Lo que debes saber

• Noboa decreta el 18 de junio nuevas reglas del conflicto armado interno en Ecuador para combatir crimen organizado
  
• Decreto permite a Noboa otorgar indultos a policías y militares que actúen en operativos de seguridad
  
• Gobierno autoriza participación de personal extranjero con inmunidad en operaciones dentro del conflicto interno
  

El presidente Daniel Noboa emitió este 18 de junio de 2026 un nuevo decreto ejecutivo que redefine el marco del denominado conflicto armado interno en Ecuador, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia criminal y la presión política por resultados en seguridad. 

La normativa introduce cambios sensibles, entre ellos mecanismos de protección jurídica para agentes estatales y la posibilidad de incorporar cooperación extranjera bajo condiciones de inmunidad.

El Decreto Ejecutivo 424 sustituye al esquema anterior vigente hasta esta fecha y establece nuevas disposiciones que regirán las operaciones del Estado contra organizaciones que el Gobierno cataloga como amenazas a la seguridad nacional.

Blindaje legal para fuerzas del orden

Uno de los puntos más relevantes —y potencialmente controversiales— es la facultad que se atribuye el Ejecutivo para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso personal civil involucrado en operativos de seguridad.

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Este tipo de medidas apunta a brindar respaldo político y jurídico a quienes actúan en la primera línea de combate contra el crimen organizado, en momentos en que los operativos han sido cuestionados por presuntos excesos o violaciones a derechos humanos.

El decreto además exhorta a la Asamblea Nacional a conceder amnistías en favor de uniformados y civiles que hayan participado en acciones “en defensa del Estado”, lo que evidencia una estrategia más amplia para consolidar protección institucional a quienes intervienen en el conflicto.

Participación extranjera con inmunidad

Otro elemento clave es la incorporación explícita de la cooperación internacional en tareas de seguridad. El documento establece que personal extranjero de países aliados podrá participar en operaciones dentro del conflicto armado interno y que estos efectivos gozarán de inmunidad, de acuerdo con los tratados internacionales aplicables.

La medida sugiere una eventual profundización de la asistencia externa en materia de seguridad, en un escenario donde el Estado ha reconocido limitaciones para enfrentar por sí solo a organizaciones criminales altamente estructuradas.

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Continuidad de una política de seguridad intensiva

El nuevo decreto no representa el inicio del conflicto armado interno, sino su reformulación. Con este instrumento, el Gobierno busca ajustar la estrategia vigente y fortalecer las operaciones contra grupos criminales, en un contexto en el que el país ha experimentado altos niveles de violencia durante los últimos años.

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La decisión se enmarca en una política de seguridad caracterizada por la utilización recurrente de estados de excepción y la militarización de territorios considerados críticos. 

Con la entrada en vigor de estas nuevas reglas, Ecuador se adentra en una fase distinta de su política de seguridad interna. El impacto real de las medidas dependerá no solo de su aplicación en el terreno, sino también del control político, judicial y social que se ejerza sobre ellas.

Desmentido 1: El fraude tributario y el lavado de activos

El 17 de septiembre de 2025, Neira publicó en su cuenta de X un video titulado: "Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos". En esa publicación afirmó que existía un supuesto esquema para introducir más de cinco millones de dólares al sistema financiero a través de vendedores de periódicos.

Aunque no mencionó expresamente a GRANASA, ese mismo día el Servicio de Rentas Internas notificó a la compañía para una inspección en sus oficinas. Neira también vinculó públicamente estos hechos con presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

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Sin embargo, ha transcurrido casi un año desde aquellas declaraciones y hasta la fecha no existe una sola prueba que demuestre que EXPRESO o GRANASA cometieron lavado de activos o defraudación tributaria. Lo que sí existe es un informe de la firma internacional Ernst & Young que certifica que no se identificaron variaciones significativas entre los datos analizados de GRANASA luego de comparar los montos totales realizados según los estados de cuentas bancarios y la información registrada en el libro de bancos de la empresa. De la misma manera, concluyó que hay correspondencia entre la facturación y cobros a 31 distribuidores.

Desmentido 2: El caso Porsche y una supuesta conspiración que Neira no ha demostrado

Neira también ha intentado involucrar a EXPRESO en una supuesta trama de conspiración relacionada con el denominado caso Porsche.

El funcionario ha afirmado que EXPRESO es un aliado de Rafael Correa -el mismo expresidente durante cuyo Gobierno se persiguió, insultó e intentó quebrar a este medio con multas- para construir narrativas mentirosas y ha intentado involucrar al medio en un supuesto complot. Sin embargo, no ha presentado una sola prueba que demuestre coordinación alguna entre EXPRESO y organizaciones políticas o personas relacionadas con esa causa.

Los hechos muestran la verdad. EXPRESO publicó las denuncias que dieron origen al caso Porsche, que un principal sospechoso de poner bombas en Guayaquil, Iván Ballesteros Chila, fue sobreseído tras su detención en flagrancia. Y que tras su arresto llegó a su casa un vehículo de Industrial Molinera, empresa vinculada a Grupo Noboa. En esa cobertura, este Diario también recogió la versión del abogado Fernando Yávar, del Grupo Noboa, quien tuvo espacio para exponer sus argumentos y responder a los cuestionamientos.

Si esto es una conspiración como dice Neira, ¿el abogado Yávar también está incluido en ella?

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Desmentido 3: La falsa teoría de una alianza entre Expreso, Astrobryxa y Xavier Jordán

La última de sus falsas afirmaciones sostiene que EXPRESO actuaría como aliado de Astrobryxa, en el caso Progen, y que existiría una conexión con Xavier Jordán a través de un estudio jurídico.

La acusación carece de sustento. El funcionario no ha mostrado documentos, comunicaciones o cualquier otro elemento que permita demostrar la existencia de esa supuesta relación.

La teoría incluso contradice hechos conocidos públicamente. Xavier Jordán demandó a EXPRESO por publicaciones periodísticas del medio y exigió una indemnización de cinco millones de dólares. Mientras otro medio ahora aliado al Gobierno transó con Jordán, este Diario se defendió ante la justicia y la acción fue archivada.

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Tres acusaciones, una constante

Las tres afirmaciones difundidas por José Julio Neira tienen un elemento en común: son falsas por la ausencia de pruebas y coherencia. El secretario acusó a EXPRESO y a GRANASA de lavado de activos y defraudación tributaria sin que exista una prueba judicial. Intentó vincular al medio con una supuesta conspiración política en el caso Porsche sin aportar evidencias. Además, afirmó que el periódico mantiene alianzas con empresas y personas investigadas sin presentar documentación que respalde esa versión.

Hasta ahora, todos los señalamientos del secretario de la Administración Pública permanecen en el terreno de las especulaciones, fantasías, bulos y mentiras.

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Nuevos detalles del caso de Nathaly Mafla: identifican a joven que tuvo su celular tras desaparición

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El caso deja interrogantes sobre las responsabilidades de las universidades y el alcance de los organismos del sistema de educación superior. ¿Qué papel tiene el Consejo de Educación Superior (CES)? ¿Activó algún mecanismo para esclarecer lo ocurrido dentro del campus?

Consultado por EXPRESO, el CES respondió que, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es el organismo público encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, así como de su relación con la Función Ejecutiva y la sociedad. 

Sin embargo, precisó que la determinación de las circunstancias de una desaparición o fallecimiento, así como la investigación de posibles delitos, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.

¿Qué dijo el Consejo de Educación Superior sobre el rol de la EPN?

Asimismo, el CES apeló a la autonomía universitaria. Las actuaciones vinculadas con la seguridad interna, la administración de los campus, la custodia de instalaciones, la revisión de sistemas de videovigilancia y las investigaciones internas recaen, en primera instancia, en las propias autoridades universitarias, en el marco de la autonomía responsable reconocida por la LOES.

En caso de que existan presuntas infracciones administrativas cometidas por estudiantes, docentes o investigadores, el artículo 207 de esa normativa establece que corresponde a la institución de educación superior —en este caso, la Politécnica Nacional— llevar adelante los procesos sancionadores conforme a su normativa interna.

“El CES no tiene atribuciones legales para dirigir investigaciones penales ni para determinar responsabilidades sobre hechos específicos ocurridos dentro de una institución”, insistió el organismo, que dijo que tampoco puede sustituir las competencias de las autoridades universitarias ni de los órganos de investigación del Estado.

Persisten, sin embargo, preguntas clave. ¿Los estudiantes que tenían el teléfono de Mafla alertaron a tiempo a las autoridades para revisar las cámaras de seguridad? ¿Se pudo reconstruir su salida del campus, aparentemente sin cartera, como sugieren algunas imágenes? ¿El CES ha solicitado información a la EPN?

El Consejo señala que, si bien puede monitorear el cumplimiento de aspectos académicos y jurídicos de las universidades, esa facultad no implica investigar hechos concretos ni pronunciarse sobre eventuales responsabilidades en casos que competen a otras autoridades.

Sobre denuncias por presencia de estudiantes universitarios alcoholizados

El caso también reaviva preocupaciones sobre seguridad en los entornos universitarios. Ante denuncias de la Agencia Metropolitana de Control y de la Policía sobre consumo de alcohol y conductas de riesgo en los alrededores de centros como la Universidad Central, la PUCE o la propia EPN, el CES subraya que el control del orden público y la seguridad ciudadana son competencia de las autoridades respectivas.

A las universidades, añade, les corresponde garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y adoptar medidas que promuevan el bienestar, la integridad y la convivencia de su comunidad, de acuerdo con la ley y su normativa interna.

Sin embargo, la edil aseguró que no tomará una decisión sobre su futuro político hasta que el proceso judicial quede completamente cerrado.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves 18 de junio de 2026 durante una entrevista en el programa Contacto Directo.

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González descarta una decisión inmediata

Consultada sobre la posibilidad de postular a la Alcaldía de Cuenca con el respaldo del movimiento ADN, la concejala negó que exista una definición al respecto.

"No, no es así", respondió.

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Aunque reconoció haber recibido acercamientos desde distintos sectores, insistió en que todavía no es momento de tomar una decisión.

"Yo he dicho con muchísima claridad que he tenido propuestas de diferentes candidaturas y que no iba a tomar ninguna decisión hasta que este proceso se cierre", afirmó.

Evita pronunciarse sobre motivaciones políticas del fallo

Durante la entrevista, González también fue consultada sobre las críticas de quienes consideran que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral contra Zamora pudo haber tenido motivaciones políticas y que, incluso, habría servido para impedir una eventual reelección del alcalde cuencano.

La concejala evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y sostuvo que su actuación se limitó a presentar una denuncia por las agresiones que, según dijo, recibió de manera reiterada.

"Yo no podría responder a esa pregunta. Yo lo único que hice es presentar una denuncia ante la serie de agresiones recibidas", señaló.

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La denuncia se originó tras una transmisión de enero de 2026

La edil recordó que la última agresión que motivó la acción ante el TCE ocurrió el 25 de enero de 2026, después de una transmisión realizada por Zamora a través de canales institucionales del Municipio de Cuenca.

"La última el 25 de enero del 2026, después de un en vivo brutal que el señor alcalde, bueno, este rato alcalde suspendido, se permite realizar dentro de los canales del municipio", manifestó.

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Según explicó, tras ese episodio decidió acudir al Tribunal Contencioso Electoral.

"Yo decido poner la denuncia y ahí es cuando se pone firme en el Contencioso Electoral y nos dan ya fecha para una audiencia", indicó.

Asegura que el caso no se reduce al término "fulana"

González rechazó las interpretaciones que reducen el proceso al uso de una sola expresión y sostuvo que el fallo responde a una serie de hechos ocurridos desde 2024.

"Se ha querido darle una narrativa al ciudadano ecuatoriano de que es solamente por el término 'fulana', lo cual no es así", afirmó.

La concejala sostuvo que las expresiones utilizadas por Zamora formaron parte de una conducta reiterada que afectó su honra y reputación.

"¿Por qué se constituye en un caso de violencia de género? Porque la violencia de género no únicamente hace caso a los epítetos descalificantes con relación al género, sino también hace caso a la violencia sistemática que va en desmedro de la honra, en este caso de una mujer", concluyó.

Horas antes, la funcionaria había señalado que no tomaría posesión hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificara oficialmente al Concejo Cantonal. Sin embargo, la ausencia de Zamora en su despacho y la confirmación del Ministerio de Trabajo sobre sus impedimentos legales aceleraron el proceso de transición.

Con la subrogación de Peñaloza, el Concejo Cantonal deberá definir quién ocupará la Vicealcaldía durante los seis meses de suspensión de Zamora. El secretario del Concejo, Vicente Astudillo, confirmó que aún no existe notificación oficial del TCE, lo que retrasa la designación.

Cristian Zamora y la sanción del TCE

El 9 de junio, el TCE ratificó la sentencia que suspendió los derechos políticos de Zamora por seis meses, impidiéndole ejercer funciones públicas. La sanción responde a una denuncia de violencia política de género presentada por la concejal Diana González, tras declaraciones del alcalde en su contra.

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El Ministerio de Trabajo registró en su plataforma que Zamora “sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos”, lo que reforzó la decisión de apartarlo temporalmente de la Alcaldía. Aunque el TCE admitió un recurso de ampliación presentado por Zamora, la medida se mantiene vigente y el alcalde no acudió a su puesto el 17 de junio, dejando el camino abierto para la subrogación.

Perfil y trayectoria de Marisol Peñaloza

Peñaloza, licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Infantil, ha sido concejala de Cuenca desde 2019 y reelegida en 2023 bajo la alianza Democracia Sí-Pachakutik. Su gestión se ha caracterizado por impulsar proyectos en sectores rurales y mantener un discurso conciliador.

En contraste con Zamora, quien calificó la sanción como una “jugarreta política”, Peñaloza llamó a la unidad y al trabajo conjunto en beneficio del cantón. Su postura busca reducir la tensión política y garantizar la continuidad administrativa en un momento de incertidumbre institucional.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa realizó al menos 14 viajes a EE. UU. entre 2023 y 2026.
• Expertos destacan cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
• Analistas cuestionan la falta de información sobre objetivos y resultados de algunas giras.

Los viajes del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos se han convertido en uno de los rasgos más visibles y debatidos de su política exterior. 

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Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario ha mantenido una intensa agenda internacional con un marcado enfoque hacia ese país.

Entre reuniones oficiales, encuentros sobre seguridad, eventos multilaterales e incluso desplazamientos de carácter personal, Noboa ha visitado territorio estadounidense al menos 14 veces entre 2023 y 2026, según un recuento de Ecuador Chequea basado en decretos ejecutivos y registros oficiales.

La frecuencia de estas visitas ha generado cuestionamientos sobre sus objetivos, costos y resultados. Mientras el Gobierno sostiene que la relación con Washington es estratégica para enfrentar la crisis de seguridad y atraer inversiones, expertos consultados coinciden en que el debate ya no se centra en la cantidad de viajes, sino en los beneficios concretos que estos han generado para el país.

La cercanía con Estados Unidos se ha consolidado como uno de los pilares de la política exterior de la administración Noboa. Solo en 2026, el mandatario ha viajado a ese país en al menos cuatro ocasiones, de acuerdo con información oficial.

En varios casos, los decretos presidenciales justifican los desplazamientos por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, aunque sin detallar con precisión las agendas desarrolladas ni los resultados alcanzados. 

La estrategia responde a una visión más amplia de cooperación en seguridad, comercio e inversión. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y uno de los aliados más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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La crítica: avances, pero con poca claridad

Para Esteban Santos, docente universitario y experto en relaciones internacionales, el problema no radica en la frecuencia de los viajes, sino en la falta de claridad sobre sus objetivos y resultados.

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A su criterio, toda gira presidencial debe responder a una agenda definida y ser comunicada oportunamente a la ciudadanía. Para Santos, las dudas aumentaron después de la consulta popular de 2025, cuando Noboa realizó una visita a Estados Unidos cuya agenda no fue difundida de manera detallada.

“Las reuniones de alto nivel no se organizan de un día para otro. Son procesos que toman tiempo y requieren preparación. El problema ha sido la comunicación”, afirma.

Pese a sus cuestionamientos, el analista reconoce avances en la relación bilateral. Entre ellos destaca las visitas a Ecuador de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, además de la ampliación de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Los beneficios que destacan los expertos en seguridad

Por su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, sostiene que los constantes viajes del presidente forman parte de una estrategia destinada a consolidar a Estados Unidos como socio estratégico de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Pazmiño considera que algunos resultados ya son visibles. Entre ellos menciona el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, el acceso a tecnología especializada, programas de capacitación para las fuerzas de seguridad, el intercambio de información y la presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio ecuatoriano.

“Los primeros pasos que ha dado el Gobierno son correctos. Hay mucho por avanzar, pero la cooperación ha aumentado”, asegura.

¿Son suficientes los acuerdos internacionales?

Una posición intermedia plantea el politólogo y analista Mauricio Aguirre. Si bien considera que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado, advierte que “ningún apoyo externo puede sustituir el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano”.

Para Aguirre, la efectividad de cualquier alianza internacional dependerá de la existencia de una estrategia nacional clara, sostenible y capaz de traducir la cooperación externa en resultados concretos para la ciudadanía.

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El balance de los viajes presidenciales

Los registros públicos muestran que Noboa ha realizado al menos 33 viajes internacionales y ha permanecido fuera del país alrededor de 152 días desde que asumió la Presidencia. Estados Unidos concentra la mayor parte de esos desplazamientos.

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La primera salida internacional registrada de Daniel Noboa a bordo del avión presidencial Falcon 7X ocurrió entre el 6 y el 7 de diciembre de 2023, cuando viajó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Más allá del número de visitas, la discusión se concentra en determinar si la estrecha relación con Washington ha logrado traducirse en mejoras tangibles para Ecuador en áreas como seguridad, cooperación internacional, inversión y fortalecimiento institucional. 

Lo que debes saber

• La SuperCías trabaja en una reforma que aún no ha sido presentada oficialmente.
• Juristas y empresarios coinciden en que la confidencialidad debe ser protegida.
• Expertos piden que se incluyan en las reformas más controles y cambios en los requisitos de capital social.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) trabaja en un proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Entre los cambios mencionados estaría el fortalecimiento del acceso a la información societaria para los accionistas, independientemente del porcentaje de participación que mantengan.

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Acceso a la información, bajo la lupa

En una entrevista con Carlos Vera, el superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, señaló que reformas anteriores dejaron pendiente una mayor precisión sobre el alcance del derecho de información de los socios. No obstante, la propuesta ha sido recibida con cautela por especialistas en Derecho Societario.

Si bien consideran positivo reforzar los mecanismos de protección para los accionistas minoritarios, advierten que cualquier cambio debe partir de un análisis de las herramientas ya existentes y de los riesgos que implica ampliar el acceso a información sensible de las compañías.

La jurista Gabriela Santamaría señala que la reforma de 2020 ya incorpora procedimientos administrativos y judiciales para que los accionistas minoritarios (aquellos con menos del 5% del capital social) puedan solicitar información y recurrir a la SuperCías cuando sus requerimientos no sean atendidos.

La transparencia es necesaria, pero no puede significar exponer información estratégica que termine beneficiando a la competencia o al crimen organizado.Tito Quintero, asesor jurídico de Acorbanec

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Visualizan riesgos

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, considera que el derecho de los accionistas a acceder a información societaria no debe traducirse en un acceso irrestricto a todos los datos internos de una empresa. A su juicio, las compañías manejan información sensible de carácter comercial, contractual, tributario, laboral y estratégico, además de datos de clientes, proveedores y planes de negocio, cuya divulgación o uso indebido podría afectar su competitividad y seguridad jurídica.

Para el abogado Oswaldo Santos, la iniciativa podría fortalecer la posición de los accionistas minoritarios frente a posibles abusos de las mayorías. Sin embargo, advierte que el acceso a la información también puede ser utilizado como una herramienta de presión en conflictos internos o negociaciones entre socios, por lo que plantea que la normativa establezca responsabilidades para quienes ejerzan ese derecho de manera abusiva.

Por su parte, Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), sostiene que la transparencia debe ir acompañada de mecanismos que protejan la información estratégica de las empresas. En su opinión, la reforma debería diferenciar entre la información societaria necesaria para ejercer los derechos de los accionistas y aquella de carácter operativo o comercial, cuya divulgación podría afectar su competitividad.

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Las salvaguardas que plantean los expertos

Por eso los especialistas coinciden en que una eventual ampliación del acceso a la información para los accionistas minoritarios debe ir acompañada de mecanismos que eviten usos indebidos. La abogada Santamaría sostiene que la normativa debería establecer con mayor claridad los fines para los cuales puede solicitarse información y fortalecer los procedimientos de supervisión cuando existan indicios de abuso o conflictos entre socios.

Asimismo, Santos y Quintero consideran que las reformas a la normativa deberían incorporar responsabilidades legales para los accionistas que ejerzan este derecho con fines ajenos a la fiscalización de la firma. A su criterio, quienes pidan información para presionar a otros socios, obstaculizar la gestión o causar perjuicios a la empresa deberían asumir las consecuencias jurídicas y responder por los daños ocasionados.

Ambos coinciden en que una mayor apertura informativa debe ir acompañada de salvaguardas que protejan los datos estratégicos de las compañías. Por ello, plantean mecanismos como acuerdos de confidencialidad, restricciones sobre el uso de información sensible y sanciones para quienes divulguen o utilicen esos datos de manera indebida.

En esa línea, Salamea sostiene que cualquier reforma debería definir con precisión qué información debe ser entregada obligatoriamente a los accionistas, en qué plazos y a través de qué mecanismos. También cree necesario establecer criterios claros para determinar qué información puede mantenerse bajo reserva, cómo debe justificarse una negativa de acceso y cuáles serían las sanciones aplicables cuando un accionista utilice los datos para perjudicar a la empresa o comprometer su competitividad.

La ley permite que compañías de alto impacto económico nazcan con capitales irrisorios. Esa es una distorsión que debe corregirse en una eventual reforma.Gabriela Santamaría, abogada, especialista en Derecho Societario

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Otras reformas que piden incorporar

Por otra parte, los especialistas consultados consideran que una eventual reforma a la Ley de Compañías debería abordar otros aspectos estructurales del régimen empresarial. Entre ellos, Santos opina que es pertinente evaluar la efectividad de mecanismos como la intervención de compañías y redefinir aquellas atribuciones de control que generan mayores cargas administrativas que beneficios para el sector empresarial.

En cambio, Quintero y Salamea concuerdan en la necesidad de reforzar los controles sobre la constitución y operación de las compañías. Quintero propone una mayor coordinación entre la Superintendencia, el sistema financiero y otras entidades de control, para prevenir el uso de empresas con fines ilícitos o el lavado de activos.

Santamaría también plantea que la reforma incluya una revisión de los requisitos de capital social para ciertas actividades. Considera que compañías de sectores como la minería, el petróleo o la exportación no deben crearse con apenas $200, sino con montos acordes a la magnitud de sus operaciones.

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Lo que debes saber

• El Legislativo analizó una propuesta enfocada en una condición de alta prevalencia en Ecuador.
• El texto busca reforzar la prevención y el tratamiento desde el sistema de salud.
• Datos oficiales alertan sobre el impacto en adultos y menores de edad.

El Pleno de la Asamblea Nacional avanzó en el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad en Ecuador. La iniciativa plantea abordar esta condición como un problema prioritario de salud pública con acciones de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento integral y seguimiento especializado.

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El debate se desarrolló ante el incremento de casos de sobrepeso en la población ecuatoriana. El objetivo es establecer una respuesta estatal más estructurada y sostenida.

El asambleísta Juan José Reyes, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, expuso cifras sobre la magnitud del problema. Señaló que cerca del 65 % de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad según la Ensanut 2018. Además, citó a la Organización Mundial de la Salud, que la reconoce como enfermedad crónica compleja. La condición se asocia a enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares.

El proyecto define la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible, multifactorial y recurrente. También establece la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública como ente rector de políticas en esta materia. Este deberá coordinar acciones interinstitucionales, generar estadísticas y monitorear resultados.

La propuesta busca ordenar la respuesta institucional frente a esta problemática.

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Prevención y enfoque en niños y adolescentes

La iniciativa incorpora estrategias de educación alimentaria y promoción de actividad física. También incluye medidas para reducir el sedentarismo y detectar factores de riesgo a tiempo. El enfoque prioriza a niñas, niños y adolescentes como población vulnerable. Las políticas buscan intervenir desde etapas tempranas de la vida.

Según datos de la Ensanut 2018, el 35 % de menores entre 5 y 11 años presenta sobrepeso u obesidad. Este dato fue uno de los puntos más mencionados durante el debate legislativo. Asambleístas insistieron en fortalecer la prevención en entornos escolares y familiares. También se planteó mejorar la información disponible para la ciudadanía.

Debate legislativo y observaciones al proyecto

Durante la discusión, varios legisladores pidieron un enfoque integral y libre de estigmas. Se resaltó la necesidad de basarse en evidencia científica para el diseño de políticas públicas. También se pidió mayor articulación entre salud, educación, deporte y producción. El objetivo es enfrentar el problema desde distintos frentes del Estado.

Algunos asambleístas propusieron ajustes en prevención, etiquetado nutricional y sostenibilidad de la norma. También solicitaron mecanismos claros de implementación y seguimiento de las políticas. El proyecto continuará su trámite legislativo con posibles cambios antes de su siguiente debate. La discusión se mantiene abierta en la comisión correspondiente.

Lo que debes saber

• El cabecilla conocido como Sampayo y tres policías fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en Santa Elena.
• El caso está vinculado al presunto tráfico de armas de uso militar en Machala, El Oro.
• Las autoridades aseguran que enfrentarán cargos con penas de hasta 22 años de cárcel.

Cristopher Mejía, alias Sampayo, junto a tres policías, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Los detenidos fueron movilizados tras un operativo ejecutado en Machala, provincia de El Oro. Según las investigaciones, estarían vinculados a una red dedicada al tráfico de armamento. El caso se mantiene en etapa de instrucción fiscal por delitos relacionados con armas militares.

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El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó (a través de una publicación en X) el envío de los implicados al centro penitenciario de máxima seguridad. “Los policías que traicionen al país terminarán en esta cárcel pagando por sus actos delincuentes. No hay impunidad para nadie. No lo vamos a permitir”, señaló la autoridad. El pronunciamiento se dio tras la captura y traslado de los cuatro procesados.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Sampayo sería cabecilla de la estructura criminal Sao Box. Los tres policías habrían facilitado su traslado en una patrulla en Machala. Durante el operativo se habría detectado la intención de abastecerse de armas de largo alcance. Ese armamento presuntamente sería usado contra la banda rival Los Lobos.

Proceso judicial y prisión preventiva en Ecuador

Un juez ordenó prisión preventiva para los cuatro implicados tras la audiencia correspondiente. También se dispuso una instrucción fiscal de 30 días para la recolección de pruebas. Los procesados enfrentan cargos por tenencia y porte de armas de uso exclusivo militar. El caso sigue bajo investigación de las autoridades judiciales.

Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) endurecieron las sanciones para este delito. Las penas actuales oscilan entre 19 y 22 años de privación de libertad. Las autoridades buscan frenar el acceso ilegal a armamento de alto poder. El proceso se mantiene como uno de los más sensibles en materia de seguridad.

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Las claves que debes saber

• Gobierno afirma identificar beneficiarios del caso Progen; video surge tras reserva judicial en Florida.
• Celec respalda confidencialidad del litigio en EE. UU.; limita acceso público a ruta de $105 millones.
• Investigación apunta a transferencias y posibles beneficiarios; Fiscalía y defensa alertan falta de evidencias públicas.

Aunque José Julio Neira apareció el miércoles 17 de junio de 2026 en un video anunciando que el Gobierno ya identificó a los beneficiarios del fraude de Progen, lo cierto es que si se consideran tanto el contenido del mensaje como el momento en que fue difundido, la conclusión es inevitable: se trata de un nuevo intento por proteger a los verdaderos responsables. Un intento que, además, transmite una evidente sensación de urgencia.

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¿Por qué? Porque resulta evidente que el propósito del video es, como se dice coloquialmente, adelantarse a la jugada. Es decir, presentar la ruta del dinero como un asunto ya resuelto, sobre el cual no habría nada más que investigar, salvo las diligencias que, según Neira, realiza el Gobierno con la colaboración de las autoridades de Estados Unidos.

Si se sigue esa lógica, la investigación de la Fiscalía carecería de sentido. Neira ya sabe quiénes se llevaron el dinero. 

¿Investigar la posible participación de los ministros Roberto Luque e Inés Manzano? ¿Para qué? ¿Examinar la actuación de los administradores del contrato que autorizaron los pagos a Progen o la de los asesores del Ministerio de Energía que diseñaron un modelo contractual mediante el cual se entregó por adelantado el 70 % de los recursos sin exigir garantías suficientes? Tampoco. Ya se sabe quiénes fueron los beneficiarios y, aparentemente, ellos serían los únicos involucrados.

Ese parece ser el mensaje del video de casi cinco minutos que Neira Hanze publicó en redes sociales y que, casi de inmediato, fue replicado (cómo no) por el diario oficial El Universo.

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Pero el contenido del video solo puede entenderse a la luz del momento en que apareció. Fue publicado apenas un día después de que el juez de Florida, en Estados Unidos, que conoce la demanda de Celec contra Progen, declaró confidenciales los documentos que forman parte del litigio.

¿Por qué tomó esa decisión? Porque Celec, la empresa pública que demanda a Progen, se sumó al pedido de esa compañía y de Astrobyxa para que toda la documentación permanezca bajo reserva. La consecuencia es evidente: la trazabilidad de la ruta del dinero quedará fuera del escrutinio público.

Así, el secretario de la Administración Pública aparece precisamente cuando en Ecuador estalla la polémica porque Celec, que debería defender los intereses del Estado como parte perjudicada, respalda el pedido de confidencialidad formulado por quienes son señalados de haberse apropiado de los 105 millones de dólares entregados a cambio de motores completamente inservibles, aunque impecablemente pintados antes de salir de Estados Unidos.

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Exministro de Energía rechaza el blindaje de pruebas impulsado por Celec y Progen

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Resulta, por decir lo menos, llamativo que Neira haya aparecido con una lista de supuestos beneficiarios justo cuando el país debate que esa confidencialidad impedirá conocer el recorrido del dinero. El mensaje parece claro: no hay motivo para la controversia porque el caso ya está resuelto. Sin embargo, esa versión deja una pregunta fundamental.

Riesgo por conocer la información del caso Progen

¿Cómo se explica que durante todo el video Neira no haya mencionado una sola vez a quienes diseñaron el esquema contractual que hizo posible la operación? Sin ese modelo de contratación, el desembolso anticipado de los recursos jamás habría ocurrido.

Mientras tanto, la defensa de Antonio Gonçalves, el único exministro de Energía procesado por la Fiscalía y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, ya expresó su preocupación por la decisión adoptada en Florida.

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“No sabemos si se van a destruir o no los documentos”, declaró a EXPRESO Juan Pablo Ortiz, abogado de Gonçalves. Aunque reconoce que no conoce el contenido de la providencia porque su cliente no es parte del litigio en Estados Unidos, sospecha que el objetivo es impedir que se conozca de manera transparente cuál fue el destino final del dinero. 

Precisamente ese era uno de los aspectos cuya investigación había solicitado Gonçalves, incluso mediante un pedido dirigido al FBI. A juicio de su defensa, la decisión del juez podría afectar seriamente esa posibilidad.

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¿A quiénes mencionó Neira?

Entre los nombres mencionados por Neira figura José Luis Hidalgo Fernández. Según el funcionario, el abogado habría facilitado el traspaso de bienes dentro de la estructura investigada y formaría parte del estudio jurídico que patrocina a personas procesadas por delincuencia organizada, entre ellas el prófugo Xavier Jordán.

También mencionó a Karla Saud Calero, quien, de acuerdo con su versión, habría destinado más de 162.000 dólares provenientes de esos recursos a gastos personales, razón por la cual fue identificada como una de las beneficiarias finales de la estructura.

El tercer señalado fue José Walter Manrique Suárez. Según la investigación presentada por Neira, Manrique recibió fondos que posteriormente distribuyó entre diez beneficiarios, entre empresas y personas naturales, además de destinarlos a consumos personales.

Neira aseguró que estos movimientos financieros se realizaron a través de cuentas en los bancos Pichincha y del Austro. Todo esto horas después de saberse que Celec quiere que lo que se ventile en la Florida quede bajo reserva.

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Lo llamativo es que hizo todas estas afirmaciones sin exhibir un solo documento que respaldara las supuestas transacciones ni explicar la metodología utilizada para llegar a esas conclusiones. Más aún, el relato deja la impresión de que Progen habría sido simplemente utilizada por terceros para apropiarse del dinero, como si la empresa no tuviera responsabilidad alguna y fuera, en realidad, otra víctima del fraude.

Finalmente, Neira sugirió que esta estructura delictiva mantendría vínculos con dos de los pocos medios independientes que quedan en el país: Diario EXPRESO y Ecuavisa. Cómo no.

Lo que debe saber

• El audio atribuido a Rafael Correa motivó una resolución para que en la Asamblea se fiscalice el uso de cámaras de Segura EP.
• El correísmo argumentó que la fiscalización sobre el caso Porsche fue legítima y votó a favor de la indagación propuesta por el oficialismo.
• La mesa de Seguridad de a Asamblea se encargará de la fiscalización y la elaboración de un informe.

El oficialismo y el correísmo pusieron los votos para que en la Asamblea Nacional se inicie un proceso de fiscalización al uso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil. Este 17 de junio de 2026, el Pleno dio paso a una moción planteada por el legislador de ADN, Andrés Castillo.

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Dicha fiscalización está relacionada con el denominado caso Porsche. En las últimas dos semanas, ese caso volvió a la discusión pública por la difusión de un audio atribuido al expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa.

En el audio se escucharía a Correa conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

Fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien denunció que un Porsche Cayenne de Industrial Molinera acudió a la vivienda de la única persona que en su momento fue procesada por una explosión en la Bahía de Guayaquil. Para ello se tomó como evidencia un video captado por las cámaras de la empresa pública de seguridad del Puerto Principal.

El caso llegó a la Asamblea a raíz de una denuncia presentada por el entonces jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González. De hecho, el alcalde de Guayaquil compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, luego de la denuncia formulada por González.

La teoría de la Revolución Ciudadana apuntaba a un supuesto autoatentado y exigía explicaciones al Gobierno sobre la presencia de ese vehículo, perteneciente al grupo Noboa.

ADN quiere concentrarse en el uso de las cámaras

Ahora, el oficialismo busca profundizar en el caso, pero desde otra perspectiva. El legislador Andrés Castillo planteó que podría configurarse una concurrencia de delitos, entre ellos peculado. 

Esto debido al presunto uso de recursos públicos para asuntos privados. Según el audio en el que hablaría Correa, se habría planteado utilizar las cámaras de seguridad para ese tipo de fines.

La discusión en el Pleno

El debate giró en torno a la presunta vulneración de los protocolos de seguridad y al uso de este sistema de videovigilancia para fines de “espionaje político”. Castillo, proponente de la moción, denunció la existencia de audios en los que se planificaba intervenir las cámaras de seguridad para espiar a ciudadanos y difundir esa información en medios públicos.

Sostuvo que se utilizaron recursos del Estado, incluidos asesores jurídicos de la Asamblea Nacional, para fines particulares y actos presuntamente delictivos.

Juan González (RC), quien aparentemente es una de las personas que aparecen en los audios, calificó la denuncia del Gobierno como una táctica de un "gobierno acorralado" para desviar la atención del denominado "caso Porsche". 

Explicó que su solicitud de videos a Segura EP fue un acto legítimo de fiscalización relacionado con una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil en septiembre de 2025.

¿Qué dice la resolución?

La fiscalización estará a cargo de la Comisión de Seguridad, donde ADN tiene mayoría. El objetivo será conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Asimismo, la comisión podrá requerir información, documentación e informes técnicos, así como disponer la comparecencia de autoridades y servidores públicos.

Para la presentación de un informe, la Comisión de Seguridad tendrá un plazo de 60 días.

“Vamos también a fiscalizar qué se hizo con la plata que ya entregó Petroecuador para que cada uno de ustedes tenga alcantarillado. Si no se lo ha hecho, nosotros lo vamos a hacer. Va a ser obra del Gobierno Nacional”, expresó Noboa ante cientos de asistentes, en una intervención que generó reacciones inmediatas debido a la controversia que rodea al millonario convenio firmado en noviembre de 2024.

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Aunque el presidente no mencionó directamente al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, sus declaraciones se producen en medio del debate generado alrededor de la administración de esos recursos y de la reciente situación judicial que involucra al burgomaestre, quien se encuentra detenido. Hace dos meses, Petroecuador incluso advirtió sobre la posibilidad de terminar unilateralmente el convenio por observaciones relacionadas con los mecanismos de ejecución y la rendición de cuentas de los fondos transferidos.

En respuesta a esos cuestionamientos, Villacís había informado que el Municipio presentó toda la documentación requerida para justificar el avance de los proyectos y atender las observaciones formuladas por la empresa estatal. Sin embargo, hasta el momento Petroecuador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el resultado de esa revisión, mientras persiste la expectativa ciudadana respecto al destino de los $ 47,5 millones comprometidos para obras consideradas prioritarias.

Agenda presidencial incluyó inversiones y anuncios para la provincia

La visita de Daniel Noboa a Esmeraldas comenzó con una reunión con el gobernador Juan Jaramillo y la prefecta Roberta Zambrano, quienes acompañaron la agenda de trabajo desarrollada en varios puntos de la provincia. El Ejecutivo señaló que la jornada estuvo enfocada en fortalecer proyectos estratégicos y coordinar acciones para mejorar la infraestructura y los servicios básicos.

En Muisne, el presidente destacó que el Gobierno Nacional ha destinado más de $ 8,3 millones para la ejecución de 38 proyectos en Esmeraldas. Entre las principales intervenciones mencionó el mejoramiento del sistema de agua potable del cantón, una obra que registra un avance del 80 % y supera los $ 5 millones de inversión.

Durante el acto, Noboa anunció además la reconstrucción del templo San José de Muisne con una inversión de $ 164.000 y confirmó que en octubre será entregado el nuevo puente del sector Francisco, infraestructura que beneficiará a más de 15.000 habitantes. Asimismo, informó sobre la adquisición de maquinaria caminera por $ 1,6 millones y la destinación de cerca de $ 3 millones para espacios comunitarios y recreativos.

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La agenda presidencial concluyó con una feria y brigada social en la explanada de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, donde distintas instituciones entregaron títulos de propiedad, ayudas humanitarias, bonos, créditos productivos y apoyo a los sectores agrícola, pesquero y cocotero. Según cifras oficiales, las acciones desarrolladas durante la visita representan beneficios e inversiones cercanas a los $ 25 millones para la provincia, mientras el Gobierno ratificó su intención de intervenir directamente en proyectos considerados prioritarios para la capital esmeraldeña.

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Olsen dejó la Presidencia de la Asamblea Nacional. Con ello, la primera vicepresidenta, Mishel Mancheno (ADN), asumió el cargo. Así se originó la primera reconfiguración entre las autoridades del Parlamento. Para ocupar la Primera Vicepresidencia, el Pleno designó a Esteban Torres, quien también es el jefe de la bancada oficialista.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que las comisiones especializadas permanentes estarán conformadas por legisladores, con excepción del presidente de la Asamblea. Al convertirse Mancheno en la nueva titular del Legislativo, su permanencia en la Comisión de Desarrollo Económico ya no era posible.

Así, en la sesión del Pleno de este miércoles, el oficialista Álex Morán mocionó que Burgos fuera designada para integrar esa mesa legislativa. Al final, la propuesta fue aprobada con 140 votos, incluidos los de la bancada correísta.

Comisión clave mantiene mayoría

El cambio aprobado no es menor. La Comisión de Desarrollo Económico ha sido clave porque allí se han tramitado todos los proyectos económicos urgentes durante el actual período legislativo, que se instaló en mayo de 2025.

Leyes como la de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública salieron de esa mesa legislativa y posteriormente fueron declaradas inconstitucionales. La Corte Constitucional cuestionó, por ejemplo, el incumplimiento del principio de unidad de materia.

Con la integración de Burgos, ADN mantiene ocho de los diez votos posibles en esa comisión. No solo cuenta con sus propios legisladores, sino también con exintegrantes del correísmo, como Sergio Peña y David Arias.

Otro dato relevante es que Burgos, al igual que Niels Olsen, apareció en la lista de precandidatos de ADN para las próximas elecciones seccionales. Ella fue presentada como una de las opciones para la Alcaldía de Samborondón. Esa candidatura aún no se ha oficializado, pero, en caso de concretarse, la asambleísta deberá renunciar a su curul.

Lo que debes saber 

• Organizaciones sociales y sindicales anunciaron una iniciativa para impulsar la salida anticipada del jefe de Estado mediante un mecanismo constitucional.
• Los dirigentes detallaron las razones que, según afirman, justifican el proceso y anticiparon una campaña nacional de recolección de firmas.
• El pronunciamiento fue realizado este 17 de junio por representantes indígenas, gremiales y de trabajadores.

La propuesta de una revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa sumó este 17 de junio el respaldo público de varias organizaciones sociales, indígenas, sindicales y de trabajadores. Los dirigentes anunciaron que solicitarán al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas y activar el mecanismo contemplado en la Constitución y el Código de la Democracia.

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La iniciativa es impulsada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Ecuarunari, Unidad Popular, UGTE, Cedocut y FETMYP. Los representantes sostienen que existen argumentos políticos, económicos y administrativos para promover el proceso.

Durante una rueda de prensa, los voceros coincidieron en que la revocatoria constituye una vía democrática para que la ciudadanía se pronuncie sobre la continuidad del mandatario y de la vicepresidenta María José Pinto. Además, adelantaron que buscarán ampliar la articulación con otros sectores sociales del país.

Leonidas Iza expone las razones para impulsar la iniciativa

Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari, señaló que el proceso ya fue presentado por la plataforma Revoca EC y que las distintas solicitudes que lleguen al CNE apuntan al mismo objetivo. Según indicó, existen tres elementos centrales que justifican la iniciativa.

"Todos los colectivos, ciudadanos, organizaciones que presenten esa solicitud nos lleva al mismo camino. ¿Cuál es el camino? La revocatoria del presidente de la República por tres elementos".Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari

El dirigente afirmó que el primer argumento es un supuesto incumplimiento del plan de gobierno relacionado con los combustibles. Sostuvo que durante la campaña presidencial se planteó una reducción de precios, mientras que, según su criterio, el Gobierno ha avanzado en la eliminación progresiva de subsidios. También vinculó el incremento internacional de los combustibles con la posición política del Ejecutivo frente a conflictos globales.

"No dijo en el debate público que iba a bajar el precio de los combustibles cuando realmente lo que ha hecho el gobierno nacional es eliminar progresivamente los subsidios".Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari

Iza indicó que un segundo motivo está relacionado con decisiones que, según él, contradicen pronunciamientos ciudadanos expresados en consultas populares anteriores. Entre otros puntos, cuestionó la presencia de fuerzas extranjeras y sostuvo que la soberanía nacional debe ser respetada.

"¿Acaso no dijo el pueblo ecuatoriano: hay que respetar la soberanía? Sin embargo, el gobierno nacional ha traído a las Fuerzas Armadas Extranjeras para que decidan sobre la vida de los ecuatorianos".Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari

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Cuestionamientos por corrupción y construcción de alianzas

Como tercer argumento, el presidente de ECUARUNARI señaló que el Gobierno debe asumir responsabilidades frente a presuntos actos de corrupción denunciados en la administración pública. Entre los casos mencionó el relacionado con Progen y sostuvo que no se deben normalizar hechos que involucren recursos estatales.

"No se puede naturalizar la corrupción, no se puede normalizar estos actos que prácticamente son recursos de todo el pueblo ecuatoriano".Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari

Además de respaldar la revocatoria, Iza indicó que las organizaciones trabajan en una plataforma más amplia que permita articular a distintos sectores sociales. Según explicó, en los próximos días se conocerán nuevas definiciones sobre esa propuesta política.

"No es solo para la revocatoria de mandato, sino para construir una alianza amplia, grande, donde podamos integrar la mayoría de los ecuatorianos".Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari

Por su parte, Guido Perugachi, presidente de Fenocin, ratificó el apoyo de su organización a la iniciativa y aseguró que se trata de una salida contemplada en la normativa vigente. También informó que solicitarán formalmente al nuevo presidente del CNE, José Cabrera Zurita, los formularios y capacitaciones necesarias para el proceso.

"Vamos a ir por la revocatoria de mandato. No le tenemos miedo a Daniel Noboa ante la represión, ante la persecución política".Guido Perugachi, presidente de Fenocin

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Fenocin pide formularios al CNE

Perugachi manifestó que las organizaciones sociales han mantenido un proceso de coordinación para actuar de manera conjunta. Señaló que la decisión responde a lo que consideran una alternativa democrática para el país.

"La revocatoria de mandato es una salida democrática para el país".Guido Perugachi, presidente de Fenocin

El dirigente agregó que pedirán acompañamiento técnico del organismo electoral para evitar errores durante la recolección de firmas. Según dijo, buscan que el procedimiento se ajuste a los requisitos legales establecidos.

"Entréguennos los formularios, denos las capacitaciones pertinentes para que no haya equivocaciones al momento de recoger las firmas".Guido Perugachi, presidente de Fenocin

En el mismo acto, Pacha Terán, lideresa indígena, demandó celeridad en la atención de la solicitud que presentarán ante el organismo electoral. Afirmó que esperan la misma rapidez que, según ella, el CNE ha mostrado en otros procedimientos.

"Esa agilidad queremos hoy para la solicitud de formulario que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos para hacer la revocatoria de mandato".Pacha Terán, lideresa indígena

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Pacha Terán vincula la propuesta con la seguridad y la soberanía

La dirigente sostuvo que la iniciativa trasciende el ámbito político y responde también a preocupaciones relacionadas con la seguridad y las condiciones de vida de la población. En ese contexto, hizo un llamado a la participación ciudadana.

"Ya no se trata solamente de esta revocatoria porque Daniel Noboa no cumplió, sino porque nuestras vidas están constantemente en peligro".Pacha Terán, lideresa indígena

Terán también relacionó la propuesta con la defensa de los territorios, la naturaleza y la soberanía nacional. Según manifestó, la plataforma busca integrar a diversos sectores sociales en torno a esos objetivos.

"La lucha por la vida, la lucha por la naturaleza, la lucha por la territorialidad y por la soberanía nacional se constituye en esta plataforma".Pacha Terán, lideresa indígena

Finalmente, convocó a organizaciones y colectivos de distintas dimensiones a sumarse al proceso. Consideró que la articulación de múltiples sectores permitirá fortalecer la iniciativa.

"Por más pequeñito que sea, la suma permite multiplicar voluntades".Pacha Terán, lideresa indígena

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UNE cuestiona empleo, salud y economía

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, afirmó que las organizaciones promotoras de la iniciativa actuarán dentro del marco constitucional. Además de la UNE, mencionó a FENOCIN, ECUARUNARI, Frente Popular, CEDOCUT, UGTE y FETMYP como parte del proceso.

"Nos acogemos a ese derecho para empujar la revocatoria del mandato".Andrés Quishpe, presidente de la UNE

El dirigente sostuvo que existe un incumplimiento del plan de gobierno en materia laboral y cuestionó varias promesas realizadas durante la campaña presidencial. Entre ellas mencionó la generación de empleo y la utilización de recursos públicos.

"El gobierno no ha cambiado de política, es decir, los ecuatorianos tenemos el derecho de cambiar de gobierno".Andrés Quishpe, presidente de la UNE

Quishpe también criticó la política económica del Ejecutivo y aseguró que la reducción del riesgo país responde al cumplimiento de compromisos con organismos financieros internacionales. Además, señaló problemas en áreas como salud, educación y seguridad.

"Hay motivos suficientes para empujar la revocatoria de mandato".Andrés Quishpe, presidente de la UNE

Los puntos claves

• El denunciante desistió, pero el proceso no se detuvo. La Comisión de Mesa aplicó el artículo 237 del COGEP para justificar la continuidad del trámite.
• La defensa de Aquiles Álvarez pidió que exista una resolución definitiva sobre el caso.
• El desistimiento no detiene automáticamente un proceso de remoción en el ámbito municipal, según especialistas.

La decisión sobre la permanencia de Aquiles Álvarez al frente de la Alcaldía de Guayaquil quedó en manos del Concejo Cantonal. La Comisión de Mesa resolvió continuar con el proceso de remoción pese a que Hugo Córdova, quien presentó la denuncia que dio origen al trámite, solicitó desistir del procedimiento.

El caso avanza hacia el Concejo Cantonal

La resolución fue comunicada el 16 de junio por el Municipio de Guayaquil, que explicó que el proceso debe seguir su curso conforme a las disposiciones del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Según el pronunciamiento oficial, la Comisión analizó el pedido de desistimiento y concluyó que el trámite no puede detenerse debido a la naturaleza del proceso y a los efectos que tendría sobre una autoridad elegida mediante votación popular.

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Para sustentar su decisión, el organismo aplicó el artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), argumentando que el caso involucra derechos políticos y asuntos relacionados con la administración del cantón.

El marco legal del proceso de remoción

La defensa de Aquiles Álvarez también planteó que una terminación anticipada podría generar incertidumbre jurídica sobre la situación del alcalde, por lo que consideró necesario que exista una resolución de fondo.

Según el análisis de especialistas en derecho administrativo y régimen municipal, el desistimiento del denunciante no necesariamente implica el archivo automático del proceso de remoción. Al tratarse de un procedimiento que involucra el ejercicio de funciones de una autoridad elegida por votación popular y que tiene efectos sobre la institucionalidad del Municipio, la Comisión de Mesa consideró que existían elementos suficientes para continuar con el trámite hasta que el Concejo Cantonal adopte una resolución definitiva.

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Lo que debe saber

• El correísmo presentará una nueva solicitud para intentar levar a juicio político a la exministra de Energía de Daniel Noboa, Inés Manzano.
• Ahora, el argumento será su responsabilidad política en la suscripción con la empresa ATM para la compra de generadores de energía.
• Revolución Ciudadana también presentará una noticia criminis por el audio atribuido a Manzano y en el que se nombra a la legisladora Diana Jácome.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la presentación de una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. Esta vez, el correísmo planteará una interpelación por el contrato con Austral Technical Management (ATM) para la compra de generadores de energía.

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"Cuando millones de ecuatorianos teníamos 14 horas de apagones al día, el Gobierno de Daniel Noboa, a través de CELEC EP, regaló 71 millones de dólares a ATM por chatarra inservible", señaló la asambleísta correísta Mónica Palacios.

El anuncio ocurre después de que el pasado 6 de junio de 2026 no se alcanzaran los votos necesarios para calificar la solicitud de enjuiciamiento político impulsada también por el correísmo en la Comisión de Fiscalización. Eso determinó que el proceso no avanzara, pese a que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) había dado luz verde a la solicitud por cumplir los requisitos de forma.

Palacios señaló que los equipos entregados por ATM no tenían la frecuencia requerida para operar en Ecuador. "Eran incompatibles con el sistema eléctrico del país", añadió.

La legisladora cuestionó a Manzano y sostuvo que era la responsable de precautelar los bienes públicos. "Señora Inés Manzano y ecuatorianos, la responsabilidad política no está en firmar o no los contratos. Está en el omitir el salvaguardar los recursos públicos", dijo Palacios.

Como parte de los elementos que presentará el correísmo para sustentar su solicitud consta el pago realizado a ATM, pese a los problemas detectados en los equipos. Además, Palacios se refirió al audio atribuido a Manzano sobre una supuesta coordinación de comparecencias en la Comisión de Transparencia, donde se fiscalizó el caso.

Bloque correísta presentará noticia criminis

El también correísta Lenín Barreto afirmó que el caso ATM es un "hermano gemelo" del caso Progen. Añadió que el perjuicio superaría los 180 millones de dólares entre ambos. En ese contexto, el bloque presentará una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado por el audio atribuido a Manzano, en el que supuestamente conversa con el exviceministro de Energía Fabián Calero.

En dicho audio se menciona a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome. Además, se habla de una coordinación para que representantes de CELEC y Termopichincha comparezcan ante la mesa legislativa.

Cabe recordar que el informe resultante de la fiscalización realizada por esa comisión liberó de responsabilidades políticas a los ministros del ramo, no solo a Manzano, sino también a Roberto Luque, exministro de Energía.

Sobre ese audio, Jácome aseguró que no existe prueba alguna de participación de su parte. Añadió que se trata de una conversación entre terceros. “¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia el pasado 3 de junio de 2026. También señaló que las autoridades deberán corroborar la validez.

Lo que debes saber 

• Mariana Yumbay cuestionó la aprobación de una nueva fiscalización impulsada por ADN en la Asamblea Nacional.
• La legisladora aseguró que el Parlamento ha descuidado el control político y temas urgentes para el país.
• Además, afirmó que algunas decisiones legislativas “pisotean permanentemente la Constitución”.

La asambleísta de Pachakutik, Mariana Yumbay, cuestionó la aprobación del cambio del orden del día planteado por el legislador de ADN, Andrés Castillo, para iniciar una fiscalización sobre el uso de cámaras de seguridad en Guayaquil. La propuesta recibió el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional este 17 de junio y será tramitada por la Comisión de Seguridad.

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Tras la votación, Yumbay criticó el rumbo que ha tomado la agenda legislativa y aseguró que la Asamblea ha priorizado temas que no responden a las necesidades más urgentes del país. La legisladora sostuvo que mientras se impulsan nuevas investigaciones, persisten problemas relacionados con la inseguridad, la salud y el control político.

Según la asambleísta, gran parte de las sesiones legislativas se han concentrado en modificaciones del orden del día y resoluciones que no generan soluciones concretas para la ciudadanía. En ese contexto, cuestionó que la fiscalización avance en ciertos temas mientras otros casos siguen sin respuestas.

“Del 100% del tiempo creo que más del 80% se han dedicado a cambios de orden del día, a aprobaciones de resoluciones (...) realmente se lleva adelante temas intrascendentes que no sirven para resolver los problemas del país”.Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik

Mariana Yumbay cuestiona las prioridades legislativas

La legisladora afirmó que la Asamblea debería enfocarse en aprobar leyes y ejercer control político sobre asuntos que afectan directamente a la población. A su criterio, la función legislativa ha descuidado tareas fundamentales durante los primeros meses de gestión.

Además, cuestionó que el Pleno haya dedicado parte de su actividad a reconocer la gestión de distintas instituciones del Estado, cuando su papel principal es ejercer fiscalización e independencia frente a otras funciones.

"¿Dónde se ha visto que una Asamblea Nacional, la primera función del Estado que debe gozar de una total independencia, resulta que se pasa reconociendo el trabajo del Ejecutivo, de la Policía, entre otros?".Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik

Para Yumbay, la agenda parlamentaria debería estar concentrada en iniciativas que permitan enfrentar los problemas cotidianos de la ciudadanía y no en asuntos que considera secundarios.

"Lo que deberíamos hacer es viabilizar los proyectos de leyes que va a servir para resolver los problemas del pueblo ecuatoriano de a pie".Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik

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“Fiscalización no se ha hecho nada”

Durante sus declaraciones, la legisladora sostuvo que una de las mayores deudas de la actual Asamblea es la falta de control político. Según dijo, los procesos de fiscalización han sido mínimos pese a las distintas denuncias y cuestionamientos que han surgido en el país.

“Fiscalización no se ha hecho nada, absolutamente nada”.

Yumbay señaló que una de las pocas acciones impulsadas desde el Legislativo fue el caso relacionado con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aunque atribuyó ese avance a la presión ciudadana.

“No se ha hecho absolutamente nada, excepto el caso del señor Godoy del Consejo de la Judicatura, eso por presión del pueblo ecuatoriano”.

La asambleísta también mencionó el caso Progen y aseguró que la Asamblea tenía la obligación de profundizar las investigaciones para transparentar responsabilidades políticas.

“El caso Progen deberíamos haberlo viabilizado en este espacio para lograr la transparentación y que respondan de manera política los responsables”.

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La asambleísta afirmó que la crisis de seguridad y las dificultades para acceder a medicamentos deberían ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda legislativa. En ese sentido, pidió que el Parlamento concentre sus esfuerzos en fiscalizar asuntos que impactan directamente a la población.

Durante su intervención, relató encuentros recientes con pacientes que enfrentan problemas para conseguir medicinas dentro del sistema de salud y advirtió que esta situación continúa afectando a cientos de familias.

“Nos reunimos con varios pacientes que están luchando por acceder a medicinas y no hay”.

Yumbay insistió en que la Asamblea debe recuperar su papel de control político y dirigir sus esfuerzos hacia los temas que más preocupan a los ecuatorianos.

“Son esos temas los que nos debería llevar a trabajar y fortalecer la fiscalización”.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa propuso dialogar con México este 17 de junio para normalizar relaciones.
• Ecuador y México siguen sin relaciones diplomáticas desde la crisis por Jorge Glas en 2024.
• Noboa afirmó que el diálogo con México no incluirá decisiones de la justicia ecuatoriana.

El presidente Daniel Noboa aseguró que Ecuador está dispuesto a conversar con México para reconstruir las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde abril de 2024 tras la incursión policial en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Durante una entrevista concedida a Azteca Noticias, el mandatario sostuvo que Ecuador atraviesa una "nueva etapa" y manifestó su disposición a establecer canales de diálogo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aclaró que cualquier acercamiento deberá respetar las decisiones adoptadas por la justicia ecuatoriana.

Una relación rota desde 2024

Las relaciones entre Ecuador y México se rompieron después de que fuerzas policiales ecuatorianas ingresaran a la sede diplomática mexicana para capturar a Jorge Glas, quien había recibido asilo político por parte del Gobierno mexicano. El hecho generó una condena internacional y llevó a México a romper relaciones diplomáticas con Quito.

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Desde entonces, ambos países han mantenido posiciones enfrentadas sobre la legalidad de la operación. Mientras Ecuador ha defendido sus actuaciones, México ha sostenido que se produjo una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Apertura al diálogo, pero sin cambios de fondo

Las declaraciones de Noboa representan una de las señales más claras de acercamiento emitidas por el Gobierno ecuatoriano en los últimos meses. 

El mandatario afirmó que está dispuesto a conversar con las autoridades mexicanas y buscar mecanismos que permitan normalizar la relación bilateral. No obstante, reiteró que Ecuador no modificará su posición respecto al caso Glas ni a las decisiones judiciales adoptadas en el país.

Las declaraciones se producen en un contexto complejo para la relación bilateral. En abril de 2025, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su país no restablecería relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa continuara en la Presidencia.

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Lo que debe saber

• ADN impulsó y aprobó un informe de fiscalización en la Asamblea por la compra de 60 trolebuses eléctricos en Quito.
• El asambleísta Xavier Ordóñez argumenta que hubo una especie de bypass para esa compra y habla de sobreprecios.
• Ante consultas sobre la fiscalización al caso Progen, Ordóñez insistió en que eso ya está en manos de la Fiscalía.

El bloque legislativo de ADN busca que la Fiscalía realice actos urgentes para precautelar la información relacionada con la compra de trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito. El asambleísta Xavier Ordóñez acudió al Ministerio Público para entregar la información recabada y, ante los cuestionamientos sobre la fiscalización al caso Progen, arremetió contra uno de los periodistas.

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“Acabo de ingresar un acto urgente para que la Fiscalía empiece a tomar acciones para precautelar toda la información que, seguramente, se va a tratar de desvirtuar, desaparecer o dejar de lado”, señaló Ordóñez.

Con ello se refería a la información relacionada con la compra de trolebuses y al proceso de fiscalización que impulsó, cuyo informe fue aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

En las conclusiones del informe se señala que “el memorándum de acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no operó como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional, sino como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”.

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¿Cuál es el argumento de Ordóñez en el caso?

El documento también especifica que el esquema utilizado no resultó económicamente neutro para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, pues la adquisición no se limitó al valor de los bienes, sino que incorporó costos de implementación, costos indirectos y otras cargas asociadas al funcionamiento del mecanismo adoptado.

El argumento de Ordóñez es que, mediante ese mecanismo, el Municipio de Quito, encabezado por Pabel Muñoz, realizó una especie de bypass para saltarse la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los controles del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

“Los hallazgos que tenemos, por ejemplo, el desvío de fondos a Estados Unidos, la compra con un sobreprecio de más de 100.000 dólares por trolebús lo que suma casi 6 millones de dólares y el haber entregado dineros sin justificación generando intereses para un organismo que no era del Estado”, dijo Ordóñez.

¿Qué busca ADN con el acto urgente en la Fiscalía?

Según Ordóñez, el objetivo principal es precautelar la información del caso. A partir de ello, agregó el legislador, la Fiscalía deberá determinar qué acciones son necesarias para cumplir ese propósito.

“Lo que estoy pidiendo es que se obtenga la información y se la precautele. No he pedido en mi acto urgente un allanamiento. El método de obtención es facultad de la autoridad”, agregó el legislador oficialista.

Cuestionamientos por el caso Progen

En medio de la rueda de prensa, Ordóñez fue consultado sobre el caso Progen. El legislador se mantuvo en la posición oficialista de que su bancada ya fiscalizó ese tema y que de ese proceso surgió un informe de la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome (ADN).

“Está aquí (en relación a la Fiscalía). Aproveche. Entre y pida información de cómo va. Cuando me pongo a investigar lo hago con pruebas. Si hay pruebas están aquí”, señaló.

Además, ante la consulta de que el caso no está siendo investigado en la Asamblea, Ordóñez arremetió contra el periodista Enrique Alcívar y lo acusó de ser amigo del bloque correísta.

“Sus amigos no lo haces. Solo hacen ruedas de prensa para hablar pero nunca presentan documentos”, dijo.

Lo que debes saber

• Estado de excepción rige 60 días en 10 provincias y 3 cantones por seguridad.
• El decreto no incluye toque de queda ni restricciones de movilidad, por ahora.
• Conoce qué derechos pueden limitarse y cuáles se mantienen durante la medida.

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres cantones del país. La medida estará vigente durante 60 días y busca enfrentar los problemas de seguridad vinculados al crimen organizado. 

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Sin embargo, su aplicación genera interrogantes sobre los derechos ciudadanos, las facultades de las autoridades y las restricciones vigentes.

El estado de excepción permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias frente a situaciones como conflictos internos, desastres naturales o graves alteraciones del orden público. Durante su vigencia, algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos de manera temporal y bajo control de la Corte Constitucional.

¿Dónde rige actualmente?

El Decreto Ejecutivo 423 establece la medida en las provincias de:

También incluye a los cantones:

Quito

¿Regresa el toque de queda a Quito? Lo que dice el estado de excepción en Pichincha

Miguel González

¿Hay toque de queda?

No. A diferencia de anteriores estados de excepción, el decreto vigente no establece restricciones de movilidad ni horarios para circular. Las personas pueden desplazarse normalmente durante el día y la noche dentro de los territorios donde rige la medida.

¿Qué derechos pueden ser suspendidos?

El decreto contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia. Esto permite que las fuerzas de seguridad realicen determinadas intervenciones bajo las condiciones establecidas en la declaratoria y en el marco constitucional.

Trámites y servicios

Estas son las 10 provincias donde Noboa renovó el estado de excepción en Ecuador

Redacción Digital

¿Pueden ingresar a una vivienda?

La suspensión de la inviolabilidad de domicilio permite a las autoridades realizar allanamientos o intervenciones sin seguir el procedimiento ordinario, siempre que la medida esté relacionada con los objetivos del estado de excepción y cumpla criterios de necesidad y proporcionalidad.

¿Qué derechos se mantienen?

Los ciudadanos conservan derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la libertad de expresión, el debido proceso y la posibilidad de presentar acciones legales frente a posibles abusos. La Corte Constitucional ha señalado que las restricciones deben ser temporales y justificadas.

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¿Qué ocurre si se decreta un toque de queda?

En otros estados de excepción, el Gobierno ha suspendido temporalmente la libertad de tránsito mediante toques de queda focalizados. En esos casos se establecen horarios específicos de restricción y excepciones para determinados servicios esenciales.

¿Quién controla que las medidas sean legales?

La Corte Constitucional revisa cada decreto de estado de excepción para determinar si cumple los requisitos establecidos en la Constitución. Además, cualquier actuación de las autoridades puede ser impugnada mediante los mecanismos legales vigentes.

Aunque el nuevo estado de excepción no incluye toque de queda, sí amplía las facultades operativas de las fuerzas de seguridad en las zonas donde rige la medida. El alcance de estas disposiciones y sus resultados seguirán bajo observación de organismos de control, expertos y organizaciones de derechos humanos.