Lo que debes saber

• El canciller Roberto Kury respondió a los cuestionamientos por la soberanía de Ecuador frente a las operaciones de Estados Unidos.
• Aseguró que existe coordinación con Ecuador y descartó que las fuerzas estadounidenses actúen de manera independiente.

La cooperación militar y de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos genera cuestionamientos sobre la soberanía nacional. Frente a esas críticas, el canciller Roberto Kury aseguró que las operaciones estadounidenses no se realizan de manera independiente y que existe coordinación con las autoridades ecuatorianas, las Fuerzas Armadas y la Policía.

Este 11 de septiembre de 2026, Kury fue consultado en una entrevista con Ecuador TV sobre los cuestionamientos respecto a la soberanía y los acuerdos alcanzados con Estados Unidos. Dijo que no hay que verlo solamente desde esa arista. “Entiendo que existe esa preocupación de la soberanía. Pero yo no lo veo así. Invito a la ciudadanía a que tampoco lo vea así. Esto es una cooperación”, aseguró.

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Kury manifestó que este tipo de cooperación va de la mano con el mismo Gobierno ecuatoriano, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “No tiene que haber preocupación por eso. No actúan ellos de forma independiente (respecto a EE.UU)”, señaló el canciller.

Sobre el hundimiento de barcos

Las declaraciones de Kury ocurren en medio de cuestionamientos e incluso de una investigación de The Washington Post, en la que se habla del alcance de las operaciones en altamar. Uno de los casos reportados a inicios de este año tiene que ver con la desaparición del pesquero Fiorella. Ocho tripulantes continúan desaparecidos y se presume que murieron en el mar.

Este es uno de los casos bajo la lupa en medio de una investigación de The Washington Post, medio de comunicación estadounidense, que sostiene que las operaciones se desarrollaron bajo la figura de "acción encubierta", un mecanismo autorizado por la Presidencia de Estados Unidos que permite ejecutar operaciones secretas sin reconocer oficialmente la participación gubernamental.

Recientemente se hundieron otras dos embarcaciones. Además, la tripulación de uno de esos barcos, sobre el cual EE.UU. dijo que funcionaba como abastecimiento para el narcotráfico, fue trasladada a costas ecuatorianas. Un total de 32 de sus tripulantes fueron procesados.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, dijo este viernes en Teleamazonas que, para lo que está ocurriendo en aguas internacionales, existe una coordinación con Estados Unidos.

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La finalidad, señaló Delgado, es que, a través de información de Inteligencia, se pueda determinar cuáles son los buques o lanchas que están siendo parte de la cadena logística del narcotráfico. Aseguró que hasta el momento se han hundido entre cinco y seis embarcaciones.

También insistió en que dichas operaciones han ocurrido en aguas internacionales. “En el caso de los EE.UU. se hace con toda su normativa y legalidad internacional actuando en aguas internacionales. En nuestro caso estamos recibiendo a la tripulación de las diferentes embarcaciones y trasladándola al continente con la finalidad de que sigan el proceso legal”, dijo el jefe del Comando

Lo que debes saber

• El proceso para elegir a los nuevos consejeros del CPCCS está en marcha.
• El CNE publicará el listado oficial de postulantes el 24 de septiembre.
• La elección de los integrantes del organismo será el 29 de noviembre de 2026.

Mónica Jaramillo cuestionó la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dejó fuera su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. La abogada y presidenta del Observatorio de Control Ciudadano sostiene que la resolución afecta sus derechos políticos y anunció que recurrirá a las instancias legales que correspondan.

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Una interpretación que cuestiona

A través de un comunicado difundido en su cuenta personal de X, Jaramillo señaló que el organismo jurisdiccional rechazó su aspiración mediante una interpretación extensiva de la normativa. Aseguró, además, que la propia resolución reconoce que cumple con los requisitos de probidad notoria y que no está incursa en prohibiciones ni inhabilidades.

Según su pronunciamiento, el criterio adoptado por el TCE se relaciona con una denuncia ciudadana sobre su ejercicio profesional, asunto que, según afirmó la jurista, ya fue investigado por el Consejo de la Judicatura sin que derivara en una sanción. Para Jaramillo, el organismo electoral aplicó una “interpretación extensiva de la norma”, pese a que, sostuvo, “las interpretaciones extensivas no pueden convertirse en nuevas restricciones”.

La jurista también cuestionó que la resolución afecta la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente entre quienes cumplen las condiciones establecidas para competir. Además, sostuvo que las normas deben aplicarse bajo criterios de seguridad jurídica y favorabilidad, sin ampliar las restricciones a los derechos de participación.

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Jaramillo anuncia acciones legales

Jaramillo anunció que agotará todas las instancias legales dentro de Ecuador y que, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales para defender su aspiración. Su caso se conoce mientras avanza el proceso electoral del CPCCS, cuyo listado oficial de postulantes calificados será publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 24 de septiembre de 2026.

La elección está prevista para el 29 de noviembre. Las autoridades electas ejercerán durante el periodo 2027-2031.

Lo que debes saber

• El Gobierno aplicará toque de queda del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias.
• Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro tendrán restricción por operativos contra bandas.
• Entre medianoche y las 05:00 solo circulará personal de emergencia autorizado.

El Gobierno anunció la aplicación de un nuevo toque de queda en cuatro provincias como parte de una estrategia enfocada en la lucha contra el crimen organizado. La medida regirá durante dos semanas y estará acompañada por operativos de seguridad ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026 estará vigente una restricción de movilidad en las provincias.

Provincias y horarios

Según explicó el funcionario, la decisión busca facilitar el desarrollo de operaciones de seguridad dirigidas contra estructuras delictivas que operan en estas jurisdicciones. 

Operativos intensivos durante las madrugadas

De acuerdo con el anuncio, el toque de queda tendrá un carácter temporal y focalizado. Durante las horas de restricción, los organismos de seguridad intensificarán acciones operativas en los sectores priorizados.

La disposición obliga a los habitantes de las cuatro provincias a permanecer en sus domicilios dentro del horario establecido, con el objetivo de facilitar los despliegues policiales y militares previstos para esos días.

El Gobierno argumenta que la medida responde a necesidades específicas de seguridad y forma parte de la estrategia impulsada para contener la violencia asociada al crimen organizado.

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No habrá salvoconductos

Una de las particularidades de la medida es que no se emitirán salvoconductos para actividades particulares.

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Las únicas excepciones contempladas: 

En el caso de los medios de comunicación, el Ministerio del Interior indicó que podrán realizar coberturas informativas siempre que se encuentren debidamente identificados y acompañen a las fuerzas del orden durante los operativos.

Medida en medio de la lucha contra el crimen organizado

Las autoridades sostienen que el objetivo es debilitar la capacidad de acción de las organizaciones delictivas y recuperar el control de zonas afectadas por actividades relacionadas con extorsión, secuestro, narcotráfico y otros delitos.

El Gobierno aseguró que la intervención contará con la participación conjunta de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los ministerios del Interior y Defensa, además de cooperación internacional en materia de seguridad.

Lo que debe saber

• Daniel Noboa viajará a Nueva York a finales de septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU.
• El canciller Roberto Kury confirmó el viaje y adelantó que Ecuador espera seguir ampliando mercados.
• La cita internacional también llega después de la visita de Marco Rubio y sus anuncios de nuevos recursos de Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal.

El presidente Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos. Esta vez lo hará para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio fue hecho por el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que este es el único viaje programado luego de que Noboa regresara de su gira por Asia. Ese desplazamiento incluyó una visita a China y un encuentro con su presidente, Xi Jinping.

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“El próximo viaje que vamos a tener es a Nueva York por la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre. Más allá de eso no tenemos viajes aún confirmados o planificados. Sobre la agenda internacional el objetivo es seguir abriendo mercados”, aseguró Kury en una entrevista con Ecuador TV.

¿Qué se hará en la ONU?

A partir del 22 de septiembre está previsto el encuentro de alto nivel, que contará con la participación de diferentes jefes de Estado. Se trata del principal foro político de la ONU, donde los 193 Estados miembros fijan posiciones, negocian resoluciones y abordan los principales problemas internacionales.

La sesión 2026-2027 tiene como lema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”. Está presidida por el diplomático bangladesí Khalilur Rahman.

Hasta el momento no hay detalles sobre la participación de Ecuador. La semana clave será entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, cuando se desarrollará el debate general de la Asamblea.

Kury tampoco habló de la agenda que podría marcar la visita de Noboa a Estados Unidos. Esto ocurre después de que el miércoles pasado se registrara la segunda visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Ecuador.

Durante ese encuentro, Rubio catalogó a Ecuador como su principal aliado en el combate contra el narcoterrorismo. También anunció la posibilidad de entregar 45 millones de dólares para fortalecer esa lucha.

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Sobre este anuncio, Kury dijo este 11 de septiembre de 2026 que los recursos llegarán durante los próximos meses, sin especificar una fecha. Hay que recordar que el propio Rubio también habló de otros 10 millones de dólares para el combate a la minería ilegal.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), sin anuncio público, remitió el proceso a la Comisión de Fiscalización. Esta última, en una sesión que duró menos de 16 minutos y con una sola intervención del asambleísta del oficialismo Luiggi García, el pasado 5 de septiembre calificó la solicitud del independiente y aliado de ADN Sergio Peña.

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Este último, con las firmas de apoyo de ADN, ha impulsado solo el proceso. Ha dicho que cuenta con imágenes y videos sobre una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, aspirante al cargo de fiscal general. Eso, según Peña, podría configurar el incumplimiento de funciones.

La acusación no es menor. El CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del titular de la Fiscalía, un proceso que ha enfrentado cuestionamientos desde su inicio. El mismo correísmo ha criticado el concurso y planteó solicitudes de juicio político en contra de cuatro vocales, incluido Rosero, por dichas irregularidades.

¿Qué dice el correísmo?

El asambleísta correísta Luis Molina, quien impulsó dichas solicitudes, habló de un cálculo político. “Lo de Rosero es parte de las maniobras políticas del Gobierno para mantener la mayoría en el CPCCS”, dijo. Todo esto con miras a la última etapa del concurso para la designación del fiscal.

Si bien el correísmo se abstuvo en la calificación de la solicitud en la Comisión de Fiscalización, Molina dice que como bancada no defenderán a nadie. “Tendrán que establecerse las pruebas de cargo y descargo. Quienes deben pronunciarse son los del Gobierno, porque a veces aceptan el juicio político y ahí queda. Otras veces se lo echa a andar de acuerdo con cómo se mueven las mayorías en el CPCCS”, añadió.

La visión del PSC

El asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano coincide en que la solicitud de juicio político tiene que ver con sostener la mayoría en el CPCCS. “Rosero conformaba la mayoría gobiernista y, al parecer, algo no ha cumplido y ahora se van a deshacer de él”, manifestó. El PSC aún no tiene una posición sobre si apoyará o no la censura y destitución en caso de que esta llegue al Pleno.

Desde el oficialismo no hay un pronunciamiento oficial sobre su posición al respecto. EXPRESO intentó contactar a María Paula Villacreces, vicepresidenta de la comisión, y Fabiola Sanmartín (ADN), integrante de la mesa, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La Comisión de Fiscalización está controlada por el oficialismo y es presidida por Ferdinan Álvarez. Tras la calificación del juicio, esa mesa emitió un comunicado en el que aseguró: “Aquí no se anticipan resultados ni se evaden responsabilidades. Serán los hechos y las pruebas los que determinen lo que corresponda”.

El apoyo de ADN será determinante ante dicha solicitud. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que para la censura de un vocal del CPCCS se requiere mayoría absoluta, es decir 77 votos. El oficialismo es el encargado de manejar esa mayoría. Aún sin apoyo de la Revolución Ciudadana, ADN podría dar paso a la censura y destitución.

Por ahora está pendiente que se determine el cronograma para la sustanciación de las pruebas de cargo y descargo. Ana Cecilia Herrera (RC), integrante de la Comisión dijo que está corriendo el plazo de 15 días para la presentación de las pruebas. Luego de eso empezará la sustanciación. 

Del lado de Peña ya se ha anunciado que las imágenes y videos de la supuesta reunión salieron de una cámara de seguridad. La misma se habría producido en un edificio de Cumbayá, en Quito, por cerca de dos horas.

El proceso incluirá un careo entre el asambleísta que busca la censura y el vocal del CPCCS. Al final, la comisión deberá presentar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento. Este no es vinculante para el Pleno. Aunque por normativa, después de la calificación en la comisión, el proceso ya no debería estancarse en la mesa legislativa.

Este sería el segundo proceso en contra de un vocal del CPCCS durante el actual periodo de la Asamblea. Antes, ADN llevó a juicio al exvocal Gonzalo Albán. 

También lo acusó de incumplir funciones, pero por un hecho ocurrido antes de que ejerza el cargo. Serrano recordó que en ese momento Albán le era incómodo al Gobierno, aunque no por una situación similar a la de David Rosero.

Lo que debes saber

• Tras 47 años de autonomía, Guayaquil debate si elige un alcalde afín al Gobierno central.
• Ocho candidatos disputan el sillón municipal ante un vacío de poder y un electorado fragmentado.
• El próximo alcalde de Guayaquil podría asumir con menos del 35 % de los votos válidos.

Por primera vez desde 1979, la ciudad podría tener un alcalde del partido del presidente. Bastaría con que el nivel de conocimiento pese más que la tradición.

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Desde el retorno a la democracia, ningún alcalde de Guayaquil ha pertenecido al partido del presidente de turno. Abdalá Bucaram fue alcalde bajo Febres-Cordero; Nebot convivió con cuatro presidentes distintos; Viteri con dos; Álvarez con Noboa. No hay que leerlo como oposición al Gobierno de turno, sino como una ciudad que resuelve aparte lo local. Guayaquil aprendió a recibir del centro sin pertenecer al centro.

A la ciudad actualmente la gobierna una alcaldesa subrogante. El vacío, además de exponerse en el cargo, es también de titular, de partido y de sucesión, los tres a la vez. Y sobre ese hueco se ordenan ocho candidaturas que conviene leer por lo que cada una gana y pierde al competir así.

Viteri y Roche: la disputa por el voto conservador y la identidad socialcristiana

Cynthia Viteri es quien, posiblemente, llega con mayor nivel de conocimiento y eso es relevante en una elección de tiempos acelerados. Encarna la restauración por vía ajena. Ya gobernó la ciudad y llega con el respaldo del Gobierno, pero carga una derrota reciente y participa en una lista que Guayaquil castigó en el referendo del 2025. Andrés Roche aspira a la Alcaldía, pero también a que el PSC siga vigente. Es quien más ha trabajado de forma coherente los vectores de identidad-imagen. Y al denunciar el 1 de septiembre el congelamiento de sus cuentas convirtió una crisis en visibilidad, al punto de que hasta candidaturas rivales salieron a respaldarlo y su nombre terminó circulando en los espacios de la competencia.

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Ycaza y Luzárraga: la fragmentación del electorado de izquierda y el correísmo

Fiorella Ycaza sustituye un liderazgo que no se transmite por partido sino por vínculo personal, es decir, no encabeza un liderazgo, lo representa. No compite para reemplazar a alguien; compite para que ese alguien no sea reemplazado. Mónica Luzárraga disputa una izquierda no subordinada al correísmo, no le debe la candidatura a un proyecto superior a ella. Sin embargo, la misma autonomía que la distingue, podría dejarla sin la maquinaria que sí tienen los otros tres. A estos nombres se suman cuatro candidaturas con escaso nivel de conocimiento y que provienen de organizaciones que hoy tienen poca estructura en la ciudad y para las que aparecer en la papeleta ya es, en sí mismo, un resultado.

Pugnas ideológicas y polarización del electorado guayaquileño

Viteri y Roche se pelean un mismo electorado, más amplio que el socialcristiano y más difícil de nombrar. Es urbano, conservador y definido sobre todo por lo que rechaza. Dentro de él conviven el que vota por eficacia y mide a un alcalde por obra visible, y el que vota por identidad y sigue leyendo a la ciudad en clave socialcristiana. Al primero, Viteri le habla desde el futuro, prometiendo el apoyo que este gobierno podría facilitarle; y Roche desde el pasado, ofreciendo repetir un modelo que la ciudad ya vio funcionar. El segundo tiende a quedarse con Roche, porque Viteri, al competir con la marca del Gobierno, le entrega la bandera autonomista sin pelearla.

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Ycaza y Luzárraga se disputan el voto correísta, y ni siquiera del todo. Hay un correísmo vertical y doctrinario, que vota por instrucción; y ese no se mueve de Ycaza. Y hay uno nostálgico, el que recuerda una época de presencia estatal y hoy no se reconoce ni en un aparato judicializado, ni en una lista prestada, y ese sí podría irse con Luzárraga.

Lo que Ycaza tiene aparte, y Luzárraga no le disputa, es el aquilismo, una causa que hoy admite matices, carece de partido propio y podría aún no estar estructurada desde la solidez identitaria. Lo que para Ycaza es más difícil disputar, y se vuelve capitalizable para Luzárraga, es el apoyo de una izquierda defraudada por las corrientes clásicas populistas.

Autonomía municipal frente a Carondelet y proyecciones electorales

¿Cuán independiente, distante o cercano sería el cabildo frente al Gobierno Central? Ahí, estas cuatro candidaturas ofrecen respuestas distintas. Dos de ellas podrían quedar supeditadas al poder central por vías opuestas; una por la organización que la postula y que le es ajena; y otra por factores que exceden lo electoral.

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Una tercera reclama la autonomía en su versión más clásica y conservadora. Y hay una cuarta que plantea una independencia que busca no deberle nada a ninguna maquinaria. Vale preguntarse entonces cuál de estas candidaturas se parece más a la ciudad que lleva 47 años eligiendo de manera no coincidente con lo que gobierna en Carondelet.

En 2023 Álvarez ganó con el 39,84 % frente al 30,33 % de Viteri, y unos 200.000 guayaquileños votaron nulo o blanco, mientras otros 305.000 no fueron a las urnas. El próximo alcalde puede llegar con menos del 35 % de los votos válidos. Esto plantea la hipótesis de que el nuevo burgomaestre de la urbe podría asumir el cargo sin la votación de la mayoría de los guayaquileños empadronados.

Lo que se sabe

• Abdalá Bucaram fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión
• Está acusado de colaborar en el delito de delincuencia organizada
• El expresidente dijo que también irá ante organismos internacionales

Al día siguiente de ser condenado en el caso Pruebas COVID-19, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, anunció este jueves 10 de septiembre de 2026 que apelará la sentencia y que acudirá a organismos internacionales.

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“¿Cómo puede ser que son 300 irregulares? Si no hay pruebas”, insistió el exmandatario ante el fallo -de primera instancia- que lo condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por colaborar con una red que almacenó y vendió de manera irregular pruebas para detectar covid, en 2020.

Recursos que puede presentar Abdalá Bucaram

Bucaram aseguró que apelará la sentencia. Su equipo de abogados podrá hacerlo dentro de los tres días posteriores a la notificación escrita del fallo judicial. Dijo que se presentarán pedidos de aclaración y ampliación. 

También mencionó que luego de que se complete el proceso judicial en Ecuador, prevé acudir a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El exgobernante no debe cumplir inmediatamente la sentencia, mientras no esté ejecutoriada. En caso de apelarse el fallo del 9 de septiembre, la condena aún puede ser revisada por un tribunal de instancia superior.

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Lo que debes saber

• Daniel Noboa reunió al Cosepe tras la designación de Los Tiguerones como grupo terrorista.
• Más de 950 detenidos deja el Plan de Protección de Quito, informó John Reimberg.
• La reunión en Quito ocurrió tras la visita de Marco Rubio y la cooperación con EE. UU.

El presidente Daniel Noboa encabezó este 10 de septiembre una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) en el Palacio de Gobierno, en Quito, un día después de que Estados Unidos incluyera a Los Tiguerones en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

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Al encuentro asistieron ministros de Estado, autoridades de la Policía Nacional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y representantes de instituciones del sistema de justicia, entre ellas el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

La reunión ocurre tras la decisión de Estados Unidos

La cita se desarrolló en medio del fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La inclusión de Los Tiguerones en la lista de grupos terroristas extranjeros por parte de Washington amplía las herramientas de colaboración entre ambos países para combatir a esta estructura criminal.

A través de sus redes sociales, Noboa afirmó que las instituciones del Estado mantienen una sola misión frente a las amenazas de seguridad y aseguró que quienes intentan afectar al país "seguirán esperando" encontrar distracciones en la estrategia gubernamental.

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Hasta el cierre de la reunión, la Presidencia no informó sobre nuevas decisiones operativas ni eventuales cambios en la estrategia de seguridad. Sin embargo, la Secretaría General de Comunicación indicó que durante la sesión se analizaron temas considerados prioritarios para el país.

El encuentro también se produjo un día después de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien mantuvo reuniones con autoridades ecuatorianas para abordar acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Más de 950 detenidos en el Plan de Protección de Quito

Durante la reunión, el ministro del Interior, John Reimberg, presentó los resultados del Plan de Protección de Quito. Según informó, la intervención deja hasta el momento más de 950 personas detenidas.

El funcionario también reportó incautaciones de droga, armas, municiones y explosivos, además de la recuperación de vehículos como parte de las operaciones ejecutadas dentro de ese plan de seguridad

“La actuación de Fernando Xavier Cornejo Valdez, ex Presidente del Directorio de Segura EP, así como la del técnico Franklin Andrés Asqui Contreras se encuentran directamente vinculadas con los hechos examinados y con la habilitación de los accesos identificados”, señala el documento.

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Con esto se hace referencia a la habilitación de una supuesta ‘sala espejo’ en el Municipio de Guayaquil. Según el informe, los accesos concedidos se otorgaron al margen de cualquier normativa y control, “en un contexto en el que intervinieron actores políticos ajenos a Segura EP”.

Uno de los puntos centrales de las conclusiones tiene que ver con el audio atribuido a Cornejo, en el que también intervendrían el expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, además del exoficial de la Policía Rodney Rengel.

La conversación se relaciona con el denominado caso Porsche. El mismo trata sobre la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria, precisamente en el sector donde residía el entonces único procesado por una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil. El vehículo pertenecía a Industrial Molinera, empresa del Grupo Noboa.

En el audio que se conoció en la Comisión se habla de una investigación paralela. Incluso se escucharía la participación del entonces jefe de la bancada correísta en la Asamblea, Juan Andrés González.

Sobre esto, el informe señala: “el audio reproducido durante el proceso de fiscalización evidencia una clara dimensión política ajena a las competencias y finalidades institucionales de Segura EP”.

Así también, el documento señala que la intervención de un actor político externo y sin competencia alguna sobre Segura EP, sumada al reconocimiento expreso de Fernando Cornejo respecto de su voz y de su participación en dicha reunión, evidencia que información vinculada con una entidad pública fue tratada fuera de los canales institucionales.

El informe que pasará al Pleno de la Asamblea concluye señalando la participación directa de Fernando Cornejo y del técnico Franklin Andrés Asqui. 

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“La gravedad de estos hechos radica en que involucraron una infraestructura pública destinada a la seguridad y habilitaron capacidades de acceso a información cuya utilización para fines ajenos a los institucionales podría comprometer la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de información estratégica”, dice el texto.

Entre las recomendaciones están:

Al final, el informe fue aprobado con siete votos a favor de los 10 posibles. Los dos asambleístas de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega y Gerardo Machado, estuvieron en contra. El suplente principalizado de Mariana Yumbay (PK) también votó en contra.

Al final de la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, Inés Alarcón, señaló: “Cuando un prófugo tiene acceso a un sistema de videovigilancia de una empresa pública, en complicidad con un exdirector corrupto, la justicia debe actuar con celeridad”.

Lo que debes saber

• La solicitud tiene una ventana de tiempo específica.
• El beneficio puede recibirse bajo dos modalidades.
• El pago termina cuando se cumplen determinadas condiciones.

Perder el empleo no significa quedarse sin un respaldo económico inmediato: los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que cumplen determinados requisitos pueden acceder al Seguro de Desempleo. La prestación contempla cinco pagos mensuales para quienes hayan quedado cesantes por causas ajenas a su voluntad y cumplan las condiciones establecidas.

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Estos son los requisitos para acceder al beneficio

Para acceder a este beneficio, el afiliado debe contar con al menos 24 aportaciones no simultáneas, de las cuales las seis últimas tienen que ser continuas. Además, debe permanecer como mínimo 60 días continuos en condición de cesante antes de iniciar el trámite.

Una vez cumplido ese período, la solicitud puede realizarse desde el día 61 y hasta 45 días posteriores. El proceso es en línea y comienza al ingresar a la página web del IESS:

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¿Cuánto se recibe y cómo se calcula el pago?

Por otro lado, existen dos alternativas para recibir el beneficio durante cinco meses. La primera contempla el 70 % del salario básico unificado vigente a la fecha del cese más el monto disponible en la cuenta individual de cesantía, siempre que el afiliado tenga fondos.

En esta modalidad, los cinco pagos corresponden al 70 %, 65 %, 60 %, 55 % y 50 %, respectivamente, del promedio de los últimos 12 sueldos percibidos. La segunda alternativa contempla únicamente el fondo solidario, con cinco pagos iguales equivalentes al 70 % del salario básico unificado vigente.

Finalmente, la prestación termina cuando el beneficiario reinicia actividades laborales o productivas que le generen ingresos, cuando se cumple el período máximo de duración, por fallecimiento o al jubilarse. Si vuelve a trabajar, debe solicitar inmediatamente la terminación del beneficio en la página web del IESS, ya que los valores de la parte fijan recibidos indebidamente deberán ser reintegrados junto con los intereses respectivos.

Lo que debes saber

• La Comisión conoció 39 contestaciones y aprobó las fechas para las audiencias públicas.
• Julia Villalta y Luigi Miranda no respondieron a las impugnaciones presentadas en su contra.
• Las audiencias tendrán exposiciones de 20 minutos y réplicas de 10 minutos por parte.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado conoció este 10 de septiembre de 2026 las contestaciones de los postulantes impugnados y aprobó el cronograma de las audiencias públicas. A través de la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el organismo procesó los descargos presentados por los aspirantes en el marco de esta fase de control y veeduría ciudadana.

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Respuestas de los aspirantes a fiscal general del Estado

La Secretaría General del CPCCS certificó la recepción formal de 39 contestaciones correspondientes a 24 postulantes al cargo. No obstante, se detalló que dos aspirantes no presentaron sus descargos reglamentarios:

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Ambos postulantes omitieron responder a las objeciones ciudadanas ingresadas dentro del proceso de selección.

Aprobación del calendario y reglas de las audiencias públicas

Durante la sesión, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el cronograma oficial bajo el cual se desarrollarán las comparecencias de impugnantes e impugnados.

El organismo recordó que los consejeros del Pleno del CPCCS podrán participar en estas jornadas, las cuales contarán con transmisión en directo a través de las plataformas digitales institucionales.

Reglas de comparecencia y tiempos de intervención

Para el desarrollo del debate, la comisión estableció lineamientos de participación obligatoria:

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Consecuencias por inasistencia de las partes

El reglamento fija los escenarios procesales ante la ausencia de los convocados:

Los puntos claves 

• Las elecciones seccionales se llevarán a cabo en todo el país el domingo 29 de noviembre de 2026.
• Los ciudadanos seleccionados para las mesas electorales deben capacitarse entre el 7 de septiembre y el 29 de noviembre de 2026.
  
• Se realizarán 45 debates para alcaldías y prefecturas en las jurisdicciones con más de 100.000 electores.
• El sufragio para Personas Privadas de Libertad sin sentencia será el 26 de noviembre y el Voto en Casa el 27 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la ejecución del calendario oficial para las elecciones seccionales de 2026. En esta contienda, un total de 13,8 millones de ecuatorianos participarán en la elección de 5.742 autoridades locales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La votación general está programada para el domingo 29 de noviembre de 2026, mientras que la posesión de las nuevas dignidades para el periodo 2027-2031 se cumplirá el 14 de mayo de 2027.

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Procesos cumplidos en el calendario

El proceso electoral dio paso a sus primeras fases operativas entre los meses de agosto y septiembre de 2026:

Próximas fechas y capacitación de miembros de mesa

Desde el 7 de septiembre de 2026, el CNE mantiene abiertas las capacitaciones obligatorias para los miembros de mesa designados. Este periodo de preparación se extenderá hasta el mismo día del sufragio.

Adicionalmente, el organismo electoral determinó los siguientes eventos técnicos:

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Campaña, debates y voto anticipado

La etapa previa a la jornada general concentrará las actividades proselitistas y las votaciones en modalidades especiales:

Campaña electoral: Transcurrirá del 12 al 26 de noviembre de 2026. Durante este tiempo se realizarán 45 debates obligatorios (21 para prefecturas y 24 para alcaldías) en cantones y provincias con más de 100.000 electores.

Voto de PPL sin sentencia ejecutoriada: Jueves 26 de noviembre de 2026.

Voto en Casa: Viernes 27 de noviembre de 2026.

Silencio electoral: A partir del 27 de noviembre hasta el cierre de la jornada de sufragio el 29 de noviembre de 2026.

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Sanciones por inasistencia a la capacitación o mesa

El CNE recalcó que la falta de notificación no excusa el cumplimiento del deber ciudadano. Quienes no acudan a las capacitaciones obligatorias recibirán una multa equivalente al 10 % de un Salario Básico Unificado (SBU), mientras que la inasistencia a integrar la junta receptora el día del proceso conlleva una sanción del 15 % del SBU.

La consulta de la asignación de mesa y del lugar de votación se encuentra disponible en la página web y la aplicación móvil del CNE.

Lo que debe saber

• El TCE confirmó que Henry Llanes queda fuera del proceso electoral al CPCCS.
• La candidatura presentó una copia simple en papel de un certificado digital de la UAFE.
• El fallo determinó que el CNE no vulneró derechos ni el debido proceso del postulante.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la descalificación definitiva de la candidatura del activista y exasambleísta Henry Llanes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras resolver y desestimar un recurso subjetivo contencioso electoral. La decisión confirmó que el postulante incumplió la presentación formal e idónea del certificado electrónico emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) durante la fase inicial de inscripción de su expediente.

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La falla documental en el certificado electrónico de la UAFE

La sentencia del organismo de justicia electoral puntualiza que, tras la revisión del expediente administrativo y de las actas suscritas en el momento de la postulación, a foja 13 únicamente consta una reproducción física simple, en papel, del certificado de la UAFE, emitido originalmente con firma electrónica.

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En el expediente se dejó constancia formal de que el aspirante no acompañó el dispositivo o soporte magnético con el archivo digital original ni adjuntó la debida materialización notarial.

Imposibilidad técnica de verificación

Al constar únicamente una impresión en copia simple de su contenedor informático, la autoridad electoral determinó que resultó fácticamente imposible:

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Preclusión procesal y la respuesta del TCE ante el reclamo de Llanes

En su escrito de impugnación y dentro del trámite del recurso contencioso, Henry Llanes reconoció de forma expresa haber incurrido en dicha omisión procedimental al ingresar su candidatura, argumentando que se trató de un error involuntario y de una formalidad subsanable. Con ese criterio, el exlegislador adjuntó un dispositivo magnético durante la etapa de impugnación administrativa.

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No obstante, los magistrados determinaron que dicha entrega constituyó una actuación manifiestamente extemporánea, recordando que los comicios y designaciones de autoridades públicas se rigen de manera estricta bajo los principios de legalidad, preclusión procesal y seguridad jurídica.

Asimismo, la resolución señala que este error no respondió a un hecho fortuito o de fuerza mayor, sino a la falta de diligencia atribuible con exclusividad al postulante. De conformidad con la Disposición General Tercera del Instructivo, corresponde a los aspirantes la carga y responsabilidad de asegurar la veracidad, suficiencia, vigencia e idoneidad formal de toda la documentación entregada.

Los fundamentos de la resolución judicial electoral

Al constatarse que el recurrente no cumplió con la entrega idónea del requisito habilitante de la UAFE, el Pleno del tribunal resolvió abstenerse de continuar con la revisión de los demás reclamos vinculados a trayectoria o requisitos subsiguientes, declarando inoficioso su tratamiento dado que el vicio detectado frena por completo la postulación.

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El fallo concluyó con las siguientes determinaciones jurídicas:

Los puntos claves

• La capacitación presencial de los Miembros de la Junta Receptora del Voto MJRV es obligatoria y debe cumplirse antes de la jornada electoral.
• La modalidad virtual no sustituye la capacitación presencial exigida por el CNE. Los ciudadanos que sean designados como MJRV deben revisar si tienen una causal válida para excusarse antes de incumplir sus funciones.
• Los puntos de capacitación estarán disponibles en las delegaciones provinciales del CNE y en diferentes instituciones de educación superior.

Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) están previstas para el 29 de noviembre de 2026, pero las obligaciones para los ciudadanos no se limitan a acudir a votar. Quienes fueron seleccionados como miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV) también deben cumplir una serie de responsabilidades antes y durante la jornada electoral.

El incumplimiento puede generar multas diferentes, dependiendo de la falta cometida. No es lo mismo no acudir a las urnas que no asistir a la capacitación obligatoria o no presentarse a conformar una junta.

No votar también genera una multa

El voto es obligatorio para los ciudadanos que están dentro del grupo establecido por la normativa electoral. Quien no acuda a sufragar y no tenga una justificación válida deberá pagar una multa equivalente al 10 % del salario básico unificado (SBU).

La sanción se aplica por no ejercer el voto y es diferente de las multas que corresponden a quienes fueron designados como miembros de una Junta Receptora del Voto.

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Los miembros de mesa tienen otras obligaciones

Para las elecciones de noviembre fueron seleccionados 288.949 ciudadanos como miembros de las Juntas Receptoras del Voto. De ellos, 285.509 están empadronados en Ecuador y 3.440 corresponden al exterior.

Una vez notificados, los MJRV deben cumplir con una capacitación presencial obligatoria. El proceso se desarrolla desde el 7 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

La capacitación virtual puede servir como refuerzo, pero no reemplaza la asistencia presencial.

¿Qué pasa si no asiste a la capacitación?

Quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplen con la capacitación presencial se exponen a una multa equivalente al 10 % del salario básico unificado.

El CNE habilitó puntos de capacitación en sus delegaciones provinciales y también en instituciones de educación superior, tomando en cuenta que una parte importante de los seleccionados son estudiantes universitarios.

¿Y si no se presenta el día de las elecciones?

La sanción aumenta cuando el ciudadano fue designado como MJRV y no acude a conformar la junta el día de las elecciones.

En este caso, la multa corresponde al 15 % del salario básico unificado.

Abandonar la junta tiene una sanción mayor

La situación más grave se presenta cuando un miembro de una Junta Receptora del Voto abandona sus funciones durante la jornada electoral.

La sanción puede ir de seis a 10 salarios básicos unificados. Además, puede aplicarse la suspensión de los derechos de participación por un periodo de hasta seis meses.

Por eso, las multas no son iguales para todos los incumplimientos. La sanción depende de la obligación que el ciudadano haya dejado de cumplir.

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Los MJRV reciben una compensación

Cumplir con la responsabilidad de integrar una Junta Receptora del Voto también contempla una compensación económica de $20 para los miembros de mesa.

El CNE ha establecido que los ciudadanos seleccionados deben cumplir con sus funciones durante la jornada electoral y completar el proceso correspondiente para acceder a este reconocimiento económico.

¿Se puede evitar la multa?

Sí, pero para determinados casos el ciudadano debe demostrar que existe una causal que le permite justificar su inasistencia o incumplimiento.

Las causales de excusa y el procedimiento para presentar la justificación son distintos de las sanciones por no capacitarse, no presentarse a la junta o abandonarla. Por ello, antes de dejar de cumplir una obligación electoral, es importante revisar si existe una causal válida y cuál es el trámite que corresponde.

¿Quiénes pueden justificar que no acudieron a la mesa?

Entre las causales reconocidas por la normativa están los casos de salud o impedimento físico, siempre que estén debidamente respaldados con un certificado médico del Sistema Nacional de Salud, público o privado.

También se contempla la calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o dentro de los ocho días anteriores. En este caso, el ciudadano debe presentar los documentos que permitan acreditar la situación.

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Otra causal es encontrarse fuera del país o llegar a Ecuador el mismo día de las elecciones. Para demostrarlo se puede presentar el pasaporte o el movimiento migratorio, según corresponda.

La normativa también contempla a quienes se encuentren cumpliendo actividades propias del proceso electoral durante la jornada.

Además, existen personas que por mandato constitucional o legal tienen voto facultativo y, por tanto, no están obligadas a sufragar. Entre ellas se encuentran determinados grupos establecidos por la Constitución y la legislación electoral.

Lo que debes saber

• IESS identificó 1.187 bienes para venta y busca fortalecer fondos de salud y pensiones.
• El IESS proyecta vender inmuebles en varias provincias para generar liquidez.
• La deuda del IESS con prestadores alcanza $1.400 millones y continúa en pago.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) avanza en el proceso para vender bienes considerados improductivos con el objetivo de generar liquidez y mejorar la sostenibilidad financiera de la institución.

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Según informó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez en una entrevista a Teleamazomas, el inventario preliminar registra 1.187 inmuebles con un avalúo catastral superior a los 1.000 millones de dólares.

La iniciativa surge luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara el 28 de agosto la intención de poner en venta cerca de 1.400 bienes ociosos, una medida con la que el Gobierno proyecta recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares.

Más de 1.000 bienes en proceso de identificación

De acuerdo con Cordovez, el IESS trabaja junto con equipos de infraestructura, unidades médicas y direcciones provinciales para completar el levantamiento de información sobre los inmuebles disponibles.

Hasta el momento se han identificado 175 bienes que podrían entrar en una primera fase de comercialización. Estos se encuentran principalmente en Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena y Azuay.

Entre los activos constan terrenos, edificios y viviendas que, según el funcionario, han permanecido abandonados durante más de dos décadas. Algunos incluso presentan problemas de invasiones o requieren procesos de regularización antes de ser vendidos.

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Recursos se destinarían a salud y pensiones

El titular del IESS aseguró que la venta de estos activos no implica una privatización de la institución ni una reducción de su patrimonio. Explicó que el propósito es transformar bienes inmuebles en liquidez para fortalecer los fondos de salud y pensiones.

La propuesta ha generado cuestionamientos de sectores como el colectivo Un Nuevo IESS, que solicitó a organismos de control verificar la legalidad de la medida. Frente a ello, Cordero sostuvo que la venta de activos improductivos está contemplada en la normativa vigente y recordó que una ley de 2004 ya establecía la posibilidad de subastar este tipo de bienes para financiar los fondos del Seguro Social.

El IESS busca nuevas fuentes de sostenibilidad

La venta de inmuebles forma parte de un paquete de medidas que la institución impulsa para enfrentar sus problemas financieros. Entre ellas consta la recuperación de la mora patronal, que actualmente supera los 2.700 millones de dólares.

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Según Cordovez, durante este año se han recuperado alrededor de 560 millones de dólares por este concepto. Otra estrategia se enfoca en aumentar el número de afiliados.

De acuerdo con las proyecciones institucionales, el IESS espera superar los 100.000 nuevos afiliados en 2026, por encima de los cerca de 90.000 registrados el año anterior.

Deuda con prestadores alcanza los $1.400 millones

Mientras busca nuevas fuentes de financiamiento, el Seguro Social continúa enfrentando obligaciones pendientes con prestadores externos de salud.

Cordero señaló que la deuda acumulada bordea los 1.400 millones de dólares. No obstante, afirmó que la institución ha desembolsado cerca de 695 millones de dólares para evitar que se suspendan servicios destinados a afiliados y jubilados.

En el caso de las dializadoras, indicó que se han pagado más de 100 millones de dólares y que existen convenios vigentes con alrededor de 98 centros especializados.

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Auditorías y reforma institucional

Respecto a los retrasos en los pagos, el presidente del Consejo Directivo aseguró que las auditorías se realizan de forma paralela a los desembolsos y que actualmente existen aproximadamente 450 millones de dólares auditados.

También reconoció que entre el 5 % y menos del 10 % de las facturas revisadas no superan los controles establecidos, por lo que son rechazadas durante el proceso.

Sobre una eventual reforma al IESS, mencionó que la institución espera los resultados de estudios actuariales antes de definir cambios estructurales. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo la venta de activos improductivos, la recuperación de la mora patronal y el aumento de afiliaciones.

Lo que debes saber

• IESS tiene 73 % de medicinas y busca llegar al 80 % con compras centralizadas.
• Bernardo Cordero informó que las citas subieron a 1,3 millones al mes en el IESS.
• El IESS espera nuevas entregas de fármacos para reducir faltantes en los próximos meses.

El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordero, aseguró que una de las principales dificultades detectadas durante sus primeros nueve meses de gestión es el nivel de abastecimiento de medicamentos en las unidades médicas de la institución. 

Según indicó, actualmente el indicador se ubica en el 73 % y la meta es alcanzar el 80 % en los próximos meses mediante un sistema de compras centralizadas.

Durante una entrevista, el funcionario señaló que ha recorrido 58 establecimientos de salud, entre hospitales, dializadoras y dispensarios del Seguro Social Campesino, para evaluar el estado de los servicios. A partir de esas visitas, sostuvo que el acceso a medicinas continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la red de salud del IESS.

El abastecimiento aún está por debajo de la meta

Cordero explicó que la administración busca incrementar la disponibilidad de medicamentos a través de un plan de compras centralizadas y que espera llegar al 75 % o 76 % de abastecimiento al cierre de este mes.

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El titular del IESS señaló que el objetivo institucional no es alcanzar un abastecimiento del 100 %, ya que, según dijo, los estándares internacionales consideran óptimo un nivel cercano al 80 %. A su criterio, mantener inventarios completos podría aumentar el riesgo de caducidad de medicamentos y generar pérdidas para el sistema.

La problemática del abastecimiento ha sido una de las principales quejas de afiliados y pacientes en distintas provincias, especialmente en tratamientos de enfermedades crónicas y de alto costo.

Las citas médicas aumentaron, pero persisten brechas

Otro de los problemas que enfrenta la institución es la demanda de citas médicas. Cordero aseguró que cuando inició su gestión, en noviembre de 2025, el sistema otorgaba alrededor de 900.000 citas mensuales, mientras que actualmente la cifra alcanza 1,3 millones.

Pese al incremento, reconoció que todavía existe una brecha en la atención y que se realizan ajustes en el sistema de agendamiento para mejorar el acceso de los afiliados a consultas médicas. De acuerdo con el funcionario, la meta para este año es incrementar en un 27 % el número de citas disponibles en toda la red de salud del IESS.

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Equipos dañados y servicios paralizados

Durante los recorridos realizados por hospitales del país, el presidente del IESS también identificó problemas relacionados con equipos médicos fuera de operación e infraestructura sin uso.

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Como ejemplo mencionó el Hospital José Carrasco Arteaga, en Cuenca, donde, según indicó, el resonador magnético y el tomógrafo permanecían fuera de servicio cuando asumió la administración. Actualmente, ambos equipos ya estarían habilitados.

Además, afirmó que una piscina destinada a procesos de rehabilitación, cerrada desde 2020, fue reabierta recientemente para la atención de pacientes.

Respecto a las responsabilidades por estas deficiencias, señaló que en varios casos los administradores involucrados ya no forman parte de la institución y que se han realizado cambios cuando se detectan problemas de gestión.

Medicamentos de alto costo siguen siendo un reto

Consultado sobre la falta de medicamentos para enfermedades complejas, entre ellas tratamientos para pacientes con fibrosis quística, el presidente del IESS indicó que esas necesidades han sido incorporadas en los procesos de compra centralizada.

Sin embargo, reconoció que la disponibilidad de estos fármacos depende todavía de las entregas pendientes por parte de los proveedores contratados.

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El IESS descarta, por ahora, sumarse a Dedalus Group

En cuanto a la plataforma tecnológica Dedalus Group, anunciada por el Gobierno para el sistema público de salud, Cordero aclaró que el IESS no contempla actualmente incorporarse a esa herramienta.

Explicó que la institución opera con el sistema contratado a través de CNT, y que su funcionamiento ha permitido incrementar el número de citas médicas. No obstante, dejó abierta la posibilidad de evaluar la plataforma en el futuro si demuestra resultados positivos en el Ministerio de Salud Pública.

Lo que debes saber

• Noboa ordenó vender activos ociosos del IESS.
• Sectores cuestionan la medida y piden transparencia.
• Proponen cobrar las deudas antes de vender bienes.

La venta de activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) plantea una pregunta que va más allá de cuánto dinero puede obtener la entidad: ¿es esta la salida para enfrentar sus problemas financieros o el camino para desprenderse de un patrimonio que pertenece a sus afiliados? Las voces consultadas coinciden en que cualquier decisión debe mirar primero las obligaciones pendientes y el futuro de la seguridad social.

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Reparos a la iniciativa del Ejecutivo

La iniciativa del presidente Daniel Noboa Azín genera reparos entre dirigentes de afiliados, jubilados y trabajadores, quienes consideran que el Ejecutivo no puede disponer de bienes de una institución autónoma. Henry Izurieta, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, advierte que la venta puede terminar afectando los intereses del IESS y de quienes dependen de sus prestaciones.

Además, Raúl Yánez, vocero del grupo de docentes jubilados, apunta directamente a la Constitución. Menciona que el artículo 372 establece que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco, y prohíbe que una institución estatal disponga de ellos o menoscabe su patrimonio.

En este escenario, uno de los principales riesgos señalados por los entrevistados es que una venta apresurada termine reduciendo el patrimonio del IESS. Izurieta sostiene que los terrenos y edificaciones pueden conservar o incrementar su valor con el tiempo, por lo que desprenderse de ellos para obtener liquidez inmediata podría resultar contraproducente.

A esa preocupación se suma otra: la posibilidad de que determinados bienes sean vendidos por debajo de su valor real. Luis Pilaló, presidente de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino en Guayas, recuerda experiencias anteriores, como la venta del Hotel Quito, y teme que los inmuebles terminen rematándose a precios que no reflejen su verdadero patrimonio.

Mientras tanto, Yánez señala que el problema puede agravarse si se incluyen bienes estratégicos dentro de una eventual enajenación. Sostiene que hospitales, dispensarios y terrenos destinados a infraestructura sanitaria deberían quedar fuera de cualquier proceso de venta.

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Avalúos bajo revisión

En esa revisión también aparece el tema de los avalúos. Virginia Pineda, presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas y vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, ve necesario actualizar la valoración de todos los bienes de la seguridad social, pues algunos activos podrían estar registrados por montos que no corresponden con su valor real de mercado.

Por su parte, Pineda plantea que cualquier valoración debe estar en manos de especialistas independientes. La exigencia busca evitar que un inmueble estratégico termine vendido por una cifra inferior a la que realmente representa.

Pero el riesgo no estaría solo en el precio. Los entrevistados advierten sobre quiénes podrían ser los compradores (empresarios y narcotraficantes) y la necesidad de identificar a los beneficiarios finales.

La dirigente gremial propone que se conozca quién compra cada inmueble, quiénes son sus beneficiarios efectivos y qué relación podrían tener con funcionarios públicos. Asimismo, que debe establecerse una cláusula que impida conflictos de intereses.

También habla de implementar una auditoría integral y externa que permita revisar los procesos relacionados con los bienes, antes de que se concrete cualquier operación. Para los dirigentes consultados, la transparencia debe ser una condición previa y no una revisión posterior.

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Las cámaras también ponen condiciones

En este punto aparece una coincidencia llamativa con el sector empresarial. Galo Salamea, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, opina que vender activos puede ser correcto únicamente si se trata de bienes improductivos que el Seguro Social no necesita para cumplir sus funciones.

Pero incluso desde las cámaras se plantean límites similares a los expresados por los dirigentes de afiliados y jubilados. Salamea exige transparencia, avalúos independientes y procesos competitivos que permitan obtener el mejor valor para los asegurados.

Las deudas, en el centro del debate

No obstante, hay un aspecto que atraviesa las entrevistas: las deudas que el IESS reclama al Estado y a los empleadores morosos. Para los consultados, vender patrimonio mientras existen obligaciones pendientes supone atacar el efecto de la crisis y no sus causas.

Izurieta sostiene que el Estado debe cumplir con su aporte del 40 % para las pensiones y, además, reconocer la deuda que mantiene con el IESS. Advierte que existe una diferencia considerable entre las cifras que maneja la seguridad social y las que constan en las cuentas estatales, por lo que primero debería aclararse cuánto se debe realmente.

A la par, los entrevistados piden recuperar los valores adeudados por los empleadores. Izurieta habla de una deuda patronal cercana a los $2.500 millones y pide que se fortalezcan los mecanismos de recaudación para recuperar esos recursos. Yánez coincide en que el Estado debería establecer un convenio de pago para cubrir las obligaciones acumuladas.

Salamea concuerda con el secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social y defiende que cualquier obligación legítima debe reconocerse y pagarse, tanto por parte del Estado como de los empleadores. Para ello, considera indispensable contar primero con cifras claras, auditadas y transparentes.

Así, las posiciones convergen en un punto: esta operación no puede convertirse en la solución estructural del IESS. Desde las cámaras proponen mejorar la administración, combatir la evasión y la mora, optimizar costos y gestionar adecuadamente las inversiones y el patrimonio de la entidad social.

A pesar de ello, queda un elemento que los entrevistados consideran preocupante: el silencio del Consejo Directivo del IESS frente a la orden presidencial. EXPRESO intentó conversar con Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo; María de los Ángeles Rodríguez y Jorge Moncayo, vocales en representación de los empleados y de los asegurados respectivamente, pero ninguno respondió al pedido enviado por correo electrónico.

Para los entrevistados, el IESS necesita ingresos permanentes, no solo liquidez inmediata. El sector empresarial subraya que se debe generar más empleo formal.

Lo demostró en la entrevista que tuvo en el programa A Primera Hora con los periodistas Andrea Orbe y Fabricio Vela. Su pensamiento se sostiene en tres pilares que eran exactamente los que se postulaban en el correato. 

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La visión de Neira sobre la libertad de expresión

Primero: que haya críticas significa que hay libertad de expresión. Segundo: si hay críticas, los funcionarios tienen absoluta libertad para decir cualquier cosa sobre la persona que hizo las críticas, sin importar que sean calumnias, como pasó en el caso de Gisella Bayona. Tercero: que los medios privados actúan por intereses financieros propios y que, por eso, no dicen la verdad.Vamos uno por uno, que cada uno es más correísta que el otro.

Que se pueda criticar al Gobierno no demuestra, por sí solo, que haya libertad de expresión, sino que todavía existe un espacio para hacerlo. No demuestra que quienes ejercen el periodismo puedan investigar al poder sin sufrir presiones, intimidaciones o represalias. La diferencia no es menor. 

En una democracia, la libertad de expresión no se pone a prueba cuando alguien dice algo que al poder le resulta indiferente. Se pone a prueba cuando un periodista publica algo que incomoda al Gobierno y, sobre todo, cuando insiste en investigarlo después de haber sido cuestionado desde el poder. 

El caso de GRANASA

Hay varios episodios recientes que hacen difícil aceptar sin más la afirmación de Neira.Está el caso de EXPRESO, que quizá es el más dramático. GRANASA soporta la utilización de organismos estatales para afectar el funcionamiento de sus medios. Incluso, la interventora del Gobierno en GRANASA dificulta la venta de un terreno que la empresa necesita para capitalizar el diario. ¿Por qué necesita esto? El diario pasa dificultades porque el Gobierno presiona a varias empresas que tradicionalmente han tenido pauta en sus páginas.

También el caso de la periodista Gisella Bayona es revelador porque permite observar una secuencia completa. El 28 de agosto, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, habló de una periodista que, según dijo, era proveedora del sistema de salud y cuyo esposo estaría vinculado con “mafias eléctricas” y con el exvicepresidente Jorge Glas. No pronunció su nombre, pero dio suficientes detalles para que fuera identificada como Bayona. Horas después comenzó una intensa campaña digital contra ella y su esposo. 

Lupa Media identificó alrededor de 1.300 publicaciones en contra de Bayona en cuentas que normalmente amplifican el discurso del Gobierno. El 2 de septiembre, Bayona anunció que abandonaba el periodismo. “Señor presidente, usted ganó”, dijo.

Esto demuestra que el argumento de Neira, según el cual hay libertad de expresión porque hay críticas, es tan falaz como lo era el de los correístas que decían lo mismo.

También está el caso del periodista Hernán Higuera, de Ecuavisa. Higuera decidió apartarse de la investigación sobre el caso Progen después de denunciar que, tras sus publicaciones, su esposa fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió una plaza de internado médico.

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El problema se vuelve todavía más inquietante porque Neira ha cuestionado públicamente a Higuera y a Ecuavisa por su cobertura de Progen. Una cosa es que un funcionario desmienta una información; otra muy distinta es que el poder convierta al periodista que investiga en parte del problema.

Sobre el segundo argumento, el de que los funcionarios pueden responder a los medios o a los periodistas críticos: la cuestión no es si Neira o el presidente Noboa pueden responder a Ecuavisa, EXPRESO, Gisella Bayona o cualquier otro medio. 

Por supuesto que pueden. El problema es qué herramientas utilizan para responder y qué consecuencias tienen esas herramientas sobre quienes ejercen el periodismo. Porque existe una diferencia fundamental entre combatir una información con información y combatir al periodista que la publica. Esto es, como lo otro, profundamente correísta.

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Los datos tampoco permiten despachar el problema como una exageración de los medios. Fundamedios registró 100 agresiones contra la libertad de expresión durante el primer semestre de 2026 y señaló al Estado como agresor en 46 de esos casos.

Pero incluso más allá de las estadísticas, hay una prueba más sencilla. La pregunta que Neira debería responder es: ¿cómo trata el Gobierno a los periodistas que lo investigan?

La prueba de la libertad de prensa no es cómo se trata a los periodistas que elogian al poder, ni siquiera cómo se tolera a quienes lo critican ocasionalmente. 

La verdadera prueba está en cómo se trata a quienes investigan al poder cuando sus investigaciones resultan incómodas.

Por último, está el tan cacareado argumento correísta de que los medios privados no dicen la verdad porque lo único que les interesa es su interés financiero. Esto lo dijo Neira en A Primera Hora, de donde se despidió diciendo que encontraba demasiada coincidencia en que la periodista Andrea Orbe le hubiera hecho una pregunta que se parecía a algo que habían dicho la asambleísta correísta Eliana Correa y la excandidata presidencial Luisa González.

¿Más correísta que eso? Imposible.

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Los Tiguerones, en la lista terrorista de EE. UU.: ¿qué cambia para la banda en Ecuador?

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“No tenemos mejor aliado en la región para enfrentar esta amenaza criminal transnacional”, afirmó. El funcionario estadounidense habló de una “red de grupos terroristas” que, según dijo, amenaza la seguridad de ambos países.

$ 45 millones para seguridad

Marco Rubio anunció que el Gobierno de Donald Trump solicitará al Congreso estadounidense 45 millones de dólares adicionales para respaldar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. 

Recursos para combatir a la minería ilegal

El Secretario de Estado de Estados Unidos habló de un monto de 10 millones de dólares. Washington destinará esos recursos a una iniciativa para combatir la minería ilegal, el reclutamiento de integrantes de bandas y las redes de financiamiento ilícito.

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EE. UU. señala a siete exfuncionarios de Ecuador por corrupción vinculada al narcotráfico

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Más embarcaciones enviará EE.UU.

Rubio informó que a Ecuador llegará un buque de la Guardia Costera de 110 pies y además que se transferirán cinco embarcaciones interceptoras, en elos próximos meses, en total serán 12.

Los Tiguerones se suman a lista de grupos terroristas

Asimismo Rubio anunció la designación de Los Tiguerones como organización terrorista extranjera. “No estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas”, sostuvo, al argumentar que estos grupos cuentan con capacidades y armamento que, en algunos casos, se asemejan a los de un Estado.

Exfuncionarios y sus familiares no podrán ingresar a Estados Unidos

Estados Unidos también anunció sanciones contra siete exfuncionarios ecuatorianos, a quienes acusa de corrupción y de aceptar sobornos vinculados con organizaciones criminales. Las medidas alcanzan también, en general, a sus familiares directos. Entre otras cosas no podrán acceder a ese país.

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La declaratoria homologa el estatus de Los Tiguerones con el fijado previamente por la Casa Blanca para Los Choneros y Los Lobos. En el ámbito legal y administrativo de Estados Unidos, la tipificación bajo designaciones de terrorismo transnacional despliega un paquete de mecanismos sancionatorios inmediatos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Justicia.

Implicaciones legales

La categorización de un grupo como organización terrorista no se limita a un pronunciamiento diplomático; altera de manera vinculante su operatividad transfronteriza y su logística interna en Ecuador:

En su pronunciamiento oficial, Rubio puntualizó que el combate al crimen transnacional exige la coordinación de bloques regionales: "No estamos hablando de criminales, sino de terroristas", sostuvo. Los 45 millones de dólares requeridos por el Ejecutivo estadounidense se sumarán a una partida previa de 10 millones de dólares asignada a tareas contra la minería ilegal en territorio ecuatoriano.