Lo que debes saber

• La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo de Guayaquil abrió el plazo de cinco días para elaborar el informe en torno a este caso. 
  
• La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, será quien reciba el informe de la Comisión y convoque a la sesión extraordinaria donde el Concejo conocerá el futuro del trámite de remoción.

El proceso de remoción que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, avanza. La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo Municipal abrió el plazo de hasta cinco días para elaborar el informe que determinará si el trámite continúa hacia una resolución del pleno cantonal.

La medida se adopta en el marco de la denuncia presentada por el abogado Hugo Córdova y se sustenta en lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Una vez concluido el documento, este deberá ser remitido a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien tendrá la responsabilidad de convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal en un plazo máximo de dos días, a través de la Secretaría Municipal.

En esa sesión, el informe será el único punto del orden del día y deberá ser leído íntegramente antes de que los concejales emitan sus pronunciamientos y fundamenten su voto respecto al proceso.

La causa siguió pese al desistimiento

El avance del procedimiento ocurre pese a que el denunciante presentó una solicitud de desistimiento. Sin embargo, la Comisión de Mesa resolvió continuar con la sustanciación de la causa tras un análisis jurídico que consideró las disposiciones del COOTAD y la aplicación supletoria del artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

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Con esa decisión, el organismo municipal determinó que el trámite debía mantenerse hasta su conclusión, independientemente de la intención del denunciante de retirarse del proceso.

La elaboración del informe constituye uno de los últimos pasos del procedimiento administrativo. El documento recogerá las actuaciones realizadas durante la sustanciación del caso y servirá como base para la discusión y eventual decisión del Concejo Municipal.

Por ahora, el Municipio sostiene que el proceso continúa desarrollándose dentro de los plazos legales y con observancia del debido proceso establecido en la normativa ecuatoriana.

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Lo que debes saber 

• La Universidad Amawtay Wasi encendió las alertas por la falta de recursos para completar su funcionamiento durante el año.
• La institución pidió acciones urgentes a varias entidades del Estado y advirtió sobre riesgos para su sostenibilidad.
• Aunque mantiene admisiones y matrículas con normalidad, espera la llegada de fondos pendientes.

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi alertó este 24 de junio sobre la insuficiencia de recursos transferidos por el Estado para sostener sus actividades durante el actual ejercicio fiscal. A través de un pronunciamiento público, la institución pidió medidas inmediatas para garantizar la continuidad de sus operaciones académicas, administrativas y de investigación.

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El Consejo Superior Universitario señaló que existe preocupación por la demora en la entrega de fondos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la universidad. Según el documento, la situación podría afectar la sostenibilidad financiera de una institución que atiende a estudiantes de diversas nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.

En su comunicado, la universidad advirtió que los recursos recibidos hasta el momento no son suficientes para cubrir todas las necesidades previstas para el año. La institución sostuvo que el financiamiento estatal es clave para mantener la oferta de educación superior intercultural en el país.

Falta de presupuesto preocupa a la Universidad Amawtay Wasi

La universidad recordó que la Constitución reconoce a la educación como un derecho y establece obligaciones estatales para garantizar su acceso. Además, destacó que su labor está vinculada con la preservación de conocimientos ancestrales, lenguas y sistemas propios de educación de los pueblos y nacionalidades.

El pronunciamiento también subraya que la continuidad de la institución tiene un impacto más amplio que el ámbito administrativo. Según la universidad, su funcionamiento contribuye a fortalecer procesos de formación superior inclusiva y espacios de transmisión de saberes interculturales.

Amawtay Wasi indicó que ha administrado los recursos públicos asignados bajo criterios de responsabilidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, insistió en que los montos transferidos hasta ahora no permiten garantizar la cobertura de todas sus actividades durante el año.

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Universidad pide acciones urgentes al Gobierno Nacional

Frente a este escenario, la institución hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación y a otras entidades competentes para que adopten medidas que permitan asegurar las asignaciones pendientes.

La universidad solicitó que las acciones se ejecuten de manera inmediata con el fin de evitar impactos en los procesos académicos, administrativos, de investigación y de vinculación con la sociedad que desarrolla actualmente.

El documento también recalca que la institución mantiene su disposición al diálogo con las autoridades. La universidad señaló que busca construir soluciones conjuntas dentro del marco constitucional y respetando la autonomía universitaria.

Procesos de admisión y matrícula continúan con normalidad

Pese a la advertencia sobre la situación presupuestaria, la Universidad Amawtay Wasi aseguró que los procesos de admisión, inscripción y matrícula continúan desarrollándose con normalidad. La institución informó que no existen cambios en estos procedimientos para los aspirantes.

Asimismo, indicó que mantiene sus actividades regulares y que continuará trabajando para garantizar la prestación del servicio educativo. El mensaje estuvo dirigido tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general.

Finalmente, la universidad reiteró su compromiso con la educación superior pública, intercultural y de calidad, mientras espera que se concreten las transferencias presupuestarias necesarias para sostener sus operaciones durante el resto del año.

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Antecedente: Amawtay Wasi ya había advertido sobre el impacto del presupuesto

La preocupación expresada por la Universidad Amawtay Wasi no es nueva. El pasado 3 de diciembre, la institución informó a su comunidad universitaria que mantendría sus actividades pese al recorte aprobado en la Proforma Presupuestaria 2026, luego de conocerse los montos asignados para la educación superior.

En ese momento, la universidad aseguró que las labores académicas y administrativas continuarían con normalidad mientras defendía lo que consideraba una asignación presupuestaria justa. Además, señaló que actuaría con responsabilidad y transparencia frente al escenario financiero aprobado para ese año.

La institución también advirtió entonces que los recursos asignados no cubrían sus necesidades reales de funcionamiento. Según explicó, el principal desafío este 2026 sería sostener sus programas con un presupuesto inferior al de años anteriores, una situación que obligaría a replantear procesos internos y parte de su planificación institucional.

Lo que debes saber

• Fiscalía pidió audiencia el 23 junio 2026 en Quito contra Rosa Argudo por enriquecimiento ilícito en Cuenca.
  
  
• Caso IESS Azuay: Fiscalía solicita formular cargos contra sindicalista y familiares por presunto incremento patrimonial sin justificar.
  
  
• Investigación avanza a imputación formal en 2026 porque Fiscalía halló indicios en caso de enriquecimiento ilícito del IESS.
  
  
  

La Fiscalía General del Estado solicitó a la justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos dentro de una investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito que involucra a la sindicalista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Rosa Angélica Dolores Argudo Coronel, junto a otras diez personas.

El pedido fue ingresado el 23 de junio de 2026 ante la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, en Quito, instancia que resultó competente tras el sorteo del proceso.

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Solicitud fiscal y sustento del caso

De acuerdo con el oficio emitido por la Fiscalía, la solicitud se basa en la existencia de elementos de convicción recopilados durante la fase de investigación previa, los cuales permitirían presumir la participación de los implicados como autores o cómplices del delito.

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En ese contexto, el Ministerio Público requirió formalmente que el juez Jairo García convoque a la audiencia de formulación de cargos conforme a lo establecido en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), paso que marca el inicio de la etapa procesal en la que se imputan formalmente los hechos a los investigados.

Investigados y alcance de la causa

Además de Argudo Coronel, la investigación incluye a otros nombres vinculados a su entorno familiar y profesional, entre ellos: 

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El proceso penal se origina en hechos que habrían ocurrido en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Monay, según consta en la documentación oficial.

La audiencia de formulación de cargos constituye una fase determinante dentro del proceso penal ecuatoriano, ya que en esta instancia la Fiscalía presenta de manera formal la imputación y solicita medidas cautelares, de ser el caso.

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Dijo que las responsabilidades políticas se discuten en la Asamblea a propósito del nuevo juicio planteado. Con ello se refirió a la última solicitud presentada por el correísmo en contra de Manzano por el contrato entre CELEC y la empresa Austral Technical Management (ATM).

“Se discuten en la Asamblea a propósito del juicio que ha sido presentado y les pido que estén atentos a los siguientes pasos que se van a dar”, señaló Torres.

El también jefe de la bancada oficialista aseguró que el pedido de interpelación a Manzano fue enviado a la Unidad de Técnica Legislativa “para que verifique si se cumplen todos los requisitos”.

Torres opinó que los requisitos sí se cumplirían y que eso significa que el proceso podría avanzar. “El proceso político es distinto al penal. Para nosotros lo importante es el tema penal, que significa cárcel, posible devolución de los bienes y saber qué ocurrió con el dinero”, mencionó.

Cabe recordar que la última solicitud de juicio político, impulsada por el mismo correísmo, no logró los votos para su calificación en la Comisión de Fiscalización, controlada por ADN. 

Sobre este tema existía expectativa de que el Pleno se pronunciara después ya que no hubo ni calificación ni archivo en la mesa legislativa. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Dicha solicitud estaba relacionada con el caso Progen.

Un pedido a la Fiscalía

Las declaraciones sobre el juicio político fueron realizadas en el marco de una solicitud para vincular a más personas al caso Progen, que lleva adelante la Fiscalía y que actualmente se encuentra en la etapa de instrucción fiscal.

Torres señaló que los denunciados actuaron como lobistas de la empresa Progen. "Este pedido de investigación y vinculación se hace en contra del señor Manrique, de la compañía Astrobryxa, la Gestora Inmobiliaria Lightblue y de otros involucrados en la trama que no están en este momento vinculados", señaló.

Lo que debes saber

• Roberto Gilbert renunció al CPCCS  tras polémica con un postulante del concurso para fiscal general del Estado.
• La Asamblea Nacional no ha posesionado a consejeros suplentes que puedan reemplazar a Gilbert en el Pleno.
• Óscar Ayerve no puede asumir el cargo en el CPCCS por mantener un impedimento laboral.

La renuncia de Roberto Gilbert anticipa nuevos cambios al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El Pleno conoció formalmente este 24 de junio de 2026 su renuncia para iniciar los trámites administrativos destinados a integrar a un nuevo consejero.

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Los posibles reemplazos de Gilbert no están formalmente habilitados

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, la principalización  de los vocales del CPCCS se realizará en orden de prelación, con base en los resultados obtenidos en la elección del Consejo. En este caso, la referencia son los resultados obtenidos en los comicios de 2023.

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Según los resultados de 2023, después de Gilbert constan los siguientes candidatos (en orden de mayor a menor votación):

No obstante, ninguno ha sido posesionado como consejero suplente por parte de la Asamblea Nacional, como señala la normativa vigente.

Óscar Ayerve y su impedimento legal para llegar al CPCCS

El único consejero suplente habilitado tras la última posesión realizada por la Asamblea Nacional en 2025 es Óscar Ayerve. Sin embargo, ya fue impedido de principalizarse tras la salida de los consejeros de la Liga Azul debido a un impedimento para ejercer un cargo público registrado por el Ministerio del Trabajo por una presunta deuda con la CFN.

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Ayerve confirmó a EXPRESO que mantiene vigente el impedimento para ejercer un cargo público, por lo que no podrá principalizarse en el CPCCS. Durante 2025, emprendió varias acciones legales para revertir el supuesto impedimento, sin que hasta el momento haya podido ser habilitado para integrar el Consejo.

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Cambios en el CPCCS en medio de polémicas en concursos públicos

El nuevo cambio en la composición del Pleno del CPCCS también ocurre en medio de la realización de concursos clave, como la designación del nuevo fiscal general del Estado y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, coincidirá con otros procesos pendientes, como la renovación de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Roberto Gilbert y la polémica con José De La Gasca

Asimismo, la salida de Gilbert se produjo en medio de una polémica por haber aparecido, durante una sesión del Pleno del CPCCS, junto al exministro de Gobierno de Daniel Noboa y postulante a fiscal general, José De La Gasca. Días después, Gilbert presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional, aunque luego aclaró que ambos hechos no estaban relacionados.

Sin embargo, este 24 de junio de 2026, durante el conocimiento formal de la renuncia de Gilbert, la consejera Piedad Cuarán destacó la importancia de que los consejeros no mantengan acercamientos con postulantes a los concursos ni con ninguna otra autoridad para evitar "malos entendidos" con la ciudadanía.

Lo que debes saber

• Ana Chóez anunció su salida del Partido Social Cristiano y confirmó que no buscará la reelección como concejala de Guayaquil.
• Su decisión se conoce horas después del alejamiento de Jorge Acaiturri. ¿Qué ocurre dentro del PSC?

Luego de que Jorge Acaiturri, una de las figuras más visibles del Partido Social Cristiano (PSC), anunciara su alejamiento de la organización en medio de discrepancias internas, la concejala de Guayaquil Ana Chóez también confirmó su salida de esa tienda política.

La edil emitió este miércoles 24 de junio un comunicado oficial en el que informó que no participará como candidata a la reelección de la concejalía de Guayaquil por el PSC.

"He decidido cerrar una etapa de mi vida política dentro del Partido Social Cristiano, organización en la que me formé y a la que dediqué años de trabajo, compromiso y convicción", expresó Chóez en su publicación.

La concejala agradeció las experiencias, los aprendizajes y a las personas con quienes compartió su trayectoria dentro de la organización política.

Ana Chóez confirmó que no buscará la reelección por el PSC en los próximos comicios seccionales.

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Asimismo, aseguró que mantendrá sus funciones en el Municipio hasta la culminación de su periodo.

"Continuaré ejerciendo mis funciones como concejala hasta la culminación de mi periodo en mayo de 2027, con la misma responsabilidad, independencia y firme compromiso con los ciudadanos que depositaron su confianza en mí", agregó.

La salida de Chóez se produce después del anuncio realizado por Jorge Acaiturri, lo que representa una nueva baja para el Partido Social Cristiano en medio de un proceso de reconfiguración política de cara a las próximas elecciones.

"Considero que ha llegado el momento de continuar mi vocación de servicio desde otros espacios, con una visión renovada sobre cómo aportar a Guayaquil y al Ecuador".Ana Chóez, concejala de Guayaquil.

Lo que debes saber

• CPCCS conoció la renuncia irrevocable de Roberto Gilbert al cargo de consejero titular.
• El conocimiento de la renuncia permite abrir los trámites administrativos para integrar un nuevo consejero.
• Consejera Piedad Cuarán pidió que los consejeros eviten cercanía con postulantes o autoridades.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció este 24 de junio de 2026 la renuncia irrevocable de Roberto Gilbert como consejero titular. Durante la sesión, se destacó la importancia de que los vocales eviten mantener acercamientos con los postulantes de los concursos o autoridades para evitar "confusiones".

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Consejera pidió que el CPCCS evite "malos entendidos" con postulantes

Jazmín Enríquez, vicepresidenta del CPCCS, señaló que con el conocimiento de la renuncia deja constancia formal de la renuncia de Gilbert y permite iniciar las acciones administrativas correspondientes para que se integre un nuevo consejero al Pleno.

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Por otro lado, la consejera Piedad Cuarán recordó el polémico episodio de Gilbert con el exministro de Gobierno y postulante a fiscal general, José De La Gasca. "Es importante que nosotros evitemos mantener cualquier tipo de acercamiento o contacto extraprocesal entre los postulantes y cualquier tipo de autoridades para evitar malos entendidos o malas interpretaciones", comentó.

Polémica de Roberto Gilbert y los motivos de su salida

Roberto Gilbert presentó su renuncia irrevocable al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 18 de junio de 2026. El también médico cirujano lo hizo ante Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional, aunque en su oficio no explicó las motivaciones de su salida del Consejo.

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No obstante, la renuncia de Gilbert sucedió días después de que estuviera envuelto en un polémica por haber aparecido, en medio de una sesión del CPCCS, junto al exministro de Gobierno de Daniel Noboa y postulante a fiscal general, José De La Gasca. Gilbert, en una rueda de prensa posterior, aclaró que ese no fue el motivo de su renuncia.

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Por el contrario, Gilbert sostuvo que su salida responde a sus actividades como médico cirujano y a su inconformidad con que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no se hayan tocado temas de salud durante los meses que estuvo como consejero titular. Gilberto también ratificó se postulará para regresar al CPCCS en las elecciones de noviembre de 2026.

¿Quién reemplazará a Roberto Gilbert en el Pleno del CPCCS?

Tras la salida de Roberto Gilbert, su reemplazo no está claro. Aunque el 16 de abril de 2025 la Asamblea Nacional posesionó a tres consejeros hombres suplentes (también se posesionó a otras tres consejeras mujeres suplentes) dos de ellos, David Rosero y Roberto Gilbert, ya fueron principalizados en el CPCCS.

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Aunque Óscar Ayerve estaría habilitado para ser principalizado tras la renuncia de Roberto Gilbert, en 2025, cuando se debió llenar las vacantes que dejaron abiertas los exconsejeros procesados en el caso Liga Azul, él fue objetado por mantener un impedimento para ejercer cargo público registrado por el Ministerio de Trabajo.

"La bancada ha presentado una solicitud a la Fiscalía General para la vinculación de quienes creemos que tienen que estar vinculados en la instrucción fiscal. Creemos que estas personas están detrás de toda la trama de corrupción, encubiertos como supuestos contratistas de obra civil", aseguró Torres.

El legislador llegó a la Fiscalía en Quito acompañado de otros asambleístas, como Andrés Castillo, Jorge Chamba y Xavier Ordóñez. Junto con ellos ingresó el pedido en el Ministerio Público, ubicado en el centro-norte de la capital.

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Torres señaló que los denunciados actuaron como lobistas de la empresa Progen. Hay que recordar que este caso, denominado por la Fiscalía como caso Apagón, tiene que ver con el contrato firmado entre CELEC y dicha empresa estadounidense para la entrega de generadores eléctricos en medio de la crisis energética de 2024.

"Este pedido de investigación y vinculación se hace en contra del señor Manrique, de la compañía Astrobryxa, la Gestora Inmobiliaria Lightblue y de otros involucrados en la trama que no están en este momento vinculados", señaló Esteban Torres.

El jefe de la bancada oficialista dijo que esta acción se sumaba a lo señalado por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respecto de la supuesta trama que se utilizó para concretar la compra de los generadores.

"Damos continuidad a lo que la semana pasada se dio con la revelación de casi 700 transferencias que se hicieron desde la cuenta de Progen en los Estados Unidos a un sinnúmero de abogados, estudios jurídicos y empresas de las cuales aún debemos llegar a los accionistas", señaló Torres.

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Esteban Torres dijo que en la Fiscalía deben investigarse las responsabilidades penales. Sobre la exministra Inés Manzano y el ministro Roberto Luque, señaló que ante el Ministerio Público se deben presentar pruebas.

Dijo que en las pruebas incluidas en el expediente fiscal no hay nada que relacione a los exministros. "Mal podríamos nosotros decir que deben tener una vinculación penal por este caso cuando no están las pruebas", manifestó Torres.

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Lo que debe saber

• Daniel Noboa marcó una cercanía ideológica con Abelardo de la Espriella desde su felicitación por los resultados en el balotaje.
• El mandatario electo en Colombia se suma a la tendencia de la región con gobiernos de derecha respaldados por los Estados Unidos.
• El primer reto entre Ecuador y Colombia será el abordaje de la seguridad en la frontera, tema que fue el punto de quiebre entre Noboa y Gustavo Petro.

La relación entre Ecuador y Colombia podría cambiar. La sintonía del Gobierno de Daniel Noboa con la tendencia regional hacia gobiernos de derecha marca un punto de partida para una posible cooperación en materia de seguridad y migración con el mandatario electo Abelardo De La Espriella.

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Una señal de esa cercanía la ofreció el propio Noboa. El domingo pasado, una vez conocidos los resultados del conteo rápido en Colombia, el presidente ecuatoriano fue uno de los primeros en felicitarlo.

Su mensaje puso sobre la mesa las coincidencias ideológicas. “Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, escribió Noboa, dejando clara su posición frente al Gobierno de Gustavo Petro y a quien aspiraba a sucederlo, Iván Cepeda.

El mandatario ecuatoriano también señaló: “Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”. Con ese mensaje delineó lo que podría esperarse en materia de seguridad entre ambos gobiernos.

Coincidencias ideológicas en seguridad

El experto en relaciones internacionales Daniel Crespo explica que una cercanía ideológica implica visiones similares respecto de problemas como el narcotráfico y la naturaleza del crimen organizado. En ese sentido, también podrían coincidir en la forma de enfrentar las amenazas comunes.

“Esto no significa que la respuesta vaya a ser más efectiva o que tenga un mejor impacto a largo plazo. Eso no lo sabemos todavía, pero es un hecho que dos gobiernos con una visión semejante va a facilitar una respuesta”, señala Crespo.

En este aspecto coincide Santiago Carrasco, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, quien sostiene que la visión que comparten Noboa y De La Espriella es opuesta a la de Petro y Cepeda. “Esto es: un enfrentamiento directo en espacios territoriales que han sido ocupados por las mafias”, dice el experto.

Más allá de esas coincidencias en la visión política, Carrasco identifica tres temas urgentes en la agenda bilateral: restablecer las zonas binacionales fronterizas de desarrollo, fortalecer los mecanismos regionales que permitan negociar con otros países y aplicar políticas comunes para resarcir los daños provocados durante la reciente tensión comercial.

Sobre este último punto, cabe recordar que, en medio de la campaña presidencial en Colombia, Noboa participó en una reunión virtual con el entonces candidato De La Espriella. Poco después, el Gobierno ecuatoriano anunció la eliminación de la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos.

Esa tasa de seguridad fue el arancel que Ecuador impuso a Colombia bajo el argumento de que el gobierno de Petro no controlaba su frontera.

Con este antecedente, Natalia Encalada, coordinadora académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, señala que los resultados de las elecciones en Colombia tendrán un impacto importante en la relación bilateral con Ecuador.

“Los discursos muestran la voluntad de un acercamiento para superar las diferencias a nivel de política, comercial y de seguridad”, manifiesta.

También considera que las señales de cooperación deberían traducirse en medidas concretas, como la normalización del comercio y el trabajo conjunto en espacios como los gabinetes binacionales fronterizos o la Comunidad Andina.

Tendencia con el aval de los Estados Unidos

La tendencia regional, además, no solo apunta hacia gobiernos de derecha, sino también hacia una mayor búsqueda de respaldo de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. De La Espriella ha dicho que buscará que Colombia forme parte de la iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas). Por su parte, Noboa estuvo entre los mandatarios sudamericanos invitados por Trump a la presentación de esa propuesta.

Esa alineación con la política de seguridad estadounidense también abarca el ámbito migratorio.

Crespo señaló: “Es muy predecible que la posición de La Espriella sea parecida a la de Noboa sobre alinearse con la política de migración, e inclusive de deportación desde los Estados Unidos. Puede haber una articulación que endurecería el control fronterizo”, concluye.

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Con Colombia, la tendencia de los gobiernos de derecha en la región suma un nuevo aliado. Sin embargo, desde la perspectiva de Carrasco, eso no significa que la izquierda esté acabada. La clave radica en que, en sistemas hiperpresidencialistas como los de América Latina, la figura del jefe de Estado tiene un peso determinante, aunque en los parlamentos exista una importante presencia de fuerzas políticas de izquierda.

En ese escenario, como lo manifiesta Natalia Encalada, se abren posibilidades de alianzas con las administraciones afines. Aunque también podrían surgir mayores tensiones ideológicas con gobiernos de la tendencia opuesta.

“También se plantea la posibilidad de más roces ideológicos con estados de tendencias contrarias. Ante esto, lo más deseable sería que prevalezca el pragmatismo”, menciona.

Lo que debes saber

• Las primarias de las organizaciones políticas en Ecuador son cuestionadas por su falta de competencia real.
• Dirigencias suelen definir previamente a los candidatos.
• Expertos plantean reformas para garantizar procesos internos más democráticos.

Del 18 de junio al 2 de julio, las 234 organizaciones políticas (entre partidos y movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales) que participarán en las próximas elecciones seccionales, deben cumplir con sus procesos de democracia interna. No obstante, las primarias han sido objeto de cuestionamientos recurrentes, pues para varios analistas se han convertido en un trámite formal destinado únicamente a cumplir con las disposiciones legales.

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Primarias con candidatos definidos de antemano

La consultora en comunicación política María Fernanda Carvajal sostiene que las dirigencias ya tienen definidos, de antemano, los cuadros que postularán para las distintas dignidades. A su criterio, las primarias terminan siendo un mecanismo para legitimar decisiones previamente adoptadas por las cúpulas partidistas, más que un espacio real de participación de afiliados y adherentes.

A esta visión se suman Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y Alfredo Espinosa, analista político-electoral, quienes consideran que los procesos de democracia interna se han convertido en una “farsa” validada durante años por las autoridades electorales. Ambos coinciden en que las candidaturas suelen definirse antes de las primarias y que estos actos terminan funcionando como una ratificación de decisiones tomadas por las dirigencias.

Espinosa añade que la mayoría de las tiendas políticas optan por las primarias representativas en lugar de las abiertas o cerradas, porque son un mecanismo en el que delegados y directivos provinciales terminan avalando candidaturas definidas de antemano. Para Oleas, estas primarias no responden al espíritu de participación que establece la ley, ya que pequeños grupos aseguran representar a miles de afiliados sin que exista una verificación efectiva de esa representación.

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El control de las dirigencias, en el centro del problema

En esa misma línea, Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye, movimiento que fue cancelado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dice que el problema es estructural y está relacionado con el funcionamiento del sistema de partidos políticos. A su criterio, mientras las organizaciones conserven el control de sus propios registros de afiliados y adherentes, sin una supervisión efectiva de la autoridad electoral, persistirá el riesgo de que las dirigencias determinen quiénes participan y quiénes toman las decisiones en los procesos de democracia interna.

Frente a este escenario, Oleas indica que una verdadera democracia interna solo sería posible si los partidos y movimientos contaran con padrones confiables y actualizados de afiliados. Además, plantea que los militantes deberían votar directamente por los precandidatos, quienes tendrían la oportunidad de presentar propuestas, debatir y buscar el respaldo de sus bases antes de convertirse en candidatos oficiales.

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Modelos internacionales y reformas pendientes

Como referencia, Espinosa apunta a modelos como el de Argentina, donde las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) permiten que la ciudadanía participe en la definición de las candidaturas de las organizaciones políticas. A su juicio, mecanismos de este tipo fortalecerían la legitimidad de los postulantes, reducirían el peso de los caudillismos y convertirían a las primarias en una verdadera competencia democrática, en lugar de una simple ratificación de decisiones tomadas con antelación.

Para ello, Peñafiel considera que las reformas deben ir más allá de ajustes puntuales y abarcar cambios profundos en la Constitución y en el Código de la Democracia. Entre sus propuestas plantea que el CNE deje de ser una Función del Estado y se convierta en una entidad dedicada exclusivamente a organizar y supervisar los procesos electorales, con facultades para controlar los registros de afiliados y adherentes, fiscalizar la democracia interna de las organizaciones políticas y organizar elecciones primarias abiertas y competitivas, en las que los militantes puedan escoger entre distintas opciones y no limitarse a ratificar decisiones tomadas previamente por las dirigencias.

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Mayor control del CNE como condición para cambiar el sistema

Mientras tanto, Carvajal y Oleas coinciden en que el CNE debería asumir una posición más rigurosa frente a los procesos de democracia interna que actualmente están desarrollando las organizaciones políticas. A su juicio, mientras el organismo electoral continúe validando mecanismos que consideran meros formalismos, los partidos y movimientos no tendrán incentivos para impulsar procesos más participativos y transparentes. Solo una fiscalización estricta, sostienen, podría obligar a las organizaciones a cumplir con el espíritu democrático que establece la ley.

Espinosa agrega que esto no depende del cambio de mentalidad de los dirigentes, sino de establecer normativas serias.

Lo que debes saber

• Noboa mantiene a sus ministros pese a polémicas, generando un fuerte desgaste político.
• La falta de "ministros fusibles" y los cambios en Salud evidencian limitaciones en el régimen.
• El desgaste de Noboa podría salir a flote de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Durante los más de dos años en el poder, miembros del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa han estado, en más de una ocasión, envueltos en polémicas y señalamientos por casos que se han vuelto emblemáticos para las fuerzas de oposición.

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Daniel Noboa y dos años de constante desgaste

Los años 2024 y 2025 han concentrado la mayor parte de las críticas por casos que aún permanecen vigentes en la opinión pública, como la fallida contratación de Progen, la desaparición y asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas y, recientemente, el registro del año más violento en la historia del país.

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Aunque cada una de estas crisis tuvo a ministros como protagonistas, en lugar de reemplazarlos para amortiguar el desgaste del régimen, el presidente Daniel Noboa ratificó en sus cargos a la mayoría de ellos, mientras que a otros los apartó del gabinete ministerial sin que ofrecieran respuestas.

Progen, la crisis que avanzó más de lo que debía

La insistencia de Noboa en mantener estos perfiles dentro de su gabinete, además de alejarse del concepto de “ministros fusibles”, también ha provocado un mayor desgaste para el presidente, sostiene Henry Cucalón, exministro de Gobierno y excandidato a la Presidencia de la República.

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El mayor ejemplo de ello es el caso Progen, afirma. “Sin perjuicio de las evidentes responsabilidades penales, este tema pudo haberse amortiguado políticamente si había un responsable. Pero entre la tozudez y la necedad hicieron como que no pasó nada, ya sea por el ministro Luque o la exministra Manzano”, señala.

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Daniel Noboa y su falta de equipo y de confianza

Sin embargo, Cucalón también sostiene que el presidente Daniel Noboa se ve orillado a esta compleja situación por sus propias limitaciones político-partidistas, que no le permiten cambiar nombres con facilidad y, sobre todo, encontrar reemplazos que gocen de su confianza para ejecutar sus líneas de gobierno.

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La mayor muestra de ello, señala, ha sido la rotación en el Ministerio de Salud. “Cinco o seis ministros, encargo a la vicepresidenta María José Pinto y la demora para nombrar un ministro titular, pese a los conflictos de interés que tiene el que terminó siendo designado (Jaime Bernabé Erazo)”, analiza.

Ministros no desgastan, son "intermitentes"

El exasambleísta y político quiteño Andrés Páez, por su lado, considera que mantener a los ministros tampoco es necesariamente negativo. De hecho, recuerda que cada uno de los miembros del gabinete de un gobierno debe gozar de la confianza del mandatario, por lo que el círculo de colaboradores suele ser reducido.

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Aunque no descarta que sean necesarios cambios en el gabinete para aliviar el desgaste de la imagen del régimen, también aclara que los “ministros fusibles” se cambian cuando han dejado de funcionar, no cuando están “intermitentes”. En ese sentido, cree que Noboa los mantiene porque eso también forma parte de su estrategia.

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Las seccionales servirán de termómetro político para Noboa

Cucalón, por su lado, señala que la “tozudez” solo se resuelve con más democracia y sostiene que la oportunidad está muy cerca, en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. De hecho, asevera que el desgaste de Noboa ya tuvo un primer síntoma con la derrota electoral en las cuatro preguntas de la consulta popular de noviembre de 2025.

Lo que debes saber

• El CAL dio paso a seis proyectos de ley que ahora serán debatidos en comisiones de la Asamblea Nacional.
• Las propuestas plantean cambios en educación superior, salud, seguridad social y participación ciudadana.
• Las iniciativas entran a una nueva etapa antes de llegar al Pleno para su primer debate.

La Asamblea Nacional informó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), durante su sesión 82, calificó seis proyectos de ley relacionados con educación superior, salud, derechos laborales y participación ciudadana. Con esta decisión, las propuestas continuarán su trámite en las comisiones especializadas encargadas de analizarlas antes de que lleguen al Pleno.

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La resolución marca el inicio de una nueva fase legislativa para iniciativas que buscan modificar normas vigentes en distintos sectores. Los proyectos fueron presentados por varios asambleístas y deberán pasar por procesos de socialización, recepción de observaciones y elaboración de informes.

Entre las propuestas calificadas se encuentran dos reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Una busca optimizar la permanencia académica y mejorar el uso de los cupos universitarios, mientras que la otra plantea fortalecer el ejercicio profesional de quienes se forman en carreras de Ciencias Sociales.

Reformas en educación superior y salud avanzan en la Asamblea

Los proyectos relacionados con educación serán tratados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. La iniciativa sobre permanencia académica fue presentada por el asambleísta Fabricio Tamayo, mientras que la reforma vinculada a Ciencias Sociales fue impulsada por el legislador Keevin Gallardo.

En materia sanitaria, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte analizará dos nuevas propuestas. Una de ellas busca regular la prescripción en los procedimientos administrativos sancionadores contemplados en la Ley Orgánica de Salud.

La segunda iniciativa en el ámbito de la salud fue presentada por el asambleísta Andrés Castillo. La propuesta plantea fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria y mejorar el acceso de la población a medicamentos, uno de los temas recurrentes dentro del sistema de salud ecuatoriano.

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Jubilación petrolera y participación ciudadana entran a debate

Otra de las iniciativas calificadas será tramitada por la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. El proyecto, presentado por Fabricio Tamayo, propone crear una jubilación especial dirigida a las y los trabajadores que desempeñan actividades dentro del sector petrolero.

Por su parte, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social conocerá una propuesta impulsada por el asambleísta Alfredo Serrano. La iniciativa plantea reformas a varios cuerpos legales relacionados con la iniciativa popular y los mecanismos de rendición de cuentas.

Proyectos calificados por el CAL

Lo que debes saber

• El traslado de José Serrano no cambia, por ahora, su situación jurídica en Estados Unidos.
• La protección bajo la Convención contra la Tortura sigue siendo el principal obstáculo para su retorno al Ecuador.
• En Ecuador, el exministro mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso del asesinato a Fernando Villavicencio.

El traslado del exministro del Interior José Serrano a otro centro de detención en Estados Unidos reavivó las interrogantes sobre su eventual regreso al Ecuador. Mientras algunos ven el cambio como una señal de mayor flexibilidad, expertos sostienen que el verdadero blindaje continúa siendo jurídico.

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El traslado que no cambia el panorama

Para Pablo Játiva, abogado, especialista en Política Internacional y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, el cambio de prisión no responde a una decisión favorable para Serrano, sino a una evacuación administrativa por los incendios forestales registrados cerca del centro penitenciario donde permanecía recluido. A su criterio, se trata de una medida temporal que no modifica en absoluto su situación judicial.

Desde agosto de 2025, el exfuncionario permanecía recluido en el centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos). Esa situación cambió el lunes 22 de junio de 2026, cuando fue trasladado al Centro Correccional del Condado de Adams, en Mississippi.

Játiva sostiene que la protección concedida bajo la Convención Contra la Tortura (CAT) sigue plenamente vigente y continúa siendo el principal obstáculo para una deportación. Añade que ninguna autoridad del Ejecutivo estadounidense ha apelado esa decisión, por lo que el blindaje judicial permanece intacto.

El docente también recuerda que Serrano presuntamente mantiene una cooperación con las autoridades estadounidenses dentro de un proceso penal. "Las dos situaciones juegan en contra de la deportación", subraya. A su criterio, no existe actualmente ningún elemento que permita prever un retorno próximo al Ecuador.

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La estrategia de la defensa

Una lectura distinta plantea Carlos Estarellas, jurista y experto en Derecho Internacional. Él considera que el caso evidencia una estrategia jurídica sostenida para impedir que Serrano sea enviado al país.

Estarellas sostiene que los abogados del exministro han utilizado todos los recursos migratorios y administrativos disponibles en Estados Unidos. Esa actuación, asegura, ha permitido alargar un proceso que en otras circunstancias habría sido más rápido.

El jurista también atribuye parte de esa estrategia a la capacidad económica de Serrano para contratar abogados especializados. A su juicio, ese equipo ha logrado cerrar progresivamente las opciones que podrían conducir a una deportación.

A diferencia de Játiva, Estarellas cree que el traslado a una nueva prisión podría reflejar cierta flexibilidad de las autoridades estadounidenses. Aunque reconoce la dureza del sistema penitenciario de ese país, estima que el nuevo centro tendría condiciones menos rigurosas que el anterior.

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Dos visiones, una misma conclusión

Pese a sus diferencias sobre el significado del traslado, ambos expertos coinciden en que el regreso de José Serrano al Ecuador sigue sin aparecer como un escenario cercano mientras permanezcan vigentes los recursos legales que hoy lo protegen.

Lo que debes saber 

• La Comisión de la Niñez profundizó la fiscalización del caso Rick y cuestionó la respuesta del sistema educativo.
• Funcionarios del Ministerio de Educación defendieron los protocolos aplicados tras la muerte del adolescente.
• Además, una madre denunció que su hijo con autismo intentó suicidarse tras presunto maltrato docente.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional continuó este martes el proceso de fiscalización del denominado caso Rick, un adolescente cuya muerte ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades educativas frente a denuncias de presunto acoso escolar y violencia dentro de una institución educativa de Guayaquil.

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Durante la sesión, legisladores recibieron las comparecencias de funcionarios del Ministerio de Educación relacionados con el seguimiento del caso. La mesa también anunció nuevas convocatorias para obtener información de otros servidores públicos que no acudieron pese a haber sido citados en varias ocasiones.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, advirtió que la ausencia reiterada de funcionarios en un proceso de fiscalización podría derivar en responsabilidades políticas. Además, insistió en que la investigación busca esclarecer qué ocurrió antes y después del fallecimiento del estudiante.

Caso Rick: cuestionamientos al sistema de alertas educativas

La psicóloga distrital Susi Estrada explicó que el Ministerio de Educación recibió la alerta sobre la muerte del adolescente el 3 de febrero de 2025, dos días después del hecho. Según indicó, la institución activó protocolos de atención psicosocial y desplegó brigadas de contención emocional para estudiantes, docentes y padres de familia.

“La alerta la recibimos el lunes 3 de febrero. Antes de eso nunca recibimos ninguna alerta por parte de algún familiar”, afirmó Estrada durante su intervención.

La funcionaria aseguró que tras la activación de los protocolos se realizaron investigaciones internas, entrevistas y levantamiento de información entre estudiantes y docentes. Según su versión, no se identificaron antecedentes que permitieran confirmar situaciones de acoso escolar sistemático contra el adolescente.

"No obtuvimos respuestas de una situación de acoso escolar como indicaban al momento de levantar la información"Susi Estrada, psicóloga Distrital

Legisladores cuestionan ausencia de respuestas

Las explicaciones de la funcionaria fueron cuestionadas por varios asambleístas. El legislador Ricardo Patiño manifestó dudas sobre la falta de alertas previas y señaló que testimonios conocidos por la comisión describen presuntos episodios de hostigamiento que habrían ocurrido dentro del plantel educativo.

“Es muy difícil imaginar que el DECE del establecimiento educativo no se hubiera enterado”, expresó el legislador durante la sesión.

Patiño también señaló que la información recibida por la comisión da cuenta de presuntos actos de discriminación y violencia que habrían sido conocidos por miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, Estrada reiteró que las investigaciones realizadas por el Ministerio no encontraron evidencias que confirmaran esas denuncias.

La presidenta de la comisión insistió en que la fiscalización continuará y anunció que volverán a ser convocadas la rectora del plantel y la psicóloga institucional que no asistieron a la comparecencia. También anticipó la posible convocatoria de la ministra de Educación.

"Aquí tienen que venirnos a dar respuestas sobre lo que sucedió con respecto al caso Rick"Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez

Sumario administrativo por presunto acoso escolar

Durante la misma sesión compareció Mario Pesantes, analista de talento humano y secretario ad hoc en un sumario administrativo relacionado con el caso.

El funcionario explicó que su participación se limitó a recibir documentación, realizar notificaciones y remitir expedientes a la Junta de Resolución de Conflictos encargada de sustanciar el proceso.

Pesantes confirmó que dentro del expediente existía un CD con material entregado por la familia del adolescente. Sin embargo, aseguró que no revisó su contenido porque esa tarea correspondía a los abogados encargados de la investigación administrativa.

La comisión conoció además que el sumario administrativo fue abierto contra la docente Anita del Mira Camacho Angulo, profesora de matemáticas y tutora del estudiante. Los legisladores solicitaron la comparecencia de los abogados que sustanciaron el procedimiento para esclarecer cómo fue valorada la evidencia entregada por la familia.

Nueva denuncia expone presunto maltrato contra estudiante con autismo

En la segunda parte de la sesión, la comisión recibió en comisión general a Paola Quelal, madre de un adolescente con autismo que denunció presunto acoso escolar, violencia psicológica y discriminación dentro de una unidad educativa de Durán.

La mujer relató que encontró a su hijo encerrado en un baño con intenciones de quitarse la vida luego de sufrir burlas y malos tratos por parte de docentes y estudiantes.

“Mamá, me quiero morir”, recordó la denunciante al relatar las palabras que escuchó de su hijo.

Según su testimonio, el adolescente habría sido objeto de constantes burlas debido a su condición. También denunció que las adaptaciones académicas requeridas para su proceso educativo no fueron aplicadas de manera adecuada.

La madre aseguró que presentó denuncias desde febrero de 2025 ante autoridades educativas, pero que hasta la fecha no ha recibido una respuesta efectiva ni una resolución sobre el caso.

Comisión incluirá nueva denuncia en fiscalización

Tras escuchar el testimonio, la presidenta de la comisión anunció que el caso será incorporado al proceso de fiscalización que mantiene abierta la mesa legislativa sobre violencia y acoso dentro del sistema educativo.

Veloz advirtió que las denuncias recibidas desde distintas provincias evidencian "un patrón preocupante que afecta a niños y adolescentes tanto en instituciones fiscales como particulares", señaló.

La comisión resolvió solicitar información al Ministerio de Educación, a las direcciones distritales involucradas y a las autoridades de las instituciones educativas señaladas para determinar posibles responsabilidades y establecer si existieron omisiones en la protección de los estudiantes.

Los punto claves

• Jorge Acaiturri oficializó su salida del Partido Social Cristiano (PSC) mediante un comunicado difundido la noche del 23 de junio.
• El exasambleísta aseguró que la decisión la tomó hace varias semanas, en medio de diferencias con el rumbo de la organización política.
• En el mensaje difundido, retomó un fragmento de una entrevista en el que afirma: “La decencia ni se somete ni se negocia”. 

La salida de Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano (PSC) ya es oficial. La noche de este 23 de junio, el exasambleísta y exgerente de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) confirmó que se apartó de la organización política en medio de discrepancias con decisiones adoptadas en su interior.

En un comunicado difundido por su equipo de comunicación, Acaiturri incluyó un fragmento de una entrevista en la que aseguró que la decisión la tomó hace varias semanas y dejó una de las frases más fuertes de su pronunciamiento: “La decencia ni se somete ni se negocia”. Aunque expresó afecto por varios integrantes del PSC, señaló que existen situaciones con las que no está dispuesto a coincidir ni tolerar.

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“Yo me he separado desde hace unas seis semanas. No puedo hablar de mi partido porque ya no es mi partido (...) La decencia ni se somete ni se negocia. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y que no estoy en posición de tolerar”, manifestó.

Acaiturri también afirmó que durante meses recibió advertencias sobre supuestos acuerdos y conversaciones que se desarrollaban al interior de la organización sin que él tuviera conocimiento. Según dijo, inicialmente no creyó en esos señalamientos, pero con el paso del tiempo concluyó que quienes se los advirtieron tenían razón.

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“Lastimosamente el tiempo le dio la razón a ellos y no a mí. Por eso preferí dar un paso al costado. Entré por la puerta grande y me voy por la puerta grande”, señaló. "Entré por la puerta grande y me voy por la puerta", señaló.

Una relación que ya mostraba fisuras

La ruptura ocurre después de varios episodios que evidenciaron tensiones entre Acaiturri y sectores del socialcristianismo.

En agosto de 2024 declinó su aspiración presidencial dentro del PSC, argumentando motivos familiares y anunciando que concentraría sus esfuerzos en una eventual reelección legislativa. Meses después, durante la crisis política por la elección de la Vicealcaldía de Guayaquil, su nombre apareció en medio del enfrentamiento público que mantuvieron dirigentes y concejales socialcristianos.

Más recientemente, el exlegislador se mostró activo en el debate nacional al cuestionar la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales de 2027, una postura que expuso desde fuera de los espacios de dirección partidaria.

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Perfil político y gestión pública

Ingeniero comercial de profesión, Acaiturri ha ocupado distintos cargos en la administración pública. Entre 2013 y 2015 fue subsecretario de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en el entonces Ministerio de Industrias. Posteriormente se desempeñó como gerente de la Empresa Pública Municipal DASE entre 2019 y 2022, durante la administración municipal de Guayaquil.

También fue asambleísta nacional y llegó a ser considerado como una de las cartas presidenciales que evaluaba el PSC para las elecciones generales de 2025.

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Lo que debes saber 

• Ramiro Rivera se pronunció sobre la situación del Cpccs tras la salida de Roberto Gilbert.
• El candidato criticó la falta de transparencia del organismo y planteó reformas.
• Además, defendió su postulación como ciudadano y recordó su trayectoria política.

Ramiro Rivera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se refirió al futuro de la institución tras la salida del consejero Roberto Gilbert. En sus declaraciones, sostuvo que el organismo enfrenta una crisis de credibilidad y planteó cambios para fortalecer los procesos de selección y control.

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Según Rivera, la percepción ciudadana sobre el Consejo ha influido en la participación de perfiles calificados dentro de los procesos electorales. El aspirante señaló que la imagen que proyecta la entidad ha generado desconfianza en distintos sectores de la sociedad.

“Del Ecuador es que, como este organismo ha sido tan opaco, tan enredado, tan confuso, tan dudoso, la gente decente no se ha presentado para las elecciones”, afirmó el candidato al referirse a las dificultades que, a su criterio, enfrenta el CPCCS para atraer postulantes con experiencia y reconocimiento.

Ramiro Rivera propone transparencia en el CPCCS

Rivera aseguró que, en caso de integrar el organismo, impulsará mecanismos orientados a fortalecer la participación de ciudadanos con trayectoria profesional y ética comprobada. Su propuesta apunta a mejorar la confianza en los procesos internos de la institución.

El candidato señaló que una de sus prioridades será promover concursos y procedimientos con mayores niveles de control público. Considera que la transparencia debe convertirse en un elemento central para recuperar la legitimidad del Consejo.

“Yo de llegar a este organismo invitaré a los ecuatorianos y ecuatorianas más capaces, inteligentes, probadas y honestas a que se presente para que haya procedimiento de escrutinio transparentes”, manifestó.

Rivera también cuestionó decisiones adoptadas en anteriores procesos de selección desarrollados dentro de la entidad. Según indicó, ciertos antecedentes han afectado la credibilidad del organismo ante la ciudadanía.

“Porque ya debe quedar en el olvido aquel consejo que le puso 100 sobre 100 a un sujeto que se dedicó durante 10 años en la Contraloría a robar y ahora está cumpliendo una cárcel de los Estados Unidos. Hay que hacer lo de vez”, expresó.

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Su candidatura y trayectoria política

Rivera explicó que decidió participar en las elecciones sin el auspicio de una organización política. Señaló que optó por presentarse directamente como ciudadano pese a haber recibido propuestas de respaldo.

El aspirante comentó que una organización de Chimborazo le planteó la posibilidad de impulsar su candidatura. Sin embargo, indicó que prefirió mantener una postulación independiente dentro del proceso electoral.

“Contra de Chimborazo que le indicaba a que yo sea candidato auspiciado por ellos. He preferido candidatizarme en mi condición de ciudadano”, sostuvo.

Rivera también respondió a cuestionamientos relacionados con su pasado político y recordó su vinculación histórica con la democracia cristiana. Aseguró que sus principios y convicciones se mantienen vigentes pese a los cambios ocurridos en el escenario partidista nacional.

“Yo desde los 19 años de edad hasta que feneció fui orgullosamente un demócrata cristiano. Mi pensamiento es humanista y cristiano. He estado en un solo partido. Cuando esa organización desapareció, yo me he tenido que cambiar de religión porque las convicciones y los principios son perennes en un hogar”, concluyó.

Los puntos claves

• La Policía incautó al menos seis inmuebles vinculados a las empresas Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A. dentro del caso Goleada.
• El bien de mayor valor intervenido está ubicado en Puerto Hondo y está tasado en aproximadamente 2 millones de dólares.
• Otros seis inmuebles no fueron incautados porque estaban habitados por menores, adultos mayores y personas con discapacidad. 

El pasado 18 de junio, la Policía Nacional ejecutó medidas judiciales dentro del caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas. El proceso, como ha venido publicando EXPRESO, investiga una presunta red vinculada a la comercialización irregular de combustibles, que habría derivado en la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, según la hipótesis de la Fiscalía.

Incautaciones en Guayaquil y Samborondón

Según un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), ese día se incautaron al menos seis inmuebles relacionados con las empresas Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A. El bien de mayor valor está ubicado en Puerto Hondo y está tasado en aproximadamente 2 millones de dólares.

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También se incluyen terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón, vinculados a la estructura empresarial bajo investigación.

Los bienes quedaron bajo custodia de Inmobiliar, entidad encargada de administrar activos incautados en procesos judiciales.

Otros bienes no pudieron ser incautados

La Policía no logró ejecutar la totalidad de las órdenes judiciales. En total, seis inmuebles no fueron intervenidos. Entre ellos consta una vivienda en Isla Mocolí, en Samborondón, presuntamente vinculada al alcalde y valorada en más de 1 millón de dólares, además de otros departamentos relacionados con Fiorema S.A.

Según la Undecof, la ejecución no se concretó porque los inmuebles estaban habitados por personas en situación de vulnerabilidad, incluidos menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

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La defensa pidió revisión de medidas

La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores y de una persona con discapacidad visual certificada.

Con ese argumento, el equipo legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.

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Qué investiga el caso Goleada

El caso Goleada investiga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos provenientes de la comercialización irregular de combustibles.

La hipótesis fiscal sostiene que estos recursos habrían sido canalizados hacia la compra de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la aplicación de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.

Lo que debes saber

• Ecuador exige ante la OEA mayor cooperación frente al crimen organizado y narcotráfico globales.
• El subsecretario Mauricio Baus resalta que ningún Estado puede combatir de forma aislada a las mafias.
• Canciller Roberto Kury afianza alianzas de seguridad en citas bilaterales con Panamá, Brasil e Israel.

Ecuador demandó ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la urgencia de fortalecer la cooperación hemisférica y el multilateralismo para combatir la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y las economías ilícitas que golpean al territorio. El subsecretario de Asuntos Multilaterales, Mauricio Baus, advirtió que la expansión de las estructuras criminales transfronterizas impide que los Estados actúen de forma aislada ante amenazas híbridas.

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Los desafíos criminales que enfrenta el Gobierno de Daniel Noboa

El diplomático ecuatoriano enfatizó que el país atraviesa retos críticos derivados de la delincuencia transnacional, situación que requiere soluciones tangibles que mejoren la vida de los ciudadanos. En este espacio, Ecuador reconoció de manera formal el apoyo político y técnico de los Estados Observadores Permanentes dentro del sistema interamericano.

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Para mitigar el impacto de estas redes criminales, el plan de acción nacional requiere soporte internacional en las siguientes áreas clave:

Alianzas bilaterales estratégicas para frenar la delincuencia internacional

En el marco del encuentro de la OEA, el canciller Roberto Kury lideró citas bilaterales de alto nivel con sus homólogos de Panamá, Bahamas, Bolivia y Brasil. El propósito de los diálogos se concentró en dinamizar la integración regional y delinear estrategias conjuntas frente a la delincuencia organizada que opera de manera coordinada en Sudamérica y Centroamérica.

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Asimismo, Kury formalizó una mesa de diálogo con Edén Bar Tal, director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el objetivo de evaluar oportunidades de cooperación e inversión en seguridad, comercio e innovación tecnológica. Por otra parte, la secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), liderada por Gabriela Pacheco, ratificó junto a la cancillería la apertura de Ecuador para recibir audiencias de supervisión de cumplimiento de la Convención Americana.

Lo que debes saber

• Las candidaturas se definirán mediante elecciones primarias y consensos entre las organizaciones.
• La alianza busca presentar una tercera alternativa para Guayaquil y el Guayas.
• Organizaciones sociales y gremiales respaldan la iniciativa política.

Unidad Popular, Pachakutik y el Partido Socialista Ecuatoriano firmaron una alianza electoral para participar en los comicios seccionales de 2027, en Guayaquil y la provincia del Guayas. El acuerdo también incorpora a organizaciones sociales y gremiales que buscan levantar una candidatura unificada para la Alcaldía y la Prefectura.

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Primarias antes del consenso

Alonso López, coordinador nacional de Unidad Popular y presidente de su comisión electoral, sostiene que las tres organizaciones acordaron definir sus candidaturas mediante elecciones primarias antes de consolidar una propuesta unificada. Además, precisa que Unidad Popular escogerá a sus candidatos para Guayaquil, Yaguachi y Nobol el próximo 25 de junio, mientras que el proceso en el resto de los cantones del Guayas concluirá el 2 de julio; posteriormente, entre el 4 y el 5 de julio, se iniciarán las negociaciones para definir las candidaturas de consenso.

El dirigente subraya que la alianza no se limitará a Guayaquil, sino que podrá extenderse a toda la provincia, con acuerdos específicos en cada cantón. Según López, el objetivo es construir una "tercera alternativa" que rompa con la polarización entre el correísmo y el oficialismo.

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Buscan una tercera alternativa política

A criterio del dirigente político, la unión de las organizaciones de izquierda y de sectores sociales aumenta sus posibilidades de disputar los principales cargos de elección popular. "Históricamente, cuando se han unido los sectores que han tenido una propuesta seria y honesta, han logrado victorias importantes", afirma.

López también asegura que la iniciativa despertó el respaldo de representantes de barrios, gremios, estudiantes, sindicatos, pueblos y nacionalidades, así como de colectivos de derechos humanos y gestores culturales. Añade que la convocatoria refleja el interés por impulsar una propuesta distinta frente al escenario político actual.

Sobre la coyuntura local, el coordinador nacional de Unidad Popular considera que existe un desgaste de los modelos políticos que han gobernado Guayaquil durante las últimas décadas y reiteró su rechazo a lo que calificó como una persecución contra el alcalde Aquiles Álvarez. "La gente está pidiendo una alternativa distinta y esa alternativa la va a encontrar en esta unidad de los sectores democráticos y de izquierda".

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La asambleísta Cecilia Baltazar, exmiembro de Pachakutik y presidenta de la mesa legislativa, presentó la moción para suspender el tratamiento del proyecto, como lo recomendaba el informe de primer debate. 

Según ese informe, se sugería el archivo porque la propuesta "carece de consistencia jurídica suficiente, vulnera principios constitucionales esenciales y no ofrecer una respuesta normativa técnicamente adecuada al problema que pretende regular".

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Baltazar expuso los reparos al proyecto

Durante el debate, Baltazar dijo que si bien la normativa es necesaria, el proyecto no puede estar "solamente enfocada en la sanción, es fundamental la discusión de una legislación que profundice el contenido y alcance al derecho de la libertad de expresión. Esta propuesta no considera la protección de este derecho fundamental, que no solo está en la Carta Magna sino en las declaraciones de Derechos Humanos y demás legislaciones internacionales", añadió.

Baltazar explicó que aunque se pretende regular las redes sociales, el texto "no establece protecciones reforzadas para los niños y adolescentes, como ocurre a nivel internacional y no hace un análisis de lo que ya está normado en la Ley de Dato Personales", por lo que insistió en su archivo.

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ADN y correísmo apoyaron a Baltazar

Juan José Reyes, del bloque de ADN, respaldó a Baltazar. "El proyecto no desarrolla mecanismos para proteger a niños y adolescentes del ecosistema digital y los riesgos a los que están expuestos los menores. Se necesita evidencia, criterios técnicos, que respete los estándares internacionales y dotar a países para enfrentar amenazas y perseguir ciberdelitos".

En la misma línea se pronunció Gustavo Mateus, parlamentario de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía, de la Revolución Ciudadana (RC). "Las soluciones deben ser compatibles con la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y principios democráticos, pero esta propuesta no alcanza los estándares necesarios para convertirse en una herramienta eficaz de protección de derechos".

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El correísta sostuvo que el texto "confunde principios éticos y morales con el ordenamiento jurídico", por lo que consideró que "es el primer espacio para abrir espacios para la persecución política".

El Pleno aprobó el archivo con 139 votos, de 140 legisladores presentes, por lo que el proyecto de 24 páginas quedó desestimado.

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