Política

¿Luisa González tiene alguna opción para estar en la papeleta de las seccionales?

Daniel Alejandro Romero Páez

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CREO exige esclarecer el ataque y garantizar seguridad

En el comunicado difundido por CREO, la dirigencia calificó el ataque como un acto de “violencia e intimidación política” y pidió la intervención de las autoridades competentes. También demandó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que “se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y se garantice la seguridad y protección” de Lozada, su equipo y quienes participan en el proceso electoral.

La organización política sostuvo además que la actividad política debe desarrollarse sin hechos de violencia y cerró su pronunciamiento con un llamado a defender la democracia mediante “ideas, propuestas y participación ciudadana, nunca con violencia”. CREO, en su publicación, enfatizó: “¡No permitiremos que la política sea un espacio de miedo!”.

El ataque ocurrió durante la madrugada, en Joya de los Sachas, cuando el vehículo en el que se movilizaba Lozada fue blanco de varios disparos. CREO señaló que el hecho constituye un acto de “violencia e intimidación política” y pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los equipos de todos quienes participan en los comicios.

Política

Revolución Ciudadana define sus candidatos para 17 alcaldías de Guayas en 2026

Flor Layedra Torres

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CREO niega alianza con Revolución Ciudadana

Además, la organización política también se pronunció ante las declaraciones de Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, quien anunció que su organización concretó 27 alianzas y acuerdos políticos en distintas provincias y cantones. Entre las organizaciones mencionadas por Rivadeneira estuvo CREO, junto con el Partido Socialista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), Alianza Mano Firme, Futuro Naranja, Revive, Minga por el Cambio y Unidad Popular.

Juan Fernando Flores, primer vocal de CREO, rechazó esa afirmación y aseguró que el movimiento no ha concretado acuerdos con Revolución Ciudadana, ni en Guayas ni en otras provincias. “Eso es falso”, escribió en X; a su vez señaló que CREO incluso objetó la candidatura de Luisa González en Manabí por un supuesto incumplimiento de la ley.

Ana Belén Cordero, presidenta de CREO, también respondió a Rivadeneira y negó que exista un acuerdo entre ambas organizaciones políticas. “El Movimiento CREO no tiene Ninguna alianza ni en la provincia del Guayas ni el país con ustedes”, afirmó, y agregó que “todos nuestros candidatos son y fueron inscritos como CREO, lista 21”, aunque aclaró que "si algún candidato estuvo o participó en procesos anteriores en otras organizaciones políticas, es algo distinto a que exista alianza alguna". 

El grupo, que promovió la consulta para que el petróleo se mantenga bajo tierra, anunció que su recurso extraordinario ante la Corte Constitucional no fue admitido. Con ello, el siguiente paso sería buscar instancias internacionales.

Política

Yasunidos logra recaudar más de 18.000 dólares para pagar multa del TCE

Nadia Larco Bravo

“La sala de admisión de la Corte Constitucional conformada por los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Richard Ortiz Ortiz y José Luis Terán Suárez inadmitió la acción extraordinaria de protección que presentamos contra la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que sancionó con 18.000 dólares a dos miembros de Yasunidos”, se lee en un pronunciamiento de esa organización.

El Pleno del TCE emitió el 7 de abril de 2026 una sentencia con la que impuso multas de USD 9.000 a dos de sus miembros. La entidad estatal justificó la decisión argumentando una diferencia en la clasificación contable de USD 0,39 dentro de los registros de la organización.

“Este no es un caso más, sino la expresión de las tantas arbitrariedades de la Función Electoral que han socavado la democracia y los derechos de participación. Son precisamente estos casos, en los que se necesita controlar el poder y garantizar los derechos constitucionales y la democracia, cuando la ciudadanía más necesita la acción de la Corte Constitucional”, indicó el colectivo.

¿Qué hará Yasunidos?

Por ahora, todo lo que se sabe respecto al siguiente paso del colectivo es que recurrirá a instancias internacionales. Yasunidos señaló que hay organismos fuera del país que ya siguen de cerca lo que ocurre con quienes defienden el Yasuní.

Al final de su comunicado se señala: “No vamos a dejar de exigir que se cumpla la voluntad popular, ni vamos a permitir que el aparato electoral se use para amedrentar a la ciudadanía”.

Política

Rivadeneira endurece postura ante los 37 asambleístas de Revolución Ciudadana

Flor Layedra Torres

El pago de la multa

El pasado 14 de mayo de 2026, el colectivo Yasunidos informó que consiguió recaudar más de USD 18.000 para pagar la multa. La organización explicó que los fondos se obtuvieron mediante rifas solidarias, una “fiesta por la vida”, campañas de financiamiento colectivo y aportes de organizaciones nacionales e internacionales.

Lo que debes saber

• Patricia Núñez denunció a 37 legisladores de RC.
• La dirigencia pide respetar los acuerdos de bancada.
• Rivadeneira sostiene que nadie está por encima de las reglas del movimiento.

El proceso disciplinario contra 37 asambleístas de Revolución Ciudadana (RC) abrió una disputa interna en la organización política, luego de que Patricia Núñez, coordinadora de la bancada, presentara una denuncia ante el Consejo de Ética y Disciplina. Entre los legisladores señalados están Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Xavier Lasso, Pamela Aguirre, Paola Cabezas, Blasco Luna, Jahiren Noriega y Mónica Palacios.

Política

RC buscará respaldar candidaturas donde no pudo inscribir las suyas

Flor Layedra Torres

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RC advierte sobre los conflictos internos

Gabriela Rivadeneira, presidenta de RC, en rueda de prensa, defendió la actuación del organismo interno y rechazó que se trate de una instancia destinada a expulsar militantes. “El Consejo de Ética y Disciplina no es un consejo inquisidor, no es un consejo de la expulsión”, sostuvo, y explicó que su función es analizar situaciones relacionadas con la actuación de los integrantes del movimiento.

La dirigente aseguró que dentro de la bancada existen discusiones y acuerdos sobre las votaciones que deben asumir sus legisladores en la Asamblea Nacional. “Adentro hay la discusión y hacia fuera un solo puño”, dijo Rivadeneira, quien advirtió que los conflictos internos no deben convertirse en asuntos públicos y que quienes los expongan serán observados por el Consejo de Ética y Disciplina.

Rivadeneira también descartó que la visibilidad política de los legisladores los coloque por encima de las normas internas del movimiento. “Aquí en la Revolución Ciudadana todos somos militantes y todos tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos”, afirmó, al recordar que anteriormente otros cuadros relevantes de la organización también fueron sancionados.

La presidenta de RC reconoció que una eventual salida de los legisladores sancionados podría tener consecuencias para la bancada, pero sostuvo que permanecer en el movimiento es una decisión individual. “Todos están invitados a quedarse, pero nadie está obligado a hacerlo”, dijo Rivadeneira, quien también añadió que: “lo que no suma que no divida”.

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Rivadeneira marca límites a los asambleístas

Sobre la votación que habría motivado parte de la controversia, Rivadeneira sostuvo que el acuerdo interno era abstenerse, debido a que el proyecto había sido presentado por la legisladora oficialista, Diana Jácome, a la que vinculó con el archivo del caso Progen. La dirigente insistió en que RC debe asumir su papel como “primera fuerza de oposición”.

El pronunciamiento ocurre después de votaciones en las que legisladores de la tienda política se apartaron de acuerdos previamente establecidos por la bancada. Rivadeneira señaló que no se trata de que los asambleístas deban acatar de manera automática su posición, como presidenta del movimiento, sino de respetar los consensos alcanzados por el bloque: “Cuando ese acuerdo de la votación se rompe, entonces por supuesto que hay una afectación”.

La presidenta de RC defendió, además, la postura de oposición que mantiene la bancada frente al régimen de Daniel Noboa y cuestionó que la discusión política se concentre en la aprobación de leyes como respuesta a los problemas del país. “No se trata de las leyes”, afirmó, al sostener que el Ejecutivo debe demostrar resultados y que la función de sus legisladores también es fiscalizar lo que, a su criterio, no se está haciendo.  

Lo que debes saber

• RC aún analiza a qué candidatos respaldará en varios cantones.
• En Manabí pide el voto nulo para la Prefectura.
• La decisión también alcanza a territorios donde expulsó a alcaldes.

Revolución Ciudadana (RC) analiza respaldar a candidatos de otras organizaciones políticas en los cantones donde no logró inscribir postulantes propios para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, señaló que cerca de 3.000 cuadros del correísmo quedaron fuera de la contienda, por lo que ahora evalúan dónde trasladar el respaldo de su estructura electoral.

Política

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RC define sus respaldos fuera de sus listas

La dirigente aseguró, en rueda de prensa, que la definición se hará caso por caso y dejó clara la principal condición política del movimiento: no respaldar candidaturas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). “Cualquiera menos ADN”, afirmó Rivadeneira.

Manabí tendrá un tratamiento distinto, pues RC anunció que promoverá el voto nulo para la Prefectura y no apoyará a otro candidato para ese cargo. La decisión está relacionada con la exclusión de Luisa González, cuya candidatura fue descartada por las autoridades electorales; no obstante, Rivadeneira señaló que el movimiento sí logró cubrir alrededor de 20 alcaldías en esa provincia.

Otro de los casos que está bajo análisis es Otavalo, donde RC tampoco pudo mantener la candidatura de Anabel Hermosa para la Alcaldía. Rivadeneira cuestionó la decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura y señaló que el movimiento evalúa ahora a qué candidato de otra tienda política respaldará en esa localidad.

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Guayas concentra otra disputa política

En Guayas, en cambio, la estrategia estará marcada además por la disputa interna que provocó la expulsión de varios alcaldes del movimiento. Rivadeneira sostuvo que quienes apoyaron la designación de Carlos Encalada como viceprefecto fueron expulsados y que, en esos cantones, RC convirtió la presentación de candidaturas alternativas en una prioridad.

La presidenta de RC mencionó específicamente a Yaguachi, El Triunfo, Pedro Carbo, Simón Bolívar y Santa Lucía como los territorios donde presentaron alternativas electorales. Según Rivadeneira, el movimiento busca que los habitantes de esos cantones conozcan tanto a los candidatos que considera responsables de la maniobra política como a las opciones que propone para reemplazarlos.

La dirigencia correísta sostiene que su respaldo no necesariamente se limitará a sus propias listas y que las decisiones se anunciarán conforme avance la campaña electoral. Rivadeneira aseguró que el objetivo es trasladar la fuerza de su militancia hacia candidaturas que puedan disputar esos espacios y evitar que el respaldo termine favoreciendo al movimiento oficialista. 

Este lunes comenzaron las audiencias públicas de impugnación en contra de 26 aspirantes al cargo. Según los datos del CPCCS, serán 41 impugnaciones las que deberán sustentarse en dichas audiencias. El cronograma empezó con la comparecencia de Carlos Gustavo Bravo, quien objetó la postulación de Romero bajo la causal de falta de probidad e idoneidad para ejercer el cargo.

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¿Qué pasó en la audiencia?

Este lunes 14 de septiembre de 2026, Romero tenía previsto enfrentar tres impugnaciones, todas presentadas por Carlos Bravo. Fue durante la segunda audiencia cuando el impugnante hizo referencia a las imágenes que circularon en redes sociales sobre la supuesta reunión.

Las imágenes a las que hizo referencia daban cuenta de un supuesto encuentro en el que se observaría a Romero y Rosero en un mismo lugar. Las mismas fueron atribuidas a una cámara de seguridad.

Sobre esto, Inés Romero señaló: “Niego categóricamente haber mantenido durante este concurso una reunión que se me atribuye con David Rosero, consejero del CPCCS; ni con ninguno de los consejeros”.

Respecto a las imágenes que circularon, la postulante a la Fiscalía General dijo que negaba el encuentro, sobre todo si se tiene en cuenta la fecha atribuida a dicha reunión. 

Recordó una entrevista de Rosero en la que el vocal aseguraba haber estado en otro lugar el 5 de junio de 2026.“Cuando esas publicaciones salieron en redes sociales acudí a la Fiscalía y denunció la suplantación de identidad. Pedí que se instigue la difusión en redes. Una fotografía no acredita una pericia”, dijo Romero.

También aseguró que no hubo ninguna pericia técnica sobre la procedencia de las imágenes o el equipo desde el cual fueron tomadas.

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Un juicio político en marcha

Las imágenes que generaron los cuestionamientos en contra de Romero y Rosero son también la base para la solicitud de juicio político en contra del vocal del CPCCS en la Asamblea Nacional. El independiente y aliado del oficialismo Sergio Peña busca la censura y destitución de Rosero.

Sobre las pruebas con las que cuenta, Peña ha dicho que la reunión se habría dado en Cumbayá, Quito, y que habría durado cerca de dos horas. Actualmente, la Comisión de Fiscalización lleva adelante la sustanciación del proceso y corre el plazo para la entrega de las pruebas de cargo y descargo.

Lo que debes saber

• Fiorella Icaza será la carta del correísmo para Guayaquil.
• El movimiento competirá junto a varias organizaciones políticas.
• RC llega a la contienda tras una suspensión provisional de su lista.

Revolución Ciudadana llegará a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 con cerca de 2.500 cuadros a escala nacional, aunque alrededor de 3.000 figuras del correísmo no podrán participar, según informó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización política, en una rueda de prensa en Guayaquil. La dirigente señaló que, pese a esas restricciones, el movimiento cubrirá el 48 % de las candidaturas locales del país, con postulaciones para 16 prefecturas y 120 alcaldías, incluidas las cabeceras cantonales.

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RC apuesta por alianzas para completar su nómina

Rivadeneira explicó que la organización concretó 27 alianzas y acuerdos políticos en distintas provincias y cantones del país, de los cuales 10 corresponden a Guayas. Entre las organizaciones con las que alcanzó acuerdos mencionó al:

En Guayas, Revolución Ciudadana buscará participar en 17 de las 25 alcaldías, aunque en algunos cantones lo hará mediante listas de sus organizaciones aliadas. Entre las candidaturas anunciadas están:

La candidatura de Fiorella Icaza para el Municipio de Guayaquil es una de las apuestas centrales del movimiento en la provincia, según Rivadeneira, quien la presentó como una reivindicación de la legitimidad política de su esposo, el alcalde Aquiles Álvarez. La dirigente también destacó el perfil de Icaza como una figura que busca asumir un papel propio en la contienda y continuar, dijo, un proceso de transformación de la ciudad.

La nómina provincial también incluye a:

A esta lista se suman:

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Cantones sin alianzas

Luis Monge, director provincial de Revolución Ciudadana en Guayas, señaló que el movimiento no pudo participar con candidaturas en Balao, El Empalme, Isidro Ayora y Palestina. El dirigente explicó que en esos cuatro cantones no encontraron un vehículo electoral que les permitiera participar en los comicios, mientras la organización enfrenta además el antecedente de la suspensión provisional de su lista 5.

Política

Diálisis en Ecuador: el problema de las clínicas que también golpea a los pacientes renales

Rosero Mariela

El colectivo sostiene que también existen problemas en Guayas y responsabiliza tanto a las clínicas prestadoras como al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de garantizar la continuidad de los tratamientos.

Para los pacientes, una sesión de diálisis no es un servicio que pueda interrumpirse por una disputa administrativa o contractual. 

“Cada sesión suspendida representa un riesgo para un paciente”, señala el Frente, que cuestiona que las personas sean utilizadas como mecanismo de presión en medio de los problemas financieros que atraviesan algunos prestadores privados.

La organización afirma que las clínicas han advertido sobre dificultades de liquidez, retrasos en pagos y problemas para sostener sus operaciones. Frente a ello, reclama al Estado una solución que permita garantizar la atención y, al mismo tiempo, exige responsabilidades a los prestadores que ofrecen un servicio esencial.

No hay soluciones concretas dice Frente de Pacientes Renales

El Frente asegura que, tras sus movilizaciones, el MSP y el IESS han reconocido la gravedad de la crisis y expresado su disposición a participar en mesas técnicas. Sin embargo, considera que estos acercamientos todavía no se han traducido en soluciones concretas.

También cuestiona el incumplimiento de un compromiso del MSP: habilitar hasta el 10 de septiembre una plataforma para que los pacientes pudieran denunciar suspensiones de tratamientos, falta de insumos y otras vulneraciones. Según el colectivo, el sistema aún no está operativo.

Política

“Queremos vivir”: pacientes con trasplantes y con cáncer denuncian falta de medicamentos

Rosero Mariela

Ante la continuidad de los problemas, el Frente anunció que retomará las movilizaciones y plantones y solicitó una audiencia urgente con el ministro de Salud y el presidente del Consejo Directivo del IESS.

“No somos monedas de cambio. No somos cifras presupuestarias. Somos seres humanos que necesitamos diálisis para vivir”, sostiene la organización.

Lo que debes saber

• En 2026, Gabriela Sommerfeld salió de Cancillería por motivos personales y de salud.
• Tras la consulta de 2025, Ivonne Núñez y Danilo Palacios dejaron el gabinete de Noboa.
• En 2026, Noboa fusionó ministerios; varios funcionarios salieron por la reestructuración estatal.

La administración del presidente Daniel Noboa ha experimentado varios cambios en su equipo de gobierno desde el inicio de su gestión. 

Las salidas han respondido a distintos factores, entre ellos: 

El cambio más reciente y de mayor impacto ocurrió en junio de 2026, cuando el Ejecutivo redujo el número de ministerios de 14 a 10 mediante una reforma administrativa que fusionó varias carteras de Estado. La medida provocó la salida de algunos ministros y la reasignación de otros funcionarios dentro del gabinete.

Gabriela Sommerfeld dejó la Cancillería

Una de las bajas más relevantes fue la de Gabriela Sommerfeld, quien abandonó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Según informó el propio Gobierno, la entonces canciller presentó su renuncia por motivos personales y de salud. Su reemplazo fue Roberto Kury, designado como nuevo titular de la diplomacia ecuatoriana.

La salida de Sommerfeld se produjo en medio de la reorganización estatal impulsada por Noboa y puso fin a más de dos años y medio al frente de la política exterior ecuatoriana.

Política

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Ministerios desaparecieron tras la fusión de carteras

La reestructuración anunciada el 4 de junio de 2026 también implicó la desaparición de varias carteras independientes. 

Este proceso derivó en cambios de autoridades y en la salida de algunos funcionarios cuyos despachos dejaron de existir como entidades separadas.

Salidas tras la consulta popular de 2025

Otro momento de fuerte movimiento en el gabinete ocurrió después de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre de 2025, en el que las propuestas impulsadas por el Ejecutivo fueron rechazadas por los electores. Tras los resultados, todos los ministros pusieron sus cargos a disposición del presidente.

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Entre las primeras renuncias confirmadas estuvieron las de Ivonne Núñez, entonces ministra de Trabajo, y Danilo Palacios, titular de Agricultura. Ambos anunciaron públicamente su salida un día después de la votación.

A esas bajas se sumó la de Humberto Plaza, gobernador del Guayas, quien también dejó sus funciones en medio de los cambios posteriores al revés electoral.

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Reacomodos políticos dentro del Ejecutivo

La reorganización posterior a la consulta incluyó además la salida de algunas autoridades de sus cargos originales para asumir nuevas responsabilidades. Por ejemplo, Zaida Rovira dejó el Ministerio de Gobierno y pasó al Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que otras carteras registraron reemplazos y encargos temporales.

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Estos cambios fueron presentados por el Ejecutivo como parte de un proceso de fortalecimiento institucional y reorganización de áreas consideradas estratégicas para la gestión gubernamental.

Desde que Daniel Noboa llegó al poder, las principales salidas de altos funcionarios han estado vinculadas a tres factores: reestructuración del Estado, resultados electorales y decisiones personales.

Lo que debes saber

• Ecuador suma cuatro expresidentes sentenciados en 2026; Bucaram se añadió por el caso Pruebas COVID.
• Mahuad y Correa tienen condenas firmes en Ecuador; Moreno y Bucaram aún apelan sus sentencias.
• Del feriado bancario a Sinohydro: los juicios a expresidentes siguen marcando la política ecuatoriana.

La reciente sentencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz reactivó los procesos judiciales que han involucrado a exmandatarios ecuatorianos. 

Con este fallo, Ecuador suma cuatro expresidentes sentenciados penalmente desde el retorno a la democracia en 1979: Jamil Mahuad, Rafael Correa, Lenín Moreno y Abdalá Bucaram. Sin embargo, no todos los casos se encuentran en la misma etapa procesal.

Justicia

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El caso más reciente: Abdalá Bucaram

La condena más reciente recayó sobre Abdalá Bucaram Ortiz, quien el 9 de septiembre de 2026 fue sentenciado en primera instancia a más de nueve años de prisión por delincuencia organizada dentro del denominado caso Pruebas COVID-19. 

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La investigación determinó que existió una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de pruebas e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020. El exmandatario ha anunciado que apelará la decisión judicial.

Lenín Moreno y el caso Sinohydro

Dos semanas antes, otro expresidente, Lenín Moreno Garcés, recibió una sentencia de primera instancia por cohecho en el caso Sinohydro. La causa analiza presuntos sobornos vinculados a la adjudicación y construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Al tratarse de un fallo que aún puede ser impugnado, el proceso no está ejecutoriado.

Los únicos exjefes de Estado con sentencias ejecutoriadas son Jamil Mahuad Witt y Rafael Correa Delgado. En el caso de Mahuad, la justicia ecuatoriana lo condenó por peculado tras considerar ilegal el congelamiento de depósitos bancarios durante la crisis financiera de 1999, episodio conocido como feriado bancario. 

La condena quedó en firme luego de agotarse los recursos judiciales en el país. Actualmente reside en Estados Unidos y mantiene gestiones ante el sistema interamericano de derechos humanos para revertir el fallo.

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Rafael Correa y el caso Sobornos

Por su parte, Rafael Correa Delgado fue condenado por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, investigación que concluyó que existió un esquema de financiamiento irregular mediante aportes de contratistas del Estado a cambio de beneficios. 

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La sentencia fue ratificada y ejecutoriada en 2020. Desde entonces, el exmandatario permanece en Bélgica, país donde reside desde que dejó la Presidencia.

Además de los cuatro exmandatarios sentenciados, otros presidentes ecuatorianos han enfrentado investigaciones o medidas judiciales sin llegar a una condena firme. 

Entre ellos figuran Lucio Gutiérrez y Fabián Alarcón, quienes en distintos momentos enfrentaron procesos penales y medidas cautelares relacionadas con su gestión pública.

La posición del correísmo ocurrió dos días después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que negó la calificación de la candidatura de la expresidenta del movimiento correísta.

Política

¿El correísmo se queda sin opciones en Manabí? Rivadeneira llama a votar nulo en las seccionales

Daniel Alejandro Romero Páez

Primero, la Junta Provincial Electoral de Manabí había negado la calificación. Esa decisión fue impugnada y el caso escaló al Pleno del CNE. Esa instancia de la Función Electoral ratificó la decisión y negó la calificación de la candidatura.

La objeción a la candidatura fue presentada por el movimiento CREO y también por el oficialista ADN. La decisión del CNE se basó en que González no había militado durante dos años en Pachakutik, como lo establece el reglamento interno de esa organización política.

El Código de la Democracia, norma superior a los reglamentos de las organizaciones políticas, sí contempla esa figura. Sobre esto, en su momento, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que esa posibilidad debía estar especificada en las normativas de Pachakutik.

En su comunicado, RC señaló que la decisión del TCE “no es un episodio más de la decadencia institucional que vive el Ecuador: es una nueva y gravísima ruptura del orden democrático”. La organización política agregó que “resulta grave que la objeción haya sido impulsada por ADN, el movimiento de Noboa”.

¿Hay alguna opción para Luisa González?

La candidatura de Luisa González dejó de ser una posibilidad. La última instancia a la que podía acudir para intentar revertir la decisión del CNE era el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión del Pleno puso fin a la aspiración de la expresidenta del movimiento correísta.

De acuerdo con la normativa para la calificación de candidaturas, los aspirantes pueden apelar la decisión de la Junta Provincial. En ese caso, el proceso pasa al Pleno del CNE, donde se toma una decisión. Si la resolución es ratificada, la tercera y definitiva instancia es el TCE.

Política

Daniel Noboa sobre la reelección: "Ahí veremos, pero deberá ser una invitación, no una imposición"

Daniel Alejandro Romero Páez

Otro dato relevante es que el proceso para la inscripción de candidaturas terminó. En ese escenario, el correísmo está limitado para buscar otra organización que impulse la postulación de Luisa González a la Prefectura de Manabí.

“Uno entiende que aquí es un invitado (en el Palacio de Carondelet). Lo tengo muy claro. Solo he sido invitado por los dueños de este palacio”, mencionó en una entrevista transmitida por Antena 3 desde la Presidencia de la República.

Política

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Daniel Alejandro Romero Páez

Con los dueños del espacio, Noboa se refirió a los ciudadanos. En ese escenario, recordó que aún le quedan dos años de mandato. El actual es el primer periodo completo del primer mandatario. Antes estuvo dos años en el cargo luego de ganar las elecciones anticipadas derivadas de la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso.

¿Qué dijo sobre la reelección?

Noboa fue consultado sobre la posibilidad de buscar su reelección. Esta vez, la respuesta no fue contundente. Sobre esa posibilidad, el jefe de Estado respondió: “Ahí veremos”.

Entonces volvió a hacer referencia a que esa posibilidad debe partir de una invitación. “Será una invitación. No será una imposición”, añadió Noboa.

El presidente habló de su equipo de trabajo

Noboa señaló que varios de sus ministros eran sus amigos antes de llegar al Gobierno o se hicieron amigos durante el actual proceso político que lidera. Aseguró que su gabinete entiende los problemas y las amenazas del día a día.

Sin embargo, el presidente de la República enfatizó que, si un colaborador comete un acto de corrupción o una «mala pasada», deja de ser su amigo. Añadió que no lo defenderá y que esa persona deberá responder ante la justicia.

“Si es que cometen el acto significa que no te importó la amistad que tienes con el presidente y lo terminas involucrando indirectamente en imagen, no en el acto, por tu acto negativo”, mencionó Noboa.

Hay que recordar que, hasta el momento, no hay ministros o exministros que hayan enfrentado procesos penales por posibles actos de corrupción. 

Política

Luisa González tras decisión del TCE: "Noboa sabe que solo con fraude puede ganarme"

Daniel Alejandro Romero Páez

En el caso de Progen, por ejemplo, el oficialismo en la Asamblea se encargó de que la exministra de Energía, Inés Manzano, no fuera juzgada políticamente por el contrato entre Celec y la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) para la adquisición de generadores de energía que no funcionaron.

Noboa cerró ese tema con una frase que, en su momento, habría compartido con el expresidente de la Asamblea y ahora candidato a la Alcaldía de Samborondón, Niels Olsen: “El que te hace una mala pasada deja de ser tu amigo”.

Lo que debes saber

• 2 de septiembre: EE. UU. interceptó Conquista II en altamar por sospechas de narcotráfico
• Manta: 28 pescadores fueron liberados el 5 de septiembre por falta de sustento judicial
• Operaciones de EE. UU. reabren debate sobre marco legal y pruebas en Ecuador

El 2 de septiembre, el barco pesquero Conquista II fue interceptado por agentes estadounidenses a más de 200 millas náuticas de nuestras costas. De su tripulación, 9 pescadores fueron capturados y llevados a puerto, mientras que otros 8 fueron encontrados después en altamar por guardacostas ecuatorianos, luego de haber logrado evadir a los militares norteamericanos.

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El día siguiente, otro pesquero, el OM2, fue destruido a 83 millas náuticas del puerto de Manta, fuera del mar territorial ecuatoriano, pero todavía dentro de nuestra zona económica exclusiva. 

Todos sus 19 tripulantes fueron regresados a salvo, a diferencia de lo que pasó en enero con los 8 tripulantes desaparecidos del Fiorella, embarcación interceptada por fuerzas aún no oficialmente identificadas, pero que se presume que operaron bajo la égida de la inteligencia de los Estados Unidos.

Pescadores liberados y cuestionamientos al Estado

El 5 de septiembre, los 28 pescadores detenidos fueron dejados en libertad por un juez de Manta. Su historia es también la de decenas de otros cuyas naves, 6 en total, han sido abordadas y hundidas por tropas estadounidenses en coordinación con la Armada Nacional desde agosto.

Tan solo unos días después, otros 28 pescadores del Montecristi y del Don Rufo fueron liberados por una jueza de Galápagos. Otra treintena de pescadores también han sido devueltos a sus hogares. En conjunto, no todos han corrido con la misma suerte, ya que a algunos solo les fue otorgada la libertad condicional.

Pero hay una realidad común: el Estado ecuatoriano no ha podido justificar a nivel jurídico las acciones realizadas contra sus propios ciudadanos, navegando bajo nuestra bandera, por fuerzas extranjeras en altamar.

Ecuador

Barcos hundidos y pescadores investigados: el costo oculto de la guerra antidrogas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El acuerdo que respalda las operaciones

Esto no quiere decir que las operaciones sean simple y llanamente ilegales ni mucho menos. A diferencia de lo que aconteció con el Fiorella, la Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, estas acciones no pueden ser clasificadas como clandestinas.

Todo lo contrario: han sido públicas y realizadas bajo el marco del “Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas”, firmado por el gobierno de Guillermo Lasso y sacramentado con la venia de la Corte Constitucional durante la administración del presidente Daniel Noboa.

Lo que permite el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos

Este instrumento faculta a las fuerzas estadounidenses, en particular a su Guardia Costera, a miembros de otras ramas militares y a agentes del Departamento de Justicia de actuar dentro y fuera de nuestras aguas contra embarcaciones que lleven nuestra bandera y que se encuentren inmersas en actividades sospechosas, siempre y cuando lo hagan desde naves que cuenten con la presencia de un funcionario de nuestra Armada, el cual puede coordinar o entregar la autorización pertinente.

Su articulado contempla una serie de minucias operacionales sobre la persecución e intercepción de un bote sospechoso dependiendo de su ubicación y dirección, pero no contempla de lleno el tratamiento de las embarcaciones ni el procedimiento adecuado en pro del procesamiento de quienes fueren abordados y detenidos en base a las sospechas de las autoridades.

El vacío jurídico tras las detenciones

Dicho de otro modo, no hay o no se conoce de protocolo alguno que gobierne el desarrollo de estas operaciones de cara a nuestro sistema de justicia. Quizá eso no deba incluirse explícitamente ahí, pero debe al menos existir a la par de ese acuerdo.

Si no, nos encontramos precisamente en estas circunstancias en las que pescadores ven su medio de trabajo volar por los aires y son llevados en esposas ante los jueces sin mayor prueba contra ellos. Esto ni es justo ni se presta al debido control civil que se requiere de las operaciones militares en cualquier país democrático.

Las pruebas que siguen pendientes

Es cierto que las autoridades estadounidenses y ecuatorianas han hablado de tener evidencias de que estos barcos pesqueros han servido de estaciones de reabastecimiento en altamar para los narcotraficantes, pero no hemos visto casi nada que lo respalde.

¿Dónde están las imágenes de los barcos sin pescado o de los tanques de combustible modificados? ¿Dónde está el miembro de los GDO, en tierra o a bordo, que los dirige?

La necesidad de fortalecer el marco legal

Lo más conveniente sería involucrar en estas operaciones a funcionarios bien equipados para levantar las pruebas necesarias con las que llevar adelante los procesos judiciales respectivos contra los pescadores. Tales deberían derivar en dos cosas: la cárcel o fuertes indemnizaciones y disculpas públicas.

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La falta de regulaciones y procedimientos jurídicos adecuados no son exclusivos de estos casos ni de la Armada: hace poco salió de la Comandancia General de la Fuerza Aérea el teniente general Mauricio Xavier Salazar Machuca, quien días atrás había hecho público su malestar por el deficiente marco legal con el que operan los militares estadounidenses apostados en la Base Aérea de Taura. Su reclamo y el de los pescadores no es nada más que lo razonable.

Los puntos claves de esta historia

• El rastro de las liquidaciones conduce a un grupo reducido de nombres que se repiten en decenas de registros societarios.
• Más de 300 liquidaciones han sido entregadas durante la gestión de Luis Cabezas-Klaere, quien entró a la 'Super' de Compañías en 2024.
• Varios entrevistados mencionan presuntos cobros de "diezmos" para acceder a encargos que generan honorarios.

"Hay una nómina de liquidadores e interventores, de la que yo alguna vez fui parte tras un proceso de selección. Ahora a esa nómina de profesionales no le dan ninguna importancia. Únicamente interesa la nómina de las personas que están cerca de Cabezas-Klaere", dice un exliquidador experto en asuntos societarios, que prefiere mantener su nombre bajo reserva porque en la actualidad es funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Este es un extracto de uno de los testimonios que Diario EXPRESO documentó en una investigación de más de dos meses sobre la administración de intervenciones y liquidaciones de empresas en la gestión de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien fue posesionado el 15 de octubre de 2024. Esta fecha es importante para poder entender los acontecimientos que se mencionarán en este artículo.

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La Superintendencia de Compañías es la entidad que vela por la salud financiera, administrativa y operacional de las empresas registradas en el Ecuador.

Si estas entran en complicaciones o infracciones, la entidad, dependiendo del caso, ya sea por pedido de accionistas o de oficio, interviene los negocios para intentar rescatarlos, o abre procesos de liquidación para sanear la mayor cantidad de deudas con la venta de activos o cobro de valores. Con lo recaudado se paga a exempleados, jubilados, entidades estatales y bancos privados, en ese orden.

La búsqueda de información tras alertas de anomalías

En la búsqueda de información, este Diario entrevistó a más de una decena de personas, incluidos interventores y liquidadores que actualmente están activos, funcionarios y exfuncionarios de la ‘Super’, abogados que han buscado explicaciones en esa entidad ante procesos presuntamente irregulares, exempleados de compañías que llevan una larga espera por sus haberes y viudas de quienes buscaban el cobro de sus liquidaciones.

Varios de ellos hablaron y compartieron documentación de sustento bajo el compromiso de mantener su identidad en reserva, ante las potenciales represalias. Por ejemplo, liquidadores que no son parte del grupo beneficiado con decenas de liquidaciones, temen ser removidos de los pocos encargos que aún tienen y de los que, en varios casos, todavía no han cobrado sus honorarios.

Las fuentes consultadas, muchas de ellas sin conocerse entre sí, coinciden en que desde finales de 2024 e inicios de 2025 existe una suerte de favoritismo en la asignación de intervenciones y liquidaciones de empresas, sobre todo de compañías que tienen activos o millonarias cuentas por cobrar. Con esas pistas, EXPRESO buscó información que confirmara algún patrón o tendencia.

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A partir de hoy, este Diario publica una serie de reportajes que revela la concentración de liquidaciones en un grupo de abogados, ingenieros, economistas y administradores, entre los que figura una amiga del superintendente.

Los entrevistados también mencionan la existencia de un supuesto sistema de cobro de diezmos para acceder a lucrativas intervenciones o liquidaciones (un encargo regular puede representar honorarios de hasta $3.000 al mes o por fase, por cada empresa que se administre); la emisión de resoluciones ‘exprés’ para quitar y entregar ese tipo de encargos; una supuesta falta de control de la ‘Super’ a empresas involucradas en operaciones bursátiles opacas, entre otras anomalías.

Este Diario tuvo acceso a una base de datos de la Superintendencia de Compañías, cuyos registros tienen fecha de corte del 9 de junio pasado. En el archivo constan 501 empresas bajo la administración de 21 liquidadores, es decir, hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo, de acuerdo con el documento.

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Para citar unos cuantos ejemplos, la abogada Elizabeth Jiménez, persona cercana a Cabezas-Klaere, registraba 12 liquidaciones; Roberth Torres, 34; Carlos Cadena, 40; Patricio Salazar, 72 (ver el gráfico).

En el caso de Jiménez, todas las liquidaciones se las encargaron en la administración de Cabezas-Klaere. Para el cierre de esta investigación, ya no eran 12, sino 15, desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 14 de agosto pasado.

Todas las liquidaciones entregadas a Torres, que subieron a 41, también han sido asignadas en la administración actual, desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 14 de agosto.

En el caso de Cadena, 14 de las 41 (a mediados de agosto) también se otorgaron en los dos últimos años. Al 14 de agosto, 309 liquidaciones se habían entregado desde que Cabezas-Klaere está en el cargo, según la información disponible.

De acuerdo con el análisis, el medio millar de liquidaciones en manos de la veintena de personas representan aproximadamente el 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

Los problemas percibidos desde finales de 2024 en la 'Super'

“Años atrás, nosotros fuimos calificados por parte de la Superintendencia para ser interventores y liquidadores. Y en el mejor momento tuve cuatro liquidaciones y tres intervenciones. Pero que una persona tenga treinta... ¡treinta! Entonces, uno dice: ‘De gratis no ha de ser’”, menciona Milton, un interventor entrevistado, cuya identidad está bajo reserva. Él le relata a EXPRESO las anomalías percibidas desde finales de 2024 e inicios de 2025, con soportes documentales.

En ese entonces le retiraron el encargo de tres intervenciones, de empresas relacionadas con cultivos agrícolas y comercialización de productos de primera necesidad, según los registros.

“Con el cambio (llegada) de superintendente (el 15 de octubre de 2024) y de la intendenta regional de Compañías de Quito, a cinco interventores nos quitaron los casos de intervención. (Nos enteramos de los casos del resto) en una conversación que tuvimos en un chat: ‘Oigan, chicos, me quitaron a tal empresa’, decía uno. ‘¿Y por qué?’, preguntó otro. ‘No sé, solo me notificaron’. De repente, otro: ‘A mí también me quitaron’. A mí me quitaron todo”.

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El profesional, de unos cincuenta años de edad, dice que ese fue un golpe duro porque cuando se realizan intervenciones hay más posibilidades de cobrar los honorarios debido a que la compañía sigue operando, es decir, hay mayor flujo de dinero, a diferencia de una compañía en liquidación.

Esteban, otro liquidador con diez años de experiencia y quien también teme que lo veten de esos encargos, recuerda que desde diciembre de 2024 hasta la fecha no le han asignado ningún caso de intervención.

“En ese mes sale (de la institución) el intendente regional de Compañías de Quito y tres días después le ponen a otro liquidador (su reemplazo en una empresa de procesamiento de productos del agro, según los documentos). Los liquidadores somos de libre remoción, pero lo que me llama la atención es que cuando nombran a un liquidador o a un reemplazo, usualmente se demoran de dos a tres meses en posesionarse”, comenta aún sorprendido.

Esteban se refiere a Pablo Garcés, intendente regional de Compañías de Quito desde el 11 de mayo de 2022 hasta el 5 de diciembre de 2024, a quien recuerda por haber implementado un sistema de asignación aleatoria de interventores y liquidadores.

“Antes, cuando asignaban empresas, lo hacían a través de ternas, compuesta por tres o cuatro interventores o liquidadores. Simplemente salía sorteado”.

El otrora sistema de ternas y sorteos para entregar encargos

Pablo Garcés le explica a EXPRESO que en su gestión escogían a los interventores de una terna que era sometida a un proceso de selección creado en un programa computacional. Algo similar sucedía con la designación de liquidadores.

“¿Qué me llevó a eso? Simplemente haber sido usuario de la ‘Super’ por más de 30 años y a efectos de dar mayor claridad y transparencia en cuanto a la selección, para que no se entienda que existe algún tipo de favoritismo hacia nadie, ni hacia las compañías ni a los interventores o liquidadores”, detalla Garcés, quien desconoce los criterios actuales para escoger los perfiles.

El exfuncionario recuerda que estableció varios requisitos que debían cumplir los postulantes a interventores y liquidadores, con el fin de mejorar la calidad de los procesos. Y agrega que durante su paso por la entidad detectó ciertos casos de concentración de encargos, por lo que, señala, se redistribuyeron las tareas.

“No era dable que tengan tantas compañías. Entre tres y cinco es más que suficiente, más aún habiendo tantas personas calificadas. La desventaja más grande (de tener múltiples intervenciones y liquidaciones) es el tiempo que le va a tomar al profesional atender más de tres o cinco compañías, porque va a ocupar demasiado tiempo en cada una de ellas. Eso hará que la intervención o liquidación dure más tiempo”, explica.

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Doña Susana, viuda de Pedro Morales, un trabajador de la empresa quiteña Tejidos Pintex que está en proceso de liquidación desde enero de 2025, tras un proceso de intervención que data de 2024, conoce muy bien esa espera. Su esposo, quien tenía 20 años de labores en esa compañía relacionada con la familia de la vicepresidenta María José Pinto, falleció en el 2023 por complicaciones en sus pulmones.

“La liquidadora (Elizabeth Jiménez) no nos atiende, no nos paga. La Superintendencia debe revisar ese proceso. Los compañeros de mi esposo me han dicho que la liquidadora está pagando a otros lados. En vez de pagarnos a nosotros está pagando a otros, vendiendo las cosas de la fábrica”, denuncia Susana.

La complejidad de tener múltiples delegaciones de la 'Super'

Elba, otra liquidadora con más de diez años de experiencia que pidió que se omita su identidad, coincide con Pablo Garcés sobre la complejidad de las liquidaciones simultáneas, más aún cuando el proceso de liquidación es más voluminoso que una intervención.

“En un tiempo, cuando recién empecé con el tema de las liquidaciones, llegué a tener diez. Me enfermé. Recién estoy saliendo de lo que estaba enferma. Es un estrés terrible, dormir solamente tres, cuatro horas. Y cuando nos asignaban intervenciones nos decían que unas eran pagadas y otras las teníamos que hacer gratis”.

La incertidumbre que han vivido los interventores y liquidadores, o extrabajadores de empresas en procesos largos y sus familias, también la han sentido accionistas de las firmas, como lo comenta Milton, el interventor que recuerda uno de los casos en que lo reemplazaron de forma imprevista. Él enlista las situaciones que implican los cambios de administradores.

“Ya habíamos concluido el trabajo. Solo se esperaba que yo presente el informe y que el departamento de la ‘Super’ analice y se expida la resolución del levantamiento de la intervención. Ocho meses duró ese trabajo. Asignaron a otro interventor y lo que hicieron es echar abajo los informes y comenzar desde cero. Fíjese el problema para una empresa que tiene que incluir en su rol de pagos a una persona adicional (interventor). ¿Sabe cuánto tiempo se quedó? Un año más”, revela el interventor.

El tema del que "todo el mundo sabe" y que genera recelo

Entre los integrantes del gremio de interventores, liquidadores, exfuncionarios y servidores aún en funciones hay temas opacos que suelen discutirse con cierto recelo. Como las voces que comentan que para recibir una delegación no basta con la trayectoria o capacidad profesional.

Varios testimonios coinciden en la existencia de presuntos cobros de “diezmos”: de unos $1.000 por cada empresa asignada o un porcentaje de los honorarios mensuales que fija la propia institución.

“A mí me llegaron personas a decirme: ‘Mira, yo soy muy allegado a esta persona (alto funcionario). Yo te puedo recomendar para que te asignen, pero te cuesta tanto’. Entonces dije: ‘No, te agradezco mucho’. Es vox populi. Evidencias no van a existir, pero todo el mundo sabe que tienes que pagar para que te asignen un caso”, sostiene el interventor.

La reportería de esta investigación ha sorteado el silencio de las autoridades, que no han contestado los pedidos de entrevista y de información realizados a través de correos institucionales y del Portal Nacional de Transparencia (la ‘Super’ no entregó el listado liquidadores y remitió un reglamento). Los liquidadores mencionados en el gráfico tampoco atendieron una solicitud.

En la superintendencia también hay hermetismo por un acuerdo de confidencialidad que firmaron los servidores entre finales del 2025 e inicios del presente año, según las fuentes (un funcionario compartió el documento).

Lo que debe saber

• 2.000 citas: Es la agenda prevista para conectar a compradores y proveedores turísticos.
• Mercado internacional: Participan compradores de EE. UU., Europa, Asia, Latinoamérica y otros mercados.
• Quito, sede: La capital busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico y de negocios.

Quito volverá a ocupar un lugar estratégico en el mapa de los negocios turísticos internacionales. Del 16 al 18 de septiembre de 2026, la capital ecuatoriana será sede de la edición 48 de TravelMart LatinAmerica (TMLA), uno de los encuentros especializados más importantes de la industria de viajes, enfocado exclusivamente en generar negocios entre compradores internacionales y proveedores de servicios turísticos de Latinoamérica.

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El evento se desarrollará en The Villa @ JW Marriott Quito y reunirá a delegados compradores de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, el Pacífico Sur y otros mercados internacionales, además de representantes de empresas proveedoras de Centroamérica y Sudamérica.

A diferencia de las ferias turísticas abiertas al público, TravelMart LatinAmerica tiene un enfoque estrictamente B2B (business to business). Su objetivo es conectar directamente a quienes compran y comercializan productos turísticos con hoteles, operadores, destinos y otros proveedores de servicios relacionados con esta actividad.

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Más de 2.000 citas para generar negocios

Uno de los principales atractivos del encuentro es su sistema de citas previamente programadas. Durante los dos días de reuniones se han previsto más de 2.000 encuentros de negocios, orientados a ampliar las oportunidades de comercialización de productos y destinos turísticos de Ecuador y de la región.

La mayoría de los compradores proviene de Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Ecuador. También participan representantes de Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia, Alemania, Hong Kong, Japón, México, Perú, Portugal y Suiza.

Esta presencia internacional representa una oportunidad para que las empresas y destinos ecuatorianos no solo exhiban su oferta, sino que establezcan relaciones comerciales con operadores que tienen capacidad para incorporar nuevos productos y experiencias a sus portafolios.

La organización mantiene, además, una participación limitada para favorecer reuniones más efectivas y conservar el carácter especializado del encuentro.

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Una cita con más de cuatro décadas de historia

TravelMart LatinAmerica nació en 1978, cuando su primera edición se realizó en Lima, Perú. El formato fue desarrollado por William H. Coleman, Inc., empresa internacional de gestión de eventos fundada en 1974 en Jacksonville, Florida, y que actualmente cuenta con oficinas en Londres y Toronto.

Durante más de cuatro décadas, el modelo de citas programadas ha permitido conectar de manera estructurada la oferta turística latinoamericana con compradores internacionales interesados en nuevos destinos, productos y experiencias.

El encuentro ha recorrido distintas ciudades de la región, entre ellas Ciudad de Panamá, La Paz, Bogotá, San José, Quito, Buenos Aires, Ciudad de Guatemala, Santiago, Salvador de Bahía, Caracas, Guayaquil, Punta del Este, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Cartagena y Florianópolis.

Quito busca posicionarse como destino de negocios

Para Ecuador, ser sede de TravelMart LatinAmerica representa una oportunidad para fortalecer su promoción internacional, generar nuevas relaciones comerciales y posicionar su oferta ante mercados estratégicos.

Quito reúne condiciones para albergar este tipo de encuentros por su conectividad, infraestructura, capacidad hotelera y oferta cultural, gastronómica y turística.

La realización del evento también permite proyectar a la capital como un destino competitivo para el turismo de reuniones y negocios, al combinar una agenda comercial internacional con experiencias que muestran la diversidad del Ecuador.

La Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (CAPTUR), entidad que representa al sector turístico privado de la provincia, está a cargo de la realización local de TravelMart LatinAmerica 2026.

Su participación busca articular al sector privado turístico con una plataforma internacional orientada a generar negocios y promocionar al Ecuador como un destino competitivo.

Con una trayectoria iniciada en 1978, TravelMart LatinAmerica llega nuevamente a Quito con la misma esencia con la que nació: conectar directamente a quienes venden destinos y experiencias turísticas en Latinoamérica con quienes tienen la capacidad de comercializarlos en los mercados internacionales.

Lo que debes saber

• Más de 5.300 migrantes han regresado a Marruecos desde Ceuta, mientras las autoridades locales estiman que unas 13.000 personas aún permanecen en la ciudad.
• Llevó a las autoridades españolas a habilitar espacios temporales de acogida.

Más de 5.300 migrantes han regresado a Marruecos desde la ciudad fronteriza de Ceuta en un mes, indicó este domingo 13 de septiembre el Gobierno español, mientras aún permanece en la ciudad un número indeterminado de las decenas de miles que entraron de manera masiva e irregular a finales de julio.

La gran mayoría de los más de 70.000 que llegaron volvió a Marruecos a las pocas horas, aunque el ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció hace unos días que era "imposible" determinar cuántos exactamente se habían quedado en la ciudad norteafricana española, entre marroquíes y subsaharianos.

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Torres, que informó de los que han salido de Ceuta desde el 10 de agosto, explicó también que otras 864 personas fueron trasladadas a un espacio cerrado, pues pernoctaban a la intemperie en la ciudad.

El objetivo fundamental es "recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes", adujo el ministro en un comunicado. Para ello, es indispensable habilitar espacios para que los migrantes no estén en la calle, identificarlos y que "todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos" conforme a las leyes.

Habilitación de plazas

El Gobierno de España ha habilitado 4.500 plazas para estas personas, han retornado voluntariamente más de 5.300 y cerca de un centenar de ellas han renunciado a pedir asilo, según los datos oficiales, y más de 2.000 menores de edad ya fueron identificados.

Sin embargo, las autoridades locales de Ceuta calculan en unas 13.000 personas, entre adultos. niños y adolescentes, los que todavía permanecen en la ciudad.

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Muchos malviven en condiciones precarias en campamentos improvisados por ellos mismos en playas de la ciudad, afectada por una grave crisis socioeconómica, problemas de seguridad y un malestar creciente de los residentes ceutíes, muy críticos con la gestión del Ejecutivo español.

Por una cuestión de seguridad, el gobierno local ceutí solicitó hoy mismo el "desalojo urgente" de un asentamiento junto al muro perimetral de la planta desalinizadora que abastece de agua a la ciudad, al alertar del incremento de personas, tiendas y refugios en la zona de esta infraestructura esencial.

Y el sindicato de funcionarios CSIF pidió un refuerzo policial por el riesgo de seguridad de las instalaciones portuarias que, según considera, supone la habilitación de unas carpas para acoger migrantes en el lugar.

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A su vez, la ONG Luna Blanca advirtió de que la situación "más preocupante" en términos humanitarios de Ceuta se localiza en el asentamiento de mujeres y niños de las naves del polígono industrial del Tarajal, a la espera de su traslado a alguno de los espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno.

Desde la entrada masiva del 30 y 31 de julio, los servicios de emergencias de Ceuta tramitaron más de 7.000 expedientes, según los datos de las autoridades locales, con un aumento del 532,6 % respecto al mismo periodo de 205.

Entre otras incidencias, los casos relacionados con la situación migratoria pasaron de 48 a 2.081; los referidos a agresiones, de 93 a 1.357; los de allanamiento de vivienda saltaron de 16 a 837; y los de alteración del orden público, de 43 a 437.

Para el lunes están previstas tres audiencias, todas en contra de Inés Romero. El impugnante es Carlos Gustavo Bravo. La primera audiencia tendrá lugar desde las 09:30 en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en Quito.

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La entidad informó que hay 41 impugnaciones en contra de 26 aspirantes al cargo de Fiscal General. Sobre el trámite de las audiencias, el organismo aclaró que se concederá la palabra al impugnante y, posteriormente, al impugnado.

“En su primera intervención, ambas partes presentarán sus pruebas y alegatos. El tiempo máximo para cada exposición será de 20 minutos y se dispondrá de hasta 10 minutos para el ejercicio del derecho a la réplica”, indicó el CPCCS.

Cuestionamiento de la Comisión Cívica

La primera conclusión de esta instancia de la sociedad civil fue que las impugnaciones presentadas, los informes individuales y las resoluciones de la Comisión Ciudadana de Selección no estuvieron disponibles en los momentos oportunos, mientras el concurso avanzó.

Asimismo, se detalló que 46 impugnaciones debían ser admitidas y tres inadmitidas. “En el 83,7% de los casos, el análisis de la Comisión Cívica coincidió con la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección”, se lee en el informe paralelo.

También se detectó que, aunque los requisitos formales se cumplieron en su gran mayoría, las principales controversias se concentraron en cuatro puntos: la presentación de la cédula de identidad; la relación entre los hechos y la causal invocada; la exigencia de documentos originales o copias certificadas; y la inclusión de la dirección electrónica, fecha y firma de responsabilidad.

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“La revisión paralela concluyó que la Comisión Ciudadana inadmitió impugnaciones que debían continuar a la siguiente etapa de audiencias”, dice el informe paralelo.

Así, según el documento, se habría impedido que los argumentos de fondo fueran discutidos en audiencia.

La presidenta de esa organización política, Gabriela Rivadeneira, se pronunció este 13 de septiembre de 2026. “Lo hemos denunciado y se confirma, el gobierno de Daniel Noboa quiere ir solo en papeleta”.

Política

Luisa González tras decisión del TCE: "Noboa sabe que solo con fraude puede ganarme"

Daniel Alejandro Romero Páez

La tarde del 12 de septiembre de 2026, el TCE ratificó la resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que se negó la calificación de la candidatura de González para la Prefectura de Manabí por el movimiento Pachakutik.

“Manabí es bastión de la Revolución Ciudadana y lo saben. Tienen tanto miedo al pueblo, que eliminan a contendores con las ilegalidades más absurdas”, escribió Rivadeneira en su cuenta de la red social X.

A esto agregó que lo ocurrido con González se suma a la situación que enfrenta el exasambleísta del correísmo Jaime Estrada. Este último también busca la inscripción de su postulación para el mismo cargo, que fue negada por el CNE.

“Nos quieren dejar sin opciones, por eso, vamos por el voto nulo para la Prefectura de Manabí, recuerden que el 50%+1 de los votantes definen nueva elección”, señaló la presidenta de Revolución Ciudadana.

¿Qué pasó con Luisa González?

Primero, la Junta Provincial Electoral de Manabí había negado la calificación. Esa decisión fue impugnada y el caso escaló al Pleno del CNE. Esa instancia de la Función Electoral ratificó la decisión y negó la calificación de la candidatura.

La objeción a la candidatura fue presentada por el movimiento CREO y también por el oficialista ADN. La decisión del CNE se basó en que González no había militado durante dos años en Pachakutik, como lo establece el reglamento interno de esa organización política.

El Código de la Democracia, norma superior a los reglamentos de las organizaciones políticas, sí contempla esa figura. Sobre esto, en su momento, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que esa posibilidad debía estar especificada en las normativas de Pachakutik.

Política

CNE no calificó la candidatura de Jaime Estrada a la Prefectura de Manabí: este es el argumento

Daniel Alejandro Romero Páez

La situación de Estrada

Jaime Estrada aún tiene la posibilidad de recurrir al TCE ante la decisión del CNE. Él busca que se califique su candidatura por el movimiento Sí Podemos.

Después de que la objeción a su postulación escaló de la Junta Provincial Electoral al CNE, este último determinó que no suscribió el acta de aceptación de su nueva precandidatura, luego de haber renunciado previamente a esa postulación.

Estrada es cercano al correísmo. En el actual periodo legislativo fue parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y estuvo al frente de la Comisión de Garantías Constitucionales, una de las dos únicas mesas legislativas que controla la Revolución Ciudadana.

En el orden del día se incluyó “conocer y resolver respecto del informe de fiscalización sobre los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP”.

Política

Informe señala directamente a Fernando Cornejo por uso de cámaras de Segura EP: ¿Qué dice?

Daniel Alejandro Romero Páez

Actualmente, dichas cámaras están bajo control del Gobierno Nacional. De hecho, fue la denuncia del ministro del Interior, John Reimberg, la que originó el proceso de fiscalización en la Asamblea. El proceso estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad, controlada por ADN.

¿Qué dice el informe de la comisión?

El documento concluyó con un señalamiento directo al expresidente del Directorio de Segura EP, Fernando Cornejo. Él ejerció el cargo cuando Aquiles Álvarez estaba al frente del Municipio de Guayaquil.

“La actuación de Fernando Xavier Cornejo Valdez, ex Presidente del Directorio de Segura EP, así como la del técnico Franklin Andrés Asqui Contreras se encuentran directamente vinculadas con los hechos examinados y con la habilitación de los accesos identificados”, señala el documento.

Uno de los puntos centrales de las conclusiones tiene que ver con el audio atribuido a Cornejo, en el que también intervendrían el expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, además del exoficial de la Policía Rodney Rengel.

La conversación se relaciona con el denominado caso Porsche. Este trata sobre la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria, precisamente en el sector donde residía el entonces único procesado por una explosión ocurrida en la bahía de Guayaquil. El vehículo pertenecía a Industrial Molinera, empresa del Grupo Noboa.

En el audio que se conoció en la Comisión se habla de una investigación paralela. Incluso se escucharía la participación del entonces jefe de la bancada correísta en la Asamblea, Juan Andrés González.

Política

Fiscalización caso Progen: informe dice que no se ha determinado el destino final del dinero

Daniel Alejandro Romero Páez

Sobre esto, el informe señala: “el audio reproducido durante el proceso de fiscalización evidencia una clara dimensión política ajena a las competencias y finalidades institucionales de Segura EP”.

Asimismo, el documento señala que la intervención de un actor político externo y sin competencia alguna sobre Segura EP, sumada al reconocimiento expreso de Fernando Cornejo respecto de su voz y de su participación en dicha reunión, evidencia que información vinculada con una entidad pública fue tratada fuera de los canales institucionales.

Entre las recomendaciones están:

La tarde del 12 de septiembre de 2026, el Pleno del TCE decidió negar la apelación presentada contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la no calificación de la candidatura de González con el movimiento Pachakutik.

Política

Luisa González no será candidata a la Prefectura de Manabí: esto dijo el TCE

Daniel Alejandro Romero Páez

Primero, la Junta Provincial Electoral de Manabí había negado la calificación. Esa decisión fue impugnada y el caso escaló al Pleno del CNE. Esa instancia de la Función Electoral ratificó la decisión y negó la calificación de la candidatura.

La objeción a la candidatura fue presentada por el movimiento CREO y también por el oficialista ADN. La decisión del CNE se basó en que González no había militado durante dos años en Pachakutik, como lo establece el reglamento interno de esa organización política.

Sin embargo, el Código de la Democracia, norma superior a los reglamentos de las organizaciones políticas, sí contempla esa figura. Sobre esto, en su momento, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que esa posibilidad debía estar especificada en las normativas de Pachakutik.

Al final, con los cinco votos de los integrantes del TCE, se ratificó la decisión adoptada por el CNE. Con eso, González se quedó sin opciones para sostener su candidatura. La resolución del Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia.

¿Qué dijo Luisa González?

La ahora excandidata a la Prefectura de Manabí no ha emitido un pronunciamiento sobre lo que hará tras la decisión del TCE. En su momento, planteó la posibilidad de apoyar a otro candidato. En un pronunciamiento en la red social X solamente dijo: “seguiré junto a ustedes con fe y esperanza de días mejores”.

La también expresidenta de Revolución Ciudadana aseguró: “Noboa sabe que el pueblo ecuatoriano y manabita lo rechaza en su gran mayoría y que solo con fraude puede ganarme en las urnas”.

¿Por qué Luisa González era candidata de PK?

González buscaba la Prefectura de Manabí de la mano de Pachakutik, después de que el mismo TCE decidiera la suspensión del movimiento Amigo. En dicha organización política, la excandidata cumplió con el proceso de democracia interna.

Política

Crisis en Revolución Ciudadana: ¿Qué puede pasar con los 37 asambleístas enviados a Disciplina?

Richard Josue Jimenez Mora

El TCE suspendió a dicha organización tras una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado sobre un supuesto delito de lavado de activos. Algo similar ocurrió con la lista de Revolución Ciudadana, que fue suspendida provisionalmente por una investigación de la Fiscalía en el denominado caso Caja Chica.

Lo que debes saber:

• La deuda del MSP y el IESS con dializadoras llega hasta 26 meses en varias provincias.
• Pacientes de Pichincha y Los Ríos denuncian menos horas o sesiones de diálisis.
• Las clínicas advierten que la falta de pagos amenaza su operación y la atención renal.

Se podría decir que están en los dos extremos de una misma cuerda: lo que ocurre con los dueños de las clínicas de diálisis afecta a los pacientes renales. Ahora, más que nunca, la situación de unos y otros los acerca.

Política

“Queremos vivir”: pacientes con trasplantes y con cáncer denuncian falta de medicamentos

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Para el turno de diálisis que comienza a las 10:00, en la sala de espera de un centro del norte de Quito, hombres y mujeres de poco más de 30 años y mayores de 60 hablan sobre un temor, que les inquieta tanto como la enfermedad: perder las diálisis que necesitan para seguir vivos.

Dentro de la clínica, una enfermera cuenta que se siente devastada. Lleva ocho años trabajando allí y asegura que acumulan un año sin recibir pagos. 

“Es insostenible. Los dueños de casa no nos creen”, relata. Su jornada comienza a las 05:40, aunque llega antes para preparar la sala, y se prolonga hasta las 16:00.

“Esta crisis nos afecta a los pacientes y a nosotros”. La mujer llegó de Cuba para trabajar y ayudar a su familia. “Vivo con mi esposo; de otro modo, imagínese. No trabajo por hobby, sino por necesidad”. 

También habla de los pacientes. Lloran, acuden a manifestaciones para reclamar por la falta de pagos a los centros. “Esto es vida o muerte. Son tres veces a la semana. Da terror cuando se enteran que han cerrado centros”.

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El paciente renal no debería preocuparse por si mañana será posible acceder a diálisis: Kevin Valdez

Rosero Mariela

Las experiencias de los dueños de dializadoras

El director, que pide mantener en reserva tanto el nombre de la clínica como el suyo, sostiene que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les adeuda 26 meses de pagos, por unos 2 millones de dólares. 

La clínica lleva décadas prestando este servicio al Estado. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la deuda corresponde a un año.

La situación, explica, ha llegado al límite. Ya no tienen capacidad para seguir endeudándose y los proveedores han dejado de prestarles. A eso se suman procesos judiciales iniciados por algunos exempleados. 

“Si quebramos, quedaremos con deudas. No sé cuándo nos cancelarán. Tampoco podemos dejar a los pacientes sin sus tratamientos. En 15 días morirían”, dice, angustiado.

El nefrólogo Luis Serrano, director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, sostiene que la crisis del sector puede medirse así: tenían 120 colaboradores y atendían a 350 pacientes derivados por el MSP y el IESS. “En los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa se han acumulado facturas”.

Por eso ha tenido que devolver pacientes y el IESS no le renovó el convenio. La reducción ha sido drástica: atiende a 37 personas con un equipo de 22 trabajadores. Solo espera a junio del 2027, para terminar el contrato y pagar las deudas.

Yoseline Mantilla, administradora de la Unidad de Hemodiálisis Los Ríos, anota que sirven a la población desde hace 23 años. Subraya que “han perdido credibilidad con los proveedores y ahora solo aceptan compras al contado” debido a los atrasos en los pagos del MSP e IESS. “Si seguimos así habrá una quiebra de las dializadoras”.

Semanas atrás estuvieron involucrados en una polémica con Bernardo Cordovez, presidente del Consejo directivo del Seguro Social, quien sostuvo que su reclamo era netamente político, ya que les han pagado 2.6 millones de dólares para garantizar las atenciones y ha reconocido que la deuda alcanza los cerca de 6 millones.

Sobre eso, Mantilla niega que el tema sea político. Dice que “presentan una realidad descontextualizada, no hablamos contra un Gobierno. Pero esos $ 2.5 millones no fueron de facturas del 2026, sino de diciembre 2025 y del 2024. Mientras la deuda sigue creciendo. No alcanzan para seguir funcionando. Si sumamos la deuda del IESS y el MSP son $ 10.7 millones”.

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Pamela Luna señala que Dial Ríos, Dialife y Contigo, de Los Ríos, que existen desde el 2010, tienen 1.200 pacientes. El Ministerio les debe pagos desde hace 26 meses; el Seguro Social Campesino, 17 meses; y el IESS, 12 meses. Afirma que han pasado por auditorías. 

Como los demás centros deberían recibir $ 1.456 por 12 sesiones de diálisis, lo que incluye insumos. Es complejo seguir así, dice. Además hay 280 personas esperando que se abran cupos para dializarse, en la provincia. 

Otros representantes de dializadoras, incluyendo transnacionales, corroboran en off: el MSP les debe 26 meses de pagos. Incluso los internacionales dicen no contar con músculo financiero para mantener el servicio.

La Corte Constitucional ordenó al MSP organizar un plan de pagos a dializadoras

EXPRESO envió un pedido de información al respecto al Ministerio de Salud y al IESS y no ha tenido respuesta. 

A través de un comunicado, el Seguro Social indicó que sus principales autoridades recorrieron unidades médicas y visitaron dializadoras externas en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en la primera semana de septiembre. 

“Se comprometieron a continuar con el pago mensual de los servicios de diálisis en favor de los pacientes renales derivados de la Seguridad Social”. 

Pero, pacientes de Los Ríos y Pichincha dicen que las diálisis diarias ya no duran cuatro sino tres horas e incluso dos sesiones a la semana y no tres, lo recomendado.

La Corte Constitucional ha ordenado que el Ministerio de Salud elabore una política pública para la prevención de enfermedades renales y parámetros para garantizar el derecho a la vida. Ordenó que las carteras de Finanzas y Salud elaboren un plan para cumplir con los pagos, pero no existe un pronunciamiento oficial al respecto.