Lo que debes saber

• Ferdinand Álvarez aclaró si Inés Manzano debe asistir o no a la Comisión de Fiscalización durante el juicio político por el caso Progen y ATM.
• También reveló cómo avanzará el cronograma de pruebas y cuándo estaría listo el informe.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ferdinand Álvarez, confirmó que la presencia de la exministra de Energía Inés Manzano en las sesiones del juicio político por el caso ATM no es obligatoria, debido a un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, recalcó que el derecho a la defensa de la exfuncionaria está garantizado durante todo el procedimiento.

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La aclaración surgió antes de que la Comisión iniciara la fase de reproducción de la prueba documental presentada por los legisladores interpelantes. Según explicó Álvarez, esta etapa antecede a la práctica de los testimonios, por lo que todavía no corresponde convocar a los testigos anunciados dentro del proceso.

"No es obligatorio, lastimosamente. Si usted lee la ley, va a percatarse que existe un vacío al respecto. Lo que nosotros no podemos soslayar es evitar que ella se defienda. Ese ejercicio del derecho a la defensa está constitucionalmente garantizado"Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización

Juicio político a Inés Manzano entra en la fase de pruebas

Álvarez explicó que durante esta jornada los proponentes del juicio político presentarán la totalidad de su prueba documental y que, si el tiempo lo permite, la defensa de Manzano también comenzará a reproducir los documentos, audios y videos que forman parte de su expediente.

"Veamos qué pasa hoy día, si ella está conectada, si ella está presente, si están los abogados, si hay procuración judicial. No lo sé. Porque también se puede conectar a través del Zoom"Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización

Añadió que en anteriores juicios políticos algunos funcionarios han seguido las audiencias mientras sus abogados ejercían la defensa técnica, por lo que esa posibilidad también existe dentro del actual procedimiento legislativo.

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Comisión espera incorporar nueva prueba al expediente

Álvarez informó que la Comisión aceptó incorporar una nueva prueba documental solicitada por los interpelantes. Se trata del expediente del Tribunal de Arbitraje relacionado con el caso, documentación que será requerida oficialmente para sumarla al análisis antes de elaborar el informe final.

El legislador manifestó que la cantidad de evidencia presentada hasta el momento no es extensa y que únicamente están previstos tres testimonios, razón por la cual considera que la etapa probatoria podría concluir en pocos días.

"Yo creo que sí, porque la abundancia de la prueba no es tanta y además de la prueba testimonial también son tres testimonios, así que no hay mucha tela ahí tampoco"Ferdinand Alvarez, presidente de la Comsión de Fiscalización

Según el cronograma planteado por la Comisión de Fiscalización, los testimonios comenzarían entre el miércoles y jueves. Después de esa fase, los legisladores iniciarán la elaboración del informe que será enviado al Pleno de la Asamblea Nacional para que continúe el trámite del juicio político.

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¿Cuándo estaría listo el informe del juicio político?

Álvarez estimó que, si el desarrollo de las pruebas no presenta retrasos, el informe podría quedar listo alrededor del 23 de julio. Posteriormente, cada bancada analizará el contenido antes de definir la postura que llevará al Pleno cuando se vote el futuro político de la exministra.

El presidente de la Comisión insistió en que la decisión se adoptará únicamente después de revisar toda la evidencia incorporada durante el proceso y escuchar los argumentos de ambas partes.

Los temas claves de esta historia

• Juan Carlos Aveiga vendió sus acciones en tres empresas del sector salud el mismo día en que fue designado ministro de Salud
• Tayana S. A. reportó ingresos por más de 6 millones de dólares en 2025 por servicios de imágenes, radiología e instrumentación
• La revisión de registros públicos también identificó transacciones comerciales entre Tayana S. A. y Esculapio S. A. (Clínica Alcívar), del grupo empresarial donde Aveiga trabajó

Juan Carlos Aveiga Parra asumió el Ministerio de Salud el 10 de julio de 2026, en reemplazo de Jaime Bernabé, quien permaneció dos meses al frente de esa cartera de Estado. Con su designación, se convirtió en el octavo ministro de Salud durante el gobierno de Daniel Noboa.

La llegada de Aveiga es un nuevo intento de Noboa por aplacar la crisis hospitalaria que se ha agravado en los últimos años en el país, debido a deficiencias en la infraestructura sanitaria, en la atención a los pacientes, así como a la falta de insumos médicos y medicamentos.

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Antes de llegar al sector público, Aveiga desarrolló su carrera en el ámbito privado. Se desempeñó como director médico del Hospital Alcívar, de acuerdo con los registros societarios, y su nombramiento representa su primera experiencia en un cargo público.

Una revisión realizada por EXPRESO a registros societarios y financieros identificó que el mismo 10 de julio, día de su designación, Aveiga transfirió la totalidad de las acciones que mantenía en tres empresas vinculadas al sector de la salud: Tayana S. A., Empresalud S. A. e Interhospital S. A. Las tres compañías constan como activas.

Tayana: servicios de laboratorio, imágenes y farmacia

La empresa Tayana S. A., con domicilio en el barrio Centenario de Guayaquil, registra como actividad principal la prestación de servicios en clínicas de patología y diagnóstico realizados en laboratorios independientes. También desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos, servicios de cafetería e imágenes médicas, entre otras.

Los estados financieros reflejan ingresos por servicios de imágenes, radiología e instrumentación de 6,5 millones de dólares en 2025, frente a los 3,5 millones de dólares en 2024 (su principal cliente es Esculapio S. A. -una empresa relacionada-, representa el 95% de los ingresos). También se registran ventas de medicinas, cosméticos, implantes y productos de cafetería por 11 millones de dólares en 2025; y 10,1 millones en 2024.

El 10 de julio de 2026, Aveiga vendió su participación accionaria en esta empresa a Mafergon S. A., compañía cuyos accionistas son Eduardo Andrés Alcívar González y Maferholding EC S. A. (Mafergon LLC, en Estados Unidos), de acuerdo con los registros revisados.

El capital suscrito de Tayana asciende a 1,3 millones de dólares.

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Empresalud: actividades médicas y de diagnóstico

La segunda compañía en la que el actual ministro mantenía acciones era Empresalud S. A., domiciliada en la ciudadela Kennedy, en Guayaquil.

Su actividad económica registrada corresponde a actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento.

Los registros societarios muestran que Aveiga transfirió sus acciones a Joshep Gelo el 10 de julio de 2026, según los registros de la compañía.

Según los registros societarios, el capital suscrito de esta empresa es de 4.000 dólares. Por otro lado, la utilidad bruta de 2024 (el dato más reciente disponible a la lectura) se calculó en 133 mil dólares.

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Interhospital y su red hospitalaria

La tercera empresa es Interhospital S. A., ubicada en la Avenida del Bombero y vía a la Costa, en Guayaquil.

Su objeto social comprende actividades de hospitales especializados, tanto de corto como de largo plazo, incluyendo hospitales para enfermedades infecciosas, maternidad, centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, sanatorios especializados, así como establecimientos médicos en bases militares y centros penitenciarios, según consta en los registros consultados.

El 10 de julio, Aveiga también vendió sus acciones a Joshep Gelo. Interhospital registra 395 accionistas y un capital suscrito de 18 millones de dólares.

Las notas a sus estados financieros consolidados reflejan una utilidad antes del impuesto a la renta de 2,3 millones de dólares en 2025, frente a 828 mil dólares reportados en 2024.

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Relaciones comerciales entre compañías

La revisión documental también identificó transacciones comerciales entre empresas en las que Aveiga tuvo participación y otras relacionadas con su último lugar de trabajo.

Por ejemplo, los estados financieros de Tayana S. A. registran ingresos por 6,5 millones de dólares por servicios prestados a Esculapio S. A. (Clínica Alcívar) durante 2025. En 2024 esos ingresos fueron de 3,5 millones de dólares.

Además, los registros públicos muestran que Joshep Gelo, quien adquirió las acciones de Aveiga en Empresalud e Interhospital, mantiene participación en otras compañías dedicadas a la construcción y a la cría de larvas de camarón.

EXPRESO solicitó unos comentarios a Gelo, a través de los contactos telefónicos y correos electrónicos de una de las empresas donde tiene participación accionaria. No obstante, sigue pendiente una respueta.

Lo que debes saber

• La Contraloría confirmó que prepara un examen especial a la gestión de Diana Atamaint tras una solicitud del CNE. 
• Además, el contralor explicó cómo avanzan las auditorías en la Judicatura, el uso de inteligencia artificial para detectar incrementos patrimoniales y la colaboración con la Fiscalía en casos como Progen.

La Contraloría General del Estado confirmó que analiza el pedido del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar un examen especial a la administración encabezada por Diana Atamaint. El contralor Mauricio Torres Maldonado explicó que la auditoría dependerá del calendario electoral, aunque adelantó que el proceso podría comenzar en agosto.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, Torres señaló que la solicitud ya fue recibida por la institución y que actualmente se evalúa la planificación del examen. Explicó que, debido al período electoral, será necesario coordinar el cronograma para garantizar el acceso a la información sin afectar las actividades del organismo.

"En este caso específico podríamos arrancar en el mes de agosto"Maurcio Torres, Contralor General del Estado

El funcionario indicó que la Contraloría deberá contar con la autorización correspondiente para ejecutar el examen durante el proceso electoral. Añadió que el calendario será coordinado con el CNE, ya que buena parte de sus servidores se encuentra concentrada en la organización de las elecciones.

Auditorías a la Judicatura ya avanzan con varios exámenes en ejecución

Otro de los procesos que desarrolla la Contraloría corresponde al pedido realizado por el Consejo de la Judicatura, que solicitó revisar procesos administrativos y financieros ejecutados entre 2020 y 2026. Según Torres, la institución comenzó a atender el requerimiento hace aproximadamente dos meses.

El contralor explicó que el volumen de trabajo obligó a incorporar los exámenes de forma progresiva, debido a que se trata de auditorías no contempladas inicialmente dentro de la planificación anual. Sin embargo, aseguró que varios equipos ya trabajan en las primeras investigaciones.

"Son cerca de seis o siete exámenes; ya tenemos tres o cuatro en ejecución"Mauricio Torres, contralor General del Estado

Torres reconoció que la demanda de auditorías ha incrementado significativamente la carga operativa de la institución. No obstante, sostuvo que el esfuerzo de los auditores ha permitido ampliar la capacidad de control en diferentes entidades públicas.

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Contraloría utilizará inteligencia artificial para revisar declaraciones patrimoniales

El contralor también explicó cómo funcionará la revisión de las declaraciones patrimoniales juramentadas que deberán actualizar todos los servidores públicos entre el 15 de julio y el 15 de agosto. La información será procesada mediante herramientas tecnológicas desarrolladas por la institución.

"Tenemos un sistema donde se aplican modelos matemáticos y se trabaja con bases de datos, inclusive un poco de inteligencia artificial para determinar los crecimientos patrimoniales de los servidores públicos"Muaricio Torres, contralor General del Estado

El mecanismo también permite identificar diferencias patrimoniales y establecer un orden de prioridad para las auditorías. Cuando se detectan inconsistencias, la Contraloría emite indicios de responsabilidad penal que posteriormente son investigados por la Fiscalía.

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Contraloría mantiene apoyo a Fiscalía en casos como Progen y Trolebús

Durante la entrevista, Torres también se refirió al trabajo conjunto que mantiene la Contraloría con la Fiscalía General del Estado en investigaciones relacionadas con Progen, el Trolebús y otros casos derivados de auditorías realizadas por la institución.

Explicó que los equipos técnicos continúan rindiendo versiones y entregando documentación para respaldar las investigaciones penales, mientras la Contraloría sigue generando nuevos indicios de responsabilidad penal producto de los exámenes especiales.

Según Torres, la institución remite actualmente entre 20 y 40 indicios de responsabilidad penal cada mes, dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías. Añadió que la coordinación con la Fiscalía permite fortalecer las investigaciones mientras la Contraloría continúa ejecutando nuevos controles en distintas entidades públicas.

Lo que debes saber

• La Contraloría informó que más de la mitad de los exámenes patrimoniales realizados en gobiernos autónomos descentralizados terminaron con hallazgos penales.
• Además, reveló amenazas contra auditores e irregularidades detectadas en administraciones anteriores.

La Contraloría General del Estado mantiene bajo investigación a decenas de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El contralor Mauricio Torres Maldonado informó que, de 58 exámenes patrimoniales realizados desde 2024 en estas entidades, 32 concluyeron con indicios de responsabilidad penal, mientras otros procesos continúan en ejecución.

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Durante una entrevista en Teleamazonas, el funcionario explicó que las auditorías buscan establecer si el patrimonio declarado por los servidores públicos guarda relación con sus ingresos. Cuando existen diferencias que no pueden justificarse, los expedientes son remitidos a la Fiscalía para que determine si existe un delito.

La Contraloría también confirmó que actualmente desarrolla 37 exámenes patrimoniales adicionales en distintos gobiernos locales. Torres anticipó que los resultados de esos procesos serán presentados en los próximos días, una vez concluyan las auditorías.

"De los 58 exámenes que se han hecho en los GAD, 32 tienen indicio de penal"Mauricio Torres, Contralor General del Estado

Amenazas a auditores durante investigaciones en municipios

El contralor aseguró que las investigaciones en gobiernos locales no solo han permitido detectar posibles irregularidades patrimoniales, sino que también han expuesto riesgos para los equipos de auditoría. Según relató, en un cantón de la provincia del Guayas los funcionarios de la Contraloría fueron amenazados mientras realizaban un examen especial.

Debido a esa situación, explicó que decidió asumir personalmente la supervisión del proceso para garantizar que la auditoría continúe hasta su conclusión. El examen terminó encontrando indicios de responsabilidad penal que fueron incorporados al expediente correspondiente.

"He tenido que avocar yo el conocimiento de este caso porque fueron amenazados los auditores"Mauricio Torres, Contralor General del Estado

Torres sostuvo que estos hechos evidencian la presión que enfrentan los equipos técnicos durante las investigaciones y afirmó que las amenazas no solo ocurren en la Costa, sino también en otras provincias del país.

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Costa concentra más casos por debilidad en los controles internos

Aunque la Sierra registra un mayor número de instituciones auditadas, el contralor explicó que la Costa concentra más procesos relacionados con gobiernos autónomos descentralizados. Atribuyó esa diferencia a la falta de mecanismos efectivos de control interno en varias entidades públicas.

Según dijo, mientras los ministerios cuentan con estructuras de control más consolidadas, algunas dependencias y empresas públicas locales presentan mayores debilidades administrativas, situación que facilita la aparición de irregularidades.

"En la Costa existe una mayor cantidad de casos por falta de controles en las propias instituciones".

La Contraloría aseguró que trabaja en fortalecer los mecanismos preventivos mediante programas de capacitación dirigidos a las entidades públicas para mejorar sus sistemas internos de control.

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Balance de gestión: más de 3.500 auditorías y 591 casos enviados a Fiscalía

Como parte del balance de sus primeros siete meses de gestión, Torres informó que desde el 28 de noviembre de 2025 la institución aprobó 3.592 informes de auditoría, de los cuales 2.808 corresponden a informes generales y 591 contienen indicios de responsabilidad penal.

Las auditorías abarcan gobiernos autónomos descentralizados, Policía Nacional, Función Judicial y otras entidades públicas, además de controles sobre declaraciones patrimoniales juramentadas de servidores del Estado.

"Desde que empezamos nuestra administración se han realizado cerca de 3.592 exámenes a varios procesos"Mauricio Torres, Contralor General del Estado

El contralor señaló que buena parte de los hallazgos surgieron al comparar la información declarada por los funcionarios con los movimientos detectados en cuentas bancarias, bienes y otros activos que no pudieron ser justificados.

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Contraloría denuncia presuntas irregularidades de administraciones anteriores

Durante la entrevista, Torres también reveló que la institución detectó presuntas irregularidades cometidas en anteriores administraciones de la propia Contraloría. Entre ellas mencionó el uso de un supuesto "recurso extraordinario de revisión", mecanismo que, según afirmó, no está contemplado en el Código Orgánico Administrativo (COA).

El funcionario aseguró que este procedimiento habría sido utilizado para desvanecer glosas millonarias, por lo que toda la documentación fue remitida a la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes.

"Ya presentamos a la Fiscalía esta situación del recurso extraordinario de revisión que se utilizó para desvanecer glosas millonarias"Mauricio Torres, Contralor General del Estado.

Además, indicó que la institución encontró documentos presuntamente falsificados y fórmulas que, según dijo, nunca fueron aprobadas por los equipos técnicos de auditoría para reducir valores observados en procesos de control. Esas actuaciones también forman parte de las denuncias entregadas al Ministerio Público.

Así avanzan las alianzas electorales de los partidos para las seccionales de 2026

• Los partidos políticos tienen hasta el 18 de julio para registrar sus alianzas ante el CNE.
• Unidad Popular, Avanza y el Partido Socialista ya estructuraron sus coaliciones en varias provincias.
• Organizaciones políticas denuncian trabas para el registro de alianzas electorales en algunas delegaciones provinciales del CNE.

Las organizaciones políticas de Ecuador avanzan con cautela y sortean trabas en la última semana del periodo para el registro de alianzas electorales de cara a los comicios seccionales de noviembre de 2026. De acuerdo con el calendario actualizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el plazo definitivo terminará el próximo 18 de julio, fecha límite para que los partidos definan a sus aliados estratégicos en el territorio nacional. Ante este escenario decisivo, agrupaciones como Unidad Popular y Avanza ya estructuraron sus acuerdos en provincias clave, mientras que otras fuerzas mantienen absoluta reserva.

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Incertidumbre y hermetismo en los partidos políticos

El hermetismo con el que estas organizaciones políticas llegan a esta semana decisiva responde principalmente al ambiente de incertidumbre que ha rodeado el proceso electoral. Los procesos sancionatorios o de cancelación contra algunos partidos políticos, así como las impugnaciones sorpresivas a los procesos de democracia interna, ayudaron a sembrar ese sentimiento entre los dirigentes, según explica el analista político Giuseppe Cabrera.

A pesar de la urgencia del calendario oficial, las siguientes agrupaciones han preferido reservar sus acuerdos o no respondieron a las consultas de EXPRESO:

El mapa de alianzas de Unidad Popular y Avanza

En contraste con la reserva de otras agrupaciones, Unidad Popular ya tiene definidas sus alianzas electorales. Su director, Geovanni Atarihuana, indicó que sus principales socios estratégicos serán Pachakutik, Futuro, Avanza y el Partido Socialista Ecuatoriano, distribuidos de la siguiente manera:

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Por su parte, el partido Avanza también consolidó su mapa territorial. Su presidente, Javier Orti, señaló que participarán junto a Unidad Popular, Centro Democrático, Sociedad Patriótica, CREO y diversos movimientos locales bajo la siguiente estructura:

Estrategia del correísmo y el Partido Socialista Ecuatoriano

En el caso del movimiento Amigo, que auspiciará las candidaturas del correísmo en las seccionales, las definiciones se han esbozado a través de vocerías de la Revolución Ciudadana. Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la agrupación correísta, indicó previamente que sumarán más aliados para los comicios. Una muestra de ello es el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano a la candidatura de Juan Cristóbal Lloret —prefecto de Azuay electo por la Revolución Ciudadana— para la Alcaldía de Cuenca.

Finalmente, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, reveló que sus acuerdos se encuentran prácticamente cerrados. Aunque evitó precisar la totalidad de los territorios, adelantó que las coaliciones formalizadas a nivel nacional incluyen a:

Trabas para el registro de alianzas electorales

En medio de la definición de alianzas electorales, varias organizaciones políticas, como Unidad Popular, Partido Social Cristiano y el Partido Socialista Ecuatoriano, han enfrentado trabas al momento de registrarlas en las delegaciones provinciales del CNE.

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Las tres organizaciones políticas señalan que el principal problema que enfrentan es que las delegaciones provinciales del CNE no están registrando las alianzas con organizaciones políticas que no hayan realizado su proceso de elecciones primarias.

El experto electoral Esteban Ron recuerda que la definición de alianzas también debió formar parte de los procesos de democracia interna para establecer cómo se seleccionarían los candidatos. Si los partidos no lo hicieron, no podrán registrar la alianza.

Lo que debes saber

• Plan 77 se retira de la contienda electoral en El Oro, por lo que no presentará candidatos para la Prefectura ni para la Alcaldía de Machala.
• La decisión deja sin efecto la precandidatura de Darío Macas, procesado por presunto enriquecimiento ilícito.

El movimiento provincial Plan 77 anunció que no participará en las próximas elecciones seccionales para la Prefectura de El Oro y la Alcaldía de Machala, una decisión que deja sin efecto la precandidatura del exalcalde de Machala, Darío Macas.

La organización política informó, a través de un comunicado, que resolvió no presentar candidatos para esas dignidades tras un proceso interno de "diálogo, evaluación y análisis estratégico" junto con su dirigencia y militancia. El movimiento agradeció el respaldo de sus simpatizantes y aseguró que continuará desarrollando actividades políticas en la provincia.

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Darío Macas arrastra al movimiento 

Con esta decisión, Darío Macas ya no buscará la Prefectura de El Oro bajo el auspicio de Plan 77. De igual forma, Luis Gaibor no participará como candidato a la Alcaldía de Machala por esa organización.

El anuncio ocurre pocos días después de que Macas fuera vinculado al denominado caso Muralla. La Fiscalía lo procesa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y un juez dispuso prisión preventiva durante la audiencia de formulación de cargos. La investigación forma parte de una causa que indaga un supuesto incremento patrimonial no justificado.

Aunque el movimiento no relacionó expresamente su decisión con el proceso penal que enfrenta Macas, el retiro de las candidaturas se produce en medio de ese escenario judicial, que ha marcado el inicio del calendario electoral en El Oro.

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Proceso de inscripción de candidatos

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre un rechazo a la candidatura de Macas. La decisión conocida corresponde al desistimiento voluntario de Plan 77 de participar en esas dos dignidades, por lo que la organización no tendrá candidatos para la Prefectura de El Oro ni para la Alcaldía de Machala.

Lo que debes saber

• Danilo Carrera niega vínculos con Xavier Jordán tras un video del Mundial 2026 en Miami.
  
  
• HUB Management afirma que Jordán apareció de forma fortuita antes del Inglaterra-Noruega.
  
  
• La agencia pide frenar comentarios sin sustento que relacionen al actor con Jordán.

La agencia que representa a Danilo Carrera negó que el actor ecuatoriano mantenga algún vínculo con Xavier Jordán, quien apareció de forma fortuita en un video grabado durante el Mundial 2026 en Miami.

HUB Management Agency emitió un comunicado este lunes 13 de julio, luego de los comentarios que circularon en redes sociales sobre la presencia de Jordán en una publicación realizada por Carrera.

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Agencia de Danilo Carrera explica cómo ocurrió el encuentro

El registro fue captado antes del partido entre Inglaterra y Noruega, disputado el sábado 11 de julio. Danilo Carrera filmaba el ingreso al estadio cuando Xavier Jordán apareció detrás de él, mientras esperaba para acceder a los graderíos.

“Los talentos representados por HUB Management Agency que asistieron al encuentro deportivo entre Inglaterra y Noruega, fueron invitados por una marca como parte de una experiencia”, explicó la empresa.

La agencia también aseguró que la coincidencia en el estadio no representa una relación entre sus representados y Jordán. “Queremos dejar expresa constancia de que ninguno de nuestros talentos mantiene o ha mantenido relación personal, profesional o de cualquier otra naturaleza con la persona que aparece de manera fortuita en el video publicado”, indicó.

HUB Management Agency solicitó responsabilidad a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales al compartir información sobre el caso. También pidió que se eviten comentarios sin sustento que puedan relacionar a sus talentos con Jordán.

Xavier Jordán mantiene procesos judiciales en Ecuador

Xavier Jordán es requerido por la justicia ecuatoriana y tiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato del periodista y excandidato presidencial Fernando Villavicencio. También está procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis.

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La difusión roja de Interpol contra Jordán fue emitida el 18 de enero de 2024. El empresario ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra y ha negado cualquier participación en el crimen de Villavicencio.

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El conflicto por el artículo 79 de la Ley Legislativa

El debate se centró en la inclusión de un expediente completo de la Contraloría General del Estado, un informe de mayoría de la Comisión de Transparencia y copias de los procesos de arbitraje vigentes entre ATM y CELEC. La controversia jurídica surgió porque el oficialismo señaló que los interpelantes ya conocían estos documentos antes del 17 de junio de 2026, fecha en la que se presentó formalmente la solicitud de interpelación.

La asambleísta Ana Belén Tapia (ADN) presentó la moción para no incorporar la prueba nueva requerida. Su argumento se basó en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual establece que no se puede actuar prueba no anunciada oportunamente.

Según Tapia, los proponentes no justificaron de manera motivada por qué no contaban con esos elementos probatorios al inicio del trámite.

Durante la votación de esta moción, las abstenciones provinieron de los legisladores no oficialistas, mientras que la bancada de ADN votó a favor de no incluir las nuevas pruebas.

Entre los testimonios que quedaron fuera del expediente constan once nombres, entre los que están:

Los legisladores interpelantes, respaldados por las intervenciones de Ana Cecilia Herrera y Blasco Luna, señalaron que la intención de agregar el expediente completo buscaba transparentar las responsabilidades en el manejo del sector energético e investigar el presunto desvío de más de 90 millones de dólares. "El expediente completo debe ser solicitado para extender el proceso de análisis y debate en la mesa legislativa", reclamó el asambleísta Luna.

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Tras esta votación, la defensa de Manzano presentó formalmente sus pruebas de descargo, las cuales están contenidas en 13 anexos documentales. El proceso se reanudará este martes 14 de julio a las 15:00 para continuar con la fase de sustanciación.

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Poco después, los equipos participantes recibieron comunicaciones que, en la práctica, reabrían el proceso. La noche del 12 de julio, los 17 equipos fueron notificados por correo electrónico de una nueva fase de evaluación. 

Según explicó Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha y parte de uno de los grupos concursantes, la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano les solicitó confirmar, hasta las 23:59 del 14 de julio, si aceptaban someterse a esta "nueva fase" para diseñar el MuNa.

“Participamos con un equipo mexicano, Productora, y fuimos uno de los 17 proyectos presentados. Esto es un acto de completa irresponsabilidad por parte del Gobierno. El ministro Luque fue jurado de esta convocatoria; lo que correspondía era respetar la decisión adoptada y no desmontar el proceso”, señaló Guayasamín.

¿Una nueva convocatoria? ¿Con qué parámetros evaluarán los diseños para levantar el MuNa?

El arquitecto Handel Guayasamín cuestionó que, tras un fallo ya emitido, se plantee una nueva valoración sin claridad sobre el mecanismo, el jurado o los criterios. 

“Se desconoce el proyecto que el propio jurado evaluó y se propone una valoración con participación ciudadana para una decisión de esta naturaleza, sin garantías”, añadió.

Los equipos, encabezados en algunos casos por firmas internacionales, debían decidir en menos de 48 horas si aceptaban continuar. “No vamos a prestarnos a un manejo político del concurso”, dijo Guayasamín, quien aseguró que varios participantes comparten esa posición.

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El concurso siguió un cronograma definido: los anteproyectos se entregaron el 17 de junio y el veredicto se emitió el 6 de julio. 

Para Guayasamín, la decisión de reabrir la evaluación no tiene precedentes recientes y afecta la credibilidad institucional. También cuestiona la conformación del jurado —con tres representantes del Gobierno entre siete miembros— y lamenta que se intente dejar mal parado al Colegio de Arquitectos, que organizó el proceso técnico.

Más allá de las objeciones al resultado, Guayasamín subrayó que el fallo debía respetarse. “En un concurso se gana o se pierde, pero la decisión del jurado es la que rige”, afirmó. Los ganadores recibieron el reconocimiento en un acto oficial con presencia de la Vicepresidencia.

Para los participantes, lo ocurrido no solo compromete este proceso, sino que impacta en la confianza en los concursos públicos en un país donde, sostienen, la adjudicación de obra suele ser cuestionada.

Otro equipo, el de Esteban Najas, se pronuncia sobre la "nueva fase" del concurso para diseñar el MuNa

Esteban Najas, en representación de Najas Arquitectos, Arata Isozaki & Associates y MORF informó que han recibido la invitación para incorporar su propuesta a la que la convocatoria denomina "una nueva etapa final para la selección del anteproyecto arquitectónico del Museo Nacional del Ecuador".

Sin embargo, luego de una deliberación conjunta, indicó que "declinan la invitación". ¿Por qué? "La decisión no nace de una falta de compromiso, sino de la importancia que le atribuimos. Participamos en un concurso regido por bases, procedimientos y compromisos previamente aceptados por todos".

Y, Esteban Najas explica que la nueva invitación plantea un escenario diferente, "sin que hasta la fecha se hayan comunicado las condiciones, reglas y garantías institucionales necesarias para asumir responsablemente una nueva evaluación".

En un comunicado, que Esteban Najas compartió con EXPRESO y difundió en su cuenta de X, apunta que: "Un proyecto de esta trascendencia exige reglas conocidas, estables y verificables. La calidad de la arquitectura pública depende tanto de sus propuestas como de la confianza que inspiran los procesos mediante los cuales son seleccionados".

Esto confirmó el ministro Luque sobre la convocatoria a una nueva fase del concurso:

A través de su cuenta de X, el ministro Roberto Luque confirmó que "la empresa pública a cargo del proyecto ya contactó a los estudios arquitectónicos que presentaron sus proyectos. Les adelanto que ya hemos recibido, hasta el momento, la confirmación de seis de los estudios de arquitectura que participaron".

Además, Luque escribió que "mañana se hará pública la metodología para la evaluación y selección del ganador".

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La conformación de la mesa interventora

La medida de control se ejecuta bajo los parámetros de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) frente a la crisis presupuestaria y de gobernanza de la entidad. El CES dispuso a los miembros del pleno la recepción de hojas de vida hasta el martes 14 de julio para integrar la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI).

Esta delegación posee la facultad jurídica para ejecutar correctivos y suspender de manera precautelatoria las funciones de la planta directiva actual, incluido el rector Armando Muyolema, mientras se normalizan los indicadores de gestión.

Defensa de la autonomía institucional

La respuesta de la universidad fue inmediata. Mediante un comunicado oficial firmado por el Rectorado, la institución sentó su postura frente a los cuestionamientos sobre presuntas afinidades que habrían motivado tensiones internas. "Amawtay Wasi no responde a partidos políticos, candidaturas, agendas electorales ni intereses ajenos a su misión institucional", detalla el oficio.

La autoridad universitaria defendió su autonomía responsable y el libre pensamiento, advirtiendo que la crisis financiera no será motivo para ceder ante presiones externas. "Nuestros espacios institucionales no serán utilizados para proselitismo partidista ni para instrumentalización política", sentenció el documento, reafirmando que su legitimidad radica en la comunidad y los saberes ancestrales.

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Armando Muyolema: "La Universidad Amawtay Wasi no responde a agendas partidistas"

Marco Rivera

El reglamento de intervención del CES establece explícitamente que la llegada de los interventores no implica el cierre de aulas. Los más de 2.200 universitarios matriculados continuarán con el cronograma de estudios fijado para el semestre actual.

La directriz principal de la CIFI será garantizar la continuidad de la oferta académica, priorizando la optimización de los fondos existentes para cumplir con las obligaciones pendientes del personal docente y administrativo, cuya renovación de contratos fue congelada a inicios de julio por falta de liquidez.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa intentó impedir que el proyecto de Alberto Campo Baeza ganara el concurso del Museo Nacional.
• Según el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado, el Ejecutivo manifestó su oposición al proyecto ganador durante el proceso de evaluación.
• El episodio derivó en un conflicto entre el Gobierno y el jurado, al punto de que Zaera-Polo anunció que recomendará no participar en el siguiente concurso.

Un día antes de que se anunciara el veredicto sobre el proyecto ganador para el Museo Nacional, el presidente Daniel Noboa intentó impedir que el proyecto de Alberto Campo Baeza fuera el vencedor del concurso. Ese proyecto fue, finalmente, el triunfador. Noboa envió al jurado un mensaje con el que no pretendía imponer un proyecto como ganador, pero que claramente expresaba su oposición a que triunfara la propuesta que posteriormente desató una guerra en las redes sociales. Una guerra que, finalmente, le sirvió de pretexto al Gobierno para echar abajo el resultado del proceso.

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El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, dijo el viernes pasado, a las dos de la tarde, que el Gobierno desconocía el veredicto y anunció que seguiría adelante con la iniciativa de construir un Museo Nacional, pero esta vez no mediante un jurado, sino apelando directamente a la opinión de las redes sociales.

El detalle de la oposición del presidente Noboa al proyecto ganador, que hasta ahora nadie conocía, lo reveló ayer, lunes 13 de julio, el arquitecto español Alejandro Zaera-Polo durante una entrevista en el programa Politizados, de Diario EXPRESO. Zaera-Polo fue uno de los miembros internacionales del jurado y votó a favor del proyecto de Campo Baeza. Además, participó durante todo el proceso de selección de la propuesta ganadora.

Por lo que Zaera-Polo contó durante la entrevista, resulta evidente que la relación del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto con el concurso fue cordial, pero compleja. Ambos eran miembros del jurado y tenían derecho a voto. Noboa delegó su participación en el ministro Roberto Luque, mientras que Pinto designó a Carla Arellano, una de sus funcionarias.

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La historia, según Zaera-Polo, fue la siguiente: Roberto Luque mantuvo una actitud cordial con el jurado, pero solo asistió a una reunión, al inicio del proceso. De los cientos de encuentros que se realizaron, esa fue la única ocasión en que estuvo presente. Arellano, en cambio, participó durante buena parte del proceso, aunque tampoco asistió a las sesiones más decisivas, en las que el jurado fue inclinándose por el proyecto ganador.

“No estuvieron presentes cuando se analizaban las ventajas y desventajas”.Alejandro Zaera-Polo, arquitecto español y miembro del jurado.

Según el arquitecto español, cuando los delegados del Ejecutivo advirtieron que la balanza se inclinaba hacia el proyecto ganador, solicitaron que otro de los proyectos -al que prefirió no identificar- fuera ubicado en el segundo lugar del concurso. Inicialmente, el jurado no veía con malos ojos esa posibilidad, pero, a medida que avanzaban las deliberaciones, sus integrantes concluyeron que esa propuesta no tenía los méritos suficientes para ocupar el segundo puesto. Ni siquiera para recibir una mención honorífica, como en algún momento se planteó.

Un día antes de emitirse el veredicto, el presidente Noboa hizo llegar un mensaje en el que dejaba claro que cualquier resultado era aceptable, salvo que el ganador fuera el proyecto de Campo Baeza. Ante ello, el jurado decidió grabar un video explicando las razones técnicas de su decisión y enviárselo al Presidente. Poco después, la Presidencia comunicó que acataba el resultado, aunque, según Zaera-Polo, el ministro Roberto Luque nunca firmó el acta.

El arquitecto afirmó que desconoce las razones por las que Noboa se opuso con tanta firmeza al proyecto de Campo Baeza y que no cree que el Presidente tuviera un proyecto favorito para ganar, con la excepción de aquel que sus delegados pidieron ubicar en el segundo lugar.

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Zaera-Polo considera que a Noboa le incomoda el parecido formal entre el proyecto ganador y la Plataforma Gubernamental del norte de Quito. Admitió que existe cierta semejanza, aunque sostuvo que, desde el punto de vista arquitectónico, las diferencias entre ambas obras son abismales. “Creo que la razón de la oposición del Presidente era la semejanza formal entre la Plataforma y el proyecto de Campo Baeza”, afirmó.

Otro aspecto que relató fue que, durante las sesiones de trabajo, los miembros del jurado utilizaban notas adhesivas (Post-it) para evaluar los proyectos sobre una pizarra. Según dijo, allí se hizo evidente que los representantes del Ejecutivo favorecían propuestas vinculadas a lo que en arquitectura se conoce como el star system arquitectónico: una corriente asociada a la élite de diseñadores internacionales cuyos nombres se han convertido en marcas de prestigio y que, más que resolver problemas urbanos, privilegia la creación de edificios icónicos y escultóricos concebidos como herramientas de mercadeo urbano para gobiernos y promotores inmobiliarios.

Zaera-Polo fue todavía más lejos. Anunció que pedirá a los demás miembros del jurado y a los arquitectos ecuatorianos que no acepten una eventual invitación para participar en un nuevo concurso.

“Y si alguno de los que estuvieron participa y gana, yo ofreceré a todos los medios de Quito y del Ecuador una crítica del proyecto ganador. Yo sé por qué ganó el de Campo Baeza y por qué los otros perdieron. Los voy a destrozar con argumentos técnicos, urbanísticos y también desde el punto de vista del estilo”, sostuvo.

¿Quién es Alejandro Zaera-Polo?

Alejandro Zaera-Polo es uno de los arquitectos españoles más reconocidos de su generación. Obtuvo un máster en la Harvard Graduate School of Design y alcanzó proyección internacional como cofundador del estudio Foreign Office Architects, autor de obras emblemáticas como la terminal marítima internacional de Yokohama, en Japón. Posteriormente fundó el estudio AZPML. 

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Además de su trayectoria profesional, ha desarrollado una destacada carrera académica: fue decano de la Princeton University School of Architecture, dirigió el Berlage Institute de Róterdam y ha sido profesor en instituciones de prestigio como la Harvard Graduate School of Design, la Princeton University School of Architecture y la Yale School of Architecture.

José De La Gasca responde a denuncia contra    su postulación al concurso para fiscal general

• De La Gasca denunció la activación de una facultad de verificación en su contra, calificándola como un intento de descalificación por un supuesto "conflicto de interés".
• La acción ocurre tras un informe de la Misión Internacional de Observación, que recomendó anular el proceso debido a presuntas irregularidades.
• El candidato cuestionó la legitimidad de la Comisión Ciudadana de Selección y del Consejo de Participación Ciudadana, anunciando que desmontará formalmente los señalamientos.

El candidato al concurso para Fiscal General del Estado, José De La Gasca, recibió una notificación electrónica en la que se le informó que la Comisión Ciudadana de Selección activó la facultad de verificación en su contra. La medida surge a partir de una denuncia presentada el 9 de julio, la cual, según el postulante, carece de sustento legal y busca forzar su descalificación del proceso bajo el argumento de un presunto conflicto de interés. El hecho se da en medio de cuestionamientos internacionales a la legitimidad del concurso en Ecuador.

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Comisión Ciudadana inicia verificación contra José de la Gasca por presunto conflicto de intereses

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Postulante rechaza proceso de verificación en el concurso de Fiscal General

José De La Gasca comunicó que a las 22:45 del viernes 10 de julio se le notificó la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección de iniciar una revisión en su contra. Según el aspirante, la medida se fundamenta en una denuncia ciudadana interpuesta el 9 de julio, a la que calificó como una acción sin el rigor mínimo necesario para ser tramitada.

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De La Gasca afirmó que el procedimiento busca apartarlo de la selección para Fiscal General del Estado mediante el argumento de un supuesto "conflicto de interés". Ante esto, el candidato aseguró que responderá formalmente para desestimar los cuestionamientos relacionados con la gestión de los organismos a cargo.

Señalamientos de la Misión Internacional de Observación

El candidato vinculó el inicio de esta verificación con la reciente difusión del reporte de la Misión Internacional de Observación sobre la elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en Ecuador (MOI Ecuador). De acuerdo con el pronunciamiento, dicho organismo identificó observaciones críticas dentro del desarrollo del concurso público.

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De La Gasca detalló los puntos señalados por la veeduría internacional respecto al estado actual del proceso:

Cuestionamientos al CPCCS y observaciones de nulidad

Debido a los hallazgos reportados, la MOI Ecuador recomendó de forma explícita anular el concurso de selección. El candidato atribuyó la responsabilidad de la situación actual a la Comisión Ciudadana de Selección y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), apuntando de forma directa a la gestión de quien preside esta última institución.

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Finalmente, De La Gasca calificó la activación de la facultad de verificación en su contra como un mecanismo para desviar la atención de los problemas estructurales y la falta de legitimidad que afectan al proceso de designación judicial.

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Consejera rechaza frenar el concurso para Fiscal General: plantea informe jurídico para continuar

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Comisión verificará la postulación de De La Gasca

La Comisión Ciudadana de Selección decidió el 10 de julio de 2026 activar la fase de verificación respecto a José De La Gasca, aspirante al cargo de Fiscal General del Estado y exministro de Gobierno. La medida fue adoptada tras analizar una denuncia presentada por el abogado Darwin Norberto Moreno Benalcázar.

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En la denuncia se argumenta que el expediente de De La Gasca carecería del formulario de declaración de conflicto de intereses requerido para el proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Además, se advierte sobre la existencia de un presunto conflicto de intereses.

Lo que debes saber

• El Consejo de Educación Superior resolvió aplicar una nueva medida de control sobre Amawtay Wasi.
• La decisión se tomó tras analizar informes y denuncias que motivaron un intenso debate entre los consejeros.
• La votación terminó con seis respaldos y cuatro abstenciones.

El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó este 13 de julio de 2026 una segunda intervención a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, luego de analizar los informes técnicos y jurídicos elaborados tras varias denuncias sobre el funcionamiento de la institución. La resolución fue aprobada con seis votos a favor y cuatro abstenciones.

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La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria del Pleno, en la que varios consejeros coincidieron en que la intervención constituye una medida excepcional prevista en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para corregir problemas que puedan afectar el normal funcionamiento de una universidad. Sin embargo, parte del debate se concentró en la suficiencia de las pruebas que sustentaron el procedimiento.

Tras aprobar la resolución, el CES también acordó solicitar a los integrantes del Pleno que remitan, hasta las 12:00 del martes 14 de julio de 2026, hojas de vida de postulantes para integrar la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, organismo que asumirá temporalmente la conducción del proceso en Amawtay Wasi.

Debate en el CES: consejeros dividieron criterios sobre la nueva intervención

Durante la sesión, la resolución no estuvo exenta de cuestionamientos. Aunque la mayoría del Pleno respaldó la intervención, cuatro consejeros optaron por abstenerse al considerar que los informes presentados no contenían suficientes evidencias documentales para justificar una medida de esa magnitud. El principal punto de discusión fue la motivación técnica y el debido proceso.

La consejera Carmita Álvarez, quien recordó haber estado al frente de una intervención anterior en Amawtay Wasi, sostuvo que este tipo de medidas pueden cumplir su objetivo cuando existe una planificación clara y transparencia en el manejo institucional. No obstante, explicó que decidió abstenerse porque esperaba encontrar mayores elementos probatorios en los anexos del expediente antes de respaldar la resolución.

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"Me hubiera gustado encontrar en los anexos evidencias que justamente sostengan lo que está en los informes de intervención... Por lo tanto, me abstengo".

En contraste, el consejero Pablo Beltrán defendió el procedimiento seguido por el CES y aseguró que las denuncias recibidas fueron tramitadas conforme a la normativa vigente. 

"Esta es una oportunidad para poder fortalecer el servicio que presta la Universidad Amawtay Wasi... y mantener vigentes los procesos académicos para no interrumpir los sueños de los miles de estudiantes", señaló.

La consejera Ángela Calderón también se abstuvo. Argumentó que el informe de investigación fue elaborado en un plazo de apenas 48 horas, entre el 8 y el 10 de julio, tiempo que, en su criterio, resultó insuficiente para sustentar una medida excepcional como la intervención. Además, cuestionó que no se detallaran cifras concretas sobre las presuntas irregularidades detectadas.

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Más de 2.200 estudiantes piden salvar a la Universidad Amawtay Wasi por la crisis presupuestaria

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La crisis de Amawtay Wasi se agravó durante las últimas semanas

La decisión del CES llega después de varias semanas de tensión en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. En los últimos meses, estudiantes, docentes y trabajadores denunciaron una profunda crisis institucional marcada por problemas administrativos, incertidumbre sobre la continuidad académica y cuestionamientos al manejo de los recursos públicos.

La situación también fue analizada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, donde autoridades universitarias, representantes estudiantiles y funcionarios del Gobierno expusieron versiones contrapuestas sobre el estado de la institución. Durante esas comparecencias se alertó sobre el impacto que la crisis podría tener en más de 2.200 estudiantes, de los cuales alrededor del 69 % son mujeres y 54 % pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, según datos expuestos por la propia universidad.

En esas sesiones también se debatió el presupuesto asignado a Amawtay Wasi. Las autoridades explicaron que la universidad recibió inicialmente un presupuesto prorrogado cercano a 7 millones de dólares y posteriormente recursos adicionales, aunque sostuvieron que esos montos seguían siendo insuficientes para garantizar el funcionamiento de la institución. Mientras tanto, estudiantes y docentes reclamaron mayor transparencia y soluciones para evitar que el conflicto afecte el desarrollo del año académico.

Lo que debes saber

• La UNE Guayas alertó sobre el incremento de amenazas contra docentes y convocará movilizaciones para exigir acciones.
• El gremio asegura que las denuncias crecieron de 300 a 1.000 casos y señala seis distritos como los más afectados.
• También cuestionó la efectividad del plan de seguridad impulsado por el Ministerio de Educación.

Las extorsiones a docentes en Ecuador volvieron a encender las alertas. Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, anunció este domingo 13 de julio que el gremio prepara concentraciones para exigir al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo debido al incremento de amenazas contra maestros.

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La dirigente explicó que la decisión será tomada por el comité ejecutivo de la organización y que en los próximos días se informará la fecha y la hora de las movilizaciones. Según indicó, la medida busca presionar para que las autoridades adopten acciones frente al deterioro de la seguridad en las instituciones educativas.

"Tenemos nosotros una reunión con el comité ejecutivo donde vamos a dar a conocer más adelante la fecha y la hora de realizar estas concentraciones donde vamos a exigirle al Gobierno la declaratoria de la emergencia en el sector educativo", afirmó Menéndez.

Amenazas a docentes aumentan en seis distritos del Guayas

Durante la rueda de prensa, la presidenta de la UNE Guayas sostuvo que el incremento de intimidaciones se concentra en seis distritos de la provincia. 

La dirigente aclaró que esos territorios son los que actualmente presentan el mayor crecimiento de denuncias recopiladas por la organización, información que, aseguró, también consta en reportes preliminares de instituciones educativas y es conocida por las autoridades educativas.

"Las amenazas son específicamente distrito 2, distrito 3, distrito 7, 8, 19 y el 24. Son seis distritos que han aumentado el número de amenazas y extorsiones", manifestó.

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UNE cuestiona plan de seguridad del Ministerio de Educación

Menéndez también cuestionó el impacto del plan "Nos cuidamos", implementado por el Ministerio de Educación. Según afirmó, la estrategia no ha logrado disminuir los hechos de violencia que afectan a docentes, estudiantes y adolescentes dentro del sistema educativo.

La representante del gremio aseguró que las cifras recopiladas por la UNE muestran un crecimiento acelerado de los casos reportados. Indicó que la información proviene de la base de datos nacional del sindicato y de informes preliminares emitidos por instituciones educativas.

"De los 300 casos que teníamos nosotros, han aumentado ya a los 1.000 que están en la data de la UNE nacional, información que hemos venido recopilando junto con los informes preliminares emitidos por las instituciones educativas", concluyó.

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El Ministerio Público atribuyó la publicación a un "intento de desinformar a la ciudadanía y vulnerar la seguridad de las cuentas oficiales" de la Fiscalía, e hizo un llamado para que las personas se informen por los canales oficiales.

La entidad se pronunció luego de que Julio César Cueva, abogado de Álvarez cuestionara públicamente en la misma red social a la Fiscalía por la supuesta difusión de una publicación que hizo el actor Fernando Villarroel. En ese mensaje, el artista se burla del alcalde y su esposa, Fiorella Icaza, por la reciente hospitalización del funcionario en la clínica Alcívar, en Guayaquil.

Abogado de Álvarez criticó el mensaje

El jurista dijo que si, en efecto, la Fiscalía hizo el reposteo "debería ofrecer disculpas públicas al país. Una institución que ejerce la acción penal pública no puede permitirse el lujo de burlarse, ni directa ni indirectamente, de una persona sometida a un proceso penal en el que ella misma actúa como parte", manifestó el defensor del alcalde.

Ante las críticas y otras reacciones en redes sociales, la Fiscalía aseguró que se trataba de un mensaje "falso". 

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Además, señaló que mantiene "el compromiso con un manejo serio y responsable de la comunicación institucional. Actuamos para garantizar el acceso a información oficial y verificada", agregó.

Alcalde Álvarez fue convocado a dos audiencias

La reacción del Ministerio Público se registra días antes de que se inicie las audiencias por los casos Goleada y Grillete, en los cuales está procesado el alcalde Álvarez. El funcionario actualmente está detenido en la cárcel del Encuentro por la causa Triple A.

Lo que debes saber 

• Miles de trabajadores del Estado deberán cumplir un trámite obligatorio durante un periodo determinado.
• Conozca quiénes deben hacerlo, cómo presentar el formulario y cuáles son las consecuencias si no cumplen con esta disposición.

La Contraloría General del Estado (CGE) dispuso que todos los servidores y trabajadores del sector público actualicen su declaración patrimonial jurada entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2026. El trámite será obligatorio, gratuito y deberá realizarse exclusivamente a través del portal institucional, como parte del control sobre la evolución del patrimonio de quienes administran recursos públicos.

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La medida responde a lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Con este proceso, el organismo busca verificar que el incremento patrimonial de los funcionarios tenga un origen legítimo y prevenir posibles actos de corrupción.

Según el comunicado oficial, el procedimiento se efectuará únicamente en la plataforma digital de la Contraloría. Además, la entidad recordó que el incumplimiento de esta obligación dará paso a las sanciones contempladas en la normativa vigente.

¿Cómo actualizar la declaración patrimonial jurada?

La Contraloría detalló que el trámite debe realizarse en línea y recomendó revisar previamente el instructivo y el video tutorial disponibles en sus canales oficiales para evitar errores durante el llenado del formulario.

Estos son los pasos que deberán seguir los servidores públicos:

La entidad también aclaró que, en el campo "DESDE", deberá registrarse la fecha del primer nombramiento o contrato en la institución y no la correspondiente a la última acción de personal, una de las dudas más frecuentes entre los funcionarios.

Correcciones y datos que deben tomar en cuenta

La Contraloría informó que, si un servidor detecta errores u omisiones después de presentar la declaración, contará con 10 días para realizar las correcciones. Ese plazo comenzará a contarse desde la entrega de la Constancia de Otorgamiento a la Unidad de Administración de Talento Humano de su institución.

Otro aspecto que incorpora este proceso corresponde a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Los funcionarios clasificados dentro de esta categoría deberán registrar información adicional conforme a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, vigente desde el 29 de julio de 2025.

Las unidades de Talento Humano serán las encargadas de notificar a los servidores que formen parte de esta categoría especial para que completen los datos adicionales exigidos por la normativa.

Contraloría advierte controles y sanciones

La Contraloría General del Estado señaló que verificará el cumplimiento de esta disposición en todas las instituciones públicas. Además, recordó que quienes no actualicen su declaración patrimonial dentro del plazo establecido estarán sujetos a las sanciones previstas en la legislación vigente.

La actualización fue ordenada mediante el Oficio Circular N.º 036-CG-2026, emitido el 6 de julio de 2026 por el contralor general del Estado, Mauricio Torres, documento que establece el periodo oficial para cumplir con esta obligación.

Política

Los aspirantes al CPCCS que recibieron denuncias podrán defenderse: este es el plazo

Daniel Alejandro Romero Páez

El objetivo es elaborar un informe de verificación que será remitido al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a la normativa vigente.

La fase es clave: 309 personas se inscribieron para ocupar siete cargos en el CPCCS. El CNE ha recibido 286 denuncias dirigidas contra 214 postulantes, relacionadas con presuntos incumplimientos de requisitos, prohibiciones o inhabilidades para participar en el proceso.

Las alertas de veedores
​

El desarrollo de esta etapa también ha generado preocupación por las condiciones de la veeduría ciudadana. 

El 6 de julio se informó que los observadores deberán seguir el trabajo de la Comisión Verificadora a distancia, ubicados en mesas dentro del auditorio y separados por cintas de seguridad, a una “distancia prudencial” de los comisionados. 

Una situación similar se produjo con el concurso para Fiscal General del Estado. Finalmente se les permitió acercarse y trabajar junto a la comisión calificadora. Pero se produjo la renuncia de algunos de los veedores.

Justicia

Consejera rechaza frenar el concurso para Fiscal General: plantea informe jurídico para continuar

Richard Josue Jimenez Mora

Según esa disposición, no podrían observar, leer los expedientes. Saben que no pueden manipularlos. Se les dije que se debía preservar la custodia de los documentos y garantizar la concentración de los evaluadores.

Además, algunos postulantes han cuestionado el origen y la forma de varias denuncias. Señalan que existirían escritos con formatos similares y han pedido que se investigue a los denunciantes, ante la sospecha de que una misma persona habría presentado múltiples acusaciones contra distintos aspirantes. 

César Cárdenas planteó este señalamiento en el medio digital La Defensa y por tanto, algunos veedores y postulantes consideran que de confirmarse irregularidades, correspondería iniciar procesos de investigación y eventuales sanciones.

Lo que debes saber

• Nebot propone revocatoria tras un año si un alcalde incumple promesas en Guayaquil.
  
• En entrevista, Jaime Nebot dijo que apoyaría revocar incluso a candidatos del PSC.
  
• Equipo cercano a Nebot asesoraría autoridades sin cargos públicos para exigir resultados.
  

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, sostuvo que respaldaría procesos de revocatoria del mandato incluso contra candidatos impulsados por su propio sector político en caso de incumplimiento de sus propuestas.

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Durante una entrevista en Ecuavisa, Nebot señaló que existe un grupo de personas dispuesto a colaborar con las nuevas administraciones desde un papel técnico y de acompañamiento, más que desde funciones dentro del Estado.

“Esa gente no quiere puesto público”, manifestó el dirigente político al explicar que el objetivo sería asesorar a autoridades que sean designadas o elegidas “con libertad”, independientemente de su afiliación partidista.

Según Nebot, este equipo estaría motivado por una “revancha social, ética y cívica”, orientada a contribuir con la recuperación de la gestión pública y el desarrollo de las ciudades. 

Añadió que el respaldo podría extenderse a funcionarios de distintas tendencias políticas, siempre que su trabajo esté enfocado en servir a la ciudadanía.

La propuesta de revocatoria incluso para candidatos del PSC

En otro momento de la entrevista, el exalcalde planteó la posibilidad de impulsar mecanismos de control ciudadano contra autoridades que no cumplan con los compromisos asumidos durante sus campañas electorales. 

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En ese contexto, aseguró que apoyaría una eventual revocatoria del mandato incluso contra un alcalde respaldado por su propia organización política. “Iniciar al cabo de un año la revocatoria del mandato de nuestro propio candidato, de nuestro propio alcalde si no cumple”, expresó.

Nebot argumentó que este tipo de medidas responderían a las expectativas de una ciudadanía que, a su criterio, se encuentra decepcionada por la situación actual de Guayaquil. 

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Nebot admite que la reelección de Cynthia Viteri fue un error y respalda a Andrés Roche

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El líder socialcristiano sostuvo que la ciudad atraviesa un momento complejo y afirmó que la población merece recuperar las condiciones de desarrollo y bienestar que, según dijo, tuvo en el pasado.

Lo que debes saber

• El Colegio de Médicos de Pichincha advirtió que la escasez de medicamentos continuará en Ecuador y aseguró que el sistema público atraviesa una de sus peores crisis.
• El gremio sostiene que existe un déficit de cerca de 400 fármacos y que la compra de medicinas desde la India aún no se refleja en los hospitales.

El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, advirtió en una entrevista concedida a Corape Radio que el desabastecimiento de medicamentos e insumos continúa afectando a hospitales y centros de salud públicos del país. El dirigente aseguró que la falta de fármacos esenciales sigue siendo el principal problema del sistema sanitario y afirmó que será el mayor desafío que deberá enfrentar el nuevo ministro de Salud.

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Pasquel explicó que el cuadro básico contempla 654 medicamentos, pero aseguró que actualmente el Gobierno apenas abastece alrededor de 200. A su criterio, existe un déficit cercano a los 400 fármacos, lo que limita la atención de pacientes que dependen de tratamientos esenciales en la red pública.

"Nosotros sabemos que el cuadro básico de medicamentos son 654 y el Gobierno apenas está abasteciendo, yo diría, 200".Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

El dirigente sostuvo que la solución pasa por mejorar la gestión de las compras públicas y garantizar los recursos para abastecer al sistema nacional de salud. En ese sentido, afirmó que es necesario destinar de forma urgente $640 millones para cubrir la demanda de medicamentos e insumos.

Compra de medicamentos desde India aún no llega

Sobre el anuncio del Gobierno para importar medicamentos desde la India, Pasquel aseguró que esos productos todavía no se reflejan en los hospitales del país. Explicó que el proceso requiere varios trámites administrativos y recordó que el Colegio de Médicos ya había advertido que los resultados no serían inmediatos.

"Nosotros habíamos anunciado que la compra de la India por lo menos iba a durar unos nueve meses".Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. 

Además, recordó que la comisión encargada de ese proceso fue designada el 16 de mayo. Aunque inicialmente se planteó que el abastecimiento podría resolverse en pocos meses, sostuvo que la escasez continuará porque las adquisiciones aún no concluyen y tampoco existe información pública sobre el avance de los procesos.

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Colegio de Médicos alerta por la crisis del sistema de salud

Pasquel afirmó que el nuevo ministro de Salud asume una cartera con problemas acumulados durante los constantes cambios de autoridades. Recordó que el actual funcionario (Juan Carlos Aveiga) es el octavo ministro de Salud durante el gobierno de Daniel Noboa y señaló que esa inestabilidad ha afectado la continuidad de las políticas sanitarias.

"El Sistema Público de Salud se encuentra en una de las peores crisis"Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

El presidente del Colegio de Médicos precisó que el gremio no busca confrontar a la nueva autoridad, sino colaborar para fortalecer el sistema nacional de salud. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe ser garantizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar la gestión de las compras públicas.

Finalmente, indicó que la crisis sanitaria también afecta a otros países de la región. Tras participar en una reunión con representantes de Sudamérica, aseguró que Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela enfrentan problemas similares, aunque advirtió que Ecuador necesita respuestas urgentes para evitar que el desabastecimiento siga impactando a los pacientes.

"La nominación de Cynthia (2019) no fue un error, fue un acierto. Pero la reelección de Cynthia fue un error de ella, que le costó, y nuestro, que lo admito. Pero dos errores no hacen un acierto y por eso ese error no lo vamos a volver a cometer, y por eso está Roche", afirmó el exalcalde.

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El respaldo a Andrés Roche viene con una advertencia

Nebot utilizó esa autocrítica para justificar el respaldo del PSC a la candidatura de Andrés Roche para la Alcaldía de Guayaquil. No obstante, aseguró que el apoyo del partido no será incondicional y planteó un escenario poco habitual en la política: promover la revocatoria del mandato si el candidato socialcristiano no cumple con su gestión.

Según explicó, Roche contará con un equipo de asesores que, afirmó, no busca ocupar cargos públicos, sino aportar desde la experiencia para fortalecer la administración municipal. Añadió que, de no responder a las expectativas ciudadanas, el propio PSC debería impulsar un proceso de revocatoria.

"Si esa gente falla, nosotros debemos cometer un acierto. Iniciar, al cabo de un año, la revocatoria del mandato de nuestro propio candidato y de nuestro propio alcalde si no cumple, porque eso es lo que merece este pueblo cansado", manifestó Nebot.

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Cuestionamientos al crecimiento de la nómina y del presupuesto municipal

Durante la entrevista, Nebot también comparó la evolución de la estructura administrativa del Municipio de Guayaquil durante las últimas administraciones. Recordó que recibió la Alcaldía de manos de León Febres-Cordero con 3.985 empleados y que, al concluir su gestión en 2019, dejó una nómina de 3.950 funcionarios.

En contraste, sostuvo que durante la administración de Cynthia Viteri el número de trabajadores aumentó hasta aproximadamente 5.500, a los que se sumaron cerca de 400 servidores de la entonces Dirección de Acción Social y Educación (DASE), posteriormente convertida en empresa pública, alcanzando una plantilla cercana a 5.900 empleados.

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Respecto a la administración actual, Nebot señaló que inicialmente se anunció una reducción de personal hasta alrededor de 5.000 funcionarios, incluyendo el área social. Sin embargo, afirmó que las cifras de Segura EP reflejan una realidad distinta.

Según el exalcalde, la empresa municipal cuenta actualmente con 2.600 empleados, cuando la antigua Corporación de Seguridad —a la que reemplazó— tenía alrededor de 300 trabajadores durante su administración. A su criterio, esto representa una duplicación del gasto destinado al personal.

Nebot también cuestionó la evolución del presupuesto municipal. Recordó que recibió un municipio con un presupuesto de 105 millones de dólares y que concluyó su gestión con 817 millones. 

Aseguró que, durante la administración de Viteri, ese monto ascendió a 2.600 millones de dólares, aunque precisó que el problema no radica únicamente en el tamaño del presupuesto, sino en el nivel de ejecución de las obras.

"Es muy bonito hacer un presupuesto, uno escribe como las cartas a Papá Noel. El problema es cuántos juguetes trajo Papá Noel", expresó, al sostener que actualmente no se difunden los niveles de ejecución de la obra pública como, según afirmó, ocurría durante su administración.