Este 15 de septiembre de 2026, el director de Seguridad y Manejo Integral de Riesgo del CNE, Christian Díaz, explicó que, como parte de las acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño, se identificaron recintos ubicados en zonas con probabilidad de inundación, pero también otros 111 situados en lugares con probabilidad de movimientos de tierra.

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“Las alertas, es superpuesta la capa de inundación está afectando a la provincia de Orellana, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos principalmente”, señaló Díaz.

Respecto a fenómenos como los movimientos de tierra, el CNE tiene identificadas zonas de riesgo en provincias de la Sierra, como Tungurahua y Pichincha.

El anuncio sobre las zonas en las que hay alerta se conoció durante la instalación de la Mesa de Seguridad Electoral este martes. Allí se explicó que, para el cambio de un recinto electoral, las delegaciones provinciales electorales, junto con los responsables de seguridad, deben emitir un informe técnico sobre las afectaciones.

A esto se suma la evaluación del informe por parte de la Junta Provincial Electoral correspondiente, que deberá emitir una resolución. Así, el tema llega hasta el Pleno del CNE, que es la instancia encargada de resolver formalmente el cambio de recinto electoral, la postergación o la repetición del sufragio, según corresponda.

¿Qué pasa si se cambia un recinto?

Actualmente, la ciudadanía ya puede consultar su lugar de votación. La página del CNE cuenta con una sección en la que, con el número de cédula del elector, se puede acceder a esa información. Para ello también es necesaria la fecha de nacimiento.

Por ahora, el CNE solamente ha confirmado que, en caso de que ocurran cambios en los recintos electorales debido a las implicaciones del fenómeno de El Niño, la información será compartida oportunamente.

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Una de las comparecencias correspondió a la jueza provincial Inés Romero, cuya candidatura fue impugnada por Mónica Jaramillo. La diligencia comenzó a las 11:36. La impugnante se presentó de forma telemática.

El secretario del concurso leyó un documento presentado el 14 de septiembre en el que la ciudadana solicitó que se garantizara su participación a distancia, con base en los principios constitucionales de defensa y contradicción.

La impugnante cuestionó la probidad e idoneidad de Romero y presentó como antecedente una resolución del pleno del CPCCS del 5 de junio de 2024. En ese caso, el organismo aceptó una apelación y descalificó a una postulante de otro concurso, para Defensor del Pueblo, por una causal relacionada con la falta de probidad. Jaramillo sostuvo que se trata de una resolución institucional y no de una denuncia o comentario publicado en redes sociales.

También cuestionó una sentencia de una sala de la Corte Provincial de Justicia, de la que Romero fue jueza ponente en 2020. Según Jaramillo, posteriormente la Corte Constitucional determinó que esa decisión vulneró el derecho al debido proceso por no analizar de manera suficiente los derechos constitucionales alegados. Además señaló que no debería considerarse puntos extras o una acción afirmativa por vivir en una zona rural, ya que Tumbaco tiene todos los servicios.

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Lo que dijo Romero

Inés Romero rechazó los cuestionamientos. Sostuvo que todos los documentos presentados por la impugnante eran copias simples y no cumplen los requisitos probatorios establecidos en el reglamento. 

También negó que una resolución de un concurso anterior pueda convertirse en una causal de inhabilidad para el actual proceso. Dijo que hay otros requisitos. Recordó que ella sí vive en una zona rural, en Tumbaco. 

La jueza y participante pidió al CPCCS desechar y archivar la impugnación y defendió su candidatura al cargo de Fiscal General. La participación de ambas partes terminó antes de las 13:00.

Lo que debes saber

• CNE activa mesa de seguridad este 15 de septiembre por violencia y El Niño rumbo a elecciones 2027.
• Más de 90.000 policías y militares custodiarán las elecciones de 2027 en todo Ecuador.
• CNE evalúa cambios de recintos electorales por posibles impactos de El Niño en 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó este 15 de septiembre la Mesa de Seguridad Operativa para coordinar las acciones que se implementarán durante las elecciones seccionales de 2027, en un contexto marcado por las preocupaciones de seguridad y la posible incidencia del fenómeno de El Niño en distintas zonas del país.

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La reunión fue presidida por el titular del organismo electoral, José Cabrera, y contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU 911, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Fiscalía General del Estado y otras entidades encargadas de la respuesta operativa durante la jornada electoral.

Según explicó Cabrera, el organismo trabaja con un mapa de riesgos que permite identificar posibles amenazas para el proceso electoral. Uno de los factores que se encuentra bajo análisis es la llegada del fenómeno de El Niño, cuyas afectaciones todavía no pueden ser delimitadas con precisión en términos geográficos.

El presidente del CNE indicó que, de ser necesario, la entidad informará oportunamente sobre eventuales cambios de recintos electorales en aquellas zonas que puedan verse comprometidas por inundaciones u otros eventos asociados al fenómeno climático.

Más de 90 000 uniformados para la jornada

La seguridad será uno de los principales componentes del operativo electoral. De acuerdo con la planificación presentada por el CNE, las Fuerzas Armadas desplegarán 34 768 efectivos en todo el territorio nacional, mientras que la Policía Nacional destinará más de 57 000 servidores policiales para los comicios.

El dispositivo también contempla coordinación permanente con el ECU 911 para atender posibles hechos de violencia, incidentes de orden público y otras emergencias que puedan registrarse durante la jornada de votación.

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Como parte de las medidas vigentes para estas elecciones, el CNE recordó que los electores podrán ingresar a los recintos con teléfonos celulares, pero está prohibido fotografiar la papeleta durante el sufragio. Asimismo, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto no podrán utilizar dispositivos móviles desde las 17:00, cuando inicia el escrutinio, salvo un teléfono autorizado para funciones de cálculo.

Cabrera también recomendó a los ciudadanos acudir a votar con la información necesaria sobre su lugar de sufragio y retirarse del recinto una vez concluido el proceso. Además, sugirió evitar el ingreso con mochilas o maletas para agilizar los controles de seguridad a cargo de militares y policías.

Más de 20 000 candidaturas calificadas

En el ámbito electoral, el CNE informó que hasta las 08:00 de este 15 de septiembre existían 20.483 candidaturas calificadas en firme para las elecciones seccionales y los procesos vinculados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El organismo precisó que, de las 96 impugnaciones presentadas, 88 ya habían sido resueltas y ocho permanecían pendientes. Respecto a las postulaciones para el CPCCS, señaló que los 113 recursos ingresados ante el CNE fueron atendidos, aunque algunos casos continúan su trámite en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Lo que debes saber

• Salud adjudica $ 240 millones a CNT para digitalizar más de 1.700 centros de salud en Ecuador.
• La bancada de la Revolución Ciudadana cuestiona el incremento del presupuesto inicial y opacidad.
• El Gobierno defiende el proyecto: incluye software Dedalus, soporte de Google y conectividad.

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para implementar la plataforma de la firma italiana Dedalus en más de 1.700 centros de salud del país. La adjudicación, concretada por el Gobierno central para transformar la atención sanitaria nacional, busca habilitar un sistema interoperable con historia clínica electrónica, aunque ha desatado cuestionamientos legislativos por el incremento del presupuesto frente a la escasez de insumos médicos en los hospitales.

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Los objetivos del plan de interoperabilidad digital en Ecuador

De acuerdo con lo informado por la cartera de Estado y la empresa pública CNT, el proyecto contempla la implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud.

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Este sistema integrará:

Críticas de la Revolución Ciudadana al costo de la plataforma

El proceso contractual ha recibido cuestionamientos desde sectores de la oposición legislativa, particularmente desde la bancada de la Revolución Ciudadana. La asambleísta Eliana Correa advirtió presuntas sombras en la adjudicación y puso en duda la conveniencia del proyecto frente a las carencias del sistema sanitario público.

A través de su cuenta de X, la legisladora señaló que el presupuesto referencial original era de 117 millones de dólares y que posteriormente subió a más de 240 millones.

Seguiremos de cerca y con rigurosidad el proceso ante los riesgos evidentes. Estamos hablando de 240,262,377.00 que aparecen en medio de una crisis total del sistema de salud, con un manejo plagado de opacidad para un software de interoperabilidad mientras en los hospitales sigue el déficit de medicinas, insumos y equipos reales para la ciudadanía.Eliana Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana

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Dedalus y HealthBird: la transparencia que debe acompañar al contrato de $240 millones

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La postura del Gobierno de Daniel Noboa frente a los cuestionamientos

El Gobierno del presidente Daniel Noboa defendió la transparencia y utilidad del proceso de contratación, al argumentar que esta infraestructura tecnológica permitirá combatir la corrupción, optimizar los servicios a la ciudadanía y generar ahorros para reinvertir en la red hospitalaria.

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Distribución de los fondos y plazos del contrato

El Ejecutivo aclaró que el monto total de la contratación no está destinado en su totalidad a la firma proveedora de software:

La implementación de la plataforma contempla un plazo de ejecución de siete años. En cuanto al esquema financiero, el Ministerio de Salud Pública transferirá los recursos a CNT, entidad que efectuará los desembolsos correspondientes a Dedalus tras la aprobación de evaluaciones trimestrales y con la debida autorización de la cartera de Estado.

Este 15 de septiembre de 2026, el oficialismo y el correísmo chocaron una vez más en el Pleno. El informe señala responsabilidades del expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo, quien fue funcionario del Municipio de Guayaquil mientras ejercía el cargo el alcalde Aquiles Álvarez.

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La fiscalización estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad, controlada por ADN. La presidenta de esa mesa, Inés Alarcón, fue la encargada de exponer el informe. 

Puso énfasis en la instalación de una supuesta sala espejo en el Municipio de Guayaquil, la responsabilidad de Cornejo en ese hecho y el audio en el que se escuchaba a Rafael Correa, el exoficial de la Policía Rodney Rengel, Cornejo y el asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan González.

Ese audio está relacionado con el caso Porsche. El correísmo pretendía una investigación paralela respecto a la detonación de un artefacto explosivo en la Bahía de Guayaquil. 

Un vehículo Porsche Cayenne apareció en la Isla Trinitaria, en las afueras de la que era la vivienda del entonces único implicado en el caso. El correísmo expuso este caso en la Asamblea debido a que el automotor estaba registrado a nombre de Industrial Molinera, del Grupo Noboa.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana insistieron en su teoría de que la explosión en la Bahía fue un autoatentado. El asambleísta González habló nuevamente de un presunto caso de terrorismo de Estado. A la par, dijo que el informe sobre Segura EP era una cortina de humo. 

“Persiguen a los que ponen las cámaras y no a quienes cometen el delito”, aseguró, en referencia a que se dejó de lado el caso Porsche en la fiscalización.

¿La Comisión investigó la explosión en la Bahía?

El legislador de ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, dijo que no fue investigada en la Comisión porque no era parte de lo que el Pleno decidió en su resolución. Así, el oficialismo concentró su indagación en lo relacionado con Segura EP.

Durante la sesión del Pleno, más allá de las disputas entre ADN y Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) insistió en que el tema no era competencia del Legislativo. El asambleísta Alfredo Serrano dijo que se debía respetar la Constitución y la institucionalidad.

¿Qué concluyó el informe?

El documento concluyó con un señalamiento directo al expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo.

“La actuación de Fernando Xavier Cornejo Valdez, ex Presidente del Directorio de Segura EP, así como la del técnico Franklin Andrés Asqui Contreras se encuentran directamente vinculadas con los hechos examinados y con la habilitación de los accesos identificados”, señala el documento.

El documento también dice: “el audio reproducido durante el proceso de fiscalización evidencia una clara dimensión política ajena a las competencias y finalidades institucionales de Segura EP”.

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Asimismo, señala que la intervención de un actor político externo y sin competencia alguna sobre Segura EP, sumada al reconocimiento expreso de Fernando Cornejo respecto de su voz y de su participación en dicha reunión, evidencia que información vinculada con una entidad pública fue tratada fuera de los canales institucionales.

Las resoluciones aprobadas por el Pleno:

Los puntos claves de esta historia

• Elizabeth Jiménez está a cargo de la liquidación de la empresa desde el 28 de enero de 2025.
• La futura venta de los terrenos preocupa a extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información.
• Extrabajadores han presentado una denuncia ante la Fiscalía que incluye a otras 23 personas naturales y jurídicas.

Tres terrenos de Tejidos Pintex, cuyos avalúos catastrales suman alrededor de $15 millones, están entre los principales activos que debe vender la liquidadora Elizabeth Jiménez. Desde que la abogada asumió las riendas de la compañía, el destino de esos bienes se ha convertido en una preocupación para extrabajadores, jubilados y otros acreedores.

Jiménez asumió la liquidación de Pintex el 28 de enero de 2025. Entre las tareas pendientes está la venta de los tres terrenos, según los documentos revisados por Diario EXPRESO.

Tejidos Pintex es una empresa relacionada con la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto González-Artigas. La funcionaria es accionista de Redruf S. A., esta a su vez tiene participaciones en Tejidos Pintex.

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La preocupación de 90 jubilados de Tejidos Pintex

La operación es seguida de cerca por los jubilados de la empresa. Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de Pintex, representa aproximadamente a 90 personas que esperan el pago de su jubilación patronal.

Para Guevara, el principal temor es que los terrenos sean vendidos sin que los jubilados conozcan previamente las acciones que se están tomando. La última reunión que, según relata, mantuvo con la liquidadora fue el 6 de julio de 2025.

Desde entonces, asegura que le ha enviado mensajes y realizado llamadas sin obtener respuesta. La última vez que Jiménez le contestó, según Guevara, le manifestó que ya no quería saber nada de él porque estaba asesorándose con abogados.

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¿Cuál es el destino de los recursos por alquileres?

La preocupación no se limita al valor de los terrenos. También existen preguntas sobre los recursos que Pintex obtiene actualmente por el alquiler de esos bienes.

Carol Ochoa, quien trabajó en la empresa como secretaria de gerencia, ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de Pintex. En su cuenta de X ha preguntado por el destino de los valores que recibe la compañía por los alquileres de los terrenos y ha solicitado al superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabezas-Klaere, que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Los arrendatarios identificados

Los reclamos de Ochoa se remontan a cinco años atrás. Según relata, durante la difícil situación económica que atravesaba Pintex, varios trabajadores y familiares, entre ellos su esposo, prestaron dinero a la empresa luego de un pedido del gerente de turno.

Ochoa afirma que ese gerente les ofreció que esos valores serían devueltos con la venta de los terrenos.

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Cuando Pintex entró en liquidación, Ochoa dice que escribió a Jiménez para solicitar una cita y hablar sobre su acreencia. Asegura que nunca tuvo una audiencia con la liquidadora y que ha enviado decenas de correos electrónicos. También afirma que se han presentado varios pedidos para removerla por la falta de información y gestión, y que Jiménez le ha impedido ingresar a reuniones de acreedores.

Este Diario envió un pedido de entrevista a Jiménez, al superintendente Cabezas-Klaere, como parte de la investigación La 'Argolla del Control', pero no han contestado.

Según el Código Civil, de los recursos que ingresen a una empresa en liquidación deben pagarse primero los costos de la liquidación, incluidos los honorarios del liquidador y su equipo, y los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. Luego constan los acreedores que posean bienes retenidos, las instituciones públicas por impuestos y seguridad social y, posteriormente, la banca.

En este caso, los tres terrenos representan uno de los principales activos identificados para la liquidación. Sus avalúos catastrales suman unos $15 millones, pero la historia original no detalla una fecha para su venta, un precio de salida, un comprador ni las condiciones bajo las cuales se realizaría la operación.

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Las denuncias presentadas en Fiscalía contra Jiménez y Pinto

Los cuestionamientos, observaciones y quejas han escalado. Sobre Jiménez pesan dos denuncias, una por el caso Pintex y otra por su gestión en una segunda empresa. La más reciente fue presentada el 5 de agosto ante la Fiscalía por extrabajadores de Tejidos Pintex, por el presunto delito de asociación ilícita contra la liquidadora y otras 23 personas naturales y jurídicas, entre ellas directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, quien fue presidente de Pintex en 2019 durante dos años. 

En la denuncia se pide investigar, entre otros elementos, un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros, una presunta insolvencia fraudulenta, la supuesta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios y el presunto incumplimiento de órdenes judiciales. 

La segunda denuncia fue presentada el 23 de julio por Richard Aldaz Jácome, accionista de Servicios Drilling Technologies (SDT), por “perjurio”. Aldaz cuestiona el reemplazo del anterior liquidador de SDT y sostiene que Jiménez pasó a administrar también Diteecs S. A., una de las acreedoras de SDT, situación que, a su criterio, genera un conflicto de interés.

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Los ejes de la misión diplomática 

La confirmación del desplazamiento internacional la realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury, quien detalló que el objetivo de esta gira es mantener la expansión de la cartera de productos exportables y asegurar la inversión extranjera en sectores estratégicos del país. Esta cita congrega anualmente a los líderes mundiales, lo que representa un espacio diplomático clave para la política exterior de la administración actual.

Según la Cancillería, el Gobierno maneja un enfoque pragmático frente a potencias económicas mundiales, priorizando el comercio por encima de las posturas ideológicas. En la mesa de negociaciones, Ecuador busca posicionar su oferta agrícola, especialmente los denominados 'superfoods', aprovechando la capacidad de producción nacional.

Entre los puntos principales que marcarán la hoja de ruta de la delegación ecuatoriana destacan:

El contexto de seguridad como moneda de cambio

La política exterior ecuatoriana está atravesada por el conflicto armado interno y la crisis de violencia, un escenario que la Cancillería utiliza para requerir apoyo logístico y financiero en el exterior. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó recientemente el país para ratificar el respaldo norteamericano en inteligencia y control marítimo.

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Frente a los cuestionamientos, Kury aseguró que las operaciones conjuntas con fuerzas extranjeras no comprometen la soberanía nacional, argumentando que todas las acciones se ejecutan en estricta coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, el Estado busca conformar un bloque regional de seguridad junto a Colombia y Perú para vigilar las zonas limítrofes y frenar el avance de la minería ilegal.

Lo que debes saber

• Saud fue detenida en España por un pedido de extradición de Ecuador.
• Manrique enfrenta una ampliación de cargos dentro del proceso judicial.
• La familia sostiene que las amenazas también alcanzaron a su hijo menor.

Karla Saud Calero y su esposo, José Manrique Suárez, solicitaron protección internacional en España para ellos y su hijo menor de edad, alegando amenazas de muerte y una persecución política vinculada al caso Progen. La pareja sostiene que su permanencia en Ecuador representa un riesgo para su seguridad y cuestiona las garantías que tendría frente a los procesos judiciales que enfrentan.

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Amenazas que motivaron su salida

La empresaria es uno de los personajes señalados dentro de la trama relacionada con Progen, compañía extranjera contratada para la provisión de equipos de generación eléctrica durante la crisis energética. Según la documentación presentada, Saud tuvo acercamientos con autoridades de alto nivel del sector eléctrico, entre ellos Roberto Luque y la entonces ministra Inés Manzano, mientras defendía los intereses de la firma.

En ese contexto, la pareja también aparece vinculada a Astrobryxa S. A., empresa constructora relacionada con los negocios que son materia de controversia. Sin embargo, los solicitantes sostienen que las actuaciones judiciales en su contra responden a una persecución política y que sus nombres fueron utilizados públicamente antes de que exista una sentencia en firme.

Uno de los principales argumentos de la petición son las amenazas que, según denuncian, recibieron el 26 de marzo de 2026. Los mensajes incluirían amenazas contra ambos y su hijo, además de fotografías de integrantes de la familia y de sus vehículos.

La familia relaciona esas intimidaciones con la entrega de una lista de testigos dentro de un litigio civil societario que se desarrolla en Estados Unidos y que involucra a Celec, Progen y Astrobryxa. A criterio de los solicitantes, la falta de una respuesta estatal que consideran efectiva incrementó el temor por la integridad del menor y motivó su salida del país.

Los esposos también citan declaraciones públicas que, según su versión, evidencian el nivel de exposición y riesgo al que estarían sometidos. Asimismo, la defensa argumenta que un eventual retorno a Ecuador podría poner en peligro la vida y la integridad física de los integrantes de la familia. Para sustentar ese planteamiento, hace referencia a informes de organismos internacionales que han documentado problemas de violencia, tortura y vulneraciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

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España, la alternativa que escogió la familia

Por otra parte, la solicitud descarta que Estados Unidos constituya una alternativa efectiva para el núcleo familiar, pese a que Saud y su hijo tienen ciudadanía de ese país. En el documento se explica que Manrique únicamente posee nacionalidad ecuatoriana, que la familia tiene vínculos familiares en España y que existen procesos civiles paralelos en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Medio de Florida.

Por otra parte, la petición invoca la legislación española sobre asilo y protección subsidiaria, además de instrumentos internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. La defensa sostiene que la presentación de la solicitud debe suspender cautelarmente los procedimientos de extradición y pide una tramitación urgente, debido a los procesos que afrontan los esposos.

Lo que debes saber

• La Resolución 187-2026 suprime tres dependencias especializadas de Pichincha.
• La Judicatura sostiene que más de 50 jueces asumirán estas causas.
• Las críticas apuntan a la especialización, el procedimiento utilizado y la concentración de competencias en Quito.

El Consejo de la Judicatura busca modificar la percepción que ha generado la supresión de tres dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. A través de un comunicado, el organismo sostiene que la Resolución 187-2026 no elimina esta capacidad y que, por el contrario, permitirá ampliar la respuesta de la justicia penal.

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El argumento oficial busca despejar las dudas

La institución asegura que la reestructuración responde al déficit de jueces y a la carga procesal existente. Según la Judicatura, con el cambio se pasará de 19 a "más de 50 jueces penales capacitados y habilitados" para conocer este tipo de causas.

Con este argumento, el Consejo intenta marcar distancia de las críticas que apuntan a un debilitamiento de la justicia especializada. La entidad afirma que "la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se mantiene firme" y que continuará trabajando con cooperación internacional y aliados estratégicos.

Sin embargo, las explicaciones no han despejado los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores y que han sido expuestos en X. Para Andrés Obando, analista político, existe "un enorme problema de comunicación" en la forma en que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha explicado la medida.

Obando sostiene que los argumentos oficiales han variado durante los últimos días. "Primero era un tema presupuestario, después fue el número de causas y ahora es el perfil de los jueces", señaló, por lo que considera que "todavía no queda clara la motivación de la decisión".

A esta crítica se suma la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, quien cuestiona que se presente la redistribución de causas como una garantía de continuidad de la especialización. La legisladora recuerda que las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) de 2020 establecieron competencias específicas para conocer delitos de corrupción y crimen organizado.

Veloz enfatiza que estas dependencias no surgieron únicamente por una decisión administrativa del Consejo. "No se trata de una categoría superior, sino de una competencia especializada creada por ley", sostuvo, al advertir que una resolución administrativa no puede, a su criterio, dejar sin efecto ese mandato legal.

Además, la asambleísta recuerda que el propio Consejo creó las unidades y tribunales mediante la Resolución 190-2021. También señala que posteriormente se realizó un concurso específico, mediante la Resolución 218-2021, que incluyó una prueba de confianza con expertos vinculados a la lucha contra la corrupción.

Por ello, Veloz cuestiona el argumento de que los jueces especializados tienen un perfil equivalente al de otros magistrados penales. "Si hoy el perfil era equivalente, habría que explicarle al país por qué se destinaron recursos públicos a un concurso diferenciado", manifestó.

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Cuestionamientos al alcance de la resolución

Desde el ámbito jurídico también existen reparos sobre el mecanismo utilizado para ejecutar la reestructuración. André Benavides, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que la supresión "prácticamente vació el contenido" de las reformas al COFJ aprobadas en 2020.

Benavides considera que, si la intención era eliminar las dependencias especializadas, el procedimiento adecuado habría sido otro. "Si querían eliminar estas dependencias judiciales mejor presentaban un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y no aprobaban una resolución que es una reforma encubierta del COFJ", cuestionó.

Mientras tanto, Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, recuerda que la unidad especializada fue creada, entre otros objetivos, para brindar mayor protección a los magistrados, fortalecer la especialización y mejorar la respuesta frente a estructuras de corrupción y delincuencia organizada. "La afirmación que los casos serán repartidos a 50 jueces mejorando la atención no es suficiente", sostuvo.

El dirigente gremial plantea, además, que el argumento de la carga procesal debería ser explicado con mayor profundidad. "Bajo ese parámetro se puede también repartir los casos en más jueces de Guayaquil y Cuenca", señaló.

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El costo de desmontar la especialización

En esa misma línea, Pablo Encalada, abogado penalista y exfiscal de Pichincha, califica la decisión como "un retroceso histórico". El jurista recuerda que la estructura especializada fue concebida como una respuesta estatal frente al crecimiento de la criminalidad y para procesar casos complejos con competencia nacional.

Encalada destaca que su implementación involucró a distintas instituciones y recibió apoyo internacional. Según explica, el proyecto contó con participación de la Asamblea, recursos del Ejecutivo, concursos de la Función Judicial y cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea.

Por ello, el abogado considera que la eliminación de estas dependencias no solo afecta la especialización, sino que también desaprovecha años de inversión institucional. "Años de inversión en capacitación técnica, blindaje de infraestructura y programas de fortalecimiento institucional terminan, de golpe, arrojados al tacho de la basura", cuestionó.

Los puntos claves de esta historia

• Un grupo exclusivo de 21 personas -entre abogados, economistas y administradores- concentra cerca de 500 delegaciones de liquidación (300 entregadas en los últimos dos años) bajo la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Exempleados y exdirectivos de las firmas intervenidas han alertado la dilatación de los expedientes y el manejo opaco de los activos liquidados. La Superintendencia de Compañías ha guardado silencio.
• Cientos de familias permanecen atrapadas en procesos tortuosos de quiebra sin fecha real de cobro, mientras la red de delegados sigue acumulando encargos oficiales y activos por rematar.

A medida que transcurría la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere como superintendente de Compañías, un grupo de abogados, ingenieros comerciales, economistas y administradores acumulaban centenas de liquidaciones, de las más de 1.500 que registra la entidad, según una revisión de Diario EXPRESO a los registros oficiales y disponibles, con corte al 9 de junio pasado.

Son 21 personas beneficiadas que suman medio millar de delegaciones (unos 300 encargos se entregaron en los últimos dos años), cuyo objetivo, en teoría, es liquidar las deudas de ese número de empresas a través de la venta de activos y el cobro de valores, en el menor tiempo posible.

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Entre esos encargos constan procesos de liquidaciones que han sido cuestionados por exempleados y exdirectivos de empresas, debido a que se han extendido en el tiempo y no se han pagado sus haberes, a diferencia de otro tipo de acreedores de los negocios, lo que supondría una falta a lo establecido en la norma.

Según el Código Civil, con el flujo que ingrese a las empresas liquidadas se debe pagar primero los costos de la liquidación (pago al liquidador y su equipo), los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. En la lista también constan los acreedores que posean bienes retenidos, instituciones públicas por concepto de impuestos y seguridad social, y luego la banca.

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También hay señalamientos de interventores y liquidadores que no son parte del grupo beneficiado, al haber sido reemplazados por la Superintendencia de Compañías pese a que, en ciertos casos, su trabajo marchaba sin anomalías o estaba casi por finalizar. Es decir que esos procesos de intervención o liquidación volvieron a cero, de acuerdo con los documentos que compartieron sobre sus remociones.

Entre los 21 liquidadores analizados, Elizabeth Jiménez es la más cercana a Cabezas-Klaere. Sobre ella pesan varias quejas de personas ligadas a la operación de empresas donde ha cumplido funciones como interventora o liquidadora.

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Elizabeth Jiménez, la liquidadora cercana al poder

Tejidos Pintex, firma relacionada con la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, es una de las empresas donde Jiménez es liquidadora.

Desde el 28 de enero de 2025 las riendas de la compañía pasaron a manos de la abogada, quien tiene entre sus tareas pendientes vender tres terrenos cuyos avalúos catastrales suman unos $15 millones, según los documentos.

La venta de esos bienes se ha convertido en la principal preocupación de los extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información sobre las acciones de la liquidadora, según Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)"Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

“El temor es que se venda a espaldas de nosotros. La última reunión con la liquidadora la hemos tenido el 6 de julio de 2025. De ahí le he estado enviando mensajes, haciéndole llamadas, pero nunca contesta. La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)”, señala Guevara, quien representa a 90 jubilados aproximadamente, que esperan el pago de su jubilación patronal.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista a Jiménez, a través de varios correos electrónicos que constan en los registros de las empresas donde es liquidadora y del correo institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), en la que registra la función de directora encargada del Sistema de Educación a Distancia. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta.

Carol Ochoa también trabajó en Tejidos Pintex, como secretaria de gerencia. Ella ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de la compañía. En su cuenta de X se ha preguntado sobre el destino de los valores que Pintex recibe de los alquileres de los terrenos y ha pedido a Cabezas-Klaere que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Sus reclamos tienen origen desde hace cinco años. Ella relata que durante la difícil situación económica que atravesaba la compañía, varios trabajadores y familiares, incluido su esposo, prestaron dinero a la empresa, ante un pedido del gerente de turno. Afirma que esa persona le ofreció la devolución de los valores con la venta de los terrenos.

“Apenas entró a liquidación, a esta señora le envié una carta para pedir una cita para hablar de mi acreencia. La tipa no puso ni ‘buenas tardes’ en la contestación. Nunca me ha dado una audiencia. He escrito decenas de correos electrónicos. Hemos puesto varios pedidos de remoción de la liquidadora”, comenta Ochoa, quien asegura que la liquidadora ha vetado su ingreso a reuniones de acreedores.

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Además de la liquidación de Pintex, Jiménez tiene otras catorce delegaciones (con corte al 14 de agosto), tres más de las que registraba hasta el 9 de junio pasado. Todos los nombramientos han sido entregados en la administración de Cabezas-Klaere, quien no ha atendido un pedido de entrevista de EXPRESO desde inicios de este mes.

Tampoco hay una respuesta concreta del pedido de información a la ‘Super’ que este Diario gestionó a través del Portal Nacional de Transparencia, para conocer la nómina o plantilla del banco de profesionales disponibles para esas funciones, por ejemplo.

Las denuncias en contra de Jiménez, Pinto y su esposo

Este Diario conoció que el 5 de agosto pasado extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Elizabeth Jiménez y otras veintitrés personas naturales y jurídicas, que incluyen a directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta Pinto González-Artigas, quien fue presidente de la firma en 2019, por dos años.

De acuerdo con los datos conocidos, en la denuncia también se menciona a la compañía Redruf S. A., accionista de Tejidos Pintex. En esta empresa, cuya actividad económica es la recopilación de datos, consta Mera Saa como gerente y Pinto González-Artigas como accionista.

Según la información referida, los extrabajadores piden a la Fiscalía que investigue a las personas citadas. También enlistan elementos e indicios, y relatan hechos que sustentan la denuncia, como la constitución de un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros para el cobro de recursos, la presunta insolvencia fraudulenta, la presunta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios o el presunto incumplimiento de órdenes de autoridad judicial.

Esta es la denuncia más reciente que pesa sobre la liquidadora de confianza de Cabezas-Klaere. El 23 de julio anterior, en cambio, Richard Aldaz Jácome, accionista de la empresa Servicios Drilling Technologies Cía. Ltda. (SDT), que se dedica a la actividad petrolera y cuya sede está en Quito, denunció a la abogada guayaquileña por “perjurio”.

Aldaz explica, con documentos en mano, que desde hace tres años se realizaba sin problemas la liquidación de SDT, pero que, de forma imprevista, el 27 de octubre de 2025 la ‘Super’ de Compañías reemplazó al liquidador. A su criterio, el cambio no tenía justificación, ya que el administrador había conseguido convenios de pago con la mayoría de acreedores, tras ejecutar acciones para cobrar de a poco los $20 millones de deudas. Eso, afirma Aldaz, se trastocó con Elizabeth Jiménez.

“No ha habido un avance, no sabemos lo que esta haciendo. Tampoco ha presentado algún informe a los socios. No ha convocado a una junta como se lo hemos pedido. Hace caso omiso”, sostiene Aldaz.

A esa situación se sumó una disputa legal entre SDT y una de sus acreedoras, Diteecs S. A., por la diferencia en un valor que esta última buscaba cobrar a la empresa de Aldaz, que también terminó siendo administrada por Jiménez (2026).

“Sin embargo, vemos que le nombraron liquidadora a esta señora de la compañía Diteecs S. A. Cuando un liquidador acepta el cargo, firma bajo juramento que no tiene ningún tipo de conflicto de interés para aceptar ese cargo de liquidación. Ella sabía que Diteecs S. A. es parte de los acreedores de SDT y la ley es clara”.

Aldaz menciona el Reglamento sobre Disolución, Liquidación, Cancelación y Reactivación de Compañías Nacionales: “No podrán ser liquidadores quienes no tengan capacidad civil, ni los acreedores o deudores de la compañía, ni los representantes de estos (...)”. Añade que “lo que va a pasar ahí es que si la señora es liquidadora de Diteecs S. A. y liquidadora de SDT, van a decir: ‘Le debemos a Diteecs S. A. $2 millones, $3 millones’, lo que ellos quieran van a poner”.

El empresario recuerda que presentó varios escritos a la ‘Super’ y que se reunió con Cabezas-Klaere en Guayaquil, pero las cosas no cambiaron. “El superintendente Cabezas nos dijo de frente que ella es de su confianza y que él la va a mantener ahí”, asevera Aldaz, quien lamenta que el Instituto de Seguridad Social de la Policía haya iniciado un proceso de coactiva contra SDT ante la interrupción de los pagos.

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El esquema que se repite entre decenas de liquidaciones

Roberth Torres es otro liquidador que ha concentrado encargos en la administración de Cabezas-Klaere. Desde el 19 de diciembre de 2024 al 9 de junio pasado, su nombre registraba 34 liquidaciones. Al 14 de agosto se cuantificaban 41, según los registros de una base de datos a la que este Diario tuvo acceso.

Liquidadores que han cuestionado la suerte de favoritismo para ciertos colegas (y que han pedido el anonimato para evitar represalias de la ‘Super’) aseguran que administrar ese número de empresas es humanamente imposible, por la complejidad de las tareas y seguimientos que se deben realizar para cobrar deudas, pagar a los acreedores, atender juicios, entre otras situaciones que se viven dentro de las compañías que experimentan problemas.

En el análisis a los registros de la ‘Super’ de Compañías y en la consulta de fuentes humanas y documentales, este Diario también evidenció en el caso de Torres un esquema similar al de Jiménez.

Entre las empresas que ha administrado el contador público y auditor constan Molsando Molinos Santo Domingo S. A. y Extractora San Daniel Cía. Ltda. (hace varias semanas pasaron a manos de otros liquidadores), que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas. Una fuente que conoció directamente la operación de esta primera empresa le cuenta a EXPRESO los riesgos presentes por un “conflicto de intereses”.

Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo"Fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. 

“Le asignaron las dos empresas. Entonces, él era juez y parte en esas compañías. Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo”, expone la fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. Esta persona pidió la reserva de su identidad.

EXPRESO le solicitó una entrevista a Torres, a través de los correos electrónicos que registran las decenas de empresas que administra.

“Agradezco la consideración al respecto, pero debo comentarle que me encuentro de viaje. Una vez que regrese socializaré este particular con el ente de control y les haré conocer la respuesta”, contestó Torres.

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La fuente también cita otro patrón que conoció al revisar los estados financieros. “Ahí viene la contabilidad creativa: sacan dinero de Molsando como inversión a largo plazo, entregan a San Daniel, o a su vez Molsando pagaba deudas de San Daniel”.

Héctor, interventor y liquidador con más de diez años de experiencia, también confirma las anomalías que registran los movimientos de esas empresas (una de ellas es investigada por presuntos delitos de estafa y defraudación bursátil). Y coincide con las voces de sus colegas sobre el supuesto favoritismo en las asignaciones y cálculo de honorarios, como le ocurrió en la intervención de una empresa de la Sierra que ya había tenido dos interventoras.

“Una interventora ganaba $1.500 más IVA. La otra interventora ganaba en total $1,700 incluido el IVA. Oh sorpresa, llego yo, que me ponen en la intervención, con las mismas horas, el mismo gerente, todo igualito, porque es la misma empresa, todo igual. Fui en lugar de la otra interventora, ¿y sabe cuánto me pusieron por mis honorarios? $1.000. Sí, $1.000 más IVA. Ellas vivían en esa provincia. Y a mí me toca viajar, porque no soy de esa provincia”, señala Héctor.

Lo que debes saber

• ODJ alertó en 2026 sobre hostigamiento a jueces en Ecuador por fallos en casos políticos.
• Jueces y abogados enfrentaron sanciones e investigaciones tras decisiones de alto impacto político.
• El informe vincula estas acciones con riesgos para la independencia judicial en Ecuador.

Si se cree que la peor pesadilla es tener un sistema de justicia donde jueces y abogados obedecen órdenes de los políticos en el poder es porque se desconoce un sistema aún peor: el de los jueces y tribunales que actúan por miedo. Es decir, fallan dándole razón al poder no porque hayan recibido órdenes expresas, sino por miedo a contradecir la voluntad del gobierno en los casos políticamente sensibles. ¿Y miedo a qué? A ser castigados, despedidos o desprestigiados. Pues bien, esa pesadilla es la que está viviendo el Ecuador.

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Lo dice el informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) sobre el hostigamiento a jueces y abogados, que habla de un “patrón sistemático” de hostigamiento y persecución que se desencadena cuando jueces y abogados intervienen en procesos de alto impacto político.

Porque cuando un juez ve que sus colegas son denunciados penalmente, investigados, suspendidos o amenazados con la destitución después de dictar una resolución contraria a los intereses del poder político, aprende una lección. No necesita recibir una llamada. No necesita que alguien le diga qué sentencia debe firmar. El mensaje ya está allí.

El caso Goleada y las sanciones contra jueces

El caso Goleada es un ejemplo brutal. Los jueces Byron Uzcátegui, Wiler Chóez y Silvana Velasco revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros procesados, porque consideraron que no existían elementos de convicción suficientes. Después llegaron las denuncias por prevaricato, las recusaciones promovidas por el fiscal general y el proceso administrativo por supuesto “error inexcusable”. En julio fueron suspendidos 90 días sin sueldo y en septiembre la Dirección de Control Disciplinario de la Judicatura recomendó su destitución.

Pero el caso tiene un episodio todavía más perturbador. El conjuez nacional Javier de la Cadena emitió un voto salvado en el que sostuvo que los jueces no habían cometido infracción alguna al revisar y levantar la prisión preventiva. Trece días después, el Consejo de la Judicatura terminó su designación temporal en la Corte Nacional y ordenó su regreso a la Corte Provincial de Imbabura.

¿Hace falta decirles algo a los demás jueces después de eso? No, porque aquí hay un mensaje clarísimo: fallas en contra de mis intereses y estás tostado.

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Un mensaje explícito desde el Ejecutivo

Pero hay un caso que el informe encuentra aún más explícito, porque el mensaje dejó de ser implícito y fue pronunciado por un ministro del Gobierno. En julio, la Fiscalía allanó las oficinas y domicilios de tres jueces nacionales, investigados por presunto cohecho. La investigación se originó, según el informe, en el testimonio de un exfuncionario judicial condenado por corrupción que dijo haber conocido de un supuesto pago a cambio de una sentencia.

Horas después, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo algo que debería provocar escalofríos en cualquier democracia: “No son intocables. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”.

El problema no es solamente la investigación contra esos tres jueces. Una investigación por corrupción puede ser perfectamente legítima y necesaria. Lo verdaderamente grave es que un alto funcionario del Ejecutivo haya explicado los allanamientos en términos de un mensaje dirigido al resto de jueces: hay que “enderezarse” y “corregirse” o terminarán presos.

El propio ODJ considera que esa declaración tiene un inequívoco objetivo intimidatorio y disciplinador sobre los operadores de justicia que conocen casos de interés político.

El caso de la jueza Daniela Ayala

Y el patrón no termina allí. Está el caso de la jueza Daniela Ayala, quien en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio dictó prisión preventiva contra Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, pero no contra José Serrano y Xavier Jordán, porque consideró que la Fiscalía no había demostrado de manera suficiente la necesidad de esa medida.

La jueza incluso cuestionó durante la audiencia deficiencias técnicas de la Fiscalía. ¿Qué pasó luego? El 21 de mayo de 2026 se destituyó a la jueza Ayala.

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La presión también alcanza a los abogados

El régimen de terror no es únicamente con jueces, sino también con los abogados. Existe una tendencia de hostigamiento contra abogados que patrocinan casos de alto perfil político o que hacen críticas públicas sobre el sistema de justicia. Las formas de presión van, según ODJ, desde amenazas de investigaciones por lavado de activos hasta acoso tributario.

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El abogado Eduardo Carmigniani es uno de los casos más llamativos. ODJ sostiene que desde 2025 Gráficos Nacionales (GRANASA), editora de EXPRESO y EXTRA, ha enfrentado acciones coordinadas de distintas instituciones estatales, entre ellas Fiscalía y Superintendencia de Compañías, que habrían buscado obtener una participación accionaria de la empresa y alterar la línea editorial de sus publicaciones.

Carmigniani, además, fue condenado en agosto a seis meses de prisión por calumnia y posteriormente sentenciado por complicidad en un caso de cohecho relacionado con Sinohydro.

El otro caso es el de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez en los procesos Triple A, Goleada y Grillete. En julio fue notificado del inicio de una investigación fiscal por presunta obstrucción a la justicia, a raíz de publicaciones que había hecho en X sobre el avance de los procesos contra su cliente.

Un mensaje que, según el informe, trasciende los casos individuales

El mensaje es contundente: juez que falla contra el poder, juez investigado; juez que defiende al colega sancionado, juez apartado; abogado que defiende al adversario político, abogado investigado; abogado que critica al sistema, abogado perseguido.

¿Hace falta una orden presidencial para controlar una Función Judicial en esas condiciones? Probablemente no.

Lo que debes saber

• ALFE agrupa a 16 empresas farmacéuticas ecuatorianas.
• El gremio cuenta con 13 plantas para la producción de medicamentos.
• La industria nacional busca ampliar su participación en el abastecimiento público.

La industria farmacéutica ecuatoriana busca tener un mayor espacio en la innovación y en el abastecimiento de medicamentos para el sector público. María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE, analiza con EXPRESO las oportunidades del sector y las condiciones necesarias para fortalecer la participación de los laboratorios nacionales.

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- ¿Cuál es hoy el principal reto que tiene Ecuador para avanzar en innovación farmacéutica y tecnológica?

- Desde ALFE pensamos que el principal reto es la conversación. Es justamente lo que desde el gremio estamos provocando: sentarnos, escuchar nuevas ideas, conversar sobre ellas y, una vez que planifiquemos, llevarlas a la acción. Creo que tenemos la intención, pero no la concretamos en acciones, y ese es el trabajo que debemos hacer. Hoy estamos hablando de que todas las tecnologías convivan de la mano en Ecuador y en todos los países.

- ¿Cómo cuáles?

- Innovadores, genéricos, biosimilares u otras tecnologías deben complementarse para que el paciente reciba un tratamiento adecuado y cubra todas sus necesidades. Entonces, creo que esta conversación entre la misma industria y todos los actores de la salud es muy importante.

- ¿Qué tan rezagado está Ecuador frente a otros países de la región en materia de investigación, desarrollo e innovación farmacéutica?

Tenemos oportunidades en temas regulatorios. Un registro sale mucho más rápido aquí que en otros países. Tenemos algunas cosas en las que vamos adelante, que están adelantadas. Hay otras en las que hay que trabajar.

- ¿Cuál es la diferencia de tiempo?

- La diferencia es de años. Aquí puede tomarte seis meses. En Brasil, por ejemplo, toma entre cuatro y cinco años.

Necesitamos tener una industria fuerte para que, cuando haya una pandemia, tengamos todo lo necesario.María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE

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- ¿Y en qué tiene que trabajar Ecuador?

- Vemos que el Gobierno está trabajando en esta nueva empresa, AIL EP (Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud). Creo que le va a deslindar de muchas responsabilidades más administrativas al Ministerio (de Salud). Desde la industria tenemos que trabajar también en estos espacios para que se pueda traer innovación, pero la innovación no solo son medicamentos, sino también trabajar en los procesos. Ahí entra la autoridad y ahora, como nunca, vemos que está muy abierta, está trabajando de la mano. Antes se tenía mucho miedo de acercarnos a la autoridad.

- ¿Qué procesos hay que trabajar?

- Hay muchísimos. Cuando está entrando la innovación, tal vez el acceso es un poco más complicado.

- ¿Cómo?

- Por ejemplo, cuando no hay un medicamento, se requiere tiempo para analizarlo. En eso tenemos que avanzar, sin descuidar la calidad y la rigurosidad. Como industria, también debemos empaparnos de la innovación que hay afuera. La academia tiene que hacer más estudios clínicos, porque hay pocos. Todos tenemos que trabajar y adoptar las buenas prácticas de otros países.

- ¿Qué buenas prácticas hay que traer de otros países a Ecuador?

- Hay agencias de regulación de otros países de las que debemos aprender. La autoridad de salud nos comentaba que va a firmar acuerdos con otras agencias para conocer y adoptar esas experiencias. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Pero hay que tomar las buenas prácticas de cada país y tratar de adaptarlas al nuestro. Como usted sabe, uno de los principales problemas del sistema público es la falta de medicamentos.

Tenemos muchas regulaciones. Creo que, más que seguir generando normas, tenemos que cumplirlas.María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE

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- ¿Qué está fallando en la cadena de abastecimiento de medicinas en el sector público?

- Todos sabemos que hay ciertos procesos que no funcionan desde hace mucho tiempo. No vienen desde este Gobierno. Con buena cara veo esta iniciativa de crear AIL EP. Démosle tiempo.

- ¿Qué tiempo?

- Tal vez unos seis meses. Veamos cómo se realizan las compras.

- ¿Los laboratorios ecuatorianos pueden proveer los medicamentos?

- Nosotros podemos proveer aproximadamente entre el 20 % y el 30 % de muchos medicamentos. Por supuesto, queremos trabajar con el Gobierno. Si hay la necesidad de crear aquí otros productos y elaborarlos, podemos hacerlo. Tenemos 13 plantas dentro de las 16 empresas (que conforman ALFE). Somos bastantes y contamos con esas capacidades.

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- ¿Ha sido fácil para las empresas ecuatorianas competir en el mercado de compras públicas? ¿O qué necesita cambiar para que haya una mejor experiencia?

- Algunas de nuestras empresas participan y otras no. Es un porcentaje bajo, aproximadamente el 5 %.

- ¿Y eso por qué?

- Por decisiones de negocio, nada más.

- ¿No es conveniente?

- Justamente queremos conversar para que sea conveniente y para que nosotros podamos aportar a todas las necesidades del Estado.

- ¿Qué necesitan para trabajar con el Estado?

- Que se cumplan los pagos. Si nos compran medicamentos, que en efecto se pague y que haya transparencia.

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CREO exige esclarecer el ataque y garantizar seguridad

En el comunicado difundido por CREO, la dirigencia calificó el ataque como un acto de “violencia e intimidación política” y pidió la intervención de las autoridades competentes. También demandó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que “se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se garantice la seguridad y protección” de Lozada, su equipo y quienes participan en el proceso electoral.

La organización política sostuvo además que la actividad política debe desarrollarse sin hechos de violencia y cerró su pronunciamiento con un llamado a defender la democracia mediante “ideas, propuestas y participación ciudadana, nunca con violencia”. CREO, en su publicación, enfatizó: “¡No permitiremos que la política sea un espacio de miedo!”.

El ataque ocurrió durante la madrugada, en Joya de los Sachas, cuando el vehículo en el que se movilizaba Lozada fue blanco de varios disparos. CREO señaló que el hecho constituye un acto de “violencia e intimidación política” y pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los equipos de todos quienes participan en los comicios.

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Revolución Ciudadana define sus candidatos para 17 alcaldías de Guayas en 2026

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CREO niega alianza con Revolución Ciudadana

Además, la organización política también se pronunció ante las declaraciones de Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, quien anunció que su organización concretó 27 alianzas y acuerdos políticos en distintas provincias y cantones. Entre las organizaciones mencionadas por Rivadeneira estuvo CREO, junto con el Partido Socialista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), Alianza Mano Firme, Futuro Naranja, Revive, Minga por el Cambio y Unidad Popular.

Juan Fernando Flores, primer vocal de CREO, rechazó esa afirmación y aseguró que el movimiento no ha concretado acuerdos con Revolución Ciudadana, ni en Guayas ni en otras provincias. “Eso es falso”, escribió en X; a su vez señaló que CREO incluso objetó la candidatura de Luisa González en Manabí por un supuesto incumplimiento de la ley.

Ana Belén Cordero, presidenta de CREO, también respondió a Rivadeneira y negó que exista un acuerdo entre ambas organizaciones políticas. “El Movimiento CREO no tiene Ninguna alianza ni en la provincia del Guayas ni el país con ustedes”, afirmó, y agregó que “todos nuestros candidatos son y fueron inscritos como CREO, lista 21”, aunque aclaró que "si algún candidato estuvo o participó en procesos anteriores en otras organizaciones políticas, es algo distinto a que exista alianza alguna". 

El grupo, que promovió la consulta para que el petróleo se mantenga bajo tierra, anunció que su recurso extraordinario ante la Corte Constitucional no fue admitido. Con ello, el siguiente paso sería buscar instancias internacionales.

Política

Yasunidos logra recaudar más de 18.000 dólares para pagar multa del TCE

Nadia Larco Bravo

“La sala de admisión de la Corte Constitucional conformada por los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Richard Ortiz Ortiz y José Luis Terán Suárez inadmitió la acción extraordinaria de protección que presentamos contra la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que sancionó con 18.000 dólares a dos miembros de Yasunidos”, se lee en un pronunciamiento de esa organización.

El Pleno del TCE emitió el 7 de abril de 2026 una sentencia con la que impuso multas de USD 9.000 a dos de sus miembros. La entidad estatal justificó la decisión argumentando una diferencia en la clasificación contable de USD 0,39 dentro de los registros de la organización.

“Este no es un caso más, sino la expresión de las tantas arbitrariedades de la Función Electoral que han socavado la democracia y los derechos de participación. Son precisamente estos casos, en los que se necesita controlar el poder y garantizar los derechos constitucionales y la democracia, cuando la ciudadanía más necesita la acción de la Corte Constitucional”, indicó el colectivo.

¿Qué hará Yasunidos?

Por ahora, todo lo que se sabe respecto al siguiente paso del colectivo es que recurrirá a instancias internacionales. Yasunidos señaló que hay organismos fuera del país que ya siguen de cerca lo que ocurre con quienes defienden el Yasuní.

Al final de su comunicado se señala: “No vamos a dejar de exigir que se cumpla la voluntad popular, ni vamos a permitir que el aparato electoral se use para amedrentar a la ciudadanía”.

Política

Rivadeneira endurece postura ante los 37 asambleístas de Revolución Ciudadana

Flor Layedra Torres

El pago de la multa

El pasado 14 de mayo de 2026, el colectivo Yasunidos informó que consiguió recaudar más de USD 18.000 para pagar la multa. La organización explicó que los fondos se obtuvieron mediante rifas solidarias, una “fiesta por la vida”, campañas de financiamiento colectivo y aportes de organizaciones nacionales e internacionales.

Lo que debes saber

• Patricia Núñez denunció a 37 legisladores de RC.
• La dirigencia pide respetar los acuerdos de bancada.
• Rivadeneira sostiene que nadie está por encima de las reglas del movimiento.

El proceso disciplinario contra 37 asambleístas de Revolución Ciudadana (RC) abrió una disputa interna en la organización política, luego de que Patricia Núñez, coordinadora de la bancada, presentara una denuncia ante el Consejo de Ética y Disciplina. Entre los legisladores señalados están Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Xavier Lasso, Pamela Aguirre, Paola Cabezas, Blasco Luna, Jahiren Noriega y Mónica Palacios.

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RC buscará respaldar candidaturas donde no pudo inscribir las suyas

Flor Layedra Torres

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RC advierte sobre los conflictos internos

Gabriela Rivadeneira, presidenta de RC, en rueda de prensa, defendió la actuación del organismo interno y rechazó que se trate de una instancia destinada a expulsar militantes. “El Consejo de Ética y Disciplina no es un consejo inquisidor, no es un consejo de la expulsión”, sostuvo, y explicó que su función es analizar situaciones relacionadas con la actuación de los integrantes del movimiento.

La dirigente aseguró que dentro de la bancada existen discusiones y acuerdos sobre las votaciones que deben asumir sus legisladores en la Asamblea Nacional. “Adentro hay la discusión y hacia fuera un solo puño”, dijo Rivadeneira, quien advirtió que los conflictos internos no deben convertirse en asuntos públicos y que quienes los expongan serán observados por el Consejo de Ética y Disciplina.

Rivadeneira también descartó que la visibilidad política de los legisladores los coloque por encima de las normas internas del movimiento. “Aquí en la Revolución Ciudadana todos somos militantes y todos tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos”, afirmó, al recordar que anteriormente otros cuadros relevantes de la organización también fueron sancionados.

La presidenta de RC reconoció que una eventual salida de los legisladores sancionados podría tener consecuencias para la bancada, pero sostuvo que permanecer en el movimiento es una decisión individual. “Todos están invitados a quedarse, pero nadie está obligado a hacerlo”, dijo Rivadeneira, quien también añadió que: “lo que no suma que no divida”.

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Rivadeneira marca límites a los asambleístas

Sobre la votación que habría motivado parte de la controversia, Rivadeneira sostuvo que el acuerdo interno era abstenerse, debido a que el proyecto había sido presentado por la legisladora oficialista, Diana Jácome, a la que vinculó con el archivo del caso Progen. La dirigente insistió en que RC debe asumir su papel como “primera fuerza de oposición”.

El pronunciamiento ocurre después de votaciones en las que legisladores de la tienda política se apartaron de acuerdos previamente establecidos por la bancada. Rivadeneira señaló que no se trata de que los asambleístas deban acatar de manera automática su posición, como presidenta del movimiento, sino de respetar los consensos alcanzados por el bloque: “Cuando ese acuerdo de la votación se rompe, entonces por supuesto que hay una afectación”.

La presidenta de RC defendió, además, la postura de oposición que mantiene la bancada frente al régimen de Daniel Noboa y cuestionó que la discusión política se concentre en la aprobación de leyes como respuesta a los problemas del país. “No se trata de las leyes”, afirmó, al sostener que el Ejecutivo debe demostrar resultados y que la función de sus legisladores también es fiscalizar lo que, a su criterio, no se está haciendo.  

Lo que debes saber

• RC aún analiza a qué candidatos respaldará en varios cantones.
• En Manabí pide el voto nulo para la Prefectura.
• La decisión también alcanza a territorios donde expulsó a alcaldes.

Revolución Ciudadana (RC) analiza respaldar a candidatos de otras organizaciones políticas en los cantones donde no logró inscribir postulantes propios para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, señaló que cerca de 3.000 cuadros del correísmo quedaron fuera de la contienda, por lo que ahora evalúan dónde trasladar el respaldo de su estructura electoral.

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RC define sus respaldos fuera de sus listas

La dirigente aseguró, en rueda de prensa, que la definición se hará caso por caso y dejó clara la principal condición política del movimiento: no respaldar candidaturas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). “Cualquiera menos ADN”, afirmó Rivadeneira.

Manabí tendrá un tratamiento distinto, pues RC anunció que promoverá el voto nulo para la Prefectura y no apoyará a otro candidato para ese cargo. La decisión está relacionada con la exclusión de Luisa González, cuya candidatura fue descartada por las autoridades electorales; no obstante, Rivadeneira señaló que el movimiento sí logró cubrir alrededor de 20 alcaldías en esa provincia.

Otro de los casos que está bajo análisis es Otavalo, donde RC tampoco pudo mantener la candidatura de Anabel Hermosa para la Alcaldía. Rivadeneira cuestionó la decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura y señaló que el movimiento evalúa ahora a qué candidato de otra tienda política respaldará en esa localidad.

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Guayas concentra otra disputa política

En Guayas, en cambio, la estrategia estará marcada además por la disputa interna que provocó la expulsión de varios alcaldes del movimiento. Rivadeneira sostuvo que quienes apoyaron la designación de Carlos Encalada como viceprefecto fueron expulsados y que, en esos cantones, RC convirtió la presentación de candidaturas alternativas en una prioridad.

La presidenta de RC mencionó específicamente a Yaguachi, El Triunfo, Pedro Carbo, Simón Bolívar y Santa Lucía como los territorios donde presentaron alternativas electorales. Según Rivadeneira, el movimiento busca que los habitantes de esos cantones conozcan tanto a los candidatos que considera responsables de la maniobra política como a las opciones que propone para reemplazarlos.

La dirigencia correísta sostiene que su respaldo no necesariamente se limitará a sus propias listas y que las decisiones se anunciarán conforme avance la campaña electoral. Rivadeneira aseguró que el objetivo es trasladar la fuerza de su militancia hacia candidaturas que puedan disputar esos espacios y evitar que el respaldo termine favoreciendo al movimiento oficialista. 

Este lunes comenzaron las audiencias públicas de impugnación en contra de 26 aspirantes al cargo. Según los datos del CPCCS, serán 41 impugnaciones las que deberán sustentarse en dichas audiencias. El cronograma empezó con la comparecencia de Carlos Gustavo Bravo, quien objetó la postulación de Romero bajo la causal de falta de probidad e idoneidad para ejercer el cargo.

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Daniel Alejandro Romero Páez

¿Qué pasó en la audiencia?

Este lunes 14 de septiembre de 2026, Romero tenía previsto enfrentar tres impugnaciones, todas presentadas por Carlos Bravo. Fue durante la segunda audiencia cuando el impugnante hizo referencia a las imágenes que circularon en redes sociales sobre la supuesta reunión.

Las imágenes a las que hizo referencia daban cuenta de un supuesto encuentro en el que se observaría a Romero y Rosero en un mismo lugar. Las mismas fueron atribuidas a una cámara de seguridad.

Sobre esto, Inés Romero señaló: “Niego categóricamente haber mantenido durante este concurso una reunión que se me atribuye con David Rosero, consejero del CPCCS; ni con ninguno de los consejeros”.

Respecto a las imágenes que circularon, la postulante a la Fiscalía General dijo que negaba el encuentro, sobre todo si se tiene en cuenta la fecha atribuida a dicha reunión. 

Recordó una entrevista de Rosero en la que el vocal aseguraba haber estado en otro lugar el 5 de junio de 2026.“Cuando esas publicaciones salieron en redes sociales acudí a la Fiscalía y denunció la suplantación de identidad. Pedí que se instigue la difusión en redes. Una fotografía no acredita una pericia”, dijo Romero.

También aseguró que no hubo ninguna pericia técnica sobre la procedencia de las imágenes o el equipo desde el cual fueron tomadas.

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Un juicio político en marcha

Las imágenes que generaron los cuestionamientos en contra de Romero y Rosero son también la base para la solicitud de juicio político en contra del vocal del CPCCS en la Asamblea Nacional. El independiente y aliado del oficialismo Sergio Peña busca la censura y destitución de Rosero.

Sobre las pruebas con las que cuenta, Peña ha dicho que la reunión se habría dado en Cumbayá, Quito, y que habría durado cerca de dos horas. Actualmente, la Comisión de Fiscalización lleva adelante la sustanciación del proceso y corre el plazo para la entrega de las pruebas de cargo y descargo.

Lo que debes saber

• Fiorella Icaza será la carta del correísmo para Guayaquil.
• El movimiento competirá junto a varias organizaciones políticas.
• RC llega a la contienda tras una suspensión provisional de su lista.

Revolución Ciudadana llegará a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 con cerca de 2.500 cuadros a escala nacional, aunque alrededor de 3.000 figuras del correísmo no podrán participar, según informó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización política, en una rueda de prensa en Guayaquil. La dirigente señaló que, pese a esas restricciones, el movimiento cubrirá el 48 % de las candidaturas locales del país, con postulaciones para 16 prefecturas y 120 alcaldías, incluidas las cabeceras cantonales.

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RC apuesta por alianzas para completar su nómina

Rivadeneira explicó que la organización concretó 27 alianzas y acuerdos políticos en distintas provincias y cantones del país, de los cuales 10 corresponden a Guayas. Entre las organizaciones con las que alcanzó acuerdos mencionó al:

En Guayas, Revolución Ciudadana buscará participar en 17 de las 25 alcaldías, aunque en algunos cantones lo hará mediante listas de sus organizaciones aliadas. Entre las candidaturas anunciadas están:

La candidatura de Fiorella Icaza para el Municipio de Guayaquil es una de las apuestas centrales del movimiento en la provincia, según Rivadeneira, quien la presentó como una reivindicación de la legitimidad política de su esposo, el alcalde Aquiles Álvarez. La dirigente también destacó el perfil de Icaza como una figura que busca asumir un papel propio en la contienda y continuar, dijo, un proceso de transformación de la ciudad.

La nómina provincial también incluye a:

A esta lista se suman:

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Cantones sin alianzas

Luis Monge, director provincial de Revolución Ciudadana en Guayas, señaló que el movimiento no pudo participar con candidaturas en Balao, El Empalme, Isidro Ayora y Palestina. El dirigente explicó que en esos cuatro cantones no encontraron un vehículo electoral que les permitiera participar en los comicios, mientras la organización enfrenta además el antecedente de la suspensión provisional de su lista 5.

Política

Diálisis en Ecuador: el problema de las clínicas que también golpea a los pacientes renales

Rosero Mariela

El colectivo sostiene que también existen problemas en Guayas y responsabiliza tanto a las clínicas prestadoras como al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de garantizar la continuidad de los tratamientos.

Para los pacientes, una sesión de diálisis no es un servicio que pueda interrumpirse por una disputa administrativa o contractual. 

“Cada sesión suspendida representa un riesgo para un paciente”, señala el Frente, que cuestiona que las personas sean utilizadas como mecanismo de presión en medio de los problemas financieros que atraviesan algunos prestadores privados.

La organización afirma que las clínicas han advertido sobre dificultades de liquidez, retrasos en pagos y problemas para sostener sus operaciones. Frente a ello, reclama al Estado una solución que permita garantizar la atención y, al mismo tiempo, exige responsabilidades a los prestadores que ofrecen un servicio esencial.

No hay soluciones concretas dice Frente de Pacientes Renales

El Frente asegura que, tras sus movilizaciones, el MSP y el IESS han reconocido la gravedad de la crisis y expresado su disposición a participar en mesas técnicas. Sin embargo, considera que estos acercamientos todavía no se han traducido en soluciones concretas.

También cuestiona el incumplimiento de un compromiso del MSP: habilitar hasta el 10 de septiembre una plataforma para que los pacientes pudieran denunciar suspensiones de tratamientos, falta de insumos y otras vulneraciones. Según el colectivo, el sistema aún no está operativo.

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“Queremos vivir”: pacientes con trasplantes y con cáncer denuncian falta de medicamentos

Rosero Mariela

Ante la continuidad de los problemas, el Frente anunció que retomará las movilizaciones y plantones y solicitó una audiencia urgente con el ministro de Salud y el presidente del Consejo Directivo del IESS.

“No somos monedas de cambio. No somos cifras presupuestarias. Somos seres humanos que necesitamos diálisis para vivir”, sostiene la organización.

Lo que debes saber

• En 2026, Gabriela Sommerfeld salió de Cancillería por motivos personales y de salud.
• Tras la consulta de 2025, Ivonne Núñez y Danilo Palacios dejaron el gabinete de Noboa.
• En 2026, Noboa fusionó ministerios; varios funcionarios salieron por la reestructuración estatal.

La administración del presidente Daniel Noboa ha experimentado varios cambios en su equipo de gobierno desde el inicio de su gestión. 

Las salidas han respondido a distintos factores, entre ellos: 

El cambio más reciente y de mayor impacto ocurrió en junio de 2026, cuando el Ejecutivo redujo el número de ministerios de 14 a 10 mediante una reforma administrativa que fusionó varias carteras de Estado. La medida provocó la salida de algunos ministros y la reasignación de otros funcionarios dentro del gabinete.

Gabriela Sommerfeld dejó la Cancillería

Una de las bajas más relevantes fue la de Gabriela Sommerfeld, quien abandonó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Según informó el propio Gobierno, la entonces canciller presentó su renuncia por motivos personales y de salud. Su reemplazo fue Roberto Kury, designado como nuevo titular de la diplomacia ecuatoriana.

La salida de Sommerfeld se produjo en medio de la reorganización estatal impulsada por Noboa y puso fin a más de dos años y medio al frente de la política exterior ecuatoriana.

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Ministerios desaparecieron tras la fusión de carteras

La reestructuración anunciada el 4 de junio de 2026 también implicó la desaparición de varias carteras independientes. 

Este proceso derivó en cambios de autoridades y en la salida de algunos funcionarios cuyos despachos dejaron de existir como entidades separadas.

Salidas tras la consulta popular de 2025

Otro momento de fuerte movimiento en el gabinete ocurrió después de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025, en el que las propuestas impulsadas por el Ejecutivo fueron rechazadas por los electores. Tras los resultados, todos los ministros pusieron sus cargos a disposición del presidente.

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Entre las primeras renuncias confirmadas estuvieron las de Ivonne Núñez, entonces ministra de Trabajo, y Danilo Palacios, titular de Agricultura. Ambos anunciaron públicamente su salida un día después de la votación.

A esas bajas se sumó la de Humberto Plaza, gobernador del Guayas, quien también dejó sus funciones en medio de los cambios posteriores al revés electoral.

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Reacomodos políticos dentro del Ejecutivo

La reorganización posterior a la consulta incluyó además la salida de algunas autoridades de sus cargos originales para asumir nuevas responsabilidades. Por ejemplo, Zaida Rovira dejó el Ministerio de Gobierno y pasó al Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que otras carteras registraron reemplazos y encargos temporales.

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Estos cambios fueron presentados por el Ejecutivo como parte de un proceso de fortalecimiento institucional y reorganización de áreas consideradas estratégicas para la gestión gubernamental.

Desde que Daniel Noboa llegó al poder, las principales salidas de altos funcionarios han estado vinculadas a tres factores: reestructuración del Estado, resultados electorales y decisiones personales.