Lo que debe saber

• La iniciativa impulsada por Mishel Mancheno ya fue calificada por el CAL y comenzará su trámite legislativo.
• El proyecto busca sancionar a quienes formen parte de grupos de delincuencia organizada, incluso cuando los propios detenidos reconozcan su pertenencia.
• La mesa presidida por Inés Alarcón iniciará el análisis del proyecto el 8 de junio.

La denominada Ley Antimafias superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa instancia de la Asamblea Nacional remitió el proyecto de ley impulsado por el oficialismo a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para su trámite.

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La iniciativa fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), y fue tratada durante la sesión del CAL de este 5 de junio de 2026. 

La legisladora argumentó que el objetivo de la propuesta es dotar de una nueva herramienta jurídica al Bloque de Seguridad.

“Muchas veces vemos que le capturan al autor, la cabecilla o al jefe. ¿Pero qué pasa con todas las personas que sostienen a estas redes criminales: campanero, quienes prestan bienes inmuebles y empresas que ayudan a lavar dinero?”, preguntó Mancheno en una entrevista con Teleamazonas.

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Con esta ley, el oficialismo busca abarcar a toda la estructura criminal “para que no solo sea al cabecilla al que se cambia mientras el resto sigue operando”. Para ello, los cambios previstos se concentran en dos grandes ejes:

Uno de los delitos que se prevé incorporar está relacionado con la pertenencia a grupos de delincuencia organizada.

“Le pasa mucho al Bloque de Seguridad. Cuando detienen a un delincuente que pertenece a un grupo delincuencial ellos mismos lo dicen: yo soy un tiguerón; por favor envíame al pabellón de los tiguerones”.

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Según Mancheno, ese reconocimiento de pertenencia a una organización delictiva debe convertirse en un elemento adicional para determinar la sanción correspondiente. 

Frente al riesgo de que una acción dirigida contra toda una estructura criminal termine involucrando a personas que no forman parte de esos grupos y que podrían haber sido utilizadas por ellos, la legisladora sostuvo que cualquier acusación deberá sustentarse en una investigación rigurosa.

“También se está tipificando el reclutamiento de personas vulnerables. Ya se está tratando en la Asamblea una ley relacionada con los niños y adolescentes. Queremos aumentarle a aquellas personas que por pobreza, movilidad humana y otras circunstancias son susceptibles para ser reclutadas”, indicó la primera vicepresidenta del Legislativo.

Comisión iniciará el trámite

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional empezará el próximo lunes 8 de junio el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias.

El análisis de la iniciativa arrancará después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara el proyecto y lo remitiera a la mesa legislativa especializada. 

A partir de ese momento, la comisión abrirá una etapa de análisis y recepción de observaciones antes de elaborar el informe que posteriormente será conocido por el Pleno.

La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, anticipó que el organismo prevé recibir a autoridades del Gobierno, representantes de organismos internacionales, académicos y especialistas en seguridad. La intención es recopilar criterios técnicos y jurídicos que permitan evaluar el alcance de la propuesta.

Política

Fallo del TCE frena al CNE: ¿anulan eliminación de Unidad Popular?

Rosero Mariela

La decisión de apelar o no recae ahora en Enrique Pita, quien, ante la ausencia de Diana Atamaint, actúa como presidente subrogante del CNE. La titular del organismo permanecerá en Corea hasta el 8 de junio.

La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias. Pero indicó que este fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular, lista 2, cumple o no con los requisitos legales para su permanencia en el registro electoral.

Esto dice Enrique Pita:

EXPRESO consultó a Enrique Pita si el CNE apelará o no. Respondió: “No le puedo responder esa pregunta ahora; obviamente está en manos del equipo de asesores legales. Tenemos que tomar las decisiones que correspondan”.

¿Para cuándo se conocería la decisión? “En el transcurso del día (viernes 5) tenemos que evaluar lo que corresponde”, indicó.

Así ha actuado Pita

En cuanto a su actuación en el proceso de eliminación de Unidad Popular, Pita no ha participado en varias sesiones clave. 

Unidad Popular se mantiene a la expectativa, según Atarihuana

"Sería una vergüenza que el CNE apele, confirmaría que se trata de una persecución porque no tiene argumentos, no solo es nuestra opinión sino la de la presidenta del TCE", señaló Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular.

Consultado, el dirigente considera que hay que estar pendientes de la posición de Enrique Pita. "Él no ha estado en el proceso. Nos preguntamos si se sumará a la persecución. Nosotros seguiremos defendiéndonos, es una causa democrática".

Mediante el Decreto Ejecutivo 406, el primer mandatario nombró a Ana Paula Patiño como directora titular de la UAFE. En el mismo documento, se agradecieron los servicios de José Julio Neira, quien lideraba la entidad como encargado y que, desde este viernes, asumió formalmente la Secretaría General de la Administración Pública.

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Nuevas designaciones en el Sercop e Integridad Pública

Los cambios continuaron con el Decreto Ejecutivo 407, en el cual el Gobierno formalizó la salida de Neira de la dirección general encargada del Sercop para designar en su lugar a Nataly Patricia Avilés Pastás. Asimismo, a través del Decreto Ejecutivo 408, Neira dejó la conducción de la Secretaría General de Integridad Pública, espacio que ahora será ocupado por Doménica Andrea Bajaña Kittyle.

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Ajustes en la estructura de los ministerios

Estas renovaciones se concretan un día después de que el propio Neira anunciara en rueda de prensa la creación de tres "superministerios". Esta medida, que resulta de la fusión de siete carteras de Estado, forma parte de una nueva reestructuración orientada a reducir el aparato estatal.

Este proceso de compactación administrativa no es el primero en la actual gestión. En julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ya ejecutó un ajuste en el Gabinete presidencial que redujo los ministerios de 20 a 14. Según el Ejecutivo, estas decisiones responden a un plan de eficiencia administrativa diseñado para simplificar la burocracia y agilizar los procesos en el sector público.

El adelanto de las elecciones puso a correr a las organizaciones políticas. Algunas deben superar aspectos legales relacionados con suspensiones, proscripciones y cancelaciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que otras buscan concretar alianzas para garantizar la inscripción de sus candidatos.

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Perfiles para la Alcaldía de Cuenca

La reciente sanción contra el actual alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que lo dejó sin derechos de participación política por seis meses, alteró por completo su escenario político, pese a que había sostenido que una eventual reelección estaba respaldada por sus altos niveles de aceptación ciudadana.

Zamora había hecho pública su intención de buscar la reelección desde el inicio de su administración. Sin embargo, el panorama se complicó al comenzar el nuevo proceso electoral, que contempla plazos específicos para las elecciones internas y la inscripción de candidaturas.

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Según el calendario del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio, mientras que el registro de alianzas estará habilitado del 18 de junio al 18 de julio.

Pese al escenario adverso, Zamora aseguró en entrevistas con medios locales que apelará la decisión del TCE y que su candidatura a la reelección sigue en firme.

Por otra parte, un colectivo denominado Pacto por Cuenca busca impulsar consensos para definir una candidatura a la Alcaldía. Su representante, Tarquino Orellana, indicó que el objetivo es encontrar un postulante que trabaje principalmente en cuatro ejes: protección de las fuentes de agua, vialidad, seguridad y desarrollo económico.

Aunque Orellana descartó el respaldo a una candidatura específica, confirmó acercamientos con el movimiento Igualdad, liderado por el exalcalde y exprefecto Marcelo Cabrera, y con el movimiento Renace, encabezado por el medallista olímpico Jefferson Pérez.

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En esa línea, Carlos Flores, presidente de la comisión política de Igualdad, reveló que se analiza una posible candidatura de Cabrera y confirmó que se han mantenido reuniones con distintos sectores sociales y productivos para explorar alianzas y construir consensos.

Otro de los nombres que aparece en el escenario es el del exalcalde Pedro Palacios, quien aspira a participar nuevamente de la mano de su movimiento Nueva Generación. Palacios señaló que ha mantenido reuniones con diversos colectivos del cantón para estructurar una lista completa de candidatos para las distintas dignidades.

Hay que recordar que fue elegido alcalde en 2019 con cerca del 28% de la votación y, en 2023, obtuvo el segundo lugar con el 17,48% de los votos. Además, descartó alianzas con la Revolución Ciudadana y con el partido de Gobierno.

A estos movimientos se suma la reciente publicación del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que perfila al actual ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, como precandidato para la Alcaldía de Cuenca.

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Perfiles para la Prefectura del Azuay

El actual prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, confirmó que la Revolución Ciudadana le comunicó su intención de postularlo para la reelección. No obstante, el movimiento enfrenta dificultades legales tras su suspensión por parte del TCE y su inhabilitación en el registro de organizaciones políticas por el CNE.

El activista social y defensor del agua Yaku Pérez también aparece en el panorama político, luego de la alianza suscrita entre Somos Agua y la Izquierda Democrática. Pérez fue prefecto del Azuay en 2019, pero renunció en 2020 para participar en las elecciones presidenciales de 2021 y posteriormente volvió a ser candidato en 2023.

Su protagonismo político se fortaleció durante 2025, cuando se convirtió en una de las principales figuras de la defensa del agua en la zona de Quimsacocha y participó activamente en la organización de la denominada marcha por el agua de Cuenca, realizada el 16 de septiembre de 2025.

Tambien se anunció la precandidatura de Esteban Crespo desde las filas de ADN. Crespo es desde 2024 embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en Canadá. 

En este escenario también aparecen como posibles aspirantes el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, quien además fue presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, y el alcalde de Paute, Raúl Delgado.

Lo que debes saber 

• Un vehículo con más de 75.000 dólares en multas de tránsito fue retenido por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en el sur de Guayaquil. 
• La mayoría de las sanciones corresponden a la invasión reiterada del carril exclusivo de la Metrovía, una de las infracciones que más afecta la movilidad en la ciudad.

Guayaquil vuelve a enfrentar un problema recurrente relacionado con el incumplimiento de las normas de tránsito. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó sobre la retención de un vehículo que acumulaba más de 75.000 dólares en multas, principalmente por la invasión reiterada del carril exclusivo de la Metrovía.

El procedimiento se realizó en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad. Según la entidad, el automotor circulaba de forma irregular y además no contaba con la documentación en regla.

El vehículo registraba una deuda superior a los 75.000 dólares por infracciones de tránsito.

Tras la intervención de los agentes, el carro fue trasladado al Centro de Retención Vehicular (CRV), donde permanecerá mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

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La ATM también informó el 4 de junio que inició un monitoreo en varios puntos de Guayaquil donde se registra una alta incidencia de invasión a los carriles exclusivos de la Metrovía.

La decisión se tomó luego de recibir un informe de la Agencia Metrovía que evidencia más de 3.000 incidencias mensuales relacionadas con retrasos en los recorridos del sistema de transporte.

De acuerdo con la entidad, la invasión de estos espacios por parte de conductores particulares afecta la frecuencia de las unidades y genera demoras para miles de usuarios que utilizan diariamente este servicio.

Como resultado de los operativos y del monitoreo implementado, las autoridades identificaron a más de mil vehículos que invaden los carriles exclusivos con alta recurrencia.

La institución recordó que el uso indebido de los carriles exclusivos constituye una infracción de tránsito y puede derivar en multas económicas, además de otras sanciones contempladas en la normativa vigente.

Las autoridades indicaron que los controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad.

Otro vehículo retenido con más de $51.000 en multas

En otro caso, en este mes también se informó sobre un vehículo que fue retenido tras detectarse que acumulaba más de 51.000 dólares en multas de tránsito y no contaba con matrícula vigente.

El operativo también se realizó en la avenida 25 de Julio, a la altura del centro comercial Mall del Sur. Durante la inspección, los agentes verificaron que el automotor incumplía varios requisitos obligatorios para circular.

Guayaquil

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La deuda superaba los 51.000 dólares y la infracción más recurrente era la invasión del carril exclusivo de la Metrovía, una falta que continúa generando sanciones en distintos puntos de la ciudad.

La publicación del caso provocó numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron los controles a otros tipos de vehículos y las dificultades para identificar ciertos carriles exclusivos.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa oficializó un cambio en la dirección del Sercop mediante decreto ejecutivo.
• Nataly Avilés asume la entidad tras una trayectoria vinculada a contratación pública y control institucional.
• Conozca quién es la nueva funcionaria y qué funciones tendrá al frente del organismo.

El presidente Daniel Noboa designó a Nataly Patricia Avilés Pastás como nueva directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), según el Decreto Ejecutivo 407 suscrito este 5 de junio de 2026. Con esta decisión, concluye el encargo que ejercía José Julio Neira desde mayo de 2025.

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La designación marca un relevo en una de las entidades clave para los procesos de compras del Estado ecuatoriano. El Sercop es el organismo encargado de regular y supervisar la contratación pública, un área que concentra miles de millones de dólares en adquisiciones cada año.

En el mismo decreto, el Ejecutivo agradeció a José Julio Neira por los servicios prestados durante el tiempo que estuvo al frente de la institución en calidad de encargado.

Nueva directora del Sercop llega con experiencia en contratación pública

Nataly Avilés es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública, además de una maestría en Análisis y Prevención de la Corrupción, áreas estrechamente vinculadas con las funciones que desempeñará al frente del organismo.

Su trayectoria en el sector público se remonta a 2016. Durante estos años ha acumulado experiencia en distintas entidades estatales, con participación en procesos relacionados con gestión administrativa, contratación pública y control institucional.

Entre las instituciones en las que ha trabajado figuran el Municipio de Quito y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dos entidades con amplia participación en procedimientos de contratación y ejecución de proyectos públicos.

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José Julio Neira deja el encargo y asume nuevas funciones

La dirección del Sercop permanecía encargada desde mayo de 2025 a José Julio Neira, quien fue designado mediante decreto ejecutivo para asumir temporalmente las funciones de la entidad.

Tras el relevo, Neira pasará a desempeñarse como secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, una de las dependencias estratégicas de la Presidencia de la República.

El cambio se produce en momentos en que la contratación pública mantiene atención permanente por parte de organismos de control, sectores empresariales y ciudadanía, debido a su impacto en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios estatales.

Lo que debe saber

• La Comisión de Fiscalización está contra el reloj para decidir si avoca conocimiento del juicio político contra la exministra de Energía.
• La difusión de un audio atribuido a Inés Manzano, que también menciona a Diana Jácome, reactivó las exigencias del correísmo para que avance el juicio político.
• La Revolución Ciudadana pidió que la Comisión de Fiscalización convoque de forma presencial y sin dilaciones.

Este fin de semana será clave para el futuro del proceso de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. A la Comisión de Fiscalización se le agota el plazo para avocar conocimiento del pedido que superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y la continuidad o no del proceso está en manos de una mesa controlada por ADN.

Política

Audio atribuido a Manzano sacudió a ADN y abrió dos frentes para el oficialismo

Daniel Alejandro Romero Páez

Tras la difusión del audio atribuido a Manzano, en el que se habla de una supuesta coordinación para las comparecencias en la Comisión de Transparencia por el caso Progen, la presión del correísmo se centrará en el avance del juicio político.

En dicho audio también resultó salpicada la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome. En la voz atribuida a Manzano se escucha que habría existido una especie de conversación previa sobre la participación de las autoridades de CELEC en la comisión que llevó adelante el proceso de fiscalización de los contratos suscritos entre Progen, ATM y CELEC.

Sobre la posición de ADN y el juicio político

El nuevo jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, dijo el jueves pasado, en una entrevista para la plataforma Visionarias, que la solicitud impulsada por el correísmo tiene falencias. “Los tiempos de la imputación no coinciden con el desempeño de la persona que está siendo denunciada”.

Como segundo elemento, Torres mencionó que lo señalado por el correísmo en su solicitud no coincide con lo que había determinado la Contraloría General del Estado en su informe sobre el caso. 

En tercer lugar, citó una referencia relacionada con un pago de 14 millones de dólares. “Han puesto los proponentes un link de Facebook”, dijo Torres.

Ayer también, Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, señaló que la Comisión de Fiscalización tiene cinco días, contados desde la notificación del CAL, para pronunciarse sobre el proceso.

El correísmo pide que se convoque a sesión de la comisión

Mientras ADN define su posición frente al juicio político contra Manzano, el bloque de la Revolución Ciudadana plantea que el tema sea tratado lo antes posible en la Comisión de Fiscalización, presidida por el oficialista Ferdinan Álvarez.

En un comunicado, la bancada correísta solicitó que la convocatoria se realice para una sesión presencial. “Estamos vigilantes de que la Comisión de Fiscalización actúe con transparencia y convoque a tratamiento el juicio político contra Inés Manzano de forma presencial y sin maniobras políticas”, se lee en el pronunciamiento.

Cabe recordar que ese bloque legislativo impulsa la interpelación, que se basa en un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el caso Progen y la compra de generadores durante la crisis energética de 2024.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa oficializó un nuevo cambio en su equipo de Gobierno con la designación de Doménica Bajaña al frente de la Secretaría General de Integridad Pública.
• La nueva funcionaria cuenta con experiencia en la UAFE y en la Prefectura del Guayas, donde ocupó cargos jurídicos y de gestión.
• El relevo se concreta mediante el Decreto Ejecutivo 408, que también deja sin efecto la anterior designación de José Julio Neira.

El presidente Daniel Noboa designó a Doménica Andrea Bajaña Kittyle como nueva Secretaria General de Integridad Pública, en reemplazo de José Julio Neira Hanze, quien ocupaba el cargo desde la creación de esta entidad. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 408, suscrito el 5 de junio de 2026.

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Con esta designación, el Gobierno concreta un nuevo cambio dentro de su estructura administrativa en un área vinculada a las políticas de integridad y lucha contra la corrupción. El decreto también deja sin efecto la ratificación emitida en mayo de 2025 para el anterior titular de la entidad.

Con este decreto, Doménica Bajaña asume la conducción de la Secretaría General de Integridad Pública, una entidad creada en 2024 tras la transformación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. La funcionaria llega al cargo luego de desempeñarse en áreas jurídicas, de control y seguimiento dentro de distintas instituciones del sector público.

¿Quién es Doménica Bajaña, la nueva Secretaria General de Integridad Pública?

El decreto presidencial señala de forma expresa: “Designar a la abogada Doménica Andrea Bajaña Kittyle, como Secretaria General de Integridad Pública”.

Bajaña se desempeñaba hasta ahora como asesora de la Secretaría General de Integridad Pública, cargo que ocupaba desde mayo de 2026. Su llegada a la máxima autoridad de la institución se produce tras varios años de experiencia en diferentes entidades del sector público.

Antes de incorporarse a esta dependencia, trabajó en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), donde ejerció funciones como asesora de la Dirección General entre marzo de 2025 y abril de 2026. También fue directora de Evaluación Mutua y Seguimiento entre octubre de 2024 y abril de 2025.

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Trayectoria en la UAFE y la Prefectura del Guayas

Una parte importante de su carrera profesional se desarrolló en el Gobierno Provincial del Guayas. Allí ocupó distintos cargos durante más de cinco años, acumulando experiencia en áreas jurídicas y administrativas.

Entre junio de 2023 y julio de 2024 se desempeñó como analista jurídica. Previamente fue secretaria provincial de Comisaría de Ambiente entre julio de 2020 y mayo de 2023, además de analista jurídica junior desde diciembre de 2018 hasta julio de 2020.

Su paso por la UAFE le permitió involucrarse en procesos relacionados con evaluación, seguimiento y análisis institucional, áreas que mantienen relación con los mecanismos de prevención y control que forman parte de las políticas de integridad pública.

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El relevo dispuesto por Daniel Noboa

En el mismo decreto, el presidente Noboa agradeció la gestión de José Julio Neira al frente de la institución. El documento señala: “Agradecer al señor José Julio Neira Hanze por los leales y valiosos servicios prestados durante el desempeño de sus funciones”.

Neira había sido designado inicialmente como secretario de Política Pública Anticorrupción en enero de 2024. Posteriormente, tras la transformación institucional de esa dependencia en la actual Secretaría General de Integridad Pública, continuó al frente del organismo.

Lo que debes saber

• La Asamblea tramita la Ley Antimafias para reforzar el combate al crimen organizado.
• El proyecto reforma 14 normas para perseguir redes de financiamiento criminal.
• La propuesta inhabilita a abogados condenados por lavado, corrupción o crimen organizado.

La Asamblea Nacional inició el trámite del denominado proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa impulsada por el oficialismo que plantea modificaciones a tres cuerpos legales con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales. 

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La propuesta fue presentada el 1 de junio por la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, y ahora deberá seguir el proceso parlamentario para su debate. El nombre oficial del proyecto es Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado.

El texto contempla 14 reformas: once al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.

¿Qué cambios propone la Ley Antimafias?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es ampliar el alcance de la persecución penal hacia las redes que sostienen a las organizaciones criminales. 

La propuesta parte de la premisa de que estas estructuras no operan únicamente a través de quienes ejecutan delitos, sino también mediante financistas, reclutadores, transportistas, facilitadores de bienes, operadores logísticos y personas vinculadas al lavado de activos.

El proyecto también incorpora medidas para reforzar las investigaciones relacionadas con economías ilícitas y delitos vinculados al crimen organizado, además de fortalecer las capacidades institucionales para actuar sobre los bienes y recursos utilizados por estas organizaciones.

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Inhabilitación para abogados condenados

Entre las reformas planteadas consta la inhabilitación profesional para abogados que hayan sido condenados por delitos relacionados con crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia cuando los hechos estén vinculados al ejercicio de su profesión.

La propuesta también busca fortalecer el seguimiento penal de actividades relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, derivados de petróleo, gas licuado y biocombustibles.

El trámite en la Asamblea

Tras su presentación, el proyecto fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y ahora será remitido a una comisión especializada de seguridad para su análisis. Posteriormente pasará por los debates correspondientes en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Mediante el mismo documento, el Primer Mandatario extendió su agradecimiento a Harold Burbano, quien lideró dicha cartera de Estado desde el 18 de noviembre de 2025. La salida de Burbano se produce pocos días después de que el partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), lo anunciara como uno de sus precandidatos para la Prefectura de Pichincha con miras a los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre.

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Evaluación de seguridad para la nueva ministra

Dentro del mismo decreto, Noboa dispuso a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgos para determinar el nivel de protección que requerirá Gellibert en sus nuevas funciones. Esta medida se ejecuta en cumplimiento de las competencias otorgadas a dicha institución en el Decreto Ejecutivo N.° 418, vigente desde el 8 de julio de 2010.

Antes de asumir este nuevo reto en el Ministerio del Trabajo, Cynthia Gellibert se desempeñaba como secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de Gobierno del actual régimen.

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Trayectoria en el servicio público

La funcionaria cuenta con un registro de actividades en el sector estatal que inició en 2010. Sus declaraciones juramentadas en la Contraloría General del Estado constan desde 2014, cuando se desempeñó como asesora del Ministerio del Deporte durante el gobierno de Rafael Correa.

En 2015, laboró como coordinadora de despacho del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y administró la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, en 2017, ocupó la Subsecretaría del Desarrollo del Deporte por un periodo de 24 días.

Durante la administración de Lenín Moreno, Gellibert se incorporó como asesora de la Gobernación de Guayas. Más adelante, ejerció funciones en el Ministerio del Trabajo, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También asumió la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Gobierno, actuando como delegada de los entonces ministros Patricio Pazmiño y Gabriel Martínez en las provincias de Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos y Guayas (con excepción de Guayaquil).

Entre 2022 y 2023, trabajó como asesora en la Asamblea Nacional. En el ámbito privado, consta su participación como accionista y gerenta de la compañía Superquest S.A., empresa dedicada al diseño, planificación, construcción y fiscalización de obras civiles.

Lo que debes saber

• Ana Paula Patiño asumió la dirección de la UAFE tras la salida de José Julio Neira.
• El Gobierno nombró a Patiño para liderar la entidad que detecta lavado de activos.
• La UAFE cambia de directora en medio de la reorganización estatal de junio de 2026.

El Gobierno designó a Ana Paula Patiño Chacón como nueva directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo responsable de identificar y analizar operaciones económicas inusuales que puedan estar vinculadas con delitos financieros, lavado de activos o financiamiento de actividades ilícitas.

La designación se produce luego de que José Julio Neira, quien se desempeñaba como director encargado de la entidad, asumiera nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría General de la Administración Pública. Con ello, la UAFE pasa a estar dirigida por una funcionaria que ya formaba parte de la estructura técnica de la institución.

De coordinadora técnica a directora de la UAFE

Antes de su nombramiento, Ana Paula Patiño ocupaba el cargo de coordinadora general técnica de la UAFE. Su nombre aparece dentro de la estructura directiva de la institución en documentos oficiales correspondientes al período 2025-2029.

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La funcionaria asume la dirección en un momento en que la entidad mantiene un papel relevante en las investigaciones relacionadas con el lavado de activos y otras operaciones financieras consideradas sospechosas por las autoridades. 

La UAFE tiene entre sus competencias recopilar, procesar y remitir información a la Fiscalía cuando detecta movimientos económicos inusuales o injustificados.

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Una entidad clave en la lucha contra el lavado de activos

La UAFE es el organismo estatal encargado de recibir reportes de operaciones sospechosas provenientes de entidades financieras y otros sujetos obligados. Además, puede generar informes de inteligencia financiera y colaborar con organismos nacionales e internacionales en investigaciones relacionadas con delitos económicos.

Durante los últimos años, la institución ha incrementado su participación en procesos de detección de operaciones vinculadas al lavado de activos, en medio de los esfuerzos estatales por fortalecer los controles sobre los flujos financieros asociados al crimen organizado.

El nombramiento de Ana Paula Patiño ocurre en el contexto de los recientes cambios impulsados por el Ejecutivo dentro de la estructura gubernamental. 

Lo que debes saber

• Daniel Noboa designó a una nueva autoridad para Pastaza mediante decreto ejecutivo.
• La funcionaria tiene experiencia en banca y sector público.
• Un detalle llamó la atención tras la oficialización de su nombramiento.

La abogada Karla Rosalyn Tamayo Santana fue designada como nueva gobernadora de Pastaza por el presidente Daniel Noboa, según consta en el Decreto Ejecutivo 413 suscrito este 5 de junio de 2026. La funcionaria reemplaza a Guido Rolando Ramos Carrasco, quien ocupaba el cargo desde diciembre de 2023.

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La decisión presidencial se oficializó mediante un decreto que, además de agradecer los servicios prestados por Ramos Carrasco, dispone la derogatoria del Decreto Ejecutivo 52, documento con el que había sido nombrado el anterior gobernador de la provincia amazónica.

El cambio ocurre en una de las provincias estratégicas de la Amazonía ecuatoriana, donde la Gobernación cumple funciones de coordinación política y articulación territorial entre el Gobierno Nacional y las instituciones públicas presentes en la jurisdicción.

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¿Quién es Karla Tamayo?

Karla Tamayo es abogada procuradora y registra experiencia tanto en el sector financiero como en entidades públicas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en Guayaquil, donde ocupó distintos cargos vinculados a gestión administrativa y asesoría jurídica.

Entre enero de 2022 y septiembre de 2023 se desempeñó como abogada procuradora en la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Transporte (ATM EP), una función relacionada con la representación y gestión legal de la institución.

Antes de ello trabajó durante casi nueve años como asistente legal en Banco del Pacífico, entre octubre de 2012 y agosto de 2021. En esa entidad participó en actividades de asesoría jurídica, atención de requerimientos internos y apoyo en procesos vinculados al ámbito legal y financiero.

Experiencia en el sistema financiero

La nueva gobernadora también registra experiencia en Banco Pichincha, institución en la que ocupó el cargo de asistente zonal entre diciembre de 1998 y julio de 2007, acumulando más de ocho años de trabajo en el sector bancario.

Su perfil combina experiencia en entidades financieras y en el sector público municipal, antecedentes que ahora forman parte de su hoja de vida para asumir la representación del Ejecutivo en Pastaza.

Con su nombramiento, el Gobierno Nacional renueva una de las principales autoridades políticas de la provincia amazónica en medio de los cambios que ha venido realizando en distintas gobernaciones del país.

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Designación aún no aparecía en Contraloría

Tras conocerse el Decreto Ejecutivo 413, este medio realizó una búsqueda del nombre de Karla Rosalyn Tamayo Santana en el sistema de declaraciones patrimoniales y registros públicos de la Contraloría General del Estado.

Hasta las 10:00 de este viernes 5 de junio de 2026, la designación como gobernadora de Pastaza no aparecía reflejada en los registros consultados de la entidad de control, pese a que el nombramiento ya fue oficializado mediante decreto presidencial.

El Decreto Ejecutivo establece que la designación entra en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Lo que debes saber

• El Municipio confirmó que la comisión de mesa concluirá la etapa probatoria y emitirá un informe en los próximos días.
  
• El Concejo Municipal de Guayaquil se prepara para una sesión extraordinaria que será determinante en el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez.

El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúa en el Municipio en medio de un ambiente político marcado por el cruce de posiciones entre concejales y la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel.

En un comunicado oficial, la institución aseguró que la comisión de mesa actúa con estricto apego al derecho y que se garantiza el pleno ejercicio del debido proceso, en referencia a la polémica sesión del Concejo realizada el jueves 4 de junio.

¿Cómo avanza el proceso de remoción en el Municipio?

Según el Municipio, el proceso sigue las disposiciones del artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

La entidad explicó que la participación de los concejales en esta etapa del proceso se dará en el momento oportuno: la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde se decidirá si procede o no la remoción del alcalde.

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Actualmente, el proceso se encuentra en la fase probatoria, en la cual se recaban y analizan los elementos presentados dentro del expediente.

Una vez concluida esta etapa, la comisión de mesa tendrá un plazo de cinco días para emitir un informe final, el cual será elevado al Concejo Municipal.

Ese documento será clave para la siguiente decisión política y administrativa.

Sesión decisiva del Concejo Municipal

El informe emitido por la comisión será conocido en una sesión extraordinaria del Concejo de Guayaquil, donde los ediles deberán deliberar y votar sobre la eventual remoción o continuidad de Aquiles Álvarez en el cargo.

El Municipio insistió en que todo el procedimiento se realiza bajo principios de legalidad y respeto al debido proceso, en medio de cuestionamientos y posturas divididas entre los concejales.

Debate en el Concejo de Guayaquil

La discusión sobre este proceso ha generado controversia en el Municipio, especialmente tras la sesión del 4 de junio, donde se evidenciaron enfrentamientos entre algunos de los concejales.

Lo que debes saber

• José Julio Neira asumió la Administración Pública el 4 de junio para coordinar la reforma estatal. 
• El Gobierno nombró a Neira tras la salida de Cynthia Gellibert hacia un nuevo ministerio.
• Neira liderará la implementación de fusiones ministeriales para reorganizar el Ejecutivo.

José Julio Neira fue presentado la noche del 4 de junio como nuevo secretario general de la Administración Pública, cargo desde el que participará en la implementación de las recientes fusiones ministeriales y otros cambios dentro de la estructura del Estado. La designación se conoció durante una cadena nacional en la que el propio Neira anunció medidas de reorganización institucional.

Con este nombramiento, Neira reemplaza a Cynthia Gellibert, quien dejó la Secretaría para asumir el recién creado Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, una de las nuevas carteras surgidas tras la fusión de varias entidades públicas.

Un funcionario que acumula varias responsabilidades

La nueva designación amplía las funciones que actualmente desempeña Neira dentro del Gobierno. Hasta ahora se mantiene al frente de la Secretaría de Integridad Pública y ha ejercido responsabilidades en organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre otras entidades.

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Tras asumir el nuevo cargo, el funcionario agradeció públicamente la confianza del presidente y señaló que continuará trabajando en procesos relacionados con eficiencia institucional y simplificación administrativa.

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Su papel en la reestructuración del Estado

Durante su primera intervención como secretario general de la Administración Pública, Neira fue el encargado de explicar la conformación de los nuevos ministerios resultantes de las fusiones anunciadas por el Ejecutivo. 

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Entre ellas figuran la integración de las áreas económica, productiva y agrícola; la unión de infraestructura con telecomunicaciones; y la creación de una cartera que agrupará trabajo, desarrollo humano y registro social.

La Secretaría de la Administración Pública tiene entre sus funciones coordinar y articular procesos administrativos dentro de la Función Ejecutiva, además de participar en la planificación y seguimiento de políticas gubernamentales.

El nombramiento de Neira se produce en medio de la reorganización institucional promovida por el Gobierno, que contempla la reducción del número de ministerios y la concentración de competencias en nuevas estructuras administrativas.

Lo que debes saber

• Gobierno anunció el 4 de junio cómo se fusionarán ministerios para reorganizar el Estado.
• Ecuador reducirá de 14 a 10 ministerios mediante una nueva estructura administrativa.
• Economía, Producción y Agricultura se integran para concentrar funciones en una sola cartera.

El Gobierno Nacional informó cómo se concretará la fusión de varios ministerios y entidades públicas dentro del proceso de reestructuración del Ejecutivo, una medida que busca reducir el número de carteras de Estado y reorganizar sus competencias.

El anuncio fue realizado la noche del 4 de junio por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien detalló la conformación de tres nuevos ministerios que asumirán funciones actualmente distribuidas en varias instituciones.

Economía, agricultura y producción se integrarán en una sola cartera

Según la nueva estructura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción pasarán a conformar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La nueva entidad concentrará las competencias relacionadas con la política económica, el sector productivo y las actividades agropecuarias. La cartera estará encabezada por Sariha Moya, de acuerdo con la distribución anunciada por el Ejecutivo.

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Infraestructura y telecomunicaciones formarán un nuevo ministerio

Otra de las modificaciones contempla la unión del Ministerio de Infraestructura y Transporte con el Ministerio de Telecomunicaciones. Ambas entidades pasarán a integrar el Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

La nueva cartera será dirigida por Roberto Luque, quien asumirá la coordinación de las áreas vinculadas a obras públicas, transporte y tecnología.

Trabajo, desarrollo humano y registro social se agruparán

La tercera fusión anunciada reúne al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la Unidad de Registro Social. 

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Estas instituciones pasarán a conformar el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La entidad será liderada por Cynthia Gellibert.

De acuerdo con la información oficial, la reorganización busca concentrar funciones administrativas y reducir estructuras que actualmente operan de forma separada. Con este proceso, el número de ministerios pasará de 14 a 10 dentro de la Función Ejecutiva.

Lo que debe saber

• La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia reabre el debate sobre la capacidad de las encuestas para anticipar elecciones.
• Mientras las principales encuestadoras daban como favorito a Iván Cepeda, los mercados de predicción ya anticipaban el triunfo de Abelardo de la Espriella.
• Tras errores registrados en Colombia y antecedentes polémicos en Ecuador, la próxima contienda servirá para medir qué método logra interpretar mejor el comportamiento de los votantes.

El 31 de mayo, Colombia eligió en primera vuelta. Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos; Iván Cepeda quedó segundo con el 40,9%. La encuestadora Invamer, en su última medición antes de la elección, le asignaba a Cepeda el 44,6 % y a De la Espriella el 31,6 %, trece puntos de ventaja para el candidato que terminó en segundo lugar.

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Mientras tanto, en una de las principales plataformas de mercados de predicción del mundo, los apostadores ya tenían a De la Espriella como favorito desde semanas antes, con una probabilidad del 69 % de ganar la Presidencia. Ese contraste entre sondeos y mercados es la señal más reciente de una grieta que viene abriéndose en los instrumentos con que anticipamos resultados electorales.

Estos mercados de predicción funcionan como una bolsa de valores aplicada al futuro. Los usuarios compran contratos sobre resultados posibles. Si creen que el candidato A va a ganar, compran su contrato. Si acierta, cobran. Si no, pierden dinero real. El precio de cada contrato en tiempo real refleja la probabilidad que el mercado colectivo asigna a ese resultado.

Un encuestado puede responder lo que quiera. Un apostador pierde plata si se equivoca.

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Esa diferencia tiene un nombre técnico: disciplina de creencias. La amenaza de pérdida económica reduce el sesgo de deseabilidad social (decirle al encuestador lo que uno cree que debe decir) y el sesgo de militancia, que lleva a sobrestimar las posibilidades del candidato propio.

La última encuesta de Guarumo, publicada diez días antes de la elección presidencial de Colombia, mostraba a Cepeda con 37,1 % y a De la Espriella con 27,5 %. El Centro Nacional de Consultoría (CNC) lo ponía en 37,2 % versus 20,4 %. Todas las firmas coincidían: Cepeda primero, con comodidad.

Sin embargo, los mercados de predicción contaban otra historia. El mercado sobre quién avanzaría a segunda vuelta asignaba a la dupla De la Espriella-Cepeda una probabilidad del 85 %, con De la Espriella cotizándose como primero desde semanas antes. El candidato que los sondeos daban como ganador terminó segundo. Y aquel al que el mercado favorecía, ganó.

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El contexto colombiano agrava el análisis. La primera vuelta de 2026 no ocurrió en condiciones normales para las encuestadoras. Varias firmas enfrentaban cuestionamientos regulatorios y metodológicos. Ese ambiente de desconfianza institucional frente a los sondeos fue, paradójicamente, el caldo de cultivo que les dio mayor visibilidad a los mercados de predicción como instrumento alternativo.

Pero Colombia no es el único espejo. Ecuador tiene sus propios casos, y son anteriores.

Nuestro país ofrece dos ejemplos recientes en los que la distancia entre encuestas y el resultado oficial fue difícil de justificar solo con márgenes de error.

En la elección para la Alcaldía de Guayaquil de 2023, la encuestadora Market publicó en octubre de 2022 que Cynthia Viteri lideraba con el 47,6 % de intención de voto y Aquiles Álvarez era tercero con el 11,3 %. Cuando se contaron los votos, Álvarez ganó con el 39,87 % y Viteri quedó segunda con el 30,39 %. Fue una inversión completa del resultado. El candidato que la encuesta daba como tercero terminó primero, con casi cuatro veces más votos de los que se le asignaban.

El segundo caso es más reciente y más sistemático. En la consulta popular de noviembre de 2025, Cedatos publicó proyecciones que mostraban al Sí ganando en todas las preguntas, con porcentajes entre el 53 % y el 69 %. En las urnas ocurrió lo contrario: el No ganó en las cuatro preguntas, con el Sí obteniendo entre el 38 % y el 47 %.

Ecuador también tuvo su propio ensayo con mercados de predicción. En las elecciones presidenciales de 2025, una de estas plataformas anticipó que Luisa González y Daniel Noboa pasarían a segunda vuelta. El resultado confirmó el pronóstico.

¿El fin de las encuestas?

No. Las encuestas tienen algo que los mercados de predicción no pueden remplazar: permiten saber qué piensa un votante joven de Quito versus uno rural de Manabí, qué temas importan, cómo se percibe la imagen de un candidato. Son instrumentos de radiografía social.

Pero como herramienta para anticipar quién gana una elección, los casos acumulados sugieren que las encuestas enfrentan un problema que la metodología sola no resuelve.

El monopolio de las encuestas como único termómetro electoral está siendo disputado por mecanismos que castigan el error con algo que las encuestas no tienen: el costo de equivocarse.

Ecuador irá a las urnas en noviembre. Esa será otra oportunidad para medir no solamente a los candidatos, sino a las encuestas que intentarán estimar el contexto social.

Lo que debes saber

• El abogado penalista advierte señales de politización en la justicia ecuatoriana.
• Cuestiona el uso de la prisión preventiva y los juicios mediáticos.
• Propone sanciones para quienes impulsen procesos sin pruebas suficientes.

La relación entre justicia y poder político vuelve a estar en el centro del debate público. Para el abogado Julio César Cueva, procesos judiciales recientes reflejan patrones que ponen en duda la independencia de las instituciones, mientras que el uso de la prisión preventiva y la exposición mediática de los casos plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías democráticas. En esta entrevista con EXPRESO, él analiza los indicios que, a su criterio, evidencian una creciente politización del sistema judicial.

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- Usted ha sostenido que la justicia ecuatoriana atraviesa un proceso de politización. ¿Qué hechos concretos le llevan a esa conclusión?

- Primero, los tiempos en el que se dan los procesos y los tiempos en el que se dan ciertas situaciones de naturaleza política. Fíjese lo que está ocurriendo hoy: vemos allanamientos a ciertas personas que van a terminar siendo candidatos opositores de los del Gobierno. Eso llama la atención porque no creo que sea algo que hayan descubierto ahorita; lo pudieron haber hecho mucho antes o después. También tratan de posicionar ciertas narrativas, lo que se llama ‘juicios paralelos’.

- ¿Cómo esto perjudica la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial?

- La gente sí se da cuenta. Dice: ‘¿Por qué aquí sí y por qué acá no?’. Se da cuenta de que evidentemente hay un desbalance en la forma en que se llevan ciertos procedimientos. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay una tendencia de beneficiar a unos y de perjudicar a otros. La verdadera justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.

- ¿Cómo usted evalúa la exposición mediática?

- Es grave que lo hagan las instituciones públicas y el Ejecutivo, que debería estar alejado del tema de la justicia. (Esto) Demuestra que la justicia no es independiente. Entonces, se posiciona una narrativa que ya condena sin sentencia e impone al juez que, lejos de querer sentenciar con base en la evidencia, sentencia con base en la narrativa que ha sido expuesta en las redes, porque tiene miedo de cómo su decisión judicial puede afectar su propia imagen y su estabilidad en el cargo por no haber seguido la teoría del caso de las redes.

No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión para que no se defienda en un proceso.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Quién debería asumir responsabilidades cuando una persona es procesada y posteriormente se demuestra que no existe ni una prueba sólida en su contra?

- El país nunca asume la responsabilidad. Pienso que en Ecuador debe existir la figura del procesamiento malicioso, como existe en Estados Unidos, donde si el fiscal, abusando de sus atribuciones y sabiendo que no hay evidencia, procesa a una persona y la tiene en una pena de banquillo (prisión preventiva), y al final la Corte dice: ‘Aquí no había pruebas suficientes’, ese funcionario tiene que asumir la responsabilidad de todos los perjuicios que ha causado, por haber abusado de sus facultades.

- ¿Qué tiempo debe durar una prisión preventiva?

- Hay países donde dura hasta cuatro años. El problema no es la prisión preventiva. El problema es el abuso de la figura.

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- ¿Qué irregularidades ha observado en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

- Muchísimas. Primero, el abuso que hay respecto de la prisión preventiva en cuanto a casos que son susceptibles de suspensión de pena. Segundo, ¿cómo es posible que a una persona que se tiene que defender la tengan en una cárcel que más parece un campo de concentración? Allí tiene limitaciones para verse con los abogados, incluso limitaciones para estar presente en el juicio.

- ¿Cree que, como algunos críticos señalan, la prisión preventiva de Álvarez es una sentencia anticipada?

- Más que en la prisión preventiva, pienso en todas las condiciones en las que vive actualmente el alcalde: estamos viendo un deterioro físico. Y se niega sistemáticamente un brote de tuberculosis. Está preso ahí (en la Cárcel del Encuentro) para evitar que lo maten y la pregunta es: ¿hay una investigación previa para tratar de identificar a los que supuestamente lo quieren matar? La Corte Constitucional ya ha dicho que todo tipo de restricción que obstaculice el ejercicio de la defensa es una violación al debido proceso.

- ¿Existe el riesgo de que este tipo de procesos generen un efecto disuasivo sobre otros actores políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno?

- Sí, por supuesto, eso es lo que buscan. Con el alcalde de Guayaquil buscan, primero, que no sea candidato. Segundo, mandar un mensaje para imponer miedo, porque usted comprenderá que nadie en su sano juicio quiere verse privado de la libertad, menos en los términos en los que hoy por hoy se lo hace.

Aquí debería venir la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas para que evalúe las cárceles.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Eso cómo afectaría a la democracia?

- De forma directa. Una democracia funciona con libertades, con ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre esos la vida, la integridad física y la salud.

- ¿A quién le toca actuar ante todo esto?

- Esta no es tarea de una sola institución, es tarea interinstitucional. El Legislativo tiene que hacer las reformas legales necesarias. El Consejo de la Judicatura tiene que plantear reformas necesarias y hacer la depuración y los concursos para tener suficientes jueces. (Pero se) Necesitan básicamente tres cosas para empezar: voluntad política que no hay, presupuesto que no hay y tecnología que tampoco hay.

- ¿Entonces?

- Creo que se necesita un nuevo contrato social. Esto solo va a cambiar cuando la gente exija un resultado distinto al que tiene. Cuando la gente realmente se empeña en algo y pone la presión necesaria, la política se corrige y se endereza. Pasó en el caso de (Mario) Godoy (expresidente de la Judicatura). Cuando la gente dijo ‘no, no y no’, ya no quedó otra más que corregir el rumbo.

Lo que debes saber de esta historia

• Seis años después de la desaparición de más de $900 millones, empresas clave del caso como Delcorp y Ecuagran continúan en procesos de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías.
• Documentos muestran que Cabezas-Klaere actuó como procurador judicial de las empresas y como abogado de Gad Goldstein, principal directivo del entramado investigado y actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana.
• Antes de llegar a la Superintendencia, su nombre ya aparecía ligado a cuestionamientos por la venta del Hotel Continental y por conflictos de intereses durante su paso por la gerencia del BIESS, según políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El escándalo estalló en septiembre de 2020, cuando la ministra de Gobierno de entonces, María Paula Romo, denunció la estafa en el mercado de valores ecuatoriano, cuyo principal blanco fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con más de $900 millones esfumados.

A seis años se lo considera como el primer gran ‘asalto al mercado de valores’ por parte de una red de personas y entidades que operó de forma estructurada en torno a la emisión y colocación de bonos y obligaciones sin sustentos, en medio de un sistema de controles laxos.

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Dos de esas empresas que fueron parte del entramado son Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. Ecuagran, según las investigaciones. En 2019, estas firmas se convirtieron en deudoras del Isspol tras emitir obligaciones por más de $21 millones. Básicamente expidieron facturas comerciales sin sustento económico.

Por estas irregularidades dichas empresas fueron intervenidas y posteriormente entraron en un proceso de liquidación de bienes que aún está en vigencia, cuya vigilancia recae en la Superintendencia de Compañías, bajo la dirección de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien tiene una relación pasada con esas firmas.

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Cabezas-Klaere asumió dicho cargo el 15 de octubre de 2024 con el apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. Su llegada a la institución ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil por episodios de años recientes y por la intervención a Granasa, la editora de los periódicos EXPRESO y EXTRA.

La interventora enviada por la ‘Super’ de Compañías también es liquidadora de Ecuagran desde el 19 de enero pasado.

Los episodios cuestionados de Cabezas-Klaere

A partir del miércoles anterior, este Diario ha publicado reportajes que recogen la participación del abogado guayaquileño en la venta opaca de un hotel de la ciudad mientras él era el gerente, las acusaciones de un conflicto de intereses al asumir la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en 2022 y 2024, en ese mismo orden, por ejemplo.

En ese último año, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaba públicamente esa última designación con la metáfora “el ratón cuidando el queso”, porque “Cabezas-Klaere ha actuado como abogado externo de Hispana de Seguros y el Biess mantiene prorrogada la póliza para seguros de desgravamen contratada con dicha compañía”.

Este Diario le solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere para conocer de qué forma su administración vigila los procesos pendientes de las firmas con las que tuvo una relación años atrás, pero este no aceptó.

Las empresas ligadas al caso Isspol

La relación profesional y jurídica entre Luis Cabezas-Klaere, las empresas Delcorp S. A. y Ecuagran, y su principal directivo Gad Goldstein, se evidencia de manera documentada principalmente entre los años 2020 y 2021, a través de actuaciones judiciales y administrativas claves.

El 25 de septiembre de 2020, Cabezas-Klaere, actuando como procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, presentó formalmente una solicitud de concordato (concurso preventivo) ante la Superintendencia de Compañías. En esta fecha, él mismo le confirmó a la prensa haber realizado este trámite alegando que la empresa temía caer en cesación de pagos, según una nota de Primicias.

Durante su ejercicio como representante legal de Delcorp S. A. también se documenta una actuación específica sobre activos financieros. Cabezas-Klaere informó a la Superintendencia de Compañías que las empresas poseían certificados de depósito por $2,5 millones en el Banco del Austro.

Sin embargo, la resolución de disolución de Delcorp S. A. señala que la empresa no contaba con los documentos originales y que los habían solicitado al banco. “La renuencia en la entrega de la información en forma completa limita y obstaculiza la labor de control”, se lee en el documento de 2020.

Cabezas-Klaere ejerció la representación legal de Gad Goldstein, entonces presidente de las dos empresas (accionista en una), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Sobre él y otros exdirectivos de las firmas pesan varios procesos judiciales, como el caso de presunta falsedad de información.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2021, el abogado presentó un escrito ante la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil informando que dejaba de representar a Goldstein, apenas unos días antes de que la justicia dicte órdenes de prisión preventiva contra él y otras personas en diciembre de ese año.

Luis Alberto Cabezas-Klaere también gerenció la empresa Continental Hotel S. A., dueña del Hotel Continental, entre 2021 y 2024, en un contexto de crisis económica tras el cierre de operaciones.

Cabezas-Klaere se consolidó en el cargo con el apoyo de Juan Francisco Bruzzone, quien se convirtió en su principal aliado frente a la desconfianza del bloque mayoritario de accionistas.

Ecuador

La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere

Redacción Actualidad

Su paso por la administración estuvo marcado principalmente por la polémica venta del activo principal (el edificio y las marcas) a la empresa Golfi S. A., de Simón Bolívar Rosero, por $4 millones, cuando las deudas ascendían a $6 millones, según socios de Bruzzicorp S. A., una de las accionistas.

Su rol como liquidador de Fidasa

La gestión de Cabezas-Klaere se caracterizó por cuestionamientos de socios y un liquidador de entonces, que alegaron que hubo una opacidad financiera, sin balances auditados y manejándose con “hojitas extracontables” en lugar de seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El abogado también se desempeñó como liquidador de Fidasa S. A., en 2019. Esta firma estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Compañías. Uno de los accionistas fue investigado por la Fiscalía en torno al caso Isspol.

Como liquidador, Cabezas-Klaere tenía la función de representante legal de la compañía para fines de liquidación de deudas, es decir, vender los activos para repartir el dinero a los acreedores de la compañía: empleados, el Estado y bancos.

Este Diario solicitó información a la Superintendencia de Compañías para conocer el avance de los procesos de liquidación de las empresas citadas. Sigue pendiente la respuesta.

Las claves que debes saber

• Ceosl rechaza la fusión de ministerios de Noboa por impacto laboral en Ecuador.
• Organización liderada por Arellano advierte retroceso al eliminar Ministerio de Trabajo y concentrar funciones.
• Gobierno reduce ministerios de 14 a 10 para eficiencia; sindicatos alertan riesgo a derechos laborales.

La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) emitió un comunicado la noche del 4 de junio de 2026, en donde rechazó la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de fusionar las carteras de Trabajo y de Desarrollo Humano, la Secretaría de Gestión con la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, y la Unidad del Registro Social, para unificarlas en el nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

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La organización sindical presidida por Marcela Arellano criticó la supresión del ministerio y señaló que es "un grave retroceso para la institucionalidad laboral del país, bajo el discurso de eficiencia y modernización. Es desmantelar el Estado".

La Ceosl señaló que la nueva entidad concentrará funciones, lo que dejará en un plano meramente administrativo al trabajo, la seguridad social, la libertad sindical y la contratación colectiva. "No pueden ser tratados como puntos secundarios", recalcó.

¿Movilizaciones por la fusión?

Aunque la Confederación no mencionó detalladamente si realizarán movilizaciones por este tema, la agrupación hizo un llamado a las organizaciones sociales y sindicales a "defender las conquistas alcanzadas".

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El pronunciamiento de la Ceosl se dio horas después de que el Gobierno anunció que su decisión es reducir 14 ministerios a 10 y que, además de la fusión de Trabajo, otras carteras se unificarán de la siguiente manera:

El régimen no ha informado cifras de los puestos de trabajo que serán eliminadas con esa fusión, sin embargo, destacó que la medida ayudará a eliminar duplicidades de funciones y a optimizar los recursos.

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Las claves del caso

• Se fusionan varias carteras y la estructura ministerial pasa de 14 a 10 entidades.
  
• Nacen tres nuevos ministerios que concentrarán áreas económicas, tecnológicas y sociales.
  
• El Gobierno sostiene que la medida busca reducir burocracia y optimizar recursos públicos.

La noche de este jueves 4 de junio, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció una reorganización de la estructura del Ejecutivo que contempla la reducción de ministerios de 14 a 10. La decisión fue comunicada a través de canales oficiales del Gobierno y forma parte de un proceso de reestructuración administrativa que, según se indica, busca optimizar los recursos públicos y simplificar la gestión estatal.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno , la medida contempla la fusión de varias carteras de Estado con el objetivo de concentrar competencias relacionadas y reducir trámites internos.

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Los cambios anunciados por el presidente Noboa

Uno de los principales cambios será la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad que agrupará las funciones que actualmente desempeñan los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción.

Según el comunicado oficial, esta integración pretende fortalecer la coordinación de políticas económicas y productivas, así como facilitar la toma de decisiones dirigidas a sectores empresariales, agrícolas, comerciales e industriales. La nueva cartera estará liderada por Saritha Moya.

Otro de los cambios anunciados corresponde a la unión de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Ambas instituciones pasarán a conformar el Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

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La administración nacional sostiene que esta fusión permitirá planificar de manera conjunta proyectos relacionados con carreteras, puertos, conectividad digital, fibra óptica y procesos de modernización tecnológica. El titular de esta nueva entidad será Roberto Luque.

La reorganización también alcanza al área social. Los ministerios de Trabajo y de Inclusión Económica y Social, junto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, serán integrados en una sola institución denominada Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

De acuerdo con el Ejecutivo, esta nueva cartera tendrá como prioridad promover la inserción laboral de grupos vulnerables y fortalecer programas orientados a la autonomía económica de la población. La entidad será dirigida por Cynthia Gellibert.

La administración de Noboa aseguró además que la reestructuración busca mantener la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos mientras se optimiza el funcionamiento de las instituciones del Estado.