Lo que debes saber

• El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento sobre el uso de la silla vacía, pero evitó conceder una entrevista. Fue solicitada el martes 21 y aún no la asigna. 
• Tampoco aclaró el caso de César Cárdenas, quien no pudo intervenir en una sesión del Concejo y denunció que tampoco pudo ingresar. 
• La institución que lidera Tatiana Coronel sostiene que la silla vacía funciona con normalidad. 

El Municipio de Guayaquil respondió a EXPRESO mediante un documento oficial tras la publicación de un artículo sobre el uso de la Silla Vacía. Sin embargo, no confirmó ni atendió la solicitud de entrevista planteada por este medio.

El pedido de entrevista fue realizado el martes 21 de abril de 2026, previo a la publicación del artículo, que salió el viernes 24. No obstante, en lugar de una vocería directa, el área de Comunicación remitió a esta Redacción un documento la tarde del sábado 25 de abril.

En el texto, de dos páginas y firmado por la Dirección de Comunicación, la entidad expone el marco legal que regula este mecanismo de participación ciudadana. 

El Municipio indica que cuenta con la “Ordenanza que regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Guayaquil”, cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Municipal No. 6 del 10 de agosto de 2023 y que se encuentra vigente en su portal institucional.

Según el documento, en esta normativa se establecen “de manera clara los requisitos, procedimientos y condiciones” para acceder a la Silla Vacía en las sesiones del Concejo Municipal. 

Municipio de Guayaquil defiende requisitos 

La institución que hoy la lidera Tatiana Coronel, tras la detención de Aquiles Álvarez, también cuestiona el contenido del reportaje publicado por EXPRESO, señalando que incluye “interpretaciones subjetivas” y “juicios de valor”.

Entre las frases citadas están:

El Municipio afirma que estas expresiones “no se sustentan en evidencia verificable y generan una percepción equivocada”.

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Finalmente, el Municipio reitera su “compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana”, asegurando que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Sin respuesta sobre el caso César Cárdenas

Pese a la extensión del documento, el Municipio no se pronunció sobre el caso de César Cárdenas, quien solicitó el uso de la silla vacía y no pudo intervenir en la sesión del Concejo.

Tampoco respondió a la denuncia de que su pedido fue contestado después de finalizada la sesión en la que pretendía participar, donde se debatía el aumento de la tarifa de la Aerovía. Finalmente, la tasa pasó de 74 a 76 centavos. 

Este punto fue uno de los ejes principales del reportaje publicado por este Diario.

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Compromiso institucional, según el Municipio

El documento concluye reiterando que la institución mantiene su compromiso con la participación ciudadana.

El Cabildo asegura que promueve mecanismos “transparentes, accesibles y ajustados al marco legal vigente”.

Pero, hasta el cierre de esta edición, EXPRESO no ha recibido respuesta para concretar la entrevista solicitada.

Así ha rotado la dirección de Comunicación

En el contexto de la gestión de Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante de Guayaquil, iniciada en febrero de 2026 tras la detención de Aquiles Álvarez, el área de Comunicación ha registrado cambios en su liderazgo.

Actualmente, el cargo lo ocupa Xavier Morán Quinde. Antes de su designación, la función fue ejercida por Pablo Ramírez Aristizábal. Previamente, la dirección estuvo a cargo de Cristian Moscoso, quien también ha desempeñado funciones en otras áreas de comunicación dentro de la administración municipal.

El exburgomaestre dijo que ha recibido la invitación de organizaciones políticas y colectivos sociales.

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Este 25 de abril de 2026, la posibilidad de que Barrera integre la lista de aspirantes a la Alcaldía de la capital se difundió con fuerza en redes sociales. 

EXPRESO se comunicó con él y esta fue su respuesta: “En este momento, más que nombres, creo que debemos lograr la mayor unidad posible y un plan de trabajo para la ciudad. Esa me parece la prioridad ahora”.

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Es decir, por un lado confirmó que ha recibido propuestas de postularse por tercera ocasión, pero no aseguró que se trate de una decisión tomada. 

Barrera llegó a la Alcaldía de Quito de la mano del entonces movimiento correísta Alianza PAIS. Estuvo en el cargo entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Rafael Correa.

No logró la reelección. Perdió las seccionales frente a Mauricio Rodas y se convirtió en el primer alcalde en no reelegirse tras la gestión de Paco Moncayo. Durante su administración se iniciaron los estudios para la construcción del Metro.

¿Qué dice el Partido Socialista Ecuatoriano?

EXPRESO también contactó al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Él fue más directo sobre la aspiración de la organización. Ante la consulta sobre si Barrera será el candidato del PSE, Vallejo respondió:

“Desde hace varios meses venimos conversando de la necesidad de conformar un frente amplio que, bajo un programa claro para la ciudad y la provincia, pueda articularse en el campo electoral; propusimos al Dr. Barrera para la alcaldía y a la Dra. Verónica Silva para la prefectura, seguimos conversando con organizaciones sociales y políticas para concretar la iniciativa del frente amplio y las candidaturas en mención”.

Una carrera contra el tiempo

El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las votaciones de las seccionales. En un inicio, la fecha prevista para el sufragio era el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, con base en un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos, el organismo resolvió adelantar la jornada al 29 de noviembre de 2026.

Con esa decisión, la mayoría de fechas del calendario electoral se modificaron. Las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Asimismo, las candidaturas deberán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

Lo que debes saber

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán.
• La suspensión de la misión diplomática de EE. UU. a Pakistán marca un nuevo giro en la tensión con Irán, mientras el canciller iraní, Abás Araqchí, abandona Islamabad tras calificar su visita como “fructífera”.
• En medio de un escenario de alta tensión, Donald Trump descartó nuevas negociaciones indirectas con Irán y afirmó que su país “tiene todas las cartas”, cerrando la puerta a viajes diplomáticos sin resultados claros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 25 de abril la cancelación del viaje de sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

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"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", afirmó Trump al citado medio.

Posteriormente, en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump anotó: "Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

Trump volvió a abordar este asunto ante los periodistas en una improvisada rueda de prensa antes de subir al avión presidencial, ocasión en la que reiteró que su equipo no perderá el tiempo en "un documento que no era lo suficientemente bueno".

Decisión coincide con salida de ministro

La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

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Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para este sábado.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó a través de redes sociales que presentó a Pakistán "un marco viable" para poner fin de forma definitiva a la guerra con Estados Unidos e Israel, y aseguró que su visita al país mediador ha resultado "muy fructífera".

“No sé qué es lo que pretendía el Gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México aún. Sí tengo pensado ir en vista con los partidos de izquierda”, aseguró.

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Las declaraciones las ofreció a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Desde el viernes 24 de abril de 2026, militantes de la Revolución Ciudadana hicieron una convocatoria para recibirla.

¿Por qué habló de asilo en México?

Durante la última semana se extendió la versión de que la dirigente política había solicitado asilo en ese país. Allí se encuentran otros altos perfiles del correísmo. Incluso, antes de su designación como nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira permaneció varios años en el país norteamericano.

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Sin embargo, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien encendió la polémica con declaraciones del 23 de abril en una entrevista radial. 

“No tiene nada. Pero, por lo que he podido leer un poco, lo que tiene es miedo de regresar y es pasa, normalmente, con la gente que tiene rabo de paja”, dijo en Radio Sucre ante la pregunta sobre el supuesto pedido de asilo.

Este 25 de abril, González afirmó: “En ningún momento he pedido asilo a ningún país del mundo. Juntos vamos a trabajar para levantar este país”, señaló la también expresidenta del movimiento correísta.

Sobre las declaraciones de Reimberg, González dijo que se anticipan a lo que se podría haber encontrado en sus dispositivos electrónicos. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía, allanó la vivienda de la excandidata presidencial en el marco de la investigación del denominado caso Caja Chica.

“Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, que usan los allanamientos para sembrar pruebas. No le debo nada”, aseguró la dirigente política.

La convocatoria fue hecha para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la organización indígena en Quito. Uno de los promotores fue el abogado y activista político Washington Andrade. Él se encargó de difundir la invitación, pero esa misma acción desencadenó una pugna con dirigentes de la Conaie.

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El conflicto por la sede

Tras la difusión de la invitación, Andrade hizo un nuevo anuncio. “Marlon Vargas (presidente de la CONAIE) reculó en la autorización de facilitar el auditorio de la Conaie para la realización de la auto convocatoria a asamblea ciudadana y el lanzamiento de la app Revoca EC”.

Para Andrade, los motivos para ese cambio de opinión tendrían que ver con presiones desde el Gobierno de Daniel Noboa, aunque el mismo abogado aseguró no conocer las razones de la decisión.

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Según un oficio expuesto en redes sociales, la decisión de no facilitar la sede de la Conaie estaría relacionada con que el lugar no cumple con las condiciones para el desarrollo de la agenda.

La respuesta de la Conaie

Después de la publicación hecha por Andrade, uno de los dirigentes de la Conaie reaccionó. Se trató del encargado de comunicación de la organización indígena, Simón Velasco. 

Él escribió: “Anda perdido abogado Andrade: 4 horas debatiendo en último Consejo Ampliado con presidentes de nuestras organizaciones y decidimos regresar a los territorios. Avance en la agenda de revocatoria pero no se tome el nombre de la CONAIE”.

Ahora, la convocatoria fue hecha para el mismo día, pero a las 17:00, en la sede de la Fenocín en Quito. En un video difundido por Andrade aparece el dirigente de esa organización campesina e indígena, Guido Perugachi. Él allí dice: “Nosotros no tenemos miedo”.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo fue designada el 24 de abril para estabilizar la justicia en Ecuador.
• El CPCCS nombró a Caicedo tras meses de interinidad institucional.
• Consejo de la Judicatura requiere $200 millones para depuración y modernización judicial.

El Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como nuevo vocal principal del Consejo de la Judicatura.

Por norma, esa designación implica asumir de inmediato la presidencia del órgano.

Vocal designado vs. acefalía institucional: la resolución pone fin a semanas de conducción encargada.

¿Qué cambia en la Judicatura desde ahora?

El organismo vuelve a contar con una autoridad titular en su máxima instancia.

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Esto habilita decisiones administrativas y disciplinarias que estaban pendientes durante la interinidad.

Continuidad formal vs. cambios reales: la estabilidad llega en lo institucional, no necesariamente en lo estructural.

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¿En qué contexto se produce la designación?

La Judicatura atravesó una etapa de vacancia tras la salida de su anterior presidente.

Durante ese lapso, el organismo fue dirigido de forma temporal mientras avanzaba el proceso de selección.

Normalización del cargo vs. crisis de fondo: el relevo se da en un ambiente de alta desconfianza ciudadana.

¿Quién asume la presidencia del Consejo de la Judicatura?

El nuevo vocal principal proviene de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia.

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Su perfil combina experiencia judicial y una propuesta orientada a reformas internas.

Trayectoria técnica vs. presión política: el desafío es sostener independencia en un entorno fragmentado.

¿Hubo consenso en el CPCCS?

La designación no contó con unanimidad en el Pleno del CPCCS.

Algunos consejeros expresaron reparos sobre el proceso y votaron en contra.

Mayoría suficiente vs. cuestionamientos persistentes: la decisión es legal, pero no exenta de críticas.

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¿Qué papel juega el vocal suplente?

Junto al vocal principal se designó a un suplente para completar el periodo.

Este rol cobra relevancia ante eventuales ausencias temporales o definitivas.

Titular vs. suplente: una dupla que busca evitar nuevas vacancias en la Judicatura.

¿Cuáles son los retos inmediatos del nuevo presidente?

La Judicatura enfrenta atrasos procesales, déficit presupuestario y cuestionamientos internos.

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También persisten denuncias de corrupción y presiones del crimen organizado sobre jueces.

Cambio de nombre vs. transformación institucional: el reto es pasar del relevo al resultado.

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¿Este nombramiento marca un punto de quiebre?

La designación representa un cierre administrativo del proceso de reemplazo.

Sin embargo, no garantiza por sí sola una reforma profunda del sistema judicial.

Estabilidad en el cargo vs. estabilidad del sistema: el verdadero impacto aún está por verse.

Este 25 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe en el que se señala que solo hubo 11.134 firmas válidas.

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El Pleno del organismo aprobó, con cinco votos, el informe en el que se establece que la propuesta no cumple con el mínimo del 0,25% de firmas del padrón electoral como respaldo. En total, el proponente debía contar con poco más de 34.000 firmas válidas para que la propuesta regrese a la Asamblea Nacional.

Con base en la Constitución y el Código de la Democracia, quienes proponen una iniciativa normativa desde la ciudadanía podrán solventar la falta de rúbricas en un plazo de 90 días, en caso de optar por continuar con el trámite.

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La vocal Elena Nájera, quien votó a favor de la aprobación del informe, señaló en el Pleno que, en el caso del proyecto de ley, se requieren 34.136 firmas. “El área técnica indica que, del total de 2.158 formularios presentados, 2.113 fueron considerados válidos”.

¿De qué se trata la Ley sobre el Uso del Cannabis?

El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

En la Asamblea se conformó una comisión para tramitar la iniciativa. Con 142 votos, el Pleno aprobó el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto. Con ello, la propuesta avanzó al CNE. Para que regrese al Legislativo, se deberá cumplir con el número de firmas requerido.

Lo que debes saber

• La confrontación entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga se intensifica tras acusaciones de presiones y fraude político en la Prefectura del Guayas, en medio de la designación del nuevo viceprefecto.
• Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente!".

La tensión entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga continúa escalando en medio de la crisis política en la Prefectura del Guayas. El exmandatario volvió a pronunciarse públicamente y acusó a la prefecta de mentir sobre su salida del cargo.

El conflicto se reactivó luego de que Aguiñaga asegurara en una entrevista en Radio Pichincha que su decisión fue personal y sin presiones externas. 

“No ha existido ningún tipo de presión; son decisiones particulares”, afirmó, defendiendo su postura sobre la situación institucional.

Sin embargo, Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente! Seguramente por eso también renunció el viceprefecto”, escribió, cuestionando la versión de su exministra de Ambiente.

Además, lamentó que, según su criterio, Aguiñaga no haya enfrentado la situación con el respaldo del movimiento.

El exmandatario fue más allá y aseguró que la prefecta está afectando su legado político. “Cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Una lástima”, agregó.

Gobierno de Daniel Noboa niega injerencia

En paralelo, el Gobierno de Daniel Noboa también se pronunció sobre el cambio en la Viceprefectura del Guayas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó cualquier tipo de intervención del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada.

Durante una entrevista, Morillo criticó la postura del correísmo. “Cada ladrón juzga por su condición”.

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Desde el movimiento político, la presidenta Gabriela Rivadeneira calificó lo ocurrido como un atentado democrático. Según su versión, la Prefectura habría sido entregada bajo presiones.

Recientemente, la madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la designación de Carlos Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

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Manzano señaló: “Como se lo he dicho al presidente, porque esto fue una decisión que tomé hace más de mes y medio, que me senté con él en su despacho y le dije que necesitaba retomar mi vida familiar”.

En ese punto, la aún ministra de Estado se refirió a su hija. “Yo a mi hija me debo sobre todo”, dijo. Con ello añadió una razón más a su decisión de dejar uno de los ministerios más sensibles que, entre sus retos, tuvo enfrentar la crisis energética de 2024 y que fue señalado por contratos fallidos con Progen y ATM.

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Sobre la transición en el ministerio

Respecto al eventual cambio de autoridad, Manzano señaló que tiene “todos los informes habidos y por haber”. A esto añadió que su aspiración es que la persona que llegue tenga éxito. 

“Es decir, que todo lo que abonamos en el camino él lo coseche. Es ser patriota: dejar todo listo para que la otra persona solo coja las riendas”, aseguró.

Según Manzano, el desarrollo del Ecuador depende del Ministerio de Ambiente y Energía. Aunque, un dato relevante es que la salida de Manzano se registra en medio de los cuestionamientos por nuevos apagones. 

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre su salida?

Inés Manzano ha sido uno de los perfiles más cercanos al presidente Daniel Noboa. Asumió el Ministerio de Energía, antes de su fusión con el de Ambiente, durante la crisis energética de 2024 y reemplazó a Antonio Gonçalves.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo el 24 de abril de 2026 que la decisión sobre la salida de Manzano responde a la necesidad de “oxigenar” la gestión estatal. 

Según la funcionaria, la decisión fue tomada directamente por el presidente Daniel Noboa. Hasta el momento, se conoce que el reemplazo de Manzano sería anunciado a finales de abril. La aún ministra también ha confirmado que no ocupará un nuevo cargo público.

Lo que debes saber

• La justicia argentina ratificó el decomiso de bienes por unos 480 millones de dólares en la causa “Vialidad”.
  
• La medida alcanza más de 100 propiedades vinculadas a la exmandataria, su entorno y otros condenados.
  
• El decomiso puede aplicarse incluso a bienes transferidos a terceros si se determina su origen ilícito.

La justicia argentina dio un nuevo paso en uno de los procesos judiciales más emblemáticos de los últimos años. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que la expresidenta Cristina Fernández cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario.

La decisión judicial respalda una medida previamente dispuesta a finales de 2025, mediante la cual se ordenó la incautación de activos por un valor cercano a los 685.000 millones de pesos —equivalentes a unos 480 millones de dólares—, cifra que, según los tribunales, representa el daño económico ocasionado al Estado argentino.

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¿Qué implican los decomisos de la expresidenta?

Pero, ¿qué implica realmente este decomiso? En términos prácticos, se trata de un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes que habrían sido adquiridos como resultado de actos de corrupción. No es una sanción adicional, sino una medida orientada a restituir recursos públicos que, de acuerdo con la sentencia, fueron desviados.

El fallo establece que la medida alcanza a más de un centenar de bienes, entre ellas propiedades vinculadas tanto a la exmandataria como a su entorno familiar ya otros condenados en el caso, como el empresario Lázaro Báez. En una primera fase, la justicia avanzará sobre un grupo inicial de inmuebles relacionados directamente con Fernández y sus allegados, mientras que el resto corresponde a estructuras empresariales y activos asociados a la trama investigada.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el decomiso no se limita únicamente a los bienes que están actualmente a nombre de los condenados. Los jueces determinarán que también puede aplicarse sobre activos que hayan sido transferidos a terceros, incluso en casos de herencia, bajo el argumento de que el origen ilícito no desaparece con el cambio de titularidad.

Las defensas intentaron frenar esta medida, cuestionando los criterios utilizados para identificar los bienes alcanzados. Sin embargo, el tribunal demostró que los argumentos no eran suficientes para invalidar el decomiso, especialmente tomando en cuenta que la causa ya cuenta con una sentencia firme desde 2025.

No obstante, el fallo no fue unánime. Uno de los magistrados planteó reservas respecto a ciertos bienes heredados por los hijos de la exmandataria, señalando que algunos planteamientos de la defensa no habrían sido analizados con la profundidad necesaria. Aun así, esta posición no alteró el resultado final de la decisión.

La causa “Vialidad”, que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, marcó un punto de inflexión en la política y la justicia argentina. La condena, que incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue ratificada por la Corte Suprema en 2025, lo que permitió avanzar no solo en la ejecución de la pena, sino también en las medidas económicas derivadas del caso.

Política

Inmunidad de Jácome se tratará en el Pleno y RC denuncia trato distinto en casos similares

Daniel Alejandro Romero Páez

La decisión se adoptó el viernes 24 de abril de 2026, durante la sesión 088, con la presencia de 131 de los 151 legisladores. El pedido se originó en el oficio 1322, remitido el 27 de marzo por el juez Marco Torres, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que solicitó autorización para iniciar un proceso penal.

La querella fue presentada por el asambleísta Juan Andrés González, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien se encuentra en España. El legislador sostiene que, durante la sesión plenaria del 5 de febrero —transmitida públicamente—, Jácome los calumnió.

Esto dijo Jácome, por lo que se la acusó:

Según la denuncia, la legisladora habría sugerido que integrantes de esa bancada “usen una buena pijama” y busquen un lugar en la denominada “Cárcel del Encuentro”, en alusión a personas vinculadas a investigaciones judiciales. 

González interpretó esas declaraciones como una insinuación de que habría allanamientos y privaciones de libertad. La acusación fue por presunta calumnia.

Ecuador

"Usen una buena pijama": la referencia por la que RC quiere sanción a Jácome

Daniel Alejandro Romero Páez

La reacción de Diana Jácome

Tras la votación, Jácome defendió su posición y calificó el proceso como infundado. “El archivo de mi queja administrativa confirmó lo que siempre sostuve: no había fundamento alguno. Hoy, el Pleno rechazó levantar mi inmunidad frente a una propuesta impulsada por un asambleísta sin gestión ni respaldo”, afirmó. 

Además, Jácome añadió que se trató de “una maniobra política fallida” y aseguró que continuará en funciones “sin distracciones”.

Los reclamos de la Revolución Ciudadana, por el caso de Mónica Palacios

Desde la bancada correísta se ha denunciado un trato desigual en casos similares. El viernes 24 de abril también venció el plazo para que se trate sobre el levantamiento de la inmunidad de la legisladora Mónica Palacios, quien fue acusada ante la Corte Nacional de Justicia por presunta calumnia en contra de Mishel Mancheno, de ADN.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Como antecedente, recordaron que el 5 de marzo el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión 075, en la que debía debatirse el pedido de levantamiento de inmunidad contra el propio González, solicitado por un juez de la Corte Nacional. 

El plazo legal venció el 7 de marzo sin que el Pleno adoptara una resolución. 

Ese proceso se originó en declaraciones de González, el 10 de diciembre de 2025, en las que denunció la existenci a de un “gobierno terrorista” y afirmó que la Fiscalía General del Estado estaba “secuestrada por la Función Ejecutiva”. 

Una semana después, la legisladora oficialista Naila Quintana presentó una querella por presunta calumnia.

En medio de ese contexto, González ha buscado respaldo internacional. A finales de marzo se reunió en España con diputados, entre ellos Enrique Santiago, quien expresó críticas a la situación institucional de Ecuador y cuestionó las acciones contra la Revolución Ciudadana.

¿Qué ocurrió con este caso?

• La difusión de un evento de yoga con gatos por parte de Bianca Salame, funcionaria de ProAnimal, generó críticas por falta de claridad, especialmente por desarrollarse en Samborondón.
• La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.
• El Municipio de Guayaquil hoy reacciona y aclara que su participación se limita a una feria de adopción y que se trata solo de una invitación externa dentro de un convenio intermunicipal.

El evento de yoga con gatos en Samborondón ha generado una ola de reacciones ciudadanas, cuestionamientos de una concejal y un pronunciamiento oficial del Municipio de Guayaquil, actualmente liderado por Tatiana Coronel.

A través de una respuesta enviada a EXPRESO, la Dirección de Comunicación del Municipio aseguró que la participación de la Dirección ProAnimal se limita a una feria de adopción de gatos, con el objetivo de que los animales encuentren un hogar.

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Municipio de Guayaquil: cuestionan a Bianca Salame por evento de ProAnimal en Samborondón

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“La actividad responde a una invitación cursada por los organizadores a través del Municipio de Samborondón”, detalló la entidad, aclarando que ProAnimal no forma parte de la organización del evento.

Además, el Municipio enfatizó que durante el evento no se brindarán servicios veterinarios ni se realizarán aportes económicos.

La participación institucional, según el comunicado, se enmarca en un convenio de cooperación entre los cantones Guayaquil y Samborondón, suscrito el 4 de septiembre de 2025.

Evento de yoga con gatos genera polémica y respuesta del Municipio

Sin embargo, la controversia surge por el mensaje original difundido en redes sociales de ProAnimal, en el que la funcionaria Bianca Salame invitaba a la ciudadanía a asistir al evento con el mensaje: “ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida”, indicando como ubicación el kilómetro 2.5 de la vía Samborondón.

Guayaquil

Concejala pide cuentas por evento de ProAnimal fuera de Guayaquil

Juan Ponce Merchán

En dicha publicación no se precisó que se trataba de una invitación externa, ni se mencionó el convenio entre municipios, ni tampoco se aclaró la ausencia de aportes económicos o servicios por parte de ProAnimal.

Esta omisión ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de ciudadanos y actores políticos, quienes cuestionan la claridad y transparencia en la comunicación institucional.

Finalmente, el Municipio reiteró que “la Dirección ProAnimal mantiene su compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, buscando cerrar el debate generado en redes sociales.

Rol de Bianca Salame en el Municipio de Guayaquil

Bianca Salame confirmó recientemente su retorno a la ProAnimal. La funcionaria, que se desempeñó como coordinadora de Denuncias y Rescates desde mayo de 2025 hasta marzo de 2026, se reincorporó a la estructura municipal durante la última quincena bajo la figura administrativa de "Especialista".

Las claves del caso

• La ruta marítima hacia Tortuga Bay, en Galápagos, permanece suspendida desde hace un mes, por decisión de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea). 
• Operadores turísticos y familias vinculadas a esta actividad cuestionan la medida, aseguran que la ruta no es peligrosa y sostienen que los accidentes registrados obedecieron a fallas humanas y falta de control de las autoridades. 
  

Tras la publicación de un artículo de EXPRESO, en torno a la suspensión de la ruta Tortuga Bay, ¿cuál es la situación en Galápagos frente a esta suspensión?

La suspensión vino de parte de Dirnea, del contralmirante Ramiro Armijos. En 20 años de servicio en la ruta se han dado dos accidentes, por lo cual la ruta no es peligrosa. Unas 50 personas están afectadas en el trabajo, además del turismo. Vengo recogiendo firmas porque los médicos también están preocupados. Tuvimos dos accidentes; el primero no fue por oleaje ni mal tiempo, fue porque se fue el mando, el capitán se quedó sin gobierno.

¿O sea, fue por un error humano?

Bueno sí, sería por un error humano, vamos a ser sinceros porque, por ejemplo, si se quedó sin gobierno tenía que tener otra alternativa, un mando mecánico. Claro que fue falla humana porque, si hubiera tenido una buena ancla y cabo, hubiera tirado ancla y cabo y no se iba la embarcación.

¿Ese hecho dejó muertos?

No, ahí salieron todos ilesos.

¿El segundo es el que desencadena esta situación?

Si hubiera un control de parte de la autoridad, antes de salir: tiene ancla, cabo, boya, chaleco, todo ese factor de parte de la Marina, que tiene parte aquí, no solo el armador... El segundo accidente fue porque había neblina, lluvia, y ese fue un caso fortuito (...) Ahora, están tomando la lancha Angy, que fue en septiembre de 2022, que se quedó sin gasolina. Esa ruta era Isabela-Santa Cruz, entonces me imagino que el contralmirante no está mirando esas fallas. Hubo tres fallecidos. Está confundiendo, diciendo que la ruta es peligrosa, y no es cierto. Ahí mismo, en la lancha Angy, tiene que ver responsabilidades las autoridades y el armador de la embarcación. Ahora, como ya pasó otro accidente, quieren lavarse las manos porque el contralmirante dijo: “Cierren la ruta porque es peligrosa”, y no es así..

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¿Cuándo dice “lavarse las manos”, a quién se refiere?

A las autoridades.

¿Con esta situación que consideran injusta, han formalizado el pedido, han ido a la Marina, han alzado la voz?

Ya hemos esperado reuniones cuando decidieron cerrar. Estábamos afuera esperando noticias cuando salieron con un informe técnico que iba a enviar Inocar, que ya lo tenemos, porque dicen que por salvaguardar las vidas se cierra, que el lugar está falto de un estudio técnico y que la ruta es peligrosa, y no es así. Les decía: por lo menos fueron a darse una vuelta; nada. Hay días en que sí se pone agitado, es bravo para entrar; hay días en que sí se pone agitado el mar, pero eso pasa en toda la costa, no solo en Tortuga Bay, es general, es normal. Por eso le digo que lo que hacen es lavarse las manos, decir: “Cierren eso”, y ellos piensan que el mundo les va a decir que están trabajando, y no es así. Está afectando demasiado al sector turístico.

¿Cuánto tiempo lleva el cierre?

Un mes (...) El servicio que se daba era 10 de ida y 10 de venida por persona. En este caso, no era la mejor opción cerrar, sino hacer una mesa técnica, un protocolo de seguridad y de control que mejore para que no vuelvan a pasar esas situaciones.

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Se dijo que no tenían chalecos salvavidas.

Exacto, el control de las autoridades debe ser perenne hasta que las embarcaciones ya dejen de movilizarse.

¿Puede cuantificar el golpe al sector turístico?

Ha habido reportajes sobre insolación y accidentes en Playa Brava. No había embarcaciones como antes. Hoy en día hay mucha gente de tercera edad, embarazadas y niños que no están llegando a sus lugares, a Tortuga Bay; se están quedando en el hotel porque no tienen otra opción. Se están quedando en la piscina. Playa Escondida y otros sitios son peores que Tortuga Bay y siguen abiertos. En Playa Escondida hubo un accidente con muerte el año pasado. Es mucho más difícil entrar cuando el mar está agitado. En Isabela, Los Túneles es mucho más agitado. No sé de dónde se cogieron para cerrar. Por eso digo que se están lavando las manos.

¿Por el último accidente hubo pérdidas humanas?

Exacto, un compañero nuestro falleció, pero por infarto, no por ahogamiento...

¿Y ahora se han agrupado alguna asociación o grupo?

No, pero queremos formar una porque nos recomiendan tener vida jurídica.

Lo que debes saber

• Periodistas analizan reformas al COIP que buscan penalizar expresiones digitales calificadas como difamación.
• Fenape definirá postura sobre proyectos aún no calificados por el CAL, según su presidenta Susana Piedra.
• Expertos alertan riesgos para la libertad de expresión y recuerdan que la vía penal está prohibida para sancionar opiniones.

Los representantes de los periodistas se reunirán este 25 de abril de 2026 para analizar, entre otros temas, las recientes propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyos textos buscarían penalizar las expresiones en plataformas digitales que sean consideradas como “difamación”.

Te invitamos a leer| RC y ADN van contra la libre expresión con proyectos para penalizar la opinión

La presidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), Susana Piedra, dijo que esos proyectos y otros temas críticos que enfrentan los comunicadores ecuatorianos serán abordados en la asamblea ordinaria que desarrollará el gremio en Quito.

Piedra señaló que en el encuentro de la organización, que reúne a 23 colegios provinciales de periodistas, se definirá una postura, pues considera que aún hay tiempo para actuar, ya que ambas propuestas todavía no han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La Fenape fue una de las organizaciones que rechazó el anterior intento del oficialismo por penalizar las expresiones críticas, como lo planteó en enero pasado la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León.

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¿Por qué intentan sancionar las expresiones?

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), dice que llama la atención que el oficialismo insista en tratar de sancionar las opiniones, pese a que la sociedad civil ya rechazó la anterior pretensión de León. Considera que ahora intenta emplear una propuesta del correísmo para penalizar los criterios que no le favorecen. 

“La bancada ADN recicla una idea de RC en un sentido prácticamente idéntico; parecería que ya no es error ni desconocimiento, sino un intento de, como sea, criminalizar la crítica ciudadana en el entorno digital”, observa. 

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Para Francisco Rocha, analista político y exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la propuesta evidenciaría que el Gobierno “intenta cerrar un círculo” que comenzó con la restricción que impuso la Contraloría para conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. 

“Hay un afán de opacidad. Se está pensando que, a través de la legislación, pueden prohibir, como lo hacen los totalitarios. No están claros en el concepto de democracia, porque son los abusos los que hay que juzgar, no la vida diaria”, opina.

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Alertas por convenciones internacionales

Miño recuerda que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para el Ecuador y “prohíben categóricamente que se use la vía penal como medio para sancionar expresiones”. 

La constitucionalista cree que, si se busca debatir los límites a la expresión en el entorno digital, “todos los involucrados debemos ser escuchados, para que no se vuelva un intento de imponer censura y mordaza a la crítica legítima en democracia”.

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Pesimismo ante la inestabilidad

• Habitantes de la provincia perciben un abandono institucional frente a la ausencia de sus líderes electos.
• Gremios productivos temen que los cambios repentinos afecten la continuidad técnica y asfixien al agro.
• Expertos analizan cómo el escenario de comicios anticipados distrae la atención de las prioridades locales.

Qué difícil parece gobernar en el Guayas, y así lo siente su gente. Queda un año de administración para las autoridades electas, pero no están. Pasa en Durán, con un alcalde que sesiona por Zoom, empujado por la violencia intrínseca del cantón ferroviario.

No hay un líder cerca

Aquí, Anky Arce, quien ejerce en medicina, describe que abandono es la palabra apropiada. “Como sabrás, Durán tiene muchos problemas, respecto a la escasez de agua, lo peligroso que está el cantón; súmale el hecho de no tener un representante, es como que no hay nadie que resuelva”, manifiesta.

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez está preso. Su ausencia extendida ha motivado un pedido de remoción que sigue su curso, y apunta a que asuma la vicealcaldesa Tatiana Coronel de forma definitiva. Ella asegura que la planificación continúa, pero las constantes manifestaciones políticas, que se han instrumentalizado desde el Municipio, no son bien recibidas por algunos, como Francisco Orellana, quien reside en el suroeste de la ciudad.

“Tenemos puestos vacíos, que se intentaron llenar con promesas. Es una situación irreal y no antes vista. Espero que con las elecciones podamos elegir verdaderos líderes y no pantomimas y politiquería”, dice, apuntando a las votaciones seccionales adelantadas para el 29 de noviembre.

Ángel Jiménez, líder comunitario y administrador en el sector turístico hotelero de la urbe, también opina del caso : “Es lamentable para la Alcaldía, y para nosotros saber si caminamos con un horizonte o no. Más lamentable es que el Concejo le dé más largas al asunto, aprovechando que la mayoría es del partido de él. Claro que su situación penal es complicada, pero el Sillón de Olmedo no puede esperar”.

Y lo más reciente, la renuncia del binomio ganador en 2023 para la Prefectura. A elección unánime de todos los representantes de los GAD, se posesionó a Carlos Encalada como el viceprefecto que asumirá como titular en menos de un mes. Consenso entre autoridades, pero no es un líder escogido por voto popular.

El peso de la inestabilidad en el agro

Frente a esta coyuntura, José Luis García, representante de la Coordinación para el Comité de Defensa del Agricultor, refleja la incertidumbre productiva. Sobre el inminente relevo en la Prefectura del Guayas, García es cauto. Reconoce que Encalada es ganadero, pero advierte sobre su inexperiencia administrativa.

“Muchas personas del área privada fracasan en lo público. Lo lógico es que Encalada ratifique a los funcionarios que están”, señala. Para él, Marcela Aguiñaga dejó la “vara alta” y un vacío evidente. Su gestión sí llegó al verdadero agricultor con el censo agrícola y kits de fertilizantes.

Pero la preocupación de García trasciende el tema de la Prefectura. La inestabilidad local choca con las políticas económicas del Gobierno central, asfixiando al agro. “La principal preocupación es la inestabilidad que ha generado el Gobierno con los precios de sustentación”, afirma. A esto suma las altas tasas de interés por encima del 17 % y acuerdos comerciales que exponen a sectores agrícolas.

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El análisis desde la academia

La visión gremial encuentra eco en la academia. El vacío de poder, a un año de cerrar las gestiones seccionales, golpea la operatividad. Robert Friend, abogado y docente de la Universidad Espíritu Santo (UEES), explica que el mayor riesgo es perder la normalidad operativa.

"La autonomía exige presencia institucional, coordinación y continuidad. Cuando una administración local se somete a procesos de remoción, quien termina asumiendo el costo (...) es la ciudadanía".Robert Friend

Estefanía Luzuriaga, docente investigadora de la Universidad Casa Grande, añade que esta situación agudiza la crisis institucional. Para la experta, el caos tiene un efecto distractor. “Centra la atención en un escándalo político que genera mayores distancias entre el ciudadano y sus gobernantes”, argumenta. Luzuriaga precisa que la pugna interna desgasta recursos y frena decisiones estratégicas. “La gente siente que problemáticas como servicios o inversión social quedan en segundo plano frente a los conflictos de las autoridades”, puntualiza.

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A la par, Manuel Balda, director de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, alerta del impacto severo en la gestión técnica. Cambiar autoridades a mitad de año dificulta ejecutar proyectos vigentes y entorpece la planificación para 2027. “Al ser un año electoral el próximo, el presupuesto se prorroga. Las autoridades que recién llegan harán la planificación al apuro. Tendrá un impacto doble, tanto para este año como para el próximo. Esta inestabilidad es bastante negativa para el funcionamiento ordinario”, analiza.

¿Mejorará el panorama en lo que resta del año? La academia es pesimista. El adelanto de las elecciones seccionales para el 29 de noviembre contamina cualquier estabilización. Friend advierte que si la confrontación política y la campaña anticipada absorben a los gobiernos locales, la inestabilidad se agravará. “Ese escenario distrae a la administración de lo prioritario: cerrar obras, atender emergencias y ejecutar presupuestos”.

Balda concluye tajante: “No se retomará un curso de normalidad. Debido al complejo contexto electoral, los políticos están mucho más preocupados en sus estrategias y candidaturas que en la gestión pública pura. La inestabilidad en la provincia permanecerá y se agravará irremediablemente”

Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

Internacional

Israel y Líbano prorrogan la tregua, las conversaciones EEUU-Irán siguen estancadas

Agencia AFP

A pocos sorprenden las críticas y los comentarios despectivos vertidos por el mandatario estadounidense sobre el hijo menor del rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle. Pero parecía que entre ellos había una tregua. Hasta que el jueves 23 de abril de 2026, el duque de Sussex ofreció una conferencia de seguridad en Ucrania con palabras dedicadas a Trump y a su homólgo ruso, Vladímir Putin.

Trump responde a Enrique de Inglaterra

“Este es un momento para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, dijo Enrique.

Horas después, Trump reaccionó en la Casa Blanca con la vehemencia que lo caracteriza. “De una cosa estoy seguro: el príncipe Enrique no habla por el Reino Unido. Creo que yo represento más al Reino Unido que el príncipe Enrique. Pero aprecio su consejo”.

Antecedentes entre Trump y los duques de Sussex

La difícil relación entre Trump y el duque de Sussex no es nueva. El mandatario ya había emitido comentarios sobre Meghan Markle y sobre su situación migratoria en Estados Unidos.

Todo parece remontarse a 2023, cuando la Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense creada en 1973, cuestionara la legalidad de la concesión de la residencia al príncipe luego de que este admitiese haber consumido drogas en uno de los capítulos de su biografía En la sombra.

Dos años después, Trump descartó una posible deportación del príncipe, pese a cuestionamientos sobre su visado. “Ya tiene suficientes problemas con su mujer, es terrible”, alegó.

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Meghan Markle Vs Trump

Meghan Markle también ha tenido diferencias públicas con el presidente. Antes de convertirse en miembro de la realeza británica (2018) lo calificó de "misógino" y "polémico".

Como era de esperarse el ahora presidente de Estados Unidos, en 2019, durante una visita a Londres, se refirió a ella como “antipática” y “desagradable”. 

“No soy fan de ella... Le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar”, aseguró luego sobre la exactriz, quien en 2018 y 2021 formara parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

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Donald Trump se refiere a Meghan Markle como “horrible”

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La visita de Carlos III a Estados Unidos

El cruce de declaraciones ocurre antes de la visita oficial de Carlos III y Camila a Estados Unidos, programada para el 27 de abril.

El encuentro incluye una reunión con Trump en la Casa Blanca y actividades en Washington, Nueva York y Virginia. La visita busca conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según lo previsto, no se contempla un encuentro entre el rey y su hijo durante esta gira, un tema que siempre despierta la atención mediática.

Lo que debes saber de este seguimiento

• Tampoco se muestran fechas de ingreso o salida de cargos, claves para detectar incrementos patrimoniales.
• El sistema sigue exigiendo datos personales para acceder a información que antes era pública y directa.
• Organizaciones de la sociedad civil exigen que se eliminen restricciones.

Aunque el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible tras los fallos registrados en días anteriores por un supuesto ataque informático, el acceso a la información pública no ha sido restituido en su totalidad y su titular, Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien asumió el cargo con un discurso de transparencia, no ha dado la cara a pedidos de entrevista de EXPRESO.

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El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, es decir, información pública. Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió, pero a medias: retiró la marca de agua que hacía casi imposible leer los montos de los bienes y desbloqueó el desglose de las propiedades. 

Sin embargo, hasta la tarde de este 24 de abril se mantiene oculto el año al que corresponden las declaraciones y las fechas de ingreso y de salida del cargo que ocupó el servidor público. Esto era visible hasta hace unas semanas.

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Otro de los principales obstáculos es que los ciudadanos deben seguir ingresando información personal para acceder a los datos, un requisito que antes no existía en este sistema de consulta pública.

Sin fechas, no hay trazabilidad del patrimonio

La falta de estos datos impide realizar un seguimiento adecuado del patrimonio de los servidores públicos. El año de cada declaración es un elemento esencial para identificar variaciones en los bienes declarados a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si un funcionario inicia su gestión con un patrimonio de $ 200 mil y la concluye con $ 1,5 millones, ese incremento solo puede ser identificado como una alerta si se conoce con precisión cuándo fueron presentadas esas declaraciones.

Sin esa referencia temporal, el análisis se vuelve incompleto. La información pierde contexto y limita la posibilidad de detectar posibles irregularidades o incrementos injustificados.

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Un impacto directo en la transparencia

Estos vacíos generan una afectación directa a la transparencia, a la contraloría social, como lo definen organizaciones que promueven la fiscalización del poder público.

En la última década, se han registrado varios intentos por restringir el acceso a este tipo de información pública. La situación actual se suma a ese historial y vuelve a colocar en debate el alcance real del acceso ciudadano a los datos de los funcionarios, quienes sí deben estar en el foco del escrutinio ciudadano.

Las limitaciones no solo afectan a los ciudadanos en general, sino también al periodismo de investigación y a los activistas que realizan seguimiento al uso de recursos públicos.

Este escenario cobra mayor relevancia en contextos clave, como los procesos de selección de autoridades. Actualmente, por ejemplo, está en marcha la designación del Fiscal General del Estado, y en los próximos meses se desarrollarán procesos para elegir autoridades seccionales.

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Las claves del caso

• El retorno de Bianca Salame al Municipio ha generado reacciones en redes sociales, especialmente tras la difusión de un video en el que promociona un evento de ProAnimal fuera de la ciudad.
  
• La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó al Municipio un informe detallado sobre un evento de ProAnimal realizado en Samborondón.

La promoción de un evento por parte de la Dirección ProAnimal del Municipio de Guayaquil en Samborondón ha generado cuestionamientos políticos. La concejala del PSC, Ana Chóez, solicitó este viernes 24 de abril información detallada a la alcaldesa Tatiana Coronel sobre esta actividad.

La inquietud surge tras la difusión en redes sociales oficiales de una convocatoria para un acto en el km 2.5 de la vía Samborondón. Según la edil, esto genera “legítimas preocupaciones sobre el uso de recursos públicos municipales” y la planificación territorial.

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En el documento enviado, Chóez señala que la promoción del evento se realizó bajo la identidad institucional del Municipio de Guayaquil, incluyendo el eslogan “#AsíSeHaceGuayaquil”.

La concejala solicita un informe detallado que incluya:

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El cuestionamiento central gira en torno a si una entidad municipal puede desarrollar actividades fuera de su jurisdicción sin un sustento legal claro. La edil advierte que esto podría implicar una mala priorización de necesidades dentro de Guayaquil.

Hasta el momento, la alcaldesa Tatiana Coronel no ha emitido una respuesta pública sobre este requerimiento.

¿En qué consiste el evento?

El acto está previsto entre las 10:00 y 11:30 en el kilómetro 2.5 de la avenida Samborondón. En el video promocional se escucha: “Ven a conectar, respirar y quizás llevarte un nuevo compañero de vida. Yoga con gatos, porque a veces la calma llega con bigotes”.

FirmaEC está caído

• FirmaEC registra indisponibilidad para la rúbrica y validación de archivos.
• Mintel autoriza el uso de aplicaciones externas con certificados acreditados.
• El envío de los oficios debe realizarse manualmente mediante el sistema Quipux.

Los servicios de firmado y validación de documentos de la plataforma estatal FirmaEC registran una indisponibilidad temporal debido a ajustes técnicos. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) confirmó la caída del sistema este viernes 24 de abril de 2026, lo que frena el flujo regular de la gestión documental pública a nivel nacional.

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Contingencia y uso del Quipux

La paralización de FirmaEC obliga a funcionarios y ciudadanos a buscar métodos alternativos para no detener las actividades institucionales. Según la cartera de Estado, el equipo técnico trabaja en el restablecimiento del servicio, pero no se ha emitido un tiempo estimado para la normalización de la plataforma.

Ante la falla, el Mintel habilitó un procedimiento de contingencia amparado en el Acuerdo Ministerial 17-2020. 

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“No sé qué es lo que pretendía el Gobierno inventando que he pedido asilo. No he ido a México aún. Sí tengo pensado ir en vista con los partidos de izquierda”, aseguró.

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Las declaraciones las ofreció a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Desde el viernes 24 de abril de 2026, militantes de la Revolución Ciudadana hicieron una convocatoria para recibirla.

¿Por qué habló de asilo en México?

Durante la última semana se extendió la versión de que la dirigente política había solicitado asilo en ese país. Allí se encuentran otros altos perfiles del correísmo. Incluso, antes de su designación como nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira permaneció varios años en el país norteamericano.

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Sin embargo, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien encendió la polémica con declaraciones del 23 de abril en una entrevista radial. 

“No tiene nada. Pero, por lo que he podido leer un poco, lo que tiene es miedo de regresar y es pasa, normalmente, con la gente que tiene rabo de paja”, dijo en Radio Sucre ante la pregunta sobre el supuesto pedido de asilo.

Este 25 de abril, González afirmó: “En ningún momento he pedido asilo a ningún país del mundo. Juntos vamos a trabajar para levantar este país”, señaló la también expresidenta del movimiento correísta.

Sobre las declaraciones de Reimberg, González dijo que se anticipan a lo que se podría haber encontrado en sus dispositivos electrónicos. Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía, allanó la vivienda de la excandidata presidencial en el marco de la investigación del denominado caso Caja Chica.

“Ni siquiera nos han llamado a la apertura de dispositivos electrónicos. ¿Qué te da a entender? A más de que controlan la justicia, que usan los allanamientos para sembrar pruebas. No le debo nada”, aseguró la dirigente política.

La convocatoria fue hecha para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la organización indígena en Quito. Uno de los promotores fue el abogado y activista político Washington Andrade. Él se encargó de difundir la invitación, pero esa misma acción desencadenó una pugna con dirigentes de la Conaie.

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El conflicto por la sede

Tras la difusión de la invitación, Andrade hizo un nuevo anuncio. “Marlon Vargas (presidente de la CONAIE) reculó en la autorización de facilitar el auditorio de la Conaie para la realización de la auto convocatoria a asamblea ciudadana y el lanzamiento de la app Revoca EC”.

Para Andrade, los motivos para ese cambio de opinión tendrían que ver con presiones desde el Gobierno de Daniel Noboa, aunque el mismo abogado aseguró no conocer las razones de la decisión.

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Según un oficio expuesto en redes sociales, la decisión de no facilitar la sede de la Conaie estaría relacionada con que el lugar no cumple con las condiciones para el desarrollo de la agenda.

La respuesta de la Conaie

Después de la publicación hecha por Andrade, uno de los dirigentes de la Conaie reaccionó. Se trató del encargado de comunicación de la organización indígena, Simón Velasco. 

Él escribió: “Anda perdido abogado Andrade: 4 horas debatiendo en último Consejo Ampliado con presidentes de nuestras organizaciones y decidimos regresar a los territorios. Avance en la agenda de revocatoria pero no se tome el nombre de la CONAIE”.

Ahora, la convocatoria fue hecha para el mismo día, pero a las 17:00, en la sede de la Fenocín en Quito. En un video difundido por Andrade aparece el dirigente de esa organización campesina e indígena, Guido Perugachi. Él allí dice: “Nosotros no tenemos miedo”.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• Mercedes Caicedo fue designada el 24 de abril para estabilizar la justicia en Ecuador.
• El CPCCS nombró a Caicedo tras meses de interinidad institucional.
• Consejo de la Judicatura requiere $200 millones para depuración y modernización judicial.

El Consejo de Participación Ciudadana designó a Mercedes Caicedo como nuevo vocal principal del Consejo de la Judicatura.

Por norma, esa designación implica asumir de inmediato la presidencia del órgano.

Vocal designado vs. acefalía institucional: la resolución pone fin a semanas de conducción encargada.

¿Qué cambia en la Judicatura desde ahora?

El organismo vuelve a contar con una autoridad titular en su máxima instancia.

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Esto habilita decisiones administrativas y disciplinarias que estaban pendientes durante la interinidad.

Continuidad formal vs. cambios reales: la estabilidad llega en lo institucional, no necesariamente en lo estructural.

Política

¿Quién es Mercedes Caicedo, la nueva presidenta titular del Consejo de la Judicatura?

Nadia Larco Bravo

¿En qué contexto se produce la designación?

La Judicatura atravesó una etapa de vacancia tras la salida de su anterior presidente.

Durante ese lapso, el organismo fue dirigido de forma temporal mientras avanzaba el proceso de selección.

Normalización del cargo vs. crisis de fondo: el relevo se da en un ambiente de alta desconfianza ciudadana.

¿Quién asume la presidencia del Consejo de la Judicatura?

El nuevo vocal principal proviene de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia.

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Su perfil combina experiencia judicial y una propuesta orientada a reformas internas.

Trayectoria técnica vs. presión política: el desafío es sostener independencia en un entorno fragmentado.

¿Hubo consenso en el CPCCS?

La designación no contó con unanimidad en el Pleno del CPCCS.

Algunos consejeros expresaron reparos sobre el proceso y votaron en contra.

Mayoría suficiente vs. cuestionamientos persistentes: la decisión es legal, pero no exenta de críticas.

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¿Qué papel juega el vocal suplente?

Junto al vocal principal se designó a un suplente para completar el periodo.

Este rol cobra relevancia ante eventuales ausencias temporales o definitivas.

Titular vs. suplente: una dupla que busca evitar nuevas vacancias en la Judicatura.

¿Cuáles son los retos inmediatos del nuevo presidente?

La Judicatura enfrenta atrasos procesales, déficit presupuestario y cuestionamientos internos.

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También persisten denuncias de corrupción y presiones del crimen organizado sobre jueces.

Cambio de nombre vs. transformación institucional: el reto es pasar del relevo al resultado.

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¿Este nombramiento marca un punto de quiebre?

La designación representa un cierre administrativo del proceso de reemplazo.

Sin embargo, no garantiza por sí sola una reforma profunda del sistema judicial.

Estabilidad en el cargo vs. estabilidad del sistema: el verdadero impacto aún está por verse.

Este 25 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe en el que se señala que solo hubo 11.134 firmas válidas.

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El Pleno del organismo aprobó, con cinco votos, el informe en el que se establece que la propuesta no cumple con el mínimo del 0,25% de firmas del padrón electoral como respaldo. En total, el proponente debía contar con poco más de 34.000 firmas válidas para que la propuesta regrese a la Asamblea Nacional.

Con base en la Constitución y el Código de la Democracia, quienes proponen una iniciativa normativa desde la ciudadanía podrán solventar la falta de rúbricas en un plazo de 90 días, en caso de optar por continuar con el trámite.

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La vocal Elena Nájera, quien votó a favor de la aprobación del informe, señaló en el Pleno que, en el caso del proyecto de ley, se requieren 34.136 firmas. “El área técnica indica que, del total de 2.158 formularios presentados, 2.113 fueron considerados válidos”.

¿De qué se trata la Ley sobre el Uso del Cannabis?

El proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador ingresó como iniciativa ciudadana el 21 de agosto de 2025 a la Asamblea Nacional.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la despenalización del autocultivo. El proyecto plantea que cada ciudadano mayor de edad pueda mantener hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal.

También se establece una restricción: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica.

De aprobarse la ley, se crearía una nueva entidad dentro del aparato estatal: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, un organismo autónomo que asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva.

En la Asamblea se conformó una comisión para tramitar la iniciativa. Con 142 votos, el Pleno aprobó el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto. Con ello, la propuesta avanzó al CNE. Para que regrese al Legislativo, se deberá cumplir con el número de firmas requerido.

Lo que debes saber

• La confrontación entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga se intensifica tras acusaciones de presiones y fraude político en la Prefectura del Guayas, en medio de la designación del nuevo viceprefecto.
• Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente!".

La tensión entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga continúa escalando en medio de la crisis política en la Prefectura del Guayas. El exmandatario volvió a pronunciarse públicamente y acusó a la prefecta de mentir sobre su salida del cargo.

El conflicto se reactivó luego de que Aguiñaga asegurara en una entrevista en Radio Pichincha que su decisión fue personal y sin presiones externas. 

“No ha existido ningún tipo de presión; son decisiones particulares”, afirmó, defendiendo su postura sobre la situación institucional.

Sin embargo, Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente! Seguramente por eso también renunció el viceprefecto”, escribió, cuestionando la versión de su exministra de Ambiente.

Además, lamentó que, según su criterio, Aguiñaga no haya enfrentado la situación con el respaldo del movimiento.

El exmandatario fue más allá y aseguró que la prefecta está afectando su legado político. “Cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Una lástima”, agregó.

Gobierno de Daniel Noboa niega injerencia

En paralelo, el Gobierno de Daniel Noboa también se pronunció sobre el cambio en la Viceprefectura del Guayas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó cualquier tipo de intervención del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada.

Durante una entrevista, Morillo criticó la postura del correísmo. “Cada ladrón juzga por su condición”.

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Desde el movimiento político, la presidenta Gabriela Rivadeneira calificó lo ocurrido como un atentado democrático. Según su versión, la Prefectura habría sido entregada bajo presiones.

Recientemente, la madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la designación de Carlos Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

Lo que debes saber

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• Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente!".

La tensión entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga continúa escalando en medio de la crisis política en la Prefectura del Guayas. El exmandatario volvió a pronunciarse públicamente y acusó a la prefecta de mentir sobre su salida del cargo.

El conflicto se reactivó luego de que Aguiñaga asegurara en una entrevista en Radio Pichincha que su decisión fue personal y sin presiones externas. 

“No ha existido ningún tipo de presión; son decisiones particulares”, afirmó, defendiendo su postura sobre la situación institucional.

Sin embargo, Correa respondió en su cuenta de X. “¡Cómo miente! Seguramente por eso también renunció el viceprefecto”, escribió, cuestionando la versión de su exministra de Ambiente.

Además, lamentó que, según su criterio, Aguiñaga no haya enfrentado la situación con el respaldo del movimiento.

El exmandatario fue más allá y aseguró que la prefecta está afectando su legado político. “Cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Una lástima”, agregó.

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En paralelo, el Gobierno de Daniel Noboa también se pronunció sobre el cambio en la Viceprefectura del Guayas. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó cualquier tipo de intervención del Ejecutivo en la designación de Carlos Encalada.

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Recientemente, la madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la designación de Carlos Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

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Manzano señaló: “Como se lo he dicho al presidente, porque esto fue una decisión que tomé hace más de mes y medio, que me senté con él en su despacho y le dije que necesitaba retomar mi vida familiar”.

En ese punto, la aún ministra de Estado se refirió a su hija. “Yo a mi hija me debo sobre todo”, dijo. Con ello añadió una razón más a su decisión de dejar uno de los ministerios más sensibles que, entre sus retos, tuvo enfrentar la crisis energética de 2024 y que fue señalado por contratos fallidos con Progen y ATM.

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Sobre la transición en el ministerio

Respecto al eventual cambio de autoridad, Manzano señaló que tiene “todos los informes habidos y por haber”. A esto añadió que su aspiración es que la persona que llegue tenga éxito. 

“Es decir, que todo lo que abonamos en el camino él lo coseche. Es ser patriota: dejar todo listo para que la otra persona solo coja las riendas”, aseguró.

Según Manzano, el desarrollo del Ecuador depende del Ministerio de Ambiente y Energía. Aunque, un dato relevante es que la salida de Manzano se registra en medio de los cuestionamientos por nuevos apagones. 

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre su salida?

Inés Manzano ha sido uno de los perfiles más cercanos al presidente Daniel Noboa. Asumió el Ministerio de Energía, antes de su fusión con el de Ambiente, durante la crisis energética de 2024 y reemplazó a Antonio Gonçalves.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo el 24 de abril de 2026 que la decisión sobre la salida de Manzano responde a la necesidad de “oxigenar” la gestión estatal. 

Según la funcionaria, la decisión fue tomada directamente por el presidente Daniel Noboa. Hasta el momento, se conoce que el reemplazo de Manzano sería anunciado a finales de abril. La aún ministra también ha confirmado que no ocupará un nuevo cargo público.

La convocatoria fue hecha para el martes 28 de abril de 2026 en la sede de la organización indígena en Quito. Uno de los promotores fue el abogado y activista político Washington Andrade. Él se encargó de difundir la invitación, pero esa misma acción desencadenó una pugna con dirigentes de la Conaie.

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El conflicto por la sede

Tras la difusión de la invitación, Andrade hizo un nuevo anuncio. “Marlon Vargas (presidente de la CONAIE) reculó en la autorización de facilitar el auditorio de la Conaie para la realización de la auto convocatoria a asamblea ciudadana y el lanzamiento de la app Revoca EC”.

Para Andrade, los motivos para ese cambio de opinión tendrían que ver con presiones desde el Gobierno de Daniel Noboa, aunque el mismo abogado aseguró no conocer las razones de la decisión.

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Según un oficio expuesto en redes sociales, la decisión de no facilitar la sede de la Conaie estaría relacionada con que el lugar no cumple con las condiciones para el desarrollo de la agenda.

La respuesta de la Conaie

Después de la publicación hecha por Andrade, uno de los dirigentes de la Conaie reaccionó. Se trató del encargado de comunicación de la organización indígena, Simón Velasco. 

Él escribió: “Anda perdido abogado Andrade: 4 horas debatiendo en último Consejo Ampliado con presidentes de nuestras organizaciones y decidimos regresar a los territorios. Avance en la agenda de revocatoria pero no se tome el nombre de la CONAIE”.

Ahora, la convocatoria fue hecha para el mismo día, pero a las 17:00, en la sede de la Fenocín en Quito. En un video difundido por Andrade aparece el dirigente de esa organización campesina e indígena, Guido Perugachi. Él allí dice: “Nosotros no tenemos miedo”.

¿Qué implica la revocatoria de un mandato?

La figura está contemplada en la Constitución y su procedimiento también se detalla en el Código de la Democracia. Así, en el artículo 105 de la Carta Magna se señala que las autoridades de elección popular, incluido el presidente de la República, pueden ser revocadas por la ciudadanía.

“Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, se señala en la Constitución.

Existe, además, un requisito clave: el funcionario de elección popular, en este caso el presidente de la República, debe haber cumplido al menos un año en funciones. Este plazo se cuenta desde la fecha de su posesión en la Asamblea. En el caso del binomio Noboa/Pinto, el primer año se cumplirá el próximo 24 de mayo de 2026.

Lo que debes saber

• El burgomaestre de Guayaquil fue detenido en febrero de 2026.
• El alcalde de Guayaquil es investigado por la Fiscalía General del Estado.
• En abril, magistrados de Pichincha le levantaron la prisión preventiva en uno de los tres casos en el que la Fiscalía lo investiga.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel de El Encuentro, situada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. La decisión fue ratificada por el juez Leodán Coronel, de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito de la Corte de Justicia del Guayas.

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Defensa no logra revertir la medida

La diligencia judicial se desarrolló el jueves 23 de abril de 2026. Álvarez participó en la audiencia de manera virtual.

Aunque la defensa cuestionó la medida por una supuesta falta de análisis de riesgos y alegó que el político cumplió con las presentaciones periódicas ordenadas, sus argumentos fueron desestimados. En consecuencia, el magistrado negó la apelación a la prisión preventiva, impuesta por presunto incumplimiento del uso de grillete electrónico.

El burgomaestre permanece detenido desde la madrugada del 10 de febrero de 2026. Ese día, su vivienda, ubicada en una urbanización de Samborondón, fue allanada por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Caso Goleada y fallo en Pichincha

El alcalde de Guayaquil fue aprehendido en su domicilio durante el operativo denominado “Caso Goleada”. Esta investigación indaga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, aunque el 2 de abril la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la prisión preventiva en ese proceso.

Además, Álvarez enfrenta otra investigación conocida como el “Caso Triple A” por presunto tráfico de combustible. También es indagado por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.