Lo que debes saber

• TCE admitió el 13 de agosto apelación por la revocatoria de Daniel Noboa en Ecuador.
• Leonidas Iza impulsa recurso tras negativa del CNE a entregar formularios.
• El Pleno del TCE decidirá si el proceso de revocatoria puede avanzar.

El proceso impulsado por sectores ciudadanos para promover la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa avanzó a una nueva etapa después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitiera a trámite una apelación relacionada con la negativa inicial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de entregar formularios para la recolección de firmas.

La decisión fue adoptada por el juez electoral Patricio Maldonado mediante un auto emitido el 13 de agosto de 2026. En ese documento se determinó que el recurso cumplió con los requisitos y plazos establecidos en la normativa, por lo que corresponde que sea conocido por una instancia superior dentro del propio tribunal.

El recurso fue presentado por los impulsores de la iniciativa

La apelación fue interpuesta por Leonidas Iza Salazar y Jorge Washington Andrade Escobar, identificados como promotores de la propuesta de revocatoria. Tras la admisión, el juez dispuso que la Secretaría General del TCE certifique la conformación del Pleno que analizará y resolverá el recurso.

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Asimismo, ordenó el envío del expediente digital completo a los magistrados que conocerán el caso y dispuso que la resolución sea notificada a los promotores, al Consejo Nacional Electoral y al presidente Daniel Noboa.

El origen de la controversia

La disputa se originó después de que el CNE negara la entrega de los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas destinadas a promover una eventual revocatoria del mandato del presidente Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto.

El organismo electoral rechazó la solicitud el 16 de julio al considerar que los solicitantes no demostraron un incumplimiento del plan de trabajo presidencial ni una vulneración de las atribuciones constitucionales vinculadas al cargo.

Frente a esa decisión, los promotores acudieron a la justicia electoral para impugnar la resolución y solicitar que se ordene la entrega de los formularios requeridos para recoger respaldos ciudadanos.

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¿Qué implica la admisión de la apelación?

La admisión a trámite no representa una victoria jurídica para los impulsores de la revocatoria ni habilita de manera automática el inicio de la recolección de firmas. La medida únicamente confirma que el recurso presentado reúne las condiciones legales para ser analizado en segunda instancia.

Ahora corresponderá al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral revisar el expediente y decidir si mantiene o modifica la resolución cuestionada. Si la apelación prospera, podría abrirse la posibilidad de que el CNE entregue los formularios solicitados; si es rechazada, la iniciativa perdería esta vía de impugnación dentro del sistema electoral.

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Pese a que el trámite puede realizarse de forma virtual, Roche acudió este sábado a la Delegación Provincial del CNE en Guayas para inscribir su candidatura. “Guayaquil tiene que volver a pensar en grande. No es demagogia. Es resolver lo urgente y ver al futuro”, dijo el aún precandidato.

Como parte del acto se colocó una tarima en el lugar. Allí también se registró la presencia del líder histórico del PSC, Jaime Nebot. Además, estuvieron Juan Carlos González, candidato a la Prefectura del Guayas, y Luzmila Nicolalde, aspirante a la Viceprefectura.

Yunda inscribió su candidatura en Quito

En la capital también se concretaron inscripciones de los aspirantes a la Alcaldía. Jorge Yunda, la carta de Avanza para las seccionales de 2026, cumplió con el trámite el 14 de agosto de 2026.

“Cumpliendo con todos los requisitos acabo de inscribir en línea mi candidatura a la Alcaldía de la capital de los ecuatorianos”, indicó. También aseguró que confía en las encuestas que percibe durante sus salidas a los barrios, las ligas deportivas y los mercados. Con base en ello, aseguró que reafirmará su compromiso de luchar contra la inseguridad.

En Ibarra también continúan los trámites

En otra ciudad de la Sierra también se anunció la inscripción de una candidatura. Se trata de Lucía Posso para la Alcaldía de Ibarra. Ella tenía previsto cumplir con el trámite la tarde de este 15 de agosto. Fue asambleísta durante el pasado periodo legislativo y ahora buscará el cargo de la mano de Somos Libres.

Hay que tomar en cuenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya validó una alianza provincial en Imbabura bajo el nombre Somos Libres. En ella, además del movimiento del mismo nombre, están el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y CREO.

El correísmo inscribirá candidatos en Guayaquil

Para el 16 de agosto de 2026, los candidatos a las dignidades seccionales en la provincia del Guayas acudirán a la inscripción de sus candidaturas. La precandidata del Partido Socialista Ecuatoriano y esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Fiorella Ycaza, cumplirá con el trámite este domingo.

Junto a ella estarán Sofía Espín, candidata del correísmo y el PSE a la Prefectura del Guayas, y José Francisco Cevallos, aspirante a la Viceprefectura de la misma provincia.

Tras el anuncio, el propio Aquiles Álvarez reactivó su actividad en su cuenta de X. Él escribió: “Juntos, con fuerza y esperanza, hasta el final”.

Lo que debes saber

• Asamblea debate ley sobre donación de esperma en Ecuador y anonimato de donantes.
• Clínicas exigen exámenes médicos para donar esperma y acceder a reproducción asistida.
• Proyecto busca regular la reproducción asistida porque Ecuador carece de una ley específica.

La Asamblea Nacional tramita un proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida que busca regular prácticas médicas que se aplican desde hace años en Ecuador, entre ellas la donación de esperma, un procedimiento utilizado por personas y parejas con problemas de fertilidad. 

La iniciativa surge en un contexto en el que el país aún no cuenta con una normativa específica que establezca derechos, obligaciones y controles para donantes, clínicas, profesionales de la salud y beneficiarios.

La discusión legislativa se centra en cómo garantizar la seguridad de estos procedimientos, la protección de datos personales y los derechos de las personas involucradas, incluidos los niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.

¿Cómo funciona la donación de esperma en Ecuador?

La donación de esperma se realiza en centros especializados de reproducción asistida. Aunque se trata de una donación voluntaria, los participantes pueden recibir una compensación económica por el tiempo dedicado al proceso. Según algunos centro médico, la retribución oscila entre $80 y $150 por muestra.

Sin embargo, no cualquier persona puede convertirse en donante. Los aspirantes deben superar evaluaciones médicas y cumplir requisitos relacionados con su estado de salud, calidad seminal y antecedentes genéticos.

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La propuesta legal en discusión

El proyecto de ley que analiza la Asamblea Nacional busca crear un marco normativo para las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida, en cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional.

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En lo referente a la donación de esperma, la propuesta establece que esta debe realizarse de manera libre, voluntaria e informada. Además, contempla contratos confidenciales y mecanismos de protección de datos personales.

El texto también señala que cualquier compensación económica deberá estar vinculada a los gastos derivados de la donación y no podrá convertirse en una actividad con fines comerciales.

Actualmente, el proyecto se encuentra pendiente de un segundo y definitivo debate en el Parlamento, aunque todavía no existe una fecha definida para su votación.

La propuesta legal en discusión

Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es la protección de la identidad de los donantes. La propuesta contempla la confidencialidad de sus datos, una medida que ha sido cuestionada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

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La organización sostiene que el anonimato podría entrar en conflicto con el derecho de los hijos nacidos mediante estas técnicas a conocer su origen biológico. La preocupación gira en torno al equilibrio entre los derechos de los donantes, los padres receptores y los niños.

El debate no es exclusivo de Ecuador. En distintos países existen modelos diversos: mientras en España el anonimato es la regla general con excepciones médicas específicas, en otras naciones europeas el donante puede decidir si mantiene o no en reserva su identidad.

Lo que debes saber

• IESS denunció robo de medicamentos el 15 de agosto en el Hospital Teodoro Maldonado.
• El caso ocurre en Guayaquil mientras el hospital sigue intervenido desde marzo de 2026.
• La investigación busca determinar quién sustrajo fármacos y cómo afectaría a pacientes.

Un nuevo incidente relacionado con el manejo de medicamentos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo encendió las alertas en el sistema de salud pública. 

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El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Bernardo Cordovez, denunció la presunta sustracción de fármacos en esta casa de salud, una de las más grandes del país y que permanece intervenida desde marzo de 2026.

La denuncia se refiere a un hecho ocurrido el 14 de agosto y fue difundida públicamente un día después por el titular del IESS. Según Cordovez, el caso evidenciaría problemas persistentes en la administración y custodia de medicamentos dentro del hospital, una situación que impacta directamente a los pacientes que dependen de tratamientos continuos.

Una investigación en marcha

Aunque el funcionario informó sobre la existencia de una persona presuntamente involucrada en el hecho, hasta el momento no se han revelado detalles sobre su identidad, vínculo con el hospital o la cantidad de medicamentos que habrían sido sustraídos. Tampoco se ha confirmado una detención formal relacionada con el caso.

La denuncia ocurre mientras agentes policiales y funcionarios realizan diligencias en el centro hospitalario para esclarecer lo ocurrido.

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Un hospital bajo intervención

El Hospital Teodoro Maldonado permanece intervenido por disposición gubernamental desde el 4 de marzo de 2026. La medida fue establecida inicialmente por 180 días y contempla acciones para fortalecer los mecanismos de control interno, entre ellos la trazabilidad de medicamentos, la cadena de custodia de insumos y los inventarios periódicos de bodegas y farmacias.

La intervención fue ordenada después del asesinato de Carlos Maruri, entonces jefe de Servicios Generales del hospital, y busca prevenir posibles infiltraciones de grupos de delincuencia organizada dentro de la gestión de la institución.

Medicamentos, un punto crítico en la crisis del hospital

La presunta sustracción de fármacos se produce meses después de otro episodio relacionado con el almacenamiento de medicinas en el mismo hospital. En abril de 2026, un informe técnico concluyó que la ruptura de la cadena de frío de una cámara que almacenaba 22.047 medicamentos de alto costo habría sido producto de una manipulación deliberada.

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Los medicamentos afectados estaban destinados a pacientes con enfermedades complejas, entre ellas cáncer, fibrosis quística, enfermedades autoinmunes y personas trasplantadas. La temperatura del área de almacenamiento llegó a 28,4 grados Celsius, pese a que debía mantenerse entre dos y ocho grados.

Tras ese incidente, el IESS presentó una denuncia ante la Fiscalía, que inició una investigación para determinar posibles responsabilidades por el presunto sabotaje.

Preocupación por el abastecimiento

El nuevo caso vuelve a poner en el centro del debate la disponibilidad y seguridad de los medicamentos en los hospitales públicos. Organismos de salud y asociaciones de pacientes han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier afectación en la cadena de suministro puede traducirse en retrasos de tratamientos y dificultades de acceso para personas con enfermedades crónicas o de alta complejidad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán determinar el alcance de la presunta sustracción y si existen responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el manejo de medicamentos dentro del Hospital Teodoro Maldonado.

Lo que debes saber

• Jóvenes afrodescendientes denunciaron perfilamiento racial en operativos de Guayaquil y Quito ante la CIDH.
• Organizaciones llevaron casos a la CIDH en 2026 por presunto racismo en controles policiales.
• Fuerzas Armadas niegan criterios raciales y afirman que operativos se basan en inteligencia.

La mañana apenas comenzaba en la isla Trinitaria, uno de los sectores más poblados del sur de Guayaquil. Afuera de la sede de la Fundación Nia Kali, un grupo de adolescentes desayunaban antes de participar en una actividad comunitaria. Minutos después, según recuerdan quienes estuvieron allí, más de una veintena de policías en motocicletas rodearon el lugar.

Lo que ocurrió después forma parte de una serie de testimonios que hoy alimentan una discusión cada vez más visible dentro y fuera del Ecuador: si las políticas de seguridad implementadas para enfrentar la violencia criminal están derivando en prácticas de perfilamiento racial contra jóvenes afrodescendientes, o si se trata de intervenciones propias de una estrategia estatal desplegada en zonas consideradas de alto riesgo.

Las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La controversia alcanzó recientemente una dimensión internacional. Organizaciones de derechos humanos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntos casos de racismo estructural y perfilamiento racial en Ecuador, vinculados a operativos policiales y militares ejecutados durante los estados de excepción y el proceso de militarización impulsado para combatir al crimen organizado.

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Inés María Santos Caicedo, vicepresidenta de la Fundación Nia Kali y lideresa afroecuatoriana, asegura que la preocupación principal no es la presencia de controles de seguridad, sino los criterios que, según sostiene, suelen utilizarse durante ciertas intervenciones.

“Hay una situación de inseguridad y nadie la niega. Lo que cuestionamos es que muchos jóvenes sienten que por ser negros se convierten automáticamente en sospechosos”, explica.

La fundación trabaja con adolescentes y jóvenes en programas de liderazgo, arte, cultura y derechos humanos. Santos relata que varios de ellos han vivido controles que consideran desproporcionados.

Testimonios de adolescentes y jóvenes afrodescendientes

En uno de los casos, un adolescente fue separado del grupo durante una reunión comunitaria. Según el testimonio de la lideresa, el joven fue empujado contra una pared, sometido a una revisión corporal y golpeado, mientras otros uniformados impedían que adultos observaran el procedimiento. La situación se detuvo únicamente cuando miembros de la organización anunciaron que presentarían una denuncia ante organismos de derechos humanos.

Pero ese no fue el único episodio. Santos recuerda a otro estudiante que regresaba del colegio con uniforme. Mientras caminaba hacia su vivienda se encontró con un operativo policial. Según su relato, fue obligado a lanzarse al suelo, mientras los agentes lo acusaban de participar en un robo.

“Les decía que venía del colegio y que podían verificarlo. Aun así, lo golpearon antes de comprobar quién era”, asegura.

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El caso de Bryan durante un operativo policial y militar

Para efectos de protección, este reportaje identifica como Bryan a un joven afrodescendiente de 19 años que accedió a narrar una experiencia ocurrida durante un operativo conjunto entre policías y militares en el sur de Guayaquil en 2025.

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Bryan recuerda que regresaba de su trabajo cuando fue detenido junto a otros jóvenes. “Nos hicieron acostarnos boca abajo. Nos preguntaban de qué banda éramos. Yo les decía que trabajaba en una mecánica”.

Según su versión, recibió golpes en las piernas y la espalda antes de que los agentes revisaran sus documentos. “No encontraron nada y me dejaron ir. Nunca me explicaron por qué me detuvieron”.

No existe una sentencia judicial que determine responsabilidades en este caso. Sin embargo, organizaciones afroecuatorianas denuncian que experiencias similares aparecen repetidamente en diferentes sectores populares del país.

Organizaciones piden monitoreo internacional

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), junto con activistas y organizaciones como Mujeres de Asfalto, presentó información ante la CIDH durante su 196.º período de sesiones.

La audiencia incluyó testimonios relacionados con presuntos casos de perfilamiento racial, uso desproporcionado de la fuerza y afectaciones derivadas de la militarización de territorios afrodescendientes. Las organizaciones solicitaron mecanismos de monitoreo internacional y medidas orientadas a prevenir nuevas vulneraciones.

Uno de los testimonios expuestos fue el de Jimmy Ocles, activista afroecuatoriano que denunció haber sido perseguido, golpeado y sometido por policías en Quito en 2021. Durante la audiencia afirmó que su caso refleja problemas de acceso a la justicia para las víctimas de discriminación racial.

Las Fuerzas Armadas rechazan que exista una política basada en criterios raciales

Oficiales activos de las Fuerzas Armadas, que solicitaron la reserva de su identidad, rechazan que exista una política institucional basada en criterios raciales.

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Uno de ellos menciona que los operativos se planifican con información de inteligencia relacionada con estructuras criminales y zonas de alta conflictividad.

“Casi todas las operaciones militares que realizamos son por información de inteligencia militar. Posiblemente alguna persona afro se vio afectada, pero no existe racismo durante las operaciones. Como le decía, nos manejamos con información de inteligencia”.

Otro oficial reconoce que en cualquier institución pueden existir actuaciones inadecuadas o excesos individuales, pero sostiene que esos casos deben investigarse de manera particular y no interpretarse automáticamente como evidencia de una política sistemática.

“No basta con la percepción, ni tampoco con la negación automática. Lo que corresponde es investigar cada denuncia y establecer responsabilidades cuando existan pruebas”, argumenta.

Así sepultó cualquier primaria en una Revolución Ciudadana que ya sorteaba nombres como el de Juan Pablo Molina. Esta lealtad de Rafael Correa hacia Álvarez (quizás por sí haber radicalizado su discurso contra el Gobierno, a diferencia de otros militantes, y haber sufrido por ello, o por simples cuotas políticas) podría anticipar una derrota inevitable para la RC.

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La caída del correísmo en Guayas

Principalmente, por lo mermado que está su capital político. En Guayas perdió el poder tras distanciarse de la exprefecta Aguiñaga, que poco abanderó sus obras con su partido. Y luego en el Consejo provincial (alcaldías correístas incluidas), que posicionó de forma unánime a Carlos Encalada, señalado de ser cuota del Gobierno. 

Haber ganado la Prefectura en 2023 de nada sirvió.

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Aquiles también quería emanciparse del correísmo

En la Alcaldía de Guayaquil ocurrió algo similar. Álvarez llegó apadrinado por Correa y rompió la hegemonía socialcristiana. Sin embargo, ya sentado en el sillón de Olmedo, buscó despegarse de esa sombra varias veces.

Cuando surgió el relato de la tinta mágica en 2025, Aquiles reconoció rápido la derrota y no se sumó al griterío del fraude. Eso le causó fricciones con la militancia correísta, pero se apaciguó por lo político. Los desacuerdos se hicieron públicos luego, cuando Correa se burló de Ramiro García, abogado de Álvarez en el caso Triple A.

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Pero la decisión que peor envejeció fue cambiar de vicealcaldesa a mitad de periodo. Tatiana Coronel asumió tras migrar de la RC a RETO, marcando la emancipación definitiva de Álvarez y sus coidearios (con Raúl Chávez presidiendo ese partido). Reemplazaron a Blanca López, de extrema fidelidad correísta, solo para asegurar el control total del Municipio ante una eventual sucesión forzada, hecho que se concretó con la detención del alcalde en febrero.

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Tatiana Coronel se volvió tibia

En la cúspide de las tensiones con el Ejecutivo, Coronel dijo en la subrogancia: “Prefiero morirme antes que tranzar con estos nefastos”. 

Sin embargo, entre rumores de pactos, silenció sus críticas a Daniel Noboa y su defensa férrea a Álvarez. Reaccionó dócil ante el allanamiento a Segura EP y, meses después, se enemistó con Fernando Cornejo, ex mano derecha del alcalde, quien también abandonó el barco ante la presión judicial.

No sostuvo el discurso de resistencia. Hizo cambios claves en el Municipio, alejando al círculo del alcalde electo, y se ausentó de las manifestaciones que exigen la libertad de quien hoy está recluido en la Cárcel del Encuentro.

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Álvarez sigue siendo alcalde, pero no está

Irónicamente, terminó siendo el correísmo el que cerró filas para sostenerlo en el poder ante los pedidos de revocatoria. “Ya era suficientemente injusto que estuviera preso como para además quitarle la Alcaldía”, alegó su defensa, y así no perdió el cargo.

El problema es que la voz de Aquiles desapareció del debate público. Aunque muchos sostengan, cual feligreses, que su espíritu permanece en la gestión, lo real es que su única línea de comunicación son sus abogados, con acceso también limitado para hablar con él.

Su presencia se ha reducido a letreros pidiendo su libertad en cada mitin, o pancartas en sesiones de Concejo que poco inciden en la realidad, casi irreversible, de su proceso judicial. Y si se pregunta al ciudadano de a pie por su alcalde, con el agregado de injusticia o no, reconocerá que ya lleva medio año sin estar.

Y allí radica el error del correísmo: renunciar a un candidato propio, capaz de elevar propuestas nuevas bajo el respaldo de sus bases (incluso sin ignorar lo ya logrado), o por una alianza ideológica, como sí hizo en Quito, para apostar por alguien que funja de emisario de un recluso. A la distancia poco se hace, aunque Correa sea necio en esa idea.

¿Proyecto ciudad, o protesta de libertad?

Porque los nombres que hoy se barajan dentro del ‘aquilismo’ desde ya declaran su intención de poner el clamor por la libertad de Álvarez a la par de un proyecto de ciudad. Equipararlos resta importancia a lo que le interesa al electorado, que (como lo ha expresado incluso en las páginas de este Diario) necesita un liderazgo enfocado, capaz de poner a Guayaquil por encima de cualquier disputa particular.

No debe ignorar el correísmo que ya hila derrotas consecutivas con esta maniobra de endoso (2023 y 2025). Hoy la apuesta es más frágil, al ser una seccional: sin partido propio, dependen de colores prestados de organizaciones que no comparten su historia ni su suerte. La bandera de Álvarez corre el riesgo de Lula con Haddad o Zelaya con Castro.

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Por eso, ninguna de las opciones que hoy suenan tiene un camino fácil al sillón de Olmedo, mucho menos si tendrá la cabeza ofuscada en la vulnerabilidad de su propia familia. Eso no es continuidad, es confrontación. Es la mayor advertencia sobre el poder personalista: el vínculo político con la gente no se hereda mediante endosos ni asesorías, se construye candidato por candidato. De lo contrario, que se atengan al fracaso.

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La suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo obligó al correísmo a acercarse a movimientos que antes atacó. El tablero electoral en Quito y Guayaquil es una muestra de la abierta disputa por conseguir alcaldías y prefecturas claves.

Los movimientos del tablero en tres zonas

En Pichincha, por ejemplo, las candidaturas de los correístas Pabel Muñoz para la Alcaldía y Alexandro Tonello a la Prefectura están auspiciada por la Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular (UP), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Todos.

Otro movimiento en las candidaturas que llamó la atención tiene que ver con la postulación de Luisa González a la Prefectura de Manabí. Para concretar su participación, tras la suspensión de Amigo, González busca el cargo de la mano de Pachakutik (PK).

El caso de Guayaquil es más complejo. Allí, la otrora alianza de movimientos de izquierda terminó por fragmentarse. La inscripción de la precandidatura de Fiorella Ycaza para la Alcaldía por el Partido Socialista Ecuatoriano abrió un cruce de acusaciones y reclamos con otra precandidata, Mónica Luzárraga. Hay que recordar que el PSE ya había anunciado que la apoyaría.

Luzárraga seguirá con la intención de concretar su candidatura y mantiene el auspicio de Unidad Popular y Pachakutik. En el ámbito provincial, la alianza UP y PK ya fue validada por el CNE.

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¿Qué hace la derecha?

La derecha también apunta a las alianzas. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano (PSC) registra una cercanía con movimientos como CREO. Hay que recordar que durante la presidencia de Guillermo Lasso, Esteban Torres (hoy ADN) era asambleísta del PSC y fue uno de los impulsores del juicio político en contra del ahora exmandatario.

La alianza se registra en el ámbito cantonal. En Nobol, el PSC y su aliado Madera de Guerrero se unieron con CREO. Lo mismo ocurrió en el cantón Isidro Ayora, con la diferencia de que allí no es parte Madera de Guerrero. En total, el PSC aparece en 85 alianzas, según el reporte del CNE.

Pero también hay quienes no le apuestan a las coaliciones o, al menos, lo hacen mínimamente. El movimiento oficialista ADN solo registra una alianza validada hasta el momento. Se trata de una unión con el Movimiento Autónomo Revolucionario (MAR). Desde esa coalición se prevé la candidatura a la Alcaldía de Salinas, en la provincia de Santa Elena.

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ADN también cuenta con un caso particular que tiene que ver con Guayaquil. El movimiento del presidente Daniel Noboa apostaba por Niels Olsen para ese cargo. A última hora decidió apoyar a la exalcaldesa Cynthia Viteri. 

El mismo presidente de la República anunció que Viteri ya estaba afiliada a ADN. Esto pese a que, en este mismo proceso, la exautoridad del Puerto Principal había anunciado días antes que sería auspiciada por Centro Democrático.

¿Qué ganan los movimientos con las alianzas?

Para el analista político Daniel Crespo, las alianzas deben estudiarse desde el real costo-beneficio. Del lado del correísmo, la apuesta es clara: no desaparecer de la papeleta electoral. Crespo considera que el uso de este tipo de mecanismos le permitiría mantener la vigencia de su capital político.

Pero, del otro lado, los movimientos que lo acogen podrían experimentar un revés respecto a sus alas más duras. Crespo mencionó al mismo Pachakutik, con el cual el correísmo ha mantenido más de una década de enfrentamientos directos. 

En ese escenario, según el analista, es más probable que PK pierda más votos de esos sectores que el correísmo de los suyos, ya que cuenta con un voto duro.

También hay otro elemento que debe tomarse en cuenta. Estas seccionales serán las primeras elecciones en las que se aplique la reforma aprobada por la Asamblea, con votos del correísmo y ADN, respecto a habilitar al CNE para la eliminación de organizaciones políticas que, en una sola elección, no alcancen un mínimo de dignidades o porcentaje de votación. Así, según Crespo, las alianzas generan una manera de sortear esa posibilidad.

La catedrática universitaria Caroline Ávila dice que para las organizaciones que deciden abrir espacio a la RC, la coyuntura excepcional y la existencia de un “adversario común” pueden servir como argumento para justificar acuerdos que en otras circunstancias habrían sido difíciles de explicar. Además, esto obliga a la RC a abrir sus fronteras.

También añadió que para el PSC y CREO el desafío parece distinto. “Necesitan reconstruir viabilidad electoral y, sobre todo, diferenciarse de ADN”, argumenta. Esto porque competir por convertirse en una alternativa desde la derecha resulta más complejo, ya que ADN ocupa buena parte de ese espacio.

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Decretos presidenciales 

La representación diplomática de Ecuador en Washington D.C. permanecía vacante tras la remoción de su anterior titular. Con la expedición del Decreto Ejecutivo 474, Luis Bakker Villacreses asume la titularidad de la delegación ecuatoriana en Norteamérica. El documento oficial detalla que el nombramiento se produce luego de recibir el beneplácito formal por parte del Gobierno estadounidense el pasado 11 de agosto de 2026.

Por su parte, el Decreto Ejecutivo 473 oficializa un relevo directo en la representación ante el país asiático. El exministro Luis Alberto Jaramillo Granja tomará el control de la embajada de Ecuador en Pekín, una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino otorgó la aprobación requerida a través de una nota verbal remitida el 13 de agosto.

Jaramillo, quien anteriormente formó parte del gabinete presidencial como titular de la cartera de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ingresa en reemplazo de María Soledad Córdova Montero. El instrumento oficial agradece a la funcionaria saliente por los servicios prestados desde enero de 2024 y dispone a la Cancillería la ejecución de su retorno.

Cambios previo a viaje oficial 

Los nombramientos se concretan en un periodo de revisión para la política exterior del Gobierno Nacional. El recambio en la representación ante China coincide con la confirmada visita de Estado que Daniel Noboa realizará al gigante asiático entre el 16 y el 23 de agosto de 2026, donde se prevén reuniones de alto nivel con el mandatario Xi Jinping para abordar el intercambio comercial y el estatus de la deuda.

En el caso de Estados Unidos, la legación bajo el mando de Bakker deberá mantener el seguimiento técnico a los acuerdos de cooperación en seguridad transnacional y avanzar en las fases de ratificación legislativa del Acuerdo de Comercio Recíproco.

Lo que debes saber

• Comisión admitió 1 de 5 impugnaciones contra Carlos Alarcón en concurso fiscal.
• Inés Romero lidera con 7 impugnaciones admitidas tras revisión del CPCCS.
• Daniella Camacho pasó de 10 impugnaciones registradas a 5 admitidas.

La fase de impugnaciones del concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado dejó un nuevo mapa entre los aspirantes observados. La Comisión Ciudadana de Selección resolvió admitir 38 impugnaciones contra 25 postulantes, mientras que otras 11 fueron inadmitidas por incumplir requisitos establecidos en la normativa vigente.

La decisión marca el paso previo a las audiencias públicas en las que los impugnantes y los candidatos observados deberán presentar sus argumentos y documentación de respaldo. Antes de ello, quienes consideren afectada su posición podrán apelar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

De la más impugnada a cinco objeciones admitidas: el caso de Daniella Camacho

Antes de la revisión de admisibilidad, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Lisette Camacho Herold, aparecía como la postulante con más impugnaciones registradas en todo el proceso: 10 observaciones ciudadanas presentadas en su contra.

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Sin embargo, tras el análisis de la Comisión Ciudadana, únicamente cinco de esas objeciones fueron calificadas y admitidas a trámite. Esto significa que la mitad de los cuestionamientos planteados inicialmente avanzará a la siguiente fase del concurso.

Camacho llegó a esta etapa como una de las favoritas del proceso, luego de ubicarse entre las mejores puntuadas en la fase de méritos y oposición.

Inés Romero pasa a liderar las impugnaciones admitidas

Aunque Daniella Camacho fue la candidata con más impugnaciones registradas inicialmente, la puntuación cambió tras la revisión de admisibilidad.

La postulante que ahora concentra el mayor número de impugnaciones admitidas es Inés Maritza Romero Estévez, con siete objeciones calificadas a trámite. Inicialmente había acumulado nueve impugnaciones ciudadanas, dos menos que Camacho, pero su número de observaciones admitidas terminó siendo el más alto entre todos los aspirantes observados.

Romero figura además entre las aspirantes con mejor desempeño en las etapas previas del concurso, lo que mantiene la atención sobre su participación dentro del proceso de selección.

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Carlos Alarcón reduce de cinco a una sola impugnación admitida

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Al cierre de la fase de recepción de impugnaciones, Alarcón aparecía entre los tres candidatos más observados, con cinco objeciones registradas. No obstante, tras el análisis de la Comisión Ciudadana, solo una fue admitida para su trámite.

El resultado lo convierte en el postulante con menor número de impugnaciones admitidas dentro del grupo de aspirantes que inicialmente concentró la mayor cantidad de cuestionamientos ciudadanos.

Así quedaron los principales postulantes observados

Entre los aspirantes que concentraron más impugnaciones durante el proceso, la relación entre objeciones registradas y admitidas quedó de la siguiente manera:

El proceso avanza hacia las audiencias públicas

Con la resolución de admisibilidad ya emitida, el concurso entrará en una nueva etapa en la que se analizará el contenido de cada impugnación. La Comisión Ciudadana convocará a audiencias públicas una vez que se resuelvan las eventuales apelaciones presentadas ante el CPCCS.

En esas diligencias se definirá si las objeciones tienen sustento suficiente para afectar la continuidad de los postulantes en la carrera por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Noboa renueva estado de excepción por 30 días en 10 provincias y tres cantones.
• Desde el 14 de agosto, militares y policías mantendrán operativos en zonas priorizadas.
• La medida suspende domicilio y correspondencia para reforzar acciones contra la violencia.

El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del país, medida que continuará vigente en varias de las zonas consideradas prioritarias dentro de la estrategia gubernamental de seguridad.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 472, suscrito este viernes 14 de agosto desde Guayaquil. 

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¿Qué medidas contempla la renovación?

El decreto establece la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia dentro de las jurisdicciones incluidas en la medida. 

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Esto permite que las fuerzas del orden ejecuten determinadas acciones de control e investigación bajo los parámetros previstos en el estado de excepción.

Según el documento, las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán desarrollarse respetando las limitaciones establecidas en la Constitución, la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

No habrá toque de queda

A diferencia de anteriores declaratorias de excepción aplicadas en el contexto de la crisis de seguridad, la nueva renovación no contempla la imposición de toque de queda, por lo que no habrá restricciones de movilidad para la población en los territorios alcanzados por la medida.

Lo que debes saber

• 61 postulantes superaron la etapa de verificación del CNE.
• 245 candidaturas fueron rechazadas y tres postulantes renunciaron.
• Cuatro consejeros actuales del CPCCS buscan continuar en el organismo.

El proceso de selección de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entra en una nueva etapa. De los 309 postulantes que presentaron su candidatura, 61 fueron admitidos para continuar en la contienda electoral que culminará en las urnas el 29 de noviembre de 2026.

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Postulantes

La Comisión Verificadora estableció que 38 de los admitidos son hombres y 22 son mujeres. A ellos se suma una postulante perteneciente al grupo de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. El informe Nro. 0318-CV-CNE-2026, fechado el 12 de agosto de 2026, señala que estos 61 postulantes cumplieron los requisitos y no incurrieron en inhabilidades.

En contraste, 245 postulaciones no superaron la etapa de verificación. Además, tres personas renunciaron a su postulación antes de que se resolviera la inscripción de candidaturas: Roberto Antonio Gilbert Febres-Cordero, Jean Paúl Landázuri Silva y Francisco Javier Condolo Lapo.

Entre los nombres que aparecen en la nómina de admitidos están cuatro de los actuales integrantes del CPCCS: Andrés Xavier Fantoni Baldeón, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto y Johnny Xavier Escobar Coronel. Fantoni actualmente preside el organismo; Enríquez es la vicepresidenta, y a Verdezoto y Escobar son consejeros.

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¿Quiénes fueron admitidos?

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Mujeres

Pueblo y nacionalidades

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El Pleno aprobó el informe de la Comisión Verificadora

El informe Nro. 0318-CV-CNE-2026 fue conocido y aprobado en sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que estuvieron presentes únicamente Enrique Pita, Esthela Acero y José Cabrera. Los tres integrantes del Pleno votaron a favor del informe presentado por la Comisión Verificadora.

La comisión estuvo coordinada por Tatiana Gaviria y conformada además por Lenín Ortíz, David Cañas, Erika Yépez, Leslye Feijoó, Silvia Sánchez, Jeny Garzón, Jorge Quishpe, Erick Vélez y María Gabriela Herrera. Ellos fueron los responsables de la revisión de las postulaciones y de emitir el informe que determinó quiénes cumplieron con los requisitos para continuar en el proceso.

Lo que debes saber

• Jueza dictó prisión preventiva a Guido Perugachi por protestas de 2025 en Imbabura.
• Fiscalía acusa a Perugachi de paralizar servicios públicos durante movilizaciones.
• Organizaciones sociales rechazan la medida y piden esclarecer el proceso judicial.

La presidenta de una unidad judicial de Ibarra ordenó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación relacionada con las movilizaciones ocurridas entre septiembre y octubre de 2025 en la provincia de Imbabura.

La decisión fue adoptada por la jueza Raquel Maza, quien acogió el pedido formulado por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia correspondiente. El proceso se centra en una presunta paralización de servicios públicos atribuida a hechos registrados durante las jornadas de protesta que tuvieron lugar el año pasado.

Investigación se sustenta en el artículo 346 del COIP

La Fiscalía procesa al dirigente social con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que sanciona a quienes impidan, entorpezcan o paralicen la prestación de un servicio público. De acuerdo con la legislación vigente, este delito contempla penas de entre uno y tres años de prisión.

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La investigación se enfoca en los eventos ocurridos durante las movilizaciones que se desarrollaron en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025, una provincia que concentró parte de las protestas registradas durante ese periodo.

Reacciones desde organizaciones sociales

Tras conocerse la resolución judicial, la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su rechazo a la medida mediante un comunicado público. La organización cuestionó la decisión y sostuvo que esta carecería de independencia e imparcialidad.

Además, la UNE señaló que el proceso contra Perugachi evidenciaría una "supuesta criminalización de dirigentes sociales críticos al Gobierno del presidente Daniel Noboa". En su pronunciamiento, también convocó a distintos sectores sociales y populares a mantenerse vigilantes frente a lo que considera una política de carácter autoritario.

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Sin pronunciamiento del dirigente

Hasta la publicación de la nota, no existía alguna reacción oficial de Guido Perugachi respecto a la disposición judicial ni sobre los señalamientos formulados por la Fiscalía.

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La resolución se produce en medio de un debate sobre el tratamiento judicial de las protestas sociales y el alcance de las responsabilidades penales derivadas de movilizaciones que afectan la prestación de servicios públicos

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La salida de los legisladores ocurre mientras los partidos y movimientos políticos terminan de definir sus listas para alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Según el calendario electoral, el periodo de inscripción concluirá el próximo lunes 17 de agosto a las 18:00.

La legislación ecuatoriana obliga a las autoridades de elección popular a separarse de sus funciones cuando buscan postularse para una dignidad distinta a la que ejercen actualmente. Esta disposición está contemplada en el artículo 93 del Código de la Democracia.

ADN concentra la mayoría de renuncias

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) es la organización política con el mayor número de asambleístas principales que han dejado sus curules para competir en los próximos comicios. 

Entre ellos figuran el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien buscará la Alcaldía de Samborondón, y Andrés Guschmer, que aspira a la Prefectura del Guayas.

También renunciaron: 

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Revolución Ciudadana y PSC también registran bajas

En la bancada de Revolución Ciudadana (RC) destacan las renuncias de: 

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) suma dos bajas en sus filas legislativas:

Renuncias también alcanzan a suplentes

La reconfiguración de la Asamblea no solo involucra a legisladores principales. Cinco suplentes también han presentado su renuncia para participar en el proceso electoral. Tres pertenecen a Revolución Ciudadana: César Delgado, Jean Íñiguez y Tanya Robles. A ellos se suman Neyda Donoso y Diego Tarupi, vinculados a ADN.

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Además, la asambleísta Lucía Pozo aspira a competir por la Prefectura del Carchi, aunque hasta ahora no ha formalizado su renuncia al Legislativo.

Asamblea entra en etapa de cambios

Las dimisiones reflejan el inicio de una etapa de movimientos políticos en la Asamblea Nacional, impulsada por las elecciones seccionales. El proceso no solo modifica la composición de las bancadas, sino que también abre la puerta al ingreso de alternos y suplentes en un momento clave para la actividad legislativa.

Con el cierre de inscripciones previsto para el 17 de agosto, se espera que en las próximas horas puedan concretarse nuevas renuncias de autoridades que buscan trasladar su carrera política desde el escenario nacional hacia los gobiernos locales y provinciales

Lo que debe saber

• La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, presentó su agenda legislativa para lo que resta del periodo y priorizó 34 proyectos de ley.
• Seguridad será el principal eje, con la Ley Antimafias y reformas al COIP entre las iniciativas destacadas.
• Desarrollo Humano y Modernización Institucional, así como Crecimiento Económico, completan las prioridades del Legislativo.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, delineó sus prioridades para lo que resta del primer ciclo del actual periodo legislativo. La nueva agenda legislativa prioriza 34 proyectos de ley y la seguridad será el principal eje de trabajo.

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En esa área se contemplan la Ley Antimafias, una iniciativa del oficialismo, así como las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). “Esto con el fin de consolidar un marco normativo que contribuya a enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad del Estado”, aseguró Mancheno.

El eje contempla las siguientes normativas:

Desarrollo Humano y Modernización Institucional

Según la agenda presentada, el objetivo de este eje es “impulsar condiciones que favorezcan el bienestar de la población y el desarrollo de sus capacidades”. Así, las leyes priorizadas en las diferentes comisiones serán:

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El eje sobre crecimiento económico

Esta vez, la agenda legislativa ubica al eje económico en el tercer lugar. Esto ocurre luego de que, durante el primer año de gestión de la Asamblea, el oficialismo concentrara la mayor cantidad de sus esfuerzos en el trámite de los proyectos económicos urgentes enviados desde el Ejecutivo.

En ese sentido, la agenda de Mancheno plantea la priorización de 10 proyectos de ley:

Lo que debes saber

• El proceso penal lleva cerca de seis años sin una decisión de primera instancia.
• La audiencia acumula más de 12 aplazamientos por distintas circunstancias.
• La próxima diligencia tendrá apoyo policial y una sala virtual para evitar nuevas suspensiones.

La sentencia que lleva meses sin llegar a los procesados del caso Pruebas COVID-19 ahora abre otro frente: el juez ponente Gandhy Cervantes enfrenta un sumario disciplinario. Así, el Consejo de la Judicatura de Pichincha inició de oficio el procedimiento por sus actuaciones dentro de una causa que acumula aplazamientos y que todavía no logra cerrar su etapa de juzgamiento.

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Sumario contra el juez Gandhy Cervantes

De acuerdo con el comunicado difundido el 13 de agosto de 2026, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha abrió el sumario contra el juez Gandhy Cervantes, ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en Quito. Además, la decisión se sustenta en el informe INF-DNTG-SNTPJO-2026-037, remitido por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, en el que se identificó una prolongación en la fase final del proceso judicial.

En ese contexto, el informe señala que el 14 de mayo de 2026 el Tribunal suspendió una diligencia para mantenerse en deliberación y anunció que comunicaría su decisión oral en los primeros días de junio. Sin embargo, posteriormente se convocaron nuevas fechas para el 2 de julio, 3 de julio y 26 de agosto, sin que hasta la fecha se haya emitido la resolución respectiva.

Precisamente, la lectura de la sentencia volvió a suspenderse el 3 de agosto, cuando el juez ponente Gandhy Cervantes no pudo asistir a la audiencia por un permiso médico. Luego, el 7 de agosto tampoco fue posible reinstalar la diligencia, debido a la inasistencia de la perito traductora Carolina Cruz Pérez y a una emergencia médica reportada por el abogado defensor Diego Córdova Raza.

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Un proceso con más de 12 aplazamientos

A esto se suma que el proceso penal, iniciado hace aproximadamente seis años, acumula más de 12 aplazamientos atribuidos a diferentes circunstancias, entre ellas problemas de salud de procesados y jueces, cambios de abogados y cruces con otras audiencias. Por ello, las reiteradas suspensiones han mantenido en espera la sentencia de primera instancia contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otros dos procesados.

Mientras tanto, el Tribunal de Juzgamiento fijó para el 26 de agosto de 2026, a las 17:00, una nueva fecha para la lectura de la sentencia en las instalaciones del Tribunal de Garantías Penales de Quito. Esta vez, la autoridad judicial dispuso apoyo policial y una sala virtual con el objetivo de evitar nuevos retrasos durante la diligencia.

No obstante, el sumario disciplinario no significa que el juez ya haya sido declarado responsable de una infracción. Según el Consejo de la Judicatura, el procedimiento permitirá determinar si existió o no una falta disciplinaria, con base en las actuaciones y pruebas que correspondan.

Lo que debes saber

• Congope nombra a Roberta Zambrano tras renuncia de Clemente Bravo por proceso electoral.
• Cambio de presidencia en el Congope ocurre este 14 de agosto y mantiene agenda provincial.
• Roberta Zambrano asume liderazgo de 23 prefecturas mientras avanza transición institucional.

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) informó que Roberta Zambrano asumió la presidencia de la entidad luego de la renuncia de Clemente Bravo, quien dejó el cargo con la intención de continuar su actividad política y participar en el próximo proceso electoral.

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Según la organización que agrupa a las 23 prefecturas del país, el relevo se efectuó conforme a los mecanismos internos establecidos para la sucesión de autoridades. Con este cambio, Zambrano pasa a liderar el organismo en medio de un escenario marcado por la proximidad de nuevas definiciones electorales.

La salida de Bravo ocurre mientras varias autoridades seccionales analizan su participación en los próximos comicios. Aunque el Congope no detalló los planes políticos del exdirigente, señaló que la renuncia responde a su decisión de continuar su trayectoria en el ámbito político y electoral.

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Cambio de liderazgo en el organismo provincial

Tras asumir la presidencia, Roberta Zambrano quedó al frente de la entidad que representa a los gobiernos provinciales del Ecuador y que articula acciones entre las prefecturas en temas de desarrollo territorial, gestión pública y coordinación institucional.

En el comunicado difundido por el organismo se indica que la transición se desarrolla con normalidad y que las actividades y proyectos impulsados por las prefecturas continuarán bajo la nueva administración.

El Congope mantiene su agenda institucional

La organización señaló además que seguirá trabajando junto a las 23 prefecturas del país en iniciativas relacionadas con el desarrollo de las provincias y la coordinación de acciones entre los gobiernos provinciales.

Con la salida de Bravo y la llegada de Zambrano a la presidencia, el Congope inicia una nueva etapa de gestión mientras el escenario político empieza a configurarse de cara a los próximos procesos electorales en Ecuador.

Lo que debes saber

• Comisión admitió 39 impugnaciones a 26 aspirantes a Fiscal General en Quito, este 14 de agosto.
• CPCCS resolverá apelaciones antes de audiencias públicas sobre postulantes observados.
• Inés Romero, Daniella Camacho y Walter Macías concentran varias impugnaciones en el concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para elegir a la próxima autoridad de la Fiscalía General del Estado admitió 39 impugnaciones presentadas contra 26 postulantes, mientras que otras 11 fueron inadmitidas por incumplir requisitos establecidos en la normativa vigente.

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La resolución fue anunciada este 14 de agosto de 2026 por la Comisión Ciudadana, que actualmente desarrolla una de las fases más sensibles del proceso de selección de la máxima autoridad de la Fiscalía General.

De acuerdo con el reglamento del concurso, la decisión deberá ser notificada a las partes involucradas. En los casos de las impugnaciones que no fueron admitidas, los solicitantes contarán con tres días para presentar recursos de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Una vez que el Pleno resuelva las apelaciones, la Comisión Ciudadana convocará a audiencias públicas, espacio en el que los impugnantes y los candidatos cuestionados podrán exponer sus argumentos y presentar la documentación de respaldo correspondiente.

Inés Romero, Daniella Camacho y Walter Macías concentran varias impugnaciones

Entre los aspirantes que registran más observaciones consta Inés Maritza Romero Estévez, quien acumula varias impugnaciones presentadas por distintos ciudadanos, entre ellos 

También figura Daniella Lisette Camacho Herold, contra quien fueron admitidas impugnaciones promovidas por Fabiola Isabel Andrade España, Gary Sebastián Cedeño Rhea, Patricio Fernando Rosero Preciado, Luis Enrique Limones Montalván y Wilson Humberto Ortega Bravo.

Otro de los postulantes con más observaciones es Walter Samno Macías Fernández, quien enfrenta impugnaciones planteadas por Marcelo Israel Ortiz Moreano, Henry Paul García Sánchez y Pablo Andrés Lizarzaburu Castillo.

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Lista incluye a 26 postulantes

Las 38 impugnaciones admitidas están dirigidas contra 25 candidatos que participan en el concurso para dirigir la Fiscalía General del Estado.

En la nómina también constan postulantes como: 

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Próxima etapa: apelaciones y audiencias públicas

La admisión de impugnaciones no implica una descalificación automática de los candidatos. El siguiente paso será la revisión de eventuales apelaciones contra las solicitudes rechazadas y, posteriormente, la realización de audiencias públicas para analizar el contenido de cada observación.

En esa fase, la Comisión Ciudadana deberá valorar los argumentos y pruebas presentadas antes de emitir decisiones dentro del proceso de selección, que concluirá con la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Lo que debes saber

• Gobierno presenta en Ecuador política 2026-2035 para reducir mortalidad materna y neonatal.
• Vicepresidencia anuncia plan en 90 días con metas para salud materna y neonatal.
• OPS prioriza a Ecuador mientras impulsa acciones contra muertes evitables de madres y bebés.

El Gobierno Nacional presentó la Política Nacional para la Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal 2026-2035, una estrategia que busca disminuir las muertes evitables de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como de recién nacidos, mediante el fortalecimiento de los servicios de salud en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por la administración del presidente Daniel Noboa con el apoyo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), entidades que también participarán en su implementación.

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Atención prenatal, parto seguro y cuidados neonatales

Según la información difundida por agencias de Naciones Unidas en Ecuador, la política establece como prioridad mejorar el acceso a los servicios de salud, fortalecer la atención durante el embarazo, garantizar partos seguros y optimizar la atención del recién nacido, con un enfoque orientado a prevenir fallecimientos que pueden evitarse mediante una respuesta sanitaria oportuna.

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Entre los principales lineamientos consta el fortalecimiento del primer nivel de atención médica, ampliando el acceso a controles prenatales, atención especializada durante el parto y seguimiento tanto en el período posparto como neonatal. Además, se contempla la detección temprana de factores de riesgo y una respuesta más efectiva ante emergencias obstétricas y neonatales.

La estrategia también prevé acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y reforzar las capacidades técnicas del personal sanitario, con el objetivo de garantizar una atención integral, continua, segura e intercultural para mujeres y recién nacidos.

Ecuador, entre los países priorizados por la OPS

La OPS destacó que la puesta en marcha de esta política coincide con la incorporación de Ecuador al grupo de países priorizados dentro de una estrategia regional que busca acelerar la reducción de la mortalidad materna en las Américas.

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Durante la presentación, representantes de Unicef y Unfpa señalaron la importancia de fortalecer la atención durante el embarazo y los primeros años de vida, así como garantizar el acceso de mujeres y adolescentes a información, servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos modernos.

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Por su parte, la vicepresidenta María José Pinto informó que en un plazo de 90 días se prevé contar con un plan de implementación que establecerá metas, responsabilidades e indicadores para evaluar el cumplimiento de la política hasta 2035.

Lo que debes saber

• Asamblea debate reformas a viviendas tras sismos en Colombia y Venezuela, para reforzar la seguridad.
• Asambleístas proponen más controles a constructores durante la reforma de vivienda social en Ecuador.
• El segundo debate evaluará prevención de riesgos y mapas de amenaza para nuevas viviendas.

Los recientes terremotos registrados en Colombia y Venezuela han llevado a la Asamblea Nacional a centrar parte del debate sobre vivienda social en la seguridad de las construcciones. 

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Aunque la reforma a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social ya se tramitaba antes de estos eventos, los daños observados en ambos países han impulsado propuestas para endurecer los controles técnicos y fortalecer la prevención de riesgos en Ecuador.

Durante el primer debate del proyecto, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de revisar los estándares de construcción aplicables a las viviendas destinadas a los sectores más vulnerables. 

La discusión surgió en un contexto marcado por la destrucción de miles de viviendas e infraestructura tras los sismos ocurridos en los países vecinos.

Más controles para constructores

Una de las propuestas planteadas en el Pleno apunta a reforzar la responsabilidad de los promotores inmobiliarios. El asambleísta independiente Pablo Jurado sostuvo que los desastres naturales ponen a prueba la calidad de las edificaciones y propuso que los constructores asuman compromisos más estrictos respecto a las condiciones técnicas de las obras.

La iniciativa busca que los proyectos de vivienda social no solo cumplan requisitos documentales, sino que incorporen mecanismos de control que permitan determinar responsabilidades en caso de fallas estructurales.

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Prevención de riesgos entra al debate legislativo

Otro de los ejes de discusión es la incorporación de herramientas de gestión del riesgo dentro de la planificación urbana. El vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, señaló que el informe para segundo debate deberá priorizar sistemas de prevención y una mayor coordinación con los municipios para disponer de mapas de riesgo actualizados.

Los planteamientos también incluyen revisar la ubicación de los proyectos de vivienda social. Algunos legisladores consideran que estos desarrollos no deberían concentrarse únicamente en zonas periféricas, sino integrarse a áreas urbanas con acceso a servicios y menores niveles de vulnerabilidad.

Ecuador tiene normas antisísmicas, pero persisten desafíos

El debate ocurre mientras expertos recuerdan que Ecuador ya cuenta con la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), que establece criterios de diseño sismorresistente. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo el cumplimiento efectivo de esos parámetros técnicos, especialmente en edificaciones informales.

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Representantes del sector de la construcción han advertido que una parte importante de las viviendas se levanta sin pasar por todos los procesos de control y supervisión requeridos, lo que podría aumentar la vulnerabilidad frente a futuros terremotos.

El proyecto de reforma a la Ley de Vivienda de Interés Social continúa en trámite legislativo y deberá incorporar observaciones presentadas durante el primer debate antes de regresar al Pleno. 

¿Qué cambios plantea la reforma?

Esto debes saber

• Luisa González será la candidata de Pachakutik, lista 18, a la Prefectura de Manabí.
• Gabriel Giler reemplaza a Guido Mendoza y será candidato a viceprefecto.
• El cambio ocurre tras la suspensión de Amigo, lista 16, que era la plataforma prevista para la candidatura.

La carrera por la Prefectura de Manabí vuelve a dar un giro político. El Movimiento Plurinacional Pachakutik, lista 18, presentó este jueves 13 de agosto de 2026 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambios en sus precandidaturas para la Prefectura de Manabí.

La nueva fórmula está encabezada por la excandidata presidencial Luisa González, quien tendrá como compañero de fórmula a Gabriel Giler, médico y exasambleísta oriundo de Montecristi.

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El movimiento informó la modificación durante la tarde del jueves, en el tramo final del proceso correspondiente a la definición de candidaturas para las próximas elecciones seccionales.

Del movimiento Amigo a la lista 18

El cambio se produce luego de que el movimiento Amigo, lista 16, permaneciera suspendido por pedido de la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) conoció una investigación por presunto lavado de activos contra la agrupación política, que tenía previsto convertirse en la plataforma electoral de la Revolución Ciudadana para los comicios seccionales.

En las primarias, González había sido proclamada como precandidata a la Prefectura de Manabí por Amigo, junto al asambleísta de Chone, Guido Mendoza, como candidato a la Viceprefectura.

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Sin embargo, la suspensión de Amigo modificó el escenario y obligó a buscar una nueva vía electoral para la candidatura. Así, Pachakutik, lista 18, será ahora la organización que auspiciará la candidatura de González en Manabí, prestando sus colores y número de lista para la contienda.

De esta manera, González deja la fórmula que inicialmente conformaba con Mendoza y pasa a competir junto a Gabriel Giler, quien asumirá la candidatura a viceprefecto.

La inscripción todavía debe quedar en firme

Aunque el cambio de precandidatos ya fue presentado ante el CNE, González y Giler todavía deberán cumplir con el proceso formal de inscripción de sus candidaturas.

Posteriormente, sus postulaciones deberán atravesar las etapas de revisión e impugnación previstas en el calendario electoral. Una vez superados estos procedimientos, la candidatura quedará en firme para participar en la disputa por la Prefectura de Manabí.