Lo que debes saber

• Contraloría guarda reserva: La entidad de control anunció acciones que aún están bajo reserva y sobre las cuales se tendrán que emitir los respectivo informes. 

La Contraloría anunció acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La entidad informó que en Pichincha y Guayas se concentra el mayor número de estos procesos.

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En un comunicado, la Contraloría señaló: “Actualmente se ejecutan 59 acciones de control en los GAD provinciales, municipales y entidades relacionadas del país”. De ese total de acciones, 12 corresponden a Pichincha y 12 a Guayas.

La entidad no detalló las acciones específicas que se ejecutan en cada GAD. Sin embargo, precisó que las indagaciones, en términos generales, abarcan operaciones administrativas y financieras; procesos de contratación de bienes, obras y servicios; así como gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

Además, el órgano de control indicó que también están bajo revisión la gestión del talento humano, las consultorías y la actualización de catastros. Esto ocurre en medio del proceso electoral en curso, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre de 2026 para elegir, entre otras autoridades, a prefectos y alcaldes.

Otras provincias en las que se ejecutan acciones

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.

Una Contraloría en el ojo del huracán

Según el ente de control, una vez que se aprueben los informes generales, “luego de cumplirse el debido proceso, serán públicas para la consulta de la ciudadanía”.

El ente de control informó sobre las acciones en los GAD en medio de la polémica por su actuación respecto a informes relacionados con jueces de la Corte Constitucional. 

La semana pasada, la entidad intentó deslindarse de la filtración de los informes sobre el análisis de las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Terán.

Lo que debes saber

• TCE inadmite impugnación de la Revolución Ciudadana contra el cambio de fecha de las elecciones.
• Juez Joaquín Viteri rechaza recurso de Gabriela Rivadeneira por suspensión de la Revolución Ciudadana.
• Cambio de fecha electoral enfrenta recursos en el TCE y demandas en la Corte Constitucional.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, rechazó conocer la impugnación que presentó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC),en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el cambio de la fecha de las elecciones seccionales.

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En el auto de inadmisión, emitido la tarde del 6 de abril de 2026, Viteri señaló que la RC no podía impugnar la decisión del CNE, con la cual el organismo electoral cambió la fecha de las elecciones al 29 de noviembre, cuando estaban previstas para el 14 de febrero de 2027.

¿Por qué el juez rechazó la impugnación?

La razón, según señaló el magistrado electoral, se debe a que el movimiento correísta "carece de personería jurídica necesaria para actuar formalmente ante los organismos electorales" debido a la suspensión de nueve meses que se ordenó en marzo por la investigación que desarrolla la Fiscalía en el caso Caja Chica.

Explicó que el artículo 244 del Código de la Democracia señala que la presentación de los recursos electorales es una "facultad que corresponde exclusivamente a los sujetos políticos debidamente reconocidos (partidos, movimientos y alianzas), así como a los candidatos".

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Juez dispone archivar la causa

Por esos motivos, "al no contar con sus derechos vigentes, la referida organización política carece de la legitimación activa necesaria para proponer el recurso subjetivo contencioso electoral", por lo que dispuso la inadmisión del recurso "por falta de procedibilidad".

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Finalmente, Viteri dispuso notificar sobre el auto a Rivadeneira y su patrocinar y ordenó el archivo de la causa.

Procesos conta nueva fecha de elecciones 

La resolución del cambio de la fecha de elecciones enfrenta diferentes recursos legales, tras recibir cuestionamientos al modificar el día de las elecciones por supuestos riesgos que acarrearía el fenómeno de El Niño. En el TCE, además de la impugnación de Rivadeneira, el Tribunal recibió la objeción del Partido Social Cristiano (PSC).

A la par, el ciudadano Andrés Albuja y el movimiento Revolución Ciudadana presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de la decisión del CNE. 

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Lo que debes saber

• Avance inicial del proyecto: La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, que verifica requisitos formales.
  
• ​Continúa en trámite: La ley no ha sido aprobada sino que pasa al CNE para verificar firmas de respaldo.

La iniciativa para la regulación del uso responsable del cannabis avanza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este 7 de abril de 2026, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa ciudadana.

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El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional. 

La excorreísta y hoy aliada de ADN, Jhajaira Urresta, fue la encargada de presentar el informe de la Comisión Calificadora. Explicó que lo actuado en la mesa corresponde a la primera etapa de uno de los mecanismos de participación con los que cuenta la ciudadanía para impulsar leyes.

“Nuestra función estrictamente está vinculada dentro de la técnica y el procedimiento interno de la Asamblea”, dijo Urresta. Con esto, la asambleísta precisó que en esta fase del proceso no existe un pronunciamiento sobre el contenido de la ley propuesta, sino que el trabajo se circunscribe a la verificación de los requisitos formales.

Con ese contexto, en el Pleno de la Asamblea no se profundizó en la propuesta. De hecho, no hubo más intervenciones que la de Urresta, quien mocionó la aprobación del informe de la Comisión Calificadora.

¿Qué viene ahora?

Al final, con 142 votos a favor, el Pleno de la Asamblea dio paso al informe. Dicho documento estableció como conclusión: “La Comisión de Calificación concluye que resultado del análisis de requisitos, técnicos, técnica legislativa y jurídico, concluye que el presente Proyecto de Ley cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 134 y 136 de la Constitución”.

Tras la decisión de la Asamblea, la iniciativa ciudadana será remitida al CNE para la verificación de la validez de las firmas de respaldo. En caso de que esa entidad avale la autenticidad de dichos apoyos, el proyecto regresará a la Asamblea.

En el Legislativo, la propuesta deberá atravesar el trámite ordinario de formación de ley: ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), remitida a una comisión, pasar dos debates y ser aprobada en el Pleno.

¿Qué plantea el proyecto?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

Lo que debes saber

• Trámite aprobado: La Asamblea admitió el proyecto con 142 votos.
  
• Requisito legal: Colectivos deben validar 35,000 firmas ante el CNE.
  
• Objetivo: Regular el uso medicinal y adulto del cannabis.
  
• Control: Plantea crear un ente regulador estatal y límites al autocultivo.
  
• Prioridades: El debate se centrará en salud pública y seguridad.

El pleno de la Asamblea Nacional dio el primer paso para regular el uso del cannabis en Ecuador. Con un respaldo unánime de 142 votos, la iniciativa ciudadana fue admitida a trámite, activando el engranaje legislativo para lo que será un debate de alto calado social y jurídico.

Tras este espaldarazo inicial, el documento retornará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación de rúbricas. Los colectivos proponentes tienen el reto de certificar 35,000 firmas válidas; solo así el proyecto regresará al Legislativo para ser debatido en un plazo máximo de tres meses.

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El esquema: del autocultivo al control estatal

La propuesta no se limita al ámbito terapéutico. El texto busca cimentar un marco normativo que abarque tanto el uso medicinal como el uso adulto, siempre bajo la vigilancia rigurosa del Estado. Para ello, se plantea un sistema de controles que supervise cada eslabón de la cadena: desde la producción y distribución hasta el consumo final.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la despenalización del autocultivo para consumo personal. No obstante, la normativa propone límites estrictos y condiciones técnicas para mitigar riesgos de uso indebido. Para garantizar el orden, el plan incluye la creación de una entidad técnica especializada en la regulación y control permanente de esta actividad.

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Un debate de salud y seguridad

Pese al avance administrativo, los legisladores fueron enfáticos: el camino hacia la aprobación final requerirá un examen minucioso. El debate venidero en las comisiones deberá diseccionar el impacto de la norma en la seguridad nacional, la salud pública y el tejido social ecuatoriano.

Con la admisión ya en firme, la comisión asignada empezará a recibir aportes de diversos sectores para pulir el informe que, eventualmente, regresará al Pleno para su votación definitiva.

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Lo que debes saber

• Arturo Félix Wong es un empresario ecuatoriano que incursionó en la función pública durante el actual Gobierno. Inició su gestión el 24 de noviembre de 2023 como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
• Posteriormente, ocupó cargos en el Ministerio de Gobierno y en la Embajada de Ecuador en Colombia, donde se desempeñó como consejero. Desde el 20 de enero de 2025 ejerce como embajador en ese país.

En tres años, Arturo Félix Wong, actual embajador de Ecuador en Colombia, incrementó su patrimonio en aproximadamente un 248 %. Las declaraciones patrimoniales publicadas en el portal de la Contraloría General del Estado evidencian este crecimiento.

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Félix Wong ingresó al sector público, como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 24 de noviembre de 2023. Asumió el cargo un día después de que Daniel Noboa recibiera la banda presidencial.

En esa fecha, el también empresario registró un patrimonio de $ 45.109,11. Del total, $ 5.101,11 permanecían en el sistema bancario:

También registró acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 40.000. Además, no registró deudas.

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Variaciones tras su salida de la Presidencia

En menos de un año, al finalizar su periodo como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 16 de agosto de 2024, su patrimonio ascendió a $ 97.508. De ese total:

Mantiene las acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 50.000. Tampoco, no registró deudas.

Con esta misma declaración ingresó al Ministerio de Gobierno un día después de renunciar al cargo anterior. Al dejar esa cartera de Estado, el 11 de noviembre de 2024, su patrimonio descendió a $ 70.308.

Los valores de menaje de casa, las acciones y los fondos en Estados Unidos se mantuvieron, pero no los de la banca ecuatoriana. En ese sector registró un saldo de $ 12.300.

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Paso por la Embajada y nuevos ahorros

Funcionario en Colombia

Luego, entre el 12 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, Félix Wong ejerció como consejero de la Embajada de Ecuador en Colombia. Durante ese periodo, el funcionario acumuló un patrimonio de $ 83.008.

Salto patrimonial como embajador

Los valores de menaje de casa, los fondos en la banca estadounidense y las acciones se mantuvieron, pero incrementó sus ahorros en la banca ecuatoriana. El saldo pasó de $ 12.300 a $ 25.000.

Sin embargo, su patrimonio creció de forma exponencial tras su nombramiento como embajador de Ecuador en Colombia. Asumió esa función el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, su patrimonio supera los $ 157.008. No registró deudas ni ha consignado su última declaración del impuesto a la renta.

El incremento de su patrimonio se concentra en:

Además, registra aumentos en la banca nacional e internacional. Al inicio de su gestión, Félix Wong registró $ 33.000 en el sistema financiero, pero ahora reporta $ 45.000.

Por otro lado, registra cuentas en Colombia. 

Lo que debes saber

• La RC demanda ante la Corte Constitucional el cambio de fecha de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
• ​Franklin Samaniego cuestiona al CNE por reducir plazos electorales y afectar derechos de participación.
• Cambio del calendario electoral suma acciones legales por presunta inconstitucionalidad en Ecuador.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, anunció este 7 de abril de 2026 que su bancada presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dispone el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, previstas para el próximo 29 de noviembre.

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Según Samaniego, la acción en contra de la decisión del CNE se presentó al considerar que la Función Electoral "cambió de una manera ortodoxa el calendario electoral, lo cual violenta el marco constitucional y afecta el derecho a la participación y a la seguridad jurídica en Ecuador".

¿Por qué el correísmo presentó la demanda?

Rodeado de sus coidearios y antes de ingresar a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este martes, el legislador de Pichincha explicó que en la demanda se detallaron tres motivos que supuestamente violarían derechos, los cuales impulsan el pedido para que sea declarada como inconstitucional:  

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Para el correísta, la decisión del CNE abona a la complicada situación que enfrenta el movimiento político al que pertenece. Ha "agravado por la persecución, la proscripción de la primera fuerza política, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de otras organizaciones", en referencia a los procesos de cancelación que enfrentan Unidad Popular y Construye en la Función Electoral.

La demanda presentada por la RC se suma a otra acción por inconstitucionalidad con medidas cautelares que presentó Andrés Albuja, el 30 de marzo pasado. En el documento, el solicitante pide a la Corte que deje sin efecto a la modificación para "evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado".

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Lo que debes saber

• Recurso inadmitido: El TCE rechazó el recurso de Unidad Popular porque el proceso de cancelación aún está en etapa de prueba
  Protestas sostenidas: Militantes y organizaciones afines se movilizan por segunda semana consecutiva en Quito 

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió el recurso presentado por el movimiento Unidad Popular (UP) en contra de la resolución sobre el inicio de su proceso de cancelación. Este 7 de abril de 2026, militantes y simpatizantes de esa organización política protagonizaron una nueva manifestación.

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La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, fue la encargada de emitir la resolución. En ella se explica que aún no se ha emitido un acto que ponga fin a la actuación administrativa ni se ha resuelto cancelar a la organización política.

Esto se debe a que el trámite aún se encuentra en etapa de prueba y la resolución del CNE, que fue objeto del recurso ante el TCE, sigue en esa misma fase. “

Tramitar un recurso que, por su naturaleza no tiene efecto suspensivo, implicaría que este Tribunal sustancie una causa cuyo objeto es incierto al no existir un acto administrativo formal y materialmente electoral”, dice la resolución.

Con base en esto, Coloma señala en su decisión que: “resulta inadmisible por incurrir en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 245.4 del Código de la Democracia, esto es, por haber sido presentados fuera del tiempo legal establecido”.

Otra movilización hacia el CNE

Por segunda semana consecutiva, militantes, simpatizantes y organizaciones afines a Unidad Popular, como la Unión Nacional de Educadores (UNE), protagonizaron una manifestación en las afueras del CNE, en Quito.

Este 7 de abril de 2026, los simpatizantes se ubicaron sobre la avenida 6 de Diciembre. En los bajos del CNE gritaron consignas en contra de la decisión sobre la cancelación. 

Allí, Isabel Vargas, dirigente de la Federación de Barrios de Quito, señaló que es necesario “defender al pueblo del autoritarismo”. Además, afirmó que Diana Atamaint, presidenta del CNE, es una “operadora política” del presidente Daniel Noboa.

¿Qué pasa con Unidad Popular?

El Pleno del CNE aprobó una resolución con la que inició el proceso de cancelación de la organización política de alcance nacional. El argumento fue que no cumplía con el número mínimo de adherentes y simpatizantes.

UP respondió que el informe sobre el cual se tomó la decisión era fraudulento y aseguró que contaba con el registro de sus militantes. Pidió correcciones al CNE, pero el Pleno rechazó el pedido. Tras ello, el director nacional de la agrupación política, Geovanny Atarihuana, recurrió al TCE.

Lo que debes saber

• Pedido judicial: El juez Felipe Córdova solicita retirar la inmunidad a Mónica Palacios para iniciar juicio por calumnia.
  
• Fundamento: La querella de Cynthia Gellibert sostiene que la asambleísta acusó falsamente de delitos a terceros.
  
• Traba constitucional: El proceso penal no puede arrancar sin la autorización previa del Pleno de la Asamblea.
  
• Tipificación: La causa se basa en la calumnia, delito que implica atribuir infracciones penales sin pruebas.
  
• Votación clave: Se necesita una mayoría calificada en el Legislativo para dar paso al requerimiento de la Corte.

El cerco judicial se estrecha sobre la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional que autorice el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la legisladora Mónica Palacios. El objetivo del magistrado es dar luz verde a un proceso penal por el presunto delito de calumnia.

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El origen de la querella

La causa tiene su génesis en una querella presentada por Cynthia Gellibert, quien acusa a la asambleísta de haber vertido declaraciones públicas en las que se le atribuye la comisión de un delito sin presentar sustento alguno. Según la parte acusadora, este señalamiento infundado configura una infracción penal clara que no debe quedar en la impunidad bajo el amparo de la curul.

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La Asamblea tiene la última palabra

Pese a los indicios, el proceso se encuentra en una pausa obligatoria debido al blindaje legal que otorga la Constitución a los legisladores. Al gozar de inmunidad, Palacios no puede ser procesada penalmente sin que el Pleno de la Asamblea Nacional lo autorice mediante votación. Por ello, el magistrado remitió el requerimiento al Legislativo, trasladando la responsabilidad política a los colegas de la señalada.

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La ruta del proceso judicial

El expediente se centra en el presunto delito de calumnia, una figura que la propia legislación impulsada durante el correísmo define como la atribución falsa de un delito a otra persona. Para el juez Córdova, existen elementos de convicción suficientes para avanzar, pero el paso previo es ineludible: la Asamblea debe definir el futuro de la legisladora. Para que el requerimiento judicial prospere, se requerirá de una mayoría calificada en el Pleno, lo que pondrá a prueba las alianzas dentro del Parlamento.

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Alexandra Villacís renunció: las claves sobre su bloqueo para llegar a presidir la Judicatura

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Para Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura, la decisión tiene un impacto en la institucionalidad. En diálogo con EXPRESO, el martes 7 de abril del 2026, tras la renuncia, sostuvo que “la institucionalidad queda muy golpeada” y recordó que el artículo 83 de la Constitución establece no solo derechos, sino también deberes ciudadanos. A su criterio, el incumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades “es un muy mal mensaje”.

Román también interpreta la salida de Villacís como un gesto personal que busca no agravar el deterioro institucional. Considera que la académica “no tuvo ambición de llegar a un cargo” y que su renuncia podría responder a la intención de no profundizar la crisis que atraviesan la Judicatura y la Función Judicial.

Desde otra perspectiva, Merck Benavides, exvocal que dejó la Judicatura por la cátedra, subraya que, tras la destitución de Mario Godoy, Villacís debía asumir como suplente. En ese contexto, plantea que, de contar con un fallo favorable, lo procedente habría sido mantenerse a la espera hasta ser posesionada. "Siempre que no existiera un impedimento legal para su posesión".

Los abogados creen que hay que mirar también lo que pasa en el CNE

Las críticas más severas provienen de juristas. Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, sostiene que la renuncia “obedece a presiones y acciones indebidas” que, a su juicio, habrían provenido del Ejecutivo. Según su punto de vista, no se dejó que Villacís asumiera la presidencia de la Judicatura cuando le correspondía y, en su lugar, se posesionó a Damián Larco, además de iniciar procesos para reemplazar delegados sin respetar el debido proceso.

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Guzmán advierte que este episodio forma parte de un escenario más amplio. El abogado asegura que en Ecuador se configura una situación “anómala e irregular”, en la que el poder político busca ampliar su control sobre las funciones del Estado.  

En esa línea, vincula lo ocurrido con Villacís con decisiones del Consejo Nacional Electoral, como la suspensión de organizaciones políticas y el adelantamiento de procesos electorales, así como con actuaciones de otras entidades de control.

En su carta de renuncia, difundida el 7 de abril, Alexandra Villacís defendió su actuación y aseguró que obró “con transparencia en el marco de la Constitución y en un Estado de Derecho”. Concluyó que las condiciones actuales no permiten continuar.

Puntos clave

• Ajuste al COIP: La Fiscalía pide evitar duplicidad de delitos y centrar la reforma en el agravante que supone el uso de uniformes para la seguridad pública.
  
• Alcance extendido: La Policía sugiere incluir en la normativa a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.
  
• Control logístico: Se propone centralizar la fabricación mediante una empresa pública o mixta para rastrear la entrega de indumentaria.
  
• Protección industrial: Plantean un registro de propiedad industrial de los uniformes por un periodo mínimo de 10 años.
  
• Análisis financiero: Solicitan evaluar el impacto económico que la implementación de estos controles tendrá en las arcas del Estado.

El análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública sigue su curso en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. En la última jornada, la mesa legislativa recibió los criterios técnicos de delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional para blindar la propuesta reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Alertas sobre la duplicidad penal

Dayana Encalada, representante de la Fiscalía General, advirtió la necesidad de precisar el texto para no generar "ruido" jurídico. Según la funcionaria, existen conductas en la reforma que ya están tipificadas en el COIP, por lo que sugirió que el enfoque se centre en determinar cuándo el uso de indumentaria oficial agrava un delito y genera un mayor perjuicio a la seguridad pública.

Bajo esta lógica, instó a los asambleístas a revisar con lupa el Capítulo Sexto del código vigente, referido a los delitos contra la estructura del Estado, para evitar que la nueva ley se convierta en un espejo innecesario de normativas que ya se aplican.

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Control de fabricación y logística

Por su parte, la coronel Doris Viteri Paspuel, directora de Logística de la Policía Nacional, aportó una visión operativa al debate. Propuso que el alcance de la ley no se limite a militares y policías, sino que se extienda a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.

Viteri planteó una solución de fondo para el descontrol de prendas oficiales: la creación de una empresa pública o una alianza público-privada encargada de la dotación exclusiva de implementos. Esta entidad facilitaría el rastreo de la fabricación y la entrega anual de uniformes, evitando que piezas originales o réplicas exactas terminen en manos de estructuras delictivas.

Además, la oficial destacó que la Policía ya gestiona 14 registros de propiedad industrial y tiene otros ocho en trámite, sugiriendo que la ley debe considerar plazos de protección no menores a 10 años y evaluar el impacto económico que estas regulaciones tendrían en el presupuesto estatal.

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Ajustes técnicos en marcha

Tras escuchar las comparecencias, la mesa legislativa dispuso que todas las observaciones sean enviadas formalmente para que el equipo técnico las procese. La meta es depurar el documento e incorporar las sugerencias que fortalezcan la eficacia de la ley antes de su votación en el pleno.

Lo que debes saber

• Renuncia en medio de controversia: Alexandra Villacís dimitió como vocal suplente de la Judicatura tras no poder asumir la Presidencia por un supuestos impedimento legal.
  Inhabilidad cuestionada: El impedimento se basó en una supuesta deuda con el SRI; aunque un habeas data ordenó corregir esa información, el Ministerio del Trabajo aún no la ha rectificado.

Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, renunció a esa designación este 7 de abril de 2026. Su caso cobró relevancia después de un supuesto impedimento para ejercer cargo público, el cual apareció justamente cuando debía asumir la presidencia de la Judicatura en medio de una licencia del extitular de la entidad, Mario Godoy.

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“Esta situación trasciende lo personal y deja una reflexión necesaria sobre el valor de la seguridad jurídica y el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho”, escribió Villacís en un comunicado.

Además señaló: “Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el país, con el único propósito de contribuir a una institucionalidad sólida y al sistema que la ciudadanía merece, sin que haya mediado en ello interés personal alguno; sin embargo, las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito”. 

Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el paísAlexandra Villacís

¿Por qué Villacís nunca asumió la presidencia de la Judicatura?

Alexandra Villacís fue designada y posesionada como vocal suplente de la presidencia de la Judicatura, después del proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hay que recordar que dicho proceso se se origina de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia (de aquí sale el presidente y su suplente), Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y la Defensoría Pública.

El resultado de dicho proceso fue la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Después, él se vio inmerso en una enuncia sobre injerencia en decisiones judiciales que derivó en su censura y destitución.

En medio del juicio político que enfrentó, Godoy solicitó una licencia y fue ahí cuando apareció el impedimento legal que evitó que Villacís asuma el cargo. Supuestamente mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio del Trabajo registró la inhabilidad.

En una polémica sesión, los cuatro vocales de la Judicatura decidieron designar a Damián Larco como presidente del organismo. Él fue director del SRI y llegó a la Judicatura por la terna enviada por el presidente Daniel Noboa.

El habeas data y el rol del ministro del Trabajo

Villacís recurrió a acciones legales para intentar solventar la supuesta inhabilidad. Una de ellas fue la del habeas data. Con eso buscó que se corrija la información después de que el SRI certificara que no mantenía deuda alguna.

Dicho habeas data le fue aceptado pero, hasta este 7 de abril de 2026, el Ministerio del Trabajo no ha cumplido con la rectificación de la información. Tras la decisión de la jueza, el ministro del Trabajo Harold Burbano, dijo que el fallo presentaba vacíos. "Cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del SRI. El Ministerio del Trabajo es solo un repositorio de información de las instituciones en donde se generan las obligaciones”, dijo. 

El reemplazo de Villacís

Pese a la situación legal de Villacís, el CPCCS decidió continuar con el proceso para la designación de un nuevo titular de la Judicatura. En esto fue clave la Corte Nacional de Justicia y su presidente Marco Rodríguez. Este último remitió la terna en medio de la pugna que estaba en curso.

Actualmente, ese proceso esta en marcha. El CPCCS convocó al escrutinio público e impugnación ciudadana a los integrantes de la terna remitida por la Corte.

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Lo que debes saber

• Alexandra Villacís renunció a la vocalía suplente del Consejo de la Judicatura tras un fallo judicial a su favor y la difusión de registros que señalaban un impedimento legal por obligaciones con el sector público. La coexistencia de certificados oficiales con información contradictoria sobre su situación marcó el desenlace del caso.

Alexandra Villacís Parada, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia al cargo tras un proceso judicial en el que obtuvo una sentencia favorable, pero en medio de cuestionamientos por un registro de impedimento legal para ejercer funciones públicas. La decisión fue anunciada en un comunicado difundido este 7 de abril de 2026.

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La funcionaria explicó que acudió a la justicia constitucional, la cual emitió una sentencia que le dio la razón y ordenó la rectificación de información que impedía su posesión en el cargo. Según indicó, este fallo tenía cumplimiento inmediato dentro del marco legal vigente.

Sin embargo, el contexto cambió tras la difusión de documentos oficiales que evidencian un registro de impedimento vinculado a obligaciones con el sector público. Este elemento generó dudas sobre la viabilidad de su permanencia en funciones dentro del sistema judicial.

Impedimento legal y certificaciones oficiales en el caso Villacís

De acuerdo con un registro del Ministerio del Trabajo, Alexandra Villacís aparece con impedimentos legales para ejercer cargos públicos debido a una “mora con el sector público”. La información fue reportada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y consta en un certificado oficial.

El documento señala que este tipo de inhabilidad aplica a personas con deudas en entidades públicas, aunque contempla excepciones si dichas obligaciones han sido declaradas o cuentan con acuerdos de pago formalizados entre las partes.

En contraste, un certificado de cumplimiento tributario emitido también por el SRI el mismo 7 de abril de 2026 indica que Villacís “ha cumplido con sus obligaciones tributarias y no registra deudas en firme” al momento de la revisión de la base de datos institucional.

Contradicciones entre registros y decisión final de renuncia

Esta aparente contradicción entre documentos oficiales marcó el desarrollo del caso y elevó la discusión sobre la seguridad jurídica en Ecuador. Mientras un registro señalaba impedimentos, otro certificaba ausencia de deudas exigibles.

En su comunicado, Villacís sostuvo que actuó siempre “con transparencia, dentro del marco de la Constitución”, y defendió que el derecho es la vía legítima para hacer prevalecer la verdad. También recalcó que cumplió con los requisitos legales para su designación.

A pesar de ello, reconoció que las circunstancias actuales no ofrecían condiciones adecuadas para continuar en el cargo. Por ello, anunció el cierre del proceso y su renuncia como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

“He actuado con transparencia”, sostiene Villacís en su comunicado

“Lo hago con la tranquilidad de haber actuado dentro del orden jurídico”, expresó la funcionaria, quien también afirmó haber sostenido la verdad por vías institucionales y con respeto a la Constitución.

Asimismo, señaló que su intención fue contribuir al fortalecimiento de la justicia en el país, sin que mediara interés personal en su gestión. En esa línea, enmarcó su decisión como coherente con sus principios.

Finalmente, Villacís agradeció a abogados, organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos que la acompañaron durante el proceso. Destacó el respaldo recibido en la defensa del derecho y la justicia.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa respondió con dureza a Gustavo Petro y negó que Jorge Glas sea un preso político. El mandatario afirmó que Glas cumple condenas por corrupción en casos como Odebrecht y Sobornos, y calificó las declaraciones del líder colombiano como una injerencia en asuntos internos. El cruce ocurre en medio del debate regional sobre supuestos casos de persecución política.

El presidente Daniel Noboa respondió este martes 7 de abril a las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió a la situación judicial del exvicepresidente Jorge Glas en términos de persecución política. 

La reacción del mandatario ecuatoriano fue frontal: negó que Glas sea un preso político y afirmó que su condición responde a sentencias por delitos de corrupción.

(Te invitamos a leer: Petro pide a Noboa liberar a Jorge Glas durante una reunión en Galápagos)

Noboa sostuvo que el país ha esperado durante años que los casos de corrupción de alto nivel sean juzgados y sancionados, y cuestionó los intentos, desde el exterior, de presentar una narrativa distinta. “Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, señaló.

El presidente enumeró los procesos judiciales que pesan sobre Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Indicó que el exfuncionario debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, una trama de sobornos de alcance transnacional que también tuvo ramificaciones en Colombia.

A eso sumó la condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y otra por peculado en el proceso relacionado con la Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

Ecuador

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"Atentado a la soberanía", asegura Daniel Noboa

La respuesta de Noboa no solo se centró en el plano judicial, sino que también tuvo un componente político y diplomático. El mandatario calificó las declaraciones que aluden a Glas como preso político como un “atentado contra la soberanía” del Ecuador y una violación al principio de no intervención.

Para sustentar su postura, citó el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe a los Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros países, así como normas del derecho internacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.

Lo que debes saber

• Cruce de posturas en redes: Gustavo Petro reitera que Jorge Glas es “preso político”; Daniel Noboa lo niega y defiende la justicia ecuatoriana.
• No fue una reunión reciente: Petro no visitó a Noboa ahora; recordó en X un encuentro pasado en Galápagos para sustentar su pedido.
• Caso judicial vigente: Glas cumple condenas por corrupción en Ecuador y sus recursos legales han sido rechazados, manteniendo su reclusión.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X este 7 de abril de 2026.

En el tuit, Petro recordó un encuentro pasado en las Islas Galápagos, donde —según afirmó— solicitó al presidente Daniel Noboa la liberación de Glas o su entrega a Colombia.

Justicia

Jorge Glas: Audiencia de hábeas corpus se reinstala este 2 de abril

“Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió Petro.

Un pedido que no es nuevo

No es la primera vez que el mandatario colombiano insiste en este tema. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, Petro ha sostenido que Glas es víctima de persecución política.

Incluso, en septiembre de ese mismo año, aseguró que el exvicepresidente había obtenido la nacionalidad colombiana. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana indicó que no recibió documentación oficial y reiteró que las sentencias contra Glas siguen vigentes.

Política

Noboa a Petro: "En la cárcel no hay presos políticos, hay corruptos"

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Además, Petro ha señalado que el estado de salud del exvicepresidente evidenciaría “tortura psicológica”, comparándolo con casos que él considera similares en otros países de la región.

Noboa responde: “Debe responder ante la justicia”

Tras las declaraciones de Petro, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reaccionó también a través de redes sociales, rechazando la idea de que Glas sea un preso político.

“Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.

En su mensaje, Noboa detalló que Glas debe responder por delitos como asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en el caso Sobornos y peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Asimismo, calificó las declaraciones de Petro como una intromisión en asuntos internos: “Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”.

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Tensiones entre Ecuador y Colombia

El cruce de declaraciones se suma a una relación bilateral marcada por tensiones en los últimos meses.

En enero de 2026, Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel similar por parte de Colombia, además de la suspensión de la venta de electricidad.

A esto se añaden otros episodios, como la repatriación de presos colombianos desde Ecuador y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano.

Política

Alexandra Villacís renuncia a vocalía suplente de la Judicatura tras impedimento legal

Marco Rivera

El trasfondo del caso Glas

Jorge Glas cumple condena en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por varios casos de corrupción:

Las autoridades judiciales ecuatorianas han rechazado recursos como el hábeas corpus, manteniendo vigente su privación de libertad.

La decisión de Yunda responde al nuevo escenario político del país, dijo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recientemente la ejecución de elecciones seccionales anticipadas en Ecuador, lo cual aceleró las definiciones en los movimientos políticos de Quito y Guayaquil.

Ecuador

Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta

Richard Josue Jimenez Mora

El anuncio oficial en televisión

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, afirmó Yunda de forma directa. Su declaración pone fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato y lo coloca nuevamente en la carrera por el sillón municipal. El exburgomaestre aprovechó el espacio televisivo para ratificar su intención de participar en los comicios que renovarán las autoridades locales, sin dar detalles por qué movimiento político correrá la carrera.

Impacto de las elecciones anticipadas

La modificación del cronograma electoral por parte del CNE movió el tablero político. Este cambio de fechas provocó una serie de alianzas estratégicas y distanciamientos entre las figuras públicas más relevantes del país. En el debate también participó Henry Cucalón, exministro de Gobierno, junto a un panel de especialistas que analizaron las implicaciones de estos comicios inesperados y el rol de CNE, que en los últimos días ha bloqueado a varios movimientos políticos como Unidad Popular o Construye.

Ecuador

CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

Análisis del escenario electoral

El programa contó con la presencia de Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiago Pérez, director de Clima Social. Los expertos discutieron cómo la fragmentación del voto y los nuevos plazos establecidos por la autoridad electoral influyen en las posibilidades de los aspirantes. Según los analistas, la entrada de Yunda a la contienda redefine las estrategias de los demás partidos políticos en la capital.

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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El señalamiento por la gestión de cuentas

Guayaquil

Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

Juan Ponce Merchán

La fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Luisa González, tras ser allanada por la Policía, en enero pasado, enfatizó su denuncia de que la Fiscal´ía responde a interéses políiticos. Según las declaraciones de Luisa dio en ese momento, Aguiñaga tuvo la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas. Con ese discurso buscó proteger a la directiva que ella integró hasta la llegada de Gabriela Rivadeneira, en 2025.

Política

Rafael Correa atribuye a amenazas la renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura

Carlos Isaac Pino

El conflicto político entre Aguiñaga y González, dos figuras de las más visibles del correísmo, terminó en una separación definitiva a finales de 2025. La exclusión de Aguiñaga de los planes de reelección para 2027 detonó su salida oficial del movimiento, en medio de reproches cruzados sobre la capacidad de trabajo y la lealtad partidaria. Mientras la Prefecta defiende su labor técnica en Guayas, el buró político, con el respaldo de Rafael Correa, impulsa una narrativa de depuración. Esta estrategia incluye la revisión de los aportes económicos gestionados durante el periodo en que la hoy Prefecta lideró el movimiento a escala nacional.

Riesgos en etapa reservada

La etapa de investigación previa permite a la fiscal delegada al caso, Judith Bonilla, vincular a nuevos actores si aparecen indicios de responsabilidad durante la recolección de evidencias. El caso, conocido mediáticamente como Caja Chica, pone bajo la lupa los flujos de dinero que sostuvieron la actividad proselitista de la RC. Para Aguiñaga, el riesgo reside en que cualquier inconsistencia administrativa detectada por la justicia se convierta en una imputación formal. Por ahora, la Prefecta se enfoca en su gestión provincial mientras la sombra de las auditorías internas y judiciales amenaza con alterar su futuro político.

Guayaquil

Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

Diana Sotomayor

Los tres momentos en la relación de Aguiñaga y González

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Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

El primer gran cisma ocurrió tras la derrota de Luisa González en la segunda vuelta presidencial. Aguiñaga, que en ese entonces era la Presidenta Nacional de la RC, renunció a su cargo de forma sorpresiva a través de un video, mencionando que "en política no debe haber espacio para el rencor".

El motivo real: Se filtró que existían fuertes reclamos internos (especialmente de figuras cercanas a Rafael Correa y la propia Luisa) que cuestionaban la estrategia de campaña y la organización del partido bajo el mando de Aguiñaga.

Ecuador

Esto es lo que no podrá hacer Revolución Ciudadana por sanción de nueve meses

Carlos Isaac Pino

En el contexto de la reorganización del partido, Luisa González asumió la presidencia de la RC. Fue en este periodo donde surgieron comentarios sobre la administración financiera y logística del movimiento. "Marcela manejaba las cuentas", dijo Luisa.

A lo largo de los últimos dos años, el tono ha subido. Mientras Aguiñaga se enfocaba en su gestión como Prefecta del Guayas (buscando una imagen más técnica y de consenso), Luisa González mantenía la línea dura del partido. En este contexto, Aguiñaga respondió a las críticas internas con una frase lapidaria: "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos". Fue un dardo directo a Luisa, quien no ha ganado una elección ejecutiva propia.

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Ecuador

El referéndum que avala quitar poder al CPCCS no fue un pedido de tregua de la Corte

Alfonso Albán

La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023.

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

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Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Sara Ortiz

Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor.

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

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Corte Constitucional en la mira del Gobierno de Ecuador: ¿qué está en juego?

Richard Josue Jimenez Mora

Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales.

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

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Todos los poderes en las Comisiones Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Guayaquil

Aguiñaga: ¿Cómo se elegirá al reemplazo de Carlos Serrano en la Viceprefectura?

Carlos Isaac Pino

Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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La salida de una de las figuras con mayor capital político en la región —motivada por una compleja y sensible situación de salud familiar— da paso a una etapa de transición bajo el mando del actual viceprefecto, Carlos Serrano. Este relevo ocurre en un momento crítico para la provincia, donde la seguridad, la inversión en infraestructura y el desarrollo agropecuario demandan una continuidad institucional que ahora deberá ser gestionada por un perfil más técnico y empresarial. Sin embargo, este movimiento no es meramente administrativo; representa un hito que obliga a las fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, a recalcular sus estrategias ante un vacío de liderazgo que pone a prueba la capacidad de transferencia de apoyo popular hacia su sucesor.

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Marcela Aguiñaga deja el cargo: los proyectos que quedan en riesgo

Juan Ponce Merchán

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¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Perspectiva experta: ¿Retiro táctico o fin de un ciclo político?

Para el politólogo José Luis Morales, esta renuncia no puede leerse como un evento aislado, sino como un movimiento estratégico en un tablero de "ajedrez político" donde "nada es casual". Morales sostiene que, aunque la funcionaria apeló a motivos personales, la decisión coincide con un periodo de alta confrontación entre los gobiernos seccionales y el Ejecutivo, sugiriendo que Aguiñaga pudo haber tomado esta ruta tras evaluar riesgos de persecución política o procesos en organismos de control. "Es bastante inteligente decir inmediatamente no voy a lanzarme... desaparezco políticamente, puedo volver", afirma el experto, quien ve en este retiro una forma de preservar su imagen frente al desgaste del conflicto directo con el Gobierno Nacional.

En este nuevo escenario, el movimiento oficialista ADN surge como el actor con mayores posibilidades de crecimiento. Morales destaca que la organización del presidente Daniel Noboa ha demostrado gran habilidad articulando con cuadros disidentes, por lo que podría capitalizar el cansancio del electorado hacia partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC). "Quien veo con más chances de entrar sería ADN", afirma el analista, subrayando que la cercanía geográfica y política con Santa Elena convierte a Guayaquil y al Guayas en un objetivo estratégico para el Gobierno.

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Renuncia en Guayas: los retos que enfrenta Carlos Serrano al asumir la Prefectura

Juan Pablo Pérez Tomalá

El desafío de Carlos Serrano

Respecto a Carlos Serrano, quien asumirá el cargo el 14 de mayo, Morales considera que su éxito dependerá de su capacidad para generar alianzas inmediatas y definir quién será su segunda al mando para cumplir con la paridad de género. Para el analista, Serrano tiene la oportunidad de "lucirse" y utilizar la gestión como un bastión político propio, siempre que logre concluir con eficiencia las obras pendientes. De ser así, el retiro de Aguiñaga se confirmaría como una jugada táctica: al alejarse del foco público en un momento donde la política es un "deporte de alto riesgo", ella preserva su imagen y evita un desgaste mayor. "Sales como una persona virtuosa porque dijiste: yo tomé la decisión de irme por circunstancias personales", concluye Morales, dejando abierta la puerta para un retorno en futuros ciclos electorales.

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Marcela Aguiñaga y su estrategia electoral: ¿Cuáles son sus posibles aliados?

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Análisis: El fin del liderazgo personalista y la orfandad del voto

Por su parte, el politólogo Santiago Pérez Samaniego coincide en que la salida de Aguiñaga representa una fractura profunda en el electorado, aunque advierte que el voto no migrará "en bloque". Según Pérez, existen dos capas de votantes en conflicto: el ideológico, que probablemente retornará a la Revolución Ciudadana (RC) por su estructura y memoria electoral, y un segmento "personalista" vinculado estrictamente a la figura de la prefecta. Este último grupo, que valora el perfil individual de Aguiñaga por encima de la disciplina partidista, corre el riesgo de dispersarse hacia la abstención o hacia opciones de centro y oficialistas.

El desgaste de un ciclo y el vacío de poder

Bajo esta óptica, Pérez Samaniego sostiene que el fin de la etapa de Aguiñaga comenzó antes de su renuncia formal. Políticamente, su ruptura con la RC en diciembre de 2025 marcó el inicio de un desgaste que la dejó sin el "paraguas orgánico" necesario para una reelección sólida. "La ruptura con la RC cambió su visibilidad política y esta crisis familiar aceleró esa salida", explica el experto, subrayando que el correísmo actual carece de una figura con la misma potencia electoral individual y combinación de atributos —experiencia pública y arraigo territorial— que ostentaba la funcionaria saliente.

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¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Serrano: De la narrativa social a la gestión técnica

En cuanto a la sucesión, Pérez Samaniego —en contraste con algunos matices de Morales— sostiene que lo más razonable para el nuevo prefecto sería adoptar una línea estrictamente técnica y mantener un bajo perfil político. El analista advierte que intentar replicar el liderazgo de Aguiñaga implicaría un alto riesgo, considerando el peso nacional de su figura. En ese escenario, anticipa un giro en las prioridades de gestión: pasar de una narrativa de alta exposición social hacia un enfoque más orientado al sector rural, la producción y la articulación empresarial, características que definirían el sello propio de Serrano.

Esta transición, en definitiva, sitúa al oficialismo (ADN) como el actor mejor posicionado para crecer sobre los vacíos de poder y capitalizar una oposición atomizada. No obstante, Pérez no descarta una reanimación del Partido Social Cristiano en lo local, siempre que logre reunificar el voto anticorreísta ante la ausencia de un rostro provincial fuerte en la RC.

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Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri: Binomio electoral descartado ¿Cuál es el motivo?

Alfonso Albán

Como conclusión compartida por ambos expertos, la clave para entender esta dinámica no es solo la partida de Marcela Aguiñaga, sino el contexto de su salida: una renuncia que ocurre tras romper con la organización que la llevó al poder, dejando un mapa político en Guayas que deberá dibujarse de cero.

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Lo que debes saber

• TCE inadmite impugnación de la Revolución Ciudadana contra el cambio de fecha de las elecciones.
• Juez Joaquín Viteri rechaza recurso de Gabriela Rivadeneira por suspensión de la Revolución Ciudadana.
• Cambio de fecha electoral enfrenta recursos en el TCE y demandas en la Corte Constitucional.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, rechazó conocer la impugnación que presentó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC),en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el cambio de la fecha de las elecciones seccionales.

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En el auto de inadmisión, emitido la tarde del 6 de abril de 2026, Viteri señaló que la RC no podía impugnar la decisión del CNE, con la cual el organismo electoral cambió la fecha de las elecciones al 29 de noviembre, cuando estaban previstas para el 14 de febrero de 2027.

¿Por qué el juez rechazó la impugnación?

La razón, según señaló el magistrado electoral, se debe a que el movimiento correísta "carece de personería jurídica necesaria para actuar formalmente ante los organismos electorales" debido a la suspensión de nueve meses que se ordenó en marzo por la investigación que desarrolla la Fiscalía en el caso Caja Chica.

Explicó que el artículo 244 del Código de la Democracia señala que la presentación de los recursos electorales es una "facultad que corresponde exclusivamente a los sujetos políticos debidamente reconocidos (partidos, movimientos y alianzas), así como a los candidatos".

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Juez dispone archivar la causa

Por esos motivos, "al no contar con sus derechos vigentes, la referida organización política carece de la legitimación activa necesaria para proponer el recurso subjetivo contencioso electoral", por lo que dispuso la inadmisión del recurso "por falta de procedibilidad".

Ecuador

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Finalmente, Viteri dispuso notificar sobre el auto a Rivadeneira y su patrocinar y ordenó el archivo de la causa.

Procesos conta nueva fecha de elecciones 

La resolución del cambio de la fecha de elecciones enfrenta diferentes recursos legales, tras recibir cuestionamientos al modificar el día de las elecciones por supuestos riesgos que acarrearía el fenómeno de El Niño. En el TCE, además de la impugnación de Rivadeneira, el Tribunal recibió la objeción del Partido Social Cristiano (PSC).

A la par, el ciudadano Andrés Albuja y el movimiento Revolución Ciudadana presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de la decisión del CNE. 

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Flor Layedra

Lo que debes saber

• Avance inicial del proyecto: La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, que verifica requisitos formales.
  
• ​Continúa en trámite: La ley no ha sido aprobada sino que pasa al CNE para verificar firmas de respaldo.

La iniciativa para la regulación del uso responsable del cannabis avanza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este 7 de abril de 2026, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Calificadora, en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa ciudadana.

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Valeria Alvear

El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional. 

La excorreísta y hoy aliada de ADN, Jhajaira Urresta, fue la encargada de presentar el informe de la Comisión Calificadora. Explicó que lo actuado en la mesa corresponde a la primera etapa de uno de los mecanismos de participación con los que cuenta la ciudadanía para impulsar leyes.

“Nuestra función estrictamente está vinculada dentro de la técnica y el procedimiento interno de la Asamblea”, dijo Urresta. Con esto, la asambleísta precisó que en esta fase del proceso no existe un pronunciamiento sobre el contenido de la ley propuesta, sino que el trabajo se circunscribe a la verificación de los requisitos formales.

Con ese contexto, en el Pleno de la Asamblea no se profundizó en la propuesta. De hecho, no hubo más intervenciones que la de Urresta, quien mocionó la aprobación del informe de la Comisión Calificadora.

¿Qué viene ahora?

Al final, con 142 votos a favor, el Pleno de la Asamblea dio paso al informe. Dicho documento estableció como conclusión: “La Comisión de Calificación concluye que resultado del análisis de requisitos, técnicos, técnica legislativa y jurídico, concluye que el presente Proyecto de Ley cumple con los requisitos formales establecidos en los artículos 134 y 136 de la Constitución”.

Tras la decisión de la Asamblea, la iniciativa ciudadana será remitida al CNE para la verificación de la validez de las firmas de respaldo. En caso de que esa entidad avale la autenticidad de dichos apoyos, el proyecto regresará a la Asamblea.

En el Legislativo, la propuesta deberá atravesar el trámite ordinario de formación de ley: ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), remitida a una comisión, pasar dos debates y ser aprobada en el Pleno.

¿Qué plantea el proyecto?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

Lo que debes saber

• Trámite aprobado: La Asamblea admitió el proyecto con 142 votos.
  
• Requisito legal: Colectivos deben validar 35,000 firmas ante el CNE.
  
• Objetivo: Regular el uso medicinal y adulto del cannabis.
  
• Control: Plantea crear un ente regulador estatal y límites al autocultivo.
  
• Prioridades: El debate se centrará en salud pública y seguridad.

El pleno de la Asamblea Nacional dio el primer paso para regular el uso del cannabis en Ecuador. Con un respaldo unánime de 142 votos, la iniciativa ciudadana fue admitida a trámite, activando el engranaje legislativo para lo que será un debate de alto calado social y jurídico.

Tras este espaldarazo inicial, el documento retornará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación de rúbricas. Los colectivos proponentes tienen el reto de certificar 35,000 firmas válidas; solo así el proyecto regresará al Legislativo para ser debatido en un plazo máximo de tres meses.

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El esquema: del autocultivo al control estatal

La propuesta no se limita al ámbito terapéutico. El texto busca cimentar un marco normativo que abarque tanto el uso medicinal como el uso adulto, siempre bajo la vigilancia rigurosa del Estado. Para ello, se plantea un sistema de controles que supervise cada eslabón de la cadena: desde la producción y distribución hasta el consumo final.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la despenalización del autocultivo para consumo personal. No obstante, la normativa propone límites estrictos y condiciones técnicas para mitigar riesgos de uso indebido. Para garantizar el orden, el plan incluye la creación de una entidad técnica especializada en la regulación y control permanente de esta actividad.

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Un debate de salud y seguridad

Pese al avance administrativo, los legisladores fueron enfáticos: el camino hacia la aprobación final requerirá un examen minucioso. El debate venidero en las comisiones deberá diseccionar el impacto de la norma en la seguridad nacional, la salud pública y el tejido social ecuatoriano.

Con la admisión ya en firme, la comisión asignada empezará a recibir aportes de diversos sectores para pulir el informe que, eventualmente, regresará al Pleno para su votación definitiva.

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Lo que debes saber

• Arturo Félix Wong es un empresario ecuatoriano que incursionó en la función pública durante el actual Gobierno. Inició su gestión el 24 de noviembre de 2023 como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
• Posteriormente, ocupó cargos en el Ministerio de Gobierno y en la Embajada de Ecuador en Colombia, donde se desempeñó como consejero. Desde el 20 de enero de 2025 ejerce como embajador en ese país.

En tres años, Arturo Félix Wong, actual embajador de Ecuador en Colombia, incrementó su patrimonio en aproximadamente un 248 %. Las declaraciones patrimoniales publicadas en el portal de la Contraloría General del Estado evidencian este crecimiento.

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Félix Wong ingresó al sector público, como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 24 de noviembre de 2023. Asumió el cargo un día después de que Daniel Noboa recibiera la banda presidencial.

En esa fecha, el también empresario registró un patrimonio de $ 45.109,11. Del total, $ 5.101,11 permanecían en el sistema bancario:

También registró acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 40.000. Además, no registró deudas.

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Variaciones tras su salida de la Presidencia

En menos de un año, al finalizar su periodo como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 16 de agosto de 2024, su patrimonio ascendió a $ 97.508. De ese total:

Mantiene las acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 50.000. Tampoco, no registró deudas.

Con esta misma declaración ingresó al Ministerio de Gobierno un día después de renunciar al cargo anterior. Al dejar esa cartera de Estado, el 11 de noviembre de 2024, su patrimonio descendió a $ 70.308.

Los valores de menaje de casa, las acciones y los fondos en Estados Unidos se mantuvieron, pero no los de la banca ecuatoriana. En ese sector registró un saldo de $ 12.300.

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Paso por la Embajada y nuevos ahorros

Funcionario en Colombia

Luego, entre el 12 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, Félix Wong ejerció como consejero de la Embajada de Ecuador en Colombia. Durante ese periodo, el funcionario acumuló un patrimonio de $ 83.008.

Salto patrimonial como embajador

Los valores de menaje de casa, los fondos en la banca estadounidense y las acciones se mantuvieron, pero incrementó sus ahorros en la banca ecuatoriana. El saldo pasó de $ 12.300 a $ 25.000.

Sin embargo, su patrimonio creció de forma exponencial tras su nombramiento como embajador de Ecuador en Colombia. Asumió esa función el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, su patrimonio supera los $ 157.008. No registró deudas ni ha consignado su última declaración del impuesto a la renta.

El incremento de su patrimonio se concentra en:

Además, registra aumentos en la banca nacional e internacional. Al inicio de su gestión, Félix Wong registró $ 33.000 en el sistema financiero, pero ahora reporta $ 45.000.

Por otro lado, registra cuentas en Colombia. 

Lo que debes saber

• La RC demanda ante la Corte Constitucional el cambio de fecha de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
• ​Franklin Samaniego cuestiona al CNE por reducir plazos electorales y afectar derechos de participación.
• Cambio del calendario electoral suma acciones legales por presunta inconstitucionalidad en Ecuador.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, anunció este 7 de abril de 2026 que su bancada presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dispone el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, previstas para el próximo 29 de noviembre.

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Según Samaniego, la acción en contra de la decisión del CNE se presentó al considerar que la Función Electoral "cambió de una manera ortodoxa el calendario electoral, lo cual violenta el marco constitucional y afecta el derecho a la participación y a la seguridad jurídica en Ecuador".

¿Por qué el correísmo presentó la demanda?

Rodeado de sus coidearios y antes de ingresar a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este martes, el legislador de Pichincha explicó que en la demanda se detallaron tres motivos que supuestamente violarían derechos, los cuales impulsan el pedido para que sea declarada como inconstitucional:  

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Para el correísta, la decisión del CNE abona a la complicada situación que enfrenta el movimiento político al que pertenece. Ha "agravado por la persecución, la proscripción de la primera fuerza política, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de otras organizaciones", en referencia a los procesos de cancelación que enfrentan Unidad Popular y Construye en la Función Electoral.

La demanda presentada por la RC se suma a otra acción por inconstitucionalidad con medidas cautelares que presentó Andrés Albuja, el 30 de marzo pasado. En el documento, el solicitante pide a la Corte que deje sin efecto a la modificación para "evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado".

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En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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Lo que debes saber

• Arturo Félix Wong es un empresario ecuatoriano que incursionó en la función pública durante el actual Gobierno. Inició su gestión el 24 de noviembre de 2023 como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
• Posteriormente, ocupó cargos en el Ministerio de Gobierno y en la Embajada de Ecuador en Colombia, donde se desempeñó como consejero. Desde el 20 de enero de 2025 ejerce como embajador en ese país.

En tres años, Arturo Félix Wong, actual embajador de Ecuador en Colombia, incrementó su patrimonio en aproximadamente un 248 %. Las declaraciones patrimoniales publicadas en el portal de la Contraloría General del Estado evidencian este crecimiento.

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En esa fecha, el también empresario registró un patrimonio de $ 45.109,11. Del total, $ 5.101,11 permanecían en el sistema bancario:

También registró acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 40.000. Además, no registró deudas.

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Variaciones tras su salida de la Presidencia

En menos de un año, al finalizar su periodo como secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, el 16 de agosto de 2024, su patrimonio ascendió a $ 97.508. De ese total:

Mantiene las acciones valoradas en $ 8. El resto correspondía a menaje de casa, valorado en $ 50.000. Tampoco, no registró deudas.

Con esta misma declaración ingresó al Ministerio de Gobierno un día después de renunciar al cargo anterior. Al dejar esa cartera de Estado, el 11 de noviembre de 2024, su patrimonio descendió a $ 70.308.

Los valores de menaje de casa, las acciones y los fondos en Estados Unidos se mantuvieron, pero no los de la banca ecuatoriana. En ese sector registró un saldo de $ 12.300.

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Paso por la Embajada y nuevos ahorros

Funcionario en Colombia

Luego, entre el 12 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025, Félix Wong ejerció como consejero de la Embajada de Ecuador en Colombia. Durante ese periodo, el funcionario acumuló un patrimonio de $ 83.008.

Salto patrimonial como embajador

Los valores de menaje de casa, los fondos en la banca estadounidense y las acciones se mantuvieron, pero incrementó sus ahorros en la banca ecuatoriana. El saldo pasó de $ 12.300 a $ 25.000.

Sin embargo, su patrimonio creció de forma exponencial tras su nombramiento como embajador de Ecuador en Colombia. Asumió esa función el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, su patrimonio supera los $ 157.008. No registró deudas ni ha consignado su última declaración del impuesto a la renta.

El incremento de su patrimonio se concentra en:

Además, registra aumentos en la banca nacional e internacional. Al inicio de su gestión, Félix Wong registró $ 33.000 en el sistema financiero, pero ahora reporta $ 45.000.

Por otro lado, registra cuentas en Colombia. 

Lo que debes saber

• Cruce de posturas en redes: Gustavo Petro reitera que Jorge Glas es “preso político”; Daniel Noboa lo niega y defiende la justicia ecuatoriana.
• No fue una reunión reciente: Petro no visitó a Noboa ahora; recordó en X un encuentro pasado en Galápagos para sustentar su pedido.
• Caso judicial vigente: Glas cumple condenas por corrupción en Ecuador y sus recursos legales han sido rechazados, manteniendo su reclusión.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X este 7 de abril de 2026.

En el tuit, Petro recordó un encuentro pasado en las Islas Galápagos, donde —según afirmó— solicitó al presidente Daniel Noboa la liberación de Glas o su entrega a Colombia.

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“Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió Petro.

Un pedido que no es nuevo

No es la primera vez que el mandatario colombiano insiste en este tema. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, Petro ha sostenido que Glas es víctima de persecución política.

Incluso, en septiembre de ese mismo año, aseguró que el exvicepresidente había obtenido la nacionalidad colombiana. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana indicó que no recibió documentación oficial y reiteró que las sentencias contra Glas siguen vigentes.

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Además, Petro ha señalado que el estado de salud del exvicepresidente evidenciaría “tortura psicológica”, comparándolo con casos que él considera similares en otros países de la región.

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Tras las declaraciones de Petro, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reaccionó también a través de redes sociales, rechazando la idea de que Glas sea un preso político.

“Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.

En su mensaje, Noboa detalló que Glas debe responder por delitos como asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en el caso Sobornos y peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Asimismo, calificó las declaraciones de Petro como una intromisión en asuntos internos: “Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”.

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Tensiones entre Ecuador y Colombia

El cruce de declaraciones se suma a una relación bilateral marcada por tensiones en los últimos meses.

En enero de 2026, Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel similar por parte de Colombia, además de la suspensión de la venta de electricidad.

A esto se añaden otros episodios, como la repatriación de presos colombianos desde Ecuador y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano.

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El trasfondo del caso Glas

Jorge Glas cumple condena en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por varios casos de corrupción:

Las autoridades judiciales ecuatorianas han rechazado recursos como el hábeas corpus, manteniendo vigente su privación de libertad.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa respondió con dureza a Gustavo Petro y negó que Jorge Glas sea un preso político. El mandatario afirmó que Glas cumple condenas por corrupción en casos como Odebrecht y Sobornos, y calificó las declaraciones del líder colombiano como una injerencia en asuntos internos. El cruce ocurre en medio del debate regional sobre supuestos casos de persecución política.

El presidente Daniel Noboa respondió este martes 7 de abril a las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió a la situación judicial del exvicepresidente Jorge Glas en términos de persecución política. 

La reacción del mandatario ecuatoriano fue frontal: negó que Glas sea un preso político y afirmó que su condición responde a sentencias por delitos de corrupción.

(Te invitamos a leer: Petro pide a Noboa liberar a Jorge Glas durante una reunión en Galápagos)

Noboa sostuvo que el país ha esperado durante años que los casos de corrupción de alto nivel sean juzgados y sancionados, y cuestionó los intentos, desde el exterior, de presentar una narrativa distinta. “Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, señaló.

El presidente enumeró los procesos judiciales que pesan sobre Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Indicó que el exfuncionario debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, una trama de sobornos de alcance transnacional que también tuvo ramificaciones en Colombia.

A eso sumó la condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y otra por peculado en el proceso relacionado con la Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

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La respuesta de Noboa no solo se centró en el plano judicial, sino que también tuvo un componente político y diplomático. El mandatario calificó las declaraciones que aluden a Glas como preso político como un “atentado contra la soberanía” del Ecuador y una violación al principio de no intervención.

Para sustentar su postura, citó el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe a los Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros países, así como normas del derecho internacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.