Lo que debe saber

• El caso Progen se fiscalizará una vez más en la Asamblea después de una resolución impulsada por ADN.
• El jefe de la bancada oficialista Esteban Torres arremetió contra el correísmo por su posición en el Pleno frente a la indagación de la ruta del dinero entregado.
• Torres no descartó que el ministro Roberto Luque y la exministra Inés Manzano acudan a la Asamblea. 

El jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, defendió el nuevo proceso de fiscalización que iniciará la Asamblea a propósito del caso Progen. Aseguró que el ministro Roberto Luque y la exministra Inés Manzano se han mostrado dispuestos a asistir al Legislativo y arremetió contra el correísmo por su posición en el Pleno.

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Torres se refirió a la demora en este proceso de fiscalización. “Quisimos tener los datos. Esperar la cooperación internacional que se ha dado para descubrir las más de 700 transferencias que se hicieron desde las cuentas de Progen a muchos muchos beneficiarios, personas naturales, abogados que han recibido han recibido directamente cantidades impresionantes”, señaló.

La tarde del 24 de junio de 2026, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que la Comisión de Fiscalización indague sobre la ruta de los fondos entregados por Progen a personas naturales y jurídicas.

La decisión del oficialismo ocurrió después de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, presentara los resultados de las indagaciones realizadas en Estados Unidos.

Torres, en entrevista con Teleamazonas, fue consultado sobre si este proceso también se encaminará a señalar a las personas que autorizaron los pagos. 

En ese punto, el también primer vicepresidente de la Asamblea evitó referirse directamente a ministros del gobierno de Daniel Noboa. “Es que ahí están muchos responsables que todavía no se conocen, por ejemplo, ¿por qué los administradores de los contratos no están en el proceso penal? ¿Qué ha pasado con las empresas verificadoras? Que además se prestaron para este sainete para que le lleguen al Ecuador estos motores que no servían”, mencionó.

Sobre el ministro Luque, Torres dijo: “Entiendo que el ministro Luque ha querido participar. Siempre ha estado dispuesto a participar”, indicó.

Además, sobre la exministra Inés Manzano, el jefe de la bancada oficialista mencionó: “Entiendo, por versiones del entorno de la exsecretaria Manzano, que también quiere participar y hablar en la Asamblea. Es decir, aquí no hay temor alguno”.

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Un mensaje sobre la posición del correísmo

Durante el debate, el bloque de la Revolución Ciudadana centró sus críticas en que la Asamblea se concentre únicamente en la ruta del dinero y no en identificar a los responsables políticos del fallido contrato con Progen.

Según Torres, esa es una actitud que llama la atención. Dijo que el correísmo no ha presentado un solo documento ante la Fiscalía. “Una cosa es cacarear, una cosa es alzar la voz y otra muy distinta es tomar acción y hablar con documentos”, indicó.

Lo que debes saber

• Henry Llanes confirmó que buscará un espacio en el CPCCS y presentó sus principales propuestas.
• El aspirante se suma a otros nombres que han expresado públicamente su interés en el organismo.
• La carrera electoral empieza a tomar forma con nuevos postulantes y planteamientos.

Henry Llanes Suárez, exambleísta del Ecuador y presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, anunció que presentará su postulación para participar como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El aspirante informó que formalizará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral con el objetivo de intervenir en el próximo proceso de selección de integrantes del organismo.

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Según explicó, su candidatura estará enfocada en promover la participación ciudadana y la defensa de derechos relacionados con la seguridad social, la atención prioritaria en salud y los beneficios tributarios para las personas adultas mayores. Estos temas forman parte de los ejes que buscará impulsar dentro del CPCCS.

Candidaturas al Cpccs comienzan a tomar forma

La postulación de Llanes se suma a otros pronunciamientos realizados en las últimas horas por aspirantes interesados en integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso empieza a mostrar una mayor actividad a medida que se acercan las etapas electorales.

Uno de los nombres que también ha expresado públicamente su intención de llegar al organismo es Ramiro Rivera. El candidato cuestionó recientemente el funcionamiento del CPCCS y planteó la necesidad de fortalecer la transparencia dentro de la institución.

Rivera sostuvo que el organismo enfrenta problemas de credibilidad que han desmotivado la participación de ciudadanos con experiencia y trayectoria. Además, propuso impulsar procedimientos más transparentes en los procesos de selección y escrutinio.

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Henry Llanes plantea fortalecer la organización social

En su pronunciamiento, Llanes aseguró que la organización ciudadana será determinante para enfrentar la situación que atraviesa el país. A su criterio, la participación colectiva constituye una herramienta para responder a los desafíos actuales.

“Sólo la férrea organización social le permitirá al país salir de ese enorme bache de crisis en el que se encuentra en la actualidad”, expresó el aspirante al CPCCS.

Llanes también destacó el papel de la política como un instrumento orientado al bienestar colectivo. En su mensaje incluyó una cita bíblica para respaldar su visión sobre el servicio público y la participación ciudadana.

Lo que debes saber 

• La captura de la alcaldesa de Jipijapa y otros 12 implicados revela una presunta red que operaba desde entidades de tránsito en Manabí. 
• La investigación apunta a millonarios perjuicios al Estado y movimientos financieros sin justificar.
• Los allanamientos alcanzaron instituciones públicas y domicilios en tres cantones.

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida durante la madrugada de este 25 de junio en el marco de la Operación Digitador, un caso por presunta delincuencia organizada que investiga una red dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito en Manabí. En el operativo también fueron aprehendidas otras 12 personas vinculadas al esquema.

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Según indicó el ministro del Interior John Reimberg en su cuenta de X, la intervención fue ejecutada por la Policía Nacional tras una investigación iniciada en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada a través de la línea 1800 DELITO. Según las indagaciones, la estructura habría operado desde entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar y San Vicente, generando un perjuicio superior a los $5 millones para el Estado.

De acuerdo con los investigadores, funcionarios públicos y tramitadores externos habrían utilizado sus cargos para agilizar matrículas, revisiones técnicas vehiculares, licencias y traspasos sin cumplir los requisitos legales y técnicos establecidos.

Operación Digitador: así funcionaba la presunta red de corrupción

La organización presuntamente cobraba entre $100 y$150 por cada trámite irregular. Mientras tanto, los usuarios que acudían por las vías ordinarias enfrentaban retrasos y la recurrente respuesta de que “no hay sistema”, una frase que habría servido para justificar la paralización de los procesos regulares.

La Policía sostiene que la estructura estaba integrada por servidores vinculados a áreas estratégicas de movilidad y matriculación vehicular, así como por intermediarios encargados de captar usuarios interesados en acelerar trámites.

Además del supuesto cobro ilegal por servicios, la investigación detectó movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos reportados por la principal investigada. Los agentes identificaron más de $2,6 millones sin justificación aparente.

Quiénes fueron detenidos en el caso que involucra a la alcaldesa de Jipijapa

Entre los detenidos figura Ángela Plúa, señalada por las autoridades como la presunta líder de la estructura investigada. Junto a ella fueron aprehendidas personas que ocupaban funciones relacionadas con movilidad, matriculación y gestión de trámites vehiculares.

Los demás procesados identificados durante la operación son:

La operación permitió además recopilar documentación y equipos que ahora forman parte de la cadena de indicios dentro del proceso investigativo.

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Allanamientos en entidades públicas de Manabí

Como parte de la Operación Digitador, la Policía Nacional ejecutó 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Trece de ellos se realizaron en domicilios y cinco en instituciones públicas relacionadas con servicios de tránsito.

Entre las entidades intervenidas constan el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa, la Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa EP, la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa, el Centro de Revisión Municipal de Calceta y el centro de revisión técnica vehicular de San Vicente.

Los agentes también incautaron terminales móviles, iPad, CPU, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, chips telefónicos y dinero en efectivo, elementos que serán sometidos a pericias dentro de la investigación.

Lo que debes saber

• El Gobierno y el correísmo disputan el control político y el monopolio de la videovigilancia.
• Reimberg denunció nexos de ex-Senain en Quito e intervino Segura EP en Guayaquil por espionaje.
• La batalla por las cámaras busca tapar escándalos propios y exponer los del bando rival.

Tras el reciente episodio protagonizado por el ministro del Interior, John Reimberg, en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde denunció el uso político que el correísmo hacía de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil, subyace un proyecto de control político. Tener el monopolio de las cámaras de seguridad de las ciudades para utilizarlas como herramientas de espionaje es, actualmente, una de las formas más potentes de apalancamiento político.

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Durante la audiencia en la Comisión de Seguridad, donde domina el partido de gobierno, Reimberg dejó en evidencia, aunque sin decirlo expresamente, que el Gobierno quiere tener el control de las cámaras no solo de Guayaquil -donde ya las tiene tras la intervención en Segura EP la noche del 15 de febrero de 2026-, sino también de Quito y de otras ciudades donde, según él, el correísmo las ha utilizado con fines de espionaje.

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Intervención del Gobierno en Segura EP y videovigilancia en Guayaquil

El ministro del Interior denunció cómo el Municipio de Guayaquil, bajo control del correísmo, instaló un sistema para que miembros de ese movimiento utilizaran la información que llega a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Reimberg, en su intento por legitimar la intervención del Gobierno en Segura EP -la entidad encargada del sistema de cámaras-, afirmó que desde entonces la capacidad de reacción ante los casos de delincuencia ha aumentado significativamente. Antes de la intervención, sostuvo, la administración municipal de Aquiles Álvarez se limitaba a observar cómo se consumaban los delitos sin ofrecer una respuesta efectiva. “Los resultados son contundentes: la efectividad alcanzó el 97,47 % frente al 29,70 % antes de la intervención”, aseguró.

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Sin embargo, lo de las cámaras de Guayaquil y los audios de los correístas fue apenas una parte de la actuación de Reimberg en la Comisión de Seguridad. El ministro afirmó que antiguos agentes de la Senain, durante el correísmo, están a cargo del sistema de videovigilancia del Municipio de Quito. Además, anunció que en poco tiempo revelará en qué otros cantones gobernados por el correísmo también se habría ejercido esa práctica.

Exfuncionarios de la Senain en el Municipio de Quito y Pabel Muñoz

Lo dicho por Reimberg fue replicado por medios y cuentas de redes sociales afines al Gobierno, algo particularmente significativo en esta administración, pues suelen actuar como antenas repetidoras de las intenciones de Carondelet. El diario El Universo se hizo eco de sus declaraciones y publicó una nota en la que afirma que cinco funcionarios de la antigua Senain trabajan actualmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito y en la Agencia Metropolitana de Tránsito, y que fueron contratados durante la administración del alcalde Pabel Muñoz.

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Según esa publicación, esos funcionarios son Carolina Andrade, actual secretaria de Seguridad Ciudadana y quien durante el correísmo fue una figura importante de los servicios de inteligencia de la Senain; Washington Martínez, teniente de Policía en servicio pasivo y actual director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito; Ernesto Anzieta, director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, a quien la nota describe como antiguo operador de Rommy Vallejo, exdirector de la Senain; Silvia Burgos Muela, funcionaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y exfuncionaria de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, que coordinaba acciones con la Senain; y, finalmente, Paul Andrés López Erazo, mayor de Policía en servicio pasivo, quien figura como servidor público en el Municipio de Rumiñahui y actualmente presta asesoría en la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Audios de Rafael Correa y la disputa por el monopolio de la seguridad

Para la audiencia de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Reimberg llevó un caso con el que buscó legitimar la aspiración del Gobierno de controlar los sistemas de videovigilancia: los audios en los que se escucha a Rafael Correa coordinar con miembros de su movimiento, incluidos prófugos involucrados en casos graves, como Ronny Aleaga, el uso político de las imágenes captadas por las cámaras.

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Sin embargo, durante la sesión se hizo evidente la pugna entre el Gobierno y el correísmo por el monopolio del uso de esos sistemas. Ese movimiento político ha asestado dos golpes muy duros al Gobierno gracias a la información obtenida mediante la videovigilancia. El primero fue el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, cuyas imágenes permitieron establecer que fueron detenidos, torturados y posteriormente entregados a grupos delincuenciales por miembros de las Fuerzas Armadas. El segundo fue el denominado caso Porsche. En ese episodio, las cámaras siguieron el recorrido del autor del atentado terrorista ocurrido en el sector de la Bahía, quien, tras lanzar el explosivo, se dirigió hasta su vivienda en la Isla Trinitaria. Horas después apareció allí un vehículo de alta gama que posteriormente se comprobó -también gracias a las cámaras de Segura EP- que pertenecía a Industrial Molinera, empresa de la Corporación Noboa.

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Estos dos episodios han causado un enorme daño político al Gobierno, y resulta fácil imaginar que este no quiere que un caso similar vuelva a repetirse.

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Quien gane esta batalla por el control de los sistemas de videovigilancia tendrá la capacidad de evitar que salgan a la luz escándalos que perjudiquen a su propio movimiento político o, en su defecto, de detectar aquellos que afecten a sus adversarios.

El gobierno de Daniel Noboa quiere tomar el control de las cámaras de videovigilancia que permanecen en manos de administraciones correístas -con excepción de Guayaquil- y para ello busca que se investiguen los audios de Correa. Los correístas, por su parte, no quieren perder lo que consideran una de sus principales fuentes de poder territorial: el acceso a esos sistemas de vigilancia. Por eso insisten en que se recuerde y se investigue el caso Porsche. Y, en ese punto, tienen razón.

Las claves que debes saber

• Asamblea fiscaliza compra de 60 trolebuses eléctricos de Quito, proceso cuestionado por límites constitucionales.
• Legislativo inicia controles a GAD: patrimonios de alcaldes 2023-2025 y manejo de cámaras en Guayaquil.
• Debate político: alcaldes aceptan auditorías, pero advierten que fiscalización debe ser técnica y con Contraloría.

La Asamblea Nacional concentra su labor en los procesos de fiscalización a los representantes de los gobiernos locales, una decisión que ha generado un amplio debate.

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Los controles comenzaron con el anuncio de fiscalizar el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos que adquirió el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para renovar las unidades obsoletas de la capital. 

La Constitución regula la fiscalización

La acción, impulsada en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialismo, provocó cuestionamientos en torno a la legalidad, ya que la Constitución limita, en el artículo 120, el alcance de la fiscalización parlamentaria.

Según la carta magna, una de las atribuciones de la Asamblea es “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Además, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) señala, en el art. 56, que “el Concejo Municipal es el órgano de fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal”.

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Pese a las observaciones de constitucionalistas, autoridades y de los mismos legisladores, pero de oposición, la acción avanzó y ahora la Asamblea impulsa otros procesos.

Los procesos de fiscalización en curso

La fiscalización a los troles derivó la tarde del martes en la aprobación de una resolución del Pleno, en donde se recomendó al Concejo Metropolitano de Quito fiscalizar el proceso. También se dispuso remitir el informe a Contraloría y Fiscalía para que efectúen los trámites investigativos que consideren pertinentes.

Sin embargo, mientras concluía ese tema, el Legislativo inició otros controles a los GAD. Por una parte, la Comisión de Fiscalización ha convocado a varios funcionarios para que expliquen el manejo de las cámaras de vigilancia de Segura EP, la empresa del Municipio de Guayaquil. Un análisis que se originó por un audio atribuido al expresidente Rafael Correa, relacionado con el caso Porsche.

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Mientras que la mesa de Gobiernos Autónomos Descentralizados se encargará de la fiscalización al incremento injustificado de los patrimonios que habrían reportado distintos alcaldes y prefectos del país en sus declaraciones patrimoniales, del período 2023-2025.

¿Qué opinan los alcaldes y prefectos?

Si bien se ha llegado a dudar de la legitimidad de esas actuaciones por las competencias del Parlamento y porque los controles se han aplicado a alcaldes de una línea política contraria al Gobierno y al bloque de ADN, los alcaldes y prefectos consultados por EXPRESO muestran predisposición para la fiscalización. 

Además, coinciden en que las actuaciones no les impedirán avanzar en la gestión y obras que ejecutan en sus territorios antes de concluir su mandato.

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“Es una excelente oportunidad para demostrar que somos una administración de puertas abiertas, que goza de la confianza de su cantón y que siempre estará dispuesta a que el patrimonio de sus altas autoridades sea auditado”, dice Dennis Córdova, alcalde de Salinas.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, coincide: “Todo el poder público tiene que mostrar transparencia en la gestión. No tengo problema en que investiguen, pero que sea una fiscalización en el marco de transparentar. Si la Asamblea quiere fiscalizar, debería comenzar por los mismos asambleístas”.

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Pese al apoyo, funcionarios como Tibán y Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, sostienen que lo óptimo sería que el proceso sea técnico y que cuente con el acompañamiento de las entidades especializadas en esos análisis, como la Contraloría y el mismo Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Muñoz, en cambio, desconfía del Legislativo y habla de una campaña anticipada a las elecciones seccionales.

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Lo que debes saber 

• Daniel Noboa respondió formalmente al pedido de revocatoria de mandato presentado ante el CNE.
• La Presidencia entregó más de 14.500 folios y cuestionó la validez de las pruebas presentadas por los promotores.
• Ahora el organismo electoral deberá decidir si admite o no el trámite.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, presentó este 24 de junio de 2026 su contestación al pedido de revocatoria de mandato planteado en su contra ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La respuesta fue entregada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia junto con documentación que busca respaldar las acciones ejecutadas durante su gestión.

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La presentación de la defensa ocurre semanas después de que varios colectivos sociales formalizaran el proceso de revocatoria. Entre los impulsores figuran Washington Andrade, Leonidas Iza y Jorge Cáceres, quienes sostienen que el mandatario y la vicepresidenta María José Pinto incumplieron el plan de trabajo con el que fueron electos.

Según el comunicado oficial difundido por la Presidencia, la defensa incluyó más de 22 cajas y 14.532 folios elaborados por distintas instituciones del Estado. La documentación fue entregada por el secretario General Jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, en las inmediaciones del organismo electoral.

¿Qué argumentos presentó Noboa ante el CNE?

En el escrito remitido al CNE, la defensa del mandatario solicitó que el organismo electoral no admita el trámite de revocatoria. El documento sostiene que la solicitud no cumpliría con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para este tipo de procesos.

Además, la Presidencia cuestiona la estructura del pedido impulsado por los colectivos sociales. Según el comunicado, los argumentos presentados no permitirían identificar de manera clara los hechos concretos que sustentarían una eventual revocatoria de mandato.

La Secretaría Jurídica señaló que la petición se basa en indicadores generales, recortes de prensa, informes no individualizados y documentos que, según su interpretación, no formarían parte del expediente ni corresponderían al período presidencial 2025-2029.

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Gobierno cuestiona las pruebas del pedido de revocatoria

La defensa también sostiene que no existe una base objetiva, directa y verificable que permita demostrar un supuesto incumplimiento del Plan de Gobierno. En ese sentido, argumenta que la solicitud no establece con precisión qué compromiso, meta o plazo habría sido incumplido.

Otro de los cuestionamientos expuestos se refiere al presunto incumplimiento de funciones constitucionales y legales atribuidas al Presidente. El comunicado asegura que el pedido no determina qué norma, competencia o actuación concreta habría sido vulnerada durante la actual administración.

“No señala qué norma, competencia o actuación concreta sería atribuible al Presidente de la República”.

La respuesta institucional se conoció horas después de que Noboa se refiriera públicamente al proceso durante una actividad en Manabí. Allí, al ser consultado sobre la iniciativa, afirmó: “Mientras unos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección”.

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¿Qué sigue en el proceso de revocatoria de mandato?

El pedido de revocatoria fue formalizado ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 9 de junio de 2026. Ahora corresponde al organismo electoral revisar la documentación presentada por ambas partes y determinar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La contestación entregada por la Presidencia busca influir en esa fase inicial del proceso. El Gobierno sostiene que existen inconsistencias de forma y de fondo que impedirían la admisión del trámite planteado por los promotores.

Mientras el CNE analiza el expediente, el debate político en torno a la revocatoria suma un nuevo capítulo. De un lado están los colectivos que impulsan la medida; del otro, el Ejecutivo, que insiste en que el pedido carece de fundamentos suficientes para avanzar.

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La defensa de CELEC EP presentó el 24 de junio del 2026, ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, una notificación de divulgación de información confidencial en el marco del caso que la eléctrica estatal sigue contra Progen Industries y otras empresas. En el documento, la firma Greenberg Traurig —que representa a CELEC— informa al tribunal que material amparado por una orden de protección y por el privilegio abogado-cliente fue divulgado de forma inadvertida.

Según el escrito, el 17 de junio uno de los tres miembros del Directorio de CELEC —el Secretario General de la Administración Pública, cargo que por Decreto Ejecutivo 409 ocupa José Julio Neira— publicó en su cuenta de X un video que mostraba el memorando confidencial, sin autorización ni conocimiento de los abogados. El documento precisa que el Directorio de la eléctrica lo integran el Presidente de la República, el Ministro de Energía y Ambiente y el propio Secretario General de la Administración Pública, y que el material difundido contenía un número de cuenta bancaria, montos de catorce transferencias desde la cuenta de Progen e identidades de dos receptores de fondos.

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La información fue borrada por Neira por reclamo de abogados

Neira publicó en su cuenta de X la información confidencial que luego despublicó por el reclamo de los abogados de CELEC. Esto lo hizo el 17 de junio en su cuenta personal y fue bajado casi inmediatamente y el video que lo contenía fue reemplazado por una versión corta sin el material confidencial.

Lo que debes saber 

• La Asamblea Nacional informó que su cuenta oficial en X sufrió un acceso no autorizado.
• El incidente ocurre un día después de que José Julio Neira denunciara ataques a sus redes sociales.
• Las autoridades activaron protocolos de seguridad y pidieron no considerar oficiales las publicaciones difundidas desde la cuenta comprometida.

La Asamblea Nacional informó este 24 de junio de 2026 que su cuenta oficial en la red social X fue objeto de un acceso no autorizado por parte de terceros. El Legislativo señaló que detectó el incidente y activó medidas de seguridad para recuperar el control del canal institucional utilizado para difundir información pública.

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A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas, la entidad explicó que los protocolos de respuesta fueron activados de forma inmediata. Mientras se ejecutan las acciones técnicas correspondientes, la institución pidió cautela frente a cualquier contenido publicado desde la cuenta afectada.

La alerta surge apenas un día después de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, denunciara públicamente un ataque informático contra sus perfiles personales en redes sociales. Ambos casos se registran en menos de 48 horas y tienen como elemento común el acceso irregular a plataformas digitales.

Asamblea Nacional pide no tomar como oficiales las publicaciones en X

En el comunicado, la Asamblea Nacional confirmó que la cuenta institucional fue comprometida y advirtió sobre posibles publicaciones ajenas a la entidad. La institución indicó que continuará informando sobre el avance del proceso de recuperación del perfil afectado.

"La Asamblea Nacional informa que la cuenta oficial institucional en la red social X ha sido objeto de un acceso no autorizado por parte de terceros", señaló la entidad en el documento difundido este miércoles.

Además, el Legislativo exhortó a ciudadanos, medios de comunicación y usuarios de la red social a verificar la información antes de replicarla, debido a que el canal oficial permanece bajo revisión técnica mientras se restablece completamente el acceso.

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El antecedente: José Julio Neira denunció un ataque a sus redes

El 23 de junio, José Julio Neira aseguró que sus cuentas en X e Instagram también fueron blanco de un ataque informático. El funcionario compartió capturas de pantalla en las que aparecían alertas relacionadas con inicios de sesión detectados en sus perfiles digitales.

"Quiero denunciar ante el país que mis cuentas sufrieron un ataque informático que intentó afectar nuestra comunicación directa con ustedes", escribió Neira en su cuenta de X al referirse al incidente.

El secretario de la Administración Pública explicó que, junto a su equipo de trabajo, se pusieron en marcha acciones para recuperar los accesos comprometidos y reforzar la protección de sus canales digitales. Según indicó, las medidas buscan preservar la integridad de la información difundida desde sus plataformas.

"Junto a mi equipo hemos activado todos los protocolos necesarios para restablecer los accesos, reforzar las medidas de seguridad y garantizar la integridad de nuestras plataformas", afirmó el funcionario.

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Dos incidentes consecutivos en cuentas públicas

Hasta el momento, ni la Asamblea Nacional ni el equipo de José Julio Neira han informado quiénes estarían detrás de los accesos no autorizados. Tampoco se han revelado detalles sobre el alcance de los incidentes o posibles afectaciones derivadas de las vulneraciones.

La coincidencia temporal entre ambos casos ha puesto nuevamente en el foco la seguridad de las cuentas oficiales utilizadas por instituciones y funcionarios públicos para comunicarse con la ciudadanía. Las investigaciones y los procesos de recuperación continúan en desarrollo.

Lo que debes saber 

• El juicio político contra la exministra Inés Manzano dio un nuevo paso en la Asamblea Nacional.
• El CAL aprobó por unanimidad el inicio del trámite y remitirá el caso a la Comisión de Fiscalización.
• Ahora se abre una etapa clave para determinar si el proceso cumple los requisitos constitucionales.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó por unanimidad el inicio del trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz, por presunto incumplimiento de funciones. La solicitud fue presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, y marca el arranque formal de un nuevo proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.

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La decisión se adoptó luego de que el CAL conociera el informe técnico-jurídico no vinculante elaborado por la Unidad Técnica Legislativa. Ese documento analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos para que la petición continúe su curso dentro del procedimiento legislativo previsto para este tipo de casos.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la presidenta de la Asamblea Nacional deberá remitir la solicitud a la Comisión de Fiscalización y Control Político en un plazo máximo de tres días, a través de la Secretaría General. Con ello, el expediente pasará a la siguiente fase de revisión dentro del Parlamento.

¿Qué pasos siguen en el juicio político contra Inés Manzano?

Una vez que la Comisión de Fiscalización reciba la documentación, tendrá cinco días para avocar conocimiento del caso. Durante ese período verificará que la solicitud cumpla con los parámetros establecidos en el artículo 131 de la Constitución, requisito indispensable para que el proceso continúe avanzando.

¿Qué dijo Esteban Torres sobre el juicio político a Inés Manzano?

Durante la mañana de este 24 de junio de 2026, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, confirmó que un cuarto pedido de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, se encuentra en trámite. Según explicó, el proceso estaba a la espera del informe de la Unidad Técnica Legislativa para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) adopte una decisión sobre su continuidad.

Torres indicó que el nuevo pedido de interpelación está relacionado con el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Austral Technical Management (ATM). En ese contexto, sostuvo que las eventuales responsabilidades políticas deberán debatirse dentro de la Asamblea Nacional conforme avance el procedimiento legislativo.

"Se discuten en la Asamblea a propósito del juicio que ha sido presentado y les pido que estén atentos a los siguientes pasos que se van a dar"Esteban Torres

Pedido de juicio político espera revisión de requisitos

El también jefe de la bancada oficialista explicó que la solicitud fue remitida a la Unidad Técnica Legislativa para verificar si cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. De acuerdo con su criterio, el pedido sí reuniría las condiciones necesarias para seguir avanzando dentro del trámite parlamentario.

"Para que verifique si se cumplen todos los requisitos"Esteban Torres

Además, Torres diferenció el proceso político de las investigaciones penales que se desarrollan en paralelo. Aseguró que, desde la perspectiva de su bancada, es fundamental esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y determinar qué ocurrió con el dinero involucrado en el caso.

“El proceso político es distinto al penal. Para nosotros lo importante es el tema penal, que significa cárcel, posible devolución de los bienes y saber qué ocurrió con el dinero”, señaló Torres.

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Exigen respuestas a Alex Anchundia

La medida de fiscalización responde a las declaraciones emitidas un día antes por el ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario alertó en la Asamblea Nacional sobre una estructura que permitía manipular el sistema de videovigilancia y vulnerar la cadena de custodia de las grabaciones.

A través del oficio CAEV-ACG-2026-148, ingresado a las 10:50, los ediles instan a Álex Anchundia, actual titular de la entidad de seguridad, a detallar las acciones ejecutadas frente a este hallazgo tecnológico.

En la red social Instagram, el oficio está publicado también por el exconcejal y ahora asambleísta Raúl Chávez. Cuenta con los "me gusta" de Fiorella Icaza, esposa del alcalde Aquiles Álvarez, y de Fernando Cornejo, expresidente de Segura EP, quien no ha hecho aparición pública desde febrero de 2026.   

El documento está suscrito por los concejales Arturo Escala Varas, Emily Vera, Manuel Romero Merchán, July Álvarez, Terry Álvarez, Shirley Aldas, Fabian Espín y Blanca López.

El rastro del caso Porsche

La controversia jurisdiccional y tecnológica se enmarca en la investigación del caso Porsche. Según la cartera de Estado, la instalación de la denominada sala espejo fue ordenada de forma directa por Fernando Cornejo.

Reimberg detalló durante su comparecencia que enlaces privados comprometieron las plataformas institucionales, otorgando capacidad de intervención para desviar el ángulo de las cámaras en zonas críticas. Asimismo, el mecanismo técnico limitaba el almacenamiento de los registros de auditoría a solo 60 días, borrando automáticamente el rastro de extracción de videos desde dicha sala.

Lo que debes saber

• Jorge Acaiturri confirmó su salida del PSC y cuestionó decisiones internas del movimiento. 
• Horas después, la dirigencia respondió con un comunicado y negó acuerdos políticos. 
• Además, aseguró que aún no existen candidatos definidos para Guayaquil.

El Partido Social Cristiano (PSC) respondió este 24 de junio a las declaraciones de Jorge Acaiturri, quien confirmó su salida de la organización política tras varias semanas de distanciamiento. A través de un comunicado firmado por las directivas provinciales del Guayas del PSC y Madera de Guerrero, el movimiento rechazó versiones sobre supuestos acuerdos internos y afirmó que todavía no ha tomado decisiones electorales en Guayaquil.

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La reacción se produjo un día después de que el exasambleísta y exgerente de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) oficializara su desvinculación del PSC. Acaiturri argumentó que existen situaciones dentro de la organización con las que no está dispuesto a coincidir y aseguró que su decisión fue tomada semanas atrás.

En el comunicado, las dirigencias señalaron que el principal objetivo de ambas organizaciones está por encima de intereses partidistas o personales y se enfoca en la ciudad. “Por sobre los partidos (incluyendo al Partido Social Cristiano) y por sobre las ambiciones personales, el objetivo de estas seccionales es que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil y que sus ciudadanos recuperen su autoestima perdida”, indicaron.

PSC niega candidaturas definidas y conversaciones con otros movimientos

La respuesta del PSC también se concentró en los señalamientos realizados por Acaiturri sobre presuntas conversaciones políticas desarrolladas dentro de la organización. El movimiento aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna definición oficial sobre los nombres que participarán en las próximas elecciones seccionales.

Según el pronunciamiento, la selección de candidaturas se realizará a través de los mecanismos internos previstos por la organización. “A la fecha, el PSC en Guayaquil aún no ha designado ningún candidato a alcalde ni a concejales; eso se hará en las primarias”, precisó el documento.

Además, el partido negó haber mantenido negociaciones con otras fuerzas políticas para estructurar alianzas electorales. En ese sentido, aseguró que la única organización con la que mantiene una relación política en Guayaquil es Madera de Guerrero.

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La salida de Jorge Acaiturri abrió una nueva disputa pública

La noche del 23 de junio, Jorge Acaiturri confirmó públicamente que dejó de formar parte del PSC. Lo hizo mediante un comunicado de su equipo de comunicación en el que incluyó fragmentos de una entrevista y explicó las razones de su alejamiento.

El exlegislador sostuvo que durante varios meses recibió advertencias sobre supuestos acuerdos y conversaciones que se desarrollaban dentro de la organización sin que él tuviera conocimiento. Con el tiempo, dijo haber concluido que esas alertas tenían fundamento, lo que terminó influyendo en su decisión de apartarse.

“Yo me he separado desde hace unas seis semanas. No puedo hablar de mi partido porque ya no es mi partido (...) La decencia ni se somete ni se negocia. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y que no estoy en posición de tolerar”, manifestó Acaiturri.

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El comunicado del PSC insiste en la unidad con Madera de Guerrero

En su respuesta, las directivas provinciales del Guayas hicieron un llamado a diferenciar entre rumores y decisiones oficiales en medio del escenario preelectoral. El documento sostiene que, en tiempos de campaña, suelen surgir versiones que no necesariamente reflejan las resoluciones adoptadas por las organizaciones políticas.

“En política, y más aún en época de elecciones, hay que tener la madurez de diferenciar chismes, elucubraciones y conversaciones de las decisiones reales”, señalaron las dirigencias en el comunicado difundido este miércoles.

El pronunciamiento concluye reafirmando que, en Guayaquil, el PSC mantendrá como único aliado político a Madera de Guerrero. Mientras tanto, la salida de Acaiturri añade un nuevo capítulo a las tensiones internas que han quedado expuestas públicamente en una de las principales fuerzas políticas de la ciudad.

Lo que debes saber

• Galamedios sustentó parte de la compra de La Posta y Radio Centro con acuerdos de confidencialidad por $ 1,5 millones y pagos a plazos.
  
• El Gobierno ha cuestionado el financiamiento de medios privados, pero no ha impulsado explicaciones públicas ni acciones de control sobre el medio de un legislador alterno de ADN.

Con "acuerdos confidenciales" se esconde la estructura financiera detrás de la compra, por $ 2,6 millones, de las empresas informativas Holdingvision, propietaria del 80 % de Radio Centro, y Levascan, dueña de La Posta, por parte del asambleísta alterno de ADN, Luis Alvarado Campi.

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Los estados financieros de Galamedios S.A.S. correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y presentados recientemente ante la Superintendencia de Compañías revelan que la firma mantiene pasivos no corrientes por $ 2'570.839,82. 

De ese monto, $ 1,5 millones corresponden a acuerdos sobre pagos a plazos, sujetos a estrictas cláusulas de confidencialidad. Además, esos recursos no generan intereses.

La opacidad de la información contrasta con el discurso del secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien en los últimos días ha cuestionado públicamente el financiamiento de medios privados como EXPRESO y Ecuavisa, mientras guarda silencio sobre la estructura económica de una empresa vinculada a un legislador de la bancada oficialista.

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La radiografía de la deuda confidencial de Galamedios

Galamedios S.A.S. nació el 2 de julio de 2025 con un capital social de $ 50.000. Sin embargo, apenas seis meses después reportó una estructura financiera respaldada por millones de dólares en obligaciones.

Las notas explicativas de los estados financieros detallan dos contratos privados: uno por $ 500.000 y otro por $ 1 millón. Ambos constan bajo acuerdos de confidencialidad que impiden conocer las condiciones completas de financiamiento.

Las mismas notas financieras señalan que los pasivos no corrientes ascienden a $ 2,57 millones, una deuda que supera en 51 veces el capital aportado por Alvarado Campi. 

Sin embargo, solo existe información sobre $ 1,5 millones. Sobre el otro millón de dólares, que ya fueron pagos a La Posta y Radio Centro, no aparecen precisiones que permitan identificar su origen. Lo único que dice su informe es que se trata de "préstamos con terceros no relacionados".

Los documentos también muestran que la empresa no registró gasto alguno por intereses de ese préstamo. Es decir, el estado de Resultado Integral, el rubro correspondiente a intereses por esos acuerdos reporta un valor de cero dólares.

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Además, en sus primeros cinco meses de operación, Galamedios obtuvo ingresos por "asesorías" por $ 505.000, aunque el giro de negocio es la difusión de contenidos y publicidad.

El factor político y el suegro de la presidenta de la Asamblea

Los balances de Galamedios fueron suscritos por Víctor Eduardo Guivernau Escobedo en calidad de representante legal. Su firma consta tanto en los estados financieros como en las notas explicativas presentadas ante la Superintendencia de Compañías.

Guivernau es suegro de la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, una de las principales figuras de la bancada oficialista ADN.

La participación de un familiar político de primer nivel en la administración de una empresa, que mantiene bajo acuerdos de confidencialidad la identidad de los financistas que avalaron la adquisición de La Posta y Radio Centro, añade nuevos interrogantes que Alvarado Campi no ha querido responder al ser contactado por EXPRESO. Más aún cuando ambos medios han mantenido una línea editorial apegada al oficialismo y de respaldo al gobierno de ADN. 

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El doble rasero de la fiscalización oficial

Las recientes intervenciones públicas de José Julio Neira han estado dirigidas a cuestionar el origen de recursos de medios independientes. Sin embargo, el funcionario no ha mostrado el mismo interés respecto de Galamedios.

Mientras el último patrimonio declarado por Luis Alvarado Campi ante la Contraloría General del Estado no supera los $ 70.000, la empresa de la que es principal accionista reporta obligaciones y operaciones por varios millones de dólares.

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Pese a ello, no existen pronunciamientos públicos de la Secretaría de la Administración, ni reportes sobre verificaciones efectuadas por organismos estatales sobre los fondos que financiaron la compra de La Posta y Radio Centro. 

Las preguntas que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira no ha respondido:

Lo que debe saber

• La Asamblea abrió una nueva línea de fiscalización en el caso Progen. Con una resolución aprobada por unanimidad, la Comisión de Fiscalización deberá rastrear el destino de los fondos.
• Durante el debate, el oficialismo evitó respaldar un juicio político contra ministro y exministra de Daniel Noboa.
• El correísmo insistió en que la prioridad debe ser determinar las responsabilidades políticas.

El oficialismo en la Asamblea ensayará un nuevo proceso de fiscalización en el caso Progen. El Pleno aprobó una resolución para que la Comisión de Fiscalización indague sobre la ruta de los fondos entregados por Progen a personas naturales y jurídicas.

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La disposición contenida en la resolución es clave porque evidencia lo que ocurrió en el Pleno la tarde de este 24 de junio de 2026. 

Si bien fue ADN, mediante la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, quien planteó la resolución, el oficialismo se encargó de apartar de las acusaciones a los ministros del presidente Daniel Noboa.

La propia Ana Belén Tapia dijo durante su intervención: “Votamos en abstención -sobre la calificación del juicio político contra Inés Manzano- porque no vamos a caer en la agenda politiquera de ustedes. Se necesita una fiscalización técnica como ahora que tenemos nombres de personas naturales y jurídicas. Ustedes (bloque correísta), a toda costa quieren crucificar a una persona sin que ni siquiera haya sido llamada a la Fiscalía”.

De ahí en adelante, los legisladores de ADN dedicaron sus intervenciones a respaldar la versión que, desde la semana pasada, ha sostenido el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respecto a la identificación de supuestos beneficiarios del dinero derivado del contrato fallido.

Además, Tapia, así como Cristopher Jaramillo y Jorge Chamba, entre otros legisladores oficialistas, aseguraron que el caso Progen ahora se investiga gracias a la “acción decidida del presidente Daniel Noboa”.

¿Cuál fue la posición de las otras fuerzas políticas?

Esta vez, el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, permitió una amplia participación durante la sesión. Desde el correísmo se cuestionó la decisión de indagar en la ruta del dinero. Esto porque se trata de una labor que ya lleva adelante la Fiscalía.

El asambleísta Blasco Luna dijo durante su intervención: “Esta Asamblea debe cumplir su rol político”. Con ello hizo referencia a que debe impulsarse el juicio político en contra de los ministros que participaron en el proceso relacionado con Progen.

Por su parte, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, señaló que era mejor “tarde que nunca”. Recordó que el caso salió a la luz pública a raíz de las denuncias realizadas por los medios de comunicación.

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Serrano también sostuvo que es importante conocer la ruta del dinero, pero enfatizó que la Asamblea debe indagar quiénes fueron los responsables de permitir el perjuicio al Estado.

Hay que recordar que el oficialismo ya encabezó un proceso de fiscalización en la Comisión de Transparencia presidida por Diana Jácome. El informe que salió de allí liberó de responsabilidades a ministros de Estado.  

Recientemente, el caso Progen cobró relevancia nuevamente porque se conoció un audio atribuido a Inés Manzano en el que se hablaba de una supuesta coordinación con Jácome para las comparecencias de los representantes de CELEC en esa mesa. 

Al final, el Pleno aprobó por unanimidad la resolución. El documento también establece que la Comisión de Fiscalización deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional, en un plazo de 30 días, un informe con las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso.

Lo que debes saber

• Ana Chóez y Jorge Acaiturri abandonan el Partido Social Cristiano en plena democracia interna.
• Jorge Acaiturri se separa del partido señalando la existencia de conversaciones y alianzas sin su consentimiento.
• Las bajas afectan la estrategia del partido para recuperar la Alcaldía y Prefectura en 2026.

El Partido Social Cristiano (PSC) enfrenta una crisis interna en Guayaquil tras las renuncias de la concejala en funciones Ana Chóez y del exasambleísta Jorge Acaiturri, en medio de los procesos de democracia interna para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

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El escenario político de Guayaquil se sacude tras la salida de dos figuras clave del Partido Social Cristiano. El primero en oficializar su postura fue Jorge Acaiturri, quien reveló que su distanciamiento ocurrió semanas atrás debido a supuestos acuerdos y conversaciones ocultas al interior de la organización. Acaiturri enfatizó que "la decencia ni se somete ni se negocia" para justificar su desvinculación definitiva.

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Por su parte, la concejala en funciones Ana Chóez anunció públicamente el cierre de su etapa en el PSC, organización donde se formó políticamente. Chóez argumentó que existieron circunstancias mal manejadas y desacuerdos internos, aunque prefirió no detallar los motivos específicos que provocaron su salida.

Detalles de las bajas políticas en Guayaquil:

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PSC desmiente supuestos acuerdos

Alfredo Serrano, asambleísta y presidente del PSC, por su lado, desmintió la existencia de acuerdos y señaló que en Guayaquil aún no se han designado candidatos. También indicó que esa decisión corresponde a las elecciones primarias. "No existe negociación alguna con otra organización política. El único aliado del PSC en Guayaquil es Madera de Guerrero".

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Estas bajas ocurren en un momento crítico, mientras se desarrollan las elecciones internas para definir las candidaturas de las elecciones seccionales de noviembre de 2026. El PSC arrastra la presión de reconfigurar sus bases tras perder la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas en 2023 frente a la Revolución Ciudadana.

Las claves del caso

• Comisión de Selección aclara que el CPCCS paralizó el concurso para Fiscal General.
• El informe de calificación de méritos se entregó bajo reglamento el 8 de junio.
• Consejeros del CPCCS estancaron la votación por denuncias y falta de votos.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado se reunió este miércoles 24 de junio de 2026 para aclarar públicamente que no es responsable de la paralización del proceso. Los comisionados enfatizaron que han cumplido con los plazos y el reglamento aprobados por el propio Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que ahora tiene en sus manos la decisión de continuar con el concurso público.

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Comisión insiste en que cumplió con su función

Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, recordó que el cuerpo colegiado ya remitió el informe final de la etapa de calificación de méritos el 8 de junio de 2026, dentro del plazo establecido en el reglamento del concurso. "Ya cumplimos con lo que establece el reglamento", dijo, y enfatizó que ello deslinda a la Comisión de cualquier responsabilidad en la paralización del proceso.

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El resto de comisionados ciudadanos, por su lado, se ratificó en el trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del informe de la etapa de calificación de méritos y aclaró que la continuidad del proceso depende únicamente de que el Pleno del CPCCS emita la resolución que declare precluida esa etapa, a fin de continuar con la fase de impugnación y escrutinio ciudadano.

Denuncias de presuntas irregularidades no fueron respondidas

Durante la sesión, la Comisión Ciudadana de Selección también respondió a las inquietudes de la veeduría ciudadana. Guido Egas, coordinador de la veeduría, trajo a colación las denuncias formuladas por las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán durante la votación del informe de calificación de méritos sobre presuntas irregularidades en la asignación de puntos a los postulantes a fiscal general. Sin embargo, la Comisión señaló que no le corresponde pronunciarse, ya que dichas observaciones no constan en una resolución o comunicado oficial del Pleno.

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Falta de votos y pugnas paralizan el concurso para fiscal general

El concurso para fiscal general del Estado permanece estancado desde el 11 de junio de 2026, cuando el Pleno del CPCCS no pudo aprobar el informe final de la etapa de calificación de méritos por falta de votos. En dicha sesión, además de los votos negativos de Bonifaz y Cuarán, se sumaron la ausencia de David Rosero y la sorpresiva abstención de Roberto Gilbert, quien días después presentó su renuncia irrevocable al cargo.

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Bonifaz argumentó que no se aplicaron criterios uniformes para todos los postulantes. Se refirió a dos casos específicos cuyos puntajes aumentaron significativamente (5,5 y 5 puntos) tras la recalificación. Cuarán, por su lado, aseguró que no hubo un correcto análisis de los resultados de la fase de méritos y recalificación. Gilbert, por su lado, planteó la posibilidad de que fueran los propios consejeros quienes revisaran los expedientes de los 28 postulantes a fiscal general.

Los puntos claves de la entrevista

• Gilbert asegura que durante su paso por el CPCCS nunca se discutieron soluciones para la crisis de la salud pública.
• Defiende la permanencia del CPCCS, pero critica los retrasos y la influencia de intereses particulares en la institución.
• Propone reemplazar el modelo actual de atención de salud por un sistema similar al de Francia o Alemania basado en redes hospitalarias especializadas.

Roberto Gilbert Febres Cordero anunció su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 19 de junio. Este miércoles 24 de junio, esa institución conoció oficialmente dicha decisión.

Él argumentó que su decisión se basó en que el tema de atender los problemas del sector de la salud pública no es una prioridad en el papel de fiscalización de la institución, y descartó que su salida estuviera relacionada con la polémica generada tras aparecer, durante una transmisión por Zoom, en el mismo lugar que el aspirante a fiscal general José De La Gasca.

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Pregunta: Usted ha dicho que en ningún orden del día del Consejo de Participación Ciudadana se habló de salud. ¿Cuál ha sido la posición del CPCCS?

Respuesta: Ellos no consideran la salud.

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P: ¿Por qué cree que no funciona el CPCCS? Según sectores de la sociedad civil, la institución debe desaparecer, que es una institución que no aporta al país.

R: No debe desaparecer. El presidente Correa lo creo con un buen sentido, pero que se ejecuten las cosas de forma perfecta. Yo entré en octubre del año pasado y el CPCCS ya existía y todo el tiempo se ha trancado. Es como que me pidan a mí que yo te opere de la vesícula y me demore tres meses. Hasta eso, se gangrenó la vesícula. Y las cosas siguen atrasándose (concursos para elegir autoridades).

P: Porque llegan avivatos, gente con intereses que no comulga con el pueblo…

R: Tiene que haber gente avispada, por supuesto que tiene que haber gente avispada. En este país es la ley de los avivatos.

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P: Volviendo al tema de la salud pública. ¿Cuál es su plan, recomendación, sugerencia para empezar a enrumbar la atención pública?

R: Tenemos que adoptar otro sistema, por ejemplo, la seguridad social francesa y la seguridad social inglesa no tienen hospitales pues como el Seguro Social Ecuatoriano. Ellos contratan con hospitales del Estado. Entonces, el afiliado va directamente con su carnet al hospital de la especialidad. Si es tu hijo que está enfermo, va al de pediatría; si es tu mujer que está enferma, va al de ginecología y obstetricia; si es geriátrico para los ancianos; si se fracturan los huesos van al traumatológico; y, si es corazón; a los cardiológicos.

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P: El Gobierno de Daniel Noboa tiene gran responsabilidad en la situación actual de la salud y en otros temas…

R: Algo tiene que hacer este presidente. Este presidente está comenzando a aprender a ser presidente y lo está haciendo muy bien (…). Yo lo veo como un hijo mío al presidente. Lo veo convencido. Para que una persona arriesgue su pellejo, de sus hijos, de su familia, es porque este joven está convencido de que quiere salvar el país.

Este presidente está comenzando a aprender a ser presidente (...)Roberto Gilbert, exconsejero de Participación Ciudadana.

P: ¿Cuánto tiempo más necesita para terminar de aprender a ser presidente?

R: Pienso que en las universidades no se estudia para ser presidente. Eso se hace al andar. Él fue asambleísta por un corto tiempo, no ha sido gobernador o alcalde. Pienso que él debe rodearse de gente que tenga experiencia. El no se imaginó ganar, ser presidente.

P: Debe depurar o seguir depurando su gabinete…

R: Yo pienso que sí. Eso no es pecado.

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P: Para concluir, usted ha dicho que buscará otra vez ser consejero de Participación Ciudadana, ¿cómo garantizará la independencia de funciones si lo ve como a hijo a Noboa?

Fue mi compañero de banca, sigue siendo mi gran amigo, aunque está enfermo. Fuimos compañeros en primaria, luego estudiamos en Europa, él en Suiza y yo en Alemania. Yo estudié en un colegio como el Vicente Rocafuerte. Luego regresamos y nos graduamos quinto y sexto año en colegio San José La Salle. Él estudió Leyes en la Católica y yo Medicina en la estatal (Universidad de Guayaquil). Y mantuvimos una relación de amistad toda la vida, jamás de negocios. Y siempre lo admirado a él por todo lo que ha hecho y ha tenido problemas, ha tenido aciertos y desaciertos. Que tira la primera piedra el que no ha cometido errores en la vida... (Nota de la redacción: Roberto Gilbert contestó aludiendo la relación que dice tener con Álvaro Noboa, padre del presidente.)

Lo que debes saber

• Daniel Noboa rechazó el pedido de revocatoria en Manabí este 24 de junio priorizando la reelección.
• Colectivos sociales exigen al CNE destituir a Daniel Noboa por supuesto incumplimiento de funciones.
• La revocatoria requiere más de dos millones de firmas ciudadanas en Ecuador en un plazo de 180 días.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció por primera vez sobre el pedido de revocatoria de mandato formalizado en su contra por varios colectivos sociales. Lo hizo este 24 de junio de 2026, durante una actividad territorial en la provincia de Manabí.

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Noboa está enfocado en las seccionales de 2026

"Mientras unos hablan de revocatoria, nosotros hablamos de reelección", comentó Noboa sobre el proceso impulsado por voces como Washington Andrade, Leonidas Iza y Jorge Cáceres. El presidente, además, señaló que su movimiento político está centrado en las próximas elecciones seccionales de 2026.

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El pedido de revocatoria de mandato fue formalizado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 9 de junio de 2026. Andrade, Iza y Cáceres sostienen que Noboa y la vicepresidenta María José Pinto han incumplido su plan de trabajo, por lo que deberían dejar sus cargos.

Requisitos y plazos para la revocatoria de mandato en Ecuador

El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece un camino riguroso antes de viabilizar una consulta popular de esta índole. Si el CNE admite a trámite el pedido, los proponentes deberán cumplir con las siguientes fases normativas:

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Para lograr la destitución de Daniel Noboa, la normativa constitucional exige el voto a favor de más del 50 % de los sufragios válidos. En caso de una ausencia definitiva en el poder, el artículo 146 de la Constitución estipula que la Presidencia de la República será ejercida temporalmente por la titular de la Asamblea Nacional, cargo que actualmente ocupa Mishel Mancheno.

Lo que debes saber

• La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo de Guayaquil abrió el plazo de cinco días para elaborar el informe en torno a este caso. 
  
• La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, será quien reciba el informe de la Comisión y convoque a la sesión extraordinaria donde el Concejo conocerá el futuro del trámite de remoción.

El proceso de remoción que enfrenta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, avanza. La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo Municipal abrió el plazo de hasta cinco días para elaborar el informe que determinará si el trámite continúa hacia una resolución del pleno cantonal.

La medida se adopta en el marco de la denuncia presentada por el abogado Hugo Córdova y se sustenta en lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Una vez concluido el documento, este deberá ser remitido a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien tendrá la responsabilidad de convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal en un plazo máximo de dos días, a través de la Secretaría Municipal.

En esa sesión, el informe será el único punto del orden del día y deberá ser leído íntegramente antes de que los concejales emitan sus pronunciamientos y fundamenten su voto respecto al proceso.

La causa siguió pese al desistimiento

El avance del procedimiento ocurre pese a que el denunciante presentó una solicitud de desistimiento. Sin embargo, la Comisión de Mesa resolvió continuar con la sustanciación de la causa tras un análisis jurídico que consideró las disposiciones del COOTAD y la aplicación supletoria del artículo 237 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

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Con esa decisión, el organismo municipal determinó que el trámite debía mantenerse hasta su conclusión, independientemente de la intención del denunciante de retirarse del proceso.

La elaboración del informe constituye uno de los últimos pasos del procedimiento administrativo. El documento recogerá las actuaciones realizadas durante la sustanciación del caso y servirá como base para la discusión y eventual decisión del Concejo Municipal.

Por ahora, el Municipio sostiene que el proceso continúa desarrollándose dentro de los plazos legales y con observancia del debido proceso establecido en la normativa ecuatoriana.

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Lo que debes saber 

• La Universidad Amawtay Wasi encendió las alertas por la falta de recursos para completar su funcionamiento durante el año.
• La institución pidió acciones urgentes a varias entidades del Estado y advirtió sobre riesgos para su sostenibilidad.
• Aunque mantiene admisiones y matrículas con normalidad, espera la llegada de fondos pendientes.

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi alertó este 24 de junio sobre la insuficiencia de recursos transferidos por el Estado para sostener sus actividades durante el actual ejercicio fiscal. A través de un pronunciamiento público, la institución pidió medidas inmediatas para garantizar la continuidad de sus operaciones académicas, administrativas y de investigación.

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El Consejo Superior Universitario señaló que existe preocupación por la demora en la entrega de fondos presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la universidad. Según el documento, la situación podría afectar la sostenibilidad financiera de una institución que atiende a estudiantes de diversas nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.

En su comunicado, la universidad advirtió que los recursos recibidos hasta el momento no son suficientes para cubrir todas las necesidades previstas para el año. La institución sostuvo que el financiamiento estatal es clave para mantener la oferta de educación superior intercultural en el país.

Falta de presupuesto preocupa a la Universidad Amawtay Wasi

La universidad recordó que la Constitución reconoce a la educación como un derecho y establece obligaciones estatales para garantizar su acceso. Además, destacó que su labor está vinculada con la preservación de conocimientos ancestrales, lenguas y sistemas propios de educación de los pueblos y nacionalidades.

El pronunciamiento también subraya que la continuidad de la institución tiene un impacto más amplio que el ámbito administrativo. Según la universidad, su funcionamiento contribuye a fortalecer procesos de formación superior inclusiva y espacios de transmisión de saberes interculturales.

Amawtay Wasi indicó que ha administrado los recursos públicos asignados bajo criterios de responsabilidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, insistió en que los montos transferidos hasta ahora no permiten garantizar la cobertura de todas sus actividades durante el año.

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Universidad pide acciones urgentes al Gobierno Nacional

Frente a este escenario, la institución hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación y a otras entidades competentes para que adopten medidas que permitan asegurar las asignaciones pendientes.

La universidad solicitó que las acciones se ejecuten de manera inmediata con el fin de evitar impactos en los procesos académicos, administrativos, de investigación y de vinculación con la sociedad que desarrolla actualmente.

El documento también recalca que la institución mantiene su disposición al diálogo con las autoridades. La universidad señaló que busca construir soluciones conjuntas dentro del marco constitucional y respetando la autonomía universitaria.

Procesos de admisión y matrícula continúan con normalidad

Pese a la advertencia sobre la situación presupuestaria, la Universidad Amawtay Wasi aseguró que los procesos de admisión, inscripción y matrícula continúan desarrollándose con normalidad. La institución informó que no existen cambios en estos procedimientos para los aspirantes.

Asimismo, indicó que mantiene sus actividades regulares y que continuará trabajando para garantizar la prestación del servicio educativo. El mensaje estuvo dirigido tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general.

Finalmente, la universidad reiteró su compromiso con la educación superior pública, intercultural y de calidad, mientras espera que se concreten las transferencias presupuestarias necesarias para sostener sus operaciones durante el resto del año.

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Antecedente: Amawtay Wasi ya había advertido sobre el impacto del presupuesto

La preocupación expresada por la Universidad Amawtay Wasi no es nueva. El pasado 3 de diciembre, la institución informó a su comunidad universitaria que mantendría sus actividades pese al recorte aprobado en la Proforma Presupuestaria 2026, luego de conocerse los montos asignados para la educación superior.

En ese momento, la universidad aseguró que las labores académicas y administrativas continuarían con normalidad mientras defendía lo que consideraba una asignación presupuestaria justa. Además, señaló que actuaría con responsabilidad y transparencia frente al escenario financiero aprobado para ese año.

La institución también advirtió entonces que los recursos asignados no cubrían sus necesidades reales de funcionamiento. Según explicó, el principal desafío este 2026 sería sostener sus programas con un presupuesto inferior al de años anteriores, una situación que obligaría a replantear procesos internos y parte de su planificación institucional.

Lo que debes saber

• Fiscalía pidió audiencia el 23 junio 2026 en Quito contra Rosa Argudo por enriquecimiento ilícito en Cuenca.
  
  
• Caso IESS Azuay: Fiscalía solicita formular cargos contra sindicalista y familiares por presunto incremento patrimonial sin justificar.
  
  
• Investigación avanza a imputación formal en 2026 porque Fiscalía halló indicios en caso de enriquecimiento ilícito del IESS.
  
  
  

La Fiscalía General del Estado solicitó a la justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos dentro de una investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito que involucra a la sindicalista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Rosa Angélica Dolores Argudo Coronel, junto a otras diez personas.

El pedido fue ingresado el 23 de junio de 2026 ante la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, en Quito, instancia que resultó competente tras el sorteo del proceso.

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Solicitud fiscal y sustento del caso

De acuerdo con el oficio emitido por la Fiscalía, la solicitud se basa en la existencia de elementos de convicción recopilados durante la fase de investigación previa, los cuales permitirían presumir la participación de los implicados como autores o cómplices del delito.

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En ese contexto, el Ministerio Público requirió formalmente que el juez Jairo García convoque a la audiencia de formulación de cargos conforme a lo establecido en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), paso que marca el inicio de la etapa procesal en la que se imputan formalmente los hechos a los investigados.

Investigados y alcance de la causa

Además de Argudo Coronel, la investigación incluye a otros nombres vinculados a su entorno familiar y profesional, entre ellos: 

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El proceso penal se origina en hechos que habrían ocurrido en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Monay, según consta en la documentación oficial.

La audiencia de formulación de cargos constituye una fase determinante dentro del proceso penal ecuatoriano, ya que en esta instancia la Fiscalía presenta de manera formal la imputación y solicita medidas cautelares, de ser el caso.