Lo que debes saber

• Piedad Cuarán rechaza suspender el concurso de la Fiscalía por provocar parálisis institucional.
• Consejera exige informe de recursos antes de continuar con la selección de Fiscal General.
• La falta de un consejero en el Pleno del CPCCS afecta la toma de decisiones clave.

La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Piedad Cuarán, manifestó su desacuerdo con la propuesta de suspender los términos y plazos del concurso para fiscal general del Estado. Según la funcionaria, la medida solicitada por la Comisión Ciudadana de Selección no garantiza la continuidad del proceso, sino que provocaría su paralización, afectando directamente los principios de celeridad, eficiencia y eficacia de la administración pública en Ecuador.

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Exigen criterios jurídicos e informes técnicos

Para la consejera, la transparencia del proceso depende del cumplimiento estricto de los requisitos legales y no de la suspensión de los plazos establecidos. Por ello, consideró pertinente que la presidencia del organismo solicite de manera inmediata un criterio técnico a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para que sea analizado detenidamente por los despachos de todos los consejeros antes de ser tratado formalmente por el Pleno.

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Asimismo, Piedad Cuarán aclaró que no existe una falta de pronunciamiento por parte del Pleno del CPCCS, puesto que la Secretaría General cuenta con las actas que reflejan la no aprobación del informe final de méritos y recalificación debido a una evidente falta de motivación legal, una situación que debió ser comunicada formalmente a la comisión técnica de forma oportuna.

Requisitos clave para la designación de Fiscal

Para dar continuidad a las siguientes fases del concurso público, la funcionaria detalló que es indispensable contar de forma previa con la documentación de soporte que valide la legalidad del proceso:

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Finalmente, Cuarán enfatizó que la falta de un integrante en el pleno del CPCCS altera el normal funcionamiento de la institución y la adopción de decisiones de trascendencia, pero aclaró que esto no justifica detener las etapas de selección de la máxima autoridad judicial.

Consejeros suplentes fueron posesionados

La Asamblea Nacional posesionó el 7 de julio de 2026 a tres consejeros suplentes del CPCCS. Jhonny Escobar,  Andrés Mendoza y Roger Vallejo fueron posesionados por el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres. De acuerdo con el orden de prelación establecido por la votación alcanzada en 2023, Escobar deberá ser principalizado en el Pleno del CPCCS para ocupar el puesto que dejó Roberto Gilbert.

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Roberto Gilbert renunció a su cargo en el CPCCS tras ser captado, en medio de una sesión del Pleno, junto al postulante a fiscal general y exministro de Gobierno, José De La Gasca. Sin embargo, Gilbert justificó su renuncia al señalar que se retiraba “porque en ningún orden del día se habló de la salud”.

Lo que se sabe

• El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue llevado de urgencia desde la cárcel del Encuentro hasta una clínica privada al sur de la ciudad
• El funcionario, detenido por posible lavado de activos, tiene afectaciones por cálculos en la vesícula y una condición cardíaca de riesgo
• Afuera del centro médico acudieron simpatizantes y un concejal

Un grupo de simpatizantes del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se concentró este miércoles 8 de julio de 2026 afuera de la clínica privada hasta donde fue trasladado desde la cárcel del Encuentro.

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El funcionario habría sido trasladado por complicaciones de salud. Según su defensa, tiene cálculos en la vesícula y condiciones cardíacas de riesgo. 

Entre las personas que se aglomeraron afuera del centro médico, con cárteles en los que se veía la foto de Álvarez, estaba el concejal Fabián Espín Espinoza, del movimiento Revolución Ciudadana.

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¿Cuál es la situación legal de Aquiles Álvarez?

Uno de los casos por los que se investiga al alcalde se denomina Goleada, en el que se lo acusa de cometer el delito de lavado de activos.

El pasado lunes, un juez dictó prisión preventiva en contra del alcalde y de sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, por este caso.

También se ordenó la incautación de la vivienda en la que residía el alcalde junto a su familia, ubicada en Samborondón, y se les dio un plazo de 15 días para que la desocupen.

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La posible encargatura de Machuca se da luego de que Macas fuera detenido el 6 de julio de 2026 durante un operativo ejecutado por las autoridades y trasladado, el 8 de julio de 2026, al Centro de Privación de Libertad de Latacunga, después de que un juez dictara prisión preventiva en su contra.

Ante este escenario, la trayectoria política de Machuca cobra relevancia, pues por su condición de vicealcaldesa sería quien asumiría las funciones del despacho municipal mientras se define la situación administrativa de Macas.

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Jenny Machuca, una abogada que llegó a la política local

Jenny Machuca es abogada de profesión y llegó por primera vez a un cargo de elección popular en las elecciones seccionales de 2023, cuando fue elegida como concejal de Machala.

Su candidatura estuvo respaldada por el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento SUR, agrupación vinculada al prefecto de El Oro, Clemente Bravo.

Tras la instalación del nuevo Concejo Cantonal, Machuca fue elegida como vicealcaldesa de Machala durante la primera sesión del organismo. Posteriormente, en mayo de 2025, fue ratificada en esa dignidad.

Antes de incursionar en la política electoral, Machuca ejerció su profesión como abogada. Su participación en los comicios de 2023 marcó su primer paso dentro de una candidatura de elección popular.

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Su trayectoria dentro del Partido Social Cristiano

Además de su cargo en el Municipio de Machala, Machuca ha tenido participación dentro de la estructura del PSC. En febrero de 2026 fue designada como directora cantonal de la organización política en Machala.

En las primarias del PSC realizadas el 28 de junio de 2026, fue seleccionada como precandidata para participar por la misma dignidad en las elecciones seccionales adelantadas de 2027.

Durante su carrera política ha mantenido cercanía con dirigentes de esa organización, entre ellos el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y la legisladora Dallyana Passailaigue.

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La posible llegada de Machuca al despacho municipal

La eventual llegada de Jenny Machuca a la Alcaldía dependerá de las decisiones administrativas que adopte el Concejo Cantonal tras la solicitud presentada por Darío Macas para acogerse a un período de vacaciones de 30 días.

El pedido será tratado por el Concejo Cantonal en una sesión convocada para este miércoles 8 de julio de 2026 a las 16:00, según confirmó el concejal Darwin Cárdenas al diario local Correo.

Mientras se resuelve la situación de Macas, la vicealcaldesa se perfila como la autoridad encargada de asumir la conducción temporal del Municipio de Machala, una función que pondría a prueba su experiencia dentro de la administración pública local.

Desde las primeras horas, policías y militares se desplegaron tanto en los exteriores como en el interior de la casa de salud para resguardar al funcionario, quien fue llevado desde la cárcel del Encuentro tras presentar una descompensación en su estado de salud.

Los accesos al establecimiento permanecen bajo vigilancia permanente y el ingreso está controlado por personal de seguridad, mientras decenas de uniformados custodian el perímetro.

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La esposa y uno de sus abogados ya llegaron a la clínica

Alrededor de las 11:30, la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, arribó a la clínica para conocer el estado de salud de Álvarez.

Minutos después también ingresó Julio César Cueva, integrante del equipo jurídico que ejerce su defensa, quien busca obtener información sobre la evaluación médica que se le practica al alcalde.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones a la prensa.

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El estado de salud sería estable

De manera preliminar, EXPRESO conoció que, tras ser ingresado al centro médico, Aquiles Álvarez fue estabilizado.

No obstante, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) ni la clínica han emitido un informe oficial sobre el diagnóstico del alcalde o las razones específicas que motivaron su traslado.

La defensa ha sostenido que la emergencia estaría relacionada con los cálculos en la vesícula que venía padeciendo el alcalde y por los que había solicitado atención médica especializada. También ha señalado que Álvarez ha perdido cerca del 35 % de su peso corporal desde que ingresó a prisión y que presenta una condición cardíaca.

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Continúa bajo custodia

Aunque recibe atención médica en una clínica privada, Aquiles Álvarez permanece bajo custodia de agentes penitenciarios, por lo que el operativo de seguridad se mantiene tanto dentro como fuera del establecimiento.

El alcalde cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro dentro del caso Goleada, mientras enfrenta otros procesos judiciales que continúan en investigación.

Se espera que durante las próximas horas el SNAI o el equipo médico informen oficialmente sobre el estado de salud del alcalde y determinen si permanecerá hospitalizado o será trasladado nuevamente al centro penitenciario.

Simpatizantes se concentran en los exteriores de la clínica

Mientras Álvarez permanece bajo atención médica, alrededor de 50 simpatizantes del alcalde se congregaron en los exteriores de la clínica del sur de Guayaquil a la que fue trasladado la mañana de este miércoles.

Los asistentes permanecieron en el lugar a la espera de información oficial sobre el estado de salud del burgomaestre y expresaron su respaldo con consignas como: "Aquiles, el pueblo está contigo", "Aquiles valiente, el pueblo está presente" y "Vivo lo entregamos, vivo lo queremos".

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La concentración se desarrolló bajo un fuerte resguardo policial y militar. Los uniformados mantuvieron controlados los accesos a la casa de salud, mientras familiares, abogados y personas cercanas al alcalde ingresaban al establecimiento para conocer su evolución médica.

Hasta el cierre de esta edición, el SNAI no había emitido un informe oficial sobre el diagnóstico de Álvarez ni sobre el tiempo que permanecerá bajo observación médica.

Lo que se sabe

• La tarde de este miércoles 8 de julio está prevista una sesión para analizar el pedido de 30 días de vacaciones presentado por Darío Macas.
  
• Si el Concejo aprueba la ausencia temporal del alcalde, la vicealcaldesa quedaría al frente del Municipio de Machala.
  
• El Concejo queda dividido con 5 votos para el PSC y aliados, 5 para el bloque cercano a Macas y 1 para AFE, por lo que los acuerdos serán decisivos.

La prisión preventiva dictada contra el alcalde de Machala, medida vinculada a un presunto caso de enriquecimiento ilícito, obliga al Concejo Municipal a definir quién asumirá la administración de la ciudad y cómo se reorganizarán las fuerzas internas para garantizar la gobernabilidad.

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), la vicealcaldesa Jenny Machuca Granda es la primera autoridad llamada a reemplazar al alcalde en caso de ausencia temporal. 

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Sin embargo, antes de que esto se concrete, el Concejo deberá resolver la solicitud de Macas de acogerse a 30 días de vacaciones. Para ello, se convocó a una sesión extraordinaria este miércoles 8 de julio, donde se tratará oficialmente el pedido.

Un Concejo con fuerzas divididas

El Concejo Municipal de Machala está integrado por 11 ediles. Aunque Macas fue reelecto por la alianza 5-77 (Revolución Ciudadana y PLAN), durante su gestión se distanció del correísmo y buscó acuerdos con otros sectores.

Actualmente, el bloque con mayor representación es el del Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, con cinco votos, entre ellos el de Jenny Machuca. La alianza 5-77 conserva también cinco curules, mientras que el movimiento Amor, Fe y Esperanza (AFE) cuenta con un único representante, Darwin Cárdenas, tras la salida de Carlos García.

El reto de la gobernabilidad

La nueva configuración deja al Concejo dividido en tres bloques: cinco votos para el PSC y aliados, cinco para el entorno de Macas y uno para AFE. Ningún grupo tiene mayoría propia, lo que convierte los acuerdos políticos y el voto independiente en factores decisivos para la aprobación de resoluciones.

En este caso, la figura de Jenny Machuca cobra relevancia como posible autoridad encargada de la Alcaldía, siempre que el Concejo apruebe la ausencia temporal de Macas. Su rol será clave para mantener la estabilidad administrativa mientras avanza el proceso judicial contra el alcalde.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el diagnóstico del funcionario ni ha explicado las razones médicas que motivaron su traslado.

Sin embargo, EXPRESO conoció que el operativo se realizó alrededor de las 08:00, cuando agentes penitenciarios sacaron al alcalde de su celda debido a su estado de salud. Fuentes consultadas por este Diario señalaron que Álvarez llegó descompensado al centro médico y que fue estabilizado tras recibir atención.

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La defensa atribuye la emergencia a problemas de salud ya conocidos

El equipo jurídico del alcalde sostiene que la emergencia estaría relacionada con los cálculos en la vesícula que venían denunciando desde semanas atrás.

Su abogado, Ramiro García, ha manifestado previamente que el estado de salud de Álvarez se ha deteriorado desde su ingreso a prisión preventiva y aseguró que ha perdido aproximadamente el 35 % de su peso corporal. Además, indicó que el alcalde presenta una condición cardíaca, lo que, según la defensa, incrementa los riesgos para su salud.

Por su parte, el abogado Julio César Cueva indicó que el traslado tendría como finalidad la realización de exámenes médicos especializados para evaluar la evolución de esa afección.

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Permanece bajo custodia

Pese a su traslado a la clínica, Álvarez continúa bajo custodia del SNAI, ya que la medida responde únicamente a una atención médica de emergencia y no modifica su situación jurídica.

El alcalde permanece con prisión preventiva dentro del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta red relacionada con lavado de activos y otros delitos. Además, enfrenta otros dos procesos penales, conocidos como Triple A y Grillete, que se encuentran en distintas etapas judiciales y en los que no existe una sentencia ejecutoriada.

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La emergencia ocurre dos días después de una decisión judicial

La descompensación se produjo apenas dos días después de que un juez ratificara la prisión preventiva contra Álvarez y sus hermanos dentro del caso Goleada.

En esa misma resolución también se dispuso mantener la incautación de bienes vinculados al proceso, entre ellos la vivienda donde residía el alcalde junto a su familia en Samborondón y varios vehículos.

Hasta el cierre de esta edición, ni el SNAI ni el centro médico habían informado oficialmente el diagnóstico de Aquiles Álvarez, mientras su equipo de abogados permanecía a la espera de los resultados de los exámenes realizados.

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Alarcón tomó declaraciones del asambleísta de la Revolución Ciudadana Franklin Samaniego durante una sesión del Pleno para justificar su pedido. 

En la red social X, la legisladora expuso un fragmento de la intervención en el que Samaniego afirma que las cámaras en Quito son operadas por el ECU 911, una entidad a cargo del Gobierno Nacional.

Además, compartió otro fragmento en el que la secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, Carolina Andrade, señala en una entrevista que las cámaras son operadas tanto por el ECU 911 como por el Cabildo quiteño.

¿Cuál es el pedido de Alarcón al ECU 911?

En un oficio dirigido a esa entidad, la legisladora solicita que se le informe cuál es el modelo de administración de las cámaras de videovigilancia. En otra pregunta, Alarcón pide al ECU 911 que especifique si las cámaras son administradas directamente por la Secretaría de Seguridad.

La legisladora también consultó a la entidad de seguridad si tiene acceso permanente a las cámaras o si eso solo ocurre en casos de emergencia.

En ese escenario, otra consulta tiene que ver con una explicación sobre el mecanismo mediante el cual el ECU 911 tiene acceso a las cámaras. Finalmente, solicita copias de los convenios interinstitucionales que rigen su operación.

Sobre este pedido, Alarcón escribió en su cuenta de X: “Ni los compadres se ponen de acuerdo para mentir sobre las cámaras de espionaje en Quito. Por eso, y ante tanta falacia, he solicitado información al ECU 911”.

La Asamblea inició un proceso de fiscalización

El pasado 30 de junio de 2026, el Pleno de la Asamblea resolvió encargar a la Comisión de Seguridad, controlada por el oficialismo, un proceso de fiscalización sobre un supuesto uso indebido de las cámaras de seguridad en la capital.

La resolución fue adoptada con 81 votos a favor. El bloque de la Revolución Ciudadana votó en contra. La propuesta fue presentada ante el Pleno por la propia Inés Alarcón. 

Entre los objetivos planteados constan investigar la participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Lo que debes saber

• Las primarias de las elecciones seccionales de noviembre de 2026 quiebran la unidad de los partidos.
• Las pugnas por precandidaturas benefician directamente al correísmo y al oficialismo de ADN.
• Procesos judiciales y suspensiones externas distraen la democracia interna de los partidos.

El avance del calendario electoral deja secuelas en las organizaciones políticas, apuntalando una posible polarización de la votación en los comicios seccionales de noviembre de 2026.

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Así lo evidenció el más reciente hito del calendario electoral con los procesos de democracia interna (también llamados primarias), que generaron conflictos en más de un partido.

Organizaciones como el correísmo y Avanza tuvieron desencuentros por las precandidaturas; mientras que otras, como el movimiento RETO e Izquierda Democrática, ya venían arrastrando problemas.

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Partidos políticos y sus procesos de democracia interna de "trámite"

Estas pugnas, comenta la académica y experta en comunicación Caroline Ávila, parten del error de los partidos de reducir las primarias a un mero trámite y no asumirlas como un punto crítico del proceso electoral.

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Las precandidaturas, acota, exigen propuestas políticas, formación de bases, identificación de liderazgos, discusión programática y exposición pública de cuadros, procesos que deben iniciarse mucho antes del periodo formal.

Por ello señala que, aunque los roces y las disputas suelen ser parte de la dinámica partidista, la imposición de nombres puede generar este tipo de fracturas, que empeoran si terminan haciéndose públicas.

La polarización del voto en Ecuador: ADN y correísmo

Sin embargo, el analista político Alfredo Espinosa señala que las consecuencias pueden ser aún mayores y afectar al proceso electoral en general, con una mayor dispersión e incluso una mayor polarización del voto.

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De hecho, sostiene que el correísmo, auspiciado por el movimiento Amigo, y Acción Democrática Nacional (ADN) son las principales tendencias beneficiadas por las pugnas internas del resto de partidos.

Y es que a diferencia del resto de organizaciones políticas, que ponen en juego su estabilidad, el correísmo cuenta con una estructura orgánica vigente, mientras el oficialismo puede apostar por el “mercantilismo electoral”.

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No obstante, Ávila señala que incluso el correísmo y ADN serán puestos a prueba con el siguiente hito del calendario electoral: la definición de alianzas electorales, que podrían fortalecer o mermar su fuerza.

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En el caso del oficialismo, antes de las primarias la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó que ADN no apostaría por alianzas en ninguna localidad del país para las próximas elecciones seccionales.

El correísmo, por otro lado, sí apostará por alianzas, impulsado principalmente por la suspensión de su movimiento y el auspicio temporal de Amigo y, en ciertas candidaturas, del Partido Socialista Ecuatoriano.

Crisis de los partidos políticos frente al calendario electoral

Aunque las pugnas internas de ciertos partidos puedan incidir en el panorama general, Ávila señala que esto termina por desnudar una dicotomía en los procesos de democracia interna del país. Mientras se exige que los partidos políticos se tomen en serio las primarias, también existen factores ajenos a lo electoral que no les permiten organizarse de la mejor manera y los mantienen distraídos.

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Ávila sostiene que la amenaza de cancelación a Unidad Popular y Construye (que finalmente fue cancelado), así como la suspensión de la Revolución Ciudadana por una investigación fiscal, son ejemplos de ello.

Lo que debes saber

• Tras cuatro meses de ausencia en redes sociales, el exfuncionario municipal Fernando Cornejo reapareció la noche de este martes 7 de julio con un mensaje publicado en su cuenta de X.
• En la publicación, Cornejo pide ser convocado en forma telemática a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.
• Días atrás, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) exigió a Cornejo que comparezca ante esa comisión por una supuesta "sala espejo" de cámaras de videovigilancia del Municipio de Guayaquil.

Tras cuatro meses de ausencia en redes sociales y luego de renunciar a su cargo en el Municipio de Guayaquil, Fernando Cornejo, expresidente de Segura EP, reapareció la noche de este martes 7 de julio con un mensaje publicado en su cuenta de X.

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En la publicación, el exfuncionario municipal y hombre de confianza del alcalde Aquiles Álvarez, pidió ser convocado a la Comisión de Seguridad de la Asamblea.

Días atrás, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) exigió a Cornejo que comparezca ante esa comisión por una supuesta "sala espejo" de cámaras de videovigilancia del Municipio de Guayaquil.

"A pesar de no haber sido convocado formalmente por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, hoy presenté voluntariamente una solicitud para comparecer mediante medios telemáticos", escribió Cornejo en X.

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En la publicación, el expresidente de Segura EP compartió el correo que envió a los integrantes de la comisión legislativa para rendir su versión. Si bien sobre Cornejo no pesan procesos judiciales vigentes, su paradero es desconocido.

"Lo hago porque siempre he estado, y seguiré estando, dispuesto a colaborar con absoluta transparencia para que los hechos sean plenamente esclarecidos", señaló el exfuncionario.

Y agregó: "Los ecuatorianos, y especialmente los guayaquileños, merecen conocer la verdad. Mi compromiso es aportar toda la información de la que dispongo en virtud de las funciones que desempeñé, con absoluto respeto al debido proceso y a las instituciones del Estado".

Bancada de ADN pidió la comparecencia de Fernando Cornejo por caso "sala espejo"

El 23 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, compareció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea para hablar sobre la existencia de una supuesta "sala espejo" en Segura EP, respecto a las cámaras de videovigilancia de la institución.

Dicha mesa legislativa realiza actualmente un proceso de fiscalización sobre el uso de las cámaras de videovigilancia de la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil.

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"Se identificó la existencia de una estructura paralela denominada sala espejo. Determinamos que usuarios tenían acceso privilegiado a plataformas críticas, con capacidad para manipular cámaras, extraer información sensible y vulnerar la cadena de custodia", expuso Reimberg en esa ocasión.

Días atrás, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) exigió a Fernando Cornejo que comparezca "por su presunta implicación en audios que apuntarían a tráfico de influencias y peculado".

¿Quién es Fernando Cornejo?

Fernando Cornejo era un funcionario clave en la estructura del Municipio de Guayaquil durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez.

En la institución ocupaba cuatro cargos: presidente de los directorios de Segura EP y Circular EP, director general de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales; y director general de Gestión Ejecutiva.

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Días después de la detención de Aquiles Álvarez, ocurrida el 10 de febrero de 2026 en el marco de la investigación del caso Triple A, Cornejo presentó su renuncia a los cargos que ocupaba en el Cabildo.

Antes del mensaje que publicó la noche de este martes 7 de julio, la última actividad de Fernando Cornejo en su cuenta de X se remontaba al 13 de febrero. Desde entonces había permanecido cuatro meses sin realizar nuevas publicaciones en esa red social.

Lo que debes saber

• La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que no existen condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas con Ecuador.
• La mandataria explicó que México no ha recibido ninguna solicitud formal para retomar las relaciones bilaterales.
• Sheinbaum señaló que debe existir un "desagravio" por parte de Ecuador, que debe incluir tanto el ingreso a la sede diplomática como el caso del exvicepresidente Jorge Glas.

Este martes 7 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a endurecer su postura frente a Ecuador y reiteró que no existen condiciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países mientras no haya un "desagravio" por la incursión policial en la embajada mexicana en Quito y por la detención del exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo por parte del Gobierno mexicano.

(Te puede interesar: Noboa abre la puerta al diálogo con México, pero mantiene su postura sobre la crisis diplomática)

Durante su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que México no ha recibido ninguna solicitud formal para retomar las relaciones bilaterales y sostuvo que corresponde a Ecuador dar el primer paso.

"Ellos tendrían que revertir la situación. Tiene que haber un desagravio", expresó. Añadió que ese reconocimiento debe incluir tanto el ingreso a la sede diplomática como el caso de Glas. "Si no hay ese desagravio, se vuelve muy complejo", manifestó.

Las declaraciones se producen semanas después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresara su disposición a dialogar con México.

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Mundial 2026: Sheinbaum desmiente amenazas de cárteles contra la Selección de Ecuador

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El 17 de junio de 2026, el mandatario señaló que está abierto a conversar para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde abril de 2024 tras el operativo policial ejecutado en la embajada mexicana para capturar a Jorge Glas.

Gobierno de México: "Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación, cometió una falta muy grave"

Este martes 7 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que actualmente no existe ningún canal de comunicación con Ecuador.

"Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación, yo creo que hay que ser muy claro, no puede haber un canal de comunicación, Ecuador cometió una falta muy grave", expresó Velasco.

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Según la posición del Gobierno mexicano, Ecuador incurrió en graves violaciones al derecho internacional al ingresar a la embajada, agredir a su personal diplomático y "detener a una persona que contaba con asilo otorgado por México", en referencia a Jorge Glas.

Velasco sostuvo que esos hechos vulneraron la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y los principios básicos de la diplomacia.

"Hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que vuelven imposible que tengamos comunicación o un restablecimiento de relaciones", dijo el funcionario mexicano.

¿Cuál es el estado del conflicto diplomático entre México y Ecuador?

El funcionario recordó que la disputa continúa en la Corte Internacional de Justicia, donde se tramitan dos procesos: uno presentado por México por el ingreso a su embajada y otro impulsado por Ecuador en relación con el asilo concedido a Jorge Glas.

Según Velasco, México concluyó una primera fase de presentación de argumentos en enero y la siguiente etapa del proceso está prevista para agosto.

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Claudia Sheinbaum dice que México aún no retomará relaciones diplomáticas con Ecuador

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"Nosotros, en ambos casos, estaremos presentando los argumentos que resumí hace un momento y estamos absolutamente seguros que la Corte Internacional de Justicia nos va a dar la razón, como en su momento todos los países de la región, en el seno de la Organización de Estados Americanos, nos dieron la razón en el debate que hubo en esa esfera", dijo el secretario de Exteriores de México.

Lo que debes saber

• El IESS inició una contratación por $6,9 millones para evitar interrupciones en el agendamiento de consultas. 
• El proceso revela cómo seguirá funcionando el acceso a citas médicas y por qué la institución mantiene la misma plataforma tecnológica tras el fallido proyecto Healthbird.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) abrió un proceso de contratación por $6,9 millones para garantizar la continuidad del sistema de agendamiento de citas médicas, cuyo contrato vigente concluye el próximo 18 de julio. La decisión busca evitar una interrupción del servicio del que dependen más de 7,1 millones de afiliados y beneficiarios en todo el país.

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El nuevo contrato contempla la operación del servicio de gestión y administración de citas médicas, además de la plataforma tecnológica de atención al usuario durante un año. De esta manera, el IESS pretende mantener en funcionamiento los canales que actualmente utilizan miles de pacientes para solicitar consultas en la red de salud.

Entre esos mecanismos se encuentran el call center, WhatsApp, Facebook, chatbots y un sistema interactivo de voz, herramientas que seguirán siendo la puerta de entrada para solicitar la primera cita en las especialidades básicas disponibles dentro de la institución.

Cómo funcionarán las citas médicas del IESS con el nuevo contrato

El alcance del servicio establece que el call center continuará asignando primeras consultas únicamente para Medicina General, Medicina Familiar, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Odontología y Psicología. Estas son las especialidades que permanecerán habilitadas para el agendamiento inicial por los canales remotos.

En cambio, las especialidades de mediana y alta complejidad, como cardiología, neurología o traumatología, seguirán con restricciones para el acceso directo. Los pacientes únicamente podrán visualizar y programar estas consultas cuando exista una atención previa y el médico tratante haya registrado una cita subsecuente, interconsulta, referencia o contrarreferencia.

Los documentos técnicos también establecen que la atención presencial en cada establecimiento de salud permitirá acceder a la programación completa de consultorios y servicios disponibles en esa casa de salud. De esta forma, las citas derivadas del proceso médico podrán gestionarse directamente desde el establecimiento.

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El IESS mantendrá la misma plataforma tecnológica

Aunque la contratación se realiza a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la operación del sistema continuará apoyándose en Phuyu Salud, un software desarrollado por la empresa Prichsouth y alojado en la infraestructura de Google Cloud.

Los documentos publicados dentro del proceso de contratación justifican la continuidad de esta herramienta. Según el análisis técnico del IESS, "la única solución sostenible a largo plazo para el servicio de agendamiento" es mantener la plataforma tecnológica que actualmente soporta el sistema de citas médicas.

La decisión llega pocos meses después del fallido acuerdo con Healthbird, la solución tecnológica que el Gobierno presentó como una alternativa para transformar la gestión digital del sistema público de salud. Finalmente, el IESS optó por continuar con la infraestructura que ya utiliza para garantizar la operación del servicio mientras busca evitar una nueva crisis en el acceso a consultas médicas.

Esto debes saber

• Rafael Saltos confirmó que la Revolución Ciudadana mantiene conversaciones para concretar una candidatura de unidad en Manabí.
• Luisa González fue proclamada por el movimiento Amigo, pero el binomio podría cambiar si se concreta una alianza con Jaime Estrada Medranda.
• La Revolución Ciudadana participará cobijada por otras tiendas políticas debido a que no podrá competir de forma independiente en las elecciones seccionales de 2026.

Durante una entrevista concedida al programa Código Informativo, de Radio Farra 95.7 FM, el director provincial de la Revolución Ciudadana, Rafael Saltos, afirmó que la posibilidad de que Luisa González encabece una candidatura de unidad para la Prefectura de Manabí es una de las opciones más firmes que analiza la organización política con miras a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Consultado sobre una posible alianza con Jaime Estrada Medranda (Movimiento Si Podemos) para que conforme el binomio junto a Luisa González como candidato a la Viceprefectura, Saltos respondió que "es una fórmula, sin duda, de las más probables que tengamos" y aseguró que las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas continúan.

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De hecho, el pasado 28 de junio, Luisa González inscribió su precandidatura a la Prefectura de Manabí por el movimiento Amigo como parte del proceso de elecciones primarias. Lo hizo junto al actual asambleísta Guido Mendoza, quien fue presentado como precandidato a la Viceprefectura.

Alianza política podría modificar el binomio para la Prefectura de Manabí

Sin embargo, tras las primarias ha cobrado fuerza la posibilidad de una alianza política que modifique la integración del binomio. En ese escenario, Jaime Estrada Medranda, quien inscribió su precandidatura a la Prefectura de Manabí por el movimiento Si Podemos, aparece como una de las principales opciones para integrar una candidatura de unidad junto a Luisa González como aspirante a la Viceprefectura

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Si Podemos ha mantenido anteriormente alianzas con la Revolución Ciudadana, por lo que ambas organizaciones mantienen diálogos para definir una fórmula conjunta de cara a los comicios seccionales.

Este proceso se desarrolla en un contexto en el que la Revolución Ciudadana no podrá participar de manera independiente en estas elecciones debido a su inhabilitación temporal, por lo que varios de sus principales candidatos buscarán competir a través del movimiento Amigo y de otras alianzas políticas.

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Durante la entrevista, Saltos condicionó la participación de González a que, según dijo, el Gobierno no impulse acciones que impidan su candidatura. El dirigente acusó al régimen del presidente Daniel Noboa de mantener una supuesta persecución contra dirigentes de oposición.

Asimismo, fue consultado sobre las declaraciones realizadas días atrás por Luisa González, quien manifestó públicamente que temía ser detenida. Al respecto, Saltos sostuvo que, a su criterio, el contexto político del país hace que la frase "el que nada debe, nada teme" ya no sea aplicable. Como ejemplo mencionó la situación judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al considerar que existe una persecución contra él y miembros de su entorno familiar.

Finalmente, reiteró que la aspiración de la Revolución Ciudadana es que Luisa González pueda participar en las elecciones. "Hasta ahora, esperamos que la dejen participar y sea nuestra candidata a prefecta de la Revolución Ciudadana", concluyó.

Lo que debes hacer

• La Asamblea Nacional aprobó una nueva normativa que modifica por completo el procedimiento de extradición en Ecuador. 
• Conozca cuáles son los nuevos plazos, quiénes podrán ser extraditados y en qué casos el Estado podrá negar la entrega de una persona.

La Asamblea Nacional aprobó este 7 de julio de 2026 la nueva Ley Orgánica de Extradición, una normativa que reemplaza a la vigente desde el año 2000 y que ahora pasará al Ejecutivo para su sanción. El proyecto redefine el procedimiento para entregar personas requeridas por otros países, acorta los tiempos del proceso e incorpora reformas al sistema penal y de movilidad humana.

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Uno de los principales cambios es la reducción de los tiempos del trámite. Con la nueva legislación, el proceso integral de extradición tendrá un plazo máximo de tres meses. Dentro de ese período, el Estado requirente contará con 60 días para presentar el pedido formal y dispondrá de 30 días adicionales para concretar el traslado de la persona reclamada.

La reforma también modifica el papel de las instituciones ecuatorianas en estos procesos. Aunque la Corte Nacional de Justicia continuará calificando la legalidad de cada solicitud, su pronunciamiento dejará de ser definitivo para la entrega. La decisión final seguirá siendo una atribución política y soberana del Presidente de la República.

¿Quién tendrá la última palabra en una extradición?

La ley establece que el Ejecutivo podrá aceptar o negar la entrega del ciudadano requerido incluso después del análisis judicial. Para ello deberá valorar aspectos como la seguridad nacional, el orden público y el principio de reciprocidad entre Ecuador y el Estado solicitante.

Otro de los cambios alcanza al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa dispone que la caducidad de la prisión preventiva en Ecuador se suspenda mientras se desarrolla un proceso de extradición en el exterior, con el objetivo de evitar que los plazos procesales beneficien a personas requeridas internacionalmente.

Al mismo tiempo, la legislación incorpora límites específicos para esa medida cautelar vinculada al trámite de extradición. La prisión preventiva podrá extenderse entre seis meses y un año, dependiendo de las circunstancias del proceso.

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Ciudadanos ecuatorianos y extranjeros: ¿a quiénes alcanza la reforma?

La nueva ley también define con precisión quiénes podrán ser extraditados. En el caso de los ciudadanos ecuatorianos, la medida será aplicable únicamente para delitos cometidos desde el 9 de mayo de 2024, fecha en la que entró en vigor la reforma constitucional aprobada mediante el referéndum de abril de ese año.

Para los extranjeros que permanezcan en Ecuador, la normativa también contempla cambios. La extradición procederá cuando sean requeridos por delitos transnacionales y, además, las reformas en materia de movilidad humana y seguridad disponen que quienes cometan delitos en territorio ecuatoriano serán expulsados del país y tendrán prohibido regresar durante 40 años.

Con estas disposiciones, el Estado busca armonizar las nuevas reglas de cooperación judicial internacional con las reformas constitucionales aprobadas en 2024 y con las políticas de seguridad impulsadas durante los últimos años.

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Casos en los que Ecuador podrá negar una extradición

Aunque la legislación endurece el régimen de extradición, también mantiene garantías para las personas requeridas. La norma señala que Ecuador rechazará la entrega cuando existan riesgos de que el ciudadano enfrente pena de muerte, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país solicitante.

Tampoco procederá la extradición cuando el caso corresponda exclusivamente a delitos políticos o conexos, existan indicios de persecución por motivos de raza, género, religión u opiniones políticas, o cuando la entrega contravenga la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

La reforma, además, aclara que los delitos de terrorismo y los crímenes de lesa humanidad no podrán acogerse a la protección prevista para los delitos políticos, cerrando una de las principales excepciones contempladas en la normativa anterior.

Lo que debes saber

• La Asamblea Nacional del Ecuador no puede destituir a un alcalde, según la ley.
• Los alcaldes son autoridades de elección popular que integran los GAD, por lo que su régimen de control y remoción está regulado por el Cootad.
• El órgano competente para conocer un proceso de remoción es el concejo municipal del respectivo cantón, no la Asamblea Nacional.

En medio de los procesos judiciales que enfrentan varios alcaldes del país, ha surgido una pregunta recurrente: ¿la Asamblea Nacional del Ecuador puede destituir a un alcalde? La respuesta es no.

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La Constitución y la legislación ecuatoriana no le otorgan al Legislativo la facultad de remover o ejercer control político sobre las autoridades municipales.

Los alcaldes son autoridades de elección popular que integran los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), por lo que su régimen de control y remoción está regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

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¿Qué órgano puede destituir a un alcalde en Ecuador?

Según esa normativa, el órgano competente para conocer un proceso de remoción es el concejo municipal del respectivo cantón, no la Asamblea Nacional.

El Cootad establece que el concejo municipal puede destituir al alcalde únicamente cuando haya incurrido en alguna de las causales previstas en la ley y siempre que se garantice el debido proceso. Para aprobar la remoción se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del concejo.

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El procedimiento tampoco se inicia de oficio por parte de la Asamblea. Si existe una denuncia contra el alcalde, esta debe tramitarse conforme al procedimiento previsto en el Cootad, que contempla la intervención del órgano legislativo y de fiscalización del GAD correspondiente.

¿Un alcalde en Ecuador puede perder su cargo al recibir prisión preventiva?

La normativa determina las etapas que deben cumplirse antes de que el concejo adopte una resolución definitiva.

Esto significa que una investigación penal o incluso una medida cautelar, como la prisión preventiva, no implica automáticamente la pérdida del cargo.

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Mientras no exista una causal legal de remoción aplicada mediante el procedimiento correspondiente o una situación que configure una ausencia definitiva en los términos de la ley, el alcalde mantiene su dignidad y el Municipio opera conforme a las reglas de subrogación previstas en el Cootad.

Aunque la Asamblea Nacional sí puede ejercer funciones de fiscalización respecto de autoridades del ámbito nacional e incluso destituir al presidente de la República en los casos previstos por la Constitución, esas atribuciones no se extienden a los alcaldes.

Lo que debes saber

• El Gobierno presentó un nuevo alegato ante el CNE para rechazar otra solicitud de revocatoria presidencial.
• La Secretaría Jurídica sostiene que el pedido cuestiona políticas públicas y se basa en supuestos sobre el acuerdo con el FMI.
• También pidió una resolución que archive el proceso y evite nuevas solicitudes sin sustento.

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, presentó este martes 7 de julio, un alegato ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para impugnar una nueva solicitud de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa. La defensa del Ejecutivo sostiene que el pedido incumple requisitos constitucionales y legales, por lo que solicitó que sea archivado.

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Según explicó Herrería, la acción fue presentada para responder a la solicitud impulsada por el ciudadano Perugachi, quien argumenta un supuesto incumplimiento del plan de gobierno debido al acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el Gobierno, ese planteamiento cuestiona una política pública, aspecto que la normativa no permite utilizar como fundamento para una revocatoria.

"Estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral que, en orden a la Constitución, a la ley, a los reglamentos, a las decisiones previas del Consejo Nacional Electoral y también a la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral, sea desestimado este pedido y se ordene el correspondiente archivo", afirmó Herrería.

¿Por qué el Gobierno rechaza el nuevo pedido de revocatoria?

El secretario jurídico señaló que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana exige que las solicitudes de revocatoria estén debidamente motivadas. Añadió que tanto esa norma como su reglamento impiden que se cuestione la política pública implementada por un gobierno como argumento para activar este mecanismo de democracia directa.

A criterio del funcionario, el nuevo pedido sostiene que el acuerdo con el FMI impediría cumplir el plan de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, lo que calificó como una hipótesis sin sustento jurídico. Indicó que la solicitud no se basa en hechos consumados, sino en escenarios futuros que todavía no pueden verificarse.

"No solamente dicen que hay incumplimiento del plan de gobierno, sino que sostienen que se obstaculiza su cumplimiento a futuro por este compromiso con el Fondo Monetario Internacional, lo cual significa una conjetura, una especulación que no tiene cabida en este tipo de solicitud", manifestó.

Herrería también argumentó que resulta improcedente hablar de un incumplimiento del plan de gobierno cuando apenas ha transcurrido el primer año del actual período presidencial. Recordó que este tipo de instrumentos se ejecutan durante los cuatro años del mandato.

"Los planes son plurianuales, son de cuatro años. Recién se lleva un año de este período presidencial. En consecuencia, no se puede alegar que hay incumplimiento del plan de gobierno", sostuvo.

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Gobierno recuerda otro proceso de revocatoria en trámite

Durante su comparecencia, Herrería aclaró que el caso presentado este lunes corresponde a una nueva solicitud y que existe otro proceso distinto que todavía está pendiente de resolución por parte del CNE, impulsado anteriormente por Leonidas Iza y otros solicitantes.

El funcionario recordó que, dentro de ese expediente previo, la Presidencia entregó alrededor de 1.500 hojas de documentación distribuidas en 23 cajas para demostrar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo durante su primer año de gestión.

"Todo lo que había ahí, todo lo que había cumplido el plan de labores en cuanto a educación, salud, vivienda y vialidad; todo lo que ven los ecuatorianos todos los días", respondió al ser consultado sobre el contenido de esas pruebas.

Precisó que el documento presentado ahora no incorpora nuevas evidencias, sino que constituye un alegato jurídico destinado a señalar las supuestas inconsistencias del nuevo pedido de revocatoria.

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El Ejecutivo pide al CNE una decisión "contundente"

Consultado sobre el trámite que deberá seguir el Consejo Nacional Electoral, Herrería afirmó que el organismo sí debe analizar la solicitud, aunque consideró que la respuesta debería ser rápida y firme para evitar que este tipo de procesos distraigan la gestión del Gobierno.

"Sí debería sesionar, pero creo que debería haber una respuesta contundente del Consejo Nacional Electoral para evitar que esto signifique una distracción de las labores específicas que tiene el Presidente de la República", expresó.

El secretario jurídico sostuvo además que detrás de estas acciones podría existir un interés político. Señaló que este tipo de iniciativas, presentadas en época electoral, podrían buscar generar protagonismo o afectar el normal desarrollo de la administración pública.

"Se podría decir que hay una intención de desestabilización o, por lo menos, hacerle perder el tiempo al Gobierno y adicionalmente tener alguna suerte de protagonismo político", indicó.

Finalmente, reiteró que la postura del Ejecutivo es rechazar la nueva solicitud de revocatoria por considerar que no cumple los requisitos establecidos en la Constitución, la ley, los reglamentos y la jurisprudencia electoral vigente.

"La postura del Gobierno nacional es rechazar este tipo de peticiones. Si bien pueden tener una posibilidad de vía en la Constitución, deben cumplir requisitos muy exigentes para evitar que nos hagan perder el tiempo a los ecuatorianos", concluyó.

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El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a tres vocales suplentes del organismo, un paso que permitirá la principalización de Escobar en reemplazo de Roberto Gilbert.

El CPCCS está politizado, dice nuevo vocal

“Este organismo, el pueblo lo sabe, está politizado”, dijo Escobar tras su posesión en el Legislativo. La afirmación la hizo al ser consultado sobre los concursos que mantienen retrasos, entre ellos el de Fiscal General. En ese contexto, aseguró que trabajará para despolitizar al CPCCS.

Escobar también pidió públicamente que la Comisión Ciudadana de Selección remita, a primera hora, todo el expediente del proceso. El nuevo consejero pretende revisar y contrastar los parámetros de calificación, aunque reconoció que el concurso ya se encuentra en una etapa avanzada.

En ese escenario, explicó que su labor se centrará en recopilar toda la información disponible para emitir un voto fundamentado cuando el Pleno conozca el informe. Cabe recordar que, actualmente, el concurso para designar al nuevo fiscal está paralizado.

El Pleno del CPCCS aún no ha logrado un pronunciamiento sobre el informe de calificación de méritos y oposición. El pasado 12 de junio, durante una sesión virtual, surgieron cuestionamientos. La mayoría de esa mesa concluyó que el proceso de evaluación se desarrolló con criterios de imparcialidad y transparencia.

Sin embargo, la consejera Nicole Bonifaz votó en contra de la aprobación del informe y argumentó que no se aplicaron criterios uniformes para todos los postulantes. A su vez, el entonces consejero Roberto Gilbert se abstuvo y propuso que los siete integrantes del CPCCS revisaran personalmente las carpetas de los 28 aspirantes -cuatro cada uno- para comprender los criterios de puntuación antes de decidir.

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Precisamente, la abstención de Gilbert dejó en suspenso la mayoría liderada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, quien votó a favor de aprobar el informe de la Comisión Ciudadana de Selección.

¿Nuevo equilibrio al interior del CPCCS?

Ese escenario marcará el inicio de la gestión de Escobar en el Pleno del organismo. Actualmente, Fantoni, la vicepresidenta Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto conforman una mayoría que les ha permitido sacar adelante sus iniciativas.

Sobre Fantoni, el nuevo integrante aseguró que buscará construir consensos. “Es el presidente y tenemos que llegar a diálogos y acuerdos para sacar estos procesos que son álgidos”, manifestó Escobar.

A menos de un año de que concluya el periodo del actual CPCCS, el organismo volverá a experimentar un cambio en su integración. La institución ha estado marcada por constantes polémicas y modificaciones en su Pleno. 

Roberto Gilbert llegó al cargo después de que la Asamblea censuró y destituyó a Gonzalo Albán durante un polémico juicio político.

Gilbert renunció posteriormente al CPCCS con el argumento de que en ningún orden del día se habló de la salud. Su salida también coincidió con los cuestionamientos generados por la aparición del exministro José De La Gasca detrás de él durante una sesión virtual del organismo. El hecho provocó polémica porque el CPCCS lleva adelante el concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General.

Lo que debes saber

• Ecuador puso en marcha un proyecto de $12,7 millones para prevenir la desnutrición crónica infantil en Chimborazo y Bolívar. 
• La iniciativa beneficiará a más de 23.000 personas entre niños y mujeres embarazadas mediante acciones de salud, nutrición, agua y saneamiento.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pusieron en marcha un proyecto para prevenir la desnutrición crónica infantil en Chimborazo y Bolívar. La iniciativa busca fortalecer los servicios de salud, nutrición, agua potable y saneamiento para atender a miles de familias durante los primeros 1.000 días de vida, etapa considerada clave para el desarrollo infantil.

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El programa contará con una inversión de $12,7 millones y beneficiará a 11.200 niñas y niños de hasta dos años de edad, además de 12.480 mujeres embarazadas. La intervención se ejecutará en 14 parroquias priorizadas de ambas provincias, donde persisten desafíos relacionados con la nutrición y el acceso a servicios básicos.

La firma de los acuerdos reunió al viceministro de Atención Integral en Salud (e), Romel González; la subsecretaria General de la Vicepresidencia, Ángela Tipán; el embajador de Corea, Jae Hyun Shim; el director de KOICA Ecuador, Yongwoo Jeong; y el representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli, junto con delegados de organismos internacionales y otras instituciones.

¿Qué acciones contempla el proyecto contra la desnutrición crónica infantil?

"El proyecto fortalecerá los servicios de salud y nutrición, promoverá prácticas saludables, desarrollará capacidades comunitarias y mejorará el acceso al agua, saneamiento e higiene en las comunidades priorizadas, con el objetivo de garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños", afirmó el viceministro de Atención Integral en Salud (e), Romel González.

Desde la Vicepresidencia, Ángela Tipán destacó que la iniciativa apuesta por la prevención como eje de desarrollo y resaltó el respaldo de la cooperación internacional para impulsar este tipo de programas dirigidos a la primera infancia.

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Cooperación internacional respaldará la atención a la primera infancia

Por su parte, el director de KOICA Ecuador, Yongwoo Jeong, explicó que el proyecto prioriza el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de conocimientos y el trabajo conjunto con las instituciones nacionales para generar resultados sostenibles en las comunidades beneficiarias.

El embajador de la República de Corea, Jae Hyun Shim, manifestó que este programa refleja el compromiso de su país de continuar apoyando iniciativas orientadas al desarrollo del Ecuador y al bienestar de la población.

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UNICEF destaca el trabajo conjunto para mejorar la vida de la niñez

"La fortaleza de este programa es reunir a diferentes socios alrededor de un objetivo común: mejorar la vida de la niñez en Chimborazo y Bolívar. Cuando un niño recibe una buena nutrición, accede a servicios de salud de calidad, cuenta con agua segura, vive en un entorno protector y tiene oportunidades para desarrollarse, aumentan sus posibilidades de aprender y superar las condiciones que lo limitan", sostuvo Arturo Romboli, representante de UNICEF en Ecuador.

La iniciativa se enfocará en los primeros 1.000 días de vida, un período considerado determinante para el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo de la niñez. Las instituciones participantes prevén coordinar acciones con entidades públicas, gobiernos locales y comunidades para ejecutar las intervenciones previstas en los territorios priorizados.

Aunque las investigaciones corresponden a hechos distintos y se encuentran en diferentes etapas procesales, todos los casos involucran a autoridades municipales que continúan bajo medidas privativas de libertad mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

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Las detenciones se produjeron entre agosto de 2025 y julio de 2026, en distintos operativos ejecutados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

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Darío Macas, el caso más reciente

El caso más reciente es el de Darío Macas, alcalde de Machala, quien fue detenido el 6 de julio de 2026 durante un operativo por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las indagaciones apuntan a un supuesto incremento patrimonial injustificado y a movimientos financieros que son analizados por la Fiscalía.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que dentro de la investigación constan movimientos económicos que superarían los 6 millones de dólares, además de retiros en efectivo por alrededor de 750.000 dólares. También indicó que el expediente incluye el análisis de empresas vinculadas al entorno del funcionario.

Macas ocupa la Alcaldía de Machala desde 2019 y fue reelegido para un segundo período en las elecciones seccionales de 2023.

Aquiles Álvarez y el caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido el 10 de febrero de 2026 dentro del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga una presunta red relacionada con delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

Durante el operativo también fueron detenidos sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, junto con otros procesados.

El 6 de julio de 2026, el juez Jairo García resolvió restablecer la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y sus hermanos durante la audiencia de revisión de medidas cautelares del proceso.

Además del caso Goleada, el alcalde enfrenta otras investigaciones judiciales independientes, entre ellas los casos Triple A y Grillete, que continúan su trámite en la justicia ecuatoriana.

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Vicko Villacís y el caso Blindaje

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, fue aprehendido el 3 de junio de 2026 y un día después un juez ordenó su prisión preventiva dentro del caso Blindaje, en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos.

En esta causa también fueron procesadas otras siete personas.

Según la Fiscalía, la investigación se centra en una presunta estructura que habría movilizado recursos mediante operaciones financieras y bienes vinculados con los investigados. 

El Ministerio del Interior ha señalado que los movimientos económicos analizados dentro del expediente superarían los 15 millones de dólares.

Ángela Plúa y la Operación Digitador

La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador.

La Fiscalía la procesa por el presunto delito de delincuencia organizada, dentro de una investigación relacionada con una supuesta red dedicada a la emisión irregular de trámites y documentos de tránsito.

Tras la audiencia de formulación de cargos, la justicia dispuso prisión preventiva para todos los procesados e inició una instrucción fiscal de 90 días.

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José Arroyo y el caso Ornato Municipal

El alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, fue aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, que investiga presuntas irregularidades en procesos de contratación pública ejecutados en ese cantón de Cotopaxi.

La Fiscalía sostiene que el supuesto perjuicio económico derivado de las contrataciones investigadas supera los 300.000 dólares.

En junio de 2026, una jueza llamó a juicio al alcalde y a otras 16 personas por el presunto delito de peculado. En la misma resolución ratificó la prisión preventiva contra Arroyo, quien permanece privado de libertad desde su detención y cumple esa medida en el centro de privación de libertad La Roca, en Guayaquil.

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Casos distintos bajo el principio de presunción de inocencia

Pese a que todos los procesos mantienen a alcaldes en funciones privados de libertad, cada investigación responde a hechos específicos, tipos penales distintos y etapas procesales diferentes.

Algunas causas permanecen en fase de instrucción fiscal, mientras que otras ya avanzan hacia la etapa de juicio. En todos los expedientes rige el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que las investigaciones y las medidas cautelares no constituyen una sentencia condenatoria.

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Las defensas cuestionan los procesos

Los cinco alcaldes han rechazado las acusaciones formuladas por la Fiscalía y sostienen que son inocentes de los delitos que se les atribuyen.

En los casos de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, ambos electos con el respaldo de la Revolución Ciudadana, sus equipos jurídicos y dirigentes de esa organización política han denunciado que las investigaciones responden a una presunta persecución política con el objetivo de apartarlos de sus funciones e impedir una eventual participación en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.

Por su parte, tanto el Gobierno Nacional como la Fiscalía General del Estado han sostenido que las investigaciones se desarrollan dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, y que las actuaciones judiciales responden exclusivamente a los elementos recabados en cada expediente, con independencia de cualquier consideración política.

Lo que debe saber

• La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extradición, que regula el extraditar a ecuatorianos bajo condiciones específicas.
• La nueva Ley de Extradición pasará al Ejecutivo para que la sancione o vete de forma parcial, total o por inconstitucionalidad.
• El artículo 35 establece que el Presidente de la República podrá negar el traslado de una persona por razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado. 

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Extradición. La normativa, que ahora pasa al Ejecutivo para su sanción u objeción, modifica las reglas para dar paso a este proceso y, según el oficialismo, se ajusta a lo aprobado en la consulta popular impulsada por Daniel Noboa durante su primer mandato.

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La encargada de presentar el informe para segundo debate fue Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. 

Recordó que, antes de la aprobación de la pregunta sobre extradición en la consulta popular, existía un impedimento constitucional para extraditar a ecuatorianos requeridos por otros países. En ese contexto, mencionó el caso del excabecilla de Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito.

“Deja atrás una normativa obsoleta y ambigua”, aseguró. También afirmó que el proyecto de ley está a la altura del nuevo enemigo común: el crimen organizado. Torres agregó que la normativa respeta los estándares internacionales.

Los cuestionamientos del correísmo

El bloque de la Revolución Ciudadana anunció que votaría a favor de la aprobación de la normativa. Aun así, el debate estuvo marcado por los enfrentamientos entre bancadas.

El legislador oficialista Adrián Castro recordó que el correísmo tuvo entre sus asambleístas a Patricia Núñez, quien apareció en un video agradeciendo los aportes de Leonardo Cortázar, llamado a juicio por delincuencia organizada, para la campaña política.

Por su parte, el legislador César Palacios cuestionó el artículo 35 de la ley aprobada. Sostuvo que esa disposición otorga la última palabra al Ejecutivo dentro del proceso de extradición.

La normativa establece que la sentencia de la presidenta o el presidente de la Corte Nacional de Justicia, o del respectivo tribunal que declare procedente la extradición, no será vinculante para el presidente de la República. Este podrá, de manera directa o a través del ente rector en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público, negar la entrega de la persona requerida en ejercicio de la soberanía nacional.

Los puntos clave de la ley

Lo que debes saber

• Guido Mendoza presentó una queja en el CAL y un acto urgente en la Fiscalía contra Jhajaira Urresta por sus declaraciones públicas.
• El legislador sostiene que las acusaciones afectaron su honra, provocaron amenazas y comprometieron la seguridad de su familia.
• Entre las diligencias solicitadas consta la preservación y peritaje de los videos difundidos en redes sociales.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Guido Andrés Mendoza Andrade, presentó una queja administrativa ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado contra la legisladora Jhajaira Urresta. La asambleísta ahora actúa como independiente, aunque llegó a la Asamblea Nacional con la bandera de la Revolución Ciudadana.

Los documentos, fechados el 7 de julio de 2026, sostienen que Urresta emitió expresiones que, según Mendoza, constituyen acusaciones falsas en su contra. El legislador afirma que esas declaraciones afectaron su honra, su imagen pública y pusieron en riesgo su seguridad.

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Señala declaraciones en un programa digital

La queja administrativa indica que los hechos ocurrieron el 1 de julio durante una entrevista en el programa digital MarginalesEC. Según el escrito, Urresta expresó su solidaridad con el asambleísta Carlos Vargas y relacionó los hechos de violencia registrados en Salitre con los mismos actores que, dijo, estarían vinculados con Mendoza.

El documento también recoge que la legisladora se refirió al asambleísta manabita como un "gatillero". Además, señaló que debía ser investigado por la muerte de Brigitte García, exalcaldesa de San Vicente, caso que continúa bajo investigación.

De acuerdo con la denuncia, uno de los conductores del programa preguntó de forma directa si las expresiones estaban dirigidas a Guido Mendoza. La transcripción incorporada al expediente señala que Urresta respondió afirmativamente y añadió que él era "un desgraciado asesino en toda su expresión".

Mendoza sostiene que esas afirmaciones le atribuyen públicamente la comisión del delito de asesinato. En su escrito asegura que no existe un proceso judicial, una sentencia ni elementos de convicción que lo vinculen con ese caso.

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Pide sanción en la Asamblea

En la queja dirigida al presidente encargado de la Asamblea Nacional, Luis Esteban Torres Cobo, el legislador solicita que se determine una presunta falta grave o muy grave atribuible a Urresta. El pedido se fundamenta en disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El asambleísta argumenta que las declaraciones exceden el ejercicio de la fiscalización y del debate político. También sostiene que se trata de imputaciones de carácter penal realizadas sin respaldo judicial ante una audiencia masiva.

Solicita diligencias a la Fiscalía

De manera paralela, Mendoza presentó un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado. En ese documento solicita varias diligencias para preservar el contenido difundido en redes sociales.

Entre los pedidos consta una pericia técnica sobre los videos publicados para fijar, extraer y transcribir su contenido. También solicita que se registren la fecha de publicación, el número de visualizaciones, los "me gusta", los comentarios y las respuestas generadas por las publicaciones.

El legislador recuerda que Urresta mantiene fuero de Corte Nacional de Justicia por su condición de asambleísta. Por ello, pide que la Fiscalía gestione la autorización judicial correspondiente para practicar esas diligencias.

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Asegura que ha recibido amenazas

Tras presentar ambas acciones, Mendoza difundió un pronunciamiento en su cuenta de X. En esa publicación afirmó que Urresta "cree que puede difamar, acusar sin pruebas y poner en peligro mi vida en un medio de comunicación digital".

El legislador también sostuvo que la asambleísta "debe ser sancionada porque su irresponsabilidad ha generado amenazas contra mi vida y ha afectado a mi entorno familiar". Hasta el momento, Jhajaira Urresta no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada en su contra.