Política

¿Quién es el funcionario de Daniel Noboa con mayor patrimonio? Declaró más que el Presidente

Jonathan Palma

Sin embargo, solo constan sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023 y 2024. Como consta en el reportaje 'Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía', EXPRESO no encontró registros de 2025 ni de 2026 en la plataforma de la Contraloría General del Estado. 

"Los funcionarios de nivel jerárquico superior —por ejemplo los ministros— deben presentar esta declaración de forma anual".

Así lo explica Guido Escobar, PhD en Hacienda Pública, experto en temas de la Contraloría y docente universitario. Precisa que esta obligación está establecida en la Constitución, en la Ley Orgánica para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas y en su reglamento.

¿Puede justificarse la no presentación de la declaración juramentada en 2025 y 2026?

Escobar responde: " No es posible que no aparezcan en la plataforma; es una omisión del Contralor (Mauricio Torres) y de la Contraloría, habría un nivel de desigualdad o discriminación con otros funcionarios como él. ¿Por qué los unos publicitan sus declaraciones y los otros no? La ley tiene dos principios es obligatoria y es general para todos".

Sobre los efectos jurídicos, recuerda que el artículo 231 de la Constitución establece que la falta de presentación de la declaración al término de las funciones, o la existencia de inconsistencias no justificadas entre declaraciones, hará presumir enriquecimiento ilícito.

Además, Escobar señala que "el Contralor tienen que darnos respuesta, es el primer responsable constitucionalmente, es el director de orquesta, el responsable de todo el manejo del sistema de control interno del país, tanto más si son funcionarios de ese rango".

¿Cuál es el efecto jurídico de la no presentación de declaraciones en un funcionario de ese nivel?

El artículo 4 de la ley establece que no presentar la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión implica la anulación inmediata del nombramiento o contrato, el cese de funciones del servidor y la remoción del responsable de talento humano que lo posesionó sin cumplir este requisito. Además, la presentación tardía de la declaración no subsana el incumplimiento.

En su reporte más reciente, el patrimonio de Luque asciende a 149.000 dólares. Registra trece cuentas bancarias con fondos que suman 39.000 dólares. Estos datos constan en el reportaje sobre los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y su equipo.

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El miércoles 24 de junio de 2026 deberá ampliar su versión sobre el caso Progen, según determinó la Fiscalía.

El comunicado de prensa de Contraloría en agosto del 2025:

La Contraloría recordó que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos entró en vigencia el 29 de julio de 2025.

Y señaló que reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

Por lo que, detalló, "los servidores públicos del Ecuador que se desempeñan en cargos de nivel jerárquico superior y son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado (CGE), entre el 1 y 31 de agosto de 2025, con la siguiente información". Con estos datos:

¿Quiénes se consideran PEP?

Lo que debes saber

• Especialistas sostienen que la eventual salida de Serrano de custodia no implica una deportación automática.
• Una protección otorgada por la justicia estadounidense sigue siendo clave en su caso.
• En Ecuador, el exministro mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

La posible salida de José Serrano, exministro del Interior del Gobierno de Rafael Correa, del centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos), ha abierto interrogantes sobre su situación migratoria y la posibilidad de que sea enviado a Ecuador. Sin embargo, especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que su eventual excarcelación no implica automáticamente una deportación.

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¿Qué se sabe de la situación de Serrano?

El abogado, especialista en Política Internacional y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, Pablo Játiva señala que todavía no existe una confirmación oficial sobre el estatus actual del exfuncionario. Por ello, advirtió que cualquier análisis debe realizarse con cautela, ya que incluso podría tratarse de un traslado a otro centro de detención o de una liberación bajo fianza.

Según Játiva, la principal barrera para una eventual deportación es la protección otorgada a Serrano bajo la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés). El académico explicó que esa medida fue concedida por una jueza estadounidense al considerar que existirían riesgos para su integridad si fuera retornado a Ecuador.

La jueza de asuntos migratorios de Miami, Romy Lerner, concedió el 13 de mayo de 2026 al exfuncionario correísta una protección al amparo de la Convención contra la Tortura (CAT) de 1984, una medida que impide su deportación a Ecuador mientras se mantenga vigentes las condiciones que la motivaron. En el país, Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, en el que es investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

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El alcance de la Convención contra la Tortura

Por su parte, Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que el caso debe analizarse desde varias aristas jurídicas que se desarrollan de manera paralela. A su criterio, aunque en Ecuador existe una orden de prisión preventiva contra Serrano, la protección derivada de la Convención contra la Tortura complejiza cualquier proceso de devolución.

Téllez explica que el principio de no devolución, contemplado en el artículo 3 de la Convención, impide enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar riesgos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Agrega que, de mantenerse vigente esa protección, la deportación quedaría frenada independientemente de otros argumentos relacionados con seguridad o antecedentes judiciales.

Según los académicos, la protección otorgada a Serrano bajo la Convención contra la Tortura también debe analizarse en el contexto de la crisis penitenciaria que ha atravesado Ecuador en los últimos años. Los especialistas sostienen que los antecedentes de violencia carcelaria, las denuncias sobre condiciones de reclusión y la situación de figuras políticas privadas de libertad (el exvicepresidente Jorge Glas y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez) habrían sido elementos considerados por la justicia estadounidense para evaluar los riesgos que enfrentaría el exfuncionario en caso de ser enviado al país.

Játiva expresa que la orden de prisión preventiva vigente en Ecuador no obliga a Estados Unidos a entregar al exfuncionario. Según expresa, la protección internacional otorgada a Serrano se sustenta en que el Estado ecuatoriano no habría podido garantizar plenamente su seguridad e integridad dentro del sistema penitenciario.

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La protección internacional que lo blinda

Por su parte, Téllez señala que la negativa al asilo no elimina automáticamente los efectos de la protección otorgada bajo la Convención contra la Tortura. La experta afirma que ambas figuras tienen alcances distintos y que la segunda puede mantenerse vigente aun cuando la primera haya sido rechazada.

Además, explica la académica que, si Estados Unidos decidiera deportar a Serrano a Ecuador y este fuera encarcelado en prisiones del país, y en un año su estado físico se viera totalmente deteriorado, eventualmente se abriría una ventana de responsabilidad internacional para Estados Unidos a la luz de la Convención, por haber incumplido la normativa al no poder garantizar su retorno en condiciones adecuadas. Esto podría derivar en un litigio internacional, subraya Téllez.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre las condiciones en las que Serrano habría dejado de figurar en localizador de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No obstante, los especialistas consultados consideran que, mientras permanezca vigente la protección internacional concedida en Estados Unidos, una deportación a Ecuador no sería un escenario inmediato.

Lo que debes saber:

• De la Espriella lidera preconteo en Colombia por estrecho margen de 0,96%.
• El resultado definitivo del escrutinio tardará entre tres días y dos semanas.
• Iván Cepeda aclaró que aceptará el resultado cuando concluya el escrutinio.

Luego de una histórica participación que superó los 26,3 millones de sufragantes (equivalente al 63,6% del censo electoral), el preconteo inicial en Colombia otorgó el liderazgo a Abelardo de la Espriella por una reducida ventaja de 250.820 votos por encima de Iván Cepeda, marcando una brecha de apenas 0,96 puntos porcentuales.

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Debido a la mínima distancia entre ambos candidatos, Cepeda manifestó de forma pública que, si bien admite la tendencia observada, estos datos "aún no son oficiales ni vinculantes". 

El candidato de izquierda aclaró de manera enfática que su proyecto político aceptará el veredicto definitivo una vez que culmine el proceso de consolidación formal derivado del escrutinio. 

Asimismo, el mandatario colombiano Gustavo Petro remarcó en sus plataformas digitales que los encargados de dictaminar al ganador definitivo son los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo con la facultad jurídica para oficializar los resultados tras la revisión obligatoria de las actas.

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Preconteo frente a escrutinio: ¿cuál es la diferencia?

Según puntualiza la Registraduría Nacional, el preconteo desarrollado durante la misma jornada de los comicios posee únicamente un carácter informativo y carece de validez legal. 

En contraste, el escrutinio constituye la verificación y cómputo oficial de los votos, un procedimiento dotado de plenos efectos legales que posee la capacidad de modificar los resultados preliminares al enmendar fallos de digitación, resolver impugnaciones presentadas y constatar posibles discrepancias dentro de los documentos electorales.

Esta labor se ejecuta de manera progresiva. En primera instancia, se llevan a cabo las verificaciones en los ámbitos distritales y municipales, seguidas por las fases departamentales, concluyendo con la centralización nacional efectuada por el CNE. 

En estas tareas participan comisiones escrutadoras conformadas por jueces, notarios y registradores, quienes cuentan con el respaldo de delegados del CNE, entes de control y los apoderados de las candidaturas presidenciales.

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¿Cuánto tardará el escrutinio en finalizar?

De acuerdo con lo expuesto por los organismos electorales, la normativa no contempla un límite de tiempo inflexible para certificar la designación de un mandatario electo. 

La extensión de este proceso depende directamente del flujo total de la votación y, sobre todo, del número de reclamaciones o tachas que ingresen los veedores y juristas de las campañas respecto a supuestas fallas en las mesas receptoras de voto (tales como errores en el llenado de formularios o incongruencias en las cifras de votantes).

Como un antecedente cercano, en la primera vuelta de las presidenciales celebrada el pasado 31 de mayo, los comités técnicos procesaron la información con celeridad: las labores arrancaron a las 8:00 de la noche del domingo y la centralización nacional terminó el 2 de junio, difundiéndose el balance oficial apenas tres días posteriores al sufragio.

Al respecto, Altus Baquero, magistrado del CNE, detalló al medio SEMANA que, dado que se trata de un escenario electoral simplificado donde únicamente se miden dos binomios y la opción del voto en blanco, el mecanismo tendría que concretarse "muy rápido". 

Tomando en cuenta los antecedentes del país en comicios de gran envergadura, el lapso global para el dictamen definitivo suele demorar entre un mínimo de tres días y un tope de dos semanas.

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¿Qué tanto pueden cambiar las cifras?

A pesar de que el escrutinio goza de la potestad legal para alterar los valores emanados del preconteo, los históricos recopilados por las autoridades y la Misión de Observación Electoral (MOE) en los procesos presidenciales demuestran que los ajustes suelen ser mínimos.

Las alteraciones drásticas, como el caso de los más de 500.000 sufragios recuperados por el Pacto Histórico en las elecciones de Congreso de 2022, responden a mecánicas legislativas de alta complejidad y no se evidencian usualmente en las elecciones presidenciales. 

Por ahora, la ciudadanía colombiana se mantiene atenta a la resolución oficial y firme de las delegaciones para conocer los resultados definitivos.

Lo que debes saber

• La muerte de Monika Silva llegó hasta Naciones Unidas.
• La relatora Andrea Bolaños lanzó una serie de exigencias al Estado ecuatoriano y alertó sobre riesgos para activistas.
• ¿Qué pidió la ONU y por qué considera que el caso tiene una gravedad especial?

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, pidió al Estado ecuatoriano reforzar las garantías de protección para activistas tras el asesinato de la defensora polaca Monika Martyna Koniuszek, conocida públicamente como Monika Silva. La activista fue hallada sin vida en Montañita, provincia de Santa Elena, un caso que continúa bajo investigación.

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Desde el 8 de junio, Bolaños afirmó que ha seguido de cerca la información relacionada con el fallecimiento de la defensora. La relatora señaló que los elementos conocidos hasta ahora generan preocupación debido a que, según información forense, las circunstancias de la muerte no coincidirían con la hipótesis de un suicidio.

“Dado que las autoridades forenses indican que las circunstancias no concuerdan con un suicidio, este suceso adquiere una gravedad particular”, expresó la relatora de la ONU al referirse al caso de Monika Koniuszek. La funcionaria advirtió que la situación merece un análisis profundo por las implicaciones que podría tener para la seguridad de quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.

Caso Monika Silva reaviva alertas sobre seguridad de defensores

La representante de Naciones Unidas sostuvo que la muerte de la activista no puede ser vista únicamente como un hecho aislado. Según indicó, distintos reportes reflejan un contexto adverso para personas que realizan trabajo de defensa de derechos en Ecuador.

“Lejos de ser un caso aislado, diversos informes señalan que otras personas defensoras de derechos humanos están sufriendo hostilidad por parte del Estado”, manifestó Bolaños. La relatora vinculó esta preocupación con la necesidad de fortalecer las garantías de protección para quienes desarrollan este tipo de actividades.

Además, recordó que la situación podría afectar compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos fundamentales. Entre ellos mencionó disposiciones relacionadas con la protección de la vida, la libertad de expresión y el derecho de asociación pacífica.

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Relatora pide investigación independiente y sin impunidad

Entre las acciones planteadas, Bolaños instó a las autoridades a garantizar que las personas defensoras puedan desarrollar su trabajo sin restricciones indebidas. También solicitó medidas para evitar amenazas, actos de violencia e intimidación contra este sector.

“Garantice el derecho a promover, defender y proteger los derechos humanos”, señaló la relatora dentro de su pronunciamiento. Asimismo, pidió el cese de cualquier práctica de persecución, criminalización o vigilancia dirigida contra activistas y organizaciones sociales.

La funcionaria también exhortó a reforzar los mecanismos institucionales de la Defensoría del Pueblo para brindar respaldo efectivo a quienes enfrentan riesgos por su labor. En paralelo, reclamó que las violaciones contra defensores sean investigadas y sancionadas para evitar escenarios de impunidad.

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ONU insiste en esclarecer la muerte de la activista

Uno de los principales pedidos de la relatora se centra en el esclarecimiento del caso de Monika Silva. Bolaños demandó una actuación diligente de las autoridades para determinar responsabilidades y garantizar transparencia durante todo el proceso.

“Lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente en el caso de la Sra. Monika Koniuszek”, enfatizó la representante de Naciones Unidas. El llamado busca que las circunstancias de la muerte sean esclarecidas con base en evidencia técnica y sin interferencias.

La relatora concluyó su pronunciamiento destacando el papel que cumplen quienes defienden derechos humanos en distintos países. “Las personas defensoras son aliadas de la democracia y la dignidad humana”, afirmó al insistir en la necesidad de brindarles protección efectiva.

Lo que debes saber

• El presidente Daniel Noboa cumplirá una nueva agenda de trabajo en Estados Unidos el 25 de junio de 2026.
• El mandatario ecuatoriano mantendrá reuniones estratégicas en Nueva York con diplomáticos, migrantes e inversionistas.
• Este viaje representa la segunda visita oficial de Daniel Noboa a territorio estadounidense en menos de un mes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cumplirá una nueva agenda de trabajo en Estados Unidos a partir del próximo 25 de junio de 2026. Esta visita oficial a la ciudad de Nueva York marca el segundo viaje del mandatario al país norteamericano en menos de un mes, un desplazamiento estratégico que coincide con el desarrollo del Mundial 2026 y la participación de la selección ecuatoriana en la cita deportiva.

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Reuniones diplomáticas y comerciales en Nueva York

A pesar de que el decreto ejecutivo correspondiente aún no ha sido oficializado, la Cancillería de Ecuador difundió los compromisos previamente coordinados que el primer mandatario solventará en territorio estadounidense. La planificación oficial arranca el 25 de junio de 2026 con una sesión diplomática de alto nivel orientada a la seguridad regional.

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Posteriormente, las actividades presidenciales se extenderán hasta el 26 de junio de 2026, enfocándose en el diálogo con la comunidad residente en el exterior y la atracción de capitales para el desarrollo nacional.

Detalle de la agenda presidencial

Segundo viaje a Estados Unidos en menos de un mes

Este viaje se suma a la reciente actividad internacional del mandatario. A mediados de junio de 2026, entre los días 11 y 15, el primer mandatario cumplió una jornada laboral en el país norteamericano que contempló una visita al Pentágono y una reunión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

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Durante esa misma permanencia en el norte, Daniel Noboa asistió al partido inaugural de Ecuador en el Mundial 2026, evento disputado de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. Si bien su presencia en el encuentro deportivo no constaba en las rutas iniciales de la Cancillería, el presidente fue captado por la transmisión oficial del compromiso.

Los puntos claves de este reportaje

• Cinco autoridades subordinadas o alineadas al Ejecutivo reportan montos de hasta $1,8 millones.
• Los activos de los hombres de confianza del Ejecutivo van desde un salto de un millón de dólares en acciones empresariales hasta $200 mil en semovientes (ganado) y fondos en Estados Unidos.
• Para acceder a los informes patrimoniales de servidores públicos se han sorteado limitaciones que la Contraloría ha implementado en los últimos dos meses. Aún se exige al ciudadano que llene un formulario con datos personales y continúa inhabilitada la opción de descarga de los documentos.

El poder económico de quienes manejan los hilos políticos del país deja rastros en los papeles oficiales, aunque el acceso a ellos se intente convertir en un laberinto. Una reciente revisión patrimonial de Diario EXPRESO a trece altas autoridades del país expone las cifras que los hombres de confianza del presidente Daniel Noboa han entregado a la Contraloría General del Estado.

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Las autoridades bajo escrutinio:

Cinco de estos personajes son subordinados del presidente Noboa: Neira, Luque, Olsen, Sensi-Contugi y Cabezas-Klaere. El dato más llamativo de este análisis financiero no se queda en el despacho presidencial, ya que el exasambleísta oficialista Niels Olsen registra un patrimonio superior al del propio primer mandatario.

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Mientras el presidente Daniel Noboa declara un patrimonio que asciende a $1,6 millones (una casa de $1,5 millones en Santa Elena, acciones por $101 mil y $16 mil en tres cuentas bancarias, sin deudas ni vehículos a su nombre), su exministro y hombre fuerte en la Asamblea Nacional reportó un patrimonio de $1,8 millones, en las declaraciones disponibles de 2025.

El salto millonario del hombre de confianza

Niels Olsen, quien presentó su renuncia a la Presidencia de la Asamblea Nacional este 8 de junio de 2026, acumula específicamente un patrimonio de $1'835.291,87, según su reporte de 2025. En su lista de activos constan nueve cuentas bancarias que suman un total de $87 mil, una casa en Guayas adquirida en 2008 por $135 mil, y un departamento en la misma provincia registrado en 2023 por $460 mil.

El exlegislador, cuya familia se ha dedicado tradicionalmente al agroturismo, reporta además una camioneta de año 2023 comprada por $45 mil y un menaje de casa valorado en $90 mil. El crecimiento de su patrimonio ocurrió entre su paso como ministro de Turismo en el gobierno de Guillermo Lasso y su llegada a la Asamblea Nacional. En ese periodo experimentó un salto de aproximadamente un $1 millón reflejado en acciones de empresas.

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Cuentas por cobrar y el rastro del dinero en el exterior

El segundo funcionario con el patrimonio más alto entre los subordinados del entorno presidencial es el superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere. El funcionario reportó un patrimonio total de $915.085,56. Dentro de los rubros más importantes de su balance constan cuentas por cobrar que superan los $300 mil.

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En el puesto tres de esta lista consta José Julio Neira, secretario de la Administración Pública y quien previamente estuvo al frente de doce funciones por encargo de Noboa, incluyendo la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Él registra un patrimonio de $461 mil en su reporte de 2026.

Neira ingresó al servicio público en 2023 como subsecretario general de Acción Estratégica con $447 mil. Entre sus activos actuales destacan cinco cuentas bancarias (cuatro de ellas localizadas en Estados Unidos) con un total de $46 mil, inversiones por $160 mil y $200 mil en semovientes (ganado), sin registrar casas ni vehículos a su nombre.

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Ministra de Gobierno presenta denuncia en Fiscalía: "Correa estaría liderando red de espionaje"

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La denuncia apunta directamente al máximo líder de Revolución Ciudadana. El caso cobró relevancia luego de que, en las últimas semanas, se difundiera un audio en el que supuestamente conversa con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela relacionada con el denominado caso Porsche y el uso de recursos de Segura EP.

“Vengo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General para que se proceda a realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto cometimiento de delitos que se estarían realizando dentro del sistema de Segura EP y que, lamentablemente, ha sido un sistema mal utilizado, sobre el cual los guayaquileños han puesto de su dinero para que pueda prevenir delitos”, señaló Morillo.

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¿Por qué se menciona a Rafael Correa?

Según la ministra de Gobierno, existen indicios de que las cámaras de videovigilancia de Segura EP habrían sido utilizadas con fines políticos. En ese contexto, aseguró que detrás de las operaciones denunciadas existiría una presunta red de espionaje.

Morillo sostuvo que dicha estructura “estaría siendo liderada por Rafael Correa”. Además, mencionó la participación de otras personas que habrían estado vinculadas con el seguimiento de información obtenida a través del sistema municipal.

Entre los señalados figura el asambleísta de Revolución Ciudadana y exjefe de la bancada correísta Juan Andrés González, cuyo nombre también ha sido mencionado en relación con el audio difundido recientemente.

¿Qué es el caso Porsche?

El denominado caso Porsche surgió a partir de una denuncia impulsada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La alerta se originó tras la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria.

De acuerdo con la información expuesta por las autoridades municipales, el vehículo llegó a un sector donde se encontraba la vivienda del único procesado por una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.

¿Qué delitos se investigarán?

La ministra Morillo indicó que la Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales derivadas del uso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Entre los posibles delitos que mencionó están:

¿Cuál fue la reacción del correísmo?

Correa utilizó su cuenta en la red social X para responder a los señalamientos realizados por funcionarios del Gobierno. Sobre Morillo, publicó: “Ministra: Fuera de sus evidentes troles, mire lo que les contesta la gente. Están perdidos. Sirvenguenzas”.

Además, el exmandatario respondió al ministro del Interior, John Reimberg, quien había señalado: “Salas espejo, espionaje, uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad al servicio de intereses particulares, en lugar de la seguridad de los guayaquileños”.

Frente a esas declaraciones, Correa escribió en su cuenta de X: “¿Sala espejo? ¿Espionaje? ¿Uso discrecional de recursos y logística del Estado? ¡Increíble! ¿Por qué mejor no resuelven el Caso Porsche? Y en manos de este pelotudo está la seguridad ciudadana”.

Lo que debes saber

• El proceso por el caso Villavicencio continúa en Ecuador bajo investigación fiscal.
• La defensa cuestiona decisiones y acciones en el desarrollo del caso.
• Serrano sigue vinculado a la causa con medidas cautelares vigentes.

Ante la presunta salida del exministro del Interior, José Serrano, de la custodia migratoria en Estados Unidos, la defensa de las hijas de Fernando Villavicencio ha expresado su preocupación por los efectos que esto podría tener en el proceso judicial en Ecuador. El abogado Patricio Rosero advirtió que el caso atraviesa un momento sensible dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial.

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Vinculación con orden de prisión preventiva en Ecuador

Serrano enfrenta en Ecuador una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, tras haber sido procesado como presunto autor intelectual del asesinato del político. Sin embargo, la preocupación de Rosero se origina en el cambio de situación del exministro, quien previamente se encontraba retenido en el centro de detención de Krome, en Miami (Estados Unidos), donde permanecía bajo un proceso migratorio paralelo.

Rosero señaló, a un medio de comunicación, que la situación es “indignante”, al considerar que no se habrían ejecutado acciones concretas por parte del Estado para impulsar una apelación que debió realizarse oportunamente. A su criterio, estas omisiones habrían tenido impacto en decisiones recientes dentro del proceso judicial.

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Cuestionamientos sobre influencia en el proceso judicial

El jurista también sostuvo que una carta atribuida a Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, habría influido en la tramitación de un recurso de habeas corpus. En ese sentido, afirmó que el caso se desarrolla en un entorno complejo y con posibles influencias externas.

En paralelo, registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos indicarían que Serrano habría dejado de figurar bajo custodia migratoria. Esta situación ha sido interpretada como una posible salida del centro de detención de Krome, donde permanecía desde agosto de 2025, aunque no existe confirmación oficial.

La defensa de las hijas de Villavicencio también relaciona este escenario con la audiencia de apelación a la prisión preventiva realizada el 18 de junio de 2026. En esa diligencia, el tribunal habría solicitado el expediente físico del caso para su revisión.

Lo que debes saber

• El ICE ya no registra a José Serrano bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
• El cambio aparece en medio de un proceso de fianza aún sin confirmación oficial.
• En Ecuador, sigue vigente una orden de prisión preventiva en su contra por el caso Villavicencio.

José Serrano, exministro del Interior, habría dejado de figurar bajo custodia migratoria en Estados Unidos, según información del localizador de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El exfuncionario se encontraba detenido en el centro de detención de Krome, en Miami.

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Posible salida tras resolución de fianza

El sistema de localización ya no registra coincidencias con sus datos personales —incluidos nombres y fecha de nacimiento—, lo que sugiere una posible salida del centro de detención. Esta eventual liberación habría ocurrido tras una resolución asociada al pedido de fianza dentro del proceso migratorio que enfrenta en Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial del pago ni de la ejecución formal de la medida. EXPRESO intentó comunicarse con Verónica Serrano, hija del exfuncionario, para conocer su versión sobre la presunta libertad de su padre y el estatus en el que se encontraría en territorio estadounidense, pero no obtuvo respuesta.

Recurso de habeas corpus en Florida

El 8 de junio de 2026, el exministro del Interior, José Serrano, presentó un nuevo recurso de habeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, con el objetivo de recuperar su libertad y salir del Centro de Procesamiento Krome. La acción judicial fue ingresada luego de que una solicitud similar fuera rechazada previamente por la justicia estadounidense.

La demanda fue dirigida contra el director interino del ICE, así como contra el subdirector del Centro de Procesamiento de Servicios Krome North. Como parte del expediente, la defensa del exfuncionario adjuntó 10 documentos de sustento.

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Defensa alega vulneraciones al debido proceso

Los abogados de Serrano han sostenido que, durante su detención, el 7 de agosto de 2025, se habrían producido vulneraciones al debido proceso. Además, han expresado que el exministro habría sido objeto de una persecución política tanto por parte de autoridades de Ecuador como de Estados Unidos, planteamientos que ahora deberán ser respondidos por la parte estatal dentro del litigio.

No obstante, la detención se originó en una infracción migratoria, relacionada con el supuesto exceso del tiempo autorizado de permanencia en territorio estadounidense tras el vencimiento de su visa. Este elemento ha sido el eje del procedimiento administrativo que derivó en su arresto y posterior permanencia en custodia.

Investigación en Ecuador por caso Villavicencio

Mientras tanto, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación contra Serrano por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En ese proceso, el exfuncionario enfrenta una orden de prisión preventiva dictada dentro de la causa.

Las claves que debes saber

• Transportistas piden al Gobierno fijar tarifas por alza de combustibles en Ecuador.
• Sector con 230.000 transportistas alerta crisis y exige política tarifaria para frenar pérdidas logísticas.
• Gremios convocan reunión ante falta de medidas; evalúan acciones por caída de fletes y competencia desleal

Fernando Ortiz, representante de los transportistas pesados del país, solicitó este 22 de junio de 2026 que el Gobierno defina un esquema tarifario para el sector. Según el dirigente, la medida permitirá a los agremiados enfrentar la crisis que atraviesan por el aumento de los precios de los combustibles.

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"Es hora de que el Estado establezca una metodología para el cálculo de costos del transporte, un piso tarifario. No hemos pedido compensaciones", dijo Ortiz junto a los dirigentes de la Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte Pesado y Logística, la Asociación Andina de Transportistas Internacionales de Carretera, la Corporación de Operadoras de Transporte Pesado, entre otras.

Ortiz aseguró que el sector de carga vive "una asfixia económica que afecta a las actividades productivas y compromete a la cadena logística del territorio nacional". Según el dirigente, la falta de una regulación ha provocado un "abuso de la mayoría de generadores de carga, que se niega a establecer tarifas justas para el sector, ha generado una competencia desordenada y desleal, basada en la reducción indiscriminada de los fletes".

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Transportistas se reunirán para tomar medidas

El dirigente del sector, que aglutina a unos 230. 000 transportistas del país, criticó que el Gobierno no haya diseñado el mecanismo, pese a las alertas que habrían manifestado a las autoridades. Por ello, demandó una política pública, así como "medidas estructurales y sostenibles" que brinden estabilidad a los conductores.

El vocero manifestó que los transportistas no han efectuado paralizaciones. Sin embargo, indicó que han convocado a las bases de los gremios del transporte pesado a una reunión en la ciudad de Santo Domingo, en donde se "decidirán las medidas por la falta de una regulación tarifaria".

Transportistas rechazan fusión de ministerios

A la par de un esquema tributario, el dirigente rechazó que el régimen haya fusionado el Ministerio de Transporte con otras carteras de Estado en el nuevo Ministerio de Infraestructura y Tecnología. 

"Representa un debilitamiento. El transporte no es un componente secundario, sino un eje estratégico de la economía, suministros, logística interna y comercio exterior; aportamos con el 5,5% del PIB, generamos miles de empleos. Es una pérdida de jerarquía del sector, porque compite por presupuesto y decisiones dentro del área técnica", observó. 

En la misma línea, comentó que la medida del Gobierno en la frontera norte afectó a los transportistas de Carchi. Los agremiados habrían reportado entre 15 y 20 millones de dólares en pérdidas  y despidos de conductores por la tasa a las importaciones de Colombia.

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Lo que debe saber

• El alcalde de Portoviejo aún agotar todas las instancias para lograr su participación en las seccionales 2026.
• Javier Pincay anunció que habrá una candidatura que continuaría su proyecto, en caso de no participar.
• La autoridad local enfrenta un proceso ante el TCE derivado de su inasistencia al debate obligatorio en 2023.

El alcalde de Portoviejo Javier Pincay anunció que, en caso de que su situación jurídico-electoral no se resuelva antes de las elecciones seccionales de 2026, impulsará una candidatura que dé continuidad a su proyecto político. “Si las circunstancias jurídicas actuales se mantienen este proyecto debe continuar”, señaló.

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Pincay apareció en un video difundido en redes sociales en el que se pronuncia sobre su situación de cara a las próximas seccionales. Cabe recordar que, según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la inscripción de candidaturas está prevista entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

“Como es de conocimiento público, un juez del TCE mantiene un proceso que impide, hasta el momento, nuestra participación en las próximas elecciones. Nuestro equipo legal continúa agotando todas las instancias jurídicas electorales que la ley permite”, manifestó Pincay.

¿Promoverá otra candidatura?

El anuncio de Pincay se relaciona con una estrategia en caso de que persista la prohibición impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En ese escenario, el alcalde de Portoviejo aseguró que existirá una candidatura alineada con el proyecto de ciudad que ha impulsado durante su administración.

“Para tranquilidad de todos los portovejenses quiero anunciarles que habrá una candidatura que represente estos principios, que defienda los avances alcanzados y que garanticen la continuidad de este proyecto”, aseguró.

¿Qué pasó con Pincay?

La situación jurídica del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, continúa marcada por decisiones contradictorias dentro del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a pocos meses del inicio del proceso para las elecciones seccionales de 2027.

El origen del caso se remonta a 2023, cuando el entonces candidato a la Alcaldía de Portoviejo fue sancionado por no asistir a un debate electoral obligatorio organizado durante la campaña para los comicios seccionales. 

La infracción fue considerada grave por la justicia electoral y derivó en una suspensión de sus derechos de participación política.

Durante 2026, el caso volvió a cobrar relevancia. En abril, el TCE ratificó que la sanción seguía vigente y rechazó los argumentos de la defensa de Pincay, que sostenía que la medida ya había sido cumplida por el transcurso del tiempo. El organismo electoral señaló que la suspensión aún estaba pendiente de ejecución y mantuvo la restricción sobre sus derechos políticos.

El escenario cambió a finales de mayo, cuando el TCE emitió una nueva resolución mediante la cual redujo la sanción de dos años a seis meses, aplicando el principio de favorabilidad tras las reformas incorporadas al Código de la Democracia. 

La decisión fue interpretada por la defensa del alcalde como un reconocimiento de que la sanción ya habría sido cumplida, pues la sentencia original quedó ejecutoriada en 2023.

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Paralelamente, Pincay intentó revertir una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ratificó la suspensión de sus derechos políticos y actualizó el registro electoral en función de esa medida. Para ello presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE. 

La causa fue archivada después de que el alcalde no completara ni aclarara los requisitos exigidos por la jueza Ivonne Coloma dentro del plazo legal establecido. Con ello, la resolución del CNE quedó en firme.

Los puntos claves

• El Gobierno denunció ante la Fiscalía una presunta red de espionaje que habría operado utilizando recursos de Segura EP.
• Según el ministro John Reimberg, la estructura habría funcionado mediante "salas espejo", espionaje y el uso discrecional de recursos públicos.
• La Fiscalía investigará posibles delitos como peculado, uso indebido de información pública e intimidación, mientras la Asamblea abrió un proceso de fiscalización sobre Segura EP.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó este 22 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue una presunta red de espionaje que, según el Ejecutivo, habría operado utilizando recursos del sistema de videovigilancia de Segura EP, la empresa municipal encargada de la seguridad y monitoreo en Guayaquil.

La denuncia surgió luego de que en las últimas semanas se difundiera un audio atribuido al expresidente Rafael Correa y al exoficial de Policía Rodney Rengel, relacionado con una supuesta investigación paralela sobre el atentado con explosivos ocurrido en La Bahía de Guayaquil en 2025. A partir de ese caso, el Gobierno sostiene que herramientas destinadas a la seguridad ciudadana pudieron haber sido utilizadas para otros fines.

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Espionaje y "salas espejo"

Según la versión expuesta por el Ejecutivo, la presunta estructura habría aprovechado capacidades tecnológicas y operativas de Segura EP para obtener información, realizar seguimientos y desarrollar investigaciones ajenas a las funciones para las que fue creado el sistema.

Las acusaciones fueron reforzadas por el ministro del Interior, John Reimberg, quien aseguró que existían "salas espejo", actividades de espionaje y un uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad para atender intereses particulares en lugar de fortalecer la seguridad de los guayaquileños.

Además, el funcionario sostuvo que los recursos públicos destinados a proteger a la ciudadanía no pueden ser utilizados para alimentar conspiraciones ni convertirse en herramientas de poder político.

El audio que detonó el caso

Las sospechas del Gobierno se apoyan, entre otros elementos, en un audio atribuido a Rafael Correa y Rodney Rengel. Según el oficialismo, en esa conversación se hace referencia a una investigación desarrollada al margen de las pesquisas oficiales sobre el atentado registrado en La Bahía.

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Los delitos bajo investigación

Morillo señaló que la Fiscalía deberá establecer si existieron delitos como peculado, uso indebido de información pública e intimidación, además de cualquier otra infracción que pueda surgir durante las investigaciones.

La ministra también afirmó que la presunta red estaría integrada por varias personas vinculadas al correísmo y sostuvo que Rafael Correa sería quien la lideraba. El exmandatario, por su parte, rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de una nueva persecución política.

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Segura EP en la Asamblea

El caso también llegó a la Asamblea Nacional. La Comisión de Seguridad inició un proceso de fiscalización para analizar posibles vulneraciones a los protocolos de acceso y manejo de los sistemas de videovigilancia de Segura EP.

La mesa legislativa anunció que convocará a distintos actores relacionados con el caso y tendrá varios meses para elaborar un informe sobre sus hallazgos. 

Lo que se debe saber

• Abelardo de la Espriella gana presidenciales en Colombia y reconfigura el mapa político andino.
• Triunfo conservador en Colombia promete operaciones militares conjuntas en la frontera con Ecuador.
• La agenda proinversión del nuevo presidente colombiano dinamizará el comercio bilateral con Quito.

La victoria del abogado y empresario colombiano Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial marca un giro político de gran relevancia para la región andina y abre un nuevo escenario en las relaciones entre Colombia y Ecuador. 

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Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional, De la Espriella se impuso al candidato de izquierda Iván Cepeda por un estrecho margen, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Un nuevo mapa político regional

El triunfo del dirigente conservador consolida la tendencia hacia gobiernos de centroderecha y derecha en varios países latinoamericanos. 

Analistas internacionales consideran que la llegada de De la Espriella al poder fortalece un bloque regional integrado por mandatarios como el ecuatoriano Daniel Noboa y el argentino Javier Milei, que han hecho de la seguridad, el control migratorio y la promoción de la inversión privada algunas de sus principales banderas.

La reacción del Gobierno ecuatoriano fue inmediata. El presidente Daniel Noboa felicitó públicamente al mandatario electo colombiano y expresó su disposición para trabajar de manera coordinada en asuntos de interés común.

La seguridad, principal punto de coincidencia

Para Ecuador, el principal efecto de este cambio político podría sentirse en materia de seguridad. Ambos países comparten una frontera de casi 600 kilómetros afectada por el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados vinculados al crimen organizado.

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Durante la campaña, De la Espriella prometió endurecer la lucha contra las organizaciones criminales, reforzar las capacidades militares y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. Estas propuestas coinciden con la estrategia impulsada por el Gobierno de Noboa para enfrentar la violencia ligada al narcotráfico.

Un eventual alineamiento entre Quito y Bogotá podría facilitar operaciones conjuntas en la frontera norte, el intercambio de inteligencia y una coordinación más estrecha frente a las redes transnacionales que operan en ambos territorios.

Los desafíos del nuevo mandatario

Pese al triunfo electoral, De la Espriella asumirá el poder en un contexto complejo. La estrecha diferencia obtenida en las urnas refleja una sociedad profundamente dividida y una oposición que conserva una importante capacidad de movilización política.

Además, el nuevo presidente deberá gobernar con un Congreso fragmentado, donde necesitará construir acuerdos para sacar adelante sus principales reformas en seguridad, economía y administración pública.

Una oportunidad para Ecuador

Más allá de los desafíos internos que enfrentará el próximo Gobierno colombiano, su llegada al poder supone un cambio de rumbo respecto a la administración de Gustavo Petro y podría redefinir los equilibrios políticos en la región andina.

Para Ecuador, la elección de De la Espriella abre la posibilidad de una relación más cercana con Bogotá en asuntos clave como la lucha contra el crimen organizado, la integración económica y la coordinación diplomática. El alcance real de ese acercamiento dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para convertir las coincidencias políticas en acuerdos concretos durante los próximos años.

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La organización indígena pidió que ambos mandatarios se pronuncien, tomando en cuenta que el plazo para presentar una respuesta vence el 22 de junio de 2026.

“Daniel Noboa y María José Pinto deben pronunciarse frente a la notificación enviada sobre la solicitud de revocatoria de mandato”, indicó la organización presidida por Leonidas Iza.

El pasado 9 de junio de 2026, colectivos sociales, entre ellos la Ecuarunari, formalizaron la solicitud de revocatoria del mandato. Ese día acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para entregar la documentación de manera individual y evitar posibles impugnaciones jurídicas durante el trámite.

“Los sectores sociales permanecerán vigilantes ante este proceso. La ciudadanía merece transparencia, respeto y respuestas claras”, manifestó la organización indígena en un comunicado difundido este 22 de junio.

El plazo al que se refiere la Ecuarunari está relacionado con el tiempo que tienen las autoridades cuestionadas para ejercer su derecho a la defensa. Paralelamente, la autoridad electoral dispone de siete días para admitir o negar la solicitud ciudadana.

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Solo en caso de que esta sea admitida, los promotores podrán iniciar la recolección de firmas de respaldo. De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para impulsar la revocatoria de un presidente de la República se requiere el apoyo de al menos el 15 % de los ciudadanos inscritos en el último padrón electoral.

Otro de los impulsores de la iniciativa, el abogado Washington Andrade, señaló que este plazo permite que Noboa presente una respuesta, se allane o se oponga a la solicitud de revocatoria. También hizo un llamado para que organizaciones como la UNE, la Fenocín y el Frente Popular se sumen a la iniciativa.

Diferencias entre la Conaie y la Ecuarunari

Dentro de la Conaie, la Ecuarunari ha sido la única organización que ha impulsado la revocatoria. Esa diferencia quedó en evidencia cuando la Confederación retiró el préstamo de su sede para el encuentro de las organizaciones que promueven la iniciativa.

Dirigentes de la Conaie, como Simón Velasco, responsable del área de comunicación, aclararon en esa ocasión que las bases habían decidido no formar parte del proceso y se desmarcaron de la revocatoria impulsada en contra del presidente Daniel Noboa.

Lo que debes saber

• HCAM separó a internos de Medicina tras iniciar el período 2026-2027 y aún no explica las razones.
• Trabajadores del HCAM exigen transparencia sobre la salida de estudiantes de la Central y la PUCE.
• La polémica surge tras denuncias de Hernán Higuera sobre la pérdida de una plaza de internado.

La Asociación de Trabajadores de la Salud del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) manifestó su preocupación por la desvinculación de estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador del Internado Rotativo correspondiente al período mayo de 2026 – abril de 2027, pese a que los alumnos ya habían iniciado su proceso formativo en esa casa de salud.

A través de un pronunciamiento público, el gremio señaló que la decisión afecta un componente clave del modelo docente-asistencial del hospital, ya que los internos rotativos participan en la formación práctica de futuros profesionales y forman parte de la dinámica académica y asistencial que ha caracterizado al HCAM durante años.

Cuestionamientos por la falta de explicaciones

La organización indicó que hasta el momento no se han dado a conocer de manera pública los fundamentos técnicos, académicos o administrativos que motivaron la separación de los estudiantes. 

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Además, observó que la medida se adoptó una vez iniciado el período de internado, lo que genera incertidumbre sobre sus efectos en la planificación académica y en el funcionamiento de la institución.

Según el pronunciamiento, cualquier decisión que altere procesos previamente establecidos debe estar sustentada en criterios objetivos, transparentes y verificables, respetando principios como la seguridad jurídica, el debido proceso y la buena administración pública.

La Asociación también advirtió sobre la necesidad de esclarecer cómo se garantizará la continuidad de la formación de los estudiantes afectados y cuáles serán las acciones para evitar impactos en la comunidad hospitalaria.

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Pedido de transparencia a las autoridades

El gremio exhortó a las autoridades competentes a informar de forma clara las razones que originaron la medida y las acciones adoptadas para atender la situación. 

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Asimismo, planteó la importancia de preservar el carácter docente del HCAM y su papel como centro de referencia para la formación de profesionales de la salud.

En su comunicado, la Asociación reafirmó su respaldo a una formación médica de calidad y a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo institucional. 

También expresó su expectativa de que las autoridades esclarezcan los hechos y adopten medidas que permitan evitar situaciones similares en el futuro.

La controversia surge en medio de las denuncias de Hernán Higuera, quien afirma que, tras sus publicaciones sobre el caso Progen, su esposa fue desvinculada de un cargo público y su hijo perdió una plaza de internado médico en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.

Lo que debes saber

• Roberto Kury encabezará la delegación ecuatoriana ante la OEA.
• Ecuador participará en reuniones y sesiones clave del foro hemisférico.
• La agenda incluirá seguridad regional y fortalecimiento de relaciones bilaterales.

Ecuador participará en el quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se realizará del 22 al 24 de junio de 2026 en Ciudad de Panamá. La delegación oficial estará encabezada por el canciller Roberto Kury, quien desarrollará una agenda orientada a posicionar los intereses estratégicos del país.

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Agenda en el principal foro hemisférico

El encuentro político y diplomático hemisférico se llevará a cabo bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”. La Asamblea General es considerada el órgano supremo de la OEA y uno de los principales espacios de concertación política de la región.

Como parte de sus actividades, Kury participará en representación del presidente Daniel Noboa en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno convocada por el bicentenario del Congreso Anfictiónico. Asimismo, asistirá a las sesiones plenarias de la Asamblea General de la organización.

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Seguridad y relaciones bilaterales

El canciller también participará en la ceremonia de adhesión de Paraguay al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas que afectan la seguridad en el continente.

De manera paralela, el ministro mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de la región para fortalecer las relaciones comerciales y políticas del Ecuador. Con esta participación, el Gobierno señala que busca ratificar el liderazgo del país dentro del sistema interamericano.

Lo que debes saber

• Comisión de Seguridad inició el proceso por presunto uso irregular de recursos municipales.
• Un audio vincularía del expresidente Rafael Correa con una investigación paralela del caso Porsche, en Guayaquil.
• El legislador Andrés Castillo confirmó que las convocatorias a los actores arrancan este martes 23 de junio de 2026.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional avocó conocimiento este lunes 22 de junio de 2026 del proceso de fiscalización a Segura EP, la empresa pública del Municipio de Guayaquil encargada de la videovigilancia y seguridad ciudadana. La investigación, dispuesta por el Pleno Legislativo, busca esclarecer presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP en el caso Porsche, un entramado que salpica al entorno del gobierno tras un atentado con explosivos ocurrido en 2025.

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Comparecencias iniciarán de inmediato

El asambleísta de ADN y vicepresidente de la mesa legislativa, Andrés Castillo, lideró la sesión ordinaria y confirmó el cronograma de actividades. El legislador anunció de forma oficial que las comparecencias en la Asamblea Nacional iniciarán este martes 23 de junio de 2026. Aunque Castillo evitó precisar los nombres de los primeros funcionarios que comparecerán ante la comisión, enfatizó de manera categórica que "se convocarán a todos los actores involucrados" en las operaciones de la entidad de control.

El origen de la investigación y el audio de Rafael Correa

La decisión del Pleno de iniciar este control político se originó a partir de una filtración de un material sonoro. En dicha grabación se escucha un audio de Rafael Correa y Rodney Rengel, exoficial de la Policía Nacional, donde conversan extensamente sobre una supuesta investigación paralela del atentado en la Bahía de Guayaquil.

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De acuerdo con las indagaciones preliminares, el correísmo habría coordinado estas acciones mediante el presunto uso de recursos de Segura EP, corporación que en ese momento se encontraba bajo el liderazgo de Fernando Cornejo.

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Claves del caso Porsche en Ecuador

Lo que debe saber

• Un audio atribuido a Rafael Correa puso sobre la mesa nuevamente el denominado caso Porsche, relacionado con la explosión en la Bahía de Guayaquil.
• La ministra de Gobierno cree que hay una red de espionaje articulada por el expresidente y condenado en el Caso Sobornos. 
• Morillo solicitó que se investiguen posibles delitos como peculado y mal uso de información pública. 

El uso de las cámaras de Segura EP de Guayaquil escaló a la Fiscalía General del Estado. Este 22 de junio de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pidió una investigación exhaustiva por lo que considera una red de espionaje que opera en esa empresa municipal.

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Comisión de Seguridad inicia la fiscalización al uso de las cámaras de Segura EP: ¿qué indagará?

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“Vengo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General para que se proceda a realizar una investigación exhaustiva sobre el presunto cometimiento de delitos que se estarían realizando dentro del sistema de Segura EP y que, lamentablemente, ha sido un sistema mal utilizado, sobre el cual los guayaquileños han puesto de su dinero para que pueda prevenir delitos”.

La acción legal se relaciona con el denominado caso Porsche. En las últimas semanas, este caso volvió a la discusión pública tras la difusión de un audio atribuido a Rafael Correa, máximo líder de Revolución Ciudadana y sentenciado en el caso Sobornos.

En el audio se escucharía al exmandatario conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

El propio alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, impulsó la denuncia sobre la presencia de un vehículo Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria. Esto llamó la atención de las autoridades municipales porque llegó al mismo lugar donde se ubicaba la vivienda del único procesado por una explosión en la Bahía de Guayaquil.

Ministra de Gobierno señala directamente a Correa

Morillo dijo que las cámaras de Segura EP fueron utilizadas con fines políticos. Además, habló de la existencia de una presunta red de espionaje “que estaría siendo liderada por Rafael Correa”. A la lista de supuestos involucrados sumó a un asambleísta en funciones y a un exdefensor del Pueblo.

Morillo se refiere al asambleísta y exjefe de la bancada correísta Juan Andrés González, de quien también se asegura que aparece en el audio relacionado con el caso. Cabe recordar que González fue quien llevó el tema a la Asamblea Nacional, donde fue tratado en la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo.

La ministra de Gobierno habló de la posible configuración de varios delitos. Entre ellos están:

El caso también se investiga en la Asamblea Nacional

El oficialismo en el Legislativo también impulsa un proceso de fiscalización. Este 22 de junio de 2026, la Comisión de Seguridad, presidida por Inés Alarcón (ADN), conoció la resolución aprobada por el Pleno la semana pasada.

Dicha resolución estableció que la mesa legislativa conozca, analice y dé seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP. La comisión tendrá un plazo de seis meses para emitir un informe con sus hallazgos.

Lo que debe saber

• Un audio atribuido a Rafael Correa originó el pedido de fiscalización desde ADN por el uso de recursos de Segura EP.
• El caso Porsche se relaciona con la presencia de un vehículo de esa marca en Isla Trinitaria, en donde se ubicaba la vivienda del único procesado por una explosión en Guayaquil.
• La Comisión de Seguridad tiene un plazo de 60 días para remitir el informe con los hallazgos. 

Cinco días después de que el tema fue tratado en el Pleno de la Asamblea, la Comisión de Seguridad iniciará este lunes 22 de junio de 2026 la fiscalización sobre el uso de las cámaras de seguridad en Guayaquil. El proceso se deriva de un audio atribuido al expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa, relacionado con el caso Porsche.

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Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía

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La Comisión de Seguridad de la Asamblea comenzará el tratamiento del encargo realizado por el Pleno. El pasado 17 de junio, el vicepresidente de la mesa legislativa, Andrés Castillo, planteó un cambio en el orden del día de la sesión para que se fiscalice este caso.

La fiscalización está vinculada al denominado caso Porsche. En las últimas semanas, este tema volvió a la discusión pública tras la difusión de un audio atribuido a Correa.

En el audio se escucharía a Correa conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

Fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien denunció que un Porsche Cayenne de Industrial Molinera acudió a la vivienda de la única persona que, en su momento, fue procesada por una explosión en la Bahía de Guayaquil. Para ello se tomó como evidencia un video captado por las cámaras de la empresa pública de seguridad del Puerto Principal.

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¿Qué hará la comisión?

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La resolución adoptada por el Pleno estableció que la Comisión de Seguridad conozca, analice y dé seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

La comisión podrá requerir información, documentación e informes técnicos, así como disponer la comparecencia de autoridades y servidores públicos. Para la presentación de un informe, la Comisión de Seguridad tendrá un plazo de 60 días.

Datos claves de la revisión de bienes

• El presidente Daniel Noboa declara un patrimonio de $ 1,6 millones y no registra vehículos a su nombre, pese a que en varias ocasiones ha sido visto conduciendo autos de alta gama.
• El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, multiplicó su patrimonio de $ 163 mil a $ 1,2 millones en tres años.
• Diana Atamaint incrementó su patrimonio en un 130 % durante siete años al frente del CNE, mientras sus ahorros crecieron de $ 1.900 a más de $ 43 mil.

El presidente de la República, Daniel Noboa, tiene un patrimonio que asciende a $ 1,6 millones, no registra deudas. Tampoco tiene vehículos a su nombre, pese a que se lo ha visto conduciendo varios carros. Sí registra una casa adquirida en 2015 en Santa Elena, valorada en $ 1,5 millones; acciones en empresas que suman $ 101 mil y tres cuentas corrientes con $ 16 mil.

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Esto consta en el reporte más reciente y disponible para la lectura de 2025 que el mandatario presentó ante la Contraloría. No hay registros de 2026. En la declaración anterior, también de 2025, en cambio, registraba una deuda de $ 741 mil bajo el concepto de préstamo hipotecario.

Esta suerte de radiografía de bienes es posible hacerla solo si hay acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos, reportes obligatorios que los servidores tienen que entregar periódicamente.

Diario EXPRESO analizó las declaraciones más recientes de trece autoridades de las principales instituciones del país, como ejercicio del derecho al acceso a la información pública que tiene la ciudadanía, y a pocas semanas de los cambios que estableció la Contraloría para poder ingresar a esos reportes públicos (uno de los personajes políticos renunció y otro fue removido del cargo).

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El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de los documentos, tras reportar un supuesto ataque a su sitio web, sin que hasta ahora conteste preguntas de este Diario: ¿Denunció tal afectación a la Fiscalía? ¿Qué tipo de incidente se registró? ¿Qué medidas aplicaron? Solo hay silencio.

La imposición de las restricciones coincidieron con señalamientos en redes sociales en contra de Xavier Torres, el contralor, sobre un supuesto caso de nepotismo. Él rechazó las acusaciones.

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Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió casi por completo: retiró la marca de agua que dificultaba la lectura de los montos de los bienes, desbloqueó el desglose de las propiedades y habilitó de nuevo la referencia del año del documento y las fechas de las funciones.

No obstante, si un ciudadano desea consultar la información pública de un funcionario tiene que llenar un formulario con varios datos personales.

Esta exigencia ha sido cuestionada por activistas y organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) o la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) porque podría generar un efecto intimidatorio para quienes fiscalizan al poder público. A la fecha sigue inhabilitada la opción de descarga del documento (PDF).

El salto patrimonial de Olsen entre el Ministerio y la Asamblea

Entre las declaraciones analizadas por este Diario constan las de Niels Olsen, hasta hace unos días presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza del primer mandatario. Olsen acumula un patrimonio de $ 1,8 millones, según su declaración más reciente, en 2025.

En la lista de activos registra nueve cuentas bancarias cuyos montos ascienden a un total de $ 87 mil. El exasambleísta por el movimiento de Gobierno registra una casa adquirida en 2008 en Guayas, por $ 135 mil; un departamento registrado en 2023 también en Guayas, por $ 460 mil.

Olsen es miembro de una familia que se ha dedicado al agroturismo y en su reporte sí registra un vehículo, una camioneta del 2023, adquirida en 2022, por $ 45 mil; y un menaje de casa (mobiliario y enseres), por $ 90 mil.

Entre su paso como ministro de Guillermo Lasso y presidente de la Asamblea, Olsen experimentó un salto patrimonial de aproximadamente $ 1 millón, en acciones de empresas.

Siete años en el CNE y un patrimonio que creció un 130 %

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta hace poco, es otro personaje que está bajo escrutinio. Ella es una de las autoridades nacionales con más años en funciones. Sigue siendo vocal.

Y esto se debe a los problemas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que han provocado lagunas en la ejecución de procesos de renovación de autoridades. Varios vocales del CNE cumplen funciones de forma prorrogada.

Atamaint fue posesionada como presidenta del órgano electoral en 2018. En ese año declaró un patrimonio de $ 165 mil. Siete años después, en 2025, se registró un incrementó de un 130%. Su patrimonio se situó en $ 380 mil.

En esos siete años, además de acumular cuestionamientos por decisiones en su gestión, por la eliminación de partidos y movimientos, y por problemas técnicos en procesos electorales como la caída de la página web de seguimiento al escrutinio, la funcionaria ha multiplicado sus ahorros. A inicios de su gestión, sus cinco cuentas de ahorros tenían $ 1.900. En la más reciente declaración, de 2025, sus cuatro cuentas reportadas suman $ 43 mil.

Así también se registraron cambios en sus bienes inmuebles, como la casa que adquirió en 2008 en Pichincha, valorada en $ 123 mil, que ya no consta en el listado presentado el año anterior. En cambio, entre los bienes más recientes, figura una casa adquirida en 2021 en Pichincha cuyo valor es de $ 325 mil. Además de la casa, en esa lista constan dos terrenos en Morona Santiago, uno menos que en 2018. En los pasivos también se detalla un préstamo hipotecario cuyo saldo es $ 96 mil.

Como respuesta a un correo electrónico de este Diario, Atamaint dijo que por estar en comisión de servicios no era posible atender el pedido de comentarios.

Las siete cuentas bancarias con medio millón de dólares

Andrés Fantoni, quien llegó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en abril de 2024 también ha estado marcado por hechos polémicos y acusaciones. Se lo ha señalado de tener afinidad con el oficialismo, de tener responsabilidad en decisiones controvertidas en el proceso de selección del Fiscal General y un inusual aumento en su patrimonio, según actores políticos.

El salto patrimonial ha sido notorio. En 2022, Fantoni declaró un patrimonio de $ 163 mil, cuando laboraba como asesor del Registro Civil de Guayaquil. En su ingreso al CPCCS, en 2023 reportó $ 963 mil. Dos años después, en 2025, declaró $ 1,2 millones.

En ese año, el funcionario enlistó siete cuentas bancarias (entre ahorros y corriente) cuyos montos suman $ 595 mil, más de $ 169 mil que en los registros pasados (declaración de 2023), acciones en empresas por $ 250 mil, cuentas por cobrar por $ 80 mil.

Posee dos vehículos, un bote, menaje de casa, equipos de oficina y otros enseres, valorados en $ 72 mil. En cuanto a bienes inmuebles, Fantoni reportó un departamento en Santa Elena, adquirido en 2018, cuyo valor asciende a los $ 123 mil; y dos casas en Guayas, de 2016 y 2024, avaluadas en $ 230 mil y $ 194 mil, en ese mismo orden.

El patrimonio del contralor que limitó acceso a declaraciones

Uno de los patrones hallados en el análisis es que las autoridades han reportado tres o más cuentas bancarias. En el caso del contralor Xavier Torres constan once, cuyos montos suman $ 14 mil. Entres sus dos carros, equipos de oficina, menaje de casa, joyas y obras de arte acumula $ 110 mil. También cuenta con un terreno en Loja, adquirido en 2015 y valorado en $ 30 mil; y una casa en Pichincha desde 2019, por $ 195 mil.

Torres fue posesionado el 28 de noviembre de 2023. En ese entonces, entró a la institución con un patrimonio de $ 30 mil. Dos años después, sus activos y pasivos le dejaron un saldo de $ 71 mil.

En el ámbito de la justicia también se revisaron las declaraciones patrimoniales de las principales autoridades.

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Los bienes del presidente encargado de la Corte de Justicia

Marco Rodríguez, titular encargado de la CNJ, ha presentado un patrimonio de $ 313 mil. En los registros destacan dos departamentos en Pichincha, adquiridos en 2009 y 2015.

La nueva cabeza de la Judicatura y su radiografía patrimonial

Mercedes Caicedo, quien está al frente del CJ desde el 29 de abril pasado y que tiene la misión de devolver la confianza ciudadana al sistema de justicia tras el caso relacionado con Mario Godoy, presentó en su declaración de 2026 un patrimonio de $ 289 mil.

La evolución del patrimonio del fiscal Alarcón

El análisis también puso el foco en el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, designado por el CJ ante la renuncia de Wilson Toainga a finales de 2025. El funcionario integró el equipo de fiscales desde 2015. Su declaración de bienes más antigua y disponible es de 2019, cuando reportó un patrimonio de $ 124 mil. Seis años después, el cálculo entre activos y pasivos, le dejó un saldo de $ 187 mil.

El patrimonio del presidente de la Corte Constitucional

Por otro lado, el presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, en su declaración más reciente reportó un patrimonio de $ 99 mil; unos $ 30 mil más que en los registros de 2022.

La revisión de declaraciones patrimoniales también incluyó a otros hombres de confianza de Daniel Noboa, cuyas altas funciones han estado marcadas por acciones cuestionadas.

Las cuentas del ministro salpicado por contratación fallida

Roberto Luque, salpicado en el conocido caso Progen (Apagón), es uno de ellos. El funcionario, quien ha ocupado los cargos de Ministro de Transporte, Ministro de Energía encargado y Ministro de Infraestructura y Transporte (actual), registra declaraciones entre 2023 y 2024. No hay reportes del 2025 y 2026, según la plataforma de la Contraloría. En el reporte más reciente su patrimonio asciende a $149 mil. Presenta trece cuentas bancarias cuyos fondos suman $ 39 mil.

Cuentas en Estados Unidos e inversiones: los activos de Neira

José Julio Neira también es parte del círculo más cercano del mandatario. Antes de posesionarse como Secretario de la Administración Pública, Neira estaba al frente de, al menos, doce funciones por encargo de Noboa, como la dirección de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Desde ese y otros cargos, él ha impulsado denuncias e incluso ha emitido conclusiones de responsabilidades más allá de alguna decisión judicial.

Su cargo más antiguo es de 2023, como Subsecretario General de Acción Estratégica. En la declaración de ese año presentó un patrimonio de $ 447 mil. En el reporte de 2026 su patrimonio escaló a $ 461 mil. Entre sus activos destacan cinco cuentas bancarias, cuatro de esas en Estados Unidos, que registran un total de $ 46 mil. También se enlistan $ 160 mil de inversiones y $ 200 mil de semovientes (ganado). No registra casas ni vehículos.

Ante un pedido de comentarios de este Diario, Neira dijo que "como puede verificar no ha habido ningún aumento ni reducción de patrimonio, por lo que no tengo comentarios para su artículo".

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La declaración patrimonial del jefe de Inteligencia del Estado

La revisión también documentó los registros de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En su más reciente declaración (2025) reportó un patrimonio de $ 356 mil. El exministro de Gobierno presenta una casa de $ 704 mil y un terreno de $ 300 mil, adquiridos en Guayas en 2018.

Los $ 300 mil de cuentas por cobrar de Cabezas-Klaere

Al final de la lista constan los registros del superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere. El funcionario reportó casi $ 1 millón de patrimonio. Entre los rubros importantes constan cuentas por cobrar por más de $ 300 mil.

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Como parte de este ejercicio, se buscó unos comentarios de las autoridades para que, de ser necesario, precisen algún detalle de los registros. En todos los casos se enviaron correos electrónicos a las cuentas institucionales de los funcionarios. En ciertos casos, se buscó una versión a través de equipos de comunicación y mensajes de texto. Siguen pendientes las respuestas de la mayoría.