Lo que debes saber 

• La Comisión de Transparencia recibió los criterios técnicos del Ministerio de Salud sobre el proyecto para prevenir el reclutamiento de menores.
• El MSP propuso reformas legales y alertó sobre el impacto de la salud mental y el consumo de drogas en esta problemática.
• Las observaciones serán incorporadas al informe legislativo.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional continuó este martes 21 de julio de 2026 el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. Durante la sesión 105, la delegada del Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó las observaciones técnicas de la institución.

En representación del ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, compareció Vanessa Villavicencio Zambrano, directora nacional de Calidad, Seguridad del Paciente y Control Sanitario. La funcionaria expuso que el fenómeno del reclutamiento de menores debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública, debido a la relación que mantiene con los trastornos mentales, el consumo de drogas y otros factores de vulnerabilidad.

"El reclutamiento de nuestras niñas, niños y adolescentes por estructuras criminales no constituye una problemática únicamente de seguridad ciudadana, es también un problema de salud pública", afirmó Villavicencio durante su intervención.

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MSP propone cambios a tres leyes para enfrentar el reclutamiento de menores

La representante del MSP explicó que la cartera de Estado respalda el proyecto de ley y planteó reformas específicas a la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Salud Mental y la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. Según indicó, estas modificaciones permitirán fortalecer la prevención, la atención psicológica, la rehabilitación y la coordinación entre instituciones.

La funcionaria recordó que el presidente Daniel Noboa declaró el 5 de junio de 2026 como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento de menores mediante el Decreto Ejecutivo 21, que creó el Comité para la Prevención del Reclutamiento (COPRA), del cual forma parte el Ministerio de Salud Pública junto con otras entidades estatales.

"La respuesta estatal debe ser intersectorial, preventiva y basada en derechos", sostuvo la delegada del Ministerio de Salud.

Durante la exposición, Villavicencio señaló que el sistema sanitario ya cuenta con una red especializada para atender estos casos. Detalló que existen 71 servicios ambulatorios intensivos en salud mental y consumo de sustancias, 82 unidades hospitalarias de salud mental, 10 centros especializados de tratamiento residencial para adolescentes (ETAF) y un hospital especializado para casos de mayor complejidad.

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Las cifras que preocupan al Ministerio de Salud

Como parte del sustento técnico, la funcionaria presentó estadísticas nacionales que reflejan la magnitud del problema. Informó que en 2024 se registraron 1.143 muertes por suicidio, mientras que entre 2022 y 2024 el sistema de salud reportó 224.402 atenciones relacionadas con el consumo de sustancias. Solo en 2025 se contabilizaron 11.217 atenciones ambulatorias por esta causa en adolescentes de entre 10 y 19 años.

Además, indicó que el Ministerio ha identificado 256 parroquias vulnerables, donde se concentra el 66 % de la población del país, por lo que insistió en que la prevención debe fortalecerse desde las comunidades, el sistema educativo y las familias.

"La prevención es la clave. Una atención psicológica, rehabilitación, reinserción educativa, fortalecimiento familiar y seguimiento clínico son primordiales", enfatizó Villavicencio.

La funcionaria agregó que el Ministerio de Salud ha desarrollado 85.226 actividades de promoción de salud mental durante 2025 y mantiene programas conjuntos con el Ministerio de Educación, entre ellos "Comunidades Educativas Seguras", que actualmente alcanza una cobertura del 94,82 %.

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Comisión incorporará los aportes técnicos al informe

Tras concluir la comparecencia, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome Silva, agradeció la exposición y solicitó que toda la documentación técnica sea remitida oficialmente a la secretaría del organismo para incorporarla al informe que se elaborará dentro del trámite legislativo.

"Ha sido muy importante las observaciones y los aportes que nos han dado", expresó la legisladora al cierre de la intervención.

Al no existir preguntas por parte de los asambleístas ni otros puntos en el orden del día, la presidenta dio por concluida la sesión número 105 de la Comisión de Transparencia, dedicada exclusivamente al análisis del proyecto de ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Lo que debes saber

• La etapa de pruebas dentro del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, concluyó este martes 21 de julio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
• Una vez concluida esa etapa comenzó a correr el plazo legal para que la mesa legislativa elabore y vote el informe en el que recomendará al Pleno archivar el trámite o continuar con el proceso de interpelación.
• Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión dispone de cinco días para remitir su informe al presidente de la Asamblea Nacional, una vez finalizada la etapa probatoria. De ser necesario, el plazo puede extenderse cinco días más.

La etapa de pruebas dentro del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, concluyó este martes 21 de julio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La exfuncionaria rindió su versión ante la mesa legislativa.

(Te puede interesar: Inés Manzano: "Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión")

Una vez concluida esa etapa comenzó a correr el plazo legal para que la mesa legislativa elabore y vote el informe en el que recomendará al Pleno archivar el trámite o continuar con el proceso de interpelación.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión dispone de cinco días para remitir su informe al presidente de la Asamblea Nacional, una vez finalizada la etapa probatoria.

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Juicio político a Inés Manzano: Correísmo insiste en que hubo omisiones en los contratos de ATM

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La norma también prevé que, si lo considera necesario, la mesa pueda solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales antes de emitir su pronunciamiento.

Cuestionamientos de la bancada correísta a Inés Manzano

El proceso fue impulsado por Lenin Barreto, Blasco Luna y Mónica Palacios, legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes acusan a Manzano de presunto incumplimiento de funciones durante su paso por el Ministerio de Ambiente y, posteriormente, al frente de la cartera de Energía.

Los interpelantes sostienen que la exfuncionaria no ejerció un control adecuado sobre los contratos suscritos durante la emergencia eléctrica, en especial el firmado con Austral Technical Management (ATM).

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Durante su intervención, Luna reconstruyó la secuencia de decisiones adoptadas en torno al contrato con ATM y señaló que, cuando Manzano estaba al frente de la cartera, continuaron los pagos y se firmaron adendas pese a que ya se habían emitido informes y advertencias sobre problemas técnicos en la contratación.

Según el legislador, esa actuación evidencia una responsabilidad política por omisión.

¿Qué dijo Inés Manzano?

En su comparecencia, Manzano desestimó las acusaciones sobre el contrato con ATM e indicó que sí existió una estrategia jurídica para sancionar a la empresa, imponer una multa y avanzar a la culminación del contrato en forma unilateral.

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La exfuncionaria señaló además que no existe prueba que respalde una responsabilidad política en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe", señaló Manzano.

Lo que debes saber 

• Los interpelantes del correísmo defendieron en la Comisión de Fiscalización el juicio político contra Inés Manzano por presuntas omisiones en contratos de la emergencia eléctrica.
• La exministra compareció de forma virtual y aseguró que actuó dentro del marco constitucional y que no existe prueba que sustente una responsabilidad política.

El asambleísta Lenin Barreto, de la bancada Revolución Ciudadana y uno de los proponentes del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, sostuvo este 21 de julio de 2026, durante la reinstalación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, que la exfuncionaria incurrió en omisiones al supervisar los contratos firmados durante la emergencia eléctrica, especialmente el suscrito con Austral Technical Management (ATM).

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Inés Manzano: "Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión"

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Barreto aseguró que, bajo la administración de Manzano, continuaron los desembolsos a la empresa pese a que, según afirmó, ya existían denuncias e informes que advertían irregularidades. También sostuvo que los apagones ocasionaron pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares y la eliminación de alrededor de 250.000 empleos en el país.

"Estamos ante el más grande atraco de la historia del país. Dinero que le entregamos a empresas piratas y ellas devolvieron solamente chatarra".

Blasco Luna y Mónica Palacios respaldan el juicio político

El asambleísta Blasco Luna, también proponente del juicio político, afirmó que la entonces ministra tenía la obligación constitucional de ejercer la rectoría, supervisión y control sobre las contrataciones realizadas durante la emergencia eléctrica. Según expuso, esa competencia surgía de la circular emitida el 23 de abril de 2024, así como del Decreto Ejecutivo 355, que encargó al Ministerio de Energía coordinar las acciones para enfrentar el estiaje.

Luna repasó la cronología del contrato con ATM y sostuvo que, durante la gestión de Manzano, se realizaron pagos, se suscribieron adendas y se mantuvieron desembolsos pese a que ya existían alertas sobre fallas técnicas e informes que cuestionaban la contratación. A su criterio, esas actuaciones configuran una responsabilidad política por omisión.

"La exministra tuvo conocimiento de las irregularidades del contrato con ATM y no ejerció el control que le correspondía".

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios, también integrante de Revolución Ciudadana y proponente del juicio político, respaldó los argumentos presentados durante la sustanciación del proceso y sostuvo que las pruebas recopiladas evidencian un incumplimiento de las obligaciones de dirección y control que correspondían a la entonces titular del Ministerio de Energía.

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Dallyana Passailaigue deja el PSC: ¿qué dijo en la carta con la que anunció su salida?

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Inés Manzano respondió de forma virtual y negó incumplimientos

Tras la exposición de los interpelantes, la exministra Inés Manzano compareció de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización para ejercer su defensa. Desde el inicio de su intervención sostuvo que el juicio político debía responder una sola pregunta: si incumplió una función establecida en la Constitución o la ley, algo que, según afirmó, no ocurrió.

"La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política".

La exfuncionaria aseguró que asumió el Ministerio en medio de una crisis energética sin precedentes, con un déficit cercano a 1.800 megavatios, una sequía histórica y años sin ejecutar el Plan Maestro de Electricidad. También defendió el memorándum emitido durante la emergencia eléctrica, afirmó que solo tuvo vigencia mientras duró ese régimen excepcional y sostuvo que nunca asumió competencias que correspondían a otras autoridades.

"No me llamaron para crear una crisis. Me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas".

Manzano también rechazó las acusaciones sobre el contrato con ATM y aseguró que sí existió una estrategia jurídica para sancionar al contratista, imponer multas y avanzar hacia la terminación unilateral del contrato. Finalmente, insistió en que no existe una prueba que sustente responsabilidad política en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe".

Tras la intervención virtual de alrededor 12 minutos de la exministra Manzano, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, dio por concluida la sesión sin abrir una nueva ronda de preguntas para la exministra. La decisión fue cuestionada por los asambleístas de Revolución Ciudadana, quienes reclamaron que se les impidió formular interrogantes adicionales y expresaron su desacuerdo con el cierre del debate.

Passailaigue confirmó su salida este martes, 21 de julio, mediante una carta difundida en su cuenta de la red social X, poniendo fin a una militancia de aproximadamente diez años. 

"Hoy cierro una etapa partidista. Lo hago con gratitud, con la tranquilidad de haber servido con convicción y con la certeza de que los espacios cambian, pero el propósito permanece", expresó la exlegisladora, quien justificó su decisión en la necesidad de continuar su labor "desde otro lugar, sin traicionar nuestros principios".

Discrepancias y denuncias por acuerdos internos

La renuncia de Passailaigue se da en un ambiente ya caldeado por distanciamientos previos dentro de la estructura local. Semanas atrás, Jorge Acaiturri —exconcejal y exasambleísta— oficializó su desvinculación tras denunciar supuestas conversaciones y alianzas ocultas al interior de la tienda política. Para justificar su marcha, Acaiturri enfatizó que "la decencia ni se somete ni se negocia".

A esa postura se sumó la concejala en funciones Ana Chóez, quien también confirmó el fin de su ciclo en la organización en la que se formó políticamente. Aunque evitó ahondar en detalles, la edil argumentó que existieron circunstancias mal manejadas y fuertes desacuerdos en la gestión interna del partido.

El PSC desmiente alianzas y defiende las primarias

Frente a los señalamientos sobre supuestas negociaciones, la cúpula del partido reaccionó. Alfredo Serrano, asambleísta y presidente nacional del PSC, desmintió categóricamente la existencia de acuerdos secretos y sostuvo: "No existe negociación alguna con otra organización política. El único aliado del PSC en Guayaquil es Madera de Guerrero".

Aunque la dirigencia nacional argumentaba que las candidaturas estaban sujetas a las elecciones primarias, el panorama electoral local definió a Andrés Roche como la carta del partido para disputar la Alcaldía de Guayaquil.

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Un escenario complejo de cara a las seccionales de 2026

Pese a la definición de cuadros como el de Roche para la contienda municipal, las bajas consecutivas impactan al PSC en un momento crítico de reconfiguración territorial. La tienda política busca reconstruir sus bases para competir en las urnas en noviembre de 2026 e intentar recuperar terreno en su tradicional bastión, tras haber perdido la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas en los comicios de 2023 frente a la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber

• La exasambleísta y excandidata a la Vicepresidencia difundió una carta abierta para anunciar el cierre de su etapa partidista.
• En el documento agradece a Jaime Nebot, repasa su trayectoria y explica cuál será su siguiente paso.
• El mensaje fue publicado este 21 de julio en su cuenta de X y marca un nuevo rumbo en su vida pública.

La exasambleísta Dallyana Passailaigue Manosalvas, quien representó al Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea Nacional y fue candidata a la Vicepresidencia de la República en las elecciones de 2025, anunció este 21 de julio su salida de esa organización política. Lo hizo mediante una carta abierta publicada en su cuenta de X, en la que explicó las razones de su decisión y adelantó que continuará vinculada a proyectos de liderazgo desde el ámbito privado.

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En el documento, Passailaigue aclara que escribe "no como política, sino como Dallyana", y hace un recuento de los diez años que dedicó al servicio público. Señala que durante ese tiempo impulsó iniciativas relacionadas con la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de la educación, la lucha contra el hambre, el cuidado del ambiente y la transparencia institucional.

Como parte de ese balance, aseguró que ese trabajo conjunto con organizaciones sociales permitió concretar resultados legislativos. "Junto a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil logramos convertir ese trabajo en siete leyes nacionales y dos ordenanzas municipales", escribió la exlegisladora al destacar los logros que considera más representativos de su paso por la política.

Salida del PSC: Dallyana Passailaigue agradece a Jaime Nebot

En la segunda parte de la carta, Passailaigue confirmó oficialmente el cierre de su ciclo dentro del Partido Social Cristiano. "Hoy concluyo mi etapa dentro del Partido Social Cristiano", expresó, para luego agradecer al líder histórico del movimiento, Jaime Nebot, así como a la dirigencia y militancia de la organización.

La exasambleísta también recordó el trabajo realizado dentro del partido para formar nuevos cuadros políticos. Indicó que participó en la creación del Centro de Formación del PSC, espacio que, según afirmó, permitió que más de 2.000 jóvenes recibieran herramientas para involucrarse en la actividad política y el servicio comunitario.

En ese contexto, sostuvo que su visión sobre la política se mantiene intacta pese a abandonar la organización. "Los partidos políticos son un medio para servir, nunca un fin en sí mismos", afirmó, al explicar que considera que el propósito puede continuar desde otros espacios.

¿Quién es Dallyana Passailaigue?

Dallyana Passailaigue es ingeniera en Ciencias con especialización en Marketing y posee una maestría en Gestión Educativa. Antes de ingresar a la política desarrolló una carrera como presentadora de televisión, comunicadora y deportista. Fue elegida asambleísta por Guayas en los periodos 2017, 2021 y 2023, integrando la Comisión de Educación y promoviendo reformas relacionadas con educación superior, educación intercultural y prevención de la violencia contra mujeres, niños y adolescentes.

En las elecciones generales de 2025 integró el binomio presidencial del PSC junto a Henry Kronfle como candidata a la Vicepresidencia. Tras los comicios continuó participando en el proceso de reorganización interna del partido y, hasta semanas recientes, su nombre figuraba entre las posibles cartas del socialcristianismo para futuras candidaturas seccionales.

La carta concluye con una definición sobre la etapa que inicia fuera de la política partidista. "Seguiré haciendo lo que ha dado sentido a mi trabajo: formar personas, desarrollar liderazgos, construir alianzas y promover proyectos que amplíen oportunidades y contribuyan al desarrollo del Ecuador, por ahora desde el ámbito privado", escribió. Finalmente añadió que continuará opinando sobre los asuntos públicos porque, según expresó, "los espacios cambian, pero el propósito permanece".

Lo que debes saber 

• Inés Manzano defendió de forma virtual su gestión ante la Comisión de Fiscalización y rechazó haber incumplido funciones.
• La exministra atribuyó la crisis eléctrica a años de falta de planificación y sostuvo que no existen pruebas para establecer responsabilidad política.

La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, compareció de forma virtual este 21 de julio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para ejercer su defensa dentro del juicio político en su contra. Durante su intervención rechazó las acusaciones, sostuvo que no incumplió ninguna función legal y aseguró que las pruebas presentadas no demuestran responsabilidad política.

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Desde el inicio de su exposición, Manzano afirmó que el proceso debe responder únicamente si incumplió alguna competencia establecida en la Constitución y la ley. En ese sentido, insistió en que los asambleístas acusadores no lograron identificar cuál habría sido la obligación jurídica que dejó de cumplir durante su gestión al frente del Ministerio.

"La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política".

Crisis energética: la defensa de su gestión durante la emergencia

La exministra recordó que fue convocada por el presidente Daniel Noboa en medio de una crisis energética que calificó como la más grave de las últimas décadas. Explicó que recibió un sistema con un déficit cercano a 1.800 megavatios, una sequía histórica y años sin ejecutar un plan de expansión para fortalecer la generación eléctrica.

Según su versión, la administración enfrentó condiciones excepcionales y no un escenario de normalidad. Comparó la situación con la crisis de 2009 y afirmó que entonces el país tenía una demanda de energía considerablemente menor, además de contar con mejores condiciones hidrológicas que las registradas en 2024.

"No me llamaron para crear una crisis. Me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas".

También responsabilizó a gobiernos anteriores por el deterioro del sistema eléctrico. Afirmó que el Plan Maestro de Electricidad no fue ejecutado durante las administraciones de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, situación que, según dijo, dejó al país sin la capacidad suficiente para responder a la emergencia.

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Memorándum, contratación pública y competencias

Uno de los principales cuestionamientos del juicio político gira alrededor de un memorándum emitido durante la emergencia eléctrica de abril de 2024. Sobre ese documento, Manzano explicó que fue elaborado únicamente para regular procesos de contratación pública mientras estuvo vigente la declaratoria de emergencia.

Añadió que dicho memorándum perdió vigencia al concluir ese régimen excepcional y que, posteriormente, fue dejado sin efecto mediante una circular suscrita por ella en agosto de 2025. En su criterio, los acusadores pretenden convertir una disposición temporal en una obligación permanente.

"No se puede convertir un memorándum de emergencia en una obligación permanente en el tiempo", señaló.

La exfuncionaria agregó que, aun cuando ese documento hubiese estado vigente, nunca le transfirió responsabilidades que la ley asigna a otras autoridades. Citó el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para sostener que esas competencias eran indelegables y correspondían exclusivamente al gerente general de la empresa pública involucrada.

Arbitraje, multas y terminación del contrato

Otro de los ejes de su defensa estuvo relacionado con el arbitraje promovido por el contratista. Manzano aseguró que durante su gestión sí existió una estrategia jurídica, la cual incluyó la imposición de multas, el inicio del procedimiento para declarar al contratista incumplido y los pasos necesarios para avanzar hacia la terminación unilateral del contrato.

Explicó que precisamente esas actuaciones provocaron que la empresa acudiera a un arbitraje de emergencia para intentar frenar las medidas adoptadas por el Estado. Añadió que actualmente las medidas cautelares fueron levantadas y que el proceso permite continuar con el cobro de multas, la ejecución de garantías y la terminación contractual.

"La mejor evidencia de que hubo una estrategia jurídica es que la contraparte intentó impedir que continuara".

Además, cuestionó que se le atribuya la obligación de terminar unilateralmente un contrato cuando este contemplaba mecanismos previos de solución de controversias, como buenos oficios, mediación y arbitraje. Según dijo, actuar de otra forma habría significado incumplir las cláusulas contractuales.

Críticas al correísmo y a gobiernos anteriores

Durante su comparecencia virtual, Manzano también comparó este proceso con el juicio político impulsado en 2009 contra el entonces ministro Albornoz, el cual fue archivado. Afirmó que en ambos casos los argumentos jurídicos son similares respecto a la imposibilidad de responsabilizar políticamente a un ministro por actuaciones de terceros.

Asimismo, aseguró que la Asamblea aprobó tres reformas para ampliar la participación privada en la generación eléctrica y acusó al correísmo de haber frenado inicialmente esos cambios. En su intervención sostuvo que la falta de inversión y planificación durante años derivó en el déficit energético que recibió el actual Gobierno.

La exministra también recordó varios arbitrajes internacionales y procesos que, según dijo, ocasionaron pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano. Citó los casos Perenco, Odebrecht, Toachi Pilatón, el Multipropósito Chone y la Refinería del Pacífico como ejemplos de decisiones estatales adoptadas fuera del marco legal.

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"Las responsabilidades no se presumen"

En otro momento de su intervención, Manzano cuestionó actuaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito por las medidas cautelares que inicialmente impidieron ejecutar acciones contra el contratista. No obstante, señaló que esas decisiones fueron posteriormente revocadas y que el arbitraje continuará para resolver la controversia.

La exministra sostuvo que, durante los siete días del proceso, no se presentó ninguna prueba que establezca un nexo causal entre sus actuaciones y un supuesto perjuicio económico para el Estado. También afirmó que ni la Contraloría General del Estado ha determinado una responsabilidad en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe".

Lo que debe saber

• La autoridad electoral deberá definir si los candidatos del correísmo pueden inscribirse tras haber participado en las primarias del  movimiento Amigo.
• La Revolución Ciudadana apuesta por movimientos locales y renuncias a precandidaturas para mantener a sus principales figuras en la contienda.
• La suspensión de Amigo abrió un debate sobre la validez de las precandidaturas y las opciones que aún tienen los candidatos para llegar a la papeleta.

El correísmo, o al menos sus principales candidatos para las elecciones seccionales de 2026, enfrenta un callejón sin salida tras la suspensión del movimiento Amigo. Para la Revolución Ciudadana hay dos escenarios posibles, pero ninguno de ellos con certeza alguna.

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¿Pueden renunciar a las precandidaturas?

El primero tiene que ver con la aceptación de las precandidaturas en esa organización política. Es el mayor problema para los correístas. Esto porque no exististiría una instancia ante la cual renunciar formalmente a sus postulaciones luego de las elecciones primarias.

Este 21 de julio, el máximo líder de la Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, afirmó: “No contentos con ilegalmente eliminar a Amigo, los candidatos que participaron en sus primarias quedarían ‘confinados’ y no podrían inscribirse por otras organizaciones políticas”.

El experto en derecho electoral Daniel González explicó que la interpretación según la cual los precandidatos no tendrían ante quién presentar su renuncia es jurídicamente válida. “La organización política, una vez suspendida, no puede hacer nada en el ámbito electoral”, sostuvo.

Pero considera que el escenario no está completamente cerrado. González señaló que no hay artículo que prohíba dos precandidaturas. “Al final, la (precandidatura) que contaría sería la que se logra inscribir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el propósito de quedar en firme”.

A su criterio, la actuación del CNE será decisiva. Según explicó, el organismo debería considerar el artículo 9 del Código de la Democracia, que establece que “en caso de duda en la aplicación de la ley, se interpretará en el sentido que más favorezca al cumplimiento de los derechos de participación, a respetar la voluntad popular y a la validez de las votaciones”.

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El correísmo ha mantenido en reserva las alianzas alcanzadas durante el último día del plazo para registrar este tipo de acuerdos. Pero esas coaliciones no serían el único mecanismo para inscribir candidaturas.

La secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, Melissa Zambrano, explicó que, antes de la notificación de la suspensión, ya se habían concretado alianzas en las que participaba Amigo. También señaló que hubo otras negociaciones que no llegaron a inscribirse.

“La alternativa, en donde no se inscribieron (alianzas), es ir con movimientos locales. En las que sí, nosotros procedimos a la renuncia (de precandidaturas)”, indicó. Además, aseguró que esas renuncias ya fueron presentadas ante el CNE.

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La renuncia de precandidaturas en otros movimientos

El segundo escenario tiene que ver con la cesión de precandidaturas. La también experta en derecho electoral Mónica Bolaños considera que la única alternativa para la Revolución Ciudadana es que, en los movimientos políticos que buscan auspiciar sus candidaturas, los actuales precandidatos renuncien a sus postulaciones.

“Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió con una de las prepostulaciones auspiciadas por ADN: Cynthia Viteri. Si la ley se lo permite a una persona, debe hacerlo para el resto de organizaciones políticas”, afirmó.

Respecto a las alianzas, Bolaños explicó que la suspensión de Amigo solo afectaría a aquellas que sean calificadas después de la ejecución de la medida adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). 

Hasta el 19 de abril pasado, entre las 18 alianzas ya calificadas no constaba Amigo. Y el lunes pasado el organismo dejó en firme lo decidido por el TCE.

Lo que debes saber 

• José Romero, del Frente de Defensa del IESS, cuestionó la gestión del Seguro Social y del Ministerio de Salud.
• Aseguró que no existe planificación para medicinas, hospitales ni prevención sanitaria.
• También atribuyó parte de la crisis a la falta de experiencia de las actuales autoridades del IESS.

José Romero, integrante del Frente de Defensa del IESS, cuestionó la gestión del sistema de salud y aseguró que la crisis que atraviesan el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) no es reciente. Durante una intervención pública, sostuvo que los problemas se arrastran desde hace varios años y pidió que las autoridades adopten medidas para revertir la situación.

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"¿Qué es lo que está pasando en el IESS y también qué es lo que pasa en el Ministerio de Salud Pública? El problema de la salud no es un problema de ahora. Arranca desde hace muchos años. Yo no sé por qué se ha silenciado tanto", manifestó Romero al iniciar su exposición sobre la situación del sistema sanitario.

El dirigente también señaló que los espacios de diálogo deben servir para presentar soluciones dirigidas al Ejecutivo y a las autoridades del sector. Sin embargo, sostuvo que existe un tercer actor que, a su criterio, también tiene responsabilidad en el escenario actual: el Consejo Directivo del IESS junto con la administración de la institución.

Crisis en el IESS: críticas a la gestión y la planificación

Romero afirmó que la administración del Seguro Social carece de una planificación para atender las principales necesidades de los afiliados. Entre ellas mencionó la adquisición de medicamentos y el desarrollo de nueva infraestructura hospitalaria, aspectos que consideró fundamentales para garantizar la atención médica.

"No existe una programación como sí lo tuvimos en el seguro social en años anteriores. No hay una programación para adquisición de medicinas. No hay una programación para la construcción de nuevos hospitales, clínicas y dispensarios", aseguró durante su intervención.

El representante del Frente de Defensa del IESS también atribuyó parte de estas dificultades a la desaparición del departamento de ingeniería durante la época de la Comisión Interventora. Además, afirmó que la falta de experiencia de quienes actualmente dirigen la institución ha impedido fortalecer los procesos de planificación.

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Prevención en salud, la propuesta que plantea el Frente de Defensa del IESS

Romero sostuvo que los funcionarios con mayor trayectoria dentro del Seguro Social han sido desplazados de los procesos de decisión, mientras que, según dijo, las actuales autoridades no aprovechan ese conocimiento técnico acumulado en la institución.

"La gente que está hoy a cargo del IESS son inexpertos, no tienen experiencia y definitivamente no hacen respetar lo que algunos sí conocen. Los doctores de carrera desgraciadamente han sido hechos a un lado", expresó.

Como alternativa, destacó la importancia de fortalecer la prevención en salud y mencionó la propuesta elaborada por el ingeniero Gustavo Cedeño Montón, a quien identificó como director dentro del IESS. A su criterio, las políticas preventivas deben comenzar desde la niñez y articularse con los hogares y el sistema educativo. "La prevención de salud tiene que hacerse desde niño. Tiene que hacerse desde los hogares, tiene que hacerse desde el Ministerio de Educación", concluyó.

Cabe recordar que la elección de autoridades seccionales (alcaldes, prefectos, concejales y presidentes de juntas parroquiales) fue adelantada para el 29 de noviembre de 2026 y que las organizaciones políticas tienen hasta el próximo 16 de agosto para registrar sus alianzas, según consta en el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

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Alianza por el agua y los derechos

Así, los movimientos locales Somos Agua y Futuro 20, junto con los partidos políticos Unidad Popular e Izquierda Democrática, oficializaron sus candidaturas: Yaku Pérez para la Alcaldía de Cuenca, Sebastián Cevallos para la Prefectura del Azuay y María Isabel Váscones para la Viceprefectura del Azuay.

Pérez señaló que esta alianza no es únicamente electoral, sino que reúne a las organizaciones que durante décadas "hemos coincidido en la defensa del agua y la oposición al extractivismo minero". Con ello, afirmó que la defensa del agua de Cuenca marcará la agenda de los candidatos en caso de resultar electos.

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La integración de la Izquierda Democrática (ID) a esta alianza fue cuestionada, pues días atrás Ramiro Ordóñez, vicepresidente de la ID en Azuay, anunció su candidatura con el exalcalde Marcelo Cabrera por el movimiento Igualdad. Al respecto, Jimmy Flores, integrante de la ID, puntualizó que la dirigencia nacional, al no poder registrar candidaturas propias, dejó en libertad a sus militantes para sumarse a otras organizaciones políticas que podrían acoger sus postulaciones.

Los candidatos aseguraron que toda la documentación de la alianza ya fue enviada al CNE y que ahora guardarán su aceptación y registro definitivo . Esto ocurre en el contexto de que la Unidad Popular enfrentó un intento de cancelación por parte del órgano electoral. En ese sentido, Pérez hizo un llamado al CNE para que mantenga una "actuación como juez imparcial y en una cancha que no esté inclinada".

Lo que debes saber

• La oposición calificó la gestión de Daniel Noboa con un "4,2 sobre 10" y cuestionó la metodología del informe.
• El oficialismo defendió los programas sociales, la estrategia de seguridad y los indicadores económicos del Ejecutivo.
• El debate enfrentó dos visiones sobre la rendición de cuentas: acciones ejecutadas frente a resultados obtenidos.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el martes 21 de julio de 2026, en sesión virtual, el informe de labores presentado por el presidente Daniel Noboa Azín, correspondiente a su gestión de 2025. La resolución recibió 81 votos a favor y 62 en contra, sin abstenciones ni votos en blanco, en una sesión virtual en la que participaron 143 de los 151 legisladores; ocho estuvieron ausentes.

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Oposición cuestiona los resultados del informe

El debate reflejó la división entre el oficialismo y la oposición sobre la evaluación del documento que el mandatario presentó el pasado 24 de mayo. Mientras la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) defendió que el informe evidencia avances en seguridad, economía y programas sociales, la Revolución Ciudadana (RC) sostuvo que el documento privilegia el relato de acciones antes que los resultados y cuestionó la metodología utilizada para medir el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Uno de los cuestionamientos más duros provino del asambleísta José Luis Vallejo (RC), quien aseguró que el Gobierno solo reportó resultados en 60 de las 94 metas analizadas y que únicamente 40 alcanzaron un avance. Con esos datos, afirmó que la gestión del Ejecutivo obtuvo una calificación de "4,2 sobre 10", por lo que "pierde el año", al sostener que el informe contiene más "relato político" que información verificable y que incumple con presentar los objetivos para el siguiente periodo.

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Críticas a la seguridad y a Jóvenes en Acción

La legisladora Mónica Alemán (RC) coincidió en que el informe contiene "datos poco verificables, mentiras y omisiones". Además, defendió el informe de minoría presentado por su bancada y pidió que el documento sea remitido a la Contraloría General del Estado y a la Comisión de Fiscalización para que se auditen las presuntas responsabilidades derivadas del incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana también cuestionaron que el Ejecutivo destaque programas y operativos sin demostrar resultados concretos. Ricardo Patiño sostuvo que el Gobierno presenta indicadores de gestión, pero no de resultados, y afirmó que en seguridad los homicidios aumentaron durante 2025, por lo que, a su criterio, no basta con enumerar equipamiento o intervenciones policiales.

En la misma línea, Héctor Rodríguez calificó al programa Jóvenes en Acción como un gasto sin impacto permanente en la empleabilidad. Esto, al afirmar que no existe evidencia de que mejore la inserción laboral de sus beneficiarios.

Asimismo, la asambleísta Liliana Durán (RC) sostuvo que el informe presidencial confunde indicadores de gestión con resultados de política pública. Como ejemplo, afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo no fijó como meta la compra de patrulleros, vehículos o equipamiento, sino la reducción de la tasa de homicidios, por lo que consideró que el Gobierno no puede presentar esas adquisiciones como evidencia del cumplimiento de sus objetivos.

En respuesta, el legislador independiente Sergio Peña reconoció que aún existen aspectos por corregir. No obstante, sostuvo que el control político no debe limitarse a buscar culpables o a la queja permanente, sino contribuir a resolver los problemas del país y respaldar los avances alcanzados.

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Oficialismo responde a las críticas

Desde el oficialismo, Andrés Castillo respondió a las críticas y cuestionó la autoridad de la oposición para descalificar el informe. También recordó que varios legisladores de la Revolución Ciudadana no asistieron a la sesión solemne del 24 de mayo, cuando el presidente Noboa rindió cuentas ante el Pleno, y reprochó que ahora la oposición pretende cuestionar un acto al que decidió no acudir.

Castillo rechazó, además, las críticas al programa Jóvenes en Acción, luego de que la oposición lo calificara como una pérdida de recursos. El legislador sostuvo que invertir en los jóvenes no puede considerarse "botar la plata a la basura", pues el programa busca brindar experiencia laboral a quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo precisamente por no contar con experiencia previa.

Otros legisladores de ADN también defendieron los resultados expuestos por el Ejecutivo. Por su parte Adrián Castro afirmó que el informe reflejaría una reducción del 13 % en los homicidios, la desarticulación de 551 bandas criminales y más de 1,7 millones de operativos policiales, mientras que Janina Rizzo sostuvo que, aunque persisten desafíos en seguridad, empleo y salud, el Gobierno ha mostrado avances que, a su juicio, no pueden ser desconocidos por razones políticas.

Lo que debes saber

• José Cabrera, titular del CNE, denunció al movimiento Amigo ante el TCE por falta de rendición de cuentas.
• La sanción contempla multas económica de hasta 28.920 dólares y suspensión de derechos políticos.
• El juez Guillermo Ortega ordenó aclarar y completar la denuncia bajo riesgo de archivo.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, presentó una denuncia por presunta infracción electoral contra el Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el pasado 15 de julio de 2026. El proceso se activó por el incumplimiento en la rendición de cuentas de la organización política, falta tipificada en la Ley Electoral de Ecuador.

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Incumplimiento en rendición de cuentas motiva acción del CNE

Según consta en los registros del TCE, el titular del CNE, José Cabrera, formalizó la causa argumentando que el movimiento Amigo incurrió en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 281 de la Ley Electoral, referente a la entrega de informe de las cuentas de las organizaciones políticas.

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Sanciones previstas en la Ley Electoral (Art. 281, numeral 1):

Juez electoral solicita aclaraciones sobre la denuncia

La causa recayó en el despacho del juez electoral Guillermo Ortega. En el auto de sustanciación emitido el 20 de julio de 2026, el magistrado requirió al representante del CNE subsanar observaciones en la demanda.

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Requerimientos judiciales al CNE:

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Antecedentes del movimiento Amigo y causas judiciales

La acción impulsada por el CNE se suma a la reciente suspensión preventiva que afronta la agrupación por orden del TCE. Esta medida ocurrió tras una alerta emitida por el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, sobre una investigación por presunto lavado de activos.

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Adicionalmente, el movimiento Amigo se perfilaba como el casillero electoral temporal para el correísmo, luego de que la lista 5 (Revolución Ciudadana) también fuera suspendida a raíz de investigaciones del Ministerio Público por el mismo delito.

Lo que debes saber

• CPCCS actualizará plazos; el proceso demoraría al menos tres meses y medio.
• Designación del Fiscal General coincidirá con la campaña electoral de las seccionales 2026.
• Las fases de escrutinio público y oposición abarcarán de agosto a noviembre de 2026.

El proceso de selección para designar al nuevo Fiscal General del Estado podría concluir en plena campaña de las elecciones seccionales de 2026. Tras la reanudación del trámite y la orden de actualizar el cronograma emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Comisión Ciudadana de Selección estimó este 20 de julio de 2026 que finalizar el concurso requerirá al menos tres meses y medio, por lo que la resolución se prevé entre finales de octubre y mediados de noviembre.

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CPCCS ordena actualizar el cronograma para elegir al Fiscal General del Estado

La Comisión Ciudadana de Selección inició la actualización del cronograma del concurso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado el 20 de julio de 2026. Esta decisión se tomó luego de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conociera el informe final de calificación de méritos, presentado con más de un mes de retraso tras un periodo de paralización.

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En la sesión del 16 de julio de 2026, el Pleno del CPCCS reanudó el proceso y negó la solicitud de suspender los plazos de la selección. Además de disponer el nuevo calendario, la autoridad solicitó un informe detallado sobre los requerimientos logísticos y necesidades técnicas de la comisión para afrontar las etapas restantes.

Fases del concurso y plazos estimados por la Comisión Ciudadana

Aunque la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, Cynthia Jacho, no presentó la matriz detallada con fechas exactas, repasó las estimaciones de tiempo proyectadas para concluir la designación:

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Si no se presentan nuevos recursos judiciales o inconvenientes administrativos, el nuevo Fiscal General del Estado será electo entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2026.

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Coincidencia con el calendario de las elecciones seccionales 2026

El desarrollo de las dos últimas fases de la selección coincidirá de forma directa con momentos clave del calendario electoral del país:

Lo que debes saber

• Noboa presentó la Agenda Ecuador 2040 en Carondelet para impulsar inversión, empleo y producción.
• El Gobierno lanzó el 21 de julio un plan con cuatro pilares para fortalecer la economía.
• La estrategia fue elaborada con apoyo del BID para orientar el crecimiento hasta 2040.

El presidente Daniel Noboa presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, un plan económico de largo plazo con el que el Gobierno busca establecer una hoja de ruta para impulsar la inversión, la producción y la generación de empleo durante los próximos años. 

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La propuesta fue dada a conocer en el Palacio de Carondelet y contó con el respaldo técnico de varias instituciones estatales y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la información difundida durante el evento, la agenda fue elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Administración Pública y el Ministerio de Producción, con el acompañamiento del BID. 

El documento pretende orientar la política económica más allá del actual período de gobierno mediante lineamientos enfocados en el crecimiento productivo y la estabilidad macroeconómica.

Noboa destaca inversión, producción y empleo

Durante su intervención, Noboa sostuvo que la iniciativa busca dar una dirección de largo plazo al país para fortalecer las oportunidades económicas y mejorar los niveles de empleo. 

El mandatario afirmó que la estrategia fue construida con aportes del sector privado, universidades y organismos internacionales, con el objetivo de generar condiciones favorables para la inversión y la actividad productiva.

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Los cuatro pilares de la Agenda de Crecimiento 2040

La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 se estructura en cuatro ejes principales. 

Finanzas asegura que la propuesta recoge aportes de diversos sectores

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló que la construcción de la propuesta incluyó procesos de diálogo con actores productivos y sectores económicos de distintas zonas del país. 

Según explicó, los aportes recogidos fueron incorporados a la agenda mediante un análisis técnico orientado a definir una visión de crecimiento económico para las próximas décadas.

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La solicitud de cambio del orden del día fue presentada por la legisladora de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán. 

La propuesta planteaba la desclasificación parcial de la información relacionada con el expediente fiscal N.° 170101826072291, cuya investigación sirvió de sustento para el pedido formulado por la Fiscalía ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que derivó en la suspensión provisional de la organización política que auspiciaría las candidaturas del correísmo.

¿Qué pasó en el Pleno?

La solicitud no llegó a debatirse. Al igual que en ocasiones anteriores, el oficialismo se adelantó al bloque de la Revolución Ciudadana e ingresó tres pedidos de cambio del orden del día, con lo que completó el cupo de este tipo de solicitudes previsto para una sesión del Pleno.

En esta ocasión, tres legisladores de ADN impulsaron tres propuestas sin efectos jurídicos vinculantes de peso: una resolución de solidaridad con las víctimas del aluvión en Zamora Chinchipe y otras dos para felicitar la gestión del Ejecutivo.

Las tres propuestas fueron aprobadas por el Pleno. El bloque correísta únicamente respaldó con sus votos la resolución relacionada con la tragedia ocurrida en la provincia amazónica. La sesión de este martes se desarrolló de manera virtual.

La reacción del correísmo

La legisladora Liliana Durán se pronunció a través de su cuenta en la red social X. “Nuevamente, la dictadura de Noboa se deja ver en las nefastas actuaciones de la Asamblea Nacional”, escribió.

También agregó que “Cada vez que ADN impide fiscalizar, confirma que el régimen de Noboa ya no gobierna con democracia, sino con abuso de poder y opacidad”.

Además, la legisladora emitió un comunicado en el que exigió conocer “en la parte estrictamente necesaria la legalidad y motivación” que sustentan la decisión relacionada con el movimiento Amigo.

Los cambios ejecutados dejarían de lado el mensaje que, días antes de la suspensión definitiva de Zamora, ofrecieron el alcalde y la vicealcaldesa en una rueda de prensa, donde subrayaron la continuidad de la administración y el trabajo conjunto que se mantendría. Incluso Zamora afirmó que se mantendría al tanto de todos los temas de la administración mientras dure la sentencia.

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En entrevista con EXPRESO, Peñaloza dejó claro, en los primeros días de su gestión, que “haré todo lo que esté en mis manos de manera adecuada, correcta y coordinada”. “Respeto la política que él venía ejecutando, pero en este momento mi responsabilidad es asumir esta misión", reseñó.

Personas que dejaron la administración municipal

Cuando fue consultada sobre los despidos que se habían ejecutado en las primeras semanas de su gestión, fue directa al señalar que “las únicas personas que fueron desvinculadas fueron dos funcionarios que no estaban presentes cuando asumí la subrogación”, en referencia a los asesores Marlon Torres y Pablo Albornoz. Asimismo, dejó claro que los demás funcionarios “presentaron sus renuncias por cuenta propia”.

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En el grupo de las renuncias constan las directoras de Talento Humano, Consuelo Orellana; de Comunicación, Daniela Orellana; y la gerente de EMAC EP, María Caridad Vázquez, quien, para despedirse de su gestión, difundió una carta en la que criticó las decisiones adoptadas y las reuniones mantenidas por Peñaloza.

Pero el remezón esta lejos de terminar dentro de la Corporación Municipal. El pasado 3 de julio, Peñaloza pidió la renuncia de todos los altos cargos de libre remoción, dejando, hasta este martes 21 de julio, fuera de la administración a Verónica Polo, gerente de ETAPA EP; Lenin Guzmán, gerente de EMOV EP; y Vicente Astudillo, secretario del Concejo Cantonal de Cuenca.

Acercamiento con el Gobierno Nacional

Entres las acciones emprendidas por Peñaloza está el acercamiento con los representantes del Gobierno Nacional. Ha mantenido reuniones con los asambleístas azuayos, entre ellos los tres de la bancada de ADN y también con el gobernador Xavier Bermúdez, quien ha sido uno de los más críticos con la administración de Zamora.

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Cuando Peñaloza fue cuestionada sobre este acercamiento, que dista del conflicto constante que existía durante la administración de Zamora, señaló que “mi forma de trabajar siempre ha sido mediante la coordinación y el diálogo con todos los actores”.

Lo que debes saber

• José De La Gasca señala a Andrés Fantoni de direccionar su descalificación y descarta apelar.
• Fantoni califica de irresponsable la acusación y pide al expostulante presentar pruebas.
• De La Gasca cuestiona la permanencia del fiscal subrogante Carlos Alarcón.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, rechazó este 21 de julio de 2026 las acusaciones del exministro de Gobierno, José De La Gasca, quien lo señaló de incidir en su descalificación del concurso para fiscal general del Estado. Fantoni calificó los señalamientos de "irresponsables", defendió la independencia del proceso de selección en Quito e invitó al expostulante a apelar la resolución de la Comisión Ciudadana de Selección antes del vencimiento del plazo, fijado para el 22 de julio de 2026.

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Reacción del CPCCS ante las acusaciones de José De La Gasca

El titular del CPCCS, Andrés Fantoni, desestimó los sefalamientos del exministro de Gobierno José De La Gasca tras su exclusión del concurso para fiscal general del Estado. Fantoni sostuvo que las declaraciones del expostulante buscan "torpedear el proceso" y aclaró el estado administrativo de la causa.

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"Primero, esto no es un ministerio. Segundo, (el tema de De La Gasca) ni siquiera ha llegado al Pleno del Consejo porque él tiene su derecho todavía a apelar la decisión de la Comisión de Selección. Tiene hasta mañana (22 de julio de 2026)", declaró Andrés Fantoni.

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Apelación ante el Pleno del CPCCS y una posible comisión general para De La Gasca

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social insistió en que, si el afectado cuenta con los argumentos legales para rebatir la resolución, debe presentarlos formalmente:

"Si a usted dizque le cometen una ilegalidad y usted está seguro de que tiene la razón, debe tener, pues, los insumos necesarios para contrarrestar la supuesta resolución equívoca, como dice él, que le están haciendo al postulante".

Además, Andrés Fantoni ofreció al expostulante solicitar una comisión general para exponer sus descargos ante el Pleno del CPCCS. Respecto a la supuesta falta de independencia del organismo, el titular argumentó que no registra militancia partidista ni trayectoria en la política partidaria.

Denuncias de irregularidades e injerencia en el concurso para fiscal general

Por su parte, el exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, José De La Gasca, afirmó en entrevista periodística este 21 de julio de 2026 que su salida del certamen responde a "cosas inventadas que no están en la ley". A pesar de que la normativa le otorga el derecho a impugnar, ratificó que no hará uso del recurso.

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Argumentos de José De La Gasca sobre su salida del proceso

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Cuestionamientos a postulantes y presunto conflicto de intereses

La controversia dentro del certamen para la Fiscalía General del Estado también abarca la continuidad de otros perfiles dentro de la nómina de aspirantes.

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Debate por la permanencia de Carlos Alarcón

José De La Gasca advirtió sobre un potencial conflicto de intereses respecto a la participación del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón. A su criterio, la presencia de la autoridad en funciones genera un condicionamiento sobre los miembros del CPCCS y de la Comisión Ciudadana de Selección que pudieren mantener causas o investigaciones abiertas en el sistema judicial.

Frente a este señalamiento, Andrés Fantoni precisó que el reglamento del concurso no contempla inhabilidades para el ejercicio del cargo subrogante durante el proceso de selección. Asimismo, recordó la participación de otros administradores de justicia en la contienda, como la jueza nacional Daniella Camacho.

"Que no se quiera ahora echarle la culpa a cualquier situación frente a los errores personales de algún postulante", puntualizó el titular del CPCCS.

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• José De La Gasca no apelará su descalificación por considerarla una decisión consumada en el CPCCS.
• El exministro denunció trato selectivo y un eventual conflicto de intereses de otros postulantes.
• Andrés Fantoni rechazó las acusaciones, tildándolas de irresponsables, e invitó a presentar descargos.

El exministro de Gobierno José De La Gasca denunció este 21 de julio de 2026 presuntas irregularidades en su descalificación del concurso para Fiscal General del Estado en Ecuador. En una entrevista con Ecuavisa, la exautoridad sostuvo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, estaría involucrado en su salida del proceso mediante supuestas infracciones inventadas. Ante las acusaciones, Fantoni tildó las declaraciones de irresponsables, recordando que el postulante aún tiene derecho a apelar hasta el 22 de julio.

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Denuncia de irregularidades y acusaciones contra el CPCCS

El exministro de Gobierno del presidente Daniel Noboa, José De La Gasca, cuestionó de forma directa los motivos expuestos para su salida de la selección a Fiscal General del Estado. Según explicó, el presunto incumplimiento de requisitos responde a "cosas inventadas que no están en la ley".

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"Llené el formulario que estaba disponible en la web. Más allá de la supuesta falta, simplemente no me quieren ahí".

A pesar de que la normativa le faculta presentar una impugnación, el expostulante confirmó que no apelará la decisión. A su criterio, el Pleno del CPCCS ya contaría con los votos necesarios para ratificar su exclusión.

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Las razones expuestas por De La Gasca

Para fundamentar su postura sobre el rol de Andrés Fantoni, José De La Gasca argumentó los siguientes puntos:

Cuestionamientos por conflicto de intereses en el concurso

Además de criticar la gestión del organismo, José De La Gasca advirtió sobre un potencial conflicto de intereses con respecto a otros perfiles de la contienda, mencionando explícitamente al fiscal general subrogante, Carlos Alarcón.

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El expostulante señaló que la permanencia de autoridades en funciones frente a los fiscalizadores representa un riesgo institucional:

"¿Qué tal si el señor Fantoni tiene asuntos pendientes con la justicia, o que los miembros del Consejo o los miembros de la Comisión tienen cuentas pendientes con la justicia? La acción o inacción de la Fiscalía va a ser determinante. Entonces, quien esté sentado en esa silla va a tener una suerte de manto de que van a ser más condescendientes con él".

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Respuesta de Andrés Fantoni y el reglamento del proceso

En respuesta a los señalamientos, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, calificó las declaraciones de José De La Gasca como irresponsables y afirmó que únicamente buscan torpedear la transparencia del trámite.

Fantoni remarcó los siguientes aspectos sobre la situación del expostulante y el marco legal:

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Independencia y participación de otros perfiles

Respecto a las dudas sobre su neutralidad, Andrés Fantoni aseveró que no tiene interés en partidos políticos y que su trayectoria es ciudadana, rechazando las especulaciones iniciales que daban por sentado la designación directa de José De La Gasca tras la salida de Diana Salazar.

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Sobre el cuestionamiento a la postulación de Carlos Alarcón, el titular del CPCCS precisó que la normativa actual no prohíbe la participación de autoridades judiciales en funciones. Añadió que en el concurso también participan otras autoridades activas, como la jueza nacional Daniella Camacho, y concluyó que no se debe responsabilizar al proceso por los errores personales de cada postulante.

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La tarde del 20 de julio de 2026, durante el segundo llamado a comparecer de Luque —quien también se desempeñó como ministro de Energía—, se conoció un oficio en el que solicitó reconsiderar su convocatoria. La secretaria de la Comisión de Fiscalización dio lectura al documento.

“Solicito a la comisión se sirva reconsiderar mi convocatoria como testigo dentro del presente juicio político en tanto se mantenga vigente y no haya concluido el proceso de investigación que sobre los mismos hechos adelanta la Fiscalía”, señalaba el oficio.

Luque también manifestó que está dispuesto a atender los requerimientos de información que “dentro del marco legal y constitucional aplicable me sean formulados por esta comisión”.

Aunque aseguró que acudirá a la Fiscalía cuando ese organismo lo disponga, este 21 de julio de 2026 presentó una nueva explicación durante una entrevista con Teleamazonas.

La segunda justificación de Luque

En esa entrevista, el ministro de Transporte y Obras Públicas fue consultado sobre si asistirá o no a la Comisión de Fiscalización. Respondió: “Tuvimos un COE Nacional y por eso no hemos llamado. Veré cuándo es que me han llamado; con qué fecha y hora”.

Luque insistió en que su prioridad son las actividades del COE Nacional y la atención de las emergencias que enfrenta el país. “Como lo he dicho: siempre he estado dispuesto y dando la cara, no solo en los temas judiciales en la Fiscalía sino también en la Asamblea Nacional”, añadió.

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¿Qué pasará ahora?

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que a los proponentes del juicio político les restan 27 minutos para la actuación de pruebas, mientras que la defensa dispone de 33 minutos.

“Se les va a conceder ese tiempo para que lo agoten y ellos verán cómo usan ese tiempo”, señaló.

Para la tarde de este 21 de julio de 2026 está prevista la reinstalación de la sesión con el fin de cumplir esa etapa del proceso. De esta manera, el juicio político podría avanzar sin la comparecencia de los testigos que el correísmo consideraba clave para sustentar su acusación.

Una vez concluida la fase probatoria, la Comisión de Fiscalización iniciará la elaboración del informe en el que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional si procede o no el enjuiciamiento político de la exministra Inés Manzano.

Lo que debes saber:

• Quito: partidos ya trabajan en listas al Concejo antes del 17 de agosto con reelecciones y nuevos candidatos.
• Listas al Concejo de Quito incluyen exfutbolistas, dirigentes y familiares de asambleístas.
• Analistas advierten falta de perfiles técnicos en candidatos al Concejo de Quito y riesgos en fiscalización.

Aunque todavía faltan casi cuatro semanas para el cierre de inscripción de candidaturas (previsto para el lunes 17 de agosto del 2026), en las organizaciones políticas ya circulan listados preliminares con los nombres de quienes aspiran a llegar al Concejo Metropolitano.

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En esas nóminas aparecen concejales que buscarán la reelección, así como exfutbolistas, comunicadores, dirigentes comunitarios, abogados, familiares de asambleístas y quienes ya han competido por otros cargos, incluso en otros partidos.

El presidente Alfredo Serrano reconoce que el corto tiempo de campaña supone una dificultad, lo que explica la apuesta por rostros conocidos, una estrategia habitual en la capital. En 2002, por ejemplo, impulsó la candidatura de la exreina y presentadora Macarena Valarezo, quien los representó hasta 2012.

¿Qué se necesita para ser concejal de la capital?

Más allá de los nombres, los requisitos para aspirar a uno de los 21 escaños del Concejo son tener al menos 18 años, estar en goce de los derechos políticos y haber nacido o residido de forma ininterrumpida durante dos años en la jurisdicción.

El analista político Santiago Cahuasquí sostiene que uno de los principales problemas en la administración de Pabel Muñoz ha sido una fiscalización condicionada por intereses y lealtades de los ediles. En ambos extremos le parece que se desdibuja su rol.

Tan problemático es que los concejales utilicen el cargo para buscar cercanía con el Gobierno, como que otros asuman una defensa incondicional del alcalde.Santiago Cahuasquí/ analista político

Cahuasquí plantea tres atributos para un concejal: solvencia técnica para elaborar ordenanzas y evaluar políticas públicas con base en evidencia; capacidad deliberativa para debatir, argumentar y construir acuerdos democráticos; y compromiso con la representación ciudadana, que permita canalizar las demandas de los barrios y traducirlas en iniciativas.

¿Qué tipo de preparación debe tener un edil?

En ese contexto, Daniela Valarezo, abogada, criminóloga y exsecretaria de Seguridad, se postula como concejala por Imparables, de Wilson Merino, quien se postula a la Alcaldía. 

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Quien aspire a un cargo de elección popular debe prepararse, más si se trata del Concejo, dice. Ve necesario plantear estrategias actualizadas y viables para enfrentar los problemas de la ciudad.

Entre sus principales preocupaciones menciona el incremento de la inseguridad, con delitos como la extorsión, las estafas, los robos y los casos vinculados al uso de escopolamina.

También advierte un deterioro en la convivencia ciudadana, reflejado, según señala, en construcciones sin permisos y en infracciones que antes no eran frecuentes, lo que atribuye a la falta de control. 

“Cada vez vemos más rostros conocidos, pero no necesariamente con la preparación que el cargo exige”, lamenta. “He decidido formar parte de una lista”.

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La visión de una exconcejala

Patricia Ruiz, exconcejala, resalta que ese cargo es un honor y una responsabilidad. Quienes ocupen uno de los escaños deben cumplir tres funciones: 

A ello se suma una dimensión esencial: actuar con ética, participar activamente en el Concejo, apoyarse en criterios técnicos y mantener cercanía con la ciudadanía.

La diversidad de perfiles (deportistas, artistas o jóvenes) no es un problema en sí. Sin embargo, los aspirantes deben estar preparados, comprometidos con la ciudad y comprender el rol del Concejo, señala.

¿Cuántos concejales tiene la capital?

Quito tiene 21 concejales, más el alcalde. La Revolución Ciudadana tiene la mayoría, gracias a aliados. En Guayaquil solamente existen 15 ediles.

Las claves que debes saber

• José De la Gasca fue excluido en 2026 del concurso para fiscal general por un requisito cuestionado.
• Exfuncionarios de Noboa, como Arrobo y Abad, enfrentaron denuncias, sanciones o disputas tras dejar el Gobierno.
• Casos ocurridos en Ecuador reavivan dudas sobre rupturas políticas y pérdida de respaldo dentro del Gobierno.

Haber sido parte del Gobierno de Daniel Noboa no parece ser una garantía para evitar caer en desgracia después de la salida. El caso de José De la Gasca parece emblemático para entender el fenómeno. Después de haber sido ministro de Gobierno y una pieza fundamental por su incondicionalidad con el presidente Noboa, ahora ni siquiera le permitieron seguir en la carrera para ser fiscal general, cargo al que empezó a aspirar, precisamente, con el auspicio del Gobierno. 

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El cambió drástico contra De la Gasca

Un auspicio que terminó y que ahora se ha convertido en una evidente persecución, aunque él prefiera no darle ese calificativo. De haber sido el candidato con mayores opciones para convertirse en fiscal, porque en algún momento fue el niño de los ojos de Noboa y de sus operadores, pasó a ser víctima de un operativo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para sacarlo del camino.

La Comisión Ciudadana de Selección lo excluyó al considerar que presentó un formulario incorrecto para la declaración de conflicto de intereses, un requisito que calificó de obligatorio. De La Gasca sostiene que la decisión fue arbitraria y que forma parte de una persecución para sacarlo de la carrera. 

No existen pruebas públicas de que el Gobierno haya operado para provocar su descalificación. Sin embargo, es sabido que mantiene una fuerte influencia sobre el CPCCS y, al menos, pudo haber evitado que se lo sancionara. Si De La Gasca conservara algo de respaldo o simpatía dentro del Gobierno, difícilmente estaría en la situación en la que hoy se encuentra.

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¿Qué pasó con De La Gasca?

¿Qué pasó con De La Gasca? En realidad, no existe una explicación oficial pero circula una versión, confirmada por al menos tres fuentes vinculadas al Gobierno, según la cual su caída en desgracia se originó en la disputa que mantuvo, cuando era ministro de Gobierno, con el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi. 

Según esas fuentes, De La Gasca impulsaba la creación de otro organismo de inteligencia para que el presidente no dependiera exclusivamente del CIES. 

La idea no le gustó en absoluto a Sensi-Contugi y, según se conoce, ambos estuvieron a punto de irse a los golpes durante una sesión de gabinete. 

Las mismas versiones sostienen que el director del CIES influyó para que De La Gasca dejara el Ministerio bajo la promesa de que sería fiscal general, pero que ahora ha movido sus resortes para que el CPCCS lo descalificara.

Exministros que sirvieron y ahora son perseguidos

Pero De La Gasca no es el único exministro en desgracia. También está el caso de Andrea Arrobo, exministra de Energía, quien salió del Gobierno en abril de 2024, en medio de la crisis de los apagones. Desde entonces enfrentó tres frentes distintos: una denuncia penal impulsada por el Gobierno, un juicio político en la Asamblea y varias investigaciones administrativas relacionadas con la crisis eléctrica. 

Al pedirle la renuncia, el presidente Noboa anunció que había dispuesto una investigación por presunto sabotaje en el sector eléctrico. Al día siguiente, la Secretaría General de la Administración presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Arrobo y otros funcionarios.

Paralelamente, el Gobierno anunció auditorías y exámenes sobre la actuación de funcionarios del sector eléctrico para determinar eventuales responsabilidades en la gestión de la crisis. Sin embargo, Arrobo nunca fue condenada ni sancionada, básicamente por falta de evidencias.

Política

Revalorice su terreno: Compre un museo

Roberto Aguilar

El tercer caso es el de la exvicepresidenta Verónica Abad. Probablemente sea la ruptura más visible con el Gobierno. Ha denunciado reiteradamente persecución política por parte del Ejecutivo a raíz de su envío al exterior, los sumarios administrativos, la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo (que luego fue anulada por la justicia constitucional) y otros conflictos institucionales.

Tampoco le fue bien a Arturo Félix Wong, quien fue secretario general de la Administración y ministro de Gobierno. Después de haber sido uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente Daniel Noboa, fue enviado como diplomático a Colombia, en lo que muchos interpretaron como una suerte de exilio político. Antes de su traslado era una de las figuras más influyentes del Gobierno.

Algo parecido ocurrió con Antonio Gonçalves, exministro de Energía, quien fue el único de los exfuncionarios involucrado en la investigación del caso Progen. 

Ni Roberto Luque ni Inés Manzano, que permanecieron más tiempo en el cargo y tuvieron mayor involucramiento en la compra de los equipos para generación eléctrica, están procesados. Tampoco la Asamblea ha permitido que sean declarados responsables políticos por ese caso.

Ahora queda por ver qué ocurrirá con Romina Muñoz, exviceministra de Cultura, a quien se le pidió la renuncia después de que el Gobierno echó abajo el concurso para el proyecto del Museo Nacional. 

Muñoz perdió el respaldo político desde Carondelet tras el resultado del concurso, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar, le solicitó la renuncia mientras ejercía el Ministerio de Cultura por encargo.

Según las versiones conocidas, Muñoz terminó convirtiéndose en una figura incómoda porque defendía la idea de que el nuevo Museo Nacional no fuera concebido como una obra destinada a aumentar el valor de los proyectos inmobiliarios cercanos al lugar donde será construido.