Según informó el organismo, la interrupción se extenderá desde las 08:00 hasta las 17:00. Una vez concluida esta etapa, los servicios digitales se reanudarán y la ciudadanía podrá realizar sus trámites con normalidad.

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¿Qué procesos electorales están en curso?

El cierre del registro electoral corresponde a las elecciones de alcalde y concejales del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, así como a la elección de vocales de la Junta Parroquial Rural Miss Ecuador, ubicada en el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.

El CNE señaló que estas tareas forman parte de la preparación de los procesos electorales previstos en ambas localidades.

La suspensión afecta temporalmente a todos los servicios en línea de la institución durante el horario establecido. Por ello, los usuarios deberán esperar hasta que concluyan los trabajos para retomar sus trámites digitales.

El organismo electoral indicó que continúa con la ejecución de procesos técnicos y transparentes, como parte de sus responsabilidades en la organización de las elecciones en el país.

Durante las nueve horas de suspensión, los ciudadanos no podrán realizar los trámites disponibles en la plataforma digital del CNE, entre ellos consultar multas electorales, obtener o validar certificados de votación y solicitar certificados de apoliticismo y de empadronamiento.

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Un año más para liquidar UNA EP

La medida administrativa responde a una solicitud formal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y al informe presentado por la liquidadora Diana Karina Cumbajin. En el documento técnico se identificaron actividades pendientes y nudos críticos que imposibilitan ejecutar el cierre inmediato de la entidad estatal en los plazos previamente establecidos.

El cierre de la UNA EP es un proceso administrativo que acumula prórrogas consecutivas. La orden original de extinción se dictaminó a través del Decreto Ejecutivo 1062, emitido el 19 de mayo de 2020. Desde entonces, el Ejecutivo ha emitido decretos adicionales (incluyendo los números 108, 492, 778, 30 y 371) para extender las facultades de liquidación ante la incapacidad de sanear los activos y pasivos de la institución.

Cambio de rectoría ministerial

Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el liquidador asume la representación judicial y extrajudicial para ejecutar las operaciones empresariales pendientes. En caso de no materializar el cierre en los plazos fijados, la normativa advierte sobre responsabilidades personales y solidarias por omisión, negligencia o dolo en el desempeño de las funciones.

El Decreto 518 también oficializa en la normativa de liquidación el reciente cambio de competencias gubernamentales. Tras la fusión por absorción dispuesta en junio de 2026 mediante el Decreto 425, el documento presidencial sustituye la figura del extinto Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En consecuencia, el proceso de la UNA EP pasa a estar bajo la responsabilidad directa del recién conformado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entidad rectora que deberá recibir los activos remanentes una vez que se cubran todos los pasivos y culmine finalmente la liquidación.

La sesión comenzará a las 10:30. En el orden del día constan dos puntos, después de la entonación del Himno Nacional. El primero tiene que ver con la declaratoria de Loja como la ‘Capital del Café del Ecuador’. A continuación, se tratará el juicio político contra Rosero.

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En la sesión se abordará el informe de la Comisión de Fiscalización, encargada de sustanciar el proceso impulsado por el excorreísta y ahora aliado del oficialismo Sergio Peña. Cabe recordar que el documento no es vinculante, pero constituye un insumo para la decisión que podría adoptar el Pleno.

¿Qué dice el informe sobre el caso Rosero?

Peña impulsó la solicitud de juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones por parte del vocal del CPCCS. El eje de la acusación es una presunta reunión entre Rosero y una de las postulantes al cargo de fiscal general del Estado, Inés Romero.

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Tras las audiencias públicas de impugnación, Romero fue descalificada, aunque todavía tiene la posibilidad de apelar. Por tanto, la decisión de admitir o no ese recurso estará en manos del Pleno del CPCCS.

El informe de la comisión, presidida por el también excorreísta y ahora aliado del Gobierno Ferdinan Álvarez, plantea cinco conclusiones, entre las que constan las siguientes:

Con base en estas conclusiones, la Comisión de Fiscalización recomendó el enjuiciamiento político del funcionario. La resolución se adoptó con los votos de la mayoría oficialista en la comisión y de su aliado, el exintegrante de Pachakutik José Luis Nango.

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En el Pleno, la censura y destitución del vocal del CPCCS requieren el voto de la mayoría absoluta, es decir, 77 votos. Si ADN mantiene una postura similar a la asumida en la comisión, el oficialismo contaría con los votos necesarios para destituir a Rosero.

Lo que debes saber

• La investigación de posibles abusos está en manos de las autoridades competentes.
• La normativa ecuatoriana establece responsabilidades para quienes vulneren la integridad de una persona detenida.
• El debate también alcanza las condiciones de defensa, visitas y comunicación de los internos.

Un video de militares golpeando a personas privadas de libertad en la cárcel de Esmeraldas vuelve a poner un rostro concreto a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador pidió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo investigar lo ocurrido y determinar si hubo tortura durante el operativo del 3 de octubre de 2026.

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La Alianza también señaló que recibió testimonios de familiares que refieren posibles agresiones contra otros internos. Por ello, pidió que las autoridades actúen con celeridad para investigar los hechos y evitar que se pierdan o alteren las evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Para Henry Caliz, abogado penalista, exjuez provincial de Pichincha y exfiscal provincial, la línea entre una medida disciplinaria y un abuso está claramente marcada por la ley. El artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de entre siete y diez años de prisión para quien cometa el delito de tortura, así como para quien, teniendo la posibilidad de evitarlo, no lo haga.

La normativa establece que existe tortura cuando una persona es sometida deliberadamente a grave dolor o sufrimiento físico o psíquico, o a condiciones que anulen su personalidad o disminuyan sus capacidades físicas o mentales. También contempla sanciones cuando quien comete el hecho utiliza sus conocimientos técnicos para incrementar el dolor o sufrimiento de la víctima.

Caliz asegura que ha presentado dos denuncias por presunta tortura, una relacionada con un interno de la cárcel del Encuentro y otra con una mujer recluida en la Roca. Según su relato, uno de sus clientes habría sido golpeado, privado de alimentos y, en el caso más grave, presuntamente agredido sexualmente con un objeto por militares.

El abogado sostiene además que existen prácticas que podrían constituir violencia psicológica, como mantener iluminación permanente dentro de las celdas. “No saben cuándo es de día, no saben cuándo es de noche”, afirma al describir una situación que, a su criterio, puede producir un deterioro mental sostenido.

Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional, considera indispensable investigar cualquier denuncia de esta naturaleza, independientemente de quién sea la persona afectada. “El hecho de que alguien esté privado de su libertad no significa que puede un guía penitenciario o una autoridad torturar, golpear, matar y quedar impune”, sostiene.

El especialista diferencia, sin embargo, una sanción penitenciaria de un acto criminal: dentro de una prisión pueden existir reglas, restricciones o aislamiento temporal cuando estén contemplados en la normativa. Golpear a un interno o afectar deliberadamente su integridad física y mental, advierte, supera cualquier mecanismo legítimo de disciplina.

Esa distinción también es planteada por el abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Efrén Guerrero, quien pide no convertir una acusación en una sentencia anticipada. Explica que jurídicamente la tortura implica provocar intencionalmente dolores o sufrimientos graves con una finalidad determinada, mientras que la disciplina debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad.

Si las denuncias son confirmadas, dice, el problema no quedaría circunscrito a las normas nacionales. Guerrero recuerda que Ecuador está sujeto a la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Las personas privadas de libertad deben cumplir su sentencia, sea corta o larga, para luego volver a la sociedad”.Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional

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El modelo penitenciario, bajo debate

Mientras las denuncias por posibles abusos crecen, otra discusión se abre alrededor del nombre con el que el Gobierno presenta determinados establecimientos: cárceles de máxima seguridad. Para Caliz, esa denominación enfrenta un problema constitucional porque la Carta Magna reconoce centros de rehabilitación social y centros de detención provisional, pero no establece expresamente una categoría denominada “máxima seguridad”.

Su interpretación es tajante: “Lo que se debería hacer es respetar la Constitución”. A su juicio, crear una categoría penitenciaria distinta exigiría una reforma constitucional, aunque el problema de fondo no sería únicamente semántico, sino la sustitución del principio de rehabilitación por un modelo basado exclusivamente en el aislamiento.

Gagliardo ofrece una lectura diferente sobre la clasificación de los establecimientos penitenciarios. Señala que sí existen disposiciones legales que permiten diferenciar niveles de seguridad, pero recalca que todos deben conservar su condición de centros de rehabilitación social porque ese es el mandato constitucional.

En ese punto aparece una de las principales contradicciones del debate: el Gobierno habla de máxima seguridad y el ministro del Interior, John Reimberg, ha dicho que en estos espacios están personas que, a su juicio, “no tienen rehabilitación”. También ha defendido que allí deben cumplir sus condenas quienes cometieron los delitos más graves, bajo controles estrictos y condiciones de seguridad superiores.

La afirmación genera reparos entre los especialistas porque la privación de libertad no elimina la obligación estatal de rehabilitar. Gagliardo cuestiona que el propósito de una prisión pueda ser esperar que los internos salgan “bien viejitos”, pues una condena larga no convierte el envejecimiento en sustituto de la reinserción.

Guerrero considera que el Estado puede organizar establecimientos con distintos niveles de seguridad, siempre que respete los límites constitucionales y legales. El problema aparece cuando el régimen especial restringe de manera desproporcionada el contacto con abogados, familiares, mecanismos de defensa, visitas u otros derechos que no desaparecen por estar recluido.

“Cualquier trato debe estar dentro de la norma; si se supera ese límite, habrá mayores problemas”.Efrén Guerrero, abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Los derechos que permanecen vigentes

La preocupación aumenta cuando esas restricciones se vuelven permanentes o impiden ejercer una defensa efectiva. Guerrero sostiene que el Gobierno debe explicar con mayor claridad cuál es el modelo que pretende aplicar, porque “no puedes evitar el modelo constitucional”.

Caliz advierte además que la falta de comunicación puede agravar el conflicto jurídico, especialmente si se impide de manera general el contacto entre internos, familiares y defensores. Asegura que incluso existen reglamentos que han eliminado las citas presenciales o virtuales en determinados establecimientos, una medida que, según su interpretación, vulneraría garantías constitucionales y debería ser revisada por la Corte Constitucional.

Guerrero plantea que la discusión no debería reducirse a escoger entre seguridad o derechos humanos, porque un sistema penitenciario legítimo está obligado a garantizar ambos. “Las cárceles no pueden volverse en depósitos humanos”, advierte, al señalar que el encierro permanente sin actividades de rehabilitación puede profundizar el deterioro físico, emocional y social de quienes cumplen una condena.

“El Estado tiene que rehabilitar; si no lo hace, la delincuencia va a subir y habrá reincidencia”.Henry Caliz, exjuez provincial de Pichincha y exfiscal provincial

Lo que debes saber:

• Salud mental en Ecuador: las deudas y el desempleo agravan la ansiedad y la depresión en las familias.
• En Quito, la teleconsulta municipal atiende crisis emocionales vinculadas a dificultades económicas y familiares.
• El 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental pone en foco las barreras para acceder a atención psicológica.

Al otro lado del teléfono, Armando, de 63 años, le contó a Johanna Capujamba que ya no quería vivir. Se sentía al límite después de acumular deudas, perder su patrimonio y enfrentar una nueva preocupación: la enfermedad renal de su hijo, que necesitaba tratamiento de diálisis, que él no podía costear.

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Tiempo atrás, Armando (nombre protegido) había invertido en una franquicia de restaurante. Cuando los ingresos no alcanzaron para sostener el negocio, vendió su casa y su vehículo. 

Su esposa, de 56 años, también intentaba generar ingresos con la venta de empanadas y bolones, mientras él trabajaba como conductor de Uber. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia.

La situación se agravó cuando su hijo fue diagnosticado con una enfermedad renal y necesitó iniciar diálisis. Como no podían costear el tratamiento, quedó en lista de espera en el sistema público de salud. Debido a esos apuros económicas y tensiones familiares, Armando comenzó a experimentar una profunda desesperanza.

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Día Mundial de la Prevención del Suicidio: líneas de ayuda y señales de alerta

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Su historia llegó al servicio de Teleconsulta del Municipio de Quito, donde Johanna Capujamba trabaja como terapeuta. Durante las conversaciones, identificó que se mantenían las señales de alerta: ideas suicidas, ataques de pánico recurrentes, opresión en el pecho y dificultades para dormir. 

Por el riesgo que presentaba, Armando fue derivado a atención presencial en psicología y psiquiatría, con seguimiento para facilitar su vinculación a los servicios especializados. Antes, él había sido ayudado por el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Intentó acabar con su vida.

La intervención psicológica no resolvía sus deudas ni garantizaba el tratamiento de su hijo, pero abrió un espacio para que pudiera hablar de lo que estaba viviendo sin sentirse juzgado.  

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La situación económica incide en la salud mental, en Ecuador

Casos como el de Armando reflejan una realidad que también aparece en otras llamadas que recibe el servicio municipal. Según Capujamba, muchas consultas están relacionadas con dificultades económicas, falta de empleo, que provoca inestabilidad de pareja y la imposibilidad de cumplir con las responsabilidades familiares.

Hay personas próximas a jubilarse que pierden su trabajo y ven truncados sus planes de vida. También hay jóvenes que sienten que no pueden convertirse en proveedores de sus hogares. En estos escenarios, explica la terapeuta, pueden aparecer crisis de ansiedad y síntomas depresivos.

Esto dice la Organización Mundial de la Salud:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que factores sociales y ambientales, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, incrementan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. 

Las dificultades económicas no explican por sí solas todos los trastornos, pero pueden convertirse en una fuente importante de estrés cuando se prolongan y se combinan con otros problemas.

La falta de recursos, una barrera para acceder a atención en salud mental

En Ecuador, buscar ayuda psicológica todavía supone un esfuerzo económico para muchas familias. Cristina Guerra, terapeuta familiar y de pareja especializada en adolescentes, atiende en consulta privada y observa cómo el costo de las sesiones influye en la decisión de iniciar o mantener un tratamiento.

Al comenzar un proceso terapéutico con adolescentes, cuenta, algunos padres preguntan cuánto cuesta cada sesión, cuántas serán necesarias y si existen descuentos. 

Las inquietudes reflejan una dificultad concreta: aunque reconocen que sus hijos necesitan apoyo, no siempre pueden asumir el gasto de manera sostenida.

Guerra también ha atendido a hombres que perdieron su empleo y tienen dificultades para mantener económicamente sus hogares. La pérdida de ingresos puede generar tensión en la convivencia, conflictos de pareja y desgaste emocional.

No obstante, la terapeuta identifica un cambio desde la pandemia de covid-19: existe una mayor apertura para hablar de salud mental y reconocer la necesidad de recibir atención. El desafío es convertir esa conciencia en acceso efectivo y continuo a los servicios.

Carlos Pérez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, coincide en que la situación económica puede convertirse en un obstáculo tanto para buscar ayuda como para sostener un tratamiento. 

En su experiencia, las pérdidas económicas, los negocios que fracasan y la falta de empleo aparecen entre las preocupaciones asociadas a cuadros de ansiedad, depresión y alteraciones del estado de ánimo.

Pérez señala que las dificultades de acceso no son recientes y que también persisten prejuicios y desinformación sobre el papel de los psicólogos y las distintas especialidades de atención. 

A su criterio, ampliar la cobertura requiere integrar mejor a los profesionales en el sistema de salud y promover una cultura que permita reconocer cuándo es necesario pedir ayuda.

Lo que se hace en gobiernos locales sobre ayuda psicológica:

Ante la demanda de atención, el Municipio de Quito mantiene servicios de teleconsulta y desarrolla iniciativas de prevención y acompañamiento. 

Daniela Andrade, jefa de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, explica que las consultas están relacionadas con:

Andrade señala que la demanda en las unidades municipales también está relacionada con las dificultades que enfrentan los ciudadanos para conseguir citas de salud mental en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre las iniciativas municipales está la Escuela Popular de Salud Mental, que capacita a ciudadanos mediante actividades virtuales y presenciales guiadas por psicólogos. 

Su objetivo es promover la conciencia sobre el cuidado emocional y fortalecer las redes de apoyo en las 10 administraciones zonales del Distrito Metropolitano.

Estas redes trabajan en planes preventivos orientados a la gestión de emociones y a la detección temprana de señales de alerta. La estrategia se complementa con dispositivos móviles de teleasistencia dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Lo que debes saber

• La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, defendió la gestión municipal durante la sesión solemne por los 206 años de independencia de la ciudad y cuestionó las promesas electorales al afirmar que "decir la verdad requiere más responsabilidad".
• Presentó cifras sobre atenciones de salud, ayudas sociales, turismo, deporte y recuperación de parques, además de anunciar la apertura de un comedor comunitario en Monte Sinaí y la creación prevista de otros espacios similares.
• También rechazó las críticas que, según dijo, ha recibido el Municipio y aseguró que los cuestionamientos no detendrán el trabajo de la administración.

La sesión solemne del Concejo Cantonal por los 206 años de Independencia de Guayaquil se desarrolla la tarde de este viernes 9 de octubre en el Salón de la Ciudad, ubicado en el Palacio Municipal.

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El evento comenzó a las 17:40, tras la llegada de la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel al edificio municipal. Luego del homenaje a diversas organizaciones, empresarios, personajes y trabajadores municipales, se dio paso al discurso de la funcionaria.

Coronel,¿ defendió la gestión municipal y cuestionó las promesas que, según dijo, se hacen a las puertas de un nuevo proceso electoral. Aseguró que el Municipio ha recibido críticas y ataques, pero sostuvo que estos no detendrán el trabajo de la administración. “Prometer es fácil, pero decir la verdad requiere más responsabilidad”, manifestó.

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Coronel afirmó que asumió sus funciones en medio de una crisis política y de momentos de incertidumbre. Al referirse a los cuestionamientos contra el Municipio, señaló que ha enfrentado “constantes ataques, infamias, señalamientos absurdos a través de medios digitales, de la prensa tradicional, de influencers” y de otros personajes.

Tatiana Coronel: "No he asumido esta responsabilidad buscando protagonismo"

Frente a esas críticas, lanzó una frase: “El veneno no mata si no te lo tomas”. También citó al expresidente uruguayo José Mujica para cuestionar el odio y defender la necesidad de mantener los objetivos de la gestión.

En su discurso, la alcaldesa subrogante sostuvo que gobernar implica responder a las necesidades de los ciudadanos y reconocer que aún existen problemas por resolver. “No voy a venir aquí a venderles humo. Tampoco he asumido esta responsabilidad buscando protagonismo”, expresó.

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Añadió que una sola administración no puede corregir en pocos años problemas acumulados durante décadas y defendió el cumplimiento del plan de trabajo municipal. “Lo que sí puedo decirles, mirándolos de frente, es que aquí se ha trabajado, que hemos avanzado, que hemos estado aquí y que no hemos abandonado esta ciudad ni un solo día”, aseguró.

Tatiana Coronel ofreció cifras sobre su gestión al frente del Municipio de Guayaquil

Como parte del balance de su gestión, Coronel mencionó que la red municipal de salud pasó de 49 a 55 unidades y reportó más de 2,7 millones de atenciones. En materia de inclusión social, señaló que se realizaron alrededor de 1,5 millones de atenciones y se entregaron más de 77.000 ayudas técnicas.

También destacó los más de 193.000 beneficiarios de las actividades deportivas municipales, la participación de más de 13.000 comerciantes autónomos en ferias y corredores comerciales y la capacitación de otros 6.000 para mejorar sus ventas.

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La funcionaria también resaltó la inversión turística de más de 6,8 millones de dólares y afirmó que Guayaquil recibió más de 6,5 millones de turistas, cuyo gasto habría dejado 1.935 millones de dólares en la ciudad. A esto sumó la renovación y repotenciación de 41 parques y la entrega de la décimo quinta Estación de Acción Segura.

Además, anunció que el lunes siguiente se abrirá el primer comedor comunitario en Monte Sinaí, como parte de un proyecto que contempla la creación de 22 espacios de este tipo.

Entre las iniciativas que destacó estuvo también la Ruta Centro, concebida para que peatones, ciclistas y corredores puedan disfrutar de calles del centro sin tráfico vehicular.

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El mandatario manifestó la disposición del Gobierno ecuatoriano para colaborar con las labores de atención a los afectados, en medio de las evaluaciones de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

"Toda nuestra solidaridad con Panamá y con las familias afectadas por el terremoto", escribió Noboa en su pronunciamiento. A continuación, aseguró: "Ecuador está preparado para brindar ayuda y colaborar en las labores de atención a nuestros hermanos panameños".

Sin embargo, en el mensaje no se detallaron los recursos que podrían movilizarse ni las acciones concretas previstas para asistir al país centroamericano.

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Potente terremoto afectó a Panamá

El sismo se registró a las 12:56, hora local de Panamá, y alcanzó una magnitud de 7,7, según la actualización del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 10 a 13 kilómetros, de acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada.

El movimiento se sintió en la capital panameña y en zonas de países vecinos, como Colombia y Costa Rica.

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El terremoto provocó daños en edificaciones, evacuaciones preventivas y la suspensión temporal de algunos servicios de transporte.

Mientras las autoridades panameñas evaluaban las consecuencias del sismo, también se registraron réplicas que mantuvieron la preocupación entre los habitantes.

Descartaron alerta de tsunami en Ecuador

Tras el movimiento telúrico, los organismos de alerta emitieron avisos por la posible generación de olas peligrosas en sectores costeros del Pacífico, incluido Ecuador.

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Durante la tarde, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) canceló el estado de alerta de tsunami para las costas continentales e insulares ecuatorianas, aunque advirtió que podían persistir pequeñas fluctuaciones del nivel del mar durante varias horas.

En el último tramo de la sesión, la mesa legislativa se enfrascó en una discusión sobre el momento en que se levantaría la confidencialidad del listado de autoridades locales que aparecían en las categorías naranja y roja.

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Como metodología para presentar los hallazgos, la mesa legislativa optó por cruzar información de diferentes entidades de control, además de denuncias ciudadanas. 

A partir de esos datos utilizó un semáforo en el que los colores rojo y naranja se asignaron a los casos considerados prioritarios para ser investigados por la Fiscalía y la Contraloría.

El anexo que incluye los nombres de las autoridades locales y sus respectivas jurisdicciones fue tratado como reservado. Sin embargo, durante la sesión se conocieron algunos de los resultados:

¿Qué se tomó en cuenta para ubicar cada caso?

Según el informe aprobado por la comisión, se consideraron tres elementos clave para ubicar cada expediente en una categoría. El primero fue la existencia de variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial de las autoridades. El segundo tomó en cuenta la existencia de investigaciones penales, mientras que el tercero correspondió a la condición de omisos en el sistema tributario ecuatoriano.

La metodología fue cuestionada por el correísmo en la mesa legislativa. Según sus integrantes, aunque el informe se refiere a sospechas y no determina responsabilidades, ubicar a las autoridades en alerta roja o naranja podría interpretarse como un prejuzgamiento. La correísta Patricia Núñez advirtió que esto podría incidir en la reputación de los investigados.

Como parte de las resoluciones del informe está que la información debe ser remitida a la Fiscalía y Contraloría tomando en cuenta el nivel de riesgo. Así, solo los expedientes en rojo y naranja se remitirían a la Fiscalía. 

Al final, la mesa legislativa se enfrascó en una discusión a partir de una petición del propio correísmo. Xavier Lasso aseguró que, una vez aprobado el informe, el anexo confidencial con los nombres y apellidos de las autoridades podría utilizarse políticamente. Por ello, sugirió que la moción de aprobación estableciera que esa información no se hiciera pública hasta que el Pleno adoptara una decisión.

Finalmente, la moción planteada por el independiente y aliado de ADN Samuel Celleri no tuvo cambios. El presidente de la mesa, Cristian Benavides, votó a favor del informe, al igual que otros seis asambleístas cercanos al oficialismo e integrantes de ADN. Solamente los tres legisladores del correísmo votaron en contra.

Así, la decisión quedó en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá resolver sobre este tema mientras está en curso el proceso electoral de las seccionales de 2026, cuya votación está prevista para el 29 de noviembre de ese año.

Los puntos claves

• Tatiana Coronel no asistió a la Aurora Gloriosa ni a la Unción Cívica realizadas este 9 de octubre.
• EXPRESO consultó al departamento de Comunicación de la Alcaldía por los motivos de las ausencias, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
  
• El concejal Arturo Escala representó a la alcaldesa subrogante durante la ceremonia del parque Centenario.

Guayaquil conmemoró este viernes 9 de octubre sus 206 años de independencia entre desfiles estudiantiles, homenajes a los próceres y actos cívicos en el centro de la ciudad. Sin embargo, dos de las ceremonias de la jornada tuvieron una ausencia en común: la de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

La funcionaria no estuvo presente en la Aurora Gloriosa, realizada durante la mañana, ni en la Unción Cívica que comenzó a las 12:15 en el parque Centenario. En esta última ceremonia, el concejal Arturo Escala intervino en su representación.

EXPRESO consultó al departamento de Comunicación de la Alcaldía de Guayaquil sobre los motivos de las ausencias de Coronel en ambos actos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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La jornada había comenzado con actividades conmemorativas y un desfile estudiantil que reunió a más de 7.000 alumnos de alrededor de 60 instituciones educativas. Las delegaciones recorrieron la avenida 9 de Octubre, acompañadas por bandas musicales y bastoneras, mientras familias y ciudadanos observaban las presentaciones.

Homenaje en el Centenario

Pasado el mediodía, las celebraciones se trasladaron al parque Centenario. Allí, al pie del monumento a los Próceres de la Independencia, autoridades municipales, estudiantes y ciudadanos participaron en la ceremonia de Unción Cívica.

Los alumnos de la Academia Naval Almirante Illingworth formaron una calle de honor para recibir a las autoridades. La Banda Municipal acompañó el ingreso de los pabellones de Ecuador y Guayaquil y, posteriormente, se interpretó el himno nacional.

El acto incluyó la colocación de ofrendas florales y un toque de silencio en homenaje a los protagonistas de la independencia del 9 de Octubre de 1820.

Entre las instituciones que participaron estuvieron la Gobernación del Guayas, la Función Judicial y el Ministerio de Defensa Nacional.

Por parte del Municipio asistieron los concejales Arturo Escala, Fabián Espín, Terry Álvarez, Shirley Aldás, Manuel Romero, Alfredo Bautista y Ana Fuentes. También estuvieron la directora de Turismo, Tahiz Panus, y el director de Salud, Andrés Santos.

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Un saludo al pueblo guayaquileño 

Arturo Escala, quien intervino en representación de la alcaldesa subrogante, comenzó su discurso con un mensaje dirigido a los ciudadanos.

“Voy a omitir los saludos de rigor aquí a mis compañeros, porque sé que ellos no necesitan saludos. El que necesita saludos es el pueblo guayaquileño”, expresó.

El concejal recordó la participación de figuras como José Joaquín de Olmedo y León de Febres Cordero en el proceso independentista y destacó el significado de la fecha para la ciudad. “Hoy, a estas horas del día, hace 206 años, Guayaquil ya era una ciudad libre, independiente de España. Eso es lo que festejamos hoy día”, manifestó.

Durante su intervención también hizo referencia a las dificultades y a la necesidad de enfrentarlas.

“Aquí estamos dando la cara, como la dio Olmedo, Ximena, Letamendi, Febres Cordero; estamos dando la cara ante la adversidad”, sostuvo.

Escala también habló de la voluntad de los guayaquileños de defender su libertad y de la responsabilidad de las autoridades frente a la ciudadanía.

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La agenda continuó

La ceremonia del parque Centenario formó parte de una jornada de celebraciones que comenzó desde temprano en el centro de Guayaquil.

Durante la mañana, las bandas estudiantiles, bastoneras y delegaciones educativas recorrieron la avenida 9 de Octubre como parte del desfile cívico por los 206 años de independencia.

Para después del mediodía, la programación municipal también contemplaba un desfile de carros alegóricos, previsto a las 12:30 desde el parque Centenario hacia el Malecón, por la avenida 9 de Octubre.

A las 18:00 de hoy se realizará la Sesión Solemne en honor a Guayaquil. 

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional anuló el paso de servidores de carrera al contrato colectivo de CNT.
• Más de 3.000 funcionarios deberán reintegrar valores calculados preliminarmente en $ 7,93 millones.
• Los cobros se aplicarán vía rol de pago en un plazo que no superará los 36 meses.

La Corte Constitucional dejó sin efecto las resoluciones judiciales emitidas en Manabí que incorporaron indebidamente a servidores públicos de carrera de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) al régimen de contratación colectiva. El dictamen determinó que una acción de protección tramitada en 2022 desnaturalizó las garantías constitucionales para conceder beneficios improcedentes, obligando a la empresa pública a individualizar liquidaciones y recuperar un monto estimado en 7,93 millones de dólares.

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¿Qué resolvió la Corte Constitucional sobre los contratos en CNT EP?

El máximo tribunal de control constitucional concluyó que los servidores públicos de carrera de CNT pertenecen a un régimen laboral diferenciado, por lo que resulta improcedente equipararlos a los amparados por el Código del Trabajo mediante garantías jurisdiccionales.

En su resolución, el organismo identificó las siguientes irregularidades procesales de origen:

Devolución de recursos: ¿quiénes deben pagar y en qué plazo?

El impacto central del fallo radica en el ámbito financiero y administrativo. La empresa pública tiene la obligación de ejecutar la recuperación íntegra de los rubros erogados a favor de los funcionarios involucrados.

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El origen del conflicto laboral y los beneficios anulados

El litigio inició en febrero de 2022, cuando la dirigencia laboral solicitó la homologación de los servidores de carrera hacia el contrato colectivo. El fallo judicial favorable emitido en Manabí benefició a más de 3.000 funcionarios, quienes accedieron a prestaciones que ahora carecen de sustento legal:

A partir de la anulación dispuesta por la Corte Constitucional, la empresa de telecomunicaciones deberá finiquitar las cuentas individuales para asegurar el retorno de los fondos públicos.

Lo que debes saber

• RC5 habilitó donaciones en su app para financiar las elecciones seccionales de 2027.
• Rafael Correa denunció un plan para ahogarlos financieramente y deudas del CNE desde 2023.
• El movimiento fue suspendido por el TCE por una investigación fiscal de presunto lavado.

El movimiento Revolución Ciudadana activó una campaña de aportes voluntarios mediante su aplicativo móvil oficial RC5 App, con el objetivo de financiar la organización política y su participación en las elecciones seccionales de 2026. La medida surge tras la suspensión provisional del casillero electoral resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debido a indagaciones fiscales, sumada a denuncias públicas de su dirigencia sobre trabas y deudas de asignaciones estatales pendientes de entrega por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La estrategia de aportes voluntarios en la RC5 App

La organización política comunicó la apertura de recaudaciones a través de sus canales digitales con el mensaje: "¡Quisieron enterrarnos sin saber que somos semilla!", confirmando que los simpatizantes ya disponen de la herramienta para donar dentro de la plataforma móvil.

El expresidente y líder de la agrupación, Rafael Correa, explicó la mecánica para quienes deseen colaborar: "Si quieren aportar para la campaña o para la RC5, pueden registrarse haciendo un click en la App RC5 y los contactaremos".

Política

Seccionales 2026: El desafío del correísmo de no perderse en la papeleta

Richard Josue Jimenez Mora

Denuncias de Rafael Correa contra el CNE y trabas burocráticas

El exmandatario enfatizó que estas contribuciones ciudadanas resultan indispensables frente a lo que califica como un intento deliberado por afectar la operatividad de la organización.

Los argumentos presentados por la dirigencia del correísmo:

Suspensión legal del TCE y panorama para las elecciones seccionales de 2027

Pese a las restricciones sobre su personería jurídica, el movimiento prevé mantener presencia territorial en los comicios seccionales mediante alianzas estratégicas.

Política

Gutiérrez niega pacto con Correa, pero su candidato en Ventanas es del correísmo

Richard Josue Jimenez Mora

Claves del escenario electoral y judicial de Revolución Ciudadana:

Lo que debes saber

• Inversión gubernamental superior a $ 1.000 millones para comercio, turismo y desarrollo en Guayas.
• Proyectos clave incluyen el avance del Quinto Puente y el parque de Monte Sinaí en Guayaquil.
• El plan prioriza vialidad, mantenimiento de puentes y rescate de espacios abandonados.

Durante un acto oficial por los 206 años de Independencia de Guayaquil, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la asignación de una inversión superior a los 1.000 millones de dólares para la provincia del Guayas. Según el mandatario, la medida busca dinamizar el comercio, el turismo y la reactivación económica local mediante la ejecución y rehabilitación de obras estratégicas.

Guayaquil

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Thais Urdánigo Núñez

Obras prioritarias y proyectos de infraestructura en Guayas

Noboa enfatizó que las obras proyectadas responden a compromisos en marcha orientados a transformar la conectividad y el bienestar en Guayaquil y sus cantones aledaños:

Dinamización económica y enfoque social

Noboa señaló que Guayaquil representa el motor de la economía nacional y que el destino de estos recursos busca consolidar oportunidades de empleo y desarrollo integral.

Invertiremos más de 1.000 millones de dólares para impulsar el comercio, el turismo y el crecimiento económico de la ciudad y de la provincia.Daniel Noboa, presidente de la República

Asimismo, recalcó la importancia de contar con administraciones que prioricen el bienestar ciudadano:

Pronto tendremos autoridades locales también que sean dignas y que trabajen por el verdadero desarrollo de la ciudad. Que tengan un amor profundo por la ciudadanía, que caminen todos los días para mejorarle la vida a la gente y no para complicarle la vida a un Gobierno central.Daniel Noboa, presidente de la República

Ecuador

Organizaciones sociales se movilizan este 8 de octubre en Ecuador: puntos de concentración

Richard Josue Jimenez Mora

Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado

En materia de orden interno, el mandatario ratificó que las acciones operativas continuarán activas en los barrios guayaquileños junto a los ministros del frente de seguridad:

En una sesión virtual, la noche previa al feriado, esa mesa aprobó el informe elaborado con tan solo una respuesta escrita del organismo fiscalizado.

Política

Asamblea Nacional: las leyes que Mishel Mancheno busca aprobar antes de las elecciones de 2026

Daniel Alejandro Romero Páez

La noche del jueves 8 de octubre de 2026, con seis votos a favor, todos del oficialismo, se aprobó el documento sin la comparecencia de autoridades o expertos, ni una sesión adicional a aquella en la que se avocó conocimiento de la delegación del Pleno para ese proceso de fiscalización.

Solamente se registró una ausencia: la de Fernando Nantipia, exintegrante de Pachakutik y ahora aliado de ADN, quien además es vicepresidente de la comisión. Los correístas Gabriela Molina, Eliana Correa y César Palacios votaron en contra del informe.

¿Qué pasó en la sesión?

La presidenta de la Comisión de Justicia arrancó la sesión intentando precisar que “la fiscalización y el control político son atribuciones de la Asamblea Nacional”. Acto seguido, mencionó que “investigar no significa prejuzgar ni anticipar responsabilidades”.

Después, Torres repitió la frase recurrente de su bancada ante una indagación sensible: “No vamos a permitir que la fiscalización se convierta en un show político”, aseguró.

Desde el correísmo hubo cuestionamientos por la falta de convocatoria a las autoridades de la Judicatura. Molina señaló en la comisión que la resolución del Pleno tenía como base el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Se ha obviado lo más importante: la comisión no podrá remitir antes de los primeros 20 días de la delegación el informe”.

También cuestionó que el reglamento de las comisiones de la Asamblea establece que el informe debe contener el detalle de la sistematización de las observaciones de los asambleístas. “No hubo una sesión para analizar la poca información recibida y no hay detalles de las observaciones”, mencionó. Por esa razón, sostuvo que el informe no podía aprobarse.

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¿Qué viene ahora?

El informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá si se aprueba o no. Teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria de ADN, el documento podría recibir el respaldo necesario para su aprobación.

Entre sus conclusiones, el informe determina que “la resolución (de la Judicatura) mantiene la asignación de las materias relacionadas con corrupción y crimen organizado a las dependencias y juzgadores a quienes se atribuye dicha competencia, conservando su alcance territorial a nivel nacional”.

Entre las recomendaciones constan:

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional encara el último tramo de 2026 con tres prioridades legislativas: las reformas al COIP, al Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Antimafias.
• Para el próximo mes de noviembre está previsto un receso legislativo y coincidirá con la campaña por las seccionales 2026.
• La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano tiene reparos al la conducción de Mancheno en la Asamblea.

En poco más de un mes, la Asamblea Nacional entrará en un nuevo receso legislativo. Lo hará justo antes de que la actual presidenta, Mishel Mancheno, cumpla tres meses al frente del cargo de forma permanente. La Ley Antimafias, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los cambios al Código Orgánico de la Función Judicial serán las prioridades para el próximo mes.

La campaña electoral para las seccionales de 2026 se avecina. Todo apunta a que, precisamente en esas fechas, la Asamblea entrará en receso. Sin embargo, para el primer trimestre de Mancheno al frente del Legislativo se prevé un avance en la agenda legislativa, al menos en tres de las leyes priorizadas.

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“Estamos esperando que, antes de la vacancia legislativa que será en noviembre tengamos la aprobación del COIP, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Veamos qué otros textos se tendrán listos”, mencionó Mancheno el martes pasado.

También está en preparación la Ley Antimafias, una iniciativa impulsada por la propia Mancheno que ya pasó el primer debate en el Pleno. Sobre esta propuesta, la presidenta de la Asamblea aseguró: “Hemos tenido más de 50 comparecencias y esperamos tener el proyecto para la segunda semana de noviembre”.

Hay que recordar que el pasado 12 de agosto, una vez que Mancheno asumió de lleno el cargo tras su licencia por maternidad, presentó una nueva agenda legislativa que, en lo esencial, daba continuidad a las prioridades marcadas por el expresidente del Parlamento, Niels Olsen. La nueva hoja de ruta tiene como ejes la seguridad y la lucha contra la corrupción; el desarrollo humano y la modernización institucional; y el crecimiento económico sostenible y la seguridad jurídica para la inversión.

¿Cuál es el avance de la agenda?

En el último conversatorio con medios, Mancheno señaló que, respecto al primer eje, en el que constan siete proyectos de ley, el avance era del 72%. El segundo eje registraba un 52% (17 proyectos de ley), mientras que el tercero alcanzaba un 74 %. En términos generales, el avance de la agenda era del 66 %.

Vale aclarar que esta valoración no depende únicamente de la aprobación de los proyectos de ley. Durante la presidencia de Mancheno se puso en marcha un sistema de dashboard en el que cada comisión registra sus avances, teniendo en cuenta todos los hitos por los que pasa una iniciativa legislativa.

En la práctica, la última ley sensible para el Gobierno, cuyo impulso vino de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y del ministro del Interior, John Reimberg, fue la Ley para la Erradicación del Reclutamiento de Menores.

Sin mayores dificultades, el oficialismo logró 88 votos a favor en el Pleno. El correísmo fue la única bancada que se abstuvo. Una vez más, quedó en evidencia que los aliados de ADN se mantienen de su lado para aprobar las iniciativas de interés del Ejecutivo.

El jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, lo definió con claridad el pasado 30 de septiembre: “hemos aprobado todas las leyes que nos hemos propuesto”. En la práctica, las únicas leyes que no prosperaron fueron aquellas que se cayeron en la Corte Constitucional y no en el Parlamento, controlado actualmente por ADN.

¿Cuál es la posición del resto de bancadas?

El correísmo, pese a las deserciones, se mantiene como la segunda bancada con mayor número de asambleístas. La legisladora Ana Cecilia Herrera señaló que no se puede hablar de un cambio significativo entre la etapa de Olsen y la presidencia de Mancheno. Aseguró que hay poca apertura para llegar a acuerdos.

“Aún hay limitación en la participación dentro del Pleno. No existe un verdadero debate amplio”.Ana Cecilia Herrera, asambleísta RC.

La asambleísta también cuestionó que no se discutan temas de fondo y que se limite la posibilidad de la oposición de presentar cambios en el orden del día. A la par, criticó que los proyectos priorizados para llegar al Pleno sean los que benefician al Gobierno.

Por su parte, el asambleísta independiente Cristian Benavides tiene otra lectura del momento actual de la Asamblea. Para él, el diálogo se ha ampliado. Señaló que ahora se toma en cuenta a otras voces, entre las que se incluye.

“Como independiente hemos sido escuchados y se nos abrieron las puertas, una diferencia abismal con Niels Olsen que era impenetrable. Acá hemos tenido la oportunidad de conversar y proponer”, mencionó Benavides. A la par, consideró positiva la implementación de tecnología para dar seguimiento a los avances en las comisiones.

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Por su parte, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, consideró que la Asamblea continúa siendo el “patio trasero de Carondelet”. Con esa expresión hizo referencia a que la agenda del Ejecutivo es la que guía el accionar del Legislativo.

Para Serrano, el único avance ha sido la ampliación del debate en el Pleno. “Aunque no te toman en cuenta ninguna observación. Pese a que uno les dice estos es inconstitucional o ilegal; te dan la palabra para que digas lo que quieras pero no te paran bola”, aseguró.

El último tramo de 2026 será clave para mantener el manejo de la mayoría. En mayo de 2027, la Asamblea deberá elegir nuevamente a sus autoridades y ADN necesitará conservar sus votos para mantener el control del Poder Legislativo.

Lo que debes saber

• Desde 1973, Diario EXPRESO ha documentado casos de corrupción, fiscalizado al poder y defendido la transparencia en Ecuador. 
• Sus investigaciones, reconocidas con premios nacionales, han marcado hitos en la historia del periodismo de investigación del país.

Desde su fundación el 25 de julio de 1973 en Guayaquil por el visionario Galo Martínez Merchán, Diario EXPRESO se estableció como un pilar fundamental del periodismo libre, analítico e independiente en el Ecuador. 

A lo largo de sus 53 años de trayectoria, el diario ha asumido un compromiso irrenunciable con la ciudadanía: vigilar el ejercicio del poder político y económico, exponiendo con rigor técnico los desmanes, la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos.

El trabajo investigativo de EXPRESO ha marcado hitos decisivos en la historia republicana del país. Entre sus investigaciones más emblemáticas consta la revelación del Caso Gastos Reservados, donde se destapó el uso irregular de fondos secretos en la Vicepresidencia de la República, desencadenando juicios políticos y dimisiones al más alto nivel estatal. Asimismo, en una investigación de alto impacto, el diario sacó a la luz el Caso Holding / Gran Hermano, exponiendo contratos millonarios entre empresas del hermano del expresidente Rafael Correa y el Estado ecuatoriano.

Su labor fiscalizadora continuó en el ámbito social con la serie Los Dueños de la Salud, un exhaustivo trabajo que reveló cómo el dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mediante la figura de derivaciones externas, creó grandes fortunas privadas mientras la atención médica estatal permanecía estancada. 

Casos recientes

En años recientes, el diario desentrañó el Caso Argolla del Control, exponiendo la red en torno al círculo cercano de la Superintendencia de Compañías durante la gestión de Luis Cabezas-Klaere y las liquidaciones corporativas dirigidas a pocas manos. Del mismo modo, en el Caso Progen, EXPRESO ha realizado un riguroso seguimiento a la corrupción en el sector eléctrico durante el Gobierno de Daniel Noboa.

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Diario EXPRESO: nostalgia por el papel y la despedida de la edición impresa

Cartas de lectores

Esta constante búsqueda de la verdad le ha valido a EXPRESO un amplio reconocimiento. Su fundador recibió el Premio a las Libertades de la AEDEP, mientras que el medio y su directiva han sido reconocidos con condecoraciones de Estado como la Orden Nacional al Mérito. Recientemente, investigaciones del diario como Los Dueños de la Salud obtuvieron el galardón Ítalo Palacios y el prestigioso Premio Eugenio Espejo de Periodismo de Investigación, reafirmando el valor del periodismo de datos para defender la transparencia, la democracia y los derechos ciudadanos.

Lo que debes saber

• GRANASA suspende la edición impresa de Diario EXPRESO tras meses de presiones estatales.
• Informes del SRI y la UAFE presentaron graves inconsistencias numéricas y procesales.
• La intervención de la 'Súper' de Compañías e Inmobiliar cercó financieramente a la firma.

La casa editora Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) confirmó la suspensión definitiva de la edición impresa de Diario EXPRESO en Ecuador, como desenlace de una prolongada ofensiva institucional y judicial impulsada desde el aparato gubernamental. A lo largo de 2025 y 2026, la empresa enfrentó fiscalizaciones con distorsiones contables del Servicio de Rentas Internas (SRI), indagaciones de la Fiscalía General del Estado, la UAFE y una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías promovida por Inmobiliar, medidas que asfixiaron sus operaciones mercantiles.

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Caso GRANASA explicado: cronología del intento de toma de las acciones de la empresa

Richard Josue Jimenez Mora

El origen del conflicto: informes tributarios y fallas contables en el SRI

El hostigamiento administrativo inició formalmente el 8 de septiembre de 2025. En esa fecha, la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió tres informes dirigidos a distribuidores de periódicos de la empresa editora:

El análisis técnico de las notificaciones evidenció graves vicios de cálculo. En el caso del contribuyente Franklin Villamar, la administración tributaria registró una facturación de $160.365,58 y dedujo $21.514,69 por devoluciones, fijando una compra neta de $138.850,89. Sobre esta base estimó un margen de utilidad presunta del 17,67 % ($24.534,95). Sin embargo, en lugar de restar los costos de venta y gastos deducibles, la funcionaria sumó a la ganancia presunta el valor total pagado a GRANASA, elevando artificialmente el ingreso fiscal a $163.385,84.

Pese a que el SRI negó formalmente estos expedientes a la empresa editora, vulnerando su derecho a la defensa, la documentación fue filtrada a medios afines y al portal digital La Posta. Esta última plataforma pertenecía a Levascan, firma vendida previamente por un millón de dólares a Galamedios (vinculada al asambleísta alterno oficialista Luis Alvarado Campi) y traspasada luego a una compañía panameña representada por Álvaro Guivernau, cónyuge de la presidenta de la Asamblea Nacional.

Escalada policial, penal y demanda contra José Julio Neira

La ofensiva se aceleró en las semanas posteriores con la intervención de diversas entidades del Ejecutivo:

Frente a estas acciones, GRANASA interpuso una demanda por daño moral contra José Julio Neira Hanze, exigiendo disculpas públicas, retractación y una indemnización de un millón de dólares por el agravio reputacional ocasionado.

Justicia

"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero

Richard Josue Jimenez Mora

La Fiscalía General del Estado y el uso penal de las instituciones

A la par de las presiones fiscales, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta defraudación tributaria y un supuesto delito de lavado de activos. Pese a las reiteradas revisiones de la contabilidad de la casa editorial, los peritajes no hallaron indicios ni sustento técnico de irregularidades.

El presidente ejecutivo de GRANASA, Galo Martínez Leisker, compareció voluntariamente ante la Fiscalía en Quito para rendir su versión libre, ratificando la solvencia y pulcritud de las operaciones. El procurador judicial de la firma, Eduardo Carmigniani, denunció públicamente la existencia de un "hostigamiento legal y financiero" orquestado para intimidar a los anunciantes, entorpecer transacciones comerciales y forzar una toma hostil de la compañía. Entidades internacionales como Bloomberg manifestaron su preocupación por el precedente de persecución indirecta contra la prensa libre.

La trama de Veranera S.A. y el bloqueo accionario

El frente societario se concentró en la disputa mercantil en torno al 40 % del paquete accionario de la compañía:

Como acto de protesta pública y resistencia editorial frente a estos atropellos, la redacción de Diario EXPRESO circuló en todo el país con una histórica portada en blanco.

Ecuador

Portada en blanco de EXPRESO genera respaldo ciudadano y debate por la libertad de expresión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Intervención administrativa de la 'Súper' de Compañías y el rol de Inmobiliar

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió intervenir administrativamente a GRANASA. La medida fue solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia de la República que ostenta únicamente el 2,56 % de las acciones y mantiene litigios judiciales pendientes.

Acciones de bloqueo y obstáculos operativos

Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Fundamedios alertaron que las medidas de supervisión estatal encubren mecanismos de censura y asfixia financiera.

Tras ocho meses de intervención y continuo bloqueo administrativo, la Junta General de Accionistas del próximo 13 de octubre definirá los pasos a seguir tras la forzada eliminación de la edición impresa de Diario EXPRESO.

Lo que debes saber

• La renovación parcial del CNE se aplaza hasta enero de 2027 tras cuatro años de retraso.
• Expertos proponen que la Asamblea designe autoridades o unificar el concurso para 5 vocales.
• El CPCCS y el CNE superan el 61 % de desaprobación ciudadana, según Click Research.

La renovación de dos de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador sufrirá una nueva postergación hasta enero de 2027, tras una modificación del cronograma resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección. El proceso, pendiente desde noviembre de 2021, mantiene a los cinco consejeros principales en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024, una situación que retrasa también la designación de los otros tres vocales y reactiva el debate sobre reformas urgentes al mecanismo de elección a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Richard Josue Jimenez Mora

Retraso crítico en el calendario del Consejo Nacional Electoral

Más de cuatro años después de la fecha en que debió ejecutarse la sustitución de autoridades electorales, el concurso público sigue inconcluso. La ampliación de los plazos posterga el desenlace institucional:

Tres propuestas para destrabar la designación de vocales electorales

Frente a la parálisis institucional, juristas y expresidentes electorales plantean alternativas para evitar que la renovación quede atrapada en disputas administrativas o políticas.

1. Trasladar la facultad de designación a la Asamblea Nacional

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostiene que la solución estructural radica en retirar al CPCCS la potestad de designar a determinadas autoridades del Estado y devolverla a la Asamblea Nacional.

A su juicio, el mecanismo parlamentario agilizaría las designaciones, aunque advierte la necesidad de contrapesos para impedir la concentración partidista. Aguinaga coincide con la reforma planteada por el presidente Daniel Noboa, pero aclara que no debe someterse a votación en la elección del 29 de noviembre porque "se va a tornar en un referéndum de aprobación a Noboa". En su lugar, sugiere una consulta independiente:

Hay que hacer un referéndum independiente con esta y otras preguntas que tengan que ver con la reingeniería de los partidos políticos, un nuevo sistema de partidos y el tema de quitarle esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

2. Unificar el concurso para renovar a los cinco consejeros

Por su parte, Esteban Ron, constitucionalista, experto electoral y decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, plantea ejecutar un solo concurso integral avalado jurídicamente por la Procuraduría General del Estado:

Esta opción fue anunciada en mayo de 2024 por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, e impulsada por el entonces consejero Juan Esteban Guarderas, quien propuso un calendario con nuevos requisitos manteniendo la veeduría y la comisión. No obstante, la moción fue revertida internamente. Para Ron, la traba no es legal: "Lo más sano sería reunificar y hacer un cambio de los cinco consejeros", apuntando a que el estancamiento responde a conveniencias y pactos políticos internos.

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3. Sanciones y destitución por incumplimiento de plazos

La tercera alternativa apunta a establecer responsabilidades legales para frenar demoras reiteradas. Aguinaga propone castigos severos para las autoridades del órgano nominador:

Debería haber sanciones fuertes de destitución para aquellos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no cumplen los plazos dentro de lo que debe cumplirse de conformidad con la Constitución de Montecristi, porque de ahí nació todo.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Factores detrás del bloqueo: pugnas políticas y recursos judiciales

Las causas de la dilatación del proceso generan versiones encontradas entre analistas y autoridades:

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Impacto en la credibilidad democrática y cifras de desaprobación

Para Aguinaga, extender el mandato prorrogado mina la certeza del sistema: "No podemos tener procesos electorales íntegros, claros, transparentes", lo que incrementa el descrédito ciudadano.

Este desgaste institucional se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de Click Research, realizada entre el 18 y el 23 de septiembre de 2026 a 3.800 personas en diez ciudades del país, los índices de rechazo son mayoritarios:

A mi mensaje respondió un empresario quiteño con este comentario: “Yo dejé de leer Expreso hace más de un año, cuando los editorialistas estrella se dedicaron a hacer periodismo político de oposición, cero imparcialidad. Nada que ver con intervención del Gobierno. Mala estrategia del periódico, pensó que ponerse en la oposición le daba más ventas, ¿no?”.

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Lo primero que pensé al leer este comentario fue: este señor no tiene idea de lo que es periodismo. Y se lo dije. Para él, criticar es hacer oposición, cuando la oposición es un ejercicio en el cual una persona o un grupo pretende tomar el poder. En el periodismo, la crítica se hace sin ese propósito: se critica o se disiente, dos verbos que, junto al de la tolerancia, son pilares básicos de cualquier sistema democrático con el fin de enriquecer el debate público.

En el comentario que le hice le mencioné el caso del Wall Street Journal, que, siendo un medio de derecha que no tiene el más mínimo interés en derrocar a Donald Trump, es profundamente crítico con el presidente de los EE. UU. También mencioné a The New York Times, considerado más de izquierda. ¿A qué demócrata se le puede ocurrir la peregrina idea de que el WSJ o el NYT le hacen oposición a Trump?

Terreno fértil para el poder de turno

Luego de responder, sin embargo, llegué a otra conclusión: en el razonamiento de este empresario se evidencia que mentes como la suya resultaron ser el terreno más fértil para la germinación y crecimiento de la doctrina de Rafael Correa, según la cual el periodista crítico, es decir el que hace su trabajo, es opositor y busca su derrocamiento: el viejo y manido recurso de los populistas del tercer mundo según el cual o estás con el poder o estás en contra de la patria. Correa lo repitió cientos de veces y, como se ve, sus palabras no cayeron en balde, sino en tierra fértil.

Pero, pasadas las horas, me asaltó un nuevo razonamiento, del que estoy convencido: el factor que terminó por aniquilar a EXPRESO es que varios empresarios como este no creen en la democracia. Dicen ser demócratas y defender los principios de la democracia cuando el caudillo de turno pone en riesgo sus bolsillos, y se pasan por el forro esos principios (entre los que está la libertad de expresión) cuando el caudillo es uno de los suyos. No son demócratas ni por asomo, porque en la democracia liberal tienen que competir para ser los mejores y el caudillo mercantilista, el que les gusta, es parte de su tribu y ayuda a sus negocios.

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Este es el factor que, a más del hostigamiento del gobierno, terminó por aniquilar a EXPRESO. Empresarios que pautaban en el periódico, entre otras razones porque decían creer en la democracia liberal, que no existiría sin periodismo crítico, prefirieron comprar indulgencias del caudillo mercantilista y retiraron su pauta del diario. Algunos, incluso, precisamente para comprar más indulgencias, pasaron esas pautas a medios que han sido comprados por el Gobierno (con fondos reservados o quién sabe con qué otros recursos) para congraciarse con los dueños del poder.

Ellos saben, los supuestamente muy demócratas, que ayudando a capitalizar esos medios fraudulentos, cuyos ingresos Dios sabrá a dónde van, se ganarán las simpatías de las superintendencias y del Servicio de Rentas Internas. En otras palabras, sobornan con caché y sin pasar por el Código Penal.

Expreso cierra un capítulo

EXPRESO cierra hoy una trayectoria impecable de ejercicio periodístico en su edición impresa: ha sido crítico durante 53 años con todos los gobiernos porque esa es, precisamente, la esencia del periodismo. Muchos de esos gobiernos habrían querido verlo en su situación actual. El autoritarismo cleptocrático del correísmo habría estado feliz de llegar a este punto, pero su perversidad no alcanzó.

Ahora resulta que el autoritarismo cleptocrático del Nuevo Ecuador fue más eficiente y usó las más inverosímiles estrategias para su decapitación. Desde el deshonesto lanzamiento de acusaciones, sin prueba alguna, de evasión tributaria y lavado de activos, hasta la intervención de una Superintendencia de Compañías de bolsillo que, gracias a piruetas ilegales, llegó al no-va-más de la perversidad y bloqueó los pagos a los abogados que debían defenderlo del acoso; hasta la prohibición de la venta de un terreno que le habría dado, al menos, algo de oxígeno.

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El Gobierno de Daniel Noboa no solo quiso ver silenciado a EXPRESO por ser un medio por donde circula el pensamiento crítico. Lo destruye porque sabe que, sin el periodismo que ejerce, no volverán a salir a la luz los negociados que ha destapado el periodismo que no está comprado. Sin un periodismo libre y auténtico, ahora el Gobierno no estaría sufriendo por casos de corrupción como Progen, o no habría temblado por el de Healthbird.

Y qué decir del caso Porsche, las ventas chuecas de tierras en la Península, el proyecto inmobiliario de su familia en Olón, la aparente evaporación de las deudas tributarias del grupo Noboa o incluso el asesinato de Mónika Silva, que su ministro estrella quiso, canallescamente, hacer pasar por un suicidio.

EXPRESO ha sido castigado por hacer su trabajo. Ese fue su gran pecado, pero también es su mayor legado.

El acto tuvo lugar en la biblioteca de la FACSO, en Quito. Urresta fue una de las invitadas y ocupó un espacio en la mesa central junto al decano de la facultad, Luis Molina, y al director de la nueva carrera, Marcel Merizalde.

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Luego de las presentaciones de las autoridades académicas, se abrió un espacio para las intervenciones de los asistentes, entre ellos, exestudiantes, periodistas y alumnos de la facultad. Fue entonces cuando intervino Moisés Avilés, representante de la Asociación de Escuela de Comunicación Social.

Después de congratularse por el lanzamiento de la nueva carrera, Avilés cuestionó la presencia de Urresta en la facultad. “Como asociación nos parece un desacierto que contemos con la presencia de una representante de del Gobierno que ayer, en la Universidad de Cuenca impidió la movilización de los propios docentes y estudiantes en su propio campus y los reprimió”, dijo.

El presidente de la asociación también cuestionó la censura a periodistas por parte del Gobierno Nacional y la negativa de funcionarios del gabinete a conceder entrevistas. “Se nos reprime cuando hay movilizaciones”, recordó. Luego, dijo que no podían compartir el mismo espacio y se retiró junto a sus compañeros.

Sin embargo, ese no fue el único momento incómodo para la asambleísta en la que fue su facultad durante sus años de formación. Mientras se retiraba, un grupo de estudiantes también gritó: “fuera Noboa. Fuera”.

¿Qué se dijo sobre el caso David Romo?

Luego de varias intervenciones, Urresta también tomó la palabra. Volvió a recordar su salida de Revolución Ciudadana, movimiento por el que fue elegida para el actual periodo legislativo. Mencionó que su salida se había gestado mucho antes de la acusación que hizo contra la expresidenta de esa organización política, Luisa González.

“Los chats emitidos por la señora Luisa González fue solo la gota que derramó el vaso para salir de esa bancada”, dijo Urresta.

Afirmó que, durante el anterior periodo legislativo, se conformó la denominada Comisión de la Verdad, cuyo objetivo, según explicó, era investigar casos de lesa humanidad.

Uno de esos casos habría sido el de David Romo, estudiante de la FACSO que permanece desaparecido desde 2013. “Es fue el caso de mi compañero y buen amigo David Romo. Yo era presidenta de esa comisión”.

Urresta dijo que recibió la orden directa de no continuar con la investigación y que el inicio del proceso de fiscalización de ese caso marcó el comienzo de su salida de la bancada. “Tenemos una deuda pendiente y en este mayo que viene, en el reseteo de la Asamblea Nacional se iniciará el proceso de fiscalización junto a la familia de David Romo”, anunció.

La respuesta de Alexandra Córdova, madre de David Romo

Antes de que concluyera el acto, la madre de David Romo también intervino. Cuestionó a Urresta por su actuación como asambleísta durante el periodo anterior, cuando pertenecía al correísmo.

“Gracias Jhajaira por decir ahora públicamente lo que nosotros ya sabíamos con anticipación. Te pedí un favor y te negaste. Entiendo por qué te negaste pero podías haberlo dicho ese momento porque no solo se trata de que era asambleísta. Eres madres. Eres una ciudadana. Fuiste una compañera de David y en ese momento tenías que haber dicho lo que sucede”, afirmó Alexandra Córdova.

La madre recordó que han transcurrido 13 años desde la desaparición de su hijo y que, durante ese tiempo, han pasado tres gobiernos sin que se esclarezca su paradero. También reveló que existe la posibilidad de crear una comisión internacional para buscarlo.

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“Nos dicen que debe ser ad honorem porque no hay dinero para buscar a David. Es me parece terrible. Yo sé que en este gobierno no desapareció pero que exista esa respuesta el día de hoy”, afirmó.

Quito

Pichincha frente a El Niño: plan de acción, zonas en riesgo y medidas según Paola Pabón

Rosero Mariela

Pabón, quien cumplió 48 años en enero, aseguró que seguirá en funciones hasta el 14 de mayo del 2027. “Seguiré trabajando hasta el 14 de mayo. Tendrán una prefecta mujer, embarazada, recorriendo los caminos de Pichincha”, señaló a este medio de comunicación.

La prefecta de Pichincha prefirió no ofrecer más detalles sobre su vida privada; ofreció hacerlo cuando pase más tiempo, aunque manifestó su felicidad por el embarazo. “Con la misma pasión que asumo esto en la vida, tengo la posibilidad de vivir este sueño. Estoy muy conmovida, muy alegre”, dijo.

Las dificultades de combinar la carrera política con la maternidad

Pabón inició su trayectoria política a los 21 años, cuando se vinculó a la Izquierda Democrática, partido en el que permaneció durante siete años. Posteriormente participó en la fundación de Alianza PAIS, que dio inicio al correísmo.

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IVONNE MANTILLA

Entre 2009 y 2015 ejerció como asambleísta. En enero de 2016 asumió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, cargo que ocupó hasta agosto de 2017. Desde entonces, su principal espacio político ha estado en Pichincha, donde ejerce como prefecta desde 2019. Está terminando el segundo período.

Su gestión se ha caracterizado también por una presencia frecuente en territorio. Es habitual verla durante recorridos por distintos cantones y parroquias de la provincia con ropa y calzado apropiados para las actividades de campo.

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Además de sus cargos en el Ejecutivo y la Asamblea, Pabón presidió el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope).

Ahora, mientras continúa con sus actividades como prefecta, afronta una nueva etapa personal. Con el embarazo, asegura que mantendrá su ritmo de trabajo y sus recorridos por la provincia hasta el final de su actual periodo. 

Paola Pabón se ha mostrado como una tía dulce para Jacob, su sobrino de 12 años. Se la ve celebrándole el cumpleaños, llenando el álbum del Mundial con él, etc.