Desde esta mañana, en el Palacio Legislativo se desarrolla la sesión 128 del Pleno. El primer vicepresidente del Parlamento, Esteban Torres (ADN), dirigía la sesión. En el orden del día constaban dos puntos después del Himno Nacional.

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El primero correspondía al conocimiento y resolución del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Inquilinato. Después estaba previsto declarar el Día en Contra del Crimen Organizado.

Durante el trámite de la sesión también se presentaron pedidos de cambio del orden del día. Uno de ellos, que fue aprobado, tenía que ver con el conocimiento de denuncias ciudadanas respecto a un supuesto cobro duplicado e indebido de peajes del túnel Oswaldo Guayasamín, en Quito.

También, la oficialista Lucía Jaramillo planteó que el Pleno aborde una resolución de respaldo al fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y la coordinación entre Estados para la localización de personas requeridas por la justicia ecuatoriana.

¿Qué pasó durante el debate?

El exsocialcristiano Samuel Celleri estaba en el uso de la palabra durante el debate de las reformas a la Ley de Inquilinato. Transcurridos varios minutos de su intervención, se escucharon quejas desde el lado en el que se ubica la bancada de la Revolución Ciudadana.

En ese momento, el presidente de la Asamblea (e), Esteban Torres, pidió que se suspendiera por un momento la discusión porque “se iba a practicar una citación en el lugar de trabajo a la asambleísta Mónica Palacios”.

Fue entonces cuando se incrementaron los gritos en el hemiciclo y Torres señaló: “Citaciones se practican en el domicilio o en el lugar de trabajo. Este es el lugar de trabajo de los asambleístas. Usted tiene un proceso. Se tiene que practicar la citación. No pongamos oposición”.

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El funcionario de la Función Judicial fue escoltado por uno de los policías que forman parte del equipo de seguridad de la Asamblea Nacional hasta la curul de Palacios. Mientras eso ocurría, el debate en el Pleno quedó momentáneamente suspendido.

¿Cuál fue la reacción de Palacios?

“Es la segunda vez que vengo al Pleno de la Asamblea y se meten otra vez para perseguirme; para citarme por otro juicio que no sé, ni siquiera de qué se trata”, señaló la legisladora de la bancada correísta en su perfil de la red social X.

En la misma publicación, Palacios aseguró: “Por segunda vez ingresan al Pleno de la Asamblea Nacional para citarme en plena sesión, esta vez por una acción impulsada por Mishel Mancheno. Denuncio una persecución política sistemática en mi contra”.

Esta no es la primera vez que Palacios es citada durante una sesión de la Asamblea. En julio de 2026, una funcionaria judicial ingresó al Pleno con el mismo objetivo: entregar una citación a la legisladora.

El antecedente ocurrió mientras Palacios participaba en una sesión del Legislativo. La diligencia judicial generó entonces una reacción similar entre integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber

• Cynthia Viteri busca volver a la Alcaldía de Guayaquil, esta vez con ADN.
• Viteri fue alcaldesa de la ciudad por el PSC y mantuvo una antigua relación política con Nebot.
• Sus declaraciones provocaron una respuesta pública del exalcalde en redes sociales.

La precandidatura de Cynthia Viteri a la Alcaldía de Guayaquil por Acción Democrática Nacional (ADN) provocó un nuevo cruce con Jaime Nebot, su antiguo aliado político y exalcalde de la ciudad. Viteri, exmilitante del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó al exalcalde y a su organización por sus decisiones políticas, en una entrevista radial, ante lo cual Nebot respondió este 1 de octubre de 2026 con una serie de señalamientos contra la gestión de la exalcaldesa.

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Viteri cuestiona al PSC y a Nebot

Viteri, exalcaldesa de Guayaquil por el PSC, afirmó que Nebot se había referido a ella en televisión con expresiones que calificó de duras, aunque aclaró que no presenció esas declaraciones. "Lo que te digo me lo contaron porque nunca lo vi", señaló la precandidata al referirse a los comentarios que atribuyó al exburgomaestre.

La exalcaldesa cuestionó que alguien decida volver a participar electoralmente con la misma tienda política después de haber recibido críticas públicas de un sector con el que tuvo una relación. "¿Quién va con una gente que te rechaza públicamente, dos días seguidos en todos los medios de comunicación?", expresó Viteri durante la entrevista.

En ese contexto, Viteri también marcó distancia de las decisiones adoptadas por el PSC durante los últimos años y subrayó que ella tampoco habría regresado a esa organización. "Yo no hubiera vuelto porque ellos traicionaron a Guayaquil al hacer el pacto (político) con (Rafael) Correa y con Aquiles Álvarez", sostuvo, en referencia al expresidente y al actual alcalde de Guayaquil, quien permanece en prisión.

Nebot respondió a través de su cuenta personal de X y calificó como "mentirosa" la declaración de Viteri. "Como estoy en mi sano juicio, no me refiero a las personas basado en 'lo que me han contado y nunca vi'", escribió el exalcalde y presidente vitalicio del PSC.

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Nebot responde y cuestiona su gestión

El exalcalde sostuvo además que la supuesta traición a Guayaquil no correspondió a las actuaciones que Viteri atribuye a su partido, sino a decisiones adoptadas durante la administración municipal de la política. Nebot afirmó que ella "reemplazó a la mayoría de funcionarios capaces y experimentados por ineptos y principiantes", además de cuestionar el manejo financiero y la ejecución de obras de esa gestión.

Nebot cerró su pronunciamiento señalando que inicialmente había optado por no profundizar sus críticas debido a la relación que mantuvo con Viteri. "Por respeto a una antigua amistad me había limitado a decir que su postulación fue un error", escribió, antes de cuestionar su gestión y señalarla como responsable de "reducir una obra física y social gigantesca a su mínima expresión" y de "transformar en decepción la autoestima de los guayaquileños".

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La diligencia se desarrolló en una Unidad Judicial de Tránsito de Quito. La acción fue negada. Goyes sostiene que la Fiscalía debió analizar su competencia antes de continuar con las actuaciones derivadas de un informe de la Contraloría General del Estado.

"La jueza dijo que las partes no han probado... Mi abogada empezó diciendo que al tratarse de convenios internacionales son temas de puro derecho. Y eso no requiere ser probado", resaltó Solanda Goyes. 

Además mencionó el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional, que establece que, "se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario". En este caso, afirma, "se están saltando los acuerdos internacionales que tienen jerarquía superior a cualquier norma interna".

¿Qué dice Goyes sobre la denuncia de tráfico de influencias?

El caso se relaciona con la gestión que cumplió Goyes como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, entre 2019 y febrero de 2024. La Fiscalía sostiene que, en 2021, habría gestionado el nombramiento provisional de su hijastra para un proyecto de cooperación internaciona. Goyes rechaza la investigación por tráfico de influencias.

Su argumento ante la justicia constitucional se centra en los convenios de cooperación internacional. Según explicó, los recursos involucrados, de hasta 2 millones de dólares, correspondían a cooperación de España e Italia y estaban sujetos a reglas específicas entre los Estados participantes.

“Demostramos que la Fiscalía no tiene facultad y tenía la obligación, una vez que recibió el informe de Contraloría que emitió los indicios de responsabilidad penal, de hacer un análisis de su competencia”, sostuvo.

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Goyes expuso que, al tratarse de recursos vinculados con cooperación internacional, existen normas que deben ser observadas antes de que una institución ecuatoriana intervenga sobre su administración.

“Jamás en mi vida como funcionaria del Consejo de la Judicatura, ni como vocal ni como directora, contraté a persona alguna y nunca he contratado a una hijastra como asevera la Fiscalía”, afirmó.

Asimismo, la exfuncionaria añadió que los responsables de los procesos de contratación dentro de la institución eran otros funcionarios, entre ellos el director general, en su calidad de representante legal. Y quienes ocuparon ese cargo no han dicho algo que sustente la acusación.

La exvocal afirmó además que analiza presentar nuevas acciones frente a lo que considera irregularidades en el proceso. “Quiero que sepan que asumo desde este momento la defensa de la independencia judicial y vamos a accionar, no solo por mi caso como Solanda Goyes sino por la defensa de todos”, manifestó.

Goyes también cuestionó que existan otras investigaciones que, según su criterio, no avanzan con la misma celeridad. Mencionó casos relacionados con funcionarios y personas investigadas por presuntos vínculos con estructuras de narcotráfico.   

Lo que debes saber

• Cuatro aspirantes a la Fiscalía General del Estado fueron impugnados por Hamilton Taramuel.
• Una abogada representó al impugnante en las audiencias públicas sin que él se presentara.
• Los candidatos defendieron su probidad ante cuestionamientos por actuaciones pasadas.

La fase de audiencias públicas de impugnación ciudadana contra los aspirantes a fiscal general del Estado concluyó este 1 de octubre de 2026 en Ecuador, con la intervención de la defensa de Hamilton Rickard Taramuel. El ciudadano, quien objetó a cuatro postulantes al máximo cargo de la Fiscalía General del Estado, actuó únicamente a través de su abogada patrocinadora durante las jornadas desarrolladas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en las cuales los postulantes rechazaron los cuestionamientos y justificaron sus actuaciones previas.

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El rol de Hamilton Taramuel en el proceso de designación

Hamilton Rickard Taramuel concentró la atención pública tras interponer recursos contra cuatro participantes del concurso público. Durante las comparecencias, estuvo representado formalmente por la abogada María Gabriela Sierra, quien acreditó su comparecencia mediante la documentación respectiva. Taramuel no se presentó a lo largo de las sesiones ni se aportaron mayores detalles sobre su persona.

Descargos y argumentos presentados por los postulantes

Las objeciones planteadas por la defensa de Taramuel abordaron supuestas faltas de probidad e idoneidad derivadas de litigios y actuaciones de los aspirantes en años anteriores.

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La defensa de Salomón Alejandro Montecé por una ausencia judicial

La acusación contra Salomón Alejandro Montecé se basó en una supuesta falta de probidad o idoneidad por negligencia profesional, tras no asistir en 2021 a una audiencia de apelación en la que ejercía como defensor público de un procesado por violencia contra la mujer. A dicha diligencia no acudieron el recurrente ni su defensa.

Montecé justificó el incidente bajo los siguientes argumentos:

Durante su intervención, Montecé también aludió al pasado judicial de Taramuel y sostuvo que la falta de probidad exige la comprobación de actos deshonestos, aspecto que, según indicó, la parte impugnante no logró demostrar.

Respuestas de Gustavo Adolfo Benítez y Sandra Patricia Morejón

En la jornada del 1 de octubre, la defensa de Taramuel cuestionó a Gustavo Adolfo Benítez Álvarez por su labor como agente fiscal en el juzgamiento de uniformados tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Para ello, citó un informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, el cual recomendaba investigar disciplinariamente a varios operadores judiciales.

Benítez replicó que su actuación respondió al deber legal de combatir la impunidad y defender al Estado. Afirmó que sus procedimientos estuvieron ceñidos a la Constitución, al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, agregando que el objetor no adjuntó sentencia alguna que declare su culpabilidad penal.

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Por último, Taramuel objetó a Sandra Patricia Morejón Llanos por solicitar en mayo de 2019 el archivo de una investigación por concusión, decisión que un juez observó por la presunta falta de diligencias investigativas.

Morejón rechazó el reparo explicando que la petición de archivo se fundamentó estrictamente en la ley tras determinarse que las fechas de los presuntos hechos delictivos no coincidían. Asimismo, remarcó que el juez de la causa terminó aceptando el archivo del expediente, al margen de los criterios expresados en su resolución.

¿Cuándo habrá una resolución?

Según el reglamento del concurso, concluidas las audiencias de impugnación, la Comisión Ciudadana de Selección, dentro del término de dos días, emitirá su resolución motivada individualmente y la notificará a las partes.

Luego, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación, las partes podrán presentar la solicitud de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que tendrá el término de dos días para resolverlas en mérito de los expedientes. En caso de que una de las impugnaciones sea aceptada, el postulante quedará descalificado del concurso.

Una vez resueltas las apelaciones, el informe final de la fase de escrutinio e impugnación ciudadana será enviado, en el término de dos días, al Pleno del CPCCS para su conocimiento y para pasar a la etapa de oposición.

En la elección de los siete vocales del CPCCS se utilizarán tres papeletas. Todas tendrán formato A4, tres filas con los candidatos, según corresponda a hombres, mujeres y Pueblos y Nacionalidades, además de tres tipos de seguridades para evitar su clonación.

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La papeleta de color rosa será para las mujeres, la amarilla para los hombres y la naranja para Pueblos y Nacionalidades. El 29 de noviembre de 2026, día de los comicios, cada una será colocada en una urna diferente.

Hay que recordar que el CPCCS está integrado por siete vocales principales. En noviembre, los ecuatorianos escogerán a tres representantes de la lista de hombres, tres de la lista de mujeres y uno por los Pueblos y Nacionalidades.

El sorteo ocurrió dos días después de que el CNE publicó la lista oficial de las candidaturas que pasaron el filtro. La mayoría de los aspirantes a una vocalía en el CPCCS asistieron este jueves al acto, que se desarrolló en el auditorio Matilde Hidalgo, en la matriz del CNE en Quito.

Un notario dio fe del sorteo, que se realizó tomando el nombre de cada candidato de una balota. Luego de sacarlo de una ánfora, el nombre se colocaba en el lugar que le corresponderá en la papeleta.

¿Cómo se ubicarán en las papeletas?

Lista de mujeres:

Lista de hombres:

Una sola candidata en Pueblos y Nacionalidades

El actual proceso electoral tendrá una particularidad. Tras el análisis del CNE, solamente una de las candidatas por los Pueblos y Nacionalidades pasó el filtro. Se trata de Martha Susana Toapanta Cuascota.

Al ser la única candidata, podría convertirse eventualmente en consejera electa. Sin embargo, cabe la posibilidad de que también enfrente el porcentaje de votos que puede alcanzar el nulo. Además, si es electa, no tendría un vocal suplente.

El organismo electoral informó que la encuesta estará habilitada desde este jueves. “Desde el 1 hasta el 14 de octubre de 2026 la ciudadanía podrá acceder al formulario disponible en la página web institucional www.cne.gob.ec”, indicó la institución.

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A través del formulario, los participantes podrán responder preguntas relacionadas con las competencias que, conforme a la normativa vigente, tendrán las autoridades electas para las prefecturas y alcaldías.

El CNE deberá organizar 45 debates entre los candidatos a las alcaldías y prefecturas del país. En el caso de las alcaldías, los debates se realizarán en los cantones que cuenten con más de 100.000 electores, de acuerdo con el registro electoral habilitado.

Así, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, el órgano electoral deberá realizar 21 debates obligatorios para las prefecturas y 24 para las alcaldías del país. La asistencia de los candidatos a estos encuentros será obligatoria.

¿Cómo participar?

Para participar en la encuesta, los ciudadanos deberán:

¿Quiénes integran el Comité Nacional de Debates?

El pasado 21 de septiembre de 2026, el CNE informó sobre la elección de los integrantes del Comité Nacional de Debates, que estará a cargo de la elaboración de las preguntas para los diferentes encuentros.

El comité quedó integrado por María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña.

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Según el CNE, los cinco profesionales cuentan con trayectoria en instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Lo que debes saber

• Juez da 14 días a Donald Trump para entregar la base legal de los ataques marítimos.
• Operativos contra presuntos narcos dejan más de 230 muertos desde septiembre de 2025.
• Organizaciones de derechos civiles demandaron tras la falta de respuesta oficial.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este 30 de septiembre de 2026 a la Administración de Donald Trump entregar, en un plazo máximo de 14 días, el memorando confidencial que fundamenta la legalidad de los operativos y bombardeos contra embarcaciones en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico. La resolución judicial, emitida en un tribunal de Nueva York, busca esclarecer el marco normativo que autorizó el uso de fuerza letal en intervenciones marítimas antinarcóticos que han cobrado cientos de vidas desde finales de 2025.

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La orden judicial contra el memorando del Departamento de Justicia

El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó al Gobierno federal la entrega en privado del documento emitido en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés). Dicho texto contiene el análisis legal que evalúa las facultades del presidente Donald Trump para ordenar ataques letales o recurrir al despliegue de drones contra objetivos en altamar.

La redacción de este memorando coincidió con el momento en que el Departamento de Defensa inició de manera formal la ejecución de estas acciones armadas.

Exigencias puntuales del tribunal a la Casa Blanca

Como parte de su resolución, el magistrado Engelmayer estableció requerimientos específicos de rendición de cuentas que el Ejecutivo debe cumplir:

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El saldo de los operativos marítimos y la presión de organizaciones civiles

Desde septiembre de 2025, el despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses en rutas marítimas estratégicas ha generado un balance de alto impacto:

La demanda por transparencia bajo la Ley FOIA

El proceso en tribunales responde a una acción judicial impulsada por organizaciones de defensa de garantías fundamentales, luego de que las autoridades gubernamentales omitieran responder a una petición formal amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La causa legal fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por:

En su cuenta de la red social X, Cordovez escribió: “A pocas horas del anuncio del presidente Daniel Noboa de adelantar el pago del décimo tercer sueldo a las y los trabajadores del sector público, diversos empresarios y gremios productivos han decidido sumarse a la invitación del Primer Mandatario y acoger esta iniciativa”.

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El 30 de septiembre de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció que el décimo tercer sueldo se pagará el 16 de noviembre de 2026, 13 días antes de las próximas elecciones seccionales, en las que ADN participará por primera vez como movimiento.

El primer mandatario dijo: “Este año, el décimo tercer sueldo se entregará el 16 de noviembre para quienes trabajan en el sector público. No es una decisión fácil, pero sé lo que significa para miles de hogares ecuatorianos”.

¿Qué planteó el ministro de Desarrollo Económico?

En su mensaje, Cordovez indicó que “esto refleja el compromiso genuino del empresariado ecuatoriano con el bienestar de sus trabajadores y sus familias, al brindarles un respiro financiero vital previo a las festividades de Navidad y Fin de Año”.

El ministro de Daniel Noboa no especificó cuántas ni qué empresas o cámaras se sumarán a la iniciativa del Gobierno. El décimo tercer sueldo se entrega habitualmente en diciembre y contempla los ingresos percibidos por los trabajadores durante el período correspondiente.

La misma medida, un año después

Noboa tomó una decisión similar en 2025. El 5 de octubre de ese año, el jefe de Estado anunció el adelanto del décimo tercer sueldo para los trabajadores del sector público. Después de ese anuncio, empresas del sector privado también expresaron su respaldo a la medida y algunas decidieron replicarla.

En ese momento también estaba en curso otro proceso electoral. El Gobierno había convocado a los ecuatorianos al Referéndum y Consulta Popular 2025, que se realizó el 16 de noviembre de ese año.

Noboa impulsó cuatro preguntas en ese proceso. 

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Los resultados definitivos proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) establecieron que en las cuatro opciones se impuso el “No”: bases militares extranjeras, financiamiento estatal a organizaciones políticas, reducción del número de asambleístas y convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Fue la primera derrota electoral de Noboa desde que asumió la Presidencia de la República en 2023.

Lo que debes saber

• Denuncian a Andrés Roche ante el TCE por supuesta campaña anticipada.
• La acusación señala infracciones graves tipificadas en el Código de la Democracia.
• El juez Guillermo Ortega dispuso dos días para aclarar y completar el trámite.

El candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), Andrés Roche, fue denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta campaña anticipada de cara a las elecciones seccionales de 2026. La causa, ingresada por Lenin Iván Subía Parreño y asignada al despacho del juez Guillermo Ortega, señala presuntas infracciones graves a la normativa electoral; no obstante, el magistrado aún no califica la causa y otorgó un plazo de dos días para que el denunciante aclare y complete su recurso.

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Las infracciones electorales señaladas contra Andrés Roche

La queja formulada por Lenin Iván Subía Parreño sostiene que el postulante socialcristiano habría vulnerado el artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

En concreto, la acusación se fundamenta en dos disposiciones de dicho marco normativo:

Sanciones contempladas en el Código de la Democracia

Ambas figuras jurídicas corresponden a la categoría de infracciones graves. Según determina el propio artículo 278 de la ley de la materia, incurrir en estas prácticas conlleva las siguientes sanciones:

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El TCE exige aclarar y completar la causa en dos días

A pesar de la presentación del escrito, el magistrado sustanciador Guillermo Ortega no ha admitido a trámite formal la denuncia contra Andrés Roche. Para dar curso al proceso, el juez emitió una providencia en la que ordena al denunciante subsanar omisiones formales en un término improrrogable de dos días.

Para que el trámite avance en la justicia electoral, Subía Parreño deberá consignar obligatoriamente:

Lo que debes saber:

• PISA 2025 Ecuador revela brechas que docentes relacionan con pobreza, niños sin útiles, sin desayuno o que se ausentan por problemas económicos.
• Profesores de Quito y Guayaquil describen vacíos en matemáticas y comprensión lectora. Y admiten que ellos mismos podrían necesitar un mentor.
• Falta de recursos, formación docente y carga burocrática afectan el aprendizaje en Ecuador.

Cuando Jorge Luis Arturo, profesor de tercero de básica en Quito, habla del rendimiento de los alumnos en las pruebas PISA 2025, no menciona calificaciones. Saca una carta. Es la solicitud de una madre de familia firmada, en la que pide justificar las inasistencias de su hija. La razón: no ha tenido dinero para llevarla a clases.

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Arturo, de 54 años y con 34 en el magisterio, considera que esas historias ayudan a entender qué hay detrás de los resultados de Ecuador. Menciona la ecuación de Mincer como una referencia para explicar que variables como los años de escolaridad de los padres y sus condiciones socioeconómicas pueden relacionarse con las oportunidades de los estudiantes.

“Al final del día, los hogares con mejores condiciones obtienen mejores resultados”, sostiene. Las diferencias aparecen en cuestiones como disponer de una computadora, tener Internet, contar con una biblioteca...

En el aula encuentra niños con posibles problemas de atención a quienes se ha recomendado una evaluación psicopedagógica. Pero, “las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión pueden tardar meses y un año en asignar una cita”.

Pero Arturo también reclama mayor compromiso docente. Ha seguido cursos sobre STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-, dictados por el Ministerio de Educación, en línea. Ha visto que otras personas hacen los cursos por los docentes.

Los docentes requieren acompañamiento en Ecuador

Geovanna, quien pidió mantener en reserva su apellido, fue parte del Programa de Acompañamiento Pedagógico que funcionó entre 2017 y 2021. Ha sido rectora y maestra de aula. 

En su opinión, por años, la educación se ha concentrado demasiado en completar libros y cumplir contenidos, sin dedicar suficiente tiempo a la comprensión. 

“Yo les decía a mis compañeros: profesores, no nos atrasamos a nada. Nosotros, que somos adultos, seguimos aprendiendo, ellos necesitan bases”, recuerda. Y pone sobre la mesa un tema: la formación de quienes llegan a las aulas. Hay ingenieros y profesionales de distintas áreas que ejercen como docentes, que requieren aprender estrategias.

Las dificultades para operar con fracciones, trabajar con signos o despejar variables

Lucía Castro, maestra de matemática de 60 años, coincide. Durante 31 de ellos trabajó en colegios y hace siete se incorporó a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, donde enseña cálculo a estudiantes de primer semestre de Ingeniería.

En sus clases hay bachilleres. Allí observa los vacíos que arrastran. “En muchos colegios, sobre todo fuera de las ciudades grandes, la matemática la dicta quien esté disponible: a veces un ingeniero, un economista o un profesor de otra área que completa su carga horaria”, explica.

Ella detecta dificultades para operar con fracciones, trabajar con signos, despejar variables o aplicar propiedades de las potencias. Así, cuando intenta enseñar un límite o una derivada, el obstáculo puede estar en conocimientos que debían dominar antes.

También observa estudiantes acostumbrados a memorizar procedimientos. Si el ejercicio se parece al ejemplo, lo resuelven; cuando cambia el planteamiento, muchos se pierden. A ello se suma la dificultad para leer un problema, entender qué pide y traducirlo al lenguaje matemático.

Saber matemática no es lo mismo que saber enseñarla. Uno puede resolver un ejercicio perfectamente y no darse cuenta de por qué el chico no entiende.Lucía Castro, profesora de matemáticas

Hay que trabajar en la comprensión lectora

Yosbany Vidal, profesor del ISM North, anota que la expansión de las redes sociales, los contenidos audiovisuales y los textos multimodales hace que predomine el consumo de contenidos breves. 

El reto es actualizar las estrategias de enseñanza. La comprensión lectora, sostiene, debe avanzar de la identificación literal y la interpretación inferencial hacia el pensamiento crítico, la lectura contextual y la creación.

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Estudiantes llegan sin desayunar, sin útiles escolares

Santiago Molina, profesor con una década en el magisterio, trabaja en el sur de Quito, cuenta: “Vamos un mes de clases y algunos estudiantes dicen que sus padres todavía no han podido comprarles la lista de útiles porque tienen más hermanos y esperan su turno”.

Además, Molina cuestiona la carga burocrática que enfrentan. “Tenemos que llenar evidencias, formularios y reportes, y ese tiempo se resta a la planificación, elaboración de recursos didácticos, talleres y evaluaciones. Con cursos de 40 alumnos, necesitamos preparar mejor las clases”.

Martín Toala, profesor de matemáticas del Colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil; tiene 59 años y 29 de experiencia docente en bachillerato.

“Muchos estudiantes llegan sin desayunar o sin almorzar, según su jornada. Los veo dormirse en el aula”. Critica que desde 2016 no se pierde el año. “Avanzan al bachillerato sin bases“. Critica que profesionales de otras áreas -ingenieros, abogados o doctores- hayan llegado a ejercer la docencia sin formación pedagógica.

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Lo que debes saber

• Sofía Espín busca la Prefectura del Guayas con 1.500 km de vías para impulsar producción y movilidad.
• En Guayas, Sofía Espín propone seguro agrícola para 50.000 productores ante pérdidas climáticas.
• Si gana en 2027, Sofía Espín revisará el dragado del río Guayas por considerarlo insuficiente.

Sofía Espín Reyes vuelve a una papeleta electoral, esta vez con la aspiración de dirigir la Prefectura del Guayas. Después de ocupar cargos en el Ejecutivo y acumular tres periodos en la Asamblea Nacional, la candidata intentará administrar una provincia atravesada por problemas de vialidad rural, productividad, seguridad y riego.

Espín terminó inscrita para competir con el respaldo del Partido Socialista Ecuatoriano. Según información publicada sobre las candidaturas de Guayas, figura entre ocho aspirantes registrados para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Considero que la Prefectura del Guayas necesita recuperar el enfoque en la atención a la ciudadanía. Mi criterio es que la administración actual ha dejado de priorizar áreas fundamentales para la provincia. 

Por ejemplo, cuestiono la inversión en publicidad frente a necesidades como la atención social, la prevención ante fenómenos climáticos y programas dirigidos a niños y jóvenes. Cambiaríamos el enfoque completo de la gestión. Nuestra propuesta es una revolución de las obras. 

La prioridad será intervenir 1.500 kilómetros de vías primarias, secundarias y terciarias. Queremos vías más seguras, con iluminación solar e internet, porque por ellas circulan estudiantes, trabajadores y sale la producción agrícola de la provincia.

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-¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

Uno de los proyectos centrales es fortalecer y ampliar las Manzanas del Cuidado. Nuestra meta es que exista una en cada cantón del Guayas. Queremos que cuenten con servicios de salud, espacios deportivos y programas para niños y jóvenes, de manera que las mujeres y madres de familia tengan espacios de formación y bienestar. 

Tenemos una propuesta basada en tres áreas: deporte, cultura y educación. En deporte planteamos la construcción de al menos tres centros de alto rendimiento. En cultura, reabriríamos y fortaleceríamos programas como la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil.

- Si usted llega a la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

La Prefectura de Sofía Espín y Pepe Pancho Cevallos será la Prefectura de las obras para la gente. Tendrá tres ejes principales: vías seguras, fortalecimiento productivo e inversión en el desarrollo humano.

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Proponemos una empresa pública de almacenamiento para proteger los precios de la producción agrícola y evitar que los productores se vean afectados por los intermediarios o por la caída de precios durante las cosechas.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los apoyaría?

El sector agrícola requiere mayor respaldo. Nuestra propuesta incluye créditos, semillas certificadas, mecanización del agro, asistencia técnica y mejoras viales. 

Además, planteamos un seguro agrícola para aproximadamente 50.000 productores y una capacidad de almacenamiento cercana a 50.000 toneladas, para sostener los precios de sustentación y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.

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- ¿Cuál sería su plan frente a los efectos del fenómeno de El Niño?

Lo primero será evaluar las condiciones en las que se encuentre la provincia y el estado de la infraestructura vial. También planteamos créditos blandos para agricultores afectados por inundaciones o pérdidas de cultivos. La prioridad será atender a las familias y productores perjudicados por los eventos climáticos.

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- Usted ha mencionado proyectos relacionados con energía solar. ¿Cómo funcionarían?

Como ingeniera eléctrica, considero que la energía solar representa una oportunidad importante para el Guayas. Nuestra meta es promover la instalación de 100 megavatios de energía solar en la provincia. También queremos implementar kits fotovoltaicos para alrededor de 17.000 familias. 

Esto permitiría reducir el costo de las planillas eléctricas y disminuir la dependencia del sistema nacional de energía. Además, la energía solar serviría para iluminar vías rurales y apoyar al sector productivo.

- ¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

El dragado es necesario, pero debe analizarse de manera integral. No basta con intervenir un solo punto. Se requiere actuar en diferentes zonas de la cuenca. 

Cuando asumamos la administración revisaremos el contrato vigente y, con base en los hallazgos, decidiremos si debe continuar o modificarse. Lo que sí creemos es que la intervención actual resulta insuficiente para las necesidades de la provincia.

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- ¿Cómo asume el desafío de pasar de la política nacional a la administración provincial?

Es un reto importante, pero mi trayectoria siempre ha estado vinculada al trabajo territorial. He participado en proyectos comunitarios y de acceso a servicios públicos en diferentes zonas del país.

- La Revolución Ciudadana no aparecerá en la papeleta. ¿Cómo enfrentan ese desafío?

Siempre hubo una estrategia del Gobierno Nacional para tomarse las alcaldías y prefecturas del país. Lo vemos, por ejemplo, en la Prefectura del Guayas, que hoy está en manos de una persona por la que nadie votó directamente para ese cargo. 

Desde nuestra visión, eso representa un hecho grave y antidemocrático. Para ello hemos diseñado una estrategia que combina trabajo digital y recorridos puerta a puerta.  Además, contamos con una militancia muy activa que nos ayudará a transmitir ese mensaje en toda la provincia.

Lo que se sabe

• José Walther Manrique fue detenido por la Interpol en España, según el ministro John Reimberg
• Está procesado en el caso Progen, denominado por Fiscalía como caso Apagón
• El perjuicio por los contratos fallidos para los proyectos de Salitral y Quevedo bordea los 104,4 millones de dólares
  

José Walther Manrique Suárez fue detenido este miércoles 30 de septiembre de 2026, por la Interpol (Policía Internacional) en España, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

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El funcionario aseguró que Manrique, quien es investigado por el supuesto delito de peculado en el caso Progen (Apagón), "tendrá que responder a la justicia ecuatoriana”.

Sin embargo, no dio más detalles sobre un posible proceso de extradición. Fiscalía pidió, el 25 de agosto anterior, que un juez emita la difusión roja de Interpol para evitar la fuga de Manrique.

¿Qué se necesita para extraditar a José Manrique?

Para conseguir que el implicado en el caso Progen sea traído al país, se necesitan tres pasos:

Pese a contar con una inhabilitación legal para contratar con el Estado hasta 2028, Manrique intervino como "técnico de Progen" en negociaciones de costos y como "gerente de proyecto" para las plantas térmicas de Salitral y Quevedo.

Participó como socio de Karla Saud en las operaciones de la empresa Progen Industries LLC, contratista incumplida en los tres contratos emergentes para generación eléctrica.

Según la Fiscalía, Manrique habría actuado como enlace directo de Progen, coordinado subcontrataciones y canalizado fondos hacia Astrobryxa, generando un perjuicio que bordea los 104,4 millones de dólares.

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Lo que debes saber

• CNT y Dedalus acordaron implementar el plan de digitalización de la salud pública en Ecuador.
• El proyecto conectará 170 centros médicos en tres meses y alcanzará 1.742 en siete años.
• El contrato supera los 240 millones de dólares y no contempla la entrega de anticipos.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) suscribió un acuerdo comercial con la empresa italiana Dedalus para poner en marcha la digitalización de la salud pública en Ecuador. El anuncio fue realizado por el gerente general de CNT, Ronald Spina, durante la presentación de una alianza con Starlink, fijando como primera meta la conexión de cerca de 170 centros de salud en un lapso de tres meses, dentro de un plan integral proyectado a siete años.

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Plan de interconexión y metas del sistema sanitario

El proyecto busca modernizar la red asistencial del país mediante la articulación tecnológica de los centros de atención médica a nivel nacional.

La iniciativa contempla las siguientes metas operativas y de cobertura:

A finales de agosto de 2026, el Ministerio de Salud Pública anunció la contratación de los servicios de la firma internacional para modernizar los servicios sanitarios del Estado.

Componentes y roles tecnológicos de la plataforma

El contrato define el diseño y la puesta en marcha de un sistema interoperable que se articulará con las aplicaciones, equipos y plataformas preexistentes en los centros de salud pública ecuatorianos.

La estructura general del plan se divide en tres ejes esenciales:

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Para la ejecución del servicio, se integrarán las capacidades de dos multinacionales:

Estructura contractual y condiciones de pago

El proceso contractual y el flujo de los recursos económicos están centralizados en la empresa pública de telecomunicaciones:

Lo que debes saber

• Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2026-2027, luego de que Ecuador concluya su gestión al frente del organismo regional.
  
• El relevo se concreta en Quito, donde este miércoles 30 de septiembre se reunieron las delegaciones de Bolivia, Colombia y Perú, junto al canciller ecuatoriano Roberto Kury.
  
• Durante las reuniones se abordaron temas de integración, como una propuesta para regular el ingreso de vehículos particulares de turistas y el avance de la plataforma digital Intercom para el intercambio de documentos de comercio exterior.

Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2026-2027, luego de que Ecuador cierre su gestión al frente del organismo de integración regional.

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El relevo se produce en Quito, donde este miércoles 30 de septiembre se desarrollaron reuniones con la participación de las delegaciones de Bolivia, Colombia y Perú.

El canciller de Ecuador, Roberto Kury, recibió a las delegaciones de los países miembros y encabezó la 32.ª Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, el funcionario destacó la intención de mantener una Comunidad Andina integrada y con capacidad de responder a los cambios del escenario regional e internacional, según informó la Cancillería ecuatoriana.

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La delegación peruana llegó a la capital ecuatoriana encabezada por el canciller Carlos Espá y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, según el medio América TV de ese país.

Ambos funcionarios fueron autorizados para participar en las reuniones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la CAN, instancias en las que se concretará el cambio de liderazgo.

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Entre los asuntos que forman parte de las reuniones está una propuesta para establecer reglas sobre el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos particulares utilizados por turistas dentro de los países de la CAN.

También se revisará el funcionamiento de Intercom, una plataforma digital destinada a facilitar el intercambio de documentación relacionada con el comercio exterior entre los integrantes del bloque.

Con la nueva presidencia, Perú tendrá a su cargo la conducción de las sesiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores durante el período 2026-2027.

Lo que debes saber

• El CNE acreditó a 549 observadores en el segundo registro, alcanzando un total de 903 delegados habilitados.
• El personal acreditado vigilará desde los preparativos iniciales hasta el escrutinio oficial del 29 de noviembre.
• La veeduría electoral nacional constituye una labor cívica, voluntaria y sin remuneración estatal.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 30 de septiembre en Quito la acreditación de 549 delegados nacionales para las elecciones seccionales de noviembre de 2026, alcanzando un total de 903 veedores autorizados para supervisar de forma presencial y técnica el desarrollo de las votaciones generales programadas para el próximo domingo 29 de noviembre.

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Registro de observadores electorales en el CNE

La incorporación de este nuevo contingente corresponde al cierre del segundo periodo de inscripción formal dispuesto por la autoridad comicial en Quito. Con esta resolución administrativa, el padrón oficial de control social fortalece su cobertura operativa de cara a los comicios locales y de participación.

Cifras del proceso de acreditación

El contingente electoral acreditado se distribuye de la siguiente manera:

OEA y UNIORE entre la observación internacional

Al momento. estas son las entidades que han confirmado son:

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Alcance y funciones de la veeduría ciudadana

Los 903 veedores cuentan con aval técnico para desplegar sus actividades de control durante las etapas clave del calendario electoral fijado para el domingo 29 de noviembre:

Condiciones del rol de observación

La normativa vigente del organismo electoral determina que la observación electoral en Ecuador opera bajo parámetros definidos de participación ciudadana:

Lo que debes saber

• Asamblea aprobó ley el 29 de septiembre para frenar reclutamiento de menores en escuelas del país.
• Municipios deberán crear zonas seguras cerca de planteles para reducir captación de adolescentes por bandas.
• Nueva norma plantea bloquear contenidos digitales usados para reclutar menores con fines delictivos.

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán implementar una serie de medidas de prevención y seguridad para proteger a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento por parte de organizaciones criminales, una vez que entre en vigencia la Ley para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso o utilización de menores con fines delictivos, aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2026 con 88 votos.

La legislación introduce reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que obligan a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a desarrollar políticas de protección en sus territorios frente al avance de estructuras criminales que buscan captar a menores de edad.

Perímetros seguros alrededor de instituciones educativas

Entre las principales disposiciones consta la implementación de los denominados “perímetros sagrados” o zonas seguras alrededor de establecimientos educativos. La ley establece que los GAD deberán recuperar y preservar los espacios públicos cercanos a escuelas y colegios para reducir factores de riesgo asociados al reclutamiento y vinculación de menores con actividades ilícitas.

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La normativa también ordena a los municipios expedir ordenanzas que eviten expresiones o manifestaciones que hagan apología a grupos de delincuencia organizada o promuevan actividades delictivas en espacios públicos ubicados en los alrededores de instituciones educativas.

Otro de los cambios contempla la creación y coordinación de consejos de seguridad ciudadana municipal, integrados por representantes de la Policía Nacional, organizaciones comunitarias, sectores académicos y otras entidades vinculadas a la seguridad. Estos organismos deberán diseñar políticas locales y mesas técnicas para abordar riesgos relacionados con el reclutamiento de menores.

Más controles en eventos masivos y espectáculos públicos

Además, la ley amplía las competencias municipales en eventos masivos y espectáculos públicos. Los cabildos podrán realizar controles de aforo y verificar el cumplimiento de medidas de seguridad, incorporando mecanismos específicos para prevenir la promoción o glorificación de actividades criminales y la captación de menores en este tipo de concentraciones.

La normativa también dispone que los gobiernos locales implementen programas de convivencia, prevención de la violencia y desarrollo integral para niños y adolescentes, así como iniciativas dirigidas a la reintegración social de quienes hayan sido víctimas de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos.

En el ámbito de la prevención del consumo de drogas, los municipios deberán desarrollar mecanismos de evaluación y derivación de menores que presenten consumo problemático o se encuentren en situación de vulnerabilidad frente al reclutamiento criminal, utilizando la infraestructura y capacidades institucionales disponibles.

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Cambios en la regulación de contenidos y plataformas digitales

La ley también introduce reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación tendrá la facultad de regular franjas horarias para contenidos violentos, sexualmente explícitos o discriminatorios, además de monitorear material que promueva la violencia o el reclutamiento de menores.

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Como parte de estas medidas, el organismo deberá desarrollar una normativa secundaria para regular el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL que difundan contenidos orientados al reclutamiento o utilización de niños y adolescentes con fines delictivos. El plazo establecido para esta regulación es de 90 días.

La normativa aún debe pasar por la revisión del presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarla o emitir un veto. En caso de ser aprobada por el Ejecutivo, será publicada en el Registro Oficial y entrará en vigencia en todo el país.

Lo que debes saber

• Cynthia Gellibert liderará la venta de valiosos bienes del IESS por orden del presidente Daniel Noboa.
• El nombramiento de Gellibert revive la polémica venta de 93 hectáreas a una mesera en La Libertad.
• Bienes clave del IESS en Santa Elena, Guayas y Pichincha entrarán a proceso de enajenación.

Si las propiedades que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) llegan a venderse, como anunció el presidente Daniel Noboa, la funcionaria encargada de dirigir esa tarea será una de las personas más cercanas a él: Cynthia Gellibert. Desde el martes 29 de septiembre, Gellibert es la representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS y, como tal, será su directora. Es decir, tendrá un inmenso poder en las ventas de terrenos que son del IESS.

Gellibert, que hasta hace pocos días se desempeñaba como ministra de Trabajo, reemplazará en ese cargo a Bernardo Cordovez, quien ha sido nombrado nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo. Cordovez, a su vez, reemplaza a Sariha Moya en el Ministerio de Desarrollo Económico.

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¿Qué tiene de especial el nombramiento de Gellibert? Mucho. Para comenzar, está el hecho de que es, quizá, la funcionaria que mayor incondicionalidad mantiene con el presidente. Gellibert no es una funcionaria cualquiera: ha estado junto al presidente como su mano derecha desde que fue asesora de Noboa cuando este era apenas un asambleísta de medio pelo.

Además, cuando el actual mandatario tuvo la crisis con su exvicepresidenta Verónica Abad, Gellibert asumió la Vicepresidencia, con una legalidad cuestionada, porque era quien más le garantizaba lealtad absoluta e incondicional. Fue, además, secretaria de la Administración.

En otras palabras, todo apunta a que la venta de los activos del IESS será un proceso sin la más mínima independencia del Ejecutivo.

El antecedente del polémico caso de tierras en Santa Elena

También es especial el nombramiento de Gellibert por el hecho de que no hace mucho estuvo salpicada en un oscuro y nunca esclarecido caso de venta de tierras en su provincia, Santa Elena, en la cual, además, la familia presidencial tiene importantes intereses empresariales.

No hay que olvidar que a los pocos días de haberse posesionado como presidente, estalló el escándalo por un proyecto inmobiliario de la familia presidencial en una zona ambientalmente protegida en Olón. Noboa, incluso, fue asambleísta por Santa Elena.

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La compraventa irregular de 93 hectáreas en La Libertad

Esta polémica tuvo como epicentro la venta de 93 hectáreas de propiedad municipal de La Libertad. El nombre de Cynthia Gellibert apareció porque surgió una posible conexión entre la joven que figuraba como compradora (una humilde mesera de cafetería) y el entorno familiar de la funcionaria.

¿Qué ocurrió? El precio acordado fue de aproximadamente 2,7 millones de dólares, aunque posteriormente en los registros municipales aparecía la cifra de 3,47 millones de dólares, incluidos impuestos y tasas. Lo insólito y sospechoso fue que la compradora era Jenny Elvia Ramírez Palma, de 24 años y quien, según las informaciones publicadas, no tenía RUC activo ni actividad económica que explicara una operación de ese tamaño.

La conexión familiar y la caída del negocio inmobiliario

¿Dónde entra Gellibert en esta historia? La conexión apareció cuando Ecuavisa encontró que la madre de Jenny Ramírez, que vive en una pobreza franciscana, trabajaba para la familia de Cynthia Gellibert como empleada doméstica.

Eso produjo una pregunta inevitable: ¿por qué una joven sin capacidad económica ni para comprar un par de sillas figuraba como compradora de 93 hectáreas por millones de dólares y qué relación podía existir entre ella, su madre y el entorno de Gellibert? El terreno estaba en una zona con fuerte potencial inmobiliario y turístico.

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El escándalo fue tan grande que el negocio terminó cayéndose, aunque ni Gellibert ni las autoridades explicaron el aparente entuerto.

Este es uno de los motivos por los que el nombramiento de Gellibert como cabeza del IESS es particular. Con este escándalo a cuestas, el de las 93 hectáreas vendidas a la humilde hija de una humilde empleada doméstica de la familia Gellibert, el presidente Noboa ha nombrado a Gellibert para dirigir la venta de las propiedades del IESS.

Terrenos y avalúos de las propiedades del IESS en venta

Todo esto se suma a que una de las empresas inmobiliarias del país que eventualmente podrían estar interesadas en esos terrenos sea una de propiedad de la familia del presidente Noboa. Precisamente en Santa Elena hay propiedades del IESS con un gran valor para proyectos inmobiliarios.

Bienes patrimoniales en La Libertad, Salinas y Montañita

Según los registros del propio IESS, en La Libertad (la misma ciudad donde se produjo la venta frustrada a la mesera Jenny Ramírez) existe un terreno de algo más de ocho hectáreas, avaluado en 2,44 millones de dólares. La propiedad se llama Las Pampas.

Otra propiedad con alto valor para un desarrollo inmobiliario es Las Vegas, en Salinas, con una extensión de 6,4 hectáreas y un avalúo de 1,6 millones de dólares.

Estos valores son, sin embargo, relativos porque no son nuevos. En julio de 2026 se reformó el Reglamento para la Enajenación de Bienes Inmuebles de Uso No Institucional del IESS y se estableció que únicamente será posible utilizar avalúos nuevos.

También hay propiedades de alto valor en Santa Elena. Según los registros del IESS, existen unos lotes en Montañita, así como en un punto llamado Nueva Montañita, en el límite con Manglaralto. Allí hay una propiedad de 150 hectáreas que actualmente está en disputa con la comunidad.

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Inmuebles estratégicos en Guayaquil y cobertura nacional

Ahora bien, propiedades que tienen gran valor para ser utilizadas por empresas inmobiliarias hay en todo el país. En Guayaquil, por ejemplo, hay dos que son extremadamente valiosas: la Lotización Tiffany, en el kilómetro 22 de la vía a la costa, y un pedazo de un terreno que el IESS entregó para que se construyera el Hospital de Los Ceibos y que no se utilizó.

De ese tipo hay decenas de propiedades en todo el país. Según el recientemente defenestrado Bernardo Cordovez, estas propiedades, que suman 175, están sobre todo en Guayas, Pichincha, Manabí y Santa Elena.

Ahora, todo apunta a que la vendedora será Gellibert

La tarde de este 30 de septiembre de 2026 tuvo lugar la audiencia pública de impugnación presentada por Hamilton Rickard Taramuel en contra del postulante Salomón Alejandro Montecé.

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Taramuel se ubicó en el ojo público tras presentar cuatro impugnaciones contra los aspirantes. Una de ellas fue en contra de Daniella Camacho, quien actualmente busca el cargo de fiscal general y es jueza de la Corte Nacional de Justicia.

La audiencia de la impugnación de Taramuel contra Camacho tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. En esa ocasión no asistió ni envió un abogado que actuara en su nombre. Como consecuencia de su ausencia, la impugnación fue archivada.

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¿Qué pasó en la audiencia contra Montecé?

En nombre de Taramuel actuó la abogada María Gabriela Sierra. Además del documento con el que se acreditó su presencia en representación de Taramuel, nada más se dijo sobre el impugnante. Él no apareció durante toda la audiencia.

La impugnación se sustentaba en una supuesta falta de probidad o idoneidad. El argumento fue la ausencia del aspirante Montecé en una audiencia de apelación en 2021. Según la abogada de Taramuel, hubo un señalamiento de negligencia profesional.

Montecé no había asistido a una audiencia en la que, como defensor público, representaba al acusado en un caso de violencia contra la mujer. El acusado había sido sentenciado y apeló la decisión. Al final, no acudieron ni la defensa ni el recurrente.

Sobre esto, Montecé argumentó que el caso ocurrió en “un contexto de elevada carga procesal”. Añadió que era el único defensor público en ese momento y, además, la diligencia se cruzaba con otro caso en el que actuaba como abogado público de una persona del grupo de atención prioritaria.

En medio de la audiencia, Montecé hizo referencia al pasado judicial de Taramuel. Explicó que la falta de probidad estaba directamente relacionada con el cometimiento de actos deshonestos y que el impugnante no había demostrado aquello.

Entonces, pidió que se tome como prueba una certificación sobre el caso de Taramuel, en el que fue procesado por el delito de robo. Finalmente, solicitó que se deseche la impugnación porque no había pruebas de una falta de probidad.

¿Por qué es controversial la impugnación de Taramuel?

Fue un reportaje de Teleamazonas el que reveló que Taramuel era un joven de 19 años con un antecedente penal. El periodista Fausto Yépez buscó a Taramuel en la dirección registrada de un estudio de tatuajes en la parroquia El Quinche, de Quito. Nunca logró contactarlo.

Hasta ahora se han cumplido dos de las cuatro impugnaciones que presentó. El 1 de octubre de 2026 están previstas dos audiencias más en las que él figura como impugnante. Se trata de las diligencias en contra de los postulantes Gustavo Adolfo Benítez y Sandra Patricia Morejón.

Con ambas audiencias terminará esta etapa y la Comisión Ciudadana de Selección emitirá su informe sobre si recomienda o no la descalificación de cada postulante impugnado.

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional fijó criterios sobre la protección de las críticas dirigidas a funcionarios públicos.
• El fallo señala que los jueces deben considerar los estándares constitucionales e interamericanos antes de sancionar expresiones relacionadas con asuntos de interés público.
• La protección no cubre expresiones sobre la vida privada, el hostigamiento o ataques ajenos a la función pública.

La crítica a los funcionarios públicos, incluso cuando se expresa en redes sociales, tiene una protección reforzada cuando se refiere a asuntos de interés público. Así lo recordó la Corte Constitucional en una sentencia que, según especialistas, marca un límite para el uso de sanciones penales frente a cuestionamientos al poder.

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Mayor escrutinio para quienes ejercen el poder

Para los expertos en materia Constitucional, el reciente fallo de la entidad jurídica es un llamado de atención a los jueces, quienes deberán tener en cuenta los estándares de libertad de expresión antes de sancionar penalmente las críticas dirigidas contra funcionarios públicos. La sentencia 3062-23-EP/26, aprobada por el Pleno de la Corte el 3 de septiembre de 2026, determinó que las autoridades judiciales ordinarias hicieron un análisis formal del caso y omitieron aplicar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los estándares de la Corte Interamericana.

Para Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, el fallo refuerza una protección que ya está reconocida en el ámbito interamericano para quienes cuestionan a personas que ejercen funciones de poder. El jurista dice que los jueces deben considerar estándares como el de real malicia y que, frente a una posible afectación al honor, la responsabilidad civil tiene prioridad sobre la vía penal.

López sostiene que el ejercicio de un cargo público implica aceptar un mayor nivel de escrutinio, porque las críticas pueden estar relacionadas no solo con la persona, sino con la función que desempeña. A su criterio, esa garantía debe extenderse a las nuevas formas de comunicación y participación ciudadana surgidas con las plataformas digitales.

Por su parte, Ximena Ron, docente universitaria y directora del Observatorio de la Constitución, coincide en que la Corte no está creando un nuevo criterio jurídico, sino ratificando una línea que ya existe en la jurisprudencia constitucional e interamericana. Explica que los funcionarios, políticos y personas con exposición pública conservan su derecho al honor, pero tienen un umbral de protección menor frente a las críticas que una persona con menor exposición.

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El fallo también interpela a los jueces

El fallo, añade, también cuestiona la actuación de los jueces que conocieron el caso, pues la Corte determinó que no consideraron la jurisprudencia interamericana aplicable y, con ello, vulneraron el debido proceso en la garantía de motivación, en conexión con la seguridad jurídica y la libertad de expresión. Ron considera que se trata de un llamado de atención porque los operadores de justicia no pueden resolver estos casos únicamente desde la legislación nacional, sino que deben observar el bloque de constitucionalidad.

Y es que, a criterio del constitucionalista Ismael Quintana, algunos funcionarios recurren a la vía penal cuando se sienten desacreditados por críticas hechas en medios de comunicación o redes sociales. A su juicio, esta práctica puede terminar restringiendo de forma arbitraria la libertad de expresión, especialmente cuando existe desconocimiento de los estándares interamericanos que protegen el cuestionamiento a la gestión pública.

Quintana también precisa que la sentencia 3062-23-EP/26 no establece una regla inédita, sino que recoge criterios que la jurisprudencia interamericana ha desarrollado durante al menos una década y media. Por ello, considera que el reto no está en crear nuevos estándares, sino en que los jueces los conozcan y los apliquen cuando deban resolver procesos promovidos por funcionarios a raíz de críticas ciudadanas.

No obstante, el constitucionalista Quintana advierte que la protección reforzada no ampara cualquier expresión dirigida contra un funcionario, pues debe distinguirse entre la crítica a su gestión y los ataques relacionados con su vida privada. Mientras un cuestionamiento sobre una decisión pública forma parte del debate protegido, las expresiones que involucren la intimidad, hostiguen o desacrediten a la persona por asuntos ajenos a su función pueden ser objeto de sanción penal.

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El reto está en aplicar el estándar

A raíz de esto, ¿qué debe ocurrir? Para López, el siguiente paso será que los jueces ordinarios incorporen este estándar en futuros procesos y entiendan que la vía penal debe ser la última consecuencia frente a expresiones relacionadas con asuntos de interés público.

Ron agrega que corresponde al Estado socializar el contenido de la sentencia entre autoridades, operadores de justicia y ciudadanía. Para los expertos, las salas penales de las cortes provinciales y la Corte Nacional tendrán un papel relevante para consolidar, mediante nuevas decisiones, el criterio fijado por la Corte Constitucional.

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ONU 2027: ¿será el tiempo de una mujer como secretaria general?

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La costarricense Rebeca Grynspan volvió a situarse al frente, con 10 votos a favor, tres en contra y dos papeletas de “sin opinión”. El sondeo no es vinculante y se desarrolla de modo confidencial. No se conoce cómo votaron los miembros del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, los cinco miembros permanentes de la Secretaría, tienen derecho de veto. Un voto negativo de cualquiera de ellos puede bloquear una candidatura.

Según los resultados difundidos por fuentes diplomáticas, Espinosa obtuvo dos votos a favor, 11 en contra y dos de “sin opinión”. Mientras Baki recibió un voto a favor, 11 en contra y tres de “sin opinión”.

Internacional

Carrera por la ONU: ¿Quiénes son los aspirantes clave a la Secretaría General de Naciones Unidas?

Agencia EFE

La actividad de las candidatas en redes sociales

Las dos ecuatorianas mantienen activa su campaña. Baki ha insistido en que, de llegar al cargo, quiere ejercer una diplomacia con mayor presencia sobre el terreno. 

“Mi compromiso es claro: estaré en el terreno, no solo en Nueva York, en el piso 38, sino en zonas de guerra y en áreas de tensión”, escribió en X. Su propuesta pone el acento en la prevención de conflictos y en la intervención diplomática antes de que las crisis escalen.

Espinosa, en cambio, ha centrado parte de sus mensajes recientes en la reforma y la capacidad de ejecución de Naciones Unidas. En una publicación sobre un encuentro convocado por Devex y EY, planteó que la recuperación de la credibilidad de la organización pasa por ejecutar sus decisiones y establecer prioridades desde el comienzo del próximo mandato.

Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la gestión financiera, sin equiparar austeridad con reforma; un uso de la inteligencia artificial que mantenga el juicio político y la rendición de cuentas humana; la medición del impacto de la ONU en los países y comunidades; y una organización más conectada con sus socios.

Política

Ivonne Baki busca Secretaría General de la ONU: ya son dos candidatas ecuatorianas

Rosero Mariela

La ONU registra oficialmente a Espinosa como candidata nominada por Antigua y Barbuda el 11 de mayo de 2026, mientras que Baki fue nominada por Tonga el 17 de agosto. Es decir, aunque ambas son ecuatorianas, sus candidaturas fueron presentadas formalmente por otros Estados.