La comunicadora tomó esta decisión para proteger a su núcleo familiar, alega, tras la viralización de documentos forjados que intentaron posicionar a su esposo como testaferro y parte de una red de corrupción estatal.

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El origen de los señalamientos 

El 28 de agosto pasado, durante una entrevista radial, el primer mandatario aseguró que una comunicadora figuraba como proveedora del sector salud y que su pareja mantenía vínculos de 15 años con mafias eléctricas. Horas después de esta intervención, diversas cuentas alineadas al régimen iniciaron una campaña coordinada nombrando directamente a Bayona y a su esposo, José Roberto Alvear.

Para sostener las acusaciones gubernamentales, se difundieron capturas de supuestas noticias del delito ingresadas en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, Bayona defendió que los expedientes públicos demuestran que las imágenes fueron alteradas para convertir a Alvear de denunciante a sospechoso en un caso de falsificación informática.

A través de una declaración en video difundida en sus canales oficiales, Bayona rechazó categóricamente mantener negocios con el sistema de salud pública y aclaró que sus cuestionamientos periodísticos siempre respondieron a la crisis de desabastecimiento de medicinas en los hospitales estatales.

"Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Hoy elijo a mi familia", expresó la periodista. La comunicadora enfatizó que los procesos judiciales aludidos por el Gobierno ya concluyeron a favor de su esposo, quien actuó legalmente como víctima y denunciante de su ex socio.

La salida de la comunicadora ocurre en un escenario de confrontación directa entre el Ejecutivo y las voces críticas a su gestión sanitaria. Bayona cerró su intervención cuestionando la inversión de recursos estatales en campañas de desprestigio en lugar de abastecer la red de salud pública y combatir las estructuras de extorsión que operan en el país.

Desde julio de 2026, cinco intentos para anunciar la resolución han resultado fallidos.

Las razones no han sido las mismas. Entre ellas constan un pedido de la defensa de Bucaram, el permiso médico de un juez, la ausencia de un abogado y una perita y, en las dos convocatorias más recientes, problemas de salud del expresidente.

La siguiente fecha está fijada para este jueves 3 de septiembre, a las 17:00. Será el sexto intento.

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2 de julio: la defensa de Bucaram pidió el diferimiento

El primer intento ocurrió el 2 de julio de 2026. Para ese día estaba prevista la reinstalación de la audiencia en la que el Tribunal debía anunciar su decisión después de haber concluido la etapa de juzgamiento.

La diligencia no se concretó. La defensa de Abdalá Bucaram solicitó su diferimiento y el pedido fue aceptado.

La resolución quedó pendiente y hubo que buscar una nueva fecha.

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3 de agosto: faltó el juez ponente

Pasó un mes hasta el segundo intento. La audiencia fue convocada para el 3 de agosto, a las 17:00, y llegó a iniciarse de manera telemática. Sin embargo, faltaba uno de los integrantes fundamentales del Tribunal.

El juez ponente no se encontraba presente. Durante la diligencia se informó que el magistrado contaba con un permiso médico. Sin su participación, el Tribunal no podía anunciar su resolución.

La audiencia volvió a diferirse.

7 de agosto: faltaron un abogado y una perita

Solo cuatro días después se produjo el tercer intento.

El 7 de agosto, la audiencia tampoco pudo avanzar debido a la ausencia de dos participantes: Diego Córdova, abogado del procesado Leandro Berrones, y Carolina Cruz, perita encargada de la traducción para el ciudadano israelí Sheinman Oren.

En el caso del abogado, se informó que había sufrido una recaída en su estado de salud y había tenido que ser trasladado a una casa asistencial.

El Tribunal volvió a declarar fallida la diligencia. Además, dispuso sanciones contra el abogado y la perita por sus inasistencias y tomó medidas para garantizar su presencia en una nueva convocatoria.

La decisión seguía pendiente.

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26 de agosto: Bucaram estaba hospitalizado

El cuarto intento llegó el 26 de agosto. Esta vez el impedimento estuvo relacionado directamente con la salud de Abdalá Bucaram.

Su defensa informó que el expresidente había sido sometido a una intervención médica de emergencia el día anterior y que permanecía hospitalizado.

El Tribunal buscó determinar si Bucaram podía participar telemáticamente desde la casa de salud para escuchar la resolución.

Sin embargo, se informó que se encontraba en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que no era posible realizar allí la conexión necesaria.

La diligencia no pudo continuar.

31 de agosto: otro problema de salud, 15 minutos antes

El quinto intento estaba previsto para el lunes 31 de agosto, a las 17:00.

Pero aproximadamente 15 minutos antes de que comenzara la audiencia, la defensa de Bucaram comunicó un nuevo problema.

Según sus abogados, el expresidente había tenido que ingresar nuevamente a una casa de salud debido a una complicación cardíaca relacionada con la intervención médica anterior. La defensa sostuvo que Bucaram permanecía en una UCI.

Esta vez, el Tribunal dispuso verificar la información.

Un funcionario acudió al OmniHospital de Guayaquil y se conectó mediante videollamada. Durante la diligencia informó que no había logrado obtener del personal de la casa de salud información que permitiera confirmar en ese momento la presencia del expresidente.

Posteriormente, Abdalá Bucaram Pulley, hijo del exmandatario, aseguró que su padre sí se encontraba hospitalizado y que se había entregado documentación relacionada con su condición médica.

El quinto intento también terminó sin que se anunciara la decisión.

Cinco convocatorias y cinco razones

En poco menos de dos meses, esta ha sido la secuencia:

Los cinco episodios tienen algo en común: ninguno permitió que el Tribunal anunciara su decisión.

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El proceso se remonta a hechos ocurridos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram, Sheinman Oren y Leandro Berrones son procesados por presunta delincuencia organizada.

Según la tesis de la Fiscalía, habrían estado vinculados con una estructura relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia.

El juicio comenzó en 2025 y, tras concluir la presentación de pruebas y alegatos, el Tribunal quedó encargado de deliberar sobre la situación jurídica de los cuatro procesados.

Mientras esa decisión no sea anunciada y exista una sentencia ejecutoriada, los procesados mantienen su estado de inocencia.

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El 3 de septiembre será el sexto intento
​

Cinco convocatorias ya quedaron en el camino. Este jueves se conocerá si, en el sexto intento, el Tribunal finalmente logra anunciar su decisión en un proceso que se remonta a la emergencia sanitaria de 2020.

Lo que debes saber

• Velación y llegada de los restos de Michele Sensi-Contugi serán en estricta intimidad familiar.
• Pese al funeral de Estado decretado por Daniel Noboa, no habrá actos fúnebres públicos.
• Cancillería confirmó que el sepelio del exdirector del CNI se efectuará este 3 de septiembre.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador confirmó este 2 de septiembre de 2026 que la llegada y el velorio de Michele Sensi-Contugi, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, se realizarán de manera estrictamente privada por decisión de sus familiares. La medida rige a pesar de que el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó honras fúnebres oficiales tras el siniestro aéreo ocurrido el pasado 19 de agosto en la montaña Ololokwe, en el norte de Kenia.

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Decisión familiar frente al funeral de Estado decretado por Daniel Noboa

A través de un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia precisó que, por solicitud expresa de los deudos, se mantendrá "en la intimidad todo lo relacionado con la llegada y la velación de sus restos".

Aunque el mandatario ecuatoriano dispuso la ejecución de un funeral de Estado, las ceremonias fúnebres contarán únicamente con la presencia de su círculo íntimo:

Cancillería confirma fecha del sepelio de Michele Sensi-Contugi

En declaraciones emitidas durante una entrevista radial a primeras horas de este miércoles, el canciller de Ecuador, Roberto Kury, ratificó que el sepelio del exfuncionario se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre de 2026.

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores evitó dar precisiones sobre la recepción de los restos de la pareja, destacó el impacto de su fallecimiento en el gabinete ministerial: "Es un elemento irremplazable del Gobierno".

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Cronología del siniestro aéreo en Kenia

El deceso del titular del organismo de inteligencia se produjo en territorio africano a mediados del mes anterior:

Lo que debes saber

• Daniel Noboa acepta la renuncia de Enrique Herrería en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
• Aldrin Gómez asume la Secretaría Jurídica en Carondelet tras la salida de Enrique Herrería.
• Herrería deja el Gobierno y retorna al sector privado; Presidencia anuncia su reemplazo.

El presidente de la República, Daniel Noboa, aceptó la renuncia de Enrique Herrería como secretario jurídico de la Presidencia, según informó el Gobierno a través de un comunicado difundido este 2 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con el documento, la salida de Herrería se produce tras haberse cumplido el compromiso de conformar un equipo de profesionales dentro de la Secretaría Jurídica encargado de coordinar la elaboración de normas y apoyar el proceso de modernización del Estado impulsado por el Ejecutivo.

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El comunicado señala que la Presidencia reconoció y agradeció la gestión desarrollada por Herrería durante su permanencia en el cargo. Además, indicó que el exfuncionario retomará sus actividades profesionales en el sector privado.

Como parte de los cambios, el Gobierno anunció que Aldrin Gómez asumirá las funciones de nuevo secretario jurídico de la Presidencia. Según la información oficial, Gómez integraba el equipo de profesionales que se conformó dentro de esa dependencia.

Cambio en una dependencia clave

La Secretaría Jurídica de la Presidencia tiene entre sus funciones la revisión y coordinación de los proyectos normativos y decretos que emite el Ejecutivo. 

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Por ello, el relevo en esta dependencia ocurre en un área estratégica para la gestión gubernamental y el desarrollo de iniciativas legales impulsadas desde Carondelet.

La salida de Herrería y la llegada de Gómez se producen en medio de la continuidad de la agenda política y administrativa del Gobierno de Daniel Noboa, que encara una nueva etapa tras el inicio de su nuevo periodo presidencial.

Lo que debes saber

• 66.262 ciudadanos fueron seleccionados para integrar las Juntas Receptoras del Voto en Guayas.
• La capacitación a los designados comenzará el 7 de septiembre.
• Los estudiantes universitarios representan el 92,21 % de los seleccionados.

La Delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el sorteo electrónico para seleccionar a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), el miércoles 2 de septiembre, de cara al próximo proceso electoral. En total, 66.262 ciudadanos fueron escogidos para cumplir esta función.

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Capacitación empezará el 7 de septiembre

Rosa Tapia, directora de la Delegación Electoral del Guayas, informó que los seleccionados serán notificados entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre de 2026. No obstante, las jornadas de capacitación comenzarán desde el 7 de septiembre.

Universitarios son mayoría

Del total de integrantes escogidos, el 92,21 % corresponde a estudiantes universitarios, es decir, 61.100 personas. El segundo grupo más numeroso está conformado por empleados privados, que representan el 4,94 %, con 3.270 ciudadanos.

Los funcionarios públicos constituyen el 1,81 % de la nómina, equivalente a 1.196 personas. A ellos se suman 100 residentes de zonas rurales, que representan el 0,17 % y pertenecen a asociaciones comunitarias, comités pro mejoras, juntas de agua y otras organizaciones de carácter comunitario y rural.

Además, 586 ciudadanos, equivalentes al 0,88 %, fueron considerados dentro del padrón electoral para completar la nómina. La selección se realizó mediante un sorteo electrónico, con la presencia de la notaria pública Mariana Salcedo.

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Autoridades participaron en el sorteo

En la jornada también estuvieron presentes los integrantes de la Delegación Provincial Electoral, encabezados por Rosa Tapia, presidenta del organismo, junto con los vocales Abraham Hanna, Daniel Veintimilla y Ángela Barragán. Asimismo, participaron Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, y Pedro Gómez, vicepresidente de esa instancia.

Guayas tendrá 9.466 juntas

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación Electoral Provincial, en Guayas funcionarán 9.466 Juntas Receptoras del Voto distribuidas en 584 recintos electorales. Estas estructuras estarán habilitadas para recibir a los electores durante la jornada correspondiente.

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Candidaturas pasan a fase de impugnación

En cuanto a la oficialización de las candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, Pedro Gómez, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral del Guayas, señaló que las postulaciones ya fueron aprobadas por el organismo electoral provincial. No obstante, todavía pueden ingresar a una nueva etapa de impugnación ante el CNE, en Quito, y posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Gómez aseguró que ninguna de las candidaturas a la Alcaldía de Guayaquil ha sido objetada hasta el momento en la sede provincial. Sin embargo, no precisó hasta qué fecha podrán presentarse impugnaciones en las siguientes instancias.

Presidenta evitó declaraciones

Sobre este asunto, Maite Correa, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, prefirió no emitir declaraciones ante los medios de comunicación. Al finalizar el sorteo electrónico de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, abandonó rápidamente el Salón de la Democracia, donde se desarrollaba el evento, pese a la solicitud de la prensa para dialogar con ella.

Lo que debes saber

• La repatriación de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, se concretará en las próximas horas.
• Cancillería confirmó que el sepelio del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia será este jueves 3 de septiembre de 2026.
• Sensi-Contugi y su esposa fallecieron el 19 de agosto de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Kenia.

El canciller de Ecuador, Roberto Kury, confirmó que el sepelio de Michele Sensi-Contugi, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se realizará este jueves 3 de septiembre de 2026.

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Canciller se pronuncia sobre el sepelio de Sensi

Kury reveló detalles sobre la llegada de los restos de Sensi-Contugi y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, en una entrevista con WQ Radio. Ellos fallecieron el 19 de agosto de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Kenia.

Aunque Kury no quiso referirse a los preparativos para recibir los restos de Sensi-Contugi y su esposa, lamentó la pérdida de sus vidas. "Es un elemento irremplazable del Gobierno", comentó el canciller durante la entrevista radial.

Velación del Sensi-Contugi será privada

Por otro lado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó a los medios que por pedido expreso de la familia de Sensi-Contugi y su esposa, se mantendrá "en la intimidad todo lo relacionado con la llegada y la velación de sus restos".

Aunque el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un funeral de Estado para Sensi-Contugi, se informó que la llegada y velación de los restos se realizará de manera estrictamente privada, acompañada únicamente por sus seres queridos y las personas más cercanas.

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El 19 de agosto de 2026, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany María Hollihan Vásconez, falleció en un accidente aéreo ocurrido en la montaña Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte de Kenia. Él fue una de las figuras fuertes en el Gabinete y cercano al presidente Daniel Noboa desde el inicio de su primer periodo.

Después de que el informe fuera aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico, controlada por el oficialismo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para una sesión en modalidad presencial.

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¿Qué pasará con las competencias en tránsito?

El proyecto de ley plantea que la Agencia Nacional de Tránsito realice informes técnicos sobre el ejercicio de las competencias de tránsito por parte de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Estos informes deberán ser remitidos al Consejo Nacional de Competencias. Esa entidad tendrá la potestad de autorizar la intervención “cuando se compruebe la existencia de los supuestos de hecho consagrados en el artículo 157 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad)”.

El Cootad establece como causas para la intervención la omisión del ejercicio de una o más competencias o la prestación de uno o más servicios, así como la ineficacia en el ejercicio de la competencia o en la prestación del servicio.

Así, el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito establece que, en esos supuestos, “el Consejo Nacional de Competencias podrá suspender temporalmente el ejercicio de las competencias de tránsito y transporte terrestre conforme a la normativa aplicable”.

En caso de que la ley sea aprobada por el Pleno de la Asamblea y entre en vigencia tras el veto del Presidente de la República, la Disposición General Tercera establece un plazo de 180 días para la entrega de los informes.

Dichos informes técnicos deberán tomar en cuenta el cumplimiento de los estándares nacionales de regulación, control, seguridad vial y calidad del servicio establecidos en la normativa vigente.

El lunes pasado, Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, dijo que la ley combate al crimen organizado en los municipios. “Permite l suspensión de las competencias de los municipios corruptos que estén operando con el crimen organizado”.

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Citó como ejemplo el tema de la matriculación o el mal uso de los radares. Recordó que, con base en información del Ministerio del Interior, hay municipios en los que el parque automotor tiene entre 8.000 y 10.000 vehículos, mientras que las matriculaciones llegan a 40.000.

El oficialismo necesita, al menos, 77 votos para aprobar las reformas. Hasta el momento, la mayoría que ADN maneja en la Asamblea permitiría contar con las voluntades necesarias.

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Política cultural en Ecuador: entre recortes, tensiones y falta de planificación

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La cantante y viceministra Pamela Cortés ratificó que el proyecto se mantiene y que actualmente atraviesa las fases de prefactibilidad y factibilidad. 

En esta etapa, dijo, se analizan las condiciones técnicas para ejecutar el diseño, así como el financiamiento y el modelo de autogestión que permitirá sostener el espacio a futuro. 

¿Cuándo se colocará la primera piedra del museo?

Cortés señaló que se produjeron "algunos impasses" antes de que ella llegara al Viceministerio de Cultura, pero afirmó que actualmente todo está en orden y que se cumplirán los plazos y contratos establecidos por ley.

Según la funcionaria, que reemplazó a Romina Muñoz, la previsión es colocar la primera piedra durante el segundo trimestre de 2027 y entregar la obra en 2028. 

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"Todos estarán invitados a poner la primera piedra", reiteró. El nuevo MuNa, que estará en la capital, busca convertirse en un espacio de alcance nacional para exhibir obras que actualmente permanecen almacenadas y acercar al público a la historia y a las raíces culturales del país. 

El proyecto, comentó, también contempla salas para exposiciones, conciertos y charlas, además de espacios para distintas disciplinas artísticas. 

Cortés destacó que el museo tendrá áreas comunes y sociales y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. También se prevé que funcione como un espacio para la investigación y el encuentro entre investigadores, artistas, niños y visitantes.

 "Tenemos obras sumamente importantes, las vamos a poder disfrutar y ver, no estarán guardadas en un espacio, todos podremos entender raíces y cultura", reiteró la viceministra Pamela Cortés.

Lo que debes saber

• Eliana Jaramillo renunció como delegada judicial en el concurso para Fiscal General.
• Con esta dimisión ya suman diez comisionados separados o renunciantes desde enero.
• El proceso sigue: 41 impugnaciones fueron admitidas y la designación será en diciembre.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció este 2 de septiembre de 2026 la renuncia de Eliana Carolina Jaramillo Loayza a la Comisión Ciudadana de Selección, organismo encargado de liderar el concurso para designar al Fiscal General del Estado en Ecuador. Con la salida de la delegada de la Función Judicial, formalizada mediante dimisión escrita ante las autoridades, ascienden a diez las bajas registradas dentro del cuerpo colegiado desde que inició sus funciones en enero de 2026.

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El CPCCS da paso a tres impugnaciones contra aspirantes a la Fiscalía y ya suman 41

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Décima baja en la Comisión Ciudadana de Selección

La renuncia de Eliana Carolina Jaramillo Loayza agudiza la rotación de autoridades dentro del organismo colegiado. Desde la conformación de la mesa evaluadora a inicios de año, diez integrantes principales y suplentes se han apartado del procedimiento a través de dimisiones voluntarias o por separación del cargo.

El Pleno dispuso requerir a la Función Judicial el nombre y documentos habilitantes de su nueva delegada mujer ante la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado.

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Cronología de los comisionados separados o renunciantes

CPCCS aprobó nuevo cronograma del concurso

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también aprobó el cronograma actualizado del concurso para Fiscal General del Estado. Según la nueva planificación, la designación está previsto entre 24 y el 28 de diciembre de 2026.

Las comisionadas Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán se abstuvieron de votar al señalar que la actualización del cronograma no cuenta con una motivación adecuada.

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Admisión de impugnaciones y plazos del concurso

La salida de Jaramillo Loayza coincide con una etapa decisiva del trámite evaluatorio. El pasado 1 de septiembre de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección ratificó la admisión a trámite de 41 impugnaciones tras culminar el proceso de apelación.

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Concurso Fiscal General: postulantes impugnados tienen hasta el 7 de septiembre para defenderse

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Cronograma para la designación del nuevo Fiscal General del Estado

Pese a los cambios suscitados en la conformación de la comisión examinadora, el calendario oficial de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado continúa su curso. Según el cronograma actualizado del concurso, la elección y proclamación de la nueva autoridad judicial está prevista para ejecutarse entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026.

Lo que debes saber

• Petro y Correa propusieron en México una alianza antinarcotráfico el 1 de septiembre.
• La iniciativa busca cooperación regional con justicia social y democracia.
• Petro no detalló cómo operará la alianza ni qué países participarán.

La reunión que mantuvieron en Ciudad de México los expresidentes Rafael Correa y Gustavo Petro volvió a colocar en la agenda regional uno de los temas más sensibles para América Latina: la lucha contra el narcotráfico. 

Tras el encuentro, Petro anunció que ambos conversaron sobre la necesidad de construir una “verdadera alianza antinarcotráfico”, una iniciativa que, según explicó, debería estar basada en la justicia social, el fortalecimiento de la democracia y una mayor integración entre los países de la región.

La declaración, difundida a través de las redes sociales del exmandatario colombiano, no estuvo acompañada de una propuesta formal ni de mecanismos concretos de cooperación. Tampoco se detalló qué países podrían formar parte de la iniciativa, cuáles serían sus fuentes de financiamiento o cómo se articularía con los esquemas de seguridad ya existentes en la región.

Un enfoque distinto al modelo tradicional

Para Gabriel Pérez, experto en seguridad, el planteamiento de Petro sugiere una visión diferente a la estrategia de "guerra contra las drogas" que durante décadas ha predominado en América Latina. "En sus declaraciones, el exgobernante vinculó el combate al narcotráfico con factores sociales y económicos, argumentando que el problema no puede resolverse únicamente mediante acciones policiales o militares".

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Esta postura no es nueva. Durante su mandato en Colombia, Petro cuestionó reiteradamente la eficacia de las políticas enfocadas exclusivamente en la erradicación de cultivos ilícitos y en la persecución de las organizaciones criminales, defendiendo en cambio estrategias dirigidas a reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades económicas en territorios afectados por la violencia.

La referencia a una alianza basada en la justicia social apunta precisamente a esa línea de pensamiento: atacar las condiciones que facilitan el reclutamiento de personas por parte de redes criminales y fortalecer la presencia del Estado en zonas históricamente abandonadas.

¿Qué significa para Ecuador?

La propuesta adquiere relevancia para Ecuador en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico. El país se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia Europa y Norteamérica, debido a su ubicación estratégica, la cercanía con Colombia y Perú, y la infraestructura portuaria del Pacífico.

Las organizaciones criminales que operan en Ecuador mantienen vínculos con carteles internacionales, estructuras colombianas y mafias europeas, lo que dificulta una respuesta aislada. En ese escenario, una eventual alianza regional podría traducirse en mayores niveles de intercambio de inteligencia, control fronterizo y coordinación judicial.

Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia de que la iniciativa anunciada por Petro y Correa contemple ese tipo de mecanismos operativos.

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El componente político

Más allá de la seguridad, el encuentro tuvo una marcada dimensión política. Petro afirmó que la reunión también buscó fortalecer los espacios de comunicación e integración del progresismo latinoamericano. Además, durante su visita a México se reunió con el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz y abordó temas relacionados con la integración política del progresismo andino y caribeño.

Según Pérez, el anuncio mezcla objetivos de seguridad con una visión política regional compartida por ambos exmandatarios. "En ese sentido, la denominada “alianza antinarcotráfico” aparece asociada a una agenda más amplia de integración latinoamericana impulsada por sectores de izquierda en la región", agrega. 

Lo que debe saber

• Una encuesta del CIEES muestra que el apoyo a Daniel Noboa subió del 24 % al 36 % en agosto.
• El estudio también registra una recuperación de la confianza en el presidente de la República.
• En general, el estado de ánimo de los ecuatoriano alcanza el 21% de optimismo en el consolidado; 26% para Quito y 17% para Guayaquil.

El Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) expuso su última encuesta, en la que se detalla un repunte en el apoyo con el que cuenta el presidente de la República, Daniel Noboa.

La encuesta, presentada con corte al 26 de agosto de 2026, se realizó con 820 casos en Quito y Guayaquil, un 4 % de margen de error y un 95% de confianza. Además, el levantamiento de la información se realizó entre el 29 y el 30 de agosto de 2026.

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El estudio arranca con el dato sobre el estado de ánimo de los ecuatorianos. “El estado de ánimo alcanza el 21% de optimismo en el consolidado; 26% para Quito y 17% para Guayaquil. Se mantiene una tendencia que coincide con el mapa emocional que persiste entre la indignación y el miedo; sumando para Quito el 60% y para Guayaquil el 66%”, dice el CIEES.

¿Qué se dice sobre Daniel Noboa?

El CIEES mostró cifras que evidencian una recuperación en el apoyo al primer mandatario. “Agosto muestra que existe capacidad para recuperar apoyo pero no todavía para consolidarlo”, dice la encuesta.

Las cifras muestran que, en julio de 2026, Noboa contaba con un 24% de agrado, mientras que en agosto esa cifra subió al 36 %. Hay que tomar en cuenta que marzo de 2026 fue el pico para dicho apoyo: se registró el 44 %.

Asimismo, en lo que tiene que ver con la confianza, las cifras de Noboa pasaron del 27 % en julio al 28 % en agosto de 2026. Sobre esto, el CIEES indicó que “coincide en magnitud con el núcleo de consistentes positivos, aunque no constituye un piso garantizado”.

¿Qué dice la encuesta sobre la gestión?

“En agosto, la calificación positiva de la gestión presidencial se recupera del 21% al 32%, mientras que la negativa disminuye del 79% al 68%. El resultado interrumpe la trayectoria descendente observada desde marzo y devuelve el indicador a un nivel similar al de abril”, se señala en la encuesta.

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Además, la mejora aparece tanto en Quito como en Guayaquil. En la capital pasó del 23 % al 29 % y en Guayaquil, del 19 % al 34 %.

“El resultado muestra una recuperación general frente al piso registrado en junio”

Lo que debes saber

• DATA593 se lanzó el 1 de septiembre y reúne trámites de 10 entidades en Ecuador.
• Usuarios podrán gestionar cédula, licencia y certificados desde la app DATA593.
• Para usar DATA593, ciudadanos deben preregistrarse y validar su identidad en video.

El Gobierno presentó DATA593, una nueva aplicación móvil que concentra información y servicios de varias instituciones públicas con el objetivo de simplificar trámites para los ciudadanos. La herramienta fue anunciada por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, durante la noche del 1 de septiembre.

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Según lo informado, la plataforma integra inicialmente datos de al menos 10 entidades estatales en un mismo ecosistema digital. Entre ellas constan:

Durante la presentación, Neira señaló que la iniciativa busca conectar instituciones y reducir la necesidad de realizar procesos por separado en distintas plataformas estatales. La aplicación ya se encuentra disponible para descarga en dispositivos con sistemas operativos Android y Apple.

Trámites y documentos disponibles

Para acceder a los servicios, los usuarios deberán realizar un preregistro en la plataforma oficial y completar un proceso de validación de identidad que incluye la grabación de un video de aproximadamente 20 segundos.

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La creación de DATA593 se suma a otros proyectos impulsados en el país para concentrar servicios públicos en herramientas digitales. En abril de 2026, el Registro Civil anunció la incorporación de un código QR en la cédula de identidad, mecanismo que fue presentado como una llave digital para facilitar el acceso a distintos servicios estatales.

Lo que debes saber

• El CNE realiza hoy la selección simultánea en 24 provincias y el exterior.
• Notificaciones inician el 4 de septiembre y capacitaciones el 7 de septiembre.
• Multas por abandono o incumplimiento superan hasta los $ 9.600.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza este miércoles 2 de septiembre de 2026 la selección pública de los ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027. El proceso se desarrolla de manera simultánea en las 24 delegaciones provinciales y la circunscripción especial del exterior con el respaldo de notarios públicos, como parte del calendario electoral oficial. Quienes resulten designados deberán gestionar la recepción y escrutinio del sufragio general convocado para el domingo 29 de noviembre.

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CIDH pide trato igualitario y garantías judiciales para las elecciones seccionales 2026 en Ecuador

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¿Cómo se realiza la selección de los miembros de mesa?

Los sorteos se ejecutan de manera simultánea en las sesiones de las 24 Juntas Provinciales Electorales y de la Junta Especial del Exterior, con la presencia y validación de notarios públicos. Este hito forma parte del cronograma electoral actualizado por la autoridad comicial.

Para conformar las mesas electorales, el organismo prioriza los perfiles de los ciudadanos en el siguiente orden:

Las personas designadas tendrán bajo su responsabilidad la recepción del sufragio de los electores y el posterior escrutinio de votos durante la jornada del próximo domingo 29 de noviembre.

Calendario de notificación y capacitación electoral

Una vez concluido el sorteo, la autoridad electoral activará el cronograma de contacto y preparación para los ciudadanos elegidos:

La instrucción es de carácter obligatoria y se habilitará en modalidades presencial y virtual.

Trámites y servicios

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Sanciones y multas por incumplir con las Juntas Receptoras del Voto

El Código de la Democracia contempla penalizaciones económicas calculadas sobre el Salario Básico Unificado (SBU) para quienes no asistan a las jornadas de formación o eludan sus funciones electorales:

Multas severas por abandono de funciones

El CNE advirtió que abandonar la mesa de votación sin justificación legal conlleva las penalizaciones más graves del proceso:

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, remitió la sanción de la ley con fecha 31 de agosto de 2026. En el documento enviado a la Corte Constitucional se señala: “Me permito remitir el auténtico, la copia certificada de la Ley sancionada, junto con el oficio de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional y la certificación de discusión correspondiente para su publicación en el Registro Oficial”.

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Richard Josue Jimenez Mora

¿Qué cambia con la vigencia de la ley?

La normativa se denomina Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. La nueva ley establece que las intervenciones militares tendrán carácter complementario y subsidiario.

El apoyo procederá exclusivamente cuando exista una insuficiencia operativa, objetiva y verificable de la Policía Nacional para enfrentar amenazas graves y específicas que superen su capacidad de contención.

Las Fuerzas Armadas colaborarán en operaciones planificadas para prevenir y combatir el crimen organizado, así como para proteger a los habitantes ante situaciones de violencia extrema.

En caso de grave conmoción interna en los centros penitenciarios, las Fuerzas Armadas prestarán apoyo complementario para contribuir al restablecimiento del orden y salvaguardar la vida de los internos, del personal penitenciario y de terceros.

El apoyo se concretará mediante un nuevo proceso:

El origen del cambio

La ley que ahora está vigente se originó tras la Consulta Popular de abril de 2024. Dicho proceso fue impulsado por el presidente Daniel Noboa durante su primer periodo.

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Tras las votaciones, el 72,24 % de los electores respaldó la iniciativa y, con ello, se inició el proceso legal al interior de la Asamblea Nacional. La ley fue aprobada con 83 votos y, posteriormente, pasó al Ejecutivo para su sanción.

Lo que debes saber

• En Ecuador, los datos privados están expuestos mientras la información pública suele ocultarse.
• La falta de reserva en empresas y el secretismo oficial distorsionan la transparencia en el país.
• La Contraloría y el Gobierno limitan el acceso público mientras datos sensibles quedan libres.

Todo ciudadano tiene derecho a la privacidad, sobre todo en tiempos en los que la filtración de la información personal puede significar no solo un perjuicio económico sino la exposición a los grupos delincuenciales, que siempre están a la caza de una nueva presa fácil y carnuda. De esa preocupación deriva la queja de muchos quienes creen que la información privada de las personas naturales y jurídicas no está bien protegida en el Ecuador.

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Exposición de balances y accionistas en la Superintendencia de Compañías

Entre los reclamos de estos críticos destaca que, a diferencia de lo que pasa en países como los Estados Unidos, aquí la información que las empresas reportan a las autoridades de control termina frecuentemente subida a portales de libre acceso, aunque estas no coticen en bolsa y sean únicamente de capital privado. Tal es el caso de la información que termina en la página de la Superintendencia de Compañías, donde se puede encontrar, sin tener que pasar por mayor trámite, la nómina de accionistas, los correos de contacto, los balances, estados financieros y un sinfín de datos de las empresas ecuatorianas, cosas que difícilmente pueden ser catalogadas como de interés público. Sí, ese es más o menos el estándar de transparencia de otros países de la región y el de los europeos, pero es difícil encontrar un beneficio para ese nivel de apertura fuera de la oportunidad de inteligenciar mejor a los actores del mercado, algo que aunque no deja de ser positivo, debe ser sopesado con las preocupaciones antes mencionadas en torno a la seguridad.

Secretismo estatal: leyes y trabas al acceso a declaraciones patrimoniales

Como esto es el Ecuador, este debate no ha llegado a los altos sitiales del poder público, donde más bien la preocupación de las autoridades es otra: cuidarse a ellas mismas. Por ejemplo, el año pasado ya quisieron los legisladores de la mayoría oficialista regresarnos al pasado noventero con la Ley de Inteligencia, todavía parcialmente suspendida por la Corte Constitucional, la cual incluía en su articulado la disposición de que la Contraloría General revisase e incinerase periódicamente los documentos relacionados a los “gastos especiales” (léase “reservados” y viájese a esa época accidentada y frenética).

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El principio de transparencia frente a los funcionarios públicos

Es esa misma Contraloría la que este año ha pretendido que la ciudadanía tenga que ingresar sus datos para poder revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, lo que muchos percibieron como una forma de amedrentamiento (aunque definitivamente eso se prestaba para alguna broma, imagínese ingresar algún nombre que usted quisiera que ellos lean), pero que sin duda fue un paso en la dirección contraria de la Constitución y la ley, que están atravesadas por un principio de transparencia. Ese principio no es ninguna innovación criolla. En todas partes se entiende que el escoger asumir una responsabilidad dentro del Estado conlleva a renunciar parcialmente a la privacidad en pro de garantizar que el ejercicio del poder que se adquiere pueda ser controlado por otros funcionarios y valorado por la ciudadanía, desincentivando, al menos en teoría, el enriquecimiento ilegítimo a costas de lo público.

El bloqueo temporal a las declaraciones del presidente Daniel Noboa

Pero la última (hasta ahora) ha sido la más tenaz. Hace unos días se hizo público que la Contraloría bloqueó el acceso a las declaraciones patrimoniales del presidente Daniel Noboa, justificándolo con una supuesta “solicitud de uno de los Subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia”. Cuesta mucho entender cuál podría ser una razón legítima para aquello. Todos sabemos que el presidente es muy rico. El alcance de su grupo familiar es conspicuo. La publicidad de sus movimientos económicos no lo exponen a un riesgo adicional al que no se haya expuesto ya.

Al final, el Gobierno mismo les dio la razón a quienes reclamaron y publicó las declaraciones patrimoniales, reculando sin ahondar en el supuesto argumento de la seguridad del Estado.

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Falta de acceso a cifras oficiales y el debilitamiento de la transparencia pública

Con eso, un capítulo queda cerrado, pero sería ingenuo pensar que la tendencia de las autoridades por esconder la información que debería ser pública vaya a revertirse pronto. El tema no solo alcanza ámbitos personales o del gasto confidencial en seguridad estatal. Cifras laborales y de antecedentes penales entre las víctimas de homicidio llegan tarde o no lo hacen nunca, dejando a expertos y analistas a ciegas y debilitando el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Por ahora, parece que lo público no lo es tanto y lo privado tampoco. El Ecuador, como siempre, en la mitad del mundo y un mundo al revés.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección confirmó que 41 impugnaciones contra postulantes a Fiscal fueron admitidas a trámite tras el proceso de apelación.
• Los candidatos cuestionados tienen hasta el lunes 7 de septiembre para presentar sus descargos y las pruebas que respalden sus respuestas.
• Luego se realizarán audiencias públicas individuales para resolver las objeciones, antes de que el concurso avance hacia las etapas de méritos y oposición.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado avanza hacia una nueva etapa, luego de que la Comisión Ciudadana de Selección ratificara este martes 1 de septiembre que 41 impugnaciones fueron admitidas a trámite tras el proceso de apelación.

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Los aspirantes señalados deberán responder a las objeciones presentadas en su contra y sustentar sus argumentos con la documentación correspondiente.

El plazo para que los postulantes presenten sus descargos vence el lunes 7 de septiembre de 2026.

La Comisión informó que los aspirantes impugnados deberán adjuntar las respectivas pruebas que consideren necesarias para responder a los cuestionamientos formulados durante esta fase del proceso.

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Una vez recibidas las contestaciones, el procedimiento contempla la realización de audiencias públicas individuales. En estas diligencias participarán las partes involucradas en cada impugnación, según las reglas establecidas para esta etapa del concurso.

Cronograma para elegir al nuevo Fiscal General del Estado

La evacuación de las 41 objeciones está prevista en el cronograma actualizado entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre. Después de concluir esta fase, la Comisión deberá continuar con la revisión de los méritos de los candidatos y preparar el informe correspondiente, previsto para finales de octubre e inicios de noviembre.

El calendario contempla que el informe final de méritos sea presentado entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, mientras que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá aprobarlo el 11 y 12 de noviembre.

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A partir de entonces comenzará la etapa de oposición, que incluirá una prueba escrita el 28 de noviembre y una evaluación oral el 19 de diciembre.

El nuevo Fiscal General del Estado sería elegido en diciembre

Si el cronograma se mantiene, el proceso terminará en diciembre. La Comisión Ciudadana de Selección prevé que el Pleno del CPCCS designe al nuevo Fiscal General entre el 24 y el 28 de diciembre de 2026.

Sin embargo, las fechas todavía pueden modificarse, pues los comisionados advirtieron que eventuales recursos constitucionales o acciones de protección podrían volver a retrasar el concurso.

Lo que debes saber

• César Antonio Pérez busca llegar a la Prefectura del Guayas con Unidad Popular y Pachakutik.
• Su propuesta prioriza la participación ciudadana y el sector productivo.
• También plantea desconcentrar los servicios de la Prefectura.

César Antonio Pérez, precandidato a la Prefectura del Guayas por la alianza Unidad Popular-Pachakutik, conversó con EXPRESO sobre qué acciones prevé ejecutar en la provincia. Su propuesta pone el foco en la participación ciudadana, el fortalecimiento del sector productivo y la desconcentración de la Prefectura.

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- El Partido Social Cristiano ha tenido durante años un peso importante en Guayas. La Revolución Ciudadana también ha sido una fuerza electoral determinante. ¿Cree que el desgaste de ambas organizaciones abre una oportunidad para Unidad Popular?

- Creo que es la época de los rostros nuevos, de las organizaciones sociales, de la gente que viene de abajo y que se ha vinculado con la comunidad. Tenemos la oportunidad de llegar porque tenemos una vida limpia, una vida de trabajo junto a la gente. Tenemos la capacidad, la experiencia y los conocimientos.

- ¿Esa será su carta de presentación, con la que pedirá el voto?

- Lo primero siempre es la imagen, lo que uno es. Lo segundo es la propuesta, el discurso, hablar de la necesidad de la gente desde la posición y experiencia social. Tanto el Partido Social Cristiano como sus candidatos, tanto en Guayaquil como en la provincia, no veo que hayan tenido una vinculación con la comunidad o que hayan vivido las experiencias que nosotros sí hemos vivido: una experiencia de lucha, resistencia y dignidad junto a los pueblos.

- ¿Cuáles han sido los errores del PSC y de la RC al administrar la provincia?

- No han solucionado los problemas de la gente.

- ¿Como cuáles?

- Vialidad, por ejemplo. Tenemos problemas de riego y drenaje, y falta un apoyo real a los sectores productivos que no se limite solo a la producción, sino que sea un tema integral: construir silos para almacenar la producción, centros de capacitación permanente para los agricultores, mejorar el sistema de transporte y establecer nuevamente las ferias libres para que la gente pueda vender directamente sus productos. Por otro lado, se ha vendido la idea de que el Consejo Provincial es para el agro.

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- ¿Transformaría el Consejo Provincial?

- Sí, en uno participativo, donde la gente tenga voz, más allá de la representación. Nosotros vamos a buscar la participación activa de la gente en la toma de decisiones.

- ¿Cómo sería la participación?

- Mensualmente los vamos a convocar para establecer relaciones de conexión y conversar, para que nos evalúen y nos digan cuáles son los puntos críticos donde falta solucionar problemas. Además, buscamos una desconcentración de la Prefectura. No es posible que un ciudadano de El Empalme viaje tres horas hasta Guayaquil por un trámite. Vamos a establecer unas cuatro o cinco oficinas en diferentes sectores de la provincia.

- ¿Dónde?

- Daule, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal o Naranjito.

- ¿Han podido identificar cuáles son los nudos críticos de la provincia?

- Existen en zonas de riego, como en San Jacinto y Lomas de Sargentillo. Falta dar mantenimiento y limpiar los canales, las puertas automáticas y las redes secundarias del trasvase Daule-Chongón, para que pueda llegar el agua a las fincas y que no solamente un pequeño sector de la población se beneficie. Tenemos también problemas en Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora. Además, en Colimes, Palestina, Balzar, El Empalme.

- ¿Qué problemas han registrado?

- La presa Daule-Peripa debería tener canales de riego para Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora. El Proyecto de Riego Manuel de J. Calle es de las décadas de los 80 y 90, por lo que es necesaria una actualización.

- Ante los estragos que pueda dejar el fenómeno de El Niño, ¿qué acciones propone ejecutar?

- Una acción inmediata. Vamos a tener destrucción de cultivos por las zonas inundadas, pérdida de ganado y falta de follaje. Vamos a dotar de balanceado y sales; (además) de brigadas móviles de veterinarios. Vamos a ayudarlos para que comiencen el nuevo ciclo productivo.

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- ¿Cómo será el trabajo con los agricultores?

- Estableceremos ferias populares, en las que se relacionen el consumidor y el productor. Se reorganizará la producción mediante el cooperativismo, la producción comunitaria y la asociativa.

- ¿Qué implicaría eso?

- Colaborar en la reconstrucción del tejido social, que se creen empresas, pero no solo de producción, sino también de logística, comercialización, valor agregado y, a la vez, que el campesino pueda exportar. Para eso necesitamos fortalecer la Empresa Estratégica Guayas EP.

- ¿Cómo la va a fortalecer?

- Buscando recursos. Hay recursos en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Si los recursos no están aquí, en el Estado, los conseguiremos.

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- ¿Cómo garantizará que las contrataciones no se conviertan en una fuente de sobreprecios o corrupción?

- No rodeándome de corruptos, sino de gente honesta. Yo tengo 10 años de experiencia en el sector público. Tengo tres exámenes especiales, no tengo ni siquiera un llamado administrativo, y esa es una de las cartas de presentación. He manejado instituciones donde ha habido recursos y jamás he sido capaz de utilizar un vehículo ni siquiera para llevar a mis familiares al supermercado o a la playa. Hay que ver más allá de los intereses particulares, individuales y personales. Eso es lo que nos tiene fregados como país. César Pérez viene del campo, viene de sectores populares, ha sido dirigente durante más de 40 años. No solamente tiene una lucha por el respeto a la Constitución, sino también por nuestra cultura.

- ¿Cree que pueda trabajar a la par con el Gobierno?

- Podemos tener diferencias de carácter político, pero con el Gobierno Nacional tenemos que sentarnos a trabajar.

Primero hay que dialogar con el Ejecutivo. Todo se puede hacer en este país cuando existe voluntad política.César Pérez, precandidato a la Prefectura del Guayas por la alianza Unidad Popular-Pachakutik

Lo que debes saber

• Tamia Villavicencio asegura que las hijas de José Serrano manejan actualmente sus cuentas en redes sociales y que antes existió una disputa familiar por su control.
• El SNAI sostiene que el mensaje publicado desde la cuenta de Serrano no fue difundido desde el interior de la cárcel El Encuentro, donde están prohibidos los celulares y otros dispositivos de comunicación.
• Villavicencio cuestiona si la publicación de contenidos en nombre de Serrano, sin que él los emita directamente, podría constituir una eventual suplantación de identidad.

La publicación de un extenso mensaje atribuido al exministro del Interior, José Serrano, desde su cuenta de X abrió este martes 1 de septiembre una nueva interrogante alrededor de su permanencia en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro.

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Serrano aseguró que teme por su vida y denunció presuntos malos tratos, además de pedir a organismos internacionales y a la prensa que soliciten las grabaciones de las cámaras del centro penitenciario.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) puso en duda que el mensaje haya sido escrito y publicado directamente desde el interior de la prisión.

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La entidad recordó que está prohibido que los internos ingresen, tengan o utilicen teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación. Según el organismo, la publicación atribuida a Serrano habría sido difundida por terceros ubicados fuera del centro penitenciario.

¿Quién tiene acceso a las cuentas de redes sociales de José Serrano?

A partir de esa explicación surgió otro cuestionamiento: ¿quién tiene actualmente acceso a las cuentas de redes sociales de Serrano? La respuesta fue planteada por Tamia Villavicencio, hija del fallecido excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Ella aseguró en X que las cuentas del exfuncionario son manejadas por sus hijas mientras él permanece privado de libertad.

Villavicencio sostuvo que María Paula Christiansen, pareja de Serrano, también tuvo acceso anteriormente a una de esas cuentas. Para respaldar su afirmación, publicó capturas de conversaciones que, según explicó, corresponden a un chat entre Christiansen y Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio.

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En ese intercambio, Christiansen habría contado que las hijas de Serrano modificaron la contraseña y que, posteriormente, uno de sus familiares la llamó para reclamarle por lo ocurrido.

El contenido del chat adquiere relevancia porque, según Villavicencio, demostraría que ya existía una disputa dentro de la familia de Serrano por el control de sus redes sociales.

La hija del excandidato asesinado cuestionó así que publicaciones realizadas desde las cuentas del exministro puedan atribuirse directamente a él sin conocer quién las redactó o quién tiene las credenciales para difundirlas.

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Villavicencio incluso planteó una interrogante de carácter jurídico. "Si una persona administra una cuenta ajena y publica contenidos atribuyéndolos al titular de la cuenta, cuando este no los está emitiendo, surge una pregunta jurídica que vale la pena investigar: ¿podría configurarse una forma de suplantación de identidad?".

Agregó que este aspecto debería ser determinado por las autoridades.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador presentó este martes 1 de septiembre la plataforma digital DATA593, una aplicación que centraliza los servicios y documentos de más de 10 instituciones públicas en un solo espacio.
• En esta primera fase, la aplicación integra información de entidades como: SRI, IESS, Registro Civil, INEC, ANT.
• También incorpora servicios de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano; de Desarrollo Económico y Productivo; de Salud Pública; de Educación, Deporte y Cultura.

El Gobierno de Ecuador presentó este martes 1 de septiembre la plataforma digital DATA593, una aplicación que centraliza los servicios y documentos de más de 10 instituciones públicas en un solo espacio.

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El anuncio fue realizado por José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, quien aseguró que la herramienta busca reducir tiempos en trámites administrativos.

En un video de presentación, el funcionario explicó que DATA593 reúne en una sola aplicación documentos que anteriormente podían tomar varios días en obtenerse.

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Añadió que la plataforma fue diseñada para que los ciudadanos consulten, gestionen y accedan a su información desde el teléfono móvil o una computadora mediante una interfaz intuitiva.

Estas son las instituciones que ya forman parte de DATA593

En esta primera fase, la aplicación integra información de entidades como:

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También incorpora servicios de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano; de Desarrollo Económico y Productivo; de Salud Pública; de Educación, Deporte y Cultura.

Neira adelantó que el catálogo de documentos, certificados y servicios se ampliará de manera progresiva en futuras actualizaciones.

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La plataforma DATA593 ya está disponible para dispositivos con iOS y Android —a través de Google Play—, además de contar con una versión para computadoras, desde donde los usuarios podrán acceder a los servicios habilitados en esta etapa inicial.

Lo que debes saber

• El proyecto fue priorizado sin contar inicialmente con un diagnóstico socioeconómico ni una línea base que justificara la intervención.
• La auditoría cuestiona que el Municipio asumiera obras que, según la planificación cantonal, correspondían al Ministerio de Salud Pública en otro horizonte de tiempo.
• Además, se detectaron pagos observados por más de $64.000 y fallas en los controles ambientales de una de las obras.

La construcción de tres hospitales para parroquias rurales de Cuenca está bajo la lupa de la Contraloría General del Estado, que ha identificado una serie de fallas en su planificación, contratación y ejecución. Un examen especial (DNA5-GAD-0017-2026) ha revisado procesos realizados entre el 1 de enero de 2023 y el 29 de julio de 2025, con recursos municipales y del préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

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Estas infraestructuras forman parte de las obras ejecutadas por la actual administración del Municipio de Cuenca. Los proyectos comenzaron en 2023 y estaba previsto que concluyeran en 2027, al finalizar el período del suspendido alcalde Cristian Zamora.

El documento, emitido por la Contraloría General del Estado, detalla irregularidades y deficiencias en las fases preparatoria, precontractual y contractual para los estudios y construcción de tres hospitales básicos en las parroquias rurales del cantón. Estos son en El Valle, Baños y Ricaurte.

Desalineación con la planificación territorial

Contradicción con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT 2022). El informe determina que la construcción de tres hospitales básicos de segundo nivel en las parroquias rurales de El Valle, Baños y Ricaurte no está alineada con la planificación cantonal.

El PDOT, además, establece que el equipamiento de salud de segundo y tercer nivel deberían ubicarse en las parroquias urbanas en consolidación, como El Batán y Machángara. Además, sostiene que en la planificación no se determinaba la necesidad de construcción de hospitales de segundo nivel en áreas rurales.

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Invasión de Competencias y Temporalidad

Según el PDOT, el ejecutor de estos equipamientos de salud (hospital básico y centro de salud tipo C) debía ser el Ministerio de Salud Pública (MSP) a largo plazo (temporalidad 2028-2034) y de forma no concurrente (corto plano, año horizonte 2023). Ante esto, la Contraloría expone que la intervención directa del GAD Municipal no respetó esta asignación.

Asimismo, recalca que “a pesar de que, en las parroquias rurales, entre ellas Baños, Ricaurte y El Valle, se determina que existe un déficit en la cobertura de los servicios de salud, no se estable la necesidad de modificar el nivel de atención. En su lugar, se planteaba la ampliación de la capacidad instaladas, el fortalecimiento de la infraestructura existente o el incremento del número de establecimientos del primer nivel de atención”.

Aprobación de programas sin línea base

Por otro lado, los concejales, indica el documento, aprobaron el programa de financiamiento 'Cuenca se Transforma' (financiado mediante préstamo de la CAF y recursos municipales) “sin contar con su evaluación, diagnóstico socioeconómico o línea base”. Así también recalca que los estudios e insumos que debían sustentar la necesidad técnica, como la ‘Metodología para el Levantamiento de Necesidades de la Fase 1’, se elaboraron y aprobaron con posterioridad a la priorización y contratación de los proyectos.

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Reformas al PAC sin sustento

La Contraloría observó, sin mencionar sus nombres, que el director general de Obras Públicas y la directora general de Compras Públicas “a fin de incluir la referida contratación, requirió y reformó respectivamente el PAC (Plan Anual de Contrataciones) 2023”. E indica que eso se realizó con justificaciones que no obedecían a la priorización ni planificación territorial.

Otros hallazgos

La revisión también encontró problemas en los estudios entregados por la consultoría, pues algunos productos de las fases preliminar y definitiva no cumplieron con las condiciones legales o técnicas establecidas. Asimismo, se detectaron inconsistencias en los datos utilizados para proyectar la población y calcular las necesidades de camas hospitalarias.

Otro de los hallazgos económicos está relacionado con los pagos por trabajos de excavación, transporte y desalojo de materiales. Se reconocieron porcentajes de esponjamiento de 29,99 % en El Valle, 29 % en Baños y 30 % en Ricaurte sin que conste la norma técnica utilizada ni qué rige dicho reconocimiento. 

Además, según la auditoria, “entre el 3 de noviembre de 2024, 11 de diciembre de 2024 y el 28 de marzo de 2025 todos hasta el 29 de julio de 2025 añadieron sin justificación ni sustento técnico un porcentaje de esponjamiento de 29,99 %, 29 % y 30 % a los volúmenes de excavación, demolición o retiro en las planillas de la 1 a la 6 en el hospital del Valle; 1 a 3 y 5 a 6 en el hospital de Baños y de 1 a la 2 en el hospital de Ricaurte”.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, eso generó perjuicios de $ 30.485,78, $13.761,29 y $ 18.826,74, respectivamente. Los pagos se ejecutaron “a pesar de las observaciones indicadas”, dice el documento.

Por otra parte, la adjudicación de una consultoría para el seguimiento ambiental del Hospital de Baños se realizó sin acreditar que el experto ambiental (el director del proyecto experto ambiental) cumpliera el requisito exigido en los términos de referencia y pliegos: consultor ambiental, categoría I, ante el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Como consecuencia, durante la ejecución del contrato se recurrió a una subcontratación que no estaba contemplada en la oferta original.

Finalmente, el informe advierte que las mediciones realizadas, en marzo de 2025, registraron niveles de ruido superiores (60,5 y 63,4 db) a los límites permitidos (55 db), en horario diurno, en la construcción del Hospital de Baños. Además, recalca que no se exigió al consultor incorporar un plan de acción con medidas específicas para reducir ese impacto.