Lo que debes saber

• Correa y Nebot cruzan críticas en X por la Alcaldía de Guayaquil, a cuatro meses de las seccionales.
  
  
• Nebot cuestionó la gestión correísta en Guayaquil; Correa respondió recordando apoyo estatal al Municipio.
  
  
• Un video de 2007 reavivó la disputa entre Correa y Nebot en plena definición de candidaturas.

La cercanía de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026 ha vuelto a colocar en la escena política la histórica rivalidad entre el expresidente Rafael Correa y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. 

Ambos dirigentes protagonizaron el 14 de julio un intercambio de mensajes en redes sociales, en un contexto marcado por la definición de candidaturas para la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas.

Críticas de Nebot a la gestión correísta en Guayaquil

La controversia se originó tras una entrevista concedida por Nebot a Ecuavisa, en la que cuestionó la gestión del correísmo en la Alcaldía de Guayaquil, actualmente en manos de esa tendencia política luego de que Aquiles Alvarez derrotara al Partido Social Cristiano (PSC) en los comicios de 2023. 

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Según el exalcalde, la administración municipal incrementó el gasto y amplió la nómina de funcionarios durante los últimos años.

Nebot sostuvo que la Revolución Ciudadana no debería continuar al frente del Municipio y argumentó que la administración correísta elevó significativamente el número de empleados municipales. 

También aprovechó la entrevista para realizar observaciones a la gestión del presidente Daniel Noboa y admitir que la candidatura de Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil fue una decisión equivocada del PSC.

La respuesta de Rafael Correa

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Rafael Correa, quien respondió a través de la red social X. El exmandatario calificó a Nebot como un “cadáver político” y defendió la relación que mantuvo su gobierno con la administración municipal socialcristiana durante los años en que ambos coincidieron en funciones públicas. 

Según Correa, el éxito de la gestión de Nebot estuvo respaldado por el incremento de las rentas transferidas desde el Gobierno Central al Municipio y por la aprobación de créditos y avales solicitados por la Alcaldía.

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Un video de 2007 reabre el debate político

La réplica de Nebot llegó poco después mediante la difusión de un video grabado en 2007, cuando Correa iniciaba su primer mandato presidencial. En las imágenes, el entonces presidente agradece al alcalde guayaquileño por las obras realizadas en la ciudad y destaca su trabajo al frente del cabildo. 

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El exalcalde acompañó la publicación con un mensaje que apeló a la memoria política de sus seguidores y retomó una frase habitualmente utilizada por el correísmo para referirse a sus adversarios. 

La disputa ocurre mientras las principales fuerzas políticas afinan sus estrategias para las elecciones locales. El PSC ha impulsado la precandidatura de Andrés Roche con el objetivo de recuperar la Alcaldía de Guayaquil. 

Por su parte, la Revolución Ciudadana ha apostado por el asambleísta Juan Pablo Molina como su carta para mantener el control del Municipio.

El escenario electoral también está marcado por la situación judicial del actual alcalde, Aquiles Alvarez, quien enfrenta procesos penales y permanece privado de libertad, un hecho que ha obligado al correísmo a reorganizar su estrategia política de cara a los comicios.

Lo que debes saber

• Juan Cervantes propone auditar el dragado del río Guayas si gana la Prefectura en las elecciones seccionales.
• El precandidato plantea reducir 50 % los peajes para financiar obras y atender a agricultores del Guayas.
• Cervantes prioriza obras contra El Niño en Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía para prevenir inundaciones.

El profesor Juan Cervantes, precandidato a la Prefectura del Guayas por Unidad Popular, conversa con EXPRESO sobre las prioridades de su plan de gobierno y cómo buscaría financiar sus propuestas.

- ¿Por qué quiere llegar a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Las organizaciones sindicales y populares venimos luchando en defensa de derechos laborales y sociales. La salud está postrada, sin medicinas, equipamiento, quirófanos, insumos ni especialistas. Además, se está despidiendo a profesionales del sector. 

En el ámbito provincial, creemos que ha existido corrupción en la administración de la Prefectura. Recordamos el caso del dragado del río Guayas, cuestionado durante la administración de Carlos Luis Morales (+) y que continuó con las siguientes administraciones. 

También cuestionamos el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de vías que, según nuestra visión, no han cumplido con las obras comprometidas, mientras el equipo caminero de la Prefectura realiza trabajos que deberían ejecutar esas compañías.

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- ¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

La prioridad es ejecutar todas las obras necesarias para prevenir inundaciones. También debemos mejorar la conectividad provincial y resolver los problemas de tránsito entre Samborondón, Daule y Guayaquil mediante la ampliación de vías, la construcción de un nuevo puente hacia la parroquia Los Lojas y la ejecución de caminos vecinales y puentes. 

Además, debemos enfrentar la contaminación del río Guayas, causada por aguas servidas, desechos industriales y productos químicos utilizados en actividades agrícolas.

- En 2023 también buscó la Prefectura. ¿Por qué cree que ahora sí puede ganar?

En la campaña anterior advertimos sobre lo que, a nuestro criterio, ocurriría si ganaban quienes hoy administran la Prefectura. Señalamos que cuando se desvían recursos, no hay dinero para resolver los problemas de la provincia. 

Nuestra candidatura representa a quienes han defendido durante años los derechos de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes, y propone que los recursos del Guayas se destinen a obras y no a corrupción o negociados.

- Si usted gana la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

Lo primero será auditar y fiscalizar los contratos vigentes y, si es necesario, terminar los negociados con las concesionarias. También proponemos reducir el peaje en un 50%. 

Nuestra administración tendrá contraloría social. Queremos que la ciudadanía participe en la definición de las obras prioritarias y que las comunidades organizadas sean parte del proceso de ejecución.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los impulsaría?

Primero debemos recuperar los recursos que, según nuestra visión, el Gobierno ha reducido a prefecturas y municipios. Para ello impulsaremos acciones legales y movilizaciones para exigir la restitución de esos recursos y el pago puntual de las rentas que corresponden al Gobierno Provincial. 

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Nuestra propuesta también contempla combinar recursos de la Prefectura con trabajo comunitario. Si una comunidad necesita construir un pozo, por ejemplo, la Prefectura aportará materiales y equipos, mientras los habitantes contribuirán con mano de obra organizada. 

Además, impulsaremos empleo local en las zonas rurales y evitaremos que grandes contratistas concentren la ejecución de obras sin respetar los derechos laborales.

-¿Cuál sería su plan para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño?

La prioridad será el dragado y potenciar los ríos y esteros para recuperar su capacidad hidráulica y evitar desbordamientos. Donde sea necesario construiremos muros de contención. 

También impulsaremos albarradas para almacenar agua durante el invierno y utilizarla en época seca mediante sistemas de riego que fortalezcan la producción agrícola.

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-¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

Primero debemos auditar el contrato para conocer cuánto se ha invertido, qué obras debían ejecutarse y si realmente se cumplieron. Después convocaremos a especialistas para definir cuál es la mejor alternativa técnica para resolver de forma definitiva el problema de la sedimentación. 

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No se trata únicamente de dragar, sino de entender el origen del problema en toda la cuenca del Guayas. También analizaremos el aprovechamiento del material extraído para proyectos de vivienda o rellenos, siempre que los estudios técnicos lo permitan.

-Si tuviera que establecer prioridades para los dos primeros años de gestión, ¿cuáles serían?

Las primeras acciones estarían enfocadas en los cantones más afectados por las inundaciones, como Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía. La prioridad sería el dragado de los ríos, porque consideramos que recuperar su cauce disminuiría significativamente el riesgo de desbordamientos.

Las claves que debes saber 

• Karla Saud, acusada en caso Progen, fue detenida el 9 de julio en Madrid y enfrenta pedido de extradición.
• Saud envió mensaje a ministros del caso Progen y anticipó revelaciones sobre contratos de USD 104 millones.
• El Gobierno de Daniel Noboa impulsa la extradición mientras crece la presión por posibles nuevos involucrados.

Con todo lo que Karla Saud sabe sobre la estafa de los generadores eléctricos, en la que aparece como personaje clave, bien podrían rodar varias cabezas del gobierno. Empezando por la del ministro que mantuvo con ella contactos previos al contrato de 104 millones de dólares para la compra de chatarra, el hoy devenido en museólogo y jurado internacional de concursos de arquitectura Roberto Luque. 

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Saud, lobista de Progen en el Ecuador a través de su empresa Astrobryxa, fue acusada de peculado por la Fiscalía, detenida el pasado 9 de julio por la Interpol en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y liberada poco después con medidas cautelares, mientras el gobierno del Ecuador tramita su extradición… O finge hacerlo.

Demasiado se apresuró el secretario general de la Administración y primo lejano suyo, José Julio Neira, a grabar un video en el que la hacía cargar con todo el peso de la culpa por la estafa de los generadores. 

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Saud vivía en la Florida, cerca de donde se crió Neira, con las ventajas que le confería su doble nacionalidad (ecuatoriano-estadounidense) y es probable que su primo confiara en que, allá, nunca la alcanzaría el brazo (no tan largo y más bien torpe) de la Fiscalía General del Estado. Pero terminó cayendo presa en España (son un misterio las razones de su viaje) y eso lo cambió todo.

¿Saud amenaza al Gobierno?

Ahora el Estado ecuatoriano se ve forzado (aunque fuera por aparentar) a iniciar un trámite de extradición que el bienmandado presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, puso en marcha este lunes. 

Mientras tanto, Saud, puesta en libertad condicional, graba un video que el gobierno nacional debió recibir como intimidatorio. El ministro del Interior, John Reimberg, había celebrado su captura y anunciado que las autoridades españolas le quitaron el pasaporte como señal de que tenía prohibido abandonar el país. 

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Pues bien: el video de Saud consiste en una toma fija de sus dos pasaportes, el ecuatoriano y el estadounidense (cerrados), dando a entender que están en su poder, mientras se escucha su voz en off. Un tanto pueril, el recurso: esos pasaportes podrían ser los de cualquiera. Si su intención era desmentir a Reimberg, no lo logró en absoluto.

¿Qué dijo Karla Saud Calero?

Mucho más contundentes fueron sus palabras: “Mi nombre”, dice en los 42 segundos que dura el video, “es Karla Julieta Saud Calero y este mensaje va dirigido para todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón. Quiero que sepan que me voy a defender en instancias internacionales por mi honor y el de mi familia, que lo han manchado con acusaciones falsas en mi contra y todo el pueblo ecuatoriano lo sabrá. Voy a llegar a instancias internacionales donde la justicia no es manipulable y les aseguro que no voy a ser un trofeo de su gobierno. Nos vemos pronto, Ecuador. Gracias”.

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Lo primero que llama la atención de este mensaje es el plural de su dedicatoria: a “todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón” (nombre eufemístico que usa la Fiscalía para designar el caso Progen sin tener que decir Progen). 

¿Todos los ministros involucrados? Por lo que respecta al fiscal Carlos Alarcón, solamente hay uno: Antonio Gonçalves, el único de los tres bajo cuyas administraciones ocurrieron los hechos (desde el diseño del contrato hasta los últimos pagos) que no pertenece al círculo cercano al presidente de la República. Todo apunta a que Karla Saud está vinculando a los otros dos, Roberto Luque e Inés Manzano.

Lo que podría contar la exlobista de Progen tiene el potencial de echar abajo toda la teoría del caso que el fiscal Carlos Alarcón elaboró a la medida para no incordiar a nadie en el gobierno. 

La información que podría aportar Karla Saud

Para empezar, podría revelar Karla Saud la naturaleza de sus contactos con Roberto Luque y con qué regularidad accedía a su despacho; cómo acordó los términos de los contratos (lesivos para los intereses del país) con los asesores inmediatos de Luque, José Manuel de Oliveira y Peter Dreher, hoy convenientemente fuera del país aunque no han sido vinculados al caso por la Fiscalía; qué documentación intercambiaba con ellos; cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se acordó, ya en los tiempos de Inés Manzano, seguir pagando a Progen aunque se supiera ya que sus generadores eran basura… Quizá Saud pueda aportar con chats, con audios, con documentos…

Así que el Ecuador entero puede ir haciendo sus apuestas: ¿se atreverá el gobierno de Daniel Noboa a extraditar a Saud, a sabiendas de lo que le puede costar? 

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Los intentos fallidos del Gobierno para extraditar

El trámite entre los dos países es largo y engorroso, y no sería la primera vez que fracasara por omisiones del lado ecuatoriano. Al propio Negro Willy, líder de Los Tiguerones, que tenía tanto que declarar sobre la toma armada de TC Televisión, lo dejaron escapar cuando se tramitaba su extradición desde España por el simple hecho de no entregar a tiempo las garantías que exigían los jueces de ese país. 

Además, ¿qué juez medianamente sensato de una nación medianamente democrática entregaría un prisionero a las autoridades de un país incluido en la lista negra de la tortura, un país en cuyas cárceles los presos mueren como moscas por el hambre y la tuberculosis?

Lo que debes saber:

• Exministros piden transparencia en concurso del MuNa y revelan dudas sobre jurado en Ecuador.
• Zaera-Polo afirma que Ejecutivo cuestionó diseño ganador y sugirió cambiar resultados del concurso.
• Reservas patrimoniales siguen en riesgo en edificio en emergencia desde 2018 en Quito.

Tres exministros y una exviceministra coinciden en la necesidad de contar con un Museo Nacional (MuNa) y recuerdan que el edificio que alberga parte de las reservas mantiene una declaratoria de emergencia. Pero marcan distancia frente al proceso de selección del diseño y piden al Gobierno transparentar cómo se integró el jurado y cuáles fueron los parámetros para elegir al ganador.

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En el programa Politizados de EXPRESO, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado, afirmó que durante el concurso, el Ejecutivo expresó su desacuerdo con la propuesta ganadora (Campo Baeza + Maoda). Además, dijo, delegados del Gobierno les sugirieron que otra propuesta (que no identificó) fuese ubicada en el segundo lugar.

Para Ana Rodríguez, exviceministra de Cultura, la conformación del jurado es un punto clave en un concurso de esta magnitud. Señala que debe explicarse cómo se seleccionó a sus integrantes y bajo qué criterios participaron representantes institucionales, delegados del presidente y la vicepresidenta. 

Luego, además, Romina Muñoz, extitular de Cultura, reemplazó a Hernán Crespo Bermejo (+). Ve necesario, puntualizó, que se publiquen de forma clara los procedimientos, las actas y la aplicación de los criterios de evaluación.

Aunque le parece que las bases técnicas del concurso fueron rigurosas en lo arquitectónico, no existió el mismo nivel de claridad en la definición del fallo. 

Por la trayectoria de los participantes y jurados, le resulta difícil sostener la tesis de que haya existido manipulación sin pruebas. Y mencionó, por ejemplo, a uno de ellos, el arquitecto ecuatoriano Luis ‘Tucho’ López. Lamenta la posición en que se deja al Colegio de Arquitectos de Pichincha.

¿Otros espacios podrían haber sido utilizados para albergar al Museo Nacional?

María Elena Machuca, exministra de Cultura, sostiene que existe la necesidad de un Museo Nacional y señala que ha sido una deuda histórica de más de 25 años. Recuerda que en su gestión se intentó aprovechar el edificio del Banco Central y, en otro momento, un espacio en el Centro de Arte Contemporáneo, sin resultados. 

Considera que existen varias alternativas viables, pero subraya que, en medio de la controversia, es indispensable aclarar aspectos como la participación de la exviceministra Romina Muñoz en el jurado.

Las reservas siguen en peligro, dicen exministros de Cultura

Julio Bueno, exministro, insistió en que lo más importante es cuidar las reservas, que están en peligro. 

“Hay cajas fuertes que pesan cuatro o cinco toneladas. Son tesoros, reserva colonial, pintura moderna, contemporánea y republicana... Hay desde el 2018 una emergencia nacional declarada. Por eso se pensó en llevarla a Unasur”. 

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Bueno compartió fotografías de la estructura del edificio Aranjuez, que evidencian el deterioro, y un informe que concluye que hay que salvaguardar el patrimonio cultural y que los ocupantes del edificio debían salir del mismo.

Por su parte, Juan Fernando Velasco, exministro, comentó que le parece un error haber llevado la discusión al campo de lo estético. Cree que desde el Viceministerio de Cultura se debió, en una etapa previa, incluir a otros sectores. 

Le habría gustado, durante su administración, dice, contar con 100 millones de dólares para invertir en un nuevo edificio del Museo Nacional. Pero al no disponer de ese recurso, buscaron alternativas para trasladar las reservas, que tienen “un peso que no soporta cualquier edificación”. No comprende cómo luego de tantos años no se las haya puesto a salvo.

EXPRESO intentó hablar al respecto con asambleístas de la Comisión de Educación y Cultura, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible contactarlos.

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Lo que debes saber

• La defensa sostuvo que la Contraloría no encontró responsabilidades contra Inés Manzano.
• Los abogados justificaron por qué podían representarla durante el juicio político.
• También cuestionaron la validez de parte de las pruebas presentadas por los acusadores.

El abogado constitucionalista Rafael Oyarte defendió, este martes 14 de julio de 2026, la legitimidad de su intervención en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano al sostener que actúa como su representante directo y no como procurador. Explicó que la presencia de la exfuncionaria en la diligencia ratifica y legitima su actuación, por lo que pidió a la Comisión de Fiscalización respetar las normas aprobadas por la propia Asamblea Nacional.

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La defensa cuestiona las pruebas de cargo

El jurista también recordó que la Corte Constitucional ha establecido que, aunque el juicio político tiene un estándar distinto al de los procesos jurisdiccionales, debe garantizar derechos mínimos como la defensa, la producción de pruebas y la contradicción. En ese contexto, afirmó que esas garantías no pueden convertirse en herramientas de arbitrariedad contra la persona acusada.

Esto, porque la bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó que la defensa de Inés Manzano (Rafael Oyarte e Ismael Quintana) asumiera un rol protagónico durante el juicio político y sostuvo que la exministra debía ejercer personalmente su derecho a la defensa. Los legisladores argumentaron que, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el funcionario sometido a un juicio político debe comparecer directamente para responder por su gestión, mientras que los abogados únicamente pueden brindar asistencia técnica, sin sustituir la responsabilidad política del interpelado.

Durante la práctica de la prueba documental, Oyarte objetó que el informe de minoría de la Comisión de Fiscalización sea considerado como prueba de cargo. Argumentó que ese documento solo contiene apreciaciones de sus autores y fue elaborado por uno de los acusadores, por lo que, a su criterio, carece de valor probatorio para sustentar una responsabilidad política.

Respecto al informe de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con ATM, la defensa aseguró que el documento no menciona a Inés Manzano ni le atribuye observaciones, recomendaciones o responsabilidades. Añadió que las conclusiones del examen especial están dirigidas a otros funcionarios y que, de existir incumplimientos de la exministra, el organismo de control habría iniciado el correspondiente proceso de determinación de responsabilidades.

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Las acciones que, según la defensa, tomó Manzano

La defensa sostuvo además que Manzano asumió el Ministerio de Energía cuando el contrato con ATM ya había sido suscrito y se encontraba en ejecución. Según Quintana, una de sus primeras decisiones fue impulsar un examen especial de la Contraloría sobre esos procesos contractuales y posteriormente promover nuevas acciones de control, cambios de autoridades y denuncias ante la Fiscalía tras conocerse los hallazgos del organismo de control.

Sobre el arbitraje iniciado por la contratista, la defensa afirmó que la exministra no podía disponer la terminación unilateral del contrato debido a las medidas cautelares dictadas dentro de ese proceso. Agregó que el tribunal arbitral archivó la demanda presentada por ATM y levantó esas medidas, por lo que consideró que uno de los principales fundamentos de la acusación perdió sustento y que no existen elementos para atribuir a Manzano un incumplimiento de funciones.

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La ruptura administrativa responde a la decisión de la directiva provincial socialista de concretar alianzas en Guayas con el movimiento Amigo, facción afín a la estructura de la Revolución Ciudadana. Luzárraga rechazó esta medida operativa argumentando que las bases locales de su nueva plataforma, denominada 'Despierta. Unidad por Guayaquil y por la Patria', excluyeron previamente cualquier pacto con dichas agrupaciones.

El fraccionamiento del tablero electoral provocó la reacción inmediata de las autoridades correístas. El expresidente Rafael Correa cuestionó la integración de la precandidata con Futuro 20, partido liderado por Gustavo Larrea, calificando el acto como una "inconsecuencia".

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Bipartidismo y denuncias de monopolio

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, tildó a la aspirante de "chimbadora" e insinuó una supuesta injerencia del oficialismo en el quiebre de los diálogos de la tendencia.

Ante los cuestionamientos públicos, la aspirante argumentó que la tienda política de la Revolución Ciudadana busca fortalecer un bipartidismo junto al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), en referencia a las recientes reformas aprobadas al Código de la Democracia.

Luzárraga denunció que la dirigencia correísta intentó relegarla a una concejalía mediante negociaciones paralelas y condicionar la papeleta local. Como evidencia de la falta de consensos, la abogada expuso registros de conversaciones con la legisladora Sofía Espín, señalando que todo perfil que no se someta a las directrices de dicha estructura es catalogado de divisionista.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños y ecuatorianos", detalló en sus canales oficiales para ratificar su plan de trabajo cantonal.

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María Belén Yúnez declina su precandidatura

En el documento, Yúnez solicitó a la directiva que se realicen los trámites legales y administrativos pertinentes ante los organismos electorales para registrar su baja y proceder con los reemplazos que estipula la ley.

A la par de la notificación formal, la política hizo público su retiro a través de su cuenta de Instagram. "Poner una pausa a este proyecto no es sencillo", escribió Yúnez, quien justificó su salida señalando que su compromiso con el cantón se mantiene intacto y que para servir a la comunidad "no hace falta un cargo".

Con esta renuncia, el tablero político de Samborondón sufre un remezón. El Partido Social Cristiano, que mantiene una hegemonía administrativa de más de tres décadas en la localidad, se queda sin su figura principal a meses de los comicios y frente a las precandidaturas ya oficializadas de Arianna Burgos (ADN) y María José Agusto (Centro Democrático).

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Lo que debes saber

• La defensa de Inés Manzano abrió un debate en la Comisión de Fiscalización.
• Legisladores de la RC cuestionaron que los abogados de la exfuncionaria intervengan en el juicio político.
• Ferdinan Álvarez defendió la participación de la defensa técnica de la exministra.

La participación de la defensa técnica de Inés Manzano generó un nuevo enfrentamiento entre los asambleístas de los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) durante la audiencia de juicio político contra la exministra de Energía y Minas. La legisladora de oposición Ana Herrera cuestionó que sean los abogados de la exfuncionaria quienes expongan los argumentos de descargo, mientras la exfuncionaria sigue el proceso de forma virtual.

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La defensa técnica abre una disputa en la Comisión

Herrera sostuvo que la responsabilidad política no puede ser delegada a una defensa técnica y pidió que sea la propia exministra quien responda ante la Comisión de Fiscalización. La asambleísta señaló que otros exfuncionarios sometidos a juicios políticos participaron personalmente en sus procesos, aunque estuvieron acompañados por abogados.

La legisladora citó el numeral uno del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y afirmó que la norma establece que el funcionario cuestionado debe presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión. Según Herrera, los abogados pueden asesorar a Manzano, pero no reemplazar su intervención en un proceso donde se analiza su responsabilidad política por las decisiones tomadas durante su gestión.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, rechazó el planteamiento y señaló que la discusión ya se había generado en anteriores juicios políticos. El legislador oficialista afirmó que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional garantizan el derecho a la defensa técnica dentro de estos procesos.

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Álvarez defiende la participación de los abogados

Aunque Álvarez pidió a Herrera identificar la norma que obliga a un funcionario cuestionado a ejercer su defensa de manera personal y no mediante abogados, su decisión se mantuvo. El presidente de la Comisión sostuvo que, al tratarse de un proceso de control político, la defensa puede actuar conforme a las garantías constitucionales y legales.

La asambleísta Mónica Palacios también cuestionó que los abogados intervengan en lugar de Manzano y preguntó si ellos son los funcionarios sometidos al juicio político. Álvarez cerró la discusión y dio paso a la defensa técnica de la exministra, mientras Manzano continúa conectada de manera virtual al proceso.

Lo que debes saber

• El juicio político contra Inés Manzano incorpora nuevas pruebas sobre contratos de Celec EP.
• Los legisladores cuestionan presuntos acuerdos con Progen y ATM durante la crisis energética.
• La audiencia tuvo un cruce entre Mónica Palacios y Ferdinan Álvarez por las acusaciones de falta de atención de Inés Manzano durante el proceso.

Los asambleístas que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, incorporaron como segunda prueba documental el informe de minoría elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional sobre los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). Los legisladores sostuvieron que ese documento complementa las observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado y respalda los cuestionamientos a la gestión de la exfuncionaria.

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El legislador de la Revolución Ciudadana Blasco Luna afirmó que el informe de minoría recoge los intentos de la Comisión de Transparencia por convocar a los ministros involucrados para que explicaran las presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones. Sin embargo, aseguró que esas comparecencias no prosperaron por falta de voluntad política, lo que, a su criterio, limitó el alcance de ese proceso de fiscalización.

Luna también mencionó un audio atribuido al exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, difundido previamente por un medio de comunicación, en junio de 2026, en el que presuntamente se habría recomendado que la comparecencia ante la Comisión se desarrollara de manera "muy superficial". Según el legislador, ese contenido será incorporado como prueba audiovisual para sustentar la presunta interferencia en las labores de control político.

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios señaló que el informe de minoría transcribe la comparecencia de Calero, ante la Comisión de Transparencia. Afirmó que el exfuncionario se limitó a explicar aspectos técnicos de la crisis energética de 2024, pero no respondió las inquietudes relacionadas con los contratos de Progen y ATM, que motivaron su convocatoria.

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Un cruce por la atención de Manzano marca la audiencia

Durante la exposición de Palacios se produjo un intercambio con el titular de la Comisión de Fiscalización y asambleísta oficialista, Ferdinan Álvarez, luego de que la legisladora asegurara que la exministra parecía no prestar atención al desarrollo del juicio político e incluso afirmara que se habría quedado dormida durante la sesión virtual. La asambleísta cuestionó que la exfuncionaria utilizara audífonos y aseguró que no estaba siguiendo los argumentos presentados por los proponentes del proceso.

Álvarez rechazó esas afirmaciones y pidió a la legisladora ceñirse a las pruebas documentales incorporadas al expediente. El legislador sostuvo que observaba a la exministra conectada y despierta durante la sesión, descartó que existieran elementos para afirmar que estuviera dormida.

Tras la intervención del presidente de la Comisión, Palacios insistió en que el audio atribuido a Calero demostraría que Manzano conocía las dificultades del contrato con ATM. La legisladora sostuvo que ese elemento contradice la versión de la exministra sobre su desconocimiento de las irregularidades y reiteró que, por ese motivo, debe responder políticamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que debes saber

• Los legisladores atribuyen a Inés Manzano omisiones en la supervisión del contrato con ATM.
• La Contraloría identificó deficiencias técnicas, administrativas y ambientales en el proyecto.
• El juicio político continuará con el análisis de pruebas en la Comisión de Fiscalización.

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que impulsan el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, centraron sus intervenciones en las presuntas deficiencias detectadas por la Contraloría General del Estado durante la ejecución del contrato emergente para la central termoeléctrica de Esmeraldas. Los legisladores sostuvieron que las observaciones del organismo de control evidencian incumplimientos en la supervisión, el control y el seguimiento de la contratación.

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Cuestionamientos al control del contrato

El legislador del movimiento Revolución Ciudadana, Blasco Luna afirmó que la responsabilidad política de Manzano se configuró durante el tiempo en que ejerció como máxima autoridad del sector eléctrico, entre octubre de 2024 y abril de 2026. A su criterio, la exministra no activó mecanismos efectivos para prevenir las irregularidades pese a que ya existían alertas sobre la ejecución del contrato y el riesgo para los recursos públicos.

Luna también cuestionó que, según su interpretación, Manzano conocía el informe de la Contraloría desde julio de 2025 y no emprendió acciones inmediatas contra la empresa Austral Technical Management (ATM). Agregó que la falta de decisiones oportunas habría impedido ejecutar el cobro de garantías por alrededor de $ 23 millones y permitió que el contratista continuara con el proyecto pese a los incumplimientos.

Por su parte, el asambleísta Lenín Barreto citó el informe de la Contraloría para señalar presuntas falencias técnicas en la ejecución del contrato. Mencionó la ausencia de cronogramas adecuados, deficiencias en la planificación del personal, falta de planos y diagramas técnicos, así como un control insuficiente sobre los materiales requeridos para la obra.

Barreto también sostuvo que el examen especial identificó que el proyecto avanzó sin contar con todos los permisos de construcción y ambientales requeridos. Según expuso, las observaciones evidencian que no se atendieron oportunamente las advertencias relacionadas con la regularización ambiental y la mitigación de impactos durante la administración de Manzano.

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Generadores y supervisión bajo la lupa

En su intervención, la asambleísta Mónica Palacios aseguró que, según el informe de la Contraloría, los generadores ofertados por ATM eran de 2017, pese a que el proceso de contratación exigía equipos con una antigüedad máxima de cuatro años. Además, afirmó que la empresa no presentó las garantías del fabricante y cuestionó que parte de las verificaciones técnicas se realizara mediante videollamadas, en lugar de inspecciones físicas.

Palacios sostuvo que la responsabilidad política atribuida a la exministra no se relaciona con la firma del contrato, sino con la fase de ejecución, supervisión y control del proyecto. La legisladora afirmó que Manzano ya conocía las presuntas deficiencias técnicas y contractuales, pero, según la acusación, no adoptó las medidas necesarias para proteger los recursos públicos ni garantizar el cumplimiento del contrato.

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Conformación de la nueva alianza: "Despierta"

Luzárraga decidió separarse del PSE debido a que, en la provincia del Guayas, los socialistas comprometieron su apoyo al movimiento Amigo (agrupación que alberga al correísmo), según cuenta, a espaldas de ella. 

Esta nueva plataforma electoral, integrada por Unidad Popular, Pachakutik y Futuro 20, descartó previamente cualquier negociación con dicha agrupación.

El enojo del correísmo 

La reconfiguración administrativa de la candidatura generó reacciones inmediatas. El expresidente Rafael Correa calificó públicamente la alianza con Futuro 20 como una "inconsecuencia". Por su parte, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, tildó a la abogada de "candidata chimbadora" y cuestionó la ruptura de los diálogos de las facciones de izquierda.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños", detalló Luzárraga en sus canales oficiales, ratificando su hoja de ruta electoral y rechazando los condicionamientos impuestos por agrupaciones externas para definir la papeleta cantonal.

Sindicalista del IESS provoca roce entre José Julio Neira y el asambleísta Adrián Castro

• José Julio Neira y Adrián Castro se enfrentaron por el caso de Rosa Argudo.
• El secretario Neira aclaró que el pago a la sindicalista responde a una sentencia judicial.
• El IESS deberá pagar un total de 47.915 dólares tras confirmarse el despido ineficaz.

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, y el asambleísta del movimiento ADN, Adrián Castro, protagonizaron este martes 14 de julio de 2026 un tenso roce en la red social X. La disputa digital ocurrió tras las denuncias de Castro sobre la sindicalista del IESS, Rosa Argudo, quien es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario aclaró al legislador oficialista que los montos económicos asignados a la exdirigente corresponden al cumplimiento obligatorio de una sentencia judicial y no a presuntas irregularidades administrativas.

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Disputa entre José Julio Neira y Adrián Castro 

El legislador Adrián Castro inició el cruce con una publicación en sus redes sociales, la cual posteriormente eliminó. En dicho mensaje, el asambleísta denunció públicamente que la sindicalista Rosa Argudo habría conseguido incluirse de forma irregular en un listado para recibir una bonificación por retiro voluntario.

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"¿Cómo alguien se retira voluntariamente cuando salió con despido y ya no es trabajadora? Solicitaremos explicaciones de manera urgente. El IESS no seguirá siendo el botín de esta gente", publicó Adrián Castro, adjuntando imágenes del documento que sustentaba su denuncia.

Horas más tarde, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, respondió de manera directa a través de su cuenta oficial en la plataforma X. El funcionario gubernamental le recordó al asambleísta de ADN que el beneficio económico que recibirá Rosa Argudo es el resultado de un proceso judicial que la sindicalista ganó al IESS, descartando así cualquier tipo de anomalía en la gestión actual de la institución.

Los detalles judiciales del dictamen a favor de Rosa Argudo

El secretario José Julio Neira detalló que la sentencia de primera instancia declaró ineficaz el despido de Rosa Argudo, tras comprobarse su condición de dirigente sindical y su separación unilateral de la entidad. Debido a que la trabajadora manifestó su deseo de no continuar con la relación laboral, la justicia ordenó al IESS el desembolso de los siguientes valores:

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El titular de la Administración Pública añadió que la Corte Provincial rechazó en su momento la apelación presentada por el IESS, ratificando el fallo en todas sus partes. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia tampoco casó la sentencia, argumentando que el pago se encontraba legalmente previsto y que no constituyó una decisión extra petita.

Advertencia de José Julio Neira al asambleísta de ADN

En el cierre de su mensaje, José Julio Neira envió una advertencia al legislador oficialista sobre la obligatoriedad de los fallos judiciales en Ecuador.

"Es importante aclarar que no existe ningún impedimento legal para que esta persona acceda a los beneficios de su jubilación. Como abogado, debes conocer que si no se acata la orden de un juez se puede incurrir en incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente", sentenció José Julio Neira.

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Reacción de Adrián Castro ante las aclaraciones del Ejecutivo

Al ser consultado por Diario EXPRESO sobre esta inusual fricción entre dos figuras vinculadas al oficialismo, el asambleísta Adrián Castro minimizó la confrontación. El legislador se limitó a señalar que la intervención del secretario de Estado sirvió para precisar que los fondos de Rosa Argudo pertenecen a su jubilación por retiro voluntario y no a un bono extraordinario.

Asimismo, Adrián Castro negó de forma categórica que el retiro de su publicación se debiera a reclamos o presiones por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. "Para nada, el Gobierno siempre estará en contra de las mafias que durante décadas hacían de las suyas", concluyó el representante de la bancada de ADN.

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El caso de Rosa Argudo en el IESS de Cuenca

Rosa Argudo se desempeñó como una influyente dirigente sindical del IESS en la provincia de Azuay. Su nombre tomó relevancia en la opinión pública nacional durante el año 2024, cuando la Fiscalía General del Estado inició investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.

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Este 15 de julio de 2026, en Quito, enfrentará una audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito. El caso está a cargo del juez Jairo Alejandro García Mosquera, de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

Lo que debes saber 

• La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 00045-A y convocó a una audiencia pública.
• El Ministerio de Educación tendrá 15 días para responder.
• La UNE sostiene que la medida vulnera derechos laborales y de la niñez.

La Corte Constitucional admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la CONASEP y la UNEM contra el Acuerdo Ministerial 00045-A, que dispone actividades los sábados para docentes y estudiantes. Además, el máximo organismo de control constitucional convocó a una audiencia pública para continuar con el proceso.

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UNE presenta demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone actividades los sábados

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La demanda quedó registrada bajo el caso No. 120-26-IN. Con la admisión, la Corte otorgó 15 días al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que intervenga dentro del proceso y presente los argumentos con los que defenderá o impugnará la constitucionalidad del acuerdo ministerial.

En el comunicado difundido este 14 de julio, la UNE informó que la audiencia pública fue convocada para el 20 de julio, a las 11:00, y se desarrollará de forma telemática como parte del trámite constitucional.

Demanda contra el Acuerdo Ministerial 00045-A avanza en la Corte Constitucional

La organización sostuvo que la resolución judicial representa un avance dentro del proceso y destacó que el expediente podría recibir un tratamiento prioritario para acelerar su resolución. Según indicó, la admisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la causa, pero sí permite que el trámite continúe.

Como parte del comunicado, la UNE citó el contenido del numeral 23 del auto de admisión emitido por la Corte Constitucional: "Este tribunal sugiere que el caso sea puesto en conocimiento del Pleno para el adelanto del ordenador cronológico para la resolución de la causa".

La organización sindical reiteró que, a su criterio, el Acuerdo Ministerial 00045-A vulnera derechos laborales del magisterio y afecta el interés superior de niños y adolescentes al modificar la distribución de la jornada escolar y docente.

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UNE sostiene que el acuerdo vulnera derechos laborales

En su pronunciamiento, la UNE argumentó que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establecen una jornada ordinaria de 40 horas semanales, distribuida de lunes a viernes, por lo que considera que el mecanismo previsto en el acuerdo representa un cambio regresivo para el sector educativo.

El comunicado también señala que la medida afectaría la conciliación entre la vida familiar y laboral de los docentes y que, desde la perspectiva del gremio, no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo.

Además, la organización informó que la comunidad educativa permanecerá atenta a las acciones que se desarrollen antes de la audiencia y anunció que convocará movilizaciones en torno al proceso judicial. En el documento afirmó: "La Corte Constitucional ha convocado a las partes procesales a audiencia pública para el lunes 20 de julio de 2026 a las 11:00 de forma telemática".

Lo que debes saber

• La acusación se basa en presuntas omisiones durante la ejecución de un contrato eléctrico emergente.
• La Contraloría habría identificado observaciones en la contratación y en los controles del proceso.
• La Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe para que el Pleno decida los siguientes pasos.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este martes el trámite del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano. La primera intervención estuvo a cargo de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, quien sustentó la acusación al señalar que la exfuncionaria habría incumplido sus deberes constitucionales de supervisión, control y protección de los recursos públicos durante la ejecución de un contrato emergente para generación eléctrica.

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Los cuestionamientos al contrato con ATM

Palacios sostuvo que el proceso se centra en las actuaciones y omisiones de Manzano cuando ya ejercía la rectoría del sector eléctrico. Según expuso, la exministra no habría adoptado medidas para frenar presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato suscrito entre Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM), pese a que existían alertas técnicas, jurídicas e institucionales sobre posibles incumplimientos.

Durante su exposición, la legisladora afirmó que uno de los principales cuestionamientos radica en los desembolsos realizados a favor de la contratista antes de que se verificara el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas. Indicó que, tras una modificación al esquema de pagos, Celec EP transfirió aproximadamente 71,4 millones de dólares mientras el proyecto acumulaba retrasos y persistían dudas sobre la capacidad técnica y financiera de la empresa.

La proponente del juicio también señaló que, bajo la administración de Manzano, el contrato recibió prórrogas que extendieron su ejecución más allá del plazo originalmente previsto para atender la emergencia eléctrica. A su criterio, esas decisiones permitieron que continuara la ejecución contractual sin que se reforzaran los mecanismos de supervisión, pese a las advertencias que ya circulaban sobre el proceso.

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El informe de la Contraloría como sustento

Como uno de los principales fundamentos de la acusación, Palacios citó el informe de examen especial aprobado por la Contraloría General del Estado, el 14 de julio de 2025. Según explicó, el organismo de control identificó deficiencias en la definición de la necesidad contractual, irregularidades en la selección de la contratista, falencias en las garantías técnicas y una supervisión insuficiente durante la ejecución del contrato.

La legisladora argumentó que el juicio político no busca establecer responsabilidades penales o administrativas, sino determinar si la exministra incumplió las funciones que le asignan la Constitución y la ley. En ese sentido, sostuvo que la máxima autoridad del sector tenía la obligación de corregir las irregularidades detectadas, proteger el patrimonio público y evitar que continuaran los desembolsos mientras persistían las observaciones sobre el contrato.

Con el inicio de la sustanciación, la Comisión de Fiscalización continuará recibiendo las pruebas y los argumentos de las partes involucradas en el proceso. Una vez concluida esta etapa, los integrantes de la mesa legislativa elaborarán un informe con una recomendación para el Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que resolverá si continúa el trámite del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La decisión llega después de que el Plan Fénix, la estrategia insignia con la que Noboa llegó al poder para enfrentar al crimen organizado, dejara de ser mencionado por el propio Gobierno y sus principales autoridades.

Una nueva hoja de ruta

El nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 9 de marzo de 2026 y, con el decreto presidencial, pasa a convertirse en la política pública que deberán aplicar las instituciones responsables de la seguridad.

Su implementación estará a cargo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que deberán coordinar acciones dentro de sus respectivas competencias.

El decreto también deroga el Decreto Ejecutivo 1331 de 2021, mediante el cual se había declarado como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030.

¿Qué significa declararlo como política pública?

La declaratoria convierte al Plan Nacional de Seguridad Integral en la guía oficial que orientará la actuación del Estado en materia de seguridad durante el período 2025-2029.

El documento fija objetivos nacionales, identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y establece las líneas estratégicas que deberán ejecutar las entidades públicas involucradas.

Entre sus ejes están la lucha contra el crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia, la cooperación internacional, la recuperación del control territorial, la gestión de riesgos y la ciberseguridad.

El Plan Fénix desapareció del discurso oficial

El Plan Fénix prácticamente desapareció del discurso del Gobierno.

En junio de 2025, EXPRESO publicó un análisis en el que evidenció que ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Defensa, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas hacían ya referencia a esa estrategia durante sus comparecencias públicas.

Consultados por este Diario, expertos en seguridad coincidían en que el Plan Fénix nunca pudo evaluarse porque sus objetivos y metas nunca fueron públicos.

El exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, señaló entonces que existían dudas incluso sobre su estructura real, mientras que la investigadora Carla Álvarez afirmaba que era imposible medir resultados de un plan cuyo contenido no se conocía.

Por su parte, Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, sostuvo que, independientemente del nivel de reserva del plan, sus objetivos debieron transparentarse para que la ciudadanía pudiera evaluar si estaba cumpliendo con reducir la criminalidad.

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La última defensa pública del Plan Fénix

La última vez que Noboa se refirió públicamente al Plan Fénix fue el 9 de abril de 2026, durante una entrevista en Radio Farra, en Portoviejo. En esa ocasión rechazó las críticas que señalaban que la estrategia había perdido vigencia y aseguró que no se trataba de un proyecto temporal. "El Plan Fénix no fue un plan de 15 minutos", afirmó, al sostener que su enfoque estaba basado en la resiliencia del Estado frente a las dinámicas del crimen organizado.

El mandatario explicó que, a su juicio, fenómenos como el narcotráfico y la minería ilegal responden a ciclos. "El Plan Fénix habla de la resiliencia del Estado frente a los ciclos criminales. Hay picos altos y caídas; el mismo tráfico de drogas es cíclico, lo mismo ocurre con la minería ilegal y el precio del oro", señaló.

Desde entonces, el Gobierno no volvió a hablar públicamente sobre el Plan Fénix.

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Una estrategia más amplia

A diferencia del Plan Fénix, cuyo contenido nunca fue difundido oficialmente, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral consta de 192 páginas y desarrolla un diagnóstico sobre las amenazas que enfrenta el país.

Entre ellas identifica al crimen organizado transnacional, las economías ilícitas, la corrupción, la minería ilegal, los ciberataques, la ciberdelincuencia y los riesgos asociados al conflicto armado interno.

El documento también incorpora capacidades estratégicas como la ciberdefensa, la protección de infraestructura crítica, la innovación tecnológica y la cooperación internacional como parte de la política de seguridad del Estado.

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En conflicto interno permanente

La decisión se adopta mientras el país continúa bajo la declaratoria de conflicto armado interno emitida en 2024 para enfrentar a las bandas criminales, a las que el Ejecutivo cataloga como organizaciones terroristas.

Pese a esa estrategia, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, la cifra anual más alta registrada en el país, según datos del Ministerio del Interior citados por EFE.

Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Gobierno institucionaliza una nueva estrategia oficial de seguridad, con objetivos, amenazas y responsabilidades definidas en un documento público, dejando atrás el Plan Fénix, cuya estructura y contenidos nunca fueron divulgados oficialmente.

Lo que debes saber 

• Inés Manzano participó de manera virtual en la sesión de la Comisión de Fiscalización donde avanza el juicio político en su contra.
• Su comparecencia ocurrió mientras se desarrollaba la etapa de presentación de pruebas documentales.

La exministra de Energía, Inés Manzano, asistió este martes de manera virtual a la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde continúa el juicio político en su contra por el caso ATM. Su participación se produjo durante la etapa de reproducción de la prueba documental presentada dentro del proceso legislativo.

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La comparecencia telemática de la exfuncionaria ocurrió después de que existieran dudas sobre su presencia en la audiencia. Horas antes del inicio de la sesión no estaba confirmado si acudiría presencialmente, mediante videoconferencia o si únicamente actuarían sus abogados durante la diligencia.

La participación de Manzano se desarrolló mientras la Comisión continuó con la incorporación de documentos, audios y videos presentados por las partes, paso previo a la práctica de los testimonios contemplados dentro del juicio político.

Ferdinand Álvarez había anticipado que su presencia no era obligatoria

Antes del inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, explicó que la legislación vigente no obliga a la exministra a asistir físicamente al desarrollo del juicio político, debido a un vacío existente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

"No es obligatorio, lastimosamente. Si usted lee la ley, va a percatarse que existe un vacío al respecto. Lo que nosotros no podemos soslayar es evitar que ella se defienda. Ese ejercicio del derecho a la defensa está constitucionalmente garantizado", indicó.

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Álvarez también había señalado que una de las posibilidades era que Manzano siguiera la audiencia mediante plataformas digitales, alternativa que finalmente se concretó durante la sesión de este martes.

"Veamos qué pasa hoy día, si ella está conectada, si ella está presente, si están los abogados, si hay procuración judicial. No lo sé. Porque también se puede conectar a través del Zoom", concluyó.

Las claves que debes saber

• Judicatura advierte que acciones de protección podrían retrasar concurso de jueces CNJ en 2026.
• Mercedes Caicedo anunció que no hay cronograma fijo por posibles impugnaciones de postulantes.
• CJ busca firmas externas para pruebas de confianza y transparentar designación de magistrados.

El plazo para designar a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) podría variar. Así lo manifestó Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), respecto al tiempo que tomará el proceso de selección de los magistrados, el cual no tendría una fecha fija debido a las eventuales acciones de protección que, posiblemente, presentarían los postulantes que no estén de acuerdo con las eventuales resoluciones del concurso de magistrados.

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Según dijo la titular del organismo este 14 de julio de 2026, durante una entrevista con Teleamazonas, los jueces concluirán su período de funciones en enero y febrero de 2027, de allí que se ha planteado concluir el concurso en inicios del próximo año. 

La Judicatura ya aprobó el reglamento para avanzar en la designación de los magistrados y estableció un calendario. Sin embargo, el proceso se podría alargar porque "las acciones de protección paran los concursos en general e impiden que se pueda tener cronograma fijo. Esa es una posibilidad", anticipó.

La Corte Nacional de Justicia está conformada por 21 jueces, quienes están distribuidos en seis salas especializadas y se mantendrán durante nueve años en funciones. En años anteriores la Judicatura se propuso desarrollar el proceso, pero fracasó dos veces. 

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La prueba de confianza, el tema conflictivo

La última convocatoria se realizó en 2021 y "se cayó por un punto en particular que es la prueba de confianza, por eso requerí a la Corte que se pronuncie para dar garantías de cómo realizarla, que permita que a los postulantes no confiables se los excluya y continuar con los que sí cumplen los requisitos", explicó Caicedo.

Para evitar que ese inconveniente se repita, Caicedo aseguró que la Judicatura está "buscando a personas jurídicas (empresas) que no sean de papel, sino que sean firmas reconocidas, con renombre, que nadie pueda intervenir en esa prueba de confianza". 

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Aclaró que, si bien el Pleno del Consejo, integrado por la titular y los vocales Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y Damián Larco y Magaly Ruiz, es el involucrado en el proceso, junto a la Dirección General y a Talento Humano, "las empresas externas se encargarán de las que pruebas de confianza, brindarán el servicio y entregarán la información", de forma que esos test "no se realicen de forma empírica, que quien la haga, la realice con la experiencia que se necesita y que los resultados sean confiables", indicó.

Judicatura tiene otro concurso en la mira

La funcionaria contó que el Pleno analiza los recursos para llevar a cabo el proceso de selección, el cual tendrá ocho eta­pas: con­vo­ca­to­ria, pos­tu­la­ción, cali­fi­ca­ción de méri­tos, exa­men de con­fianza, prueba psi­co­ló­gica, fase de impug­na­ción ciu­da­dana, opo­si­ción y audien­cia pública.

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"Quizá se modificará el presupuesto (de 2026) para que existan los recursos para el concurso", agregó antes de anunciar que el organismo ha mantenido diálogos con el Ministerio de Finanzas para el presupuesto de 2027, con el fin de desarrollar también la designación de aproximadamente 800 vacantes de jueces a nivel nacional.

La presidenta ofreció transparentar el concurso. Aseguró que expondrá la información de los participantes "para que la ciudadanía sepa quién será ese futuro juez, para así tener legitimidad e idoneidad", resaltó.

Lo que debes saber

• La asambleísta Mónica Palacios aseguró que existe una persecución política en su contra tras presentar el juicio político contra Inés Manzano.
• La legisladora cuestionó una notificación realizada durante la sesión del Pleno y vinculó el hecho con el caso ATM.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, informó que fue notificada por una funcionaria judicial durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este 14 de julio. La legisladora aseguró que el hecho ocurrió después de presentar el juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por el caso ATM, y sostuvo que se trata de una persecución política en su contra.

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Palacios afirmó que la notificación se produjo dentro del hemiciclo y cuestionó que una funcionaria perteneciente a otro poder del Estado ingresara al Pleno para realizar esa diligencia. Según dijo, el procedimiento no corresponde legalmente y responsabilizó al presidente de la Asamblea por haber permitido el ingreso.

"Por presentar el juicio político en contra de la señora Inés Manzano, en este momento ADN me está persiguiendo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional", indicó.

Mónica Palacios denuncia persecución política

Durante una rueda de prensa, la legisladora aseguró que el presidente del Legislativo actuó respondiendo a intereses del presidente Daniel Noboa y afirmó que la diligencia judicial forma parte de una estrategia para intimidarla por impulsar el proceso de fiscalización contra la exministra.

"El presidente de la Asamblea Nacional, respondiendo directamente a los intereses del señor Daniel Noboa, dejó que ingrese una funcionaria de otro poder del Estado, del poder judicial, para supuestamente citarme cuando eso legalmente no se puede hacer."

Palacios insistió en que las acciones emprendidas en su contra tienen un trasfondo político y las relacionó directamente con la investigación legislativa que impulsa alrededor de los contratos de generación eléctrica.

"Continúan persiguiéndome políticamente por develar la corrupción dentro del gobierno del señor Daniel Noboa", señaló. 

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Juicio político contra Inés Manzano continúa en la Comisión

Mientras la legisladora realizó estas declaraciones, la Comisión de Fiscalización avanzó con la etapa de reproducción de pruebas dentro del juicio político contra Inés Manzano. El presidente de la mesa, Ferdinand Álvarez, confirmó previamente que la presencia de la exministra durante esta fase del proceso no es obligatoria, debido a un vacío existente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Álvarez explicó que actualmente la Comisión recibe la prueba documental presentada por los interpelantes y posteriormente continuará con la práctica de los testimonios. También señaló que Manzano ya ejerció su derecho a la defensa mediante un escrito presentado junto con sus abogados y que incluso podría intervenir de forma virtual.

El titular de la Comisión estimó que, por la cantidad limitada de pruebas y testimonios incorporados al expediente, el informe sobre el juicio político podría quedar listo alrededor del 23 de julio, antes de ser remitido al Pleno para que continúe el trámite legislativo.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, destrabará concurso para Fiscal General

• El CPCCS reactivará esta semana el estancado concurso para elegir al nuevo fiscal general.
• Si los consejeros no mocionan el informe el miércoles, habrá sesión extraordinaria el jueves.
• Fantoni desestimó las críticas de la Misión de Observación al no estar registrada formalmente.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, confirmó a Diario EXPRESO que esta semana se destrabará el concurso para fiscal general del Estado en Ecuador. El proceso, que permanece estancado desde inicios de junio de 2026 por la falta de aprobación de un informe de méritos, se reactivará mediante una sesión ordinaria del Pleno este miércoles 15 de julio de 2026 o a través de una convocatoria extraordinaria el jueves 16 de julio de 2026.

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Concurso para elegir al nuevo fiscal general sigue estancado en el Cpccs

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Las dos vías para reactivar el concurso de fiscal general

El proceso de selección se encuentra suspendido desde los primeros días de junio de 2026, luego de que el Pleno del CPCCS no alcanzara los consensos necesarios para aprobar el informe de calificación de méritos elaborado por la Comisión Ciudadana de Selección.

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Para superar este bloqueo, Andrés Fantoni ha diseñado una estrategia basada en dos escenarios legislativos consecutivos:

Sin inconvenientes internos en el Pleno

El titular del CPCCS enfatizó que el Pleno no tiene ningún impedimento normativo o técnico para volver a tratar el documento de evaluación. Asimismo, recordó que la inactividad de las últimas semanas no dependía exclusivamente de su presencia: "¿O sea que si yo me muero se muere el concurso de fiscal?".

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Con esta declaración, el funcionario insistió en que cualquier miembro del consejo directivo pudo haber tomado la iniciativa de retomar el proceso durante el periodo en que él no estuvo en funciones.

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Postura frente a la Misión Internacional de Observación

El titular del CPCCS también reaccionó ante los cuestionamientos de la Misión Internacional de Observación, delegación que advirtió sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso y recomendó repetirlo desde el inicio.

Al respecto, Andrés Fantoni restó validez legal a dichos señalamientos bajo el argumento de que este grupo no cumple con las formalidades requeridas en Ecuador:

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Descarte de presuntos cálculos políticos

Finalmente, la máxima autoridad del CPCCS rechazó de manera categórica que las demoras y bloqueos en el concurso para fiscal general del Estado respondan a intereses de actores externos o coyunturas electorales, en referencia a los próximos comicios de finales de año. "No hay cálculos políticos", dijo.

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El titular de la institución concluyó asegurando que las elecciones de noviembre de 2026 no tienen influencia sobre las decisiones del Pleno, y ratificó el compromiso de que el concurso siga el curso institucional que le corresponde.

Lo que se sabe

• Mónica Luzárraga anunció que no buscará la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el partido Socialista sino por otras agrupaciones
• Su decisión fue criticada por el exmandatario Rafael Correa y la presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira
• La precandidata aseguró que el correísmo busca un bipartidismo donde solo gobiernen correísmo y ADN

La precandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Mónica Luzárraga, respondió a los cuestionamientos que le hizo, este martes 14 de julio de 2026, el expresidente de la República, Rafael Correa, luego de que ella anunció que ya no terciará por el partido Socialista para las elecciones seccionales.

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Luzárraga había anunciado que ya no iría con esa agrupación para la candidatura para las elecciones del próximo 29 de noviembre sino que seguiría con la denominada Mesa de Unidad, en la que participan los movimientos Unidad Popular, Pachakutik y Futuro 20.

Esto fue cuestionado por Correa quien, en su cuenta de la red social X, rechazó que la precandidata tenga el apoyo de "Futuro 20, antes Democracia Sí, partido del sinvergüenza y eterno perdedor Gustavo Larrea, alter ego de Lenin Moreno. ¡Cuánta inconsecuencia! Una lástima".

En mayo pasado, el exmandatario descartó a Luzárraga como posible candidata del correísmo para la Alcaldía porque dijo que no tendría el respaldo de las bases. A fines de junio, optaron por el asambleísta Juan Pablo Molina.

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Juan Pablo Pérez Tomalá

"No deberían ser tan castigadores con una alianza local"

Luzárraga contestó a Correa en la misma red social y le preguntó: "¿Tanto miedo les causa el diálogo y la unidad con los distintos sectores del país?".

"Fue la Revolución Ciudadana y no Mónica Luzárraga, estimado presidente, quien votó con ADN (movimiento oficialista Acción Democrática Nacional) la reforma al Código de la Democracia, para fortalecer el bipartidismo en perjuicio de las organizaciones chicas. Creo que no deberían ser tan castigadores con una alianza local para defender la ciudad de los piratas que la tienen secuestrada", escribió la precandidata.

"Considero que no caben los purismos frente a la espantosa realidad que vivimos los guayaquileños y ecuatorianos. Y me ratifico en mi hoja de ruta por la Unidad. Esto no es un pacto de Tixán que fracasará. Se lo aseguro", agregó Luzárraga en referencia al acuerdo que Revolución Ciudadana y Pachakutik hicieron, en marzo del 2025, para respaldar la candidatura presidencial de Luisa González.

No es momento de resentimientos, es momento de unificar a todos los sectores desde la izquierda a la centro derecha, para defender Guayaquil". 
Mónica Luzárraga en respuesta a Rafael Correa

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Gabriela Rivadeneira llamó "chimbadora" a Mónica Luzárraga

Antes de las críticas de Correa, los cuestionamientos a la decisión de Luzárraga fueron de la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, quien la llamó "candidata chimbadora".

"Suena muy raro. Hace pocas semanas, Mónica había aceptado ser candidata dentro de la unidad en contra del Gobierno #TodosMenosADN. Ayer nos mandó un mensaje rompiendo la unidad y hoy también rompe su acuerdo con el PSE", comentó Rivadeneira, en la red social X.

La dirigente también lamentó que la precandidata se haya involucrado con Futuro 20. "En lugar de aceptar ser la concejala de la unidad, decidió ser la candidata chimbadora (muy mal asesorada). Deja en duda si esta decisión es en acuerdo con el Gobierno", añadió.

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En la misma red social, Luzárraga le respondió a Rivadeneira y aseguró que el correísmo se habría reunido con Gustavo Larrea, a sus espaldas, para proponerle que sea aspirante a concejal y no a alcaldesa.

Luzárraga acusó al correísmo de querer decidir "quién puede o no ser alcalde de la unidad. Todo el que no se someta a esa decisión será catalogada como chimbador".

Además, aseguró que el correísmo busca un bipartidismo en el que solo existan las candidaturas de ADN y Revolución Ciudadana. "Para eso reformamos con ellos el Código de la Democracia", añadió.

Finalmente, Luzárraga posteó una captura del chat que mantuvo con la dirigente correísta Sofía Espín, en la que mencionó su deseo de llegar a un acuerdo con el correísmo, algo que finalmente no se consiguió.

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