Lo que debes saber

• José Nango es denunciado por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral
• Juez Ángel Torres fijó para julio la audiencia oral única de pruebas y alegatos.
• La sanción puede ser desde una multa económica hasta la suspensión de los derechos de participación.

El Tribunal Contencioso Electoral admitió la denuncia contra el asambleísta José Nango por presunta violencia política de género. La acusación formal fue formulada por Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano, tras declaraciones públicas del legislador que presuntamente menoscaban y desacreditan el rol de las mujeres en la fiscalización y la participación pública. El juez de la causa ya determinó la fecha para la audiencia única de pruebas.

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El origen de la demanda contra José Nango

La abogada Mónica Jaramillo sustentó la acción jurídica en una entrevista donde el legislador de Pastaza afirmó que ella "vive de chismes y cuentos". De acuerdo con la denunciante, estas expresiones configuran un ataque que busca deslegitimar el derecho de las mujeres a opinar sobre asuntos de interés público.

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El juez electoral Ángel Torres asumió el caso tras el sorteo de ley. Como primera medida, el magistrado admitió a trámite la denuncia y convocó oficialmente a las partes involucradas a la audiencia oral única de pruebas y alegatos, fijada para el 22 de julio de 2026.

¿Cuáles son las sanciones por violencia política de género?

La legislación ecuatoriana califica este acto como una infracción electoral muy grave dentro de la Ley Electoral. Las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 279 de dicho cuerpo legal incluyen penalizaciones severas para las autoridades o ciudadanos responsables:

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Lo que debes saber:

• Iván Cepeda vence en Nariño y Putumayo con más del 68% de votos.
• Daniel Noboa eliminó aranceles a Colombia a tres días de comicios.
• Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

A pesar de la activa participación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la recta final de la campaña presidencial colombiana a favor de Abelardo de la Espriella, los resultados electorales en los departamentos que limitan con Ecuador muestran un panorama de rechazo a dicha estrategia.

En Nariño y Putumayo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, obtuvo victorias contundentes, superando ampliamente a De la Espriella. Esto, pese a que el candidato de extrema derecha ganó en el resultado final con un 43,74 por ciento de los votos.

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En el departamento de Nariño, Cepeda arrasó con 472.845 votos (68,54 %), mientras que De la Espriella solo alcanzó el 21,47 % (148.120 votos).

Una tendencia similar se registró en Putumayo, donde el candidato de izquierda obtuvo el 71,36 % (94.416 votos) frente a un reducido 18,96 % (25.087 votos) de su contendiente.

El fallido efecto del "acuerdo" arancelario

A solo tres días de los comicios, el presidente Noboa anunció desde su cuenta de X que, tras alcanzar un acuerdo con Abelardo de la Espriella, dispuso eliminar la "tasa de seguridad" aplicada a los productos colombianos a partir del 1 de junio.

Dicha tasa, que Noboa justificó por la supuesta falta de voluntad del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen en la frontera, había escalado del 30 % al 100 % en pocos meses.

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De la Espriella calificó el fin de estos aranceles como una "gran noticia para el suroccidente colombiano" y para ambos países, prometiendo un "frente común contra los narcoterroristas". Además, lo usó con un logro político de su campaña.

Sin embargo, el electorado de estas zonas fronterizas parece haber sintonizado más con la postura del Ejecutivo colombiano.

El presidente Gustavo Petro sostuvo que la medida de Noboa fue un "error" que afectó la economía del sur del país y que su eliminación no fue una gestión política, sino el cumplimiento de una orden de la Comunidad Andina (CAN).

Rechazo a la "injerencia electoral"

La Cancillería de Colombia calificó las acciones de Noboa como una "deliberada injerencia en el proceso electoral" y una vulneración al principio de no intervención y a la soberanía nacional.

Por su parte, Iván Cepeda acusó directamente al mandatario ecuatoriano de intervenir en los comicios colombianos en coordinación con De la Espriella.

Pese a los resultados en la frontera, Daniel Noboa felicitó este domingo a De la Espriella por su desempeño nacional y le deseó éxitos en la segunda vuelta, afirmando que "ser mal perdedor es algo contagioso", en alusión a las críticas de Rafael Correa y el sector petrista.

El duelo definitivo por la presidencia se llevará a cabo el próximo 21 de junio, con un suroccidente colombiano que, por ahora, ha dejado claro su respaldo a Iván Cepeda.

Esto debes saber

• El TCE redujo de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación de Javier Pincay.
• La defensa sostiene que la sanción ya fue cumplida porque la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023.
• La decisión acerca al alcalde de Portoviejo a una eventual participación en las elecciones de noviembre de 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió reducir de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra, tras aplicar el principio constitucional de favorabilidad.

La decisión consta en una resolución emitida el 29 de mayo por el juez electoral Joaquín Viteri Llanga, en la que se dispone modular la sanción impuesta al burgomaestre conforme a lo establecido en el vigente artículo 279 del Código de la Democracia. En el documento se determina que la suspensión de los derechos de participación de Pincay será de seis meses.

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La sanción se remonta a 2023, cuando el Tribunal Contencioso Electoral determinó que Javier Pincay incurrió en una infracción electoral grave al no asistir al debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña para las elecciones seccionales. Como consecuencia, el organismo dispuso la suspensión de sus derechos de participación política, una decisión que posteriormente generó diversos recursos y acciones legales por parte de su defensa.

La resolución del TCE

En el fallo, el juez Viteri aclara que la reducción de la sanción no implica determinar automáticamente su cumplimiento. “La sanción de suspensión de los derechos de participación continúa vigente hasta que el infractor remita la documentación que sustente su ejecución, lo cual será comunicado a las autoridades competentes”, señala la resolución.

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Con esta decisión, la sanción queda considerablemente disminuida respecto a la establecida inicialmente, modificando el escenario político del alcalde de cara a futuros procesos electorales.

Lo que dice la defensa de Pincay

Según explicó su defensa, a través del abogado Roosvelt Cedeño, el período de suspensión ya habría sido cumplido, tomando en cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023. Por ello, consideran que corresponde la restitución de los derechos políticos del alcalde.

La defensa de Pincay sostiene además que mantener restricciones una vez vencido el plazo determinado por la nueva resolución podría representar una afectación a derechos constitucionales relacionados con la participación democrática. 

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La resolución del organismo electoral acerca nuevamente al alcalde portovejense a la posibilidad de intervenir en el proceso electoral previsto para noviembre de 2026, aunque aún restan trámites para formalizar la restitución de sus derechos.

El fallo marca un nuevo capítulo dentro de un caso que ha mantenido en expectativa al escenario político de Portoviejo y de Manabí durante los últimos años, debido a las implicaciones que tiene para el futuro político de una de las principales autoridades electas de la provincia.

Lo que debes saber

• Las muertes de presos en la Cárcel del Encuentro reavivan las alertas por tuberculosis y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios de Ecuador. 
• Expertos advierten que la falta de diagnóstico oportuno y tratamientos continuos puede agravar los contagios. 
• Mientras las autoridades descartan un brote, familiares denuncian una crisis sanitaria dentro de los pabellones.

Las recientes muertes de personas privadas de la libertad en la cárcel del Encuentro bajo la sospecha de tuberculosis y las denuncias de las condiciones precarias en que viven dentro del penal ha levantado la preocupación de sus familiares por desconocer la real situación de salud de sus seres queridos.

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Para el doctor Alberto Piubello, médico italiano con 35 años de experiencia en salud pública, especialista en tuberculosis y tuberculosis multidrogorresistente, asesor médico de la Fundación Damien y experto del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, estas preocupaciones tienen sustento cuando coinciden hacinamiento, ventilación deficiente, diagnóstico tardío y acceso limitado a servicios de salud. Según explica, en muchos sistemas penitenciarios la transmisión de la enfermedad ya suele haberse extendido ampliamente cuando aparecen los primeros casos detectados.

En abril de 2025 ya se registraban falencias. Ese mes, el día 22, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) realizó una visita en la Penitenciaría, gracias a una disposición judicial emitida a partir de una medida cautelar presentada por la institución.

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En su informe de aquella inspección, el CDH destacó que el pabellón 7 albergaba a 531 presos “con diagnóstico confirmado de tuberculosis”, quienes “no recibieron tratamiento médico adecuado durante los últimos tres meses”. También reportó que en las alas 3 y 4 del pabellón “se evidenció la presencia de heces de roedores o murciélagos”.

En el pabellón 8, en algunas alas, “cada celda está ocupada por un promedio de 9 personas, a pesar de contar solo con 3 camas disponibles”.

El informe también revela que según el personal médico del Ministerio de Salud presente en el policlínico, uniformados de las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en la cárcel “no permitían el ingreso de los médicos para suministrar medicamentos” desde hace más de cuatro meses.

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Hacinamiento, falta de medicamentos y obstáculos para la atención médica

Piubello considera que este tipo de escenarios dificulta el control de la enfermedad. Explica que uno de los principales desafíos es el diagnóstico tardío, pues en muchos sistemas penitenciarios no existen tamizajes sistemáticos al ingreso de los internos, además de que suele ser limitado el acceso a radiografías de tórax, pruebas moleculares rápidas y otros exámenes especializados. A ello se suman los constantes traslados de personas privadas de libertad, que pueden dificultar tanto el diagnóstico como la continuidad de los tratamientos.

En febrero de 2026, el CDH realizó una nueva visita a esa cárcel, igualmente permitida a partir de un fallo judicial. Allí se constató el funcionamiento de un nuevo policlínico con cierto abastecimiento de medicamentos, en donde se atendía a 10 reos en camillas.

En el pabellón 7 se evidenció una situación de hacinamiento. Además, conocieron que en el establecimiento había una mala distribución de raciones alimenticias, pues algunos internos no recibían las mismas porciones y a otros no se las daban.

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Nuevo policlínico, pero persisten denuncias sobre la atención sanitaria

Al final de ese recorrido se valoró positivamente que con la habilitación de dicho policlínico, mejoró la atención en salud a los internos. Pero según Navarrete, varios presos señalaron que la dotación de medicinas no era constante.

Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, asegura que en los pabellones aún existen malas condiciones: colchones sucios, tarrinas y fundas con restos de comida, así como una escasa o nula ventilación.

El doctor Piubello advierte que la interrupción de los tratamientos prolonga el periodo de contagio y favorece la aparición de formas resistentes de tuberculosis, consideradas entre los mayores desafíos para los sistemas de salud. Añade que para contener eficazmente un brote son indispensables un diagnóstico temprano, tratamiento continuo, disponibilidad garantizada de medicamentos y seguimiento permanente de los pacientes, especialmente durante los traslados.

Expertos alertan sobre el riesgo de tuberculosis resistente

En la rendición de cuentas del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) concerniente al año 2025, efectuada en abril de 2026, se informó que en cuanto a salud, más de 10.769 presos recibieron atención integral y además se inauguró el policlínico intramuros en Guayas.

Previamente, en febrero de 2026, en una rueda de prensa realizada en Quito, el Ministerio de Salud informó que 2.649 reos padecen tuberculosis y se indicó que permanentemente se aplican tamizajes y tratamientos.

En mayo de este año, los fallecimientos de al menos tres presos en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, quienes tuvieron complicaciones en su estado de salud, generaron nuevamente preocupación por la situación sanitaria en los centros de reclusión por los casos de tuberculosis.

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Casos de tuberculosis en cárceles mantienen la preocupación sanitaria

El SNAI, en un comunicado emitido el jueves 28 de mayo, indicó que en ese establecimiento “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis”. También aseguró que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se realizan acciones permanentes de vigilancia sanitaria y seguimiento clínico en las cárceles.

Piubello recuerda que las cárceles no son espacios aislados. El flujo constante de internos, funcionarios, personal médico, visitas y personas que recuperan su libertad hace que la tuberculosis no controlada pueda convertirse también en un problema para la comunidad.

Por ello advierte que los brotes en prisión pueden contribuir significativamente a la transmisión de la enfermedad fuera de las cárceles y favorecer la permanencia de cepas resistentes.

Lo que debes saber

• Unidad Popular entregó 206.000 afiliaciones certificadas en más de 7.000 fojas al TCE.
• Militantes piden audiencia a jueza Ivonne Coloma por presuntas ilegalidades de Diana Atamaint.
• Unidad Popular exige al TCE anular la cancelación de su partido político en Ecuador.

El partido político Unidad Popular presentó formalmente una solicitud de nulidad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para frenar la cancelación de su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas de Ecuador. El director del partido, Geovanni Atarihuana, entregó el registro certificado de 206.000 afiliados distribuidos en más de 7.000 fojas para demostrar que la militancia se mantiene activa y vigente. Los dirigentes aseguran que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no posee sustento legal ni pruebas técnicas sobre una supuesta disminución de miembros, señalando además que el organismo actuó fuera del plazo de 120 días establecido por la ley.

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Las pruebas de afiliación entregadas al TCE

Los representantes de la organización política enfatizaron que el volumen de militantes presentados cumple con creces los requisitos de ley. Según los voceros, las firmas en mención pasaron previamente por filtros rigurosos de control antes de ser validadas de forma oficial.

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Argumentos de la defensa de Unidad Popular:

"No tienen la prueba respecto al número y la disminución de afiliados. Actuaron fuera del tiempo legal establecido de 120 días", sostiene el equipo jurídico de la organización.

Exigen audiencia de estrados a Ivonne Coloma

La directiva del partido solicitó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, Ivonne Coloma, la apertura de un espacio de comparecencia oral. El objetivo de la defensa es exponer detalladamente las presuntas infracciones cometidas durante el proceso administrativo de cancelación.

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El equipo legal argumenta que se vulneró el derecho constitucional a la defensa y acusa de aparentes ilegalidades a la titular del CNE y a dos consejeros suplentes. Con esta acción buscan que el pleno de magistrados ordene la permanencia definitiva de la agrupación dentro de la papeleta electoral.

Lo que debes saber

• El IESS destinó $7 millones para adquirir medicamentos de alta especialidad destinados a enfermedades catastróficas y raras.
• La compra incluye 1.942 unidades de fármacos biológicos para patologías como esclerosis múltiple, Crohn y psoriasis.
• Además, 87 unidades médicas recibirán medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que destinó $7 millones para la adquisición de medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades catastróficas y raras. La medida busca fortalecer la atención de los afiliados y garantizar la continuidad de terapias de alta complejidad en la red hospitalaria de la institución.

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De acuerdo con la entidad, la inversión permitió la compra de tres tipos de medicamentos especializados que serán utilizados en tratamientos de patologías consideradas de alto costo y que requieren abastecimiento permanente para evitar interrupciones en la atención médica.

Según el boletín oficial, parte de estos recursos se destinó a la adquisición de 1.942 unidades de medicamentos biológicos, considerados esenciales para pacientes que enfrentan enfermedades de difícil manejo clínico.

Medicamentos para esclerosis múltiple, Crohn y psoriasis

Los fármacos adquiridos están destinados al tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn y la psoriasis moderada a grave. Estas patologías requieren tratamientos continuos y seguimiento especializado debido a su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

El IESS indicó que estos medicamentos serán distribuidos en hospitales de tercer nivel de la institución, donde se concentran los servicios de atención para enfermedades complejas y de alta especialidad.

La entidad señaló además que el abastecimiento permitirá mantener una cobertura continua y un stock asegurado para los próximos 12 meses, con el objetivo de evitar desabastecimientos en las unidades médicas que atienden estos casos.

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Abastecimiento llegará a 87 unidades médicas

Como parte de la estrategia institucional, el IESS también informó sobre un proceso de optimización y recuperación de entregas relacionadas con órdenes de compra pendientes.

El IESS prevé abastecer a 87 unidades médicas con seis tipos de medicamentos de alta rotación utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Entre las patologías que serán atendidas con estos insumos constan la diabetes y la hipertensión, dos de las enfermedades con mayor demanda de medicamentos dentro del sistema público de salud.

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Mientras llegan medicamentos, pacientes esperan tratamientos pendientes

Sin embargo, el anuncio sobre nuevas adquisiciones de medicamentos contrasta con la situación que enfrentan algunos pacientes que aún esperan la entrega de tratamientos ordenados por la justicia. Uno de esos casos es el de Manuel Castillo, de 55 años, quien padece amiloidosis hereditaria, una enfermedad rara, progresiva y potencialmente mortal.

Castillo obtuvo una acción de protección el 27 de enero de 2025 que obligó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a entregarle el medicamento prescrito en un plazo de tres meses. No obstante, hasta el 31 de mayo de 2026, la disposición judicial no se ha cumplido y la adquisición del fármaco continúa pendiente, según denuncia su familia.

Mientras el IESS informa sobre inversiones millonarias para fortalecer el abastecimiento de medicamentos, los familiares de Castillo aseguran que permanecen en la incertidumbre. Afirman que han recibido información contradictoria sobre la compra del tratamiento y sostienen que, más de un año después del fallo judicial, el paciente sigue sin recibir el medicamento que necesita para frenar el avance de la enfermedad.

Lo que debes saber

• Asamblea definirá comisión para informe de Daniel Noboa.
• El Informe a la Nación se realizó el 24 de mayo de 2026.
• La cantonización de Borbón pasará por su primer debate.

La Asamblea Nacional de Ecuador definirá la comisión especializada encargada de evaluar el Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, presentado el pasado 24 de mayo de 2026. Según la convocatoria oficial, el Legislativo de Ecuador se instalará en sesión este 2 de junio de 2026 a las 11:00, ubicando este trámite como el último punto del orden del día.

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El primer mandatario expuso sus líneas de gestión anual ante el Pleno sin la presencia de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuyos asambleístas abandonaron la sala por discrepancias políticas con el Ejecutivo. El análisis técnico y político de este documento determinará el avance de los compromisos gubernamentales en el periodo fiscal correspondiente.

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Proyectos de ley y cantonización en la agenda legislativa

Además del control político al informe presidencial, los parlamentarios debatirán proyectos normativos que impactan directamente a la organización territorial y al sector cultural del país.

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Primer debate para la creación del cantón Borbón

El Pleno de la Asamblea Nacional abrirá el primer debate del proyecto de ley que busca la creación del cantón Borbón, en la provincia de Esmeraldas. El origen de este proyecto responde al mandato de una consulta popular efectuada en 2025, donde la ciudadanía de dicha localidad votó a favor de su autonomía administrativa.

Ley de la Industria Audiovisual a votación

La jornada legislativa incluirá el conocimiento y resolución del informe para segundo debate de la Ley Orgánica de la Industria Audiovisual. La Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), recomendó formalmente el archivo del proyecto de ley, decisión que deberá ser ratificada o rechazada por la mayoría de los legisladores.

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Puntos clave del orden del día en la Asamblea Nacional

Lo que debes saber

• Un total de 43.300 colombianos se registraron para sufragar en Ecuador a través de 29 mesas distribuidas en seis consulados; Quito es la ciudad con mayor peso electoral al registrar 19.600 votantes.
  
• Los residentes en el exterior destacan que el ejercicio del voto representa un compromiso ciudadano y un nexo directo con el futuro de sus familias en Colombia.

Un total de 43.300 colombianos habilitados para votar en Ecuador asisten este domingo a las urnas con el fin de elegir al nuevo presidente de su país. El proceso electoral transcurre en 29 mesas de votación distribuidas en seis consulados a escala nacional, bajo la supervisión de las autoridades diplomáticas.

La cónsul general de Colombia, Paula Andrea Perdomo, ratificó el despliegue logístico en las sedes de Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja, Santo Domingo, Quito y Guayaquil. La mayor concentración de electores se registra en la capital ecuatoriana, donde 19.600 personas constan en el padrón electoral y acuden a la embajada para consignar su voto.

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Los sufragantes destacan la relevancia de formar parte de las decisiones democráticas a pesar de la distancia geográfica. Para Darío Rodríguez, quien reside desde hace 28 años en Ecuador, esta jornada representa una oportunidad para el progreso de su nación de origen. El ciudadano manifestó su expectativa de que Colombia tome un rumbo positivo a partir de estos comicios.

Por su parte, Érika Nuñez, residente en territorio ecuatoriano desde hace 12 años, calificó al sufragio como un compromiso ciudadano. "Uno puede estar lejos, pero siempre está conectado y al tanto de lo que pasa".

El vínculo con las familias de origen

El interés por la situación política y social de Colombia se fundamenta también en los lazos familiares que los votantes mantienen en su patria. Catalina Vargas, quien vive hace 16 años en Ecuador, enfatizó que la participación desde el exterior es vital debido a que los resultados afectan de manera directa a sus familias. "Es importante votar aunque estemos fuera del país, porque nos interesa lo que esté pasando y porque tenemos parientes allá".

La afluencia de votantes a la delegación diplomática en Quito es continua. Los ciudadanos ingresan de forma ordenada a las instalaciones con la presentación de su documento de identidad original para efectuar el proceso.

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Logística y cierre de las mesas

Los recintos electorales atienden al público desde el lunes 25 de mayo. El personal de los consulados gestiona las filas de acceso con el propósito de agilitar el flujo de personas y evitar aglomeraciones en los exteriores de los edificios.

Una vez finalizado el tiempo de votación, los jurados de mesa realizarán el conteo oficial de los sufragios. Los datos se remitirán de forma inmediata a la central de Bogotá para el cómputo global que determinará al próximo mandatario.

Lo que debes saber

• La justicia española analiza este lunes la extradición de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, considerado líder de Los Lobos y requerido por Ecuador para cumplir una condena de 16 años de prisión.
• El procesado también enfrenta un pedido de entrega de Estados Unidos por un presunto intento de tráfico de cinco toneladas de cocaína.
• Durante el proceso, 'Pipo' volvió a lanzar acusaciones contra el presidente Daniel Noboa por el crimen de Fernando Villavicencio, aunque sin presentar pruebas.

La Audiencia Nacional española estudia este lunes 1 de junio en una vista la petición de extradición del presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alías 'Pipo', reclamado en su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios, hechos por los que la Fiscalía no se opone a la entrega.

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Además de la reclamación de Ecuador, 'Pipo' tiene pendiente que se resuelva la petición de entrega que hizo recientemente Estados Unidos, que le atribuye un presunto intento de introducir en ese país cinco toneladas de cocaína.

Wilmer Chavarría, considerado el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, fue capturado en noviembre del 2025 en Málaga (sur de España), a donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer, se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

Alias ‘Pipo’ también es requerido por Estados Unidos

Desde entonces espera en la cárcel de Zuera, en Zaragoza (noreste), a que se resuelva la petición de extradición formulada por Ecuador, a la que en suma ahora la de los Estados Unidos.

El pasado 25 de febrero, en una comparecencia en Zaragoza a petición de la Fiscalía ecuatoriana en el marco de su petición de extradición, 'Pipo' acusó al presidente Daniel Noboa de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar con drogas, aunque no aportó pruebas.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025.

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Las acusaciones sin pruebas que reiterará en la audiencia

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, Chavarría reiterará esas acusaciones en la vista del lunes.

La petición de extradición de Ecuador corresponde al asalto, en la mañana del 3 de julio de 2010, a una sucursal bancaria, de la que se sustrajeron 38.000 dólares.

Los empleados del banco se encontraban en el interior, cuando escucharon golpes en la puerta exterior y uno de los guardias de seguridad preguntó quién llamaba. Una voz respondió: "el sargento Chicaizan, supervisor de guardias".

El asalto bancario que derivó en una condena de 16 años

El guardia de seguridad abrió y en ese momento irrumpieron tres hombres con armas de fuego, entre ellos Wilmer Chavarría, y tras amenazar a los empleados con las armas cogieron el dinero y huyeron.

En ese trayecto resultaron heridos algunos transeúntes y cuando el vehículo de los asaltantes fue embestido por un patrullero policial se produjo un tiroteo con dos muertos y otros dos heridos, uno de los cuales falleció con posterioridad. Tras el enfrentamiento la Policía detuvo a los partícipes en el asalto, entre ellos, Wilmer Chavarría.

'Pipo' fue condenado por estos hechos a 25 años de prisión, pena que se redujo en una instancia superior a 16 años.

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Fiscalía española considera viable la extradición

La Fiscalía considera que se dan los requisitos legales para acceder a la extradición y señala que el delito de robo con muerte está castigado en Ecuador con una pena de 16 a 25 años de prisión, y en España el robo violento en establecimiento público con empleo de armas puede llegar a los 20 años de prisión.

La Fiscalía observa que si bien no consta el momento en que el reclamado quebrantó su condena, aun cuando fuera el mismo día en que comenzó a ejecutarse la misma, el 21 de junio de 2012, la pena no prescribiría hasta el 20 de junio de 2028, y la pena por la que fue condenado no prescribiría en España hasta pasados 25 años, lo que se cumpliría en 2037.

Lo que debes saber

• Javier Pincay interpone recurso en el TCE tras rechazo del CNE.
• Ivonne Coloma tramita apelación y exige aclarar el recurso.
• CNE defiende vigencia de la suspensión de derechos políticos.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ratificó la suspensión de sus derechos políticos y rechazó la impugnación a la actualización del padrón electoral.

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El TCE analiza la apelación de Javier Pincay

El expediente detalla que el primer personero municipal interpuso la acción jurídica el 27 de mayo de 2026. El trámite se asignó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, la jueza Ivonne Coloma.

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La magistrada dictaminó un plazo de dos días para que el burgomaestre aclare y complete los fundamentos de su comparecencia de forma precisa.

De igual manera, el Consejo Nacional Electoral dispone del mismo tiempo para remitir el expediente íntegro, complementado con los informes técnicos y jurídicos que sustentaron la negativa inicial al funcionario.

La postura del CNE sobre el registro electoral

La pugna legal sumó un capítulo determinante el 25 de mayo de 2026, fecha en la que el pleno del CNE rechazó el reclamo del alcalde y validó la vigencia de la sanción en la base de datos electoral.

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La actualización del padrón se ejecutó de forma oficial el pasado 20 de mayo de 2026, en cumplimiento directo de las disposiciones emitidas por el TCE y el Ministerio del Trabajo. Dicho dictamen ratifica que la penalización impuesta en el año 2023 se mantiene pendiente de ejecución.

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Argumentos de la defensa técnica de Pincay

Por su parte, la defensa de Pincay sostiene lineamientos contrarios a la ejecución del organismo electoral:

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"No hay argumento que implique que por un juez el CNE ejecute algo que es evidentemente irracional. La sanción es de dos años y en sus registros estuvo suspendido dos años", señaló Cedeño.

Lo que debes saber 

• La Asamblea analiza una ley que regularía por primera vez los sistemas de videovigilancia en Ecuador. 
• El proyecto define quién puede acceder a las grabaciones y cómo se protegerán los datos personales. 
• También plantea la creación de un sistema nacional coordinado entre entidades públicas y privadas.

La Asamblea Nacional comenzó el tratamiento de un proyecto que podría cambiar la forma en que funcionan las cámaras de seguridad en Ecuador. La iniciativa plantea crear una normativa específica para regular los sistemas de videovigilancia públicos y privados, un ámbito que actualmente no cuenta con una legislación integral.

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El proyecto fue conocido por la Comisión de Seguridad Integral tras su calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La propuesta busca establecer reglas sobre instalación, monitoreo, intercambio de información y protección de datos relacionados con las grabaciones.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Inés Alarcón, señaló:

“Los proyectos de ley relacionados con la seguridad nacional deben ser tratados con la seriedad y responsabilidad que demandan”, manifestó la legisladora.Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral

¿Qué propone la nueva ley de videovigilancia?

Uno de los cambios más importantes es la creación de un Sistema Nacional de Videovigilancia que conecte a las instituciones públicas y a los operadores privados bajo una misma estructura de coordinación.

La propuesta establece que el Ministerio del Interior sea el ente rector de este sistema, mientras que el ECU 911 asumiría las tareas técnicas y operativas relacionadas con el monitoreo y la interoperabilidad.

Según el proyecto, también formarían parte del sistema:

¿Quién podrá acceder a las grabaciones?

Uno de los aspectos centrales del proyecto es definir cuándo las imágenes podrán ser compartidas o entregadas a las autoridades.

La iniciativa plantea que el acceso a las grabaciones solo sea posible en circunstancias determinadas por la ley, con mecanismos que permitan registrar cada consulta realizada.

Entre los casos contemplados están:

La propuesta señala que cada acceso deberá quedar documentado para garantizar trazabilidad y control sobre el uso de la información.

Protección de datos y privacidad

El proyecto incorpora disposiciones para evitar el uso indebido de imágenes captadas por cámaras de vigilancia y reforzar la protección de los derechos ciudadanos.

Para ello se incluyen principios como:

Estos criterios buscan establecer límites sobre la recopilación y almacenamiento de imágenes, especialmente cuando involucren información personal de los ciudadanos.

Las leyes que también serían modificadas

La iniciativa no se limita a crear nuevas reglas para las cámaras de seguridad. El texto propone reformas a varias normas vigentes para articular un sistema nacional de videovigilancia.

Entre ellas figuran:

Con estos cambios, la Asamblea busca abrir el debate sobre un modelo de videovigilancia que combine herramientas de seguridad con garantías para la privacidad y el manejo responsable de la información.

Lo que debes saber 

El presidente Daniel Noboa asignó una nueva responsabilidad a la vicepresidenta María José Pinto González Artigas. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 396, suscrito el 28 de mayo de 2026, la segunda mandataria fue designada como delegada permanente del Presidente de la República ante el Comité Nacional de la Primera Infancia.

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La decisión se oficializó un mes después de que Pinto dejara el Ministerio de Salud Pública, cartera que dirigió desde noviembre de 2025. Durante su paso por la institución asumió la tarea de evaluar el estado del sistema sanitario y acelerar los mecanismos de compra de medicamentos e insumos para la red pública.

El nuevo encargo la ubica nuevamente en un ámbito en el que ya venía trabajando desde el inicio del actual Gobierno. En decretos previos, el Ejecutivo le había delegado la articulación de políticas relacionadas con primera infancia y desnutrición crónica infantil, competencias que ahora se fortalecen con su participación directa en el organismo nacional encargado de coordinar estas acciones.

Comité Nacional de la Primera Infancia: las funciones que asumirá Pinto

De acuerdo con el decreto, María José Pinto actuará como representante permanente del Presidente dentro del Comité Nacional de la Primera Infancia, una instancia creada por la Ley Orgánica de Primera Infancia para coordinar políticas públicas dirigidas a niños y niñas en sus primeros años de vida.

La normativa establece que este comité tiene entre sus atribuciones aprobar el Plan Nacional de Primera Infancia, evaluar anualmente su implementación, definir estándares para los prestadores de servicios y revisar los avances de los programas orientados a este grupo poblacional.

En los considerandos del documento, el Gobierno señala que la medida busca garantizar la implementación efectiva de las políticas públicas vinculadas a la primera infancia mediante una coordinación interinstitucional de alto nivel.

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El contexto tras su salida del Ministerio de Salud

Pinto llegó al Ministerio de Salud después de la salida de Jimmy Martin, quien posteriormente pasó a desempeñar funciones de asesoría dentro de la Vicepresidencia de la República. Al asumir el cargo, la funcionaria anunció que elaboraría un diagnóstico integral del sistema sanitario para identificar problemas estructurales y plantear correctivos.

Entre las prioridades de su gestión figuraban la revisión del abastecimiento de medicamentos, la situación financiera de la red pública y los procesos de adquisición de insumos médicos. La entonces ministra planteó que los resultados de esa evaluación estarían listos en un plazo aproximado de tres meses.

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Sin embargo, meses después de su posesión, el presidente Daniel Noboa resolvió poner fin a su gestión al frente del Ministerio de Salud, en medio de cuestionamientos por la situación hospitalaria y por las persistentes dificultades para garantizar el suministro de medicinas en distintos establecimientos públicos del país.

Lo que debes saber

• La creación de AIL EP busca centralizar la compra de medicamentos e insumos médicos en Ecuador. 
  
• Especialistas ven oportunidades para mejorar el abastecimiento, pero alertan sobre riesgos de corrupción, burocracia y falta de controles. 
• El debate también incluye el financiamiento, la transparencia y la reforma de la contratación pública.

El 22 de mayo de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 393, el presidente Daniel Noboa dispuso la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP), una entidad que concentrará la compra de medicamentos, insumos, equipos médicos, infraestructura hospitalaria y servicios vinculados al sistema sanitario. La medida surge en medio de una persistente crisis marcada por el desabastecimiento, deudas con proveedores y denuncias de fallas en la contratación pública.

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La nueva empresa nace con la promesa de agilizar las adquisiciones y reducir intermediarios. Sin embargo, su creación también reabre el debate sobre si una nueva estructura estatal podrá resolver problemas históricos de gestión o si corre el riesgo de replicar obstáculos como la burocracia, la duplicidad institucional y las irregularidades que han afectado durante años al sistema de salud pública.

Ante las dudas sobre el financiamiento, los mecanismos de control, la relación con otras entidades del sistema de salud y los plazos de implementación de AIL EP, EXPRESO solicitó entrevistas con la Presidencia de la República y con el recién posesionado ministro de Salud, Jaime Bernabé. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que se consultó a especialistas y actores del sector para analizar los alcances y riesgos de la iniciativa.

Producción nacional y contratación pública: las propuestas de Francisco Andino

En ese contexto, Francisco Andino, exministro de Salud, manifestó que la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud puede representar “una oportunidad” para agilizar las compras y el abastecimiento sanitario, aunque advirtió que primero deberá estructurarse su funcionamiento interno. “La Presidencia ha determinado el qué, con un decreto, pero tiene que elaborar el cómo, el cuándo y el con quién hacerlo”, señaló.

Asimismo, defendió la posibilidad de priorizar compras nacionales y alianzas con fabricantes ecuatorianos, en lugar de depender de importaciones. “Yo no me iría muy lejos, a la India. Yo me sentaría con la industria ecuatoriana”, indicó Andino, al considerar que los recursos públicos deberían mantenerse dentro del país para fortalecer el empleo y la producción local. Desde su visión, la empresa pública podría negociar directamente con fabricantes farmacéuticos y reducir hasta en un 50 % los costos frente al precio de venta al público.

No obstante, para Andino la crisis del sistema sanitario no se resolverá únicamente con la creación de una empresa pública, sino con cambios estructurales en la normativa de contratación estatal. “El problema no se trata de la empresa pública, se trata de la norma”, enfatizó. A su criterio, la actual ley de contratación es “perversa y perjudicial”, porque prioriza el precio por encima de la calidad en las compras de salud.

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Federación Médica cuestiona la centralización de compras sanitarias

Por su parte, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), cuestionó que el Gobierno haya optado por crear una empresa pública para gestionar las compras sanitarias en lugar de recurrir a mecanismos internacionales ya existentes. Comentó que la organización había propuesto que Ecuador participe en fondos internacionales de adquisición de medicinas para acceder a mejores precios y garantizar la trazabilidad. “Hay un fondo internacional de compras públicas en el que países emergentes como el nuestro ponían su dinero y podían comprar en cualquier país a precios más bajos”.

“La solución a la crisis sanitaria no pasa únicamente por comprar medicamentos. Se necesita planificación del talento humano, financiamiento sostenible, una historia clínica única con inteligencia artificial, fortalecimiento de la atención primaria y mecanismos reales de transparencia y control. La intención de mejorar el abastecimiento no es mala, pero tenemos dudas sobre si las personas que rodean este proyecto cuentan con la experiencia necesaria para ejecutarlo”.Santiago Carrasco, presidente de la FME

Respecto a la AIL EP, Carrasco mencionó que la concentración de funciones podría generar riesgos si no existen controles independientes. Considera que la entidad centralizará la compra y distribución de medicamentos, equipos, infraestructura y sistemas tecnológicos, por lo que insistió en la necesidad de veedurías ciudadanas y participación de la prensa. “Si no hay mecanismos formales de participación técnica y auditoría externa sanitaria, las compras van a terminar en algún problema de corrupción”.

Además, el dirigente médico cuestionó el papel de organismos y comités que, a su juicio, no han logrado resolver los problemas estructurales del sistema sanitario. Frente a ello, planteó reformas enfocadas en la planificación del talento humano, el financiamiento sostenible, la digitalización y el fortalecimiento de la atención primaria. “La FME reconoce todas las iniciativas orientadas al mejor acceso y abastecimiento, pero consideramos indispensable que se garantice la transparencia, la participación técnica independiente y mecanismos verificables de mejora de la calidad”, manifestó.

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Compras en India, abastecimiento y control de calidad en salud

Leonardo Viteri, exdirector del IESS, coincidió con Andino en que la nueva empresa pública puede representar una oportunidad para mejorar el abastecimiento sanitario y fortalecer el control de las adquisiciones. A su criterio, la centralización facilitaría la fiscalización de los recursos públicos y permitiría corregir problemas históricos en la gestión de compras. “No es lo mismo fiscalizar una empresa pública que fiscalizar 2.080 unidades operativas en todos sus niveles y complejidad de atención”, sostuvo.

“Los grandes productores de principios activos son India y China. Las principales farmacéuticas del mundo compran allí sus insumos. El problema no es comprar en la India, sino saber a quién comprarle y garantizar controles de calidad, bioequivalencia y buenas prácticas de manufactura. Como se trata de una sola empresa, tendrá muchos ojos encima: de la opinión pública, del periodismo, de los médicos, de los hospitales y de los usuarios”. 
Leonardo Viteri, exdirector del IESS

El exfuncionario también defendió la estrategia de buscar acuerdos para la adquisición de medicamentos en India, aunque insistió en la necesidad de controles técnicos rigurosos. “Los dos monstruos de los genéricos y de los principios activos son India y China”, afirmó. Añadió que grandes farmacéuticas adquieren principios activos provenientes de esos mercados, por lo que el desafío radica en garantizar estándares de calidad, bioequivalencia y buenas prácticas de manufactura.

A estas observaciones se sumó Marcos Molina, expresidente de la Comisión de Salud, quien sostuvo que la nueva empresa pública deberá estar sometida a controles y auditorías internacionales para evitar irregularidades en la gestión de medicamentos e insumos. Considera que la transparencia debe apoyarse en entidades certificadoras especializadas y sistemas tecnológicos de seguimiento. “Tiene que haber alguien que realmente nos diga: ‘Sí, entraron tantos, llegaron tantos y se entregó tanto’. Y esa es una calificadora”.

“Coincido con el presidente en que la compra sea de país a país. Los productos de la India abastecen en gran medida a Estados Unidos y pasan controles de la FDA, que es extremadamente rigurosa. Pero habría que organizar una unidad técnica evaluadora sanitaria para calificar los medicamentos que se incorporen al cuadro básico. Actualmente existen 484 principios activos y esa cifra debería incrementarse cada año a entre 500 y 600”.Marcos Molina, expresidente de la Comisión de la Asamblea Nacional

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Molina también consideró necesario reestructurar organismos vinculados al sistema sanitario para evitar duplicidades y optimizar recursos. “No se puede cambiar con lo mismo. Ahí, uno de esos tiene que irse. Definitivamente tiene que reestructurarse todo”. Además, advirtió sobre las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sector. “Los presupuestos son de dos tipos: el presupuesto que te dicen que te dan y el presupuesto que nunca te dan”, aseveró, al señalar que los fondos asignados a salud rara vez llegan en su totalidad.

Lo que debes saber

• La tuberculosis en las cárceles alcanzó niveles epidémicos, con más de 2.500 casos registrados en 2025.
  
• El Gobierno oculta información sanitaria, al suspender la publicación de estadísticas epidemiológicas y rechazar una declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario.
• La cárcel del Encuentro se convirtió en el símbolo de la crisis, tras las denuncias de desnutrición, falta de atención médica y fallecimientos de internos bajo custodia estatal.

Lo de la tuberculosis en el sistema carcelario ecuatoriano es, técnicamente, una epidemia. Otra cosa es que el gobierno no quiera declararla, algo que debió hacer en marzo del año pasado (aun antes) para ser consecuente con los propios datos del Ministerio de Salud. En su lugar, ha optado por una solución expeditiva: suprimir los datos (al fin y al cabo, los enfermos se suprimen solos). La Gaceta Epidemiológica de la tuberculosis, que el Ministerio publicaba ininterrumpidamente cada semana desde hace cuarenta años con los datos actualizados de la incidencia de la enfermedad, desapareció en febrero (aunque el resto de gacetas de otras enfermedades continúan apareciendo con regularidad hasta la fecha). El exministro de Salud José Ruales ha sonado las alarmas: la eliminación de registros estadísticos (incluidos algunos desarrollados bajo su gestión, en 2023) es una grave irresponsabilidad en cualquier área de la salud pública pero puede ser mortal (y lo está siendo) en la epidemiológica.

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Una epidemia que se expande tras las rejas

Los números son elocuentes: la población carcelaria víctima de la enfermedad se multiplicó en más de 300 por ciento en el lapso de dos años. Pasó de alrededor de 600 en 2023 a 1.468 en 2024 y 2.576 en 2025. Es un ritmo de crecimiento inusitado que no guarda relación alguna con el que se observa en la población general del país: en ese mismo período (2023-2025) los casos de tuberculosis en el Ecuador pasaron de aproximadamente 7.600 a 8.000, es decir, un incremento del 5,2 por ciento. Son 58 casos por cada 100 mil habitantes, una tasa que Ruales considera “alta en relación con otros países” pero que equivale apenas al 0,058 por ciento de los habitantes del país. En los centros de detención, en cambio, considerando una población carcelaria de 35 mil personas, 2.500 enfermos representan el 7 por ciento.

Simplemente, una locura. Si a eso se añade que 600 de esos enfermos fallecieron (así lo admitieron las autoridades en enero), estamos hablando de una tasa de mortalidad de casi el 25 por ciento. En resumen: no sólo es una epidemia: es una epidemia de proporciones dramáticas.

Ante esta realidad el gobierno ha optado por el disimulo. En lugar de declarar la emergencia sanitaria en las cárceles, esconde las estadísticas (o deja de producirlas, lo que sería mucho peor). Traslada presos en condiciones calamitosas (que trata de mantener igualmente ocultas) desde la cárcel del Encuentro, la única que tienen controlada según admitió el propio Ministerio del Interior, a otras donde la administración del tratamiento médico podría resultar impracticable. Y el Ministerio de Salud guarda ominoso silencio: en este mundo al revés, son los ministros de Gobierno y del Interior los que responden ante la opinión pública sobre la emergencia sanitaria: negándola.

Llevan haciéndolo desde marzo del año pasado, cuando cinco internos de la Penitenciaría del Litoral fueron encontrados muertos en sus celdas. Aunque no constaran en la lista oficial de “pacientes sospechosos”, el parte policial hablaba de tuberculosis. Los familiares no tenían la menor duda. Ellos venían denunciando las condiciones de hacinamiento y subalimentación (dos condiciones asociadas con la enfermedad) desde enero de 2024, cuando los militares intervinieron en las prisiones. “El estado físico de los detenidos es alarmante -denunció en ese entonces el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil a diario El País de España-, muchos lucen cadavéricos, con la piel pálida y signos evidentes de desnutrición, además de vivir en condiciones extremas de falta de higiene”.

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El silencio oficial frente a la emergencia

El fin de semana pasado, estas palabras pudieron ser confirmadas al pie de la letra por todo el país. La fotografía de algunos de los más de 30 prisioneros enfermos que fueron trasladados desde la cárcel del Encuentro a otros centros de detención mostraba exactamente eso: gente cadavérica que apenas si podía mantenerse en pie. Parece (o es) la imagen de un campo de concentración. Según la denuncia del Comité de Familiares por una Vida Digna (Cofavid), que proporcionó la foto, todos ellos tienen diagnóstico de tuberculosis. La gravedad de la denuncia no logró conmover al inconmovible Ministerio de Salud pero sí sacó de su marasmo a las autoridades del SNAI, que también venían guardando silencio desde marzo del año pasado. En esta ocasión, por primera vez, emitieron un comunicado público: “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis ni de ninguna otra enfermedad infectocontagiosa” en la cárcel del Encuentro. No queda claro si el SNAI está negando que los más de 30 presos trasladados padezcan tuberculosis o si está afirmando que más de 30 casos en el ambiente cerrado de una cárcel no constituye un brote.

Ni una palabra sobre el estado calamitoso de los presos desnutridos. Como si fuera de lo más normal. El SNAI no se siente obligado a explicar la imagen. Seguramente están cuidando la figura, como dijo el ministro del Interior John Reimberg sobre el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien ha perdido 25 kilos en los dos meses que lleva preso sin sentencia en esa misma cárcel. Ahí, la tuberculosis ha cobrado ya sus primeras víctimas: el 13 abril murió Charles Gonzalo Suárez, de 21 años, uno de los participantes en el ataque armado a TC Televisión; el 15 de mayo, Michael Eduardo Bautista; y esta semana, el miércoles 27 de mayo, Elvis Steven Quevedo. En su comunicado público, el SNAI desmintió que este último tuviera tuberculosis y atribuyó su muerte a una causa aún más terrorífica: pancreatitis. Más terrorífica porque nadie muere de pancreatitis sin atravesar una semana de dolores inenarrables. Si lo que dice el SNAI es cierto, constituye una confesión de abandono criminal que podría calificarse de tortura.

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La cárcel del Encuentro bajo cuestionamiento

Una situación de abandono que explica lo que, de otra forma, sería incomprensible: que alguien muera de tuberculosis en una cárcel supuestamente hipermoderna que el gobierno sí controla. Porque no hay nada más fácil y más barato que curar la tuberculosis en un espacio controlado: basta con administrar una combinación de antibióticos durante tres meses. Lo único que se requiere es supervisión estricta: no se puede abandonar el tratamiento. En cárceles como la Penitenciaría del Litoral o la de Latacunga, que el gobierno admitió que no controla (por eso sacó de ahí a Aquiles Álvarez) esta supervisión estricta se complica porque el dispensario médico (lo cuenta José Ruales) está ubicado en el primer anillo de seguridad, y muchos presos no pueden acceder a él porque los capos de sus pabellones no les dejan. Pero ¿en la cárcel del Encuentro?

En la cárcel del Encuentro, ya no hay razón para dudarlo, el hacinamiento y la desnutrición son parte del castigo, con la consecuente baja de defensas que ofrece el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la tuberculosis. La cárcel del Encuentro es, según todas las evidencias, un campo de concentración en el que los presos no reciben más de 20 minutos de sol al día (en el mejor de los casos). Por el testimonio de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se sabe que ni siquiera se les permite tener libros, cosa que algunas personas (no el presidente y sus ministros) considerarían una tortura. En suma: la cárcel del Encuentro es la realización de un viejo sueño de Daniel Noboa que ya fue declarado inconstitucional por la Corte respectiva: el proyecto de eliminar a los privados de libertad de la lista de personas de atención prioritaria. Ahí los presos pueden morir de tuberculosis y hasta de pancreatitis por la más simple de las razones: porque las autoridades que las custodian y de las que depende su salud, su alimentación y su seguridad, los dejan morir. Para eso, para dejarlos morir, es que el gobierno controla la cárcel del Encuentro.

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Lo que debes saber

• Colombia elige presidente este domingo 31 de mayo de 2026 y define su futuro modelo político.
• La relación comercial y de seguridad de Daniel Noboa con Colombia depende de estos comicios presidenciales.
• Analistas prevén tensiones diplomáticas similares a las de México si la izquierda gana en Colombia.

Las elecciones presidenciales de Colombia de este domingo 31 de mayo de 2026 marcarán un punto de inflexión clave para el gobierno del presidente Daniel Noboa. El resultado en las urnas dictará la dirección de las relaciones diplomáticas, el intercambio comercial y las estrategias de seguridad fronteriza entre ambos países durante los próximos años.

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El internacionalista Esteban Santos sostiene que un triunfo de la tendencia de izquierda, alineada al modelo del mandatario actual Gustavo Petro, dificultará el pragmatismo diplomático. Según el experto, este escenario reactivaría pugnas políticas similares al impase registrado con México, entorpeciendo la gestión de temas críticos para la región.

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El analista político Giuseppe Cabrera coincide en que un gobierno de línea ideológica similar a la de Petro prolongará las tensiones bilaterales durante los tres años restantes del mandato de Noboa. Ambos especialistas cuestionan que los intereses ideológicos se impongan sobre las necesidades comerciales y de seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y colombianos.

Desafíos bilaterales clave en la frontera

El cambio de gobierno o la continuidad del modelo político en Colombia impactará directamente en varios ejes compartidos de la agenda bilateral:

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Lo que debes saber 

• La Federación Médica Ecuatoriana alertó sobre posibles riesgos relacionados con la calidad de medicamentos importados desde India.
• Santiago Carrasco cuestionó el rol que tendría ARCSA en el nuevo esquema de compras y pidió transparencia en los controles sanitarios. 
• El gremio sostiene que la prioridad debe ser garantizar abastecimiento sin afectar la seguridad de los pacientes.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, expresó el 29 de mayo sus preocupaciones sobre la posible compra de medicamentos provenientes de India y el papel que tendrán los organismos de control sanitario dentro del nuevo esquema de abastecimiento anunciado por el Gobierno. Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en la que analizó los riesgos y desafíos relacionados con la calidad de los fármacos que ingresarían al país.

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“La India ha sido uno de los países con la mayor capacidad de producción de medicamentos a nivel mundial. Pero también ha sido una de las industrias más señaladas, lamentablemente, por la calidad en la producción de medicamentos”, afirmó el dirigente médico durante su intervención.

Calidad de medicamentos genera inquietudes

El presidente de la Federación Médica sostuvo que organismos internacionales y entidades científicas han advertido sobre problemas detectados en algunos medicamentos comercializados en distintos países. Según explicó, las observaciones se han concentrado especialmente en productos farmacéuticos líquidos destinados a niños.

“Desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por sociedades científicas y otro tipo de organizaciones, se ha señalado que ciertos medicamentos comprados por algunos países han presentado fallas en la calidad de producción, especialmente los que vienen en jarabes para niños”, sostuvo.

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ARCSA y la trazabilidad de los medicamentos

“ARCSA pasa a tener solamente voz, no voto. Y es la entidad que se encarga de la trazabilidad de los medicamentos, de la buena manufacturación, de los estudios de biodisponibilidad y del registro de medicamentos”, manifestó.

Carrasco advirtió que concentrar las decisiones de compra en una sola estructura podría generar dudas sobre la verificación de estos requisitos previos. Según indicó, aún no existe claridad sobre el alcance operativo que tendrá el nuevo sistema ni sobre la forma en que se mantendrán los controles sanitarios.

Federación Médica pide transparencia en compras

“No se trata del tiempo ni de apurarse en un tema tan sensible como este, sino que estos medicamentos realmente expresen lo que estamos necesitando como país”, enfatizó.

Carrasco afirmó que el objetivo principal debe ser garantizar medicamentos seguros y eficaces para la población, más allá de los plazos anunciados para la puesta en marcha de la nueva estructura de compras públicas en salud.

Finalmente, sostuvo que cualquier reforma en la adquisición de medicamentos debe traducirse en un mejor abastecimiento de hospitales y centros de salud. A su criterio, la prioridad debe ser asegurar la disponibilidad de fármacos e insumos médicos sin comprometer los estándares de calidad exigidos para el consumo humano.

Lo que debes saber

• Consejo de la Judicatura y SNAI firman acuerdo para capacitación en Derechos Humanos y asistencia técnica.
• Informe oficial registra 148 amenazas y 11 ataques directos a funcionarios judiciales en Ecuador.
• Implementan teletrabajo, resguardo policial permanente y audiencias telemáticas seguras en centros de rehabilitación social.

El Consejo de la Judicatura y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer el sistema penal y penitenciario de Ecuador. La iniciativa surge tras conocerse los preocupantes índices de violencia y hostigamiento criminal dirigidos hacia los servidores judiciales en todo el territorio nacional.

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¿Qué objetivos tiene el convenio entre la Judicatura y el SNAI?

De acuerdo con el informe oficial del SNAI, este acuerdo interinstitucional busca consolidar procesos de capacitación técnica, asistencia especializada e intercambio ágil de información. El propósito central es optimizar los servicios de justicia y blindar el respeto a los derechos humanos en el entorno carcelario y judicial.

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La ejecución de este plan estratégico cuenta además con el acompañamiento del Programa Ítalo-Ecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad y Justicia (Itajus), respaldado directamente por la cooperación internacional del Gobierno de Italia.

Alarmantes cifras de violencia contra servidores judiciales

El Pleno del Consejo de la Judicatura evaluó un informe estadístico detallado sobre las agresiones perpetradas contra los operadores de justicia en Ecuador. Los datos reflejan la crítica situación de seguridad que enfrentan los funcionarios de las unidades penales:

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Directora de comunicación de la Judicatura renuncia por trato "displicente y humillante"

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Teletrabajo y audiencias virtuales seguras en cárceles

Frente a la escalada de riesgos, las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura activaron contingencias inmediatas como el teletrabajo para asegurar la continuidad de los procesos penales.

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Por su parte, la presidenta de la institución, Mercedes Caicedo, dispuso la gestión de un convenio complementario con el Ministerio del Interior para viabilizar la presencia permanente de efectivos policiales en las unidades judiciales. Asimismo, la alianza con el SNAI habilitará áreas exclusivas dentro de los centros de rehabilitación social para ejecutar audiencias telemáticas seguras y se procederá con la actualización estricta del protocolo de comparecencias virtuales.

Lo que debes saber 

• La Asamblea Nacional busca acelerar el tratamiento de una reforma clave al sistema de justicia.
• Niels Olsen solicitó que el proyecto avance con un plazo menor al habitual.
• La iniciativa incluye cambios sobre corrupción, medidas cautelares y procesos judiciales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitó a la Comisión de Justicia que agilice el trámite del proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. El pedido se realizó para que la iniciativa avance hacia su aprobación en el Pleno antes de que concluya julio, reduciendo el tiempo previsto en la normativa legislativa.

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La solicitud se produjo después de que el Pleno de la Asamblea concluyera el primer debate de la propuesta el pasado 27 de mayo. El proyecto busca introducir modificaciones en distintos ámbitos relacionados con el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de procesos penales en el país.

Según el comunicado difundido por el Legislativo, la intención es mantener abierto y participativo el proceso de análisis de la reforma. Además, se plantea disminuir en 30 días el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para acelerar el tratamiento de la iniciativa.

Reforma judicial y combate a la corrupción

Olsen argumentó que el país ha esperado durante años cambios en la administración de justicia y defendió la necesidad de avanzar con mayor rapidez en la discusión legislativa. En ese contexto, señaló que la reforma responde a una demanda relacionada con el fortalecimiento institucional del sistema judicial.

“Ecuador lleva demasiado tiempo esperando justicia de verdad. Llegó el momento”.Niels Olsen

El proyecto de ley contempla medidas orientadas al fortalecimiento ético de la Función Judicial, así como mecanismos para combatir la corrupción. También incorpora disposiciones relacionadas con la transparencia y la democratización del acceso a la justicia.

Cambios en medidas cautelares y procesos penales

La propuesta incluye además un tratamiento técnico sobre las medidas cautelares que se aplican dentro de procesos penales. Según el documento, se busca establecer procedimientos más transparentes en los juzgados y tribunales del país.

Durante su pronunciamiento, Olsen sostuvo que la iniciativa apunta a sancionar a los operadores de justicia involucrados en actos de corrupción y advirtió sobre posibles intentos de frenar el avance de la reforma mediante cuestionamientos al proceso.

“La meta es simple y no tiene vuelta atrás: que la ley destituya y procese como criminales a los jueces y fiscales corruptos. Sin excepciones. Muchos van a intentar frenar esto. Intentarán distraernos con temas superficiales, presionarnos y hacer ruido porque están en juego sus negocios, su impunidad, su poder”.Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional

Alcance de la propuesta legislativa

La reforma presentada ante la Asamblea está compuesta por 31 artículos, 20 disposiciones transitorias y cinco disposiciones reformatorias. El texto modifica normas vinculadas al sistema judicial y a otras áreas relacionadas con el control y la administración pública.

Entre los cuerpos legales que serían reformados constan el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley de Arbitraje y Mediación.

Con el avance hacia las siguientes etapas legislativas, la propuesta continuará su análisis en la Comisión de Justicia antes de regresar al Pleno para su debate definitivo y eventual votación.

Lo que debes saber

• Gabriela Rivadeneira exigió a la bancada de la Revolución Ciudadana pedir el levantamiento de la reserva judicial.
• El TCE denunció amenazas contra el juez Joaquín Viteri tras negar la apertura del expediente.
• La Fiscalía de Ecuador inició una investigación previa para proteger a los operadores de justicia implicados.

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, pidió a los asambleístas del correísmo impulsar en la Asamblea Nacional el levantamiento de la reserva del caso Caja Chica, en el que el partido es investigado por un presunto caso de lavado de activos.

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TCE niega pedido de Gabriela Rivadeneira para levantar reserva del caso Caja Chica

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El llamado de Rivadeneira a la bancada del correísmo

Rivadeneira, a través de su cuenta de X, hizo el anuncio tras conocer que el juez del TCE, Joaquín Viteri, negó su pedido. "Cómo presidenta de nuestro movimiento pido a mi bancada de la Revolución Ciudadana que, ante esta negativa, lleven al pleno de la Asamblea Nacional la exigencia de levantamiento de reserva a la información".

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La presidenta del partido correísta sostuvo que, al negar el levantamiento de la información, también se "niega el derecho que tenemos de conocer el porqué de la suspensión de la RC5, meses después seguimos en indefensión" y que "el pueblo debe conocer el mamotreto judicial montado para proscribir a la principal fuerza política del Ecuador".

Fiscalía  investiga amenazas contra juez del TCE

La insistencia de Rivadeneira se produce mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) denunció supuestas amenazas contra el juez Joaquín Viteri. El supuesto amedrentamiento al magistrado habría ocurrido después de que negara el pedido de Rivadeneira para levantar la reserva del caso Caja Chica, sobre un presunto caso de lavado de activos.

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De hecho, la Fiscalía General del Estado de Ecuador abrió una investigación previa tras denunciarse presuntas amenazas de muerte contra el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri. El Ministerio Público ratificó, mediante un comunicado oficial, que utilizará todas sus facultades legales para procesar y desarticular a las estructuras delictivas que intenten amedrentar a los operadores de justicia en el país.

Lo que debes saber

• Simpatizantes de Aquiles Álvarez viajan a Santa Elena para apoyar al alcalde de Guayaquil.
• Policías y militares retienen en Chongón a buses con seguidores del caso Triple A.
• Medidas cautelares para madre y esposa de Aquiles Álvarez por el caso Goleada.

Un grupo de simpatizantes de Aquiles Álvarez se movilizó hasta Santa Elena para respaldar al funcionario en la reinstalación de su audiencia de juicio, programada para la mañana de este 30 de mayo de 2026. El actual alcalde de Guayaquil enfrenta un proceso penal por el presunto comercio irregular de combustibles, una causa que lo mantiene bajo la lupa de la justicia junto a varios miembros de su entorno familiar y empresarial.

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"Los funcionarios usan mascarilla; Aquiles Álvarez no": abogado alerta sobre riesgo de tuberculosis

Richard Josue Jimenez Mora

Retención de simpatizantes en Chongón

Los ciudadanos que apoyan al burgomaestre iniciaron su traslado en una decena de buses portando distintivos blancos y banderas con la consigna "Aquiles libre ya". No obstante, la movilización sufrió percances viales cuando policías y militares retuvieron las unidades a la altura del peaje de Chongón, en la vía a la costa. Pese a los controles de seguridad, los manifestantes lograron concentrarse en la provincia de Santa Elena, sitio donde se determinó el traslado del procesado para la diligencia legal.

Medidas cautelares por el caso Goleada

De forma simultánea, el panorama legal del funcionario se complicó debido a resoluciones judiciales dictadas durante la madrugada. Un juez competente ordenó acciones contra Gioconda Henriques y Fiorella Icaza, madre y esposa de Álvarez, dentro del denominado caso Goleada.

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A continuación, se detallan las resoluciones dictadas por la autoridad judicial para los implicados:

Política

Caso Goleada: madre y esposa de Aquiles Álvarez reciben medidas cautelares

Marco Rivera

La situación carcelaria del alcalde de Guayaquil

Aquiles Álvarez permanece privado de su libertad en la cárcel del Encuentro desde marzo de 2026, tras ejecutarse la prisión preventiva dictada originalmente en febrero de este año. El funcionario de la urbe porteña es investigado formalmente de manera conjunta en los casos Triple A y Goleada. A estas causas penales se suma un proceso adicional por el incumplimiento de orden de autoridad competente, derivado de no haber portado el grillete electrónico que le fue asignado previamente como medida cautelar obligatoria.

Lo que debes saber:

• Iván Cepeda vence en Nariño y Putumayo con más del 68% de votos.
• Daniel Noboa eliminó aranceles a Colombia a tres días de comicios.
• Abelardo de la Espriella pasa a segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

A pesar de la activa participación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la recta final de la campaña presidencial colombiana a favor de Abelardo de la Espriella, los resultados electorales en los departamentos que limitan con Ecuador muestran un panorama de rechazo a dicha estrategia.

En Nariño y Putumayo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, obtuvo victorias contundentes, superando ampliamente a De la Espriella. Esto, pese a que el candidato de extrema derecha ganó en el resultado final con un 43,74 por ciento de los votos.

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En el departamento de Nariño, Cepeda arrasó con 472.845 votos (68,54 %), mientras que De la Espriella solo alcanzó el 21,47 % (148.120 votos).

Una tendencia similar se registró en Putumayo, donde el candidato de izquierda obtuvo el 71,36 % (94.416 votos) frente a un reducido 18,96 % (25.087 votos) de su contendiente.

El fallido efecto del "acuerdo" arancelario

A solo tres días de los comicios, el presidente Noboa anunció desde su cuenta de X que, tras alcanzar un acuerdo con Abelardo de la Espriella, dispuso eliminar la "tasa de seguridad" aplicada a los productos colombianos a partir del 1 de junio.

Dicha tasa, que Noboa justificó por la supuesta falta de voluntad del gobierno de Gustavo Petro para combatir el crimen en la frontera, había escalado del 30 % al 100 % en pocos meses.

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De la Espriella calificó el fin de estos aranceles como una "gran noticia para el suroccidente colombiano" y para ambos países, prometiendo un "frente común contra los narcoterroristas". Además, lo usó con un logro político de su campaña.

Sin embargo, el electorado de estas zonas fronterizas parece haber sintonizado más con la postura del Ejecutivo colombiano.

El presidente Gustavo Petro sostuvo que la medida de Noboa fue un "error" que afectó la economía del sur del país y que su eliminación no fue una gestión política, sino el cumplimiento de una orden de la Comunidad Andina (CAN).

Rechazo a la "injerencia electoral"

La Cancillería de Colombia calificó las acciones de Noboa como una "deliberada injerencia en el proceso electoral" y una vulneración al principio de no intervención y a la soberanía nacional.

Por su parte, Iván Cepeda acusó directamente al mandatario ecuatoriano de intervenir en los comicios colombianos en coordinación con De la Espriella.

Pese a los resultados en la frontera, Daniel Noboa felicitó este domingo a De la Espriella por su desempeño nacional y le deseó éxitos en la segunda vuelta, afirmando que "ser mal perdedor es algo contagioso", en alusión a las críticas de Rafael Correa y el sector petrista.

El duelo definitivo por la presidencia se llevará a cabo el próximo 21 de junio, con un suroccidente colombiano que, por ahora, ha dejado claro su respaldo a Iván Cepeda.

Esto debes saber

• El TCE redujo de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación de Javier Pincay.
• La defensa sostiene que la sanción ya fue cumplida porque la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023.
• La decisión acerca al alcalde de Portoviejo a una eventual participación en las elecciones de noviembre de 2026.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió reducir de dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra, tras aplicar el principio constitucional de favorabilidad.

La decisión consta en una resolución emitida el 29 de mayo por el juez electoral Joaquín Viteri Llanga, en la que se dispone modular la sanción impuesta al burgomaestre conforme a lo establecido en el vigente artículo 279 del Código de la Democracia. En el documento se determina que la suspensión de los derechos de participación de Pincay será de seis meses.

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La sanción se remonta a 2023, cuando el Tribunal Contencioso Electoral determinó que Javier Pincay incurrió en una infracción electoral grave al no asistir al debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña para las elecciones seccionales. Como consecuencia, el organismo dispuso la suspensión de sus derechos de participación política, una decisión que posteriormente generó diversos recursos y acciones legales por parte de su defensa.

La resolución del TCE

En el fallo, el juez Viteri aclara que la reducción de la sanción no implica determinar automáticamente su cumplimiento. “La sanción de suspensión de los derechos de participación continúa vigente hasta que el infractor remita la documentación que sustente su ejecución, lo cual será comunicado a las autoridades competentes”, señala la resolución.

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Con esta decisión, la sanción queda considerablemente disminuida respecto a la establecida inicialmente, modificando el escenario político del alcalde de cara a futuros procesos electorales.

Lo que dice la defensa de Pincay

Según explicó su defensa, a través del abogado Roosvelt Cedeño, el período de suspensión ya habría sido cumplido, tomando en cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada en julio de 2023. Por ello, consideran que corresponde la restitución de los derechos políticos del alcalde.

La defensa de Pincay sostiene además que mantener restricciones una vez vencido el plazo determinado por la nueva resolución podría representar una afectación a derechos constitucionales relacionados con la participación democrática. 

Política

Expertos electorales de Ecuador exigen al TCE anular la cancelación del partido Unidad Popular

Richard Josue Jimenez Mora

La resolución del organismo electoral acerca nuevamente al alcalde portovejense a la posibilidad de intervenir en el proceso electoral previsto para noviembre de 2026, aunque aún restan trámites para formalizar la restitución de sus derechos.

El fallo marca un nuevo capítulo dentro de un caso que ha mantenido en expectativa al escenario político de Portoviejo y de Manabí durante los últimos años, debido a las implicaciones que tiene para el futuro político de una de las principales autoridades electas de la provincia.

Lo que debes saber

• Las muertes de presos en la Cárcel del Encuentro reavivan las alertas por tuberculosis y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios de Ecuador. 
• Expertos advierten que la falta de diagnóstico oportuno y tratamientos continuos puede agravar los contagios. 
• Mientras las autoridades descartan un brote, familiares denuncian una crisis sanitaria dentro de los pabellones.

Las recientes muertes de personas privadas de la libertad en la cárcel del Encuentro bajo la sospecha de tuberculosis y las denuncias de las condiciones precarias en que viven dentro del penal ha levantado la preocupación de sus familiares por desconocer la real situación de salud de sus seres queridos.

Justicia

Tuberculosis en cárceles: MSP asegura que "Ecuador no atraviesa una epidemia"

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Para el doctor Alberto Piubello, médico italiano con 35 años de experiencia en salud pública, especialista en tuberculosis y tuberculosis multidrogorresistente, asesor médico de la Fundación Damien y experto del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, estas preocupaciones tienen sustento cuando coinciden hacinamiento, ventilación deficiente, diagnóstico tardío y acceso limitado a servicios de salud. Según explica, en muchos sistemas penitenciarios la transmisión de la enfermedad ya suele haberse extendido ampliamente cuando aparecen los primeros casos detectados.

En abril de 2025 ya se registraban falencias. Ese mes, el día 22, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) realizó una visita en la Penitenciaría, gracias a una disposición judicial emitida a partir de una medida cautelar presentada por la institución.

Tuberculosis en prisión: condiciones que favorecen los contagios

En su informe de aquella inspección, el CDH destacó que el pabellón 7 albergaba a 531 presos “con diagnóstico confirmado de tuberculosis”, quienes “no recibieron tratamiento médico adecuado durante los últimos tres meses”. También reportó que en las alas 3 y 4 del pabellón “se evidenció la presencia de heces de roedores o murciélagos”.

En el pabellón 8, en algunas alas, “cada celda está ocupada por un promedio de 9 personas, a pesar de contar solo con 3 camas disponibles”.

El informe también revela que según el personal médico del Ministerio de Salud presente en el policlínico, uniformados de las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en la cárcel “no permitían el ingreso de los médicos para suministrar medicamentos” desde hace más de cuatro meses.

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Hacinamiento, falta de medicamentos y obstáculos para la atención médica

Piubello considera que este tipo de escenarios dificulta el control de la enfermedad. Explica que uno de los principales desafíos es el diagnóstico tardío, pues en muchos sistemas penitenciarios no existen tamizajes sistemáticos al ingreso de los internos, además de que suele ser limitado el acceso a radiografías de tórax, pruebas moleculares rápidas y otros exámenes especializados. A ello se suman los constantes traslados de personas privadas de libertad, que pueden dificultar tanto el diagnóstico como la continuidad de los tratamientos.

En febrero de 2026, el CDH realizó una nueva visita a esa cárcel, igualmente permitida a partir de un fallo judicial. Allí se constató el funcionamiento de un nuevo policlínico con cierto abastecimiento de medicamentos, en donde se atendía a 10 reos en camillas.

En el pabellón 7 se evidenció una situación de hacinamiento. Además, conocieron que en el establecimiento había una mala distribución de raciones alimenticias, pues algunos internos no recibían las mismas porciones y a otros no se las daban.

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Nuevo policlínico, pero persisten denuncias sobre la atención sanitaria

Al final de ese recorrido se valoró positivamente que con la habilitación de dicho policlínico, mejoró la atención en salud a los internos. Pero según Navarrete, varios presos señalaron que la dotación de medicinas no era constante.

Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, asegura que en los pabellones aún existen malas condiciones: colchones sucios, tarrinas y fundas con restos de comida, así como una escasa o nula ventilación.

El doctor Piubello advierte que la interrupción de los tratamientos prolonga el periodo de contagio y favorece la aparición de formas resistentes de tuberculosis, consideradas entre los mayores desafíos para los sistemas de salud. Añade que para contener eficazmente un brote son indispensables un diagnóstico temprano, tratamiento continuo, disponibilidad garantizada de medicamentos y seguimiento permanente de los pacientes, especialmente durante los traslados.

Expertos alertan sobre el riesgo de tuberculosis resistente

En la rendición de cuentas del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) concerniente al año 2025, efectuada en abril de 2026, se informó que en cuanto a salud, más de 10.769 presos recibieron atención integral y además se inauguró el policlínico intramuros en Guayas.

Previamente, en febrero de 2026, en una rueda de prensa realizada en Quito, el Ministerio de Salud informó que 2.649 reos padecen tuberculosis y se indicó que permanentemente se aplican tamizajes y tratamientos.

En mayo de este año, los fallecimientos de al menos tres presos en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, quienes tuvieron complicaciones en su estado de salud, generaron nuevamente preocupación por la situación sanitaria en los centros de reclusión por los casos de tuberculosis.

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Casos de tuberculosis en cárceles mantienen la preocupación sanitaria

El SNAI, en un comunicado emitido el jueves 28 de mayo, indicó que en ese establecimiento “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis”. También aseguró que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se realizan acciones permanentes de vigilancia sanitaria y seguimiento clínico en las cárceles.

Piubello recuerda que las cárceles no son espacios aislados. El flujo constante de internos, funcionarios, personal médico, visitas y personas que recuperan su libertad hace que la tuberculosis no controlada pueda convertirse también en un problema para la comunidad.

Por ello advierte que los brotes en prisión pueden contribuir significativamente a la transmisión de la enfermedad fuera de las cárceles y favorecer la permanencia de cepas resistentes.

Lo que debes saber

• Unidad Popular entregó 206.000 afiliaciones certificadas en más de 7.000 fojas al TCE.
• Militantes piden audiencia a jueza Ivonne Coloma por presuntas ilegalidades de Diana Atamaint.
• Unidad Popular exige al TCE anular la cancelación de su partido político en Ecuador.

El partido político Unidad Popular presentó formalmente una solicitud de nulidad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para frenar la cancelación de su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas de Ecuador. El director del partido, Geovanni Atarihuana, entregó el registro certificado de 206.000 afiliados distribuidos en más de 7.000 fojas para demostrar que la militancia se mantiene activa y vigente. Los dirigentes aseguran que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no posee sustento legal ni pruebas técnicas sobre una supuesta disminución de miembros, señalando además que el organismo actuó fuera del plazo de 120 días establecido por la ley.

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Las pruebas de afiliación entregadas al TCE

Los representantes de la organización política enfatizaron que el volumen de militantes presentados cumple con creces los requisitos de ley. Según los voceros, las firmas en mención pasaron previamente por filtros rigurosos de control antes de ser validadas de forma oficial.

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Argumentos de la defensa de Unidad Popular:

"No tienen la prueba respecto al número y la disminución de afiliados. Actuaron fuera del tiempo legal establecido de 120 días", sostiene el equipo jurídico de la organización.

Exigen audiencia de estrados a Ivonne Coloma

La directiva del partido solicitó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, Ivonne Coloma, la apertura de un espacio de comparecencia oral. El objetivo de la defensa es exponer detalladamente las presuntas infracciones cometidas durante el proceso administrativo de cancelación.

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El equipo legal argumenta que se vulneró el derecho constitucional a la defensa y acusa de aparentes ilegalidades a la titular del CNE y a dos consejeros suplentes. Con esta acción buscan que el pleno de magistrados ordene la permanencia definitiva de la agrupación dentro de la papeleta electoral.

Lo que debes saber

• El IESS destinó $7 millones para adquirir medicamentos de alta especialidad destinados a enfermedades catastróficas y raras.
• La compra incluye 1.942 unidades de fármacos biológicos para patologías como esclerosis múltiple, Crohn y psoriasis.
• Además, 87 unidades médicas recibirán medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que destinó $7 millones para la adquisición de medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades catastróficas y raras. La medida busca fortalecer la atención de los afiliados y garantizar la continuidad de terapias de alta complejidad en la red hospitalaria de la institución.

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De acuerdo con la entidad, la inversión permitió la compra de tres tipos de medicamentos especializados que serán utilizados en tratamientos de patologías consideradas de alto costo y que requieren abastecimiento permanente para evitar interrupciones en la atención médica.

Según el boletín oficial, parte de estos recursos se destinó a la adquisición de 1.942 unidades de medicamentos biológicos, considerados esenciales para pacientes que enfrentan enfermedades de difícil manejo clínico.

Medicamentos para esclerosis múltiple, Crohn y psoriasis

Los fármacos adquiridos están destinados al tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn y la psoriasis moderada a grave. Estas patologías requieren tratamientos continuos y seguimiento especializado debido a su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

El IESS indicó que estos medicamentos serán distribuidos en hospitales de tercer nivel de la institución, donde se concentran los servicios de atención para enfermedades complejas y de alta especialidad.

La entidad señaló además que el abastecimiento permitirá mantener una cobertura continua y un stock asegurado para los próximos 12 meses, con el objetivo de evitar desabastecimientos en las unidades médicas que atienden estos casos.

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Abastecimiento llegará a 87 unidades médicas

Como parte de la estrategia institucional, el IESS también informó sobre un proceso de optimización y recuperación de entregas relacionadas con órdenes de compra pendientes.

El IESS prevé abastecer a 87 unidades médicas con seis tipos de medicamentos de alta rotación utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Entre las patologías que serán atendidas con estos insumos constan la diabetes y la hipertensión, dos de las enfermedades con mayor demanda de medicamentos dentro del sistema público de salud.

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Mientras llegan medicamentos, pacientes esperan tratamientos pendientes

Sin embargo, el anuncio sobre nuevas adquisiciones de medicamentos contrasta con la situación que enfrentan algunos pacientes que aún esperan la entrega de tratamientos ordenados por la justicia. Uno de esos casos es el de Manuel Castillo, de 55 años, quien padece amiloidosis hereditaria, una enfermedad rara, progresiva y potencialmente mortal.

Castillo obtuvo una acción de protección el 27 de enero de 2025 que obligó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a entregarle el medicamento prescrito en un plazo de tres meses. No obstante, hasta el 31 de mayo de 2026, la disposición judicial no se ha cumplido y la adquisición del fármaco continúa pendiente, según denuncia su familia.

Mientras el IESS informa sobre inversiones millonarias para fortalecer el abastecimiento de medicamentos, los familiares de Castillo aseguran que permanecen en la incertidumbre. Afirman que han recibido información contradictoria sobre la compra del tratamiento y sostienen que, más de un año después del fallo judicial, el paciente sigue sin recibir el medicamento que necesita para frenar el avance de la enfermedad.

Lo que debes saber

• Javier Pincay interpone recurso en el TCE tras rechazo del CNE.
• Ivonne Coloma tramita apelación y exige aclarar el recurso.
• CNE defiende vigencia de la suspensión de derechos políticos.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ratificó la suspensión de sus derechos políticos y rechazó la impugnación a la actualización del padrón electoral.

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El TCE analiza la apelación de Javier Pincay

El expediente detalla que el primer personero municipal interpuso la acción jurídica el 27 de mayo de 2026. El trámite se asignó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, la jueza Ivonne Coloma.

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La magistrada dictaminó un plazo de dos días para que el burgomaestre aclare y complete los fundamentos de su comparecencia de forma precisa.

De igual manera, el Consejo Nacional Electoral dispone del mismo tiempo para remitir el expediente íntegro, complementado con los informes técnicos y jurídicos que sustentaron la negativa inicial al funcionario.

La postura del CNE sobre el registro electoral

La pugna legal sumó un capítulo determinante el 25 de mayo de 2026, fecha en la que el pleno del CNE rechazó el reclamo del alcalde y validó la vigencia de la sanción en la base de datos electoral.

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La actualización del padrón se ejecutó de forma oficial el pasado 20 de mayo de 2026, en cumplimiento directo de las disposiciones emitidas por el TCE y el Ministerio del Trabajo. Dicho dictamen ratifica que la penalización impuesta en el año 2023 se mantiene pendiente de ejecución.

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Argumentos de la defensa técnica de Pincay

Por su parte, la defensa de Pincay sostiene lineamientos contrarios a la ejecución del organismo electoral:

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"No hay argumento que implique que por un juez el CNE ejecute algo que es evidentemente irracional. La sanción es de dos años y en sus registros estuvo suspendido dos años", señaló Cedeño.

Despidos en el Municipio 

• El Cabildo concretó la salida de al menos dos servidores operativos implicados en la red de mensajería interna.
• La autoridad mantiene una postura a la defensiva y se proyecta nuevas separaciones en su equipo.
• Raúl Chávez y el cuerpo de concejales evitan pronunciarse.
  

Tatiana Coronel, alcaldesa encargada de Guayaquil, efectivizó la desvinculación de al menos dos funcionarios municipales implicados en la articulación de un ataque digital para desestabilizar su gestión, según confirmó el Municipio a este Diario.

La medida administrativa se ejecuta horas después de que la autoridad expusiera la filtración de un grupo de mensajería donde trabajadores del Cabildo exigían el retorno del titular Aquiles Álvarez.

Guayaquil

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Origen de la polémica

La advertencia de tomar medidas drásticas por parte de la subrogación se materializó en la nómina. La administración separó a los primeros colaboradores identificados en el chat grupal "Municipalidad de Guayaquil", espacio donde supuestos contratistas direccionaban narrativas políticas. 

En las imágenes divulgadas, un contacto identificado como "Karen (com) Municipio Campaña" exhorta a otros miembros a citar un tuit que vincula a Coronel con la intervención a Segura EP. La instrucción exigía posicionar el mensaje de que "esos pactos van a llevar a Guayaquil de mal en peor" y solicitar de manera coordinada el retorno de Aquiles Álvarez al sillón de Olmedo.

Ante la evidencia, Coronel ejecutó una advertencia pública mediante sus canales oficiales, señalando una fragmentación en el aparato de comunicación de la entidad.

"Qué bajeza. Uno de este chat los vendió. Sé que cobran para hablar mal de mí. Sé quién les paga y sé las razones. Los voy a denunciar", detalló la funcionaria.

¿Hay más despidos? 

La postura de Coronel frente al boicot se mantiene a la defensiva, y otras fuentes relacionadas al Cabildo comentaron a EXPRESO que no se deben descartar la notificación de nuevas desvinculaciones por orden de Coronel, contra quienes hayan utilizado tiempo y recursos institucionales en campañas de desprestigio interno.

Pese a la gravedad de la crisis de gobernanza y las remociones en curso, el cuerpo edilicio del Puerto Principal todavía no emite pronunciamiento alguno sobre alguna fiscalización sobre los fondos o agencias implicadas en lo denunciado por la alcaldesa Coronel. Mucho menos en su defensa.

Raúl Chávez, presidente del partido RETO y figura política central de la administración de Álvarez, también guarda silencio frente a la fractura institucional que atraviesa el Cabildo.

Lo que debes saber

• La tuberculosis en las cárceles alcanzó niveles epidémicos, con más de 2.500 casos registrados en 2025.
  
• El Gobierno oculta información sanitaria, al suspender la publicación de estadísticas epidemiológicas y rechazar una declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario.
• La cárcel del Encuentro se convirtió en el símbolo de la crisis, tras las denuncias de desnutrición, falta de atención médica y fallecimientos de internos bajo custodia estatal.

Lo de la tuberculosis en el sistema carcelario ecuatoriano es, técnicamente, una epidemia. Otra cosa es que el gobierno no quiera declararla, algo que debió hacer en marzo del año pasado (aun antes) para ser consecuente con los propios datos del Ministerio de Salud. En su lugar, ha optado por una solución expeditiva: suprimir los datos (al fin y al cabo, los enfermos se suprimen solos). La Gaceta Epidemiológica de la tuberculosis, que el Ministerio publicaba ininterrumpidamente cada semana desde hace cuarenta años con los datos actualizados de la incidencia de la enfermedad, desapareció en febrero (aunque el resto de gacetas de otras enfermedades continúan apareciendo con regularidad hasta la fecha). El exministro de Salud José Ruales ha sonado las alarmas: la eliminación de registros estadísticos (incluidos algunos desarrollados bajo su gestión, en 2023) es una grave irresponsabilidad en cualquier área de la salud pública pero puede ser mortal (y lo está siendo) en la epidemiológica.

Justicia

Crisis en la Cárcel del Encuentro: tuberculosis sigue expandiéndose

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Una epidemia que se expande tras las rejas

Los números son elocuentes: la población carcelaria víctima de la enfermedad se multiplicó en más de 300 por ciento en el lapso de dos años. Pasó de alrededor de 600 en 2023 a 1.468 en 2024 y 2.576 en 2025. Es un ritmo de crecimiento inusitado que no guarda relación alguna con el que se observa en la población general del país: en ese mismo período (2023-2025) los casos de tuberculosis en el Ecuador pasaron de aproximadamente 7.600 a 8.000, es decir, un incremento del 5,2 por ciento. Son 58 casos por cada 100 mil habitantes, una tasa que Ruales considera “alta en relación con otros países” pero que equivale apenas al 0,058 por ciento de los habitantes del país. En los centros de detención, en cambio, considerando una población carcelaria de 35 mil personas, 2.500 enfermos representan el 7 por ciento.

Simplemente, una locura. Si a eso se añade que 600 de esos enfermos fallecieron (así lo admitieron las autoridades en enero), estamos hablando de una tasa de mortalidad de casi el 25 por ciento. En resumen: no sólo es una epidemia: es una epidemia de proporciones dramáticas.

Ante esta realidad el gobierno ha optado por el disimulo. En lugar de declarar la emergencia sanitaria en las cárceles, esconde las estadísticas (o deja de producirlas, lo que sería mucho peor). Traslada presos en condiciones calamitosas (que trata de mantener igualmente ocultas) desde la cárcel del Encuentro, la única que tienen controlada según admitió el propio Ministerio del Interior, a otras donde la administración del tratamiento médico podría resultar impracticable. Y el Ministerio de Salud guarda ominoso silencio: en este mundo al revés, son los ministros de Gobierno y del Interior los que responden ante la opinión pública sobre la emergencia sanitaria: negándola.

Llevan haciéndolo desde marzo del año pasado, cuando cinco internos de la Penitenciaría del Litoral fueron encontrados muertos en sus celdas. Aunque no constaran en la lista oficial de “pacientes sospechosos”, el parte policial hablaba de tuberculosis. Los familiares no tenían la menor duda. Ellos venían denunciando las condiciones de hacinamiento y subalimentación (dos condiciones asociadas con la enfermedad) desde enero de 2024, cuando los militares intervinieron en las prisiones. “El estado físico de los detenidos es alarmante -denunció en ese entonces el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil a diario El País de España-, muchos lucen cadavéricos, con la piel pálida y signos evidentes de desnutrición, además de vivir en condiciones extremas de falta de higiene”.

Ecuador

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Richard Josue Jimenez Mora

El silencio oficial frente a la emergencia

El fin de semana pasado, estas palabras pudieron ser confirmadas al pie de la letra por todo el país. La fotografía de algunos de los más de 30 prisioneros enfermos que fueron trasladados desde la cárcel del Encuentro a otros centros de detención mostraba exactamente eso: gente cadavérica que apenas si podía mantenerse en pie. Parece (o es) la imagen de un campo de concentración. Según la denuncia del Comité de Familiares por una Vida Digna (Cofavid), que proporcionó la foto, todos ellos tienen diagnóstico de tuberculosis. La gravedad de la denuncia no logró conmover al inconmovible Ministerio de Salud pero sí sacó de su marasmo a las autoridades del SNAI, que también venían guardando silencio desde marzo del año pasado. En esta ocasión, por primera vez, emitieron un comunicado público: “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis ni de ninguna otra enfermedad infectocontagiosa” en la cárcel del Encuentro. No queda claro si el SNAI está negando que los más de 30 presos trasladados padezcan tuberculosis o si está afirmando que más de 30 casos en el ambiente cerrado de una cárcel no constituye un brote.

Ni una palabra sobre el estado calamitoso de los presos desnutridos. Como si fuera de lo más normal. El SNAI no se siente obligado a explicar la imagen. Seguramente están cuidando la figura, como dijo el ministro del Interior John Reimberg sobre el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien ha perdido 25 kilos en los dos meses que lleva preso sin sentencia en esa misma cárcel. Ahí, la tuberculosis ha cobrado ya sus primeras víctimas: el 13 abril murió Charles Gonzalo Suárez, de 21 años, uno de los participantes en el ataque armado a TC Televisión; el 15 de mayo, Michael Eduardo Bautista; y esta semana, el miércoles 27 de mayo, Elvis Steven Quevedo. En su comunicado público, el SNAI desmintió que este último tuviera tuberculosis y atribuyó su muerte a una causa aún más terrorífica: pancreatitis. Más terrorífica porque nadie muere de pancreatitis sin atravesar una semana de dolores inenarrables. Si lo que dice el SNAI es cierto, constituye una confesión de abandono criminal que podría calificarse de tortura.

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La cárcel del Encuentro bajo cuestionamiento

Una situación de abandono que explica lo que, de otra forma, sería incomprensible: que alguien muera de tuberculosis en una cárcel supuestamente hipermoderna que el gobierno sí controla. Porque no hay nada más fácil y más barato que curar la tuberculosis en un espacio controlado: basta con administrar una combinación de antibióticos durante tres meses. Lo único que se requiere es supervisión estricta: no se puede abandonar el tratamiento. En cárceles como la Penitenciaría del Litoral o la de Latacunga, que el gobierno admitió que no controla (por eso sacó de ahí a Aquiles Álvarez) esta supervisión estricta se complica porque el dispensario médico (lo cuenta José Ruales) está ubicado en el primer anillo de seguridad, y muchos presos no pueden acceder a él porque los capos de sus pabellones no les dejan. Pero ¿en la cárcel del Encuentro?

En la cárcel del Encuentro, ya no hay razón para dudarlo, el hacinamiento y la desnutrición son parte del castigo, con la consecuente baja de defensas que ofrece el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la tuberculosis. La cárcel del Encuentro es, según todas las evidencias, un campo de concentración en el que los presos no reciben más de 20 minutos de sol al día (en el mejor de los casos). Por el testimonio de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se sabe que ni siquiera se les permite tener libros, cosa que algunas personas (no el presidente y sus ministros) considerarían una tortura. En suma: la cárcel del Encuentro es la realización de un viejo sueño de Daniel Noboa que ya fue declarado inconstitucional por la Corte respectiva: el proyecto de eliminar a los privados de libertad de la lista de personas de atención prioritaria. Ahí los presos pueden morir de tuberculosis y hasta de pancreatitis por la más simple de las razones: porque las autoridades que las custodian y de las que depende su salud, su alimentación y su seguridad, los dejan morir. Para eso, para dejarlos morir, es que el gobierno controla la cárcel del Encuentro.

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Las claves que debes conocer

• Quito elegirá alcalde el 29 noviembre de 2026 con candidaturas en definición por calendario del CNE.
• Jorge Yunda confirma candidatura; Pabel Muñoz busca reelección en Quito para mantener liderazgo municipal.
• Augusto Barrera se retira y crece lista de aspirantes en Quito con indecisos rumbo a elecciones 2026.

A menos de seis meses de las elecciones para la Alcaldía de Quito, previstas para el 29 de noviembre de 2026, el escenario político para alcanzar el Municipio capitalino comienza a definirse con precandidatos confirmados, nombres en evaluación y otros que han decidido retirarse de la contienda electoral.

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¿Cuándo son las elecciones del alcalde de Quito?

Los quiteños acudirán a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir alcalde, en un proceso adelantado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la fecha inicial era el 14 de febrero de 2027. 

El cambio de la fecha de los comicios seccionales se adoptó en marzo pasado, debido a la alerta climática por el fenómeno de El Niño.

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¿Quiénes son los precandidatos confirmados?

Antes ya ocupó el cargo de alcalde de Quito, entre 2019 y 2021. Confirmó su precandidatura el pasado 6 de abril. Ante los medios ha asegurado que busca alcanzar nuevamente el máximo cargo en el Municipio, con el objetivo de retomar un proyecto político que, según él, quedó inconcluso tras su salida.

El exconsejero de Participación Ciudadana busca gobernar Quito. El exvocal oficializó su intención de dirigir la capital en marzo pasado, aunque no ha precisado cuál es la organización política que lo auspiciará.

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Aspirantes a la Alcaldía firmes y nombres en carrera

El actual alcalde ha expresado su intención de buscar la reelección en los comicios de noviembre de 2026. 

Es concejal de Quito vinculado al movimiento Imparables, aparece como uno de los actores que se mueve como precandidato.

Es una de las figuras políticas que aún no confirma su participación, pero realiza recorridos territoriales en la ciudad. 

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Nombres medidos en encuestas

Un sondeo de abril de 2026 incluyó a varias figuras que podrían entrar en la contienda:

Estos nombres forman parte del grupo de posibles precandidatos evaluados por intención de voto en Quito. 

¿Quién ya no será candidato?

El exalcalde de Quito anunció el 28 de mayo que declina su candidatura. Argumentó que la ciudad enfrenta problemas de seguridad, movilidad y fragmentación política, y que el momento exige unidad antes que competencia electoral. 

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Lo que debes saber

• Unidad Popular entregó 206.000 afiliaciones certificadas en más de 7.000 fojas al TCE.
• Militantes piden audiencia a jueza Ivonne Coloma por presuntas ilegalidades de Diana Atamaint.
• Unidad Popular exige al TCE anular la cancelación de su partido político en Ecuador.

El partido político Unidad Popular presentó formalmente una solicitud de nulidad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para frenar la cancelación de su personería jurídica en el registro de organizaciones políticas de Ecuador. El director del partido, Geovanni Atarihuana, entregó el registro certificado de 206.000 afiliados distribuidos en más de 7.000 fojas para demostrar que la militancia se mantiene activa y vigente. Los dirigentes aseguran que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no posee sustento legal ni pruebas técnicas sobre una supuesta disminución de miembros, señalando además que el organismo actuó fuera del plazo de 120 días establecido por la ley.

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Las pruebas de afiliación entregadas al TCE

Los representantes de la organización política enfatizaron que el volumen de militantes presentados cumple con creces los requisitos de ley. Según los voceros, las firmas en mención pasaron previamente por filtros rigurosos de control antes de ser validadas de forma oficial.

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Argumentos de la defensa de Unidad Popular:

"No tienen la prueba respecto al número y la disminución de afiliados. Actuaron fuera del tiempo legal establecido de 120 días", sostiene el equipo jurídico de la organización.

Exigen audiencia de estrados a Ivonne Coloma

La directiva del partido solicitó formalmente a la presidenta del organismo de justicia electoral, Ivonne Coloma, la apertura de un espacio de comparecencia oral. El objetivo de la defensa es exponer detalladamente las presuntas infracciones cometidas durante el proceso administrativo de cancelación.

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El equipo legal argumenta que se vulneró el derecho constitucional a la defensa y acusa de aparentes ilegalidades a la titular del CNE y a dos consejeros suplentes. Con esta acción buscan que el pleno de magistrados ordene la permanencia definitiva de la agrupación dentro de la papeleta electoral.