Las claves que debes saber

• Reimberg ordena defensa a policías sentenciados en Quito por abatir sospechoso.
• Policías reciben 17 años por extralimitación tras robo en El Bosque, norte de Quito.
• Impugnan sentencia 10 años después y respaldan a agentes en Quito.

Junto a Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la noche de este 5 de junio de 2026 que ordenó a los equipos jurídicos de esa cartera de Estado y de la Fuerza Pública que defiendan al sargento, Diego Trujillo, y al cabo, Leonardo Montalvo. Ambos agentes fueron sentenciados el pasado 1 de junio a 17 años y 4 meses de cárcel, por la supuesta extralimitación de la fuerza, durante un acto de servicio en Quito.

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¿Por qué sentenciaron a dos policías?

La sentencia fue emitida 10 años después del hecho. En 2016, los policías abatieron a un sospechoso que huía junto a un supuesto cómplice, luego de un intento de asalto a un local de motos en el sector de El Bosque, norte de la capital.

En ese entonces, ambos realizaban un patrullaje por esa zona, cuando fueron alertados por guardias de seguridad sobre el intento de robo. Luego de truncar el atraco, los sospechosos escaparon y, durante una persecución policial, hubo un cruce de balas. Uno de los agentes disparó y abatió a uno de los atacantes, mientras que el otro quedó herido.

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Según Reimberg, el fiscal y los jueces que conocieron este caso "prefirieron castigar a los agentes que combatieron al crimen organizado" con la sentencia, por lo que rechazó el fallo.

Además, dijo que puso a disposición de ambos uniformados la ayuda de los especialistas jurídicos de la Policía e Interior, para impugnar la sentencia. 

Reimberg ofrece respaldo a policías

"No van a intimidar al Estado (...) Defenderemos a nuestros policías cuando actúen en cumplimiento de su deber, dentro del marco de la ley y protección de la ciudadanía", manifestó.

La reacción del funcionario de Daniel Noboa se registra después de que la Policía anunció el pasado lunes que "la sentencia será impugnada" dentro del marco legal pertinente y expresó su apoyo a los uniformados.

Guayaquil

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En su pronunciamiento, los gobiernos de la alianza rechazaron las protestas que ya cumplen un mes en Bolivia y las calificaron como "falsos bloqueos" provocados por "grupos desestabilizadores". Esto porque entre los manifestantes se encuentran los seguidores del expresidente, Evo Morales.

La iniciativa internacional expresó su apoyo al Gobierno de Paz y destacó que su Gobierno ha sido víctima de "los esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano".

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Según la alianza de seguridad hemisférica, las protestas en Bolivia se han financiado con "dinero ilícito del narcotráfico y el crimen transnacional", por eso considera que sus promotores "deberán rendir cuentas por sus actos". 

Las víctimas de las protestas en Bolivia

Lo mencionó en referencia a que, hasta este 5 de junio, 10 personas han perdido la vida, en el contexto de las protestas: siete porque los bloqueos impidieron que reciban atención médica oportuna y otros tres fallecieron durante los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes.

Finalmente, el Escudo de las Américas, conformado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, instó a que las personas, "que tengan reclamos legítimos", que dialoguen con el Gobierno de Paz y que "denuncien" a los que intentan arrebatarle el poder al primer mandatario boliviano.

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La mesa legislativa encargada de avocar conocimiento sobre el expediente contra la exfuncionaria operará a distancia. De acuerdo con el Memorando Nro. AN-CFCP-2026-0202-M, fechado este 5 de junio, la sesión número 050 se desarrollará a las 17:00 a través de la plataforma Zoom.

La disposición administrativa motivó el rechazo inmediato de los legisladores del correísmo, quienes advirtieron una falta de transparencia en el manejo del caso. La queja del bloque radica en que la evaluación de un proceso derivado de la crisis energética y los contratos de emergencia requiere el rigor del escrutinio físico y público en las instalaciones del Parlamento, evitando así posibles blindajes a través de pantallas.

El documento de la convocatoria detalla como punto único la calificación del enjuiciamiento político contra la Abg. Inés María Manzano Díaz, en su calidad de exministra de Ambiente y Energía. La solicitud, que ingresó con el trámite Nro. 481733, fue presentada formalmente el 27 de mayo de 2026 por los legisladores Blasco Luna Arévalo y Lenin Barreto Zambrano.

El avance de este proceso legislativo se desarrolla en paralelo a las revelaciones sobre la presunta coordinación entre autoridades del Gobierno y miembros de la Asamblea Nacional para evadir el primer intento de interpelación por los egresos millonarios en los contratos con la firma extranjera.

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Ante este antecedente, la bancada proponente presiona para que la calificación del nuevo juicio no se tramite de forma telemática en un día no laborable.

Lo que debes saber 

• Las disculpas públicas constituyó un reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en su desaparición forzada y muerte, por disposición de la Corte Constitucional.
  
• El acto destacó que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas y que las Fuerzas Armadas incumplieron su deber de proteger sus derechos.
  
• El Gobierno mantiene su respaldo político al ministro de Defensa.

La ceremonia en la que el Estado ecuatoriano ofreció disculpas por su participación en la tortura y muerte de los cuatro niños de Las Malvinas no fue un acto menor. En realidad, fue un hecho simbólicamente muy significativo, aunque no haya tenido una difusión más amplia en el aparato mediático del Gobierno ni esto signifique que se haya hecho, al menos por ahora, una reparación integral a las familias de las víctimas.

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Y si bien fue un gesto de extraordinaria importancia, también es cierto que el Gobierno de Daniel Noboa no ha actuado con responsabilidad política durante el año y medio transcurrido desde que los niños fueron cobardemente asesinados, pues el principal responsable político de lo ocurrido, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sigue en su cargo porque ni la Asamblea ni el presidente han sido capaces de entender el significado de la responsabilidad política de un funcionario frente a la sociedad.

La ceremonia se realizó el jueves 4 de junio en un lugar de gran visibilidad pública: el Hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el malecón Simón Bolívar, en el centro de Guayaquil. Es decir, en un lugar emblemático de la historia del país. Allí, por disposición de la Corte Constitucional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauricio Salazar, leyó el texto previamente redactado por la Corte. Un texto de inmenso significado porque en él el Estado admitió que incumplió su obligación de proteger a las víctimas.

Este es el texto de disculpas ordena por la Corte

El texto dice: “Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente.

La noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE los privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad.

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El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Loffredo arrastra una mancha

La Corte también señaló que las disculpas ofrecidas previamente por el entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no cumplían adecuadamente la finalidad reparadora porque no reconocían la responsabilidad institucional del Estado y podían resultar revictimizantes.

La relevancia de lo que leyó el oficial no es poca cosa. Al menos hay cinco elementos implícitos de enorme significado:

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La importancia de lo ocurrido radica en que, aunque existen antecedentes de disculpas públicas del Estado por violaciones a los derechos humanos, esta ocasión responde a una disposición de la Corte Constitucional con características que la distinguen de otras. Lo excepcional es que la Corte Constitucional, el más alto tribunal del país, haya declarado directamente una desaparición forzada. Esto ocurre, además, en un contexto en el que cada vez aparecen más denuncias de desaparición de jóvenes.

El texto también es relevante porque atribuye la responsabilidad del hecho al Estado e impone una declaración específica que reconoce que patrullas militares privaron ilegalmente de la libertad a las víctimas. En la práctica, el acto no fue una disculpa genérica por una vulneración de derechos, sino un reconocimiento institucional de una de las violaciones más graves contempladas por el derecho internacional.

Otro elemento excepcional es que la Corte Constitucional no se limitó a ordenar un acto de disculpas. La sentencia estableció el contenido que debía leerse y dispuso que el acto se realice en el lugar determinado por los familiares de las víctimas.

También es importante destacar otros aspectos: que la Corte Constitucional declare una desaparición forzada, que identifique a agentes militares como responsables de la privación de libertad, que ordene disculpas públicas en nombre del Estado y que haya sido la propia Corte la que redactó el texto leído durante la ceremonia.

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La sentencia también llegó cargada de contenido político. El Gobierno de Daniel Noboa protegió siempre al principal responsable político de la tragedia, Gian Carlo Loffredo, y desde sus entrañas se orquestó una cruel campaña mediática en contra de la imagen de los cuatro niños y de sus familias. Se trató de posicionar la falsa y perversa idea de que las víctimas eran delincuentes.

Incluso, Loffredo amenazó a la jueza Tanya Loor con impulsar sanciones en su contra por haber aceptado el recurso de habeas corpus presentado por las familias de los cuatro niños.

Es por esto, y por muchas razones más, que lo ordenado por la Corte constituyó una suerte de bofetada institucional al Gobierno por la actitud que ha mantenido frente a este caso.

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La alerta se difundió en un comunicado, compartido el viernes 5 de junio de 2026. Mencionan, de forma específica, a los hospitales Carlos Andrade Marín, Teodoro Maldonado Carbo y General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. 

El documento está suscrito por organizaciones como Fundación Equidad, Kimirina, Diálogo Diverso y Fundación Matices, entre otras.

En el texto, las organizaciones reconocen la valentía de los usuarios del IESS que han visibilizado sus casos ante las autoridades, así como el trabajo de la sociedad civil en el acompañamiento de esta problemática.

La preocupación de pacientes afectados

“Nos preocupa el silencio y la ausencia de una respuesta oficial por parte del IESS ante esta situación. El no acceso a la medicación antirretroviral pone en peligro la salud de las personas con VIH y afecta su entorno familiar, laboral, financiero y social. Cada día sin esta medicina representa una vulneración de derechos que no puede justificarse”.

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Las agrupaciones advierten que tienen testimonios de usuarios afectados y aseguran ser testigos directos de las consecuencias del desabastecimiento. Indican que, pese a gestiones conjuntas, no se ha logrado una solución efectiva, ni siquiera temporal.

Las propuestas: derivación a otros hospitales

Las organizaciones plantean alternativas como la derivación de pacientes a unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que cuentan con capacidad para atender la emergencia.

Además, recuerdan que la mayoría de los antirretrovirales incluidos en los esquemas del IESS y del MSP no se comercializan en Ecuador.

El pedido al Ministerio de Salud

Las organizaciones subrayan que la Constitución del Ecuador, junto con los tratados internacionales de derechos humanos, garantiza el acceso a la salud y a derechos conexos, por lo que exigen una respuesta inmediata de las autoridades.

En esa línea, instan al Ministerio de Salud Pública, como ente rector, a coordinar acciones con el IESS para asegurar la entrega de los medicamentos. Recuerdan que la normativa vigente contempla mecanismos como el préstamo de fármacos o la derivación de pacientes a otras unidades de salud.

Lo que debe saber

• El excandidato presidencial confirmó que evalúa competir en las seccionales de 2026. La decisión se tomará este mes.
• El líder de Somos Agua señaló que su futuro político podría estar en la Alcaldía de Cuenca, aunque tampoco descarta asumir un rol fuera de las candidaturas.
• Su prioridad ahora es concretar un frente amplio que sea una tercera vía ante el correísmo y noboísmo. 

Las fichas en el tablero electoral de las seccionales de 2026 continúan ubicándose. El excandidato presidencial y ex prefecto del Azuay, Yaku Pérez, analiza una candidatura a la Alcaldía de Cuenca.

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En diálogo con EXPRESO, el activista y representante del movimiento Somos Agua aseguró que dicha candidatura podría surgir como parte del acuerdo que recientemente se concretó con el partido Izquierda Democrática (ID).

“Si hay que ir a la cancha electoral para disputar una Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si toca no ser candidato, sino apoyar con la banderita o esperar para el 2029 o más, donde yo sea importante, donde pueda contribuir con mi condición, ahí estaré”, señaló Yaku Pérez.

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Con esto, Pérez descartó participar nuevamente por la Prefectura del Azuay. Hay que recordar que en 2019 ganó esa dignidad, pero no concluyó su período porque se candidatizó a la Presidencia de la República en 2021 por Pachakutik.

“Sí ha habido esas propuestas (Prefectura del Azuay) y creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca; si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles, desde los tribunales de justicia. Seguiremos contribuyendo a la construcción de una tercera vía”, señaló el integrante del movimiento Somos Agua.

El pacto entre la ID y Somos Agua

El pasado 15 de mayo de 2026 se concretó una alianza entre las dos organizaciones políticas. Ese día, Analía Ledesma, presidenta saliente de la ID, indicó que la alianza tendrá una duración inicial de dos años, aunque podría renovarse.

Política

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Según Pérez, el pacto ocurrió con la finalidad de unir propuestas relacionadas con la justicia social, pero también con la justicia ecológica. Para el excandidato presidencial, es importante construir una tercera vía por fuera de los dos movimientos hegemónicos actuales: ADN y Revolución Ciudadana.

La decisión, sin embargo, aún no está tomada. Pérez señaló que hasta finales de junio de 2026 adoptará una resolución. Además, aunque en principio el pacto entre la ID y Somos Agua respaldaría una eventual candidatura, eso no descarta la participación de otros movimientos e incluso de organizaciones sociales.

El calendario electoral

La decisión deberá definirse lo antes posible. Con el adelanto de las votaciones para noviembre de 2026, otros hitos clave del calendario electoral también se adelantaron.

Así, las elecciones primarias de las organizaciones políticas están previstas entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026.

Asimismo, según el cronograma modificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las inscripciones de candidatos deberán realizarse entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

La medida forma parte de lo que el régimen denomina un proceso de "optimización institucional", con el que busca reducir estructuras administrativas, agilizar trámites y disminuir el gasto público. Aunque algunas de las modificaciones ya fueron anunciadas oficialmente, otras aún esperan la emisión de los decretos correspondientes.

Política

Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades: Así será la nueva fusión institucional

Valeria Alvear

Los tres nuevos superministerios que crea el Gobierno

El principal cambio es la creación de tres grandes ministerios que absorberán competencias de varias carteras existentes.

El primero será el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que integrará al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción.

Según el Ejecutivo, esta unificación permitirá que agricultores, emprendedores y productores accedan de manera más directa a incentivos, financiamiento y programas estatales.

La cartera será dirigida por Sariha Moya, quien hasta ahora se desempeñaba como ministra de Economía y Finanzas.

El segundo será el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, resultado de la fusión entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Telecomunicaciones.

El objetivo, según el Gobierno, es coordinar mejor los proyectos de infraestructura física y digital. La entidad estará liderada por Roberto Luque.

Ecuador

Noboa mueve fichas en su Gobierno: estos son los cambios en la UAFE, Sercop e Integridad Pública

Valeria Alvear

Ministerio de Trabajo absorberá nuevas competencias

La tercera fusión incorpora al Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

La nueva entidad se denominará Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

El Gobierno sostiene que esta estructura permitirá articular políticas relacionadas con empleo, inclusión social, atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario.

Además, la actual Secretaría de Pueblos y Nacionalidades pasará a convertirse en un Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades, manteniendo programas de financiamiento, asistencia técnica, legalización de comunas y gestión de recursos para comunidades.

La nueva ministra será Cynthia Gellibert, quien deja la Secretaría General de la Administración Pública.

Política

Sercop: ¿Quién es Nataly Avilés, la nueva directora designada por Daniel Noboa?

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Cambios en la UAFE, Sercop e Integridad Pública

Paralelamente, Noboa realizó varios movimientos dentro de entidades consideradas estratégicas para el control estatal.

En la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue designada Ana Paula Patiño, quien reemplaza a José Julio Neira.

En el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) asumió la dirección Nataly Patricia Avilés Pastás.

Mientras tanto, la Secretaría General de Integridad Pública quedó bajo la dirección de Doménica Bajaña Kittyle, quien se desempeñaba como asesora de esa institución.

Los cambios coinciden con la salida de José Julio Neira de varias funciones que concentraba dentro del Gobierno.

José Julio Neira asume un nuevo rol en Carondelet

Tras dejar la UAFE, el Sercop y la Secretaría de Integridad Pública, José Julio Neira fue oficializado como Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

Desde esa posición será uno de los principales articuladores de la nueva estructura gubernamental impulsada por Noboa.

Fue precisamente Neira quien anunció que el Ejecutivo busca eliminar los 20 trámites más complejos para ciudadanos y empresas y avanzar hacia una digitalización total de los servicios públicos.

Nuevos cambios en el sector energético

La reorganización también alcanzó al sector energético.

A través de varios decretos ejecutivos, el presidente designó a Daniela Acevedo como su delegada en tres organismos clave:

En los tres casos reemplaza a José Julio Neira.

Política

José Julio Neira asume la Secretaría de la Administración Pública

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¿Por qué Noboa vuelve a reducir el tamaño del Estado?

Esta es la segunda gran reducción institucional realizada por Daniel Noboa.

En julio de 2025 ya había disminuido el número de ministerios de 20 a 14 y reducido las secretarías de nueve a tres.

Ahora busca pasar de 14 a 10 ministerios.

El presidente sostiene que la medida permitirá mejorar la calidad del gasto público, reducir duplicidades y simplificar la relación entre ciudadanos y Estado.

La decisión también ocurre en medio de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno para reducir el déficit fiscal, dentro del programa financiero acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Esta reestructuración busca unificar bajo una sola dirección las políticas públicas de empleo, inclusión, desarrollo comunitario y el reconocimiento de los derechos colectivos. Asimismo, el Gobierno aclaró a las comunas y comunidades que esta fusión no afectará de ninguna manera las competencias establecidas en el Plan de Desarrollo Integral (PDI).

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Valeria Alvear

Servicios y competencias garantizados para las comunidades

La transición institucional asegura la continuidad de los trámites y beneficios clave para las organizaciones sociales. Los servicios fundamentales que se mantendrán sin variaciones son:

Alianzas estratégicas: Se seguirán suscribiendo convenios con entidades estatales, el sector privado y organismos internacionales.

Respaldo oficial a la transición institucional

Los detalles de este proceso de unificación ministerial fueron ratificados a través de un comunicado oficial suscrito por Julia Angulo Girón, actual secretaria de Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, quien aseguró una transición ordenada y sin interrupciones en la atención a los ciudadanos.

Lo que debes saber 

• Daniela Acevedo fue nombrada por Daniel Noboa en tres organismos clave del sector energético.
• Los decretos ejecutivos reemplazan a José Julio Neira en entidades vinculadas a electricidad e hidrocarburos.
• Conoce cuáles son los cargos y qué funciones cumplen dentro de la estructura estatal.

Daniela Magdalena Acevedo Montalvo fue designada por el presidente Daniel Noboa como su delegada en tres instancias clave del sector energético ecuatoriano. Las decisiones quedaron oficializadas este 5 de junio de 2026 mediante los decretos ejecutivos 401, 402 y 403, con los que además se removió de esas funciones a José Julio Neira Hanze.

Política

Gremios docentes y estudiantiles convocan marcha nacional por cambios en educación

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Los cambios se producen en organismos vinculados a la regulación eléctrica, el control hidrocarburífero y los procesos de licitación de la industria petrolera. Con estas designaciones, Acevedo concentrará representación directa del Ejecutivo en entidades que participan en la toma de decisiones sobre sectores estratégicos para el Estado.

En los tres decretos, Noboa dispuso agradecer a Neira por su gestión antes de nombrar a la nueva delegada. En uno de los documentos se señala: “Agradecer al señor José Julio Neira Hanze por los leales y valiosos servicios prestados durante el desempeño de sus funciones”.

Daniela Acevedo llega al directorio de ARCONEL

A través del Decreto Ejecutivo 401, el presidente designó a Daniela Acevedo como delegada permanente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). La medida reemplaza una ratificación previa emitida en mayo de 2025 a favor de José Julio Neira.

ARCONEL es la entidad encargada de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el alumbrado público general. Dentro de su estructura, el delegado presidencial forma parte del directorio responsable de decisiones estratégicas para el sector.

Política

Doménica Bajaña asume la Secretaría General de Integridad Pública por designación de Noboa

Marco Rivera

Nueva representante ante la Agencia de Hidrocarburos

Ese mismo día, mediante el Decreto Ejecutivo 402, Noboa también nombró a Acevedo como delegada permanente ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). La institución regula y supervisa las actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera en Ecuador.

La designación implica un relevo directo de José Julio Neira, quien ocupaba esa representación desde julio de 2025. Con ello, la funcionaria pasa a integrar otro de los organismos técnicos que forman parte de la estructura de control del sector energético.

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Designación en el Comité de Licitación Hidrocarburífera

La tercera función fue otorgada mediante el Decreto Ejecutivo 403. En este caso, Acevedo fue nombrada delegada del Presidente de la República ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), organismo encargado de conducir procesos licitatorios relacionados con exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos.

El comité tiene un papel relevante dentro de la adjudicación de proyectos y contratos en la industria petrolera. Su integración incluye representación directa de la Presidencia de la República, además de otros actores vinculados al sector.

Lo que debes saber 

• Gremios de docentes y estudiantes anunciaron una demanda constitucional contra una reciente normativa educativa.
  
  Las organizaciones advierten posibles afectaciones a derechos laborales y estudiantiles, además de inconsistencias jurídicas.
  
  También preparan una movilización nacional que busca sumar a toda la comunidad educativa.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), la Unión Nacional de Educadores Municipales (UNEM) y la Confederación Nacional de Servidores Públicos de la Educación (CONASEP) anunciaron este 5 de junio una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A. Además, convocaron a una movilización nacional para expresar su rechazo a la medida.

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El pronunciamiento se realizó durante una rueda de prensa en Quito. Las organizaciones sostienen que la normativa emitida por el Ministerio de Educación afecta derechos de estudiantes y docentes, además de presentar inconsistencias en su aplicación.

Los dirigentes argumentan que la disposición modifica aspectos relacionados con el uso de los días de descanso y la organización de actividades complementarias dentro del sistema educativo. También señalan que existen dudas sobre la forma en que se ejecutará el acuerdo en los planteles.

Acuerdo Ministerial 0045-A genera cuestionamientos

Según los gremios, el acuerdo contraviene disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). A su criterio, la medida afecta espacios destinados al descanso, la convivencia familiar y las actividades recreativas de niños, niñas y adolescentes.

Las organizaciones también sostienen que la normativa presenta contradicciones entre sus artículos. Mientras una disposición plantea que las actividades complementarias son facultativas, otra establece condiciones que, según los dirigentes, las vuelven obligatorias.

En ese contexto, los representantes anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar que se revise la legalidad y constitucionalidad del acuerdo emitido por la cartera de Estado.

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FESE alerta sobre condiciones de aprendizaje

La presidenta nacional de la FESE, Dayana Basantes, afirmó que el debate no debería centrarse únicamente en el tiempo destinado a actividades educativas, sino en las condiciones que enfrentan diariamente los estudiantes.

“No sirve de nada incorporar currículos socioemocionales, educación financiera, innovación o deporte cuando los estudiantes enfrentan diariamente condiciones precarias. Se les prohíbe realizar actividades para recaudar fondos, las aulas se caen a pedazos y gran parte de las instituciones no cuenta con infraestructura tecnológica adecuada”.Dayana Basantes, presidenta nacional de la FESE

UNE cuestiona impacto en la carga laboral docente

Por su parte, el presidente nacional de la UNE, Andrés Quishpe, expresó preocupaciones respecto a las implicaciones que la medida tendría para los docentes y la organización de su tiempo de trabajo.

“Los docentes ya cumplen alrededor de 15 horas semanales adicionales sin remuneración según la estrategia ‘Tiempo para Ser Docente’ del Ministerio de Educación. A esto se suma una realidad innegable: llevamos 14 años con los salarios congelados. Ahora se pretende incrementar aún más la carga laboral sin pago extra”.Andrés Quishpe, presidente de la UNE

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Convocan a marcha nacional en defensa de la educación

Como parte de las acciones anunciadas, UNE, FESE, UNEM y CONASEP convocaron a una marcha nacional para el sábado 13 de junio. La movilización partirá a las 09:00 desde la Caja del IESS y avanzará hasta la Corte Constitucional.

Los organizadores hicieron un llamado a docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía a participar en la jornada. El objetivo, según señalaron, es expresar su posición frente al acuerdo ministerial y respaldar las acciones legales que impulsarán.

Lo que debe saber

• La iniciativa impulsada por Mishel Mancheno ya fue calificada por el CAL y comenzará su trámite legislativo.
• El proyecto busca sancionar a quienes formen parte de grupos de delincuencia organizada, incluso cuando los propios detenidos reconozcan su pertenencia.
• La mesa presidida por Inés Alarcón iniciará el análisis del proyecto el 8 de junio.

La denominada Ley Antimafias superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa instancia de la Asamblea Nacional remitió el proyecto de ley impulsado por el oficialismo a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para su trámite.

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La iniciativa fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), y fue tratada durante la sesión del CAL de este 5 de junio de 2026. 

La legisladora argumentó que el objetivo de la propuesta es dotar de una nueva herramienta jurídica al Bloque de Seguridad.

“Muchas veces vemos que le capturan al autor, la cabecilla o al jefe. ¿Pero qué pasa con todas las personas que sostienen a estas redes criminales: campanero, quienes prestan bienes inmuebles y empresas que ayudan a lavar dinero?”, preguntó Mancheno en una entrevista con Teleamazonas.

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Con esta ley, el oficialismo busca abarcar a toda la estructura criminal “para que no solo sea al cabecilla al que se cambia mientras el resto sigue operando”. Para ello, los cambios previstos se concentran en dos grandes ejes:

Uno de los delitos que se prevé incorporar está relacionado con la pertenencia a grupos de delincuencia organizada.

“Le pasa mucho al Bloque de Seguridad. Cuando detienen a un delincuente que pertenece a un grupo delincuencial ellos mismos lo dicen: yo soy un tiguerón; por favor envíame al pabellón de los tiguerones”.

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Según Mancheno, ese reconocimiento de pertenencia a una organización delictiva debe convertirse en un elemento adicional para determinar la sanción correspondiente. 

Frente al riesgo de que una acción dirigida contra toda una estructura criminal termine involucrando a personas que no forman parte de esos grupos y que podrían haber sido utilizadas por ellos, la legisladora sostuvo que cualquier acusación deberá sustentarse en una investigación rigurosa.

“También se está tipificando el reclutamiento de personas vulnerables. Ya se está tratando en la Asamblea una ley relacionada con los niños y adolescentes. Queremos aumentarle a aquellas personas que por pobreza, movilidad humana y otras circunstancias son susceptibles para ser reclutadas”, indicó la primera vicepresidenta del Legislativo.

Comisión iniciará el trámite

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional empezará el próximo lunes 8 de junio el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias.

El análisis de la iniciativa arrancará después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara el proyecto y lo remitiera a la mesa legislativa especializada. 

A partir de ese momento, la comisión abrirá una etapa de análisis y recepción de observaciones antes de elaborar el informe que posteriormente será conocido por el Pleno.

La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, anticipó que el organismo prevé recibir a autoridades del Gobierno, representantes de organismos internacionales, académicos y especialistas en seguridad. La intención es recopilar criterios técnicos y jurídicos que permitan evaluar el alcance de la propuesta.

Política

Fallo del TCE frena al CNE: ¿anulan eliminación de Unidad Popular?

Rosero Mariela

La decisión de apelar o no recae ahora en Enrique Pita, quien, ante la ausencia de Diana Atamaint, actúa como presidente subrogante del CNE. La titular del organismo permanecerá en Corea hasta el 8 de junio.

La jueza Ivonne Coloma, presidenta del TCE, concluyó que el CNE actuó fuera del marco de sus competencias. Pero indicó que este fallo no constituye un pronunciamiento de fondo sobre si Unidad Popular, lista 2, cumple o no con los requisitos legales para su permanencia en el registro electoral.

Esto dice Enrique Pita:

EXPRESO consultó a Enrique Pita si el CNE apelará o no. Respondió: “No le puedo responder esa pregunta ahora; obviamente está en manos del equipo de asesores legales. Tenemos que tomar las decisiones que correspondan”.

¿Para cuándo se conocería la decisión? “En el transcurso del día (viernes 5) tenemos que evaluar lo que corresponde”, indicó.

Así ha actuado Pita

En cuanto a su actuación en el proceso de eliminación de Unidad Popular, Pita no ha participado en varias sesiones clave. 

Unidad Popular se mantiene a la expectativa, según Atarihuana

"Sería una vergüenza que el CNE apele, confirmaría que se trata de una persecución porque no tiene argumentos, no solo es nuestra opinión sino la de la presidenta del TCE", señaló Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular.

Consultado, el dirigente considera que hay que estar pendientes de la posición de Enrique Pita. "Él no ha estado en el proceso. Nos preguntamos si se sumará a la persecución. Nosotros seguiremos defendiéndonos, es una causa democrática".

Mediante el Decreto Ejecutivo 406, el primer mandatario nombró a Ana Paula Patiño como directora titular de la UAFE. En el mismo documento, se agradecieron los servicios de José Julio Neira, quien lideraba la entidad como encargado y que, desde este viernes, asumió formalmente la Secretaría General de la Administración Pública.

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Nuevas designaciones en el Sercop e Integridad Pública

Los cambios continuaron con el Decreto Ejecutivo 407, en el cual el Gobierno formalizó la salida de Neira de la dirección general encargada del Sercop para designar en su lugar a Nataly Patricia Avilés Pastás. Asimismo, a través del Decreto Ejecutivo 408, Neira dejó la conducción de la Secretaría General de Integridad Pública, espacio que ahora será ocupado por Doménica Andrea Bajaña Kittyle.

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Ajustes en la estructura de los ministerios

Estas renovaciones se concretan un día después de que el propio Neira anunciara en rueda de prensa la creación de tres "superministerios". Esta medida, que resulta de la fusión de siete carteras de Estado, forma parte de una nueva reestructuración orientada a reducir el aparato estatal.

Este proceso de compactación administrativa no es el primero en la actual gestión. En julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa ya ejecutó un ajuste en el Gabinete presidencial que redujo los ministerios de 20 a 14. Según el Ejecutivo, estas decisiones responden a un plan de eficiencia administrativa diseñado para simplificar la burocracia y agilizar los procesos en el sector público.

El adelanto de las elecciones puso a correr a las organizaciones políticas. Algunas deben superar aspectos legales relacionados con suspensiones, proscripciones y cancelaciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que otras buscan concretar alianzas para garantizar la inscripción de sus candidatos.

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Perfiles para la Alcaldía de Cuenca

La reciente sanción contra el actual alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que lo dejó sin derechos de participación política por seis meses, alteró por completo su escenario político, pese a que había sostenido que una eventual reelección estaba respaldada por sus altos niveles de aceptación ciudadana.

Zamora había hecho pública su intención de buscar la reelección desde el inicio de su administración. Sin embargo, el panorama se complicó al comenzar el nuevo proceso electoral, que contempla plazos específicos para las elecciones internas y la inscripción de candidaturas.

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Según el calendario del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas deberán realizar sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio, mientras que el registro de alianzas estará habilitado del 18 de junio al 18 de julio.

Pese al escenario adverso, Zamora aseguró en entrevistas con medios locales que apelará la decisión del TCE y que su candidatura a la reelección sigue en firme.

Por otra parte, un colectivo denominado Pacto por Cuenca busca impulsar consensos para definir una candidatura a la Alcaldía. Su representante, Tarquino Orellana, indicó que el objetivo es encontrar un postulante que trabaje principalmente en cuatro ejes: protección de las fuentes de agua, vialidad, seguridad y desarrollo económico.

Aunque Orellana descartó el respaldo a una candidatura específica, confirmó acercamientos con el movimiento Igualdad, liderado por el exalcalde y exprefecto Marcelo Cabrera, y con el movimiento Renace, encabezado por el medallista olímpico Jefferson Pérez.

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En esa línea, Carlos Flores, presidente de la comisión política de Igualdad, reveló que se analiza una posible candidatura de Cabrera y confirmó que se han mantenido reuniones con distintos sectores sociales y productivos para explorar alianzas y construir consensos.

Otro de los nombres que aparece en el escenario es el del exalcalde Pedro Palacios, quien aspira a participar nuevamente de la mano de su movimiento Nueva Generación. Palacios señaló que ha mantenido reuniones con diversos colectivos del cantón para estructurar una lista completa de candidatos para las distintas dignidades.

Hay que recordar que fue elegido alcalde en 2019 con cerca del 28% de la votación y, en 2023, obtuvo el segundo lugar con el 17,48% de los votos. Además, descartó alianzas con la Revolución Ciudadana y con el partido de Gobierno.

A estos movimientos se suma la reciente publicación del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que perfila al actual ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, como precandidato para la Alcaldía de Cuenca.

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Perfiles para la Prefectura del Azuay

El actual prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, confirmó que la Revolución Ciudadana le comunicó su intención de postularlo para la reelección. No obstante, el movimiento enfrenta dificultades legales tras su suspensión por parte del TCE y su inhabilitación en el registro de organizaciones políticas por el CNE.

El activista social y defensor del agua Yaku Pérez también aparece en el panorama político, luego de la alianza suscrita entre Somos Agua y la Izquierda Democrática. Pérez fue prefecto del Azuay en 2019, pero renunció en 2020 para participar en las elecciones presidenciales de 2021 y posteriormente volvió a ser candidato en 2023.

Su protagonismo político se fortaleció durante 2025, cuando se convirtió en una de las principales figuras de la defensa del agua en la zona de Quimsacocha y participó activamente en la organización de la denominada marcha por el agua de Cuenca, realizada el 16 de septiembre de 2025.

Tambien se anunció la precandidatura de Esteban Crespo desde las filas de ADN. Crespo es desde 2024 embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en Canadá. 

En este escenario también aparecen como posibles aspirantes el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, quien además fue presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, y el alcalde de Paute, Raúl Delgado.

Lo que debes saber 

• Un vehículo con más de 75.000 dólares en multas de tránsito fue retenido por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en el sur de Guayaquil. 
• La mayoría de las sanciones corresponden a la invasión reiterada del carril exclusivo de la Metrovía, una de las infracciones que más afecta la movilidad en la ciudad.

Guayaquil vuelve a enfrentar un problema recurrente relacionado con el incumplimiento de las normas de tránsito. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó sobre la retención de un vehículo que acumulaba más de 75.000 dólares en multas, principalmente por la invasión reiterada del carril exclusivo de la Metrovía.

El procedimiento se realizó en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad. Según la entidad, el automotor circulaba de forma irregular y además no contaba con la documentación en regla.

El vehículo registraba una deuda superior a los 75.000 dólares por infracciones de tránsito.

Tras la intervención de los agentes, el carro fue trasladado al Centro de Retención Vehicular (CRV), donde permanecerá mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

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La ATM también informó el 4 de junio que inició un monitoreo en varios puntos de Guayaquil donde se registra una alta incidencia de invasión a los carriles exclusivos de la Metrovía.

La decisión se tomó luego de recibir un informe de la Agencia Metrovía que evidencia más de 3.000 incidencias mensuales relacionadas con retrasos en los recorridos del sistema de transporte.

De acuerdo con la entidad, la invasión de estos espacios por parte de conductores particulares afecta la frecuencia de las unidades y genera demoras para miles de usuarios que utilizan diariamente este servicio.

Como resultado de los operativos y del monitoreo implementado, las autoridades identificaron a más de mil vehículos que invaden los carriles exclusivos con alta recurrencia.

La institución recordó que el uso indebido de los carriles exclusivos constituye una infracción de tránsito y puede derivar en multas económicas, además de otras sanciones contempladas en la normativa vigente.

Las autoridades indicaron que los controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad.

Otro vehículo retenido con más de $51.000 en multas

En otro caso, en este mes también se informó sobre un vehículo que fue retenido tras detectarse que acumulaba más de 51.000 dólares en multas de tránsito y no contaba con matrícula vigente.

El operativo también se realizó en la avenida 25 de Julio, a la altura del centro comercial Mall del Sur. Durante la inspección, los agentes verificaron que el automotor incumplía varios requisitos obligatorios para circular.

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La deuda superaba los 51.000 dólares y la infracción más recurrente era la invasión del carril exclusivo de la Metrovía, una falta que continúa generando sanciones en distintos puntos de la ciudad.

La publicación del caso provocó numerosos comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron los controles a otros tipos de vehículos y las dificultades para identificar ciertos carriles exclusivos.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa oficializó un cambio en la dirección del Sercop mediante decreto ejecutivo.
• Nataly Avilés asume la entidad tras una trayectoria vinculada a contratación pública y control institucional.
• Conozca quién es la nueva funcionaria y qué funciones tendrá al frente del organismo.

El presidente Daniel Noboa designó a Nataly Patricia Avilés Pastás como nueva directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), según el Decreto Ejecutivo 407 suscrito este 5 de junio de 2026. Con esta decisión, concluye el encargo que ejercía José Julio Neira desde mayo de 2025.

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La designación marca un relevo en una de las entidades clave para los procesos de compras del Estado ecuatoriano. El Sercop es el organismo encargado de regular y supervisar la contratación pública, un área que concentra miles de millones de dólares en adquisiciones cada año.

En el mismo decreto, el Ejecutivo agradeció a José Julio Neira por los servicios prestados durante el tiempo que estuvo al frente de la institución en calidad de encargado.

Nueva directora del Sercop llega con experiencia en contratación pública

Nataly Avilés es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública, además de una maestría en Análisis y Prevención de la Corrupción, áreas estrechamente vinculadas con las funciones que desempeñará al frente del organismo.

Su trayectoria en el sector público se remonta a 2016. Durante estos años ha acumulado experiencia en distintas entidades estatales, con participación en procesos relacionados con gestión administrativa, contratación pública y control institucional.

Entre las instituciones en las que ha trabajado figuran el Municipio de Quito y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dos entidades con amplia participación en procedimientos de contratación y ejecución de proyectos públicos.

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José Julio Neira deja el encargo y asume nuevas funciones

La dirección del Sercop permanecía encargada desde mayo de 2025 a José Julio Neira, quien fue designado mediante decreto ejecutivo para asumir temporalmente las funciones de la entidad.

Tras el relevo, Neira pasará a desempeñarse como secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, una de las dependencias estratégicas de la Presidencia de la República.

El cambio se produce en momentos en que la contratación pública mantiene atención permanente por parte de organismos de control, sectores empresariales y ciudadanía, debido a su impacto en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios estatales.

Lo que debe saber

• La Comisión de Fiscalización está contra el reloj para decidir si avoca conocimiento del juicio político contra la exministra de Energía.
• La difusión de un audio atribuido a Inés Manzano, que también menciona a Diana Jácome, reactivó las exigencias del correísmo para que avance el juicio político.
• La Revolución Ciudadana pidió que la Comisión de Fiscalización convoque de forma presencial y sin dilaciones.

Este fin de semana será clave para el futuro del proceso de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano. A la Comisión de Fiscalización se le agota el plazo para avocar conocimiento del pedido que superó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y la continuidad o no del proceso está en manos de una mesa controlada por ADN.

Política

Audio atribuido a Manzano sacudió a ADN y abrió dos frentes para el oficialismo

Daniel Alejandro Romero Páez

Tras la difusión del audio atribuido a Manzano, en el que se habla de una supuesta coordinación para las comparecencias en la Comisión de Transparencia por el caso Progen, la presión del correísmo se centrará en el avance del juicio político.

En dicho audio también resultó salpicada la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome. En la voz atribuida a Manzano se escucha que habría existido una especie de conversación previa sobre la participación de las autoridades de CELEC en la comisión que llevó adelante el proceso de fiscalización de los contratos suscritos entre Progen, ATM y CELEC.

Sobre la posición de ADN y el juicio político

El nuevo jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, dijo el jueves pasado, en una entrevista para la plataforma Visionarias, que la solicitud impulsada por el correísmo tiene falencias. “Los tiempos de la imputación no coinciden con el desempeño de la persona que está siendo denunciada”.

Como segundo elemento, Torres mencionó que lo señalado por el correísmo en su solicitud no coincide con lo que había determinado la Contraloría General del Estado en su informe sobre el caso. 

En tercer lugar, citó una referencia relacionada con un pago de 14 millones de dólares. “Han puesto los proponentes un link de Facebook”, dijo Torres.

Ayer también, Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, señaló que la Comisión de Fiscalización tiene cinco días, contados desde la notificación del CAL, para pronunciarse sobre el proceso.

El correísmo pide que se convoque a sesión de la comisión

Mientras ADN define su posición frente al juicio político contra Manzano, el bloque de la Revolución Ciudadana plantea que el tema sea tratado lo antes posible en la Comisión de Fiscalización, presidida por el oficialista Ferdinan Álvarez.

En un comunicado, la bancada correísta solicitó que la convocatoria se realice para una sesión presencial. “Estamos vigilantes de que la Comisión de Fiscalización actúe con transparencia y convoque a tratamiento el juicio político contra Inés Manzano de forma presencial y sin maniobras políticas”, se lee en el pronunciamiento.

Cabe recordar que ese bloque legislativo impulsa la interpelación, que se basa en un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el caso Progen y la compra de generadores durante la crisis energética de 2024.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa oficializó un nuevo cambio en su equipo de Gobierno con la designación de Doménica Bajaña al frente de la Secretaría General de Integridad Pública.
• La nueva funcionaria cuenta con experiencia en la UAFE y en la Prefectura del Guayas, donde ocupó cargos jurídicos y de gestión.
• El relevo se concreta mediante el Decreto Ejecutivo 408, que también deja sin efecto la anterior designación de José Julio Neira.

El presidente Daniel Noboa designó a Doménica Andrea Bajaña Kittyle como nueva Secretaria General de Integridad Pública, en reemplazo de José Julio Neira Hanze, quien ocupaba el cargo desde la creación de esta entidad. La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 408, suscrito el 5 de junio de 2026.

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Con esta designación, el Gobierno concreta un nuevo cambio dentro de su estructura administrativa en un área vinculada a las políticas de integridad y lucha contra la corrupción. El decreto también deja sin efecto la ratificación emitida en mayo de 2025 para el anterior titular de la entidad.

Con este decreto, Doménica Bajaña asume la conducción de la Secretaría General de Integridad Pública, una entidad creada en 2024 tras la transformación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. La funcionaria llega al cargo luego de desempeñarse en áreas jurídicas, de control y seguimiento dentro de distintas instituciones del sector público.

¿Quién es Doménica Bajaña, la nueva Secretaria General de Integridad Pública?

El decreto presidencial señala de forma expresa: “Designar a la abogada Doménica Andrea Bajaña Kittyle, como Secretaria General de Integridad Pública”.

Bajaña se desempeñaba hasta ahora como asesora de la Secretaría General de Integridad Pública, cargo que ocupaba desde mayo de 2026. Su llegada a la máxima autoridad de la institución se produce tras varios años de experiencia en diferentes entidades del sector público.

Antes de incorporarse a esta dependencia, trabajó en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), donde ejerció funciones como asesora de la Dirección General entre marzo de 2025 y abril de 2026. También fue directora de Evaluación Mutua y Seguimiento entre octubre de 2024 y abril de 2025.

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Trayectoria en la UAFE y la Prefectura del Guayas

Una parte importante de su carrera profesional se desarrolló en el Gobierno Provincial del Guayas. Allí ocupó distintos cargos durante más de cinco años, acumulando experiencia en áreas jurídicas y administrativas.

Entre junio de 2023 y julio de 2024 se desempeñó como analista jurídica. Previamente fue secretaria provincial de Comisaría de Ambiente entre julio de 2020 y mayo de 2023, además de analista jurídica junior desde diciembre de 2018 hasta julio de 2020.

Su paso por la UAFE le permitió involucrarse en procesos relacionados con evaluación, seguimiento y análisis institucional, áreas que mantienen relación con los mecanismos de prevención y control que forman parte de las políticas de integridad pública.

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El relevo dispuesto por Daniel Noboa

En el mismo decreto, el presidente Noboa agradeció la gestión de José Julio Neira al frente de la institución. El documento señala: “Agradecer al señor José Julio Neira Hanze por los leales y valiosos servicios prestados durante el desempeño de sus funciones”.

Neira había sido designado inicialmente como secretario de Política Pública Anticorrupción en enero de 2024. Posteriormente, tras la transformación institucional de esa dependencia en la actual Secretaría General de Integridad Pública, continuó al frente del organismo.

Lo que debes saber

• La Asamblea tramita la Ley Antimafias para reforzar el combate al crimen organizado.
• El proyecto reforma 14 normas para perseguir redes de financiamiento criminal.
• La propuesta inhabilita a abogados condenados por lavado, corrupción o crimen organizado.

La Asamblea Nacional inició el trámite del denominado proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa impulsada por el oficialismo que plantea modificaciones a tres cuerpos legales con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales. 

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La propuesta fue presentada el 1 de junio por la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, y ahora deberá seguir el proceso parlamentario para su debate. El nombre oficial del proyecto es Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado.

El texto contempla 14 reformas: once al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.

¿Qué cambios propone la Ley Antimafias?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es ampliar el alcance de la persecución penal hacia las redes que sostienen a las organizaciones criminales. 

La propuesta parte de la premisa de que estas estructuras no operan únicamente a través de quienes ejecutan delitos, sino también mediante financistas, reclutadores, transportistas, facilitadores de bienes, operadores logísticos y personas vinculadas al lavado de activos.

El proyecto también incorpora medidas para reforzar las investigaciones relacionadas con economías ilícitas y delitos vinculados al crimen organizado, además de fortalecer las capacidades institucionales para actuar sobre los bienes y recursos utilizados por estas organizaciones.

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Inhabilitación para abogados condenados

Entre las reformas planteadas consta la inhabilitación profesional para abogados que hayan sido condenados por delitos relacionados con crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia cuando los hechos estén vinculados al ejercicio de su profesión.

La propuesta también busca fortalecer el seguimiento penal de actividades relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, derivados de petróleo, gas licuado y biocombustibles.

El trámite en la Asamblea

Tras su presentación, el proyecto fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y ahora será remitido a una comisión especializada de seguridad para su análisis. Posteriormente pasará por los debates correspondientes en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Mediante el mismo documento, el Primer Mandatario extendió su agradecimiento a Harold Burbano, quien lideró dicha cartera de Estado desde el 18 de noviembre de 2025. La salida de Burbano se produce pocos días después de que el partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), lo anunciara como uno de sus precandidatos para la Prefectura de Pichincha con miras a los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre.

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Dentro del mismo decreto, Noboa dispuso a la Casa Militar Presidencial elaborar un informe de riesgos para determinar el nivel de protección que requerirá Gellibert en sus nuevas funciones. Esta medida se ejecuta en cumplimiento de las competencias otorgadas a dicha institución en el Decreto Ejecutivo N.° 418, vigente desde el 8 de julio de 2010.

Antes de asumir este nuevo reto en el Ministerio del Trabajo, Cynthia Gellibert se desempeñaba como secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de Gobierno del actual régimen.

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Trayectoria en el servicio público

La funcionaria cuenta con un registro de actividades en el sector estatal que inició en 2010. Sus declaraciones juramentadas en la Contraloría General del Estado constan desde 2014, cuando se desempeñó como asesora del Ministerio del Deporte durante el gobierno de Rafael Correa.

En 2015, laboró como coordinadora de despacho del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y administró la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, en 2017, ocupó la Subsecretaría del Desarrollo del Deporte por un periodo de 24 días.

Durante la administración de Lenín Moreno, Gellibert se incorporó como asesora de la Gobernación de Guayas. Más adelante, ejerció funciones en el Ministerio del Trabajo, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También asumió la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Gobierno, actuando como delegada de los entonces ministros Patricio Pazmiño y Gabriel Martínez en las provincias de Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos y Guayas (con excepción de Guayaquil).

Entre 2022 y 2023, trabajó como asesora en la Asamblea Nacional. En el ámbito privado, consta su participación como accionista y gerenta de la compañía Superquest S.A., empresa dedicada al diseño, planificación, construcción y fiscalización de obras civiles.