Lo que debe saber

• El peso del informe está en discusión ya que no tiene ningún efecto directo en la administración municipal de la capital.
• La Comisión determinó que el memorando con oficina de las Naciones Unidas “permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”. 
• El documento también plantea que el Concejo Metropolitano de Quito disponga un análisis integral de las actuaciones administrativas. 

La compra de los 60 trolebuses eléctricos para Quito llegará al Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, convocó a sesión para el martes 23 de junio de 2026 y allí se conocerá el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales.

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La sesión está prevista para las 10:00. El orden del día contempla dos puntos, además de la entonación del Himno Nacional. El primero tiene que ver con “conocer el informe del proceso de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas relacionadas con los procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito”.

La investigación fue impulsada por el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez. El proceso se llevó adelante en la Comisión de Relaciones Internacionales, que está presidida y controlada por ADN.

El informe aprobado señala, entre otras cosas, que “el Memorándum de Acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no operó, en su contenido material, como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional”.

Según la comisión, dicho memorando funcionó como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que “permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”.

También indica que esa estructura produjo, en los hechos, el desplazamiento del régimen ordinario de contratación pública aplicable a una operación de alta relevancia económica y de especial incidencia sobre un servicio público esencial para la ciudad de Quito. 

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Esto habría afectado garantías y principios propios del sistema nacional de contratación pública, particularmente en materia de concurrencia, transparencia, trazabilidad y control sobre el uso de recursos públicos.

Las recomendaciones del informe

En el documento también se establecieron recomendaciones. Por ejemplo, al Concejo Metropolitano de Quito se le sugiere disponer un análisis integral de las actuaciones administrativas, financieras y contractuales relacionadas con el proceso.

A la Contraloría General del Estado, en cambio, se le recomienda valorar la pertinencia de profundizar las acciones de control respecto de las actuaciones administrativas, financieras y contractuales.

Asimismo, el informe plantea que los hallazgos de la Comisión de Relaciones Internacionales sean remitidos a la Fiscalía General del Estado. Finalmente, la comisión propone que la Cancillería ecuatoriana ponga en conocimiento de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas el contenido íntegro del informe.

Una denuncia en Fiscalía

El tratamiento de este informe ocurrirá días después de que el propio asambleísta Ordóñez acudiera a la Fiscalía para solicitar la práctica de actos urgentes. Allí también entregó el informe de la comisión de la que forma parte y señaló que las acciones que se emprendan deben tener como finalidad precautelar la información relacionada con el caso.

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Correa decidió cantar, como lo hacía durante sus años en el poder, en un encuentro con artistas ecuatorianos de música nacional. La escena se difundió rápidamente en redes sociales, no solo por una publicación del propio exmandatario, sino por varios videos que circularon y lo muestran compartiendo escenario con los músicos.

Entre los artistas presentes estuvieron Gerardo Morán —quien fue asambleísta entre 2009 y 2013 y aliado del entonces movimiento Alianza País—, así como Máximo Escaleras, Fernando Zumba y Jaime Enrique Aymara. El encuentro tuvo lugar en un concierto dirigido a migrantes ecuatorianos en ese país europeo.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas. Algunos usuarios expresaron apoyo al exmandatario, mientras otros cuestionaron la participación de los artistas en el evento. En varios comentarios se aludió incluso a posibles boicots o “cancelaciones” contra algunos de los músicos.

Por ejemplo, la legisladora que coordina la bancada correísta, Patricia Núñez, compartió un fragmento de un video, en donde se escucha al cantante Jaime Enrique Aymara asegurar: "El único que puede salvar al Ecuador", al calor del evento.

Aunque se trató de un concierto dedicado a los migrantes, la viralización del video ocurre en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones seccionales, en el que la figura de Rafael Correa sigue generando adhesiones y rechazo.

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En Quito, una de las figuras que ha buscado más visibilidad es Giovanna Ubidia, directora del Seguro Social Campesino. Desde hace al menos dos meses recorre mercados de la capital. No se entendía por qué si ese no es su campo de acción.

Pero en esta semana, que empezó el 18 de junio difundió un programa de afiliación a la seguridad social dirigido a comerciantes de los mercados. 

Según ha señalado, la iniciativa ya ha incorporado a más de mil personas. “Habían estado descuidadas por años, a nivel nacional y en Quito. Les damos el primer derecho a la salud”, afirmó en redes sociales. Su nombre suena como posible candidata a la Alcaldía.

También aparece como precandidata Gabriela Sommerfeld, excanciller que renunció a su cargo este mes de junio. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido una presencia visible en actividades proselitistas.

Una interrogante para algunos militantes de ADN es quiénes integrarán la lista de candidatos a llegar al Concejo Metropolitano de Quito. Se dice, sin que haya una confirmación, que incluso la madre de un legislador podría estar en la papeleta.

¿Quiénes buscan ser el reemplazo de Paola Pabón en Pichincha?

Para la Prefectura de Pichincha, uno de los nombres es Harold Burbano, cercano a la ministra Zaida Rovira. Fue su asesor en el Ministerio de Inclusión Económica y Social —hoy Desarrollo Humano— y el 27 de mayo de 2025 asumió como titular de esa cartera, en donde fue criticado por el uso de bonos. 

Luego asumió como Ministro de Trabajo, en donde fue polémico su accionar en el caso de Alexandra Villacís, quien debía ocupar la presidencia de la Judicatura. También en el manejo de la prohibición para ejercer cargo público de un radiodifusor.

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El 5 de junio del 2026 fue reemplazado en la Cartera de Trabajo por Cynthia Gellibert .El sábado 20 de junio, sin ser ministro, en sus redes sociales promovió el programa Jóvenes en Acción, que ofrece transferencias de 400 dólares mensuales durante tres meses a jóvenes. La iniciativa ha sido cuestionada por sectores que consideran que puede tener fines electorales.

Otro de los precandidatos es el asambleísta Eckenner Recalde. En una entrevista, señaló que el buró político de ADN analiza varias opciones para las primarias y destacó su trabajo territorial. “La ciudadanía está con quienes caminamos el territorio”, dijo. 

Entrevistado en el medio digital La Posta señaló: "Como le dije al señor presidente y al buró político, en mi sangre corre ese ADN de servicio, estoy preparado para trabajar, en donde se decida".

El proceso electoral enfrenta a dos figuras con visiones opuestas sobre el manejo estatal. Abelardo de la Espriella lidera las proyecciones iniciales frente al candidato de izquierda, Iván Cepeda, de los sondeos con una plataforma enfocada en la intervención directa contra agrupaciones armadas irregulares y reformas estructurales que incluyen la reducción del aparato estatal en un 40 % y la viabilidad de dolarizar la economía local.

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Candidatos con propuestas contrapuestas

Cepeda congrega el respaldo de los sectores populares vinculados al régimen saliente de Gustavo Petro, basando su propuesta en la continuidad de los subsidios económicos, la reducción de los índices de pobreza y la revisión de los diálogos de pacificación interna.

La jornada se desarrolla en un entorno de fragmentación social, agudizado por la interferencia de actores armados y la suspensión de propaganda electoral pacífica debido a ataques previos con artefactos explosivos. Las relaciones internacionales con Estados Unidos forman parte del debate central, dado el distanciamiento previo registrado entre la administración de Donald Trump y el gobierno de turno en el país sudamericano.

Moradores de localidades costeras como Barranquilla manifestaron su preocupación ante el incremento de los índices delictivos en las últimas semanas, lo que ha condicionado la intención del voto hacia opciones que ofrecen soluciones de choque inmediato. Las mesas de votación permanecerán habilitadas hasta las 16:00 hora local, momento en el cual la registraduría comenzará el procesamiento de los datos oficiales.

Lo que debe saber

• Desde noviembre 2025, la Fiscalía, Judicatura, Asamblea y CNE han cambiado de autoridades en medio de crisis internas.
• Los nombramientos en la Función Judicial no escaparon a los señalamientos por injerencias desde el Ejecutivo.
• Expertos analizan el real alcance de las modificaciones en medio de una crisis generalizada en funciones del Estado. 

En casi siete meses, las cabezas de cuatro instituciones clave cambiaron. Estas forman parte de tres funciones del Estado que han atravesado una crisis que no solo ha puesto en duda su accionar, sino que también ha generado cuestionamientos sobre su independencia. ¿Los cambios responden a una salida de esa crisis o son apenas un síntoma más de ella?

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Una seguidilla de cambios

En noviembre de 2025, mediante un procedimiento cuestionado, Carlos Alarcón asumió como fiscal general subrogante. El Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy fue clave en ese nombramiento.

Meses después, en abril de 2026, el cambio ocurrió precisamente en la Judicatura. Godoy fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Antes de su salida, una nueva crisis ya se había desatado en la Judicatura. Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo, fue impedida de hacerlo. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo jugaron un papel fundamental para evitar el relevo. Así, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanzó con el proceso que terminó con la designación de Mercedes Caicedo como nueva presidenta.

En la Asamblea Nacional, cuestionada durante su primer año por su sujeción al Ejecutivo, también hubo un cambio. El ahora expresidente Niels Olsen renunció al Legislativo después de ser anunciado como precandidato a las seccionales por el movimiento oficialista ADN. De esta manera, la también oficialista Mishel Mancheno asumió la presidencia.

Finalmente, el pasado 11 de junio se conformó una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE). José Cabrera asumió la presidencia después de que Diana Atamaint permaneciera siete años en el cargo. El cambio ocurrió en medio de la organización las elecciones seccionales de 2026.

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¿Una salida o se agudizará la crisis?

Para el excandidato presidencial Henry Cucalón, los cambios son el resultado de un proceso sostenido de desinstitucionalización.

Cucalón establece una diferencia entre los organismos cuyas autoridades son designadas por el CPCCS y aquellos cuyos titulares llegan por decisión popular. En el primer caso, identifica un problema de origen en el propio CPCCS. A su juicio, lo que ocurre en esas entidades no implica solo un cambio de autoridades, sino, en algunos casos, un cambio “de gallada”.

Sobre el papel del CPCCS, cabe recordar que, en el caso del CNE, el Consejo de Participación ni siquiera se ha ejecutado la renovación parcial que debía realizarse tres años atrás.

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En lo que respecta a la Asamblea Nacional, el exasambleísta Héctor Muñoz advierte sobre una posible nueva crisis. Si bien existe un cuestionamiento respecto a la cercanía del Legislativo con el Ejecutivo, considera que la Asamblea ha otorgado gobernabilidad. La salida de Olsen podría representar un riesgo para ese equilibrio, especialmente si a su renuncia se suma a las de otros legisladores que buscarían una dignidad en las seccionales.

Para el analista político Daniel Crespo, lo que ocurre en la Asamblea también es un síntoma de una crisis más amplia que alcanza al Ejecutivo. El experto sostiene que el Gobierno carece de cuadros políticos suficientes para afrontar las elecciones seccionales sin recurrir a las figuras de mayor representación que actualmente tiene en la Asamblea Nacional.

Un cuestionamiento que atraviesa todos los cambios tiene que ver con la supuesta injerencia del Ejecutivo en la cooptación de todos los poderes. 

Para Crespo, el tema de fondo es que el Ecuador se a acostumbrado a un modelo de gestión que impone y no dialoga. “Entendemos que la gobernabilidad pasa por la cooptación de todos los espacios y se malentiende a la oposición como un intento de no dar gobernabilidad antes que la diversidad e inclusive la confrontación de ideas de un sistema democrático saludable”.

Lo que debes saber:

• Las circunstancias que rodean la muerte de la activista polaca Monika Silva evidencian la desprotección que viven quienes denuncian casos de corrupción.
• Defensores de derechos denuncian impunidad y amenazas persistentes; caso evidencia riesgos estructurales para quienes denuncian corrupción y abusos.
• La Defensoría del Pueblo no actúa, coinciden los consultados; sienten que sus vidas están en riesgo y que están solos en sus luchas.

La muerte de Monika Silva vuelve a poner en primer plano una realidad: quienes defienden derechos humanos lo hacen cada día más expuestos y con menos garantías. No es el único caso, pero ha impactado. En un contexto en donde las denuncias persisten aunque se silencien voces, activistas advierten que la carga de buscar justicia recae sobre ellos y que están solos.

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“No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo. Activista anti-corrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables. Aún viva”, se lee en la biografía de la cuenta de X de la activista polaca, que junto a sus dos hijas residía en Montañita, Santa Elena. 

Ella apareció sin vida, el lunes 8 de junio del 2026. Al siguiente día, John Reimberg, ministro del Interior, puso a circular la tesis de que se trató de un suicidio.

Las circunstancias que rodearon a la muerte Silva Koniuszek hicieron que no solo su gobierno sino la Unión Europea insten a las autoridades a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente. En un comunicado, reiteró la importancia de proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.

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¿Vale la pena defender derechos humanos en Ecuador?

La abogada Sybel Martínez, defensora de derechos —en especial de niños y adolescentes—, sostiene que la forma en que murió Monika removió una sensación de vulnerabilidad entre quienes ejercen esta labor. 

Es natural preguntarse si esto vale la pena, hasta dónde debo llegar y qué costo puede tener para mi familia.Sybel Martínez/ abogada defensora de derechos

Aun así, repite, no luchan por causas personales, sino en beneficio de todos.

“Cuando haces este trabajo, perder a Monika adquiere otro matiz: te das cuenta de que realmente puede pasarte. No es solo persecución, puertas que se cierran o falta de empleo que termina afectando a tu familia; te pinchan el teléfono y entiendes que puede escalar, tu vida corre peligro”.

El legislador Ferdinan Álvarez se pronunció sobre caso Monika Silva

Al respecto, consultado por EXPRESO, Ferdinan Álvarez, legislador de ADN, comentó que “lo ocurrido es un hecho profundamente lamentable. Corresponde a la Fiscalía investigar los hechos y determinar las responsabilidades, sin espacio para especulaciones. El país merece conocer la verdad”.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos habla de impunidad

En contraste, defensores sostienen que el problema es estructural. Vivian Idrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, sostiene que el caso expone la ausencia de una política pública de protección. 

“Lo que vemos es un Estado que no actúa; sin voluntad política para proteger a quienes defienden derechos y que termina colocándolos en mayor riesgo”.

Idrobo habla de un país marcado por “la impunidad”. No hay precedentes de asesinatos de defensores que hayan concluido con sentencias o responsables identificados. 

A ello se suma —dice— un entorno de agresiones, indiferencia y normas que, salvo la Constitución, permiten la persecución a las organizaciones.

En ese contexto, “si se identifican riesgos contra defensores y aún así ocurren estos hechos, el mensaje es devastador”, opina. ¿Por qué? “Se busca infundir miedo y la impunidad hace lo mismo. 

Al atacar a alguien tan relevante, lo que se dice es que resulta peligroso denunciar corrupción o cuidar el medio ambiente. El efecto es perverso para la democracia”.

A Ismael Bernal le dicen que es un "coche bomba", ha recibido amenazas de muerte

Con esos antecedentes, Ismael Bernal, quien a través de redes sociales informa sobre derrames de petróleo o asesinatos en Esmeraldas, se siente “a la intemperie”, desprotegido. 

Lo de Monika evidencia que el activismo en Ecuador es un oficio solitario —reflexiona— pero no puede soltar la cuerda.

Es sociólogo, con una maestría conseguida gracias a una beca en la Flacso. No romantiza su lucha. Recuerda que todo cambió para él en enero del 2018, tras el atentado a la estación de Policía de San Lorenzo. Antes de eso solo cuestionaba la falta de agua potable en su cantón. 

Pero a partir del hecho y del secuestro del equipo periodístico de El Comercio, denuncia desapariciones forzadas, incluso en manos de FF.AA., sicariatos, etc. 

Sus amigos y vecinos le dicen que es “un coche bomba”, para describir el peligro que corren al estar junto a él. 

"La Defensoría del Pueblo no asume su rol"

El abogado Fernando Bastias integra el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Ecuador (CDH), de Guayaquil, que asumió la defensa de Monika Silva junto con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam). 

El riesgo es altísimo porque el Estado que tendría la obligación de garantizar protección inicia campañas de estigmatización.Fernando Bastias/ CDH Guayaquil

Asimismo, Bastias dice que un defensor es cualquiera que sea capaz de denunciar una violación de derechos o exigir justicia sobre algo. Anota que tienen sobrecarga de trabajo porque instituciones como la Defensoría del Pueblo no actúan. 

“Guardar silencio no es una opción”, pero sí toman medidas como reducir exposiciones. “Nuestro rol es visibilizar denuncias de quienes lloran a sus seres queridos desaparecidos o torturados”, recuerda.

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Pedro Bermeo, de Yasunidos, afirma que la persecución es “evidente, agudizada en este período presidencial de Daniel Noboa”. Señala que defensores de derechos humanos, de la naturaleza y activistas que denuncian corrupción enfrentan procesos de criminalización. 

“Le pasó a Monika Silva, pero también a Manuel Cabrera”. Recuerda que desde el paro de octubre se han congelados cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones. 

A ellos, que desde el 2013 se han opuesto a gobiernos, este 2026, el TCE los multó con $ 18.000. “Se ha llegado lejos, al adelantar las elecciones, hacer campaña sin licencia”.

Informe forense, difundido el viernes 19 de junio del 2026, señala que lesiones encontradas en el cuerpo de Monika Martyna Koniuszek, conocida como Monika Silva, son “incompatibles con un suicidio”, informó el CDH.

Lo que debes saber

• La inseguridad y la incertidumbre económica son las principales preocupaciones de los padres consultados.
• Todos coinciden en que la formación en valores y el acompañamiento familiar son claves para el futuro.
• Desde sus espacios, buscan aportar al país mediante el servicio comunitario, la educación y el ejemplo.

La preocupación por el país atraviesa los testimonios de los padres consultados por EXPRESO. Aunque sus historias son distintas, todos comparten una inquietud común: el futuro que heredarán sus hijos en un Ecuador marcado por la inseguridad, la incertidumbre económica y la fragmentación social.

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Las reflexiones de estos padres se insertan en una realidad más amplia. Hasta 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró 4,2 millones de padres en Ecuador. De ellos, el 49,3 % está casado, el 39,7 % es soltero y el 8,1 % se encuentra divorciado.

Además, el 2,4 % corresponde a padres viudos y el 0,51 % mantiene una unión de hecho. Según datos del Censo de 2022, en el 61,5 % de los hogares, los hombres figuran como representantes del núcleo familiar.

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El país que temen heredar a sus hijos

Para Juan Carlos González, diseñador gráfico y emprendedor de 36 años, la inseguridad y la incertidumbre económica condicionan gran parte de la vida cotidiana. Es padre de Olivia, de tres años, y recuerda una infancia en la que podía jugar en la calle y recorrer su barrio con tranquilidad, una libertad que hoy percibe cada vez más distante para su hija.

Confiesa que vive con la incertidumbre de no saber qué país encontrará ella cuando crezca. Frente a ello, busca transmitirle valores como la empatía, la solidaridad y el servicio a través de su trabajo voluntario en la fundación Narices Rojas y de acciones cotidianas en el que su hija vea la importancia de ayudar a otros.

González intenta dejarle a su hija una herencia basada en valores. Busca que aprenda a mirar más allá de sí misma, a ser sensible ante las necesidades de otros y a comprender que los pequeños actos también contribuyen al bienestar colectivo.

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La comunidad como respuesta a la violencia

Desde una perspectiva marcada tanto por su profesión como por su experiencia personal, Xavier Moreira, sociólogo de 45 años y padre de siete hijos, sostiene que la violencia ha transformado profundamente la vida de las comunidades populares. Además de criar a los suyos, acoge en su casa a niños, adolescentes y jóvenes desplazados de barrios peligrosos.

Aunque reconoce sentirse pesimista respecto a la capacidad de la política para revertir la crisis, el sociólogo impulsa las batucadas populares y otros proyectos comunitarios para fortalecer a las familias, recuperar espacios públicos y ofrecer a los jóvenes alternativas artísticas a la violencia mediante la organización colectiva.

Es por todo esto por lo que Héctor Pérez, de 39 años y padre de tres hijos, dice que este no es el país que él quisiera heredar a sus niños. Le preocupa la creciente sensación de miedo que condiciona actividades que antes eran tan cotidianas, como salir a un parque o caminar por un centro comercial.

Pero quiere seguir soñando con un Ecuador más seguro, justo y empático, donde las personas puedan convivir sin vivir en constante estado de alerta. Convencido de que los cambios comienzan desde el hogar, procura inculcar en sus hijos el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión antes de actuar.

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La crianza como refugio

Para Josué Rincón, de 32 años, padre de tres hijos, menores de edad, y pastor de la iglesia Familia de Dios, el principal desafío no solo pasa por exigir reformas en materia de seguridad, sino por fortalecer el rol de la familia. Considera que los padres tienen una responsabilidad directa en la formación de las nuevas generaciones y advierte que la ausencia de figuras paternas termina impactando en la sociedad.

Por otro lado, asegura que su mayor temor no es solo la violencia, sino que sus hijos pierdan la capacidad de influir positivamente en los demás. Por ello, procura estar presente en su crianza y fortalecer su identidad desde la cercanía.

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La esperanza de construir algo mejor

Para el violinista Iván Fabre, de 55 años y padre de cuatro hijos, la transformación social comienza en la persona. Por eso, dice, inculca en sus hijos valores como la honestidad, la responsabilidad y la empatía, además, una actitud proactiva frente a los desafíos.

En esa línea, los anima a cultivar el conocimiento y mantener el deseo constante de aprender. “La sociedad sería más justa, equilibrada y ordenada si cada persona hiciera lo mejor que está en sus manos”.

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La disposición del Ejecutivo llega horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) en un intento por desactivar las paralizaciones. Sin embargo, los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (quien gobernó entre 2006 y 2019) rechazaron el documento de manera formal.

Paz justificó la declaratoria argumentando que la población no puede seguir inmovilizada por bloqueos que impiden el abastecimiento, la educación y la atención médica. Durante su alocución televisada, el mandatario comunicó que instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones operativas necesarias para restablecer el libre tránsito.

Impacto logístico y económico

El mandatario calificó la situación como un "intento de golpe de Estado", argumentando que el conflicto responde a una estrategia sistemática de desestabilización.

En la práctica, la obstrucción de las principales arterias viales ha desencadenado una crisis de suministro en el país andino. Diversas ciudades reportan desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. El balance actual de la jornada de manifestaciones registra al menos 16 víctimas mortales y un perjuicio a la infraestructura económica estimado en 3.000 millones de dólares.

Las encuestas y la postura de los candidatos

El proceso electoral llega a su fase final con proyecciones que perfilan a De la Espriella como favorito. La intención de voto del candidato conservador oscila entre el 48,6 % y el 50,9 %, mientras que Cepeda, figura afín al actual presidente Gustavo Petro, registra entre un 43,1 % y 44,7 %.

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A pesar de los márgenes, las directrices de ambas campañas apuntan al resguardo del proceso. De la Espriella exhortó a sus simpatizantes a no confiarse de los sondeos previos, mientras que Cepeda instruyó a sus bases a movilizarse para consolidar lo que su bloque denomina el segundo gobierno progresista.

Tensión institucional y control de escrutinios

La ruta final hacia los comicios sumó fricciones administrativas desde el Ejecutivo. El mandatario Gustavo Petro manifestó su desconfianza hacia la labor de la Registraduría Nacional, exigiendo máxima vigilancia ciudadana ante presuntas irregularidades y negándose anticipadamente a validar resultados iniciales sin revisión exhaustiva.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos descartó los escenarios de fraude y defendió el trabajo de la autoridad electoral. El proceso cuenta con la vigilancia directa de 1.694 delegados pertenecientes a distintas misiones de observación desplegadas en el territorio para auditar los escrutinios.

Despliegue de seguridad e injerencia externa

El aparato de seguridad estatal activó un operativo que moviliza a 408.000 militares y policías. Este despliegue busca evitar la interferencia de grupos armados ilegales y neutralizar posibles disturbios en los recintos electorales a nivel nacional.

En el plano diplomático, el proceso recibió un impacto directo de la administración estadounidense. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo público su respaldo a De la Espriella, prometiendo la fuerza total de Washington frente a un eventual triunfo conservador. El Ejecutivo colombiano catalogó la declaración oficial como una injerencia inaceptable a pocas horas de la apertura de las urnas.

Las claves del caso

• Periodistas de Teleamazonas y Ecuavisa son retirados de cobertura del caso Progen en Ecuador tras presiones del poder.
• Caso Progen en Ecuador genera denuncias de represalias contra reporteros que investigan contratos de generadores eléctricos.
• Gobierno de Ecuador y medios chocan por investigación sobre ruta del dinero y contratos del caso Progen.

El caso Progen, que el secretario de la Administración, Julio Neira, pretendió dar por resuelto ridículamente esta semana, cobra víctimas en el periodismo independiente.

Ya se la tomaron con Fausto Yépez, el reportero de Teleamazonas que venía haciendo una cobertura extensiva del caso y cuyos hallazgos, como los del resto de medios no comprados por o para el gobierno, apuntaban hacia la responsabilidad de los altos mandos ministeriales en el diseño de contratos lesivos para los intereses del país. 

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El 27 de mayo, por presiones del poder, su canal retiró de las redes sociales y dejó de transmitir un reportaje suyo con información muy comprometedora para el exministro de Energía Roberto Luque.

Información documentada (que también había sido publicada por este Diario) sobre los contactos y acuerdos directos que unieron a Luque con Nicolás Pic, el representante de ATM, la otra empresa que estafó al país vendiéndole generadores eléctricos de chatarra según un modelo de contratación calcado del de Progen. 

Así lo dijo Fausto Yépez y ahora lleva diez días alejado de la cobertura del caso, a pesar de que lo dominaba y supo cumplir un buen trabajo mientras estuvo a cargo. Se echan de menos sus reportajes.

Represalias y silenciamiento: el caso Hernán Higuera

Con Hernán Higuera, la cosa llegó más lejos. Este viernes él se convirtió en el segundo periodista encargado de la cobertura del caso Progen a quien el gobierno logró sacar del camino. 

Lo hizo, como denunció el canal en su noticiero del horario estelar, con represalias directas ejercidas contra su familia: su esposa, que trabajaba en el sector público, fue despedida sin explicación alguna; su hijo, estudiante avanzado de medicina, fue arbitrariamente impedido de continuar haciendo su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, de la seguridad social. 

Hernán Higuera entendió el mensaje y decidió abandonar la cobertura.  Ecuavisa emitió una nota de protesta, la segunda de la semana por la misma causa: las presiones indebidas del poder. 

La primera se había transmitido el miércoles en respuesta al video insolente y embustero en el que el secretario Neira falsificó la verdad sobre el caso y se atrevió a calumniar a ese canal y a este Diario, que mantiene firme su línea editorial, continúa investigando el caso Progen por fuera del libreto oficial y se ha negado a entregar las cabezas que el gobierno le pide.

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José Julio Neira: perfil y lógica de actuación

Lo del secretario Julio Neira es el caso típico de una “vida por oficio”, como diría Caro Baroja. No importa el cargo que ocupe en el gobierno (y los ha tenido por montones: desde director de la UAFE hasta Secretario de Integridad, pasando por representante del presidente en incontables directorios), él siempre será fiel a su vocación, idéntico a sí mismo. 

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Hoy se supone que es jefe de gabinete. O algo así. Da igual: sea cual sea su puesto, su función es invariablemente la misma: perro del presidente. “Siempre a su dueño fiel, pero importuno”, hoy como ayer el secretario Neira muerde donde tenga que morder. 

¿Acaso alguien nota la diferencia entre su trabajo actual y el que desempeñaba cuando dirigía 18 babosadas diferentes cuyos logotipos mandaba a bordar en su chaqueta de plomero con insufrible frivolidad y exquisito mal gusto?

Ataques a medios y narrativa oficial

Julio Neira cumple su función de perro con lógica implacable. Encargado de cuidar la reputación del círculo presidencial (Arturo Félix Wong, Roberto Luque e Inés Manzano implicados en el escándalo de Progen), ataca a cualquiera que la ponga en duda. 

Diario EXPRESO, por ejemplo, al que viene difamando desde hace un año, ya sea acusándolo de fraude fiscal y lavado de activos con documentos forjados (no ha vuelto a mencionarlo desde que se descubrió su fraude, lo cual fue facilísimo), o bien involucrándolo en una conspiración correísta sobre el escándalo del Porsche de la familia Noboa que andaba visitando la casa de un terrorista en Isla Trinitaria (un terrorista que había sido detenido en flagrancia tras poner una bomba en la Bahía de Guayaquil y que, después de la visita del Porsche, quedó libre porque la Fiscalía controlada por el gobierno no presentó cargos). 

No es precisamente un pastor alemán el secretario Neira. Entre los perros, acaso será un chow chow, que se cuenta entre los más tontos.

La estrategia comunicacional: videos y manipulación

Posee, sin embargo, una receta que le hace pasar por funcionario esclarecido. Se trata de la técnica de producción de videos que Fernando Alvarado llevó hasta el paroxismo durante el correato (el mismo secretario Neira es un personaje que parece extraído directamente de esa época en la que los perros cumplían su función indelegable), con hojarasca retórica, recursos visuales cargados de insidia (imágenes de manos que intercambian billetes, por ejemplo) y un fondo musical que disfraza la vaciedad del contenido: “thinking music”, se llama aquel estilo muy socorrido por los documentalistas mediocres, que produce la sensación de estar entendiendo lo que te dicen aunque no te digan absolutamente nada, como es el caso del secretario Neira.

El video sobre Progen y la versión oficial

Así fue el video de miércoles pasado en el que pretendió haber resuelto el caso Progen, es decir, haber desentrañado el misterio de la ruta del dinero gracias a una supuesta investigación conjunta entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, aplicando la ley Rico. 

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En realidad, la información que mostró fue un trabajo del estudio jurídico Greenberg Traurig, contratado por Celec para rastrear la ruta del dinero como parte del proceso contra Progen que tiene lugar en una corte de Florida. 

Torpe como el chow chow más tonto, trató de ocultar esa autoría cercenando algunas páginas del documento que subió a las redes junto con su video. El hecho es que buena parte de esa información ya había sido publicada un mes atrás, precisamente por los periodistas a los que el gobierno acosa (Sara Ortiz, Hernán Higuera, Fausto Yépez). 

En su video, el secretario Neira se centra en la relación de Astrobryxa, la representante de Progen en Ecuador, con los mandos medios de Celec, que representa apenas 15 millones de los 104 que el país pagó a Progen. 

Aún así, Neira pretende agotar todo el caso en esa relación, es decir, en la mitad inferior del escalafón orgánico funcional del sector eléctrico, dejando la mitad superior, de los ministros hacia arriba, fuera de sospecha. Es aquí donde el perro de Noboa tiene la audacia de acusar a EXPRESO y Ecuavisa de complicidad con esas mafias.

La ruta del dinero y el bloqueo de información

La verdad es otra. Sobre la ruta del dinero en el caso Progen (aquello que los funcionarios filáticos llaman “trazabilidad” en su seudolengua) lo primero que debe tener claro el país después de esta semana es que nunca la conoceremos. Nunca. 

Y esto es así porque el juez Sean P. Flynn, del tribunal que conoce el caso en la Florida, declaró la confidencialidad de aquella información que las partes consideran “sensible”, incluido el destino de las transferencias. Porque el dinero que el Ecuador pagó a Progen no tardó una semana en distribuirse a los cuatro vientos (China, México, Suiza, Ecuador…). 

Habíamos confiado en que el proceso que se desarrolla allá nos daría más claridad y más revelaciones que el que impulsa el fiscal Carlos Alarcón bajo las órdenes de la presidencia de la República. Pero esta noticia ahogó esas expectativas.

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El rol del Estado y la estrategia de encubrimiento

Lo impactante del caso es que la confidencialidad fue solicitada por la propia Celec, en coordinación con Progen y Astrobryxa. Es decir: es el propio Estado ecuatoriano el que ha tomado las medidas necesarias para que la ruta del dinero no sea conocida jamás. 

Por eso, cuando el secretario Neira asegura, como lo hizo en un tuit, que “la ruta del dinero se la va a conocer gracias a la demanda que se impulsa desde el gobierno”, está mintiendo con descaro. El acoso a los periodistas y la presión ejercida sobre los medios para que ciertos reporteros sean alejados de la cobertura es parte de la misma estrategia.

Neira como figura política: de la tragedia a la farsa

Está claro que el secretario Julio Neira es, por su empeño de perseguir y difamar a los medios, el Fernando Alvarado de Daniel Noboa. Lo es en toda la extensión de su perruna personalidad. 

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Sin embargo, de Fernando Alvarado a Karl Marx hay una degradación evidente, lo cual es mucho decir. Una degradación que puede ser leída en los términos en que Marx entendía la historia. 

Todos los hechos y los personajes se repiten, escribió él en ‘El 18 brumario de Luisa Bonaparte’: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Así, pues, el secretario Neira es la farsa del perro de Correa.

Lo que debes saber

• Gobierno de Noboa amplía a 9 meses compensación diésel, junio 2026, Ecuador, para evitar alza de pasajes
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• Decreto 428 modifica subsidio al diésel en 2026, Ecuador, y extiende pagos a transportistas interprovinciales
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• Compensación creada en 2025 en Ecuador se amplía en 2026 para mitigar impacto del combustible en transporte
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El Gobierno nacional decidió extender el plazo del mecanismo de compensación económica dirigido a transportistas interprovinciales e intraprovinciales, en el contexto de los ajustes aplicados al subsidio del diésel. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 428.

El principal cambio consiste en la ampliación del beneficio de ocho a nueve meses para este segmento del transporte, como parte de una serie de modificaciones que el Ejecutivo ha realizado al esquema desde su implementación.

Ajustes a un esquema en evolución

El sistema de compensaciones fue creado en septiembre de 2025, en paralelo a la focalización del subsidio al diésel, una política que buscó reducir el gasto estatal en combustibles y dirigir los recursos hacia sectores específicos.

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Desde entonces, el modelo ha sido ajustado de manera progresiva. En mayo de 2026, el Gobierno ya había extendido el plazo de compensación a ocho meses para los transportistas interprovinciales e intraprovinciales, en respuesta a las presiones del sector frente al incremento de costos operativos.

Con la nueva reforma, este grupo recibirá transferencias por un mes adicional, mientras que otros segmentos —como el transporte intracantonal, urbano, combinado y rural— mantienen un esquema de ocho meses, con la posibilidad de una prórroga de hasta cuatro meses más.

El Ejecutivo sostiene que estas compensaciones buscan evitar que el aumento del precio del diésel se traslade directamente a los usuarios del transporte público, lo que podría generar presiones inflacionarias y afectar el costo de vida. 

Presión del sector y contexto económico

El transporte interprovincial e intraprovincial ha sido uno de los sectores que más ha manifestado preocupación por el encarecimiento de combustibles, debido a su dependencia directa del diésel para la operación de buses y unidades de carga.

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Según la información oficial, el sistema de compensaciones cubre a miles de transportistas a nivel nacional, incluyendo distintas modalidades de transporte público que operan en zonas urbanas, rurales y entre provincias.

La continuidad de estas transferencias dependerá de evaluaciones posteriores del Gobierno sobre el impacto de la política de focalización del subsidio y la evolución de los precios del combustible.

Lo que debe saber

• El 25 de junio de 2026 vencerá el plazo para la inscripción de los aspirantes a una vocalía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
• El Consejo Nacional Electoral es el encargado de recibir las postulaciones que después serán verificadas para constatar el cumplimiento de requisitos. 
• El 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urna para elegir siete vocales principales y siete suplentes.  

En cinco días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cerrará el período de inscripción de postulantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La elección de los nuevos vocales se realizará junto con las elecciones seccionales de 2026.

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"El CNE recuerda a la ciudadanía que las postulaciones de candidaturas para integrar el CPCCS se receptarán hasta el jueves 25 de junio, en horario de 08:30 a 18:00", indicó el organismo electoral este sábado 20 de junio de 2026.

El próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos elegirán a siete consejeros principales y siete suplentes para integrar ese organismo. Cabe recordar que, de los siete integrantes principales, tres serán elegidos de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y uno de la correspondiente a pueblos y nacionalidades.

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Hasta este 20 de junio de 2026, el CNE había registrado la inscripción de 15 postulantes. La mayoría presentó su documentación en Guayas (8). También existen aspirantes de Tungurahua, Pichincha y Manabí.

En la lista de postulantes aún no constan los actuales consejeros del CPCCS. Hasta el momento se conoce que el ahora exvocal Roberto Gilbert podría buscar la reelección. Esto, tras su renuncia presentada el pasado 19 de junio.

"Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo", afirmó Gilbert ese día durante una rueda de prensa.

¿Quiénes se han inscrito hasta el momento?

En el listado destacan al menos tres nombres por su trayectoria en el sector público y por haber participado en otros procesos de designación de autoridades.

Por ejemplo, Carlos Ruiz Paucar participó en el concurso para designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado en 2016. En el listado también constan perfiles que formaron parte del anterior proceso de elección de los consejeros del CPCCS.

La nueva secretaria del CNE, Betty Báez, recordó que los requisitos para postular son:

Lo que debes saber

• El periodista de Ecuavisa, Hernán Higuera, anunció que no continuará con la investigación del caso Progen.
• En una carta pública, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió que la situación de su familia, especialmente la de su hijo, no sea utilizada con fines políticos.

El periodista de Ecuavisa, Hernán Higuera, se pronunció la mañana de este sábado 20 de junio luego de anunciar que no continuará con la investigación relacionada con el caso Progen. Su decisión se produjo tras denunciar que, después de sus publicaciones sobre este tema, su esposa fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió una plaza de internado médico.

A través de una carta difundida en su cuenta oficial de X, el comunicador agradeció las muestras de respaldo que ha recibido. "Agradezco la solidaridad recibida en estos días. Pero debo aclarar que ni mi familia ni yo representamos una causa política", escribió.

¿Qué dijo Hernán Higuera sobre las reacciones al caso Progen?

En el mensaje, Higuera insistió en que su trabajo periodístico ha estado marcado por la independencia y la fiscalización de asuntos de interés público.

"He ejercido el periodismo con independencia, investigando y denunciando hechos de interés público sin importar quién ostente el poder. Así ha sido siempre y así seguirá siendo", señaló en la publicación.

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Uno de los puntos centrales de la carta fue la referencia a su hijo, cuya situación ha sido comentada en redes sociales y espacios políticos.

"Lo ocurrido con mi hijo no debería ser utilizado por ningún sector político", expresó el periodista.

Añadió que existen asuntos que deben mantenerse alejados de la confrontación partidista. "Hay causas que deben mantenerse en el terreno de los derechos, la justicia y la dignidad humana", manifestó.

Ecuavisa expresó su respaldo a Hernán Higuera

La noche del viernes 19 de junio, la cuenta oficial de Ecuavisa también difundió un mensaje de solidaridad dirigido al periodista y a su familia.

En el pronunciamiento, el medio señaló: "Todos quienes conformamos Ecuavisa nos solidarizamos públicamente con nuestro colega y compañero de labores, Hernán Higuera, y su familia".

Además, expresó preocupación por las reacciones generadas tras las publicaciones relacionadas con el caso Progen. 

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La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) también se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo que considera una preocupante situación relacionada con la libertad de prensa en Ecuador.

Mediante una publicación en su cuenta de X, la organización expresó su inquietud por una "creciente atmósfera de persecución" desde el poder hacia periodistas y medios de comunicación que han difundido investigaciones de interés público.

El pronunciamiento surge luego de la difusión de un reportaje televisivo elaborado por Ecuavisa, en el que se exponen una serie de hechos que, según el medio, habrían ocurrido tras la publicación de investigaciones periodísticas relacionadas con el denominado caso Progen. 

Una paz que no se sostiene en Medio Oriente 

• Los recientes ataques militares en la frontera sur anulan el memorando pactado entre Washington y Teherán.
• Fuerzas armadas iraníes declaran cerrado el paso marítimo comercial como respuesta a las ofensivas aéreas.
• El Comando Central estadounidense reporta el cruce de 55 naves mercantes, contradiciendo la orden oficial de bloqueo.

El intercambio de artillería entre las fuerzas armadas de Israel y la agrupación Hizbulá provocó la madrugada de este 20 de junio la muerte de 24 personas en Líbano. Este incidente bélico rompe el acuerdo de cese de hostilidades firmado hace 24 horas y desencadena advertencias de bloqueos en las rutas marítimas internacionales de comercio petrolero.

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Según la vocería de Hizbulá, el combate se originó cuando tropas israelíes intentaron infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur libanés. En contraparte, el Ejército de Israel justifica sus bombardeos argumentando el lanzamiento previo de más de 50 proyectiles contra sus destacamentos, asegurando que sus unidades continuarán operando para neutralizar amenazas fronterizas.

Cifras del Ministerio de Salud Pública

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria detalló que un solo impacto en la población de Qanarit mató a siete ciudadanos. Otras zonas alcanzadas por los ataques aéreos incluyen Barish y Sahmar. El Ministerio de Salud Pública de Líbano registra un acumulado de 4.057 fallecidos y 12.121 heridos desde el inicio de las ofensivas el pasado 2 de marzo.

Disputa por el control marítimo y comercial

El conflicto territorial escaló de inmediato a la logística global. Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito de naves y responsabilizaron al gobierno norteamericano por el incumplimiento del memorando de entendimiento. Ante esto, Irán suspendió las negociaciones sobre su programa nuclear pautadas para este viernes.

Sin embargo, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) emitió un comunicado desestimando el bloqueo. La entidad militar detalla que 55 buques mercantes que transportaban 17 millones de barriles de crudo transitaron este sábado por el corredor. Norteamérica señala que el nivel de amenaza bajó a "moderado", pero reconoce el riesgo latente por la presencia de minas acuáticas en la zona.

A pesar del intercambio de acusaciones y el fuego cruzado, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, viajó a Suiza con el objetivo de exigir el cumplimiento del pacto. En la misma nación se encuentran los delegados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados para la primera ronda de conversaciones agendada inicialmente para el domingo.

Lo que debes saber

• Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, una de las rutas comerciales más importantes del planeta.
• Teherán justificó la medida por los ataques israelíes en el sur del Líbano y acusó a Estados Unidos de incumplir los compromisos asumidos para poner fin a la guerra.

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado 20 de junio el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (…), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

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El Cuartel afirmó que el cierre de Ormuz constituye el primer paso en la "respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo", en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en el Líbano.

"En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones", advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán denuncia la "despiadada matanza"

Además, denunció la "despiadada matanza" y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, criticó que las fuerzas israelíes no se han retirado de los territorios del sur del país.

El nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz se produce casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y reabrir el paso marítimo, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

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Washington respondió posteriormente con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés continuaron este sábado y causaron la muerte de siete personas, en una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

Las claves que debes conocer

• CNE cancelará partidos sin mínimo de votos en una elección por reforma.
• Alianzas 2026: ley reparte votos por igual y afecta estrategias de partidos.
• 235 organizaciones arriesgan registro si no logran 5% o cargos.

Esta vez ya no habrá tarjeta amarilla. En las elecciones seccionales de 2026, las organizaciones políticas no solo se jugarán la posibilidad de alcanzar una dignidad local, sino también su permanencia en el registro permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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ADN y correísmo se unieron contra partidos

Al inicio del actual período legislativo, ADN y el correísmo coincidieron en un punto: reformar el Código de la Democracia para fortalecer a los grandes partidos. 

No solo modificaron el método de asignación de escaños, que favorece a las mayorías, sino que también establecieron que un movimiento político puede ser cancelado tras un solo proceso electoral si no cumple con el mínimo de votación o de autoridades electas.

Esa reforma se aplicará por primera vez en los comicios seccionales de 2026. Los cambios a la ley electoral fueron aprobados en junio de 2025 y entraron en vigencia ese mismo año. Las modificaciones se tramitaron en la Comisión de Justicia y, en su momento, ADN argumentó que buscaban depurar el sistema de organizaciones políticas que, para entonces, sumaban cerca de 235.

A poco más de dos meses de que se abra el plazo para la inscripción de candidaturas, esta modificación cobra relevancia porque los movimientos y partidos políticos podrían estar disputándose no solo alcaldías, prefecturas y concejalías, sino también su futuro político.

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La votación que necesitan los partidos

Actualmente, la Ley Electoral establece que el CNE puede cancelar una organización de ámbito nacional si no obtiene el 5% de los votos válidos en una elección pluripersonal de carácter nacional; al menos el 8% de las alcaldías; o un concejal en cada uno de, por lo menos, el 10% de los cantones del país.

El detalle está en que antes de julio de 2025, la normativa señalaba que un partido político podía ser cancelado únicamente si incumplía alguno de esos requisitos en dos elecciones pluripersonales consecutivas.

Además, el porcentaje mínimo para las organizaciones nacionales subió del 4% al 5%. En el caso de los movimientos locales, la ley determina que podrían ser cancelados si no alcanzan el 5% de los votos válidos en una sola elección dentro de su jurisdicción.

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El experto en temas electorales Daniel González explica que cualquiera de las tres condiciones establecidas en el Código de la Democracia permitiría a las organizaciones políticas mantenerse vigentes. “Claro que los movimientos políticos pueden hacer alianzas para que el CNE pueda cuantificar los porcentajes”, señala.

Partidos ven riesgo en alianzas

En ese escenario, las organizaciones políticas ya delinean sus estrategias. Sin embargo, las primeras conclusiones apuntan a una posible afectación de las alianzas electorales. Javier Orti, de Avanza, y Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionan la reforma relacionada con la distribución del porcentaje de votación entre los integrantes de una coalición electoral.

Orti recuerda que antes el porcentaje correspondiente a cada integrante se establecía en el acuerdo de alianza. Ahora, la normativa dispone que ese porcentaje se reparta en partes iguales. En ese sentido, Serrano sostiene que la nueva fórmula resulta problemática porque existen movimientos que, en la práctica, aportan menos de lo que terminarían recibiendo con una distribución igualitaria.

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Para González, en cambio, la reforma busca garantizar igualdad entre los integrantes de una coalición. “Así, si hay una organización política más fuerte que, a lo mejor, quiera llevarse todo el porcentaje, (eso) no ocurra”, añade el experto.

Serrano también menciona un aspecto relevante: el impacto de la modificación sería mayor para las organizaciones políticas nacionales que para las locales. “El conseguir el 5% de votos válidos en su propia jurisdicción no es difícil”.

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Actualmente, el registro permanente del CNE contiene 235 organizaciones políticas, que se distribuyen así:

Con la norma vigente, la cancelación de organizaciones políticas cobra relevancia después de que el CNE, con la entonces presidenta Diana Atamaint a la cabeza, eliminó del registro permanente a Construye e intentó lo mismo con Unidad Popular.

Sin embargo, para movimientos como Revolución Ciudadana la suerte podría ser distinta. Esa organización fue suspendida. En la práctica eso significará que no podrá participar en las seccionales. El correísmo ha confirmado que ya tiene un movimiento que los auspiciará, pero en el CNE quedará el futuro de la lista 5.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa anuncia nueva fase contra el crimen en Ecuador, pero sin detallar acuerdos internacionales.
• Video de Noboa adopta formato similar al de Bukele para comunicar estrategia de seguridad.
• Anuncio llega en medio de violencia y reclamos por resultados contra el crimen organizado.

Justo cuando aparece una nueva ola de asesinatos, sicariato y robos en barrios que movilizan a los vecinos a marchas de protesta, aparece el presidente Daniel Noboa con un video que recuerda a la estrategia de comunicación de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. 

En ese video anuncia, además, la firma de un decreto con el que, según sostiene, empieza una nueva fase de lucha para combatir al crimen organizado, esta vez con cooperación internacional; aunque no ha dado un solo detalle sobre esa cooperación: no se sabe qué países van a participar, como dijo, ni los supuestos acuerdos conseguidos ni las estrategias para aplicarlos.

Un formato audiovisual inspirado en la comunicación de Bukele

El video es, sin duda, una pieza cinematográfica que pretende emular la estética y el mensaje de Bukele. Y aunque tenga mucho en común con esos mensajes, existen diferencias importantes. Pero veamos primero las coincidencias.

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Una de las características más peculiares del video de Noboa es que, al igual que Bukele, sustituyó el formato tradicional del mensaje presidencial por piezas audiovisuales de alta producción.

Si se observa, el video de Noboa tiene características similares a las de Bukele: montaje acelerado, música épica, planos cinematográficos, más imágenes que explicaciones y ausencia de voces distintas a la narrativa oficial. Al igual que con los videos de Bukele, no parece concebido como un informe gubernamental, sino como un tráiler.

El protagonismo presidencial y la narrativa de guerra

Pero eso no es todo. Al igual que en los videos de Bukele, el protagonista casi nunca es la institución —es decir, la Presidencia de la República—, sino él. 

El Estado aparece personificado en el presidente. En el video de Noboa ocurre algo parecido: no se presenta una política pública detallada, se presenta al presidente tomando decisiones trascendentales, y el mensaje gira alrededor del liderazgo personal.

La narrativa de una guerra en curso también es similar. Bukele convirtió el combate a las pandillas en una guerra, y su lenguaje está lleno de expresiones como “enemigos”, “terroristas”, “batalla”, “victoria” y “recuperar el país”. 

En el caso de Noboa ocurre algo parecido: él habla de una nueva fase, cooperación internacional, conflicto armado interno, organizaciones criminales transnacionales y respaldo de países aliados. Eso sí, sin decir cuáles son esos países ni cuáles son las organizaciones criminales que se combaten.

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Anuncios sin detalles concretos

Bukele, en sus mensajes, suele anunciar decisiones antes de explicar exactamente cómo funcionarán, y solo después aparecen los detalles en otros videos. Noboa hace algo parecido. 

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Su video anuncia cooperación internacional, inmunidades, Estados cooperantes y despliegue internacional. Sin embargo, no responde preguntas básicas que son fundamentales: ¿de qué países habla?, ¿qué fuerzas?, ¿qué facultades?, ¿bajo qué acuerdos? 

El mensaje del presidente ecuatoriano se queda en el impacto político —algo que les gusta a los tan en boga comunicadores políticos— antes que en la información jurídica o institucional.

Además, hay un elemento estético muy parecido: si bien Noboa utiliza prácticamente el mismo repertorio visual que Bukele, en su video aparecen los mismos elementos: helicópteros, soldados, convoyes, armamento, drones y mapas.

Noboa se parece a Bukele en que usa ese mismo repertorio visual. Se trata de una iconografía militar más que institucional, y la intención es muy clara: transmitir capacidad de control.

La principal diferencia: resultados frente a expectativas

Ahora bien, para entender el mensaje de Noboa también hay que fijarse en las diferencias con el que normalmente lanza el presidente de El Salvador. Bukele comunica resultados, mientras que Noboa gira alrededor de expectativas, lo cual puede resultarle políticamente contraproducente. 

De hecho, en redes sociales la gran mayoría de comentarios giraban en torno a la idea de que nuevamente se anuncia lo mismo y, como en ocasiones anteriores, no hay resultados. La frase más representativa del mensaje de Noboa es “estamos entrando en una fase”. Sin embargo, hasta ahora no ha mostrado resultados derivados de esa decisión.

Cooperación internacional frente a autosuficiencia nacional

Es notoria, además, una diferencia muy importante: Bukele suele construir un discurso de autosuficiencia nacional, y su mensaje es que El Salvador resolverá el problema por sí mismo.

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El video de Noboa, en cambio, transmite casi la idea contraria. El mandatario ecuatoriano dice que Ecuador necesita aliados, que requiere cooperación internacional, que la lucha tiene dimensión transnacional y que Estados amigos participarán en la nueva fase.

Noboa habla de inmunidad para los agentes extranjeros que vengan a combatir el crimen, pero no detalla de dónde vendrán ni en virtud de qué acuerdos internacionales.

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Una estrategia en construcción y la reacción ciudadana

Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre lo que hizo Noboa y lo que hace Bukele desde hace años: mientras los videos de Bukele suelen apoyarse en hechos consumados (capturas, cárceles, reducción de homicidios), el de Noboa busca preparar políticamente una nueva estrategia de seguridad cuyos mecanismos concretos —los acuerdos con los llamados “Estados cooperantes”, el alcance de la participación extranjera y el régimen jurídico aplicable— no han sido explicados públicamente.

Esa diferencia hace que el video de Noboa funcione más como una pieza de anticipación política que de rendición de cuentas. Sin duda, ese es el motivo por el cual la recepción en redes sociales no fue la mejor: mucha gente se queja de que nuevamente aparece para anunciar una guerra contra el crimen, pero sin que haya habido resultados anteriores. Como cuando apareció montado en un carro militar dirigiéndose, aparentemente, a Durán, un lugar con alta violencia y mucho crimen.

Las claves del caso

• La Comisión Nacional Anticorrupción se manifestó en redes sociales sobre una presunta persecución contra periodistas.
  
• El pronunciamiento surge tras un reportaje de Ecuavisa relacionado con las experiencias denunciadas por el periodista Hernán Higuera.
  
• El caso reabre la discusión sobre las garantías para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Ecuador.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo que considera una preocupante situación relacionada con la libertad de prensa en Ecuador. 

Mediante una publicación en su cuenta de X, la organización expresó su inquietud por una "creciente atmósfera de persecución" desde el poder hacia periodistas y medios de comunicación que han difundido investigaciones de interés público.

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Periodista de Ecuavisa habría sido afectado tras reportaje de caso Progen

El pronunciamiento surge luego de la difusión de un reportaje televisivo elaborado por Ecuavisa, en el que se exponen una serie de hechos que, según el medio, habrían ocurrido tras la publicación de investigaciones periodísticas relacionadas con el denominado caso Progen.

El reportaje  relata varios acontecimientos negativos en el entorno familiar del periodista, que habría enfrentado después de divulgar información vinculada a este caso.

Ante esto, la Comisión Nacional Anticorrupción manifestó públicamente su preocupación por el ambiente que, a su criterio, enfrentan algunos comunicadores cuando realizan investigaciones relacionadas con asuntos de interés nacional.

Gobierno Nacional vs Medios de comunicación

El debate sobre la relación entre el Gobierno y ciertos medios de comunicación no es nuevo. Durante los últimos meses se han registrado varios episodios de tensión entre la administración del presidente Daniel Noboa y distintos espacios periodísticos.

Uno de los casos que generó mayor discusión pública involucró a Diario EXPRESO, luego de publicaciones relacionadas con temas de interés nacional y cuestionamientos realizados desde distintos sectores y el tratamiento de determinados asuntos políticos.

Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión han señalado en reiteradas ocasiones la importancia de garantizar condiciones adecuadas para que periodistas y medios puedan desarrollar su trabajo sin presiones, independientemente de la línea editorial o de los temas investigados.

Mientras tanto, el pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la libertad de expresión, el acceso a la información y el papel que desempeñan los medios de comunicación en la fiscalización de los asuntos públicos en Ecuador.

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Según dijo la UNE, en un comunicado, en ese entonces se dispuso la suspensión de la existencia legal de la organización más grande de docentes del país, una medida que sus representantes consideran como una vulneración a la libertad sindical y de asociación.

La denuncia fue registrada como el caso número 3279 ante el Comité de Libertad Sindical y contó con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Internacional de la Educación (IE). 

En el marco de ese proceso, el organismo internacional instó al Gobierno a que tome medidas para la “devolución de los bienes incautados a la UNE, así como la eliminación de otra consecuencia derivada de la disolución”.

¿Por qué ordenaron disolver la UNE?

El caso se inició luego de que, en 2016, el Ministerio de Educación de ese entonces ordenó la disolución del gremio de los maestros al señalar que no habían presentado la documentación requerida para el registro estatal de organizaciones sociales.

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Aunque han pasado más de nueve años de ese caso, la UNE aseguró que el requerimiento de la OIT es una muestra de que el la denuncia "continúa bajo conocimiento y seguimiento de los organismos internacionales de control". En ese sentido, anunció que seguirá con el proceso con el fin de lograr una "reparación integral de los derechos vulnerados y el pleno respeto a la libertad sindical".

El anuncio de la Unión se registra en un contexto en el que la organización ha mantenido fuertes cuestionamientos en contra del Ministerio de Educación por la supuesta ilegalidad de un acuerdo, firmado el pasado 27 de mayo, en el que permite la realización de actividades complementarias institucionales los sábados en planteles fiscales.

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Lo que debes saber

• Los cambios en la estructura municipal de Guayaquil continúan. 
• Isabel Tamariz asumió la presidencia del directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP), en reemplazo de Xavier Salem, quien renunció al cargo que ocupaba desd

Los cambios en la administración del Municipio de Guayaquil continúan. Esta vez, la novedad se registra en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP), donde Isabel Tamariz asumió la presidencia del directorio tras la salida de Xavier Salem.

Una revisión realizada por EXPRESO en las declaraciones juramentadas de la Contraloría General del Estado muestra que Isabel Tamariz figura en 2026 como coordinadora general 2, un cargo de nivel directivo y de confianza dentro de la estructura municipal.

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El movimiento ocurre en un contexto de cambios dentro de la institución. Actualmente, el Municipio de Guayaquil está liderado por Tatiana Coronel, mientras el alcalde Aquiles Álvarez permanece detenido.

Salida de Salem de Emapag

La designación de Tamariz se produce luego de que Xavier Salem presentara su renuncia a la presidencia del directorio de Emapag EP, cargo que ocupaba desde 2023.

Salem llegó a esa función como delegado de Aquiles Álvarez cuando este asumió la Alcaldía de Guayaquil. Según la normativa vigente de la empresa municipal, la presidencia del directorio de Emapag corresponde al delegado del alcalde.

¿Y la Dirección de Ambiente?

La llegada de Isabel Tamariz a Emapag también abre interrogantes sobre el futuro de la Dirección de Ambiente del Municipio.

De acuerdo con una fuente municipal consultada por este Diario, actualmente existe una persona encargada de la Dirección de Ambiente mientras se define la titularidad de esa dependencia.

Guayaquil

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Juan Ponce Merchán

La administración municipal no ha emitido, hasta el cierre de esta edición, un pronunciamiento oficial sobre quién asumirá de forma permanente esa dirección.