Lo que debes saber

• Wilson Tenorio fue encargado nuevamente de la presidencia de la Federación Médica del Ecuador.
• Tras el Directorio Nacional en Riobamba, el gremio aprobó varias resoluciones sobre salud, empleo y formación médica.
• También dio un plazo para evaluar la gestión de la Empresa Pública de Abastecimientos.

Wilson Tenorio fue encargado nuevamente de la presidencia de la Federación Médica del Ecuador (FME), luego de que el Directorio Nacional del gremio se reuniera este 26 de julio de 2026 en Riobamba. Durante la jornada, delegados de los 24 colegios médicos provinciales aprobaron una serie de resoluciones enfocadas en el abastecimiento de medicamentos, el presupuesto para salud, la estabilidad laboral y la formación de nuevos especialistas.

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La reunión contó con la participación de representantes de distintas provincias del país, quienes también expresaron su respaldo al presidente de la Federación Médica, Santiago Carrasco. En conversación con EXPRESO, Tenorio explicó que el Directorio Nacional le volvió a confiar la conducción del gremio para ejecutar las decisiones adoptadas durante la sesión.

"El Directorio Médico Nacional me encargó de nuevo la Presidencia de la Federación Médica del Ecuador", afirmó Tenorio, quien actualmente es vicepresidente de la organización y asumirá nuevamente esa responsabilidad por decisión del máximo organismo del gremio.

La Federación Médica renueva su liderazgo

La actual dirigencia de la Federación Médica Ecuatoriana fue elegida durante la Asamblea Médica Nacional desarrollada el 7 de junio de 2025 en Guayaquil, donde el gremio definió a sus autoridades para el período 2025-2027. En esa elección, Santiago Carrasco Dueñas, representante de Pichincha, fue designado presidente, mientras que Wilson Tenorio, delegado del Guayas, asumió la vicepresidencia.

La Federación Médica Ecuatoriana reúne a alrededor de 60.000 médicos afiliados a través de los 24 colegios provinciales. Su dirigencia ha advertido en varias ocasiones sobre los desafíos que enfrenta el sistema sanitario, entre ellos la contratación del personal, la formación de especialistas y el financiamiento del sector.

Estas preocupaciones coinciden con los diagnósticos realizados por la Asociación de Facultades de Medicina del Ecuador (Afeme) e investigadores, quienes han alertado sobre una sobreoferta de médicos generales en el país y la limitada disponibilidad de plazas para cursar especialidades.

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Tregua para evaluar el abastecimiento de medicamentos

Uno de los principales acuerdos del Directorio Nacional fue conceder un plazo para evaluar el desempeño de la Empresa Pública de Abastecimientos, entidad encargada de centralizar las compras de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

La Federación Médica resolvió esperar los resultados de esa gestión antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre su funcionamiento. "Otorgar una tregua de 100 días para evaluar la gestión de la Empresa Pública de Abastecimientos", señaló Tenorio al explicar una de las resoluciones aprobadas.

Durante ese periodo, el gremio dará seguimiento a los avances que registre la empresa pública con el objetivo de verificar si mejora la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud y responde a una de las principales demandas de pacientes y profesionales.

Más posgrados y estabilidad para los médicos

Otra de las decisiones del Directorio apunta a ampliar la oferta de especializaciones médicas en universidades públicas. Para la Federación Médica, la cantidad de cupos sigue siendo insuficiente frente al número de profesionales que buscan continuar su formación.

Sobre ese tema, Tenorio explicó que el gremio solicitará acciones concretas al Estado. "Exortar a la creación de oportunidades de plazas de postgrados para los médicos jóvenes en universidades públicas", manifestó.

Además, el Directorio planteó la elaboración de un censo nacional que permita conocer cuántos médicos que trabajan para el Estado mantienen contratos temporales y cuántos cuentan con nombramientos permanentes, como insumo para futuras políticas laborales.

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Piden más recursos para salud y aplicar la Ley de Carrera Sanitaria

Entre las resoluciones también consta el pedido para incrementar la inversión pública destinada al sistema sanitario, una demanda que la Federación Médica considera necesaria para fortalecer la atención y enfrentar las necesidades del sector.

En ese sentido, Tenorio indicó que el Directorio acordó impulsar una propuesta concreta. "Solicitar al Gobierno Nacional el incremento del presupuesto de salud hasta superar el 4 % del PIB", expresó.

El dirigente añadió que el gremio promoverá un censo nacional del personal médico que mantiene relación de dependencia con el Estado para transparentar la situación laboral del sector. "Gestionar de manera inmediata un censo nacional de los médicos con relación de dependencia estatal para sincerar las cifras; más del 75 % se encuentran bajo la modalidad de solo contratos y exhortamos a buscar la estabilidad definitiva para los profesionales de la salud con nombramientos definitivos", sostuvo.

Finalmente, señaló que otra de las resoluciones aprobadas busca reactivar la aplicación de una normativa vigente que, según la Federación Médica, no ha sido implementada. "Impulsar las normativas para la aplicación inmediata de la Ley de Carrera Sanitaria, la cual se encuentra en letra muerta", concluyó Tenorio.

Lo que debes saber

• Los expertos creen que las seccionales ofrecen poco espacio para un verdadero outsider.
• El corto tiempo de campaña favorece a los candidatos que ya son conocidos.
• Más que discursos antisistema, los electores buscarían propuestas claras y capacidad de generar consensos.

La política suele abrirles la puerta a los conocidos. Pero, de vez en cuando, un nombre sin trayectoria partidista logra irrumpir en el escenario y alterar todos los cálculos electorales.

Ese fenómeno, conocido como el del outsider, ha marcado a las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. Sin embargo, para los comicios seccionales anticipados del 29 de noviembre de 2026, analistas advierten que el escenario es distinto y que las condiciones para que aparezca una figura de ese tipo son mucho más limitadas.

Quien se postule debe dejar de vender humo y presentar un plan claro que responda a las necesidades de la ciudadanía.Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas de la UCG

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¿Qué define a un outsider?

Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo, Héctor Yépez, un outsider es alguien que llega desde fuera del sistema político tradicional. Explica que suele presentarse como una figura antipolítica, condición que resulta atractiva cuando existe un fuerte rechazo ciudadano hacia la clase política.

Yépez sostiene que el atractivo de estos candidatos depende de conservar una imagen de alguien “distinto” al resto de actores políticos. Si esa percepción desaparece, dice, también se desvanece buena parte de su fortaleza electoral.

No obstante, para el analista político Giuseppe Cabrera, las elecciones seccionales presentan una lógica distinta a la de unos comicios nacionales. En su opinión, el primer elemento que podría favorecer a un outsider es la existencia de un electorado que habría quedado “huérfano” tras la inhabilitación o debilitamiento de varias organizaciones políticas.

Ese vacío, explica, podría ser aprovechado por una candidatura que logre presentarse como una alternativa diferente a los bloques tradicionales. Sin embargo, advierte que esa oportunidad, por sí sola, no garantiza competitividad.

Con él coincide el experto electoral Alfredo Espinosa, quien sostiene que los outsiders suelen surgir cuando confluyen varias condiciones. Entre ellos, menciona la desconfianza hacia los partidos, una crisis de representación, instituciones débiles y una alta fragmentación política como el terreno propicio para su aparición.

Añade que estos candidatos acostumbran construir narrativas antipolítica y antipartidos, además de presentarse como ajenos a las estructuras tradicionales. Sin embargo, advierte que esa falta de experiencia política no implica un mayor compromiso con la democracia o las instituciones.

Más que un discurso contra las élites, hoy un outsider necesita diferenciarse y ofrecer una propuesta que unifique a la gente.Giuseppe Cabrera, analista político

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Ser conocido, el principal requisito

Sin embargo, Cabrera sostiene que el outsider de estas elecciones seccionales no puede ser un completo desconocido. A diferencia de una elección presidencial, afirma que el corto calendario electoral y una campaña de apenas dos semanas obligan a que el aspirante ya tenga algún nivel de reconocimiento público, aunque nunca haya competido en las urnas.

Espinosa cree que, por ahora, en varias ciudades apenas empiezan a perfilarse aspirantes que intentan proyectar esa imagen. En el caso de Quito, menciona a Wilson Merino como un posible aspirante a ese espacio, aunque aclara que todavía no puede ser considerado un outsider en sentido estricto.

Es por esto por lo que, para el analista, la diferencia debe construirse desde la identidad propia y no únicamente desde el rechazo a otros candidatos. Considera que cada aspirante necesita explicar por qué representa algo distinto frente a quienes ya disputan las principales alcaldías y prefecturas.

A ese requisito suma un tercero: la capacidad económica y logística para la campaña. Cabrera recuerda que las tiendas políticas tienen estructuras débiles, por lo que un aspirante sin recursos propios tendría serias dificultades para movilizar equipos y hacerse visible.

No obstante, Espinosa añade que un verdadero outsider pierde parte de su esencia cuando establece alianzas abiertas con organizaciones tradicionales, incluido Acción Democrática Nacional (ADN) o la Revolución Ciudadana (RC). Según explica, esas asociaciones terminan diluyendo el relato de independencia que caracteriza a este tipo de candidaturas.

Para la coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, el principal problema es que el tiempo juega en contra de cualquier aspirante que pretenda irrumpir desde fuera del sistema. Considera que resultará muy difícil que una persona desconocida logre posicionarse como opción en apenas dos semanas de campaña.

Para que un outsider funcione debe ir contra el sistema, debe mantener siempre una imagen de distinto.Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la UEES

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Más propuestas y menos confrontación

La académica plantea que, más que buscar una figura antisistema, los aspirantes deberían concentrarse en construir una postura clara frente a los problemas de la gente. Agrega que esa posición debe ir acompañada de un plan comprensible, coherente y capaz de generar confianza en los electores.

Por otra parte, el analista Cabrera también considera que el discurso de enfrentar al “pueblo” contra las élites ya no tendría la misma eficacia que en procesos anteriores. A su juicio, las elecciones locales requieren ampliar consensos antes que profundizar divisiones.

Asimismo, Espinosa sostiene que el mayor riesgo consiste en caer en la polarización. A su juicio, si estos candidatos no interpretan adecuadamente el cansancio ciudadano frente a esa confrontación, difícilmente lograrán consolidarse como una alternativa real.

Endara concluye que la prioridad de estos comicios no pasa por encontrar un nuevo fenómeno electoral, sino por elegir autoridades que puedan trabajar de manera articulada y fortalecer una democracia que considera frágil. En su criterio, ese será el principal desafío para quienes busquen conquistar el voto ciudadano el próximo 29 de noviembre.

Los votantes podrían buscar una tercera opción, pero solo si esta logra salir de la polarización entre correísmo y anticorreísmo.Alfredo Espinosa, experto electoral

Lo que debes saber:

• Analistas advierten autocracia en Ecuador en 2026: Sotomayor y Viola señalan erosión institucional y dudas sobre elecciones libres.
• En Ecuador, 2026: decisiones sobre oposición y control estatal activan alertas de autocracia, según politólogos.
• Debate en Ecuador 2026: Pabón denuncia dictadura y Páez y Rivera lo niegan; analistas vinculan caso a ola global de autocratización.

Como si se tratara de una enfermedad que avanza silenciosamente, los indicios de autocracia ya no se ven como hechos aislados, sino como parte de un patrón en Ecuador y otros países, que inquieta a analistas.

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La politóloga y abogada Patricia Sotomayor, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), responde que el país no vive una democracia plena; identifica retrocesos en libertades como las de prensa y asociación. 

Aunque reconoce que tensiones institucionales han existido desde el retorno a la democracia en 1979, subraya que hoy surge un elemento especialmente preocupante: la proscripción política.

Para Sotomayor, este fenómeno -sumado a decisiones cuestionadas de organismos electorales y al contexto de elecciones anticipadas- plantea dudas sobre la equidad del proceso. Recuerda que no hay democracia sin elecciones libres, limpias y competitivas, un principio inseparable del pluralismo.

Opositores pueden aparecer en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría

Coincidiendo con ese diagnóstico, Carolina Viola, politóloga, cree que las últimas decisiones frente a la oposición acercan más a una lógica autocrática y alejan de una democracia plena. 

Lo que se ve, dice, es un régimen híbrido, con una tendencia que se ha acentuado: erosión progresiva de instituciones democráticas y fortalecimiento del Ejecutivo, que termina por copar otros espacios del Estado, debilitando los contrapesos y el equilibrio de poderes.

Para Viola, la eliminación de opositores políticos marca un antes y un después. Si bien hay quienes argumentan que esto ya lo hizo el correísmo -cuando también hubo erosión democrática-, en esos casos “la eliminación de partidos del registro electoral respondía a no cumplir con el mínimo de respaldo. Hoy se observa un ataque que no solo afecta a una organización, sino a cualquier actor con potencial electoral frente al Gobierno”.

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Según la politóloga, esto no solo afecta a la oposición. “Quienes alzan la voz o cuestionan decisiones empiezan a enfrentar acciones desde distintas instituciones del Estado. Aparecen en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría, etc.”, dice.

La visión de Andrés Páez, exasambleísta

Al plantearle la misma interrogante al exlegislador Andrés Páez -¿hay síntomas de autocracia en el país?-, sonríe. Dice que lo más curioso es que “quienes han instalado esa narrativa son los autores y cómplices de una de las más burdas dictaduras entronizadas en el continente, como fue la década saqueada; aparte de cometer todo tipo de abusos, se robaron millones”. 

Pregunta: “¿Qué autoridad moral pueden tener para sostener una cosa así quienes disolvieron el Congreso el 27 de noviembre del 2007?”. “Eso solo se había visto en las peores dictaduras; se inventaron el Congresillo, disminuyeron el número de jueces de la Corte Suprema de 31 a 21, le quitaron la condición y la dejaron como Corte Nacional; crearon una última instancia de nueve jueces manipulados por ellos e hicieron lo que les vino en gana hasta hoy; todavía el correísmo está insertado allá”.

Paola Pabón habla de una tiranía

Desde una orilla política diametralmente opuesta, la evaluación cambia por completo y se ve incluso como una “patología” del poder. Al preguntarle a Paola Pabón, figura de la Revolución Ciudadana y prefecta de Pichincha, si hay rasgos de autocracia en el país, responde sin matices: 

“En Ecuador vivimos una dictadura, el poder está concentrado en una sola persona y en su grupo económico y se ejerce con crueldad, sin respetar la Constitución ni las leyes, menos aún la voluntad popular. El tirano impone una política de miedo, persecución y terror. La tiranía ha emergido en el país mediante la instauración de la necropolítica y el discurso de guerra contra el crimen organizado”.

El Gobierno -anota- ha hecho caso omiso a los resultados de las consultas populares. Puntualiza:

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Ramiro Rivera niega que exista autocracia en Ecuador

Ramiro Rivera, exdiputado de la DP y defensor del presidente Daniel Noboa, no lo ve así. “Las autocracias implican una concentración absoluta del poder, sin división de funciones, representación legislativa, justicia independiente, libertad de expresión ni garantías constitucionales”. 

Como ejemplos menciona a Nicaragua, bajo Daniel Ortega; Cuba, con Miguel Díaz-Canel; así como Bielorrusia, Siria y teocracias.

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Para él, calificar a Ecuador como una autocracia es una tesis del correísmo “risible”. Reconoce que esta democracia “carece de partidos sólidos y está marcada por el caudillismo y prácticas prebendarias”. 

La suspensión de la RC y Amigo -cree Rivera- responde a la ingeniería autoritaria que dejó (Rafael) Correa; el artículo 374 del Código de la Democracia es claro: con la sola notificación del fiscal, el CNE o el TCE tienen la facultad de suspender a movimientos por 24 meses o imponer multas de 10 a cien salarios.

Comenta que “los correístas dejaron trampas que montaron para sus adversarios, en las que han caído atrapados”. Al recordarle que Inés Manzano casi no participó de su juicio político; Alexandra Villacís no se pudo posicionar en la Judicatura y sobre la intervención de GRANASA comenta: 

“Diría que hay ciertas decisiones o actitudes que constituyen actos desmedidos de un lado y otro”.

Un problema que atraviesa al mundo

Patricia Sotomayor, como politóloga, señala que la situación (avance de la autocracia) no es exclusiva de Ecuador ni de la región. El mundo atraviesa una tercera ola de autocratización, en contraste con la ola democratizadora de las décadas de 1970 y 1980, cuando muchos países pasaron de regímenes autoritarios a democráticos. ¿Otra pandemia sin vacuna?

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Ya no se producen golpes de Estado de tipo militar u oligárquico: Franklin Ramírez

El analista político Franklin Ramírez explica que se habla de una tercera ola de autocratización, que arranca incluso a inicios de este siglo y presenta picos de expansión en democracias aparentemente consolidadas como Estados Unidos, pero también en Hungría o Turquía. 

Este concepto, entendido como proceso -más que como autocracia a secas-, busca describir la erosión gradual de las condiciones democráticas en el ejercicio del poder político.

Se diferencian, subraya, de los viejos golpes de Estado de tipo militar u oligárquico en América Latina, donde la toma del poder era abrupta, protagonizada por militares, policías o élites -como por ejemplo lo de Allende en Chile-. 

Hoy el cuadro es distinto: se trata de figuras y líderes electos por el pueblo, con legitimidad de origen, que desde dentro del sistema y de manera progresiva van concentrando poder, debilitando los mecanismos de control institucional y de rendición de cuentas, y restringiendo libertades políticas como la movilización, la protesta, la libertad de expresión, la oposición y la participación.

“Es una erosión progresiva que opera desde dentro del sistema. A través de distintas formas, estos liderazgos concentran poder y presionan al adversario. Esta figura se aplica al caso ecuatoriano, es comparable a Bukele en El Salvador. La autocratización se vincula a la expansión de la violencia en territorios y a la securitización”.

"El escenario es de poder absoluto, propio de regímenes de partido único, en el que ciudadanía y organizaciones políticas no pueden impugnar".Franklin Ramírez, analista político

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Lo que debes saber

• El Plan Nacional de Seguridad de Daniel Noboa incluye medidas para fortalecer la inteligencia y supervisar a las ONG, lo que ha encendido alertas por un posible control a la protesta social. 
• Organizaciones indígenas, Human Rights Watch y expertos advierten riesgos para la democracia, mientras otros analistas defienden los controles como una herramienta contra el crimen organizado.

Después de casi tres años en el Gobierno, Daniel Noboa oficializó como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto 448.

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El documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 9 de marzo de este año, establece siete objetivos estratégicos destinados a fortalecer la capacidad del Estado frente a amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, los ciberataques y el terrorismo.

Sin embargo, el plan también incorpora entre los riesgos para la seguridad nacional al denominado “extremismo violento” y a la subversión, aspectos que han despertado preocupación entre organizaciones sociales, dirigentes indígenas y especialistas en derechos humanos.

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Según el documento, el extremismo violento es definido como un “fenómeno multidimensional (político, económico y social) vinculado con la adopción de ideologías extremistas, el empleo de la violencia e incluso de acciones terroristas”. Además, sostiene que este fenómeno es impulsado “por un radicalismo antisistema que cuestiona las instituciones y la democracia representativa”.

La hoja de ruta gubernamental contempla 17 estrategias en el objetivo 4 para enfrentar esas amenazas. Entre ellas destacan dos medidas que han generado debate: el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para la prevención y neutralización de fenómenos de radicalización de protestas sociales y el incremento de la supervisión sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y corporaciones que operan en el país.

Aunque el Ejecutivo plantea estas acciones como mecanismos para preservar la estabilidad democrática y fortalecer la institucionalidad estatal, diversos actores consideran que podrían derivar en restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de organización y la protesta social.

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Conaie cuestiona el plan y advierte riesgos para la democracia

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuestiona el alcance de estas disposiciones y sostiene que buscan restringir la participación ciudadana. A su criterio, el Gobierno pretende “limitar la libertad de organización” bajo el argumento de defender la democracia.

La dirigente añade que “no es posible hablar de fortalecimiento de la democracia cuando se limita el derecho a la protesta o la participación, como lo que ocurre ahora con las organizaciones políticas, cuando se niega el fondo partidario o los candidatos están detenidos. Se debe investigar, pero dentro del debido proceso y respetando el Estado de Derecho”.

Las preocupaciones también han sido expresadas por organismos internacionales de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechaza que las organizaciones de la sociedad civil sean consideradas un factor de desestabilización institucional.

Human Rights Watch alerta sobre posibles restricciones a las ONG

“Las organizaciones no gubernamentales no desestabilizamos la democracia. Muy por el contrario. Nuestro rol es hacer vigilancia a quienes están en el poder. No importa su color político. No hay democracias fuertes y sólidas sin organizaciones de la sociedad civil y periodistas que hagan escrutinio al gobierno”, señala.

Para algunos especialistas, categorizar a las organizaciones sociales como amenazas puede abrir espacios para prácticas de control político.

El experto en seguridad, Paúl Pinto considera que el contenido de ese objetivo representa un riesgo. Según explica, “el objetivo 4 es muy peligroso porque implica temas de control social, control a la oposición y de los que no están de acuerdo con el gobierno”.

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Expertos discrepan sobre el control a organizaciones sociales

El especialista cree que “se está atravesando una línea peligrosa. Ahora está por escrito en el plan que se va a justificar la persecución de los pueblos indígenas. Se ve un deseo de control y de tener controlado a cualquier grupo que sea opositor al gobierno”.

En la misma línea, Goebertus advierte sobre posibles consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. A su criterio, podría producirse “la estigmatización y que esta se traduzca en debilitamiento y cierre de varias organizaciones”.

Desde la Conaie también se sostiene que algunas disposiciones ya han tenido efectos en el ámbito organizativo. Castañeda afirma que las medidas contempladas en el plan han provocado una “persecución y hostigamiento permanente. Tanto es así que ya hay tantos defensores estigmatizados y judicializados; eso sí afecta a la democracia”, resalta.

Supervisión a ONG: ¿seguridad nacional o control político?

La dirigente recuerda que durante las protestas registradas entre septiembre y octubre de 2025 se aplicaron medidas que afectaron tanto a personas como a organizaciones, específicamente a través del congelamiento de cuentas vinculadas con agrupaciones sociales. Casos de este tipo fueron denunciados por organizaciones como Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt).

No obstante, también se considera que las medidas de supervisión deben analizarse en el contexto de la lucha contra las estructuras criminales.

Wilson Goyes, experto en seguridad y director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, sostiene que los mecanismos de control contribuirían a identificar redes que se camuflan para actividades ilícitas.

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Control a ONG divide a especialistas en seguridad

Según explica, este tipo de vigilancia permite “asfixiar a las estructuras de fachada” y a los mecanismos utilizados para movilizar recursos de origen ilegal.

El experto indica que algunas organizaciones aparentemente legales han sido utilizadas para financiar estructuras criminales y captar a ciudadanos. “De esta forma se reduce la cooptación de personas en zonas vulnerables, como las fronteras, en donde ciertas organizaciones con apariencia benéfica han sido usadas por el crimen, para la gobernanza criminal y para sustituir al Estado y reclutar a jóvenes, niños y adolescentes”, manifiesta.

Pinto discrepa y atribuye la inclusión de ONG y organizaciones sociales dentro de las amenazas contempladas por el plan a una visión predominantemente militar de la seguridad. A su criterio, ello responde “por el miedo de los militares, porque el plan fue elaborado por militares”.

Analistas cuestionan la elaboración del plan de seguridad

El analista también cuestiona la falta de participación de diversos sectores durante la elaboración del documento. “Debió hacerse con la sociedad civil, gremios, sector privado. No hubo acuerdos ni consensos y lo que tenemos es un plan militar, de defensa, no de seguridad, con puntos inquietantes contra la oposición”, concluye.

Lo que debes saber

• Abogados constitucionalistas asumen representación ilegal de ministros en juicios políticos, vulnerando la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
• Se confunden los estándares judiciales, imponiendo litigación oral donde prima la pérdida de confianza y la responsabilidad política.
• La Comisión de Fiscalización permite trampas procesales que diluyen la rendición de cuentas y debilitan la democracia ecuatoriana.

Buenísimos los abogados. De eso no hay duda. Ilustrados, articulados, hablan español, que es mucho más de lo que se puede decir del asambleísta promedio. “Llegamos y nos los comemos”, habrán pensado nomás de ver a los que tenían por delante: los correístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna no son, precisamente, unas lumbreras, ni mucho menos; ni muchísimo menos. Y sí: llegaron y se los comieron.

Se comieron a los interpelantes y se comieron, con estudiada arrogancia que no les cuesta representar porque es natural en ellos, a los testigos. Y se comieron, con técnicas de litigación adquiridas en los juzgados, el aparato de sus pruebas. Y se comieron, con trampas retóricas a veces rudimentarias que los otros no pudieron descifrar porque no tienen recursos verbales ni mentales para tanto, sus principales argumentos. Sólo las mesas y las sillas les faltó comerse a tan magníficos abogados. Ganaron por goleada. Si tan sólo fuera legal, habría sido una victoria edificante.

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Pero no es legal. Porque esto no era un juicio ordinario: era un proceso de control político, el de la exministra de Energía Inés Manzano, y aquí ni sus técnicas de litigación, ni sus criterios para interrogar, ni sus artificios retóricos ni su mera presencia tenía absolutamente nada que hacer. Rafael Oyarte e Ismael Quintana, abogados en representación de la exiministra, ganaron (lo cual no es gran mérito considerando el tamaño de sus adversarios y la catadura moral del árbitro) pero ¿a costa de qué? Pregunta pertinente porque tuvieron que pasarse por el forro la Ley Orgánica de la Función Legislativa, prestarse al juego oficialista de desvirtuar (otra vez) la naturaleza de la fiscalización parlamentaria y avanzar un paso más hacia la evaporación absoluta del concepto de responsabilidad política. Todo lo cual es un flaco favor a la democracia. Ellos ganan, el país pierde. Pero ¡oigan!, el país… ¿A quién le importa?

Llegaron Oyarte y Quintana a la mesa de Fiscalización para ejercer la defensa de Inés Manzano, exponer sus pruebas de descargo, contrainterrogar a los testigos y argumentar a su nombre mientras la exministra, conectada a la sesión desde una pantalla, no dijo esta boca es mía. Más que dar la cara, eso es tener una carota.

Ilegalidad en la delegación de abogados para ministros de Estado

¿Por qué todo esto es ilegal? Basta con leer el artículo 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (correspondiente al capítulo sobre el enjuiciamiento político de los funcionarios públicos). Dice ahí que el funcionario cuestionado, “en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentará o expondrá sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización”. Nótese: “El funcionario … presentará o expondrá sus pruebas”. No dice que el funcionario podrá delegar a su abogado, a otro funcionario o a su mamacita para que presente las pruebas a su nombre. A la luz del principio elemental según el cual en derecho público sólo se puede hacer lo que está escrito, debería bastar la lectura de este artículo para hacerse cargo de la situación. Pero hay otro que lo deja aún más claro: el artículo 90, correspondiente a la sección sobre el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República. Ese artículo, a diferencia del anterior, sí permite expresamente que el mandatario enjuiciado, “por sí o por interpuesta persona de uno o más delegados o procuradores … ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas”.

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Es evidente que el legislador quiso establecer una diferencia: el presidente sí puede enviar a sus abogados; los ministros, no. Cualquier interpretación que justifique lo contrario no pasa de ser una leguleyada artera, y Oyarte y Quintana lo saben perfectamente. Peor aún es el argumento por el que se inclina el presidente de la Comisión de Fiscalización, el oficialista Ferdinan Álvarez, conocido en el mundo del hampa como Tilín (no es broma ni figura literaria: Álvarez tuvo con el hampa el trato suficiente para merecer un alias). Piensa Tilín que la actuación de los abogados en representación de la ministra está legitimada por los precedentes: ya ocurrió en el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que se hizo representar por Stalin Raza. Según esto, basta violar la ley una vez para que resulte lícito seguirla violando indefinidamente. Un sinvergüenza, Tilín. Que no haya en el bloque de oposición un solo asambleísta capaz de echar abajo este argumento y que terminen todos plegando a semejante impudicia es una muestra de la decadencia intelectual y política en que ha caído la Asamblea. Decadencia que ha abierto un nuevo giro de negocios para abogados.

Distinción entre juicio penal y la responsabilidad política de los ministros

Hay una razón evidente para que los mandatarios puedan hacerse representar por sus abogados en los juicios políticos y los ministros no: la naturaleza de las acusaciones. Las causales establecidas en la Constitución para enjuiciar a un presidente en la Asamblea son todas delitos penales: concusión, cohecho, peculado, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio, delitos contra la seguridad del Estado... Para enjuiciar a un ministro, en cambio, basta con el genérico de “incumplimiento de funciones”. En otras palabras: la responsabilidad política de los ministros y otros funcionarios sujetos a juicio político no implica necesariamente la comisión de algún delito. A Inés Manzano, de hecho, no se le acusaba de ninguno. Ya podían Oyarte y Quintana desgañitarse para demostrar que la exministra no se benefició de dinero público como si de eso dependiera su inocencia: no era la sospecha de peculado la que justificaba el control político en su caso (ni en ningún otro).

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Por eso las técnicas de litigación que aplican los penalistas en los tribunales ordinarios, las escrupulosas formalidades de los interrogatorios, la cuidadosa calificación de pruebas y testigos propia del Derecho procesal no se compadecen en absoluto con el tipo de debates que requiere un juicio político, donde el tema en discusión y el concepto mismo de la culpa es muy distinto. Fue aberrante ver al bien mandado de Tilín calificando objeciones de la defensa por supuestas preguntas sugestivas, como si estuviera juzgando un caso de cohecho en la Corte Nacional. No menos chocante fue el interrogatorio al que los representantes de Inés Manzano sometieron a un periodista con el fin de demostrar que no manejaba las pericias suficientes para que su testimonio calificara como prueba.

El error procesal de aplicar el Derecho procesal penal en el Parlamento

Todas esas pericias de litigación que se pretende ahora imponer como modelos de procedimiento en los procesos de fiscalización parlamentaria están pensadas (y aquí viene lo más importante) para aplicarse a juicios cuyo estándar de convencimiento no sólo que nada tiene que ver con el que requiere el control político sino que es su opuesto absoluto. En un juicio penal, basta una duda razonable para que el juez esté obligado a ratificar la inocencia del acusado. En un juicio político, en cambio, es precisamente la duda razonable la que determina su culpa. Porque la duda, cuando de un funcionario se trata y es su responsabilidad política lo que se juzga, produce pérdida de confianza. Y un funcionario que ha perdido la confianza tiene que ser censurado de inmediato. Es este concepto de responsabilidad política el que se quiere diluir con las charlatanerías procesales de Razas, Oyartes y Quintanas.

La crisis energética y la gestión de Inés Manzano en el Ministerio de Energía

Vamos al caso de Inés Manzano. En su alegato final (el único en el que tomó la palabra aunque fuera para no admitir preguntas de los interpelantes, otra aberración que permitió el sinvergüenza de Tilín) dijo que fue llamada no “para crear una crisis sino para enfrentarla” (vaya perogrullada). Pues bien: ¿cómo la enfrentó? Ella asumió el Ministerio de Energía en plena crisis de los apagones y prometió una serie de soluciones para incorporar generación eléctrica hasta marzo de 2025. Entre esas soluciones se encontraban los proyectos Salitral y Quevedo, de Progen, que debían entrar en operación a más tardar el 5 de abril de ese año, según los cuadros que personalmente repartió a la prensa, y Esmeraldas III, de ATM, cuya “fecha tardía” de incorporación al sistema eléctrico era el 31 de marzo. La historia es conocida: los proyectos no sólo que no entraron en operación sino que no entrarán nunca porque fueron estafas gigantescas, de cientos de millones de dólares que se continuaron pagando aun cuando la estafa ya había sido descubierta, gracias a adendas introducidas en los contratos durante el ministerio de Inés Manzano. ¿No son motivos suficientes para retirarle la confianza? Lo son, por supuesto. Sin embargo, sus abogados pretenden que semejante inoperancia no tiene responsable político alguno. Lo cual es, por supuesto, un disparate. Otro.

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El declive de la democracia y la evasión de la fiscalización parlamentaria

En tiempos mejores de nuestra democracia, cuando el concepto de responsabilidad política existía y los constitucionalistas de televisión no se entrometían en los asuntos políticos con sus interpretaciones a la carta, funcionaba el mecanismo del fusible. Los ministros renunciaban para que el daño no llegara a la presidencia y asumían sus culpas. La idea de dar un paso al costado evitaba el control político. Ahora se aferran a sus cargos hasta que hay que echarlos, y cuando se van lo hacen aduciendo “razones personales”. Y se esconden tras un estudio jurídico para lavarse las manos. Es el estado terminal de la responsabilidad política. Y sin responsabilidad política, no hay democracia posible.

Lo que debes saber

• Dallyana Passailaigue confirmó que no será candidata en las elecciones seccionales de 2026.
• Rechazó dialogar o recibir propuestas de otras organizaciones políticas tras dejar el PSC.
• La exasambleísta continuará aportando al debate público y al desarrollo del país desde el sector privado.

La exasambleísta por Guayas, Dallyana Passailaigue, confirmó en declaraciones brindadas a EXPRESO que no participará como candidata a ninguna dignidad en las elecciones seccionales de 2026, luego de anunciar su desvinculación formal del Partido Social Cristiano (PSC). Pese a haber recibido múltiples invitaciones por parte de dirigentes de otras organizaciones políticas tras su renuncia, la exlegisladora aclaró que su salida de la tienda socialcristiana significa el cierre definitivo de su ciclo en la actividad partidista, aunque mantendrá su presencia en la discusión de temas de interés nacional desde el sector privado.

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Rechazo a propuestas de otros partidos políticos

A través de sus redes sociales, la exasambleísta por Guayas reveló que, tras hacer pública su desvinculación del PSC, representantes y aspirantes de diversas agrupaciones políticas intentaron entablar contacto para abordar su futuro dentro del mapa político ecuatoriano.

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Sin embargo, Passailaigue fue enfática al remarcar que su renuncia al partido donde militó durante varios años representa el fin de su etapa dentro de la política partidaria, motivo por el cual no se sumará a ninguna otra fila partidista.

"No estoy interesada en escuchar ni participar en ningún tipo de diálogo o propuesta", afirmó la exlegisladora.

Futuro político y participación en el debate público

Al ser consultada por EXPRESO, Passailaigue detalló los alcances de su decisión respecto a los próximos procesos electorales y su rol dentro de la sociedad civil:

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Enfoque profesional desde el sector privado

El anuncio formal de su separación del Partido Social Cristiano (PSC) ocurrió el 21 de julio de 2026 mediante una carta pública en la que repasó sus principales logros dentro de la organización.

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En esta nueva etapa, Passailaigue centrará sus actividades en el ámbito privado a través de los siguientes ejes estratégicos:

Lo que debes saber 

• Cinco organizaciones políticas de América Latina emitieron una declaración sobre el proceso electoral ecuatoriano.
• El documento cuestiona las condiciones de competencia política y solicita observación internacional desde las primeras etapas del calendario electoral. 
• Además, pide garantías para la participación de las precandidaturas afectadas por recientes decisiones judiciales.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, Nuevo Perú por el Buen Vivir, Movimiento Derecho al Futuro de Argentina, Pacto Histórico de Colombia y Frente Amplio de Chile emitieron una declaración conjunta en la que expresan preocupación por las condiciones en las que se desarrolla la etapa preparatoria de las elecciones seccionales de Ecuador 2026-2027. Los movimientos sostienen que existen dudas sobre el pluralismo político y la igualdad en la competencia electoral.

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El pronunciamiento, difundido el 24 de julio de 2026, señala que los recientes acontecimientos relacionados con organizaciones políticas ecuatorianas generan interrogantes sobre las garantías democráticas. En el documento también destacan el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral el 3 de junio, cuando confirmó que la Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral para acompañar el proceso.

Los firmantes consideran que ese seguimiento debe comenzar antes de la jornada de votación y extenderse a las fases previas del calendario electoral. En ese contexto afirmaron: "Valoramos esta decisión y estimamos que dicho acompañamiento debe comenzar desde las etapas previas del ciclo electoral".

Suspensión de movimientos políticos marca la preocupación regional

El comunicado recuerda que en marzo de este año el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al movimiento Revolución Ciudadana. Posteriormente, el movimiento AMIGO anunció que permitiría la participación de candidaturas respaldadas por esa organización, pero días después la Fiscalía General solicitó su suspensión y el Tribunal resolvió aplicar la misma medida cuando estaba por concluir el plazo para registrar alianzas electorales.

Según los partidos firmantes, esta secuencia obligó a numerosas precandidaturas a reorganizar su participación en pocas horas mediante otras organizaciones políticas, mientras otras no lograron formalizar sus postulaciones antes del cierre del plazo legal. A su criterio, ello podría tener efectos sobre las condiciones de competencia entre las fuerzas políticas.

Frente a este escenario, el documento advierte: "La acumulación de decisiones de esta naturaleza sobre organizaciones que representan a uno de los principales sectores de oposición constituye una señal de alerta para la calidad de la democracia".

Piden observación internacional desde el inicio del proceso

Las organizaciones políticas hicieron un llamado a los organismos internacionales especializados en observación electoral para que acompañen el proceso ecuatoriano desde sus primeras etapas. Además, solicitaron que requieran información al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral sobre las medidas previstas para garantizar los derechos políticos de las precandidaturas inicialmente vinculadas al movimiento AMIGO.

El objetivo, indican, es evitar que las decisiones judiciales adoptadas sobre organizaciones políticas terminen convirtiéndose en obstáculos indirectos para la participación electoral de personas y candidaturas. Los firmantes consideran que el seguimiento internacional contribuiría a preservar condiciones de igualdad durante el proceso.

En el comunicado también sostienen: "La democracia se fortalece cuando las diferencias políticas se resuelven mediante el voto ciudadano y bajo reglas que aseguren igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas".

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Firmantes sostienen que el debate trasciende a Ecuador

El pronunciamiento afirma que la situación ecuatoriana también tiene implicaciones para América Latina, al señalar que la región enfrenta un escenario de creciente disputa geopolítica. En ese contexto, los partidos consideran que la defensa de instituciones democráticas sólidas y de una competencia política efectiva requiere la articulación de fuerzas democráticas a nivel regional.

Finalmente, las organizaciones firmantes manifestaron su disposición para colaborar en el acompañamiento y observación de los procesos políticos y electorales que se desarrollen en Ecuador, con el propósito de respaldar el pluralismo político, la igualdad de condiciones en la competencia electoral y la integridad democrática.

Lo que debes saber

• El TCE admitió la denuncia del CNE contra el movimiento Amigo por no presentar cuentas.
• La audiencia oral única de pruebas y alegatos quedó fijada para el 11 de agosto de 2026.
• Las sanciones incluyen multas de hasta $ 28.920 y la cancelación de la organización política.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del movimiento Amigo por una presunta infracción electoral. La causa se dio paso en Quito, luego de que el juez electoral Guillermo Ortega verificara la aclaración del recurso interpuesto por el órgano electoral. La acusación señala que la organización política incurrió en la falta contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, al no presentar las cuentas del partido.

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Juzgamiento por la no presentación de cuentas del partido

El juez electoral Guillermo Ortega resolvió admitir la causa contra el movimiento Amigo una vez que el CNE aclaró y completó la acusación. El proceso legal señala de forma directa a tres directivos y administradores de la organización política:

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Audiencia oral única en el Tribunal Contencioso Electoral

Para continuar con el juzgamiento de la infracción electoral, el juez Guillermo Ortega fijó la fecha para la fase de juzgamiento:

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Posibles sanciones según el Código de la Democracia

El proceso iniciado contra el movimiento Amigo responde a la falta tipificada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, la cual estipula severas sanciones económicas y políticas:

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Suspensión temporal por investigación de la Fiscalía

De forma paralela a esta causa en el TCE, el movimiento Amigo afronta una medida cautelar administrativa:

Los detalles del caso

• Raffo interpuso una acción de protección para anular la suspensión de nueve días impuesta por el CAL.
• La medida surge tras la denuncia de la legisladora Janina Rizzo por un presunto insulto en una comisión.
• La asambleísta correísta alega violación al debido proceso, derecho a la defensa y persecución política.

La asambleísta Ana María Raffo, del bloque de la Revolución Ciudadana, presentó una acción de protección con medida cautelar ante la justicia en Quito, Pichincha, el 24 de julio de 2026. La medida busca suspender de forma inmediata la sanción de nueve días sin sueldo impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, tras una queja planteada por la legisladora Janina Rizzo, de ADN. Raffo alega que el proceso vulneró sus derechos constitucionales, el debido proceso y su derecho al trabajo.

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La causa presentada por Ana María Raffo recayó en el Tribunal de Garantías Penales de la parroquia Iñaquito, integrado por los jueces Ivon Catterine Vásquez Revelo, Edmundo Vladimir Samaniego Luna y Karen Matamoros Orellana.

A través de este recurso judicial, la legisladora solicita que se declare la nulidad constitucional de la resolución administrativa emitida por el CAL y la restitución plena de sus derechos parlamentarios.

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Peticiones de la legisladora a la justicia

Dentro del recurso planteado, la asambleísta de la Revolución Ciudadana exige las siguientes medidas reparatorias:

Presuntas vulneraciones a los derechos constitucionales

En el texto de la demanda, Ana María Raffo fundamenta que la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) incurrió en múltiples e infracciones a la Constitución del Ecuador y a convenios internacionales.

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Origen del conflicto entre las asambleístas Ana María Raffo y Janina Rizzo

La sanción disciplinaria, notificada el 22 de julio de 2026, impone nueve días de suspensión sin sueldo a Ana María Raffo. La medida se originó por una queja administrativa presentada por Janina Rizzo, asambleísta de la bancada de ADN y presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Según la resolución del CAL, Raffo fue sancionada por haber tildado de "sinvergüenza" a Rizzo durante una sesión de dicha mesa legislativa.

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Argumentos de descargo y denuncias de irregularidades

Por su parte, Ana María Raffo sostiene que la resolución del CAL constituye una represalia política y señala irregularidades dentro del trámite administrativo:

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Lo que debes saber

• Frente al drástico incremento de la violencia y el uso de menores por parte del crimen organizado, la Asamblea Nacional impulsa un proyecto de ley.
  
• El proyecto se enfoca en endurecer las penas contra los reclutadores y obligar a diversas instituciones a implementar medidas de prevención.
• Especialistas y legisladores coinciden en que el éxito de la propuesta no depende de la creación de más leyes, sino de superar falta de institucionalidad.

 Cada vez más niños y adolescentes son captados por organizaciones criminales en Ecuador, mientras las cifras reflejan una violencia que no deja de escalar. Entre 2019 y 2024, los homicidios de menores aumentaron un 627,5 %, según UNICEF Ecuador; en ese mismo período, la Fiscalía procesó a 1.278 adolescentes por distintos delitos y, solo en 2025, fueron retenidos 2.812 menores. Frente a este escenario, la discusión ya no se centra únicamente en cómo castigar a quienes los reclutan, sino en si el Estado tiene la capacidad de evitar que ese primer contacto ocurra.

Con ese objetivo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional impulsa el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de 64 artículos que plantea endurecer las sanciones y obliga a ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y otras instituciones a implementar políticas de prevención, sistemas de alerta temprana, atención psicológica y procesos de reintegración para menores en riesgo o víctimas.

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Los desafíos más allá del papel

Sin embargo, el verdadero desafío no es aprobar una nueva ley, sino hacerla cumplir. Especialistas y legisladores coinciden en que Ecuador mantiene una débil coordinación institucional, escasos protocolos preventivos y poca capacidad para intervenir en los territorios donde el crimen organizado recluta niños y adolescentes. La discusión de fondo es si el Estado tiene recursos y voluntad para pasar del castigo a la prevención.

EXPRESO solicitó entrevistas a los ministerios del Interior, Educación y Salud, instituciones que tendrían un rol clave en la aplicación de esta reforma. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que el análisis se construyó con los aportes de un integrante de la comisión legislativa y especialistas en seguridad y salud mental.

Para el asambleísta Jorge Chamba, la propuesta convierte a los GAD en actores clave mediante programas sociales, deportivos y recreativos dirigidos a menores. Aseguró que esas competencias podrán ejecutarse con los recursos actuales. “No hay recorte en lo económico, en lo absoluto, no hay, no hay”, afirmó. Además, sostuvo que la prevención debe extenderse al entorno digital, donde las organizaciones criminales captan menores mediante videojuegos e internet. Por ello, el proyecto plantea bloquear contenidos vinculados al reclutamiento y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales. “Cuando se vean estos temas, inmediatamente la señal deba cortarse”, señaló.

No existe una planificación adecuada sobre el manejo del reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico. Las bandas consideran a los niños como material desechable.Mario Pazmiño, Exdirector de Inteligencia

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Incremento de penas para los reclutadores

La iniciativa también incrementa las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas, con sanciones de entre 22 y 26 años de prisión. A la par, propone reforzar la prevención desde las aulas con la participación permanente de la Policía Nacional. “Los policías deben ser instructores o capacitadores de estos temas como una materia más”, dijo Chamba.

Desde la seguridad, el exdirector de Inteligencia Mario Pazmiño considera que el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de planificación. “No existe una planificación adecuada sobre el manejo de lo que es reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico”, afirmó. Explicó que las bandas criminales utilizan a los menores como “material desechable” para vigilancia, transporte de drogas, extorsiones e incluso sicariato. Alertó que el reclutamiento inicia con pequeños incentivos económicos y luego deriva en amenazas que impiden a los adolescentes abandonar esas estructuras. Incluso, advirtió que, en algunos casos, “se convirtió esto en un negocio también por parte de padres de familia”.

Para Pazmiño, la prioridad debe ser fortalecer la prevención mediante capacitación a docentes, padres y estudiantes, protocolos de seguridad, vigilancia digital y planes específicos para las escuelas más vulnerables. También cuestionó que algunos municipios limiten su participación en seguridad pese a recaudar recursos destinados a ese fin.

Aspectos más profundos del problema

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La psicóloga clínica Paola Cercado advirtió que la mayor vulnerabilidad no siempre está en la pobreza, sino en la falta de vínculos afectivos. “Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”, explicó. A su juicio, una ley no cambiará la realidad si no va acompañada de políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”, afirmó.

Respecto a quienes ya fueron captados por organizaciones criminales, Cercado sostuvo que la reinserción exige procesos reales de rehabilitación con acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”, expresó. Para la especialista, la principal barrera frente al reclutamiento sigue siendo una infancia acompañada, protegida y atendida antes de que el crimen organizado ocupe ese espacio.

Los GAD podrán asumir las nuevas responsabilidades de esta ley con los recursos actuales. La Policía debe capacitar sobre reclutamiento como una materia más en las escuelas.Jorge Chamba, asambleísta e integrante de la Comisión de Salud

Lo que debes saber

• Juan Carlos González explica por qué decidió entrar por primera vez en la política.
• El precandidato expone sus prioridades para la Prefectura del Guayas, con énfasis en vialidad y seguridad.
• También se pronuncia sobre su paso por el Municipio de Guayaquil y la situación que atraviesa el PSC.

Juan Carlos González, médico emergenciólogo y precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC), conversó con EXPRESO sobre su incursión en la política, las prioridades que plantea para la provincia y su visión sobre el momento que atraviesa la organización política que impulsa su candidatura.

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- Usted es médico emergenciólogo y nunca ha ocupado un cargo de elección popular. ¿Por qué decidió dar el salto a la política en este momento?

- Como médico emergenciólogo, toda la vida he escuchado las necesidades de la gente; un emergenciólogo tiene una característica: escucha, diagnostica y actúa rápido sobre presión, y es lo que yo creo que necesita la Prefectura, alguien que actúe realmente sobre presión, sabiendo hacer las cosas, priorizando, que es lo más importante y haciendo protocolos para hacer bien las cosas. Uno no sabe todo, pero si tienes un buen equipo, que cada uno tenga su rol y su papel, y tú eres un buen líder, todo va a salir muy bien, especialmente para la provincia.

- ¿Ya tiene el equipo?

- Tenemos el equipo. Tenemos ingenieros agrónomos, hidráulicos, estructurales; con todos ellos estamos formando el plan para la provincia. Estamos diagnosticando, con eso podemos tratar y actuar.

- ¿Cuál es el diagnóstico de la de la provincia de Guayas?

- Son varios los problemas que tiene la provincia: salud, seguridad, viabilidad, producción, ya sea agrícola, ganadera o pesquera, y comunicación.

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- ¿Cuáles serán las prioridades que tendrá usted en la Prefectura?

- Primero, vialidad, especialmente la vialidad rural para que la persona pueda sacar sus productos a tiempo, por ende, disminuirá los costos. No solo sacas los productos, conectas a la provincia, das generación de empleo, y algo importante, una buena vía salvavidas. No es lo mismo una mujer que está dando a luz llegue a un sitio en 45 minutos que en 15 minutos, esos 15 minutos pueden salvar la vida de alguien. Entonces, la primera prioridad será los caminos rurales.

- ¿Ya se han identificado estas zonas?

- En este momento, estamos levantando la identificación. Incluso la Prefectura también tiene levantado esos datos; unimos los datos y vamos a trabajar como se debe trabajar.

- Luego de la vialidad, ¿cuáles serían los otros proyectos en los que se enfocaría?

- Seguridad es importante. Hay que seguir con el trabajo del tejido social. Vamos a hacer corredores seguros, iluminados, con puestos de descansos para los transportistas y con zonas de respuesta rápida. Vamos a reactivar los puestos de trabajo de los policías y militares para que sean espacios agradables porque se los han abandonado; vamos a trabajar con el Gobierno nacional.

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- Con el Gobierno nacional, ¿cómo van a trabajar?

- La seguridad hay que trabajarlo junto con el Gobierno Nacional, junto con la Policía y los militares. Yo no soy partidista, no tengo un partido político. Toda mi vida he sido médico, toda mi vida he servido a la gente y eso es lo que yo quiero hacer. Si me tengo que sentar a conversar con un alguien de otro partido, nos sentaremos. Al Guayas ya no hay que manejarlo como un partido político, hay que manejarlo como un paciente.

- Usted ha trabajado para la administración municipal encabezada por Revolución Ciudadana y RETO. ¿Cómo explica ahora su candidatura por el PSC?

- Si usted es buena en su trabajo y es llamada a trabajar en algún sitio, usted lo hace por amor, porque quiere hacerlo; no por partidista. A mí, el alcalde Aquiles Álvarez me llamó, como llama a alguien con experiencia; hice mi trabajo en la Dirección de Salud (del Municipio de Guayaquil), están los resultados visibles de cómo mejoramos la salud de Guayaquil y ahora tengo otro llamado. Pueden investigar, yo tengo ninguna afiliación política.

- ¿Ni al PSC?

- Ni al PSC. Yo tengo capacidad, liderazgo y ganas de trabajar y amor a lo que hace.

Si llevas un buen liderazgo y control, y pides exámenes a Contraloría, con eso bajas bastante la corrupción.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Ha conversado con el alcalde Aquiles Álvarez sobre el reto que iba a tomar?

- No he podido conversar con él por la situación que tiene; pero él lo deberá entender.

- ¿Cómo interpreta las recientes salidas de dirigentes históricos del PSC?

- Bueno, eso tendrán que evaluarlo los dirigentes del partido. Tendremos que conversar con ellos.

- ¿Han conversado al respecto?

- En este momento, yo no conversado con ellos porque me he dedicado a hacer la planificación de lo que se va a hacer.

- ¿Cree que afectará a las votaciones?

- Cuando venga la campaña tendrán que escuchar lo que les tengo que decir y lo que les quiero prometer. Nunca voy a prometer algo que no pueda cumplir y eso lo he demostrado en mi vida privada y en mi vida pública.

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- ¿No afectará?

- Bueno, tendrán que regresar cuando vean las propuestas que tengo y ellos decidirán, si vuelven; decidirán si quieren, en este caso, que la provincia cambie, que tenga un liderazgo no político, sino realmente (de) ganas de trabajar.

- ¿Su candidatura tuvo algo que ver con estas salidas?

- No, mi candidatura no ha tenido nada que ver.

- ¿Cómo evaluaría la gestión de la última Prefectura?

- Tenemos dos prefecturas, la de Marcela Aguiñaga y la de Carlos Encalada. Yo creo que ellos han hecho bien su labor. Lo que nosotros debemos hacer es continuar lo que se ha hecho bien, reformar lo que no está tan bien. Lo peor que puedes hacer es sentarte y desbaratar toda una estructura que tal vez ya está. Mira, nosotros no venimos a improvisar, venimos a trabajar de verdad.

Quiero dejar un legado; así como he podido ayudar en Guayaquil, creo que también puedo hacerlo en Guayas.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Qué va a mantener?

- Por ejemplo, lo de las semillas certificadas.

- El dragado del río Guayas ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años. ¿Cuál es su posición sobre este proyecto y qué acciones impulsaría?

- Si no tengo profundidad, no tengo drenaje, por eso es por lo que a veces ciertas zonas aledañas a los ríos Guayas y Daule hay inundaciones. Debemos enfocarnos en que sea algo perenne, no solamente por invierno. Dentro de nuestro proyecto estamos visualizando también el transporte fluvial y la atención médica fluvial.

Los puntos claves de este análisis

• El juicio político como escenario convierte a periodistas en protagonistas y, según el análisis, erosiona la independencia y la credibilidad de la prensa.
  
• Los casos de Andersson Boscán y Álvaro Espinosa evidencian un patrón creciente: investigaciones periodísticas que terminan influyendo o formando parte de procesos políticos en la Asamblea.
  
• El artículo advierte que, cuando los periodistas pasan de investigar al poder a intervenir en juicios políticos, se desdibujan los límites entre prensa, política y justicia, con riesgos para la democracia.

Que los periodistas se conviertan en protagonistas de las audiencias de un juicio político es una pésima idea. Al menos para el periodismo, porque para los políticos siempre será un excelente negocio: ellos casi siempre saldrán airosos, sean los interpelados o los interpelantes. 

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Quien termina gravemente lesionado es el periodismo, que pierde credibilidad al trastocar los papeles que le corresponden. Esta modalidad de periodistas convertidos en inspiradores de los políticos durante los juicios políticos empieza a aparecer en el Ecuador y, tarde o temprano, podría convertirse en un peligroso precedente para el periodismo independiente. 

Y cuando el periodismo independiente corre riesgos, también los corre la democracia.

Los dos casos de periodistas en busca de protagonismo

Por ahora hay dos casos notorios. El primero es el de Andersson Boscán, quien fue un animador importantísimo del juicio político contra Guillermo Lasso, proceso que desembocó en la muerte cruzada, antecedente directo de la actual circunstancia política. 

A inicios de 2023, Boscán compareció ante la Asamblea y, desde su programa en La Posta, impulsó el juicio político apoyado en su investigación sobre El Gran Padrino, según la cual el gobierno de Lasso mantenía vínculos con la mafia albanesa.

“A Lasso no hay que enjuiciarlo por peculado. Hay que enjuiciarlo por traición a la patria”, dijo Boscán en uno de sus programas, prácticamente sugiriendo a los asambleístas la causal del juicio político que buscaban. 

Finalmente, Lasso fue enjuiciado por un supuesto peculado relacionado con un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, suscrito durante un gobierno anterior. 

Ese caso fue posteriormente archivado por la justicia al no encontrarse indicios suficientes. Sin embargo, la actuación de Boscán fue determinante en el clima político que condujo a la salida de Lasso.

El caso Apagón, también conocido como Progen

El segundo caso es el del periodista Álvaro Espinosa. A inicios de esta semana compareció ante la Comisión de Fiscalización para explicar una investigación periodística sobre el caso Progen, durante la sustanciación del juicio político contra la exministra Inés Manzano. 

Su participación terminó siendo, sobre todo, útil para los abogados de la exfuncionaria, que lo interrogaron como si fuera un perito y no un periodista. ¿Quiénes sacaron provecho de la escena? Precisamente los abogados de Manzano.

Ambos casos forman parte de un fenómeno que crece en un ecosistema mediático donde algunos periodistas empiezan a parecerse más a los influencers que a periodistas. Y, si no se parecen, al menos parecen querer serlo.

En países con sistemas democráticos sólidos existe una tradición que procura evitar que los periodistas se conviertan, voluntaria o involuntariamente, en herramientas de los políticos. Hay varias razones, tanto deontológicas como institucionales, por las que se considera inconveniente que los periodistas se transformen en protagonistas de un juicio político.

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La independencia para sortear cualquier relacionamiento

La primera es la independencia. La idea de que el periodista debe fiscalizar al poder y no integrarse a él es un principio irrenunciable. Si comparece para respaldar la acusación o la defensa de un funcionario, deja de ser percibido como un observador independiente y pasa a ser visto como un actor del proceso político.

Cuando un periodista se convierte en la punta de lanza de un juicio político, una de las primeras víctimas es la credibilidad. La credibilidad del periodismo depende tanto de la independencia real como de la apariencia de independencia. Si aparece en una sesión de la Comisión de Fiscalización indicando a los legisladores cuál debe ser la causal para una censura, tanto el periodista como el periodismo pierden mucho.

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El periodista no es el fiscal de su investigación

Otro problema tiene que ver con la naturaleza de la prueba, y este es uno de los aspectos más importantes. El trabajo del periodista consiste en descubrir información, contrastarla y hacerla pública. Una vez publicada, corresponde a las instituciones del Estado obtener las pruebas originales, citar a los testigos directos y establecer responsabilidades. 

Si el periodista termina convirtiéndose en la pieza central de la acusación, existe el riesgo de que el debate político se desplace de los hechos hacia el medio de comunicación.

También existe un problema de confusión de roles. En una democracia, el periodista investiga; el fiscal acusa; el legislador ejerce control político; y el juez decide. Cuando esas funciones se mezclan, se debilita la separación entre la prensa y las instituciones del Estado. El periodista puede terminar siendo percibido como un auxiliar de una facción política o de un órgano estatal.

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Ser y parecer periodista para proteger las fuentes

Otro aspecto importante es la protección de las fuentes. Si los periodistas se convierten habitualmente en testigos de procesos políticos, aumentará la presión para que revelen cómo obtuvieron la información o quién se la proporcionó. Eso puede desalentar a futuros informantes y debilitar la función de vigilancia que cumple la prensa.

Por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se consolidó una práctica institucional: el periodismo puede desencadenar un juicio político, pero no debe sustituirlo ni protagonizarlo. 

El ejemplo clásico es Watergate. Las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein fueron decisivas para revelar el escándalo, pero el proceso de impeachment se construyó sobre testimonios de funcionarios, documentos oficiales y las grabaciones de la Casa Blanca, no sobre la declaración de los periodistas. Esa separación permitió preservar tanto la independencia de la prensa como la legitimidad del procedimiento político.

En Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario.

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Discurso de Noboa

Noboa enfocó su mensaje en la necesidad de un régimen que "no se conforme con administrar los problemas", lanzando críticas veladas a las administraciones locales pasadas por utilizar "falsamente" la bandera del progreso y dejar a los sectores más vulnerables en el olvido. Entre los asistentes estuvo la exalcaldesa Cynthia Viteri, quien se perfila como su candidata para los próximos comicios seccionales del 29 de noviembre.

En el ámbito de las obras, el mandatario intentó capitalizar la gestión de su administración mencionando la construcción del Quinto Puente y el parque en Monte Sinaí. Sin embargo, el anuncio careció de novedades prácticas: el parque fue prometido a inicios de 2025 y aún no registra el inicio de su construcción, mientras que las labores iniciales del viaducto sur arrancaron apenas un día antes de este pronunciamiento.

También entregó la distinción "Pórtico de Oro" al exseleccionador de la Tricolor, Dušan Drašković. Su hija lo recibió en su nombre. 

Evento con invitados políticos

Toda la jornada estuvo envuelta en un percibible ambiente de campaña electoral. Entre los asistentes destacó Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas y candidata a esa Alcaldía para el 29 de noviembre de 2026; además de otros candidatos para los diferentes GAD, del partido ADN.

La corta intervención sirvió como preámbulo protocolario para la agenda festiva organizada por el Ejecutivo. Tras el retiro del mandatario, la tarima quedó a disposición del público para dar paso a las presentaciones gratuitas de los artistas internacionales Gilberto Santa Rosa y Elvis Crespo.

Las claves que debes saber

• Plataforma de Leonidas Iza apeló al TCE el 23 de julio por revocatoria contra Daniel Noboa.
  
• Impugnación busca revertir la negativa del CNE a entregar formularios para recolectar firmas.
• Si el TCE rechaza el recurso, el grupo acudirá a la Corte Constitucional con acción de protección.

La organización dice que agotará las opciones. El abogado Washington Andrade, integrante de la Plataforma Ciudadana para la Revocatoria, presentó una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que negaba la entrega de los formularios para iniciar con el proceso que busca revocar el mandato al presidente Daniel Noboa por el supuesto incumplimiento de su plan de trabajo.

(Te invitamos a leer| Concurso para fiscal avanza a fase de escrutinio público; De La Gasca no impugnó descalificación)

Andrade dijo que interpuso ese recurso la tarde del 23 de julio de 2026, antes de que concluya el plazo previsto en la ley. "Presentamos el recurso subjetivo electoral para que el TCE, en sus diferentes instancias, sea el que decida. Vamos a reforzar la fundamentación de la solicitud", manifestó.

El representante de la organización, en la que también participa Leonidas Iza, dirigente de la Ecuarunari, criticó la decisión del CNE y defendió la acción emprendida contra del Ejecutivo. 

"Propusimos la revocatoria con todos los requisitos jurídicos, incluso con fundamentación, sin embargo, como es un tema subjetivo, los consejeros dicen que no se ha justificado el planteamiento, ese incumplimiento lo vivimos todos los días", agregó.

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Organización critica el plan de Noboa

El jurista sostiene que esa negativa se debe a que el plan de trabajo que entregó Noboa, junto a su binomio, la vicepresidenta María José Pinto, "se presentó de manera tramposa, con el claro propósito de que no sea medible ni objeto de control social. El CNE le termina premiando cuando dice que no se ha demostrado el incumplimiento. Esto es lo que el TCE tiene que desentrañar".

La organización descartó una supuesta desestabilización, como el régimen ha calificado a la iniciativa. Además, reconoció que desconfía del Tribunal. Esto porque el organismo suspendió al movimiento político Amigo, decisión que le impide participar en las próximas elecciones. 

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Analizan acudir al Tribunal Constitucional

Sin embargo, indicó que recurrirá a todas las instancias legales. "Aunque hemos visto que el TCE también está coopado, proscribiendo organizaciones políticas, nosotros debemos cumplir con los pasos jurídicos", indicó.

Finalmente, Andrade adelantó que si el TCE no acoge su impugnación, la plataforma llegará a la Corte Constitucional (CC). "Recurriremos con una acción de protección", aseguró.

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Esta es la segunda acción que presentan los promotores de la iniciativa en contra de la resolución del CNE. Hace una semana entregaron un recurso de corrección en el organismo electoral.

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El CPCCS se reunió en sesión extraordinaria y de manera virtual. El presidente del organismo, Andrés Fantoni, fue el encargado de presentar la moción para aprobar la convocatoria.

Fantoni señaló que el CPCCS debe garantizar reglas claras. “Le corresponde a los ecuatorianos participar y ejercer el control social”, afirmó. La convocatoria establece: “Se convoca a la ciudadanía y organizaciones sociales a presentar sus objeciones respecto a los postulantes”.

Las impugnaciones podrán presentarse cinco días después de la publicación oficial de la convocatoria. Estas se recibirán tanto en la matriz del CPCCS, en Quito, como en las delegaciones provinciales de la entidad.

Las causales para presentar una impugnación contra alguno de los postulantes están relacionadas con el incumplimiento de requisitos, la falta de probidad, estar incurso en inhabilidades, haber omitido información o haber falsificado documentos.

¿Cómo se votó en el Pleno?

La sesión, que comenzó pasadas las 13:00 de este 24 de julio, se instaló con la presencia de cinco de los siete vocales del organismo. David Rosero y Piedad Cuarán remitieron sus excusas por no asistir.

La resolución planteada por Fantoni recibió el respaldo de los cinco consejeros presentes. La consejera Nicole Bonifaz dijo que su voto no contradice las observaciones que ha formulado anteriormente sobre los cuestionamientos al proceso para designar al nuevo fiscal general.

José De La Gasca no impugnó su descalificación

Antes de aprobar la convocatoria, el Pleno conoció los memorandos relacionados con la verificación de una eventual impugnación presentada por el exministro de Gobierno de Daniel Noboa contra la descalificación resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección.

Tras constatar que en el sistema Quipux, en el correo institucional y tampoco de manera física se recibió dicha impugnación, el Pleno decidió avanzar a la siguiente etapa del concurso para designar a la nueva autoridad del Ministerio Público.

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Cabe recordar que, tras su descalificación, De La Gasca arremetió contra Fantoni. Sostuvo que el presidente del CPCCS habría estado involucrado en su salida del proceso mediante supuestas infracciones inventadas.

Dijo: "Llené el formulario que estaba disponible en la web. Más allá de la supuesta falta, simplemente no me quieren ahí".

En respuesta a esas afirmaciones, Fantoni señaló: “Si a usted dizque le cometen una ilegalidad y usted está seguro de que tiene la razón, debe tener, pues, los insumos necesarios para contrarrestar la supuesta resolución equívoca, como dice él, que le están haciendo al postulante".

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Durante el acto protocolario, Noboa argumentó que las nuevas generaciones de oficiales navales deberán asumir el control frente a las amenazas internas contemporáneas. "Como presidente, me siento orgulloso de comandar a nuestras Fuerzas Armadas, y defenderé siempre su dignidad de quienes sólo buscan sembrar el caos y la violencia", manifestó el mandatario.

El discurso oficial también sirvió de plataforma para oficializar el traspaso de mando administrativo en la institución militar. Noboa delegó la responsabilidad operativa de esta rama al almirante Pablo Pazmiño, quien asumió el cargo de Comandante General de la Armada Nacional en mayo pasado.

La intervención gubernamental vinculó políticamente las operaciones de seguridad actuales con el legado del teniente de fragata Rafael Morán Valverde, quien comandó el cañonero BAE Abdón Calderón durante la guerra peruano-ecuatoriana de 1941. 

Este evento conmemorativo evoca el enfrentamiento bélico suscitado el 25 de julio de aquel año en el Golfo de Guayaquil, cuando la embarcación ecuatoriana intercambió fuego durante 21 minutos con el destructor peruano Almirante Villar.

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El documento concluye que no existió un nexo causal entre las funciones de la exministra y la suscripción del contrato entre Celec y la empresa uruguaya Austral Technical Management.

El oficialista Luiggi García fue el encargado de mocionar la aprobación del informe, cuyo contenido se conocía desde el 23 de julio de 2026. 

Entre los argumentos para respaldar la recomendación, García se refirió a la temporalidad entre el momento en que Manzano asumió el cargo y uno de los desembolsos efectuados en el marco del contrato fallido.

Con ello, el legislador insistió en una de las conclusiones del documento, que establece: “mediante la prueba de oficio que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16:39 del 9 de octubre de 2024. Según el informe borrador, eso fue horas antes de que el encargo ministerial de Manzano se registrara en el Sistema Minka, lo cual ocurrió a las 18:42”.

La oficialista Ana Belén Tapia arremetió contra los asambleístas del correísmo, proponentes del juicio político. Señaló que la solicitud no fue presentada de forma adecuada y que hicieron un show del proceso. Añadió que no existieron pruebas que permitieran a la comisión adoptar una decisión distinta.

¿Cuál fue la reacción del correísmo?

La asambleísta Ana Herrera expresó su oposición a la aprobación del informe. Dijo: “La exministra Manzano, designada directamente por el presidente de la República, asumió el cargo con la responsabilidad de supervisar los contratos de emergencia eléctrica. Bajo su dirección, en febrero de 2025 se suscribió la segunda adenda para modificar y agilizar los pagos”.

Herrera también señaló: “lo que se pretende hacer es proteger políticamente a una exministra que, cuando tenía la responsabilidad de ejercer la rectoría del sector eléctrico, prefirió guardar silencio”.

Al final, los asambleístas que votaron a favor de recomendar el archivo fueron:

¿Qué pasará ahora?

Tras la aprobación del informe, el documento pasará al Pleno de la Asamblea. Sin embargo, su contenido no es vinculante. Es decir, el Pleno del Legislativo no está obligado a archivar el proceso. Aun así, ADN cuenta con mayoría, un factor que podría determinar el futuro del juicio político contra Manzano.

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Bravo afirmó: “Entramos al calor de una precampaña electoral. Se me ataca por un error cometido en mi declaración patrimonial que, por cierto, ya presentamos la rectificación”, aseguró la autoridad seccional. 

En el video, Bravo aparece con el logo de Clemente Prefecto y los colores morado y blanco, característicos de ADN.

Bravo no profundiza en las explicaciones sobre el error que menciona. Aseguró que cuenta con un certificado emitido en abril de 2026 en el que se especifica que no existe un solo indicio de responsabilidad penal en su contra.

“He trabajado toda mi vida. Mis estudios, para ser ingeniero civil tuve que trabajar de día y estudiar de noche. Mis estudios, y lo digo sin ningún tipo de vanidad, para sacar mi título de abogado, trabajar de día y estudiar de noche”, menciona en su video.

Luego, Bravo recurrió a una referencia religiosa para explicar su situación. “Dios pone reyes y él saca reyes. Estaremos donde Dios y el pueblo nos necesite”, mencionó el actual prefecto. Con esas palabras intentó zanjar las dudas respecto a su patrimonio.

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¿Qué llama la atención del patrimonio del prefecto?

Con base en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado, existe una diferencia importante entre los montos declarados en 2019 y 2023, cuando inició cada uno de sus periodos como prefecto. 

En 2019 registró un patrimonio de 530.384,74 dólares y, en 2023, esa cifra se incrementó a 5.768.451,59 dólares.

La última declaración patrimonial de Clemente Bravo registrada en el sistema de la Contraloría General del Estado corresponde a 2025. Allí consta un patrimonio de 1.312.049,79 dólares, lo que representa una disminución significativa respecto de la declaración presentada en 2023.

En su video, Bravo sostiene que ha sido comerciante toda su vida. “Hermanos orenses. La mayoría de ustedes conoce que, desde muchísimos años atrás, he sido comerciante. Les hablo desde el amor y respeto a muchísimos ciudadanos que han depositado la confianza en mí”, aseguró.

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El consejo consultivo entre el CNE y las organizaciones políticas fue el espacio en el que se aclaró la situación de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Fue la consejera Elena Nájera quien puso el tema sobre la mesa de discusión.

La vocal consultó a Juan Carlos González, director nacional de Organizaciones Políticas del CNE: ¿Qué pasa con los candidatos que participaron en primarias con Amigo? ¿Los van a soltar? ¿Los van a retener?

El funcionario del CNE explicó que, en el momento en que se elimina el formulario, los precandidatos terminan su relación con Amigo. Así, según González, los cuadros del correísmo podrían ser candidatos por otra organización política.

La duda sobre la situación de esos postulantes estaba relacionada con la imposibilidad de renunciar a sus precandidaturas ante el mismo movimiento, debido a que fue suspendido. Sobre este punto, González señaló: “El momento que se declaró la nulidad del formulario ya no está en el sistema dentro de esa organización política”.

Esto significa que, con la suspensión de Amigo y al solicitar la nulidad del formulario por parte de los precandidatos, se abre la posibilidad de participar por otra organización. 

“Técnicamente, cuando ya está en una organización pero quieren incluirlo en otra como precandidato se bloquea automáticamente por persona no tanto por organización”, dijo González.Así, la clave del proceso será solicitar la eliminación de los formularios para postular por otro movimiento de cara a las elecciones seccionales de 2026.

¿Qué pasó con el movimiento Amigo?

Ocho días atrás, el 17 de julio de 2026, se conoció una resolución del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Maldonado, sobre la suspensión provisional de Amigo. 

La decisión se basó en una denuncia presentada por el fiscal Leonardo Alarcón tras el inicio de una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos.

Lo que debes saber

• Ana Chóez, concejala de Guayaquil nacida en el Guasmo Sur, destaca por su firme servicio social.
• Su formación en Ciencias Políticas impulsó su paso por el PSC y la asesoría en la Asamblea.
• Promueve el liderazgo femenino, la transparencia en el Municipio y el desarrollo del distrito uno.

Esta historia forma parte de "Ellas para Ellas: Mujeres que mueven Guayaquil", el especial de EXPRESO por los 491 años de Guayaquil, que reúne a mujeres cuyas ideas, liderazgo y trabajo transforman la ciudad desde distintos ámbitos. En esta entrega, conocemos la trayectoria de Ana Chóez, concejal de Guayaquil que pretende inspirar a más mujeres guayaquileñas que quieran dar el paso a la política.

Ana Chóez , concejala de Guayaquil, se define a través de una impronta de fortaleza, valentía y una arraigada postura crítica ante la vida. Nacida y criada en el Guasmo Sur, uno de los sectores populares más representativos y complejos de Guayaquil, Chóez creció bajo el amparo y la guía de su madre soltera y sus abuelos. De ellos recibió una herencia inestimable: la convicción de que la sumisión no es una opción. Esta firmeza, moldeada por las vivencias cotidianas del barrio, se complementó con una fe católica que orientó su accionar hacia la empatía, la honestidad y el trabajo comunitario. Su abuelo Simón, un comerciante que vendía escobas y laboraba sin descanso de sol a sol, se convirtió en su mayor referente de sacrificio y constancia, inculcándole que el esfuerzo propio es la base de cualquier logro.

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Vocación social y militancia política

Su vocación por el servicio social despertó de manera temprana. A los 13 años ya participaba en iniciativas comunitarias dentro de su entorno, canalizando su energía a través de colectivos religiosos y juveniles como la agrupación “Comparte Ecuador”. Esta temprana inmersión en la realidad social de la urbe le permitió constatar de primera mano las profundas inequidades que persisten en la urbe porteña, despertando en ella una certeza inamovible: para generar transformaciones a gran escala, la labor social debía trascender a la esfera política e institucional. Con esa meta clara, se vinculó al Partido Social Cristiano mediante el proyecto “Jóvenes Líderes de Guayaquil”, iniciando un camino de militancia activa desde las bases.

A diferencia de quienes acceden a la política por privilegios de cuna o herencias económicas, Chóez comprendió que su principal herramienta de validación en un entorno adverso para las mujeres jóvenes era la preparación académica. Así, gracias a su excelencia estudiantil en la escuela y el colegio, obtuvo una beca completa para cursar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Esta formación técnica e intelectual le otorgó las credenciales necesarias para ser escuchada y respetada, incluso señala que fue lo que le permitió incursionar en lo público, en un inicio, con el Partido Social Cristiano (PSC), organización política de la que recién se distanció.

El salto al servicio público

Su pericia técnica la llevó posteriormente a desempeñarse como asesora en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde participó en las reformas al Código de la Democracia, una experiencia que consolidó su comprensión sobre el andamiaje legal e institucional del país. u paso por Europa, gracias a una beca internacional en España en 2016, expandió su perspectiva sobre el diseño de proyectos macro, consolidando la idea de que la administración pública debe modernizarse con soluciones técnicas e innovadoras que rompan definitivamente con el viejo asistencialismo.

El trabajo por el liderazgo femenino

Para Ana Chóez, ocupar una concejalía representa la oportunidad de democratizar el poder público y de fiscalizar el uso de los recursos de la ciudad bajo criterios de estricta transparencia. Firme defensora de las cuotas de género y de juventud contempladas en las normativas electorales, reconoce que estas herramientas legales son indispensables para romper los techos de cristal y abrir paso a liderazgos provenientes de la militancia de base y de los sectores marginados de la representación política tradicional.

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Hoy en día, su visión del liderazgo femenino se traduce en una política de cercanía y de pragmatismo orientado a la acción inmediata. Chóez concibe el rol del funcionario público no como un espacio de beneficio personal o de cálculo político, sino como una entrega absoluta al bienestar común. Su objetivo prioritario se centra en que el Municipio y el Estado asuman su rol de facilitadores de oportunidades mediante servicios de salud, saneamiento y educación de calidad, garantizando que el origen de un ciudadano no determine su destino. Para la concejal del distrito uno, liderar siendo mujer es sinónimo de fuerza, solidez y capacidad ejecutiva inquebrantable para transformar realidades.