Según Noboa, una muestra de que existe la posibilidad de obtener información es el nerviosismo que muestran varios actores políticos. “Se lo puede ver en el nerviosismo de algunas figuras políticas ahora como salen. Ni siquiera se los acusa pero ya dan la justificación de cómo no son ellos”, manifestó el presidente de la República.

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¿Quién maneja las cuentas de José Serrano? Esta es la teoría de la hija de Fernando Villavicencio

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La noche del viernes 28 de agosto de 2026, Noboa anunció en su cuenta de la red social X que José Serrano sería deportado a Ecuador. “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti Rafael Correa”, escribió Noboa en X.

Al día siguiente, también fue el encargado de mostrar las fotografías del ingreso de Serrano a la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena. En las imágenes se mostraba a Serrano con el traje naranja y sin cabello.

La pregunta sobre la situación de Serrano surgió a raíz de denuncias sobre supuestos malos tratos. Desde la cuenta de X del exministro se emitió un pronunciamiento el pasado 1 de septiembre de 2026, en el que se señaló que no ha recibido un trato compatible con la dignidad de un ser humano. “No tengo acceso al agua potable. No me entregan papel higiénico, jabón, pasta dental ni toalla. Me obligan a comer en aproximadamente 60 segundos. Me insultan, me dicen que no soy nadie y que soy una basura”.

Serrano guarda prisión preventiva en el marco del proceso legal por el magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía lo señala como uno de los autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023.

En ese escenario, las hijas de Villavicencio se pronunciaron sobre el manejo de la cuenta de X de Serrano. Esto ocurrió después de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) aclarara que está prohibido que los internos ingresen, tengan o utilicen teléfonos celulares.

A partir de esa explicación surgió otro cuestionamiento: ¿quién tiene actualmente acceso a las cuentas de redes sociales de Serrano?

La respuesta fue planteada por Tamia Villavicencio, hija del fallecido excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Ella aseguró en X que las cuentas del exfuncionario son manejadas por sus hijas mientras él permanece privado de libertad.

¿Qué dijo Noboa sobre el exministro?

“Hay criminales que no quieren caer solos; que quieren contar verdades, historias, abusos. Y van a hacer lo posible para tratar de virar la tortilla y decir que nosotros somos los abusivos”, dijo Noboa.

En ese sentido, aseguró que lo que trata de hacer es poner orden en el país. No se refirió específicamente a las denuncias de supuestos malos tratos en contra de Serrano. Agregó que también se trata de “tener memoria”, en relación con cómo en el país se perseguía, abusaba y se “dio carta blanca al narcotráfico”.

El primer mandatario fue entrevistado en Radio i99. Allí fue consultado sobre su visión respecto al trabajo que podría generarse con las autoridades locales luego de las seccionales de 2026. 

Política

Elecciones 2026: Los debates de ahora protegen al candidato de las preguntas que importan

Pamela León Andriuoli

Hay que recordar que el próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales e integrantes de las juntas parroquiales. Será la primera vez que ADN, el movimiento de Daniel Noboa, participe en este tipo de comicios.

“Los números están muy bien. Son las primeras seccionales. En una primera participación, según encuestas, vamos a tener muy buenos resultados. Es una señal de la fortaleza del proyecto político”, aseguró.

Sobre el trabajo coordinado con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Noboa dijo que, después de las elecciones de 2023, el mayor beneficiario del presupuesto que se asigna a los GAD fue la Revolución Ciudadana, a través de las ciudades y prefecturas que administra.

“La RC manejaba más de 5.000 millones de dólares al año. Se dedicaron a volverlo refugio de su militancia. Como ya no estaban en el Gobierno migraron hacia los municipios y por eso estaban en contra con la Ley que se exigía el 70% de obra y 30% para gasto corriente”, dijo el primer mandatario.

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Noboa habla de una presunta vinculación con grupos delictivos

El primer mandatario fue más allá en sus señalamientos y habló de la entrega de agencias municipales a grupos de delincuencia organizada.

“En algunos municipios y prefecturas le entregaban agencias enteras a los GDO. Si tienes una empresa de agua que se la das a Los Choneros, una empresa de Tránsito que se la das a Los Lobos, los Bomberos a los Chone Killers; el Registro de la Propiedad, ya sabemos eso -mejor no les digo quién estaba ahí metido pero hoy está en la Cárcel El Encuentro-; todo eso hace una gestión deficiente”, dijo el primer mandatario. 

Actualmente, el proceso de calificación de las candidaturas está en marcha por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). En ese sentido, postulaciones como las de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil o Andrés Guschmer para la Prefectura del Guayas están en firme.

Según el organismo electoral, la lista definitiva de candidatos se conocerá el próximo 9 de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• La designación del nuevo fiscal general en Ecuador se posterga para finales de diciembre de 2026.
• La Fiscalía General del Estado cumplirá casi dos años sin una autoridad titular designada.
• Analistas advierten que las demoras responden a intereses políticos y procesos electorales en curso.

La Fiscalía General del Estado se encamina a cumplir dos años sin una autoridad titular en Ecuador, luego de que la Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma del concurso y postergó la designación del nuevo fiscal general del Estado para finales de diciembre de 2026. La dilatación responde a demoras administrativas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sumadas a posibles recursos legales, en un contexto marcado por advertencias de analistas sobre intereses políticos y la cercanía de nuevos comicios.

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Las postergaciones en el cronograma de designación

El proceso a cargo de la Comisión Ciudadana de Selección ha modificado sus fechas tentativas de culminación en reiteradas ocasiones:

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A pesar de este nuevo cronograma, los propios comisionados advirtieron que no existen garantías de cumplimiento debido a imprevistos administrativos o la interposición de recursos legales. En particular, señalaron que la demora más reciente ocurrió porque el Pleno del CPCCS tardó casi un mes en conocer el informe final de calificación de méritos.

Factores de riesgo e impacto institucional

La falta de titularidad data desde abril de 2025, fecha en la que concluía formalmente el período de Diana Salazar, quien presentó su renuncia al cargo un mes después. Actualmente, la institución se encuentra bajo la gestión de Carlos Alarcón, quien ejerce como titular encargado y además participa como postulante en el concurso.

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Advertencias sobre intereses políticos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, alertó que la prolongación del proceso genera riesgos evidentes en la operatividad institucional:

“Los riesgos son tener una autoridad al servicio del poder para mantenerse el mayor tiempo posible o para gestionar su nombramiento definitivo”.Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo

El directivo sostuvo que, más allá de la negligencia o la incompetencia administrativa, tras estas demoras operan intereses de distintos sectores políticos.

La postura oficial del CPCCS y el escenario electoral

Frente a las críticas, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que todas las gestiones respetan el debido proceso. Fantoni contrastó este proceso con el concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE) —el cual registra más de cuatro años de retraso en su renovación parcial por consultas reglamentarias— y afirmó que el marco normativo actual es claro:

“Podemos garantizar a la ciudadanía un resultado dentro de los tiempos establecidos”.Andrés Fantoni, presidente del CPCCS

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Por su parte, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEK, sostuvo que la falta de celeridad responde a varios factores del contexto nacional:

Lo que debes saber 

• El debate entre León Febres-Cordero y Rodrigo Borja de 1984 estuvo marcado por la confrontación, pero también por el contenido, frente a los actuales, donde predominan el espectáculo, los insultos y los memes.
• La obligación de debatir solo alcanza a los cantones con más de 100.000 electores. Algunos encuentros pueden realizarse apenas 72 horas antes de las elecciones.
• Ecuador multiplicó los debates sin garantizar que los electores reciban información suficiente para decidir su voto.

“Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada”, le decía León Febres-Cordero a Rodrigo Borja una noche de abril de 1984, en uno de los debates más recordados de la política ecuatoriana. Esa misma noche le lanzó a Borja 132 insultos y recibió 95 de vuelta. Los contó Vistazo en su edición 399: comunista, oligarca, socialista solapado. El vocabulario de la Guerra Fría como munición de campaña.

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Dos horas. Siete canales y cuatrocientas radios. El país entero oyendo lo mismo. Los dos llegaron a la Presidencia: Febres-Cordero ese año y Borja en 1988. El debate de 1984 prueba que la agresividad y el contenido no son necesariamente excluyentes. Aquella pelea tenía esqueleto.

Cuarenta y dos años después conservamos el ruido y perdimos el esqueleto. Antes había pelea con contenido y hoy no hay ni una cosa ni la otra. Hay protocolo.

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Lo que vino después parece una historia nacional del desvío. En 2021, Juan Fernando Velasco cerró recitando ‘Yo nací aquí’. Giovanny Andrade dedicó su minuto final al cumpleaños de su esposa y después culpó de su desempeño a un café en el que, dijo, lo drogaron.

Dos años después, Bolívar Armijos pidió tantas veces que le repitieran la pregunta que fue meme antes de acabar. En 2025, la competencia se mudó al vestuario. Víctor Araus llegó con casaca de húsar, Juan Iván Cueva con máscara de Anonymous y un “yo también estoy arrecho de todo esto”. La inteligencia artificial fue mencionada por tantos y explicada por ninguno que en redes terminó siendo la ganadora.

Dos meses después, tuvimos el careo entre Daniel Noboa y Luisa González. Él la llamó Rana René y le ofreció una beca de economía para después del 13 de abril. Ella le decía “majadero”.

Culpar a los candidatos sería cómodo. Habermas llamó “esfera pública” al espacio donde los asuntos comunes pueden someterse a discusión racional. Un debate electoral debería hacer eso: obligar a propuestas y candidatos a pasar por la contradicción. El diseño ecuatoriano reduce esa contradicción y termina produciendo transmisión sin verdadero escrutinio.

Hoy esa deliberación ocurre en dos escenarios: el debate que organiza el CNE, con moderador, cronómetro y reglamento; y el debate público que continúa en redes, donde el moderador es el algoritmo. El primero dura unas horas; el segundo puede durar días. Y precisamente porque uno alimenta al otro, importa qué produce el debate oficial antes de entregárselo al algoritmo.

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¿Dónde está el problema de los debates actuales?

El problema está en tres decisiones: quién controla la pregunta, a qué territorios alcanza y cuándo llega al elector.

En los 45 debates de noviembre, dos de los cuatro ejes se llenan con preguntas de los propios candidatos. Media entrevista queda en manos del entrevistado. El examinado ayuda a redactar el examen y después nos sorprendemos de que nadie pregunte de dónde saldrá la plata.

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El artículo 202.2 del Código de la Democracia solo obliga a debatir donde hay más de cien mil electores. Solo 24 de más de 220 cantones cumplen con ese requisito. Los casi doscientos que quedan fuera son los pequeños, donde la prensa local apenas respira, la alcaldía puede ser el mayor empleador y el clientelismo tiene menos testigos.

El calendario remata la faena. La lista definitiva de candidatos sale el 9 de noviembre y los debates se estiran hasta el 26. El último careo puede caer a 72 horas del voto.

Nada de esto vuelve inútil el instrumento. El debate puede romper la ventaja del conocimiento previo y poner frente a millones a candidaturas que hasta entonces apenas existían fuera de la papeleta.

Antes del debate de 2023, Noboa no llegaba al 5 % de intención de voto y salió de ahí convertido en una opción. Si el debate puede alterar quién entra en la conversación electoral, su diseño y, sobre todo, el momento en que ocurre, son parte de las condiciones para un voto informado.

Ecuador multiplicó los debates, pero no necesariamente multiplicó la deliberación. Tenemos más escenarios, más reglas y más transmisión, pero un diseño que todavía protege al candidato de las preguntas que realmente importan.

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Arreglarlo no exige una reforma constitucional, sino dejar de diseñar el debate para cumplir y empezar a diseñarlo para someter a escrutinio. Eso supone revisar el umbral de obligatoriedad, quién pregunta, cuándo se debate y lograr que evadir una pregunta cueste más que un meme.

Ahora vienen 45 debates, media entrevista escrita por los entrevistados, nueve de cada diez cantones sin una sola pregunta y todo apretado en los quince días de campaña que quedaron al adelantar los comicios 75 días por el fenómeno de El Niño.

Ahora, quien necesita que le repitan la pregunta son los 13 millones de electores que el 29 de noviembre marcarán una papeleta sin que el sistema que obligó a debatir haya conseguido explicarles qué están decidiendo.

Lo que se sabe

• El encuentro de ambos presidentes se dará este 4 de septiembre
• Temas migratorios y de comercio están en la agenda bilateral
• Panamá incorporó a Ecuador a la lista de países amigos

El presidente de la República, Daniel Noboa, recibirá este viernes 4 de septiembre de 2026 a su homólogo panameño, José Raúl Mulino. La cita se dará en Guayaquil.

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El presidente de Panamá llegará este viernes a Guayaquil a un encuentro con Daniel Noboa

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La agenda del mandatario centroamericano durará un día en la ciudad. Estará acompañado de sus ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y de Comercio, Julio Moltó, así como el miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Vallarino.

Acuerdos de comercio y migración

Uno de los documentos que los gobernantes suscribirán es el Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá, que fija los términos de referencia para negociar un convenio comercial bilateral.

Se prevé que los cancilleres firmen un Acuerdo interinstitucional de intercambio de información migratoria. Además, habrá una declaración conjunta para informar sobre los avances que han conseguido ambos gobiernos.

Panamá incluyó, el 31 de agosto anterior, a Ecuador en su lista de países amigos, lo que facilita el acceso de nuestro países en temas migratorios, laborales y de inversión para la nación centroamericana.

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Los puntos claves

• El CNE aplicará el conteo rápido para las elecciones de alcaldes y prefectos. Las primeras tendencias podrán conocerse poco después del cierre de las urnas.
  
• El mecanismo utilizará una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto.
  
• 
  Los datos del conteo rápido serán preliminares y no determinarán oficialmente a los ganadores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un conteo rápido para las elecciones de alcaldes y prefectos que se realizarán el próximo 29 de noviembre. El mecanismo, según ha dicho el organismo electoral, permitirá conocer tendencias preliminares de la votación una vez que cierren las urnas.

La decisión fue confirmada este 2 de septiembre por el presidente del CNE, José Cabrera, quien señaló que el conteo rápido ya está contemplado dentro de la planificación operativa de los comicios.

“No es ningún riesgo, tenemos profesionales que sabemos y lo hemos hecho ya en otros procesos. Dentro del plano operativo está contemplado el conteo rápido”, afirmó Cabrera desde la Delegación Electoral de Pichincha.

El mecanismo se aplicará mediante una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Con esa información, el organismo electoral podrá establecer una primera tendencia sobre los resultados de las elecciones de alcaldes y prefectos.

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¿Cómo funcionará el conteo rápido?

Después del cierre de las urnas, según lo previsto, las Juntas Receptoras del Voto realizarán el conteo de los votos y elaborarán las actas correspondientes.

Para el conteo rápido, el CNE utilizará únicamente las actas de las juntas que hayan sido seleccionadas previamente como parte de la muestra. Los datos serán procesados para obtener una estimación estadística de la tendencia electoral.

¿En qué provincias y cantones se hará?

Este punto todavía está pendiente. El Pleno del CNE deberá definir en los próximos días qué provincias y cantones serán incluidos en la muestra del conteo rápido.

Cabrera señaló que inicialmente se analiza su aplicación en las principales jurisdicciones, aunque no descartó que el mecanismo pueda extenderse a todas las provincias y cantones, si así lo decide el Pleno.

Por ahora, lo confirmado por el organismo electoral es que el conteo rápido estará dirigido a las elecciones de alcaldes y prefectos.

¿Cuándo se conocerán las primeras tendencias?

El CNE prevé que las primeras tendencias puedan conocerse poco después del cierre de las urnas, el 29 de noviembre.

Sin embargo, el organismo todavía no ha establecido una hora específica para la publicación de estos datos. Esto dependerá de la velocidad con la que termine el conteo en las juntas seleccionadas, la transmisión de las actas y su procesamiento.

Los primeros datos que se presenten serán, por tanto, preliminares.

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¿El conteo rápido determinará quién ganó?

No. El CNE ha señalado que los datos del conteo rápido serán preliminares y no sustituirán el escrutinio formal, que es el que determina legalmente a los ganadores.

La diferencia es que el conteo rápido se realizará sobre una muestra de actas, mientras que el escrutinio oficial contempla el procesamiento de las actas electorales de las Juntas Receptoras del Voto.

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¿Qué falta por definir?

Aunque el organismo ya confirmó la aplicación del conteo rápido, todavía debe establecer varios detalles operativos. Entre ellos:

Estos detalles serán definidos por el organismo electoral antes de la jornada del 29 de noviembre de 2026.

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¿Qué debe tener en cuenta el elector?

Por eso, aunque una tendencia pueda mostrar una ventaja clara de un candidato, la confirmación de los resultados dependerá del escrutinio oficial.

Lo que debes saber

• La Asamblea fiscalizará los patrimonios de alcaldes y prefectos.
• La Comisión aprobó una hoja de ruta para revisar posibles incrementos injustificados.
• La sesión fue declarada reservada por información remitida por la Contraloría.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional conoció, el 3 de septiembre, la hoja de ruta para fiscalizar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. El proceso fue dispuesto por el Pleno de la Asamblea, el 23 de junio.

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Fiscalización abarcará a alcaldes y prefectos

De acuerdo con la planificación expuesta por el asesor jurídico de la Comisión, Diego Flores, el proceso contempla varias etapas para determinar qué autoridades habrían registrado incrementos patrimoniales que no podrían ser justificados con sus ingresos. La fiscalización abarcará a los 224 alcaldes y 23 prefectos, con información que será solicitada y contrastada con entidades como la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y registradores de la propiedad.

La hoja de ruta establece como primer paso, las comparecencias de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE), Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías (SuperCías). El siguiente paso será el pedido de información complementaria a las instituciones involucradas: al SRI, CGE, SuperCías y Unidad de Análisis Financiero y Económico. Según el cronograma, estas actividades se ejecutarían el 3 de septiembre.

Posteriormente, el equipo técnico cruzará y constatará los datos, con información que ya ha recopilado la Comisión de Seguridad y con la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para identificar a los gobiernos autónomos descentralizados cuyos patrimonios presenten incrementos que requieran una revisión. Esto se realizará el 7 de septiembre.

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Comisión prevé un sistema de alertas

Además, la Comisión prevé elaborar un análisis técnico-jurídico y una matriz para organizar los casos identificados, que incluiría un sistema de alertas en rojo, amarillo y verde. Esta actividad está prevista para el 9 de septiembre.

Por otro lado, el asesor jurídico señaló que las fechas planteadas en la hoja de ruta son tentativas y podrán ser modificadas por decisión de los miembros de la Comisión. La planificación contempla elaborar un informe borrador hasta el 15 de septiembre.

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Sesión fue declarada reservada

Sin embargo, antes de avanzar con la comparecencia de la Contraloría, la Comisión resolvió declarar reservada la sesión debido a que la información remitida por esa entidad fue calificada como reservada. La decisión se sustentó en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 38 del Reglamento de las comisiones, que permiten declarar la reserva con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes.

La moción fue presentada por el asambleísta Milton Aguas, quien sostuvo que la reserva permitiría a los legisladores revisar la información y formular sus preguntas sobre el proceso de fiscalización. Xavier Lasso cuestionó la medida y planteó dudas sobre si el caso correspondía a una situación de seguridad nacional, además de solicitar conocer si la información disponible había sido entregada a todos los gobiernos autónomos involucrados.

Finalmente, la declaratoria de reserva fue aprobada con seis votos a favor, tres en contra y un voto en blanco, sin abstenciones. Votaron a favor Cristian Benavides, Jennifer Guillén, Milton Aguas, Samuel Celleri, Walter López y Carlos Vargas; en contra lo hicieron Sandra Figueroa, Patricia Núñez y Xavier Lasso, mientras que Camila Encalada votó en blanco.

Tras la decisión, se suspendió la transmisión pública de la sesión y se dispuso que únicamente los miembros de la Comisión tengan acceso a la información reservada, previa solicitud a la Secretaría y bajo mecanismos de control. También se estableció la suscripción de acuerdos de confidencialidad y se advirtió que el incumplimiento de las obligaciones de reserva podría generar las medidas legales correspondientes.

A la sesión asistió Gabriela Cecilia Sulca Córdova, subcontralora de Auditoría de la Contraloría General del Estado. La funcionaria explicaría, durante la reunión reservada, la información recabada por la entidad y las razones para mantenerla bajo reserva.

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Reformas a la Ley de Tránsito: así se regulará el servicio de delivery en Ecuador

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Durante la sesión del Pleno de este 3 de septiembre, el Legislativo trató en segundo debate el proyecto normativo. El oficialismo destacó tres cambios: la posibilidad de suspender las competencias a los municipios, la regulación de los servicios de delivery y la modernización de la gestión del tránsito.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto de ley, reiteró que el primer eje tenía como finalidad combatir al crimen organizado. Esto, debido a que existían casos en los que grupos criminales habían permeado esos niveles de gobierno en temas como la emisión de matrículas y la revisión vehicular.

En este punto, la ley aprobada contempla que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realice una evaluación con la finalidad de emitir informes que serían remitidos al Consejo Nacional de Competencias. Esta última instancia podría decidir la suspensión de esa competencia.

El tema sobre el control a los servicios de delivery captó gran parte de las intervenciones. En esta materia, Centeno explicó que se creará un registro nacional. Además, quienes presten el servicio deberán cumplir con requisitos como un casco homologado y un chaleco reflectivo en el que conste el número de placa de la motocicleta.

Finalmente, en la modernización de la gestión, los radares para el control de la velocidad podrán instalarse siempre y cuando se haga bajo la modalidad de contratación de servicios. Esto, debido a que la modalidad actual permitía que los proveedores del servicio accedieran a un porcentaje de las multas cobradas.

En este ámbito también se incluyó la creación de un sistema único de peajes. Esto, según la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, implicaría que con un mismo tag se pueda pasar por todos los peajes del país.

Correísmo cuestionó lo que considera una propuesta centralista

Más allá de las coincidencias en temas puntuales como los mismos servicios de delivery y los fotorradares, el correísmo cuestionó lo que consideró el tema de fondo de la propuesta. 

Diego Salas, asambleísta de Revolución Ciudadana, dijo que todos los temas mencionados buscan responder a demandas ciudadanas, pero, al final del día, “eran un cortina de humo” para lo que consideró un proyecto centralista.

La principal crítica tenía que ver con retirarle la competencia en matriculación a los GAD tipo C y también con que, en los cantones fronterizos, la gestión de esta competencia sea traspasada a la Policía Nacional.

¿Qué se excluyó de las reformas?

Centeno pidió que las reformas se votaran en dos bloques. El primero, en el que se encontraba la mayor parte de la ley, fue aprobado con 87 votos a favor. Así, el proyecto impulsado por el oficialismo avanzó al veto o sanción del presidente de la República.

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En el segundo bloque, la asambleísta oficialista colocó la disposición reformatoria sexta. Allí, según el proyecto de ley, se establecía que el conductor que, mediante motocicleta, preste el servicio de transporte de bienes y/o servicios a domicilio sin encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Conductores y Vehículos destinado a dicho servicio sería sancionado con una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado y la reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir.

No hubo votos a favor para que pasara dicha disposición.

Los puntos claves

• Blanca López aseguró que las trabas que enfrenta Guayaquil responden a una agenda política y electoral. Cuestionó que cerca del 90 % de los procesos municipales estén paralizados.
• La concejal sostuvo que una administración municipal que no sea afín al oficialismo podría enfrentar las mismas trabas.

Las trabas que enfrenta el Municipio de Guayaquil por la suspensión de procesos de contratación ya llegaron al terreno político. Durante la sesión de Concejo Cantonal de este 3 de septiembre, la concejal Blanca López aseguró que lo que ocurre en la ciudad no responde a una falta de capacidad para ejecutar obras, sino a decisiones administrativas que, según ella, siguen un “libreto político y electoral”.

Sus declaraciones se dan un día después de que el Municipio denunciara que cerca de $ 56 millones en procesos de contratación permanecen suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La administración municipal sostiene que la situación afecta más del 90 % de sus procesos y golpea áreas como obras públicas, salud, movilidad, saneamiento y programas sociales.

López denuncia un trasfondo electoral

La concejal puso el tema sobre la mesa en medio de la cercanía de las elecciones seccionales. Dijo que ha visto a candidatos cercanos al oficialismo asegurar que, si llegan a la Alcaldía de Guayaquil, no tendrán trabas ni enfrentamientos con el Gobierno y que las asignaciones presupuestarias llegarán a tiempo.

“Con eso quieren prometerle a la gente que habrá más afinidad con el Gobierno”, sostuvo. Para López, el mensaje que queda es otro: que una administración municipal que no sea afín al oficialismo podría enfrentar las mismas dificultades que atraviesa actualmente el Cabildo.

“El mensaje está clarísimo: cualquier administración que no sea parte de las filas del movimiento del oficialismo va a vivir las mismas trabas que está enfrentando el Municipio de Guayaquil”, afirmó.

La concejal cuestionó que la gestión de una ciudad dependa de la relación política que mantenga con el Gobierno Nacional. “No es cuestión de pedir favores, sino de lo que dice y establece la Constitución”, señaló.

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“Estamos empezando a normalizar el abuso”

López cuestionó además que este tipo de situaciones puedan terminar viéndose como normales en la relación entre el Gobierno central y los gobiernos locales. “Estamos empezando a normalizar el abuso político y electoral. Y ahora también el abuso frente a las administraciones locales”, dijo.

La concejal también cuestionó la contradicción entre el pedido del Gobierno a los municipios para que aceleren sus procesos y la cantidad de contrataciones que, según el Municipio, permanecen suspendidas.

“El Gobierno exige a municipios y prefecturas que trabajen más y con celeridad en los procesos sobre todo por la alerta de la llegada de El Niño, pero la realidad es que aquí el 90 % están paralizados. ¿Entonces qué mismo pasa?”, cuestionó.

Para López, el problema ya no puede ser visto únicamente como una discusión sobre obras. “Todo está paralizado y no solo obras viales, sino sociales, de educación y salud. Esto debería alarmarnos a todos”, afirmó.

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El Niño, otro punto de preocupación

La concejal también relacionó las suspensiones con la alerta por el fenómeno de El Niño. Recordó que el propio Gobierno ha pedido a los municipios acelerar los trabajos de prevención ante las posibles consecuencias del evento climático.

Sin embargo, sostuvo que mientras públicamente se exige avanzar, existen procesos municipales que permanecen detenidos.

“Lo que hoy sucede en Guayaquil no es coincidencia, es sistemático”, afirmó.

El Municipio ha señalado que entre los procesos suspendidos está la adquisición de combustible para movilizar maquinaria y realizar trabajos como la limpieza de zanjas. También informó sobre procesos de obras públicas que permanecen detenidos.

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“El enemigo de un gobierno no somos nosotros”

López terminó su intervención con un llamado al Gobierno Nacional y cuestionó que el enfrentamiento entre instituciones termine afectando a los ciudadanos. “El Gobierno Nacional se está equivocando. El enemigo de un gobierno no somos nosotros , no somos los guayaquileños. Es la inseguridad, la falta de medicina en los hospitales públicos, solo por citar unos casos”, sostuvo.

Sus declaraciones se suman a las expresadas este mismo 3 de septiembre por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien durante la sesión de Concejo y en sus redes sociales cuestionó la suspensión de los procesos municipales.

Coronel aseguró que recibe diariamente reclamos por obras y servicios que no avanzan y afirmó que “el Sercop no nos permite avanzar”. También pidió que, una vez cumplidos los requisitos, los procesos puedan continuar.

La alcaldesa subrogante resumió su posición al señalar que detrás de los $ 56 millones no hay solo trámites: “hay calles, pacientes, niños, familias, comerciantes y barrios que esperan”.

Los puntos claves

• Tatiana Coronel aseguró que recibe a diario reclamos por obras paralizadas y servicios que no funcionan. Cuestionó que la ciudad tenga maquinaria, pero no pueda movilizarla por la falta de combustible.
• La alcaldesa subrogante pidió al Gobierno demostrar que “no tienen nada contra Guayaquil” y dejar avanzar los procesos.
• La alerta roja por El Niño aumenta la presión sobre las obras de prevención y saneamiento en Guayaquil.

Tatiana Coronel expresó este 3 de septiembre su preocupación por los procesos de contratación del Municipio de Guayaquil que permanecen suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La alcaldesa subrogante aseguró que detrás de los cerca de $ 56 millones en procesos detenidos hay obras y servicios que la ciudad necesita y que los ciudadanos reclaman.

“Detrás de los $ 56 millones no hay papeles, hay calles, pacientes, niños, familias, comerciantes y barrios que esperan”, señaló Coronel en sus cuentas oficiales.

Durante la sesión de Concejo de este jueves, Coronel también se refirió al tema y aseguró que recibe a diario mensajes de ciudadanos que preguntan por obras y servicios que no avanzan.

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Coronel: “El Sercop no nos permite avanzar”

“Me preocupa lo que está pasando porque a diario me escriben y me dicen que las obras están paralizadas, que hay juntas en los puentes, que han baches, obras inconclusas. Me dicen que por qué no hago nada. Me preguntan por qué la Terminal Terrestre no tiene aire. Y bueno, esta es la razón: el Sercop no nos permite avanzar”, afirmó.

La declaración ocurre un día después de que el Municipio denunciara que durante 2026 se han suspendido el 90 % de los procesos por aproximadamente $ 56 millones. La concejala Emily Vera señaló que más de $ 40 millones fueron suspendidos en febrero y que posteriormente, en julio pasado, se sumaron otros $ 16 millones.

Según el Municipio, la situación afecta simultáneamente áreas como salud, obra pública, movilidad, saneamiento, parques y programas sociales.

Medicinas y programas sociales, entre los procesos afectados

En salud, según indicó la entidad, las suspensiones afectan la compra de medicamentos e insumos. Vera aseguró que esto representa una afectación para unos 200.000 pacientes.

En el área social, el Municipio también advierte dificultades para mantener servicios dirigidos a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Coronel destacó además los 16 centros de tareas y nivelación que funcionan como parte de los programas municipales. Sostuvo que mantener a un niño estudiando, atender a un paciente a tiempo o acompañar a una persona con discapacidad también forma parte de la prevención de la violencia.

Obras y combustible también están detenidos

La obra pública es otro de los frentes señalados por el Municipio. Existen procesos detenidos para mantenimiento vial, repavimentación, repotenciaciones, cubiertas y espacios públicos.

Coronel mencionó un proceso para trabajos en la avenida Rodrigo Bonín que supera los $ 4 millones.

El director de Obras Públicas, Carlos Vásquez, informó además que las cuadrillas municipales enfrentan dificultades para movilizar maquinaria debido a la suspensión del proceso para la adquisición de combustible.

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Esta situación también fue cuestionada por la concejala Emily Vera durante la sesión de Concejo. “Es la primera vez que el Gobierno impide que Guayaquil contrate combustible para poder contratar maquinaria y limpiar canales, zanjas..., en plena alerta por la llegada de El Niño”, afirmó. Vera sostuvo que el Municipio presentó su planificación, pero que en febrero se suspendieron procesos por $ 40 millones y en julio se sumaron otros $ 17 millones. “Esto no se trata de un bloqueo administrativo, se trata de la gente”, señaló, antes de hacer un llamado al Gobierno central: “No jueguen con la salud ni con el bienestar del guayaquileño. No jueguen al cálculo electoral por sobre el bienestar de las familias guayaquileñas. Más que hostigamiento personal, lo que nos está pasando es algo perverso”, sentenció. 

EMAPAG reporta 18 procesos suspendidos

La situación también alcanza a EMAPAG-EP. Su presidenta, Isabel Tamariz, informó que la empresa mantiene aproximadamente 18 procesos suspendidos por más de $ 3 millones, con un promedio de cinco meses de paralización.

Los procesos corresponden a recursos destinados a obras de agua y saneamiento.

El escenario ocurre mientras Ecuador permanece en alerta roja por el fenómeno El Niño. El Municipio sostiene que las suspensiones reducen su capacidad para ejecutar obras preventivas y atender a los sectores más vulnerables ante posibles inundaciones.

La alcaldesa subrogante también se refirió al impacto económico de los eventos municipales. En sus cuentas oficiales indicó que las fiestas julianas de 2025 recibieron 33.849 visitantes y generaron $ 6,7 millones en movimiento económico. “Cuando se suspende un proceso para un evento, el impacto llega al emprendedor, al artista, al comerciante, al restaurante, al hotel y a todos quienes viven de una ciudad activa”, sostuvo.

“Demuestren que no tienen nada contra Guayaquil”

Coronel defendió la actuación de la Alcaldía y aseguró que la administración está cumpliendo con los procedimientos establecidos.

“Como Alcaldía estamos haciendo nuestra parte: planificamos, revisamos y cumplimos los procedimientos. Estamos dispuestos a subsanar lo que corresponda”, sostuvo.

Durante la sesión de Concejo, la alcaldesa subrogante hizo un llamado a quienes intervienen en los procesos. “Llamo a la humanidad y a que demuestren que realmente quieren a esta ciudad”, manifestó. También pidió que se demuestre que “no tienen nada contra Guayaquil” y que se permita que los procesos avancen.

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“Dejen pasar a la coyuntura. Nosotros somos pasajeros”, agregó.

Lo que debes saber

• El TCE ratificó que la inscripción de Hermosa no se completó dentro del plazo establecido.
• La candidatura enfrentó un inconveniente relacionado con la paridad de género.
• El Tribunal descartó que hubiera una falla técnica y rechazó reabrir el proceso electoral.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la Alianza Política “Juntos por la Transformación”, Listas 70-17, y Mónica Anabel Hermosa Acosta, y ratificó la resolución de la Junta Provincial Electoral de Imbabura que impidió su inscripción para la Alcaldía de Otavalo. La decisión consta en la sentencia de la Causa Nro. 155-2026-TCE, dictada el 30 de agosto de 2026.

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La inscripción quedó inconclusa

Según el fallo, Hermosa ingresó como reemplazo de Nelson Enrique Velásquez Males, quien había sido proclamado inicialmente como precandidato a la Alcaldía de Otavalo por el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17. Sin embargo, aunque el TCE reconoce que la sustitución permitió que Hermosa adquiriera la calidad de precandidata, aclara que ese registro no significaba que la solicitud de inscripción hubiera sido formalmente concluida.

La sentencia establece que la información de Hermosa fue ingresada en el Sistema Informático de Inscripción de Candidaturas, pero la postulación de Otavalo permaneció en estado “impresión formulario”. A diferencia de otras candidaturas de la misma alianza, que constaban como “finalizada la inscripción”, esta solicitud no llegó a completarse antes de las 18:00 del 17 de agosto de 2026, fecha límite para esa etapa.

Además, el TCE determinó que la dificultad no se originó en una falla técnica de la plataforma, sino en el incumplimiento de la regla de paridad de género. Al intentar completar el formulario correspondiente a Otavalo, el sistema emitió el mensaje de que la alianza “no cumple con la validación de porcentaje de listas encabezadas por mujeres”, debido a que no alcanzaba el 50 % exigido para las candidaturas a alcaldías a escala provincial.

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El Tribunal descartó una falla administrativa

Frente a ello, las demandante sostuvieron que la situación podía solucionarse con el procesamiento de la renuncia de Silvia Consuelo Terán Santacruz, precandidata a la Alcaldía de Urcuquí, pues su reemplazo habría modificado la conformación provincial de las candidaturas encabezadas por mujeres. No obstante, el Tribunal concluyó que no existía sustento jurídico para admitir una inscripción condicionada a que se tramitara posteriormente la renuncia de otra candidatura, ni para reabrir una etapa electoral cuyo plazo ya había concluido.

Asimismo, las demandantes atribuyeron a la administración electoral una supuesta falta de diligencia por no haber procesado oportunamente la renuncia de Terán Santacruz. El TCE descartó esa acusación y señaló que la renuncia fue presentada el 16 de agosto y reiterada el 17 de agosto a las 15:18, mientras que la Junta realizó las actuaciones correspondientes y emitió su resolución el 19 de agosto, por lo que no se configuró la alegada inacción administrativa.

Finalmente, el Tribunal enfatizó que las etapas del proceso electoral están sujetas al principio de preclusión y que sus plazos son fijos e improrrogables, por lo que el principio pro-participación no permite crear excepciones a las reglas establecidas. En consecuencia, al no haberse finalizado la inscripción dentro del plazo y al no cumplirse la exigencia de paridad provincial, el TCE negó el recurso y mantuvo la decisión que dejó fuera de la contienda a Hermosa, quien iba por la reelección.

EXPRESO intentó obtener la reacción de la actual alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, sobre la decisión del TCE y su exclusión de la contienda electoral. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Los puntos claves

• Gisella Bayona anunció este 2 de septiembre que deja el ejercicio periodístico, pero no ha revelado cuál será su siguiente paso profesional.
• La periodista tampoco ha aclarado si su salida del periodismo será definitiva o temporal.
• Fundamedios alertó sobre una campaña digital contra Bayona: entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esa narrativa.
  
• Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y afirmaciones sin sustento dentro de las publicaciones difundidas contra Bayona.

La despedida de Gisella Bayona del periodismo deja ahora otra pregunta: ¿qué viene después? La periodista anunció el pasado 2 de septiembre que se aleja del ejercicio periodístico, tras varios días en los que su nombre y el de su esposo, José Roberto Alvear, quedaron en medio de una campaña de señalamientos en redes sociales.

La polémica comenzó luego de unas declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien habló el 28 de agosto, durante una entrevista radial, de una comunicadora que sería proveedora del sistema de salud y cuya pareja tendría vínculos con las llamadas “mafias eléctricas”. Aunque no mencionó nombres, horas después varias cuentas identificaron a Bayona y a su esposo como los aludidos.

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Después vinieron publicaciones, acusaciones y documentos que, según verificó Lupa Media, incluían información manipulada, datos sacados de contexto y afirmaciones que no pudieron ser comprobadas.

En medio de ese escenario, Bayona decidió despedirse públicamente del periodismo.

“Hoy elijo a mi familia”

La comunicadora anunció su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. Dijo que se alejaba para proteger a su familia.

“Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia”, expresó.

Bayona también rechazó las acusaciones que circularon en su contra y negó mantener negocios con el sistema de salud pública. Sobre su esposo, sostuvo que los procesos judiciales mencionados durante la polémica concluyeron a su favor y que él fue víctima y denunciante en un caso relacionado con un exsocio.

Pero su mensaje dejó una duda: ¿qué pasará ahora con Gisella Bayona?

La salida que no es como la de TC Televisión

Esta no es la primera vez que Bayona deja un espacio en los medios. En enero de 2026 salió de TC Televisión, como parte de una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de varios talentos del canal.

Pero entonces no dejó el periodismo. Después de su salida de la televisora, Bayona continuó activa en redes sociales, donde siguió publicando contenidos y opiniones sobre la coyuntura nacional.

Esta vez, en cambio, fue ella quien anunció que se aparta del ejercicio periodístico. Hasta ahora, Bayona no ha dado más detalles sobre lo que viene después de esta decisión.

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Más de 1.300 publicaciones en cuatro días

El anuncio llegó después de varios días de una intensa campaña en redes sociales.

Fundamedios alertó sobre lo que calificó como una campaña digital contra la periodista y pidió a la Fiscalía investigar el origen de los contenidos y determinar si existió coordinación entre las cuentas que difundieron los señalamientos.

Según el análisis de Lupa Media citado por la organización, entre el 28 y el 31 de agosto se registraron más de 1.300 publicaciones relacionadas con esta narrativa.

El monitoreo identificó alrededor de 907 usuarios, más de 76.000 interacciones y una audiencia potencial superior a los 2 millones de personas.

Además, Lupa Media identificó capturas manipuladas de documentos de la Fiscalía y otras afirmaciones que no pudieron ser demostradas.

Fundamedios pidió también que las autoridades eviten declaraciones que puedan terminar identificando o estigmatizando a periodistas y que, posteriormente, deriven en campañas de desprestigio.

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¿Qué viene ahora?

Por ahora, Gisella Bayona no ha precisado si su despedida del periodismo es definitiva o si se trata de una decisión tomada en medio de la situación que atravesó durante los últimos días.

Lo último que dejó claro fue la razón de su decisión. “Hoy elijo a mi familia”, dijo. 

Lo que debes saber

• José Raúl Mulino visita Guayaquil para una cita oficial con Daniel Noboa.
• La agenda abordará comercio bilateral, inversiones y lucha contra el crimen organizado.
• Panamá es valorado como un centro estratégico financiero y logístico para la región.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribará este viernes 4 de septiembre de 2026 a la ciudad de Guayaquil para sostener una reunión oficial con el primer mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. El encuentro bilateral se llevará a cabo con el objetivo de fortalecer la cooperación interestatal y revisar prioridades compartidas en materia económica y de seguridad regional frente a las amenazas del narcotráfico y las bandas delictivas transnacionales.

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Los ejes estratégicos de la agenda bilateral entre Ecuador y Panamá

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, informó previamente los temas prioritarios que tratarán ambos jefes de Estado durante la jornada de trabajo en territorio ecuatoriano.

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La agenda oficial se concentrará en tres ámbitos fundamentales:

El rol de Panamá como polo logístico y comercial

En declaraciones concedidas a radio Centro Digital, el canciller ecuatoriano Roberto Kury remarcó que las dos naciones preservan una “relación histórica” y enfatizó el momento favorable de los nexos diplomáticos, al calificar que existe una “excelente relación” con el Gobierno encabezado por José Raúl Mulino.

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Asimismo, la autoridad de la diplomacia ecuatoriana subrayó la posición geográfica y económica del país centroamericano al definirlo como un punto clave financiero y logístico, aprovechado por múltiples compañías internacionales para “distribuir o entrar a Latinoamérica”.

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La cita en el puerto principal da continuidad a los acercamientos de alto nivel desarrollados previamente por las administraciones de ambos países:

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional debatirá este 3 de septiembre las reformas a la Ley de Tránsito, que plantean regular por primera vez el servicio de delivery en motocicletas.
• La propuesta establece requisitos para los repartidores, crea un registro nacional y fija nuevas obligaciones para conductores extranjeros.
• Los municipios deberán aprobar ordenanzas en sintonía con las nuevas especificaciones de las reformas. 

Este 3 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional definirá el futuro de las reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Uno de sus puntos centrales es la regulación del transporte de bienes a domicilio o ‘delivery’.

El proyecto de ley que se tratará en la sesión 121 del Pleno de la Asamblea define este tipo de transporte como aquel que tiene como objetivo el traslado especializado de alimentos, productos, artículos de consumo y otros bienes de pequeño tamaño y de lícita comercialización, realizado mediante motocicletas homologadas a cambio de una contraprestación económica.

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La normativa plantea reconocerlo como un subtipo del transporte comercial de carga ligera. Así, por primera vez, este tipo de transporte sería regulado y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) será la encargada de emitir el reglamento para viabilizar la ley en este aspecto.

¿Qué requisitos se plantean?

En las reformas a la Ley de Tránsito también se especifica que deberá crearse un registro nacional de quienes presten este servicio. Este estará administrado por la ANT y será necesaria una coordinación con los municipios del país.

La inscripción en este registro será obligatoria para todos los repartidores, independientemente de su modalidad de contratación, vínculo laboral o intermediación mediante plataformas digitales. Para la implementación del registro, la ley plantea un plazo de tres años.

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¿Qué pasa con los conductores extranjeros?

La propuesta también habla de la regulación de los conductores que no son ecuatorianos. La reforma exige que los repartidores extranjeros porten obligatoriamente su pasaporte junto con la visa o el sello de ingreso vigente que certifique su estancia legal en el país.

Asimismo, si la categoría migratoria está vencida, el conductor perderá la facultad de conducir y el vehículo será retenido en caso de cometer una infracción.

Disposición para los municipios

Una vez que la ANT emita la normativa nacional secundaria, para lo cual tiene un plazo de 360 días, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos tendrán un plazo de 90 días para expedir sus ordenanzas complementarias locales.

Además, en ese mismo periodo, los municipios deberán desarrollar sistemas de denuncias ciudadanas en línea para facilitar el control de los repartidores.

El informe para el segundo y definitivo debate fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su presidenta, Valentina Centeno (ADN), dijo esta mañana en una entrevista con Teleamazonas que es importante el registro para tener identificados a quienes se dedican a esta actividad.

“Esto debe ser alimentado en conjunto con los distintos municipios”, manifestó. También dijo que, ante la posibilidad de clonar chalecos y cascos, el registro también implica una identificación digital.

En el marco del sorteo de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, el presidente de la entidad, José Cabrera, explicó que la decisión se tomó con base en lo que contempla el reglamento de Pachakutik, organización que auspicia la candidatura de González.

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El tema pasa porque el Código de la Democracia contempla la posibilidad de que las organizaciones políticas presenten candidatos en calidad de invitados. Según Cabrera, esto debe estar especificado en los reglamentos de los movimientos políticos.

“El Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas, dentro de sus reglamentos deberían especificar. En el caso de Pachakutik no hay nada en su reglamento interno acerca de la situación de los invitados”, señaló Cabrera.

Con ese argumento, el CNE negó la impugnación que presentó González a la decisión de la Junta Electoral de Manabí. Así, el tema pasó al TCE, luego de que el 1 de septiembre de 2026 la precandidata y expresidenta de Revolución Ciudadana presentara un recurso subjetivo.

¿Qué pasó con el recurso ante el TCE?

El TCE ya avocó conocimiento del recurso presentado. Esto ocurrió el 2 de septiembre de 2026. De acuerdo con el organismo de justicia electoral, se dispuso que González aclare y complete su escrito.

Entre sus pedidos está que González cumpla con los requisitos previstos en el artículo 245.2 del Código de la Democracia. Esto es: “Nombres y apellidos completos de quien comparece, con la precisión de si lo hace por sus propios derechos o por los que representa”.

También solicitó que “se especifique de forma clara y concreta cuáles son los derechos subjetivos que considera vulnerados por el acto o resolución”.

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El documento emitido por el TCE también advierte que, en caso de no aclarar y completar su escrito de interposición dentro del plazo concedido, se procederá al archivo de la causa. El plazo para completar el recurso es de dos días.

Lo que debes saber

• La periodista Gisella Bayona se retira del periodismo tras sufrir una brutal campaña digital con más de 900 cuentas coordinadas.
• La verificación de Lupa Media expone la creciente presión autoritaria sobre las voces críticas en Ecuador.
• Los señalamientos del presidente Noboa sobre los presuntos vínculos con "mafias eléctricas" del esposo de Bayona tendrán un efecto.

“Señor presidente, usted ganó”. Con esa frase, Gisella Bayona anunció su decisión de retirarse del periodismo luego de haber soportado una violenta y perversa campaña en su contra, en la que se la tachó, a ella y a su esposo, José Alvear Campodónico, de corruptos. El anuncio sacudió las redes sociales y, probablemente, le costará popularidad al Gobierno, a tal punto que quizá la que salga finalmente ganando sea Bayona y no el presidente. Esto, porque se trata de un caso más de desaparición de voces críticas en el periodismo por presiones autoritarias ejercidas desde el poder, cuando el Gobierno ya está siendo percibido como autoritario y muy poco democrático.

El operativo en contra de la periodista fue burdo y cobarde: casi 900 cuentas de redes sociales publicaron supuestas noticias en las que el esposo de Bayona aparecía como una persona corrupta y llena de denuncias en su contra en la Fiscalía. Todas esas acusaciones fueron desmentidas por la verificadora de noticias Lupa Media, que demostró que habían sido falsificadas y presentadas a la opinión pública de forma fraudulenta. La campaña fue gigante: Lupa Media identificó a 907 usuarios involucrados, más de 1.300 publicaciones coordinadas, 76.100 interacciones generadas y una audiencia potencial superior a 2 millones de personas.

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La alusión de Bayona al presidente tiene una explicación. El operativo arrancó con una entrevista a Daniel Noboa en Radio Centro Digital, de clara orientación progubernamental. Noboa no mencionó el nombre de Bayona ni el de su esposo, que fue el mayor blanco del operativo, pero lo que ahí dijo sobre “una periodista” fue inmediatamente replicado con violencia inusitada, mostrando a la periodista y a su esposo con nombre y apellido en las cuentas de redes sociales que trabajan para amplificar la agenda del Gobierno.

“Hay también hasta periodistas que ahora tienen medios digitales y aparte que insultan todos los días al Gobierno, son proveedores del sistema de salud ecuatoriano, ¿cómo puedes salir a criticar? Si eres proveedora de salud del sistema ecuatoriano y, al mismo tiempo, tu pareja está en todas las mafias eléctricas de hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, soltó Noboa, quien luego remató con este anuncio: “La investigación está lista”.

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Pasaron apenas minutos cuando se lanzó la ofensiva digital en contra de Bayona: se empezaron a difundir imágenes y afirmaciones que apuntaban a que el esposo de Bayona, José Alvear Campodónico, es corrupto. Plataformas alineadas al Gobierno, como La Data, Contraluz, Contraplano y La Calle, difundieron acusaciones contra Alvear relacionadas con falsificación informática y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. En la mayor parte de estas publicaciones acusaron a Bayona de “encubrir” a su esposo, hablaron de “doble moral” y cuestionaron que una periodista pudiera desconocer los antecedentes de la persona con la que se casó. El mensaje era: Bayona es corrupta porque su esposo es corrupto.

Bayona se pronunció pasado el mediodía del miércoles 2 de septiembre, en un video que publicó en sus redes sociales. Lo hizo de forma pausada y negó la veracidad de las acusaciones que se le hicieron a su esposo y también las alusiones que hizo el presidente Noboa de que hacía negocios con el sistema de salud pública.

"Yo elijo a mi familia": el impacto de una renuncia incómoda

“Nunca he sido proveedora del Estado. He hecho periodismo toda mi vida. Cuando reclamo porque faltan medicamentos no defiendo un negocio, defiendo a la gente, a los ecuatorianos que llegan a un hospital público y no encuentran lo que necesitan, a esas familias desesperadas porque una medicina no llega”, dijo. Y agregó: “Pero ahora, para desacreditarme, atacan también a mi esposo, a mi familia. Hablan de supuestas investigaciones contra mi esposo por apropiación fraudulenta, falsificación informática y uso de documento falso. Es tan simple como revisar los expedientes judiciales. En esos procesos, mi esposo fue quien denunció a su exsocio. Fue él la víctima, no el acusado. (…) También lo acusan de ser parte de mafias del sector eléctrico, cuando jamás ha tenido contratos ni relaciones comerciales con el sector eléctrico del Ecuador, y llegan incluso a llamarlo testaferro de Glas. Se fundamentan en un artículo que el mismo medio que lo publicó hace años tuvo que desmentirlo. Y entonces me pregunto: ¿soy yo realmente el problema? ¿Por qué invertir tanta energía en quien piensa distinto? ¿Por qué no mejor invertirla en conseguir esas medicinas que todavía faltan en los hospitales públicos? ¿Por qué no invertirla en combatir a los delincuentes que extorsionan y matan a los ecuatorianos?”.

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Al final del video es cuando hace el anuncio de su decisión de retirarse: “Por eso hoy doy un paso al costado en el ejercicio periodístico. Me duele por las personas que alguna vez vieron en mí una voz que podía reclamar lo que ellos no podían reclamar, por quienes me buscaron porque faltaban medicinas, porque sufrían una injusticia o porque necesitaban que alguien preguntara. Pero hoy yo elijo mi familia. Y quizá lo verdaderamente preocupante no sea que una periodista decida dejar de cuestionar, sino que siente que tiene que hacerlo para proteger a los que ama. Yo hice mi elección. Yo elijo a mi familia y al país le dejo una pregunta: ¿en qué momento llegamos a esto? Eso, ahora sí, nada más”.

La rendición de Bayona trae a colación una frase de Montaigne: “Hay pérdidas triunfantes que envidian las victorias”. Quizá quien ganó no fue Noboa, sino Bayona.

Lo que debe saber

• La izquierda ecuatoriana busca dejar atrás años de enfrentamientos y consolidar una unidad electoral frente a Daniel Noboa.
• Revolución Ciudadana, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano sellan alianzas en varias provincia.
• El rol de Pachakutik aún es una incógnita tras polémica por candidatura de Luisa González.

En la mesa están Natasha Rojas, de Unidad Popular (UP); Gabriela Rivadeneira, de Revolución Ciudadana (RC), y Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Años atrás, quizá tan solo cinco, la imagen hubiese parecido imposible. Hoy, los movimientos de izquierda que antes estuvieron enfrentados buscan que el acercamiento vaya más allá de la coyuntura electoral.

El correísmo y la UP (exMPD), tienen una historia de enfrentamientos. La RC no solo arremetió contra la UNE, una de sus organizaciones base, sino que auspició y defendió la creación de una organización paralela: la Red de Maestros.

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Con el PSE, la historia no fue muy distinta. Durante el gobierno de Rafael Correa, uno de sus militantes y expresidente, Enrique Ayala Mora, fue atacado en varias ocasiones. En ese entonces, para el correísmo, la única izquierda o progresismo posible era el suyo.

El gobierno de Daniel Noboa, sin embargo, logró impulsar la unidad de la que hablaban desde hace años atrás.

Aunque esta vez comparten casilleros y aparecen juntos en ruedas de prensa, el primer gran evento que motivó el acercamiento, al menos entre el correísmo y el PSE, fue el acuerdo de Tixán. Allí participó otro de los antes declarados enemigos del correísmo: Pachakutik.

El origen de la unidad y sus apuestas

Esta vez, la suspensión de Revolución Ciudadana y, luego, de Amigo -movimiento que auspiciaría a los candidatos del correísmo- por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) posibilitó alianzas para buscar dignidades en los municipios y prefecturas del país.

En Quito, el PSE y UP auspician al alcalde, Pabel Muñoz, para la reelección y a Alexandro Tonello para la Prefectura de Pichincha. En Guayaquil, el PSE también auspicia a Fiorella Ycaza, esposa del alcalde Aquiles Álvarez, para la Alcaldía.

En Manabí se produjo la alianza más cuestionada. Luisa González se inscribió para buscar la Prefectura con Pachakutik. Dicha postulación ya fue negada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el tema escalará hasta el TCE.

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El presidente del PSE, Gustavo Vallejo, dijo que, aunque existen diferencias que los alejan del progresismo representado por el correísmo, el proceso de unidad partió del análisis de la coyuntura. 

“El país está bastante mal con una economía deteriorada, crimen organizado que ha permeado la institucionalidad pública, una crisis de servicios de educación y salud; además del asfixia al sistema democrático”, mencionó.

Vallejo lo planteó así: “La idea es que este acuerdo que hoy es electoral se ratifique en levantar líneas programáticas que es lo más importante”.

"Vencer el autoritarismo de Noboa"

Desde el lado de Unidad Popular, la primera apuesta es lograr dignidades en las principales ciudades y provincias del país. Geovanny Atarihuana, dirigente de esa organización, dijo que después de eso deberá mantenerse la unidad para cumplir con los electores. Pero el origen de la nueva unidad tiene que ver con “vencer el autoritarismo de Daniel Noboa”.

Las rencillas del pasado, al menos por ahora, parecen estar en segundo plano. La misma Luisa González ha dicho que, si se ahonda en el “tú me hiciste y en el yo te hice nos vamos a estancar”. “¿Cómo nos quiere la derecha?: divididos”, aseguró el pasado 26 de agosto.

"La idea es que este acuerdo que hoy es electoral se ratifique en levantar líneas programáticas que es lo más importante".Gustavo Vallejo

Pero, sobre las nuevas alianzas aún resta la interrogante sobre el rol de Pachakutik. Si bien en Manabí se cobijó a González, ese acercamiento levantó voces de militantes históricos. El mismo Salvador Quishpe dijo a EXPRESO que la unidad debe construirse sobre la base de un programa que tenga, entre otras cosas, la defensa de la naturaleza. Entonces, dudó de si esa era la posición del correísmo.

Lo que debes saber

• Con 95,48 % de votos, GRANASA aprobó vender terreno en Durán, pero la firma interventora frena el trámite.
• Inmobiliar se opone con el 2,56 % mientras la interventora suma pedidos y posterga la venta del predio.
• La Ley de Compañías limita a la interventora: no puede anular sin resolución lo votado por la junta.

El 17 de agosto de 2026, los accionistas de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) se reunieron en junta general y aprobaron la venta de un terreno de la empresa en Durán. Votó a favor el 95,48 % del capital.

En esa reunión estuvo Flor María García Ocaña, la interventora que la Superintendencia de Compañías designó en la empresa.

Han pasado quince días. La venta no se ha hecho. Falta su firma.

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Caso GRANASA: ¿Hasta dónde llega el derecho de un accionista minoritario?

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Lo que ocurrió en esas dos semanas

Un solo accionista votó en contra: Inmobiliar, que tiene el 2,56 % de las acciones. Ese paquete, además, está en disputa en los tribunales.

Antes de la junta, Inmobiliar pidió información sobre la venta. GRANASA se la entregó el 14 de agosto, tres días antes de la reunión.

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Después de la junta volvió a solicitar información. Y luego pidió a la Superintendencia que suspendiera lo que se había resuelto.

La interventora, que ya había presenciado la junta, también pidió información entre el 24 y el 28 de agosto, la cual le fue entregada. El 31 de agosto pidió más: esta vez, documentos que corresponden a la revisión que hace el comprador antes de hacer la adquisición, no la empresa que vende.

Y así, un pedido detrás de otro, pero la firma no llega.

Qué puede y qué no puede hacer una interventora

La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de una compañía. Así lo dice la Ley de Compañías.

La interventora vigila, revisa, pide cuentas e informa. No reemplaza a la junta ni decide en su lugar.

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¿Puede un interventor trabar el buen desempeño de la empresa?

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Si la Superintendencia considera que esa venta no debe hacerse, tiene que indicarlo con una resolución escrita y motivada, que la empresa pueda impugnar. Eso no ha ocurrido.

Lo que hay es una decisión aprobada por los accionistas que no se ejecuta porque nadie firma y nadie explica por qué.

El artículo 233 de la Constitución es claro: ningún funcionario público está libre de responsabilidad por lo que hace ni por lo que deja de hacer.

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Código de la Niñez en la Asamblea: las claves del proyecto suspendido sin consensos

Valeria Alvear

Esteban Torres, asambleísta de ADN, sostiene que la medida implicaría un incremento de casi 6,7 % en los gastos asociados a una eventual maternidad. 

“Si con esta ley ampliamos plazos pagados a seis meses, en el caso de mujeres; y en el de los hombre de tres es, 15 a 30 días, lo que pasará es que menos empresas querrán contratar mujeres”, señaló.

Torres cuestionó el costo de la propuesta y añadió: “En la práctica, todos estaríamos de acuerdo en que padres y madres pasen tres años con los hijos, pero ¿quién paga, a qué costo?”. Por estas discrepancias, la sesión fue suspendida y el tema será tratado posteriormente.

Deberían revisar el golpe para el Seguro Social

Patricia Borja, experta en Seguridad Social, también expresó su preocupación por el impacto financiero que tendría la reforma en el Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS. “No se evidencia que se haya siquiera considerado el impacto financiero”, señaló.

Borja sostuvo que las autoridades del IESS deberían revisar los planteamientos, tomando en cuenta todas las recomendaciones de la Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística de la institución.

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La experta recordó que hace 35 años, en 1991, una reforma al Código del Trabajo amplió la licencia de maternidad de ocho a 12 semanas. 

Y, posteriormente, la resolución 783, de 1992, incrementó la prima de aportación patronal para financiar las cuatro semanas adicionales del subsidio por maternidad. Anotó que la Corte Constitucional ha señalado que toda reforma en materia de seguridad social referente a las prestaciones debe contar con estudios actuariales que determinen la viabilidad de la propuesta, entre otros parámetros.

Lo que debe saber

• 18.224 millones de dólares: Ese fue el monto negociado por el mercado de valores ecuatoriano durante 2025, un 13 % más que en 2024.
• 55 % en Guayaquil: Cerca del 55 % de las negociaciones del mercado de valores nacional se realizan a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
• Primera mujer: Martha González es la primera mujer en ocupar la gerencia general de la BVG. Su gestión pone énfasis en tecnología, educación financiera, nuevos productos e internacionalización.

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) cumple 57 años de vida institucional en medio de un proceso de transformación que busca ampliar el papel del mercado de valores dentro de la economía ecuatoriana.

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Uno de los principales cambios ha sido el liderazgo de Martha González, la primera mujer en ocupar la gerencia general de la institución. Desde su llegada, la BVG asegura haber impulsado una mirada distinta sobre el mercado bursátil, con énfasis en la comunicación, la educación financiera, la tecnología y una mayor conexión con el sector productivo.

“Hoy por hoy tenemos a una mujer al frente de la Bolsa de Valores Guayaquil. Eso sin duda ya es un cambio importante. Es hacer historia”, señaló González durante la celebración del aniversario.

Para la gerente, el mercado de valores debe dejar de mirarse hacia dentro y observar lo que ocurre en otros países de la región y del mundo, donde la actividad bursátil funciona como un complemento del sistema bancario.

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Logros de la Bolsa

Los resultados muestran el crecimiento registrado en los últimos años. González recordó que, antes de la pandemia, el mercado de valores ecuatoriano llegó a transaccionar cerca de 17.000 millones de dólares en su mejor año.

En 2025, el monto negociado alcanzó los 18.224 millones de dólares, alrededor de 13 % más que en 2024. Y el dinamismo se mantiene en 2026: hasta agosto, el mercado bursátil ya había negociado una cifra que ayudará a tener un buen resultado este año.

De ese monto, cerca del 55 % de las negociaciones del mercado de valores ecuatoriano se realizan a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, según Francisco Jarrín, director de la institución.

Para los directivos de la BVG, estas cifras reflejan un mercado que gana confianza y que empieza a ser considerado por empresas e inversionistas como una alternativa real de financiamiento y colocación de recursos.

Nuevas iniciativas

González insiste en que el mercado de valores no busca reemplazar a la banca, sino complementarla. La posibilidad de que una empresa pueda acudir a diferentes fuentes de financiamiento permite ampliar sus opciones, especialmente cuando se trata de recursos de largo plazo.

En los últimos años también se han incorporado nuevos participantes y productos. Entre ellos están operaciones de titularización vinculadas al sector inmobiliario y fondos de inversión que utilizan el mercado bursátil como plataforma para atender las necesidades del sector productivo y de personas naturales.

“Mientras el cliente tenga más opciones para elegir, ese es el mercado que todos queremos”, sostuvo González.

La BVG también ha puesto énfasis en la educación financiera. Sus representantes aseguran que han llevado información sobre el mercado de valores a colegios, universidades, instituciones y cámaras empresariales, con el objetivo de que más personas conozcan cómo funciona y qué alternativas ofrece.

Tecnología y apertura internacional

El siguiente paso está marcado por la tecnología. González señaló que la Bolsa ha creado un laboratorio que busca funcionar como un hub bursátil, desde donde se generen nuevas ideas y soluciones para el mercado.

El objetivo es que las operaciones bursátiles en Ecuador sean cada vez más ágiles y seguras y que la infraestructura local pueda acercarse a los estándares de otros mercados internacionales.

La internacionalización también aparece entre los desafíos. La BVG busca fortalecer sus vínculos con otras bolsas de la región, como lo demuestra el reconocimiento entregado durante el aniversario por la Bolsa Centroamericana de Valores de Honduras.

La meta, según González, es que Ecuador deje de mirar únicamente hacia su mercado interno y empiece a construir conexiones con la región y, posteriormente, con otros mercados internacionales.

Cambios a la normativa

El aniversario también ocurre mientras se los asambleístas discuten reformas al mercado de valores. La BVG mantiene conversaciones con las autoridades y busca que sus propuestas técnicas sean consideradas en la revisión de la normativa.

Uno de los puntos de debate es la posibilidad de que los bancos vuelvan a tener casas de valores. González aseguró que no se opone a los cambios, siempre que beneficien al mercado en su conjunto.

Su preocupación está en preservar el papel especializado de las casas de valores, a las que considera expertas en la estructuración y asesoría de las operaciones bursátiles.

Otro de los planteamientos es fortalecer el mercado secundario y abrir mayores posibilidades para la negociación de acciones. La BVG también mira con interés la creación de una bolsa de productos, considerando que Ecuador es un país productor.

Una bolsa que abre puertas

Para Roberto Basante, miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, el crecimiento de la Bolsa no debe medirse únicamente por el monto negociado.

El verdadero desafío, dijo, es determinar cuántas nuevas empresas logran financiarse, cuántos proyectos productivos pueden crecer, cuántos inversionistas se incorporan y cuánto ahorro se canaliza hacia actividades productivas.

La historia de la BVG comenzó en 1969, cuando se autorizó la creación de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. La primera rueda de negociación de la Bolsa guayaquileña se realizó posteriormente y marcó el inicio de una trayectoria que ha atravesado crisis, dolarización y transformaciones legales.

Hoy, 57 años después, la institución busca consolidar una nueva etapa. Para González, el reto no es solamente sobrevivir, sino transformarse.

La primera mujer en liderar la BVG considera que ese cambio también tiene un significado simbólico: abrir camino para que más mujeres puedan ocupar espacios de decisión dentro del mercado de capitales.

“Esta bolsa no es una construcción de concreto ni de cifras únicamente. Es una construcción de confianza”, dijo González durante el aniversario.