Lo que debes saber

• Fiscalización pide prórroga a Esteban Torres para investigar caso Sucre-Foglocons y la firma Progen.
• El Pleno de la Asamblea Nacional tratará el pedido de extensión este 12 de agosto de 2026.
• Prioridad dada a juicios políticos y otros procesos de fiscalización demoró los informes.

La Comisión de Fiscalización solicitó al presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, una prórroga de plazo para la entrega del informe actualizado del caso Sucre-Foglocons y el caso Progen, este 12 de agosto de 2026 en Quito, debido a la carga laboral por otros procesos prioritarios como el juicio político a la exministra de Energía, Inés Manzano.

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Asamblea Nacional analizará el pedido de prórroga en la sesión 114

El pedido de la mesa legislativa será tratado como tercer punto en el orden del día de la sesión 114 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada por Esteban Torres para el 12 de agosto de 2026, a las 11:30. En esa misma jornada, el Legislativo también tratará el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.

La mesa parlamentaria disponía originalmente de un plazo de 60 días, contados a partir del 1 de julio de 2026, para actualizar el informe que la Comisión de Fiscalización elaboró en el período 2021-2023, cuando Fernando Villavicencio (+) ejercía la presidencia de dicha mesa sobre la presunta red transnacional de lavado de activos en la región.

Argumentos de la Comisión de Fiscalización para el pedido de tiempo

En el oficio remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional, la mesa legislativa justificó la necesidad de contar con más tiempo debido a la acumulación de procesos de control político y fiscalización de alta prioridad.

Procesos parlamentarios que retrasaron el informe

Comparecencias y rastreo de fondos en el caso Progen

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, argumentó que la mesa requiere más tiempo para llevar a cabo comparecencias con los actores e instituciones involucrados. Esto permitirá contrastar la información recibida y cumplir con el trazado de la ruta de los fondos entregados a la empresa Progen, en otro caso de fallida contratación de generación eléctrica.

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Detalle de las prórrogas solicitadas por Fiscalización

Lo que debes saber

• Noboa ofreció 47 rescatistas a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.
• Ecuador activó su equipo USAR porque el sismo dejó daños en varias ciudades colombianas.
• Canes y rescatistas ecuatorianos podrán movilizarse a Colombia cuando sean requeridos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto registrado la mañana de este lunes 10 de  agosto y anunció que el país está preparado para movilizar un contingente especializado de búsqueda y rescate en caso de que las autoridades colombianas lo requieran.

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El ofrecimiento se produjo horas después del fuerte sismo que sacudió amplias zonas de Colombia y que provocó evacuaciones, daños en edificaciones y la activación de protocolos de emergencia en varias ciudades. 

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue sentido en regiones de gran parte del país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Noboa manifestó su apoyo a las familias afectadas por la emergencia y señaló que Ecuador pone a disposición de Colombia su equipo USAR (Urban Search and Rescue), especializado en operaciones de búsqueda y rescate en escenarios de desastre.

¿Qué apoyo ofreció Ecuador?

Según lo anunciado por el mandatario, el contingente está integrado por 47 rescatistas, canes especializados y equipos con capacidad operativa autónoma durante siete días, lo que permitiría desplegar labores de búsqueda y atención inicial en zonas afectadas por derrumbes o daños estructurales.

El gobierno ecuatoriano indicó además que el personal se encuentra listo para movilizarse en cuanto exista un requerimiento formal por parte de las autoridades colombianas.

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Cooperación regional ante emergencias

La oferta de apoyo se enmarca en los mecanismos de cooperación que suelen activarse entre países de la región durante eventos de gran magnitud, especialmente cuando existen reportes preliminares de afectaciones a infraestructura y población.

Los equipos USAR son unidades entrenadas para intervenir en escenarios complejos tras terremotos, deslizamientos o colapsos de edificaciones, mediante labores de localización y rescate de personas atrapadas.

Lo que debes saber

• Ecuador activó ayuda el 10 de agosto para ciudadanos en ocho departamentos de Colombia tras el terremoto.
• Ecuatorianos en Nariño, Cauca y Putumayo pueden reportar emergencias mediante líneas consulares.
• Consulado en Ipiales habilitó atención porque el sismo generó posibles afectaciones en Colombia.

Ante las posibles consecuencias del terremoto que se sintió en amplias zonas de Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, los ecuatorianos residentes o en tránsito por los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca cuentan con canales habilitados para solicitar ayuda o reportar emergencias.

La medida busca facilitar la atención de personas que pudieran haber resultado afectadas por el movimiento telúrico o que requieran orientación consular debido a interrupciones en los servicios, problemas de movilidad o cualquier otra situación derivada de la emergencia.

¿Qué deben hacer los ecuatorianos que necesiten ayuda?

Las personas que enfrenten una situación de emergencia o requieran asistencia pueden comunicarse directamente con el Consulado General del Ecuador en Ipiales a través de los siguientes números:

Las autoridades recomendaron utilizar estos canales para reportar afectaciones, solicitar orientación o recibir apoyo consular en caso de necesidad.

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¿Quiénes pueden acceder a la asistencia?

La atención está dirigida a ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en los departamentos colombianos de:

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Estas zonas forman parte de la jurisdicción consular desde donde se coordina el seguimiento a posibles afectaciones relacionadas con el sismo.

Canales habilitados para reportar emergencias

Los ecuatorianos que requieran asistencia o necesiten reportar una situación de emergencia pueden utilizar las líneas habilitadas mientras continúan las labores de evaluación de daños y monitoreo de la situación en distintas regiones colombianas.

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En un mensaje compartido por la cancillería, Perú manifestó tener la convicción de que "el desarrollo conjunto y el bienestar de nuestros países seguirá construyéndose sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la fraternidad" que une a ambos pueblos.

Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones suramericanas se relanzaron en 1998 con proyectos de integración, tras la firma del acuerdo de paz que puso fin a unas históricas discrepancias limítrofes que generaron conflictos en varias oportunidades durante las décadas anteriores.

Noboa estuvo en la posesión de Keiko Fujimori

El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó Perú el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y participar en los actos por el día de la independencia nacional.

En esa fecha, ambos gobernantes acordaron cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

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Además, Fujimori y Noboa reafirmaron su disposición a seguir profundizando la relación bilateral entre ambos países, sobre la base de los acuerdos de paz firmados en 1998, y resaltaron "el dinámico diálogo político alcanzado en los gabinetes binacionales", reuniones anuales entre los mandatarios y sus respectivos ministros para avanzar en la agenda bilateral.

En ese sentido, los dos mandatarios coincidieron en que el siguiente gabinete binacional entre Perú y Ecuador se celebre a finales de año en Lima, según informó la Cancillería peruana.

Lo que debes de saber 

• Las hijas de Fernando Villavicencio entregaron los archivos y materiales de su investigación a ‘SafeBox’, de Forbidden Stories, para garantizar que la información quede protegida y pueda publicarse internacionalmente si intentan silenciarlas.
  
• Al cumplirse tres años del asesinato, Amanda y Tamia Villavicencio aseguraron que continuarán investigando las razones detrás del crimen de su padre y sostienen que la búsqueda de la verdad trasciende ya a su familia.
  
• La Fiscalía pidió llamar a juicio a siete acusados como presuntos autores mediatos del asesinato, mantener su prisión preventiva y activar mecanismos de captura y extradición para quienes se encuentran fuera del país.

Las hijas de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano asesinado en 2023, aseguraron este domingo que resguardaron la información del caso en la herramienta 'SafeBox', creada por Forbidden Stories para proteger y asegurar investigaciones en riesgo, garantizando que las historias de aquellos que enfrentan amenazas no sean silenciadas.

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"Entregamos el archivo y los materiales de la investigación a 'SafeBox', de Forbidden Stories", aseguró Tamia Villavicencio en la segunda parte de una serie de cuatro piezas, que se emitió en una cadena nacional, cuando se cumplen tres años del asesinato del candidato presidencial.

"Si intentan silenciarnos, esa información no desaparece, queda protegida por una red internacional, para que pueda publicarse globalmente, en varios idiomas, y la investigación continúe", añadió.

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Fiscalía solicita la extradición de cuatro procesados por el crimen de Fernando Villavicencio

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¿Qué es la red 'SafeBox'?

La red 'SafeBox' es una respuesta innovadora frente a los crecientes ataques a la libertad de prensa, incluyendo casos de periodistas encarcelados, secuestrados o asesinados, señala la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Anota que esta herramienta permite que las investigaciones de periodistas en peligro sean almacenadas de forma segura y continuadas por equipos de colaboradores internacionales en caso de que el periodista original no pueda hacerlo.

El mensaje principal que impulsa esta red -dice- es claro y contundente: "Matar al periodista no matará la historia."

A través de esta red, Forbidden Stories y sus socios publican y amplifican investigaciones sensibles, enviando un mensaje disuasivo a los enemigos de la prensa y destacando la importancia de preservar la verdad y la justicia, agrega Fundamedios, que es parte de la red global desde 2024.

Han pasado tres años desde que asesinaron a nuestro padre, quienes ordenaron este crimen creyeron que el tiempo jugaría a su favor... Se equivocaronAmanda Villavicencio

Y añadió: "Mientras más investigamos, más entendemos por qué Fernando fue asesinado, y por qué esta lucha ya no pertenece solamente a nuestra familia, sino al Ecuador".

El pedido de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado pidió al juez de la causa que emita el auto de llamamiento a juicio contra los siete acusados como autores mediatos por su presunta participación en caso del asesinato del candidato presidencial, entre ellos, José Serrano, ministro en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, pidió la ratificación de la prisión preventiva para los siete procesados: Serrano; el exasambleísta del correísmo y excabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán; Daniel Salcedo y los tres cabecillas del grupo criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría ('Pipo'), Ángel Aguilar ('Lobo Menor') y Luis Arboleda ('Gordo Luis').

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Fernando Villavicencio: asambleísta de la RC pide información sobre la cadena nacional del caso

Richard Josue Jimenez Mora

Además, solicitó que se declare la calidad jurídica de prófugos a Jordán y Serrano, que se encuentran en Estados Unidos; Aleaga, que está en Venezuela, y Chavarría, que está en España, y pidió que se emita la difusión roja, a través de Interpol para su captura y que se inicie el proceso de extradición.

La Fiscalía también pidió para los siete procesados la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional. Mientras que para las víctimas solicitó que se ratifiquen las medidas de protección.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, un crimen por el que fueron condenados a prisión cinco personas como autores materiales; mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato.

Lo que debes saber

• El CNE cierra la inscripción de candidaturas en medio de complejas negociaciones políticas.
• El correísmo busca alianzas con el PS y UP pero enfrenta rupturas en Guayas y Manabí.
• Las disputas internas en Quito y la falta de listas unificadas amenazan el voto de izquierda.

El próximo lunes 17 de agosto, el Consejo Nacional Electoral cerrará la fase de inscripción de candidaturas, y por fin sabremos cómo quedarán las papeletas para las elecciones seccionales. Hasta eso, los partidos y movimientos se cuidan de no revelar todas sus cartas, mientras sortean una serie de dificultades en su intento de cerrar acuerdos a la interna sin incumplir los requisitos que impone la normativa.

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Se podría pensar que esta confusión sobre quién irá por qué lista terminará la próxima semana, pero para algunas tiendas políticas lo más probable es que el revuelo continúe hasta el mismo día del sufragio. Ese podría ser el caso del correísmo, que luego de la suspensión de su organización optó por intentar presentar sus candidaturas bajo el amparo del movimiento Amigo, solo para que ese también sea sancionado por la autoridad electoral ante la acción del oficioso fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón.

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Ahora, el correísmo busca afianzar un acuerdo que ya se fraguaba desde hace un tiempo con dos viejos oponentes, el Partido Socialista (PS) y la Unidad Popular (UP), pero hasta el momento parece que no logrará darle el mismo alcance en todo el país.

Fracturas de las alianzas de izquierda en Guayas y Manabí

Por ejemplo, en Guayaquil, la Unidad Popular es parte de una alianza que busca promover la candidatura a la alcaldía de Mónica Luzárraga, abogada y activista de izquierda, dejando al candidato correista y aquilista David Norero sólo con el apoyo confirmado del Partido Socialista. Todavía no está claro si el movimiento aquilista RETO, que solicitó una prórroga para realizar su proceso de democracia interna en medio de disputas por la designación de sus directivas, también podrá presentarse o si lo hará en alianza con el PS. Tampoco si a nivel provincial, para la Prefectura del Guayas, se alcanzará una alianza que incluya tanto a los socialistas como a los populares.

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En Manabí el panorama es todavía más complejo. Para empezar, la Unidad Popular no podrá presentar un binomio para la Prefectura, ya que el movimiento no pudo celebrar primarias a nivel provincial. Si bien la UP sí podrá formar parte de la alianza con los cuadros de la Revolución Ciudadana a nivel cantonal en esa provincia, los conflictos a la interna del correísmo presentan dificultades incluso mayores.

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Lo que es peor, la pelea entre los allegados a Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana y dos veces candidata para la Presidencia de la República, con la actual dirigencia de su organización ha llevado a la tendencia al borde de un cisma provincial. Mientras que la familia Estrada, cercana a González, va como un dúo de padre e hijo (actual asambleísta por la RC) para la alcaldía de Manta y la prefectura de Manabí con su propio movimiento Sí Podemos, figuras que se presentan a sí mismas como personalmente leales a Rafael Correa corren por otra organización local, de nombre Decide. Ese último es el caso, por ejemplo, de Bosco Vera, quien también aspira a llegar a la alcaldía de Manta.

Tensiones internas del correísmo en Pichincha y la Sierra

Aunque los problemas en la Costa ya son bastantes para esta accidentada alianza, en la Sierra también podría surgir otros. Ya se sabe, por ejemplo, que Jorge Cueva, quien era precandidato del Partido Socialista para la Alcaldía de Quito, ha denunciado que la dirigencia de la organización supuestamente habría incumplido su parte del acuerdo con él para que renunciase a su nominación en favor del correísta Pabel Muñoz, actual alcalde de la capital. Cueva señala que se le habría ofrecido una candidatura a concejal rural como compensación, la cual hubiera tenido que ser cedida por Gustavo Vallejo, quien funge de presidente del partido.

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El impacto electoral de la dispersión de la izquierda

Más allá de que estas peleas puedan convertirse en distracciones para el correísmo y sus aliados en la izquierda, quienes aspiran a construir un frente antinoboista, hay una complicación elemental producto de este embrollo que podría salirles aún más cara. El no poder lanzar en todo el país, o al menos en cada provincia, una sola alianza con un mismo nombre y los mismos integrantes hace difícil que los votantes menos informados, que son la inmensa mayoría, puedan ser movilizados con facilidad para votar por su opción preferencial. Mensajes cruzados, el direccionamiento impreciso de la publicidad en redes y la oportunidad de que disidentes puedan salir a decir que ellos son los verdaderos candidatos de Correa son todos factores que sumados pueden resultar en un desastre para la izquierda correista, mermando un voto duro que ya de por sí suele ser más débil a nivel seccional.

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Mucho se ha dicho de la difícil historia entre la RC, el PS y la UP. Que el correísmo dividió al socialismo, que presidió sobre la eliminación del antiguo MPD y que persiguió a su dirigencia, que antes el PS ha apoyado a sendos críticos de Correa como al moderado Pedro Freile o el efusivo Pedro Granja. En realidad es encomiable que, en nombre de una causa, ellos puedan anteponer sus diferencias. Su principal reto no está en los pasillos de la memoria, sino en los tortuosos caminos del presente.

Lo que debes saber

• Voceros del Ejecutivo lanzan advertencias a jueces y señalan culpabilidades sin sentencia previa.
• Magistrados y juristas advierten que estas acusaciones amenazan la independencia judicial.
• Expertos recuerdan que sancionar sin juicio firme vulnera estándares y garantías constitucionales.

El gremio de jueces y juristas ecuatorianos alertó en agosto de 2026 sobre el riesgo que corren la presunción de inocencia y la independencia judicial en Ecuador, a raíz de declaraciones de voceros del gobierno del presidente Daniel Noboa. Las críticas surgieron tras advertencias públicas lanzadas por autoridades del Ejecutivo hacia magistrados encargados de causas penales y la atribución directa de delitos a procesados cuyos casos aún se encuentran en fase de investigación o deliberación.

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Voceros del Ejecutivo bajo la lupa por acusaciones directas

El discurso del oficialismo ha generado preocupación en el sector legal por el tono de sus declaraciones respecto a investigaciones en curso:

Advertencia del gremio de magistrados y rechazo de abogados

Estas expresiones motivaron un pronunciamiento público por parte de la asociación de magistrados y jueces del país: “la independencia judicial trasciende el interés particular de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y constituye una garantía de la ciudadanía”.

Por su parte, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, señaló que existen límites claros en el proceso de depuración del sistema de justicia:

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Eventual acceso a información privilegiada y quiebre del debido proceso

Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, las declaraciones reflejan un problema aún más profundo: un eventual acceso a información reservada de procesos que deben tramitarse con absoluta reserva e independencia.

Alarcón sostuvo que estas conductas constituyen “una acción indebida, reñida con la ética, con la integridad”, que vulnera:

La postura que justifica los sealamientos al sistema de justicia

Una postura distinta sostiene el jurista André Santos, quien defiende que los sealamientos de las autoridades no son casuales sino una respuesta fundamentada ante el deterioro del sistema penal:

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Estándares internacionales y el riesgo de sanciones al Estado

El constitucionalista José Chalco remarcó que el principio de presunción de inocencia está resguardado por estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales obligan a las autoridades a aplicarlo en su máxima expresión.

Chalco advirtió sobre las consecuencias de omitir estos principios:

Lo que debes saber

• Brasil se prepara para elegir a su próximo presidente.
• Javier Milei ha intervenido en el escenario electoral brasileño.
• Expertos advierten una disputa por la hegemonía política en la región.

A ocho semanas de que Brasil acuda a las urnas para elegir a su próximo presidente, la campaña electoral ha estado marcada por las descalificaciones que el mandatario argentino Javier Milei ha dirigido contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque el Gobierno brasileño ha denunciado intentos de injerencia en el proceso electoral, este no sería un hecho aislado en la política regional.

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La no intervención, un principio internacional

En los últimos meses, otros mandatarios también han protagonizado episodios que reavivaron el debate sobre una posible injerencia en procesos electorales de países vecinos. Entre ellos figura el presidente ecuatoriano Daniel Noboa Azín, cuyas declaraciones sobre la política colombiana y la eliminación de la tasa de seguridad a productos de ese país, anunciada dos días antes de los comicios presidenciales, provocaron el rechazo de su homólogo, Gustavo Petro, y del candidato de izquierda, Iván Cepeda, quienes denunciaron una intromisión en la campaña electoral.

Para Johnny Roca, internacionalista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, las recientes actuaciones de presidentes en campañas electorales de otros países vulneran uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Recuerda que el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) prohíbe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos de otro Estado. Y que las resoluciones 2131 y 2625 de las Naciones Unidas también condenan estas prácticas.

Roca sostiene que los casos de Milei en Brasil y Noboa en Colombia tienen diferencias en la forma, pero comparten un mismo elemento: el involucramiento de un jefe de Estado en la política interna de otro país. A su juicio, la actuación del mandatario argentino es más directa, por su participación en actos de campaña.

Para los especialistas consultados, los recientes episodios de injerencia electoral no responden a hechos aislados, sino a una tendencia cada vez más visible en la región. Coinciden en que las intervenciones buscan favorecer a candidatos ideológicamente afines y fortalecer un bloque alineado con la derecha, en sintonía con la estrategia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

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La disputa por la hegemonía regional

Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, considera que detrás de estas actuaciones existe una estrategia del gobierno estadounidense para recuperar su influencia en América Latina. Según la académica, ese objetivo ha propiciado una alineación de regímenes de derecha con los intereses de Washington, una postura que califica de “servilismo”, al considerar que responde sin hacer objeciones a esos lineamientos.

Juan Pino, politólogo colombiano y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, coincide en que el respaldo de mandatarios extranjeros a candidatos afines no es un fenómeno nuevo en América Latina. Lo que sí ha cambiado, desde su punto de vista, es que esas intervenciones ahora son mucho más explícitas, agresivas y frecuentes que en décadas anteriores.

Para el académico, esa evolución responde a un escenario internacional donde el principio de no intervención ha perdido fuerza política. A ello se suma una creciente polarización ideológica que lleva a los gobiernos a buscar que sus aliados también lleguen al poder, para facilitar acuerdos y fortalecer sus bloques políticos.

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Brasil, una pieza clave para Estados Unidos

Por otro lado, Pablo Játiva, experto en política internacional y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que Brasil y México constituyen “las dos joyas de la corona” para la estrategia de Estados Unidos en América Latina, debido a su peso político y económico. En ese contexto, explica que influir en el escenario electoral brasileño resulta clave para consolidar una mayor uniformidad ideológica en la región, aunque aclara que esa injerencia ahora se la ejerce a través de acciones dirigidas a influir en la opinión pública y en el voto ciudadano.

Pino subraya que Brasil es la principal potencia sudamericana y que un eventual cambio político modificaría el equilibrio ideológico de la región. Téllez recuerda que, además de integrar el G20, su influencia económica y diplomática lo vuelve un actor estratégico.

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Riesgos para elecciones y cooperación regional

Juan Pino advierte que esta dinámica podría aumentar el cuestionamiento de los resultados electorales y profundizar la polarización política. Johnny Roca señala que este escenario se agravará porque las sanciones frente a estas injerencias siguen siendo limitadas. Por ello, Pablo Játiva prevé que la desconfianza entre Estados afectará la cooperación en seguridad, comercio e integración regional.

Ivonne Téllez advierte que la falta de respuestas firmes de los organismos regionales podría facilitar que estas prácticas se repitan con mayor frecuencia. Roca y Játiva añaden que, en un contexto de disputa por la hegemonía ideológica, los procesos electorales de los países que aún mantienen gobiernos de izquierda estarán bajo mayor atención.

Un cambio político en Brasil puede modificar el equilibrio ideológico que existe en toda Sudamérica.Juan Pino, catedrático de la Flacso

Lo que debes saber

• Osvaldo Hurtado calificó a Daniel Noboa de "criptodictador" por el control de poderes del Estado.
• EXPRESO se contactó son siete expresidentes para conocer si consideran al Gobierno de Noboa una "criptodictadura"
• El presidente Daniel Noboa y la bancada oficialista de ADN rechazaron tajantemente los señalamientos.

Las réplicas políticas continúan en Ecuador tras la afirmación del expresidente Osvaldo Hurtado, quien tildó al mandatario Daniel Noboa de “criptodictador”. Ante la polémica, EXPRESO consultó a siete exjefes de Estado para evaluar la calidad democrática del país; sin embargo, solo dos respondieron antes del cierre de esta edición, mientras que posturas previas en redes sociales y la respuesta oficial de la bancada ADN y del propio Noboa configuran el debate actual sobre el rumbo del Ejecutivo.

Política

Osvaldo Hurtado sostiene críticas a Daniel Noboa: "Sigue los pasos de Correa y Chávez"

Richard Josue Jimenez Mora

La polémica frase de Osvaldo Hurtado sobre el Gobierno de Daniel Noboa

El debate político nacional se encendió cuando el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, afirmó textualmente: “Daniel Noboa es un criptodictador: un autócrata camino de convertirse en un dictador”.

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Hurtado fundamentó su postura argumentando que, de forma similar a lo ocurrido durante la gestión de Rafael Correa (a quien también considera un dictador), Daniel Noboa ejerce un control sobre los poderes del Estado, con la única excepción de la Corte Constitucional, órgano que según sostiene, Correa sí logró dominar en su mandato.

¿Qué dicen los expresidentes de Ecuador sobre la acusación de criptodictadura?

Ante estas severas declaraciones, EXPRESO buscó la postura de siete expresidentes ecuatorianos. De ellos, solo dos contestaron las consultas directas del Diario; los demás no contestaron llamadas, mensajes ni pudieron ser contactados través de sus equipos de trabajo hasta el cierre de esta nota.

Política

La dura respuesta de Andrés Guschmer a las críticas del expresidente Osvaldo Hurtado

Diana Sotomayor

Las posturas de los exmandatarios frente al escenario político

Aunque no respondió directamente a la consulta de este medio, Rafael Correa (2007-2017) ha sido el único en tildar públicamente de "dictadura" al Gobierno de Daniel Noboa mediante redes sociales. Sus críticas se intensificaron tras la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

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Lucio Gutiérrez (2003-2005), por su lado, señaló que la ciudadanía enfrenta momentos de incertidumbre y miedo:

Asimismo, Rosalía Arteaga (1997), se distanció del criterio de Hurtado indicando que la situación del país aún no está definida:

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La respuesta del oficialismo y del presidente Daniel Noboa

Las aseveraciones de Osvaldo Hurtado provocaron una reacción inmediata desde la bancada oficialista de la Bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y el Ejecutivo.

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Daniel Noboa: "Ahora cadáveres políticos salen a hablar de autoritarismo"

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Reacciones de la bancada oficialista y del Ejecutivo

Antecedentes: la llegada y consolidación de Daniel Noboa en la Presidencia

Para comprender el contexto del Gobierno actual y su relación con el tablero político, destacan los siguientes hitos:

Lo que debes saber

• El gobierno presiona al sistema judicial con allanamientos y sanciones a jueces honestos.
• Ministros intimidan a cortes y jueces mediante despliegues militares e interferencia política.
• El Consejo de la Judicatura busca designar 700 jueces afines bajo un régimen de emergencia.

El país no ha terminado de asimilar las implicaciones de la amenaza de John Reimberg a los jueces: “O se enderezan y se corrigen -dijo- o van a terminar presos”. Pronunciadas la semana pasada en radio Centro, donde los altos funcionarios del régimen pueden hacer ostentación de su despotismo sin consecuencia alguna porque a sus complacientes entrevistadores les parece de lo más normal, estas palabras preludiaban una arremetida contra la independencia del sistema judicial que se ha venido ejecutando de manera inflexible. A los allanamientos de tres jueces de la Corte Nacional (una demostración de fuerza más que un procedimiento fiscal eficaz con fines judiciales), se sumó casi enseguida la inminente sanción a tres jueces de la unidad anticorrupción (la élite del sistema) que fallaron en contra de los intereses del gobierno en uno de los casos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y dos días después, la destitución de la jueza de Cañar que declaró ilegal (porque lo era) la detención de cinco personas acusadas de agredir a la caravana presidencial el año pasado. Escarmientos para impartir disciplina en un contexto extraordinario: la emergencia que permitirá al Consejo de la Judicatura, presidido por una usurpadora, nombrar con régimen expedito a más de 700 jueces que se estrenarán en la carrera judicial sabiendo exactamente lo que se espera de ellos.

Política

Los mensajes intimidatorios de Noboa y Reimberg se cuelan en los discursos oficiales

Martin Pallares

Que un simple ministro de Policía (un tipo de chaleco de camuflaje y casco) se atribuya la facultad de disciplinar a los jueces de la Corte Nacional, servidores de un rango astronómicamente superior al suyo, es una muestra de las aberraciones de las que son capaces los funcionarios de aquello que el expresidente Osvaldo Hurtado llamó criptodictadura. Es imposible encontrar casos comparables en democracias reales. Para ello, habrá que rastrear más bien entre los regímenes nefastos del continente. Un Diosdado Cabello, por ejemplo, es equiparable al tipo de figura que intenta representar chapuceramente Reimberg.

Presión del gobierno sobre la Corte Constitucional y jueces

En su arremetida contra los jueces, el ministro del Interior sigue la penosa línea ya marcada por otros altos representantes de este gobierno: el expresidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la exministra de Gobierno Zaida Rovira, rodeados de soldados que empuñaban sus carabinas, lanzando advertencias contra la Corte Constitucional; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, igualmente en medio de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, amenazando a la jueza que declaró la desaparición forzada de los cuatro niños del barrio popular de Las Malvinas a quienes sus soldados secuestraron, torturaron y abandonaron a merced de sus asesinos en diciembre de 2024: una escena que recordaba la alocución de Pinochet tras el golpe de Estado. Sólo le faltaron las gafas a Loffredo.

Justicia

"La independencia judicial está en riesgo": la advertencia del gremio de jueces

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

“O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”: lo dijo el ministro a propósito de los allanamientos a los jueces de la Corte Nacional en el marco de una supuesta investigación por cohecho. La frase es una declaración de principios sobre el tipo de jueces que requiere el gobierno. Porque ¿en qué consiste enderezarse y corregirse? Fue el penalista Pablo Encalada, en una entrevista concedida a Politizados (el podcast de análisis político de este Diario), quien señaló la disparatada paradoja: si un juez está torcido (condición previa necesaria para “enderezarse”), es decir, si recibe sobornos para dictar sus sentencias, que en eso consiste el cohecho, “ese ese juez tiene que ir preso -dice Encalada-, no le das chance de enderezarse”. Pero el gobierno no busca jueces probos sino jueces fieles.

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Es significativo el hecho de que precisamente aquellos a quienes está sometiendo a su acción disciplinaria (los tres allanados de la Corte Nacional más los tres procesados de la unidad judicial anticorrupción) son jueces con un altísimo nivel de reconocimiento de sus pares y de la comunidad jurídica en general. Los abogados más prestigiosos del país que se han pronunciado en estos días ponen las manos al fuego por la probidad notoria de esos jueces. Queda la sensación de que están siendo perseguidos precisamente por el delito de ser honestos y, por tanto, el régimen no los puede manipular.

Casos polémicos en la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura

Milton Velasco, Iván Larco y Patricio Secaira dictaron en diciembre de 2023 una sentencia de casación que no le gustó al gobierno. A la compañía China Railway, el ministerio de Educación le había suspendido unilateralmente un contrato firmado durante el correísmo para la construcción de escuelas del Milenio. La empresa demandó y el Tribunal de lo Contencioso Administrativa le concedió una indemnización por 67 millones. Apeló la decisión el ministerio y los tres jueces que conocieron la casación rebajaron en 8 millones el monto de la indemnización. Pero la mantuvieron. En esa sentencia se origina la investigación de cohecho que, al parecer, no ha conducido a nada en dos años, de lo contrario no saldrían con la ocurrencia de allanarles a estas alturas del partido. De lo que se sabe, en esos allanamientos no encontraron nada, y era obvio: esas diligencias se practican en los primeros días de la investigación o se renuncia a ellas. En este caso, ejecutaron los allanamientos no para obtener evidencias sino para mandar un mensaje político a los jueces. Con éxito: todos tomaron nota.

Justicia

Judicatura defiende suspensión de jueces que revocaron prisión de Aquiles Álvarez

Edison Andrés García Yépez

Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, jueces de la unidad anticorrupción, resolvieron otro recurso de apelación: el que presentaron Aquiles Álvarez y sus hermanos, entre otros procesados, contra la decisión de imponerles prisión preventiva en un caso de crimen organizado que la Fiscalía, aficionada a los logotipos y a los nombres comerciales, llamó caso Goleada. El tribunal aplicó el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal que manda evaluar la prisión preventiva en función de tres criterios: si la Fiscalía ha presentado los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito; si esos elementos de convicción apuntan claramente a la participación del procesado en el delito que se le imputa; si las medidas sustitutivas de la prisión preventiva son insuficientes para garantizar la presencia del acusado en el juicio, en otras palabras: si existe riesgo de fuga.

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Velasco, Uzcátegui y Chóez levantaron la prisión preventiva por no cumplir con el primer criterio: no había elementos de convicción sobre la existencia del delito, que en ese momento era delincuencia organizada. Y tenían razón: tanta, que la misma Fiscalía, después de esa sentencia, decidió cambiar el tipo penal por lavado de activos. Sin embargo, el fiscal Carlos Alarcón llevó el asunto a la Corte Nacional, donde se decidió que Velasco, Uzcátegui y Chóez se excedieron en sus atribuciones al meterse a analizar si la Fiscalía presentó los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito, es decir, justo lo que la ley les manda a hacer. Una decisión insólita. En consecuencia, el tribunal de la Corte Nacional determinó que los tres jueces de la Unidad Anticorrupción incurrieron en error inexcusable y el Consejo de la Judicatura los suspendió por 90 días hasta decidir su sanción definitiva, que no puede ser otra que la destitución.

Y aquí viene lo peor (es un decir: aquí todo es peor). Sucede que hubo un juez de la Corte Nacional, uno de tres, que no estuvo de acuerdo con esta resolución. Presentó un voto salvado en el que rechaza la calificación disciplinaria y concluye diciendo que “no existe error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia”. Se trata del juez Javier de la Cadena, que hoy sufre las consecuencias de su atrevimiento: el Consejo de la Judicatura lo removió de la Corte Nacional y lo mandó de vuelta a la Corte Provincial de Imbabura, que es de donde venía, contradiciendo sus mismos criterios de emergencia según los cuales los puestos vacantes de la Corte Nacional deberían llenarse con jueces ascendidos de las cortes provinciales, no al revés. Pero es claro que en el plan oficial de “enderezar” y “corregir” a los jueces, el Consejo de la Judicatura es un operador político oficioso. Por algo pusieron a Mercedes Caicedo a usurpar la presidencia de ese organismo, que le correspondía legalmente a Alexandra Villacís. En esa conspiración participaron el presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez; el del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni; el exministro de Trabajo, Harold Burbano, y los propios integrantes de la Judicatura, liderados por Fabián Fabara.

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Jueces temporales con un procedimiento expedito

Que Fabara se haya convertido en uno de los funcionarios encargados de “enderezar” y “corregir” a los jueces es un hecho que repugna a la conciencia de cualquier persona honesta. Cuando fue presidente de la Corte Provincial de Pichincha se le abrió un proceso disciplinario por negligencia manifiesta en un caso de violencia sexual, nada menos, con pedido de destitución inmediata que el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, abogado de narcotraficantes, dejó dormir en un cajón hasta que prescribió. Fabara mintió en su aplicación oficial para convertirse en vocal de la Judicatura: dijo bajo juramente que no tenía ningún proceso disciplinario abierto. Compañía ideal para una presidenta usurpadora de su cargo. Juntos se aprestan a nombrar más de 700 jueces temporales con un procedimiento especial y expedito. Jueces que vendrán enderezados y corregidos, sin duda, pero que en todo caso serán fácilmente removibles si resultaran con algún defecto de fábrica.

Lo que debes saber

• El Gobierno del presidente Daniel Noboa activó los gabinetes interinstitucionales en Quito.
• La iniciativa busca dar seguimiento a los proyectos sociales y optimizar la gestión pública.
• La cita fue liderada por María José Pinto y la ministra de Trabajo, Cynthia Gelibert.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa activó los nuevos gabinetes interinstitucionales en territorio mediante la sesión del Gabinete Interinstitucional de lo Social, desarrollada el 7 de agosto de 2026 en el sur de Quito. La jornada se realizó en el marco del período previo a las elecciones seccionales de noviembre de 2026, con el objetivo de articular la ejecución de políticas públicas y dar seguimiento prioritario a los principales proyectos sociales del Ejecutivo.

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Estrategia gubernamental y atención a la ciudadanía en el sur de Quito

Según informó la Secretaría de la Administración Pública, estos gabinetes en territorio representan una nueva modalidad de gestión enfocada en la ciudadanía y orientada a supervisar el avance de las obras y programas estatales.

La reunión del Gabinete Interinstitucional de lo Social contó con la presencia de altas autoridades del Ejecutivo:

De forma paralela a la sesión de trabajo, se desplegó una brigada de servicios que brindó atención social, comunitaria, educativa y de inclusión económica a cerca de 300 ciudadanos en el sector.

Creación y estructura de los gabinetes interinstitucionales del Ejecutivo

Esta dinámica responde a la disposición emitida el 16 de julio de 2026 por el presidente Daniel Noboa, cuando estableció una reestructuración en la coordinación del Ejecutivo. La medida dispuso la conformación de seis instancias especializadas para fortalecer la planificación técnica, la inversión y la acción conjunta entre ministerios.

Los seis gabinetes interinstitucionales creados

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Funciones y alcance normativo de las nuevas instancias

Cada uno de estos espacios cuenta con un presidente y un secretario responsables de coordinar las agendas de trabajo y vigilar el cumplimiento de los acuerdos. La normativa vigente faculta a los gabinetes para:

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La asambleísta oficialista Inés Alarcón marcó la pauta. En sus redes sociales publicó un video en el que responde a la iniciativa de al menos ocho asambleístas de la Revolución Ciudadana que, durante las dos últimas semanas, acudieron a centros de salud y hospitales públicos en un operativo al que denominaron “fiscalizador”. 

Una estrategia clara desde el correísmo

Básicamente, la estrategia de los legisladores correístas consiste en llegar a hospitales y centros de salud, convenientemente acompañados por un equipo de comunicación que graba las visitas, recoge sus declaraciones y toma imágenes sobre la falta de medicamentos y las deficiencias del sistema. Los videos son subidos a las redes sociales, casi siempre acompañados de la etiqueta #SOSSalud, y todos tienen un elemento en común: sus protagonistas se quejan de que no se les permitió ingresar a los establecimientos de salud, lo que consideran un impedimento para ejercer labores de fiscalización.

Ricardo Patiño, por ejemplo, denunció la presencia de perros vagabundos en la entrada del Hospital Monte Sinaí y una supuesta falta absoluta de medicamentos. Incluso entrevistó a un paciente que aseguró que debe llevar hasta sus propias sábanas. 

Por su parte, el asambleísta del Azuay, Roque Ordóñez, afirmó que había realizado “una nueva fiscalización” y que había constatado que la situación de la salud se ha agravado. “En las últimas horas, dos pacientes fallecieron por la falta de medicamentos, insumos médicos y equipos, como el tomógrafo, que permanece fuera de servicio”, dijo. Agregó, además, que el abastecimiento de medicinas cayó del 48 % al 40 %.

La reacción desde el oficialismo

Pero la respuesta de Alarcón no puede ser, en efecto, más torpe. Se trata de un video que, a todas luces, es propagandístico y está completamente alejado de la realidad. Alarcón comienza afirmando que la fiscalización no puede convertirse en un show político. 

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Y, en su afán por demostrar que a los correístas no se les permitió el ingreso porque no habían presentado la solicitud que ella considera necesaria para visitar los hospitales, aparece entregando un pedido formal para ingresar al hospital de Yaruquí, en el nororiente de Quito. “Tenemos que ser respetuosos, hay familias que sufren”, dice, como para marcar distancia con la conducta de sus colegas del correísmo, quienes intentan ingresar sin autorización.

En efecto, en todos los videos de los asambleístas correístas se los observa siendo impedidos de ingresar por la administración de los hospitales e, incluso, por la Policía. Pero lo más torpe del mensaje de Alarcón es su contenido, porque nadie podría creer las maravillas que ella pinta en su video. 

Se la ve solicitando información mediante formularios y permisos para luego afirmar que todo marcha de maravilla: las tareas de limpieza se cumplen perfectamente, las bodegas están repletas de medicamentos, nadie se queja de su escasez y los familiares de los pacientes hablan del excelente servicio médico que estos han recibido. Al final aparece diciendo que ha concluido el recorrido por el hospital de Yaruquí. “Por supuesto hay aspectos que hay que mejorar. Por eso he presentado un requerimiento de información, pero no para montar un show político sino para mejorar el servicio para ustedes”, afirma al cierre.

Lo que convierte la reacción de Alarcón en un recurso particularmente equivocado no es únicamente que el contenido del video no tenga conexión con la realidad, sino que parece estar concebido únicamente para deslegitimar el trabajo de sus colegas del correísmo. 

Es verdad que el correísmo lanzó esta campaña pensando en las próximas elecciones; también que se acuerda del drama de la salud únicamente cuando le resulta electoralmente conveniente y porque su intención es hacer oposición. Pero también es cierto que los legisladores tienen la obligación y la responsabilidad de fiscalizar la gestión del Ejecutivo.

Los asambleístas están en todo su derecho y, más aún, tienen la obligación de verificar que el Ejecutivo esté cumpliendo con sus responsabilidades. Y, como resulta evidente, en el sector de la salud no se han cumplido los ofrecimientos. Nadie puede negar que el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos y en el IESS es severo y persistente.

Existen cifras que reportan niveles de disponibilidad general de entre el 30 % y el 54 % en distintos momentos de 2025 y 2026. También se han registrado retrasos en compras anunciadas -incluidas las provenientes de la India-, deudas con personal externalizado, problemas de infraestructura y una limitada ejecución presupuestaria. Pacientes renales, oncológicos y trasplantados han protestado públicamente y denuncian consecuencias graves, entre ellas la interrupción de tratamientos. 

Esta situación no es un invento del correísmo, como parecería insinuar Alarcón. No hay duda de que el correísmo está recurriendo al tema de la salud para posicionarse de cara a las elecciones de noviembre y que la campaña iniciada por sus asambleístas no responde a un interés que haya demostrado durante el trabajo legislativo que despliegan en la Asamblea, donde este tema ha sido casi ignorado. Pero tampoco se puede negar, como lo ha hecho la asambleísta oficialista Inés Alarcón, que sus colegas del correísmo tienen el derecho y la responsabilidad de pedir cuentas al Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Juan Carlos Aveiga asumió como ministro de Salud Pública con el reto de resolver el desabastecimiento y luchar contra las mafias.
• El Ministerio del Interior mantendrá un trabajo coordinado para "hacer limpieza" de bandas en hospitales.
• Expertos señalan que evaluar el personal y estabilizar gerencias son claves para frenar irregularidades.

El octavo ministro de Salud Pública de Ecuador, Juan Carlos Aveiga, asumió el cargo en Quito con la promesa de resolver el desabastecimiento de medicamentos y erradicar las mafias del sistema sanitario estatal. La gestión del nuevo titular del Ministerio de Salud Pública se da en coordinación con el Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, para ejecutar intervenciones en las casas de salud. Sin embargo, analistas y gremios advierten que la remoción apresurada de funcionarios sin un modelo de gestión integral resulta insuficiente para erradicar la corrupción.

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Retos del Ministerio de Salud Pública y el abastecimiento de medicinas

El titular de la cartera de Estado, Juan Carlos Aveiga, llegó a la institución con las mismas propuestas de sus siete antecesores en la administración del presidente Daniel Noboa: combatir a las estructuras criminales e incrementar el estipendio de fármacos en los establecimientos de red pública.

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Respecto al abastecimiento, la adquisición de medicinas aguarda los resultados de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EO) y la rapidez con la que se gestione la compra de fármacos a la India, cuyo primer lote se prevé que llegue este año.

Intervención contra las mafias en hospitales públicos de Ecuador

La lucha contra la corrupción y los grupos delictivos en el sistema sanitario cuenta con la participación del ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario declaró públicamente que mantendrá un trabajo articulado con Juan Carlos Aveiga para "hacer limpieza" de las bandas criminales asentadas en los centros hospitalarios del país.

No obstante, especialistas consultados por este medio sostienen que la remoción de personal es solo una parte del trabajo integral que debe ejecutar el Gobierno Nacional para erradicar las mafias en la red hospitalaria.

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Propuestas de expertos para reestructurar el sistema sanitario

Especialistas en el área sanitaria coinciden en que se deben aplicar reformas profundas para evitar retrasos administrativos e irregularidades:

Hacia un modelo de salud preventivo y control en la contratación pública

Para el exministro Francisco Andino, la intervención debe ir acompañada de un modelo de salud eficiente. El especialista destacó que el debate no solo debe centrarse en la compra de medicinas, sino en la vigilancia epidemiológica y en cambiar la lógica asistencial hacia una visión preventiva.

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Asimismo, remarcó la necesidad de dar estabilidad a las gerencias de salud para que los cambios políticos en el Ministerio de Salud Pública no paralicen el funcionamiento del sistema.

Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana expuso que la contratación pública requiere acciones inmediatas para frenar la corrupción:

Lo que debes saber

• La vocería presidencial vuelve a estar en el centro del debate.
• El cargo también contempla una función de asesoría política.
• El Decreto 467 reorganiza las funciones internas de la Presidencia.

El presidente Daniel Noboa reorganizó la estructura de la Presidencia de la República, el 6 de agosto de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 467, que concentra en cinco secretarías generales la coordinación estratégica del Gobierno. Para Mateo Apolo, experto en Derecho Administrativo y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, la medida es parte de un proceso que se viene desarrollando desde 2025 y busca armonizar las estructuras creadas mediante decretos anteriores.

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Cinco secretarías para coordinar el Ejecutivo

En ese marco, Apolo explica que las nuevas secretarías no están concebidas para prestar servicios directamente a los ciudadanos, sino para fortalecer la coordinación interna del Ejecutivo. El especialista sostiene que el presidente sí tiene facultades constitucionales para reorganizar la estructura de la administración, siempre que se respeten las competencias establecidas en la ley.

Por su parte, el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, considera que el decreto no representa una transformación de fondo en las funciones de estas dependencias. Según Cucalón, varias de las atribuciones que ahora aparecen de manera expresa ya eran parte de las funciones tácitas de los secretarios generales de la Presidencia.

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La vocería que ya era parte del cargo

Una de las atribuciones que más atención ha generado es que la Secretaría General de Administración Pública tenga entre sus funciones la vocería de la Presidencia. Sin embargo, el exministro de Gobierno Henry Cucalón sostiene que esta no es una función nueva, pues históricamente el secretario de la Administración Pública era el portavoz natural del Palacio y también cumplía un papel de asesor político del presidente.

Según Cucalón, lo que cambió en los últimos gobiernos no fue necesariamente la naturaleza del cargo, sino la exposición pública de quienes lo ocuparon. El exministro recuerda que, mientras en administraciones anteriores los secretarios bajaban del Palacio y daban declaraciones a la prensa con frecuencia, en los gobiernos recientes algunos permanecieron prácticamente sin hablar públicamente.

Por eso, Cucalón considera que el decreto hace explícitas funciones que ya estaban asociadas al cargo. “No hay nada nuevo”, sostiene el exministro, quien interpreta la disposición como una formalización de atribuciones que antes operaban de manera tácita dentro de la Presidencia.

En cuanto a la asesoría política, Cucalón también considera que se trata de una función que ya estaba implícita en el cargo. Explica que los ministros son asesores políticos en sus respectivas áreas.

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La advertencia sobre el alcance de las funciones

Apolo también cuestiona la idea de presentar estas atribuciones como algo completamente novedoso. El jurista señala que las competencias ya existían y que el cambio está principalmente en la forma en que ahora se asignan y ordenan dentro de los órganos administrativos, por lo que, en sus palabras, parecería que se pretende “crear el agua tibia”.

Más allá de la reorganización formal, el abogado considera que el punto central será determinar qué tan eficaz resulta el nuevo esquema. Para Apolo, habrá que observar si la concentración de atribuciones en las cinco secretarías mejora la coordinación del Ejecutivo o si, por el contrario, termina generando duplicidad de funciones y una mayor concentración de poder.

Para el exministro, lo fundamental será que cada funcionario cumpla la ley y no sobrepase las atribuciones que le corresponden. En ese sentido, Apolo plantea que la evaluación no debe quedarse únicamente en el contenido del Decreto 467, sino trasladarse a su aplicación práctica.

Finalmente, Apolo explica que el Decreto 467 también unifica en una sola norma disposiciones que antes estaban repartidas en distintos decretos. Como ejemplo, menciona que atribuciones vinculadas con la planificación, que anteriormente estaban a cargo de Senplades, ahora forman parte de las competencias asignadas a la Secretaría General de Administración Pública.

Lo que debe saber

• Daniel Noboa se reunió por primera vez con el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, horas antes de la ceremonia de posesión presidencial.
• Ambos gobiernos acordaron fortalecer la relación bilateral y priorizar una agenda centrada en seguridad fronteriza, comercio y energía.
• Tras el encuentro, el canciller Roberto Kury anunció la creación de mesas técnicas para impulsar acuerdos.

Horas antes del acto de posesión presidencial, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo un encuentro con el nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella. Este viernes 7 de agosto de 2026, ambos dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación entre los dos países.

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“El presidente Daniel Noboa sostuvo una reunión bilateral con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad con esta nación hermana”, informó la Presidencia de la República del Ecuador.

Noboa arribó a Colombia la mañana de este 7 de agosto de 2026. Fue recibido con honores junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi. Tras su llegada, la primera actividad de su agenda fue precisamente la reunión bilateral con De la Espriella.

El mandatario ecuatoriano asistió acompañado por el canciller Roberto Kury. El encuentro incluyó una sesión fotográfica entre ambos presidentes y saludos con parte del gabinete del nuevo Gobierno colombiano.

En las imágenes difundidas por la Presidencia también se observó la presencia del secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Cabe recordar que Noboa emitió el Decreto Ejecutivo mediante el cual declaró en comisión de servicios a la comitiva que lo acompaña en esta visita oficial, con fecha del 3 de agosto de 2026.

Canciller destaca una nueva etapa en la relación bilateral

Tras la reunión, el canciller Roberto Kury señaló que el encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Ecuador y Colombia.

“Sus líderes comparten la misma visión enfocada en el beneficio de los ciudadanos, fortalecer la economía y la seguridad en la frontera”, aseguró Kury.

El ministro también afirmó que "trabajarán muy bien de la mano del nuevo presidente electo". Según explicó, la reunión se centró en tres ejes prioritarios:

En ese contexto, Kury anunció la conformación de mesas técnicas para abordar cada uno de esos temas, con el objetivo de profundizar el diálogo bilateral y avanzar en acuerdos que beneficien a ambos países.

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Así que Jorge Cueva Ayala, candidato que había resultado de las primarias del PSE, sabía que lo más probable era que su nombre no estaría en la papeleta de los aspirantes a la alcaldía de Quito.

El médico ha sido servidor público con más de 30 años de trayectoria en instituciones estatales, incluido el Municipio de Quito. El viernes 7 de agosto del 2026 se pronunció respecto a la alianza de los socialistas con los correístas y sobre un compromiso incumplido.

En un video difundido en sus redes sociales, Jorge Cueva Ayala explicó que fue convocado por el Partido Socialista y elegido como precandidato a la Alcaldía. Señaló que, dentro del proceso de alianzas, se definió que debía dar un paso al costado para permitir la participación de Muñoz, bajo el argumento de fortalecer la unidad de los sectores de izquierda y progresistas.

¿Cueva renunció a su candidatura, pero Gustavo Vallejo no?

“Accedí y renuncié a mi candidatura”, afirmó. Según su versión, como parte de ese acuerdo, Gustavo Vallejo, presidente del PSE, debía renunciar a una candidatura a concejal rural para que él pudiera asumir esa postulación. Indicó que el compromiso fue suscrito por ambas partes y remitido al Consejo Electoral del partido.

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No obstante, aseguró que ese acuerdo no se cumplió. “Hasta ahora (ese Consejo Electoral del PSE) no se ha pronunciado y acabo de enterarme de que el candidato oficial es Gustavo, a pesar de que inicialmente iba a renunciar”, dijo.

Jorge Cueva Ayala cuestionó lo ocurrido. “Lamentablemente veo que no se cumplen los compromisos, no se cumple la palabra asumida. Eso es una decepción en lo que significa hacer política en Ecuador y en nuestra ciudad”, sostuvo.

También aclaró que no buscaba un cargo público. Señaló que incluso rechazó propuestas para asumir funciones administrativas como Secretario de Salud o Administrador Zonal. “No estoy buscando empleo. Quería representar a la ciudadanía en una contienda electoral”, sostuvo.

Aunque confirmó que da un paso atrás en esta candidatura, aseguró que mantiene su compromiso con la ciudadanía. “No necesito un cargo público para servir a esta ciudad. Mi vocación de servicio seguirá viva mientras tenga fuerzas”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar principios en la política. “El país no cambiará únicamente con nuevos nombres o discursos. El verdadero cambio comenzará cuando la honestidad vuelva a ser el valor más importante y la palabra empeñada tenga el mismo valor de una firma”, concluyó.

Gustavo Vallejo tiene otra versión: "el PSE decidió rechazar cualquier chantaje"

"Conocí a Jorge Cueva en una reunión con dirigentes barriales hace aproximadamente tres meses. Allí se me acerco y me dijo que había que impulsar una plataforma de unidad, compartimos espacios de coordinación política por tres o cuatro ocasiones", sostuvo Gustavo Vallejo, presidente de los socialistas.

Según el dirigente, luego de que Augusto Barrera desistió públicamente de la candidatura,"le propuse (a Jorge Cueva) que corra la primaria con el PSE para la alcaldía, con absoluto conocimiento de que estábamos trabajando un espacio de unidad, sabiendo que debería dar un paso al costado (él lo reconoce)".

Sin embargo, Vallejo admite que para que Cueva renuncie a la candidatura a la alcaldía, firmó carta compromiso con él, solicitando que la Comisión Electoral del PSE  acepte las renuncias de los dos y lo coloquen como candidato a concejal.

"Dicha comunicación fue conocida y tratada por la Comisión Electoral del PSE el 1 de agosto del 2026. La resolución por unanimidad fue rechazar cualquier tipo de chantaje al PSE y ratificar mi candidatura", sostuvo Vallejo y negó haber ofrecido cargos en el Municipio.

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Lo que debe saber

• Luisa González confirmó que inscribirá su candidatura a la Prefectura de Manabí la próxima semana.
• La precandidata mantiene en reserva el movimiento político que auspiciará su postulación.
  
  
• La líder del correísmo aseguró que uno de los partidos que la respaldaría fue amenazado

Luisa González reafirmó que buscará la Prefectura de Manabí en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026. Sin embargo, el movimiento político que auspiciará su candidatura todavía se mantendrá en reserva, según señaló la expresidenta de la Revolución Ciudadana.

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Este 7 de agosto de 2026, González fue entrevistada en el portal Ecuador en Directo. Allí se pronunció sobre los próximos pasos para concretar la inscripción de su candidatura. 

La exaspirante presidencial afirmó que cumplirá con ese trámite la próxima semana, aunque no especificó el día en que lo hará. Sobre ese tema, indicó que los detalles se conocerán próximamente.

“La inscribo la siguiente semana. Estamos definiendo el día. ¿Por qué movimiento? No lo voy a decir aún porque uno de los movimientos ya fue amenazado, el directivo del movimiento”, aseguró González.

González insiste en que existe una intención de inhabilitarla

La exdirigente de la Revolución Ciudadana habló de supuestos intentos de comprar a los líderes de los movimientos que podrían auspiciar su candidatura.

“Ya hasta intentaron comprarlo. Le han ofrecido lo que han podido. Pero es una personas con principios y valores. Pero también lo amenazaron”, dijo.

González también se refirió a la necesidad de alcanzar la unidad política.

“Pensando en esa unidad que tiene que ser desde el análisis profundo y desprendido de lo que estamos viviendo hoy proyectados a un futuro de esperanza”, señaló.

En la misma entrevista, González manifestó:

“Vemos que hay un secuestro de la democracia, hay una democracia simulada, ya lo denunciaba yo un tiempo atrás, donde quieren fingir que hay una participación democrática, que hay instituciones independientes, pero eso es totalmente simulado, falso. ¿Qué han hecho con las organizaciones políticas? Perseguirlas”.

¿Qué pasó con la Revolución Ciudadana?

Las principales figuras del correísmo han tenido que buscar auspicio en otros movimientos políticos después de que la lista de la Revolución Ciudadana fuera suspendida, tras una decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esa resolución se adoptó luego de que se admitiera a trámite una denuncia presentada por el fiscal Leonardo Alarcón.

Posteriormente, los correístas se acercaron al movimiento Amigo. Incluso, varios de sus dirigentes participaron en las elecciones primarias de esa organización política. 

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Sin embargo, ese movimiento también fue suspendido mediante el mismo mecanismo. Ante ese escenario, el correísmo optó por buscar otras organizaciones desde las cuales impulsar las candidaturas de sus principales figuras.

Lo que debes saber

• Gabriela Molina advierte sobre la desvinculación de más de 300 trabajadores operativos.
• El pedido exige aclarar el impacto en los programas sociales y en el personal de Manabí.
• La solicitud fue enviada a la ministra Zaida Rovira en medio de recortes ministeriales.

La asambleísta Gabriela Molina, del movimiento Revolución Ciudadana, solicitó información oficial a la ministra Zaida Rovira sobre presuntos despidos masivos que el Ministerio de Desarrollo Humano estaría planificando en Ecuador. La legisladora advirtió que la desvinculación de más de 300 trabajadores del área operativa afectaría la ejecución de diversos programas sociales en el país, especialmente en provincias como Manabí, en el marco de la reorganización estatal impulsada por el Gobierno nacional.

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Fernando Villavicencio: asambleísta de la RC pide información sobre la cadena nacional del caso

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Gabriela Molina exige respuestas al Ministerio de Desarrollo Humano por posible recorte de personal

La legisladora de Revolución Ciudadana, Gabriela Molina, remitió un oficio formal a la titular del Ministerio de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, para pedir explicaciones sobre una supuesta ola de recortes laborales en dicha entidad gubernamental.

"Se anuncian más de 300 despidos, en el área operativa del Ministerio de Desarrollo Humano. Sabemos que ese personal desarrolla programas sociales", publicó la asambleísta Molina en sus redes sociales.

Detalles del pedido de información enviado a Zaida Rovira

A través de su requerimiento público, la asambleísta busca transparente el alcance de la medida y determinar las consecuencias operativas dentro de la atención social del Estado.

Puntos clave de la solicitud legislativa:

El oficio fue dirigido a Zaida Rovira, en su calidad de ministra de Desarrollo Humano. Rovira además se alista para participar como candidata a concejal de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, bajo la bandera del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

El contexto estatal: reducción de ministerios en el Gobierno de Daniel Noboa

La alerta emitida por la función legislativa ocurre en medio de la política de reestructuración de la función ejecutiva liderada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Desde 2026, el Ejecutivo ha concretado varias etapas de reducción institucional.

Política

Estas son las funciones de José Julio Neira como nuevo portavoz de la Presidencia

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Cronología de la reestructuración del gabinete presidencial:

Según lo señalado por el Ejecutivo, la medida busca optimizar los procesos administrativos y evitar demoras en la ejecución de los proyectos gubernamentales.

Lo que debes saber

• Noboa designó a José Julio Neira como portavoz presidencial mediante decreto en Carondelet.
• Neira asumirá la vocería oficial del Ejecutivo para comunicar decisiones del Gobierno.
• La Presidencia redefine funciones y retoma una figura clave para informar al país.

El Gobierno designó a José Julio Neira como portavoz oficial del Ejecutivo mediante el Decreto Ejecutivo 467, firmado por el presidente Daniel Noboa. 

La medida forma parte de una reorganización de la estructura de la Presidencia de la República y de la redefinición de competencias de las cinco secretarías generales que integran Carondelet.

Neira, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, asumirá la vocería oficial en los asuntos que le sean delegados por el mandatario.

La vocería vuelve a tener una figura definida

Con la nueva disposición, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete pasa a tener 24 atribuciones, entre ellas asesorar políticamente al presidente y ejercer las funciones de portavoz de la Presidencia.

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La decisión marca el retorno de una figura específica encargada de transmitir información oficial del Ejecutivo. La última persona que desempeñó este rol fue Carolina Jaramillo, quien permaneció en funciones hasta noviembre de 2025 y mantenía ruedas de prensa periódicas en el Palacio de Carondelet para informar sobre las acciones del Gobierno y responder consultas de los medios.

Incertidumbre sobre el nuevo esquema de comunicación

Tras la salida de Jaramillo, la Presidencia dejó de realizar las ruedas de prensa semanales y no mantuvo una vocería oficial permanente. Durante ese período, la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, apareció en algunos mensajes institucionales relacionados con temas de interés nacional.

Hasta el momento, no se ha informado cómo ejercerá Neira su nuevo papel como portavoz ni si la Presidencia retomará las ruedas de prensa regulares o implementará un mecanismo distinto de comunicación con los medios y la ciudadanía.

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Entre las principales atribuciones

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Con la nueva estructura, la Presidencia contará con cinco secretarías generales: la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete; la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; la Secretaría General Jurídica; la Secretaría General de Comunicación; y la Secretaría General de Integridad Pública.

Entre las principales funciones asignadas a la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete está coordinar el funcionamiento del Gabinete Presidencial, asesorar al primer mandatario y articular el trabajo entre la Presidencia, los ministerios y las demás instituciones del Ejecutivo.

Neira será el nuevo portavoz presidencial

Además de las funciones antes mencionadas, el presidente Daniel Noboa asignó al secretario de la Administración Pública la atribución de actuar como portavoz en los asuntos que disponga el primer mandatario. El decreto señala: “Ejercer funciones de portavoz de la Presidencia de la República en los asuntos que le disponga el Presidente de la República”.

Cabe recordar que, tras el inicio del segundo período de Daniel Noboa, el Gobierno Nacional ensayó la figura de una portavoz de Carondelet como enlace entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. La única persona que ocupó ese cargo fue Carolina Jaramillo.

Tras diversas críticas y desencuentros con los mismos medios de comunicación con los que se pretendía tender un puente, Jaramillo renunció y el Ejecutivo no designó a otra persona para ese cargo.

La facultad del secretario de la Administración Pública de actuar como portavoz, al menos según el Decreto Ejecutivo, no aparece como un cargo, sino únicamente como una de las atribuciones de esa dependencia de la Presidencia.

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En total, la Secretaría, que actualmente está presidida por José Julio Neira, tiene 24 atribuciones. Entre ellas consta también “ejercer las demás atribuciones que le asigne el presidente de la República”.

Otras atribuciones de José Julio Neira: