Lo que debes saber 

• Los guías penitenciarios llevaron nuevamente su reclamo a la justicia y denuncian que el Estado mantiene deudas laborales desde 2019.
• Además, aseguran que continúan las jornadas extensas y los traslados sin estudios técnicos.
• La audiencia ya fue convocada y buscan que se reconozca una vulneración de derechos y se ordenen cambios estructurales.

La Asociación de Servidores Penitenciarios (Asoserpen) presentó este 20 de julio una acción de protección para denunciar la presunta vulneración de derechos laborales de los agentes de seguridad penitenciaria. El proceso ya fue sorteado y será conocido por la jueza Alba Esmeralda Paladines Salvador, de la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes del Distrito Metropolitano de Quito.

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La audiencia fue convocada para el 7 de agosto de 2026, a las 11:00, dentro de una demanda que, según explicó el abogado de Asoserpen, Diego Pozo, surge por la supuesta omisión del Estado frente a problemas que, asegura, se arrastran desde hace varios años. Entre ellos figuran extensas jornadas laborales, traslados sin estudios técnicos y pagos pendientes.

"Se confirme la vulneración de los derechos de los servidores penitenciarios por omisión, porque durante todo este tiempo no se ha cancelado los valores que a ellos les corresponde".

Bandas salariales para guías penitenciarios siguen sin pagarse

Durante la rueda de prensa, Pozo recordó que en 2019 el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 185, tras un estudio técnico que calificó la labor de los servidores penitenciarios como penosa, peligrosa y con características distintas al resto del servicio público. A partir de ese análisis se establecieron bandas salariales con incrementos porcentuales que, según afirmó, aún no han sido canceladas.

El abogado sostuvo que los agentes penitenciarios cumplen jornadas superiores a las 12 horas y que, en algunos casos, ni siquiera disponen de tiempo suficiente para alimentarse durante el trabajo. A esto, dijo, se suman traslados a otras provincias sin estudios técnicos que consideren la situación familiar o económica de los funcionarios.

"Los servidores penitenciarios cumplen una jornada de más de 12 horas (...) en ciertos casos no tienen espacio ni siquiera para ir a alimentarse".

Pozo añadió que existen servidores que son madres o padres cabeza de hogar, así como funcionarios responsables del cuidado de personas con discapacidad, quienes deben asumir gastos de vivienda y alimentación cuando son trasladados sin recibir compensaciones adicionales.

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Asoserpen dice que el problema va más allá del dinero

Aunque uno de los reclamos apunta al pago de valores pendientes desde 2019, el representante legal de Asoserpen aseguró que la acción de protección no busca únicamente una reparación económica. Explicó que también pretende que se establezcan condiciones laborales que eviten la repetición de los problemas denunciados.

Según indicó, el objetivo es que las autoridades adopten reglas claras sobre jornadas laborales, traslados y reconocimiento de los derechos de quienes trabajan en los centros de privación de libertad. Afirmó que las actuales condiciones exponen permanentemente a los funcionarios penitenciarios.

"No tanto el tema económico, sino que también que se tomen reglas claras y den mejores condiciones laborales a todos los servidores penitenciarios".

Pozo señaló que los agentes han asumido riesgos constantes dentro de las cárceles y que algunos incluso han perdido la vida durante el ejercicio de sus funciones, por lo que considera necesario que el Estado garantice condiciones dignas para el desempeño de su trabajo.

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Asoserpen denuncia incumplimiento de un hábeas corpus favorable

El abogado recordó que anteriormente los servidores penitenciarios obtuvieron una sentencia favorable dentro de un hábeas corpus presentado tras los secuestros ocurridos en las cárceles durante la crisis penitenciaria. Según explicó, esa decisión fue apelada por el entonces SNAI, pero la Corte Provincial ratificó el fallo.

De acuerdo con Pozo, pese a esa resolución judicial, las medidas ordenadas aún no se han ejecutado. Entre ellas mencionó atención psicológica y médica para los funcionarios afectados, mejoras en las condiciones laborales, revisión de jornadas de trabajo, cumplimiento de las bandas salariales y que los traslados se realicen únicamente con informes técnicos.

"Hasta la fecha, hasta la actualidad, el SNAI no ha cumplido".

El abogado también recordó que el caso llegó en su momento al sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, explicó que, tras obtener un fallo favorable en Ecuador mediante el hábeas corpus, el proceso internacional no tuvo continuidad mientras se esperaba el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la justicia ecuatoriana.

Lo que debes saber

• Este lunes 20 de julio, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el recurso de corrección presentado por Washington Andrade, procurador común de la Plataforma Ciudadana que impulsa la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.
• Con esta decisión, el CNE ratificó la resolución emitida el pasado 15 de julio, mediante la cual rechazó la entrega del formato de formularios para la recolección de firmas necesarias para iniciar el proceso.
• El informe jurídico sostuvo que la decisión del 15 de julio no incurre en las causales previstas en el artículo 241 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

Este lunes 20 de julio, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el recurso de corrección presentado por Washington Andrade, procurador común de la Plataforma Ciudadana que impulsa la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.

(Te puede interesar: Plataforma para revocatoria del mandato presenta recurso de corrección en el CNE)

Con esta decisión, el organismo ratificó la resolución emitida el pasado 15 de julio, mediante la cual rechazó la entrega del formato de formularios para la recolección de firmas necesarias para iniciar el proceso.

Durante la sesión, Betty Báez, secretaria general, dio lectura al informe jurídico elaborado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que recomendó negar la petición al concluir que la resolución impugnada es "clara, completa, legítima y congruente" y que está apegada al ordenamiento jurídico vigente.

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El documento sostiene que la decisión del 15 de julio no incurre en las causales previstas en el artículo 241 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

El informe también recomendó ratificar en todas sus partes la resolución del 15 de julio y disponer que la Secretaría General notifique la decisión al peticionario para que surtan los efectos legales correspondientes. Estos criterios fueron acogidos por el pleno del organismo electoral.

¿Cómo votaron los consejeros del CNE?

La consejera Elena Nájera consignó su voto a favor de negar la petición. En el mismo sentido se pronunció Enrique Pita, quien sostuvo que la resolución recurrida fue adoptada con base en el informe jurídico correspondiente, tras analizar el expediente y aplicar las disposiciones de la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Esthela Acero votó a favor del informe jurídico y José Cabrera también respaldó la negativa al recurso.

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Con cuatro votos a favor, el CNE aprobó el segundo punto del orden del día y dejó en firme su decisión de no entregar los formularios para la recolección de firmas con las que la Plataforma Ciudadana buscaba activar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• Un experto internacional advirtió en la Asamblea que las mafias ya reclutan menores mediante videojuegos y plataformas digitales. 
• La Comisión de Transparencia incorporará sus observaciones al proyecto de ley que endurece las sanciones contra los reclutadores y fortalece la prevención.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional continuó este lunes 20 de julio el análisis del proyecto de ley que busca prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Durante la sesión 104, el principal invitado fue Alejandro Javier Campos Martínez, director regional para el Caribe, Bermuda y América Latina de Crime Stoppers International, quien expuso observaciones técnicas para fortalecer la normativa.

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La presidenta de la comisión, Diana Jácome Silva, explicó que el objetivo de la comparecencia fue recoger criterios especializados antes de elaborar el informe para segundo debate. Según indicó, los aportes permitirán robustecer una propuesta que busca cerrar vacíos legales frente a una problemática que, según distintos organismos, ha incrementado su impacto en Ecuador.

Durante su intervención, Campos insistió en que el reclutamiento de menores no puede abordarse únicamente desde el ámbito penal. "El tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es un tema exclusivamente de seguridad (...), también es un tema social", afirmó al advertir que la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión educativa y el desempleo crean un escenario que las organizaciones criminales aprovechan para captar a menores.

Reclutamiento digital: la nueva estrategia del crimen organizado

El especialista sostuvo que las estructuras criminales modificaron sus métodos de captación y ahora utilizan con mayor frecuencia plataformas digitales, videojuegos y redes sociales para acercarse a niños y adolescentes sin necesidad de un contacto presencial. Explicó que la pandemia aceleró ese cambio al trasladar buena parte de las interacciones de los menores hacia internet.

"Hoy en día no es necesario que el niño esté en la calle para ser reclutado (...). La mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes están en celulares, tablets y espacios digitales", señaló Campos durante su exposición ante los legisladores.

El experto añadió que incluso existen casos en los que personas privadas de libertad utilizan los chats de videojuegos para establecer vínculos con menores y comenzar un proceso de manipulación que termina convirtiéndose en reclutamiento. Esa modalidad, dijo, obliga a que la legislación contemple expresamente el entorno digital como un espacio de riesgo para la niñez.

Campos explicó que las organizaciones criminales desarrollan un proceso escalonado de captación. Inicialmente los menores cumplen tareas de vigilancia o mensajería y, posteriormente, son involucrados en actividades de mayor riesgo, como microtráfico, transporte de armas o sicariato. Según indicó, quienes fueron reclutados también terminan convirtiéndose en reclutadores de otros adolescentes.

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Penas más severas para quienes reclutan menores

Uno de los principales respaldos expresados por el compareciente fue hacia el endurecimiento de las sanciones para adultos que incorporen menores a organizaciones criminales. A su criterio, la legislación debe atacar directamente a quienes lideran estas estructuras y no únicamente a quienes ejecutan las actividades ilícitas.

"Tenemos que ser muy duros con las penas de los reclutadores adultos, porque si no no vamos a cerrar la fábrica del reclutamiento", sostuvo el representante de Crime Stoppers International.

Campos recordó experiencias observadas en países como El Salvador, donde niños de apenas ocho años eran utilizados por pandillas para alertar sobre la presencia policial mediante teléfonos celulares. Explicó que muchos de ellos iniciaban como simples vigilantes —conocidos como "postes"— y luego ascendían dentro de las organizaciones criminales hasta participar en delitos graves.

El experto también destacó que el proyecto ecuatoriano incorpora el concepto de pertenencia funcional dentro de las organizaciones criminales, una figura que, según dijo, permite identificar el rol específico que desempeña cada integrante dentro de la estructura delictiva y diferenciar la responsabilidad entre reclutadores, colaboradores y menores utilizados.

Uso y utilización: la diferencia que busca precisar la ley

Durante su intervención, Campos explicó que el proyecto diferencia los conceptos de uso y utilización, una distinción que, según afirmó, facilitará el trabajo de fiscales y jueces al momento de aplicar la norma.

De acuerdo con su explicación, el "uso" corresponde a una etapa inicial, cuando el menor participa en actividades marginales o de acercamiento a la organización criminal, mientras que la "utilización" implica una explotación directa del adolescente en delitos como tráfico de drogas, extorsión o sicariato.

"Cuando es un tema de utilización hay que aplicarle todo el peso de la ley. Cuando es un tema de uso todavía estamos a tiempo de salvar a ese niño", manifestó.

Asimismo, señaló que la respuesta estatal debe combinar medidas penales con programas de resocialización, educación, empleo juvenil, cultura y prevención, pues advirtió que una estrategia exclusivamente represiva no resolverá el problema si los menores continúan encontrando en las bandas criminales su único espacio de pertenencia.

Legisladores advierten que la ley debe ir acompañada de política pública

El debate continuó con las intervenciones de los asambleístas, quienes coincidieron en que el endurecimiento de las penas debe complementarse con acciones estatales para evitar que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales. Las preguntas se concentraron en el uso de plataformas digitales, el papel de las cárceles y las políticas de prevención.

El asambleísta Jorge Chamba destacó la experiencia internacional del compareciente y expresó su preocupación por el incremento del reclutamiento de menores en Ecuador. Durante su intervención sostuvo que el uso de videojuegos y plataformas digitales representa un nuevo desafío para las autoridades, al considerar que muchos menores son captados sin que sus familias conozcan lo que ocurre detrás de una pantalla.

Chamba preguntó qué mecanismos debería implementar el Estado para impedir que personas privadas de libertad o integrantes de organizaciones criminales contacten a menores mediante internet. Además, consultó si las reformas legales permitirán superar las debilidades institucionales existentes para detectar oportunamente estos casos y articular una respuesta entre distintas entidades públicas.

El debate apunta a educación, cárceles y prevención

El asambleísta Luna centró su intervención en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para reducir los factores que facilitan el reclutamiento. Recordó que, según datos expuestos durante la sesión, miles de niños permanecen fuera del sistema educativo, situación que —afirmó— incrementa su vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales.

También mencionó hechos recientes de violencia registrados en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde enfrentamientos armados obligaron a suspender actividades presenciales en instituciones educativas. Para el legislador, estas situaciones evidencian que el problema supera el ámbito penal y requiere acciones coordinadas del Estado.

Luna señaló que la pobreza, el desempleo, la falta de atención en salud y la ausencia de oportunidades para adolescentes constituyen condiciones que favorecen el crecimiento de las bandas delictivas. En ese contexto, consultó qué medidas deberían adoptarse para impedir que los menores pasen de ser reclutados a convertirse en reclutadores dentro de las propias organizaciones criminales.

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Crime Stoppers alerta sobre el reclutamiento desde cualquier parte del mundo

Al responder las inquietudes, Campos Martínez explicó que el principal desafío radica en que el entorno digital no tiene fronteras. Según indicó, quien contacta a un menor ecuatoriano puede encontrarse en una cárcel o en cualquier otro país, lo que dificulta la persecución penal tradicional.

"El espacio digital es un superespacio (...). Estas cárceles o estos reclutadores digitales puede ser que no estén dentro de la jurisdicción ecuatoriana", advirtió.

Frente a ese escenario, sostuvo que la principal herramienta para reducir el riesgo es la educación digital dirigida tanto a padres como a niños. A su juicio, las familias suelen creer que un menor está seguro únicamente por permanecer en casa, cuando actualmente las mayores amenazas también se encuentran detrás de una pantalla.

El especialista comparó esta situación con las campañas de prevención de fraudes bancarios que se desarrollan en distintos países. Consideró que ahora es necesario impulsar procesos similares para que padres, docentes y adolescentes aprendan a identificar las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para captar menores mediante videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El modelo de El Salvador y el control territorial

La presidenta de la comisión, Diana Jácome Silva, consultó al compareciente sobre los resultados obtenidos en El Salvador frente al combate de las pandillas y el reclutamiento de menores.

Campos respondió que la experiencia salvadoreña estuvo marcada por una decisión política de recuperar el control territorial mediante un régimen de excepción, aunque aclaró que cada país posee condiciones jurídicas distintas y que ese modelo no puede trasladarse automáticamente a otras realidades.

"La única forma de recuperar la soberanía nacional era quitarlos del territorio", afirmó al explicar cómo fueron desarticuladas las estructuras de la MS-13 y otras pandillas.

El experto sostuvo que, una vez debilitadas las organizaciones criminales, comenzaron a reactivarse actividades económicas y servicios públicos que permanecían restringidos por la violencia. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe construir su propia estrategia combinando legislación, prevención, fortalecimiento institucional y persecución del crimen organizado.

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Campos insiste en combinar sanciones con oportunidades

Durante la parte final de la comparecencia, el especialista reiteró que la prevención por sí sola no resulta suficiente cuando las organizaciones criminales controlan territorios completos. En esos casos, señaló, las familias incluso enfrentan dificultades para asistir a programas sociales debido al dominio ejercido por las bandas.

"La prevención sola no funciona", afirmó al explicar que las políticas sociales deben ir acompañadas de una respuesta contundente frente a las estructuras criminales.

Campos recomendó que la futura legislación vaya acompañada de presupuesto para programas de cultura, deporte, empleo juvenil, educación y resocialización. Según indicó, esos espacios pueden convertirse en alternativas para adolescentes que actualmente encuentran en las bandas criminales su único sentido de pertenencia.

También planteó mantener una diferenciación entre menores utilizados por organizaciones criminales y adolescentes que ya participan de forma consciente en delitos graves, como el sicariato, con el fin de evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por las defensas de integrantes del crimen organizado.

Al concluir la comparecencia, la presidenta Jácome agradeció las observaciones presentadas por el representante de Crime Stoppers International y anunció que los criterios técnicos serán incorporados en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley.

Lo que debes saber

• La sesión solemne por los 491 años del proceso fundacional de Guayaquil volverá al Salón de la Ciudad del Palacio Municipal.
• La decisión marca un cambio frente a las dos últimas celebraciones, que se realizaron en espacios abiertos como el Malecón Simón Bolívar y el Palacio de Cristal, y el acto será presidido por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

El Municipio de Guayaquil celebrará este sábado 25 de julio la sesión solemne por los 491 años del proceso fundacional de la ciudad en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, un escenario que no ha sido la constante en las últimas conmemoraciones.

El acto oficial comenzará a las 16:00 y será presidido por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien asumió la administración municipal tras la detención de Aquiles Álvarez.

La elección del Salón de la Ciudad marca un cambio frente a las últimas sesiones solemnes, que se desarrollaron en espacios abiertos con amplia asistencia de ciudadanos.

Un cambio respecto a las celebraciones recientes

La conmemoración por los 490 años del proceso fundacional de Guayaquil, realizada el 25 de julio de 2024, tuvo como escenario una gran tarima instalada en la intersección de las avenidas 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar. La ceremonia fue encabezada por el entonces alcalde Aquiles Álvarez y reunió a miles de asistentes.

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Un año antes, la sesión solemne por los 489 años de fundación se llevó a cabo en la explanada del Palacio de Cristal, también ubicada en el Malecón Simón Bolívar.

En cambio, la última ocasión en que el Municipio desarrolló este acto en el Salón de la Ciudad fue durante la conmemoración de los 488 años de fundación, celebrada el 25 de julio de 2023. El recinto, denominado "Dr. José Joaquín de Olmedo", se encuentra dentro del Palacio Municipal, en el centro de Guayaquil.

Tatiana Coronel presidirá el acto oficial

La ceremonia de este año será la primera encabezada por Tatiana Coronel en calidad de alcaldesa subrogante, función que ejerce mientras Aquiles Álvarez permanece apartado de sus funciones.

Se prevé que durante la sesión solemne el Cabildo entregue reconocimientos y emita el mensaje institucional por el aniversario 491 del proceso fundacional de Guayaquil.

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Renuncia del secretario 

A pocos días del evento también se produjo un cambio dentro de la estructura municipal. Este lunes 20 de julio se conoció la renuncia irrevocable de Jaime Tejada Franco al cargo de secretario del Concejo Municipal de Guayaquil, alegando motivos de salud.

La asambleísta Liliana Durán presentó un pedido para modificar el orden del día de la sesión prevista para el 21 de julio de 2026.

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¿Qué plantea la solicitud de Durán?

La propuesta plantea debatir una desclasificación parcial de la información relacionada con el expediente fiscal Nro. 170101826072291, cuya investigación sirvió de sustento para el pedido formulado por la Fiscalía ante el TCE y que derivó en la suspensión provisional del movimiento Amigo.

Según la solicitud presentada por Durán, el objetivo es permitir que la Asamblea verifique la legalidad, motivación, alcance y sustento del requerimiento de la Fiscalía. La legisladora argumenta que el proceso produjo efectos directos sobre la participación electoral de la organización política involucrada.

La propuesta precisa que la desclasificación no abarcaría la totalidad del expediente. Se limitaría a los oficios remitidos al Tribunal Contencioso Electoral, las acciones de personal, las notificaciones y sus respectivos acuses de recibo, así como a los actos y documentos que contengan la motivación general del pedido fiscal.

En la solicitud se establece que esa información sería necesaria para el ejercicio de las atribuciones constitucionales de fiscalización y control político que tiene la Asamblea Nacional.

“En un país donde se pretende proscribir a la oposición y vulnerar la democracia, el silencio es complicidad”, escribió la legisladora de la bancada de Revolución Ciudadana.

La iniciativa surge en medio de la controversia generada por la suspensión del movimiento Amigo, una resolución que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ejecutar. La tarde de este 20 de julio de 2026, el organismo electoral tenía previsto reunirse para conocer y resolver la disposición emitida por el Tribunal Contencioso Electoral.

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Roberto Luque y Antonio Gonçalves, exministros de Energía y Minas, así como Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), no asistieron a la sesión del viernes pasado. En esa reunión, el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), anunció que insistiría en la convocatoria. Con ese antecedente, la nueva sesión fue convocada para las 17:00 de este 20 de julio.

Sin embargo, al menos para los asambleístas del correísmo que integran la Comisión de Fiscalización, hasta el mediodía de este lunes no existía certeza sobre la comparecencia de los invitados. Ana Cecilia Herrera (RC) indicó que, hasta donde conocía, aún no había una confirmación de su asistencia.

Cabe recordar que el viernes pasado la secretaria de la comisión confirmó que las convocatorias fueron enviadas a los correos electrónicos registrados. Además, el Ministerio de Infraestructura había firmado como recibida la convocatoria dirigida a Luque.

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¿Fueron convocados Gonçalves y Calero?

En la misma sesión se conoció que no hubo respuesta a las convocatorias enviadas por la Comisión de Fiscalización al exministro Antonio Gonçalves y al exgerente de CELEC Fabián Calero. Álvarez insistió en que el llamado también fue publicado en el portal web de la Asamblea Nacional.

“La Comisión cumplió con convocar a los llamados para rendir testimonio pidiendo incluso que la página web de la Asamblea Nacional haga públicos los llamados”, aseguró Álvarez.

Sobre la nueva convocatoria, el legislador también afirmó que las pruebas para la sustanciación del proceso podrán receptarse únicamente hasta el 21 de julio. Posteriormente, la comisión deberá elaborar un informe con la recomendación sobre el enjuiciamiento político de Manzano.

Sin embargo, EXPRESO contactó al abogado de Antonio Gonçalves, Leonardo Stagg, para consultarle sobre la convocatoria. Su respuesta fue que no tienen conocimiento del llamado para participar en el proceso de interpelación relacionado con el contrato de generación eléctrica suscrito entre CELEC y Austral Technical Management.

Este Diario también consultó al entorno de Fabián Calero sobre la convocatoria. La respuesta fue que tampoco habían sido notificados para comparecer ante la Comisión de Fiscalización.

Para esta tarde también está previsto el testimonio del periodista Álvaro Espinosa, cuya comparecencia fue solicitada por la bancada de Revolución Ciudadana y aprobada por la comisión.

Lo que debes saber

• El proyecto reemplazó al ganador del primer concurso tras un nuevo proceso de selección.
• El museo resguardará más de 1,2 millones de bienes patrimoniales.
• El edificio se proyecta en un sector donde también se prevén torres de hasta 35 pisos.

El concurso para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MUNA) volvió a generar cuestionamientos luego de que el Gobierno seleccionara la propuesta ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, para levantarse en la esquina de las avenidas República y Eloy Alfaro, en el centro-norte de Quito. La decisión se produjo tras un segundo proceso de evaluación, en el que el resultado combinó un 85 % de la calificación de un nuevo jurado técnico y un 15 % de la votación ciudadana, después de que el Ejecutivo desconociera el concurso original ganado por el arquitecto español Alberto Campo Baeza.

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El cambio de ganador del concurso

En un primer resultado del concurso había declarado vencedor a la propuesta ‘Ecos del Sol’, perteneciente al estudio del arquitecto español Alberto Campo Baeza, pero el Gobierno dejó sin efecto ese resultado tras las críticas expresadas en la red social X y organizó una nueva convocatoria con tres finalistas para votación pública. Finalmente, Estratos Vivos fue proclamado ganador, convirtiéndose, según Alejandro Zaera Polo, en el primer proyecto que obtiene un concurso después de que se conforme un segundo jurado para reemplazar el criterio técnico de un jurado anterior.

Zaera Polo, arquitecto y miembro del jurado del concurso original, aseguró en el pódcast Politizados que, antes de que el jurado entregara el fallo definitivo del primer concurso y semanas antes de que el Gobierno convocara un segundo proceso, los integrantes del equipo evaluador recibieron una solicitud para que la propuesta de SANAA fuera ubicada en el segundo lugar. Sin embargo, explicó que los jurados rechazaron esa posibilidad porque consideraban que el proyecto apenas podía aspirar a una mención, al estimar que incumplía requisitos técnicos básicos y que ubicarlo como segundo facilitaba reemplazar posteriormente al ganador.

El arquitecto sostuvo que ‘Estratos Vivos’ fue descartado inicialmente porque, a juicio del jurado, presentaba problemas estructurales que comprometían su viabilidad. Según explicó, las columnas representadas en la propuesta no tendrían continuidad con la estructura inferior del edificio, por lo que el proyecto no cumplía con las exigencias mínimas establecidas en las bases del concurso.

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Las objeciones al diseño arquitectónico

Uno de los principales cuestionamientos del especialista se concentra en la museografía y la conservación de las más de 1,2 millones de piezas que albergará el MUNA. Zaera Polo afirmó que el diseño plantea fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas expuestas al uso público, elementos que incrementarían el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial de esa magnitud.

El integrante del primer jurado también advirtió que la propuesta limita las posibilidades museográficas del museo. Argumentó que las salas tienen formas curvas y cerramientos de vidrio que dificultan la flexibilidad para montar exposiciones.

Otro aspecto que cuestionó fue la ubicación de las reservas museográficas bajo el nivel del suelo, en un terreno que anteriormente fue una laguna y que presenta un nivel freático elevado, además de encontrarse en una zona de actividad sísmica. A su criterio, esa decisión incrementaría el riesgo de inundaciones y afectaciones a los bienes patrimoniales, mientras que la envolvente de vidrio elevaría significativamente los costos de construcción, climatización y mantenimiento del edificio.

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Las dudas sobre la ejecución del proyecto

Zaera Polo también vinculó el resultado con el desarrollo inmobiliario previsto alrededor del predio donde se construirá el museo, donde se proyectan torres de más de 35 pisos. Según afirmó, la propuesta ganadora carece de la escala necesaria para actuar como un edificio institucional dominante y, en cambio, permitiría que las futuras edificaciones residenciales se conviertan en el elemento predominante del paisaje urbano, restando protagonismo al museo frente al parque La Carolina.

Zaera Polo sostuvo que el proyecto difícilmente podrá construirse en los dos años previstos en las bases del concurso debido a su complejidad técnica y al nivel de detalle que requiere su desarrollo. A su juicio, solo la ejecución de la obra tomaría entre cuatro y cinco años, además de que el presupuesto aumentaría porque la propuesta demandaría modificaciones durante el proceso constructivo.

El arquitecto también responsabilizó al Gobierno de haber desconocido el criterio del primer jurado técnico, que evaluó las propuestas durante varios días junto con especialistas del museo. En su opinión, la decisión de desestimar ese proceso "ya hizo daño" y convirtió este caso en un precedente inédito dentro de los concursos internacionales de arquitectura.

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La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó la presentación del recurso este 20 de julio de 2026. En entrevista con Ecuador en Directo, la dirigente señaló: “El sábado (18 de julio de 2026), de manera inmediata, los abogados de la organización política aliada pusieron una recusación al juez”.

Rivadeneira reconoció que la acción busca agotar todas las instancias legales tras la decisión del TCE, más que convertirse en una estrategia que permita revertir la suspensión. “Sabemos que no es un tema de legalidad sino una decisión política”, añadió.

¿De qué se trata la recusación?

El recurso fue presentado por Francisco Loor. El argumento se sustenta en una de las causales previstas en el Código de la Democracia para plantear una recusación. En este caso, Amigo invoca la relacionada con que el juez haya manifestado una opinión o emitido un consejo, demostrable, sobre el proceso sometido a su conocimiento.

La recusación busca apartar del caso al juez Maldonado. Sin embargo, el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute la suspensión del movimiento vence este 20 de julio de 2026.

Cabe recordar que, en su resolución, Maldonado otorgó un plazo de tres días para que la decisión fuera ejecutada. El CNE es la entidad encargada de administrar el registro permanente de organizaciones políticas, por lo que deberá incorporar en ese listado la suspensión del movimiento Amigo.

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Rivadeneira aseguró que Revolución Ciudadana concretó otras alianzas. “Ahora vamos a ver qué se inventan cuando vean que los cuadros de la Revolución Ciudadana van a estar por otros partidos y otras alianzas”, dijo.

La mañana de este lunes, la dirigente también evitó revelar los nombres de las organizaciones políticas con las que alcanzó acuerdos. Incluso aseguró sentir temor de hacerlo: “La verdad me da miedo decirlo. Decíamos hace un momento que no queremos anunciar a Amigo porque, cuando se enterara el Gobierno que sería ese movimiento lo iba a sancionar”.

Lo que debes saber 

• Jaime Tejada Franco presentó su renuncia irrevocable como secretario del Concejo Municipal de Guayaquil por motivos de salud.
• El documento será conocido en la sesión del Concejo del jueves 23 de julio.

Jaime Tejada Franco presentó su renuncia irrevocable al cargo de secretario del Concejo Municipal de Guayaquil. La noticia se conoció este lunes 20 de julio de 2026 y, según confirmaron fuentes municipales a EXPRESO, el documento será tratado durante la sesión ordinaria del Concejo Cantonal prevista para el jueves 23 de julio en el Salón de la Ciudad.

La carta fue dirigida a la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, y tiene fecha del 20 de julio. En ella, Tejada argumenta que su decisión responde a motivos de salud.

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"Presento mi renuncia formal, con carácter irrevocable, a las funciones de secretario del Concejo Municipal por motivos de salud", señala el documento.

En la misiva también indica que desempeñó esas funciones desde el 20 de febrero de 2026 hasta este 20 de julio, fecha en la que oficializó su salida.

Agradecimiento y continuidad en otra función

En el documento, Jaime Tejada Franco expresa su agradecimiento por la confianza recibida para ejercer el cargo.

"Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir tan altas responsabilidades", escribió.

Sin embargo, aclara que su decisión no implica un alejamiento definitivo de la administración municipal.

El exsecretario manifestó su disposición de continuar aportando desde la Secretaría General, poniendo al servicio de la institución su preparación académica, trayectoria profesional, experiencia en la gestión pública, criterio jurídico y compromiso con los objetivos institucionales.

El Concejo conocerá la renuncia

De acuerdo con la información obtenida por EXPRESO, la renuncia será conocida por el Concejo Municipal durante la sesión convocada para el jueves 23 de julio de 2026, que se desarrollará en el Salón de la Ciudad.

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil no ha informado quién asumirá las funciones de la Secretaría del Concejo una vez que el organismo conozca oficialmente la renuncia.

Funciones y responsabilidades de Secretaría

Entre las responsabilidades figuran: 

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Para la tarde de este 20 de julio de 2026 está prevista una sesión del Pleno en la que, entre otros temas, se conocería la renuncia de quien también presidió el organismo durante más de siete años. 

El siguiente paso será principalizar al vocal suplente de acuerdo con el orden de prelación. En este caso, quien deberá asumir la vocalía que dejará vacante Atamaint será José Merino.

¿Quién es José Merino?

El hasta ahora vocal suplente no es nuevo en el CNE. Ya ha integrado el Pleno en varias ocasiones, principalmente durante las ausencias de la consejera y actual vicepresidenta del organismo, Esthela Acero. Su paso por esa instancia de decisión tampoco ha estado exento de cuestionamientos.

El rol de Merino fue determinante en resoluciones como la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye. No solo aportó su voto, sino que también justificó la decisión, pese a que, al momento de adoptarla, ya había vencido el plazo que el Código de la Democracia otorgaba al CNE para aplicar ese tipo de sanciones.

El nombre de Merino cobró notoriedad en noviembre de 2024 cuando, junto con las también vocales suplentes Cristina Kronfle y Mónica Noriega, solicitó su principalización al considerar que el período de los consejeros titulares había concluido. Incluso acudieron a la sede del CNE con la intención de asumir sus funciones, pero se les impidió el ingreso.

Merino ha sido considerado un consejero cercano a Atamaint y ha mantenido una disputa abierta con la vocal Elena Nájera. Durante una sesión del Pleno, esta última llegó a afirmar que no abandonaría el organismo porque eso permitiría la principalización de Merino.

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Las fuerzas al interior del CNE

Como ocurre en los órganos colegiados, el CNE funciona sobre la base de las mayorías que logra consolidar su presidente. Actualmente, José Cabrera cuenta con el respaldo de la vicepresidenta Esthela Acero y de la vocal Elena Nájera.

Tras asumir la presidencia y durante sus primeras intervenciones públicas, Cabrera anunció que había dialogado con todos los consejeros principales y también con el vocal suplente José Merino. Aseguró que su objetivo era mantener la armonía al interior del organismo electoral.

Verónica Silva renuncia a precandidatura para la Prefectura de Pichincha por el Partido Socialista

• Verónica Silva renunció para facilitar alianzas del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
• La dimisión busca construir una unidad política frente al movimiento oficialista ADN.
• El escenario electoral cambia tras la suspensión del movimiento Amigo por parte del TCE.

Verónica Silva, excandidata a la Vicepresidencia, renunció formalmente a su precandidatura para la Prefectura de Pichincha el sábado 18 de julio de 2026, con el objetivo de facilitar alianzas estratétegicas del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) para enfrentar al movimiento oficialista ADN en las elecciones seccionales de 2026. En una entrevista para el programa A Primera Hora, Silva declinó referirse a un posible pacto con el correísmo, argumentando que se debe esperar la configuración final de los frentes electorales de cara a los comicios de noviembre.

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Razones de la renuncia de Verónica Silva al PSE

La decisión de dar un paso al costado responde a una estrategia de convergencia política. Verónica Silva detalló que espera que su salida de la contienda electoral permita la construcción de "unidades" que hagan frente al oficialismo.

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"Si la renuncia de mi candidatura, ponerla a disposición, permite las más amplias unidades para deponer al autócrata que tenemos en Carondelet, pues bienvenido sea", comentó la política.

El posible reemplazo de Verónica Silva para Pichincha

Al ser consultada sobre si su renuncia responde a una posible alianza con el correísmo, Silva prefirió no mencionar a un posible reemplazo e indicó que habrá que esperar a que se terminen de configurar las alianzas electorales para los comicios de noviembre de 2026.

Asimismo, la ex-precandidata prefirió no adelantar si más cuadros del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) renunciarán para dar paso a otros candidatos. Sin embargo, enfatizó que esos movimientos serán para "poner al país como primer objetivo".

El panorama de las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador

El tablero electoral en Ecuador volvió a moverse el viernes 17 de julio de 2026. Esto ocurrió luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolviera suspender por nueve meses al movimiento Amigo, organización política que acogía las candidaturas del correísmo.

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A pesar de que la suspensión de Amigo generó dudas sobre la participación de la tendencia de izquierda en las elecciones seccionales de 2026, la dirigencia descartó su ausencia.

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Lo que debes saber

• Romina Muñoz acusa a Gilda Alcívar de bloquear proyectos culturales en Ecuador
  
  
• La exviceministra cuestionó presupuestos para museos, festivales y fondos de cultura
  
  
• Las declaraciones surgen tras la elección del nuevo diseño del Museo Nacional

La exviceministra de Cultura Romina Muñoz cuestionó la gestión de Gilda Alcívar y la acusó de frenar presupuestos, convenios y proyectos. Sus declaraciones surgieron tras la elección del diseño del Museo Nacional del Ecuador.

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Romina Muñoz volvió a pronunciarse sobre su salida del Viceministerio de Cultura. En una publicación de Facebook, la exfuncionaria presentó una lista de señalamientos contra Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura, a quien responsabilizó de bloquear procesos vinculados con museos, fondos, festivales y programas internacionales.

El mensaje apareció después de que el Gobierno anunciara a Estratos vivos, del equipo SANAA + A0-CPA-JHS, como el diseño ganador para el nuevo Museo Nacional del Ecuador. La propuesta obtuvo 81,7 puntos, tras combinar el 85 % de la calificación del jurado y el 15 % de la votación ciudadana. En el proceso participaron 50.681 personas, según los resultados difundidos el domingo 19 de julio. 

“Hoy celebra la votación ‘popular’ de un proyecto que jamás defendió”, escribió Muñoz al referirse a Alcívar. También aseguró que la ministra retrasó durante nueve meses el proceso administrativo para la construcción del museo y se opuso a destinar recursos para seguridad, limpieza y seguros de los bienes culturales.

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Romina Muñoz cuestiona el manejo del presupuesto cultural

La exviceministra afirmó que Alcívar retiró el presupuesto asignado a la Feria Internacional del Libro de Quito, lo que habría obligado al Viceministerio a redistribuir recursos previstos para otros proyectos. También sostuvo que intentó frenar la participación de Ecuador como país invitado de honor en las ferias del libro de Lima y Panamá.

Sus señalamientos alcanzaron al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Según Muñoz, se impidió que este mecanismo recibiera un millón de dólares gestionado con el Banco de Desarrollo y recursos procedentes de otras carteras de Estado. Además, aseguró que se obstaculizaron los incentivos tributarios que, de acuerdo con sus cifras, movilizaban $ 15 millones anuales de inversión privada para el sector cultural.

Muñoz también mencionó la reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de Cultura, la participación ecuatoriana en MICSUR Paraguay 2026, la continuidad de las ludobibliotecas y los trámites del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. De acuerdo con su versión, varios de estos procesos quedaron detenidos o fueron trasladados a dependencias sin capacidad para atenderlos.

"Que el Museo Nacional se construya. Que se haga porque lo necesitamos"Romina Muñoz

Los señalamientos relacionados con los museos

La exfuncionaria aseguró que en diciembre de 2025 no se firmó la continuidad del proyecto destinado a intervenir el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el Museo Nahim Isaías y el Museo de Ibarra. También afirmó que Alcívar acudió al MAAC, tuvo un trato inadecuado con el personal y tocó obras expuestas.

Otro reclamo se relacionó con los manuales de puestos para la red de museos estatales. Muñoz explicó que esos documentos fueron aprobados durante su administración, pero no se habrían aplicado por falta de respaldo del área administrativa.

La publicación también recoge cuestionamientos por las becas gestionadas con el Ministerio de Cultura de Brasil, el convenio con la CAF para el Plan Nacional de Lectura, la formación de mediadores y la organización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja.

Las afirmaciones corresponden a la versión de Romina Muñoz. Su publicación no adjunta documentos que permitan comprobar cada señalamiento y, hasta el cierre de esta nota, no se conocía una respuesta pública de Gilda Alcívar sobre las acusaciones.

Muñoz pide autonomía para las instituciones culturales

Pese a sus críticas, Muñoz respaldó la construcción del nuevo museo. “Que el Museo Nacional se construya. Que se haga porque lo necesitamos”, expresó. También propuso crear un Servicio de Gestión Cultural que permita financiar y administrar museos, archivos, bibliotecas, orquestas, teatros, compañías de danza e institutos adscritos.

La exviceministra sostuvo que la fusión de Cultura con Educación y Deporte agravó problemas administrativos que existían desde antes. A su criterio, las instituciones culturales necesitan autonomía técnica y financiera dentro de la estructura estatal.

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Muñoz cerró su mensaje deseando éxito a Pamela Cortés, quien asumió el Viceministerio de Cultura y Patrimonio el 16 de julio. “Ojalá respete el trabajo de la nueva Viceministra entrante, quien tiene un compromiso integro por la cultura, y a quien le deseo éxito en sus funciones”, escribió.

Romina Muñoz dejó el cargo el 9 de julio, después de que Alcívar solicitara su renuncia. Su salida ocurrió durante la controversia por el primer diseño elegido para el Museo Nacional, denominado Ecos del Sol, resultado que después fue descartado por el Gobierno.

Política

José Cabrera pidió a Contraloría auditar la presidencia de Diana Atamaint en el CNE

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Atamaint estuvo al frente del organismo electoral durante más de siete años. Llegó al cargo en 2019, luego de la evaluación realizada por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio al anterior CNE. Ese organismo también estuvo a cargo del concurso para la selección de las actuales autoridades electorales.

Una vez posesionadas las nuevas autoridades, Atamaint logró una mayoría que le permitió asumir la presidencia y a Enrique Pita ser designado como vicepresidente. 

Meses después, el Pleno se dividió entre una mayoría encabezada por la entonces presidenta y una minoría integrada por Pita y el entonces consejero Luis Verdesoto.

¿Cuáles fueron las razones de su salida?

Hasta el momento, Atamaint no se ha pronunciado sobre las razones de su renuncia. EXPRESO pudo confirmar la información con personal de su despacho. Desde esa dependencia también se indicó que no está previsto un pronunciamiento público tras su salida.

El pasado 11 de junio de 2026, una nueva mayoría en el CNE decidió cambiar las autoridades del organismo. Así, José Cabrera asumió la presidencia con los votos de la ahora vicepresidenta, Esthela Acero; de la vocal Elena Nájera; y de la propia Diana Atamaint.

Desde esa reconfiguración del Pleno del CNE, Atamaint no se había pronunciado sobre su salida de la presidencia. Sí participó en las sesiones virtuales encabezadas por el nuevo titular del organismo.

Con su renuncia, el Pleno del CNE deberá conocer y resolver su dimisión, además de principalizar a uno de los vocales suplentes. 

¿Quién asumirá el cargo?

En el orden de prelación, el cargo lo ocuparía José Merino, quien fue cercano a Atamaint y tuvo un papel clave en las sesiones en las que se decidió, por ejemplo, la cancelación de los movimientos Unidad Popular y Construye.

Lo que debe saber

• Esteban Torres reafirmó los ejes de la agenda que fueron delineados por expresidente del Legislativo, Niels Olsen.
• El oficialismo pone todo su interés en sacar adelante la denominada Ley Antimafias que se tramita en la Comisión de Seguridad.
• La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano cuestionan la falta de independencia respecto al Ejecutivo.

La agenda legislativa con las prioridades que dejó Niels Olsen no se modificará. El cambio de autoridades en el Legislativo, producto de las posibles salidas de varios asambleístas para participar en las elecciones seccionales de 2026, no alterará el camino que el oficialismo ya tenía trazado en la Asamblea Nacional.

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Olsen será candidato a la Alcaldía de Samborondón. Dejó la Asamblea el pasado 8 de junio, días después de cumplir su primer año al frente del Parlamento. El 14 de mayo de 2026 delineó tres reformas como ejes para el segundo año de ADN al frente del Legislativo.

Esas reformas se centran en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de la Función Judicial y una iniciativa para legislar en favor de los emprendedores. 

Sin embargo, ahora la Asamblea está presidida por Esteban Torres, en calidad de presidente encargado. Él fue designado primer vicepresidente después de que Mishel Mancheno (ADN) asumió la Presidencia y dejó vacante ese cargo. Actualmente, Torres dirige el Parlamento debido a la licencia por maternidad de Mancheno.

¿Qué dice Torres sobre una nueva agenda?

Sobre las reformas planteadas, el pasado 15 de julio Torres dijo que una de las prioridades del Legislativo será consolidar una agenda enfocada en la seguridad y la justicia. 

Reconoció que las agendas deben adaptarse a la coyuntura política e insistió en los temas ya planteados por el expresidente: la Ley Antimafias, la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial.

Para Torres, la Ley Antimafias debe convertirse en el eje articulador de la reforma penal, ya que está diseñada para enfrentar a organizaciones criminales y no únicamente a delincuentes individuales.

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También señaló que la propuesta incorpora herramientas para mejorar los procesos penales, actualizar los tipos delictivos y fortalecer mecanismos como el decomiso anticipado de bienes vinculados al crimen organizado.

El asambleísta de ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, confirmó que no habrá cambios en las prioridades, pese al relevo de autoridades. “No (habrá cambios). En principio, nosotros vamos a trabajar el tema de seguridad. Ahí se trabaja en la Comisión de Justicia y Seguridad tres proyecto de ley importantes: reforma a la Ley de Función Judicial. Reformas al COIP y la Ley Antimafias”.

Aun así, Castillo dejó la puerta abierta a posibles cambios una vez que Mancheno se reintegre como presidenta titular del Legislativo.

¿Hubo acuerdo para la vicepresidencia de Torres?

La posibilidad de modificaciones también fue expuesta por la legisladora ex-Pachakutik Cecilia Baltazar. Ella reveló que, como parte del apoyo brindado a Torres para asumir la primera vicepresidencia, se acordó realizar ajustes. “Nuestro planteamiento, incluso para poder apoyar que Torres esté liderando la Asamblea junto con Mancheno fue que pueda hacer ajustes de lo planteado en un inicio”, dijo la asambleísta.

Baltazar argumentó que los cambios eran necesarios porque existen temas pendientes en áreas como educación, salud y desarrollo económico. “Estamos esperando los ajustes de las propuestas que puedan permitir un replanteamiento con el que se puedan acelerar esos proyectos”, añadió.

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La oposición tiene sus cuestionamientos

Entre la oposición también hay críticas a la continuidad de las mismas prioridades. El correísta Franklin Samaniego señaló que los cambios en la agenda deben responder a las necesidades de la ciudadanía. “La agenda (actualmente) responde a las prioridades del Gobierno y la Asamblea ha terminado por ser una ventanilla de Carondelet”, indicó.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que algo cambie en la Asamblea con las nuevas autoridades. “Fueron claros al posesionarse en el cargo. Dijeron que nada va a cambiar y que habrá continuidad”, recordó.

Serrano insistió en que la agenda parlamentaria no responde necesariamente al oficialismo de la Asamblea. “Esa agenda no es de Torres, Mancheno u Olsen. Es del Gobierno”, manifestó.

Por ahora, las prioridades están definidas. Sin embargo, en los próximos días podría concretarse la salida de varios asambleístas interesados en participar en las elecciones seccionales de 2026. 

Esos cambios, e incluso los resultados de los comicios, podrían incidir en la correlación de fuerzas políticas al interior del Parlamento. La primera disputa podría producirse por la vacante que dejaría Steven Ordóñez en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en caso de concretarse su salida del Legislativo. 

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La mañana de este 20 de julio de 2026, la dirigente prefirió no revelar las alianzas alcanzadas ni la estrategia con la que afrontarán los comicios. “Hemos logrado construir alianzas con algunas organizaciones políticas a nivel nacional”, señaló.

Rivadeneira indicó que esas coaliciones no se concretaron únicamente con movimientos afines a su tendencia. En entrevista con Teleamazonas, sostuvo que “es el momento de elegir entre la democracia y la dictadura”. Añadió que también es el momento de la unidad.

Sobre las candidaturas anunciadas con Amigo

La dirigente manifestó que, a su criterio, existe una intención de frenar las candidaturas y no únicamente de suspender a organizaciones políticas. “Nuestros cuadros políticos, los más representativos, van a estar en papeleta”, señaló.

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Explicó que la estrategia de Revolución Ciudadana se centra en las alianzas que concretó con otras organizaciones políticas, las cuales, según dijo, se cerraron en las últimas horas. 

Cabe recordar que el plazo para registrar alianzas venció el 18 de julio, un día después de que se conociera la suspensión del movimiento Amigo.

Al ser consultada sobre los movimientos con los que Revolución Ciudadana alcanzó acuerdos, Rivadeneira respondió: “La verdad me da miedo decirlo. Decíamos hace un momento que no queremos anunciar a Amigo porque, cuando se enterara el Gobierno que sería ese movimiento lo iba a sancionar”.

¿Qué pasó con el movimiento Amigo?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso, el 17 de julio de 2026, la suspensión provisional por nueve meses del Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) del registro permanente de organizaciones políticas.

El 16 de julio de 2026, la Secretaría General del TCE recibió el oficio Nro. FGE-DSP-2026-007019-O, suscrito por el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón Argudo.

En ese documento se informó sobre la existencia de la investigación previa Nro. 170101826072291 en contra del movimiento Amigo y de sus directivos por el presunto delito de lavado de activos.

Lo que debes saber

• Casos de Alondra Santiago, Jan Topić y Aquiles Álvarez centran el análisis político.
• El texto plantea cuál es el límite del poder y la institucionalidad en Ecuador.
• Columna cuestiona el uso de informes reservados contra opositores en el Gobierno de Daniel Noboa.

Soy un pésimo enemigo para tener”. Así se definió el presidente de la República Daniel Noboa y no le cabe duda a nadie que en eso no ha mentido. 

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Todos quienes han entrado en su definición de enemigo, todos quienes le han sido estorbo, se han enfrentado a medidas durísimas aplicadas a través de todos los medios disponibles para el líder de una republiqueta. 

Se han congelado las cuentas de activistas, se ha judicializado de la forma más grosera primero a su anterior vicepresidenta y luego a su principal rival dentro del país, en ambos casos procesando también a miembros de sus familias, se ha sancionado a los jueces que no se han alineado con el Gobierno en estos casos políticos, se ha acosado de forma mediática a través de organismos de control supuestamente autónomos a la prensa, se ha dejado sin trabajo a periodistas o a sus parientes y –para concluir de alguna manera esta lista para nada exhaustiva– se ha sacado del camino a potenciales contrincantes por medio de informes reservados.

El uso de informes reservados

Eso último, la instrumentalización del secreto para sacramentar la más obvia persecución, es bastante revelador. Lo usaron contra Alondra Santiago para justificar su expulsión del país, contra Jan Topić para sacarlo de las elecciones presidenciales pasadas, contra Aquiles Álvarez para moverlo a la cárcel del Encuentro y ahora también contra el movimiento Amigo, la organización política de la que se quiso valer el correísmo para eludir la suspensión de su propia lista. 

En todos los casos el secreto ha sido la medida de última instancia a la cual recurre el oficialismo no para fingir que no persigue, pues por la intensidad y direccionamiento de sus acciones ya lo deja en evidencia, sino porque se ve forzado a llegar a ese punto cuando se le agotan las ideas. 

Cuando ya no hay otra prueba que inventarse o cuando el apuro hace muy difícil construir un argumento medianamente bien hecho, salta el informe o la sustanciación reservada.

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Las críticas al secretismo

Aunque este secretismo salva al Gobierno de tener que pasar la vergüenza de inventarse cualquier cosa, es difícil no percibir esto como algo todavía más ridículo. 

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Uno puede imaginarse a unos Torquemadas del Dolarazo diciéndonos entre guiños que sí, Santiago era una amenaza para el Estado, pero que justo ahora no nos pueden decir para quién espiaba o con qué grupo andaba; que sí, que no hay duda para las autoridades tributarias de que Topić simuló una venta de acciones, pero no van a explicarnos cómo lo descubrieron; que sí, a Álvarez lo quieren matar, pero no hay sospechoso ni móvil, solo una especulación de que lo propios correístas –que se esfuerzan por sacarlo– lo asesinarían para echarle el muerto al Gobierno.

Ahora el oficioso inquisidor criollo, entre que mira al juez electoral y se voltea a vernos de reojo, alza la voz, diciendo: “Usía, el Santo Oficio le presenta los resultados de nuestra investigación, que ha encontrado evidencias de gravísimos delito cometidos por parte de estos amigos de lo ajeno, estos elementos correizantes, que se insertan entre nosotros y pretenden, qué horror, competir contra los ministros y agentes de Nuestro Señor en las elecciones, pero solo lo puede leer usted, usted y nadie más, ni yo mismo lo he leído”. Listo, el correísmo queda otra vez al borde de la virtual proscripción.

¿Cuál es el límite?

Una vez más, y ya hay que cuestionarnos cuántas veces nos quedan, debemos preguntarnos: ¿Cuál es el límite? La ley no lo es porque no existe. 

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No es una cosa que alguna vez hayamos respetado de forma consistente en el Ecuador. Pero debe haber algún instinto de autopreservación presente en el interior de nuestro ser animal, en la parte del cerebelo que gobierna las mociones elementales del ‘Homo Aequatorialis’, entre la compulsión de negarlo todo y la del alza, alza que te han visto.

Cuando acaben con los correístas –si es que acaban con ellos, porque no hay alguien más interesado en que siempre haya un correísta que el anticorreísta profesional– ¿hay alguna razón para creer que de repente los oficialistas descubrirán los valores de la convivencia democrática y el pluralismo o que permitirán que la justicia alcance a alguno de los integrantes del círculo íntimo del número uno?

Si no lo creemos, si es que pensamos que nos gobierna un grupo dedicado a perseguir a sus enemigos y protegerse a sí mismo, y que este preside sobre los destinos del país sin casi ningún límite a su poder, ¿qué nombre debemos darle? No es una pregunta fácil de responder si creemos que el uso de las palabras tiene consecuencias. Por ahora nos podemos contentar con un apéndice a esa palabra, el adjetivo “ridículo”.

Lo que debes saber

• La ley permite que una autoridad deje su cargo para postularse a otra dignidad.
• Especialistas advierten que esta práctica afecta la continuidad institucional y la representación.
• Los expertos proponen reformas electorales y un mayor control ciudadano para reducir este fenómeno.

En Ecuador se ha vuelto recurrente que las autoridades elegidas por voto popular no concluyan el periodo para el que fueron designadas. Hasta el 17 de agosto, quienes aspiren a un cargo en los gobiernos autónomos descentralizados deberán inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y varios asambleístas que apenas cumplieron un año en funciones dejarán sus curules para buscar nuevamente el respaldo ciudadano en otra dignidad.

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El derecho a postularse frente al compromiso con los electores

Esta práctica no se limita a la Asamblea Nacional. También se ha repetido en los concejos municipales, donde algunos ediles dejan sus funciones apenas se abre el proceso de inscripciones para iniciar una nueva campaña política con el objetivo de obtener un nuevo cargo de elección popular.

Aunque la legislación ecuatoriana no impide que una autoridad de elección popular deje el cargo para postularse a otra dignidad, tres especialistas, consultados por EXPRESO, coinciden en que esta práctica genera efectos negativos sobre la calidad de la democracia. Su principal cuestionamiento no está dirigido al derecho de participar nuevamente en los comicios electorales, sino a las consecuencias institucionales que deja esa decisión.

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, sostiene que cualquier autoridad conserva el derecho de buscar una nueva candidatura, pero advierte que también existe un compromiso de representación adquirido con los electores. A su criterio, los ciudadanos entregan el voto para que un funcionario ejerza el cargo durante el tiempo para el que fue escogido, por lo que abandonar anticipadamente el puesto debilita la rendición de cuentas.

Esto, debido a que, explica Quinga, ese escenario limita la posibilidad de que la ciudadanía evalúe de manera completa el desempeño de sus autoridades. Además, en un sistema de partidos frágil como el ecuatoriano, dice, esta dinámica debilita la representación política y favorece que los intereses partidistas o personales se impongan sobre el compromiso asumido con los electores.

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Los efectos de dejar un cargo antes de concluir el mandato

Para Eduardo Sánchez, abogado y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el problema tiene un origen estructural en el sistema electoral y en la ausencia de cuadros políticos consolidados dentro de las organizaciones. Según explica, ellos recurren constantemente a los funcionarios que ya tienen visibilidad para cubrir nuevas candidaturas, lo que mantiene al país en una campaña casi permanente.

El académico considera que esa lógica afecta la continuidad de las políticas públicas y de la gestión estatal. A su juicio, cuando un funcionario deja el cargo antes de concluir el periodo para el que fue elegido, la ciudadanía no solo pierde la posibilidad de evaluar una administración completa, sino que se rompe el compromiso asumido en las urnas.

Desde la comunicación política, María Fernanda Carvajal afirma que quienes abandonan tempranamente sus funciones proyectan una imagen desfavorable ante los ciudadanos. En su opinión, muchos electores terminan percibiendo que el cargo fue utilizado únicamente como una plataforma para alcanzar otra posición de mayor interés político.

Carvajal añade que esa práctica también deja proyectos inconclusos, tanto en la Asamblea Nacional como en los gobiernos autónomos descentralizados. Señala que iniciativas legislativas, procesos de fiscalización y otras propuestas pierden continuidad cuando sus impulsores dejan las funciones antes de terminarlas.

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Cuando los reemplazos también tienen un costo

Otro efecto, según Sánchez, recae sobre los alternos que deben asumir las funciones de quienes renuncian. El docente señala que estos suplentes, en muchos casos, no participan activamente en el trabajo diario de las instituciones y deben comenzar prácticamente desde cero cuando se principalizan.

Carvajal coincide con esa preocupación y afirma que el relevo también representa un costo para el Estado. Explica que los nuevos titulares requieren tiempo para familiarizarse con los procesos internos, aprender la dinámica institucional y retomar las iniciativas que quedaron pendientes, lo que implica un gasto adicional de recursos públicos.

Por otro lado, Quinga diferencia el impacto entre la salida de un legislador y la de un ministro de Estado. Explica que, aunque la labor parlamentaria suele extenderse durante varios años y puede continuar con otros actores, la renuncia de una autoridad del Ejecutivo suele paralizar proyectos, cronogramas y procesos administrativos que dependen directamente de esa cartera.

Por lo que, a criterio de la politóloga, el golpe institucional es mayor cuando un ministro abandona el cargo para iniciar una campaña. Esto ocurre porque los planes de ejecución y las decisiones estratégicas del Ejecutivo tienen plazos inmediatos y requieren continuidad para cumplir sus objetivos.

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Las reformas que plantean los especialistas

Sobre las posibles soluciones, Sánchez plantea revisar el calendario electoral para evitar que el país permanezca en campañas constantes. Su propuesta consiste en concentrar las elecciones en una sola jornada, de modo que las autoridades puedan cumplir íntegramente sus periodos antes de aspirar a otra dignidad.

Carvajal considera que también deberían impulsarse reformas legales que limiten esta práctica o establezcan sanciones para quienes abandonen reiteradamente el cargo antes de concluir el mandato. Sin embargo, reconoce que resulta difícil esperar esos cambios desde la clase política porque serían los propios beneficiarios del sistema quienes tendrían que aprobarlos. Por ello, la consultora sostiene que la iniciativa debería surgir desde la ciudadanía organizada.

El puesto para el que fueron elegidos no debería servir como catapulta política.María Fernanda Carvajal, consultora política

Quito

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La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador (FAPUC) expresó su preocupación por lo que considera una interferencia del HCU en el proceso electoral. 

El domingo 19 de julio del 2026, Jittomy Díaz, dirigente del gremio, señaló en entrevista con EXPRESO que el 13 de julio participaron de la sesión, para advertir sobre los riesgos de esta decisión. Según indicó, el órgano no tendría competencia para suspender o alterar el calendario electoral.

Díaz sostuvo que la mayoría del HCU —integrada por decanos y otros representantes— resolvió aplazar los comicios pese a conocer un informe del procurador de la universidad que, asegura, establece que ese organismo carece de atribuciones para suspender, prorrogar o intervenir en el proceso electoral.

Listas no calificadas en la U. Central acudieron a la justicia

La decisión se habría justificado por la existencia de cuatro acciones de protección presentadas por dos listas no calificadas, actualmente en trámite judicial. Eso mientras otras 111 candidaturas cumplieron con requisitos y fueron calificadas.

Sin embargo, la dirigente subrayó que la sola presentación de estos recursos no implica una orden judicial de suspensión ni habilita al Honorable Consejo Universitario (HCU) a tomar esa medida.

La Federación de Asociaciones de Profesores defendió que el Consejo Electoral de la universidad es la instancia competente para organizar, calificar y garantizar el desarrollo de las elecciones, así como para resolver en primera instancia las impugnaciones. 

En ese sentido, advirtió que cualquier intervención externa vulnera la institucionalidad, el derecho a la participación y el principio de cogobierno.

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El gremio docente calificó la decisión como una extralimitación de funciones y sostuvo que sus efectos son “antidemocráticos”, al afectar a las listas que cumplieron los requisitos y fueron inscritas en las 21 facultades de la institución.

Finalmente, la Federación reiteró su rechazo a la medida y anunció que mantendrá una vigilancia activa del proceso. “Sin cogobierno no hay democracia universitaria”, señaló, al tiempo que recordó el derecho de docentes, trabajadores y estudiantes a elegir a sus representantes sin interferencias.

¿Cuál es la importancia del HCU en la Central?

El Consejo Electoral de la Universidad Central ratificó la nueva fecha

Fabián Herrera, secretario general y del Consejo Electoral, en un comunicado, reprodujo la decisión del HCU: 

“Disponer que el Pleno del Consejo Electoral, bajo expresa protesta institucional”, acoge la fecha de la jornada electoral, fijándola para el 23 de julio, con el “único propósito de preservar la legalidad, transparencia y seguridad jurídica, integridad y continuidad del proceso”.

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El orden del día contempla dos puntos, además del Himno Nacional. El primero es “conocer y resolver respecto del análisis del informe de labores presentado por el presidente de la República Daniel Noboa el 24 de mayo de 2026”.

El segundo punto será el conocimiento del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad de la Policía Nacional.

¿Qué resolvió la Comisión de Régimen Económico?

La mesa, presidida por la oficialista Nathaly Farinango, aprobó un informe tras analizar lo expuesto por el presidente de la República en su informe a la Nación. La primera conclusión señala que el documento “presenta una estructura metodológica sólida, sustentada en mecanismos de seguimiento, evaluación y análisis de resultados vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”.

El análisis también establece que “los resultados reportados muestran avances importantes en la mayoría de los objetivos evaluados, particularmente en materia social, económica, fiscal, seguridad, energética, ambiental e institucional”.

Asimismo, entre las recomendaciones consta “continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y monitoreo de las metas del Plan Nacional de Desarrollo”. 

La comisión también sugirió mantener el enfoque territorial y continuar con “la utilización de herramientas de análisis territorial que permitan identificar brechas provinciales, cantonales y parroquiales”.

El correísmo se opuso a la aprobación del informe

Los integrantes del bloque de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Régimen Económico votaron en contra de la aprobación del informe. Como resultado, presentaron un informe de minoría para que sea considerado por el Pleno.

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En ese documento se concluye que, del análisis efectuado, “el Informe Anual de Labores presentado por el Presidente de la República no demuestra, de manera suficiente y verificable, el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo”.

También se sostiene que “el informe aprobado por la mayoría de la Comisión no constituye un ejercicio integral de control político, pues reproduce, en gran medida, la información presentada por el Ejecutivo”.

Lo que debes saber

• 'Estratos Vivos' ganó el concurso y será el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.
• Más de 50.000 ecuatorianos votaron para elegir el diseño del nuevo museo en Quito.
• Un jurado técnico y la votación ciudadana definieron al proyecto ganador del MUNA.

La propuesta arquitectónica 'Estratos Vivos', liderada por el equipo SANAA-A0-CPA-JHS, fue seleccionada como la ganadora del concurso para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador (MUNA), tras obtener 81,7 puntos en la evaluación final.

¿Cómo se definió al proyecto ganador?

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien explicó que el resultado se definió mediante un sistema de calificación compuesto por un 85 % correspondiente a la evaluación del jurado técnico y un 15 % derivado de la votación ciudadana.

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Según la información difundida por el funcionario, 50.681 ecuatorianos participaron en la consulta pública para respaldar su propuesta favorita entre los proyectos finalistas. En el proceso concursaron 10 estudios de arquitectura, de los cuales tres llegaron a la fase final.

Luque agradeció la participación de los ciudadanos y de los equipos de arquitectos que formaron parte del concurso, y destacó el nivel técnico de las propuestas presentadas durante el proceso de selección.

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¿Qué sigue para el nuevo Museo Nacional del Ecuador?

Con la elección del diseño ganador, el proyecto entra ahora en una nueva etapa enfocada en el desarrollo del futuro Museo Nacional del Ecuador. De acuerdo con el ministro, la intención es que la obra se convierta en un referente cultural y arquitectónico para Quito y el país.