Lo que debe saber

• ECU 911 ratifica ante la Asamblea la existencia de una presunta "sala espejo" en el Municipio de Guayaquil, basándose en un informe de inteligencia.
• Juan Carlos Paladines asegura que el ECU 911 solo accede a las cámaras de videovigilancia bajo demanda.
• La comparecencia se enmarca en la investigación del caso Segura EP y el caso Porsche, que reavivaron el debate sobre el presunto uso irregular de recursos municipales.

El proceso de fiscalización sobre el uso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil continuó este 15 de julio de 2026 en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. El director del ECU 911, Juan Carlos Paladines, reveló que un informe de inteligencia determinó la existencia de una supuesta "sala espejo" en el Palacio Municipal del Puerto Principal.

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En la comisión, presidida por la oficialista Inés Alarcón, compareció Paladines para explicar el rol del ECU 911 en la interoperabilidad de las cámaras de videovigilancia que existen en el país. Señaló que hay 21.500 en todo el territorio nacional y que se han emitido 52 resoluciones de interoperabilidad con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Paladines centró su exposición en una sola premisa: “El ECU 911 solo puede acceder a las cámaras de la interoperabilidad bajo demanda”. Con ello intentó explicar que esa entidad accede a estas únicamente cuando ocurre un evento, como un robo, un siniestro de tránsito o un fenómeno natural.

“No es que yo quiero tomar una cámara de Segura EP y tengo la visualización. Tiene acceso bajo demanda si hay una alerta o emergencia, robo, incendio o tránsito”, explicó. 

Añadió que la entidad que preside no maneja las cámaras de los municipios y que eso incluye, entre otras cosas, la tecnología y el manejo de la información que los GAD obtienen a través de ellas.

ECU 911 reafirma la existencia de una "sala espejo"

La correísta e integrante de la Comisión de Seguridad, Jahiren Noriega, cuestionó a Paladines. Recordó dos decretos ejecutivos expedidos por el presidente Daniel Noboa, uno de ellos relacionado con la designación del ECU 911 como ente rector de los sistemas de videovigilancia en el país.

Noriega consultó cuál era la base con la que el director del ECU 911 contaba para asegurar que en el Municipio de Guayaquil existía una "sala espejo". Paladines respondió: “Está basado por Inteligencia que hay una sala espejo puesta en el Municipio. No sé desde hace cuánto tiempo. Solo puedo asegurar que hay una sala espejo en el Municipio de Guayaquil”.

La legisladora cuestionó el accionar de Paladines al considerar que, por la responsabilidad de su cargo y debido a que conocía de la existencia de dicha sala, era necesaria la presentación de una denuncia ante la Fiscalía.

El director del ECU 911 también informó que la entidad que preside no emitió en ningún momento una alerta sobre un eventual uso indebido de las cámaras de videovigilancia. Aseguró que es imposible que el ECU 911 ejerza un control sobre todas las cámaras y sostuvo que únicamente se realizan evaluaciones aleatorias.

“Yo no puedo saber si una cámara, en determinado lugar, se hizo o no mal uso. Esos temas puntuales no los puedo saber. Hacemos auditoría aleatoria siempre y cuando se necesite”, manifestó Paladines.

Por su parte, la oficialista Inés Alarcón centró sus preguntas en la interoperabilidad y en la notificación para la instalación de la sala espejo. Consultó si se había solicitado información para su implementación. Tras la respuesta de Paladines, la legisladora que preside la mesa insistió en que dicha sala operaba sin notificación formal y sin interoperabilidad alguna.

¿Por qué se investiga el caso?

La fiscalización está vinculada al denominado caso Porsche. El tema volvió a la discusión pública después de la difusión de un audio atribuido a Rafael Correa. En ese material se escucharía al expresidente conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

El caso Porsche está relacionado con la presencia de un vehículo de esa marca en la Isla Trinitaria, perteneciente a Industrial Molinera, del Grupo Noboa. La llegada de ese vehículo llamó la atención porque estuvo en un sitio cercano a donde se encontraba el único procesado por el caso de la explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.

Johnny Escobar se estrena como consejero del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana

• Johnny Escobar se principaliza en el Pleno del CPCCS en reemplazo de Roberto Gilbert.
• El nuevo consejero priorizará la renovación del CNE y la designación del Fiscal General.
• El funcionario cuestionó la politización del organismo y anunció una revisión de los procesos.

Este miércoles 15 de julio de 2026, el economista Johnny Escobar Coronel se incorporó oficialmente al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Ecuador, como consejero principal. Escobar asumió de forma inmediata el cargo vacante dejado por Roberto Gilbert tras su renuncia, comprometiéndose a agilizar procesos claves de designación nacional como la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la elección del nuevo Fiscal General del Estado.

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Prioridades de Johnny Escobar en el CPCCS

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, Johnny Escobar señaló que su prioridad dentro del organismo de control es agilizar el despacho de las causas pendientes. Su objetivo principal es "evacuar los procesos que han causado expectativas en la ciudadanía".

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Designación de autoridades clave en Ecuador

Entre las tareas urgentes que deberá resolver el Pleno del CPCCS con la incorporación del nuevo consejero se encuentran:

Búsqueda de consensos y rechazo a la politización

El nuevo consejero hizo un llamado a la unidad de los integrantes de la institución para evitar divisiones internas. "No hemos venido dividir, ni hacer mayorías ni minorías, sino consensuar", enfatizó Escobar, prometiendo además transparencia y compromiso en su gestión.

Cabe recordar que Johnny Escobar fue posesionado previamente como consejero suplente por la Asamblea Nacional el pasado 7 de julio de 2026. Durante dicha intervención, cuestionó severamente la politización del CPCCS y anunció que ejecutará una revisión integral del estado de todos los procesos públicos en marcha.

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Trayectoria y perfil del nuevo consejero

Johnny Escobar Coronel cuenta con una formación multidisciplinaria y una amplia trayectoria en la administración pública.

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Experiencia profesional en el sector público

Antes de integrarse al Pleno del CPCCS, Escobar se desempeñó en diversos cargos estratégicos:

Lo que debes saber

• Torres descartó una responsabilidad política de Inés Manzano por el caso Progen.
• El juicio político en marcha se sustancia por presuntas irregularidades en el caso ATM.
• El oficialismo aseguró que mantendrá el control de la agenda de fiscalización en la Asamblea.

El martes 14 de julio, la Comisión de Fiscalización inició el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM) para la generación eléctrica. La diligencia continuará este miércoles 15 de julio con la práctica de pruebas de cargo y descargo.

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El juicio por ATM y el caso Progen

El proceso se sustancia por el caso ATM, luego de que no prosperara un juicio político relacionado con el caso Progen. En ese contexto, el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, sostuvo en el programa digital ‘A primera hora’ que, a su criterio, no existen elementos para atribuir una responsabilidad política a Manzano por ese último caso.

El legislador de Acción Democrática Nacional (ADN) afirmó que la solicitud de juicio político por Progen presentada por la oposición tenía deficiencias jurídicas. Incluso comparó ese expediente con el proceso por ATM y aseguró que ambos adolecían de problemas en su formulación, aunque recalcó que el juicio actualmente en marcha es el que corresponde tramitar en la Comisión de Fiscalización.

Torres también rechazó las críticas sobre una supuesta falta de tratamiento del caso Progen en la Asamblea. Recordó que el tema fue debatido en el Pleno, donde, según dijo, se abordó la denominada "ruta del dinero", por lo que insistió en que "no es que no sea tratado el tema; se lo ha tratado en sus debidos tiempos".

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Defensa de Manzano y alcance de la fiscalización

Sobre la primera jornada del juicio político, el presidente encargado de la Asamblea valoró el desempeño de la defensa de Manzano. A su juicio, los abogados de la exministra expusieron argumentos sólidos y lograron dejar "sin argumentos" a los interpelantes durante las comparecencias.

Consultado sobre las críticas a la fiscalización legislativa, Torres diferenció el control político de los juicios políticos y aseguró que no toda investigación deriva en una interpelación. Además, indicó que durante el primer año de funciones de la actual Asamblea se presentaron alrededor de 6.000 pedidos de información, de los cuales aproximadamente 5.100 recibieron respuesta por parte de las instituciones del Estado.

En cuanto al concepto de responsabilidad política, Torres sostuvo que se trata de una figura distinta a la responsabilidad penal y con un amplio margen de interpretación, al punto de afirmar que "es todo y nada". Bajo esa premisa, reiteró que, a su juicio, Inés Manzano no tiene responsabilidad política en el caso Progen, mientras que las investigaciones penales deberán continuar para determinar eventuales responsabilidades.

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La agenda del oficialismo

Finalmente, Torres dejó claro que el oficialismo mantendrá el control de las prioridades legislativas y no permitirá que la oposición marque la agenda de la Asamblea. "Nosotros no vamos a permitir que la oposición marque la agenda política. La marcamos nosotros", afirmó, al sostener que la mayoría legislativa obtenida por ADN le otorga esa conducción política.

Los puntos claves

• Tatiana Coronel publicó un mensaje en X llamando a la unidad de la izquierda. Es su primera publicación política tras los cruces públicos con Fernando Cornejo.
• La alcaldesa subrogante no ha explicado el contexto ni el motivo de su mensaje.
• El pronunciamiento se da mientras la administración municipal enfrenta cuestionamientos por la crisis institucional de Guayaquil.

Tras varios días marcados por la polémica, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, reapareció en sus redes sociales con un mensaje de contenido político dirigido a la izquierda.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria reapareció con un mensaje de unión a la izquierda. "La unidad no exige pensar igual, exige caminar hacia el mismo horizonte. La izquierda no pierde cuando debate; pierde cuando olvida que el adversario no está a su lado, sino enfrente".

Hasta el momento, Coronel no ha emitido declaraciones adicionales que expliquen el alcance de su publicación ni ha precisado si responde a algún hecho político en particular.

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Un mensaje tras días de confrontación

La publicación aparece luego de una serie de episodios que colocaron a la alcaldesa subrogante en el centro del debate público.

Uno de ellos fue su enfrentamiento con Fernando Cornejo, exdirector de Segura EP y exCEO municipal, quien aseguró que abandonó el Municipio porque no compartía la visión de Coronel ni del equipo que la rodeaba. El exfuncionario sostuvo que entendió que "el rumbo de la ciudad no iba a ser el mismo" que durante la gestión del alcalde Aquiles Álvarez.

La respuesta de Coronel llegó a través de un mensaje de Tik Tok, en el que afirmó, sin nombrarlo, que Cornejo dejó el Cabildo porque "se llenó de pánico, de terror, de miedo" y aseguró que ella permaneció al frente de la administración en un momento crítico. Incluso sostuvo que el exfuncionario "pasará a la historia como uno de los primeros que saltó del barco cuando más se lo necesitaba".

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También intervino en el caso ATM

En los últimos días, la alcaldesa subrogante también reaccionó al video que denunciaba una presunta extorsión cometida por un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) contra un repartidor en Urdesa.

Desde X pidió al gerente de la institución que el funcionario fuera separado de inmediato y denunciado ante la justicia, calificándolo de "delincuente".

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Una administración bajo cuestionamientos

El pronunciamiento de Coronel también se produce en medio de un escenario complejo para el Municipio de Guayaquil. En un análisis reciente elaborado por EXPRESO, especialistas y líderes ciudadanos advirtieron sobre el vacío institucional, la necesidad de recuperar la seguridad, mejorar la movilidad y reconstruir el tejido social de la ciudad. Algunos de los consultados cuestionaron además el silencio de la administración subrogante frente a varias problemáticas y señalaron que la próxima administración deberá enfrentar una profunda crisis urbana e institucional.

Lo que debes saber

• María Belén Yúnez renunció a la candidatura del PSC por la Alcaldía de Samborondón.
• El PSC busca reemplazo tras la renuncia en uno de sus bastiones en Guayas.
• La salida de Yúnez reconfigura la contienda electoral en Samborondón rumbo a las seccionales.

La inesperada renuncia de María Belén Yúnez a la precandidatura por la Alcaldía de Samborondón abrió un nuevo frente de incertidumbre dentro del Partido Social Cristiano (PSC). 

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La decisión no solo obliga a la organización a buscar un reemplazo a pocos meses de las elecciones seccionales de noviembre, sino que también pone en entredicho la estrategia con la que pretendía preservar uno de sus principales bastiones políticos en el país.

Hasta hace apenas once días, el escenario parecía definido. El PSC había inscrito oficialmente a Yúnez, hija del exalcalde José "Coco" Yúnez y hermana del actual alcalde Juan José Yúnez, como su carta para mantener el control del cantón, gobernado por esa familia desde 1996. Su candidatura apuntaba a prolongar una hegemonía política de más de tres décadas.

Sin embargo, el martes 14 de julio, María Belén Yúnez notificó al Tribunal Electoral Provincial del Guayas del PSC su declinación voluntaria. En paralelo, hizo pública su decisión en redes sociales, donde aseguró que poner "una pausa" al proyecto no había sido una decisión sencilla y sostuvo que continuará sirviendo al cantón sin necesidad de ocupar un cargo público. No explicó las razones de fondo de su retiro.

Un vacío en uno de los bastiones del PSC

La salida de Yúnez tiene implicaciones que trascienden una simple sustitución de candidatura. Samborondón representa uno de los últimos bastiones históricos del socialcristianismo en Guayas y uno de los municipios con mayor estabilidad electoral para la Lista 6.

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La estructura política del cantón ha permanecido bajo la conducción de la familia Yúnez durante casi 30 años. José "Coco" Yúnez fue alcalde entre 1996 y 2019, mientras que desde ese año el cargo es ocupado por su hijo, Juan José Yúnez. La candidatura de María Belén buscaba dar continuidad a esa línea política y familiar.

Su renuncia deja al PSC sin una figura definida cuando el proceso electoral ya avanza y otras organizaciones han consolidado sus postulaciones.

El tablero electoral cambia

La salida de la precandidata modifica el panorama político de Samborondón.

Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene como precandidata a Arianna Burgos, mientras que Centro Democrático impulsa la candidatura de María José Agusto. Hasta antes de la renuncia, las tres aspirantes buscaban convertirse en la primera mujer en llegar a la Alcaldía del cantón.

Con la declinación de Yúnez, el PSC deberá definir en corto tiempo un reemplazo para mantener competitiva una plaza considerada estratégica para el partido.

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Una nueva señal de las dificultades del socialcristianismo

La renuncia ocurre en un contexto complejo para el PSC, que en los últimos meses ha enfrentado una reorganización interna tras los resultados electorales nacionales y el debate sobre el relevo de liderazgos dentro de la organización.

La pérdida inesperada de su candidata en Samborondón representa un desafío adicional para un partido que intenta conservar sus principales gobiernos locales frente al avance de nuevas fuerzas políticas, especialmente del oficialismo.

Lo que se sabe

• Desde la cuenta de la Fiscalía se compartió un video del actor Fernando Villarroel, quien parodió sobre la salud del alcalde Aquiles Álvarez
• El fiscal aseguró que la cuenta de la entidad, en la red social X, fue vulnerada para publicar ese contenido
• Julio César Cueva, abogado de Álvarez, dijo que "no es la primera vez" que la Fiscalía busca "estigmatizar a Aquiles"

El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, aseguró este miércoles 15 de julio de 2026 que la cuenta de Fiscalía, en la red social X, fue vulnerada para compartir un video del actor Fernando Villarroel sobre la salud del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

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"Se ingresaron a la cuenta de X, de la Fiscalía General del Estado, es decir, vulneraron todas las seguridades de la cuenta de X para retuitear una parodia que nosotros, como Fiscalía, una institución recta y seria, jamás retuiteamos y esta (publicación) tampoco se la realizó", sostuvo.

Alarcón, quien calificó al hecho de "inadmisible", indicó en radio Democracia: "Está puesta la denuncia, se están ubicando las IP (dirección digital de un dispositivo) desde donde empezaron a ingresar, porque empezaron a ingresar desde el día domingo y lunes (12 y 13 de julio) a la cuenta de Fiscalía".

No lo hicimos nosotros. Nos vulneraron y nos violaron la cuenta de X de la Fiscalía. Está puesta la denuncia".Fiscal general Carlos Alarcón

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"No es la primera vez", dice defensa del alcalde

La publicación desde la cuenta de Fiscalía, que fue borrada, generó una protesta de Julio César Cueva, abogado de Álvarez, quien el martes 14 presentó una queja a la institución, en la que pidió disculpas públicas, rectificación e investigación.

Cueva cuestionó la versión del fiscal, sobre el supuesto jaqueo, y aseguró a EXPRESO: "No es la primera vez que ellos (Fiscalía) están atrás, buscando estigmatizar a Aquiles".

El jurista recordó que, el pasado 9 de junio, el Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, llamó la atención sobre la publicación de fotos y videos de Álvarez en las audiencias.

"Esta prohibición ha sido igualmente dada a conocer respecto de las personas que comparecen de manera presencial a las diligencias judiciales, en atención a las normas que garantizan la correcta realización de las actuaciones jurisdiccionales y la protección de la información que se genera en el marco de estas", sostuvo el Tribunal.

El Tribunal pidió a la Fiscalía, en la audiencia del 8 de junio, que investigue la "grabación y difusión" de un video en el que se ve a Álvarez ingresando a la sala de audiencias de la Unidad Judicial Penal, de La Libertad, en Santa Elena.

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Fiscalización inició el trámite del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano

• La Comisión de Fiscalización evalúa el contrato eléctrico con Austral Technical Management.
• El correísmo denuncia un perjuicio de $23 millones por falta de cobro de garantías.
• La defensa de Manzano afirma que el informe de Contraloría no la menciona directamente.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la sustanciación del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM) para la generación eléctrica en Ecuador. El proceso legislativo arrancó de forma virtual el martes 14 de julio de 2026 bajo la conducción del presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez. Tras suspenderse por alcanzar el límite de tiempo legal, la práctica de las pruebas de cargo y descargo se reanudará este miércoles 15 de julio de 2026 a las 17:30.

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Suspensión y reinstalación de la sesión legislativa

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), convocó la primera sesión para la práctica de la prueba el 14 de julio de 2026 a las 15:00. Cuatro horas después, Álvarez suspendió la jornada al recordar que la mesa legislativa había llegado al límite de tiempo permitido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las normas que rigen a las comisiones de la Asamblea Nacional.

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De acuerdo con la agenda parlamentaria, la práctica de la prueba dentro de este proceso político se retomará este miércoles 15 de julio de 2026 a las 17:30. En esta nueva sesión está previsto continuar con la presentación de las pruebas de cargo y de descargo de los proponentes del juicio y de la exministra de Estado.

Durante la sesión inicial, la exministra de Energía, Inés Manzano, compareció de forma virtual pero no intervino directamente. El equipo de abogados acreditado para representarla asumió la tarea de responder las inquietudes de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, bancada proponente del proceso de fiscalización.

Los cargos de la Revolución Ciudadana por el contrato de ATM

Los legisladores del correísmo centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas.

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Los argumentos principales de los interpelantes se estructuran bajo los siguientes puntos:

Los argumentos de la defensa de Inés Manzano

Por su parte, la defensa técnica de la exministra de Energía presentó sus alegatos enfocados en el debido proceso y el alcance del informe técnico de control.

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Los descargos jurídicos se fundamentaron en dos aspectos esenciales:

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El miércoles 15 de julio del 2026, en entrevista con Radio EXA, el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, señaló que, tras 31 días de audiencia, ha evacuado evidencias recabadas durante la investigación previa y la instrucción fiscal. “Hemos aportado todas las pruebas necesarias para que el tribunal determine responsabilidades”, afirmó.

Según dijo, la acusación incluye a 20 personas en calidad de autores y cómplices del presunto delito de cohecho. Excluyó a la nieta de Conto Patiño, Priscila Burneo.

Sobre Lenín Moreno, Alarcón indicó que, aunque no firmó contratos, tuvo un rol en los contactos iniciales con funcionarios chinos cuando era vicepresidente, en el contexto de la construcción de Coca Codo Sinclair. Aseguró que "hay pruebas, versiones y asistencias penales internacionales desde Panamá, cuentas en donde ingresó el dinero para que haya coima, cohecho entre funcionarios del Estado y particulares".

El fiscal Alarcón buscó dejar sobre la mesa que, en su opinión, existe "cohecho activo y pasivo". 

Así señaló que, "la Constitución en el artículo 233 establece que las personas que pueden ser o serán responsables de un delito en contra de la administración pública y en este caso, un cohecho, son empleados estatales; y en la parte final dice o terceras personas, es decir también pueden ser particulares los que actúan en estos delitos. El intraneus, el empleado público; y el extraneus, el particular que también participa en el entramado".

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Esto dice Alarcón sobre las pruebas que ha presentado:

La Fiscalía sostiene que presentó al menos 29 peritajes técnicos, entre 20 y 30 testimonios y cerca de 90 documentos que describen el presunto entramado. También mencionó la trazabilidad de aproximadamente 74 millones de dólares que habrían transitado por distintas cuentas, con registros de depósitos, empresas vinculadas y movimientos financieros.

Parte de la evidencia proviene de asistencias penales internacionales solicitadas, entre otros países, a Panamá y Estados Unidos. Según el fiscal, estos elementos tienen valor probatorio dentro del proceso.

Alarcón dijo que los acusados enfrentan cargos como presuntos autores o cómplices de cohecho. La Fiscalía espera que el tribunal penal emita un fallo.

Sobre amenazas

Carlos Alarcón afirma que ha recibido amenazas directas a teléfonos personales, tanto de sus colaboradores del departamento jurídico como a su teléfono.

"Tengo los mensajes de teléfonos nacionales y extranjeros. Están puestas las denuncias y estamos estableciendo que justamente se terminó la audiencia Sinohydro y empiezan estos ataques con amedrantamientos y amenazas. A un fiscal provincial le llamaron a amenazar que por qué investiga un caso y primera vez, que se procesa a diferentes autoridades seccionales”.

Sobre los casos contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil

En paralelo, mencionó otros procesos en curso, como el caso Triple A —cuya audiencia de juicio se reinstalará el 18 y 19 de julio— y el caso Goleada, que se encuentra en etapa preparatoria de juicio.

También se refirió al exe que compartió la cuenta de la Fiscalía General del Estado de la "parodia" de Fernando Villarroel, candidato a concejal de ADN en contra del alcalde Aquiles Álvarez:

“Se ingresaron a la cuenta de X para retuitear una parodia. Está puesta la denuncia, se está ubicando las IP de dónde empezaron a ingresar porque empezaron a ingresar a la cuenta de X de la Fiscalía desde el domingo. Es inadmisible. Vamos a llegar a los responsables sean internos o externos”.

Lo que debes saber

• ATM negó este miércoles un allanamiento y aclaró que Fiscalía ejecuta diligencias por una investigación.
• La investigación surge por denuncias presentadas por la propia ATM, informó la entidad en Guayaquil.
• La ATM aseguró que colabora con la Fiscalía para esclarecer los hechos investigados.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) rechazó este miércoles 15 de julio las versiones que circulan sobre un supuesto allanamiento a sus instalaciones y aseguró que las actuaciones que se desarrollan corresponden a diligencias investigativas de la Fiscalía General del Estado.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la información sobre un presunto allanamiento es "incorrecta" y precisó que las acciones ejecutadas forman parte de una investigación impulsada por el Ministerio Público.

Fiscalía ejecuta diligencias por denuncias presentadas por la propia ATM

Según la ATM, las diligencias se realizan en el marco de denuncias que fueron presentadas e impulsadas por la propia entidad, con el propósito de esclarecer los hechos investigados y determinar las responsabilidades que correspondan.

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La institución indicó además que ha brindado las facilidades requeridas por las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación.

En el pronunciamiento, la ATM sostuvo que mantiene plena colaboración con la Fiscalía General del Estado y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento de los procesos institucionales.

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Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre el alcance de las diligencias mencionadas por la entidad ni ha emitido detalles adicionales sobre la investigación en curso. Tampoco se han revelado los hechos específicos que motivaron las denuncias presentadas por la ATM.

El comunicado fue difundido luego de que en distintos espacios circularan versiones sobre un supuesto allanamiento a las oficinas de la Autoridad de Tránsito y Movilidad, afirmación que la institución negó de manera oficial.

Las claves del caso

• Rosa Argudo recibirá $47.915 del IESS tras ganar un juicio laboral en Ecuador.
• La indemnización se pagará mientras enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito.
• Fiscalía procesará a Argudo y familiares por movimientos patrimoniales investigados.

La exsecretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Rosa Argudo, recibirá una indemnización de $47.915 tras ganar una acción judicial relacionada con su desvinculación laboral de la institución. 

La resolución ha generado debate público y político porque la exdirigente enfrenta paralelamente una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El monto corresponde a dos rubros:

El origen del conflicto laboral

La controversia se remonta a la salida de Argudo del IESS en 2024. La exdirigente presentó una acción por despido ineficaz argumentando que gozaba de fuero sindical, protección que limita la terminación unilateral de la relación laboral por parte del empleador. 

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Una jueza de Azuay le dio la razón y ordenó la compensación económica correspondiente. Posteriormente, tanto la Corte Provincial como la Corte Nacional mantuvieron vigente la sentencia.

El caso volvió al ruedo esta semana después de que el asambleísta azuayo Adrián Castro cuestionara públicamente que Argudo constara entre los beneficiarios de procesos de jubilación y compensación económica, pese a encontrarse bajo investigación penal.

Desde el Gobierno, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respondió que el desembolso no obedece a una decisión administrativa discrecional, sino al cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada. Además, señaló que incumplir la orden podría derivar en responsabilidades para los funcionarios encargados de ejecutarla.

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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La indemnización llega en un momento delicado para Argudo. La Fiscalía General del Estado impulsó la formulación de cargos en su contra y de otras siete personas vinculadas a su entorno familiar por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Entre los procesados figuran tres de sus hijos, un yerno y un sobrino, quienes también mantuvieron vínculos laborales con el IESS.

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De acuerdo con la investigación fiscal, existen indicios de un incremento patrimonial que no habría podido justificarse con los ingresos reportados por la exdirigente sindical. 

Según informes, las auditorías de la Contraloría detectaron un presunto crecimiento patrimonial superior a $292.000, además de movimientos bancarios que superarían los $2 millones durante el período analizado.

La investigación tiene como antecedente denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca y con actividades económicas vinculadas al sindicato del IESS. Sin embargo, hasta el momento no existe una sentencia condenatoria y el proceso permanece en etapa judicial.

La situación de Rosa Argudo refleja la coexistencia de dos procesos distintos. Por un lado, la exdirigente consiguió una victoria en el ámbito laboral que derivó en una indemnización reconocida por los tribunales. 

Por otro, deberá enfrentar un proceso penal que podría definir si existió o no enriquecimiento ilícito durante los años en que ejerció funciones sindicales dentro del IESS. 

Lo que debes saber

• Correa y Nebot cruzan críticas en X por la Alcaldía de Guayaquil, a cuatro meses de las seccionales.
  
  
• Nebot cuestionó la gestión correísta en Guayaquil; Correa respondió recordando apoyo estatal al Municipio.
  
  
• Un video de 2007 reavivó la disputa entre Correa y Nebot en plena definición de candidaturas.

La cercanía de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026 ha vuelto a colocar en la escena política la histórica rivalidad entre el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. 

Ambos dirigentes protagonizaron el 14 de julio un intercambio de mensajes en redes sociales, en un contexto marcado por la definición de candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas.

Críticas de Nebot a la gestión correísta en Guayaquil

La controversia se originó tras una entrevista concedida por Nebot a Ecuavisa, en la que cuestionó la gestión del correísmo en la Alcaldía de Guayaquil, actualmente en manos de esa tendencia política luego de que Aquiles Alvarez derrotara al Partido Social Cristiano (PSC) en los comicios de 2023. 

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Según el exalcalde, la administración municipal incrementó el gasto y amplió la nómina de funcionarios durante los últimos años.

Nebot sostuvo que la Revolución Ciudadana no debería continuar al frente del Municipio y argumentó que la administración correísta elevó significativamente el número de empleados municipales. 

También aprovechó la entrevista para realizar observaciones a la gestión del presidente Daniel Noboa y admitir que la candidatura de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil fue una decisión equivocada del PSC.

La respuesta de Rafael Correa

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Rafael Correa, quien respondió a través de la red social X. El exmandatario calificó a Nebot como un “cadáver político” y defendió la relación que mantuvo su gobierno con la administración municipal socialcristiana durante los años en que ambos coincidieron en funciones públicas. 

Según Correa, el éxito de la gestión de Nebot estuvo respaldado por el incremento de las rentas transferidas desde el Gobierno Central al Municipio y por la aprobación de créditos y avales solicitados por la Alcaldía.

Política

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Un video de 2007 reabre el debate político

La réplica de Nebot llegó poco después mediante la difusión de un video grabado en 2007, cuando Correa iniciaba su primer mandato presidencial. En las imágenes, el entonces presidente agradece al alcalde guayaquileño por las obras realizadas en la ciudad y destaca su trabajo al frente del cabildo. 

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El exalcalde acompañó la publicación con un mensaje que apeló a la memoria política de sus seguidores y retomó una frase habitualmente utilizada por el correísmo para referirse a sus adversarios. 

La disputa ocurre mientras las principales fuerzas políticas afinan sus estrategias para las elecciones locales. El PSC ha impulsado la precandidatura de Andrés Roche con el objetivo de recuperar la Alcaldía de Guayaquil. 

Por su parte, la Revolución Ciudadana ha apostado por el asambleísta Juan Pablo Molina como su carta para mantener el control del Municipio.

El escenario electoral también está marcado por la situación judicial del actual alcalde, Aquiles Alvarez, quien enfrenta procesos penales y permanece privado de libertad, un hecho que ha obligado al correísmo a reorganizar su estrategia política de cara a los comicios.

Lo que debes saber

• Juan Cervantes propone auditar el dragado del río Guayas si gana la Prefectura en las elecciones seccionales.
• El precandidato plantea reducir 50 % los peajes para financiar obras y atender a agricultores del Guayas.
• Cervantes prioriza obras contra El Niño en Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía para prevenir inundaciones.

El profesor Juan Cervantes, precandidato a la Prefectura del Guayas por Unidad Popular, conversa con EXPRESO sobre las prioridades de su plan de gobierno y cómo buscaría financiar sus propuestas.

- ¿Por qué quiere llegar a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Las organizaciones sindicales y populares venimos luchando en defensa de derechos laborales y sociales. La salud está postrada, sin medicinas, equipamiento, quirófanos, insumos ni especialistas. Además, se está despidiendo a profesionales del sector. 

En el ámbito provincial, creemos que ha existido corrupción en la administración de la Prefectura. Recordamos el caso del dragado del río Guayas, cuestionado durante la administración de Carlos Luis Morales (+) y que continuó con las siguientes administraciones. 

También cuestionamos el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de vías que, según nuestra visión, no han cumplido con las obras comprometidas, mientras el equipo caminero de la Prefectura realiza trabajos que deberían ejecutar esas compañías.

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- ¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

La prioridad es ejecutar todas las obras necesarias para prevenir inundaciones. También debemos mejorar la conectividad provincial y resolver los problemas de tránsito entre Samborondón, Daule y Guayaquil mediante la ampliación de vías, la construcción de un nuevo puente hacia la parroquia Los Lojas y la ejecución de caminos vecinales y puentes. 

Además, debemos enfrentar la contaminación del río Guayas, causada por aguas servidas, desechos industriales y productos químicos utilizados en actividades agrícolas.

- En 2023 también buscó la Prefectura. ¿Por qué cree que ahora sí puede ganar?

En la campaña anterior advertimos sobre lo que, a nuestro criterio, ocurriría si ganaban quienes hoy administran la Prefectura. Señalamos que cuando se desvían recursos, no hay dinero para resolver los problemas de la provincia. 

Nuestra candidatura representa a quienes han defendido durante años los derechos de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes, y propone que los recursos del Guayas se destinen a obras y no a corrupción o negociados.

- Si usted gana la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

Lo primero será auditar y fiscalizar los contratos vigentes y, si es necesario, terminar los negociados con las concesionarias. También proponemos reducir el peaje en un 50%. 

Nuestra administración tendrá contraloría social. Queremos que la ciudadanía participe en la definición de las obras prioritarias y que las comunidades organizadas sean parte del proceso de ejecución.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los impulsaría?

Primero debemos recuperar los recursos que, según nuestra visión, el Gobierno ha reducido a prefecturas y municipios. Para ello impulsaremos acciones legales y movilizaciones para exigir la restitución de esos recursos y el pago puntual de las rentas que corresponden al Gobierno Provincial. 

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Nuestra propuesta también contempla combinar recursos de la Prefectura con trabajo comunitario. Si una comunidad necesita construir un pozo, por ejemplo, la Prefectura aportará materiales y equipos, mientras los habitantes contribuirán con mano de obra organizada. 

Además, impulsaremos empleo local en las zonas rurales y evitaremos que grandes contratistas concentren la ejecución de obras sin respetar los derechos laborales.

-¿Cuál sería su plan para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño?

La prioridad será el dragado y potenciar los ríos y esteros para recuperar su capacidad hidráulica y evitar desbordamientos. Donde sea necesario construiremos muros de contención. 

También impulsaremos albarradas para almacenar agua durante el invierno y utilizarla en época seca mediante sistemas de riego que fortalezcan la producción agrícola.

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-¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

Primero debemos auditar el contrato para conocer cuánto se ha invertido, qué obras debían ejecutarse y si realmente se cumplieron. Después convocaremos a especialistas para definir cuál es la mejor alternativa técnica para resolver de forma definitiva el problema de la sedimentación. 

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No se trata únicamente de dragar, sino de entender el origen del problema en toda la cuenca del Guayas. También analizaremos el aprovechamiento del material extraído para proyectos de vivienda o rellenos, siempre que los estudios técnicos lo permitan.

-Si tuviera que establecer prioridades para los dos primeros años de gestión, ¿cuáles serían?

Las primeras acciones estarían enfocadas en los cantones más afectados por las inundaciones, como Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía. La prioridad sería el dragado de los ríos, porque consideramos que recuperar su cauce disminuiría significativamente el riesgo de desbordamientos.

Las claves que debes saber 

• Karla Saud, acusada en caso Progen, fue detenida el 9 de julio en Madrid y enfrenta pedido de extradición.
• Saud envió mensaje a ministros del caso Progen y anticipó revelaciones sobre contratos de USD 104 millones.
• El Gobierno de Daniel Noboa impulsa la extradición mientras crece la presión por posibles nuevos involucrados.

Con todo lo que Karla Saud sabe sobre la estafa de los generadores eléctricos, en la que aparece como personaje clave, bien podrían rodar varias cabezas del gobierno. Empezando por la del ministro que mantuvo con ella contactos previos al contrato de 104 millones de dólares para la compra de chatarra, el hoy devenido en museólogo y jurado internacional de concursos de arquitectura Roberto Luque. 

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Saud, lobista de Progen en el Ecuador a través de su empresa Astrobryxa, fue acusada de peculado por la Fiscalía, detenida el pasado 9 de julio por la Interpol en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y liberada poco después con medidas cautelares, mientras el gobierno del Ecuador tramita su extradición… O finge hacerlo.

Demasiado se apresuró el secretario general de la Administración y primo lejano suyo, José Julio Neira, a grabar un video en el que la hacía cargar con todo el peso de la culpa por la estafa de los generadores. 

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Saud vivía en la Florida, cerca de donde se crió Neira, con las ventajas que le confería su doble nacionalidad (ecuatoriano-estadounidense) y es probable que su primo confiara en que, allá, nunca la alcanzaría el brazo (no tan largo y más bien torpe) de la Fiscalía General del Estado. Pero terminó cayendo presa en España (son un misterio las razones de su viaje) y eso lo cambió todo.

¿Saud amenaza al Gobierno?

Ahora el Estado ecuatoriano se ve forzado (aunque fuera por aparentar) a iniciar un trámite de extradición que el bienmandado presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, puso en marcha este lunes. 

Mientras tanto, Saud, puesta en libertad condicional, graba un video que el gobierno nacional debió recibir como intimidatorio. El ministro del Interior, John Reimberg, había celebrado su captura y anunciado que las autoridades españolas le quitaron el pasaporte como señal de que tenía prohibido abandonar el país. 

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Pues bien: el video de Saud consiste en una toma fija de sus dos pasaportes, el ecuatoriano y el estadounidense (cerrados), dando a entender que están en su poder, mientras se escucha su voz en off. Un tanto pueril, el recurso: esos pasaportes podrían ser los de cualquiera. Si su intención era desmentir a Reimberg, no lo logró en absoluto.

¿Qué dijo Karla Saud Calero?

Mucho más contundentes fueron sus palabras: “Mi nombre”, dice en los 42 segundos que dura el video, “es Karla Julieta Saud Calero y este mensaje va dirigido para todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón. Quiero que sepan que me voy a defender en instancias internacionales por mi honor y el de mi familia, que lo han manchado con acusaciones falsas en mi contra y todo el pueblo ecuatoriano lo sabrá. Voy a llegar a instancias internacionales donde la justicia no es manipulable y les aseguro que no voy a ser un trofeo de su gobierno. Nos vemos pronto, Ecuador. Gracias”.

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Lo primero que llama la atención de este mensaje es el plural de su dedicatoria: a “todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón” (nombre eufemístico que usa la Fiscalía para designar el caso Progen sin tener que decir Progen). 

¿Todos los ministros involucrados? Por lo que respecta al fiscal Carlos Alarcón, solamente hay uno: Antonio Gonçalves, el único de los tres bajo cuyas administraciones ocurrieron los hechos (desde el diseño del contrato hasta los últimos pagos) que no pertenece al círculo cercano al presidente de la República. Todo apunta a que Karla Saud está vinculando a los otros dos, Roberto Luque e Inés Manzano.

Lo que podría contar la exlobista de Progen tiene el potencial de echar abajo toda la teoría del caso que el fiscal Carlos Alarcón elaboró a la medida para no incordiar a nadie en el gobierno. 

La información que podría aportar Karla Saud

Para empezar, podría revelar Karla Saud la naturaleza de sus contactos con Roberto Luque y con qué regularidad accedía a su despacho; cómo acordó los términos de los contratos (lesivos para los intereses del país) con los asesores inmediatos de Luque, José Manuel de Oliveira y Peter Dreher, hoy convenientemente fuera del país aunque no han sido vinculados al caso por la Fiscalía; qué documentación intercambiaba con ellos; cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se acordó, ya en los tiempos de Inés Manzano, seguir pagando a Progen aunque se supiera ya que sus generadores eran basura… Quizá Saud pueda aportar con chats, con audios, con documentos…

Así que el Ecuador entero puede ir haciendo sus apuestas: ¿se atreverá el gobierno de Daniel Noboa a extraditar a Saud, a sabiendas de lo que le puede costar? 

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Los intentos fallidos del Gobierno para extraditar

El trámite entre los dos países es largo y engorroso, y no sería la primera vez que fracasara por omisiones del lado ecuatoriano. Al propio Negro Willy, líder de Los Tiguerones, que tenía tanto que declarar sobre la toma armada de TC Televisión, lo dejaron escapar cuando se tramitaba su extradición desde España por el simple hecho de no entregar a tiempo las garantías que exigían los jueces de ese país. 

Además, ¿qué juez medianamente sensato de una nación medianamente democrática entregaría un prisionero a las autoridades de un país incluido en la lista negra de la tortura, un país en cuyas cárceles los presos mueren como moscas por el hambre y la tuberculosis?

Lo que debes saber:

• Exministros piden transparencia en concurso del MuNa y revelan dudas sobre jurado en Ecuador.
• Zaera-Polo afirma que Ejecutivo cuestionó diseño ganador y sugirió cambiar resultados del concurso.
• Reservas patrimoniales siguen en riesgo en edificio en emergencia desde 2018 en Quito.

Tres exministros y una exviceministra coinciden en la necesidad de contar con un Museo Nacional (MuNa) y recuerdan que el edificio que alberga parte de las reservas mantiene una declaratoria de emergencia. Pero marcan distancia frente al proceso de selección del diseño y piden al Gobierno transparentar cómo se integró el jurado y cuáles fueron los parámetros para elegir al ganador.

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Campo Baeza acusa al Gobierno de quebrantar el concurso del Museo Nacional del Ecuador

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En el programa Politizados de EXPRESO, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado, afirmó que durante el concurso, el Ejecutivo expresó su desacuerdo con la propuesta ganadora (Campo Baeza + Maoda). Además, dijo, delegados del Gobierno les sugirieron que otra propuesta (que no identificó) fuese ubicada en el segundo lugar.

Para Ana Rodríguez, exviceministra de Cultura, la conformación del jurado es un punto clave en un concurso de esta magnitud. Señala que debe explicarse cómo se seleccionó a sus integrantes y bajo qué criterios participaron representantes institucionales, delegados del presidente y la vicepresidenta. 

Luego, además, Romina Muñoz, extitular de Cultura, reemplazó a Hernán Crespo Bermejo (+). Ve necesario, puntualizó, que se publiquen de forma clara los procedimientos, las actas y la aplicación de los criterios de evaluación.

Aunque le parece que las bases técnicas del concurso fueron rigurosas en lo arquitectónico, no existió el mismo nivel de claridad en la definición del fallo. 

Por la trayectoria de los participantes y jurados, le resulta difícil sostener la tesis de que haya existido manipulación sin pruebas. Y mencionó, por ejemplo, a uno de ellos, el arquitecto ecuatoriano Luis ‘Tucho’ López. Lamenta la posición en que se deja al Colegio de Arquitectos de Pichincha.

¿Otros espacios podrían haber sido utilizados para albergar al Museo Nacional?

María Elena Machuca, exministra de Cultura, sostiene que existe la necesidad de un Museo Nacional y señala que ha sido una deuda histórica de más de 25 años. Recuerda que en su gestión se intentó aprovechar el edificio del Banco Central y, en otro momento, un espacio en el Centro de Arte Contemporáneo, sin resultados. 

Considera que existen varias alternativas viables, pero subraya que, en medio de la controversia, es indispensable aclarar aspectos como la participación de la exviceministra Romina Muñoz en el jurado.

Las reservas siguen en peligro, dicen exministros de Cultura

Julio Bueno, exministro, insistió en que lo más importante es cuidar las reservas, que están en peligro. 

“Hay cajas fuertes que pesan cuatro o cinco toneladas. Son tesoros, reserva colonial, pintura moderna, contemporánea y republicana... Hay desde el 2018 una emergencia nacional declarada. Por eso se pensó en llevarla a Unasur”. 

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Bueno compartió fotografías de la estructura del edificio Aranjuez, que evidencian el deterioro, y un informe que concluye que hay que salvaguardar el patrimonio cultural y que los ocupantes del edificio debían salir del mismo.

Por su parte, Juan Fernando Velasco, exministro, comentó que le parece un error haber llevado la discusión al campo de lo estético. Cree que desde el Viceministerio de Cultura se debió, en una etapa previa, incluir a otros sectores. 

Le habría gustado, durante su administración, dice, contar con 100 millones de dólares para invertir en un nuevo edificio del Museo Nacional. Pero al no disponer de ese recurso, buscaron alternativas para trasladar las reservas, que tienen “un peso que no soporta cualquier edificación”. No comprende cómo luego de tantos años no se las haya puesto a salvo.

EXPRESO intentó hablar al respecto con asambleístas de la Comisión de Educación y Cultura, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible contactarlos.

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El presidente Daniel Noboa ha reiterado su intención de invertir en un lugar para los “tesoros embodegados”. La obra costaría $ 100 millones.

Lo que debes saber

• La defensa sostuvo que la Contraloría no encontró responsabilidades contra Inés Manzano.
• Los abogados justificaron por qué podían representarla durante el juicio político.
• También cuestionaron la validez de parte de las pruebas presentadas por los acusadores.

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte defendió, este martes 14 de julio de 2026, la legitimidad de su intervención en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano al sostener que actúa como su representante directo y no como procurador. Explicó que la presencia de la exfuncionaria en la diligencia ratifica y legitima su actuación, por lo que pidió a la Comisión de Fiscalización respetar las normas aprobadas por la propia Asamblea Nacional.

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La defensa cuestiona las pruebas de cargo

El jurista también recordó que la Corte Constitucional ha establecido que, aunque el juicio político tiene un estándar distinto al de los procesos jurisdiccionales, debe garantizar derechos mínimos como la defensa, la producción de pruebas y la contradicción. En ese contexto, afirmó que esas garantías no pueden convertirse en herramientas de arbitrariedad contra la persona acusada.

Esto, porque la bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó que la defensa de Inés Manzano (Rafael Oyarte e Ismael Quintana) asumiera un rol protagónico durante el juicio político y sostuvo que la exministra debía ejercer personalmente su derecho a la defensa. Los legisladores argumentaron que, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el funcionario sometido a un juicio político debe comparecer directamente para responder por su gestión, mientras que los abogados únicamente pueden brindar asistencia técnica, sin sustituir la responsabilidad política del interpelado.

Durante la práctica de la prueba documental, Oyarte objetó que el informe de minoría de la Comisión de Fiscalización sea considerado como prueba de cargo. Argumentó que ese documento solo contiene apreciaciones de sus autores y fue elaborado por uno de los acusadores, por lo que, a su criterio, carece de valor probatorio para sustentar una responsabilidad política.

Respecto al informe de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con ATM, la defensa aseguró que el documento no menciona a Inés Manzano ni le atribuye observaciones, recomendaciones o responsabilidades. Añadió que las conclusiones del examen especial están dirigidas a otros funcionarios y que, de existir incumplimientos de la exministra, el organismo de control habría iniciado el correspondiente proceso de determinación de responsabilidades.

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Las acciones que, según la defensa, tomó Manzano

La defensa sostuvo además que Manzano asumió el Ministerio de Energía cuando el contrato con ATM ya había sido suscrito y se encontraba en ejecución. Según Quintana, una de sus primeras decisiones fue impulsar un examen especial de la Contraloría sobre esos procesos contractuales y posteriormente promover nuevas acciones de control, cambios de autoridades y denuncias ante la Fiscalía tras conocerse los hallazgos del organismo de control.

Sobre el arbitraje iniciado por la contratista, la defensa afirmó que la exministra no podía disponer la terminación unilateral del contrato debido a las medidas cautelares dictadas dentro de ese proceso. Agregó que el tribunal arbitral archivó la demanda presentada por ATM y levantó esas medidas, por lo que consideró que uno de los principales fundamentos de la acusación perdió sustento y que no existen elementos para atribuir a Manzano un incumplimiento de funciones.

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La ruptura administrativa responde a la decisión de la directiva provincial socialista de concretar alianzas en Guayas con el movimiento Amigo, facción afín a la estructura de la Revolución Ciudadana. Luzárraga rechazó esta medida operativa argumentando que las bases locales de su nueva plataforma, denominada 'Despierta. Unidad por Guayaquil y por la Patria', excluyeron previamente cualquier pacto con dichas agrupaciones.

El fraccionamiento del tablero electoral provocó la reacción inmediata de las autoridades correístas. El expresidente Rafael Correa cuestionó la integración de la precandidata con Futuro 20, partido liderado por Gustavo Larrea, calificando el acto como una "inconsecuencia".

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Bipartidismo y denuncias de monopolio

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, tildó a la aspirante de "chimbadora" e insinuó una supuesta injerencia del oficialismo en el quiebre de los diálogos de la tendencia.

Ante los cuestionamientos públicos, la aspirante argumentó que la tienda política de la Revolución Ciudadana busca fortalecer un bipartidismo junto al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), en referencia a las recientes reformas aprobadas al Código de la Democracia.

Luzárraga denunció que la dirigencia correísta intentó relegarla a una concejalía mediante negociaciones paralelas y condicionar la papeleta local. Como evidencia de la falta de consensos, la abogada expuso registros de conversaciones con la legisladora Sofía Espín, señalando que todo perfil que no se someta a las directrices de dicha estructura es catalogado de divisionista.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños y ecuatorianos", detalló en sus canales oficiales para ratificar su plan de trabajo cantonal.

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María Belén Yúnez declina su precandidatura

En el documento, Yúnez solicitó a la directiva que se realicen los trámites legales y administrativos pertinentes ante los organismos electorales para registrar su baja y proceder con los reemplazos que estipula la ley.

A la par de la notificación formal, la política hizo público su retiro a través de su cuenta de Instagram. "Poner una pausa a este proyecto no es sencillo", escribió Yúnez, quien justificó su salida señalando que su compromiso con el cantón se mantiene intacto y que para servir a la comunidad "no hace falta un cargo".

Con esta renuncia, el tablero político de Samborondón sufre un remezón. El Partido Social Cristiano, que mantiene una hegemonía administrativa de más de tres décadas en la localidad, se queda sin su figura principal a meses de los comicios y frente a las precandidaturas ya oficializadas de Arianna Burgos (ADN) y María José Agusto (Centro Democrático).

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Lo que debes saber

• La defensa de Inés Manzano abrió un debate en la Comisión de Fiscalización.
• Legisladores de la RC cuestionaron que los abogados de la exfuncionaria intervengan en el juicio político.
• Ferdinan Álvarez defendió la participación de la defensa técnica de la exministra.

La participación de la defensa técnica de Inés Manzano generó un nuevo enfrentamiento entre los asambleístas de los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) durante la audiencia de juicio político contra la exministra de Energía y Minas. La legisladora de oposición Ana Herrera cuestionó que sean los abogados de la exfuncionaria quienes expongan los argumentos de descargo, mientras la exfuncionaria sigue el proceso de forma virtual.

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La defensa técnica abre una disputa en la Comisión

Herrera sostuvo que la responsabilidad política no puede ser delegada a una defensa técnica y pidió que sea la propia exministra quien responda ante la Comisión de Fiscalización. La asambleísta señaló que otros exfuncionarios sometidos a juicios políticos participaron personalmente en sus procesos, aunque estuvieron acompañados por abogados.

La legisladora citó el numeral uno del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y afirmó que la norma establece que el funcionario cuestionado debe presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión. Según Herrera, los abogados pueden asesorar a Manzano, pero no reemplazar su intervención en un proceso donde se analiza su responsabilidad política por las decisiones tomadas durante su gestión.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, rechazó el planteamiento y señaló que la discusión ya se había generado en anteriores juicios políticos. El legislador oficialista afirmó que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantizan el derecho a la defensa técnica dentro de estos procesos.

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Álvarez defiende la participación de los abogados

Aunque Álvarez pidió a Herrera identificar la norma que obliga a un funcionario cuestionado a ejercer su defensa de manera personal y no mediante abogados, su decisión se mantuvo. El presidente de la Comisión sostuvo que, al tratarse de un proceso de control político, la defensa puede actuar conforme a las garantías constitucionales y legales.

La asambleísta Mónica Palacios también cuestionó que los abogados intervengan en lugar de Manzano y preguntó si ellos son los funcionarios sometidos al juicio político. Álvarez cerró la discusión y dio paso a la defensa técnica de la exministra, mientras Manzano continúa conectada de manera virtual al proceso.

Lo que debes saber

• El juicio político contra Inés Manzano incorpora nuevas pruebas sobre contratos de Celec EP.
• Los legisladores cuestionan presuntos acuerdos con Progen y ATM durante la crisis energética.
• La audiencia tuvo un cruce entre Mónica Palacios y Ferdinan Álvarez por las acusaciones de falta de atención de Inés Manzano durante el proceso.

Los asambleístas que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, incorporaron como segunda prueba documental el informe de minoría elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Los legisladores sostuvieron que ese documento complementa las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y respalda los cuestionamientos a la gestión de la exfuncionaria.

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El legislador de la Revolución Ciudadana Blasco Luna afirmó que el informe de minoría recoge los intentos de la Comisión de Transparencia por convocar a los ministros involucrados para que explicaran las presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones. Sin embargo, aseguró que esas comparecencias no prosperaron por falta de voluntad política, lo que, a su criterio, limitó el alcance de ese proceso de fiscalización.

Luna también mencionó un audio atribuido al exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, difundido previamente por un medio de comunicación, en junio de 2026, en el que presuntamente se habría recomendado que la comparecencia ante la Comisión se desarrollara de manera "muy superficial". Según el legislador, ese contenido será incorporado como prueba audiovisual para sustentar la presunta interferencia en las labores de control político.

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios señaló que el informe de minoría transcribe la comparecencia de Calero, ante la Comisión de Transparencia. Afirmó que el exfuncionario se limitó a explicar aspectos técnicos de la crisis energética de 2024, pero no respondió las inquietudes relacionadas con los contratos de Progen y ATM, que motivaron su convocatoria.

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Un cruce por la atención de Manzano marca la audiencia

Durante la exposición de Palacios se produjo un intercambio con el titular de la Comisión de Fiscalización y asambleísta oficialista, Ferdinan Álvarez, luego de que la legisladora asegurara que la exministra parecía no prestar atención al desarrollo del juicio político e incluso afirmara que se habría quedado dormida durante la sesión virtual. La asambleísta cuestionó que la exfuncionaria utilizara audífonos y aseguró que no estaba siguiendo los argumentos presentados por los proponentes del proceso.

Álvarez rechazó esas afirmaciones y pidió a la legisladora ceñirse a las pruebas documentales incorporadas al expediente. El legislador sostuvo que observaba a la exministra conectada y despierta durante la sesión, descartó que existieran elementos para afirmar que estuviera dormida.

Tras la intervención del presidente de la Comisión, Palacios insistió en que el audio atribuido a Calero demostraría que Manzano conocía las dificultades del contrato con ATM. La legisladora sostuvo que ese elemento contradice la versión de la exministra sobre su desconocimiento de las irregularidades y reiteró que, por ese motivo, debe responder políticamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que debes saber

• Los legisladores atribuyen a Inés Manzano omisiones en la supervisión del contrato con ATM.
• La Contraloría identificó deficiencias técnicas, administrativas y ambientales en el proyecto.
• El juicio político continuará con el análisis de pruebas en la Comisión de Fiscalización.

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas. Los legisladores sostuvieron que las observaciones del organismo de control evidencian incumplimientos en la supervisión, el control y el seguimiento de la contratación.

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Cuestionamientos al control del contrato

El legislador del movimiento Revolución Ciudadana, Blasco Luna afirmó que la responsabilidad política de Manzano se configuró durante el tiempo en que ejerció como máxima autoridad del sector eléctrico, entre octubre de 2024 y abril de 2026. A su criterio, la exministra no activó mecanismos efectivos para prevenir las irregularidades pese a que ya existían alertas sobre la ejecución del contrato y el riesgo para los recursos públicos.

Luna también cuestionó que, según su interpretación, Manzano conocía el informe de la Contraloría desde julio de 2025 y no emprendió acciones inmediatas contra la empresa Austral Technical Management (ATM). Agregó que la falta de decisiones oportunas habría impedido ejecutar el cobro de garantías por alrededor de $ 23 millones y permitió que el contratista continuara con el proyecto pese a los incumplimientos.

Por su parte, el asambleísta Lenín Barreto citó el informe de la Contraloría para señalar presuntas falencias técnicas en la ejecución del contrato. Mencionó la ausencia de cronogramas adecuados, deficiencias en la planificación del personal, falta de planos y diagramas técnicos, así como un control insuficiente sobre los materiales requeridos para la obra.

Barreto también sostuvo que el examen especial identificó que el proyecto avanzó sin contar con todos los permisos de construcción y ambientales requeridos. Según expuso, las observaciones evidencian que no se atendieron oportunamente las advertencias relacionadas con la regularización ambiental y la mitigación de impactos durante la administración de Manzano.

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Generadores y supervisión bajo la lupa

En su intervención, la asambleísta Mónica Palacios aseguró que, según el informe de la Contraloría, los generadores ofertados por ATM eran de 2017, pese a que el proceso de contratación exigía equipos con una antigüedad máxima de cuatro años. Además, afirmó que la empresa no presentó las garantías del fabricante y cuestionó que parte de las verificaciones técnicas se realizara mediante videollamadas, en lugar de inspecciones físicas.

Palacios sostuvo que la responsabilidad política atribuida a la exministra no se relaciona con la firma del contrato, sino con la fase de ejecución, supervisión y control del proyecto. La legisladora afirmó que Manzano ya conocía las presuntas deficiencias técnicas y contractuales, pero, según la acusación, no adoptó las medidas necesarias para proteger los recursos públicos ni garantizar el cumplimiento del contrato.