Lo que debes saber

• Hay dos convocatorias para integrar el Mecanismo de Protección.
• El plazo para participar vence el 8 de octubre de 2026.
• Los representantes deben cumplir requisitos legales y reglamentarios.

El Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación abrió dos convocatorias para definir a representantes que integrarán el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico. Los procesos buscan elegir a los representantes de la sociedad civil y ratificar o elegir a quienes representan a los trabajadores de medios privados, públicos y comunitarios.

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Representantes de medios y ciudada

La primera convocatoria corresponde a la sociedad civil organizada y se activa tras la renuncia anticipada de Ricardo Rivas, presentada el 30 de septiembre de 2026, pese a que su periodo debía concluir en diciembre de este año. El proceso contempla la elección de un representante principal y un suplente, quienes deberán ser escogidos por las organizaciones del sector y no podrán ser postulados de manera directa por una sola de ellas.

La segunda convocatoria está dirigida a los representantes legales de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, que podrán ratificar a los actuales representantes de los trabajadores o realizar una nueva elección. En ambos procesos, las personas elegidas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento General y las normas que regulan el funcionamiento del Mecanismo.

Requerimientos

¿Cuáles son los requisitos para los representantes de la sociedad civil? La persona elegida como principal o suplente deberá cumplir, entre otros, con estas condiciones:

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Para el proceso de los trabajadores de medios, los requisitos de las personas elegidas son los siguientes:

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Plazos y entrega de documentos

El plazo vence el 8 de octubre. Las dos convocatorias fueron publicadas el 24 de septiembre de 2026 y establecen un término de diez días, contado desde el día siguiente, por lo que la documentación podrá presentarse hasta las 23:59 del 8 de octubre.

La documentación podrá presentarse de manera física en las oficinas del Consejo de Comunicación, en Quito, o de forma electrónica al correo mecanismo@consejodecomunicacion.gob.ec, según las condiciones establecidas para cada proceso. El Consejo señala además que los documentos deben ser completos, legibles y verificables, y que las observaciones podrán ser subsanadas dentro de los tres días siguientes a la notificación correspondiente.

Lo que debes saber

• El CNE organizará 45 debates del 12 al 26 de noviembre para informar a los electores.
• Candidatos a prefecturas y alcaldías debatirán en 21 provincias y 24 cantones del país.
• Los debates serán obligatorios antes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la planificación de 45 debates electorales obligatorios que reunirán a candidatos a prefecturas y alcaldías como parte del proceso previo a las elecciones seccionales de 2026. Los encuentros se efectuarán entre el 12 y el 26 de noviembre en distintos puntos del país.

La organización contempla 21 debates para las candidaturas a prefecturas y 24 para alcaldías de cantones con más de 100.000 electores. La jornada electoral está prevista para el 29 de noviembre de 2026, por lo que los debates se realizarán durante las dos semanas previas a los comicios.

Debates se realizarán en 21 provincias y 24 cantones

Los encuentros para prefecturas abarcarán provincias como Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otras. Mientras tanto, los debates para alcaldías se desarrollarán en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Portoviejo, Machala, Daule, Durán y Santo Domingo.

La logística estará a cargo de las juntas provinciales electorales y de las delegaciones provinciales del organismo electoral, bajo directrices emitidas por el CNE.

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CNE definió nueva metodología para los encuentros

Según las reglas aprobadas por el organismo electoral, cada debate estará estructurado en cuatro ejes temáticos. En el primero y cuarto bloque, las preguntas serán formuladas por los propios candidatos, mientras que en los bloques segundo y tercero las interrogantes serán elaboradas por el Comité Nacional de Debates.

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El comité fue designado para definir los temas, elaborar preguntas y proponer a los moderadores de las jornadas. Además, deberá coordinar aspectos relacionados con la metodología y el desarrollo de cada encuentro.

La normativa también establece tiempos específicos de intervención para los participantes y prevé distintos formatos dependiendo del número de candidatos inscritos en cada jurisdicción.

Los debates son obligatorios desde 2020

Los debates electorales adquirieron carácter obligatorio en Ecuador tras las reformas al Código de la Democracia aprobadas en 2020. Desde entonces forman parte de los procesos electorales nacionales y seccionales como un mecanismo para que los electores conozcan y contrasten las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular.

Para el CNE, la realización de los 45 encuentros representa uno de los principales retos logísticos de la campaña electoral, debido a la necesidad de coordinar transmisiones, moderadores, seguridad, producción técnica y participación.

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez regresó este 6 de octubre a la cárcel del Encuentro tras recibir alta médica por cirugía de vesícula.
• Su abogado, Julio César Cueva, dijo que el traslado se reservó por seguridad y coordinación.
• El alcalde de Guayaquil continúa en la cárcel de Santa Elena mientras enfrenta procesos judiciales.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado nuevamente al Centro de Privación de Libertad del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, luego de permanecer varios días en una clínica de Guayaquil por una intervención quirúrgica en la vesícula.

La información fue confirmada este martes 6 de octubre por su abogado, Julio César Cueva, a través de una publicación en la red social X. "En este momento el señor Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez está siendo trasladado de regreso al Encuentro. Su traslado no tuvo hora exacta por razones de seguridad y coordinación por lo cual no pudo ser informado oportunamente".

Retorno a prisión tras recuperación médica

El retorno del alcalde ocurre después de que fuera sometido a una cirugía de emergencia el 2 de octubre, tras presentar complicaciones derivadas de una afección en la vesícula. 

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Aquiles Álvarez fue trasladado desde la cárcel de del Encuentro hasta la Clínica Alcívar, en Guayaquil, donde recibió atención especializada y permaneció bajo observación médica durante su recuperación.

Durante los días posteriores a la intervención, su defensa informó que la evolución del funcionario era favorable y que continuaba siendo monitoreado por el equipo médico encargado de su tratamiento.

La cirugía que motivó su traslado

El traslado médico fue autorizado luego de que personal de salud determinara que el alcalde requería atención especializada por una afección en la vesícula que no podía ser atendida dentro del centro penitenciario. Tras su ingreso a la clínica, los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente de manera urgente.

La defensa había señalado inicialmente que el período de recuperación sería de aproximadamente 48 horas, aunque la fecha definitiva del alta quedó sujeta a la valoración de los especialistas que supervisaban su evolución clínica.

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El contexto judicial de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez permanece privado de libertad desde febrero de 2026, cuando fue detenido en el marco del denominado caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos. Tras su captura fue enviado inicialmente al centro penitenciario de Latacunga y posteriormente trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena.

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Además, el alcalde de Guayaquil ha enfrentado otros procesos judiciales vinculados a los casos Triple A y Grillete. También mantiene recursos legales para cuestionar su traslado a la cárcel del Encuentro, una medida que su defensa ha considerado injustificada.

Con su alta médica y retorno al centro penitenciario de Santa Elena, el burgomaestre continuará afrontando desde prisión los procesos judiciales que siguen en curso en su contra

Lo que debes saber

• El Gobierno busca que las seccionales sean un juicio al correísmo y no una evaluación de la gestión de Daniel Noboa.
  
• La ofensiva contra Correa también intenta frenar la idea de que Noboa se convirtió en una versión del expresidente.

Entre las estrategias del Gobierno para conseguir buenos resultados en las venideras elecciones seccionales hay una que es particularmente llamativa: la de posicionarse como la única y auténtica fuerza política que combate al correísmo.

Se trata de una estrategia que se visualiza en varios factores y cuya cronología no es muy difícil de identificar. El 28 de agosto, después de que José Serrano fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, Noboa no se limitó a anunciar el traslado. Lo presentó como la llegada de un “ministro del Interior de Correa” y añadió, dirigiéndose directamente al expresidente: “Ya mismo te toca a ti”.

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El 11 de septiembre, John Reimberg llevó el mensaje un paso más lejos: dijo que en la Cárcel del Encuentro había una cama para Correa y que era “cuestión de tiempo” para que quienes, según él, habían causado la crisis de seguridad respondieran ante la justicia.

Y el 30 de septiembre, justamente en el aniversario del 30S, José Julio Neira publicó un video de más de seis minutos en el que conectó a José Serrano con el episodio del 30S y con otros hechos del período correísta, para terminar hablando de los prófugos y de que sus “días de lujo y rabietas” estaban por terminar.

El Gobierno desplaza el debate de lo importante

¿Por qué, entonces, este operativo precisamente cuando se acercan las elecciones? Las posibilidades son varias y ninguna es necesariamente excluyente de las otras.

Una de ellas es que, frente a las críticas y frustraciones del electorado, el Gobierno quiere colocar a los votantes ante una disyuntiva que le haga olvidar el presente para que vuelva al pasado. La idea es desplazar la discusión desde cuestiones sobre las cuales el Gobierno puede ser evaluado (economía, empleo, seguridad, servicios públicos, déficit, energía, medicinas) hacia otro terreno más relacionado con el pasado.

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El Gobierno quiere, entonces, desplazar la pregunta ‘¿Cómo está gobernando Noboa?’ a ‘¿Queremos que vuelva el correísmo?’. En otras palabras, mientras la oposición quiere que estas elecciones sean un juicio sobre Noboa, el Gobierno hace lo necesario para que se conviertan en un juicio sobre Rafael Correa.

La strategia busca blindar a Noboa de las comparaciones con Correa

Otra estrategia es aniquilar, en redes sociales y en la opinión pública, cualquier posibilidad de que se equipare a Correa con Noboa, cosa que ha estado ocurriendo, en especial, desde hace un par de semanas. Al Gobierno no le resulta cómodo el tema que se ha instalado en redes sociales, que sin duda son un reflejo de la opinión pública: que Noboa es igual o peor que Correa porque ha demostrado ser autoritario (persigue a los medios y a los potenciales adversarios electorales), con el agravante de que ha fracasado a la hora de solucionar los grandes problemas de la sociedad, como el déficit de medicinas o de energía eléctrica.

¿Cómo desterrar de la conversación esa equivalencia entre Correa y Noboa? Sencillo: atacar a Correa nuevamente y a todo lo que representa. Lo del anuncio (figurado, claro) de que hay una cama lista en la Cárcel del Encuentro para Correa y el video de Neira sobre el 30S y José Serrano son ejemplos de un esfuerzo por conseguir que no se compare a Noboa con Correa, cuando existe el temor de que a los candidatos correístas les pueda ir bien en las elecciones.

No hay que perder de vista que esta equiparación de Noboa con Correa, que ha aparecido recientemente en la conversación nacional, tiene un enorme potencial electoral para la oposición, porque ataca uno de los activos políticos fundamentales con los que Noboa llegó al poder: precisamente la promesa de evitar el retorno del correísmo.

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Noboa, antes de llegar al Gobierno e incluso antes de sus campañas electorales, es decir cuando era asambleísta de Santa Elena o incluso antes, cuando era un ciudadano cualquiera, jamás se mostró como un anticorreísta. Todo lo contrario: mantuvo silencio ante los atropellos del correísmo. Entonces, cuando empieza a circular una idea como ‘nos prometieron que Noboa evitaría el autoritarismo y ahora Noboa se parece a Correa’, se amenaza una parte importante de la justificación política del noboísmo.

Miedo al pasado y promesas de futuro

Noboa necesita que la identidad política siga siendo que él no es igual a Correa. Por eso, la respuesta ‘Noboa no es Correa’ tiene una función política mucho más profunda que una simple discusión histórica. Es un mecanismo de defensa identitaria.

Por eso, cuando comenzó a instalarse en redes y en sectores de opinión la idea de que Noboa podía estar convirtiéndose en una versión de Correa, desde el entorno oficialista, que incluye las cuentas de redes sociales empáticas con el Gobierno, apareció con fuerza la contranarrativa de que Noboa no es Correa.

Aquí se puede incluir el anuncio de Noboa de que aumentará de 150.000 a 700.000 los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Puede ser que la decisión no tenga ni un solo asidero presupuestario, pero cumple una función complementaria a la de la campaña anticorreísta: es una fórmula políticamente rentable que recuerda a los electores aquello de lo que deben tener miedo del pasado y, al mismo tiempo, les muestra aquello que pueden esperar.

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El pasado funciona como amenaza y el futuro como promesa. En otras palabras, volver al pasado para revivir el fantasma de Correa y abrir, al mismo tiempo, una ventana al futuro: miedo a lo que puede volver y promesa de lo que está por venir.

El Gobierno mira simultáneamente por el retrovisor y por el parabrisas: en el retrovisor, Correa; por el parabrisas, 800 dólares para 700.000 jóvenes.

Lo que debes saber

• Alexandro Tonello busca retener la Prefectura de Pichincha, bastión clave para el correísmo.
• Sin la Revolución Ciudadana en la papeleta, Tonello compite bajo la Alianza Ciudadana.
• El exviceprefecto enfrenta el reto de la continuidad y el escrutinio a su patrimonio.

Alexandro Tonello, la carta del correísmo para la Prefectura de Pichincha, no solo carga con el reto de mantener la continuidad del proyecto de la actual prefecta, Paola Pabón. En el actual tablero político, Pichincha podría convertirse en el último bastión que el correísmo puede disputar.

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Suspensión de la Revolución Ciudadana y el caso Caja Chica

Tonello llega sin partido propio, al menos en lo que tiene que ver con la lista que auspicia su candidatura. La Revolución Ciudadana fue suspendida por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado. Lo que se conoce de esa investigación es que está relacionada con el denominado caso Caja Chica, que indaga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo en 2023.

Eso obligó a la Revolución Ciudadana a buscar el auspicio de otros movimientos. Uno de ellos fue Amigo que también fue suspendido por el TCE.

El respaldo de la Alianza Ciudadana tras los bloqueos electorales

Los candidatos del correísmo optaron entonces por alianzas con diferentes movimientos. Lograron acercarse a quienes antes fueron algunos de sus críticos más fuertes desde la misma izquierda y a quienes cuestionaron durante y después del gobierno de Rafael Correa.

Tonello busca ahora la Prefectura de Pichincha de la mano de la denominada Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular, antes conocido como MPD.

El reto no es menor. La situación electoral del correísmo y el rol protagónico de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE derivaron, por ejemplo, en la negativa a calificar a Luisa González como candidata a la Prefectura de Manabí de la mano de Pachakutik. Esa provincia, desde que el correísmo llegó al poder, ha sido uno de sus principales bastiones. En estas elecciones, la Revolución Ciudadana no tendrá allí candidato.

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Pichincha: el bastión histórico del correísmo y la figura de Tonello

El otro bastión que el correísmo ha mantenido bajo su control desde la época de Alianza PAIS y, posteriormente, de la Revolución Ciudadana es la Prefectura de Pichincha. De ahí la trascendencia de estas elecciones para este movimiento político.

Tonello debutó en un cargo de elección popular como viceprefecto. Acompañó a Paola Pabón durante sus dos períodos. Su candidatura tiene, por eso, una carga política mayor que la de un simple relevo administrativo. Tonello no llega a la contienda para marcar distancia con la gestión de Pabón. Su trayectoria está ligada a ella.

Perfil empresarial, patrimonio declarado e impuestos del candidato

El aspirante a la Prefectura es ingeniero agrónomo por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. En la Superintendencia de Compañías registra actividad como accionista en Corporación La Favorita y en Tonello Soluciones Integrales. En esta última empresa tiene un capital de 450.000 dólares.

En el ámbito empresarial, únicamente registra actividad como gerente de Tonello Soluciones. Asimismo, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), el año en que más pagó por Impuesto a la Renta fue 2022, cuando canceló 5.716,51 dólares.

Su patrimonio, según la Contraloría General del Estado, asciende a 3.202.367,38 dólares. Si se toma como referencia su ingreso al servicio público como viceprefecto, en 2019, el patrimonio declarado se ha reducido. Ese año reportó 4.507.329 dólares.

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Evaluación técnica y el impacto de la conversación digital

Para Diego Cevallos, integrante de GobernanzaEC y dedicado al estudio de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Tonello tiene, después de siete años en la Prefectura, la ventaja de conocer la situación institucional y la realidad de la provincia.

Sin embargo, lo que está en juego, según el experto, es “ver sus cualidades como líder, como gestor político, para hacer que la planificación se cumpla y que existan los consensos mínimos en el legislativo provincial que permita materializar la aprobación de proyectos de interés para la provincia”.

Huella digital y el desafío electoral frente al oficialismo

Su experiencia en el cargo y su vinculación con la actual administración también pueden convertirse en un contrapunto para su candidatura. La consultora política digital Alondra Enríquez señaló que Tonello también está asociado a las críticas que recibe la actual Prefectura.

Su análisis parte de la conversación digital. Enríquez señaló que, al menos en el ámbito de las redes sociales, la incidencia de Tonello es baja. Esto, si se toma en cuenta, por ejemplo, casos como el de Pabel Muñoz, alcalde y candidato a la reelección, quien mantiene una alta participación en el entorno digital.

“Dentro de la comunicación en redes sociales, Tonello viene de una conversación negativa en un 40%”, señaló la experta. En ese escenario, Tonello busca mantener el último de los bastiones del correísmo frente al oficialismo.

Lo que debes saber

• Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial.
• El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial. El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

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- Usted ha formado parte de Democracia Sí y de SUMA. Ahora busca la Alcaldía con Sociedad Patriótica. ¿Qué motivó esos cambios de organizaciones políticas?

Si bien es cierto los partidos trascienden muchas veces las candidaturas, pienso que las propuestas, sobre todo las ciudadanas, deben trascender a los partidos (...) Ellos (PSP) me hicieron una invitación muy gentil para poder presentar una propuesta para Guayaquil en función de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Esta invitación me la hacen sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de condicionamiento, únicamente que se pueda construir (la propuesta) en conjunto con las distintas instancias, equipos y niveles de la sociedad guayaquileña.

- Usted ocupó varios cargos durante el correísmo. ¿Por qué no decidió buscar el respaldo de una organización política vinculada a esa corriente?

Porque mi intervención en la función pública ha estado siempre ligada con el servicio (...) Mi participación (en ese gobierno) nunca fue política como tal, fue siempre técnica, profesional.

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- ¿Cuál será su estrategia concreta para enfrentar la inseguridad en Guayaquil? ¿Qué papel va a tener Segura EP, actualmente manejada por el Gobierno central?

- Más allá de las competencias en seguridad, que están bien definidas en la ley, lo que va a hacer el Municipio es apoyar en las tareas y obligaciones ineludibles que son de manera preventiva: el monitoreo virtual permanente a través de sistemas que estén apoyados en inteligencia artificial predictiva, articulado con los sistemas del ECU-911 y de la Policía Nacional. Vamos a implementar 25.000 nuevas luminarias con tecnología led y telegestión, para poder eliminar todos esos puntos ciegos en mercados, corredores y vías estratégicas que son utilizados por la delincuencia. Vamos a apostar (por) la conformación de comités de seguridad barrial, que estén equipados con botones de pánico y que tengan alarmas...

- Usted habla de ‘generar oportunidades para los guayaquileños’. ¿A qué se refiere concretamente?

Vamos a formalizar por lo menos a 15.000 comerciantes a través de la construcción de espacios (como) centros de comercio popular y puntos de venta itinerante donde se los pueda reubicar. Vamos a crear un capital de inversión semilla, en alianza estratégica con la banca pública, específicamente la Conafips, para que puedan ser sujetos de créditos con tasas preferenciales; (vamos a crear) ventanas digitales para que todos los trámites y los requisitos que se pidan al microempresario, al pequeño emprendedor, puedan ser más fáciles.

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- Usted habla de formalizar a 15.000 comerciantes. ¿Cómo va a garantizar que esa propuesta se cumpla?

Cuando existe voluntad política, cuando existe capacidad de gestión dentro de una planificación estructurada y técnica, todo es posible. (...) Yo le aseguro que esta administración tendrá la suficiente capacidad a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel operativo, para poder solventar todos esos costos. El Municipio de Guayaquil tiene una capacidad de autogestión ya probada y robusta, proyectada más o menos en 430 millones de dólares al año. ¿Eso qué nos va a permitir? Presentar proyectos, por ejemplo, para poder acceder a créditos de líneas multilaterales.

- La actual administración municipal habla de trabas por parte del Sercop a los procesos de contratación de obras. ¿De qué manera va a garantizar que se cumplan las obras que ofrece? ¿Llegando a un acuerdo con el Gobierno central?

El acuerdo debe ser siempre trabajar en función de los intereses ciudadanos, del bienestar colectivo. No pueden interponerse trabas o intereses políticos en el desarrollo de la gente y sus ciudades. Nuestra postura va a ser que si existe algún tipo de problema a nivel político, eso no detenga el desarrollo de las ciudades. Nuestra postura va a ser permanentemente trabajar en conjunto (con el Gobierno).

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- En la Bahía existe el problema del bodegaje sin control. ¿Cómo su administración municipal va a controlar aquello?

Justamente lo que le decía respecto al proyecto de formalización de los comerciantes. Contempla también que puntos críticos como la Bahía de Guayaquil pasen a tener un mejor manejo, mucho más formal, mucho más controlado y podamos evaluar inclusive medidas de seguridad permanentes para poder evitar tragedias.

- ¿Plantearía mover el bodegaje del centro de Guayaquil hacia otro sitio de la ciudad?

Eso tendría que obedecer a un estudio técnico.

- ¿Cómo mejorará el centro para que se vuelva un punto turístico clave de Guayaquil?

Esto es un círculo que debemos romper, porque pasa por la inseguridad, (...) a través de un plan que puede ser modelo, para luego implementarlo en otros sectores que requieren una intervención integral, no solamente en seguridad, iluminación, atención de puntos críticos de basura, rehabilitar áreas verdes, sino también en una campaña permanente de concientización y de fortalecimiento a la ciudadanía a nivel de cultura, a nivel del manejo de sus costumbres, de sus hábitos y poder impulsar un comercio responsable.

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- El tránsito es un problema creciente en Guayaquil. ¿Cómo actuará?

Proponemos un diagnóstico técnico, que lo haremos durante los primeros seis meses de gestión, para ver cuáles son los distintos puntos críticos y de congestión donde se pierde más tiempo. Vamos a implementar tres niveles de intervención. (Primero) Sincronización de semáforos, reingeniería en señalización (...) Un segundo nivel, con solución de corredores, rehabilitación vial y posicionamiento de políticas de seguridad vial e intervención peatonal, transportación pública. Y un tercer nivel de solución de infraestructuras mayores. Tiene que venir de la mano con una depuración, una reestructuración de la Agencia de Tránsito Municipal.

- En su eventual administración, ¿mantendrá la idea de construir un aeropuerto en Daular, en la congestionada vía a la costa? ¿O cree, como el Gobierno central, que debe construirse un aeropuerto en Taura?

Eso tiene que responder nuevamente a un levantamiento técnico profesional que se haga sobre el tema.

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Retorno del Pleno a la urbe porteña

La presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno Dávila, formalizó la invitación dirigida a autoridades y medios de comunicación para el evento cívico, cuya sede estará ubicada en la intersección de la avenida Lizardo García y la calle José Vélez, en el centro de la urbe porteña.

Esta visita del Parlamento marca su segundo traslado oficial al Puerto Principal durante el 2026. Apenas en julio pasado, los asambleístas instalaron una sesión similar en el campus de la Universidad Ecotec como parte de la conmemoración por los 491 años de fundación de Guayaquil, encuentro en el que entregaron reconocimientos a personalidades e instituciones.

Para esta nueva ocasión, la estructura del cronograma se enmarca exclusivamente en el aniversario de la gesta de 1820.

Horario y lugar 

Política

Juicio político a Rosero: peritajes y recorrido marcan el cierre de la fase de pruebas

Edison Andrés García Yépez

Con seis votos a favor, de legisladores del movimiento oficialista ADN, y la abstención de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), la mesa dio paso al inicio de la sustanciación del juicio político. En esta etapa se analizarán los elementos que sustentan la acusación presentada por Sergio Peña.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, María Paula Villacreses Herrera, de ADN, actuó como presidenta durante la sesión.

A Rosero se lo acusa de un presunto conflicto de intereses por haberse reunido supuestamente con Inés Romero, jueza y postulante al cargo de Fiscal General del Estado. Como parte de la acusación, Peña presentó videos, fotografías y un análisis de metadatos.

Política

Juicio político David Rosero: vocal del CPCCS habla de imágenes manipuladas para su proceso

Daniel Alejandro Romero Páez

Esto planteó la Revolución Ciudadana sobre enjuiciar a David Rosero

Durante el debate, Ana Herrera, legisladora de la Revolución Ciudadana, cuestionó la forma en que se han tramitado los procesos de juicio político. Señaló que cada vez que participa en uno de estos procedimientos termina “más sorprendida y no de forma grata”.

“Los estándares y la vara son diferentes”, afirmó Herrera, en referencia a la actuación de la bancada de Gobierno frente al pedido de juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La legisladora sostuvo que, para determinar si existió un incumplimiento de funciones, no bastan señalamientos o indicios de presuntas irregularidades, según se dijo en el caso de Manzano.

“Solo existen fotografías y se quedó abierta la discusión sobre el origen de la evidencia”, señaló.

Por su parte, el legislador correísta Amable Chica manifestó que resulta difícil formular observaciones cuando estas no son tomadas en cuenta. “No podemos tirar al traste un trabajo de fiscalización”, afirmó.

Chica también cuestionó los elementos presentados contra Rosero y sostuvo que la defensa del vocal dejó en evidencia que el proponente no habría demostrado cuándo se realizaron los hechos registrados en las pruebas. “La defensa de David Rosero dejó en claro que el proponente no demostró que la pericia no dio fecha ni hora”, señaló.

Con la aprobación del informe, el proceso continuará con la sustanciación del juicio político, en la que se deberán analizar los argumentos de la acusación y de la defensa de Rosero.

Lo que debes saber

• Un video muestra presuntas agresiones de militares contra presos en la cárcel de Esmeraldas.
• Organizaciones de derechos humanos piden investigar si hubo tortura.
• Las Fuerzas Armadas aseguran que actuaron ante resistencia durante el operativo.

El video de un grupo de militares golpeando a personas privadas de libertad en la Cárcel de Esmeraldas encendió las alertas de las organizaciones de derechos humanos. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador exige ahora a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo investigar de inmediato lo ocurrido y determinar si hubo tortura durante el operativo.

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El primer pedido a Fiscalía

El pronunciamiento, difundido este lunes 5 de octubre de 2026, señala que las escenas corresponderían a un operativo militar ejecutado el 3 de octubre en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Esmeraldas N.º 1. La organización advierte que recibió además denuncias de familiares sobre agresiones similares contra otros internos y que el contexto de encierro aumenta el riesgo de intimidaciones, represalias y alteración de evidencias.

La primera exigencia está dirigida a la Fiscalía General del Estado: “abrir de oficio e inmediatamente una investigación por el presunto delito de tortura”. La Alianza pide que las indagaciones no se limiten inicialmente a delitos de menor gravedad y que se determine la posible participación, autoría, complicidad, aquiescencia u omisión de agentes estatales y superiores.

Además, solicita identificar individualmente a todos los militares que intervinieron en el procedimiento, además de establecer sus unidades, grados, funciones y cadena de mando. También plantea recopilar las órdenes de operaciones, partes, informes y el listado completo del personal desplegado, mientras que las versiones de internos, testigos, funcionarios penitenciarios, médicos y familiares deberán recibirse con confidencialidad y sin presencia de miembros de las instituciones denunciadas.

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La búsqueda de pruebas y protección

Otro de los pedidos apunta a la evidencia física y digital: valoraciones médico-legales y psicológicas independientes, fotografías de lesiones y aplicación del Protocolo de Estambul. A esto se suma la preservación y extracción forense de videos, cámaras de seguridad, posibles cámaras corporales, teléfonos celulares, libros de novedades, comunicaciones, registros de ingreso y salida y demás documentos relacionados con la intervención.

La Alianza también reclama una investigación específica por los ataques digitales y amenazas que, según su pronunciamiento, habría recibido Fernando Bastias Robayo, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), después de denunciar públicamente el caso. Pide identificar las cuentas vinculadas, preservar la evidencia, determinar si existe relación con su trabajo como defensor de derechos humanos y realizar una evaluación de riesgo que permita adoptar medidas de protección con su consentimiento.

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La Defensoría también es requerida

Asimismo, a la Defensoría del Pueblo le plantea activar de inmediato sus competencias y las del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con una visita sin previo aviso al centro penitenciario. La organización exige entrevistas privadas y confidenciales con las personas privadas de libertad, además de una investigación defensorial sobre la actuación militar y las posibles responsabilidades institucionales.

El pronunciamiento cierra con una advertencia: “Cada hora que transcurre puede significar pérdida de evidencia, desaparición de lesiones físicas y aumento del riesgo”. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas sostienen que durante el operativo hubo resistencia, agresiones verbales y empujones contra los uniformados, y justificaron que, luego de que los medios disuasivos no permitieran recuperar el control, adoptaron “medidas más firmes”.

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Pronunciamiento de las FF. AA.

El domingo 4 de octubre, las Fuerzas Armadas defendieron su actuación durante el operativo realizado en la Cárcel de Esmeraldas y señalaron que se establecieron áreas de contención y medidas de seguridad para reducir los riesgos tanto para los uniformados como para las personas privadas de libertad. La institución sostuvo que la intervención se desarrolló en medio de varias alteraciones del orden, entre ellas actos de resistencia, agresiones verbales y empujones contra el personal militar.

Según el pronunciamiento castrense, los medios disuasivos utilizados inicialmente no permitieron restablecer el control de la situación. Ante ese escenario, los militares aseguran que fue necesario adoptar “medidas más firmes”, aplicadas en función del nivel de resistencia registrado durante el procedimiento.

Lo que debes saber

• La impresión de papeletas comenzó este 5 de octubre.
• Los comicios se realizarán el 29 de noviembre de 2026.
• Los electores recibirán papeletas con mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones.

Este lunes 5 de octubre comenzó la impresión de las papeletas que se utilizarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2026, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026. El proceso arrancó con las papeletas para alcaldes y prefectos de Galápagos y continuará con las correspondientes a Santa Elena, Zamora Chinchipe y Carchi.

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84,7 millones de papeletas para los comicios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que, en total, se imprimirán 84’756.938 papeletas para que los ecuatorianos elijan prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y a los siete integrantes del CPCCS. El material electoral incorporará tecnología de alta seguridad para evitar falsificaciones, alteraciones, duplicaciones o sustituciones durante el proceso.

Entre los mecanismos de protección constan efectos anticopia, microtextos con diferentes tramados y códigos de barras, además de tintas especiales, señala la entidad electoral. Estas medidas buscan garantizar que las papeletas que lleguen a los recintos electorales correspondan al material elaborado para los comicios.

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Tres papeletas para elegir al CPCC

Para la elección de los siete vocales del CPCCS se utilizarán tres papeletas, todas en formato A4 y con tres filas de candidatos, de acuerdo con las listas de hombres, mujeres y Pueblos y Nacionalidades. Los colores permitirán diferenciarlas: rosa para mujeres, amarilla para hombres y naranja para Pueblos y Nacionalidades.

En noviembre, los electores deberán escoger tres representantes de la lista de hombres, tres de la lista de mujeres y uno de Pueblos y Nacionalidades. Para esta elección constan 26 candidatas mujeres, 38 candidatos hombres y una candidata por Pueblos y Nacionalidades.

Lo que debes saber

• Expreso dejará de circular en papel el 9 de octubre tras anunciar su paso a digital.
• SIP y Fundamedios alertan por presiones contra Expreso y la libertad de prensa.
• ODJ expresó preocupación en Quito por el cierre impreso de Expreso este 5 de octubre.

La decisión de que EXPRESO deje de circular en formato impreso desde el próximo 9 de octubre continúa generando reacciones. Diversas organizaciones relacionadas con la libertad de expresión y el seguimiento de los derechos democráticos han expresado preocupación por el contexto en el que se produce la medida y sus posibles efectos sobre el pluralismo informativo.

El diario, editado por Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), mantendrá su operación en formato digital, mientras que EXTRA, el otro medio del grupo, continuará circulando tanto en papel como en digital. 

La decisión se da por un proceso de revisión financiera de la compañía y con una convocatoria a una junta extraordinaria de accionistas para el 13 de octubre, en la que se analizará la situación económica de la empresa y la posible venta de activos y marcas.

SIP pide frenar presiones contra medios

La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó el cierre de la edición impresa y pidió a las autoridades ecuatorianas garantizar condiciones para el ejercicio periodístico.

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El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo que el fin de la circulación en papel de un medio con décadas de trayectoria ocurre en un contexto marcado por denuncias de presiones estatales.

"Lamentamos que un diario con más de cinco décadas de trayectoria deje de circular en papel. Más allá de las decisiones empresariales que corresponden exclusivamente a sus propietarios, resulta imposible ignorar el contexto de sostenidas presiones que ha rodeado a Granasa", señaló.

La organización también exhortó al Estado a cesar cualquier forma de hostigamiento contra medios, periodistas y directivos de empresas periodísticas.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que el deterioro económico de un medio no puede analizarse de manera aislada cuando existen denuncias previas de presiones administrativas, económicas y judiciales.

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Fundamedios vincula el cierre con un año de conflictos

En una alerta publicada el 4 de octubre, Fundamedios señaló que el cese de la edición impresa ocurre después de más de un año de conflictos entre el Estado y Granasa. Entre los hechos mencionados figuran auditorías tributarias, allanamientos relacionados con una investigación por presunta evasión tributaria, disputas societarias e intervenciones regulatorias sobre la compañía.

La organización indicó que periodistas de Expreso ya fueron informados sobre el cierre definitivo de la versión impresa y aseguró que, hasta el momento, no se ha confirmado el número de trabajadores que podrían resultar afectados.

Fundamedios sostiene que, aunque la medida tiene un componente empresarial, los acontecimientos ocurridos durante los últimos meses configuran un escenario que podría afectar la sostenibilidad económica de un medio de comunicación con una línea editorial crítica.

CNA y Observatorio de Derechos y Justicia se pronuncian

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) calificó el escenario que enfrenta Expreso como "extremadamente grave" y expresó preocupación por lo que considera una reducción de espacios para la opinión crítica en el país.

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A ese pronunciamiento se sumó el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que difundió un comunicado este 5 de octubre. En el documento, la organización manifestó su "profunda preocupación" por el fin de la edición impresa del periódico.

El ODJ señaló que la decisión se produce después de "varios meses de soportar hostigamiento administrativo y judicial" y aseguró que el medio enfrentó "intentos gubernamentales de captura societaria y censura contra sus columnistas y representantes", por lo que consideró que el cierre de la edición impresa sería consecuencia de agresiones directas e indirectas contra la libertad de expresión.

Además, expresó su solidaridad con Editorial Granasa, sus accionistas, directivos, periodistas y editorialistas, y advirtió sobre el impacto que esta situación tendría en la estructura democrática del país, según el comunicado fechado en Quito el 5 de octubre de 2026.

Lo que debes saber

• Llanes pide a la Corte Constitucional resolver con urgencia su postulación al CPCCS.
• El avance del cronograma electoral presiona la definición de las candidaturas.
• La descalificación fue ratificada por el TCE debido a un certificado de la UAFE.

El activista y exasambleísta Henry Llanes acudió este 5 de octubre de 2026 a la Corte Constitucional para solicitar el trámite urgente de una acción extraordinaria de protección, recurso interpuesto con el fin de revertir su descalificación como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La petición se formalizó mediante la entrega de su solicitud en la sede del organismo en Quito, motivada por los plazos del calendario electoral en marcha.

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El avance del cronograma electoral y el pedido de celeridad

Llanes acudió a la sede constitucional en compañía de Patricio Acosta, quien también fue descalificado del proceso de selección al CPCCS. Durante la jornada, Llanes puntualizó que la celeridad en la resolución es indispensable frente a los tiempos fijados para los comicios:

"No se detiene (el cronograma), a pesar de que el presidente del CNE dijo que podrían aplazar las elecciones", dijo.

Como antecedente jurídico favorable a su reclamo, el exlegislador recordó la existencia de un fallo emitido previamente por la Corte Constitucional, el cual viabilizó en su momento la participación de Pabel Muñoz en la contienda por la Alcaldía de Quito, pese a que su candidatura enfrentó impugnaciones.

Los reclamos de Patricio Acosta

Por su parte, Patricio Acosta rechazó su exclusión de la contienda electoral y calificó la medida como un "discrimen", fundamentado en su condición de representante de la lista de Pueblos y Nacionalidades.

Acosta advirtió irregularidades en la conformación de las listas y sostuvo: "Es inédito que haya una sola candidata y sin un alterno", en referencia a Martha Susana Toapanta Cuascota, la única candidata calificada. 

Asimismo, el postulante descalificado catalogó este escenario como un engaño para el electorado.

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Antecedentes y fases de la descalificación de Henry Llanes

La controversia legal sobre la postulación de Llanes se ha desarrollado a través de las siguientes etapas e instancias jurídicas:

Lo que debes saber

• Judicatura seleccionará 222 jueces temporales para cubrir déficit nacional de 729 vacantes.
• Guayas, Pichincha y Manabí requieren más jueces por alta demanda de causas judiciales.
• Servidores con cinco años en la Función Judicial podrán postular al proceso extraordinario.

El sistema judicial ecuatoriano incorporará 222 jueces temporales como parte de un mecanismo extraordinario impulsado por el Consejo de la Judicatura para reducir el déficit de operadores de justicia y evitar que varias dependencias continúen funcionando con una capacidad limitada.

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La decisión fue aprobada por unanimidad por el pleno del organismo y forma parte de las acciones derivadas de la declaratoria de emergencia en la Función Judicial, emitida meses atrás ante la escasez de jueces y la creciente carga procesal en los tribunales del país.

Según la información difundida por la Judicatura, la selección estará dirigida exclusivamente a servidores judiciales que ya forman parte de la institución y que acrediten al menos cinco años de experiencia dentro de la Función Judicial. También deberán cumplir requisitos relacionados con formación profesional, experiencia e idoneidad para el cargo.

Déficit supera las 700 vacantes

La medida busca atender una brecha que, según los informes técnicos de la Judicatura, alcanza entre 729 y 735 jueces a escala nacional. La mayor parte del déficit corresponde a unidades judiciales de primer nivel, aunque también existen vacantes en cortes provinciales, tribunales distritales y tribunales penales.

Los reportes institucionales identifican que las áreas con mayores carencias son las materias civil y multicompetente, donde se concentra una parte importante de las causas represadas. Además, cerca del 54 % de las dependencias judiciales se encuentra en estado crítico o de alerta debido a la falta de personal jurisdiccional.

Actualmente, Ecuador cuenta con 437 dependencias judiciales y alrededor de 1.765 jueces activos, cifras que, según los diagnósticos del organismo, resultan insuficientes para cubrir la demanda existente.

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¿Cómo se aplicará la medida?

La convocatoria será interna y podrán postular secretarios, ayudantes judiciales y otros funcionarios que cuenten con nombramientos definitivos, provisionales o contratos ocasionales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

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Los seleccionados ocuparán temporalmente cargos de juez de Unidad Multicompetente, juez de Unidad Penal y juez de Unidad No Penal. Antes de asumir funciones deberán aprobar evaluaciones técnicas y procesos de formación impartidos por la Función Judicial.

El procedimiento contempla varias etapas que incluyen:

Provincias con mayores necesidades

Los informes técnicos establecen que las mayores necesidades de jueces se concentran en provincias como Guayas, Pichincha y Manabí. En el caso de Guayas, la demanda de operadores judiciales supera el medio centenar de vacantes temporales requeridas.

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También se han identificado necesidades prioritarias en El Oro, Esmeraldas, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, territorios donde la falta de juzgadores ha impactado los tiempos de despacho y resolución de causas.

La Judicatura ha insistido en que este mecanismo extraordinario no reemplaza los concursos públicos de méritos y oposición, sino que busca mantener operativas las dependencias judiciales mientras se desarrollan procesos estructurales para cubrir las vacantes permanentes.

Lo que debes saber

• José Cabrera, presidente del CNE, indicó que si una emergencia de gran magnitud impide instalar las mesas de votación en una determinada zona, podría plantearse un cambio en la fecha de los comicios.
• El Código de la Democracia no contempla de manera específica el escenario planteado por el presidente Cabrera, pero sí habla de repetición.
• El experto electoral Esteban Ron sostiene que el CNE tendría la posibilidad de modificar nuevamente la fecha de las elecciones, siempre que sustente la decisión con una adecuada motivación administrativa e informes técnicos actualizados, especialmente sobre las condiciones climáticas.
• Según explicó, una sentencia del TCE dejó abierta esa opción al establecer que no existe una restricción para que los comicios se realicen en un año distinto al de la posesión de las autoridades.

Las fuertes lluvias afectan a varias localidades del país desde finales de septiembre. En algunos cantones se ha declarado la emergencia debido a los daños provocados por las intensas precipitaciones, registradas a pocas semanas de las elecciones seccionales de noviembre.

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El jueves 1 de octubre, José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que, si una emergencia de gran magnitud impide instalar las mesas de votación en una determinada zona, podría plantearse un cambio en la fecha de los comicios.

El funcionario dijo que, de ocurrir una situación de fuerza mayor, "el Código de la Democracia establece que se pueden suspender elecciones, establece que se pueden aplazar en casos de fuerza mayor, también está contemplado".

El titular del CNE señaló que el organismo cuenta con recintos alternativos que pueden ser habilitados en caso de que los lugares previstos originalmente sufran afectaciones.

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La situación se complicaría si el impacto de las lluvias abarcara a una localidad entera y no hubiera espacios adecuados para instalar las juntas receptoras del voto.

"Si todo el sector tiene una catástrofe, tendremos que aplazar y podríamos repetir esas elecciones o hacer esas elecciones en diciembre, enero, febrero", señaló.

Cabrera advirtió, sin embargo, que cualquier modificación del cronograma electoral tendría un límite marcado por la fecha prevista para la posesión de las autoridades.

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"La cuestión es que tienen que llegar las autoridades electas a posesionarse el 14 de mayo que es la fecha inamovible en la Constitución de la República", sostuvo.

¿Qué dice el Código de la Democracia?

El Código de la Democracia no contempla de manera específica el escenario planteado por el presidente Cabrera, pero sí habla de repetición.

En el artículo 147, la normativa contempla la declaración de nulidad de las elecciones en los siguientes casos:

El artículo 148 expone: "Si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiere el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiare en detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá, hasta dentro de diez días, que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas".

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TCE "dejó abierta la posibilidad de que el CNE pueda cambiar las fechas de las elecciones", según experto

Esteban Ron, experto electoral, considera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría margen para modificar nuevamente la fecha de las elecciones, pese a las dudas que inicialmente existían sobre esa facultad.

Según explicó, una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), emitida tras la impugnación al primer cambio de fecha (de febrero del 2027 a noviembre del 2026), permitió interpretar que no existe una prohibición para que los comicios se realicen en un año distinto al de la posesión de las nuevas autoridades.

“Eso dejó abierta la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral inclusive pueda cambiar las fechas de las elecciones, de acuerdo a la motivación adecuada”, sostuvo Ron.

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Señaló que el organismo debería justificar de manera suficiente cualquier nueva modificación del calendario y respaldarla con la información técnica correspondiente.

En caso de que el CNE decidiera regresar a una fecha anterior, Ron explicó que tendría que revertir formalmente la decisión que modificó el calendario electoral.

“En derecho se deshacen las cosas como se hacen, entonces tendría que, deshacer el primer cambio y regresar vía motivación administrativa”, señaló.

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Motivación debe ser sustentada con informes de las condiciones climatológicas

Para el experto, además, esa decisión debería sustentarse en informes técnicos actualizados sobre las condiciones climatológicas. “No hay otra restricción”, afirmó Ron.

Recordó que la Corte Constitucional no llegó a pronunciarse sobre el fondo del cambio anterior debido a que las demandas de inconstitucionalidad presentadas no estuvieron correctamente planteadas.

Por ello, considera que “sí se podría realizar un último cambio, siempre y cuando tenga la motivación y el sustento necesario”.

El más reciente señalamiento se hizo público a través de declaraciones de la Secretaría General de Integridad Pública y la Secretaría General de la Administración Pública, instituciones encabezadas por Doménica Bajaña y José Julio Neira, respectivamente. Señalaron a Zamora por el presunto delito de peculado.

Pero detrás de Zamora se suman otros casos más, incluso el que le costó la suspensión de su cargo por un lapso de seis meses.

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Suspensión del cargo de alcalde

Zamora fue suspendido de sus funciones como alcalde de Cuenca el pasado mes de mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el marco de un caso de violencia política de género en contra de una concejal de la ciudad.

La denuncia fue presentada por Diana González, concejal de oposición, ante el TCE por una serie de declaraciones que fueron hechas, en su momento, por el alcalde Zamora.

En la sentencia emitida el 28 de mayo de 2026, el juez Joaquín Viteri dispuso la suspensión de los derechos de participación política de Zamora por un lapso de seis meses. Además, determinó el pago de una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados (12.050 dólares) y medidas de reparación a favor de la denunciante.

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Cristian Zamora: Fiscalía solicita su detención por 24 horas y alega riesgo de fuga

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Enriquecimiento ilícito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito es la única que, hasta este lunes 5 de octubre de 2026, es pública y se encuentra registrada en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).

Sobre este caso se han registrado varias actuaciones. En marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos a dos inmuebles de propiedad de Zamora y al despacho de la Alcaldía de Cuenca. De estos lugares se incautaron computadoras, teléfonos celulares y documentos como indicios.

Luego, el 17 de septiembre del mismo año, se conoció que la Fiscalía Provincial del Azuay solicitó al juez que fije fecha y hora para cumplir con una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ximena Rojas, fiscal encargada de Azuay, informó que esta solicitud se fundamenta en “evidencia contundente”.

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Fiscalía solicita audiencia para formular cargos contra Cristian Zamora, alcalde de Cuenca

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Para garantizar la comparecencia de Zamora a esta audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía también solicitó, el 21 de septiembre, una orden de detención por 24 horas, alegando que el alcalde suspendido no habría cumplido con dos citaciones previas que se le habrían hecho dentro de este proceso.

Salida del país de Zamora

Actualmente, Zamora se encuentra fuera del país. El mismo 21 de septiembre dio a conocer, a través de sus redes sociales, que salió con destino a México para someterse a un tratamiento médico que permitiría mejorar su estado de salud.

En aquella ocasión, Zamora dijo estar sorprendido con la solicitud de audiencia de formulación de cargos hecha por la Fiscalía. Alegó que no ha sido escuchado previamente para rendir su versión dentro de la investigación previa.

Y desde el exterior también respondió a las acusaciones hechas por Neira, quien señaló al alcalde como presunto responsable de peculado.

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Denuncia de peculado

Neira, a través de un video publicado en redes sociales, señaló que se han presentado tres denuncias en contra de Zamora por el presunto delito de peculado. Aseguró que se habría armado una “presunta estructura de corrupción dentro de la Alcaldía de Cuenca” que favoreció a empresas vinculadas a la familia del alcalde durante la construcción de los tres hospitales municipales en las parroquias de Baños, El Valle y Ricaurte.

Lo que debes saber

• Noboa designó a Sariha Moya como delegada de Ecuador ante el BID este 5 de octubre.
• Tras salir del Ministerio, Sariha Moya asumirá un cargo internacional en el BID.
• Bernardo Cordovez reemplazó a Sariha Moya mientras ella representará a Ecuador ante el BID.

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 5 de octubre la designación de la exministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya, como delegada de Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El anuncio fue realizado durante una entrevista en Radio Centro.

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"Va a ser nuestra delegada en el BID (...) es una gran funcionaria", expresó el mandatario al confirmar el nuevo cargo de la exintegrante de su gabinete.

La decisión se conoce una semana después de la salida de Moya del Gobierno. En su reemplazo, el Ejecutivo designó a Bernardo Cordovez como titular del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Salida del Gobierno

Al dejar sus funciones, Sariha Moya difundió una carta dirigida al presidente Noboa en la que agradeció la oportunidad de haber servido al país durante casi tres años en diferentes responsabilidades dentro de la administración pública.

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Durante ese periodo ocupó cargos como titular de la Secretaría Nacional de Planificación, ministra de Economía y Finanzas y posteriormente ministra de Desarrollo Económico y Productivo, cartera que surgió de una reorganización del Ejecutivo.

En su mensaje de despedida, la exfuncionaria destacó algunos resultados de su gestión, entre ellos la recuperación del acceso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales y la mejora de la calificación crediticia externa del país hasta la categoría B con perspectiva estable.

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También señaló que durante el último año se incrementaron en más de $1.400 millones los pagos destinados a proveedores de servicios públicos y grupos vulnerables. Asimismo, sostuvo que en los últimos tres años se canceló al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) casi el doble de lo pagado entre 2021 y 2023.

Con esta designación, Sariha Moya pasará a representar a Ecuador ante el principal organismo multilateral de financiamiento para América Latina y el Caribe. 

Lo que debes saber

• Aquiles Álvarez permanece bajo atención médica en Guayaquil.
• Fue operado por una inflamación en la vesícula.
• Su defensa coordina su retorno al centro penitenciario.

Tras la cirugía de emergencia por una inflamación en la vesícula, Aquiles Álvarez se prepara para dejar la Clínica Alcívar, ubicada en el sur de Guayaquil, donde permanece bajo vigilancia médica desde la noche del viernes 2 de octubre. Su abogado, Julio César Cueva, señaló a EXPRESO que, si los médicos confirman el alta, el traslado de regreso a la Cárcel del Encuentro estaría previsto para pasado del mediodía de este lunes 5 de octubre.

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El retorno a la cárcel, en coordinación con el SNAI

El siguiente paso será coordinar con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) las condiciones para su retorno al centro penitenciario de Santa Elena. Cueva explicó que aún deben conversar con la entidad sobre aspectos como la alimentación y las recomendaciones médicas que deberán seguirse durante la recuperación de Álvarez.

La defensa espera que esas coordinaciones se concreten una vez que los médicos determinen las condiciones de salida del alcalde de Guayaquil. La previsión inicial era que permaneciera unas 48 horas bajo observación después de la intervención, aunque su salida depende del criterio del equipo médico.

Álvarez fue intervenido quirúrgicamente la noche del 2 de octubre, luego de que los exámenes confirmaran la inflamación de la vesícula y los especialistas recomendaran no postergar el procedimiento. Al día siguiente, su abogado informó que el alcalde evolucionaba favorablemente.

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Casos judiciales

Pero el regreso a la Cárcel del Encuentro no será el único frente que deberá retomar Álvarez tras su recuperación. El alcalde enfrenta sentencias en los casos Grillete y Triple A: en el primero recibió tres años de prisión y en el segundo seis años y ocho meses, mientras la situación jurídica de ambos procesos todavía tiene recursos y actuaciones pendientes.

A esto se suma el caso Goleada, en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos y que mantiene abierta la disputa judicial sobre la prisión preventiva del alcalde.

Lo que debes saber

• TCE archivó la causa por presunta infracción electoral contra Andrés Roche.
• Denunciante pidió prórroga de tres días en un escrito que carecía de firma válida.
• Juez determinó incumplimiento de lo dispuesto en el auto de sustanciación.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió archivar la denuncia por presunta campaña anticipada presentada en contra de Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC). La decisión fue adoptada luego de que el denunciante, Lenin Iván Subía Parreño, no subsanara los requisitos ordenados formalmente dentro del expediente electoral, solicitando a destiempo un plazo improcedente y mediante un escrito que carecía de validez jurídica.

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Razones del archivo en el Tribunal Contencioso Electoral

El expediente electoral se abrió tras la denuncia interpuesta el 30 de septiembre de 2026 por Lenin Iván Subía Parreño, quien acusaba al aspirante a la Alcaldía de Guayaquil de incurrir en actos proselitistas fuera de los periodos autorizados.

Tras el sorteo de la causa, el trámite recayó en el juez Guillermo Ortega, quien emitió un auto de sustanciación inicial para dar trámite legal a la acusación. En dicho pronunciamiento, la autoridad electoral dispuso que el denunciante debía aclarar y completar varios aspectos formales y de fondo de su recurso contra Andrés Roche.

Los motivos de la improcedencia

En lugar de remitir las precisiones ordenadas, el compareciente remitió una comunicación con inconsistencias procesales que derivaron en el cierre inmediato del caso:

Lo que debes saber

• 600.243 jóvenes se inscribieron al plan de $800 de Noboa para acceder a capacitación y empleo.
• 200.000 beneficiarios apoyarán emergencias por El Niño en Ecuador, según anunció Noboa.
• Noboa defiende Jóvenes en Acción y asegura fondos adicionales para enfrentar El Niño.

Una parte central de la entrevista en Radio Centro estuvo dedicada al programa Jóvenes en Acción, iniciativa que busca beneficiar a 700.000 jóvenes de escasos recursos mediante capacitaciones y una ayuda económica temporal.

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El presidente señaló que el programa representa un apoyo directo para cientos de miles de familias en un contexto económico complejo. "Son 700.000 familias que en un lapso de 30 días van a tener 800 dólares en la época que más necesitan ese dinero", manifestó.

Noboa defendió la inversión destinada al plan frente a cuestionamientos sobre la conveniencia de redireccionar esos recursos hacia emergencias asociadas al Fenómeno de El Niño.

Según indicó, el Estado cuenta con financiamiento adicional para atender contingencias climáticas y, al mismo tiempo, impulsar programas sociales.

"Tenemos también acceso a crédito internacional, fondos que son entregados al Gobierno ecuatoriano, más de 300 millones de dólares que se entregan por el mismo Fenómeno del Niño", explicó.

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Capacitación para acceder al empleo formal

El mandatario sostuvo que uno de los principales objetivos del programa es fortalecer las capacidades laborales de los beneficiarios y reducir factores de riesgo asociados a la delincuencia organizada.

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"Necesitamos darle a estas familias, a estos jóvenes que algunos de ellos pueden ser presas de los grupos narcoterroristas, la opción a capacitarse", afirmó.

Asimismo, consideró que la capacitación puede facilitar el ingreso al mercado laboral. "En el momento que se capacitan y encima tienen ese ingreso, van a poder acceder a un empleo formal", señaló.

Añadió que descuidar la formación de la fuerza laboral afectaría la competitividad del país en el largo plazo. "Si no capacitamos a la fuerza laboral que tenemos, va a ser difícil ser competitivo a largo plazo", sostuvo.

Jóvenes apoyarán labores ante emergencias

Noboa informó que alrededor de 200.000 beneficiarios del programa participarán en actividades relacionadas con gestión de riesgos y asistencia durante emergencias provocadas por el invierno y el Fenómeno de El Niño. "Algunos de estos jóvenes van a dar la asistencia que se necesita", explicó.

Según indicó, esta participación permitirá que instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía mantengan su despliegue en tareas de seguridad mientras los jóvenes colaboran en labores de apoyo comunitario.

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Más de 600.000 inscritos

El Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, destacó la acogida que ha tenido la iniciativa desde su lanzamiento y aseguró que la demanda ha superado las expectativas iniciales. "Al día de hoy, a las siete de la mañana, hay 600.243 jóvenes ya inscritos en ese programa", afirmó.

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Además, señaló que el ritmo de registros demuestra el interés de los jóvenes por acceder a oportunidades de formación e inserción laboral. "Eso significa que 36 jóvenes ecuatorianos por minuto se están inscribiendo porque están buscando esa oportunidad, la primera oportunidad en su vida productiva", manifestó.

Finalmente, Noboa indicó que las capacitaciones no se limitarán al SECAP y que el Gobierno mantiene conversaciones con gremios empresariales para facilitar la vinculación laboral de los participantes.

"Hemos hablado con la empresa privada para que puedan muchos de estos jóvenes, ojalá 150.000 o 200.000, ser captados por estas empresas", concluyó.

Las declaraciones gubernamentales se realizaron la noche del domingo 4 de octubre de 2026, a través de redes sociales, y la respuesta del burgomaestre se registró de forma inmediata también en sus cuentas de Facebook y X.

En un video publicado en redes sociales, la Secretaría General de Integridad Pública y la Secretaría General de la Administración Pública, encabezadas por Doménica Bajaña y José Julio Neira, respectivamente, señalaron que, tras investigarse los tres contratos para la construcción de los hospitales municipales, que superan los 21 millones de dólares, se habría identificado un perjuicio a las arcas municipales por 2,4 millones de dólares.

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Neira aseguró que los tres consorcios adjudicatarios de los contratos habrían mantenido relaciones comerciales con empresas vinculadas al entorno familiar de Zamora. Incluso, se publicaron gráficos con los nombres de varias empresas cuencanas que estarían vinculadas a lo que denominó como una “presunta estructura de corrupción”.

¿Qué dijo Zamora ante los señalamientos del Gobierno Nacional?

La respuesta de Zamora no se hizo esperar y, de forma inmediata, publicó en sus redes sociales un texto en el que pidió corregir la información y calificó de “infundadas” las declaraciones realizadas por Neira.

El mensaje se dirige de forma directa a Neira y puntualiza que “lo que usted indica sobre mí es falso”. Además, detalla que “la ferretería Megacero, de mis padres, nunca ha vendido nada a ningún contratista del Municipio ni la función pública en general. Es un almacén que provee materiales a los talleres de metal mecánica. La denuncia ‘anónima’ le ha mal informado”.

Además, niega que sea socio o propietario de las empresas Alphaholding, Ismovid y La Rioja, que también son nombradas por Neira durante su alocución. “Jamás he escuchado de ellas”, aseguró Zamora en su mensaje.

El alcalde suspendido también se refiere al almacén El Hierro y puntualiza que “Cuenca y la región lo conocen al igual que yo y opera desde antes que yo nazca y la fundó mi tío abuelo”.

Finalmente, ante la relación que hizo Neira entre un supuesto parentesco de Zamora con la familia Castro Villacís, el alcalde añadió: “No conozco ni sé quiénes sean la familia Castro Villacís, que usted falsamente indica que son de mi entorno familiar en su gráfica”.

¿Qué se dijo sobre el presunto caso de peculado?

De acuerdo con la información expuesta por el Gobierno, los tres consorcios contrataban, durante la ejecución de los procesos, con empresas como El Hierro, Megacero, Rock & Hydro Resources, Bueno & Castro Ingenieros y Castro y Castro Constructora.

Neira sostuvo que, detrás de esas compañías, aparecerían personas y sociedades relacionadas con Zamora y su entorno familiar. Entre las empresas mencionadas figuran Alphaholding, Ismovid y La Rioja. También fueron nombrados integrantes de las familias Zamora Cabrera y Castro Villacís.

Cuenca

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La Secretaría General de Integridad Pública plantea la existencia de un presunto esquema en el que el Municipio de Cuenca habría adjudicado contratos a determinados consorcios que, posteriormente, habrían mantenido relaciones comerciales con compañías vinculadas al alcalde y a personas de su entorno familiar.

“Las compañías de la familia habrían participado como proveedores dentro de la ejecución contractual”, sostuvo la Secretaría.

A partir de esa revisión, los funcionarios informaron que entregaron la información a la Fiscalía General del Estado mediante tres denuncias por presunto peculado, una por cada proceso de contratación pública.

Cabe recordar que Zamora tiene un proceso de investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por el cual la Fiscalía Provincial del Azuay solicitó fijar una día y hora para cumplir con una audiencia de formulación de cargos. Además, dentro de este caso también se solicitó una orden de detención momentánea para garantizar la presentación de la autoridad a dicha audiencia.

Sobre esto, Neira dio a conocer que la Fiscalía General del Estado habría emitido una solicitud de alerta a la Interpol en contra de Zamora, quien se encuentra en México desde el pasado 19 de septiembre de 2026.