Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana (lista 5) usará el casillero del movimiento Amigo para las elecciones de 2026.
• Amigo (lista 16) nació del movimiento provincial Mejor, fundado por el sentenciado Daniel Mendoza.
• El excandidato Juan Iván Cueva aclaró que no tiene nexos con la alianza y apoya a Daniel Noboa.

Misterio resuelto. Tras varios meses de secretismo, la Revolución Ciudadana (lista 5) reveló que el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo, lista 16) será su casillero electoral temporal para las elecciones seccionales de 2026.

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Sin embargo, el movimiento Amigo guarda un polémico historial que se remonta al momento de su propia inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas de Ecuador, en 2020, y que incluye su vínculo con un exasambleísta sentenciado por corrupción.

Origen del movimiento Amigo y vínculos con Daniel Mendoza

La historia de Amigo inicia con otro nombre. Antes de convertirse en una organización política de ámbito nacional, fue un movimiento provincial llamado Mejor, cuya principal figura era el exasambleísta por Manabí de la extinta Alianza PAIS, Daniel Mendoza, sentenciado por corrupción.

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Sin embargo, en 2018 el movimiento intentó dar el salto a la política nacional bajo el nombre de Mejor EC, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su solicitud.

Un año después, en 2019, Mejor logró dar el salto al ámbito nacional en su segundo intento, bajo el nombre de movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), aunque con una estela de dudas sobre presuntos favores políticos.

Polémicas en la inscripción del movimiento Amigo ante el CNE

El movimiento Amigo logró su inscripción como organización política nacional en 2020, en medio de denuncias sobre un presunto acuerdo para salvar a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, de un juicio político planteado entonces por Fernando Flores y Jeannine Cruz.

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Las denuncias señalaban que el acuerdo habría consistido en que Mendoza votaría en contra del juicio político a Atamaint a cambio de la inscripción del movimiento Amigo en el registro permanente de organizaciones políticas.

En ese entonces, Daniel Mendoza era presidente de la Comisión de Régimen Económico y no pertenecía al Consejo de Administración Legislativa (CAL). Finalmente, el movimiento Amigo fue registrado y el juicio político contra Atamaint no pasó de la Comisión de Fiscalización.

Resultados electorales del movimiento Amigo y candidaturas presidenciales

La otra cara del movimiento Amigo tiene que ver con sus resultados electorales. Una vez registrado como organización política de ámbito nacional, participó en las elecciones presidenciales de 2021, 2023 y 2025, auspiciando a candidatos de diferentes tendencias:

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Aunque desde las elecciones presidenciales no se lo ha visto vinculado al movimiento, el excandidato presidencial Juan Iván Cueva publicó recientemente un comunicado en el que aclaró que no mantiene relación alguna con Amigo ni con su alianza electoral con la Revolución Ciudadana para las elecciones seccionales de 2026. Además, expresó su apoyo al presidente de la República, Daniel Noboa.

Alianza electoral con la Revolución Ciudadana para las seccionales 2026

Pese a los cuestionamientos que arrastra, el expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, confirmó la alianza electoral con el movimiento Amigo para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aclaró que la alianza es temporal y responde a la suspensión de la lista 5 por un caso de presunto lavado de activos, denominado por la Fiscalía General del Estado como Caja Chica.

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La alianza Amigo-Revolución Ciudadana ya arroja sus primeros resultados con la elección de precandidatos en provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos, todos ellos pertenecientes al movimiento correísta. Está previsto que se confirme la participación de más perfiles de la Revolución Ciudadana en las elecciones primarias hasta el 2 de julio de 2026, fecha límite para los procesos de democracia interna.

Lo que debes saber

• Mario Godoy se encuentra fuera de la escena pública tras ser censurado por la Asamblea.
• El proceso de control político a Inés Manzano avanza en la Comisión de Fiscalización.
• Fiscalía investiga las polémicas contrataciones y desembolsos a las empresas Progen y ATM.

¿Alguien ha visto al doctor Mario Godoy? Han pasado más de cuatro meses desde que la Asamblea Nacional lo censurara el 18 de febrero. Tan solo unas horas antes, Godoy había presentado su renuncia, como para burlarse una última vez de sus fiscalizadores. Desde entonces, su figura prácticamente se ha esfumado de la escena pública. Por ahí salió el señor fiscal general a decir que tenía en su despacho dos investigaciones contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, de las cuales no sabemos nada y a las que no les ha puesto logo, razón por la cual podemos entender que no son casos de su interés. De cosas más concretas lo acusó alias Negro Willy, pero no cabe mencionarlas ya que, al igual que el resto de lo que dijo, fueron presentadas con poca coherencia y aún menos fundamento. Al fin y al cabo, parece que el señor Godoy la sacó barata después de haber sido señalado por supuestos actos gravísimos, entre los que destacan el presumiblemente haber ejercido su cargo teniendo un conflicto de interés con grupos delictivos y encima haber presionado a Carlos Serrano, un juez en funciones, quien tuvo que salir del país temiendo por su vida.

El juicio político a Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización

Tal suerte puede parecer hasta envidiable para una exfuncionaria cuyo proceso de control político finalmente avanza, después de múltiples retrasos, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ella es Inés Manzano, hasta hace poco ministra de Ambiente y Energía (y Minas, Hidrocarburos, licencias demoradas, tasas sorpresa y toda una serie de responsabilidades más), señalada como una de las responsables por los atracos eléctricos de Progen y ATM (este segundo es el que marcha por la Comisión). Para el oficialismo, la mejor respuesta a esa acusación ha sido una pregunta: ¿responsable de qué?

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Cuando les ha convenido, los asambleístas de ADN han hecho malabares con los conceptos de responsabilidad penal y política para detener o al menos distraer los intentos previos de sentarla en el banquillo de los interpelados. Se pasaron medio año en la Comisión de Transparencia, dirigida por Diana Jácome, tratando de establecer que los ministros del Gobierno nada tenían que ver con las contrataciones a Progen y ATM (cosa bastante graciosa, porque cuando las obras salen bien uno los puede ver disfrazados de contratista, con chaleco naranja y casco amarillo, asumiendo el éxito de la gestión). Con ese fin llegaron a traer al contralor general a una sesión para que les explicara a ellos, encargados de determinar la responsabilidad política de los ministros, que ante los ojos de la Contraloría un ministro no es responsable civil o penal por los contratos que firman los gerentes de las empresas públicas (para conseguir esa misma respuesta hubieran podido salir a la calle a buscar a un burócrata o abogado cualquiera y llevarlo de las mechas al Palacio Legislativo). Eso les sirvió para decir que el tema quedaba fuera de competencia y mandar, sin llegar al Pleno, su informe carente de conclusiones a la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía y la crisis de los contratos eléctricos

Desde entonces y hasta hace poco, el oficialismo se la ha pasado diciendo que los casos Progen y ATM están en manos de Fiscalía y que no lo politizarían. Debemos entender que la politización, por arbitrariedad u omisión, ahora es el trabajo del fiscal. Y es que llama profundamente la atención que en un caso que adquirió fuero de Corte Nacional porque se lo investigó originalmente al ministro Roberto Luque no consten como imputados ni él ni Manzano, sino el ministro que manejó la cartera de Energías entre ellos dos: Antonio Gonçalves. Si Gonçalves está ahí porque se firmaron los contratos y se desembolsó el dinero bajo su gestión, cabe pensar que Luque debería figurar porque se los negociaron bajo él y Manzano porque con ella continuaron los desembolsos.

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Aunque esto expone la engañosa retórica de los asambleístas de ADN al demostrar que, al menos para su tan querida Fiscalía, sí es posible conectar a un ministro con el caso, es importante regresar al problema de origen: la responsabilidad política es algo muy distinto a la penal.

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Primero, porque caduca. Poniéndose esperar a que haya una resolución en firme por parte de la justicia, el plazo para enjuiciar a Luque, Gonçalves o Manzano por sus acciones al frente de Energía se les habría agotado (solo pueden someter a un ex funcionario a la censura hasta un año después de su salida del cargo). Segundo, porque la responsabilidad política es por definición subjetiva y amplísima. Un argumento que debería ser convincente para la Asamblea) y que no necesariamente lo sería en una corte es el siguiente: les tomaba cinco minutos a cualquiera de los ministros llamar a cualquier persona que haya trabajado con generadores en su vida para enterarse de que Progen y ATM no son unos de los pocos fabricantes de grandes grupos electrógenos en el mundo. No haberlo hecho -o haber ignorado esa realidad- los vuelve unos irresponsables.

Le devuelvo la palabra, señor presidente.

Lo que debes saber

• El CPCCS acumula retrasos críticos en concursos clave antes de las elecciones de noviembre de 2026.
• La renovación parcial del CNE registra el mayor estancamiento, congelada desde diciembre de 2025.
• El concurso para Fiscal General está paralizado desde junio de 2026 por falta de consensos.

Los concursos públicos administrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acumulan retrasos críticos a pocos meses de que los ciudadanos elijan una nueva conformación del organismo en las elecciones de noviembre de 2026. Los procesos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la selección del nuevo Fiscal General del Estado se encuentran paralizados debido a la falta de acuerdos internos en el Pleno y la postergación en la aprobación de fases administrativas clave.

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El origen del estancamiento en el CNE

El concurso que registra el mayor retraso es el de la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde diciembre de 2025, este proceso permanece completamente estancado en la fase de elaboración de un nuevo banco de preguntas para la etapa de oposición de los postulantes.

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La problemática institucional es profunda, considerando que la primera renovación de los vocales debió ejecutarse originalmente en 2021 y la segunda en 2024. Mientras tanto, el órgano electoral continúa operando con su misma conformación estructural, bajo la reciente presidencia del vocal José Cabrera.

Pugnas internas bloquean la designación de Fiscal General

Los bloqueos más recientes afectan de forma directa al concurso para Fiscal General del Estado. Desde el 11 de junio de 2026, el proceso administrativo se encuentra paralizado por la falta de aprobación del informe final correspondiente a la etapa de calificación de méritos.

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La Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso aclaró de forma pública que la suspensión no depende de su gestión, sino de la falta de preclusión de la etapa de méritos por parte del Pleno del CPCCS. Sin una resolución formal de los consejeros, el concurso no puede avanzar a las fases de oposición e impugnación ciudadana.

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Elecciones de noviembre de 2026 e intereses políticos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la inactividad del organismo responde a la cercanía de los comicios de noviembre. Alarcón señala que la paralización de los concursos se ha ejecutado de facto y apunta a que el objetivo principal de retrasar las designaciones responde a intereses de campaña electoral, debido a que varios consejeros actuales buscarán la reelección en sus cargos.

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Al consultar a las autoridades del organismo, la vocal Nicole Bonifaz confirmó la presentación oficial de su postulación para el nuevo periodo, mientras que Roberto Gilbert anunció públicamente su renuncia para optar por la reelección.

Estado actual de los concursos públicos pendientes

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La sombra de un referéndum definitivo

El escenario de parálisis administrativa ocurre en medio de presiones externas sobre el futuro institucional del CPCCS. A inicios de 2026, el presidente Daniel Noboa planteó una propuesta de referéndum para restar competencias al Consejo en la designación de autoridades del Estado. La iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional y busca que la Asamblea Nacional retome la facultad de selección, una vía que alteraría de forma permanente el diseño institucional del país.

La proclamación se realizó durante las elecciones primarias desarrolladas el sábado 27 de junio, con la participación de delegados y militantes de la organización política.

Roque Ordóñez, director de la Revolución Ciudadana en Azuay, confirmó a EXPRESO que la nómina de nombres electos no es la definitiva y que ya se analizan realizar alianzas con otras organizaciones políticas. Adelantó que se encuentran en diálogo por ejemplo con el Partido Socialista.

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En tanto, se dio a conocer los nombres de quienes fueron designado tras la jornada de primarias tanto para la Alcaldía de Cuenca como para la Prefectura y Viceprefectura del Azuay; así como de quienes buscarían una curul en el Concejo Cantonal de la capital azuaya.

¿Quiénes son los candidatos de la RC en Azuay y Cuenca?

Iván Abril, actual concejal de Cuenca, fue electo como precandidato de la RC para la Alcaldía de Cuenca. Actualmente cumple su segundo periodo como edil de la capital azuaya.

También se designó a Fernanda Chica y Manuel Alvarado como los precandidatos a la Prefectura y Viceprefectura del Azuay. Ambos han sido militantes activos de la Revolución Ciudadana.

Las listas para el Concejo Cantonal de Cuenca también combinan experiencia política con nuevos liderazgos. En la Circunscripción Sur fueron designados Mónica Pesántez, quien buscará la reelección, y Gustavo Jara, excandidato a la Alcaldía de Cuenca.

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En la Circunscripción Norte constan Xavier Vidal, actual concejal alterno, y Constanza Jáuregui, una joven profesional y activista que participará por primera vez en una contienda seccional.

Para la concejalía rural, Román Carabajo intentará renovar su mandato y estará acompañado por Cisne Reyes, actual directora de Participación Ciudadana de la Prefectura del Azuay.

Lo que debes saber 

• Obra del IESS en Manabí registra un avance cercano a su etapa final. 
• El proyecto busca fortalecer la atención administrativa en la provincia. 
• Más de 820 mil usuarios serán beneficiados con la nueva infraestructura.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) difundió en sus redes sociales el avance del nuevo edificio administrativo en la provincia de Manabí. La publicación fue realizada el 28 de junio de 2026 en su cuenta oficial. En el contenido se observa una infraestructura en fase avanzada de construcción. 

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Durante un recorrido por la obra, el presidente del IESS, Bernardo Cordovez, constató el progreso del proyecto y señaló que la infraestructura alcanza casi el 99% de avance. El funcionario supervisó áreas internas y trabajos técnicos dentro del edificio en ejecución. La obra forma parte del plan institucional de modernización en la provincia.

El mensaje institucional señala que el proyecto busca fortalecer la atención ciudadana para los afiliados y usuarios del sistema de seguridad social en la provincia. El anuncio se acompaña de imágenes de trabajos técnicos en distintas áreas. 

Entre los elementos destacados figura una inversión superior a los 7 millones de dólares destinada a la ejecución del edificio administrativo del IESS en Manabí. “Seguimos trabajando para brindar más y mejores servicios”, señala la publicación. El proyecto forma parte del plan de modernización de infraestructura institucional.

Avance de obra y supervisión técnica

También se aprecia equipamiento eléctrico y áreas internas en proceso de instalación lo que evidencia la fase final de ejecución del edificio institucional. La infraestructura busca centralizar procesos administrativos en la provincia costera. El proyecto se enmarca en la mejora de servicios para miles de usuarios.

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IESS Manabí: impacto en servicios y beneficiarios

El nuevo edificio administrativo del IESS en Manabí beneficiará a más de 820 mil personas según la información difundida por la entidad en su publicación oficial reciente. La obra apunta a optimizar tiempos de atención y gestión de trámites internos. Se prevé una mejora en la capacidad operativa del sistema en la provincia. 

La modernización de infraestructura forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la cobertura y eficiencia del servicio público de salud y seguridad social. Con este proyecto, Manabí suma una de las obras más relevantes en el sector administrativo. La entrega final se anunciaría una vez concluida la fase de acabados.

Lo que debes saber

• David López denunció en Fiscalía presunto tráfico de influencias en Municipio de Guayaquil.
• Acusan a Andrés Benítez y Verónica Chimbo de ofrecer puestos de trabajo por votos políticos.
• El denunciante entregó audios y chats como pruebas a la Fiscalía General del Estado.

David López, uno de los fundadores del movimiento Renovación Total (RETO), presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado este 26 de junio de 2026 por un presunto delito de tráfico de influencias. La acusación señala directamente a Andrés Benítez, asambleísta alterno por la Revolución Ciudadana y secretario político de RETO, y a Verónica Chimbo, funcionaria en funciones del Municipio de Guayaquil.

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Pruebas de compra de votos y reparto de cargos en Guayaquil

Según el documento legal ingresado por el denunciante, los acusados estarían involucrados en el ofrecimiento de puestos de trabajo dentro de la entidad municipal y sumas de dinero en efectivo. El objetivo de estas acciones ilegales era asegurar el respaldo y el voto de diversos dirigentes provinciales durante las elecciones internas para la conformación de la directiva nacional de la organización política RETO.

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López comentó a EXPRESO que para el 30 de junio de 2026 está prevista la elección de una nueva directiva del movimiento por orden del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Además, detalló que la denuncia penal está respaldada por un conjunto de audios y conversaciones de chat recopilados, los cuales ya fueron entregados formalmente como evidencia digital a los peritos de la Fiscalía para que inicien las indagaciones pertinentes.

Intervención en los procesos de contratación pública

David López solicitó un control prioritario y una vigilancia especial a las contrataciones vigentes del Municipio de Guayaquil para evitar desvíos de fondos públicos o vinculaciones con las anomalías denunciadas. Además, apuntó a un presunto intento de control hegemónico del partido por parte de figuras aliadas:

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El denunciante ratificó su postura de total apertura y confianza en las investigaciones de la Fiscalía para determinar las sanciones penales correspondientes y salvaguardar la institucionalidad democrática.

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David López y el proceso de remoción de Aquiles Álvarez

Además de la pugna por las directivas del movimiento RETO, el nombre de David López tomó fuerza por ser una de las personas que presentó una solicitud de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por ausencia de funciones y un presunto abandono del cargo.

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Aunque posteriormente desistió de su pedido, el Concejo Cantonal continuó con su trámite y, finalmente, el 26 de junio de 2026 resolvió mantener a Aquiles Álvarez en el cargo de alcalde. Con los votos de la mayoría del pleno edilicio, se aprobó el informe de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, que justificó la ausencia de Álvarez.

Lo que debes saber 

• Unidad Popular presentó a Nelson Erazo y Cristina Cachaguay como sus precandidatos para la Prefectura de Pichincha y la Alcaldía de Quito.
• Ambos enfocan sus mensajes en el trabajo comunitario, la participación ciudadana y el desarrollo local de cara a las elecciones seccionales de 2026.

Unidad Popular anunció este 28 de junio las precandidaturas de Nelson Erazo para la Prefectura de Pichincha y Cristina Cachaguay para la Alcaldía de Quito con miras a las elecciones seccionales de 2026. Ambos aspirantes fueron presentados como parte de la propuesta política de la organización, Lista 2.

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La organización dio a conocer los perfiles de sus precandidatos destacando sus trayectorias vinculadas al trabajo social y comunitario. La presentación busca posicionar a sus representantes en la provincia y el Distrito Metropolitano de Quito antes del proceso electoral interno y posterior campaña.

En ambos casos, Unidad Popular enfatizó que sus postulaciones estarán orientadas a promover una gestión cercana a la ciudadanía y con énfasis en la participación de los habitantes en las decisiones públicas.

Nelson Erazo busca la Prefectura de Pichincha

Según la información difundida, Erazo cuenta con más de 40 años de trabajo comunitario y ha desarrollado su trayectoria como dirigente social en la provincia.

La organización política señaló que Erazo llega a esta precandidatura con una propuesta enfocada en la justicia social y el desarrollo de Pichincha, respaldando su experiencia en procesos comunitarios y de organización ciudadana.

Durante su presentación, el dirigente resumió el mensaje central de su candidatura con la frase: "Solo el pueblo salva al pueblo", una consigna que acompaña su propuesta política.

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Cristina Cachaguay plantea una gestión cercana a la ciudadanía

Para la Alcaldía de Quito, Unidad Popular presentó a Cristina Cachaguay como su precandidata. En su mensaje, la aspirante señaló que uno de los ejes de su propuesta será fortalecer la relación entre las autoridades y los habitantes de la ciudad.

Cachaguay manifestó que considera indispensable escuchar a la ciudadanía para construir mejores condiciones de vida en la capital. Además, mencionó que su planteamiento contempla acciones relacionadas con el trabajo honesto, la seguridad en los barrios y la generación de oportunidades para la población.

"Es momento de recuperar la esperanza con trabajo honesto, barrios seguros y oportunidades para todas y todos", expresó la precandidata durante la presentación de su postulación.

Lo que debes saber 

• Esteban Torres convocó su primera sesión como presidente encargado de la Asamblea Nacional. 
• El Pleno debatirá una objeción presidencial y la creación del cantón Borbón. 
• La jornada marcará el inicio de su gestión temporal al frente del Legislativo.

La Asamblea Nacional de Ecuador celebrará este martes 30 de junio de 2026 la sesión No. 104, la primera convocada por Esteban Torres como presidente encargado del Legislativo, tras asumir temporalmente el cargo durante la licencia de maternidad de Mishel Mancheno. El Pleno analizará dos proyectos de ley de alcance nacional.

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La convocatoria, emitida por la Secretaría General, fija el inicio de la sesión para las 10:00 en la sede de la Función Legislativa, en Quito. En el orden del día constan el tratamiento de una objeción parcial presentada por el Ejecutivo y el segundo debate del proyecto para la creación de un nuevo cantón en la provincia de Esmeraldas.

La designación de Torres como presidente encargado se produjo luego de que Mancheno anunciara su licencia temporal por maternidad, un mecanismo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para garantizar la continuidad de las actividades parlamentarias sin alterar la conformación de la directiva.

¿Qué debatirá la Asamblea Nacional en la sesión 104?

Como primer punto del orden del día se entonará el Himno Nacional del Ecuador. Posteriormente, el Pleno conocerá y resolverá el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

El segundo tema será el conocimiento y resolución del informe para segundo debate del proyecto de ley que propone la creación del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas, una iniciativa que deberá ser votada por los legisladores.

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Esteban Torres inicia funciones como presidente encargado

Torres llegó a la Primera Vicepresidencia de la Asamblea el 10 de junio de 2026, cuando obtuvo 84 votos a favor en el Pleno. Antes, el 19 de mayo, había sido designado jefe de la bancada oficialista ADN, consolidando su liderazgo dentro del Legislativo.

Su trayectoria parlamentaria comenzó en 2018, cuando asumió como asambleísta suplente de su padre, Luis Fernando Torres. En 2021 consiguió su propio escaño y, en 2023, fue elegido segundo vicepresidente de la Asamblea. También fue ponente en el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso y posteriormente ocupó el cargo de viceministro de Gobierno durante la administración de Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• Revolución Ciudadana elige precandidatos a Guayaquil y Guayas para las seccionales de noviembre de 2026.
• Correísmo competirá con el movimiento Amigo, lista 16, debido a la suspensión judicial de su partido.
• Rafael Correa ratificó alianza electoral tras orden de suspensión emitida por el TCE por lavado de activos.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Juan Pablo Molina, fue elegido como precandidato a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Amigo, lista 16, para participar en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

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Precandidatos del correísmo en la provincia del Guayas

La designación se oficializó este 28 de junio de 2026 durante los procesos de elecciones primarias desarrollados en la provincia del Guayas. La organización política también ratificó a la exasambleísta Sofía Espín como la carta oficial del correísmo para buscar la Prefectura del Guayas.

Los cuadros de la Revolución Ciudadana se inscribieron mediante la plataforma electoral de otra organización debido a la suspensión vigente del movimiento correísta, derivada de una investigación judicial por presunto lavado de activos.

Alianza electoral confirmada por Rafael Correa

El expresidente de Ecuador y líder histórico de la agrupación, Rafael Correa, confirmó de manera pública la alianza electoral con el movimiento Amigo. Esta estrategia legal surge como respuesta directa a la suspensión temporal de su partido dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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A través de la plataforma de la lista 16, el bloque político ha consolidado hasta el momento sus candidaturas en las siguientes jurisdicciones del país:

El plan de trabajo de la Revolución Ciudadana prevé que sus principales perfiles continúen integrándose a los procesos de primarias restantes a escala nacional para asegurar los casilleros de votación.

La primera jornada se desarrolló el sábado 27 de junio de 2026, durante la cual se designó a más de 300 precandidatos para diferentes dignidades de elección popular.

Sebastián Cevallos y Natalia Arpi fueron designados como precandidatos a la Prefectura y Viceprefectura del Azuay, respectivamente.

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Además, la organización política confirmó candidaturas para los cantones Chordeleg, Santa Isabel, Oña, Sígsig —donde buscará la reelección—, Camilo Ponce Enríquez, Paute, Gualaceo y Girón.

Como parte del cronograma interno, la segunda Asamblea Provincial se desarrollará el próximo 2 de julio de 2026. En esa jornada se prevé completar el proceso de elecciones primarias con la designación de las candidaturas para la Alcaldía de Cuenca y la proclamación oficial de los resultados de ambas jornadas.

En un comunicado, la organización señaló que buscará alianzas con organizaciones políticas y sociales del centro y la izquierda, con el objetivo de construir una propuesta política más amplia para la provincia del Azuay.

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¿Quiénes son Sebastián Cevallos y Nataly Arpi?

Sebastián Cevallos es abogado de profesión, graduado en la Universidad de Cuenca. Actualmente se desempeña como subdirector de Unidad Popular en el Azuay y, en 2023, también participó como candidato a la Prefectura del Azuay.

Además, cuenta con una amplia trayectoria política dentro de Unidad Popular, organización conocida anteriormente como Movimiento Democrático Popular (MPD).

Nataly Arpi es una joven política vinculada a diversos procesos electorales, siempre de la mano de Unidad Popular. Es contadora pública graduada en la Universidad de Cuenca y posee una maestría en Contabilidad y Auditoría, con mención en Gestión Tributaria.

Lo que debes saber

• Ronal González representará al correísmo como precandidato a la Prefectura de Los Ríos mediante la lista 16.
• El movimiento Amigo oficializó en sus primarias a varios candidatos de la suspendida Revolución Ciudadana para noviembre de 2026.
• El Tribunal Contencioso Electoral suspendió a la Revolución Ciudadana por una investigación fiscal de lavado de activos.

El asambleísta Ronal González fue elegido como precandidato a la Prefectura de Los Ríos por el movimiento Amigo, lista 16, en el marco de las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Esta postulación surge tras la suspensión de la Revolución Ciudadana dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que obligó al liderazgo de Rafael Correa a estructurar una alianza estratégica con otra organización política para garantizar la participación de sus cuadros principales en los comicios provinciales.

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El movimiento Amigo inscribe los cuadros de la Revolución Ciudadana

La postulación de Ronal González se dio formalmente durante los procesos de elecciones primarias de la lista 16. El legislador minimizó el impacto del cambio de bandera partidista y aseguró que la variación del casillero en la papeleta electoral es un mecanismo estrictamente administrativo y transitorio.

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El asambleísta González forma parte de un contingente de autoridades y dirigentes de la Revolución Ciudadana que se han visto forzados a migrar temporalmente a la plataforma electoral de Amigo para disputar las dignidades locales.

Manabí replica la estrategia electoral del correísmo

La provincia de Manabí adoptó idéntica fórmula política durante sus procesos democráticos internos. La excandidata presidencial Luisa González recibió el respaldo para liderar la postulación a la Prefectura de Manabí, acompañada por el actual legislador Guido Mendoza, quien correrá como precandidato a la Viceprefectura.

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El expresidente de la República y director de la agrupación política, Rafael Correa, ratificó de manera pública el acuerdo político con las autoridades de Amigo. El exmandatario explicó que el objetivo central es viabilizar la comparecencia de sus militantes en las urnas frente al bloqueo legal que pesa sobre su personería jurídica original.

Las causas detrás de la suspensión de la Revolución Ciudadana

El impedimento de la Revolución Ciudadana, lista 5, para inscribir candidaturas de forma autónoma responde a una sanción del Tribunal Contencioso Electoral. La medida judicial se ejecutó luego de una notificación formal emitida por la Fiscalía General del Estado, la cual detalla el desarrollo de una instrucción penal activa por un presunto delito de lavado de activos.

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La causa judicial, catalogada oficialmente por las autoridades gubernamentales bajo el nombre de caso Caja Chica, bloquea el uso del casillero tradicional de la organización hasta el esclarecimiento de los flujos financieros señalados en las indagaciones.

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Detalles claves de las precandidaturas seccionales de 2026

Lo que debes saber

• Rafael Correa confirma alianza de la Revolución Ciudadana con Amigo para elecciones seccionales 2026.
• La migración de precandidatos ocurre tras la suspensión de la lista 5 ordenada por el TCE.
• Pabel Muñoz y Luisa González oficializan sus precandidaturas en primarias del movimiento político Amigo.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, oficializó la alianza electoral entre la Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo (lista 16) para disputar los comicios de noviembre de 2026. Esta medida surge como respuesta estratégica tras la suspensión de la lista 5 ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), debido a investigaciones de presunto lavado de activos en el denominado caso Caja Chica. Con este anuncio, la militancia correísta migra temporalmente sus perfiles políticos para asegurar su participación en las elecciones seccionales.

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"En estas elecciones, Amigo-Listas 16 es la Revolución Ciudadana-Listas 5 (RC5)", señaló Correa en sus redes sociales y aclaró que la migración de los perfiles del correísmo responde a la suspensión de la lista 5 por orden del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), medida que calificó de "ilegalidad y arbitrariedad".

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Precandidatos de la Revolución Ciudadana en las primarias de Amigo

Los dirigentes de la Revolución Ciudadana iniciaron formalmente su participación en los procesos de democracia interna del movimiento Amigo a escala nacional. Las elecciones primarias han definido los cuadros principales en provincias clave como Pichincha, Manabí y Los Ríos, consolidando la estructura de la alianza electoral de cara a los comicios.

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Listado de precandidaturas oficializadas por provincia:

La suspensión de la lista 5 por el Tribunal Contencioso Electoral

La alianza política se concreta bajo el argumento de lo que Rafael Correa calificó como una "ilegalidad y arbitrariedad". El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mantiene vigente la suspensión de la Revolución Ciudadana (lista 5), impidiéndoles participar con su propio casillero judicial y electoral.

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La resolución judicial se deriva de los procesos de indagación de la Fiscalía General del Estado en el caso Caja Chica, donde se investiga un presunto entramado de lavado de activos con recursos que habrían provenido de Venezuela. La reserva sobre qué partido político acogería a los candidatos correístas se mantuvo hasta el cierre de las elecciones internas para evitar posibles objeciones o represalias legales en el Consejo Nacional Electoral.

Lo que debes saber

• El excandidato presidencial Juan Iván Cueva publicó un comunicado para deslindarse de la alianza entre Movimiento Amigo y Revolución Ciudadana. 
• Además, afirmó que no autorizó el uso de su imagen y expresó su respaldo al presidente Daniel Noboa. 
• El pronunciamiento surge tras las primarias de la lista 16 para las elecciones seccionales de 2026.

Juan Iván Cueva, excandidato a la Presidencia de Ecuador, publicó este 28 de junio de 2026 un comunicado en el que tomó distancia de la alianza entre Movimiento Amigo (lista 16) y Revolución Ciudadana, luego de que ambas organizaciones realizaran sus elecciones primarias con miras a los comicios seccionales previstos para noviembre de este año.

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En el documento, Cueva aclaró que su participación en Movimiento Amigo se limitó exclusivamente a haber sido candidato presidencial durante la primera vuelta electoral y aseguró que nunca integró la estructura interna ni los espacios de decisión del movimiento político.

Además, sostuvo que, tras finalizar ese proceso electoral, dejó de tener cualquier participación dentro de la organización y señaló que las decisiones adoptadas actualmente por Movimiento Amigo no guardan relación con él. "Las decisiones actuales del Movimiento AMIGO, incluida su vinculación con la Revolución Ciudadana, no me representan, no cuentan con mi aval y no comprometen mi nombre", afirmó.

Juan Iván Cueva rechaza que se vincule su nombre con la alianza política

El excandidato también rechazó cualquier intento de asociar su imagen con la nueva alianza política y advirtió que no ha autorizado que su nombre sea utilizado para respaldar esa decisión ni para atribuirle simpatías hacia Revolución Ciudadana o Movimiento Amigo.

En ese sentido, indicó que cualquier uso de su nombre, imagen o trayectoria política para ese propósito carece de autorización y aseguró que, de producirse, afectaría su honra y los derechos que le reconoce la Constitución ecuatoriana. "Todo uso en ese sentido es no autorizado y falso", enfatizó en el comunicado.

Cueva concluyó su pronunciamiento expresando respaldo al presidente Daniel Noboa y manifestó que continuará apoyando las políticas relacionadas con la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la institucionalidad del país. "Respaldo al Presidente Daniel Noboa y a toda política pública que contribuya a la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la institucionalidad del país", señaló.

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Alianza entre Movimiento Amigo y Revolución Ciudadana para las seccionales 2026

El pronunciamiento se conoció un día después de que Movimiento Amigo (lista 16) desarrollara sus elecciones primarias para definir a varios de los aspirantes que participarán en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, en un proceso en el que participaron figuras vinculadas a Revolución Ciudadana.

Entre las principales definiciones estuvo la designación de Luisa González como precandidata a la Prefectura de Manabí, mientras que el asambleísta Guido Mendoza fue escogido para integrar el binomio como precandidato a la Viceprefectura de esa provincia.

En Pichincha, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, oficializó su participación en las primarias de Movimiento Amigo para buscar la reelección al frente del Municipio capitalino. Con esa decisión quedó definido el movimiento político con el que el correísmo impulsará varias de sus candidaturas en las elecciones seccionales de este año.

Lo que debes saber:

• El Día del Orgullo Lgbtiq+ se conmemora en Ecuador, en donde pese a estar prohibidas las terapias de conversión, aún se ofertan.
• Ecuador prohíbe terapias desde 2012; en Reino Unido se trabaja en una ley para penalizarlas.
• Un testimonio expone violencia y cobros en centros; ley COIP castiga con 10–13 años por prácticas de conversión.

Tiembla. Respira hondo. Se acaricia la muñeca al recordar. Ángel —nombre protegido— revive en detalle el día en que, hace casi un año, cinco hombres irrumpieron en su casa y se lo llevaron por la fuerza al centro en donde le aplicaban una 'terapia de conversión'. Incluso subieron a TikTok el video del supuesto “rescate”.

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Tenía 30 años y estaba con su pareja cuando ocurrió, en la propiedad de sus padres, ubicada en Pusuquí, norte de Quito. Durante el trayecto, de más de una hora, permaneció amordazado y con los ojos cubiertos. Logró ubicar referencias del lugar al que lo trasladaban, vio las letras del parque de La Merced, en Los Chillos.

Su destino: una supuesta fundación que ofrecía (ofrece aún) tratamiento para consumo problemático de drogas. Pero, según su testimonio, también operaba como un espacio de prácticas de “conversión”, prohibidas en Ecuador.

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Las 'terapias de conversión' están prohibidas

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Aunque están prohibidas, esas clínicas se mantienen; el rol de Acess

En el país, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) junto con Fiscalía y la Policía debe vigilar a esos centros. EXPRESO pidió datos, informalmente se indicó que no había clausuras ni denuncias.

Ángel se anima a relatar lo que vivió para que las autoridades actúen. Del lugar del que escapó y que aún funciona —recuerda— cuatro casas de ladrillo con rejas. Lo ubicaron en la cuarta, con tres habitaciones y un baño. Fue llevado a un sitio con literas, en donde convivían internos de distintos perfiles. 

Lo intimidaron con insultos sobre su orientación sexual. Les dijo que no consumía nada, que ser un hombre gay no es un delito. Supo que su madre les cancelaba alrededor de $ 300 mensuales.

El COIP sanciona con prisión a quienes ofrezcan estas terapias 

Efraín Soria, de la Fundación Equidad, reitera que los intentos de modificar la orientación sexual o identidad de género están tipificados como tortura en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 151, numeral 3, con penas de 10 a 13 años de prisión.

El caso de Ángel expone a centros, cuyos métodos de “rescate” (irrupción en casas) se promocionan en redes sociales. Eso pese a que los lugares para tratar adicciones deben contar con la aceptación firmada del paciente, incluso de los menores de edad.

El psicólogo le repetía que él no es un hombre gay

En la quinta noche, en La Merced, Ángel no soportó que lo escupan, lo insulten y que alguien se quiera meter en su cama y trató de cortarse las venas con una afeitadora. Solo le pusieron limón y sal, lo golpearon con tablas en las piernas. 

Su plan de ser llevado de emergencia a un hospital no funcionó. Tampoco sirvió, semanas después, inventar dolores y acceder a atención externa en un centro, en donde afirma, los doctores ignoraron sus pedidos de auxilio.

Al psicólogo del lugar, le dijo que no hizo nada malo, que solo es gay. Él le repetía que no es cierto. “No eres amanerado ni te vistes como mujer, solo quieres vengarte de tus padres”. Un día, en medio de los sermones diarios que oían hasta las 22:00, oyó a una familia reprochar a un interno porque “perdió la herencia, mató a dos trabajadores y violó a su hijo”.

No sabe si será cierto, pero a quien llamaban “tera” (terapista) no se le escucha en TikTok como un profesional; aparece en las transmisiones incluso con chaleco antibalas en los “rescates” (secuestros). En la Fundación Equidad lo acogieron y guiaron para denunciar ante la Fiscalía a sus padres.

Los avances se detuvieron, dice Efraín Soria

Efraín Soria dirige Equidad. En junio del 2019, con el apoyo de Pakta, él y su pareja, Javier Benalcázar, consiguieron que la Corte Constitucional le dijera sí al matrimonio civil igualitario. 

El 31 de agosto de este 2026 cumplirán siete años de casados. Sin embargo evidencia un estancamiento en cuanto a avances para la población Lgbtiq+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexo y queer).

Así, por ejemplo:

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A Efraín Soria le preocupa además el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus políticas hacia la diversidad sexo-genérica. En esa línea también opina Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de la Psicología por la Diversidad. Pide recordar el caso de Rick, víctima de bullying homofóbico en un colegio de Guayaquil.

El Proyecto Transgénero les ofrece una IPA

Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, comenta que la sociedad civil no se da abasto con los pedidos de apoyo. Les ofrecen la herramienta IPA (Identidad Personal Autentificada), que se tramita en una notaría y permite que chicos y chicas trans sean nombrados con su nombre cultural en los colegios. 

Como a Zúñiga, Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) le han contactado, ha brindado charlas. Nua Fuentes dice que son más vulnerables al abandono escolar.

La conquista de derechos de la población Lgbtiq+ es irreversible. Pero ciertos avances son declarativos y pesan posiciones neoconservadoras.Édgar Zúñiga/ Red Psicología por la Diversidad

Cada 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo. En Ecuador, los avances se han estancado. ‘Terapias de conversión’ prohibidas se ofertan como “rescates”

Lo que debes saber

• Nueve prefectos ya no podrán reelegirse; 14 sí están habilitados para buscar otro mandato.
• Algunos prefectos optarán por otras dignidades, como alcaldías, en las elecciones de 2026.
• Los expertos sostienen que la reelección debe sustentarse en resultados, liderazgo y el cumplimiento de las competencias provinciales.

En cinco meses, los ecuatorianos deberán decidir en las urnas si renuevan o no a los titulares de los gobiernos provinciales. De los 23 prefectos del país, solo nueve no podrán buscar la reelección, mientras que los otros 14 sí estarán habilitados para postularse nuevamente.

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Los que deberán cambiar de destino político

El artículo 114 de la Constitución del Ecuador establece que las autoridades de elección popular pueden ser reelegidas por una sola ocasión. Por ello, Paola Pabón (Pichincha), Leonardo Orlando (Manabí), Johnny Terán (Los Ríos), Clemente Bravo (El Oro), Roberta Zambrano (Esmeraldas), Manuel Caizabanda (Tungurahua), José Daniel Villao (Santa Elena), Johana Núñez (Santo Domingo) y Magali Orellana (Orellana) ya no podrán aspirar otra vez a la Prefectura, tras haber sido reelectos en los comicios seccionales de 2023.

EXPRESO intentó conversar con los nueve prefectos impedidos de buscar el mismo mandato, pero ninguno aceptó una entrevista para revelar si participará en las elecciones del 29 de noviembre de 2026 desde otra candidatura. Según lo que han publicado en sus redes sociales, Zambrano tendría interés en postular a la Alcaldía de Esmeraldas con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), luego de haber asegurado su reelección en la Prefectura, en 2023, con el Partido Social Cristiano (PSC).

El mismo camino seguiría Villao, quien buscaría la Alcaldía de Santa Elena bajo el respaldo de ADN. En las elecciones seccionales de 2023, fue reelegido como prefecto con el apoyo de la alianza entre Revolución Ciudadana (RC), RETO y el Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente.

Bravo, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope), ha manifestado su interés en disputar la Alcaldía de Machala con el respaldo de ADN. El prefecto de El Oro consiguió su reelección en 2023 con el Movimiento Sur Unido Regional, luego de haber ejercido la Alcaldía de Santa Rosa.

De este grupo de prefectos, solo Terán ha confirmado, a través de su departamento de Comunicación, que no participará en los próximos comicios. Sin embargo, su hijo, Johnny Terán Barragán, dejaría la Asamblea Nacional para buscar la Prefectura de Los Ríos.

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Quiénes sí podrán buscar otro período

De los 14 prefectos habilitados para buscar la reelección, solo uno aún no tiene asegurada esa posibilidad. Hermel Toapanta, prefecto de Chimborazo, enfrenta un proceso por presunta violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya resolución podría incidir directamente en una eventual candidatura.

En el caso de Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, aunque está habilitado para buscar un nuevo período al frente del Gobierno Provincial, también analiza postular a la Alcaldía de Cuenca. Cualquiera de las dos candidaturas tendría el respaldo de RC; sin embargo, esa organización aún no define con qué tienda política inscribirá a sus candidatos, debido a la suspensión provisional de nueve meses que le impuso el TCE.

Por su parte, Carlos Encalada, prefecto del Guayas, llegó al cargo por designación del Consejo Provincial, tras la renuncia de Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano, y no por elección popular. Aunque está habilitado para postularse, asegura que “hoy no está en mis planes participar en las elecciones de noviembre de 2026”, pues “asumí un compromiso por un año y quiero honrarlo”.

Encalada sostiene que dejará a su sucesor una provincia con bases sólidas, más obras, mejor infraestructura vial e hidráulica, un campo más productivo y tecnificado, y una gestión enfocada en la prevención de desastres naturales. Su gestión concluirá el 14 de mayo de 2027, fecha fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la posesión de las nuevas autoridades.

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La apuesta por la continuidad de la gestión

Los prefectos que buscan la reelección sostienen que un período de cuatro años es insuficiente para consolidar proyectos de largo plazo, especialmente en áreas como vialidad, riego, producción y gestión ambiental. Más allá de la posibilidad que les otorga la Constitución, los funcionarios que dialogaron con EXPRESO aseguran que un segundo mandato les permitiría dar continuidad a las obras emprendidas y consolidar políticas públicas cuyos resultados requieren más tiempo para evidenciarse.

En Loja, Mario Mancino asegura que la provincia está encaminada hacia la modernización del agro, con una red vial rural fortalecida, sistemas de riego ampliados y un modelo productivo basado en la mecanización y el café como eje económico. Considera que su sucesor, si es que no es reelecto, deberá profundizar la industrialización del campo y mantener las inversiones en infraestructura para consolidar ese crecimiento.

Para Lourdes Tibán, en Cotopaxi el mayor legado es haber institucionalizado la minga como política pública para ejecutar obras con menor costo y mayor participación ciudadana. Sostiene que en la provincia se debería preservar ese modelo de trabajo comunitario, mantener el control de los costos en la contratación pública y potenciar el sistema de construcción de puentes con contenedores reciclados y tubería reutilizada, una técnica que aspira a patentar por su capacidad para reducir tiempos y recursos.

En Cañar, Marcelo Jaramillo defiende la continuidad de un modelo enfocado en la protección de las cuencas hídricas y la adaptación al cambio climático. Asegura que la provincia ya cuenta con avances en vialidad, riego, producción y reforestación, pero sostiene que el siguiente paso debe ser fortalecer la gestión integral del agua y consolidar proyectos ambientales que, a su juicio, requieren más de un período para mostrar resultados.

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La reelección, bajo la lupa ciudadana

A criterio de Juan Carlos Valarezo, politólogo y coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, los prefectos que busquen un segundo mandato deberán demostrar que la continuidad de su administración responde a proyectos aún inconclusos y no a la intención de prolongar una carrera política. Por ello, considera que los electores demandarán campañas con menos retórica ideológica y más propuestas vinculadas a sus competencias, como la vialidad rural, el riego, la gestión ambiental, la atención de emergencias y el desarrollo productivo.

En esa misma línea, el catedrático y experto electoral Alfredo Espinosa sostiene que la reelección debe entenderse como una solicitud de ratificación de la gestión realizada. Por ello, considera que los candidatos tendrán que demostrar el cumplimiento de sus planes de trabajo, explicar qué proyectos requieren continuidad y justificar por qué necesitan cuatro años más para concretarlos, en lugar de limitarse a presentar nuevas promesas de campaña.

Los especialistas advierten, además, que los gobiernos provinciales no deberían convertirse en plataformas para proyectar candidaturas a otros cargos de elección popular. A juicio del politólogo Valarezo, la ciudadanía deberá preguntarse si quienes buscan mantenerse en funciones han gobernado pensando en las necesidades de la provincia o si han utilizado el cargo para fortalecer su trayectoria política. Espinosa agrega que una reelección solo se justifica cuando existe una gestión respaldada por resultados, liderazgo y una base social construida durante el ejercicio del cargo, y no únicamente por el cálculo electoral.

Lo que debes saber 

• La comunicación política y la "gestión de entorno" han instalado una lógica que prioriza la conveniencia y los intereses privados sobre la defensa de la democracia.
  
• Parte del empresariado ecuatoriano ha normalizado el deterioro institucional y el autoritarismo en aras de la estabilidad económica.
  
• Renunciar a la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la independencia de las instituciones termina debilitando el clima de inversión y pone en riesgo el futuro del país.

Con sus técnicas de manipulación mediática, su relativismo moral y su falso carácter predictivo, la comunicación política (Compol) ha impuesto su lógica utilitaria en el debate público y ha terminado por convertir a la política en una actividad no solamente ajena al bien común sino directamente opuesta a él. No tan conocido es su equivalente empresarial: la no menos seudocientífica “estrategia de entorno corporativo” que, con su cuidadosa práctica de la adulación y el oportunismo, ha hecho de la producción una función económica que nada tiene que ver con el desarrollo del país. Ambas especialidades (en el supuesto no consentido de que lo sean) son nefastas.

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Cuando la democracia se convierte en un costo de negocios

Y así como escuchar a los magos de la Compol es provechoso para entender el comportamiento de los políticos, la verborrea de los estrategas de entorno resulta bastante ilustrativa sobre una cierta forma de pensar cada vez más común entre los empresarios. Este viernes, dos de esos estrategas coincidieron en la tertulia radiofónica semanal que conduce Jorge Ortiz en FM Mundo: Juan Rivadeneira, especialista en “gestión de entorno” (así se presenta a sí mismo), y Benjamín Ortiz, consultor de “comunicación corporativa y estrategia política y de entorno para empresas” (la palabra “entorno” parece ser la clave de esta forma de charlatanería). Ambos dieron clases sobre cómo defender los intereses privados de su clientes mientras el edificio público, es decir, el estado de la democracia se cae a pedazos. Más aún: dejaron perfectamente establecido que el derrumbe de la democracia (que en el caso del Ecuador de Daniel Noboa son capaces de reconocer como un hecho cuando no les queda más remedio) no tiene por qué ser algo negativo; muy por el contrario: puede convertirse en una oportunidad. Más difícil de entender es la lógica según la cual las empresas que aplican este credo se atribuyen el mérito de “sacar adelante el país”.

Eso de “defender intereses privados mientras el edificio público, es decir, el estado de la democracia se cae a pedazos”, proviene palabra por palabra del discurso que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo ofreció hace pocas semanas en México. Resulta llamativo ver cómo ese comportamiento, que ella atribuye a una buena parte del empresariado de América Latina, se reproduce con exactitud matemática tanto en países víctimas de autoritarismos populistas de izquierda como de derecha.

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El miedo como política empresarial

Lo primero que se puede decir con respecto a la situación del empresariado ecuatoriano bajo el noboato (¿ya se puede acuñar ese término?) es que la sensación predominante es el miedo. Algo que Ortiz y Rivadeneira jamás reconocerán, al contrario: reaccionarán a la defensiva, como hicieron en la tertulia del viernes ante su simple insinuación. Lo cierto es que el miedo manda entre los empresarios tanto como entre los políticos o los periodistas, si no es más. La razón es apenas obvia: el acoso del SRI, de la UAFE o de las superintendencias puede ser, en su caso, mucho más devastador. Añádase a ello la existencia de listas negras confeccionadas en Carondelet y en las que ningún empresario quisiera estar, así como la domesticadora costumbre adoptada por el gobierno de reunir a un puñado de elegidos en la residencia presidencial en Olón cada cierto tiempo. “Reuniones de fidelización”, las llaman. Mónica Heller, de la Cámara de Comercio de Quito, es impulsora y cortesana de estos encuentros en los que no se admiten preguntas. ¿No conocen los estrategas de entorno sobre tales reuniones o aconsejan a sus clientes tratar de estar en ellas y mantener la boca cerrada? Quien no se queda quieto no sale en la foto, esa es la única verdad. En esas circunstancias, Ortiz y Rivadeneira son entrenadores de maniquíes.

El autoritarismo reducido a una 'tensión política'

¿Se vienen unas elecciones seccionales en las que los candidatos que podían incomodar al régimen han sido eliminados; sus partidos, suprimidos; y el sistema electoral, manipulado? Son “tensiones políticas”, dice Benjamín Ortiz, “pero con un marco económico estable”. Como si la aplanadora autoritaria de un poder que controla todos los poderes fuera una “tensión” como cualquier otra. No: tensiones políticas las hay siempre en democracia; descabezar candidatos y partidos es una práctica dictatorial. “En política, muchísima confrontación, sin duda”, dice Juan Rivadeneira y cambia de página.

La libertad de expresión, un problema secundario

¿Los organismos supuestamente autónomos del Estado están siendo utilizados como herramientas de control político, para advertencia de medios y de empresas, como ocurre con la intervención de este Diario por la Superintendencia de Compañías? En efecto, es un “caso preocupante”, dirá Benjamín Ortiz, que fue periodista hace dos generaciones: “una situación bastante compleja (…) Pero siendo de todas maneras reprochable que se pretenda por estos medios, digamos, presionar o suprimir incluso un medio de comunicación, no veía yo un caso generalizado de que esté ocurriendo una intervención sistemática del gobierno en decisiones internas de compañías”. En resumen: nada importante. No le preocupa al experiodista que se pretenda, “digamos, presionar o suprimir incluso un medio de comunicación” mientras sus clientes puedan quedarse quietos para salir en la foto. Nada más importa mientras Ecuador, en palabras de Juan Rivadeneira, “me dé unos números de que pinta que parece que el consumo va a crecer”. Tal cual: ¿a quién le importa la libertad de expresión mientras “pinta que parece”?

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Por supuesto, ambos lamentan que las presiones ejercidas sobre el periodista Hernán Higuera, de Ecuavisa, hayan llegado al extremo de dejar sin trabajo a su mujer y sin futuro académico (al menos inmediato) a su hijo para obligarlo a abandonar su cobertura del caso Progen. Lo lamentan, sí, pero nomás porque Jorge Ortiz tuvo el detalle de mencionarlo. En cuanto al asesinato de la activista anticorrupción Mónica Silva, que el gobierno pretendió disfrazar premeditadamente de suicidio; o la crisis de salud en las cárceles y el ingreso del Ecuador, por primera vez, al Índice Global de Tortura en la categoría de alto riesgo, no tienen una palabra que decir. Por no hablar de la debacle institucional: el golpe de estado en el Consejo de la Judicatura, el control absoluto del CPCCS y de los concursos de autoridades que éste organiza, el manejo político de la Fiscalía, la capacidad de ejercer presión sobre los jueces incluso para obligarlos a fallar a favor de narcotraficantes… Si se les pusiera estos hechos por delante, seguro que lo lamentarían. Pero pesaría más el hecho de que “pinta que parece”.

Normalizar el autoritarismo en nombre de la estabilidad

“Todos quisiéramos tener seguridad jurídica -dice Juan Rivadeneria, implicando que no la tenemos-, cumplimiento de la ley, de la Constitución, independencia de poderes… Pero el inversionista a veces pondera el riesgo”. Pondera el riesgo y… ¿decide que nada de eso hace falta? “El mundo, empezando por Estados Unidos -tercia Benjamín Ortiz- es víctima de gobiernos autoritarios. Es la onda actual”. Así que vamos con el autoritarismo, que está de moda. El autoritarismo, vienen a decirnos ambos especialistas en “gestión de entornos”, está bien mientras la mayoría vote por él. Como en los años 30 del siglo pasado, que sabemos perfectamente a dónde condujeron. Un “ingenioso aliado de sus sepultureros” (para usar la frase de Kundera) habrían sido Benjamín Ortiz y Juan Rivadeneira en esa época.

Un demócrata de verdad, (un Osvaldo Hurtado, por poner un ejemplo: octogenario incansable) jamás negociaría la estabilidad institucional de la democracia por las cifras del consumo; jamás se sumaría a la moda autoritaria nomás porque le gusta a la mayoría. El espejismo que lleva a muchos empresarios a creer en estos charlatanes es un peligro para la democracia: la idea de que basta con adaptarse, negociar y sobrevivir. “La erosión democrática -dijo Cayetana Álvarez de Toledo en ese mismo discurso ofrecido en México- es implacable: llega primero al juez, luego al regulador, luego al contrato, al crédito, a la inversión, a la propiedad, y al final a la empresa, a la libertad, al progreso de todos. No hay cuenta de resultados que resista la destrucción del estado de Derecho, no hay salud económica sin salud democrática”.

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El peor negocio: perder el país

Es inconcebible que haya empresarios consecuentes con el discurso de estos consultores pródigos en falacias. Que crean que la libertad de expresión no tiene nada que ver con ellos, cuando su defensa es la de un sistema de información sin la cual ningún mercado funciona; que admitan vivir en un país sin seguridad jurídica con tal de que el consumo crezca, cuando la seguridad jurídica (es decir, la independencia de los jueces, la existencia de un sistema en el que sea imposible que el poder político los presione) representa la confianza sin la cual ninguna inversión es posible. “Un empresario que calla ante la destrucción institucional puede ganar tiempo -concluye Cayetana Álvarez- pero pierde el país. Y perder el país es el peor negocio que existe”. De esto, los estrategas de entorno, cuyo negocio está en otra parte, no entienden nada. Ojalá los empresarios dejaran de escucharlos.

Ha impuesto su lógica utilitaria en el debate público y ha terminado por convertir a la política en una actividad no solamente ajena al bien común sino opuesta a él.

Es inconcebible que haya empresarios consecuentes con el discurso de consultores pródigos en falacias. Que crean que la libertad de expresión no tiene nada que ver con ellos.

Durante la jornada, la organización política proclamó a Pedro Palacios , exalcalde de Cuenca, y a Raúl Delgado , actual alcalde de Paute, como precandidatos a la Alcaldía de Cuenca y a la Prefectura del Azuay, respectivamente.

Además, se eligieron más de 370 candidatos para diferentes dignidades en la provincia del Azuay.

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Pabel Muñoz buscará la reelección a la Alcaldía de Quito en 2026: lo auspiciará el movimiento Amigo

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Las elecciones seccionales se llevarán a cabo en noviembre de 2026, luego de que el Concejo Nacional Electoral decida el adelanto de la jornada que se tenía previsto para febrero del próximo año. 

¿Quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de Azuay?

Pedro Palacios fue alcalde de Cuenca durante el período 2019-2023. Fue elegido con el 28% de los votos. En ese proceso participó por primera vez en una elección.

Palacios es un empresario cuencano e ingeniero industrial graduado en la Universidad Católica de Cuenca.

Durante las elecciones de 2023 buscó la reelección ; sin embargo, fue derrotado al obtener el 17,48% de los votos.

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Jorge Yunda vuelve a la carrera por la Alcaldía de Quito: ¿qué busca con su nueva candidatura?

Marco Rivera

Raúl Delgado es el actual alcalde del cantón Paute, cargo para el que fue reelegido tras su gestión cumplida entre 2019-2023 . Tiene una amplia trayectoria en la política azuaya y ha desempeñado diferentes cargos. También fue alcalde de Guachapala y presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

Delgado es ingeniero civil y técnico en Topografía, graduado en la Universidad Católica de Cuenca, y cuenta con una certificación como tecnólogo industrial por la Universidad Politécnica Salesiana.

Lo que debes saber

• Pabel Muñoz buscará la reelección a la Alcaldía de Quito en noviembre de 2026 con el movimiento Amigo.
• El correísmo definió sus candidatos en Pichincha y Manabí usando la plataforma de la lista 16.
• La suspensión de Revolución Ciudadana obligó al correísmo a usar otro partido para las seccionales.

El alcalde en funciones de Quito, Pabel Muñoz, buscará la reelección en las seccionales de noviembre de 2026 bajo el auspicio del movimiento Amigo (lista 16). El burgomaestre capitalino participó de manera oficial en las elecciones primarias de dicha organización política en la provincia de Pichincha, despejando las dudas sobre la plataforma electoral que utilizará el correísmo debido a la situación legal de su partido original.

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El movimiento Amigo acoge los candidatos del correísmo

Días antes de que iniciara el período de democracia interna en Ecuador, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, mantuvo bajo estricta reserva el nombre de la organización aliada por temor a posibles represalias jurídicas o políticas. No obstante, la directiva fue enfática al asegurar que la tendencia política estaría presente en la papeleta electoral.

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La estrategia responde de forma directa a la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana, medida que permanece vigente debido a un proceso judicial por presunto lavado de activos. Con la postulación de sus cuadros principales en la lista 16, la incertidumbre sobre la participación de la agrupación de izquierda queda resuelta para los comicios locales.

Candidaturas definidas en Pichincha y Manabí

Durante el proceso de primarias del movimiento Amigo en Pichincha, no solo se ratificó la postulación de Muñoz. La militancia también seleccionó al actual viceprefecto Alexandro Tonello como el precandidato para la Prefectura de Pichincha, con el objetivo de dar continuidad al proyecto provincial de Paola Pabón, quien se encuentra impedida constitucionalmente de optar por un nuevo período.

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De forma simultánea, la organización estructuró sus cartas electorales en la provincia de Manabí. En esa jurisdicción, las elecciones primarias determinaron las siguientes designaciones principales:

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Richard Josue Jimenez Mora

El origen de la lista 16 en el escenario nacional

El movimiento Amigo nació originalmente como una agrupación política de carácter provincial antes de dar el salto al ámbito nacional. En sus inicios, la organización estuvo vinculada al exasambleísta Daniel Mendoza, quien recibió una sentencia condenatoria en 2020 por el delito de delincuencia organizada.

A pesar de los cuestionamientos iniciales sobre el origen de su registro ante el Consejo Nacional Electoral, el partido mantuvo su personería y participación activa. En el año 2021 auspició la postulación presidencial de Pedro José Freile, mientras que en las elecciones de 2025 respaldó la candidatura de Juan Iván Cueva, consolidándose como un vehículo electoral recurrente para distintas figuras políticas.

Lo que debes saber

• Luisa González fue oficializada como precandidata a la Prefectura de Manabí para las seccionales de 2026.
• El asambleísta Gudio Mendoza fue elegido como precandidato a viceprefecto de Manabí.
• El movimiento Amigo acoge las precandidaturas del movimiento Revolución Ciudadana por suspensión.

La dirigente de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, fue elegida como precandidata a la Prefectura de Manabí para las elecciones seccionales de 2026. González participó en las primarias del movimiento Amigo, lista 16, realizadas este 27 de junio de 2026.

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La candidatura de Luisa González no está en firme

En las primarias del movimiento Amigo también se eligió al asambleísta de la Revolución Ciudadana Guido Mendoza como binomio de Luisa González para ser precandidato a la Viceprefectura de Manabí.

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Mendoza aclaró a EXPRESO que su designación y la de González como precandidatos de Amigo para la Prefectura de Manabí aún no están en firme porque "aún se debe definir en las alianzas" quiénes serán los candidatos que serán inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Amigo sería la casa política temporal del correísmo

Con la participación de Luisa González en las primarias del movimiento Amigo se resolvería la gran duda de cuál sería el partido político que acogería a los candidatos del correísmo para las seccionales de 2026, mientras permanece vigente la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana por un caso de presunto lavado de activos.

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Días antes del inicio del periodo de primarias en Ecuador, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, mantuvo en reserva el nombre del partido político que acogería a sus candidatos por temor a represalias contra esa organización política. Sin embargo, fue enfática en señalar que el correísmo sí estará en la papeleta de noviembre de 2026.

El origen del movimiento Amigo

El movimiento Amigo nació como una organización política provincial y posteriormente se constituyó como una organización de ámbito nacional vinculada al exasambleísta Daniel Mendoza, sentenciado en 2020 por delincuencia organizada. Aunque se han planteado dudas sobre el origen de su registro, desde 2021 tuvo presencia nacional con el auspicio de la candidatura presidencial de Pedro José Freile. En 2025, además, auspició la candidatura de Juan Cueva Vivanco.

Lo que debes saber

• Jorge Yunda fue proclamado candidato de Avanza para disputar nuevamente la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales. 
• El exalcalde regresa al escenario político tras un proceso de remoción, cambios de partido y fallos judiciales que marcaron su trayectoria.

Jorge Yunda fue designado como candidato a la Alcaldía de Quito por el partido Avanza, lista 8, durante las elecciones primarias realizadas este sábado 27 de junio. Con esta decisión, el exalcalde volverá a disputar el Municipio capitalino en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

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En la misma jornada política, Avanza también escogió a la exconcejal Carla Cevallos como su candidata a la Prefectura de Pichincha. La organización política definió así sus principales cartas para dos de las dignidades más importantes de la provincia.

Días antes de la proclamación, Jorge Yunda apareció junto al presidente de Avanza, Javier Orti, en un video difundido en redes sociales, donde dejó un mensaje que anticipó su regreso político: "Volvemos por Quito".

Jorge Yunda regresa a la política con Avanza

La confirmación de su candidatura llegó pocos días después de que Yunda denunciara públicamente que constaba empadronado en Guayaquil, situación que, según aseguró, le impedía inscribirse para participar en los comicios. Posteriormente volvió a aparecer en Quito, despejando las dudas sobre su futuro político.

Esta será la tercera ocasión en la que Jorge Yunda buscará llegar a la Alcaldía de Quito. En 2019 ganó las elecciones con el movimiento Centro Democrático, mientras que en 2023 participó con el respaldo de Pachakutik, aunque fue derrotado por Pabel Muñoz.

Su retorno a la contienda electoral representa un nuevo intento por recuperar el cargo que ocupó entre 2019 y 2022, en una etapa marcada por conflictos políticos y disputas judiciales.

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La gestión de Jorge Yunda estuvo marcada por procesos judiciales

Durante su administración, el Concejo Metropolitano aprobó su remoción por incumplimiento de funciones en 2021. Aunque inicialmente una decisión judicial le permitió regresar temporalmente al despacho, un fallo definitivo confirmó su salida de la Alcaldía.

Tras dejar el cargo, Santiago Guarderas asumió la administración del Municipio de Quito. Ese proceso convirtió a la capital en escenario de una prolongada disputa política y legal que se extendió durante varios meses.

En paralelo, Jorge Yunda enfrentó el denominado caso pruebas PCR, en el que fue investigado por presunto peculado. Después de un extenso proceso judicial, la justicia lo declaró inocente.

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Los antecedentes que acompañan su nueva candidatura

La gestión del exalcalde también estuvo rodeada de cuestionamientos relacionados con su hijo, Sebastián Yunda, quien fue investigado por supuestamente beneficiarse de contratos durante la administración municipal.

Al igual que su padre, Sebastián Yunda fue declarado inocente por la justicia al concluir las investigaciones. Con esos antecedentes judiciales ya resueltos, el exalcalde vuelve al escenario electoral con el respaldo de Avanza.

Ahora, Jorge Yunda buscará nuevamente el voto de los quiteños en unas elecciones que volverán a enfrentar a varias figuras conocidas de la política local y que definirán el futuro de la administración de la capital ecuatoriana.