Lo que debes saber

• Recurso inadmitido: El TCE rechazó el recurso de Unidad Popular porque el proceso de cancelación aún está en etapa de prueba
  Protestas sostenidas: Militantes y organizaciones afines se movilizan por segunda semana consecutiva en Quito 

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió el recurso presentado por el movimiento Unidad Popular (UP) en contra de la resolución sobre el inicio de su proceso de cancelación. Este 7 de abril de 2026, militantes y simpatizantes de esa organización política protagonizaron una nueva manifestación.

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La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, fue la encargada de emitir la resolución. En ella se explica que aún no se ha emitido un acto que ponga fin a la actuación administrativa ni se ha resuelto cancelar a la organización política.

Esto se debe a que el trámite aún se encuentra en etapa de prueba y la resolución del CNE, que fue objeto del recurso ante el TCE, sigue en esa misma fase. “

Tramitar un recurso que, por su naturaleza no tiene efecto suspensivo, implicaría que este Tribunal sustancie una causa cuyo objeto es incierto al no existir un acto administrativo formal y materialmente electoral”, dice la resolución.

Con base en esto, Coloma señala en su decisión que: “resulta inadmisible por incurrir en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 245.4 del Código de la Democracia, esto es, por haber sido presentados fuera del tiempo legal establecido”.

Otra movilización hacia el CNE

Por segunda semana consecutiva, militantes, simpatizantes y organizaciones afines a Unidad Popular, como la Unión Nacional de Educadores (UNE), protagonizaron una manifestación en las afueras del CNE, en Quito.

Este 7 de abril de 2026, los simpatizantes se ubicaron sobre la avenida 6 de Diciembre. En los bajos del CNE gritaron consignas en contra de la decisión sobre la cancelación. 

Allí, Isabel Vargas, dirigente de la Federación de Barrios de Quito, señaló que es necesario “defender al pueblo del autoritarismo”. Además, afirmó que Diana Atamaint, presidenta del CNE, es una “operadora política” del presidente Daniel Noboa.

¿Qué pasa con Unidad Popular?

El Pleno del CNE aprobó una resolución con la que inició el proceso de cancelación de la organización política de alcance nacional. El argumento fue que no cumplía con el número mínimo de adherentes y simpatizantes.

UP respondió que el informe sobre el cual se tomó la decisión era fraudulento y aseguró que contaba con el registro de sus militantes. Pidió correcciones al CNE, pero el Pleno rechazó el pedido. Tras ello, el director nacional de la agrupación política, Geovanny Atarihuana, recurrió al TCE.

Lo que debes saber

• Pedido judicial: El juez Felipe Córdova solicita retirar la inmunidad a Mónica Palacios para iniciar juicio por calumnia.
  
• Fundamento: La querella de Cynthia Gellibert sostiene que la asambleísta acusó falsamente de delitos a terceros.
  
• Traba constitucional: El proceso penal no puede arrancar sin la autorización previa del Pleno de la Asamblea.
  
• Tipificación: La causa se basa en la calumnia, delito que implica atribuir infracciones penales sin pruebas.
  
• Votación clave: Se necesita una mayoría calificada en el Legislativo para dar paso al requerimiento de la Corte.

El cerco judicial se estrecha sobre la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional que autorice el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la legisladora Mónica Palacios. El objetivo del magistrado es dar luz verde a un proceso penal por el presunto delito de calumnia.

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El origen de la querella

La causa tiene su génesis en una querella presentada por Cynthia Gellibert, quien acusa a la asambleísta de haber vertido declaraciones públicas en las que se le atribuye la comisión de un delito sin presentar sustento alguno. Según la parte acusadora, este señalamiento infundado configura una infracción penal clara que no debe quedar en la impunidad bajo el amparo de la curul.

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La Asamblea tiene la última palabra

Pese a los indicios, el proceso se encuentra en una pausa obligatoria debido al blindaje legal que otorga la Constitución a los legisladores. Al gozar de inmunidad, Palacios no puede ser procesada penalmente sin que el Pleno de la Asamblea Nacional lo autorice mediante votación. Por ello, el magistrado remitió el requerimiento al Legislativo, trasladando la responsabilidad política a los colegas de la señalada.

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La ruta del proceso judicial

El expediente se centra en el presunto delito de calumnia, una figura que la propia legislación impulsada durante el correísmo define como la atribución falsa de un delito a otra persona. Para el juez Córdova, existen elementos de convicción suficientes para avanzar, pero el paso previo es ineludible: la Asamblea debe definir el futuro de la legisladora. Para que el requerimiento judicial prospere, se requerirá de una mayoría calificada en el Pleno, lo que pondrá a prueba las alianzas dentro del Parlamento.

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Alexandra Villacís renunció: las claves sobre su bloqueo para llegar a presidir la Judicatura

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Para Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura, la decisión tiene un impacto en la institucionalidad. En diálogo con EXPRESO, el martes 7 de abril del 2026, tras la renuncia, sostuvo que “la institucionalidad queda muy golpeada” y recordó que el artículo 83 de la Constitución establece no solo derechos, sino también deberes ciudadanos. A su criterio, el incumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades “es un muy mal mensaje”.

Román también interpreta la salida de Villacís como un gesto personal que busca no agravar el deterioro institucional. Considera que la académica “no tuvo ambición de llegar a un cargo” y que su renuncia podría responder a la intención de no profundizar la crisis que atraviesan la Judicatura y la Función Judicial.

Desde otra perspectiva, Merck Benavides, exvocal que dejó la Judicatura por la cátedra, subraya que, tras la destitución de Mario Godoy, Villacís debía asumir como suplente. En ese contexto, plantea que, de contar con un fallo favorable, lo procedente habría sido mantenerse a la espera hasta ser posesionada. "Siempre que no existiera un impedimento legal para su posesión".

Los abogados creen que hay que mirar también lo que pasa en el CNE

Las críticas más severas provienen de juristas. Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, sostiene que la renuncia “obedece a presiones y acciones indebidas” que, a su juicio, habrían provenido del Ejecutivo. Según su punto de vista, no se dejó que Villacís asumiera la presidencia de la Judicatura cuando le correspondía y, en su lugar, se posesionó a Damián Larco, además de iniciar procesos para reemplazar delegados sin respetar el debido proceso.

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Guzmán advierte que este episodio forma parte de un escenario más amplio. El abogado asegura que en Ecuador se configura una situación “anómala e irregular”, en la que el poder político busca ampliar su control sobre las funciones del Estado.  

En esa línea, vincula lo ocurrido con Villacís con decisiones del Consejo Nacional Electoral, como la suspensión de organizaciones políticas y el adelantamiento de procesos electorales, así como con actuaciones de otras entidades de control.

En su carta de renuncia, difundida el 7 de abril, Alexandra Villacís defendió su actuación y aseguró que obró “con transparencia en el marco de la Constitución y en un Estado de Derecho”. Concluyó que las condiciones actuales no permiten continuar.

Puntos clave

• Ajuste al COIP: La Fiscalía pide evitar duplicidad de delitos y centrar la reforma en el agravante que supone el uso de uniformes para la seguridad pública.
  
• Alcance extendido: La Policía sugiere incluir en la normativa a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.
  
• Control logístico: Se propone centralizar la fabricación mediante una empresa pública o mixta para rastrear la entrega de indumentaria.
  
• Protección industrial: Plantean un registro de propiedad industrial de los uniformes por un periodo mínimo de 10 años.
  
• Análisis financiero: Solicitan evaluar el impacto económico que la implementación de estos controles tendrá en las arcas del Estado.

El análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública sigue su curso en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. En la última jornada, la mesa legislativa recibió los criterios técnicos de delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional para blindar la propuesta reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Alertas sobre la duplicidad penal

Dayana Encalada, representante de la Fiscalía General, advirtió la necesidad de precisar el texto para no generar "ruido" jurídico. Según la funcionaria, existen conductas en la reforma que ya están tipificadas en el COIP, por lo que sugirió que el enfoque se centre en determinar cuándo el uso de indumentaria oficial agrava un delito y genera un mayor perjuicio a la seguridad pública.

Bajo esta lógica, instó a los asambleístas a revisar con lupa el Capítulo Sexto del código vigente, referido a los delitos contra la estructura del Estado, para evitar que la nueva ley se convierta en un espejo innecesario de normativas que ya se aplican.

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Control de fabricación y logística

Por su parte, la coronel Doris Viteri Paspuel, directora de Logística de la Policía Nacional, aportó una visión operativa al debate. Propuso que el alcance de la ley no se limite a militares y policías, sino que se extienda a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.

Viteri planteó una solución de fondo para el descontrol de prendas oficiales: la creación de una empresa pública o una alianza público-privada encargada de la dotación exclusiva de implementos. Esta entidad facilitaría el rastreo de la fabricación y la entrega anual de uniformes, evitando que piezas originales o réplicas exactas terminen en manos de estructuras delictivas.

Además, la oficial destacó que la Policía ya gestiona 14 registros de propiedad industrial y tiene otros ocho en trámite, sugiriendo que la ley debe considerar plazos de protección no menores a 10 años y evaluar el impacto económico que estas regulaciones tendrían en el presupuesto estatal.

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Ajustes técnicos en marcha

Tras escuchar las comparecencias, la mesa legislativa dispuso que todas las observaciones sean enviadas formalmente para que el equipo técnico las procese. La meta es depurar el documento e incorporar las sugerencias que fortalezcan la eficacia de la ley antes de su votación en el pleno.

Lo que debes saber

• Renuncia en medio de controversia: Alexandra Villacís dimitió como vocal suplente de la Judicatura tras no poder asumir la Presidencia por un supuestos impedimento legal.
  Inhabilidad cuestionada: El impedimento se basó en una supuesta deuda con el SRI; aunque un habeas data ordenó corregir esa información, el Ministerio del Trabajo aún no la ha rectificado.

Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, renunció a esa designación este 7 de abril de 2026. Su caso cobró relevancia después de un supuesto impedimento para ejercer cargo público, el cual apareció justamente cuando debía asumir la presidencia de la Judicatura en medio de una licencia del extitular de la entidad, Mario Godoy.

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“Esta situación trasciende lo personal y deja una reflexión necesaria sobre el valor de la seguridad jurídica y el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho”, escribió Villacís en un comunicado.

Además señaló: “Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el país, con el único propósito de contribuir a una institucionalidad sólida y al sistema que la ciudadanía merece, sin que haya mediado en ello interés personal alguno; sin embargo, las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito”. 

Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el paísAlexandra Villacís

¿Por qué Villacís nunca asumió la presidencia de la Judicatura?

Alexandra Villacís fue designada y posesionada como vocal suplente de la presidencia de la Judicatura, después del proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hay que recordar que dicho proceso se se origina de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia (de aquí sale el presidente y su suplente), Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y la Defensoría Pública.

El resultado de dicho proceso fue la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Después, él se vio inmerso en una enuncia sobre injerencia en decisiones judiciales que derivó en su censura y destitución.

En medio del juicio político que enfrentó, Godoy solicitó una licencia y fue ahí cuando apareció el impedimento legal que evitó que Villacís asuma el cargo. Supuestamente mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio del Trabajo registró la inhabilidad.

En una polémica sesión, los cuatro vocales de la Judicatura decidieron designar a Damián Larco como presidente del organismo. Él fue director del SRI y llegó a la Judicatura por la terna enviada por el presidente Daniel Noboa.

El habeas data y el rol del ministro del Trabajo

Villacís recurrió a acciones legales para intentar solventar la supuesta inhabilidad. Una de ellas fue la del habeas data. Con eso buscó que se corrija la información después de que el SRI certificara que no mantenía deuda alguna.

Dicho habeas data le fue aceptado pero, hasta este 7 de abril de 2026, el Ministerio del Trabajo no ha cumplido con la rectificación de la información. Tras la decisión de la jueza, el ministro del Trabajo Harold Burbano, dijo que el fallo presentaba vacíos. "Cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del SRI. El Ministerio del Trabajo es solo un repositorio de información de las instituciones en donde se generan las obligaciones”, dijo. 

El reemplazo de Villacís

Pese a la situación legal de Villacís, el CPCCS decidió continuar con el proceso para la designación de un nuevo titular de la Judicatura. En esto fue clave la Corte Nacional de Justicia y su presidente Marco Rodríguez. Este último remitió la terna en medio de la pugna que estaba en curso.

Actualmente, ese proceso esta en marcha. El CPCCS convocó al escrutinio público e impugnación ciudadana a los integrantes de la terna remitida por la Corte.

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Lo que debes saber

• Alexandra Villacís renunció a la vocalía suplente del Consejo de la Judicatura tras un fallo judicial a su favor y la difusión de registros que señalaban un impedimento legal por obligaciones con el sector público. La coexistencia de certificados oficiales con información contradictoria sobre su situación marcó el desenlace del caso.

Alexandra Villacís Parada, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia al cargo tras un proceso judicial en el que obtuvo una sentencia favorable, pero en medio de cuestionamientos por un registro de impedimento legal para ejercer funciones públicas. La decisión fue anunciada en un comunicado difundido este 7 de abril de 2026.

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La funcionaria explicó que acudió a la justicia constitucional, la cual emitió una sentencia que le dio la razón y ordenó la rectificación de información que impedía su posesión en el cargo. Según indicó, este fallo tenía cumplimiento inmediato dentro del marco legal vigente.

Sin embargo, el contexto cambió tras la difusión de documentos oficiales que evidencian un registro de impedimento vinculado a obligaciones con el sector público. Este elemento generó dudas sobre la viabilidad de su permanencia en funciones dentro del sistema judicial.

Impedimento legal y certificaciones oficiales en el caso Villacís

De acuerdo con un registro del Ministerio del Trabajo, Alexandra Villacís aparece con impedimentos legales para ejercer cargos públicos debido a una “mora con el sector público”. La información fue reportada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y consta en un certificado oficial.

El documento señala que este tipo de inhabilidad aplica a personas con deudas en entidades públicas, aunque contempla excepciones si dichas obligaciones han sido declaradas o cuentan con acuerdos de pago formalizados entre las partes.

En contraste, un certificado de cumplimiento tributario emitido también por el SRI el mismo 7 de abril de 2026 indica que Villacís “ha cumplido con sus obligaciones tributarias y no registra deudas en firme” al momento de la revisión de la base de datos institucional.

Contradicciones entre registros y decisión final de renuncia

Esta aparente contradicción entre documentos oficiales marcó el desarrollo del caso y elevó la discusión sobre la seguridad jurídica en Ecuador. Mientras un registro señalaba impedimentos, otro certificaba ausencia de deudas exigibles.

En su comunicado, Villacís sostuvo que actuó siempre “con transparencia, dentro del marco de la Constitución”, y defendió que el derecho es la vía legítima para hacer prevalecer la verdad. También recalcó que cumplió con los requisitos legales para su designación.

A pesar de ello, reconoció que las circunstancias actuales no ofrecían condiciones adecuadas para continuar en el cargo. Por ello, anunció el cierre del proceso y su renuncia como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

“He actuado con transparencia”, sostiene Villacís en su comunicado

“Lo hago con la tranquilidad de haber actuado dentro del orden jurídico”, expresó la funcionaria, quien también afirmó haber sostenido la verdad por vías institucionales y con respeto a la Constitución.

Asimismo, señaló que su intención fue contribuir al fortalecimiento de la justicia en el país, sin que mediara interés personal en su gestión. En esa línea, enmarcó su decisión como coherente con sus principios.

Finalmente, Villacís agradeció a abogados, organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos que la acompañaron durante el proceso. Destacó el respaldo recibido en la defensa del derecho y la justicia.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa respondió con dureza a Gustavo Petro y negó que Jorge Glas sea un preso político. El mandatario afirmó que Glas cumple condenas por corrupción en casos como Odebrecht y Sobornos, y calificó las declaraciones del líder colombiano como una injerencia en asuntos internos. El cruce ocurre en medio del debate regional sobre supuestos casos de persecución política.

El presidente Daniel Noboa respondió este martes 7 de abril a las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió a la situación judicial del exvicepresidente Jorge Glas en términos de persecución política. 

La reacción del mandatario ecuatoriano fue frontal: negó que Glas sea un preso político y afirmó que su condición responde a sentencias por delitos de corrupción.

(Te invitamos a leer: Petro pide a Noboa liberar a Jorge Glas durante una reunión en Galápagos)

Noboa sostuvo que el país ha esperado durante años que los casos de corrupción de alto nivel sean juzgados y sancionados, y cuestionó los intentos, desde el exterior, de presentar una narrativa distinta. “Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, señaló.

El presidente enumeró los procesos judiciales que pesan sobre Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Indicó que el exfuncionario debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, una trama de sobornos de alcance transnacional que también tuvo ramificaciones en Colombia.

A eso sumó la condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y otra por peculado en el proceso relacionado con la Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

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La respuesta de Noboa no solo se centró en el plano judicial, sino que también tuvo un componente político y diplomático. El mandatario calificó las declaraciones que aluden a Glas como preso político como un “atentado contra la soberanía” del Ecuador y una violación al principio de no intervención.

Para sustentar su postura, citó el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe a los Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros países, así como normas del derecho internacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.

Lo que debes saber

• Cruce de posturas en redes: Gustavo Petro reitera que Jorge Glas es “preso político”; Daniel Noboa lo niega y defiende la justicia ecuatoriana.
• No fue una reunión reciente: Petro no visitó a Noboa ahora; recordó en X un encuentro pasado en Galápagos para sustentar su pedido.
• Caso judicial vigente: Glas cumple condenas por corrupción en Ecuador y sus recursos legales han sido rechazados, manteniendo su reclusión.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X este 7 de abril de 2026.

En el tuit, Petro recordó un encuentro pasado en las Islas Galápagos, donde —según afirmó— solicitó al presidente Daniel Noboa la liberación de Glas o su entrega a Colombia.

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“Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió Petro.

Un pedido que no es nuevo

No es la primera vez que el mandatario colombiano insiste en este tema. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, Petro ha sostenido que Glas es víctima de persecución política.

Incluso, en septiembre de ese mismo año, aseguró que el exvicepresidente había obtenido la nacionalidad colombiana. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana indicó que no recibió documentación oficial y reiteró que las sentencias contra Glas siguen vigentes.

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Además, Petro ha señalado que el estado de salud del exvicepresidente evidenciaría “tortura psicológica”, comparándolo con casos que él considera similares en otros países de la región.

Noboa responde: “Debe responder ante la justicia”

Tras las declaraciones de Petro, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reaccionó también a través de redes sociales, rechazando la idea de que Glas sea un preso político.

“Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.

En su mensaje, Noboa detalló que Glas debe responder por delitos como asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en el caso Sobornos y peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Asimismo, calificó las declaraciones de Petro como una intromisión en asuntos internos: “Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”.

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Tensiones entre Ecuador y Colombia

El cruce de declaraciones se suma a una relación bilateral marcada por tensiones en los últimos meses.

En enero de 2026, Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel similar por parte de Colombia, además de la suspensión de la venta de electricidad.

A esto se añaden otros episodios, como la repatriación de presos colombianos desde Ecuador y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano.

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Alexandra Villacís renuncia a vocalía suplente de la Judicatura tras impedimento legal

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El trasfondo del caso Glas

Jorge Glas cumple condena en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, por varios casos de corrupción:

Las autoridades judiciales ecuatorianas han rechazado recursos como el hábeas corpus, manteniendo vigente su privación de libertad.

La decisión de Yunda responde al nuevo escenario político del país, dijo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recientemente la ejecución de elecciones seccionales anticipadas en Ecuador, lo cual aceleró las definiciones en los movimientos políticos de Quito y Guayaquil.

Ecuador

Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta

Richard Josue Jimenez Mora

El anuncio oficial en televisión

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, afirmó Yunda de forma directa. Su declaración pone fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato y lo coloca nuevamente en la carrera por el sillón municipal. El exburgomaestre aprovechó el espacio televisivo para ratificar su intención de participar en los comicios que renovarán las autoridades locales, sin dar detalles por qué movimiento político correrá la carrera.

Impacto de las elecciones anticipadas

La modificación del cronograma electoral por parte del CNE movió el tablero político. Este cambio de fechas provocó una serie de alianzas estratégicas y distanciamientos entre las figuras públicas más relevantes del país. En el debate también participó Henry Cucalón, exministro de Gobierno, junto a un panel de especialistas que analizaron las implicaciones de estos comicios inesperados y el rol de CNE, que en los últimos días ha bloqueado a varios movimientos políticos como Unidad Popular o Construye.

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CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

Daniel Alejandro Romero Páez

Análisis del escenario electoral

El programa contó con la presencia de Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiago Pérez, director de Clima Social. Los expertos discutieron cómo la fragmentación del voto y los nuevos plazos establecidos por la autoridad electoral influyen en las posibilidades de los aspirantes. Según los analistas, la entrada de Yunda a la contienda redefine las estrategias de los demás partidos políticos en la capital.

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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El señalamiento por la gestión de cuentas

Guayaquil

Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

Juan Ponce Merchán

La fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Luisa González, tras ser allanada por la Policía, en enero pasado, enfatizó su denuncia de que la Fiscal´ía responde a interéses políiticos. Según las declaraciones de Luisa dio en ese momento, Aguiñaga tuvo la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas. Con ese discurso buscó proteger a la directiva que ella integró hasta la llegada de Gabriela Rivadeneira, en 2025.

Política

Rafael Correa atribuye a amenazas la renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura

Carlos Isaac Pino

El conflicto político entre Aguiñaga y González, dos figuras de las más visibles del correísmo, terminó en una separación definitiva a finales de 2025. La exclusión de Aguiñaga de los planes de reelección para 2027 detonó su salida oficial del movimiento, en medio de reproches cruzados sobre la capacidad de trabajo y la lealtad partidaria. Mientras la Prefecta defiende su labor técnica en Guayas, el buró político, con el respaldo de Rafael Correa, impulsa una narrativa de depuración. Esta estrategia incluye la revisión de los aportes económicos gestionados durante el periodo en que la hoy Prefecta lideró el movimiento a escala nacional.

Riesgos en etapa reservada

La etapa de investigación previa permite a la fiscal delegada al caso, Judith Bonilla, vincular a nuevos actores si aparecen indicios de responsabilidad durante la recolección de evidencias. El caso, conocido mediáticamente como Caja Chica, pone bajo la lupa los flujos de dinero que sostuvieron la actividad proselitista de la RC. Para Aguiñaga, el riesgo reside en que cualquier inconsistencia administrativa detectada por la justicia se convierta en una imputación formal. Por ahora, la Prefecta se enfoca en su gestión provincial mientras la sombra de las auditorías internas y judiciales amenaza con alterar su futuro político.

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Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

Diana Sotomayor

Los tres momentos en la relación de Aguiñaga y González

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Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

El primer gran cisma ocurrió tras la derrota de Luisa González en la segunda vuelta presidencial. Aguiñaga, que en ese entonces era la Presidenta Nacional de la RC, renunció a su cargo de forma sorpresiva a través de un video, mencionando que "en política no debe haber espacio para el rencor".

El motivo real: Se filtró que existían fuertes reclamos internos (especialmente de figuras cercanas a Rafael Correa y la propia Luisa) que cuestionaban la estrategia de campaña y la organización del partido bajo el mando de Aguiñaga.

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Esto es lo que no podrá hacer Revolución Ciudadana por sanción de nueve meses

Carlos Isaac Pino

En el contexto de la reorganización del partido, Luisa González asumió la presidencia de la RC. Fue en este periodo donde surgieron comentarios sobre la administración financiera y logística del movimiento. "Marcela manejaba las cuentas", dijo Luisa.

A lo largo de los últimos dos años, el tono ha subido. Mientras Aguiñaga se enfocaba en su gestión como Prefecta del Guayas (buscando una imagen más técnica y de consenso), Luisa González mantenía la línea dura del partido. En este contexto, Aguiñaga respondió a las críticas internas con una frase lapidaria: "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos". Fue un dardo directo a Luisa, quien no ha ganado una elección ejecutiva propia.

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Ecuador

El referéndum que avala quitar poder al CPCCS no fue un pedido de tregua de la Corte

Alfonso Albán

La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023.

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

Ecuador

Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Sara Ortiz

Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor.

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

Política

Corte Constitucional en la mira del Gobierno de Ecuador: ¿qué está en juego?

Richard Josue Jimenez Mora

Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales.

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

Bloqueo a Alexandra Villacís en la Judicatura tiene un olor a delincuencia organizada

Todos los poderes en las Comisiones Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Guayaquil

Aguiñaga: ¿Cómo se elegirá al reemplazo de Carlos Serrano en la Viceprefectura?

Carlos Isaac Pino

Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga rendirá versión en el caso Caja Chica este 8 de abril

Sara Ortiz

Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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La salida de una de las figuras con mayor capital político en la región —motivada por una compleja y sensible situación de salud familiar— da paso a una etapa de transición bajo el mando del actual viceprefecto, Carlos Serrano. Este relevo ocurre en un momento crítico para la provincia, donde la seguridad, la inversión en infraestructura y el desarrollo agropecuario demandan una continuidad institucional que ahora deberá ser gestionada por un perfil más técnico y empresarial. Sin embargo, este movimiento no es meramente administrativo; representa un hito que obliga a las fuerzas políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, a recalcular sus estrategias ante un vacío de liderazgo que pone a prueba la capacidad de transferencia de apoyo popular hacia su sucesor.

Guayaquil

Marcela Aguiñaga deja el cargo: los proyectos que quedan en riesgo

Juan Ponce Merchán

Ecuador

¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Perspectiva experta: ¿Retiro táctico o fin de un ciclo político?

Para el politólogo José Luis Morales, esta renuncia no puede leerse como un evento aislado, sino como un movimiento estratégico en un tablero de "ajedrez político" donde "nada es casual". Morales sostiene que, aunque la funcionaria apeló a motivos personales, la decisión coincide con un periodo de alta confrontación entre los gobiernos seccionales y el Ejecutivo, sugiriendo que Aguiñaga pudo haber tomado esta ruta tras evaluar riesgos de persecución política o procesos en organismos de control. "Es bastante inteligente decir inmediatamente no voy a lanzarme... desaparezco políticamente, puedo volver", afirma el experto, quien ve en este retiro una forma de preservar su imagen frente al desgaste del conflicto directo con el Gobierno Nacional.

En este nuevo escenario, el movimiento oficialista ADN surge como el actor con mayores posibilidades de crecimiento. Morales destaca que la organización del presidente Daniel Noboa ha demostrado gran habilidad articulando con cuadros disidentes, por lo que podría capitalizar el cansancio del electorado hacia partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC). "Quien veo con más chances de entrar sería ADN", afirma el analista, subrayando que la cercanía geográfica y política con Santa Elena convierte a Guayaquil y al Guayas en un objetivo estratégico para el Gobierno.

Guayaquil

Renuncia en Guayas: los retos que enfrenta Carlos Serrano al asumir la Prefectura

Juan Pablo Pérez Tomalá

El desafío de Carlos Serrano

Respecto a Carlos Serrano, quien asumirá el cargo el 14 de mayo, Morales considera que su éxito dependerá de su capacidad para generar alianzas inmediatas y definir quién será su segunda al mando para cumplir con la paridad de género. Para el analista, Serrano tiene la oportunidad de "lucirse" y utilizar la gestión como un bastión político propio, siempre que logre concluir con eficiencia las obras pendientes. De ser así, el retiro de Aguiñaga se confirmaría como una jugada táctica: al alejarse del foco público en un momento donde la política es un "deporte de alto riesgo", ella preserva su imagen y evita un desgaste mayor. "Sales como una persona virtuosa porque dijiste: yo tomé la decisión de irme por circunstancias personales", concluye Morales, dejando abierta la puerta para un retorno en futuros ciclos electorales.

Ecuador

Marcela Aguiñaga y su estrategia electoral: ¿Cuáles son sus posibles aliados?

Carlos Isaac Pino

Análisis: El fin del liderazgo personalista y la orfandad del voto

Por su parte, el politólogo Santiago Pérez Samaniego coincide en que la salida de Aguiñaga representa una fractura profunda en el electorado, aunque advierte que el voto no migrará "en bloque". Según Pérez, existen dos capas de votantes en conflicto: el ideológico, que probablemente retornará a la Revolución Ciudadana (RC) por su estructura y memoria electoral, y un segmento "personalista" vinculado estrictamente a la figura de la prefecta. Este último grupo, que valora el perfil individual de Aguiñaga por encima de la disciplina partidista, corre el riesgo de dispersarse hacia la abstención o hacia opciones de centro y oficialistas.

El desgaste de un ciclo y el vacío de poder

Bajo esta óptica, Pérez Samaniego sostiene que el fin de la etapa de Aguiñaga comenzó antes de su renuncia formal. Políticamente, su ruptura con la RC en diciembre de 2025 marcó el inicio de un desgaste que la dejó sin el "paraguas orgánico" necesario para una reelección sólida. "La ruptura con la RC cambió su visibilidad política y esta crisis familiar aceleró esa salida", explica el experto, subrayando que el correísmo actual carece de una figura con la misma potencia electoral individual y combinación de atributos —experiencia pública y arraigo territorial— que ostentaba la funcionaria saliente.

Ecuador

¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Serrano: De la narrativa social a la gestión técnica

En cuanto a la sucesión, Pérez Samaniego —en contraste con algunos matices de Morales— sostiene que lo más razonable para el nuevo prefecto sería adoptar una línea estrictamente técnica y mantener un bajo perfil político. El analista advierte que intentar replicar el liderazgo de Aguiñaga implicaría un alto riesgo, considerando el peso nacional de su figura. En ese escenario, anticipa un giro en las prioridades de gestión: pasar de una narrativa de alta exposición social hacia un enfoque más orientado al sector rural, la producción y la articulación empresarial, características que definirían el sello propio de Serrano.

Esta transición, en definitiva, sitúa al oficialismo (ADN) como el actor mejor posicionado para crecer sobre los vacíos de poder y capitalizar una oposición atomizada. No obstante, Pérez no descarta una reanimación del Partido Social Cristiano en lo local, siempre que logre reunificar el voto anticorreísta ante la ausencia de un rostro provincial fuerte en la RC.

Ecuador

Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri: Binomio electoral descartado ¿Cuál es el motivo?

Alfonso Albán

Como conclusión compartida por ambos expertos, la clave para entender esta dinámica no es solo la partida de Marcela Aguiñaga, sino el contexto de su salida: una renuncia que ocurre tras romper con la organización que la llevó al poder, dejando un mapa político en Guayas que deberá dibujarse de cero.

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Política

Revolución Ciudadana exige a Daniel Noboa una "tregua arancelaria" con Colombia

Marco Rivera

Villavicencio enfatizó que el Día del Trabajo no es una fecha de descanso, sino de reivindicación. El líder sindical recordó la historia de la fecha lograda por los trabajadores. “No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemoran este cerca de 140 años por las 8 horas de trabajo”. Además, insistió en que la movilización es una expresión de derechos.

El líder sindical cuestionó la decisión gubernamental de mover el feriado. Consideró que se trata de una estrategia para debilitar la protesta social. “Ni su maniobra política va a hacer que los trabajadores y los pueblos no nos movilicemos el primero de mayo”, afirmó. También ratificó la convocatoria en defensa del trabajo, la salud y la democracia.

Protestas del 1 de mayo en Ecuador: rechazo a medidas del Gobierno

Política

UNE anuncia movilizaciones por IVA al 15% en productos básicos: ¿cuándo serán?

Marco Rivera

El dirigente aseguró que el cambio del feriado tiene un trasfondo político. Según explicó, el Gobierno busca reducir la presencia ciudadana en las calles. A su criterio, la movilización no solo conmemora la fecha histórica. También representa un rechazo a las políticas actuales.

Villavicencio fue más allá y criticó la gestión del Ejecutivo. “Es una maniobra mañosa por parte del gobierno”, declaró. Sostuvo que la intención es disminuir el impacto de las protestas. Además, acusó al presidente de aplicar medidas que afectan a los trabajadores.

En ese contexto, insistió en que el feriado no debía modificarse. Argumentó que el 1 de mayo caía en viernes y debía mantenerse. “No tenía que cambiarse ni adelantarse ni atrasarse”, indicó. Reiteró que las organizaciones saldrán a las calles en todo el país.

Gremios en Ecuador protestan por alza del IVA en productos básicos

Las movilizaciones también están impulsadas por reclamos económicos. La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció protestas contra medidas del Gobierno. Entre ellas, el incremento del IVA al 15% en productos básicos. Las manifestaciones están previstas para el 8 de abril y el 1 de mayo.

El gremio advirtió que más de 60 productos de primera necesidad están afectados. Entre ellos figuran alimentos como leche, yogurt, queso, pan y fideos. También se incluyen bebidas como jugos. “No estamos hablando de lujos, estamos hablando de la comida diaria de nuestras familias”, señala el comunicado.

Según la UNE, estas decisiones agravan la situación económica del país. El incremento impacta directamente en el costo de vida. Además, golpea el consumo diario de los hogares ecuatorianos. La organización sostiene que la medida profundiza la crisis.

Política

UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra ley de los GAD en la Corte

Costo de vida en Ecuador: brecha entre salario y canasta básica

Según la organización de educadores, el alza de precios afecta la Canasta Familiar Básica Nacional. En enero de 2026, este indicador alcanzó los 821,80 dólares. Sin embargo, el salario básico en Ecuador se mantiene en 482 dólares. Esto refleja una brecha significativa entre ingresos y gastos.

La UNE advirtió que esta diferencia continúa ampliándose. Según el gremio, las familias enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades. El incremento del IVA agrava esta situación. La presión económica se vuelve cada vez más evidente.

En este escenario, las marchas buscan visibilizar el impacto de las medidas. Los gremios coinciden en que el problema no es solo laboral. También responde a una crisis económica más amplia. Por ello, mantienen su convocatoria a nivel nacional.

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Política

Toque de queda Ecuador: ¿fue clave o estrategia oculta? Giancarlo Loffredo responde

Marco Rivera

Rodríguez afirmó que la medida responde a un reclamo directo desde los territorios fronterizos de Ecuador. Según su publicación, la política arancelaria vigente ha generado un impacto negativo en la economía local. Además, cuestionó la falta de respuestas inmediatas desde el Ejecutivo frente a la situación.

“No permitiremos que se siga gobernando de espaldas a la realidad: su política arancelaria es un golpe bajo”, escribió el legislador. En el mismo mensaje, insistió en que la crisis afecta directamente a quienes dependen del comercio fronterizo. También advirtió que la situación está debilitando la integración con Colombia.

Pedidos urgentes al Gobierno de Noboa

Economía y negocios

Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

Mayra Pacheco Pazmiño

El documento también solicita la reactivación del diálogo binacional entre Ecuador y Colombia. Los asambleístas consideran fundamental retomar conversaciones para abordar temas comerciales, energéticos y de seguridad. Esto incluiría la convocatoria al Gabinete Binacional entre ambos países.

Otro de los puntos clave es la normalización de los pasos fronterizos. El texto destaca la importancia de garantizar una circulación segura y continua, especialmente en zonas como el puente sobre el río Mataje. Según el documento, esto ayudaría a reducir el contrabando y las economías ilegales.

Asimismo, se propone implementar una política integral de seguridad con enfoque binacional. Esto implicaría fortalecer la cooperación en inteligencia y control del crimen organizado. También se pide evitar medidas que afecten el comercio legal o criminalicen la economía popular.

Integración regional y presión política

La bancada plantea además la activación de mecanismos de la Comunidad Andina. El objetivo es restablecer el orden jurídico comunitario y facilitar el diálogo entre Estados. También buscan garantizar soluciones sostenibles en el marco del derecho andino.

Otro pedido incluye convocar a actores productivos y territoriales de ambos países. La intención es generar un espacio de encuentro que permita construir soluciones conjuntas. Esto apunta a mitigar los efectos de la crisis en la frontera.

“La integración binacional no es un eslogan”, señaló Rodríguez. El asambleísta insistió en que se requieren decisiones coordinadas y urgentes. También calificó como inaceptable que “decisiones de escritorio” profundicen la crisis social.

Ecuador

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Advertencia sobre impacto social y económico

El documento advierte que la falta de una salida dialogada podría agravar la crisis económica y social. Los legisladores sostienen que esto debilitaría la integración andina y afectaría la gobernabilidad territorial. También alertan sobre el impacto en regiones históricamente vulnerables.

Finalmente, la bancada insiste en la necesidad de decisiones firmes pero coherentes con la realidad territorial. Señalan que las medidas deben alinearse con los compromisos internacionales del país. En ese contexto, reiteran el llamado a una respuesta inmediata del Ejecutivo.

El oficio concluye con una lista de firmantes que respaldan la solicitud. Entre los asambleístas que suscriben el pedido constan:

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Política

Loffredo: "No siempre podemos tener éxito en todas las operaciones que hacemos"

Marco Rivera

“No era cualquier tipo de delincuencia”, afirmó Loffredo, al detallar que los llamados “gatilleros” eran parte central de los operativos. Explicó que estos actores, aunque no sean líderes, son quienes generan violencia directa en los territorios. “De eso levantamos a mucho”, señaló, al referirse a las detenciones realizadas. Sin embargo, reconoció que no cuenta con cifras sobre cuántos detenidos han sido liberados.

“No tengo esa estadística, esperemos que la mayoría se quede entre las rejas”, dijo el ministro. Añadió que el seguimiento judicial corresponde principalmente a la Policía y al Ministerio del Interior. Indicó que las Fuerzas Armadas no reciben retroalimentación directa sobre el destino de los capturados. Aun así, aseguró que existe compromiso institucional para vigilar el proceso.

Resultados operativos y objetivos inesperados en Ecuador

Política

González tras decisión del CAL sobre Diana Jácome: "El que tiene padrino se bautiza"

Marco Rivera

Loffredo detalló que inicialmente se planificaron 39 objetivos militares de impacto, pero finalmente se ejecutaron acciones sobre 60. Esto se debió a la aparición de los llamados “blancos de oportunidad”, surgidos durante los operativos. “Por información empiezas a tener nuevos objetivos y los vas atacando”, explicó. Estos datos, dijo, provienen de capturas previas y permiten ampliar el alcance de las intervenciones.

El ministro también destacó el rol de la ciudadanía durante el toque de queda.egún señaló, hubo “una madurez” que facilitó las operaciones sin mayores incidentes. Afirmó que no se registraron daños colaterales significativos durante las intervenciones. Esto permitió mantener el control territorial mientras se ejecutaban las acciones.

Sobre la medida restrictiva, explicó que el toque de queda tenía múltiples objetivos estratégicos. Uno de ellos era evitar enfrentamientos con civiles en caso de fugas o reacciones violentas.Otro, facilitar el uso de tecnología de inteligencia en un entorno controlado. “Tengo la ciudad desierta, para mí es más fácil utilizar ciertos equipos”, indicó.

Estrategia militar y control territorial durante el toque de queda

El control del movimiento fue clave para debilitar la estructura operativa de los grupos delictivos. Loffredo explicó que estas organizaciones cuentan con sistemas de vigilancia propios. “Estos delincuentes tienen anillos de vigilancia con cámaras y campaneros”, afirmó. Por ello, una de las primeras acciones fue retirar cámaras en los territorios intervenidos.

El toque de queda permitió neutralizar a los “campaneros”, quienes alertan sobre presencia policial o militar. “Nos aseguramos que no hubieran cuando íbamos a buscar a estos objetivos”, señaló. Esto redujo significativamente la capacidad de reacción de los grupos criminales. La combinación de tecnología y control de movilidad fue determinante.

Sin embargo, surgió cuestionamiento sobre el anuncio previo de los operativos. Se planteó que advertir con 15 días de anticipación pudo facilitar la fuga de objetivos. Ante esto, Loffredo defendió la estrategia utilizada en operaciones militares. Indicó que lo visible no siempre refleja la totalidad del plan ejecutado.

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Mayra Pacheco Pazmiño

Desinformación y táctica en operativos militares

Ecuador

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El ministro relató un caso en Buenos Aires para explicar la lógica operativa. “Les avisamos que íbamos a entrar a bombardear”, dijo sobre una intervención anterior. A pesar del aviso, se estableció un cerco estratégico para capturar a los implicados. “Cogimos a 11, nos enfrentamos con ellos”, detalló.

En ese enfrentamiento, reconoció que hubo intercambio de disparos. “Ellos respondieron con fuego… pero más nosotros a ellos”, afirmó. Con este ejemplo, buscó demostrar que la anticipación puede formar parte de una táctica. No necesariamente implica pérdida de efectividad en la operación.

Finalmente, Loffredo subrayó que la desinformación también es parte de la guerra. “No siempre lo que se ve es solo la superficie”, sostuvo. Explicó que existen estrategias paralelas que no se hacen públicas. Estas buscan sorprender y reducir la capacidad de respuesta del enemigo.

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Economía y negocios

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Mayra Pacheco Pazmiño

El ministro explicó que una de las principales limitaciones es la dinámica de la guerra simétrica. “Estos grupos armados organizados se mimetizan con la población”, señaló, al detallar los desafíos para identificar objetivos en zonas habitadas. Añadió que no es una estrategia nueva ocultar actividades bajo estructuras civiles. Esto, dijo, complica el accionar militar en la frontera norte.

También indicó que el uso de testaferros es una práctica recurrente en estos grupos. Loffredo mencionó a alias “Mono Tole” como uno de los objetivos priorizados desde 2023. Según afirmó, su estructura estaría vinculada a la emboscada en Alto Punino donde murieron 11 militares. Además, lo relacionó con ataques a unidades de inteligencia en Barranca Bermeja.

Operativos contra estructuras armadas en la frontera

Ecuador

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El ministro sostuvo que “Mono Tole” es un objetivo militar tanto para Ecuador como para Colombia. Explicó que desde 2025 se tenía identificado un sitio utilizado como lugar de descanso del grupo. En ese espacio, aseguró, existían instalaciones de entrenamiento. “Había un polígono de arma corta, uno de arma larga, una zona de descanso”, detalló.

Según indicó, ese campamento fue destruido en una primera incursión en 2025. Posteriormente, en 2026, se ejecutó otra operación en la que se atacó la vivienda del presunto líder. Loffredo afirmó que en el lugar se encontraron evidencias visuales. “Está el video donde entra el equipo de Recon de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Añadió que en ese registro se observan fotografías del objetivo con su familia. Esto confirmaría el uso del inmueble como refugio. Las operaciones, según dijo, buscan eliminar tanto infraestructura como espacios de resguardo. Todo forma parte de una estrategia integral en la zona fronteriza.

Estrategia militar y destrucción de campamentos

Durante la entrevista, el entrevistador cuestionó la utilidad de bombardear un sitio aparentemente vacío. Frente a ello, Loffredo explicó que estas acciones buscan impedir que los lugares sean reutilizados. Señaló que eliminar estos espacios reduce las opciones de escondite. Además, forma parte de una presión sostenida.

“Sitio que acomoden, sitio que les vamos a destruir hasta quedemos con ustedes”, expresó. Según dijo, este tipo de medidas también impacta en la moral de los grupos armados. La estrategia apunta a debilitar su capacidad de operación. Recalcó que se trata de un enfoque global.

El ministro defendió además el análisis detrás de estas decisiones. “Las estrategias operacionales… están concebidas por personas que tienen mucha más capacidad de análisis”, afirmó. De esta manera respondió a cuestionamientos sobre la lógica de los bombardeos. Insistió en que las decisiones responden a criterios técnicos.

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Raúl Iván González, presidente de Construye, dialogó con EXPRESO sobre la participación del movimiento en las próximas elecciones y la cancelación de la tienda política.

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Ecuador

Juan Fernando Flores: “Debemos dejar de meter a todos en un solo saco”

Flor Layedra

- ¿Cómo recibe el argumento del Consejo Nacional Electoral para cancelar al movimiento Construye?

- Lo tomamos como un acto en el cual, la administración pareciera desconocer el proceso histórico que ha tenido el movimiento. Según el informe técnico, hecho por la Dirección de Organizaciones Políticas, dice que nuestra organización política tiene cero adherentes permanentes; esto significaría que ni los miembros directivos de la organización están adheridos a ella.

El CNE nos ha acompañado en las primarias y en elecciones de directivas; un requisito es el padrón.-

- ¿Ustedes recibieron correos donde les indicaban quiénes se desafiliaban?

- Nosotros, desde 2018, cuando retomamos nuestra personería jurídica, jamás hemos sido notificados de una sola desafiliación. El CNE no nos ha informado.

- ¿Han consultado al CNE por qué no le han notificado las desafiliaciones?

- Sí, hemos hecho un pedido de información, el 23 de marzo de este año, solicitándoles que nos envíe las notificaciones o, al menos, las copias certificadas de todas las solicitudes de desafiliación del movimiento.

- ¿Han recibido respuesta?

- No, no hemos recibido ninguna respuesta.

- Desde su perspectiva, ¿este proceso responde a criterios técnicos o políticos?

- Para nosotros, esto es un problema político porque se vio la insistencia de la presidente del Consejo en tomar esta resolución. (Pero) Si es un tema político, la defensa se vuelve compleja; si es un tema jurídico, nosotros en derecho nos podremos defender.

- ¿Ustedes creen que les devolverán la personería jurídica, como en 2018, luego de las seccionales?

- Nosotros agotaremos todos los recursos como lo hicimos anteriormente.

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Ecuador

Lucio Gutiérrez: “ADN está inmersa en corrupción; no habrá alianza”

- ¿Cómo evalúa el cambio del calendario electoral?

- Es para favorecer a un jugador.

Siempre debería parecernos terrible que se cambien las reglas de juego para intentar favorecer a una fuerza política.-

- ¿Esa decisión a ustedes lo perjudica o no?

- Siempre vamos a plantear alternativas; siempre vamos a discutir posibilidades de alianzas, como lo hemos hecho siempre en la participación política. A veces tenemos un resultado bueno y a veces no.

- En el caso de que no tengan la personería jurídica, ¿ustedes piensan participarán en alianza con alguna organización política?

- Cuando decidimos formar una organización política, decidimos formarla porque no coincidíamos del todo con las otras organizaciones políticas. A nuestros compañeros, quienes aspiran y esperan ser candidatos en distintas localidades del país, están liberados; eso es lo que les digo, a diferencia de los señores de otros movimientos que están llamando a desafiliarse, a nosotros nos han dado desafiliando a todos.

- Es decir, ¿todos los cuadros de Construye podrán participar con otras tiendas políticas?

- Claro, porque no han estado afiliados nunca, según el CNE. Ellos no estarían impedidos de participar por ninguna organización política, si así lo quisieran hacer. Pero en sí, el movimiento no estaría buscando alianzas para participar con el nombre de Construye; pero si se mantiene en la papeleta, lo hará e impulsará los procesos de alianza que correspondan con la mayor cantidad de organizaciones políticas en los que podamos confluir en una tendencia para confrontar el autoritarismo.

- ¿Por qué?

- Porque lo que está en juego en el país es la democracia, cuando se cooptan instituciones, cuando se busca controlar todos los poderes del Estado, se pone en riesgo la democracia; eso es algo en lo que nosotros creemos y lo defenderemos si es que así llega a pasar. Si se actúa en derecho eso debería ocurrir, pero lamentablemente estamos en un momento político en el que el derecho no es la herramienta fundamental con la que se está actuando.

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Guillermo Churuchumbi: “Divididos, el país se va a la ruina y acabará la democracia”

Flor Layedra

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Ecuador

ONU alerta sobre retroceso democrático en Ecuador: presión a ONG y ataques a la Corte

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Bastan pocos ejemplos: mientras el 2025 cerraba como el año más violento en la historia del país, una nueva crisis institucional emergía en la Judicatura a raíz del juicio político a Mario Godoy. Simultáneamente, mientras el desabastecimiento de medicinas persiste, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales y los jueces de la Corte Constitucional (CC) han sido puestos bajo la lupa.

El rol del Ejecutivo: ¿revocatoria del mandato?

Aunque la inestabilidad no es un fenómeno nuevo, la posibilidad de superar esta multiplicidad de problemas depende, en primera instancia, de reconocer que existe un interés del Ejecutivo por incidir en cada espacio de la institucionalidad. Así lo sostiene el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta Espinosa.

Para ello, Acosta propone una salida drástica: la revocatoria del mandato. “Dentro del marco institucional, apegados a la Constitución y la ley, hay que desplegar acciones para frenar las pretensiones dictatoriales de Noboa”, afirma, aunque reconoce su desconfianza hacia el CNE y admite que este es un camino sumamente complejo.

Este Diario intentó contactar a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y a varios asambleístas de la bancada de ADN para conocer su postura ante el posible inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Problemas de instituciones se luchas con más institucionalidad

Por su parte, el constitucionalista José Chalco recuerda que no todos los líos son recientes y no todos dependen del Ejecutivo. Además, hace hincapié en que las soluciones aún reposan en la institucionalidad y la Carta Magna. De hecho, identifica a la Corte Constitucional como el órgano clave para garantizar que las decisiones estatales no sean excesivas y se mantenga el orden jurídico.

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“Hay que entender que no se trata de defender un texto constitucional en abstracto, sino un orden constitucional. Un respeto a instituciones y a mínimos jurídicos. Es una cuestión de defensa al Estado Constitucional. El país requiere servidores y funcionarios públicos con talla de Estado”, comenta Chalco.

Corte Constitucional, ejemplo del riesgo existente

No obstante, la autoridad de la Corte ha sido cuestionada recientemente tras conocerse que varios magistrados están en la mira de la Contraloría General del Estado e incluso podrían ser investigados por la Fiscalía General, acciones que diversos sectores han calificado como “acoso institucional”.

En contraste, el exasambleísta Andrés Páez sostiene que las observaciones a los jueces no tienen relación con el Ejecutivo y son, por el contrario, una muestra del funcionamiento institucional, al ser un procedimiento estándar aplicado a todo servidor público.

El poder ciudadano como última frontera

Para Acosta, la lectura es opuesta: considera que la Corte Constitucional es el último espacio de resistencia frente al Gobierno. Ante la erosión de la confianza en las instituciones, sostiene que al país solo le queda la resistencia ciudadana, ejercida en las calles y en las urnas.

“No solo hay la revocatoria del mandato o la destituidos a través de la Asamblea Nacional, sino la resistencia popular que podría forzar la renuncia de Daniel Noboa. Todo, menos la dictadura, como decía Eloy Alfaro”, comenta, enfatizando que estos problemas solo se acabarán con la “Constitución y la ley en la mano”.

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Lo que debes saber

• Pedido judicial: El juez Felipe Córdova solicita retirar la inmunidad a Mónica Palacios para iniciar juicio por calumnia.
  
• Fundamento: La querella de Cynthia Gellibert sostiene que la asambleísta acusó falsamente de delitos a terceros.
  
• Traba constitucional: El proceso penal no puede arrancar sin la autorización previa del Pleno de la Asamblea.
  
• Tipificación: La causa se basa en la calumnia, delito que implica atribuir infracciones penales sin pruebas.
  
• Votación clave: Se necesita una mayoría calificada en el Legislativo para dar paso al requerimiento de la Corte.

El cerco judicial se estrecha sobre la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional que autorice el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la legisladora Mónica Palacios. El objetivo del magistrado es dar luz verde a un proceso penal por el presunto delito de calumnia.

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El origen de la querella

La causa tiene su génesis en una querella presentada por Cynthia Gellibert, quien acusa a la asambleísta de haber vertido declaraciones públicas en las que se le atribuye la comisión de un delito sin presentar sustento alguno. Según la parte acusadora, este señalamiento infundado configura una infracción penal clara que no debe quedar en la impunidad bajo el amparo de la curul.

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La Asamblea tiene la última palabra

Pese a los indicios, el proceso se encuentra en una pausa obligatoria debido al blindaje legal que otorga la Constitución a los legisladores. Al gozar de inmunidad, Palacios no puede ser procesada penalmente sin que el Pleno de la Asamblea Nacional lo autorice mediante votación. Por ello, el magistrado remitió el requerimiento al Legislativo, trasladando la responsabilidad política a los colegas de la señalada.

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La ruta del proceso judicial

El expediente se centra en el presunto delito de calumnia, una figura que la propia legislación impulsada durante el correísmo define como la atribución falsa de un delito a otra persona. Para el juez Córdova, existen elementos de convicción suficientes para avanzar, pero el paso previo es ineludible: la Asamblea debe definir el futuro de la legisladora. Para que el requerimiento judicial prospere, se requerirá de una mayoría calificada en el Pleno, lo que pondrá a prueba las alianzas dentro del Parlamento.

Puntos clave

• Ajuste al COIP: La Fiscalía pide evitar duplicidad de delitos y centrar la reforma en el agravante que supone el uso de uniformes para la seguridad pública.
  
• Alcance extendido: La Policía sugiere incluir en la normativa a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.
  
• Control logístico: Se propone centralizar la fabricación mediante una empresa pública o mixta para rastrear la entrega de indumentaria.
  
• Protección industrial: Plantean un registro de propiedad industrial de los uniformes por un periodo mínimo de 10 años.
  
• Análisis financiero: Solicitan evaluar el impacto económico que la implementación de estos controles tendrá en las arcas del Estado.

El análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública sigue su curso en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. En la última jornada, la mesa legislativa recibió los criterios técnicos de delegados de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional para blindar la propuesta reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Alertas sobre la duplicidad penal

Dayana Encalada, representante de la Fiscalía General, advirtió la necesidad de precisar el texto para no generar "ruido" jurídico. Según la funcionaria, existen conductas en la reforma que ya están tipificadas en el COIP, por lo que sugirió que el enfoque se centre en determinar cuándo el uso de indumentaria oficial agrava un delito y genera un mayor perjuicio a la seguridad pública.

Bajo esta lógica, instó a los asambleístas a revisar con lupa el Capítulo Sexto del código vigente, referido a los delitos contra la estructura del Estado, para evitar que la nueva ley se convierta en un espejo innecesario de normativas que ya se aplican.

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Control de fabricación y logística

Por su parte, la coronel Doris Viteri Paspuel, directora de Logística de la Policía Nacional, aportó una visión operativa al debate. Propuso que el alcance de la ley no se limite a militares y policías, sino que se extienda a los cuerpos de seguridad penitenciaria y de aduanas.

Viteri planteó una solución de fondo para el descontrol de prendas oficiales: la creación de una empresa pública o una alianza público-privada encargada de la dotación exclusiva de implementos. Esta entidad facilitaría el rastreo de la fabricación y la entrega anual de uniformes, evitando que piezas originales o réplicas exactas terminen en manos de estructuras delictivas.

Además, la oficial destacó que la Policía ya gestiona 14 registros de propiedad industrial y tiene otros ocho en trámite, sugiriendo que la ley debe considerar plazos de protección no menores a 10 años y evaluar el impacto económico que estas regulaciones tendrían en el presupuesto estatal.

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Ajustes técnicos en marcha

Tras escuchar las comparecencias, la mesa legislativa dispuso que todas las observaciones sean enviadas formalmente para que el equipo técnico las procese. La meta es depurar el documento e incorporar las sugerencias que fortalezcan la eficacia de la ley antes de su votación en el pleno.

Lo que debes saber

• Renuncia en medio de controversia: Alexandra Villacís dimitió como vocal suplente de la Judicatura tras no poder asumir la Presidencia por un supuestos impedimento legal.
  Inhabilidad cuestionada: El impedimento se basó en una supuesta deuda con el SRI; aunque un habeas data ordenó corregir esa información, el Ministerio del Trabajo aún no la ha rectificado.

Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, renunció a esa designación este 7 de abril de 2026. Su caso cobró relevancia después de un supuesto impedimento para ejercer cargo público, el cual apareció justamente cuando debía asumir la presidencia de la Judicatura en medio de una licencia del extitular de la entidad, Mario Godoy.

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“Esta situación trasciende lo personal y deja una reflexión necesaria sobre el valor de la seguridad jurídica y el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho”, escribió Villacís en un comunicado.

Además señaló: “Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el país, con el único propósito de contribuir a una institucionalidad sólida y al sistema que la ciudadanía merece, sin que haya mediado en ello interés personal alguno; sin embargo, las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito”. 

Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el paísAlexandra Villacís

¿Por qué Villacís nunca asumió la presidencia de la Judicatura?

Alexandra Villacís fue designada y posesionada como vocal suplente de la presidencia de la Judicatura, después del proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hay que recordar que dicho proceso se se origina de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia (de aquí sale el presidente y su suplente), Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y la Defensoría Pública.

El resultado de dicho proceso fue la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Después, él se vio inmerso en una enuncia sobre injerencia en decisiones judiciales que derivó en su censura y destitución.

En medio del juicio político que enfrentó, Godoy solicitó una licencia y fue ahí cuando apareció el impedimento legal que evitó que Villacís asuma el cargo. Supuestamente mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio del Trabajo registró la inhabilidad.

En una polémica sesión, los cuatro vocales de la Judicatura decidieron designar a Damián Larco como presidente del organismo. Él fue director del SRI y llegó a la Judicatura por la terna enviada por el presidente Daniel Noboa.

El habeas data y el rol del ministro del Trabajo

Villacís recurrió a acciones legales para intentar solventar la supuesta inhabilidad. Una de ellas fue la del habeas data. Con eso buscó que se corrija la información después de que el SRI certificara que no mantenía deuda alguna.

Dicho habeas data le fue aceptado pero, hasta este 7 de abril de 2026, el Ministerio del Trabajo no ha cumplido con la rectificación de la información. Tras la decisión de la jueza, el ministro del Trabajo Harold Burbano, dijo que el fallo presentaba vacíos. "Cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del SRI. El Ministerio del Trabajo es solo un repositorio de información de las instituciones en donde se generan las obligaciones”, dijo. 

El reemplazo de Villacís

Pese a la situación legal de Villacís, el CPCCS decidió continuar con el proceso para la designación de un nuevo titular de la Judicatura. En esto fue clave la Corte Nacional de Justicia y su presidente Marco Rodríguez. Este último remitió la terna en medio de la pugna que estaba en curso.

Actualmente, ese proceso esta en marcha. El CPCCS convocó al escrutinio público e impugnación ciudadana a los integrantes de la terna remitida por la Corte.

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Lo que debes saber

• Alexandra Villacís renunció a la vocalía suplente del Consejo de la Judicatura tras un fallo judicial a su favor y la difusión de registros que señalaban un impedimento legal por obligaciones con el sector público. La coexistencia de certificados oficiales con información contradictoria sobre su situación marcó el desenlace del caso.

Alexandra Villacís Parada, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia al cargo tras un proceso judicial en el que obtuvo una sentencia favorable, pero en medio de cuestionamientos por un registro de impedimento legal para ejercer funciones públicas. La decisión fue anunciada en un comunicado difundido este 7 de abril de 2026.

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La funcionaria explicó que acudió a la justicia constitucional, la cual emitió una sentencia que le dio la razón y ordenó la rectificación de información que impedía su posesión en el cargo. Según indicó, este fallo tenía cumplimiento inmediato dentro del marco legal vigente.

Sin embargo, el contexto cambió tras la difusión de documentos oficiales que evidencian un registro de impedimento vinculado a obligaciones con el sector público. Este elemento generó dudas sobre la viabilidad de su permanencia en funciones dentro del sistema judicial.

Impedimento legal y certificaciones oficiales en el caso Villacís

De acuerdo con un registro del Ministerio del Trabajo, Alexandra Villacís aparece con impedimentos legales para ejercer cargos públicos debido a una “mora con el sector público”. La información fue reportada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y consta en un certificado oficial.

El documento señala que este tipo de inhabilidad aplica a personas con deudas en entidades públicas, aunque contempla excepciones si dichas obligaciones han sido declaradas o cuentan con acuerdos de pago formalizados entre las partes.

En contraste, un certificado de cumplimiento tributario emitido también por el SRI el mismo 7 de abril de 2026 indica que Villacís “ha cumplido con sus obligaciones tributarias y no registra deudas en firme” al momento de la revisión de la base de datos institucional.

Contradicciones entre registros y decisión final de renuncia

Esta aparente contradicción entre documentos oficiales marcó el desarrollo del caso y elevó la discusión sobre la seguridad jurídica en Ecuador. Mientras un registro señalaba impedimentos, otro certificaba ausencia de deudas exigibles.

En su comunicado, Villacís sostuvo que actuó siempre “con transparencia, dentro del marco de la Constitución”, y defendió que el derecho es la vía legítima para hacer prevalecer la verdad. También recalcó que cumplió con los requisitos legales para su designación.

A pesar de ello, reconoció que las circunstancias actuales no ofrecían condiciones adecuadas para continuar en el cargo. Por ello, anunció el cierre del proceso y su renuncia como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

“He actuado con transparencia”, sostiene Villacís en su comunicado

“Lo hago con la tranquilidad de haber actuado dentro del orden jurídico”, expresó la funcionaria, quien también afirmó haber sostenido la verdad por vías institucionales y con respeto a la Constitución.

Asimismo, señaló que su intención fue contribuir al fortalecimiento de la justicia en el país, sin que mediara interés personal en su gestión. En esa línea, enmarcó su decisión como coherente con sus principios.

Finalmente, Villacís agradeció a abogados, organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos que la acompañaron durante el proceso. Destacó el respaldo recibido en la defensa del derecho y la justicia.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa respondió con dureza a Gustavo Petro y negó que Jorge Glas sea un preso político. El mandatario afirmó que Glas cumple condenas por corrupción en casos como Odebrecht y Sobornos, y calificó las declaraciones del líder colombiano como una injerencia en asuntos internos. El cruce ocurre en medio del debate regional sobre supuestos casos de persecución política.

El presidente Daniel Noboa respondió este martes 7 de abril a las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien se refirió a la situación judicial del exvicepresidente Jorge Glas en términos de persecución política. 

La reacción del mandatario ecuatoriano fue frontal: negó que Glas sea un preso político y afirmó que su condición responde a sentencias por delitos de corrupción.

(Te invitamos a leer: Petro pide a Noboa liberar a Jorge Glas durante una reunión en Galápagos)

Noboa sostuvo que el país ha esperado durante años que los casos de corrupción de alto nivel sean juzgados y sancionados, y cuestionó los intentos, desde el exterior, de presentar una narrativa distinta. “Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, señaló.

El presidente enumeró los procesos judiciales que pesan sobre Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Indicó que el exfuncionario debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, una trama de sobornos de alcance transnacional que también tuvo ramificaciones en Colombia.

A eso sumó la condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y otra por peculado en el proceso relacionado con la Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

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"Atentado a la soberanía", asegura Daniel Noboa

La respuesta de Noboa no solo se centró en el plano judicial, sino que también tuvo un componente político y diplomático. El mandatario calificó las declaraciones que aluden a Glas como preso político como un “atentado contra la soberanía” del Ecuador y una violación al principio de no intervención.

Para sustentar su postura, citó el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe a los Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros países, así como normas del derecho internacional.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a insistir en la liberación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, durante una reunión con su homólogo Daniel Noboa en las Islas Galápagos.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”.

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Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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Te invitamos a leer: CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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Lo que debes saber

• Cruce de posturas en redes: Gustavo Petro reitera que Jorge Glas es “preso político”; Daniel Noboa lo niega y defiende la justicia ecuatoriana.
• No fue una reunión reciente: Petro no visitó a Noboa ahora; recordó en X un encuentro pasado en Galápagos para sustentar su pedido.
• Caso judicial vigente: Glas cumple condenas por corrupción en Ecuador y sus recursos legales han sido rechazados, manteniendo su reclusión.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X este 7 de abril de 2026.

En el tuit, Petro recordó un encuentro pasado en las Islas Galápagos, donde —según afirmó— solicitó al presidente Daniel Noboa la liberación de Glas o su entrega a Colombia.

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“Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Allí en islas Galápagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió Petro.

Un pedido que no es nuevo

No es la primera vez que el mandatario colombiano insiste en este tema. Desde la posesión de Noboa en noviembre de 2025, Petro ha sostenido que Glas es víctima de persecución política.

Incluso, en septiembre de ese mismo año, aseguró que el exvicepresidente había obtenido la nacionalidad colombiana. Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana indicó que no recibió documentación oficial y reiteró que las sentencias contra Glas siguen vigentes.

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Además, Petro ha señalado que el estado de salud del exvicepresidente evidenciaría “tortura psicológica”, comparándolo con casos que él considera similares en otros países de la región.

Noboa responde: “Debe responder ante la justicia”

Tras las declaraciones de Petro, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reaccionó también a través de redes sociales, rechazando la idea de que Glas sea un preso político.

“Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”.

En su mensaje, Noboa detalló que Glas debe responder por delitos como asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en el caso Sobornos y peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Asimismo, calificó las declaraciones de Petro como una intromisión en asuntos internos: “Esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención”.

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Tensiones entre Ecuador y Colombia

El cruce de declaraciones se suma a una relación bilateral marcada por tensiones en los últimos meses.

En enero de 2026, Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que fue respondida con un arancel similar por parte de Colombia, además de la suspensión de la venta de electricidad.

A esto se añaden otros episodios, como la repatriación de presos colombianos desde Ecuador y las críticas de Petro al proceso electoral ecuatoriano.

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La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023.

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

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Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor.

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

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Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales.

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

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Todos los poderes en las Comisiones Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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