Lo que debes saber

• El ciudadano reacciona cuando las políticas afectan su vida cotidiana. El aumento del IVA en ciertos productos podría generar desgaste al Gobierno, dice Simon.
• Las opiniones están divididas en torno al caso Aquiles Álvarez: unos creen que es culpable y otros que hay venganza y no justicia.
• Sectores de la academia e intelectuales ven el riesgo del autoritarismo, es importante evitar el silencio.

Farith Simon es profesor de la USFQ y suele opinar sobre temas relacionados con justicia y política en Ecuador. En una entrevista advierte que en el país hay un creciente distanciamiento entre ciudadanía y política, marcado por la urgencia de sobrevivir y la pérdida de confianza en la democracia.

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Los periodistas y los analistas estamos pendientes de la coyuntura. ¿Será que el ciudadano común se enteró de que el CNE pasó las elecciones de febrero para noviembre?

Desde hace algunos años hay desgaste de la política a nivel social, se observa una distancia entre política y vida cotidiana. La obvia prioridad es la sobrevivencia y la seguridad. La gente mira la política en tanto afecta su interés concreto, económico o personal.

¿En qué está pensando el ecuatoriano ahora?

En tener algo que llevar a su mesa, en no ser asaltado, violado, asesinado o extorsionado. La política como acción de toma del poder está distante de las personas. Hace mucho tiempo, la gente no está defendiendo la democracia como un valor en sí mismo, como algo muy valioso.

¿Por qué ya no hay movimientos tipo los forajidos?

Porque el ciudadano no encuentra en esta democracia la respuesta a sus necesidades. En abstracto no hay defensa. Años atrás hemos tenido reacciones concretas movidas por políticos. Una vez se dijo que el movimiento de los forajidos era espontáneo, normalmente se mueve por la misma política. Sin partidos fuertes y organizados y con problemas económicos, violencia y más es complejo.

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Suele decirse que la gente 'protesta' a través de las redes.

Las redes pusieron en evidencia los radicalismos, versiones moderadas no generan likes o seguidores. No creo que las redes desmovilizaran, pero generan la falsa sensación de movilización. Aunque, hay relatos recientes como los de la Primavera Árabe, sobre cómo las redes fueron factores de movilización.

¿Por qué las marchas tienen poca concurrencia?

Hay desgaste de muchas organizaciones. En el último levantamiento indígena se focalizó, se hizo totalmente territorial. Tiene que ver con los resultados, sino se consigue lo que se espera o quien acude se siente usado, deja de movilizarse.

Que cambie de signo político el autoritario no lo hace mejor. El poder que crece sin límites encuentra una barrera.Farith Simon/ catedrático universitario

¿Decir que quienes protestan son terroristas juega en contra de la movilización ciudadana?

Hay desprestigio provocado desde el poder. El relato es que no son movilizaciones ciudadanas sino instrumentos de alguien. Pero no solo eso desmoviliza, esto eso, la descalificación y la necesidad de enfocarse en cómo sobrevivir.

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Si bien quizás, el ciudadano no está pendiente del CNE, ¿qué pensará del encarcelamiento del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

Hay quienes efectivamente creen que pudo haber cometido un delito. El tema es pareciera que no se hace justicia sino venganza, o lo que está pasando contra la Corte Constitucional. Hay como la idea de que el Estado persigue y no que hace justicia.

El presidente Daniel Noboa, en algunas entrevistas, se ha referido a un “alcalde criminal”. ¿Pesa?

Todos esos discursos de presión, con el toque de queda y Aquiles son propaganda política, racionalmente no se sostienen con estadísticas. Creo que la gente tal vez no se compra totalmente el discurso, pero si hay sectores en los que pega la idea.

¿El aumento del IVA podría sí es un tema que incide en la vida cotidiana?

Hay un sector que se indigna en abstracto por autoritarismo, por violar el principio de legalidad en materia tributaria. Y en concreto, el efecto en la vida cotidiana de sectores populares, no de clase media, posiblemente generará resistencia e indignación.  

Aunque se justifique con instrumentos de comunicación, hay un acumulado. Hemos visto en otros momentos de la historia que el error y la rectificación desgastan.

¿En qué sectores se empieza a hablar del riesgo del autoritarismo?

Sectores intelectuales, la clase media empieza a ver, a tener conciencia de que vivimos un período de autoritarismo y que el nivel de control, de poder, que busca Noboa es peligroso y que el fin no justifica medios.

Las alertas en Ecuador

En el país, decisiones de gran impacto se registran. En medio de la urgencia por subsistir, los analistas creen que se ha normalizado la vulneración de derechos e inclusive la falta de control social. Entre otros:

¿Quién es Farith Simon?

Doctor en Nuevas Tendencias del Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue decano del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, de donde es profesor.

Partidos no representan posiciones claras. Los comicios son espacios para individuos, no para ideas políticas, hoy.Farith Simon/ catedrático 

Lo que debes saber

• Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de Celec ante la justicia de EE. UU. por caso Progen.
• Legisladores denuncian que informes de fiscalización sobre Progen de 2025 siguen sin tratarse en el Pleno.
• Oposición señala a ministros del Gobierno como responsables de irregularidades en proyectos eléctricos.

La intención de la subcontratista Astrobryxa de declarar confidencial la información sobre la demanda de Celec en EE. UU. genera alarmas en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo asegura que su labor de fiscalización terminó, la oposición denuncia bloqueos y opacidad en un proceso que involucra recursos públicos y presuntas irregularidades de ministros.

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EXPRESO intentó contactar a los integrantes de la Comisión de Transparencia, mesa que fiscalizó el caso Progen en 2025, para obtener comentarios sobre posibles acciones. Sin embargo, solo tres de los diez legisladores respondieron a los requerimientos enviados por mensajes y correos.

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Desde la bancada oficialista de ADN, el asambleísta Jorge Chamba sostiene que el Legislativo ya cumplió con su responsabilidad a través del proceso de fiscalización previo. “Nosotros como miembros de la comisión ya nos pronunciamos sobre este tema. Será la justicia que debería actuar en función de los procesos en marcha”, afirmó.

Informes de fiscalización: Entre mayorías y responsabilidades políticas

En contraste, la legisladora Germania Romero, del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la legitimidad de las actuaciones anteriores: “no se puede llamar fiscalización a un proceso que, ADN y principalmente la presidenta de la comisión Diana Jácome ha llevado de manera oculta del pueblo ecuatoriano”.

Respecto a la opacidad de la demanda de Celec en el exterior y el reciente pedido de confidencialidad de Astrobryxa, Romero considera que el tema debe ser de interés para la comisión. No obstante, advierte que cualquier iniciativa legislativa sería bloqueada inmediatamente por el oficialismo.

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Por su parte, los asambleístas Blasco Luna y Guido Andrés Mendoza recordaron que el informe de fiscalización aprobado en diciembre de 2025, junto con su respectivo informe de minoría, aún no ha sido conocido por el Pleno de la Asamblea.

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El informe de mayoría, impulsado por el oficialismo, incorporó exámenes especiales de la Contraloría e investigaciones de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, no determinó responsabilidades políticas en la fallida contratación de Progen.

En contraposición, el informe de minoría detalló presuntas irregularidades cometidas por autoridades del Gobierno Nacional en el proceso de contratación para proyectos de generación eléctrica. A diferencia de la tesis oficialista, este documento señaló como posibles responsables políticos a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Antonio Goncalves, exministro de Energía; e Inés Manzano, actual ministra de Ambiente y Energía.

La justicia de EE. UU. como única fuente de claridad

Para Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), el desinterés del oficialismo profundiza la opacidad que ha rodeado al caso desde sus inicios. Sobre la posible reserva de la demanda en EE. UU., Ramírez sostiene que es imperativo que Ecuador, a través del Ejecutivo o la Asamblea Nacional, exija transparencia para permitir el ejercicio de la contraloría social.

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Finalmente, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que la ciudadanía está obteniendo más información a través de la justicia estadounidense que de las propias autoridades locales. “Quizá por ello algunos están buscando que esto sea confidencial. Es un tema nacional y que involucrar recursos públicos. Aunque esto está en otra jurisdicción, muy bien el gobierno puede argumentar que esto se maneje de forma totalmente transparente”, concluyó.

Lo que deberías saber

• La decisión de Daniel Noboa de extender el feriado del 1 de mayo busca reducir presión social y contener marchas sindicales en varias ciudades, según expertos.
• Medidas del Gobierno responden a objetivos políticos, electorales y fiscales: analistas advierten contradicciones y riesgo de incertidumbre.
• El IVA en alimentos será uno de los reclamos en la marcha del Día del Trabajador.

El presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones antipopulares como aplicar el IVA a ciertos productos alimenticios, una medida que generó molestias por un posible impacto en la canasta básica. Sin embargo, como respuesta, hizo anuncios que generaron simpatía al extender el feriado del 1 de mayo y ampliar el plazo para entregar la compensación a los transportistas por el alza del diésel.

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Han sido medidas con las dos caras de la moneda: populares e impopulares. Parecerían contradictorias o que buscarían paliar las críticas, pero más bien, según expertos, responden a tres objetivos: político, electoral y fiscal.

Compensaciones y feriado contra protestas

El analista político, Matías Abad, dice que las decisiones recientes del Gobierno son reactivas y apuntan a evitar posibles manifestaciones de sectores sociales. 

“Responden a una administración de las tensiones, más que por una estrategia económica coherente. Por un lado, vemos que extiende las compensaciones, feriado, disminución del IVA al sector turístico que, se entienden, buscan contener ciertos conflictos inmediatos, diluir las posibles marchas y salida a las calles por el 1 de mayo. En general, tratan de reducir la presión social y pretenden evitar la apertura de nuevos frentes de conflicto. Por otro lado, hace ajustes del IVA y aumenta los aranceles con Colombia, lo que podría generar especulación o trasladar el costo al consumidor final. Son medidas reactivas desde lo político porque no hay una línea económica clara”.

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Preocupación por las elecciones

Según Gabriela Guerrero, politóloga y máster en comunicación política, el objetivo de esas medidas tiene, además, un matiz electoral. “Intenta desactivar las amenazas de paralizaciones por parte de gremios. Al Gobierno le interesa hacerlo porque estamos entrando a elecciones y no le conviene manifestaciones ni alzas de precios”. 

También observa que, en el caso de las decisiones frente a Colombia, existe una respuesta alineada a su socio: Estados Unidos. “Tiene que ver con las elecciones futuras que habrá allá. Si bien Ecuador no es un país trascendental en torno a esas votaciones, sí es un aliado estratégico de Estados Unidos y podría ser un mecanismo de presión hacia el otro lado. Podría ser una estrategia conjunta de los gobiernos aliados de los EE. UU.”, opina.

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Cuidar la imagen fiscal

El consultor político Rafael Silva sostiene que otro de los objetivos sería proyectar una buena imagen para obtener mejores condiciones en el mercado internacional. 

“Mantener la capacidad de pago, mostrarse cooperante al implementar el IVA, mientras que, las medidas en un contexto doméstico, responden a un tema estratégico, es una especie de bálsamo para controlar la inconformidad y cubrir así las acciones impopulares”, acota.

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¿Las decisiones de Noboa funcionarán?

No obstante, considera que el Gobierno tendría que ajustar el argumento para sostenerlas. Silva recuerda que el incremento del IVA, del 12 al 15 % obtuvo cierto respaldo porque se lo justificó como una decisión para brindar mayor seguridad en el 2024. “Ahora esta narrativa está desgastada”, indica.

Guerrero coincide: “Ecuador ha sido un país que ha vivido de medidas públicas populistas. Podrán durar si están justificadas y si el Gobierno logra comunicar bien esa política. Le tendrá que durar para estas elecciones y hasta que resistan los gremios”, menciona.

Abad, por su parte, ve un riesgo en estas decisiones. “En ese afán de estabilizar a corto plazo, más bien empieza a incrementar la incertidumbre y eso genera mensajes contradictorios a los mercados internacionales y de financiamiento”.

Manifestaciones se organizan, pese a feriado

La decisión de ampliar el plazo del feriado por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, no alteró la organización de las marchas convocadas por las centrales sindicales del país. 

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, ratificó que las movilizaciones se realizarán en las distintas ciudades el 1 de mayo. 

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“No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemora la lucha por las 8 horas de trabajo”, expresó. Otras organizaciones, como la UNE, confirmaron que se sumarán a esta marcha para rechazar el cobro del IVA en ciertos alimentos, el ajuste de la jornada laboral, así como la aprobación de las leyes Minera y la reforma al Cootad, que han sido cuestionadas.

Contexto

Las medidas coinciden en un escenario político que mezcla la organización de las elecciones y distintos procesos contra autoridades locales.

Lo que debes saber

• Ecuador y Colombia están al borde de una guerra comercial. Los aranceles del 100 % amenazan con romper 60 años de relación.
• Ambos países imponen aranceles del 100 %, aunque Colombia hará excepciones. El comercio bilateral ya pierde más de $800 millones.
• Gustavo Petro amenaza con salir de la Comunidad Andina y acercarse a otros bloques como Mercosur.

Más de 60 años de relación comercial entre Ecuador y Colombia están por ‘caer a un abismo’. La pugna arancelaria no ha hecho más que escalar y el pasado jueves alcanzó un nuevo pico con el anuncio del presidente Daniel Noboa de elevar los aranceles al 100 % a los productos colombianos, lo que generó que el país vecino adopte una medida similar, al incrementar su tasa del 30 % al 100 %, aunque solo sea a ciertos productos ecuatorianos. Esto, “ante el agotamiento de todos los esfuerzos diplomáticos”. 

Economía y negocios

Colombia sube aranceles al 100 % a productos ecuatorianos en represalia por medida de Noboa

Liz Briceño

Tras el anuncio, este 10 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la medida en una nueva resolución, en la que establece que el cobro de la tasa del 100 % comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de mayo de 2026. Colombia, por su parte, no ha anunciado fechas, a la espera de trámites aduaneros internos. Sin embargo,  Gustavo Petro, presidente de Colombia, adelantó que la medida no se aplicará en la "producción ecuatoriana que es necesaria para Colombia". Esta ingresaría con 0 % de arancel.   

El presidente Noboa, a través de su cuenta de X, ha justificado el nuevo incremento (la tasa arrancó con el 30 % en febrero y aumentó al 50 % desde marzo de este año) ante la falta de un acuerdo con el gobierno de Petro para fortalecer los controles en la frontera. “Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo.

No obstante, esta política no solo amenaza con aniquilar definitivamente el comercio bilateral, sino también con sacudir los cimientos de la integración regional, tras la advertencia de Colombia de retirarse de la Comunidad Andina (CAN).

Una amenaza a la integración regional

El primer gesto del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue calificar el alza como “una monstruosidad”, una decisión que, añadió, representa el final del Pacto Andino para su país y en ese sentido adelantó su decisión de abandonar la Comunidad Andina (CAN) en favor de otros bloques regionales, como Mercosur. Según Petro, la imposición de estas barreras económicas rompe los principios de integración que sostienen el bloque. “Nada hacemos ya allí”, dijo el presidente tras conocer el endurecimiento de esta restricción comercial que, en casi tres meses de vigencia, según datos de la Cámara Colombo Ecuatoriana, ha generado un perjuicio económico bilateral de más de $ 800 millones.

Desde el sector empresarial ecuatoriano, pese a la afectación millonaria que esto implica, las reacciones se mantienen con cautela ante un Gobierno que ha decidido no dar marcha atrás en esta política, a la que atribuye resultados positivos: desde que se tomó esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 %, dijo Noboa, y, por primera vez en la historia, el país logra tener un superávit comercial con Colombia, sin matizar que ese resultado es producto de un desplome de las ventas y no de una extraordinaria productividad.

Tras la medida, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE) señaló, a través de un comunicado en redes, que mantiene su preocupación por la seguridad nacional y reiteró su “firme postura de cara a los efectos que esta medida tendrá sobre el ya disminuido comercio entre ambas naciones y la sostenibilidad de la Comunidad Andina”. Además, llamó a un diálogo urgente como el único mecanismo de solución.

Economía y negocios

Aranceles a Colombia: una guerra comercial irracional

Martin Pallares

Arancel del 100 %, "una medida absurda y desproporcionada"

Una reacción más firme vino desde Colombia. Oliva Diazgranados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, calificó la medida como “absurda y desproporcionada”, y aseguró que solo tiene como fin terminar de aniquilar lo que queda del comercio bilateral.

Diazgranados vincula el tema con factores políticos. El anuncio, recuerda, llega tras una nueva crisis bilateral que comenzó el 6 de abril, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político”. Estas declaraciones fueron interpretadas por Ecuador como una injerencia en asuntos internos.

“Estamos de acuerdo en que el presidente Petro no puede estar pidiendo la liberación de Jorge Glas, pero tampoco el presidente Noboa puede estar tomando represalias por temas que son políticos”.

Ecuador compra anualmente cerca de $ 1.900 millones en productos colombianos y vende a ese país cerca de $ 900 millones. Una tasa del 100 %, dijo Freddy Cevallos Bustamante, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana (Camecol), hará que el comercio entre ambas naciones se deteriore.

Se espera que productos como medicinas, carros y artículos de aseo y cosméticos que llegan de Colombia se vuelvan “comercialmente inviables”, que Colombia oficialice un arancel similar y que, por ende, se deje de exportar e importar, porque con precios tan elevados nadie va a comprar.

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Intercambio comercial

Comercio. Más de 2.800 empresas colombianas se afectan con la política arancelaria, frente a un grupo de 902 empresas ecuatorianas que envían sus productos hacia ese mercado. El año pasado, el intercambio alcanzó los $ 2.481 millones.

Balanza. Según gremio colombianos, en dos meses de pugna, las exportaciones colombianas cayeron un 21 %, mientras que la importación de productos ecuatorianos creció un 20 %, invirtiendo una tendencia en la balanza.

Lo que debe saber

• Ante la ola de especulaciones que vinculaban su salida con posibles investigaciones de la Fiscalía, Marcela Aguiñaga optó por una respuesta visual: una foto con su esposo hospitalizado.

Marcela Aguiñaga sacudió el panorama político de Ecuador al presentar su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas. Tras semanas de rumores sobre las razones de su salida, la funcionaria eligió sus redes sociales para enviar un mensaje que muestra el cuidado de su familia como la razón para abandonar la vida pública.

Una fotografía para enfrentar las especulaciones

Ante las teorías que vinculan su salida con investigaciones judiciales, Aguiñaga difundió una imagen a través de su cuenta de Instagram para ratificar su postura. En la fotografía aparece su mano junto a la de su esposo, Mauricio Guim, quien lleva un brazalete de identificación hospitalaria. Con este registro visual, la líder política busca demostrar que su retiro responde a una crisis médica de su pareja y no a un intento de evasión frente a las presiones del Gobierno Central o la Fiscalía General del Estado.

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El debate sobre posibles procesos legales

A pesar del mensaje emotivo, sectores de oposición y analistas locales mantienen dudas sobre el momento exacto de la dimisión. Los detractores de su administración, que incluyen a Rafael Correa, señalan que la salida podría ser una maniobra estratégica para enfrentar futuros procesos de fiscalización sin la exposición mediática que conlleva el cargo. 

Aunque todavía no existe una notificación de instrucción fiscal que relacione su renuncia con una causa penal específica, el clima de tensión en Guayaquil persiste debido a las auditorías que organismos de control realizaron a su gestión en meses pasados.

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Transición de mando en la provincia

La salida de la funcionaria activa de inmediato los mecanismos de sucesión previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Mientras la provincia cambia de mando, el debate en plataformas digitales permanece dividido entre la solidaridad por la situación de salud de Guim y la exigencia de transparencia sobre los motivos políticos de este paso al costado.

Lo que debe saber

• Denuncia: GRANASA alerta sobre una estrategia jurídica y política, operada a través de la Fiscalía y un liquidador, para transferir el 40 % de sus acciones al Estado sin que exista una notificación legal a los involucrados.

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre un posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la empresa. La advertencia surge tras la difusión en redes sociales de una supuesta denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado.

La compañía calificó este hecho como un "nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento" que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación. Hasta el momento, ninguno de los directivos mencionados en la publicación digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales.

Antecedentes de intervención y presión estatal

Esta nueva alerta se suma a la compleja situación legal que atraviesa la empresa, la cual permanece bajo intervención de la Superintendencia de Compañías. Según los directivos, las presiones políticas no son recientes, pues anteriormente enfrentaron "falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos", además de lo que califican como una "ilegal intervención" administrativa.

El entorno de conflicto escaló tras la filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). El ente recaudador difundió datos sobre una presunta defraudación tributaria, acción que la defensa de la empresa interpreta como parte de una estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica.

Justicia

Audiencia por disputa accionaria de Granasa se suspende por salud de juez

Flor Layedra Torres

El rol de la empresa Veranera

La supuesta denuncia que originó la alerta proviene del liquidador de la empresa Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio. Según el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.

Ecuador

Carmigniani en CNN: “Intentan tomarse los medios por la vía de la propiedad”

Flor Layedra Torres

Defensa de la libertad editorial

GRANASA enfatizó que mantendrá su postura frente a lo que considera un atropello a la propiedad privada y a la libertad de prensa en Ecuador. La compañía hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen el proceso, al considerar que la independencia de sus medios está en riesgo ante la pretensión estatal de tomar el control accionario.

Lo que debes saber

• Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano llegaron juntos a la Prefectura del Guayas, tras ganar las elecciones en 2023, con el apoyo de la Revolución Ciudadana. 
• Marcela Aguiñaga anunciaron sus renuncias a sus cargos. Aguiñaga indicó que por motivos familiares y Serrano tendría otros proyectos políticos. 
  
• Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el futuro de la institución y quiénes quedarán al frente de la prefectura del Guayas desde el 15 de mayo. 

Este viernes 10 de abril se confirma un nuevo movimiento en la Prefectura del Guayas. Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto, anunció su renuncia al cargo, generando nuevas reacciones en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados.

Horas después de conocerse la decisión, el propio Serrano hizo pública su dimisión a través de su cuenta en la red social X , donde expuso los motivos de su salida. En su mensaje, el funcionario oficializó su decisión de apartarse de la Prefectura, en un contexto en el que ya se preveían ajustes en la estructura institucional.

Ecuador

La prefecta Marcela Aguiñaga anuncia nueva carretera en Playas con controversial video

Freddy Josue Andrade Andrade

"¡Guayas, mi respeto y gratitud! Ustedes ya me conocen… nos volveremos a ver", dijo Serrano en su cuenta de X.

La reacción no se hizo esperar. La prefecta Marcela Aguiñaga también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la renuncia de quien era su segundo al mando. 

En un mensaje cargado de tono personal, la autoridad provincial expresó su postura frente a la decisión de Serrano, dejando ver una mezcla de reconocimiento y reflexión sobre el momento que atraviesa la institución.

Dudas e incertidumbre en la Prefectura del Guayas

Aunque no se han detallado públicamente todos los factores detrás de la renuncia, el hecho se produce en un momento clave para la Prefectura del Guayas. Cabe recordar que Aguiñaga ya había anunciado días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, tras comunicar su decisión de no continuar en funciones.

Este doble movimiento, la salida anticipada de la prefecta y la renuncia del viceprefecto, ha intensificado la percepción de inestabilidad en la administración provincial, generando interrogantes sobre la continuidad de proyectos y la transición de mando.

Guayaquil

Remoción de Aquiles Álvarez: Concejal señala que pedido de destitución fue enviado desde el Gobierno

Freddy Josue Andrade Andrade

Por ahora, no se han anunciado oficialmente los pasos a seguir dentro de la estructura de la Prefectura, ni quién asumirá las funciones que quedarán vacantes tras estas decisiones.

La situación mantiene la atención de la ciudadanía y del ámbito político, en un contexto donde la estabilidad institucional resulta clave para la ejecución de obras y programas en la provincia del Guayas.

El reclamo para destituir al alcalde Aquiles Álvarez reposa en la Comisión de Mesa. Casualmente, López milita en la misma tienda política que hoy tiene -y asumiría por sucesión- el poder de Guayaquil si prospera el proceso legal.

Ecuador

Te invitamos a leer: RETO se apoderó de la Alcaldía de Guayaquil: sin elecciones y en estos tres actos

Carlos Isaac Pino

Entrevista con el abogado David López

— Usted es de Gualaceo, reside en Quito, tiene un cargo público en Conagopare. Y con esa agenda, usted vino el miércoles a presentar una denuncia a las 10:00 para iniciar el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez. ¿Usted pidió permiso para venir acá y cómo financió este viaje?

— Efectivamente, yo financié el viaje con mis propios medios económicos, pedí permiso también a la institución, licencia sin sueldo. Yo soy de Gualaceo, resido en la ciudad de Quito, sin embargo, soy ciudadano del Ecuador. Si tenemos estricto apego a la norma, el artículo 336 del Cootad dice: cualquier persona podrá presentar la denuncia con la cual se inicia el proceso de remoción.

— Usted también es militante de RETO y la autoridad vinculada a ese movimiento, la alcaldesa subrogante, asumiría igual el cargo si prospera la remoción. Considerando que la Alcaldía seguiría en manos de su mismo partido, ¿cuál es el objetivo de esta acción legal?

— Soy un militante de RETO, soy fundador del movimiento y creo que lidero la mayoría de la Asamblea Nacional del movimiento, que es el máximo órgano del mismo. Como movimiento se tiene que asumir una responsabilidad de la situación que vive la Alcaldía de Guayaquil. El alcalde Álvarez se encuentra privado de la libertad ya dos meses y esta situación genera inseguridad jurídica total, interrumpe obras y afecta a la administración de la ciudad. No importa si la vicealcaldesa es de la misma línea del señor Álvarez, del señor Chávez o si yo no la comparto; no importa, se tiene que cumplir la ley.

La sombra del Gobierno y los cálculos políticos

— Pero usted tiene cierto historial de oposición con Raúl Chávez dentro de RETO. ¿Está prestando su nombre para ser instrumento legal para que venga otro partido, como el Partido Social Cristiano, o el mismo Gobierno de turno?

— Yo no tengo ningún cálculo político, de hecho le confirmo: yo no seré candidato a absolutamente nada en estas elecciones seccionales, prefiero mantenerme luchando por los gobiernos parroquiales. Mucha gente dice que yo soy parte del Gobierno y quiero dejar bien claro que el Conagopare es una entidad que tiene autonomía propia, financiera y jurídica. Lo estoy haciendo como fundador del movimiento RETO, movimiento del cual el alcalde que se encuentra privado de libertad es militante. No podemos dejar que Guayaquil esté con total inseguridad jurídica y que no pueda cumplir sus competencias constitucionales.

— Entonces usted marca una línea contraria a lo que el Gobierno está haciendo, algo de lo que también se queja la cúpula actual de RETO...

— Le comento un ejemplo. Nosotros, como Conagopare, nos opusimos de forma legítima en un principio a la ley económica del 70-30 que presentó el Gobierno. Mostramos legalmente que era imposible su cumplimiento para los gobiernos parroquiales; lo hicimos de frente, dialogamos y al fin y al cabo se nos terminó excluyendo de esta ley. Estábamos en contra del Gobierno en ese asunto, claro, porque en muchas cosas estamos en contra. Y lo mismo pasó con el tema de Aquiles y Raúl: en un principio tratamos de dialogar, de proponer que se nos tome en cuenta para las candidaturas dentro de la alianza que hicieron con la Revolución Ciudadana, pero no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron es tratar al movimiento como si fuera una empresa privada donde es el gerente el que designa a los miembros de las sucursales y punto.

El conflicto interno en RETO y la vía legal

— ¿Por qué usted dice que no hay un rostro visible en Guayaquil cuando prácticamente el liderazgo institucional está hoy en manos de la vicealcaldesa, que es de su propio movimiento RETO?

— Esa es una opinión subjetiva. Si vamos al objetivo, la ley dice claramente que si la máxima autoridad se ausenta por más de tres días hábiles sin justificación, es una causal de remoción. Le corresponde a Tatiana Coronel asumir la Alcaldía hasta que se termine el periodo. Eso dice la ley. Ella pertenece a una línea del movimiento totalmente contraria a la que yo lidero y está bien, pero se cumple la ley.

— Hace una semana, el TCE había archivado una causa con la que usted intentó desconocer la elección de Raúl Chávez. Y una semana después usted viene a Guayaquil a pedir la remoción de Álvarez, que es mano derecha de Chávez. ¿Por qué esto no es una revancha personal?

— Primero, voy a dejar claro que existió un auto de archivo. Son tres causas en el Tribunal Contencioso Electoral. La causa de la Directiva Nacional tuvo un auto de archivo porque el juez dice que yo no presenté la aclaración. Yo sí presenté la aclaración por correo electrónico y fuimos donde un notario para desmaterializar la documentación. Apelamos y nos aceptaron. No existe ninguna forma de revancha. Lo que sí existe son aspiraciones. Ellos han actuado de forma unitaria, como si el señor Chávez fuera el único dueño del movimiento.

— ¿Cuántas personas dentro de RETO están en desacuerdo con la presidencia de Chávez y el liderazgo de Álvarez?

— La Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del movimiento, tiene alrededor de 120 personas. Más o menos 72 personas con las que yo he conversado, están totalmente en contra de esto y no nos dejaron conectarnos el 14 de marzo a la asamblea.

— ¿Por qué cuando Aquiles Álvarez estaba libre no se lo escuchó a usted cuestionar públicamente ni sus alianzas, ni la gestión?

— Le pido que revise un poco mis redes sociales, sobre todo en TikTok, estoy como ‘Joven David’, y no he criticado solamente al alcalde Álvarez. He hecho muchas críticas al Gobierno, al correísmo, a la Revolución Ciudadana; al alcalde Aquiles hasta lo defendí cuando pedía la garantía soberana para dotar de agua a Monte Sinaí.

— El proceso del Cootad ahora va a exigir etapas de prueba. ¿Usted va a venir de forma presencial o va a mandar algún apoderado a hacer este trabajo a Guayaquil?

— Si me llama el Concejo yo iré de forma presencial, igual pidiendo licencia sin sueldo, acudiré a exponer.

— Se vienen las elecciones en noviembre del 2026. Está en un partido donde no están tomando en cuenta su voz. ¿Por qué usted no da un paso al costado de ese partido o tiene conversaciones con otros?

— La Asamblea Nacional (de RETO) fue impugnada y el trámite está en el TCE. Si el TCE toma una decisión favorable a la línea que yo represento, nos mantenemos en el partido. Y obviamente si es que el Tribunal le da la razón al señor Chávez, yo daría un paso al costado.

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Colombia sube aranceles al 100 % a productos ecuatorianos en represalia por medida de Noboa

Liz Briceño

Algo parecido, guardando las dimensiones, ocurrió en Ecuador cuando se decidió aumentar los aranceles a los productos colombianos al 100%. Una decisión que no traerá ningún beneficio a los ecuatorianos que verán como se encarecen muchos de los productos que consumen y que, mucho menos, producirá lo que para quien tomó la decisión era la prioridad: que el gobierno colombiano de Gustavo Petro refuerce la seguridad en la frontera por donde entra la mayor parte de la droga que se exporta por los puertos ecuatorianos. No hay duda de que, en efecto, esa falta de control ha contribuido a que la inseguridad se haya disparado abismalmente en el Ecuador, sobre todo en las zonas cercanas a las puertos por donde se exporta la droga. 

Sin embargo el aumento desorbitado de los aranceles decretado por el gobierno de Daniel Noboa no hará, ni en sueños, que el presidente Gustavo Petro de Colombia monte algún operativo para detener el flujo de droga. E igual como pasó en Irán, donde el régimen de los lunáticos y misóginos ayatolas se atornilló en el poder tras la declaratoria de guerra de Trump, el anuncio del Ecuador lo único que hará es que el gobierno de Colombia se obstine y se niegue a colaborar. Si en lugar de subir los aranceles al 30%, primero, y luego al 100%, se hubiera actuado con inteligencia y lógica y no según los delirios del gobernante, era mucho más probable que el Ecuador hubiera logrado un mecanismo diplomático idóneo para mejorar las cosas: por ejemplo Noboa pudo haber recurrido a sus buenas relaciones con el gobierno de los EE. UU. para que presione a Colombia.

Economía y negocios

Senae oficializa el arancel del 100 % para las importaciones colombianas

Lisbeth Zumba

¿El fin de la Comunidad Andina?

Ahora, ante el delirante anuncio ecuatoriano, el presidente Petro salió a decir que su país, ante esto que significa el fin de la comunidad andina, buscará mejores acuerdos comerciales con el Merco Sur y los países caribeños. “Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza”, dijo Petro el jueves por la noche en X. Esa noticia, no es nada buena para el Ecuador. El economista Alberto Acosta Burneo ya lo dijo en X: “SI Colombia sale de la CAN, el golpe es directo para Ecuador. Perderemos un mercado de más de 50 millones de consumidores, accesible para nuestra manufactura. Y esas exportaciones manufactureras NO se pueden redirigir fácilmente a mercados más exigentes”. Según un análisis suyo, por cada 1% de aumento del comercio el PIB crece en un 0,5% del PIB y por cada punto de incremento en aranceles, el PIB cae en un 0,7%.

La decisión de Ecuador, por más entendible que sea su indignación por la falta de control en la frontera y por las impertinencias del díscolo de Petro sobre el ex vicepresidente Jorge Glas, al que llama preso político, es una tonta tontería. Además, el argumento de que tras el aumento de aranceles ha bajado la criminalidad en la frontera en un 33% aparece más como una falacia y un silogismo. Si esa relación fuera cierta, la solución a la inseguridad sería no solo poner los aranceles al 100% sino al 200%.

Lo de los aranceles impuestos a los productos colombianos también puede acarrear, si eso no pasó ya, el cierre definitivo a la posibilidad de que Colombia vuelva a vender energía eléctrica para los momentos de crisis en Ecuador. Como lo que le ocurrió a Trump, le puede suceder lo mismo a Daniel Noboa: las consecuencias a una decisión suya son contrarias a lo que supuestamente buscaba.

Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana inicia reestructuración nacional el 10 de abril para renovar directivas rumbo a 2026.
  
  
• RC designa responsables provinciales y del exterior para ejecutar asambleas y conferencias ideológicas.
  
  
• Proceso interno durará un mes y busca reorganizar estructura política en todo el país.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) puso en marcha un proceso de reestructuración interna a escala nacional, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la Convención Nacional 2026. La decisión fue comunicada a la militancia mediante un documento fechado el viernes 10 de abril de 2026.

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Según el comunicado, la reestructuración se regirá por el Reglamento de Reestructuración Nacional aprobado por el Buró Nacional el pasado 7 de abril y será ejecutada por los burós políticos provinciales en todo el territorio ecuatoriano, así como en las circunscripciones del exterior.

El proceso tendrá una duración de un mes y concluirá con la elección de nuevas directivas provinciales, que asumirán la conducción política del movimiento en cada jurisdicción.

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Conferencias ideológicas y asambleas territoriales

Como parte de esta etapa, Revolución Ciudadana dará inicio a un ciclo de conferencias ideológicas, basado en seis ejes definidos en la Convención Nacional. Estos lineamientos orientarán el debate interno en asambleas cantonales y provinciales, que estarán a cargo de los burós políticos provinciales.

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La conducción del proceso recaerá en los directores responsables de la reestructuración interna, junto con un delegado nacional, con el objetivo de garantizar la participación de la militancia y la construcción de consensos. 

Según el documento, el objetivo es elaborar planes de acción política territorial a nivel cantonal y provincial, además de conformar nuevas directivas con legitimidad interna.

Responsables por provincias

El comunicado detalla a los responsables designados para liderar el proceso de reestructuración en cada provincia. 

A ellos se suman Noemí Cabrera en El Oro; Sandra Ocampo en Santo Domingo; Omar Mosquera en Carchi; Paul Trujillo en Imbabura; Christian González en Pichincha; Ramiro Vela en Cotopaxi; Óscar Paredes en Tungurahua; Nelson Granizo en Chimborazo; Mireya Pazmiño en Bolívar; Andrés Lara en Cañar; Roque Ordóñez en Azuay; Verónica Íñiguez en Loja; Comps Córdova en Sucumbíos; Nadia Zurita en Napo; Milton Tapia en Orellana; Cristian Pacheco en Morona Santiago; y Leonardo Maldonado en Zamora Chinchipe.

Circunscripciones del exterior

La reestructuración también alcanza a las circunscripciones internacionales del movimiento. Para Europa, Asia y Oceanía fue designada Narciza Soria; para Estados Unidos y Canadá, Jorge Miranda; y para América Latina y el Caribe, Eliana Correa.

En la parte final del comunicado, Revolución Ciudadana señala que el proceso busca fortalecer la organización interna y reafirma su planteamiento político más allá del calendario electoral. 

Lo que debes saber

• Dos nuevos pedidos de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se suman a una solicitud previa y ponen en marcha el proceso para evaluar su posible destitución.
• Los denunciantes alegan que, tras vencer su licencia sin sueldo el 26 de marzo, el funcionario no justificó su ausencia, lo que configuraría abandono del cargo según el Cootad.
• La Comisión de Mesa deberá calificar el trámite en cinco días y, de avanzar, el Concejo Cantonal tendrá la decisión final sobre la remoción de Aquiles Álvarez de la Alcaldía de Guayaquil.

Este viernes 10 de abril se conoció la presentación de dos pedidos de remoción del cargo contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien actualmente guarda prisión preventiva en la cárcel del Encuentro mientras es investigado por los casos Goleada y Triple A.

Los ciudadanos Oscar Velarde y Hugo Córdova presentaron las solicitudes ante el Municipio de Guayaquil. En los documentos, ellos argumentan que la licencia sin sueldo de Álvarez venció el 26 de marzo del 2026, y que no ha pedido una extensión de esa figura.

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Pero el miércoles 8 de abril, el abogado David Mateo López Banegas ya había ingresado al Municipio de Guayaquil un pedido de remoción del cargo contra Aquiles Álvarez, exponiendo también que la licencia sin sueldo del funcionario expiró el 26 de marzo.

López señaló en el documento que al no existir pedidos de vacaciones o de extensión de la licencia sin sueldo, se configuró una situación de abandono que amerita un control inmediato.

López es militantes del movimiento RETO, que es presidido actualmente por el asambleísta Raúl Chávez y por la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel.

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Los denunciantes señalaron que la causal para la remoción del cargo de Aquiles Álvarez está fundamentada en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La norma estipula como causal de remoción del ejecutivo "ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada".

Remoción de Aquiles Álvarez: ¿cómo avanza el proceso?

Tras la denuncia de López, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada, en memorando SMG-AAA-2026-3976, notificó a Tatiana Coronel sobre la recepción de la solicitud en la que se pide determinar la causal de la remoción.

En el documento, el secretario del Concejo señaló que el expediente ya fue enviado a Magno Marriott Barreto, secretario de la Comisión de Mesa. Dicha dependencia cuenta con un plazo máximo de cinco días para revisar y pronunciarse sobre la solicitud.

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Si el trámite es aceptado, se notificará a las partes y se abrirá una fase obligatoria de diez días para la presentación de pruebas, en la que la defensa técnica de Álvarez o la parte denunciante —ya sea de forma directa o mediante un representante legal— deberán sustentar o refutar la supuesta inasistencia.

Luego, la comisión elaborará un informe en un lapso adicional de cinco días, que será remitido al pleno del Concejo Cantonal, instancia que tiene la facultad exclusiva de decidir la destitución del alcalde con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa Azín visitó la provincia de Santa Elena el viernes 10 de abril de 2025. 
  
• Dennis Córdova fue electo alcalde de Salina, por el partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), en 2023.
• Como parte de la agenda, el Gobierno entregó trabajos viales en el cantón Salinas, específicamente en las parroquias José Luis Tamayo y Vicente Rocafuerte, donde se intervienen cerca de ocho kilómetros de vías.

En Santa Elena, el Gobierno nacional anunció una inversión de $ 53 millones. El presidente Daniel Noboa Azín lo confirmó durante su visita a la provincia, este viernes 10 de abril de 2026.

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Inversión y obras viales en Salinas

El primer mandatario participó en la entrega de obras viales en las parroquias José Luis Tamayo y Vicente Rocafuerte, del cantón Salinas. La intervención abarca cerca de ocho kilómetros de vías en distintos sectores de ambas jurisdicciones.

En la parroquia José Luis Tamayo, los trabajos se ejecutaron en 4,36 kilómetros de vías que atraviesan los barrios 9 de Octubre, Centenario y 6 de Junio. Esta obra beneficia a 39.942 habitantes.

En la parroquia Vicente Rocafuerte, las labores se concentran en la ciudadela Hipódromo Costa Azul, donde se intervienen 3,82 kilómetros de vías. El avance alcanza el 90 % y beneficia directamente a 41.687 habitantes, según la Presidencia.

El proyecto de pavimentación asfáltica y obras complementarias en ambas parroquias se ejecutó con una inversión de $ 3,2 millones. El financiamiento fue canalizado a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE).

En Salinas, según Noboa, se han destinado más de $ 20 millones para obras viales, alcantarillado y regeneración urbana. En toda la provincia de Santa Elena, la inversión total asciende a $ 53 millones.

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Anuncios sociales y mensajes políticos

El presidente señaló que estas intervenciones se ejecutan “pensando en su futuro y en brindarles una vida digna”. Además, anunció que ha entregado más de 9.000 becas para jóvenes y cerca de $ 10 millones en créditos para emprendedores.

“Jamás los olvidaremos; trabajaremos todos los días para que tengan una mejor calidad de vida”, afirmó Noboa.

Por su parte, Carlos Rivera, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, exhortó al mandatario a continuar su gestión y aseguró que “ni las mafias, ni los GDO, ni los políticos corruptos podrán detener esta marcha hacia un nuevo Ecuador”.

Dennis Córdova, alcalde del cantón Salinas, aseguró al mandatario que esta no será su última visita, pues existen varios proyectos en camino.

El burgomaestre anunció la próxima inauguración del Palacio Municipal, el nuevo malecón, obras viales en Muey y un reservorio de agua potable, este último financiado por la CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Lo que debes saber

• CIDH procesa denuncia de Gonzalo Albán contra Ecuador por destitución ilegal en la Asamblea.
• Estado tiene tres meses para justificar el juicio político y presuntas violaciones a derechos.
• Albán alega que fue destituido en 2025 pese a que el TCE validó su aptitud para el cargo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite la denuncia presentada por el exconsejero Gonzalo Albán, quien fue separado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2025. Ante este organismo internacional, el Gobierno deberá justificar las motivaciones y la legalidad del juicio político ejecutado por la Asamblea Nacional.

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Los plazos de la CIDH para el Estado ecuatoriano

Según la notificación oficial emitida este 10 de abril de 2026, el Gobierno de Ecuador dispone de un plazo de tres meses para presentar sus observaciones. Este periodo es prorrogable hasta un máximo de cuatro meses si el caso lo amerita. Una vez cumplido el plazo, la Comisión iniciará un examen de admisibilidad para decidir sobre el fondo de la denuncia por presunta violación de derechos.

Las razones de la demanda de Gonzalo Albán

El exfuncionario fundamenta su reclamo en la supuesta violación de los artículos 8, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Albán sostiene que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya había ratificado que no poseía afiliación política al postularse; sin embargo, el Legislativo lo juzgó por esos mismos hechos.

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Argumentos clave del caso:

Lo que debes saber

• Susana González anuncia retorno político en Guayas con miras a las seccionales de noviembre de 2026.
  
  
• Exprefecta del Guayas prioriza diálogo con sector productivo antes de definir partido político.
  
  
• Regreso ocurre tras renuncias en Prefectura y revive debate por dragado del río Guayas.

Susana González, exprefecta del Guayas, perfila su regreso al escenario electoral con miras a las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Tras la renuncia de Marcela Aguiñaga, González difundió un video en redes sociales con el mensaje “Volvemos”, y en declaraciones a Diario EXPRESO señaló que su prioridad es escuchar al sector productivo antes de definir con qué partido se presentará.

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“Primero la provincia, luego el partido. Por ahora no puedo anticipar esa información. En este momento estoy enfocada en escuchar las preocupaciones del sector productivo de nuestra provincia: agricultores, ganaderos y asociaciones del ámbito agropecuario”, señaló González.

La exautoridad sostuvo que el Guayas necesita “recuperar el tiempo perdido en estos últimos tres años”, tras lo que considera una interrupción del progreso alcanzado durante su gestión de dos años y medio. 

Su discurso apunta a la reactivación productiva y a la recuperación de proyectos emblemáticos, en un escenario político marcado por la salida de Marcela Aguiñaga de la Prefectura y la renuncia de Carlos Serrano a la Viceprefectura.

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¿Quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas tras las renuncias de Aguiñaga y Serrano?

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Fricciones con la actual administración

El retorno de González al escenario provincial ocurre casi un año después de las disputas administrativas y públicas por la terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas. 

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En mayo de 2025, la administración de Aguiñaga dio por finalizada la obra —adjudicada en la gestión de González al consorcio Dragando por Guayas— al señalar incumplimientos técnicos y la acumulación de multas que superaban los 2,3 millones de dólares.

Luego de la suspensión del proyecto, González calificó la salida de la contratista como una “función barata” y defendió las acciones de mitigación de inundaciones realizadas durante su periodo. 

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó el contexto en el que se producen ambas decisiones. En sus publicaciones, sugiere que las salidas no respondan únicamente a decisiones personales, sino que habrían sido provocadas por presiones externas.

Ecuador

La prefecta Marcela Aguiñaga anuncia nueva carretera en Playas con controversial video

Freddy Josue Andrade Andrade

Rafael Correa critica lo que ocurre en la Prefectura del Guayas

Correa afirmó que tanto Aguiñaga como Serrano habrían sido obligados a dejar sus funciones, en medio de un escenario político que, según su criterio, afecta la estabilidad institucional en la provincia del Guayas.

"Amenazaron con persecución a Marcela Aguiñaga y a Carlos Serrano. Si renunciaba solo Marcela, asumía Carlos, y Noboa quiere apoderarse de la Prefectura", dijo Correa en su cuenta de X. 

En sus mensajes, el exjefe de Estado también expresó críticas hacia el manejo de la coyuntura política, insinuando que existirían intereses detrás de estos cambios en la administración provincial. Aunque no detalló responsables específicos, dejó entrever que se trataría de una estrategia que trasciende lo administrativo.

"Lo peor es que están equivocados: creen que con sus renuncias pararán la persecución. Noboa es un enfermo, y los seguirá persiguiendo. Se consolida la dictadura", escribió el exmandatario en su red social. 

Las declaraciones han generado reacciones en el ámbito político, en un momento en el que la Prefectura del Guayas enfrenta un proceso de transición que no estaba previsto en el calendario regular.

Prefectura del Guayas sin autoridades electas

La prefecta Marcela Aguiñaga anunció días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, argumentando motivos personales y descartando su participación en un proceso de reelección.

Su salida abriría la puerta para que el viceprefecto Carlos Serrano asumiera la titularidad de la Prefectura, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Política

¿Quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas tras las renuncias de Aguiñaga y Serrano?

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Sin embargo, este escenario cambió la mañana de este viernes 10 de abril, cuando Serrano presentó su renuncia al cargo, generando nuevos interrogantes sobre la continuidad administrativa en la provincia.

La renuncia simultánea —aunque en distintos momentos— de las principales autoridades de la Prefectura del Guayas ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la institución y la ejecución de proyectos en curso.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los pasos a seguir tras la salida de ambas autoridades, ni quién asumirá la conducción del organismo provincial en el corto plazo.

Lo que debes saber

• La renuncia de Marcela Aguiñaga y la salida del viceprefecto Carlos Serrano abren un escenario inédito en la Prefectura del Guayas.
• Aunque no habrá elecciones, el COOTAD define que, al faltar menos de un año para terminar el período, será el Consejo Provincial el que elija a la nueva autoridad.
• Antes de su salida, Aguiñaga deberá enviar una terna para designar al nuevo viceprefecto, quien asumirá el mando de la Prefectura del Guayas desde el 14 de mayo.

La incertidumbre sobre quién asumirá la conducción de la Prefectura del Guayas se abre tras las renuncias de la prefecta Marcela Aguiñaga y el viceprefecto Carlos Serrano. El escenario no activa una nueva elección popular, sino un mecanismo interno previsto en la normativa vigente.

El lunes 6 de abril, Marcela Aguiñaga anunció en un video que el próximo 14 de mayo renunciará al cargo por motivos personales y que no se presentará para la reelección en los comicios de noviembre del 2026.

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Ante la salida de Aguiñaga, estaba previsto que el viceprefecto Carlos Serrano asuma el mando del Consejo Provincial del Guayas. Sin embargo, este viernes 10 de abril, el funcionario también renunció a su cargo.

Con ello queda la incertidumbre sobre quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas a partir del 14 de mayo, en que se formalice la renuncia de Aguiñaga.

¿Quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas?

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que, ante la ausencia definitiva del prefecto, el viceprefecto asume el cargo. Sin embargo, hay dos escenarios en caso de que ambos funcionarios dejen sus cargos.

Política

Quién es Carlos Serrano y por qué renunció a la Viceprefectura del Guayas

Valeria Alvear

Artículo 336 del Cootad

"En caso de remoción o ausencia definitiva de la prefecta o prefecto y la viceprefecta o viceprefecto, el órgano legislativo del Gobierno Autónomo provincial emitirá la resolución correspondiente y notificará con su contenido al Consejo Nacional Electoral para que dentro del plazo máximo de treinta días convoque a un nuevo proceso para la elección de las nuevas autoridades, por el tiempo que falte para completar el período de las autoridades removidas o ausentes".

En el caso que falte un año o menos para la terminación del período, como ocurre actualmente en Guayas, "será el propio consejo provincial el que designará de entre sus miembros a la autoridad reemplazante".

En ese contexto, el Consejo Provincial del Guayas —integrado por los alcaldes de los cantones y representantes de las juntas parroquiales rurales— es el encargado de tomar una decisión para llenar la vacante.

Ecuador

La prefecta Marcela Aguiñaga anuncia nueva carretera en Playas con controversial video

Freddy Josue Andrade Andrade

Se prevé que el próximo jueves 16 de abril se desarrolle la sesión del Consejo Provincial del Guayas. En esa reunión se conocerá la renuncia de Serrano.

Sin embargo, según expertos, al mantenerse Aguiñaga en el cargo al realizarse dicha sesión, se elegirá al nuevo viceprefecto de una terna que envíe la funcionaria, quien asumirá el mando de la Prefectura el 14 de mayo.

Luego, el nuevo prefecto presentará una terna al Consejo Provincial, que en sesión elegirá a la viceprefecta.

Lo que debes saber

• CAL negó curul a Priscila Schettini el 9 de abril en Quito por dictamen vinculante de Procuraduría.
  
  
• Annie Muñoz ratificada como asambleísta principal tras resolución del CAL que aplica seguridad jurídica.
  
  
• Disputa legislativa: Procuraduría determinó que suplentes principalizados ejercen hasta fin del período.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió negar la solicitud presentada por Priscila Schettini Castillo para habilitar su curul como asambleísta nacional. 

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La decisión se fundamenta en el dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado, emitido el 6 de abril de 2026, que establece que una vez principalizado de manera definitiva un suplente, este asume la titularidad del cargo hasta el final del período legislativo.

El pronunciamiento de la Procuraduría, de carácter obligatorio para las entidades públicas, precisó que los suplentes principalizados ejercen plenamente los derechos y deberes de los legisladores titulares, sin posibilidad de reversión. En ese sentido, el CAL ratificó la principalización de Annie Christina Muñoz Aroca como asambleísta nacional.

Política

Priscila Schettini denuncia nuevas trabas para volver a la Asamblea Nacional

Marco Rivera

La resolución dispone que la Secretaría General de la Asamblea notifique tanto a Schettini como a Muñoz. Con ello, se cierra la vía para que Schettini pueda ocupar la curul, en aplicación del principio de seguridad jurídica y uniformidad en la interpretación normativa.

Schettini sostuvo que ya cumplió su sanción

Schettini, electa asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC), supo de la consulta el 9 de marzo, luego de solicitar al Legislativo información sobre la fecha de su reincorporación a la curul.

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Durante su ausencia, el puesto fue ocupado por el asambleísta alterno Santiago Díaz Asque, quien actualmente enfrenta un proceso por presunta violación sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con Schettini, la sanción de suspensión impuesta por el TCE —derivada de una denuncia por violencia política de género presentada por la exfiscal Diana Salazar— se cumplió el 10 de febrero, por lo que ha solicitado retomar sus funciones en la Asamblea.

Lo que debes saber 

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas alegando nuevos desafíos políticos
  
• Su salida ocurre pese a que debía asumir la Prefectura tras la renuncia de Marcela Aguiñaga
  
• La decisión reconfigura el escenario político y abre incertidumbre sobre la sucesión

La mañana de este 10 de abril de 2026, Carlos Serrano presentó su renuncia a la Viceprefectura del Guayas, argumentando que busca asumir “nuevos desafíos políticos”. Su salida ocurre en medio de un escenario marcado por cambios en la administración provincial.

En una carta dirigida a la prefecta Marcela Aguiñaga, el ahora exviceprefecto explicó que su decisión responde a una reflexión personal y política. En el documento, sostuvo que se retira con la convicción de haber aportado al desarrollo de la provincia, tras un trabajo enfocado —según indicó— en el territorio, el fortalecimiento institucional y el trabajo en equipo.

La dimisión se produce pese a que Serrano estaba llamado a asumir la Prefectura una vez que Aguiñaga concretara su renuncia, prevista para el 14 de mayo de 2026, lo que añade un nuevo matiz al panorama político del Guayas.

Política

Carlos Serrano renuncia a la Viceprefectura del Guayas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Trayectoria política y perfil público

Carlos Guillermo Serrano Bonilla, de 49 años, llegó a la Viceprefectura como parte del binomio de Aguiñaga por la Revolución Ciudadana (RC). En sus redes sociales se define como empresario, político, deportista y católico.

Su carrera en el sector público incluye dos periodos como concejal del cantón Samborondón, entre 2009 y 2019, etapa en la que impulsó iniciativas relacionadas con el desarrollo agrícola y ganadero.

En paralelo, ha mantenido actividad en el sector privado, principalmente en áreas vinculadas a la construcción y el comercio. Además, ha participado en acciones de voluntariado, según información difundida por la Prefectura del Guayas.

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Formación, patrimonio y actividad empresarial

En el ámbito académico, Serrano registra en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) un título de Tecnólogo Superior Universitario en Administración, obtenido en el Instituto Blue Hill College, con sede en Guayaquil.

De acuerdo con su última declaración ante la Contraloría General del Estado, su patrimonio supera los $350.000.

Asimismo, consta como gerente de la empresa DERILSA S. A., dedicada a actividades agrícolas, agropecuarias, ganaderas y avícolas. A lo largo de su trayectoria empresarial, también ha ocupado cargos directivos en compañías relacionadas con la comercialización de inmuebles, electrodomésticos y productos del sector agrícola.

Política

Salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el mapa político en Guayas

Valeria Alvear

Lo que debes saber

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas, según fuentes, en medio de cambios políticos.
• La salida ocurre antes del 14 de mayo, cuando Marcela Aguiñaga dejará la Prefectura por motivos familiares.
• Guayas entra en transición política rumbo a elecciones seccionales 2026 tras renuncia de Serrano.

El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, presentó su renuncia al cargo, según se confirmaron fuentes a EXPRESO, en un movimiento que reconfigura el escenario político en la provincia.

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Aunque no se han detallado públicamente las razones de su dimisión, la salida de Serrano se produce en un contexto de creciente dinámica política en Guayas, una de las provincias con mayor peso electoral del país. 

La dimisión ocurre semanas antes del 14 de mayo, fecha en la que la prefecta Marcela Aguiñaga anunció que dejaría sus funciones por motivos familiares. Este contexto sitúa la salida de Serrano dentro de un proceso más amplio de transición en la Prefectura del Guayas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga renuncia: claves políticas de su salida en la Prefectura del Guayas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los retos de la Prefectura

Serrano había cumplido funciones como segundo al mando en la administración. A sus 49 años, Serrano tiene trayectoria en los sectores público y privado. Se desempeñó como concejal de Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), en representación de las zonas rurales.

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Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales

El doble movimiento -la renuncia del viceprefecto y la salida anunciada de Aguiñaga— ocurre en un momento en que el país está a la espera de la seccionales 2026. 

Las claves del caso

• El Gobierno de Ecuador considera que Colombia no ha implementado medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza
• Desde el 1 de mayo entrará en vigencia el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones pasando del 50% al 100%
  

La decisión del Gobierno ecuatoriano de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia sigue provocando reacciones en el ámbito político.

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Esta vez, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su rechazo a la medida, calificándola como “absurda” y advirtiendo posibles efectos negativos en la economía y las relaciones bilaterales.

Política

Relación Ecuador-Colombia: los tres temas clave que quedan suspendidos

Sara Ortiz

El Ministerio de la Producción anunció el 9 de abril de 2026 que, ante la falta de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza, Ecuador adoptará medidas soberanas.

Entre ellas, el incremento de la tasa de seguridad del 50% al 100%, que entrará en vigencia desde el 1 de mayo. Según la entidad, la decisión responde a criterios de seguridad nacional y busca reforzar la lucha conjunta contra el narcotráfico en la frontera común.

Consecuencias reales de la medida

Sin embargo, Pabón cuestionó el enfoque del Ejecutivo y pidió reflexionar sobre las consecuencias reales de la disposición. “El desarrollo, la unidad y la integración regional no se construyen con decisiones abruptas”, escribió en su cuenta de X este 10 de abril, enfatizando la necesidad de priorizar el diálogo, la planificación y los acuerdos entre ambos países.

La prefecta también planteó interrogantes sobre el impacto económico de la medida: “¿A quién beneficia realmente esta decisión? ¿Estamos fortaleciendo nuestra economía o debilitando su competitividad?”, cuestionó, al tiempo que alertó sobre posibles afectaciones a la producción nacional y al empleo.

Tensiones van en escalada

Las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia se han intensificado en los últimos meses. En febrero, ambas naciones se impusieron aranceles mutuos del 30%, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa señalara deficiencias en la gestión de seguridad por parte de Bogotá en los más de 600 kilómetros de frontera compartida. 

Posteriormente, Ecuador elevó la tasa al 50%, en una medida que ya había generado preocupación en sectores comerciales y poblaciones fronterizas.

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Alza de aranceles al 100 % en Ecuador: Expertos prevén escasez y ruptura con la CAN

Sara Ortiz

Para Pabón, el camino no debería ser la confrontación. “Ecuador necesita certezas, empleo y producción, no más conflictos políticos con países hermanos como Colombia”, concluyó, apelando a los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones más allá de sus diferencias actuales.

Lo que debes saber

• Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de Celec ante la justicia de EE. UU. por caso Progen.
• Legisladores denuncian que informes de fiscalización sobre Progen de 2025 siguen sin tratarse en el Pleno.
• Oposición señala a ministros del Gobierno como responsables de irregularidades en proyectos eléctricos.

La intención de la subcontratista Astrobryxa de declarar confidencial la información sobre la demanda de Celec en EE. UU. genera alarmas en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo asegura que su labor de fiscalización terminó, la oposición denuncia bloqueos y opacidad en un proceso que involucra recursos públicos y presuntas irregularidades de ministros.

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Caso Progen: Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de CELEC en Estados Unidos

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El silencio de la Comisión de Transparencia ante la confidencialidad

EXPRESO intentó contactar a los integrantes de la Comisión de Transparencia, mesa que fiscalizó el caso Progen en 2025, para obtener comentarios sobre posibles acciones. Sin embargo, solo tres de los diez legisladores respondieron a los requerimientos enviados por mensajes y correos.

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Desde la bancada oficialista de ADN, el asambleísta Jorge Chamba sostiene que el Legislativo ya cumplió con su responsabilidad a través del proceso de fiscalización previo. “Nosotros como miembros de la comisión ya nos pronunciamos sobre este tema. Será la justicia que debería actuar en función de los procesos en marcha”, afirmó.

Informes de fiscalización: Entre mayorías y responsabilidades políticas

En contraste, la legisladora Germania Romero, del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la legitimidad de las actuaciones anteriores: “no se puede llamar fiscalización a un proceso que, ADN y principalmente la presidenta de la comisión Diana Jácome ha llevado de manera oculta del pueblo ecuatoriano”.

Respecto a la opacidad de la demanda de Celec en el exterior y el reciente pedido de confidencialidad de Astrobryxa, Romero considera que el tema debe ser de interés para la comisión. No obstante, advierte que cualquier iniciativa legislativa sería bloqueada inmediatamente por el oficialismo.

Justicia

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Por su parte, los asambleístas Blasco Luna y Guido Andrés Mendoza recordaron que el informe de fiscalización aprobado en diciembre de 2025, junto con su respectivo informe de minoría, aún no ha sido conocido por el Pleno de la Asamblea.

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El informe de mayoría, impulsado por el oficialismo, incorporó exámenes especiales de la Contraloría e investigaciones de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, no determinó responsabilidades políticas en la fallida contratación de Progen.

En contraposición, el informe de minoría detalló presuntas irregularidades cometidas por autoridades del Gobierno Nacional en el proceso de contratación para proyectos de generación eléctrica. A diferencia de la tesis oficialista, este documento señaló como posibles responsables políticos a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Antonio Goncalves, exministro de Energía; e Inés Manzano, actual ministra de Ambiente y Energía.

La justicia de EE. UU. como única fuente de claridad

Para Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), el desinterés del oficialismo profundiza la opacidad que ha rodeado al caso desde sus inicios. Sobre la posible reserva de la demanda en EE. UU., Ramírez sostiene que es imperativo que Ecuador, a través del Ejecutivo o la Asamblea Nacional, exija transparencia para permitir el ejercicio de la contraloría social.

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Finalmente, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que la ciudadanía está obteniendo más información a través de la justicia estadounidense que de las propias autoridades locales. “Quizá por ello algunos están buscando que esto sea confidencial. Es un tema nacional y que involucrar recursos públicos. Aunque esto está en otra jurisdicción, muy bien el gobierno puede argumentar que esto se maneje de forma totalmente transparente”, concluyó.

Lo que deberías saber

• La decisión de Daniel Noboa de extender el feriado del 1 de mayo busca reducir presión social y contener marchas sindicales en varias ciudades, según expertos.
• Medidas del Gobierno responden a objetivos políticos, electorales y fiscales: analistas advierten contradicciones y riesgo de incertidumbre.
• El IVA en alimentos será uno de los reclamos en la marcha del Día del Trabajador.

El presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones antipopulares como aplicar el IVA a ciertos productos alimenticios, una medida que generó molestias por un posible impacto en la canasta básica. Sin embargo, como respuesta, hizo anuncios que generaron simpatía al extender el feriado del 1 de mayo y ampliar el plazo para entregar la compensación a los transportistas por el alza del diésel.

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Han sido medidas con las dos caras de la moneda: populares e impopulares. Parecerían contradictorias o que buscarían paliar las críticas, pero más bien, según expertos, responden a tres objetivos: político, electoral y fiscal.

Compensaciones y feriado contra protestas

El analista político, Matías Abad, dice que las decisiones recientes del Gobierno son reactivas y apuntan a evitar posibles manifestaciones de sectores sociales. 

“Responden a una administración de las tensiones, más que por una estrategia económica coherente. Por un lado, vemos que extiende las compensaciones, feriado, disminución del IVA al sector turístico que, se entienden, buscan contener ciertos conflictos inmediatos, diluir las posibles marchas y salida a las calles por el 1 de mayo. En general, tratan de reducir la presión social y pretenden evitar la apertura de nuevos frentes de conflicto. Por otro lado, hace ajustes del IVA y aumenta los aranceles con Colombia, lo que podría generar especulación o trasladar el costo al consumidor final. Son medidas reactivas desde lo político porque no hay una línea económica clara”.

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Preocupación por las elecciones

Según Gabriela Guerrero, politóloga y máster en comunicación política, el objetivo de esas medidas tiene, además, un matiz electoral. “Intenta desactivar las amenazas de paralizaciones por parte de gremios. Al Gobierno le interesa hacerlo porque estamos entrando a elecciones y no le conviene manifestaciones ni alzas de precios”. 

También observa que, en el caso de las decisiones frente a Colombia, existe una respuesta alineada a su socio: Estados Unidos. “Tiene que ver con las elecciones futuras que habrá allá. Si bien Ecuador no es un país trascendental en torno a esas votaciones, sí es un aliado estratégico de Estados Unidos y podría ser un mecanismo de presión hacia el otro lado. Podría ser una estrategia conjunta de los gobiernos aliados de los EE. UU.”, opina.

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Cuidar la imagen fiscal

El consultor político Rafael Silva sostiene que otro de los objetivos sería proyectar una buena imagen para obtener mejores condiciones en el mercado internacional. 

“Mantener la capacidad de pago, mostrarse cooperante al implementar el IVA, mientras que, las medidas en un contexto doméstico, responden a un tema estratégico, es una especie de bálsamo para controlar la inconformidad y cubrir así las acciones impopulares”, acota.

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¿Las decisiones de Noboa funcionarán?

No obstante, considera que el Gobierno tendría que ajustar el argumento para sostenerlas. Silva recuerda que el incremento del IVA, del 12 al 15 % obtuvo cierto respaldo porque se lo justificó como una decisión para brindar mayor seguridad en el 2024. “Ahora esta narrativa está desgastada”, indica.

Guerrero coincide: “Ecuador ha sido un país que ha vivido de medidas públicas populistas. Podrán durar si están justificadas y si el Gobierno logra comunicar bien esa política. Le tendrá que durar para estas elecciones y hasta que resistan los gremios”, menciona.

Abad, por su parte, ve un riesgo en estas decisiones. “En ese afán de estabilizar a corto plazo, más bien empieza a incrementar la incertidumbre y eso genera mensajes contradictorios a los mercados internacionales y de financiamiento”.

Manifestaciones se organizan, pese a feriado

La decisión de ampliar el plazo del feriado por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, no alteró la organización de las marchas convocadas por las centrales sindicales del país. 

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, ratificó que las movilizaciones se realizarán en las distintas ciudades el 1 de mayo. 

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“No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemora la lucha por las 8 horas de trabajo”, expresó. Otras organizaciones, como la UNE, confirmaron que se sumarán a esta marcha para rechazar el cobro del IVA en ciertos alimentos, el ajuste de la jornada laboral, así como la aprobación de las leyes Minera y la reforma al Cootad, que han sido cuestionadas.

Contexto

Las medidas coinciden en un escenario político que mezcla la organización de las elecciones y distintos procesos contra autoridades locales.

Lo que debe saber

• Ante la ola de especulaciones que vinculaban su salida con posibles investigaciones de la Fiscalía, Marcela Aguiñaga optó por una respuesta visual: una foto con su esposo hospitalizado.

Marcela Aguiñaga sacudió el panorama político de Ecuador al presentar su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas. Tras semanas de rumores sobre las razones de su salida, la funcionaria eligió sus redes sociales para enviar un mensaje que muestra el cuidado de su familia como la razón para abandonar la vida pública.

Una fotografía para enfrentar las especulaciones

Ante las teorías que vinculan su salida con investigaciones judiciales, Aguiñaga difundió una imagen a través de su cuenta de Instagram para ratificar su postura. En la fotografía aparece su mano junto a la de su esposo, Mauricio Guim, quien lleva un brazalete de identificación hospitalaria. Con este registro visual, la líder política busca demostrar que su retiro responde a una crisis médica de su pareja y no a un intento de evasión frente a las presiones del Gobierno Central o la Fiscalía General del Estado.

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El debate sobre posibles procesos legales

A pesar del mensaje emotivo, sectores de oposición y analistas locales mantienen dudas sobre el momento exacto de la dimisión. Los detractores de su administración, que incluyen a Rafael Correa, señalan que la salida podría ser una maniobra estratégica para enfrentar futuros procesos de fiscalización sin la exposición mediática que conlleva el cargo. 

Aunque todavía no existe una notificación de instrucción fiscal que relacione su renuncia con una causa penal específica, el clima de tensión en Guayaquil persiste debido a las auditorías que organismos de control realizaron a su gestión en meses pasados.

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Transición de mando en la provincia

La salida de la funcionaria activa de inmediato los mecanismos de sucesión previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Mientras la provincia cambia de mando, el debate en plataformas digitales permanece dividido entre la solidaridad por la situación de salud de Guim y la exigencia de transparencia sobre los motivos políticos de este paso al costado.

Lo que debe saber

• Denuncia: GRANASA alerta sobre una estrategia jurídica y política, operada a través de la Fiscalía y un liquidador, para transferir el 40 % de sus acciones al Estado sin que exista una notificación legal a los involucrados.

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre un posible intento del Gobierno Nacional para adueñarse del 40 % de las acciones de la empresa. La advertencia surge tras la difusión en redes sociales de una supuesta denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, ante la Fiscalía General del Estado.

La compañía calificó este hecho como un "nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento" que busca "doblegar la línea editorial" de sus medios de comunicación. Hasta el momento, ninguno de los directivos mencionados en la publicación digital recibió una notificación formal por parte de las autoridades judiciales.

Antecedentes de intervención y presión estatal

Esta nueva alerta se suma a la compleja situación legal que atraviesa la empresa, la cual permanece bajo intervención de la Superintendencia de Compañías. Según los directivos, las presiones políticas no son recientes, pues anteriormente enfrentaron "falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos", además de lo que califican como una "ilegal intervención" administrativa.

El entorno de conflicto escaló tras la filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). El ente recaudador difundió datos sobre una presunta defraudación tributaria, acción que la defensa de la empresa interpreta como parte de una estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica.

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El rol de la empresa Veranera

La supuesta denuncia que originó la alerta proviene del liquidador de la empresa Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio. Según el comunicado de GRANASA, esta acción legal pretende vincular a los directivos en una trama judicial que facilite el traspaso de las acciones al control del Estado, utilizando la estructura de la Fiscalía General como herramienta de presión.

La empresa sostiene que estos mecanismos legales carecen de sustento técnico y responden exclusivamente a intereses políticos. "No han logrado" quebrar la postura informativa de la compañía pese al uso de las instituciones de control, señala el documento emitido por la entidad.

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Defensa de la libertad editorial

GRANASA enfatizó que mantendrá su postura frente a lo que considera un atropello a la propiedad privada y a la libertad de prensa en Ecuador. La compañía hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen el proceso, al considerar que la independencia de sus medios está en riesgo ante la pretensión estatal de tomar el control accionario.

Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana inicia reestructuración nacional el 10 de abril para renovar directivas rumbo a 2026.
  
  
• RC designa responsables provinciales y del exterior para ejecutar asambleas y conferencias ideológicas.
  
  
• Proceso interno durará un mes y busca reorganizar estructura política en todo el país.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) puso en marcha un proceso de reestructuración interna a escala nacional, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la Convención Nacional 2026. La decisión fue comunicada a la militancia mediante un documento fechado el viernes 10 de abril de 2026.

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Según el comunicado, la reestructuración se regirá por el Reglamento de Reestructuración Nacional aprobado por el Buró Nacional el pasado 7 de abril y será ejecutada por los burós políticos provinciales en todo el territorio ecuatoriano, así como en las circunscripciones del exterior.

El proceso tendrá una duración de un mes y concluirá con la elección de nuevas directivas provinciales, que asumirán la conducción política del movimiento en cada jurisdicción.

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Conferencias ideológicas y asambleas territoriales

Como parte de esta etapa, Revolución Ciudadana dará inicio a un ciclo de conferencias ideológicas, basado en seis ejes definidos en la Convención Nacional. Estos lineamientos orientarán el debate interno en asambleas cantonales y provinciales, que estarán a cargo de los burós políticos provinciales.

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La conducción del proceso recaerá en los directores responsables de la reestructuración interna, junto con un delegado nacional, con el objetivo de garantizar la participación de la militancia y la construcción de consensos. 

Según el documento, el objetivo es elaborar planes de acción política territorial a nivel cantonal y provincial, además de conformar nuevas directivas con legitimidad interna.

Responsables por provincias

El comunicado detalla a los responsables designados para liderar el proceso de reestructuración en cada provincia. 

A ellos se suman Noemí Cabrera en El Oro; Sandra Ocampo en Santo Domingo; Omar Mosquera en Carchi; Paul Trujillo en Imbabura; Christian González en Pichincha; Ramiro Vela en Cotopaxi; Óscar Paredes en Tungurahua; Nelson Granizo en Chimborazo; Mireya Pazmiño en Bolívar; Andrés Lara en Cañar; Roque Ordóñez en Azuay; Verónica Íñiguez en Loja; Comps Córdova en Sucumbíos; Nadia Zurita en Napo; Milton Tapia en Orellana; Cristian Pacheco en Morona Santiago; y Leonardo Maldonado en Zamora Chinchipe.

Circunscripciones del exterior

La reestructuración también alcanza a las circunscripciones internacionales del movimiento. Para Europa, Asia y Oceanía fue designada Narciza Soria; para Estados Unidos y Canadá, Jorge Miranda; y para América Latina y el Caribe, Eliana Correa.

En la parte final del comunicado, Revolución Ciudadana señala que el proceso busca fortalecer la organización interna y reafirma su planteamiento político más allá del calendario electoral. 

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano llegaron juntos a la Prefectura del Guayas, tras ganar las elecciones en 2023, con el apoyo de la Revolución Ciudadana. 
• Marcela Aguiñaga anunciaron sus renuncias a sus cargos. Aguiñaga indicó que por motivos familiares y Serrano tendría otros proyectos políticos. 
  
• Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el futuro de la institución y quiénes quedarán al frente de la prefectura del Guayas desde el 15 de mayo. 

Este viernes 10 de abril se confirma un nuevo movimiento en la Prefectura del Guayas. Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto, anunció su renuncia al cargo, generando nuevas reacciones en medio de un escenario político marcado por cambios anticipados.

Horas después de conocerse la decisión, el propio Serrano hizo pública su dimisión a través de su cuenta en la red social X , donde expuso los motivos de su salida. En su mensaje, el funcionario oficializó su decisión de apartarse de la Prefectura, en un contexto en el que ya se preveían ajustes en la estructura institucional.

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"¡Guayas, mi respeto y gratitud! Ustedes ya me conocen… nos volveremos a ver", dijo Serrano en su cuenta de X.

La reacción no se hizo esperar. La prefecta Marcela Aguiñaga también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la renuncia de quien era su segundo al mando. 

En un mensaje cargado de tono personal, la autoridad provincial expresó su postura frente a la decisión de Serrano, dejando ver una mezcla de reconocimiento y reflexión sobre el momento que atraviesa la institución.

Dudas e incertidumbre en la Prefectura del Guayas

Aunque no se han detallado públicamente todos los factores detrás de la renuncia, el hecho se produce en un momento clave para la Prefectura del Guayas. Cabe recordar que Aguiñaga ya había anunciado días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, tras comunicar su decisión de no continuar en funciones.

Este doble movimiento, la salida anticipada de la prefecta y la renuncia del viceprefecto, ha intensificado la percepción de inestabilidad en la administración provincial, generando interrogantes sobre la continuidad de proyectos y la transición de mando.

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Por ahora, no se han anunciado oficialmente los pasos a seguir dentro de la estructura de la Prefectura, ni quién asumirá las funciones que quedarán vacantes tras estas decisiones.

La situación mantiene la atención de la ciudadanía y del ámbito político, en un contexto donde la estabilidad institucional resulta clave para la ejecución de obras y programas en la provincia del Guayas.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó el contexto en el que se producen ambas decisiones. En sus publicaciones, sugiere que las salidas no respondan únicamente a decisiones personales, sino que habrían sido provocadas por presiones externas.

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Rafael Correa critica lo que ocurre en la Prefectura del Guayas

Correa afirmó que tanto Aguiñaga como Serrano habrían sido obligados a dejar sus funciones, en medio de un escenario político que, según su criterio, afecta la estabilidad institucional en la provincia del Guayas.

"Amenazaron con persecución a Marcela Aguiñaga y a Carlos Serrano. Si renunciaba solo Marcela, asumía Carlos, y Noboa quiere apoderarse de la Prefectura", dijo Correa en su cuenta de X. 

En sus mensajes, el exjefe de Estado también expresó críticas hacia el manejo de la coyuntura política, insinuando que existirían intereses detrás de estos cambios en la administración provincial. Aunque no detalló responsables específicos, dejó entrever que se trataría de una estrategia que trasciende lo administrativo.

"Lo peor es que están equivocados: creen que con sus renuncias pararán la persecución. Noboa es un enfermo, y los seguirá persiguiendo. Se consolida la dictadura", escribió el exmandatario en su red social. 

Las declaraciones han generado reacciones en el ámbito político, en un momento en el que la Prefectura del Guayas enfrenta un proceso de transición que no estaba previsto en el calendario regular.

Prefectura del Guayas sin autoridades electas

La prefecta Marcela Aguiñaga anunció días atrás que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, argumentando motivos personales y descartando su participación en un proceso de reelección.

Su salida abriría la puerta para que el viceprefecto Carlos Serrano asumiera la titularidad de la Prefectura, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

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Edison Andrés García Yépez

Sin embargo, este escenario cambió la mañana de este viernes 10 de abril, cuando Serrano presentó su renuncia al cargo, generando nuevos interrogantes sobre la continuidad administrativa en la provincia.

La renuncia simultánea —aunque en distintos momentos— de las principales autoridades de la Prefectura del Guayas ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la institución y la ejecución de proyectos en curso.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los pasos a seguir tras la salida de ambas autoridades, ni quién asumirá la conducción del organismo provincial en el corto plazo.

Lo que debes saber

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas, según fuentes, en medio de cambios políticos.
• La salida ocurre antes del 14 de mayo, cuando Marcela Aguiñaga dejará la Prefectura por motivos familiares.
• Guayas entra en transición política rumbo a elecciones seccionales 2026 tras renuncia de Serrano.

El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, presentó su renuncia al cargo, según se confirmaron fuentes a EXPRESO, en un movimiento que reconfigura el escenario político en la provincia.

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Aunque no se han detallado públicamente las razones de su dimisión, la salida de Serrano se produce en un contexto de creciente dinámica política en Guayas, una de las provincias con mayor peso electoral del país. 

La dimisión ocurre semanas antes del 14 de mayo, fecha en la que la prefecta Marcela Aguiñaga anunció que dejaría sus funciones por motivos familiares. Este contexto sitúa la salida de Serrano dentro de un proceso más amplio de transición en la Prefectura del Guayas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga renuncia: claves políticas de su salida en la Prefectura del Guayas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los retos de la Prefectura

Serrano había cumplido funciones como segundo al mando en la administración. A sus 49 años, Serrano tiene trayectoria en los sectores público y privado. Se desempeñó como concejal de Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), en representación de las zonas rurales.

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Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales

El doble movimiento -la renuncia del viceprefecto y la salida anunciada de Aguiñaga— ocurre en un momento en que el país está a la espera de la seccionales 2026.