Esto debes saber

• Marcos Zambrano inscribió oficialmente su precandidatura a la Prefectura de Manabí por el movimiento ADN.
• Marcos Zambrano inscribió oficialmente su precandidatura a la Prefectura de Manabí por el movimiento ADN.
• Presentó como ejes de su propuesta el fortalecimiento de la infraestructura vial, la gestión del recurso hídrico y el trabajo coordinado con el Gobierno Nacional.

El escenario político de Manabí comenzó a tomar forma de cara a las próximas elecciones seccionales. El rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Marcos Zambrano, oficializó la inscripción de su precandidatura a la Prefectura de Manabí por el movimiento ADN. Lo hizo junto a su binomio, Gema Verduga, quien se ha desempeñado como directora provincial de ADN.

El acto, realizado en Portoviejo, reunió a simpatizantes, dirigentes parroquiales, concejales, alcaldes y representantes de la organización política. Zambrano, oriundo de Chone, llegó hasta las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Manabí sosteniendo una bandera de Manabí. 

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Luego de estampar su firma como precandidato, Zambrano aseguró que inicia una nueva etapa con el propósito de trabajar por una provincia unida, dejando atrás las diferencias políticas y territoriales que, según manifestó, han frenado el desarrollo de Manabí en los últimos años.

El precandidato comenzó su discurso saludando a los asistentes provenientes de distintos rincones de la provincia. "Manabitas que han venido de diferentes lugares, de cerros, de valles, de montañas, de ciudades, del mar y de los humedales, aquí a esta convocatoria histórica en nuestra capital manabita, Portoviejo, para empezar a escribir una nueva historia de Manabí", expresó.

"Nunca más un Manabí dividido"

Uno de los mensajes centrales de su intervención fue el llamado a dejar atrás la división entre el norte y el sur de la provincia. Zambrano afirmó que todos los sectores productivos y sociales deben trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo, señalando que la unión es el camino para fortalecer la producción, la educación, la familia y el progreso de los cantones.

"Nunca más un Manabí del norte ni un Manabí del sur. Manabí es grande por su historia, es grande por su presente y será grande por su futuro", manifestó ante los asistentes.Marcos Zambrano, precandidato a la prefectura de Manabí

Asimismo, confirmó que aceptó el llamado del presidente de la República y de la estructura política de ADN para conformar un equipo que participe en las elecciones junto a candidatos a juntas parroquiales, concejales y alcaldes.

Según explicó, el objetivo es construir un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Prefectura, los municipios y las juntas parroquiales para ejecutar obras que impulsen el desarrollo provincial.

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Prioridades: vías, agua y producción

Durante su intervención, Zambrano sostuvo que uno de los principales retos para Manabí será asumir de manera eficiente la gestión del recurso hídrico. Indicó que el Gobierno Provincial debe liderar el manejo de las represas, los sistemas de trasvase y de riego para convertir a Manabí en una provincia más productiva y competitiva.

El rector de la ULEAM también destacó su trayectoria en la función pública, la academia y la política, señalando que cuenta con más de tres décadas de experiencia recorriendo parroquias y comunidades de toda la provincia.

"Este hombre no es un hombre de teoría, sino de práctica y, sobre todo, de compromiso", expresó al recordar su paso por organizaciones estudiantiles, gremiales y cargos públicos.

Finalmente, Marcos Zambrano aseguró que la campaña electoral estará enfocada en propuestas y no en ataques políticos.

"Vamos a hacer una campaña de propuestas, una campaña de esperanza, pero sobre todo una campaña de unidad que le hace falta a Manabí", concluyó, al tiempo que afirmó que una victoria electoral representa un compromiso con la ciudadanía y la responsabilidad de convertir las promesas en acciones concretas para la provincia.

Lo que debes saber

• La aprobación de Daniel Noboa cae al 26% según la última encuesta de Ciees en Ecuador.
• Analistas atribuyen el descenso a la crisis de seguridad y al desgaste de la credibilidad.
• La baja popularidad presidencial no asegura un fracaso oficialista en las seccionales.

A pocos meses de las elecciones seccionales de 2026, la aprobación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó al 26% en Quito y Guayaquil, según datos del Ciees. Expertos atribuyen este deterioro al agotamiento del discurso oficialista, el desgaste de credibilidad por escándalos de gestión y la falta de resultados contundentes. Pese a la crisis de popularidad del gobierno nacional, analistas señalan que el impacto electoral para el movimiento oficialista ADN en los comicios locales es incierto.

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Aprobación de Daniel Noboa registra caída en 2026

El presidente Daniel Noboa enfrenta una de las caídas más importantes en la aprobación de su gestión, a vísperas de las elecciones seccionales de noviembre de 2026, que marcarán el debut del oficialismo en el ámbito local.

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La medición más reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees) así lo demuestra. Según el estudio, realizado en Guayaquil y Quito entre el 26 y el 27 de junio, la aprobación de Noboa bordea el 26%.

Noboa y su cifra más baja de aprobación de gestión

Esto representa una caída de 17 puntos en relación con la mejor calificación de gestión del presidente Noboa en lo que va de 2026, registrada en marzo de ese mismo año, con un 43% de aprobación, según otras mediciones del Ciees.

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Sin embargo, en perspectiva, la caída de la aprobación es mucho mayor si se la compara con las cifras registradas en 2025. Según el Ciees, ese año el presidente Noboa alcanzó un pico de aprobación del 64% y descendió hasta el 42%.

EXPRESO intentó comunicarse con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, así como con asambleístas de ADN, para consultarles qué autocrítica hacen frente a estos resultados, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Factores detrás del desgaste de la gestión presidencial en Ecuador

Antes de analizar las posibles consecuencias de estas cifras de cara a las primeras elecciones seccionales del oficialismo, hay que entender el porqué de la caída. A criterio del estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo, esta responde a tres factores acumulados durante estos años:

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Inseguridad y economía, los derroteros de Noboa

Aunque considera que las razones de la caída en la calificación de Noboa ameritan más estudios, el analista político César Febres-Cordero cree que uno de los principales factores estaría relacionado con la gestión en temas críticos.

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“Las encuestas reflejan desde hace años que la seguridad y la economía son los principales problemas de la gente. Una caída en la aprobación probablemente responde a una decepción de la ciudadanía con la gestión en esos frentes”, acota.

De hecho, la encuesta del Ciees indica que la inseguridad, las bandas criminales, los asaltos y la extorsión son las mayores preocupaciones de los ecuatorianos, por encima de otros temas, como el desempleo o el encarecimiento de la vida.

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El impacto de las encuestas en las próximas elecciones seccionales

La siguiente interrogante es si este deterioro en la imagen presidencial tendrá efectos sobre el desempeño electoral del oficialismo en noviembre. Para Febres-Cordero, no necesariamente debe ser así y recuerda que los comicios seccionales tienen una lógica distinta, enfocada en lo local.

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A diferencia de las presidenciales, las seccionales “ocurren en más de 200 pequeños mundos que son las provincias, los cantones y las parroquias rurales”. Aunque el color y el número tienen su peso, considera que los liderazgos locales importan igual o incluso más que esos factores.

El correísmo y la experiencia con el PSC

Febres-Cordero, además, recuerda que el país ya tuvo una experiencia durante la década del correísmo, en la que las cifras de aprobación de un gobierno nacional no necesariamente se trasladan a unas elecciones seccionales de orden local.

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Recuerda que durante la cúspide del gobierno de Rafael Correa, el entonces partido oficialista, la extinta Alianza PAIS, coexistió con el Partido Social Cristiano, sin que ese respaldo a Correa se reprodujera en resultados arrolladores en los comicios seccionales de muchas partes del país.

Lo que debes saber

• El Partido Social Cristiano perdió el papel de principal referente de la derecha ecuatoriana tras el desplome de su representación electoral y la pérdida de sus históricos bastiones políticos, como Guayaquil y Guayas.
  
• La crisis del PSC forma parte de un fenómeno regional en el que los partidos tradicionales ceden espacio a liderazgos más personalistas y menos dependientes de estructuras partidarias consolidadas.
  
• La principal incógnita es si la derecha ecuatoriana logrará reconstruir un liderazgo político estable o seguirá ocupando ese espacio mediante figuras coyunturales sin una hegemonía ideológica consolidada.

Durante más de tres décadas, en Ecuador la derecha tuvo una dirección postal. Se llamaba Partido Social Cristiano. Bastaba con seguir el rastro de Guayaquil para saber dónde vivía el poder. Esa certeza dejó de existir. El PSC perdió, además de votos, el monopolio simbólico de la derecha ecuatoriana.

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La derecha ecuatoriana tuvo expresiones empresariales, conservadoras, liberales, tecnocráticas y regionales. Gobernó con Sixto Durán-Ballén desde una idea modernizadora del Estado, con Jamil Mahuad desde una promesa institucional que terminó devorada por la crisis bancaria, con Guillermo Lasso desde una derecha empresarial que llegó tarde al poder y se desgastó demasiado rápido en él. La derecha ganó elecciones, ocupó Carondelet y administró el Estado, pero durante décadas su referencia más reconocible siguió estando en Guayaquil, el PSC y su capacidad de convertir territorio en identidad.

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Dentro del paisaje frágil de la política ecuatoriana, el PSC fue una excepción que debería inquietar más que tranquilizar. Tenía historia institucional real, cuadros propios, territorio, disciplina y un liderazgo que marcó época con León Febres-Cordero entre los ochenta y noventa, cuando llegó a controlar un tercio o más de la Asamblea. Hoy el PSC, en la Asamblea 2025-2029, ha quedado reducido a cinco curules dentro de un Legislativo de 151 miembros, después de haber tenido 18 legisladores con sus aliados en el periodo anterior y de sufrir deserciones que terminaron engrosando el espacio oficialista.

En la presidencial de 2025, su candidato, Henry Kronfle, quedó quinto con un humillante 0,71%, el peor resultado de toda su historia, la de un partido que solo llegó a Carondelet una vez, en 1984. Que se desplome un cascarón sin estructura no sorprende a nadie. Que se desplome el que sí tenía con qué resistir, sí debería.

El territorio lo confirmó sin ambigüedad. Guayaquil fue, desde 1992, el bastión que ningún rival logró tocar durante 31 años. La ciudad del sillón de Febres-Cordero, pero también administrada durante casi dos décadas por Jaime Nebot, el rostro más visible del socialcristianismo municipal y el dirigente que convirtió esa hegemonía en sentido común urbano. Durante años, el PSC gobernó Guayaquil, la narró, la ordenó y la presentó como prueba de su eficacia política.

En febrero de 2023, eso terminó en una sola jornada. Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana, le arrebató la Alcaldía a Cynthia Viteri: 39,84% contra 30,33%. El mismo domingo, Marcela Aguiñaga le quitó al PSC la Prefectura del Guayas, con un 34,4% contra el 25,56% de Susana González. Guayaquil y Guayas, lo que en su momento se llamó sin exageración la joya de la corona del socialcristianismo, cayeron juntas, el mismo día, ante el movimiento que durante años había sido su némesis ideológica.

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La lectura más exigente mira un dato menos evidente. Álvarez ganó como la figura menos doctrinaria del correísmo. El territorio cambió de disponibilidad antes que de convicción. El PSC dejó de tener con qué retenerlo y la fuerza que ocupó el vacío llegó más por encaje coyuntural que por hegemonía asentada. Por eso, más que una conquista ideológica, lo de 2023 parece una ocupación momentánea del espacio vacante. Guayaquil, hoy, carece de dueño ideológico. Tiene un inquilino de paso.

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Ese patrón aparece también fuera de Ecuador. En América Latina, el debilitamiento de los partidos abre espacio a vínculos personalistas que requieren menos historia, menos estructura y menos militancia orgánica. Allí se inscriben fenómenos tan distintos como Milei, Bukele, Kast o De la Espriella. Las nuevas derechas regionales aprendieron a competir sin cargar con el peso de los viejos partidos.

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Ecuador vive una versión local de ese fenómeno regional. Guayaquil cambió de manos sin convertirse automáticamente en otro territorio ideológico. Lo que parece estar ocurriendo es una mutación de la derecha; menos socialcristiana en su forma y menos partidaria en su vehículo. Esa derecha ya no necesita necesariamente al PSC para expresarse. Puede hacerlo a través de candidaturas gerenciales o partidos capaces de ofrecer control sin exigir demasiada memoria doctrinaria.

El dilema desborda al PSC y a su posible retorno. Lo que está en juego es si la derecha ecuatoriana logra reconstruir una dirección política reconocible o si el territorio seguirá disponible para el primer liderazgo que consiga entrar, quedarse un rato y hacer pasar la ocupación del vacío por hegemonía.

Lo que debe saber

• La MIO revela que el CPCCS y la Comisión Ciudadana de Selección nunca respondieron a su pedido de reunirse para evaluar el concurso del fiscal general.
• Jaime Arellano sostiene que el proceso arrastra fallas desde el reglamento y advierte que mantener un fiscal encargado debilita la legitimidad de la institución.
• El observador internacional plantea dos salidas para el concurso: retrotraer el proceso hasta la emisión del reglamento o sanear las irregularidades.

La Misión Internacional de Observación Sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador expone su reparos al concurso que lleva adelante el CPCCS. No habla de los intereses detrás del retraso pero sí invita a preguntarse quiénes son los más beneficiados de la actual situación del concurso.

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Buscaron reunirse con los vocales del CPCCS e integrantes de la Comisión Ciudadana. ¿Qué les dijeron?

No tuvimos respuesta, lamentablemente, en las dos visitas que hemos tenido; aunque en agosto aún no estaba conformada la Comisión Ciudadana. Nos hemos reunido con organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el tema y también con el mundo académico y otras fuentes de información válidas, incluso embajadas.

¿Qué sensación les deja no haber tenido respuesta de estas dos instancias clave?

Es una pena. En otros países tenemos reuniones. Aquí mismo, en Ecuador, cuando fue el proceso de elección de magistrados de la Corte Nacional, en su momento tuvimos reuniones con el Consejo de la Judicatura. Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con lo que pudieron habernos planteado las autoridades.

¿Cuáles considera que son esos principales hallazgos con los que se generan dudas respecto al concurso?

Primero, que la reglamentación del proceso se dicta justo antes de la convocatoria. Lo que los estándares internacionales recomiendan es que haya una reglamentación permanente. Segundo. 

La selección o la búsqueda de la Comisión Ciudadana no tuvo el diseño de un perfil adecuado. La persona o el grupo que va a encabezar la búsqueda del fiscal general tiene que saber acerca del sistema de justicia penal. Lamentablemente eso no ocurrió. Tercero. Ha habido un incumplimiento de plazos. 

Este proceso debió haberse anticipado a la salida de la antigua titular. Ella se va y queda el suplente. Se va el suplente y queda otro suplente. Se supo la información. La (ex) fiscal estaba ofrecida para ser embajadora en Argentina con mucha anticipación, lo que generaba un conflicto de intereses bastante complicado también. 

La MIO también ha advertido sobre falta de transparencia.

El Consejo no quería poner en acceso público los expedientes de todas las personas que participan. ¿Cómo los medios de comunicación y la ciudadanía podían hacer un control? Tuvo que venir un tribunal, ante un requerimiento de transparencia, a ordenar la colocación en la página web del CPCCS. Todas esas razones llevarían, en principio, a decir: hay un problema que daña la credibilidad del proceso y va a dañar la credibilidad de quien sea electo eventualmente. Lo lógico en ese caso es retrotraer todo al momento en que se dicte nuevamente un reglamento, ojalá con mejores estándares. La otra opción es un saneamiento del proceso. Significa revisar lo que está mal y corregirlo.

¿En qué podría cambiar la situación si el mismo CPCCS estaría a cargo?

El Consejo, desde luego, podría tratar de enmendar el rumbo. Dictar un reglamento que se ajuste a los estándares y supervigilando activamente. En noviembre hay elecciones. La ciudadanía, con razón, podría decir: no vamos a reelegir a ninguno de los actuales miembros. En un sistema democrático lo lógico es que la ciudadanía, si considera que han hecho mal su trabajo, no los reelija y busque y elija a otras personas que se comprometan a actuar.

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Otra vez el proceso está parado. ¿Ven intereses políticos en esto?

Nosotros no podemos suponer intereses. Más bien la pregunta que debería hacerse la ciudadanía es: ¿a quién beneficia esto? El fiscal encargado permanece indefinidamente porque no hay un plazo. Sobre esto: ¿le beneficia a él? En alguna medida puede ser que sí, si es que quiere quedarse. ¿A quién beneficia que el fiscal general encargado se quede? 

Hágase esa pregunta y eso eventualmente puede darle la respuesta. Lo que sí sabemos es que todo esto es negativo para la ciudadanía porque tienen una Fiscalía bajo un liderazgo encargado que le quita legitimidad y, por lo tanto, le quita fuerza para luchar en contra de la corrupción. En cambio aparece iniciando investigaciones aparentemente en contra de miembros de la Corte Constitucional, en contra de personas que eventualmente son opositores políticos del Gobierno y se dice que incluso estaría eventualmente iniciando investigaciones respecto de algunos medios de comunicación o periodistas.

La Asamblea Nacional tiene la potestad de ejercer la fiscalización, incluso un proceso de juicio político. No lo ha hecho. ¿Qué piensa sobre aquello?

No, sensación no. No sabría responderte el tema. Me parece que, si hay un mecanismo de control político, será de acuerdo con las reglas. Lo que sí parece evidente es que, cuando un órgano encargado de elegir altas autoridades tiene 60 nombramientos pendientes, algunos de sus integrantes salen de vacaciones y, en ocasiones, no se desarrollan las sesiones o se realizan de manera remota y no presencial, hay por lo menos un indicio de un cierto abandono de deberes.

"No tuvimos respuesta (del CPCCS). Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con la de las autoridades"Jaime Arellano, MIO

Este ha sido un largo proceso con muchas polémicas. ¿Por qué llegan a este punto?

Fundamentalmente porque hemos visto una demora permanente. A esta altura uno empieza a preguntarse: ¿a quién le conviene y por qué se demora? Llega un momento en que la ciudadanía está siendo perjudicada porque hay una Fiscalía que está debilitada al tener a un encargado y no a un titular durante tanto tiempo. Por otro lado, la persecución penal del crimen se debilita también. Esto porque la persona que está encargada hoy en día ha llegado por casualidad pero no necesariamente por un concurso con criterio técnico.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador recomendó a sus ciudadanos evitar o postergar cualquier viaje a Ucrania por motivos de "seguridad".
• En los últimos días, los ataques rusos a localidades ucranianas dejaron 21 muertos y daños en infraestructuras.
• Los ecuatorianos en Ucrania pueden contactarse a los canales habilitados de la Embajada de Ecuador en Austria (concurrente con Ucrania) o el Consulado Honorario del Ecuador en Ucrania.

La noche de este jueves 9 de julio, el Gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería, recomendó a sus ciudadanos evitar o postergar cualquier viaje a Ucrania "hasta que las condiciones de seguridad permitan realizarlo".

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La recomendación de las autoridades ecuatorianas fue emitida ante un incremento de las hostilidades entre Ucrania y Rusia, con ataques que mantienen "un escenario de seguridad altamente riesgoso e impredecible".

"La situación en ese país (Ucrania) continúa caracterizándose por ataques con misiles y drones, afectaciones a la infraestructura civil, interrupciones en los servicios de transporte y la activación frecuente de alertas aéreas", expuso la Cancillería de Ecuador.

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¿Qué ocurrirá con los ecuatorianos en Ucrania?

Para los ecuatorianos que permanecen en Ucrania, la Cancillería recomendó mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades locales y acatar las disposiciones e instrucciones emitidas en materia de seguridad.

La Cancillería informó que continúan disponibles los siguientes canales oficiales de atención e información para brindar asistencia consular a los ecuatorianos en Ucrania:

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Ataques rusos en Kiev

El lunes 6 de julio, Rusia lanzó ataques contra Ucrania que dejaron al menos 21 fallecidos, de los cuales 15 se registraron en Kiev y seis en la localidad de Vishneve, situada a unos dos kilómetros al suroeste de la capital, según la agencia EFE.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, durante la ofensiva fueron empleados 68 misiles y 351 drones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que los bombardeos estuvieron dirigidos contra instalaciones de la industria militar ucraniana.

Sin embargo, el Gobierno de Kiev calificó la ofensiva como un acto "terrorista", al señalar que decenas de edificios residenciales también resultaron alcanzados durante los ataques.

Lo que debes saber

• Fiorella Ycaza respondió a las declaraciones de John Reimberg sobre la cirugía de Aquiles Álvarez. 
• Aseguró que nunca se rechazó el procedimiento y explicó las razones médicas por las que la familia pidió una valoración previa.

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió este 9 de julio, a través de sus redes sociales, a las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre la atención médica que recibió el burgomaestre. Álvarez permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, y el miércoles fue trasladado a una clínica privada del sur de Guayaquil. Ycaza aseguró que es falsa la versión de que su esposo se negara a ser operado.

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"Señor Reimberg, usted afirmó públicamente que Aquiles rechazó la cirugía porque quería ser trasladado a otra casa de salud. Eso es totalmente falso. Aquiles nunca rechazó la cirugía", señaló.

Ycaza explicó que la familia únicamente pidió que el alcalde fuera evaluado por el médico que conocía su historial clínico y que se le practicaran los exámenes necesarios antes de cualquier intervención.

"Lo único que pedimos fue que antes de cualquier intervención pudiera ser evaluado por el médico que conoce su condición y que se le realizaran los exámenes necesarios para conocer realmente cómo estaba su estado de salud", indicó.

Fiorella Ycaza dice que el deterioro físico motivó el pedido de más exámenes

La esposa del alcalde afirmó que, después de más de cinco meses privado de la libertad, Aquiles Álvarez ha perdido más de 70 libras y presenta un evidente deterioro físico. Añadió que la familia sabía que padecía cálculos en la vesícula, pero buscaba que el procedimiento se realizara con todas las garantías médicas.

Además, rechazó las afirmaciones de que la familia hubiera inventado nuevas enfermedades para evitar la cirugía. Sostuvo que todas las condiciones médicas de su esposo están respaldadas por evaluaciones profesionales.

"Las condiciones médicas de Aquiles están respaldadas por evaluaciones médicas y por un deterioro físico que cualquier persona puede constatar", denunció Ycaza.

Ycaza también reveló que, un día antes de la intervención, recibió una llamada de una persona que dijo transmitir un mensaje de John Reimberg. Según relató, le advirtieron que, si Aquiles Álvarez no era operado en ese momento, sería trasladado a un hospital público, una posibilidad que, aseguró, el propio ministro confirmó horas después.

Esposa de Aquiles Álvarez expresa preocupación por la recuperación

La esposa del alcalde manifestó que la posibilidad de un traslado a un hospital público le generó angustia debido a la situación que enfrenta el sistema nacional de salud. Aclaró que su reacción obedeció únicamente al temor por la vida de su esposo.

"Mi reacción no fue política, fue la reacción de una esposa que tenía miedo de tomar una decisión que pudiera poner en riesgo la vida del hombre que ama y del padre de sus hijos", señaló.

También explicó que el equipo médico le informó que aproximadamente dos días después de la cirugía Aquiles Álvarez volvería a quedar bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). Recordó que durante los últimos meses la familia solicitó que el médico que conoce su condición pudiera valorarlo, pero esa petición fue negada.

Con esos antecedentes, insistió en que la preocupación no terminaba con la operación, sino que también se extendía al proceso de recuperación mientras permaneciera bajo custodia del Estado.

Política

Adolescentes infractores: Unicef alerta riesgos en la reforma al Código de la Niñez en la Asamblea

Marco Rivera

Fiorella Ycaza pide garantías médicas y vigilancia de organismos de derechos humanos

Durante su pronunciamiento, Ycaza afirmó que no busca un trato preferencial para su esposo, sino que reciba la misma atención médica que cualquier persona esperaría para un familiar en una situación similar. Asimismo, hizo un llamado para que las clínicas privadas no se sientan presionadas al momento de brindar atención.

"La medicina no tiene colores políticos. La vida humana jamás puede convertirse en un instrumento de presión", dijo Ycaza.

Finalmente, solicitó a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que sigan de cerca el caso. Señaló que, mientras Aquiles Álvarez permanezca bajo custodia del Estado, las autoridades tienen la obligación de garantizar su vida, su integridad y su salud. Cerró su intervención con un llamado a la ciudadanía al sostener que los derechos humanos deben respetarse sin distinción y que cualquier ecuatoriano podría encontrarse en una situación similar.

Lo que debes saber

• Unicef y expertos alertaron en la Asamblea que endurecer las sanciones para adolescentes infractores podría vulnerar derechos y no resolver el reclutamiento por bandas criminales.
• La Comisión de la Niñez analiza una reforma que genera un fuerte debate jurídico y constitucional.

La propuesta para reformar el régimen de adolescentes infractores del Código de la Niñez abrió un intenso debate este jueves 9 de julio en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, representantes de Unicef y especialistas en justicia juvenil coincidieron en que el proyecto debe priorizar la prevención antes que el endurecimiento de las medidas penales.

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El principal punto de discusión fue el proyecto que plantea ampliar los plazos de investigación, extender el internamiento preventivo y modificar las reglas para la audiencia de flagrancia cuando un adolescente sea detenido en zonas de difícil acceso, fronteras o alta mar. Los comparecientes sostuvieron que esas reformas deben analizarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales.

Para la delegada de UNICEF, Estefanía Chávez, el debate no puede limitarse al aumento de sanciones mientras el país enfrenta un crecimiento del reclutamiento de menores por estructuras del crimen organizado. La organización insistió en que la justicia juvenil debe mantener un enfoque restaurativo y no convertirse en una réplica del sistema penal para adultos.

UNICEF advierte riesgos de endurecer las medidas contra adolescentes infractores

Durante su exposición, la representante de UNICEF cuestionó que el proyecto no presente evidencia suficiente para justificar algunas de las reformas planteadas. Explicó que actualmente el principal problema no es la falta de normas más severas, sino la escasez de operadores especializados y policías de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para atender casos que involucran a adolescentes.

Según Chávez, la prioridad debería centrarse en fortalecer la especialización de jueces, fiscales y policías, además de garantizar la presencia de defensores públicos y una adecuada coordinación institucional para respetar las garantías procesales de los menores durante las aprehensiones.

También alertó que ampliar el internamiento preventivo podría generar consecuencias negativas en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los adolescentes, además de incrementar los riesgos dentro de los centros especializados.

"Lo que hoy por hoy se plantea y se aboga desde UNICEF es propender a la desjudicialización y a que la privación de libertad sea el último recurso", indicó.

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El reclutamiento criminal comienza fuera del sistema penal, sostiene UNICEF

La comparecencia también puso el foco en las causas que llevan a miles de menores a ser captados por organizaciones criminales. Chávez aseguró que el abandono escolar, la falta de oportunidades y el debilitamiento de los entornos familiares facilitan el reclutamiento de niños y adolescentes.

Durante las preguntas de los legisladores, se recordó que actualmente más de 450.000 niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, una cifra que, según la representante de UNICEF, representa uno de los mayores factores de riesgo para que los menores sean incorporados por bandas delictivas.

La organización recomendó fortalecer los sistemas de alerta temprana en las escuelas, mejorar el seguimiento a estudiantes en riesgo de deserción y desarrollar políticas públicas que involucren a comunidades, familias, municipios y al Estado para reducir la vulnerabilidad frente al crimen organizado.

"Encontrarse inscrito en el sistema educativo es por sí mismo un factor protector."

Experto advierte que la reforma puede ser inconstitucional

El docente y especialista en justicia juvenil Guillermo Lara coincidió con la postura de UNICEF y aseguró que varias disposiciones del proyecto podrían entrar en conflicto con la Constitución y los convenios internacionales suscritos por Ecuador. Su análisis se centró en el aumento del internamiento preventivo, la ampliación de los tiempos de investigación y la prescripción de los delitos.

Durante su intervención explicó que la Constitución reconoce a niños y adolescentes como sujetos de atención prioritaria y establece un sistema especializado de justicia juvenil, orientado a la reintegración social antes que al castigo. En ese sentido, advirtió que trasladar la lógica del sistema penal de adultos sería contrario al interés superior del menor.

"La libertad nunca es la regla general, sino más bien la excepción a toda regla", señaló.

Lara sostuvo que duplicar el internamiento preventivo de 90 a 180 días, como plantea la propuesta, no representa una modificación menor, sino un cambio que podría vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la privación de libertad.

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"El problema no empieza cuando el adolescente delinque"

Durante el intercambio con los legisladores, el experto afirmó que el proyecto aborda únicamente la etapa en la que un adolescente ya cometió una infracción, dejando de lado las causas estructurales que favorecen el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

El jurista sostuvo que el Estado debe intervenir mucho antes, garantizando educación, salud, oportunidades laborales, cultura y protección familiar en los sectores con mayor violencia. A su criterio, endurecer las sanciones no resolverá el fenómeno mientras persistan las condiciones de vulnerabilidad.

"El problema comienza desde antes, cuando el Estado incumple sus obligaciones de protección integral", señaló.

Lara también cuestionó que la iniciativa responda más a una demanda social de mano dura que a una política pública integral. Según dijo, perseguir únicamente a los adolescentes sin fortalecer la prevención deja intactas las estructuras criminales que los reclutan.

"No constituye una verdadera política pública, sino que se encajaría en lo que la doctrina ha señalado como derecho penal simbólico", indicó.

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Comisión insistirá en convocar al SNAI

La sesión también estuvo marcada por la ausencia del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Mauricio Mayorga, quien había sido convocado para presentar observaciones técnicas al proyecto de ley.

La presidenta de la Comisión lamentó que ninguna autoridad de la institución acudiera a la comparecencia pese a haber sido notificada con anticipación. Anunció que insistirá en una nueva convocatoria para incorporar los criterios del organismo responsable de los centros de adolescentes infractores.

Con las comparecencias de UNICEF y del especialista Guillermo Lara, la Comisión continuará recopilando criterios técnicos antes de elaborar el primer informe del proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, una iniciativa que busca responder al incremento del reclutamiento de menores por organizaciones criminales, pero que enfrenta cuestionamientos por sus posibles implicaciones constitucionales y en materia de derechos humanos.

Lo que debes saber

• Dos familias denunciaron en la Asamblea que sus hijos con atrofia muscular espinal siguen sin recibir medicamentos pese a procesos judiciales y años de espera. 
• La comisión anunció nuevas acciones de fiscalización contra el IESS y otras instituciones por la presunta vulneración del derecho a la salud.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional abrió un nuevo frente de fiscalización por presuntas vulneraciones al derecho a la salud de menores con atrofia muscular espinal (AME). Durante la sesión de este 9 de julio, los padres de Teo Tabango y Noelia Valverde denunciaron la falta de acceso a medicamentos, demoras judiciales y la ausencia de atención integral por parte del sistema de salud.

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Ley contra la trata de personas: experto plantea cinco cambios al proyecto de reforma en la Asamblea

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Laura Varela, madre de Teo, explicó que su hijo, de cuatro años, fue diagnosticado con AME tipo 1 cuando tenía cuatro meses y que, pese a contar con cobertura del IESS y otro seguro, nunca ha recibido el medicamento que solicita desde hace años. "Yo solo pido el derecho de vida a mi hijo y la calidad de vida. Nosotros como padres ya hemos hecho absolutamente todo lo que ha estado en nuestras manos", afirmó.

La madre relató que la familia ha costeado terapias, ortesis y equipos médicos con recursos propios, además de adquirir una silla de ruedas eléctrica para que el niño pueda asistir a la escuela. También aseguró que las terapias superan los 800 dólares mensuales, mientras el tratamiento que solicita tiene un costo comercial cercano a 7.300 dólares por frasco, una cifra que calificó de imposible de asumir.

Medicamentos para AME siguen sin llegar, denuncian familias

Durante su intervención, Laura Varela sostuvo que la acción de protección presentada en enero todavía no logra instalar audiencia y que los especialistas requeridos para el seguimiento médico tampoco están disponibles. Según explicó, incluso fue derivada a una clínica del dolor cuando esperaba atención por parte de neurología o neumología para su hijo.

La compareciente alertó además sobre la situación de otros pacientes con esta enfermedad. "En el 2024 fueron diagnosticados seis niños y en el 2025 ninguno de ellos ha sobrevivido. Cada vez que un niño fallece, yo me pongo a pensar: ¿cuándo le toca a mi hijo?", expresó entre lágrimas.

El segundo testimonio fue presentado por Adriana Bojorque, madre de Noelia Valverde, una niña de seis años con AME tipo 1. Contó que, pese a haber obtenido una sentencia favorable en una acción de protección para recibir el medicamento solicitado, más de un año después la disposición judicial sigue sin cumplirse y la enfermedad continúa avanzando.

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Fiscalización incorpora dos nuevos casos de niños con AME

Bojorque explicó que Noelia recibe atención privada debido a la falta de especialistas y terapias en el sistema público. También señaló que tuvo que renunciar a su empleo para dedicarse por completo al cuidado de su hija, mientras continúan los trámites sin resultados ante distintas instituciones.

"Ha pasado más de un año y con sentencia Noelia sigue sin medicamento. Mientras tanto su enfermedad sigue avanzando", manifestó la madre. Agregó que la menor requiere intervenciones quirúrgicas por las deformaciones provocadas por la enfermedad y que el tratamiento permitiría ralentizar su deterioro y mejorar su calidad de vida.

Tras escuchar ambos testimonios, la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, anunció que los casos serán incorporados al proceso de fiscalización sobre niños con AME. Además, informó que solicitarán explicaciones al IESS, consultarán al Consejo de la Judicatura por la demora de los procesos judiciales, remitirán un pedido a la Defensoría del Pueblo y presentarán un amicus curiae para respaldar la acción de protección de la familia de Teo. "Aquí nadie va a seguir jugando con la vida de los niños", afirmó durante la sesión.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional revisa reformas a la ley contra la trata de personas con cinco observaciones técnicas que podrían modificar el texto final.
• Conozca qué cambios se proponen y por qué buscan reforzar la seguridad jurídica de la norma.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, una propuesta que unifica cinco iniciativas legislativas. Durante la sesión, el docente de la Pontificia Universidad Católica, Francisco Freire Segarra, presentó observaciones técnicas al texto.

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Antes de la exposición, la presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, explicó que la reforma busca fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad frente a las redes de trata y al tráfico ilícito de migrantes. Además, señaló que la iniciativa pretende reforzar la prevención, la investigación y las sanciones contra estos delitos.

En su intervención, Freire Segarra advirtió que el proyecto requiere ajustes para garantizar mayor claridad normativa. "Es necesario incorporar mayores precisiones para evitar interpretaciones extensivas o excesivas remisiones reglamentarias", sostuvo al analizar el articulado desde la perspectiva de la técnica legislativa, la seguridad jurídica y la eficacia procesal.

Reformas a la ley contra la trata de personas: las cinco observaciones

Uno de los principales planteamientos del especialista se refiere a los artículos 1 y 2, donde se introduce el concepto de "explotación laboral estructural". Consideró que la ley debe incluir una definición expresa de ese término o remitir de forma específica al Código Orgánico Integral Penal para evitar interpretaciones ambiguas.

Respecto al artículo 5, que incorpora la definición de esclavitud moderna, Freire sostuvo que la legislación penal debe ser clara y autosuficiente. "La norma penal debe ser autosuficiente y taxativa", afirmó al recomendar eliminar remisiones genéricas y reemplazarlas por referencias concretas a instrumentos internacionales.

El académico también cuestionó la forma en que se describen las modalidades de explotación incluidas en ese mismo artículo. Explicó que el uso de conceptos sociológicos ambiguos o listas únicamente enunciativas puede generar inseguridad jurídica al momento de aplicar la norma.

Prevención digital y seguridad jurídica en el proyecto

Entre las recomendaciones adicionales, Freire planteó que la reforma a la Ley de Inquilinato se limite exclusivamente al ámbito laboral para evitar que tenga efectos fuera del objetivo de la iniciativa. También propuso revisar el alcance de esa modificación antes de su aprobación.

En materia de prevención digital, el especialista recomendó armonizar las disposiciones del proyecto con la normativa vigente sobre protección de datos personales. El objetivo es evitar contradicciones legales y facilitar la aplicación de los mecanismos preventivos contemplados en la propuesta.

Al cierre de su intervención, Francisco Freire Segarra concluyó que el proyecto constituye una herramienta necesaria para enfrentar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, insistió en que su impacto dependerá de que el texto definitivo incorpore precisión técnica y jurídica para garantizar su correcta aplicación.

Lo que debes saber

• La salida de Romina Muñoz del Viceministerio de Cultura se confirmó este jueves 9 de julio.
• En declaraciones a EXPRESO, la exfuncionaria explicó que la ministra de Educación, Gilda Alcívar, solicitó su renuncia al cargo.
• Muñoz sale del viceministerio en medio de un debate público por el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador, a construirse en Quito.

La salida de Romina Muñoz del Viceministerio de Cultura se confirmó este jueves 9 de julio. En declaraciones a EXPRESO, la exfuncionaria explicó que la ministra de Educación, Gilda Alcívar, solicitó su renuncia al cargo.

(Te puede interesar: Polémica por el MAAC: cuestionan a la viceministra de Cultura tras negar el deterioro del museo)

Romina Muñoz confirmó a este Diario que salió del Viceministerio de Cultura "bajo pedido", aunque no se conocieron las razones de su desvinculación.

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Debate público por el Nuevo Museo Nacional del Ecuador

En los últimos días, Muñoz mantuvo una activa participación en la red social X, donde respondió a varios usuarios que comentaban sobre el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador.

El proyecto arquitectónico será desarrollado en Quito por el estudio Campo Baeza + Maoda, cuya propuesta, denominada Ecos del Sol, ganó el concurso internacional convocado para definir el diseño del edificio.

El proceso convocó 148 propuestas de más de una veintena de países. Luego de ser escogido, el proyecto entrará en la fase de estudios técnicos antes de que su construcción arranque en 2027.

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"Esto va más allá de los gustos estéticos", fue una de las respuestas de Muñoz en sus redes sociales a usuarios que opinaban sobre el diseño del edificio.

¿Quién es Romina Muñoz?

Romina Muñoz es una investigadora, curadora y educadora ecuatoriana con más de 15 años de experiencia en el ámbito de las artes visuales, la investigación académica y la gestión de museos e instituciones culturales. Es licenciada en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posee una maestría en Arqueología.

Su formación académica y trayectoria profesional han estado vinculadas a la investigación histórica, el patrimonio cultural y las prácticas artísticas. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos relacionados con la gestión y difusión del patrimonio, así como en espacios dedicados al arte contemporáneo y la educación.

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Entre 2021 y 2023 se desempeñó como directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador (MuNa). En noviembre de 2023 fue designada ministra de Cultura en el inicio del gobierno de Daniel Noboa. Posteriormente, tras una reorganización interna de esa cartera de Estado, pasó a ocupar el cargo de viceministra de Cultura.

Antes laboró en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, la Universidad de las Artes, el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

Lo que debes saber

• La asambleísta Mariana Yumbay cuestionó la falta de fiscalización frente a la crisis de la Universidad Amawtay Wasi.
• Advirtió que el recorte presupuestario pone en riesgo el derecho a la educación superior.
• Sus declaraciones se dieron tras la sesión de la Comisión de Educación, donde estudiantes exigieron respuestas inmediatas sobre el futuro de la institución.

La asambleísta Mariana Yumbay, integrante de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional y representante indígena, cuestionó la falta de fiscalización oportuna frente a la crisis presupuestaria que atraviesa la Universidad Amawtay Wasi. Durante una declaración ofrecida tras la sesión de la Comisión de Educación, aseguró que la reducción de recursos pone en riesgo la continuidad de la única universidad pública intercultural creada como resultado de la lucha de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

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Más de 2.200 estudiantes piden salvar a la Universidad Amawtay Wasi por la crisis presupuestaria

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Yumbay agradeció la presencia de los medios de comunicación, estudiantes, autoridades universitarias y legisladores, antes de expresar su rechazo por la respuesta institucional frente a la situación que enfrenta el centro de educación superior.

"Queremos expresar nuestro rechazo a la falta de fiscalización de manera oportuna en la Comisión de Educación frente a la crisis que está viviendo la Universidad Amawtay Wasi", denunció.

La legisladora sostuvo que la universidad representa una conquista histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas y un espacio para construir un Estado plurinacional e intercultural, por lo que consideró preocupante la posibilidad de una reducción significativa de su presupuesto.

Mariana Yumbay cuestiona la reducción del presupuesto de la Universidad Amawtay Wasi

La asambleísta afirmó que la disminución de recursos contradice el discurso gubernamental sobre la construcción de un "Nuevo Ecuador" y advirtió que afecta directamente un derecho garantizado por la Constitución.

Yumbay señaló que el acceso a la educación superior gratuita no puede verse condicionado por decisiones presupuestarias que comprometan el funcionamiento de una institución pública.

"Eso no es hacer un Nuevo Ecuador, eso es violentar uno de los derechos constitucionales como es el derecho a la educación superior totalmente gratuita y en condiciones dignas".

Además indicó señaló: "Desafortunadamente, cuando se trata de derechos como educación, salud, seguridad y empleo, aquí no se ha dado prioridad".

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Sesión de la Comisión de Educación quedó suspendida

Las declaraciones de Mariana Yumbay se producen después de la sesión desarrollada este 9 de julio por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, presidida por la asambleísta Cecilia Baltazar, que convocó a autoridades, estudiantes y representantes de la Universidad Amawtay Wasi para analizar la reducción del presupuesto asignado a la institución.

Durante la jornada, estudiantes y exalumnos advirtieron que el recorte presupuestario compromete la continuidad académica de más de 2.200 estudiantes, afecta el funcionamiento administrativo de la universidad y genera incertidumbre sobre el inicio del próximo período académico. Además, cuestionaron la ausencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad responsable de la asignación de recursos.

La sesión fue suspendida debido al inicio del Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que varios legisladores solicitaran continuar el debate en una nueva convocatoria. Hasta el cierre de la reunión no se adoptó una resolución sobre el financiamiento de la Universidad Amawtay Wasi, mientras estudiantes insistieron en que la restitución del presupuesto es indispensable para garantizar la continuidad del proyecto de educación superior intercultural.

Lo que debes saber

• Romina Muñoz deja Cultura el 9 de julio durante el debate por el Museo Nacional
  
• La funcionaria estuvo vinculada al MUNA antes de asumir cargos en Cultura
• Su salida ocurre mientras crecen preguntas por el diseño del Museo Nacional

Romina Muñoz deja el Viceministerio de Cultura de Ecuador. La salida se conoció este jueves 9 de julio, en medio del debate generado por la elección del diseño ganador para el Museo Nacional del Ecuador.

Muñoz había sido designada en la cartera cultural en noviembre de 2023. Tras la reestructuración de los ministerios, pasó a desempeñarse como viceministra de Cultura y Patrimonio.

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De acuerdo con el perfil publicado en el sitio web del Museo Nacional del Ecuador, es una investigadora, curadora y educadora ecuatoriana, con más de 15 años de trayectoria en artes visuales, investigación académica y gestión museística e institucional.

La mañana del 9 de julio se realizó un controvertido conversatorio entre la sociedad civil y varios de los gestores del proyecto. La viceministra defendió en proyecto en sus redes sociales tras las diversas críticas. "Esto va más allá de los gustos estéticos", dijo en sus redes sociales.

La carrera de Romina Muñoz

"Es Licenciada en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con un Máster en Arqueología, formación que ha orientado su trabajo hacia el cruce entre prácticas artísticas, investigación histórica y patrimonio cultural", detalla la web.

Antes de llegar al Ministerio de Cultura, Romina Muñoz fue Directora Ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador entre 2021 y 2023. También trabajó en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, la Universidad de las Artes, el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito.

Su salida ocurre mientras el proyecto del Museo Nacional mantiene la atención pública. La discusión por el diseño elegido abrió preguntas sobre arquitectura, patrimonio, memoria y el manejo institucional de una obra clave para el sector cultural del país.

Lo que debes saber

• Más de 2.200 estudiantes pidieron a la Asamblea Nacional intervenir ante la reducción del presupuesto de la Universidad Amawtay Wasi. 
• La Comisión de Educación escuchó testimonios que advierten que la continuidad de clases y el futuro de la universidad.
• Se trata del único proyecto público de educación superior intercultural del país.

La situación financiera de la Universidad Amawtay Wasi llegó este jueves 9 de julio al centro del debate legislativo. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional abrió una sesión para analizar la reducción del presupuesto de la institución intercultural, mientras estudiantes denunciaron que la falta de recursos podría impedir la continuidad de clases y afectar a más de 2.200 universitarios de distintas provincias del Ecuador.

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La sesión fue instalada por la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, Cecilia Baltazar, quien explicó que el único punto del orden del día fue conocer la situación crítica derivada de la insuficiente asignación presupuestaria para la Universidad de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Durante la apertura, Baltazar recordó que la universidad nació como un proyecto impulsado por los pueblos y nacionalidades indígenas, pero que actualmente acoge a estudiantes mestizos, afroecuatorianos, montubios e indígenas de distintas regiones del país. Señaló que el propósito de la convocatoria era escuchar a estudiantes, autoridades e instituciones del Estado para construir una hoja de ruta frente a la crisis financiera.

Universidad Amawtay Wasi debate presupuesto en la Comisión de Educación

Antes de iniciar las comparecencias, la secretaria de la Comisión confirmó el quórum reglamentario con nueve legisladores presentes e informó la principalización de las asambleístas María de Lourdes Alarcón y Rosa Salazar, además de la participación telemática de Henry Bosques y Mónica Salazar.

También se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas fue convocado oficialmente mediante oficio, pero no registró asistencia al inicio de la sesión. La ausencia generó inquietud entre varios legisladores debido a que esa cartera de Estado es la responsable de las asignaciones presupuestarias cuestionadas.

Con el inicio de la comisión general, la presidenta dio prioridad a las intervenciones estudiantiles para que fueran los propios afectados quienes expusieran el impacto del recorte económico sobre la universidad.

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Estudiantes advierten incertidumbre por el futuro académico

La primera intervención estuvo a cargo de Sandra Priscila Palma, representante estudiantil y alumna de octavo semestre de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico.

La estudiante explicó que el presupuesto disponible únicamente permitiría cubrir los pagos docentes hasta finales de julio, mientras que el siguiente período académico, previsto para agosto o septiembre, permanece en incertidumbre por falta de financiamiento.

"Necesitamos nuestro presupuesto para poder existir, sin dinero no hay universidad", señaló.

Palma sostuvo que la preocupación se extiende entre toda la comunidad universitaria y aseguró que cientos de estudiantes desconocen si podrán continuar sus estudios durante el próximo semestre.

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"No se puede dejar morir a una universidad pública"

Durante su comparecencia, Palma afirmó que el recorte presupuestario no solo afecta a la institución sino directamente a miles de estudiantes y sus familias.

"No se deja morir a una universidad pública; a la universidad pública se la defiende", indicó.

La dirigente estudiantil también denunció que existe temor entre quienes recién ingresaron a la institución porque varios analizan retirar su documentación ante la incertidumbre sobre la continuidad académica.

"Devuélvannos nuestros 4,8 millones para poder existir", exclamó.

Según explicó, la reducción presupuestaria compromete el funcionamiento administrativo y académico de la institución, por lo que solicitó a la Comisión de Educación gestionar una respuesta inmediata del Estado.

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Recorte del 69 % pone en riesgo la continuidad de la universidad, advierte estudiante

Tras la intervención de Sandra Priscila Palma, la Comisión de Educación escuchó a Manuel Mesías Flores, estudiante de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico y exdirigente de la Federación de los Pueblos de la Sierra Norte del Ecuador. Su comparecencia centró el debate en las implicaciones jurídicas que, a su criterio, tendría la reducción de recursos asignados a la Universidad Amawtay Wasi.

Flores afirmó que la disminución del presupuesto representa una regresión de derechos para miles de estudiantes que encontraron en la institución una alternativa para acceder a la educación superior desde los territorios rurales y las nacionalidades indígenas.

"Estamos hablando de un presupuesto que hoy funciona con un recorte del 69 % y eso constituye una regresión de derechos", indicó.

El universitario sostuvo que el Estado mantiene la obligación de garantizar el financiamiento de las carreras aprobadas y recordó que la institución fue creada bajo el compromiso de asegurar la formación completa de sus estudiantes. Según indicó, interrumpir ese proceso comprometería la seguridad jurídica de quienes actualmente cursan sus estudios.

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Estudiantes amazónicos alertan por la falta de alternativas educativas

La siguiente intervención correspondió a José Luis Gavidia Barrera, estudiante de cuarto semestre de Derecho, quien participó de manera telemática desde la provincia de Orellana.

Gavidia explicó que la preocupación trasciende a quienes actualmente estudian en la institución, pues el eventual cierre o paralización afectaría principalmente a jóvenes provenientes de provincias amazónicas donde la oferta pública de educación superior es limitada.

El compareciente recordó que provincias como Orellana y Sucumbíos carecen de universidades públicas suficientes para absorber la demanda estudiantil, razón por la que Amawtay Wasi se convirtió en una opción para cientos de jóvenes de comunidades indígenas y rurales.

Asimismo, señaló que la universidad reúne estudiantes de nacionalidades Kichwa, Siona, Secoya, Waorani y otros pueblos amazónicos, quienes tendrían mayores dificultades para continuar sus estudios si la institución suspende actividades por falta de financiamiento.

El estudiante pidió a los legisladores impulsar mecanismos que permitan restituir los recursos y garantizar la continuidad del proyecto educativo.

Exalumna defiende el modelo intercultural de Amawtay Wasi

Uno de los testimonios más extensos fue presentado por Débora Muñoz, licenciada en Lengua y Cultura y exestudiante de Amawtay Wasi, quien decidió centrar su intervención en el modelo educativo de la universidad antes que en el aspecto financiero.

Muñoz explicó que la institución desarrolla un sistema de aprendizaje basado en la interculturalidad, la horizontalidad del conocimiento y la sistematización de saberes comunitarios, características que, aseguró, la diferencian de otras universidades públicas del país.

"La Universidad Amawtay Wasi es una universidad intercultural y tiene un proceso de educación horizontal; no es vertical", señaló.

La exalumna sostuvo que el trabajo académico incorpora conocimientos ancestrales, procesos comunitarios y metodologías participativas que permiten rescatar lenguas indígenas, fortalecer la identidad cultural y documentar saberes transmitidos entre generaciones.

Según relató, la universidad también promueve proyectos relacionados con economía popular y solidaria, economía circular, revitalización lingüística, pluralismo jurídico, soberanía alimentaria y fortalecimiento organizativo en comunidades rurales.

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"No le tengamos miedo a las otras culturas"

Durante su comparecencia, Muñoz pidió que el debate sobre la asignación presupuestaria también considere el valor académico y cultural del proyecto universitario.

"No le tengamos miedo a las otras culturas. Sintámonos orgullosos como ecuatorianos de tener una universidad de esta categoría".

La exestudiante sostuvo que los desafíos comunitarios desarrollados por Amawtay Wasi permiten construir conocimiento directamente junto a las comunidades y no únicamente desde investigaciones tradicionales.

Explicó que esa metodología fomenta procesos de aprendizaje colectivo y ha permitido recuperar prácticas culturales, idiomas ancestrales y experiencias comunitarias que, según afirmó, difícilmente serían documentadas mediante otros modelos educativos.

Muñoz incluso planteó que la universidad podría convertirse en un referente internacional si cuenta con el respaldo económico suficiente para fortalecer su infraestructura, ampliar la investigación y consolidar un campus universitario propio.

"No hagamos cortes presupuestarios; hagamos cortes como los que se le hacen a un diamante para convertirlo en el más fino".

También propuso incorporar nuevos procesos de formación pedagógica y ampliar la cooperación con especialistas nacionales e internacionales para fortalecer las carreras ofertadas.

Universidad Amawtay Wasi: estudiantes piden fiscalización y cuestionan el recorte presupuestario

La última comparecencia estudiantil estuvo a cargo de Jefferson Peña, representante de los estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior de la Universidad Amawtay Wasi, quien defendió el proceso de institucionalización que atraviesa la universidad y sostuvo que la reducción presupuestaria compromete el futuro del único proyecto público de educación superior intercultural del país.

Antes de iniciar su intervención, Peña invitó a observar la diversidad presente en la sala y aseguró que esa pluralidad representa el espíritu con el que nació la universidad. Afirmó que el proyecto educativo responde a una lucha histórica de los pueblos y nacionalidades del Ecuador por acceder a una educación superior con enfoque intercultural.

"Hoy se encuentra comprometida la continuidad del único proyecto público de educación superior intercultural comunitario del Ecuador."

El dirigente estudiantil explicó que la universidad supera los 2.200 estudiantes, de los cuales alrededor del 70 % son mujeres y muchas de ellas son madres de familia. Además, señaló que existen 502 aspirantes que esperan iniciar su proceso de nivelación y cuya continuidad también dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Representante estudiantil pide aplicar el mismo trato que reciben otras universidades públicas

Durante su comparecencia, Peña sostuvo que Amawtay Wasi no solicita un trato preferencial, sino que el Estado aplique los mismos criterios utilizados para financiar otras universidades públicas creadas recientemente.

El representante recordó que durante 2024 la universidad avanzó en su proceso de institucionalización con el acompañamiento del Consejo de Educación Superior (CES), por lo que consideró contradictorio que ahora enfrente una reducción de recursos.

"No venimos a solicitar privilegios. Venimos a solicitar que el Estado aplique a la Universidad Amawtay Wasi los mismos principios jurídicos, técnicos y constitucionales que aplica a otras universidades públicas", indicó.

Peña también señaló que el 80 % de las familias de los estudiantes perciben ingresos inferiores al salario básico, por lo que una eventual suspensión de actividades afectaría principalmente a sectores vulnerables.

Asimismo, solicitó que la Comisión de Educación ejerza sus facultades de fiscalización y requiera explicaciones técnicas sobre la distribución del presupuesto destinado a la institución.

Presidenta de la Comisión recuerda el proceso de institucionalización

Tras las intervenciones estudiantiles, la presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar, destacó que la comparecencia permitió escuchar directamente a quienes se consideran afectados por la reducción presupuestaria.

La legisladora recordó que durante el proceso desarrollado en 2024 la Asamblea Nacional acompañó la institucionalización de Amawtay Wasi junto con el Consejo de Educación Superior, el Viceministerio de Educación Superior y otras entidades estatales.

Baltazar señaló que el compromiso era consolidar una universidad capaz de ofertar nuevas carreras y fortalecer su estructura académica durante los próximos cinco años, por lo que manifestó su preocupación por la situación financiera expuesta durante la sesión.

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Ministerio de Economía y Finanzas envió un oficio, pero no acudió a la Comisión

Mientras continuaba el debate, la secretaria de la Comisión informó que el Ministerio de Economía y Finanzas no compareció presencialmente a la sesión.

En su lugar, dio lectura al oficio MEF-MEF-2026-0260-O, suscrito por la ministra Saría Moya, documento que ingresó a la Comisión el mismo 9 de julio a las 09:04 y que fue distribuido entre los legisladores.

La presidenta indicó que el contenido del documento sería considerado durante el análisis, aunque reconoció que la ausencia de representantes del Ministerio impedía absolver varias inquietudes planteadas por estudiantes y legisladores respecto de la reducción presupuestaria.

Ana Belén Yela pidió suspender la Comisión General para presentar una moción

En ese momento intervino la asambleísta Ana Belén Yela, quien expresó su preocupación porque la sesión coincidía con la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional.

La legisladora señaló que existía una queja recurrente sobre la programación de sesiones de comisión poco antes de las sesiones plenarias, lo que impedía concluir los debates y escuchar a todos los comparecientes.

"Faltan quince minutos para el pleno y esta es una queja recurrente que tenemos en esta comisión", respondió.

Yela indicó que ya se encontraban presentes diez integrantes de la comisión, varios legisladores invitados, representantes del Consejo de Educación Superior, del Ministerio de Educación y autoridades universitarias, por lo que consideró necesario levantar la Comisión General para presentar una moción antes de suspender la sesión.

"Le solicito, gentilmente, levantemos la Comisión General para poder poner mi moción y podamos votar antes de que se suspenda esta comisión", exigió Yela.

Sin embargo, la presidenta Cecilia Baltazar respondió que aún restaba escuchar la intervención de otra estudiante antes de cerrar esa etapa del debate.

Lo que debes saber

• La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, mantuvo un cruce en la red social X con el analista político César Febres Cordero, por el estado del edificio del MAAC en Guayaquil.
• Febres Cordero mostró fotos con daños en la fachada del edificio; Muñoz negó esas imágenes.
• Luego, la viceministra reconoció que las fachadas están siendo intervenidas.

Este jueves 9 de julio, la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, mantuvo un cruce en la red social X con el analista político César Febres Cordero, por el estado del edificio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), ubicado en el Malecón 2000, en Guayaquil.

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La noche del miércoles 8, Febres Cordero mostró imágenes de un tramo de la fachada del edificio en evidente deterioro, con paredes agrietadas, presencia de moho y humedad, además de cerámicas desprendidas, especialmente en el área contigua a una pileta.

El analista indicó que las fotos fueron captadas en marzo. La ministra Muñoz respondió que esas imágenes "no responden a la realidad actual" y lo invitó a realizar un recorrido por el sitio.

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No obstante, Febres Cordero realizó el recorrido y evidenció que los problemas persisten este jueves 9 de julio. La ministra replicó que las fachadas están siendo intervenidas.

"Vamos juntos porque me parece que está moviendo imágenes. Conozco muy el MAAC (sic). Que está en proceso de intervención de las fachadas. A donde se habrá ido a meter", respondió la funcionaria.

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Reacciones por el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador

La respuesta de la viceministra ocurre mientras continúa el debate sobre el diseño del Nuevo Museo Nacional del Ecuador, una propuesta que ha generado amplio interés y diversas reacciones.

Quito contará con una nueva sede para el Museo Nacional del Ecuador. El proyecto arquitectónico será desarrollado por el estudio Campo Baeza + Maoda, cuya propuesta, denominada Ecos del Sol, resultó ganadora del concurso internacional convocado para definir el diseño del edificio.

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Su carrera política comenzó en 2017, cuando se postuló a la Asamblea Nacional sin éxito. Dos años más tarde logró convertirse en concejal, desde entonces, ha trabajado en la adecuación de ascensores, rampas y espacios públicos, además de promover la presencia de intérpretes de lenguaje de señas en el Municipio.

En su reciente entrevista con Radio Flama el pasado miércoles 8 de julio, Coloma cuestionó el manejo presupuestal de la actual administración municipal. Señaló que “para llegar a este cargo hay que conocer lo que quieres administrar”, en referencia a decisiones que, según ella, no han favorecido el desarrollo de Santo Domingo.

Activismo y compromiso social

Antes de llegar a la política, Diana Coloma ya era reconocida por su activismo. Una de sus acciones más recordadas fue la caminata de tres días desde Santo Domingo hasta Quito para exigir la creación de una universidad pública en su ciudad, cuando presidía la Organización Juvenil.

Su lucha por una Santo Domingo más inclusiva ha sido constante. En entrevistas ha señalado que no es “más ni menos que nadie” y que su voz debe alzarse siempre que el beneficio sea colectivo. Ese espíritu combativo la ha convertido en una figura clave para quienes buscan una ciudad con igualdad de oportunidades.

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Diana Coloma perdió la visión hace una década tras un accidente de tránsito que le provocó un golpe en la cabeza. Está casada con Carlos Espinoza y es madre de dos hijos. Además de su rol político, ha sido reina de belleza, modelo y abogada. Su experiencia personal ha estado vinculada a la discapacidad visual, lo que ha influido en su interés por promover políticas inclusivas en Santo Domingo.

Una relación cercana con sus seguidores

Más allá de sus apariciones públicas, la creadora de contenido se ha caracterizado por responder con naturalidad las dudas que recibe en redes sociales sobre su día a día. Ha explicado cómo elige la ropa que usa, cómo camina con tacones, de qué manera sube y baja escaleras y quién la acompaña en esos momentos. Incluso ha contado que su equipo la guía durante eventos y grabaciones, indicándole hacia dónde mirar para saludar al público o a las cámaras, una transparencia que ha sido valorada por sus seguidores y que ha contribuido a visibilizar, sin tabúes, cómo adapta distintas actividades cotidianas.

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“Se ha dado la instrucción a todas las delegaciones provinciales para que monitoreen continuamente los cambios climáticos”, dijo Cabrera. En ese escenario, las delegaciones deberán establecer las previsiones necesarias en caso de que ocurra algún evento que afecte el desarrollo de la jornada electoral.

El presidente del CNE respondió así a una consulta durante una entrevista en Teleamazonas, en la que le recordaron que las afectaciones por el clima podrían presentarse no solo durante los primeros meses de 2027, sino también desde este mismo 2026.

Cabe recordar que, cuando Diana Atamaint aún presidía el CNE, el organismo resolvió adelantar las elecciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027. 

La decisión se sustentó en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que advertía sobre las posibles implicaciones del fenómeno de El Niño a inicios del próximo año. 

Por ello, las votaciones fueron reprogramadas para el 29 de noviembre de 2026.Según Cabrera, cuando votó a favor de esa decisión también consideró que, en varias ocasiones, los recursos presentados por los candidatos ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ponen en riesgo el cumplimiento del calendario para la posesión de las nuevas autoridades.

“En otros procesos hemos tenido la situación de que existen impugnaciones y apelaciones; se acerca la fecha de posesión y aún no teníamos los candidatos ganadores. Por esa razón fue mi decisión de poner una especie de colchón de tal manera que no afecte lo que dice la Constitución”, explicó Cabrera.

En ese contexto, el titular del organismo electoral señaló que, si se presenta una eventualidad durante las elecciones de noviembre, existirán los meses de diciembre de 2026 y enero y febrero de 2027 para repetir los comicios en “algún cantón o parroquia”, sin afectar la posesión de las nuevas autoridades, prevista para el 14 de mayo de 2027.

Sobre el nuevo escenario en el CNE

Cabrera también se refirió al cambio de autoridades en el CNE. Indicó que se realizaron ajustes en algunas áreas de la institución y que, con base en ello, el calendario de las elecciones seccionales de 2026 avanza sin novedades.

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Elecciones seccionales: alcaldes investigados y candidatos suspendidos mueven el tablero político

Martin Pallares

“Las consejeras y el consejero están trabajando en conjunto. Hemos conversado incluso con el suplente José Merino. En los próximos días conversaré con las dos consejeras suplentes. Esa es mi función: llevar con armonía el proceso electoral, con transparencia para que la ciudadanía esté tranquila de que se ha respetado su decisión (en votaciones)”, aseguró Cabrera.

Lo que debe saber

• La MIO presentó los hallazgos preliminares después de su seguimiento al concurso que se desarrolla en el CPCCS.
• La Misión de Observación no logró reunirse con vocales del CPCCS ni de la Comisión Ciudadana de Selección.
• El organismo también advirtió sobre el problema que se genera al mantener tanto tiempo a una autoridad en calidad de subrogante. 

La Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador (MIO) advirtió sobre graves cuestionamientos en el desarrollo del concurso para designar al nuevo fiscal general.

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La MIO es una iniciativa técnica, independiente y especializada, pensada para acompañar de forma imparcial los procesos de selección de autoridades del sistema de justicia en Ecuador. Se conformó en 2023 y, en julio de 2025, llegó por segunda vez al país.

Hasta el momento, cuenta con un informe preliminar sobre los hallazgos del proceso, que acumula poco más de un año de retraso. 

Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la MIO, hizo una revelación importante: el equipo solicitó un encuentro con los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, pero ninguna de las dos instancias clave del proceso respondió al llamado.

“No tuvimos respuesta lamentablemente en las dos visitas que hemos tenido. En agosto del año pasado no estaba aún la Comisión Ciudadana pero si el CPCCS”, señaló Arellano. Agregó que sí se reunió con exintegrantes de la comisión y con organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la Misión?

El primero tiene que ver con la falta de una reglamentación permanente para el concurso. “La reglamentación del concurso observado es usualmente aprobada para cada ocasión por el CPCCS. Esto facilita que la regulación se diseñe al servicio de intereses ajenos a la calidad de la selección”, señala el informe preliminar.

El segundo hace referencia al perfil y la selección inadecuados de la Comisión Ciudadana de Selección. “La selección del titular de la Fiscalía General del Estado es una labor técnica compleja que requiere conocimiento y/o experiencia sobre el sistema de justicia penal”, indica la MIO.

En materia de transparencia, motivación, rendición de cuentas y participación ciudadana, la Misión sostiene que persisten deficiencias en la disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia de la información pública.

En ese escenario, la MIO planteó: “Las irregularidades mencionadas podrían aconsejar anular el proceso y retrotraerlo a su inicio. 

Sin embargo, todo escenario que implique que continúe por más tiempo en el puesto de Fiscal General una persona en calidad de encargado deslegitima y daña la confiabilidad del cargo, pone en riesgo su actuar de manera imparcial e independiente, condiciona la cooperación internacional, y arrastra a la institución, al sistema de justicia y al Estado ecuatoriano a esa misma deslegitimidad y falta de confianza”.

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Arellano señaló que, si bien el concurso no podría arrancar de cero, una de las opciones sería retrotraerlo hasta la etapa de elaboración del reglamento, con el fin de establecer directrices claras que guíen el proceso.

Otra posibilidad para salvar el concurso, según la MIO, sería sanear las irregularidades. “En caso de que no se anule y retrotraiga el proceso a la emisión del reglamento respectivo, se requiere su saneamiento, para garantizar el pleno respeto de los estándares internacionales aplicables”, establece el informe de la Misión.

Lo que se sabe

• El correísmo, el Partido Social Cristiano y el oficialismo de ADN buscan el control del Concejo en las elecciones de noviembre
• La oposición llega fragmentada a este periodo preelectoral
• Proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría dividir el voto, según especialista

El tablero político del Concejo de Guayaquil vive uno de sus momentos más agitados. La salida de Ana Chóez volvió a desnudar el debilitamiento del Partido Social Cristiano (PSC), organización que durante décadas dominó la política local y que ahora enfrenta el reto de reconstruirse de cara a las seccionales. 

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Pero mientras el socialcristianismo pierde cohesión, el correísmo intenta mantener el control en un Municipio fragmentado, y ADN busca conquistar una ciudad donde la disputa por el poder ya inició.

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"PSC está perdiendo cohesión interna"

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, la renuncia de Chóez revela un problema más profundo que una simple salida. “Lo que muestra es que el PSC no solo perdió el Municipio, sino que también está perdiendo cohesión interna, capacidad de ordenar a sus propios cuadros y centralidad como eje de la oposición local en lo que durante años fue su principal bastión electoral”, explica.

A su criterio, el partido enfrenta ahora el desafío de reconstruir una identidad política en el Puerto Principal, incluso después de presentar recientemente a Andrés Roche, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), como precandidato a la Alcaldía.

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El desafío de preservar la gobernabilidad

Moscoso subraya que el correísmo ha optado por una estrategia de continuidad institucional. “Ha buscado defender la permanencia de Aquiles Álvarez desde el terreno político y jurídico, evitar que la crisis judicial derive en una pérdida inmediata del Municipio y mantener articulada una mayoría que hoy ya no es exclusivamente correísta, sino una mezcla de correísmo, RETO, oficialismo municipal e independientes cercanos a la administración”, evalúa.

Según Moscoso, el objetivo ya no pasa únicamente por mantener los votos dentro del Concejo, sino por preservar la gobernabilidad.

"ADN puede volverse decisivo"

Con respecto al movimiento oficialista, considera que tiene posibilidades de crecer, aunque todavía enfrenta desafíos.

“ADN puede volverse decisivo si logra presentarse como una alternativa distinta al correísmo y al PSC, sobre todo si el voto opositor se divide. Sin embargo, aún debe demostrar estructura territorial, cuadros políticos y capacidad para competir en una ciudad donde el PSC tuvo maquinaria durante décadas y el correísmo conserva una base importante”, afirma.

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La analista política Andrea Endara puntualiza que todavía no está claro cuál será la estrategia del PSC para las seccionales. Cuestiona no solo la salida de Chóez, sino la del exasambleísta Jorge Acaiturri, y las decisiones adoptadas en torno a sus posibles candidaturas.

“Si ponemos sobre la mesa a Acaiturri y a Roche, no sé qué tan acertada fue esa decisión. Al PSC le costará muchísimo recuperarse, porque sigue aplicando las mismas fórmulas que lo llevaron a esta situación: todo se decide en una mesa chica, no existen verdaderas primarias ni un trabajo sostenido de formación política en territorio. Una cosa es recorrer los barrios y escuchar a la gente, y otra muy distinta es construir bases. Y eso les falta”, sostiene.

Sobre el correísmo, Endara observa tensiones con RETO y considera que el eventual candidato impulsado a través del movimiento Amigo todavía carece de suficiente reconocimiento ciudadano. “No sé qué tan bien le iría bajo este nuevo tablero político”, comenta.

Respecto a ADN, cree que puede convertirse en un actor determinante debido al contexto de polarización nacional. Sin embargo, advierte que la proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría fragmentar el voto, un escenario que terminaría favoreciendo al oficialismo en la disputa por la Alcaldía de Guayaquil.

En tanto, el politólogo Jorge Chuya observa que tanto el Concejo como la administración municipal, hoy liderada por Tatiana Coronel, atraviesan un periodo de transición.

“Hoy la ciudad, el Concejo y el sillón de Olmedo están a la deriva. La Revolución Ciudadana y sus aliados todavía mantienen cierto control, pero su margen de acción es mínimo. Las decisiones importantes en lo que reste del periodo probablemente se aprobarán con mayorías similares a las que vimos en votaciones como la del incremento del pasaje”, señala.

A su juicio, la atención de los actores políticos ya no está concentrada en la gestión municipal, sino en la próxima contienda electoral. “Todos están pensando de lo que viene después en las siguientes elecciones. Por eso vemos una ciudad que no atraviesa su mejor momento y que deberá esperar el desenlace de estos meses preelectorales”.

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Aunque la mayoría de los concejales afines a Aquiles Álvarez llegaron a sus curules auspiciados por la Revolución Ciudadana y sus aliados, en la página web oficial del Municipio aún existen inconsistencias sobre su filiación política. 

El portal, por ejemplo, mantiene a Ana Fuentes y Soledad Diab como integrantes del Partido Social Cristiano (PSC), pese a que ambas ya no forman parte de esa organización.

En junio del 2024, el entonces presidente del PSC en Guayas, Alfredo Serrano, afirmó que “desde hace mucho tiempo atrás (las ediles) se separaron de la línea partidista y actúan en función de sus intereses personales”. 

Él también se refirió a Mayra Montaño, quien llegó al Concejo con el PSC, pero posteriormente dejó el cuerpo edilicio y actualmente forma parte de la DASE EP. Está a cargo de la dirección de Enlace Territorial.

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Las claves que debes saber

• Casos contra alcaldes y autoridades se activan antes de elecciones 2026; surgen cuestionamientos políticos.
• Procesos judiciales alcanzan a alcaldes de Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Jipijapa por presuntos delitos.
• Debate en Ecuador apunta a uso de justicia, suspensiones electorales y debilidad de la oposición política.

Que el alcalde de Machala, Darío Macas, sea corrupto y que haya hecho transacciones por más de seis millones de dólares sin justificación es algo perfectamente posible. Y que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, jamás haya podido explicar el origen de su enorme fortuna también es un hecho cierto. ¿De dónde sacó ocho millones de dólares para prestarle al equipo de sus ojos, Barcelona?

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Lo mismo ocurre con Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, preso por el presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares: es perfectamente posible que sea un gánster porque no existe explicación para sus abultadas transacciones financieras. 

Más casos contra alcaldes

¿Y la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador porque la Fiscalía la procesa por, supuestamente, dedicarse a la emisión irregular de documentos de tránsito? También es posible que sea culpable y merezca una sanción ejemplar.

Y esto sin mencionar al alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública cuyo perjuicio superaría los 300 mil dólares. 

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En esa misma ciudad existe otro caso: el exalcalde José Arroyo Cabrera también fue detenido en agosto de 2025, acusado por la Fiscalía de peculado en contratos de obras de ornato durante su administración, cuando se hablaba de su inmenso patrimonio político y electoral.

¿Qué tienen en común los políticos opositores?

¿Qué tienen en común estos personajes? Que pueden haber sido corruptos, pero que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Algunos, además, acumularon fortunas difíciles de explicar, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de ellas.

Pero hay otro elemento que los une: todos tenían aspiraciones de participar en las próximas elecciones seccionales (o, al menos, un enorme capital político, como Arroyo) y ninguno representaba los intereses del Gobierno. 

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Y si, en efecto, hicieron fortunas malhabidas, nadie pareció advertirlo durante años. Aquiles Álvarez, por ejemplo, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil cuando ya se hablaba de su sorprendente riqueza y nadie mostró el menor interés en investigarlo.

Fiscalía cuestionada por solo actuar en ciertos casos

Además, todos estos procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales. Y en casi todos los casos, la actuación de la Fiscalía ha sido especialmente (e incluso sospechosamente) célere. A Darío Macas, por ejemplo, lo arrestaron por un caso impulsado por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y no por la de su propia provincia.

¿Existe, entonces, una instrumentalización política de la justicia para inhabilitar a adversarios electorales de un Gobierno que tiene bajo su control a la Fiscalía? Aunque no pueda afirmarse como un hecho, la hipótesis resulta perfectamente verosímil, sobre todo cuando se observa que existen otros casos en los que la Fiscalía, desvergonzadamente, se hace de la vista gorda.

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En los casos Progen y ATM, por ejemplo, se entregaron más de 100 millones de dólares a oscuras empresas por generadores eléctricos que no servían y, hasta ahora, no hay un solo implicado de alto perfil detenido ni exhibido públicamente, como sí ocurrió con Darío Macas, cuya fotografía apareció en las redes sociales del ministro del Interior, John Reimberg, como si se tratara de un estruchante capturado en una terminal terrestre.

El recurso de la violencia política de género

Las sospechas se hacen más agudas cuando se observa que los organismos electorales también han eliminado de la carrera electoral a figuras con opciones de triunfo para los comicios de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses por el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia por violencia política de género presentada por una concejala a la que llamó “fulana”. 

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Y pocas horas antes del cierre de esta edición, el mismo TCE suspendió los derechos políticos del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, también por una denuncia de violencia política de género, aunque todavía no se conocen los fundamentos de esa decisión. Tayupanda se perfilaba como el candidato más fuerte para llegar a la Prefectura.

Pero si existen razones para sospechar de un uso político de la Fiscalía, en cambio hay algo muy cierto y evidente: frente a este escenario no existe una oposición capaz de levantar la bandera de los derechos democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho.

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Correísmo: opositor cuestionado

El correísmo es la principal fuerza opositora, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Quizá porque carece de autoridad moral para denunciar el autoritarismo de Daniel Noboa o los escándalos del gobierno (Rafael Correa también gobernó de forma autoritaria), o porque su liderazgo atraviesa un evidente colapso. 

Lo cierto es que ni siquiera ha logrado articular una defensa sólida de su alcalde, Aquiles Álvarez, frente a los atropellos de los que ha sido víctima durante el proceso judicial. No hay siquiera otros partidos que hayan salido a defender el Estado democrático y de Derecho. Además, son poquísimos los políticos que lo hacen, con excepciones como la de Henry Cucalón.

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Ayer se cumplió un mes del asesinato de la activista Monika Silva y es como si nada hubiera pasado, al menos por la actitud de los políticos y hasta de la opinión pública. 

A Diario EXPRESO se lo quiere asfixiar financieramente para doblar su línea editorial y son contadísimos los líderes de opinión que han salido para defender la libertad de prensa o la de empresa. La falta de una oposición democrática en el Ecuador es, ciertamente, desalentadora.

Lo que usted debe saber

• ADN impulsa investigaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en Quito y Guayaquil.
• En la Comisión de Gobiernos Autónomos también inició una fiscalización al aumento patrimonial de alcaldes y prefectos. 
• El correísmo cuestiona las iniciativas y ve un trasfondo electoral en las acciones emprendidas por el oficialismo.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo apunta directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dirigidos por la oposición. Actualmente hay tres procesos de fiscalización que involucran a municipios, prefecturas y sus autoridades, los cuales coinciden con la etapa preelectoral de las seccionales de 2026.

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Los procesos de fiscalización

Los procesos de fiscalización en curso abarcan las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP de Guayaquil; los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos; y el supuesto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.

Mientras tanto, el caso de las cámaras en Guayaquil involucra directamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

Acerca del incremento patrimonial, el día en que el oficialista Fernando Jaramillo presentó el planteamiento ante el Pleno hizo una referencia específica. 

Pidió incluir en el análisis los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil.

Pero en los procesos de fiscalización no han actuado únicamente los asambleístas del oficialismo. El rol del Ejecutivo también ha sido clave. 

Por ejemplo, en relación con las cámaras de videovigilancia en Quito, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien instaló el tema en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El 23 de junio, durante la fiscalización que esa mesa realizaba sobre las cámaras de Segura EP, Reimberg dijo que en el Municipio de Guayaquil funcionaba una “sala espejo”, pero que no era la única en el país. 

Comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).“Cada quien destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y las están poniendo. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, declaró Reimberg.

El correísmo tiene cuestionamientos

Para el correísmo, los procesos de fiscalización responden a una intención electoral. Durante el tratamiento del caso de las cámaras de seguridad en Quito, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó: “Estos procesos de fiscalización pretenden atacar a una autoridad. ¿Quieren la Alcaldía de Quito? Gánenla en las urnas”.

Ayer, la propia Alarcón profundizó en ese proceso de fiscalización. “Las cámaras de videovigilancia deben servir para proteger, no para perseguir ni espiar”, dijo a propósito de un nuevo pedido de información dirigido al ECU-911.

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Desde otras fuerzas políticas también han surgido cuestionamientos. El socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que el interés es electoral: “(Quieren) Desviar la atención para decir que estamos fiscalizando, ya que no quieren fiscalizar a quien están en la obligación de hacerlo”. Insistió en que la Asamblea no tiene esa facultad y que “están haciendo un show”.