“Ustedes saben que hace más de ocho años Correa ofreció vengarse de mí… y para ello utilizó al criminal Ronny Aleaga, para que me fabrique un juicio”, afirmó Moreno, quien detalló que Aleaga le presentó una denuncia sobre un supuesto departamento de su propiedad en Alicante, España.

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Según el exmandatario, la Fiscalía no realizó diligencias internacionales para comprobar esa acusación. “No se presentó una sola prueba. Un departamento de 350 metros cuadrados y decían que yo pasaba todas las vacaciones ahí, mientras estaba en Suiza”, señaló.

Moreno cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado asistencia penal internacional para verificar si él o su familia tenían propiedades en ese inmueble. “¿Alguna vez la Fiscalía pidió alguna asistencia penal internacional para comprobar si yo o mi familia tenían la propiedad de ese departamento? Nunca hicieron ese pedido de asistencia penal”, dijo.

El expresidente también rechazó otra de las acusaciones que, según su versión, expuso el Tribunal durante la lectura de la sentencia: el supuesto pago del arriendo de un departamento en el edificio Las Cumbres durante 13 años.

Moreno explicó que entregó $ 53.000 mediante cheques y que otros $200.000 correspondieron a una hipoteca con el Banco del Pacífico. En total, señaló, fueron $ 253.000. “¿Alguna vez esos expertos de la Fiscalía fueron al Banco del Pacífico a comprobar si tengo una hipoteca que estoy pagando todavía?”, cuestionó.

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Moreno reconoce su amistad con la familia Patiño

Uno de los argumentos centrales de Moreno fue su relación de amistad con la familia Patiño, señalada por la Fiscalía dentro de la trama que vinculó a funcionarios y empresarios con el proyecto Coca Codo Sinclair.

El expresidente no negó esa relación. “Yo no niego a los amigos. Con la familia Patiño tengo amistad. Prófugos, yo nunca niego a mis amigos”, afirmó.

También explicó que, durante su gestión como vicepresidente y luego como presidente, recibió visitas de carácter protocolario de embajadores. Entre ellas mencionó al entonces embajador de China, Cai Runguo. “Yo no conocía cómo estaba el tema y él le dijo que le avise al presidente de que el financiamiento para Coca Codo Sinclair fue aprobado por China”, relató.

Moreno insistió en que esa comunicación no significó una intervención suya en el proyecto. “Yo no firmé, no hice ninguna gestión, omisión o nombramiento que tenga relación con ese proyecto”, sostuvo.

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Moreno rechaza versión de Jorge Glas

El exmandatario también cuestionó las declaraciones que el Tribunal tomó en cuenta dentro del proceso y calificó de falsas las afirmaciones atribuidas al exvicepresidente Jorge Glas.

“Lo que dice el sentenciado Jorge Glas (quien actuó como testigo en el juicio) es mentira, completamente mentira”, afirmó Moreno.

Moreno recordó además que la decisión de contratar a la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto correspondió al gobierno de Rafael Correa. “Cuando Rafael Correa decide contratar con la empresa china Sinohydro, lo hace porque él lo quería”, manifestó.

“¿Dónde intervengo yo? ¿Por ser amigo de la familia Patiño, tenía que haber intervenido?”, cuestionó.

La reacción de Moreno se produjo después de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declarara su responsabilidad penal por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro. La sentencia, sobre los años de cárcel, aún no se ha anunciado.

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Las pericias técnicas, financieras y de audio incorporadas al proceso penal confirmaron, según la resolución, la existencia de los delitos de cohecho activo y pasivo. El tribunal señala que las actuaciones del exmandatario no fueron aisladas, sino parte de una red de intermediación que canalizó recursos a través de empresas paraguas en Panamá.

La prueba clave: entrevista y peritaje de voz

El expediente judicial incorporó como evidencia determinante una entrevista concedida por Lenín Moreno el 29 de marzo de 2010. Un informe técnico forense de informática y una pericia acústica de identificación de voz confirmaron la autenticidad del registro audiovisual.

En dicha grabación, Moreno admitió que intercedió ante el Ejecutivo tras el pedido de un amigo cercano vinculado con la representación de la firma china. El exmandatario promovió la propuesta de crédito del Eximbank de China por 1.682,7 millones de dólares, un paso decisivo para viabilizar el contrato, cuando la obra ya había sido adjudicada a Sinohydro.

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Vínculos de confianza e intermediación

El tribunal fundamentó la existencia de vínculos entre Moreno y los empresarios Conto Patiño Martínez, María Auxiliadora Patiño y Javier Macías Carmigniani. Testimonios recogidos en la causa, entre ellos el de Jorge Glas, ratificaron que Moreno gestionó llamadas y reuniones de alto nivel para posicionar a ese grupo como interlocutor comercial de la firma china en Ecuador.

Sinohydro justificó los desembolsos mediante supuestos contratos de asesoría y honorarios por consultoría con la empresa panameña Comercial Recorsa S.A. Sin embargo, los peritos contables cuestionaron la legalidad de estas operaciones y las calificaron como una simulación para ocultar el pago de sobornos. No obstante, sobre este punto, el fallo no detalla mayores argumentos sobre la forma en que se habría ejecutado el delito.

Rastro financiero hacia el núcleo familiar

Los informes contables elaborados con base en asistencias penales internacionales enviadas desde Panamá expusieron la ruta del dinero. Las transferencias, provenientes del 4 % del valor total del contrato EPC, llegaron a cuentas personales y sociedades offshore.

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El fallo detalló que los recursos de la red de corrupción ingresaron al patrimonio familiar de Lenín Moreno a través de transacciones a favor de:

Los magistrados ratificaron que la responsabilidad penal de Moreno se sustentó en «la convergencia entre su gestión desde la función pública, el conocimiento sobre el origen ilícito de los fondos» y la recepción de beneficios económicos para su círculo íntimo.

Política

CNE investiga presunta reunión entre director de Manabí y candidato de ADN: los últimos detalles

Richard Josue Jimenez Mora

Actualmente está en marcha la organización de las elecciones seccionales de 2026. En ese escenario, el rol de las delegaciones provinciales del CNE es fundamental, ya que allí está el primer filtro para las candidaturas de las diferentes organizaciones políticas.

La semana pasada se hizo público un video sobre un presunto encuentro entre el exdirector provincial y Marco Zambrano, candidato del movimiento oficialista ADN a la Prefectura de Manabí.

Así, el pasado 26 de agosto, el presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, anunció el inicio de una investigación que estaría encabezada por la Dirección de Talento Humano del organismo.

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“La Dirección de Talento Humano está analizando toda la situación y tomará las medidas correspondientes”, manifestó Cabrera, quien añadió que el Pleno del CNE adoptará resoluciones adicionales. “Sin perjuicio de lo que determine esa Dirección, tomaremos medidas preventivas por la tranquilidad del país”, aseguró.

Nuevo director en Manabí

Las medidas anunciadas por Cabrera se tomaron en la sesión del Pleno del 27 de agosto de 2026. El tema se trató como un punto del orden del día, en el que se conoció que había sido remitida como sugerencia la hoja de vida de Wilson Cadena para ocupar de manera provisional la dirección de la Delegación de Manabí.

Durante la votación, el vocal José Merino dijo que la decisión de separar funcionarios debía tomarse con todos aquellos que participaron de la reunión. Señaló que no debería haber ninguna duda en el marco del proceso electoral en desarrollo.

Por su parte, la vocal Elena Nájera se abstuvo de votar. Esto ocurrió después de cuestionarse el voto que entregó en su momento para la designación de Pinargote. También mencionó que nunca antes había votado a favor de la designación de director alguno.

Hay que recordar que el caso fue denunciado por Nájera. El reclamo fue presentado en el Pleno y la vocal cuestionó a José Merino por la reunión entre el funcionario electoral y el aspirante de ADN.

Sobre esto, Merino hizo sus descargos en un pronunciamiento público. Rechazó las acusaciones sobre una presunta intervención en la designación de autoridades de la Junta Provincial de Manabí y expuso una cronología sobre su posesión.

"No podemos institucionalizar la mentira. Yo no participé en la designación del director de Manabí, ni tampoco tengo vocales provinciales electorales", argumentó.

Lo que debe saber

• El informe de la Asamblea que exoneró de responsabilidad política a funcionarios de Daniel Noboa por los contratos de Celec EP con Progen y ATM llegará finalmente al Pleno.
• La sesión fue convocada para el domingo 30 de agosto en modalidad virtual.
• El informe fue elaborado por la Comisión de Transparencia en la que el oficialismo tiene mayoría. 

El informe sobre los contratos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) finalmente llegará al Pleno de la Asamblea. El documento, que liberó de responsabilidad a ministros del gobierno de Daniel Noboa, será tratado ocho meses después de su aprobación en la Comisión de Transparencia.

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La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó a los asambleístas a una sesión virtual que arrancará a las 09:00 del domingo 30 de agosto de 2026. 

El único punto del orden del día, después del Himno Nacional, es “conocer y resolver el informe de fiscalización a los contratos suscritos por Celec EP con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM)”.

Este fue el primer informe que salió de la Asamblea después del escándalo que significó la compra de generadores que nunca funcionaron y que estaban destinados a solventar parte de la crisis energética que en 2024 provocó apagones de hasta 14 horas diarias.

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El proceso de fiscalización se realizó en la Comisión de Transparencia, presidida por la gobiernista Diana Jácome. Esto ocurrió después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avalara que el caso pasara de la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, a una mesa en donde el oficialismo tenía mayoría.

¿Qué dice el informe?

En su parte central, el informe aprobado a finales de 2025 concluye: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política”.

Además, el documento señala que el caso ya está bajo investigación en la Fiscalía “que es el órgano competente para impulsar la acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzar las sanciones que en Derecho correspondan en materia penal”.

Polémica en el proceso de fiscalización

Para la elaboración del informe, el oficialismo, que controla la Comisión de Transparencia, nunca convocó a los exministros de Energía Roberto Luque e Inés Manzano. Quien sí asistió a la comisión fue Fabián Calero, hoy una de las piezas claves en la investigación que lleva la Fiscalía.

En medio del proceso legal que está en curso se hicieron públicas conversaciones en las que supuestamente se acordaba la intervención de los representantes de Celec con la presidenta de la mesa, Diana Jácome.

En el mensaje atribuido a Manzano se escuchaba: “Lo que me explicó la asambleísta (Diana) Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a la comparecencia”. También se menciona que la directriz era dar respuestas escuetas ante las consultas que pudieran surgir durante la sesión.

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Sobre esto, Jácome dijo: “¿Qué audio revela la participación de Diana Jácome? ¿Hay un texto, un audio de Diana Jácome? ¿Dónde habla Diana Jácome en ese reportaje?”, señaló la presidenta de la Comisión de Transparencia.

También señaló que era un audio de terceros y que las autoridades deberán corroborar su validez.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa propone vender activos del IESS para financiar salud y pensiones, antes de una reforma.
• El IESS tiene $2.000 millones en bienes ociosos, según Daniel Noboa.
• Quito y Cuenca prueban teletriaje para reducir la espera de citas médicas en el IESS.

La situación financiera y operativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) volvió a ocupar un lugar central en el debate público. Durante una entrevista en Radio Centro, el presidente Daniel Noboa sostuvo que antes de impulsar una reforma al sistema de pensiones o aumentar aportaciones, la entidad debe optimizar la administración de sus recursos y desprenderse de activos que considera improductivos.

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El mandatario afirmó que uno de los principales desafíos del IESS es mejorar la atención de salud para los afiliados sin comprometer la sostenibilidad del fondo de pensiones. En ese contexto, indicó que actualmente se ejecutan proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria y acciones para fortalecer la red de atención médica.

Según explicó, entre las prioridades se encuentra el inicio de obras en el Hospital de Durán y la repotenciación de varios hospitales administrados por la seguridad social, iniciativas que requieren recursos adicionales para su ejecución.

El debate sobre los recursos del IESS

Noboa señaló que una de las decisiones que analiza el IESS es reducir parte de los recursos destinados a créditos hipotecarios para redirigirlos al fortalecimiento de los servicios de salud.

A criterio del presidente, el organismo enfrenta una disyuntiva compleja entre continuar financiando préstamos con tasas preferenciales o destinar esos fondos a la mejora de hospitales e infraestructura sanitaria.

El mandatario también se mostró contrario a discutir reformas que impliquen mayores cargas económicas para trabajadores y empleadores sin antes revisar la administración de los recursos actuales.

En ese sentido, afirmó que el IESS posee alrededor de 2.000 millones de dólares en activos inmobiliarios que calificó como "ociosos", entre ellos edificios, terrenos y macrolotes que podrían convertirse en liquidez para sostener las operaciones de la institución.

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Venta de activos antes de una reforma

Durante la entrevista, Noboa reveló que ha pedido al delegado del Ejecutivo ante el IESS impulsar la venta de esos bienes. Según explicó, los recursos obtenidos permitirían fortalecer la capacidad financiera del instituto para atender prestaciones médicas y cumplir con las obligaciones relacionadas con el sistema de pensiones.

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El jefe de Estado argumentó que la seguridad social no debería concentrarse en administrar patrimonio inmobiliario, sino en garantizar servicios de salud de calidad y la sostenibilidad de las jubilaciones.

Asimismo, reconoció que este proceso puede generar resistencia dentro de la institución debido a los intereses que históricamente han girado alrededor de la administración de esos bienes.

Teletriaje y modernización tecnológica

En materia de atención médica, Noboa destacó la puesta en marcha de un plan piloto de teletriaje en ciudades como Cuenca y Quito.

La iniciativa busca que pacientes con necesidades de atención primaria puedan acceder a una evaluación médica remota antes de acudir a una consulta presencial, con el objetivo de reducir la congestión en hospitales y centros de salud.

El mandatario indicó que, de obtener resultados favorables, el modelo podría extenderse a escala nacional para agilizar la atención de los afiliados.

Además, señaló que el Gobierno trabaja en mejorar la gestión de inventarios de medicamentos tanto en el IESS como en el Ministerio de Salud Pública, con la intención de fortalecer la atención primaria y evitar que pacientes con enfermedades crónicas deban desplazarse a hospitales especializados para recibir tratamientos básicos.

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Nuevo sistema para citas médicas

Otro de los problemas abordados fue la demora en la asignación de citas médicas, una de las principales quejas de los afiliados. Noboa aseguró que la solución pasa por una modernización tecnológica que elimine la dependencia de los sistemas actuales y reduzca la intervención manual en la asignación de turnos.

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Para ello, anunció la próxima implementación de un sistema informático denominado Dedalus, utilizado en hospitales y redes sanitarias de varios países europeos.

De acuerdo con el presidente, el proceso administrativo para incorporar esta plataforma estaría en su fase final y comenzaría a aplicarse en el IESS durante las próximas semanas.

La expectativa oficial es que la nueva herramienta contribuya a acelerar la asignación de citas, optimizar la gestión hospitalaria y mejorar el acceso de los afiliados a los servicios de salud, en momentos en que la institución enfrenta cuestionamientos por tiempos de espera prolongados y limitaciones en la atención médica.

Lo que debes saber

• Noboa negó injerencia electoral y atribuyó caso de Luisa González a normas de Pachakutik.
• En Radio Centro, Noboa dijo que candidatos compiten con las mismas reglas electorales.
• Noboa rechazó persecución política y defendió la independencia de organismos electorales.

El presidente Daniel Noboa respondió a las críticas de sectores de oposición que denuncian una presunta utilización de instituciones del Estado para afectar candidaturas adversarias. Durante una entrevista en Radio Centro, el mandatario aseguró que su Gobierno no interviene en las decisiones de los organismos electorales y afirmó que todas las organizaciones políticas participan bajo las mismas reglas vigentes.

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Según Noboa, las normas que regulan la actividad electoral fueron establecidas con anterioridad a su administración y han sido aplicadas también en procesos que afectaron a su propio movimiento político.

“Estamos jugando con las mismas reglas del juego que han sido establecidas en el pasado”, afirmó el jefe de Estado al rechazar los cuestionamientos sobre una supuesta interferencia del Ejecutivo en asuntos electorales.

Noboa apunta a decisiones internas de los movimientos políticos

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la situación de la candidata correísta Luisa González y sostuvo que los problemas surgidos en torno a su participación por la prefectura de Manabí no son consecuencia de acciones del Gobierno.

Noboa argumentó que la dirigente tenía la posibilidad de optar por distintas organizaciones políticas, pero eligió participar a través de Pachakutik, agrupación que mantiene requisitos internos para la postulación de sus candidatos.

De acuerdo con el presidente, las observaciones sobre su inscripción derivan de las propias normas internas de esa organización y no de decisiones adoptadas por el Ejecutivo o por instituciones bajo su control. “El único que le impedía, por el mismo reglamento interno, es Pachakutik”, señaló.

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Respuesta a las acusaciones de persecución política

El mandatario también rechazó las denuncias sobre una supuesta persecución contra candidatos opositores. A su criterio, los conflictos que enfrentan algunas organizaciones responden a decisiones tomadas por sus propios dirigentes y no a intervenciones gubernamentales.

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Además, sostuvo que el Gobierno no puede ser responsabilizado por situaciones relacionadas con el financiamiento de determinados movimientos políticos o por el cumplimiento de normas establecidas por las propias agrupaciones.

Las declaraciones se producen en medio de un debate político marcado por cuestionamientos sobre la actuación de organismos electorales y las condiciones de participación de varios candidatos de cara al actual proceso electoral.

Lo que debes saber

• Noboa anunció una estrategia regional con Colombia y EE. UU. ante amenazas en la frontera norte.
• Ecuador coordina acciones en San Lorenzo para frenar narcotráfico y grupos armados.
• Noboa defendió la Ley Antimafias para incautar bienes ligados al crimen organizado.

La cooperación en seguridad entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos atraviesa una nueva etapa. Así lo sostuvo el presidente Daniel Noboa durante una entrevista en Radio Centro, en la que se refirió a las recientes reuniones mantenidas en la frontera norte y a la posibilidad de establecer mecanismos conjuntos para contener la expansión de grupos armados y organizaciones ligadas al narcotráfico.

“Por primera vez hay una estrategia regional”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la coordinación entre los tres países y la eventual creación de una fuerza o estructura binacional en la frontera. Según Noboa, en el pasado Ecuador enfrentaba el problema prácticamente en solitario, mientras que actualmente existe respaldo de los países que integran la iniciativa denominada Escudo de las Américas y una mayor cooperación de Colombia.

Sus declaraciones se producen un día después de que autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos mantuvieran encuentros en la zona fronteriza para definir acciones coordinadas contra el narcotráfico y otras economías criminales que operan entre ambos países.

Noboa apunta al crecimiento de los cultivos de coca

Durante la entrevista, el jefe de Estado sostuvo que uno de los desafíos en la frontera norte es el crecimiento de los cultivos ilícitos en territorio colombiano.

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Según señaló, el área sembrada de coca en la franja fronteriza se habría multiplicado durante los últimos años, situación que, a su criterio, contribuyó a fortalecer la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El presidente también cuestionó decisiones adoptadas por anteriores administraciones tanto en Ecuador como en Colombia y afirmó que determinadas políticas terminaron debilitando el control estatal en una zona considerada estratégica para la seguridad regional.

La ruta del narcotráfico

Noboa relacionó los recientes decomisos ejecutados por las fuerzas de seguridad con la estructura logística utilizada por las redes criminales que operan en la frontera.

El mandatario se refirió a la incautación de una avioneta, combustible y otros insumos que, según explicó, formarían parte de los mecanismos empleados para transportar droga que ingresa desde Colombia hacia territorio ecuatoriano y posteriormente es enviada hacia mercados internacionales.

Las declaraciones coinciden con los esfuerzos de cooperación anunciados por Ecuador, Colombia y Estados Unidos para perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína y afectar sus cadenas logísticas.

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Defensa de la Ley Antimafias

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la aplicación de la Ley Antimafias, normativa que contempla mecanismos para acelerar la incautación de bienes presuntamente vinculados a estructuras criminales.

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Frente a los cuestionamientos de sectores políticos y de opinión que advierten sobre un posible uso indebido de la norma, Noboa sostuvo que el objetivo del Gobierno es combatir a las organizaciones criminales y no perseguir a actores políticos.

El presidente argumentó que una parte de las redes del crimen organizado ha logrado infiltrarse en espacios de poder local y político, por lo que consideró necesario identificar y desarticular esos vínculos cuando existan evidencias de colaboración con grupos delictivos. “Nosotros no tenemos ningún interés de perseguir a personas. Nosotros tenemos que acabar estructuras criminales”, afirmó.

Lo que debes saber

• Noboa anunció que Daniel Correia asumirá el CNI tras la muerte de Sensi-Contugi
• Daniel Correia dirigirá el CNI mientras el Gobierno evalúa una designación definitiva.
• Noboa mantendrá la estructura del CNI y postergará cambios hasta después del proceso electoral.

El presidente Daniel Noboa anunció que Daniel Correia se encargará del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que quedó sin titular tras la muerte de Michele Sensi-Contugi en un accidente de helicóptero ocurrido en Nepal. La declaración fue realizada este 28 de agosto, durante una entrevista concedida a Radio Centro, en su primera aparición pública luego de regresar de una gira por Asia.

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Según explicó el mandatario, la estructura del sistema de inteligencia estatal no sufrirá modificaciones y únicamente cambiará la persona que estará al frente de la institución. Noboa destacó el trabajo realizado por Sensi-Contugi y señaló que Correia asumirá las funciones de conducción del organismo.

La designación, sin embargo, aún no ha sido formalizada mediante un decreto ejecutivo. Tras el fallecimiento de Sensi-Contugi, el Gobierno había nombrado de manera encargada a Luis Carlos Ávila Chávez como director general del Centro Nacional de Inteligencia.

Definición pendiente tras el proceso electoral

Durante la entrevista, el presidente indicó que la decisión definitiva sobre la conducción del CNI se tomará una vez concluido el actual episodio electoral. Mientras tanto, aseguró que el trabajo de la entidad continuará bajo la misma línea operativa implementada hasta ahora.

La declaración se produce en medio del debate público generado por el papel y las funciones del organismo de inteligencia creado durante la actual administración. En ese contexto, Noboa defendió la labor del CNI y rechazó cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre el uso de la entidad.

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El CNI tras la muerte de Michele Sensi-Contugi

La reorganización de la institución ocurre después del fallecimiento de Michele Sensi-Contugi, quien se desempeñaba como principal responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Su muerte obligó al Ejecutivo a implementar una transición temporal mientras se define la estructura de mando permanente.

El Gobierno no ha precisado cuándo se oficializará el nombramiento de Correia ni cuáles serán exactamente sus funciones dentro del organismo.

Rol del organismo de inteligencia

En sus declaraciones, Noboa sostuvo que el CNI ha participado en labores de recopilación y procesamiento de información para operativos de seguridad impulsados por el Estado. El mandatario afirmó que el organismo ha contribuido en investigaciones relacionadas con objetivos de alto interés para las autoridades.

La definición sobre la dirección del CNI se suma a los movimientos que el Ejecutivo realiza en áreas vinculadas a seguridad e inteligencia, una de las prioridades de la administración en medio de la crisis de violencia y criminalidad que enfrenta el país.

• Corte IDH negó hospitalizar a Jorge Glas el 27 de agosto y mantuvo medidas en la Cárcel del Encuentro.
• Jorge Glas seguirá preso en Santa Elena porque la Corte IDH descartó ampliar las medidas vigentes.
• La Corte IDH rechazó la hospitalización, pero exigió atención médica para Jorge Glas en Ecuador.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazó la solicitud presentada por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas para que se ordene su hospitalización, aunque mantuvo las medidas provisionales de protección que ya estaban vigentes en su favor. La decisión se produce mientras el exfuncionario continúa recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

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En su resolución, el organismo regional determinó que no era necesario ampliar las medidas ya dictadas, pese a los argumentos expuestos por los abogados de Glas sobre su estado de salud. Sin embargo, recordó al Estado ecuatoriano la obligación de garantizar una atención médica adecuada, oportuna y acorde con las condiciones físicas y mentales del exvicepresidente.

La Corte señaló que la situación de salud de Glas es variable, por lo que dispuso que Ecuador continúe implementando las medidas provisionales para asegurar que reciba el tratamiento necesario durante su permanencia en prisión.

La Corte mantiene las medidas ya otorgadas

El pronunciamiento se da luego de que la defensa solicitara una ampliación de las medidas provisionales con el fin de que se ordenara la hospitalización del exvicepresidente. No obstante, los jueces concluyeron que las disposiciones actuales continúan siendo suficientes para atender los riesgos identificados.

La resolución también recoge la posición del Gobierno ecuatoriano, que informó en distintas ocasiones que la condición médica de Glas era estable y que no existían recomendaciones vigentes para su hospitalización. A partir de esos elementos, la Corte consideró que no correspondía emitir nuevas medidas adicionales.

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Observaciones sobre su permanencia en prisión

El organismo recordó además que en octubre de 2025 decidió ampliar las medidas de protección y pidió que Glas fuera trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca debido a la fragilidad de su estado de salud física y mental. Posteriormente, el exvicepresidente fue llevado a la Cárcel del Encuentro.

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La Corte también expresó cuestionamientos sobre ese traslado y señaló que las autoridades ecuatorianas no ofrecieron explicaciones suficientes para justificar el cambio de centro penitenciario, después de haber sostenido previamente que La Roca contaba con las condiciones necesarias para atenderlo.

Asimismo, exhortó al Estado a evitar actos que puedan resultar estigmatizantes o contrarios a la dignidad del beneficiario. La observación surge tras denuncias de la defensa de Glas sobre presuntos tratos degradantes, incluidos registros corporales y episodios en los que habría permanecido desnudo ante personal militar.

El contexto judicial de Glas

Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, cumple una condena de ocho años de prisión por los casos de asociación ilícita y cohecho, además de una sentencia de 13 años por peculado.

Tras recuperar la libertad mediante una resolución judicial a finales de 2022, permaneció fuera de prisión durante más de un año. En 2024 ingresó a la Embajada de México en Quito, donde obtuvo asilo diplomático. Sin embargo, fue capturado durante el operativo ordenado por el Gobierno ecuatoriano en la sede diplomática mexicana, hecho que provocó una crisis diplomática entre ambos países.

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Modificaciones al marco legal vigente

El documento técnico remitido por la Comisión de Seguridad plantea la alteración del artículo 369 del COIP, referente a la delincuencia organizada. La propuesta eleva la condena base de 22 a 26 años de privación de libertad para quienes constituyan u organicen grupos de tres o más individuos con propósitos económicos ilícitos.

Tras la exposición de los legisladores proponentes, se detallaron las principales innovaciones punitivas que se ejecutan en el articulado:

Debates sobre la proporcionalidad jurídica

Durante la sesión, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) justificó la normativa bajo el argumento de dotar al Estado de facultades coercitivas ágiles. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, atribuyó el fortalecimiento de las redes de narcotráfico a la permisividad de las administraciones gubernamentales previas.

En contraparte, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó reparos técnicos a la redacción del documento. El asambleísta Gerardo Machado argumentó que los tipos penales abiertos generan interpretaciones contradictorias en el sistema judicial, advirtiendo un escenario de "populismo penal" debido a los incrementos desproporcionados de las condenas. Asimismo, la facción política cuestionó la disposición de prisión preventiva sin la demostración de hechos individualizados (como peligro de fuga) y advirtió sobre el riesgo de politización en las reformas referentes a la sustracción de hidrocarburos.

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Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) intervino para solicitar la eliminación del límite de acumulación de 40 años, actualmente vigente en la legislación ecuatoriana. El asambleísta Alfredo Serrano planteó un mecanismo de sumatoria total de penas individuales por cada delito ejecutado.

Tras la recolección de las observaciones técnicas, el proyecto retornará a la Comisión de Seguridad, delegación que asume la competencia de estructurar el informe vinculante para el segundo y definitivo debate.

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Los equipos no lograron extinguir por completo las llamas. El jueves 27, 75 bomberos de los cuatro cantones retomaron las labores para controlar el fuego y evitar que avance hacia otras áreas del cerro.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el incendio ha afectado aproximadamente 23 hectáreas. El ECU-911 mantiene el seguimiento de la emergencia y coordina las acciones de respuesta con las instituciones que participan en el operativo.

Las acciones coordinadas para ayudar en Putzalahua

La Gobernación de Cotopaxi informó que mantuvo una reunión con autoridades de la provincia para definir medidas destinadas a proteger el cerro Putzalahua y reforzar la prevención ante nuevos incendios forestales. En el encuentro se establecieron compromisos para mejorar la respuesta frente a emergencias ambientales.

El Municipio de Latacunga señaló que maquinaria y personal técnico permanecen en el cerro para ejecutar labores de liquidación, controlar los puntos calientes y reducir el riesgo de nuevas reactivaciones.

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Además, las unidades de Gestión de Riesgos y la Dirección de Ambiente del Municipio evalúan los daños ocasionados por el incendio. Ese análisis permitirá planificar acciones de reforestación y recuperación de la flora endémica afectada.

El Putzalahua es un área de importancia ambiental para la provincia. La continuidad de las labores de control será clave para evitar que el fuego vuelva a propagarse y para determinar el alcance de los daños sobre la vegetación del sector.

En julio del 2026, Pablo Cornejo, director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), advirtió que el Fenómeno del Niño incrementa la susceptibilidad a incendios forestales en Ecuador, más que nada en la Sierra.

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Quince días de campaña (la mitad que en cualquier elección de autoridades reciente) y 45 debates apretados en esa misma ventana. En las seccionales de 2023 duró 31 días. En las generales de 2025, 33. El calendario original de estos comicios, 30. El CNE lo partió, al adelantar la votación del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026 por el pronóstico de El Niño. La inscripción de candidaturas bajó de 30 a 16 días.

Los cambios por adelanto de votaciones

El recorte no solo acortó la campaña, alargó la incertidumbre. La inscripción cerró el 17 de agosto y la lista firme sale el 9 de noviembre. Durante 84 días nadie es candidato con certeza, porque el CNE advierte que una postulación solo se considera inscrita cuando su calificación queda en firme. El ciudadano escucha, mientras tanto, a gente que puede terminar fuera de la papeleta.

Los debates deberían compensar ese vacío y hacen lo contrario. El artículo 202.2 del Código de la Democracia ordena que los debates de prefectos y alcaldes ocurran tres semanas antes de la elección. Tres semanas antes del 29 de noviembre es el 8 de ese mes, un día antes de que exista la lista oficial.

Cumplir el artículo al pie de la letra exigiría debatir con candidatos que todavía no son candidatos. Sin embargo, al comprimirse el calendario, el CNE concentrará los 45 debates obligatorios entre el 12 y 26 de noviembre. Esto provocará un embotellamiento de transmisiones simultáneas y bloques consecutivos, especialmente en los fines de semana de campaña, y algunos caerán a setenta y dos horas del voto.

Anthony Downs, economista y politólogo, explicó que informarse cuesta y que, cuando el costo sube, el votante recurre a atajos, casi siempre la marca partidaria. En las seccionales ese atajo no existe, porque, en ciertos casos, compiten movimientos locales sin programa reconocible. Queda un elector sin información y sin nada que la sustituya. Y el país ya sabe cómo termina eso.

En el referéndum del 16 de noviembre de 2025 la campaña duró trece días y la papeleta era lo más simple imaginable: cuatro preguntas. Aun así, al arrancar, el 39,1 % de los ecuatorianos no conocían ninguna, según la encuestadora Click Report. Si cuatro preguntas resultaron demasiado, quince días para 5.749 candidaturas son todo un trámite.

¿Imposibilidad para informarse?

Nada de esto pesaría tanto si los meses previos sirvieran para informarse, pero las reglas que gobiernan ese limbo están diseñadas para el silencio. El Código de la Democracia es tajante en su artículo 278 al castigar como infracción grave la precampaña de forma directa o indirecta.

El verdadero cortocircuito ocurre en las plataformas digitales, debido a que el artículo 202 de la ley estipula explícitamente que las redes sociales no se consideran medios para efectos de regulación, lo que abre una falsa sensación de libertad para los aspirantes.

El problema es que la Sentencia 111 del TCE define como publicidad electoral todo mensaje cuya connotación y finalidad busquen mover la voluntad popular a favor de una opción, sin importar el soporte tecnológico empleado.

Es decir, si un postulante decide usar TikTok o Instagram para exponer un bosquejo de sus ideas de gestión amparado en que la ley no regula las redes, se expone de inmediato al contraataque de sus adversarios. Cualquier rival político puede tomar ese video y denunciarlo con el art. 278 del Código de la Democracia bajo el argumento de la precampaña ilegal.

Al momento de revisar el caso, el TCE podría aplicar el criterio de la Sentencia 111 y observará que el contenido busca lógicamente convencer al elector, por lo que terminará encasillándolo como una infracción y dejando la sanción en manos de un juez que resolverá el misterio meses después, cuando el proceso electoral haya terminado.

Permiso y prohibición describen la misma conducta y cuál de los dos fue, lo resuelve un juez después; es una antinomia jurídica.

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El castigo, en cambio, no tiene ambigüedad. Multa, destitución y suspensión de los derechos de participación, y el Tribunal Contencioso Electoral ya admitió causas en este ciclo. Y hay una trampa, porque lo gastado en explicar el plan antes de la campaña se imputa al techo electoral.

Si informar es jurídicamente riesgoso durante tres meses y materialmente imposible en 15 días, lo que queda es ciudadanos que eligen 5.749 autoridades sabiendo casi nada, y un sistema que puede decir con toda formalidad que garantizó la elección.

Por otra parte, el correísmo planteó reparos a las disposiciones sobre prisión preventiva y cuestionó que la iniciativa pueda caer en el denominado “populismo penal”.

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La Asamblea aprobó ley de apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional

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El proyecto se denomina Ley Orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado. Es una de las leyes que el oficialismo se ha planteado como prioritaria bajo la presidencia de Mishel Mancheno. De hecho, fue la actual presidenta del Parlamento quien presentó la iniciativa.

La encargada de exponer la ley fue Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad. Para ella, hay tres elementos claves en la normativa. El primero tiene que ver con tipificar como delito la pertenencia funcional a los grupos de delincuencia organizada. El segundo se relaciona con que el Estado no solo pueda incautar bienes, sino también venderlos anticipadamente.

Finalmente, Alarcón destacó la posibilidad de sancionar a abogados con la pérdida de su licencia profesional en caso de sentencias ejecutoriadas.

Por su parte, Mancheno señaló directamente al correísmo y a su gobierno como los responsables de haber abierto la puerta a los grupos de delincuencia organizada. 

“Esta crisis no corresponde a este año o al anterior. Esta degradación se acumuló con las malas decisiones del pasado con periodos de tolerancia al crimen organizado. Hablamos de esa década; marcada por la politización de la seguridad”, dijo la presidenta de la Asamblea.

Los reparos del correísmo

El asambleísta Gerardo Machado habló de la intención de sugerir ajustes a varios artículos. Manifestó que es necesario adecuar las leyes a las nuevas dinámicas del crimen organizado. “Una norma imprecisa también favorece a la delincuencia. Los tipos penales abierto generan interpretaciones contradictorias”, manifestó.

Sugirió que se cierren los tipos penales abiertos. También aseguró que “la cercanía familiar, vecinal o laboral jamás puede reemplazar la prueba del aporte efectivo a una organización criminal”.

Además, insistió en que la prisión preventiva debe fundarse en hechos actuales, concretos e individualizados que demuestren peligro de fuga, obstrucción o intimidación dentro del proceso.

Al final, Mancheno anunció que el proyecto regresará a la Comisión de Seguridad para continuar con el trámite y la elaboración del informe para el segundo debate. Esa mesa decidirá qué observaciones se incluyen para la aprobación definitiva del proyecto.

La bancada legislativa cuestiona una disposición transitoria que establece que, en contratos relacionados con telecomunicaciones, no es exigible la presentación de las garantías de fiel cumplimiento ni de buen uso del anticipo.

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El oficialismo puso sus firmas de apoyo para enjuiciar políticamente al vocal del CPCCS David Rosero

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Eliana Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentó el recurso este 27 de agosto de 2026. Llegó acompañada de otros legisladores de su bancada y planteó que la acción tiene tres pedidos:

“Esta disposición elimina la obligación de presentar las garantías, tanto del fiel cumplimiento como del buen uso del anticipo y del respaldo técnico para las empresas públicas del sector de telecomunicaciones”, dijo Correa.

El principal cuestionamiento tiene que ver con que se adoptó esa decisión sin establecer ninguna condición para ese tipo de acuerdos. “No importa el monto o si hay anticipo de por medio; no importa el riesgo”, dijo la legisladora.

También agregó que un pronunciamiento de la Corte Constitucional es urgente, teniendo en cuenta que se pueden firmar contratos y, en casos en los que estos sean perjudiciales, sería muy difícil “revertir el daño”.

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¿Cuál es la motivación del bloque correísta?

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana anunciaron semanas atrás el inicio de una fiscalización a propósito de un contrato que se prepara en el ámbito de la salud. El mismo tendría como objetivo un proceso de digitalización en esa área.

“Estamos a la puerta de un proceso de contratación opaco, prácticamente dirigido y, de lo que conocemos, muy hecho a la medida. Un contrato por 240 millones de dólares asociado a la empresa Dedalus”, señaló Correa.

Según la asambleísta, el objetivo no es parar ningún proceso de contratación, sino garantizar el buen uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional.

Lo que debe saber

• El asambleísta Sergio Peña asegura que la solicitud de juicio político en contra del vocal del CPCCS David Rosero cuenta con apoyo de ADN.
• La  iniciativa no cuenta con las firmas de asambleístas del correísmo.
• Peña dice que la presunta reunión entre Rosero e Inés Romero habría ocurrido en un departamento privado en Cumbayá.  

El juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) David Rosero tiene el apoyo de asambleístas del oficialismo e independientes. 

Este 27 de agosto de 2026, el legislador Sergio Peña (independiente y aliado de ADN) aseguró que la solicitud que presentó superó las 50 firmas de respaldo.

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“Presentamos más de las firmas necesarias. Se requieren 38 y nos pasamos de 50 firmas. En el último día tuvimos el apoyo de varios legisladores. Independientes y el oficialismo son los que apoyan. Buscamos al correísmo pero no contamos con sus firmas”, señaló Peña.

El dato sobre el respaldo de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea es clave porque, para la censura y destitución de un vocal del CPCCS, la normativa exige mayoría absoluta del Pleno; es decir, 77 votos. Si el apoyo de ADN se mantiene, Peña contaría con los votos necesarios para una eventual destitución.

¿Qué pruebas tiene Peña contra el vocal del CPCCS?

La mañana de este jueves, el legislador que llegó a la Asamblea de la mano del correísmo ahondó en las motivaciones para impulsar el juicio político. Dijo que la denuncia llegó a su despacho vía correo electrónico.

Por esa vía se incluyeron videos y fotografías. “Me han llegado como denuncia un correo con videos y fotografías del evento que tendrán que ser determinada dentro del proceso”, aseguró.

También reveló que la reunión de Rosero con la postulante al cargo de fiscal general, Inés Romero, habría ocurrido en un departamento en Cumbayá, en el noreste de Quito, y se habría extendido por cerca de dos horas.

¿Por qué se habla de incumplimiento de funciones?

Actualmente, el CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del nuevo fiscal general. El proceso se encuentra en la etapa de audiencias públicas, luego de la presentación de impugnaciones ciudadanas contra los postulantes.

En el marco de dichas impugnaciones, el pasado 27 de julio se viralizaron imágenes que daban cuenta de una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, una de las aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Según esas denuncias, las imágenes salieron de una cámara de seguridad. En ellas, supuestamente, se observa al consejero junto a la postulante en el mismo lugar. Con base en esto, Peña inició su investigación.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección liberó los servidores tras ocho meses de la suspensión de la fase.
• El presidente del CPCCS anunció declaraciones juramentadas notarizadas para los catedráticos.
• Los aspirantes denuncian falta de notificación y estancamiento del concurso desde 2022.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reforzó los protocolos de seguridad para la etapa de oposición del concurso para la primera renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida se ejecuta en medio de los reclamos de los postulantes por la falta de información oficial sobre el proceso pendiente desde 2022.

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Liberación de servidores y nuevos controles para el banco de preguntas

Ocho meses después de que el Pleno del CPCCS ordenó retrotraer la fase de oposición (avanzada durante 2025 debido a sospechas de filtración de información), la Comisión Ciudadana de Selección liberó los servidores institucionales el 17 de agosto de 2026.

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Con esta acción, el organismo técnico estableció un protocolo orientado a:

Nuevos requisitos para los catedráticos y seguridad informática

Consultado por EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que el resguardo de los servidores forma parte de las garantías para esta nueva fase. Asimismo, detalló las exigencias que deberán cumplir los docentes evaluadores:

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El contrato de auditoría externa

El reglamento del concurso dispone además la participación de un equipo externo especializado en seguridad informática para garantizar la disponibilidad e integridad del sistema.

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En julio de 2025, el CPCCS adjudicó un contrato por 6.000 dólares a la empresa SBV Auditores Asociados para brindar asesoramiento y asistencia en programas informáticos. De acuerdo con el portal del Sercop, este proceso sigue en estado de ejecución tras más de un año, ya que el pliego establece que el pago se liquidará contra entrega final del servicio al culminar la etapa de oposición.

Aspirantes denuncian falta de notificación y estancamiento del proceso

Pese a los anuncios oficiales, el experto electoral y postulante al CNE, Fausto Camacho, advirtió que los aspirantes no han sido notificados formalmente sobre las nuevas medidas de control ni sobre la fecha de reanudación.

Camacho enfatizó que los participantes no reciben novedades desde hace varios meses, situación que incrementa las dudas sobre la legitimidad de un concurso de renovación parcial que permanece estancado desde 2022.

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El orden cronológico que expuso Merino de las designaciones

Tras los requerimientos de información y fiscalización planteados por el legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, el consejero Merino utilizó sus canales digitales para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias en la jurisdicción costera. "No podemos institucionalizar la mentira. Yo no participé en la designación del director de Manabí, ni tampoco tengo vocales provinciales electorales", argumentó.

Para sustentar su postura técnica, el funcionario detalló las fechas en las que el Pleno del órgano colegiado ejecutó las resoluciones, contrastándolas con la fecha de su nombramiento oficial:

"Es decir, 30 días después de que el Pleno designó al director de la provincia de Manabí y 14 días después de que nombró a los vocales. Mi respaldo será para todos los funcionarios que actúen con rectitud y apego a la ley", justificó Merino.

La solicitud de fiscalización legislativa

La respuesta del consejero ocurre horas después de que el asambleísta Molina remitiera un oficio a la presidencia del CNE, exigiendo la entrega de una copia íntegra y sin ediciones del registro audiovisual de la Sesión Ordinaria No. 068-PLE-CNE-2026, celebrada el 22 de agosto.

Según la argumentación del legislador, en dicha reunión se habría registrado un cruce verbal entre Merino y la consejera Elena Nájera respecto a la conformación administrativa en Manabí. Molina otorgó un plazo legal de diez días para que la entidad entregue las transcripciones y actas correspondientes, amparado en las facultades de fiscalización del Parlamento.

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En la segunda sesión de este 26 de agosto de 2026, la mesa legislativa recibió a Luis Idrovo, delegado del superintendente Luis Cabezas Klaere, quien no pudo asistir por una agenda previamente acordada.

Idrovo expuso la situación jurídica de un grupo de empresas relacionadas con el caso Progen. Dicha información fue solicitada por la mesa legislativa antes de la comparecencia. Así, Idrovo primero habló de Progen y la novedad allí fue que no había información disponible.

“Esta compañía no es un ente controlado por esta Superintendencia (Compañías)”, señaló Idrovo. También informó que el 25 de abril de 2025, Progen presentó una solicitud a la Superintendencia de Compañías para que se le autorizara la apertura de una sucursal en Ecuador.

El trámite fue observado por la Superintendencia en junio de ese mismo año. Entre las solicitudes realizadas estuvieron la presentación de los estatutos sociales de la empresa, la aceptación expresa de un apoderado en Ecuador y una precisión sobre las actividades que planeaba realizar.

Los pedidos nunca fueron atendidos y la Superintendencia de Compañías archivó la solicitud presentada por Progen. Sobre esto, la correísta Ana Herrera recordó que el contrato entre CELEC y Progen significó un millonario desembolso de recursos públicos a una entidad que ni siquiera podía ser controlada por el Estado ecuatoriano.

La situación de otras empresas

El delegado de la Superintendencia ahondó en la información pública de las empresas que han sido señaladas dentro de la trama que involucró la compra de generadores de energía que nunca funcionaron.

Expuso la situación de Astrobryxa, en la que aparecen como principales accionistas y beneficiarios Walter Manrique y Claudia Saud. Esta última es una pieza clave dentro del caso que es investigado y que sigue un proceso en los Estados Unidos.

También habló de Inycofyi Ingeniería y Construcciones, Ingelectc y Constructora Nomur, entre otras. El problema fue que la Superintendencia no podía determinar relaciones de esas empresas con Progen debido a que esta última no estaba bajo su control.

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Lo que sí afirmó Idrovo fue que había empresas en las que se repetían los accionistas o representantes legales. Además, afirmó que de las empresas cuya información fue solicitada, solamente dos estaban activas.

Fiscalización trabaja bajo reserva de otras entidades

Previo a la instalación de la primera sesión de este 26 de agosto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, reconoció que no es mucha la información receptada. Esto, sobre todo, porque el tema se trata bajo reserva.

“Realmente no ha habido abundante información hasta el momento. Recuerden que ha sido un tema que se lleva bajo reserva para no vulnerar ningún debido proceso”, manifestó Álvarez.

También recordó que la fecha límite para aprobar el informe sobre este proceso de fiscalización vence el 28 de agosto de 2026. Esto, después de que la mesa legislativa pidió una prórroga para presentar los hallazgos.

Lo que debes saber 

• La consolidación del poder del Gobierno sobre los organismos electorales provoca que incluso decisiones sustentadas en argumentos legales sean percibidas como posibles maniobras políticas.
• El 19 de agosto, un video registró al candidato de ADN Marco Zambrano reunido con funcionarios electorales de Manabí. Dos días después, la Junta Provincial Electoral negó la inscripción de González y Gabriel Giler.
• La Junta sostiene que González y Giler no cumplieron el requisito interno de Pachakutik de acreditar dos años de pertenencia.

Pocas cosas pueden ser tan graves para un país que se dice democrático, que sus procesos electorales pierdan credibilidad. Y esto está pasando actualmente en el Ecuador de cara a las elecciones seccionales de noviembre. 

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¿Y por qué pierde credibilidad? Porque el actual gobierno ha consolidado su poder en los organismos electorales a tal punto que, incluso si toma decisiones legales o reglamentarias, son percibidas por la sociedad como herramientas del Ejecutivo para perjudicar a sus adversarios. 

El caso de la aparentemente inevitable descalificación de la correísta Luisa González, que aspira a ser candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik, es un ejemplo de eso: no basta que los argumentos para su descalificación sean legales, porque todo lo que ocurre alrededor del tema está siendo visto con sospecha.

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Ese episodio podría haber sido una controversia estrictamente jurídica, pero los hechos que lo han rodeado hacen que sea considerado por la mayor parte de la opinión pública, con razón o sin ella, como una maniobra gubernamental para sacar a la correísta de la carrera electoral. La Junta Provincial Electoral de Manabí sostiene que González y su compañero de fórmula, Gabriel Giler, no acreditaron los dos años de pertenencia que exigen las normas internas de Pachakutik para sus candidatos.

Pero la polémica adquirió otra dimensión cuando apareció un video de una reunión celebrada el 19 de agosto en el Hotel Máximo de Portoviejo. En las imágenes aparecen Marco Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura; Roberto Carlos Pinargote, delegado provincial del CNE en Manabí; Darwin Demera, vocal de la Junta Provincial Electoral; y Andrés Gozoso Andrade, director de carrera de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Según la información difundida, el encuentro duró alrededor de una hora y media. Dos días más tarde, la Junta Provincial Electoral resolvió negar la inscripción de González y Giler.

Esa coincidencia temporal ha desatado una tormenta, y las sospechas sobre las presiones del gobierno para sacar a González de las elecciones se han amplificado

No porque el video demuestre que allí se decidió sacar a González de la elección. Tampoco demuestra que Zambrano haya pedido a los funcionarios electorales que actuaran contra su rival, ni que el gobierno haya impartido una orden. 

Pero el video sí muestra algo que, en cualquier democracia con instituciones sólidas, debería provocar preguntas inmediatas: un candidato que compite por una Prefectura aparece reunido con funcionarios de la autoridad electoral, mientras está pendiente una decisión que afecta directamente a una de sus principales rivales.

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Y eso no es un detalle menor: Zambrano ha negado que se tratara de una reunión política y ha explicado su presencia en términos de una coincidencia y un saludo con funcionarios a quienes conoce.

El problema es que la explicación de Zambrano no resuelve las dudas. Porque la pregunta no es únicamente de qué hablaron. Es también por qué un candidato y funcionarios electorales se encontraban juntos, en privado, en ese momento del proceso electoral.

Un árbitro electoral no necesita haber recibido una orden para perder credibilidad. Basta con que sus actuaciones generen una apariencia razonable de falta de independencia.

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Y no faltan motivos para que ese video provoque sospechas. Para comenzar está el ‘timming’: el 19 de agosto se produce el encuentro y el 21 de agosto, durante la madrugada, la Junta Provincial Electoral de Manabí sesiona y resuelve negar la calificación e inscripción de González y Giler. Mucha coincidencia, ¿no? La decisión se basa en un informe técnico-jurídico suscrito por Jonathan Andrés Giler, director técnico provincial de Participación Política, y José Jonathan Pinoargote Cedeño, responsable de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica.

La decisión todavía puede ser impugnada ante el CNE y eventualmente apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. En este caso, sin embargo, lo que falta conocer es quizá más importante que lo que ya se conoce. Por ejemplo, ¿cuándo estuvo listo el informe que terminó sustentando la salida de González en esa reunión? ¿Estaba terminado antes del 19 de agosto? ¿Quién convocó el encuentro del hotel? ¿Y por qué un candidato de ADN aparece reunido con funcionarios electorales cuando la objeción presentada por su propia organización estaba pendiente de resolución?

Porque si el informe estaba terminado y el expediente prácticamente resuelto antes del encuentro, la reunión podría haber sido una coincidencia políticamente incómoda. Pero si el expediente estaba todavía en construcción y los funcionarios que participaron en el encuentro tuvieron alguna intervención directa en la elaboración o decisión, el episodio adquiere una gravedad diferente.

En todo caso, la Junta Provincial tiene un argumento jurídico que no puede ser descartado. La Dirección Nacional de Organizaciones Políticas verificó que González y Giler no constaban como afiliados, adherentes o adherentes permanentes de Pachakutik durante los dos años anteriores. 

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Pero ahí aparece un detalle no menos importante: el artículo 94 del Código de la Democracia contempla que las organizaciones políticas pueden presentar candidatos que sean militantes, simpatizantes o personas no afiliadas; mientras que el artículo 347, numeral 5, obliga a respetar las normas internas de las organizaciones y ese es un asunto que deberán resolver las instancias electorales superiores. Pero aun si la Junta tuviera jurídicamente la razón, queda intacta la sospecha provocada por el video.

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Según Sulca, el avance de dichos exámenes será progresivo, debido a la capacidad operativa de la Contraloría. Hasta el momento han sido emitidas ocho órdenes de ejecución de exámenes.

Según Sulca, tres tienen que ver con trabajadores de CELEC y cinco con el contrato de la Central Catamayo, en donde también actuó la empresa Progen. Los 41 restantes se realizarán de forma paulatina, conforme a la capacidad operativa del ente de control, según explicó la subcontralora.

¿Hay patrimonios de ministros investigados?

Tras ese anuncio, la correísta Ana Herrera, integrante de la Comisión de Fiscalización, preguntó si entre los patrimonios investigados se encuentran aquellos relacionados con ministros de Estado. Hay que recordar que, en la Asamblea, el correísmo ha intentado, en al menos tres ocasiones, enjuiciar políticamente a la exministra de Energía Inés Manzano.

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La respuesta de la subcontralora fue: “Nuestros exámenes se concentraron en las empresas públicas. Existen funcionarios relacionados con la diferente estructura jerárquica de las empresas públicas”.

Ante la evasiva, Herrera insistió en la consulta. Sulca solamente dijo que la información remitida a la comisión incluía datos al respecto. “La información fue remitida a la Comisión y podrán tener acceso al detalle de las personas que están inmersas en las diferentes acciones de control”.

En ese punto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dijo que la información fue enviada con carácter confidencial. Ofreció remitirla al resto de asambleístas bajo esa misma condición.

¿Qué investiga la Comisión de Fiscalización?

El Pleno de la Asamblea, mediante resolución, remitió a la Comisión de Fiscalización un seguimiento al caso Progen, pero enfocado en la ruta del dinero del contrato con el que se adquirieron generadores de energía que nunca funcionaron en plena crisis energética de 2024.

El oficialismo en la Asamblea impulsó el tema luego de que el actual secretario de la Administración Pública, José Juli Neira, presentara información que se conoció por el proceso legal que sigue su curso en Estados Unidos.

Sin embargo, la mesa está contra el tiempo. Este mismo 26 de agosto de 2026, el propio Álvarez recordó que el plazo para la aprobación del informe vencerá el 28 de agosto de 2026. En ese sentido, señaló que han recibido información confidencial de la misma Contraloría y que también la recibirán del Servicio de Rentas Internas (SRI).