también es grave, por lo que hemos descendido en los últimos informes del World Justice Project.

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- ¿Qué tan grave es que el ciudadano no crea en la justicia porque espera años para que avance una demanda, mientras casos políticos se mueven en días?

- Es gravísimo porque el ejercicio de la ciudadanía en un Estado depende en gran medida del acceso a la justicia. Si la mayoría o quienes están vinculados a ámbitos políticos y de libertad de expresión no tiene certeza de que sus derechos serán protegidos, eso erosiona ese funcionamiento. 

Apenas el 18 % de la población confía en el sistema de justicia; no existe confianza, se produce anomia social, falta de participación política.

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- En ese marco, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil?

- En la práctica, hay organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa que promueven la participación para demandar políticas públicas y expresar desacuerdos, como en cualquier país civilizado. 

Pero si las organizaciones temen que se suspendan fondos de sus cuentas y los medios, la posibilidad de seguir publicando, y los ciudadanos temen que un hábeas corpus no tenga una solución justa, el miedo es paralizante.

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- ¿Ustedes, los abogados, están identificando miedo en el ciudadano?

- Ese miedo restringe la participación y la protesta. Hay un fuerte vínculo entre independencia judicial y participación ciudadana: si no participan es porque saben que, en un conflicto, va a perder el ciudadano, que no tiene garantías de salir libre, de que no se suspendan sus fondos o cuentas y de no ser perseguido a través del Estado, no solo en lo administrativo, sino también en el sistema de justicia.

- ¿Al tener al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, preso en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, envía un mensaje?

- Por supuesto. El hecho de que se utilice el sistema de justicia para perseguir a rivales políticos, de una forma inconstitucional e ilegal más allá de toda duda razonable, genera más dudas. 

En el caso de Álvarez, el mero hecho de que esté privado de libertad, en un centro de reclusión para criminales graves, sin fórmula de juicio, da cuenta de persecución política. Y no es solo este caso; vemos, por ejemplo, que se utiliza la justicia electoral para eliminar prácticamente a opositores, y desde una perspectiva jurídica se recurre a argumentos espurios y sanciones desproporcionadas.

Un problema serio con el presidencialismo es que depende de su alianza con las FF.AA., garantes de la democracia.Israel Celi/ Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas.

- ¿Cómo ve la posición de la Corte Constitucional?

- No es un total contrapeso. Me parece que el Ejecutivo a través de hostigamiento ha logrado debilitar su independencia, no se pronuncia sobre el Cootad, el adelanto de elecciones.

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¿Quién es Israel Celi?

Abogado por la Universidad Técnica Participar de Loja (UTPL). Maestría en Derecho Constitucional, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Profesor a tiempo completo de la UTPL. Director de su maestría en Derecho Constitucional. Doctorando en Ciencia Política en la Universidad de Río Grande en Brasil.

Sobre el Congreso

La Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas desarrolla su Congreso para hablar en torno a la independencia judicial. Participaron, entre otros, Ramiro Ávila, María Dolores Miño, Emma Tapia, Agustín Grijalva. Israel Celi remarca que el ejercicio de ciudadanía en un Estado depende en gran medida del acceso a la justicia.

Política

La podadora electoral: así se fue despejando el camino de ADN hacia Guayaquil

Jonathan Palma

Reconfiguración de las fuerzas seccionales en Manabí

La retirada desarticula la coalición preliminar que sostenía la precandidatura de la autoridad municipal, la cual estaba integrada por las agrupaciones Avanza, Centro Democrático, Somos Manabí y Movimiento Machete. Rodríguez justificó que el cambio de postura responde a diálogos mantenidos con el presidente de la República, Daniel Noboa, bajo el argumento de consolidar una agenda de unidad en la jurisdicción provincial.

Con esta decisión, Rodríguez confirmó que se mantendrá al frente del Municipio de Chone hasta mayo de 2027, fecha en la que fenece su periodo legal. El funcionario argumentó que su permanencia garantizará la entrega de obras de infraestructura y proyectos planificados para el cantón.

Este movimiento preelectoral reconfigura el tablero en Manabí, otorgándole a la agrupación de Daniel Noboae l apoyo de una autoridad en funciones para impulsar la figura de Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam). La consolidación de esta alianza evidencia la estrategia del Ejecutivo para captar espacios de poder seccional en zonas de alta densidad electoral. Como lo hizo en Guayaquil con Cynthia Viteri.

Si sus declaraciones ya tenían el peso suficiente para viralizarse por su contenido, con el operativo de los asambleístas su alcance fue muchísimo mayor. ¿Y el resultado? Hurtado marcó la agenda mediática y los legisladores, a lo mucho, demostraron lealtad a su jefe. Sin embargo, quedaron ante la opinión pública como pasabolas hablando mal de Messi.

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"Es una pena, una lástima": expresidente Osvaldo Hurtado sobre Daniel Noboa

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Un ataque coordinado con argumentos correístas

Evidentemente, una de las cosas que más perjudicaron la iniciativa fue que se notaba a leguas que había sido coordinada y respondía a un guion común. Es decir, no era espontánea. Además, el guion no pudo ser más torpe: la línea argumental predominante en los mensajes era profundamente correísta. ¿Con qué legitimidad habla en contra del presidente alguien que nunca ha ganado elecciones? Ese argumento apareció en una gran cantidad de los mensajes que once asambleístas publicaron en la plataforma X y reproduce casi a la perfección el razonamiento al que el correísmo y el propio Rafael Correa recurrían para deslegitimar a sus críticos.

En esa línea destacó, quizá como ninguno, el mensaje de Adrián Castro, que además contenía un error histórico de proporciones épicas. “Que una persona que nunca fue elegida por el pueblo y que llegó a ser presidente por un lamentable ‘accidente’ aéreo hable sobre democracia, es como que un extranjero venga a hablarnos de encebollado”, escribió.

Castro no solo reprodujo el mismo argumento que utilizaba el correísmo para desacreditar a sus críticos, sino que además desconoció, de forma olímpica, la historia. Hurtado fue elegido vicepresidente de la República en binomio con Jaime Roldós y asumió la Presidencia tras la muerte de este. Es decir, sí ganó una elección. Y no fue la única: en 1997 fue elegido asambleísta para la Asamblea Constituyente de Sangolquí con la votación más alta de todos los candidatos.

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La dura respuesta de Andrés Guschmer a las críticas del expresidente Osvaldo Hurtado

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Otra falacia fue afirmar que Hurtado acusa a Noboa de autoritario, pero que nunca hizo lo mismo con Correa. La realidad es exactamente al contrario: Hurtado fue, desde el comienzo del correato, uno de los críticos más consistentes de ese gobierno.

En realidad, quienes utilizaron ese argumento son precisamente quienes menos antecedentes tienen de haber sido anticorreístas. Y su mayor incoherencia consiste en olvidar que el propio Daniel Noboa, a quien dicen defender, jamás se distinguió por hacer oposición a Correa. Es más, cuando era asambleísta mantenía una excelente relación con varios legisladores correístas, al punto de que invitó a algunos de ellos a un viaje a Rusia para promocionar las exportaciones de banano ecuatoriano. Ahora los asambleístas oficialistas parecen olvidar que Daniel Noboa nunca fue una figura identificada por su militancia anticorreísta.

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Revocatoria de Daniel Noboa: ¿Por qué el CNE rechazó el segundo pedido y qué opciones quedan?

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El operativo que terminó fortaleciendo a Hurtado

Quizá el argumento más llamativo de todo el operativo fue sostener que Hurtado abusa del derecho a la libertad de expresión. En esa línea, el mensaje de Andrés Guschmer resulta especialmente revelador. “Sin duda puede discrepar con el Gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma. Doctor Hurtado, recuerde que en una sociedad la democracia debe venir junto a la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice”, publicó.

En ese texto hay, por lo menos, dos aspectos insólitos. El primero es el desconocimiento absoluto de lo que significa la libertad de opinión y cuáles son sus límites jurídicos. El segundo es que el mensaje puede interpretarse como una advertencia velada sobre una eventual demanda por injurias: “esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice”.

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Hay un elemento adicional que explica por qué la iniciativa terminó siendo tan contraproducente para el Gobierno. Hurtado no es un correísta al que resulte sencillo descalificar cuando habla de autoritarismo, ni pertenece al grupo de políticos con antecedentes oscuros que el oficialismo suele exhibir cuando quiere desacreditar a un crítico. Se trata de un expresidente con una sólida trayectoria intelectual, reconocido como uno de los principales representantes del liberalismo democrático en América Latina.

El operativo de los asambleístas tuvo, entonces, un altísimo costo comunicacional. Contribuyó a convertir las declaraciones de Hurtado en un tema de enorme relevancia pública y dio la impresión de que el Gobierno les atribuyó la suficiente importancia como para movilizar una defensa política coordinada. Paradójicamente, terminó fortaleciendo la visibilidad de la crítica que pretendía neutralizar. A veces el mejor favor que un gobierno puede hacerle a un crítico es convertirlo en enemigo oficial. Eso fue exactamente lo que hicieron con Osvaldo Hurtado.

Lo que debes saber

• Manta Más Justa proyectó cortometrajes el 28 de julio en la Sala MAC de Manta
  
• Las piezas mostraron barreras de acceso al mar, transporte, barrios y ambiente
  
• El cine abrió un debate para convertir el diagnóstico en una agenda para Manta

Manta Más Justa presentó cortometrajes sobre acceso al mar, transporte, barrios y ambiente el 28 de julio en la Sala MAC. Las producciones usaron el cine para abrir un debate sobre desigualdad y derecho a la ciudad.

Entretenimiento

Adrienne Bailon en The Cheetah Girls Next Gen de Disney: la actriz manabita regresa como Chanel

Alejandro Puga

Los cortometrajes fueron el centro del encuentro Cortometrajes sobre una ciudad no tan justa, organizado bajo la consigna #EstoNoEsJusto. La jornada reunió a habitantes, representantes de barrios, jóvenes y organizaciones en Manta.

La plataforma Manta Más Justa recurrió a la realización y proyección de cortos para mostrar situaciones que forman parte de la vida en la ciudad. Cada historia convirtió un problema en imágenes, testimonios y preguntas para el público.

El formato permitió que los asistentes reconocieran experiencias de su entorno y participaran en los conversatorios. De esta manera, el cine funcionó como punto de encuentro entre arte, comunidad y debate.

¿Qué mostraron los cortometrajes de Manta Más Justa?

Uno de los temas fue el acceso al mar. Los cortos abordaron cómo los proyectos de vivienda y turismo en El Murciélago y Barbasquillo han creado barreras entre la población y el paisaje.

La movilidad también llegó a la pantalla. Las producciones mostraron el tiempo que las familias de La Pradera y otros barrios del norte destinan para llegar a universidades y lugares de trabajo mediante el transporte público.

Otro eje fue la distribución de la inversión en Manta. Los cortometrajes expusieron la falta de parques, centros y espacios de encuentro en barrios donde viven trabajadores y familias.

El ambiente completó la propuesta. Las historias abordaron la contaminación, la pérdida de corredores para la fauna y la protección de lugares como la Casa de la Zarigüeya.

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El cine como herramienta para la comunidad

La realización de estos cortometrajes permitió reunir varios problemas de Manta en una narración que puede circular fuera del encuentro. Las piezas también dejaron un registro para futuras conversaciones sobre planificación, movilidad, ambiente y acceso a los espacios de la ciudad.

“Manta no será verdaderamente justa cuando construya más edificios de lujo, sino cuando garantice que el mar vuelva a ser un bien común, que los barrios trabajadores tengan transporte digno y parques vivos, y que la naturaleza no sea desplazada por el cemento. Hoy mostramos nuestra indignación; hoy dejamos claro que esto no es justo”, señalaron los voceros de Manta Más Justa.

El encuentro cerró una fase de diagnóstico impulsada por la plataforma. El siguiente paso será construir una agenda con participación de los barrios y organizaciones de Manta.

Con esta iniciativa, los cortometrajes no quedaron limitados a la exhibición. También se convirtieron en una herramienta para documentar demandas, generar conversación y promover la participación en las decisiones sobre la ciudad.

Lo que debes saber

• Los influencers ya forman parte de las papeletas.
• La estrategia no es nueva.
• Expertos analizan sus ventajas y riesgos.

Las campañas electorales ya no solo se disputan en las plazas, los recorridos o los debates, sino también entre videos virales, transmisiones en vivo y millones de reproducciones. En las elecciones seccionales de 2026, varios partidos ecuatorianos decidieron convertir esa influencia digital en capital político al incorporar creadores de contenido en sus listas.

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Del estudio de televisión a TikTok

Entre esos nombres figuran la influencer Samia Álava, candidata a la Viceprefectura del Guayas por Acción Democrática Nacional (ADN); el tiktoker Telmo Punina, quien buscará la Prefectura de Tungurahua por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID); y la creadora de contenido Danielita Sumak, conocida también por haber tenido una cuenta en OnlyFans, quien aspira a integrar el Concejo Municipal de Pujilí. Sus postulaciones reflejan una apuesta de las organizaciones políticas por trasladar la popularidad en redes sociales hacia las urnas.

Los especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que esta estrategia está lejos de ser novedosa. El politólogo y docente de la Universidad de Guayaquil, Santiago González, sostiene que se trata de una adaptación de una práctica histórica, pues antes los partidos recurrían a presentadores de televisión, artistas o figuras radiales que concentraban la atención del público y hoy ese papel lo cumplen los influencers en plataformas digitales.

El analista político Andrés Obando comparte esa lectura y recuerda que las organizaciones políticas llevan décadas buscando personas ampliamente reconocidas para integrarlas a sus listas. A su criterio, el objetivo siempre ha sido aprovechar la confianza y el reconocimiento de esas figuras para fortalecer la marca del partido y facilitar el respaldo electoral.

La diferencia, según González, es que ahora las redes permiten medir con precisión el alcance de esos perfiles y dirigir los mensajes hacia segmentos específicos del electorado. Además, señala que TikTok se ha convertido en la plataforma con mayor consumo en Ecuador, lo que explica el creciente interés de los estrategas por captar el voto joven a través de creadores de contenido.

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La popularidad como estrategia electoral

Por su parte, Andrea Endara, politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, explica que el principal valor de un influencer es el nivel de conocimiento que tiene entre la ciudadanía. A su juicio, esa visibilidad funciona como una fuerza de arrastre para candidatos menos conocidos dentro de una misma lista, replicando el papel que antes desempeñaban cantantes, deportistas o presentadores de televisión.

González sostiene que esa lógica responde a una visión del marketing político, en la que el candidato pasa a convertirse en un "producto" que debe posicionarse entre los electores. Añade que, por esa razón, los influencers suelen ubicarse en el segundo o tercer casillero de las listas para atraer votos hacia toda la organización política, aprovechando el reconocimiento que ya tienen y el sistema de listas cerradas, una decisión que responde a cálculos estratégicos de cada equipo de campaña y que también contribuye a fortalecer la candidatura principal del movimiento, como la Alcaldía o la Prefectura.

Para Alfredo Espinosa, experto electoral y académico, el fenómeno responde también a una transformación de la comunicación política. El analista afirma que gran parte de la propaganda ya circula por redes sociales y que Instagram y TikTok se han convertido en espacios donde los partidos intentan conectar con los votantes mediante formatos breves, emocionales y altamente visuales.

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¿Seguidores equivalen a votos?

Los expertos sostienen que incorporar influencers también representa una ventaja en términos de campaña porque esas figuras llegan con una comunidad previamente consolidada. Obando advierte, sin embargo, que tener cientos de miles de seguidores no garantiza obtener votos, ya que la popularidad digital no siempre se traduce en respaldo en las urnas.

Las advertencias aparecen cuando la notoriedad pesa más que la preparación para ejercer un cargo público. Obando considera que muchos creadores de contenido no necesariamente poseen experiencia para la gestión pública y que una mala administración puede afectar tanto su credibilidad como la reputación de la organización política que los postuló.

Espinosa añade que existe el riesgo de banalizar la política si las candidaturas privilegian la fama sobre las propuestas y el debate de los problemas ciudadanos. González, por su parte, recuerda que la exposición en redes puede abrir la puerta de una campaña, pero no reemplaza la capacidad para gobernar, por lo que el verdadero examen de estos candidatos comenzará cuando las reproducciones den paso a la gestión pública.

Por otro lado, Endara sostiene que, en el caso de los concejales, los influencers terminarían respondiendo a la línea del partido y tendrían un margen limitado para impulsar una agenda propia. Es por esto porque Espinosa advierte que su incorporación desplaza a militantes y cuadros políticos con trayectoria, sin aportar necesariamente al debate programático ni a la construcción de una agenda para la organización.

Lo que debes saber

• Varias cuentas de la red social X han difundido fotografías de una supuesta reunión entre Inés Maritza Romero, aspirante a fiscal general del Estado, y David Rosero, vocal del CPCCS.
• Actualmente el proceso de selección del nuevo fiscal general atraviesa la fase de impugnación ciudadana.
• Romero indicó a EXPRESO que no ha mantenido reunión alguna "con ninguno de los consejeros en el marco del presente proceso de selección" del nuevo fiscal general del Estado.

En los últimos días, varias cuentas de la red social X han difundido fotografías de una supuesta reunión entre Inés Maritza Romero, aspirante a fiscal general del Estado, y David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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El hecho surge en momentos en que el proceso de selección del nuevo fiscal general atraviesa la fase de impugnación ciudadana.

Este miércoles 29 de julio, Romero indicó a EXPRESO que no ha mantenido reunión alguna "con ninguno de los consejeros en el marco del presente proceso de selección" del nuevo fiscal general del Estado.

"Nos encontramos en la etapa de impugnación del proceso de selección. El reglamento establece el procedimiento para que cualquier observación o cuestionamiento respecto de los postulantes sea presentado, sustanciado y resuelto por los canales institucionales, con respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa", expresó Romero a este Diario.

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La postulante señaló además que "no corresponde trasladar al debate en redes sociales o en los medios de comunicación aspectos que, de ser planteados dentro del proceso, deberán ser conocidos y resueltos por las instancias competentes".

Romero señala que cualquier documento en impugnación debe ser valorado "dentro del proceso"

No obstante, Romero indicó que cualquier documento, fotografía o video que sea utilizado como sustento para una impugnación deberá ser valorado "dentro del proceso correspondiente, previa verificación de su autenticidad, origen, fecha, contexto, integridad y licitud de obtención".

Señaló que, antes de sacar conclusiones a partir de cualquier material, es indispensable su verificación, especialmente ahora, con el auge de las herramientas de edición digital y de inteligencia artificial.

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Romero puntualizó que, como postulante, respetará el procedimiento establecido en el reglamento del proceso de selección.

En caso de que se admita una impugnación en su contra, dijo que ejercerá su derecho a la defensa en las audiencias públicas y en las demás instancias previstas en el proceso.

Los puntos claves

• Andrés Guschmer calificó de "graves" e "infundadas" las acusaciones de Osvaldo Hurtado contra el presidente Daniel Noboa.
• El asambleísta de ADN y precandidato a la prefectura del Guayas sostuvo que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad.
• La respuesta surge tras la entrevista en la que Hurtado comparó a Daniel Noboa con Rafael Correa.
• Las declaraciones reavivan el debate político sobre la situación democrática e institucional del Ecuador.

Las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado contra el presidente Daniel Noboa siguen generando reacciones en el ámbito político. Esta vez fue el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) y precandidato a la Prefectura del Guayas, Andrés Guschmer, quien salió en defensa del mandatario y cuestionó los señalamientos realizados por el exjefe de Estado.

A través de un pronunciamiento público, Guschmer aseguró que le sorprendieron las afirmaciones de Hurtado y lamentó que un expresidente, con su trayectoria política, emita acusaciones que, a su criterio, carecen de sustento.

"Escuché al expresidente Osvaldo Hurtado y siendo sincero me he quedado sorprendido como con su experiencia ha lanzado, sin prueba alguna, acusaciones y descalificaciones tan graves hacia el Presidente Daniel Noboa. Sin duda puede discrepar con el Gobierno y señalar sus puntos, pero nunca aprovechar su papel de expresidente para hacerlo de esa forma. Doctor Hurtado, recuerde que en una sociedad la democracia debe venir junto a la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión debe venir junto a la responsabilidad de lo que se dice", manifestó.

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La respuesta llega tras las críticas de Hurtado a Noboa

El pronunciamiento de Guschmer se produce luego de la entrevista que Osvaldo Hurtado concedió el domingo 27 de julio a Teleamazonas, en la que comparó al presidente Daniel Noboa con el expresidente Rafael Correa y sostuvo que el actual Gobierno estaría concentrando el poder.

Durante esa conversación, Hurtado afirmó que Noboa "es un segundo Correa" y señaló que fue elegido para representar una alternativa al correísmo, pero que, según su criterio, ha terminado reproduciendo prácticas similares.

Además, cuestionó el funcionamiento de las instituciones del Estado, sostuvo que se ha debilitado la separación de poderes y aseguró que varias funciones públicas actuarían bajo la influencia del Ejecutivo.

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Hurtado habló de un "criptodictador"

El expresidente fue más allá al calificar a Noboa como un mandatario que estaría encaminándose hacia un modelo autoritario.

"¿Cómo es que se llama a un presidente que no respeta la división del poder, la independencia de la justicia, las elecciones libres y las libertades públicas? (...) Un criptodictador, un autoritario, un autócrata camino de convertirse en un dictador", expresó durante la entrevista.

Asimismo, cuestionó la exclusión de organizaciones políticas y de algunos candidatos para las próximas elecciones, y aseguró que existe un ambiente de temor entre dirigentes políticos para expresar críticas al Gobierno.

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Guschmer defiende al Gobierno

Frente a esas declaraciones, Andrés Guschmer, precandidato a la prefectura del Guayas, defendió la gestión del presidente Daniel Noboa y sostuvo que la crítica política es legítima, pero debe ejercerse con responsabilidad.

El legislador insistió en que la libertad de expresión constituye uno de los pilares de la democracia, aunque señaló que esta también implica responder por las afirmaciones que se realizan, especialmente cuando provienen de figuras con la trayectoria de un expresidente de la República.

Las claves que debes saber

• Keiko Fujimori asume la Presidencia de Perú y abre una nueva etapa con Ecuador en seguridad y comercio.
• Fujimori y Daniel Noboa impulsarían cooperación fronteriza para frenar crimen organizado y tráfico de armas.
• La investidura reunió a 8 presidentes y fortalece opciones de integración regional y Alianza del Pacífico.

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú marca el inicio de una nueva etapa política para el vecino del sur y plantea expectativas sobre el rumbo que tomarán las relaciones con Ecuador durante los próximos años. Su triunfo es interpretado por analistas como una oportunidad para devolver estabilidad a un país que en los últimos años ha sufrido una profunda crisis institucional caracterizada por constantes cambios de gobierno.

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Con respaldo parlamentario y una economía que mantiene perspectivas de crecimiento cercanas al 3,5%, Fujimori enfrenta el desafío de conservar la estabilidad económica mientras responde a las demandas de seguridad y gobernabilidad. 

En el plano internacional, su cercanía ideológica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anticipa una etapa de mayor entendimiento político y coordinación entre ambos gobiernos, que, a criterio de los especialistas, podría fortalecer la relación bilateral principalmente en tres áreas estratégicas: seguridad, comercio e integración regional.

Seguridad, prioridad

La lucha contra la delincuencia organizada aparece como uno de los principales puntos de coincidencia entre ambos mandatarios. Tanto Noboa como Fujimori han colocado el combate a la inseguridad entre los ejes centrales de sus propuestas políticas, lo que abre la posibilidad de impulsar mecanismos de cooperación más estrechos en la frontera común.

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Las autoridades ecuatorianas han señalado reiteradamente que por territorio peruano ingresan armas utilizadas por grupos criminales que operan en Ecuador, una problemática que podría convertirse en uno de los primeros temas de diálogo entre los dos gobiernos.

“Son las mismas quejas y una fluida relación, con el nombramiento de un nuevo embajador en Ecuador, permitirá que ese apoyo se articule para enfrentar enemigos comunes a nivel de la delincuencia organizada. En las fronteras pueden generarse base de datos de los movimientos en esas zonas, renovarse tratados de extradición o una ayuda permanente”, dice Carlos Estarellas, internacionalista.

Desde Perú también se ve con interés la posibilidad de una agenda conjunta en materia de seguridad. Para el analista político peruano Alan Salinas, la problemática trasciende las fronteras nacionales y demanda respuestas coordinadas.

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“El tema de la inseguridad ciudadana no es solo una preocupación del Perú, sino de lo presidentes de Latinoamérica. En ese sentido, a lo mejor la presidenta le expresó esa preocupación a Noboa en las reuniones que mantuvo en la Cancillería peruana y verán qué hacer porque tanto Perú como Ecuador sufrimos de esta situación que influye negativamente en la sociedad. 

Algo podría salir de ese encuentro, seguramente se lograrán aplicar políticas que son complementarias y que podrían ayudar a reducir la inseguridad a nivel interno y externo, respectivamente”, sostiene Salinas.

El decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, Santiago Carranco, coincide. El catedrático cree que “habrá que ver qué tan fuerte es esa mano dura de Fujimori y cómo podrá conectarse con las preocupaciones de Noboa, quien ha dicho que pedirá mayor control en la frontera y operaciones conjuntas, pero eso tendrá que ser evaluado por la nueva presidenta”, indica.

Comercio e integración

Aparte de la seguridad, los expertos consideran que el nuevo escenario político podría traducirse en una mayor profundización de los vínculos económicos. Según Carranco, los países atraviesan un momento positivo en materia comercial, especialmente en áreas como la minería y otros sectores productivos. 

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Considera además que, si en el futuro se impulsan nuevas negociaciones de libre comercio, podrían explorar posiciones conjuntas para obtener mayores beneficios dentro de los mercados internacionales.

Energía en la agenda

Otro tema que Ecuador podría aprovechar con el inicio del nuevo gobierno peruano es plantear temas estratégicos más allá de la seguridad y el comercio.

Uno de ellos sería la cooperación energética, un asunto especialmente relevante para Ecuador debido a los problemas de abastecimiento que ha enfrentado en los últimos años. 

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Carranco sostiene que una mayor coordinación regional promovería espacios de cooperación y financiamiento internacional para proyectos de infraestructura energética en Perú. En ese caso, “la Unión Europea podría ser un tercer actor clave para la cooperación y generar esas líneas de transmisión”, opina.

Nueva configuración

La presencia de ocho presidentes latinoamericanos en la investidura de Fujimori también ha sido interpretada como una señal política relevante. A la ceremonia asistieron los mandatarios de Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá y Honduras.

Para Carranco, este nivel de convocatoria refleja una nueva dinámica regional y evidencia el surgimiento de una corriente política más cercana a posiciones conservadoras y promercado.

“En la Cumbre de 2024 Noboa estaba básicamente solo, pero ahora es interesante y vemos que sí se está armando una coalición pro Estados Unidos, pro derecha, pro conservadurismo y lo vemos como algo simbólico en el acompañamiento de los líderes a Fujimori”, señala.

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Según Salinas, este acercamiento podría tener efectos en los procesos de integración económica regional y beneficiar directamente a Ecuador.

Esa coalición “es importante y podría refrescar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico que representa a la quinta economía del mundo, conformada por Chile, Colombia, Perú y México. 

Se ha reconfigurado el escenario político en esos países, salvo en México. Puede ayudar a que este bloque retome una serie de políticas arancelarias que podrían contribuir a esta zona de Latinoamérica. Ecuador es observador, pero podría tomar un protagonismo. Las relaciones económicas mejoran cuando funcionan como bloques y ahora Ecuador podría ser parte de esta alianza”, concluye.

Lo que debes saber

• La Alianza por los Derechos Humanos habla de una "autocratización" en Ecuador.
• Advierte que la suspensión de movimientos políticos afecta la democracia.
• Pide a organismos internacionales vigilar el proceso electoral.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó la semana pasada sobre un supuesto proceso de “autocratización” en Ecuador, tras la suspensión de movimientos políticos de oposición. En entrevista con EXPRESO, su coordinadora, Vivian Idrovo, explica por qué considera que el país atraviesa un acelerado deterioro democrático.

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- ¿Cuáles son los indicios que les hacen pensar que Ecuador podría pasar de una democracia electoral a una autocracia electoral?

- Lo que ha pasado en Ecuador no son hechos aislados. Los acontecimientos son de conocimiento público, como la exclusión de los principales actores de oposición en los comicios, que han sido adelantados sin, a nuestro juicio, razones que lo justifiquen. Entonces, tomar decisiones que eliminan de las posibilidades de ser elegidos al principal partido de oposición (Revolución Ciudadana) y a otros movimientos (Construye y Amigo), consolida ese proceso acelerado de deterioro democrático.

- ¿Qué mecanismos legales cree que debieron aplicarse antes de adoptar una medida de suspensión a un movimiento político?

- El tema es cuándo se hace esta suspensión: antes de las elecciones. Pero además, ¿qué tipo de fundamentos existen? Es una aplicación mecánica de una norma. Un órgano del Estado pide la suspensión y el tribunal, sin hacer ningún tipo de análisis de cómo se garantiza el debido proceso, lo ejecuta. Lo que deviene en que el fiscal general tiene la atribución para suspender partidos políticos cuando a bien lo tenga en gana, sin ningún tipo de contrapeso.

- ¿Cuál es el principal riesgo para una democracia cuando una parte importante de la oposición queda fuera de una contienda electoral?

- El tema es que no hay democracia. Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado no solamente en Ecuador; se denunció en los países donde efectivamente no hay posibilidad de elecciones libres.

Ojalá la OEA, la CIDH y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre lo que pasa en Ecuador.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Ve similitudes entre lo que ocurre en Ecuador y procesos vividos en otros países de la región?

- Ustedes ven lo que pasa en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que él ya no va a permitir más elecciones. Pero Ecuador, en términos de leyes que restringen a la sociedad civil, se parece a Venezuela, se parece a El Salvador, se parece a Nicaragua. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a tener democracia.

- ¿Qué impacto tiene una eventual autocracia electoral sobre la libertad de expresión y la protesta social?

- Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado con el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo. Están las denuncias de Fundamedios, de Periodistas Sin Cadenas. También está ese proceso de cooptar y comprar medios de comunicación que en su momento fueron críticos e independientes. Vemos el hostigamiento que, por ejemplo, ha denunciado el periodista Hernán Higuera, sobre sus investigaciones en relación con la corrupción. O el asesinato de la activista anticorrupción (Monika Silva). También están los elementos de persecución a las organizaciones de la sociedad civil y a los disidentes; el bloqueo de cuentas como una herramienta de asfixia económica.

Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado en Ecuador y otros países.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Qué es lo que se viene?

- A mi juicio, se viene un escenario muy peligroso. Poco a poco nos convertimos en estos países en los que teníamos miedo de convertirnos: Nicaragua, Venezuela, El Salvador.

- ¿En qué momento cree que se cruzaría un punto de no retorno para la democracia ecuatoriana?

- Yo creo que ya estamos cruzando el punto de no retorno. Creo que las elecciones de noviembre sí son una línea roja.

- ¿Qué organismo o quién deberían actuar ya?

- El tema es que aquí no tenemos un sistema de pesos y contrapesos nacionales. La Corte Constitucional ha dicho que no puede interferir en el proceso electoral y ha dejado vigente esta aberración jurídica. La Corte ya se ha callado. Lo que queda es seguir denunciando internacionalmente lo que está pasando. Ojalá la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre el Ecuador, porque lo que estamos viendo es que nos convertimos, de forma acelerada, en un país donde el cierre del espacio cívico es completo.

Lo que debes saber: 

• Gabriela Panchana enfrenta una sentencia por injurias: 30 días de prisión, tras publicaciones en la red social X.
• La activista registra ya cuatro denuncias penales en su contra, desde diciembre 2025, cuando habló sobre la esposa de Mario Godoy, expresidente de la Judicatura.
• Abogados advierten en Ecuador que uso de derecho penal y condena por injuria puede limitar libertad de expresión.

El lunes 27 de julio del 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón condenó a Gabriela Panchana a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por el delito de injuria, contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

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Todo empezó por una interacción en la red social X con otro usuario que intervino, sin ser citado en sus mensajes.

Para la comunicadora y activista, el proceso no puede entenderse como una situación aislada. Lo ve como parte de una cadena de hechos que empezaron:

Según Luis De Guzmán, la honra es un derecho

Panchana ya contabiliza cuatro denuncias penales en su contra, contando con dos de Luis De Guzmán, quien ha dicho en X que “la honra es un derecho” y que defiende la libertad de expresión, pero que ningún tratado ni corte nacional o internacional señala que ese derecho incluye “imputar delitos sin pruebas”.

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El impacto para la familia de Panchana

“La sentencia es dura, sobre todo por el impacto en mi familia. Hay miedo, angustia. Ahora toca esperar la notificación escrita para presentar los recursos que contempla la ley”, señaló. “Aspiro a que, en la apelación, el tribunal actúe con independencia y aplique el derecho sin presiones”, concluyó.

La opinión de dos abogados sobre sentencia por injurias

Al respecto, la abogada constitucionalista María Dolores Miño dijo que “quien denuncia es una persona afín al Gobierno, eso de entrada y en este contexto ya pone la cancha inclinada". 

Además, Miño resalta que "Gabriela responde a una provocación. Eso jamás se toma en cuenta a la hora de medir el grado de afectación de sus expresiones. En estos casos, el estándar convencional exige ver si el discurso ha causado un daño demostrable a la presunta víctima. La ofensa por sí sola no es suficiente para activar un castigo. Ese análisis no se hizo. En materia de derecho al honor, la vía penal siempre es excesiva”.

Y añadió: “En este caso, si se hubiera demostrado una afectación real derivada de las declaraciones, lo procedente era daño moral en civil, pero para estos casos la reparación adecuada es la disculpa pública. La cárcel, medida de última ratio, jamás puede ser proporcional para un caso de una expresión que ocurre en el contexto de un intercambio en redes producto de una provocación del supuesto afectado”.

El también constitucionalista Farith Simon considera que el problema en este caso es el uso del derecho penal para desincentivar la crítica pública y la denuncia sobre el funcionamiento irregular de instituciones.

“Cuando una persona acusa de corrupción, infiltración del crimen organizado o violación de derechos y termina condenada a prisión por sus expresiones públicas, la sanción penal deja de proteger bienes jurídicos relevantes para una democracia y se convierte en herramienta de represión”.

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Farith Simon indicó que el derecho a la libertad de expresión incluye la posibilidad de que los ciudadanos pueden llegar a exagerar o ser imprecisos en sus afirmaciones públicas en asuntos de interés social. Y castigarlos penalmente genera un efecto disuasorio. 

“Que alguien sea condenado a privación de la libertad por el delito de injurias por sus expresiones públicas, debe ser tomado como una alarma en democracia. El recurso a pena privativa de libertad por injurias deja en claro que se busca silenciar voces incómodas”.

Los puntos claves

• La defensa pidió que la Presidencia precise oficialmente qué atribuciones otorgaba el Decreto Ejecutivo 355 al entonces ministro de Energía.
  
• Según el abogado Leonardo Stagg, el decreto no facultaba a Antonio Gonçalves para intervenir en contratos, pagos, garantías o recursos de Celec EP.
  
• El pedido busca rebatir uno de los argumentos centrales de la Fiscalía en el proceso por presunto peculado dentro del caso Progen.

Leonardo Stagg, abogado del exministro de Energía Antonio Gonçalves, informó este martes 28 de julio que presentó ante la Fiscalía General del Estado una solicitud para que la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República aclare oficialmente el alcance del Decreto Ejecutivo 355, emitido el 14 de agosto de 2024.

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Según el defensor, ese decreto ha sido utilizado por la Fiscalía como uno de los fundamentos para sostener que Gonçalves tenía la obligación de impedir las presuntas irregularidades relacionadas con los contratos suscritos entre Progen y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP).

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El Decreto Ejecutivo 355

De acuerdo con el comunicado difundido por Stagg, la petición busca que la Presidencia responda si el Decreto Ejecutivo 355 otorgaba al entonces ministro de Energía facultades para administrar Celec EP, intervenir en sus contratos, ordenar o impedir pagos, ejecutar garantías o decidir sobre los recursos de la empresa pública.

La defensa sostiene que la respuesta es negativa y afirma que el decreto únicamente le encomendaba coordinar acciones para enfrentar los efectos del estiaje.

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Los alcances de la responsabilidad

En esa línea, argumenta que esa función de coordinación no implicaba la administración de Celec EP ni la capacidad legal para intervenir en la ejecución de contratos o en decisiones financieras de la empresa estatal.

Stagg concluye que una persona no puede ser responsabilizada por no impedir hechos respecto de los cuales “nunca tuvo autoridad ni capacidad legal de actuar”.

El nuevo pronunciamiento se produce días después de que el abogado cuestionara públicamente la formulación de cargos contra Gonçalves.

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Las claves del caso

• Pachakutik rechazó la denuncia admitida por el TCE por presuntas irregularidades durante la campaña de la consulta popular de 2024.
  
• El movimiento considera que el momento en que se tramita el proceso coincide con la recta final para la inscripción de candidaturas de las elecciones seccionales.
  
• La organización negó haber cometido irregularidades en el manejo de recursos y anunció que ejercerá su defensa dentro del proceso legal.

A pocos meses de las elecciones seccionales previstas para noviembre, el escenario político ecuatoriano continúa sumando novedades. Mientras las organizaciones avanzan en la inscripción de candidaturas, también se registran procesos y controversias en el ámbito electoral y judicial que involucran a varios movimientos políticos.

En este contexto, Pachakutik difundió este martes 28 de julio un pronunciamiento público en el que cuestiona una acción impulsada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), relacionada con presuntas irregularidades durante la campaña de la consulta popular de 2024.

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De acuerdo con el pronunciamiento, el TCE notificó la admisión a trámite de una denuncia presentada por el CNE por supuestas irregularidades electorales y convocó a una audiencia para el próximo 19 de agosto.

Pachakutik considera que el inicio del proceso, cuando restan pocos días para concluir el período de inscripción de candidaturas para los comicios seccionales, afecta sus posibilidades de ejercer una defensa adecuada y genera preocupación dentro del movimiento.

Niegan irregularidades en el manejo de recursos

En el documento, la organización política rechaza las acusaciones relacionadas con el supuesto manejo de recursos durante la campaña de la consulta popular realizada en 2024.

Según sostiene, durante ese proceso no recibió financiamiento público directo del CNE ni aportes de terceros para esa campaña, por lo que niega haber incurrido en un manejo económico irregular.

Además, asegura que su actuación se ha desarrollado respetando la normativa vigente y señala que presentarán sus argumentos dentro del proceso abierto por el Tribunal Contencioso Electoral.

“Las elecciones se ganan en las urnas”

Otro de los puntos expuestos por Pachakutik es su preocupación por una posible afectación al proceso electoral.

En su comunicado, el movimiento afirma que las diferencias políticas deben resolverse mediante el voto ciudadano y no a través de procesos judiciales. También expresa su rechazo a cualquier acción que, a su criterio, pueda interferir en el desarrollo de las elecciones.

La organización sostiene que ejercerá su defensa por las vías legales correspondientes y que continuará participando en el proceso electoral.

Las claves del caso

• Ambos gobiernos acordaron reforzar la seguridad en la frontera y ampliar la cooperación frente al crimen organizado transnacional.
  
• Daniel Noboa anunció que se utilizarán drones, sensores y otras herramientas tecnológicas para fortalecer los controles fronterizos.
  
• Ecuador y Perú prevén realizar a finales de este año una nueva reunión del Gabinete Binacional para avanzar en los acuerdos alcanzados.

La seguridad en la frontera entre Ecuador y Perú volverá a convertirse en una prioridad para ambos países. En medio de la creciente preocupación por el tráfico de armas, explosivos y el avance del crimen organizado transnacional, los gobiernos de Daniel Noboa y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunciaron nuevos compromisos para fortalecer el control en la zona limítrofe.

El acercamiento se produjo durante una reunión oficial realizada en Lima, en el marco de las actividades previas a la posesión presidencial de Fujimori.

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La seguridad será uno de los ejes de la relación bilateral

Tras el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación entre Ecuador y Perú para enfrentar delitos relacionados con el crimen organizado, reforzar la vigilancia en la frontera y mejorar la coordinación en temas penitenciarios.

Asimismo, ratificaron la intención de mantener una relación estrecha entre ambos países y acordaron impulsar una nueva edición del Gabinete Binacional Ecuador–Perú, prevista para finales de este año en territorio peruano.

Noboa anuncia uso de drones y sensores

En declaraciones posteriores, el presidente Daniel Noboa explicó que uno de los principales objetivos será fortalecer el control de la frontera sur mediante el uso de herramientas tecnológicas.

El mandatario señaló que se prevé incorporar sensores, drones y otros sistemas de vigilancia que permitan detectar con mayor rapidez ingresos irregulares por la frontera.

Noboa sostuvo además que una parte importante del armamento y de los explosivos que ingresan ilegalmente a Ecuador provienen de esa zona fronteriza, por lo que considera necesario reforzar los controles y el intercambio de información entre ambos países.

El jefe de Estado recordó que antes de la reunión ya había mantenido conversaciones con Keiko Fujimori y adelantó que la cooperación en materia de seguridad y el desarrollo de proyectos energéticos serán dos de los principales ejes de la relación bilateral durante los próximos años.