Política

Elecciones 2026: Un video dispara las sospechas sobre la descalificación de Luisa González

Martin Pallares

Quince días de campaña (la mitad que en cualquier elección de autoridades reciente) y 45 debates apretados en esa misma ventana. En las seccionales de 2023 duró 31 días. En las generales de 2025, 33. El calendario original de estos comicios, 30. El CNE lo partió, al adelantar la votación del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026 por el pronóstico de El Niño. La inscripción de candidaturas bajó de 30 a 16 días.

Los cambios por adelanto de votaciones

El recorte no solo acortó la campaña, alargó la incertidumbre. La inscripción cerró el 17 de agosto y la lista firme sale el 9 de noviembre. Durante 84 días nadie es candidato con certeza, porque el CNE advierte que una postulación solo se considera inscrita cuando su calificación queda en firme. El ciudadano escucha, mientras tanto, a gente que puede terminar fuera de la papeleta.

Los debates deberían compensar ese vacío y hacen lo contrario. El artículo 202.2 del Código de la Democracia ordena que los debates de prefectos y alcaldes ocurran tres semanas antes de la elección. Tres semanas antes del 29 de noviembre es el 8 de ese mes, un día antes de que exista la lista oficial.

Cumplir el artículo al pie de la letra exigiría debatir con candidatos que todavía no son candidatos. Sin embargo, al comprimirse el calendario, el CNE concentrará los 45 debates obligatorios entre el 12 y 26 de noviembre. Esto provocará un embotellamiento de transmisiones simultáneas y bloques consecutivos, especialmente en los fines de semana de campaña, y algunos caerán a setenta y dos horas del voto.

Anthony Downs, economista y politólogo, explicó que informarse cuesta y que, cuando el costo sube, el votante recurre a atajos, casi siempre la marca partidaria. En las seccionales ese atajo no existe, porque, en ciertos casos, compiten movimientos locales sin programa reconocible. Queda un elector sin información y sin nada que la sustituya. Y el país ya sabe cómo termina eso.

En el referéndum del 16 de noviembre de 2025 la campaña duró trece días y la papeleta era lo más simple imaginable: cuatro preguntas. Aun así, al arrancar, el 39,1 % de los ecuatorianos no conocían ninguna, según la encuestadora Click Report. Si cuatro preguntas resultaron demasiado, quince días para 5.749 candidaturas son todo un trámite.

¿Imposibilidad para informarse?

Nada de esto pesaría tanto si los meses previos sirvieran para informarse, pero las reglas que gobiernan ese limbo están diseñadas para el silencio. El Código de la Democracia es tajante en su artículo 278 al castigar como infracción grave la precampaña de forma directa o indirecta.

El verdadero cortocircuito ocurre en las plataformas digitales, debido a que el artículo 202 de la ley estipula explícitamente que las redes sociales no se consideran medios para efectos de regulación, lo que abre una falsa sensación de libertad para los aspirantes.

El problema es que la Sentencia 111 del TCE define como publicidad electoral todo mensaje cuya connotación y finalidad busquen mover la voluntad popular a favor de una opción, sin importar el soporte tecnológico empleado.

Es decir, si un postulante decide usar TikTok o Instagram para exponer un bosquejo de sus ideas de gestión amparado en que la ley no regula las redes, se expone de inmediato al contraataque de sus adversarios. Cualquier rival político puede tomar ese video y denunciarlo con el art. 278 del Código de la Democracia bajo el argumento de la precampaña ilegal.

Al momento de revisar el caso, el TCE podría aplicar el criterio de la Sentencia 111 y observará que el contenido busca lógicamente convencer al elector, por lo que terminará encasillándolo como una infracción y dejando la sanción en manos de un juez que resolverá el misterio meses después, cuando el proceso electoral haya terminado.

Permiso y prohibición describen la misma conducta y cuál de los dos fue, lo resuelve un juez después; es una antinomia jurídica.

Política

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Richard Josue Jimenez Mora

El castigo, en cambio, no tiene ambigüedad. Multa, destitución y suspensión de los derechos de participación, y el Tribunal Contencioso Electoral ya admitió causas en este ciclo. Y hay una trampa, porque lo gastado en explicar el plan antes de la campaña se imputa al techo electoral.

Si informar es jurídicamente riesgoso durante tres meses y materialmente imposible en 15 días, lo que queda es ciudadanos que eligen 5.749 autoridades sabiendo casi nada, y un sistema que puede decir con toda formalidad que garantizó la elección.

Por otra parte, el correísmo planteó reparos a las disposiciones sobre prisión preventiva y cuestionó que la iniciativa pueda caer en el denominado “populismo penal”.

Política

La Asamblea aprobó ley de apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional

Alfonso Albán

El proyecto se denomina Ley Orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado. Es una de las leyes que el oficialismo se ha planteado como prioritaria bajo la presidencia de Mishel Mancheno. De hecho, fue la actual presidenta del Parlamento quien presentó la iniciativa.

La encargada de exponer la ley fue Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad. Para ella, hay tres elementos claves en la normativa. El primero tiene que ver con tipificar como delito la pertenencia funcional a los grupos de delincuencia organizada. El segundo se relaciona con que el Estado no solo pueda incautar bienes, sino también venderlos anticipadamente.

Finalmente, Alarcón destacó la posibilidad de sancionar a abogados con la pérdida de su licencia profesional en caso de sentencias ejecutoriadas.

Por su parte, Mancheno señaló directamente al correísmo y a su gobierno como los responsables de haber abierto la puerta a los grupos de delincuencia organizada. 

“Esta crisis no corresponde a este año o al anterior. Esta degradación se acumuló con las malas decisiones del pasado con periodos de tolerancia al crimen organizado. Hablamos de esa década; marcada por la politización de la seguridad”, dijo la presidenta de la Asamblea.

Los reparos del correísmo

El asambleísta Gerardo Machado habló de la intención de sugerir ajustes a varios artículos. Manifestó que es necesario adecuar las leyes a las nuevas dinámicas del crimen organizado. “Una norma imprecisa también favorece a la delincuencia. Los tipos penales abierto generan interpretaciones contradictorias”, manifestó.

Sugirió que se cierren los tipos penales abiertos. También aseguró que “la cercanía familiar, vecinal o laboral jamás puede reemplazar la prueba del aporte efectivo a una organización criminal”.

Además, insistió en que la prisión preventiva debe fundarse en hechos actuales, concretos e individualizados que demuestren peligro de fuga, obstrucción o intimidación dentro del proceso.

Al final, Mancheno anunció que el proyecto regresará a la Comisión de Seguridad para continuar con el trámite y la elaboración del informe para el segundo debate. Esa mesa decidirá qué observaciones se incluyen para la aprobación definitiva del proyecto.

La bancada legislativa cuestiona una disposición transitoria que establece que, en contratos relacionados con telecomunicaciones, no es exigible la presentación de las garantías de fiel cumplimiento ni de buen uso del anticipo.

Política

El oficialismo puso sus firmas de apoyo para enjuiciar políticamente al vocal del CPCCS David Rosero

Daniel Alejandro Romero Páez

Eliana Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentó el recurso este 27 de agosto de 2026. Llegó acompañada de otros legisladores de su bancada y planteó que la acción tiene tres pedidos:

“Esta disposición elimina la obligación de presentar las garantías, tanto del fiel cumplimiento como del buen uso del anticipo y del respaldo técnico para las empresas públicas del sector de telecomunicaciones”, dijo Correa.

El principal cuestionamiento tiene que ver con que se adoptó esa decisión sin establecer ninguna condición para ese tipo de acuerdos. “No importa el monto o si hay anticipo de por medio; no importa el riesgo”, dijo la legisladora.

También agregó que un pronunciamiento de la Corte Constitucional es urgente, teniendo en cuenta que se pueden firmar contratos y, en casos en los que estos sean perjudiciales, sería muy difícil “revertir el daño”.

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El dato que preocupa a las familias de pescadores desaparecidos: amenazas y una fiscal asesinada

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¿Cuál es la motivación del bloque correísta?

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana anunciaron semanas atrás el inicio de una fiscalización a propósito de un contrato que se prepara en el ámbito de la salud. El mismo tendría como objetivo un proceso de digitalización en esa área.

“Estamos a la puerta de un proceso de contratación opaco, prácticamente dirigido y, de lo que conocemos, muy hecho a la medida. Un contrato por 240 millones de dólares asociado a la empresa Dedalus”, señaló Correa.

Según la asambleísta, el objetivo no es parar ningún proceso de contratación, sino garantizar el buen uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional.

Lo que debe saber

• El asambleísta Sergio Peña asegura que la solicitud de juicio político en contra del vocal del CPCCS David Rosero cuenta con apoyo de ADN.
• La  iniciativa no cuenta con las firmas de asambleístas del correísmo.
• Peña dice que la presunta reunión entre Rosero e Inés Romero habría ocurrido en un departamento privado en Cumbayá.  

El juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) David Rosero tiene el apoyo de asambleístas del oficialismo e independientes. 

Este 27 de agosto de 2026, el legislador Sergio Peña (independiente y aliado de ADN) aseguró que la solicitud que presentó superó las 50 firmas de respaldo.

Política

Juicio político a David Rosero: las pruebas que complican al consejero del Cpccs

Daniel Alejandro Romero Páez

“Presentamos más de las firmas necesarias. Se requieren 38 y nos pasamos de 50 firmas. En el último día tuvimos el apoyo de varios legisladores. Independientes y el oficialismo son los que apoyan. Buscamos al correísmo pero no contamos con sus firmas”, señaló Peña.

El dato sobre el respaldo de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea es clave porque, para la censura y destitución de un vocal del CPCCS, la normativa exige mayoría absoluta del Pleno; es decir, 77 votos. Si el apoyo de ADN se mantiene, Peña contaría con los votos necesarios para una eventual destitución.

¿Qué pruebas tiene Peña contra el vocal del CPCCS?

La mañana de este jueves, el legislador que llegó a la Asamblea de la mano del correísmo ahondó en las motivaciones para impulsar el juicio político. Dijo que la denuncia llegó a su despacho vía correo electrónico.

Por esa vía se incluyeron videos y fotografías. “Me han llegado como denuncia un correo con videos y fotografías del evento que tendrán que ser determinada dentro del proceso”, aseguró.

También reveló que la reunión de Rosero con la postulante al cargo de fiscal general, Inés Romero, habría ocurrido en un departamento en Cumbayá, en el noreste de Quito, y se habría extendido por cerca de dos horas.

¿Por qué se habla de incumplimiento de funciones?

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del nuevo fiscal general. El proceso se encuentra en la etapa de audiencias públicas, luego de la presentación de impugnaciones ciudadanas contra los postulantes.

En el marco de dichas impugnaciones, el pasado 27 de julio se viralizaron imágenes que daban cuenta de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, una de las aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Según esas denuncias, las imágenes salieron de una cámara de seguridad. En ellas, supuestamente, se observa al consejero junto a la postulante en el mismo lugar. Con base en esto, Peña inició su investigación.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección liberó los servidores tras ocho meses de la suspensión de la fase.
• El presidente del CPCCS anunció declaraciones juramentadas notarizadas para los catedráticos.
• Los aspirantes denuncian falta de notificación y estancamiento del concurso desde 2022.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reforzó los protocolos de seguridad para la etapa de oposición del concurso para la primera renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida se ejecuta en medio de los reclamos de los postulantes por la falta de información oficial sobre el proceso pendiente desde 2022.

Política

Renovación del CNE: liberan y formatean servidores de la fallida etapa de oposición

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Liberación de servidores y nuevos controles para el banco de preguntas

Ocho meses después de que el Pleno del CPCCS ordenó retrotraer la fase de oposición (avanzada durante 2025 debido a sospechas de filtración de información), la Comisión Ciudadana de Selección liberó los servidores institucionales el 17 de agosto de 2026.

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Con esta acción, el organismo técnico estableció un protocolo orientado a:

Nuevos requisitos para los catedráticos y seguridad informática

Consultado por EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que el resguardo de los servidores forma parte de las garantías para esta nueva fase. Asimismo, detalló las exigencias que deberán cumplir los docentes evaluadores:

Política

La renovación de CNE se podría concretar en noviembre de 2026, según nuevo cronograma

Richard Josue Jimenez Mora

El contrato de auditoría externa

El reglamento del concurso dispone además la participación de un equipo externo especializado en seguridad informática para garantizar la disponibilidad e integridad del sistema.

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En julio de 2025, el CPCCS adjudicó un contrato por 6.000 dólares a la empresa SBV Auditores Asociados para brindar asesoramiento y asistencia en programas informáticos. De acuerdo con el portal del Sercop, este proceso sigue en estado de ejecución tras más de un año, ya que el pliego establece que el pago se liquidará contra entrega final del servicio al culminar la etapa de oposición.

Aspirantes denuncian falta de notificación y estancamiento del proceso

Pese a los anuncios oficiales, el experto electoral y postulante al CNE, Fausto Camacho, advirtió que los aspirantes no han sido notificados formalmente sobre las nuevas medidas de control ni sobre la fecha de reanudación.

Camacho enfatizó que los participantes no reciben novedades desde hace varios meses, situación que incrementa las dudas sobre la legitimidad de un concurso de renovación parcial que permanece estancado desde 2022.

Política

CNE investiga presunta reunión entre director de Manabí y candidato de ADN: los últimos detalles

Richard Josue Jimenez Mora

El orden cronológico que expuso Merino de las designaciones

Tras los requerimientos de información y fiscalización planteados por el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, el consejero Merino utilizó sus canales digitales para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias en la jurisdicción costera. "No podemos institucionalizar la mentira. Yo no participé en la designación del director de Manabí, ni tampoco tengo vocales provinciales electorales", argumentó.

Para sustentar su postura técnica, el funcionario detalló las fechas en las que el Pleno del órgano colegiado ejecutó las resoluciones, contrastándolas con la fecha de su nombramiento oficial:

"Es decir, 30 días después de que el Pleno designó al director de la provincia de Manabí y 14 días después de que nombró a los vocales. Mi respaldo será para todos los funcionarios que actúen con rectitud y apego a la ley", justificó Merino.

La solicitud de fiscalización legislativa

La respuesta del consejero ocurre horas después de que el asambleísta Molina remitiera un oficio a la presidencia del CNE, exigiendo la entrega de una copia íntegra y sin ediciones del registro audiovisual de la Sesión Ordinaria No. 068-PLE-CNE-2026, celebrada el 22 de agosto.

Según la argumentación del legislador, en dicha reunión se habría registrado un cruce verbal entre Merino y la consejera Elena Nájera respecto a la conformación administrativa en Manabí. Molina otorgó un plazo legal de diez días para que la entidad entregue las transcripciones y actas correspondientes, amparado en las facultades de fiscalización del Parlamento.

Política

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Política

¿Investigan el patrimonio de ministros por caso Progen? Contraloría evita revelar nombres

Daniel Alejandro Romero Páez

En la segunda sesión de este 26 de agosto de 2026, la mesa legislativa recibió a Luis Idrovo, delegado del superintendente Luis Cabezas Klaere, quien no pudo asistir por una agenda previamente acordada.

Idrovo expuso la situación jurídica de un grupo de empresas relacionadas con el caso Progen. Dicha información fue solicitada por la mesa legislativa antes de la comparecencia. Así, Idrovo primero habló de Progen y la novedad allí fue que no había información disponible.

“Esta compañía no es un ente controlado por esta Superintendencia (Compañías)”, señaló Idrovo. También informó que el 25 de abril de 2025, Progen presentó una solicitud a la Superintendencia de Compañías para que se le autorizara la apertura de una sucursal en Ecuador.

El trámite fue observado por la Superintendencia en junio de ese mismo año. Entre las solicitudes realizadas estuvieron la presentación de los estatutos sociales de la empresa, la aceptación expresa de un apoderado en Ecuador y una precisión sobre las actividades que planeaba realizar.

Los pedidos nunca fueron atendidos y la Superintendencia de Compañías archivó la solicitud presentada por Progen. Sobre esto, la correísta Ana Herrera recordó que el contrato entre CELEC y Progen significó un millonario desembolso de recursos públicos a una entidad que ni siquiera podía ser controlada por el Estado ecuatoriano.

La situación de otras empresas

El delegado de la Superintendencia ahondó en la información pública de las empresas que han sido señaladas dentro de la trama que involucró la compra de generadores de energía que nunca funcionaron.

Expuso la situación de Astrobryxa, en la que aparecen como principales accionistas y beneficiarios Walter Manrique y Claudia Saud. Esta última es una pieza clave dentro del caso que es investigado y que sigue un proceso en los Estados Unidos.

También habló de Inycofyi Ingeniería y Construcciones, Ingelectc y Constructora Nomur, entre otras. El problema fue que la Superintendencia no podía determinar relaciones de esas empresas con Progen debido a que esta última no estaba bajo su control.

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Lo que sí afirmó Idrovo fue que había empresas en las que se repetían los accionistas o representantes legales. Además, afirmó que de las empresas cuya información fue solicitada, solamente dos estaban activas.

Fiscalización trabaja bajo reserva de otras entidades

Previo a la instalación de la primera sesión de este 26 de agosto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, reconoció que no es mucha la información receptada. Esto, sobre todo, porque el tema se trata bajo reserva.

“Realmente no ha habido abundante información hasta el momento. Recuerden que ha sido un tema que se lleva bajo reserva para no vulnerar ningún debido proceso”, manifestó Álvarez.

También recordó que la fecha límite para aprobar el informe sobre este proceso de fiscalización vence el 28 de agosto de 2026. Esto, después de que la mesa legislativa pidió una prórroga para presentar los hallazgos.

Lo que debes saber 

• La consolidación del poder del Gobierno sobre los organismos electorales provoca que incluso decisiones sustentadas en argumentos legales sean percibidas como posibles maniobras políticas.
• El 19 de agosto, un video registró al candidato de ADN Marco Zambrano reunido con funcionarios electorales de Manabí. Dos días después, la Junta Provincial Electoral negó la inscripción de González y Gabriel Giler.
• La Junta sostiene que González y Giler no cumplieron el requisito interno de Pachakutik de acreditar dos años de pertenencia.

Pocas cosas pueden ser tan graves para un país que se dice democrático, que sus procesos electorales pierdan credibilidad. Y esto está pasando actualmente en el Ecuador de cara a las elecciones seccionales de noviembre. 

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¿Y por qué pierde credibilidad? Porque el actual gobierno ha consolidado su poder en los organismos electorales a tal punto que, incluso si toma decisiones legales o reglamentarias, son percibidas por la sociedad como herramientas del Ejecutivo para perjudicar a sus adversarios. 

El caso de la aparentemente inevitable descalificación de la correísta Luisa González, que aspira a ser candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik, es un ejemplo de eso: no basta que los argumentos para su descalificación sean legales, porque todo lo que ocurre alrededor del tema está siendo visto con sospecha.

Política

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Ese episodio podría haber sido una controversia estrictamente jurídica, pero los hechos que lo han rodeado hacen que sea considerado por la mayor parte de la opinión pública, con razón o sin ella, como una maniobra gubernamental para sacar a la correísta de la carrera electoral. La Junta Provincial Electoral de Manabí sostiene que González y su compañero de fórmula, Gabriel Giler, no acreditaron los dos años de pertenencia que exigen las normas internas de Pachakutik para sus candidatos.

Pero la polémica adquirió otra dimensión cuando apareció un video de una reunión celebrada el 19 de agosto en el Hotel Máximo de Portoviejo. En las imágenes aparecen Marco Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura; Roberto Carlos Pinargote, delegado provincial del CNE en Manabí; Darwin Demera, vocal de la Junta Provincial Electoral; y Andrés Gozoso Andrade, director de carrera de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Según la información difundida, el encuentro duró alrededor de una hora y media. Dos días más tarde, la Junta Provincial Electoral resolvió negar la inscripción de González y Giler.

Esa coincidencia temporal ha desatado una tormenta, y las sospechas sobre las presiones del gobierno para sacar a González de las elecciones se han amplificado

No porque el video demuestre que allí se decidió sacar a González de la elección. Tampoco demuestra que Zambrano haya pedido a los funcionarios electorales que actuaran contra su rival, ni que el gobierno haya impartido una orden. 

Pero el video sí muestra algo que, en cualquier democracia con instituciones sólidas, debería provocar preguntas inmediatas: un candidato que compite por una Prefectura aparece reunido con funcionarios de la autoridad electoral, mientras está pendiente una decisión que afecta directamente a una de sus principales rivales.

Política

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Y eso no es un detalle menor: Zambrano ha negado que se tratara de una reunión política y ha explicado su presencia en términos de una coincidencia y un saludo con funcionarios a quienes conoce.

El problema es que la explicación de Zambrano no resuelve las dudas. Porque la pregunta no es únicamente de qué hablaron. Es también por qué un candidato y funcionarios electorales se encontraban juntos, en privado, en ese momento del proceso electoral.

Un árbitro electoral no necesita haber recibido una orden para perder credibilidad. Basta con que sus actuaciones generen una apariencia razonable de falta de independencia.

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Y no faltan motivos para que ese video provoque sospechas. Para comenzar está el ‘timming’: el 19 de agosto se produce el encuentro y el 21 de agosto, durante la madrugada, la Junta Provincial Electoral de Manabí sesiona y resuelve negar la calificación e inscripción de González y Giler. Mucha coincidencia, ¿no? La decisión se basa en un informe técnico-jurídico suscrito por Jonathan Andrés Giler, director técnico provincial de Participación Política, y José Jonathan Pinoargote Cedeño, responsable de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica.

La decisión todavía puede ser impugnada ante el CNE y eventualmente apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. En este caso, sin embargo, lo que falta conocer es quizá más importante que lo que ya se conoce. Por ejemplo, ¿cuándo estuvo listo el informe que terminó sustentando la salida de González en esa reunión? ¿Estaba terminado antes del 19 de agosto? ¿Quién convocó el encuentro del hotel? ¿Y por qué un candidato de ADN aparece reunido con funcionarios electorales cuando la objeción presentada por su propia organización estaba pendiente de resolución?

Porque si el informe estaba terminado y el expediente prácticamente resuelto antes del encuentro, la reunión podría haber sido una coincidencia políticamente incómoda. Pero si el expediente estaba todavía en construcción y los funcionarios que participaron en el encuentro tuvieron alguna intervención directa en la elaboración o decisión, el episodio adquiere una gravedad diferente.

En todo caso, la Junta Provincial tiene un argumento jurídico que no puede ser descartado. La Dirección Nacional de Organizaciones Políticas verificó que González y Giler no constaban como afiliados, adherentes o adherentes permanentes de Pachakutik durante los dos años anteriores. 

Política

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Pero ahí aparece un detalle no menos importante: el artículo 94 del Código de la Democracia contempla que las organizaciones políticas pueden presentar candidatos que sean militantes, simpatizantes o personas no afiliadas; mientras que el artículo 347, numeral 5, obliga a respetar las normas internas de las organizaciones y ese es un asunto que deberán resolver las instancias electorales superiores. Pero aun si la Junta tuviera jurídicamente la razón, queda intacta la sospecha provocada por el video.

Justicia

¿Quién es José Manuel De Oliveira, vinculado al caso Progen que podría ir a prisión?

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Según Sulca, el avance de dichos exámenes será progresivo, debido a la capacidad operativa de la Contraloría. Hasta el momento han sido emitidas ocho órdenes de ejecución de exámenes.

Según Sulca, tres tienen que ver con trabajadores de CELEC y cinco con el contrato de la Central Catamayo, en donde también actuó la empresa Progen. Los 41 restantes se realizarán de forma paulatina, conforme a la capacidad operativa del ente de control, según explicó la subcontralora.

¿Hay patrimonios de ministros investigados?

Tras ese anuncio, la correísta Ana Herrera, integrante de la Comisión de Fiscalización, preguntó si entre los patrimonios investigados se encuentran aquellos relacionados con ministros de Estado. Hay que recordar que, en la Asamblea, el correísmo ha intentado, en al menos tres ocasiones, enjuiciar políticamente a la exministra de Energía Inés Manzano.

Política

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La respuesta de la subcontralora fue: “Nuestros exámenes se concentraron en las empresas públicas. Existen funcionarios relacionados con la diferente estructura jerárquica de las empresas públicas”.

Ante la evasiva, Herrera insistió en la consulta. Sulca solamente dijo que la información remitida a la comisión incluía datos al respecto. “La información fue remitida a la Comisión y podrán tener acceso al detalle de las personas que están inmersas en las diferentes acciones de control”.

En ese punto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dijo que la información fue enviada con carácter confidencial. Ofreció remitirla al resto de asambleístas bajo esa misma condición.

¿Qué investiga la Comisión de Fiscalización?

El Pleno de la Asamblea, mediante resolución, remitió a la Comisión de Fiscalización un seguimiento al caso Progen, pero enfocado en la ruta del dinero del contrato con el que se adquirieron generadores de energía que nunca funcionaron en plena crisis energética de 2024.

El oficialismo en la Asamblea impulsó el tema luego de que el actual secretario de la Administración Pública, José Juli Neira, presentara información que se conoció por el proceso legal que sigue su curso en Estados Unidos.

Sin embargo, la mesa está contra el tiempo. Este mismo 26 de agosto de 2026, el propio Álvarez recordó que el plazo para la aprobación del informe vencerá el 28 de agosto de 2026. En ese sentido, señaló que han recibido información confidencial de la misma Contraloría y que también la recibirán del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Lo que debes saber

• Daniel Noboa amplía funciones de Inty Grønneberg en cinco países europeos.
• Desde Suecia, Inty Grønneberg representará a Ecuador en cuatro países nórdicos más.
• Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca dieron su beneplácito al embajador ecuatoriano.

El Gobierno de Ecuador amplió las funciones diplomáticas de Inty Grønneberg, actual embajador en Suecia, quien también representará al país ante Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, según un decreto firmado por el presidente Daniel Noboa el 26 de agosto.

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Con esta decisión, Grønneberg asumirá la representación diplomática ecuatoriana ante cinco naciones del norte de Europa, labor que ejercerá de manera concurrente desde Estocolmo, ciudad donde se encuentra acreditado desde septiembre de 2025.

La disposición presidencial le otorga el rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, además de las funciones que ya desempeña en Suecia. Según consta en los considerandos del decreto, estos países otorgaron durante este año el respectivo beneplácito para que Grønneberg asuma la representación diplomática ecuatoriana.

Un embajador con perfil ambiental

Inty Grønneberg es conocido principalmente por su trayectoria vinculada al activismo ambiental y a proyectos relacionados con innovación y sostenibilidad. En el ámbito académico cuenta con un doctorado en Ecosistemas de Innovación por la Dyson School of Design Engineering del Imperial College London.

Su incorporación al servicio diplomático ocurrió en septiembre de 2025, cuando fue designado embajador de Ecuador en Suecia por el presidente Noboa.

Ecuador

Embajador en Suecia cuestiona al CNE por adelantar elecciones; esto le respondieron

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Un episodio que generó atención

La designación también vuelve a poner en escena a Grønneberg tras un episodio ocurrido en mayo de 2026. En ese momento, el Ejecutivo emitió un decreto para cesarlo de sus funciones diplomáticas; sin embargo, la decisión fue revertida pocas horas después mediante una nueva disposición presidencial, permitiéndole continuar al frente de la misión ecuatoriana en Suecia.

Con la nueva designación, el Gobierno opta por concentrar la representación diplomática de Ecuador en varios países nórdicos bajo una misma embajada, una práctica utilizada con frecuencia en la política exterior ecuatoriana para atender naciones donde no existe una sede diplomática residente propia.

Lo que debes saber

• CNE indaga reunión entre el delegado electoral de Manabí y candidato de ADN.
• El hecho ocurrió antes de negar la candidatura de Luisa González a la Prefectura.
• Pleno del organismo electoral prevé aplicar medidas preventivas a nivel nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga, a través de su Dirección de Talento Humano, al director de la Delegación Electoral de Manabí, Roberto Pinargote, tras difundirse un video de un presunto encuentro con Marco Zambrano, candidato del movimiento oficialista ADN a la Prefectura de Manabí. La indagación se confirmó este 26 de agosto de 2026 por el titular del organismo, José Cabrera, luego del malestar generado en vísperas de la descalificación de la candidatura de Luisa González en dicha provincia.

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Luis Fernando Molina pide al CNE revelar video y actas de polémica sesión sobre Manabí

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

CNE evalúa acciones frente al presunto encuentro en Manabí

El presidente del CNE, José Cabrera, confirmó que remitió el caso a la Dirección de Talento Humano tras el reclamo presentado en el Pleno por la consejera Elena Nájera, quien cuestionó al vocal José Merino por la reunión entre el funcionario electoral y el aspirante de ADN. Dicha sesión plenaria fue retirada con posterioridad de las redes sociales oficiales de la entidad.

“La Dirección de Talento Humano está analizando toda la situación y tomará las medidas correspondientes”, manifestó Cabrera, quien añadió que el Pleno del CNE adoptará resoluciones adicionales: “sin perjuicio de lo que determine esa Dirección, tomaremos medidas preventivas por la tranquilidad del país”.

Respecto a los descargos del funcionario provincial, Cabrera señaló:

Polémica y descalificación de la candidatura de Luisa González

La difusión del material audiovisual coincidió con la resolución de la Junta Provincial Electoral de Manabí que dejó fuera de la contienda a Luisa González, aspirante a la Prefectura por Pachakutik. Ante el hecho, González cuestionó públicamente la independencia de la función electoral y puso en duda la transparencia de los comicios seccionales de 2026.

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Argumentos de la Junta Provincial Electoral

La exclusión de la candidatura se fundamentó en los siguientes puntos:

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Asamblea inicia nuevo proceso de fiscalización al caso Sucre: comisión actualizará informe del 2021

Richard Josue Jimenez Mora

Esta vez no asistió el contralor Mauricio Torres. Envió un oficio en el que justificó su ausencia debido a una agenda fuera del país. En su lugar actuó Sulca, quien explicó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización la información disponible a partir de los requerimientos realizados por la mesa.

No hubo nueva información respecto al caso SUCRE-Foglocons. Hay que recordar que la base para revivir el caso en la Asamblea fue un informe de la misma Comisión de Fiscalización elaborado en 2021. En esa época, Fernando Villavicencio era el presidente de la mesa.

El último informe de Contraloría data de 2015, según explicó la asambleísta del correísmo Ana Cecilia Herrera. Teniendo esto en cuenta, consultó a la subcontralora si era posible emprender alguna nueva acción desde la Contraloría.

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Sulca señaló que la Contraloría, para atender lo solicitado en 2021, trabajó en 2022. De esa verificación se determinó que la facultad de control había caducado. También hizo referencia al seguimiento realizado al informe de 2015 sobre sus recomendaciones.

La funcionaria reseñó que, desde 2017, la actividad del SUCRE decreció hasta que, un año después, estaba extinta. Con esto y otros elementos, la Contraloría dio por cumplidas las sugerencias de dicho informe, en el que se habló, por ejemplo, de una distorsión en los precios de productos exportados.

En ese escenario, Ana Herrera cuestionó el alcance de la información. Esto, porque el objetivo del trabajo de fiscalización es actualizar lo presentado en 2021. Sin embargo, durante la sesión no hubo más intervenciones, ni siquiera de los asambleístas de ADN que impulsan el tema. Así, el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, cerró el encuentro.

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¿Qué era el SUCRE?

El sistema fue impulsado durante el gobierno de Rafael Correa. El tratado constitutivo se firmó el 16 de octubre de 2009 entre los entonces jefes de Estado de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, además del primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba. Su objetivo era facilitar el comercio entre los países firmantes.

En Ecuador se inició una investigación por el uso de dicho sistema. Foglocons reportó exportaciones de materiales de construcción y viviendas prefabricadas desde Ecuador hacia Venezuela por cerca de 159,9 millones de dólares. Posteriormente, varias investigaciones contrastaron esos datos con registros de la Aduana del Ecuador.

Los documentos mostraron que los bienes que realmente salieron del país sumaban apenas unos 3 millones de dólares. El resto de la mercancía no existía o estaba sobrevalorada. Una figura clave en este caso era la de Álex Saab.

Lo que debes saber

• Luis Fernando Molina pidió al CNE el video completo de una sesión sobre Manabí.
• Asambleísta exige actas y transcripciones por presunta injerencia en el CNE.
• CNE tiene 10 días para entregar registros de la sesión cuestionada.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, solicitó formalmente al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, la entrega del video completo, las transcripciones y las actas de una sesión del organismo electoral en la que se discutieron temas relacionados con la Junta Provincial Electoral de Manabí. El pedido surge tras denuncias sobre una supuesta restricción al acceso público del registro audiovisual de esa reunión.

La controversia se originó luego de que en redes sociales se cuestionara la disponibilidad de la grabación de una sesión del Pleno del CNE en la que se abordaron asuntos relacionados con la designación de autoridades electorales en Manabí.

Según Molina, durante esa reunión se habrían planteado señalamientos sobre una presunta injerencia del consejero José Merino en la designación de la Dirección Provincial Electoral de esa provincia.

A través de un pronunciamiento público, el legislador sostuvo que solicitó información oficial al CNE para verificar el contenido íntegro de la sesión y las actuaciones registradas por el organismo electoral. “Si no hay nada que ocultar, ¿por qué restringir el acceso a la información? La transparencia no es una concesión del CNE: es un derecho ciudadano”, manifestó Molina.

Solicitud formal dirigida al presidente del CNE

En un oficio remitido a José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral, el asambleísta requirió la entrega de una copia íntegra, certificada y sin ediciones del registro audiovisual de la Sesión Ordinaria No. 068-PLE-CNE-2026, realizada el 22 de agosto de 2026.

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Además, pidió que la institución informe si dicho material se encuentra actualmente publicado en alguna plataforma oficial o si estuvo disponible previamente y luego fue retirado.

El requerimiento también incluye la entrega de:

De acuerdo con el documento, el pedido se fundamenta en las facultades de fiscalización que tienen los legisladores y en normas relacionadas con el acceso a la información pública.

Debate por la designación electoral en Manabí

En el oficio, Molina sostiene que durante la sesión se produjo un intercambio entre la consejera Elena Nájera y el consejero José Merino acerca de la conformación de la Junta Provincial Electoral de Manabí y de la persona que ejercería la presidencia de ese organismo.

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Según el legislador, esos debates tienen relevancia pública debido a que se desarrollaron dentro de una sesión oficial del máximo órgano colegiado electoral y guardan relación con la organización de la administración electoral en la provincia.

La solicitud se produce en momentos en que varios actores políticos han planteado cuestionamientos sobre las decisiones administrativas del organismo electoral de cara a futuros procesos electorales.

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Plazo de diez días para responder

El asambleísta pidió que la documentación sea remitida en un plazo de diez días, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La información deberá enviarse tanto por vía electrónica, a través de los correos institucionales de la Asamblea Nacional, como por la vía física mediante el sistema de gestión documental del Palacio Legislativo.

Lo que debes saber

• Mishele Mancheno dijo que la Asamblea no bloquea el caso Fiorella.
• Caso Fiorella: el Pleno debatirá informe sobre ocho pescadores desaparecidos.
• The Washington Post vinculó ataques a pesqueros con una presunta operación encubierta.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, rechazó este 26 de agosto en Quito que exista un bloqueo legislativo respecto a la investigación sobre la desaparición de los tripulantes del barco pesquero Fiorella, un caso que cobró relevancia internacional tras publicaciones periodísticas que vinculan los hechos con una presunta operación encubierta de inteligencia estadounidense.

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Durante una conversación con EXPRESO en el aeropuerto de Quito, Mancheno aseguró que el Legislativo no ha frenado ninguna investigación. "Nosotros no hemos bloqueado ni esa ni ninguna fiscalización", afirmó al referirse a las críticas surgidas por la falta de pronunciamientos institucionales sobre un caso que involucra la desaparición de ocho pescadores ecuatorianos desde enero de 2026.

Según explicó, la Comisión de Seguridad de la Asamblea, presidida por la legisladora Inés Alarcón, mantiene un proceso de fiscalización abierto desde abril. La mesa legislativa ya habría recopilado comparecencias e información relacionada con los hechos y trabaja en la elaboración de un informe que deberá ser discutido posteriormente por el Pleno.

El caso Fiorella y las revelaciones de The Washington Post

La controversia tomó una nueva dimensión luego de que The Washington Post publicara una investigación que sostiene que varias operaciones marítimas ocurridas en aguas ecuatorianas durante 2026 habrían sido ejecutadas bajo la figura de una "acción encubierta", un mecanismo utilizado por Estados Unidos para desarrollar operaciones secretas sin reconocer públicamente su participación.

Entre los episodios mencionados figura la desaparición del pesquero Fiorella, registrada el 20 de enero de 2026. Ocho tripulantes continúan desaparecidos y se presume que fallecieron en alta mar.

La investigación periodística también relaciona los ataques sufridos por las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, cuyos sobrevivientes aseguraron haber sido atacados mediante drones y posteriormente interceptados por hombres armados que hablaban inglés cerca de Galápagos.

Otro de los elementos analizados por el medio estadounidense fue la presencia de una aeronave identificada como FENIX 701, que habría despegado desde El Salvador y sobrevolado sectores donde posteriormente ocurrieron los incidentes denunciados por pescadores ecuatorianos. Registros de vuelo, imágenes satelitales y testimonios fueron utilizados para reconstruir esa ruta aérea.

La Asamblea espera los resultados de la Fiscalía

Consultada sobre la ausencia de respuestas oficiales del Gobierno frente a las revelaciones internacionales, Mancheno insistió en que la Asamblea debe respetar las investigaciones que actualmente están en manos de la Fiscalía General del Estado.

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"Tenemos que respetar el proceso que tienen las autoridades competentes, como la Fiscalía, para poder ver qué pasa", manifestó. La presidenta del Legislativo sostuvo que la única información oficial en curso es la investigación penal y que será necesario esperar sus resultados antes de avanzar hacia nuevas conclusiones políticas.

Posteriormente añadió que la situación genera preocupación y malestar entre los ecuatorianos. "Por supuesto, nos va a doler a todos como ecuatorianos y como ciudadanos, lógico, pero nosotros, como digo, tenemos que respetar el proceso que tiene la Fiscalía para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí estoy segura yo es que eso ya está en curso, entonces veamos qué avanza".

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El silencio del Gobierno bajo cuestionamiento

Mientras la Asamblea espera los resultados judiciales, las revelaciones han abierto cuestionamientos sobre la respuesta del Ejecutivo. Hasta ahora, el Gobierno no ha ofrecido una explicación detallada sobre las denuncias planteadas por el medio estadounidense.

Expertos consultados previamente por EXPRESO señalaron que la falta de información oficial ha alimentado interrogantes sobre el alcance de una eventual participación extranjera en operaciones de seguridad desarrolladas en territorio ecuatoriano. También han pedido que las autoridades aclaren los mecanismos de cooperación con Estados Unidos y expliquen si existió alguna coordinación relacionada con los incidentes denunciados por los pescadores.

Peña dijo que la investigación que ahora motiva la solicitud de juicio político comenzó un mes atrás. “Tenemos elementos presuntivos de que puede existir un incumplimiento de funciones”, señaló el legislador.

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“No tiene mucho sentido que se reúna una persona que tiene que ver con la vocalía del proceso y una participante”, aseguró Peña. El asambleísta insistió en que aún no se está juzgando nada y que el proceso que impulsa busca que el consejero del CPCCS presente sus descargos.

¿Por qué se habla de incumplimiento de funciones?

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del nuevo fiscal general. El proceso se encuentra en la etapa de audiencias públicas, luego de la presentación de impugnaciones ciudadanas contra los postulantes.

En el marco de dichas impugnaciones, el pasado 27 de julio se viralizaron imágenes que daban cuenta de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, una de las aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Según esas denuncias, las imágenes salieron de una cámara de seguridad. En ellas, supuestamente, se observa al consejero junto a la postulante en el mismo lugar. Con base en esto, Peña inició su investigación.

“Quisiera entenderlo (motivos de la reunión). Porque no tiene mucho sentido que se reúnan; no en un lugar oficial o a plena luz del día o con los demás consejeros por alguna impugnación o algo que se quiera hacer dentro del concurso”, manifestó el legislador.

A eso, Peña agregó: “Por ahora esa reunión es por fuera de la ley, por debajo de la mesa y se tiene que investigar”.

Un juicio en medio del proceso electoral

Al actual CPCCS le queda menos de un año en funciones. En noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos vocales. En ese proceso, Rosero busca una vez más la reelección al cargo.

En caso de que el juicio político prospere y derive en una destitución y censura, el actual vocal del CPCCS no podría ejercer un cargo público durante dos años. Sin embargo, el proceso en la Asamblea recién inicia y Peña ha anunciado que hablará de las pruebas con las que cuenta el 27 de agosto de 2026.

Lo que debes saber

• Sergio Peña pidió juicio político a David Rosero en la Asamblea
• Rosero es señalado por una supuesta reunión con Inés Romero, candidata a Fiscal General.
• Inés Romero negó el encuentro y denunció en Fiscalía el origen de las imágenes.

El proceso para la elección de la nueva autoridad de la Fiscalía General vuelve al centro de la polémica. Esta vez, la controversia alcanzó a uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado del concurso, luego de que en la Asamblea Nacional se impulsara un pedido de juicio político en su contra.

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El legislador Sergio Peña presentó la solicitud contra el consejero David Rosero por un supuesto incumplimiento de funciones. La acción se sustenta en una denuncia difundida en redes sociales sobre una presunta reunión entre Rosero e Inés Romero, jueza de Pichincha y aspirante al cargo de Fiscal General del Estado.

Según explicó Peña, el encuentro debería ser investigado para determinar si existió algún tipo de actuación irregular dentro del proceso de selección. “Por ahora esa reunión es por fuera de la ley, por debajo de la mesa y se tiene que investigar”, manifestó el asambleísta al referirse a las imágenes que motivan la denuncia.

Fotografías difundidas en redes generaron la polémica

La controversia se originó el pasado 27 de julio, fecha en que comenzó la recepción de impugnaciones ciudadanas dentro del concurso para Fiscal General. Ese mismo día, varias cuentas en redes sociales difundieron fotografías captadas por una cámara de seguridad en las que supuestamente aparecerían David Rosero e Inés Romero.

No obstante, la publicación señala que ninguno de los hechos relacionados con esas imágenes consta en las siete impugnaciones que fueron admitidas formalmente contra la candidata.

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Un concurso marcado por controversias

La actual polémica no es el primer episodio que salpica el proceso de designación del Fiscal General. De acuerdo con antecedentes recogidos durante el concurso, el 11 de junio se registró otro hecho que generó cuestionamientos.

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Durante una sesión virtual del Pleno del CPCCS en la que se analizaba la calificación de méritos de los postulantes, las cámaras mostraron al entonces aspirante José de la Gasca caminando detrás del consejero Roberto Gilbert mientras este intervenía.

Aunque Gilbert aseguró posteriormente que ese episodio no motivó su salida del organismo, presentó su renuncia una semana después. Por su parte, De la Gasca también quedó fuera del concurso tras una revisión de su expediente.

Lo que debes saber:

• Las elecciones seccionales de noviembre de 2026 evidencian la falta de formación de organizaciones; no logran cumplir cuotas de mujeres y jóvenes.
• Dirigentes cuestionan las reglas de paridad y juventud por las dificultades para armar listas territoriales. Los forman, pero no son conocidos para elecciones tan seguidas.
• Analistas señalan que una mujer joven puede cumplir simultáneamente las cuotas de género y edad.

Como si se tratara de un ejercicio de cálculo, las organizaciones políticas tuvieron que cuadrar sus listas de candidatos para las elecciones seccionales de noviembre del 2026, alternando mujeres y hombres e incluyendo 25 % de menores de 29 años para cumplir con las reglas de paridad y participación juvenil.

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Javier Orti, presidente de Avanza, cuestiona la aplicación de esta norma, en medio de la crisis de los partidos. “La realidad de Quito no es la de San Miguel de los Bancos o la de Carchi. No hay suficientes lideresas en la proporción que señala la ley en todas las localidades. Y menos jóvenes”.

La normativa electoral establece que el 50 % de listas pluripersonales debe estar encabezada por mujeres. Los binomios deben integrarse alternando hombre y mujer. 

Además, en cada lista para comicios pluripersonales que inscriba una organización política, al menos el 25 % debe estar compuesto por jóvenes de entre 18 y 29 años.

Para Orti, estas disposiciones ponen en evidencia las dificultades que todavía tienen los partidos para construir estructuras de militancia y formar nuevos cuadros políticos. 

“En el país todo lo hacemos al revés. Estas normas que buscan promover la paridad de género y la inclusión de jóvenes podrían ponerse en práctica cuando haya un sistema de partidos, con recursos, que garantice el trabajo con la militancia”.

El dirigente cuenta lo que pasa en la práctica: “No incluyo a mi organización política, nos esforzamos, pero he visto que en la práctica se coloca en los cantones más débiles a mujeres y jóvenes. Es una ley hipócrita, una norma ilógica e irreal”.

¿El hombre mayor de 29 años queda fuera?

Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), plantea una dificultad: la combinación de las cuotas de género y edad puede reducir considerablemente el espacio disponible para hombres mayores de 29 años. 

“En esta elección hay un problema: 50 % de mujeres y 25 % de jóvenes son el 75 %. ¿Solo queda el 25 % para los mayores de 29 años?”.

Serrano considera que la dificultad aumenta cuando las organizaciones forman alianzas cantonales. “En un solo cantón usted hace una alianza y tiene problemas. El hombre mayor de 29 años queda proscrito”.

Asegura que las reglas en las condiciones de los partidos han generado dificultades en el proceso de inscripción. 

Según explica, si una candidatura o lista se cae en un cantón, puede afectar la conformación de las listas de la provincia cuando los requisitos deben calcularse de manera conjunta.

Serrano recuerda un caso de Guayas, donde, según su versión, una candidatura no pudo inscribirse a tiempo y terminó afectando la planificación electoral provincial. “No es tan fácil. Yo no puedo controlar desde Quito qué hará el cantón Oña, en Azuay. Si se le cae un candidato, se cae toda la lista”.

A las dificultades para encontrar mujeres dispuestas a participar en política, añade ahora la necesidad de incorporar jóvenes en las listas. Para Serrano, ambas exigencias suponen un desafío adicional para organizaciones que deben negociar candidaturas en alianzas territoriales.

En el centro de formación política, dirigido por D. Passailaigue, capacitamos a 1.300 jóvenes. Pero necesitamos ganar elecciones para no desaparecer. Alfredo Serrano/ presidente del PSC

En la papeletas pueden ir mujeres jóvenes

Pero el analista político Santiago Cahuasquí rebate esas afirmaciones. Él sostiene que la regla no significa que el 50 % de los puestos sea exclusivamente para mujeres y otro 25 % solo para jóvenes. 

“El 25 % de candidaturas debe corresponder a jóvenes, que pueden ser hombres o mujeres. Una mujer joven puede cumplir con ambos criterios. No estamos ante un 75 % de cupos que excluya a los hombres mayores de 29 años”.

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Lo que pasa en la RC5

Gissela Garzón, exlegisladora de la RC, opina que la norma es necesaria. 

“Por lo de Dominique Serrano (asambleísta de ADN, de 19 años, criticado por dibujar en medio de una sesión de Fiscalización sobre Progen) se puso en debate si eran suficientemente probos para asumir (una curul). El reto es cómo formar a esos cuadros en el manejo de lo público. Las herramientas no están a la vuelta de la esquina”.

Y menciona la responsabilidad de hacer vida de partido, “lo que en su momento tuvo Alianza PAIS, lo que permite que ahora existan cuotas de jóvenes en espacios de representación. Me principalicé en la curul a los 29”. Asimismo, recalca que las mujeres no están para llenar listas.

Integré Juventudes PAIS. La formación se estancó por traición de Moreno. Luisa González encaminó otro proceso, en stand by. Roque Ordóñez tiene otro.Gissela Garzón/ exlegisladora

Así reducen en lugar de ampliar la participación de mujeres

Francisca Morejón conoce la historia de la lucha por la participación política de mujeres. Recuerda que al empujar la Ley de Cuotas había quienes opinaban que se cree un partido de mujeres y listo. 

"La decadencia del sistema permite artificios legales, que reducen en lugar de ampliar la participación política”. Le preocupa que a la papeleta lleguen candidatas que carezcan de representación y mantengan el statu quo.

Un problema es que se exija participar, para evitar la extinción. Por eso ponen a candidatas que no nos representan.Paquita Morejón/ feminista

Quito

Pabel Muñoz enfrenta una denuncia electoral ante el TCE por presunta interferencia

Rosero Mariela

El 21 de julio de 2026, el Concejo Metropolitano de Quito, encabezado por el alcalde, resolvió "expresar el más enérgico rechazo político e institucional de ese cuerpo colegiado a toda forma de proscripción política o exclusión injustificada de organizaciones políticas".

Lo hizo en referencia a lo ocurrido con la Revolución CIudadana y lo que se intentó hacer con Unidad Popular. Y a la suspensión de Amigo, que albergaría a la RC.

La jueza Coloma advirtió que se configura la causal de incompetencia del órgano jurisdiccional prevista en el numeral 1 del artículo 245.4 del referido cuerpo legal, en concordancia con el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral.

Esto argumentó la mujer que denunció al alcalde Muñoz ante el TCE

La denunciante dijo que Muñoz interfirió en la Función Electoral. Recordó que en la resolución del Concejo se dijo que esa la proscripción a partidos "constituye una restricción al pluralismo, la participación política y las opciones entre las cuales el pueblo tiene derecho a elegir; derechos que deben ser protegidos con mayor firmeza durante el calendario electoral en el que actualmente nos encontramos".

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Además, en el texto de la resolución No. CDMQ-056-2026 se decidió  recordar al Tribunal Contencioso Electoral que la democracia se fortalece con más voces y participación, no eliminando organizaciones ni restringiendo opciones políticas; y que debe garantizarse que sea el pueblo ecuatoriano, mediante su voto libre y soberano, quien decida entre todas las alternativas quiénes deben representarlo. 

Así como exhortar a todas las Funciones del Estado, órganos e instituciones públicas a cumplir y hacer cumplir los principios democráticos, respetar la independencia de funciones, el pluralismo político, la participación ciudadana, el debido proceso y la soberanía popular; y a abstenerse de adoptar decisiones que puedan convertirse en instrumentos de persecución o proscripción política. 

Y disponer a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito que notifique la presente Resolución, para su conocimiento y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a las máximas autoridades de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, etc.

Lo que debes saber 

• En más de dos años y medio de mandato, Daniel Noboa acumula una treintena de viajes oficiales y personales al exterior.
• Las críticas no deberían convertirse en un rechazo generalizado a las actividades internacionales del Gobierno. Ecuador necesita mantener relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos y China.
• La exigencia central es conocer con precisión los gastos, participantes y actividades de cada viaje para evitar que intereses privados interfieran con lo público.

En más de dos años y medio de mandato, el presidente Daniel Noboa acumula una treintena de viajes, tanto oficiales como personales, al exterior, en los que ha pasado más de 160 días acumulados fuera del país. Algunos han causado considerable controversia, por la tenue distinción entre sus visitas de Estado y sus actividades privadas. 

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Un ejemplo reciente se dio en junio, cuando el presidente fue captado de forma espontánea por las cámaras en el partido entre Ecuador y Costa de Marfil durante el reciente Mundial de la FIFA, en medio de lo que se suponía era un viaje oficial centrado en el fortalecimiento de la cooperación con los Estados Unidos.

La falta de transparencia por parte del Gobierno, con agendas bastante escuetas o publicadas a última hora y comitivas de viaje que no son conocidas en detalle, hace difícil el trabajo del brazo de comunicación del equipo presidencial y acrecienta la desconfianza del público sobre la naturaleza de los traslados del presidente Noboa. 

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Estas críticas, por supuesto, no son nuevas. Sus antecesores fueron blanco de ataques parecidos: a Correa se le endilgaba el ir a buscar premios y condecoraciones en el extranjero y a Lasso se le increpaba por la misma falta de detalles que a Noboa a la hora de explicar los motivos detrás de sus salidas del país.

La preocupación de los críticos es justa: un viaje al extranjero le cuesta dinero al erario público y distrae la atención de los funcionarios del Gobierno, a veces en momentos críticos para el país. Noboa fue duramente reprochado por no suspender un viaje a los Estados Unidos en septiembre de 2024, mientras los apagones regresaban al país.

Sin embargo, cualquier crítica que se haga debe cuidar el no generar un rechazo de tajo contra las actividades que un gobierno como el nuestro necesita realizar en el extranjero a través de sus funcionarios de más alto nivel. Nuestra relación con socios estratégicos en lo comercial y en seguridad, como lo son los Estados Unidos y China, es de esencial importancia, y debe reconocerse que los tres últimos gobiernos lo han entendido de esa manera. 

Presidentes que, a veces demagógicamente, han criticado la compra de aviones presidenciales (Noboa prometió su venta, pero dio marcha atrás) o el manejo de la deuda con China no han permitido que ese discurso se convierta en un giro hacia adentro o en un rompimiento de relaciones con China.

Esta relación con China incluso ha sobrevivido a las vicisitudes de los últimos años en los que Trump ha intentado alejar a los países de la región del gigante asiático, lo cual nos ha ganado sendas felicitaciones de la diplomacia china, sin valernos reprimenda alguna de los norteamericanos.

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No deja de ser sumamente importante el exigir al Gobierno actual y a sus sucesores que transparenten sus actividades. No tanto sus logros, porque estos pueden tomar años, pasar por varias rondas de negocios y sobrellevar altos y bajos como los que han enfrentado nuestros camaroneros (solo se han levantado 8 de 14 restricciones recientemente impuestas por China), pero definitivamente sí hay que conocer los gastos y la participación de cada funcionario e invitado en detalle. No vaya a ser que lo privado invada lo público en su detrimento.

También es importante que las actividades presidenciales dejen de ser espectacularizadas. Fue bochornoso el intento de hacer ver la presencia del presidente Noboa en los funerales papales de Francisco, sentado en un orden alfabético en francés según el protocolo, como un logro. Lo mismo con las fotos de Noboa en su visita a Mar-a-Lago y al Capitolio, cuando hasta Petro se ha entrevistado con Trump y todavía él no.

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¿Qué nos queda, entonces? Ahora que el presidente Noboa regresa de una gira acortada por la tragedia, no hace falta entregarnos a la histeria y a la denuncia de todo viaje o al rechazo de toda actividad realizada en este último. Aquí lo esperan con ánimos caldeados los políticos que ya están en plena precampaña y también los que se quedan afuera, encima con la sospecha de que eso les ocurre gracias a la presión del oficialismo.

La prensa y la ciudadanía deben poner la lupa y exigir una mejor gestión, sin dejar de reconocer lo positivo. Y el Gobierno, por el bien de todos, debe aprender a escuchar.

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Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mocionó la aprobación del texto, no sin antes exponer ante el hemiciclo la importancia de su contenido. “El crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el terrorismo, la minería ilegal, no son fenómenos que puedan enfrentarse únicamente mediante medidas extraordinarias. El Estado necesita también herramientas dentro de un régimen ordinario”, dijo la legisladora.

La legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, reflexionó que no es indiferente a la situación que vive el país y que es evidente que la fuerza pública necesita apoyo, “bajo las condiciones estrictas que dicta la Constitución”. “Las Fuerzas Armadas pueden y deben cumplir un rol complementario y subsidiario (a la Policía)... La discusión de fondo es bajo qué reglas van a intervenir. Quién controla esa fuerza y qué pasa si se producen abusos. Ahí radica nuestra diferencia”.

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Pese a los reparos de la bancada correísta, el oficialismo y sus aliados lograron los votos necesarios para aprobar el texto íntegro.

Elección de la cuarto vocal del CAL

Antes de este debate, el Pleno eligió al cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa dignidad recayó en la legisladora oficialista Katherine Pacheco, quien reemplazó a Steven Ordóñez, exasambleísta aliado de Acción Democrática Nacional, tras renunciar a su puesto para participar en las elecciones seccionales como candidato a la Prefectura de El Oro.

Fecha para el debate de la Ley Antimafias

La Asamblea Nacional debatirá este 27 de agosto del 2026, a las 10:00, el proyecto llamado Ley Antimafias. Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado. 

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La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, convocó a la sesión 118 para el primer debate de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

El proyecto llegó al pleno después de que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad aprobara el informe con ocho votos, el lunes 24 de agosto.