Lo que debes saber

• La renuncia de Marcela Aguiñaga y la salida del viceprefecto Carlos Serrano abren un escenario inédito en la Prefectura del Guayas.
• Aunque no habrá elecciones, el COOTAD define que, al faltar menos de un año para terminar el período, será el Consejo Provincial el que elija a la nueva autoridad.
• Antes de su salida, Aguiñaga deberá enviar una terna para designar al nuevo viceprefecto, quien asumirá el mando de la Prefectura del Guayas desde el 14 de mayo.

La incertidumbre sobre quién asumirá la conducción de la Prefectura del Guayas se abre tras las renuncias de la prefecta Marcela Aguiñaga y el viceprefecto Carlos Serrano. El escenario no activa una nueva elección popular, sino un mecanismo interno previsto en la normativa vigente.

El lunes 6 de abril, Marcela Aguiñaga anunció en un video que el próximo 14 de mayo renunciará al cargo por motivos personales y que no se presentará para la reelección en los comicios de noviembre del 2026.

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Ante la salida de Aguiñaga, estaba previsto que el viceprefecto Carlos Serrano asuma el mando del Consejo Provincial del Guayas. Sin embargo, este viernes 10 de abril, el funcionario también renunció a su cargo.

Con ello queda la incertidumbre sobre quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas a partir del 14 de mayo, en que se formalice la renuncia de Aguiñaga.

¿Quién quedará a cargo de la Prefectura del Guayas?

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que, ante la ausencia definitiva del prefecto, el viceprefecto asume el cargo. Sin embargo, hay dos escenarios en caso de que ambos funcionarios dejen sus cargos.

Política

Quién es Carlos Serrano y por qué renunció a la Viceprefectura del Guayas

Valeria Alvear

Artículo 336 del Cootad

"En caso de remoción o ausencia definitiva de la prefecta o prefecto y la viceprefecta o viceprefecto, el órgano legislativo del Gobierno Autónomo provincial emitirá la resolución correspondiente y notificará con su contenido al Consejo Nacional Electoral para que dentro del plazo máximo de treinta días convoque a un nuevo proceso para la elección de las nuevas autoridades, por el tiempo que falte para completar el período de las autoridades removidas o ausentes".

En el caso que falte un año o menos para la terminación del período, como ocurre actualmente en Guayas, "será el propio consejo provincial el que designará de entre sus miembros a la autoridad reemplazante".

En ese contexto, el Consejo Provincial del Guayas —integrado por los alcaldes de los cantones y representantes de las juntas parroquiales rurales— es el encargado de tomar una decisión para llenar la vacante.

Ecuador

La prefecta Marcela Aguiñaga anuncia nueva carretera en Playas con controversial video

Freddy Josue Andrade Andrade

Se prevé que el próximo jueves 16 de abril se desarrolle la sesión del Consejo Provincial del Guayas. En esa reunión se conocerá la renuncia de Serrano.

Sin embargo, según expertos, al mantenerse Aguiñaga en el cargo al realizarse dicha sesión, se elegirá al nuevo viceprefecto de una terna que envíe la funcionaria, quien asumirá el mando de la Prefectura el 14 de mayo.

Luego, el nuevo prefecto presentará una terna al Consejo Provincial, que en sesión elegirá a la viceprefecta.

Lo que debes saber

• CAL negó curul a Priscila Schettini el 9 de abril en Quito por dictamen vinculante de Procuraduría.
  
  
• Annie Muñoz ratificada como asambleísta principal tras resolución del CAL que aplica seguridad jurídica.
  
  
• Disputa legislativa: Procuraduría determinó que suplentes principalizados ejercen hasta fin del período.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió negar la solicitud presentada por Priscila Schettini Castillo para habilitar su curul como asambleísta nacional. 

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La decisión se fundamenta en el dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado, emitido el 6 de abril de 2026, que establece que una vez principalizado de manera definitiva un suplente, este asume la titularidad del cargo hasta el final del período legislativo.

El pronunciamiento de la Procuraduría, de carácter obligatorio para las entidades públicas, precisó que los suplentes principalizados ejercen plenamente los derechos y deberes de los legisladores titulares, sin posibilidad de reversión. En ese sentido, el CAL ratificó la principalización de Annie Christina Muñoz Aroca como asambleísta nacional.

Política

Priscila Schettini denuncia nuevas trabas para volver a la Asamblea Nacional

Marco Rivera

La resolución dispone que la Secretaría General de la Asamblea notifique tanto a Schettini como a Muñoz. Con ello, se cierra la vía para que Schettini pueda ocupar la curul, en aplicación del principio de seguridad jurídica y uniformidad en la interpretación normativa.

Schettini sostuvo que ya cumplió su sanción

Schettini, electa asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC), supo de la consulta el 9 de marzo, luego de solicitar al Legislativo información sobre la fecha de su reincorporación a la curul.

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Durante su ausencia, el puesto fue ocupado por el asambleísta alterno Santiago Díaz Asque, quien actualmente enfrenta un proceso por presunta violación sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con Schettini, la sanción de suspensión impuesta por el TCE —derivada de una denuncia por violencia política de género presentada por la exfiscal Diana Salazar— se cumplió el 10 de febrero, por lo que ha solicitado retomar sus funciones en la Asamblea.

Lo que debes saber 

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas alegando nuevos desafíos políticos
  
• Su salida ocurre pese a que debía asumir la Prefectura tras la renuncia de Marcela Aguiñaga
  
• La decisión reconfigura el escenario político y abre incertidumbre sobre la sucesión

La mañana de este 10 de abril de 2026, Carlos Serrano presentó su renuncia a la Viceprefectura del Guayas, argumentando que busca asumir “nuevos desafíos políticos”. Su salida ocurre en medio de un escenario marcado por cambios en la administración provincial.

En una carta dirigida a la prefecta Marcela Aguiñaga, el ahora exviceprefecto explicó que su decisión responde a una reflexión personal y política. En el documento, sostuvo que se retira con la convicción de haber aportado al desarrollo de la provincia, tras un trabajo enfocado —según indicó— en el territorio, el fortalecimiento institucional y el trabajo en equipo.

La dimisión se produce pese a que Serrano estaba llamado a asumir la Prefectura una vez que Aguiñaga concretara su renuncia, prevista para el 14 de mayo de 2026, lo que añade un nuevo matiz al panorama político del Guayas.

Política

Carlos Serrano renuncia a la Viceprefectura del Guayas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Trayectoria política y perfil público

Carlos Guillermo Serrano Bonilla, de 49 años, llegó a la Viceprefectura como parte del binomio de Aguiñaga por la Revolución Ciudadana (RC). En sus redes sociales se define como empresario, político, deportista y católico.

Su carrera en el sector público incluye dos periodos como concejal del cantón Samborondón, entre 2009 y 2019, etapa en la que impulsó iniciativas relacionadas con el desarrollo agrícola y ganadero.

En paralelo, ha mantenido actividad en el sector privado, principalmente en áreas vinculadas a la construcción y el comercio. Además, ha participado en acciones de voluntariado, según información difundida por la Prefectura del Guayas.

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Formación, patrimonio y actividad empresarial

En el ámbito académico, Serrano registra en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) un título de Tecnólogo Superior Universitario en Administración, obtenido en el Instituto Blue Hill College, con sede en Guayaquil.

De acuerdo con su última declaración ante la Contraloría General del Estado, su patrimonio supera los $350.000.

Asimismo, consta como gerente de la empresa DERILSA S. A., dedicada a actividades agrícolas, agropecuarias, ganaderas y avícolas. A lo largo de su trayectoria empresarial, también ha ocupado cargos directivos en compañías relacionadas con la comercialización de inmuebles, electrodomésticos y productos del sector agrícola.

Política

Salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el mapa político en Guayas

Valeria Alvear

Lo que debes saber

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas, según fuentes, en medio de cambios políticos.
• La salida ocurre antes del 14 de mayo, cuando Marcela Aguiñaga dejará la Prefectura por motivos familiares.
• Guayas entra en transición política rumbo a elecciones seccionales 2026 tras renuncia de Serrano.

El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, presentó su renuncia al cargo, según se confirmaron fuentes a EXPRESO, en un movimiento que reconfigura el escenario político en la provincia.

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Aunque no se han detallado públicamente las razones de su dimisión, la salida de Serrano se produce en un contexto de creciente dinámica política en Guayas, una de las provincias con mayor peso electoral del país. 

La dimisión ocurre semanas antes del 14 de mayo, fecha en la que la prefecta Marcela Aguiñaga anunció que dejaría sus funciones por motivos familiares. Este contexto sitúa la salida de Serrano dentro de un proceso más amplio de transición en la Prefectura del Guayas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga renuncia: claves políticas de su salida en la Prefectura del Guayas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los retos de la Prefectura

Serrano había cumplido funciones como segundo al mando en la administración. A sus 49 años, Serrano tiene trayectoria en los sectores público y privado. Se desempeñó como concejal de Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), en representación de las zonas rurales.

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Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales

El doble movimiento -la renuncia del viceprefecto y la salida anunciada de Aguiñaga— ocurre en un momento en que el país está a la espera de la seccionales 2026. 

Las claves del caso

• El Gobierno de Ecuador considera que Colombia no ha implementado medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza
• Desde el 1 de mayo entrará en vigencia el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones pasando del 50% al 100%
  

La decisión del Gobierno ecuatoriano de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia sigue provocando reacciones en el ámbito político.

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Esta vez, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su rechazo a la medida, calificándola como “absurda” y advirtiendo posibles efectos negativos en la economía y las relaciones bilaterales.

Política

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El Ministerio de la Producción anunció el 9 de abril de 2026 que, ante la falta de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza, Ecuador adoptará medidas soberanas.

Entre ellas, el incremento de la tasa de seguridad del 50% al 100%, que entrará en vigencia desde el 1 de mayo. Según la entidad, la decisión responde a criterios de seguridad nacional y busca reforzar la lucha conjunta contra el narcotráfico en la frontera común.

Consecuencias reales de la medida

Sin embargo, Pabón cuestionó el enfoque del Ejecutivo y pidió reflexionar sobre las consecuencias reales de la disposición. “El desarrollo, la unidad y la integración regional no se construyen con decisiones abruptas”, escribió en su cuenta de X este 10 de abril, enfatizando la necesidad de priorizar el diálogo, la planificación y los acuerdos entre ambos países.

La prefecta también planteó interrogantes sobre el impacto económico de la medida: “¿A quién beneficia realmente esta decisión? ¿Estamos fortaleciendo nuestra economía o debilitando su competitividad?”, cuestionó, al tiempo que alertó sobre posibles afectaciones a la producción nacional y al empleo.

Tensiones van en escalada

Las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia se han intensificado en los últimos meses. En febrero, ambas naciones se impusieron aranceles mutuos del 30%, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa señalara deficiencias en la gestión de seguridad por parte de Bogotá en los más de 600 kilómetros de frontera compartida. 

Posteriormente, Ecuador elevó la tasa al 50%, en una medida que ya había generado preocupación en sectores comerciales y poblaciones fronterizas.

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Para Pabón, el camino no debería ser la confrontación. “Ecuador necesita certezas, empleo y producción, no más conflictos políticos con países hermanos como Colombia”, concluyó, apelando a los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones más allá de sus diferencias actuales.

Claves del caso

• Gustavo Petro pidió este viernes el regreso del embajador en Ecuador por alza de aranceles.
• Colombia y Ecuador registran tensión diplomática tras subida de aranceles a productos colombianos.
• Petro respondió en X desde Colombia y cuestionó a Ecuador y Daniel Noboa por seguridad y narcotráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este viernes 10 de abril a través de su cuenta en X la decisión del Gobierno de Ecuador de  elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, en un mensaje extenso en el que combinó defensa de su gestión en seguridad, críticas a sectores políticos ecuatorianos y referencias al narcotráfico en la región.

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Sin mencionar de forma directa los detalles técnicos de la medida comercial, Petro centró su pronunciamiento en cuestionamientos políticos y en una exposición de su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado. 

El mandatario aseguró que su vida pública ha estado marcada por el combate a las estructuras del narcotráfico y afirmó que durante su paso por el Congreso de Colombia impulsó investigaciones contra legisladores vinculados a redes ilegales.

Política

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Petro menciona a Fernando Villavicencio

En su publicación, el jefe de Estado colombiano rechazó cualquier relación con actividades ilícitas y sostuvo que su patrimonio personal es limitado.

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Además, insistió en que las organizaciones criminales operan de forma transnacional y que existen vínculos entre redes del narcotráfico en Colombia y Ecuador.

Petro también se refirió al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y aseguró que Colombia ha colaborado en procesos de cooperación judicial relacionados con ese caso, sin entrar en mayores detalles sobre las investigaciones en curso.

En el plano bilateral, el presidente colombiano cuestionó el tono del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia su gobierno. 

“He soportado insultos del presidente ecuatoriano”, señaló en su mensaje, en el que también defendió la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y control del narcotráfico.

El mandatario colombiano afirmó que su gobierno ha fortalecido la incautación de drogas en coordinación con autoridades internacionales y aseguró que ha compartido experiencias en seguridad marítima y portuaria con países de la región, incluido Ecuador. 

También mencionó operativos recientes en puertos ecuatorianos y en otros puntos de Europa, como parte de acciones conjuntas contra el tráfico de cocaína.

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Petro sostuvo además que la violencia vinculada al narcotráfico no se limita a la frontera colombo-ecuatoriana, sino que responde a rutas regionales que incluyen a Perú y a puertos del Pacífico. 

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En ese contexto, defendió los programas de sustitución de cultivos ilícitos en zonas fronterizas y aseguró que han contribuido a la reducción de hectáreas de coca en Colombia.

El mensaje del presidente colombiano concluyó con un llamado a la “cooperación regional” y una advertencia diplomática: "nuestro embajador en Ecuador debe venir de inmediato, y la próxima reunión de gabinete se celebrará en un punto de la frontera con Ecuador", sostuvo. 

Lo que debes saber

• Otto Sonnenholzner descarta postularse a la Alcaldía de Guayaquil u otro cargo en las seccionales de 2026.
• El exvicepresidente confiesa que ha recibido varias propuestas de candidaturas, pero las ha rechazado.
• Aunque se aleja de las papeletas, el economista seguirá aportando opiniones sobre la realidad nacional.

Otto Sonnenholzner descartó una posible candidatura para las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador. En diálogo con EXPRESO, el exvicepresidente aclaró los rumores sobre su postulación a la Alcaldía de Guayaquil y detalló por qué su prioridad actual está fuera de las papeletas electorales.

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El exsegundo mandatario rompió el silencio ante las especulaciones en redes sociales que lo vinculaban con una posible alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) para buscar el sillón municipal. Aunque admitió haber recibido múltiples propuestas tras el adelanto de los comicios locales, Sonnenholzner sostuvo que su atención se centra en proyectos privados desde hace más de dos años.

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"Estoy dedicado a mis actividades en lo privado y a todos quienes me han extendido esa generosa invitación les he agradecido, pero les he respondido como responde Alejandro Sanz: les agradezco, pero no", comentó el economista, utilizando una referencia musical para reafirmar su negativa de aparecer en las elecciones de noviembre de 2026.

Su postura frente a la crisis de Ecuador

A pesar de descartar su participación electoral inmediata, aclaró que no se ha desvinculado de la realidad nacional ni de los problemas que enfrenta Guayaquil. El excandidato presidencial enfatizó que su interés por el bienestar del país permanece intacto, aportando con ideas y opiniones desde espacios civiles.

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Para entender el peso de su decisión, es necesario revisar su paso por la administración pública:

Inicia trámite oficial para la remoción de Álvarez

• La denuncia de un ciudadano acusa a Aquiles Álvarez de superar los tres días de inasistencia injustificada.
• El permiso sin sueldo aprobado por el Cabildo caducó el 26 de marzo de 2026 sin renovaciones.
• La Secretaría del Concejo derivó el expediente para arrancar el proceso que dicta el Cootad.

El trámite administrativo para cesar las funciones de Aquiles Álvarez arrancó oficialmente en el Municipio de Guayaquil este 9 de abril. La Secretaría del Concejo Cantonal derivó a la Comisión de Mesa una denuncia ciudadana que exige la remoción del alcalde tras documentar la caducidad de su licencia temporal y la acumulación de faltas injustificadas en el cargo.

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Remoción de Aquiles Álvarez: ¿cuál es el proceso una vez presentada la denuncia del ciudadano?

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Así es el proceso legal que llevaría a la remoción del alcalde 

El documento legal, ingresado el 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, quien también es militante del Movimiento RETO (que lo preside Raúl Chávez en binomio con Tatiana Coronel), expone, según el expediente al que accedió EXPRESO, que la licencia sin sueldo concedida al funcionario venció el 26 de marzo de 2026. Al no existir un nuevo pedido formal de vacaciones o extensión del permiso en las sesiones posteriores, el ciudadano argumenta que se configuró una situación objetiva de abandono que amerita control inmediato.

La causal legal y el conteo de días

La acción ciudadana se fundamenta en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). 

Esta norma territorial tipifica como causal de destitución el ausentarse del puesto por más de tres días hábiles sin encargarlo legalmente y sin justificación.

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Subrogación en Guayaquil: el vacío legal que dejaría a la ciudad sin alcalde

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El texto de la queja precisa que "la indefinición prolongada sobre la titularidad de la Alcaldía afecta la regularidad administrativa de la ciudad y los servicios públicos". 

Álvarez permanece privado de libertad dentro de procesos penales, lo que ha impedido de forma fáctica el ejercicio material, personal y ordinario de sus competencias.

Avance en la Secretaría del Concejo

El trámite avanzó en el Cabildo de forma documental. A través del memorando SMG-AAA-2026-3976, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada Franco, notificó a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sobre la recepción del requerimiento que exige determinar la causal de remoción.

En el mismo escrito, Tejada confirma que el expediente ya fue enviado a Magno Marriott Barreto, en su calidad de secretario de la Comisión de Mesa. 

Esto sigue

La Comisión de Mesa dispone de un término máximo de cinco días para calificar el pedido.

De ser admitido, se notificará a las partes para abrir una etapa probatoria ineludible de diez días, donde la defensa técnica de Álvarez o la parte ciudadana (por sí mismos o mediante apoderado legal) deberán documentar o desvirtuar la inasistencia.

Posteriormente, la mesa legislativa emitirá un informe en cinco días adicionales, el cual será elevado al pleno del Concejo Cantonal, única instancia con la potestad de destituir al alcalde mediante el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes.

Lo que debes saber

• Jorge Yunda descarta participar en las elecciones seccionales por ADN, dice que está con Centro Democrático; llama a la unidad, incluso a interesados en ser concejales. 
• Critica a Pabel Muñoz, quien busca la reelección; dice que no asume su responsabilidad en el control del tránsito ni en seguridad pese a que se cobra una tasa.
• Afirma que espera una campaña sin ataques, pero comenta que la correísta Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sería mejor candidata de la RC.
• Aún está en contacto con exfuncionarios como Fernando Carrión y Guillermo Abad, asegura.
• Evita tomar postura sobre lo que le pasó a Alexandra Villacís, finalmente dice que él también fue víctima de "leguleyadas".

El exalcalde Jorge Yunda confirmó que su intención es seguir el proceso para candidatizarse por Centro Democrático. Aunque afirma que declinaría, si luego de un consenso y de revisar “números”, se determina que “soy el candidato chimbador”.

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Alcaldía de Quito 2026: entre aspirantes firmes y candidatos que aún dudan

Rosero Mariela

En 2019, usted llegó con Unión Ecuatoriana a la alcaldía, antes ganó una curul con el correísmo. Dicen que no va con ADN porque usted es elegante pero también calle...

Yo estoy haciendo un llamado a la unidad. Esta polarización, de que o eres ‘borrego’ o ‘florindo’ nos ha dejado mal heridos políticamente.

¿Postularse con ADN?

No he hablado, supe que tienen sus propios candidatos y yo tengo mi propio capital político, con eso voy a la lid electoral. No les he propuesto ni me han propuesto. No soy de esa agrupación política, siempre he sido independiente.

Política

Andrés Páez sobre la Alcaldía de Quito en 2026: "Tengo propuestas innumerables"

Richard Josue Jimenez Mora

¿No le quieren los anticorreístas?

No lo sé, yo tengo buenos amigos ahí. He visto que gente en redes sociales me ha dado sin motivo alguno. Pero entiendo, así es la política.

Contra usted, ¿quién es más fuerte en el sur: Pabel Muñoz o Paola Pabón?

Yo creo que la prefecta Pabón tiene más cancha en el sur, en la periferia, en la ruralidad. Si me preguntaran, es una candidata más dura que vencer. Al señor Muñoz creo que cualquiera le gana.

¿Por qué dice que la alcaldía de Muñoz es desastrosa?

Vivo en Quito, la ciudad tiene altos índices de delincuencia, está desolada. Aquí en La Mariscal en todo (lado) dice: ‘se arrienda’, ‘se vende’. Quieren comprar hornados a $15, generar puestos para amigos, (con sueldos) de 3.000, creados para gastar millones.  

Hay secuestro, balacera, sicariatos, vacunas, con la tasa más alta de mortalidad en accidentes, de suicidio, desempleo. Vea los números. Quito está retrasada totalmente.

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“Puede surgir una figura que no venga de RC ni ADN, en Quito”: César Montúfar

Rosero Mariela

Usted dice que se enfocará en la seguridad, pero el alcalde recalca que no es competencia del municipio.

El señor es el Poncio Pilato de Quito, se lava las manos: en seguridad dice ‘no es mi competencia’, pero cobramos tasa; sobre accidentabilidad dice ‘no manejo los buses’. Hubo un muerto en la Ruta Viva por un bache, ah no bacheo. Hay una responsabilidad política y un liderazgo nefasto.

La justicia lo absolvió en el caso pruebas PCR. Pese a ello ¿cree que ese capítulo pesará a su candidatura? 

La intención fue dejar en el imaginario que hubo corrupción, pero hay que madurar, te caiga o no te caiga. (La justicia determinó) que nadie presentó ni un video ni una prueba o documento o movimiento financiero ni un testigo.

Quito nunca fue Suiza, pero no estaba a los niveles de hoy en desaparecidos, sicariato, vacunas...
Jorge Yunda/ precandidato a la alcaldía de Quito

¿Quiénes serán sus ediles? Los 4 que llegaron con su apoyo han votado con la RC.

Cuando ganaron les di libertad para actuar, pero se olvidaron a quiénes representaban. No tengo una lista de candidatos a concejales. Invito a quienes quieran, independientemente de si son de izquierda o derecha, si tienen capacidad, se han preparado para el servicio público, no piensan en intereses económicos...

¿Cuál es su opinión sobre lo que vivió Alexandra Villacís, quien no se pudo posesionarse en la Judicatura?

No conozco, no he estudiado bien el caso.

No me diga que no sabe...

Es un tema más jurídico. Me botaron del cargo por un informe que dice que no di una rendición de cuentas presencial, cuando estaba prohibido por el CPCCS, leguleyadas. Me botan con 13 votos y requerían 14, de quien estaba hospitalizado, en paz descanse Mario Granda.  

Le sentaron a una señora y así se atropella el debido proceso. He demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptaron mi demanda.

Como empresario, ¿cree que el Gobierno ha hecho una buena gestión para evitar apagones?

Vivo de una actividad, casi quiebro con todos los apagones. Si vienen ahora, va a terminar liquidando más, quebrando la economía del Ecuador, Dios quiera que no sea así... Es el momento de haber tomado correctivos. Deberíamos tener otras fuentes energéticas, en un país tan cerca al sol, energía eólica, volcánica.

Yo enfrenté a la justicia, tuve 23 allanamientos. Espero que el alcalde de Guayaquil tenga derecho a la defensa.Jorge Yunda/ exalcalde

¿Quién es Jorge Yunda?

Exalcalde de Quito entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021. Tiene 60 años y nació en Guano. Integró grupo de música. Recorre barrios jugando vóley y con bata de médico. Ha ganado popularidad como radiodifusor. Fue legislador por la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Fiscalización impulsa reformas para centralizar competencias de tránsito que hoy manejan los GAD, argumentando riesgos de corrupción y presunta infiltración del crimen organizado.
  
• La propuesta incluye cambios a la Ley de Tránsito y al COOTAD para que el Gobierno central pueda asumir o revertir competencias municipales cuando existan indicios de irregularidades o amenazas a la seguridad nacional.
  
• Distintas fuerzas políticas advierten que el trasfondo sería político.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea trazó una hoja de ruta con la que busca restar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La punta de lanza es la investigación sobre la gestión del tránsito, pero hay sugerencias de reformas legales que no convencen al resto de las fuerzas políticas.

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La mayoría controlada por ADN en la comisión aprobó el informe sobre las entidades municipales encargadas del tránsito. Se analizaron presuntas emisiones irregulares de matrículas que estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada.

El proceso se originó tras la intervención del Gobierno Nacional en las agencias de tránsito de los cantones de Durán y Manta. Durante las comparecencias, el ministro del Interior, John Reimberg, ya había anticipado el rumbo de la fiscalización.

Uno de los principales problemas del tránsito es lo que se hizo: eso de que cada cantón pueda tener su propia agencia y manejar el tránsitoJohn Reimberg, ministro del Interior (2 de febrero del 2026)

El informe de la Comisión reafirma esa postura. En el documento se advierte que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

Con ese enfoque, la Comisión plantea reformas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). En el primer caso, propone centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular.

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La propuesta va más allá. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Las alarmas nacen de la oposición en la Comisión

Las primeras alertas surgieron dentro de la propia Comisión. La legisladora correísta Ana Cecilia Herrera advirtió que, aunque es necesario combatir la corrupción y la inseguridad, esta última no es responsabilidad exclusiva de los GAD.

El fondo es más bien político: seguir en esta línea de quitarles competencias a los GAD. Volver a centralizar un montón de serviciosAna Herrera, legisladora correísta. 

En Pachakutik también hay reparos. Mariana Yumbay consideró que, si bien se requieren reformas para enfrentar la corrupción, las propuestas planteadas no solucionan el problema de fondo: “Es peligroso. Ya se aprobó la Ley de Vivienda Social que violenta la autonomía. Lo mismo pasó con la ley que reformó al COOTAD. Con esto no se va a resolver un tema que es consecuencia de actos de corrupción de funcionarios públicos porque no hay una acción concreta”.

El independiente Cristian Benavides recordó que la gestión del tránsito es facultad de los GAD y advirtió que revertirla podría incurrir en inconstitucionalidad. A la par, cuestionó la autonomía de los municipios, al señalar que la mayoría depende de recursos del Gobierno central.

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Incluso dentro de ADN hay matices. Inés Alarcón subrayó que los informes de las comisiones no son vinculantes y que cualquier cambio debe debatirse en el Pleno. “No somos ajenos a que vivimos un conflicto armado interno y toda lucha contra el narcotráfico debe ser bienvenida”, dijo.

Alarcón añadió que la autonomía no es un derecho, sino un principio orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y reiteró que la seguridad sigue siendo la principal preocupación.

Por ahora, todo dependerá del tratamiento que el Pleno le otorgue al informe. Solo después de esto y su trámite en una comisión, se medirá el alcance de una nueva propuesta que tiene como eje de intervención una vez más la gestión de municipios y en año electoral.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

Opinión

Moraleja de un fracaso: el caso Villacís y la crisis de la función pública en Ecuador

Roberto Aguilar

Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Lo que debe saber

• El incremento de la tasa de seguridad al 100 % de los productos colombianos detiene las relaciones en seguridad, comercio y energía, lo que agrava la crisis diplomática entre Quito y Bogotá.

La relación diplomática entre Ecuador y Colombia entró en una fase de incertidumbre tras la decisión de suspender las mesas técnicas de trabajo. Esta medida surge como respuesta al incremento de las tensiones políticas entre los gobiernos de Quito y Bogotá, situación que escaló este jueves con la decisión del presidente Daniel Noboa de elevar al 100% la tasa de seguridad sobre los productos colombianos. Este nuevo gravamen ralentiza el intercambio comercial y marca un punto de quiebre en los convenios de beneficio mutuo que ambos países mantenían vigentes.

Crisis en la seguridad de la frontera común

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Petro califica de "monstruosidad" alza de aranceles de Noboa y sugiere salir de la CAN

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El control de la frontera norte de Ecuador es el punto de mayor preocupación tras este anuncio. Los planes operativos destinados a combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico permanecen en pausa. La falta de coordinación entre las fuerzas militares y policiales de ambos países debilita la vigilancia en los pasos fronterizos. Esta situación facilita el movimiento de grupos irregulares que operan en la zona, lo que incrementa el riesgo de violencia y actividades ilícitas en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

Disputas arancelarias paralizan el intercambio comercial

En el ámbito económico, la relación enfrenta un retroceso severo debido a la nueva política arancelaria de Carondelet. El recargo del 100% bajo el concepto de tasa de seguridad para las importaciones desde Colombia estanca la mesa de intercambio comercial. Los exportadores de la nación vecina y los importadores locales prevén una reducción drástica en el volumen de negocios debido al encarecimiento de los productos. Esta medida de presión política afecta la competitividad y altera la estabilidad regulatoria necesaria para el flujo mercantil en la región.

En respuesta inmediata, el mandatario Gustavo Petro calificó la medida como una "monstruosidad" y ordenó el inicio de los trámites para que Colombia abandone la Comunidad Andina (CAN), lo que marca el fin de décadas de integración regional.

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Incertidumbre sobre la interconexión eléctrica

Finalmente, el sector energético sufre las consecuencias de este distanciamiento diplomático. Los convenios de interconexión eléctrica, vitales para el abastecimiento de energía en épocas de sequía o alta demanda, se encuentran bajo revisión. Ecuador, que recurrió históricamente a la compra de energía colombiana para evitar apagones, enfrenta ahora un panorama complejo sin un canal oficial de negociación técnica. La ausencia de acuerdos sobre precios y volúmenes de transferencia de electricidad pone en riesgo la estabilidad del sistema interconectado nacional y la planificación energética a mediano plazo.

Lo que debe saber

• Impacto: El presidente de Colombia Gustavo Petro calificó como una "monstruosidad" el alza de la tasa de seguridad en Ecuador y anunció el retiro de Colombia de la Comunidad Andina.
  
• Economía: El presidente Daniel Noboa subió los aranceles al 100 % mediante una tasa de seguridad para las importaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como una “monstruosidad” el anuncio de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de elevar los aranceles al 100 %. A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado colombiano aseguró que esta decisión representa el final del Pacto Andino para su país y adelantó un giro estratégico en su política exterior para abandonar la Comunidad Andina (CAN) en favor de otros bloques regionales.

La decisión de elevar al 100 % la "tasa de control de seguridad" para las mercancías colombianas. Esta medida, justificada por Quito como una herramienta para financiar la guerra contra el narcotráfico, provocó una respuesta inmediata de Bogotá. El jefe de Estado colombiano aseguró que este gravamen representa el fin de la integración andina y adelantó un giro en su política exterior.

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El fin de la alianza andina

Petro fue enfático al señalar que, tras la postura adoptada por el Gobierno de Ecuador, Colombia carece de incentivos para permanecer en la alianza comercial que une a las naciones de la región desde hace décadas. Según el mandatario, la imposición de estas barreras económicas rompe los principios de integración que sostienen el bloque. "Nada hacemos ya allí", sentenció el presidente tras conocer las restricciones que afectarán directamente el intercambio de bienes entre ambos países.

Nueva ruta hacia el Mercosur

Ante la ruptura de las relaciones comerciales fluidas con Ecuador, el Ejecutivo colombiano instruyó a la Cancillería para que inicie las gestiones pertinentes hacia el Mercosur. El objetivo de Petro es que Colombia pase a ser un socio pleno de este mercado. Esta maniobra busca blindar la economía colombiana frente a las decisiones de sus vecinos andinos y encontrar nuevos aliados que permitan la circulación de productos sin las trabas impuestas por la administración de Noboa.

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Lo que debes saber

• Roque Ordóñez es ratificado como director de Revolución Ciudadana en Azuay tras reorganización interna.
• El buró de Gabriela Rivadeneira confirma a Ordóñez para liderar la estrategia electoral en la provincia.
• RC prepara cuadros ante la suspensión del TCE y las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

El asambleísta Roque Ordóñez se mantiene al frente de la Revolución Ciudadana (RC) en Azuay luego de un proceso de evaluación nacional liderado por Gabriela Rivadeneira. Esta ratificación ocurre en un contexto crítico para el correísmo, que enfrenta una suspensión electoral por parte del TCE tras denuncias de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos en el caso Caja Chica, obligando a la organización a reestructurar sus bases para las elecciones de 2026.

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¿Por qué renunció Roque Ordóñez a la dirección de la Revolución Ciudadana?

La permanencia de Roque Ordóñez se confirmó tras la filtración de una carta donde el legislador presentaba su dimisión. No obstante, la directiva provincial aclaró que este fue un paso formal solicitado por el buró nacional a todos los directores provinciales para iniciar una reorganización interna.

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Bajo el liderazgo de Gabriela Rivadeneira, el buró analizó los resultados y el liderazgo territorial en Azuay, resolviendo que Ordóñez es el cuadro legítimo para preparar la estructura de cara a las próximas contiendas.

Estrategia ante la suspensión del TCE y el caso Caja Chica

La ratificación de directivas coincide con la urgencia del movimiento por sobrevivir políticamente. Debido a la suspensión impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Revolución Ciudadana ha iniciado una campaña de desafiliación de militantes y precandidatos. Esta medida busca que sus cuadros puedan participar en los comicios seccionales de noviembre de 2026 a través de otras plataformas políticas.

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Puntos clave de la reorganización en la RC:

Lo que debes saber

• Enrique Pita, vicepresidente del CNE, desmiente nexo personal con Lavinia Valbonesi tras foto viral.
• Pita aclara que la imagen con la primera dama es de un acto oficial de mayo de 2025, no reciente.
• La polémica surge ante críticas al CNE por adelantar comicios y eliminar partidos políticos.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, desmintió mantener vínculos personales con la primera dama Lavinia Valbonesi, tras la difusión de una fotografía por parte del asambleísta Jorge Chamba. La imagen, que circuló en redes sociales durante el cumpleaños de Valbonesi, pertenece en realidad a la entrega de credenciales de mayo de 2025 y no a una celebración privada, según aclaró el funcionario para frenar las críticas sobre la independencia del organismo electoral.

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La aclaración de Enrique Pita en redes sociales

Ante la controversia generada en plataformas como X, el vicepresidente del CNE precisó que el uso de la imagen por parte del legislador oficialista es engañoso. Pita enfatizó que su aparición al fondo de la captura corresponde a un acto institucional y no a una reunión social. "Es cuestionable que el asambleísta utilice la imagen de un evento institucional", comentó el funcionario, exhortando a la ciudadanía a verificar la información antes de replicar rumores.

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La polémica escala debido al contexto político actual, marcado por el fuerte escrutinio hacia el CNE tras la modificación de las fechas para los comicios seccionales. Sectores de oposición sugieren una posible influencia del Ejecutivo en el organismo, especialmente ahora que ha iniciado el proceso de cancelación de organizaciones políticas como Unidad Popular y Construye.

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Detalles de la controversia política

Lo que debes saber

• RC pide a Cancillería informes por presunto ataque de militares de EE. UU. a barco pesquero ecuatoriano.
• Pescadores del Don Maca habrían sido atacados en altamar y rescatados en El Salvador, según denuncia legislativa.
• Asamblea fiscaliza denuncias de ataques a barcos pesqueros ecuatorianos, tras nuevo caso alertado este el 9 de abril.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) por Manabí, Fernando Cedeño, María Gabriela Molina, Lenin Barreto, Guido Mendoza y Bertha Vélez, enviaron una solicitud de información a la canciller, Gabriela Sommerfeld, para que brinde detalles sobre "los hechos ocurridos con la embarcación pesquera 'Don Maca'", la cual zarpó del puerto de Manta el pasado 17 de marzo y fue atacada por militares de Estados Unidos, según han denunciado los pescadores ecuatorianos.

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Según el oficio enviado, los legisladores correístas señalan que la embarcación "fue declarada como desaparecida el 26" del mismo mes y sus tripulantes fueron rescatados por patrullas navales de El Salvador el 2 de abril. Sin embargo, los parlamentarios buscan fiscalizar los hechos denunciados por 20 pescadores ecuatorianos, quienes habrían sido "interceptados, atacados y detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos".

Cedeño anunció que envió el pedido de información este 9 de abril de 2026, en el mismo día en el que el abogado Jorge Chiriboga informó que existe otro caso de ataque a una embarcación pesquera ecuatoriana.

Chiriboga indicó que denunciará ante la Fiscalía el ataque con bombas al barco 'Negra Francisca' para solicitar "que se envíe documentación, a través de Cancillería, para establecer los motivos por los que fueron trasladados a El Salvador" los pescadores sobrevivientes.

Otro ataque con drones

El representante legal descartó que los ecuatorianos hayan naufragado y asegura que "son pescadores civiles, que no estaban armados y fueron atacados con drones de una nación extranjera tipo guerra. Estaban dentro de la embarcación, por tanto es un acto criminal", manifestó.

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De acuerdo con los relatos de los pescadores, el ataque provocó un una explosión que generó el incendio total de la embarcación. Posteriormente, ellos fueron recatados por un buque extranjero, que los mantuvo incomunicados y los trasladó a El Salvador. 

Por ese motivo, Chiriboga dijo que se busca establecer "a quién pertenece esa embarcación Atlantis, por qué estaban allí y por qué los transfirieron a la guardacosta salvadoreña sin darles ningún tipo de información".

Lo que debes saber

• Noboa descarta apagones en abril en Ecuador por mayor generación y menor uso de embalses.
  
  
• Gobierno afirma que Mazar no está crítico este abril, clave para el sistema Paute.
  
  
• Ejecutivo atribuye estabilidad eléctrica a nuevas termoeléctricas, eólica y Toachi-Pilatón.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país no enfrentará apagones durante abril, pese a las condiciones de sequía y al aumento de la demanda eléctrica. Lo dijo durante una entrevista en Radio Farra de Manabí, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

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Según el mandatario, el nivel del embalse de Mazar —clave para el sistema hidroeléctrico del complejo Paute— no se encuentra en niveles críticos, como se ha advertido desde distintos sectores. 

Noboa comparó las cifras actuales con registros históricos de los últimos diez años y sostuvo que el comportamiento del embalse es consistente con el de esta época del año.

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¿Qué ocurre con el sistema eléctrico?

El Presidente también atribuyó la estabilidad del sistema eléctrico a la incorporación de nueva capacidad de generación durante su administración. 

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Mencionó la culminación del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el mantenimiento en Daule-Peripa y la entrada en operación de generación termoeléctrica en Esmeraldas y Quevedo, además de proyectos en desarrollo como Pascuales. A esto se suma, dijo, la generación eólica sostenida y el fortalecimiento de plantas como Termogas Machala.

De acuerdo con Noboa, estas acciones han permitido evitar un uso intensivo del agua almacenada en los embalses, a diferencia de años anteriores, y enfrentar periodos de hasta cuatro semanas de sequía antes del retorno de las lluvias, previsto para la segunda mitad de abril.

El mandatario señaló además que el país podrá cubrir la demanda máxima proyectada para este mes, estimada en hasta 5.600 megavatios, sin restricciones. Añadió que en mayo se prevé un escenario más estable.

Durante la entrevista, Noboa cuestionó a sectores de la oposición por sus advertencias sobre un posible racionamiento eléctrico, y defendió que la actual administración ha evitado un escenario de apagones. 

Lo que debes saber

• Contraloría ejecuta 59 acciones de control a municipios en Guayas, Pichincha y Azuay.
• Se analizan contrataciones, gastos y gestión administrativa que podrían generar sanciones civiles, administrativas o penales.
• Procesos avanzan mientras prefecturas opositoras definen candidaturas para elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Al menos seis procesos que han realizado los municipios y las alcaldías del Ecuador son objeto de análisis en las 59 acciones de control que ejecuta la Contraloría General del Estado en provincias como Guayas, Pichincha y Azuay.

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De acuerdo con un comunicado de la entidad de control, los procesos que se revisan son:

Tras dar inicio a los trámites y "luego de cumplirse el debido proceso", los hallazgos serán emitidos para que la ciudadanía conozca los resultados, informó la entidad de control el martes 8 de abril.

Las acciones de control, según detalló, son procedimientos de fiscalización a los recursos y bienes del Estado que podrían acarrear distintas responsabilidades, si el organismo detecta eventuales gestiones irregulares.

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Tres tipos de responsabilidades

En ese caso, existen tres tipos de responsabilidades que la entidad podría identificar:

De hallar indicios de responsabilidad penal, la Contraloría remite los informes a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones del caso. El funcionario o empresa señalados podrían enfrentar un proceso penal cuya sanción es la privación de libertad y la indemnización al Estado.

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La Contraloría aclara que si bien puede determinar ese tipo de responsabilidades, las personas naturales o jurídicas (empresas que sean contratistas del Estado) pueden presentar sus pruebas de descargo en las distintas fases del proceso.

Sin embargo, los plazos fijados para entregar los elementos y documentos que acrediten que el funcionario no es culpable varían hasta los tres meses, en función del tipo de responsabilidades halladas: 

Transcurrido ese tiempo, los auditores de Contraloría revisan y analizan la documentación y determinan si los señalamientos se confirman, desvanecen o caducan.

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Hasta el momento, Contraloría no ha detallado los procesos específicos que revisa. Solo señaló que las provincias que concentran las acciones de control son Guayas y Pichincha, con 12 cada una, seguidas de Azuay, con cinco procesos en desarrollo.

En las tres localidades, las prefecturas están dirigidas por autoridades contrarias al Gobierno: Marcela Aguiñaga, Paola Pabón y Juan Lloret, respectivamente.

Lo que debes saber

• Contraloría denuncia ataques mediáticos contra su titular Mauricio Torres y su familia, tras informes de control.
• Entidad ejecuta 59 acciones de control a alcaldes y prefectos antes de elecciones seccionales del 29 de noviembre.
• Pronunciamiento ocurre tras críticas por filtración de informes patrimoniales de jueces de la Corte Constitucional.

La Contraloría General del Estado informó la noche de este 8 de abril de 2026 que su máximo representante, Mauricio Torres, y su familia han recibido "ataques mediáticos", tras la difusión de diferentes informes de control que ha efectuado la institución a varias autoridades.

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"A partir de la emisión de recientes informes aprobados y exámenes en ejecución, se han activado campañas de desprestigio que atentan contra la honra y reputación de los servidores públicos, en particular, de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar", señaló la entidad en un comunicado.

Según Contraloría, las campañas serían parte de "ataques mediáticos" que generan desinformación, cuyas agresiones ya fueron denunciadas ante las autoridades.

El organismo atribuye los ataques a "personas inescrupulosas", quienes habrían planificado "estrategias orientadas a desacreditar a la institución". Sin embargo, no mencionó nombres de los sospechosos ni detalles de las supuestas agresiones recibidas.

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59 acciones de control a municipios y prefecturas

La denuncia pública de la Contraloría se conoce al día siguiente en el que el organismo informó que desarrolla 59 acciones de control a las autoridades municipales y provinciales del país.

Los análisis comprenden la revisión de estas operaciones:

El organismo dio a conocer los procesos que ejecuta cuando distintos políticos y autoridades comienzan a definir si participarán o no en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Además, dichas acciones de control se anuncian en un contexto en el que la entidad de Torres ha sido cuestionada por la filtración de los informes de las declaraciones patrimoniales de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Terán.

Los exámenes han sido vistos por la opinión pública como un ataque a la Corte, una de las instituciones que ha frenado distintas leyes del Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Ciudadanos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas se unieron en este colectivo Rumbo Plural.
• No tienen aspiraciones políticas ni buscan cargos, solo abrir el debate sobre pérdida de institucionalidad y deterioro democrático, según dicen.
• La crisis del Ecuador no es solo económica ni de seguridad, por eso creen que hay que hablar sobre autoritarismo y pérdida de credibilidad de instituciones.

La noche del 8 de abril de 2026, abogados, académicos, políticos y empresarios difundieron en sus cuentas de X el mensaje de Rumbo Plural, una iniciativa que se presenta como un espacio ciudadano de deliberación democrática en Ecuador.

En sus videos y en su sitio web, impulsores de Rumbo Plural aclaran: “No somos un partido político ni una plataforma electoral. Somos ciudadanas y ciudadanos que decidimos que la sensatez no puede seguir siendo espectadora”.

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Según el pronunciamiento, Rumbo Plural busca “elevar la conversación nacional, no reproducir su ruido”, en un contexto que describen como marcado por la disputa entre “dos modelos de populismo autoritario” que, a su criterio, no representan una salida real para el país. 

En ese escenario, advierten sobre la pérdida de credibilidad institucional, la penetración de la corrupción y la criminalidad en el Estado, así como el deterioro de los servicios públicos y la menor participación ciudadana.

¿Cuál es el objetivo de Rumbo Plural?

Frente a este diagnóstico, la iniciativa Rumbo Plural plantea una pregunta: ¿una ciudadanía unida puede transformar el destino del país? Ellos responden que sí es posible. Consideran que Ecuador atraviesa una crisis que no solo es económica ni de seguridad. Y presentaron una agenda de trabajo basada en cinco ejes prioritarios:

¿Cuáles son los integrantes de Rumbo Plural?

Entre otros, esta plataforma está conformada por Julio César Cueva, Rodrigo Gómez de la Torre, Verónica Arias, Karen Sichel, Jorge Peñafiel, Pablo Encalada Hidalgo, Jairón Merchán, Gabriela Panchana, Diego Ordóñez,María Josefa Coronel, Gonzalo Muñoz, etc.

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¿De qué línea son los miembros?

Liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas. Afirman que no les une una ideología común, sino "acuerdos mínimos irrenunciables sobre democracia, institucionalidad y ética pública".

En su sitio web, los integrantes afirmaron que no son voceros de ningún gobierno, candidatura ni sector económico y que tampoco son un espacio de activismo reactivo.

Adelantaron que: "Quien asume un cargo público o candidatura se excusa automáticamente. Sin excepciones".

Lo que debes saber

• CAL negó curul a Priscila Schettini el 9 de abril en Quito por dictamen vinculante de Procuraduría.
  
  
• Annie Muñoz ratificada como asambleísta principal tras resolución del CAL que aplica seguridad jurídica.
  
  
• Disputa legislativa: Procuraduría determinó que suplentes principalizados ejercen hasta fin del período.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió negar la solicitud presentada por Priscila Schettini Castillo para habilitar su curul como asambleísta nacional. 

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La decisión se fundamenta en el dictamen vinculante de la Procuraduría General del Estado, emitido el 6 de abril de 2026, que establece que una vez principalizado de manera definitiva un suplente, este asume la titularidad del cargo hasta el final del período legislativo.

El pronunciamiento de la Procuraduría, de carácter obligatorio para las entidades públicas, precisó que los suplentes principalizados ejercen plenamente los derechos y deberes de los legisladores titulares, sin posibilidad de reversión. En ese sentido, el CAL ratificó la principalización de Annie Christina Muñoz Aroca como asambleísta nacional.

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Priscila Schettini denuncia nuevas trabas para volver a la Asamblea Nacional

Marco Rivera

La resolución dispone que la Secretaría General de la Asamblea notifique tanto a Schettini como a Muñoz. Con ello, se cierra la vía para que Schettini pueda ocupar la curul, en aplicación del principio de seguridad jurídica y uniformidad en la interpretación normativa.

Schettini sostuvo que ya cumplió su sanción

Schettini, electa asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC), supo de la consulta el 9 de marzo, luego de solicitar al Legislativo información sobre la fecha de su reincorporación a la curul.

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Durante su ausencia, el puesto fue ocupado por el asambleísta alterno Santiago Díaz Asque, quien actualmente enfrenta un proceso por presunta violación sexual contra una menor de edad.

De acuerdo con Schettini, la sanción de suspensión impuesta por el TCE —derivada de una denuncia por violencia política de género presentada por la exfiscal Diana Salazar— se cumplió el 10 de febrero, por lo que ha solicitado retomar sus funciones en la Asamblea.

Lo que debes saber 

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas alegando nuevos desafíos políticos
  
• Su salida ocurre pese a que debía asumir la Prefectura tras la renuncia de Marcela Aguiñaga
  
• La decisión reconfigura el escenario político y abre incertidumbre sobre la sucesión

La mañana de este 10 de abril de 2026, Carlos Serrano presentó su renuncia a la Viceprefectura del Guayas, argumentando que busca asumir “nuevos desafíos políticos”. Su salida ocurre en medio de un escenario marcado por cambios en la administración provincial.

En una carta dirigida a la prefecta Marcela Aguiñaga, el ahora exviceprefecto explicó que su decisión responde a una reflexión personal y política. En el documento, sostuvo que se retira con la convicción de haber aportado al desarrollo de la provincia, tras un trabajo enfocado —según indicó— en el territorio, el fortalecimiento institucional y el trabajo en equipo.

La dimisión se produce pese a que Serrano estaba llamado a asumir la Prefectura una vez que Aguiñaga concretara su renuncia, prevista para el 14 de mayo de 2026, lo que añade un nuevo matiz al panorama político del Guayas.

Política

Carlos Serrano renuncia a la Viceprefectura del Guayas

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Trayectoria política y perfil público

Carlos Guillermo Serrano Bonilla, de 49 años, llegó a la Viceprefectura como parte del binomio de Aguiñaga por la Revolución Ciudadana (RC). En sus redes sociales se define como empresario, político, deportista y católico.

Su carrera en el sector público incluye dos periodos como concejal del cantón Samborondón, entre 2009 y 2019, etapa en la que impulsó iniciativas relacionadas con el desarrollo agrícola y ganadero.

En paralelo, ha mantenido actividad en el sector privado, principalmente en áreas vinculadas a la construcción y el comercio. Además, ha participado en acciones de voluntariado, según información difundida por la Prefectura del Guayas.

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Formación, patrimonio y actividad empresarial

En el ámbito académico, Serrano registra en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) un título de Tecnólogo Superior Universitario en Administración, obtenido en el Instituto Blue Hill College, con sede en Guayaquil.

De acuerdo con su última declaración ante la Contraloría General del Estado, su patrimonio supera los $350.000.

Asimismo, consta como gerente de la empresa DERILSA S. A., dedicada a actividades agrícolas, agropecuarias, ganaderas y avícolas. A lo largo de su trayectoria empresarial, también ha ocupado cargos directivos en compañías relacionadas con la comercialización de inmuebles, electrodomésticos y productos del sector agrícola.

Política

Salida de Marcela Aguiñaga reconfigura el mapa político en Guayas

Valeria Alvear

Lo que debes saber

• Carlos Serrano renunció a la Viceprefectura del Guayas, según fuentes, en medio de cambios políticos.
• La salida ocurre antes del 14 de mayo, cuando Marcela Aguiñaga dejará la Prefectura por motivos familiares.
• Guayas entra en transición política rumbo a elecciones seccionales 2026 tras renuncia de Serrano.

El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, presentó su renuncia al cargo, según se confirmaron fuentes a EXPRESO, en un movimiento que reconfigura el escenario político en la provincia.

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Aunque no se han detallado públicamente las razones de su dimisión, la salida de Serrano se produce en un contexto de creciente dinámica política en Guayas, una de las provincias con mayor peso electoral del país. 

La dimisión ocurre semanas antes del 14 de mayo, fecha en la que la prefecta Marcela Aguiñaga anunció que dejaría sus funciones por motivos familiares. Este contexto sitúa la salida de Serrano dentro de un proceso más amplio de transición en la Prefectura del Guayas.

Ecuador

Marcela Aguiñaga renuncia: claves políticas de su salida en la Prefectura del Guayas

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los retos de la Prefectura

Serrano había cumplido funciones como segundo al mando en la administración. A sus 49 años, Serrano tiene trayectoria en los sectores público y privado. Se desempeñó como concejal de Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), en representación de las zonas rurales.

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Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales

El doble movimiento -la renuncia del viceprefecto y la salida anunciada de Aguiñaga— ocurre en un momento en que el país está a la espera de la seccionales 2026. 

Las claves del caso

• El Gobierno de Ecuador considera que Colombia no ha implementado medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza
• Desde el 1 de mayo entrará en vigencia el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones pasando del 50% al 100%
  

La decisión del Gobierno ecuatoriano de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia sigue provocando reacciones en el ámbito político.

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Esta vez, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su rechazo a la medida, calificándola como “absurda” y advirtiendo posibles efectos negativos en la economía y las relaciones bilaterales.

Política

Relación Ecuador-Colombia: los tres temas clave que quedan suspendidos

Sara Ortiz

El Ministerio de la Producción anunció el 9 de abril de 2026 que, ante la falta de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza, Ecuador adoptará medidas soberanas.

Entre ellas, el incremento de la tasa de seguridad del 50% al 100%, que entrará en vigencia desde el 1 de mayo. Según la entidad, la decisión responde a criterios de seguridad nacional y busca reforzar la lucha conjunta contra el narcotráfico en la frontera común.

Consecuencias reales de la medida

Sin embargo, Pabón cuestionó el enfoque del Ejecutivo y pidió reflexionar sobre las consecuencias reales de la disposición. “El desarrollo, la unidad y la integración regional no se construyen con decisiones abruptas”, escribió en su cuenta de X este 10 de abril, enfatizando la necesidad de priorizar el diálogo, la planificación y los acuerdos entre ambos países.

La prefecta también planteó interrogantes sobre el impacto económico de la medida: “¿A quién beneficia realmente esta decisión? ¿Estamos fortaleciendo nuestra economía o debilitando su competitividad?”, cuestionó, al tiempo que alertó sobre posibles afectaciones a la producción nacional y al empleo.

Tensiones van en escalada

Las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia se han intensificado en los últimos meses. En febrero, ambas naciones se impusieron aranceles mutuos del 30%, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa señalara deficiencias en la gestión de seguridad por parte de Bogotá en los más de 600 kilómetros de frontera compartida. 

Posteriormente, Ecuador elevó la tasa al 50%, en una medida que ya había generado preocupación en sectores comerciales y poblaciones fronterizas.

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Para Pabón, el camino no debería ser la confrontación. “Ecuador necesita certezas, empleo y producción, no más conflictos políticos con países hermanos como Colombia”, concluyó, apelando a los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones más allá de sus diferencias actuales.

Claves del caso

• Gustavo Petro pidió este viernes el regreso del embajador en Ecuador por alza de aranceles.
• Colombia y Ecuador registran tensión diplomática tras subida de aranceles a productos colombianos.
• Petro respondió en X desde Colombia y cuestionó a Ecuador y Daniel Noboa por seguridad y narcotráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este viernes 10 de abril a través de su cuenta en X la decisión del Gobierno de Ecuador de  elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, en un mensaje extenso en el que combinó defensa de su gestión en seguridad, críticas a sectores políticos ecuatorianos y referencias al narcotráfico en la región.

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Sin mencionar de forma directa los detalles técnicos de la medida comercial, Petro centró su pronunciamiento en cuestionamientos políticos y en una exposición de su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado. 

El mandatario aseguró que su vida pública ha estado marcada por el combate a las estructuras del narcotráfico y afirmó que durante su paso por el Congreso de Colombia impulsó investigaciones contra legisladores vinculados a redes ilegales.

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Petro menciona a Fernando Villavicencio

En su publicación, el jefe de Estado colombiano rechazó cualquier relación con actividades ilícitas y sostuvo que su patrimonio personal es limitado.

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Además, insistió en que las organizaciones criminales operan de forma transnacional y que existen vínculos entre redes del narcotráfico en Colombia y Ecuador.

Petro también se refirió al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y aseguró que Colombia ha colaborado en procesos de cooperación judicial relacionados con ese caso, sin entrar en mayores detalles sobre las investigaciones en curso.

En el plano bilateral, el presidente colombiano cuestionó el tono del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia su gobierno. 

“He soportado insultos del presidente ecuatoriano”, señaló en su mensaje, en el que también defendió la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y control del narcotráfico.

El mandatario colombiano afirmó que su gobierno ha fortalecido la incautación de drogas en coordinación con autoridades internacionales y aseguró que ha compartido experiencias en seguridad marítima y portuaria con países de la región, incluido Ecuador. 

También mencionó operativos recientes en puertos ecuatorianos y en otros puntos de Europa, como parte de acciones conjuntas contra el tráfico de cocaína.

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Liz Briceño

Petro sostuvo además que la violencia vinculada al narcotráfico no se limita a la frontera colombo-ecuatoriana, sino que responde a rutas regionales que incluyen a Perú y a puertos del Pacífico. 

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En ese contexto, defendió los programas de sustitución de cultivos ilícitos en zonas fronterizas y aseguró que han contribuido a la reducción de hectáreas de coca en Colombia.

El mensaje del presidente colombiano concluyó con un llamado a la “cooperación regional” y una advertencia diplomática: "nuestro embajador en Ecuador debe venir de inmediato, y la próxima reunión de gabinete se celebrará en un punto de la frontera con Ecuador", sostuvo. 

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

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¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Contraloría anuncia 59 acciones a gobiernos locales; Pichincha y Guayas concentran procesos

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• Contraloría guarda reserva: La entidad de control anunció acciones que aún están bajo reserva y sobre las cuales se tendrán que emitir los respectivo informes. 

La Contraloría anunció acciones de control en 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país. La entidad informó que en Pichincha y Guayas se concentra el mayor número de estos procesos.

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En un comunicado, la Contraloría señaló: “Actualmente se ejecutan 59 acciones de control en los GAD provinciales, municipales y entidades relacionadas del país”. De ese total de acciones, 12 corresponden a Pichincha y 12 a Guayas.

La entidad no detalló las acciones específicas que se ejecutan en cada GAD. Sin embargo, precisó que las indagaciones, en términos generales, abarcan operaciones administrativas y financieras; procesos de contratación de bienes, obras y servicios; así como gastos en publicidad y propaganda, entre otros.

Además, el órgano de control indicó que también están bajo revisión la gestión del talento humano, las consultorías y la actualización de catastros. Esto ocurre en medio del proceso electoral en curso, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre de 2026 para elegir, entre otras autoridades, a prefectos y alcaldes.

Otras provincias en las que se ejecutan acciones

En Azuay también se registra un número relevante de acciones, con cinco indagaciones en curso. En Chimborazo hay tres, mientras que en Manabí se contabilizan otras cinco. A la lista se suman El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, entre otras provincias.

Una Contraloría en el ojo del huracán

Según el ente de control, una vez que se aprueben los informes generales, “luego de cumplirse el debido proceso, serán públicas para la consulta de la ciudadanía”.

El ente de control informó sobre las acciones en los GAD en medio de la polémica por su actuación respecto a informes relacionados con jueces de la Corte Constitucional. 

La semana pasada, la entidad intentó deslindarse de la filtración de los informes sobre el análisis de las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Terán.

La remoción de Aquiles Álvarez

• La Secretaría del Concejo tiene dos días término para remitir la queja a la Comisión de Mesa
• La destitución oficial demanda el voto conforme de las dos terceras partes del Concejo.
• De ser removido, Álvarez podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en tres días.

La gobernabilidad en Guayaquil entra en una fase de definiciones legales y plazos perentorios. Tras la denuncia ciudadana presentada este 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, en la que exige la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, el procedimiento administrativo local queda supeditado estrictamente a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

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Denuncian en el Municipio de Guayaquil pedido de remoción contra Aquiles Álvarez

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Denuncia presentada y próxima a ampliar

Álvarez, quien permanece recluido en la Cárcel de El Encuentro desde febrero de 2026, enfrenta este pedido formal de salida fundamentado en la ausencia de su cargo. Si bien la concejala socialcristiana, Ana Chóez,  ha confirmado que presentará nuevos argumentos el próximo 13 de abril para sumar a la causa de remoción, el ingreso formal del escrito inicial marca el inicio del reloj legal para el Cabildo.

El rol de la Comisión de Mesa y la calificación

El artículo 336 del Cootad es claro sobre la ruta administrativa. La denuncia ciudadana, tras ingresar con firma de responsabilidad reconocida, reposa en la Secretaría del órgano legislativo (el Concejo Cantonal). Esta dependencia tiene un término de dos días para remitir la documentación a la Comisión de Mesa del Municipio.

Una vez recibido el expediente, dicha comisión cuenta con cinco días término para calificar la denuncia. Al ser Álvarez la autoridad denunciada, la norma exige que no pueda participar ni integrar esta mesa de revisión, debiendo el legislativo convocar a otro miembro del Concejo para reemplazarlo y garantizar imparcialidad en la calificación.

En sí, durante los 10 días de prueba que ordena la ley, la defensa ciudadana (en este caso, impulsada por Ana Chóez y el denunciante original) no tendrá que demostrar peculado o desvío de fondos, sino que deberá certificar legalmente que Aquiles Álvarez está imposibilitado de ejercer sus funciones (debido a su reclusión en la Cárcel de El  Encuentro) y que ha incurrido en inasistencias al Concejo.

Culminada la etapa probatoria, la Comisión tiene un plazo de cinco días adicionales para emitir un informe final vinculante, el cual será entregado y expuesto ante el pleno del legislativo local.

La votación decisiva en el Concejo Cantonal

Con el informe en mano, se convocará a una sesión donde las partes expondrán sus alegatos finales. La remoción del burgomaestre requiere una mayoría calificada, es decir, el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo Cantonal.

La normativa electoral y el Cootad otorgan a la autoridad removida un término de tres días, luego de ser notificada con la resolución, para solicitar que el expediente se eleve a consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo nacional se limitará a verificar exclusivamente el cumplimiento de formalidades y debido proceso, pero su fallo será de última instancia.

A continuación, el cronograma procesal que marca la ruta del Cabildo porteño:

Inicia trámite oficial para la remoción de Álvarez

• La denuncia de un ciudadano acusa a Aquiles Álvarez de superar los tres días de inasistencia injustificada.
• El permiso sin sueldo aprobado por el Cabildo caducó el 26 de marzo de 2026 sin renovaciones.
• La Secretaría del Concejo derivó el expediente para arrancar el proceso que dicta el Cootad.

El trámite administrativo para cesar las funciones de Aquiles Álvarez arrancó oficialmente en el Municipio de Guayaquil este 9 de abril. La Secretaría del Concejo Cantonal derivó a la Comisión de Mesa una denuncia ciudadana que exige la remoción del alcalde tras documentar la caducidad de su licencia temporal y la acumulación de faltas injustificadas en el cargo.

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Así es el proceso legal que llevaría a la remoción del alcalde 

El documento legal, ingresado el 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, quien también es militante del Movimiento RETO (que lo preside Raúl Chávez en binomio con Tatiana Coronel), expone, según el expediente al que accedió EXPRESO, que la licencia sin sueldo concedida al funcionario venció el 26 de marzo de 2026. Al no existir un nuevo pedido formal de vacaciones o extensión del permiso en las sesiones posteriores, el ciudadano argumenta que se configuró una situación objetiva de abandono que amerita control inmediato.

La causal legal y el conteo de días

La acción ciudadana se fundamenta en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). 

Esta norma territorial tipifica como causal de destitución el ausentarse del puesto por más de tres días hábiles sin encargarlo legalmente y sin justificación.

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El texto de la queja precisa que "la indefinición prolongada sobre la titularidad de la Alcaldía afecta la regularidad administrativa de la ciudad y los servicios públicos". 

Álvarez permanece privado de libertad dentro de procesos penales, lo que ha impedido de forma fáctica el ejercicio material, personal y ordinario de sus competencias.

Avance en la Secretaría del Concejo

El trámite avanzó en el Cabildo de forma documental. A través del memorando SMG-AAA-2026-3976, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada Franco, notificó a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sobre la recepción del requerimiento que exige determinar la causal de remoción.

En el mismo escrito, Tejada confirma que el expediente ya fue enviado a Magno Marriott Barreto, en su calidad de secretario de la Comisión de Mesa. 

Esto sigue

La Comisión de Mesa dispone de un término máximo de cinco días para calificar el pedido.

De ser admitido, se notificará a las partes para abrir una etapa probatoria ineludible de diez días, donde la defensa técnica de Álvarez o la parte ciudadana (por sí mismos o mediante apoderado legal) deberán documentar o desvirtuar la inasistencia.

Posteriormente, la mesa legislativa emitirá un informe en cinco días adicionales, el cual será elevado al pleno del Concejo Cantonal, única instancia con la potestad de destituir al alcalde mediante el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes.

Lo que debes saber

• Enrique Pita, vicepresidente del CNE, desmiente nexo personal con Lavinia Valbonesi tras foto viral.
• Pita aclara que la imagen con la primera dama es de un acto oficial de mayo de 2025, no reciente.
• La polémica surge ante críticas al CNE por adelantar comicios y eliminar partidos políticos.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, desmintió mantener vínculos personales con la primera dama Lavinia Valbonesi, tras la difusión de una fotografía por parte del asambleísta Jorge Chamba. La imagen, que circuló en redes sociales durante el cumpleaños de Valbonesi, pertenece en realidad a la entrega de credenciales de mayo de 2025 y no a una celebración privada, según aclaró el funcionario para frenar las críticas sobre la independencia del organismo electoral.

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La polémica escala debido al contexto político actual, marcado por el fuerte escrutinio hacia el CNE tras la modificación de las fechas para los comicios seccionales. Sectores de oposición sugieren una posible influencia del Ejecutivo en el organismo, especialmente ahora que ha iniciado el proceso de cancelación de organizaciones políticas como Unidad Popular y Construye.

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