Las claves que debes conocer

• CNE cancelará partidos sin mínimo de votos en una elección por reforma.
• Alianzas 2026: ley reparte votos por igual y afecta estrategias de partidos.
• 235 organizaciones arriesgan registro si no logran 5% o cargos.

Esta vez ya no habrá tarjeta amarilla. En las elecciones seccionales de 2026, las organizaciones políticas no solo se jugarán la posibilidad de alcanzar una dignidad local, sino también su permanencia en el registro permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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ADN y correísmo se unieron contra partidos

Al inicio del actual período legislativo, ADN y el correísmo coincidieron en un punto: reformar el Código de la Democracia para fortalecer a los grandes partidos. 

No solo modificaron el método de asignación de escaños, que favorece a las mayorías, sino que también establecieron que un movimiento político puede ser cancelado tras un solo proceso electoral si no cumple con el mínimo de votación o de autoridades electas.

Esa reforma se aplicará por primera vez en los comicios seccionales de 2026. Los cambios a la ley electoral fueron aprobados en junio de 2025 y entraron en vigencia ese mismo año. Las modificaciones se tramitaron en la Comisión de Justicia y, en su momento, ADN argumentó que buscaban depurar el sistema de organizaciones políticas que, para entonces, sumaban cerca de 235.

A poco más de dos meses de que se abra el plazo para la inscripción de candidaturas, esta modificación cobra relevancia porque los movimientos y partidos políticos podrían estar disputándose no solo alcaldías, prefecturas y concejalías, sino también su futuro político.

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La votación que necesitan los partidos

Actualmente, la Ley Electoral establece que el CNE puede cancelar una organización de ámbito nacional si no obtiene el 5% de los votos válidos en una elección pluripersonal de carácter nacional; al menos el 8% de las alcaldías; o un concejal en cada uno de, por lo menos, el 10% de los cantones del país.

El detalle está en que antes de julio de 2025, la normativa señalaba que un partido político podía ser cancelado únicamente si incumplía alguno de esos requisitos en dos elecciones pluripersonales consecutivas.

Además, el porcentaje mínimo para las organizaciones nacionales subió del 4% al 5%. En el caso de los movimientos locales, la ley determina que podrían ser cancelados si no alcanzan el 5% de los votos válidos en una sola elección dentro de su jurisdicción.

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El experto en temas electorales Daniel González explica que cualquiera de las tres condiciones establecidas en el Código de la Democracia permitiría a las organizaciones políticas mantenerse vigentes. “Claro que los movimientos políticos pueden hacer alianzas para que el CNE pueda cuantificar los porcentajes”, señala.

Partidos ven riesgo en alianzas

En ese escenario, las organizaciones políticas ya delinean sus estrategias. Sin embargo, las primeras conclusiones apuntan a una posible afectación de las alianzas electorales. Javier Orti, de Avanza, y Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionan la reforma relacionada con la distribución del porcentaje de votación entre los integrantes de una coalición electoral.

Orti recuerda que antes el porcentaje correspondiente a cada integrante se establecía en el acuerdo de alianza. Ahora, la normativa dispone que ese porcentaje se reparta en partes iguales. En ese sentido, Serrano sostiene que la nueva fórmula resulta problemática porque existen movimientos que, en la práctica, aportan menos de lo que terminarían recibiendo con una distribución igualitaria.

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Para González, en cambio, la reforma busca garantizar igualdad entre los integrantes de una coalición. “Así, si hay una organización política más fuerte que, a lo mejor, quiera llevarse todo el porcentaje, (eso) no ocurra”, añade el experto.

Serrano también menciona un aspecto relevante: el impacto de la modificación sería mayor para las organizaciones políticas nacionales que para las locales. “El conseguir el 5% de votos válidos en su propia jurisdicción no es difícil”.

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Actualmente, el registro permanente del CNE contiene 235 organizaciones políticas, que se distribuyen así:

Con la norma vigente, la cancelación de organizaciones políticas cobra relevancia después de que el CNE, con la entonces presidenta Diana Atamaint a la cabeza, eliminó del registro permanente a Construye e intentó lo mismo con Unidad Popular.

Sin embargo, para movimientos como Revolución Ciudadana la suerte podría ser distinta. Esa organización fue suspendida. En la práctica eso significará que no podrá participar en las seccionales. El correísmo ha confirmado que ya tiene un movimiento que los auspiciará, pero en el CNE quedará el futuro de la lista 5.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa anuncia nueva fase contra el crimen en Ecuador, pero sin detallar acuerdos internacionales.
• Video de Noboa adopta formato similar al de Bukele para comunicar estrategia de seguridad.
• Anuncio llega en medio de violencia y reclamos por resultados contra el crimen organizado.

Justo cuando aparece una nueva ola de asesinatos, sicariato y robos en barrios que movilizan a los vecinos a marchas de protesta, aparece el presidente Daniel Noboa con un video que recuerda a la estrategia de comunicación de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. 

En ese video anuncia, además, la firma de un decreto con el que, según sostiene, empieza una nueva fase de lucha para combatir al crimen organizado, esta vez con cooperación internacional; aunque no ha dado un solo detalle sobre esa cooperación: no se sabe qué países van a participar, como dijo, ni los supuestos acuerdos conseguidos ni las estrategias para aplicarlos.

Un formato audiovisual inspirado en la comunicación de Bukele

El video es, sin duda, una pieza cinematográfica que pretende emular la estética y el mensaje de Bukele. Y aunque tenga mucho en común con esos mensajes, existen diferencias importantes. Pero veamos primero las coincidencias.

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Una de las características más peculiares del video de Noboa es que, al igual que Bukele, sustituyó el formato tradicional del mensaje presidencial por piezas audiovisuales de alta producción.

Si se observa, el video de Noboa tiene características similares a las de Bukele: montaje acelerado, música épica, planos cinematográficos, más imágenes que explicaciones y ausencia de voces distintas a la narrativa oficial. Al igual que con los videos de Bukele, no parece concebido como un informe gubernamental, sino como un tráiler.

El protagonismo presidencial y la narrativa de guerra

Pero eso no es todo. Al igual que en los videos de Bukele, el protagonista casi nunca es la institución —es decir, la Presidencia de la República—, sino él. 

El Estado aparece personificado en el presidente. En el video de Noboa ocurre algo parecido: no se presenta una política pública detallada, se presenta al presidente tomando decisiones trascendentales, y el mensaje gira alrededor del liderazgo personal.

La narrativa de una guerra en curso también es similar. Bukele convirtió el combate a las pandillas en una guerra, y su lenguaje está lleno de expresiones como “enemigos”, “terroristas”, “batalla”, “victoria” y “recuperar el país”. 

En el caso de Noboa ocurre algo parecido: él habla de una nueva fase, cooperación internacional, conflicto armado interno, organizaciones criminales transnacionales y respaldo de países aliados. Eso sí, sin decir cuáles son esos países ni cuáles son las organizaciones criminales que se combaten.

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Anuncios sin detalles concretos

Bukele, en sus mensajes, suele anunciar decisiones antes de explicar exactamente cómo funcionarán, y solo después aparecen los detalles en otros videos. Noboa hace algo parecido. 

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Su video anuncia cooperación internacional, inmunidades, Estados cooperantes y despliegue internacional. Sin embargo, no responde preguntas básicas que son fundamentales: ¿de qué países habla?, ¿qué fuerzas?, ¿qué facultades?, ¿bajo qué acuerdos? 

El mensaje del presidente ecuatoriano se queda en el impacto político —algo que les gusta a los tan en boga comunicadores políticos— antes que en la información jurídica o institucional.

Además, hay un elemento estético muy parecido: si bien Noboa utiliza prácticamente el mismo repertorio visual que Bukele, en su video aparecen los mismos elementos: helicópteros, soldados, convoyes, armamento, drones y mapas.

Noboa se parece a Bukele en que usa ese mismo repertorio visual. Se trata de una iconografía militar más que institucional, y la intención es muy clara: transmitir capacidad de control.

La principal diferencia: resultados frente a expectativas

Ahora bien, para entender el mensaje de Noboa también hay que fijarse en las diferencias con el que normalmente lanza el presidente de El Salvador. Bukele comunica resultados, mientras que Noboa gira alrededor de expectativas, lo cual puede resultarle políticamente contraproducente. 

De hecho, en redes sociales la gran mayoría de comentarios giraban en torno a la idea de que nuevamente se anuncia lo mismo y, como en ocasiones anteriores, no hay resultados. La frase más representativa del mensaje de Noboa es “estamos entrando en una fase”. Sin embargo, hasta ahora no ha mostrado resultados derivados de esa decisión.

Cooperación internacional frente a autosuficiencia nacional

Es notoria, además, una diferencia muy importante: Bukele suele construir un discurso de autosuficiencia nacional, y su mensaje es que El Salvador resolverá el problema por sí mismo.

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El video de Noboa, en cambio, transmite casi la idea contraria. El mandatario ecuatoriano dice que Ecuador necesita aliados, que requiere cooperación internacional, que la lucha tiene dimensión transnacional y que Estados amigos participarán en la nueva fase.

Noboa habla de inmunidad para los agentes extranjeros que vengan a combatir el crimen, pero no detalla de dónde vendrán ni en virtud de qué acuerdos internacionales.

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Una estrategia en construcción y la reacción ciudadana

Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre lo que hizo Noboa y lo que hace Bukele desde hace años: mientras los videos de Bukele suelen apoyarse en hechos consumados (capturas, cárceles, reducción de homicidios), el de Noboa busca preparar políticamente una nueva estrategia de seguridad cuyos mecanismos concretos —los acuerdos con los llamados “Estados cooperantes”, el alcance de la participación extranjera y el régimen jurídico aplicable— no han sido explicados públicamente.

Esa diferencia hace que el video de Noboa funcione más como una pieza de anticipación política que de rendición de cuentas. Sin duda, ese es el motivo por el cual la recepción en redes sociales no fue la mejor: mucha gente se queja de que nuevamente aparece para anunciar una guerra contra el crimen, pero sin que haya habido resultados anteriores. Como cuando apareció montado en un carro militar dirigiéndose, aparentemente, a Durán, un lugar con alta violencia y mucho crimen.

Las claves del caso

• La Comisión Nacional Anticorrupción se manifestó en redes sociales sobre una presunta persecución contra periodistas.
  
• El pronunciamiento surge tras un reportaje de Ecuavisa relacionado con las experiencias denunciadas por el periodista Hernán Higuera.
  
• El caso reabre la discusión sobre las garantías para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Ecuador.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo que considera una preocupante situación relacionada con la libertad de prensa en Ecuador. 

Mediante una publicación en su cuenta de X, la organización expresó su inquietud por una "creciente atmósfera de persecución" desde el poder hacia periodistas y medios de comunicación que han difundido investigaciones de interés público.

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Periodista de Ecuavisa habría sido afectado tras reportaje de caso Progen

El pronunciamiento surge luego de la difusión de un reportaje televisivo elaborado por Ecuavisa, en el que se exponen una serie de hechos que, según el medio, habrían ocurrido tras la publicación de investigaciones periodísticas relacionadas con el denominado caso Progen.

El reportaje  relata varios acontecimientos negativos en el entorno familiar del periodista, que habría enfrentado después de divulgar información vinculada a este caso.

Ante esto, la Comisión Nacional Anticorrupción manifestó públicamente su preocupación por el ambiente que, a su criterio, enfrentan algunos comunicadores cuando realizan investigaciones relacionadas con asuntos de interés nacional.

Gobierno Nacional vs Medios de comunicación

El debate sobre la relación entre el Gobierno y ciertos medios de comunicación no es nuevo. Durante los últimos meses se han registrado varios episodios de tensión entre la administración del presidente Daniel Noboa y distintos espacios periodísticos.

Uno de los casos que generó mayor discusión pública involucró a Diario EXPRESO, luego de publicaciones relacionadas con temas de interés nacional y cuestionamientos realizados desde distintos sectores y el tratamiento de determinados asuntos políticos.

Organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión han señalado en reiteradas ocasiones la importancia de garantizar condiciones adecuadas para que periodistas y medios puedan desarrollar su trabajo sin presiones, independientemente de la línea editorial o de los temas investigados.

Mientras tanto, el pronunciamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de la libertad de expresión, el acceso a la información y el papel que desempeñan los medios de comunicación en la fiscalización de los asuntos públicos en Ecuador.

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Según dijo la UNE, en un comunicado, en ese entonces se dispuso la suspensión de la existencia legal de la organización más grande de docentes del país, una medida que sus representantes consideran como una vulneración a la libertad sindical y de asociación.

La denuncia fue registrada como el caso número 3279 ante el Comité de Libertad Sindical y contó con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Internacional de la Educación (IE). 

En el marco de ese proceso, el organismo internacional instó al Gobierno a que tome medidas para la “devolución de los bienes incautados a la UNE, así como la eliminación de otra consecuencia derivada de la disolución”.

¿Por qué ordenaron disolver la UNE?

El caso se inició luego de que, en 2016, el Ministerio de Educación de ese entonces ordenó la disolución del gremio de los maestros al señalar que no habían presentado la documentación requerida para el registro estatal de organizaciones sociales.

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Aunque han pasado más de nueve años de ese caso, la UNE aseguró que el requerimiento de la OIT es una muestra de que el la denuncia "continúa bajo conocimiento y seguimiento de los organismos internacionales de control". En ese sentido, anunció que seguirá con el proceso con el fin de lograr una "reparación integral de los derechos vulnerados y el pleno respeto a la libertad sindical".

El anuncio de la Unión se registra en un contexto en el que la organización ha mantenido fuertes cuestionamientos en contra del Ministerio de Educación por la supuesta ilegalidad de un acuerdo, firmado el pasado 27 de mayo, en el que permite la realización de actividades complementarias institucionales los sábados en planteles fiscales.

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Lo que debes saber

• Los cambios en la estructura municipal de Guayaquil continúan. 
• Isabel Tamariz asumió la presidencia del directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP), en reemplazo de Xavier Salem, quien renunció al cargo que ocupaba desd

Los cambios en la administración del Municipio de Guayaquil continúan. Esta vez, la novedad se registra en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP), donde Isabel Tamariz asumió la presidencia del directorio tras la salida de Xavier Salem.

Una revisión realizada por EXPRESO en las declaraciones juramentadas de la Contraloría General del Estado muestra que Isabel Tamariz figura en 2026 como coordinadora general 2, un cargo de nivel directivo y de confianza dentro de la estructura municipal.

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El movimiento ocurre en un contexto de cambios dentro de la institución. Actualmente, el Municipio de Guayaquil está liderado por Tatiana Coronel, mientras el alcalde Aquiles Álvarez permanece detenido.

Salida de Salem de Emapag

La designación de Tamariz se produce luego de que Xavier Salem presentara su renuncia a la presidencia del directorio de Emapag EP, cargo que ocupaba desde 2023.

Salem llegó a esa función como delegado de Aquiles Álvarez cuando este asumió la Alcaldía de Guayaquil. Según la normativa vigente de la empresa municipal, la presidencia del directorio de Emapag corresponde al delegado del alcalde.

¿Y la Dirección de Ambiente?

La llegada de Isabel Tamariz a Emapag también abre interrogantes sobre el futuro de la Dirección de Ambiente del Municipio.

De acuerdo con una fuente municipal consultada por este Diario, actualmente existe una persona encargada de la Dirección de Ambiente mientras se define la titularidad de esa dependencia.

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La administración municipal no ha emitido, hasta el cierre de esta edición, un pronunciamiento oficial sobre quién asumirá de forma permanente esa dirección.

Lo que debes saber

• Noboa reduce gabinete a 10 ministerios en Ecuador mediante decretos ejecutivos en junio 2026.
• Gobierno fusiona ocho carteras para optimizar Estado y reducir gasto público en Ecuador.
• Reforma estatal incluye transición de 60 días y cambios en áreas económicas y sociales.

El presidente Daniel Noboa formalizó una nueva reestructuración del aparato estatal mediante la emisión de tres decretos ejecutivos que fusionan ocho ministerios y secretarías. La medida, que ya había sido anunciada a inicios de junio, reduce el número de ministerios de 14 a 10.

La decisión forma parte de un proceso de optimización institucional impulsado por el Gobierno y constituye la segunda reorganización de carteras de Estado realizada por la actual administración en menos de un año.

Tres nuevos ministerios concentrarán las competencias

De acuerdo con los decretos, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Economía y Finanzas se integrarán en una sola entidad denominada Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

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Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Transporte se fusionará con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para conformar el nuevo Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades pasarán a formar parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

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Las entidades tendrán 60 días para completar la transición

Los decretos establecen un plazo máximo de 60 días para que las instituciones involucradas culminen el proceso de integración administrativa, financiera y operativa.

Cuando el Ejecutivo anunció la medida el pasado 3 de junio, también adelantó los nombres de quienes asumirán la dirección de las nuevas carteras.

Sariha Moya, actual ministra de Economía y Finanzas, estará al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Roberto Luque, quien dirige el Ministerio de Infraestructura y Transporte, liderará el Ministerio de Infraestructura y Tecnología.

Por su parte, Cynthia Gellibert, exsecretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, asumirá la conducción del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

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Segunda reestructuración en menos de un año

Esta es la segunda reducción de entidades ejecutada por el Gobierno de Noboa. En julio de 2025, el mandatario ya había dispuesto una reorganización que disminuyó el número de ministerios de 20 a 14 y redujo las secretarías de nueve a tres.

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La nueva reforma se enmarca en una estrategia de contención del gasto público y reducción del déficit fiscal impulsada por el Ejecutivo.

La reorganización institucional ocurre en paralelo a otras medidas económicas adoptadas por el Gobierno dentro del programa crediticio suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla desembolsos por $5.000 millones entre 2024 y 2028.

Entre las decisiones implementadas se encuentran el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % y la eliminación del subsidio al diésel, medidas que han generado debate y cuestionamientos en distintos sectores del país.

Lo que debes saber

• CNE revisa desde el 16 de junio una solicitud presentada por Jorge Yunda.
• El trámite de Jorge Yunda se analiza durante la actualización del Registro Electoral.
• El 2 de julio, el CNE publicará el padrón electoral para las elecciones de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que continúa el proceso de actualización y depuración del Registro Electoral que será utilizado en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027.

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Según un comunicado emitido este 19 de junio, la entidad recordó que el padrón electoral se construye con información remitida periódicamente por el Registro Civil y otras instituciones públicas, las cuales reportan novedades relacionadas con cambios de domicilio, defunciones, inhabilitaciones y otros movimientos que pueden afectar la conformación del listado de electores.

La actualización del registro se desarrolla conforme al calendario electoral aprobado para los comicios previstos para el 29 de noviembre de 2026. 

Entre abril y mayo se ejecutaron varias etapas del proceso, incluidas las solicitudes de cambio de domicilio electoral, observaciones presentadas por organizaciones políticas y reclamos administrativos realizados por ciudadanos.

De acuerdo con el cronograma, este 19 de junio corresponde el último corte de información remitida por el Registro Civil. Posteriormente, hasta el 24 de junio, el organismo electoral procesará las solicitudes relacionadas con el Registro Electoral Pasivo, que agrupa a ciudadanos temporalmente impedidos de ejercer el derecho al voto por causas establecidas en la normativa vigente.

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Revisión de reclamo ciudadano

En el mismo comunicado, el CNE señaló que sus áreas técnicas revisan una solicitud presentada el pasado 16 de junio por el ciudadano Jorge Homero Yunda Machado.

La entidad no detalló el contenido del trámite, pero indicó que será analizado conforme a las atribuciones y procedimientos establecidos en la legislación electoral.

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Registro definitivo se aprobará en julio

El organismo prevé que el 2 de julio de 2026 el Pleno del CNE apruebe y publique el Registro Electoral definitivo, documento que servirá como base para la organización de las elecciones seccionales y del CPCCS.

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La actualización del padrón constituye una de las fases clave del proceso electoral, ya que determina el universo de ciudadanos habilitados para votar y la distribución de electores en las distintas jurisdicciones del país.

“Voy a concursar otra vez y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo”, afirmó Gilbert, en referencia al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. El exconsejero sostuvo que una de las razones de su salida es su actividad profesional en la medicina. “Soy cirujano activo. Peleo contra la muerte todos los días”, expresó, al señalar que su trabajo en el quirófano demanda gran parte de su tiempo.

Gilbert defendió además su trayectoria profesional y aseguró que fue formado para servir “a cambio de nada”. En el mismo encuentro descartó una eventual candidatura a la Alcaldía de Guayaquil. Según dijo, ejercer ese cargo implicaría tomar decisiones que afectarían a personas cercanas. “Tendría que meter preso a la mitad de mis amigos y pelearme con la otra mitad”, comentó.

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En el CPCCS “no se habló de salud”

El exconsejero también cuestionó las prioridades del CPCCS durante su permanencia en el organismo. Aseguró que una de las razones de su renuncia fue la falta de debate sobre temas relacionados con la salud. “Me retiro porque en ningún orden del día se habló de la salud”, manifestó. Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer no vidente que vende caramelos en el Metro de Quito para subsistir y señaló que existen problemas sociales que, a su criterio, requieren mayor atención por parte de las instituciones públicas.

Sobre el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado, Gilbert defendió el avance del proceso y rechazó las críticas sobre una supuesta paralización. Sostuvo que nueve veedores supervisan el concurso y afirmó que aproximadamente el 50 % del proceso ya se encuentra completado. Además, indicó que durante la última sesión intentó revisar cuatro expedientes relacionados con la selección de candidatos.

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¿Qué ocurrió con José De La Gasca?

La renuncia ocurre en medio de cuestionamientos generados por una sesión virtual del CPCCS realizada la semana pasada, en la que Gilbert se abstuvo de votar sobre un informe relacionado con el concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado. Su abstención impidió que el documento fuera aprobado y contribuyó a mantener abierto el debate sobre el avance del proceso.

Gilbert también se refirió a los comentarios realizados por el exministro de Gobierno y aspirante a fiscal general, José de la Gasca. El médico señaló que “sabe más de política” que De la Gasca en referencia a las reacciones surgidas tras la difusión de una reunión en la que ambos participaron y que generó cuestionamientos sobre la independencia del concurso.

El ahora exconsejero adelantó que retomará de lleno sus actividades médicas y sociales. Indicó que dedicará más tiempo a la Fundación Gilbert, organización que brinda atención a miembros de las Fuerzas Armadas. “Lo voy a devolver a una entidad que lo necesita, a los militares”, señaló. Según explicó, actualmente alrededor de 30 integrantes del Ejército reciben apoyo a través de esta iniciativa.

Jan Topic no será candidato en Durán

• Topic nació en Guayaquil antes de la cantonización de Durán, inhabilitando su postulación natal
• El empresario reside y sufraga actualmente en Samborondón, bloqueando la vía por residencia
• Descartó buscar cualquier otra alcaldía municipal o la Prefectura del Guayas en estos comicios

El empresario Jan Topic descartó este 19 de junio de 2026 su participación como candidato a la Alcaldía de Durán y a cualquier otra administración municipal o la Prefectura del Guayas en las próximas elecciones seccionales. La decisión responde a impedimentos constitucionales y electorales vinculados directamente con su registro de nacimiento y su actual jurisdicción de sufragio.

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Sus mejores deseos para Durán, pero él no va

Topic explicó que la ley exige oficializar candidaturas territoriales mediante el origen natal o la residencia comprobada, parámetros que él no cumple para la jurisdicción ferroviaria.

El excandidato presidencial nació en Guayaquil en 1983, tres años antes de que Durán fuera elevada a la categoría de cantón, lo que inscribe su origen jurídico en la capital guayasense. Asimismo, el empresario mantiene su domicilio y ejerce su derecho al voto en el cantón Samborondón, clausurando la segunda vía administrativa para formalizar una candidatura.

A pesar de confirmar su ausencia definitiva en la papeleta territorial, Topic calificó a Durán como uno de los cantones con mayores problemas estructurales a nivel nacional, aunque enfatizó que posee un alto potencial económico directamente relacionado con la inminente ejecución del Quinto Puente.

En su intervención, el empresario estableció una comparativa operativa con otras ciudades vecinas. Topic aseguró que cabildos aledaños como Yaguachi, Milagro, Salitre, Daule y Guayaquil evidencian mejores condiciones administrativas frente a la crisis que atraviesa el territorio durandeño bajo sus recientes administraciones.

"Los problemas de Durán son fácilmente resueltos. Necesita un alcalde con visión, un alcalde valiente, un alcalde no corrupto", detalló el empresario en su pronunciamiento público, en el cual instó a los electores a fiscalizar sus decisiones en noviembre para evitar lo que catalogó como cuatro años perdidos en gestión pública.

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Yunda calificó este movimiento como un hecho “misterioso y doloso” que carece de justificación técnica. En su cuenta de X, compartió una captura del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se evidencia el cambio y cuestionó directamente a las autoridades.

Alerta por presunto bloqueo político

Yunda, quien busca postularse nuevamente para la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, sospecha que esta alteración del padrón electoral responde a motivaciones políticas. Considera que el traslado de su lugar de votación constituye una maniobra para impedir su participación en la contienda.

“Dejen que el pueblo elija democráticamente”, reclamó con firmeza, al tiempo que cuestionó la transparencia del proceso. El político ironizó sobre la organización electoral y sugirió que, con estas irregularidades, “de una vez publiquen el ganador o ganadora”.

Exigencia de transparencia democrática

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el reclamo de Yunda. El exalcalde defendió la legitimidad de las urnas y advirtió que cualquier intento de manipulación del padrón electoral afecta directamente la confianza ciudadana en la democracia. “Las elecciones son la esencia de la democracia”, enfatizó en sus declaraciones.

Las claves que debes saber

• Elecciones 2026: 231 organizaciones competirán en Ecuador; alta fragmentación reduce competencia real.
• CNE registra 2,83 millones de afiliados, pero partidos no logran votos significativos en elecciones.
• Exceso de candidaturas fragmenta el voto y favorece a estructuras políticas tradicionales en Ecuador

En noviembre de 2026, los ecuatorianos irán a las urnas como siempre, con más candidatos de los que nadie puede recordar y menos competencia real de la que parece. Esta vez, 231 organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se disputarán las elecciones seccionales. Doscientas treinta y una. 

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El número suena a vitalidad democrática, a ciudadanía organizada, a pluralismo. Pero Ecuador no tiene más democracia porque tenga más partidos. Tiene más ruido.

Los números no mienten, aunque sí pueden engañar. Según el CNE, 2,83 millones de ecuatorianos figuran formalmente como militantes o adherentes de alguna organización política. Casi tres millones de personas con carné, con registro, con filiación. 

Y aun así, buena parte de esas organizaciones llegan a las elecciones y desaparecen sin pena ni gloria, incapaces de convencer ni a sus propios miembros de marcar su nombre en la papeleta. La membresía existe en el papel. Los votos, no tanto.

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El bajo rendimiento de los candidatos en Ecuador

En 2021, de los 16 candidatos que compitieron por la Presidencia de Ecuador, siete no alcanzaron ni el 1% de los votos válidos. Estaban en la papeleta, pero no en la disputa real.

Ahí está la clave del problema, en la brecha entre fragmentación nominal y competencia efectiva. Una cosa es contar cuántos candidatos aparecen en la papeleta. Otra, muy distinta, es medir cuántos de ellos realmente se reparten los votos de manera significativa. 

El Índice de Número Efectivo de Candidatos (NEC) hace precisamente eso: pondera a cada candidato según su peso electoral real, y el resultado suele ser mucho más modesto que el número bruto de participantes.

El efecto de una gran cantidad de candidatos

Entre 2004 y 2023, el número de candidatos por provincia casi se duplicó con un pico en 2019, cuando algunos territorios superaron los veinte postulantes, pero la competencia real apenas se movió. El NEC, el índice que mide cuántos candidatos verdaderamente se disputan los votos, pasó de dos a cuatro en ese mismo período, frente a los veinte candidatos que llegó a haber, por ejemplo, en Santa Elena.

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Lo que este fenómeno revela tiene consecuencias directas sobre la calidad de la democracia. Cuando el voto se pulveriza entre docenas de candidatos sin peso real, quienes tienen estructura y recursos (los actores consolidados, las maquinarias territoriales, los apellidos conocidos) salen favorecidos. 

La proliferación de candidaturas pequeñas no democratiza la competencia, la distorsiona. Fragmenta el voto opositor, diluye las alternativas y, paradójicamente, puede terminar beneficiando a los mismos de siempre.

CNE aplicó cambios que no tocaron el problema

El CNE ha intentado poner algo de orden. En abril de 2026, publicó en el Registro Oficial una reforma al reglamento de calificación de candidaturas que endurece los requisitos de pertenencia territorial: quien quiera postularse deberá demostrar, mediante declaración juramentada ante notario, que ha vivido de forma ininterrumpida en la circunscripción durante los dos años previos a su inscripción. 

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Son medidas que regulan quién entra en las listas y cómo se componen. Pero no tocan el fondo del problema: no reducen cuántas organizaciones pueden presentarse. El sistema premia la presencia, no la representación.

Con 231 organizaciones en carrera para noviembre, el ecosistema político ecuatoriano se prepara para otra temporada de ruido ensordecedor y competencia efectiva escasa. Doce reformas al Código de la Democracia, cuatro presidentes en 16 años y el resultado es este: más ruido, misma democracia.

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En una transmisión la noche del 18 de junio de 2026, advirtió que “lo que está en juego es el derecho de miles de ecuatorianos a ser elegidos y de millones a elegir”, en un proceso en el que se disputarán 11.262 dignidades, entre alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales.

Rivadeneira hizo analogía con el Mundial

Rivadeneira sostuvo que el oficialismo pretende competir en condiciones desiguales: “(El presidente Daniel) Noboa quiere jugar solo, con la cancha inclinada, con árbitro comprado y el equipo contrario sancionado y sin VAR”, dijo, en una analogía futbolística. 

La presidenta de la RC aseguró que su movimiento ha “resistido años de judicialización y proscripción” y que se mantiene como “la principal fuerza política”, por lo que confirmó que trabajan en alianzas nacionales y provinciales.

Se cuidan de anunciar a los aliados

Asimismo, Rivadeneira explicó que, aunque el 18 de junio se abrió el periodo de inscripción de alianzas, han decidido postergar su anuncio ante lo que calificó como una “nueva ofensiva” contra sus posibles socios. La organización requiere un casillero electoral para poder participar.

En la mañana, en sus redes sociales, la dirigente anunció que a las 19:00 daría a conocer los nombres de sus aliados.

Desde marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por nueve meses a la Revolución Ciudadana, lo que impide a sus militantes participar con casillero propio en las elecciones seccionales de noviembre. Esto luego de la denuncia del Fiscal General del Estado por el caso Caja Chica.

“Que nadie se equivoque: continuamos con procesos de democracia interna, primarias y construcción de alianzas”, afirmó, mientras indicó que las directivas provinciales tienen instrucciones de garantizar su presencia en las papeletas en todo el país.

“No vamos a renunciar a defender el derecho a elegir y ser elegidos. No renunciaremos a defender la democracia”, insistió, y llamó a “decir basta a la persecución política y a la utilización de las instituciones para favorecer a quienes gobiernan”.

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Paralización del concurso para fiscal reabre críticas al CPCCS

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La dimisión fue dirigida a Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, organismo ante el que se posesionó en octubre de 2025, hace más de siete meses.

La salida de Gilbert se produce una semana después de la sesión virtual en la que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debía aprobar el informe de calificación de méritos de 28 aspirantes dentro del concurso para la designación del fiscal general del Estado.

¿Qué pasó en la sesión del CPCCS del 11 de junio?

Durante esa reunión, el consejero Roberto Gilbert planteó al presidente del organismo, Andrés Fantoni, la posibilidad de retomar el proceso de forma presencial, al manifestar su desacuerdo con que la evaluación recaiga en “nueve ciudadanos de distintas especialidades, que decidirán quién será el fiscal y nosotros debemos decir amén”. 

Así, sugirió que cuando Fantoni regrese de sus vacaciones, se reúnan en Quito, y cada uno revise cuatro carpetas. “Tenemos derecho a saber por qué le pusieron a Pepito, Juanito o Marianito x puntos”.

La imagen de José De La Gasca

En medio de la sesión del 11 de junio se produjo un hecho, cuyo extracto en video fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa que, en el mismo espacio en el que se encontraba Gilbert, aparece detrás de él, José De La Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, quien ha rechazado su calificación.

Consultado por EXPRESO, Roberto Gilbert se limitó a responder: “Por el momento no estoy dando entrevistas”. Hasta esta tarde no se ha definido quién lo reemplazará en el seno del CPCCS. Entre los consejeros suplentes figuran Johnny Escobar, Andrés Mendoza, Roger Vallejo, Santiago Becdach, Patricio Espinosa, David Zúñiga, José Antonio Núñez y Juan Javier Dávalos.

Lo que debes saber

• Noboa decreta el 18 de junio cooperación internacional en Ecuador para reforzar acciones contra el crimen organizado
  
  
• Gobierno autoriza coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía y países aliados en operativos del conflicto interno
  
  
• Decreto 424 permite apoyo externo en Ecuador para enfrentar amenazas a la seguridad y soberanía nacional
  
  

El Gobierno de Ecuador oficializó un cambio en su estrategia frente al crimen organizado al habilitar la cooperación internacional en el marco del conflicto armado interno, una medida que amplía el alcance de las operaciones de seguridad en el país.

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El anuncio consta en un comunicado fechado el 18 de junio de 2026, donde se detalla la emisión del Decreto Ejecutivo N.º 424, mediante el cual el presidente Daniel Noboa reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional y dispone nuevas acciones para enfrentarlo.

Según el documento, el Ejecutivo considera que el contexto actual está marcado por “circunstancias fácticas complejas” que afectan la soberanía, el orden público y la seguridad ciudadana, lo que justifica la adopción de medidas extraordinarias dentro del marco legal vigente.

Cooperación internacional como eje operativo

Uno de los elementos centrales del decreto es la decisión de incorporar cooperación internacional para reforzar las acciones contra las estructuras criminales. 

El texto señala que el Estado recibirá apoyo externo para “fortalecer las acciones de neutralización” de las amenazas que sostienen el conflicto interno.

En la práctica, esto implica la posibilidad de que actores internacionales participen en tareas vinculadas a seguridad, lo que marca un giro hacia una estrategia más abierta a asistencia extranjera en un escenario de violencia persistente.

Coordinación entre fuerzas locales y actores externos

El comunicado indica que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajarán de manera coordinada con los países cooperantes en la ejecución de operativos. Estas acciones estarán orientadas a recuperar y garantizar la soberanía, así como a enfrentar a las estructuras criminales identificadas como amenazas.

La coordinación “en todos los niveles” sugiere una integración operativa amplia, aunque el documento no detalla el alcance específico de la participación extranjera ni los mecanismos de control.

Política

Noboa decreta nuevas reglas del conflicto armado interno y habilita indultos a fuerzas de seguridad

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Contexto de seguridad y alcance del decreto

El reconocimiento del conflicto armado interno no es nuevo, pero el decreto actual introduce ajustes en la estrategia estatal, especialmente en la apertura a apoyo internacional. 

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Esta decisión se produce en medio de una crisis de seguridad caracterizada por el accionar de organizaciones criminales y el incremento de hechos violentos en distintas zonas del país.

Con esta disposición, Ecuador entra en una nueva fase en la gestión del conflicto interno, en la que el factor internacional adquiere mayor relevancia. El impacto de la medida dependerá de su implementación operativa y del marco de control que se establezca sobre las acciones conjuntas.

Lo que debes saber

• Noboa decreta el 18 de junio nuevas reglas del conflicto armado interno en Ecuador para combatir crimen organizado
  
• Decreto permite a Noboa otorgar indultos a policías y militares que actúen en operativos de seguridad
  
• Gobierno autoriza participación de personal extranjero con inmunidad en operaciones dentro del conflicto interno
  

El presidente Daniel Noboa emitió este 18 de junio de 2026 un nuevo decreto ejecutivo que redefine el marco del denominado conflicto armado interno en Ecuador, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia criminal y la presión política por resultados en seguridad. 

La normativa introduce cambios sensibles, entre ellos mecanismos de protección jurídica para agentes estatales y la posibilidad de incorporar cooperación extranjera bajo condiciones de inmunidad.

El Decreto Ejecutivo 424 sustituye al esquema anterior vigente hasta esta fecha y establece nuevas disposiciones que regirán las operaciones del Estado contra organizaciones que el Gobierno cataloga como amenazas a la seguridad nacional.

Blindaje legal para fuerzas del orden

Uno de los puntos más relevantes —y potencialmente controversiales— es la facultad que se atribuye el Ejecutivo para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e incluso personal civil involucrado en operativos de seguridad.

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Este tipo de medidas apunta a brindar respaldo político y jurídico a quienes actúan en la primera línea de combate contra el crimen organizado, en momentos en que los operativos han sido cuestionados por presuntos excesos o violaciones a derechos humanos.

El decreto además exhorta a la Asamblea Nacional a conceder amnistías en favor de uniformados y civiles que hayan participado en acciones “en defensa del Estado”, lo que evidencia una estrategia más amplia para consolidar protección institucional a quienes intervienen en el conflicto.

Participación extranjera con inmunidad

Otro elemento clave es la incorporación explícita de la cooperación internacional en tareas de seguridad. El documento establece que personal extranjero de países aliados podrá participar en operaciones dentro del conflicto armado interno y que estos efectivos gozarán de inmunidad, de acuerdo con los tratados internacionales aplicables.

La medida sugiere una eventual profundización de la asistencia externa en materia de seguridad, en un escenario donde el Estado ha reconocido limitaciones para enfrentar por sí solo a organizaciones criminales altamente estructuradas.

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Continuidad de una política de seguridad intensiva

El nuevo decreto no representa el inicio del conflicto armado interno, sino su reformulación. Con este instrumento, el Gobierno busca ajustar la estrategia vigente y fortalecer las operaciones contra grupos criminales, en un contexto en el que el país ha experimentado altos niveles de violencia durante los últimos años.

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La decisión se enmarca en una política de seguridad caracterizada por la utilización recurrente de estados de excepción y la militarización de territorios considerados críticos. 

Con la entrada en vigor de estas nuevas reglas, Ecuador se adentra en una fase distinta de su política de seguridad interna. El impacto real de las medidas dependerá no solo de su aplicación en el terreno, sino también del control político, judicial y social que se ejerza sobre ellas.

Desmentido 1: El fraude tributario y el lavado de activos

El 17 de septiembre de 2025, Neira publicó en su cuenta de X un video titulado: "Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos". En esa publicación afirmó que existía un supuesto esquema para introducir más de cinco millones de dólares al sistema financiero a través de vendedores de periódicos.

Aunque no mencionó expresamente a GRANASA, ese mismo día el Servicio de Rentas Internas notificó a la compañía para una inspección en sus oficinas. Neira también vinculó públicamente estos hechos con presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

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Sin embargo, ha transcurrido casi un año desde aquellas declaraciones y hasta la fecha no existe una sola prueba que demuestre que EXPRESO o GRANASA cometieron lavado de activos o defraudación tributaria. Lo que sí existe es un informe de la firma internacional Ernst & Young que certifica que no se identificaron variaciones significativas entre los datos analizados de GRANASA luego de comparar los montos totales realizados según los estados de cuentas bancarios y la información registrada en el libro de bancos de la empresa. De la misma manera, concluyó que hay correspondencia entre la facturación y cobros a 31 distribuidores.

Desmentido 2: El caso Porsche y una supuesta conspiración que Neira no ha demostrado

Neira también ha intentado involucrar a EXPRESO en una supuesta trama de conspiración relacionada con el denominado caso Porsche.

El funcionario ha afirmado que EXPRESO es un aliado de Rafael Correa -el mismo expresidente durante cuyo Gobierno se persiguió, insultó e intentó quebrar a este medio con multas- para construir narrativas mentirosas y ha intentado involucrar al medio en un supuesto complot. Sin embargo, no ha presentado una sola prueba que demuestre coordinación alguna entre EXPRESO y organizaciones políticas o personas relacionadas con esa causa.

Los hechos muestran la verdad. EXPRESO publicó las denuncias que dieron origen al caso Porsche, que un principal sospechoso de poner bombas en Guayaquil, Iván Ballesteros Chila, fue sobreseído tras su detención en flagrancia. Y que tras su arresto llegó a su casa un vehículo de Industrial Molinera, empresa vinculada a Grupo Noboa. En esa cobertura, este Diario también recogió la versión del abogado Fernando Yávar, del Grupo Noboa, quien tuvo espacio para exponer sus argumentos y responder a los cuestionamientos.

Si esto es una conspiración como dice Neira, ¿el abogado Yávar también está incluido en ella?

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Desmentido 3: La falsa teoría de una alianza entre Expreso, Astrobryxa y Xavier Jordán

La última de sus falsas afirmaciones sostiene que EXPRESO actuaría como aliado de Astrobryxa, en el caso Progen, y que existiría una conexión con Xavier Jordán a través de un estudio jurídico.

La acusación carece de sustento. El funcionario no ha mostrado documentos, comunicaciones o cualquier otro elemento que permita demostrar la existencia de esa supuesta relación.

La teoría incluso contradice hechos conocidos públicamente. Xavier Jordán demandó a EXPRESO por publicaciones periodísticas del medio y exigió una indemnización de cinco millones de dólares. Mientras otro medio ahora aliado al Gobierno transó con Jordán, este Diario se defendió ante la justicia y la acción fue archivada.

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Tres acusaciones, una constante

Las tres afirmaciones difundidas por José Julio Neira tienen un elemento en común: son falsas por la ausencia de pruebas y coherencia. El secretario acusó a EXPRESO y a GRANASA de lavado de activos y defraudación tributaria sin que exista una prueba judicial. Intentó vincular al medio con una supuesta conspiración política en el caso Porsche sin aportar evidencias. Además, afirmó que el periódico mantiene alianzas con empresas y personas investigadas sin presentar documentación que respalde esa versión.

Hasta ahora, todos los señalamientos del secretario de la Administración Pública permanecen en el terreno de las especulaciones, fantasías, bulos y mentiras.

Justicia

Nuevos detalles del caso de Nathaly Mafla: identifican a joven que tuvo su celular tras desaparición

Daniela Moina

El caso deja interrogantes sobre las responsabilidades de las universidades y el alcance de los organismos del sistema de educación superior. ¿Qué papel tiene el Consejo de Educación Superior (CES)? ¿Activó algún mecanismo para esclarecer lo ocurrido dentro del campus?

Consultado por EXPRESO, el CES respondió que, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es el organismo público encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, así como de su relación con la Función Ejecutiva y la sociedad. 

Sin embargo, precisó que la determinación de las circunstancias de una desaparición o fallecimiento, así como la investigación de posibles delitos, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado.

¿Qué dijo el Consejo de Educación Superior sobre el rol de la EPN?

Asimismo, el CES apeló a la autonomía universitaria. Las actuaciones vinculadas con la seguridad interna, la administración de los campus, la custodia de instalaciones, la revisión de sistemas de videovigilancia y las investigaciones internas recaen, en primera instancia, en las propias autoridades universitarias, en el marco de la autonomía responsable reconocida por la LOES.

En caso de que existan presuntas infracciones administrativas cometidas por estudiantes, docentes o investigadores, el artículo 207 de esa normativa establece que corresponde a la institución de educación superior —en este caso, la Politécnica Nacional— llevar adelante los procesos sancionadores conforme a su normativa interna.

“El CES no tiene atribuciones legales para dirigir investigaciones penales ni para determinar responsabilidades sobre hechos específicos ocurridos dentro de una institución”, insistió el organismo, que dijo que tampoco puede sustituir las competencias de las autoridades universitarias ni de los órganos de investigación del Estado.

Persisten, sin embargo, preguntas clave. ¿Los estudiantes que tenían el teléfono de Mafla alertaron a tiempo a las autoridades para revisar las cámaras de seguridad? ¿Se pudo reconstruir su salida del campus, aparentemente sin cartera, como sugieren algunas imágenes? ¿El CES ha solicitado información a la EPN?

El Consejo señala que, si bien puede monitorear el cumplimiento de aspectos académicos y jurídicos de las universidades, esa facultad no implica investigar hechos concretos ni pronunciarse sobre eventuales responsabilidades en casos que competen a otras autoridades.

Sobre denuncias por presencia de estudiantes universitarios alcoholizados

El caso también reaviva preocupaciones sobre seguridad en los entornos universitarios. Ante denuncias de la Agencia Metropolitana de Control y de la Policía sobre consumo de alcohol y conductas de riesgo en los alrededores de centros como la Universidad Central, la PUCE o la propia EPN, el CES subraya que el control del orden público y la seguridad ciudadana son competencia de las autoridades respectivas.

A las universidades, añade, les corresponde garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y adoptar medidas que promuevan el bienestar, la integridad y la convivencia de su comunidad, de acuerdo con la ley y su normativa interna.

Sin embargo, la edil aseguró que no tomará una decisión sobre su futuro político hasta que el proceso judicial quede completamente cerrado.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves 18 de junio de 2026 durante una entrevista en el programa Contacto Directo.

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González descarta una decisión inmediata

Consultada sobre la posibilidad de postular a la Alcaldía de Cuenca con el respaldo del movimiento ADN, la concejala negó que exista una definición al respecto.

"No, no es así", respondió.

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Aunque reconoció haber recibido acercamientos desde distintos sectores, insistió en que todavía no es momento de tomar una decisión.

"Yo he dicho con muchísima claridad que he tenido propuestas de diferentes candidaturas y que no iba a tomar ninguna decisión hasta que este proceso se cierre", afirmó.

Evita pronunciarse sobre motivaciones políticas del fallo

Durante la entrevista, González también fue consultada sobre las críticas de quienes consideran que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral contra Zamora pudo haber tenido motivaciones políticas y que, incluso, habría servido para impedir una eventual reelección del alcalde cuencano.

La concejala evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y sostuvo que su actuación se limitó a presentar una denuncia por las agresiones que, según dijo, recibió de manera reiterada.

"Yo no podría responder a esa pregunta. Yo lo único que hice es presentar una denuncia ante la serie de agresiones recibidas", señaló.

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La denuncia se originó tras una transmisión de enero de 2026

La edil recordó que la última agresión que motivó la acción ante el TCE ocurrió el 25 de enero de 2026, después de una transmisión realizada por Zamora a través de canales institucionales del Municipio de Cuenca.

"La última el 25 de enero del 2026, después de un en vivo brutal que el señor alcalde, bueno, este rato alcalde suspendido, se permite realizar dentro de los canales del municipio", manifestó.

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Según explicó, tras ese episodio decidió acudir al Tribunal Contencioso Electoral.

"Yo decido poner la denuncia y ahí es cuando se pone firme en el Contencioso Electoral y nos dan ya fecha para una audiencia", indicó.

Asegura que el caso no se reduce al término "fulana"

González rechazó las interpretaciones que reducen el proceso al uso de una sola expresión y sostuvo que el fallo responde a una serie de hechos ocurridos desde 2024.

"Se ha querido darle una narrativa al ciudadano ecuatoriano de que es solamente por el término 'fulana', lo cual no es así", afirmó.

La concejala sostuvo que las expresiones utilizadas por Zamora formaron parte de una conducta reiterada que afectó su honra y reputación.

"¿Por qué se constituye en un caso de violencia de género? Porque la violencia de género no únicamente hace caso a los epítetos descalificantes con relación al género, sino también hace caso a la violencia sistemática que va en desmedro de la honra, en este caso de una mujer", concluyó.

Horas antes, la funcionaria había señalado que no tomaría posesión hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificara oficialmente al Concejo Cantonal. Sin embargo, la ausencia de Zamora en su despacho y la confirmación del Ministerio de Trabajo sobre sus impedimentos legales aceleraron el proceso de transición.

Con la subrogación de Peñaloza, el Concejo Cantonal deberá definir quién ocupará la Vicealcaldía durante los seis meses de suspensión de Zamora. El secretario del Concejo, Vicente Astudillo, confirmó que aún no existe notificación oficial del TCE, lo que retrasa la designación.

Cristian Zamora y la sanción del TCE

El 9 de junio, el TCE ratificó la sentencia que suspendió los derechos políticos de Zamora por seis meses, impidiéndole ejercer funciones públicas. La sanción responde a una denuncia de violencia política de género presentada por la concejal Diana González, tras declaraciones del alcalde en su contra.

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Ministerio de Trabajo emite prohibición en contra del alcalde Cristian Zamora

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El Ministerio de Trabajo registró en su plataforma que Zamora “sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos”, lo que reforzó la decisión de apartarlo temporalmente de la Alcaldía. Aunque el TCE admitió un recurso de ampliación presentado por Zamora, la medida se mantiene vigente y el alcalde no acudió a su puesto el 17 de junio, dejando el camino abierto para la subrogación.

Perfil y trayectoria de Marisol Peñaloza

Peñaloza, licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Infantil, ha sido concejala de Cuenca desde 2019 y reelegida en 2023 bajo la alianza Democracia Sí-Pachakutik. Su gestión se ha caracterizado por impulsar proyectos en sectores rurales y mantener un discurso conciliador.

En contraste con Zamora, quien calificó la sanción como una “jugarreta política”, Peñaloza llamó a la unidad y al trabajo conjunto en beneficio del cantón. Su postura busca reducir la tensión política y garantizar la continuidad administrativa en un momento de incertidumbre institucional.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa realizó al menos 14 viajes a EE. UU. entre 2023 y 2026.
• Expertos destacan cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
• Analistas cuestionan la falta de información sobre objetivos y resultados de algunas giras.

Los viajes del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos se han convertido en uno de los rasgos más visibles y debatidos de su política exterior. 

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Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario ha mantenido una intensa agenda internacional con un marcado enfoque hacia ese país.

Entre reuniones oficiales, encuentros sobre seguridad, eventos multilaterales e incluso desplazamientos de carácter personal, Noboa ha visitado territorio estadounidense al menos 14 veces entre 2023 y 2026, según un recuento de Ecuador Chequea basado en decretos ejecutivos y registros oficiales.

La frecuencia de estas visitas ha generado cuestionamientos sobre sus objetivos, costos y resultados. Mientras el Gobierno sostiene que la relación con Washington es estratégica para enfrentar la crisis de seguridad y atraer inversiones, expertos consultados coinciden en que el debate ya no se centra en la cantidad de viajes, sino en los beneficios concretos que estos han generado para el país.

La cercanía con Estados Unidos se ha consolidado como uno de los pilares de la política exterior de la administración Noboa. Solo en 2026, el mandatario ha viajado a ese país en al menos cuatro ocasiones, de acuerdo con información oficial.

En varios casos, los decretos presidenciales justifican los desplazamientos por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, aunque sin detallar con precisión las agendas desarrolladas ni los resultados alcanzados. 

La estrategia responde a una visión más amplia de cooperación en seguridad, comercio e inversión. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y uno de los aliados más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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La crítica: avances, pero con poca claridad

Para Esteban Santos, docente universitario y experto en relaciones internacionales, el problema no radica en la frecuencia de los viajes, sino en la falta de claridad sobre sus objetivos y resultados.

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A su criterio, toda gira presidencial debe responder a una agenda definida y ser comunicada oportunamente a la ciudadanía. Para Santos, las dudas aumentaron después de la consulta popular de 2025, cuando Noboa realizó una visita a Estados Unidos cuya agenda no fue difundida de manera detallada.

“Las reuniones de alto nivel no se organizan de un día para otro. Son procesos que toman tiempo y requieren preparación. El problema ha sido la comunicación”, afirma.

Pese a sus cuestionamientos, el analista reconoce avances en la relación bilateral. Entre ellos destaca las visitas a Ecuador de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, además de la ampliación de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Los beneficios que destacan los expertos en seguridad

Por su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, sostiene que los constantes viajes del presidente forman parte de una estrategia destinada a consolidar a Estados Unidos como socio estratégico de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Pazmiño considera que algunos resultados ya son visibles. Entre ellos menciona el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, el acceso a tecnología especializada, programas de capacitación para las fuerzas de seguridad, el intercambio de información y la presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio ecuatoriano.

“Los primeros pasos que ha dado el Gobierno son correctos. Hay mucho por avanzar, pero la cooperación ha aumentado”, asegura.

¿Son suficientes los acuerdos internacionales?

Una posición intermedia plantea el politólogo y analista Mauricio Aguirre. Si bien considera que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado, advierte que “ningún apoyo externo puede sustituir el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano”.

Para Aguirre, la efectividad de cualquier alianza internacional dependerá de la existencia de una estrategia nacional clara, sostenible y capaz de traducir la cooperación externa en resultados concretos para la ciudadanía.

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El balance de los viajes presidenciales

Los registros públicos muestran que Noboa ha realizado al menos 33 viajes internacionales y ha permanecido fuera del país alrededor de 152 días desde que asumió la Presidencia. Estados Unidos concentra la mayor parte de esos desplazamientos.

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La primera salida internacional registrada de Daniel Noboa a bordo del avión presidencial Falcon 7X ocurrió entre el 6 y el 7 de diciembre de 2023, cuando viajó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Más allá del número de visitas, la discusión se concentra en determinar si la estrecha relación con Washington ha logrado traducirse en mejoras tangibles para Ecuador en áreas como seguridad, cooperación internacional, inversión y fortalecimiento institucional.