Lo que debes saber

• El CNE analiza escenarios ante posibles afectaciones climáticas.
• Ciudadanos y expertos cuestionan un eventual cambio de fecha.
• El pedido incluye mayores controles al financiamiento electoral.

Un grupo de expertos electorales, académicos y ciudadanos pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) mantener la fecha prevista para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y concentrarse en fiscalizar el proceso. El pronunciamiento, difundido este miércoles 7 de octubre, plantea además acciones frente a la entrega de dádivas, la campaña anticipada y el financiamiento político.

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El pedido frente al escenario climático

El planteamiento surge después de que el presidente del CNE, José Cabrera, señalara que una emergencia climática de gran magnitud podría llevar a considerar un cambio en la jornada electoral. El organismo ha informado que prevé planes de contingencia y reubicación de recintos ante eventuales afectaciones por fenómenos naturales.

Los firmantes sostienen en el comunicado que el fenómeno de El Niño no debería utilizarse como argumento para modificar la fecha establecida en el calendario. A su criterio, cualquier variación debe sustentarse en razones objetivas, verificables y jurídicamente fundamentadas, debido al impacto que tendría sobre la confianza y la seguridad jurídica del proceso.

El documento también reclama al organismo electoral un control efectivo sobre la entrega de regalos o dádivas y la campaña anticipada, conductas contempladas como infracciones en el Código de la Democracia. Además, solicita fiscalizar el uso de bienes estatales y verificar el origen, monto y destino de los recursos empleados por las candidaturas.

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Vigilancia al financiamiento electoral

Entre las medidas propuestas consta revisar actividades como bingos, rifas, sorteos y conciertos cuando existan indicios de que movilizan fondos destinados a actividades políticas. Los autores también piden conocer si está operativo el Sistema de Interconexión de Datos para el Financiamiento de la Política y qué resultados ha producido la articulación con entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Contraloría General del Estado y la Fiscalía.

Además, el comunicado solicita reactivar el Buzón de Denuncias Electorales Anónimas, garantizar un escrutinio sin interrupciones desde las 17:00 del 29 de noviembre y que la Asamblea Nacional ejerza sus facultades de fiscalización sobre el CNE. El pedido fue suscrito, entre otros, por Medardo Oleas, Francisca Morejón, Alfredo Espinosa Rodríguez, Pablo Ruiz, Julio Echeverría y Anabelle Chacón.

Lo que se sabe 

• José Cevallos: recibió una condena de dos años, dos meses y 20 días por comercialización ilegal de combustible.
• Beneficio: el tribunal suspendió la pena y también concedió el beneficio a tres contadoras.
• Condiciones: deberán mantener domicilio fijo, presentarse periódicamente, no salir del país y evitar contacto con otros procesados.

José Cevallos Avellán, exgerente financiero de Fuelcorp, no irá a prisión por su participación en el caso Triple A. El tribunal que lleva la causa suspendió este martes 6 de octubre la pena de dos años, dos meses y 20 días que le fue impuesta tras declararlo cómplice del delito de comercialización ilegal de combustible.

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Cevallos fue uno de los testigos de la Fiscalía General del Estado dentro del proceso que involucra a Aquiles Álvarez y otras personas. El tribunal acogió su pedido de suspensión condicional de la pena, por lo que podrá cumplir la condena en libertad.

La misma decisión se aplicó a Carolina Troya, Leydi Cedeño y Yesenia Vélez, contadoras de cuatro empresas vinculadas al proceso. Las tres recibieron la misma pena y fueron declaradas cómplices del delito.

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La condena se cumplirá bajo condiciones

El tribunal explicó que la cooperación con la justicia no es un requisito para acceder a la suspensión condicional de la pena. El criterio determinante es que la condena impuesta sea inferior a cinco años de prisión.

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La Fiscalía y los acusadores particulares respaldaron la solicitud de Cevallos, pero se opusieron a que las tres contadoras recibieran el mismo beneficio. Pese a ello, el tribunal resolvió conceder la suspensión a los cuatro sentenciados.

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¿Qué deberán cumplir?

Cevallos, Troya, Cedeño y Vélez deberán cumplir una serie de condiciones mientras permanezcan en libertad. Entre ellas están mantener un domicilio fijo, presentarse periódicamente ante la autoridad y no salir del país.

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También tendrán prohibido frecuentar a los otros procesados y deberán abstenerse de reincidir en conductas delictivas. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar que la suspensión sea revocada y que los sentenciados sean enviados a prisión para cumplir la pena.

En un comunicado publicado este 7 de octubre de 2026, la organización política señaló: “Esta decisión genera una grave afectación al derecho constitucional a la participación política, no solamente de nuestros candidatos, sino también de la organización política”.

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La decisión corresponde a la causa 408-2026-TCE y fue conocida por el Pleno del organismo el 6 de octubre. El fallo aceptó el recurso presentado por el movimiento oficialista ADN y determinó que la delegada que realizó la subsanación de la candidatura no tenía facultades para hacerlo.

La organización señaló que la observación inicial sobre la documentación era subsanable y que los documentos fueron presentados dentro del plazo establecido. Según Avanza, el TCE consideró que la corrección no era válida por el alcance de la delegación otorgada.

El partido sostuvo que una cuestión formal no debería impedir la participación de una candidatura en las elecciones seccionales de 2026. 

“La propia sentencia reconoce que la observación formulada inicialmente sobre la documentación presentada era susceptible de subsanación y que la documentación presentada dentro del plazo correspondiente podía superar materialmente el problema de legibilidad”, argumentó la organización política.

¿Qué pasó con el binomio de Avanza?

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogió el recurso subjetivo contencioso electoral tramitado bajo la causa 408-2026-TCE. Con esta decisión, el organismo de justicia electoral revocó la Resolución Nro. PLE-CNE-118-29-9-2026, emitida el 29 de septiembre de 2026 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la resolución previa emitida por la Junta Provincial Electoral de Tungurahua.

El punto central del litigio jurídico giró en torno al alcance de las facultades para corregir observaciones dentro del calendario electoral. Durante la fase inicial, la autoridad electoral advirtió que la declaración juramentada del postulante a la Viceprefectura era ilegible y otorgó 48 horas para subsanar.

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El trámite de subsanación fue ingresado mediante el Oficio Nro. JPET-AVANZA8-2026-022, firmado por Aracelly Karina Pérez Izurieta, presidenta provincial de la organización política.

Sin embargo, el tribunal determinó que dicho trámite carecía de eficacia jurídica conforme a la normativa electoral y los estatutos internos del partido.

Lo que debes saber

• Ecuador y la UE crean alerta temprana para detectar nuevas drogas y riesgos en 2026.
• Comité de Drogas analiza en Quito cómo anticipar amenazas al consumo y tráfico.
• Nuevo sistema busca identificar riesgos de drogas antes de afectar salud y seguridad.

Ecuador avanza en el diseño de un sistema de alerta temprana destinado a identificar nuevos riesgos asociados a las drogas, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad estatal para anticiparse a amenazas emergentes relacionadas con el narcotráfico, el consumo de sustancias y sus impactos en la salud pública.

La propuesta se desarrolla en el marco de un taller técnico realizado con apoyo de la Unión Europea, que reúne a representantes de las entidades que integran el Comité Interinstitucional de Drogas. El encuentro tiene como finalidad establecer mecanismos de coordinación y definir la creación de una comisión especializada en análisis e investigación sobre el fenómeno de las drogas y la salud mental en el país.

Buscan anticiparse a nuevas formas de amenaza

La iniciativa surge en un contexto regional marcado por la evolución de los mercados ilícitos, la aparición de nuevas sustancias y los cambios en las dinámicas del crimen organizado. Por ello, las autoridades y organismos participantes buscan desarrollar herramientas que permitan recopilar información, analizar tendencias e identificar riesgos de manera más rápida.

Durante las jornadas de trabajo se discuten procedimientos para fortalecer la investigación sobre drogas y mejorar los mecanismos de intercambio de información entre instituciones. El objetivo es contar con alertas oportunas ante posibles cambios en los patrones de consumo, tráfico o aparición de nuevas sustancias.

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Cooperación internacional y políticas públicas

El proyecto forma parte de la cooperación entre Ecuador y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas (Copolad III). Según la información difundida durante el encuentro, la intención es dotar a las instituciones ecuatorianas de mayores capacidades para comprender la evolución del fenómeno de las drogas y respaldar la toma de decisiones basadas en evidencia.

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La Unión Europea ha señalado que el fortalecimiento de los sistemas de información y la coordinación interinstitucional son elementos clave para enfrentar un problema que combina dimensiones de seguridad, salud pública y desarrollo social.

La creación de un sistema de alerta temprana ocurre mientras Ecuador enfrenta desafíos relacionados con el narcotráfico y las economías criminales vinculadas al comercio ilegal de drogas. 

Gabriela Solano, presidenta de la Junta Provincial Electoral del Azuay, informó que de las 580 inscripciones solamente dos no fueron calificadas. "Una incumplió el porcentaje de inclusión de jóvenes y la otra no subsanó las observaciones dentro de los dos días establecidos", detalló. 

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Más de 4.000 candidaturas en Azuay

Para la Prefectura de Azuay quedaron en firme ocho candidaturas : Gabriela Eulalia Ochoa Quesada, por el Partido Social Cristiano; Pablo Esteban Webster Coello, por el Movimiento Nueva Generación; Ángel Vicente Cartuche Cartuche, por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik; Sebastián Rodrigo Ceballos Vivar, por el Movimiento Unidos por el Agua; Paolo José Carpio Arévalo, por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN); Gustavo Fernando Sánchez Pinos, por el Partido Avanza; María Consuelo Orellana Pacheco, por la Alianza a la Provincia en Marcha; y David Mateo López Vanegas, por el Movimiento Igualdad.

En el caso de la Alcaldía de Cuenca, las candidaturas calificadas son nueve : Juan Pablo Riquetti Morales, por el Partido Sociedad Patriótica; Paulo Ernesto Carrasco Carpio, por la Alianza Cuencanos como Vos; Pedro Renán Palacios Ullauri, por el Movimiento Nueva Generación; Juan Cristóbal Lloret Valdivieso, por la Alianza a la Provincia en Marcha; Leonardo Agustín Morales Ordóñez, por el Partido Avanza; Diana Mercedes Mera Quito, por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik; Juan Carlos Vega Malo, por ADN; Yaku Usacha Pérez Guartambel, por la Alianza Unidos por el Agua; y Hugo Marcelo Cabrera Palacios, por la Alianza en Equidad.

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Del total provincial, además, fueron inscritos 89 candidatos a las alcaldías de los diferentes cantones, 285 candidatos a concejalías urbanas, 198 a concejalías rurales y 1.570 a vocalías de juntas parroquiales.

Solano detalla que la Junta recibió 24 objeciones durante el proceso y dos impugnaciones ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Estas correspondieron a las alcaldías de Oña y Paute y estuvieron relacionadas con la pertenencia. "Ambas fueron desestimadas: una por falta de legitimidad y otra por falta de firma de verificación de la procuradora común", puntualizó.

Campaña electoral

Aunque las candidaturas ya están en firme, la campaña electoral comenzará oficialmente el 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de noviembre. La Junta advirtió que las actividades que constituyen llamadas al voto fuera de ese período pueden ser consideradas campaña anticipada.

Vinicio Bermeo, director de la Delegación Provincial del CNE, dio a conocer que se realiza monitoreo de medios y redes sociales para detectar posibles infracciones. Para el control la institución dijo considerar los siguientes aspectos: temporalidad , contenido de las declaraciones y, cuando corresponda, el posible uso de recursos económicos que posteriormente deberán ser reportados por los representantes económicos de las organizaciones políticas.

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Además aclaró que los candidatos pueden exponer sus planes de trabajo y proyectos antes del inicio de la campaña y que la diferencia está en el llamado al voto. "Presentar propuestas y explicar objetivos a la ciudadanía no constituye, por sí mismo, campaña anticipada", dijo Bermeo.

También reconoció que el control en redes resulta complejo por la magnitud de las plataformas y la existencia de cuentas anónimas.

Debates y plan de contingencia 

El CNE informó que los debates en la provincia del Azuay se desarrollarán el 14 de noviembre para las candidaturas a la Prefectura y el 15 de noviembre para la Alcaldía de Cuenca. El carácter de estos debates será obligatorio.

Mientras tanto, la Junta Provincial Electoral avanza en la organización de la jornada electoral del 29 de noviembre. De los 13.713 miembros de las juntas receptoras del voto designados ya se han capacitado el 42%.

También se trabaja en la instalación de internet en los centros de digitalización y en la revisión de los recintos electorales.

Ante posibles afectaciones por el fenómeno de El Niño, la Junta señaló que existe un plan de contingencia y una mesa de seguridad integrada por instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU 911, Secretaría de Gestión de Riesgos y Ministerio de Educación. 

La Junta también indicó que existen recintos alternos en caso de que sea necesario realizar cambios por inundaciones u otros eventos, siempre que las condiciones y el tiempo permitan ejecutar la modificación.

Para el proceso de encuestas y análisis preelectoral, siete empresas, personas naturales o jurídicas han sido calificadas por el CNE, mientras una solicitud no fue aceptada. La autoridad electoral recomendó a los ciudadanos contrastar la información que circula sobre preferencias electorales y posibles resultados.

La campaña para las seccionales de 2026 aún no arranca formalmente. Sin embargo, en redes sociales, los diferentes partidos políticos ya hablan de sus candidatos, propuestas y preocupaciones. En ese escenario, la Revolución Ciudadana empezó por Guayas la exposición de sus candidatos.

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En un video publicado en la cuenta de esa organización en Guayas, Correa —expresidente y sentenciado en el caso Sobornos— aparece en solitario para hacer un llamado al voto por Sofía Espín, candidata a prefecta del Guayas, y José Francisco Cevallos, candidato a viceprefecto. El propio Correa explica que, esta vez, ambos correrán por esos cargos bajo la lista 17 del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

¿Qué dijo Correa sobre la campaña?

En su perfil de la red social X, Correa delineó lo que será la campaña para sus candidatos. Anticipó que en México ya había realizado videos para promocionar a sus compañeros. “En México ya hice decenas de videos para nuestros candidatos. A estar muy atentos y activos”, escribió.

A la par, Correa pidió que cada uno de los simpatizantes de la Revolución Ciudadana “se convierta en una verdadera central de campaña”. “Debemos actuar más unidos, decididos e informados”, agregó.

¿Qué pasó con la lista de RC?

Revolución Ciudadana no irá a las seccionales con su propia lista. Tras una denuncia de la Fiscalía por el denominado caso Caja Chica, relacionado con un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2023, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió al movimiento.

En ese escenario, el correísmo buscó movimientos que auspiciaran a sus principales candidatos. Uno de ellos fue Amigo, donde perfiles como Pabel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito, y Luisa González, en ese momento aspirante a la Prefectura de Manabí, protagonizaron las primarias.

Bajo un esquema similar, la Fiscalía también anunció el inicio de un proceso contra Amigo y este terminó suspendido por el TCE. Así, la Revolución Ciudadana tuvo que buscar alianzas de última hora.

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En Guayas pondrá candidatos de la mano del PSE, no solo para la Prefectura, sino también para la Alcaldía de Guayaquil, con Fiorella Ycaza. En Quito, el correísmo es parte de la Alianza Ciudadana, en la que también están el PSE y Unidad Popular.

Lo que debes saber

• TCE aceptó recurso de ADN y anuló calificación del binomio de Avanza en Tungurahua.
• La delegada del partido carecía de facultades para subsanar requisitos legales.
• Se ratificó que el CNE vulneró la seguridad jurídica al validar la delegación.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió aceptar el recurso subjetivo interpuesto por Mishel Mancheno, secretaria nacional del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). El fallo dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y negó de forma definitiva la inscripción del binomio a la Prefectura y Viceprefectura de Tungurahua auspiciado por Avanza, integrado por María Fernanda Naranjo Guevara y Cristian Omar Yucailla Yucailla, debido a que la subsanación de su trámite fue suscrita por una delegada no facultada jurídicamente para dicho acto.

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El fallo del TCE contra la resolución del CNE

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogió el recurso subjetivo contencioso electoral tramitado bajo la causa Nro. 408-2026-TCE. Con esta decisión, el organismo de justicia electoral revocó la Resolución Nro. PLE-CNE-118-29-9-2026 emitida el 29 de septiembre de 2026 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la resolución previa emitida a nivel desconcentrado por la Junta Provincial Electoral de Tungurahua.

Como efecto directo de la sentencia, se negó la calificación e inscripción formal de la fórmula provincial presentada por la organización política:

Los límites de la delegación en Avanza

El punto central del litigio jurídico giró en torno al alcance de las facultades legales para corregir observaciones dentro del calendario electoral. Durante la fase inicial, la autoridad electoral advirtió que la declaración juramentada del postulante a la Viceprefectura era ilegible, otorgando 48 horas para subsanar. Dicho trámite de descargo fue ingresado mediante el Oficio Nro. JPET-AVANZA8-2026-022 firmado por Aracelly Karina Pérez Izurieta, presidenta provincial de la organización política.

Sin embargo, el tribunal determinó que dicho trámite carecía de eficacia jurídica conforme a la normativa electoral y los estatutos internos del partido.

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Razones jurídicas que anularon la subsanación

El Pleno sustentó la invalidez del acto en los siguientes puntos normativos:

Vulneración de la seguridad jurídica

El tribunal concluyó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneró el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador al dar por válida una subsanación presentada por quien no contaba con atribuciones legales suficientes.

El fallo descartó que existiera una falta de motivación en la resolución impugnada, señalando que el error de la autoridad electoral radicó en una indebida aplicación del régimen reglamentario al extender indebidamente atribuciones delegadas.

Lo que debes saber

• El TCE rechazó la apelación de Carlos Sánchez Villagrán por infracción en la Consulta 2024.
• Se ratificó la multa de 25 salarios básicos unificados al responsable económico.
• El tribunal descartó vulneración al debido proceso y confirmó fallas en descargos.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó este 6 de octubre de 2026 el recurso de apelación interpuesto por Carlos Sánchez, responsable del manejo económico del movimiento Pachakutik. En Quito, los jueces electorales ratificaron la sentencia de primera instancia que determinó su responsabilidad por entregar de forma extemporánea y no subsanar las observaciones a las cuentas de campaña de la consulta popular de 2024, confirmando en su contra una sanción de 25 salarios básicos unificados.

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La resolución del Pleno del TCE sobre el recurso de apelación

El máximo organismo de justicia electoral analizó la impugnación a la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2026 por el juez de primera instancia, Ángel Torres, derivada de una denuncia interpuesta por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera.

La causa signada con el número 109-2026-TCE resolvió dos problemas jurídicos centrales: la presunta vulneración del derecho a la defensa por defectos en la citación y la configuración de la infracción electoral tipificada en la normativa aplicable bajo el principio de favorabilidad.

Tras la sustanciación a cargo del juez Patricio Maldonado y la conformación del Pleno jurisdiccional, el tribunal concluyó por unanimidad que no existió indefensión y que los elementos objetivos y subjetivos de la falta se acreditaron plenamente.

Los argumentos sobre la citación y el derecho a la defensa

La defensa técnica del responsable económico alegó la nulidad procesal al sostener que la diligencia de citación practicada entre el 12 y el 14 de agosto de 2026 mediante la fijación de boletas en su domicilio vulneró el debido proceso. Argumentó que esto le impidió contestar a tiempo la denuncia e intervenir en igualdad de condiciones.

No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral desestimó este reclamo con base en los siguientes antecedentes procesales:

El fallo determinó que el recurrente no probó un vicio real que produjera indefensión efectiva, habiendo ejercido a cabalidad su patrocinio letrado.

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Las irregularidades no subsanadas en el gasto electoral

En cuanto al fondo del caso, el análisis técnico de la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral determinó que Pachakutik no desvaneció 10 observaciones técnicas tras un plazo inicial de 15 días concedido por la Presidencia del CNE en agosto de 2025.

Pese a que el denunciado argumentó que no hubo movimientos en efectivo sino aportes en especie, el tribunal ratificó que las obligaciones contables son de carácter sustancial para el control democrático.

Observaciones técnicas ratificadas por el CNE

El informe final de liquidación de cuentas identificó los siguientes incumplimientos:

El Pleno concluyó que Sánchez ostentaba una posición de garante directa sobre la gestión económica y contable de la campaña, por lo que la sanción económica impuesta de 25 salarios básicos unificados respeta los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Lo que debe saber

• Roberta Zambrano fue denunciada ante el TCE por presunta entrega no autorizada de dádivas.
• El juez Patricio Maldonado dio dos días al denunciante para aclarar y completar el trámite.
• La candidata de ADN podría enfrentar multas e inhabilitación para los comicios de noviembre.

La candidata del movimiento ADN a la Alcaldía de Esmeraldas, Roberta Zambrano, fue denunciada el 6 de octubre de 2026 ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la presunta entrega de dádivas y regalos a ciudadanos. La causa, ingresada por Linder Maximiliano Altafuya Loor y asignada al juez Patricio Maldonado, señala una supuesta infracción electoral grave que podría comprometer la participación de la postulante en los comicios seccionales de noviembre de 2026.

Los detalles de la denuncia contra Roberta Zambrano

El recurso legal presentado por Linder Maximiliano Altafuya Loor sostiene que la aspirante incurrió en la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 278 del Código de la Democracia.

Dicha normativa sanciona de manera expresa la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos sin autorización de la autoridad electoral durante el período de campaña.

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Sanciones previstas en la normativa electoral

En caso de comprobarse la infracción, la ley estipula las siguientes consecuencias:

De superar los filtros legales correspondientes y ser admitida a trámite, la denuncia podría derivar en una resolución que afecte directamente la candidatura de Zambrano para las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.

Denunciante deberá completar recurso electoral

El juez de la causa, Patricio Maldonado, aún no admite a trámite la causa. Mediante un auto de sustanciación, el magistrado dispuso que el denunciante aclare y complete su recurso en un plazo perentorio de dos días.

Para evitar que la causa sea archivada, el demandante debe subsanar los siguientes puntos:

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La polémica por video con la presunta menor de edad

Antes del ingreso de la denuncia ante el TCE, se difundió en plataformas digitales un video en el que se observa a Roberta Zambrano entregando obsequios a asistentes durante un acto público. La controversia se originó porque en la grabación se escuchaba a la postulante pedirle a una ciudadana que se levantara el vestido para hacerle entrega del presente, lo que generó cuestionamientos sobre si se trataba de una menor de edad.

Posteriormente, la candidata de ADN publicó un segundo video junto a la involucrada y su entorno familiar para aclarar el hecho. En esa grabación, la propia ciudadana descartó ser menor: "Estoy aquí para desmentir una información en la cual dicen que soy niña, pero no soy niña, soy mayor de edad".

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La designación se produjo el miércoles 7 de octubre de 2026, durante la sesión de clausura de la 63 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre.

Salazar, abogada y catedrática, pasará a integrar el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas, conformado por expertos independientes.

Durante esta sesión se abrió una convocatoria para cubrir la vacante correspondiente a los Estados de América Latina y el Caribe dentro de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo, que integrará Daniela Salazar, existe desde hace 16 años

El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Fue creado el 1 de octubre de 2010 mediante la resolución 15/23, adoptada por consenso, y su mandato fue renovado en junio de 2025 mediante la resolución 59/14.

Este grupo tiene como objetivo abordar, desde una perspectiva independiente e integral, las distintas formas de discriminación que afectan a mujeres y niñas. Para ello, analiza leyes, políticas y prácticas y proporciona orientación a los Estados.

Su labor complementa el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de supervisar la aplicación de la convención internacional sobre esta materia, y el de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y la niña.

A diferencia de estos mecanismos, el Grupo de Trabajo aborda la discriminación contra mujeres y niñas en sus diferentes manifestaciones y trabaja con todos los Estados, independientemente de que hayan ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

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Lo que debes saber

• El ingreso a la empresa ocurrió cerca de las 03:30.
• Los sospechosos utilizaron dos vehículos para escapar.
• La investigación apunta a una banda relacionada con otros asaltos.

Cuarenta y dos armas fueron robadas durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de una empresa de seguridad ubicada en la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, en un asalto que terminó con una persecución y una balacera. Entre lo sustraído constan 30 armas de fuego y 12 armas no letales, según información preliminar.

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Simularon un operativo para ingresar a la empresa

El robo ocurrió cerca de las 03:30, cuando alrededor de una decena de sujetos ingresó a las instalaciones utilizando prendas similares a las de policías y militares. Los sospechosos habrían simulado un operativo del Bloque de Seguridad para acceder al establecimiento y apoderarse del armamento.

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron en una camioneta y un vehículo tipo SUV, lo que activó un operativo policial con apoyo de las cámaras de videovigilancia. La persecución se extendió hasta la vía Perimetral, donde una camioneta negra recibió varios impactos de bala y terminó chocando contra otro vehículo de Segura EP, frente a las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

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La fuga terminó en la vía Perimetral

El segundo vehículo utilizado en la fuga fue localizado aproximadamente dos kilómetros más adelante. Cerca de las 07:00, la Policía informó sobre la detención de dos personas que estarían relacionadas con el robo y señaló que parte de las armas sustraídas había sido recuperada.

Las autoridades indicaron además que ya seguían la pista de esta banda, debido a que estaría vinculada con otros asaltos registrados en ciudadelas privadas de Guayaquil. Las investigaciones continúan para determinar la identidad y participación del resto de los integrantes del grupo.

Lo que debes saber:

• Guillermo Churuchumbi no tiene empresas registradas; su esposa maneja una lechera, emprendimiento que tienen desde hace tres décadas.
• El coordinador de Pachakutik corre, por segunda vez, por la Prefectura de Pichincha; analistas hablan sobre sus posibilidades.
• Churuchumbi quiere trabajar en temas de vialidad, ampliar la cobertura de salud y potenciar los Centros Warmi, con un eje de emprendimiento.

En ocasiones, si algún compañero de Pachakutik telefonea a Guillermo Churuchumbi antes de las 07:00, es posible que lo encuentre con sus vacas. Todos los días, desde las 04:00, él y su esposa, Blanca Rojas, se dedican a ordeñarlas. Churuchumbi aprendió a hacerlo a los 5 años y, a sus 56, todavía mantiene esa rutina.

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Vive en Cariacu, en Cayambe, aunque nació en Pesillo, en la parroquia de Olmedo. Se sostiene, cuenta, con un emprendimiento familiar dedicado a la producción lechera.

Hace algunos años, un error administrativo de digitación hizo que en sus registros figurara un patrimonio superior a los 2 millones de dólares. Sin embargo, en su declaración más reciente, del 2024, año en que fue profesor de la Universidad Central, consta una cifra 10 veces menor: más de $ 200.000.

En la Superintendencia de Compañías no aparece como propietario de ninguna empresa. Al preguntarle cómo se sostiene, explica que el emprendimiento familiar está registrado a nombre de su esposa y de sus hijos. 

La lechería es su principal fuente de ingresos. Producen unos 150 litros de leche al día y llevan alrededor de 35 años dedicados a esa actividad, según cuenta.

Desde hace siete años, sus hijos también administran el restaurante Rasu Pamba. Churuchumbi y Rojas tienen tres hijos: Sisa, de 34 años; Tamia, de 31, y Sumak, de 29.

¿Cómo le fue en su anterior carrera por la Prefectura de Pichincha?

Ahora, una vez más, el dirigente vuelve a la contienda. Churuchumbi coordina Pachakutik desde 2023 y el movimiento insiste en llevarlo como candidato a la Prefectura de Pichincha. No es la primera vez. 

En las elecciones seccionales del 2023 obtuvo el 25,56% de los votos, apenas 2,4 puntos porcentuales por debajo de la correísta Paola Pabón.

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En esa elección, Churuchumbi llegó en alianza con su movimiento, Mover y el Partido Izquierda Democrática (PID), dentro de una fórmula que también respaldó a Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito. 

El radiodifusor y hoy también candidato hizo que el serio el político indígena entre al mundo de TikTok. En un video apareció coreando: “hay una palabra clave, que significa quién sabe”, en referencia al Churi Churín Fun Flais del programa de Roberto Gómez Bolaños.

Y en el juego de campaña, la respuesta era el apellido difícil de recordar, Churuchumbi. Y él apareció incluso con la camiseta roja, con el corazón del Chapulín Colorado.

Los analistas opinan sobre la candidatura de Churuchumbi:

Pero, su trayectoria política no empieza recién. Fue alcalde de Cayambe durante dos periodos y desde 2023 dirige Pachakutik. 

Para Santiago Cahuasquí, catedrático y analista político, Churuchumbi no llega a esta contienda como una figura nueva. 

Su candidatura busca trasladar una trayectoria construida desde el gobierno local y el movimiento indígena hacia una escala provincial mucho más heterogénea.

En ese marco, Juan Manuel Fuertes, exdiputado y analista político, anota que haber ganado dos veces la Alcaldía de Cayambe no significa necesariamente que Guillermo Churuchumbi se haya convertido en una figura con un respaldo equivalente en toda la provincia de Pichincha.

La elección de prefectos, explica Fuertes, tiene una particularidad: aunque las competencias de estas autoridades están principalmente vinculadas al ámbito rural, la votación es provincial e incluye a los centros urbanos. 

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Por eso, una candidatura que no tenga una presencia significativa en las principales ciudades o que no esté respaldada por una estructura electoral amplia enfrenta mayores dificultades.

Por eso, Fuertes opina que el hecho de que Pachakutik vuelva a jugar la carta de Churuchumbi no implica que hay considere que tiene altas probabilidades de ganar. También puede responder a la necesidad de mantener un nivel de protagonismo político y mediático. 

Su perfil, asociado al movimiento indígena y a sectores considerados más radicales, le proporciona una visibilidad que otros candidatos de menor exposición no tendrían.

El desafío, por tanto, según Cahuasquí, va más allá de mantener el respaldo de su base política. Pichincha obliga a articular electorados muy diferentes: Quito urbano, los valles y los cantones rurales, donde Pachakutik y las organizaciones indígenas tienen una implantación distinta.

En ese sentido, para Cahuasquí, más que definir a Churuchumbi solo como “el candidato indígena”, la pregunta es hasta qué punto puede convertir su experiencia política en Cayambe y su trayectoria dentro del movimiento en una candidatura capaz de cruzar las distintas realidades electorales de Pichincha. 

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Ahí está una de las claves de su nueva apuesta: transformar una trayectoria política asentada en Cayambe y en Pachakutik en una propuesta con capacidad de disputar una provincia más diversa.

La legisladora de PK, Mariana Yumbay, lo conoce alrededor de 30 años. Dice que lo ha visto participando en la construcción de la Constitución de 1998 y 2008; que ha trabajado en la escuela de formación del movimiento y que quería dedicarse a recorrer el país, para fortalecerlo. Pero que las bases le pidieron ser candidato.

A EXPRESO, Churuchumbi le dijo que hay mucho por hacer en el tema vial; le parece bien el trabajo en salud, con Pichincha Humana, pero que se debe ampliar la cobertura; y que hay que ir más allá con los centros, Warmi, porque las víctimas de violencia necesitan apoyo para emprender. 

Lo que debes saber

• Daniel Noboa aseguró que no habría apagones en los hogares, pero la promesa quedó en entredicho.
• Industrias y barrios residenciales de Quito y Guayaquil reportan cortes prolongados de energía.
• La falta de información oficial sobre la crisis eléctrica profundiza el malestar ciudadano.

“Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”. Así lo prometió el presidente de la República, flanqueado por su jefe de gabinete y enteramente a gusto con lo que tenía al frente. Noboa se aventuró a ir más allá, advirtiendo que “por más que sueñen los odiadores que haya cortes, no va a haber cortes”. Esa es un promesa incumplida desde antes de haber sido pronunciada.

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Racionamiento energético en el sector productivo

Primero, porque las industrias vienen ya varios días padeciendo de apagones, que han crecido en su alcance y duración: 24, 48, 72 horas. Quito, Durán, Ambato, luego otras ciudades. Encima, les subieron la tarifa eléctrica. Pero al menos les cayó un premio de consuelo: finalmente los recibieron para dialogar, dialogar y dialogar, como pedía un dirigente empresarial del Guayas. También se ofreció café.

Cortes de energía en el sector residencial

Las industrias, claro, no son las familias ecuatorianas. Las alimentan, las visten, les equipan la casa, al menos en parte. A muchos les dan un salario. Pero no son las familias ecuatorianas en sus hogares. Esa es otra cosa, el sector residencial, doméstico. Pasa que ellos también han sido afectados por apagones. La cuestión es que, y ahí hay otro juego semántico, el Gobierno y sus voceros oficiales y extraoficiales no los llaman como tales. De hecho, prefieren pretender que nunca ocurrieron.

Reportes de apagones en Quito y Guayaquil

Gracias al cielo y su favor que no se agota, aunque también nos reviente a gotas, existe la prensa, y ella ha puesto en evidencia la ocurrencia de esos cortes de luz. Diversos medios de comunicación han reportado desde la semana pasada cortes en Quito y Guayaquil, mientras que a lo largo de la avenidas de los suburbios de los más privilegiados, las ciudadelas y centros comerciales reciben sendas cartas de la Empresa Eléctrica solicitando desconexiones voluntarias o adelantando apagones.

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Testimonios en barrios de la urbe porteña

Ecuavisa, Teleamazonas y este Diario han publicado notas y reportajes realizados con base en visitas al terreno, al mítico territorio donde el jefe de gabinete del Gobierno dice que se encuentran ocupados los ministros, en las que han entrevistado a moradores de Mapasingue, del Guasmo, de la Kennedy y de otros barrios al oeste, al sur y al norte de la urbe porteña, todos diciendo que pasaron horas y hasta días enteros sin luz. Los equipos de televisión hasta mostraron con sus cámaras los hogares y locales desconectados.

Esto no es nuevo. A lo largo del año, los apagones han ocurrido una y otra vez. A veces el Gobierno ha dicho que se deben a problemas ajenos a la generación, es decir, han sido cosa de la transmisión y distribución. Pero todo eso le corresponde también al Gobierno y a las empresas públicas, por supuesto. En otras ocasiones no han dicho nada. Por ahí salió hace poco una publicación en redes de una cuenta oficial apuntando a un posible daño a una subestación, pero no mucho más.

Responsabilidad estatal y transparencia informativa

Sea lo que sea, sobredemanda, poca generación, falta de mantenimiento o una zarigüeya, el Estado y quienes lo administran son responsables de evitarlo, repararlo, pero sobre todo de informarlo. La ciudadanía, que paga sus impuestos y que trabaja todos los días para sacar al país adelante, merece y también necesita saber cuándo y por qué les van a cortar la luz.

Si el Gobierno teme a la reacción impaciente de la gente, se puede equivocar jugando con su credulidad. Pero aunque no sea así, aunque el margen de tolerancia de la ciudadanía exceda todo, como parece que ocurre con los ilustres patricios y empresarios, este país no debe basarse en la lógica de lo popular y lo expedito para los políticos.

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El camino al desarrollo y la preservación de la democracia solo puede ser transitado por una sociedad en la que la transparencia sea la regla. Y es posible, creíble y antes que nada demostrable que el pueblo sabe aceptar las explicaciones de una autoridad que se presenta ante ellos con humildad y honestidad durante la crisis.

Los apagones ya están aquí, aunque no sean tantos como en el 2024. Sin embargo, parece que el país opera todavía con la luz apagada. Y en esa oscuridad, crece el silencio.

Lo que debes saber

• Las elecciones seccionales ponen a prueba la fuerza territorial de las organizaciones políticas.
• Los resultados de 2023 dejaron un mapa municipal marcado por la diversidad de fuerzas.
• La capacidad de movilización de los partidos será determinante en cada provincia y cantón.

En las elecciones seccionales de 2023, el correísmo ganó terreno, pero no logró concentrar el poder municipal del país, mientras que las fuerzas contrarias a esta corriente tampoco consiguieron aglutinarse en un solo bloque. Esa fragmentación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de cara a los próximos comicios: ¿cuánto puede pesar el anticorreísmo en las urnas y hasta qué punto ese sentimiento favorecerá al oficialismo?

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La Revolución Ciudadana (RC) obtuvo 48 alcaldías en 2023, alrededor del 22 % del total nacional, y conquistó dos de las ciudades más importantes del país: Quito y Guayaquil, expone Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Sin embargo, el resto de los municipios quedó en manos de distintas organizaciones políticas, incluidas agrupaciones locales.

Para Quinga, los resultados de esos comicios muestran que las dinámicas territoriales tienen un peso determinante. “Hay una fragmentación que no necesariamente está calificada solamente como el anticorreísmo”, señala, al explicar que los liderazgos locales, las alianzas y la gestión municipal inciden en las preferencias de los votantes.

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El peso de la gestión por encima de la ideología

Esa particularidad marca una diferencia frente a las elecciones generales, donde la polarización entre correísmo y anticorreísmo puede convertirse en un factor decisivo, especialmente en una segunda vuelta, explica Andrea Endara, politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande. Añade que, en las seccionales, en cambio, la identificación ideológica pierde terreno frente a las expectativas sobre seguridad, servicios públicos, cercanía y capacidad de gestión de los candidatos.

Endara considera que el anticorreísmo funciona como un eje de identidad política, pero no necesariamente define quién ganará una alcaldía o prefectura. “En las seccionales el voto se va por la gestión, por la idea de quién les da más cercanía, más seguridad”, explica.

La dispersión, indica la académica, también se refleja en la oferta electoral, pues el Partido Social Cristiano (PSC), Acción Democrática Nacional (ADN), Avanza y distintas organizaciones locales buscan captar a los votantes que rechazan al correísmo. No obstante, ninguna de estas fuerzas tiene asegurado el respaldo de todo ese electorado, que puede inclinarse por diferentes candidaturas según la realidad de cada territorio.

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Un voto que no pertenece exclusivamente a ADN

El oficialismo buscará convertir el anticorreísmo en una ventaja electoral, en un escenario en el que ADN participará por primera vez en unos comicios seccionales. Para el analista político-electoral Alfredo Espinosa, el Gobierno intenta reunir a sectores que históricamente han rechazado al correísmo, aunque advierte que un eventual triunfo oficialista no necesariamente demostraría que ese bloque se consolidó como una fuerza homogénea.

Quinga coincide en que el rechazo a la RC no implica un respaldo automático al movimiento de Daniel Noboa. “No porque haya un sector anticorreísta en el Ecuador quiere decir que el voto es directamente endosable, en este caso, al oficialismo”, sostiene, al recordar que las alianzas y las preferencias electorales responden también a las particularidades de cada provincia y cantón.

A esto se suma que una parte del electorado anticorreísta tampoco se identifica con el Gobierno. Endara señala que, aunque ADN puede captar una porción de esos votantes, otros pueden optar por fuerzas como el Partido Social Cristiano o por candidaturas locales, especialmente si consideran que esas organizaciones ofrecen mejores respuestas a los problemas de sus ciudades.

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Los resultados del Gobierno, otra variable electoral

Los apagones, la inseguridad y las consecuencias del fenómeno de El Niño podrían profundizar esa distancia entre el anticorreísmo y el oficialismo. Si estos problemas afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, el malestar podría traducirse en un voto de castigo contra los candidatos de ADN, sin que eso signifique un traslado automático de esos sufragios hacia la Revolución Ciudadana.

Endara pone como ejemplo a Guayaquil, donde el PSC podría recuperar espacio si una parte de los electores prioriza la experiencia de gestión municipal y la percepción de seguridad. “Si ya eres anticorreísta y los efectos del Niño y los cortes de energía van a hacer que no votes por el Gobierno o por el candidato de Gobierno de manera de castigo, entonces vas a buscar otro de los que se declaran anticorreístas”, explica.

Espinosa, por su parte, considera que los resultados de las seccionales servirán para medir la capacidad del oficialismo de consolidar una estructura territorial con miras a las elecciones nacionales de 2029. No obstante, advierte que los resultados dependerán de varias variables, pues los logros simbólicos (captura del expresidente correísta de la Asamblea Nacional y exministro del Interior, José Serrano) que el Gobierno exhiba frente al correísmo no necesariamente compensarán las deficiencias en servicios públicos, seguridad o libertades.

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Manabí, la prueba de fuego para el correísmo

En ese escenario, Manabí se perfila como uno de los territorios clave para medir la vigencia de la Revolución Ciudadana, incluso sin una candidatura propia a la prefectura, menciona Espinosa. La apuesta por el voto nulo podría convertirse en una demostración de fuerza si consigue reunir el respaldo suficiente para provocar la repetición de los comicios.

Espinosa considera que un eventual triunfo del nulo representaría “la puesta en escena del poder de la vigencia y del poder de la Revolución Ciudadana en la provincia de Manabí”. El resultado tendría un significado especial por tratarse de uno de los principales bastiones históricos del correísmo y de una provincia con un amplio peso electoral.

Más allá de la disputa por una prefectura, el resultado permitirá evaluar si la RC conserva la capacidad de movilizar a su base social y electoral en un escenario adverso. Manabí será, así, una prueba para medir cuánto permanece vigente el correísmo como corriente política y hasta dónde llega su capacidad de convertir esa identidad en una expresión concreta en las urnas.

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Díaz fue uno de los militares ecuatorianos que participaron en el conflicto del Cenepa, en 1995. Durante los combates perdió una pierna. Años después, su trayectoria como excombatiente sería reconocida con la Cruz al Mérito de Guerra. 

Ese episodio es al que se refiere en su presentación política. Díaz habla del Cenepa como la experiencia que le demostró que podía enfrentar situaciones límite. "Me comprobé como militar y como ciudadano ecuatoriano que tenía toda la capacidad y el coraje para hacerlo", sostiene.

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Su recorrido, sin embargo, continuó lejos del campo de batalla. Se formó como ingeniero comercial en la Escuela Politécnica del Ejército y posteriormente obtuvo un magíster en conducción y administración en la Universidad de Buenos Aires. 

Su paso por el sector público

En el sector público ocupó cargos en instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Consejo Nacional de Electricidad. 

La política tampoco es un territorio nuevo para él. En 2007 fue candidato a la Asamblea Constituyente por el Movimiento Independiente Justo y Solidario. En aquella época ya ponía la seguridad social, jurídica y ciudadana entre sus principales preocupaciones.

Pero su vínculo más reciente con Quito se construyó desde la seguridad. Durante la administración de Jorge Yunda fue secretario de Seguridad del Municipio. Estuvo en el cargo desde mayo de 2020 y dejó la Secretaría en julio de 2021, después de que Yunda le solicitara la renuncia. 

Ahora, esa experiencia es la base con la que busca regresar al Municipio, esta vez desde la Alcaldía. En julio de 2026 aceptó la precandidatura por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4. 

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Cinco cuarteles para cerrar Quito

La seguridad es el eje alrededor del cual Díaz construye su propuesta. Su plan es “Quito seguro, Quito productivo” y plantea una estrategia que  define como poligonal: instalar cinco cuarteles integrales en los principales accesos a la ciudad.

Su propuesta ubica estos puntos en Cutuglahua, Amaguaña, Oyacoto, Pifo y San Antonio de Pichincha. La idea es concentrar en estos espacios a distintas instituciones para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta frente a delitos, violencia, control de armas y problemas relacionados con el espacio público.

Díaz plantea destinar los recursos de la tasa de seguridad a esta estrategia. Según su cálculo, los aproximadamente $ 11 millones anuales permitirían disponer de unos $ 44 millones durante un período de cuatro años.

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La propuesta también mira hacia el centro de Quito. Si llega a la Alcaldía, dice que buscará un acuerdo con el Gobierno nacional para utilizar las instalaciones del antiguo penal García Moreno y convertirlas en otro cuartel integral. Su argumento es que una presencia coordinada de instituciones, respaldada por tecnología, permitiría responder en tiempo real ante delitos.

En su diagnóstico, las Unidades de Policía Comunitaria ya no son suficientes para enfrentar la dinámica delictiva actual. Por eso insiste en integrar recursos municipales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, especialmente frente al microtráfico y el control de armas, municiones y explosivos.

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De la seguridad a la movilidad

En movilidad plantea cuatro proyectos: un tren elevado entre El Labrador y Calderón; la extensión del Metro desde Quitumbe hasta Guamaní; otro tren elevado desde El Ejido y La Alameda hacia el valle de Los Chillos; y retomar el proyecto del túnel Guayasamín con un intercambiador en la Plaza Argentina para mejorar la conexión con Cumbayá, Tumbaco y Pifo.

En el ámbito social propone crear centros de protección para niños y adolescentes y recuperar el Consejo Metropolitano de Discapacidad, con énfasis en la entrega y mantenimiento de ayudas técnicas para personas con discapacidad. También plantea retomar un sistema integral de prevención de adicciones en Quito.

Lo que debes saber

• Toapanta admitió haber sido concejala de Pedro Moncayo por Alianza PAIS.
• Declaró USD 199.340 de patrimonio neto, pero no registra pago de Impuesto a la Renta.
• Aseguró que no teme al voto nulo y que asumirá su rol con responsabilidad.

Martha Susana Toapanta Cuascota, única postulante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por la lista de Pueblos y Nacionalidades, reconoció su pasado en la política partidista durante un taller para candidatas organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ecuador. Pese a que el organismo promueve la representación ciudadana, los registros públicos confirman sus vínculos previos con Alianza PAIS, expartido político del correísmo, y su paso por cargos estatales en administraciones anteriores.

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La trayectoria de Susana Toapanta en la función pública

Durante el encuentro formativo impulsado por el CNE y la OEA, la candidata expuso su recorrido en la administración estatal y admitió que años atrás ocupó una curul en el cantón Pedro Moncayo (Pichincha) bajo el auspicio de Alianza PAIS.

De acuerdo con los registros oficiales, el recorrido institucional de Toapanta comprende varias etapas:

Actividad empresarial, patrimonio y situación tributaria

Además de sus funciones estatales, Toapanta mantiene participación en el sector privado. En la Superintendencia de Compañías consta como accionista de la empresa Inmobiliaria Inmomasued S.A., entidad en la que también ejerció como administradora.

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Cifras del balance patrimonial y omisiones ante el SRI

Su paso por los ámbitos público y privado se refleja en su balance económico institucional presentado ante la Contraloría:

A pesar de registrar este patrimonio y actividad económica, Toapanta no reporta pagos por impuesto a la renta. En el ejercicio fiscal de 2023 presentó su última declaración con un valor de 0 dólares, mientras que para los períodos fiscales correspondientes a 2025 y 2026 ni siquiera ha ingresado los formularios ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La postura de la candidata frente a las urnas

Consultada por los medios de comunicación respecto a su postulación única y los cuestionamientos a su perfil, Martha Toapanta aseguró no sentirse conforme con ser la única aspirante de su lista, aunque remarcó su sentido de compromiso:

"Me siento con mucha responsabilidad. Los ecuatorianos necesitan una respuesta y por lo tanto en su momento como consejera estará haciendo las funciones a acorde a los derechos y principios".

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Respecto a las críticas y al peso del descontento ciudadano en el proceso electoral, concluyó:

"No tengo ese miedo de decir que me puede ganar el nulo, somos un país democrático e invito a los ecuatorianos a hacer consciente y decir en las urnas lo que nuestro corazón estipula".

Lo que debes saber

• La Comisión de Selección aceptó impugnaciones contra 21 de los 26 postulantes.
• Carlos Alarcón asume el primer lugar del concurso tras la salida de las mejor puntuadas.
• Los postulantes excluidos aún pueden apelar ante el Pleno del CPCCS.

Tras la aprobación de los informes de impugnaciones ciudadanas por parte de la Comisión Ciudadana de Selección, solo cinco de los 26 postulantes a fiscal general del Estado continúan en el concurso público en Ecuador. La decisión dejó fuera a 21 aspirantes que habían superado la fase de méritos, incluidas las dos mejores puntuadas, modificando el orden de prelación previo a las fases de apelación y oposición.

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Comisión de Selección excluye a 21 postulantes del concurso

La Comisión Ciudadana de Selección resolvió aceptar las impugnaciones presentadas contra 21 aspirantes al cargo de fiscal general. Entre las postulantes que quedaron fuera del proceso constan:

Aunque la resolución de la mesa de selección reconfigura el cuadro de aspirantes, esta decisión todavía puede ser impugnada ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Aspirantes que permanecen en el proceso de designación

De manera provisional, únicamente cinco aspirantes continúan en carrera dentro del concurso para dirigir la Fiscalía General del Estado, ordenados por su puntaje de méritos:

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Carlos Alarcón lidera la lista a la espera de la fase de oposición

Con la salida de Camacho y Romero, el actual fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, pasó del tercer lugar a encabezar la lista de los postulantes que siguen en competencia.

No obstante, el cuadro definitivo dependerá de la resolución de las eventuales apelaciones que se presenten ante el CPCCS, tras lo cual el proceso avanzará a la fase de oposición.

Lo que debes saber

• El curso empezó este 6 de octubre y durará tres días.
• Está dirigido a mujeres que participarán en las elecciones de 2026.
• El CNE presentó acciones para prevenir la violencia política de género.

Con el desafío de fortalecer el liderazgo de las mujeres y enfrentar los obstáculos que todavía persisten en la política, este martes 6 de octubre arrancó, en Ecuador, el Curso para Candidatas Electorales, que se extenderá durante tres días. La iniciativa está dirigida a mujeres que participarán en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2026.

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La participación de las mujeres en el poder local

El encuentro es organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), y cuenta con el apoyo de Francia. La embajadora Céline Giusti, representante observadora permanente de Francia ante la OEA, destacó que durante las jornadas se abordarán temas como liderazgo político, financiamiento electoral, violencia contra las mujeres en política, seguridad digital, comunicación y preparación para entrevistas y debates.

Para Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la CIM, la participación de las mujeres es indispensable para fortalecer la democracia, especialmente en el ámbito local. Sostuvo que las candidatas conocen de cerca las necesidades de sus territorios y que la paridad debe entenderse como una cuestión de “justicia distributiva”, pues las mujeres deben estar representadas en los espacios de decisión en proporción a su presencia en la sociedad.

Mora también advirtió que las mujeres llegan a la política desde una “cancha dispareja y desigual”, debido a que deben desenvolverse en un entorno marcado por símbolos, valores y prácticas asociados históricamente al ejercicio masculino del poder. Por ello, señaló que el curso busca entregar herramientas para que las participantes comprendan esas condiciones y fortalezcan sus capacidades para competir y ejercer liderazgo.

José Cabrera Zurita, presidente del CNE, recordó que esta es la cuarta edición del curso en Ecuador y que la iniciativa regional ha fortalecido el liderazgo político de más de 2.000 mujeres candidatas desde 2018. Cabrera afirmó que el organismo electoral asumió como prioridad garantizar que las mujeres puedan acceder a espacios de decisión y ejercer su liderazgo “libres de violencia y discriminación”.

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El CNE activa medidas contra la violencia política

Durante la jornada también se presentó la campaña comunicacional del CNE para prevenir la violencia política de género, como parte del Plan para la Prevención de la Violencia Política de Género 2025-2029. Natali Arcos Alarcón, coordinadora del comité creado para ejecutar ese plan, explicó que el CNE ya designó 49 puntos focales a escala nacional y provincial, además de ocho representantes de instituciones estatales para coordinar acciones de prevención.

Arcos detalló que el plan contempla cuatro ejes: educación, formación y sensibilización; fortalecimiento institucional; articulación y cooperación interinstitucional; y seguimiento y evaluación. Añadió que 542 servidores electorales ya fueron capacitados, que se actualizan normas internas para incorporar medidas de prevención y atención, que se trabaja en un observatorio sobre violencia política de género y que la campaña nacional pone especial atención en el ciberacoso y los estereotipos de género.

Lo que debes saber

• Carlos Alarcón encabeza de forma provisional el concurso para fiscal general del Estado.
• Daniella Camacho e Inés Romero quedaron fuera tras aceptarse impugnaciones ciudadanas.
• El Pleno del CPCCS tendrá la última palabra para ratificar o revertir estas resoluciones.

El fiscal general subrogante Carlos Alarcón asumió de forma provisional el primer lugar en el concurso para fiscal general del Estado en Ecuador, luego de que la Comisión Ciudadana de Selección descalificara a las postulantes Daniella Camacho e Inés Maritza Romero al admitir objeciones en su contra. La instancia evaluadora también resolvió archivar la única acusación que pesaba contra Alarcón por la inasistencia de su objetor, modificando sustancialmente las posiciones del proceso de designación.

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Modificaciones en la tabla de postulantes a fiscal general

Con la reciente resolución adoptada por la Comisión Ciudadana de Selección, la estructura del cuadro de méritos experimentó un giro radical que favorece al fiscal general subrogante:

Resoluciones de la Comisión Ciudadana sobre las objeciones

El organismo revisor evaluó los informes de impugnación presentados por la ciudadanía en contra de los tres primeros aspirantes del proceso público.

El archivo de la objeción contra Carlos Alarcón

La única impugnación admitida a trámite contra el actual fiscal subrogante, presentada por Leonid Alex Arboleda Fabara, fue archivada en su totalidad debido a que el denunciante no compareció a la respectiva audiencia pública.

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Las causas que dejaron fuera a Daniella Camacho e Inés Maritza Romero

En una sesión previa, la comisión dio paso a las quejas que impidieron la continuidad de las dos aspirantes que lideraban la tabla de calificaciones:

Votación dividida y apelación ante el CPCCS

A diferencia de los demás dictámenes aprobados en la jornada, la descalificación de la postulante Daniella Camacho no alcanzó el consenso del cuerpo colegiado:

Las medidas tomadas por la mesa evaluadora aún no son definitivas. Los participantes cuentan con la posibilidad de recurrir ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), institución facultada para analizar los expedientes y decidir si ratifica o deja sin efecto las resoluciones adoptadas por la comisión ciudadana.

Lo que debes saber

• Daniella Camacho e Inés Romero quedaron fuera tras aceptarse impugnaciones en su contra.
• La resolución de la Comisión Ciudadana aún puede ser apelada ante el Pleno del CPCCS.
• Carlos Alarcón pasa provisionalmente al primer lugar entre los aspirantes activos del proceso.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado resolvió la descalificación de las postulantes mejor puntuadas, Daniella Camacho e Inés Maritza Romero, tras admitir impugnaciones ciudadanas en su contra. La determinación, adoptada en el marco de la fase de objeciones del proceso, todavía no es definitiva, ya que ambas aspirantes pueden apelar la medida ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada de ratificar o revertir el fallo.

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Las impugnaciones aceptadas contra las aspirantes mejor puntuadas

Hasta el momento de la resolución, Daniella Camacho lideraba la tabla de posiciones del concurso como la aspirante con mejor calificación tras la etapa de méritos, mientras que Inés Maritza Romero ocupaba el segundo lugar.

El resultado de las objeciones analizadas por los comisionados se distribuyó de la siguiente manera:

Objeciones archivadas en el expediente de Daniella Camacho

Dentro del trámite correspondiente a Daniella Camacho, la Comisión Ciudadana de Selección también determinó el archivo de dos objeciones:

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Debate y falta de unanimidad en la votación

A diferencia de los demás informes analizados en la jornada, la impugnación aprobada en contra de Daniella Camacho no contó con el respaldo unánime de los integrantes del cuerpo colegiado:

El Pleno del CPCCS tendrá la última palabra

Las resoluciones adoptadas en esta instancia no causan ejecutoria inmediata. El trámite pasará a consideración del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), instancia superior que deberá revisar los expedientes para decidir si confirma la exclusión de las aspirantes o si revierte la decisión de la comisión de selección.

Carlos Alarcón, virtual líder del concurso

Con la salida provisional de las dos mejores puntuadas, el fiscal general subrogante Carlos Alarcón, quien se ubicaba en el tercer lugar del cuadro general de méritos, pasaría a ocupar de manera provisional el primer puesto entre los postulantes que continúan en carrera en el concurso público.