Lo que debes saber

• La UNE Guayas alertó sobre el incremento de amenazas contra docentes y convocará movilizaciones para exigir acciones.
• El gremio asegura que las denuncias crecieron de 300 a 1.000 casos y señala seis distritos como los más afectados.
• También cuestionó la efectividad del plan de seguridad impulsado por el Ministerio de Educación.

Las extorsiones a docentes en Ecuador volvieron a encender las alertas. Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, anunció este domingo 13 de julio que el gremio prepara concentraciones para exigir al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo debido al incremento de amenazas contra maestros.

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La dirigente explicó que la decisión será tomada por el comité ejecutivo de la organización y que en los próximos días se informará la fecha y la hora de las movilizaciones. Según indicó, la medida busca presionar para que las autoridades adopten acciones frente al deterioro de la seguridad en las instituciones educativas.

"Tenemos nosotros una reunión con el comité ejecutivo donde vamos a dar a conocer más adelante la fecha y la hora de realizar estas concentraciones donde vamos a exigirle al Gobierno la declaratoria de la emergencia en el sector educativo", afirmó Menéndez.

Amenazas a docentes aumentan en seis distritos del Guayas

Durante la rueda de prensa, la presidenta de la UNE Guayas sostuvo que el incremento de intimidaciones se concentra en seis distritos de la provincia. 

La dirigente aclaró que esos territorios son los que actualmente presentan el mayor crecimiento de denuncias recopiladas por la organización, información que, aseguró, también consta en reportes preliminares de instituciones educativas y es conocida por las autoridades educativas.

"Las amenazas son específicamente distrito 2, distrito 3, distrito 7, 8, 19 y el 24. Son seis distritos que han aumentado el número de amenazas y extorsiones", manifestó.

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UNE cuestiona plan de seguridad del Ministerio de Educación

Menéndez también cuestionó el impacto del plan "Nos cuidamos", implementado por el Ministerio de Educación. Según afirmó, la estrategia no ha logrado disminuir los hechos de violencia que afectan a docentes, estudiantes y adolescentes dentro del sistema educativo.

La representante del gremio aseguró que las cifras recopiladas por la UNE muestran un crecimiento acelerado de los casos reportados. Indicó que la información proviene de la base de datos nacional del sindicato y de informes preliminares emitidos por instituciones educativas.

"De los 300 casos que teníamos nosotros, han aumentado ya a los 1.000 que están en la data de la UNE nacional, información que hemos venido recopilando junto con los informes preliminares emitidos por las instituciones educativas", concluyó.

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El Ministerio Público atribuyó la publicación a un "intento de desinformar a la ciudadanía y vulnerar la seguridad de las cuentas oficiales" de la Fiscalía, e hizo un llamado para que las personas se informen por los canales oficiales.

La entidad se pronunció luego de que Julio César Cueva, abogado de Álvarez cuestionara públicamente en la misma red social a la Fiscalía por la supuesta difusión de una publicación que hizo el actor Fernando Villarroel. En ese mensaje, el artista se burla del alcalde y su esposa, Fiorella Icaza, por la reciente hospitalización del funcionario en la clínica Alcívar, en Guayaquil.

Abogado de Álvarez criticó el mensaje

El jurista dijo que si, en efecto, la Fiscalía hizo el reposteo "debería ofrecer disculpas públicas al país. Una institución que ejerce la acción penal pública no puede permitirse el lujo de burlarse, ni directa ni indirectamente, de una persona sometida a un proceso penal en el que ella misma actúa como parte", manifestó el defensor del alcalde.

Ante las críticas y otras reacciones en redes sociales, la Fiscalía aseguró que se trataba de un mensaje "falso". 

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Además, señaló que mantiene "el compromiso con un manejo serio y responsable de la comunicación institucional. Actuamos para garantizar el acceso a información oficial y verificada", agregó.

Alcalde Álvarez fue convocado a dos audiencias

La reacción del Ministerio Público se registra días antes de que se inicie las audiencias por los casos Goleada y Grillete, en los cuales está procesado el alcalde Álvarez. El funcionario actualmente está detenido en la cárcel del Encuentro por la causa Triple A.

Lo que debes saber 

• Miles de trabajadores del Estado deberán cumplir un trámite obligatorio durante un periodo determinado.
• Conozca quiénes deben hacerlo, cómo presentar el formulario y cuáles son las consecuencias si no cumplen con esta disposición.

La Contraloría General del Estado (CGE) dispuso que todos los servidores y trabajadores del sector público actualicen su declaración patrimonial jurada entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2026. El trámite será obligatorio, gratuito y deberá realizarse exclusivamente a través del portal institucional, como parte del control sobre la evolución del patrimonio de quienes administran recursos públicos.

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La medida responde a lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Con este proceso, el organismo busca verificar que el incremento patrimonial de los funcionarios tenga un origen legítimo y prevenir posibles actos de corrupción.

Según el comunicado oficial, el procedimiento se efectuará únicamente en la plataforma digital de la Contraloría. Además, la entidad recordó que el incumplimiento de esta obligación dará paso a las sanciones contempladas en la normativa vigente.

¿Cómo actualizar la declaración patrimonial jurada?

La Contraloría detalló que el trámite debe realizarse en línea y recomendó revisar previamente el instructivo y el video tutorial disponibles en sus canales oficiales para evitar errores durante el llenado del formulario.

Estos son los pasos que deberán seguir los servidores públicos:

La entidad también aclaró que, en el campo "DESDE", deberá registrarse la fecha del primer nombramiento o contrato en la institución y no la correspondiente a la última acción de personal, una de las dudas más frecuentes entre los funcionarios.

Correcciones y datos que deben tomar en cuenta

La Contraloría informó que, si un servidor detecta errores u omisiones después de presentar la declaración, contará con 10 días para realizar las correcciones. Ese plazo comenzará a contarse desde la entrega de la Constancia de Otorgamiento a la Unidad de Administración de Talento Humano de su institución.

Otro aspecto que incorpora este proceso corresponde a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Los funcionarios clasificados dentro de esta categoría deberán registrar información adicional conforme a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, vigente desde el 29 de julio de 2025.

Las unidades de Talento Humano serán las encargadas de notificar a los servidores que formen parte de esta categoría especial para que completen los datos adicionales exigidos por la normativa.

Contraloría advierte controles y sanciones

La Contraloría General del Estado señaló que verificará el cumplimiento de esta disposición en todas las instituciones públicas. Además, recordó que quienes no actualicen su declaración patrimonial dentro del plazo establecido estarán sujetos a las sanciones previstas en la legislación vigente.

La actualización fue ordenada mediante el Oficio Circular N.º 036-CG-2026, emitido el 6 de julio de 2026 por el contralor general del Estado, Mauricio Torres, documento que establece el periodo oficial para cumplir con esta obligación.

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El objetivo es elaborar un informe de verificación que será remitido al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a la normativa vigente.

La fase es clave: 309 personas se inscribieron para ocupar siete cargos en el CPCCS. El CNE ha recibido 286 denuncias dirigidas contra 214 postulantes, relacionadas con presuntos incumplimientos de requisitos, prohibiciones o inhabilidades para participar en el proceso.

Las alertas de veedores
​

El desarrollo de esta etapa también ha generado preocupación por las condiciones de la veeduría ciudadana. 

El 6 de julio se informó que los observadores deberán seguir el trabajo de la Comisión Verificadora a distancia, ubicados en mesas dentro del auditorio y separados por cintas de seguridad, a una “distancia prudencial” de los comisionados. 

Una situación similar se produjo con el concurso para Fiscal General del Estado. Finalmente se les permitió acercarse y trabajar junto a la comisión calificadora. Pero se produjo la renuncia de algunos de los veedores.

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Según esa disposición, no podrían observar, leer los expedientes. Saben que no pueden manipularlos. Se les dije que se debía preservar la custodia de los documentos y garantizar la concentración de los evaluadores.

Además, algunos postulantes han cuestionado el origen y la forma de varias denuncias. Señalan que existirían escritos con formatos similares y han pedido que se investigue a los denunciantes, ante la sospecha de que una misma persona habría presentado múltiples acusaciones contra distintos aspirantes. 

César Cárdenas planteó este señalamiento en el medio digital La Defensa y por tanto, algunos veedores y postulantes consideran que de confirmarse irregularidades, correspondería iniciar procesos de investigación y eventuales sanciones.

Lo que debes saber

• Nebot propone revocatoria tras un año si un alcalde incumple promesas en Guayaquil.
  
• En entrevista, Jaime Nebot dijo que apoyaría revocar incluso a candidatos del PSC.
  
• Equipo cercano a Nebot asesoraría autoridades sin cargos públicos para exigir resultados.
  

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, sostuvo que respaldaría procesos de revocatoria del mandato incluso contra candidatos impulsados por su propio sector político en caso de incumplimiento de sus propuestas.

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Durante una entrevista en Ecuavisa, Nebot señaló que existe un grupo de personas dispuesto a colaborar con las nuevas administraciones desde un papel técnico y de acompañamiento, más que desde funciones dentro del Estado.

“Esa gente no quiere puesto público”, manifestó el dirigente político al explicar que el objetivo sería asesorar a autoridades que sean designadas o elegidas “con libertad”, independientemente de su afiliación partidista.

Según Nebot, este equipo estaría motivado por una “revancha social, ética y cívica”, orientada a contribuir con la recuperación de la gestión pública y el desarrollo de las ciudades. 

Añadió que el respaldo podría extenderse a funcionarios de distintas tendencias políticas, siempre que su trabajo esté enfocado en servir a la ciudadanía.

La propuesta de revocatoria incluso para candidatos del PSC

En otro momento de la entrevista, el exalcalde planteó la posibilidad de impulsar mecanismos de control ciudadano contra autoridades que no cumplan con los compromisos asumidos durante sus campañas electorales. 

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En ese contexto, aseguró que apoyaría una eventual revocatoria del mandato incluso contra un alcalde respaldado por su propia organización política. “Iniciar al cabo de un año la revocatoria del mandato de nuestro propio candidato, de nuestro propio alcalde si no cumple”, expresó.

Nebot argumentó que este tipo de medidas responderían a las expectativas de una ciudadanía que, a su criterio, se encuentra decepcionada por la situación actual de Guayaquil. 

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El líder socialcristiano sostuvo que la ciudad atraviesa un momento complejo y afirmó que la población merece recuperar las condiciones de desarrollo y bienestar que, según dijo, tuvo en el pasado.

Lo que debes saber

• El Colegio de Médicos de Pichincha advirtió que la escasez de medicamentos continuará en Ecuador y aseguró que el sistema público atraviesa una de sus peores crisis.
• El gremio sostiene que existe un déficit de cerca de 400 fármacos y que la compra de medicinas desde la India aún no se refleja en los hospitales.

El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, advirtió en una entrevista concedida a Corape Radio que el desabastecimiento de medicamentos e insumos continúa afectando a hospitales y centros de salud públicos del país. El dirigente aseguró que la falta de fármacos esenciales sigue siendo el principal problema del sistema sanitario y afirmó que será el mayor desafío que deberá enfrentar el nuevo ministro de Salud.

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Pasquel explicó que el cuadro básico contempla 654 medicamentos, pero aseguró que actualmente el Gobierno apenas abastece alrededor de 200. A su criterio, existe un déficit cercano a los 400 fármacos, lo que limita la atención de pacientes que dependen de tratamientos esenciales en la red pública.

"Nosotros sabemos que el cuadro básico de medicamentos son 654 y el Gobierno apenas está abasteciendo, yo diría, 200".Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

El dirigente sostuvo que la solución pasa por mejorar la gestión de las compras públicas y garantizar los recursos para abastecer al sistema nacional de salud. En ese sentido, afirmó que es necesario destinar de forma urgente $640 millones para cubrir la demanda de medicamentos e insumos.

Compra de medicamentos desde India aún no llega

Sobre el anuncio del Gobierno para importar medicamentos desde la India, Pasquel aseguró que esos productos todavía no se reflejan en los hospitales del país. Explicó que el proceso requiere varios trámites administrativos y recordó que el Colegio de Médicos ya había advertido que los resultados no serían inmediatos.

"Nosotros habíamos anunciado que la compra de la India por lo menos iba a durar unos nueve meses".Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. 

Además, recordó que la comisión encargada de ese proceso fue designada el 16 de mayo. Aunque inicialmente se planteó que el abastecimiento podría resolverse en pocos meses, sostuvo que la escasez continuará porque las adquisiciones aún no concluyen y tampoco existe información pública sobre el avance de los procesos.

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Colegio de Médicos alerta por la crisis del sistema de salud

Pasquel afirmó que el nuevo ministro de Salud asume una cartera con problemas acumulados durante los constantes cambios de autoridades. Recordó que el actual funcionario (Juan Carlos Aveiga) es el octavo ministro de Salud durante el gobierno de Daniel Noboa y señaló que esa inestabilidad ha afectado la continuidad de las políticas sanitarias.

"El Sistema Público de Salud se encuentra en una de las peores crisis"Juan Pasquel, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

El presidente del Colegio de Médicos precisó que el gremio no busca confrontar a la nueva autoridad, sino colaborar para fortalecer el sistema nacional de salud. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe ser garantizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar la gestión de las compras públicas.

Finalmente, indicó que la crisis sanitaria también afecta a otros países de la región. Tras participar en una reunión con representantes de Sudamérica, aseguró que Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela enfrentan problemas similares, aunque advirtió que Ecuador necesita respuestas urgentes para evitar que el desabastecimiento siga impactando a los pacientes.

"La nominación de Cynthia (2019) no fue un error, fue un acierto. Pero la reelección de Cynthia fue un error de ella, que le costó, y nuestro, que lo admito. Pero dos errores no hacen un acierto y por eso ese error no lo vamos a volver a cometer, y por eso está Roche", afirmó el exalcalde.

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El respaldo a Andrés Roche viene con una advertencia

Nebot utilizó esa autocrítica para justificar el respaldo del PSC a la candidatura de Andrés Roche para la Alcaldía de Guayaquil. No obstante, aseguró que el apoyo del partido no será incondicional y planteó un escenario poco habitual en la política: promover la revocatoria del mandato si el candidato socialcristiano no cumple con su gestión.

Según explicó, Roche contará con un equipo de asesores que, afirmó, no busca ocupar cargos públicos, sino aportar desde la experiencia para fortalecer la administración municipal. Añadió que, de no responder a las expectativas ciudadanas, el propio PSC debería impulsar un proceso de revocatoria.

"Si esa gente falla, nosotros debemos cometer un acierto. Iniciar, al cabo de un año, la revocatoria del mandato de nuestro propio candidato y de nuestro propio alcalde si no cumple, porque eso es lo que merece este pueblo cansado", manifestó Nebot.

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Cuestionamientos al crecimiento de la nómina y del presupuesto municipal

Durante la entrevista, Nebot también comparó la evolución de la estructura administrativa del Municipio de Guayaquil durante las últimas administraciones. Recordó que recibió la Alcaldía de manos de León Febres-Cordero con 3.985 empleados y que, al concluir su gestión en 2019, dejó una nómina de 3.950 funcionarios.

En contraste, sostuvo que durante la administración de Cynthia Viteri el número de trabajadores aumentó hasta aproximadamente 5.500, a los que se sumaron cerca de 400 servidores de la entonces Dirección de Acción Social y Educación (DASE), posteriormente convertida en empresa pública, alcanzando una plantilla cercana a 5.900 empleados.

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Respecto a la administración actual, Nebot señaló que inicialmente se anunció una reducción de personal hasta alrededor de 5.000 funcionarios, incluyendo el área social. Sin embargo, afirmó que las cifras de Segura EP reflejan una realidad distinta.

Según el exalcalde, la empresa municipal cuenta actualmente con 2.600 empleados, cuando la antigua Corporación de Seguridad —a la que reemplazó— tenía alrededor de 300 trabajadores durante su administración. A su criterio, esto representa una duplicación del gasto destinado al personal.

Nebot también cuestionó la evolución del presupuesto municipal. Recordó que recibió un municipio con un presupuesto de 105 millones de dólares y que concluyó su gestión con 817 millones. 

Aseguró que, durante la administración de Viteri, ese monto ascendió a 2.600 millones de dólares, aunque precisó que el problema no radica únicamente en el tamaño del presupuesto, sino en el nivel de ejecución de las obras.

"Es muy bonito hacer un presupuesto, uno escribe como las cartas a Papá Noel. El problema es cuántos juguetes trajo Papá Noel", expresó, al sostener que actualmente no se difunden los niveles de ejecución de la obra pública como, según afirmó, ocurría durante su administración.

Lo que debes saber 

• La asambleísta Liliana Durán presentó un requerimiento de información sobre la Cárcel del Encuentro.
• El documento solicita contratos, costos, habitabilidad, atención médica, alimentación y reportes de fallecimientos.
• El pedido busca esclarecer el estado operativo y financiero del centro penitenciario.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, presentó un requerimiento formal de información dirigido a las instituciones responsables de la Cárcel del Encuentro, con el fin de obtener documentación sobre la construcción, contratación, operación y condiciones actuales del centro penitenciario. El oficio fue emitido el 11 de julio de 2026 como parte de sus facultades de fiscalización.

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El pedido plantea la entrega de información relacionada con la ejecución física y financiera de la obra, los contratos suscritos, los costos finales, los cambios realizados durante la construcción y el estado de los trabajos pendientes. Además, solicita verificar si la infraestructura fue habilitada cumpliendo los requisitos técnicos y legales antes de entrar en funcionamiento.

Al anunciar la solicitud en su cuenta de X, Durán cuestionó la falta de información pública sobre el proyecto. "La 'Cárcel del Encuentro' fue presentada como el gran símbolo de la política de seguridad del Gobierno. Hoy acumula más preguntas que respuestas", escribió la legisladora al informar sobre el inicio del proceso de fiscalización.

¿Qué información pide la Asamblea sobre la Cárcel del Encuentro?

Dentro del requerimiento, la legisladora solicita la certificación oficial del acta de entrega-recepción de la obra, el detalle de la liquidación económica y financiera del proyecto, así como el historial de modificaciones contractuales, reajustes de precios, contratos complementarios y posibles sanciones por retrasos en la ejecución.

También requiere el cronograma comparativo entre los plazos originales y los realmente ejecutados, junto con un informe que identifique las obras aún pendientes, como vías de acceso, cerramientos, sistemas hidráulicos, redes eléctricas, telecomunicaciones y otros componentes que todavía no habrían concluido.

En materia de contratación pública, el oficio pide copia íntegra de los contratos de ejecución y fiscalización, precisando que cualquier reserva de información se limite únicamente a aspectos relacionados con seguridad, mientras que la documentación administrativa y presupuestaria sea entregada por tratarse de información de carácter público.

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Habitabilidad, salud y derechos humanos entre los ejes del pedido

El requerimiento también incluye los actos administrativos que autorizaron el paso de la fase de construcción a la operación penitenciaria, así como los informes técnicos que respaldaron el ingreso de personas privadas de libertad antes de la culminación total de la infraestructura.

Además, solicita reportes sobre la disponibilidad de agua potable, funcionamiento del sistema de saneamiento, suministro eléctrico, atención médica, abastecimiento de medicamentos, alimentación, condiciones de habitabilidad y evaluaciones sobre riesgos y cumplimiento de estándares de derechos humanos desde el inicio de operaciones del complejo.

En el ámbito sanitario, la documentación requerida comprende estadísticas sobre hospitalizaciones, enfermedades detectadas, inventario de personal de salud. Asimismo, se piden informes sobre fallecimientos ocurridos dentro del centro penitenciario, con sus respectivas causas, investigaciones y protocolos aplicados.

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Fiscalización también apunta a seguridad y manejo de recursos públicos

El oficio incorpora un pedido de información sobre los contratos del servicio de alimentación, incluyendo la empresa proveedora, el número de raciones entregadas, costos unitarios, controles de calidad y antecedentes contractuales desde que el centro comenzó a operar.

Igualmente, solicita reportes relacionados con inspecciones de organismos de derechos humanos, observaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo y los planes implementados por las autoridades para atender dichas recomendaciones dentro del establecimiento penitenciario.

Al justificar la solicitud, Durán sostuvo en redes sociales: "Cuando una obra pública se maneja con opacidad, la fiscalización no es una opción: es una obligación. Los ecuatorianos tienen derecho a saber la verdad". Según el documento, la información deberá ser entregada de forma completa y documentada en un plazo máximo de diez días.

Exministra Inés Manzano enfrentaría su juicio político en Ecuador a través de sus abogados

• El correísmo rechaza que Inés Manzano pretenda defenderse solo mediante sus abogados.
• Exigen que comparezca personalmente por supuestas irregularidades en contratación eléctrica.
• La Comisión de Fiscalización define los plazos y el cronograma de pruebas este 13 de julio.

La bancada de la Revolución Ciudadana alertó este lunes 13 de julio de 2026 que la exministra de Energía, Inés Manzano, pretendería enfrentar su juicio político exclusivamente a través de sus abogados. La advertencia del bloque legislativo se emitió horas antes de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional defina los plazos, fechas y el cronograma para la actuación de pruebas dentro de este proceso de control político. El correísmo exige la comparecencia presencial de la exfuncionaria del Gobierno de Daniel Noboa por presuntas irregularidades en contratos de generación eléctrica.

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El correísmo rechaza la defensa por delegación de Inés Manzano

A través de un comunicado oficial, el bloque de la Revolución Ciudadana expresó su profunda preocupación y rechazo a la estrategia legal que adoptaría la exfuncionaria.

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"Rechazamos contundentemente la intención de que Inés Manzano pretenda enfrentar el proceso de fiscalización únicamente a través de sus abogados", señala el pronunciamiento de la bancada legislativa.

El movimiento político cuestionó de forma directa que quien ejerció la titularidad del Ministerio de Energía y Minas ahora intente delegar su responsabilidad ante los legisladores en un equipo jurídico privado.

El marco legal de la fiscalización en la Asamblea Nacional

El bloque parlamentario recordó que la normativa vigente exige una participación activa de las autoridades interpeladas. Según expuso la bancada, la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula con claridad las reglas del juego:

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Debido a esto, el correísmo exigió formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), que garantice la presencia física de la exministra en el Pleno de la comisión, bajo el argumento de que "los ecuatorianos merecen respuestas de quien tomó las decisiones, no de quienes fueron contratados para defenderlas".

Origen y sustento del juicio político contra la exministra de Energía

El proceso de fiscalización contra la exsecretaria de Estado se fundamenta en decisiones contractuales tomadas durante su gestión en el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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Cronología y proponentes del proceso

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Comisión de Fiscalización define el cronograma clave

Para la jornada de este 13 de julio de 2026, la mesa legislativa dirigida por Ferdinan Álvarez tiene previsto reinstalarse de forma clave para definir la ruta del juicio político.

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La sesión de la comisión resolverá los siguientes puntos administrativos esenciales:

Lo que debes saber

• Nebot dijo en Ecuavisa que el Gobierno de Daniel Noboa no ha ejecutado obras relevantes en Guayaquil.
  
  
• El líder del PSC afirmó que seguridad, empleo y servicios siguen pendientes para Guayaquil.
  
  
• Jaime Nebot marcó distancia del Gobierno y reiteró apoyo solo a medidas que considera acertadas.
  

El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, aseguró que la relación de su organización con el gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene la misma línea de años anteriores: respaldar las decisiones que considera acertadas y cuestionar aquellas con las que discrepa.

Sin embargo, al ser consultado sobre la gestión del Ejecutivo en Guayaquil, fue categórico al afirmar que el Gobierno no ha realizado acciones relevantes para la ciudad. "¿Qué ha hecho el gobierno de Daniel Noboa por Guayaquil? Nada", manifestó durante la entrevista en Ecuavisa.

El exalcalde descarta críticas personales contra Noboa

Nebot aclaró que sus críticas no son personales hacia el mandatario y reconoció su derecho a ejercer el cargo, aunque insistió en que la ciudad no ha recibido respuestas suficientes desde el Ejecutivo.

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El exalcalde sostuvo que las principales preocupaciones de la ciudadanía continúan siendo la seguridad, el empleo, los servicios públicos y la calidad de vida, por encima de los enfrentamientos ideológicos.

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Jaime Nebot admite un vacío de liderazgo en el PSC: "No ha existido una posta fuerte"

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Nebot propone revocatoria contra un alcalde del PSC si incumple

En una de las declaraciones más llamativas de la entrevista, Jaime Nebot planteó la posibilidad de respaldar una revocatoria del mandato contra un alcalde impulsado por el propio PSC si este no cumple con las expectativas de la ciudadanía.

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El exalcalde dijo que detrás de Andrés Roche existiría un equipo técnico de apoyo integrado por personas que no buscan cargos públicos, sino contribuir a la recuperación de Guayaquil.

No obstante, aseguró que el compromiso debe ser con los resultados y no con la lealtad partidista. "Si esa gente falla, hemos de iniciar al cabo de un año la revocatoria del mandato de nuestro propio alcalde", señaló.

Lo que debes saber

• Nebot admite vacío de liderazgo en el PSC tras su salida de la Alcaldía de Guayaquil en 2019.
  
  
• En entrevista, Nebot afirmó que el PSC enfrenta un relevo pendiente tras perder líderes históricos.
  
  
• El líder socialcristiano dijo que el PSC necesita nuevos cuadros capaces para recuperar protagonismo político.
  

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reconoció que la organización atraviesa un período complejo marcado por la salida de liderazgos fuertes y la necesidad de consolidar nuevos cuadros políticos. 

Durante una entrevista en Ecuavisa, sostuvo que la situación responde a un fenómeno natural dentro de la vida política y no necesariamente a una crisis terminal del partido.

El PSC enfrenta el desafío del relevo político

Nebot señaló que el PSC logró mantener continuidad durante décadas gracias a una sucesión de figuras de peso como, León Febres-Cordero y él mismo. 

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Sin embargo, admitió que tras su salida de la Alcaldía de Guayaquil en 2019 se produjo un vacío que aún está en proceso de superarse. "Cuando se van líderes significativos de un partido y no ha existido una posta fuerte pasan estas cosas que se superan", afirmó.

Nebot descarta que la situación sea irreversible

El dirigente insistió en que el principal desafío no pasa únicamente por incorporar juventud, sino por encontrar personas honestas, preparadas y con capacidad de gestión, independientemente de su edad o trayectoria política. 

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Según su visión, la fortaleza de una organización política depende de la calidad de sus dirigentes más que de criterios generacionales.

Además, sugirió que este tipo de procesos son comunes cuando una organización pierde a sus figuras más representativas y todavía no logra consolidar una nueva generación de líderes con suficiente respaldo ciudadano.

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La experiencia y la capacidad, por encima de la edad

Para Nebot, el debate político no debe centrarse en si los nuevos cuadros son jóvenes o experimentados, sino en su capacidad para liderar y resolver los problemas de la ciudadanía. 

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En ese contexto, defendió la necesidad de apostar por perfiles que combinen preparación técnica, experiencia administrativa y compromiso con el servicio público.

El exalcalde considera que el reto del PSC y de otras organizaciones políticas del país es lograr una transición efectiva que permita garantizar continuidad sin depender exclusivamente de figuras históricas.

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Durante la entrevista, Nebot también sostuvo que la necesidad de construir nuevos liderazgos no es un desafío exclusivo del PSC, sino un problema que atraviesa a gran parte del sistema político ecuatoriano. 

A su criterio, los ciudadanos deben priorizar la elección de personas capaces, honestas y con resultados comprobables, más allá de su edad o de la organización política a la que pertenezcan.

Lo que debes saber

• El nuevo ministro de Salud resalta la inestabilidad en el gabinete del presidente Daniel Noboa.
• Aveiga enfrenta el reto de la crisis del sistema de salud pública y el peso de la inestabilidad política.
• Los retos del Gobierno de Daniel Noboa en la conformación de su equipo técnico.

El día viernes 10 de julio, el presidente Daniel Noboa designó como nuevo ministro de Salud al médico Juan Carlos Aveiga, tras la salida del anterior titular, el doctor Jaime Bernabé Erazo. La designación del Dr. Aveiga causó algo de revuelo por un par de razones más allá del deplorable estado del sistema de salud pública del país. Una de ellas fue el hecho de que él sea la octava persona en ocupar dicho puesto en lo que va de este Gobierno. Muchos consideran que esto es demasiado, y que tantos cambios ponen en evidencia una cierta falta de seriedad detrás de los nombramientos realizados en una cartera tan delicada como lo es la de Salud.

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Si bien ocho es un numerito de tan solo un dígito, este puede llegar a ser una cifra considerable. Ocho hijos, por ejemplo, pueden ser demasiado para unos padres. Por eso, en la Argentina hace poco se mantuvo una centenaria tradición por la que el presidente apadrinaba a los séptimos hijos de una familia, para así desincentivar el que fueran abandonados por sus padres bajo la excusa de alguna superstición que, en el caso de ese país, había sido importada de Rusia como la idea de que la pobre criatura se convertiría en un hombre lobo. En Bélgica, los reyes extienden un privilegio similar a las familias que llegan a tener ese número de vástagos consecutivos y del mismo género.

La crisis del sistema de salud pública y el peso de la inestabilidad política

Esta no es la primera vez que el ocho es un número llamativo e indignante en la política de este país. Cuando Correa asumió el Poder en el año 2007, mucho se habló de que él fuera el octavo presidente en tan solo 10 años, debido a la serie de crisis y derrocamientos que se vivieron desde el golpe congresil contra Abdalá Bucaram. Irónicamente, esa inestabilidad y el desgaste que sufrieron los actores políticos de esa época que lo antecedió allanaron el camino para que Correa gobernase él mismo por una década entera, permaneciendo hasta ahora en un importante sitial de nuestra política.

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Juan Carlos Aveiga vendió sus acciones en tres empresas antes de llegar al Ministerio de Salud

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El ocho, como podemos ver, puede ser un sinónimo de precariedad, de necesidad de atención o ayuda externa, de inestabilidad y de desgaste institucional. Todo eso, lamentablemente, encaja bien en la descripción de la situación actual en el Ministerio de Salud. Sorprende entonces que casi todos los exministros de Salud de años recientes salgan constantemente a lanzar dicterios e invectivas y a proponer formulaciones aparentemente sencillas, pero que nunca pudieron ejecutar durante sus respectivas gestiones, habiendo presidido en cambio sobre el deterioro acumulado, tanto en lo físico como en lo administrativo, del sistema de salud.

Las propuestas para reformar la gestión y el abastecimiento de medicamentos

Dicen unos que hay que comprar medicinas dentro del país, como si nuestra industria farmacéutica pudiese cubrir todas las necesidades del sistema. Otros piensan que hay que cortar intermediarios en el extranjero, ignorando los problemas o incluso imposibilidades logísticas que eso acarrearía. Algunos de ellos prefieren enfatizar cuestiones como la necesidad de modernizar el sistema de manejo de inventario del Ministerio, para mejorar la trazabilidad y evitar que se “pierdan” los medicamentos e insumos, o insisten en reorganizar el Estado para regresar a los subsistemas e institutos del pasado. Quizá todos tengan algo de razón en sus propuestas.

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Podríamos ser generosos con ellos y señalar que no hay ministro, por mejor preparado y más predispuesto que esté, que pueda tener éxito si no cuenta con el respaldo del presidente de turno y del resto de su gabinete. Después de todo, ¿qué es un ministro de Salud sin fondos? Y en nuestra realidad actual, ¿qué poder real ostenta un ministro que no tiene el apoyo de sus pares en las carteras de Interior, Defensa y Trabajo y en las agencias de control y combate a la corrupción?

Los retos del Gobierno de Daniel Noboa en la conformación de su equipo técnico

Quizá entonces el problema viene de mucho más arriba. Desde el comienzo, Daniel Noboa ha tenido serios problemas en conformar su equipo. En el 2023 tuvo que inaugurar su gestión sin titulares en despachos importantísimos como los de Interior o Economía, y a lo largo de su Gobierno ha preferido que sus cuadros más cercanos acumulen encargos a tener que designar nuevos personeros (al ejemplo más notorio no vale mencionarlo en esta ocasión). Tal cosa ocurrió más de una vez en Energía y se dio hace poco en el propio Ministerio de Salud, cuando se le entregó su encargo a la vicepresidenta María José Pinto, quien no contaba con experiencia alguna en el área y que entró asesorada por un cuestionado exministro.

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Volviendo al caso del nuevo ministro, el nombramiento del Dr. Aveiga también provocó rechazo debido a la denuncia realizada por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la cual señaló que él habría sido el mismo médico que quiso, según dicen, ejercer presión para realizarle una operación de la vesícula. Esta coincidencia, de ser cierta, pondría desde temprano una nube negra sobre el ministro. Es importante que se aclaren los hechos, porque no conviene una designación primordialmente política, sino una altamente técnica, en un ministerio tan necesitado de reformas.

Lo que debes saber

• El rector de Amawtay Wasi, Armando Muyolema, revela la difícil situación económica que atraviesa la universidad por la reducción de recursos.
  
• La institución no renovó contratos administrativos y espera una respuesta del Gobierno para cubrir sus necesidades operativas.
• Muyolema también se pronuncia sobre la posible intervención del CES y asegura que las clases continuarán.

La Universidad Amawtay Wasi es la primera universidad pública intercultural del Ecuador y basa su modelo educativo en el fortalecimiento de las lenguas indígenas, los saberes ancestrales y las formas de vida de los pueblos y nacionalidades. Además de la formación profesional, impulsa proyectos de investigación enfocados en la recuperación y preservación de estos conocimientos.

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Más de 2.200 estudiantes piden salvar a la Universidad Amawtay Wasi por la crisis presupuestaria

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La Universidad Intercultural Amawtay Wasi enfrenta una crisis por la reducción de su presupuesto, situación que ha afectado la renovación de contratos del personal administrativo y ha generado preocupación sobre su funcionamiento. En medio de este escenario, también enfrenta la posibilidad de una intervención del Consejo de Educación Superior (CES). El rector, Armando Muyolema, explica a Diario EXPRESO cómo llegó la institución a este punto y qué acciones prevé para garantizar su continuidad.

Hay voces que aseguran que usted mantiene una relación cercana con Leonidas Iza y que eso habría generado un ambiente de tensión dentro de la universidad, tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Qué responde a esos señalamientos?

La Universidad Amawtay Wasi no se gobierna desde relaciones personales ni desde agendas partidistas. Esta es una institución profundamente académica. Yo soy un académico y mi gestión se debe estrictamente a la ciencia, la investigación y la formación superior. Aquí no existe espacio para el adoctrinamiento político de ninguna índole.

Nos regimos por un marco legal y por órganos colegiados que garantizan el pluralismo y el pensamiento crítico. Como universidad intercultural mantenemos diálogo con distintos actores sociales y territoriales, pero siempre desde la cooperación académica y no desde la militancia política.

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Conaie exige al Gobierno garantizar recursos para la Universidad Amawtay Wasi

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La universidad ha advertido sobre dificultades económicas. ¿Cuál es la situación financiera actual de Amawtay Wasi y cuánto presupuesto necesita para garantizar su funcionamiento?

La situación es bastante compleja. Al iniciar julio no hemos podido renovar los contratos de un importante porcentaje del personal administrativo, por falta de recursos. Para proteger el derecho de los estudiantes, hemos priorizado mantener la planta docente y el área académica, de manera que puedan concluir el semestre sin mayores contratiempos, mientras la universidad sigue operando con un equipo administrativo reducido.

Cuando asumimos la administración recibimos una institución con déficit presupuestario, sin recursos suficientes para cubrir incluso la nómina. En 2025 trabajamos con un presupuesto prorrogado de $7 millones y posteriormente se anunció un incremento hasta $12,2 millones, pero esos recursos nunca estuvieron realmente disponibles para ejecutar los proyectos planificados. Finalmente, la asignación efectiva fue de $3,6 millones, monto que resulta insuficiente para cubrir las necesidades operativas de la universidad.

¿Han recibido alguna respuesta o compromiso del Gobierno para incrementar el presupuesto y evitar que la crisis se agrave?

Después de que se conoció la reducción presupuestaria, el propio Gobierno nos convocó a una mesa técnica para revisar las cifras y analizar un incremento del presupuesto. Durante varios meses presentamos toda la información requerida sobre nuestras necesidades, proyectos y planificación institucional, convencidos de que se estaba construyendo una solución conjunta. Sin embargo, cuando esperábamos que se definiera el financiamiento, las conversaciones se detuvieron y no obtuvimos una respuesta concreta.

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Mariana Yumbay sobre la Universidad Amawtay Wasi: "Rechazamos la falta de fiscalización"

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Se ha hablado de una posible intervención del Consejo de Educación Superior (CES). ¿Qué información conoce al respecto?

Hace pocos días representantes del Consejo de Educación Superior realizaron una visita a la universidad tras una denuncia. Respondimos todas las preguntas y entregamos la información solicitada. Posteriormente conocimos que se conformó una comisión de investigación basada en un documento que supuestamente fue presentado por una estudiante.

Sin embargo, la propia estudiante negó haber firmado esa denuncia, presentó una acción en la Fiscalía por presunta suplantación de identidad y notificó al CES que ese documento no fue elaborado por ella. Desde nuestro criterio, esa denuncia carece de sustento jurídico y, por tanto, no debería servir como base para un eventual proceso de intervención.

Al momento de la entrevista, la denuncia seguía en trámite y era la base de la investigación iniciada por el CES. Sin embargo, días después, la Universidad Amawtay Wasi le informó a Diario EXPRESO que el proceso había sido archivado.

Con el presupuesto actual, ¿existe un riesgo real de que Amawtay Wasi suspenda actividades o reduzca su oferta académica?

Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a nuestra comunidad universitaria. Independientemente de cualquier circunstancia administrativa o incluso de una eventual intervención, la universidad continuará funcionando y los estudiantes podrán seguir con sus estudios.

Una intervención, en caso de producirse, afectaría únicamente la gobernanza institucional y no significaría la suspensión de clases.

Lo que debes saber 

• La Asamblea Nacional convocó a una nueva sesión del Pleno con cuatro puntos en el orden del día.
• Los legisladores analizarán un veto presidencial, una reforma para el sector pesquero y una declaratoria conmemorativa.
• Conoce qué plantea cada iniciativa y por qué será debatida.

La Asamblea Nacional convocó a la sesión 107-AN-2025-2029 del Pleno para el martes 14 de julio de 2026, a las 10:00, en el Palacio Legislativo de Quito. La convocatoria fue suscrita por el presidente encargado del Legislativo, Esteban Torres Cobo, con base en el artículo 12, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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De acuerdo con el documento oficial, los asambleístas conocerán cuatro puntos en el orden del día. Además del Himno Nacional, el Pleno tratará un informe sobre la objeción parcial al proyecto de Ley de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, una reforma para el sector acuícola y pesquero y una propuesta para declarar una fecha conmemorativa.

La convocatoria señala que la sesión se realizará en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en Quito. La agenda reúne proyectos que abarcan temas ambientales, productivos y de reconocimiento cívico.

Ley de Gobernanza del Espacio Marino-Costero vuelve al Pleno

El segundo punto del orden del día será conocer y resolver el informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia presentada por el Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero.

Esta normativa busca establecer un marco legal para la gestión integral del espacio marino y costero del Ecuador, regular el uso sostenible del mar, fortalecer la protección de los ecosistemas y brindar seguridad jurídica a actividades como la pesca, el turismo, la investigación científica y los deportes acuáticos.

La comisión legislativa que analizó el veto recomendó allanarse a la mayoría de las observaciones planteadas por el Ejecutivo y ratificarse únicamente en uno de los artículos aprobados previamente por el Pleno, al considerar que los cambios propuestos son, en su mayoría, ajustes técnicos y de armonización normativa.

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Reforma para la acuicultura y la pesca será debatida por primera vez

Como tercer punto, el Pleno conocerá el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para una Caracterización Acuícola Pesquera a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

La iniciativa busca actualizar la normativa vigente mediante una mejor caracterización de las actividades acuícolas y pesqueras, con el propósito de precisar conceptos y fortalecer el marco legal que regula a este sector productivo antes de continuar con su trámite legislativo.

Al tratarse de un primer debate, los legisladores podrán presentar observaciones y propuestas de modificación. Posteriormente, la comisión correspondiente deberá recoger esos aportes antes de elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.

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El Pleno también debatirá una fecha conmemorativa

El cuarto punto del orden del día propone declarar el 13 de julio de cada año como el "Día del Rotario Ecuatoriano". La iniciativa busca incorporar oficialmente esta conmemoración dentro del calendario nacional mediante una resolución del Pleno.

La convocatoria no detalla el contenido de la propuesta, aunque el debate permitirá a los legisladores exponer sus argumentos antes de decidir si aprueban o no la declaratoria.

Última semana para el registro de alianzas electorales para las seccionales 2026

• Organizaciones políticas tienen hasta el 18 de julio de 2026 para inscribir alianzas.
• Correísmo utilizará la plataforma del movimiento Amigo debido a la suspensión de su lista.
• El partido oficialista ADN resolvió competir en solitario en sus primeras elecciones locales.

Los partidos políticos de Ecuador iniciaron una semana clave en el cronograma hacia las elecciones seccionales de 2026. Hasta el 18 de julio de 2026, las organizaciones políticas tendrán la oportunidad de registrar formalmente sus alianzas electorales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con miras a los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026. Este proceso define el mapa de coaliciones de cara a la selección de alcaldes y prefectos.

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Las estrategias de los partidos políticos y el panorama de alianzas

Durante la fase de definición de precandidaturas para las elecciones seccionales de 2026, varias agrupaciones políticas revelaron sus acuerdos y estrategias de postulación.

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La Revolución Ciudadana (correísmo) participará en los comicios locales a través de la plataforma electoral del movimiento Amigo, una medida adoptada debido a la suspensión de su lista original. Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, aclaró que la organización cuenta con al menos tres partidos políticos aliados que acogerán formalmente sus cuadros de candidatos. Aunque la dirigente no detalló todos los nombres, en el cantón Cuenca el Partido Socialista auspició la precandidatura del actual prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien aspira a la Alcaldía de dicha ciudad.

Por su parte, Javier Orti, presidente del partido Avanza, confirmó que su organización optará por competir en solitario en ocho provincias de Ecuador. No obstante, detalló que han consolidado alianzas electorales en diversos cantones con casi todas las fuerzas políticas, con excepción del movimiento Amigo y el oficialismo.

Los acuerdos específicos del partido Avanza

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El oficialismo de ADN y la Izquierda Democrática ante las urnas

En contraste con las coaliciones, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) mantendrá una postura de independencia en las urnas. Antes del desarrollo de las elecciones primarias, la ministra de Gobierno y directora de la organización en Pichincha, Nataly Morillo, reveló que el oficialismo participará de forma individual, sin alianzas electorales, en lo que constituirá su primera contienda en elecciones seccionales.

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En la otra acera, partidos como la Izquierda Democrática han tomado el camino opuesto. La presidenta de la agrupación, Analía Ledesma, ratificó que han optado por establecer alianzas estratégicas a lo largo de todo el territorio nacional, aunque prefirió no desglosar las organizaciones involucradas en dichos pactos.

Calendario electoral y próximos hitos hacia las elecciones seccionales de 2026

El cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) establece fechas definitivas para la consolidación de las candidaturas que participarán en la jornada democrática de noviembre:

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José Cabrera pidió a Contraloría auditar la presidencia de Diana Atamaint en el CNE

• José Cabrera pidió a la Contraloría auditar los ocho años de gestión de Diana Atamaint.
• El nuevo presidente del CNE busca desvincular su administración de la anterior.
• El relevo de autoridades se dio por malestares internos con las organizaciones políticas.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado una auditoría integral a la gestión de ocho años de su antecesora y actual vocal, Diana Atamaint. La medida, revelada en una entrevista con EXPRESO tras asumir su cargo el 11 de junio de 2026 en Ecuador, busca garantizar la transparencia del organismo de cara a las próximas elecciones seccionales de 2026.

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El pedido de auditoría a la administración de Diana Atamaint

José Cabrera señaló a este Diario que su requerimiento tiene como objetivo técnico y político separar de forma clara el inicio de su gestión frente al CNE de las decisiones tomadas en el periodo previo.

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"Se ha hecho ya el pedido a Contraloría de que haga una auditoría de esa administración, de tal manera que mi administración vaya desde el día en que fui posesionado", afirmó la autoridad electoral.

El nuevo presidente del CNE aclaró de forma enfática que esta solicitud no responde a sospechas ni implica la existencia de irregularidades en el periodo de Diana Atamaint. Según sus declaraciones, se trata de una acción de respeto institucional y una vía de protección para el nuevo periodo administrativo: "Más bien es por un tema de respeto y también de cuidar mi administración. Lo que llevó la señora Atamaint como presidenta, que Contraloría haga su auditoría".

Las razones detrás del cambio de autoridades en el CNE

A pesar de descartar irregularidades previas, José Cabrera admitió de manera abierta que al interior del Pleno del organismo electoral existían tensiones e inconformidades acumuladas respecto a las decisiones de la administración anterior, factores que terminaron por impulsar la renovación de la Presidencia de la institución.

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Motivos del malestar en el Pleno

Entre las causas principales que motivaron la remoción de autoridades se encuentran las siguientes:

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Prioridades y metas de la nueva gestión electoral

El relevo en la cúpula electoral se concretó el pasado 11 de junio de 2026, fecha en la que concluyó la gestión de Diana Atamaint al frente del Consejo Nacional Electoral. Al asumir formalmente el cargo, el presidente del CNE, José Cabrera, fijó de inmediato los ejes que guiarán el rumbo de la entidad durante su mandato.

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Compromisos institucionales asumidos:

Lo que debes saber 

• El Colegio de Arquitectos de Pichincha respondió a los cuestionamientos sobre el concurso del nuevo Museo Nacional del Ecuador.
  
• Asegura que la selección de la propuesta ganadora fue decisión exclusiva del jurado.
• También sostiene que cumplió todas sus obligaciones técnicas y entregó la documentación a la entidad contratante.

Las críticas surgidas alrededor del concurso para el diseño del anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio del Museo Nacional del Ecuador motivaron un pronunciamiento del Colegio de Arquitectos del Ecuador – Provincia de Pichincha (CAE-P). La entidad explicó cuál fue su papel dentro del proceso y aclaró cómo se tomó la decisión sobre la propuesta ganadora.

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Según el comunicado, la convocatoria fue concebida para que distintos equipos profesionales presentaran sus proyectos y estos fueran evaluados por un jurado, de acuerdo con las bases y criterios técnicos establecidos previamente. 

Como parte de esa explicación, el organismo precisó que organizó, coordinó y acompañó técnicamente el desarrollo del concurso, velando por el cumplimiento de las bases y de cada una de las etapas previstas hasta la entrega de los productos correspondientes.

Concurso del Museo Nacional: el Colegio aclara quién eligió al ganador

El CAE-P informó que el jurado seleccionó como propuesta ganadora al equipo conformado por Campo Baeza (España) y MAODA (Ecuador), tras aplicar el procedimiento previsto en las bases de la convocatoria. En ese contexto, enfatizó que no tuvo participación en la decisión final.

"La selección de la propuesta ganadora correspondió al jurado, no al Colegio de Arquitectos del Ecuador – Provincia de Pichincha".

La institución también detalló la integración del jurado encargado de la evaluación. Estuvo conformado por los arquitectos Alejandro Zaera Polo, Eduardo McIntosh, Luis López y Diego Ordóñez Holguín; la magíster Romina Muñoz Prócel, quien asumió funciones tras el fallecimiento del arquitecto Hernán Crespo Bermejo; además del ingeniero Roberto Luque Nuques, delegado técnico del Presidente de la República, y la arquitecta Carla Arellano Granizo, delegada técnica de la Vicepresidencia.

Asimismo, indicó que, una vez concluida la fase de evaluación, entregó formalmente toda la documentación, informes, actas y demás productos contemplados en esta etapa a la Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP, entidad contratante del proceso.

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Colegio de Arquitectos afirma que cumplió con sus obligaciones contractuales

En el comunicado, el colegio sostuvo que cumplió íntegramente las obligaciones establecidas en el contrato, las bases de la convocatoria y la normativa aplicable. Añadió que, con la entrega oficial de la documentación, concluyó la fase de organización y coordinación técnica que estuvo bajo su responsabilidad.

"La decisión de continuar con el proceso le corresponde a la entidad contratante, Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP, de conformidad con el contrato y la normativa aplicable".

La institución agregó que cualquier paso posterior relacionado con el concurso depende exclusivamente de la empresa pública contratante y no del Colegio de Arquitectos de Pichincha, al haber finalizado las funciones que le fueron encomendadas.

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Colegio de Arquitectos defiende la transparencia del proceso

En la parte final del pronunciamiento, el CAE-P reiteró su respaldo a los concursos públicos de arquitectura como mecanismo para seleccionar proyectos de interés público y fomentar la calidad técnica de las propuestas.

"Reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad y la promoción de los concursos públicos de arquitectura como mecanismos técnicos para la selección de propuestas de interés público."

Además, manifestó que respalda las decisiones adoptadas por el jurado y el trabajo desarrollado por los profesionales que participaron en el concurso. Finalmente, aseguró que continuará vigilando que la institucionalidad que sustentó este y futuros procesos sea respetada.

Lo que debes saber

• La Ley Antimafias no elimina la cooperación eficaz, pero el debate para reformarla ya comenzó.
• Penalistas discrepan sobre las rebajas de pena: unos las defienden y otros piden endurecer sus reglas.
• Los expertos coinciden en que la figura requiere mayores controles para evitar abusos e impunidad.

La reducción de penas por cooperación eficaz volvió al centro del debate político, aunque el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley Antimafias no plantea modificar ese beneficio previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La discusión resurgió tras los cuestionamientos a los efectos que ha tenido esa figura en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado.

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Un debate que no está en la ley

Uno de quienes impulsa el debate es el asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN), quien sostiene que personas condenadas por un mismo delito no deberían recibir sanciones distintas por colaborar con la justicia. A su criterio, el principio debe ser “a igual delito, igual sanción”, por lo que anticipó que buscará promover cambios para eliminar las reducciones de pena derivadas de la cooperación eficaz.

Las declaraciones reavivaron una discusión que divide a especialistas del sistema penal. Mientras unos consideran que el beneficio es una herramienta indispensable para desarticular organizaciones criminales, otros sostienen que ha terminado generando rebajas desproporcionadas para responsables de delitos graves.

¿Debe mantenerse la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave o es momento de revisar el alcance de las reducciones de pena? EXPRESO consultó a expertos en derecho penal para analizar los argumentos a favor y en contra de una figura que vuelve a estar bajo la lupa.

Si eliminan el incentivo de la reducción de pena, ¿qué motivación tendrá un integrante de un grupo criminal para colaborar con la justicia?Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha

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¿Eliminar o mantener el beneficio?

Para el penalista y exfiscal de Pichincha, Pablo Encalada, eliminar o restringir de forma drástica la reducción de penas sería un error porque la cooperación eficaz es una de las pocas herramientas que permite a la Fiscalía avanzar con rapidez en investigaciones complejas. A su juicio, sin un incentivo real, quienes integran organizaciones criminales difícilmente entregarían información que permita identificar a los líderes.

En esa misma línea, sostiene que la develación de los casos de corrupción y delincuencia organizada más relevantes del país han contado con cooperadores eficaces. Por ello, considera que sacrificar ese mecanismo en busca de sanciones idénticas para todos, implicaría renunciar, en muchos casos, a conocer la verdad de los hechos.

Sin embargo, Encalada reconoce que la aplicación de esta figura ha generado cuestionamientos. En su criterio, el problema no radica en la ley, sino en la forma en que la Fiscalía ha negociado los beneficios y en la obligación de los jueces de verificar que la información entregada haya sido realmente corroborada antes de conceder una reducción de pena.

Por su parte, Daniel Kuri, abogado penalista y docente de la Universidad del Río, reconoce que la cooperación eficaz cumple una función importante dentro del proceso penal, pero advierte que la legislación actual permite reducciones de pena que pueden resultar desproporcionadas. En su criterio, la acumulación de beneficios con otras figuras procesales ha contribuido a generar esa percepción de impunidad.

La reducción de pena debe ejecutarse solo cuando la colaboración permita condenar a los cabecillas y recuperar bienes ilícitos; su aplicación no debe ser laxa ni complaciente.Andrés Cevallos, abogado penalista

Como ejemplo menciona los casos en los que un procesado accede simultáneamente a la cooperación eficaz y al procedimiento abreviado, lo que reduce significativamente la condena prevista para delitos graves. Esa situación, sostiene, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre las consecuencias de cometer un delito.

Una visión similar tiene el abogado penalista Andrés Cevallos, quien sostiene que la cooperación eficaz se ha desnaturalizado y ha pasado de ser una herramienta excepcional a un mecanismo que compensa las deficiencias investigativas de la Fiscalía. Desde su perspectiva, las reducciones excesivas terminan afectando la proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción impuesta.

Además, advierte que beneficios demasiado amplios pueden incentivar declaraciones interesadas o incluso falsas para obtener una rebaja de pena. Aun así, considera que eliminar la cooperación eficaz tampoco sería conveniente, porque dificultaría romper el hermetismo de las organizaciones criminales y rastrear el origen de los bienes obtenidos ilícitamente.

En contraste, el abogado y director de Plataforma de DDHH, Javier Rojas, considera que la cooperación eficaz no ha cumplido el objetivo para el que fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según manifiesta, la figura legal no ha servido para desarticular organizaciones criminales, sino que ha sido utilizada principalmente en procesos con connotación política.

Desde esa óptica, sostiene también que la Fiscalía dispone de suficientes herramientas legales para investigar sin depender exclusivamente de las declaraciones de un procesado. Por ello, cree que la prioridad debería ser fortalecer la capacidad investigativa del Estado antes que mantener incentivos que, a su juicio, no han demostrado resultados efectivos.

La cooperación eficaz, hasta ahora, no ha servido para desarticular a las mafias, no se la utiliza para ese fin; el país necesita una política criminal con rumbo.Javier Rojas, abogado

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Más controles, no más beneficios

Frente a estos escenarios, el jurista Kuri propone conservar la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave en investigaciones de delincuencia organizada. No obstante, plantea impedir que sus beneficios puedan acumularse con otros mecanismos de reducción de penas, con el fin de preservar la proporcionalidad de las sanciones.

Por otra parte, Rojas sostiene que el debate no debería centrarse en eliminar la reducción de penas por cooperación eficaz durante el tratamiento de la Ley Antimafias en la comisión legislativa, sino en construir una política criminal integral que fortalezca la capacidad investigativa de la Fiscalía y evite que sea utilizada con fines de persecución política.

La figura de la cooperación eficaz debe conservarse y ser un incentivo para colaborar con la justicia, no un premio para quien también cometió un delito.
Daniel Kuri, abogado penalista

Encalada afirma que el problema no está en la norma, sino en su aplicación. Por ello, considera que la Fiscalía debe negociar con mayor prudencia los beneficios y que los jueces solo los concedan cuando la información del colaborador haya sido plenamente corroborada.

Asimismo, Cevallos plantea mantener la figura, pero con controles más estrictos. Entre sus propuestas consta que la reducción de pena solo se haga efectiva cuando la información proporcionada por el procesado conduzca a sentencias firmes contra los cabecillas y permita afectar el patrimonio de las estructuras criminales.

Lo que debes saber

• José Cabrera asegura que el CNE cumple el calendario para las elecciones seccionales de 2026 y garantiza un proceso imparcial.
• También explica el cambio de autoridades en el organismo y el pedido de una auditoría a la gestión de Diana Atamaint. 
• Además, advierte cómo el CNE se prepara para enfrentar posibles riesgos durante la jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral atravesó un cambio de autoridades en pleno desarrollo del proceso para los comicios seccionales 2026. La salida de Diana Atamaint se produjo luego de casi ocho años al frente del organismo. Ahora José Cabrera anuncia un cambio en la gestión.

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El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, finalmente se pronuncia sobre el cambio de autoridades en ese organismo. Recibió a EXPRESO en su nueva oficina, donde no ahondó en el trasfondo de la salida de Diana Atamaint, pero dejó entrever que había malestar al interior del Pleno. En medio de este cambio, la autoridad habla del cumplimiento de los hitos del calendario para las seccionales 2026 y de cómo garantizará que el CNE sea un árbitro imparcial, pese a los cuestionamientos de las mismas organizaciones políticas. También habló del pedido de una auditoría a la anterior administración. 

¿Cuál es hoy el mayor riesgo para las elecciones del 29 de noviembre? Se habla de posibles impactos climáticos desde finales de este año.

Estamos monitoreando las delegaciones provinciales conjuntamente con los organismos pertinentes para ver qué riesgos tenemos. Se ha dado la disposición de que cada mes se presente un informe. Hasta el momento no se encuentran mayores novedades. Vamos avanzando en el proceso electoral y ese riesgo tenemos que mitigarlo y ver opciones.

Ha dicho que el adelanto de las votaciones crea un colchón para repetir elecciones ante eventualidades. ¿En qué consiste ese plan B?

En mi caso particular, la decisión de pasar las elecciones al 29 de noviembre fue con referencia a lo que hemos pasado en otros procesos, en los que, por los diferentes reclamos a los que tienen derecho los candidatos y las organizaciones políticas, hemos estado al límite de no poder posesionar a los electos en la fecha que dice la Constitución. Acepté que sea en noviembre, de tal manera que, si se diera esta situación, nosotros podemos postergar la fecha en las provincias y cantones en los que haya problemas. Podemos postergar y pasar para diciembre, enero o febrero.

Organizaciones políticas han cuestionado las últimas reformas de la Asamblea para las alianzas. Dicen que las desincentivan. ¿Cuántas alianzas se han inscrito?

Las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea, en el 2025, son hechas por los asambleístas. Ellos vienen precisamente de organizaciones políticas. Nosotros tenemos que acatar las reformas. No tengo el dato final. Recordemos que hasta el sábado 18 de julio se pueden realizar las alianzas.

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¿Hay alguna actividad en la situación actual sobre la que temen o prevén que pueda haber algún tipo de retraso?

No. Al momento estamos trabajando de acuerdo con el calendario establecido. Cada uno de los hitos ha seguido completándose, a pesar de que hubo un cambio en la cabeza del CNE y se han tenido que realizar algunos cambios en el área administrativa.

Resta menos de un mes para la inscripción de candidaturas. ¿Qué garantías ofrece el CNE para que el proceso se desarrolle sin decisiones que puedan interpretarse como arbitrarias?

Tenemos que aplicar la ley, nada más. El rato que vengan los candidatos, cumplan los requisitos y no se encuentren en inhabilidades al momento de la inscripción, tienen derecho a inscribirse. Nosotros no podemos irnos más allá. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que tienen que venir de las elecciones internas. Son requisitos y también tenemos que revisar que no se encuentren en inhabilidades para la inscripción.

Hubo cuestionamientos sobre una supuesta cercanía entre el CNE y el Gobierno. Que la ‘cancha está inclinada’, dicen algunos movimientos. ¿Cómo evitar que el organismo sea visto como un árbitro con sesgo?

Nosotros hemos llevado varios procesos electorales y, al día siguiente, la satisfacción es que el pueblo está trabajando, produciendo y no en las calles reclamando. El pueblo debe estar tranquilo; la ciudadanía, tranquila de que cada voto será respetado.

Usted asume el cargo después de casi ocho años en los que Diana Atamaint estuvo como presidenta. ¿Cómo encontró al CNE?

En cuanto a la administración de la señora Diana Atamaint, se ha hecho ya el pedido a Contraloría de que haga una auditoría de esa administración, de tal manera que mi administración vaya desde el día en que fui posesionado.

¿Ese pedido nace de un trámite común de inicio de ciclo o encontró algo que cree que debe investigarse?

No. Más bien es por un tema de respeto y también de cuidar mi administración. Lo que llevó la señora Atamaint como presidenta, que Contraloría haga su auditoría.

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¿Qué dio paso a la conformación de esta nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral para que se pudiera cambiar de autoridades?

Había tenido anteriormente un pedido de las compañeras de que asumiera este reto duro, difícil y complicado en medio de un proceso electoral. Pero tenía que asumirlo con responsabilidad.

¿Por qué se sacó a Diana Atamaint de la Presidencia?

Eso ya no puedo responder. Incluso, en la votación, los tres consejeros restantes (sin Enrique Pita, que no estuvo) estuvieron de acuerdo con que yo asumiera la Presidencia.

¿No hay ningún trasfondo? ¿Un día simplemente se decidió que había que cambiar de autoridades?

Había ya algún malestar. Recordemos que hubo un problema con las organizaciones políticas. Se eliminaba algo de Unidad Popular y todas esas circunstancias. Además de que ya habían pasado casi ocho años y era necesario refrescar a las autoridades.

¿Puede garantizar que ningún actor político tendrá influencia durante el actual proceso electoral?

Más que solo hablar, se verá con los hechos; con los hechos de que mi posición es la de respetar la decisión de los ecuatorianos. Yo le puedo decir ‘no tengo ninguna cercanía’. Pero la ciudadanía verá, por los hechos, cómo se lleva esta administración.

¿Habrá cambios o se mantendrá el sistema informático que se ha venido utilizando en los últimos procesos electorales?

En los equipos informáticos se ha mejorado. Se han hecho adquisiciones: nuevas computadoras, licencias del software y, por el resto, revisar que el sistema no tenga ningún problema en cuanto a la parte de escrutinios y posterior también en la transmisión de resultados.

Lo que debes saber:

• CNE verifica requisitos formales; denuncia por $6 millones reabre debate sobre candidaturas frente a seccionales en Ecuador.
• Expertos y dirigentes políticos: partidos deben filtrar a candidatos; sistema débil permite aspirantes sin controles en primarias.
• Sin sentencia ejecutoriada, CNE debe calificar; dirigentes admiten que no filtran, solo buscan sobrevivir.

La denuncia de un supuesto enriquecimiento ilícito en contra de una autoridad local —que no podría justificar unos $ 6 millones en su patrimonio—, en medio de las primarias con miras a las elecciones seccionales, reabrió un debate: ¿es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de filtrar a los candidatos? ¿Cuál es su rol y cuál el de las organizaciones políticas?

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Para Fausto Camacho, experto electoral, el problema no es del CNE ni del Código de la Democracia, sino de la debilidad del sistema de partidos.

“Si hablamos del sistema de representación y del sistema judicial, ambos hacen agua”, sostiene. En su opinión casi no existen partidos con funcionamiento permanente. 

“Son dos o tres. ¿Cuántos tienen sede, página web, centros de formación o una vida orgánica activa? Son la excepción”, anota.

Camacho subraya que la falta de democracia interna es evidente: “No hay reuniones periódicas de organismos de base ni directivas provinciales activas o pronunciamientos políticos cuando no hay elecciones”. En ese contexto, las candidaturas no pasan por controles.

Nicanor Moscoso, exintegrante de la Función Electoral, señala que ninguna institución puede anticipar la conducta de una autoridad. “Las denuncias sin sentencia ejecutoriada no son suficientes. Pueden responder a disputas políticas, a campañas en redes sociales o incluso a ataques personales”.

"No tenemos capacidad de investigar patrimonios": Javier Orti

Javier Orti, presidente de Avanza —una de las organizaciones que en 2019 candidatizó al alcalde involucrado en el escándalo, junto a UP—, no recuerda cómo lo eligieron. 

“Era taxista, dirigente popular, se alejó del partido”. Admite que la selección de aspirantes responde más a la supervivencia que a filtros. “No tenemos la capacidad de investigar patrimonios ni acceso a datos de la UAFE; vemos que no tengan problemas legales”.

También critica la falta de incentivos para formar cuadros. “Se nos exige capacitación, pero nos deben el fondo partidario. Sabe que el transfuguismo agrava todo. “Cualquiera puede ser invitado”.

Si todos fuéramos como El Nacional, y solo participáramos con candidatos propios, nos vamos a la B; hay que traer refuerzos, para no desaparecer.Javier Orti/ presidente Avanza

El primer filtro es el partido: Pablo Játiva

Pablo Játiva, abogado y profesor de teoría política, resalta que, si se revisa el funcionamiento político en otros países, el primer filtro natural para garantizar la calidad de los candidatos es el partido.

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“En otros países los evalúan para ver si están preparados y si son honestos”, explica. En Ecuador, en cambio, ese filtro “está completamente destruido”. 

En los partidos no se analiza quién es un candidato valioso, por lo que —desde el punto de vista jurídico— la responsabilidad del CNE se limita a lo procesal: verificar requisitos formales y la ausencia de sentencias ejecutoriadas.

“Tenemos políticos sin preparación, personajes que surgen de TikTok, sin que se verifique si están capacitados o si buscan el cargo como un espacio para hacer negocios. Se financian campañas con la expectativa de obtener contratos después, y los partidos terminan siendo solo vehículos electorales”, comenta.

Játiva advierte, además, fallas en el control de las primarias. “Ni el Código de la Democracia ni el propio CNE ejercen un control real. Acá, las primarias son casi simbólicas; se levantan manos para candidaturas ya decididas”. 

Contrasta con lo que hacen en Uruguay, Chile o Estados Unidos, donde las primarias son competitivas y permiten evaluar trayectorias, intereses y capacidades.

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En Ecuador, en cambio, dice: “las primarias se reducen a constatar quórum, bajo la lógica del dueño del partido”. Para Pablo Játiva, esta práctica refleja una visión caudillista de la política, entendida como un espacio de poder o enriquecimiento, más que como un ámbito de servicio público.

Esto dice la Revolución Ciudadana sobre responsabilidad de partidos 

Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, sostiene que, tras episodios de “traiciones” y la aparición de candidatos con procesos judiciales —como el caso de Sergio Peña—, han adoptado correctivos. 

“Fortalecimos la comisión de ética. Nuestros propios militantes nos alertan a través de redes sociales”. Además, los directivos provinciales deben tener cuatro años de militancia y ellos asumen la enorme responsabilidad de depurar inicialmente listas de candidatos, explica.

¿Qué debe incorporar la selección que hacen los partidos?, según Carlos Rabascall

Carlos Rabascall, excandidato presidencial que se afilió a la Izquierda Democrática y hace poco dejó el partido, reflexiona: 

“La calidad de una democracia comienza mucho antes de la votación, cuando los partidos deciden quién merece representar a los ciudadanos. Esa selección debe incorporar debida diligencia, evaluación patrimonial, revisión tributaria y judicial, declaración de intereses y estándares éticos verificables", detalla. 

Además, Rabascall comenta que el CNE tiene una misión distinta: proteger la legalidad del proceso y la transparencia del financiamiento. "Tenemos un modelo anticorrupción del siglo XX para enfrentar redes criminales del siglo XXI”. 

Para él, Ecuador necesita abandonar la lógica reactiva y avanzar hacia una “república preventiva”. Implica construir una Arquitectura Nacional de Integridad basada en Inteligencia Pública: instituciones conectadas entre sí, auditorías preventivas, analítica de datos e inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo antes de que la corrupción se materialice.

"Corresponsabilidad entre partidos y CNE": Gabriela Guerrero

Gabriela Guerrero, coordinadora provincial de la ID en Guayas, que también se desafilió hace poco, anota que la responsabilidad de la selección es compartida entre CNE y partidos. 

“Este órgano cumple un rol formal: si un candidato no tiene una sentencia ejecutoriada, está obligado a calificarlo. Su falla está en la fiscalización del gasto electoral. El control es débil. Aunque existen techos de campaña, en los informes todo cuadra, mientras en territorio se observan campañas millonarias. El CNE audita papeles, no hay un cruce profundo de información con entidades como la UAFE o el SRI”.

Los partidos fallan en su rol ético: muchos operan como vehículos electorales para sobrevivir, tienen miedo de desaparecer, prefieren billeteras o perfiles populares.Gabriela Guerrero/ exmilitante de la ID

El CNE no contestó

El martes 7 de julio del 2026, EXPRESO envió un pedido de información al Consejo Nacional Electoral, al respecto. No hubo una respuesta hasta el cierre de la edición.