Lo que debes saber

• No habrá inscripciones presenciales.
• El trámite será exclusivamente virtual.
• El plazo vence a las 18:00 del 17 de agosto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 se realizará únicamente de forma virtual. El organismo precisó que no se receptarán postulaciones de manera presencial durante este proceso.

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Inscripción solo por el sistema del CNE

Las organizaciones políticas y alianzas habilitadas deberán registrar sus listas a través del Sistema Informático del CNE. El período de inscripción permanecerá abierto hasta las 18:00 del 17 de agosto, conforme al calendario electoral.

El acceso a la plataforma estará restringido exclusivamente para las organizaciones políticas autorizadas. Con este mecanismo, el CNE señala que centralizará el registro de candidaturas mediante su sistema digital.

Para inscribir una candidatura será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente. Entre ellos constan ser mayor de edad, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en inhabilidades o prohibiciones legales.

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Acompañamiento y validación

Aunque el trámite no será presencial, el CNE indica que habilitará mesas de acompañamiento técnico en la sede matriz y en las 24 delegaciones provinciales electorales. Estos espacios servirán para brindar asistencia a las organizaciones políticas durante el proceso de inscripción.

La autoridad electoral recordó que una candidatura se considerará oficialmente inscrita solo cuando la resolución de calificación quede en firme. Además, no deberán existir recursos administrativos ni jurisdiccionales pendientes para que la inscripción tenga validez.

Lo que debes saber

• El juez Patricio Maldonado negó el recurso horizontal planteado por el movimiento Amigo.
• La medida responde a que las aclaraciones solo aplican para sentencias definitivas.
• La organización política continúa suspendida por presunto caso de lavado de activos.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, ratificó la suspensión provisional del movimiento Amigo al negar el recurso horizontal presentado por la organización política. El fallo dictado en Quito confirmó que las aclaraciones y ampliaciones no aplican para autos de sustanciación. La medida se da en el marco de una investigación de la Fiscalía General del Estado por supuesto lavado de activos, justo cuando el grupo pretendía acoger las candidaturas del correísmo para las próximas elecciones seccionales.

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El TCE rechaza la apelación del movimiento Amigo

El juez electoral Patricio Maldonado negó el recurso horizontal de aclaración y ampliación que interpuso el movimiento Amigo en contra de la medida de suspensión provisional dictada por un supuesto caso de lavado de activos.

En su auto de sustanciación, el magistrado señaló que el recurso no procedía, ya que el objeto de las herramientas horizontales está reservado únicamente para las sentencias o los autos que ponen fin al proceso contencioso electoral.

El juez precisó que el acto impugnado corresponde a un auto de sustanciación emitido el 27 de julio de 2026, mediante el cual se negó previamente un pedido de nulidad formulado por el movimiento Amigo, resolución que no tiene el carácter de sentencia o auto definitivo.

Argumentos sobre la falta de legitimación del representante legal

Días atrás, el magistrado Patricio Maldonado resolvió también negar un incidente de recusación presentado por la misma organización.

En esa ocasión, el juez alegó que el representante legal del movimiento Amigo aparecía de forma simultánea como dirigente de otra organización política, lo que afectaba directamente la legitimación para presentar el recurso.

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CNE convoca a elecciones seccionales: ADN será uno de los primeros en inscribir sus candidatos

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Investigación por lavado de activos frena el casillero del correísmo

El movimiento Amigo permanece suspendido por pedido de la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) conoció una investigación por presunto lavado de activos contra la agrupación política, la cual tenía previsto convertirse en la plataforma electoral de la Revolución Ciudadana para los comicios seccionales.

Claves sobre el proceso contra el movimiento Amigo

Lo que debes saber

• El CNE convocó a las elecciones seccionales y del CPCCS para noviembre de 2026.
• Un total de 13'827.643 electores elegirán a autoridades locales y consejeros.
• ADN iniciará la inscripción de candidatos en Pichincha este 2 de agosto de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la convocatoria a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Ecuador mediante una cadena nacional. Con este hito del calendario electoral se abrió la fase de inscripción de candidaturas para juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas para los comicios de noviembre de 2026. El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) figura entre las primeras organizaciones políticas en inscribir a sus cuadros en la provincia de Pichincha.

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Más de 13,8 millones de ecuatorianos habilitados para votar

A través de una cadena nacional, el CNE realizó formalmente la convocatoria a las elecciones seccionales. El órgano electoral citó a las urnas a las personas mayores de 18 años, a quienes cuentan con voto facultativo y a los extranjeros residentes en el país para sufragaren noviembre de 2026.

En total, se registran 13'827.643 electores habilitados dentro y fuera del territorio nacional.

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Dignidades a elegir en los comicios seccionales y del CPCCS

Los ciudadanos inscritos en el padrón electoral elegirán a las siguientes autoridades:

ADN inicia la inscripción de sus candidaturas en Pichincha

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) será una de las primeras organizaciones políticas en registrar a sus postulantes. Según informó la organización en sus canales oficiales, la inscripción de sus cuadros para la provincia de Pichincha se llevará a cabo la tarde de este 2 de agosto de 2026.

La militancia de ADN fue convocada a las 13:30 a las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha.

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Para esta jurisdicción, las postulaciones perfiladas por el movimiento oficialista son:

Lo que debes saber

• Juan Carlos Vega dejó el Ministerio de Agricultura tras nueve meses de gestión. 
• En mayo, el Gobierno había desmentido que fuera a renunciar.
• Su salida abre paso a una posible candidatura por la Alcaldía de Cuenca.

Juan Carlos Vega renunció al cargo de ministro de Agricultura y confirmó que su siguiente objetivo es la Alcaldía de Cuenca. El exfuncionario publicó el 1 de agosto una carta de renuncia y, en un mensaje en X, afirmó: "Hoy, la causa se llama Cuenca".

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La carta que confirmó su salida

En la publicación, Vega aseguró que no cree "en las despedidas", sino "en la continuidad de un propósito", y sostuvo que deja el Ministerio de Agricultura con la convicción de "hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil". También escribió: "Cuenca, por ti, todo", en una señal directa de su intención de competir en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.

En la misiva, Vega también agradece la oportunidad que tuvo de integrar el gabinete y recuerda que primero fue ministro de Economía y Finanzas durante 444 días antes de asumir Agricultura en noviembre de 2025. También sostiene que aceptó el desafío porque, además de su formación en economía, tiene vínculos con el sector agropecuario como agrónomo, agricultor y ganadero.

El exfuncionario hace un balance de su gestión y destaca la implementación de la política pública "Manos para el campo", así como recorridos por la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos para atender las necesidades de los productores. Asimismo, asegura que hubo avances en regularización de tierras, mecanización, asistencia técnica y fortalecimiento de las políticas para los sectores acuícola y pesquero.

Vega también dedica un apartado de la carta para agradecer a viceministros, asesores, subsecretarios y demás funcionarios del Ministerio de Agricultura. Afirma que los resultados alcanzados fueron posibles gracias al trabajo conjunto del equipo de la cartera de Estado.

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El antecedente de mayo

En mayo de 2026 circularon versiones sobre una presunta renuncia de Juan Carlos Vega al Ministerio de Agricultura. En ese momento, la cartera de Estado negó esa información en su cuenta oficial de X y aseguró que el funcionario continuaba ejerciendo sus funciones con normalidad.

Además, difundió capturas de las publicaciones con un sello de "Falso" y aseguró que Vega continuaba ejerciendo sus funciones sin interrupciones. Además, sostuvo que existía estabilidad en el gabinete para una cartera considerada estratégica para el sector productivo.

Juan Carlos Vega asumió el Ministerio de Agricultura en noviembre de 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 225, tras la salida de Danilo Palacios. Su renuncia oficializa su salida del gabinete y allana el camino para convertirse en el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) a la Alcaldía de Cuenca en los comicios seccionales de noviembre.

Lo que debe saber

• Un total de 51 impugnaciones ciudadanas fueron registradas en la carrera por la Fiscalía General del Estado.
• La jueza Daniella Camacho Herold y la abogada Inés Romero Estévez reciben la mayoría de objeciones con 10 y 9 presentaciones.
• La Comisión Ciudadana de Selección resolverá la admisibilidad de las objeciones en un plazo de cinco días término.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniell Camacho, es la postulante más impugnada del concurso para Fiscal General. Un total de 51 impugnaciones ciudadanas se registran en el concurso público para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, tras concluir la fase de recepción el 31 de julio de 2026.

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Postulantes a la Fiscalía General con mayor número de impugnaciones

Dentro de la nómina de 26 aspirantes examinados por el órgano rector, tres candidatas y candidatos agrupan la mayor cantidad de objeciones entregadas por la ciudadanía:

Asimismo, el candidato Walter Samno Macías Fernández acumula 4 impugnaciones y Bolivar Augusto Espinoza Astudillo reporta 2.

Dirigente del correísmo impugnó a Camacho y Alarcón

El excandidato presidencial y dirigente de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, anunció que presentó impugnaciones contra la jueza nacional Daniella Camacho y el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.

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Según Arauz, Alarcón no puede participar por mantener un conflicto de intereses por ser el acusador actual de Nicole Bonifaz, consejera del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) en el caso Ligados. Además, no habría presentado certificado de no tener mora en el IESS y tampoco habría presentado el certificado de apolitismo.

En el caso de Camacho, Arauz sostiene que no tiene probidad por haber intentado dar un golpe de estado en la Corte Nacional de Justicia. También señala que mantiene conflicto de intereses por ser la juzgadora de Bonifaz en el caso Ligados, que ella habría publicado un tuit "ratificando que para ganar el concurso había que perseguir a los correístas" y que tendría un doctorado falso.

Aspirantes que registran una sola objeción ciudadana

El listado remitido por la Secretaría General del organismo detalla que 11 postulantes cuentan con una sola impugnación en el expediente:

Por otra parte, el postulante Luis Augusto Rosero Mendez presentó su desistimiento del proceso de selección.

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Revisión de admisiones y apelaciones en el CPCCS

La Secretaría General del CPCCS remite los expedientes a la Comisión Ciudadana de Selección para iniciar el análisis reglamentario. Los pasos normativos establecidos para resolver los reclamos son los siguientes:

Lo que debes saber

• X es la sexta red social con más usuarios en Ecuador, pero concentra a actores políticos y mediáticos.
• No todas las discusiones virales reciben una respuesta del Gobierno.
• Especialistas analizan por qué algunos debates influyen en la agenda pública y otros no.

Las críticas al resultado del concurso para el nuevo Museo Nacional (MuNa) y la presión que se generó alrededor del juicio político contra el extitular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, alimenta la percepción de que el Gobierno sigue de cerca las discusiones que se desarrollan en X. La idea cobró fuerza porque, tras esos debates, el Ejecutivo modificó su postura, aunque no ha ocurrido lo mismo frente a otras conversaciones de igual o mayor intensidad, como las relacionadas con el caso Progen o los cuatro niños de Las Malvinas.

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Las respuestas no siguen un mismo patrón

Para las especialistas consultadas por EXPRESO, la explicación no pasa únicamente por la presión ejercida en esa red social. Más bien, sostienen que el Ejecutivo selecciona qué discusiones puede incorporar a su agenda política, ya sea por cálculo comunicacional, por conveniencia o porque determinados temas amenazan con trascender el entorno digital y convertirse en una crisis pública.

Para Yalilé Loaiza, editora de Ecuador Chequea, la respuesta del Gobierno al caso del MuNa obedeció no solo a la crítica ciudadana, sino también a un cálculo político. La periodista considera que, si el Ejecutivo no reaccionaba con rapidez, la controversia habría permanecido durante una o dos semanas en la agenda de los medios de comunicación, por lo que cree que existió un “timing” para contener el costo político

Sin embargo, la periodista sostiene que ese comportamiento no ha sido consistente. A su juicio, temas como Progen, los cuatro niños de Las Malvinas o los cuestionamientos sobre independencia judicial también generaron una fuerte presión en X, pero el Ejecutivo optó por no actuar de la misma manera.

Por su parte, Carolina Bazante, fundadora y directora ejecutiva de Lupa Media, descarta que haya sido la presión ejercida en X la que llevó al Ejecutivo a modificar su postura. A su criterio, el régimen aprovechó un debate concentrado en un grupo reducido de cuentas para justificar una decisión que ya respondía a sus intereses, una lógica que también se evidenció en el caso de Godoy.

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La estrategia detrás del silencio

Esto se debe, explica la consultora en comunicación política y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Patricia Enríquez a que el Ejecutivo escoge qué “batallas” responder y cuáles dejar pasar. En su opinión, el silencio también comunica, por lo que omitir una respuesta frente a temas como el caso de los cuatro niños de Las Malvinas permitió que otros actores construyeran el relato, mientras que en el caso de Mario Godoy sí hubo un pronunciamiento presidencial.

Para la politóloga y docente de la Universidad Casa Grande, Estefanía Luzuriaga, observar la conversación digital forma parte de las nuevas dinámicas de la comunicación política, aunque advierte que no toda tendencia debe traducirse en una decisión pública. Según explica, los gobiernos suelen filtrar cuáles conversaciones consideran relevantes para su agenda y cuáles mantienen al margen.

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¿Por qué X marca la agenda?

Enríquez coincide en que X se consolidó como un escenario donde la agenda política se disputa en tiempo real. Sin embargo, aclara que la intensidad de las interacciones no debe confundirse con respaldo ciudadano, pues una conversación muy activa puede reflejar movilización momentánea, pero no el apoyo que luego se expresa fuera de las redes o en las urnas.

Eso, indica Luzuriaga, porque esa influencia no responde al tamaño de la audiencia, sino al perfil de quienes participan en la plataforma. Loaiza explica que en X convergen periodistas, políticos, académicos, medios de comunicación, analistas y líderes de opinión, por lo que las conversaciones que allí se originan suelen marcar la agenda pública antes de trasladarse a otros espacios.

De acuerdo datos de la consultora Mentinno, X ocupa el sexto lugar entre las plataformas sociales con más usuarios en Ecuador luego de TikTok, Facebook, Instagram, Audience network y LinkedIn. Su audiencia pasó de 1,8 millones de personas mayores de 18 años, en febrero de 2025, a 2,1 millones en abril de 2026.

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La viralidad no es consenso

Ante ello, Enríquez sostiene que la ciudadanía debería procurar debates con mayor profundidad y no quedarse únicamente con aquello que se vuelve tendencia. A su juicio, la viralidad puede acelerar respuestas políticas, pero no reemplaza una deliberación pública informada ni representa, por sí sola, el consenso de la sociedad; además, Bazante recalca que una discusión intensa también puede ser utilizada políticamente para legitimar decisiones que ya estaban definidas.

Una hora después, en sus estudios de Guayaquil, los analistas de la radio oficiosa del noboísmo introducían confusa y peligrosamente la variable regional en lo que debía ser un debate sobre sistemas políticos; mientras tanto, en una entrevista concedida a los tiempos a una radio quiteña, (vanamente convencido de que el descontento es un fenómeno local), el inquilino de Carondelet se ocupaba personalmente del debate: se arremangaba, lo sujetaba con ambas manos y lo sumergía hasta el nivel en el que parece sentirse más cómodo: el albañal de las ideas. Signo de su irreversible derrota.

Opinión

“Nos dio diciendo”

Mauricio Gándara Gallegos

Ha sido patética la incapacidad del gobierno de sortear las críticas de Hurtado. Tanto lo superaron que ni siquiera fue capaz de inventarse un distractor, que es lo que hace siempre. El episodio protagonizado por el ex presidente, del que se seguirá hablando, parece marcar un antes y un después en las relaciones (hasta la fecha dominadas por el miedo) entre el gobierno y la opinión pública. Debería.

Hurtado agita la conversación

Lo de Hurtado fue un terremoto. Parte del efecto que produjeron sus palabras se debió a una mezcla de características personales que, en los tiempos en que Ecuador era un país democrático (lo que hoy se llama viejo país), se daban por sentadas pero en la actualidad han desaparecido de la escena política: la convicción, es decir, esa seguridad que se adquiere con la reflexión y el cultivo de valores; la serenidad que proviene del respeto al otro y de la noción de que en democracia no existen enemigos sino adversarios (incluso los enemigos de la democracia son, en democracia, sólo adversarios); la fe en el poder de la palabra, que descansa sobre una vocación aún más profunda, la del hombre de ideas: la certeza de que el uso público de la razón es la única herramienta de que dispone una sociedad para arbitrar sus diferencias y la única posibilidad de reconciliación entre adversarios; finalmente la firmeza, que consiste sobre todo en la claridad para establecer los límites de lo admisible...

He ahí los ingredientes del terremoto Hurtado. 

El nuevo Ecuador es el país del lumpen parlamentarismo, del analfabetismo funcional y la precariedad moral como requisitos del quehacer político; un país donde el discurso público es por naturaleza sinuoso y artero; donde la descalificación ha sustituido al debate de ideas, impracticable por la simple razón de que nadie las cultiva: los políticos del nuevo Ecuador tienen la cabeza amoblada de basura, cuando no de codiciosas pretensiones. Gobernado, además, por un dudoso caudillo de escasas luces, cuyo vocabulario difícilmente llegará a las cien palabras y cuyo poder proviene de su condición (que él mismo se ha encargado de publicitar) de pésimo enemigo, es decir, de su capacidad de causar miedo, el nuevo Ecuador es un país en el que se ha olvidado que un político puede hablar de la manera como lo hizo Hurtado: convencido, sereno, firme, racional y razonable. De ahí el efecto de sus primeras declaraciones, ofrecidas la semana anterior al periodista manabita Pedro Clotario, ya famoso y respetado por haberle plantado cara (y humillado) al delincuente Rafael Correa. Pero el lunes de esta semana, cuando el expresidente volvió a la carga, esta vez en televisión nacional, lo suyo se volvió cuestión de Estado.

Opinión

Osvaldo Hurtado y la palabra dictador

César Febres-Cordero Loyola

Fue ahí, en Teleamazonas, donde Hurtado acuñó la categoría con la que el gobierno de Daniel Noboa pasará a la historia: criptodictadura. Eso debió doler. Que un representante del viejo país, a sus 87 años, se encuentre lo suficientemente actualizado y en forma como para jugar con un prefijo muy utilizado en el mundo de las nuevas tecnologías y componer una palabra que debió ocurrírseles a ellos... Eso es humillante. Los treintañeros del régimen tendrían que nacer de nuevo y empezar de cero para ser capaces de algo semejante.

El viernes, en Politizados, Hurtado afinaría sus conceptos: el régimen es una criptodictadura: dictadura encubierta, dictadura cifrada; el caudillo: un protodictador, un dictador en ciernes. Mandarles a consultar el diccionario dos veces en la misma semana es demasiado.

El expresidente lleva dos décadas reflexionando sobre lo que ha llamado “Dictaduras del siglo XXI” (de hecho, ese es el título de uno de sus libros) y sabe perfectamente de lo que habla: gobiernos legitimados por las urnas pero que, en el ejercicio del poder, rompieron todos los criterios de funcionamiento de una democracia.

Desconocieron la separación de poderes: atropellaron la independencia judicial; dinamitaron el sistema de pesos y contrapesos; persiguieron y acosaron al periodismo independiente... El régimen de Noboa, que hoy maneja desde el Ejecutivo todas las funciones del Estado; que se ha apropiado del Consejo de la Judicatura y ejerce intolerables presiones sobre jueces y fiscales; que incluso logró nombrar un fiscal general de bolsillo para que le haga los mandados y actúe como operador de sus conspiraciones políticas; que mantiene un cerco intolerable sobre los medios de comunicación que no controla y que ha obtenido ya las cabezas de varios periodistas; que ha sido capaz de montar un enorme aparato de producción de desinformación financiado con dinero público; que controla también el sistema electoral y camina hacia unas elecciones fraudulentas de las que se ha preocupado por descalificar, con ilegalidades ostensibles, a los principales candidatos y partidos opositores... Ese régimen ha hecho todos los méritos para merecer, al menos, el calificativo de criptodictadura.

Esos han sido, poco más o menos, los argumentos de Osvaldo Hurtado. Y ante ellos, la respuesta del gobierno ha sido paupérrima y vergonzosa. Consiste, básicamente, en eludir el debate y descalificar a la persona. Primero, echaron a sus asambleístas como quien echa a sus perros: que si Hurtado nunca había ganado una elección (lo cual es mentira); que si sucretizó la deuda y produjo con ello la crisis bancaria del 99 (lo cual es una simple estupidez); que si no sabe de lo que habla e ignora el verdadero significado de “dictadura” (lo cual es evidentemente falso y, en todo caso, debía ser demostrado)... Durante dos días el bloque parlamentario del partido de gobierno actuó, por una vez, como lo que en realidad es: un ejército de trolls. Fue un desfile de payasos sin vergüenza.

Política

La dura respuesta de Andrés Guschmer a las críticas del expresidente Osvaldo Hurtado

Diana Sotomayor

Serían los analistas de la radio oficiosa del gobierno (radio Centro, sobre cuya compra por testaferros de Carondelet se pronunció el presidente Hurtado exigiendo una aclaración por parte del inquilino de Carondelet) quienes elevarían la descalificación a un nuevo nivel de intensidad: el problema, dijeron, es que el expresidente representa a las élites de Quito. Ese argumento (que no lo es ni mucho menos) constituye una peligrosa irresponsabilidad. Porque aun suponiendo que fuera cierto, no exime a nadie de rebatir las razones de Hurtado y acoger el debate sobre el sistema político que propone. Por el contrario, se ignoró sus argumentos y se pretendió descalificarlos con el simple expediente de atribuírselos a la élite quiteña: regionalismo puro y duro que juega la carta de la división nacional por falta de mejor idea.

Pero lo peor, sin duda, vino cuando el protodictador abrió la boca. Se desnudó en su abrumadora pequeñez. Se refirió al presidente Hurtado como “un cadáver sumergido en formol”. Ni siquiera sus asambleístas, que son unos iletrados sin noción política alguna en su cabeza; ni sus trolls, que son unos canallas; ni sus analistas oficiosos, que son unos serviles... Ni siquiera ellos fueron capaces de llegar más bajo. La expresión “Un cadáver sumergido en formol” hace alusión a la edad de su adversario. ¿Eso es todo lo que tiene que decir el inquilino de Carondelet sobre las críticas razonadas, articuladas y respetuosas de su oponente? Dijo Noboa que son los medios de comunicación los que han puesto a ese cadáver ante los micrófonos para que “insulte al presidente”.

¿Quién insulta a quién? “Cadáver sumergido en formol”: ¿es eso lo que piensa Daniel Noboa de su propio padre, que tiene 12 años menos que Hurtado y se encuentra, tristemente, en las condiciones que el país conoce? ¿Es Álvaro Noboa un cadáver sumergido en formol? Los 200 mil ancianos que se movilizaron para votar por él y le dieron el triunfo en la segunda vuelta electoral del 2025, ¿son cadáveres sumergidos en formol? ¿Qué clase de pedagogía, qué clase de moral imparte al país el inquilino de Carondelet al desdeñar el debate de ideas que se le propone y refugiarse en semejante mezquindad?

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El silencio del sector empresarial ante el Gobierno: ¿prudencia o riesgo para la institucionalidad?

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Algo cambió en el Ecuador esta semana. El presidente Osvaldo Hurtado dijo “el rey está desnudo” y lo dijo con tal autoridad que el país entero se detuvo a escucharlo. La respuesta del gobierno fue una vergonzosa bufonada: ahora tendrá que redoblar su apuesta de dividir al país entre jóvenes y viejos, entre costeños y serranos, de levantar muros ahí donde el debate racional exige reconciliaciones. O reconocer que el giro que logró imprimir esta semana el expresidente de la República a la conversación nacional es irreversible. En otras palabras: Daniel Noboa avanza un paso más allá de la criptodictadura o retrocede. Porque para el país no hay vuelta atrás.

Lo que debes saber:

• Polémica MuNa reabre debate sobre si la cultura es prioridad o no en Ecuador, en medio de crisis hospitalaria y prioridades estatales.
• Eliminación del Ministerio en 2025 por Noboa profundiza brecha entre ley cultural y aplicación real.
• Expertos señalan débil gestión, recortes y falta de planes impiden aplicar política cultural, como plantea la ley.

Durante julio 2026, la polémica por la adjudicación del diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) reactivó un viejo debate: si la cultura es o no una prioridad en Ecuador, ¿existe una política? En redes sociales se la puso a competir con el área de la salud, señalando que frente al desabastecimiento de medicamentos en hospitales, un museo no era urgente.

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Rosero Mariela

La Constitución reconoce el derecho de las personas a construir y mantener su identidad cultural, acceder al patrimonio y participar de la vida cultural. El artículo 377 establece el Sistema Nacional de Cultura. Desde 2016 se aprobó la Ley Orgánica de Cultura.

Pero entre la norma y su aplicación, la brecha es grande. Actores del sector han repetido en estas semanas que Ecuador ha perdido institucionalidad en este ámbito. Señalan como punto de quiebre la eliminación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dispuesta el 24 de julio de 2025, por el presidente Daniel Noboa.

La cartera fue creada en 2007, en el Gobierno de Rafael Correa. En diciembre 2025, Romina Muñoz, quien pasó de ministra a viceministra, insistió en que se trató de una reestructuración y no de una supresión, aunque el cambio supuso la pérdida de rango. Cultura, como Deportes, fue absorbida por el Ministerio de Educación.

¿En qué quedó la Ley Orgánica de Cultura?

Para el economista de la cultura Pablo Cardoso, el problema es anterior. Lo sitúa en la dificultad para aplicar la Ley Orgánica de Cultura desde su aprobación. Recuerda que en 2017, el exministro Raúl Pérez Torres la cuestionó y anticipó que no la implementaría. 

Ese episodio marcó, cree, un “pecado original” que debilitó la posibilidad de articular el sistema. Desde entonces, añade, se han sumado recortes presupuestarios, reducción del tamaño del Estado y tensiones entre instituciones como el ministerio, la Casa de la Cultura y los gobiernos locales.

Desmontaje de la institucionalidad

Juan Martín Cueva, exviceministro de Cultura, introduce un matiz, por lo que no cree que se pueda responder con sí o no sobre la existencia de políticas culturales. Considera Ecuador sí cuenta con lineamientos de política cultural, tanto en la Constitución como en la ley. 

El problema aparece al descender al terreno de la gestión. “Las políticas públicas deben concretarse en planes”.

En esa línea, Cueva anota que se han desarrollado de manera insuficiente y parcial las políticas públicas de cada ámbito de los GAD o de lo que es por ejemplo, la memoria, hablando del museo nacional, del patrimonio, repositorios, de la institucionalidad del sistema nacional. Cree que mucho de eso se ha quedado en el papel. 

“Desde la pandemia empieza un desmontaje progresivo, debilitamiento de institucionalidad cultural, decisiones administrativas o pragmáticas que hablan de una visión de la política cultural. Se desmonta la institucionalidad pública de cultura para traspasarla al sector privado”.

El exviceministro no identifica una verdadera reflexión cultural en este Gobierno, lo que hay es opiniones, intereses, no una reflexión más organizada, construida colectivamente. Tal vez me equivoco, pero dudo que exista una reunión seria de algún gabinete sectorial”.

El informe de la CCE señala problemas 

En el propio Plan Estratégico del Ministerio de Cultura (2022-2025) se enumeran derechos como la identidad cultural, la protección de saberes ancestrales, el acceso a bienes culturales o la formación artística. 

Sin embargo, su implementación ha sido irregular. Persisten desigualdades en el acceso, dificultades para sostener el trabajo cultural y una débil vinculación con la ciudadanía.

Eso dice un informe de 2025 de la Casa de la Cultura, sobre el ejercicio de los derechos culturales en el país. Fue una contribución a la Lista de cuestiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas al Estado Ecuatoriano.

Faltan presupuesto y certezas

Daniela Fuentes, productora y gestora cultural y exviceministra, apunta que cree que la institucionalidad tiene que ver con instituciones, con la legitimidad, credibilidad y con la permanencia de las mismas. Le apena que la rectora haya desaparecido porque dice fue una lucha regional. 

Aunque apunta que además hace falta presupuesto para operar. Debía ser, recuerda, el 1 % del presupuesto nacional. Lamenta también que la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), única con presencia en 24 provincias, tenga escasos recursos.

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Algo que le preocupa es la falta de certezas, por ejemplo con los institutos de fomento, “unos años decide lanzar convocatoria y otros no, hay un fondo de fomento a las artes sobre el que no hay claridad. Para hacer una coproducicón cinematográfica internacional, les debo decir que no estoy segura cuándo saldrá el fondo o si saldrá este año". 

No hay pública sostenida y permanente a largo plazo. ¿Es un logro tener política de industrias culturales? Pero, ¿cómo se aterriza eso, a través de programas especifícos? Podemos tener políticas escritas en papel, pero hay que pasar a una implementación real.

Pablo Cardoso admite ser pesimista, tras el nombramiento de Pamela Cortés, “reconocida cantante”. No sabe si conozca de políticas públicas y si pueda ir más allá del MuNa.

"No hay una política que democratice el acceso a la cultura"

León Sierra Páez, maestro de actuación y director, fundó Estudio de Actuación hace 17 años. Comenta que “la política cultural lamentablemente tiende a ser clientelar y es vulnerable a la influencia de ciertos grupos de poder, económico y fácticos. Incluso dentro del medio cultural".

También lamenta que "no exista una política que democratice el acceso; se generan disputas internas dentro del mundo cultural, en las instituciones públicas como el viceministerio o en estamentos seccionales”. 

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Alejandro Puga

Reitera que sí se requiere un nuevo MuNa, pero se pregunta sobre el funcionamiento de los Institutos de fomento, que tienen el mandato de la ley de poner en marcha el Plan Nacional de Lectura, de innovación y de públicos, etc.

Lo que debes saber

• John Reimberg sugirió al presidente Daniel Noboa la designación de Juan Carlos Aveiga en Salud.
• Interior y Policía Nacional brindarán seguridad a Aveiga ante amenazas y actos de corrupción.
• El titular de Salud busca depurar las bandas criminales que operan en hospitales públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló durante una entrevista que recomendó la designación de Juan Carlos Aveiga como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública. La decisión se concretó tras una solicitud del Ejecutivo para replicar el modelo de gestión e intervención en materia de seguridad en el sistema sanitario nacional, el cual atraviesa serios problemas de intromisión delictiva.

Ecuador

Juan Carlos Aveiga anuncia depuración masiva en hospitales y cambios de autoridades

Valeria Alvear

Reimberg recomendó a Juan Carlos Aveiga para el Ministerio de Salud

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló el origen de la designación del nuevo funcionario durante su intervención en Radio Centro. El titular de la cartera de Estado explicó el requerimiento recibido para encontrar un perfil técnico y operativo: "Me preguntaron. Me llamaron a decir que querían un Reimberg para la salud. Me reí cuando me dijeron eso".

Asimismo, Reimberg ratificó su absoluta confianza en la ética y las credenciales profesionales de Juan Carlos Aveiga para asumir la conducción de la salud pública del país.

Operativos de seguridad e intervención contra bandas criminales en hospitales

El trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública se enfocará en proteger la gestión institucional y limpiar la red hospitalaria.

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Decomisan medicinas del IESS y MSP que eran vendidas en farmacias privadas de Guayaquil

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Respaldo policial y protección a la autoridad de Salud

"Estoy articulando con él de una forma bastante positiva para que trabaje en todo lo referente a seguridad", comentó John Reimberg. En esa misma línea, precisó las medidas de inteligencia y resguardo desplegadas:

Perfil de Juan Carlos Aveiga y los retos del Ministerio de Salud Pública

Juan Carlos Aveiga se convierte en el octavo ministro en liderar esta cartera de Estado durante la administración del presidente Daniel Noboa. Su llegada se da luego del breve periodo que estuvo Jaime Bernabé.

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Principales desafíos de la gestión sanitaria

Lo que debes saber

• CNE abre candidaturas del 2 al 17 de agosto para elecciones del 29 de noviembre.
• 13,8 millones de ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos y vocales del CPCCS.
• Candidatos deberán registrarse en línea y cumplir requisitos definidos por el CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria oficial para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026. 

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La resolución marca el inicio formal de una nueva etapa del proceso electoral que renovará autoridades locales y a los integrantes del organismo de participación ciudadana.

Según los datos del organismo electoral, 13’827.643 ciudadanos están habilitados para sufragar en estos comicios, en los que se definirán autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y a los siete consejeros principales del CPCCS.

La convocatoria será difundida oficialmente mediante cadena nacional de radio y televisión, un día antes del inicio del periodo de inscripción de candidaturas.

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones?

Los votantes deberán escoger un total de miles de dignidades distribuidas en todo el país. 

Entre ellas constan:

La elección definirá la conformación de los gobiernos locales para el próximo periodo administrativo, así como la integración del organismo encargado de procesos de control social y designación de autoridades.

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Inscripción de candidatos será completamente en línea

Una de las particularidades del proceso será el registro digital de postulaciones. De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de candidaturas se desarrollará entre el 2 y el 17 de agosto mediante la plataforma en línea del CNE.

Con este mecanismo, las organizaciones políticas podrán presentar sus postulaciones sin necesidad de acudir físicamente a las dependencias electorales, lo que busca agilizar los trámites y reducir tiempos de gestión.

Los requisitos para quienes aspiran a una candidatura

Entre las condiciones iniciales establecidas para los aspirantes figura haber cumplido 18 años y demostrar vínculo o pertenencia con la jurisdicción por la que buscan participar electoralmente.

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Además, cada candidatura deberá presentar una serie de documentos, entre ellos copia de la cédula de identidad, fotografía actualizada, hoja de vida, plan de trabajo y una declaración juramentada.

Las normas también establecen restricciones respecto de la identificación de los candidatos en la papeleta. El reglamento prohíbe el uso de apodos, sobrenombres o iniciales y dispone que los nombres y apellidos registrados no superen los 30 caracteres.

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CPCCS tendrá un calendario específico

En paralelo al proceso de elección de autoridades locales, el CNE avanzará con la organización de la elección de los nuevos integrantes del CPCCS. 

El listado oficial de postulantes calificados para este organismo será publicado el 24 de septiembre, bajo las reglas establecidas para este proceso electoral.

Con la convocatoria aprobada y la apertura de inscripciones a la vuelta de la esquina, las organizaciones políticas entran en una fase decisiva para definir sus candidaturas y estrategias de cara a unos comicios que renovarán el mapa político local del país.

Lo que debes saber

• CPCCS recibió 51 impugnaciones hasta el 31 de julio por el concurso de Fiscal General.
• Comisión Ciudadana revisará en cinco días las impugnaciones presentadas en Ecuador.
• Impugnaciones inadmitidas podrán apelarse ante el Pleno del CPCCS en esta fase clave.

El proceso de selección y designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado registra un primer balance con 51 impugnaciones ciudadanas presentadas dentro del plazo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según informó el organismo, las impugnaciones fueron registradas hasta las 17:00 del 31 de julio de 2026, fecha límite para la recepción de estos recursos dentro del concurso. No obstante, la cifra podría variar una vez que se consolide toda la información proveniente de las oficinas a escala nacional y de las representaciones consulares.

Comisión Ciudadana revisará la admisibilidad

Tras el cierre de esta etapa, la Secretaría General del CPCCS deberá remitir la documentación a la Comisión Ciudadana de Selección, instancia encargada de revisar cada caso y determinar si las impugnaciones cumplen con los requisitos establecidos para ser admitidas a trámite.

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De acuerdo con el procedimiento, la comisión dispone de cinco días término para analizar los expedientes y emitir una resolución sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos presentados.

El CPCCS señaló además que, en los casos en que una impugnación sea declarada inadmisible, los ciudadanos podrán presentar un recurso de apelación ante el Pleno del organismo, que tendrá la última palabra sobre esa decisión.

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Una fase clave dentro del proceso de selección

Las impugnaciones constituyen una de las fases de control ciudadano contempladas en el proceso de designación del Fiscal General del Estado, cargo clave dentro del sistema de justicia ecuatoriano por su responsabilidad en la dirección de la investigación penal pública.

Con el inicio de la revisión de los recursos, el concurso entra ahora en una etapa decisiva, en la que se definirá cuáles observaciones avanzan para su análisis de fondo dentro del proceso de selección de la próxima autoridad de la Fiscalía.

Las claves que debes saber

• Daniel Noboa cuestiona a Teleamazonas en Quito tras entrevista a Osvaldo Hurtado esta semana.
• John Reimberg advierte a jueces de la Corte Nacional; declaraciones generan debate sobre independencia judicial.
• Mensajes del Ejecutivo reavivan discusión en Ecuador sobre prensa, justicia y separación de poderes.

El Gobierno ha enviado esta semana dos mensajes que pueden percibirse como advertencias destinadas a intimidar a sus destinatarios: uno del presidente Daniel Noboa, dirigido a Teleamazonas; y otro del ministro del Interior, John Reimberg, dirigido a la Corte Nacional de Justicia. 

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En apariencia se trata de episodios distintos. En realidad, ambos responden a una misma lógica: utilizar el discurso del poder para enviar mensajes públicos de advertencia a instituciones que no dependen del Ejecutivo. En un caso, el destinatario es un medio de comunicación; en el otro, la máxima instancia de la Función Judicial.

Noboa relaciona un banco con entrevista de Hurtado

Lo de Noboa ocurrió durante una entrevista en Ecuador Radio, en Quito, a propósito de la entrevista que Teleamazonas le hizo al expresidente Osvaldo Hurtado. 

Noboa sostuvo que el canal invitó a Hurtado para que lanzara ataques en su contra y agregó, como si aquello tuviera alguna relación con una entrevista periodística, que el Banco Pichincha obtuvo las mayores utilidades de su historia durante su gobierno.

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¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, podría preguntarse cualquier persona ajena al teje y maneje del poder en el Ecuador de estos días.

“Sacan de nuevo al cadáver que está sumergido en formol, lo ponen en el noticiero a decir: ‘Insúltale al presidente’. Y así pasa. Pero los dueños de estos medios, inclusive, están teniendo el mejor año de su vida. ¿Adivinen cuál es el récord histórico de utilidad del Banco Pichincha? El año 2025. Y este año está casi un 10 % arriba que el año 2025. Entonces, por un lado, hay medios que dicen -los mismos medios, porque le pagan el sueldo al periodista-: ‘Todo está terrible, este presidente es un desgraciado’. Pero ellos están haciendo récord de utilidades. ¿Por qué existe esta dualidad? ¿Por qué existe este cuento? No debemos cuentear a la gente. La gente tiene que saber la verdad, no narrativas ni posturas, sino ver los números reales...”, dijo el presidente, mientras el periodista que lo entrevistaba asentía con un permanente ‘así es, así es’.

Reimberg desconoce la separación de poderes

Técnicamente, lo dicho por Noboa no tiene sentido. ¿Qué relación existe entre las utilidades del banco y la decisión editorial de entrevistar a Osvaldo Hurtado? Pero si el mensaje de Noboa estuvo dirigido a dos instituciones privadas, el de Reimberg apuntó a otra función del Estado: la Corte Nacional de Justicia.

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Refiriéndose a los jueces de ese organismo, a propósito de los allanamientos practicados a por lo menos uno de los tres magistrados investigados por la Fiscalía por un presunto cohecho, Reimberg declaró: “O se enderezan y se corrigen o van presos”.

La frase fue percibida de inmediato como una amenaza dirigida a la Corte Nacional de Justicia, sobre todo en un contexto en el que diversos sectores sostienen que la Fiscalía ha sido utilizada por el Gobierno en operaciones de evidente contenido político. 

Se citan, por ejemplo, los informes reservados sobre supuestas investigaciones por lavado de activos que sirvieron para excluir de la contienda electoral a la Revolución Ciudadana y, posteriormente, al movimiento Amigo, en el que el correísmo tenía previsto presentar candidaturas.

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¿Por qué generaron polémica las declaraciones?

Es cierto que, al día siguiente, Reimberg intentó matizar sus declaraciones y explicó que se refería únicamente a jueces involucrados en actos de corrupción. ¿Pero por qué este episodio levantó tanto alboroto? Hay algunas razones.

La primera razón es el lenguaje. El ministro no dijo: “si se comprueba que cometieron un delito, serán procesados”, sino que utilizó la expresión “se enderezan”. Esa palabra no pertenece al lenguaje jurídico; pertenece al lenguaje político o disciplinario. Sugiere que los jueces deben modificar su conducta para evitar consecuencias.

La segunda razón es la separación de poderes. El ministro del Interior integra el Poder Ejecutivo; los jueces pertenecen a la Función Judicial. En una democracia constitucional, un ministro no debería aparecer dando instrucciones, consejos o advertencias públicas a jueces sobre cómo deben comportarse.

La tercera es que pareció hablar en nombre de la Fiscalía. Investigar delitos y decidir si una persona debe ser procesada o eventualmente condenada le corresponde a la Fiscalía y a los jueces, no al Ministerio del Interior. Cuando un ministro afirma que determinados jueces “van presos”, muchos interpretan que está anticipando el resultado de investigaciones que todavía están en curso.

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La cuarta razón es el momento. Las declaraciones se produjeron inmediatamente después de allanamientos e investigaciones dirigidas contra jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por eso no fueron entendidas como una reflexión general sobre la corrupción judicial, sino como un mensaje dirigido a magistrados concretos.

Vistos en conjunto, los episodios de Noboa y Reimberg revelan un mismo patrón de comunicación política: cuando una institución adopta una conducta que el Gobierno considera inconveniente, desde el poder se emiten mensajes públicos que pueden interpretarse como advertencias.

Esa percepción, más allá de cuál haya sido la intención de sus autores, es la que termina alimentando el debate sobre la calidad institucional y la separación de poderes en el Ecuador.

¿Por qué se habla de una dictadura? 

Con ese argumento de 30 segundos creyó enterrar una idea que lleva más de un año gestándose a partir de una serie de hechos que, si no tienen su huella directa, han sido por demás convenientes para su forma de ejercer el poder.

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1.- La Asamblea de ADN 

El oficialismo no soportó un empate democrático. En febrero de 2025, ADN llegó con 66 curules y Revolución Ciudadana con 67. Ninguno estaba cerca de los 77 que hacen falta para gobernar en solitario. Les bastó ver que la oposición se desgranara sola para recoger lo que iba quedando en el camino. Sergio Peña, Jhajaira Urresta y varios legisladores de Pachakutik terminaron votando junto a ADN. La cooptación alcanzó un nuevo techo en junio, cuando el oficialista Esteban Torres fue elegido primer vicepresidente, con 84 votos.

Junto a eso, ADN controla 13 de las 15 comisiones, que no fiscalizan, sino que blindan. La semana pasada, la Comisión de Fiscalización recomendó archivar con 6 votos contra 4 el juicio político contra la exministra Inés Manzano, por los generadores que dejaron al país hasta 14 horas sin luz.

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2.- Judicatura a favor y que no le incomoda al presidente

La doctrina de proteger ya se había estrenado antes con Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura. En enero arrastraba una denuncia que no prosperó: la jueza Nubia Vera lo acusó de entregarle un pendrive con una sentencia ya escrita para que fallara contra la exvicepresidenta Verónica Abad (a quien el presidente siempre quiso lejos). Vera igual falló a favor de Abad, denunció la presión y pidió juicio político contra Godoy. ADN no suscribió esa solicitud.

Su caída llegó por otro escándalo, pero Noboa solo le “recomendó” que renunciara, y tras comparecer en la Asamblea. Nunca lo hizo; dimitió horas antes de su censura.

En su tramo final, esa Judicatura designó como fiscal subrogante a Carlos Alarcón. Mientras esto pasaba, una insólita suspensión del Ejecutivo inhabilitó a Alexandra Villacís de asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Finalmente, a Godoy le sucedió Mercedes Caicedo, quien tuvo la prioridad de cerrar el círculo y destituyó, cual venganza, a la jueza Vera.

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3.- Fiscalía 'a la carta' y un CPCCS congelado

Con Alarcón como subrogante, la Fiscalía encabeza con inédita celeridad los casos contra Aquiles Álvarez, principal detractor de Noboa, y más causas contra opositores. 

Cuestionado por su independencia, el fiscal apareció de gala en las celebraciones julianas del presidente Noboa, junto al gabinete ministerial y a Andrés Fantoni, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

Justamente esta entidad debe nombrar al fiscal titular, pero nadie muestra prisa. Tras fracasar su intento de eliminarlo en la pasada consulta popular, Noboa llegó a contemplar quitarle la facultad de designar autoridades para entregársela vía referéndum a una Asamblea que ya controla. Mientras tanto, los concursos no avanzan.

4. Un CNE en sintonía

El Consejo Nacional Electoral evidencia un nado sincronizado con ADN y sus pretensiones seccionales. Por ley, el fiscal Alarcón no debería tener potestad para pedir la suspensión de un partido solo con abrir una investigación “reservada” por “lavado de activos”, pero ocurrió con Revolución Ciudadana y Amigo.

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Ninguno tuvo audiencia pública, pruebas, alegatos ni los días de plazo que exige la ley. El TCE permitió también una atropellada reestructuración dentro de RETO, movimiento que lideraba el excorreísta Raúl Chávez, quitándole poder dentro del mismo.

Eso bastó para dejar fuera de la contienda de noviembre a los rivales de Noboa, limitando las opciones a cerca del 30 % del electorado. Hoy, el TCE admite además una denuncia contra Pachakutik presentada por el propio presidente del CNE, José Cabrera, quien además respalda el discurso oficialista de que un mecanismo de revocatoria al presidente, impulsado por actores civiles, no tiene sustento, y no lo deja avanzar.

5.- La prensa 'cheerleader'

Y mientras las instituciones sucumben, el presidente opina sobre estos casos sin sentencia con una llamativa soltura y como si fuesen poderes que le competen. Lo hace en medios adquiridos por su círculo cercano: cajas de resonancia que le alfombran su discurso. Allí, la Secretaría de Comunicación les filtra las preguntas para fingir que el mandatario tolera ser cuestionado si es “dictador”. Preguntan lo permitido; si se desvían, Noboa se burla de ellos; y a los entrevistadores, agachando la cabeza, solo les toca devolver la sonrisa.

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¿Para qué ser dictador, si ya controla todo lo demás? 

Así evade y hasta difama a la prensa (la poca que queda) que sí cuestiona estos episodios, mientras intentan pasar desapercibidos.

Si al final todo se reduce a lo que el presidente controla, ¿importa el título formal que se le otorgue?

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Arauz impugna candidaturas a Fiscal General

• Postulantes lideran el puntaje de méritos pero enfrentan acusaciones de ocultar nexos políticos.
• La fase actual habilita al organismo de participación para revisar quejas contra los aspirantes.
• Arauz adjunta un registro audiovisual expone presuntas vulneraciones a la probidad de la actual jueza nacional.

Daniella Camacho y Carlos Alarcón enfrentan objeciones por supuestos conflictos de intereses y omisiones documentales presentadas por el  excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Los señalamientos ocurren dentro de la jurisdicción del proceso de selección para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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Impugnaciones a los candidatos

Las acusaciones se dan durante la fase de impugnación ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), etapa administrativa diseñada para filtrar a los postulantes antes de las pruebas finales. Camacho lidera la tabla de méritos con 48 puntos sobre 50. Alarcón, fiscal subrogante en funciones, ocupa el tercer lugar con 46,5 puntos.

La impugnación contra Camacho se sustenta en cuatro ejes documentados por el denunciante. El principal señala que la magistrada mintió en su declaración juramentada al afirmar que carecía de conflictos de intereses para participar en el concurso. Esto, debido a que no se excusó de actuar como jueza en el caso Ligados, donde el CPCCS actúa como ente acusador y una consejera de la misma institución es procesada.

Asimismo, el recurso incluye un registro audiovisual sobre un presunto intento de desestabilización institucional en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, lo que, según el documento legal ingresado, lesiona su probidad para dirigir el ente fiscalizador.

Carlos Alarcón, quien actualmente lidera instrucciones fiscales contra figuras políticas como el alcalde Aquiles Álvarez, también fue impugnado bajo la premisa de haber entregado documentación incompleta e inconsistente.

El requerimiento ingresado al CPCCS detalla que el funcionario indujo al error a la Comisión Ciudadana de Selección al omitir el certificado de no registrar mora patronal ni como afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), presentando únicamente el aval como empleador.

Según defendió Arauz, Alarcón funge actualmente como acusador directo de una consejera del CPCCS en el caso Ligados, situación administrativa que no fue reportada en los formularios de probidad. También se solicita la inhabilitación por cuestionamientos directos a la validez de su certificado de apoliticismo, el cual no cumpliría con los estándares requeridos en el reglamento vigente.

Lo que debes saber

• 31 de julio: Asamblea archiva juicio político a Inés Manzano con 81 votos a favor.
• Legisladores debatieron pruebas y responsabilidad política por contratos eléctricos cuestionados.
• Reconsideración fue negada en la Asamblea; el caso de Inés Manzano quedó cerrado.

La Asamblea Nacional archivó este viernes 31 de julio de 2026 la solicitud de juicio político impulsada por los legisladores Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

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La decisión se adoptó durante la sesión plenaria 112, luego de que el Pleno acogiera y ratificara el informe que recomendó la suspensión del trámite de enjuiciamiento político. Según se informó durante el debate, el documento concluyó que no se logró demostrar la existencia de un nexo causal ni se configuró la causal de incumplimiento de funciones establecida en el artículo 131 de la Constitución.

En la votación principal participaron 140 asambleístas. La moción para archivar la iniciativa obtuvo 81 votos afirmativos, frente a 58 votos negativos, sin abstenciones ni votos en blanco. Con ese resultado, el Parlamento alcanzó la mayoría simple requerida por la Ley Orgánica de la Función Legislativa para aprobar el archivo del proceso.

Durante la proclamación de resultados, la Secretaría informó que la propuesta presentada por el legislador José Luis Nango alcanzó el respaldo suficiente para dejar sin efecto la continuidad del juicio político contra la exfuncionaria.

La defensa del informe de archivo

Previo a la votación, el legislador, Luigi García, defendió el informe y sostuvo que, tras ocho días de sustanciación, la mesa legislativa cumplió sus atribuciones constitucionales respetando los principios de transparencia, publicidad, contradicción, legalidad y debido proceso.

García señaló que el análisis se concentró exclusivamente en la documentación incorporada al expediente. En ese sentido, indicó que los proponentes del juicio presentaron como elementos de cargo un informe de Contraloría, un informe de minoría de la Comisión de Transparencia y 23 enlaces de noticias, mientras que la defensa aportó 13 documentos y la comisión recabó pruebas adicionales para mejor resolver.

Durante su intervención sostuvo que el informe de Contraloría utilizado por la acusación no menciona expresamente a la exministra y que tampoco establece conclusiones que permitan determinar una relación directa entre las presuntas irregularidades investigadas y las actuaciones de Manzano.

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Asimismo, argumentó que la comisión encontró ausencia de tipicidad y de nexo causal entre las competencias legales de la entonces ministra y los actos precontractuales, contractuales y financieros relacionados con el contrato objeto de cuestionamiento.

"La comisión y sus comisionados responden a los hechos, no a presiones políticas, no a relatos, no a TikTok, no a pósters ni mucho menos a la imaginación de unos pocos", manifestó García al concluir su exposición.

Chamba compara el caso con archivos de juicios políticos anteriores

Durante su intervención, el legislador recordó varios procesos de fiscalización ocurridos durante gobiernos anteriores y acusó al correísmo de haber bloqueado o archivado pedidos de juicio político cuando ostentaba mayoría legislativa.

Chamba mencionó que entre 2009 y 2013 varios pedidos de juicio político contra ministros de Estado fueron archivados por la entonces mayoría oficialista y aseguró que, entre 2013 y 2015, ninguna solicitud de juicio político llegó a formalizarse en la Comisión de Fiscalización presidida en ese momento por representantes de Alianza PAIS.

Posturas divididas durante el debate legislativo

Uno de los principales críticos del informe de archivo fue el legislador Alfredo Serrano, quien sostuvo que el proceso debía continuar debido a la magnitud de las irregularidades detectadas alrededor de los contratos de generación eléctrica de emergencia.

Asimismo, citó declaraciones públicas de Manzano respecto a los equipos adquiridos durante la emergencia eléctrica y mencionó informes legislativos que, a su criterio, evidenciaban posibles irregularidades en el manejo de la información entregada a los organismos de control.

"Después de este atraco, que la Asamblea Nacional concluya que no hay responsabilidad política, yo no puedo compartirlo. Por eso estoy en contra de que se archive el proceso y quiero que continúe el juicio político", manifestó.

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Gallardo defendió el debido proceso y la necesidad de pruebas

La posición de Serrano fue respondida por el asambleísta Keevin Gallardo, quien respaldó el informe de la Comisión de Fiscalización y sostuvo que los juicios políticos deben respetar rigurosamente el debido proceso y las garantías constitucionales.

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El legislador sostuvo que uno de los principales problemas de la acusación fue la ausencia de pruebas que vincularan directamente a Manzano con los hechos denunciados.

A su criterio, el informe de Contraloría presentado por los proponentes no determina responsabilidades contra la exministra ni menciona actuaciones específicas que permitan atribuirle una omisión o incumplimiento de funciones.

Nanki Saant: “No estamos juzgando solo recursos perdidos, sino la pérdida de confianza política”

Entre las voces que se pronunciaron en contra del archivo del proceso estuvo el asambleísta Nanki Saant quien centró su intervención en las consecuencias sociales y económicas que tuvo la crisis energética sobre miles de ecuatorianos.

El legislador abrió su intervención recordando casos de ciudadanos afectados por los apagones y las dificultades derivadas de la falta de generación eléctrica. Mencionó, por ejemplo, a pacientes que vieron alterados sus tratamientos médicos, pequeños comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios y emprendedores que no lograron sostener sus actividades productivas durante los cortes de energía.

“No estamos juzgando únicamente la pérdida de recursos públicos. Estamos juzgando la pérdida de confianza que tiene la exministra Inés Manzano frente al pueblo ecuatoriano”, manifestó durante el debate.

Lo que debes saber

• Guillermo Lasso desmintió pactos recientes con Rafael Correa y aclaró que su único diálogo fue en mayo de 2021. 
• El movimiento CREO ratificó su rechazo al correísmo y afirmó que jamás ha pactado ni pactará con ese sector.

El expresidente de la República, Guillermo Lasso, y la directiva de su movimiento político CREO salieron al paso este viernes para desmentir  las aseveraciones del exmandatario Rafael Correa sobre presuntos pactos y negociaciones políticas entre ambas fuerzas.

A través de un pronunciamiento oficial, Lasso precisó la línea de tiempo de los acercamientos sostenidos con Correa. Señaló que cualquier intento de presentar un diálogo como un hecho reciente carece por completo de veracidad. El exjefe de Estado detalló que la conversación a la que alude el líder de Revolución Ciudadana tuvo lugar hace más de cinco años, en mayo de 2021, en momentos en que se desempeñaba como presidente electo.

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"Rafael Correa ha mencionado una conversación conmigo. Si se refiere a ella, ocurrió en mayo de 2021, cuando yo era presidente electo. Eso fue hace más de cinco años. Desde entonces no he conversado ni con Rafael Correa ni con Jaime Nebot. Cualquier intento de presentar esa conversación como reciente es simplemente falso", aseveró Lasso.

El expresidente fue enfático en cerrar la puerta a cualquier futuro contacto político con dichos sectores: "No tengo nada que conversar con ellos. La verdad tiene fechas. Y los hechos también", sentenció.

La versión de Rafael Correa: "Pactamos por el bien de la patria"

El cruce de declaraciones se originó luego de que el expresidente Rafael Correa afirmara públicamente haber mantenido diálogos con Guillermo Lasso y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (PSC), con la supuesta intención de conformar un frente de unidad política.

Durante sus declaraciones, Correa sostuvo: "Hablamos con Jaime Nebot y hablamos con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso estaba entusiasmadísimo de la unidad. Nebot es más experimentado", asegurando además que dicho acercamiento buscaba beneficiar los intereses del país.

CREO se pronuncia: "¡Pacto con el correísmo, jamás!"

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A la aclaración del expresidente Lasso se sumó un manifiesto oficial emitido por el movimiento CREO 21, titulado: "¡Pacto con el correísmo, jamás!", en el que la agrupación política rechaza rotundamente lo que califica como "el falso relato de un supuesto pacto".

En el documento, CREO argumenta que su trayectoria responde a la defensa de la institucionalidad y la democracia:

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El comunicado de CREO concluye reiterando la postura oficial de la tienda política: "Con el correísmo no hubo pacto. No lo hay. Y no lo habrá".

Lo que debes saber

• La reforma al COOTAD exige un ajuste financiero en la Prefectura de Pichincha desde junio.
• El proceso implica la supresión de 125 puestos de trabajo entre funcionarios, servidores y obreros.
• Se destinarán 4 millones de dólares para el pago inmediato de indemnizaciones y derechos laborales.

La Prefectura de Pichincha inició un proceso de reestructuración institucional que contempla la eliminación de cargos, tras la entrada en vigencia de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobadas por la Asamblea Nacional. La medida responde al cumplimiento de la Regla de Asignación Mínima Prioritaria, cuya evaluación arrancó el 1 de junio y obliga a realizar un ajuste financiero en la entidad provincial.

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Ajuste financiero y cambios en el COOTAD

La aplicación de las reformas normativas —impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la mayoría legislativa de ADN— exige que todos los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales y municipales adopten nuevos parámetros financieros.

A pesar de que la Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra dichas reformas, el organismo no concedió la suspensión de sus efectos. Debido a esto, la normativa se mantiene vigente y es de cumplimiento obligatorio para los gobiernos locales.

Eliminación de direcciones y salidas de personal

Como parte de la reorganización de su estructura orgánica, la institución procederá a la eliminación y fusión de direcciones y coordinaciones, además de la supresión de partidas presupuestarias.

El plan de recorte comprende los siguientes rubros de personal:

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Fondos asignados para liquidaciones laborales

Para cumplir con las obligaciones legales derivadas de las desvinculaciones, se fijó un presupuesto de 4 millones de dólares destinados a cubrir derechos laborales y las prestaciones que corresponden según la ley.

Según lo estipulado para este proceso, los montos se cancelarán de manera inmediata a los trabajadores afectados, conforme a la normativa legal vigente.

Lo que debes saber

• Noboa descartó consultar cambios al Cpccs en elecciones seccionales de noviembre de 2026.
• El Presidente busca impulsar otros referéndums tras excluir la reforma al Cpccs.
• La propuesta para cambiar designaciones del Cpccs queda fuera del calendario electoral.

El presidente Daniel Noboa confirmó que no incluirá en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026 una consulta para reformar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una propuesta que buscaba retirar a ese organismo la facultad de designar autoridades de control y transferir esa competencia a la Asamblea Nacional.

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La decisión representa un cambio respecto a una de las reformas institucionales que había sido planteada dentro del debate político sobre el futuro del Cpccs, entidad que desde su creación ha estado en el centro de cuestionamientos relacionados con el mecanismo de designación de autoridades estatales.

Durante una entrevista radial, Noboa explicó que, aunque considera necesaria una modificación a las funciones del organismo, esa iniciativa no formará parte de la jornada electoral seccional de este año.

Gobierno prioriza otras propuestas para un eventual referéndum

En lugar de impulsar cambios al Cpccs en los próximos comicios, el mandatario señaló que le gustaría promover otras preguntas mediante un referéndum. Entre ellas mencionó la eliminación de la condición de grupo de atención prioritaria para las personas privadas de libertad (PPL), establecida en la Constitución de 2008.

Asimismo, reiteró su intención de plantear la aplicación de la castración química para personas condenadas por violación de menores de edad, una propuesta que ha generado debate en distintos sectores políticos y jurídicos del país.

Según Noboa, estas iniciativas responden a demandas ciudadanas relacionadas con seguridad y protección de la niñez. El presidente sostuvo además que varias de sus propuestas no han avanzado debido a lo que considera obstáculos provenientes de la oposición política y de la Corte Constitucional.

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La reforma al Cpccs queda fuera del calendario electoral

Con esta decisión, la reforma sobre las facultades del Cpccs queda fuera de la agenda de consultas vinculadas a las elecciones seccionales de noviembre. La propuesta apuntaba a modificar uno de los principales roles del organismo: la designación de autoridades de control del Estado.

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Pese a ello, el jefe de Estado aseguró que continuará impulsando cambios constitucionales y legales que considera prioritarios para su administración, aunque no precisó una fecha para la eventual presentación de nuevas iniciativas de consulta popular o referéndum.

La definición del Ejecutivo mantiene abierto el debate sobre el futuro del Cpccs y sobre los mecanismos de designación de autoridades de control, un tema que ha generado posiciones divididas dentro del sistema político ecuatoriano durante los últimos años

Lo que debes saber

• 31 de julio: Asamblea rechazó pedido de Liliana Durán para desclasificar expedientes electorales.
• Pleno negó en Quito debatir documentos de Fiscalía y TCE sobre organizaciones políticas.
• Con 79 votos en contra, la Asamblea mantuvo la agenda original de la sesión 112.

La asambleísta nacional Liliana Durán presentó una propuesta para incorporar un nuevo punto en la sesión 112 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el objetivo de debatir una resolución relacionada con la desclasificación parcial de información vinculada a expedientes fiscales y electorales.

La iniciativa planteaba conocer, para fines de fiscalización y control político, documentos relacionados con actuaciones de la Fiscalía General del Estado dentro de causas tramitadas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), incluyendo oficios, notificaciones, acciones de personal e informes que sustentaron determinados pedidos institucionales.

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Durán argumentó que la Asamblea debe ejercer sus facultades de fiscalización

Durante su intervención en el Pleno, la legisladora sostuvo que el Parlamento debe ejercer sus atribuciones constitucionales de fiscalización frente a actuaciones que, según afirmó, tuvieron efectos sobre la participación electoral de determinadas organizaciones políticas.

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Tras el debate, el presidente de la sesión dispuso la votación de la propuesta. El cambio del orden del día obtuvo 56 votos afirmativos, 79 negativos, cero votos en blanco y cuatro abstenciones, por lo que no consiguió los 77 votos requeridos para su aprobación.

El Pleno mantuvo la agenda original de la sesión

Al no prosperar la moción, la Asamblea Nacional continuó con los puntos previstos en la convocatoria, entre ellos el conocimiento y resolución del informe relacionado con la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz.

La normativa electoral contempla la suspensión o cancelación de organizaciones políticas por incumplimientos establecidos en la ley. Estos procedimientos son sustanciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que el Tribunal Contencioso Electoral conoce las impugnaciones y recursos que se presenten frente a esas decisiones.