Lo que se sabe

• Diana Ramírez asumió el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano en lugar de Cynthia Gellibert Mora
• La nueva secretaria de Estado se desempeñaba como viceministra de Servicio Público
• Tendrá funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios

Diana Ramírez Villacís es la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano desde este lunes 28 de septiembre de 2026. Reemplaza a Cynthia Gellibert Mora, quien ahora preside el Consejo Directivo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

Política

Diana Ramírez Villacís asume el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Ramírez se desempeñaba como viceministra de Servicio Público. Durante más de dos décadas en el sector público, también ha sido secretaria nacional de Planificación y ha dirigido el Plan Nacional de Desarrollo.

"En el sector privado, y como consultora independiente, ha asesorado en proyectos de economía circular, alianzas público-privadas y fortalecimiento de fundaciones de índole social", indicó la cartera de Estado.

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Reducir la brecha de desempleo, flexibilizar la contratación para incentivar la productividad y combatir la informalidad laboral están entre los objetivos planteados por esta Secretaría de Estado.

Mitigar la alta informalidad es uno de los desafíos, en vista de que más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) trabaja en el sector informal, lo que limita el acceso a la seguridad social y a salarios regulados.

Plan Sectorial de Trabajo hasta 2029

El ministerio tiene tres metas institucionales prioritarias:

También se espera que con las reformas a la Ley de Servicio Público, las pasantías y prácticas preprofesionales se validen como experiencia laboral y así fomentar la inserción laboral de los más jóvenes.

Esta cartera de Estado también mantiene los proyectos "Compromiso por el Empleo" y "Ruta de la Empleabilidad", cuyo objetivo es fortalecer el perfil profesional de jóvenes (18-26 años), mujeres y adultos mayores (45-64 años).

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Lo que debes saber

• El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si aprueba la declaratoria del 15 de noviembre de cada año como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".
• La iniciativa, impulsada mediante un pedido oficial del asambleísta Adrián Castro Piedra, busca rendir homenaje permanente a las personas afectadas por la delincuencia organizada y a los servidores públicos caídos en cumplimiento de su deber.
• La sesión ha sido convocada para el jueves 1 de octubre a las 11:00 en el Palacio Legislativo.

El Pleno de la Asamblea Nacional alista la declaratoria del Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado dentro de su agenda legislativa institucional.

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Por disposición de la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, se convocó formalmente a los legisladores a la Sesión N° 128-AN-2025-2029, prevista para este jueves 1 de octubre, a las 11:00, en el Palacio Legislativo.

Entre los puntos centrales del orden del día destaca el debate y resolución en torno a la declaratoria oficial de una nueva fecha cívica nacional.

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La iniciativa responde directamente a una solicitud formal presentada por el asambleísta Adrián Castro, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mediante el memorando N° AN-CPAE-2026-0232-M, dirigido a la máxima autoridad del Legislativo.

¿Cuándo se conmemorará el Día Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado?

La propuesta legislativa establece que cada 15 de noviembre sea instituido oficialmente como el "Día Nacional de la Lucha Contra el Crimen Organizado y Reconocimiento a la Memoria de las Víctimas".

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Según el documento suscrito por Castro, esta conmemoración busca rendir homenaje permanente a todas las personas afectadas, de manera directa e indirecta, por el accionar de los grupos de delincuencia organizada en el país.

Asimismo, el reconocimiento especial está dirigido a honrar la memoria "de los servidores públicos, entre ellos fiscales, jueces, policías y militares, que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber frente al crimen organizado".

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa oficializó este lunes 28 de septiembre una serie de cambios en su Gabinete ministerial mediante la emisión de decretos ejecutivos.
• Los ajustes incluyeron la designación de Bernardo Cordovez Cereceda en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y de Cynthia Gellibert Mora como representante del Gobierno ante el Consejo Directivo del IESS.
• Asimismo, Diana Paulina Ramírez Villacís asumió la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano, mientras que Roberto Izurieta fue nombrado embajador en Perú.

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó una serie de modificaciones y relevos dentro de su equipo de colaboradores este lunes 28 de septiembre.

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Uno de los principales movimientos se originó tras la renuncia de Sariha Moya al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Mediante el Decreto Ejecutivo 509, el primer mandatario designó a Bernardo Cordovez Cereceda como nuevo titular de esta cartera de Estado, dejando vacante la presidencia del Consejo Directivo del IESS que venía ocupando.

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Bernardo Cordovez deja el IESS y asume el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Para sucederlo en la seguridad social, el Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo 511 nombrando a Cynthia Gellibert Mora como nueva delegada del Gobierno ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Diana Ramírez Villacís, nueva ministra de Trabajo

Como consecuencia directa del movimiento de Gellibert, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano pasó a ser liderado por Diana Paulina Ramírez Villacís, quien fue designada oficialmente a través del Decreto Ejecutivo 510.

Política

Diana Ramírez Villacís asume el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Adicionalmente, los cambios dictados por la administración central incluyeron el ámbito diplomático con la expedición del Decreto Ejecutivo 512.

En ese documento, el exsecretario de Comunicación, Roberto Izurieta, fue nombrado oficialmente como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en la República del Perú.

Lo que se sabe

• El Gobierno estadounidense no reveló las identidades de los sancionados, pero sí la causa: actos de corrupción
• Viajar a Estados Unidos es uno de los impedimentos tras la medida
• En otros tres países de la región también se aplicó esta sanción

La revocatoria de visas estadounidenses, anunciada por el Gobierno de Donald Trump en este lunes 28 de septiembre de 2026, alcanza a dos ciudadanos ecuatorianos, cuyas identidades no fueron reveladas.

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Estados Unidos indicó que la decisión alcanza a sus familiares directos, aunque no indicó tampoco si se trata de funcionarios públicos, empresarios o particulares.

Con la medida se busca restringir el acceso a visas estadounidenses a personas extranjeras que participen en actividades de corrupción o tengan nexos con el narcotráfico, según el régimen norteamericano.

¿Qué implica la revocatoria de visa estadounidense?

La cancelación del documento incluye algunas prohibiciones para las personas sancionadas:

"Una visa puede ser revocada si una persona es arrestada, condenada por un delito, actúa de manera que no corresponde con el tipo de visa que posee, permanece en los Estados Unidos más tiempo del permitido, o si se determina que representa una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional, entre otras razones", indica el régimen estadounidense.

Además de los dos ecuatorianos, la revocatoria alcanzó a magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario, de Bolivia; el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta, de Colombia; además de un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, en Perú.

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En la carta, Andrade señala que su renuncia es irrevocable y responde a “razones personales” y a su decisión de “asumir nuevos desafíos”. 

A este Diario, Carolina Andrade le confirmó que su próximo reto estará vinculado con la seguridad ambiental en la Amazonía: “Iré a un organismo regional, para trabajar sobre crimen organizado ambiental en la Amazonía”.

Andrade llegó a la Secretaría en mayo de 2023, al inicio de la administración de Muñoz. En su despedida, destacó el trabajo realizado durante ese periodo y agradeció al alcalde por la confianza depositada en ella y en su equipo.

Entre los instrumentos que mencionó están el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027 y el Plan de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 2025-2033, además de otros programas y proyectos de la dependencia.

La denuncia sobre supuesta sala espejo, antecedente

Su salida se produce, en un momento de tensión entre el Gobierno nacional y el Municipio de Quito por el manejo de los sistemas de videovigilancia de la capital.

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El 10 de agosto, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la Policía había tomado el control del centro de cámaras de Quito y sostuvo que existían “cinco o seis” salas espejo conectadas al sistema municipal. Según el ministro, estas conexiones podían permitir que terceros conocieran los movimientos de los operativos de seguridad.

Carolina Andrade rechazó entonces esa versión y aseguró que no existía una sala paralela. También explicó que el centro de monitoreo municipal funcionaba en el mismo edificio del ECU-911.

Andrade es máster en Ciencia Política, con mención en Asuntos Públicos por la Universidad Panteón-Sorbona de París y especialista en Servicios de Inteligencia. Permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre para completar la transición y entregar el informe de gestión. Hasta ahora, el Municipio no ha anunciado quién la reemplazará.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Cynthia Gellibert Mora y nombró a Diana Paulina Ramírez Villacís.
• El cambio ocurrió el 28 de septiembre en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
• Diana Paulina Ramírez Villacís asume tras la reorganización de esa cartera estatal.

El presidente de la República, Daniel Noboa, realizó un nuevo ajuste en su gabinete ministerial al dar por terminadas las funciones de Cynthia Gellibert Mora como ministra de Trabajo y Desarrollo Humano y nombrar en su reemplazo a Diana Paulina Ramírez Villacís. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 510, suscrito el 28 de septiembre de 2026.

En el documento, el mandatario agradece los servicios prestados por Gellibert durante su gestión y oficializa el relevo en una de las carteras responsables de las políticas laborales y de desarrollo humano del país.

Cambio en un ministerio recientemente reestructurado

La salida de Gellibert se produce meses después de que asumiera el cargo. Según el decreto, fue designada ministra mediante el Decreto Ejecutivo 410, emitido el 5 de junio de 2026.

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Posteriormente, el Gobierno impulsó una reestructuración institucional que incluyó la fusión por absorción del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades dentro del entonces Ministerio del Trabajo. Como resultado de ese proceso, la entidad pasó a denominarse Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La designación de una nueva ministra ocurre en medio de esa reorganización administrativa, que amplió las competencias de la cartera y concentró funciones relacionadas con empleo, desarrollo social y atención a grupos prioritarios.

Diana Ramírez asume la cartera

Con la expedición del nuevo decreto, Diana Paulina Ramírez Villacís se convierte en la nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano. El documento no detalla las razones del relevo ni establece cambios adicionales dentro de la institución.

La disposición también deroga el Decreto Ejecutivo 410, mediante el cual había sido nombrada Gellibert, y deja sin efecto cualquier norma de igual o menor jerarquía que se oponga a lo establecido en el nuevo instrumento legal.

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Nuevo movimiento en el gabinete de Noboa

Durante las últimas horas, el Gobierno ha realizado modificaciones en el Directorio Ejecutivo del IESS y en el Ministerio Productivo y Económico. 

Lo que debes saber

• Daniel Noboa removió a Bernardo Cordovez del IESS el 28 de septiembre y nombró a Cynthia Gellibert.
• Cynthia Gellibert asumirá la representación del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS.
• El cambio ocurre mientras el IESS enfrenta debates sobre finanzas y gestión de recursos.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, dispuso un nuevo cambio en la representación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A través del Decreto Ejecutivo 511, firmado este 28 de septiembre de 2026, el mandatario removió a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda del Consejo Directivo de la entidad y designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora como su reemplazo.

La decisión se produce menos de un año después de que Cordovez fuera nombrado en el cargo mediante el Decreto Ejecutivo 234, expedido el 26 de noviembre de 2025. En el nuevo decreto, el Ejecutivo agradece los servicios prestados por el exfuncionario y da por terminadas sus funciones como representante del Gobierno ante el máximo organismo de dirección del IESS.

Nueva representante del Ejecutivo en el IESS

La designación de Cynthia Gellibert Mora se concretó luego de que la Superintendencia de Bancos emitiera una resolución en la que calificó su habilidad legal para ejercer el cargo de vocal en representación de la Función Ejecutiva dentro del Consejo Directivo del IESS.

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El decreto presidencial señala que la designación se realiza en cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la Ley de Seguridad Social otorgan al Presidente de la República para nombrar al representante del Ejecutivo ante el organismo.

De acuerdo con la normativa vigente, el delegado de la Función Ejecutiva también ejerce la presidencia del Consejo Directivo del IESS, instancia encargada de adoptar decisiones sobre la gestión administrativa y financiera de la seguridad social ecuatoriana.

Disponen nueva evaluación de seguridad

El decreto también ordena a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgo para determinar si Gellibert requiere protección especial en el ejercicio de sus nuevas funciones. Según el documento, en caso de identificarse amenazas o riesgos, deberán adoptarse medidas de seguridad acordes al nivel de exposición establecido.

La disposición deja sin efecto un decreto anterior que otorgaba medidas de protección a Gellibert y establece que cualquier esquema de seguridad deberá sustentarse en una nueva evaluación técnica elaborada por la Casa Militar Presidencial.

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Cambio ocurre en medio de debates sobre el futuro del IESS

La modificación aparece en momentos que rescatan su sostenibilidad financiera, la administración de sus recursos y el manejo de sus activos. En las últimas semanas, la institución ha estado en el centro de la atención por propuestas relacionadas con la gestión de bienes y mecanismos para fortalecer sus finanzas.

El CPCCS se conforma por siete vocales. De ellos, tres salen de la lista de hombres, otros tres de la lista de mujeres y el séptimo representa a los Pueblos y Nacionalidades y a los ecuatorianos en el exterior.

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Tras la publicación de la lista, la única candidata en carrera por esa vocalía es Martha Susana Toapanta Cuascota. En el actual escenario, podría convertirse en la virtual ganadora de esa dignidad.

Desde la creación del CPCCS con la Constitución de 2008 y el posterior cambio en la elección de los integrantes del organismo mediante votación popular, después de la Consulta Popular de 2018, un hecho así no había ocurrido. 

Por ello, se anticipa la posibilidad de que exista un vacío legal, por ejemplo, respecto de quién debería ocupar el cargo en caso de ausencia, censura o destitución.

De acuerdo con el registro del CNE, para las elecciones de 2026 se postularon 40 candidatos por los Pueblos y Nacionalidades. Al final, solamente una de esas candidaturas pasó el filtro del proceso que está a cargo del CNE.

¿Quién es Martha Toapanta?

Según el expediente publicado en la página web del CNE, Toapanta es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Informática. Obtuvo su título en la Universidad Central del Ecuador.

Entre los certificados presentados como parte del proceso consta uno de Greenland Environmental Consulting, en el que se hace referencia a que Toapanta es parte del pueblo Kayambi.

También hay referencias a que fue concejala del cantón Pedro Moncayo entre 2009 y 2018. Además, fue directora del Ministerio de Inclusión entre 2021 y 2022.

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Sobre la lista de candidatos

La tarde de este 28 de septiembre de 2026, el CNE decidió publicar el listado de candidatos al organismo de participación ciudadana. Hay 65 aspirantes en carrera por ocupar una de las siete vocalías. Este era uno de los hitos del calendario electoral de cara a las votaciones que se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

Los postulantes no podrán hacer campaña. Para la difusión de sus propuestas y perfiles, el CNE determinará los espacios destinados para ese fin. Hay que recordar que los candidatos tampoco pueden ser auspiciados por una organización política.

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Los médicos piden que se reconozcan y paguen, con los recargos correspondientes, las horas suplementarias, extraordinarias o nocturnas trabajadas por encima de ese límite desde la entrada en vigor de la norma. 

También solicitan que el MSP expida la normativa técnica sobre las jornadas y establezca mecanismos para registrar y controlar las horas efectivamente trabajadas.

¿Qué dice la Ley de Carrera Sanitaria?

El artículo 18 de la LOCS, vigente desde el 1 de septiembre de 2023, establece una jornada especial para el personal de salud que realiza trabajos peligrosos, está expuesto a ambientes de alto riesgo de contaminación o cumple turnos rotativos en fines de semana y feriados. 

Los accionantes sostienen que, pese a la vigencia de la ley, existen profesionales que trabajan hasta 160 horas al mes. Según su reclamo, el propio MSP reconoció esta situación en la respuesta a una petición previa.

Este artículo debería beneficiar a quienes forman parte de la carrera sanitaria y realizan trabajos peligrosos, laboran en ambientes de alto riesgo de contaminación o cumplen turnos rotativos que incluyen fines de semana y feriados.  

El Reglamento General de la LOCS, expedido mediante el Decreto Ejecutivo 159 en septiembre de 2025, estableció además un plazo de 90 días para que la Autoridad Sanitaria Nacional emitiera la normativa técnica sobre jornadas. Ese plazo venció el 28 de diciembre de 2025.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, acompañó a los representantes de unos 300 médicos del Guayas y señaló que otros 400 profesionales prevén sumarse al reclamo. La legisladora también anunció gestiones en la Asamblea sobre la formación de especialistas, las becas y la brecha de personal sanitario.

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"Como médica, no puedo quedarme callada frente a estas injusticias. Regresé a los 18 años al país y veo con preocupación la situación de médicos rurales, posgradistas, especialistas. En el ministerio hay un gran número de especialistas bajo la figura de médico general, talento formado afuera, con contratos de médicos generales".

Los médicos sostienen que la obligación reclamada es clara, expresa y exigible, por lo que corresponde a la Corte determinar si existe un incumplimiento de la normativa vigente.

Lo que debes saber

• Un total de 65 candidaturas oficiales disputarán los siete cupos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027-2031.
• Los comicios se llevarán a cabo el domingo 29 de noviembre de 2026, tanto en territorio nacional como en el exterior.
• La nómina definitiva se divide en tres listas: 26 mujeres, 38 hombres y una representante de pueblos, nacionalidades y del exterior.

Un total de 65 candidaturas oficiales disputarán la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el período 2027-2031, tras la publicación del listado definitivo en Quito este 28 de septiembre de 2026. El proceso electoral se definirá en las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026, jornada en la que los ciudadanos ecuatorianos en el país y en el exterior elegirán a siete consejeros principales mediante tres listas diferenciadas.

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¿Cómo se distribuirán las vocalías del CPCCS?

La designación de los siete consejeros se realizará a través de cuotas específicas establecidas por la normativa electoral:

Lista oficial de aspirantes por categoría

El pleno determinó la nómina completa de postulantes calificados que constarán en las papeletas de votación.

Candidatas de la lista de mujeres (26 postulantes)

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Candidatos de la lista de hombres (38 postulantes)

Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y del exterior

Lo que debes saber

• Inés Manzano exigió celeridad en los plazos de adjudicación y amenazó con la destitución de los funcionarios que retrasaran el proceso o insistieran en requisitos legales como la domiciliación de la empresa extranjera.

Inés Manzano operó a favor de Karpowership, la multinacional propietaria de las barcazas, que en alquiler de energía térmica flotante ha cobrado más de 400 millones de dólares desde 2024.

La evidencia está en los chats de la entonces Ministra de Energía a los que EXPRESO tuvo acceso. Allí se revela su intervención directa, las presionasen y coordinaciones que ejerció sobre el entonces gerente general de Elecaustro, Cristhian Piedra Lazo, para asegurar la contratación de la firma turca Karpowership.

A través de sus chats, la funcionaria controló el proceso de adjudicación y amenazó con destituciones directas a los funcionarios eléctricos que buscaron defender los tiempos y requisitos legales de la contratación pública.

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Presión política y amenazas de destitución

Entre el 10 y el 11 de diciembre de 2024, la Ministra supervisó de forma continua la publicación del proceso en la plataforma de Elecaustro. Frente a las explicaciones del gerente, quien defendió los tiempos mínimos necesarios para la adjudicación, Manzano reaccionó con ultimátums: “Quiero que prescinda de los servicios de todos aquellos que están retardando el proceso de la barcaza. Si usted es uno de ellos, le acepto la renuncia”.

“Esta pendejada de no ser responsable en un momento de crisis se acabó. Si a alguien le tiembla la mano que se haga a un lado”. Para Manzano, el cumplimiento de las formalidades legales no debía frenar el contrato, pues en ese entonces había una crisis energética, agravada por los retrasos de Progen en Catamayo (contrato con la Empresa Eléctrica Regional de Sur) y en Salitral y Quevedo (con Celec).

La eliminación del requisito para la domiciliación

En las “Bases para la Contratación de Emergencia”, suscritas por la Gerencia General de Elecaustro, el 4 de diciembre de 2024, el numeral 7 exigió de forma explícita que la empresa adjudicada debía domiciliarse en el Ecuador, en cumplimiento del artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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Sin embargo, cuando la Dirección de Asesoría Jurídica de la empresa insistió en mantener dicha exigencia legal frente al proveedor extranjero, Manzano fustigó al gerente: “No está comprometido cuando vuelven a pedir que se domicilie KPS nuevamente. ¿Qué le pasa a su jurídica?”.

Esta interferencia derivó en que Karpowership jamás estableciera una sucursal en Ecuador. El Contrato Nro. 2025-005, adjudicado finalmente el 24 de enero de 2025 por un monto de 96’876.000 dólares, fijó el domicilio oficial de la proveedora en Singapur. Y de hecho, el último contrato de marzo de 2026, por 131 millones de dólares, Karpowership mantiene su domicilio en el extranjero.

Manzano chateaba con la contratista

El rol de la ministra abarcó también la revisión de las cláusulas contractuales. El 20 de diciembre de 2024, increpó nuevamente a la gerencia de Elecaustro por presuntos cambios en los textos preparados por los abogados de la empresa:

“¿Qué pasa con el contrato de KPS? ¿Por qué lo cambia arbitrariamente la abogada?”. A la par de estos reclamos, la entonces funcionaria mantuvo comunicación directa, por mensajes de WhatsApp, con Deniz Harezi, ejecutiva de Karpowership. Mientras Harezi reportaba las rutas y contratiempos de navegación de las embarcaciones hacia Ecuador, Manzano le otorgó instrucciones técnicas para tramitar modificaciones a los contratos ante otras entidades públicas: “Deniz, para reemplazar la central eléctrica que tenemos ahora mismo, necesito que solicites una adenda. Es lo que presentaría a Celec mañana”.

Los registros de mensajería confirman una conducta que superó el marco su rol como ministra. Manzano actuó como gestora de un proceso precontractual; presionó para neutralizar las objeciones jurídicas internas y asegurar la adjudicación a favor de Karpowership.

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EXPRESO buscó la versión de Manzano. La contactó por correo, mensajes de texto y la red X, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

¿Desde el inicio se sabía que ganaba Karpowership?

Los documentos del proceso que constan en el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop) sugieren que el acuerdo estuvo orientado hacia Karpowership desde sus primeras etapas. Hay un factor clave: Se redactaron especificaciones técnicas que solo la multinacional podía cumplir.

Los términos de referencia fijaron parámetros muy restrictivos como solicitar una planta termoeléctrica flotante de 120 MW, operativa en 25 a 30 días, conectada a 230 kV y con combustible HFO 6

En el mercado internacional, Karpowership es prácticamente la única multinacional que cuenta con barcazas eléctricas integradas (Powerships) de esa magnitud en operación inmediata dentro de la región (con experiencia previa documentada en Cuba).

Las demás empresas que participaron en el estudio de mercado, el Consorcio Global Saint Thermo Solutions y Energy Experts Now S.A., no poseían embarcaciones propias de esas características y dependían de intermediación o subcontratación. Así, Karpowership quedó como la única opción calificada para la contratación.

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Lo que debes saber

• EE. UU. revocó visas a dos ecuatorianos el 28 de septiembre por presunta corrupción.
• Washington no reveló quiénes son los ecuatorianos sancionados ni sus cargos.
• La medida incluye a Bolivia, Colombia y Perú por narcotráfico y acciones contra gobiernos.

El gobierno de Estados Unidos anunció este 28 de septiembre nuevas restricciones de visado contra ciudadanos, jueces, funcionarios y empresarios de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, a quienes vincula con actividades de corrupción, narcotráfico o acciones destinadas a socavar gobiernos elegidos democráticamente.

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La medida fue comunicada por el Estados Unidos, que confirmó la revocatoria de visas a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familiares directos. Sin embargo, la entidad no precisó los nombres de los sancionados ni detalló si se trata de funcionarios públicos, empresarios o particulares.

Según el comunicado oficial, la política aplicada busca restringir el acceso a visas estadounidenses a personas extranjeras que participen en actividades de corrupción o tengan nexos con el narcotráfico que afecten la estabilidad democrática de los países de la región.

Ecuador, entre los países alcanzados por las sanciones

La decisión se conoce semanas después de la gira regional realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien visitó varios países latinoamericanos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Aunque el gobierno estadounidense confirmó la existencia de dos ciudadanos ecuatorianos sancionados, evitó entregar mayores detalles sobre los casos específicos que motivaron la revocatoria de sus visas.

La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por Washington para incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico, la corrupción y otros delitos transnacionales considerados amenazas para la gobernabilidad en América Latina.

Funcionarios, jueces y empresarios entre los sancionados

En el resto de la región, las restricciones alcanzan a magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario de Bolivia; un empresario y una senadora de Colombia; además de un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, en Perú.

Entre los nombres revelados por las autoridades estadounidenses figuran el empresario colombiano Euclides Antonio Torres Romero, vinculado a un conglomerado empresarial que opera principalmente en sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y la senadora Martha Isabel Peralta, integrante del movimiento político Pacto Histórico.

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Parte de la estrategia regional de Washington

De acuerdo con el Departamento de Estado, las sanciones forman parte de los compromisos asumidos dentro de la iniciativa de seguridad regional Escudo de las Américas, promovida por el presidente Donald Trump en marzo de 2026 para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

La retirada de visas constituye una de las herramientas utilizadas por Washington para restringir el ingreso al país de personas consideradas una amenaza para la institucionalidad democrática o vinculadas a actividades ilícitas en el continente.

Política

Judicatura y jueces anticorrupción: ¿cuántas vacantes se abrirán y cómo será el concurso?

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La medida fue adoptada en la sesión ordinaria N.° 095-2026, del 14 de julio de 2026. Como parte de ella, el Pleno aprobó los procedimientos para la selección y designación temporal de jueces de los Tribunales de Garantías Penales y de las Cortes Provinciales de Justicia, así como de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

¿Qué instructivo aprobó el Consejo de la Judicatura?

El proceso para la selección será interno y estará dirigido a servidores jurisdiccionales que tengan nombramiento definitivo, provisional o contrato de servicios ocasionales y que acrediten al menos cinco años de permanencia en la Función Judicial.

Para la selección, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó también el instructivo para la elaboración y aplicación del banco de preguntas para la selección de jueces temporales de unidades judiciales. 

Este banco tendrá 1.050 preguntas: 

La decisión responde, según los informes técnicos y jurídicos presentados al Pleno, al déficit de juzgadores que ha incidido en la tramitación de causas, la suspensión o diferimiento de audiencias, las dificultades para conformar tribunales y el aumento de la carga procesal en las dependencias judiciales del país.

Con este procedimiento, la Judicatura busca cubrir de manera temporal las vacantes existentes mediante un mecanismo dirigido a servidores que ya forman parte de la Función Judicial.

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La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha indicado, en entrevistas previas, que harían falta algo más de 700 jueces. Además ha repetido que hay problemas estructurales que arrastran de años anteriores.

Lo que debes saber

• La causa se tramita en la Corte Nacional de Justicia.
• El juez debe resolver el pedido de la Fiscalía.
• El primer proceso de adjudicación no se concretó en marzo de 2025.

La Fiscalía General del Estado pidió el archivo de la investigación previa abierta por la primera adjudicación fallida del campo Sacha al consorcio Sinopetrol. El pedido, presentado por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, deberá ser resuelto por un juez de la Corte Nacional de Justicia.

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La solicitud está dentro del proceso No. 17721202600028G y fue presentada ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional. En una providencia del 23 de septiembre de 2026, el juez nacional encargado Edisson Fernando Cantos Aguirre dispuso que se corra traslado del pedido a Daniel Noboa y al abogado Washington Andrade para que se pronuncien.

Este accionar fue denunciado por Andrade a través de su cuenta personal de X. El abogado asegura que aún no ha sido notificado, pese a que el documento registra el 24 de septiembre de 2026 como fecha de notificación.

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Andrade cuestiona el pedido de archivo

La investigación previa se inició contra Daniel Noboa, presidente de la República, por el proceso relacionado con la primera adjudicación del campo Sacha al consorcio Sinopetrol. Según Andrade, la investigación fue abierta de oficio por la entonces fiscal general Diana Salazar, a partir de una petición de acto urgente que él había solicitado.

El abogado cuestionó que la Fiscalía no le haya notificado directamente sobre el pedido de archivo y señaló a EXPRESO que tuvo que revisar el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), plataforma digital del Consejo de la Judicatura, y acudir a la Corte Nacional para presentar un escrito en el que señaló su domicilio legal.

Pide conocer los argumentos de la Fiscalía

Andrade también sostuvo, a través de su cuenta de X, que se le exige pronunciarse sobre su postura frente al archivo sin haber conocido previamente los fundamentos de la solicitud.

Andrade informó que solicitó al juez de la causa que le permita conocer los fundamentos utilizados por la Fiscalía para pedir el archivo de la investigación. También, cuestionó que el pedido haya sido presentado por Alarcón en el contexto del concurso para elegir al nuevo fiscal general.

El abogado también relacionó la decisión fiscal con el nuevo intento de adjudicar el campo Sacha y expresó su oposición a una eventual entrega del activo a un consorcio extranjero. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada públicamente por Andrade sobre el proceso y el futuro del campo petrolero.

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Andrade pide regularizar el trámite

En el escrito presentado, el 24 de septiembre, ante la Corte Nacional, Andrade aclaró que no presentó una denuncia para iniciar la investigación, sino una solicitud de acto urgente. Según explicó, fue la propia Fiscalía la que, después de analizar ese pedido, remitió la documentación a una unidad competente y dispuso de oficio la apertura de una investigación previa.

El abogado sostiene que esta diferencia es relevante porque durante la investigación la Fiscalía no le permitió intervenir en las diligencias ni conocer su desarrollo, bajo el argumento de que no tenía la calidad de víctima. Andrade señala que únicamente fue notificado para rendir su versión y que, desde entonces, no tuvo acceso a las actuaciones, elementos recabados ni a las razones que llevaron a la Fiscalía a solicitar el archivo.

Por ello, Andrade pidió al juez que se regularice el trámite y se le notifique con el contenido íntegro del requerimiento de archivo, incluidos sus fundamentos fácticos y jurídicos. Además, solicitó que el plazo para pronunciarse sobre el pedido fiscal empiece a contarse desde que tenga conocimiento efectivo de su contenido, al considerar que solo así podrá ejercer su derecho a la defensa y decidir si se opone, manifiesta su conformidad o expresa su inconformidad.

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La primera adjudicación quedó frustrada

La primera adjudicación de Sacha al consorcio Sinopetrol quedó frustrada en marzo de 2025, luego de que no se concretara el pago de $ 1.500 millones dentro del plazo establecido por el Gobierno. El 12 de marzo de ese año, la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó que el plazo para realizar el pago había vencido la noche anterior.

El proceso contemplaba que Sinopetrol asumiera la concesión del campo por 20 años y generó cuestionamientos alrededor de las condiciones planteadas para la distribución de la producción petrolera. El Gobierno, por su parte, defendió la adjudicación con proyecciones de ingresos para el Estado, inversión y generación de empleo.

Sacha vuelve al centro del debate

El campo petrolero volvió a ser mencionado en 2026 después de que Noboa señalara que empresas de Estados Unidos analizaban posibles alianzas con las firmas emiratíes ADNOC y Petromal para invertir en este activo estratégico. Andrade sostiene que este escenario constituye un nuevo intento de adjudicar Sacha a empresas extranjeras y anunció que continuará cuestionando cualquier proceso en ese sentido.

Lo que debes saber

• El secretario José Julio Neira denunció presuntos desvíos y transferencias irregulares en contratos adjudicados por Celec.
• Un anticipo de 2,6 millones de dólares en el contrato con el consorcio Autotrafo EC 2023 se transfirió a una cuenta en Bank of America de una firma que no tenía relación con el fabricante real de los equipos.
• Empresas como Hingelect e Inycofyi figuran simultáneamente como subcontratistas en el contrato Progen y como beneficiarias vinculadas a Autotrafo.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, presentó una presunta red coordinada de desvío de fondos públicos que operó mediante contratos adjudicados en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y que involucraría a Karla Saud, señalada en el caso Progen. Neira señaló irregularidades en la adjudicación de 15,4 millones de dólares al consorcio Autotrafo EC 2023, así como un presunto fraude financiero mediante cartas falsificadas y triangulación de pagos hacia un mismo grupo de contratistas en los contratos Progen y Autotrafo.

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Las irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato Autotrafo

El proceso contractual que dio origen a la indagación comenzó el 11 de octubre de 2023. Posteriormente, los exfuncionarios José Luis Carrión y Paúl Urgilés adjudicaron un contrato por 15,4 millones de dólares al consorcio Autotrafo EC 2023, entidad presuntamente ligada operativamente a Karla Saud.

Entre 2024 y 2025, la ejecución contractual registró diversos cambios administrativos y técnicos:

La alerta del fabricante extranjero sobre cuentas no autorizadas

La operación financiera se complicó el 14 de mayo de 2026, cuando el fabricante legítimo, Sieyuan Electric Compañía Limitada, notificó formalmente a Celec que no mantenía vínculo alguno con la firma receptora de los fondos en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial presentado por Neira, la cuenta receptora de los 2,6 millones de dólares no pertenecía al proveedor de la maquinaria y la carta de instrucciones presentada para validar el desembolso había sido falsificada. "Estaríamos hablando de un presunto fraude instrumentalizado mediante documentos y cuentas bancarias", expuso Neira.

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El rastreo financiero entre los contratos Progen y Autotrafo

El análisis de trazabilidad financiera determinó que el esquema societario operaba como un circuito cerrado en el que se repetían los mismos actores y empresas intermediarias en dos adjudicaciones públicas de Celec:

Pagos registrados en el contrato Autotrafo:

Transferencias reportadas en el contrato Progen:

Las empresas Hingelect e Inycofyi actuaron formalmente como subcontratistas de Astrobryxa en el contrato Progen y, de manera paralela, formaron parte del consorcio Autotrafo. Según la Secretaría de la Administración Pública, este patrón evidencia una reutilización sistemática de estructuras societarias para canalizar fondos públicos hacia los mismos beneficiarios.

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Neira anunció que el Ejecutivo presentará las acciones legales correspondientes ante las autoridades judiciales para sancionar a los responsables del denominado caso Nudos.

La normativa plantea que esas ordenanzas estén encaminadas a prohibir expresiones que hagan apología del delito o incentiven el reclutamiento de menores.

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“Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), a través de ordenanzas, adoptarán medidas para prevenir, en los espacios públicos ubicados en los perímetros o entornos de las instituciones educativas, la existencia de manifestaciones o representaciones que promuevan, hagan apología o incentiven actividades delictivas o el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes”, dice la normativa.

La obligatoriedad también alcanza a la realización de espectáculos públicos. En el proyecto que será discutido en segundo y definitivo debate se plantea que los municipios establezcan medidas de prevención y control, con especial atención a evitar la vinculación de niñas, niños y adolescentes con actividades delictivas.

Esto incluiría la prohibición de la promoción, apología o glorificación de actividades delictivas durante estos eventos públicos. “Estas medidas se aplicarán sin perjuicio de las competencias de la Policía Nacional y demás autoridades competentes y con observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dice el proyecto de ley.

Conformación de mesas técnicas

La normativa también contempla que los GAD conformen mesas técnicas en sus consejos de seguridad ciudadana. “Impulsarán la conformación de mesas técnicas para abordar situaciones de especial riesgo, con énfasis en la prevención del reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos”, señala el documento.

¿Qué viene ahora?

El proyecto de ley fue presentado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, en la Asamblea. Allí, la bancada de ADN impulsó su trámite en la Comisión de Transparencia.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para una sesión ordinaria este martes 29 de septiembre de 2026. El único punto del orden del día será el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Para su aprobación, el oficialismo requiere 77 votos en el Pleno. Actualmente, el correísmo ha sido la única fuerza política que ha mostrado reparos al proyecto de ley. Aun sin los votos de esa bancada, ADN podría contar con las voluntades necesarias para aprobarlo.

Lo que debes saber

• El Tribunal Contencioso Electoral ratificó el archivo del recurso de Sociedad Patriótica.
• La decisión deja en firme la negativa del CNE para inscribir concejales en Marcabelí.
• La directiva provincial no subsanó los requisitos dentro de los plazos legales establecidos.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar el recurso de apelación presentado por el Partido Sociedad Patriótica, ratificando el archivo de su trámite y dejando en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impidió la inscripción de sus candidatos a concejales rurales del cantón Marcabelí, en la provincia de El Oro. La decisión judicial se adoptó luego de constatar que la organización política no subsanó ni completó las observaciones procesales dentro del término legal exigido para continuar con la causa.

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La resolución del organismo de justicia electoral ratificó el auto de archivo inicial, luego de evaluar la impugnación ingresada por la delegación partidista. La entidad concluyó que el representante de la organización política contó con la oportunidad procesal para corregir el trámite y no lo ejecutó en los plazos fijados por la normativa.

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Con esta sentencia, se mantiene vigente la decisión emitida por el CNE, con lo cual el partido no contará con representantes para la dignidad de concejales rurales en dicha jurisdicción orense.

Cronología procesal del caso electoral

El proceso tramitado ante la justicia contenciosa electoral se desarrolló a través de los siguientes hitos:

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Lo que debes saber

• Borbúa desarrolló su carrera profesional en las Fuerzas Armadas.
• Su trayectoria empresarial incluye varias compañías registradas en la SuperCías.
• Actualmente, dirige al PSP en Guayas.

El segundo intento. Han pasado 22 años desde que Aníbal Renán Borbúa Espinel perdió en las urnas su primera oportunidad de llegar a la Prefectura del Guayas, entonces respaldado por la organización política de su primo, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa.

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Una trayectoria marcada por la vida militar

El precandidato por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) no registra títulos universitarios en el portal digital de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Sin embargo, cuenta con una trayectoria vinculada a las Fuerzas Armadas y fue uno de los excombatientes del conflicto del Cenepa.

Su formación profesional la desarrolló en el Ejército Ecuatoriano, donde alcanzó el grado de mayor de Inteligencia Militar antes de pasar al servicio pasivo. Allí se especializó en Seguridad y Contrainteligencia.

Durante su carrera militar, estuvo a cargo de la seguridad del expresidente León Febres-Cordero durante los dos últimos años de su mandato. También desempeñó esta función durante tres meses para el exmandatario Rodrigo Borja.

Borbúa nació en Puerto Napo, parroquia rural del cantón Tena, ubicada en la provincia de Napo. Sin embargo, tras su salida de las Fuerzas Armadas, cambió de residencia y se estableció en Guayas, donde vive desde hace 25 años.

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Su paso por el sector empresarial

Un año después de dejar la milicia, Borbúa asumió la gerencia general de Protectores Privados Polidos Cía. Ltda., cargo que ejerció del 9 de marzo de 1998 al 17 de enero de 2005. Posteriormente, fue presidente de la compañía entre el 14 de agosto y el 12 de noviembre de 2009, y retomó la gerencia general del 30 de marzo de 2010 al 4 de diciembre de 2013.

Actualmente, Protectores Privados Polidos Cía. Ltda. consta en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) en estado de disolución y liquidación. Su trayectoria empresarial también incluye a Security - And - Risks Control (Tecnología S.R.C.) C.A., donde ejerció como gerente general desde septiembre de 2000; la compañía figura como cancelada.

Asimismo, desde el 19 de marzo de 2001 presidió Polielectronic S.A., firma que actualmente consta en disolución y liquidación. Según la información disponible en el portal de la SuperCías, en mayo de 2009 también se desempeñó como gerente general de empresa cancelada, Indysiza S.A.

Borbúa también figuró como accionista en estas compañías. Así como en la firma Inmobiliaria Cuciño S.A.

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Del empresariado a la política

Paralelamente a su actividad empresarial, en 2002, Borbúa postuló al Congreso Nacional por la provincia del Guayas, auspiciado por el Partido Sociedad Patriótica. En esos comicios, obtuvo una curul para el periodo 2003-2007, pero en octubre de 2004 renunció al cargo de diputado para participar en las elecciones seccionales y disputar la Prefectura del Guayas.

Su intento por llegar a la Prefectura del Guayas no prosperó y perdió en las urnas. No obstante, durante su etapa como diputado del PSP, Renán Borbúa fue señalado por presunto tráfico de influencias y por gestionar cargos públicos durante el gobierno de su primo, Lucio Gutiérrez, acusaciones que él atribuyó a una supuesta persecución política.

Sus registros tributarios

Actualmente, Borbúa mantiene activo su Registro Único de Contribuyentes (RUC). Según la información del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI), su actividad económica principal corresponde a la prestación de asesoramiento y asistencia a empresas y administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia, control e información administrativa, actividad que inició en 2004, suspendió en 2018 y retomó en 2024.

En el portal del SRI también consta que, desde 2019, no registra la presentación de declaraciones del impuesto a la renta. Asimismo, no constan pagos por concepto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

En el portal de la Contraloría General del Estado no constan declaraciones patrimoniales de Renán Borbúa correspondientes a su paso por el sector público. Actualmente, se desempeña como director provincial del Partido Sociedad Patriótica en Guayas.

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El desafío de conectar con nuevos electores

Para el analista político-electoral Alfredo Espinosa, el perfil de Borbúa está estrechamente ligado al de su primo, el expresidente Gutiérrez, y a la estructura del PSP. A su criterio, la candidatura evidencia la permanencia de cuadros que ganaron protagonismo a inicios de los 2000 y la falta de una renovación generacional dentro de la organización política.

Espinosa sostiene que el reto de Borbúa no se limita a su trayectoria política, sino a su capacidad para conectar con un electorado distinto al de hace dos décadas. Por lo que cuestiona que las organizaciones políticas trasladen a las elecciones locales discursos y liderazgos que fueron construidos desde escenarios nacionales, sin adaptarlos a las particularidades de cada provincia.

Andrés Obando, analista político, indica que la candidatura de Borbúa también puede interpretarse como una estrategia para mantener vigente a una organización que ha logrado sobrevivir electoralmente durante más de dos décadas. También destaca su discurso de apertura hacia el régimen, al plantear un trabajo conjunto con Carondelet. El analista lo vincula con una tendencia de candidatos seccionales a buscar cooperación con el Ejecutivo.

Para Obando, el principal desafío será trasladar esa trayectoria política a una elección provincial marcada por problemas concretos. Además, de lograr una presencia disruptiva.

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“Lo que rige las relaciones diplomáticas es el pragmatismo y poner primero a los ecuatorianos”, aseguró Vélez en un video publicado en el perfil de la Secretaría General de Comunicación en la red social Instagram.

Según la funcionaria, si hay algo que le conviene a Ecuador, será bienvenido. “Lo más importante para nosotros es encontrarle trabajo a los ecuatorianos, inversión extranjera y cooperación en temas como la seguridad”.

“Lo importante es entender que no somos una diplomacia ideologizada”, aseguró Vélez. Inmediatamente después, señaló que Estados Unidos es el principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. “Tenemos una gran relación comercial al igual que con China”, señaló la secretaria de Comunicación.

Las declaraciones de Vélez se circunscriben a lo que ya ha manifestado el canciller Roberto Kury, quien ha señalado que el pragmatismo guía la gestión de las relaciones exteriores. El funcionario, el pasado 11 de septiembre de 2026, señaló, por ejemplo, que no había que mirar la relación con Estados Unidos desde la preocupación por una supuesta pérdida de soberanía.

“Entiendo que existe esa preocupación de la soberanía. Pero yo no lo veo así. Invito a la ciudadanía a que tampoco lo vea así. Esto es una cooperación”, aseguró.

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Sobre el último viaje de Noboa

El presidente de la República participó en el debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre de 2026. En su intervención propuso tres acciones urgentes para combatir de forma coordinada el crimen organizado transnacional.

La primera fue el rastreo y congelamiento de flujos financieros ilícitos. Aseguró que era necesario crear un mecanismo internacional, en el marco de la ONU, enfocado en intervenir el dinero de las mafias. “Si el dinero es el combustible de estas redes, cortémosle donde sea que circule”, planteó.

La segunda propuesta estuvo relacionada con la creación de una plataforma de inteligencia policial y judicial. La tercera fue incorporar el combate al crimen organizado transnacional como una prioridad para la prevención de conflictos.