Lo que debes saber 

• Cinco organizaciones políticas de América Latina emitieron una declaración sobre el proceso electoral ecuatoriano.
• El documento cuestiona las condiciones de competencia política y solicita observación internacional desde las primeras etapas del calendario electoral. 
• Además, pide garantías para la participación de las precandidaturas afectadas por recientes decisiones judiciales.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, Nuevo Perú por el Buen Vivir, Movimiento Derecho al Futuro de Argentina, Pacto Histórico de Colombia y Frente Amplio de Chile emitieron una declaración conjunta en la que expresan preocupación por las condiciones en las que se desarrolla la etapa preparatoria de las elecciones seccionales de Ecuador 2026-2027. Los movimientos sostienen que existen dudas sobre el pluralismo político y la igualdad en la competencia electoral.

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El pronunciamiento, difundido el 24 de julio de 2026, señala que los recientes acontecimientos relacionados con organizaciones políticas ecuatorianas generan interrogantes sobre las garantías democráticas. En el documento también destacan el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral el 3 de junio, cuando confirmó que la Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral para acompañar el proceso.

Los firmantes consideran que ese seguimiento debe comenzar antes de la jornada de votación y extenderse a las fases previas del calendario electoral. En ese contexto afirmaron: "Valoramos esta decisión y estimamos que dicho acompañamiento debe comenzar desde las etapas previas del ciclo electoral".

Suspensión de movimientos políticos marca la preocupación regional

El comunicado recuerda que en marzo de este año el Tribunal Contencioso Electoral suspendió al movimiento Revolución Ciudadana. Posteriormente, el movimiento AMIGO anunció que permitiría la participación de candidaturas respaldadas por esa organización, pero días después la Fiscalía General solicitó su suspensión y el Tribunal resolvió aplicar la misma medida cuando estaba por concluir el plazo para registrar alianzas electorales.

Según los partidos firmantes, esta secuencia obligó a numerosas precandidaturas a reorganizar su participación en pocas horas mediante otras organizaciones políticas, mientras otras no lograron formalizar sus postulaciones antes del cierre del plazo legal. A su criterio, ello podría tener efectos sobre las condiciones de competencia entre las fuerzas políticas.

Frente a este escenario, el documento advierte: "La acumulación de decisiones de esta naturaleza sobre organizaciones que representan a uno de los principales sectores de oposición constituye una señal de alerta para la calidad de la democracia".

Piden observación internacional desde el inicio del proceso

Las organizaciones políticas hicieron un llamado a los organismos internacionales especializados en observación electoral para que acompañen el proceso ecuatoriano desde sus primeras etapas. Además, solicitaron que requieran información al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo Nacional Electoral sobre las medidas previstas para garantizar los derechos políticos de las precandidaturas inicialmente vinculadas al movimiento AMIGO.

El objetivo, indican, es evitar que las decisiones judiciales adoptadas sobre organizaciones políticas terminen convirtiéndose en obstáculos indirectos para la participación electoral de personas y candidaturas. Los firmantes consideran que el seguimiento internacional contribuiría a preservar condiciones de igualdad durante el proceso.

En el comunicado también sostienen: "La democracia se fortalece cuando las diferencias políticas se resuelven mediante el voto ciudadano y bajo reglas que aseguren igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas".

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Firmantes sostienen que el debate trasciende a Ecuador

El pronunciamiento afirma que la situación ecuatoriana también tiene implicaciones para América Latina, al señalar que la región enfrenta un escenario de creciente disputa geopolítica. En ese contexto, los partidos consideran que la defensa de instituciones democráticas sólidas y de una competencia política efectiva requiere la articulación de fuerzas democráticas a nivel regional.

Finalmente, las organizaciones firmantes manifestaron su disposición para colaborar en el acompañamiento y observación de los procesos políticos y electorales que se desarrollen en Ecuador, con el propósito de respaldar el pluralismo político, la igualdad de condiciones en la competencia electoral y la integridad democrática.

Lo que debes saber

• El TCE admitió la denuncia del CNE contra el movimiento Amigo por no presentar cuentas.
• La audiencia oral única de pruebas y alegatos quedó fijada para el 11 de agosto de 2026.
• Las sanciones incluyen multas de hasta $ 28.920 y la cancelación de la organización política.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del movimiento Amigo por una presunta infracción electoral. La causa se dio paso en Quito, luego de que el juez electoral Guillermo Ortega verificara la aclaración del recurso interpuesto por el órgano electoral. La acusación señala que la organización política incurrió en la falta contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, al no presentar las cuentas del partido.

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Juzgamiento por la no presentación de cuentas del partido

El juez electoral Guillermo Ortega resolvió admitir la causa contra el movimiento Amigo una vez que el CNE aclaró y completó la acusación. El proceso legal señala de forma directa a tres directivos y administradores de la organización política:

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Audiencia oral única en el Tribunal Contencioso Electoral

Para continuar con el juzgamiento de la infracción electoral, el juez Guillermo Ortega fijó la fecha para la fase de juzgamiento:

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Posibles sanciones según el Código de la Democracia

El proceso iniciado contra el movimiento Amigo responde a la falta tipificada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, la cual estipula severas sanciones económicas y políticas:

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Suspensión temporal por investigación de la Fiscalía

De forma paralela a esta causa en el TCE, el movimiento Amigo afronta una medida cautelar administrativa:

Los detalles del caso

• Raffo interpuso una acción de protección para anular la suspensión de nueve días impuesta por el CAL.
• La medida surge tras la denuncia de la legisladora Janina Rizzo por un presunto insulto en una comisión.
• La asambleísta correísta alega violación al debido proceso, derecho a la defensa y persecución política.

La asambleísta Ana María Raffo, del bloque de la Revolución Ciudadana, presentó una acción de protección con medida cautelar ante la justicia en Quito, Pichincha, el 24 de julio de 2026. La medida busca suspender de forma inmediata la sanción de nueve días sin sueldo impuesta por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, tras una queja planteada por la legisladora Janina Rizzo, de ADN. Raffo alega que el proceso vulneró sus derechos constitucionales, el debido proceso y su derecho al trabajo.

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Acción de protección contra el CAL de la Asamblea Nacional

La causa presentada por Ana María Raffo recayó en el Tribunal de Garantías Penales de la parroquia Iñaquito, integrado por los jueces Ivon Catterine Vásquez Revelo, Edmundo Vladimir Samaniego Luna y Karen Matamoros Orellana.

A través de este recurso judicial, la legisladora solicita que se declare la nulidad constitucional de la resolución administrativa emitida por el CAL y la restitución plena de sus derechos parlamentarios.

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Peticiones de la legisladora a la justicia

Dentro del recurso planteado, la asambleísta de la Revolución Ciudadana exige las siguientes medidas reparatorias:

Presuntas vulneraciones a los derechos constitucionales

En el texto de la demanda, Ana María Raffo fundamenta que la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) incurrió en múltiples e infracciones a la Constitución del Ecuador y a convenios internacionales.

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Derechos y principios presuntamente vulnerados

Origen del conflicto entre las asambleístas Ana María Raffo y Janina Rizzo

La sanción disciplinaria, notificada el 22 de julio de 2026, impone nueve días de suspensión sin sueldo a Ana María Raffo. La medida se originó por una queja administrativa presentada por Janina Rizzo, asambleísta de la bancada de ADN y presidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Según la resolución del CAL, Raffo fue sancionada por haber tildado de "sinvergüenza" a Rizzo durante una sesión de dicha mesa legislativa.

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Argumentos de descargo y denuncias de irregularidades

Por su parte, Ana María Raffo sostiene que la resolución del CAL constituye una represalia política y señala irregularidades dentro del trámite administrativo:

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Lo que debes saber

• Frente al drástico incremento de la violencia y el uso de menores por parte del crimen organizado, la Asamblea Nacional impulsa un proyecto de ley.
  
• El proyecto se enfoca en endurecer las penas contra los reclutadores y obligar a diversas instituciones a implementar medidas de prevención.
• Especialistas y legisladores coinciden en que el éxito de la propuesta no depende de la creación de más leyes, sino de superar falta de institucionalidad.

 Cada vez más niños y adolescentes son captados por organizaciones criminales en Ecuador, mientras las cifras reflejan una violencia que no deja de escalar. Entre 2019 y 2024, los homicidios de menores aumentaron un 627,5 %, según UNICEF Ecuador; en ese mismo período, la Fiscalía procesó a 1.278 adolescentes por distintos delitos y, solo en 2025, fueron retenidos 2.812 menores. Frente a este escenario, la discusión ya no se centra únicamente en cómo castigar a quienes los reclutan, sino en si el Estado tiene la capacidad de evitar que ese primer contacto ocurra.

Con ese objetivo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional impulsa el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de 64 artículos que plantea endurecer las sanciones y obliga a ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y otras instituciones a implementar políticas de prevención, sistemas de alerta temprana, atención psicológica y procesos de reintegración para menores en riesgo o víctimas.

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Los desafíos más allá del papel

Sin embargo, el verdadero desafío no es aprobar una nueva ley, sino hacerla cumplir. Especialistas y legisladores coinciden en que Ecuador mantiene una débil coordinación institucional, escasos protocolos preventivos y poca capacidad para intervenir en los territorios donde el crimen organizado recluta niños y adolescentes. La discusión de fondo es si el Estado tiene recursos y voluntad para pasar del castigo a la prevención.

EXPRESO solicitó entrevistas a los ministerios del Interior, Educación y Salud, instituciones que tendrían un rol clave en la aplicación de esta reforma. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que el análisis se construyó con los aportes de un integrante de la comisión legislativa y especialistas en seguridad y salud mental.

Para el asambleísta Jorge Chamba, la propuesta convierte a los GAD en actores clave mediante programas sociales, deportivos y recreativos dirigidos a menores. Aseguró que esas competencias podrán ejecutarse con los recursos actuales. “No hay recorte en lo económico, en lo absoluto, no hay, no hay”, afirmó. Además, sostuvo que la prevención debe extenderse al entorno digital, donde las organizaciones criminales captan menores mediante videojuegos e internet. Por ello, el proyecto plantea bloquear contenidos vinculados al reclutamiento y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales. “Cuando se vean estos temas, inmediatamente la señal deba cortarse”, señaló.

No existe una planificación adecuada sobre el manejo del reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico. Las bandas consideran a los niños como material desechable.Mario Pazmiño, Exdirector de Inteligencia

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Incremento de penas para los reclutadores

La iniciativa también incrementa las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas, con sanciones de entre 22 y 26 años de prisión. A la par, propone reforzar la prevención desde las aulas con la participación permanente de la Policía Nacional. “Los policías deben ser instructores o capacitadores de estos temas como una materia más”, dijo Chamba.

Desde la seguridad, el exdirector de Inteligencia Mario Pazmiño considera que el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de planificación. “No existe una planificación adecuada sobre el manejo de lo que es reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico”, afirmó. Explicó que las bandas criminales utilizan a los menores como “material desechable” para vigilancia, transporte de drogas, extorsiones e incluso sicariato. Alertó que el reclutamiento inicia con pequeños incentivos económicos y luego deriva en amenazas que impiden a los adolescentes abandonar esas estructuras. Incluso, advirtió que, en algunos casos, “se convirtió esto en un negocio también por parte de padres de familia”.

Para Pazmiño, la prioridad debe ser fortalecer la prevención mediante capacitación a docentes, padres y estudiantes, protocolos de seguridad, vigilancia digital y planes específicos para las escuelas más vulnerables. También cuestionó que algunos municipios limiten su participación en seguridad pese a recaudar recursos destinados a ese fin.

Aspectos más profundos del problema

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La psicóloga clínica Paola Cercado advirtió que la mayor vulnerabilidad no siempre está en la pobreza, sino en la falta de vínculos afectivos. “Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”, explicó. A su juicio, una ley no cambiará la realidad si no va acompañada de políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”, afirmó.

Respecto a quienes ya fueron captados por organizaciones criminales, Cercado sostuvo que la reinserción exige procesos reales de rehabilitación con acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”, expresó. Para la especialista, la principal barrera frente al reclutamiento sigue siendo una infancia acompañada, protegida y atendida antes de que el crimen organizado ocupe ese espacio.

Los GAD podrán asumir las nuevas responsabilidades de esta ley con los recursos actuales. La Policía debe capacitar sobre reclutamiento como una materia más en las escuelas.Jorge Chamba, asambleísta e integrante de la Comisión de Salud

Lo que debes saber

• Juan Carlos González explica por qué decidió entrar por primera vez en la política.
• El precandidato expone sus prioridades para la Prefectura del Guayas, con énfasis en vialidad y seguridad.
• También se pronuncia sobre su paso por el Municipio de Guayaquil y la situación que atraviesa el PSC.

Juan Carlos González, médico emergenciólogo y precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC), conversó con EXPRESO sobre su incursión en la política, las prioridades que plantea para la provincia y su visión sobre el momento que atraviesa la organización política que impulsa su candidatura.

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- Usted es médico emergenciólogo y nunca ha ocupado un cargo de elección popular. ¿Por qué decidió dar el salto a la política en este momento?

- Como médico emergenciólogo, toda la vida he escuchado las necesidades de la gente; un emergenciólogo tiene una característica: escucha, diagnostica y actúa rápido sobre presión, y es lo que yo creo que necesita la Prefectura, alguien que actúe realmente sobre presión, sabiendo hacer las cosas, priorizando, que es lo más importante y haciendo protocolos para hacer bien las cosas. Uno no sabe todo, pero si tienes un buen equipo, que cada uno tenga su rol y su papel, y tú eres un buen líder, todo va a salir muy bien, especialmente para la provincia.

- ¿Ya tiene el equipo?

- Tenemos el equipo. Tenemos ingenieros agrónomos, hidráulicos, estructurales; con todos ellos estamos formando el plan para la provincia. Estamos diagnosticando, con eso podemos tratar y actuar.

- ¿Cuál es el diagnóstico de la de la provincia de Guayas?

- Son varios los problemas que tiene la provincia: salud, seguridad, viabilidad, producción, ya sea agrícola, ganadera o pesquera, y comunicación.

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- ¿Cuáles serán las prioridades que tendrá usted en la Prefectura?

- Primero, vialidad, especialmente la vialidad rural para que la persona pueda sacar sus productos a tiempo, por ende, disminuirá los costos. No solo sacas los productos, conectas a la provincia, das generación de empleo, y algo importante, una buena vía salvavidas. No es lo mismo una mujer que está dando a luz llegue a un sitio en 45 minutos que en 15 minutos, esos 15 minutos pueden salvar la vida de alguien. Entonces, la primera prioridad será los caminos rurales.

- ¿Ya se han identificado estas zonas?

- En este momento, estamos levantando la identificación. Incluso la Prefectura también tiene levantado esos datos; unimos los datos y vamos a trabajar como se debe trabajar.

- Luego de la vialidad, ¿cuáles serían los otros proyectos en los que se enfocaría?

- Seguridad es importante. Hay que seguir con el trabajo del tejido social. Vamos a hacer corredores seguros, iluminados, con puestos de descansos para los transportistas y con zonas de respuesta rápida. Vamos a reactivar los puestos de trabajo de los policías y militares para que sean espacios agradables porque se los han abandonado; vamos a trabajar con el Gobierno nacional.

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- Con el Gobierno nacional, ¿cómo van a trabajar?

- La seguridad hay que trabajarlo junto con el Gobierno Nacional, junto con la Policía y los militares. Yo no soy partidista, no tengo un partido político. Toda mi vida he sido médico, toda mi vida he servido a la gente y eso es lo que yo quiero hacer. Si me tengo que sentar a conversar con un alguien de otro partido, nos sentaremos. Al Guayas ya no hay que manejarlo como un partido político, hay que manejarlo como un paciente.

- Usted ha trabajado para la administración municipal encabezada por Revolución Ciudadana y RETO. ¿Cómo explica ahora su candidatura por el PSC?

- Si usted es buena en su trabajo y es llamada a trabajar en algún sitio, usted lo hace por amor, porque quiere hacerlo; no por partidista. A mí, el alcalde Aquiles Álvarez me llamó, como llama a alguien con experiencia; hice mi trabajo en la Dirección de Salud (del Municipio de Guayaquil), están los resultados visibles de cómo mejoramos la salud de Guayaquil y ahora tengo otro llamado. Pueden investigar, yo tengo ninguna afiliación política.

- ¿Ni al PSC?

- Ni al PSC. Yo tengo capacidad, liderazgo y ganas de trabajar y amor a lo que hace.

Si llevas un buen liderazgo y control, y pides exámenes a Contraloría, con eso bajas bastante la corrupción.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Ha conversado con el alcalde Aquiles Álvarez sobre el reto que iba a tomar?

- No he podido conversar con él por la situación que tiene; pero él lo deberá entender.

- ¿Cómo interpreta las recientes salidas de dirigentes históricos del PSC?

- Bueno, eso tendrán que evaluarlo los dirigentes del partido. Tendremos que conversar con ellos.

- ¿Han conversado al respecto?

- En este momento, yo no conversado con ellos porque me he dedicado a hacer la planificación de lo que se va a hacer.

- ¿Cree que afectará a las votaciones?

- Cuando venga la campaña tendrán que escuchar lo que les tengo que decir y lo que les quiero prometer. Nunca voy a prometer algo que no pueda cumplir y eso lo he demostrado en mi vida privada y en mi vida pública.

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- ¿No afectará?

- Bueno, tendrán que regresar cuando vean las propuestas que tengo y ellos decidirán, si vuelven; decidirán si quieren, en este caso, que la provincia cambie, que tenga un liderazgo no político, sino realmente (de) ganas de trabajar.

- ¿Su candidatura tuvo algo que ver con estas salidas?

- No, mi candidatura no ha tenido nada que ver.

- ¿Cómo evaluaría la gestión de la última Prefectura?

- Tenemos dos prefecturas, la de Marcela Aguiñaga y la de Carlos Encalada. Yo creo que ellos han hecho bien su labor. Lo que nosotros debemos hacer es continuar lo que se ha hecho bien, reformar lo que no está tan bien. Lo peor que puedes hacer es sentarte y desbaratar toda una estructura que tal vez ya está. Mira, nosotros no venimos a improvisar, venimos a trabajar de verdad.

Quiero dejar un legado; así como he podido ayudar en Guayaquil, creo que también puedo hacerlo en Guayas.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Qué va a mantener?

- Por ejemplo, lo de las semillas certificadas.

- El dragado del río Guayas ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años. ¿Cuál es su posición sobre este proyecto y qué acciones impulsaría?

- Si no tengo profundidad, no tengo drenaje, por eso es por lo que a veces ciertas zonas aledañas a los ríos Guayas y Daule hay inundaciones. Debemos enfocarnos en que sea algo perenne, no solamente por invierno. Dentro de nuestro proyecto estamos visualizando también el transporte fluvial y la atención médica fluvial.

Los puntos claves de este análisis

• El juicio político como escenario convierte a periodistas en protagonistas y, según el análisis, erosiona la independencia y la credibilidad de la prensa.
  
• Los casos de Andersson Boscán y Álvaro Espinosa evidencian un patrón creciente: investigaciones periodísticas que terminan influyendo o formando parte de procesos políticos en la Asamblea.
  
• El artículo advierte que, cuando los periodistas pasan de investigar al poder a intervenir en juicios políticos, se desdibujan los límites entre prensa, política y justicia, con riesgos para la democracia.

Que los periodistas se conviertan en protagonistas de las audiencias de un juicio político es una pésima idea. Al menos para el periodismo, porque para los políticos siempre será un excelente negocio: ellos casi siempre saldrán airosos, sean los interpelados o los interpelantes. 

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Quien termina gravemente lesionado es el periodismo, que pierde credibilidad al trastocar los papeles que le corresponden. Esta modalidad de periodistas convertidos en inspiradores de los políticos durante los juicios políticos empieza a aparecer en el Ecuador y, tarde o temprano, podría convertirse en un peligroso precedente para el periodismo independiente. 

Y cuando el periodismo independiente corre riesgos, también los corre la democracia.

Los dos casos de periodistas en busca de protagonismo

Por ahora hay dos casos notorios. El primero es el de Andersson Boscán, quien fue un animador importantísimo del juicio político contra Guillermo Lasso, proceso que desembocó en la muerte cruzada, antecedente directo de la actual circunstancia política. 

A inicios de 2023, Boscán compareció ante la Asamblea y, desde su programa en La Posta, impulsó el juicio político apoyado en su investigación sobre El Gran Padrino, según la cual el gobierno de Lasso mantenía vínculos con la mafia albanesa.

“A Lasso no hay que enjuiciarlo por peculado. Hay que enjuiciarlo por traición a la patria”, dijo Boscán en uno de sus programas, prácticamente sugiriendo a los asambleístas la causal del juicio político que buscaban. 

Finalmente, Lasso fue enjuiciado por un supuesto peculado relacionado con un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, suscrito durante un gobierno anterior. 

Ese caso fue posteriormente archivado por la justicia al no encontrarse indicios suficientes. Sin embargo, la actuación de Boscán fue determinante en el clima político que condujo a la salida de Lasso.

El caso Apagón, también conocido como Progen

El segundo caso es el del periodista Álvaro Espinosa. A inicios de esta semana compareció ante la Comisión de Fiscalización para explicar una investigación periodística sobre el caso Progen, durante la sustanciación del juicio político contra la exministra Inés Manzano. 

Su participación terminó siendo, sobre todo, útil para los abogados de la exfuncionaria, que lo interrogaron como si fuera un perito y no un periodista. ¿Quiénes sacaron provecho de la escena? Precisamente los abogados de Manzano.

Ambos casos forman parte de un fenómeno que crece en un ecosistema mediático donde algunos periodistas empiezan a parecerse más a los influencers que a periodistas. Y, si no se parecen, al menos parecen querer serlo.

En países con sistemas democráticos sólidos existe una tradición que procura evitar que los periodistas se conviertan, voluntaria o involuntariamente, en herramientas de los políticos. Hay varias razones, tanto deontológicas como institucionales, por las que se considera inconveniente que los periodistas se transformen en protagonistas de un juicio político.

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La independencia para sortear cualquier relacionamiento

La primera es la independencia. La idea de que el periodista debe fiscalizar al poder y no integrarse a él es un principio irrenunciable. Si comparece para respaldar la acusación o la defensa de un funcionario, deja de ser percibido como un observador independiente y pasa a ser visto como un actor del proceso político.

Cuando un periodista se convierte en la punta de lanza de un juicio político, una de las primeras víctimas es la credibilidad. La credibilidad del periodismo depende tanto de la independencia real como de la apariencia de independencia. Si aparece en una sesión de la Comisión de Fiscalización indicando a los legisladores cuál debe ser la causal para una censura, tanto el periodista como el periodismo pierden mucho.

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El periodista no es el fiscal de su investigación

Otro problema tiene que ver con la naturaleza de la prueba, y este es uno de los aspectos más importantes. El trabajo del periodista consiste en descubrir información, contrastarla y hacerla pública. Una vez publicada, corresponde a las instituciones del Estado obtener las pruebas originales, citar a los testigos directos y establecer responsabilidades. 

Si el periodista termina convirtiéndose en la pieza central de la acusación, existe el riesgo de que el debate político se desplace de los hechos hacia el medio de comunicación.

También existe un problema de confusión de roles. En una democracia, el periodista investiga; el fiscal acusa; el legislador ejerce control político; y el juez decide. Cuando esas funciones se mezclan, se debilita la separación entre la prensa y las instituciones del Estado. El periodista puede terminar siendo percibido como un auxiliar de una facción política o de un órgano estatal.

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Ser y parecer periodista para proteger las fuentes

Otro aspecto importante es la protección de las fuentes. Si los periodistas se convierten habitualmente en testigos de procesos políticos, aumentará la presión para que revelen cómo obtuvieron la información o quién se la proporcionó. Eso puede desalentar a futuros informantes y debilitar la función de vigilancia que cumple la prensa.

Por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se consolidó una práctica institucional: el periodismo puede desencadenar un juicio político, pero no debe sustituirlo ni protagonizarlo. 

El ejemplo clásico es Watergate. Las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein fueron decisivas para revelar el escándalo, pero el proceso de impeachment se construyó sobre testimonios de funcionarios, documentos oficiales y las grabaciones de la Casa Blanca, no sobre la declaración de los periodistas. Esa separación permitió preservar tanto la independencia de la prensa como la legitimidad del procedimiento político.

En Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario.

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El primer mandatario se dirigió a los asistentes para exaltar el carácter independiente de la ciudad, previo a la celebración musical por sus fiestas fundacionales.

Guayaquil

Ya no viene Sech: evento de Daniel Noboa en Guayaquil mantiene a Gilberto Santa Rosa y Elvis Crespo

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Discurso de Noboa

Noboa enfocó su mensaje en la necesidad de un régimen que "no se conforme con administrar los problemas", lanzando críticas veladas a las administraciones locales pasadas por utilizar "falsamente" la bandera del progreso y dejar a los sectores más vulnerables en el olvido. Entre los asistentes estuvo la exalcaldesa Cynthia Viteri, quien se perfila como su candidata para los próximos comicios seccionales del 29 de noviembre.

En el ámbito de las obras, el mandatario intentó capitalizar la gestión de su administración mencionando la construcción del Quinto Puente y el parque en Monte Sinaí. Sin embargo, el anuncio careció de novedades prácticas: el parque fue prometido a inicios de 2025 y aún no registra el inicio de su construcción, mientras que las labores iniciales del viaducto sur arrancaron apenas un día antes de este pronunciamiento.

También entregó la distinción "Pórtico de Oro" al exseleccionador de la Tricolor, Dušan Drašković. Su hija lo recibió en su nombre. 

Evento con invitados políticos

Toda la jornada estuvo envuelta en un percibible ambiente de campaña electoral. Entre los asistentes destacó Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas y candidata a esa Alcaldía para el 29 de noviembre de 2026; además de otros candidatos para los diferentes GAD, del partido ADN.

La corta intervención sirvió como preámbulo protocolario para la agenda festiva organizada por el Ejecutivo. Tras el retiro del mandatario, la tarima quedó a disposición del público para dar paso a las presentaciones gratuitas de los artistas internacionales Gilberto Santa Rosa y Elvis Crespo.

Las claves que debes saber

• Plataforma de Leonidas Iza apeló al TCE el 23 de julio por revocatoria contra Daniel Noboa.
  
• Impugnación busca revertir la negativa del CNE a entregar formularios para recolectar firmas.
• Si el TCE rechaza el recurso, el grupo acudirá a la Corte Constitucional con acción de protección.

La organización dice que agotará las opciones. El abogado Washington Andrade, integrante de la Plataforma Ciudadana para la Revocatoria, presentó una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que negaba la entrega de los formularios para iniciar con el proceso que busca revocar el mandato al presidente Daniel Noboa por el supuesto incumplimiento de su plan de trabajo.

(Te invitamos a leer| Concurso para fiscal avanza a fase de escrutinio público; De La Gasca no impugnó descalificación)

Andrade dijo que interpuso ese recurso la tarde del 23 de julio de 2026, antes de que concluya el plazo previsto en la ley. "Presentamos el recurso subjetivo electoral para que el TCE, en sus diferentes instancias, sea el que decida. Vamos a reforzar la fundamentación de la solicitud", manifestó.

El representante de la organización, en la que también participa Leonidas Iza, dirigente de la Ecuarunari, criticó la decisión del CNE y defendió la acción emprendida contra del Ejecutivo. 

"Propusimos la revocatoria con todos los requisitos jurídicos, incluso con fundamentación, sin embargo, como es un tema subjetivo, los consejeros dicen que no se ha justificado el planteamiento, ese incumplimiento lo vivimos todos los días", agregó.

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El jurista sostiene que esa negativa se debe a que el plan de trabajo que entregó Noboa, junto a su binomio, la vicepresidenta María José Pinto, "se presentó de manera tramposa, con el claro propósito de que no sea medible ni objeto de control social. El CNE le termina premiando cuando dice que no se ha demostrado el incumplimiento. Esto es lo que el TCE tiene que desentrañar".

La organización descartó una supuesta desestabilización, como el régimen ha calificado a la iniciativa. Además, reconoció que desconfía del Tribunal. Esto porque el organismo suspendió al movimiento político Amigo, decisión que le impide participar en las próximas elecciones. 

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Sin embargo, indicó que recurrirá a todas las instancias legales. "Aunque hemos visto que el TCE también está coopado, proscribiendo organizaciones políticas, nosotros debemos cumplir con los pasos jurídicos", indicó.

Finalmente, Andrade adelantó que si el TCE no acoge su impugnación, la plataforma llegará a la Corte Constitucional (CC). "Recurriremos con una acción de protección", aseguró.

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Esta es la segunda acción que presentan los promotores de la iniciativa en contra de la resolución del CNE. Hace una semana entregaron un recurso de corrección en el organismo electoral.

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El CPCCS se reunió en sesión extraordinaria y de manera virtual. El presidente del organismo, Andrés Fantoni, fue el encargado de presentar la moción para aprobar la convocatoria.

Fantoni señaló que el CPCCS debe garantizar reglas claras. “Le corresponde a los ecuatorianos participar y ejercer el control social”, afirmó. La convocatoria establece: “Se convoca a la ciudadanía y organizaciones sociales a presentar sus objeciones respecto a los postulantes”.

Las impugnaciones podrán presentarse cinco días después de la publicación oficial de la convocatoria. Estas se recibirán tanto en la matriz del CPCCS, en Quito, como en las delegaciones provinciales de la entidad.

Las causales para presentar una impugnación contra alguno de los postulantes están relacionadas con el incumplimiento de requisitos, la falta de probidad, estar incurso en inhabilidades, haber omitido información o haber falsificado documentos.

¿Cómo se votó en el Pleno?

La sesión, que comenzó pasadas las 13:00 de este 24 de julio, se instaló con la presencia de cinco de los siete vocales del organismo. David Rosero y Piedad Cuarán remitieron sus excusas por no asistir.

La resolución planteada por Fantoni recibió el respaldo de los cinco consejeros presentes. La consejera Nicole Bonifaz dijo que su voto no contradice las observaciones que ha formulado anteriormente sobre los cuestionamientos al proceso para designar al nuevo fiscal general.

José De La Gasca no impugnó su descalificación

Antes de aprobar la convocatoria, el Pleno conoció los memorandos relacionados con la verificación de una eventual impugnación presentada por el exministro de Gobierno de Daniel Noboa contra la descalificación resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección.

Tras constatar que en el sistema Quipux, en el correo institucional y tampoco de manera física se recibió dicha impugnación, el Pleno decidió avanzar a la siguiente etapa del concurso para designar a la nueva autoridad del Ministerio Público.

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Cabe recordar que, tras su descalificación, De La Gasca arremetió contra Fantoni. Sostuvo que el presidente del CPCCS habría estado involucrado en su salida del proceso mediante supuestas infracciones inventadas.

Dijo: "Llené el formulario que estaba disponible en la web. Más allá de la supuesta falta, simplemente no me quieren ahí".

En respuesta a esas afirmaciones, Fantoni señaló: “Si a usted dizque le cometen una ilegalidad y usted está seguro de que tiene la razón, debe tener, pues, los insumos necesarios para contrarrestar la supuesta resolución equívoca, como dice él, que le están haciendo al postulante".

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Presidente Noboa delega el mando de la Armada a Pablo Pazmiño

Durante el acto protocolario, Noboa argumentó que las nuevas generaciones de oficiales navales deberán asumir el control frente a las amenazas internas contemporáneas. "Como presidente, me siento orgulloso de comandar a nuestras Fuerzas Armadas, y defenderé siempre su dignidad de quienes sólo buscan sembrar el caos y la violencia", manifestó el mandatario.

El discurso oficial también sirvió de plataforma para oficializar el traspaso de mando administrativo en la institución militar. Noboa delegó la responsabilidad operativa de esta rama al almirante Pablo Pazmiño, quien asumió el cargo de Comandante General de la Armada Nacional en mayo pasado.

La intervención gubernamental vinculó políticamente las operaciones de seguridad actuales con el legado del teniente de fragata Rafael Morán Valverde, quien comandó el cañonero BAE Abdón Calderón durante la guerra peruano-ecuatoriana de 1941. 

Este evento conmemorativo evoca el enfrentamiento bélico suscitado el 25 de julio de aquel año en el Golfo de Guayaquil, cuando la embarcación ecuatoriana intercambió fuego durante 21 minutos con el destructor peruano Almirante Villar.

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El documento concluye que no existió un nexo causal entre las funciones de la exministra y la suscripción del contrato entre Celec y la empresa uruguaya Austral Technical Management.

El oficialista Luiggi García fue el encargado de mocionar la aprobación del informe, cuyo contenido se conocía desde el 23 de julio de 2026. 

Entre los argumentos para respaldar la recomendación, García se refirió a la temporalidad entre el momento en que Manzano asumió el cargo y uno de los desembolsos efectuados en el marco del contrato fallido.

Con ello, el legislador insistió en una de las conclusiones del documento, que establece: “mediante la prueba de oficio que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16:39 del 9 de octubre de 2024. Según el informe borrador, eso fue horas antes de que el encargo ministerial de Manzano se registrara en el Sistema Minka, lo cual ocurrió a las 18:42”.

La oficialista Ana Belén Tapia arremetió contra los asambleístas del correísmo, proponentes del juicio político. Señaló que la solicitud no fue presentada de forma adecuada y que hicieron un show del proceso. Añadió que no existieron pruebas que permitieran a la comisión adoptar una decisión distinta.

¿Cuál fue la reacción del correísmo?

La asambleísta Ana Herrera expresó su oposición a la aprobación del informe. Dijo: “La exministra Manzano, designada directamente por el presidente de la República, asumió el cargo con la responsabilidad de supervisar los contratos de emergencia eléctrica. Bajo su dirección, en febrero de 2025 se suscribió la segunda adenda para modificar y agilizar los pagos”.

Herrera también señaló: “lo que se pretende hacer es proteger políticamente a una exministra que, cuando tenía la responsabilidad de ejercer la rectoría del sector eléctrico, prefirió guardar silencio”.

Al final, los asambleístas que votaron a favor de recomendar el archivo fueron:

¿Qué pasará ahora?

Tras la aprobación del informe, el documento pasará al Pleno de la Asamblea. Sin embargo, su contenido no es vinculante. Es decir, el Pleno del Legislativo no está obligado a archivar el proceso. Aun así, ADN cuenta con mayoría, un factor que podría determinar el futuro del juicio político contra Manzano.

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Bravo afirmó: “Entramos al calor de una precampaña electoral. Se me ataca por un error cometido en mi declaración patrimonial que, por cierto, ya presentamos la rectificación”, aseguró la autoridad seccional. 

En el video, Bravo aparece con el logo de Clemente Prefecto y los colores morado y blanco, característicos de ADN.

Bravo no profundiza en las explicaciones sobre el error que menciona. Aseguró que cuenta con un certificado emitido en abril de 2026 en el que se especifica que no existe un solo indicio de responsabilidad penal en su contra.

“He trabajado toda mi vida. Mis estudios, para ser ingeniero civil tuve que trabajar de día y estudiar de noche. Mis estudios, y lo digo sin ningún tipo de vanidad, para sacar mi título de abogado, trabajar de día y estudiar de noche”, menciona en su video.

Luego, Bravo recurrió a una referencia religiosa para explicar su situación. “Dios pone reyes y él saca reyes. Estaremos donde Dios y el pueblo nos necesite”, mencionó el actual prefecto. Con esas palabras intentó zanjar las dudas respecto a su patrimonio.

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¿Qué llama la atención del patrimonio del prefecto?

Con base en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado, existe una diferencia importante entre los montos declarados en 2019 y 2023, cuando inició cada uno de sus periodos como prefecto. 

En 2019 registró un patrimonio de 530.384,74 dólares y, en 2023, esa cifra se incrementó a 5.768.451,59 dólares.

La última declaración patrimonial de Clemente Bravo registrada en el sistema de la Contraloría General del Estado corresponde a 2025. Allí consta un patrimonio de 1.312.049,79 dólares, lo que representa una disminución significativa respecto de la declaración presentada en 2023.

En su video, Bravo sostiene que ha sido comerciante toda su vida. “Hermanos orenses. La mayoría de ustedes conoce que, desde muchísimos años atrás, he sido comerciante. Les hablo desde el amor y respeto a muchísimos ciudadanos que han depositado la confianza en mí”, aseguró.

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El consejo consultivo entre el CNE y las organizaciones políticas fue el espacio en el que se aclaró la situación de los candidatos de la Revolución Ciudadana. Fue la consejera Elena Nájera quien puso el tema sobre la mesa de discusión.

La vocal consultó a Juan Carlos González, director nacional de Organizaciones Políticas del CNE: ¿Qué pasa con los candidatos que participaron en primarias con Amigo? ¿Los van a soltar? ¿Los van a retener?

El funcionario del CNE explicó que, en el momento en que se elimina el formulario, los precandidatos terminan su relación con Amigo. Así, según González, los cuadros del correísmo podrían ser candidatos por otra organización política.

La duda sobre la situación de esos postulantes estaba relacionada con la imposibilidad de renunciar a sus precandidaturas ante el mismo movimiento, debido a que fue suspendido. Sobre este punto, González señaló: “El momento que se declaró la nulidad del formulario ya no está en el sistema dentro de esa organización política”.

Esto significa que, con la suspensión de Amigo y al solicitar la nulidad del formulario por parte de los precandidatos, se abre la posibilidad de participar por otra organización. 

“Técnicamente, cuando ya está en una organización pero quieren incluirlo en otra como precandidato se bloquea automáticamente por persona no tanto por organización”, dijo González.Así, la clave del proceso será solicitar la eliminación de los formularios para postular por otro movimiento de cara a las elecciones seccionales de 2026.

¿Qué pasó con el movimiento Amigo?

Ocho días atrás, el 17 de julio de 2026, se conoció una resolución del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Maldonado, sobre la suspensión provisional de Amigo. 

La decisión se basó en una denuncia presentada por el fiscal Leonardo Alarcón tras el inicio de una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos.

Lo que debes saber

• Ana Chóez, concejala de Guayaquil nacida en el Guasmo Sur, destaca por su firme servicio social.
• Su formación en Ciencias Políticas impulsó su paso por el PSC y la asesoría en la Asamblea.
• Promueve el liderazgo femenino, la transparencia en el Municipio y el desarrollo del distrito uno.

Esta historia forma parte de "Ellas para Ellas: Mujeres que mueven Guayaquil", el especial de EXPRESO por los 491 años de Guayaquil, que reúne a mujeres cuyas ideas, liderazgo y trabajo transforman la ciudad desde distintos ámbitos. En esta entrega, conocemos la trayectoria de Ana Chóez, concejal de Guayaquil que pretende inspirar a más mujeres guayaquileñas que quieran dar el paso a la política.

Ana Chóez , concejala de Guayaquil, se define a través de una impronta de fortaleza, valentía y una arraigada postura crítica ante la vida. Nacida y criada en el Guasmo Sur, uno de los sectores populares más representativos y complejos de Guayaquil, Chóez creció bajo el amparo y la guía de su madre soltera y sus abuelos. De ellos recibió una herencia inestimable: la convicción de que la sumisión no es una opción. Esta firmeza, moldeada por las vivencias cotidianas del barrio, se complementó con una fe católica que orientó su accionar hacia la empatía, la honestidad y el trabajo comunitario. Su abuelo Simón, un comerciante que vendía escobas y laboraba sin descanso de sol a sol, se convirtió en su mayor referente de sacrificio y constancia, inculcándole que el esfuerzo propio es la base de cualquier logro.

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Vocación social y militancia política

Su vocación por el servicio social despertó de manera temprana. A los 13 años ya participaba en iniciativas comunitarias dentro de su entorno, canalizando su energía a través de colectivos religiosos y juveniles como la agrupación “Comparte Ecuador”. Esta temprana inmersión en la realidad social de la urbe le permitió constatar de primera mano las profundas inequidades que persisten en la urbe porteña, despertando en ella una certeza inamovible: para generar transformaciones a gran escala, la labor social debía trascender a la esfera política e institucional. Con esa meta clara, se vinculó al Partido Social Cristiano mediante el proyecto “Jóvenes Líderes de Guayaquil”, iniciando un camino de militancia activa desde las bases.

A diferencia de quienes acceden a la política por privilegios de cuna o herencias económicas, Chóez comprendió que su principal herramienta de validación en un entorno adverso para las mujeres jóvenes era la preparación académica. Así, gracias a su excelencia estudiantil en la escuela y el colegio, obtuvo una beca completa para cursar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Esta formación técnica e intelectual le otorgó las credenciales necesarias para ser escuchada y respetada, incluso señala que fue lo que le permitió incursionar en lo público, en un inicio, con el Partido Social Cristiano (PSC), organización política de la que recién se distanció.

El salto al servicio público

Su pericia técnica la llevó posteriormente a desempeñarse como asesora en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde participó en las reformas al Código de la Democracia, una experiencia que consolidó su comprensión sobre el andamiaje legal e institucional del país. u paso por Europa, gracias a una beca internacional en España en 2016, expandió su perspectiva sobre el diseño de proyectos macro, consolidando la idea de que la administración pública debe modernizarse con soluciones técnicas e innovadoras que rompan definitivamente con el viejo asistencialismo.

El trabajo por el liderazgo femenino

Para Ana Chóez, ocupar una concejalía representa la oportunidad de democratizar el poder público y de fiscalizar el uso de los recursos de la ciudad bajo criterios de estricta transparencia. Firme defensora de las cuotas de género y de juventud contempladas en las normativas electorales, reconoce que estas herramientas legales son indispensables para romper los techos de cristal y abrir paso a liderazgos provenientes de la militancia de base y de los sectores marginados de la representación política tradicional.

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Hoy en día, su visión del liderazgo femenino se traduce en una política de cercanía y de pragmatismo orientado a la acción inmediata. Chóez concibe el rol del funcionario público no como un espacio de beneficio personal o de cálculo político, sino como una entrega absoluta al bienestar común. Su objetivo prioritario se centra en que el Municipio y el Estado asuman su rol de facilitadores de oportunidades mediante servicios de salud, saneamiento y educación de calidad, garantizando que el origen de un ciudadano no determine su destino. Para la concejal del distrito uno, liderar siendo mujer es sinónimo de fuerza, solidez y capacidad ejecutiva inquebrantable para transformar realidades.

Lo que debes saber 

• La izquierda ecuatoriana no ha sido un bloque homogéneo, sino un conjunto de corrientes con orígenes, bases sociales y proyectos políticos distintos.
  
• Las principales diferencias entre el correísmo, Pachakutik y las organizaciones tradicionales de izquierda surgieron por sus visiones contrapuestas sobre el modelo económico, el extractivismo y la representación política.
  
• Como resultado, la izquierda llega nuevamente a un proceso electoral fragmentada, con presencia territorial y capacidad de movilización, pero sin una articulación que le permita actuar como un solo bloque.

El principal adversario histórico de la izquierda ecuatoriana nunca fue la derecha. Fue otra izquierda.

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En Ecuador ha habido un partido socialista desde 1926 y un partido comunista desde 1931, un movimiento indígena capaz de derribar presidentes, una corriente insurgente urbana en los ochenta y un gobierno de una década que se llamó a sí mismo Socialismo del Siglo XXI. ¿Existe realmente una izquierda en este país, o solo una sucesión de proyectos que se llamaron de izquierda sin lograr nunca sumarse entre sí?

Han existido al menos tres tipos de izquierda. 

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Conviene, sin embargo, no confundir esa historia de desencuentros con una ausencia lisa y llana. Decir que en Ecuador ‘no hay izquierda’ es tan impreciso como decir que está unificada. Lo que hay es una izquierda atomizada, repartida en organizaciones que siguen vivas.

En términos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, esas corrientes nunca respondieron al mismo clivaje social. Unas se organizaron alrededor del conflicto capital-trabajo, mientras otras surgieron desde identidades territoriales y étnicas que obedecían a una lógica distinta.

Durante el siglo XX coexistieron distintas tradiciones de izquierda: la socialista (PSE), la comunista (PCE), la maoísta (MPD, hoy Unidad Popular) y la insurgente (¡Alfaro Vive, Carajo!, luego incorporada a la política legal).

Y cuando la izquierda finalmente llegó a Carondelet, en 2007, no lo hizo de la mano de ninguno de estos partidos. Llegó con un ‘outsider’ tecnocrático, Rafael Correa, que construyó su proyecto en buena medida marginando a esa tradición partidaria centenaria.

La izquierda ecuatoriana en la actualidad

La única fuerza de izquierda que hoy conserva arraigo territorial sostenido es Pachakutik. Su base no es la clase obrera, sino las comunidades indígenas y campesinas, lo que demuestra que la izquierda con mayor capacidad de movilización terminó siendo la más distante de la tradición de izquierda clásica.

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Pero que Pachakutik haya sobrevivido tampoco resolvió el problema central. Más bien hizo visible que cada izquierda nació para representar un clivaje social distinto.

El proyecto de Rafael Correa financió la expansión del Estado mediante la renta petrolera y minera, mientras Pachakutik construía su identidad política sobre la defensa de los territorios donde esa explotación ocurría.

Esa contradicción se expresó en conflictos como el Yasuní-ITT y la expansión de la megaminería. El correísmo y Pachakutik se distanciaron porque el modelo económico del primero chocaba materialmente contra la base social del segundo.

Ese distanciamiento no explica por sí solo la imposibilidad de unir a las izquierdas. Más bien, vuelve visible un problema mucho más antiguo. Desde el FADI hasta el acuerdo entre Pachakutik y Revolución Ciudadana en 2025, los distintos intentos de unidad han tropezado con el obstáculo de reunir corrientes que, aunque compartan una identidad de izquierda, nacieron para representar distinciones, incluso contradictorias.

En ese contexto, la unión de las izquierdas se volvió todavía más compleja. El correísmo no solo mantuvo profundas diferencias con Pachakutik alrededor del extractivismo; también gobernó enfrentado a organizaciones históricas de la izquierda como el MPD, la UNE y otros sectores sindicales que habían formado parte de esa tradición política.

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Para unos, representó un proyecto de capitalismo de Estado; para otros, una izquierda que terminó reproduciendo prácticas que antes cuestionaba. Así, la corriente que durante años concentró el mayor caudal electoral de la izquierda nunca terminó de ser reconocida como el eje articulador del resto.

De hecho, la única ocasión en que pudo hablarse de una izquierda relativamente unificada en Ecuador fue, paradójicamente, en oposición al correísmo. En 2012, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por más de catorce organizaciones, postuló a Alberto Acosta, fundador de la hoy suspendida RC y luego uno de sus principales críticos. La convergencia de esas fuerzas no se construyó alrededor del correísmo, sino alrededor de su ruptura con él.

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No sorprende, entonces, que las seccionales encuentren a la izquierda en su peor momento de dispersión. Es, otra vez, la fotografía de una izquierda que existe, que compite y que incluso conserva fuerza en distintos territorios, pero que llega a cada cita electoral como un archipiélago y no como un bloque.

Las claves que debes saber

• PSC pierde candidaturas clave en Samborondón y Daule tras renuncias sin explicación en plena campaña.
• Andrés Roche vincula las salidas a presuntas presiones de organismos estatales durante el proceso electoral.
• Renuncias benefician a rivales del oficialismo y reavivan dudas sobre la transparencia de las elecciones seccionales.

¿Qué origina la ola de renuncias de los candidatos socialcristianos para estas elecciones seccionales? La semana pasada, sin dar mayores explicaciones, Belén Yúnez depuso su candidatura a la Alcaldía de Samborondón, a pesar de tenerla prácticamente ganada. Este miércoles 22 de julio de 2026, la exasambleísta Zolanda Plúas, esposa del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y aspirante a primera concejal por ese cantón, renunció también a sus pretensiones electorales dejando un vacío difícil de llenar en la lista socialcristiana.  

(Te invitamos a leer| Nicaragua: la Revolución Ciudadana está descubriendo el autoritarismo que defendió Rafael Correa)

Ayer, el propio candidato a alcalde de Daule, Oswaldo Pantaleón, se retiró de la contienda. A estos casos, el candidato a alcalde de Guayaquil, Andrés Roche, añade uno más: el de Jan Topic, que debería estar ocupando su lugar pero se abstuvo de participar: “Una serie de hechos -describió Roche en un video que publicó ayer en sus redes sociales- que por su coincidencia con época electoral generan graves inquietudes”. 

No necesita decir más: nadie duda de que la mano del gobierno se esconde tras esta deserciones.

El impacto para el PSC

Lo de Samborondón fue un golpe irreparable para el PSC. “Un terremoto”, dijeron los principales cuadros del partido. Con Belén Yúnez, el socialcristianismo aspiraba a prolongar por cuatro años más su control político sobre el cantón, que se extiende ya por tres decenios. Ella es hermana de Juan José Yúnez, el actual alcalde que se encuentra por terminar su segundo mandato. 

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Ambos son hijos de José Miguel, que gobernó la ciudad durante cinco períodos consecutivos desde 1996. Sin embargo, a los pocos días de conocida la postulación de Niels Olsen para ese mismo cargo en representación del oficialismo, Belén Yúlez presentó inexplicablemente su renuncia a la candidatura. ¿Coincidencia?

El caso es rarísimo: Yúnez se había sometido a demasiados pasos para la selección, calificación e inscripción de su candidatura, con la dedicación y el empeño que tal procedimiento exige y los compromisos que acarrea ante la estructura de su partido, como para que un buen día decida, simplemente, “poner una pausa”. Así, sin más. 

Lo dijo en la carta que dirigió al Tribunal Provincial Electoral del Guayas para anunciar su voluntad de deponer su candidatura: había pasado por lo más difícil del proceso, estaba a punto de participar en las elecciones y ganarlas pero, de pronto, decidió “poner una pausa”. Que no había sido una decisión sencilla, dijo. 

Las excusas de los candidatos del PSC

En realidad, se trata de una decisión no ya difícil sino inverosímil. En cuanto a Plúas y Pantaleón, de Daule, más de lo mismo: ambos se limitan a pretextar “motivos de índole personal” (“estrictamente personal”, dice Plúas, apostando vanamente por el énfasis), como si las consecuencias de su decisión lo fueran. Explicaciones que nada explican.

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“¿Qué está sucediendo?”, se pregunta Andrés Roche en su video, transmitiendo la sensación de que conoce la respuesta. “¿No merecen ustedes explicaciones claras cuando coinciden injerencias, investigaciones reservadas, operativos o actuaciones institucionales que terminan eliminando o absorbiendo candidaturas y afectando el normal desarrollo del proceso electoral? 

Las instituciones del Estado no deben ni pueden ser utilizadas para resolver un problema de votos, eliminando otras candidaturas”. Una curiosidad: cuando publicó ese video eran las 6 de la mañana del jueves, Pantaleón no había anunciado todavía su renuncia a la candidatura para la alcaldía de Daule pero Roche se adelantaba ya al desenlace y hablaba de “la situación que está enfrentando”.

Las presiones del Gobierno

¿Qué situación es esa? Está clarísimo: presiones de las instituciones del Estado. No es difícil adivinar cuáles: el SRI y los organismos de control.

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“Casi todos los saben, muchos lo comentan pero pocos se atreven a decirlo en voz alta”, empieza diciendo Roche, que tampoco se atreve. Estamos ante el uso sistemático de los organismos del Estado que se encuentran bajo el férreo (e ilegítimo) control del Ejecutivo, para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o… Absorberlos, como dice Roche. 

¿No es precisamente una absorción lo que acaba de ocurrir en la provincia de El Oro? Clemente Bravo, prefecto aspirante a la reelección por el movimiento provincial Sur, ha sido cooptado por ADN, ha cambiado de camiseta de la noche a la mañana y este miércoles estaba inaugurando obras (obras de su propia prefectura) de la mano del presidente de la República, que se llevaba la mitad del crédito.

Se suponía que las reformas que permiten el reemplazo de candidatos estaban pensadas para situaciones extraordinarias. Pero con el uso electoral de los organismos de control que está haciendo este gobierno, se han convertido en la clave de una estrategia para tumbar candidaturas. 

Ahora se hacen primarias para dar paso a un auténtico juego de las sillas en el que los participantes salen eliminados “por estrictas razones personales”. Aquí ni siquiera hay quien se atreva a denunciar la manipulación de la que fue víctima. 

El gobierno ha encontrado la fórmula para sacar provecho de la feria de rabos de paja que son las elecciones y los partidos no parecen tener antídoto contra eso. Es el control electoral en la república de los truhanes.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Soberanía y Seguridad recibió aportes de la Policía Nacional, la Procuraduría y el sector bananero para fortalecer el proyecto.
• Entre las propuestas destacan ampliar los plazos de flagrancia, reformar el delito de terrorismo y reforzar la lucha contra las economías ilícitas.

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral retomó este 23 de julio el análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformadora a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, conocida como Ley Antimafias. En la sesión participaron la Policía Nacional, la Procuraduría General del Estado y representantes del sector exportador, quienes presentaron observaciones para reforzar el texto antes de la elaboración del informe.

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El primer bloque de aportes estuvo a cargo de la Policía Nacional, que presentó un paquete de 45 reformas a distintos cuerpos legales. La institución sostuvo que la propuesta legislativa actualmente modifica 14 artículos, pero consideró necesario ampliar su alcance para enfrentar de forma más efectiva las estructuras criminales que operan en el país.

"Es necesario combatir al crimen organizado y, sobre todo, quitarles su herramienta: el poder económico. Hacia eso va destinada la orientación que tenemos como Policía Nacional", afirmó el director de la Academia de Ciencias Policiales, coronel Santa María, al cerrar su exposición ante los legisladores.

Policía propone ampliar la flagrancia y reformar el delito de terrorismo

Uno de los principales planteamientos fue modificar el plazo de flagrancia. La Policía explicó que las actuales 24 horas resultan insuficientes para recopilar pruebas en investigaciones complejas, especialmente en casos con múltiples víctimas, por lo que planteó extender ese tiempo al menos a 36 horas, tomando como referencia estándares internacionales.

"Es necesario cambiar esto. No depende de la Policía, depende de todo el sistema estructural del Estado", señaló el oficial, al recordar un caso ocurrido en Nueva Prosperina, donde cuatro sospechosos fueron liberados tras vencer el plazo legal sin que la investigación pudiera completarse.

La institución también propuso actualizar el delito de terrorismo para adaptarlo a la realidad ecuatoriana. Argumentó que actualmente las organizaciones criminales utilizan explosivos para generar miedo y controlar territorios con fines económicos, por lo que consideran necesario incorporar ese fenómeno dentro de la legislación vigente.

"El concepto tiene que evolucionar y justamente lo hemos actualizado a la realidad ecuatoriana", sostuvo el expositor, quien además planteó fortalecer las normas sobre allanamientos, precursores químicos, robo de hidrocarburos y designación de jueces especializados en crimen organizado.

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Economía criminal y respaldo para la fuerza pública

Durante la exposición, la Policía advirtió que el crimen organizado tendría un impacto económico equivalente a miles de millones de dólares cada año. Según los datos presentados, el narcotráfico, el robo de combustibles, las perforaciones a poliductos y el uso creciente de explosivos reflejan el fortalecimiento financiero de las organizaciones delictivas.

El oficial también pidió respaldo jurídico para los agentes que actúan bajo la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, aunque aclaró que ese respaldo debe ir acompañado de sanciones más severas para policías o militares que participen en actividades ilícitas.

"Así como pedimos respaldo, también pedimos sanciones más severas a los policías y militares que se vean inmersos en delitos de narcotráfico, minería ilegal, robo de combustibles y demás", enfatizó durante la comparecencia.

Procuraduría plantea ajustes a la extinción de dominio

La Procuraduría General del Estado respaldó el proyecto de ley, aunque presentó observaciones puntuales relacionadas con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. El organismo propuso restringir los criterios para entregar temporalmente bienes incautados a entidades privadas sin fines de lucro.

El delegado Abelardo Albornoz explicó que la redacción actual es demasiado amplia y recomendó limitar esos bienes únicamente a organizaciones cuya finalidad esté vinculada con áreas como educación, salud, deporte o vivienda, garantizando así un verdadero beneficio social.

"Esta definición es muy amplia a nuestro criterio y debería restringirse a entidades con una finalidad social específica", señaló el representante de la Procuraduría.

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La Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador también respaldó la Ley Antimafias, aunque solicitó que las investigaciones por contaminación de carga alcancen a todos los actores de la cadena logística y no únicamente a los exportadores.

José Antonio Hidalgo explicó que el banano representa cerca del 66 % de las exportaciones ecuatorianas y que siete de cada diez contenedores que salen del país corresponden a este producto, por lo que el sector enfrenta constantemente casos relacionados con narcotráfico.

"Una ley antimafia fortalecida tiene que ir hasta el último eslabón de investigación de todas las estructuras criminales, no al primero", manifestó Hidalgo ante la comisión.

Los exportadores propusieron incorporar la trazabilidad obligatoria de toda la cadena logística, proteger el debido proceso para trabajadores investigados, aplicar medidas cautelares proporcionales y fortalecer la corresponsabilidad de los puertos en el control de la carga contaminada.

Al finalizar la sesión, la presidenta de la comisión señaló que las observaciones recibidas servirán para fortalecer el informe del proyecto de Ley Antimafias, cuya discusión continúa en territorio con el objetivo de robustecer las herramientas legales contra el crimen organizado.

Lo que debes saber

• La sesión solemne por los 491 años de fundación reunió a autoridades y homenajeó a figuras destacadas de distintos ámbitos.
• Esteban Torres resaltó el papel histórico de la ciudad y llamó a impulsar su desarrollo.
• Además, se entregaron reconocimientos a empresarios, educadores, deportistas, médicos, periodistas e instituciones.

La Asamblea Nacional realizó este miércoles una sesión solemne por los 491 años de fundación de Guayaquil, desarrollada en la Universidad Ecotec. Durante el acto, el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres, encabezó la ceremonia en la que se exaltó la historia de la ciudad y se entregaron reconocimientos a instituciones y ciudadanos destacados por sus aportes al país.

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En su discurso, Torres afirmó : "El mayor homenaje que podemos rendir a Guayaquil no consiste únicamente en recordar su historia fundacional y su gesta libertaria, sino en asumir el compromiso de construir las condiciones para que continúe liderando el desarrollo nacional", sostuvo el presidente encargado de la Asamblea.

Esteban Torres destacó la historia y el papel de Guayaquil

Durante su intervención, el legislador recordó las palabras del escritor Juan Montalvo, quien calificó a los guayaquileños como un "pueblo de valientes", y señaló que la ciudad ha sabido reinventarse a lo largo de casi cinco siglos. También recordó que Guayaquil fue la primera ciudad en contar con un reglamento constitucional tras la independencia de 1820.

Torres aseguró que la ciudad continúa siendo uno de los principales ejes productivos del Ecuador gracias a su puerto, su sector empresarial y la capacidad de sus ciudadanos para superar crisis y desafíos.

"Hoy, esa misma capacidad para superar desafíos debe inspirarnos a seguir construyendo un Ecuador más seguro y competitivo", expresó.

El presidente encargado también vinculó ese proceso con la visión del Gobierno de Daniel Noboa y sostuvo que el crecimiento del país debe construirse "mirando hacia adelante, con valentía y con orgullo de nuestra historia".

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Asamblea entregó reconocimientos a ciudadanos e instituciones de Guayaquil

Durante la ceremonia, el Legislativo otorgó acuerdos y condecoraciones a instituciones y personalidades por sus aportes en educación, salud, deporte, cultura, periodismo, empresa, acción social y servicio comunitario.

Entre los principales reconocimientos constaron:

Los homenajeados agradecieron las distinciones

En representación de los condecorados, la doctora María Leticia Ortega de Moral dedicó buena parte de su intervención a recordar la figura de Matilde Hidalgo de Procel, resaltando su legado como la primera mujer médica del Ecuador, la primera en ejercer el voto femenino y pionera en la participación política del país.

"Quiero solicitarle al Congreso Nacional tomar en consideración que en el claustro legislativo pueda estar pintado el rostro de la Dra. Matilde Hidalgo de Procel para que la educación en el país sea la columna vertebral de nuestro querido Ecuador", manifestó.

Posteriormente intervino el periodista deportivo Gerardo España, quien habló en representación de todos los homenajeados y agradeció el reconocimiento recibido durante la ceremonia.

"Recibir esta distinción en nombre de quienes hoy somos homenajeados constituye un inmenso privilegio y honor, pero sobre todo una enorme responsabilidad", expresó.

España destacó que detrás de cada reconocimiento existen historias de maestros, médicos, empresarios, deportistas, periodistas e instituciones que han aportado durante décadas al desarrollo de Guayaquil. Además, afirmó que la ciudad continúa distinguiéndose por valorar el esfuerzo y el trabajo de sus habitantes.

"Guayaquil no se define únicamente por sus calles, su río o su puerto; se define por el carácter de sus ciudadanos", señaló durante su intervención.

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La ceremonia concluyó con una presentación cultural

La sesión solemne finalizó con la participación del coro infantil de la Unidad Educativa Lemas, cuyos integrantes interpretaron canciones dedicadas a Guayaquil como parte del cierre de la conmemoración por los 491 años de fundación de la ciudad.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto que regula las técnicas de reproducción humana asistida.
• El texto incorpora cambios sobre bioética, filiación, sanciones y supervisión. El documento pasará ahora al Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte aprobó este jueves 23 de julio el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, con seis votos a favor, cuatro abstenciones y ningún voto en contra. La propuesta continuará ahora su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que fracasara un pedido de reconsideración de la votación.

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La sesión 157, realizada de forma presencial en el campus Guayaquil de la Universidad Ecotec y presidida por el asambleísta Juan José Reyes Vázquez, se centró exclusivamente en el análisis del articulado del proyecto, que responde a un mandato emitido por la Corte Constitucional para dotar al país de una normativa sobre reproducción humana asistida.

Antes del debate, la asesora de la comisión, Sofía Añazgo, explicó que el informe fue fortalecido respecto al primer debate y ahora contiene 78 artículos, además de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias y una disposición final. Según indicó, el objetivo es establecer reglas para estas técnicas bajo parámetros de seguridad jurídica, bioética y protección de derechos.

¿Qué cambios incorpora el proyecto de ley sobre reproducción humana asistida?

Añazgo señaló que el proyecto regula a quienes intervienen en estos procedimientos: solicitantes, donantes, personal de salud y personas nacidas mediante reproducción humana asistida. También precisó que podrán acceder únicamente personas mayores de edad, ecuatorianas o extranjeras con residencia permanente, previo consentimiento libre e informado.

"Lo que busca es regular las prácticas, técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, todo esto bajo estándares de calidad, de bioética y de vigilancia sanitaria con respeto a la autonomía de la voluntad, la dignidad humana e igualmente el proyecto de vida de las personas y familias", explicó la asesora técnica.

La funcionaria detalló que se mantiene la autorización para tres técnicas: inseminación artificial, fecundación in vitro y fecundación in vitro con microinyección espermática. Además, permanecen prohibidas la gestación por sustitución, la reproducción asistida post mortem y la clonación con fines reproductivos, mientras que cualquier nueva técnica deberá contar con autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional.

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Derechos, donantes y nuevas sanciones previstas en la propuesta

Entre las modificaciones incorporadas para el segundo debate consta el derecho de las personas nacidas mediante estas técnicas a conocer información médica y características fenotípicas del donante, sin revelar su identidad. Asimismo, se estableció que los donantes no podrán reclamar derechos de filiación sobre los niños concebidos mediante estos procedimientos.

El informe también crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Consejo Consultivo de Reproducción Humana Asistida, instancias que tendrán funciones de trazabilidad, supervisión y asesoría técnica para la formulación de políticas públicas en esta materia.

Añazgo agregó que el régimen sancionador fue reforzado con infracciones leves, graves y muy graves para establecimientos y personal de salud, contemplando desde amonestaciones hasta multas, suspensión de actividades, revocatoria de permisos y clausura de establecimientos.

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Observaciones sobre financiamiento y acceso al sistema público

Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana Blacio Carrión, sostuvo que el proyecto fortalece la seguridad jurídica de quienes recurren a estos procedimientos y protege los derechos de niñas y niños nacidos mediante reproducción asistida. Además, recordó que la propuesta fue unificada con un proyecto relacionado con salud sexual integral.

"Este proyecto de ley establece un marco jurídico para garantizar que quienes decidan acceder a estos procedimientos puedan hacerlo con seguridad y con pleno respeto a sus derechos", manifestó Blacio antes de presentar la moción para aprobar el informe.

En contraste, la asambleísta Victoria Desintonio respaldó el avance de la iniciativa, pero planteó varias observaciones. Advirtió que el texto no establece cómo se garantizará el acceso a estos tratamientos dentro del sistema público de salud, cuestionó la ausencia de financiamiento específico y pidió fortalecer las sanciones relacionadas con la prohibición de la gestación subrogada.

La legisladora también alertó sobre el riesgo de que los procedimientos queden limitados a clínicas privadas si no se desarrollan mecanismos claros para su implementación en hospitales públicos y cuestionó que las multas previstas puedan resultar insuficientes frente a una industria con alta rentabilidad.

Antes de cerrar la sesión, el presidente de la comisión, Juan José Reyes, aclaró que el objetivo del proyecto no es crear un nuevo derecho, sino cumplir el mandato de la Corte Constitucional para regular estas técnicas.

"Este proyecto de ley no es para garantizar un derecho de reproducción humana asistida... es para regular las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida", puntualizó.

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En el apartado sobre recomendaciones, el documento que se pondría a debate en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomienda: “Al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz”.

El argumento para esa recomendación es que no se logró probar la “existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República”.

El informe borrador indica que existe “una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”.

¿Qué significa que no hubo un nexo causal?

Según el documento, los proponentes del juicio político -Blasco Luna, Mónica Palacios y Lenín Barreto- no lograron demostrar un nexo directo entre las competencias legales de la exministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el Contrato Emergente No. CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002.

El contrato al que se hace referencia tiene que ver con la entrega de los generadores de energía por parte de las empresa uruguaya Austral Technical Management, durante la crisis eléctrica que en 2024 provocó hasta 14 horas diarias de cortes de luz.

Otra de las conclusiones tiene que ver con que quedó acreditado “mediante la prueba de oficio que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16h39 del 9 de octubre de 2024.Según el informe borrador, eso fue horas antes de que el encargo ministerial de Manzano se registrara en el Sistema Minka, lo cual ocurrió a las 18:42.

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¿Qué pasará ahora?

ADN maneja la mayoría en la Comisión de Fiscalización. Eso le permitiría aprobar el informe. Sin embargo, el documento no es vinculante. Esa instancia conocerá el informe pero dependerá del Pleno del  Legislativo el que proceso continúe o se archive.