Asambleísta insiste en pedido de información al Ministerio del Interior por caso Monika Silva:

• La asambleísta Liliana Durán insiste en un pedido de información hecho al Ministerio del Interior por el caso de Monika Silva.
• Legisladora de Revolución Ciudadana pide toda la información documental que se disponga de la activista hallada muerta.
• Durán también solicitó información sobre otros perfiles de riesgo como el exjuez anticorrupción Carlos Serrano.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, presentó un oficio de insistencia respecto de un pedido de información que realizó al Ministerio del Interior, liderado por el ministro John Reimberg, por el caso de Monika Silva, la activista anticorrupción de origen polaco hallada muerta a inicios de junio de 2026.

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Asambleísta reclama por falta de respuesta

Durán recordó, a través de sus redes sociales, que el 17 de junio de 2026 realizó el pedido de información, pero que hasta finales de mes no ha recibido respuesta alguna, con lo que se superó el plazo legal establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En ese sentido, la asambleísta del correísmo insistió en que el ministerio dirigido por John Reimberg responda de manera inmediata al pedido de información formulado para contribuir al esclarecimiento de la muerte de la activista Monika Silva.

El detalle del pedido de información a Interior

En su pedido de información, la asambleísta Liliana Durán solicita que se remita copia de los oficios, denuncias y demás documentos que el Ministerio del Interior tenga sobre Monika Silva. Asimismo, solicita que se informe si la activista presentó denuncias por amenazas o intimidaciones.

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El pedido de información incluye la siguiente información:

Información sobre otras personas en riesgo

La asambleísta Liliana Durán también incluyó en su pedido de información que se informe y se remita copia íntegra de los trámites relacionados con la exdirectora del Consejo de la Judicatura Samantha Lozada, el exjuez anticorrupción Carlos Serrano y la fiscal Alexandra Bravo, desde enero de 2023 hasta la fecha.

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Además, Durán solicitó un listado con los nombres de los jueces y fiscales que han requerido protección policial por amenazas desde enero de 2023 hasta la fecha, en el que se detallen los nombres, el tipo de riesgo, la respuesta del Ministerio del Interior, la fecha desde la cual se inició la protección y la fecha en la que concluyó, o si esta continúa vigente.

Las claves que debes saber

• Las autoridades emitieron la alerta Emilia por 8 niños desaparecidos en Casa Hogar de Conocoto, Quito.
• Policía halló 6 menores hasta lunes; 2 niños venezolanos, de 10 y 12 años, siguen sin aparecer.
  
• Defensores de derechos humanos cuestionan al Estado por falta de protección y posibles consecuencias legales y políticas.

Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, se cumplen cuatro días de la alerta Emilia que emitió la Fiscalía, el sábado 27, por la desaparición de ocho niños que salieron de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en Quito. 

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Según reportó la Policía Nacional, seis menores fueron localizados hasta la noche del lunes. Sin embargo, dos niños: Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10, ambos de nacionalidad venezolana, seguían desaparecidos hasta el martes.

El caso ha conmocionado a la opinión pública y genera dudas sobre la protección que las autoridades brindan a los menores en ese tipo de centros, como el de Conocoto, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Mientras se espera que todos los menores sean localizados a la brevedad posible, activistas y defensores de derechos humanos han cuestionado la falta de protección del Estado para las personas que están bajo su cuidado institucional, no solo en este caso, sino en hechos recientes como los fallecimientos de presos en las cárceles o los decesos de pacientes por falta de medicinas en hospitales públicos.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ), dice que el Estado “tiene la obligación de prevenir posibles riesgos o situaciones que puedan comprometer el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo su protección". 

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"En este caso se ve, se siente un descuido generalizado hacia ciertos sectores de lo social: en el ámbito de las medicinas, en educación hay abandono estatal. El caso de los niños evidencia que no hubo un cuidado diligente para evitar que ellos se expongan a situaciones de riesgo”, resalta.

Sybel Martínez, de la Alianza de Derechos Humanos, coincide con ese criterio. “Cuando alguien -sea adulto o niño- está a cargo del Estado, es él quien debe garantizar sus derechos. No puede actuar como un tercer observador, sin sentir que tiene responsabilidad. Debe garantizar que no haya violaciones ni vulneraciones, sino su vida digna”, manifiesta.

Manuel Martínez, de Pacto por la Niñez, atribuye la situación a “las políticas de ajuste, que han debilitado de forma muy fuerte la política social, con cambios institucionales basados en austeridad, cuando debería haber inversión y protección social”.

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Las implicaciones de la falta de protección

Los defensores de derechos humanos sostienen que ignorar estos cuestionamientos podría provocar consecuencias.

“Es terrible lo que está pasando. La falta de protocolos de atención del Estado afecta a la comunidad, a las personas que tienen enfermedades, esto se va a desbordar. Se hizo recomendaciones, pero el no tomarnos en cuenta hará que se incrementen los casos como los de tuberculosis”, opina Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles.

Aparte de las consecuencias sociales y sanitarias, Miño menciona las implicaciones legales. 

“Cuando esto pasa, las personas recurren a medios que no son adecuados para subsistir, es allí donde se ve que el crimen organizado se infiltra más para incidir. Además, la desatención del Estado genera el caos en cárceles, el caos social de estar buscando a los niños y, en el ámbito legal, el Estado deberá responder por las consecuencias nacionales e internacionales”, indica.

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Sybel Martínez, en cambio, habla de los efectos políticos y judiciales. “Se debe buscar responsabilidad, la Asamblea debería fiscalizar la actuación del Ministerio, que podría devenir en un juicio político". 

"Hay que analizar las responsabilidades de los equipos técnicos que están a cargo de los centros, los casos podrían derivar a Fiscalía y hasta denuncias contra el Estado ante tribunales internacionales. También debería actuar la Defensoría del Pueblo, pero no entiendo por qué no lo ha hecho en estos casos”, cuestiona.

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Pese a ello, desde el sector privado y la academia había voces levantando su opinión, no solo en medios.

Hoy se siente el silencio también en la sociedad civil, academia y profesionales, salvo algunas excepciones, en temas relevantes como el ataque a voces disidentes, la toma de la justicia y de instituciones públicas, y el uso de estas para amedrentar. 

¿Qué pasa con la voz de los ciudadanos? Para intentar responder esa pregunta, este medio consultó a académicos y actores de la sociedad civil.

No se valoran valores abstractos como las libertades

Farith Simon, abogado y catedrático de la USFQ, sostiene que se ha instalado una idea colectiva: la seguridad es el objetivo prioritario.

“Parece que todo vale”, dice. Cuestionar al poder en nombre de los derechos o de las libertades se interpreta como una crítica a la lucha contra la inseguridad. 

En esa línea, lo concreto (el miedo cotidiano) se impone sobre lo que muchos ven como abstracto: la defensa de la libertad de prensa o el rechazo al autoritarismo.

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A ese fenómeno se suma la fragmentación de las reivindicaciones sociales. “Los movimientos que antes representaban agendas amplias se han debilitado. Hoy predominan demandas dispersas y sectoriales”, explica. 

En su opinión, también hay una fatiga acumulada tras años de movilizaciones sin resultados claros y sensación de haber sido instrumentalizados políticamente.

Industriales han sido golpeados también

Manuel Salgado, exdiputado y exprofesor de la Universidad Central, sostiene que el país atraviesa una crisis ideológico-política de años, cuyos efectos se han manifestado con retraso. 

“El desarrollo industrial es incipiente y ha sido golpeado por políticas del actual gobierno. No hubo una gran reacción ni por la guerra comercial con Colombia. Actores sociales tradicionales que representaban pensamiento alternativo mantienen representación, pero no poder de movilización”.

La situación de las organizaciones de la sociedad civil

Humberto Salazar, de Fundación Esquel, que en 2021 promovió Diálogos Nacionales: Pacto Nacional por Ecuador, comenta que ellos trabajan contra la desnutrición infantil. Cree que se debería armar una agenda, pero no solo desde la sociedad civil. 

Señala el impacto que han tenido los cambios en el sistema de cooperación internacional. ¿Cómo ven el declive democrático? 

“Hay organizaciones que podrían tener mucho interés en tomar una posición más directa sobre algunos temas, pero como que la energía se divide. Velan y trabajan por sostenibilidad y no logran abrir otro tipo de espacios de incidencia, de diálogo con el sector público”.

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Las claves del caso

• RETO asegura haber cumplido una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral.
  
• Christian Trepaud fue designado como nuevo presidente nacional de la organización.
  
• El movimiento afirma que participará en las próximas elecciones seccionales previstas para noviembre.
  

El movimiento político RETO (Lista 33) informó que realizó una Asamblea Nacional Extraordinaria para dar cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), un proceso que, según la organización, permitió renovar su estructura interna y designar nuevas autoridades de cara a los próximos desafíos electorales.

A través de un comunicado difundido este 30 de junio, la agrupación política señaló que la asamblea fue convocada como parte de las disposiciones establecidas por el organismo electoral y que la jornada contó con la participación de representantes de distintas provincias del país.

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Christian Trepaud fue designado como presidente nacional

Uno de los principales resultados de la asamblea fue la elección de Christian Trepaud como nuevo presidente nacional de RETO.

La organización indicó que, junto con la nueva presidencia, también fueron renovadas otras instancias internas, entre ellas parte del secretariado nacional y varias directivas provinciales.

RETO cuestiona presiones políticas

En el comunicado, el movimiento también denunció supuestos actos de persecución política y presiones en contra de la organización, aunque no presentó detalles específicos sobre estos señalamientos.

La agrupación asegura que continuará participando en la actividad política nacional y que buscará intervenir en las próximas elecciones seccionales previstas para noviembre.

Además, sostuvo que el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral permite cerrar una etapa de cuestionamientos internos y avanzar hacia un nuevo proceso de consolidación partidaria.

Preparativos para las próximas eleccionesPreparativos para las próximas elecciones

La renovación de autoridades ocurre en un contexto de reorganización de varias fuerzas políticas ecuatorianas que ya trabajan en la definición de candidaturas y estrategias para los próximos comicios.

RETO aseguró que mantendrá su participación dentro del escenario político nacional y que comenzará a desarrollar actividades organizativas en distintas provincias.

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Guarderas se limitó a señalar que había recibido propuestas de “varias organizaciones”, sin concretar un casillero electoral.

Además, ante la prensa marcó distancia con los partidos. “Los ciudadanos estamos hartos de que los políticos vayan a rogar de rodillas que les den un espacio”, afirmó. Su planteamiento, dijo, es “dar la vuelta a la tortilla” en la forma de hacer política.

Ahora, el polémico expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) figura como una de las dos opciones que evalúa la Izquierda Democrática (ID) para disputar la Alcaldía de Quito.

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El partido, fundado en 1970, no ha logrado recuperar la fuerza que tuvo bajo el liderazgo de Rodrigo Borja, expresidente de la República fallecido en diciembre pasado. En este proceso, además, tampoco cuenta con un candidato propio consolidado.

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La ID prevé realizar sus elecciones primarias el miércoles 1 de julio al mediodía. Sobre la mesa hay dos nombres, ambos vinculados al CPCCS: Juan Esteban Guarderas y Michelle Calvache, exvicepresidenta de ese organismo y excandidata a la Vicepresidencia por SUMA, quien posteriormente se acercó al Gobierno de Daniel Noboa.

Por otro lado, para la Prefectura de Pichincha se postularía a Jaime Ruiz.

Según dirigentes del partido, ambas opciones serán analizadas antes de tomar una decisión.

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De acuerdo con la versión de SUMA, lista 23, el Consejo Nacional Electoral ha vulnerado su derecho constitucional a la participación política. Por ello, en un comunicado, rechazan que "no se haya permitido definir a los candidatos" que participarán en las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026, a través de procesos internos democráticos. 

Según su criterio, "la resolución no solo afecta a su estructura partidaria, sino que sienta un precedente que debilita los principios del sistema electoral ecuatoriano".

¿Qué hará SUMA?

Este martes 30 de junio del 2026, la dirigencia de SUMA señaló que, desde hace varios meses, trabajaba en la construcción de alianzas con organizaciones afines para evitar la fragmentación del electorado. 

Así que, luego de la decisión del CNE, sus precandidatos participarán mediante acuerdos con movimientos nacionales y locales en distintas provincias. 

Paralelamente, el partido anunció que presentará acciones legales ante el propio organismo electoral y, de ser necesario, ante instancias judiciales, con el objetivo de resguardar sus derechos y garantizar su participación en los comicios seccionales.

El antecedente: salida de Guillermo Celi

En mayo pasado, SUMA informó que su Consejo de Disciplina —máxima instancia interna en materia sancionatoria— resolvió la expulsión de Guillermo Celi Santos. Horas después, el exasambleísta afirmó que no había sido notificado de esa decisión. Y aseguró que le parecía una “retaliación política”.

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“No he sido notificado, la prensa se entera primero”, insistió, y añadió que desconoce quiénes integran el Consejo de Disciplina. “Me juzgan por generalidades, no hay razones sino órdenes de alguien”, afirmó entonces.

Otros movimientos, como la RC-Amigo, así como Avanza, Partido Socialista, Unidad Popular, entre otros, anunciaron a sus candidatos para la alcaldía de Quito.

Lo que debes saber

• El CNE publicó el listado oficial de postulantes al CPCCS para el periodo 2027-2031.
• Un total de 309 personas se inscribieron ante el órgano electoral de Ecuador.
• Seis consejeros en funciones buscarán la reelección para el Consejo de Participación Ciudadana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó el listado oficial de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

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Según el reporte del órgano electoral, hasta el cierre del periodo de inscripción ingresaron 163 postulaciones de hombres, 106 de mujeres y 40 de personas que integran pueblos y nacionalidades indígenas.

Una revisión realizada por Diario EXPRESO revela que hay algunos rostros conocidos de la opinión pública que intentarán llegar a la entidad encargada de promover la participación ciudadana y designar a las autoridades de control.

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Los primeros en destacar son los propios consejeros en funciones que buscarán la reelección para mantenerse en sus cargos hasta el 2031:

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Una particularidad es que la consejera Verdezoto presentó su postulación para la reelección por la lista de candidatas mujeres y no por la de pueblos y nacionalidades indígenas, como sí lo hizo en las elecciones del Consejo de 2023.

De igual forma, el médico cirujano y exconsejero Roberto Gilbert, quien renunció pocos días después de haber aparecido en una sesión del Pleno con el entonces postulante a fiscal general José De La Gasca, también presentó su postulación al CPCCS.

Exconsejeros y figuras políticas inscriben sus candidaturas

Otros exconsejeros del CPCCS también se hacen presentes en la elección de noviembre de 2026. Entre ellos destacan la expresidenta destituida del CPCCS, Sofía Almeida, y la exvicepresidenta del Consejo, Rosa Chalá.

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Sofía Almeida, destituida en 2023 junto con seis consejeros más por la Corte Constitucional, mantiene una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue admitida a trámite en 2024.

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En el listado de postulantes también constan exasambleístas como Henry Llanes, Scheznarda Fernández, Jaime Olivo y Ramiro Rivera, quien fue diputado nacional y llegó a ocupar la Vicepresidencia del Congreso Nacional del Ecuador.

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Llanes, quien también preside el Frente para un Nuevo IESS, ha expresado públicamente que su intención de integrar el CPCCS responde a la importancia de fortalecer la organización ciudadana, así como el servicio público.

Abogado de Aquiles Álvarez se postula al CPCCS

Asimismo, entre los postulantes al CPCCS consta Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, así como exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

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García, además, lidera actualmente la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en los procesos penales en su contra: Triple A, por presunto comercio irregular de combustible; Goleada, por presunta delincuencia organizada; y Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

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Cronograma electoral y fases del proceso de selección

Luego de la difusión del listado oficial de postulantes al CPCCS, entre el 1 y 3 de julio de 2026 se abrirá periodo para que la ciudadanía presente denuncias en contra de los candidatos por no cumplir los requisitos o por estar inmersos en alguna prohibición o inhabilidad.

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Las postulaciones y las denuncias serán valoradas por la Comisión Verificadora del proceso, que además contará con veedores ciudadanos que darán seguimiento a cada avance del proceso de elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.

El cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé que para el 24 de septiembre de 2026 se conozca el listado definitivo de postulantes. La elección del nuevo Consejo se realizará junto con las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa se reunió con Paraguay, Chile y Bolivia en la Cumbre del Mercosur.
• Los encuentros abordaron seguridad, comercio e integración regional entre países sudamericanos.
• Ecuador fortaleció su agenda diplomática con reuniones bilaterales durante la Cumbre del Mercosur.

En el marco de la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, José Antonio Kast; y de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, con una agenda centrada en seguridad, comercio, economía e integración regional.

La participación de Daniel Noboa en la cumbre regional, realizada en Asunción, contempló una serie de reuniones bilaterales con líderes sudamericanos, como parte de la agenda diplomática prevista por el Gobierno ecuatoriano antes del viaje oficial a Paraguay.

Además de intervenir en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados, el mandatario ecuatoriano sostuvo reuniones con los presidentes de Paraguay, Chile y Bolivia para abordar temas de interés común.

Seguridad, comercio e integración 

En la reunión con el presidente paraguayo, Santiago Peña, ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, comercio, economía, asuntos sociales e integración regional. Hasta el momento no se han anunciado acuerdos específicos derivados del encuentro.

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Posteriormente, Noboa se reunió con el presidente de Chile, José Antonio Kast. Ambos países acordaron cooperación para avanzar en una agenda común de seguridad, integración y desarrollo. 

El mandatario ecuatoriano también mantuvo una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Según informó la Presidencia, ambos abordaron temas de interés común y ratificaron su compromiso de trabajar conjuntamente en beneficio de los ciudadanos de sus países.

Ecuador busca fortalecer su presencia en la agenda regional

Las reuniones bilaterales se desarrollaron paralelamente a la Cumbre del Mercosur, un espacio en el que Ecuador participa como Estado asociado y desde el cual impulsa una agenda enfocada en la cooperación regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el fortalecimiento del comercio y la integración entre los países sudamericanos.

La cumbre también reunió a los presidentes de los países miembros y asociados del bloque para discutir temas relacionados con la integración económica, la cooperación política y el avance de acuerdos comerciales en la región.

"Es una contradicción que, teniendo una oferta exportable de más de 8.400 millones de dólares en productos como el banano, atún, el cacao y nuestras manufacturas, sigamos atrapados en obstáculos regulatorios, sanitarios y logísticos que limitan su entrada. El Ecuador está listo para dar el salto. Queremos diversificar y multiplicar el comercio, pero de forma inteligente y con beneficios para ambas partes", señaló el jefe de Estado en su presentación en la Cumbre.

Ejes de integración y seguridad marcan la postura

Durante la cumbre regional, Daniel Noboa presentó una propuesta enfocada en fortalecer la integración económica a partir de cinco líneas de acción. 

Propuestas de Daniel Noboa en la Cumbre

En materia de seguridad, el presidente Daniel Noboa señaló que la integración regional enfrenta limitaciones si no se aborda de forma conjunta el crimen transnacional. 

En ese contexto, advirtió que las organizaciones delictivas operan sin respetar fronteras y planteó la necesidad de una respuesta coordinada entre países.

El mandatario sostuvo que Ecuador ha adoptado medidas para enfrentar al narcoterrorismo y a la delincuencia organizada, pero subrayó que se trata de un desafío compartido en la región. Según indicó, la seguridad es un factor determinante para el desarrollo económico, al considerar que sin estabilidad no es posible sostener procesos de crecimiento e integración.

Precandidato Juan Pablo Molina dice que sigue la línea del alcalde Aquiles Álvarez:

• Juan Pablo Molina es el precandidato del correísmo para la Alcaldía de Guayaquil.
• El movimiento Amigo auspiciará al correísmo tras la suspensión de la lista 5 por presunto lavado de activos.
• El postulante ratificó su respaldo al actual alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva.

El asambleísta Juan Pablo Molina buscará la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales de 2026 bajo el auspicio del movimiento Amigo, debido a la suspensión de la Revolución Ciudadana. Ratificó su apoyo al alcalde Aquiles Álvarez y recordó que las precandidaturas están sujetas a cambios por posibles alianzas elecotrales.

Política

Asambleísta Juan Pablo Molina es el precandidato del correísmo para la Alcaldía de Guayaquil

Richard Josue Jimenez Mora

Las primarias del correísmo bajo otra bandera política

El legislador en funciones Juan Pablo Molina participó en las elecciones primarias del movimiento Amigo, organización política que acogerá las candidaturas del correísmo para los comicios del 29 de noviembre de 2026. Esta alianza estratégica ocurre tras la suspensión de la Revolución Ciudadana (lista 5), dictada en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de activos en el denominado caso Caja Chica.

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Durante la misma jornada democrática, la exasambleísta Sofía Espín fue elegida como precandidata a la Prefectura del Guayas, consolidando los perfiles principales de la tendencia en la provincia. Molina aclaró que, aunque cuenta con el respaldo de las bases de su organización, la configuración definitiva de las listas dependerá de consensos en una alianza política más amplia.

El respaldo a Aquiles Álvarez y el panorama en Guayaquil

De regreso a sus funciones en la Asamblea Nacional, Molina enfatizó que su postulación no pretende desconocer la gestión de Aquiles Álvarez, quien ganó la alcaldía en 2023 con el respaldo correísta y actualmente cumple prisión preventiva. El precandidato evitó profundizar en los expedientes penales del primer personero municipal, limitándose a señalar que el funcionario "ha sido secuestrado" por las instituciones estatales.

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"Aquiles sigue en la línea de la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana sigue en la línea de Aquiles"Juan Pablo Molina, asambleísta y precandidato a la Alcaldía de Guayaquil

Finalmente, el asambleísta reiteró que mantendrán la defensa jurídica y política de Álvarez, a quien reconocen como el legítimo alcalde en funciones de Guayaquil. No obstante, admitió que todos los perfiles anunciados están sujetos a modificaciones según las negociaciones partidistas que se concreten en los próximos días.

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Lo que debes saber:

• La Asamblea aprobó el allanamiento al veto parcial de Daniel Noboa sobre la LOOTUGS.
• El debate enfrentó a ADN y Revolución Ciudadana por la autonomía de los municipios.
• Las reformas fueron respaldadas con 80 y 82 votos en dos votaciones del Pleno.

La Asamblea Nacional aprobó, el martes 30 de junio de 2026, el allanamiento a la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), luego de un debate marcado por los cuestionamientos sobre la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el alcance de las atribuciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

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El presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, dio por terminado el debate tras seis intervenciones, al señalar que el tema había sido discutido de manera suficiente antes de someter las mociones a votación. En el Pleno, de los 151 legisladores, solo 139 estuvieron presentes.

En una primera votación, el Pleno acogió los textos del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad, adecuando los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28, conforme al dictamen de la Corte Constitucional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 53 en contra y cinco abstenciones.

Posteriormente, el Legislativo también se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo sobre los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25 y 37, además de la disposición transitoria cuarta. Esta resolución fue aprobada con 82 votos afirmativos, 49 negativos y ocho abstenciones.

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ADN defendió las reformas

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente del informe y asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Pozo, sostuvo que la propuesta fue construida tras un proceso de análisis técnico en el que participaron expertos, urbanistas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la legisladora, las reformas buscan fortalecer la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, incentivar la inversión privada en vivienda y reducir la burocracia que, a su criterio, ha dificultado la construcción de viviendas y la legalización de tierras.

Pozo rechazó las críticas de la Revolución Ciudadana (RC) y aseguró que la bancada oficialista está fortaleciendo una norma que ya superó controles constitucionales y políticos. Además, afirmó que la reforma permitirá agilizar los trámites municipales para favorecer el desarrollo urbano y territorial.

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Revolución Ciudadana cuestionó la constitucionalidad

Desde la bancada opositora, el asambleísta Xavier Lasso recordó que durante el trámite legislativo su tienda política advirtió que varias disposiciones vulneraban la autonomía municipal y otorgaban facultades excesivas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

Lasso señaló que la decisión de la Corte Constitucional confirmó esos cuestionamientos y sostuvo que el veto presidencial evitó que entrara en vigor un texto que calificó de inconstitucional. No obstante, afirmó que persisten disposiciones que permitirían declarar proyectos inmobiliarios como estratégicos, lo que —dijo— podría facilitar desarrollos urbanísticos con menos controles.

Además, criticó la conducción del proceso legislativo y aseguró que existe una política de confrontación con los municipios, especialmente en un contexto electoral.

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Benavides defendió el fortalecimiento del control estatal

El asambleísta independiente, Cristian Benavides, aunque respaldó el allanamiento, explicó que originalmente impulsó varias de las disposiciones observadas porque, a su juicio, buscaban proteger la vida de los ciudadanos. Argumentó que existen municipios donde los planes de uso y gestión del suelo presentan deficiencias técnicas o procesos irregulares que terminan exponiendo a la población a riesgos.

En ese contexto, defendió que la Superintendencia cuente con mayores capacidades para controlar excesos de las administraciones locales. Aclaró que el objetivo no era sustituir la autonomía municipal, sino prevenir errores y garantizar una mejor planificación territorial.

También lamentó que la Corte Constitucional eliminara la posibilidad de que la entidad brinde asistencia técnica a los municipios, pues consideró que esa facultad habría permitido corregir fallas antes de imponer sanciones.

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RC insiste en que persiste el centralismo

En cambio, la asambleísta correísta Patricia Núñez sostuvo que, aunque la Corte Constitucional eliminó varios artículos, la reforma mantiene una lógica de concentración de poder en el Gobierno central. Según la legisladora, persisten disposiciones relacionadas con los proyectos estratégicos nacionales de vivienda, los plazos especiales para que los municipios emitan permisos y el manejo de sistemas nacionales de información territorial.

A criterio de Núñez, el control del catastro y de la información territorial constituye un elemento esencial de la autonomía municipal, por lo que advirtió que la reforma conserva mecanismos que limitan la capacidad de los gobiernos locales para planificar y administrar sus territorios. La legisladora aseguró que su bancada no respaldaría iniciativas que, en su opinión, sustituyan la autonomía de los GAD por mecanismos de tutela desde el Gobierno central.

Por su parte, el asambleísta de ADN, Juan José Reyes, defendió las reformas y sostuvo que el debate gira en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los gobiernos locales. "Claramente esta autonomía no está funcionando como debería. Esta autonomía, de libertad, se ha convertido en libertinaje y claramente quien sufre es el pueblo ecuatoriano".

Lo que se debe saber

• La Asamblea Nacional dio el primer paso para unificar dos proyectos que buscan enfrentar el consumo de drogas y el reclutamiento delictivo de menores. 
• La propuesta reúne 64 artículos e incorpora medidas de prevención, tratamiento y reinserción. 
• Conozca qué contempla el proyecto y cuál será su siguiente trámite legislativo.

La Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social inició el tratamiento de un proyecto que busca reforzar la prevención del consumo de drogas y el reclutamiento delictivo de niños, niñas y adolescentes. En la primera sesión sobre el tema, la mesa legislativa resolvió unificar dos iniciativas relacionadas para elaborar una sola propuesta normativa.

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La decisión se produjo luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) autorizara integrar el proyecto presentado por la asambleísta Annabella Azin con la propuesta impulsada por la legisladora Valentina Centeno. Ambas iniciativas abordan la protección de menores frente al consumo de sustancias y su captación por estructuras delictivas.

Con 10 votos afirmativos, la comisión aprobó la moción presentada por el asambleísta Isaac Solano para formalizar la unificación de los proyectos. La resolución busca que el trámite legislativo avance con un solo texto, evitando que existan normas paralelas sobre una misma problemática.

Proyecto de ley sobre consumo de drogas y menores entra en una nueva etapa

Durante la sesión también se conoció la resolución del CAL, que dispuso que la Comisión de Transparencia continúe con el tratamiento de los proyectos unificados. Para ello, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte deberá remitir el expediente legislativo correspondiente para dar continuidad al proceso.

Según la resolución aprobada por la mesa legislativa, el propósito es "construir un marco normativo integral que fortalezca las medidas de prevención, protección, rehabilitación y reinserción de niños, niñas y adolescentes, evitando la duplicidad de normas y garantizando una respuesta más eficaz ante el consumo de drogas y el reclutamiento delictivo".

La propuesta presentada por la legisladora, Annabella Azin, que tiene como objetivo establecer un marco legal para prevenir, detectar de manera temprana y atender los casos relacionados con el consumo de drogas y el reclutamiento delictivo de menores de edad. Además, plantea mecanismos para la protección, rehabilitación y reinserción integral de esta población.

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¿Qué contempla la propuesta unificada que analizará la comisión?

El proyecto elaborado por Azin está conformado por 64 artículos, tres disposiciones generales, una disposición transitoria y una disposición final. Su contenido desarrolla la organización del Sistema Nacional Integral para la Prevención, Desintoxicación y Reinserción, así como las responsabilidades institucionales para su aplicación.

El texto también regula mecanismos de prevención, alertas tempranas en el sistema educativo, procesos de desintoxicación y tratamiento especializado, programas de reinserción social, competencias de las entidades públicas, fuentes de financiamiento y un régimen sancionatorio para el cumplimiento de la futura normativa.

Con la unificación de ambas iniciativas, la comisión continuará el análisis del articulado antes de elaborar el informe correspondiente para el trámite legislativo. El objetivo será consolidar un solo proyecto que reúna las medidas planteadas por ambas legisladoras sobre prevención del consumo de drogas y reclutamiento delictivo de menores.

Lo que debes saber

• Linda Romero y Gema Ormaza lideran precandidaturas del PSC en Pichincha para elecciones seccionales de 2026.
• Alfredo Serrano confirmó primarias permanentes en Guayas hasta el 2 de julio para definir puestos clave.
• El Partido Social Cristiano anunciará candidatos para Guayaquil y Guayas en el último día de plazo.

El Partido Social Cristiano (PSC) definió a sus primeras cartas fuertes para las elecciones seccionales de noviembre de 2026 en la provincia de Pichincha. La comunicadora Linda Romero asumirá la precandidatura a la Alcaldía de Quito, mientras que Gema Ormaza buscará la Prefectura de Pichincha. El presidente nacional del partido, Alfredo Serrano, ratificó estas designaciones tras los procesos de democracia interna de la organización política, abriendo oficialmente el tablero electoral de cara al cierre de inscripciones de candidaturas.

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¿Quiénes son las candidatas del PSC para Pichincha?

La elección de los perfiles en el norte del país responde a figuras que ya han tenido exposición en la palestra pública nacional y provincial durante las últimas contiendas electorales de carácter anticipado:

Guayas se declara en sesión permanente para definir candidatos

Por otra parte, la provincia del Guayas inició sus elecciones primarias este 30 de junio de 2026. El presidente de la agrupación política, Alfredo Serrano, detalló a EXPRESO que la sesión se mantendrá en carácter de permanente hasta el 2 de julio de 2026, fecha límite e improrrogable otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los partidos políticos ejecuten sus procesos obligatorios de democracia interna.

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La expectativa máxima se centra en el último día del plazo, fecha en la cual el PSC destapará oficialmente los nombres de sus cuadros para las dignidades de la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, dos de las plazas con mayor peso electoral e histórico para la organización. Serrano prefirió no profundizar sobre las razones estratégicas de postergar el anuncio de Guayas hasta el cierre definitivo del calendario electoral.

Lo que debes saber

• Ana Chóez pidió al Municipio de Guayaquil informar qué acciones ha tomado tras la denuncia por presunto tráfico de influencias que involucra a Verónica Chimbo.
• La edil, hoy independiente, formuló cinco requerimientos a Tatiana Coronel, vicepresidenta de RETO y alcaldesa subrogante de Guayaquil.

La concejala de Guayaquil, Ana Chóez, solicitó información formal a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sobre las acciones adoptadas por el Municipio luego de que una denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias mencionara a la funcionaria municipal Verónica Chimbo.

El pedido surge después de que David López, uno de los fundadores del movimiento Renovación Total (RETO), presentara el pasado 26 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La acusación apunta a Andrés Benítez, asambleísta alterno por la Revolución Ciudadana y secretario político de RETO, y a Verónica Chimbo por un presunto ofrecimiento de cargos públicos y dinero a cambio de respaldos políticos.

Ana Chóez exige respuestas al Municipio por Verónica Chimbo

En el oficio dirigido a Tatiana Coronel, la edil, hoy independiente, señala que, en ejercicio de las facultades que le otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), solicita información sobre un presunto hecho de tráfico de influencias.

"De confirmarse estos hechos, no solo se estaría comprometiendo la conducta individual de una servidora pública, sino la credibilidad institucional del Municipio de Guayaquil", sostiene el documento.

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Añade que la administración municipal no puede limitarse a esperar el desarrollo de la investigación penal sin impulsar las acciones administrativas que correspondan.

Los cinco pedidos formulados por la concejala

En su oficio, Ana Chóez plantea cinco requerimientos concretos a la administración municipal:

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La concejala concluye su oficio señalando que "la ciudadanía demanda instituciones transparentes y servidores públicos que actúen con absoluta integridad".

Asimismo, sostiene que cualquier denuncia relacionada con un eventual uso de la función pública para obtener ventajas políticas debe recibir una respuesta inmediata, transparente y verificable por parte del Municipio de Guayaquil.

Lo que debes saber

• Judicatura aprobó de forma unánime el informe técnico para la cesación de funciones de 62 jueces a escala nacional.
  
• Los jueces cesados en sus funciones responde a la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026.
• Se dispuso a las Direcciones Provinciales tomar las acciones correspondientes para evitar la paralización de actividades.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), liderado por su presidenta Mercedes Caicedo Aldaz, aprobó de forma unánime el informe técnico para la cesación de funciones de 62 jueces a escala nacional. Esta medida responde a la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026, una iniciativa que prioriza a los servidores judiciales con condiciones de salud críticas, enfermedades catastróficas, discapacidad o avanzada edad.

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Presupuesto millonario para la renovación judicial

Para el desarrollo e implementación de este proceso de desvinculación permanente, la judicatura ecuatoriana cuenta con una asignación presupuestaria específica de 6,9 millones de dólares. Este rubro se encuentra debidamente contemplado dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2026 e involucra el pago de compensaciones obligatorias tanto para personal administrativo como para los administradores de justicia salientes.

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La salida oficial de los 62 magistrados técnicos quedó fijada a partir del 30 de junio de 2026. Ante este escenario, se dispuso de inmediato que las Direcciones Provinciales del CJ ejecuten de manera urgente las acciones administrativas correspondientes para evitar la paralización de actividades y garantizar la continuidad del servicio de justicia en los diferentes cantones afectados.

Cambios y renuncias aceptadas en el Pleno del CJ

Durante la misma sesión ordinaria Nro. 086-2026, el cuerpo colegiado del organismo judicial oficializó la salida de otros funcionarios que presentaron sus dimisiones voluntarias. Las autoridades aceptaron formalmente la renuncia de la magistrada Jenny Ramos Navas, quien se desempeñaba en el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, así como la de Marlon Escobar Jácome, exjuez del Tribunal de Garantías Penales de Carchi.

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Asimismo, los miembros del pleno resolvieron dar por terminada la designación del abogado Rómulo Núñez Valencia en calidad de juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi. Según lo estipulado por las autoridades de control, el funcionario deberá retornar a su cargo de origen dentro de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y Familia ubicada en el cantón Latacunga.

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Activación del plan de contingencia nacional

Con el objetivo de impedir un vacío institucional, la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la Dirección General de la institución para que presente un informe exhaustivo respecto a la ejecución del plan de contingencia estructural.

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Requerimientos urgentes planteados a la Dirección General:

Lo que debes saber

• Daniel Noboa y Santiago Peña reforzaron la cooperación entre Ecuador y Paraguay en seguridad y comercio.
• Ecuador y Paraguay ratificaron su agenda conjunta en economía, integración regional y asuntos sociales.
• La reunión bilateral concluyó sin anunciar nuevos acuerdos, pero reafirmó la cooperación entre ambos países.

Los presidentes de Ecuador y Paraguay mantuvieron una reunión bilateral este 30 de junio en la que reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en seguridad, comercio, economía, asuntos sociales e integración regional. Hasta el momento no se han informado acuerdos específicos derivados del encuentro.

Reunión bilateral entre Daniel Noboa y Santiago Peña

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en la que ambos mandatarios ratificaron su intención de fortalecer la cooperación bilateral en áreas como seguridad, comercio, economía, asuntos sociales e integración regional.

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El encuentro fue informado por la Presidencia de Ecuador a través de sus canales oficiales, donde señaló que la reunión sirvió para reforzar el compromiso de ambos gobiernos de continuar trabajando de manera conjunta en temas considerados prioritarios para los dos países.

Seguridad y comercio entre los temas abordados

Entre los asuntos tratados estuvieron la cooperación en materia de seguridad, uno de los ejes de la política exterior y de la agenda interna del Gobierno ecuatoriano, así como el impulso a las relaciones comerciales y económicas, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

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Asimismo, los presidentes dialogaron sobre asuntos sociales e iniciativas de integración regional, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer acuerdos específicos.

Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo, el presidente Noboa se ausentó de territorio ecuatoriano desde el 29 de junio de 2026. El objetivo principal es intervenir en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur y Estados Asociados, la cual se desarrollará el 30 de junio de 2026 en Asunción.

Lo que debes saber

• Gremios de Ecuador guardan silencio ante la falta de independencia estatal y acoso a la prensa.
• Líderes gremiales defienden la cautela y priorizan el diálogo institucional sobre la queja.
• Casos de corrupción como Progen generan consternación y llamados a respetar la Constitución.

Ante los cada vez más recurrentes cuestionamientos sobre la falta de independencia entre las instituciones del Estado, las presuntas irregularidades en la administración pública y el acoso a la prensa, el sector empresarial ecuatoriano mantiene un importante silencio.

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Ese silencio resulta más notorio porque situaciones muy similares durante el gobierno del expresidente Rafael Correa habrían motivado sendos pronunciamientos, entrevistas y ruedas de prensa en defensa de la institucionalidad y de la libertad de expresión de los medios de comunicación críticos del régimen.

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¿Por qué el empresariado ahora prefiere mantenerse al margen? EXPRESO trasladó esa pregunta a gremios como las cámaras de Comercio de Guayaquil y de Quito, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara Nacional de Acuacultura, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido una respuesta.

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Desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), su director ejecutivo, José Antonio Hidalgo, se excusó señalando que solamente respondería sobre temas relacionados con el banano, y que cualquier otra consulta debía ser dirigida al Comité Empresarial Ecuatoriano, que tampoco respondió hasta el cierre de esta edición.

Postura de los gremios empresariales y el diálogo institucional

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, sí se animó a responder. Para el dirigente, no es cierto que el empresariado se desentienda de la coyuntura, sino que considera que existen otras formas de abordarla.

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“Cada organización escoge la forma y el momento de expresar sus posiciones. Nosotros hemos privilegiado el diálogo institucional porque creemos que construye más que la confrontación. Ello no significa silencio ni indiferencia; significa actuar con responsabilidad, independencia y firmeza en la defensa de los valores democráticos”, comenta.

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Salamea también enfatiza que las cámaras de comercio del Ecuador defienden principios y no intereses políticos del momento. Agrega que el compromiso histórico del empresariado ha sido con el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la independencia de las funciones del Estado, la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de expresión, porque “sin instituciones sólidas no hay inversión, empleo ni desarrollo”.

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Xavier Durán, expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, coincide en ello. El exdirigente empresarial sostiene que los empresarios están permanentemente atentos a la coyuntura nacional, pero que eso no implica salir a lanzar acusaciones o cuestionamientos sin contar con pruebas suficientes que sustenten un pronunciamiento de ese tipo. “Hay que tener mucho tino”, dice el expresidente de la Cámara.

El impacto del caso Progen y la crisis eléctrica en el sector empresarial

El caso Progen es un ejemplo de ello, señala. Según Durán, el anuncio de la contratación de la empresa estadounidense para la generación eléctrica generó mucho entusiasmo en el empresariado, que confiaba en las gestiones del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, reconoce que las presuntas irregularidades han causado consternación, pero que, en lugar de lanzar acusaciones, considera que el tema debe llegar “hasta las últimas consecuencias”.

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El caso Progen es actualmente objeto de una investigación penal en Ecuador por presunto peculado. En el denominado caso Apagón hay 21 personas procesadas, entre ellas el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, por su presunta participación en un delito sancionado con hasta 13 años de prisión.

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Durán también descarta que la postura del sector empresarial responda al temor por posibles represalias del gobierno de turno, porque “cuando uno no tiene rabo de paja, no se tiene ningún temor”. El expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil insiste en que la cautela responde a la necesidad de no adelantar conclusiones, sino de apostar por el diálogo.

Salamea, por otro lado, prefiere pasar la página y enviar un mensaje a todos los actores políticos y sociales de cara a un nuevo proceso electoral. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador señala que el principal llamado debe ser el de respetar la Constitución, la voluntad ciudadana y la institucionalidad.

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Asimismo, hace hincapié en que Ecuador necesita confianza, estabilidad y reglas claras para seguir avanzando, y que las cámaras de comercio del país “seguiremos defendiendo estos principios con independencia y responsabilidad, convencidos de que solo una democracia fuerte garantiza un desarrollo económico sostenible y oportunidades para todos”.

Las claves que debes saber

• Elecciones de noviembre avanzan sin debate sobre democracia, corrupción y derechos humanos en Ecuador.
• Analistas y opositores atribuyen la baja participación política al temor a sanciones e investigaciones.
• Movimientos y candidatos priorizan sobrevivir electoralmente mientras crece la discusión sobre controles.

Se avecina un proceso electoral y, en el Ecuador, nadie está hablando de los grandes temas que afectan a la democracia. Ni la concentración de poder, ni las violaciones a los derechos humanos, ni el acoso a la prensa independiente, ni la cooptación de los organismos de control o de la justicia son asuntos que animen a los partidos y movimientos políticos que participarán en las elecciones de noviembre. 

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Ni siquiera se debate sobre los proyectos de ciudad o de región. En otras palabras, el debate y la discusión política están ausentes de la arena electoral. El país está adormecido.

Pero no solo el debate sobre los grandes temas de la política nacional está en estado de hibernación; también lo está la participación política. Muchos actores que normalmente intervienen en procesos electorales como el de noviembre están, y seguirán estando, ausentes. 

Los casos de Álvarez y Aguiñaga

Sobran los ejemplos: figuras con gran proyección electoral regional e incluso nacional, como Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, no estarán presentes en estas elecciones. Álvarez está preso, sin haber sido condenado, en una cárcel de máxima seguridad y enfrenta procesos judiciales que generan incertidumbre sobre una eventual candidatura, aunque no ha sido excluido por una sanción electoral. 

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Otros dirigentes correístas, incluidos alcaldes y prefectos, también se encuentran condicionados por investigaciones o procesos que podrían derivar en futuras inhabilidades.

¿Qué les sucede a los políticos de Ecuador?

¿Qué es lo que tiene al Ecuador en semejante estado de aletargamiento político? Básicamente, el miedo. Un miedo cuyo origen, según esta lectura, está en la concentración por parte del Gobierno del control sobre los organismos de fiscalización y sobre la administración de justicia.

¿Quién, aparte de la prensa independiente o de un puñado de líderes de opinión, pone en debate el tema de la corrupción? ¿Quién, fuera de un reducido grupo de periodistas, está denunciando casos como el de Progen o el tráfico de tierras en Santa Elena? ¿Quién, además de algunos colectivos de derechos humanos, se ha embanderado con la causa de Monika Silva, la activista asesinada en Montañita?

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Todas estas preguntas apuntan a una misma explicación: los partidos, los movimientos y los posibles candidatos no quieren hablar de estos temas porque temen recibir sanciones de organismos que consideran controlados por el Gobierno. 

Quien tenga aspiraciones electorales y no pertenezca al oficialismo corre el riesgo de que, por ejemplo, la Contraloría -sobre cuya dependencia del Ejecutivo muchos sostienen que existen dudas razonables- le practique un examen especial a su gestión o a su declaración patrimonial. 

O de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya independencia también es cuestionada por distintos sectores políticos, le inicie un proceso disciplinario sin garantías de un juicio justo. Es lo que, según sus críticos, ocurrió con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien actualmente está suspendido del cargo y no podrá participar en las próximas elecciones tras haber llamado “fulana”, entre otros calificativos, a una concejala de su ciudad.

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Lo mismo ocurre con los movimientos políticos. La Revolución Ciudadana, que sigue siendo la fuerza electoral de oposición del país, no podrá participar en las elecciones con su propia lista debido a una sanción relacionada con el manejo de su financiamiento. 

Esa suspensión ha obligado a decenas de precandidatos correístas a buscar otras organizaciones políticas para postularse. Precisamente en las últimas horas se conoció que el correísmo participará bajo las listas del movimiento Amigo.

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El movimiento Construye, por su parte, fue retirado del registro de organizaciones habilitadas por incumplimientos relacionados con los requisitos legales para conservar su personería jurídica. Unidad Popular también fue excluida inicialmente del registro; sin embargo, posteriormente el TCE dejó sin efecto esa decisión y el partido recuperó su personería jurídica, por lo que podrá participar si la resolución queda ejecutoriada.

Autoridades congelan hasta cuentas de opositores

En una reciente entrevista, el dirigente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, sostuvo que incluso dirigentes sociales están siendo víctimas del acoso gubernamental. Según afirmó, los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) tienen sus cuentas congeladas, situación que, dijo, también afecta a la dirigente indígena Pacha Terán, quien -según Atarihuana- no puede disponer de su dinero ni siquiera para alimentar a su familia. 

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El miedo, entonces, ha paralizado la voluntad de participar en política y, con ello, ha paralizado también el debate público.

Existen, pues, varios factores que alimentan ese miedo: el temor a las sanciones electorales, a la judicialización de las decisiones administrativas, a la exposición patrimonial y hasta a ser asesinado, como les ocurrió al periodista Robinson del Pezo o a la activista Monika Silva.

¿Y qué pasa, entonces, con el debate sobre la erosión democrática, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos? Muy pocos se atreven a plantearlo y quienes lo hacen -los correístas, principalmente- carecen, para muchos, de autoridad moral para liderar esa discusión. En suma, nadie quiere hablar de los temas que más incomodan al poder.

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Consultada sobre el tema, la mandataria mexicana optó por posponer cualquier definición oficial. "Vamos a hablar de la relación Ecuador-México ya que pase el partido", en referencia al encuentro entre las selecciones de ambos países en el Mundial de fútbol.

La declaración, ofrecida durante su conferencia de prensa matutina conocida como la "Conferencia del Pueblo" (o Mañanera), deja en suspenso una posible normalización de las relaciones, interrumpidas desde abril de 2024. 

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Noboa expresara su disposición para reanudar las relaciones diplomáticas con México, rotas tras la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito.

El operativo tuvo como objetivo detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien permanecía en la sede diplomática y había recibido asilo político por parte del Gobierno mexicano. El hecho provocó la crítica internacional y llevó a México a romper relaciones con Ecuador.

La crisis diplomática entre Ecuador y México sigue sin resolverse

Desde junio de 2024, Suiza actúa como potencia garante para proteger los intereses de ambos Estados, una figura utilizada cuando dos países carecen de relaciones diplomáticas directas.

Aunque existen canales indirectos de comunicación, la representación diplomática formal permanece suspendida y no se han reportado avances concretos para superar el conflicto generado por el ingreso de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana.

Comercio entre Ecuador y México continúa pese a la ruptura diplomática

La ruptura política no afectó el intercambio comercial entre ambos países. El flujo de mercancías entre empresas privadas se ha mantenido activo bajo los mecanismos establecidos por organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Esto ha permitido que las exportaciones e importaciones continúen operando con normalidad, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales.

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Uno de los principales efectos de la crisis bilateral se mantiene en el ámbito económico. Las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y México quedaron congeladas por decisión del Gobierno mexicano.

La falta de un acuerdo comercial impidió además que Ecuador complete su incorporación como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, un bloque considerado estratégico para la expansión comercial hacia los mercados de Asia-Pacífico. Entre los puntos de desacuerdo en las negociaciones figuró la negativa de México a incluir productos clave de la oferta exportable ecuatoriana, como el banano y el camarón, sectores considerados prioritarios para el comercio exterior del país.

Lo que debes saber:

• Érika Tumbaco rindió su primera versión ante la Fiscalía por el caso Porsche.
• La defensa niega que Industrial Molinera o el Gobierno estén vinculados al caso.
• Los hijos de Tumbaco también fueron convocados para dar su testimonio.

Fernando Yávar, abogado de Industrial Molinera, aseguró este lunes que ni la empresa ni personas vinculadas al Gobierno Nacional tendrían relación con el denominado caso Porsche. Sus declaraciones se dieron antes de que Érika Johana Tumbaco Flores, trabajadora de "confianza" de la compañía, acudiera a la Fiscalía General del Estado para rendir su primera versión dentro de la investigación.

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La comparecencia ante la Fiscalía

Yávar explicó que la comparecencia de Tumbaco y de sus hijos busca esclarecer lo ocurrido tras el atentado registrado en la Bahía de Guayaquil. Además, rechazó las versiones que apuntan a un supuesto autoatentado y afirmó que esa narrativa responde a un "montaje" sin sustento.

El jurista sostuvo que la coincidencia entre la diligencia fiscal y las menciones a Industrial Molinera ha generado confusión en el debate público. En ese sentido, insistió en que la empresa no mantiene ningún vínculo con los hechos que investiga la Fiscalía.

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¿Por qué también declararon sus hijos?

Según detalló, los hijos de Tumbaco también fueron convocados porque estuvieron presentes el día en que se ejecutó un allanamiento judicial en la vivienda familiar. Ese episodio, afirmó, explica por qué la mujer modificó su recorrido original y se dirigió a su domicilio antes de acudir al Hospital de Los Ceibos.

Yávar precisó que su intervención en el proceso se limita al acompañamiento legal de Tumbaco durante la recepción de su testimonio. La diligencia forma parte de las actuaciones que desarrolla la Fiscalía dentro del denominado caso Porsche, una investigación que ha adquirido relevancia política tras los cuestionamientos cruzados entre el oficialismo y la oposición.

Lo que debes saber

• La Comisión de Fiscalización será la encargada de sustanciar el juicio político contra Inés Manzano.
• ADN defiende el debido proceso, mientras Revolución Ciudadana insiste en que existen elementos para una eventual censura.
• El Pleno de la Asamblea tendrá la decisión final sobre el futuro político de la exministra.

El juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, avanza en la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Fiscalización calificara el trámite impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana. Con esa decisión se abrió la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo, mientras el proceso deberá culminar con un informe que posteriormente será conocido por el Pleno, donde una eventual censura requerirá 101 votos.

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ADN defiende el debido proceso

Desde la bancada oficialista, la legisladora Diana Jácome sostiene que la calificación del juicio político responde al procedimiento previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La asambleísta afirma que tanto los interpelantes como la exfuncionaria tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en un proceso que, según dijo, debe desarrollarse con transparencia, equilibrio y justicia.

Jácome también señala que el juicio político debe avanzar en paralelo con las investigaciones sobre la denominada "ruta del dinero" en los contratos cuestionados. Asegura que el objetivo es identificar a los responsables de un eventual perjuicio económico al Estado y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, al tiempo que defendió que el Gobierno "no está escondiendo nada".

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RC insiste en las presuntas irregularidades

En la orilla opuesta, el asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, afirma que la Comisión de Fiscalización terminó calificando el juicio político porque ya no era posible sostener una posición contraria al trámite. A su criterio, el proceso permitirá investigar el presunto incumplimiento de funciones de Inés Manzano en la contratación con Austral Technical Management (ATM).

Luna sostiene que el contrato bordea los $ 90 millones y cuestiona que se hayan entregado anticipos por alrededor de $ 61 millones sin que, según dice, se hubieran cumplido las garantías y los plazos previstos. Además, asegura que los equipos entregados no corresponden a la capacidad requerida por el sistema eléctrico nacional, lo que, en su opinión, constituye uno de los principales elementos que sustentarán la interpelación.

El legislador correísta también critica la posibilidad de que los equipos sean recibidos como parte de mecanismos para recuperar recursos públicos. Manifiesta que aceptar generadores que califica como "chatarra" implicaría mayores costos de operación, un mayor consumo de combustible y menor eficiencia para el sistema eléctrico.

El asambleísta expresa que espera que el juicio político concluya con la determinación de responsabilidades políticas y que la información recopilada sirva de base para investigaciones penales. Afirma que la ciudadanía exige que se identifique a los responsables del presunto perjuicio al Estado y que se impongan las sanciones correspondientes.

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La agenda legislativa del oficialismo

Por su parte, la legisladora de ADN sostuvo que la Asamblea también debe concentrarse en el trámite de proyectos relacionados con la protección de niños, adolescentes y adultos mayores, pues, a su criterio, "esos son los temas importantes". Asimismo, subrayó que "en eso nos estamos concentrando; (pero) no dejamos de lado también las situaciones que enfrenta el país".