Lo que debes saber

• IESS identificó 1.187 bienes para venta y busca fortalecer fondos de salud y pensiones.
• El IESS proyecta vender inmuebles en varias provincias para generar liquidez.
• La deuda del IESS con prestadores alcanza USD 1.400 millones y continúa en pago.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) avanza en el proceso para vender bienes considerados improductivos con el objetivo de generar liquidez y mejorar la sostenibilidad financiera de la institución.

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Según informó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordero en una entrevista a Teleamazomas, el inventario preliminar registra 1.187 inmuebles con un avalúo catastral superior a los 1.000 millones de dólares.

La iniciativa surge luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara el 28 de agosto la intención de poner en venta cerca de 1.400 bienes ociosos, una medida con la que el Gobierno proyecta recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares.

Más de 1.000 bienes en proceso de identificación

De acuerdo con Cordero, el IESS trabaja junto con equipos de infraestructura, unidades médicas y direcciones provinciales para completar el levantamiento de información sobre los inmuebles disponibles.

Hasta el momento se han identificado 175 bienes que podrían entrar en una primera fase de comercialización. Estos se encuentran principalmente en Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena y Azuay.

Entre los activos constan terrenos, edificios y viviendas que, según el funcionario, han permanecido abandonados durante más de dos décadas. Algunos incluso presentan problemas de invasiones o requieren procesos de regularización antes de ser vendidos.

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Recursos se destinarían a salud y pensiones

El titular del IESS aseguró que la venta de estos activos no implica una privatización de la institución ni una reducción de su patrimonio. Explicó que el propósito es transformar bienes inmuebles en liquidez para fortalecer los fondos de salud y pensiones.

La propuesta ha generado cuestionamientos de sectores como el colectivo Un Nuevo IESS, que solicitó a organismos de control verificar la legalidad de la medida. Frente a ello, Cordero sostuvo que la venta de activos improductivos está contemplada en la normativa vigente y recordó que una ley de 2004 ya establecía la posibilidad de subastar este tipo de bienes para financiar los fondos del Seguro Social.

El IESS busca nuevas fuentes de sostenibilidad

La venta de inmuebles forma parte de un paquete de medidas que la institución impulsa para enfrentar sus problemas financieros. Entre ellas consta la recuperación de la mora patronal, que actualmente supera los 2.700 millones de dólares.

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Según Cordero, durante este año se han recuperado alrededor de 560 millones de dólares por este concepto. Otra estrategia se enfoca en aumentar el número de afiliados.

De acuerdo con las proyecciones institucionales, el IESS espera superar los 100.000 nuevos afiliados en 2026, por encima de los cerca de 90.000 registrados el año anterior.

Deuda con prestadores alcanza los $1.400 millones

Mientras busca nuevas fuentes de financiamiento, el Seguro Social continúa enfrentando obligaciones pendientes con prestadores externos de salud.

Cordero señaló que la deuda acumulada bordea los 1.400 millones de dólares. No obstante, afirmó que la institución ha desembolsado cerca de 695 millones de dólares para evitar que se suspendan servicios destinados a afiliados y jubilados.

En el caso de las dializadoras, indicó que se han pagado más de 100 millones de dólares y que existen convenios vigentes con alrededor de 98 centros especializados.

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Auditorías y reforma institucional

Respecto a los retrasos en los pagos, el presidente del Consejo Directivo aseguró que las auditorías se realizan de forma paralela a los desembolsos y que actualmente existen aproximadamente 450 millones de dólares auditados.

También reconoció que entre el 5 % y menos del 10 % de las facturas revisadas no superan los controles establecidos, por lo que son rechazadas durante el proceso.

Sobre una eventual reforma al IESS, mencionó que la institución espera los resultados de estudios actuariales antes de definir cambios estructurales. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo la venta de activos improductivos, la recuperación de la mora patronal y el aumento de afiliaciones.

Lo que debes saber

• IESS tiene 73 % de medicinas y busca llegar al 80 % con compras centralizadas.
• Bernardo Cordero informó que las citas subieron a 1,3 millones al mes en el IESS.
• El IESS espera nuevas entregas de fármacos para reducir faltantes en los próximos meses.

El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordero, aseguró que una de las principales dificultades detectadas durante sus primeros nueve meses de gestión es el nivel de abastecimiento de medicamentos en las unidades médicas de la institución. 

Según indicó, actualmente el indicador se ubica en el 73 % y la meta es alcanzar el 80 % en los próximos meses mediante un sistema de compras centralizadas.

Durante una entrevista, el funcionario señaló que ha recorrido 58 establecimientos de salud, entre hospitales, dializadoras y dispensarios del Seguro Social Campesino, para evaluar el estado de los servicios. A partir de esas visitas, sostuvo que el acceso a medicinas continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la red de salud del IESS.

El abastecimiento aún está por debajo de la meta

Cordero explicó que la administración busca incrementar la disponibilidad de medicamentos a través de un plan de compras centralizadas y que espera llegar al 75 % o 76 % de abastecimiento al cierre de este mes.

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El titular del IESS señaló que el objetivo institucional no es alcanzar un abastecimiento del 100 %, ya que, según dijo, los estándares internacionales consideran óptimo un nivel cercano al 80 %. A su criterio, mantener inventarios completos podría aumentar el riesgo de caducidad de medicamentos y generar pérdidas para el sistema.

La problemática del abastecimiento ha sido una de las principales quejas de afiliados y pacientes en distintas provincias, especialmente en tratamientos de enfermedades crónicas y de alto costo.

Las citas médicas aumentaron, pero persisten brechas

Otro de los problemas que enfrenta la institución es la demanda de citas médicas. Cordero aseguró que cuando inició su gestión, en noviembre de 2025, el sistema otorgaba alrededor de 900.000 citas mensuales, mientras que actualmente la cifra alcanza 1,3 millones.

Pese al incremento, reconoció que todavía existe una brecha en la atención y que se realizan ajustes en el sistema de agendamiento para mejorar el acceso de los afiliados a consultas médicas. De acuerdo con el funcionario, la meta para este año es incrementar en un 27 % el número de citas disponibles en toda la red de salud del IESS.

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Equipos dañados y servicios paralizados

Durante los recorridos realizados por hospitales del país, el presidente del IESS también identificó problemas relacionados con equipos médicos fuera de operación e infraestructura sin uso.

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Como ejemplo mencionó el Hospital José Carrasco Arteaga, en Cuenca, donde, según indicó, el resonador magnético y el tomógrafo permanecían fuera de servicio cuando asumió la administración. Actualmente, ambos equipos ya estarían habilitados.

Además, afirmó que una piscina destinada a procesos de rehabilitación, cerrada desde 2020, fue reabierta recientemente para la atención de pacientes.

Respecto a las responsabilidades por estas deficiencias, señaló que en varios casos los administradores involucrados ya no forman parte de la institución y que se han realizado cambios cuando se detectan problemas de gestión.

Medicamentos de alto costo siguen siendo un reto

Consultado sobre la falta de medicamentos para enfermedades complejas, entre ellas tratamientos para pacientes con fibrosis quística, el presidente del IESS indicó que esas necesidades han sido incorporadas en los procesos de compra centralizada.

Sin embargo, reconoció que la disponibilidad de estos fármacos depende todavía de las entregas pendientes por parte de los proveedores contratados.

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El IESS descarta, por ahora, sumarse a Dedalus Group

En cuanto a la plataforma tecnológica Dedalus Group, anunciada por el Gobierno para el sistema público de salud, Cordero aclaró que el IESS no contempla actualmente incorporarse a esa herramienta.

Explicó que la institución opera con el sistema contratado a través de CNT, y que su funcionamiento ha permitido incrementar el número de citas médicas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de evaluar la plataforma en el futuro si demuestra resultados positivos en el Ministerio de Salud Pública.

Lo que debes saber

• Noboa ordenó vender activos ociosos del IESS.
• Sectores cuestionan la medida y piden transparencia.
• Proponen cobrar las deudas antes de vender bienes.

La venta de activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) plantea una pregunta que va más allá de cuánto dinero puede obtener la entidad: ¿es esta la salida para enfrentar sus problemas financieros o el camino para desprenderse de un patrimonio que pertenece a sus afiliados? Las voces consultadas coinciden en que cualquier decisión debe mirar primero las obligaciones pendientes y el futuro de la seguridad social.

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Reparos a la iniciativa del Ejecutivo

La iniciativa del presidente Daniel Noboa Azín genera reparos entre dirigentes de afiliados, jubilados y trabajadores, quienes consideran que el Ejecutivo no puede disponer de bienes de una institución autónoma. Henry Izurieta, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, advierte que la venta puede terminar afectando los intereses del IESS y de quienes dependen de sus prestaciones.

Además, Raúl Yánez, vocero del grupo de docentes jubilados, apunta directamente a la Constitución. Menciona que el artículo 372 establece que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco, y prohíbe que una institución estatal disponga de ellos o menoscabe su patrimonio.

En este escenario, uno de los principales riesgos señalados por los entrevistados es que una venta apresurada termine reduciendo el patrimonio del IESS. Izurieta sostiene que los terrenos y edificaciones pueden conservar o incrementar su valor con el tiempo, por lo que desprenderse de ellos para obtener liquidez inmediata podría resultar contraproducente.

A esa preocupación se suma otra: la posibilidad de que determinados bienes sean vendidos por debajo de su valor real. Luis Pilaló, presidente de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino en Guayas, recuerda experiencias anteriores, como la venta del Hotel Quito, y teme que los inmuebles terminen rematándose a precios que no reflejen su verdadero patrimonio.

Mientras tanto, Yánez señala que el problema puede agravarse si se incluyen bienes estratégicos dentro de una eventual enajenación. Sostiene que hospitales, dispensarios y terrenos destinados a infraestructura sanitaria deberían quedar fuera de cualquier proceso de venta.

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Avalúos bajo revisión

En esa revisión también aparece el tema de los avalúos. Virginia Pineda, presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas y vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, ve necesario actualizar la valoración de todos los bienes de la seguridad social, pues algunos activos podrían estar registrados por montos que no corresponden con su valor real de mercado.

Por su parte, Pineda plantea que cualquier valoración debe estar en manos de especialistas independientes. La exigencia busca evitar que un inmueble estratégico termine vendido por una cifra inferior a la que realmente representa.

Pero el riesgo no estaría solo en el precio. Los entrevistados advierten sobre quiénes podrían ser los compradores (empresarios y narcotraficantes) y la necesidad de identificar a los beneficiarios finales.

La dirigente gremial propone que se conozca quién compra cada inmueble, quiénes son sus beneficiarios efectivos y qué relación podrían tener con funcionarios públicos. Asimismo, que debe establecerse una cláusula que impida conflictos de intereses.

También habla de implementar una auditoría integral y externa que permita revisar los procesos relacionados con los bienes, antes de que se concrete cualquier operación. Para los dirigentes consultados, la transparencia debe ser una condición previa y no una revisión posterior.

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Las cámaras también ponen condiciones

En este punto aparece una coincidencia llamativa con el sector empresarial. Galo Salamea, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, opina que vender activos puede ser correcto únicamente si se trata de bienes improductivos que el Seguro Social no necesita para cumplir sus funciones.

Pero incluso desde las cámaras se plantean límites similares a los expresados por los dirigentes de afiliados y jubilados. Salamea exige transparencia, avalúos independientes y procesos competitivos que permitan obtener el mejor valor para los asegurados.

Las deudas, en el centro del debate

No obstante, hay un aspecto que atraviesa las entrevistas: las deudas que el IESS reclama al Estado y a los empleadores morosos. Para los consultados, vender patrimonio mientras existen obligaciones pendientes supone atacar el efecto de la crisis y no sus causas.

Izurieta sostiene que el Estado debe cumplir con su aporte del 40 % para las pensiones y, además, reconocer la deuda que mantiene con el IESS. Advierte que existe una diferencia considerable entre las cifras que maneja la seguridad social y las que constan en las cuentas estatales, por lo que primero debería aclararse cuánto se debe realmente.

A la par, los entrevistados piden recuperar los valores adeudados por los empleadores. Izurieta habla de una deuda patronal cercana a los $2.500 millones y pide que se fortalezcan los mecanismos de recaudación para recuperar esos recursos. Yánez coincide en que el Estado debería establecer un convenio de pago para cubrir las obligaciones acumuladas.

Salamea concuerda con el secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social y defiende que cualquier obligación legítima debe reconocerse y pagarse, tanto por parte del Estado como de los empleadores. Para ello, considera indispensable contar primero con cifras claras, auditadas y transparentes.

Así, las posiciones convergen en un punto: esta operación no puede convertirse en la solución estructural del IESS. Desde las cámaras proponen mejorar la administración, combatir la evasión y la mora, optimizar costos y gestionar adecuadamente las inversiones y el patrimonio de la entidad social.

A pesar de ello, queda un elemento que los entrevistados consideran preocupante: el silencio del Consejo Directivo del IESS frente a la orden presidencial. EXPRESO intentó conversar con Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo; María de los Ángeles Rodríguez y Jorge Moncayo, vocales en representación de los empleados y de los asegurados respectivamente, pero ninguno respondió al pedido enviado por correo electrónico.

Para los entrevistados, el IESS necesita ingresos permanentes, no solo liquidez inmediata. El sector empresarial subraya que se debe generar más empleo formal.

Lo demostró en la entrevista que tuvo en el programa A Primera Hora con los periodistas Andrea Orbe y Fabricio Vela. Su pensamiento se sostiene en tres pilares que eran exactamente los que se postulaban en el correato. 

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La visión de Neira sobre la libertad de expresión

Primero: que haya críticas significa que hay libertad de expresión. Segundo: si hay críticas, los funcionarios tienen absoluta libertad para decir cualquier cosa sobre la persona que hizo las críticas, sin importar que sean calumnias, como pasó en el caso de Gisella Bayona. Tercero: que los medios privados actúan por intereses financieros propios y que, por eso, no dicen la verdad.Vamos uno por uno, que cada uno es más correísta que el otro.

Que se pueda criticar al Gobierno no demuestra, por sí solo, que haya libertad de expresión, sino que todavía existe un espacio para hacerlo. No demuestra que quienes ejercen el periodismo puedan investigar al poder sin sufrir presiones, intimidaciones o represalias. La diferencia no es menor. 

En una democracia, la libertad de expresión no se pone a prueba cuando alguien dice algo que al poder le resulta indiferente. Se pone a prueba cuando un periodista publica algo que incomoda al Gobierno y, sobre todo, cuando insiste en investigarlo después de haber sido cuestionado desde el poder. 

El caso de GRANASA

Hay varios episodios recientes que hacen difícil aceptar sin más la afirmación de Neira.Está el caso de EXPRESO, que quizá es el más dramático. GRANASA soporta la utilización de organismos estatales para afectar el funcionamiento de sus medios. Incluso, la interventora del Gobierno en GRANASA dificulta la venta de un terreno que la empresa necesita para capitalizar el diario. ¿Por qué necesita esto? El diario pasa dificultades porque el Gobierno presiona a varias empresas que tradicionalmente han tenido pauta en sus páginas.

También el caso de la periodista Gisella Bayona es revelador porque permite observar una secuencia completa. El 28 de agosto, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, habló de una periodista que, según dijo, era proveedora del sistema de salud y cuyo esposo estaría vinculado con “mafias eléctricas” y con el exvicepresidente Jorge Glas. No pronunció su nombre, pero dio suficientes detalles para que fuera identificada como Bayona. Horas después comenzó una intensa campaña digital contra ella y su esposo. 

Lupa Media identificó alrededor de 1.300 publicaciones en contra de Bayona en cuentas que normalmente amplifican el discurso del Gobierno. El 2 de septiembre, Bayona anunció que abandonaba el periodismo. “Señor presidente, usted ganó”, dijo.

Esto demuestra que el argumento de Neira, según el cual hay libertad de expresión porque hay críticas, es tan falaz como lo era el de los correístas que decían lo mismo.

También está el caso del periodista Hernán Higuera, de Ecuavisa. Higuera decidió apartarse de la investigación sobre el caso Progen después de denunciar que, tras sus publicaciones, su esposa fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió una plaza de internado médico.

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El problema se vuelve todavía más inquietante porque Neira ha cuestionado públicamente a Higuera y a Ecuavisa por su cobertura de Progen. Una cosa es que un funcionario desmienta una información; otra muy distinta es que el poder convierta al periodista que investiga en parte del problema.

Sobre el segundo argumento, el de que los funcionarios pueden responder a los medios o a los periodistas críticos: la cuestión no es si Neira o el presidente Noboa pueden responder a Ecuavisa, EXPRESO, Gisella Bayona o cualquier otro medio. 

Por supuesto que pueden. El problema es qué herramientas utilizan para responder y qué consecuencias tienen esas herramientas sobre quienes ejercen el periodismo. Porque existe una diferencia fundamental entre combatir una información con información y combatir al periodista que la publica. Esto es, como lo otro, profundamente correísta.

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Los datos tampoco permiten despachar el problema como una exageración de los medios. Fundamedios registró 100 agresiones contra la libertad de expresión durante el primer semestre de 2026 y señaló al Estado como agresor en 46 de esos casos.

Pero incluso más allá de las estadísticas, hay una prueba más sencilla. La pregunta que Neira debería responder es: ¿cómo trata el Gobierno a los periodistas que lo investigan?

La prueba de la libertad de prensa no es cómo se trata a los periodistas que elogian al poder, ni siquiera cómo se tolera a quienes lo critican ocasionalmente. 

La verdadera prueba está en cómo se trata a quienes investigan al poder cuando sus investigaciones resultan incómodas.

Por último, está el tan cacareado argumento correísta de que los medios privados no dicen la verdad porque lo único que les interesa es su interés financiero. Esto lo dijo Neira en A Primera Hora, de donde se despidió diciendo que encontraba demasiada coincidencia en que la periodista Andrea Orbe le hubiera hecho una pregunta que se parecía a algo que habían dicho la asambleísta correísta Eliana Correa y la excandidata presidencial Luisa González.

¿Más correísta que eso? Imposible.

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“No tenemos mejor aliado en la región para enfrentar esta amenaza criminal transnacional”, afirmó. El funcionario estadounidense habló de una “red de grupos terroristas” que, según dijo, amenaza la seguridad de ambos países.

$ 45 millones para seguridad

Marco Rubio anunció que el Gobierno de Donald Trump solicitará al Congreso estadounidense 45 millones de dólares adicionales para respaldar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. 

Recursos para combatir a la minería ilegal

El Secretario de Estado de Estados Unidos habló de un monto de 10 millones de dólares. Washington destinará esos recursos a una iniciativa para combatir la minería ilegal, el reclutamiento de integrantes de bandas y las redes de financiamiento ilícito.

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Más embarcaciones enviará EE.UU.

Rubio informó que a Ecuador llegará un buque de la Guardia Costera de 110 pies y además que se transferirán cinco embarcaciones interceptoras, en elos próximos meses, en total serán 12.

Los Tiguerones se suman a lista de grupos terroristas

Asimismo Rubio anunció la designación de Los Tiguerones como organización terrorista extranjera. “No estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, sostuvo, al argumentar que estos grupos cuentan con capacidades y armamento que, en algunos casos, se asemejan a los de un Estado.

Exfuncionarios y sus familiares no podrán ingresar a Estados Unidos

Estados Unidos también anunció sanciones contra siete exfuncionarios ecuatorianos, a quienes acusa de corrupción y de aceptar sobornos vinculados con organizaciones criminales. Las medidas alcanzan también, en general, a sus familiares directos. Entre otras cosas no podrán acceder a ese país.

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La declaratoria homologa el estatus de Los Tiguerones con el fijado previamente por la Casa Blanca para Los Choneros y Los Lobos. En el ámbito legal y administrativo de Estados Unidos, la tipificación bajo designaciones de terrorismo transnacional despliega un paquete de mecanismos sancionatorios inmediatos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Justicia.

Implicaciones legales

La categorización de un grupo como organización terrorista no se limita a un pronunciamiento diplomático; altera de manera vinculante su operatividad transfronteriza y su logística interna en Ecuador:

En su pronunciamiento oficial, Rubio puntualizó que el combate al crimen transnacional exige la coordinación de bloques regionales: "No estamos hablando de criminales, sino de terroristas", sostuvo. Los 45 millones de dólares requeridos por el Ejecutivo estadounidense se sumarán a una partida previa de 10 millones de dólares asignada a tareas contra la minería ilegal en territorio ecuatoriano.

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Entre los señalados están Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carrillo, expresidente de la Corte Nacional de Justicia; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal del Consejo de la Judicatura.

Según el Departamento de Estado, los tres abusaron de sus cargos al aceptar sobornos de integrantes de organizaciones vinculadas al narcotráfico. 

A cambio, habrían intervenido en procesos judiciales, electorales y administrativos para favorecer a bandas ecuatorianas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos.

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La lista también incluye a Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exasambleísta; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de ese tribunal; y Mayra Carolina Salazar Merchán, exfuncionaria de comunicación de la Corte Provincial del Guayas.

¿Cuáles son los efectos de integrar esa lista elaborada por EE.UU.?

Estados Unidos sostiene que estos actos de corrupción tuvieron consecuencias sobre su seguridad al favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico y afectar a comunidades estadounidenses. 

Como consecuencia de las designaciones, los siete exfuncionarios y, en general, sus familiares directos quedan sujetos a restricciones para ingresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado justificó las medidas en la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026. 

Esta norma permite designar públicamente o de manera privada a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información fidedigna sobre su participación en actos significativos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos.

Las acusaciones corresponden a Estados Unidos y deben distinguirse de las decisiones y procesos que se desarrollen en Ecuador.

Lo que debes saber

• Salcedo primero rechazó la extradición.
• Luego pidió conocer los cargos en Estados Unidos.
• Finalmente, aceptó ser extraditado.

Daniel Salcedo cambió de postura este 9 de septiembre y finalmente aceptó ser extraditado a Estados Unidos. La decisión fue comunicada después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, le formulara nuevamente la consulta sobre si consentía o no su entrega.

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10 minutos para definir su postura

Antes de responder, el abogado de Salcedo pidió conocer con mayor detalle las razones por las que Estados Unidos solicita su extradición y solicitó copias del expediente. Rodríguez negó el pedido de convocar una nueva diligencia, pero concedió 10 minutos para que el procesado y su defensor analizaran la decisión.

Durante la audiencia, Salcedo sostuvo que inicialmente no comprendió de qué se trataba la diligencia ni los cargos que enfrenta en Estados Unidos. La sesión entró en receso a las 16:15 y, tras ese intervalo, el procesado volvió a comparecer por Zoom, a las 16:44.

Ante el tribunal, Salcedo aceptó ser llevado a una cárcel estadounidense. El proceso tomará 30 días.

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Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

Durante la audiencia, Salcedo afirmó que le hicieron firmar documentos cuyo contenido desconocía y que los guardias del centro penitenciario El Encuentro no le permitían mover las manos. Tras su extradición, Estados Unidos tendrá 30 días para presentar las garantías requeridas.

EE. UU. requiere a Daniel Salcedo por cinco cargos, entre ellos tráfico de drogas, posesión de armas y asociación ilícita para el uso de armas. El expediente también lo vincula con una acusación por asociación ilícita para el blanqueo de capitales y señala su presunta participación en al menos dos envíos de droga hacia territorio estadounidense.

En Ecuador, Salcedo acumula seis condenas por delitos como peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y fraude procesal. Además, permanece recluido y es investigado por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. 

Lo que debes saber

• Daniel Salcedo es requerido por la justicia de Estados Unidos.
• El sentenciado rechazó acogerse al mecanismo de extradición simplificada.
• Su negativa abre paso a un proceso ordinario que podría tomar más tiempo.

Daniel Salcedo Bonilla decidió no someterse al mecanismo de extradición simplificada requerido por Estados Unidos. Su postura fue expuesta este 9 de septiembre durante la audiencia que se instaló en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

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Salcedo toma distancia del procedimiento

El trámite se desarrolló desde las 15:00, luego de que horas antes Ronald Patricio Herrera Ramírez, excolaborador de Salcedo y testigo en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio, aceptara ser extraditado bajo esta modalidad. La negativa de Salcedo significa que su eventual traslado a Estados Unidos deberá continuar por la vía ordinaria prevista en el procedimiento de extradición.

El sentenciado cumple seis condenas en Ecuador relacionadas con peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y fraude procesal. A esto se suma la investigación que enfrenta por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras permanece privado de libertad.

Al no aceptar la entrega inmediata, Salcedo deberá enfrentar el procedimiento ordinario previsto para estos casos. Esta vía puede extender los tiempos del proceso y retrasar temporalmente su eventual salida de Ecuador.

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Los cargos que enfrenta en EE. UU.

La justicia de Estados Unidos requiere a Daniel Salcedo por cinco cargos, entre ellos:

Salcedo siguió la diligencia de manera telemática desde el centro de privación de libertad de Santa Elena, donde permanece recluido.

Política

Marco Rubio: Los Tiguerones son grupo terrorista y EE. UU. sumará $45 millones a Ecuador

Daniel Alejandro Romero Páez

Rubio se reunió este 9 de septiembre de 2026 con el presidente Daniel Noboa en Quito. Uno de los principales temas en la agenda fue la seguridad. 

El funcionario de la administración de Donald Trump catalogó a Ecuador como el principal aliado en la región en la lucha contra los grupos narcoterroristas.

"Para tratar con un tema transnacional (narcoterrorismo) se necesita una coalición de países. Uno de los países que más ha participado y más está haciendo para enfrentar esto es Ecuador. Por eso estamos aquí hoy", señaló Rubio.

¿Por qué Los Tiguerones son un grupo terrorista?

"Hemos tomado la decisión de nombrar a Los Tiguerones como otro grupo terrorista. Eso viene en sintonía con lo que hicimos anteriormente con Los Choneros y Los Lobos. No estamos hablando de criminales, sino de terroristas", aseguró Rubio.

Dicha nominación, según Estados Unidos, tiene que ver con la relación que mantiene la organización criminal con cárteles del narcotráfico en México.

“Los Tiguerones es otra pandilla ecuatoriana que ayuda a los cárteles mexicanos a mover y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad criminal, incluyendo ataques contra civiles, fuerzas del orden y periodistas”, dijo Rubio.

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Estados Unidos declara a los Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera

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Así, Los Tiguerones se suman a la lista de Estados Unidos, en la que ya se encuentran Los Choneros y Los Lobos. Todos ellos tienen presencia en varios puntos del país y han sido identificados con el cometimiento de varios delitos, entre ellos narcotráfico, extorsión y crímenes violentos.

Como parte de los acuerdos logrados tras el encuentro entre Rubio y Noboa está la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos apruebe un pedido del gobierno de Trump para destinar 45 millones de dólares a la lucha contra el narcoterrorismo.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa anunció Dedalus para conectar 1.742 centros de salud en Ecuador.
• El sistema unificará historiales clínicos y agilizará citas en la red pública.
• Dedalus controlará medicinas e insumos para mejorar la gestión hospitalaria.

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la incorporación al sistema de salud pública ecuatoriano de Dedalus, una plataforma de gestión hospitalaria utilizada en varios países de Europa y que, según el mandatario, permitirá mejorar procesos como el agendamiento de citas médicas, la administración de historiales clínicos y el control de medicamentos e insumos.

A través de un pronunciamiento difundido este 9 de septiembre, el jefe de Estado aseguró que la iniciativa busca atender problemas estructurales del sistema sanitario y avanzar hacia una mayor integración de los servicios de salud a escala nacional.

Gobierno apuesta por digitalizar la gestión hospitalaria

De acuerdo con Noboa, la implementación de Dedalus permitirá: 

La plataforma también contempla herramientas para el monitoreo y control de inventarios de medicinas, insumos y equipos médicos, con el objetivo de mejorar la gestión de recursos dentro de la red pública.

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Red nacional de salud estará interconectada

Según lo anunciado por el mandatario, un total de 1.742 centros de salud estarán interconectados mediante la nueva plataforma tecnológica. La medida busca integrar la información y los procesos administrativos de los establecimientos sanitarios a nivel nacional.

En su mensaje, Noboa sostuvo que la modernización tecnológica forma parte de los esfuerzos del Gobierno por resolver deficiencias acumuladas durante años en el sistema sanitario. "La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos", afirmó el presidente.

"Para tratar con un tema transnacional (narcoterrorismo) se necesita una coalición de países. Uno de los países que más ha participado y más está haciendo para enfrentar esto es Ecuador. Por eso estamos aquí hoy", señaló Rubio en la declaración conjunta.

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En ese escenario, Rubio anunció varios acuerdos tras la reunión con el presidente Noboa. Uno de ellos fue la declaración de Los Tiguerones como grupo terrorista. Así, el país norteamericano suma otro grupo delictivo de Ecuador a esa lista. Antes ya fueron declarados de la misma manera Los Choneros y Los Lobos.

"Hemos tomado la decisión de nombrar a Los Tiguerones como otro grupo terrorista. Eso viene en sintonía con lo que hicimos anteriormente con Los Choneros y Los Lobos. No estamos hablando de criminales, sino de terroristas", aseguró Rubio.

En materia de seguridad, anunció que la administración Trump solicitará al Congreso de ese país $45 millones adicionales para la lucha conjunta. Esos recursos se sumarían a los $10 millones ya aprobados para el combate contra la minería ilegal.

Tras la reunión entre Rubio y Noboa, el funcionario estadounidense fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. El reconocimiento se entrega a ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que han logrado méritos excepcionales o prestado servicios relevantes al país.

La llegada de Rubio a Quito

El secretario de Estado de EE. UU. arribó a Quito pasadas las 10:30 de este miércoles. Desde el Aeropuerto Mariscal Sucre se trasladó al Palacio de Gobierno, en el centro de la capital. Fue recibido pasadas las 12:00.

Sobre su llegada a Ecuador, la Cancillería señaló: "El vicecanciller Alejandro Dávalos, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a su llegada al país, como parte del protocolo oficial dispuesto para su visita".

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También señaló que el encuentro con el presidente Daniel Noboa reafirmó "la voluntad de Ecuador y Estados Unidos de consolidar una relación estratégica, basada en objetivos compartidos en materia de seguridad, paz y desarrollo".

La gira de Rubio en Sudamérica

Marco Rubio llegó a Ecuador después de su paso por Colombia. En ese país se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella. Habló de una etapa dorada en las relaciones con ese país y aseguró que la misma "no tiene precedente". Allí también hubo conversaciones relacionadas con la lucha contra los grupos de delincuencia organizada y el narcoterrorismo.

Tras la corta visita a Ecuador, Rubio se trasladará a Perú. Según el Departamento de Estado de EE. UU., el funcionario estadounidense abordará la cooperación en la "lucha conjunta contra el narcoterrorismo", además de los beneficios de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países de la región.

Lo que debes saber

• Más de 30 legisladores del correísmo son investigados tras votar a favor de la Ley de Adopciones.
• La bancada había dispuesto la abstención; el desacuerdo derivó en denuncias disciplinarias.
• El régimen orgánico contempla desde amonestaciones escritas hasta la expulsión definitiva.

37 asambleístas de la Revolución Ciudadana enfrentan un proceso disciplinario interno tras votar a favor de la Ley de Adopciones, aprobada en el Pleno Legislativo el 28 de julio de 2026. Los parlamentarios respaldaron la normativa a pesar de que la organización política había resuelto votar en abstención, hecho que motivó la apertura de expedientes ante el Consejo de Disciplina y Ética del movimiento correísta.

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Proceso disciplinario a legisladores de la Revolución Ciudadana

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana había adoptado una postura institucional de abstención frente al proyecto normativo. No obstante, más de una treintena de parlamentarios optó por el voto afirmativo junto a la bancada oficialista, alcanzando un total de 118 votos favorables para la ratificación de la ley.

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Ante este escenario, la normativa interna de la organización clasifica las conductas y define las sanciones pertinentes según el nivel de afectación a las directrices partidistas.

Régimen Orgánico: Faltas leves y graves para los adherentes

De acuerdo con el Régimen Orgánico del movimiento, el incumplimiento de las decisiones adoptadas por la bancada legislativa o los órganos directivos constituye una transgresión que debe ser evaluada por la justicia interna.

Sanciones por faltas leves

El estatuto califica como falta leve el desacato a las resoluciones de los órganos directivos o a los acuerdos del bloque. Estas faltas conllevan:

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Sanciones por faltas graves

Por otro lado, manifestar públicamente posturas divergentes en menoscabo de los principios y resoluciones del movimiento se tipifica como infracción grave. En estos escenarios se contemplan las siguientes medidas:

Procedimiento ante el Consejo de Disciplina y Ética

El trámite reglamentario se desarrolla formalmente ante el Consejo de Disciplina y Ética, garantizando los principios del debido proceso interno:

Lo que debes saber

• Henry Llanes pide a Contraloría y Superintendencia auditar y fiscalizar la venta de bienes del IESS.
• Advierten que la Constitución prohíbe que el Estado intervenga en fondos de seguridad social.
• Cuestionan la legalidad del Consejo Directivo que enajenaría más de 1.400 bienes del IESS.

El representante del Frente por un Nuevo IESS, Henry Llanes, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Bancos activar procesos de control, supervisión y fiscalización ante el plan del presidente Daniel Noboa de vender más de 1.400 bienes inmuebles de la seguridad social en Ecuador. Advierte que la medida vulnera la Constitución al disponer de reservas y fondos que no pertenecen al fisco, mientras que expertos y legisladores dudan de la viabilidad de la iniciativa sin una reforma estructural integral.

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Las entidades llamadas a fiscalizar la venta de bienes del IESS

La petición busca frenar posibles vulneraciones al patrimonio previsional mediante el control técnico de los entes reguladores del Estado:

Llanes recordó que existe una disposición constitucional expresa que prohíbe la intervención estatal en los fondos y reservas de la seguridad social.

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"Si va a vender los bienes inmuebles, va a vender el patrimonio, va a menoscabar el patrimonio”, acotó el dirigente, tras señalar que el marco legal vigente determina que los recursos del seguro universal obligatorio no forman parte del fisco.

Dudas legales sobre el Consejo Directivo del Seguro Social

El pedido de auditoría también apunta a la legitimidad de las autoridades que estarían a cargo de ejecutar las transacciones patrimoniales del Seguro Social.

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Cuestionamientos a la designación de vocales

Llanes demandó revisar la integración del actual Consejo Directivo del IESS, presidido por Bernardo Cordovez, al advertir que el delegado de los asegurados, Jorge Moncayo Chica, fue posesionado en contravención de la normativa.

¿Un Consejo Directivo del IESS ilegalmente constituido es el que va a enajenar los bienes del Seguro Social? Eso decimos claramente en la comunicación al superintendenteHenry Llanes, representante del Frente por un Nuevo IESS

La propuesta económica del Gobierno y las alertas técnicas

Durante una entrevista radial, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la disposición emitida a Bernardo Cordovez para enajenar los activos improductivos de la entidad:

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No obstante, analistas consultados por EXPRESO coincidieron en que la comercialización de propiedades no resuelve la crisis por sí sola, pues se necesita una reforma integral para dotar de sostenibilidad al sistema.

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En la Asamblea Nacional, las diferentes bancadas reconocen que se requieren ajustes normativos, aunque discrepan sobre los tiempos de trámite y advierten que tramitar reformas bajo el control de la mayoría oficialista representaría un riesgo de quiebra para el Seguro Social.

Lo que debes saber:

• El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, arribó a Quito.
• Abordará temas clave de seguridad, narcoterrorismo y comercio con Daniel Noboa.
• La cita ocurre tras cuestionamientos por operaciones marítimas conjuntas.

El secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, llegó a Quito. 

Este 9 de septiembre de 2026 se reunirá con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El encuentro está previsto antes del medio día y habrá un pronunciamiento oficial en el Palacio de Carondelet.

Rubio llega a Ecuador como parte de una gira por Sudamérica. Antes estuvo en Colombia. Allí mantuvo un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella. 

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Habló de una etapa dorada en las relaciones con ese país y aseguró que la nueva etapa de cooperación “no tiene precedente”. También hubo conversaciones relacionadas con el tema seguridad y el trabajo conjunto frente a grupos narcodelictivos.

Pasadas las 11:00 se registró el arribo del secretario de Estado de Estados Unidos a la capital. A partir de allí inició su traslado para el encuentro en el Palacio de Gobierno. 

Debido a esa visita, un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado en el Centro Histórico de Quito. Había calles cerradas, sobre todo en los alrededores de la Plaza Grande.

¿Qué abordará Rubio en Ecuador?

La agenda en Ecuador incluirá el tratamiento de asuntos de seguridad y comercio. Según el Departamento de Estado, el funcionario estadounidense abordará la cooperación en la “lucha conjunta contra el narcoterrorismo”, además de los beneficios de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países de la región.

La llegada de Rubio a Ecuador ocurre en el marco de operaciones conjuntas entre ambos países para el ataque a grupos de delincuencia organizada en el país. Uno de los elementos es la actuación en altamar.

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El mismo Comando Sur de los EE.UU. ha informado sobre operaciones que han involucrado el hundimiento de barcos frente a la costa de Ecuador. El tema no ha escapad a la polémica ya que hay cuestionamientos por las labores de inteligencia alrededor de dichas operaciones.

Uno de los casos reportados a inicios de este año tiene que ver con la desaparición del pesquero Fiorella. Ocho tripulantes continúan desaparecidos y se presume que murieron en el mar. 

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Este es uno de los casos bajo la lupa en medio de una investigación del Washington Post, medio de comunicación estadounidense, que sostiene que las operaciones se desarrollaron bajo la figura de "acción encubierta", un mecanismo autorizado por la Presidencia de Estados Unidos que permite ejecutar operaciones secretas sin reconocer oficialmente la participación gubernamental.

Lo que debes saber

• El caso se origina en un presunto pedido de dinero realizado a nombre de la legisladora.
• Núñez afirma que no conoce al hombre señalado por ese hecho.
• La legisladora sostiene que actuó ante la Fiscalía tras conocer lo ocurrido.

La asambleísta y jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, reaccionó a la denuncia anunciada por Jhajaira Urresta, quien la señaló por un presunto caso de venta de cargos públicos. Núñez aseguró que se enteró recientemente de la acusación y cuestionó la credibilidad de su colega, al recordar una denuncia anterior presentada por Urresta contra la excandidata a la Presidencia de la República, Luisa González.

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Núñez cuestiona los señalamientos

En julio de 2025, la asambleísta Jhajaira Urresta denunció presuntos insultos y supuestos manejos irregulares de fondos dentro de la dirigencia de Revolución Ciudadana. Estos señalamientos se produjeron tras su salida del movimiento correísta.

Según Núñez, en aquel caso Urresta habría anunciado la presentación de pruebas que, a su criterio, nunca fueron entregadas. Por ello, la legisladora de Revolución Ciudadana puso en duda los señalamientos actuales y calificó de “show político” las acciones que, según dijo, buscan atacar a quienes realizan denuncias dentro del Legislativo.

Un hombre habría usado su nombre

No obstante, Núñez reconoció que existe una causa en la Fiscalía General del Estado relacionada con un hombre, cuya identidad no reveló, que habría utilizado su nombre para solicitar dinero. La asambleísta señaló que, ante esta situación, el 27 de julio también acudió ante el Ministerio Público para denunciar al involucrado.

La legisladora sostuvo que los hechos habrían ocurrido durante la etapa en la que fue candidata y señaló que no puede controlar las acciones de personas que se acercan durante una campaña. La política aseguró que no mantiene ningún vínculo con la persona señalada y que nunca ofreció un cargo público a cambio de dinero.

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El caso podría llegar al CAL

Ante la posibilidad de que el proceso llegue a Consejo de Administración Legislativa (CAL), sostuvo que allí podrá presentar las pruebas que, según indicó, demostrarían que actuó frente al uso indebido de su nombre. Asimismo, Núñez insistió en que la denuncia anunciada por Urresta responde a una intención política de confrontación.

Lo que debes saber

• TCE ratificó la decisión del CNE y dejó fuera de la papeleta electoral a David Rosero.
• El fallo determinó que Rosero ya cumplió dos periodos y agotó su opción de reelección.
• La sentencia se fundamenta en el artículo 114 de la Constitución de la República.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo interpuesto por David Rosero contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que descalificó su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con este fallo jurisdiccional, adoptado tras verificar que el postulante incurre en la inhabilidad constitucional de reelección consecutiva o no consecutiva para un mismo cargo de elección popular, Rosero queda definitivamente fuera de la papeleta electoral en Ecuador.

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TCE ratifica negativa del CNE a la candidatura de David Rosero

El organismo de justicia electoral desestimó la apelación de David Rosero, ratificando la postura inicial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras el análisis jurídico del caso, el Contencioso Electoral determinó que el exfuncionario vulnera el marco normativo sobre la permanencia de las autoridades de elección popular en un mismo puesto colegiado.

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Fundamento constitucional y legal del fallo

La resolución judicial se sustenta en la normativa electoral y constitucional vigente en el país:

Los periodos de David Rosero en el CPCCS

De acuerdo con el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral, el postulante ya agotó las oportunidades permitidas por la ley para ejercer la titularidad en el organismo:

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El Tribunal precisó que el propio Rosero admitió haber integrado el cuerpo colegiado durante dos periodos distintos derivados de las urnas. La sentencia concluyó que el mecanismo administrativo o normativo de acceso a la titularidad no anula la existencia de la inhabilidad, por lo que el ciudadano ya agotó su derecho a postularse para la misma dignidad.

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Juicio político en la Asamblea Nacional

La descalificación definitiva de David Rosero de las elecciones de noviembre de 2026 también coincide con el inicio de un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional.

El asambleísta Sergio Peña acusa a Rosero de incumplir con sus funciones a propósito de una supuesta reunión entre el consejero y Maritza Romero, postulante al concurso para fiscal general del Estado.

Lo que debes saber

• La denuncia involucra a Patricia Núñez y personas de su entorno de trabajo.
• Una mujer de Chimborazo habría acudido previamente a la Fiscalía.
• Urresta anunció que llevará el caso ante las instancias de control legislativo.

La asambleísta Jhajaira Urresta anunció la presentación de una denuncia contra Patricia Núñez, jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, por un presunto esquema de venta de cargos públicos que involucraría a la legisladora y a personas de su despacho. Según Urresta, una mujer de la provincia de Chimborazo habría sido estafada y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía.

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Una denuncia que llega a Fiscalía

Durante una declaración ante medios de comunicación, Urresta sostuvo que la afectada habría señalado a Núñez y a integrantes de su círculo cercano de trabajo. La legisladora aseguró que, pese a conocer el caso, no se habrían otorgado las garantías necesarias para proteger a la denunciante ni para esclarecer los hechos.

Ante esta situación, Urresta indicó que realizará el trámite correspondiente dentro de la Asamblea Nacional para que la denuncia ciudadana sea canalizada por las instancias respectivas. Indicó que entregará la documentación ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posteriormente, los elementos y pruebas que correspondan podrían ser remitidos al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, dijo Urresta. La legisladora afirmó que será en esa instancia donde deberán analizarse los hechos y determinarse las responsabilidades que correspondan, si las hubiera.

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Las pruebas serán analizadas

Asimismo, Urresta sostuvo que la contundencia de las pruebas y los testimonios de las personas que aseguran haber sido afectadas serán puestos en conocimiento del Comité de Ética. A su criterio, el proceso debe permitir que se conozca la versión de los involucrados y que, de comprobarse irregularidades, se establezcan las consecuencias respectivas.

La asambleísta también cuestionó que la Función Legislativa pueda verse relacionada con posibles actos de corrupción. Según manifestó, este tipo de señalamientos adquiere mayor relevancia cuando involucra a una autoridad que llegó al cargo mediante elección popular.

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“Una medida disfrazada de eficiencia adoptada por el Consejo de la Judicatura puede terminar beneficiando al crimen organizado y al narcotráfico”, señaló la también presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea.

La Judicatura eliminó las dependencias creadas específicamente para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Trasladó esas competencias a otras judicaturas penales de Quito. 

La justificación para dicha resolución fue el fortalecimiento de la justicia especializada. La medida implica echar abajo el modelo que determinaba que este tipo de casos se tramiten en unidades creadas expresamente para atender su alta complejidad.

¿Qué pide Viviana Veloz?

En su pedido de información, Veloz detalla que existe normativa expresa que regula a los jueces y tribunales especializados para corrupción y crimen organizado. “El artículo 7 en concordancia con el artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que la competencia está determinada en la ley y excepcionalmente la Judicatura, previo estudio técnico, podrá modificarla no suprimirla”, dijo la asambleísta.

En ese sentido, la solicitud enviada al Consejo de la Judicatura tiene 33 pedidos. Entre ellos:

Según Veloz, “un país que desmantela su justicia especializada no está dando una batalla frontal contra la corrupción. Está debilitando una de las herramientas que necesita para enfrentarla”.

Como parte del pedido, la asambleísta recordó que la Ley de la Función Legislativa establece un plazo de 10 días para remitir la información. Citó el artículo 75 de dicha normativa, en el que también se señala que, en caso de que la información no sea entregada, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional dicho incumplimiento, “a fin de que el Consejo de Administración Legislativa, en el plazo máximo de cinco días remita la documentación relacionada con el mismo, a una de las comisiones especializadas según su temática”.

Lo que debes saber

• Ecuador cayó en lectura en PISA 2025; Educación anunció plan nacional este 9 de septiembre.
• Gilda Alcívar dijo en Ecuador que los resultados reflejan cerca de 10 años de formación.
• PISA 2025 detectó brechas en lectura, matemáticas y ciencias; Gobierno reforzará aprendizajes.

Ecuador registró un retroceso en las tres competencias evaluadas por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), según los resultados difundidos este 9 de septiembre. La prueba, aplicada a estudiantes de 15 años en 91 países, mostró que el país disminuyó su rendimiento respecto a la medición anterior.

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De acuerdo con los datos oficiales, Ecuador obtuvo 393 puntos en ciencias, 385 en comprensión lectora y 366 en matemáticas. Estos puntajes ubicaron al país en los puestos 70, 65 y 76 del ranking internacional, respectivamente.

La caída más pronunciada se produjo en comprensión lectora. El puntaje pasó de 409 unidades en 2017 a 385 en 2025, lo que representa una disminución de 24 puntos. En matemáticas, Ecuador descendió de 377 a 366 puntos, mientras que en ciencias pasó de 399 a 393.

Ministra atribuye resultados a un proceso de formación de varios años

Tras la publicación de los resultados, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló que las cifras reflejan procesos formativos acumulados durante aproximadamente una década y ponen en evidencia brechas persistentes en lectura, matemáticas y ciencias. La funcionaria sostuvo que los resultados permiten identificar las áreas donde se requiere una intervención prioritaria.

“Los resultados reflejan un proceso de formación de cerca de 10 años y muestran una realidad que no podemos ignorar”, manifestó la ministra a través de sus redes sociales.

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Gobierno anuncia Plan Nacional de Fortalecimiento de Aprendizajes

Como respuesta a los resultados, el Ministerio de Educación anunció la implementación de un Plan Nacional de Fortalecimiento de Aprendizajes, enfocado en un currículo por competencias en lectura, matemáticas y ciencias. 

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La iniciativa contempla evaluaciones periódicas para medir avances y acompañamiento focalizado a instituciones educativas y estudiantes que presentan mayores dificultades.

La ministra indicó que el objetivo es mejorar los aprendizajes en áreas consideradas fundamentales para el desarrollo académico de los estudiantes y para su desempeño en futuras evaluaciones.

Lectura y capacitación docente forman parte de la estrategia

El plan también contempla la ampliación de las políticas de fomento a la lectura. Según informó la cartera de Estado, durante 2026 se destinaron $500.000 para fortalecer ambientes de lectura y actualmente funcionan 14 ludobibliotecas en el país.

Otro de los componentes anunciados es el fortalecimiento de la formación continua de docentes. La autoridad educativa aseguró que se brindará acompañamiento pedagógico y herramientas para apoyar el trabajo en las aulas, con énfasis en el desarrollo de capacidades de comprensión, pensamiento crítico y resolución de problemas entre los estudiantes.