La tarde del 13 de octubre de 2026, ADN logró los votos necesarios para la censura y destitución de David Rosero. El independiente, pero aliado del oficialismo, Sergio Peña lo acusó de mantener un conflicto de intereses por una supuesta reunión entre el ahora exvocal del CPCCS y la aspirante al cargo de fiscal general, Inés Romero.

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Al final, ADN y sus aliados sumaron 84 votos a favor de la censura de Rosero. El correísmo, como lo había anticipado antes de la sesión del Pleno, se abstuvo en la votación. Solo hubo cuatro votos en contra de la moción de censura y destitución.

Con esa decisión, Rosero no solo dejará el cargo de consejero del CPCCS, sino que tampoco podrá ejercer un cargo público durante dos años. Lo particular de este caso es que el ahora exvocal ya había sido destituido anteriormente del mismo cargo.

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La primera vez que Rosero fue destituido

En enero de 2023, los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos de sus cargos. La decisión fue adoptada por la Corte Constitucional tras el seguimiento al cumplimiento de una de sus sentencias.

El organismo consideró que el CPCCS no había cumplido la disposición de nombrar a un titular para el Consejo de la Judicatura, pese a las órdenes emitidas por la Corte. Esto ocurrió en medio de las disputas en la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado.

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¿Quién reemplazará a Rosero?

El 7 de julio de 2026, la Asamblea Nacional posesionó a tres vocales suplentes de la lista de hombres para el CPCCS. Esto ocurrió luego de que Roberto Gilbert renunciara al cargo y el banco de suplentes se quedara sin consejeros disponibles.

Con base en la votación alcanzada en 2023, el Legislativo posesionó a los siguientes vocales suplentes:

Escobar asumió la vocalía que dejó Gilbert y desde julio actúa en el Pleno del CPCCS. El siguiente en la lista de hombres es Andrés Mendoza, quien sería el consejero llamado a principalizarse en el organismo de la Función de Transparencia y Control Social.

Lo que debes saber

• Promesa presidencial: Daniel Noboa aseguró que los hogares no tendrían cortes de luz durante las semanas más críticas del estiaje.
  
• Falta de agua: La reducción de las reservas hídricas limita la generación hidroeléctrica y presiona al sistema eléctrico.
  
• Restricciones industriales: Desde el 12 de octubre, las desconexiones programadas para ciertas industrias aumentaron de 48 a 72 horas semanales.

La promesa presidencial y los reportes de usuarios sobre fallas en el servicio eléctrico han abierto una pregunta en Ecuador: ¿por qué hay interrupciones si el Gobierno aseguró que las familias no se quedarían sin luz?

El 5 de octubre de 2026, el presidente Daniel Noboa afirmó que ningún hogar sufriría cortes durante las semanas más críticas del estiaje. Sin embargo, en los días siguientes se reportaron interrupciones del suministro en distintas ciudades, mientras el Ejecutivo amplió las desconexiones programadas para determinadas industrias.

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¿Qué prometió Daniel Noboa sobre los cortes de luz en Ecuador?

Durante una entrevista radial el lunes 5 de octubre, Noboa descartó que los hogares afrontaran nuevos apagones, pese a que el país atravesaba uno de los periodos más complejos del estiaje.

“Ninguna familia va a tener cortes de luz”, sostuvo el mandatario, quien atribuyó la capacidad de mantener el suministro a la generación de varias centrales hidroeléctricas, las dos barcazas contratadas y el aporte de proyectos privados.

El presidente también destacó la generación de Toachi Pilatón, Daule-Peripa y Baba, como parte de los recursos disponibles para responder a la demanda eléctrica.

La declaración se produjo en medio de las preocupaciones por el descenso de los niveles de agua en los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas del país.

¿Por qué hay interrupciones eléctricas en Ecuador?

Uno de los factores que presionan al sistema es la disminución de las reservas hídricas. Ecuador depende de manera importante de la generación hidroeléctrica, por lo que la reducción de los caudales puede limitar la producción de electricidad.

El Gobierno ha señalado que las condiciones hidrológicas requieren medidas preventivas para preservar el suministro. Sin embargo, la explicación relacionada con el estiaje no permite atribuir automáticamente cada interrupción reportada a la falta de agua en los embalses.

Las fallas en redes de distribución, los problemas técnicos y otras contingencias también pueden provocar suspensiones localizadas. Para establecer la causa de cada caso se necesita información de la empresa eléctrica responsable y de las autoridades del sector.

La situación de los embalses hidroeléctricos

La presión sobre las reservas de agua se hizo evidente en octubre. Tal como publicó EXPRESO el pasado 13 de octubre, la central hidroeléctrica Mazar permanecía fuera de operación desde el día anterior, como parte de las medidas para recuperar agua en su embalse.

El nivel registrado a las 19:00 del 13 de octubre era de 2.125,48 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 10,48 metros por encima de la cota crítica. La situación también mantenía la atención sobre el embalse que abastece a la central Molino.

La disponibilidad de agua es relevante porque condiciona la capacidad de generación hidroeléctrica en un periodo de alta demanda.

¿Qué medidas tomó el Gobierno para evitar apagones?

Una de las decisiones anunciadas por el Ejecutivo fue ampliar las desconexiones eléctricas para determinados consumidores industriales de alto y mediano voltaje.

Desde el lunes 12 de octubre, las desconexiones programadas para ciertos segmentos industriales pasaron de 48 a 72 horas semanales. La medida busca reducir la demanda y preservar la energía disponible para los hogares.

La disposición se aplicó a empresas de alto voltaje y a determinados usuarios industriales de media tensión, en respuesta a las condiciones hidrológicas de las principales centrales hidroeléctricas.

El Ministerio de Ambiente y Energía sostuvo que la decisión pretende mantener la estabilidad del sistema y priorizar el abastecimiento residencial.

¿Los cortes industriales significan que habrá apagones en las casas?

No necesariamente; las desconexiones industriales son una medida dirigida a determinados consumidores, mientras que los racionamientos residenciales implicarían suspensiones programadas para hogares.

El Gobierno ha defendido las restricciones industriales como una forma de reducir la presión sobre el sistema eléctrico sin trasladar los cortes a las viviendas. No obstante, esa política no descarta que puedan producirse interrupciones puntuales por problemas técnicos o contingencias en la distribución.

Por eso, cuando se reporta que un sector se quedó sin electricidad, es importante conocer si se trató de una desconexión programada, una avería o una medida de administración de la demanda.

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Entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, usuarios reportaron interrupciones eléctricas en Quito, Guayaquil, Babahoyo, Durán, Daule, Samborondón, Latacunga, Pujilí, Ambato y Loja.

Ante los reclamos en redes sociales, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) indicó que sus equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio “a la brevedad posible”. La empresa lamentó los inconvenientes, aunque no detalló las causas de las desconexiones mencionadas.

Sin una explicación técnica para cada incidente, no es posible concluir que todos los reportes respondan a una misma causa ni que correspondan a un plan nacional de racionamiento.

¿Qué puede pasar con el suministro eléctrico en Ecuador?

La continuidad del servicio dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas, la capacidad de generación de otras fuentes y el comportamiento de la demanda.

El Gobierno también anunció trabajos de mantenimiento e inversión en las redes de transmisión y distribución para este sábado 17 de octubre, como parte de las medidas preventivas ante los meses más intensos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, aún no ha precisado si estas labores implicarán cortes de luz en los hogares ecuatorianos ni si se publicará un cronograma con los sectores y horarios afectados.

La nueva fiscalización se enfocará en el “ejercicio de las atribuciones administrativas, de vigilancia, evaluación y disciplina” del Consejo de la Judicatura. 

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También indagará sobre los mecanismos institucionales destinados a garantizar la independencia interna y externa de los jueces en las tres provincias.

Hay que recordar que la Comisión de Garantías Constitucionales está bajo el control del correísmo. La decisión de iniciar la fiscalización se tomó por unanimidad. Entre las acciones previstas está convocar a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y a los vocales del organismo.

La resolución señala que “el objeto será examinar en las tres provincias la existencia, suficiencia y la aplicación efectiva de mecanismos destinados a prevenir posibles interferencias, presiones o injerencias indebidas”.

Además, la resolución establece un plazo para que el Consejo de la Judicatura remita la información solicitada sobre las tres provincias. Entre los requerimientos consta el detalle de los procedimientos disciplinarios iniciados contra los jueces.

Un segundo intento por fiscalizar a la Judicatura

La Comisión de Garantías Constitucionales ya intentó fiscalizar al Consejo de la Judicatura, pero entonces el proceso se centró en la decisión de suprimir la Unidad Especializada Anticorrupción. Sin embargo, el oficialismo asumió el control de esa fiscalización mediante una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea.

Dicha resolución determinó que el caso debía pasar a la Comisión de Justicia, donde ADN tiene mayoría. Finalmente, esa instancia eximió de responsabilidades al Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, y elaboró un informe a partir de una respuesta escrita del organismo. El documento está pendiente de tratamiento en el Pleno.

Denuncias sobre impedimentos para el abogado de Aquiles Álvarez

La sesión en la que se definió el proceso de fiscalización comenzó con una polémica. Julio César Cueva, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue invitado a la comisión. Sin embargo, la Escolta Legislativa puso reparos a su ingreso porque “aún no estaba autorizado”.

El policía que integra la Escolta Legislativa explicó que existe un procedimiento de control y que la autorización de ingreso no había llegado hasta el momento en que se produjo el incidente.

Finalmente, Cueva asistió a la sesión de la comisión y expuso presuntas irregularidades en el caso de su defendido. Sostuvo que la independencia judicial no existía y se refirió a los audios atribuidos a jueces del caso Grillete, que circularon semanas atrás.

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Entre sus cuestionamientos señaló que las causas relacionadas con Álvarez han tenido resoluciones en tiempo récord. Afirmó que, en uno de los procesos, la formulación de cargos se produjo en menos de siete días.

Sobre los audios, Cueva aseguró que los hechos mencionados en las grabaciones pueden contrastarse con lo ocurrido durante la resolución del caso. 

Se refirió a una conversación difundida por el medio La Defensa, supuestamente entre jueces del tribunal que conoció la apelación del alcalde Aquiles Álvarez. A criterio del abogado, el audio revelaría presuntas anomalías, la redacción externa de fallos judiciales y la participación simultánea de una jueza en dos diligencias.

Finalmente, Cueva reveló que no ha presentado quejas administrativas ante el Consejo de la Judicatura porque considera que serían archivadas. Además, anunció que presentará una denuncia penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.

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Los puntos claves

• Las multas electorales no desaparecen automáticamente después de las elecciones y pueden acumularse cuando existen nuevos incumplimientos.
• Las sanciones que permanecen impagas durante un año pueden ser remitidas por el CNE a un procedimiento de cobro coactivo.
• Los ciudadanos con multas pendientes pueden enfrentar restricciones para obtener determinados certificados electorales y solicitar cambios de domicilio electoral.
• Mantener multas con el CNE no impide automáticamente ejercer el derecho al voto en futuros procesos electorales.

No acudir a votar, faltar a una capacitación electoral o incumplir la designación como miembro de una junta receptora del voto puede representar más que una sanción económica. En Ecuador, las multas impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) permanecen registradas mientras no sean canceladas y pueden generar consecuencias para los ciudadanos que mantienen obligaciones pendientes.

Aunque muchas personas consideran que estas sanciones pierden vigencia una vez concluido un proceso electoral, lo cierto es que las deudas no desaparecen automáticamente con la convocatoria a nuevas elecciones. Por el contrario, pueden acumularse si el ciudadano vuelve a incumplir alguna de sus obligaciones.

Pero ¿qué ocurre si una persona decide no pagar? Las consecuencias van desde dificultades para obtener determinados documentos hasta la posibilidad de enfrentar un procedimiento de cobro coactivo.

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¿Qué pasa si no paga las multas?

Una de las principales consecuencias de mantener multas pendientes con el CNE es la imposibilidad de obtener determinados certificados que emite el organismo electoral.

De acuerdo con la información oficial del CNE, los ciudadanos deben encontrarse al día en sus obligaciones para solicitar certificados de votación, apoliticismo, empadronamiento y no adeudar.

Estos documentos pueden ser requeridos en determinados procedimientos administrativos, por lo que una deuda electoral podría convertirse en un inconveniente al momento de realizar un trámite.

Además, mantener multas pendientes puede afectar la solicitud de cambio de domicilio electoral, pues el CNE establece como requisito no registrar obligaciones económicas sin cancelar.

Sin embargo, esto no significa que todas las gestiones públicas o privadas queden automáticamente bloqueadas. Las restricciones dependen del tipo de trámite y de los documentos exigidos.

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¿Puede enfrentar un cobro coactivo?

Sí. Esta es una de las consecuencias más importantes de dejar una multa electoral sin pagar.

Según el CNE, cuando una sanción económica permanece impaga durante un año desde su generación, la obligación es remitida a la Unidad de Coactivas, conforme a lo establecido en el artículo 299 del Código de la Democracia.

El cobro coactivo es un procedimiento administrativo mediante el cual una institución pública puede exigir el pago de obligaciones pendientes utilizando los mecanismos previstos en la legislación.

Esto significa que una multa electoral no necesariamente queda limitada a una deuda registrada en el sistema del CNE, sino que puede derivar en acciones legales de recuperación de los valores adeudados.

No obstante, es importante precisar que tener una multa pendiente no implica que el ciudadano se encuentre automáticamente sometido a un procedimiento coactivo.

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¿Cuánto debe pagar por las multas electorales?

Los valores dependen del tipo de incumplimiento y se calculan como un porcentaje del salario básico unificado (SBU) correspondiente.

Para 2026, tomando como referencia un salario básico de 482 dólares, las sanciones son las siguientes:

Estas sanciones pueden acumularse cuando una persona registra varios incumplimientos. Por ejemplo, un ciudadano designado como miembro de mesa que no asiste a la capacitación, no integra la junta y tampoco vota puede recibir multas por cada una de esas infracciones.

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¿Puede votar si tiene multas pendientes?

Sí. Mantener deudas con el Consejo Nacional Electoral no significa perder automáticamente el derecho al voto.

Los ciudadanos que registren multas de procesos electorales anteriores pueden acudir a sufragar en nuevas elecciones, siempre que se encuentren habilitados en el registro electoral.

Sin embargo, esto no elimina las obligaciones económicas acumuladas. Las multas continuarán pendientes hasta que sean canceladas o se resuelva favorablemente una justificación o exoneración, según corresponda.

¿Cómo consultar y pagar las multas?

El CNE dispone de canales digitales para que los ciudadanos conozcan si mantienen obligaciones pendientes y puedan realizar los pagos correspondientes.

La consulta puede efectuarse a través del portal oficial del organismo electoral, en el que se encuentran habilitados los servicios relacionados con las sanciones económicas.

Además, desde septiembre de 2026, el CNE habilitó el pago de multas en línea mediante tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard.

Los ciudadanos también pueden utilizar los canales autorizados del Banco del Pacífico y los puntos de recaudación de la Red Facilito.

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El organismo electoral ha aclarado que sus delegaciones provinciales no reciben directamente el pago de multas, aunque los ciudadanos pueden acudir a ellas para solicitar información sobre sus obligaciones.

Quienes consideren que fueron sancionados incorrectamente o tengan una justificación válida por no haber cumplido con sus responsabilidades electorales pueden consultar el procedimiento correspondiente ante el CNE. 

Lo que debes saber

• Anuncian solicitud de juicio político contra Andrés Fantoni, presidente del CPCCS.
• Legisladora exige procesar a los siete consejeros del CPCCS y no solo a David Rosero.
• Denuncian bloqueo previo en el CAL a tres pedidos de fiscalización presentados en 2026.

La asambleísta del correísmo Viviana Veloz anunció la presentación de una solicitud de juicio político contra Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y candidato a la reelección en las elecciones de noviembre de 2026. La intervención se produjo en medio del debate sobre el juicio político a David Rosero, donde la parlamentaria cuestionó las pruebas aportadas y exigió que el control político se extienda a todos los integrantes del organismo colegiado por demoras en designaciones clave.

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Cuestionamientos al informe contra David Rosero en la Asamblea Nacional

Durante la sesión legislativa, la asambleísta criticó la estructura del documento remitido por la Comisión de Fiscalización para el enjuiciamiento político de David Rosero, señalando deficiencias de fondo y de forma en el expediente:

Exigencia de fiscalización para todos los consejeros del CPCCS

La parlamentaria enfatizó que el proceso no debe limitarse a un solo vocal, sino alcanzar a la totalidad de las autoridades de la institución.

Retrasos en concursos y designación de autoridades

Afirmó que los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben responder políticamente por el deterioro institucional y por trabas deliberadas en concursos públicos determinantes:

Antecedentes y el anuncio contra Andrés Fantoni

La legisladora recordó que el bloqueo a las fiscalizaciones del organismo ha sido sistemático y detalló las solicitudes previas ingresadas que no prosperaron en el Consejo de Administración Legislativa (CAL):

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De acuerdo con su intervención, estos tres pedidos fueron archivados o bloqueados por la mayoría oficialista del CAL debido a la afinidad de los consejeros con las directrices de Carondelet.

Ante este escenario, anticipó la acción legislativa que pondrá en la mira a la máxima autoridad del organismo: "Vamos a ver qué pasa con la solicitud que va a presentar Luis Fernando Molina en contra del presidente de esta institución, del señor Andrés Fantoni, y ojalá lo califiquen y ojalá acá también den los votos para censurarlo y para destituirlo".

Lo que debes saber

• El alumbrado público representaría cerca del 6 % del consumo eléctrico, según datos de 2025 citados por un experto.
• La falta de iluminación puede elevar los riesgos de accidentes y delincuencia.
• Las fallas de mantenimiento también provocan desperdicio de electricidad.

En varios sectores de Guayaquil se han reportado cortes de alumbrado público durante la madrugada, en medio de nuevas alertas por interrupciones del servicio eléctrico y la preocupación por posibles apagones generalizados. La posibilidad de reducir la iluminación de calles y avenidas para aliviar la demanda energética abre un debate entre el ahorro que podría conseguirse y los riesgos para la seguridad ciudadana y la movilidad.

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El ahorro sería limitado

El alumbrado público representaría alrededor del 6 % del consumo nacional de electricidad, según las estadísticas de 2025 citadas por Ricardo Buitrón, especialista hidroeléctrico. Con una demanda de referencia de 4.400 megavatios (MW), este rubro equivale a unos 260 MW, una proporción que podría aliviar parcialmente la presión sobre el sistema, pero no resolver por sí sola un eventual déficit de generación.

El especialista Alejandro Jaya advierte que reducir ese consumo no es tan sencillo como apagar las luminarias desde un centro de control. En buena parte de las calles y barrios, las lámparas están conectadas a las mismas redes de baja tensión que abastecen a las viviendas, por lo que desconectarlas también podría dejar sin electricidad a sectores residenciales.

Esta condición técnica también es señalada por Erick Benites, ingeniero y experto en electricidad, quien explica que en numerosas zonas el alumbrado público comparte los circuitos secundarios con las casas. Por ello, un corte destinado aparentemente a reducir la iluminación nocturna puede terminar afectando el suministro de todo un sector, en lugar de limitarse a las luminarias.

Jaya precisa que existen urbanizaciones con circuitos independientes para el alumbrado, pero esa configuración no es generalizada en el país. Separar las conexiones permitiría un manejo más específico de las luminarias, aunque implicaría costos adicionales de infraestructura que dificultan su implementación a gran escala.

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Seguridad frente al ahorro energético

Benites considera que cualquier medida de ahorro debe contrastarse con sus consecuencias para la seguridad y la movilidad. La falta de iluminación en calles y carreteras aumenta los riesgos de accidentes, dificulta la identificación de baches y señales viales y puede favorecer situaciones de delincuencia.

El alumbrado público, además, no se limita a iluminar calles y parques, sino que también abastece sistemas de semaforización, señales de tránsito y determinados equipos de videovigilancia, indica el experto Ricardo Buitrón. Además, advierte que una reducción generalizada podría comprometer servicios esenciales, especialmente en zonas de alta circulación vehicular y en puntos considerados peligrosos.

Por esa razón, Buitrón sostiene que una eventual restricción no debería aplicarse de manera unilateral ni uniforme en todo Ecuador. La decisión tendría que considerar las condiciones de cada territorio y las observaciones de municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales, debido a sus responsabilidades en materia de seguridad y movilidad.

El ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que apagar las luminarias de las calles no sería la primera alternativa que recomendaría. A su juicio, el riesgo de incrementar la inseguridad hace necesario buscar otras fuentes de ahorro, como reducir el consumo innecesario en edificios, rótulos y establecimientos que mantienen encendida la iluminación sin requerirla.

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Las luminarias también generan pérdidas

El exsubgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), Miguel Rendón, apunta a otro problema: la falta de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público. Explica que existen lámparas que permanecen encendidas durante todo el día por fallas en las fotocélulas, dispositivos que regulan su funcionamiento según la luz ambiental.

Corregir esas fallas permitiría reducir consumos que no cumplen una función útil y mejorar la eficiencia del sistema. Rendón también recomienda revisar las instalaciones eléctricas domiciliarias, porque los conductores deteriorados, las conexiones defectuosas y los cortocircuitos pueden ocasionar pérdidas de energía.

Por otro lado, la modernización de las luminarias constituye otra alternativa para disminuir la demanda sin sacrificar la iluminación de los espacios públicos. Jaya señala que reemplazar equipos antiguos, como los de vapor de sodio, por tecnología LED puede generar ahorros importantes y considera necesario acelerar los proyectos de renovación.

Benites también destaca la importancia de ampliar el cambio tecnológico en las instalaciones existentes, además de incorporar sistemas más eficientes en los nuevos proyectos eléctricos. Aunque la sustitución requiere inversión, esta permite reducir el consumo de manera sostenida sin depender de cortes que afecten a las viviendas o dejen calles a oscuras.

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¿Dónde conviene ahorrar?

Buitrón plantea que los hogares pueden contribuir mediante medidas voluntarias de eficiencia energética, sin comprometer sus necesidades básicas. Si se consiguiera reducir en un 10 % el consumo residencial, estimado por el experto en unos 1.400 MW de demanda, el ahorro alcanzaría aproximadamente 140 MW.

Entre las acciones recomendadas están apagar las luces que no se utilizan, moderar el uso del aire acondicionado y evitar mantener encendidos equipos eléctricos innecesariamente. A estas medidas se deben sumar la revisión de las instalaciones domésticas y la adopción de prácticas de eficiencia en industrias, comercios e instituciones públicas.

Lo que debes saber

• Daniella Camacho califica su descalificación como una represalia por cumplir la ley.
• Cuestiona la legitimidad del proceso tras la exclusión de los aspirantes con mayor puntaje.
• Carlos Alarcón lidera ahora el concurso tras la salida de las dos mejores postulantes.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, cuestionó este 14 de octubre de 2026 en Ecuador su descalificación del concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado. La magistrada fue separada del proceso luego de que la Comisión Ciudadana de Selección aceptara una impugnación en su contra por una supuesta falta de probidad tras haberse excusado en el caso Las Torres. Con esta resolución, la mejor puntuada del certamen quedó fuera antes de la fase de oposición, una decisión que, según denunció en una entrevista televisiva, resta legitimidad a la designación pública.

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Los motivos detrás de la impugnación a Daniella Camacho

Durante una entrevista concedida a Ecuavisa, la jueza nacional afirmó que los argumentos en torno a la falta de probidad fueron utilizados para apartar del proceso a perfiles "incómodos".

"Se me ha descalificado por haber cumplido la ley, por haberme apartado, por haber presentado excusa en el caso Las Torres (por su amistad con Pablo Celi)", comentó Camacho al defender su proceder jurídico.

Consultada sobre qué sectores estarían interesados en impedir su llegada a la máxima instancia del Ministerio Público, la magistrada manifestó desconocer los nombres específicos, pero puntualizó que los casos judiciales que ha conocido y resuelto en su trayectoria pudieron haber generado incomodidad en diversos actores políticos y sociales.

Dudas sobre la legitimidad del concurso para fiscal general

La postulante advirtió que la transparencia de la convocatoria se encuentra comprometida debido a la gran cantidad de aspirantes separados del camino y a la exclusión de quienes encabezaban las calificaciones.

"El mejor calificado que es apartado le quita legitimidad al concurso porque al existir el abismo en notas afecta a la ciudadanía que espera un fiscal transparente, excelencia en la investigación, en la administración de justicia", sostuvo.

Pese a este escenario, Camacho recordó que aún cuenta con una apelación pendiente. En ese sentido, subrayó que la postura final que adopte el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) permitirá transparentar los intereses de dicho organismo.

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Resoluciones clave de la Comisión Ciudadana de Selección

Las recientes determinaciones tomadas en la etapa de impugnaciones modificaron el cuadro de méritos del certamen:

Lo que debes saber

• Mendoza Paladines asume la titularidad del CPCCS por orden de prelación electoral.
• David Rosero fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional el 13 de octubre.
• El nuevo vocal registra experiencia en el sector público de Guayaquil y en radiodifusión.

El comunicador Andrés Mendoza Paladines se principalizará en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), luego de que la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir a David Rosero Minda el pasado 13 de octubre de 2026 en Quito. La remoción del exfuncionario se dio por presunto incumplimiento de funciones derivado de su supuesta responsabilidad política en un encuentro con una postulante al concurso para fiscal general del Estado, lo que activó el orden de prelación electoral vigente en favor de Mendoza.

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La censura de David Rosero y la sucesión en el CPCCS

La salida de David Rosero del organismo de control se originó tras el juicio político tramitado por el Legislativo ecuatoriano:

Debido a esta decisión y en estricto cumplimiento del orden de prelación, Andrés Mendoza Paladines tomará posesión como consejero principal del CPCCS. En las elecciones seccionales de 2023, el comunicador alcanzó el puesto once entre los candidatos varones con mayor votación, de acuerdo con los registros oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Perfil profesional y trayectoria en la gestión pública

Mendoza Paladines cuenta con formación académica como tecnólogo en Comunicación Visual, según consta en los registros públicos de títulos. Dentro de los medios de comunicación y la dirigencia gremial ha ejercido diversos roles:

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Experiencia administrativa en entidades de Guayaquil

En la función pública, el nuevo vocal del organismo colegiado ha liderado directorios de entidades locales:

Situación patrimonial y pago de impuestos

La última declaración patrimonial jurada presentada por Mendoza Paladines ante la Contraloría General del Estado, con fecha de corte al año 2022, detalla las siguientes cifras:

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Historial de tributos ante la autoridad fiscal

En lo referente a las obligaciones fiscales del nuevo consejero, los registros tributarios reflejan:

Por su parte, los períodos fiscales con las mayores contribuciones por concepto de impuesto a la renta fueron:

Noboa, al referirse a los resultados de su Gobierno en el tema de seguridad, reafirmó que los toque de queda han mostrado resultados. Habló de una reducción en la tasa de homicidios durante la última restricción de movilidad que se aplicó en cuaro provincias, entre ellas El Oro, Manabí y Guayas. 

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"Estamos haciendo operativos especiales en momentos específicos con toque de queda. Hemos atrapado a cabezas de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y la mafia albanesa", aseguró Noboa.

Entonces, el presidente de la República habló de un nuevo toque de queda. "Vamos a hacer una serie de operaciones especiales entre el 1 y 10 de noviembre (2026)con toque de queda en las provincias de la Costa", señaló. 

Hay que recordar que el último toque de queda decretado por el Ejecutivo tuvo lugar entre el 17 y 30 de septiembre de 2026. La disposición se dio en el marco del estado de excepción que rige en el país y que se aplica en provincias de la Sierra como Pichincha. 

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Nuevo toque de queda en feriado

Si se toma en cuenta las fechas anunciadas por el jefe de Estado, el toque de queda para provincias de la Costa se aplicaría en el inicio del feriado por Difuntos y la Independencia de Cuenca (2 y 3 de noviembre).

Además, la medida terminaría dos días antes del inicio de la campaña electoral por las elecciones seccionales 2026. Hay que recordar que el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral establece el inicio del periodo de proselitismo político desde el 12 de noviembre próximo.

Noboa se refirió a la situación de seguridad en el país

El presidente de la República habló de los resultados del último toque de queda. Mencionó que hubo un 40% menos de delitos, las semanas con menor número de homicidios en el año y una reducción en las extorsiones.

"El sentimiento de la gente -que es percepción- está mejorando. Se sienten tranquilos", dijo el jefe de Estado. Segú él, la gente sale más y eso se ve en temas como la ventas. 

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Los puntos claves 

• Tatiana Coronel dispuso operativos permanentes contra la ocupación irregular de calles para cobrar por estacionar.
• La ATM reportó 21 citaciones y tres camionetas llenas de objetos retirados del espacio público.
• En abril de 2026, Coronel ya había ordenado sanciones contra cangrejales de Sauces por bloquear espacios de estacionamiento.
• EXPRESO ha documentado cobros informales incluso en sectores donde los conductores ya pagan por utilizar parquímetros.

Las calles de Guayaquil se han convertido, en distintos sectores, en parqueaderos improvisados donde personas particulares colocan conos, llantas y otros objetos para reservar espacios y cobrar a quienes necesitan estacionar. Una práctica denunciada durante años por los ciudadanos y documentada reiteradamente por EXPRESO, que ahora vuelve a estar en la mira del Municipio.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, dispuso la ejecución de operativos permanentes para recuperar los espacios públicos ocupados irregularmente, incluidos los sectores donde funcionan cangrejales, identificados como puntos críticos.

“Así es, ya basta de personas que se toman las calles como parqueadero privado; cobrando y generando caos vehicular. El espacio público es de todos”, manifestó Coronel en respuesta a una publicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La funcionaria fue enfática al anunciar la continuidad de los controles: “He dispuesto operativos permanentes incluyendo los cangrejales como puntos críticos”.

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Edison Andrés García Yépez

Citaciones y retiros

El pronunciamiento se produjo después de que la ATM informara sobre la ejecución de operativos de reordenamiento vial en el centro de Guayaquil, en coordinación con Segura EP.

Según la entidad, las intervenciones dejaron 21 citaciones y el retiro de objetos que ocupaban indebidamente el espacio público, una cantidad que llenó tres camionetas.

La ATM defendió las acciones como parte de los esfuerzos para mejorar la circulación vehicular y evitar que las vías sean utilizadas para fines distintos al tránsito y al estacionamiento permitido.

Sin embargo, no se precisaron las calles intervenidas, ni la cantidad de personas sancionadas por realizar cobros informales.

Un problema de años

La apropiación de espacios públicos para cobrar por estacionar no es nueva en Guayaquil. EXPRESO ha documentado cómo los denominados 'franeleros' o 'cuidacarros' se instalan en distintos sectores, reservan lugares con objetos y establecen tarifas propias por permitir el estacionamiento de vehículos.

En julio de 2025, este Diario publicó el reportaje "Parquear en Guayaquil, una odisea: conos, 'cuidadores' y cobros sin control", que recogió las quejas de ciudadanos ante la ocupación de calles en sectores como Urdenor 2.

Las denuncias también han alcanzado al centro de la ciudad. En mayo de 2023, EXPRESO expuso cómo los cuidadores se apropiaban de espacios públicos para exigir pagos anticipados, de $2 o $3 la hora incluso, y utilizando objetos para impedir que otros conductores estacionaran sin entregar dinero.

El problema se agrava en zonas comerciales, donde encontrar un estacionamiento disponible ya representa una dificultad para quienes acuden a trabajar, comprar o realizar trámites.

Hasta donde hay parquímetros

La situación tampoco se limita a las calles donde el estacionamiento es gratuito.

En sectores con parquímetros, como Urdesa, los conductores han denunciado que, además de pagar la tarifa oficial, deben entregar dinero a cuidadores informales que se instalan junto a los espacios regulados.

En febrero de 2026, EXPRESO publicó el reportaje "Parquímetros: El contrato “inauditable” que deja poca ganancia a Guayaquil", en el que se recogieron testimonios de usuarios afectados por estos cobros adicionales.

Guayaquil

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Uno de los conductores relató que debía pagar un dólar al parquímetro y otros tres dólares a un cuidador informal que exigía el dinero por adelantado.

La discusión llegó incluso al Concejo Cantonal. En agosto pasado se aprobó una nueva ordenanza para regular los estacionamientos públicos tarifados, mientras seguía abierta la interrogante sobre cómo incorporar a los cuidadores informales al sistema sin que los usuarios terminaran pagando dos veces.

Los cangrejales, otra vez

La inclusión de los cangrejales entre los puntos críticos tampoco constituye una novedad.

En abril de 2026, Tatiana Coronel ya había dispuesto sanciones contra establecimientos de Sauces por la ocupación irregular de la vía pública.

En aquella ocasión, Segura EP retiró llantas utilizadas para reservar espacios de estacionamiento, pero los obstáculos fueron colocados nuevamente poco después de la intervención.

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El episodio puso en evidencia una de las principales dificultades de los controles municipales: impedir que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados.

Ahora, con el anuncio de operativos permanentes, queda por conocer cómo se ejecutarán las intervenciones, qué sectores serán priorizados y qué medidas se aplicarán para evitar la reincidencia.

Frente a este anuncio, la ciudadanía espera que los operativos en realidad se ejecuten. "La Alcaldía o la ATM se la pasan diciendo que ahora sí habrá controles, pero la medida apenas dura una semana y esto es. Yo no creo que cumplan, ojalá y lo hagan. Guayaquil es una selva vial, todos hacen lo que les da la gana en las narices de los agentes. Sería bueno que los vigilantes hagan cumplir la norma y hagan respetar el espacio público, que es nuestro. Yo no confío en los resultados. Pero repito: espero equivocarme", señaló Augusto Cardenas, residente de Urdesa. 

Lo que debe de saber 

• Candidatura: José Villao busca llegar a la Alcaldía de Santa Elena en las próximas elecciones seccionales.
• Desafíos: Su candidatura se enfrenta a demandas ciudadanas relacionadas con los servicios básicos, la producción y las soluciones para el cantón.
• José Daniel Villao estuvo al frente de la Prefectura de Santa Elena desde mayo de 2019 hasta el 7 de agosto de 2026, es decir, más de siete años. Fue reelegido para el periodo 2023-2027, pero renunció antes de concluirlo.

En Santa Elena, el camino hacia la Alcaldía de José Daniel Villao Villao comienza con una pregunta que va más allá de su candidatura: ¿cómo trasladar la experiencia acumulada en la Prefectura a una administración municipal que responda a las necesidades de sus habitantes? Tras ejercer como prefecto desde mayo de 2019 hasta el 7 de agosto de 2026, Villao busca ahora dirigir el Municipio con el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN).

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Nacido el 14 de septiembre de 1982 en Santa Elena, Villao construyó su trayectoria pública entre los medios de comunicación y la política local. Antes de llegar a la Prefectura, fue director de Comunicación de esa institución provincial y concejal del cantón La Libertad. Su paso por estos espacios constituye parte de la experiencia con la que pretende disputar la Alcaldía.

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Pero la trayectoria política también se mira desde los documentos. En su declaración patrimonial de fin de gestión, correspondiente al período comprendido entre el 15 de mayo de 2023 y el 7 de agosto de 2026, Villao reportó activos por $ 453.088,88 y pasivos por $ 214.871,89. Entre los bienes constan terrenos, casas y departamentos en Santa Elena y Guayas, además de vehículos, mobiliario y ganado. 

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En el apartado de obligaciones figuran un crédito hipotecario, un préstamo personal y deudas por tarjetas de crédito. La diferencia entre ambos rubros deja un patrimonio neto declarado de $238.216,99.

Las demandas del sector productivo

Fuera de los registros patrimoniales, las necesidades del sector productivo aparecen entre los asuntos que marcarán el debate electoral. Fernando Vargas, coordinador principal del Comité de Usuarios de Aguapen, cuestiona la atención que recibió este sector durante la administración provincial de Villao. A su juicio, persisten necesidades en agricultura, pesca, riego y drenaje, áreas en las que los pequeños productores requieren proyectos que les permitan aprovechar el potencial de la provincia.

Los desafíos de Santa Elena

El agua potable  y la gestión de los desechos también forma parte de las preocupaciones planteadas por Vargas en Santa Elena. Señaló problemas relacionados con la calidad y continuidad del suministro y vinculó el consumo de agua con casos de diabetes y otras enfermedades crónicas, afirmaciones que requieren verificación médica y epidemiológica para establecer una posible relación causal. “La próxima administración debe responder a las necesidades de los ciudadanos y del sector productivo, con soluciones concretas para el agua potable, la agricultura, la pesca y el riego”, afirmó.

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Una gestión bajo cuestionamiento

El paso de Villao por la Prefectura también estuvo acompañado sobre asuntos que generaron debate público. Entre ellos figuran las menciones de su nombre en chats relacionados con el caso Metástasis, la evolución de su patrimonio declarado, la suspensión judicial del proyecto del malecón de Manglaralto por posibles afectaciones ambientales y los reclamos por obras pendientes y gastos institucionales. Estos antecedentes forman parte del escrutinio público de su gestión.

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A esa discusión se suma una preocupación que trasciende a Villao y a cualquier otra candidatura: la distancia entre las promesas electorales y su cumplimiento. El urbanista Felipe Huerta Llona advierte sobre la apatía política y la desconfianza ciudadana, factores que pueden debilitar el seguimiento de las propuestas una vez que las autoridades asumen sus cargos. “La participación ciudadana y el seguimiento de los compromisos son fundamentales para que las necesidades del territorio no queden relegadas”, señaló Huerta.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional censuró y destituyó a David Rosero, vocal del CPCCS, con 84 votos, por un presunto conflicto de intereses relacionado con una supuesta reunión con Inés Romero, aspirante a fiscal general.
• Durante el juicio político, Rosero cuestionó el origen y la validez de las imágenes presentadas como prueba, mientras el asambleísta oficialista Luiggi García reconoció que no podía confirmar que el encuentro ocurrió y señaló que corresponde a la Fiscalía determinarlo.
• La decisión le impide ejercer cargos públicos durante dos años y estuvo rodeada de acusaciones sobre posibles intereses políticos en el concurso para designar al nuevo fiscal general.

La Asamblea Nacional censuró y destituyó a David Rosero Minda, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con 84 votos a favor durante el juicio político realizado este martes 13 de octubre de 2026. 

(Te puede interesar: David Rosero respondió a acusaciones en su juicio: esto dijo del concurso para designar fiscal)

La decisión lo aparta de su cargo y le impide ejercer funciones públicas durante los próximos dos años.

La resolución se aprobó con el respaldo de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), legisladores independientes aliados al oficialismo y otros asambleístas.

En total, 66 votos provinieron de ADN, 13 de independientes y aliados al Gobierno, dos del Partido Social Cristiano (PSC) y tres de legisladores expulsados de Pachakutik.

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Los 56 asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) se abstuvieron, mientras que cuatro legisladores votaron en contra: tres de Pachakutik y uno del correísmo.

Juicio político a David Rosero: Acusación de presunto incumplimiento de funciones

El proceso contra Rosero se originó en una acusación por presunto incumplimiento de funciones debido a un supuesto conflicto de intereses.

El legislador independiente Sergio Peña, aliado de ADN, impulsó el juicio político, al señalar que el vocal habría mantenido un encuentro con la jueza Inés Romero, quien aspiraba al cargo de fiscal general del Estado, el 5 de junio de 2026, cuando ya estaba en marcha el concurso de selección.

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Las imágenes que supuestamente registraban esa reunión ocuparon un lugar central en la acusación. Sin embargo, el asambleísta de ADN, Luiggi García, reconoció que los legisladores no podían asegurar que el encuentro se hubiera producido.

Sostuvo que corresponde a la Fiscalía determinar si ocurrió, aunque defendió que el juicio político se rige por un estándar probatorio distinto.

García también afirmó que, durante la sustanciación del caso, Peña presentó dos pericias, incluida una de tipo morfológico, para respaldar la autenticidad de las imágenes. Además, señaló que la fecha del supuesto encuentro había sido objeto de especulaciones, aunque aseguró que el día planteado por el proponente se sustentó en información del GPS.

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Rosero, por su parte, cuestionó la solidez de los elementos utilizados en su contra durante su intervención ante el Pleno. El vocal sostuvo que no se había establecido el origen de las imágenes, ni identificado la cámara o el dispositivo con el que habrían sido tomadas.

También alegó que no se demostró un beneficio concreto para Romero derivado de la supuesta reunión.

Comparación con el juicio a la exministra de Energía, Inés Manzano

En su defensa, Rosero comparó su caso con el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, que fue archivado por la Asamblea. Pidió que se aplicara el mismo criterio y recordó que, en aquel proceso, se cuestionó la cadena de custodia de las pruebas y el uso de enlaces de noticias como elementos probatorios.

“El control político es legítimo; la arbitrariedad no”, expresó Rosero al iniciar su intervención.

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La controversia también se trasladó al concurso para elegir al nuevo fiscal general. Rosero atribuyó su posible destitución a intereses del Ejecutivo en ese proceso y advirtió sobre el riesgo de que la selección responda a conveniencias políticas.

Con la votación de este martes, Rosero queda fuera del CPCCS y sujeto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Andrés Mendoza Paladines asumiría su puesto en el Consejo.

“Necesitan un servidor obsecuente y sin criterio para que asuma ese aval del proceso cuestionado”, dijo Rosero en referencia al proceso en curso en el CPCCS. Sin embargo, el vocal no centró su defensa en ese señalamiento.

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Rosero y el cuestionamiento a las fotografías

Su intervención se enfocó en cuestionar la legitimidad de las pruebas en su contra y en señalar que no existe un nexo entre la supuesta reunión y un beneficio concreto para la postulante al cargo de fiscal general, Inés Romero.

Habló por más de dos horas ante el Pleno de la Asamblea. Inició su intervención con un llamado a los asambleístas: “El control político es legítimo; la arbitrariedad no”. Después, sostuvo que no se puede convertir en prueba una publicación hecha en redes sociales.

El centro de la acusación contra Rosero son unas imágenes que darían cuenta de un supuesto encuentro entre él y Romero. Por eso, el vocal centró sus reparos en que nunca se probó el origen de dichas imágenes.

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Luego, el vocal del CPCCS argumentó que la acusación se sustentaba en un presunto conflicto de interés, pero que no existían pruebas de beneficios obtenidos por la postulante a la Fiscalía. Recordó que 21 aspirantes al cargo ya fueron descalificados y que Romero estaba entre ellos.

La referencia al juicio contra Inés Manzano

Otra parte central de su intervención fue la comparación con lo ocurrido en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano, que fue archivado por el Pleno de la Asamblea. Rosero pidió ser “medido con la misma vara”. 

Recordó que, en aquel proceso, se argumentó que las pruebas presentadas no tenían cadena de custodia y que los enlaces de noticias publicadas en medios de comunicación no constituían elementos probatorios.

En ese punto, insistió en que la imagen presentada como prueba en su contra no tenía un origen definido, pues no se había identificado la cámara o el dispositivo con el que fue tomada.

Al final, el vocal volvió a referirse al actual concurso para fiscal general. “¿Este accionar demostrará (la resolución en el Pleno) que el concurso del mayor personero de la justicia ecuatoriana estaba predestinado? ¿El concurso solamente fue un barniz del cual ha expuesto los intereses del poder?”, dijo Rosero.

Pasadas las 16:20, el Pleno inició el debate entre los asambleístas. Una vez concluida la discusión, se votará la censura y destitución del vocal. Para alcanzar ese objetivo, ADN necesita 77 votos.

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Lo que debes saber

• Gobierno evita apagones en Ecuador con autogeneración industrial.
• Hogares, hospitales y escuelas tendrán electricidad por plan ante déficit hídrico.
• Constructores alertan que restricciones eléctricas afectarían obras y empleo en Ecuador.

El sistema eléctrico ecuatoriano vuelve a enfrentar presiones por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y al déficit hídrico que afecta a varios países de la región. En este contexto, el Gobierno dispuso que industrias con capacidad de autogeneración se desconecten temporalmente de la red nacional para liberar energía destinada al consumo residencial y a servicios considerados prioritarios.

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La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró en una entrevista radial a NotiMundo que la medida busca garantizar el abastecimiento eléctrico en hogares, hospitales y unidades educativas, y descartó la aplicación de cortes de energía para estos sectores. Según la funcionaria, las empresas utilizarán sus propios sistemas de generación durante un período previsto de tres días, permitiendo redistribuir la energía de la red pública.

De acuerdo con la autoridad, la estrategia forma parte de un plan de contingencia diseñado frente a la reducción de los recursos hídricos y contempla además el apoyo del parque termoeléctrico estatal y de las barcazas generadoras incorporadas al sistema.

Preocupación en sectores productivos

La decisión ha generado inquietud en algunos sectores económicos. El gremio Clúster Constructores Positivos expresó su preocupación por los efectos que las restricciones energéticas pueden tener en las plantas productoras de materiales para la construcción.

En una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, el sector advirtió que las interrupciones en la producción podrían provocar retrasos en obras, desabastecimiento de materiales y afectaciones al empleo. También manifestó preocupación por el incremento de las tarifas eléctricas industriales y su posible incidencia en los costos de construcción y en el precio final de las viviendas.

Los constructores solicitaron al Ejecutivo revisar las medidas adoptadas y abrir espacios de diálogo para encontrar alternativas que permitan reducir el impacto sobre la actividad productiva.

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Generación térmica y déficit hídrico

Como parte de la respuesta a la emergencia energética, el Gobierno informó sobre la incorporación de 16 generadores térmicos de la firma ATM, que aportarían alrededor de 30 megavatios adicionales al sistema nacional.

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La ministra también señaló que parte de la infraestructura de generación permanecía inactiva y mencionó investigaciones relacionadas con presuntos actos de sabotaje y malos manejos en equipos de generación eléctrica.

Mientras tanto, las autoridades sostienen que el déficit hídrico continúa afectando a varios países de la región, entre ellos Colombia y Brasil, lo que mantiene bajo presión los sistemas energéticos y obliga a adoptar medidas extraordinarias para sostener el suministro

El anuncio lo hizo el presidente de esa mesa legislativa, Cristian Benavides. Este 13 de octubre de 2026, el legislador se refirió al informe, en el que se detallan 95 casos de autoridades locales con alertas rojas y naranjas por el incremento injustificado de su patrimonio.

Política

Juicio a David Rosero: ADN no puede certificar que hubo reunión con postulante a la Fiscalía

Daniel Alejandro Romero Páez

Benavides insistió en que el sistema de semaforización utilizado para categorizar cada caso no implica una acusación. “La semaforización no significa una acusación. Hay confusión entre algunos legisladores. Lo único que hacemos es priorizar las alertas que permitan que las autoridades de control realicen exámenes especiales o investigaciones (en el caso de la Fiscalía)”, aseguró.

La sesión del Pleno en la que se tratará el informe está prevista para el próximo martes. La discusión de las conclusiones y recomendaciones ocurrirá en el marco de un proceso electoral en curso para la elección de autoridades locales.

¿Qué plantea el informe de la Comisión?

El anexo que incluye los nombres de las autoridades locales y sus respectivas jurisdicciones fue tratado como reservado. Sin embargo, durante la sesión en la que se aprobó el informe se conocieron algunos resultados:

Sobre este punto, Benavides señaló este 13 de octubre que los casos clasificados con alerta roja incluyen situaciones en las que ya existen investigaciones en la Fiscalía o exámenes en la Contraloría. También se tomó en cuenta la situación de las autoridades ante organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según el legislador, cierta información se mantendrá reservada. Entre ella estarían los bienes que poseen las autoridades y la existencia de investigaciones previas. Esto último busca evitar interferencias en las investigaciones que ya están en curso en la Fiscalía.

¿Qué se tomó en cuenta para ubicar cada caso?

Según el informe aprobado por la comisión, se consideraron tres elementos clave para ubicar cada expediente en una categoría. El primero fue la existencia de variaciones patrimoniales que exceden la capacidad salarial de las autoridades. El segundo tomó en cuenta la existencia de investigaciones penales, mientras que el tercero correspondió a la condición de omisos en el sistema tributario ecuatoriano.

Política

Juicio político a David Rosero pasa al Pleno de la Asamblea Nacional

Daniel Alejandro Romero Páez

Pasadas las 10:30 de este 13 de octubre de 2026, se instaló la sesión 129 del Pleno de la Asamblea Nacional. El punto central del orden del día es el juicio político contra Rosero, acusado de incumplimiento de funciones por un presunto conflicto de interés, al supuestamente haber mantenido una reunión con la candidata a la Fiscalía General del Estado.

La solicitud es impulsada por el legislador independiente, pero aliado del oficialismo, Sergio Peña. La principal prueba de ese encuentro son unas imágenes atribuidas a la reunión que, según el legislador, habría ocurrido el 5 de junio de 2026, cuando ya estaba en marcha el concurso para designar al nuevo fiscal general.

¿Cuál es la posición del oficialismo?

El asambleísta Luiggi García, integrante de la Comisión de Fiscalización y de la bancada de ADN, se pronunció sobre el caso. Este 13 de octubre fue consultado sobre si estaban en capacidad de confirmar que la reunión ocurrió.

García respondió: “No es un tema jurisdiccional. Tenemos otro estándar probatorio. Existe un conflicto de interés toda vez que hemos aducido que esta reunión se ha realizado”.

El legislador oficialista también manifestó: “No tenemos la autoridad de decir y dar la certeza de que se ha dado la reunión porque no somos Fiscalía. Corresponderá a Fiscalía determinar si se dio o no”.

García argumentó que, durante la sustanciación del proceso, Peña presentó dos pericias, una de ellas morfológica, para determinar la veracidad de las imágenes. En contraparte, según el legislador, Rosero no aportó elementos para confirmar que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

El argumento de García fue más allá. También reconoció que hubo especulaciones en torno a la fecha de la supuesta reunión. “En torno a la fecha hay un sinnúmero de especulaciones. Se habla de un carro y después de que no estaba el carro de él sino el back up del back up del back up del carro de él. La fecha planteada por el proponente ha sido probada mediante el GPS”, mencionó.

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El correísmo votará en abstención

La asambleísta de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Fiscalización, Ana Herrera, confirmó que su bancada votará en abstención. Según dijo, no se ha probado que la reunión se haya realizado.

“El juicio político no se llevó con transparencia. Segundo. Entendemos que no podemos ser cómplices de este movimiento de fichas que quiere hacer el Ejecutivo para acomodar las autoridades a su conveniencia”, mencionó.

Para el correísmo, el proceso de censura y destitución está relacionado con el concurso para designar al nuevo fiscal general. Según Herrera, el vocal del CPCCS ya no es funcional al oficialismo para ese propósito.

El caso llegará al Pleno después de que la Comisión de Fiscalización aprobara el informe en el que se recomienda el enjuiciamiento político. Cabe recordar que esa mesa legislativa está controlada por el oficialismo.

Política

“Dar clases de Derecho a impresentables”: el mensaje de Walter Macías a Comisión Ciudadana

Daniel Alejandro Romero Páez

La votación de ese informe da cuenta de las posiciones de las bancadas con mayor número de asambleístas en el Pleno. ADN votó a favor, mientras que los cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron.

¿De qué se acusa a Rosero?

El juicio político es impulsado por el asambleísta independiente y aliado del oficialismo Sergio Peña. Lo acusa de incumplimiento de funciones. El elemento central de la acusación tiene que ver con una supuesta reunión entre Rosero y la postulante al cargo de fiscal general del Estado, Inés Romero.

La prueba está relacionada con imágenes de dicho encuentro. Rosero ha argumentado que las fotos no tienen trazabilidad, metadatos ni una cadena de custodia. Sobre la fecha atribuida a la supuesta reunión, el consejero sostiene que cumplió una agenda en Guayaquil y que, al regresar a Quito, se trasladó a su casa en Imbabura.

Política

Justicia revisará por qué negaron una impugnación a la candidatura del fiscal Carlos Alarcón

Sara Ortiz

El informe aprobado por la Comisión atribuye al vocal el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Para ello, se tomó en cuenta el artículo 45, numeral 2, de la Ley Orgánica del CPCCS, referente a: "Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, el documento considera que la actuación del consejero Rosero Minda vulneró directamente la función general contemplada en el artículo 43, numeral 5, de la Ley Orgánica del CPCCS, en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia.

El oficialismo, que respalda la acusación, anunció que votará a favor de la censura y destitución. El asambleísta oficialista Luiggi García dijo el 12 de octubre de 2026 que cuentan con los 77 votos necesarios para destituir al consejero.

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Lo que debes saber

• Daniel Noboa subió al sexto lugar en América Latina, en octubre, por leve alza en aprobación.
• CB Global Data ubicó a Noboa sexto en la región tras encuesta realizada en Ecuador.
• Noboa alcanzó 47,5% de aprobación y quedó detrás de Sheinbaum, Bukele y Abinader.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ubicó en el sexto lugar del ranking de aprobación de mandatarios de América Latina elaborado por la consultora CB Global Data, con una valoración positiva del 47,5 %, según los resultados publicados este mes.

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La medición muestra que el mandatario ecuatoriano avanzó dos posiciones respecto a septiembre, cuando ocupó el octavo puesto con una aprobación de 47,4 %. El incremento fue de 0,1 puntos porcentuales, aunque suficiente para escalar dentro de la clasificación regional.

De acuerdo con la ficha técnica, la encuesta fue levantada entre el 5 y el 8 de octubre en Ecuador, con una muestra de 2.108 personas y un margen de error de 2,2 %.

Según el estudio, el 25,6 % de los consultados calificó la gestión presidencial como "muy buena", mientras que el 21,4 % la consideró "buena". En contraste, el porcentaje de desaprobación alcanzó el 46,9 %.

¿Quiénes lideran el ranking?

El listado regional es encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una aprobación del 69,3 %. Le siguen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 68,3 %, y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con 51,9 %.

Noboa aparece en el sexto puesto, por debajo de los líderes del ranking, pero por encima de otros gobernantes de la región, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Santiago Peña de Paraguay.

Ecuador

INEC no publicó varias estadísticas previstas, entre ellas empleo y pobreza

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Contexto político

La publicación del ranking se produce en un contexto marcado por los desafíos de seguridad, economía y gobernabilidad que enfrentan varios países de la región. 

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En Ecuador, la administración de Daniel Noboa ha mantenido como ejes de gestión el combate al crimen organizado, la recuperación económica y el fortalecimiento de relaciones internacionales, temas que han ocupado buena parte de la agenda pública durante los últimos meses.

Con el 47,5 % de aprobación, Daniel Noboa logró ascender al sexto lugar entre 18 mandatarios evaluados en América Latina, consolidándose dentro del grupo de presidentes con mejor valoración ciudadana en la región durante octubre de 2026.

Este hecho se originó luego de que el catedrático español participara en una jornada de protesta social en contra de Daniel Noboa , en el marco de su visita a la Universidad de Cuenca, registrada el pasado 7 de octubre de 2026, cuando recorrió las obras de construcción del proyecto de residencia universitaria. 

Durante esa jornada, Rosano protagonizó momentos de tensión y confrontación con la Fuerza Pública y personal de la universidad, cuando intentó exhibir un afiche en contra de Noboa desde lo alto de las vallas de seguridad que impedían el paso de los manifestantes hacia la zona donde se encontraba el mandatario.

Cuenca

Universidad de Cuenca guarda hermetismo sobre exigencia del Gobierno de despedir a docente

Claudia Pazán

Autoridades piden sanciones 

Tras este hecho, el nombre del catedrático se volvió viral en medio de una fuerte campaña de desprestigio en redes sociales.

A esta campaña se sumaron los pronunciamientos de voceros del Gobierno, entre ellos, la solicitud de sanciones y la exigencia de separación de la universidad formuladas por la ministra de Educación, Gilda Alcívar. 

También se sumó la petición del asambleísta oficialista Xavier Ordóñez, quien exigió su deportación al amparo de la Ley de Movilidad Humana, al mencionar la causal de representar un riesgo para la seguridad pública o intervenir en la política interna.

Política

Ministra Gilda Alcívar pide destituir a docente universitario por protestas contra Noboa

Carlos Isaac Pino

¿Quién es el catedrático?

Santiago Rosano es de origen español y es docente titular de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca desde hace 15 años.

En el ámbito profesional, posee un doctorado en Educación y una maestría en Investigación e Innovación en Contextos Educativos, ambos por la Universidad de Cantabria. 

Lo que debes saber 

• María José Pinto lidera a Ecuador en la FAO, este 12 de octubre, en Roma, para atraer inversiones.
• María José Pinto lidera a Ecuador en la FAO, este 12 de octubre, en Roma, para atraer inversiones.
• En el Foro Mundial de la Alimentación 2026, Ecuador busca alianzas y cooperación para el agro.

La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, encabeza la delegación ecuatoriana que participa en el Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia. La presencia ecuatoriana se desarrolla en un escenario que reúne a gobiernos, organismos internacionales, academia y sector privado para debatir propuestas relacionadas con los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria mundial.

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Durante la inauguración del encuentro, Pinto intervino en representación del país y expuso la importancia de vincular el crecimiento productivo con el desarrollo social. En su presentación destacó la oferta exportable ecuatoriana, conformada por productos como cacao, banano, camarón, atún, frutas y productos ganaderos, y señaló la necesidad de fortalecer la tecnología, la asistencia técnica y la innovación para mejorar la productividad del sector agroalimentario.

La agenda de la delegación incluyó además una reunión bilateral con Qu Dongyu, director general de la FAO, en medio de los esfuerzos de Ecuador por ampliar la cooperación internacional y generar oportunidades de inversión para el sector productivo.

Uno de los principales temas abordados por la vicepresidenta fue la relación entre la producción agrícola, pesquera y acuícola y los desafíos nutricionales del país. Pinto sostuvo que la discusión sobre la desnutrición crónica infantil no puede separarse de los sistemas alimentarios y de la capacidad de las familias para acceder a alimentos nutritivos y de calidad.

Conocimiento ancestral y seguridad alimentaria

La delegación ecuatoriana también participó en la apertura del Centro Mundial de Conocimiento sobre Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas (Global-Hub), una iniciativa impulsada por la FAO. En ese espacio se destacó el aporte de los conocimientos ancestrales a los sistemas alimentarios contemporáneos y se puso como ejemplo la historia de la cultura Mayo-Chinchipe, vinculada al cultivo de cacao en la Amazonía ecuatoriana hace más de 5.000 años.

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Asimismo, se resaltó el potencial de productos tradicionales como la quinua y el chocho andino, considerados parte de la riqueza alimentaria y cultural del país.

Las actividades de la representación ecuatoriana continuarán con la participación en espacios enfocados en inversiones agroalimentarias y cooperación regional. Entre los eventos previstos figura el Foro de Inversiones Mano de la Mano de la FAO, así como reuniones para intercambiar experiencias sobre políticas de seguridad alimentaria y reducción del hambre.

Ecuador

“Queremos vivir”: pacientes renales de Ecuador llevan su drama por las diálisis a CNN

Valeria Alvear

La participación de Ecuador ocurre en el marco del Foro Mundial de la Alimentación, que se desarrolla del 8 al 16 de octubre en Roma bajo el lema "Innovar hoy para nutrir mañana", con el objetivo de promover sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos y sostenibles.